Ezequiel Adamovsky

Historia de las clases populares en la Argentina

Desde 1880 hasta 2003

Sudamericana

Dedicado a la memoria del obrero Meyer Gurvitz,

de su hija Elisa y de su nieto Eduardo,

por esa antorcha que transmitieron.

AVISO AL LECTOR

Aunque este libro puede leerse perfectamente de manera independiente, continúa en su temática el volumen del mismo título publicado por esta editorial, referido al período anterior a 1880, de autoría de Gabriel Di Meglio. El lector ganará en una mayor comprensión del conjunto de la historia de las clases populares leyendo ambos volúmenes, que inicialmente se planearon como uno solo, pero que por su extensión se decidió publicar por separado.

Introducción

Este libro recorre la historia de las clases populares en Argentina, desde tiempos de la organización nacional hasta 2003. La intención es poner a disposición del público general una síntesis de las investigaciones de las últimas décadas sobre los diversos aspectos del mundo popular, desde la vida cotidiana, la cultura y el trabajo, hasta las identidades, las formas de organización gremial y de acción política.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de “clases populares”? La respuesta no es sencilla, ya que no existe un mismo grupo popular uniforme que haya atravesado la totalidad del período de nuestra historia. Por el contrario, se trata de un conjunto múltiple y heterogéneo de grupos sociales que, sobre todo al principio, estuvieron más bien fragmentados. Hacia 1880, por ejemplo, poco había en común entre un toba del Chaco, un afroporteño que trabajaba como peón en el puerto y una empleada de comercio italiana de la ciudad de Córdoba. El primero no formaba parte de la misma sociedad en la que vivían los otros dos; aún tenía la suya propia. El porteño y la cordobesa, en cambio, sí pertenecían al mismo orden social. Sin embargo, una gran distancia étnica y cultural los separaba. Más allá de sus diferencias, incluimos a todos ellos en nuestra historia porque fueron antepasados de quienes, años más tarde y como resultado de sucesos históricos de los que hablaremos en este libro, se fundirían y actuarían como una clase popular más o menos unificada. No se puede entender a las clases populares de la Argentina actual sin tener en cuenta los procesos a través de los cuales diferentes grupos humanos se fueron haciendo parte —a veces voluntariamente, otras por la fuerza— de una misma sociedad. Preferimos mantener el plural “clases” en el título para dar cuenta de esta heterogeneidad inicial, pero también para no perder de vista que, aunque muchas veces actúen juntos como una clase, los diversos grupos que componen las clases populares no siempre consiguen superar su fragmentación. Optamos asimismo por titular “en Argentina”, antes que aludir simplemente a las clases populares argentinas, porque ni el toba de fines del siglo XIX, ni el obrero inmigrante europeo de comienzos del XX, ni los trabajadores de países limítrofes que se afincaron en este país, se consideraron indefectiblemente argentinos. Las clases populares en Argentina fueron y siguen siendo múltiples en su sentido de pertenencia nacional.

A pesar de toda su fragmentación y heterogeneidad, las clases populares comparten una situación común de subalternidad respecto de las élites que han tenido y tienen el poder social, económico y político. De diversas maneras y en grados distintos, todos los grupos que las componen han sido desposeídos del control de los resortes fundamentales que determinan su existencia. Privadas de la posibilidad de definir cómo se organiza la vida en sociedad (al menos en varios de sus aspectos centrales), la realidad de las clases populares se encuentra cruzada por diferentes situaciones de explotación, opresión, violencia, pobreza, abandono, precariedad o discriminación. Pero también por ello son suelo fértil para experiencias de comunidad, de solidaridad y de resistencia que con frecuencia dan lugar a una intensa creatividad cultural e ideas alternativas. Las llamamos clases populares —y no meramente “grupos” o “sectores”— para no perder de vista esta relación fundamental que las define. Porque un artesano, un indio o una campesina no son parte del mundo popular en virtud del trabajo que realizan o de su procedencia étnica, sino sólo en relación con las clases que tienen en sus manos el poder. Nada en el color de la piel ni en el tipo de trabajo que uno desempeñe indica por sí solo que uno deberá pertenecer a las clases menos favorecidas. El mundo popular sólo se recorta como tal en contraste con el mundo de la clase dominante.

No es fácil establecer, sin embargo, por dónde pasa exactamente la línea que divide ambos mundos. En general resulta bastante sencillo identificar a quienes forman las élites más importantes, las que detentan las porciones mayores de la riqueza y el poder. Lo mismo vale para los sectores más marginados y empobrecidos de las clases populares. Entre ambos extremos, sin embargo, se dibuja todo un degradé de posiciones escalonadas. Algunas de ellas se encuentran más cerca del mundo popular que otras, pero no siempre resulta claro cuáles deben considerarse parte de él y cuáles quedan afuera. En cada situación histórica, las clases sociales se componen de manera diferente: un mismo sector puede en un momento formar parte de la clase subalterna y, en otro, actuar como si no tuviera nada que ver con ella. La posición que ocupe cada grupo en este escalonamiento social depende de varios factores. Uno de ellos es la riqueza: cuanto más dinero posea una persona, más arriba se ubicará en la jerarquía. Lo mismo vale para el tipo de trabajo: en general, los empleos más independientes, calificados o “intelectuales” gozan de mayor prestigio que las labores manuales más duras, en relación de dependencia o poco calificadas. Asimismo, el nivel educativo es un factor que influye en el posicionamiento de cada cual en la jerarquía social. En Argentina, también el color tiene una gran importancia como factor definitorio del lugar de clase de una persona. Los de pieles más oscuras suelen ser los que ocupan los escalones más bajos en la sociedad. Por último, la capacidad de influir en las decisiones del Estado también tiene su papel: no posee las mismas posibilidades un poderoso grupo de empresarios con buenas conexiones políticas en el Congreso que un pastor aislado en un cerro en Jujuy. Todos estos factores que definen la posición de clase de las personas están interrelacionados. Suele haber coincidencia, en una proporción importante, entre los que ocupan el lugar más alto y más bajo en cada categoría. En general, alguien que desempeñe un trabajo manual poco calificado ganará poco dinero y seguramente habrá alcanzado un nivel educativo modesto. Tenderá a haber más personas pobres entre los que tienen la piel oscura que entre los más blancos y más en las regiones menos ricas del país que en las zonas más prósperas. Esto es así porque cada uno de estos factores funciona entrelazado con los demás, de manera que cada uno refuerza al otro. Las oportunidades de obtener educación, un buen empleo y contactos con gente influyente son mucho mayores para alguien que disponga de cierto capital, venga de una familia con educación y viva en Buenos Aires que para el hijo de una familia pobre que habite en una zona desfavorecida. Los prejuicios que suelen existir contra la gente que no es de piel blanca hacen que en general accedan a trabajos de menor remuneración y prestigio, de manera que la desigualdad inicial se reproduce y refuerza a través del tiempo. El modo en que se recortan las clases sociales, el lugar preciso por el que pasa la línea bajo la cual comienzan las clases populares, dependerá de la forma en que, en un momento histórico determinado, se combine el peso relativo de estos diversos factores.

En efecto, los cambios económicos, tecnológicos, demográficos, políticos y culturales que atravesó la Argentina en sus dos siglos de existencia han traído profundas modificaciones en las características fundamentales de las clases populares, incluida su composición. Algunos grupos que en cierto momento pudieron haber formado parte de ellas, hoy ya no pertenecen al mismo mundo. Y lo mismo vale al contrario: trabajos que en el pasado desempeñaba gente de clases superiores hoy son realizados por personas de clase baja o mediabaja. Por ejemplo, el empleado de una tienda de venta de telas pertenecerá hoy seguramente al mundo popular. Pero en tiempos de la Independencia, no era extraño que los hijos de las familias de élite se desempeñaran en ese tipo de empleos. Un chacarero de la provincia de Buenos Aires a comienzos del siglo XX era casi siempre alguien pobre que debía arrendar la tierra. Hoy es más probable que tenga un importante capital, sea propietario y goce de un nivel de consumo interesante.

Los cambios económicos y tecnológicos han traído el empobrecimiento de algunos oficios y formas de ganarse la vida (incluso su desaparición) y mejoras relativas para otros. Ciertas actividades se han “descalificado” y otras requirieron nuevas calificaciones. En lo demográfico, las diversas oleadas de inmigración y los cambios en las pautas de vida familiar y en el lugar de las mujeres en el mercado de trabajo generaron transformaciones no menos importantes. Políticamente también hubo cambios cruciales. El acceso a la posibilidad de votar en elecciones limpias para todos los varones desde 1912 y para las mujeres desde 1947 trajo, para las clases populares, nuevas posibilidades de influir en las decisiones del Estado; lo contrario sucedió en varios períodos de dictaduras militares. En lo cultural, por último, también existieron transformaciones profundas. El proceso de alfabetización iniciado en el último tercio del siglo XIX o la aparición de los medios de comunicación masivos en el siglo siguiente —por mencionar sólo dos ejemplos— impactaron enormemente en el universo popular. Todos estos cambios afectaron las relaciones entre los sectores más humildes y los que ocupaban escalones intermedios en la jerarquía social. En determinados momentos las clases populares expandieron sus lazos de solidaridad incluyendo “hacia arriba” a ciertos grupos de posición no tan subalterna. En otros, por el contrario, predominaron la fragmentación y el aislamiento.

En este libro trazaremos la historia de las clases populares a la luz de todos estos cambios que atravesó la Argentina a lo largo de su historia. Ya que hemos optado por una perspectiva relacional, no podremos hacerlo sin traer a colación, al mismo tiempo, la historia de las clases dominantes. Es que la historia nacional está marcada tanto por las acciones, iniciativas y producciones de las unas como por las de las otras. Desde tiempos de la colonia, las élites locales —en general asociándose a iniciativas de las élites de los países centrales— dieron pasos firmes para establecer un orden social capitalista, para aprovechar oportunidades de comercio, producción y enriquecimiento y para moldear una fuerza de trabajo predispuesta para ello. Las clases populares recibieron cada uno de esos pasos a su manera. Muchas veces los resistieron y trataron de defender sus modos de vida tradicionales; otras veces los acompañaron, convencidas de que traerían mejoras; otras, en fin, intentaron sacar al menos algún provecho para sí frente a una situación que percibían como inexorable. En ocasiones se encontraron en la impotencia y debieron simplemente aceptar los designios de las élites. Otras veces consiguieron elaborar ideas y explorar formas de organización social, política o sindical que les permitieron unificar sus fuerzas y obtener victorias. A menudo actuaron autónomamente, pero también confiaron su suerte a líderes populares que no venían de su seno. Algunas veces, en fin, se rebelaron abiertamente y soñaron un mundo nuevo. Y así como cada iniciativa de la élite dejó sus marcas en el modo de vida, en la cultura y en las identidades de las clases populares, las acciones que éstas desplegaron dejaron también la propia en el mundo de los de arriba y en general en el modo que se organiza la vida social. Aunque el impacto de ambos no haya sido de la misma magnitud, la historia nacional ha sido forjada en buena medida por el choque y el conflicto entre estos dos mundos.

Con un acceso limitado a la cultura letrada y a los medios de difusión, la vida popular no siempre ha dejado testimonios propios. Han sido en general otros quienes hablaron en nombre de los más humildes o registraron sus voces. Además, por su lugar subordinado, su historia es más fragmentaria y discontinua que la de las clases altas. Por todo esto, su contribución en la vida nacional ha quedado en buena medida invisibilizada, cuando no tergiversada. Este libro se propone acercarse a lo que hoy sabemos sobre las tradiciones de ideales, culturas, símbolos, lenguajes y experiencias políticas y organizativas que las clases populares han construido a lo largo de su historia. Buscamos así hacer visible el aporte que su presencia significó en la formación de la Argentina como país e indagar, al mismo tiempo, sobre su lugar en el escenario actual.

PRIMERA PARTE (1880-1945)

1. La gran transformación

En el último tercio del siglo XIX la Argentina experimentó cambios drásticos. En pocos años, un nuevo orden social se asentó sobre bases firmes, modificando profundamente la vida de todas las clases, en especial la de las clases populares.

Desde las guerras de Independencia, el viejo orden social de la colonia se había desarticulado. Mientras duró el dominio español, la sociedad en lo que luego sería Argentina estaba claramente dividida en dos clases. Por un lado estaba la “gente decente” y por el otro las clases populares, a las que solía llamarse “la plebe”. Entre los primeros se contaban los militares y funcionarios, los estancieros, los que se dedicaban al comercio a gran escala, los pocos “industriales” de entonces (dueños de saladeros y curtiembres), los curas, los abogados y médicos y en general los que se dedicaban a algún trabajo “intelectual”. Todo el resto conformaba la plebe: los gauchos, los campesinos y pastores, los peones empleados en las estancias, los trabajadores y artesanos, los pulperos y los que se dedicaban al pequeño acopio de cueros o al comercio ambulante, los carniceros, los que hacían el transporte en carretas, el servicio doméstico, las prostitutas, las lavanderas, etc., y por supuesto, los indios bajo servidumbre y los esclavos, que en realidad estaban en la categoría especial de hombres no-libres. Los aborígenes libres que permanecían del otro lado de la “frontera del indio” estaban en verdad fuera de la sociedad colonial, ya que pertenecían todavía a pueblos independientes. Las diferencias sociales coincidían bastante con las diferencias étnicas o de “castas”, como se decía entonces. En general, los grupos más bajos dentro de la plebe eran negros, indios, mestizos o mulatos. La clase “decente” era blanca (aunque hubo quienes lograron ocultar su origen mestizo). Los criollos blancos, incluso si eran pobres, gozaban de mayor consideración por el mero color de su piel. Además de la ocupación, el dinero y la “raza”, poder leer y escribir marcaba una línea divisoria: en general la gente decente había accedido a ese saber, mientras que la mayor parte de la plebe era analfabeta.

Este mundo, en el que cada cual conocía su lugar en la jerarquía, sufrió una fuerte sacudida a partir de 1810. Como parte del esfuerzo militar, los políticos y militares que luchaban por la independencia llamaron a los gauchos, la plebe urbana e incluso a los aborígenes y a los esclavos (a los que se otorgó la libertad) a apoyar su causa. Una vez expulsados los españoles, se abrió un largo período de guerras civiles entre facciones de la élite criolla, que disputaron entre sí para definir quién controlaría el país naciente. Fue la época del enfrentamiento entre Unitarios y Federales y de la larga discordia que dejó al país sin una autoridad unificada hasta la Batalla de Pavón en 1861. Como parte de esas disputas, muchos caudillos, que en general pertenecían a las clases “decentes”, siguieron convocando a las clases bajas para que los apoyaran. Una vez que se hubo movilizado a las clases populares para que pusieran su lanza a jugar en la naciente política, ya no hubo forma de restaurar el viejo orden. Los gauchos, peones, indios y campesinos, celosos de su independencia, no secundaban “gratis” a las élites que los convocaban: de algún modo, aprendían ellos mismos a hacer política a favor de sus propios intereses, condicionando su apoyo. Así, a mediados del siglo XIX, un orden social se había derrumbado sin que hubiera surgido uno nuevo para reemplazarlo. La organización de las instituciones políticas era todavía una tarea pendiente, la economía estaba lejos de ser próspera, las élites peleaban entre sí y por todas partes las clases bajas daban muestras de insubordinación.

Mientras todo esto sucedía, grandes cambios a escala mundial afectaban cada vez con más fuerza los eventos en el país. En algunos países europeos las clases dominantes habían conseguido reorganizar la mano de obra y desarrollar un nuevo sistema fabril que les permitió multiplicar la producción de manufacturas y abaratar sus costos. Su necesidad de nuevos mercados donde vender sus productos y de más proveedores de alimentos y materias primas abrió un escenario nuevo para la inestable región que ocupaba la Argentina. Para los grandes comerciantes que se dedicaban a la importación y la exportación y para los propietarios de tierras se presentaban más oportunidades de obtener riquezas. Dado que tanto el puerto como las mejores tierras estaban en Buenos Aires, la élite de esa provincia resultó la más favorecida. Con mayores ingresos, pudieron pagar ejércitos mejor equipados y más numerosos, algo que cambió decisivamente el balance de poder entre las provincias. Pronto resultó claro, para los políticos e intelectuales liberales que buscaban construir una nación, que los intereses de Buenos Aires necesariamente tenían que tener un lugar central. Pero los del resto del país no podían simplemente ignorarse: había que alcanzar alguna clase de acuerdo. Así, un poco a partir de los debates entre los intelectuales, un poco a través de las negociaciones políticas y otro poco usando la fuerza militar contra los que eran reacios a aceptar las nuevas condiciones, se fue delineando un particular proyecto de país, que hacia 1880 logró asentarse sobre bases firmes. El proyecto de lo que por entonces se llamaba simplemente la “civilización” o “el progreso” consistía en aprovechar las nuevas oportunidades que abría el desarrollo del capitalismo mundial. Pero para eso era necesario introducir una serie de cambios sociales muy profundos y traumáticos.

Para empezar, había que construir un Estado: el poder político tenía que dejar de estar fragmentado y en manos de élites o caudillos locales. Los enfrentamientos militares (sobre todo los que movilizaban a sectores plebeyos) tenían que dejar de ser la forma de dirimir las diferencias políticas. La Liga de Gobernadores que dio origen al Partido Autonomista Nacional y que llevó a Julio A. Roca a la presidencia en 1880 fue la expresión política de un acuerdo entre grupos de poder provinciales que permitiría al Estado nacional, finalmente, imponer su poder centralizado sobre todo el territorio. La élite política que lo manejó se volvió desde entonces un grupo mucho más cerrado y exclusivo, una verdadera “oligarquía” que permitió sólo formas muy limitadas de participación popular. Junto con el Estado nacional se consolidó un mercado interno unificado, al eliminarse las aduanas mediante las cuales cada provincia cobraba por el paso de mercancías por su territorio.

La formación de un Estado era crucial para poder poner en marcha el desarrollo de la producción de carne y cereales, orientada a la exportación. Con ese objetivo se implementaron medidas drásticas. Para empezar, no podía seguir tolerándose que los aborígenes ocuparan grandes extensiones de tierra productiva. La “solución” para esta cuestión fue de una violencia tal que nadie había imaginado: el Estado argentino se lanzó a la ocupación militar de lo que hasta entonces todos reconocían como las tierras de los pueblos originarios. Pueblos enteros fueron deportados y se organizó la destrucción sistemática de sus culturas y sus modos de vida. La Campaña al Desierto de 1879, en la que fueron exterminados varios miles de personas, fue el episodio más dramático de este genocidio, pero no el único.

La contracara de esta violencia fue un gigantesco proceso de privatización de la tierra. Todavía bien entrado el siglo XIX, no sólo los indios sino también muchos criollos de clase baja utilizaban las extensas tierras todavía sin dueño para levantar sus hogares, cazar ganado salvaje o sembrar cultivos, sin que fuera necesario para ello tener una escritura de propiedad. Ya desde tiempos de la colonia, los gobernantes venían entregando parcelas a particulares, cediéndolas gratuitamente o a cambio de un pago mínimo. El exterminio de los indios permitió incorporar extensiones mucho mayores, que fueron inmediatamente privatizadas. Julio A. Roca declaraba satisfecho en 1903 que el Estado había concedido hasta entonces más de 32 millones de hectáreas en propiedad. El modo en que se privatizó la tierra y las características del mercado inmobiliario de entonces hicieron que la gran mayoría terminara en manos de terratenientes.

Las grandes reformas políticas y económicas de estos años estuvieron acompañadas y precedidas de un cambio no menos profundo en la cultura. Desde hacía algunas décadas las élites que aspiraban a gobernar el país se habían lanzado a una verdadera campaña para “europeizar” las costumbres locales. No sólo se adoptaron las palabras y los valores políticos de los liberales del viejo continente, sino también la moda, los bailes, la arquitectura y los criterios del “buen gusto” de las élites británicas y francesas. La contracara del impulso europeizador fue una verdadera catarata de desprecio por la “bárbara” cultura local, que fue objeto de toda clase de denuestos. “En América todo lo que no es europeo es bárbaro”, decía Juan B. Alberdi en 1852, mientras diseñaba las nuevas instituciones para el país. Domingo F. Sarmiento lo superaba ampliamente en su desprecio por los indios, mestizos y criollos pobres, a quienes culpó por todos los males del atraso argentino. Y ya que los habitantes del país eran considerados no aptos para el trabajo y para participar en la tarea de la “civilización”, parte fundamental del proyecto de la élite consistió en repoblar el territorio nacional con inmigrantes traídos del viejo continente.

Transformaciones demográficas

Así, los cambios puestos en marcha para asociar más estrechamente el país al mercado internacional trajeron rápidas transformaciones económicas, culturales, demográficas y sociales que afectaron profundamente a las clases populares. El llamado a la inmigración tuvo como resultado el ingreso de una oleada de dimensiones gigantescas. En tan sólo veintiséis años, entre 1869 y 1895, la población total del país pasó de poco menos de 1.800.000 a casi cuatro millones de habitantes; para 1914 el número se había duplicado de nuevo, llegando a más de ocho millones. La entrada fue tan numerosa que en 1914 casi un tercio de los pobladores de la Argentina (y la mitad de los de la ciudad de Buenos Aires) eran extranjeros. Aunque a tasas algo menores, la entrada de inmigrantes seguiría siendo masiva hasta la década de 1950.

El aumento poblacional se concentró especialmente en las ciudades y el país experimentó un rápido proceso de urbanización. En 1869 más de dos tercios de los habitantes todavía vivían en el campo. Para principios del siglo siguiente ya la mitad habitaba en ciudades y en la década de 1940 lo hacía más del 60%. Las que más crecieron fueron por lejos las de la región pampeana, no sólo por el aporte de los inmigrantes, sino también por migraciones internas de criollos de zonas menos favorecidas, que buscaron allí mejor suerte. Otros fueron “urbanizados” por la fuerza, como las mujeres indígenas que se repartieron las familias ricas como botín tras la Campaña del Desierto, para que trabajaran como domésticas. Junto con la urbanización se produjo una rápida alfabetización: un país en el que casi el 80% de la población mayor de 14 años era analfabeta vio caer ese porcentaje a 35% en 1914 y por debajo del 5% para mediados del siglo. La urbanización trajo también un cambio en las actividades económicas. Las agrícolas o ganaderas ocuparon cada vez a un porcentaje menor de la población, que fue volcándose a empleos relacionados con la manufactura, el transporte, el comercio, la construcción y los servicios. Por todo el país se multiplicaron los establecimientos comerciales, especialmente pequeñas tiendas y almacenes atendidos por sus dueños y familiares, en su gran mayoría inmigrantes. Pero también requirieron un creciente número de empleados, que se sumaron a las legiones que necesitaron el transporte, la nueva red telefónica, los bancos y el propio Estado. El lugar de la producción manufacturera se amplió enormemente. El censo de 1895 contó poco más de 22.000 establecimientos de todo tamaño. En 1914 el número llegó a casi 49.000; la mayoría eran pequeños y medianos, pero también los había propiamente fabriles y de gran tamaño. Especialmente a partir de 1914 se notó un importante desarrollo industrial, que requirió un número creciente de obreros y obreras, en particular en Buenos Aires y Rosario. Como en el comercio, también aquí los propietarios de las nuevas firmas que se iban creando tendían a ser mayoritariamente inmigrantes.

En el campo, los cambios no fueron menos importantes. En la región pampeana, la gran expansión ganadera estuvo acompañada de un sorprendente desarrollo de la producción agrícola para la exportación. Todavía para comienzos de la década de 1880 menos del 2% de la tierra bonaerense se dedicaba a ella. A partir de los últimos años del siglo XIX, sin embargo, la agricultura fue creciendo y disputando el espacio de la ganadería hasta ocupar con cultivos, en la década de 1930, dependiendo de la región, entre el 28 y el 60% de la tierra. Las nuevas actividades agrícolas cayeron en manos de algunos pequeños propietarios y “colonos”, especialmente en Santa Fe, pero en general fueron desarrolladas por “chacareros” sin tierra propia, la mayor parte de origen inmigratorio. Vastas extensiones se poblaron con miles de ellos; gracias al desarrollo agrícola, por ejemplo, la campaña del oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, antes prácticamente inhabitada, alcanzó en 1937 la cifra de 600.000 pobladores. Por otra parte, miles de trabajadores “golondrina” inundaban periódicamente el campo para emplearse en la cosecha. Se sumaban así a los peones que habitaban permanentemente en las zonas rurales.

Los efectos de la mayor actividad económica se hicieron sentir también en otras regiones. Desde fines de siglo Misiones y otras zonas del Litoral recibieron miles de colonos europeos —sobre todo alemanes, rusos y polacos—, que se ocuparon de cultivos como la yerba mate y el té. Algún tiempo después algo similar sucedió en Chaco y Formosa, con el asentamiento de europeos y paraguayos que se abocaron al cultivo de algodón. Ya bien entrado el siglo XX también hubo colonos dedicados a la producción frutícola en el Alto Valle del Río Negro. Mendoza y algunas zonas del noroeste vieron incrementar su producción de vino y azúcar respectivamente. Todos estos cultivos —especialmente si se realizaban en extensiones más o menos grandes— empleaban un número importante de peones, que fueron mayoritariamente criollos pobres e indígenas. Esto mismo vale para los grandes obrajes madereros del Chaco y el norte de Santa Fe. La Patagonia también recibió inmigrantes de diversos países de Europa y de Chile, quienes en general no se transformaron en colonos sino en asalariados en la esquila de ovejas.

Los inmigrantes y el mito del “crisol de razas”

Aunque el 75% de los inmigrantes fueron de origen español o italiano, también llegaron británicos, alemanes, franceses, judíos de Europa del Este, sirio-libaneses y otras nacionalidades. Y no sólo venían de ultramar: los nacidos en países limítrofes siempre constituyeron entre un 2 y un 3% de la población argentina. La gran mayoría de los que llegaron fueron de origen social modesto. Muchos de ellos eran de zonas rurales pobres y habían abandonado sus países por falta de oportunidades laborales. La mayoría eran hombres de entre 20 y 40 años (por cada 10 mujeres llegaban 22 varones). Muchos venían con la idea de quedarse; otros, con la intención de ahorrar algo de dinero y volverse luego a sus países. Poco más de la mitad de los que llegaron se radicaron definitivamente. La gran mayoría terminó viviendo en ciudades. Aunque la mayor parte del comercio y la naciente industria quedaron en manos de inmigrantes, ellos también nutrieron la clase trabajadora. Todavía en 1947 el 20% de los obreros urbanos era extranjero. El impacto que tuvieron fue distinto según la zona del país. Hacia 1914 constituían un altísimo porcentaje de la población, cercano a la mitad, en la Capital y en Santa Fe, las áreas más favorecidas por el modelo agroexportador puesto en marcha por la élite. También tenían un peso enorme en Mendoza y en algunos territorios poco poblados como La Pampa y Santa Cruz. Un poco menor, entre 12 y 20%, era su aporte en zonas como Córdoba o Entre Ríos y apenas del 2% en otras menos favorecidas, como Catamarca o La Rioja.

Criollos, indios y mestizos “incultos”, inmigrantes viejos y nuevos que hablaban decenas de lenguas distintas... La población se había vuelto más heterogénea que nunca. Para asegurar el orden, las élites necesitaban homogenizar de alguna manera esa masa informe. Con ese fin, se difundió por la época del Centenario uno de los grandes mitos de la historia argentina: el del “crisol de razas”. La imagen sugería que todos los grupos étnicos que habitaban la Argentina, viejos y nuevos, se habían ya fusionado y habían generado una “raza argentina” homogénea. Esta idea no ponía fin al agresivo racismo del siglo XIX, que por el contrario continuó de manera velada. Es que la idea del crisol incluía una jerarquía racial oculta. Se argumentaba que todas las “razas” se habían fundido en una sola, pero al mismo tiempo se sostenía que esa fusión había dado como resultado una nueva que era blanca-europea. Sea minimizando la presencia inicial de los mestizos, negros, mulatos o indios, sea afirmando que todos ellos habían desaparecido inundados por la inmigración, se daba a entender que el argentino era blanco-europeo. La creencia muy difundida de que “los argentinos descienden de los barcos” se volvió entonces parte de un sentido común que, sin embargo, no reflejaba la realidad demográfica: estudios genéticos recientes revelaron que más del 50% de la población actual tiene sangre indígena corriendo por sus venas y que cerca del 10% cuenta con ancestros de origen africano.

La discriminación o invisibilización de los argentinos no blancos en el plano de las ideas se combinó con otras en sentido similar en el plano de la economía. Como la mayor parte de la riqueza se concentró en las ciudades y en especial en Buenos Aires y el Litoral (que eran las zonas en las que los descendientes de europeos tenían más presencia), y como los que tenían las habilidades más requeridas por el mercado y el interés por aprovecharlas eran también los de origen europeo, fueron los más blancos los que tendieron a beneficiarse de las nuevas oportunidades de progreso. No existen estadísticas que distingan color de piel, pero las que tienen en cuenta el lugar de nacimiento pueden darnos un indicio indirecto: de cada 100 habitantes de origen popular en 1895, 31 de los que eran inmigrantes habían ascendido a los sectores medios, mientras que sólo 10 de los nativos de la Argentina habían tenido la misma suerte (y debe tenerse en cuenta que los hijos de inmigrantes ya figuraban en los censos como “nativos”, de modo que los propiamente “criollos” que lograron ascender deben haber sido muchos menos). Juan Bialet Massé, en su célebre informe sobre la condición de los obreros publicado en 1904, criticó fuertemente el prejuicio extendido entre los empleadores de entonces según el cual los “hijos del país” eran peores trabajadores que los inmigrantes. Esta discriminación motivó algunas expresiones de hostilidad popular contra los recién llegados. Si bien las reacciones xenófobas de gran escala no fueron habituales, no faltaron los conflictos de baja intensidad. Los prejuicios anticriollos también estaban extendidos entre los inmigrantes, que solían mirar por encima del hombro a los que no eran suficientemente europeos.

Como en un círculo vicioso, el hecho de que les fuera peor económicamente a los de pieles más oscuras y a los de zonas menos urbanizadas del interior parecía confirmar el prejuicio según el cual eran personas “inferiores” y poco aptas para la civilización. Y como los empleadores tenían ese prejuicio, al elegir personal para los mejores puestos tendían a preferir a los de piel blanca. Y como nadie quería sufrir esa discriminación, es probable que incluso las personas de color de piel “dudoso”, pero que podían pasar por blancos, discriminaran a su vez a los más morenos, como para diferenciarse de ellos lo más posible. Aunque no hay estudios que tengan en cuenta la importancia del color de piel a la hora de elegir pareja, los datos disponibles sugieren que, contrariamente al mito del “crisol de razas”, los inmigrantes europeos preferían casarse con otros europeos o sus descendientes (aunque no fueran de su misma procedencia) antes que con criollos.

La desigualdad “racializada” se hizo entonces omnipresente: por todos lados las diferencias sociales se superponían con diferencias de color de piel, un rasgo de la sociedad argentina que se reprodujo generación tras generación y hoy sigue estando presente. Sin embargo, rara vez en la historia nacional se reconoció esta forma de desigualdad como una injusticia. La ideología oficial sostenía el mito del “crisol de razas” y los descendientes de europeos no tenían ningún interés en contradecirlo. Para los más morenos, que eran los únicos a los que les hubiera convenido hacerlo, resultaba extremadamente difícil. Es que el mito del crisol no excluía de la pertenencia a la nación a las personas que no eran “como corresponde” desde el punto de vista étnico. Más bien, las forzaba a “disimular” o dejar de lado cualquier marca de su origen diverso, como condición para participar en la vida nacional. Un permanente “patrullaje cultural” funcionó desde entonces para borrar cualquier presencia que pudiera refutar o amenazar la consistencia de esa imagen de una Argentina blanca-europea. Tal patrullaje no estuvo sólo en manos del Estado: mediante la intimidación, las burlas, la distorsión o incluso la violencia, también los habitantes comunes participaron en él.

Los afroargentinos se vuelven invisibles

Como consecuencia de esa presión, de hecho, la comunidad afroporteña pronto se volvería invisible. Una creencia muy extendida supone que los negros, que hasta entonces eran muy numerosos, “desaparecieron” en Buenos Aires como consecuencia de su participación como carne de cañón en la Guerra del Paraguay (1864-1870) y de la epidemia de fiebre amarilla que los diezmó en 1871. Pero esto es falso: aunque muchos perecieron por ambas causas, en la década de 1880 la comunidad afroporteña todavía sumaba unas siete mil personas y mantenía una intensa vida cultural y social. Editaban varios periódicos propios, animaban diversas asociaciones mutuales, educativas y de esparcimiento y se defendían vigorosamente de las formas de discriminación que sufrían. Sin embargo, el creciente “patrullaje cultural” y la presión para imponer la idea de una nación blanca-europea afectaron profundamente la vida comunitaria. Desde fines de la década de 1870 se desató un fuerte debate entre sus principales referentes. Para todos ellos estaba claro que los negros debían participar de la nación que se estaba construyendo y de las oportunidades de progreso social que se abrían. Pero ¿cómo integrarse? ¿Había que hacerlo reivindicándose como un grupo diferente y particular por su color y su cultura, aunque con el mismo derecho que cualquier otro a ser reconocido como parte de la nación? ¿O por el contrario convenía dejar de lado cualquier diferenciación para exigir como individuos, en cambio, los mismos derechos ciudadanos que la ley aseguraba a todos los demás? La respuesta no era sencilla. La primera postura significaba un desafío abierto a la idea de nación “europea” que las élites venían planteando. El riesgo era inmenso, ya que conllevaba la posibilidad de perder los vínculos políticos que la colectividad afro tenía con personas de la clase alta, fundamentales para protegerse cuando eran agredidos. Además, plantarse como una “raza” aparte podía complicar las relaciones con los otros pobres que poblaban la ciudad, los inmigrantes, con los que tenían un trato cotidiano y muy cercano. Por otro lado, ya que la ley argentina no hacía diferencias de color ¿para qué plantearlas desde la propia comunidad? ¿No se volvería eso en contra de los propios negros?

En este debate terminaron predominando los que proponían la asimilación. Desde las páginas de varios de los periódicos afroporteños los principales referentes de la comunidad insistieron para que los negros adoptaran las pautas de conducta y la cultura consideradas “civilizadas”, burlándose y criticando severamente a los que no estaban a la altura del desafío. La colectividad debía “regenerarse” y abrazar la “modernidad” y el espíritu de progreso: ese era el llamado de la hora. Todo lo que remitiera a la herencia africana debía ser abandonado: ya no había lugar para las antiguas hermandades de “naciones” y para las celebraciones tradicionales. La vestimenta debía estar a tono con las modas generales y los modales debían refinarse. En lugar del candombe, exigían que sólo se bailaran y tocaran músicas de origen europeo, como valses, polcas y mazurcas. Los tambores debían reemplazarse por instrumentos más “respetables”, como las guitarras, violines o clarinetes.

Así, luego de 1880, buscando el camino más conveniente para asegurar el bienestar de los suyos, los principales referentes afroporteños terminaron funcionando como canales de difusión de los mandatos de la élite y colaborando ellos mismos en el patrullaje cultural. Renegar de la “raza”, hacer que el color se olvide, disimular todo rasgo particular para ser aceptados en la nación: ese era el camino que parecía el más conveniente y buena parte de la comunidad afroporteña lo abrazó en estos años (especialmente los que por su piel menos oscura o por su condición económica podían aprovecharlo mejor). Los referentes de la propia colectividad colaboraron así activamente en el proceso que los terminó invisibilizando.

Algunos se resistieron: en su momento se hicieron oír protestas contra la dirección que estaba asumiendo la vida comunitaria e incluso hubo ataques a pedradas contra los negros que se atrevían a usar galeras u otras prendas típicas del vestir de los blancos. Hoy sabemos que muchas familias conservaron en privado durante décadas, casi clandestinamente, algunas prácticas religiosas o culturales de raíz africana. Pero como esto sólo era posible fuera de la vista pública, para comienzos del nuevo siglo se volvió algo de sentido común afirmar que en Argentina ya no había negros.

De este modo, las transformaciones que impulsó la élite no sólo modificaron profundamente el aspecto demográfico de la población y las relaciones entre los diversos grupos étnicos, sino también la visibilidad que cada uno tenía.

El mito de la “modernización” y la estructura social argentina

La gran transformación de la sociedad argentina operada por la élite se tradujo también en la aparición de una cantidad de nuevas actividades laborales y económicas que se hicieron visibles más o menos entre 1860 y 1930. La profundización del capitalismo hizo que se requirieran grandes cantidades de personas para cumplimentar una variedad mucho mayor de tareas. Los grupos asalariados fueron por lejos los que más aumentaron. Los peones y obreros pasaron de ser poco más que el 24% de la población en 1869, a casi la mitad en 1947 (a los que habría que sumar al menos otro 10% de trabajadores manuales no asalariados o del servicio doméstico). Además, se multiplicaron en estos años los asalariados de labores no manuales: dependientes de comercio, secretarias, empleados bancarios, telefonistas, capataces, supervisores, cadetes, etc., fueron los que más crecieron. Por ejemplo, en 1869 había como mucho 12.000 empleados y dependientes de comercio en todo el país (casi 7 de cada mil habitantes desempeñaban ese tipo de funciones); para 1914 la cifra había ascendido a más de 95.000 (12 cada mil habitantes). Algo similar sucedió la enorme cantidad de empleados públicos que el Estado necesitó para hacerse cargo de sus nuevas funciones: desde barrenderos y personal de maestranza, hasta oficinistas, técnicos, funcionarios y, por supuesto, docentes.

Fuera del universo de los asalariados también crecieron otras ocupaciones y categorías sociales. Ya hemos mencionado a los colonos y chacareros en el campo. En la ciudad también hubo oportunidades de trabajo independiente o semidependiente para trabajadores manuales como por ejemplo sastres, transportistas, planchadoras, costureras, zapateros y oficios a domicilio. Por supuesto, también se multiplicaron otras ocupaciones más claramente relacionadas con el mundo de los sectores medios, desde pequeños comerciantes y fabricantes hasta profesionales universitarios.

Los cambios en la estructura demográfica y social de la Argentina fueron profundos y evidentes. Su significado, sin embargo, es más difícil de establecer. Sobre estos datos se ha construido uno de los grandes mitos de nuestra historia, el mito de la “modernización social”. Durante muchos años nos han enseñado que el país que finalmente se puso en marcha hacia 1880, comparado con el de tiempos anteriores, fue más próspero y trajo un mayor bienestar para la mayoría de la población, sentando las bases de una sociedad más “igualitaria” y con oportunidades de progreso abiertas a todos. Según se repite en libros de historia o de sociología, al calor del desarrollo económico y de la inmigración se produjo un importante crecimiento de la “clase media”, que transformó una sociedad dividida en dos clases claramente separadas, en otra más compleja y abierta, con tres clases principales y muchas oportunidades de movilidad entre ellas. Esa “clase media”, según suele creerse, fue una fuerza fundamental para la democratización del sistema político. Se nos induce así a pensar que el proyecto de país que las clases dominantes del siglo XIX pusieron en marcha fue algo positivo en general para todos los habitantes de este suelo: la “modernización” —nadie podría dudarlo— es mejor que el “atraso”.

Uno de los que más colaboró en instalar esta visión fue el padre fundador de la sociología empírica argentina: Gino Germani. Fue él quien por primera ofreció pruebas de este proceso de “modernización”.

Sin embargo, con los datos con los que hoy contamos, no resulta evidente que luego de 1880 haya habido un proceso de cambio continuo hacia una mayor igualdad, o que hubiera un bienestar mayor para todos los habitantes. Sin duda el gran desarrollo económico trajo al país muchas más riquezas. El mayor dinero circulante engrosó las arcas públicas y permitió grandes obras de infraestructura. Los servicios de salud y educación estuvieron al alcance de más personas y existen datos objetivos de mayor bienestar social, como la mayor alfabetización y la caída de la tasa de mortalidad. Las nuevas actividades económicas brindaron a muchos oportunidades de empleo lucrativas. Sin embargo, las ventajas materiales y el mayor bienestar no beneficiaron a todos por igual, ni llegaron a todos los grupos sociales.

Para los pueblos originarios el nuevo país resultó un verdadero infierno: como hemos visto, muchos fueron exterminados y los que quedaron pasaron de hombres libres a parias en una sociedad que no podían sentir como propia. Es necesario olvidarse de todos ellos para poder sostener que los cambios fueron en el sentido de una mayor igualdad. Para los gauchos, pastores y campesinos libres las cosas tampoco fueron siempre mejores. Con el proceso de privatización de la tierra, ya no fue tan sencillo acceder a una parcela. Las inmensas llanuras pampeanas se llenaron de alambrados; el modo de vida del gaucho y de muchos campesinos resultó herido de muerte. Perdida su independencia económica y presionados por la ley, fueron forzados a convertirse en peones permanentemente al servicio de terratenientes o a emigrar a la ciudad, donde también los esperaba la vida de asalariados. Por otro lado, investigaciones recientes indican que el crecimiento económico vino de la mano de una profundización de la brecha que separaba a ricos y pobres (no tanto porque éstos se empobrecieran en términos absolutos, sino porque aquéllos acumularon riquezas a un paso más acelerado que los elevó mucho más sobre el nivel del común de la población). Se calcula que hacia mediados del siglo XIX los más ricos en la región pampeana gozaban de ingresos hasta 68 veces más altos que los de los más pobres. Para 1910 esta brecha se había ampliado fabulosamente hasta alcanzar un diferencial de 933.

Por otra parte, la estrategia de desarrollo económico adoptada por la élite se tradujo en un patrón de crecimiento que sistemáticamente benefició a los inmigrantes más que a los criollos. Como hemos visto, en general una proporción mayor de las mejores oportunidades laborales y productivas terminó en manos de extranjeros o de sus hijos, antes que de criollos. Pero incluso siendo así, tampoco es exacto el mito frecuente según el cual el inmigrante europeo que llegaba a estas tierras invariablemente ascendía en la escala social. Para la mayoría de los inmigrantes más pobres y sin calificación que llegaron a este suelo, las oportunidades de ascenso no fueron tan brillantes.

Además, el proyecto de país puesto en marcha produjo una mayor desigualdad entre las regiones. La zona del Litoral en general, y Buenos Aires en particular, concentró la mayor parte de las nuevas oportunidades de crecimiento. Muchas economías del interior, en cambio, sufrieron pérdidas importantes. La circulación de productos de origen europeo a precios más baratos arruinó buena parte de las manufacturas que existían en el interior. La crisis de las actividades de tipo artesanal se tradujo en grandes movimientos de migración, especialmente hacia la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Miles de hombres y mujeres de las provincias debieron abandonar sus pagos para buscar algún modo de subsistir y casi siempre terminaron convirtiéndose en mano de obra asalariada. Con el correr del tiempo, el crecimiento general de la economía fue profundizando la desigualdad entre las regiones, en lugar de revertirla. En 1937 el 82% de la capacidad económica nacional se concentraba en la región pampeana; por cada mil pesos de producto que generaba en promedio cada habitante del área metropolitana de Buenos Aires, en Córdoba se producían 680 pesos y en Catamarca sólo 94. Los niveles salariales también obedecían a un patrón similar: los sueldos en promedio podían ser más del doble en Capital que lo que eran en Santiago del Estero o La Rioja. En suma, el proyecto de desarrollo impulsado por las fuerzas del mercado mundial y por la élite local no sólo no repartió los beneficios de manera igualitaria entre los habitantes de las diversas provincias, sino que incluso destruyó algunas actividades económicas que nutrían la riqueza de regiones enteras.

En muchos sentidos la sociedad anterior a 1860 y la posterior son verdaderamente incomparables. Para explicarlo con una imagen, más que una sociedad que evolucionó hacia otra cosa, habría más bien que decir que se construyó en forma abrupta un edificio enteramente nuevo encima de la sociedad anterior, desestructurándola profundamente. Algunos de los ladrillos del viejo edificio social fueron adaptados y utilizados, mientras que otros fueron simplemente puestos a un lado o desaparecieron de la vista, ahogados en la marea humana que trajo la inmigración. Viendo los cambios sociales en su conjunto, la idea de la “modernización”, con la valoración positiva que lleva implícita, resulta poco apropiada. Lo que sucedió en las décadas posteriores a 1860 debe describirse más bien como un proceso de profundización del capitalismo que no condujo a una sociedad “esencialmente igualitaria”, sino a una honda reestructuración de las formas de desigualdad y opresión.

El “mito de la modernización social” difundido por Germani resulta inapropiado no tanto porque las cifras que presentó fueran falsas, sino por el modo en que las agrupó e interpretó para concluir que disminuía la proporción de gente que pertenecía a los “estratos inferiores”. Supuestamente, en 1869 representaban el 89% de la población y en 1960 habrían pasado al 55,5%. Pero examinando más de cerca aparece otra imagen. De este grupo, en 1869 más de la mitad eran trabajadores “por cuenta propia”, es decir, que no estaban asalariados ni dependían de un patrón y que en general poseían sus propios medios de producción. El resto eran trabajadores asalariados y de servicio doméstico. En 1960 los trabajadores por cuenta propia apenas representaban menos del 9% del total de la clase baja. En otras palabras, las oportunidades del trabajo libre disminuyeron dramáticamente, al tiempo que la casi totalidad de los trabajadores fueron empujados a convertirse en asalariados. Lo mismo vale para la “clase media”: las categorías ocupacionales que más aumentaron no fueron la de los profesionales, ni la de los propietarios de comercios o de pequeñas empresas. De hecho, más de la mitad de los que Germani considera “clase media” en 1960 son asalariados, que en 1869 representaban apenas el 3,4% de la población total. Dentro de esta categoría, los que más aportaron al supuesto aumento de la clase media son los empleados de comercio, bancarios, estatales, de comunicaciones, de la educación, de la sanidad, etc., muchos de los cuales pertenecían en verdad en esta época al mundo de las clases populares.

En suma, se produjo en estos años un proceso por el cual una sociedad en la que casi dos tercios de la población tenía ocupaciones “libres” (o al menos relativamente independientes) fue reemplazada por otra en la que la gran mayoría se había transformado en asalariada y dependía de un empleador. La compulsión al trabajo asalariado significó un cambio histórico en el sentido de un incremento de la dependencia respecto de los empleadores y de la pérdida del control de los trabajadores sobre su propio trabajo. Este tránsito, así, no apuntó en un sentido “más esencialmente igualitario”, como opinaba Germani; más bien, se trató de un cambio en el modo en que se organizaba la desigualdad. Indudablemente se multiplicaron los escalones en la escala de ingresos que va desde los más pobres a los más ricos y eso ofreció a miles de personas inéditas oportunidades de ascenso social. Pero el impulso hacia una mayor igualdad que eso supuso fue de corto alcance. Cuando el capitalismo se despliega sobre un territorio nuevo —como sucedió en la Argentina del siglo XIX, pero también en muchos otros países— se produce durante algunas décadas un fenómeno de intensa creación de nuevas ocupaciones y oportunidades, que efectivamente pueden ser aprovechadas por muchos. Pero este proceso tiende a hacerse más lento a medida que el capitalismo va terminando de implantarse. Aunque siempre ofrece oportunidades de ascenso social, su tendencia histórica de largo plazo —incluso en los países más desarrollados— es en sentido opuesto, hacia la acumulación del capital y los mejores recursos en menos manos y hacia la profundización de la desigualdad. El “mito de la modernización social” induce al equívoco de pensar que ciertas condiciones socialmente favorables —que en realidad son excepcionales y corresponden al inicio de un proceso— anuncian una tendencia histórica de largo plazo.

La desigualdad, además, no es un fenómeno solamente económico. La creación del Estado centralizado implicó otra forma de pérdida de autonomía para las clases bajas. Como mencionamos anteriormente, hasta bien entrado el siglo XIX los gauchos, pastores y campesinos se las habían arreglado para hacer sentir su presencia condicionando su apoyo a los caudillos que peleaban entre sí, u organizando sus propias “montoneras” y revueltas. Como forma de resistencia, también tenían la opción más individual de escaparse hacia las zonas más inhóspitas o de cruzar la “frontera del indio” si la presión de las autoridades se hacía muy grande o si las formas de subsistencia empezaban a escasear. Con la creación del Estado se fue achicando el espacio para tales formas plebeyas de la política: la poderosa maquinaria estatal reorganizada por la élite volvió inviables las formas de resistencia que tenían las clases populares, dejándolas de ese modo mucho más indefensas frente a los efectos de la profundización del capitalismo. Más adelante, como veremos, la política de los de abajo hallaría formas alternativas de hacer oír su voz. Pero hasta que eso no ocurrió, las clases populares se encontraron en una situación de mayor “desigualdad política” que antes.

Tampoco en las relaciones de género hubo más igualdad. Por el contrario, durante el siglo XIX se fue agudizando la subordinación de las mujeres respecto de los varones, lo que significó un retroceso en comparación con las costumbres del siglo previo. Tanto las leyes como los hábitos trajeron nuevas y más profundas formas de sometimiento y control patriarcal. Este cambio se relacionó con los que venían aconteciendo en la esfera económica. Tal como sucedía en Europa en la misma época, un mundo cada vez más regido por los negocios, la competencia y el dinero significaba una mayor incertidumbre de las personas respecto de su lugar social y un temor creciente por la posibilidad de perderlo. En ese escenario, el ámbito doméstico funcionó para los varones adultos como el oasis de paz que necesitaban para poder tolerar las luchas y los conflictos que marcaban la vida pública. La vida familiar se sometió mucho más al dominio indiscutido del padre. Además, ya que para asegurar la posición familiar hacía falta garantizar a los hijos e hijas un matrimonio conveniente, la “moralidad” familiar (especialmente la de las mujeres) fue objeto de un mayor escrutinio, que llegó a ser verdaderamente obsesivo. Y aunque estos temas afectaron mucho más a las familias de posición que a las de clases populares, indudablemente los valores y prejuicios que alentaban se irradiaron también hacia abajo.

Devastación ecológica y desigualdad

La gran transformación operada en estos años también produjo un dramático cambio en el modo en que la sociedad se relacionaba con el medioambiente. La profundización del capitalismo significó que más y más tipos de bienes se volvieron bienes comercializables. La mayor avidez de los empresarios en la búsqueda de ganancias hizo que se consumieran cantidades crecientes de diferentes tipos de materias primas y recursos naturales. La naturaleza se volvió terreno abierto para la depredación descontrolada y vertedero de los desechos y la polución que las nuevas actividades producían. Su deterioro pronto se hizo notar; en pocos años se evidenciaron efectos incomparablemente más dañinos que los que habían tenido las actividades económicas de los habitantes en todos los siglos precedentes. Pero además, en la nueva manera de relacionarse con el medioambiente los más ricos utilizaban los recursos de todos para su propio enriquecimiento, mientras que los más pobres debieron sufrir las peores consecuencias de la estela de contaminación y depredación que dejaban a su paso. El mito de la “modernización” no toma en cuenta esta forma de desigualdad, ni las consecuencias en el mediano y largo plazo del deterioro ambiental.

El daño se notó tanto en el espacio rural como en el urbano y en ambos golpeó especialmente en la vida de las clases populares. La nueva escala en que se devastó la naturaleza tuvo uno de sus primeros ejemplos en la deforestación masiva. Las ciudades y los poblados siempre habían necesitado madera. Pero, desde la década de 1860, la profundización del capitalismo multiplicó enormemente esta demanda. De pronto se requirieron millones de durmientes para las vías de los ferrocarriles y millones de postes para alambrados y corrales en la pampa húmeda, para los viñedos de Mendoza y San Juan y para otros sitios. Las nuevas calderas y máquinas de vapor demandaron más madera y la construcción otro tanto. Para abastecer a todos se recurrió a la tala indiscriminada de bosques centenarios sin el acompañamiento de ninguna política de reforestación. La zona que primero y más profundamente sufrió los efectos fue la de Santiago del Estero. Los maravillosos quebrachales de su lado occidental fueron devastados hasta transformar en un desierto lo que antes era un espeso bosque. En sólo nueve años, entre 1906 y 1915, salieron de allí 20.700.000 durmientes para el ferrocarril, lo que significó la pérdida de tres cuartas partes de lo que quedaba de forestas en la provincia. Terminado el saqueo de los bosques, las empresas se retiraban a otras zonas a seguir con su negocio, dejando tierra arrasada a sus espaldas. La actividad forestal masiva fue un desastre para la vida de los santiagueños, especialmente los de las clases populares. Los poblados más antiguos, que habían quedado marginados de la traza del ferrocarril y de los beneficios del negocio de la madera, quedaron aislados y fueron decayendo. Los campesinos y pastores, que dependían del mantenimiento de un delicado equilibrio entre el uso del bosque y la ganadería intensiva, se vieron acorralados. Además, el avance de los obrajes a lo largo de las líneas del tren dejaba nuevos poblados precarios ubicados en lugares con escaso acceso al agua, que languidecían una vez que las empresas se retiraban, llevándose las oportunidades laborales a otra parte y dejando a cambio sólo tierra yerma. Desde entonces, la emigración a otras provincias fue el destino obligado para miles de santiagueños empobrecidos. Ellos fueron quizás las primeras víctimas de la tala indiscriminada, pero no las últimas. En esos años grandes empresas multinacionales depredaron también los bosques del norte de Santa Fe, de la zona este y centro del Chaco y de Formosa, con idénticos resultados. Catamarca y La Rioja padecieron asimismo rápidos procesos de deforestación.

En este período también el espacio urbano sufrió la agresión al medioambiente. En las ciudades de mayor crecimiento, sede de la naciente industria, se manifestó en el creciente envenenamiento del aire y el agua. En Buenos Aires se notó desde épocas más tempranas. Desde comienzos del siglo XIX varias empresas dedicadas a la exportación de carne salada, al curtido de cueros o a la fabricación de velas tiraban sus desperdicios al Riachuelo. Sus aguas adquirieron ya desde entonces el olor nauseabundo que todavía hoy tienen. Pero el problema no hizo sino empeorar. A partir de la década de 1860 el vertido de sustancias químicas, como el arsénico, sumado al de los desperdicios orgánicos tradicionales, acabaron rápidamente con los peces de ese río. El panorama se agravó a partir de la instalación de nuevos tipos de empresas, como las tintorerías industriales, las metalúrgicas y los frigoríficos. Hacia fines del siglo, la contaminación se expandió a otros ríos, como el Reconquista, el Luján, el Tigre. La nueva oleada industrializadora de los años veinte multiplicó el efecto del envenenamiento de las aguas por metales pesados y petróleo. La polución del aire siguió un recorrido similar, de la mano de las chimeneas fabriles alimentadas a leña y carbón primero y a petróleo después. El uso de motores eléctricos alivió en algo la situación desde 1930, pero esta mejoría fue pronto compensada por la expansión de los humos del transporte automotor. Como en el caso de la deforestación, fueron los más pobres los que cargaron con los peores efectos del envenenamiento del aire y de los ríos, precisamente porque vivían en zonas industriales o porque levantaban viviendas precarias en el único lugar del que nadie tenía interés de expulsarlos: a la vera de ríos contaminados, donde la tierra no tenía ningún valor. En estos años, en fin, se instaló en Argentina un modo propiamente capitalista de relacionarse con el medioambiente: el que permite la apropiación privada de los recursos naturales que pertenecen a todos —sea directamente para comercializarlos o indirectamente al no pagar ningún costo por deteriorarlos— y transfiere a los sectores más bajos las peores consecuencias. Desde entonces este patrón no hizo sino profundizarse.

2. El trabajo

Las condiciones de vida y de empleo para las clases populares durante este período fueron extremadamente heterogéneas. Tanto los niveles salariales y la vivienda como los derechos laborales efectivos, la duración de la jornada de trabajo y otros aspectos variaron enormemente entre tipos de labor y de región en región y también fueron modificándose a través del tiempo. Como panorama general, predominó una situación de gran precariedad e inestabilidad en el empleo y de ausencia relativa de derechos básicos. Para la gran mayoría de los trabajadores la vida era habitualmente muy dura y muy limitado el poder que tenían frente a los empleadores.

Para 1880 ya existía un verdadero mercado de trabajo regido por las reglas del capitalismo. Anteriormente predominaba el empleo ocasional: muchos sectores de las clases populares —por ejemplo los gauchos o muchos campesinos— tenían otras posibilidades de sobrevivir, por lo que sólo se empleaban a cambio de un salario esporádicamente, cuando lo necesitaban. Los que se dedicaban a los negocios se quejaban por entonces de que “faltaban brazos”, y que los que había exigían un pago demasiado alto. Esto cambió a partir de la segunda mitad del siglo. La consolidación del capitalismo en varias regiones fue eliminando muchas de las formas libres de sustento que tenían las clases populares. Por otro lado, el Estado impuso normas cada vez más duras contra “vagos y malentretenidos”, con el objetivo de impedir que hubiera gente que viviera “sin trabajar”. Finalmente, el aluvión inmigratorio amplió enormemente la provisión de personas dispuestas a emplearse a cambio de un salario. Así, la condición de asalariado se fue transformando en una realidad primordial para una porción creciente de las clases bajas. El trabajo ocasional y las formas “autónomas” de subsistencia siguieron existiendo. Pero fueron cada vez menos una elección o un estilo de vida, para transformarse en cambio en el complemento ideal de un mercado de trabajo muy inestable. Para decirlo de otro modo, el trabajo esporádico o sin relación de dependencia fue cada vez más un refugio transitorio para los que, por las propias fluctuaciones de la demanda de mano de obra, habían quedado temporalmente sin empleo. Aunque para muchos podía seguir siendo una elección de vida, para otros era sencillamente reflejo de un modo precario de existencia impuesto por el mercado. El límite entre una situación y la otra era muy difuso y seguramente muchos lo cruzaron sin darse cuenta: los gauchos, por ejemplo, siempre se habían empleado ocasionalmente como peones. Es probable que, con el correr de los años, tuvieran que hacerlo cada vez con mayor frecuencia, hasta que, sin notarlo, quedaban subordinados a una vida básicamente de asalariados, con breves interrupciones involuntarias cuando perdían su puesto. El trabajo fue quedando así cada vez más determinado por las necesidades de la economía capitalista. A medida que el mercado de trabajo expandió su ley, las medidas coercitivas como las “libretas de conchabo” y los controles del movimiento de los gauchos fueron volviéndose innecesarias y cayeron en desuso.

Entre los residentes de zonas menos favorecidas por la expansión de la economía —por ejemplo, en muchas del norte del país—, predominaron la pobreza crónica y la falta de oportunidades laborales. Por el contrario, el rápido desarrollo de la economía primaria de exportación generó en la región pampeana, en el Litoral y en algunas otras zonas miles de nuevos puestos de trabajo. La demanda de trabajadores, sin embargo, tuvo características particulares. Como las actividades que más los requirieron fueron las primarias (agricultura y ganadería) y las terciarias ligadas a ella (como transporte, carga, etc.), la demanda fue muy fluctuante. En determinadas estaciones del año podía ser muy intensa, para luego decaer en otras. Por otra parte, las crisis periódicas —como las que hubo en 1890, con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 o con el crack de 1929— producían drásticas reducciones en los niveles salariales y tasas de desempleo importantes. Y como la producción industrial sólo creció de manera notable luego de 1914, en general lo que más se requería eran trabajadores no calificados. Todo esto se conjugó para crear una masa trabajadora caracterizada por el empleo flexible, de escasa calificación y de corto plazo. En el cambio de siglo esta inestabilidad se traducía en una gran movilidad geográfica y ocupacional de la mano de obra. Aunque las trayectorias de vida podían ser de lo más variadas, no era extraño el caso de una persona que trabajara un tiempo como albañil autónomo en Rosario, en otro momento viajara a Chaco como peón en la cosecha de algodón, para luego tomar un empleo asalariado en una fábrica de cerveza porteña. Por entonces, para casi todos el empleo era inestable, salvo en el caso de ciertos trabajadores calificados y de los dependientes de comercio.

En la región pampeana, la escasez inicial de brazos combinada con el crecimiento explosivo de la demanda se tradujo en niveles salariales relativamente altos comparados con los que se pagaban en Europa. Hacia 1910 el poder de compra de la remuneración media en la ciudad de Buenos Aires era algo menor al que tenía en países como Alemania, Inglaterra o Francia, pero aparentemente bastante mayor al de Italia y España. El nivel de los salarios fue desde entonces muy variable. Descendieron como consecuencia de la crisis provocada por la Guerra Mundial en 1914 y sólo recuperaron su valor hacia 1921-1922. A partir de allí tendieron al alza, pero se desplomaron nuevamente en 1929 con el comienzo de la crisis mundial. La caída de los salarios nominales alcanzó entonces el 20%, mientras crecía el desempleo. Hasta 1942 el salario real en la ciudad de Buenos Aires estuvo por debajo de sus niveles de 1929. Más allá del valor del salario y de coyunturas especialmente desfavorables, el tiempo de desempleo que frecuentemente pasaba una persona al dejar un trabajo y antes de encontrar otro significaba frecuentes situaciones de aguda necesidad. La incertidumbre y la precariedad de la existencia fueron la norma. Hasta los años treinta las tasas de desnutrición fueron muy altas. Algunos trabajadores sin dudas pudieron acumular suficiente dinero como para “pegar el salto” y ascender a la clase empresaria. Lo lograron especialmente aquellos que tenían o lograban obtener alguna calificación especial y los que contaban con vinculaciones que los ayudaban a progresar. Pero a medida que fue avanzando el siglo y las nuevas oportunidades se fueron acabando, las historias de rápido ascenso se fueron haciendo menos habituales. Durante toda la década de 1930, casi el 80% del ajustado presupuesto de una familia obrera promedio de Buenos Aires se destinaba a alimentación y alojamiento.

La vivienda fue un problema particularmente agudo en las ciudades de mayor dinamismo. Los trabajadores que llegaban por miles a las todavía pequeñas urbes argentinas a fines del siglo XIX solían albergarse en habitaciones alquiladas en inquilinatos o en los famosos “conventillos”. No era raro que en sus habitaciones convivieran hacinadas parejas con o sin hijos y personas solas: podía haber hasta doce compartiendo una misma pieza. Aunque en algunos conventillos predominaba la gente del mismo origen nacional y de la misma ocupación, en general convivían inquilinos de varios países y argentinos nativos. La mayoría eran obreros manuales, pero también había empleados, especialmente de comercio. Los alquileres eran carísimos: en tiempos del Centenario en las ciudades de la región agroexportadora costaban 140% más que en Alemania o Inglaterra y 200% más que en Francia. Tempranamente comenzó a verse también un fenómeno que en décadas posteriores se haría bastante común: los más pobres construían viviendas precarias, hechas de chapas y tablones, en tierras sin dueño, inundables o insalubres. Desde los últimos años del siglo XIX hubo estos asentamientos “de emergencia” cerca del arroyo Maldonado, en Mataderos, sobre pantanos cercanos al Riachuelo o en predios lindantes al vaciadero municipal de basura porteño. En las décadas de 1920 y 1930, a medida que se iban instalando más industrias, tanto los asentamientos precarios como los barrios humildes y no tanto se multiplicaron también en el Gran Buenos Aires, destino final de muchos de los migrantes que venían del interior. Las “villas” se expandirían también en otras ciudades. En las zonas rurales la vivienda no era cara, pero en cambio las de los pobres fueron con frecuencia precarias chozas de paja o ranchos de madera y adobe carentes de las más mínimas comodidades.

Los derechos que los trabajadores podían hacer valer eran muy pocos. El primer proyecto de ley para regular las relaciones entre patrones y empleados se presentó en 1904, pero fracasó por la oposición de los industriales. En los años siguientes se promulgaron unas pocas leyes sobre el trabajo femenino e infantil o los accidentes de trabajo. Pero la legislación laboral avanzó muy lentamente hasta comienzos de los años cuarenta. Las pocas leyes que se dictaron tenían poco o ningún cumplimiento, especialmente fuera de las grandes ciudades. El trabajo infantil, por otra parte, era moneda corriente. Los niños no sólo desempeñaban pesadas tareas junto a sus padres en el campo. Los empresarios también los preferían en muchas otras labores por su docilidad y por la posibilidad de pagarles salarios miserables. Hacia 1937 el 5,3% de la fuerza de trabajo de toda la industria argentina y el 6,4% de la del comercio eran niños. Se los empleaba en sastrerías, panaderías, imprentas, talleres de calzado, fábricas de vidrio y de fósforos, talleres mecánicos, etc.; en la industria textil trabajaban muchas niñas. En Tucumán, la industria azucarera los usaba extensamente en la zafra. Por lo demás, centenares encontraban su modo de vida en las calles vendiendo diarios, lustrando botas o mediante la mendicidad y la prostitución. Para el servicio doméstico, las personas de mejor posición solían tomar como “criados” a hijos de familias pobres. Los maltratos y abusos eran constantes. Sólo en 1907 los socialistas consiguieron aprobar una ley que protegía a los niños de las formas más extremas de explotación; pero esa norma no incluyó el trabajo a domicilio y sólo tuvo vigencia en la Capital y los territorios nacionales.

Para los adultos, las condiciones de trabajo eran bastante diferentes a las que se conocerían más tarde. El control de la seguridad laboral era prácticamente inexistente y el acceso a servicios de salud, bastante limitado. Los accidentes eran frecuentes y la salubridad en muchos casos deplorable. Las jornadas eran extensas: un informe de 1910 sobre la industria del calzado mostró que en sólo uno de casi doscientos establecimientos inspeccionados los obreros trabajaban ocho horas diarias. En los demás lo hacían nueve horas y media o más. En el campo con frecuencia la jornada laboral era incluso más larga, a veces sin descanso dominical. En este período, derechos como la indemnización por despido, las vacaciones pagas o el aguinaldo todavía no se habían abierto paso; el “sábado inglés” sólo se estableció parcialmente en la década de 1930. Tampoco existía un sistema jubilatorio universal. A fines del siglo XIX comenzaron a otorgarse beneficios de retiro para funcionarios estatales, maestros y militares. El primer fondo de jubilaciones con contribución sobre los salarios se creó en 1904 para los empleados públicos y luego de 1916 hubo seguros de jubilación para ferroviarios, bancarios y empleados de aseguradoras. En los años siguientes se expandieron a otros gremios, pero de manera lenta e incompleta. Todavía en 1944 apenas poco más del 7% de la población económicamente activa estaba afiliada a alguna caja de jubilaciones.

Por otra parte, los salarios se pagaban de manera bastante irregular. En muchas actividades —especialmente en el mundo de los peones, tanto urbanos como rurales— predominó el pago “por jornal”, es decir, calculado por día trabajado. El salario “mensualizado” era común por entonces en algunos ramos, sobre todo en el comercio; en los demás se fue abriendo paso lentamente. El pago “a destajo”, es decir, por pieza o trabajo terminado, era muy común en diversos sectores. En todos los casos el cobro era bastante irregular; los patrones solían incumplir o atrasarse en el pago por meses. La posibilidad que tenían los trabajadores de reclamar por lo que les correspondía por vía judicial era muy limitada (todavía no existía el fuero laboral). No era extraño que a los sueldos y jornales se les aplicaran “multas” y descuentos por errores cometidos por los operarios. Además, no siempre se pagaban los salarios totalmente con dinero: muchas veces parte del pago se descontaba en concepto de servicios de alojamiento o de vianda facilitados por el patrón. Los “vales de compra” en lugar del efectivo eran moneda corriente. La percepción de los salarios se fue regularizando poco a poco desde los últimos años del siglo XIX, especialmente en los sectores más dinámicos. Las primeras convenciones salariales colectivas para toda una rama debieron esperar a los años treinta y no se extendieron masivamente sino en la década siguiente. En ciertas zonas rurales, como veremos más adelante, todavía persistían por entonces formas de trabajo no libre y niveles extremos de explotación.

Las condiciones del trabajo en la ciudad

Más allá de estos rasgos comunes a todos, el trabajo en la ciudad y en el campo tenían características específicas. En este apartado nos referiremos especialmente a las urbes de gran tamaño que concentraron la porción mayor del desarrollo económico. En el espacio urbano las oportunidades laborales eran más variadas y heterogéneas y por ello también lo eran las escalas salariales y las condiciones de trabajo. Como regla general, aunque no siempre fue el caso, el trabajador urbano estuvo en mejores condiciones de hacer valer sus derechos frente a los empleadores, sea porque su situación resultaba más “visible”, sea porque la proximidad con otros trabajadores hizo más sencilla la organización sindical.

Comencemos por el mundo de los empleados. Dentro del universo de los asalariados de “cuello blanco” podía haber situaciones muy disímiles en lo que respecta a sus ingresos y a su prestigio social. Dedicarse a funciones “intelectuales” otorgaba una cierta jerarquía frente al resto de los trabajadores. Pero las diferencias de función, calificación o nivel salarial podían crear entre este tipo de asalariados grandes brechas. Un funcionario estatal se sentía por encima de cualquier otro tipo de asalariado; el empleado bancario gozaba de mayor estima que uno de una tienda; a su vez éste se consideraba superior a otros de funciones muy similares, como los dependientes de almacén. Entre los empleados del Estado, por debajo de los de cierta jerarquía, existían situaciones muy variadas, que incluían las de los oficinistas de poca monta y las de obreros manuales con escasa calificación y prestigio, como los de la recolección de residuos o los de talleres viales. La pertenencia a la administración municipal, provincial o nacional (y dentro de cada una a diferentes reparticiones) podía significar grandes diferencias de sueldos, de condiciones laborales y de prestigio.

En el sector privado la heterogeneidad no era menor. El escritor Roberto Mariani nos ha dejado un triste panorama de la vida de los oficinistas. Santana, uno de los personajes de sus Cuentos de la oficina (1925), vivía una vida gris con su familia alquilando dos piezas en un conventillo, siempre tiranizado por sus jefes y siempre con temor de ser despedido. Otros llevaban una vida algo mejor. De todos los empleados en actividades comerciales, los bancarios eran probablemente los de mayor prestigio. Este estatus no siempre estaba en relación con los sueldos que obtenían —que podían ser muy variables— sino más bien con la posibilidad de ascenso y “progreso” dentro de las firmas. En efecto, hacia principios de la década de 1930 la mayoría de los bancarios cobraba sueldos menores de 250 pesos mensuales (muchos cobraban menos de 150, que por entonces era un salario común entre obreros manuales). Pero una porción nada despreciable de ellos, dependiendo de su jerarquía y antigüedad, llegaba a cobrar entre 500 y 750 pesos, con casos menos frecuentes de sueldos gerenciales que podían trepar hasta 1000 o 2000 pesos. Por supuesto, una gran parte de los empleados jamás alcanzaban posiciones jerárquicas y quienes tenían los sueldos más bajos con frecuencia se sometían a toda clase de esfuerzos y se endeudaban para mantener una apariencia distinguida.

Bastante peor era la situación de los empleados de comercio. Los testimonios nos hablan por esa misma época de condiciones laborales muchas veces deplorables y humillantes. No era raro que los dependientes vivieran y comieran en las propias tiendas o almacenes, sufrieran malos tratos y cobraran sueldos menores que los de un obrero (a pesar de lo cual su ocupación gozaba de mayor prestigio). Por estas condiciones solía llamárselos “los esclavos blancos”. En 1932, por ejemplo, el dependiente de una fiambrería, que dormía en el mismo comercio, testimonió trabajar una jornada de 7.30 de la mañana a 11 de la noche, con media hora de almuerzo y sólo medio franco los domingos, todo esto por un paupérrimo salario de 75 pesos mensuales. Sin embargo, en comercios en los que los empleados debían vender productos más sofisticados o tratar con clientelas adineradas su situación solía ser sensiblemente mejor. El mundo de los empleados era tan heterogéneo que resulta difícil establecer por dónde pasa allí la línea donde comienza el universo de las clases populares. Sin dudas el dependiente de la fiambrería caería dentro. Pero seguramente no la mayoría de los orgullosos empleados de banco ni una buena porción de los estatales.

Pasemos ahora a los trabajadores manuales. El cambio más notable en este período fue la expansión de la producción de manufacturas. Todavía en la década de 1860, casi toda la que había se realizaba en pequeños talleres (carpinterías, herrerías, caldererías, sastrerías, etc.) que solían combinar la fabricación con la reparación y la venta al público. Habitualmente reunían a un grupo reducido de artesanos calificados y estaban poco mecanizados. En general, eran propiedad de un maestro artesano que trabajaba él mismo con sus propias manos junto al resto. El reclutamiento de nuevos artesanos muchas veces se realizaba mediante el sistema de “aprendices”, niños o jóvenes que percibían un ingreso muy bajo mientras se iban formando lentamente en las técnicas del oficio. Hacia mediados del siglo sólo existía en Buenos Aires un puñado de establecimientos grandes: los saladeros y curtiembres, una fábrica de cerveza, un aserradero mecánico, una fundición y varios molinos de vapor. Al calor del aumento poblacional y del auge agroexportador, desde 1880 la producción manufacturera comenzó a crecer rápidamente. La mayor demanda de productos estándar estimuló la creación de establecimientos de mayor tamaño y la introducción de maquinarias en una diversidad de rubros, entre otros la producción de galletitas y cigarrillos, las imprentas y las herrerías. El trabajo a domicilio también creció. El uso de máquinas de coser, que había comenzado a mediados de los años cincuenta, se extendió enormemente, de modo que hubo menos costureras, pero produjeron cantidades mucho mayores. Aunque siguieron predominando los talleres pequeños y medianos, para fines de la década de 1880 la ciudad de Buenos Aires ya estaba poblada de fábricas y chimeneas humeantes, en las que trabajaban millares de obreros. Desde 1914 la producción fabril creció a pasos más acelerados y en los años treinta, gracias a medidas arancelarias favorables, se consolidó una industria nacional de dimensiones importantes. Para mediados de la década siguiente casi un cuarto de la población económicamente activa de todo el país estaba empleada en el sector industrial, la gran mayoría como obreros. Las ramas que más peso tenían por entonces eran la de alimentación y bebidas (que ocupaba un 22,8% del total de los asalariados industriales), la textil (12,5%) y las de madera y muebles y metalmecánicas (alrededor de 10% cada una). Del total de la población ocupada en actividades manufactureras, el 84% residía en las zonas de Buenos Aires y el Litoral.

El crecimiento de la industria vino acompañado de un cambio muy profundo en el modo en que se organizaba el trabajo. El mayor tamaño de los establecimientos, la mecanización y la producción en serie modificaron hondamente las relaciones de los trabajadores entre sí y con su labor. Incluso en muchos establecimientos de tamaño modesto, la figura del maestro-patrón fue dando paso a la del patrón-empresario que ya no trabajaba con sus propias manos. Su distancia respecto del mundo del trabajo se hizo mayor. Al mismo tiempo, desde principios del siglo algunas empresas grandes, como los frigoríficos, los ingenios, las fábricas textiles y de calzado, comenzaron a introducir nuevas formas de organizar el trabajo según el método “taylorista” (por Frederick Taylor, el ingeniero que las difundió en Estados Unidos). Lo que se buscaba era la administración “científica” de la producción de la siguiente manera. Supongamos una fábrica de calzado de principios de siglo, antes de estas innovaciones. El empresario contrataba, digamos, a veinte oficiales zapateros que se ocupaban de todo el proceso productivo desde el principio hasta el final. Cada obrero cortaba el cuero, daba forma a la suela, cosía y pegaba, teñía y enceraba, hasta tener el zapato listo para vender. No cualquiera podía realizar ese trabajo: había que disponer de gran conocimiento y experiencia. Los oficiales zapateros controlaban todo el proceso de trabajo, de principio a fin, y eso les daba un poder de negociación muy fuerte frente al patrón. El taylorismo estuvo orientado tanto a aumentar la productividad como a cambiar esa relación de fuerzas. El principio era simple: por una parte, se trataba de fragmentar el proceso productivo en una serie de operaciones más sencillas, para contratar trabajadores que sólo realizaran una tarea. Por ejemplo, habría obreros que sólo se ocuparían de cortar el cuero, otros que solamente coserían, etc. Mediante observaciones y cálculos, se podría de esa manera hacer que cada uno trabajara de la forma más eficiente posible, sin perder tiempo. Se los organizaría entonces en una “rueda” o “línea de montaje” de modo que cada cual realizara una parte del trabajo en el tiempo justo. Y no se pagaría a todos lo mismo, sino dependiendo de su productividad, como para estimularlos a trabajar rápido y a competir unos con otros. El efecto de este nuevo sistema es que “descalifica” a la mano de obra y ahorra trabajadores. En lugar de veinte oficiales zapateros, el empresario podría ahora contratar, digamos, a dos oficiales y a ocho trabajadores poco calificados. Podría pagar mejor o igual que antes a los oficiales, y bastante menos a los que carecían de calificación. Y si alguno era “revoltoso”, era mucho más sencillo reemplazarlo por otro. De este modo conseguían no sólo producir más sino también separar y dividir la mano de obra, haciendo más difícil que desarrollara lazos de solidaridad.

Pero al mismo tiempo el taylorismo tenía otro efecto. Como era necesario planificar y controlar “científicamente” las tareas, analizar cada movimiento que los trabajadores realizaban, calcular sus remuneraciones de acuerdo a la productividad y supervisar más de cerca que cada cual hiciera lo necesario en el tiempo justo, se multiplicó la necesidad de toda una nueva gama de trabajadores. Hubo más puestos para ingenieros, técnicos, supervisores, capataces y administrativos. En resumen, lo que antes realizaba un grupo de oficiales zapateros que desempeñaban más o menos la misma función y ganaban más o menos igual, ahora quedaba en manos de un conjunto de asalariados mucho más jerarquizado y fragmentado. Aunque en muchos establecimientos, sea por su tamaño o por sus características, el taylorismo no pudo introducirse, las nuevas formas del trabajo fueron desplazando a las que predominaban anteriormente. El estilo disciplinado y jerarquizado de la condición fabril tiñó la totalidad del mundo laboral urbano.

La irrupción del trabajo fabril no acabó con las formas previas del trabajo manual, sino que se combinó con ellas. Siguió existiendo una gran demanda de peones para cantidad de actividades, en particular el transporte, la construcción, la carga y descarga de bultos, etc. Sus condiciones de vida y de trabajo eran particularmente duras y precarias. Aunque la proporción de personas empleadas en el servicio doméstico disminuyó de cerca del 14% de la población económicamente activa a comienzos del siglo XX a alrededor del 6% a comienzos de los años cuarenta, numéricamente seguía siendo una presencia importante. Y lo mismo vale para el trabajo precario por cuenta propia. Una cantidad sensible de zapateros, vendedores ambulantes, planchadoras, lavanderas, albañiles, etc. poblaban las ciudades, subsistiendo muchas veces al borde de la miseria. Los límites entre esta forma de trabajo y el salariado eran difusos: la costurera que cosía en su casa por encargo para un único fabricante estaba en verdad bajo relación de dependencia, sólo que de manera encubierta; un albañil podía en ciertos momentos trabajar autónomamente e incluso contratar uno o dos peones, pero en otros podía transformarse él mismo en peón al servicio de un colega.

En estos años, al menos una parte de los comerciantes pertenecía a las clases populares. Así como el trabajo por cuenta propia podía ser un refugio temporal para quienes, voluntaria o involuntariamente, quedaban fuera de toda relación de dependencia, también el comercio podía funcionar como medio para una precaria subsistencia. Entre los comerciantes, los había prósperos y respetables dueños de establecimientos, tanto como pequeños almaceneros o verduleros de respetabilidad dudosa e ingresos cercanos a los de un asalariado. Del total de personas ocupadas en el comercio minorista a mediados de la década de 1940, más del 40% eran sus propios dueños, acompañados por un 17% que eran sus familiares; un dueño de almacén recibía un ingreso que era, en promedio, apenas 35% más que lo que ganaba un empleado del ramo. Indudablemente, poco antes de abrir sus boliches muchos tenían un empleo asalariado y probablemente una buena porción fracasarían en su empresa, retornando a una situación más claramente “popular”. En cualquier caso, como sucedía con el universo de los empleados, la línea de separación entre clases populares y sectores medios se volvía allí difusa.

La experiencia del trabajo no era definitoria para la totalidad de los habitantes del universo popular. Por fuera de ella se encontraba el mundo de la “mala vida”, que en estos años era bastante extenso. Entre sus numerosos pobladores se contaban “malvivientes” de todo tipo: mendigos, ladrones, rateros y estafadores de poca monta, malevos y proxenetas. Sus dominios se extendían de las orillas de la ciudad hasta las calles del centro y de los numerosos burdeles a los no menos abundantes despachos de bebidas, donde alternaban con personas de trabajo en sus ratos de descanso. Los delitos en las ciudades crecieron en estos años a un ritmo más veloz que el del aumento poblacional. En Buenos Aires, por ejemplo, se multiplicaron por seis en los años que van de 1885 a 1910. Entre los “malvivientes” detenidos por la policía, la mayoría eran inmigrantes. Indudablemente no todos los malhechores lo eran de manera permanente: el mundo de la mala vida tenía puntos de contacto con el del trabajo y múltiples pasajes en un sentido y el otro.

El trabajo en el campo

En el ámbito rural la novedad más importante fue el desarrollo de la producción cerealera en la región pampeana. El rápido proceso de privatización de la tierra del siglo XIX dejó un paisaje de enormes propiedades ganaderas en manos de unos pocos, de modo que quienes desarrollaron la agricultura en esa región, en general, no tuvieron acceso a la propiedad. La pampa, vaciada de indios por la élite, se pobló en estos años de chacareros “gringos” que debieron pagarles a los terratenientes ganaderos para poder utilizar una porción de tierra. Los contratos de arriendo eran habitualmente de muy corto plazo, lo que generaba gran inestabilidad y condiciones muy desfavorables para los agricultores. Recién en la década de 1920 comenzaría un proceso de adquisición de lotes mediante préstamos hipotecarios que de a poco fue convirtiendo a los chacareros en propietarios. Pero todavía en 1937 más del 58% de las explotaciones rurales eran arrendadas o en aparcería. Mientras tanto, el 41% de la tierra se concentraba en un porcentaje ínfimo de propiedades —2,6% del total— de gran extensión. Predominaba en todo el país un paisaje de grandes latifundios al lado de una enorme cantidad de minifundios. Para los que no habían conseguido convertirse en propietarios, la vida en la “pampa gringa” era habitualmente dura y bastante modesta. El pago del arriendo y/o la manipulación de los precios por las empresas comercializadoras les dejaba habitualmente poco dinero en sus bolsillos. Sequías o granizos inesperados podían llevarlos rápidamente a la ruina. Aunque muchos empleaban peones para las faenas rurales, especialmente en épocas de cosecha, solían trabajar la tierra con sus propias manos y las de su familia y su capacidad de acumular capital con frecuencia era limitada (aunque ya en los años treinta se percibía un proceso de diferenciación social, con chacareros que habían desarrollado una acumulación bastante mayor que otros y habían avanzado en la mecanización de sus labores). Incluso en las zonas cerealeras más prósperas ya bien entrado el siglo XX las condiciones de alimentación y de vivienda de los chacareros dejaban mucho que desear. Por su dependencia frente a los terratenientes, por su origen social y por sus condiciones de vida, a principios del siglo XX los chacareros formaban parte de las clases populares, pertenencia que con el correr de los años irían perdiendo.

Fuera de la zona agroexportadora, la situación de los pequeños agricultores solía ser todavía más dura. Aunque el crecimiento de la industria azucarera en el noroeste —otra de las novedades del período— en general benefició a grandes latifundistas, en Tucumán tuvieron importancia también los pequeños y medianos cañeros independientes, muchas veces enfrentados a los intereses de los ingenios. Allí, los labradores se habían volcado cada vez más al cultivo de la caña, como modo de participar en la nueva y rentable industria y evitar así la proletarización. Para 1895 su participación había ascendido al 40% de todos los cañaverales de la provincia. Aunque los había de todo tamaño, cerca de un tercio eran verdaderos campesinos, con explotaciones que no superaban las cinco hectáreas y a menudo tenían menos de dos. En los llanos de La Rioja, en los Valles Calchaquíes en Salta y en varias zonas en Jujuy, Catamarca y otras provincias continuaba en vigor el sistema tradicional de grandes haciendas en vinculación con comunidades campesinas indígenas o mestizas que cultivaban para su propia subsistencia y comercializaban un pequeño excedente, generalmente con el propio hacendado. Todavía a fines del siglo XIX algunas de estas tenían acceso a tierras comunales. A las que no, se les permitía sembrar o pastar sus animales en porciones de tierra privatizada, a cambio de un arriendo y a veces también de un tributo en trabajo en la propiedad de los hacendados durante una cantidad de días al año. Algunos estados provinciales fueron poniendo fin a estas prácticas que venían de la época colonial y favorecieron la venta de lotes, de modo que hubo campesinos que lograron convertirse en pequeños propietarios. Sin embargo, esto no alteró un panorama dominado por unos pocos grandes latifundistas y una miríada de campesinos/pastores empobrecidos que en pocos casos empleaban más que la mano de obra de su propia familia. La presencia de un campesinado con escasa capacidad de acumulación se hacía notar por entonces en otras regiones, como la de Cuyo y el noreste. A diferencia de los chacareros, este campesinado —cuyo peso social se iría reduciendo con el correr de los años— siguió perteneciendo por derecho propio al mundo de las clases populares.

De sur a norte del país, el campo era también lugar de trabajo para innumerable cantidad de peones. En la región pampeana y luego también en la Patagonia, desempeñaron un lugar central en la expansión de la crianza de ovejas lanares y por supuesto, siguieron siendo requeridos en la de vacas. Las estancias, de enorme extensión, contrataban peones y puesteros permanentes para cuidar los animales. De origen tanto criollo como inmigrante —especialmente vascos e irlandeses—, llevaban una vida dura. A los puesteros solía contratárselos con sus familias, para que compartieran con ellos la vida en las casillas, muchas veces en zonas inhóspitas. Para que no se fueran del puesto —lo que podía ocasionar grandes pérdidas al estanciero— y se ocuparan bien de sus rebaños, era común que se les ofreciera una participación en el producto de su trabajo, bajo la forma de aparcería. Entre los peones, en general, predominaba el salario tradicional. Junto a estos empleados permanentes, se contrataba estacionalmente a muchos más para los meses de esquila, pagaderos por jornal o a destajo. Hacia 1885 había en las estancias de Buenos Aires 47.000 trabajadores permanentes más 31.000 que se sumaban para la esquila. El desarrollo agrícola de fines de siglo también los requirió en gran número. En tiempo de las cosechas “fina” —especialmente de trigo y lino, de noviembre a comienzos de enero— y “gruesa” —fundamentalmente del maíz, de abril a junio— una enorme cantidad de inmigrantes de ultramar y migrantes internos inundaba el campo para ocuparse de las tareas de siega, trilla, transporte y acopio. En los meses intermedios los trabajadores temporarios se marchaban, y sólo quedaban en el campo un número mucho menor de peones permanentes, dedicados al mantenimiento, la preparación de la tierra y la siembra. El trabajo era con frecuencia inhumano: un horquillero, por ejemplo, trabajaba hasta catorce horas por día bajo el sol del verano; a los hombreadores de los galpones les arrojaban bolsas de hasta setenta kilos desde tres o cuatro metros de altura, que luego de atrapar en el aire debían transportar treinta metros al hombro. Las jornadas de trabajo solían extenderse desde antes del amanecer hasta bien pasada la puesta del sol, y la alimentación y el alojamiento que recibían eran muy malos. Los jornales podían variar enormemente: sólo luego de 1928, por la acción combinada de las regulaciones estatales y de los sindicatos rurales, fue surgiendo un verdadero mercado de trabajo con condiciones de paga más o menos uniformes en todas partes.

Hasta 1914 los salarios para peones de la región pampeana fueron relativamente altos y muchos se las arreglaban para ahorrar algo de dinero. Pero el panorama general, especialmente luego de esa fecha, fue el de la pobreza y el desempleo crónico. A ello contribuyeron no sólo las dificultades europeas y la caída de los precios internacionales del cereal, sino también la creciente mecanización de las labores. Desde los primeros años de la década de 1920 se extendió el uso de las cosechadoras, capaces de realizar las labores de siega y trilla del cereal de manera más rápida y barata. A fines de esa década y en los años treinta el transporte en camión y a granel eliminó miles de puestos de trabajo de carreros, estibadores, cargadores y embolsadores. En los años cuarenta la mecanización llegaría también a la recolección del maíz, de modo que la economía de la región pampeana tuvo una tendencia estructural a la disminución del empleo de peones. La introducción de maquinaria, a diferencia de lo ocurrido en el mundo urbano, no contribuyó a “descalificar” las labores (que ya eran muy poco calificadas), pero sí a debilitar el poder de los trabajadores de negociar buenos salarios en un contexto de relativa escasez de brazos.

Peor aún era la situación de los peones fuera del área de la economía exportadora. El explosivo crecimiento de la producción azucarera en el noroeste luego de la llegada del ferrocarril a Tucumán en 1876 los empleó por millares. Para comienzos de la segunda década del siglo XX había ya 43 ingenios y refinerías de azúcar, 30 de ellos en Tucumán. Ocupaban por entonces más de 42.000 trabajadores, dos tercios de los cuales eran temporarios, contratados sólo para la zafra. Mujeres y niños trabajaban en cantidades importantes. La enorme mayoría eran nativos, muchos de ellos indígenas. Buena parte de los peones eran campesinos de las zonas lindantes, que se contrataban para engrosar un poco sus magros ingresos o que habían quedado desplazados de sus tierras por la imparable expansión del cultivo de caña. Los niveles de explotación y de miseria en la industria azucarera eran espantosos. En el noreste la situación no era mejor. Los peones que trabajaban en los obrajes madereros, en las fábricas de tanino o en los grandes yerbatales estaban a la merced del despotismo y la violencia patronal. Era famoso allí el sistema de pago con “vales” para canjear en las proveedurías del propio patrón (muchas veces las únicas que había en la zona), que cobraban precios exorbitantes, además de engañar a sus clientes en el pesaje de la mercadería. Las oscilaciones del mercado de trabajo les imponían con frecuencia largos períodos de desocupación y miseria. Las enfermedades y la mortalidad hacían estragos.

Cercano al mundo de los peones hay que mencionar a los miles de linyeras o “crotos” que vagabundeaban a lo largo de las vías del ferrocarril, alimentándose de la generosidad de la gente del campo, robando comida o haciendo “changas”. Se calcula que en la década de 1930 había circulando más de 200.000. Muchos de ellos ingresaban esporádicamente —a veces en forma definitiva— al mundo laboral contratándose como peones o incluso como obreros en la ciudad. Cipriano Reyes, célebre por su actividad sindical en los primeros tiempos del peronismo, había “croteado” algunos años antes. Como regla general, sería un error pensar que los mundos del trabajo rural y urbano eran compartimentos estancos. Por el contrario, al menos en los escalones de menor calificación, existía una amplia circulación entre uno y otro. Lo mismo vale para el trabajo ocasional y el permanente.

Las mujeres y el trabajo

Las mujeres desempeñaron un papel crucial en la provisión de mano de obra para el capitalismo en expansión. Lo hicieron tanto de manera directa como indirecta. Las pesadas labores domésticas que casi todas desempeñaban —la crianza de los niños, la atención de la alimentación y el cuidado del vestido de maridos, etc.— eran fundamentales para la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo de la que luego se beneficiaban los patrones. Sin el trabajo presente de las madres, no habría brazos para contratar en el futuro. Además, un obrero rara vez adquiría en el mercado las comidas que lo mantenían en condiciones de trabajar: su alimentación estaba casi siempre mediada por el trabajo de su mujer o su madre, que transformaban en un plato la mercadería que el salario compraba. Todo este trabajo fundamental, sin embargo, no recibía ninguna remuneración. Si los obreros hubieran tenido que contratar niñeras, cocineras, costureras y lavanderas para que se ocuparan de todos los quehaceres que las mujeres realizaban en favor de su supervivencia básica, sus salarios habrían tenido que ser muchísimo más altos. Si ellos mismos hubieran debido ocuparse de la crianza de los niños, de la cocina o de los remiendos, no habrían podido trabajar nueve y más horas por día. De las labores domésticas de las mujeres se beneficiaban así no sólo los varones de la casa, sino también los patrones, que se ahorraban un costo importante del mantenimiento de la mano de obra. Pero además las mujeres contribuyeron en forma directa, empleándose ellas mismas masivamente. Las que así lo hicieron fueron doblemente explotadas: no sólo no percibían un centavo por sus tareas domésticas, sino que sus salarios fueron además bastante menores a los que percibían varones en posiciones similares.

Aunque no hay certeza total sobre ello, la participación de las mujeres como proporción de la mano de obra total parece haber disminuido en los primeros tiempos de profundización del capitalismo. A medida que iba desapareciendo la producción autónoma que se realizaba en los hogares —por ejemplo en los telares artesanales, donde las mujeres tenían una intensa participación— la reemplazaban formas más “modernas” en las que, al inicio, se tendió a emplear prioritariamente a varones. Sin embargo, esto se fue revirtiendo con el correr de las décadas, a medida que más y más mujeres ingresaban al mercado de trabajo. Hacia 1895 un 15,7% del total de la mano de obra industrial de todo el país (incluyendo tanto a obreros como empleados) eran mujeres, en su mayoría nativas, a las que se encontraba especialmente en grandes fábricas, en particular de los rubros vestido y tocador, textil y de confección, químico, gráfico y de alimentación. Para 1947 habían ampliado el rango de ramas en las que tenían peso y se las encontraba en números importantes en casi todas. Pero, esto no significó un aumento de su contribución porcentual relativa a las de los varones: en esa fecha representaban el 14,5% de los empleados y el 20,6% de los obreros de todo el país. Con todo, en algunas industrias su participación como obreras superaba a la masculina, por ejemplo en las del tabaco y las confecciones, mientras que en otras iba casi a la par, como en la textil y la del papel y cartón. En general, las mujeres salían a buscar empleo cuando eran solteras o recién casadas y se retiraban del mercado laboral durante la edad reproductiva, para regresar más tarde, una vez criados los niños. Además de emplearse como “fabriqueras”, tuvieron un lugar dominante en el “departamento exterior” de las empresas. En ciudades como Rosario, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires miles de ellas trabajaban en sus casas o en piezas de conventillo como costureras, bordadoras, pantaloneras, o modistas a pedido de talleristas, industriales, tiendas e incluso del Ejército. Hacia principios del siglo XX, por ejemplo, 25.000 mujeres realizaban labores domiciliarias a cuenta de fábricas de fósforos, sombreros, vestimenta, bolsas, etc. En el espacio urbano también fueron legión como administrativas, empleadas de comercio y de diversos ramos del sector servicios, enfermeras o parteras. El servicio doméstico continuó siendo un ámbito de empleo de gran importancia. Con el correr de los años los varones fueron perdiendo participación en este rubro, dominado en los años cuarenta casi totalmente por el trabajo femenino. Aunque en la zona de Buenos Aires y el Litoral criollas e indias compartieron estas labores con trabajadoras inmigrantes, en el interior predominaban claramente las nativas.

En el campo el trabajo femenino no fue menos importante. Por todas partes compartían las faenas rurales con los hombres, ordeñaban, producían queso y manteca, cuidaban de los animales, amasaban pan. Pero incluso aportaban su sudor en las más pesadas tareas asalariadas. En 1914, por ejemplo, el 18,1% de los trabajadores de los ingenios azucareros eran mujeres. En el Ledesma el porcentaje llegaba a casi el 40%. En la región del gran Chaco, las mujeres de los hacheros con frecuencia ayudaban en el desmalezado previo a la tala, tarea por la que no percibían ningún ingreso. Tanto en ciudades grandes como en pequeños pueblos rurales de todo el país, la prostitución fue una opción laboral para un número importante. Es difícil calcular cuántas la ejercían, pero indudablemente se contaron por millares, sobre todo en las primeras décadas de este período, en las que el ingreso de inmigrantes varones superaba ampliamente el de mujeres. Incluso en un pueblo pequeñísimo como el de Uriburu, en el territorio de La Pampa, se contaron más de cien prostitutas en los años veinte.

Las condiciones de trabajo fueron bastante peores para las mujeres. Los patrones las requirieron, entre otras cosas, por la posibilidad de controlarlas mejor y pagarles sueldos más bajos (razón por la cual algunos sindicatos, como los de los gráficos o los maquinistas ferroviarios, llegaron incluso a exigir a la patronal que no contratara mujeres para los puestos que requerían mayor calificación, una medida orientada a defender los ingresos pero claramente discriminatoria). Un censo realizado en 1909 en la ciudad de Buenos Aires reveló una enorme diferencia de salarios entre trabajadores del sexo femenino y masculino. En las fábricas de galletitas, por ejemplo, los varones ganaban mensualmente hasta 300 pesos, mientras que el sueldo máximo al que podía aspirar una obrera era de 90. Brechas similares se evidenciaban en las de chocolates, camisas, calzado, fósforos y muchas otras. A fines de la década de 1930 los trabajadores varones cobraban en promedio más de un 40% más que las mujeres. Al mismo tiempo, las trabajadoras padecían formas de violencia laboral especiales de su género. El acoso sexual por parte de patrones, jefes y compañeros de trabajo era una constante. Las relaciones sexuales forzadas y la violación de empleadas domésticas era una práctica común entre las familias adineradas. Era habitual la violencia física contra las prostitutas por parte de clientes y “cafiolos”. Por otra parte, las trabajadoras con frecuencia se veían afectadas por formas especiales de control “moral” y de discriminación laboral. En muchas fábricas fueron comunes reglas que impedían la contratación o permanencia de madres solteras, o que prohibían a los empleados ponerse de novios entre sí. Las telefonistas de la Unión Telefónica no sólo trabajaban por un sueldo menor que el de los varones, encerradas en ambientes poco ventilados y bajo estricta supervisión, sino que además se les exigía permanecer solteras. Hasta aproximadamente 1935 la empresa no tomaba mujeres casadas o con hijos y despedía a sus empleadas cuando se proponían formar familia. En 1921 esta injusticia llegó a la prensa con motivo del caso de una telefonista que acuchilló al administrador general de la empresa tras haber sido despedida, luego de catorce años de servicios, por el solo hecho de haberse casado. En general, la cultura dominante de estos años estigmatizaba el trabajo femenino, especialmente el de las fábricas. Un prejuicio extendido consideraba que en la condición obrera había algo contrario al honor, la suavidad y la belleza que se esperaba de las mujeres.

3. Las formas de resistencia
y de acción político-gremial

Estos años fueron también testigo de profundos cambios en la cultura de las clases populares y en sus formas de organizarse. Con el fortalecimiento del Estado central, la masiva privatización de la tierra, la repentina abundancia de mano de obra y la creciente urbanización, las montoneras y el éxodo individual dejaron de ser opciones efectivas para defenderse frente a la opresión. Como desde 1880 hasta 1916 la oligarquía conservadora se mantuvo en el poder mediante el fraude electoral, durante esos largos años ni siquiera existió para la plebe urbana esa limitada forma de participación política que todavía era posible en las décadas previas a través de los partidos mitrista y alsinista. En el torbellino de la gran transformación, el territorio se inundó de nuevos habitantes de decenas de países diferentes, que no tenían una experiencia de vida en común y ni siquiera hablaban el mismo idioma. La fragmentación dejó al mundo plebeyo indefenso ante el avance irrefrenable del capitalismo. La clase dominante había logrado unificarse, tenía un proyecto político y el poder para imponerlo. Las clases bajas no. La creciente desigualdad y las nuevas formas de explotación que por todos lados se implementaban hacían la resistencia y la acción colectiva más necesarias que nunca. Pero las prácticas conocidas ya no resultaban efectivas. ¿Qué hacer?: la pregunta se volvió acuciante. Era necesario inventar y poner a prueba nuevas estrategias para la acción política. ¿Pero qué sector dentro del mundo popular tendría la capacidad de ser la punta de lanza para esta recomposición de la capacidad de lucha?

El nacimiento del movimiento obrero

Los que lideraron la recomposición política de las clases populares fueron los trabajadores urbanos con oficios de cierta calificación. Eran ellos los que estaban en mejores condiciones: a diferencia de los del campo, estaban más cerca unos de otros. Al contrario de los peones, sus empleos tenían una cierta estabilidad que facilitaba la organización. Conocedores de su oficio, tenían un poder de negociación frente a la patronal bastante mayor que el de los no calificados. Fueron ellos, pues, los que comenzaron a adoptar formas de organización y de lucha de efectividad ya probada en Europa, de las que muchos inmigrantes traían experiencias de primera mano. Mediante la organización sindical fueron logrando coordinar los reclamos de vastos sectores trabajadores, tanto urbanos como rurales. Aunque el movimiento obrero no llegó a unificar a la totalidad de las clases populares, consiguió establecer lazos amplios y abarcativos e incluso tejer alianzas con algunos sectores medios. Con el correr de las décadas se fue transformando en un actor político de gran importancia.

El primer sindicato nació, como tantos otros, a partir de una entidad mutual. En el siglo XIX y hasta bien entrado el siguiente no existía ninguna forma de protección para los trabajadores en caso de enfermedad u otras dificultades, de modo que fueron ellos mismos los que se organizaron para protegerse unos a otros. Aportando parte de sus sueldos para formar un fondo a disposición del que lo necesitara, crearon en estos años decenas de mutualidades, algunas de ellas por gremio, otras según la nacionalidad de los aportantes. En 1857 trabajadores tipográficos de Buenos Aires —entre los que predominaban los de origen argentino— fundaron la Sociedad Tipográfica Bonaerense, inicialmente enfocada a la ayuda mutua. De esta primera entidad —que en 1871 había entablado vínculos con la Asociación Internacional de los Trabajadores, que desde el año siguiente tendría una representación en el país—, nació en 1877 la Unión Tipográfica, el primer sindicato propiamente dicho que existió en Argentina. Aunque anteriormente había habido reclamos de trabajadores en estancias y saladeros, fue esta Unión la que realizó en 1878 la primera huelga obrera que hubo en el país, a la que también adhirieron los tipógrafos de Montevideo. A partir de comienzos de la década de 1880, se extendieron rápidamente los sindicatos por oficios, que en esta época asumían la forma de fraternidades de productores que resistían la lógica del trabajo industrial; funcionaban en general de manera asamblearia y carecían de activistas rentados y de reconocimiento legal. Se organizaron así los ferroviarios, obreros panaderos, trabajadores de astilleros, herreros, cigarreros y muchos otros, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades como Córdoba y Rosario. En 1896 se produjo la huelga de los talleres ferroviarios porteños, la primera en la que participaron buena parte de los trabajadores de toda una rama contra el conjunto de sus patrones. Cinco años después los obreros panaderos protagonizaron allí mismo la primera huelga que abarcó a la totalidad de una rama. También en 1901 se produjo en Rosario la primera huelga general de los trabajadores de toda una ciudad, sin importar su rama, contra todos los patrones y el gobierno local. El 22 de noviembre del año siguiente, al fin, se convocó la primera huelga general de alcance nacional. Paralelamente se fueron dando pasos para la formación de federaciones sindicales. Aunque hubo intentos previos, la primera central obrera que alcanzó cierta solidez fue la Federación Obrera Argentina fundada en 1901, redenominada Federación Obrera Regional Argentina (FORA) tres años más tarde, para enfatizar la pertenencia internacional del movimiento. En efecto, en sintonía con las múltiples procedencias nacionales de sus militantes, el sindicalismo argentino participó desde muy temprano en los esfuerzos de la clase trabajadora de organizarse a escala mundial. El internacionalismo era un valor fundamental para los obreros del país en esa época. En los actos que organizaban era común que hubiera discursos en varias lenguas y lo mismo sucedía con la prensa gremial.

De orientación claramente revolucionaria, el movimiento obrero utilizó desde comienzos del siglo el instrumento de la huelga en combinación con movilizaciones callejeras, que habitualmente eran objeto de una brutal represión. Las demandas usuales eran mejoras en los sueldos, la jornada de ocho horas y el fin de las medidas más represivas del Estado. La solidaridad, sin embargo, crecía y las luchas desbordaban los reclamos puramente laborales. En 1907, por ejemplo, hubo en Buenos Aires una inédita “huelga de inquilinos” contra las subas de alquileres. Negándose a pagar y movilizándose de diversas maneras, participaron 120.000 personas de más de 2000 inquilinatos y conventillos de diversas zonas de la ciudad. Tras varias semanas de un intenso hostigamiento policial y judicial, los propietarios consiguieron derrotar a los huelguistas. Poco después, sin embargo, una huelga general cosecharía en esa ciudad por primera vez un éxito importante, aunque con un alto costo. Durante el acto del Primero de Mayo de 1909, como era habitual, la policía disparó sobre la multitud sin motivo, dejando un saldo de cinco muertos y 105 heridos. Como toda medida, el presidente Figueroa Alcorta se limitó a hacer llegar al coronel Ramón Falcón sus felicitaciones por la masacre que había conducido y lo mismo hicieron los representantes de las principales entidades empresarias. Los sindicatos respondieron indignados con una huelga general que paralizó la ciudad, por entonces ya militarizada. Durante el sepelio de las víctimas y todavía en otro acto la policía volvió a disparar contra los obreros, produciendo más muertos. Pero aun así la fuerza de la huelga obligó al gobierno a hacer concesiones y el paro terminó tras una verdadera “Semana Roja”, como se la recordó desde entonces. Pocos meses después, un joven obrero, Simón Radowitzky, vengó la muerte de tantos compañeros lanzando una bomba de mano que acabó con la vida del despiadado Falcón. Utilizando ese incidente como excusa, el Estado desató una nueva ola de detenciones, deportaciones y clausura de periódicos. Grupos de civiles de las clases superiores, formados para la ocasión, asolaron los locales sindicales y, de paso, también los barrios judíos, con la total complacencia de la policía. En La Plata y Rosario hubo agresiones similares. Como la agitación obrera no cesaba, las celebraciones del primer Centenario de la Patria tuvieron que realizarse bajo estado de sitio.

La intensidad de la represión consiguió detener durante un tiempo la conflictividad obrera, pero no por demasiado. En las elecciones de 1916 —las primeras organizadas por la nueva ley electoral de 1912, que ofrecía mayores garantías contra el fraude— la oligarquía conservadora fue imprevistamente derrotada. Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, resultó electo Presidente. Aunque pertenecía a la clase alta tanto como sus adversarios, se esperaba que su gobierno tuviera una actitud más benigna con las luchas obreras. Y en efecto hubo un cambio, ya que el Estado comenzó tímidamente a mediar en los conflictos entre trabajadores y patrones, a veces incluso a favor de las demandas de aquellos. Pero ello no impidió que siguiera o incluso se intensificara la represión, como pronto quedó probado en los sucesos que pasaron a la historia como la Semana Trágica. Todo comenzó a principios de enero de 1919, con una huelga en la metalúrgica Vasena, en Buenos Aires, en reclamo de mejoras salariales, la reducción de la jornada laboral y medidas básicas de salubridad. La patronal había respondido contratando “rompehuelgas” para que reemplazaran a los trabajadores en paro. Ante el malestar que su llegada produjo, la policía reaccionó abriendo fuego contra la multitud, lo que dejó un saldo de cuatro muertos y treinta heridos. Más sangre obrera fue derramada en la emboscada que los agentes de la ley prepararon para los que participaron del sepelio: doce muertos contó el Estado; más de cien denunciaron los sindicatos. La indignación popular fue inmediata y dio lugar a una verdadera insurrección espontánea. Mientras la FORA decretaba la huelga general, hubo movilizaciones en varios barrios; los trabajadores asaltaron comisarías y armerías y levantaron barricadas. Durante una semana el Estado perdió control de la situación, a pesar de haberse militarizado la ciudad con más de 32.000 efectivos, con los que colaboraban brigadas de jóvenes de familias ricas, pronto conocidas como la Liga Patriótica, que se encargaron de incendiar locales sindicales y sinagogas. Los disturbios obreros se extendieron a varias ciudades, entre ellas Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, Bahía Blanca, Tucumán e incluso Montevideo. La huelga general concluyó tras una semana, con concesiones para los trabajadores. Para entonces los obreros muertos se contaban en cerca de 700 y los heridos en 4000. Ningún político ni agente del orden fue juzgado por esa masacre. Al contrario, las empresas más importantes organizaron una gran colecta para repartir dinero entre los policías porteños, en agradecimiento por los servicios prestados.

Lo de la Semana Trágica no fue un hecho aislado o fortuito. Desde 1917 la conflictividad obrera venía en un rápido ascenso, que tuvo su pico más alto en 1919. Se trató también del momento de mayor extensión de los lazos de solidaridad entre diversos sectores del pueblo. Los maestros mendocinos, por ejemplo, hicieron un paro general en abril y marcharon codo a codo con los obreros cantando el himno socialista La Internacional. Actores de teatro, chacareros, telefonistas, empleados de comercio y bancarios de numerosas localidades también se movilizaron y hasta los estudiantes secundarios porteños y de otras ciudades se declararon en huelga y marcharon por las calles enarbolando banderas rojas contra la designación de un profesor indeseable o contra los exámenes de ingreso a la universidad. Incluso los policías rosarinos fueron a la huelga en 1918-1919 y se identificaron con la clase obrera oprimida. Y todavía en 1921 empleados municipales de esa misma ciudad tomaron el edificio municipal y declararon constituido un “soviet”; con ayuda de estudiantes reemplazaron la bandera argentina por una roja. Indudablemente, tanta lucha y tanta solidaridad estaban motivadas por justos reclamos, pero también por las esperanzas de un mundo nuevo, libre de explotación y de opresión, que por entonces despertaba la ola revolucionaria que recorría el planeta desde que los rusos habían triunfado en su revolución de 1917.

Ideologías y organizaciones

En estas primeras décadas de su existencia, no eran sólo mejoras salariales o laborales lo que tenía en mente la mayoría de los que se involucraban en la organización sindical. Por el contrario, el movimiento nació fuertemente animado por una visión política más general, firmemente clasista y anticapitalista. Más allá de las diversas líneas que fue asumiendo, compartió la percepción de que era imposible conciliar los intereses de la clase dominante con los de la gente de trabajo, porque aquélla se valía de la explotación y la opresión para acumular riqueza y asegurar su poder. En el capitalismo estaba el origen de los padecimientos de la hora y, para ponerles fin, sería necesario reemplazarlo por otra forma más igualitaria de organización de la sociedad. La lucha de clases era fundamental no sólo para mejorar las condiciones materiales de vida, sino para llegar a ese cambio revolucionario que muchos anhelaban. Más allá de este principio general, sin embargo, comenzaban los desacuerdos. ¿De qué manera organizarse para potenciar la lucha? ¿Con quiénes convenía que se aliaran políticamente los obreros? ¿Cómo había que vincularse con el Estado, las elecciones y los políticos? El movimiento obrero fue desarrollando en estos años diferentes respuestas a estas preguntas y, con ellas, surgieron varias líneas de estrategia y de organización para llevarla adelante.

El conocimiento de las experiencias que venía habiendo en Europa fue fundamental. En el último tercio del siglo XIX ya circulaban febrilmente las ideas de pensadores y activistas de las diversas tendencias que había en el viejo continente. No todas habían llegado de la mano de los inmigrantes: un periódico afroporteño, por ejemplo, estuvo entre los primeros en difundir nociones del socialismo europeo en Argentina. Aunque las ideas socialistas predominaron en los primeros años, fueron las del anarquismo las que pronto alcanzaron la mayor influencia. El primer grupo de esa orientación funcionó en Buenos Aires ya en la segunda mitad de la década de 1870 y en 1879 apareció el primer periódico, El Descamisado. Argentina pronto llegaría a tener uno de los movimientos anarquistas más poderosos del mundo, en el que participaron tanto inmigrantes como criollos. Su influjo dentro del movimiento obrero fue hegemónico y llegó a su pico máximo en 1910, luego del cual fue perdiendo lugar hasta casi desaparecer en los años cuarenta. Inspirados en las doctrinas de Bakunin, Kropotkin, Malatesta y otros, los anarquistas no eran un partido político ni un grupo unificado, sino más bien un movimiento federativo laxo y descentralizado, compuesto de agrupamientos que podían tener posturas bien diferentes. Detestaban las jerarquías en todas sus formas y se preocupaban no sólo por la explotación de los trabajadores, sino por cualquier forma de opresión, incluyendo la que padecían las mujeres bajo el mando patriarcal de los varones. Eran ante todo convencidos antiestatistas. Los obreros, para ellos, no tenían nada que hacer en el ámbito de la política y del Estado, a los que consideraban invenciones de la clase dominante sin otro fin que el de asegurar la opresión. Ni las elecciones ni las reformas les interesaban en absoluto. Apostaban en cambio a la autoemancipación a través de la educación, a la acción directa y a la organización sindical autónoma de los trabajadores (aunque un grupo minoritario de “individualistas” rechazaba cualquier forma de organización centralizada, incluso las gremiales). Sólo sindicatos autónomos podrían llegar a propiciar una huelga general revolucionaria capaz de derribar la podredumbre del Estado y de los capitalistas de un solo golpe y fundar las bases de una sociedad de productores libres e iguales. Una minoría de los grupos utilizaba también métodos considerados terroristas, como atentados con bombas contra personajes o edificios emblemáticos del mundo de los poderosos. La mayoría, sin embargo, rechazaba tales métodos. No es de sorprenderse que el anarquismo fuera atractivo para los obreros en esa época. Su antiestatismo tenía sentido frente a un Estado fraudulento en manos de una oligarquía que, para solucionar la “cuestión social”, confiaba menos en las reformas que en la represión brutal. Sus métodos de acción directa y sus enérgicas huelgas tenían sentido frente a una patronal intransigente, demasiado confiada en el apoyo incondicional que le brindaba el Estado. Además, su confianza en la fraternidad de los obreros más allá de sus diferencias nacionales les permitía aprovecharlas para organizar a los trabajadores de acuerdo con su procedencia o su lengua, sin reclamarles que sacaran carta de ciudadanía argentina (como hacían por ejemplo los socialistas, ansiosos por reclutar votantes).

Desde fines del siglo XIX también venía organizándose una corriente socialista, en la que emigrados políticos franceses, italianos y sobre todo alemanes tuvieron un papel de primer orden. A diferencia de los anarquistas, los socialistas creían que el camino hacia el fin del capitalismo pasaba por organizarse en un partido centralizado, capaz de llevar representantes de los obreros al congreso y presionar así por una mayor democratización y por reformas que mejoraran sus condiciones de vida y les otorgaran mayores derechos. Esperaban que estas reformas conducirían gradualmente hacia una sociedad socialista. Aceptando las reglas del juego político, estuvieron habitualmente en contra de medidas como la huelga general revolucionaria, que consideraban contraproducentes. Hacia 1893 comenzaron en Buenos Aires conversaciones entre núcleos sindicales y algunas figuras no obreras, como el médico Juan B. Justo, para la creación de un partido. El Partido Socialista (PS) quedaría oficialmente constituido dos años después, con Justo como su líder máximo, quien le imprimió un talante moderado que no compartían otros socialistas de la época, bastante a la izquierda del médico. Sus éxitos electorales no se hicieron esperar. En las elecciones de 1904 los votantes del popular barrio de La Boca convirtieron a Alfredo Palacios en el primer diputado socialista de América. Dentro del movimiento sindical tuvieron también su influencia. Inicialmente cooperaron con los anarquistas, pero pronto compitieron para organizar una central propia. Así, mientras la FORA permanecía en manos de los primeros, el PS propició una Unión General de Trabajadores (UGT) en 1903. Sin embargo, sería una tercera corriente la que iría ganando el mayor peso dentro del movimiento obrero, especialmente luego de 1910, cuando el anarquismo comenzó a perder posiciones. Se la conoció entonces con el nombre de “sindicalismo revolucionario” y más tarde simplemente “sindicalismo”. Había surgido de las filas del PS, cuestionando su orientación reformista y su descuido del trabajo sindical. Como los anarquistas, rechazaban la participación de los obreros en la alta política y creían en la independencia de clase. Pero a diferencia de ellos, priorizaban por sobre todo la unidad del movimiento, por lo que solían evitar la organización sobre bases étnicas y cualquier adhesión a doctrinas políticas que pudiera causar divisionismo. Les importaba sobre todo consolidar las estructuras sindicales y promover acciones coordinadas y bien planificadas (a diferencia de muchos anarquistas, que confiaban en el “espontaneísmo”). Aunque al principio rechazaban cualquier contacto con el Estado, fueron flexibilizando sus posturas y acostumbrándose a negociar con él mejoras y reformas puntuales. La tendencia sindicalista pronto desplazó a los socialistas de la conducción de la UGT y en 1909 la disolvió para fundar una nueva central, la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA). El movimiento obrero quedaba así dividido. Tras una ardua polémica, en 1914 los sindicalistas aceptaron disolver su nueva entidad e ingresar a la FORA. Pero la unidad fue de corta duración. Para favorecerla, en su noveno congreso la conducción de la FORA había aceptado quitar la mención al “comunismo anárquico” de su lista de objetivos. Eso motivó que se retirara un grupo minoritario que se negaba a renunciar a ese ideal; esa fracción anarquista se reagrupó con el nombre de FORA “del V Congreso”. El grupo mayoritario, conocido desde entonces como FORA “del IX Congreso”, quedó dominado por los sindicalistas. Para entonces contaban con casi doscientos sindicatos de varias zonas del país adheridos a la central, cifra que crecería rápidamente en los últimos años de la década de 1910. El movimiento, sin embargo, no se dividió del mismo modo en todas partes. En Córdoba, por ejemplo, la poderosa Federación Obrera Provincial decidió mantenerse al margen de ambas FORAs, exigiendo la reunificación. Con la fundación del Partido Comunista (PC) en 1918 surgió todavía una cuarta corriente que posteriormente disputaría la dirección del movimiento obrero. El nuevo partido nació de una escisión del PS, protagonizada por un grupo de militantes que venían denunciando a su dirigencia por haber abandonado el obrerismo inicial. A diferencia del PS, los comunistas, atraídos por el modelo de la insurrección bolchevique triunfante en Rusia, apostaban a la creación de un partido que apuntara no a introducir reformas graduales desde el parlamento, sino a organizar y dirigir una revolución trabajadora que barriera de cuajo con el orden capitalista mediante una decisiva acción insurreccional. Si la vocación revolucionaria y comunista los acercaba a los anarquistas, su insistencia en la necesidad de un partido jerárquico y centralizado dispuesto a tomar el poder del Estado en sus manos y su adhesión a la Internacional Comunista los enfrentaba irremediablemente a ellos.

Las mujeres participaron desde temprano en el movimiento sindical. En Buenos Aires se registró ya en 1888 una huelga de empleadas domésticas contra el uso de las “libretas de conchabo”. Pero sólo desde principios del nuevo siglo las trabajadoras adquirieron visibilidad como parte del movimiento. Por entonces se fundaron varias agrupaciones gremiales de mujeres, de vida efímera. A partir de 1907 contamos con datos sobre la cantidad de mujeres involucradas en huelgas. La mayoría de los años no llegaban al 4% del total de huelguistas, aunque hubo algunos picos, como el de 1924 a 1926, donde rondó el 20%. En oficios donde las mujeres eran más numerosas, como en el textil, su participación podía alcanzar el 65%. En estos años protagonizaron algunas luchas importantes, como la huelga de cigarreras de 1915 contra la mecanización de las tareas de empaquetamiento o la de las empleadas telefónicas de 1919 en protesta por las limitaciones que pretendía imponer la patronal a su agremiación. A pesar de este protagonismo, el mundo de los sindicatos y de las centrales obreras permaneció en manos de varones. No es que faltaran militantes femeninas: las hubo muy destacadas, como la anarquista Juana Rouco Buela y muchas otras del credo socialista, comunista o independientes. Pero los cargos gremiales solían quedar siempre para los hombres. Una excepción destacable fue la de Cecilia Baldovino, que llegó a integrar la Junta Ejecutiva de la UGT en 1903.

La cultura plebeya, el clasismo y la política

Con el surgimiento del movimiento obrero y la difusión del anarquismo, el socialismo, el sindicalismo revolucionario y el comunismo, el antagonismo de clase se expresó de manera clara y firme entre las clases populares. Los militantes de las diversas tendencias y también los independientes desarrollaron desde las últimas décadas del siglo XIX una febril tarea propagandística y de formación. Publicaron incansablemente periódicos, revistas, folletos y libros baratos que pronto circularon por decenas de miles en los varios idiomas que hablaban los trabajadores. Diarios como los célebres La Protesta (anarquista) o La Vanguardia (socialista) llegaban cotidianamente a miles de lectores. Organizaron asimismo infinidad de charlas y conferencias y fundaron centenares de bibliotecas y asociaciones culturales. Tuvieron sus propias escuelas y también sus propios grupos de teatro, que por todas partes representaron obras con contenido político para niños y adultos. A través de todos estos canales llegaron incluso hasta pueblos pequeños y remotos. Así, aunque todavía en esta época sólo una pequeña minoría de los trabajadores estaba afiliada a algún sindicato, las ideas del movimiento obrero alcanzaron una gran proyección. El pensamiento y los valores izquierdistas y de avanzada —desde la crítica de la propiedad privada y un furioso ateísmo, hasta las iniciativas a favor de la emancipación de la mujer o el amor libre— causaron gran preocupación en la clase dominante. La cultura de izquierda traspasó el mundo popular, imprimiendo un sentido clasista y anticapitalista en parte de los sectores medios.

En verdad, la circulación de ideas fue en ambos sentidos. Si bien el izquierdismo ingresó primero y principalmente a través del movimiento obrero, también sectores estudiantiles, intelectuales, profesionales y de la pequeña burguesía se vieron atraídos por esa tradición política. Entre ambos ámbitos sociales hubo en esta época intensos contactos e intercambios y no poca solidaridad e incluso luchas en común. Pero también existieron tensiones. En la raíz de esas tensiones hubo un componente cultural y otro de nivel social. La cultura de la izquierda europea, en la que todos buscaban inspiración para la lucha, se había desarrollado combinando la reflexión política con las prácticas y costumbres de los obreros del viejo continente. Mucho de los valores, el vocabulario, los códigos de conducta y hasta la estética que definía al izquierdismo se habían forjado muy lejos de la Argentina. Y aunque buena parte de los activistas del movimiento local habían venido de Europa o eran hijos de europeos, también existía una gran porción de las clases bajas cuya experiencia y cultura eran las del mundo criollo anterior a la gran inmigración. No todos dentro del fragmentado universo plebeyo conocían o se sentían cómodos con esas pautas venidas de lejos, que a veces se contraponían a hábitos locales muy arraigados. Hubo un cierto desfase entre el bajo pueblo real y el ideal del “buen obrero” que algunos tenían en mente. Aunque la cultura de izquierda de esos años llegó a ser un verdadero lenguaje en común para las clases populares, al menos en las principales ciudades, también es cierto que no terminó de integrarse del todo bien con la herencia criolla. Así, para algunos activistas, lo criollo aparecía como sinónimo de incultura o “atraso” político. Divertimentos muy queridos por los más pobres, como por ejemplo el carnaval, solían ser duramente atacados por los comunistas, anarquistas y socialistas, que veían en él una distracción de la lucha clasista. Entre los que pensaban de este modo, no era extraño que surgieran sentimientos de superioridad respecto de la baja plebe. No todos los militantes izquierdistas, en cualquiera de sus vertientes, fueron inmunes a la prédica de las clases superiores, que también valoraban más todo lo que viniera de Europa y despreciaban a los criollos pobres (especialmente si tenían rasgos aindiados o piel morena).

Esta tensión entre dos culturas diferentes que se iban fusionando se potenció con otra, que tenía que ver con la procedencia social de algunos militantes. El movimiento izquierdista internacional confiaba en los trabajadores como el grupo social que conduciría a la humanidad a un mundo nuevo. Pero en los hechos también había dado la bienvenida a intelectuales y gente de la pequeña burguesía, que con frecuencia conseguía instalarse en la dirección de los partidos y organizaciones obreras. Los trabajadores muchas veces recelaban esa influencia no obrera en la cima; sin embargo, en la Europa del siglo XIX solían aceptarla o incluso preferirla porque resultaba útil a la causa y servía para ampliar el radio de apoyos sociales. Esa diferencia de clase fue fuente de tensiones en todas partes y Argentina no fue la excepción. El izquierdismo en todas sus variantes compartía el ideal de un porvenir en el que todos los hombres serían libres e iguales. Pero en la mente de muchos militantes, especialmente los que venían del mundo de los profesionales e intelectuales (o aspiraban a llegar a él) este ideal se combinó con otro diferente. Imbuidos por la confianza en la razón y la ciencia típica del cambio de siglo, muchos imaginaron el futuro como una sociedad racional en la que cada persona desempeñaría su tarea en un orden perfecto. La planificación científica de la vida social aparecía como un ideal poderoso y atractivo, uno que prometía acabar con el caos de enfrentamientos al que conducía el capitalismo. Aunque no siempre era el caso, esta imagen del futuro se trasladaba a veces al presente. Quienes se creían dotados de las capacidades intelectuales para planificar y coordinar las organizaciones de la manera más racional, también solían considerar que les correspondía por derecho propio ocupar el lugar de dirigentes. Y para justificar esa pretensión, muchas veces de manera inconsciente se imaginaban a sí mismos “superiores” al común de los trabajadores o incluso al grueso de los militantes. Para quienes sentían de ese modo, la plebe criolla aparecía doblemente marcada por el atraso y la incultura: porque no se comportaba a la manera de los trabajadores europeos y porque carecía de las capacidades “racionales” necesarias para hacer avanzar la causa. Así, el lugar de superioridad que implícitamente se autoasignaban algunos militantes intelectuales o de mayor educación conspiraba secretamente contra su vocación igualitarista y democrática.

Un buen ejemplo de los efectos concretos de este sentido de preeminencia de los profesionales es el del Partido Socialista. Aunque se proclamaba un partido obrero, entre sus máximos dirigentes predominaron desde el comienzo los profesionales universitarios que no procedían de familias trabajadoras. El peso de los profesionales se hizo sentir en la doctrina y en la vida interna del partido. El PS asociaba la causa de los obreros y al socialismo con el “progreso” y con “el advenimiento de la ciencia a la política”. Sus máximos dirigentes se concebían a sí mismos como “guías” con la función de “educar” a las masas incultas en la doctrina del socialismo europeo. Aunque en general los dirigentes del PS se mantuvieron por ahora como fieles defensores de las clases bajas, su desdén por la cultura plebeya y criolla se hacía muchas veces evidente. Por ejemplo, para desacreditar a Yrigoyen —que solía tener más predicamento entre las clases populares que ellos— afirmaban que la UCR movilizaba apoyos entre los “bajos fondos”, el “malevaje” y el “gauchaje” (como queriendo decir que el PS lograba en cambio el apoyo de los obreros mejor “educados” antes que de esa chusma). Los socialistas no eran la única corriente en la que se manifestaba esta tensión: también estuvo presente entre los comunistas e incluso entre ciertos anarquistas. En su apego a lo “culto”, a la ciencia y a lo europeo, como si fueran lo opuesto a la masa popular “inculta”, algunos izquierdistas se emparentaban peligrosamente con la misión “civilizatoria” de Sarmiento y de la élite de tiempos de la Organización nacional. Unos y otros coincidían en que el pueblo real no tenía la capacidad de conducirse a sí mismo. No todos —ni mucho menos— en el movimiento obrero y en las organizaciones de izquierda tenían esta concepción “elitista” de la política. Pero esta tensión, que permaneció por ahora como una grieta casi imperceptible, pronto adquiriría un significado mayor e inesperado.

Las luchas sociales en el campo

Tanto las luchas sindicales como las corrientes políticas del movimiento obrero colaboraron con la organización de la resistencia también en zonas rurales. En algunas de las fronteras que fue penetrando el capitalismo en su expansión —sean las selvas al noreste o las montañas y estepas patagónicas al sur— la población, aislada y dispersa, con frecuencia se encontró a merced de poderosos patrones o empresarios-aventureros que se manejaron con total impunidad. Con el visto bueno o la colaboración activa del Estado, se produjeron allí algunas de las masacres más espantosas. En algunos sitios, como la lejana Tierra del Fuego, los buscadores de oro y los estancieros que se fueron estableciendo a fines del siglo XIX decidieron deshacerse de la molestia que significaba la población indígena mediante el homicidio sistemático. Algunos estancieros y sus matones a sueldo se hicieron famosos en el cambio de siglo como “cazadores de indios”. Entre ellos se destacó el inglés Mac Klennan. Una de sus hazañas consistió en invitar a toda una tribu selk’nam a un banquete para sellar un tratado de amistad. Los Selk’nam —a los que también se conoció como onas— venían resistiendo el despojo de sus tierras mediante el robo de ganado y el corte de los alambrados con los que comenzaron a rodearlos. Queriendo terminar con los choques violentos con el personal de las estancias, los nativos aceptaron la invitación. Pero una vez reunidos allí, los hombres de Mac Klennan abrieron fuego, asesinando al menos a trescientos de ellos, mujeres y niños incluidos. Esa masacre fue acaso la más terrible, pero de ningún modo la única. Diezmados, los Selk’nam se extinguieron rápidamente con el correr del siglo. En pocas décadas se hizo desaparecer un pueblo milenario para hacer lugar a las ovejas.

En el otro extremo del país la situación para los aborígenes no era mucho mejor. En 1884 y de nuevo en 1911 el Estado nacional había enviado a la región chaqueña expediciones militares para someterlos. Hasta entonces los pobladores originarios vivían allí de la caza, la pesca y la recolección, del comercio de algunos productos y de los salarios que obtenían en empleos ocasionales. El objetivo de las expediciones, tal como lo manifestaron sus promotores, fue el de limitar las posibilidades de sustento libre de los indios. La idea era quitarles acceso a ríos y bosques, como para que se vieran forzados a trabajar para los colonos y las empresas de la zona. En los años veinte hubo un gran auge del cultivo del algodón en el Chaco. Los que se dedicaron a ese negocio necesitaron cantidades crecientes de peones. Para difundir entre los indios los conocimientos que involucraba la cosecha algodonera, en 1924, bajo la presidencia del sucesor de Yrigoyen, el radical Marcelo T. de Alvear, el Estado promovió la siembra de algodón en la reserva indígena de Napalpí. Pero además, para garantizar que los tobas y otros grupos étnicos de la zona también se emplearan como mano de obra al servicio de los blancos, les prohibieron desplazarse a las provincias del noroeste, donde solían emplearse estacionalmente en la zafra, que pagaba salarios un poco mejores. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. En mayo de ese año, indios de varias partes del Chaco descontentos por esa prohibición y por otras varias injusticias se reunieron en Napalpí. Haciéndose eco de las luchas del movimiento obrero, decidieron declarar una “huelga general”: los peones se negaron a trabajar y los campesinos dejaron de sembrar cultivos comerciales. Durante la huelga mantuvieron con los colonos algunos enfrentamientos de baja intensidad. Para apaciguar los ánimos, el gobernador prometió atender los reclamos. Pero como sus promesas quedaron en la nada, pronto volvieron las reuniones a Napalpí. Además de inspirarse en las formas de acción del movimiento obrero, los indios venían recurriendo a sus propias creencias ancestrales para explicar su situación y darse ánimo para la lucha. Rápidamente corrió entre ellos el rumor de la aparición de un cacique que había muerto poco antes. El espectro del cacique había anunciado que todos los indios muertos a manos de los blancos volverían pronto a la vida y que todos juntos darían una gran batalla final para derrotar a los cristianos y volver a ser los dueños de la tierra. El 19 de julio, mientras realizaban un ritual, no advirtieron la llegada sigilosa de 130 policías y civiles fuertemente armados. Sin previo aviso, acribillaron a la multitud desde la distancia. Sólo después se acercaron para ultimar uno por uno a los heridos, incluyendo mujeres y niños. Cuando la carnicería concluyó, unos 200 indios habían muerto, a pesar de lo cual el hecho fue silenciado por las autoridades y quedó en total impunidad.

Pero en el noreste no hacía falta ser indígena para ser objeto de tales violencias. El 15 de marzo de 1936 la localidad de Oberá, en Misiones, se tiñó de sangre cuando la policía y comerciantes locales desataron una balacera contra lo que describieron como un ataque de “comunistas”. En realidad se trataba de una manifestación pacífica de pequeños campesinos, ocupantes de tierras fiscales, en su mayoría ucranianos, polacos y rusos. Reclamaban un aumento en el precio que les pagaban por el tabaco que cultivaban y la eliminación de un nuevo impuesto sobre los que sembraban yerba mate. La balacera causó varios muertos y numerosos heridos.

La región noreste fue también escenario de intensas luchas de los hacheros, peones y obreros de la industria maderera y del tanino. Las más conocidas fueron las ocurridas en la famosa compañía transnacional conocida como La Forestal. La empresa había tenido sus orígenes en un gigantesco negociado fraudulento con el Estado, de fines del siglo XIX, por el que se permitió a una firma radicada en Londres adquirir el 12% de la superficie actual de la provincia de Santa Fe (incluidos los formidables quebrachales centenarios que la tapizaban) por un precio irrisorio. Pronto La Forestal llegó a poseer más de dos millones de hectáreas en el norte de Santa Fe y el Chaco, lo que le permitió gozar de una posición monopólica en el negocio de la extracción del tanino y transformarse en el principal proveedor mundial de ese producto. Aprovechando sus extensos dominios y su posición de empleador monopólico, la empresa mantuvo a sus trabajadores cobrando bajísimos jornales y viviendo en pésimas condiciones. Los hacheros —en general jóvenes correntinos, pero también chaqueños, santiagueños y paraguayos— trabajaban con el torso desnudo, expuestos a picaduras de insectos y mordeduras de víboras que con frecuencia eran fatales. Solían vivir en el monte mismo, en chozas hechas de enramadas o en zanjas cavadas en la tierra. Los jornales se pagaban en vales, que debían canjearse en proveedurías de la propia patronal con precios desfavorables. La Forestal era además propietaria de los pueblos que se establecieron en sus dominios. Los obreros y peones moraban en casas alquiladas o facilitadas por la compañía y carecían de derechos políticos: los “intendentes” eran designados por ella. De este modo, si un trabajador era despedido u optaba por dejar de trabajar para La Forestal, eso significaba que perdía inmediatamente su vivienda y él y su familia estaban obligados a abandonar el pueblo. Y como el Juez de Paz y la policía también recibían de la empresa un salario extra, ninguna protesta tenía la posibilidad de ser atendida. El extenso territorio de La Forestal funcionaba como un Estado dentro del Estado.

Bajo esas condiciones, no debe sorprender que la organización de los trabajadores haya sido bastante tardía. Desafiando los obstáculos y las prohibiciones, un grupo de ellos logró constituir en Villa Guillermina un Centro Obrero que pronto se vinculó a la FORA. Su periódico llevó título guaraní: Añá Membuí. En julio de 1919 consiguieron declarar la primera huelga, en demanda de aumento de jornales, suspensión de los despidos y la jornada de ocho horas. En diciembre del mismo año repitieron la medida y, tras treinta días de paro, lograron arrancar un convenio con algunas concesiones. Pero como, en lugar de respetar el convenio firmado, la patronal se dedicó desde entonces a encarcelar a los dirigentes de la huelga y a elaborar “listas negras” de obreros y peones que ya no podrían ser contratados, en abril de 1920 los trabajadores fueron forzados a retomar las medidas de fuerza. En Villa Guillermina ocuparon la fábrica de tanino. Un confuso episodio en el que perdieron la vida un obrero y un gerente dio la excusa para la puesta en marcha de una brutal represión en ese y otros pueblos. Aunque nunca pudo confirmarse, los rumores indicaron que las fuerzas del orden asesinaron entonces a unos doscientos trabajadores.

Pero lo peor estaba por venir. Tras la restauración del orden, la empresa inició despidos masivos por el cierre de algunos de sus establecimientos. Se trataba de un lock out patronal, cuyo objetivo era la eliminación de la totalidad de la fuerza de trabajo que participó en las huelgas y la recontratación bajo el filtro de las listas negras. Para frenar la ola de despidos, en enero de 1921 una gran huelga se expandió por todo el territorio de La Forestal. Por la agresión de las fuerzas del orden (que combinaban la policía estatal, una temible “gendarmería volante” y una policía privada), pronto se produjeron enfrentamientos que dejaron muertos de ambos lados. Eso dio lugar a una verdadera política de terror. Mientras los trabajadores se replegaban al monte para resistir como podían, la gendarmería volante puso en marcha una cacería humana que duró varias semanas. En los pueblos —especialmente en Villa Ana— se dedicaron a incendiar los ranchos de quienes no querían ver de vuelta. La cifra de muertos que dejó la represión se desconoce, pero fue sin dudas muy alta. Tras la pacificación represiva, la empresa continuó con la estrategia del lock out hasta crear un escenario de gran desempleo y miseria en toda la región que, a su vez, llevó los jornales a niveles mínimos. Cuando a fines de los años cuarenta se fuera agotando la riqueza de los quebrachales, La Forestal comenzaría a levantar campamento. En los años sesenta terminaría de marcharse, desmantelando incluso los puertos y ferrocarriles que había construido. Tras su partida, poco y nada quedó de la promesa de “civilización” con la que había llegado. Con la tierra devastada y sin empleo a la vista, la población de la zona se redujo a menos de la mitad. Algunos pueblos desaparecieron por completo.

En la lejana Santa Cruz los trabajadores también animaron luchas épicas que concluyeron en matanzas incluso más terribles. Dominaban allí enormes estancias dedicadas a la producción lanera para la exportación, muchas de ellas en manos de extranjeros, en particular ingleses y alemanes. Mediante alianzas matrimoniales, hacia 1920 tres familias llegaron a poseer millones de hectáreas en la zona y a controlar los bancos, aseguradoras, grandes comercios, puertos y empresas mineras que allí funcionaban. Las estancias se organizaron como empresas capitalistas, algunas de ellas con altos grados de tecnificación. La organización “racional” del trabajo y la subcontratación de tareas les permitieron grandes ahorros en mano de obra, especialmente en los planteles estables, que fueron mínimos. Eso significó, sin embargo, que las estancias requirieron grandes números de trabajadores estacionales para la época de la esquila, una fuerza de trabajo heterogénea en su origen nacional, nómade y desarraigada, que les resultaría muy difícil de mantener a raya.

La organización obrera comenzó allí de la mano de la Federación Obrera (FO), fundada en Río Gallegos en 1910, que para 1920 nucleaba una serie de gremios de los pocos pueblos costeros que había por entonces, en particular estibadores y cocineros y empleados de hotel, la mayoría inmigrantes europeos. Habían conseguido también extender la afiliación entre muchos de los peones que trabajaban en las estancias, entre los que, junto a los de origen argentino, eran legión los chilenos y los europeos. La conducción del sindicato estaba entonces en manos de Antonio Soto, un español de apenas 23 años, de ideas anarquistas. En 1920 el malestar de los trabajadores se hizo sentir tanto en el campo como en los pueblos. Mediante huelgas y boicots a los comercios más importantes exigieron un aumento en los jornales y mejoras en las condiciones de vivienda. Para noviembre la huelga se expandió por las estancias y la ciudad capital quedó paralizada. Entre el peonaje rural los dirigentes más importantes eran por entonces “el 68” y “el Toscano”, dos italianos acriollados, secundados por otros dos gauchos nacidos en el país. Junto a ellos se había reunido un grupo mayor de referentes de la huelga, que incluía un francés, un alemán, varios chilenos, varios españoles, un ruso, tres norteamericanos, dos escoceses, un negro portugués, un uruguayo y un paraguayo, además de varios argentinos. Como una hueste rebelde a caballo, embanderada con estandartes rojos y negros, este grupo procedió a tomar estancia tras estancia, engrosándose con la peonada que quisiera seguirlos y obligando a los dueños y administradores a acompañarlos en calidad de rehenes. Como buenos anarquistas, todas las decisiones las tomaban en asambleas en las que la totalidad de los peones tenían voz y voto.

La dimensión que había tomado el movimiento en el campo obligó finalmente a la patronal a reconocer a la FO y sentarse a negociar. Pero el sindicato le presentó un pliego de condiciones que no estaban dispuestos a conceder, que incluía un sueldo mínimo de 100 pesos, mejoras en las viviendas para peones y la obligación de que los estancieros tomaran a los trabajadores con sus familias (y no sólo a los solteros), ofreciéndoles ventajas para radicarse. Los terratenientes, organizados en la Sociedad Rural y la Liga Patriótica y apoyados por la embajada británica, exigieron entonces a gritos al gobierno nacional que enviara tropas para reprimir. Yrigoyen finalmente envió tropas del Ejército al mando de un militar radical y de su confianza, el teniente coronel Héctor Varela. Pero, para gran frustración de los estancieros, la mediación que se encaró entonces entre los rebeldes y la patronal terminó concediendo casi todos los pedidos de los trabajadores, con lo que la huelga se levantó con victoria obrera.

La tranquilidad, sin embargo, duraría poco. Tras el regreso de las tropas a Buenos Aires, se hizo evidente que los estancieros se preparaban para incumplir el convenio firmado. Con ayuda de parte de la prensa porteña, se dedicaron a difundir informaciones falsas sobre crímenes y violaciones cometidos por “bandoleros” anarquistas y de “complots” chilenos para apropiarse de la Patagonia. Consiguieron así arrancarle a Yrigoyen la promesa de que volvería a enviar tropas, esta vez con ánimos represivos. Llegado el fatídico momento de la esquila, y en medio de tales campañas, la FO obró con prudencia e indicó que sólo pararían los peones en aquellas estancias que no respetaran el pliego firmado el año anterior. Pero cuando esta medida comenzó a hacerse efectiva, la policía local encarceló masivamente a los dirigentes obreros que encontró en los pueblos, deportándose a aquellos que fueran extranjeros. Esa provocación patronal precipitó los acontecimientos: Soto llamó a una huelga general en demanda de la liberación de los presos políticos. Nuevamente las estancias fueron ocupadas, los administradores tomados de rehenes, y las armas y caballos confiscados. Para comienzos de noviembre de 1921 todo el sur de Santa Cruz se encontró paralizado. Diversas huestes obreras recorrían el campo con sus banderas rojas, de asamblea en asamblea, cambiando de ubicación para evitar a la policía. Los aterrorizados estancieros abandonaban sus propiedades y se refugiaban en los pueblos costeros.

Ante la gravedad de los acontecimientos Yrigoyen volvió a enviar tropas, nuevamente al mando de Varela. Pero esta vez el teniente coronel llevó órdenes distintas. Al llegar a Santa Cruz decretó la ley marcial y anunció la pena de fusilamiento para cualquier desacato. Aunque intentó presentar a la opinión pública un escenario de guerra, en realidad lo que hizo fue enviar pequeñas patrullas que fueron deteniendo a los obreros en diversos puntos del territorio. A pesar de que estaban pobremente armados y no ofrecieron resistencia, buena parte de los obreros capturados fueron fusilados allí mismo, sin mediar siquiera un juicio sumario. Los estancieros liberados colaboraron casi siempre con las tropas, señalando a los peones que a sus ojos merecían la pena capital. Aprovecharon así no sólo para eliminar a los cabecillas del movimiento, sino también a cualquiera que les resultara revoltoso o simplemente a los peones a los que les adeudaban jornales. Los cuerpos de los fusilados fueron enterrados en las mismas estancias en fosas comunes o quemados con gasolina. El episodio más dramático de los fusilamientos fue el del 6 y 7 de diciembre en la estancia La Anita, donde se hallaba el grupo más numeroso de peones, unos seiscientos, encabezados por el propio Soto. Sitiada por las tropas, la peonada tuvo tiempo de realizar una última asamblea para definir qué hacer. Una mayoría opinaba que convenía entregarse a cambio de la promesa de conservar la vida. El alemán Pablo Schulz, en franca minoría, sostenía que había que enfrentar a los militares. Soto pensaba que eso era una locura: sin poder de fuego ni entrenamiento, los peones no tenían chances frente a soldados de un ejército regular. Pero también sabía que las promesas de Varela eran falsas y que serían fusilados apenas se entregaran. Intentó utilizar su mejor oratoria para convencer a la asamblea de huir a la montaña y resistir allí practicando tácticas de guerra de guerrillas. Todo fue en vano: a la hora de la votación la mayoría decidió entregarse. Aunque sabía que moriría fusilado, Schulz acató la decisión y se entregó con los demás. “Yo no soy carne para tirar a los perros”, dijo Soto; con un pequeño grupo se escapó sigilosamente por la noche y logró cruzar a Chile. Moriría allí de viejo, mucho después. Nunca pudo dejar de preguntarse si sus palabras de esa noche acaso pudieron haber sido más convincentes, acaso pudieron haber salvado de la muerte a la enorme cantidad de compañeros suyos fusilados como perros en La Anita.

Los fusilamientos continuaron hasta que se acabó con todos los núcleos huelguistas. No es posible saber exactamente cuántos fueron los fusilados de la Patagonia trágica. Sobre la base de los datos aportados por los militares se llegó a documentar 283 casos, pero sin dudas fueron muchos más (la prensa anarquista calculó que fueron no menos de 1500). La patronal no esperó a que la carnicería terminara para cantar victoria: el 10 de diciembre la Sociedad Rural de Río Gallegos publicó las condiciones con las que se contrataría de ahora en más al personal. Los sueldos anunciados venían con una rebaja de un tercio y más respecto de los que estaban en vigor anteriormente, y ni se mencionaban las mejoras de vivienda que se habían acordado en la primera huelga. Para entonces el terror ya había hecho su trabajo: ya no quedaba ni sindicato ni nadie dispuesto a protestar. Mientras los estancieros colmaban a Varela de banquetes y honores, la única voz de denuncia fue la de cinco prostitutas de San Julián, que se negaron a atender a los soldados y los rechazaron a palazos y gritándoles “¡Asesinos!” cuando quisieron forzarlas a brindar sus servicios. El escándalo por la masacre puso en un brete a Yrigoyen: Varela siempre sostuvo que cumplió órdenes del presidente. Luego de los hechos la UCR impediría la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Ningún partícipe de los fusilamientos fue juzgado. Por el contrario, a Varela se lo premió designándolo director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

Si bien en la región pampeana no se registraron episodios de represión tan brutales, también hubo allí gran agitación. Aunque desde muy temprano existieron movimientos locales de pequeños agricultores, las entidades gremiales de importancia sólo se organizaron en la primera década del siglo XX. Por entonces llegaba a su fin el ciclo expansivo del modelo agroexportador y las tensiones por la distribución de la renta agraria se hacían sentir como nunca. Los grandes estancieros y acopiadores de cereales trasladaron sobre los productores más débiles los costos del agotamiento. En ese contexto comienza en la década de 1910 una serie de conflictos sociales que tienen como protagonistas a los chacareros, pequeños arrendatarios que en su gran mayoría eran inmigrantes o primera generación de argentinos. En 1912, como parte del movimiento huelguístico de mayor alcance hasta entonces, conocido como el “Grito de Alcorta”, confluyeron en la Federación Agraria Argentina (FAA), que sería la principal asociación del sector en los años por venir. Los reclamos de los chacareros en esta época estaban enfocados en la defensa contra los abusos de terratenientes y empresas comercializadoras. Demandaron modificaciones en el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, créditos accesibles, mejoras viales, mecanismos arbitrales para las disputas con los terratenientes, exenciones impositivas, rebajas en los cánones de arriendo, etc. El horizonte político era el de una reforma agraria que diera la tierra en propiedad a quienes la trabajaban realmente. Luego de 1912 la FAA participó en intensos movimientos huelguísticos entre 1919 y 1921 que concluyeron cuando, tras una marcha multitudinaria que por primera vez los mostró en la Capital, consiguieron la sanción de una Ley de arrendamientos. En 1927 tuvieron un papel central en la importante huelga cañera en Tucumán y, luego de la crisis de 1930, intervinieron enérgicamente en defensa de los arrendatarios desalojados por falta de pago. En esa época la FAA tenía más de 400 filiales en diversas regiones del país, que representaban a cerca de 33.000 asociados. Sus huelgas, asambleas locales y manifestaciones de 1933 serán la última expresión del período combativo de la entidad. Por entonces se consolidaba un cambio económico de largo plazo, por el que muchos arrendatarios finalmente se hacían dueños de sus parcelas, convirtiéndose así en pequeños o medianos propietarios.

La región pampeana fue también testigo de luchas no menos importantes de braceros y peones rurales. Ya en los primeros años del siglo XX los socialistas y anarquistas habían intentado extender la organización sindical al campo. Aunque consiguieron fundar algunas asociaciones, resultaron de vida efímera. No es que no hubiera conflictos laborales, pero en general, en esta época de relativa prosperidad y salarios altos, se manifestaban y se resolvían en el plano local. Las primeras huelgas de trabajadores rurales más o menos extendidas datan de 1912, pero el primer movimiento huelguístico realmente notable debió esperar a 1918-1922. Sus reclamos eran variados: los de la siega pedían una jornada “sólo” de sol a sol, la supresión del pago con vales, mejoras en la alimentación, el reconocimiento de los sindicatos y la prioridad de sus afiliados a la hora de la contratación de mano de obra. Los estibadores demandaban la jornada de ocho horas, la reducción del peso de las bolsas y medidas de seguridad en los galpones. Todos pedían mejores jornales. La patronal se opuso enérgicamente, especialmente a la limitación de la jornada laboral —que en el campo tardaría mucho más que en la ciudad en abrirse camino— y al control de los sindicatos de la provisión de mano de obra. Hacia 1919 tanto los anarquistas como los sindicalistas de la FORA del IX Congreso habían conseguido establecer sendas entidades sindicales rurales sobre bases firmes. El movimiento huelguístico se extendió por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Su resultado fue dispar: si bien sufrieron por todas partes una intensa represión, en algunos sitios (en particular Santa Fe y el norte bonaerense) consiguieron éxitos. Aunque las tensiones con los chacareros ya se hacían sentir —especialmente con las entidades anarquistas—, la FORA del IX Congreso firmó en 1920 con la FAA un convenio en el que se comprometían a trabajar conjuntamente para “libertar la tierra y todas las fuentes de producción y de cambio, anulando la arbitraria expropiación del capitalismo y de los terratenientes”. En el futuro, los lazos de solidaridad entre pequeños productores y peones rurales se repetirían, por ejemplo, en la gran huelga de 1927 de los cañeros tucumanos o en las Juntas de Defensa de la Producción y de la Tierra creadas en colonias rurales de Chaco y otras localidades entre 1934 y 1936, y en las medidas de fuerza que ellas motorizaron contra la explotación de las compañías comercializadoras (en las que también tuvo alguna participación el Partido Comunista). Sin embargo, en la región pampeana esos lazos tendieron a erosionarse rápidamente. Desde 1921 los sindicatos entraron allí en una fase de desorganización y perdieron la capacidad de defender las mejoras obtenidas. Con la caída de los precios internacionales del cereal, volvieron el desempleo y los bajos jornales. Finalmente, en noviembre de 1928 se inició un nuevo ciclo de huelgas en Santa Fe y Córdoba, breve pero muy intenso. Tras una campaña de prensa que denunciaba la presencia de “agitadores” en el campo, el Estado volvió a poner en marcha su aparato represivo. En diciembre, Yrigoyen decretó la intervención militar de la provincia de Santa Fe, enviando cuatro regimientos, entre ellos el 10 de Caballería, el mismo que había destinado con Varela a la Patagonia. La advertencia fue efectiva: los dirigentes socialistas y anarquistas llamaron a desactivar la agitación por temor a “un nuevo asesinato colectivo”. Así y todo, los peones se las arreglaron para hacerse notar mediante sabotajes a las máquinas trilladoras e incendios de parvas y una fuerte huelga portuaria se extendió en solidaridad con los peones rurales bajo amenaza militar. Poco después, la crisis mundial desatada en 1929 golpeó profundamente la producción agraria. Muchos productores entraron en bancarrota y el desempleo rural alcanzó hacia 1932 picos inéditos. La miseria fue entonces tan terrible que en varios municipios debieron organizarse ollas populares y otras medidas para asistir al peonaje hambriento. La gravedad de la situación le dio un nuevo impulso a los sindicatos rurales, que exigieron medidas urgentes contra la desocupación. Entre otras, demandaron que se pusiera límites al trabajo familiar y al autotransporte de los granos, consignas que los enfrentaron definitivamente con los agricultores de la FAA. Desde 1935, tras haberse superado lo peor de la crisis, los sindicatos más reformistas ligados a la CGT fueron desplazando a los anarquistas, que perdieron la importante presencia que hasta entonces tenían en el campo.

Además de las huelgas y las grandes manifestaciones de lucha colectivas, en zonas rurales existían otras formas de resistencia. Con frecuencia el fenómeno del bandidismo rural fue canal del descontento para las clases populares. Hubo varios bandidos en diversas regiones del país que despertaron la admiración y simpatía de los más pobres, que con frecuencia los ayudaban en sus fechorías. Uno de los más importantes fue David Segundo Peralta, alias “Mate Cosido”. Al frente de su banda cometió numerosos asaltos en toda la zona del Chaco durante las décadas del veinte y del treinta. Sus blancos eran preferentemente las grandes empresas forestales, los acopiadores de algodón, los bancos y los comerciantes y ganaderos ricos. Se decía de él que entregaba parte de su botín a los más necesitados. Sobre sus hazañas se contaron historias de boca en boca y se compusieron varios chamamés de gran éxito. Su fama sólo fue superada por la de Juan Bautista Bairoleto, “el Robin Hood de las pampas”, quien también fue objeto de gran devoción popular, especialmente tras ser abatido por la policía en 1941. Los más pobres admiraban y apoyaban a los bandidos no tanto por la ayuda que de ellos pudieran recibir, como por el hecho de que en sus correrías veían una especie de venganza contra los más ricos y una burla a la autoridad estatal que tantas veces estuvo en su contra. Pero en el caso de Mate Cosido o Bairoleto, la dimensión política del bandidismo no terminaba allí. El segundo, de hecho, era simpatizante anarquista y tenía buenos contactos con el movimiento. Fueron militantes anarquistas los que concibieron el plan de unificar la lucha obrera con el accionar de los bandidos para golpear un blanco en común: la odiosa compañía La Forestal. A instancias de ellos, se arregló un encuentro entre los dos legendarios bandidos, que se conocieron así en 1937 en un centro masónico obrero del barrio porteño de Barracas. Tras largas horas de charla, acordaron “expropiar” el dinero acumulado en La Forestal en un golpe unificado. El gran golpe finalmente no pudo llevarse a cabo, pero al menos se alzaron con 13.000 pesos en uno menos difícil perpetrado contra el gerente de una de las subsidiarias de la multinacional.

4. De la alta política a la cultura de masas

Lo que venía sucediendo con las clases populares no era lo que la élite tenía en mente cuando convocó la gran inmigración. Se ilusionaban con la llegada de trabajadores del norte de Europa, pero los que vinieron fueron sobre todo españoles e italianos. Esperaban que fueran dóciles y se dedicaran únicamente a su progreso personal, pero muchos de ellos resultaron revoltosos izquierdistas. La “cuestión social” preocupó profundamente a las clases altas desde comienzos del siglo XX. El fantasma del comunismo los aterró todavía más desde la Revolución rusa de 1917 y más aún cuando los comunistas locales comenzaron a tener una importante influencia en los sindicatos en los años treinta. Si querían conservar el poder, tenían que hacer algo.

Frente a la creciente conflictividad obrera, la primera respuesta fue la represión, que como vimos fue encarnizada durante todos estos años. Además, grupos parapoliciales, como la Liga Patriótica, o patronales como la Asociación Nacional del Trabajo, desarrollaron sus propias actividades represivas para mantener a raya a los trabajadores. El Estado promulgó también varias leyes específicamente orientadas a acabar con los revoltosos. La Ley de Residencia (1902), la Ley de Defensa Social (1910) y el estado de sitio fueron intensamente utilizados para deportar, encarcelar y privar de derechos civiles básicos a los activistas.

Pero junto a la represión el Estado fue desarrollando otras maneras de controlar a las clases bajas. Una de ellas estuvo asociada a una profunda redefinición de la ciudadanía, es decir, del conjunto de normas que establecen quién tiene derechos políticos y cómo se supone que debe ejercerlos (y por contraposición, qué personas o qué conductas quedan excluidas). A partir de la Organización nacional la alta política estuvo reservada a las clases propietarias. El voto popular era manipulado de diversos modos, incluyendo el fraude. Pero este adueñarse del Estado, como vimos, había reforzado las tendencias más radicalizadas que venían difundiéndose entre las clases populares. A este peligro “desde abajo” se sumaba otro por arriba. La Unión Cívica formada en 1890 y su sucesora, la UC Radical (UCR), formadas por grupos pudientes pero desplazados de la vida política, fomentaron tres “revoluciones” armadas entre 1890 y 1905. Aunque todas resultaron derrotadas, muchos sectores de la élite sentían un creciente temor por estas formas de política en las que se invitaba a sectores del pueblo a armarse. Con una creciente conflictividad social, no se podía seguir jugando con fuego. Era necesario “modernizar” la vida política con reglas de juego claras y “civilizadas” que respetaran todos los dirigentes de las clases pudientes y, por supuesto, también el pueblo llano.

En ese contexto, algunos políticos e intelectuales llegaron a la conclusión de que lo mejor era abrir el juego electoral para que surgieran verdaderos partidos que pudieran competir limpiamente. Esperaban que, de este modo, amplios sectores canalizarían sus inquietudes a través de la política electoral, alejándose así de la lucha callejera y de las revoluciones. Pero existía el riesgo de que con elecciones limpias la élite perdiera su poder a manos de las mayorías. Para evitar el triunfo de una democracia “plebeya”, como se decía entonces, era necesario diseñar las leyes de forma muy cuidadosa para dejar los resortes de poder fundamentales fuera del alcance del pueblo. Ya la Constitución de 1853, de inspiración liberal, había asegurado que determinadas decisiones importantes no quedarían en manos de la voluntad popular sino de cuerpos altamente selectivos como el Senado (cuyos miembros no se elegían por votación directa) o “protegidos” de las elecciones, como la Corte Suprema. Los conservadores diseñaron la Ley Sáenz Peña (1912), por la que finalmente se garantizó a los ciudadanos varones la posibilidad de participar en comicios limpios, de manera de contrapesar cuidadosamente los distritos urbanos más populares con otros rurales en donde ellos controlaban mejor el voto.

Al ofrecer una vía de participación electoral más abierta, la Ley Sáenz Peña dotó de mayor legitimidad al sistema político. Contribuyó de ese modo a acentuar un desacuerdo en el movimiento obrero que ya se venía insinuando desde antes. El sindicalismo anarquista y revolucionario perdía lugar frente a quienes preferían una estrategia política más “legal”, orientada a ganar espacios a través de las elecciones. Muchos de los trabajadores que tenían ciudadanía argentina prefirieron volcar su confianza al nuevo Partido Socialista o incluso a la UCR. Como la mayoría de los que eran inmigrantes no tenían ningún apuro en nacionalizarse, quedaban fuera de la posibilidad de votar. Dividir para reinar: la masa trabajadora quedaba cruzada por fuertes desacuerdos de estrategia y por diferencias nacionales que no eran nuevos, pero que ahora se profundizaron. Se abría una brecha para los que eligieran “integrarse” al orden propuesto con la esperanza de poder obtener mejoras; para los que no, esperaba la represión.

La Ley Sáenz Peña tuvo un efecto inesperado para los conservadores: en las primeras elecciones presidenciales limpias, celebradas en 1916, perdieron a manos de la UCR. Pero sí aportó a los objetivos de la élite en un sentido más amplio, contribuyendo a debilitar la influencia del clasismo entre las clases populares. Una porción importante de ellas se entusiasmó por las promesas que parecían ofrecer algunos de los nuevos partidos. A pesar de la modestia de sus medidas a favor de los trabajadores, Yrigoyen consiguió despertar simpatías entre muchos de ellos. Bajo su conducción, la UCR pronto perfeccionó las artes de la propaganda política. En las ciudades, por ejemplo, caudillos barriales canalizaban a través de los “comités” del partido pequeños beneficios individuales, como el “pan radical” y la “leche radical” a precio bajo. Así, la UCR recibió una creciente cantidad de votos entre las clases populares, especialmente en la segunda victoria de Yrigoyen en 1928.

Además de la represión y las elecciones, el Estado fue desarrollando instituciones y técnicas propias para evitar que las disputas laborales se radicalizaran. Pronto hubo, dentro de la élite, quienes comprendieron que la mejor manera de lograrlo era seguir el camino inverso al que venía recorriendo el movimiento obrero. Fueran de la corriente que fueren, los activistas de izquierda buscaban vincular las demandas que tenían todos los sectores, de modo de aunarlas en un mismo movimiento. Para ellos, el objetivo era mostrar que las diversas necesidades de cada uno sólo podrían resolverse con un cambio radical en los fundamentos de la sociedad. El Estado comenzó a responder a este desafío del modo inverso, reconociendo como legítimos algunos de los reclamos que tenían los trabajadores, atendiendo los de cada sector por separado y haciendo concesiones que demostraran que podían obtenerse mejoras sin necesidad de una revolución. Allí donde los izquierdistas buscaban construir un movimiento político de alcance general, el Estado debía responder transformando los reclamos en meras demandas sectoriales o corporativas, separadas una de otra y sin relación con un objetivo político más amplio. Pero para que esta estrategia funcionara, el Estado tenía que encontrar interlocutores entre los obreros, dirigentes que estuvieran más dispuestos a escuchar propuestas que a llamar a la revolución social. Y también convencer a los empresarios de la necesidad de conceder algunas mejoras. En 1907 se creó el Departamento Nacional del Trabajo (DNT), al que se encargó recopilar información sobre todo lo que tuviera que ver con los trabajadores. Para reprimir no hacía falta conocer en detalle el mundo obrero. Pero para una estrategia “reformista” el saber resultaba vital. Con el tiempo el DNT fue mediando en algunas disputas laborales o aconsejando al Poder Ejecutivo cuando se disponía a hacerlo. Yrigoyen acostumbró entablar diálogos directos con los sectores menos radicalizados del movimiento obrero y en ocasiones terció a su favor. Durante la década de 1930 se reforzó la función mediadora del Estado, mientras que su acción represiva se hizo más brutal, pero también más selectiva. El DNT, por ejemplo, fue receptivo entonces de las demandas traídas por sindicatos moderados, pero se negó a recibir las de los que estaban en manos de anarquistas o comunistas. Algunas de las primeras “políticas sociales” datan de esos años. Manuel Fresco, gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, de ideas filofascistas, intervino desde 1936 activamente para regular el mercado de trabajo, extender medidas de asistencia y “organizar” los reclamos sindicales de modo de canalizarlos de modo pacífico y aislar a las corrientes revolucionarias. El Departamento bonaerense del trabajo engrosó sus fondos y multiplicó su personal y sus formas de intervención, transformándose en un verdadero tribunal para resolver disputas laborales (en general a favor de los obreros). Al mismo tiempo otras provincias como Córdoba —gobernada por el radical Amadeo Sabattini— y Santa Fe —en manos de los democrataprogresistas— desarrollaron políticas similares. Así se fue abriendo camino una nueva concepción del Estado ya no sólo como árbitro “neutral” entre patrones y trabajadores, sino como garante de la dignidad y el bienestar de los segundos. Iniciado en algunas provincias, este nuevo principio recién sería retomado por el Estado nacional en la década siguiente.

El Estado también utilizó la educación pública como medio para la penetración ideológica de las clases subalternas. La escuela desempeñó en estos años un papel central en inculcar en los niños los valores de la élite. Más allá de los conocimientos indispensables para la vida, se les enseñaba a ser respetuosos de la autoridad, a aceptar el lugar que les había tocado en la sociedad, a dedicarse al trabajo en pos de su propio bienestar, a comportarse “decentemente”, a apreciar los logros de la “civilización” europea y a despreciar todo lo que se relacionara con la “barbarie” local y con la herencia india y mestiza. Pero además se transmitían mensajes más explícitamente políticos. Los manuales de la materia Moral Cívica y Política y otras similares que se dictaban a principios del siglo XX, por ejemplo, estaban llenos de advertencias contra el anarquismo y el socialismo, tanto como de loas al individualismo, la propiedad privada y el liberalismo. No era raro encontrar en ellos expresiones de desprecio por las “muchedumbres” del bajo pueblo y mensajes abiertamente racistas. Para contrarrestar los intensos lazos de solidaridad internacionalista que se venían desarrollando entre las clases populares, desde 1910 la escuela también fue canal de una renovada campaña nacionalista que buscó despertar sentimientos patrióticos entre los estudiantes. Como los mismos promotores de la campaña reconocían, el objetivo era debilitar los ideales izquierdistas, tratando de que aparecieran como ideas “extranjeras” que nada tenían que ver con la “argentinidad”. Los valores e ideas que se enseñaba a los conscriptos durante el Servicio Militar iban en el mismo sentido.

Existieron también otras instituciones del mundo de la élite que colaboraron con el Estado en la difusión de estos mensajes. La Iglesia católica sostuvo una actividad constante. Respondiendo al llamado del Vaticano, que había lanzado su propia “doctrina social”, en 1892 los católicos argentinos fundaron un Círculo de Obreros Católicos, la primera de una larga serie de iniciativas para organizar a los trabajadores en contra de “la funesta propaganda del socialismo y de la impiedad”. En las décadas siguientes desarrollaron una actividad febril: fundaron sindicatos católicos y asociaciones de empleadas, publicaron diarios y revistas de gran circulación y dictaron cursos y conferencias por doquier. A través de todos estos canales transmitían ideas contrarias al izquierdismo y la lucha de clases. Además rechazaron todo lo que significara la emancipación de la mujer, reforzaron el mandato de la autoridad masculina y la vida familiar ordenada. Aunque la influencia que tuvo entre los trabajadores nunca llegó a estar cerca de la que adquirió el movimiento obrero, no dejaron por ello de alcanzar cierto predicamento.

Muchos empresarios se ocuparon también de transmitir mensajes de armonía social y “decencia” y en ocasiones tuvieron “políticas sociales” para sus propios empleados. La algodonera Flandria o la cementera Loma Negra, por ejemplo, construyeron para ellos viviendas, clubes, escuelas e iglesias. Estas y otras empresas con frecuencia colaboraron con el Estado y con la Iglesia para asegurar el control político, ideológico y moral de la mano de obra. De un modo menos deliberado, muchas asociaciones civiles desempeñaron un papel similar. Desde fines del siglo XIX se venían creando numerosas entidades de ayuda mutua que agrupaban a personas de la misma nacionalidad, aunque de diferente posición social. Además de participar en organizaciones sindicales, con frecuencia los obreros inmigrantes integraban asociaciones de sus colectividades, en las que se desarrollaba una rica vida social y cultural. A esas entidades se fueron sumando otras con características distintas, en particular a partir de la década de 1920. Por entonces hubo un verdadero fervor asociativo y se fundaron cientos de sociedades de fomento, clubes, bibliotecas, centros culturales, agrupaciones de intereses diversos y otras asociaciones de todo tipo. En muchas de ellas participaban trabajadores y gente de sectores medios. Sin embargo, los puestos directivos, tanto en las entidades de las colectividades como en las demás, solían quedar en manos de los miembros más “respetables”: empresarios, profesionales, comerciantes, docentes, empleados jerárquicos, etc. Así, el asociacionismo en general sirvió como “vidriera” en la que se mostraban —y por ello se reproducían— las jerarquías sociales y fue también canal de difusión de los valores e ideas de las clases superiores.

El mercado y su cultura

El mercado, por sus propias reglas de funcionamiento, también contribuyó a transmitir mensajes y valores contrarios a los que impulsaba el movimiento obrero. Lo hizo, sin embargo, de una manera sutil, casi imperceptible. Cada día miles de personas tomaban decisiones en el mercado: qué cosa comprar, dónde invertir, cómo publicitar un producto, qué perfil de empleado contratar, etc. Cada una por separado podía parecer poco importante, pero sumadas tenían efectos sociales enormes. El mercado estimulaba a cada uno a actuar sólo con vistas a su propia conveniencia, sin tener en cuenta la de los demás. En lugar de educar a las personas en la solidaridad, las formaba en el individualismo. En lugar de convocar a la ayuda mutua, estimulaba la competencia de unos con otros. En lugar de valorar a los demás según sus virtudes o defectos, invitaba a hacerlo según la cantidad de dinero o los bienes que poseían.

Estos efectos “culturales” del mercado se hicieron más poderosos a medida que las relaciones mercantiles penetraron más profundamente en la vida social. A principios del siglo XX se formó con mucha velocidad en Argentina una verdadera “sociedad de consumo”. De la mano del crecimiento de la economía y de la población surgió la oportunidad de ofrecer numerosos productos nuevos. Apareció entonces el fenómeno masivo de la moda, que ya no involucraba sólo a los consumidores de la élite, sino que empezaba a marcar tendencias entre grupos sociales cada vez más bajos. Pronto se multiplicaron las grandes tiendas por departamentos, como las famosas Harrods o Gath y Chaves. Para acercar a los consumidores, las nuevas tiendas, perfumerías, mueblerías, etc. ofrecieron pagos en cuotas y sostuvieron verdaderas guerras de precios acompañadas de grandes campañas publicitarias. La publicidad comenzó por entonces a valerse de técnicas novedosas: no se limitaba a mostrar el producto que quería vender y a hablar de sus características, sino que ahora buscaba asociarlo a determinado “estilo de vida”. Se pretendía de ese modo inducir al consumidor a comprar para sentirse parte del grupo social al que aspiraba (o, lo que es lo mismo, para evitar sentirse de categoría “inferior”). Los servicios y bienes así ofrecidos se transformaban en algo más: podían ser usados como símbolos de estatus social. Poseer tal o cual bien —una radio, un traje de estilo, zapatos de última moda— era una forma de determinar “quién era quién”. Hacia 1920 ya se percibió un verdadero bombardeo de este estilo de publicidad. Los anuncios ocupaban páginas y páginas de la prensa y estaban también presentes en la radio día tras día. Aunque por sus ingresos la mayoría de los trabajadores estuviera todavía excluida de los paseos de compras y del influjo de la moda, estos mensajes iban haciendo mella también en sus conciencias, especialmente en las ciudades.

El mercado también transmitió mensajes de este tipo a través de los procesos de selección y formación del personal. Por ejemplo, desde la década de 1910 cada vez más los empleadores exigieron “buena presencia” como condición para acceder a puestos de mejor paga. ¿Qué significaba la “buena presencia”? Indudablemente refería al aseo, la corrección en el vestir y un mínimo manejo de los modales. Seguramente, también llevaba implícita la preferencia por un color de piel lo más claro posible. De este modo, el mercado laboral reforzaba las jerarquías que existían entre las clases populares: en la competencia por los mejores puestos de trabajo, era casi inevitable que muchos de los que poseían (o creían poseer) las cualidades de la “buena presencia” hicieran todo lo posible por distinguirse de los que no las tenían, alimentando de ese modo el prejuicio social hacia las personas más pobres y de pieles más oscuras.

El mercado y los empleadores incidieron también de otras maneras en la formación de las identidades de los empleados, incitándolos a definir sus objetivos de vida de modo tal que el mejoramiento económico se transformara en su prioridad número uno. Ya desde la década de 1910 aparecieron empresas dedicadas a ofrecer cursos breves o por correspondencia, económicos o en cuotas, del tipo de materias que el mercado demandaba: dactilografía, idiomas, contabilidad, caligrafía, ventas, etc. En su publicidad apuntaban a estimular en los empleados una vocación de progreso por medio del esfuerzo individual. Por supuesto, la patronal también estimulaba en sus empleados esa vocación mediante las políticas de ascensos, premios y castigos. En síntesis, la cultura que explícita o implícitamente transmitía el mercado era una de división y competencia entre trabajadores mejor y peor situados por un lado, e individualismo y obsesión por el progreso económico por el otro.

Moral y vivienda popular

El mercado colaboró también con el Estado y la Iglesia para influir en las pautas de vida familiar y en la vivienda. La huelga de inquilinos de 1907 había demostrado que los conventillos eran un caldo de cultivo perfecto para las ideas izquierdistas. Como vivían juntos y muy cerca unos de otros, era más sencillo para los trabajadores conectarse, conocerse y organizarse a pesar de las diferencias de oficio, idioma y nacionalidad. A los católicos les preocupaba también el control de la moralidad. Con tantos varones jóvenes solteros o lejos de sus familias, viviendo sin la contención que significaba un matrimonio “ordenado”, las relaciones “ilícitas” —desde el concubinato y las “familias dobles” hasta la prostitución y el erotismo homosexual— estaban a la orden del día. No debe sorprender entonces que, por esa misma época, se implementaran políticas estatales de fomento de la venta de lotes y de la construcción de casas baratas para que los trabajadores accedieran a una vivienda propia. Para muchos políticos e intelectuales, y también para la Iglesia, la vida familiar y la casa propia parecían ofrecer un antídoto contra el avance de las ideas izquierdistas. El hombre de familia, suponían, tendería a valorar más los placeres de la vida privada y a asumir responsabilidades que lo alejarían de los disturbios y las manifestaciones callejeras. Y un hombre que valorara su propia autoridad como “jefe” de familia, probablemente se haría más afecto a defender el orden y la autoridad en general.

Los objetivos del Estado y la Iglesia en este sentido se conjugaban con los impulsos del propio mercado inmobiliario. Ya desde un tiempo antes habían comenzado los loteos en barrios más alejados de los principales centros urbanos: hacia principios de siglo las empresas inmobiliarias ofrecían en Buenos Aires, Rosario y otros sitios, terrenos en quince, sesenta y hasta ochenta cuotas y más tarde también casas económicas en mensualidades. La red de tranvías eléctricos, que se expandió en Buenos Aires desde el 1900, hacía posible para los trabajadores mudarse a barrios más periféricos. Aquellos que pudieron pagarlo, se fueron desplazando de los conventillos céntricos a viviendas unifamiliares propias en los barrios. Los que mejor aprovecharon esta posibilidad fueron inmigrantes con capacidad de acumular algún ahorro. Los menos afortunados continuaron con la vida de inquilinos (todavía en 1937 un 59% de las familias obreras porteñas permanecían en esa condición). La vida en los barrios produjo importantes cambios en la sociabilidad. Por un lado, la masa trabajadora estaba menos concentrada que antes, por lo que el sentimiento de pertenencia de cada cual a su barrio podía de alguna manera “competir” con las identidades gremiales o de clase y desplazarlas. Esto no era de ninguna manera indefectible: al menos hasta la década de 1930 la cultura obrera mantuvo una fuerte presencia y de hecho hubo algunos barrios que desarrollaron ellos mismos una identidad de “barrios obreros”.

Las nuevas pautas de vida familiar y vivienda fueron acompañadas de una intensa campaña del Estado, la Iglesia y otras entidades patrocinadas por las clases altas para “moralizar” a la masa trabajadora y promover un ideal de felicidad que pasaba por el bienestar privado y el disfrute del mundo íntimo de la vida hogareña. Estos mensajes culturales apuntaron especialmente a la mujer, para apuntalar su misión de guardiana de los valores morales, ama de casa dedicada y madre de niños y niñas “correctos”. Por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia, una asociación formada por damas de las mejores familias, alcanzó su mayor esplendor en las décadas de 1920 y 1930 desarrollando grandes campañas para asegurar la “virtud” de las mujeres de clases inferiores. El mercado también colaboró en este sentido a través de la publicidad, que en los años veinte y treinta difundió la imagen de la “mujer moderna” que, aun trabajando, jamás abandonaba su lugar fundamental como esposa, ama de casa y madre. Aunque este ideal no estaba al alcance de las que trabajaban en fábricas u otros empleos que la cultura dominante no consideraba del todo “decentes”, sin duda fue calando poco a poco en la cultura de las clases populares. La escuela, los medios de comunicación, los consejos de los médicos, los sermones en la Iglesia: todo contribuía a inculcar en las mujeres las ideas de “decencia” de la élite.

Los medios de comunicación masiva
y la industria del entretenimiento

Los nuevos medios de comunicación masiva y la progresiva comercialización del entretenimiento también hicieron su contribución al control y ordenamiento del mundo popular. En 1920 se realizó en Buenos Aires una de las primeras transmisiones radiales de interés general del mundo. Para fines de la década, la radiofonía argentina era un negocio en rápida expansión y a comienzos de los años cuarenta había ya diecinueve emisoras en la capital y otras veinte en el resto del país, con programas de todo tipo, desde música, humor y radioteatros, hasta noticias, discursos políticos y espectáculos deportivos. Según el censo de 1947, una de cada dos familias en todo el país poseía un aparato de radio. La distribución regional, sin embargo, no era homogénea: mientras en zonas rurales la proporción descendía marcadamente, en Buenos Aires había una radio en el 82% de los hogares, lo que da una idea de la amplia penetración que ya había logrado entre las clases populares.

El cine también alcanzó un carácter masivo en estos años. En 1896 se realizaron las primeras funciones en Buenos Aires y para la década de 1910 las películas mudas eran una atracción popular. Con el advenimiento del cine sonoro se desarrolló rápidamente una industria nacional, aunque las películas norteamericanas siguieron captando una porción mayoritaria de la audiencia. El primer largometraje argentino con sonido se produjo en 1933; seis años más tarde ya había nueve estudios y se estrenaban un promedio de 50 cintas nacionales por año. Para entonces el cine era un entretenimiento decididamente popular. En 1929 había 972 salas de cine en todo el país, de las que 152 estaban en la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas en barrios obreros como Pompeya y La Boca, donde la entrada tenía un precio accesible incluso para el salario de un trabajador. En los años siguientes las salas y los espectadores siguieron multiplicándose.

Algo similar sucedió con la prensa escrita. Aunque ya se publicaban diarios desde mucho tiempo antes, en los años veinte surgió un nuevo tipo de periodismo, más cercano al mundo popular. El diario Crítica fue el que marcó el tono, con una serie de novedosas estrategias para atraer lectores. Las noticias sensacionalistas, los sucesos policiales truculentos y las crónicas deportivas adquirieron un lugar central. Pero además Crítica se presentó explícitamente como “la voz del pueblo” e hizo todo lo posible por ganarse la simpatía popular: instaló una oficina para atender reclamos de los más necesitados y hasta mandaba camiones a repartir regalos a las barriadas y conventillos. Así consiguió convertirse en el diario más leído de Argentina y uno de los de mayor llegada de todo el mundo, logrando en 1939 imprimir el récord de más de 810.000 ejemplares en un día. Fue también el primer “multimedio”, ya que tuvo su propio programa de radio y noticieros en los cines. Su pretensión de ser la voz del pueblo no le impidió posicionamientos políticos en sentido contrario. Si bien denunciaba permanentemente la pobreza y las injusticias, sus páginas llamaban a la aceptación del orden existente mediante historias edificantes de humildes trabajadores que progresaban gracias a su esfuerzo individual. Por otra parte, Crítica apoyó activamente el golpe militar de 1930 y el régimen fraudulento del general Justo, de carácter marcadamente antiobrero.

El surgimiento de los medios de comunicación masiva significó un cambio decisivo en el mundo popular (especialmente el urbano), similar en sus alcances al que venía trayendo la escolarización. Anteriormente las clases populares todavía conservaban una cierta autonomía a la hora de definir su propia cultura y los lugares y maneras en que disfrutaban del tiempo libre. Aunque los mensajes procedentes del mundo de la clase alta no dejaban de tener su influencia, eran ellas las que creaban y difundían buena parte de los lenguajes, ideas, imágenes, información, música, divertimentos, etc. que enmarcaban su vida cotidiana. Todo eso fue cambiando con la aparición de los medios masivos de comunicación. Una porción cada vez más grande de la cultura popular se fue transformando e integrando en una cultura de masas elaborada y transmitida por empresas mediáticas y del entretenimiento. Pese a que todavía en estos años muchas de ellas eran poco más que pequeños emprendimientos en manos de improvisados, la tendencia histórica fue la de una progresiva transformación en verdaderas compañías capitalistas. Como las de cualquier otro rubro, estas empresas apuntaban a generar ganancias y estaban en manos de personas que no pertenecían al mundo popular. Inevitablemente, los mensajes que transmitieron estuvieron teñidos por la mirada y las opiniones de sus dueños y administradores y por los valores implícitos del mercado. Así, los medios de comunicación y la comercialización del entretenimiento llevaron contenidos nuevos a un público mucho más amplio, pero al costo de debilitar su capacidad de influir sobre ellos de manera directa. Para quienes deseaban difundir ideas y valores alternativos, como los anarquistas, socialistas, etc., la competencia con la cultura dominante de pronto se volvió mucho más desigual. Anteriormente, con su incansable labor de edición y de educación popular, lograban contrapesar los mensajes de la élite con sus propios contramensajes clasistas. Pero de pronto la distancia se había vuelto sideral. Instalar una radio, montar un estudio cinematográfico, imprimir cientos de miles de copias de un periódico, contratar a las estrellas más cotizadas del momento, estaba mucho más allá de las posibilidades de cualquier grupo de trabajadores, por bien organizados que estuvieran. Cuando la televisión comenzara a difundirse en la segunda mitad de la década de 1950, esta brecha se haría incluso más profunda.

Con todo, la aparición de una cultura de masas no significó que las clases bajas perdieran todo espacio para la suya propia. Durante este período el mundo rural se mantuvo todavía bastante al margen de su influencia. En el espacio urbano siguieron existiendo formas de sociabilidad y de entretenimiento previas, desde peñas y guitarreadas, hasta riñas de gallos. Aunque leyes y edictos policiales buscaron moldear el tiempo libre popular, no siempre lo consiguieron. En Córdoba, por ejemplo, una serie de decretos adoptados desde 1890 prohibieron la embriaguez, los juegos de azar, bañarse desnudo en los ríos y decir malas palabras. También allí, como en otros sitios, se intensificaron los intentos de prohibir el carnaval o al menos sus manifestaciones más revulsivas. Como todos ellos fueron inútiles, desde 1904 las clases “decentes” de la ciudad cambiaron de estrategia: ahora buscaron institucionalizar el carnaval céntrico, organizando y supervisando los desfiles de carrozas y otorgando premios a las de su preferencia (que no solieron ser las de los negros “candomberos” sino otras organizadas por empleados de comercio o gente más “respetable”). En cualquier caso, el carnaval siguió siendo una celebración con masiva participación popular y una ocasión propicia para la expresión de una cultura plebeya, visible por ejemplo en las innumerables murgas barriales que florecieron desde los años veinte en varias ciudades.

Pero incluso dentro de la nueva cultura de masas las clases bajas tuvieron cierta influencia, aunque indirecta. Como los medios de comunicación y las industrias del entretenimiento necesitaban vender sus productos, inevitablemente tenían que tener en cuenta los gustos populares. Ninguna cultura es masiva si no la consumen las masas y para ello era necesario que la oferta incluyera elementos que ellas pudieran reconocer como propios. Pero como, a su vez, estos elementos pasaban por el tamiz de empresas y de personas que no pertenecían al mundo plebeyo, se abría así un nuevo espacio para la circulación de manifestaciones culturales entre los mundos de la clase baja y la clase alta. Los contornos de este espacio eran imprecisos y hasta cierto punto “anárquicos”: si un empresario o autor pensaba que podía hacer dinero con ello, podía darse el caso que ofreciera incluso productos culturales rechazados por la élite o políticamente inconvenientes. Más adelante volveremos sobre el modo en que, por influencia indirecta de las clases populares, se introdujeron elementos “clasistas” incluso en la cultura de masas.

Del tango al fútbol

La cultura de masas abrió de este modo nuevos canales de circulación de manifestaciones culturales entre los mundos plebeyo y de la élite. La circulación podía ser tanto de arriba hacia abajo como en sentido contrario. Como fuere, sufrían importantes transformaciones al ser retomadas por los medios de comunicación o las industrias del entretenimiento. Ejemplo de ello son los dos nuevos fenómenos culturales que más furor causaron en estos años: el tango y el fútbol.

El juego que hoy despierta pasiones entre los argentinos de cualquier clase fue introducido por primera vez al país en 1867 por residentes ingleses de buena posición social. Durante los primeros años fue un juego de británicos y de miembros de la élite criolla. Los primeros clubes de “foot-ball”, de hecho, eran muy exclusivos. Esto cambió rápidamente desde los primeros años del nuevo siglo, cuando el nuevo deporte se popularizó como moda entre los varones jóvenes de sectores medios y bajos. Contrariamente a un mito extendido, los primeros entusiastas no fueron los criollos más pobres y de zonas marginales; por el contrario, los que se entregaron con fervor al juego y fundaron centenares de clubes en distintas ciudades del país parecen haber sido más bien hijos de inmigrantes. Los jóvenes aficionados no eran en general marginales, sino cadetes y dependientes de comercio, empleados estatales, trabajadores del ferrocarril, aprendices en talleres de manufactura y estudiantes secundarios y universitarios. Para 1907 ya había más de 300 “clubes” de fútbol que, a diferencia de los de la clase alta, no intentaban ser exclusivos, sino atraer la mayor cantidad posible de socios. Muchos de ellos eran minúsculos y pronto desaparecieron, pero otros lograron sobrevivir hasta convertirse en los grandes clubes de la actualidad.

Durante estas primeras décadas del siglo XX el fútbol fue una práctica amateur, pero eso no impidió que desarrollara muy temprano un espíritu competitivo y de excitadas rivalidades y deseos de notoriedad. En una sociedad en cambio permanente, el juego de pelota sirvió no sólo como entretenimiento, sino también como manera de afirmar el sentido de pertenencia y del propio valer. Los clubes se desafiaban unos a otros poniendo en juego no solamente la destreza deportiva, sino también cuestiones de honor y hombría. La picardía y la fanfarronería, el ganar a como dé lugar, pronto le dieron al fútbol un espíritu bastante diferente del de la caballerosidad y los “buenos modales” que tenía cuando lo practicaba sólo la élite. Por otro lado, la lealtad al club barrial funcionó pronto como marca de identidad: ser de tal equipo y derrotar a tal otro servía para despertar un orgullo local y dotaba a los aficionados de un sentido de pertenencia. Los torneos y “amistosos” atraían una creciente cantidad de participantes, tanto jugadores como espectadores. Como el fútbol había dejado de ser algo “exclusivo”, la élite perdió interés y se refugió en otros deportes, como el rugby. Y como las autoridades escolares decidieron que no era bueno para los alumnos, se lo mantuvo fuera de la educación formal. Así, la calle, el club de barrio y el “potrero” fueron los ámbitos por excelencia del juego de pelota, que pasó así a ser un deporte decididamente popular.

Pero la comercialización del fútbol pronto comenzó a alterar algunos de estos aspectos iniciales. Desde los años veinte, el espectáculo atrajo a más y más personas —ya verdaderas hinchadas— dispuestas a pagar una entrada en estadios ahora preparados para recibir multitudes. Los medios masivos de comunicación difundían los nombres y las imágenes de los jugadores más admirados y pronto fue posible adquirir sus estampas en los kioscos. Por entonces se fue extendiendo la práctica de ofrecer pagos a los jugadores de manera informal, para evitar que se fueran a otros clubes. Así, las instituciones que podían movilizar más dinero comenzaron a aventajar más claramente a las demás. El proceso de “profesionalización” del fútbol se completó a comienzos de la década siguiente. Tras un acuerdo entre dirigentes de los clubes más importantes, que formaron una superliga, los jugadores fueron convertidos en asalariados a los que sólo se permitía cambiarse de club con el consentimiento de los dueños del “pase”. Muchos de los clubes más chicos, que se negaron a abandonar el amateurismo o fueron incapaces de competir con los más grandes, simplemente desaparecieron. El profesionalismo terminó de poner el deporte al servicio del espectáculo, antes que al del esparcimiento o el placer del juego. Se requirió de los jugadores dedicación exclusiva, duro entrenamiento, dietas especiales, disciplina. Jugar a la pelota en canchitas y potreros siguió siendo una práctica abierta a todos, pero la formación de clubes y la competencia en los torneos mayores habían quedado fuera del alcance de la gran mayoría.

Desde comienzos de los años veinte se notó también un fenómeno novedoso. Montándose en los primeros éxitos internacionales del fútbol argentino, desde el cine, la radio y las publicaciones deportivas, como la revista El Gráfico, comenzó a asociarse el juego con el orgullo nacional. Esta especie de “nacionalismo deportivo” se reivindicó criollo, por oposición a los orígenes británicos, e imaginó que los jugadores locales poseían un verdadero “estilo nacional” diferente al de otros países. El panteón de sus héroes estaba formado por los jugadores destacados, procedentes de las clases populares urbanas. Se distinguía así del nacionalismo que venía difundiendo la élite desde el Estado, más centrado en las tradiciones camperas, las destrezas intelectuales y las epopeyas militares. No confrontó con él, pero el nacionalismo deportivo tenía un contenido más decididamente democrático.

El recorrido del tango fue algo distinto. Como música y baile había nacido a comienzos de la década de 1880 en los suburbios de Buenos Aires (aunque investigaciones recientes mostraron que décadas antes ya existía una danza llamada “tango” en otros países, sin que se sepa si se trataba de algo parecido o simplemente otra cosa con el mismo nombre). Al contrario del fútbol, su cuna fue claramente plebeya: con influencia de ritmos africanos y criollos, surgió en los arrabales pobres de la ciudad y se bailó —tanto entre hombres como con mujeres— en prostíbulos y en ámbitos de maleantes. La indecencia del baile, la picardía de sus primeras letras y su identificación con los compadritos orilleros hizo que fuera inmediatamente rechazado por la élite. Pero eso no impidió que su sensualidad cautivara a algunos jóvenes de clase alta que frecuentaban los prostíbulos. A comienzos del nuevo siglo ya se había expandido en algunos barrios obreros y se lo podía encontrar en cafés, bares y pistas de baile del centro. Cuando a comienzos de la década de 1910 se desató en Europa una verdadera “tangomanía”, el tango tuvo su regreso triunfal a Argentina y de a poco fue aceptado en círculos sociales más respetables. Por entonces los adelantos técnicos permitieron convertir a la música ciudadana en una mercancía vendible. En esos años los gramófonos o “victrolas” comenzaron a hacerse presentes en algunos hogares y ya había empresas dedicadas a grabar y vender discos. Poco después la radio y los primeros micrófonos eléctricos permitieron difundir el tango entre audiencias más amplias, que volvieron a multiplicarse cuando, a partir de 1933, se filmaron varias películas sonoras de temáticas tangueras.

La comercialización del tango y su aceptación por las clases “decentes” le valieron cambios muy profundos. Desde comienzos de los años veinte, de la mano de sus primeras estrellas como Carlos Gardel, adoptó la forma del “tango-canción”. De ser principalmente una música bailable sin letra (o con letras muy sencillas), pasó a ser fundamentalmente una melodía cantada de elaborada poética. Las nuevas canciones hablaban del bajo mundo, pero también de los “bacanes”, el “champán” y los cabarets, los viajes a París y otros episodios que poco tenían que ver con el mundo plebeyo. Los letristas y cantores —que en general fueron de sectores medios— contaron estas historias combinando el lunfardo de las clases bajas y el “cocoliche” de los recién llegados con una poesía de creciente refinamiento. En los escenarios no era raro que los intérpretes cantaran también otras melodías folklóricas criollas típicas del mundo rural. Así el fenómeno del tango, tanto por su popularidad como por su lenguaje y los temas que trataba, se transformó rápidamente en una expresión típica de la cultura de masas. Ya no perteneció sólo a las clases populares; como el fútbol, fue un fenómeno integrador de diferentes sectores y transmitió ilusiones de ascenso social y acuerdo de clases. Nadie personificó este ideal mejor que Carlos Gardel: el “morocho del Abasto”, hijo ilegítimo de una lavandera francesa, llegó por su talento a ser reconocido y admirado por la oligarquía e incluso por nobles europeos y brilló en las pantallas de cine con elegantes esmóquines y rodeado de “rubias de New York”. Aunque la realidad estuviera muy lejos de ser así, su propia vida parecía indicar que cualquier persona nacida en el mundo plebeyo podía triunfar y ser aceptada e integrada en la alta sociedad.

5. La persistencia del clasismo
en la política y en la cultura

La represión, las elecciones, la intervención del Estado en las relaciones con la patronal, los efectos “culturales” del mercado y la cultura de masas, los cambios en la vivienda y la prédica de la escuela, los medios de comunicación, la Iglesia y los empresarios: todo apuntaba a aislar a quienes, dentro del movimiento obrero, proponían orientaciones radicalizadas. El efecto conjunto y combinado de todas estas poderosas fuerzas, sin dudas, impulsaba a muchos trabajadores a refugiarse en sus asuntos privados y alejarse de las ideas que proponían un futuro sin capitalismo. Sin embargo, arraigado firmemente en las iniciativas del movimiento obrero y en la cruda realidad de la explotación, el sentimiento clasista siguió ocupando un lugar importante. Todavía en los años treinta la cultura obrera resistía con gran vitalidad a pesar de las constantes censuras y prohibiciones que le imponía el Estado. Por dar un ejemplo, hacia mediados de la década el Partido Socialista mantenía 772 bibliotecas obreras y 19 centros culturales en todo el país. Los comunistas, por su parte, poseían casi 30 instituciones de este tipo sólo en el área metropolitana de Buenos Aires y otras tantas repartidas por otras provincias. A ellas habría que sumar las que pertenecían a otras corrientes, las escuelas obreras que todavía sobrevivían, y las decenas de diarios y revistas que publicaban todas las agrupaciones por todas partes.

Elementos clasistas en la cultura de masas

Aunque los grupos izquierdistas y sindicales reaccionaron muchas veces despreciando la nueva cultura de masas como algo frívolo, en ocasiones intentaron utilizar los canales que ofrecía para llegar a más gente. El fútbol es un buen ejemplo. El diario anarquista La Protesta se quejaba en 1917 de la “perniciosa idiotización” que producía en los trabajadores el “pateo de un objeto redondo”. Pero también hubo clubes de fútbol con orientación izquierdista. El más admirado de la barriada porteña de La Paternal se llamó Mártires de Chicago, en honor a los obreros ahorcados por luchar por la jornada de ocho horas (más tarde se redenominó Argentinos Juniors). Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria y El Porvenir también tuvo su origen en una agrupación politizada. Otros pequeños clubes hoy olvidados llevaron nombres bien indicativos, como Libertarios Unidos, Primero de Mayo, Sol Libertario, etc. Los socialistas también fundaron los suyos. Por su parte, hacia mediados de los años veinte los comunistas habían establecido cerca de setenta clubes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y otras regiones, la mayoría de ellos dedicados al balompié. La realidad pareció darles la razón en sus críticas a las rivalidades y enemistades que estaba fomentando el “deporte burgués”. Cuando un domingo de octubre de 1925 se celebró ante un público de más de dos mil personas un partido entre los seleccionados comunistas de Argentina y Uruguay, el carácter fraternal del encuentro contrastó con la violencia que hubo ese mismo día en los encuentros entre Boca y Nueva Chicago y entre Independiente y Vélez Sarsfield. Por estas rivalidades y otros motivos, los izquierdistas se opusieron fervientemente al “deporte mercantilista”, a los “clubes empresas” y siguieron bregando “por el deporte popular y obrero”. Pero a medida que el espectáculo fue reclamando su prioridad, el fútbol y la política clasista se fueron desvinculando.

Las agrupaciones obreras o izquierdistas tuvieron un acceso nulo o muy limitado a los nuevos medios audiovisuales. Sin embargo, como los compositores, directores, cantantes y locutores deseaban ampliar sus audiencias, a veces incluían en sus obras, programas o espectáculos ciertos elementos políticos o culturales clasistas. De este modo, el gusto de los consumidores lograba incidir, de manera indirecta, en algunos de los contenidos de la cultura de masas. El tango, como vimos, se transformó en un vehículo de integración social. Pero eso no impidió que hubiera algunas letras que se burlaban de los ricos, despreciaban a un patrón explotador, lamentaban los efectos disolventes que el “Dios dinero”, celebraran un orgullo “bien proletario” o incluso la llegada de la “maroma sovietista”.

Aunque mucho más controlado por empresarios que el tango, también el cine incluyó algunos mensajes de contenido clasista. Los mensajes que transmitía eran generalmente de concordia y armonía social. Pero el cine también podía ser vehículo de una crítica amarga a la división de clases y la discriminación de los trabajadores por parte de los sectores más “respetables”, como en las películas que dirigió Mario Soffici o las varias que protagonizó Tita Merello entre 1933 y 1955. La temática de las nuevas divisiones de clase, de la separación de algunos grupos respecto de otros y de las tensiones que ello ocasiona, estuvieron presentes en muchas otras películas ya desde la época del cine mudo y en las décadas de 1930 y 1940, como por ejemplo las protagonizadas por Luis Sandrini o Pepe Arias. Incluso los melodramas y las comedias cuyo mensaje intentaba ser el de la armonía social podían, sin embargo, ser interpretados por el público de clase baja como una crítica a la élite. La necesidad de los directores argentinos de disputarle la audiencia a las películas de Hollywood los llevó a preferir historias que se relacionaran lo más estrechamente posible con la cultura popular. Las temáticas “criollas”, centradas en el tango y la gente simple del pueblo, tuvieron gran llegada en los primeros años del cine sonoro. Con bastante frecuencia las películas giraban en torno de conflictos que oponían a personajes virtuosos y auténticos de clase baja con otros hipócritas e inmorales de la clase alta. Por ejemplo, la mayoría de las que protagonizó Libertad Lamarque por entonces tenían como temática la relación amorosa de una muchacha simple de pueblo con un rico desalmado (o perteneciente a una familia de élite que la rechaza por sus orígenes). Más aún, en sus películas era ella, el personaje de clase baja, “la morocha”, la que encarnaba la virtud ética y la verdadera argentinidad contra una élite retratada como corrupta y europeizada. Aunque las historias de este tipo terminaban siempre con una feliz resolución que restauraba la armonía, la audiencia no podía dejar de notar que, previo a ese final —que siempre podían evaluar como poco creíble—, lo que predominaba era la división y el conflicto entre las clases.

Nacionalismo y “criollismo” populares

La capacidad de las clases populares de “traducir” algunos mensajes que venían del mundo de la élite y darles un sentido propio e inesperado se hizo visible también con el nacionalismo. Como vimos anteriormente, desde comienzos del nuevo siglo muchos intelectuales y el Estado venían organizando una verdadera campaña para difundir sentimientos patrióticos. Junto con el nacionalismo, promovieron también una revalorización de las tradiciones y del folklore criollo que antes habían despreciado, como una forma de marcar que lo verdaderamente “argentino” nada tenía que ver con esos inmigrantes revoltosos que hacían huelgas y manifestaciones.

No cabe dudas que esta campaña tuvo un efecto profundo, precisamente en el sentido que la élite esperaba. Pero junto con ello también se hizo notar una apropiación diferente de los símbolos nacionales y criollos por parte de las clases populares. Por ejemplo, ya desde fines del siglo XIX, la leyenda del gaucho Juan Moreira se convirtió en una de las favoritas del público plebeyo. Cuando se la representaba en escenarios de circos y teatros populares, las multitudes se sentían identificadas con la historia de un simple gaucho que se rebela contra una injusticia, se ve convertido en fugitivo y derrota una tras otra, armado sólo de su facón y de su coraje, a las cuadrillas de policías que envían a capturarlo, hasta que finalmente le dan muerte. Como de los bandidos rurales, se admiraba de Moreira su oposición a la autoridad y lo que tenía de justiciero popular. La preocupación de las élites por el éxito de estos dramas criollos fue tal, que en ciudades como Córdoba se crearon impuestos municipales altísimos para los teatros que los incluyeran en sus repertorios y prohibiciones especiales para tratar de restarles audiencia. La imagen del criollo perseguido por los poderosos sería incluso utilizada por grupos anarquistas con fines propagandísticos, comparando su triste suerte pasada con la de los obreros del presente. A partir de la década de 1890 florecieron en Buenos Aires y otros sitios numerosos “centros criollos” en los que provincianos, nativos e inmigrantes, todos de origen popular, se juntaban a guitarrear y a compartir tangos y canciones folklóricas. Las payadas y los payadores —el más célebre de los cuales fue un negro, Gabino Ezeiza— gozaron de enorme popularidad en las ciudades. Es difícil saber en qué proporción se difundía por estos canales un criollismo con contenido social o uno más similar al que promovía la élite, pero seguramente los había de los dos.

Algo similar sucedió con el nacionalismo. Los intelectuales liberales y de derecha que comenzaron a difundirlo esperaban generar con él un mayor apego al orden tradicional. Pero también en este caso sufrió modificaciones al combinarse con algunos elementos propios de la cultura plebeya. Como, gracias a la prédica de algunos grupos políticos, cada vez quedaba más claro que había potencias imperialistas que imponían sus intereses a los países menos desarrollados como Argentina, y como el imperialismo de ingleses o norteamericanos con frecuencia se asociaba con empresarios locales, no fue extraño que entre las clases populares surgiera un nacionalismo con contenido clasista. Ya que la oligarquía se asociaba con los intereses extranjeros, entonces era el pueblo llano el verdadero defensor de los intereses nacionales. Y ya que el Estado estaba en manos de los poderosos, entonces no era el Estado sino el pueblo el representante de lo “verdaderamente argentino”. Este tipo de nacionalismo con contenido clasista estuvo presente entre las ideas que nutrían el movimiento obrero al menos desde la década de 1920.

Las elecciones y la opción “populista”

Estas disputas en torno de lo que significaba “lo argentino” y quién lo encarnaba mejor —si las clases populares o las élites— eran síntoma de que la ampliación de la ciudadanía estaba produciendo profundos reacomodamientos en la cultura popular. Como vimos más arriba, las clases dominantes decidieron permitir la realización de elecciones limpias a partir de 1912 con la idea de que el juego democrático desempeñara un papel “integrador”. Votar libremente —pensaron— alejaría a los trabajadores de las ideas revolucionarias. Igualados en sus derechos legales, todos podrían entonces sentirse parte de un mismo “pueblo argentino”, evitándose de tal modo toda confrontación clasista.

Pronto, sin embargo, se hizo evidente un peligro que quienes diseñaron la transición a esa democracia liberal no habían previsto. ¿Qué pasaría si algún candidato en busca de votos, sin ser izquierdista, utilizara la democracia para poner al pueblo en contra de la élite? ¿Qué sucedería si, aprovechando el descontento de los numerosos desposeídos que ahora tenían derecho a voto, en lugar de decirles que todos los ciudadanos son iguales, les dijera en cambio que el verdadero pueblo argentino son los más pobres y que los más ricos en realidad actúan en contra de la nación? ¿Y qué ocurriría, finalmente, si ese candidato sostuviera que el derecho del pueblo debía prevalecer incluso si se interponía en su camino alguna de esas leyes o instituciones diseñadas especialmente por los liberales para limitar la voluntad popular? La élite había difundido los derechos ciudadanos y la identidad nacional para que las diferencias de clase quedaran disimuladas tras la apariencia de que todos los argentinos (al menos en el plano político) eran iguales. Pero la definición de la ciudadanía y de “lo nacional” también podía utilizarse en sentido contrario, si alguien lograba que sirviera al mismo tiempo como vehículo de alguna identidad de clase. En otras palabras, existía la posibilidad de que el “pueblo” del que hablaba la Constitución dejara de ser algo simplemente abstracto (la suma de todos los individuos argentinos, a los que se suponía “civilizados” y “razonables”) para adquirir un contenido de clase concreto (el conjunto de los menos privilegiados, incluso si eran “criollos incultos”, opuestos como “pueblo” a los intereses antinacionales y europeizantes de los poderosos).

En la década de 1920 solía llamarse a esta posibilidad “demagogia” o “caudillismo”; más tarde se la conocería como “populismo”. Por el momento apenas hubo algunos pocos líderes que tomaron ese camino con algún éxito. Un ejemplo interesante fue el del rosarino Ricardo Caballero, un dirigente “díscolo” de la UCR que alcanzó gran éxito electoral en su distrito desde finales de la década de 1910. En lugar de tratar de minimizar el problema de la división de clases, Caballero eligió presentarse como defensor de la clase obrera y de las “masas criollas desposeídas”, contra el “egoísmo” que significaba la “extensión ilimitada del derecho de propiedad”. En sus discursos combinaba la defensa de los trabajadores con referencias a la historia argentina llenas de nostalgia por los gauchos y de admiración por todo lo criollo y nativo. Culpaba a la oligarquía y a los ricos por la desaparición de ese mundo tanto como por las privaciones actuales de los trabajadores. Más que convocar a sus auditorios a actuar “civilizadamente”, dirigía llamamientos apasionados de lucha contra los poderosos. Su mensaje político, que ponía nerviosos no sólo a los conservadores sino también a los jefes de su propio partido, tuvo gran éxito entre el electorado, especialmente el de clase baja. Por la misma época, otros movimientos salidos de la UCR, como el lencinismo en Mendoza y el cantonismo sanjuanino, contenían elementos “populistas” similares. Los gobiernos provinciales que dirigieron ambos en la década de 1920 introdujeron algunos de los derechos sociales más avanzados de la Argentina de entonces. En Jujuy, otro radical díscolo, Miguel Tanco, se destacó en la misma época presentándose como “defensor del proletariado y enemigo de los patrones” y reivindicando a los campesinos y a los pueblos indígenas oprimidos. Sin ser de izquierda —al menos no en la definición habitual del término— todos estos políticos “populistas” se hicieron eco de los sentimientos clasistas que existían en amplias porciones de las clases populares para ganarse su admiración y sus votos.

Las estrategias políticas del movimiento obrero
en los años treinta

Sin embargo, la sociedad argentina no tuvo demasiada ocasión de experimentar los caminos de la democracia. Promovido por una coalición de nacionalistas y conservadores y con el apoyo activo de las clases altas, en septiembre de 1930 un golpe militar interrumpió el segundo mandato de Yrigoyen. El general José F. Uriburu, de ideas fascistas, tomó el poder bajo la excusa de que el gobierno civil había perdido la confianza de la “opinión pública”. Las provincias fueron también intervenidas. Pero las nuevas elecciones que se convocaron al año siguiente en la provincia de Buenos Aires volvieron a dar la victoria a la UCR. Anuladas por orden del dictador, se realizaron comicios nacionales —esta vez prohibiendo las candidaturas de ese partido— que favorecieron a otro general, Agustín P. Justo, de la facción liberal-conservadora de los golpistas. Su gobierno, que duró hasta 1938, y el de sus sucesores Roberto Ortiz y Ramón Castillo, que se extendió hasta 1943, continuaron practicando el fraude electoral. La “década infame” —como se la conoció entonces— estuvo marcada por medidas invariablemente a favor de las clases altas, negociados que beneficiaron a los intereses imperialistas británicos, escándalos de corrupción y una intensa represión dirigida a las organizaciones obreras y de izquierda. Centenares de referentes sindicales y cuadros políticos, especialmente comunistas y anarquistas, fueron encarcelados y muchos otros deportados. La práctica de la tortura se extendió y perfeccionó: entre otras técnicas, en esta época la policía de Buenos Aires introdujo el uso de la picana eléctrica para sacar información o amedrentar a los militantes, un invento argentino que se difundiría más tarde en otros países. Algunos obreros y militantes fueron incluso fusilados o asesinados en diversas regiones del país, tanto por fuerzas militares y policiales como por los grupos parapoliciales que funcionaban bajo el amparo del gobierno. Muchos periódicos gremiales y de izquierda fueron clausurados y la libertad de expresión y de reunión fue severamente restringida. Aunque las denuncias por todas estas atrocidades se acumulaban, los principales diarios eligieron no darlas a conocer.

La combinación de los efectos de la crisis que golpeó a la economía mundial desde 1930 y de un régimen particularmente antipopular, se tradujo en un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo para muchos sectores de las clases populares. El gobierno adoptó programas de ajuste, recortó gastos, redujo salarios y eliminó puestos en la administración pública. En el sector privado los despidos también estuvieron a la orden del día y la desocupación alcanzó niveles inéditos, especialmente entre los trabajadores rurales. En 1933 llegó a haber en Buenos Aires saqueos contra la firma Grandes Despensas Argentinas, al grito de “¡queremos comer!”. Sin embargo, la crisis económica pasó relativamente pronto; ese mismo año comenzó la recuperación. Las dificultades que atravesaban las economías de los países centrales, sumadas a las altas tasas aduaneras y otras medidas intervencionistas que aplicó el Estado, dieron ocasión para que hubiera un nuevo y poderoso impulso a la industrialización. Las ramas textil y metalúrgica y las vinculadas a la construcción fueron las más beneficiadas, pero un importante aumento del producto se registró también en muchas otras. El empleo en la industria se elevó de manera sostenida. Buena parte de esta nueva demanda de trabajadores fue suplida por las oleadas de migrantes internos que, desde la crisis de 1930, se trasladaron de zonas rurales a las ciudades, especialmente al área metropolitana de Buenos Aires.

El crecimiento de una masa obrera concentrada en la rama industrial abrió la oportunidad para consolidar y expandir la organización sindical. El movimiento venía de un período de relativo estancamiento. Hacia 1921, en el apogeo del ciclo ascendente de las luchas que había comenzado en 1917, la FORA del IX Congreso contaba con 500 organizacionesmiembro, que representaban a 95.000 afiliados. Hasta poco antes su órgano de conducción tenía una clara mayoría sindicalista, pero también albergaba a representantes del socialismo, el comunismo e independientes (e incluso algún anarquista). Pero las disputas internas entre las corrientes pronto conspiraron contra la vitalidad de la central. La negativa de los sindicalistas a aceptar la pertenencia de dirigentes que a su vez tuvieran compromisos partidarios generaba constantes conflictos. Ya en su congreso de 1922, el alejamiento de algunos sindicatos era patente. Ese mismo año los sindicalistas intentaron evitar la merma reorganizando la entidad y redenominándola Unión Sindical Argentina (USA), pero la unidad estaba perdida. De la USA se escindió, en 1926, una Confederación Obrera Argentina (COA), formada por gremialistas —especialmente ferroviarios— más vinculados al socialismo y otros que eran sindicalistas pero no aprobaban la rigidez apolítica de sus compañeros. Así, el año 1929 encontró al movimiento obrero con la mayor atomización de su historia, dividido entre cuatro centrales: la USA sindicalista, la COA con influencia socialista, la FORA anarquista y el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) creado ese mismo año por los comunistas. La división sindical tenía su correlato político: del Partido Socialista se había escindido otro PS “Independiente” que rivalizaba con él, ya existían otros dos pequeños partidos “comunistas” (además del oficial) y diferentes agrupaciones reclamaban el anarquismo para sí. La fragmentación era síntoma de un decaimiento general de la conflictividad obrera, notable desde 1922, en el que habían contribuido no sólo las disputas intestinas, sino también la mejora en los niveles salariales y la relativa bonanza económica. En las elecciones de 1928, Yrigoyen había obtenido un caudal impresionante de votos (muchos de ellos obreros) mientras que el PS y el PC habían tenido un desempeño bastante pobre. En los años veinte se registraron sólo dos huelgas generales: las que se opusieron en 1924 a la ley de jubilaciones impulsada por el presidente Marcelo T. de Alvear y las que se realizaron en 1927 contra la ejecución de los anarquistas Sacco y Vanzetti en Estados Unidos.

Para salir de ese relativo estancamiento, la USA y la COA realizaron en 1929 acuerdos decisivos que culminaron en la fundación de la nueva Confederación General del Trabajo (CGT) pocos días después del golpe de Estado de Uriburu. A pesar de que los anarquistas y por el momento también los comunistas permanecieron al margen, la nueva entidad agrupó a la gran mayoría de los gremios, especialmente los de mayor tamaño. Hacia 1935 contaba con unos 400 sindicatos representativos de 200.000 afiliados, con peso decisivo de los ferroviarios, los obreros marítimos y los trabajadores del Estado, pero todavía con una presencia menor de las ramas industriales. Aunque a lo largo de los años treinta y comienzos de los cuarenta la CGT sufriría a su vez divisiones y escisiones, se trató de un paso decisivo hacia la unidad.

A pesar de que el gobierno militar y la crisis consiguieron detener la conflictividad obrera durante algún tiempo, en 1932 y especialmente 1936-37 las huelgas alcanzaron picos de gran intensidad y participación. En general las entidades lograron en estos años salir de la crónica inestabilidad que las había caracterizado en el pasado; sus todavía pequeñas estructuras consiguieron consolidarse y perdurar. Como respuesta del movimiento a la fragmentación taylorista del proceso de trabajo propiciada por la patronal, el modelo tradicional de organización sindical por oficios fue cediendo su lugar a la organización única por rama, es decir, agrupando a todos los trabajadores de una actividad más allá de sus oficios respectivos y de sus niveles de calificación. Lo que la patronal buscó dividir, el movimiento se propuso de este modo reunificar. La tasa de afiliación creció de manera visible: hacia finales de la “década infame” aproximadamente un 20% de la mano de obra industrial estaba afiliada a algún sindicato. Sin embargo, había realidades muy dispares: en algunas ramas, como en la construcción, la sindicalización podía llegar a más del 80%, mientras que en otras, como la química, no alcanzaba el 1%. A medida que se otorgó al Departamento Nacional del Trabajo atribuciones más amplias, hubo en las ramas mejor organizadas una tendencia a establecer convenios colectivos, antes que acuerdos individuales por fábrica o lugar de trabajo. Además, en estos años las medidas de fuerza y la organización sindical ampliaron su presencia a lo largo del país, volviéndose un fenómeno ya verdaderamente de alcance nacional. No sólo se hicieron sentir en Capital, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán: su presencia se evidenció también en Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero y, en menor medida, en otras regiones. El panorama de la década infame era entonces el de una masa obrera en aumento y mejor (aunque desigualmente) organizada, pero con condiciones de vida que seguían siendo duras y serias dificultades para hacer oír sus demandas frente a un gobierno casi siempre hostil que, además, se negaba a reabrir el juego democrático.

Ante este escenario, el movimiento obrero continuó con su búsqueda de estrategias para mejorar su condición. Como en décadas anteriores, también los años treinta estuvieron marcados por posturas diferentes y fuertes debates. Los anarquistas siguieron perdiendo lugar a medida que la necesidad de interactuar con el Estado se fue haciendo cada vez más patente. A esto contribuyó además el rápido proceso de “ciudadanización” que se venía produciendo. Al tiempo que iba disminuyendo la proporción de extranjeros, iba aumentando la de quienes estaban en condiciones de votar. En 1916 sólo el 14,9% de la población mayor de 14 años podía hacerlo; para comienzos de los años cincuenta el porcentaje ya había ascendido al 60,6% (incluyendo ahora a las mujeres). Convencer a los trabajadores de la futilidad de participar en las elecciones se hacía una tarea cada vez más difícil. Así, durante los años treinta los anarquistas se volvieron muy minoritarios dentro del movimiento obrero, a pesar de lo cual grupos pequeños continuaron realizando acciones directas radicalizadas y en varios gremios conservaron todavía una presencia apreciable.

La corriente “sindicalista”, por el contrario, consolidó su importancia en varios de los gremios que, como los ferroviarios y marítimos, fueron pilares de la organización del movimiento. Durante estos años, sin embargo, profundizaron un rumbo que ya se había hecho notar en la década anterior y que los alejó de toda vocación revolucionaria. Inicialmente, los sindicalistas habían insistido en la necesidad de fortalecer y unificar las organizaciones gremiales como un medio para alcanzar la revolución. Pero con el tiempo, la preservación y consolidación de las entidades se fue volviendo cada vez más un fin en sí mismo. La práctica habitual de la negociación con el Estado y la patronal se transformó en la razón de ser de los sindicatos. Para que fueran más efectivas, las medidas de fuerza debían ser cuidadosamente calculadas y dosificadas. La lucha de clases y el fin del capitalismo continuaron siendo un objetivo, al menos en los papeles; pero se lo relegó ahora al largo plazo. En el presente, lo que predominó cada vez más fueron el pragmatismo y la búsqueda de reformas y mejoras parciales para los trabajadores. El apoliticismo inicial de la corriente sindicalista se mantuvo muy fuerte. Aparejado con éste, vino también otro cambio casi imperceptible: entre los sindicalistas se fue instalando una visión “corporativista”, que concebía a los trabajadores como un grupo de interés entre otros, antes que como una clase con la misión histórica de emancipar a toda la humanidad.

En los años treinta también hubo un importante crecimiento en la influencia de otra corriente reformista y cada vez más moderada: la del Partido Socialista. En efecto, hacia 1932 (gracias a la proscripción de la UCR) el PS logró la mayor representación parlamentaria de su historia y había alcanzado también su mayor influencia sindical, con fuerte peso entre los ferroviarios, los mercantiles, los municipales y los bancarios, entre otros. El crecimiento del socialismo fue favorecido por el contexto político general. El fraude y las medidas antipopulares del gobierno de Justo fueron convenciendo cada vez a más obreros que el apoliticismo de la CGT sindicalista no estaba a la altura de las necesidades de la hora. La prescindencia y la cautela de la central en su trato con el gobierno fueron cada vez más cuestionadas; algunos hablaban incluso de colaboracionismo. Los socialistas insistían, en cambio, en que la prioridad número uno del movimiento debía ser la de crear un gran frente social y político para derribar el régimen fraudulento y recuperar la democracia. Y para ello, la hostilidad de los sindicalistas a todo lo que fuera política partidaria era un obstáculo. Finalmente en 1935 los socialistas y otros gremialistas aliados a ellos los desplazaron de la conducción de la CGT. Durante un breve lapso, por primera (y última) vez en la historia argentina, condujeron el movimiento obrero organizado.

El crecimiento de estas corrientes más moderadas, sin embargo, no significó que desapareciera la opción más clasista y revolucionaria. Muy por el contrario. En cierta medida, el lugar que venía perdiendo el anarquismo fue ocupado por el Partido Comunista, que en estos años creció sostenidamente. Desde su fundación en 1918 y hasta mediados de la década siguiente el PC había tenido un crecimiento moderado. Por ser un partido nuevo, en las elecciones no les fue nada mal: para 1926 cosecharon 10.000 votos en varios distritos. Obtuvieron concejales en Capital, y un diputado provincial en Córdoba, provincia en la que incluso llegaron a triunfar en la elección a intendente de un pequeño municipio. Por entonces su inserción entre los trabajadores todavía era limitada. Ese año, precisamente, lanzaron una campaña para “proletarizar” sus filas, por la que pronto el 90% de sus afiliados fueron asalariados, la abrumadora mayoría de ellos obreros, una gran proporción de origen extranjero (hacia fines de los años veinte más del 30% de los afiliados al PC eran de esa procedencia). El PC los contó también entre sus máximos puestos de dirigencia, lo que le dio desde entonces —a diferencia del PS— el carácter de un partido marcadamente proletario. Al mismo tiempo iniciaron un febril impulso para insertarse en el movimiento obrero. Se organizaron en pequeñas y disciplinadas “células” capaces de trabajar en condiciones de clandestinidad dentro de cada fábrica o en los barrios. De este modo se las arreglaron para difundir entre los trabajadores sus periódicos y panfletos y los innumerables boletines que imprimían para cada gremio. Cuando no podían establecer lazos con ellos dentro de las plantas, los esperaban a la salida o los visitaban en sus casas. Muy rápidamente desarrollaron una densa red de agitación y propaganda. Además de difundir sus impresos, animaron decenas de bibliotecas populares, escuelas, clubes, agrupaciones femeninas y juveniles, ligas contra la guerra, el fascismo y el imperialismo y otras iniciativas. “Comisiones” especiales, obreras o barriales, agitaban en las diferentes lenguas que hablaban los trabajadores por entonces (las hubo de judíos, rusos, ucranianos, yugoslavos, húngaros, etc.) y el partido se ocupó también de fomentar la solidaridad entre “gringos” y “criollos”. Así lograron penetrar especialmente en el sector de los obreros industriales, que era uno de los que tenía las peores condiciones salariales y de trabajo y en el que los extranjeros eran legión. En ese sector, de difícil sindicalización, los avances de la organización gremial habían sido hasta entonces muy limitados. Los comunistas se abrieron camino especialmente en los gremios de fundición, elaboración de metales, maquinarias y vehículos. También en el textil, el de la carne, la construcción y la madera. Su influencia se hizo sentir especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia y en menor medida en Tucumán, Santiago del Estero y Mendoza. Para mediados de los años treinta el PC llegó a ser la corriente más fuerte entre los obreros de la rama industrial, superando en influencia a sindicalistas, anarquistas y socialistas.

Los comunistas ganaron buena parte de su prestigio por su entrega a la lucha y su carácter aguerrido. Su determinación para combatir contra la dictadura de Uriburu y su coraje a la hora de enfrentar las casi inevitables estadías en la cárcel y la tortura contrastaba con la cautela de los sindicalistas y la moderación de los socialistas. En su disposición a ir al choque sólo los igualaron los anarquistas. Pero los comunistas prevalecieron sobre ellos por su capacidad organizativa, porque apostaban a la reorganización de sindicatos por rama y también en buena medida porque el proyecto soviético todavía despertaba por entonces grandes esperanzas. Siguiendo los lineamientos que venían de Moscú, en 1935 el PC produjo un brusco giro estratégico. En lugar de seguir enfrentándose con todas las agrupaciones que no fueran revolucionarias, decidieron que la prioridad de la hora era establecer sólidas alianzas (“frentes populares”) con cualquier otra fuerza democrática, incluso con los sectores progresistas de la burguesía nacional, para combatir la amenaza fascista. El partido disolvió entonces la central obrera que había promovido años atrás y ordenó a los sindicatos bajo su control que ingresaran a la CGT, ingreso que se efectivizó en 1936. Por entonces el PC condujo algunas de las luchas más importantes del movimiento obrero. En 1935 motorizó importantes huelgas en el gremio de la madera, que concluyeron con un notable éxito, al ser uno de los primeros en conseguir la semana laboral de cuarenta horas. Pero las más trascendentes fueron las del gremio de la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Los comunistas organizaron a fines de ese año una serie de paros acompañados de manifestaciones, que el 7 y 8 de enero de 1936 desembocaron en una huelga general. Tras enfrentamientos que dejaron un saldo de varias muertes, y gracias a la enorme solidaridad que recibieron de parte de vastos sectores sociales —incluyendo estudiantes y comerciantes— la huelga se levantó con victoria para los trabajadores. La patronal debió aceptar, además de aumentos y la jornada de ocho horas, la formación de comisiones internas por obra, paritarias para discutir salarios, el reconocimiento del sindicato y el derecho de sus dirigentes de ingresar a las construcciones para organizar a los trabajadores. Estas conquistas se transformarían con el tiempo en un modelo para la expansión de los derechos laborales en todo el movimiento. Fue sin dudas la lucha más masiva y exitosa protagonizada por la clase obrera argentina en los últimos quince años. Esta victoria consolidó la influencia del PC en el movimiento; pronto se transformarían en una fuerza capaz de disputar con los socialistas y sindicalistas por la conducción de la CGT. Llegaron a ocupar 17 de los 45 cargos de su Comité Central Confederal y la vicepresidencia. Por entonces los sindicatos comunistas habían desarrollado la capacidad de negociar mejoras con el Departamento Nacional del Trabajo, sin que ello supusiera abandonar el horizonte de cambio revolucionario.

Así, las corrientes mayoritarias dentro del movimiento obrero —los sindicalistas, los socialistas y los comunistas— fueron confluyendo desde mediados de la década de 1930 en un punto central: la necesidad de incidir de manera más directa en lo que pasaba dentro del Estado. Estaba cada vez más claro que no alcanzaba con la práctica de la negociación de mejoras puntuales: para que la agenda de los intereses obreros avanzara, sería necesario conseguir una participación directa en las decisiones del Estado que atañían a los trabajadores. Y para ello había que quitar de en medio a los conservadores, misión que, a su vez, requería trabar vínculos con los partidos opositores al régimen fraudulento. Incluso el Partido Comunista coincidía en este punto. Los sindicalistas eran celosos guardianes de la “neutralidad partidaria” del movimiento. Pero la realidad fue llevando incluso a algunos de ellos a repensar este punto. En 1936 hubo una demostración clara de esta nueva disposición: la CGT organizó una gran manifestación por el Primero de Mayo, de tono claramente opositor, en la que invitó como oradores a altos dirigentes de los partidos radical, demócrata-progresista y socialista. Se trató de una confluencia inédita hasta entonces: el movimiento obrero tomaba parte de una acción política que agrupaba en los hechos —aunque todavía no formalmente— a todos los opositores en un frente político unido. Más aún, por un momento aspiró a liderar esa coalición. El frente electoral contra los conservadores y sus aliados finalmente se concretaría en 1942 con la formación de la primera Unión Democrática. Esa coyuntura desató intensos debates dentro del movimiento obrero. Voces muy numerosas e importantes defendieron entonces la postura según la cual los trabajadores debían aprovechar la oportunidad y ponerse a la cabeza de todas las fuerzas sociales y políticas que clamaban por el restablecimiento de la democracia, si bien otras persistían en el apoliticismo. Aunque finalmente no lograron ponerse de acuerdo para ingresar a ese agrupamiento (de hecho el intenso debate condujo a la ruptura de la CGT), la magnitud de la corriente que lo proponía era un indicio claro de todo lo que había cambiado dentro del movimiento. Definitivamente, había en él una nueva disposición a involucrarse más directamente en la alta política y en la administración estatal. Nadie podía imaginar que esa disposición se encontraría muy pronto con una oportunidad de abrirse camino tan extraña e inesperada.

El golpe de 1943

Para el movimiento obrero, el golpe de Estado que en 1943 puso fin al régimen fraudulento de los conservadores no pareció traer en un principio demasiadas novedades. El nuevo gobierno fue encabezado por un grupo de militares de ideas nacionalistas que veían con preocupación la posibilidad de que, luego de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, el comunismo hiciera grandes avances en todo el mundo, incluyendo la Argentina. En su opinión, el carácter marcadamente antipopular de los conservadores no hacía sino llevar agua al molino comunista. Había que preparar al país para resistir ese avance —pensaban— y para ello era necesario un Estado que se ocupara mucho más de las demandas populares. Por otro lado, también les preocupaba la debilidad militar de la Argentina frente a su mayor rival en la región, Brasil. Para estar en condiciones de defenderse si había una guerra con el vecino país, además de la unidad nacional, era preciso un desarrollo económico mucho mayor que el que había hasta entonces, particularmente en la industria pesada. Las políticas que los conservadores venían implementando no eran suficientes: era necesario un papel más activo del Estado en la economía. Con esas preocupaciones en mente fue que se produjo el golpe de 1943. Su programa de gobierno era industrializar el país y restaurar la unidad nacional mediante políticas sociales más inclusivas dirigidas hacia los trabajadores. Con el mismo fin también otorgaron a la Iglesia un lugar central en la educación y en la vida pública, con la esperanza de que contrarrestara la influencia izquierdista. Entre las primeras medidas de gobierno estuvo el incremento en la persecución de los referentes comunistas en los sindicatos, pero incluso los sindicalistas moderados sufrieron acosos.

Mientras todo esto sucedía, el Departamento Nacional del Trabajo, ahora redenominado Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), recibió mayores atribuciones y comenzó a tomar numerosas iniciativas a favor de los peones rurales, obreros, empleados, técnicos y profesionales asalariados. Al frente de la repartición se designó al coronel Juan Domingo Perón, por entonces un desconocido. Hoy recordamos un Perón fuertemente identificado con los trabajadores y enfrentado con las clases altas. Sin embargo, nada de eso caracterizó sus primeros meses en la función pública. La “justicia social” y la simpatía por los obreros eran motivaciones poco visibles entre quienes dieron el golpe de 1943. Las ideas iniciales del propio Perón comenzaron siendo poco más que las de una cooperación pacífica de los diferentes sectores sociales, sin que se percibiera una clara preferencia por las clases más bajas, ni un antagonismo respecto de las más altas. Todavía en agosto de 1944 se identificó como el mejor amigo de los empresarios en su famoso discurso en la Bolsa de Comercio. No tenía en ese entonces una formación política muy definida: su pensamiento tomaba elementos de su propia educación como militar, del catolicismo social y del nacionalismo.

La febril actividad que Perón desarrolló desde la STP fue inicialmente recibida por el movimiento obrero con desconfianza y frialdad. Los hombres de experiencia sindical ya conocían las prácticas divisorias que otros nacionalistas, como Manuel Fresco, venían explorando desde hacía algunos años. Sabían que muchos de ellos habían aprendido del fascismo italiano la estrategia de conceder algunas mejoras y presentarse como si fueran adalides de las clases bajas, con el único fin de aislar y desactivar las demandas más radicalizadas del movimiento trabajador. Aunque con el correr de los meses Perón conseguiría hacer pie en varios sindicatos, todavía en 1945 estaba lejos de haberse ganado el apoyo de la mayoría del movimiento obrero, muchos de cuyos dirigentes seguían observándolo con desconfianza. De hecho, para fines de septiembre de ese año la carrera política de Perón y su paso por la STP parecían haber llegado a su fin. En su afán por congraciarse con los trabajadores, el coronel había cosechado un furioso desprecio entre las clases altas y buena parte de los sectores medios. Había fracasado en su intento de conseguir una alianza con los radicales y, aunque apreciara las mejoras obtenidas, la CGT no se decidía a apoyarlo activamente. A instancias de las entidades patronales y con la ayuda de la embajada norteamericana y de los principales diarios y partidos políticos, durante ese mes la oposición a Perón ganó las calles en manifestaciones multitudinarias. La situación finalmente llevó al presidente de facto, el general Edelmiro Farrell, a prescindir de sus servicios. El 9 de octubre de 1945 Perón fue forzado a renunciar a todos sus cargos y a recluirse en la isla Martín García. Nadie previó entonces (ni siquiera él mismo) que un nuevo actor político irrumpiría en la escena nacional pocos días después para traerlo de vuelta a Buenos Aires, abriendo un curso histórico inesperado que transformaría hondamente la sociedad argentina. Esa irrupción es el tema del próximo capítulo.

SEGUNDA PARTE (1945-1973)

6. La irrupción del movimiento peronista

El 17 de octubre de 1945, detenido en la isla Martín García, Perón estaba convencido de que su carrera política había terminado y se preparaba para volver a dedicarse a sus asuntos privados. En Buenos Aires avanzaba la formación de un nuevo gabinete con la tarea de organizar una rápida retirada para los militares que dos años antes habían ocupado el gobierno. Todo parecía indicar que muy pronto se celebrarían elecciones democráticas, que seguramente darían la victoria a la UCR o a alguna coalición de partidos que la incluyera. Sin embargo, ese día la multitud actuó por cuenta propia y cambió el curso “normal” y esperable de la historia.

No los convocó ninguna de las entidades conocidas. No los movilizó ni Perón, ni el gobierno, ni la CGT, ni ninguno de los partidos y agrupaciones políticas existentes. Algunos activistas de base ayudaron a correr la noticia, pero en esencia se trató de hombres y mujeres que se contagiaron unos a otros de valor y entusiasmo y marcharon espontáneamente hacia la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón. Era una multitud nunca antes vista en el elegante centro de la ciudad: pobres, algunos sin saco, mal vestidos o incluso en patas. Muchos de ellos eran de piel morena. Venían de las barriadas humildes de Buenos Aires y también de las afueras, donde se multiplicaban las fábricas y se apiñaba el pobrerío. Ese día marcharon sin dejar que nada los detuviera hasta inundar la Plaza de Mayo: algunos incluso cruzaron el fétido Riachuelo a nado cuando la policía quiso impedirles el acceso a la Capital. En La Plata, Tucumán, Zárate, Córdoba y Salta hubo manifestaciones similares. Así consiguieron la liberación de Perón e iniciaron un proceso político tan inesperado que el preso de Martín García pronto se vio catapultado a la presidencia de la nación. Ese día nació el que sería el movimiento más importante de la escena política argentina por los siguientes treinta años.

El camino al 17 de octubre

La multitud se decidió a actuar ese 17 de octubre con un objetivo preciso: defender las conquistas obtenidas en los meses anteriores contra la reacción patronal que se veía venir. La presencia de una figura como Perón en el mundo de la alta política ofrecía la oportunidad inédita de ganarse un nuevo lugar en la vida nacional y decidieron aprovecharla. Para entender esto no hacían falta complejos cálculos políticos: Perón representaba la dignidad recobrada; su caída, la amenaza de volver a perderla.

Lo que estaba en juego no era poco. En su paso por la STP, Perón había promovido varias medidas que superaban las conquistas que el movimiento obrero había obtenido hasta entonces. Lo que venía generando entusiasmo no eran tanto los aumentos salariales como una gama de nuevos e inéditos beneficios y derechos laborales. En su breve gestión, Perón había ido asumiendo una actitud más amistosa para con los sindicatos. Los hostigamientos iniciales pronto terminaron (excepto para los comunistas, a quienes se siguió persiguiendo sin tregua). Se invitó a cada uno a enviar asesores que trabajaran de manera permanente en la STP, colaborando en la confección de las nuevas medidas y presentando denuncias de abusos patronales. La secretaría también benefició a algunos sindicatos con subsidios para la ampliación de sus programas de salud y sociales. La acción decidida de Perón se tradujo asimismo en la expansión de beneficios jubilatorios, mejores indemnizaciones por accidentes de trabajo, aguinaldos, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores. Pero acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad. Este tipo de convenios había beneficiado hasta entonces a pocos gremios y tenía alcances limitados. La nueva disposición hizo obligatoria la mediación del Estado en caso de conflictos; los convenios firmados serían en adelante de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP de poderes de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió ese decreto en norma firme, otorgó también a los trabajadores amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia de la patronal. Para los trabajadores rurales las novedades fueron incluso más importantes. El Estatuto del Peón promulgado por la STP extendía derechos básicos para un sector que había estado tradicionalmente desprotegido. El congelamiento de los arrendamientos dispuesto por Perón benefició también a los chacareros sin tierra.

Las conquistas de estos meses irritaron profundamente a los empresarios, no tanto porque los obligaran a pagar mejores salarios, sino por los cambios que ocasionaban en el trato cotidiano con su mano de obra. Por todas partes tuvieron que lidiar con delegados gremiales y abogados sindicales que se les plantaban de igual a igual. Los trabajadores sentían que ahora existía una voluntad superior, por encima de la de sus patrones, que velaba por sus intereses. Naturalmente, esto afectó la disciplina laboral, a medida que el temor y la sumisión fueron dando lugar a una actitud más orgullosa, incluso altanera, por parte de peones, empleados y obreros. Los empresarios y estancieros no podían soportar este desafío a las jerarquías tradicionales, y eso fue alimentando durante 1945 una formidable reacción antiperonista. Las protestas de las principales entidades patronales por el “clima de indisciplina” se hicieron públicas y muy pronto los trabajadores percibieron el peligro de una reacción. No había dudas de que, si caía Perón, los intereses del capital intentarían desandar el camino de las conquistas obreras. De hecho, la reacción se hizo visible apenas se produjo la renuncia del coronel a sus cargos, cuando la Corte Suprema anuló el decreto de creación de los tribunales del trabajo por “inconstitucional”. Incluso después del regreso triunfal de Perón, los empresarios se negaron a pagar los nuevos aguinaldos y realizaron un lock out contra el gobierno.

Para comienzos de octubre de 1945 el escenario de lucha de clases estaba planteado con total claridad. Las entidades patronales, con ayuda de la embajada norteamericana, habían logrado poner en marcha un gigantesco movimiento de oposición en el que consiguieron aglutinar a todos los partidos políticos. Casi toda la prensa, las universidades, la mayor parte de la gente de la cultura y buena proporción de los sectores medios participaron del movimiento opositor. Jaqueado, el gobierno militar finalmente entregó la cabeza de Perón y se preparó para traspasar rápidamente el poder a los civiles. La reacción patronal estaba unificada y en marcha. Frente a ese escenario, ¿qué hacer? Era fundamental para los trabajadores adoptar una línea de acción sin pérdida de tiempo. Pero ¿cuál?

La respuesta a esta pregunta no era sencilla. Era indudable que sin Perón en el gobierno, los trabajadores llevaban todas las de perder. ¿Había que salir a defenderlo, entonces? Muchos dirigentes gremiales opinaban que eso era urgente. Otros, sin embargo, sostenían que el movimiento obrero siempre había mantenido su autonomía respecto del Estado y los políticos y así debía continuar. Perón no era parte del mundo trabajador y eran muchos los sindicalistas que seguían desconfiando de sus intenciones. Además, algunos consideraban que su carrera política había llegado a su fin y juzgaban inconveniente, por motivos tácticos, comprometer al movimiento obrero en su defensa. Estos dilemas se discutieron intensamente en la conducción de la CGT en los días posteriores a la caída de Perón. Desde varias regiones del país los dirigentes recibían presiones de las bases para adoptar una línea de confrontación total. Desde el 14 de octubre las reuniones en la CGT se sucedieron febrilmente; dos días más tarde, y tras ocho horas de debates acalorados, los líderes sindicales definieron que el movimiento iría a una huelga general. La votación fue bastante ajustada, 16 a 11. Para consensuar posiciones, el texto de la convocatoria llamaba a cerrar filas para defender los derechos adquiridos, pero ni mencionaba a Perón. La huelga se realizaría el día 18 y sin movilización.

Pero la multitud trabajadora, animada por las señales que indicaban que la CGT se había puesto a la cabeza de la lucha, decidió no esperar y actuó por cuenta propia. Desde muy temprano, un día antes de la jornada señalada y sin mediar convocatoria de ninguna entidad (salvo algunos sindicatos de base), se lanzó a las calles a exigir la liberación de Perón. Su presencia inesperada inundando la Plaza de Mayo por primera vez con su fisonomía plebeya causó gran impresión en los debilitados militares que, poco antes, habían pedido la cabeza del coronel. Temían que la situación se saliera totalmente de control: la enorme muchedumbre allí reunida no tenía ninguna intención de desalojar la Plaza sin respuestas concretas. Como Perón parecía el único capaz de tranquilizarla, no tuvieron más remedio que mandarlo a traer de Martín García. Luego de largas horas de dudas y de negociaciones, el coronel finalmente salió al mítico balcón de la Casa Rosada a hablarle a la multitud. Eran las 23.10 y su aparición fue festejada con una ovación que duró quince minutos. Cumpliendo con el pedido de sus camaradas de armas, en el breve discurso que improvisó frente a los trabajadores les pidió que cantaran el Himno nacional, que desconcentraran en calma y que la huelga del día siguiente se desarrollara con tranquilidad. Durante el discurso fue interrumpido varias veces por la multitud, estableciéndose una especie de diálogo con el líder que en adelante sería un rasgo típico de las concentraciones peronistas. Sus palabras evitaron todo antagonismo. Por contraste, antes de retirarse sin apuro de la Plaza, entrada ya la una de la mañana, los trabajadores cantaron eufóricos “¡Mañana es San Perón, que trabaje el patrón!”. Y así fue: la huelga general del 18 de octubre paralizó el país entero. Nunca una medida de fuerza convocada por la CGT había logrado una adhesión tan contundente y tan extendida.

Fue en esas 48 horas que nació el movimiento que dominaría durante décadas la política nacional. Porque el movimiento peronista no puede explicarse solamente por la figura de Perón, sino por el entrelazamiento de su liderazgo con otras dos presencias políticas no menos importantes: la del movimiento obrero organizado y la de la acción de base que con frecuencia desbordó al uno y al otro. En efecto, fue la movilización espontánea del 17 lo que terminó de inclinar la balanza y vencer las prevenciones que todavía existían en la dirigencia sindical respecto de la figura de Perón. En el futuro, la presión popular seguiría desempeñando un papel propio y condicionando de mil maneras tanto las decisiones de Perón como las de los sindicalistas.

Aunque fuera espontánea, en la acción de las masas en defensa de Perón puede reconocerse una “estrategia” política (aun si en la mayoría no era consciente). Mirando el país como un todo, el mundo de las clases bajas todavía estaba por entonces profundamente fragmentado. Desde el punto de vista de su actividad, había trabajadores manuales y empleados, pero también existía una masa de pequeños cuentapropistas urbanos y de pequeños campesinos y pastores en el campo. Existía una gran distancia geográfica pero también cultural que separaba a los trabajadores de las ciudades de muchos de los que habitaban el mundo rural. Desde el punto de vista étnico, la fragmentación no era menor: los había criollos, pero también extranjeros de muchas nacionalidades distintas; y por supuesto, estaban los indígenas. El universo cultural y mental de todos estos grupos y sus condiciones de vida podían ser enormemente diferentes. ¿Qué podían tener en común un esquilador de ovejas alemán aislado en una estancia de la Patagonia y la vendedora de una gran tienda cordobesa? ¿Qué podían compartir un guaraní que dejaba a su familia parte del año para emplearse en un obraje forestal con la judía polaca que trabajaba en un burdel porteño? Sin duda muy poco, aparte de su común opresión bajo un orden social que los relegaba a todos ellos a una vida de pobreza, humillación, marginalidad o explotación. El movimiento obrero había hecho importantes avances en el sentido de unificar sus luchas y reclamos, pero todavía estaba muy lejos de haberlo logrado. De una manera imprevista, la figura de Perón les permitió a las clases populares argentinas superar la fragmentación que las caracterizaba. Mediante el peronismo se convirtieron en un sujeto político unificado. El coronel les había ofrecido una oportunidad inesperada: ignorando las vacilaciones de la dirigencia sindical y la oposición de los comunistas, anarquistas o socialistas, desbordando todas las entidades que hasta entonces las representaban, ellas decidieron aprovecharla. Esa fue la “estrategia” implícita en el apoyo de las clases bajas a Perón: los oprimidos y explotados, los excluidos y humillados, se ganaban así por primera vez un lugar de importancia en la alta política.

Durante mucho tiempo existió la creencia de que Perón había obtenido especialmente el apoyo de “obreros nuevos” que habían migrado recientemente desde zonas “atrasadas” del país, mientras que los que tenían mayor experiencia urbana y organizativa habían sido más reacios al nuevo liderazgo. Luego las investigaciones mostraron que en realidad el coronel ganó adeptos tanto en unos como en otros y contó con muchos experimentados sindicalistas entre sus más firmes apoyos. No sin riesgos, para los dirigentes gremiales la oportunidad también prometía colaborar en el fortalecimiento del movimiento sindical. Pero aunque lo incluyera en un lugar central, el movimiento peronista excedió el movimiento obrero; fue algo nuevo y distinto.

El encuentro, en fin, no resultó gratis para ninguna de las partes. Como veremos enseguida, el sindicalismo perdió en autonomía lo que ganó en influencia, mientras que las clases bajas ataron su destino a la persona de su líder y, al hacerlo, en buena medida se dejaron moldear por sus ideas. Perón, por su parte, debió sostener una imagen pública de “tribuno de la plebe” que no pensaba inicialmente asumir y que no combinaba bien con su propia ideología. Su visión política era la de un nacionalismo corporativista: aspiraba a organizar a las personas en “corporaciones” de acuerdo con sus intereses específicos, con la idea de ponerlas bajo el ala del Estado y subordinarlas a un objetivo superior, identificado con la grandeza de la nación. El antagonismo de clase era para él o bien efecto de la prédica nefasta de los comunistas, o bien el fruto de un desajuste innecesario que había que dejar atrás rápidamente. De hecho, Perón sólo fue radicalizando sus discursos contra la “oligarquía” y presentándose como representante del bajo pueblo cuando se hizo evidente que no conseguiría el respaldo de ningún otro sector. Hacia mediados de 1945 se había planteado un escenario de enfrentamiento de clase abierto entre quienes lo apoyaban —en general los sectores más bajos— y quienes pedían su destitución: la casi totalidad de las entidades empresariales y las asociaciones representativas de la gente “decente”. Sin haberlo buscado deliberadamente, Perón había quedado ubicado como referente del bando popular de una intensa lucha de clases. Cuando la decisiva acción de las masas del 17 de octubre lo devolvió a la vida política, el coronel se vio encabezando un movimiento mucho más plebeyo de lo que a él le hubiera gustado. En adelante su propio poder dependió de su capacidad para seguir movilizando el apoyo de los trabajadores, una dependencia que lo obligó a tolerar o incluso ser él mismo canal de un antagonismo de clase que se negaba a desaparecer y que sus convicciones íntimas no aprobaban. Nada más expresivo de esta tensión que la Marcha Peronista compuesta tiempo después: aunque debió acostumbrarse a escucharlo en boca de sus seguidores, “combatir al capital” jamás estuvo entre los objetivos de Perón. Pero no fue sólo él quien tuvo que ceder: compuesta originalmente en el plebeyísimo ritmo de la murga, pasó sin embargo a la historia como una marcha militar, un estilo más acorde con los valores marciales que el líder intentó imprimir al movimiento.

En parte el proyecto político de Perón, en parte hijo del interés propio de los dirigentes obreros, en parte el aporte plebeyo y revulsivo de las masas: todo eso fue el peronismo. Como movimiento social y político, surgió de la conjunción impensada y no siempre cómoda entre un dirigente que no esperaba contar con esa masa plebeya como su (casi) único apoyo, y una masa trabajadora que tampoco había previsto ser liderada por alguien como Perón. Esa tensión entre la voluntad del dirigente y los deseos que sus seguidores depositaron en él es lo que hizo del peronismo un movimiento tan contradictorio. Aglutinado en una mezcla inestable gracias a una reacción antiperonista, el movimiento peronista marcaría profundamente a las clases populares, redefiniendo tanto sus identidades como su lugar respecto de la clase dominante.

La apuesta laborista

No estuvo claro en un principio, sin embargo, quién conduciría a quién. Apenas terminada la exitosa huelga del 18 de octubre, los dirigentes sindicales que la habían propiciado se sintieron dueños de la victoria. Concibieron entonces el proyecto de crear un partido propio que fuera el brazo político del movimiento obrero. Sin demoras pusieron manos a la obra y en noviembre más de doscientos delegados sindicales llegados de todo el país fundaron el Partido Laborista (PL), presidido por Luis Gay, dirigente telefónico de larga trayectoria. En su seno habría afiliados individuales pero los sindicatos contarían también con una representación colectiva. La nueva agrupación se concebía como una fuerza de centroizquierda reformista y aspiraba a atraer no sólo a los trabajadores sino también a los sectores medios progresistas. La idea era llegar al poder en las elecciones previstas para febrero, llevando a Perón como candidato.

Si quería ganar la elección, Perón, que carecía de un partido propio, necesitaba contar con el apoyo decisivo de los sindicatos. Pero no quería quedar atado de pies y manos a ellos. Desde muy temprano se notaron los síntomas de tensión que esta situación provocaba entre los aliados. En verdad, los tironeos venían de mucho antes. Desde 1944 todos los sindicalistas se vieron, en mayor o menor medida, en la necesidad de hacer malabares para mantener su autonomía aprovechando al mismo tiempo las ventajas que ofrecía Perón, que venían frecuentemente a cambio de gestos de apoyo. Una negativa total podía traer consecuencias dramáticas, como pronto aprendieron los comunistas. Para quitarlos de en medio el coronel había creado o ayudado a afianzar sindicatos rivales, para canalizar los nuevos beneficios a través de ellos, desacreditando de ese modo a los gremialistas opositores. Algunas de estas nuevas entidades, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) o la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), llegarían a tener una enorme importancia. Este tipo de maniobras inquietaba no sólo a los comunistas, sino también a los gremialistas moderados, que temían caer víctimas de ellas. Los eventos de octubre parecían haber dado vuelta la relación de fuerzas: ahora era Perón el que temía por su autonomía. Para no quedar preso de los dirigentes del PL, exigió que aceptaran una alianza con la UCR-Junta Renovadora, un pequeño grupo de políticos escindido del radicalismo. Los conflictos entre ambas agrupaciones no tardaron en aparecer, lo que dio mayor autoridad a Perón como mediador indispensable.

El PL puso toda su energía en asegurar la victoria en las elecciones y de hecho fue el que consiguió por lejos la mayor cantidad de votos para el coronel. Las fuerzas antiperonistas se habían unificado tras los candidatos de la Unión Democrática, una coalición que agrupaba no sólo a la UCR y los demócrataprogresistas, sino también al socialismo y el Partido Comunista, que creían ver en Perón una amenaza “nazifascista”. La campaña estuvo marcada por una gran polarización y una intensa lucha social. Las manifestaciones y militantes peronistas recibieron frecuentes balaceras. Por su parte, en su recorrida por el interior el “Tren de la Victoria” de los antiperonistas fue constantemente apedreado.

A diferencia de sus rivales, que hablaron de ciudadanía, libertad y democracia, durante la campaña Perón utilizó un discurso populista con un tinte fuertemente nacionalista. En contraste con los políticos tradicionales, su estilo fue simple y campechano. Buscó identificarse con el bajo pueblo y con lo “criollo”. Además de mejoras para los trabajadores, prometió una reforma agraria que entregara “la tierra para quien la trabaje” (una promesa que nunca cumpliría). Fustigó a la “oligarquía” como enemiga de los intereses de la nación y sacó provecho de las constantes intervenciones de Braden, el embajador norteamericano, para plantear la disyuntiva como una elección entre “Braden o Perón”. Se presentó así, a la vez como defensor de las clases bajas y de la argentinidad agredida por el imperialismo. Su discurso tenía resonancias con el que habían empleado en décadas anteriores los políticos provinciales mencionados en el capítulo 5. Con algunos de ellos Perón tuvo buena sintonía. Por ejemplo, el popular Miguel Tanco le brindó un apoyo decidido. Gracias a ello, al clima de grandes huelgas que agitaba por entonces a los trabajadores del azúcar y a las esperanzas que entre los indígenas habían despertado las promesas de expropiar los latifundios, en Jujuy —y en general en toda la región noroeste— el peronismo obtuvo victorias contundentes. En otros distritos los resultados fueron menos categóricos, pero aun así triunfó en la gran mayoría, incluso en la Capital. Perón logró una ajustada victoria en febrero de 1946, pero en elecciones que fueron récord en participación de votantes. Lo votaron no sólo las clases populares sino también una porción importante de empleados, pequeños productores y otros sectores medios-bajos. Incluso algunas élites locales lo acompañaron (especialmente en Córdoba y Santa Fe), atraídas por su nacionalismo, por su clericalismo o por haberse declarado “un conservador, en el noble sentido de la palabra”.

Los laboristas casi no tuvieron tiempo para festejar la victoria: a poco de las elecciones Perón inició maniobras para quitarles todo poder autónomo. Para erigirse como líder indiscutido del movimiento tenía que contar con un aparato político propio. En mayo ordenó la disolución del PL y del resto de las agrupaciones que lo habían apoyado y su fusión en un nuevo Partido Único de la Revolución Nacional, luego redenominado simplemente Partido Peronista, como para que no quedaran dudas. De esta manera, los miles de grupos de apoyo que habían surgido espontáneamente en todo el país pasaban a ser “Unidades Básicas” del PP. Algunos laboristas, sorprendidos, intentaron resistir. Pero las presiones y la fuga de dirigentes los fueron doblegando y en junio, finalmente, acataron la directiva. Los que se negaron a hacerlo, como Cipriano Reyes —quien como referente del gremio de la carne había tenido un papel crucial para movilizar a los trabajadores el 17 de octubre—, acabarían presos. Así terminó el primer y hasta ahora último intento del movimiento obrero argentino de incursionar en política con un partido propio.

Para Perón, el siguiente paso era controlar la CGT, que seguía guardando celosamente su autonomía. De hecho, en su congreso de noviembre le “marcaron la cancha” al líder eligiendo a Luis Gay como secretario general. En su primera reunión con el presidente, el telefónico le puso bien en claro que “a la CGT la dirigimos nosotros”. Las relaciones entre ambos fueron tensas, hasta que Perón consiguió desplazarlo en enero de 1947, tras una campaña de acusaciones infundadas. Junto con Gay renunció el resto de la conducción de la central obrera, que a partir de entonces quedaría en manos de dirigentes más afectos a la obediencia.

La mayor subordinación política de la CGT, sin embargo, no significó el fin del poder del sindicalismo ni mucho menos; por el contrario, su autonomía política nunca se extinguió del todo, mientras que su papel como agente de lucha económica se vio fortalecido. La central seguiría siendo el órgano privilegiado de representación de los trabajadores, aunque ya no funcionaría como una entidad que presionaba al Estado desde fuera, sino como un agente de presión desde su interior. La CGT sería desde entonces en buena medida una correa de transmisión del poder de Perón hacia abajo. Pero para ser efectiva en esa tarea, debía seguir teniendo legitimidad entre los trabajadores, lo que le daba el espacio para ser también canal de las demandas que venían desde abajo. De hecho, durante 1946 hubo una explosiva erupción de huelgas y conflictos en todo el país, que continuó hasta 1948. La clase obrera, a través de sus sindicatos, capitalizó entonces la victoria electoral, utilizando las medidas de fuerza para imponer y profundizar sus conquistas. En estos años hubo importantes y en ocasiones violentas huelgas en los frigoríficos, en la industria azucarera, entre los panaderos, textiles, metalúrgicos, petroleros, portuarios, municipales y otros gremios. Algunas de ellas fueron llevadas a cabo incluso contra la voluntad de Perón. De esta manera los sindicatos metían presión en las vastas negociaciones colectivas que sostenían con la patronal, en las que el Estado con frecuencia debía terciar a su favor. En efecto, se evidenció entonces una sutil transformación en el uso de las huelgas como herramienta de lucha: ya no estuvieron dedicadas sólo a enfrentar a la patronal, sino también a reclamar al Estado que hiciera uso de su capacidad de regulación de los conflictos de modo de favorecer a los trabajadores.

La revancha de la cultura plebeya

La irrupción del movimiento peronista no sólo provocó cambios en el ámbito de trabajo y en la relación entre patrones y asalariados. Afectó también profundamente las jerarquías sociales y algunos de los valores que la élite venía inculcando desde el siglo XIX. Las masas que apoyaron a Perón aportaron al movimiento una serie de rasgos plebeyos que no habían estado hasta entonces presentes en la política argentina. De pronto, todo aquello que había sido invisibilizado, silenciado o reprimido por la cultura dominante se había hecho patente y, para colmo, se había vuelto político. Los hombres y mujeres pobres que vivían en los márgenes de la coqueta Buenos Aires habían invadido la ciudad. El 17 y el 18 de octubre de 1945 habían conquistado sin pedir permiso esa ciudadela blanca y de “buena presencia” que de mil maneras les hacía sentir que no era suya. Llegaron con sus ropas pobres y sus modales groseros y, contra todas las reglas de urbanidad y buenas costumbres, retozaron en las plazas con sus cuerpos sudorosos a la vista y refrescaron sus pies en el agua de las fuentes. Y como ese día la victoria fue suya, en adelante ya nunca más pidieron permiso. El mero hecho de ocupar la Plaza de Mayo y otras zonas céntricas con sus humanidades pobres y despreciadas se convirtió para ellos en un gesto político, un ritual que repitieron una y otra vez en los años siguientes.

La misma actitud desafiante se reiteró con todas y cada una de las normas de respetabilidad y “decencia” que venía inculcando desde hacía décadas la cultura dominante. La plebe las puso en cuestión una por una, haciendo de cada desafío un gesto político. Tomemos por ejemplo la vestimenta y el aseo personal. Durante años los pobres habían tenido que escuchar sermones sobre la limpieza y la forma correcta de vestirse; una tras otra habían padecido las imágenes de la publicidad que reflejaban cuerpos y ropas que no eran ni podían ser los suyos. Tras los sucesos del 17 de octubre, los antiperonistas señalaron la vestimenta de los manifestantes como signo de su bajeza y empezaron a hablar con desprecio de esos “descamisados” que habían desfilado por la ciudad. Pero rápidamente los peronistas recuperaron esa expresión dándole un sentido positivo. La falta de esa prenda se convirtió en un símbolo del carácter verdaderamente popular del movimiento. Poco más tarde Perón mismo se referiría afectuosamente a sus seguidores como sus “descamisados”. Incluso el ser una “chusma maloliente” y “pobre como las ratas” fue asumido con orgullo por algunos peronistas como el poeta Juan Oscar Ponferrada. “Mis grasitas”: la recordada manera en que Evita —esposa de Perón y referente fundamental del movimiento— se dirigía a los más humildes también era una forma de invertir el insulto común, para convertirlo en un desafío político contra la supuesta “limpieza” de los que los despreciaban.

La educación también fue terreno de este tipo de disputas. Desde Sarmiento, el ser “educado” se oponía a la supuesta “barbarie” de las clases bajas. Durante el año 1945, a medida que el conflicto social se fue haciendo cada vez más abierto, la relación entre las definiciones de “lo educado” o “lo culto” y los intereses de cada clase se volvieron más visibles. El mundo de la “cultura” en general, y el ámbito de la universidad en particular, fueron sitio del más activo antiperonismo. Desde el lugar de autoridad que les daba el saber, por todas partes estudiantes, académicos e intelectuales se pronunciaban contra Perón, a quien acusaban de manipular a sus seguidores aprovechándose de su “incultura”. Respondiendo a esta actitud algunos peronistas corearon entonces el famoso “Alpargatas sí, libros no”. Durante la jornada del 17 de octubre en La Plata y en Córdoba hubo manifestaciones de hostilidad hacia la universidad. En los años siguientes, en el peronismo habría muchas otras muestras de antiintelectualismo.

Los ideales de decencia también fueron en alguna medida puestos en cuestión. Los jóvenes peronistas colmaron el movimiento de ese espíritu festivo, irreverente y soez que desde entonces le es tan típico. Las burlas que propinaban no respetaban ni a propios ni a ajenos: la fórmula Tamborini-Mosca, que compitió contra Perón en 1946, se transformó en “Tambo, Orín y Mosca”. A los carteles opositores, encabezados por la consigna “¡Basta!”, les agregaban a mano “¿Te duele?”. Pero quizás lo más revulsivo fue el modo para nada recatado en que se presentaban las mujeres, que en las manifestaciones de apoyo a la candidatura del coronel coreaban impúdicas: “Sin corpiño y sin calzón/Somos todas de Perón”. ¿Y qué decir del lugar que fue adquiriendo Evita como mujer política, ella, que era hija ilegítima, actriz (una profesión nada “decente” por entonces) y que para colmo convivió con Perón sin estar casados? ¿Qué decir de la satisfacción que las masas sentían más tarde al verla portar esas joyas y vestidos carísimos sin ninguna modestia? Parecía una revancha de las mujeres pobres frente a tanta ostentación de los ricos y tanta moralina.

La plebe también politizó con sus gestos la cuestión del origen étnico y el color de piel. De pronto allí estaban algunos de ellos, exhibiendo sus pieles oscuras o atreviéndose a hablar en “quichua o guaraní” en la europea ciudad porteña, como notó con asombro un articulista del diario Clarín en 1945. Sus manifestaciones con bombos —que se transformarían en un ingrediente infaltable de la liturgia peronista— parecían salidas del carnaval de los negros. “Cabecitas negras”, les decía con desprecio la gente “decente” a todas estas presencias inesperadas. “Mis cabecitas negras”, replicaba nuevamente Evita, transformando el agravio en un desafío a esa sociedad que se creía europea. Los argentinos morenos existían: allí estaban, reclamando un lugar en la política y en el espacio público, negándose a seguir siendo invisibles.

Aunque hay pocas evidencias de que hubiera alguna defensa abierta de “los negros” como grupo particular de la sociedad, la autoafirmación de los argentinos que no se reconocían en la imagen de esa Argentina inmigrante y europea dejó rastros interesantes en el plano de la cultura popular. Un ejemplo importante es el de la música de consumo masivo. El tango, que poco antes había alcanzado su edad de oro, comenzó a fines de los años cuarenta una fase de lenta decadencia. Las razones de este ocaso fueron múltiples. Seguramente sufrió por la competencia de la rumba, el bolero y la música melódica norteamericana. Pero también hay motivos relacionados con la política y con la cuestión étnica que hicieron que perdiera algo de su contacto con las masas. Ni el lunfardo ni la mayoría de las letras tangueras tenían demasiado que ver con las vivencias de los trabajadores de Corrientes, Santiago del Estero o Salta que habían arribado hacía poco a Buenos Aires, ni con la manera en que hablaban. La distancia se agudizó durante el primer gobierno de Perón: en la nueva situación de prosperidad que vivían las clases populares, y con la alegría que significaba un gobierno al que por fin podían reconocer como propio, la tristeza y la melancolía del tango parecían estar fuera de lugar. Si hasta Enrique Santos Discépolo, devenido ardiente defensor del peronismo, llegó a decir que el momento del tango había pasado. El mundo, para él, ya no era “una porquería” (como había escrito en “Cambalache” en 1935), sino un “presente vibrante y lleno de realizaciones”.

Pero lo más interesante es que, paralelamente a la decadencia del tango, se produjo el ascenso de otro tipo de ritmos que comenzaron a ganar el favor de las masas. Un cantante de la música ciudadana como Alberto Castillo, por ejemplo, alcanzó su máxima popularidad luego de 1944 incorporando candombes a su repertorio. El éxito no se lo ganó sólo por interpretar ese ritmo festivo de origen africano, o por su propia imagen de cantor populachero, chabacano y “grasa”. Seguramente sus letras, con constantes referencias a “los negros”, y sus espectáculos en vivo con bailarines de color y tamboriles, tenían resonancia con el momento político. Otro ritmo que ganó enorme popularidad entre las clases bajas fue el chamamé. Había llegado a Buenos Aires con los migrantes correntinos ya en la década de 1930. En los años cuarenta logró un lugar en la programación de las radios y pronto un cantante como el mendocino Antonio Tormo batió todos los records de ventas con su chamamé “El Rancho’e la Cambicha” (1950). Como el candombe, los chamamés como el de Tormo, además de ser de ánimo festivo, incorporaban elementos étnicos hasta entonces ausentes en la música de difusión masiva, como palabras en lengua guaraní y referencias a la vida de los sectores populares de su región de origen. La dimensión política de esta música, aunque no fuera explícita, no pasaba entonces inadvertida: aunque no era peronista, a Tormo lo llamaban “el cantante de los cabecitas negras”. Con la aparición del Cuarteto Leo por primera vez en las radios en 1943, Córdoba tuvo su propio ritmo festivo. Fundado por un trabajador ferroviario que trabajaba como músico en las noches, el Cuarteto Leo pronto fue imitado por otros y para fines de la década la “música de cuarteto” ya hacía furor en los barrios obreros. Despreciado por las clases “decentes”, su pegadizo ritmo (el famoso tunga-tunga) se acompañaba de letras que referían de modo picaresco a la vida cotidiana de las clases populares.

Fuera del mundo urbano también se produjo un fenómeno comparable en el que, sin embargo, la alegría tuvo menos lugar. Entre los paisanos del noroeste venían ganando popularidad desde la segunda mitad de los años treinta las melancólicas canciones de Atahualpa Yupanqui. De familia mestiza y origen campesino, el joven folklorista desarrolló un temprano orgullo por su sangre indígena, visible en el propio nombre artístico que eligió. Algunas de sus composiciones más conocidas eran ricas en referencias a los indios y a los criollos pobres: Atahualpa cantaba sobre la explotación del trabajador rural, sobre la soledad de quienes debían abandonar sus “ranchitos” de los cerros para bajar a la ciudad, sobre la tristeza de las “razas viejas” en un mundo que ya no era el suyo. Y sobre todo, le cantaba al interior. Varias de las que lo harían más famoso fueron grabadas en 1944. Cantadas por el pueblo llano —especialmente entre los tucumanos— y transmitidas por la radio, las canciones de Yupanqui traían a la luz pública la vida de los sectores más postergados de la Argentina de entonces y los ayudaban a situar sus experiencias individuales como parte de una realidad mayor. En su caso, también la música se entreveró con la realidad política: en 1947 decidió afiliarse al Partido Comunista, lo que le ganó persecuciones del gobierno de Perón y un exilio. Sus posturas políticas, sin embargo, no fueron obstáculo para la popularidad de su música precisamente en una región donde el peronismo obtenía sus mayores caudales de votos. Con independencia de la persona del compositor, sus canciones participaban del clima de época de afirmación de los más humildes y postergados.

De este modo, mediante estas músicas festivas o melancólicas con un visible contenido plebeyo y étnico, las clases populares de tiempos de Perón afirmaron su cultura y su identidad en la Argentina blanca y europea que pretendía seguir excluyéndolas. Allí estaban ellos, sonando en la radio con su música, ocupando el espacio público con su aspecto “indecente”, trayendo a la luz sus experiencias de vida, imponiendo un presidente despreciado por casi todas las otras clases. Allí estaban ellos, haciéndose presentes sin pedido de disculpas, como una revancha de ese mundo plebeyo tan largamente reprimido, ignorado y excluido. Así, el cuestionamiento de las jerarquías de clase, de cultura y de “raza” que trajo el peronismo logró dejar su huella en la sociedad. Por obra del clima cultural y político que se vivía, la sumisión que tradicionalmente los más humildes debían mostrar frente a los de una clase superior se vio fuertemente debilitada. La Argentina “blanca, educada y decente” tuvo que habituarse a compartir el espacio público con “los negros”, apretujarse con ellos en los colectivos o tenerlos sentados al lado en la mesa de un café céntrico, transformando en consumo los mayores ingresos que ahora percibían.

Perón era desprejuiciado. Podía (muy ocasionalmente) hacer referencia al origen étnico o la falta de camisa de sus seguidores. Podía quizás divertirse un rato con los cantos de las mujeres que se ofrecían sin corpiños ni calzones. E incluso, aunque valoraba la cultura y la educación, podía tener alguna manifestación antiintelectualista. Pero Perón no era uno de ellos: no sólo no venía de un origen social bajo, sino que no imaginaba su gobierno como una revancha plebeya contra la sociedad “decente”. Lejos de eso, el Estado bajo Perón siguió fomentando ideales de respetabilidad similares en más de un sentido a los que la élite había instalado en épocas anteriores y que pasaban por el trabajo y la disciplina, la pulcritud en el vestir, la educación, la moralidad familiar, la sumisión de la mujer al varón, etc.

En ningún plano se notó más esta ambivalencia respecto de la presencia plebeya que en el de la disposición del espacio urbano. A pesar de las políticas de vivienda que implementó Perón, las villas no dejaron de multiplicarse. Entre muchas otras, por ejemplo, Villa Jardín (VJ) experimentó un crecimiento explosivo. Situada en el partido de Lanús, VJ había empezado a desarrollarse en los años treinta en pantanos lindantes con el Riachuelo. Sus pobladores iniciales fueron polacos, lituanos y checos, a los que, desde 1948, se sumaron masivamente los migrantes del interior. Por entonces era sencillo conseguir trabajo en alguna de las muchas fábricas que rodeaban la villa. Mucho más difícil era conseguir vivienda, por lo que los recién llegados hicieron lo mismo que sus predecesores: construyeron precarios “ranchos” de chapa sobre las partes más altas de esa zona inundable. A medida que más migrantes iban llegando, se ganaba terreno al pantano rellenándolo con basura o con cualquier cosa que estuviera a mano. Para quienes arribaban a Buenos Aires soñando con imágenes de altos edificios y calles pavimentadas, establecerse en la villa fue un duro golpe. Las calles y los estrechos pasillos eran un basural y cada lluvia traía inundaciones y barrizales. Para conseguir agua potable había que caminar hasta unas canillas comunes que todos compartían. Les parecía imposible vivir allí, pero lo aceptaban como una residencia transitoria mientras esperaban las viviendas que —soñaban— Perón pronto les entregaría. Pero a pesar de las complicaciones cotidianas, vivir en VJ no era todo sufrimientos. También hubo lugar para la diversión y la alegría entre vecinos que con frecuencia procedían de las mismas zonas del interior y tenían lazos de parentesco o amistad. VJ fue famosa por los bailes que allí se armaban. Por entonces era un espacio con fuertes lazos de solidaridad comunitaria. La gente se ayudaba una a la otra a levantar los ranchos, a rellenar terrenos o a construir puentes. Rápidamente se auto-organizaron para solicitar mejoras a las autoridades y gestionar las necesidades comunes. Los vecinos de VJ tuvieron desde entonces una fuerte y duradera identidad peronista y se sintieron orgullosos del líder que, gracias a su voto, ocupaba la Casa Rosada. Y sin embargo, Perón no se sintió del todo orgulloso de tenerlos allí. En ocasión de una visita del presidente de Chile —que iba a pasar por la ruta que bordeaba la villa en su camino desde el aeropuerto al centro de la ciudad— ordenó construir una enorme muralla para ocultarla a la vista. Contribuía así a invisibilizar a quienes eran su propia base de apoyo, al menos en su aspecto más plebeyo y humilde.

El movimiento indígena entra en escena

Pero ningún episodio graficó mejor la tensión que el elemento plebeyo introducía dentro del movimiento peronista que el “Malón de la Paz”. Perón apenas había asumido la presidencia cuando debió lidiar con una asombrosa acción política protagonizada por el pueblo kolla que mostró los límites de su compromiso con los más humildes. El 15 de mayo de 1946, 174 kollas de varias comunidades de Salta y Jujuy iniciaron una larga marcha a pie en demanda de la devolución de sus tierras, que dos meses y medio después los llevaría a la Plaza de Mayo.

Todo comenzó con un episodio perfectamente habitual. Una tarde de 1945, en las alturas de la Puna, León Cari Solís pastaba sus animales en tierras que consideraba propias, pero que el Estado había entregado a otros en propiedad privada. Como en varias partes del noroeste, los terratenientes obligaban allí a los kollas a pagar un tributo por cada animal, cultivo o pozo de agua que tuvieran. Para asegurarse la obediencia, era habitual que emplearan castigos físicos. Eso, precisamente, fue lo que pasó esa tarde, cuando hombres del propietario sorprendieron a León y le exigieron un pago. “Si nunca he pagado los arriendos, ¿los voy a pagar ahora que está Perón?”, les respondió desafiante. Por su osadía le dieron una golpiza y se llevaron parte de sus animales. Mascullando rabia, León decidió recolectar cientos de firmas para un petitorio que él mismo llevó a Buenos Aires en septiembre, acompañado por otros dos referentes de su comunidad. El 17 de octubre los sorprendió en la gran ciudad y sin dudarlo sumaron sus tres almas a la multitud reunida en la plaza. Días después consiguieron que un funcionario de la STP, el teniente Mario Bertonasco, finalmente los atendiera.

Allí nació entre ellos la idea de organizar una gran marcha hasta Buenos Aires. Debatieron el asunto con otros referentes de los kollas; algunos opinaban que no serviría para nada. Pero las dudas se disiparon a principios de 1946, poco después de las elecciones, cuando recibieron una carta de Bertonasco instándolos a marchar. Indudablemente el propio Perón estaba en conocimiento de la idea y la había aprobado. Para él se trataba de una buena oportunidad de realzar su imagen. Algunas de las tierras que reclamaban los indígenas eran propiedad nada menos que de Robustiano Patrón Costas, un líder conservador que, además, era accionista de una de las principales petroleras norteamericanas. Una marcha de kollas permitiría mostrar un Perón magnánimo atendiendo el reclamo de los más olvidados, combatiendo a la oligarquía y al imperialismo yanqui y repudiando el pasado de la década infame, todo al mismo tiempo. El único costo a la vista: expropiarle a Patrón Costas algunos de sus terrenos y ayudar a unos pobres indios a llegar a Buenos Aires.

Para los kollas también se trataba de una oportunidad única. El Estado argentino no les había dado hasta entonces sino violencia. En 1916 se había creado una Honorable Comisión de Reducción de Indios que se suponía se ocuparía de su bienestar, pero el desinterés era tal que sólo en 1927 fue reglamentada. Tanto los kolla como otros pueblos se habían cansado de enviar pequeñas delegaciones a Buenos Aires a plantear sus reclamos, sin resultados. Pero algo parecía estar cambiando. En su gira proselitista por la zona Perón había prometido la reforma agraria y en los meses anteriores había tenido varios gestos de simpatía hacia los pueblos originarios. Puesta bajo la órbita de la STP, la Honorable Comisión de Reducción fue redenominada Dirección de Protección al Aborigen y recibió mayores atribuciones. La oportunidad bien valía el esfuerzo de organizar una gran acción que les permitiera salir de la invisibilidad y recordarle a Perón que cumpliera con sus promesas. El costo, claro, era enorme: había que caminar 2000 kilómetros... La posibilidad de recuperar sus tierras, sin embargo, les dio el valor para encarar la marcha.

Si querían lograr sus objetivos, había que pensar estratégicamente. Una marcha a pie de Jujuy a Buenos Aires sin dudas llamaría la atención de la sociedad sobre el hecho de que los indios seguían existiendo y sufrían la peor de las explotaciones. Pero mostrarse así llevaba el riesgo de reactivar los prejuicios en su contra. Por ello, los kollas debían demostrar que eran respetuosos del Estado y de sus autoridades; más aún, que ellos mismos eran verdaderos patriotas. Además, tenían que mostrarse ya “civilizados” y dignos miembros de la congregación católica. En fin, presentarse como kollas, pero sin que pareciera, por ello, que no eran parte del pueblo argentino. El nombre que decidieron utilizar estuvo cuidadosamente pensado a tal efecto. Se llamaron un “malón”, haciéndose cargo de los prejuicios que el ser indio evocaba (incluso si los kollas en verdad nunca habían hecho malones), pero le agregaron “de la Paz” justamente para contrarrestarlos. El nombre completo fue el de “Malón de la Paz por las rutas de la Patria”. Para resaltar su patriotismo, durante todo el trayecto utilizaron la bandera y participaron como invitados en desfiles militares durante las fechas patrias, aunque mostrándose con sus ropas e instrumentos musicales tradicionales. Para resaltar su condición de católicos marcharon con íconos religiosos (entre ellos el de la virgen morena de Copacabana). Y por supuesto, no rechazaron portar imágenes de Perón o símbolos de su partido cuando alguien se los acercaba. Otra estrategia fundamental era buscar aliados. Los kollas tenían sus propias autoridades y durante la marcha tomaban sus decisiones mediante una especie de consejo de referentes de cada comunidad. También tenían sus propios contactos con el mundo de la política. El fundamental era Viviano Dionisio, hijo de uno de los referentes principales del Malón. Como muchos jóvenes kollas, Dionisio había accedido a la educación escolar, gracias a lo cual había conseguido empleo como administrativo en una mina. Allí uno de sus compañeros de trabajo lo había convencido de presentarse a candidato a diputado provincial por el Laborismo jujeño, cargo que obtuvo en las elecciones de 1946, convirtiéndose en uno de los primeros indígenas en acceder a una banca. Su apoyo y sus gestiones fueron fundamentales para el desarrollo del Malón. Así y todo, era fundamental tener aliados entre los blancos y los maloneros tuvieron varios. El principal fue, sin dudas, el propio Bertonasco, que viajó para ponerse a la cabeza de la marcha. Los kollas no tuvieron problemas en permitir que el teniente apareciera ante la opinión pública como el “jefe” del malón, lo que los ponía a salvo de cualquier problema y les daba un vínculo directo con la STP.

En parte gracias a la ayuda oficial, los medios de comunicación prestaron gran atención a los maloneros, que a su paso por las diferentes localidades fueron cosechando más y más muestras de simpatía. En Tucumán, Córdoba y Rosario tuvieron muestras de solidaridad cada vez más multitudinarias. El paso por la pampa húmeda fue de una repercusión inesperada. Al llegar a Pergamino el 21 de julio el recibimiento fue apoteósico. En esa región, en la que todavía se recordaba el “Grito de Alcorta” de 1912, había fuertes sindicatos y ligas de arrendatarios. Tal como los kollas, aguardaban que Perón cumpliera la promesa de una reforma agraria. Si los kollas lograban su objetivo —pensaban— entonces se abría una posibilidad para que todos los sin tierra reclamaran las suyas. De hecho, antes de la llegada de los maloneros, una Sociedad de Arrendatarios e Hijos de Pequeños Propietarios Pro Reforma Agraria, había convocado a que se diera un recibimiento masivo a los indígenas. A Pergamino llegaron delegaciones de chacareros de Junín, Salto, Rojas, San Pedro, Baradero, Chacabuco, 9 de Julio y Chivilcoy. En nombre de las 60.000 personas que dijeron haber convocado ese día, la entidad se apresuró a enviar un telegrama a Perón pidiendo que se concedan las peticiones de los maloneros pero, de paso, solicitando mejoras para su propia situación. Por esos días evaluaron también la posibilidad de imitar a los kollas y organizar una gran marcha de chacareros sin tierra a Buenos Aires. Mientras tanto, la visibilidad que venía ganando el reclamo kolla había despertado expectativas también en otras naciones originarias. En su paso por San Antonio de Areco, los maloneros recibieron la visita de una delegación de caciques patagónicos encabezados por Jerónimo Maliqueo. El multitudinario acto público realizado allí se cerró con discursos en mapuche y en quechua y un abrazo entre los referentes de unos y otros que conmovió hasta las lágrimas a la multitud de chacareros presentes.

Los kollas, que no podían salir de su asombro, no imaginaban entonces que el éxito que habían obtenido sería su perdición. La pequeña caravana que Perón había imaginado como una brillante acción propagandística de pronto se había transformado en un masivo clamor, en el que comenzaban a aunarse no sólo los reclamos de otros pueblos originarios, sino también los de los criollos y “gringos” más pobres de la pampa húmeda. Y el problema era que Perón no tenía ninguna intención de expropiar latifundios en cumplimiento de sus promesas de campaña. Tras dos meses y medio de marcha, el 3 de agosto el Malón de la Paz finalmente arribó a la Capital. Perón invitó a una delegación a ingresar a la Casa Rosada, les prometió atender sus demandas y se abrazó con algunos de ellos frente a la multitud en el histórico balcón. Se trató de un símbolo inédito de reconocimiento: parecía que los pobladores originarios finalmente eran aceptados en la mesa nacional.

Pero los maloneros esperaron varios días sin que llegaran las buenas noticias sobre los títulos de propiedad que reclamaban. Poco a poco el tema fue desapareciendo de los diarios. Las autoridades intentaron convencer a los incómodos huéspedes para que volvieran a sus provincias a esperar allí la decisión de Perón. Pero ellos se negaron: no habían caminado 2000 kilómetros para irse con las manos vacías. Pronto los maloneros quedaron incomunicados: no se les permitía salir ni se autorizaba el ingreso de nadie al Hotel de Inmigrantes, donde irónicamente habían sido hospedados. Finalmente en la madrugada del 29 de agosto más de un centenar de efectivos policiales irrumpió en el Hotel obligando a los maloneros, gases lacrimógenos y golpiza mediante, a subir a un vagón de tren especial, cerrado, que los llevó de vuelta directo a la Puna. Como el asunto inevitablemente trascendió, Perón fingió no saber nada y designó una comisión investigadora para averiguar quién había dado la orden de mandar de vuelta a los kollas. La comisión nunca investigó nada y el asunto fue olvidado.

Aunque fracasó en sus objetivos, el Malón de la Paz se convertiría en uno de los primeros hitos del movimiento indigenista en la Argentina, al instalar por primera vez en la agenda pública los problemas de los pueblos originarios y al contribuir a la creación de lazos de solidaridad entre ellos. Sin embargo, en lo inmediato, la ilegal y violenta expulsión de los kollas de Buenos Aires y la invisibilización de su reclamo sentaron un precedente que pronto mostraría sus nefastas consecuencias. En octubre de 1947, en Formosa, el pueblo pilagá fue víctima de una de las peores masacres del siglo XX. En abril de ese año, como solían hacerlo siempre, miles de braceros pilagá habían caminado cientos de kilómetros hasta el ingenio El Tacabal en Salta —que también era propiedad de Patrón Costas—, donde les habían prometido pagarles seis pesos por día de trabajo. Pero al llegar les informaron que la paga sería de 2,50. Como insistieron y protestaron, fueron despedidos sin ninguna indemnización. Sin dinero para el tren, debieron emprender una penosa marcha de vuelta, otra vez caminando. Exhaustos, llegaron a una Formosa que además estaba golpeada por una severa sequía. El hambre no se hizo esperar y, sin saber qué hacer, varios miles se reunieron cerca del pueblo de Las Lomitas, donde pidieron ayuda a las autoridades. Exigieron también que Perón los visitara para ver la condición en la que vivían. El gobierno nacional pronto despachó desde Buenos Aires tres vagones con víveres, ropas y medicina. Pero el convoy quedó detenido en la ciudad de Formosa durante diez días, a la intemperie, sin ningún motivo. Al llegar a Las Lomitas, de la carga inicial sólo quedaba un vagón lleno y dos semivacíos; las ropas y medicinas habían desaparecido y la comida estaba ya putrefacta y enmohecida. A pesar de ello fue distribuida entre los famélicos pilagá, que sufrieron una intoxicación masiva que causó la muerte de unos cincuenta de ellos. Por el pueblo comenzó a circular el rumor de que los indignados indígenas se disponían a atacar a la población blanca. En respuesta al rumor, la Gendarmería formó un “cordón de seguridad” alrededor del campamento pilagá, transformándolo en un verdadero gueto rodeado de ametralladoras. En el atardecer del 10 de octubre, en ese paraje conocido como Rincón Bomba, uno de los referentes de los indígenas pidió hablar con el jefe del escuadrón a cargo. Concertado el encuentro, el cacique se acercó a la cita acompañado por una multitud que lo seguía. Gran parte eran mujeres y niños; avanzaban lentamente, portando carteles de Evita y de Perón. Sin motivo aparente (hay indicios de que fue planeado con premeditación), el contingente fue ametrallado por detrás. Más de 300 pilagá cayeron muertos allí mismo. Otros intentaron escapar, pero la Gendarmería organizó una verdadera cacería de sobrevivientes, persiguiéndolos durante kilómetros y dando muerte a otros 200. Cuando terminó la matanza, entre muertos y desaparecidos el número total de víctimas había llegado a unas 750, muchos de ellos niños, mujeres y ancianos. Todo indica que los gendarmes actuaron por orden de las autoridades locales y no del gobierno central. Sin embargo, el episodio fue ocultado a la opinión pública. Los periódicos colaboraron minimizando el incidente (reportaron “alrededor de 4 muertes”) y afirmando que los pilagá habían atacado Las Lomitas, lo que era falso. Perón nunca ordenó ninguna investigación por la masacre.

Un cambio profundo en la cultura política

A pesar de sus límites y ambivalencias, el peronismo trajo cambios muy profundos. El mayor poder de los trabajadores, la revancha de la cultura plebeya y la indocilidad generalizada afectaron de mil maneras la vida social. De pronto, había dejado de estar claro que alguien sin dinero, que trabajaba con sus manos y tenía la piel amarronada debiera aceptar su destino de paria sin chistar. Y por lo mismo, tampoco era ya tan claro que alguien de cultura y “buena presencia” fuera merecedor de más respeto por ese solo hecho. Gran parte de la furiosa reacción antiperonista tuvo que ver más con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías sociales habituales, que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico. De hecho, los que atacaban a Perón con más frecuencia aludían en sus críticas a cuestiones de “buena educación”, raciales o incluso morales y estéticas. El diario Crítica, por ejemplo, se quejó en 1945 por la plebe en las calles porteñas, un “atentado” contra “el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia”. Para el conservador Adolfo Mugica el país vivía como en una especie de “inmensa merienda de negros”. El nacionalista Juan Carulla coincidía: al contemplar las manifestaciones, “compuestas, en su gran mayoría, de mestizos y aún de indios”, lamentó que la Argentina “se negrea”. Tiempo después un dirigente radical acuñó la famosa expresión “aluvión zoológico” para referirse a ellos como si fueran animales. La catarata de desprecio contra las clases bajas en estos años fue tan enorme que nos recuerda la que la élite lanzó en el siglo XIX cuando se dispuso a “civilizar” el país. Y no es casual: en ambos casos el peligro inminente era el de la plebe actuando por fuera de los carriles “aceptables”.

Pero incluso las fuerzas políticas obreristas tuvieron manifestaciones similares. El periódico del Partido Socialista no se privó de aludir a la falta de “contenciones morales” de los que se manifestaron el 17 de octubre de 1945. Américo Ghioldi, uno de los dirigentes más importantes de ese partido, retomó la dicotomía sarmientina de “civilización o barbarie” para llamar a combatir esa “fuerza primitiva” que se había hecho visible. Hasta el Partido Comunista salió a descalificar a los “maleantes y hampones” del “malevaje peronista” que atentaban “contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la cultura”. Indudablemente, la presencia directa de la plebe haciendo política por su propia cuenta también cuestionaba el lugar de jerarquía de los dirigentes de esos partidos, que en muchos casos no eran trabajadores. Estos desplantes, sumados al apoyo que dieron a la Unión Democrática, produjeron un profundo cambio en las tradiciones políticas de las clases populares. La irrupción del peronismo estuvo acompañada de un divorcio perdurable que se produjo entre la izquierda y la masa trabajadora. En efecto, el caudal electoral del socialismo se desplomó abruptamente y el partido perdió prácticamente todo el arraigo que todavía tenía en el movimiento obrero. Aunque mucho más lentamente, el Partido Comunista también correría una suerte similar.

La irrupción del movimiento peronista, al hacer visible la presencia de lo plebeyo y politizarla de una manera tan particular, hizo explícito y evidente un hecho que la ideología dominante no quería reconocer: la nación, en verdad, estaba partida en dos. El peronismo instaló en la política argentina la idea de que el verdadero pueblo (y por ende la verdadera nación) eran sobre todo esos descamisados a los que muchos llamaban “cabecitas negras”. Para decirlo en otras palabras, el nuevo movimiento le imprimió a la idea de ciudadanía un particular contenido de clase. A partir de eso, las palabras “pueblo” y “nación” adquirieron una peligrosa ambigüedad: no alcanzaba con sólo pronunciarlas para que quede claro quién se podía sentir identificado con ellas. Desde entonces, por ejemplo, cualquier político que quisiera dirigirse a la mitad “decente” de la nación, se vio forzado a dejar en claro que, al hablar del “pueblo”, no se estaba refiriendo a esa plebe pobre, inculta y morena que ahora reclamaba ese nombre. Pero claro, esa aclaración no podía hacerse explícitamente: ningún político —al menos no los de los partidos principales— diría “cuando digo Pueblo me refiero sólo a la clase baja” ni tampoco “me refiero a la clase media y no a los pobres”. En cambio, la cultura política argentina, luego de la irrupción del peronismo, desarrolló modos indirectos e implícitos de definir a qué pueblo se le habla cuando se habla del “Pueblo”. Se trata de una especie de lenguaje en clave que suele confundir a los observadores desprevenidos.

En la cultura europea tradicional, existían dos identidades fundamentales —“izquierda” y “derecha”— que ayudaban a situar políticamente a las personas. Se suponía que alguien de izquierda tendía a estar más del lado de los trabajadores y los más humildes que alguien de derecha, que supuestamente se posicionaba más bien en la vereda de los empresarios y los ricos. Unos y otros tenían ciertas ideas y propuestas que los hacían identificables: se suponía que alguien de izquierda estaba a favor de mayores derechos sociales, igualdad entre las personas independientemente de su nacionalidad, la separación de la Iglesia y el Estado, impuestos a los ricos, etc., mientras que alguien de derecha abogaba por más nacionalismo, disciplina y seguridad, más prerrogativas individuales, una educación con valores religiosos o al menos más “tradicionales”, etc. Unos y otros podían presentarse como defensores del “Pueblo”. Pero todos entendían qué significaba eso para alguien de derecha y para alguien de izquierda.

La cultura política argentina, heredera de la europea, utilizó durante todo el siglo XX (y aún utiliza) el código izquierda/derecha para identificar las ideas y los programas de cada persona o partido. La irrupción del peronismo, sin embargo, causó una profunda interferencia en este modo de distinguir las inclinaciones políticas, ya que combinó el compromiso con los trabajadores y los más humildes típico de la izquierda con algunos elementos más propios de la derecha, como el nacionalismo, el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas y, sobre todo, una actitud hostil hacia todo lo que viniera de las tradiciones socialista y comunista. ¿El peronismo fue de izquierda o de derecha? La pregunta sigue generando polémicas hasta el día de hoy. Pero cualquiera sea la respuesta, desde que surgió ya no estuvo claro que alguien que está a favor de las ideas de izquierda esté también “con el pueblo” (es decir, con las masas plebeyas reales). Cuando en 1945 socialistas, comunistas y en general los grupos progresistas se aliaron a las clases altas para intentar detener el avance de Perón, se produjo un profundo quiebre. Para los trabajadores, ya no fue suficiente que alguien hablara de derechos sociales, de la clase obrera o del socialismo para considerarlo “de su lado”. Desde su punto de vista, eso podía ser poco más que un mero discurso, toda vez que, en los hechos, quienes se llenaban la boca de esas palabras terminaban alineándose con los más ricos y con los conservadores y tenían gestos de desprecio para con la “inculta” plebe. Por eso, el movimiento peronista desarrolló un código propio, alternativo al europeo, para identificar quién estaba de qué lado. Junto con las propuestas concretas que un político hiciera, importaba la utilización de un vocabulario particular, de una serie de símbolos y —más aún— de una verdadera estética. Así, a los que estaban “del lado del pueblo” se los podía reconocer primeramente por su adhesión al peronismo, por el uso que hacían de los emblemas partidarios y de la “marchita”, por su infaltable evocación de Evita y Perón pero, sobre todo, por ese estilo llano, sin pretensiones, emotivo y en ocasiones “chabacano” que solían tener los partidarios del nuevo movimiento. Se reconocía a un peronista, ante todo, por su desprejuicio para mezclarse y mostrarse con personas de estilo y apariencia plebeyos. En fin, la estética del peronismo, el modo en que aparecía públicamente, llegó a ser, a ojos de las masas, una forma tanto o más importante de identificar a aliados y enemigos que la distinción tradicional de izquierda y derecha. Porque quien hacía esa estética suya estaba diciendo mucho: a través de ella reconocía la existencia de la plebe y manifestaba su disposición a estar “con el pueblo”, incluso a riesgo de ser percibido como un “negro” por los antiperonistas. Y eso no era poco.

Los antiperonistas también prestaron mucha atención a los aspectos estéticos de la política. Todos hablaban del bienestar del pueblo, de los derechos de los trabajadores, de la nación. Pero más allá del lenguaje, el modo de aparecer públicamente servía para enviar señales para que los votantes comprendieran aquello que no podía decirse explícitamente. Tanto como las consignas y las propuestas de gobierno, quienes cultivaban un estilo de hablar y de vestir prolijo y urbano, los que se preocupaban por dar un aspecto educado y “racional” (antes que emotivo) y evitaban mostrarse con dirigentes de estilo populachero, estaban diciendo indirectamente que tenían poco que ver con la plebe insubordinada y que adherían al estilo y a los valores de la mitad “decente” de la nación. Ser “prolijo” y “educado” en un escenario también habitado por la política plebeya era toda una declaración de principios: se trataba de una manera sutil de negarle todo reconocimiento. Esta especie de lenguaje cifrado, repleto de claves y símbolos que ocupaban el lugar de lo que no se decía explícitamente, dominó desde entonces la política argentina (y en buena medida sigue estando hoy presente).

El movimiento peronista, como veremos, conservó a su modo muchas de las ideas y valores propios del movimiento obrero izquierdista de décadas previas. Aun cuando no siempre se expresaba en el lenguaje que habían difundido los marxistas o los anarquistas, el obrerismo clasista y el antagonismo respecto de ricos y oligarcas siguieron estando presentes. Los valores de la solidaridad y la disposición a la lucha contra la injusticia permanecieron. Puede que el sentimiento antiimperialista incluso se viera reforzado. Pero la impronta de Perón también aportó elementos nuevos. Por su influencia, el nacionalismo (y junto con él un aprecio mayor por el Estado) sin dudas adquirió un lugar más importante entre las clases populares. Lo mismo vale para el culto al líder y a la “lealtad” como valor, que vinieron con frecuencia acompañados de una noción “paternalista” de lo político, que imaginaba que ciertas mejoras obtenidas eran el fruto de una lucha o la satisfacción de un derecho, tanto como el producto de una dádiva que venía desde arriba y por la que era menester demostrar gratitud.

Los cambios en el movimiento obrero

Formar parte central del movimiento peronista le permitió al movimiento obrero expandir enormemente su alcance y su poder en la lucha por los derechos de los trabajadores. Tanto por el nuevo clima político que se vivía, como por el notable crecimiento del empleo que se produjo gracias a las políticas industrialistas de Perón, la clase trabajadora vivió el momento de mayor bienestar de su historia. La estrategia económica del gobierno consistía en la utilización de los recursos que venían de las exportaciones del sector rural para el desarrollo de la industria liviana en las ciudades. El plan buscaba sustituir las manufacturas que se importaban, por otras producidas localmente. Para ello se apuntó a fortalecer el mercado interno. Como en un círculo virtuoso —al menos así funcionó en los primeros años— los mejores ingresos de los trabajadores se traducían en más consumo, que alimentaba el crecimiento industrial (sobre todo de pequeñas y medianas empresas), que a su vez generaba más empleo y mejores salarios. Durante estos años el país experimentó el período de más rápida expansión industrial de su historia. Los salarios reales para trabajadores urbanos crecieron en un 60% entre 1945 y 1949, lo que les permitió acceder a algunos consumos que ya no eran los estrictamente necesarios para sobrevivir. La sociedad se volvió menos desigual: la proporción del ingreso total del país que quedó en manos de los asalariados pasó del 37% al 47% en 1950. El Estado además asumió un papel mucho más activo en la promoción del bienestar, lo que se reflejó en extensos planes de viviendas para trabajadores y el mejoramiento de los sistemas de salud pública. Las pensiones por edad o discapacidad experimentaron una expansión sin precedentes, al tiempo que el número de personas con cobertura de seguridad social pasó de 1,4 a 2,5 millones entre 1945 y 1950.

Las conquistas, sin embargo, no vinieron solas: fueron fruto de la lucha y la organización. Pero no es menos cierto, sin embargo, que la nueva alianza de los sindicatos con el Estado corporativo que intentaba poner en marcha Perón desempeñó un importante papel en la organización de la clase trabajadora. La expansión de los convenios colectivos por rama de actividad desde 1945 fue crucial en este sentido. Ya que dejó de ser posible conseguir nuevas mejoras peleando empresa por empresa, para posicionarse mejor en estas negociaciones era fundamental contar con sindicatos bien organizados. Esto estimuló la mayor sindicalización de los trabajadores. La cantidad de afiliados a entidades gremiales creció más del 370% entre 1945 y 1950. Entre los del sector industrial el porcentaje llegó al 512%. Una proporción mucho mayor de los trabajadores de cada rama formó parte desde entonces de su sindicato respectivo. Antes de 1943 sólo un 20% estaba sindicalizado; diez años más tarde lo estaba un 42,5%. Este crecimiento, el contacto más estrecho con el Estado y la represión selectiva de la que fueron víctimas los comunistas facilitaron la convergencia del movimiento bajo la CGT. Con el ingreso de nuevas entidades representativas de la mayoría de las ramas de actividad, hacia comienzos de 1945 la central alcanzó algo parecido a la unificación de todo el movimiento. Por entonces se percibió un cambio de gran importancia en su composición interna. Hasta 1945 el gremialismo del sector terciario era claramente el que lideraba el movimiento obrero; luego de esa fecha se afianzó paulatinamente el dominio de los sindicatos industriales.

El fortalecimiento del movimiento no sólo ayudó a conseguir mejoras salariales y beneficios sociales. La ola de huelgas que se desató tras la victoria de Perón en 1946 fue utilizada para imponer una amplia gama de nuevas normas y acuerdos que avanzaba por sobre la autoridad patronal en el lugar de trabajo. En general no asumieron la forma de leyes o disposiciones del Estado, sino que se incluyeron como parte de los convenios colectivos arrancados a los empresarios, que para 1948 ya reglaban las relaciones laborales en la mayor parte de las actividades en todo el territorio nacional. Entender este cambio resulta fundamental para comprender la historia del país en épocas posteriores. Antes de la irrupción del peronismo, los pocos convenios colectivos que se firmaban referían sólo a cuestiones como el monto de los salarios o el respeto de la duración de la jornada laboral y los períodos de descanso. Pero a partir de 1946 avanzaron también en la limitación del poder patronal en lo que respecta al uso, la organización y el disciplinamiento de la mano de obra. Los nuevos convenios, por ejemplo, establecían criterios de antigüedad y una compleja clasificación de tareas (habitualmente llamada “escalafón”) que aseguraba una remuneración igual para labores y antigüedades similares en toda una rama. Esto impedía a la patronal manejar la fuerza de trabajo a su antojo. Ya no podían, por ejemplo, castigar a un obrero poniéndolo a realizar un trabajo inferior al que indicaba su escalafón. Además, el escalafón suponía un sistema previsible de ascensos que restringía la libertad de contratar a cualquiera en cualquier momento. Las vacantes que surgieran en una empresa sólo podían ser cubiertas por personal “de afuera” una vez que se hubiera garantizado a los de adentro la posibilidad de probar sus aptitudes en una labor de mayor categoría. Por otro lado, los nuevos convenios solían regular también el uso de medidas punitivas como suspensiones y despidos y establecían que cualquier reincorporación de un trabajador cesanteado debía respetar su antigüedad. Asimismo, con frecuencia introducían beneficios adicionales: además de vacaciones y aguinaldos, impusieron asignaciones especiales por hijo en edad escolar, un sistema de licencias extraordinarias con goce de sueldo por exámenes, matrimonio, muerte de un familiar, etc., y otros beneficios. Aunque quizás el logro más significativo de estos años, visto en el largo plazo, fueron las “comisiones internas”, que en algunos casos ya existían desde mucho antes, pero que los trabajadores obligaron a la patronal a aceptar ahora en cada lugar de trabajo. Las comisiones, formadas por delegados electos para tal fin, funcionaban como vínculo permanente entre las estructuras sindicales y sus bases. Se ocupaban de seguir de cerca el cumplimiento de los acuerdos colectivos y constituían por eso un límite a la autoridad de patrones y supervisores. Las comisiones internas no estuvieron contempladas por la ley, sino que fueron reconocidas de hecho por la patronal, a regañadientes, en los convenios firmados luego de 1947; tres años después su presencia ya se había extendido a la mayoría de los sectores. Todos estos cambios fueron de enorme trascendencia, ya que significaban una profunda redistribución del poder en el lugar de trabajo.

El crecimiento del movimiento obrero, sin embargo, tuvo también sus costos. Los sindicatos se transformaron en grandes y complejas estructuras que, a pesar de la existencia de comisiones internas, se distanciaron cada vez más de la realidad de los trabajadores comunes. En los inicios del movimiento, a comienzos de siglo, las entidades gremiales agrupaban un pequeño número de afiliados; tenían pocos cargos oficiales, que siempre eran ocupados por obreros militantes que se destacaban en la lucha. Ninguno cobraba por ello un sueldo y habitualmente continuaban con su empleo habitual como modo de ganarse el pan. Órganos pequeños y de alcance local, los sindicatos de entonces permitían que los afiliados pudieran tener una participación directa en las decisiones y en la gestión. Pero el enorme crecimiento de la afiliación en los años cuarenta cambió profundamente la vida interna de la mayoría de las entidades. Todavía en 1943 la mayoría tenía menos de 15.000 afiliados. Para 1954 el panorama había cambiado y mucho: la mayor parte de los sindicatos tenía por entonces un promedio de más de 20.000 afiliados y había doce de ellos que superaban los 50.000. El tamaño, junto con la creciente complejidad de sus tareas, hizo indispensable la multiplicación de los cargos rentados no electivos para personas que se dedicaban a tareas administrativas. Además de sus funciones tradicionales, los sindicatos pasaron a ocuparse de gran variedad de cuestiones relativas al bienestar obrero, como la provisión de alimentos baratos, servicios turísticos y de sanidad, etc. Además, las complejas negociaciones colectivas requirieron un cuerpo de asesores legales y técnicos. En fin, una burocracia sindical más o menos extensa que comenzó a tener un peso propio en las decisiones internas. Los dirigentes —ahora una clase profesional que cumplía funciones de tiempo completo— se distanciaron cada vez más de la vida cotidiana de los trabajadores comunes. La democracia de base se volvió más bien la excepción. Síntomas del malestar de las bases respecto de lo que pasaría a conocerse como la “burocracia sindical” pronto se hicieron presentes.

Evita y los cambios en el lugar de las mujeres

El movimiento peronista también trajo cambios significativos en las relaciones de género, aunque tampoco en este rubro faltarían las ambivalencias. La participación política de las mujeres, especialmente de clases populares, se hizo evidente desde el primer momento. Fueron muchas las que fundaron centros cívicos femeninos para apoyar la candidatura de Perón en 1946 y ya hemos mencionado la osadía que significaba anunciar públicamente una adhesión “sin corpiño y sin calzón”. Por entonces todavía carecían del derecho al voto. En décadas previas había habido varias iniciativas para franquearles la participación, pero ninguna había llegado a nada. Los grupos feministas que reclamaban, entre otras cosas, por el sufragio, fueron muy activos, aunque nunca habían pasado de ser pequeños núcleos. Las anarquistas habían tenido en su momento un papel pionero en la denuncia de la opresión de género, pero nada les importaba menos que promover los derechos electorales. Las socialistas y comunistas habían sido, por el contrario, muy activas en este plano. Nada de esto, sin embargo, había logrado una llegada masiva a las mujeres de las clases populares, especialmente fuera de las grandes ciudades. Para la enorme mayoría, la política era un plano que seguían sintiendo totalmente ajeno.

El impulso de estos años a la participación masiva de las mujeres es incomprensible sin tener en cuenta el papel que le cupo a Evita. Desde el comienzo del mandato de Perón había asumido un interés por participar en el gobierno, muy poco habitual en las primeras damas. A mediados de 1946 dio sus primeros discursos públicos y pronto ocupó funciones que su marido había desempeñado anteriormente en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Su carrera desde entonces fue meteórica. En julio de 1948 organizó ella misma la Fundación Eva Perón, una estructura paraestatal de gran envergadura, con la que consiguió llevar ayuda social —desde remedios, anteojos y regalos para niños, hasta la construcción de escuelas, viviendas, hospitales y proveedurías— a los más humildes en todos los rincones del país. Ya por entonces el modo en que se presentaba a sí misma asumió rasgos distintivos. Por una parte, por sus propios orígenes humildes se identificó insistentemente con los más pobres, se transformó en la principal aliada de la CGT en el gobierno y fustigó a los opositores y a la “oligarquía” con más furia que el propio Perón. Pero, por la otra, se esforzó por quitar a su actuación toda connotación política: su figura fue asumiendo un halo maternal y espiritual, más ocupada por la asistencia del necesitado que en las cuestiones de lo que ella misma llamaba la “politiquería”.

A pesar de su discurso “antipolítico”, Evita venía desarrollando una intensa labor política en paralelo a su labor asistencial. A poco de ganadas las elecciones había establecido centros cívicos con su nombre y se convirtió en portavoz del reclamo por el voto femenino, que finalmente sería aprobado por ley en 1947. Dos años más tarde fundaría ella misma el Partido Peronista Femenino (PPF), la tercera “rama” autónoma que terminaría de conformar la peculiar estructura tripartita del justicialismo, que ya contaba con alas política y sindical. La nueva agrupación fue enteramente compuesta por mujeres y se mantuvo celosa de su independencia de género. A diferencia de las otras dos ramas, la construcción del PPF se realizó a partir de una penetración territorial organizada desde Buenos Aires y fuertemente centralizada en la figura de Evita, su presidenta y líder única. Así, ella seleccionó un conjunto de “delegadas” a las que envió a cada provincia con la misión de implantar Unidades Básicas (UB) femeninas y reclutar afiliadas. Las delegadas eran en general muchachas jóvenes, de sectores medios, cuidadosamente seleccionadas por su lealtad y por su “decencia” (ya que, como bien anticipó, la oposición se ocuparía de desacreditarlas atribuyéndoles rasgos de inmoralidad, especialmente de tipo sexual).

El crecimiento del PPF fue vertiginoso y para 1951 contaba con 3600 UB en todo el país, desde elegantes casonas en las ciudades, hasta humildes habitaciones de ranchos de adobe en caseríos rurales. En ellas desarrollaron actividades de todo tipo, desde campañas de alfabetización hasta adoctrinamiento político, pasando por eventos culturales y recreativos. El papel asistencial que pronto asumieron fue central, canalizando los pedidos de la población a la Fundación o al Estado. Su tarea proselitista fue en verdad muy exitosa, aunque nada fácil. Para atraer a las mujeres a la participación debieron vencer la enorme timidez y las prevenciones que tenían ellas mismas —especialmente las más pobres— a la hora de intervenir en un ámbito que se reconocía como masculino. En no pocas ocasiones debían enfrentar la oposición de padres y maridos. Por ello, en parte para sortear esos obstáculos y en parte por las propias ideas que orientaban al gobierno, no se convocó explícitamente a las mujeres a involucrarse en “política”, sino más bien en actividades “asistenciales”. Evita hizo todo lo posible para dejar en claro que ella se subordinaba al líder masculino y que las mujeres debían ser “instrumentos” de la política que él indicara. Pero aun así, bajo el rótulo y la concepción que fueren, el PPF significó la primera incursión masiva de las mujeres de clases populares en política.

Las primeras elecciones en las que participaron las mujeres serían las presidenciales de 1951. Para entonces, Evita comandaba una vasta estructura política que ella misma había creado y ostentaba los títulos de “abanderada de los humildes”, “puente de amor entre Perón y su pueblo” y “hada buena”, entre otros. No sería exagerado decir que se había transformado en una líder popular de la talla del propio presidente y una de las más destacadas del mundo. Su candidatura a la vicepresidencia parecía obvia: para ello trabajaba el PPF y así lo reclamaba la CGT. Perón, sin embargo, no se decidía. El célebre “Cabildo abierto” que organizó la central obrera el 22 de agosto de ese año aparecía como el momento de la definición. Más de un millón de personas se concentraron en la Avenida 9 de Julio. El PPF se ocupó de movilizar a miles de mujeres, que llegaron desde diversos puntos del país. Durante el acto, la figura de Evita eclipsó a la del propio Perón: en un diálogo que se continuó durante horas, le exigieron que aceptara la candidatura allí mismo. Evita intentó evadir la cuestión, pero como los manifestantes se negaban a retirarse sin una respuesta, terminó induciéndolos a creer que se postularía. Sin embargo, días más tarde anunció que declinaba competir por la vicepresidencia. Aunque nunca se conocieron las razones a ciencia cierta, es probable que este “renunciamiento” se debiera al malestar que causaba su figura entre las Fuerzas Armadas, un sector de las cuales había intentado realizar un golpe de Estado poco antes. En las elecciones, finalmente, Perón se impondría por un 62% de los votos, ganando en todas las provincias. Las mujeres lo votaron en un 64%, una proporción mayor a la de los varones que aseguró la victoria en distritos reñidos, como Capital. Aunque Evita había resignado la vicepresidencia, candidatas del PPF se aseguraron una buena cantidad de lugares en las listas para legisladores. Así, resultaron electas 23 diputadas, 6 senadoras y otras 77 representantes en las legislaturas provinciales. Era la primera vez que mujeres accedían a cargos de esa importancia y sólo disfrutaron de ese honor las peronistas: la UCR no postuló a nadie de sexo femenino, mientras que los otros partidos lo hicieron en posiciones en las que no tenían forma de resultar electas. El número de legisladoras que llegó a haber en 1955 fue incluso mayor, colocando a la Argentina por delante, en este aspecto, de la mayoría de los países más avanzados (tras la caída de Perón, la proporción de mujeres entre los legisladores sólo se igualaría en 1999 gracias a la Ley de Cupos).

La actividad de Evita y del gobierno dejaría una marca duradera en las relaciones de género en Argentina. Aunque el discurso oficial tuviera notas conservadoras que parecían reforzar los estereotipos tradicionales —la maternidad como deber, el papel “asistencial” antes que político, la obediencia al líder varón— no caben dudas de que la mera aparición de una dirigente como Evita y la participación de las mujeres en el movimiento debilitaron, al menos parcialmente, las pautas discriminatorias que imperaban hasta entonces. Aunque fuera percibida como una “madre”, la adhesión que despertó Evita entre personas de ambos sexos no dejaba de tener un contenido profundamente político que se encarnaba en el cuerpo de una mujer. Y eso no podía ser gratuito. Pero además, los años del peronismo significaron una afirmación de la mujer en otros aspectos. Por una parte, se igualaron los derechos de los hijos “ilegítimos” respecto de los concebidos en el seno de matrimonios legalmente constituidos, medida que reparaba un estigma y falta de protección que afectaban particularmente a mujeres y niños de las clases populares. Por la otra, hacia el final de su segundo mandato se hicieron avances conducentes a la legalización del divorcio vincular (una mejora que tras la caída de Perón, por presión de la Iglesia, quedaría trunca). En el terreno cultural también hubo algunas medidas de afirmación de las mujeres. Por ejemplo, la elección anual de una “Reina del Trabajo”, seleccionada entre las jóvenes trabajadoras más bellas, atacaba el antiguo prejuicio según el cual había algo reñido entre el trabajo y la feminidad. No en todos los ámbitos, sin embargo, se hicieron avances: en el movimiento obrero, las dirigentes de sexo femenino siguieron siendo la excepción.

Enferma de cáncer, Evita falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Las clases populares la lloraron sin fin. Su velatorio fue el más largo y masivo de la historia argentina: dos millones de personas se acercaron a saludar sus restos, en colas de más de treinta cuadras y esperando hasta diez horas. Parecía que la angustia no terminaría jamás. Pasada la despedida, en muchas UB y en cantidad de otros sitios se erigieron de manera espontánea pequeños altares con su retrato, iluminados por velas, frente a los cuales los más pobres se acostumbraron a rezarle o a pedirle cosas. El Vaticano recibió 26.000 cartas que solicitaban se la reconociera como santa, un pedido que la Iglesia nunca consideró. Es que el cariño que ella despertó entre las clases populares sólo se igualaba en intensidad al odio que por ella sentían los antiperonistas. Tras la caída de Perón, su cuerpo sería secuestrado por los militares y sometido a una larga y macabra manipulación; con ayuda de la Iglesia se lo mantendría oculto hasta 1971.

Las tensiones entre los objetivos de Perón
y las demandas populares

A pesar de sus logros innegables, las diferencias entre el proyecto político de Perón y las expectativas de las clases populares no tardaron en hacerse evidentes. Ya desde mediados de 1948 se venía notando una menor tolerancia para con las huelgas. El cambio de actitud de Perón respecto de las luchas obreras ha sido explicado muchas veces por el contexto de crisis económica que marcó el final de su primer mandato. Sin embargo, los primeros síntomas de esta nueva disposición se hicieron evidentes antes de que comenzaran las dificultades en la economía. En verdad, las huelgas no tenían cabida en la visión política de Perón. Toleradas inicialmente, durante una etapa “social” de reivindicación de los más postergados, se volvían incomprensibles dentro del orden corporativo armónico que aspiraba a presidir. Significativamente, entre las decenas de derechos sociales que fueron reconocidos por ley en estos años nunca se incluyó el derecho a huelga. Perón se proponía dejar atrás cuanto antes el período “social” de su revolución —como él la llamaba— para entrar en una fase “nacional” en la que cada corporación canalizaría perfectamente las políticas que indicara su gobierno. El tiempo de la lucha había terminado: se iniciaba para él el momento en que el país marcharía organizadamente, con el orden con el que marcha un ejército.

Cuando, a partir de 1949, la economía comenzara a mostrar serias dificultades, las tensiones de origen propias del movimiento peronista se mostrarían en toda su magnitud. La transferencia de recursos del campo a la ciudad había ido produciendo una caída en la producción agraria. Paralelamente, la creciente industria liviana necesitaba cada vez más insumos importados. Pero como no estaba todavía en condiciones de exportar, las divisas necesarias para esos insumos sólo podían seguir viniendo del sector rural. Al mismo tiempo, los niveles de inflación subían preocupantemente y con ellos, los síntomas de descontento. Luego de 1949 hubo una caída del poder adquisitivo de los salarios que revirtió en parte el importante ciclo ascendente anterior. Frente a esta situación, el gobierno adoptó una nueva estrategia en dos planos. En el económico, Perón lanzó su Segundo Plan Quinquenal, con un programa que privilegiaba la inversión, el agro y la industria pesada por sobre los objetivos de expansión del consumo y “justicia social” típicos de la primera presidencia. El plan significaba que habría una menor receptividad a las demandas de aumento salarial, acompañada de una exigencia de mayor productividad y disciplina laboral. El correlato político de este viraje fue una mayor presión hacia la “peronización” de la sociedad y un mayor autoritarismo.

Ya desde 1950 se vio un Perón más receptivo a las quejas y demandas de los empresarios. Ese año los dueños de frigoríficos presionaron por dar marcha atrás con los derechos concedidos a sus trabajadores y Perón los respaldó. La patronal aprovechó inmediatamente para producir despidos, lo que llevó a la Federación Gremial de los trabajadores de la carne a iniciar un plan de lucha que concluyó en mayo en una huelga general. El gobierno contraatacó declarando ilegal el paro y encarcelando a varios de sus dirigentes. El sindicato fue intervenido y la conducción desplazada por una nueva. Por la misma época hubo huelgas en otros gremios, algunas de ellas violentas y decretadas a espaldas de las conducciones sindicales de nivel nacional, que respondían a Perón.

En este contexto, la CGT acentuó su función disciplinaria a cuenta del Estado, interviniendo los sindicatos que se mostraban demasiado díscolos y reemplazando a sus referentes. En abril de 1950 la central reformó sus estatutos para dar validez legal a esa inédita facultad. La cláusula en cuestión se aprobó por un margen muy estrecho, lo que indica las resistencias que provocaba. La carta de principios del nuevo estatuto por primera vez hacía explícita la adhesión de la central a los postulados de la Doctrina Peronista, al tiempo que volvía la espalda a las tradiciones políticas que anteriormente habían orientado al gremialismo. Si bien esto puede interpretarse como un signo de la peronización final del movimiento obrero, el mismo estatuto se ocupó de mencionar también la “socialización de los medios de producción” como horizonte deseable, lo que indica la persistencia de visiones clasistas y diferentes a las de Perón (aunque más no fuera en el papel).

Las dificultades para controlar el malestar obrero no hicieron sino agudizarse. El año 1952 fue nefasto para las clases populares. La crisis alcanzó su peor pico, con una inflación récord del 38% anual y desabastecimiento de productos básicos. Para lidiar con la situación el gobierno puso en marcha un “Plan de Estabilización” que significó una marcha atrás respecto de la orientación económica previa. Los productores rurales fueron beneficiados con reducciones de impuestos y subsidios y se anunció un plan de facilidades para la radicación de capitales extranjeros en la industria. Al mismo tiempo las negociaciones colectivas se dieron por suspendidas, fijándose por decreto los índices salariales para los siguientes dos años, como modo de limitar los aumentos. En los hechos, el derecho de huelga fue ilegalizado. Durante el acto de conmemoración del 17 de octubre la multitud silbó a José Espejo, secretario general de la CGT y obediente servidor del gobierno. Desprestigiado ya no resultaba útil, por lo que pronto se produjeron su renuncia y la de otras autoridades de la central.

Apenas lo peor de la crisis fue quedando atrás, los trabajadores se lanzaron a recuperar el terreno perdido. En varias fábricas los delegados gremiales se las arreglaron para conseguir aumentos a pesar del congelamiento decretado por el gobierno y forzaron a sus sindicatos a convalidarlos. Este tipo de actividad enfureció a Perón, que en 1953 criticó fuertemente a las comisiones internas y les exigió que dejaran de actuar por su cuenta y se subordinaran a sus sindicatos. A pesar de estas advertencias, el año siguiente estuvo marcado por una explosión de conflictos laborales, lo que evidenciaba las limitaciones que tenía en gobierno a la hora de controlar el movimiento obrero. Cuando, en abril de 1954, se reabrieron las negociaciones colectivas, la brecha entre lo que reclamaban los sindicatos y lo que ofrecía la patronal se mostró difícil de saldar. Perón, que aspiraba a ganar las elecciones legislativas de ese año por una buena diferencia, intentó mantenerse al margen y dejar que obreros y empresarios resolvieran solos sus disputas. Muchos gremios consiguieron acuerdos más o menos favorables. Pero en otros, donde la patronal se mostró intransigente, los trabajadores obligaron a declarar la huelga.

En este contexto, incluso la central empresaria creada por el gobierno —la Confederación General Económica (CGE)— salió a exigir la restauración de la disciplina y la moderación de las demandas obreras. Durante 1954 se sumó a las críticas a las comisiones internas, por ser un obstáculo a organización “racional” de la producción. Haciéndose eco de las demandas patronales, en marzo de 1955 Perón convocó a un gran Congreso de la Productividad, con la idea de que los sindicatos llegaran a un acuerdo con los empresarios en el sentido de lo que éstos esperaban. El Congreso, sin embargo, resultó un fracaso total. La CGT —que participó del asunto a regañadientes— resistió exitosamente el avance patronal que buscaba cercenar derechos y conquistas para reinstalar una mayor disciplina. El fracaso era otra demostración de la capacidad del movimiento obrero para desafiar incluso las ordenes de Perón.

El dilema estaba planteado. Perón había tenido éxito a la hora de disolver la amenaza que significaba el comunismo y, en general, un movimiento obrero con autonomía política. Pero no había conseguido contener su capacidad de arrancarle mejoras económicas a la patronal o de resistir los intentos de volver a imponer a los trabajadores la disciplina y la sumisión. La de Perón y el movimiento obrero era una alianza incómoda, pero ninguna de las partes podía deshacerla. Acaso les habría convenido contar con un presidente que estuviera más claramente de su lado. Pero sin Perón en el gobierno, los trabajadores sabían que su movimiento se debilitaría y sus conquistas serían arrasadas. Perón, por su parte, se desesperaba por ampliar sus bases sociales de apoyo de modo de no depender únicamente del movimiento obrero, lo que le ataba las manos a la hora de tomar las medidas que él mismo deseaba implementar tanto como la patronal. Pero sus torpes intentos de ampliarla “peronizando” la educación o forzando a los sectores medios a afiliarse a entidades gremiales bajo su control no habían hecho más que reforzar el antiperonismo. Promediando su segundo mandato, Perón seguía dependiendo del movimiento obrero como único apoyo firme. En este callejón sin salida, el gobierno no logró llegar a la raíz de la crisis económica de modo de darle una solución de fondo. Debió contentarse con medidas paliativas que sólo postergaron sus peores efectos.

7. Las clases populares
y la política tras la caída de Perón

A medida que las complicaciones de su segundo gobierno se acumulaban, Perón fue adoptando un rumbo cada vez más autoritario, con la esperanza de desarmar cualquier posible oposición. Incapaces de derrotarlo por medios democráticos, los antiperonistas fueron asumiendo a su vez una disposición cada vez más violenta. En abril de 1953 militantes juveniles opositores colocaron bombas en ocasión de una manifestación obrera de apoyo a Perón, causando siete muertos y decenas de heridos. Enfurecidos, los manifestantes incendiaron el aristocrático Jockey Club y destruyeron sedes del radicalismo, el socialismo y los conservadores. A fines de 1954 una situación inesperada permitió el rearme de la coalición antiperonista. Siguiendo lineamientos del Vaticano, la Iglesia se había lanzado por entonces a promover agrupaciones profesionales y políticas de signo católico, algo que conspiraba contra la voluntad de Perón de ser el conductor único de la sociedad. El presidente reaccionó entonces con discursos contra la Iglesia y promoviendo leyes que iban en contra de sus intereses. La jerarquía eclesiástica llamó a la resistencia. En mayo de 1955 hubo enfervorizadas manifestaciones de católicos; por primera vez desde 1946 un movimiento político le disputaba la calle al peronismo. Los ánimos se caldearon cada vez más. El 11 de junio, para la festividad de Corpus Christi, una multitud inédita desbordó la catedral porteña y ocupó buena parte de la Plaza de Mayo. Una columna incluso se dirigió al Congreso apedreando y destruyendo edificios públicos y de diarios oficialistas al grito de “¡Muera Perón!” y “¡Viva Cristo Rey!”. Cinco días después se produjo por segunda vez un fallido intento de golpe de Estado, en el que los conspiradores de la Marina no vacilaron en utilizar sus aviones para bombardear a los partidarios del gobierno reunidos en Plaza de Mayo, dejando un saldo de más de 350 muertos. Como para muchos resultaba obvio que la manifestación de Corpus Christi formaba parte del plan militar, grupos peronistas incendiaron varias iglesias en represalia. La inédita quema de templos finalmente terminó de aglutinar a la totalidad del arco opositor: incluso políticos y agrupaciones estudiantiles tradicionalmente laicos y enfrentados con la Iglesia salieron en defensa del catolicismo ofendido. A principios de julio, Perón intentó poner paños fríos con palabras conciliadoras, pero ya era demasiado tarde. Ante la perspectiva de un inminente golpe de Estado la CGT realizó una manifestación multitudinaria a fines de agosto, en la que se cantó “¡La vida por Perón!”. Incluso se agitó la posibilidad de crear milicias populares para defender al gobierno (la propia Evita había comprado armas secretamente en 1951, previendo un escenario así). Pero Perón se ocupó de desactivar esta posibilidad llamando a la calma. Cuando el 16 de septiembre finalmente se produjo el golpe militar, Perón prefirió escapar al Paraguay sin ofrecer resistencia. A pesar de las promesas previas, la dirigencia de la CGT llamó inmediatamente a las bases a la tranquilidad. Así terminó el gobierno peronista. El movimiento, sin embargo, estaba lejos de haberse apagado.

La restauración del dominio de la élite
y el inicio de la Resistencia

La “Revolución Libertadora” —así la llamaron— tuvo un enorme nivel de apoyo por parte de la población civil. Las entidades patronales, la Iglesia y los principales partidos (incluyendo los radicales y socialistas) no sólo saludaron el golpe sino que también participaron en diversas instancias del gobierno de facto. También expresaron su beneplácito la mayor parte de las entidades representativas de los sectores medios, junto con los académicos y escritores más importantes. Pero eso no fue todo: un verdadero movimiento de masas inundó las calles en varias ocasiones para manifestar su apoyo a la Libertadora. Cientos de miles de antiperonistas asistieron a la jura del general Eduardo Lonardi, primer presidente del nuevo régimen (reemplazado dos meses después por el general Pedro Eugenio Aramburu, de orientación más liberal). En los dos años siguientes hubo otras manifestaciones de apoyo similares.

La revancha de clase que se estaba poniendo en marcha resultaba evidente. Durante el golpe, los llamados “comandos civiles” —grupos armados antiperonistas— habían ocupado varios locales sindicales, con el objetivo de reemplazar sus conducciones por gremialistas afines. A pesar de eso, inicialmente tanto la CGT como el Partido Peronista adoptaron una actitud conciliadora y llamaron a la calma. El propio Perón asumió inicialmente una actitud moderada. Las bases trabajadoras, sin embargo, no acataron tales intenciones pacificadoras. El mismo día del golpe gran cantidad de trabajadores resistió atrincherándose en varios centros fabriles y abandonando la producción. En Rosario se desató una verdadera rebelión durante una semana, reprimida por el Ejército al costo de varias víctimas (un diario local contabilizó 15 muertos y 55 heridos, pero otros testimonios hablan de un número mayor). Los tiroteos aislados contra las tropas fueron moneda corriente en diversos puntos del país. En las semanas siguientes se realizaron huelgas no autorizadas por la CGT y manifestaciones en barrios obreros que enfrentaron las tanquetas militares. El 17 de octubre en Tucumán hubo que enviar al Ejército casa por casa para obligar a los trabajadores a concurrir al trabajo. Las mujeres nos se quedaron atrás: además de estar junto con los varones en varias de estas acciones, protagonizaron algunas propias, como la manifestación en la que marcharon por Rosario levantándose las faldas y gritando “¡De estos vientres salen los hijos de Perón!”. Se inició así un largo período de intensas luchas que se conoce como la Resistencia Peronista.

En los primeros meses, muchos de los que participaron en la Resistencia esperaban poder impulsar complots cívico-militares para derrocar al gobierno de facto, aprovechando que Perón todavía tenía camaradas de armas que lo apreciaban (una estrategia que en verdad el propio Perón desaprobaba). Frente a la deserción de la dirigencia, se formaron “comandos peronistas”, pequeños grupos integrados especialmente por jóvenes, la mayoría de ellos trabajadores comunes sin demasiada experiencia de militancia previa. Se reunieron con frecuencia alrededor de la figura del delegado gremial o dirigente barrial. Actuaron espontáneamente en varias ciudades y pueblos del país, en general aislados unos de otros. Villa Jardín, por ejemplo, fue uno de los bastiones más fuertes de la Resistencia, no sólo por su lealtad a Perón sino también por la amenaza que significaban los planes de “erradicación” de villas de los militares, que motivaron la creación de la Unión Vecinal, la primera asociación que fundaron los villeros para defender su derecho a ocupar la tierra. En Villa Jardín se llevaban a cabo frecuentes reuniones clandestinas de activistas de la Resistencia, se distribuía propaganda y se fabricaban los famosos “caños” (artefactos explosivos de fabricación casera hechos con tubos metálicos, una tecnología heredada del movimiento anarquista de décadas anteriores). Desafiando la prohibición, los villeros exhibían retratos de Perón en sus casas o aprovechaban los partidos de fútbol para hacer sonar los bombos y cantar al ritmo de la marchita.

De las discusiones iniciales los diversos comandos de la Resistencia pronto pasaron a las pintadas y acciones directas. Organizados en células clandestinas, realizaron sabotajes y atentados con bombas, algunos de ellos de gran envergadura, especialmente dirigidos contra compañías petroleras, bancos, sedes policiales, usinas eléctricas, puentes y ocasionalmente contra casas de represores. Ninguna de estas acciones —algunas de las cuales recibieron apoyo financiero de sindicatos— dejó víctimas fatales. La actividad de los comandos no estuvo sólo dirigida contra el gobierno y la patronal: también intentaron incidir en la reorganización del justicialismo que, desde la salida de Perón, había pasado a tener la apariencia de una red laxa y descentralizada en la que cada grupo hacía lo que mejor le parecía. Algunas mujeres, además, intentaron reorganizar por su cuenta el Partido Peronista Femenino, algo que el líder desautorizó (en verdad ya desde la muerte de Evita le irritaba tener que lidiar con esas “gallináceas”, como las llamaba). Perón al principio alentó las acciones de los comandos, creyendo que podrían ser el motor de una gran insurrección que lo devolviera al poder, aunque también porque su presencia le permitía limitar la posibilidad de que dirigentes peronistas intentaran negociar por su cuenta con el gobierno. Como varias líneas y comandos intentaron conducir la resistencia, Perón se propuso organizarlos, enviando directivas desde el exilio y designando a John William Cooke como su “sucesor” y representante único en el país. Los comandos, sin embargo, no se subordinaron fácilmente. Cooke sólo alcanzó algo parecido a la conducción efectiva de la resistencia en 1957.

Algunos de estos comandos participaron estrechamente en el alzamiento militar liderado por el general Juan José Valle el 9 de junio de 1956. Advertido de la conspiración, Aramburu les tendió una trampa y frustró rápidamente la intentona. Por orden suya una treintena de los que participaron —incluyendo Valle— fueron fusilados sin juicio previo en diferentes sitios. El episodio más recordado de esta matanza fue el de los fusilamientos producidos durante la madrugada del 10 de junio en los basurales de José León Suárez. Hasta allí fueron transportadas en camiones doce personas, la mayoría de ellas obreros, apresados antes de que tuvieran tiempo de sumarse al alzamiento. La balacera acabó con la vida de cinco de ellos, mientras que los demás lograron escapar.

El fracaso de la conspiración hizo que la estrategia militar dejara de ser una opción. En adelante, la resistencia se valdría de métodos más familiares para las clases populares: la lucha gremial y política. Un buen ejemplo es el del Comando “17 de Octubre”, fundado en Tucumán por ex dirigentes sindicales, referentes barriales de zonas humildes (entre los que se destacaba Manuel Mena, que en su juventud había sido militante comunista) y miembros de la Juventud Peronista. El Comando desarrolló una intensa lucha clandestina, en la que las llamadas “tías” tuvieron un papel crucial. Mujeres de clase baja, algunas de ellas con militancia previa, brindaban refugio a los militantes en casas seguras o colaboraban en tareas riesgosas. El comando tucumano realizó una intensa y exitosa campaña a favor del voto en blanco en las elecciones de 1957 y 1958 antes de dar origen, como veremos pronto, a la primera experiencia guerrillera en la Argentina.

La lucha gremial también fue en aumento. Las ilusiones de la dirigencia sindical de convivir pacíficamente con el nuevo gobierno pronto se demostraron vanas. A poco de asumir Aramburu la CGT había sido intervenida, lo mismo que varios de los sindicatos que la componían. Se lanzó una persecución contra los dirigentes gremiales, muchos de los cuales quedaron detenidos. Se excluyó de la participación en la vida sindical a aquellos que hubiesen ocupado cargos luego de 1952. Un decreto prohibió incluso pronunciar los nombres de Perón y de Evita. En 1956 se avanzó con otras normas que suspendían la reglamentación laboral vigente, lo que, entre otras cosas, habilitaba la existencia de más de un sindicato por rama. La intención divisoria de esta decisión se reforzó con otra, que impedía la agremiación conjunta de los trabajadores manuales y no manuales de una misma industria. También se tomaron medidas que intentaban forzar un aumento en la productividad y avanzaban sobre las prerrogativas de las comisiones de fábrica. El objetivo era claro: se trataba de desperonizar los sindicatos y restaurar la disciplina laboral.

Estas medidas del gobierno, que se sumaban a las que venía tomando en el manejo de la economía y que golpeaban en el bolsillo de los asalariados, generaron gran malestar. En estos años se produjo una recomposición del movimiento obrero, con la aparición de una nueva camada de delegados de base y algunos dirigentes más combativos que los que se habían encumbrado en los últimos años del gobierno de Perón, más habituados a la prudencia y la sumisión. Como Aramburu no pudo eliminar de cuajo las comisiones internas, concibió el plan de institucionalizarlas y controlarlas mediante la elección de “representantes libres”. Pero las elecciones internas que así promovió no hicieron sino abrir las puertas para la aparición de esta nueva camada, que pronto demostró una disposición a la lucha y una conducta diferente de la que tenía la vieja burocracia sindical. Desde fines de 1955 y durante todo el año siguiente se multiplicaron las medidas de fuerza en fábricas y talleres. Los métodos fueron desde el tradicional paro y el trabajo a desgano, hasta actos más radicalizados de sabotaje y destrucción de máquinas y la frecuente detonación de “caños”. Durante este período y en los años por venir el movimiento obrero argentino daría además numerosas muestras de dos de sus características distintivas. Con frecuencia, las huelgas se convocaban no por reclamos propios, sino en solidaridad con luchas de otros trabajadores. Por otro lado, la solidaridad también quedaba de manifiesto en el apoyo que las medidas de fuerza a menudo recibían por parte de la población de los barrios circundantes, incluso de pequeños comerciantes y otras personas que no tenían relación directa con el conflicto.

Con la CGT intervenida y los viejos dirigentes fuera de escena, el nuevo activismo sindical de base fue ganando en experiencia organizativa. Ya en febrero de 1957 lograron articularse en una Comisión Intersindical, inicialmente promovida por los comunistas, pero que rápidamente atrajo diferentes gremios bajo conducción de peronistas. Las discusiones dentro de la nueva entidad fueron intensas, no sólo entre peronistas y comunistas, sino también entre los primeros, que distaban de tener criterios unificados. Ello no impidió que organizaran conjuntamente una manifestación de diez mil personas para el 1° de Mayo —la primera desde el golpe— ni que convocaran paros generales de gran nivel de acatamiento en junio y julio. En agosto, el gobierno convocó un congreso normalizador de la CGT, esperando poder desplazar a los peronistas de la conducción. Pero al ver que no lo conseguían lo dieron por clausurado. En esa ocasión quedó plasmada la división que había en el movimiento obrero. La facción controlada por dirigentes afines al gobierno (socialistas, radicales e independientes) se agrupó como las “32 Organizaciones Democráticas”. En la vereda opuesta quedaron conformadas las “62 Organizaciones”, mucho más representativa y con mayor peso entre los principales gremios. Allí estuvieron inicialmente tanto los peronistas como los comunistas, aunque poco después los 19 sindicatos comunistas se separaron, formando el Movimiento de Unidad Sindical Clasista. A pesar de estas divisiones, la creación de las 62 Organizaciones dotó al movimiento obrero de algo parecido a una conducción opositora unificada en el ámbito nacional. En sus primeros tiempos de existencia sus plenarios reflejaron el amplio nivel de democracia interna que habían recuperado los sindicatos en esos tiempos.

La experiencia de estos años de resistencia dejó una profunda huella en las ideas y en los sentimientos de los trabajadores. Algunos de los elementos de la ideología del propio Perón siguieron estando muy presentes, entre ellos el antiimperialismo y el nacionalismo económico, el reclamo por la “justicia social” y la idea de que el Estado debería actuar como garante de la armonía entre las clases. Pero los fuertes enfrentamientos de estos años reforzaron también otros elementos más clasistas, que apuntaban a la necesidad de la autonomía política de los trabajadores y los llenaban de odio por los “gorilas” —como se llamó a los antiperonistas— y los empresarios revanchistas. Y como los golpistas se llenaban la boca de civismo y democracia, pero no tenían empacho en manipular las leyes e instituciones a su antojo, también se expandió una disposición más bien antipolítica entre el bajo pueblo, acompañada de un cierto escepticismo respecto de la utilidad de las instituciones de la democracia. En lo que refiere a los sentimientos, se instaló desde entonces entre las clases populares una fuerte nostalgia por un pasado al que se recordaba cada vez más como una época mítica de felicidad y plenitud, presidida por la figura paternal y protectora de Perón.

Por lo demás, el renovado activismo del movimiento obrero complicó los planes de Aramburu. En 1957 había convocado a una convención para reformar la Constitución, para cuyas elecciones el peronismo fue proscrito. La Intersindical, en sintonía con lo que pedía Perón, hizo campaña por el voto en blanco, opción que resultó vencedora con casi un 25% de los sufragios. Poco después, la recomposición del movimiento permitió no sólo realizar medidas de fuerza más efectivas, sino también la formulación del Programa de La Falda, aprobado ese mismo año por delegaciones obreras de varias regiones del país. El Programa proponía medidas radicalizadas, como el “control estatal del comercio exterior”, la “liquidación de los monopolios extranjeros”, la “nacionalización de las fuentes naturales de energía”, la “expropiación del latifundio”, el “control obrero de la producción” y la unidad económica de Latinoamérica como forma de enfrentar el imperialismo. En este contexto, la dictadura se vio obligada a acelerar sus plazos y convocar a elecciones lo más pronto posible.

Apertura política limitada y desarrollismo:
los dilemas del movimiento obrero

Los comicios finalmente se fijaron para febrero de 1958; el peronismo no podría presentar candidatos. En ese contexto, el radical intransigente Arturo Frondizi inició negociaciones secretas con Perón y consiguió que el líder llamara a votarlo, a cambio de la promesa de un pronto levantamiento de la proscripción. El llamamiento, sin embargo, no convenció a todos. Muchos sectores del peronismo, especialmente los “comandos”, se negaron a acatar la orden y llamaron a votar en blanco. En las elecciones Frondizi finalmente triunfó gracias al apoyo que le dieron personas de diversas tendencias —incluyendo comunistas y sobre todo peronistas— pero el voto en blanco fue muy significativo, alcanzando el 8% en todo el país (y casi el 30% en lugares como Tucumán).

El gobierno de Frondizi estuvo orientado por el “desarrollismo”, una ideología que giraba alrededor de dos conceptos: “desarrollo” e “integración”. El primero refería a la necesidad de que el país saliera del atraso mediante un intensivo proceso de industrialización (especialmente en la industria pesada y básica) promovido por el Estado. Pero también era indispensable la atracción de grandes inversiones extranjeras. La idea de “integración” refería al tipo de sociedad a la que debía tenderse. Desde el punto de vista social, debía apuntarse a una mejor distribución de la riqueza. Desde el punto de vista político, la “integración” se lograría mediante un “movimiento nacional” que se apoyara en la “alianza de clases”. En tal alianza, los trabajadores tenían que tener un lugar central —aunque subordinado—, junto al empresariado y a los sectores medios. El peronismo era una realidad innegable que había que reconocer e integrar de alguna forma para poder poner en marcha el desarrollo nacional.

Los fuertes estímulos para las inversiones extranjeras dispuestos por Frondizi se tradujeron en la rápida radicación de numerosas multinacionales entre 1959 y 1962, principalmente norteamericanas, pero también británicas, alemanas y de otros países europeos. La mayor parte se dedicó a actividades petroquímicas, siderúrgicas y automotrices y se radicó en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba y en otras zonas urbanas. Las inversiones extranjeras alimentaron un fuerte crecimiento económico, que en 1960 y 1961 alcanzó el 8% anual. El nuevo impulso industrializador, sin embargo, tuvo un perfil diferente del que se había dado en tiempos de Perón: se inició en la rama fabril un notable proceso de concentración. En el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, en los veinte años que siguieron a la caída de Perón disminuyó la cantidad total de establecimientos industriales existentes. Sin embargo, el total de trabajadores que empleaban aumentó notoriamente, lo que habla de plantas de mayor tamaño y la desaparición de muchas de las que eran pequeñas y medianas.

La acción conjunta del Estado y del nuevo perfil de las empresas instaladas trajo mayores presiones para un aumento en la productividad. En estos años la patronal finalmente consiguió un incremento sensible en este sentido, tanto mediante la incorporación de tecnología, como por el disciplinamiento de la mano de obra. Los de Frondizi fueron tiempos de fuerte represión. El gobierno no dudó en quitar la personería a los sindicatos demasiado combativos y el derecho de huelga fue cercenado; los reclamos a menudo se suprimieron por la fuerza militar. De esta manera, en algunos convenios colectivos firmados a partir de 1960 finalmente la patronal consiguió forzar cláusulas que facilitaban la reestructuración de secciones y categorías dentro de cada empresa y permitían el pago de incentivos individuales, al tiempo que quitaban algunas facultades a las comisiones internas. Se generalizó en estos años en algunas ramas el empleo de personal “toma tiempos”, que recorría las plantas controlando a los obreros. Estas medidas fueron resistidas y no en todas partes pudieron implementarse. De cualquier manera, su efecto en el tiempo se hizo sentir en un empeoramiento en la distribución del ingreso: la proporción que quedó en manos de los asalariados llegó a caer, hacia 1960, al 38,5%.

El fuerte impulso a la industrialización generó cambios en la composición de la mano de obra y en la vida de las clases populares. Naturalmente, aumentó la proporción de los trabajadores que se empleaban en la rama fabril y, dentro de este conjunto, de aquellos que trabajaban en plantas de gran tamaño. El crecimiento de la economía requirió nuevo contingentes de asalariados. Esto, a su vez, se tradujo en una importante corriente de migración interna desde las zonas rurales o ciudades pequeñas del interior —especialmente de Santiago del Estero, Corrientes, San Luis y Entre Ríos— hacia los alrededores de algunos grandes centros urbanos. Los inmigrantes de países limítrofes también hicieron notar allí su presencia, especialmente los paraguayos, chilenos y bolivianos. Las grandes urbes no sólo crecieron: también se produjo un cambió notable en su paisaje, que en verdad ya había comenzado en tiempos de Perón. La población de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se mantuvo prácticamente en el mismo número. Sin embargo, el Gran Buenos Aires experimentó una expansión explosiva, que lo llevó de 1.700.000 habitantes en 1947 a casi 5.400.000 en 1970. En algunos de los distritos, como La Matanza, Florencio Varela o Moreno, la población se multiplicó por diez o más en ese mismo lapso. El patrón de residencia para las clases populares en esa región fue variado. Los barrios obreros se multiplicaron. Con frecuencia los propios trabajadores levantaron sus viviendas en lotes baratos o terrenos fiscales en zonas lindantes a sus fuentes de trabajo. En algunos casos, el Estado construyó viviendas económicas. La vida en los barrios así surgidos giró fuertemente en torno de la fábrica que empleaba a la mayoría de sus habitantes, que solían transportarse hacia ella a pie o en bicicleta y mantenían una relación de compañerismo como vecinos que era una prolongación de la que tenían en el trabajo. Este período se caracterizó también por la explosiva expansión de las villas de emergencia, que se multiplicaron al costado de las vías de comunicación o en los márgenes de ríos y arroyos.

Estos cambios no hicieron mucho por facilitar los problemas que enfrentaba Frondizi. Con la Resistencia a toda marcha, sus relaciones con el movimiento obrero tenían que ser muy cuidadosas. Su estrategia fue la de ganarse el beneplácito de la dirigencia sindical, como para evitar que fogoneara el activismo que venía de las bases. A tal efecto, a poco de asumir decretó un aumento salarial del 60% por sobre las convenciones, levantó las prohibiciones y persecuciones que pesaban sobre los antiguos gremialistas y promulgó una Ley de Asociaciones Profesionales que volvía a poner en pie el modelo de sindicalismo de tiempos de Perón. La nueva normativa incluyó cláusulas que beneficiaban particularmente a los dirigentes. Para empezar, reestableció el sindicato único por rama y abolió la representación de las minorías en los cargos sindicales, contribuyendo de ese modo a hacerle la vida más difícil a las listas opositoras que pretendieran disputar la conducción. Pero, más importante, estableció que los aportes de los trabajadores para sostener los sindicatos y las obras sociales serían compulsivos y automáticos: los empleadores tendrían la obligación de actuar como agentes de retención y transferirlos a las entidades gremiales, que de ese modo se aseguraban el manejo de una enorme masa de dinero. La nueva ley aseguraba así a la burocracia sindical una estabilidad y un poder incluso mayor que el que había tenido en tiempos de Perón. Naturalmente, eso reforzó su vocación de mantener buenas relaciones con el gobierno, que por la misma norma se había reservado la atribución de retirar la personería (y con ella todos los nuevos beneficios) a las entidades que se pasaran de la raya. No tardó mucho en evidenciarse la brecha creciente que se abría entre una dirigencia sindical cada vez más burocratizada y componedora y unas bases cada vez más dispuestas a la lucha.

Esa brecha se notó en el que fue uno de los conflictos más importantes de la década. A fines de 1958 Frondizi anunció un plan económico respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que consistía, entre otras cosas, en una severa devaluación del peso, el congelamiento de sueldos (cuyo valor real bajó un 20%) y el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Además, avanzaba en la intención de privatizar algunos organismos estatales, entre otros el frigorífico Lisandro de la Torre. Oponiéndose a esos planes, nueve mil operarios ocuparon el frigorífico en enero de 1959. En solidaridad con la medida, trabajadores fabriles y pequeños comerciantes de los barrios porteños lindantes al de Mataderos —donde se desarrollaba la toma—, paralizaron las tareas y marcharon por las calles. Pronto las 62 Organizaciones convocaron a un paro general por 48 horas (en verdad lo hicieron porque las bases habían comenzado a ir a la huelga espontáneamente). El 17 de enero el gobierno envió un gran operativo policial para poner fin a la ocupación, mientras la Infantería de la Marina imponía el control militar sobre varios barrios obreros. La situación dio lugar a fuertes enfrentamientos callejeros. Como los medios de comunicación difundieron noticias falsas para confundir y desanimar a los huelguistas, en algunos sitios se repartieron volantes advirtiendo a la población que “no hiciera caso a todo lo que se diga por la radio”. Llegada la situación a este punto, algunos dirigentes de las 62 Organizaciones, que nunca habían dejado de estar en contacto con el gobierno, dieron por terminado el paro de manera inconsulta. A pesar de que algunos sindicatos llamaron a desobedecer y continuar con la medida, el conflicto se fue apagando. En el propio frigorífico el cese de tareas prosiguió durante dos meses y medio, con fuerte apoyo del barrio, pese a lo cual la lucha concluyó en derrota. Durante 1959 hubo muchos otros conflictos en la misma tónica de violento enfrentamiento. Fue el año en que se produjo la mayor cantidad de días perdidos por huelgas. Frondizi respondió profundizando la derechización de su gobierno. Se manejó desde entonces con mano de hierro, decretando el estado de sitio cada vez que lo consideraba necesario, deteniendo gremialistas y enjuiciándolos bajo la órbita castrense y militarizando estaciones, depósitos y talleres ferroviarios. Mediante el “Plan Conintes” puso en manos de las Fuerzas Armadas la coordinación de las tareas de represión interna.

La burocracia sindical, sin embargo, no funcionó como un mero funcionariado al servicio del gobierno. Por el contrario, sabía que sus privilegios se mantendrían en tanto y en cuanto su papel de gerenciadora del conflicto obrero fuera valorado. Si la patronal y el gobierno dejaban de temer al activismo de las bases, entonces los burócratas se volvían innecesarios y perdían poder. Era fundamental conservar siempre viva la “amenaza obrera”, pero en un nivel de intensidad que pudieran mantener bajo control. Se trataba, entonces, de sostener un delicado equilibrio entre la presión y el compromiso, entre la amenaza y los buenos modales, entre el dar rienda suelta a la lucha y volver a ponerla en caja. Y por supuesto, eso requería tanto tener bien aceitados los canales de diálogo con los funcionarios estatales, como impedir por cualquier medio —incluyendo prácticas de intimidación cuasi mafiosas— que desde las bases surgieran desafíos a la autoridad de los sindicalistas. La burocracia pronto se hizo experta en este arte. Golpear primero, negociar después: esa fue desde entonces la estrategia fundamental que empleó el sindicalismo argentino. Se la conoce con el nombre de “vandorismo”, por quien fuera en los años sesenta su principal cultor, el metalúrgico Augusto Vandor, hombre fuerte de las 62 Organizaciones.

Luego del pico huelguístico de 1959 se produjo un declive en la conflictividad laboral. Esto se produjo en parte porque la burocracia estuvo menos dispuesta a motorizar nuevas acciones, ahora que ya había conseguido algo parecido a la normalización de la vida sindical y el fin de las intervenciones. Por otra parte, hubo desde entonces una fuerte ofensiva del gobierno, coherente y sostenida, que empleó sistemáticamente la fuerza militar contra los trabajadores. Sintiéndose apoyada desde arriba, la patronal asumió una nueva actitud de intransigencia frente a los reclamos. Las frecuentes derrotas de los movimientos huelguísticos luego de 1959 trajeron desmoralización y, con ella, menos disposición a embarcarse en luchas con final incierto. Aunque en 1960 todavía hubo un pico de acciones clandestinas (especialmente de atentados con bombas contra militares o compañías petroleras), pronto la represión las volvió mucho más infrecuentes.

Pero eso no significa que dejara de haber conflictos durante toda la década siguiente o que todos terminaran en derrotas. Por el contrario, siguió habiendo importantes huelgas, muchas de ellas declaradas a pesar de la oposición de la dirigencia sindical, que debió maniobrar constantemente para evitar ser desbordada. Un buen ejemplo es el del fuerte conflicto desatado en 1961 por los planes de Frondizi de privatizar partes del sistema ferroviario. Para contrarrestar la intensa resistencia de los trabajadores del riel, el gobierno organizó una feroz represión que obligó a los activistas de base a actuar desde la clandestinidad. En los pueblos que dependían del tren la lucha fue tenaz y se destacó por la colaboración de las mujeres y la solidaridad de toda la población. En la localidad santafecina de Laguna Paiva, por ejemplo, se produjo un fuerte enfrentamiento cuando, desafiando la huelga, algunas formaciones intentaron pasar por el retén que allí se había montado. Los trabajadores descarrilaron vagones para impedir el paso y las mujeres ayudaron repartiendo boletines de huelga e incendiando los trenes no autorizados. Algunos productores rurales de la zona se solidarizaron con los huelguistas, enviando leche gratuitamente y una conducta similar tuvieron los almaceneros y carniceros del pueblo. En diferentes partes del país las bases desarrollaban medidas similares. Además de la represión, el gobierno se valió entonces de campañas de prensa para confundir a la población, anunciando falsas treguas o el fin del conflicto. El cerco informativo fue tal, que desde algunos boletines de huelga debió llamarse a un boicot contra el diario Clarín: “Quememos los ejemplares de este diario en repudio simbólico y público hacia sus mentiras”. El conflicto finalmente concluyó con la firma de un convenio que por entonces se consideró una victoria, ya que logró frenar la avanzada privatizadora (aunque la patronal logró imponer algunas cláusulas que favorecían la “racionalización” y el control de la mano de obra).

Cumpliendo con los compromisos que había asumido con Perón, Frondizi autorizó al justicialismo a competir en las elecciones legislativas y provinciales de marzo de 1962. Con gran protagonismo de las estructuras sindicales, los peronistas armaron sus listas de candidatos y triunfaron en la mayoría de las provincias (aunque perdieron en Capital). El resultado precipitó un nuevo golpe de Estado. El 29 de marzo los militares derrocaron a Frondizi, reemplazándolo por el presidente provisional del Senado, José María Guido, al que acompañaba un gabinete decididamente “gorila”.

Con el fracaso del desarrollismo, la situación política volvía a foja cero. Las clases dominantes estaban tan divididas respecto de la cuestión crucial del momento —qué hacer con el peronismo— que dos facciones de las fuerzas armadas, los “Azules” y los “Colorados”, llegaron a enfrentarse militarmente entre sí en plena calle, ante la mirada atónita de la población civil. Ambos eran igualmente antiperonistas. Lo que las dividía era que, para los Colorados, el peronismo era un movimiento clasista que, por ello, abría las puertas al comunismo. Y ya que eso era así, llamaban a suprimirlo de manera implacable. Para los Azules, por el contrario, el peronismo, bien dirigido, podía ser una fuerza útil como bastión contra el avance del comunismo. Por ello llamaban a buscar la manera de integrarlo a la vida política, quitándole, por supuesto, sus aristas más subversivas.

Mientras las élites buscaban un rumbo, la situación económica empeoraba y la conflictividad obrera seguía alta. Además de los tradicionales paros, en 1962 se generalizó la toma de fábricas como forma de lucha. Como el método cuestionaba en los hechos el derecho de los propietarios a controlar lo que sucedía en sus propiedades, la patronal exigió reprimir sin contemplaciones. Por entonces comenzaron a utilizarse con más insistencia formas de terror dirigidas contra las bases del movimiento trabajador. Así, el 23 de agosto de 1962 el obrero metalúrgico Felipe Vallese, de 22 años, delegado de fábrica y miembro de la Juventud Peronista, fue secuestrado por la policía, torturado y hecho “desaparecer”, en lo que fue un anuncio del tipo de métodos que se harían comunes algunos años más tarde. Ello no fue obstáculo para la actitud “dialoguista” que había asumido parte de la dirigencia sindical. En conversaciones con los militares, Vandor consiguió que autorizaran la convocatoria a un congreso normalizador de la CGT en enero de 1963. El cónclave ratificó la hegemonía de las 62 Organizaciones: un hombre del vandorismo resultó electo para el cargo máximo. La central, unificada y peronista, volvía así a ocupar su lugar de liderazgo en el sindicalismo argentino. Acaso esta fue su época de mayor poder: Frondizi les había dado el monopolio de la representación sindical y el manejo de cuantiosos recursos económicos. Identificadas con un líder ausente, las entidades podían mantener un alto grado de independencia tanto respecto de éste como del Estado, gozando al mismo tiempo de las ventajas de ser vocero principal del movimiento peronista dentro del país. La debilidad e inestabilidad de los gobiernos le daba un amplio margen de maniobra y gran capacidad de presión.

La independencia que iban adquiriendo los vandoristas —cada vez menos preocupados por luchar por el regreso de Perón y más abocados a aumentar su propio poder— era algo que preocupaba al líder en el exilio. En verdad ya desde el golpe de 1955 se le había hecho patente el riesgo de lo que se llamó el “neoperonismo”. En efecto, apenas producido el derrocamiento algunos referentes o ex referentes del movimiento, como Juan Atilio Bramuglia en la provincia de Buenos Aires o Vicente Saadi en Catamarca, se habían lanzado a crear sus propios partidos, intentando capitalizar las lealtades peronistas más allá de la figura del líder. Poco después lo haría Felipe Sapag en Neuquén. En general se trató de partidos locales, más bien conservadores, que alcanzaron su mayor despliegue en regiones con poca presencia obrera. Ninguno perduró demasiado, salvo el poderoso Movimiento Popular Neuquino, que mantuvo a la familia Sapag al frente de la provincia casi sin interrupciones hasta la actualidad. Un “peronismo sin Perón”, naturalmente, no era una perspectiva que a éste le interesara: mantener el “verticalismo” dentro de su movimiento fue desde entonces una preocupación constante, algo que lo obligó a permanentes maniobras y negociaciones.

Tal preocupación tenía fuentes bien reales. Buscando ocupar el lugar del Partido Peronista proscrito, las 62 Organizaciones intentaron construir un Frente Nacional y Popular para presentarse a las elecciones de 1963, algo que Perón trató de evitar a toda costa. La idea finalmente se frustró y los sindicalistas se encolumnaron tras el mandato del líder de votar en blanco. Así, en las elecciones de julio de 1963 el radical “del Pueblo” Arturo Illia se convirtió en Presidente de la nación con apenas el 25,8% de los sufragios, una prueba rotunda del ascendente que mantenía el general en el exilio. Pero el fracaso del “Operativo Retorno”, por el que en 1964, manifestaciones y huelgas mediante, se intentó forzar la vuelta de Perón, volvió a inclinar la balanza a favor de la postura de Vandor, que buscaba reintegrar al justicialismo a la vida política con o sin su líder a la cabeza. Illia estaba desesperado por seducir a los peronistas para que aceptaran participar del juego electoral (esperaba descomprimir así la conflictividad interna). Los vandoristas no se hicieron rogar y aceptaron presentar candidatos propios bajo el nombre de Unión Popular en las elecciones del año siguiente, en las que obtuvieron el triunfo. Esto no hizo más que agravar las tensiones entre Vandor y Perón. En 1966 el segundo consiguió dividir a las 62 Organizaciones: diecinueve sindicatos, dirigidos por los gremialistas que le eran más fieles, fundaron entonces las “62 Organizaciones de pie junto a Perón”. Aliadas a grupos peronistas de la derecha nacionalista, intentaron desplazar a Vandor. El metalúrgico, sin embargo, se mantuvo firmemente al frente de la parte mayoritaria del movimiento obrero. Los tironeos constantes entre ambas figuras se alternaron con breves períodos de paz sostenidos en frágiles acuerdos. Como había sido el caso bajo su gobierno, Perón seguía sin poder controlar del todo al movimiento obrero (ahora ni siquiera a sus máximos dirigentes).

8. El giro a la izquierda

Mientras todo esto sucedía, sectores cada vez más amplios de la sociedad argentina iban adoptando posturas cada vez más izquierdistas. En todo el mundo los sesenta fueron años de renovado entusiasmo revolucionario y expectativas de cambios profundos. En Latinoamérica, las luchas por la liberación nacional se combinaron con intensos deseos de una vida más allá del capitalismo, dando a luz movimientos de inédito vigor. En 1959, lo que había comenzado con el accionar de un puñado de guerrilleros en un rincón rural de Cuba concluyó con la victoria de una inmensa revolución social que pronto se encaminó a la construcción del socialismo. Una ola de entusiasmo recorrió el continente: de pronto, derrotar a la burguesía y al imperialismo parecía una misión perfectamente posible y al alcance de la mano.

En Argentina, este giro a la izquierda se manifestó tanto en la revitalización de las ideas del marxismo como en el corrimiento de algunos sectores del peronismo hacia posturas más radicalizadas. El abismo que se había abierto entre ambas tradiciones políticas se volvió menos pronunciado, permitiendo una circulación de ideas y de militantes en un sentido y el otro. En esto colaboró el hecho de que la izquierda adoptara una disposición más “nacional-populista” por influjo de la Revolución cubana, rechazando al menos algunos de los dogmatismos que la habían caracterizado en el pasado. Pero los sucesos de Cuba también colaboraron para que algunos peronistas miraran con menos prejuicio las ideas marxistas. El propio John W. Cooke viajó a ese país en 1960 y llegó a la conclusión de que el combate contra el imperialismo requería la adopción de una postura más claramente anticapitalista. Por ello, concibió la idea de transformar al peronismo en un movimiento con una ideología revolucionaria que lo unificara más allá de la adhesión a Perón. Por ese camino —que desde 1958 lo alejó irremediablemente de quien poco antes lo había designado como su “sucesor”— Cooke terminaría apoyando la guerra de guerrillas como forma de lucha y el “socialismo nacional” como horizonte.

En el movimiento obrero, este proceso se evidenció, como veremos, en la aparición de programas y métodos de lucha y de organización que reflejaban una disposición cada vez más clasista y que, hacia fines de la década, permitieron que corrientes de izquierda no peronistas desplazaran a la burocracia sindical de la conducción de algunos gremios. También entre sectores no obreros, como observaremos más adelante, se dejó sentir la influencia de este nuevo clima de época. Pero además, numerosísimos contingentes de jóvenes de los sectores medios (o incluso altos) participaron en ese giro a la izquierda, sea acercándose al peronismo, sea uniéndose a algunas de las numerosas agrupaciones políticas y estudiantiles de orientación marxista que florecieron por entonces. Incluso si no optaban por lo primero, estos jóvenes cuestionaron muy fuertemente el desprecio por la plebe y el antiperonismo de sus padres (y también el de la izquierda tradicional) y experimentaron un irrefrenable deseo de reencontrarse con las clases populares. El giro a la izquierda abrió entonces nuevos canales de comunicación y solidaridad política entre el bajo pueblo y algunas porciones de los sectores medios. El reencuentro, sin embargo, no fue sencillo ni siempre posible.

Entre las nuevas organizaciones que participaron de este giro a la izquierda sólo unas pocas lograron cierto arraigo entre las clases populares, siempre precario. Las que más logros obtuvieron en este sentido fueron, naturalmente, las que se identificaron con el peronismo, formando el conglomerado que pronto se conocería como la “izquierda peronista”. Sus orígenes se remontan a los comandos de la resistencia, en especial los más cercanos a Cooke. Entre las que adoptaron una tendencia más radicalizada se notó desde muy temprano el protagonismo de los más jóvenes. Un buen ejemplo en este sentido es el de los Uturuncos, la primera organización guerrillera que surgió en el país. El Movimiento Peronista de Liberación-Ejército de Liberación Nacional (ese era su nombre oficial) fue creado en 1959 y actuó durante un año en el monte tucumano y en Santiago del Estero, antes de ser desarticulado. La pequeña organización había sido fundada a instancias del Comando “17 de Octubre”. Esperaban que un grupo armado actuando en la clandestinidad, incluso si era pequeño, ayudaría a desatar la insurrección generalizada en todo el país, que suponían inminente. Así, entre los jóvenes tucumanos que participaban en la resistencia reclutaron un primer grupo —apenas una decena— dispuestos a instalar un campamento en el monte. Entre ellos se destacó Juan Carlos Díaz, que se convirtió en “comandante” con apenas veintiún años. De baja estatura y moreno, Juan Carlos tenía un origen social bien modesto. Desde los 16 años trabajaba como obrero metalúrgico y tras quedar desempleado ingresó a la resistencia. Al alistarse para la guerrilla, eligió “comandante Uturunco” como su nombre de guerra, en referencia a los fieros “hombres-tigre” que, en las leyendas indígenas, se vengaban de las injusticias recibidas. Al trascender su nombre, la población llamó a todo el grupo “los Uturuncos”. El resto de los tucumanos del grupo inicial eran también de origen mayoritariamente trabajador y, por supuesto, peronistas. A ellos se sumaron luego algunos santiagüeños y porteños, algunos obreros, otros empleados, estudiantes o pequeños comerciantes. La gran mayoría tenía edades que iban de los 15 a los 20 años. Sus poquísimas acciones gozaron de simpatía en una parte de la población, no obstante lo cual nunca pasaron de ser un pequeño grupo. Su ideología era similar a la de otras agrupaciones de la resistencia: a pesar de la radicalidad de su lucha, mantenían los ideales nacionalistas y de conciliación de clases propios del peronismo. No eran de izquierda en sentido estricto, aunque algunas de sus demandas (como la reforma agraria) iban más allá de los límites de su ideología de origen. De hecho, varios de los participantes de Uturuncos viajarían a Cuba en 1962, invitados por el Che Guevara para discutir sus planes de iniciar un foco guerrillero en Argentina.

Por la misma época de los Uturuncos, otros jóvenes peronistas de origen trabajador se volcaron a organizar acciones armadas, esta vez en el espacio urbano. Es que, para algunos partícipes de la resistencia, la distancia entre los sabotajes y atentados y las tácticas más propiamente militares podía atravesarse de un solo paso. En 1957 Gustavo Rearte, un joven trabajador jabonero que había sobrevivido a los bombardeos del ’55 en Plaza de Mayo, había fundado la llamada “primera” Juventud Peronista (que en verdad fue la segunda, ya que investigaciones recientes mostraron que ya existía una cuando Perón todavía estaba en el gobierno). Aunque no había terminado el secundario, Rearte tenía una importante experiencia gremial y era un lector voraz. En 1960 comandó la primera acción armada de su agrupación, el asalto a una unidad militar para aprovisionarse de armas, por la que él y otros dirigentes terminaron presos. Armados o no, los numerosos grupos de la izquierda y de la juventud peronistas que surgieron entonces permanecieron como pequeñas expresiones más bien marginales, sin inserción social amplia, hasta fines de los años sesenta.

Eso mismo vale para los de orientación marxista. El Partido Comunista no fue ajeno al crecimiento de las simpatías por la izquierda y en las elecciones de 1959 duplicó la cantidad de votos respecto de los que había obtenido dos años antes. Sin embargo, como sólo conseguía reclutar militantes entre los sectores medios, se fue transformando paulatinamente en una fuerza predominantemente no trabajadora. Por su parte, las nuevas organizaciones surgidas en estos años no alcanzaron una influencia visible entre las clases populares. Las de la llamada “nueva izquierda” y los “trotskistas” —una línea disidente del comunismo internacional— no pasaron del nivel de grupúsculos sin peso político, mayoritariamente compuestos por jóvenes de sectores medios. Algunos grupos trotskistas heterodoxos, como Palabra Obrera —dirigido por Nahuel Moreno, un joven procedente de una familia de clase mediaalta— venían intentando la táctica del “entrismo”, consistente en ingresar al peronismo para ganarse la confianza de los trabajadores, pero no habían logrado resultados apreciables. Por su parte un minúsculo Ejército Guerrillero del Pueblo —la primera guerrilla guevarista, liderada por el periodista Jorge Masetti con el apoyo del Che Guevara desde el exterior— intentó aplicar sin éxito la estrategia del “foquismo”. Entre 1963 y 1964 se instalaron en una zona rural de Salta, con la esperanza de que ese “foco” inicial se fuera ampliando hasta transformarse en una revolución de alcance nacional, tal como había sucedido en Cuba. Es que, según se desprendía de las enseñanzas del Che, no era necesario esperar a que existieran condiciones maduras como para hacer la revolución: el mismo foco podía generarlas, despertando el entusiasmo de la población y demostrando que el Estado podía ser derrotado. Pero la incapacidad para generar el impacto esperado entre los lugareños fue minando rápidamente la moral de los jóvenes combatientes y la Gendarmería acabó con el EGP sin mayores dificultades. Con la fundación en 1968 de un Partido Comunista Revolucionario que adhería al “maoísmo” —otra línea del comunismo internacional que había rechazado el liderazgo soviético y ahora respondía a China— se completó el panorama de una izquierda marxista con renovado entusiasmo, pero fragmentada en varias líneas políticas que a su vez fueron dando origen a una miríada de pequeños grupos prácticamente sin ninguna inserción entre las clases populares.

Las cosas, sin embargo, cambiaron rápidamente a partir de fines de los sesenta, sobre todo gracias al impacto del Cordobazo de 1969, del que hablaremos más adelante. A partir de esos años las fuerzas de la izquierda —tanto las peronistas como algunas de las marxistas— comenzaron a engrosarse notoriamente por el ingreso de miles de jóvenes, especialmente de sectores medios. Las que más lo hicieron fueron las que proponían como método la lucha armada. Para fines de la década se habían formado ya más de quince organizaciones guerrilleras. Aunque en ellas participó un porcentaje ínfimo de la población, y aunque sus militantes fueron mayoritariamente de sectores medios, unas pocas lograron tener alguna inserción entre los trabajadores. Al menos en los años iniciales, sus acciones temerarias gozaron de una amplia simpatía. Una encuesta de fines de 1971 mostró que 45% de los interrogados en el Gran Buenos Aires aprobaba sus métodos, un porcentaje que trepaba hasta el 53% en otros sitios, como en Córdoba. Todavía en septiembre de 1973 otra encuesta mostró que el 30% de los estudiantes secundarios tenía una percepción positiva de los grupos armados, mientras que otro 22% manifestaba una mirada “tolerante”. De las agrupaciones guerrilleras, sólo cinco lograron tener cierta importancia, pero pronto fueron convergiendo en dos agrupamientos principales, uno peronista y el otro marxista: Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Montoneros se dio a conocer en 1970 con el secuestro y fusilamiento del general Aramburu, acción que les valió gran simpatía popular. Aunque se convertiría en la principal guerrilla peronista, la mayoría de sus fundadores no procedía ni de la izquierda ni del justicialismo, sino de agrupaciones estudiantiles católicas, algunas de extrema derecha. Más allá de que retomara en su nombre las luchas de los caudillos y los paisanos en el siglo XIX, no eran tampoco trabajadores, sino jóvenes de sectores medios, incluso altos. Desde sus posiciones nacionalistas iniciales habían ido virando hacia la izquierda peronista, con la que compartían la postura antiimperialista. En ese viraje fue decisiva la influencia de algunos curas como el padre Carlos Mugica, que pertenecían al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Este sector minoritario de la Iglesia, formado poco antes, venía señalando que la opción por los pobres que indicaba el evangelio debía traducirse en una firme condena al capitalismo y un acercamiento a los ideales socialistas (todo lo contrario a las posturas de la jerarquía eclesiástica).

Montoneros comenzó con unos pocos miembros, pero pronto experimentó un crecimiento explosivo. Convencidos de que en Argentina el “foquismo” no funcionaría, fueron una guerrilla totalmente urbana. Inicialmente sus acciones evitaron la violencia indiscriminada y el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden. Se dedicaron a realizar atentados contra empresas multinacionales y operaciones propagandísticas o para obtener armas. Desde 1972 tuvieron un fuerte entendimiento con la Juventud Peronista, que ese año finalmente había quedado conformada como una organización unificada pero que, a diferencia del grupo anterior que llevó ese nombre, era una agrupación principalmente estudiantil y barrial (antes que obrera). En los dos años siguientes lograrían hacer pie en los sectores populares mediante la creación de entidades que respondían a su mando, entre otras, las JP Regionales, el Movimiento de Villeros Peronistas, el Movimiento de Inquilinos Peronistas y la Juventud Trabajadora Peronista. Para entonces, las organizaciones de la “Tendencia Revolucionaria” —como se la conoció— ya eran capaces de movilizar a más de cien mil personas en las calles (aunque sólo una pequeña minoría eran combatientes armados). Así y todo, y aunque no carecieron de delegados gremiales y presencia en algunas luchas obreras, nunca lograron una inserción sindical que pudiera rivalizar con la de la burocracia.

La impronta estudiantil y de los sectores medios se hizo sentir tanto en Montoneros como en la JP. A pesar de que se reivindicaban peronistas, el conocimiento que tenían del mundo trabajador era más bien indirecto: tenían una tendencia a idealizar al movimiento peronista y a imaginar un Perón con vocación revolucionaria. Esa visión los llevó a subestimar el arraigo y el poder que tenía la burocracia como parte del movimiento sindical y la sólida alianza que con ellos tenía el líder. Del mismo modo, desoyeron la insistencia de Cooke sobre la necesidad de convertir al peronismo en un partido revolucionario ligado al movimiento obrero. Para ellos, todo lo que restaba por hacer era quitar de en medio a los gorilas y oligarcas que oprimían al pueblo y a los traidores que los dejaban hacerlo. Nada de lo que su propia organización no pudiera ocuparse por sí misma.

Aunque el ERP tuvo incluso menos inserción entre las clases populares que la guerrilla peronista, como ella también llegaría a lograr algún anclaje entre los trabajadores. La que se convertiría en la principal guerrilla marxista tuvo su origen en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado en 1965 por la fusión entre un pequeño grupo trotskista con un débil arraigo en algunas ciudades de la pampa húmeda y un grupo estudiantil de ideas nacionalistas e indigenistas con cierta presencia en el noroeste del país. Cuando en 1968 el PRT se dividió en dos, el grupo mayoritario —compuesto por unos 200 militantes— decidió orientarse hacia la lucha armada y, dos años después, dejó establecido el ERP. La pequeña organización crecería vertiginosamente a partir de 1973: los cálculos más optimistas estiman que dos años después, en su momento de mayor desarrollo, contaba con unos 5000 militantes y colaboradores (de los que un porcentaje muy pequeño estaba dedicado de lleno a la actividad armada). Entre aquellos, los de sexo femenino pueden haber llegado al 40%, un porcentaje muy notable que, sin embargo, no tuvo reflejo en el nivel de la dirigencia, que fue abrumadoramente masculina. Como los Montoneros, eran casi todos muy jóvenes. Pero a diferencia de ellos, el ERP fue una guerrilla urbana y rural. Aunque intentaron la estrategia “foquista” con un núcleo en el monte tucumano, no por ello negaron la importancia del trabajo de masas que les indicaba su formación marxista. Así, el PRT-ERP llegó a tener inserción en algunas fábricas de Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Santa Fe y entre los cañeros tucumanos. Fue haciendo pie allí tanto por la captación de obreros politizados como mediante la “proletarización” de algunos de sus militantes, a los que se indicaba cortar todo vínculo con su vida anterior para tomar un empleo como trabajador industrial, de modo de ir asimilándose a sus nuevos compañeros. Aunque hay testimonios de que, en lugar de simpatía, en muchos casos no hacían sino quedar en ridículo frente a los obreros —que los veían como “sapos de otro pozo”—, un porcentaje relevante (aunque nunca mayoritario) de los militantes del PRT-ERP en su momento de mayor desarrollo pertenecía a las clases populares. Hacia 1975 la organización contaba con células en unas 400 fábricas del Gran Buenos Aires. Los cuadros de su dirigencia máxima, sin embargo, fueron casi todos —como los de Montoneros— de sectores medios o altos.

Aunque tanto la izquierda peronista como la marxista encontraran dificultades para hacer pie entre las clases populares, el movimiento obrero fue experimentando ya en estos años su propio “giro a la izquierda”, a medida que el gobierno de Illia se demostraba incapaz de contener la caída en la producción y el aumento de la desocupación, que alcanzó el 10,6%. Como medida defensiva frente a las suspensiones y los despidos, entre 1963 y 1964 se generalizó la toma de fábricas como forma de lucha, pero ahora reteniendo a los gerentes como “rehenes”. Este tipo de medidas de gran radicalidad se extendió especialmente entre mecánicos, textiles, gráficos y metalúrgicos impulsadas por las bases, con frecuencia al margen de las cúpulas sindicales. Pero pronto la CGT las hizo propias. Tras la negativa de Illia de aceptar un pliego de reclamos que incluía medidas “políticas” como la nacionalización de los depósitos bancarios, romper relaciones con el FMI, la derogación de la legislación represiva, ajustes de sueldos, control de precios, etc., la central encaró un ambicioso plan de lucha. En mayo de 1964 puso en marcha un esquema de siete días de tomas de fábrica con rehenes, coordinado en todo el país. Cuando concluyó el plan de lucha, se habían ocupado once mil establecimientos y casi cuatro millones de obreros habían participado. Las acciones, organizadas en secreto para aprovechar el efecto sorpresa, demostraron un inédito nivel de planificación y de precisión. Así la CGT demostró su capacidad de capitalizar la experiencia que, desde 1962, las bases venían acumulando con las tomas espontáneas de las fábricas.

La radicalidad de estos métodos generó un efecto inesperado para la propia jerarquía sindical. Tras acciones de este tipo, la disciplina de la mano de obra quedaba profundamente quebrada. Durante las tomas los trabajadores se mantenían en estado de asamblea permanente. Las discusiones que allí se daban contribuyeron a politizar mucho más a los participantes. El enfrentamiento violento con las fuerzas del Estado ayudaba a radicalizar las posturas, al dejar al descubierto la asociación entre el aparato político y los intereses de la patronal. Así, a pesar de estar conducida por la burocracia vandorista, la magnitud de la lucha de estos años abría las puertas para la politización de los trabajadores hacia posturas más radicalizadas que, a su vez, los acercaban a las que tradicionalmente habían tenido los militantes izquierdistas y las listas minoritarias dentro de los sindicatos.

Acaso Perón haya contribuido también al giro a la izquierda que se hizo evidente en estos años. En varias oportunidades emitió declaraciones públicas que daban a entender que él favorecía las posturas más radicalizadas, incluso el “socialismo”. Pero Perón era cualquier cosa menos un izquierdista. Como buen estratega militar, animaba a los sectores de ese signo sólo para complicarle la vida a los vandoristas y neoperonistas que amenazaban su liderazgo. Muchos peronistas de base, sin embargo, se tomaron sus declaraciones al pie de la letra y creyeron genuinamente que “el viejo” se estaba corriendo a la izquierda.

Peronistas revolucionarios en el monte y en la ciudad, guerrilleros marxistas, jóvenes embelesados por los barbudos cubanos, obreros insubordinados y encima un líder en el exilio que parecía alentarlos a todos. Demasiado para los militares argentinos, que, después de haber derrocado a Frondizi por su supuesta ineficacia para combatir el “flagelo comunista” y para resolver el “problema” del peronismo, debieron sacar una vez más sus tanques a la calle para terminar con el gobierno de Illia. Pero este golpe de Estado estuvo precedido de un fenómeno novedoso. Como en sus últimos dos años —1965 y 1966— el radical había tomado medidas que afectaban las finanzas y los intereses de los gremialistas, la burocracia sindical se prestó a mantener “conversaciones” con los golpistas, como para allanarles el camino a cambio de un trato preferencial en la próxima dictadura.

De las puebladas al sindicalismo “clasista”

Desde la caída de Perón las clases dominantes no conseguían poner en marcha un proyecto político y económico coherente ni estabilizar la situación en ambos frentes. Para lograrlo, se les hacía cada vez más evidente que tenían que desactivar el movimiento obrero y alinearse todos tras un mismo programa de “modernización” económica. El golpe de Estado que el general Juan Carlos Onganía lideró el 28 de junio de 1966 se propuso resolver este impasse de una vez por todas. A diferencia de las dictaduras anteriores, Onganía declaró que se proponía gobernar por un largo tiempo, todo el que hiciera falta hasta reorganizar a fondo la república. Para ello no escatimó en medidas represivas: todas las expresiones de la vida política fueron prohibidas por tiempo indeterminado. Además del apoyo de la patronal, Onganía contó con el visto bueno de la Iglesia. Inicialmente también recibió el aval de Perón y de la jerarquía sindical.

A pesar de toda esta buena voluntad, los conflictos sindicales no tardaron en estallar, como medida defensiva frente a los planes de “racionalización” de la producción que puso en marcha la dictadura, que incluyeron despidos masivos. Los trabajadores del azúcar en Tucumán fueron los primeros en reaccionar, enfrentados con la intervención de ocho ingenios que se había decretado y que ellos resistieron mediante paros, sabotajes, ocupaciones e incendios de cañaverales. Todo ello no alcanzó para torcer el brazo al gobierno y a la patronal, que avanzaron con los despidos planeados. Los portuarios se vieron pronto en una situación similar. Como no contaron con el apoyo de la conducción del sindicato, los del puerto de Buenos Aires debieron actuar por su cuenta, organizándose en una Coordinadora de Comités de Resistencia de Barrios y Hoteles, que llegó a tener representación en cuarenta barrios. Se la conoció como “Intervillas”, ya que los comités que agrupaba eran principalmente de villas de emergencia, donde vivía la mayoría de los portuarios. Así sostuvieron una intensa protesta de dos meses, que sólo concluyó cuando la propia dirigencia del sindicato operó para desactivarla.

El malestar de los trabajadores se agravó con la designación de Adalbert Krieger Vasena al frente de la cartera económica, desde la que aplicó un plan antiinflacionario que incluyó el congelamiento de haberes, la devaluación del peso, recortes en el gasto público y aumentos de tarifas. El plan fue acompañado de renovadas facilidades para la instalación de empresas transnacionales. La CGT finalmente reaccionó lanzando un plan de lucha, pero éste fracasó rápidamente bajo la represión estatal, que esta vez incluyó la quita de la personería gremial a varios sindicatos y la suspensión de las negociaciones colectivas. En este nuevo escenario, las tácticas tradicionales del vandorismo entraron en crisis por su incapacidad de conseguir concesiones de un gobierno que hacía gala de su intransigencia. Así, la resistencia fue desplazándose a un nivel más focalizado, dentro de cada planta, organizada por las bases a menudo con independencia de la burocracia sindical. Las medidas de fuerza —paros y sabotajes— fueron en general breves y sorpresivas, en defensa frente a despidos y suspensiones y en contra de los intentos de aumentar el ritmo de trabajo violando derechos laborales. En estos meses florecieron nuevas formas de organización y de resistencia dentro de los lugares de trabajo, como las asambleas y comisiones agrupadas por sección, que en muchas oportunidades dejaron constituidas comisiones internas más combativas y nuevos cuerpos de delegados con una disposición más radicalizada.

El proceso que se venía dando en las bases finalmente llevó el “giro a la izquierda” al nivel de la conducción del movimiento obrero. En marzo de 1968 se produjo una división dentro de la CGT, con la creación de una “CGT de los Argentinos” que enfrentó a la burocracia con duras críticas por su actitud “dialoguista”. En la nueva central se agruparon algunos de los gremios más castigados por las políticas del gobierno, como el personal civil de la nación, los telefónicos, los ferroviarios y los trabajadores del azúcar. Conducida por Raimundo Ongaro —un dirigente de los gráficos cercano a la izquierda peronista— la CGTA adoptó un programa que trascendía las reivindicaciones meramente sectoriales para plantear propuestas políticas antidictatoriales, antiimperialistas y de transición al socialismo. Otra diferencia con la CGT oficial fue su disposición a tejer alianzas con sectores no obreros. Lograron atraer así a intelectuales, artistas, estudiantes y curas del tercer mundo y desarrollaron medidas de fuerza en vinculación con el movimiento estudiantil y con agrupaciones de izquierda.

El proceso de radicalización del movimiento obrero y de la sociedad en general experimentó un inesperado salto en intensidad a partir de 1969 con la entrada en escena de una novedosa forma de acción colectiva: las “puebladas”. Fueron movilizaciones masivas que incluyeron enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, alcanzando a veces el carácter de verdaderas rebeliones que pusieron en jaque a ciudades enteras. Lo característico de las puebladas es que involucraron en una misma lucha no sólo a los trabajadores, sino también a otros sectores de la población, especialmente los estudiantes universitarios y en menor medida los pequeños comerciantes, profesionales o simples vecinos y amas de casa. Los reclamos y motivos que desataron cada una fueron muy diversos, lo mismo que los sectores que las lideraron. Pero en general se trató de vastas reacciones contra la dictadura en las que, con frecuencia, se expresaron también antagonismos de clase y antiimperialistas. Las arbitrariedades del gobierno militar y los efectos de sus políticas económicas colaboraban para facilitar la articulación de los descontentos de cada grupo social y para dotarlos de un mínimo común denominador político —la oposición a la dictadura— junto al cual a veces se presentaron también programas o expectativas anticapitalistas.

Entre 1969 y 1973 hubo al menos quince puebladas de magnitud, a las que deberían sumarse algunos otros episodios menores. Todas tuvieron lugar en ciudades del interior del país. Las primeras, en mayo de aquel año, fueron el Correntinazo y el primer Rosariazo, iniciados por reclamos de estudiantes universitarios. Como si fuera la resonancia de un eco, otros “azos” le siguieron en Córdoba (que tuvo dos), en Tucumán (tres), un segundo en Rosario y otros en El Chocón, Chaco, Cipolletti, Casilda, General Roca, Mendoza y Trelew. En varios de ellos —como el Choconazo o el “Viborazo” cordobés de 1971— los que encendieron la mecha fueron los trabajadores, atrayendo luego el apoyo de otros grupos. Pero no siempre fueron obreros o estudiantes los que tuvieron la iniciativa o el liderazgo. En el Rocazo de julio de 1972, por ejemplo, las organizaciones gremiales no tuvieron un papel destacado, sobresaliendo en cambio la participación de una parte de la élite política, empresarial y profesional de la ciudad, la JP regional y algunas asociaciones barriales, todos unificados en su demanda de destitución del gobernador militar.

La pueblada de mayor magnitud fue por lejos el Cordobazo del 29 y 30 de mayo de 1969, que derivó en una verdadera insurrección popular. Los actores decisivos de esta gesta fueron los obreros de las automotrices y de la red de energía eléctrica, y los estudiantes. Los primeros venían acumulando motivos para el descontento. En Córdoba, la industria automotriz, aprovechando el apoyo del régimen represivo, había avanzado con las suspensiones y con recortes de salarios que llegaban a un 20%. Los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica también sufrieron deterioros similares en su condición laboral. Además, lejos de la burocracia sindical porteña, los sindicatos que nucleaban a ambos habían conseguido mantener un buen grado de autonomía y una mayor cercanía con las bases. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) local —liderado por el peronista de “línea dura” Elpidio Torres— se las había arreglado para retener el control de sus propios fondos y de las negociaciones colectivas en la provincia, lo que le aseguraba una importante independencia respecto de los dirigentes cegetistas que controlaban el gremio a nivel nacional, que carecían así de medios para “disciplinarlo”. Por ello mismo en Córdoba no existía una distancia tan grande entre dirigentes y dirigidos: en el gremio tenían un peso decisivo los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Algo parecido pasaba con el sindicato de Luz y Fuerza (LyF). Parte de la CGTA, tenía un tamaño relativamente pequeño y un protagonismo importante de trabajadores con formación técnica. Lo conducía Agustín Tosco, un marxista independiente de honestidad legendaria y un firme compromiso con la democracia interna. Aunque pertenecieran a centrales enfrentadas y estuvieran en manos de dirigentes de ideologías diferentes, ambos sindicatos mantenían en Córdoba relaciones cordiales.

Los estudiantes no tenían menos motivos para detestar la dictadura. Conformaban por entonces un 10% de los habitantes de la ciudad y estaban acostumbrados a disfrutar de la autonomía que habían sabido ganarse. Pero Onganía había puesto ahora la Universidad bajo férreo control del régimen. Las clases se suspendieron por un año, durante el cual se la “purgó” de elementos políticamente indeseables. Ya por entonces se notaba un proceso de radicalización animado por la presencia de militantes izquierdistas, tanto del ala peronista como de la marxista. Además, en 1968 se había realizado en la ciudad el primer congreso del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que contribuyó a radicalizar incluso a los que eran católicos. Además venía habiendo crecientes contactos y solidaridades entre las luchas obreras y estudiantiles, facilitados por la buena disposición de la CGTA en ese sentido.

En este caldo de cultivo sucedió el Cordobazo. Desde comienzos del mes los obreros venían desarrollando medidas de fuerza. El asesinato de un estudiante en una protesta en Corrientes a mediados de mayo desató una ola de malestar estudiantil en todo el país y Córdoba no fue la excepción. Ante la convocatoria a una huelga general decretada por ambas CGT para el día 29, representantes de SMATA, Luz y Fuerza y otros gremios, junto a estudiantes, decidieron marchar conjuntamente al centro de la ciudad. Así, durante la mañana del día señalado los obreros de la rama automotriz abandonaron sus puestos de trabajo y se concentraron para movilizarse según lo planeado. En su avance hacia el centro se les sumaron columnas de estudiantes. Pero la policía les bloqueó el paso, desatando la primera represión. Obligados a dispersarse por los barrios, notaron desde entonces lo que sería un rasgo distintivo del Cordobazo: los vecinos les demostraban su solidaridad saliendo a las calles o alcanzándoles elementos para defenderse de la policía. Cuando lograron reagruparse otra vez les cayó encima la represión, que esta vez se cobró la vida de un joven trabajador, Máximo Mena. Presa de la indignación, la columna cargó contra la policía y logró ponerla en retirada. De pronto, el centro de la ciudad había quedado liberado de presencia policial y lo que había empezado como una manifestación ordenada se transformó en una revuelta espontánea. Gente de los sectores medios, que hasta entonces miraba la acción desde los balcones, se lanzó a las calles en apoyo de los obreros y estudiantes. Para entonces se había sumado ya la columna de Luz y Fuerza y otros grupos estudiantiles, que venían avanzando desde la otra punta de la ciudad. Pasado el mediodía, la multitud rebelde ocupaba toda la parte oeste de Córdoba. Los dirigentes sindicales trataban de controlar la situación y trazar alguna estrategia, pero fueron totalmente desbordados; para entonces la revuelta ya era espontánea e incontrolable. Llegada la tarde, Agustín Tosco buscó organizar la resistencia haciéndose fuerte en el barrio Clínicas, bastión de los estudiantes, que seguían en las calles junto a los obreros y a muchos otros que no eran lo uno ni lo otro, pero se sumaron a la acción. En el Clínicas los rebeldes sumaban unos 50.000.

En vistas de la situación, el gobierno no dudó en enviar al Ejército. Para las seis de la tarde las tropas avanzaban hacia la zona de barricadas. Pero entonces hizo su aparición una nueva forma de resistencia: desde las terrazas, de pronto, se hicieron notar francotiradores que disparaban contra los militares. Eran unos pocos, militantes peronistas, marxistas e incluso de la UCR, mal armados; actuaban sin coordinación, cada uno por su cuenta. Así y todo fueron fundamentales para retrasar la marcha del Ejército. Desde la Semana Trágica que no se veía en la Argentina una insurrección de tal magnitud, con barricadas, francotiradores y enfrentamientos masivos. Poco después llegaron las organizaciones políticas, a las que los hechos habían tomado por sorpresa. La resistencia popular que impedía a las tropas lanzarse al asalto final fue tan enorme, que llevaría al general Elidoro Sánchez Lahoz, a cargo de la represión, a expresar una confesión de inusual franqueza: “Me pareció ser jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas: La gente tiraba de todo desde sus balcones y azoteas”. Para el amanecer del día 30 en el barrio Clínicas los rebeldes todavía resistían. Entonces, el Ejército lanzó su ofensiva final y logró retomar el control de la ciudad. El Cordobazo había terminado. El reporte oficial contó doce muertos, pero la cifra real puede haber llegado a los sesenta, con un número mucho mayor de heridos. Los principales dirigentes sindicales y decenas de manifestantes fueron a la cárcel, algunos con largas condenas. Pero la insurrección le costó inmediatamente el puesto al gobernador militar y le dejó a Onganía los días contados: un año después el orgulloso general sería forzado a renunciar por sus propios camaradas de armas.

De alguna manera, el Cordobazo fue una bisagra entre el período de la Resistencia y los tiempos del auge de la lucha armada que se abrieron luego de 1969. A diferencia de puebladas posteriores, no hubo en el Cordobazo elementos explícitamente anticapitalistas (aunque la destrucción selectiva de edificios de algunas empresas multinacionales indica al menos una conciencia antiimperialista). Tampoco exigió la multitud entonces el regreso de Perón. Se trató básicamente de una pueblada unificada en su rechazo a la dictadura. La penetración de ideas revolucionarias todavía no era muy visible entre la mayoría de los participantes. Pero incluso así, el Cordobazo llenó de entusiasmo a los jóvenes que por entonces se alistaron masivamente en las diversas organizaciones de izquierda que existían por todo el país. Y no era para menos: había demostrado que la acción popular podía golpear incluso una dictadura que parecía invencible. Aunque la gran mayoría de los que liberaron momentáneamente las calles de Córdoba en mayo del ’69 fueron peronistas, los grupos marxistas lo convirtieron en un hito propio. Para ellos, el Cordobazo demostraba la disposición de los obreros a la acción insurreccional y también que, llegado el caso, un no-peronista como Tosco podía convertirse en un dirigente crucial. Así, el 69 cordobés colaboró en la profundización del giro a la izquierda, inaugurando un nuevo período de luchas populares en el que la perspectiva del socialismo se situó en un plano central y el uso de la violencia para fines políticos ganó una nueva legitimidad.

Además, el Cordobazo contribuyó a profundizar el giro a la izquierda dentro del movimiento obrero. No casualmente fue en Córdoba donde se dio con mayor intensidad, luego de 1970, el fenómeno que se conoce como “sindicalismo clasista”. Sus ejemplos más claros fueron SITRAM y SITRAC, dos sindicatos creados a comienzos de los años sesenta en las plantas automotrices que las empresas Fiat-Concord y Fiat-Materfer tenían en aquella provincia. Ambas gremiales gemelas tenían una característica inédita para la tradición sindical argentina: eran sindicatos por empresa, antes que por oficio o por rama. De hecho, habían sido organizados a instancias de los propios empresarios, que esperaban debilitar así el poder de los sindicatos como SMATA y la UOM. En efecto, las comisiones directivas de cada fábrica fueron inicialmente dóciles instrumentos en manos de la patronal. Eso cambió, sin embargo, a partir de marzo de 1970, cuando las bases desplazaron a la directiva de SITRAC y poco después a la de SITRAM y en ambos sindicatos fueron elegidas nuevas comisiones de perfil “clasista”. Algunos de sus máximos dirigentes, como Gregorio Flores, no fueron peronistas sino personas ligadas a partidos de izquierda (aunque el propio Flores reconocía que sus compañeros lo votaban más por su honestidad personal y su disposición a la democracia y a la lucha que por sus ideas políticas). El clasismo reivindicaba la independencia de clase de los trabajadores y la lucha por el socialismo. Pero lo que lo distinguió fue especialmente el profundo cambio en las prácticas sindicales respecto de las entidades tradicionales. En efecto, garantizaron elecciones limpias y mecanismos de participación directa de las bases en todas las decisiones. Las asambleas de planta masivas fueron la norma, antes que la excepción, y se establecieron sistemas de rotación en los cargos gremiales y limitación de los que eran rentados. Eso los diferenció no sólo de la burocracia cegetista, sino incluso de la CGTA. Por la misma época, surgieron en varios gremios corrientes y agrupaciones sindicales de izquierda que alcanzaron predicamento en fábricas y lugares de trabajo, en algunos de las cuales consiguieron desplazar a las conducciones peronistas. Por todas partes se produjo un corte entre las conducciones burocratizadas de nivel nacional o provincial y las de tercer grado, que iban quedando en manos de referentes “clasistas” o más cercanos a las bases. Incluso la SMATA cordobesa quedó en 1972 bajo control de un dirigente como René Salamanca, de ideas maoístas. Las diferentes entidades y comisiones “clasistas” intentaron en 1971 crear una coordinación propia, pero su vida fue efímera.

La radicalización del movimiento obrero, que se sumaba así a la que venía ocurriendo dentro del peronismo en general y en la sociedad toda, aterrorizaba a la burocracia sindical y comenzó a preocupar al propio Perón. En junio de 1969 cayó asesinado Vandor, en un atentado que se adjudicó un grupo de la izquierda peronista. En los años siguientes los Montoneros acabarían con la vida de otros burócratas sindicales, a los que acusaban de traicionar a los trabajadores. Ante la nueva situación, Perón cerró filas con la CGT oficial. Ordenó la disolución de la CGTA y la reunificación del movimiento bajo la hegemonía de las 62 Organizaciones. Lorenzo Miguel y José Ignacio Rucci, líderes metalúrgicos y fieles discípulos de Vandor, asumieron el papel de dirigentes máximos. Pero eso no hizo que Perón se privara de seguir dosificando guiños hacia la izquierda en sus discursos, en los que llegó a prometer “un socialismo adaptado a las necesidades del país”.

Del movimiento villero a las Ligas Agrarias
y los pueblos originarios

Un proceso de radicalización similar se evidenció también en otros sectores de las clases populares. Los habitantes de las villas de emergencia protagonizaron sus propias formas de lucha, relacionadas con las pésimas condiciones de la vivienda y la falta de servicios. Entre 1955 y 1966 se había quintuplicado el número de villeros del conurbano bonaerense. Un estudio de 1963 reveló que existían 120 conglomerados, en los que residían más de 330.000 personas, poco menos de dos tercios de las cuales eran nacidas en Argentina (la presencia de inmigrantes de países limítrofes ya se hacía notar fuertemente). Las precarias casas allí levantadas albergaban en promedio entre cuatro y siete moradores, que vivían en absoluta carencia de servicios públicos y de condiciones elementales de salubridad, especialmente agravadas por causa del gran aumento en la contaminación de los ríos que se evidenció en estos años (a comienzos de la década de 1970 incluso debió prohibirse el ingreso de bañistas al Río de la Plata, al que se creía inmune por su enorme caudal). En general, sus habitantes tenían empleos menos estables que los de los barrios obreros, que complementaban con el cuentapropismo —los varones en la construcción, las mujeres en el servicio doméstico— o el cirujeo. Desde comienzos de la década del setenta también se hicieron notar las “tomas de tierra” que terminaban en la edificación de barrios precarios en terrenos fiscales o no aptos para viviendas. A diferencia de las villas, que se formaban por la llegada individual y paulatina de habitantes, las tomas eran acciones colectivas y planificadas, un ejercicio de autoorganización que con frecuencia se prolongaba en la formación de asociaciones para conseguir colectivamente un reconocimiento del Estado o para gestionar diferentes aspectos de la vida cotidiana (desde el trazado de calles y división de las parcelas, hasta la instalación de salas de primeros auxilios).

En tiempos de Frondizi algunas villas habían logrado algunas mejoras. En Villa Jardín, por ejemplo, gracias a la presión de la Junta Vecinal se rellenaron las últimas lagunas, aparecieron los primeros asfaltos y comenzó la instalación de las redes de agua y alumbrado. El golpe de Onganía trajo un nuevo impulso a la autoorganización, reforzado todavía más por efecto de la gran inundación que tapó literalmente la villa en 1967. Ese año lograron dejar constituida una Junta Coordinadora de Entidades de Bien Público que aglutinaba otras once organizaciones que actuaban en la zona (cuatro de ellas dentro de la propia Villa Jardín). Para comienzos de los años setenta, el activismo político en la villa ya era muy notable, con presencia de la JP, de los comunistas y los curas tercermundistas. Gracias a la organización consiguieron entonces mejoras notorias: los ranchos de chapa se transformaron en casas de material, mejoró el estado de los pasillos, las calles y el acceso al agua y la electricidad y finalmente se logró la antigua aspiración de tener un centro de salud propio.

Lo de Villa Jardín no era excepcional. En tiempos de la Libertadora y de Onganía, el Estado reaccionó con hostilidad frente al fenómeno de las villas, que para los militares merecía nada menos que políticas de “erradicación”. Para enfrentar esta amenaza, en 1958 algunas asociaciones de villas comenzaron a confluir en la Federación de Barrios y Villas de Emergencia, que poco después protagonizó manifestaciones de protesta. Aunque actuó hasta 1972, esta iniciativa, ligada al Partido Comunista, no logró entusiasmar a la mayoría de los villeros, que eran peronistas. Luego de ese año, la organización y activismo de este sector dieron un salto gracias a la creación de otras dos entidades de ese signo. El Frente Villero de Liberación Nacional, formado en febrero de 1973 con representación de los tres principales asentamientos porteños, demandó apoyo estatal para la construcción de barrios definitivos y casas en cuotas (tanto para argentinos como para extranjeros), la expropiación de las tierras ocupadas, la suspensión de los desalojos y la participación en el diseño de las políticas urbanas. Su crecimiento fue limitado por la aparición de una entidad rival formada meses después por iniciativa de la JP (que buscaba tener una organización villera que respondiera más directamente a sus intereses) y con el apoyo de los sacerdotes tercermundistas. El Movimiento Villero Peronista (MVP) surgido entonces se propuso participar directamente en el movimiento peronista de modo de imprimirle, como proponía la JP, un rumbo decididamente socialista. El MVP rápidamente conseguiría mejoras para los barrios, realizaría exitosas campañas de alfabetización y ganaría participación en las máximas instancias de decisión del nuevo gobierno peronista elegido ese año, lo que a su vez redundó en el reclutamiento acelerado de nuevos adeptos por la que pronto tuvo representatividad en buena parte del país.

En el ámbito rural, los campesinos y pequeños productores familiares protagonizaron formas de lucha y organización inéditas. El campo —el sector agrícola en particular— fue escenario de importantes cambios a partir de los años cincuenta. La profundización del capitalismo vino de la mano de un proceso de “descampesinización”, es decir, de desaparición de los productores familiares más pequeños con escasa capacidad de acumulación. Al contrario de lo que había sido la tendencia durante la primera mitad del siglo, la cantidad total de explotaciones decreció en todo el país. Las que sobrevivieron fueron en general de tamaño mediano o grande, que eran las que estaban en mejores condiciones de aprovechar los adelantos técnicos que iban favoreciendo un incremento en la productividad. La cantidad de arrendatarios disminuyó en relación con los que eran propietarios, pero no porque aquellos hubieran accedido a la propiedad (como solía ser en décadas anteriores en la pampa húmeda), sino sencillamente porque debían abandonar el campo para migrar a la ciudad para sobrevivir. Pero fueran o no propietarios, la regla general para los campesinos y pequeños productores familiares fue la desaparición o la supervivencia en condiciones muy precarias. Este proceso se vio favorecido por ciertas medidas del Estado, que canceló las políticas de protección de algunas economías regionales y, desde 1967, puso fin a las sucesivas prórrogas de los contratos que habían beneficiado durante años a los que arrendaban. En fin, la agricultura se volvió una actividad cada vez más reservada para granjeros y agricultores enfocados a la maximización de sus ganancias y requirió una creciente disponibilidad de capital. Como parte de este proceso, en las décadas de 1950 y 1960 se expandió el uso de pesticidas como el DDT, que no hicieron sino volver a las plagas más resistentes, iniciando un círculo vicioso por el que cada vez fueron necesarios venenos más potentes. Los efectos nocivos del DDT para el medioambiente y para la salud humana fueron tales que en 1974 debió prohibirse su uso (sólo para ser reemplazado por otros un poco menos tóxicos).

En este período, las luchas más importantes de campesinos y pequeños productores se dieron fuera de la región pampeana, precisamente en aquellas zonas en las que el avance de los “agronegocios” —como se los conocería más tarde— ponía en peligro la supervivencia de colonos y pequeños productores familiares. En ocasiones, estas luchas los conectaron con los reclamos de los trabajadores y con el clima izquierdista de la época. En Tucumán, la Unión de Cañeros Independientes —que desde comienzos de los años sesenta agrupó a los pequeños plantadores de caña— protagonizó importantes protestas en 1965-1966, antes de que Onganía les asestara su golpe fatal. En marzo de aquel año firmaron un pacto obrerocampesino con el sindicato de los trabajadores de la caña, con el que confluyeron en la demanda de expropiación del latifundio y de control obrero de la producción en los ingenios.

Pero, sin dudas, la novedad más importante del período fue la aparición de las Ligas Agrarias en el noreste, la zona del país con mayor presencia de pequeños (incluso minúsculos) productores. En esa región, el 1% de las explotaciones más grandes concentraba un 37% de la tierra, mientras que el 75% de las más pequeñas debía conformarse con apenas un 9%. Los antecedentes de las Ligas deben buscarse en un grupo de jóvenes perteneciente a la Acción Católica que, desde 1948, se abocó al trabajo misional en zonas rurales. A medida que fueron pasando los años, estos activistas se fueron convenciendo de que el trabajo espiritual haría pocos avances si no se mejoraban primero las penosas condiciones materiales en las que vivían colonos y campesinos. Por ese camino, el Movimiento Rural de la Acción Católica (MR) fue estrechando con ellos sus vínculos y en los años sesenta tuvo un papel decisivo en la formación de cooperativas para protegerlos de los abusos de latifundistas y acopiadores. Bajo la influencia de los sacerdotes tercermundistas y del clima de luchas de esos años, fueron convenciéndose cada vez más de la necesidad de encarar luchas reivindicativas, incluso a riesgo de alimentar la lucha de clases tan temida por la Iglesia.

Los primeros en dar ese salto fueron los chaqueños. Los pequeños productores algodoneros de esa provincia vivían una situación crítica. Los monopolios de comercialización venían arrinconando a las cooperativas, cuyas máquinas desmotadoras estaban quedando obsoletas. Con el 72% de la producción algodonera de la provincia en sus manos, a fines de los años sesenta decidieron rebajar drásticamente el precio que pagaban al productor por tonelada. Para empeorar la situación, se conoció por entonces el proyecto de entregar vastas extensiones de tierra cultivable a un consorcio de empresas norteamericanas ligadas a otras de la familia del general Alejandro Lanusse, que había ocupado la presidencia de facto de la Nación como hombre fuerte de la dictadura que había iniciado Onganía. El proyecto se traduciría en el desalojo de numerosos campesinos. Como la Federación Agraria (FAA) se mostraba reticente a ponerse al frente de la lucha, el MR puso manos a la obra y convocó, junto con las cooperativas, un gran “Cabildo Abierto” que tuvo lugar en la localidad de Sáenz Peña en noviembre de 1970. Los cuatro mil campesinos allí reunidos repudiaron a la FAA y dejaron constituidas las Ligas Agrarias Chaqueñas (LACh). Sus demandas centrales eran medidas antimonopolio, reparto de tierras, créditos accesibles, la fijación de precios mínimos para el algodón y, por supuesto, el fin del irritante proyecto empresarial/oficial. Osvaldo Lovey, de apenas de 21 años, miembro del MR, hijo de un productor de tamaño mediano y militancia peronista, fue su principal referente. La nueva entidad se organizó según un esquema de democracia interna que contrastaba con la burocratización típica de otras entidades gremiales. Cada colonia tomaría las decisiones fundamentales en asambleas de base, enviando sus representantes a Comités de Lucha Zonal y a la Comisión Coordinadora Central, que articulaba a todos en el espacio provincial.

Las LACh encararon una intensa lucha reivindicativa. En febrero organizaron una gran movilización, en la cual anunciaron que resistirían los intentos de desalojo y que enviarían comisiones a controlar los precios que se pagaba a los productores en los lugares de acopio (incluso amenazaron con incendiarlos si continuaban con las manipulaciones). Como la movilización coincidía con una huelga de trabajadores públicos, se declararon en solidaridad con sus hermanos de la ciudad. La fuerte represión policial que sufrieron ese día les permitió ver, mejor que ninguna explicación teórica, la connivencia entre el Estado y los intereses empresarios. A medida que el movimiento ganaba en organización y en solidez, sus reclamos se fueron radicalizando. Entre las demandas que agregaron estuvo la de la prohibición de la importación de fibra de algodón, el apoyo a las reivindicaciones de los pueblos indígenas y un repudio cada vez más abierto a la dictadura. En enero de 1972, reunieron a diez mil productores en una marcha sobre Resistencia y las primeras victorias, entre ellas el establecimiento de precios mínimos para el algodón por primera vez en la historia chaqueña. A partir de entonces las movilizaciones se multiplicaron. Como la prensa invariablemente se ponía del lado de los intereses empresarios, en una de ellas los colonos quemaron ejemplares de los principales diarios provinciales, en protesta por su constante hostilidad. La Iglesia, preocupada por los acontecimientos, terminó expulsando al MR del seno de la Acción Católica.

Para entonces ya habían surgido entidades hermanas en otras provincias del noreste, con las que las LACh coordinaron acciones. Hacia fines de 1972 se habían organizado Ligas Agrarias también en Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe; en conjunto agrupaban a unas 45.000 familias. En octubre de 1972 organizaron un gran paro de actividades por 48 horas, con un notable despliegue organizativo que incluyó piquetes de huelga, manifestaciones y cortes de ruta que desafiaron la militarización de la zona dispuesta por el gobierno de facto. La medida se extendió por todo el noreste. En solidaridad con los pequeños productores pararon también los maestros chaqueños y los comerciantes cerraron sus puertas. Las declaraciones de algunos de sus dirigentes dejaban ver el avance de una conciencia clasista y de un intenso deseo de confluencia con las luchas antiburocráticas y antigubernamentales de los obreros y los estudiantes. No se había registrado un activismo y combatividad tan intensos entre productores rurales desde el Grito de Alcorta de 1912. Pero, tal como sucedió en los movimientos urbanos, la proximidad de las elecciones de 1973 tensaría la vida interna de las Ligas, condicionando las formas de lucha elegidas y su oportunidad. En el Movimiento Agrario Misionero (MAM) el alineamiento de un sector con la izquierda peronista generó tensiones con otro sector que exigía permanecer fieles al “apoliticismo” inicial. En parte estas tensiones políticas estaban atravesadas por otras de tipo étnico: los más “gringos” (descendientes de alemanes, eslavos, noruegos, suecos), tendían a recelar de aquellos a los que se llamaba “criollos” (agricultores de origen español, italiano, paraguayo, brasileño y correntino, entre otros), a quienes reprochaban su identificación con los “trabajadores” y su supuesta afinidad con el peronismo, el partido de los “negros”.

Los pueblos originarios no permanecieron al margen del clima de fervor reivindicativo y sueños de liberación que marcó estos años. A ellos también los embargó en su torbellino. La reivindicación del legado indígena que fue parte de la cultura de afirmación nacional y popular de la época no podía sino atraerlos. Así, en 1970 un grupo de personas de esa ascendencia creó en Buenos Aires una Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la Argentina. Casi al mismo tiempo, los mapuches hicieron lo propio en Neuquén, donde dejaron organizada la Confederación Indígena Neuquina. Respondiendo al mismo impulso, los tobas y los wichis crearían poco después la Federación Indígena del Chaco. En 1972 se convocó en Neuquén el primer Parlamento Indígena Nacional, con representantes de siete provincias, que marcó un punto de inflexión en la politización y articulación de los reclamos de diversos pueblos originarios. Todavía en 1975, activistas de base urbana organizaron la Asociación Indígena de la República Argentina, que pronto conectó las luchas de los pueblos que viven en el territorio que hoy ocupa el Estado argentino con las de otras naciones originarias del continente y del mundo. Aunque algunas de estas iniciativas fueron inicialmente patrocinadas por personas de clase alta o por gobiernos provinciales, pronto habilitaron una dinámica que terminó sentando las bases de los reclamos de reconocimiento jurídico de las comunidades, propiedad de la tierra, afirmación cultural, derechos históricos y mejores condiciones laborales que animarían el movimiento en los años por venir.

El protagonismo juvenil y los cambios en la cultura popular

El “giro a la izquierda” estuvo íntimamente relacionado con un fenómeno inédito que se hizo notar en estos años: la aparición de una profunda ruptura generacional. Por supuesto, siempre había habido conflictos entre jóvenes y viejos. Pero los jóvenes irrumpieron ahora en la vida pública desarrollando una cultura propia que, por primera vez, rechazaba radicalmente muchos de los valores y costumbres de los mayores. Así, el conflicto de clase que enfrentaba a las clases populares con los poderosos, se superpuso con una creciente discordia entre los “pibes” y un mundo “adulto” que les resultaba cada vez más ajeno e intolerable. La revuelta juvenil se combinó con las luchas sociales de formas complejas y variadas. En algunos aspectos evolucionaron por carriles independientes o incluso en conflicto. Pero más habitual fue que se potenciaran mutuamente. Para muchos de los jóvenes de ideas izquierdistas que en estos años se lanzaron a participar en la vida política, el futuro anhelado aparecía no sólo como un mundo sin capitalistas, imperialismo y represión, sino también como la promesa de una vida más auténtica, libre, espontánea, desprejuiciada y creativa que la que les esperaba si seguían el camino de sus padres.

Como muestra una investigación de Valeria Manzano todavía inédita, varios factores confluyeron para poner en marcha la revuelta juvenil. Por un lado, algo similar se venía dando en los años sesenta en Estados Unidos, en Europa y en otros sitios; la inquietud de los jóvenes fue un fenómeno internacional. Incluso el protagonismo estudiantil en las puebladas de 1969 —el momento en que los jóvenes se hicieron visibles por primera vez como actor político— evocaba asociaciones inevitables con movimientos similares acontecidos pocos meses antes en París, México o Praga. Por otra parte, factores internos colaboraron con el contagio. Uno de ellos fue sin dudas la rápida expansión de la educación secundaria. Mientras que en 1940-41 sólo un 23,1% de los que terminaban la primaria comenzaba a estudiar en el siguiente nivel, para 1965-66 el porcentaje había trepado a 74%. No sólo accedió al secundario la mayoría de los adolescentes de sectores medios, sino también una buena proporción de los de las franjas mejor situadas de las clases populares (incluyendo muchas mujeres). Para los que eran primera generación con estudios secundarios, las mayores credenciales educativas sin duda permitían renegociar cómo se ejercía la autoridad en el plano familiar. Por otra parte, el sistema educativo argentino —en el que las escuelas privadas todavía ocupaban un lugar muy menor— favoreció el contacto de los jóvenes de clases populares con los de sectores medios y, con ello, la circulación de la nueva cultura juvenil desbordando barreras de clase. Finalmente, es posible que las apelaciones que venían desde el mundo de la política contribuyeran también a dar a luz a “la juventud” como un grupo con características distintivas. El propio Perón estimuló desde muy temprano el protagonismo de los jóvenes: desde mediados de los años sesenta insistió sobre la urgencia de un “trasvasamiento generacional” que aportara “sangre nueva”. El modo en que presentó las diferencias políticas dentro del movimiento como una querella generacional sin dudas colaboró en la aparición de la juventud como un actor social diferenciado y con derecho a disputarle la autoridad a los mayores.

Pero incluso si no tenían una militancia específica, miles de jóvenes participaron de un vertiginoso proceso de cambio cultural que, lo quisieran o no, tenía consecuencias en el mundo de la política, ya que ponía en cuestión diversas formas de ejercicio de la autoridad, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública. Los indicios de ese cambio se hicieron notar de múltiples maneras. Desde los años sesenta, por ejemplo, se percibió en los estudiantes una evidente pérdida de interés por los contenidos que se enseñaban en la escuela, con el consiguiente cuestionamiento de la autoridad de docentes y directivos. Por entonces los jóvenes pusieron también en cuestión algunas de las pautas de moralidad y las costumbres sexuales de sus padres. Luego de 1960 las relaciones entre varones y mujeres jóvenes fueron asumiendo un estilo más relajado y en alguna medida más igualitario, alejándose así de las estrictas pautas de represión sexual y subordinación de las mujeres que, aunque más pronunciadas en el mundo de las clases altas y medias, también habían penetrado en las clases populares. La virginidad fue dejando de ser una “virtud” indispensable para las mujeres casaderas y las uniones de hecho y los hijos extramatrimoniales (que siempre habían sido una realidad palpable entre los más pobres) se hicieron más frecuentes y perdieron algo de su carga estigmatizadora. Aunque el ataque y el desprecio a las minorías sexuales siguieron siendo la norma, el cuestionamiento de la moral tradicional en estos años fue tal que incluso hizo lugar a la aparición de Nuestro Mundo, una organización de homosexuales en defensa contra la discriminación, la primera de América Latina. Creada en 1968 por un pequeño grupo de trabajadores con experiencia sindical —entre los que se destacaba Héctor Anabitarte, dirigente del gremio postal expulsado del Partido Comunista por su orientación sexual—, confluyó luego con un grupo de intelectuales en el Frente de Liberación Homosexual, fundado en 1971. Como parte del “giro a la izquierda”, el FLH propuso la libre opción sexual como uno de los objetivos ineludibles de la revolución por venir.

Los hábitos en el vestir fueron acaso el terreno en el que más se notó la irrupción de la nueva cultura juvenil. Desde los años sesenta las prendas coloridas fueron reemplazando los tonos más apagados propios de la indumentaria varonil de décadas anteriores. La moda “unisex” que pronto se impuso fue índice del mayor igualitarismo entre varones y mujeres. Pero fue el jean la prenda que, como ninguna, identificó a los jóvenes por oposición a los mayores. Introducidos en 1958 por una fábrica nacional de línea económica, los “vaqueros” se expandieron rápidamente entre los varones jóvenes de clase media-baja y trabajadora de las principales ciudades (los de sectores medios y altos también los adoptaron, pero prefirieron las marcas importadas, que les permitían ser parte de una misma cultura juvenil sin dejar por ello de distinguirse en el vestir). Algunos años más tarde también las mujeres los hicieron suyos, hasta transformarse, a comienzos de los años setenta, en una especie de “uniforme” de los jóvenes, especialmente de los que militaban en la izquierda o eran parte de algún movimiento contracultural.

Junto con la ropa, la música también se transformó en emblema de la cultura juvenil. Desde los años cincuenta venía habiendo un verdadero “boom del folklore” y varios conjuntos —como los célebres Chalchaleros o Los Fronterizos, ambos salteños— ganaron enorme difusión. Para muchos jóvenes que se acercaban a la política, el gusto por esa música servía como modo de conectarse con el país popular y federal. La vocación antiimperialista condujo también a un aprecio por la música latinoamericana, especialmente la canción de protesta y/o con contenidos indigenistas. Pero sin dudas la novedad más importante de estos años fue la aparición del rock, que marcó la línea divisoria entre los gustos de jóvenes y “viejos”.

El rock ingresó al país a fines de 1956, como música para bailar. Los discos de artistas norteamericanos se pasaron inicialmente en bailes y fiestas de clubes de barrio, para un público que pertenecía a las clases populares urbanas o a la clase mediabaja. El espíritu rebelde con el que había nacido en Estados Unidos de inmediato se hizo sentir en Argentina. Para 1960 ya existían bandas locales que cantaban en castellano y pronto sus discos se vendieron por millares. Las empresas discográficas enseguida se percataron del potencial económico que ofrecía la “nueva ola”. Pero la cultura juvenil comercializada perdía buena parte de su filo rebelde. Buen ejemplo de ello fue un joven “descubierto” por la multinacional RCA en 1962, Palito Ortega, pronto devenido en máximo ídolo popular. Para 1964 y con sólo 23 años, Ortega era una presencia constante en la televisión, las revistas y las radios y sumaba admiradores por millones, especialmente entre los jóvenes trabajadores y de clase media-baja de todo el país. Podía cantar tanto rock y twist, como boleros y folklore. Su figura evocaba la cultura juvenil en boga, pero sus canciones familieras apuntaban más al conformismo y a la unidad que a la rebelión y la lucha. Precisamente por ser un joven tucumano de orígenes humildes, la presencia de Palito parecía calmar la ansiedad que producían los cambios vertiginosos de la época. Su mera existencia demostraba que se podía ser joven, de clase popular, provinciano y de la “nueva ola” —todo al mismo tiempo— sin que ello significara estar politizado o ser contrario a los valores morales tradicionales. Para muchos, era como si fuera un “cabecita” simpático, moderno y optimista que llegaba a Buenos Aires trayendo la promesa de una reconciliación nacional.

La música de la “nueva ola”, masificada, fue rechazada por otros jóvenes que se acercaban al rock precisamente por lo que tenía de espíritu rebelde. Desde fines de los años sesenta surgió un movimiento de “rock nacional” que desafió los valores de la moral tradicional y convocó a los “pibes” a no seguir los mandatos sociales. A través de la música les propuso seguir siendo auténticos y libres antes que convertirse en esos hombres “grises” que la sociedad requería, obedientes y centrados en la familia, el trabajo y el consumo. Para ellos era preferible rechazarlo todo e irse “a naufragar”, como cantaba “La Balsa”, el éxito de 1967 de Los Gatos que se convirtió en himno de la nueva generación. Desde el año siguiente, los recitales de rock se fueron multiplicando y atrajeron a un creciente número de jóvenes. Para comienzos de la década los más importantes reunían una audiencia de varios miles, de un origen social que ya combinaba sectores medios con trabajadores.

Pero el rock no era sólo un ritmo sino una verdadera contracultura. Sus devotos se identificaban no sólo por el modo de vestir sino también por el largo del cabello, que pronto se convirtió en un emblema de la juventud. Desde fines de los años sesenta uno y otro fueron objeto de conflictos permanentes en la escuela y en el espacio público. En los secundarios de las principales ciudades, los directivos aplicaron medidas disciplinarias de rigor inusual, en un intento vano por preservar el uniforme y el pelo corto, rechazados por una creciente minoría de los estudiantes. En la calle, los pelilargos debieron soportar frecuentes insultos homofóbicos. Es que, aunque no tuviera nada que ver con la elección sexual, la nueva apariencia de los varones jóvenes indicaba que se estaba redefiniendo el significado de la masculinidad, algo que disgustaba a los que estaban habituados a los roles más tradicionales. La policía, por su parte, los detuvo por “averiguación de antecedentes” cada vez que pudo y no se privó de organizar razias en los recitales. No resulta entonces sorprendente que el rock en Argentina desarrollara un componente marcadamente antiautoritario y antipolicial/militar. Aunque desde fines de los años sesenta comenzó a notarse la presencia del consumo de marihuana —un hábito que en estos años todavía estaba muy poco arraigado— la cultura juvenil argentina, a diferencia de lo ocurrido en otros países, no giró principalmente alrededor de la experimentación de las drogas sino en torno del antiautoritarismo y el llamado a la autenticidad (lo que de todos modos no evitó que el Estado convirtiera a la marihuana y otras drogas en sustancias ilegales a partir de 1971).

La revuelta cultural y moral de los jóvenes se combinó con la política de maneras complejas. Aunque compartieran con la izquierda un mismo espíritu de rebeldía, no siempre hallaron el modo de compatibilizarse. El PRT-ERP, por ejemplo, fue famoso por los valores francamente puritanos que inculcaba a sus miembros: condenaban el adulterio y el sexo ocasional como conductas “burguesas” impropias de un militante. Aunque las mujeres participaron en un número muy importante, el machismo fue la norma dentro de las organizaciones políticas, por más radicalizadas que fueran en otros aspectos. La homosexualidad —tomada como signo de falta de hombría— no tenía lugar (los militantes de esa orientación debieron en general ocultarla). Cuando la derecha peronista los acusó de ser una horda de “adictos y homosexuales”, los Montoneros respondieron cantando “No somos putos/ no somos faloperos/ somos soldados / de FAR y Montoneros”. Hacían así propios los prejuicios de la cultura dominante. De hecho, el Frente de Liberación Homosexual intentó acercarse a Montoneros y a agrupaciones marxistas, pero ninguna se mostró receptiva.

Con la música y el estilo en el vestir hubo rechazos similares. El pico de politización de los jóvenes, entre 1972 y 1974, coincidió con el momento de mayor vitalidad de la cultura rock. Los músicos en general no fueron ajenos a los llamamientos políticos y pronto el rock se hizo también canción de protesta. La célebre “Marcha de la Bronca” del dúo Pedro y Pablo —una poderosa canción contra los militares, la censura, los explotadores y la hipocresía moral— reemplazó en 1971 a “La Balsa” como himno de la nueva generación. En marzo de 1973 las bandas más famosas del momento —incluyendo Pescado Rabioso, Sui Generis y Pappo’s Blues— se prestaron para tocar en un recital a favor del regreso de Perón, al que asistieron veinte mil personas, entre los que eran numerosos los jóvenes de barriadas populares (muchos de los cuales, para disgusto de los organizadores de la JP, parecieron interesarse poco y nada por el contenido político del evento). Pero muchos activistas rechazaban a los que con desprecio llamaban “los hippies”, a quienes culpaban de adoptar conductas propias de los norteamericanos y de no comprometerse en las luchas del momento. Este tipo de actitudes no se explica tan sólo por la mera incomprensión. En verdad la publicidad en estos años hizo enormes esfuerzos para banalizar todo lo que oliera a joven con el objeto de vender productos, desde discos que ofrecían una impostada rebeldía hasta una “moda guerrillera” para señoritas, pasando por la mercantilización del cuerpo de la mujer como objeto de consumo visual (ahora bajo la excusa de la liberación sexual). El contenido de la cultura juvenil se transformó así en un campo de batalla en el que no siempre estaba claro qué bando estaba triunfando. Pero cualquiera fuera el motivo, a diferencia de lo que había sido la norma en las primeras décadas del siglo, cuando la izquierda había estado a la vanguardia del cambio cultural, ahora parecía haber adoptado, en muchos sentidos, una disposición más bien conservadora. Eso no quiere decir que muchos militantes no fueran también, al mismo tiempo, parte de la contracultura rockera (de hecho, muchos llegaron a la política gracias a su paso previo por la escuela de rebeldía que ella proporcionaba). Los cruces e intersecciones entre ambos mundos fueron intensos.

Con todo, conviene no exagerar los alcances de la revuelta juvenil, cuyos efectos fueron más limitados en la parte más modesta de las clases populares y fuera de las grandes ciudades. Allí, las pautas culturales anteriores o bien continuaron inalteradas, o bien se conjugaron con las más novedosas sin perder su presencia. Ni los nuevos hábitos sexuales terminaron con el conservadurismo del orden familiar patriarcal, ni el rock desplazó al chamamé o al folklore (ni mucho menos a la canción melódica), ni el izquierdismo acabó con las creencias religiosas o las preferencias políticas habituales entre las clases populares. En Córdoba la música de cuarteto seguía cautivando cada vez más audiencias y convocaba a miles de personas en varias decenas de locales bailables. En Buenos Aires y otros sitios se sentía ya la presencia de la cumbia, un ritmo de raíces africanas e indígenas que venía de Colombia. Desde 1964 conjuntos locales como Los Wawancó, formado por inmigrantes de diversos países latinoamericanos, ganaron cada vez más el favor del público que tradicionalmente gustaba de los ritmos alegres y festivos como el chamamé. Ni el cuarteto ni la cumbia se interesaban por entonces por cuestiones políticas, ni desafiaban la cultura de los adultos.

Así y todo, el protagonismo de los jóvenes contribuyó no sólo a “juvenilizar” la cultura general, sino también a imprimirle ciertos rasgos novedosos. Ellos se hicieron visibles en el aspecto exterior de las personas y en la música, y también en el surgimiento de un vocabulario y de imágenes y valores en común que trascendían las divisiones partidarias e ideológicas propias del campo político, tanto como desafiaban las barreras de clase entre el mundo popular y el de los sectores medios. El antiautoritarismo, el nacionalismo popular, el antiimperialismo, la valoración del Tercer Mundo, el rechazo del comercialismo, la búsqueda de la liberación colectiva y la autenticidad personal y por supuesto los sueños de un socialismo futuro (cualquiera fuera el significado que eso tuviera para cada cual), adquirieron un lugar central en la cultura de fines de los años sesenta y comienzos de la nueva década. Con ellos se conjugó a menudo un sentido de inminencia del cambio radical, una certeza de que la vida nueva estaba a la vuelta de la esquina.

El momento Cámpora

En los años que siguieron al Cordobazo la historia pareció acelerarse. Trabajadores manuales y de “cuello blanco”, villeros, campesinos y pequeños productores rurales, peones, estudiantes y cantidad de personas de sectores medios manifestaron sus reclamos y su descontento de múltiples maneras. Con frecuencia se encontraron en las calles, contagiándose mutuamente no sólo la bronca y el entusiasmo, sino también ideas y formas de lucha. Los sueños de un futuro socialista se hicieron carne en un creciente número de personas. El contexto internacional alentaba los vientos de cambio: en 1970 Salvador Allende había asumido como Presidente de Chile, trayendo la promesa de realizar una revolución socialista por medios democráticos. Muchos guardaban la esperanza de que, cuando al fin le permitieran regresar, Perón haría algo similar.

Tras la caída de Onganía, el amplio movimiento antidictatorial terminó de comprobar que tenía en sus manos un decisivo poder destituyente. Estaba en condiciones no sólo de influir en las decisiones del gobierno, sino incluso de provocar su caída. A pesar de su heterogeneidad, las clases populares amenazaban con convertirse en un sujeto político unificado en su oposición no sólo al gobierno, sino al conjunto de las clases dominantes. Comprendiendo el peligro que corrían, los militares adoptaron una estrategia similar a la que había probado Frondizi: dar concesiones a los sindicalistas para mantenerlos tranquilos, mientras aumentaban, al mismo tiempo, la represión dirigida contra los más revoltosos. Desde 1970, con la aparición de grupos paramilitares, se fueron multiplicando los casos de secuestro y desaparición de referentes de la izquierda; la tortura de prisioneros también se fue institucionalizando. Pero no hacía falta demasiada perspicacia para darse cuenta de que el crecimiento del descontento indicaba la necesidad de encontrar una salida política que pusiera fin a la dictadura. Con esa misión asumió en 1971 la presidencia el general Alejandro Lanusse, decidido a abandonar las metas que el régimen militar se había propuesto en 1966 para limitarse, en cambio, a asegurarle una retirada digna. Así, propuso un Gran Acuerdo Nacional (GAN) para conformar un gobierno de transición que contara con el apoyo de la UCR y del peronismo. La idea era involucrar a Perón en negociaciones, con la esperanza de que dejara de alentar desde su exilio en España a las tendencias más radicalizadas. Pero Perón hizo precisamente lo contrario: le dio su bendición a la guerrilla a través de uno de sus discursos. Los diversos movimientos y organizaciones representativas de las clases populares rechazaron unánimemente la propuesta de los militares. Mientras tanto, la represión alcanzó niveles inéditos: el 22 de agosto de 1972, 19 militantes de distintas organizaciones guerrilleras que estaban presos en una base militar cerca de Trelew, recapturados tras un intento de fuga, fueron fusilados por orden de la Armada. Pero ese mismo año la rebeldía en las fábricas, fuertes huelgas de gremios de sectores medios, las tomas de universidades y varias puebladas en el interior finalmente obligaron a abandonar la estrategia del GAN y convocar elecciones urgentes. A esa altura ya estaba claro que la única salida era permitir que Perón regresara a reorganizar él mismo su movimiento, de modo que no cayera del todo en manos de la CGT o de la izquierda peronista.

La perspectiva de un llamado a elecciones limpias por primera vez desde el derrocamiento de Perón suponía un difícil desafío para el movimiento social. ¿Había que participar? Para la gran mayoría, hacerlo significaba la oportunidad de colocar en el manejo del Estado a un gobierno más receptivo a las demandas populares y que, incluso, podía avanzar en cambios profundos. Pero para otros, las elecciones sólo significaban una distracción que amenazaba reconducir toda la energía de las clases populares a través de los canales “legales”, dividiéndola y quitándole toda su radicalidad. Perón, como siempre, jugó con sus propias cartas. Como no aceptó el condicionamiento de Lanusse de regresar inmediatamente al país, no pudo postularse él mismo para las elecciones. Eligió en cambio que su partido fuera representado por Héctor Cámpora, que le aseguraba lealtad incondicional, neutralizando la amenaza que para él suponía la obstinada vocación de independencia de su ala sindical vandorista. Cámpora, además, gozaba de la simpatía de la Tendencia Revolucionaria, de modo que en la reconstrucción del aparato peronista la rama sindical tuvo menos lugar que lo que habría deseado. No sorprende entonces que la burocracia no se entusiasmara demasiado por la campaña electoral, para la que, en cambio, los Montoneros, la JP y la militancia de base pusieron todo su empeño. El llamado a elecciones, al menos por un momento, produjo el efecto que esperaban los militares. Los Montoneros interrumpieron la lucha armada y poco después el ERP decretó que no atacaría blancos del gobierno (aunque sí de los militares). Las puebladas prácticamente desaparecieron. Toda la energía y las expectativas se concentraron en las elecciones.

Como era de esperar, Cámpora sacó una ventaja muy amplia sobre su contendiente de la UCR y el 25 de mayo de 1973 asumió como nuevo Presidente, en una ceremonia a la que asistieron, entre otros, los máximos dignatarios del Chile y la Cuba revolucionarios. El sentido de cambio inminente era tan embriagador, que una buena parte de la gran multitud que celebró la asunción en las calles se dirigió luego al penal de Devoto y liberó sin más a los numerosos presos políticos allí detenidos (en otras cárceles del país hubo acciones similares). La Tendencia adquirió una notoria influencia en el aparato de Estado, que incluyó ocho diputados propios, algunos gobernadores que simpatizaban con los Montoneros y el cargo de Rector de la UBA. La retirada de los militares dio lugar entonces a una oleada de luchas de base de todo tipo, caracterizadas especialmente por la toma u ocupación de los establecimientos. No sólo buena parte de las huelgas obreras terminaron en estos días en ocupaciones de fábricas: en la Capital los hospitales fueron tomados por el personal durante días, en Rosario los estudiantes secundarios hicieron lo propio en la casi totalidad de las escuelas y varias comunas en Tucumán, Buenos Aires y Santa Fe fueron tomadas por los vecinos. Hubo incluso tomas de inquilinatos, teatros, hoteles, radios, canales de televisión, centros recreativos, etc. En apenas doce días, a comienzos de junio, se produjeron más de quinientas tomas de todo tipo en todo el país. Ni siquiera la burocracia se salvó de este fervor militante: en Villa Adelina, los obreros ceramistas ocuparon el local de su sindicato y, reunidos en una asamblea multitudinaria, decidieron la destitución de los gremialistas que lo tenían bajo su control.

Las primeras medidas del nuevo gobierno parecían confirmar los vientos de cambio. José Gelbard, designado al frente del Ministerio de Economía, promovió un “pacto social” entre las entidades patronales y la CGT que establecía pautas para la reactivación económica y la redistribución del ingreso y que incluyó un aumento general en los salarios (paso previo a su congelamiento) y la fijación de precios máximos para los bienes de consumo masivo. La economía pronto pareció reencaminarse por la senda del crecimiento. Como fruto de décadas de intensas luchas sociales ahora parcialmente reconocidas en las políticas del Estado, las clases populares recuperaron la participación en la distribución del ingreso que habían ganado hacia 1950 y que desde entonces no había hecho sino deteriorarse. En efecto, para 1974 la proporción del ingreso total del país que quedó en manos de los asalariados volvió a situarse por encima del 44%. Además, Gelbard prometió enviar al Congreso un paquete de leyes que incluía la nacionalización de los depósitos bancarios, el control estatal del comercio exterior, una reforma impositiva que gravaba más a los que más tenían, una ley agraria que establecía un impuesto a la renta de la tierra y favorecía a los pequeños productores y una nueva norma que imponía fuertes regulaciones a las inversiones extranjeras. Pocas de estas propuestas —que la patronal y los sectores de la élite vieron con enorme preocupación— finalmente se convertirían en ley, pero aun así consolidaron la imagen de Cámpora como el presidente del cambio. El giro a la izquierda parecía haber llegado por fin al Estado. Ahora nada podría detenerlo (o al menos ésa era la esperanza que muchos albergaban).

TERCERA PARTE (1973-2003)

9. Las políticas de la contrainsurgencia,
del regreso de Perón al Proceso

La “primavera camporista” duró sólo 49 días. Pocos imaginaron que sería el propio Perón el encargado de desactivar el giro a la izquierda que venía experimentando la sociedad argentina. Desde el mismo día en que regresó al país se notaron signos de que, contrariamente a sus declaraciones de los últimos tiempos, no tenía ninguna intención de permitir que la tendencia revolucionaria de su movimiento siguiera creciendo. El 20 de junio de 1973 una multitud que se calcula en más de un millón de personas se congregó en el aeropuerto de Ezeiza para recibir al viejo líder. Se trató de la concentración más grande en la historia del país; aproximadamente la mitad de los presentes se habían movilizado detrás de las banderas de la JP y otras de la Tendencia. Pero lo que debió ser una fiesta se convirtió en una masacre. Grupos peronistas de derecha se reservaron el lugar más cercano al palco desde el que hablaría Perón. Comandados y financiados por funcionarios cercanos al propio Perón, se proponían evitar que los grupos de la Tendencia coparan el espacio más próximo al líder. Cuando estos comenzaron a aproximarse, abrieron fuego sin previo aviso, con el resultado de, al menos, 13 muertos y más de 360 heridos. Los malos presagios no terminaron allí. Cámpora pronto tuvo que renunciar y se convocaron nuevas elecciones que, el 23 de septiembre, dieron la victoria a Perón por un abrumador 62% de los votos. Su esposa, María Estela Martínez (“Isabelita”) lo acompañó como vicepresidente, según proponía el ala derecha de la rama política del partido, que carecía de base social pero ocupó un lugar de creciente influencia. La dirigencia de la CGT —que, irónicamente, se volvió cada vez más “verticalista” a medida que Perón se fue mostrando bien dispuesto a sacarle las dos espinas que tenía clavadas en los pies, la guerrilla y el clasismo— esta vez tuvo una participación central en la campaña. Como compartían los mismos enemigos, la burocracia sindical se acercó a los pequeños grupos de la derecha peronista, con los que comenzó a actuar coordinadamente. Por su parte, desde sus discursos Perón se ocupó de dejar en claro que era necesario generar “anticuerpos” para eliminar del movimiento a los sectores más radicalizados. A días de que asumiera la presidencia, la Policía allanó las principales librerías porteñas y secuestró libros de autores izquierdistas. También desde muy temprano y en varias oportunidades Perón hizo desplantes públicos a referentes y manifestaciones de la Tendencia, especialmente después de que en septiembre los Montoneros asesinaron a Rucci, secretario general de la CGT, uno de los jefes de la derecha peronista y estrecho colaborador del líder. Los llamados a la “purga” que lanzó entonces coincidieron con la reconciliación del general con las Fuerzas Armadas y con la formación de un nuevo grupo parapolicial, el más poderoso de todos: la Alianza Anticomunista Argentina o “Triple A”, liderada por el secretario personal y ministro de Bienestar Social de Perón, José López Rega, y por Alberto Villar, designado jefe de la Policía Federal (nunca se probó que el propio Perón hubiera avalado su creación, pero hay indicios que apuntan en ese sentido). Desde fines de 1973 y durante los siguientes dos años, la Triple A asesinó a referentes de la izquierda —tanto marxistas como peronistas— en un número difícil de establecer, pero que como mínimo se sitúa en los 500, pudiendo haber superado los 1500 o incluso 2000. Además, amenazaron y forzaron a renunciar a sus cargos o a emigrar a muchos otros.

En enero de 1974 el ERP intentó el copamiento de una guarnición militar, lo que no hizo sino empeorar la disposición antiizquierdista de Perón, quien promovió la aprobación de legislación represiva como la que, desde marzo, prohibió toda actividad política en las universidades. Ese mismo mes una manifestación del Movimiento Villero Peronista fue severamente reprimida; la muerte de un villero en esa ocasión fue sucedida, en mayo, por el asesinato del cura Carlos Mugica a manos de la Triple A, un golpe del que el movimiento no pudo recuperarse. Además, Perón obligó a renunciar a varios gobernadores cercanos a la Tendencia, y a todos los diputados que respondían a ella. La ruptura con los Montoneros —que se resistían a creer que el propio líder estuviera favoreciendo la destrucción de su poderío— finalmente llegó en el acto de celebración del 1° de mayo. Ese día se explicitaron, en la guerra de cánticos, las profundas diferencias del movimiento: mientras unos coreaban “Perón, Evita la patria socialista”, otros reemplazaban el final por “la patria peronista”. Las columnas de la Tendencia terminaron de sacar a Perón de sus casillas cantando “Qué pasa general/ está lleno de gorilas el gobierno popular”, a lo que el líder respondió tratándolos de “estúpidos” e “imberbes”. Proferidos los insultos, los cerca de sesenta mil manifestantes que había aportado la Tendencia se retiraron de Plaza de Mayo, dejando expuesta la ruptura del movimiento.

El movimiento obrero y las luchas antiburocráticas

El corrimiento a la derecha y el giro represivo del gobierno de Perón no obedecía sólo a su disgusto por las acciones de las organizaciones izquierdistas. Como mar de fondo se encontraban las crecientes dificultades económicas, similares en más de un sentido a las que habían marcado el final de su segunda presidencia. En parte gracias al contexto político, Gelbard —a quien Perón mantuvo en el manejo de la economía— había conseguido inicialmente evitar que los empresarios generaran inflación para contrarrestar las subas de salarios que obtuvieron los trabajadores. El acuerdo era, sin embargo, muy endeble. En 1974 un contexto internacional desfavorable por el alza del precio del petróleo comenzó a golpear la economía argentina. Como la recesión a nivel mundial vino acompañada de inflación, los empresarios que utilizaban bienes importados redoblaron sus presiones para acabar con el congelamiento de precios. Y como el gobierno fue cediendo y autorizando subas, eso inevitablemente repercutió en mayores demandas de aumento salarial, en un círculo vicioso que fue erosionando día tras día el pacto.

El Pacto Social establecía que los salarios sólo serían revisados una vez por año únicamente de acuerdo con los incrementos en las tasas de productividad. Pero la victoria electoral dio lugar a una oleada de intensas luchas fabriles que, ahora sí, se hicieron sentir con especial fuerza en el Gran Buenos Aires. Acatando el pacto firmado, estos conflictos no reclamaron inicialmente aumentos salariales, sino solamente mejoras en las condiciones de trabajo y reincorporación de despedidos. Pero también exigieron con frecuencia la reclasificación de tareas, que en los hechos implicaba aumentos salariales. Así, aun respetando formalmente el pacto social, los obreros se las arreglaban para traducir la victoria electoral en mejoras en sus ingresos. Todo esto, claro está, de espaldas a la burocracia sindical que, fiel a Perón, se había comprometido a garantizar la clausura de la discusión salarial. Como la burocracia intentaba contener los reclamos, se multiplicaron en esta época los conflictos en los que las bases desbordaban a los dirigentes. Con frecuencia asumieron la forma conocida como “huelga salvaje”: luchas autoorganizadas, con métodos de acción directa (incluyendo la toma de rehenes o la disposición de tanques con líquidos inflamables alrededor de una fábrica como autodefensa), que desafían las leyes del Estado y las direcciones sindicales. Estas pequeñas rebeliones fabriles formaron parte de un clima de radicalización del movimiento obrero que le fue otorgando un mayor poder a los órganos de base, como las comisiones internas, cuerpos de delegados y comités de huelga. Desde estos órganos, en ocasiones consiguieron formar listas “antiburocráticas” que compitieron exitosamente en algunas elecciones gremiales. Tal como había sido el caso en Córdoba, en estas listas y órganos de base se hicieron un lugar dirigentes de izquierda, no sólo peronistas, sino también marxistas. Aunque el movimiento obrero no cuestionaba el liderazgo de Perón, estas luchas continuaban con la tendencia a trascender el horizonte político del peronismo, al menos tal como existía entonces, además de contribuir a erosionar el pacto social de manera molecular. Y no sólo eso: el clima de mayor radicalización amenazaba con ampliar el horizonte de lo posible también en otros sentidos. Desde mediados de 1974, por ejemplo, algunas luchas —como las de la Petroquímica Argentina situada en el Gran Rosario, o la Hilandería Olmos platense, o los ingenios Santa Lucía y Santa Ana en Tucumán— dieron lugar a inéditas experiencias de control obrero de la producción. En efecto, en esos casos los trabajadores decidieron tomar las plantas y continuar con el proceso productivo bajo su propia gestión, como modo de enfrentar un lock out o de cuestionar el poder de la patronal. Aunque breves y de alcances limitados, estas experiencias no dejaron de provocar preocupación en las clases dominantes. Por entonces se hizo notar también uno de los primeros reclamos por la protección de los derechos ambientales, que apuntó contra los ingenios Ledesma en Jujuy por la acumulación de montañas de residuos de caña que provocaban enfermedades respiratorias en la población adyacente.

Perón, que comprendía desde mucho antes que el poder que ganaban las bases obreras minaba el suyo propio (incluso si los obreros se declaraban peronistas leales), reaccionó ampliando las facultades de la burocracia y ayudándola de varias maneras a retener el control. Promovió así una reforma al Código Penal, aprobada en enero del 1974, para incluir como nuevos delitos la ocupación de fábricas o la “incitación a la violencia”. A fines de 1973, también hizo aprobar una modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales que, entre otras cosas, extendía los mandatos de los sindicalistas de dos a cuatro años y les otorgaba poderes ilimitados para anular cualquier medida tomada por las comisiones internas, cuerpos de delegados o regionales sindicales. Si lo deseaban podían incluso expulsar a un delegado por “inconducta gremial”. Estas atribuciones fueron utilizadas dura y frecuentemente, lo que dio lugar a la intervención de varios sindicatos. La burocracia, sin embargo, no se valió tan sólo de herramientas legales. Durante 1974 fue acentuando cada vez más sus prácticas gangsteriles, empleando matones armados para amedrentar o violentar a trabajadores “díscolos” (incluso colaboró en ocasiones con los grupos parapoliciales). Así la burocracia, que desde hacía años venía desempeñando el papel de contención de la lucha obrera, asumió ahora un rol directamente represivo.

Por el momento, sin embargo, ni las atribuciones legales ni los métodos gangsteriles fueron siempre efectivos para desactivar las luchas de base. Acaso el ejemplo más notorio fue el del “Villazo” de marzo de 1974. La localidad santafesina de Villa Constitución, donde ocurrieron los hechos, era uno de los mayores polos metalúrgicos del país. Allí, la dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica había intervenido la regional del sindicato y pretendía expulsar a los delegados surgidos de una elección reciente que no la había favorecido. Ante esta situación, los trabajadores, reunidos en masivas asambleas, declararon la huelga, condimentada con toma de rehenes y barricadas con tanques de solvente listos para ser encendidos en caso de ataque. Pero eso no fue todo: de manera inesperada, los trabajadores de la ciudad se sumaron en solidaridad y pararon así los textiles, los portuarios, los maestros, los telefónicos, los bancarios, los municipales y los de los frigoríficos. Incluso el pequeño comercio cerró sus puertas en señal de apoyo. Las mujeres tuvieron un protagonismo muy visible, formando piquetes de huelga y organizando un fondo para sostener a los huelguistas. Finalmente la patronal y la burocracia tuvieron que ceder y el sindicato fue devuelto a los trabajadores. La victoria, que fue celebrada por más de ocho mil personas en el centro de la ciudad, ayudó también a consolidar las corrientes sindicales clasistas: los trabajadores de Villa Constitución formaron una CGT regional que quedó en manos de un dirigente de izquierda y convocaron a un encuentro nacional en el que se discutió la posibilidad de crear una Coordinadora Nacional antiburocrática (proyecto que naufragó porque la JP, que todavía no quería enfrentar a Perón, se opuso).

Pero no todas fueron victorias en estos meses. Las inéditas formas de lucha fueron pronto enfrentadas con inéditas formas de represión. No casualmente, fue en la revoltosa Córdoba donde se experimentó una salida dictatorial que presagiaba los tiempos venideros. Allí, la Unión Tranviarios Automotor había conseguido un aumento salarial del 40% que rebasaba los límites máximos establecidos en el pacto social. A raíz de ello Atilio López, dirigente de ese sindicato y vicegobernador de la provincia, fue expulsado de las 62 Organizaciones. Pero eso no fue todo. A finales de febrero de 1974 el jefe de la policía cordobesa, Domingo Navarro, encabezó un golpe de Estado en el que colaboraron grupos de choque de la burocracia sindical. Como resultado de este “Navarrazo” (así se lo conoció), el gobernador, que era cercano a la Tendencia, fue derrocado. Perón, lejos de condenar la acción y restituir al funcionario depuesto, decretó la intervención de la provincia, colocando como nuevo gobernador a un militar que puso en marcha una política de persecución y fuertemente represiva en contra del movimiento obrero. La dictadura se adueñaba así de una de las principales provincias del país.

Nada de esto alcanzaba, sin embargo, para contener la rápida erosión del pacto social. En un contexto de creciente presión inflacionaria, la gran negociación paritaria de 1974 fracasó a la hora de fijar niveles salariales que conformaran a trabajadores y empresarios. Acorralada entre dos fuegos, la CGT hacía malabares intentando obtener aumentos lo suficientemente modestos como para no poner en riesgo el pacto social, pero lo suficientemente altos como para que las bases del movimiento obrero no la sobrepasaran por completo. La situación amenazaba con salirse de control, a tal punto, que en junio Perón amenazó con renunciar. Tres semanas después, un paro cardíaco le provocaría la muerte.

El fallecimiento de Perón, el 1 de julio de 1974, a la edad de 78 años, conmovió a las clases populares como pocos acontecimientos de la historia nacional. Cientos de miles de personas se acercaron a saludar su féretro en el Congreso de la Nación. A pesar del curso que iba tomando su gobierno y de las crecientes dificultades del país, como a Evita, los más humildes lo lloraron sin consuelo.

Represión y ajuste económico

La muerte de Perón dejó al país sin el único dirigente con suficiente autoridad como para contener las explosivas tensiones sociales que venían acumulándose. Isabelita, carente de toda experiencia política, asumió la presidencia de la Nación, desde donde pronto fue blanco fácil de las presiones de la derecha y de la patronal. Los empresarios se lanzaron inmediatamente a la ofensiva (especialmente la Sociedad Rural, que forzó el abandono de todas las medidas programadas para gravar la renta de la tierra y combatir el latifundio). La CGT, por su parte, no encontró ya motivos para subordinarse al ala política del peronismo y volvió a su tradicional táctica de golpear primero para negociar después. Cuestionado por los empresarios y sin el apoyo sindical, Gelbard debió renunciar; con su alejamiento se puso fin al intento de concertación económica que había intentado Perón. El pacto social fue reemplazado por políticas que cada vez de manera más abierta favorecían al gran capital local e internacional (especialmente el financiero). Como comprobarían los trabajadores en los meses por venir, esto significaba que, con Isabelita en el poder, el partido peronista se alejaba definitivamente de su función histórica de contención pero a la vez expresión de la clase obrera, para enfrentarse ahora abiertamente contra sus intereses. Por lo pronto, las dificultades económicas, que ya eran visibles en la segunda mitad de 1974, se multiplicaron durante el año siguiente. La producción cayó abruptamente, la inflación alcanzó tasas altísimas, la balanza comercial terminó de desequilibrarse y comenzó a aumentar preocupantemente el endeudamiento externo. El salario real, que todavía en 1974 había subido, experimentó una caída del 4,1% en 1975.

Mientras todo esto sucedía, en el movimiento obrero las bases seguían ganando para sí una creciente independencia y encabezando luchas de gran radicalidad. El gobierno respondió profundizando el rumbo represivo que ya se había notado bajo Perón, mientras la Triple A intensificó sus ataques contra delegados gremiales y militantes de base. En septiembre de 1974 se aprobó una Ley de Seguridad supuestamente destinada a combatir a la guerrilla, pero utilizada para detener a dirigentes obreros como Tosco y Ongaro. El 6 de noviembre Isabelita declaró el estado de sitio por tiempo indeterminado y, a comienzos de febrero, dispuso que el Ejército se ocupara de tareas de represión interna. Las provincias del noroeste fueron puestas bajo control de los militares, que organizaron en Tucumán el llamado “Operativo Independencia” por el que pronto acabarían con el foco que el ERP había establecido allí. Pero el Ejército no se limitó a combatir a la guerrilla, sino que aprovechó para exterminar a numerosos activistas y militantes de organizaciones no armadas en varios pueblos y ciudades. Las prácticas de tortura y las detenciones en centros clandestinos se volvieron en esa zona moneda corriente, favorecidos por la complicidad de la patronal y el silencio (o el apoyo activo) de los principales medios de comunicación. Fuera de la zona militarizada la represión no escaseaba. La revancha contra los trabajadores de Villa Constitución no se hizo esperar. En marzo, un gigantesco operativo policial de casi cuatro mil agentes tomó la ciudad por asalto; la Comisión Directiva electa por los trabajadores fue destituida nuevamente y la central sindical regional fue disuelta. El operativo concluyó con más de trescientos detenidos. La patronal colaboró estrechamente con los represores: el presidente de la siderúrgica Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, pagó cien dólares a cada agente y permitió que en el predio de la firma funcionara un centro clandestino de detención. Pero los metalúrgicos no se dejaron amedrentar: declararon inmediatamente la huelga y tomaron Acindar para defender a sus representantes. Tras 59 días, y a pesar de la solidaridad de todo el pueblo, la huelga concluyó en un fracaso. El éxito de la estrategia represiva durante este segundo “Villazo” terminó de convencer al gobierno, a los militares y a la patronal de que ese era el camino apropiado para poner las cosas en orden.

El avance represivo no se dirigió sólo a la guerrilla y a las bases del movimiento obrero. Desde agosto de 1974 el Ministerio de Educación fue colocado en manos de derechistas. Las universidades fueron intervenidas y como Rector de la UBA se designó a un fascista declarado que promovió la expulsión de numerosos profesores y el encarcelamiento de centenares de estudiantes. La Triple A, por su parte, redobló los asesinatos de intelectuales, periodistas, políticos y abogados de izquierda. Desde el Estado hubo también medidas destinadas a controlar la revuelta juvenil, incluso en aspectos que, en apariencia, no tenían vinculación con lo político. Antes de la muerte de Perón, un decreto que llevaba su firma prohibió la venta libre de anticonceptivos y canceló todo apoyo estatal a las actividades de control de la natalidad; las mujeres fueron llamadas a retomar su “natural deber” maternal. En septiembre de 1974 el Congreso aprobó una nueva ley de estupefacientes, firmada por López Rega, con medidas más duras contra el consumo de drogas. Las razias —que desde 1973 se habían hecho más esporádicas— volvieron a asolar los recitales de rock.

Con todo, la espiral inflacionaria se iba profundizando, crispando los ánimos de los asalariados, que veían mermar sus ingresos día a día. En este contexto, el gobierno se vio forzado a adelantar la convocatoria a paritarias para marzo de 1975. Como las negociaciones abarcaron la totalidad de los convenios colectivos de trabajo, durante ese momento sirvió para aunar a la clase trabajadora como un bloque en la puja con la patronal. Los aumentos obtenidos fueron considerables, pero imprevistamente el gobierno dio un golpe de timón y se negó a homologarlos. A comienzos de junio un nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, implementó un paquete de medidas que pasó a la historia como el “Rodrigazo”, que significaba un enorme perjuicio para el bienestar de la mayoría de la población. La moneda fue devaluada en un 100%, se aplicaron tarifazos a los combustibles y la electricidad y se liberaron los precios antes controlados. Las negociaciones salariales serían anuladas y postergadas hasta 1977. El objetivo del plan era generar una disminución del consumo interno, de modo de reequilibrar así la balanza comercial. Por otro lado, se buscaba bajar el déficit fiscal para poder contar con fondos para el pago de la deuda externa. En la práctica, el plan significaba una fenomenal transferencia de ingresos en desmedro de los asalariados y pequeños comerciantes y empresarios locales, a favor de los banqueros y los sectores exportadores, especialmente los agroganaderos. Era la primera vez que un gobierno peronista adoptaba una política tan marcadamente antipopular.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata. Entre el comienzo de junio y el de julio se vivió un clima de movilización de extraordinaria vitalidad. Las huelgas y tomas de fábricas estallaron especialmente en Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, lideradas por los obreros de los sectores automotriz, metalmecánico, siderúrgico y naval. Una amplia gama de gremios se fue incorporando a la lucha, no sólo trabajadores manuales sino también docentes, transportistas, estatales, periodistas, médicos, trabajadores de la salud, judiciales, etc. Ante la intensa presión de las bases, la CGT se vio obligada a llamar a un paro general el 27 de junio, pero acompañado de una movilización de apoyo a la presidenta. Las bases, sin embargo, desbordaron ampliamente a la dirigencia: ese día marcharon cien mil personas a Plaza de Mayo exigiendo la ratificación de las paritarias, la renuncia de Rodrigo y también la de López Rega. Como el gobierno no cedía, una ola de movilizaciones espontáneas inundó el país. En esos días el edificio de la CGT se vio rodeado cotidianamente por manifestaciones de obreros que le exigían que se pusiera al frente de la lucha. Finalmente, la central debió ceder y convocó a un paro general de 48 horas para el 7 y 8 de julio. La huelga fue tan masiva que pararon incluso sectores que no solían hacerlo, desde el transporte y el pequeño comercio, hasta los locutores radiales y televisivos. Todo quedó paralizado; en algunas zonas se realizaron asambleas barriales para discutir la situación. Era el primer paro general que se realizaba contra un gobierno peronista; el movimiento obrero cuestionaba no sólo a la patronal, sino ahora también al gobierno. Y con tanta fuerza, que consiguió las renuncias de López Rega y Rodrigo y la derogación de la mayoría de sus recientes medidas (algo que, sin embargo, no llegó a tiempo para salvar de la ruina a miles de pequeños y medianos empresarios, comerciantes y trabajadores independientes).

En ese contexto aparecieron en el Gran Buenos Aires las Coordinadoras Interfabriles (CI), novedosas experiencias de autoorganización de base, que asumieron un papel central durante las jornadas de julio. Las CI eran plenarios regionales de delegados que asistían en representación de las comisiones internas o asambleas de trabajadores que dirigían la huelga en cada establecimiento. Las hubo en las zonas sur, norte y oeste y también en la de La Plata-Berisso-Ensenada. Entre todas agruparon a unas 129 fábricas y las seccionales de once sindicatos (un alcance modesto, considerando que en su zona de influencia había más de treinta mil establecimientos industriales). Se trataba en general de fábricas grandes y medianas, incluyendo algunas de las más importantes del país. Los trabajadores metalúrgicos y de la industria automotriz fueron sus más activos animadores. Estrechamente sujetas al control de las bases, las CI adoptaron una firme actitud antiburocrática, exigieron la democratización de los sindicatos y fueron las principales organizadoras de algunas de las movilizaciones más masivas de julio. En otras zonas del país —notablemente en Capital y en Córdoba— hubo por entonces otras experiencias de coordinación antiburocrática que desempeñaron un papel similar.

En las CI tuvieron un papel central activistas y dirigentes de base de la izquierda, tanto de la peronista como de la marxista. La corriente hegemónica fue la de la Juventud Trabajadora Peronista, ligada a Montoneros, cuya influencia sindical venía creciendo desde 1974 y que cada vez con mayor claridad planteaba la necesidad de superar el horizonte político del peronismo. Pero también hubo presencia visible de delegados que respondían al PRT-ERP y a algunos de los pequeños agrupamientos trotskistas que existían entonces. En este sentido, a pesar de sus limitados alcances, las CI fueron un importante embrión de organización política alternativa. Pero en verdad, su surgimiento fue tanto expresión de la radicalidad y de la capacidad de autoorganización de los trabajadores, como de la aguda situación de orfandad política en la que se encontraban. El peronismo, desdibujado tras la muerte de su líder, ya no parecía representarlos (al menos no el que entonces ocupaba el gobierno). La CGT actuaba ya abiertamente como freno de las luchas. Y aunque diversas opciones de izquierda iban ganando predicamento, tampoco las organizaciones existentes ofrecían una alternativa política en la que los trabajadores pudieran sentirse contenidos. Los Montoneros —que desde septiembre de 1974 habían retomado las acciones clandestinas— venían en franco crecimiento: además de los numerosísimos adherentes a las organizaciones “legales” de la Tendencia, para 1975 contaban con unos cinco mil combatientes y milicianos, organizados con rangos y estructura castrense. Pero para entonces ya se hacían sentir los efectos negativos de una excesiva tendencia a la militarización. Sus atentados y “ajusticiamientos” políticos se fueron volviendo cada vez más indiscriminados. El imperativo de fortalecer el poderío militar hacía que sus relaciones con el movimiento obrero se resintieran. Por ejemplo, los Montoneros intentaban convertir los plenarios de las CI en plataformas para la lucha armada, una vía que la gran mayoría de los trabajadores no estaba dispuesta a seguir. Por otra parte, conductas inauditas como la de condenar a muerte a uno de sus propios dirigentes, acusado de “delación”, por haber dado información a la policía tras ser secuestrado y torturado, causaban a muchas personas un hondo rechazo moral. Algo similar venía sucediendo con el PRT-ERP. En 1973 había establecido un Movimiento Sindical de Base, que llegó a tener cierta inserción entre los obreros, especialmente en Córdoba. Pero su crecimiento pronto encontró un límite en su tendencia a caer en lo que en el vocabulario de la tradición marxista se llamaba el “sustituismo”. En otras palabras, la idea de que una “vanguardia” organizada como partido debía encabezar las luchas de los trabajadores en el camino hacia la revolución, se extremaba a tal punto que la organización terminaba “sustituyendo” la actividad de las masas. Por ejemplo, el ERP intervino en varias luchas obreras de manera exterior e inconsulta, por caso, secuestrando a un empresario para forzar que un conflicto se resolviera a favor de los trabajadores. Esto lo hacían sin que fuera solicitado por los obreros, quienes muchas veces debían salir a repudiar la acción (aunque en ocasiones también la celebraron). Como en el caso de Montoneros, también el ERP experimentó una creciente tendencia al militarismo. La vida en la clandestinidad y las expectativas que su propia ideología alimentaba conducían a habitar en un mundo propio, alejado de la realidad cotidiana de los trabajadores comunes y poco sensible a los cambios en el escenario político. Sus acciones armadas y sus “ajusticiamientos” ignoraron cada vez más cualquier consideración de oportunidad, víctimas o consecuencias. Por su parte, los partidos de izquierda contrarios a la lucha armada tampoco podían superar sus propias limitaciones para captar el apoyo de los trabajadores. El Partido Comunista, cada vez más desorientado, seguía perdiendo terreno. Los maoístas del PCR, imbuidos de teorías conspirativas que veían complots soviéticos y norteamericanos por todas partes, apoyaban entonces al gobierno de Isabelita y se opusieron a las huelgas contra el Rodrigazo. Los pequeños grupos trotskistas tampoco lograban seducir a los trabajadores. El más importante de ellos, el PST, tenía una modesta presencia en algunas fábricas. Política Obrera (antecesor del Partido Obrero) era incluso más pequeño y, a pesar de sus esfuerzos, había hecho muy pocos avances en el sentido de remozar sus orígenes estudiantiles con aportes propiamente obreros. El sectarismo y vanguardismo propios de esta corriente la hicieron poco atractiva para la gran mayoría de los trabajadores. Por otra parte, todas las organizaciones de izquierda, incluso las peronistas, arrastraban tensiones irresueltas entre su vocación popular por un lado y, por el otro, la impronta de clase de su cultura política y de la mayoría de sus miembros (especialmente en los puestos dirigentes), que no procedía del mundo trabajador. Pero fueran cuales fueren las limitaciones propias de la izquierda, no puede omitirse el hecho de que el constante hostigamiento del Estado y de las bandas parapoliciales ponía obstáculos enormes no sólo a su actividad proselitista y organizativa, sino a la posibilidad de que pudieran discutir abiertamente y aprender de sus errores.

El avance de la dictadura

La derrota del plan pro-patronal de Rodrigo terminó de convencer al empresariado exportador y del sector financiero de la necesidad imperiosa de infligir una derrota definitiva al movimiento social, para poder así reorganizar el capitalismo argentino de acuerdo a sus necesidades. No era sólo el temor a la posibilidad de que las clases populares se decidieran por la vía revolucionaria o encontraran la manera de instaurar un gobierno socialista. Incluso si tal salida no hubiera sido un horizonte posible en el corto plazo (algo que entonces estaba lejos de ser obvio), la constante puja salarial, los límites que los trabajadores ponían a los intentos de incrementar la productividad, la facilidad con la que lograban arrancar al Estado políticas a su favor (poniendo el déficit fiscal fuera de control): todo eso ponía en jaque la estabilidad y viabilidad futura del sistema económico. Los cambios en el plano internacional agregaban una cuota de presión cada vez más intensa. En la década del setenta, el sistema capitalista mundial se embarcó en lo que luego comenzó a llamarse la “globalización”. Las corporaciones internacionales exigieron cada vez con mayor fuerza el fin de la protección estatal a las economías nacionales. El problema era que buena parte de la industria argentina no estaba en condiciones de competir: si se abría la economía, muchas empresas irían inevitablemente a la quiebra. Pero eso no les importaba demasiado a los sectores financieros ni a los exportadores, que deseaban reapropiarse de los fondos que se usaban para proteger a la industria “ineficiente”.

El problema era que existía un ribete político que hacía muy difícil adoptar el curso que exigían esos sectores. Desde 1945, el desarrollo industrial orientado al mercado interno y la presión del movimiento social se habían combinado para crear una de las sociedades con mejor distribución del ingreso y menos desempleo del continente. Cualquier medida económica que vulnerara los intereses de la industria “ineficiente” también afectaría los niveles de empleo y de ingreso de los trabajadores. Había una especie de coincidencia parcial de intereses entre las clases populares y los pequeños y medianos productores locales: a ambos les convenía que siguiera protegiéndose el mercado interno y poner un freno a las políticas “modernizadoras” que impulsaban el capital internacional, un sector de los grandes empresarios locales, los banqueros y los intereses agroexportadores. Tal coincidencia parcial de intereses venía dando lugar, desde entonces, a la formación de alianzas políticas defensivas que, al involucrar no sólo a un poderoso movimiento social sino también a parte de la burguesía y los sectores medios, resultaban imbatibles. En buena medida, la inestabilidad política del país en las últimas décadas se debía a ello: los grupos económicamente más poderosos sólo podían gobernar recurriendo a golpes de Estado, que a su vez no conseguían doblegar las resistencias de la sociedad civil. Pero éstas tampoco eran lo suficientemente poderosas como para derrotar a los intereses del gran capital financiero y exportador. La situación era como una especie de empate en el que nadie podía tomar firmemente las riendas de la república; el creciente espiral de violencia no era sino un síntoma de la necesidad de “desempatar” de algún modo. Así, política y economía estaban fuertemente entrelazadas: para tocar a la una había que ocuparse también de la otra. Era necesaria una reorganización profunda de los lazos sociales, forzar a los pequeños y medianos empresarios a adaptarse al nuevo escenario o perecer, disciplinar a las clases trabajadoras, quebrar los lazos de solidaridad que las unían con parte de los sectores medios, en fin, destruir las bases que nutrían su enorme vitalidad. Y estaba cada vez más claro no sólo que Isabelita no estaba a la altura de la tarea, sino que habría que quitar de en medio, al menos por un tiempo, los límites que imponían las leyes e instituciones democráticas. El horizonte de la dictadura se avizoraba inexorablemente.

En verdad, la dictadura se fue imponiendo de manera paulatina. De hecho, todavía con Perón en la presidencia, el “navarrazo” había dejado instalada una de tipo limitada sobre el territorio cordobés y, ya con Isabelita, el noroeste había quedado sumido en la misma realidad con el “Operativo Independencia”. Inmediatamente después de la caída de Rodrigo los planes para la instauración de una dictadura en toda la nación se hicieron evidentes. La propia Isabelita le abrió el paso, intentando dejar en pie un último barniz de legalidad. Así, con el visto bueno de la CGT, se apoyó en las Fuerzas Armadas para garantizarse la gobernabilidad y puso el Ministerio del Interior en manos de un militar con amplios poderes. Para septiembre el Ejército ya tenía intervenidas catorce provincias y participaba cada vez más en las decisiones del gobierno. En octubre, un decreto autorizó al Ejército a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en todo el territorio nacional. Que la “subversión” a aniquilar no era sólo la de los guerrilleros estaba claro. Los medios de comunicación presentaron entonces insistentemente a los militares como la mejor solución para poner también coto a la “guerrilla fabril”, según la engañosa expresión que difundieron en esos días el líder de la UCR Ricardo Balbín y otras figuras.

Para febrero de 1976 el deterioro de la autoridad de Isabelita ya no tenía retorno. Como las principales entidades patronales se habían lanzado ya a fogonear un clima golpista, la presidenta realizó un último intento por retener su apoyo, designando un nuevo ministro de Economía que traía bajo el brazo un plan similar al de Rodrigo. El nuevo plan económico fue la señal de alerta para el reinicio de un ciclo ascendente de luchas sociales. Desde el 8 de marzo comenzó a reactivarse la coordinación de las resistencias, que ahora incluyeron la renuncia de Isabelita entre las consignas que más resonaban. La iniciativa esta vez estuvo sobre todo en el interior, en especial en Córdoba, Salta, Santa Fe y Mendoza.

El ascenso de la lucha, sin embargo, fue interrumpido en seco por el golpe de Estado que, el 24 de marzo de 1976, derrocó sin dificultades al gobierno. La nueva dictadura contó con el apoyo activo del sector financiero y empresarial casi sin fisuras, de los Estados Unidos y el FMI, de la Iglesia y de los principales medios de comunicación. También recibió el apoyo pasivo de buena parte de la población, que en los últimos meses se había hartado del escenario cotidiano de violencia política y crisis económica y que creía que los militares traerían el ansiado regreso al orden. Es que en las semanas anteriores, todo parecía encaminarse al caos y se venían produciendo a razón de un asesinato político cada cinco horas y un atentado con bombas cada tres. La CGT eludió todo combate contra los golpistas: su secretario general, Casildo Herrera, huyó a Montevideo, desde donde pronunció su célebre frase “Yo me borro”. De todos modos unas doscientas fábricas fueron a la huelga en repudio del golpe, una muestra de dignidad y valentía condenada a ser infecunda. Los militares habían llegado para quedarse. El nombre que eligieron para el nuevo régimen —Proceso de Reorganización Nacional— era bien indicativo de sus verdaderas intenciones. Aunque irrumpieron con la excusa de la lucha contra la guerrilla (que en verdad para entonces ya estaba prácticamente desarticulada), sus objetivos eran mucho más amplios: buscaban sentar las bases para un profundo cambio en el modelo de país.

La estrategia del Proceso fue doble. Por un lado, especialmente durante el mandato del primer presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, los militares desataron una represión sin precedentes en la historia nacional, por la que se puso en marcha un plan sistemático de secuestro, tortura y “desaparición” de miles de personas. La cantidad total de víctimas de la desaparición forzosa todavía no ha sido determinada con exactitud. A pesar de las dificultades para el registro, ya se ha logrado documentar con nombre y apellido cerca de nueve mil casos; el movimiento por los derechos humanos calcula que el número total podría ascender a los treinta mil. Las víctimas se cuentan en todo el país, pero principalmente en las regiones en las que las luchas sociales fueron más intensas. Entre los casos documentados, un 17,9% eran empleados y un 30,2% eran obreros. La enorme mayoría eran jóvenes (el 70% tenía entre 16 y 30 años); del total, 30% fueron mujeres. Las víctimas no fueron sólo guerrilleros. Muchos delegados sindicales sufrieron igual suerte (existen indicios de que algunas empresas, como Mercedes Benz o Ingenio Ledesma, colaboraron con las autoridades entregando “listas negras” de los que eran demasiado demandantes). También fueron víctimas representantes estudiantiles, monjas y sacerdotes comprometidos con los más humildes, abogados de presos políticos, periodistas y académicos independientes, artistas contestatarios y, en general, personas que de cualquier manera participaban del vasto movimiento que se había desarrollado en los años previos. Incluso el médico que denunció las prácticas contaminantes del ingenio Ledesma fue desaparecido. Villa Jardín, por dar un ejemplo, fue foco de particular ensañamiento represivo. Los operativos en la madrugada, la destrucción de casas y el secuestro de villeros fueron moneda corriente (doce de ellos permanecen desaparecidos). En mayo de 1978, los militares sitiaron la villa durante doce días, obligando a sus habitantes a presentar documentos para entrar o salir. Todas las asociaciones y organizaciones que existían allí fueron disueltas por la fuerza, con excepción de la Sociedad de Fomento, cuyas actividades fueron vigiladas de cerca. El terror vivido entonces fue tal que veinte años después los habitantes de Villa Jardín todavía tenían miedo de hablar de esa época.

El objetivo del plan represivo era acabar con los mejores referentes sociales y paralizar al resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier resistencia y “despolitizar” la vida nacional. Se intentó inclusive acabar con cualquier forma de aglomeración callejera. Una fiesta popular tradicional como el carnaval resultó prohibida por decreto. Es que por entonces en algunos barrios, por ejemplo en La Plata, los carnavales convocaban verdaderas multitudes y las familias de toda una cuadra acostumbraban sacar las mesas a la calle para compartir la cena. Todo eso cambió a partir de 1977, cuando incluso arrojar agua a una chica en la vía pública fue causal para la detención de adolescentes. En Córdoba, la música de cuarteto fue totalmente prohibida en las radios y en la televisión, e incluso en los bailes abundaron las razias. La represión también se propuso “limpiar” el espacio público de toda presencia plebeya: el gobernador de facto de Tucumán, por ejemplo, ordenó en 1977 meter a todos los mendigos de la capital provincial en un camión y abandonarlos en un páramo desierto, mientras que en Buenos Aires las topadoras se ocuparon de “blanquear” la ciudad, haciendo desaparecer de la vista las villas de emergencia. Los inmigrantes de países limítrofes fueron hostilizados de diversas maneras (incluyendo la deportación) y se impusieron restricciones más severas a su ingreso al país, para preservar —según informó un funcionario— la “calidad” de la población. La emancipación juvenil fue combatida sin tregua: las culturas y formas de sexualidad alternativas fueron perseguidas, mientras la publicidad oficial apuntaba a restaurar la autoridad de los padres. “¿Usted sabe lo que está haciendo su hijo en este momento?”, increpaba una famosa propaganda de la época.

Mientras los militares despejaban así el camino, neoliberales fuertemente ligados a los intereses de los sectores exportadores y financieros tomaron las riendas de la economía. El programa económico del Proceso se implementó a costa del bienestar de la gran mayoría de la población. Sus puntos centrales fueron un fortísimo endeudamiento externo (especialmente a favor del FMI), la apertura irrestricta a la entrada de capitales y la desregulación de los servicios financieros, la devaluación de la moneda, una baja generalizada de los aranceles aduaneros que protegían la producción local, severos recortes en el gasto público (incluyendo el congelamiento de los salarios) y la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían entonces, junto con la de importantes áreas de otras que no fueron del todo entregadas a manos privadas. Con posterioridad, una buena porción de las deudas que las grandes empresas habían contraído en el exterior fue asumida como propia por el Estado. El efecto combinado de estas políticas fue devastador. El sector industrial se redujo notoriamente por la desaparición de numerosas empresas, incapaces de competir con los productos importados que inundaron el mercado. Una enorme cantidad de pequeños establecimientos comerciales también desapareció. Por efecto de la desaparición de fuentes de trabajo y las limitaciones a la actividad sindical, el valor real de los salarios se desplomó en un 40%. La distribución del ingreso se volvió más regresiva: por tomar como ejemplo el área metropolitana de Buenos Aires, el 10% más rico de las familias, que en 1974 se quedaba con cerca del 27% del ingreso total, doce años más tarde había ampliado ese porcentaje a casi 32. En el mismo período las tasas de desocupación y subocupación —que en 1974 eran muy bajas— estuvieron cerca de duplicarse y crecieron de manera notoria el trabajo en negro y las formas precarias del cuentapropismo. Por otro lado, numerosas disposiciones gubernamentales se tradujeron en pérdidas de derechos específicos para los trabajadores. Por dar un solo ejemplo, en 1979, por presión del ingenio Ledesma, un decreto revocó otro que había sido sancionado en 1974, por el que se reconocía que la manipulación de ciertos compuestos químicos era insalubre, lo que obligaba a la empresa a disponer protecciones especiales para los operarios. El principal ministro de Economía fue el empresario José Alfredo Martínez de Hoz, en cuya persona se encarnaba la continuidad de la vinculación entre la clase dominante argentina y la violencia de Estado: pertenecía a la familia del estanciero del mismo nombre que fundó la Sociedad Rural en 1866 y recibió luego como cesión una enorme porción de la tierra incorporada tras la “Campaña del Desierto”. El beneplácito de los empresarios con la nueva campaña de exterminio y las medidas económicas era tal que incluso en 1979, cuando el escándalo por las violaciones a los derechos humanos motivó cuestionamientos de la comunidad internacional, un centenar de entidades —entre las que se contaban la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos— salieron a declarar conjuntamente su apoyo incondicional al régimen.

Las clases populares y la política durante el Proceso

A pesar del terror reinante y de la pasividad (o incluso el beneplácito) con el que parte de la población había recibido la llegada de los militares, parte de las clases populares encontró el modo de resistir la dictadura. Todavía en 1977 las acciones de las organizaciones armadas tuvieron cierta visibilidad. Pero su desconexión respecto del común de la población ya era total. Llevando la tendencia militarista al paroxismo, en 1979 la conducción de Montoneros, desde el exilio, ordenó una absurda “contraofensiva” que resultó en una enorme pérdida de vidas para los jóvenes que participaron. Para entonces ya no quedaron dudas de que la estrategia de la lucha armada había sido derrotada no sólo en el terreno militar, sino también políticamente. Por su parte, a pesar de la defección de la burocracia sindical —cuyos máximos líderes negociaron secretamente acuerdos de convivencia con los militares—, hubo en las fábricas algunas manifestaciones de resistencia activa. Los trabajadores de las automotrices, los portuarios y los metalúrgicos protagonizaron importantes huelgas durante parte de 1976, apagadas mediante una feroz represión. El panorama fue desde entonces de repliegue. Ya que el enfrentamiento abierto no era posible, los conflictos que se produjeron en 1977 se valieron de huelgas de brazos caídos, el trabajo a desgano y los sabotajes. Desde 1978 volvieron las huelgas, en general breves, y al año siguiente de mayor duración. El 27 de abril de 1979, un comité formado por algunos dirigentes cegetistas convocó una Jornada Nacional de Protesta, que alcanzó un acatamiento cercano al 40%. A partir de entonces las luchas obreras fueron en ascenso. En 1980 hubo varias tomas de fábricas, algunos paros importantes, numerosos “paros sorpresivos” de corta duración (para evitar la represión) y experiencias de coordinación clandestina de algunos gremios a nivel nacional. A mediados del año siguiente se produjo una verdadera oleada de huelgas entre los metalúrgicos, los mecánicos y los trabajadores de Luz y Fuerza, algunas de alcance nacional. La CGT, por su parte, se animó a convocar un paro nacional el 22 de julio por mejoras salariales y por la “plena vigencia del estado de derecho”, que resultó de alto acatamiento. A fines de ese año los trabajadores comenzaron a ganar nuevamente las calles con manifestaciones masivas en las que no faltaban cánticos contra los militares. El 30 de marzo de 1982 la CGT convocó a los trabajadores a la Plaza de Mayo y ese día los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad duraron hasta la noche. Simultáneamente, en casi todas las ciudades del interior hubo manifestaciones similares.

Entretanto, a pesar de la interrupción de toda actividad política, la estructura de “movimiento” que tenía el peronismo desde sus inicios le permitió preservarse bastante bien en las condiciones reinantes. Como su vida nunca giró en torno de un partido formalmente organizado, la prohibición del Partido Justicialista (PJ) dejó intacta buena parte de las estructuras de base. Es que, a diferencia de los comités locales de otros partidos, las Unidades Básicas (UB) que agrupaban a los militantes peronistas siempre habían funcionado con gran independencia y autonomía. Y por supuesto lo mismo vale para los sindicatos y otras entidades que conformaban el movimiento. A pesar de las apariencias, la estructura del peronismo era más parecida a la de una red laxa de agrupaciones de diverso tipo que a la de una organización piramidal y formalmente reglada. Como no las fundaba desde arriba, ni las financiaba la dirigencia partidaria (de hecho, cualquiera podía abrir una en su propia casa y ni siquiera se sabía cuántas existían), las UB podían sobrevivir y mantener sus actividades incluso si aquélla desaparecía. Un estudio reciente demostró que casi el 30% de las UB de una muestra encuestada habían desarrollado actividades clandestinas durante el Proceso. Por su parte, las estructuras de los sindicatos ofrecieron refugio a muchos referentes partidarios, que encontraron allí empleo o recursos básicos (oficinas, imprentas, etc.) para mantenerse activos. Gracias a ello el PJ renacería al final de la dictadura con la asombrosa cifra de tres millones de afiliados (más que todos los demás partidos juntos).

Las pocas aglomeraciones públicas que seguían estando autorizadas fueron escenario, en ocasiones, para la manifestación del descontento. Con la clausura de los espacios de participación política para jóvenes y estudiantes, la cultura rock proveyó algunos de los pocos canales por los que pudo manifestarse el descontento. Durante 1976 y 1977 hubo una verdadera explosión de recitales de creciente concurrencia; hacia fines de la década ganaron una masividad inédita, a pesar de la represión policial. Los cánticos “¡El que no salta es militar!” se volvieron infaltables. El fútbol fue un terreno más ambiguo. Desde tiempos de Onganía, los militares habían advertido que el “nacionalismo deportivo” podía utilizarse para reforzar la identificación de las personas con el Estado en tiempos de crisis. No sorprende entonces que el Proceso pusiera enorme atención y cuantiosos fondos en la organización del Mundial de fútbol que tuvo a la Argentina como anfitrión en 1978. Promocionado como la fiesta de “25 millones de argentinos”, concluyó con la victoria de la selección nacional, lo que brindó una vidriera local e internacional en la que los militares pudieron exhibirse como gestores de un nuevo y exitoso país (el propio Videla asistió a la final). Aunque se cuidó mucho de realizar cualquier gesto de apoyo a los dictadores, la multitud que volcó su euforia espontáneamente en las calles, sin dudas, sirvió para legitimarlos. Sin embargo, no siempre tendrían la misma suerte: dos años más tarde el general Viola, sucesor de Videla, debió soportar una cerrada silbatina cuando se aventuró a la cancha de Rosario Central.

A pesar de todo el apoyo que recibieron y del silenciamiento forzoso de la población, los militares no consiguieron ordenar la economía. La crisis y la inflación fueron disolviendo rápidamente el respaldo que habían cosechado inicialmente entre vastos sectores de la población. Esperando recuperar algo de ese apoyo, en abril de 1982 el Proceso se embarcó en una absurda guerra con Gran Bretaña por las islas Malvinas. Aunque al comienzo consiguieron encender una enorme ola de nacionalismo que los benefició, el lamentable desempeño de las Fuerzas Armadas en los campos de batalla y su pronta derrota le pusieron fecha de vencimiento a la dictadura. A partir de entonces, y a pesar del terror que todavía reinaba, el descontento se manifestó de manera creciente. A fines de ese año y en marzo del siguiente se convocaron huelgas generales que tuvieron altísimo acatamiento no sólo entre los trabajadores: también se plegaron espontáneamente pequeños comerciantes y otros sectores medios. La lucha en defensa de los derechos humanos que las valientes Madres de Plaza de Mayo habían iniciado en soledad en 1977 comenzó a atraer cada vez más gente. Desde fines de 1982 se registraron asimismo varias protestas vecinales contra los aumentos de impuestos en el conurbano bonaerense. Convocadas por sociedades de fomento, amas de casa y asociaciones de comerciantes y profesionales, algunas de ellas reunieron a varios miles de personas. El “Lanusazo” de noviembre de 1982 fue la de mayor envergadura. Allí se movilizaron cerca de veinte mil personas, convocadas tanto por asociaciones representativas de las villas de emergencia y los barrios más humildes, como por las de comerciantes. Desde comienzos de 1983 estuvo cada vez más claro que el gobierno militar venía en caída libre. Habiendo perdido los apoyos internacionales y parte de los locales, los militares debieron convocar a elecciones para octubre de ese año.

Sin embargo, el Proceso fue todo un éxito desde el punto de vista de los intereses de los sectores que lo apoyaron. Cuando se levantó el telón de plomo que había caído sobre la sociedad, poco quedaba de ese poderoso movimiento social que había sido anteriormente protagonista central de la política argentina. El terror caló tan profundamente en toda la población, que logró transformar de manera duradera la cultura política y los vínculos entre las personas. Lo que quedaba de solidaridad y disposición a interesarse por los asuntos públicos fue reemplazado en buena medida por el temor al otro, la indiferencia y la desconfianza por cualquier forma de militancia, especialmente si era de izquierda. En lo económico, los cambios fueron irreversibles. Desde entonces la Argentina se volvió un país enormemente vulnerable y dependiente del sistema financiero internacional. Los mandatos y condicionamientos del FMI y de los grandes empresarios y banqueros locales impondrían en el futuro una pesada hipoteca sobre las posibilidades de volver a un modelo económico más favorable a las mayorías. Los militares se fueron humillados en 1983, pero los sectores de la élite que los impulsaron a tomar el poder en 1976 podían sentirse satisfechos.

10. La democracia de la derrota

El resultado de los comicios de 1983 fue la señal de que un ciclo histórico estaba llegando a su fin: por primera vez el peronismo fue derrotado en elecciones limpias, que imprevistamente favorecieron a Raúl Alfonsín, el candidato de la UCR. En la derrota pesaron varios factores. El peronismo cargaba con el descrédito del descalabro que siguió a la muerte de Perón. La imagen del partido también quedó manchada por la denuncia de Alfonsín del “pacto sindical-militar”, que expuso las negociaciones secretas que la cúpula de la CGT había mantenido con los dictadores para asegurarse una convivencia pacífica. Pero había más. En vísperas de las elecciones, el candidato a gobernador bonaerense Herminio Iglesias protagonizó un episodio muy revelador de los cambios que habían acontecido en la cultura política. Iglesias era un peronista histórico; había estado entre esos jóvenes pobres que cruzaron el Riachuelo a nado el 17 de octubre de 1945. Pero poco le quedaba de aquel candor juvenil: ahora se había transformado en uno de los hombres más fuertes del partido, conocido por su violenta prepotencia. En el acto del cierre de campaña tuvo la mala idea de prender fuego a un ataúd con los colores de la UCR. El gesto sin dudas formaba parte del estilo plebeyo tan típico del peronismo. Pero el país había cambiado. El eslogan radical “Somos la vida”, opuesto al peronista “Somos la rabia”, lo decía todo. La quema del ataúd generó una enorme ola de rechazo en una sociedad cansada de ver a la política relacionada con la muerte. Varios analistas opinaron más tarde que este episodio fue definitorio en el resultado de las urnas (el peronismo perdió incluso su bastión de la provincia de Buenos Aires). La UCR triunfó con el voto de los sectores medios y altos, pero también con el de una porción importante de las clases bajas, que esta vez había optado por no votar por su partido habitual.

El gobierno de Alfonsín estuvo marcado por la vacilación. En lo económico, algunos intentos iniciales de cambiar las reglas del juego pronto dieron lugar a políticas más ortodoxas y pro-empresariales; ni unos ni otras consiguieron resolver la crisis, que hacia 1989 produjo niveles inéditos de hiperinflación y el rápido empobrecimiento de la mayoría de la población. En lo político, los pasos de los primeros años en el sentido de restaurar una vida cívica robusta y condenar el genocidio militar terminaron en una penosa marcha atrás. Pero hubo un aspecto en el que dejó una marca indeleble: el de la cultura y las identidades políticas. Aunque su gestión fue un fracaso, el alfonsinismo logró presentar una visión sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación que resultó enormemente influyente. A cambio de los grandes anhelos políticos previos —la “justicia social” o el “socialismo”—, revistió de una nueva legitimidad a una aspiración mucho más modesta: la democracia. “Con la democracia se come, se cura y se educa”, fue uno de los eslóganes más famosos de Alfonsín, quien intentaba de ese modo dotarla de un vago contenido social y progresista. El imperativo era ahora el de apegarse a la democracia como horizonte suficiente y máximo para el país. Y en efecto, fue en los años de Alfonsín cuando la sociedad argentina —que no había dado grandes muestras de aprecio por ella en el pasado— empezó a otorgarle un valor superlativo. El proyecto alfonsinista invitaba a la sociedad toda a unirse y a dejar atrás los enfrentamientos. Para lograrlo, se concentraron las culpas por la violencia de los años previos en los militares y en la cúpula de las organizaciones guerrilleras, como para dejar al resto de la población libre de culpa y cargo y lista para abrazar la causa democrática. Se llamaba así a olvidar dos aspectos cruciales de la década anterior: que el Proceso había tenido un gran nivel de apoyo civil y que otra parte igualmente importante de la población —y no sólo los líderes guerrilleros— había luchado por un mundo nuevo sin preocuparse demasiado por respetar formalidades democráticas.

Por la misma época en buena parte del planeta se venía dando un giro a la derecha y el abandono de los ideales rebeldes que habían marcado las dos décadas previas. En un país y en un mundo que ya no creían en utopías, la visión que el alfonsinismo proponía fue bien recibida. Vastos sectores de la sociedad que estaban hartos de la violencia y de la inestabilidad hicieron suyo ese modelo de “civismo democrático”. En el pasado debían quedar esos fanáticos líderes guerrilleros y esos atroces militares que los reprimieron (y también los ingenuos “jóvenes idealistas” que, según el discurso oficial, fueron víctimas de unos y otros). Pero tampoco eran ya tiempos para el mal gusto y los desbordes de un peronismo al estilo de Herminio Iglesias, ni para esa “patota sindical” —como gustaba de llamarla Alfonsín— poderosa y corrupta que ponía sus intereses corporativos por encima de los del país. La “Argentina democrática” tenía poco que ver con el pasado militar, izquierdista o peronista.

Este cambio en el horizonte político inevitablemente se reflejó en las identidades. La confianza en el trabajador como figura central del cambio anhelado, que en los años previos había animado tanto al izquierdismo como al peronismo, perdió su lugar. El nuevo ideal de “civismo democrático” se encarnaba implícitamente en la “clase media”. En efecto, la victoria de Alfonsín fue interpretada en los medios de comunicación como el triunfo de esa clase por sobre la indebida gravitación del elemento plebeyo en la historia nacional. Con el triunfo de la clase media, suponían, se volvía a un “país normal” regido por la moderación, la racionalidad, la paz social y el respeto a las instituciones. Aunque no hay estudios concluyentes al respecto, hay indicios de que este modo de ver las cosas caló profundamente también en el mundo de las clases populares. Un signo de ello es que en estos años se profundizó una tendencia que ya se venía notando desde tiempo atrás: muchas personas que, por su nivel de ingresos o su tipo de ocupación, pertenecían a las clases bajas, sin embargo se imaginaban a sí mismas como parte de la clase media. Probablemente la derrota del movimiento social a manos de los militares, el descrédito del peronismo y de la CGT y las expectativas que despertó al triunfo alfonsinista contribuyeran a reforzar tal identidad a costa del orgullo trabajador que había ocupado un lugar central en la Argentina del siglo XX. Incluso en el vocabulario político las referencias al “pueblo” o “los trabajadores” tendieron a ser reemplazadas por otras a “la gente”, una categoría que no daba lugar a imaginar diferencias sociales entre las personas. El debilitamiento de la identidad trabajadora y del orgullo plebeyo sin dudas señalaba que el protagonismo central de las clases populares en la política argentina estaba llegando a su fin. La derrota del movimiento social a manos del Proceso no había sido tan sólo física y material, sino también cultural. Hija de esa derrota, la democracia inaugurada en 1983 se fundó, paradójicamente, más en el desdibujamiento de las clases populares como actor político que en su protagonismo.

El triunfo del neoliberalismo

Con todo, el Proceso no había podido concluir con la reestructuración de la economía y la sociedad que esperaban los sectores exportadores y los financistas. Alfonsín se inclinó cada vez más a satisfacer sus demandas, pero sus vacilaciones y la pérdida de autoridad que experimentó desde mediados de su mandato le impidieron llevar a cabo la tarea. Aunque debilitado, el sindicalismo había demostrado que conservaba una buena cuota de poder, con trece huelgas generales durante su presidencia. El Estado todavía conservaba capacidad de regulación de diversos aspectos del funcionamiento del mercado y controlaba áreas de la economía que podían convertirse en rentables negocios para los privados. Todo eso debía terminar. El problema era que esta vez no podía pedirse a los militares que asumieran el gobierno. El desastre en que concluyó el Proceso y el descrédito en el que cayeron las Fuerzas Armadas lo hacía imposible. Las reformas tendrían que impulsarse mediante un gobierno civil, pero ninguno de los partidos mayoritarios parecía estar a la altura de la tarea.

La estrategia de las clases dominantes fue doble. Por un lado, especialmente luego de 1987, iniciaron una campaña sistemática en los medios de comunicación sobre la necesidad de desmantelar el “estatismo”, liberalizar completamente la economía y acabar con los principales derechos laborales. Buscaron seducir con ese discurso neoliberal especialmente a los cuadros de los partidos más importantes. Con la UCR tuvieron éxito, de modo que su candidato para las presidenciales de 1989 incluyó esas ideas en su plataforma electoral. Pero el vencedor fue el candidato del PJ, Carlos Menem, que se había presentado a las elecciones con un programa peronista bastante tradicional, que prometía aumentos salariales y fomento de la industria. Por ello, por otro lado, entró en escena la segunda estrategia de avance. Para reforzar el predicamento de sus ideas, las grandes empresas formadoras de precios experimentaron con una nueva manera de condicionar las decisiones políticas. El método, que mucho tiempo después recibiría el nombre de “doctrina del shock”, consistía en aprovechar una situación caótica que sumerge a una población en el miedo y el desconcierto, para avanzar con medidas “salvadoras” que en tiempos normales jamás serían aceptadas. El gobierno de Alfonsín venía siendo erosionado en su popularidad por las inéditas tasas de inflación, que en 1987 habían alcanzado el 175%. Pero desde agosto de 1988 y durante los doce meses siguientes se alcanzaron niveles pocas veces registrados en el mundo. El porcentaje se disparó entonces al 3.620%, con una velocidad tal que los salarios perdían su valor pocas horas después de pagados. Consecuentemente, los índices de pobreza e indigencia treparon a niveles nunca antes registrados —47,3% y 17,5% respectivamente— y, con ellos, el descontento de la población. En medio de la desesperación general, a fines de mayo de 1989 tuvo lugar una intensa ola de saqueos de comercios, en lo que fueron los primeros disturbios por alimentos de la historia moderna de la Argentina (hubo anteriormente episodios puntuales, pero nada de magnitud comparable). Los analistas coinciden en que se trató de una escalada de precios deliberadamente provocada por los sectores empresariales y financieros más concentrados para poner de rodillas al sistema político. En efecto, la experiencia de la hiperinflación fue tan traumática que desde entonces la sociedad reclamó y valoró la estabilidad económica por sobre todas las cosas. En lugar de un golpe de Estado, se trató de un “golpe de mercado”, según la expresión que se acuñó entonces. Y en verdad sus efectos inmediatos no fueron del todo diferentes: Alfonsín se vio obligado a abandonar el poder antes del fin de su mandato y entregar la presidencia a su sucesor.

Carlos Menem, por su parte, sorprendió a todos aplicando políticas que significaban un brusco corrimiento respecto de sus promesas de campaña. Desde el primer día de su gestión se ocupó de asociarse estrechamente con los intereses de los bancos y las grandes empresas nacionales y extranjeras. Sus ministros de Economía —el más famoso de los cuales fue Domingo Cavallo, que había sido funcionario del Proceso— aplicaron drásticas recetas neoliberales. Con la complicidad de buena parte de la jerarquía sindical y de casi todo el partido peronista, se eliminaron en tiempo récord la mayoría de las protecciones a la industria nacional y se privatizaron prácticamente la totalidad de las empresas que quedaban en manos del Estado. El desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado fue casi total. Los financistas e inversores se beneficiaron de derechos y garantías inéditos para desarrollar actividades a su antojo, sin controles ni restricciones. Decenas de miles de empleados estatales fueron despedidos: de los 243.354 que había en 1985, sólo quedaban 75.770 en 1998. Comunidades enteras —especialmente las que dependían de la petrolera estatal o del ferrocarril— se transformaron en pueblos fantasma. La ruinosa competencia de los productos importados profundizó el proceso de desindustrialización que había comenzado en el Proceso. Numerosas quiebras de pequeñas y medianas empresas y comercios dejaron en la calle a decenas de miles de obreros, empleados, técnicos y antiguos propietarios. El conurbano bonaerense fue la zona que más padeció esta transformación. En los años noventa desaparecieron allí 5508 plantas industriales y, sólo en el primer lustro, el sector manufacturero eliminó 200.000 puestos de trabajo. Para 1995 el desempleo y el subempleo alcanzaron el 33,8%; los más golpeados por la desocupación fueron los más pobres, los más jóvenes y quienes no tenían el secundario terminado. Muchas personas que no tuvieron la posibilidad de acceder a un trabajo estable se refugiaron en actividades productivas, comerciales o de servicios en pequeña escala que solían implicar más horas y peores condiciones de trabajo y menos ingresos. Pero para los que consiguieron conservar sus empleos las cosas no fueron mucho mejores. Desde 1991 se impulsaron nuevas leyes que, junto con los efectos indirectos de la desocupación, tuvieron efectos ruinosos sobre los derechos laborales. Bajo la excusa de la necesidad de “flexibilizar” el empleo, se dio lugar a “nuevas modalidades de contratación” como la subcontratación, la tercerización, el empleo autónomo y los trabajos temporarios. En la práctica esto significó la extensión del empleo encubierto y el trabajo precario. En efecto, el empleo no registrado sufrió un gran aumento, pasando del 26,5% en 1990 al 35% en 1999. La duración de la jornada laboral tendió a aumentar notoriamente —con frecuencia sin contraparte en aumento de la remuneración— y se aplicaron además esquemas de francos rotativos y en horarios variables. Paralelamente, en los mismos años el llamado “costo laboral” bajó un 62%: se redujeron los aportes patronales a la seguridad social y se modificaron las normas sobre enfermedades laborales y accidentes de trabajo de un modo desventajoso para los asalariados.

Las políticas neoliberales acentuaron también las asimetrías regionales y profundizaron la tendencia a la “reprimarización” de la economía. La desregulación de la exportación de los productos del agro generó un importante crecimiento del sector, pero de características que acentuaron la concentración de los beneficios en unos pocos y la tendencia al monocultivo. Las políticas cambiarias, la presión creciente del precio de la tierra y la necesidad de grandes inversiones para estar al ritmo de las mejoras técnicas fueron complicando la vida de los pequeños y medianos productores, muchos de los cuales se endeudaron y quebraron. La difusión de las semillas transgénicas vino de la mano de una profundización de las regulaciones que resguardan los derechos de propiedad intelectual, que a partir de ahora se aplicaron incluso a los genes. Al garantizar derechos monopólicos para un puñado de empresas, estas regulaciones se tradujeron en un aumento de los precios de los insumos que utilizan los agricultores y en una nueva amenaza a su autonomía, ya que desde ahora su derecho a producir e intercambiar semillas quedaba en entredicho. A fines de los años noventa, favorecida por altos precios internacionales, la soja transgénica experimentó una inédita expansión, desplazando en su avance a otros cultivos y a la ganadería. Más apta para los suelos de poca calidad, la sojización golpeó particularmente a los campesinos e indígenas que tradicionalmente ocupaban tierras marginales. A medida que se expandía la frontera agropecuaria, muchos de ellos fueron desalojados o presionados para que cedieran sus tierras. Por otra parte, la nueva tecnología de la “siembra directa” permitió un ahorro de mano de obra que llegó al 30%, disminuyendo así las oportunidades de empleo para los peones. Además, la expansión sojera empeoró dramáticamente el deterioro ambiental, al incentivar la tala indiscriminada de los pocos bosques que quedaban en muchas zonas, lo que a su vez causó severos problemas de erosión del suelo e inundaciones. El uso masivo de herbicidas de amplio espectro dañó seriamente la flora autóctona, degradó mucho más la calidad de la tierra y existen indicios fuertes de que es causa de una mayor frecuencia de cáncer y enfermedades respiratorias entre los habitantes rurales. Este tipo de consecuencias no se hicieron sentir sólo en el agro. En los años noventa, el gobierno entregó permisos a empresas extranjeras para explotar la minería a cielo abierto en diversas partes de la cordillera de los Andes, que quedaron así expuestas a la polución de sus aguas y sus suelos.

Con todo, el programa de Menem tuvo éxito en detener la inflación y en volver a poner en marcha el crecimiento de la economía, gracias a lo cual entre 1991 y 1994 se redujo la tasa de pobreza al 19,7%, mucho menos que en la crisis de 1989, pero igualmente por encima de sus niveles de los años setenta. El control de la inflación habilitó el regreso de las compras en cuotas, que generaron una breve fiebre de consumo y una sensación ficticia de bonanza económica. El crecimiento de estos años, sin embargo, fue acompañado de un fuerte incremento en la productividad del trabajo, por lo que generó escasa demanda de empleos. Los éxitos iniciales, sobredimensionados por la constante entrada de capitales por las privatizaciones y por las refinanciaciones constantes de la deuda externa que concedió el FMI mientras se aplicaban sus recetas, permitieron a Menem conseguir su reelección en 1995, esta vez haciendo campaña abierta de sus verdaderas ideas. Su victoria de entonces fue un hito de gran significación en la historia nacional: fue la primera vez que el candidato favorito de los empresarios más importantes llegaba al poder mediante elecciones limpias. Jamás, desde la instauración de la democracia en 1916, los sectores más ricos y poderosos habían conseguido el consentimiento libre de la mayoría de la población para las políticas y los políticos que los representaban. Fue una ironía de la historia que el que alcanzara tal logro fuera precisamente un hombre del peronismo. Sin duda, se trató de una confirmación de que la larga etapa de la historia argentina abierta en 1945 llegaba a su fin.

Un segundo mandato dio a Menem la oportunidad de profundizar sus políticas. Desde 1995 y particularmente desde 1998, la economía se derrumbó en caída libre. El desempleo alcanzó tasas astronómicas y los índices de pobreza e indigencia volvieron a acentuarse profundamente. Su reemplazo en la presidencia por el radical Fernando de la Rúa tras las elecciones de 1999 no cambió el rumbo en nada. Luego de más de una década de neoliberalismo (anticipado por las políticas que ya había aplicado el Proceso), la Argentina había sufrido una transformación tan profunda, que poco quedaba en pie de la sociedad que habían habitado los que eran jóvenes o adultos en los años setenta. Probablemente, el cambio que resume todos los cambios sea el del enorme crecimiento de la desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, en el año 1974 el 10% más rico de la población tenía ingresos en promedio 12,3 veces mayores que los del 10% más pobre. Para octubre de 1989 —en vísperas de la asunción de Menem— la brecha ya había crecido a 23,1 veces. En mayo de 2002, durante el pico de la crisis generada por las políticas menemistas, la cifra había trepado otro tanto: los más ricos ganaban entonces, en promedio, 33,6 veces más que lo que ganaba el 10% menos afortunado. Para decirlo en otras palabras, gracias a la represión militar y a las políticas neoliberales, las clases altas habían conseguido apropiarse de una porción mucho mayor de la riqueza producida socialmente. Y debe tenerse en cuenta que estas cifras no permiten visualizar a la minoría ínfima de los “súper ricos”: si pudiéramos medir la brecha entre éstos y los más pobres, el resultado sería mucho más impresionante. Esta formidable transferencia de ingresos se produjo, en tiempos del Proceso y de Alfonsín, principalmente a través de la inflación y la caída del nivel de los salarios. En el período de Menem/De la Rúa la causó sobre todo el desempleo.

Estos cambios no afectaron tan sólo la suerte de los más ricos y los más pobres, sino la de toda la pirámide social. Así luce gráficamente la variación en el tiempo de las seis categorías de ingreso de los hogares metropolitanos:

Como puede verse, entre 1974 y 2004 la proporción de los hogares indigentes, pobres y de ingresos medios-bajos creció de manera estrepitosa, reduciéndose en cambio el porcentaje de los de ingresos medios y medios-altos. A medida que fue creciendo la desigualdad y la riqueza se fue concentrando cada vez más en el puñado de los más ricos, la gran mayoría de los habitantes de la región metropolitana —y no sólo los que ya pertenecían a las clases bajas— vieron empeorar su condición social. De hecho, desde fines de los años ochenta se advirtió el fenómeno de los “nuevos pobres”. Buena parte de los pobres que las estadísticas registraban eran personas que hasta hacía poco gozaban de un pasar económico más holgado y pertenecían a la clase media. Las costumbres y formas de adaptación de los “nuevos pobres” a la crisis eran bastante diferentes de las de los sectores ya habituados a situaciones de pobreza. Así, en el universo de los sectores bajos se recortaba un subgrupo hasta entonces casi inexistente, con características propias. Aunque con variaciones regionales, las estadísticas disponibles para el conjunto del país muestran una tendencia similar. En fin, en pocos años, Argentina pasó de tener una estructura social similar a la que tenían países que hoy se consideran adelantados a una que la acercaba a los menos desarrollados. En términos de la proporción de personas que vivían bajo la línea de pobreza, siempre en el área metropolitana, en 1974 el registro era de tan solo 4,5%. Para 1980 ya había trepado al 8,4% y volvería a duplicarse en los cuatro años siguientes. Durante el pico de la crisis de 1989 alcanzaría casi el 48%, para caer a menos de la mitad tras la recuperación. Pero perforaría nuevamente la barrera del 40% en 2001 hasta llegar, en octubre de 2002, al increíble pico del 57% a nivel nacional. Previsiblemente, las estadísticas sobre la calidad de vida —un índice compuesto por diversas variables referidas a la educación, la salud, la vivienda y el riesgo ambiental— muestran que, entre 1991 y 2001, se profundizó la brecha que separa la situación de quienes residen en zonas más prósperas de la de los que habitan en las regiones más postergadas, en especial las del noroeste y el noreste argentinos y las periferias urbanas. De diversas maneras, las estadísticas hablan de un país con mayor pobreza, más desigual y más fragmentado.

En estos años se produjo también una marcada “feminización” de la pobreza. Las mujeres de las clases populares y de los sectores medios empobrecidos debieron salir masivamente al mercado de trabajo para apuntalar la economía familiar. Lo hicieron las de todas las edades, incluyendo ahora también a las que estaban en edad reproductiva. Mientras que en 1974 un 22% de las esposas de los trabajadores manuales calificados tenía una actividad económica propia, a comienzos de la década de 1990 el porcentaje se había elevado al 37% y siguió subiendo. Los empleos a los que accedieron fueron mayormente en el sector servicios y los peor remunerados. El desempleo las golpeó más que a los varones y además el diferencial de salario por la misma actividad siguió siendo muy marcado. Al mismo tiempo, creció la proporción de las trabajadoras que eran las principales proveedoras del hogar y la de los hogares a cargo de mujeres solas.

Los cambios en el papel del Estado y la ciudadanía

Pero el neoliberalismo no sólo trajo cambios económicos: se trató de un proyecto de reformulación profunda de todos los aspectos de la vida social, incluida la política y la vida cotidiana. Se proponía intensificar la penetración del capitalismo en la vida social de manera inédita, quitando velozmente de en medio cualquier obstáculo que pudieran interponer las costumbres tradicionales o las leyes e instituciones existentes.

Uno de los cambios más evidentes fue el del papel del Estado. Desde su fundación en el siglo XIX, el Estado argentino se había propuesto como misión “integrar” a las clases populares a la vida nacional. Se trataba, naturalmente, de una integración subordinada a las necesidades de las clases superiores, más orientada a asegurar el orden que a promover la igualdad. Pero aun así la tarea demandaba políticas específicas para hacerles llegar a los más pobres algunos de los beneficios de la vida en sociedad. Al principio se trató principalmente de la educación. Más tarde, desde 1912, se ensayó la extensión de la ciudadanía política, un modo de integración que en Argentina tuvo una trayectoria accidentada, pero que sin dudas favoreció un imaginario de común pertenencia a la misma nación. Por último, la expansión de las políticas de bienestar y del gasto social desde mediados del siglo XX creó un sentido de ciudadanía social y una cierta confianza en el papel del Estado como garante del mejoramiento de la condición socioeconómica de cada cual. Reales o ilusorios, estos modos de integración habían promovido un imaginario de país en el que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y que se caracterizaba por (o al menos marchaba hacia) una cierta homogeneidad social. El Estado ocupaba un lugar central en este imaginario, como garante de la cohesión de la nación, de la protección de los derechos y de la expansión del bienestar. Seguramente estas creencias estaban menos arraigadas entre los sectores más postergados de la sociedad, pero sin dudas ocupaban un lugar importante para la mayoría de las personas.

Las políticas neoliberales significaron un cambio profundo en el papel del Estado. La premisa del momento era que cada individuo debía proveerse el acceso al bienestar por sus propios medios. Todo lo público debía reducirse; quienes pudieran pagarlo, deberían adquirir en el mercado aquello que necesitaran, incluyendo servicios de salud, de educación y seguridad. Para los demás, la asistencia a cargo del Estado se reduciría a una mínima expresión. Así, en estos años se desfinanciaron dramáticamente los sistemas de salud, de previsión y de educación públicos. Las jubilaciones se redujeron a montos insignificantes. La calidad de servicio en los hospitales empeoró notoriamente y lo mismo sucedió con el nivel educativo en las escuelas. La combinación del retiro del Estado con las altas tasas de desocupación y de empleo informal significó que una proporción mucho mayor de las clases populares se quedó sin cobertura médica. Por los mismos motivos, el acceso a la educación sufrió un proceso similar. Un estudio de mediados de los años noventa mostró que sólo un 50% de los jóvenes de los estratos sociales más bajos en edad de asistir al secundario estaba concurriendo a alguna institución educativa. De la mitad que no lo hacía, sólo un 25% tenía un trabajo, lo que significa que una enorme cantidad de jóvenes pobres no tenía ninguna actividad durante el día que le permitiera progresar o integrarse.

El desmantelamiento de vastas secciones del aparato estatal estuvo acompañado de una importante descentralización administrativa. El Estado nacional transfirió muchas de sus responsabilidades a las provincias y municipios, los que muchas veces carecieron de los fondos o la infraestructura como para ocuparse de las funciones delegadas. Paralelamente, para mantener bajo control el creciente fenómeno de la pobreza y la indigencia, el Estado nacional y los estados provinciales y municipales ampliaron de manera sostenida las políticas de asistencia focalizada. Desde los primeros ensayos con el Programa Alimentario Nacional que Alfonsín lanzó en 1985, hasta los subsidios para desempleados que implementó Menem en su segundo mandato, pasando por las iniciativas que pusieron en marcha diversos gobernadores e intendentes desde mediados de los años ochenta, las políticas asistencialistas del Estado se multiplicaron. La política social se fue redefiniendo entonces como una cuestión de gestión de las necesidades de diversos segmentos de la población a través de subsidios puntuales o entrega de alimentos. Las vías por las que el Estado se ocupó de las necesidades de las clases populares ya no pasaron principalmente por la ampliación de los derechos o los beneficios que colectivamente podían reclamar los ciudadanos. La nueva política social procedía más bien identificando los focos posibles de conflicto para otorgar alguna ayuda puntual que los mantuviera encapsulados y bajo control. El horizonte de la eliminación de la pobreza pasó a ser una mera fórmula retórica: más que acabar con ella, al Estado le interesaba gestionarla. Ya no fue la fábrica o el lugar de trabajo el sitio privilegiado por el que pasaba la política social, sino el barrio.

Pero como los planteles de funcionarios y empleados estatales se reducían día a día, las nuevas políticas asistencialistas fueron en general implementadas aprovechando las organizaciones no estatales y las redes informales de autoayuda que ya existían en el mundo popular. No sólo las ONG y las iglesias fueron utilizadas como canal para la asignación y distribución de la asistencia: los militantes sociales y las organizaciones de base también fueron tentados para desempeñar la misma función. En los distritos bajo control de los peronistas esta estrategia fue particularmente exitosa. Las Unidades Básicas y los referentes locales del movimiento se volcaron masivamente a gestionar en cada barrio los recursos que venían del Estado. Aunque algunos consiguieron resistir este proceso, en pocos años muchos activistas de base vieron transformarse su misión y su papel. La militancia social se fue volviendo cada vez más la gestión de las necesidades puntuales del barrio mediante el acceso a la ayuda estatal. La dependencia respecto del Estado contribuyó a despolitizarla, privándola de la posibilidad de plantarse en antagonismo respecto de los políticos y los gobiernos. Con el tiempo, muchos de los líderes “naturales” de los barrios y referentes de base terminaron convirtiéndose en “mediadores” o “punteros” al servicio de la maquinaria asistencialista del Estado. La contracara de este mismo proceso fue la rápida expansión del clientelismo, es decir, el intercambio de favores personales (aunque financiados por el Estado) por apoyo electoral. Así, un nuevo entramado político fue articulando y comunicando al Estado con el mundo de las clases populares. Este entramado ya no pasaba tanto por los sindicatos o los partidos políticos, ni mucho menos por las leyes o las instituciones estatales, como por las redes de lazos personales, organizadas territorialmente, que vinculaban a cada barrio con políticos o funcionarios locales, y a éstos con el gobierno central. Los límites entre lo estatal, lo privado y lo partidario quedaron de este modo desdibujados. Por un lado, para acceder a ayudas o subsidios, los más pobres dependían del vínculo que pudieran tener con referentes territoriales “con llegada” a los puntos de distribución de la asistencia. Pero de modo inverso, también el acceso a cargos políticos de importancia dependió crecientemente de la capacidad de movilizar a contingentes de las clases populares para asegurarse su apoyo en las internas de un partido, o en las elecciones generales. Para conseguirlo, fue cada vez más indispensable el estar en condiciones de distribuir ayuda social.

La “privatización” de partes del Estado en los años del neoliberalismo se manifestó de varias maneras. La vida política comenzó a regirse cada vez más por los principios empresariales. Alfonsín fue pionero en este sentido, al emplear los medios de comunicación y el marketing para promocionar su candidatura en 1983. Desde entonces, se utilizaron cada vez más los “asesores de imagen” y las encuestas de opinión al modo de los estudios de mercado, para “instalar” un candidato, tal como se hacía con la marca de un producto. Pero la privatización de lo político no se restringió a eso. Aunque los principales grupos empresarios siempre habían condicionado fuertemente las políticas estatales, ahora tuvieron una participación directa en el manejo de la cosa pública. En una de sus primeras medidas de gobierno, Menem entregó el Ministerio de Economía a uno de los grupos económicos más poderosos. La sorpresa y regocijo de los más ricos quedó graficada en la declaración que la millonaria Amalia Lacroze de Fortabat hizo en 1989: “Ahora todos los de la clase alta somos peronistas”. En el plano más bajo, en los barrios, como acabamos de señalar, los recursos del Estado fueron canalizados cada vez más a través de redes clientelares en las que los fondos públicos se utilizaban para fines privados. Entre ambos niveles de la política se habilitaron también conexiones inéditas. El pionero en este caso fue el empresario Alberto Pierri, quien, sin haberse dedicado jamás a la política, se aseguró un lugar como candidato a diputado del PJ a cambio de una jugosa contribución monetaria para la campaña de 1985. Aprovechando los recursos que habilitaba su puesto de diputado, se dedicó desde entonces a armarse una red de punteros propia en La Matanza. La agrupación que allí creó se organizó a la manera de una empresa: los militantes fueron rentados y se repartieron cargos públicos sobre la base de la eficiencia de cada cual a la hora de movilizar apoyo político. Con su propio dinero y con los recursos que conseguía a través de su control de la presidencia de la Cámara de Diputados, consiguió comprar la lealtad de una buena cantidad de punteros. Ello le permitió finalmente, en 1991, desplazar al líder peronista que históricamente había gobernado La Matanza, alzándose con el control de la municipalidad. Con el acceso a los fondos del municipio, Pierri expandió su red clientelar y llegó a manejar 480 Unidades Básicas, lo que lo convirtió en uno de los hombres más fuertes del peronismo bonaerense. Su ascenso fue tan veloz y notorio que, desde entonces, varios empresarios aplicaron con éxito la misma receta.

Una forma similar de “privatización” se verificó con la Policía. El hábito de la impunidad que venía del Proceso, el desfinanciamiento de la institución en los años ochenta y los bajos salarios no hicieron sino acentuar la tentación de usar la autoridad del uniforme para el enriquecimiento personal. Las actividades de “autofinanciamiento” fueron pasando del simple pedido de coimas a quienes desarrollaban actividades ilegales —prostíbulos, desarmaderos, lugares de juego, etc.— a la organización directa de redes delictivas, en particular dedicadas al robo o al tráfico de drogas. Los policías involucrados en ellas se conectaron pronto con autoridades del Poder Judicial y otras del poder político, especialmente en el ámbito local y provincial, de modo de asegurarse la impunidad. Las formas de “recaudación clandestina” alimentaron así no sólo a los policías sino también a algunos fiscales y jueces, convirtiéndose asimismo en una de las fuentes de financiamiento de la política clientelar. Esta “zona gris” en la que funcionarios estatales y el hampa se entrecruzaban se desarrolló especialmente en las regiones más devastadas por las políticas neoliberales, particularmente en el Gran Buenos Aires y las periferias de otras ciudades marcadas por la pobreza, donde la vulnerabilidad de la población fue terreno propicio para la instalación de puntos de expendio de drogas o para el reclutamiento de personas dispuestas a integrar las bandas delictivas. A comienzos de los años noventa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso un pacto con la Policía, por el que les prometía hacer la “vista gorda” frente a sus actividades de autofinanciamiento a cambio de que garantizaran el mantenimiento de niveles aceptables de inseguridad. Desde entonces, la seguridad se volvió prenda de negociación política entre los gobiernos y la Policía. La relativa impunidad así concedida se tradujo en un sostenido aumento en la tasa de letalidad en el uso de la fuerza (es decir, la proporción de civiles muertos por acción policial como porción del total de la población y del total de heridos), cuyas víctimas fueron especialmente personas de clase baja.

Así, extensos segmentos del país —especialmente las zonas urbanas más empobrecidas— se transformaron en lo que un estudioso llamó “regiones neo-feudalizadas”, espacios en los que lo que queda de las organizaciones estatales, devastadas, funcionan como parte de redes de poder privatizadas. Para las clases populares, la ciudadanía perdió allí el significado que pudo haber tenido en otras épocas. En el modelo político que proponía el neoliberalismo ya no existía una dimensión de “ciudadanía social” que involucrara el acceso a derechos básicos garantizados. Para los desempleados o quienes tenían trabajos precarios, los sindicatos ya no ofrecían un canal para incidir colectivamente en la alta política. Los partidos, colonizados por el mundo empresario, mucho menos. Sumidos en la pobreza, los sectores más postergados tampoco podían participar de la vida nacional como consumidores, la manera de “ser parte” que la publicidad presentaba con insistencia creciente. El modelo de ciudadanía política que quedaba en pie para los más pobres era una de muy baja intensidad o directamente la exclusión (es decir, no ser parte, una no-ciudadanía).

Exclusión social y una vida “descolectivizada”

Todos estos cambios produjeron enormes transformaciones en la sociabilidad de las clases populares, especialmente en sus secciones más desfavorecidas. La extrema pobreza, el desempleo y la desaparición de buena parte de los beneficios garantizados por el Estado llevaron desesperación a miles de hogares. El fin de las grandes ilusiones de otros tiempos se sumó al descrédito de la política y los políticos en general. La existencia misma del Estado quedaba desdibujada tras un entramado de restos de instituciones que aparecían como redes personales o grupos de poder particular. El paisaje de los antiguos barrios obreros, convertidos en cementerios de fábricas, era un recordatorio constante de que ya no había oportunidades para progresar a través del trabajo. El imaginario de una sociedad Argentina con posibilidad de integrar a quienes venían de los sectores más pobres sufrió una herida de muerte. Incluso para quienes tuvieron la suerte de conseguirlos, muchos de los nuevos empleos eran tan precarios y de corta duración, que no permitían crearse expectativas de futuro ni generar vínculos de amistad o compañerismo laboral. El orgullo y la identidad obreros, ligados tradicionalmente al poseer un trabajo honesto y digno, fueron apareciendo para muchos, cada vez más, como una memoria del pasado; los más jóvenes ni siquiera tenían ese recuerdo. Los varones, que solían afirmarse en su masculinidad como proveedores del hogar, se sintieron fuera de lugar a medida que iban perdiendo sus empleos y las mujeres debían salir al mercado de trabajo masivamente o arreglárselas de cualquier manera para alimentar a los suyos. Las pautas del “respeto” que mujeres y jóvenes le debían a los “jefes del hogar” se volvieron inciertas y fueron cuestionadas. Pero ese cuestionamiento esta vez no fue tanto el signo de una ampliación de las libertades, como del temor y los reproches que generaba una certeza que se había perdido sin ninguna mejor que la reemplazara. Los lazos familiares se resintieron y la violencia dentro y fuera del hogar se intensificó. En fin, la vida social sufrió un notorio proceso de descolectivización a medida que todas las instancias de socialización disponibles para las personas se iban debilitando o desaparecían. Para quienes no podían ya asistir a la escuela, ni conseguir un trabajo, ni participar políticamente, ni sentirse ciudadanos de una nación, la vida se transformó cada vez más en una cuestión de supervivencia básica en la que había que arreglárselas por sí solos. Las redes familiares o de amistad que en el pasado servían para superar un momento difícil —un período sin trabajo, una enfermedad, un problema personal— se empobrecieron en su capacidad de brindar ayuda mutua. La experiencia vital se volvió para muchos una de una enorme soledad y desamparo.

Para los jóvenes que construyeron su identidad en estos años, y que no tenían siquiera el recuerdo de una experiencia pasada de mayor contención o de lazos colectivos fuertes, el mundo se percibió como un lugar en el que cada cual debía pelear como podía para sobrevivir o para pasarla lo mejor posible. Para los que nunca habían tenido un empleo más o menos duradero ni una escolarización continuada, el trabajo o la educación parecían carecer de todo significado. El sentido de pertenencia a una comunidad y la idea de futuro se hacían borrosos. A medida que la idea tradicional del progreso mediante un esfuerzo paciente aplicado al trabajo o al estudio fue perdiendo credibilidad (tanto como la noción de un mejoramiento a través de la lucha colectiva), se afianzó una valoración mayor de lo inmediato, “cortoplacista”. Sin un futuro que dependa de uno, lo único que parecía tener sentido era sobrevivir el día o encontrar una satisfacción momentánea. En este contexto, el consumo de estupefacientes —que a comienzos de los años setenta era costumbre de apenas un puñado de personas, más bien de sectores medios y altos— se expandió vertiginosamente entre las clases populares. Junto con el abuso del alcohol, la marihuana, la cocaína y más tarde la letal pasta base se volvieron parte de los hábitos cotidianos de muchos jóvenes de las clases populares (y también de sectores medios).

No todas las clases populares sufrieron este proceso de descolectivización de la misma manera, pero en los casos más extremos adoptó la forma de un individualismo e inmediatismo tales, que fueron diluyendo los códigos éticos y las nociones de cuidado de sí y de respeto al prójimo que hasta entonces habían tenido raíces más firmes. En un contexto marcado por una obscena corrupción en los sectores políticos y empresariales, las actividades delictivas pasaron a ser una opción aceptable también para un creciente número de personas de las clases populares. Entre 1985 y 2000 los delitos contra la propiedad se multiplicaron dos veces y media en relación con la cantidad de población total. Los picos mayores se registraron en los años de mayor crisis económica, que fueron también los de mayor desempleo y aumento de la desigualdad. Las características de la “mala vida” se transformaron profundamente. Una gran parte de quienes cometieron delitos en estos años no fueron delincuentes “de profesión”, con conocimiento de las técnicas del “oficio”, sino delincuentes ocasionales, improvisados, que muchas veces combinaban empleos inestables con robos u otras actividades ilícitas para completar un nivel de ingresos más o menos digno. La gran mayoría de ellos fueron varones jóvenes y los estudios muestran que una importante proporción venía de experiencias familiares en las que el padre había perdido un empleo estable ligado a un oficio: para ellos, el trabajo honesto había dejado de ser la piedra fundamental de una orgullosa identidad. No todos, sin embargo, ingresaban a ese mundo de manera voluntaria. En especial en las villas de emergencia, la policía aprovechó la vulnerabilidad de los habitantes —ahora despojados de las organizaciones que anteriormente los habían agrupado— para reclutar “mano de obra”. Los jóvenes villeros fueron las principales víctimas: buena parte de los que en estos años se volcaron al tráfico de drogas o al robo lo hicieron como parte de bandas comandadas o protegidas por policías. Se ha documentado que en ocasiones se forzó a los jóvenes a “trabajar” para esas bandas contra su voluntad. Los numerosos casos de “gatillo fácil” (más de mil entre 1983 y 2001), fusilamientos encubiertos y causas judiciales “fabricadas”, comprobados en estos años, dan una idea de lo difícil que pudo haber sido para los villeros resistir la presión de los policías.

La “desprofesionalización” del delito trajo aparejado el abandono de algunos códigos que tradicionalmente habían sostenido muchos ladrones, tales como evitar en lo posible el uso de la violencia o no robar a los pobres o desprotegidos. Delincuentes oportunistas e improvisados, el éxito para los nuevos dependía de su arrojo, su fuerza física y su capacidad de “primerear” a la víctima, que esta vez podía ser otro pobre —incluso un vecino— y figuras y lugares considerados anteriormente intocables, como la escuela, la maestra, un jubilado o la iglesia del barrio. El uso de la violencia como parte de los ilícitos, incluyendo los homicidios, se incrementó en estos años, aunque de manera leve, mucho menor que la de los delitos contra la propiedad. La tasa de muertes violentas aumentó especialmente entre los varones jóvenes, hasta un nivel superior al de la media histórica, pero de cualquier modo comparable al de muchos países europeos y bien por debajo del promedio latinoamericano.

Así y todo, el sentimiento de inseguridad se apoderó de la sociedad argentina, que a comienzos del nuevo siglo se situó entre las más atemorizadas del mundo. Aunque mucha gente tiene la percepción de que hasta hace poco “se vivía tranquilo”, los estudios muestran que el sentimiento de inseguridad viene en aumento desde hace tiempo. Encuestas de mediados de los años ochenta señalaban ya que un alto porcentaje de personas temía ser víctima de un delito. Dos grupos manifestaban este temor en particular: los que vivían en zonas suburbanas pobres y quienes tenían una ideología de derecha. Sin embargo, la delincuencia figuraba más bien abajo, en quinto lugar, en la lista de las preocupaciones principales de la sociedad. Por entonces todavía la prensa no hablaba de “la inseguridad” y en los principales diarios las noticias de crímenes se agrupaban en una sección marginal. La situación cambió de manera sugestiva en los años noventa. Para 1993 la delincuencia ya ocupaba el tercer lugar entre las preocupaciones de la población y para 1997, el segundo (en 2004 llegaría al primer puesto). El temor ahora se manifestaba entre gente de todas las condiciones sociales sin importar su ideología. En estos años se produjo un notorio cambio en el modo en que la prensa presentó la cuestión, generando la imagen de un país peligroso en el que los más pobres aparecían como una amenaza fuera de control. “La inseguridad” se transformó en una categoría de debate público. Se hizo un uso político del asunto, ligando la delincuencia a otras formas de “desorden” en el espacio público; se invitaba de ese modo a la aplicación de una “mano dura” para restaurar el orden supuestamente perdido. El sentimiento de inseguridad se separó en buena medida de las evidencias empíricas sobre la evolución del delito en Argentina (de hecho, el pico de 2004 que experimentó el primero coincidió con una baja en el segundo). En su mayoría, los encuestados, por ejemplo, manifestaban temor a ser “atacados” en la calle por un extraño sin ningún motivo, un tipo de hecho extremadamente infrecuente. Algunos temores sí tenían que ver con cambios en el orden de lo real. Entre los encuestados más pobres, por ejemplo, junto al miedo a ser víctimas de un delito, figuraba el temor a ser objeto de la violencia policial. Entre los que viven en las villas de emergencia porteños, por ejemplo, ese miedo se manifiesta en una tasa que duplica y más el promedio general. Ese tipo de violencia, sin embargo, no cabe en lo que el discurso mediático llama “inseguridad”.

Los peores efectos de la gran transformación que comenzó con la dictadura se hicieron sentir en las villas de emergencia, que en estos años crecieron explosivamente. Entre 1983 y 1991 la población villera en la Capital aumentó un 300%, llegando a casi 51.000 habitantes. Para 1999 ya eran 90.000, a los que se sumaban otros 300.000 en la provincia de Buenos Aires. A esos números habría que agregar los que se apiñaban en otros centros urbanos por todo el país. El panorama de la villa cuya historia hemos venido siguiendo en este libro —Villa Jardín— puede darnos una idea de la devastación producida. Hacia mediados de los años noventa el 62% de la población de entre 18 y 60 años estaba desocupada. La supervivencia pasaba para la mayoría por la ayuda alimentaria y los subsidios estatales. A ellos se agregaba una serie de actividades económicas informales, como la organización de ferias de comida, la cría de algunos animales, las reparaciones caseras y la costura en talleres instalados en la propia casa para subcontratistas que, a su vez, trabajaban al servicio de grandes marcas de ropa. Las mujeres que se dedicaban a esto último recibían, por ejemplo, un pago de 10 pesos por cada cartera que cosían íntegramente y que en un shopping se vendía a 150. A pesar de las importantes mejoras urbanas como la pavimentación, que en los años noventa había avanzado mucho, las viviendas seguían siendo precarias. Los índices de mortalidad y de enfermedades continuaban siendo altos, especialmente por la contaminación y por la existencia de desagües a cielo abierto.

Villa Jardín era a mediados de los años noventa un territorio profundamente descolectivizado. No quedaba entonces ninguna de las asociaciones y entidades que había animado su vida de antaño, ni funcionaba ninguna nueva. La mayoría de los problemas se resolvía a través de las redes clientelares que operaban ya aceitadamente. Las cuatro Unidades Básicas de la villa se ocupaban de canalizar ayuda estatal para al menos un 40% de los habitantes. Las redes familiares de autoayuda seguían existiendo, aunque muy debilitadas. En una encuesta realizada entonces sólo un 20% de los consultados recurría a sus parientes en caso de necesitar un medicamento costoso. Los delitos dentro de la villa se habían vuelto moneda corriente. Una banda de adolescentes —llamados “los piratitas”— se dedicaba a tomar por asalto a los vehículos que pasaban para robar lo que pudieran, razón por la cual los remiseros y repartidores se negaron a seguir atendiendo a sus clientes de la villa, acentuando así su aislamiento. Algunos incluso se dedicaban a robar a sus vecinos y le “cobraban peaje” a los que salían a trabajar de madrugada, quitándoles el poco dinero que llevaban. Además, Villa Jardín se había convertido en una de las zonas más calientes de la adicción y tráfico de drogas de todo el Gran Buenos Aires. La parte de la villa donde se concentraban los “transas” era también el área de las “mecheras”, mujeres que se ocupaban del comercio en artículos robados. La política no era del todo ajena a las actividades ilegales. Al menos uno de los punteros peronistas que operaban en el barrio acostumbraba repartir marihuana entre los jóvenes, como pago por hacer número en los actos partidarios.

Los vínculos humanos dentro de la villa se habían deteriorado notablemente. Donde antes primaba el sentimiento de que todos se conocían con todos y se ayudaban el uno al otro, reinaba ahora la desconfianza mutua. El miedo a los demás se reflejaba en la altura de las paredes de las casas que daban a los pasillos: mientras que antes cualquiera que pasaba podía asomarse y mirar hacia adentro, ahora se habían elevado hasta convertirse en verdaderos túneles. Los habitantes de mayor edad se quejaban constantemente de las actitudes de los más jóvenes, que “ya no respetaban a nadie”, y los culpaban de todas las desgracias. A pesar de que en la villa siempre habían vivido inmigrantes extranjeros, ahora tanto los viejos como los jóvenes solían descargar su bronca con ellos, culpándolos por la desocupación o por la caída de las remuneraciones. La violencia interpersonal era un aspecto constante de la vida cotidiana. Casi nadie sentía que podía confiar en la Policía.

Las transformaciones del peronismo

A pesar del brusco giro pro-patronal del gobierno de Menem, el peronismo se las arregló en estos años para seguir siendo la identidad y la opción política principal de las clases populares. Sin embargo, su sentido y el lugar que ocupaba en la conciencia popular sufrieron cambios profundos. Parte de esos cambios se relacionan con las transformaciones sociales recién reseñadas y parte con las estrategias que asumió el liderazgo del PJ.

Cuando se restableció la democracia en 1983, el peso de la rama sindical dentro del justicialismo fue más grande que nunca. Sin Perón en escena y con el ala política del partido todavía desarticulada, las 62 Organizaciones tuvieron pocas dificultades para imponer la fórmula presidencial y para alzarse con casi un tercio de los mejores puestos en las candidaturas para diputados y senadores. Esa victoria, sin embargo, resultaría de patas cortas: las derrotas electorales de 1983 y 1985 demostraron de manera patente que los sindicatos ya no eran capaces de asegurar los votos para llegar al poder. No todo era culpa de los sindicalistas. En verdad, el proceso de desindustrialización en curso significaba que el peso demográfico y político de la clase obrera había disminuido. En 1973, uno de cada 8 votantes era un obrero industrial; diez años más tarde, sólo lo era uno de cada 14. En el mismo período los sindicatos habían visto reducirse un 23% su cantidad de afiliados; los que más perdieron fueron los que tradicionalmente eran más poderosos (metalúrgicos, automotrices, textiles).

La ineficacia electoral del PJ enfrentaba al partido a la encrucijada de reformarse o morir. Para captar más votos en el escenario de desindustrialización, era necesario “desindicalizar” el partido y reemplazar a la dirigencia más ortodoxa por una más moderna, menos plebeya, con una imagen más apetecible para los sectores medios y con habilidades en el manejo de las nuevas técnicas del marketing político. Ése fue el desafío que se propusieron los dirigentes de la llamada “Renovación”, como Eduardo Duhalde, Carlos Grosso o José M. de la Sota, en alianza con algunos de los viejos caudillos provinciales que entendían las necesidades del momento, como Carlos Menem. Sin pérdida de tiempo, desde 1983 se dedicaron a organizar el aparato partidario dotándolo de reglas de funcionamiento formales (por ejemplo, elecciones internas para la selección de candidatos). Con el acceso a los cargos y recursos estatales que consiguieron ese año, y con el sostén financiero de algunos grandes empresarios, como Franco Macri, se ocuparon de atraer el apoyo de los militantes de base mediante mecanismos clientelares, mucho más útiles para movilizar una masa popular más heterogénea y menos conectada con los ámbitos laborales. Para 1987, ya habían conseguido desplazar a la vieja guardia del control del PJ y desde entonces su avance fue imparable. La victoria en las elecciones siguientes habilitó enormes cantidades de recursos para expandir las redes clientelares. Por ejemplo, con los cuantiosos fondos asignados a la provincia de Buenos Aires, Duhalde —electo gobernador en 1991— desarrolló un innovador programa asistencialista que puso en manos de su esposa “Chiche”. Recurriendo a los servicios de diez mil mujeres voluntarias que vivían en barrios carenciados, hicieron llegar cotidianamente leche, huevos y otros artículos de primera necesidad a más de medio millón de personas. A pesar de que el plan se suponía “apolítico”, las célebres “manzaneras” casi siempre fueron reclutadas desde las Unidades Básicas (UB) entre personas afines. Así Duhalde consiguió el control absoluto del peronismo bonaerense y se convirtió en uno de los hombres más poderosos del justicialismo a nivel nacional. Desde fines de los años ochenta y principios de la nueva década, extensas redes clientelares se organizaron en Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Formosa, Misiones y Salta y en menor medida en otras provincias. Con estas redes territoriales de poder, los servicios de los sindicalistas se habían vuelto prácticamente innecesarios a la hora de conseguir votos. Su autoridad dentro del PJ no desapareció, pero declinó rápida y notablemente.

La expansión de una densa trama de lazos clientelares estimuló la aparición de un nuevo tipo de dirigentes, que ya no tenían compromisos fuertes ni con el movimiento obrero ni con la estructura formal del propio PJ. Su éxito personal dependía más bien de situarse siempre a las órdenes del político capaz de ganar elecciones y ampliar así el acceso a recursos para repartir. El peso de esta nueva disposición “oportunista” explica que Menem pudiera retener la lealtad de la gran mayoría de los dirigentes altos e intermedios, incluso aplicando políticas que significaban un fuerte alejamiento de la tradición histórica del peronismo. Para los sindicalistas, la nueva realidad generó fuertes tensiones. Los líderes de la CGT llegaron a debatir a comienzos de los años noventa la conveniencia de romper su relación con el PJ y, como veremos más adelante, surgieron agrupaciones sindicales opositoras. Pero el grueso de los sindicalistas permaneció dentro del PJ, ante la alternativa de perder cualquier incidencia política. La conducción de la CGT y de los principales gremios, además, había recibido importantes prebendas y jugosos beneficios personales para apoyar las medidas de Menem. Algunos de ellos se acercaron tanto al mundo de los negocios, aprovechando algunas de las nuevas oportunidades que ofrecía el proceso de privatización, que se habló entonces de un nuevo “sindicalismo empresarial”.

Visto desde arriba, el justicialismo en los años noventa se había convertido en algo irreconocible. Sus dirigentes apoyaban políticas furiosamente neoliberales y, a la hora de buscar votos, lo hacían principalmente a través del clientelismo. El peronismo de derecha y liberal que estaba en el poder en tiempos de Menem se parecía más al Partido Conservador de los años treinta que al movimiento plebeyo y revulsivo que había irrumpido en 1945. Visto por debajo, sin embargo, la imagen que aparecía era diferente. Las encuestas y los estudios muestran que el cambio ideológico de los dirigentes no se tradujo en un cambio ideológico de las bases (ni en las que ya eran peronistas antes, ni entre los jóvenes que se acercaron por primera vez entonces). Buena parte de la militancia de base, quizás más de la mitad, desaprobó las políticas de Menem durante toda su gestión, incluso en el período en el que parecían estar dando buenos resultados. Así y todo, no hubo un abandono masivo del PJ. Por el contrario, aunque no hay datos concluyentes, puede que en los años noventa incluso aumentara su número de militantes. Un estudio señaló que cerca de la mitad de los que votaron a Menem en su reelección tenía ideas más bien “estatistas” y rechazaba los esquemas neoliberales. Varios factores explican esta curiosa lealtad. Por supuesto, muchos punteros y dirigentes “oportunistas” tenían buenas razones para seguir buscando votos para el gobierno. Pero entre las bases, los primeros logros de la nueva política económica y el recuerdo de la hiperinflación tuvieron un papel importante a la hora de suavizar cualquier oposición activa. Muchos pensaron que las de Menem eran políticas de estabilización transitorias, luego de las cuales se volvería a un modelo más “peronista”. Y, naturalmente, el flujo de beneficios para personas y barrios carenciados hizo mucho por mantener los altos niveles de adhesión. Muchos militantes se refugiaron en estos años en una especie de “microperonismo”, promoviendo la “justicia social” en sus propios barrios de la manera que podían, y desentendiéndose de lo que hacía el gobierno nacional.

Así, el justicialismo siguió teniendo una extensa estructura informal con profunda implantación en el mundo de las clases populares. Para 1993 tenía 3,85 millones de afiliados, que representaban un 18% del padrón electoral. Sus UB, sindicatos, comedores, centros culturales y asociaciones varias —incluyendo clubes e hinchadas de fútbol— tenían una presencia cotidiana entre los más pobres como la de ningún otro partido. En los territorios devastados por la pobreza, la precariedad, el desempleo y la retirada del Estado, con frecuencia los punteros y las UB eran la única organización que quedaba y el contacto con el PJ, la única manera de conseguir cosas vitales para la supervivencia. Sería errado, sin embargo, interpretar la persistencia del voto peronista como un “electorado cautivo”, o como un simple efecto de la manipulación a través del clientelismo. Cierto, los punteros buscan siempre maximizar su acceso a los bienes que ofrece el Estado y, a cambio de ello, movilizan personal para hacer pintadas, asistentes a actos partidarios y votantes para las elecciones internas o generales. Pero además de eso hacen muchas cosas más. No son sólo cazadores de votos, sino también y principalmente “solucionadores de problemas” que muchas veces organizan la colaboración entre las personas en los barrios. Una encuesta de 1997 mostró que 70% de las UB distribuían alimentos y/o medicamentos y casi un 60% realizaba regularmente favores a particulares (por ejemplo, conseguirles un trabajo). Pero también llevaban a cabo otras actividades de tipo cultural, ofrecían apoyo escolar, asistencia jurídica, espectáculos para niños o entretenimientos para ancianos. Ninguna de estas actividades suponía una contraprestación bajo la forma de apoyo político. Las UB también desempeñaban un lugar fundamental como canales de transmisión de las necesidades de las clases populares. Muchas veces, fueron ellas las que presionaron para conseguir un asfalto, iluminación, cloacas o servicio de ómnibus para una villa, o representaron al barrio en conflictos con las compañías de servicios públicos, cuando intentan interrumpir el suministro eléctrico o cobrar sumas indebidas.

La mayoría de los punteros realizaba estas actividades como parte de un proyecto personal que tenía que ver con mejorar su propia situación económica o convertirse ellos mismos en dirigentes. Lo que muchas veces había comenzado como una genuina vocación política, se iba desdibujando hasta ser poco más que un negocio en el rubro de la provisión de votos. En efecto, el nuevo entramado político territorial que hizo a los militantes sociales depender fuertemente de la ayuda del Estado se expandió de un modo tal que fagocitó a muchas agrupaciones peronistas que antes eran autónomas y ahora funcionaban más bien como instancias de control del mundo popular. Sin embargo, en algunos casos agrupaciones genuinamente populares y con vocación transformadora se las arreglaron para sobrevivir en este nuevo escenario, aprendiendo a manipular a los manipuladores. Por ejemplo, el Frente Peronista de Vecinos creado en 1995 por referentes de villas de Capital que tenían un vínculo desde los años setenta, aprendió a utilizar la competencia entre los dirigentes justicialistas para negociar al mejor postor los recursos que necesitaban para profundizar el trabajo político. Como dijo en una entrevista uno de sus referentes: “Los políticos nos usan a nosotros, nosotros los usamos a ellos (...) Mi lema es: dentro del barrio, actuar con la mayor ética posible; fuera del barrio, son todos mercenarios”.

A pesar de que las bases del peronismo no se derechizaron en igual medida que su dirigencia, la extensión del clientelismo no dejó de tener efectos sobre la identidad del movimiento. Lo que tenía el peronismo de cultura política opositora y herética, sus elementos de antagonismo de clase y reivindicación de un orgullo plebeyo, fueron desvaneciéndose. Históricamente el peronismo se había apoyado en la figura activa del trabajador y en un relato centrado en su lucha contra la oligarquía por la defensa de los derechos y la dignidad de “los de abajo”. Pero también existió siempre otra figura central del discurso peronista, más pasiva, que era la del pobre, el desposeído que no puede valerse por sí mismo y merece por ello la protección del Estado (que en los inicios del movimiento se encarnaba en la figura maternal de Evita). El peronismo histórico era lucha contra el privilegio tanto como asistencia al desvalido. Ahora, tras la desindicalización del PJ y su giro clientelista, el primer componente se vio debilitado. El peronismo fue cada vez menos una invitación a la lucha activa por la dignidad y contra la injusticia, para pasar a significar sobre todo una promesa de asistencia al pobre que ya no culpaba a nadie por la pobreza. El mejor peronista ya no era el más luchador, ni el más insumiso, como en tiempos de la Resistencia, sino simplemente “el que más da”. La oposición a “los de arriba” perdió nitidez (ahora “los de arriba” despreciados eran los políticos que “no daban”, antes que la clase alta) y el odio a los antiperonistas ya no tuvo un lugar central. De contracultura política, cada vez se transformó más en ideología del asistencialismo y la pasividad. El papel maternal de la Evita asistencialista, encarnada en las manzaneras y en otras miles de mujeres que se ocuparon masivamente del trabajo barrial desde las UB, conservó la capacidad de generar un lazo afectivo. El vínculo clientelar no era así meramente de tipo utilitario, el intercambio de dos “mercancías”, sino una relación personal que en general se percibía como cálida y desinteresada. Para personas que vivían en un marco de abandono y ya no podían sentirse del todo parte de una nación, resultaba reconfortante recibir la asistencia que enviaba no el Estado sino “Chiche” Duhalde (o cualquier otro dirigente). Significaba que “alguien se acordaba de ellos”, que alguien estaba cerca y los cuidaba. La contraparte que brindaban —apoyarlos en las elecciones, concurrir a un acto, etc.— se les aparecía no como un “pago”, sino como la lógica gratitud que deseaban manifestarles voluntariamente. Tampoco en este caso esto era ajeno a la tradición peronista: también Perón gustaba de presentar su movimiento como una “gran familia” antes que como una corriente política, y el atractivo de Evita estuvo en buena medida más en sus “gestos” de amor que en los juguetes o las ayudas que repartía. La diferencia reside en que estas formas de “despolitización” de la política convivían entonces con la presencia de un fuerte lenguaje de antagonismo político, que ahora estaba más bien ausente.

Sin embargo, más allá de cómo se lo perciba, no debe olvidarse que el clientelismo es un tipo de relación que refuerza las jerarquías de poder existentes, al hacer aparecer como dádivas personales lo que son, de hecho, recursos estatales cuyo origen es el trabajo de la sociedad y no el bolsillo de quien se pretende un benefactor. También acentúan las desigualdades de género. La masiva participación de las mujeres en la canalización de la asistencia social es un buen ejemplo, ya que con frecuencia divide una serie de tareas supuestamente “femeninas” motivadas por el amor —el trabajo “social”— de otras propiamente “políticas” —las decisiones, los cargos de gestión y autoridad—, que son remuneradas y sistemáticamente quedan en manos de varones.

De hecho, en las encuestas y entrevistas realizadas por los estudiosos no todos los pobres tenían una imagen positiva del funcionamiento de las redes clientelares. Aunque en minoría, muchos se mostraban perfectamente conscientes de que eran parte de un sistema de manipulación política y de enriquecimiento personal. No casualmente, quienes así pensaban solían ser los que menos recursos asistenciales recibían, quienes conservaban una memoria del peronismo como movimiento de lucha por la dignidad o, directamente, los que ya no se sentían peronistas en absoluto.

Pese a que el peronismo siguió siendo en estos años la alternativa y la identidad política principales de las clases populares, su dominio dejó de ser indiscutido. Convertido en parte de una maquinaria asistencialista más interesada en asegurar el orden social que en promover mayores derechos para los más pobres, perdió algo del atractivo y la mística que había tenido en otros tiempos. Su fuerza como ideología se debilitó y, con ella, su capacidad de generar el fervor y la sólida adhesión que tuvo en épocas anteriores, especialmente para los más jóvenes. Como veremos en el próximo capítulo, esto abrió la oportunidad para que, por primera vez en décadas, surgieran formas de expresión política del antagonismo popular y del orgullo plebeyo por fuera del peronismo e incluso en oposición a él. Pero el debilitamiento de la identidad peronista en un contexto de gran desamparo también abrió el camino para otro tipo de expresiones políticas, de derecha autoritaria, que por primera vez encontraron eco entre vastos sectores de las clases populares. El ejemplo más notorio fue el éxito rutilante que alcanzó el partido Fuerza Republicana en Tucumán, otrora bastión del PJ. Creado y liderado por el general Antonio Bussi, quien fuera gobernador de facto de la provincia durante el Proceso, el nuevo partido se alzó en 1995 con la gobernación, desplazando un peronismo local desacreditado por la corrupción. Lo curioso del caso es que Bussi obtuvo sus mayores niveles de adhesión entre los trabajadores, los desempleados y los sectores medios empobrecidos de lo que en los años setenta había sido la zona más caliente de la lucha popular y, por ello, la más golpeada por el terror impuesto por la dictadura. La victoria del verdugo de antaño en elecciones democráticas significaba, de algún modo, que el legado del miedo y la disgregación social habían operado allí la transformación que los militares habían buscado. En un mundo en el que se habían evaporado las ilusiones políticas, donde el Estado parecía el resto de un botín del que sólo disfrutaban los políticos, donde el desamparo y la pérdida de los valores éticos y morales tradicionales daba lugar al “vale todo”, donde la autoridad de los varones estaba puesta en cuestión y todo parecía marchar al caos, nada mejor que la “mano dura” de un militar que ya había sabido emplearla sin contemplaciones, nada mejor que un “macho” capaz de traer de vuelta ese orden que la democracia y una excesiva libertad —según sentían muchos— habían socavado. Como dijo una tucumana para justificar su voto: “Sólo un toro arregla esto”.

11. La cultura popular bajo
el signo del neoliberalismo

La cultura popular expresó de diversas maneras los cambios de la época. El debilitamiento de la presencia integradora del Estado y el fin de la “sociedad salarial” —es decir, del empleo como columna vertebral de los proyectos de vida de las personas— generaron toda una serie de efectos culturales novedosos. La ciudadanía había perdido en parte su sentido real y concreto y eso abría para muchos una crisis del sentido de pertenencia a una comunidad nacional. El contacto con el trabajo era más fragmentado y efímero, lo que significaba que las identidades trabajadoras que habían vertebrado el mundo popular también entraban en crisis. ¿De qué comunidad, de qué clase o de qué movimiento podía sentirse uno parte en este contexto? En los años noventa, la respuesta a esta pregunta ya no era del todo obvia, al menos no para todos.

Pero toda crisis, como es sabido, es también un momento de oportunidades. En efecto, la crisis de los sentidos de pertenencia abrió la posibilidad de que cada cual se buscase nuevas maneras de sentirse parte de alguna comunidad, sea acercándose a una nueva, sea intentando hacer lugar para comunidades más pequeñas y particulares dentro de la nación argentina. Como parte de todo este proceso, aparecieron en la cultura popular elementos novedosos pero también reaparecieron otros más antiguos, largamente olvidados. Especialmente para los jóvenes, las identidades estuvieron mucho menos marcadas por el mundo del trabajo, el campo de la política o la pertenencia colectiva a una clase. En cambio, a la hora de elegir una respuesta a la pregunta “¿quién soy yo?” ganaron mayor relevancia la referencia a las actividades de entretenimiento, al consumo de estilos de indumentaria y a la pertenencia a grupos más localizados: la barra de amigos, la hinchada de un club de fútbol, los seguidores de un grupo musical. Las religiones y otras formas de devoción también habilitaron nuevos sentidos de pertenencia. Para quienes conservaban alguna marca de origen étnica, fue el momento de revalorizar su importancia y recordar su valor afectivo. Las identidades populares se volvieron así menos generales y homogeneizantes y más fragmentadas, particulares y efímeras. Con la nación como espacio de referencia primaria compitieron ahora identidades más locales y otras más “globalizadas”, promovidas especialmente por los medios de comunicación masiva. Como veremos enseguida, algunas de estas nuevas culturas y búsquedas identitarias reflejaron y reforzaron los efectos de fragmentación social que la transformación neoliberal venía promoviendo, mientras que otras se las arreglaron para resistirlos.

La capacidad de la cultura popular de plantearse en disidencia respecto de la cultura dominante, sin embargo, se vio profundamente afectada por las estrategias que las maquinarias mediáticas y del entretenimiento pusieron en marcha en estos años. Como habíamos visto, antes de la aparición de la cultura de masas las élites intentaban más bien reprimir o “disciplinar” las expresiones culturales propias del bajo pueblo. Mediante la educación, el silenciamiento o la prohibición, buscaban que el mundo plebeyo adoptara la cultura propia de la clase alta. Más tarde, con la aparición de la industria del entretenimiento, pudimos notar que, para atraer audiencias, en ocasiones el cine, la radio o los medios impresos aceptaban ciertos elementos de la cultura plebeya —incluso si eran de crítica social—, pero siempre colocándolos en un marco que buscaba neutralizar sus aspectos más revulsivos. Seguía habiendo allí una voluntad de “civilizar” a las clases bajas, inculcándole los valores y estilos de las clases superiores. En este sentido, la cultura de masas de la época neoliberal significó un profundo corrimiento. Por un lado, las maquinarias mediáticas y del entretenimiento desarrollaron mucho más su capacidad de capturar cualquier nueva expresión de la cultura popular, para convertirla inmediatamente en un producto comercializable. Por otra parte, la cultura dominante ya no buscó exclusivamente “civilizar” a las clases bajas inculcándole sus valores y estilos. A esa estrategia tradicional, sumó ahora otra de sentido inverso. En efecto, se notó en estos años una fuerte “plebeyización” en los estilos y estéticas que manifestaban en público algunas de las personas más influyentes de los medios de comunicación y, en general, el mundo de las clases altas. En lugar de reprimir o ignorar la totalidad de los elementos de la cultura popular, la cultura dominante eligió algunos de ellos para hacerlos propios. La “incultura”, la demostración de las pasiones y emociones sin ninguna contención, el desenfreno sexual y ciertas formas del “descontrol”, anteriormente considerados propios de una “baja cultura” y por ello censurados, fueron ahora glorificados y estimulados. La televisión fue particularmente activa en este campo. El conductor más importante desde los años noventa, Marcelo Tinelli, hizo un verdadero culto de lo chabacano, de la reducción de la mujer a objeto sexual y del desprecio de los “buenos modales” de antaño. Lo que anteriormente era considerado vulgar y ordinario, ahora aparecía dotado de una nueva legitimidad y un nuevo valor estético. La cultura del fútbol, del seguir ciegamente al propio grupo y “hacerle el aguante” contra todos sin importar lo que digan los demás, impregnó la cultura general. Desde la publicidad se convocó también a actuar sin pensar, a seguir la pasión sin calcular los costos, a consumir sin previsión del futuro; “Sólo hazlo” fue su consigna. Por otra parte, la alegría propia de la música popular fue apropiada por las clases altas, que en los años noventa la admitieron en las más exclusivas de sus fiestas. Todo esto significó para las clases populares un verdadero desafío. La cultura de masas y la cultura popular parecían haberse convertido en una y la misma cosa. La plebeyización de la primera generaba una apariencia de “democratización” de la cultura en la que, finalmente, la contribución plebeya era aceptada y celebrada. Parecía una paradoja que en el momento en el que la exclusión social dominaba la escena, el plano de la cultura se mostrara tan sospechosamente inclusivo.

En verdad, vista de cerca, la paradoja no era tal. La apropiación y captura de ciertos elementos de la cultura popular fue una de las manifestaciones de la victoria de las clases altas sobre el movimiento social que había amenazado su supremacía en los años setenta. El gesto de bailar cumbia en una fiesta de personas adineradas era análogo a la expresión de asombro y regocijo de Amalia Fortabat en 1989: ahora que el peligro plebeyo había pasado, la clase alta podía jugar a ser peronista tanto como a disfrutar de los ritmos preferidos de los pobres. Más allá de la apariencia de democratización, lo que continuaba era una situación de franca asimetría: algunos de los contenidos más apreciados por las clases bajas podían haber ganado mayor visibilidad, pero los circuitos principales de su producción, distribución y legitimación seguían estando controlados por los grandes medios de comunicación y la industria del entretenimiento y regulados por el Estado. Como veremos, esto generó tensiones a través de las cuales todavía se percibe, por debajo del aparente imperio total de la cultura de masas, la existencia de un plano de producción cultural propio de las clases bajas que se resiste a desaparecer. Las tensiones, sin embargo, no asumieron en general la forma de un choque abierto y frontal, ni mucho menos formularon una cultura alternativa y antagónica al capital, como fue el caso a comienzos del siglo XX. La resistencia de la cultura plebeya apareció en estos años más bien como gestos ocasionales de revancha, localizados y aislados, con poca capacidad de disputarle a la clase dominante la hegemonía que había logrado. Más que una ruptura herética y general con los valores e imágenes de la cultura dominante y mediática, se notó en estos años una constante negociación y reapropiación de contenidos, estéticas, estilos e imágenes, en la que la presencia de las clases subalternas consiguió seguir siendo perceptible.

El “aguante”: fútbol y pertenencia

El fútbol continuó siendo en estos años el entretenimiento principal de las clases populares. Más aún, la “futbolización” general de la cultura argentina lo convirtió en un verdadero lenguaje en común capaz de trascender las divisiones de clase e incluir ahora también a una buena parte de las mujeres. Como había sido el caso desde comienzos del siglo, las identidades locales asociadas a clubes continuaron teniendo un peso importante a la hora de afirmar un sentido de pertenencia y del propio valer. Y aunque el fanatismo por un cuadro no era de ningún modo algo nuevo, en estos años expandió su atractivo de manera singular, asumiendo algunos contenidos y estilos diferentes. El valor que adquirieron el fervor y la lealtad en la defensa de los colores del club fue tal que una nueva expresión apareció para graficarlo: “el aguante” se transformó en un mandato para todo futbolero de ley. Para la mayoría, su significado era seguir al equipo en las buenas y en las malas, ir a la cancha siempre (incluso viajando largas distancias), alentar con entusiasmo incansable o, lo que era lo mismo, no ser un “amargo”. Como los que carecían de él eran catalogados de “putos”, demostrar tener aguante era también una manera de reforzar ese sentido de orgullo macho que se encontraba cada vez más puesto en cuestión. Para una minoría, el aguante iba más allá. Aunque su existencia veía de mucho antes, en estos años se hicieron notar mucho más los grupos de hinchas que la prensa llamó “barras bravas”. En general compuestos por varias docenas de varones jóvenes de clase baja o sectores medios empobrecidos, las barras se caracterizaron por el recurso a la violencia física como modo de demostrar el “aguante”. Hicieron un verdadero culto de la capacidad de enfrentarse con la policía o con hinchadas rivales, para demostrar que tenían más “huevos”, humillándolos a fuerza de puñetazos o del robo de sus “trapos” (banderas). Saber luchar y “poner el pecho” sin importar las consecuencias se transformó para ellos en un valor en sí mismo.

El aguante en estos casos llegó a funcionar como un canal alternativo para reclamar y adquirir prestigio. Los jóvenes de clases bajas que participaban instauraban así un espacio donde la fuerza muscular, el coraje y la resistencia —antes que la “cultura” o el dinero— eran los bienes más valorados. En un espacio así definido, al menos no les estaba reservado el destino más desfavorable; podían “ser algo”. Pero además, participar en una hinchada pronto habilitó recursos que de otra manera no habrían estado disponibles, como entradas y pasajes gratuitos. La capacidad de organizar el uso de la violencia también se transformó en un capital con valor a la hora de negociar tratos con los dirigentes de los clubes o arreglos con la policía para manejar negocios turbios. Sus servicios fueron requeridos también por algunos políticos y sindicalistas, de modo que la violencia en el fútbol se imbricó con la estructura del clientielismo y con las presiones y negocios propios de la “zona gris”. El uso extensivo de la violencia impuso un límite a la capacidad de la cultura de masas de capturar el “aguante” para fines comerciales. En 1997 el canal TyC Sports lanzó el programa “El Aguante”, que retrataba de manera estetizada la vida de las hinchadas. A pesar de su éxito, debió enfrentar cuestionamientos públicos que lo acusaban de incitar a la violencia. Las imágenes y los estilos que evocaban el aguante futbolero, sin embargo, siguieron siendo utilizados copiosamente en la televisión y en la publicidad.

El fútbol se transformó también en estos años en uno de los últimos ámbitos en los que todavía era posible anclar un orgullo nacional. Los Mundiales que siguieron a la nueva victoria argentina en 1986 motivaron un creciente “nacionalismo deportivo” que parecía unir a todos, sin distinción de clases. Para quienes habían sido abandonados por el Estado y no podían sentirse incluidos tampoco como consumidores, alentar a la selección, celebrar sus éxitos o llorar sus derrotas se transformó en la forma más a mano de seguir “siendo parte” de la Argentina. Una forma virtual y sustituta, cierto, pero no por ello con menos capacidad de provocar emociones. No casualmente, el uso estatal del “nacionalismo deportivo”, que habíamos hallado bajo gobiernos militares, se acentuó en los civiles: tanto Alfonsín como Menem aprovecharon los éxitos internacionales de 1986 y 1990 para darse un baño de popularidad, invitando a la selección nacional a saludar desde los balcones de la Casa Rosada. En los años noventa se notó también un marcado “nacionalismo de mercado”: los medios de comunicación y las empresas más poderosas —especialmente las de capitales extranjeros— aprovecharon este “deseo de nación” que se percibía en la cultura para lanzar campañas publicitarias y costosos esponsoreos de la selección nacional. Buscaban asociar así sus marcas con la bandera y el orgullo argentino de modo de vender más. Naturalmente, en este nuevo nacionalismo no quedaban rastros de los elementos antiimperialistas o clasistas que habíamos notado en el de otras épocas.

La capacidad del fútbol de funcionar como último refugio de los sueños de pertenencia e inclusión se notó en la aparición de uno de los mayores ídolos populares de todos los tiempos, Diego Maradona, quien al frente de la selección nacional y de un equipo napolitano se convirtió, desde mediados de los años ochenta, en el mejor jugador del mundo y en una de las personas más conocidas y admiradas del planeta. Para los argentinos fue un héroe popular no sólo por sus hazañas deportivas sino también por diversas actitudes que asumió a lo largo de su vida. De origen humilde, se mantuvo fiel a sus primeros afectos y a su barrio a pesar de haberse hecho millonario. Lejos de ocultar las marcas plebeyas de su cultura, las exhibió altanero y desafiante. Abonó una merecida reputación rebelde al enfrentarse sucesivamente con la Italia rica en representación de las regiones pobres del sur, con las autoridades de la FIFA, con los Estados Unidos, con el Vaticano y con Menem (a pesar de que inexplicablemente lo apoyaría en su reelección). Su visita a Cuba y sus legendarios goles contra los ingleses —que él mismo se ocupó de describir como una revancha por la guerra de Malvinas— le dieron también una vaga pátina antiimperialista. Las suspensiones y los juicios que sufrió desde 1991 por consumir drogas lo asociaron además con una figura muy presente en la tradición nacional: la del perseguido por los poderosos. En fin, de algún modo Maradona encarnó una última posibilidad de anclaje para los sentidos del pasado que entonces se estaban desvaneciendo: la grandeza nacional y la posibilidad de ascenso social, pero también el orgullo plebeyo y la rebeldía del movimiento peronista.

El rock barrial

La cultura futbolera del aguante se expandió también entre el público de un nuevo subgénero musical que desde comienzos de los años noventa ganó el gusto de muchos jóvenes: el llamado rock “barrial” o “chabón”. En la década anterior el mundo del rock había sufrido cambios importantes. Lo que era en los setenta un movimiento más o menos unificado y comprometido con la situación del país (al menos débilmente), en los años ochenta se había fragmentado y en buena medida despolitizado. El divismo y la sofisticación que habían desarrollado algunas de sus máximas estrellas reforzaba la distancia con el público, especialmente con aquellos que tuvieran algún ánimo de rebeldía. Frente a este panorama, el rock barrial surgió como alternativa para un creciente número de jóvenes de clases populares y sectores medios empobrecidos (aunque los de orígenes modestos sólo excepcionalmente tuvieron la posibilidad de armar ellos mismos sus propias bandas). Musicalmente era bastante simple, incluso conservador, y remitía al estilo clásico de bandas como los Rolling Stones (a sus adeptos de hecho se los conoció también como “rolingas”). Sus letras hablaban con nostalgia del mundo de la infancia, se afirmaban en la ética de la fidelidad al barrio, lamentaban el fin del mundo del trabajo y exponían críticamente el presente de pobreza y corrupción. Eran canciones politizadas, pero de una manera diferente a las de los años setenta: su problema ya no era el exceso de integración en la sociedad “gris”, sino la exclusión. No eran abiertamente anticapitalistas, pero añoraban el país previo a las reformas neoliberales. Conservaban la actitud antirrepresiva de los artistas de los años setenta, pero ahora asociado a un sentimiento nacionalista que a aquellos les era totalmente ajeno. Algunas bandas, como Bersuit Vergarabat o Los Piojos, lo combinaron con mensajes políticos más o menos explícitos de un vago sentido nacional-popular. Otras también buscaron un acercamiento al mundo de las clases bajas incorporando elementos del folklore o de la cumbia. Casi todas hicieron un culto a la “independencia” y al “no transar” con los imperativos de las discográficas o del mundo del espectáculo.

Pero la novedad más importante estuvo en el público. Los recitales con entradas baratas se multiplicaron en el conurbano bonaerense y en el interior del país, con lo que el rock sumó una audiencia bastante más plebeya que la que tradicionalmente había tenido. El público además ganó para sí una mayor “democratización” en sus relaciones con los artistas. Por un lado, les exigió una (con frecuencia impostada) cercanía con ellos y supervisó muy de cerca que no “transaran” ni adoptaran las costumbres de los “chetos”, despreciados tanto por su procedencia social acomodada como por su actitud inauténtica o “careta”. Por el otro, el público asumió un inédito protagonismo en los recitales. Los cánticos, las banderas, las bengalas, el baile del “pogo”, se transformaron en un ingrediente del show tan importante como la actuación de las bandas. La cultura futbolera, que en los años sesenta y setenta había sido más bien ajena al mundo del rock, ahora fue admitida con fervor. Varias bandas compusieron canciones sobre Maradona (lo mismo sucedió entre cumbieros y cuarteteros). Además, los seguidores de cada banda se comportaron en buena medida como los fanáticos del fútbol, haciéndole el “aguante” dondequiera que se presentaran y descalificando por “putos” a los seguidores de artistas y ritmos diferentes a los del rock barrial (aunque el ingrediente del enfrentamiento físico muy rara vez se hizo presente, salvo con la policía). Así, la tendencia hacia la redefinición de la masculinidad propia del rock de los años setenta se revirtió con un regreso a valores machistas más tradicionales. Aunque las mujeres fueron parte importante del público y de sus rituales, la producción del rock barrial siguió siendo un asunto exclusivamente de varones.

El “aguante” y la “resistencia” de la actitud rockera fueron en estos años objeto de una intensa captura por parte de la cultura de masas, que la utilizó profusamente en la publicidad. Si pudo hacerlo, es porque la actitud rebelde del rock no alcanzaba a significar una amenaza. Pero el propio hecho de que resultara vendible es indicativo de que la resistencia estaba presente, al menos como deseo, en un gran número de jóvenes. Tanto, que incluso una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos consiguió convertirse en la más convocante sin participar del circuito comercial. Los platenses Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “los Redondos”, sostuvieron durante toda su larga carrera la férrea decisión de no aparecer jamás en televisión, como forma de resistir la comercialización de su arte. Buena parte de la adhesión de su público valoraba precisamente esa actitud de “no transa”. De hecho, los Redondos son un buen ejemplo de los cambios que trajo esta época. En verdad, venían tocando desde los años setenta y sólo terminaron asociados al rock “barrial” por la transformación que operó en ellos el masivo público que atrajeron desde comienzos de los años noventa (jóvenes “desangelados”, como ellos mismos los llamaron en referencia a su desamparo). Los enfrentamientos que en varias ciudades protagonizaron sus seguidores con la policía hicieron que la banda tuviera serias dificultades para dar recitales.

El imperio de la cumbia y el cuarteto

Pero el ritmo que cautivó a la mayor parte de las clases populares de todo el país fue la cumbia. Durante los años ochenta, el ritmo tropical experimentó una notable expansión comercial. Cientos de locales bailables se habilitaron en la mayoría de las ciudades, especialmente en sus periferias. Cada “bailanta” congregaba los fines de semana varios cientos de hombres y mujeres (algunas tenían capacidad para miles). Allí encontraron su lugar no sólo quienes iban a bailar y divertirse, sino también las presentaciones en vivo de numerosos artistas y conjuntos, que se multiplicaron en todo el país. A diferencia de las bandas de rock barrial, la mayoría de los artistas cumbieros procedía de un origen social tan modesto como el de sus seguidores. El creciente mercado discográfico que la pasión tropical animó, sin embargo, quedó controlado por compañías comerciales.

Algunos de los artistas de la movida alcanzaron gran notoriedad, especialmente en los años noventa, cuando la cumbia ganó carta de ciudadanía en los medios masivos. Los más conocidos fueron Pocho la Pantera, el puntano Alcides y el salteño Ricky Maravilla. Las mujeres encontraron también un lugar, con Lía Crucet “la Tetamanti”, Gladys “la Bomba Tucumana” y Gilda entre las más famosas. Entre las bandas se destacaron Volcán y el Grupo Sombras, entre otras. Sus letras hablaban de cuestiones de la vida cotidiana: el amor, los celos, el dinero, el sexo, la alegría. Algunas de las más populares fueron picarescas. Su estética y su público fueron a la vez tan plebeyos y tan masivos, que la movida tropical se transformó en un fenómeno imposible de ignorar. Las estrategias de captura por parte de la cultura de masas no se hicieron esperar. La publicidad la utilizó, por ejemplo, en un famoso comercial de Coca-Cola con una canción de Lía Crucet generosa en insinuaciones sexuales. La clase alta, por su parte, adoptó por costumbre la de bailar la cumbia en sus fiestas privadas y durante un tiempo estuvo de moda contratar a los cantantes y conjuntos más apreciados por los más pobres. No hubo en ello “democratización”, toda vez que mantuvo un distanciamiento cínico respecto de un ritmo que seguía considerando “cosa de negros”.

Hacia finales de la década del noventa surgió un subgénero que pronto señalaría los límites de la aceptabilidad de la cumbia. En un intento por expresar la realidad de la vida de los pobres pero también de ganar la atención de las discográficas, un grupo de artistas jóvenes, algunos de ellos de orígenes muy modestos como Pablo Lescano, desarrollaron un estilo nuevo. Retomando algunos elementos del gangsta rap que venía haciendo furor en los Estados Unidos, compusieron cumbias con letras testimoniales que referían a episodios a la vida cotidiana de los sectores más marginales, a la violencia, las drogas, la vida carcelaria y la represión. De la escena hip hop también tomaron algunos fraseos y el gusto por la ropa deportiva. Consiguieron así el apoyo de un empresario discográfico, que desde entonces comercializó su música con el nombre de “cumbia villera”. Otros siguieron su ejemplo y el subgénero pronto alcanzó una enorme difusión. Sus canciones se afirmaban en un orgullo plebeyo que disparaba de manera explícita contra los prejuicios sociales, con críticas a la discriminación, contra los “chetos” y los ricos, la policía y los políticos corruptos. El “aguante” se manifestó en ellas como un valor fundamental. Algunos conjuntos, como Yerba Brava, Damas Gratis o Pibes Chorros, glorificaban la vida “descontrolada”, el consumo de drogas, el robo y el lenguaje carcelario. Sus letras con frecuencia incluían alusiones sexuales explícitas, en general de un modo que agredía o ridiculizaba a las mujeres por ser “fáciles” (lo que mostraba las tensiones que le generaba a los varones la mayor seguridad y libertad que venían ganando las mujeres de clase popular en las bailantas). El grupo Meta Guacha, por el contrario, evitó glorificar el descontrol y la vida violenta, valorando en cambio la figura del pobre y del trabajador austero y sacrificado. Pero fue la excepción dentro de la movida.

Sin dudas, la cumbia que los empresarios bautizaron “villera” contribuía a reforzar los peores estereotipos respecto de los jóvenes pobres. La crítica social que podían manifestar sus letras quedaba neutralizada por su propio regodeo en el descontrol y la violencia. Sin embargo, su aparición tuvo un sentido de impugnación de la cultura hegemónica que no pasó inadvertido. Ya que la cultura de masas había capturado parte de la estética y valores de lo plebeyo, dándole una nueva legitimidad y haciéndolo “vendible”, artistas como Lescano aprovecharon para subir la apuesta. El plebeyismo exacerbado de sus letras servía para hacer visible la realidad brutal de la desigualdad, un dato que el plebeyismo impostado, a lo Tinelli, siempre escamoteaba. El exceso de la cumbia villera generó intensos debates públicos hasta que finalmente, en 2001, el Estado emitió una resolución prohibiendo su difusión en medios de comunicación, bajo la acusación de hacer apología de la droga y el delito. Los considerandos de la censura señalaban que el peligro principal era que esos valores se contagiaran a otros sectores sociales (como dando a entender que no habría habido problema si se hubieran mantenido dentro del mundo de los villeros). Para las discográficas eso significó el “no va más”: los artistas fueron presionados para volver al estilo más romántico o inofensivamente picaresco de la cumbia tradicional. Muy pronto el subgénero decayó. Pero no todo fue presión desde arriba: las mujeres que participaban en la movida tropical también manifestaron su descontento por el modo ofensivo en que la cumbia villera las retrataba; también ellas exigieron un regreso a la cumbia romántica.

En Córdoba la cumbia no logró desbancar al cuarteto, aunque en verdad éste adoptó elementos tropicales que los acercaron. Con el fin del hostigamiento del Proceso, la movida cuartetera volvió a florecer, con cantidad de bandas nuevas que aparecieron para recuperar el legado. Para mediados de los años noventa, sólo en la ciudad capital había numerosos bailes simultáneos varios días a la semana, con conjuntos en vivo, que congregaban cada uno a multitudes de entre 1500 y 5000 personas. Tal como había sucedido con la cumbia, incluso las clases altas locales lo admitieron en sus fiestas. Las temáticas de las letras eran similares a las de la cumbia tradicional, con un énfasis festivo mayor. En general evitaban las referencias a cuestiones sociales o políticas. El máximo referente del género en estos años, sin embargo, fue la excepción a esta regla. En efecto, el repertorio de Carlitos “la Mona” Jiménez abundaba en canciones que hablaban de los sufrimientos de la pobreza, la discriminación, el drama del aborto, las cárceles o la prostitución. Adorado por el público cordobés, la Mona despertaba admiración por su energía imparable arriba del escenario, la manera que hacía participar a sus audiencias, sus trajes extravagantes, su estilo plebeyo al hablar o bailar y por repartir regalos y ayudar a los pobres. El hecho de que no hubiera renunciado a su origen humilde a pesar de haberse enriquecido y que se mantuviera fiel a Córdoba a pesar de las ofertas para hacer giras en Buenos Aires fue particularmente valorado.

Los cambios en la religiosidad popular

El debilitamiento de la capacidad integradora del Estado y del trabajo y del poder unificador de las creencias políticas indujo también en estos años a que más personas buscaran en la religión una forma de comunidad, un “nosotros” capaz de suplantar el evanescente sentido de pertenencia ciudadana y de apuntalar los endebles lazos de solidaridad entre las personas. Las encuestas muestran un crecimiento sostenido en los sentimientos religiosos. Por ejemplo, mientras que en 1984 un 83% de los argentinos de toda condición social manifestaba tener creencia en Dios, en 1999 lo hacía un 95% (lo cual no significaba necesariamente la adscripción a una religión ni la participación en los rituales, que continuó siendo muy baja). La imagen positiva de la Iglesia católica mejoró en estos años y es posible que aumentara el número de los que se identificaban con ella. Algunas de las movilizaciones que motivaban sus santos y lugares sagrados fueron masivas y convocaron a una gran cantidad de personas de clases populares, que esperaban encontrar en ellos alivio para sus angustias o una ayuda para conseguir empleo, curar una enfermedad o resolver algún problema. Pero ya que el catolicismo estaba tan asociado a la nación y ya que el nuevo Papa designado en 1978 —para alegría de la jerarquía local— persiguió sin tregua a los sectores de la Iglesia que habían optado por identificarse con los pobres, no es de extrañarse que más personas buscaran un canal para su religiosidad por fuera del cristianismo romano. En efecto, fueron algunas religiones-movimiento protestantes —en particular las iglesias pentecostales— las que ofrecieron a muchos la promesa de reconstruir el sentido de la vida y el lazo social destruidos por el avance privatizador del capital.

En 1960, la población protestante en la Argentina era de apenas el 2,1%. Durante la década siguiente y especialmente en los años ochenta el porcentaje aumentó de manera sostenida. Para 1985 ya alcanzaba el 5% y siguió subiendo. Dentro de este crecimiento, el pentecostalismo ocupó el lugar de mayor importancia. Surgido en Estados Unidos a comienzos del siglo, sus primeros representantes habían llegado al país en 1910. Pero recién en la década de 1950 comenzaría a haber pastores locales con iglesias propias. Su gran expansión se produjo desde fines de los años setenta: en los diez años que siguieron a 1978 se triplicó la cantidad de iglesias y se sextuplicó el número de personas que utilizaban sus servicios. La gran mayoría de los nuevos fieles provenía de las clases populares, lo mismo que los nuevos pastores. El más famoso fue un joven pobre con antecedentes penales y de adicción a las drogas, Héctor Giménez. Sumando la televisión al repertorio de métodos habituales para atraer fieles, llegó a agrupar una feligresía que se contaba por cientos de miles, dentro y fuera de la Argentina. La mayor expansión del pentecostalismo, sin embargo, no fue por obra de los pastores “mediáticos” sino por las innumerables pequeñas iglesias independientes que se establecieron por todo el país, especialmente en barrios carenciados, cada una con un número pequeño de fieles, pero sumando entre todas una enorme cantidad. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, había a fines de los años noventa una iglesia cada pocas cuadras y se calcula que casi el 20% de los habitantes más pobres se había convertido a la nueva fe.

El atractivo del pentecostalismo tenía varias fuentes. A diferencia del resto del protestantismo, postulaba la “actualidad de los dones del Espíritu Santo”, es decir, la posibilidad concreta y cotidiana de que lo divino interviniera en la vida de cada cual. El contacto con la divinidad podía manifestarse en la facultad de tener visiones o hablar en lenguas desconocidas, en la posibilidad de sanación súbita de enfermedades, exorcismo de demonios o resolución de problemas de todo tipo, o simplemente en la experimentación de momentos de gran emotividad. Se trataba, en fin, de un cristianismo de milagros muy cercanos y disponibles generosamente para todos los que se atrevieran a buscarlos. En la situación de desamparo y de pérdida de expectativas de futuro en la que se encontraban muchas personas en estos años, una religión así sin dudas resultaba más atractiva que las que prometían el reino de los cielos sólo después de toda una vida de paciente observancia o escatimaban la asistencia efectiva de Dios. Por otra parte, las prácticas pentecostales resultaron atractivas para algunos pueblos originarios, como los tobas, ya que les permitían reciclar en ellas sus propias tradiciones de chamanismo y magia. El éxito de esta religión fue tal que, en un intento de frenar la sangría de fieles, la Iglesia católica tuvo que aceptar y dar un creciente lugar dentro de sus filas a la llamada “Renovación carismática”, que copiaba algunas de las prácticas de los pentecostales pero sin romper con las jerarquías y dogmas tradicionales.

Pero además el pentecostalismo conectó mejor con las clases populares por su cercanía social. Como el ejercicio pastoral no estaba regulado ni por un Papa ni por instituciones validantes, cualquier persona con conocimiento de la letra del Evangelio podía convertirse en transmisor de la buena nueva. En efecto, la mayoría de pastores eran personas del común, de origen social modesto y pocas credenciales educativas. Cualquiera podía aprender el oficio sin necesidad de realizar prolongados estudios formales: bastaba con observar a otros pastores o leer la bibliografía que explicaba los ritos y doctrinas de manera simple. Tener antecedentes socialmente reprochables —haber sido ladrón, adicto, curandero o estar divorciado— no sólo no era causa excluyente, sino que podía funcionar como prueba de la intervención de Dios en sus vidas, lo que les agregaba legitimidad para llevar su mensaje. Además, las mujeres también podían ejercer como pastoras. Todo esto permitió que florecieran espontáneamente iglesias y grupos por todas partes, cada uno con sus propias características y con autonomía total respecto de cualquier institución superior, cosa que les permitía adaptarse mejor a las necesidades particulares de su feligresía. Los pastores estaban así muy cerca de sus fieles: ninguna gran institución, ningún ritual magnificente, ninguna sacralidad inaccesible los separaba de ellos.

Pero la búsqueda de nuevos sentidos y pertenencias también llevó a muchos otros más allá del horizonte del cristianismo. Por la misma época también se expandieron las religiones de origen afro-brasileño, la más conocida de las cuales fue la umbanda. Los primeros “pai de santo” (sacerdotes) que operaron en Argentina llegaron en los años sesenta. Algunos procedían del ambiente marginal y prostibulario de la frontera entre Brasil y Uruguay. De hecho, una de las primeras con clientela de culto en Buenos Aires fue la travesti Mara Malú. La primera casa de santo legal comenzó a funcionar en 1966 en el Gran Buenos Aires. Para 1983 había ya unos cien templos operando legalmente y dos años más tarde el número se había duplicado (la cantidad de los que no se habían registrado era mucho mayor, llegando quizás a los tres mil). Cada templo podía tener unos cien adeptos, que se reclutaban entre sectores medios-bajos y clases populares.

La religión umbanda combinaba creencias y deidades africanas con otras tomadas del catolicismo. Los rituales incluían tambores, danzas y canciones en portugués, mediante las que se convocaba a espíritus-guías (personajes negros y mestizos) para que tomaran posesión del cuerpo de los médium, que entraban en trance durante la sesión. Los espíritus podían responder entonces las consultas de los participantes, que habitualmente se acercaban con aflicciones de amor, trabajo o familia. Como parte de algunos rituales también se realizaban “trabajos espirituales” orientados a la resolución de algún problema. En ocasiones, se practicaban sacrificios de gallinas u otros animales, para ofrendar su sangre o vísceras a alguna de las deidades mayores (orishas), a cambio de una ayuda concreta. El carácter plebeyo y subversivo de la umbanda (evidente desde su propio origen como religión clandestina de los esclavos raptados del África) la hizo muy difícilmente capturable por parte de la cultura de masas. El desafío que significaba era demasiado indigerible. A partir de 1990 recibió ataques de la Iglesia católica y de los medios de comunicación, bajo acusaciones falsas de practicar sacrificios humanos. Nunca pudo quitarse de encima la desconfianza que esa imagen generó.

Además del pentecostalismo y la umbanda, otras formas de religiosidad buscaron hacer más inmediatamente disponible la intervención del más allá. Aunque estaba lejos de ser un fenómeno nuevo, se produjeron en estos años importantes “canonizaciones populares” y otras más antiguas ganaron un inédito atractivo. Personas muertas de manera violenta o con sufrimiento fueron transformadas en “santos” sin intervención de la Iglesia, por la pura fuerza de la creencia popular. Rebeldes rurales abatidos encontraron seguidores en diversas regiones. En el noroeste abundaron las mujeres “santas”, muertas a manos de sus parejas por casos de infidelidad o como consecuencia de una violación. Sus seguidores les atribuyeron a cada uno de estos santos la capacidad de realizar milagros o interceder ante Dios, ya que el sufrimiento con el que habían muerto, supuestamente, habría “purificado” sus almas y, a la vez, los hacía más comprensivos frente a los padecimientos de los vivos. La fiebre canonizadora fue tal, que en estos años incluso se rindió culto a una cantante de cumbia (Gilda) y a un ídolo del cuarteto (Rodrigo Bueno), ambos muertos en accidentes viales. En estos dos casos, a diferencia de los demás, los medios de comunicación fueron importantes promotores de las canonizaciones, que resultaron inmediatas.

En muchas ocasiones se destacó como parte de la creencia el origen humilde del santo y el haber enfrentado a los ricos. Es el caso del famoso bandido rural correntino del siglo XIX, el gauchito Gil. Inicialmente un humilde trabajador, luego injustamente perseguido por la ley, tuvo que vivir una vida de prófugo, durante la cual robó a los ricos y compartió su botín con los pobres. La leyenda cuenta que, inmediatamente después de ser asesinado por la policía, invocar su nombre podía operar milagros, como la sanación inmediata de una dolencia. Aunque el culto existía desde hacía mucho tiempo, en los años noventa multiplicó sus seguidores de una manera asombrosa, poblando con altares rojos y crucifijos en las rutas de todo el país. De proporciones menores y mucho más localizado, el culto al “santo de los pibes chorros”, Víctor Manuel “El Frente” Vital —un joven de diecisiete años acribillado por la policía en 1999, que repartía lo que robaba entre el pobrerío de su barrio de San Fernando— tuvo características similares. Y a pesar de que no hay elementos políticos directamente asociados a los santos populares, puede discernirse en algunas de estas creencias una crítica velada a la desigualdad. Porque la santificación de alguien como el “Frente” o el gauchito Gil, por ejemplo, abría un espacio utópico, sobrenatural, en el que el pobre finalmente podía ser más que los personajes poderosos que lo habían perseguido: el estanciero, el juez, el policía.

En cualquier caso, las formas de religiosidad mencionadas en este apartado expresaban el sentimiento de injusticia e indefensión imperante y la esperanza de encontrar un canal individual de conexión directa con el más allá, capaz de solucionar problemas, aliviar dolores o simplemente acompañar. Que estas búsquedas se hicieran por fuera de la Iglesia católica —que de todos modos siguió conservando la lealtad de la mayoría— no debe llamar a asombro. Es que el catolicismo aparecía fuertemente asociado con un orden nacional cada vez más obviamente excluyente. La pérdida de fieles por parte de la religión oficial de la nación es otra de las manifestaciones de cuestionamiento al modo en que se ha ordenado la vida social en este territorio.

Nuevas identidades emergentes

Parte de ese cuestionamiento, de hecho, apuntó directamente al sentido de la “argentinidad”. De varias formas las clases populares impugnaron en estos años, con más fuerza que nunca, las definiciones de lo argentino propuestas por la cultura dominante.

El área donde esta novedad se notó con mayor fuerza fue la de la etnicidad. El mito de la nación europea había postulado la existencia de un pueblo argentino homogéneamente “blanco”, sin marcas étnicas relevantes. Como ya vimos, en ocasiones algunos pueblos originarios habían desafiado esa definición, como durante el Malón de la Paz. Por entonces notamos también que la música popular hacía lugar para ciertas marcas de la diversidad étnica del país. Pero no había habido entonces una verdadera impugnación del mito de la nación blanca por parte de las clases populares: la presión para “disimular” cualquier rasgo que no coincidiera con ese mito era demasiado intensa. La efectividad de esta presión, sin embargo, disminuyó a partir de los años ochenta, a medida que la promesa de la integración social garantizada por el Estado se iba desvaneciendo. A partir de los años noventa, por primera vez en el siglo XX aparecieron síntomas de que “lo negro” —tradicionalmente un insulto para unos o motivo de vergüenza para otros— se transformaba en un emblema de desafiante orgullo.

Donde más se notó esto fue, nuevamente, en la música popular. La Mona Jiménez, por ejemplo, hizo un elogio a la “piel de mi raza, raza negra” en su disco Raza Negra (1994), que vendió diez mil copias sólo en el primer día de su lanzamiento. En 2000, cuando tuvo la ocasión de dar un recital en el estadio de River Plate, se dirigió a la vez alegre y desafiante al público porteño, gritando “¡Soy un cabecita negra tocando en River!”. Sus letras en los años siguientes abundaron en críticas a la discriminación y reivindicaciones de lo negro. La cumbia “villera” también incluyó motivos similares y el propio Pablo Lescano se tatuó en el pecho una frase de orgullo repetida en la movida tropical: “100% negro cumbiero”. Y de hecho, la propia expansión de un ritmo tan poco europeo como la cumbia puede interpretarse como signo de una vocación de participar en una expresión que unificaba a las clases populares de buena parte de América Latina. Aunque la vocación latinoamericana se hizo sentir en la adopción de ritmos y estilos de ese origen, en el rock hubo por ahora menos recuperaciones de lo negro. Pero también allí se hicieron un lugar, por ejemplo, en las letras de bandas como Malón y en los cánticos de sus seguidores, que en los recitales afirmaban “Somos los negros/ somos los grasas/ ¡pero conchetos no!”. “Negro” siguió utilizándose como insulto en el mundo futbolero, pero aparecieron también allí algunas reivindicaciones positivas, como en la bandera “100% negro botellero y bostero” que utilizaron hinchas del club Maipú de Mendoza. El propio Maradona se atrevió a declarar en 1989: “A mí me parece bien que me llamen cabecita negra porque nunca renegué de mis orígenes. ¿Cuál es el problema?”

La umbanda fue ella misma un cuestionamiento al mito de la nación blanca, por la hermandad espiritual que planteaba con el África y con Brasil. Pero eso no era todo. Además de comunicarse con espíritus que podían ser negros y mestizos, muchos pais y participantes del culto, de piel perfectamente blanca, manifestaron sentirse negros. Como le dijo uno de ellos a una investigadora en los años ochenta: “Aquí en Argentina mataron la raíz. Es necesario ir a buscarla donde aún exista, donde ella está fuerte. Es en Brasil donde nosotros vamos a buscar esa raíz, porque allá aún la tienen”. La voluntad de restaurar un legado perdido no impugna la argentinidad, pero expresa la necesidad de volver a discutir sus límites en un sentido más pluralista.

Los cuestionamientos al mito de la nación blanca también se reflejaron en las identidades de los pueblos originarios. Los años ochenta y noventa presenciaron un resurgir del interés de los más jóvenes por el legado de sus mayores, acompañado de una intensa actividad de afirmación de la cultura propia. Los mapuches, por ejemplo, reinventaron rituales “tradicionales” con elementos nuevos y muchos jóvenes que no lo hablaban se lanzaron a aprender el mapudungun. Algunas de sus organizaciones incluso se atrevieron a rechazar públicamente cualquier pertenencia a la nación argentina, origen de sus desgracias. Por su parte, los Guaraní-Chiriguanos de Salta propusieron una identidad transnacional, afirmándose como parte de una nación que se extendía hasta el Chaco Boliviano y el Paraguay. El entusiasmo por las culturas originarias, combinado con la oportunidad de obtener beneficios exclusivamente reservados a indígenas de parte del Estado o de las ONG, motivó en estos años incluso el renacimiento de etnias que se creían extintas. En la región pampeana aparecieron grupos que se reivindicaban rankulches, en San Juan y Mendoza se hicieron presentes agrupaciones huarpes, mientras que en el año 2000 trescientas personas se declararon una “comunidad selk’nam” en Tierra del Fuego y exigieron la entrega de tierras. Algunos de estos casos de “reetnización” generaron interesantes debates públicos. Mientras que ciertas voces los acusaron de ser “indios truchos”, otros se defendieron sosteniendo que la pertenencia a una comunidad no se define necesariamente ni por la “pureza de sangre” ni por el mantenimiento de costumbres antiguas. También en estos años agrupaciones de afroargentinos surgieron para afirmar un orgullo negro y para reclamar su lugar en la nación.

Pero así como hubo procesos de “reetnización”, también hubo otros de “desetnización”. Para muchos, el mejor modo de restaurar un sentido de pertenencia ante una nación que no les hacía lugar no fue afirmarse en el legado étnico, sino más bien dejarlo de lado para abrazar una religión alternativa. En efecto, el pentecostalismo y otras religiones protestantes tuvieron un veloz crecimiento en comunidades de varios pueblos originarios. En los años setenta y ochenta se notó especialmente entre los mapuches y entre los kollas. Entre estos últimos, las religiones evangélicas llegaron a ganar hasta el 80% de la población en algunos pueblos, en lo que fue un éxodo masivo del catolicismo, pero también de las propias tradiciones andinas (mucho más toleradas por la Iglesia romana que por los protestantes). Las personas más proclives a abandonar el catolicismo eran las que menos contacto tenían con lo que quedaba de las instituciones del Estado: la fuga de la religión oficial era también un escape de la oficialidad de una nación que no parecía tener lugar para ellos. Por el contrario, adherir al culto evangélico les permitía reconstruir los lazos comunitarios sobre bases nuevas, más allá de la nación y de las fronteras, escapando del estigma de ser “indios” y a la vez reclamando para sí la superioridad de pertenecer a la religión “verdadera”. Como le dijo un kolla convertido al protestantismo a una antropóloga a fines de los años ochenta: “Con la Biblia en mano nadie puede decir: este es demasiado miserable, demasiado indio, demasiado analfabeto o demasiado inseguro para entender o predicar la palabra de Dios. Porque entre los más pobres y los más humildes, hay siempre alguien iluminado por la misericordia de Dios que descubre que todos nosotros somos iguales frente a Él”.

Los inmigrantes de países limítrofes: presencia y visibilidad

Así como el debilitamiento de la presencia integradora del Estado, el fin de la “sociedad salarial” y las dudas sobre el sentido de la ciudadanía abrieron un espacio para la mayor visibilidad de los pueblos originarios y de “lo negro”, lo mismo sucedió con los no-argentinos. La presencia de inmigrantes de países limítrofes dentro de las clases populares no era una novedad: aunque mucha gente piensa que en estos años creció de manera sostenida, en verdad para 2001 constituían apenas un 2,8% de la población total del país, un porcentaje que se mantenía sin grandes variaciones desde hacía más de cien años (aunque sí es cierto que luego de los años sesenta aumentó la proporción de los que se asentaban en Buenos Aires). Sin embargo, sólo a partir de la década del ochenta fueron ganando mayor visibilidad y reclamando el derecho de mantener abiertamente una cultura propia y diferente.

Un buen ejemplo es el de la colectividad boliviana, la segunda más numerosa luego de la paraguaya. Durante la primera mitad del siglo XX los inmigrantes de ese origen se habían dirigido principalmente a las economías regionales, trabajando como peones en la industria azucarera del noroeste o en la cosecha de la vid en la región cuyana. En los años sesenta contingentes mayores comenzaron a llegar hasta Buenos Aires, donde se emplearon fundamentalmente en la construcción (los varones) y en el servicio doméstico o la industria textil (las mujeres). En la década siguiente los quinteros de los alrededores de ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Santa Fe también comenzaron a tomar familias enteras de bolivianos como “medieros” para la producción de hortalizas. Por entonces las mujeres también fueron ocupándose en la venta ambulante de frutas y verduras. En todos estos gremios los bolivianos llegaron a representar un porcentaje considerable de los trabajadores. Para 2001 eran por lo menos 230.000 los que habitaban en el país, más de la mitad de los cuales lo hacía en el área metropolitana de Buenos Aires.

La mayor visibilidad de la colectividad, sin embargo, no vino de su número sino del agotamiento de la capacidad integradora de la ciudadanía y como reacción a formas de xenofobia que se intensificaron a partir del Proceso. En décadas anteriores los bolivianos en general no sufrían una discriminación específica como bolivianos, sino por ser considerados parte de esa masa indiferenciada de los “cabecitas negras”, lo que de alguna manera unía su situación con la de los pobres de nacionalidad argentina. Como vimos, desde el Proceso se hizo notar una xenofobia patrocinada por el Estado que abriría para los inmigrantes un escenario diferente. El cambio puede graficarse con un ejemplo concreto. En la localidad de Florencio Varela, las vendedoras ambulantes de origen boliviano llegaron, en la segunda mitad de los años setenta, a ocupar un lugar importante en el comercio de alimentos. Entre ellas se destacaba Marcelina, de origen campesino, llegada al país en 1964. Como sus otras compañeras, durante el Proceso sufrió constantes hostigamientos policiales, decomisos de mercadería y encarcelamientos. Por entonces se hizo famosa por el coraje con el que enfrentaba a los policías. Los insultaba, resistía los arrestos; en una ocasión les gritó: “¿Qué me van a hacer, me van a matar? ¡No me importa, porque si me matan mis hijos me van a vengar, porque son todos peronismo!”. La afirmación de su derecho a ocupar la vía pública y su desafío a la autoridad pasaban entonces por identificarse con el movimiento plebeyo que los militares habían venido a descabezar. Luego del fin de la dictadura, los vendedores ambulantes de Florencio Varela se organizaron gremialmente para negociar con la municipalidad la obtención de permisos. No hubo divisiones étnicas entre ellos: tanto las bolivianas como los argentinos participaron de igual a igual en la creación del sindicato. En 1985, tras sufrir un desalojo masivo, realizaron un acampe de cuatro días con olla popular frente a la Municipalidad, por el que lograron que se les permitiera volver a sus puestos. En esa gesta, todos reconocieron admirados la contribución de Marcelina y las bolivianas. Muy pronto, sin embargo, las diferencias nacionales se transformaron en causa de fractura. Como parte del clima que acompañó la campaña del Estado nacional para “regularizar” la situación de los inmigrantes ilegales, en 1986 se notó una fuerte oleada de xenofobia. En Florencio Varela los comerciantes e inspectores atacaron especialmente a las bolivianas con expresiones racistas. Algunos ambulantes argentinos se hicieron eco de esos prejuicios, especialmente cuando en febrero de ese año se rumoreó la inminencia de un operativo de desalojo que se limitaría a echar a las bolivianas, sin perjudicar a los puesteros argentinos. La situación generó una ríspida discusión en el sindicato. Algunos de los argentinos sostuvieron que había que defender a las bolivianas, porque eran “compañeras” como cualquier otro. Sin embargo, se impuso el argumento de que se trataba de un problema particular en el que el sindicato no debía intervenir. Sabiéndolas aisladas, la policía finalmente concretó el anunciado desalojo. La falta de solidaridad de quienes habían sido sus compañeros hasta hacía poco terminó de sellar la fractura del sindicato, que quedó debilitado por el alejamiento de Marcelina y las bolivianas. De manera previsible, un nuevo operativo policial en el mes de abril desalojó también a los argentinos.

En los años noventa la discriminación contra los inmigrantes de países limítrofes se intensificó. Ya no se los despreció por “cabecitas”, sino por “bolitas”, “perucas” o “paraguas”. Políticos como Menem y Duhalde hicieron de ellos el chivo expiatorio perfecto para culparlos por el creciente desempleo. Parte de la burocracia sindical —en especial la de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)— contribuyó en el mismo sentido. En agosto de 1998, por ejemplo, la UOCRA convocó una masiva movilización para exigir mejores medidas de seguridad laboral. Los obreros bolivianos que asistieron, tuvieron que agruparse en una columna aparte. Desde las columnas principales les dirigieron entonces exclamaciones agraviantes, como “somos argentinos y no bolitas”. En 1999 funcionarios estatales también acusaron a los inmigrantes de países limítrofes, sin ninguna evidencia, de ser la principal causa de la creciente inseguridad.

No debe sorprender entonces que, paulatinamente desde mediados de los años setenta, los inmigrantes bolivianos hayan mostrado un creciente interés por agruparse para defender sus derechos y afirmar su cultura. En 1975 comenzaron a celebrar a la virgen de Copacabana —patrona de Bolivia— en fiestas que algunos años después llegaron a convocar a más de veinte mil personas. Durante la década siguiente se multiplicaron los espacios de encuentro comunitario, desde programas radiales, conjuntos musicales y ligas de fútbol, hasta asociaciones, ferias y masivas fiestas. El orgullo boliviano se vio fortalecido entre muchos inmigrantes, que tendieron a dejar parcialmente de lado otras identidades locales o indígenas que en el país de origen solían ser incluso más fuertes que la nacional. En 1995, finalmente, un amplio conjunto de entidades fundó la primera experiencia de organización federativa para reclamar por el derecho a la igualdad en el acceso a la educación, el trabajo y otros beneficios, y por el de mantener una cultura diferente. Otras colectividades de países limítrofes también manifestaron un fervor asociativo similar en estos años. La expansión de la cultura de cada una, sin embargo, no se restringió a las personas del mismo origen ni a un interés puramente nacional. Con frecuencia expresó también una afirmación más genérica de lo indo-afro-latinoamericano, cuyos productos —en especial la música— encontraron resonancia entre algunos argentinos, aquellos que buscaban, acaso inconscientemente, una reformulación del significado de lo nacional.

12. Entre la fragmentación y la reconstrucción
de la resistencia, 1989-2003

Los grandes cambios de la era neoliberal significaron, lo hemos visto, una gran fragmentación y pérdida de sentidos de pertenencia para las clases populares. Con el peronismo casi irreconocible, su orfandad política se hizo patente. Por otra parte, tras la derrota que significó el Proceso, la izquierda no conseguía hacer pie. En las elecciones de 1989 una coalición integrada por los comunistas y los trotskistas del MAS alcanzó un 2,45% de los votos, un porcentaje todavía pequeño pero bastante superior a lo habitual. Sin embargo, muy pronto las rencillas internas terminaron destruyendo al MAS y disolviendo la alianza. Los años noventa, marcados por la victoria final de las clases dominantes, pasaron como un vendaval arrasador. Entre la desolación, sin embargo, las clases populares se las arreglaron para resistir. Y aunque su lucha fue casi siempre defensiva, pudieron lograr algunas victorias parciales y, más importante, fueron reconstruyendo lazos de solidaridad e inventando nuevas formas de hacer política.

La década se abrió, como habíamos visto, con una inédita oleada de saqueos. Como parte del “golpe de mercado” contra Alfonsín, los precios de los alimentos subieron entre un 400 y un 1000% sólo en los primeros cinco meses de 1989 (los salarios lo hicieron apenas un 200% en todo el año). Como, además, el gobierno había recortado los programas de ayuda social, la situación se hizo desesperante. El saqueo de comercios comenzó el 25 de mayo en las barriadas pobres de Córdoba y Rosario y cinco días más tarde estallaba en el conurbano bonaerense. Para comienzos de junio ya había habido saqueos en Mendoza y Tucumán y otros episodios menores en Santiago del Estero, Corrientes y San Juan. Al terminar esta oleada había quedado un saldo de catorce muertos y más de cien heridos. Aunque el gobierno y algunos medios acusaron sin ninguna prueba a “grupos subversivos” por los disturbios, sus protagonistas fueron hombres y mujeres comunes. No se trató de una acción política, pero sí fue colectiva: quienes saqueaban no iban solos sino en grupo, con sus vecinos y familiares, de manera espontánea pero más o menos organizada. Aunque no tuvieran objetivos políticos explícitos, sí tuvieron resultados: forzaron al gobierno a implementar un inmediato congelamiento del precio de los alimentos, el adelantamiento de la sucesión presidencial y, poco después, la ampliación de los subsidios sociales. De hecho, el saqueo fue una forma de poner límites a las políticas de ajuste que se manifestó, en estos años, en varios países latinoamericanos.

El inicio de las privatizaciones de Menem, hasta el año 1991, estuvo marcado por una intensa resistencia sindical. Se destacó la de los telefónicos y la de la comunidad de San Nicolás, dependiente de la empresa Somisa, donde se despidió a más de seis mil trabajadores. A partir de entonces los conflictos sindicales fueron menores, en parte porque las derrotas de los años previos crearon desánimo, pero también porque el gobierno había conseguido ordenar la economía y poner en marcha una hábil negociación con la burocracia sindical para desactivar las protestas. Se notaba por entonces que la constante prédica de las ideas privatistas desde los medios de comunicación había calado hondo también en parte de las clases populares. Sólo los gremios más golpeados por el ajuste, los estatales y los docentes, continuaron resistiendo, con sus sindicatos ATE y Ctera al frente. En el interior hubo en estos años luchas épicas. Los estatales santiagueños protagonizaron en 1993 una verdadera pueblada. Durante el día de furia que se conoció como el “Santiagueñazo”, incendiaron las sedes de los tres poderes del Estado y persiguieron a los políticos locales, acusados de corrupción. Los estatales jujeños tampoco les dieron tregua a sus gobernadores: entre 1990 y 1994 cinco de ellos tuvieron que abandonar el poder sin poder concluir sus mandatos, por efecto de las impresionantes movilizaciones, que con frecuencia terminaban en batallas campales con la policía. El Frente de Gremios Estatales siguió conduciendo allí importantes luchas, que tuvieron su pico en 1997 con el “Jujeñazo” (durante el cual consiguieron establecer diecinueve cortes de ruta simultáneos como forma de protesta). Los estatales también resistieron enérgicamente en Río Negro, Córdoba y San Juan, entre otros sitios. Por su parte Ctera, que ya había organizado huelgas generales y movilizaciones multitudinarias en 1988, motorizó en estos años diversas protestas, la más visible de las cuales fue la instalación de una “carpa blanca” frente al Congreso en 1997 y durante los siguientes dos años. En algunas provincias, como Neuquén, los docentes también animaron por entonces luchas de inédita radicalidad.

Cambios en el movimiento obrero

La complicidad de la CGT con las políticas de Menem habilitó interesantes realineamientos. Un ala disidente, liderada por el camionero Hugo Moyano, creó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que enfrentó al gobierno pero sin salirse de los marcos de la CGT. Pero la novedad más importante fue la creación de una nueva entidad con ambición de agrupar al movimiento trabajador a nivel nacional, por fuera de la CGT y en oposición al Partido Justicialista. Liderada por Víctor De Gennaro, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) quedó constituida en 1992, impulsada inicialmente por ATE y Ctera, a los que se sumaron luego otros sindicatos, como la regional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica. Se trataba de una organización bastante diferente a la CGT. Para empezar, las autoridades eran elegidas por voto directo de todos los afiliados y se permitía el ingreso de entidades tanto de primer como de segundo grado. Ya que la industria había dejado de tener la centralidad que tenía en el pasado, la nueva entidad desarrolló una estrategia de expansión tanto en lo laboral como en lo territorial, reflejada en su consigna “La nueva fábrica es el barrio”. Así, se propuso incorporar no sólo a trabajadores, sino también a organizaciones de inquilinos, pequeños propietarios rurales y desempleados. Desde 1996 realizaron encuentros nacionales de desocupados, que dos años más tarde desembocaron en la creación de la Federación de Tierras y Vivienda (FTV), un conglomerado de organizaciones de base de campesinos, indígenas, habitantes de villas, inquilinos y trabajadores sin empleo, bajo la conducción del dirigente matancero Luis D’Elía.

La CTA fue la principal impulsora de varias huelgas generales y de dos de los hitos más importantes de la resistencia al neoliberalismo en estos años. El primero fue la “Marcha Federal” que, partiendo desde diversos puntos del país, consiguió reunir una enorme multitud en Plaza de Mayo el 6 de junio de 1994. A la marcha, convocada por la CTA y otros agrupamientos sindicales, se sumaron entidades de todo tipo, incluyendo partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y algunas de pequeños y medianos empresarios. El segundo hito fue el del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), nacido en 2001 con el objetivo de impulsar una ley por la que el Estado garantizara un ingreso universal suficiente como para que nadie cayera bajo la línea de pobreza. En la iniciativa también participaron, junto a la CTA, entidades de todo tipo. Decenas de miles de voluntarios se ofrecieron para colaborar en la organización de un plebiscito informal convocado para mediados de diciembre en todo el país, que recolectó más de tres millones firmas en apoyo al proyecto.

Además de la CTA, surgió en 1994 otra nueva entidad que pronto adquiriría gran relevancia. Al calor de las luchas de los estatales jujeños, se formó la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR) y bajo la conducción de Carlos “El Perro” Santillán. La CCC en verdad no era un sindicato ni una central, sino una corriente político-sindical que actuaba en el interior de otras organizaciones, especialmente sindicatos de base y comisiones internas. Tal como la CTA, la CCC pronto puso en marcha una estrategia de expansión territorial, por las que sumó un ala de jubilados liderada por Raúl Castells y, en 1998, otra de desocupados, dirigida por Juan Carlos Alderete. Aunque el PCR se reservó las grandes decisiones, la CCC adoptó una práctica novedosa, que dejaba buena parte del manejo de la organización en manos de las asambleas de base de cada sector y de cada zona. Eso le permitió una notoria expansión entre las clases populares en buena parte del país. En estos años con frecuencia participaron en luchas en conjunto con la CTA.

La deserción de los grandes sindicatos del sector industrial contribuyó a que se exploraran otras alternativas de organización y de lucha. Ante el vaciamiento de algunas empresas, algunos grupos de trabajadores se organizaron para asumir la defensa de sus puestos de trabajo. Como las instituciones representativas y las canales de negociación no daban respuestas, los métodos que adoptaron fueron las asambleas y la acción directa. En 1998, cerca de cien trabajadores de la metalúrgica IMPA, en la ciudad de Buenos Aires, tomaron la planta y la pusieron a funcionar bajo gestión obrera. Como no contaron con el apoyo de la UOM, para evitar el aislamiento fueron desarrollando lazos de solidaridad con otros sectores y actividades para la comunidad, como la creación de un centro cultural y un bachillerato popular. De manera similar reaccionaron los trabajadores de Zanón, una de las fábricas de cerámicos más importantes de América Latina, situada en Neuquén. La patronal venía forzando medidas de “flexibilización” y despidos, además de descuidar la seguridad, lo que causaba frecuentes accidentes laborales, algunos de ellos fatales. Pronto se percibieron también maniobras que conducían al vaciamiento de la empresa. Ante esta perspectiva, los trabajadores se autoorganizaron y en 1998 consiguieron recuperar el control de la comisión interna del sindicato. Desde entonces, en parte por el aporte de un pequeño grupo de militantes marxistas que trabajaba en la planta, el proceso de toma de decisiones se realizó mediante asambleas de base que fueron ganando en radicalidad y en identidad clasista. En el año 2000, la muerte de un trabajador expuso de manera patente el descuido en que estaba la guardia médica de la planta. Fue la chispa que desató un proceso de mayor movilización, que debió enfrentar al mismo tiempo a la patronal, la represión estatal y las agresiones de la burocracia sindical. Entre huelgas y manifestaciones, la comisión interna de Zanón consiguió finalmente desplazar a la camarilla corrupta que conducía el gremio ceramista local a gusto de los empresarios. Para entonces se hizo notar la gran solidaridad que despertaba la lucha en los demás gremios y en toda la comunidad neuquina. Las primeras victorias los animaron a ir por más y en agosto de 2001 fueron los principales promotores de un llamamiento para la conformación de una Coordinadora “antiburocrática” de trabajadores que congregó a numerosos delegados de varias regiones del país. Ante un virtual lock out patronal, en septiembre finalmente tomaron Zanón y pocos meses después la totalidad de la gigantesca fábrica reiniciaría sus actividades bajo gestión obrera. La ocupación de la textil Brukman el 18 de diciembre del mismo año por parte de 52 de sus trabajadores, en su gran mayoría mujeres, fue el signo inequívoco de un nuevo fenómeno que se haría notorio durante los meses siguientes: el surgimiento de un verdadero movimiento de “empresas recuperadas” y puestas a producir por sus propios trabajadores, que pronto sumó más de 160 casos.

El movimiento piquetero

La privatización de la petrolera YPF, realizada con la complicidad de la dirigencia sindical, se tradujo en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Para algunos poblados que vivían de esa industria la situación fue tan grave que amenazaba con convertirlos en pueblos fantasma. Ante esta perspectiva, en 1996-1997 se produjeron masivas puebladas en Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén) y Tartagal y Mosconi (Salta). Las comunidades enteras se alzaron allí en rebeldía y salieron a cortar las rutas, como modo de llamar la atención sobre su situación. Los jóvenes desempleados (tanto los ex petroleros como los que nunca habían accedido a un empleo) se pusieron al frente, pero en las asambleas y “multisectoriales” mediante las cuales coordinaban inicialmente la lucha, participaban no sólo desocupados, sino también comerciantes, docentes y pequeños empresarios; se trató de resistencias de carácter verdaderamente comunitario en las que ninguna de las organizaciones políticas o sindicales existentes desempeñó un papel relevante. Una primera experiencia de “traición” de un grupo de representantes elegidos para negociar con el gobierno terminó de convencerlos de la necesidad de apegarse a los métodos de decisión asamblearios y no delegativos. Ante estas nuevas formas de lucha, el Estado intentó primero aplicar la represión a gran escala; para justificarla, se lanzaron acusaciones infundadas de “rebrote subversivo” en el sur y de la presencia de “francotiradores” de la guerrilla colombiana en el norte, de las que la prensa se hizo eco. Pero la magnitud de la participación popular impidió que el conflicto se resolviera a pura represión. Como complemento, el Estado nacional lanzó en 1996 los “Planes Trabajar”, que profundizaron el estilo de intervención mediante subsidios y asistencia alimentaria a cambio de horas de trabajo como contraprestación. Para 1997 ya había 200.000 beneficiarios.

Estas experiencias iniciales probaron la efectividad del corte de ruta como método y la asamblea como forma de organización, con el horizonte inmediato de la obtención de subsidios. Así, las luchas que se inspiraron en ese modelo pronto se multiplicaron por todo el país, especialmente animadas por los más jóvenes. La prensa había bautizado “piqueteros” a los primeros que bloquearon rutas en Neuquén. Ese nombre fue retomado por los propios desocupados y pronto adquirió un sentido de orgullo e identidad que ayudó a muchos a salir del estigma que significaba estar desempleado. Este orgullo se constituyó con frecuencia (aunque no siempre) por fuera de los marcos del peronismo o incluso en oposición a él, en lo que significó la primera expresión política de afirmación plebeya, en muchos años, que prescindía de ese legado. Su ejemplo se expandió incluso a otras clases. Aunque suele asociarse el corte de ruta con los “piqueteros” y a éstos con la clase más baja, en realidad muchos otros sectores participaron de esa forma de acción. Un estudio contabilizó 685 cortes de ruta en todo el país entre 1993 y octubre de 1999; de ellos, sólo un 36,8% fue protagonizado por asalariados (desempleados pero también ocupados, que en realidad eran la mayoría). Contrariamente a lo que suele creerse, 47,6% fueron organizados por pequeños y medianos propietarios, productores agropecuarios, comerciantes y otros empresarios o estudiantes, especialmente hacia el final del período.

Sin buscarlo, en 1999 el gobierno de De la Rúa tomó una decisión que significó un fuerte espaldarazo para las organizaciones piqueteras. En un intento de restarles poder a las redes clientelares del peronismo, enquistadas en las provincias y municipios que controlaban los planes sociales y definían a quiénes les correspondían, el gobierno decidió otorgarle a las organizaciones de desocupados la administración de los subsidios y la capacidad de confeccionar sus propias listas de beneficiarios. La decisión efectivamente debilitó en algo al PJ, pero al costo de fortalecer las organizaciones piqueteras y el entusiasmo de los más pobres por participar en ellas con vistas a obtener un beneficio. Aunque sólo un 10% de los planes llegó a estar controlado por los propios piqueteros, los recursos así obtenidos permitieron a algunas organizaciones un gran despliegue de trabajo comunitario, que incluyó la creación de comedores, proyectos autogestionados de huertas, panaderías, construcción de viviendas, e incluso pequeñas fábricas y obras públicas de importancia. En muchos barrios devastados por la pobreza y el desempleo, la organización de desocupados se transformó en una verdadera fuerza de reconstrucción del lazo social. El movimiento de los desocupados creció de manera vertiginosa entre 1999 y 2001, alcanzando una dimensión con pocos antecedentes en la historia mundial. Iniciado en el interior, para entonces su epicentro pasó a ser el Gran Buenos Aires.

Cantidad de organizaciones “piqueteras” surgieron en estos años. Las mencionadas FTV y CCC fueron las de mayor peso; aunque tuvieron presencia en varias provincias, el distrito fuerte para ambas fue La Matanza. Desde 1996, se formaron también, especialmente en la zona sur del Gran Buenos Aires, varios Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), cada uno anclado en un distrito e independientes el uno del otro. Otras siglas se fueron sumando, hasta crear un escenario abigarrado de decenas de organizaciones autónomas de diverso tamaño, entre las que se destacaron el MTR y la UTD de General Mosconi. En su núcleo fundador con frecuencia se reconocían tres legados: militantes marxistas sin partido (muchos de ellos con antecedentes de participación en organizaciones de los años setenta), otros que se habían alejado desencantados del peronismo y/o con experiencia sindical, y por último aquellos procedentes de las comunidades eclesiales de base que los curas tercermundistas habían animado en décadas previas. Con frecuencia, esos tres legados estuvieron presentes en los inicios una misma organización. A las organizaciones autónomas se sumaron tardíamente, en 2001, otras asociadas a partidos de izquierda, que vieron en los métodos piqueteros y en la organización de los desocupados una oportunidad para reencontrarse con una base de apoyo plebeya que desde hacía mucho les era esquiva. Entre otras se destacaron el MTL (asociado al Partido Comunista), el MST-TV (Movimiento Socialista de los Trabajadores), Barrios de Pie (Patria Libre) y el Polo Obrero (Partido Obrero).

Para evitar el riesgo de la fragmentación, en julio y septiembre de 2001 se convocaron dos grandes “asambleas piqueteras” en La Matanza, con delegados de todo el país. Las diferencias políticas hicieron imposible la unidad, de modo que se fueron delineando tres grandes bloques. El mayoritario fue el que formaron la FTV y la CCC, de tradición más nacional-populista y actitud mas “dialoguista” con el gobierno. Las organizaciones más autónomas y sin referencia con partidos o sindicatos coordinaron acciones en el Movimiento de Trabajadores Desocupados “Aníbal Verón”, en el que tuvieron influencia ideas anticapitalistas de corte basista o “autonomista”, muy críticas respecto de las prácticas de la izquierda tradicional. Por último, los agrupamientos controlados por partidos de izquierda o de tradición más exclusivamente marxista se reunieron en el Bloque Piquetero Nacional.

La aparición del movimiento piquetero fue prueba de la capacidad de las clases populares de recomponerse políticamente a partir de las profundas modificaciones que su mundo había sufrido. Como vimos en el capítulo anterior, la experiencia vital de buena parte de las personas más pobres había dejado de transcurrir por la fábrica o el lugar de trabajo, para trasladarse al barrio. Asimismo, la nueva política asistencialista del Estado se había implementado utilizando las redes de lazos personales que existían en las zonas más carenciadas. Ese fue el difícil contexto para el que el movimiento piquetero encontraría una respuesta. Ya que la fábrica o el sindicato habían dejado de ser puntos de referencia para la mayoría, el nuevo movimiento se hizo fuerte sobre una base territorial. Fue el barrio el espacio elegido para rearticular lazos de solidaridad y cooperación política. La autoorganización comunitaria —promovida por el asistencialismo estatal— fue el punto de apoyo de los movimientos emergentes, que pudieron en ocasiones imprimirle una nueva politización, librándola, al menos parcialmente, del corset clientelar y permitiéndole articularse con otros grupos. Roto el encapsulamiento en los barrios, esta repolitización de la organización comunitaria devolvió al militante territorial su capacidad y su vocación para el antagonismo. De hecho, los diversos grupos piqueteros surgidos en estos años —incluyendo los vinculados a partidos de izquierda— sólo consiguieron penetrar en el mundo popular sumando referentes peronistas y “manzaneras”, algunos de ellos con una vasta trayectoria como líderes comunitarios. El pasaje entre el mundo del asistencialismo clientelista y el de la lucha piquetera, sin embargo, no siempre se transitó en un solo sentido. Si bien es cierto que “ser piquetero” se transformó para muchos en una nueva identidad con un sentido antagonista, para muchos otros “estar con los piqueteros” era apenas un modo de acceder a un subsidio, no demasiado diferente al que podían haber empleado previamente como parte de una red clientelar. Con el tiempo, esto condujo a algunas de las organizaciones piqueteras a recrear en su interior, al menos parcialmente, la lógica jerárquica y despolitizante del clientelismo.

En contraste con la burocracia sindical, que en los años noventa contribuyó a estigmatizar a los inmigrantes de países limítrofes, el movimiento piquetero permitió su participación; su presencia se hizo notar en el MTL, Barrios de Pie y otros. Se notó también un amplio protagonismo de las mujeres. Más del 50% de los piqueteros fueron en realidad piqueteras. A partir de su participación, en muchos casos pudieron revertir el confinamiento al papel “asistencial” que les tenía reservada la política clientelar. Así y todo, y aunque varias de las organizaciones tomaron medidas concretas para favorecer la igualdad de género, la abrumadora mayoría de sus dirigentes y voceros fueron varones.

Pequeños productores, campesinos y pueblos originarios

Las diversas zonas rurales del país también presenciaron en estos años la aparición de novedosas formas de organización y de lucha. En la región pampeana, la resistencia de los chacareros más empobrecidos quedó en manos de un inédito Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL). Creado en La Pampa en 1995, el MMAL pronto consiguió expandirse a Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Formosa y Córdoba. A través de métodos de acción directa, se las arreglaron en muchas ocasiones para frenar los remates de campos y los desalojos de quienes habían caído en la quiebra.

En 1986 renació el Movimiento Agrario Misionero, que había sido víctima de un feroz ensañamiento represivo durante el Proceso. Como en los años setenta, volvieron a protagonizar huelgas, movilizaciones y tomas por el acceso a la tierra y por la defensa de los precios del té y la yerba. Pero pronto se dieron cuenta de que los métodos de antaño habían perdido su efectividad, lo que los llevó a revisar sus estrategias. La sola confrontación con el Estado o los grandes intereses privados fue dando paso a la construcción de espacios de comercialización alternativos que les permitieran un contacto directo con los compradores finales. La idea era dejar de depender del mercado y construir lazos de solidaridad más amplios con la población urbana, de modo de salir del aislamiento. Así, en 1995 organizaron una “feria franca” en Oberá, donde ellos mismos ofrecieron a la venta sus propios productos. La idea fue tan exitosa que muy pronto hubo ferias por toda la provincia. Paralelamente avanzaron en la organización de cooperativas y de otras redes de comercialización alternativas y desarrollaron una profunda crítica del modelo de agronegocios que se venía implantando. Junto con el cambio de orientación estratégica, se notó un nuevo protagonismo de las mujeres, que contrastaba con el carácter más marcadamente masculino que el MAM había tenido en el pasado.

Estos años presenciaron también el surgimiento de organizaciones propiamente campesinas en provincias en las que no existía una tradición previa. Una de las más notorias fue el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Fundada en 1989, la nueva entidad se propuso luchar por el acceso a la tierra y contra los desalojos que venían de la mano de la expansión de la frontera de los agronegocios. Formado por familias que en general no tenían tenencia legal de las tierras que, sin embargo, ocupaban desde hacía décadas o incluso generaciones, debieron luchar cuerpo a cuerpo contra las topadoras y contra los matones armados que con frecuencia les enviaron los terratenientes para amedrentarlos. Cuestionaron también la contaminación resultante del uso indiscriminado de agroquímicos y la expansión compulsiva de las semillas transgénicas. Su forma de organización buscó garantizar que las decisiones fundamentales fueran tomadas por las bases y que los dirigentes se mantuvieran cercanos a ellas. Desde temprano el MOCASE se vinculó también con el movimiento de resistencia global a través de su participación en la red conocida como Vía Campesina. Características similares tuvo el Movimiento Campesino de Córdoba, fundado a fines de la década de 1990, y entidades similares que aparecieron en Formosa, Salta y otras provincias.

Los pueblos originarios compartieron con los campesinos algunas de las mismas problemáticas. En estos años mostraron un renovado activismo, enfocado tanto en la recuperación de sus derechos históricos y culturales, como en la defensa de sus tierras comunales amenazadas por las ventas irregulares y los intereses latifundistas. Con el regreso de la democracia en 1983 los grupos que habían activado la lucha en los años setenta volvieron a entrar en acción. Para fines de la década habían conseguido que varias provincias aprobaran legislación reconociendo algunas de las tierras ancestrales. En 1989 una Ley nacional otorgó a las comunidades personería jurídica y el derecho de posesión de las tierras que ocupaban; ambos logros adquirieron rango constitucional con la nueva Constitución de 1994. Como la implementación de estas normas fue lenta y sus alcances reales menores que lo esperado, los años noventa fueron escenario de importantes movilizaciones. Desde 1993 los kollas de San Andrés (Salta) organizaron marchas para exigir títulos de propiedad; algunas llegaron hasta Buenos Aires, inspiradas en el recuerdo del Malón de la Paz de 1946. La lucha fue ocasión, también en Salta, del corte de un puente internacional por tres semanas en 1996. Por motivos similares, los mapuches en Pulmarí (Neuquén) y en otros sitios motorizaron, a partir de 1995, manifestaciones y tomas de tierras. Las comunidades toba y wichi del noroeste de Formosa se movilizaron el mismo año en protesta por una sequía del río Pilcomayo, causada por obras hídricas. Los tobas del Chaco también se pusieron en marcha exigiendo 150.000 hectáreas que les habían sido concedidas en 1924, pero cuya entrega nunca había sido efectivizada. Otros pueblos y comunidades protagonizaron reclamos similares.

Nuevos reclamos y formas de organización

El protagonismo de las mujeres, visible en varios de estos nuevos movimientos, formó parte de una tendencia mayor: la aparición de un movimiento feminista que por primera vez alcanzó masividad y una importante penetración entre las clases populares. Su expresión más visible fueron los Encuentros Nacionales de Mujeres. El primero fue en Buenos Aires en 1986; participaron unas seiscientas mujeres con el objetivo de hacer visible la opresión de género y discutir maneras de enfrentarla. Se trató básicamente de un espacio abierto y horizontal para el encuentro y la deliberación, independiente de cualquier institución u organización. Los Encuentros fueron atrayendo un número creciente cada año, que en 2001 alcanzó las doce mil asistentes. Participaban para entonces mujeres de diversa procedencia: amas de casa, obreras, trabajadoras rurales, estudiantes, campesinas, militantes de partidos, profesionales, de pueblos originarios, piqueteras, empleadas, muchas de ellas en representación de organizaciones, otras individualmente.

En estos años hubo también un visible protagonismo popular en varios reclamos contra la represión institucional, el gatillo fácil o la impunidad. La masacre de Ingeniero Budge (1987), el crimen de María Soledad Morales en Catamarca (1993) y el asesinato del conscripto Omar Carrasco en Zapala (1994) fueron algunos de los episodios que generaron movilizaciones masivas y formas de autoorganización con participación de personas de las clases populares junto a otras de sectores medios. La década del noventa también fue testigo de las primeras movilizaciones por temas de defensa del medioambiente que involucraron a comunidades enteras. La construcción de la represa de Corpus Christi en el alto Paraná movilizó a partir de 1995 a la mayoría de la población de la zona misionera que se vería afectada por el anegamiento. Promovida por organizaciones ecologistas y con la participación de diversos sectores políticos y sociales —incluyendo sindicatos y el MAM— los vecinos consiguieron llamar a una consulta popular por la que más de un 88% de la población le dijo “no” al proyecto. En vistas de la resolución del Estado nacional de seguir adelante de cualquier modo, el conflicto continuó en los años siguientes. Por la misma época comenzó también la resistencia a la minería a cielo abierto. En 1997, la localidad catamarqueña de Belén empezó a organizarse para protestar por las actividades de la mina La Alumbrera, que se había instalado hacía poco con grandes promesas de obras públicas y fuentes de trabajo que nunca se materializaron. Los primeros en salir al ruedo fueron un grupo de desocupados —ex agricultores, albañiles y peones rurales— quienes, imitando los métodos piqueteros, cortaron los accesos a la mina en demanda de los puestos de trabajo que la compañía había prometido. Para 2000 otros sectores sociales se habían sumado al reclamo, que ahora incluía una enérgica denuncia de la contaminación que producía la mina, notable en la permanente nube de polvillo que flotaba sobre el pueblo, en el deterioro de las fuentes de agua y en la mayor mortandad de animales. En la nueva década el ejemplo de Belén se multiplicaría en numerosas comunidades a lo largo de toda la cordillera de los Andes, cada una de las cuales organizaría sus propias “asambleas ciudadanas” para frenar la minería a cielo abierto.

Las preocupaciones ecológicas también estuvieron en el origen de una de las más sorprendentes y masivas formas de autoorganización de estos años. Por iniciativa de un pequeño grupo de activistas que promovía la producción orgánica de alimentos, el empleo de fuentes de energía alternativas y el reciclado de los desechos, en 1995 unos veinte vecinos de Bernal, en el sur del Gran Buenos Aires, pusieron en marcha un experimento inédito. En el garaje de uno de ellos organizaron un “Club de Trueque”. En reuniones semanales, cada uno llevaba algo de su propia producción o que le sobrara —tartas, empanadas, ropa, artesanías, etc.— con la idea de intercambiarlo por otros productos sin que mediara dinero. Pronto otros los imitaron y los clubes de trueque fueron atrayendo un número creciente de personas, especialmente aquellas que se habían quedado sin empleo y carecían de dinero, pero todavía tenían su capacidad de trabajo y alguna forma de aplicarla. Para 1997 ya había 40 clubes, en los que participaban más de 2500 personas. Cada uno se organizaba de manera autónoma y participativa: las decisiones no las tomaban sólo los promotores, sino todos los participantes que desearan involucrarse, de manera horizontal. Para entonces, algunos de estos clubes habían comenzado a emitir “créditos”, una “moneda social” propia para facilitar el intercambio indirecto a mayor escala. Eso permitió la expansión de los clubes hasta transformarse en una verdadera red autoorganizada. La Red Global del Trueque que vinculó a la mayoría de ellos estableció entonces una serie de principios, por los que se declaraba a favor de la solidaridad y la ayuda mutua entre las personas y en contra de la competencia de unos con otros, del consumismo y de los condicionamientos que el mercado y el dinero imponían a las relaciones humanas. A partir de 1999, el crecimiento fue verdaderamente explosivo: para 2000 ya había 1800 nodos en todo el país con más de 800.000 participantes, números que llegarían a triplicarse al año siguiente. Es que, a medida que se agravaba la crisis económica, excluyendo del mercado a millones de personas, el trueque se transformaba en una opción de supervivencia real y concreta. Quienes participaron masivamente en esta época —personas de clases populares o de sectores medios empobrecidos, en su gran mayoría mujeres— llegaron a proveerse a través de ese sistema hasta un 40% o más de sus necesidades cotidianas. Los “créditos” circularon de manera tan profusa, que incluso algunas empresas los aceptaron como parte de pago y algunos gobiernos locales los tomaron a cuenta de tasas e impuestos. La experiencia del trueque, en fin, llegó a ser un verdadero mercado paralelo manejado no por el Estado ni por los sectores económicos más poderosos, sino democráticamente por la población común. Mientras el mercado capitalista colapsaba, dejando en el total desamparo a millones, una inesperada experiencia de autoorganización social, horizontal y solidaria, proveía una salida real e inclusiva. Y aunque la mayoría de los que llegaron a participar lo hicieron sin involucrarse en la administración de las redes ni adherir a sus principios, la aparición de una forma de economía regida por otras reglas y otros valores no dejó de tener una honda significación política. A medida que el Estado iba perdiendo legitimidad y todo el sistema económico entraba en una crisis caótica, la capacidad de la propia sociedad para buscar salidas concretas —incluso inventarlas— se volvía más patente.

La trama social de la rebelión de 2001

En efecto, a la crisis económica que venía profundizándose desde 1994 se sumó a fines de la década una profunda crisis política. Tras su victoria en 1999, el presidente Fernando de la Rúa venía defraudando toda expectativa de cambio. La continuidad respecto de la era Menem era tal que en 2001 volvió a convocar a Domingo Cavallo para el cargo de ministro de Economía. En una situación de crisis cada vez más incontenible, y para salvaguardar los intereses de los grupos financieros, Cavallo tomó entonces algunas medidas incluso más impopulares que las de la década anterior. Su plan de “déficit cero”, hecho ley a fines de julio, se tradujo en un recorte compulsivo del 13% en los sueldos de todos los docentes, empleados del Estado y jubilados. A comienzos de diciembre, ante la masiva fuga de divisas que hacía peligrar al sistema financiero, implementó el famoso “corralito”, que limitó la cantidad de dinero que las personas podían retirar de sus cuentas bancarias. En fin, durante todo el año el gobierno no hizo sino echar más leña al fuego del descontento. La tasa de desempleo venía subiendo dramáticamente y ya se ubicaba por encima del 18% (a lo que habría que sumar la de subempleo). No asombra entonces que en las elecciones legislativas de 2001 la Alianza gobernante sufriera una aplastante derrota a manos del peronismo. Pero además se produjo entonces un hecho inédito: un 42% de los ciudadanos optaron por el “voto bronca”, es decir, votaron en blanco, anularon su voto o se abstuvieron de votar. Fue su forma de manifestar la pérdida de confianza en los políticos, independientemente del partido al que pertenecieran. A la crisis económica se sumaba ahora una crisis de legitimidad no sólo del gobierno, sino de la totalidad del sistema político.

El último mes del año comenzó con un clima de creciente malestar. Los reclamos de los diversos sectores afectados por las políticas neoliberales, que ya venían confluyendo desde tiempo atrás, se fueron entrelazando rápidamente en una trama que pronto daría lugar a una rebelión masiva y duradera con pocos parangones en la historia nacional. El 12 de diciembre miles de desocupados de varias organizaciones piqueteras cortaron rutas en el Gran Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Mar del Plata exigiendo la renuncia del presidente y de Cavallo, mientras trabajadores estatales, docentes, taxistas, estudiantes y otros desarrollaron diversas acciones de protesta por todo el país. El mismo día, por la tarde, se realizó una masiva manifestación de comerciantes minoristas en Capital y otras ciudades. Como el “corralito” había inmovilizado también los sueldos de los trabajadores, las dos facciones de la CGT y la CTA decretaron un paro general el 13 de diciembre para exigir el fin de esa medida. A la huelga se plegaron comerciantes y gremios de sectores medios. Numerosas marchas se organizan por todas partes. En Córdoba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Mar del Plata y otras ciudades se produjeron graves enfrentamientos con la policía.

A estas formas de protesta, que continuaron en los días siguientes, se sumaron a partir del día 14 los saqueos. Comenzaron en Rosario y Concordia y para el 22 de diciembre, fecha en que concluyeron, se habían producido en unos trescientos comercios de once provincias. Como las grandes cadenas de supermercados contaron con protección policial preferencial, los principales damnificados resultaron ser los pequeños y medianos comerciantes de alimentos pero también de artículos durables. Un tercio de los episodios se produjo en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano. En la escala de intensidad, le siguieron Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Tucumán. Al finalizar la oleada, se contaron dieciocho muertos a manos de la policía o de los dueños de comercios y cientos de heridos. Como fue el caso en 1989, también esta vez se trató de una forma de acción colectiva. Los saqueadores, en general personas comunes sin antecedentes delictivos, actuaban en pequeños grupos junto a familiares o vecinos, eligiendo blancos desprotegidos en puntos en los que se reunían otros con las mismas intenciones. La cantidad de participantes en cada episodio podía variar entre algunas docenas y miles, pero lo más habitual fue que fueran entre cien y cuatrocientos.

Entre las razones que dieron posteriormente a los investigadores quienes saquearon en estos días, mencionaron el hambre, la falta de trabajo y de ayuda estatal y la bronca por la situación de indignidad en la que estaban viviendo. Para muchos se trató de un verdadero acto de justicia, por el que los pobres pudieron pasar una Navidad con regalos y algo para comer. Algunos, sin embargo, manifestaron remordimientos al pensar en la suerte de los comerciantes damnificados o por haberse llevado ropa o electrodomésticos (no así alimentos, que les parecía más justificable). De hecho, relataron que hubo familiares o vecinos que, invitados a sumarse, se negaron por motivos éticos. Por otra parte, en las zonas donde había organizaciones piqueteras o territoriales fuertes en general no hubo saqueos, sino movilizaciones que negociaron con supermercadistas la entrega de alimentos de manera pacífica.

Aunque los saqueos fueron una reacción popular genuina, en ellos se entremezcló también la política de la “zona gris”. De una manera bastante evidente, en muchos de los saqueos de 2001 participaron punteros peronistas invitando a las barriadas a la sumarse, haciendo circular rumores falsos sobre repartos de alimentos, gestionando “zonas liberadas” o trayendo grupos de “vanguardia” para iniciar las acciones. En varios casos se documentó la complicidad de la policía, que se retiró de los lugares señalados o incluso participó de los saqueos. La intención particular en estos casos fue la de presionar al gobierno para obtener prebendas o erosionar su legitimidad en vistas de próximas elecciones. Según algunas fuentes, dirigentes importantes del PJ habrían especulado también con provocar una caída del gobierno que devolviera a su partido al poder.

El 19 de diciembre de 2001 la situación tomó un giro inesperado. Por la noche, luego de un discurso de De la Rúa que anunciaba el estado de sitio y ninguna solución para la galopante crisis, grupos de vecinos de Buenos Aires comenzaron aquí y allí a golpear cacerolas espontáneamente en las puertas de sus casas. Pronto otros los imitaron y el ejemplo se expandió como una mancha de aceite sobre toda la ciudad. Llegadas las diez de la noche una multitud de cientos de miles de personas golpeaba sus cacerolas en una extraña sinfonía de protesta. Nadie traía carteles políticos; los que intentaron desplegar alguna pancarta fueron obligados a guardarla. Reunidos en los principales puntos de la ciudad, muchos marcharon hasta Plaza de Mayo a medianoche. Otros prefirieron quedarse en sus barrios. Miles de personas protagonizaron hechos similares en Rosario, Paraná, Tucumán y otros puntos del país. Desconcertado, el presidente pensó en aplacar la furia popular anunciando la renuncia del odiado Cavallo. Pero eso no fue suficiente. Cuando, por la mañana del día siguiente, el gobierno ordenó reprimir a los manifestantes que habían permanecido frente a la Casa Rosada desde la noche anterior, una multitud rodeó la Plaza de Mayo. Aunque la mayoría se había acercado por su cuenta, esta vez se hicieron notar también los que llegaban encuadrados en organizaciones sociales, sindicales y políticas. Tras varias horas de combates con la policía, De la Rúa finalmente decidió renunciar. Simultáneamente se habían producido manifestaciones en Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Neuquén y otros puntos del país. Los intentos de las fuerzas de seguridad para sostener el orden durante esas dos jornadas dejaron al menos 38 muertos en diversos puntos del país, cinco de ellos en Plaza de Mayo.

Algunos intelectuales y periodistas se apresuraron a interpretar los hechos del 19 y 20 de diciembre como una “rebelión de clase media” motivada por un interés económico inmediato: que se pusiera fin al “corralito”. Los sucesos reales, sin embargo, desmienten esas interpretaciones. En realidad, fue una rebelión popular notoriamente plural y múltiple en su composición social. Formó parte de una trama de acontecimientos protagonizados tanto por sectores medios como por clases populares en todo el país. Como ya señalamos, desde el día 12 venían sucediéndose movilizaciones de unos y otras. En algunos sitios, como en Entre Ríos, las protestas de esa semana fueron encabezadas por “multisectoriales” que nucleaban a comerciantes y pequeños productores agropecuarios junto a sindicatos obreros. El mismo día 19, antes del cacerolazo nocturno, hubo acciones de una multiplicidad de grupos sociales. Docentes universitarios, trabajadores municipales, comerciantes, camioneros, “vecinos” y desocupados realizaron protestas en diversas partes del país, algunas bastante violentas. Los saqueos se hicieron más intensos, especialmente en el conurbano bonaerense. El cacerolazo se inició precisamente como respuesta al anuncio del estado de sitio que anticipaba la salida represiva que el gobierno tenía en mente. De hecho, los cánticos de la multitud esa noche celebraban el bloqueo de esa opción (“¡Qué boludos, el estado de sitio se lo meten en el culo!”) y exigían “que se vayan” los políticos. No hubo ninguna referencia al “corralito”, que había sido decretado hacía más de dos semanas.

Algo similar sucedió con los eventos del día 20. En varias provincias hubo cortes de ruta y otro tipo de acciones protagonizadas tanto por trabajadores y desocupados, como por pequeños productores, estudiantes, docentes y comerciantes. Las imágenes de televisión de lo que sucedía en la Capital inspiraban acciones de todo tipo en todo el país. Las centrales sindicales declararon un paro por tiempo indeterminado. Por otra parte, entre la multitud que combatía con la policía en Plaza de Mayo había gente de sectores medios pero también desocupados y trabajadores. Ese día el corralito tampoco fue motivo de cánticos. “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” —una consigna política y no económica—, fue la frase principal que unificó a los que participaban en la rebelión. En varias localidades del interior los manifestantes reclamaron también la renuncia de gobernadores, concejales e intendentes.

En fin, la de diciembre de 2001 fue una rebelión protagonizada por múltiples sectores sociales y no se identificó expresamente con ninguno de ellos en particular. Por supuesto que, junto con gente de baja condición, hubo una decisiva participación de sectores medios. Pero lo interesante es que éstos en general no se movilizaron aparte, con reclamos exclusivos sino que, por el contrario, lo hicieron con una expresa voluntad de confundirse con el resto de la población afectada por la crisis. Varias decenas de manifestaciones, escraches, cortes de ruta, cacerolazos y “puebladas” que hubo desde diciembre de 2001 fueron protagonizadas por la misma diversidad de grupos sociales. En sus consignas y demandas con frecuencia se combinaban las aspiraciones de cada uno. Podían exigir el fin del corralito, pero también el pago de sueldos atrasados y mayores subsidios para desocupados. Se preocupaban por las dificultades financieras de los comerciantes y pequeños productores, pero también por la defensa de la salud y la educación pública. Las demandas puntuales pronto se entrelazaron con otras más generales y estructurales: del universal odio a los bancos se pasó al cuestionamiento de las multinacionales, las empresas de servicios públicos privatizadas o las políticas neoliberales impulsadas por el FMI. Y por todas partes el malestar se tradujo en la exigencia de la renovación de las autoridades. Por un momento, existió una fuerte tendencia a que la multitud en rebelión actuara como un sujeto político unificado (sin dejar por ello de ser múltiple y diverso).

La cacerola fue uno de los símbolos que más graficó la confluencia de los reclamos de diversos sectores. En efecto, entre diciembre de 2001 y fines de enero de 2002 se hicieron cacerolazos para los fines más diversos. Los hubo para exigir que los concejales, legisladores e intendentes redujeran sus sueldos (en esto se especializaron los mendocinos) pero también para demandar subsidios de desempleo, puestos de trabajo, ayuda alimentaria o pago de haberes (como los del 3 de enero en la ciudad de Resistencia). Los hubo para reclamar que no quedaran impunes los asesinatos de manifestantes (la Multisectorial y el Movimiento Autoconvocado de la ciudad de Paraná insistieron en ello) pero también contra las medidas económicas del gobierno provisional (los neuquinos, entre otros, realizaron varios de este tipo). El cacerolazo trascendió incluso las fronteras nacionales, imitado por grupos y manifestaciones que consideraban que la revuelta argentina era no sólo consecuencia de las condiciones críticas del país, sino también parte de la ola de resistencia global contra el neoliberalismo que se venía produciendo desde mediados de los años noventa. Y no faltaron quienes, desde Argentina, buscaron comunicarse con esas luchas. En agosto de 2002 se realizaría en Buenos Aires un encuentro temático del Foro Social Mundial, organizado conjuntamente por la CTA y numerosas organizaciones políticas y movimientos sociales locales, en asociación con los organizadores del evento a nivel internacional. Durante ese año los sucesos y experiencias en Argentina fueron seguidos con gran atención por activistas de todo el mundo.

Es que el año que siguió a la rebelión de diciembre de 2001 fue testigo de formas inéditas de autoorganización, lucha y solidaridad. El peor momento de la crisis despertó en buena parte de la población los mejores instintos de cooperación, creatividad y vocación por lo público; fueron tiempos extraordinarios. En general se cuestionaron las jerarquías y la política tradicional y se manifestaron fuertes ansias de “horizontalidad” —una palabra que comenzó a circular masivamente por entonces— y protagonismo. El Estado, los políticos y el capitalismo recibieron cuestionamientos profundos y de una masividad pocas veces vista. Gente sin experiencia política junto con otra que sí la tenía protagonizaron formas de acción directa de radicalidad inédita: escraches contra los políticos, tomas de edificios, ataques a bancos y multinacionales, cortes de rutas. Se respiraba una sensación de libertad recuperada y de que era posible inventar una nueva forma de vivir en sociedad. Había en el aire la sospecha de que se terminaba una época oscura y comenzaba un tiempo nuevo. Inmediatamente luego de la caída de De la Rúa, y mientras se sucedían vertiginosamente varios presidentes provisionales, comenzaron a surgir “asambleas populares” o “vecinales” de manera espontánea en diferentes ciudades del país. Sólo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano llegó a haber cerca de 150. Durante todo 2002 demostrarían una enorme vitalidad: llamaron a la realización de decenas de cacerolazos masivos, discutieron la manera de reemplazar a los políticos profesionales por formas de democracia directa, exploraron salidas económicas para la crisis y establecieron fuertes lazos de solidaridad con otros movimientos sociales, como el de los piqueteros y el de fábricas “recuperadas”, que por entonces tuvieron también un gran florecimiento. La voluntad de confundirse en una misma rebelión a pesar y más allá de las diferencias sociales tuvo manifestaciones conmovedoras. El 28 de enero, por ejemplo, se realizó una multitudinaria marcha conjunta de las organizaciones piqueteras hacia Plaza de Mayo. La marcha recibió la adhesión y solidaridad de las asambleas porteñas y miles de personas de sectores medios aplaudieron el paso de las columnas de los pobres por el centro de la ciudad. La multitud mezclada coreó ese día “¡Piquete y cacerola, la lucha es una sola!”. Y no se trataba tan sólo de una expresión de deseos: en estos tiempos extraordinarios hubo intensos contactos y luchas conjuntas entre gente de sectores medios empobrecidos, obreros y desocupados. Había la sensación de que una “nueva política” se asomaba en el horizonte.

El regreso a la “normalidad”

Aunque finalmente no desarrollaría la capacidad de instituir un orden nuevo —para eso acaso habría hecho falta un horizonte político capaz de despertar adhesiones más amplias, formas de organización mucho más sólidas y una estrategia más o menos unificada—, la rebelión sí consiguió exhibir un notable poder destituyente. Tras la caída de De la Rúa, la movilización popular consiguió derribar también al primer presidente provisional designado por el Congreso, Adolfo Rodríguez Saá, quien había anunciado la designación de funcionarios menemistas notoriamente corruptos. La multitud en las calles exigía también la renuncia de la Corte Suprema y pronto protestaría incluso contra Canal 13, luego de que éste y otros medios de comunicación decidieran no transmitir noticias sobre uno de los principales cacerolazos de esos días, en un intento de aportar a la desmovilización. Los tres poderes del Estado, las empresas privatizadas y los bancos, los organismos financieros internacionales, los medios de comunicación: la movilización apuntaba contra los principales pilares del orden social. Todo esto alcanzó para generar una honda preocupación entre las élites políticas y económicas, acostumbradas desde hacía años a imponer reglas del juego a su antojo.

Para recuperar la gobernabilidad, Eduardo Duhalde —el nuevo presidente provisional designado por el Congreso a comienzos de enero de 2002— se vio forzado a tomar una serie de medidas que jamás habría tomado por propia voluntad. El costo del ajuste no podría caer totalmente sobre los más pobres, de modo que no tuvo más remedio que ratificar la cesación temporal de pagos de la deuda externa declarada por su predecesor Rodríguez Saá. Los banqueros y las multinacionales que se habían quedado con los servicios públicos tuvieron que tolerar una “pesificación” de la economía que los perjudicaba parcialmente. Se reintrodujeron además “retenciones” por las que el Estado se quedaría con una parte de las ganancias de algunos sectores exportadores, especialmente los del agro. A todos les prometió que se trataba de políticas transitorias y que serían debidamente compensados en el futuro. Atemorizados por la rebelión, acreedores, banqueros y empresarios rurales tuvieron que dejar pasar estas medidas que jamás habrían aceptado en tiempos normales. De cualquier modo, los asalariados pusieron la mayor cuota del sacrificio con la pérdida del poder adquisitivo que trajo la pesificación. Las medidas que la rebelión obligó al Estado a tomar se tradujeron en una recuperación económica cuya velocidad sorprendió a los analistas.

Pero tanto o más importante que resolver la crisis económica fue ocuparse de la crisis política. Duhalde necesitaba sacar urgentemente a la gente de las calles y evitar que siguieran multiplicándose las experiencias de autoorganización de espaldas a los políticos. Con la intención de debilitar el reclamo, Duhalde puso en marcha un gigantesco programa de subsidios para los desocupados. Mientras que en diciembre de 2001 apenas el 1% de la población económicamente activa recibía ayuda estatal, ahora el porcentaje se extendió a más del 6%, lo que significaba que 2.500.000 personas recibieron un subsidio. El 90% de estos beneficios fue gestionado por los municipios, lo que puso en manos del aparato clientelar peronista una fabulosa herramienta para extender su dominio. En poco tiempo el PJ recuperaría el poder que había perdido a manos de los nuevos movimientos sociales y volvería a ocupar su lugar como el partido más poderoso de la política nacional. El efecto combinado de la recuperación económica y de los subsidios contribuyó a alejar a muchos desocupados de la lucha callejera. Además, la mayor disponibilidad de efectivo también terminó con la expansión de las redes del trueque, que desde mediados del 2002 se redujeron tanto en cantidad de nodos como en participantes.

Para ir restaurando el orden, en junio de 2002 el gobierno de Duhalde realizó un ensayo represivo. En ocasión de un corte en un puente de acceso a la Capital, la policía montó un escenario para justificar un feroz ataque a las organizaciones piqueteras de tendencia más basista y autónoma, que terminó con dos jóvenes muertos —Maximiliano Kosteki y Darío Santillán— y numerosos heridos. Con ayuda de los principales diarios y canales de televisión, se intentó convencer a la ciudadanía de que las muertes habían sido producto de enfrentamientos entre los propios piqueteros. Pero las fotografías de los hechos terminaron demostrando la farsa y una enorme reacción de protesta le puso fecha de vencimiento al gobierno. Duhalde se vio forzado a adelantar la convocatoria a elecciones generales. En ausencia de una salida política capaz de expresar la novedad que habían significado las múltiples experiencias de autoorganización y resistencia, en 2003 la ciudadanía debió enfrentarse al momento electoral. Para entonces, la demanda de regreso a la “normalidad” ya venía cerrando vertiginosamente la ventana al cambio que se había abierto en 2001. Las elecciones terminaron dirimiéndose entre los tres candidatos que en la campaña habían logrado despertar un nivel de adhesiones relevante, aunque modesto: Carlos Menem —que buscaba obtener un tercer mandato—, Ricardo López Murphy —un economista liberal que el establishment consiguió instalar rápidamente con ayuda de los medios de comunicación— y Néstor Kirchner, el candidato de Duhalde, un gobernador patagónico del PJ hasta entonces poco conocido que, a diferencia de los otros dos, se presentaba con un discurso de crítica al neoliberalismo. La votación en primera vuelta, que se desarrolló con escaso entusiasmo popular, dejó afuera al economista. Repudiado por la gran mayoría de la población y ante la perspectiva de perder en segunda vuelta por una abrumadora diferencia, Menem decidió retirar su candidatura, de modo que Kirchner fue proclamado presidente de la Nación con apenas el 22% de los votos.

Conclusiones

Llegados al final de esta historia, podemos mirar hacia atrás para tratar de descubrir los trazos principales que dan sentido al sinnúmero de los eventos relatados.

El período que se abrió en 1880 estuvo marcado por la consolidación del proyecto político que venían impulsando algunos sectores de la élite. La estructura productiva terminó rápidamente de modificarse de acuerdo a líneas capitalistas a medida que el territorio ocupado por el Estado argentino se fue integrando más estrechamente en el mercado internacional. Las relaciones mercantiles penetraron más profundo, condicionando mucho más las relaciones entre las personas. La eliminación o subordinación de los indígenas todavía libres y el ingreso masivo de inmigrantes europeos alteró marcadamente la fisonomía de la sociedad. Las formas de la desigualdad heredadas de la época colonial mutaron y se adaptaron, combinándose con otras nuevas. Un fabuloso proceso de concentración económica y privatización de la tierra tuvo lugar, al tiempo que se sometía al medioambiente a formas de explotación más agresivas, en algunos casos devastadoras. Por primera vez en la historia del país, una proporción mayoritaria y creciente de la población contraía vínculos de dependencia salarial permanente respecto de un patrón. El fortalecimiento del Estado, por otra parte, impuso nuevas reglas de juego que, al menos por un tiempo, vulneraron la capacidad de las clases populares de incidir en la alta política.

Todos estos cambios produjeron una honda fragmentación en el mundo de las clases populares. Por supuesto, estaba la producida por la gran heterogeneidad étnica y lingüística característica de estos años. Pero también la hubo por otras causas económicas y sociales. Mientras que para algunas regiones u oficios se abrieron posibilidades inéditas de progreso individual, para otros disminuyeron o incluso se cerraron. Las condiciones de vida y de trabajo para la masa laboral fueron muy diferentes según tipo de ocupación y zona geográfica. La “cultura”y el color de la piel también fueron determinantes en la suerte que a cada cual le tocó en el nuevo mercado laboral. La transformación de los procesos productivos inspirada en los métodos tayloristas también agregó su cuota a la fragmentación de la mano de obra, al segmentar el trabajo descalificando algunas labores e introduciendo otras nuevas en áreas de supervisión, planificación y control.

Partiendo de esta realidad de honda fragmentación, las clases populares iniciaron pronto un proceso de recomposición de su capacidad política de resistir los designios de la clase dominante. De todos los sectores, quienes consiguieron liderar este proceso fueron los obreros, especialmente los de mayor calificación que habitaban el espacio urbano. Lo lograron ellos porque estaban en mejores condiciones que los demás para organizarse y proponer estrategias nuevas y efectivas. Desde las últimas dos décadas del siglo XIX motorizaron la conformación de un movimiento dotado de diversas organizaciones, tanto sindicales como políticas, que exploraron varios caminos estratégicos. Hasta 1910 predominaron tendencias radicalizadas clasistas y anticapitalistas, como las del anarquismo y el sindicalismo revolucionario, que además propagaban valores cosmopolitas de hermandad más allá de las diferencias étnicas o nacionales. La organización obrera consiguió en estos años hacer grandes avances y marcar el camino a otros sectores trabajadores que no eran obreros ni residían en ciudades. La cultura clasista y la vocación revolucionaria se expandieron hacia arriba, penetrando incluso en parte de los sectores medios, con los que el movimiento tejió intensos lazos de solidaridad, especialmente notables hacia fines de los años diez.

No todos los trabajadores participaron del movimiento y no todos los que lo hicieron tuvieron ideas revolucionarias. El crecimiento de la organización y de la conciencia antagonista, sin embargo, supuso una amenaza para la continuidad del dominio del capital por sobre la vida social. Los conflictos laborales pusieron varias veces en jaque el control que los empresarios ejercían sobre la producción. Las huelgas generales, las acciones directas como las del Centenario y las insurrecciones como la de la Semana Trágica ponían en cuestión la capacidad de mando del Estado. La cultura clasista se las arreglaba para desafiar los mandatos culturales y morales que promovían la clase dominante y sus agencias, desde la escuela y los diarios, hasta la Iglesia y el Ejército. Para que el desarrollo capitalista pudiera continuar sin sobresaltos, era necesario para las clases altas recomponer su poder sobre una sociedad caótica y levantisca que amenazaba con escapar de su control. El Estado se ocupó de ello de diversas maneras. Una de las más evidentes fue la represión. Como vimos, los encarcelamientos, deportaciones, torturas, asesinatos y fusilamientos de obreros fueron moneda corriente y se cobraron víctimas por millares. Aunque con altibajos y cambios en las modalidades, hubo en este aspecto una marcada continuidad que conectó el accionar estatal desde tiempos de los conservadores hasta la década infame, pasando por los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alvear. El Estado también se ocupó de obstaculizar de mil maneras la organización obrera y de los grupos políticos más antagonistas, prohibiendo reuniones, asolando locales, clausurando periódicos, etc. En estas tareas contó en varios momentos con la colaboración de grupos de choque parapoliciales organizados y liderados por personajes de la clase alta. El Estado también intensificó en estos años sus campañas de difusión de ideas que invitaban a la aceptación del orden social, de los valores de la “decencia” y las reglas del juego político que la élite había instalado. Lo hizo fundamentalmente desde la escuela, donde se inculcaron desde la más tierna infancia ideas nacionalistas y jerarquizantes y el ideal del progreso individual como objetivo fundamental de la vida. Desde los principales diarios y revistas, y pronto también desde la radio y el cine, se emitieron mensajes en sintonía. Y también en este caso hubo agencias independientes del Estado pero manejadas por sectores de élite, como la Iglesia, que colaboraron con esta labor.

No todo, sin embargo, se limitó a la represión o la propaganda. Los cambios impulsados desde arriba se materializaron en algunas mejoras reales en las condiciones de vida para las clases bajas, lo que ciertamente colaboró para dotarlos de legitimidad. El Estado también fue desarrollando lentamente en estos años otros dispositivos para tratar de “integrar” a las clases populares en la vida nacional y para canalizar su descontento de maneras que fueran controlables. El más ambicioso fue la extensión de los derechos de ciudadanía a partir de 1912, por la que pudieron participar en la elección de representantes cada vez más habitantes de este suelo. La eficacia de este dispositivo fue sin embargo limitada: a partir del golpe de 1930 y durante casi todo el resto del siglo la voluntad de la masa votante fue repetidamente desconocida mediante acciones militares, fraudes y proscripciones cuyo fin fue casi siempre el de asegurar que el Estado no dejara de operar según conviniera a los poderosos. Otro dispositivo fundamental que desarrolló el Estado fue el de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. El objetivo fue el de desalentar algunos de los peores abusos patronales a partir de una serie de leyes laborales y sociales cuyo cumplimiento efectivo, sin embargo, no siempre estuvo garantizado. Por otro lado, desde su creación el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) procuró conocer mejor el mundo del trabajo y, más tarde, perfeccionar su capacidad de negociar salidas incruentas para los conflictos que habitualmente se producían. El DNT habilitó canales de integración y diálogo para las entidades gremiales más moderadas, es decir, aquellas que presentaban sus reclamos como parte de un interés corporativo que podía ser satisfecho por la acción estatal. En cambio, buscó aislar y desconocer a las más radicalizadas, las que entendían sus reclamos puntuales como parte de una lucha mayor por cambiar la realidad de raíz.

El mercado también colaboró, acaso de una manera menos deliberada pero no por ello menos efectiva, en la tarea de desactivar la amenaza subversiva que representaba entonces el movimiento obrero. A comienzos del siglo XX el capitalismo ya funcionaba en Argentina como un sistema relativamente orgánico en el que tanto las decisiones políticas del Estado como el funcionamiento “espontáneo” del mercado operaban de manera más o menos solidaria. También en este plano se abrieron oportunidades de integración, tanto a través del consumo como por medio de los canales de ascenso social. De mil maneras la publicidad invitó al público a “pertenecer” adquiriendo determinados productos o servicios. El estilo de vida de las clases altas parecía así al alcance de la mano para quien pudiera pagarlo. Sus ideales de “respetabilidad” se transmitieron también a través de la cultura de masas. La idea de que el ascenso era posible para cualquier persona que dedicara su esfuerzo personal a progresar individualmente funcionó para muchos como un poderoso imán que los alejaba de la acción colectiva, de las identidades clasistas y de los valores más igualitaristas y solidarios. Por lo demás, la aparición de medios masivos de comunicación y la mercantilización del entretenimiento fueron limitando, por su propio peso, las posibilidades de transmisión de valores alternativos por parte de las clases populares (ya bastante vulneradas por la censura y la represión). Sin embargo, tanto los proyectos revolucionarios como las identidades clasistas en los que se apoyaban resistieron con gran vitalidad durante estos años. La opción anarquista y la radicalidad del sindicalismo pudieron haber decaído, pero en su lugar apareció una corriente comunista de gran vigor. Su crecimiento en la segunda mitad de los años treinta no permitía dudar que la política clasista existía y tenía no pocas perspectivas futuras. En fin, comunista o no, la cultura plebeya en esta época conservaba poderosos elementos clasistas.

Así, las primeras cuatro décadas del siglo estuvieron marcadas por una tensión entre dos tendencias contrapuestas que competían para moldear el mundo de las clases populares. Por un lado, la que apuntaba a la integración y se proponía disolver las fuertes identidades clasistas y revolucionarias (que era impulsada desde arriba pero también surgía del propio interés privado de muchos trabajadores). Por el otro, la tendencia antagonista, que convocaba al orgullo plebeyo y se concebía opuesta y enfrentada a las clases dominantes. Las maneras en que ésta se manifestaba no se agotaban en las prácticas gremiales y políticas del movimiento obrero. Como vimos, se percibían incluso en la manera en que las clases populares se apropiaban de algunas ideas y prácticas originalmente procedentes de la élite. Los contenidos clasistas asociados al nacionalismo y el criollismo son un buen ejemplo y lo mismo vale para los modos indirectos en los que el antagonismo de clase se abrió camino incluso en el cine y la música comercial. También ejemplifica la vitalidad del clasismo la existencia de algunos políticos que, sin ser de izquierda en sentido estricto, comenzaban a utilizar la estrategia “populista” de dotar a la categoría de “pueblo” de un contenido de clase más preciso, que lo oponía a los poderosos.

En una mirada retrospectiva, puede que, hacia el final del período que nos ocupa, la tendencia integradora hubiera hecho ya avances irreversibles. Pero en la Argentina de comienzos de los años cuarenta esto no estaba claro en absoluto. La tensión entre integración y antagonismo seguía sin haberse resuelto claramente a favor de ninguno de los dos polos. En particular, el proyecto liberal-reformista de integrar a las masas a través del ejercicio de los derechos de ciudadanía y de la formulación de políticas sociales había tenido logros más bien escasos. Persistían por entonces no sólo importantes organizaciones con ideas firmemente antisistema, sino también —especialmente en el mundo rural— grandes bolsones de cultura, identidad e incluso formas de producción débilmente integradas a la vida nacional.

A comienzos de los años cuarenta el movimiento obrero, tanto en su sector comunista y revolucionario como en el más moderado y reformista, mostraba claros signos de una vocación por intervenir en la arena política. Como nunca antes, manifestaba una fuerte disposición a involucrarse más directamente en la administración estatal. El temor por el avance del comunismo y la certeza de que era preciso encontrar un modo de integrar al movimiento trabajador en la vida política figuraban entre las principales preocupaciones de los militares que en 1943 dieron un golpe de Estado contra el régimen fraudulento de los conservadores. Entre ellos se destacó el coronel Perón, quien procuró ampliar la injerencia del Estado en varios dominios, en un intento por llevar más armonía a las relaciones sociales. Aunque inicialmente buscó el apoyo de todos los sectores —incluyendo al empresariado y las clases medias— pronto se vio envuelto, sin buscarlo, en una intensa lucha de clases. A medida que las concesiones que hacía a las demandas de los trabajadores le iban ganando la antipatía de los demás sectores, el movimiento obrero se fue convirtiendo en su único apoyo firme. Desplazado de sus cargos por la presión combinada de la élite económica, los partidos políticos, entidades de todo tipo y un gigantesco movimiento antiperonista que ganó las calles, Perón fue devuelto a la vida política por obra de la inesperada manifestación del 17 de octubre de 1945. El peronismo surgió así como un movimiento social y político marcado por la mezcla inestable de tres componentes: el movimiento obrero organizado, las bases trabajadoras y una multitud callejera que no siempre se sometieron a su autoridad, y el liderazgo del propio Perón, demasiado dependiente de ambos como para poder imponerse de manera categórica.

La dinámica política abierta en octubre de 1945 proyectaba hacia el futuro un signo de interrogación. El movimiento obrero intentó, a través del Laborismo, ponerse al frente del proceso con un partido político propio, del que Perón, en todo caso, sería sólo la cara visible. Pero el coronel, pronto devenido general, logró frustrar esas intenciones apoyándose directamente y sin mediaciones en los trabajadores y el bajo pueblo que lo convirtiera en Presidente. En poco tiempo desactivó el Laborismo y creó un partido “peronista” totalmente bajo su égida. Poco después, consiguió controlar los cargos máximos de la CGT. Así, el movimiento obrero logró finalmente proyectarse en la gran política con una presencia que nunca antes había tenido, pero lo hizo no de manera autónoma, sino como parte de un movimiento social y político más vasto, en el que tenía una incidencia parcial. Perón consiguió armar una estructura de poder relativamente “verticalista” y disciplinada, pero en el plano económico debió tolerar la expansión de la acción sindical y de las atribuciones de las comisiones internas, que, como pronto comprobaría, le pondrían límites a su intención de acabar con la lucha de clases e imponer un orden corporativo armónico. La capacidad de las bases de desbordar a sus dirigentes sindicales —y, por ello, de poner en riesgo las credenciales de Perón como gran armonizador— se hicieron evidentes especialmente hacia el final de su segunda presidencia, cuando bloquearon exitosamente los intentos de “racionalización” de la economía que demandaba el capital.

La experiencia del peronismo marcó profundamente la identidad y la ideología de las clases populares. Las expectativas de integración que favoreció sin dudas terminaron de inclinar la balanza de un modo que alejó a muchos trabajadores de las opciones políticas que apuntaban en un sentido revolucionario y anticapitalista. La ciudadanía social ampliada que impulsó el gobierno en estos años terminó de instalar en las clases populares un sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional y un apego al Estado como su garante último. Así, el heterogéneo conglomerado que eran las clases populares no terminaría unificado a través de un lenguaje y una identidad clasista —es decir, como una “clase” opuesta a otras— sino en términos de un “pueblo” unido y homogéneo, del que sólo se recortaba, en todo caso, una pequeña minoría de oligarcas “antipatria”. Y como el discurso paternalista de Perón y las políticas asistenciales de Evita colocaron insistentemente a sus propias personas como benefactores y garantes últimos de la felicidad del pueblo, en Argentina el sentido de pertenencia a la comunidad nacional se manifestó menos en una lealtad al Estado como abstracción, que a las personas que lo representaban entonces como gobernantes. Sin embargo, la ambivalencia del peronismo como movimiento se hizo sentir también en este plano. Porque si bien la figura del “pueblo” era integradora y amenazaba con borrar de la vista los conflictos de clase, en Argentina asumió un particular tono social que permitía una lectura diferente. En el discurso peronista, la definición de la nacionalidad quedó fuertemente asociada a la figura del trabajador. No se habló en estos años simplemente del “pueblo”, sino del “pueblo trabajador”, una noción en la que fácilmente podía hacerse lugar para manifestaciones de antagonismo de clase dirigidas contra los sectores que no vivían de su trabajo. Por lo demás, el orgullo plebeyo —a veces exhibido como revancha contra las nociones de “decencia” de las clases superiores— nunca dejaría de tener un lugar dentro de la cultura peronista.

De hecho, la dimensión más clasista de la identidad peronista se manifestaría con toda su fuerza a partir del golpe de Estado de 1955. El avance patronal y estatal contra las conquistas de los trabajadores y contra la dignidad de los más pobres fue entonces tan claro, que la identidad peronista rápidamente fue canal de formas de lucha y reclamos de una radicalidad inédita. Con Perón en el exilio, el movimiento obrero recuperó el protagonismo y la independencia. Las ambivalencias y tensiones que significaba su participación en el movimiento peronista perdieron importancia, al desaparecer prácticamente todo el aparato político del partido. Condenado al exilio, Perón ya no tenía responsabilidades de gobierno ni interés en “armonizar” los conflictos sociales. Así, en tiempos de la Resistencia la clase trabajadora argentina mostró una serie de características que la distinguirían en los años por venir, entre otras, el uso extensivo de tácticas de acción directa, su rechazo de las normas del Estado y de los valores de la clase dominante, su desconfianza respecto de los objetivos de “desarrollo” o “modernización” que le exigían resignar derechos, su disposición a la lucha por motivos propios pero también en apoyo de otras luchas y la densa trama de lazos de solidaridad que fue capaz de construir en los barrios y ciudades en los que actuó. En estos años, fueron los trabajadores de algunas de las ramas más dinámicas de la economía los que lideraron la recomposición de la capacidad política de la clase trabajadora. En particular se destacaron los de las ramas industriales que agrupaban grandes cantidades de trabajadores de cierta calificación en plantas de gran tamaño.

Los gobiernos militares y civiles que se sucedieron desde 1955 intensificaron la represión contra las clases populares, al tiempo que fortalecían a la burocracia sindical con privilegios, en un intento de contener la conflictividad obrera y debilitar el liderazgo de Perón. A medida que avanzó la década del sesenta, sin embargo, las bases fueron hallando modos de superar las limitaciones que aquélla les imponía. Por todas partes comenzaron a recuperar comisiones internas e incluso a formar sindicatos o centrales obreras alternativas. En un clima de creciente antagonismo, otros sectores subalternos protagonizaron grandes luchas, desde los empleados de cuello blanco hasta los villeros y los pequeños productores agrarios. En sintonía con la ola de rebeldía y de crítica al capitalismo que se vivía en buena parte del planeta, especialmente entre los más jóvenes, una importante sección de los sectores medios buscó reencontrarse con la política de las clases populares, de las que había quedado separada, en parte, por el clivaje entre peronismo y antiperonismo que había marcado al país desde 1945. Esta búsqueda encontró canales múltiples. Mientras que muchos estudiantes, intelectuales, docentes, profesionales o pequeños propietarios se vincularon con sindicatos alternativos o ingresaron a alguna de las nuevas organizaciones peronistas que ahora asumían posturas más claramente izquierdistas, otros animaron un creciente número de agrupaciones de orientación marxista. Algunos conflictos, a partir de 1969, motivaron verdaderas “puebladas” en las que confluyeron personas de diversos orígenes sociales, con o sin participación formal en organizaciones gremiales o proselitistas. Además de las inquietudes políticas y la rebeldía, una novedosa cultura juvenil conectó en alguna medida a los jóvenes de clases populares y de clases medias, especialmente en las ciudades. Los cuestionamientos de estos años no se limitaron a la dictadura, el imperialismo o el capitalismo: alcanzaron también los ámbitos de la vida familiar, las relaciones de género y la sexualidad.

Para el año 1972, el descontento acumulado y las reivindicaciones sociales insatisfechas venían produciendo una vertiginosa confluencia general de diversos sectores. Como había sido el caso allá por 1919, la expectativa del pronto arribo de alguna forma de socialismo fogoneaba un proceso de “desclasificación” por el que las diferencias de clase ya no aparecían como barreras infranqueables. Las clases populares, engrosadas por importantes porciones de los sectores medios, amenazaban con seguir articulando sus luchas hasta, quizás, convertirse en un sujeto político unificado. Una revolución social de contenido anticapitalista aparecía, a ojos de muchos, como una posibilidad inminente. La convocatoria a elecciones en 1973 consiguió detener por un momento la dinámica imparable de las luchas sociales, pero no los sueños de cambio. De hecho, buena parte de los que votaron a Perón lo hicieron bajo el convencimiento de que, en el exilio, él había abrazado el socialismo. Sin embargo, el retorno del viejo líder formó parte, desde el comienzo, de una estrategia contrainsurgente, es decir, orientada a refrenar los anhelos de cambio radical más que a darles impulso. Desde el poder, Perón intentó aislar a los sectores izquierdistas de su propio movimiento y, por supuesto, también a los marxistas. En esa empresa, se vio en una situación similar a la de 1946: el costo que debía pagar por el control político era su incapacidad para refrenar los reclamos económicos de los trabajadores. Las medidas represivas que él implementó, continuadas luego de su muerte por su viuda, consiguieron para 1975 desarticular la opción que representaban las organizaciones armadas. A este desenlace contribuyeron también las propias limitaciones de los grupos izquierdistas, tanto los de signo peronista como los marxistas. Lo que no resultó tan fácil controlar, sin embargo, fue el protagonismo de las bases del movimiento trabajador, que se las arreglaron —incluso contra la voluntad de la burocracia sindical— para bloquear los intentos de resolver la crisis económica por vía de la reducción de los derechos y del bienestar populares.

Las clases dominantes resolvieron esta encrucijada mediante una de las dictaduras más sangrientas de las que se tenga memoria. El Proceso de Reorganización Nacional se propuso restaurar la disciplina (especialmente en las fábricas), desarticular el movimiento social izquierdista y volver a poner en manos de los sectores financieros y exportadores el manejo de las políticas económicas y de los recursos del Estado. La combinación del terror con la desindustrialización promovida por los militares y en los años noventa por Menem transformaron profundamente a las clases populares, no sólo en lo que refiere a su bienestar, sino también a su cultura y, fundamentalmente, a su capacidad de incidir en el manejo de los asuntos públicos. El período que va desde la puesta en marcha de la salida dictatorial a partir de 1974-75 y la profundización del modelo neoliberal en los años noventa puede compararse así con los tiempos que corrieron entre la formación del Estado nacional en la década de 1860 y la consolidación del modelo agroexportador dos décadas más tarde. A pesar de las obvias diferencias, ambos momentos estuvieron marcados por una desarticulación de las clases populares, que despejó el terreno para que las élites pusieran en marcha profundas reformas económicas, políticas, sociales y culturales sin requerir el consentimiento de nadie más que el suyo propio. En ambos casos, esas reformas fragmentaron el mundo popular y le arrebataron porciones importantes de su autonomía y de su capacidad de incidir en la definición de las normas básicas de la vida social. Ambas se tradujeron, también, en un aumento sin precedentes de la desigualdad y en una mayor concentración de los recursos económicos y de los frutos del trabajo colectivo de la sociedad en menos manos.

A partir de 1976, por efecto de la represión tanto como del dramático empobrecimiento, la desindustrialización y la inestabilidad económica, las clases populares sufrieron un agudo proceso de descolectivización. Muchas de las organizaciones políticas e ideologías que las interconectaban y les daban un sentido de pertenencia fueron destruidas o reducidas a una mínima expresión. Otras, como el movimiento peronista, fueron mutando hasta transformarse en poco más que un poderoso dispositivo de control social. Los lazos de autoayuda sociales y familiares continuaron desempeñando un papel importante, pero en general se vieron empobrecidos y debilitados. La capacidad integradora del propio Estado se fue disolviendo tanto por su desmantelamiento formal, como por la expansión de la “zona gris” que ponía en entredicho el funcionamiento de aquellas instituciones que se mantenían en pie. En un mundo marcado por la exclusión y el desamparo, muchas veces acompañados de la soledad y una violencia crecientes, el vacío dejado por el sentido de pertenencia (sea ciudadana o de clase) fue llenado por diferentes remedos. Para algunos, el único horizonte de salvación o satisfacción pasó a ser la propia individualidad o, en todo caso, el grupo más íntimo de los suyos. Otros buscaron restaurar algún sentido superior de protección y de comunidad a través del apego a religiones tradicionales o alternativas. Entre medio de una y otra opción —y muchas veces alternándose o combinándose con ellas— las clases populares erigieron estructuras o agrupaciones propias, de pequeña escala y carácter local, en las que las personas pudieran sentirse contenidas y valoradas. Desde iglesias y templos hasta hinchadas de fútbol o grupos de seguidores de conjuntos musicales, desde agrupaciones territoriales hasta las barras de amigos, se trató de construir de diversas maneras pequeños espacios dotados de valores y sistemas de jerarquías propios. En fin, espacios en los que una persona de procedencia humilde pudiera ocupar un lugar de prestigio o de reconocimiento —pastor, santo, puntero, macho, guapo, chorro, “que se la aguanta”, etc.— que le era vedado en los ámbitos de la cultura y la sociabilidad dominantes. Y aunque muchos de estos espacios y figuras fueron funcionales a la política de las élites y a los mensajes que transmitieron la cultura de masas y los medios de comunicación, no por ello es menos cierto que en ocasiones fueron también canal para la expresión de resistencias y disidencias. Ni las unas ni las otras, sin embargo, formaron parte de una impugnación más general del orden social. Criticaron la exclusión o la artificialidad de la sociedad de consumo, expresaron anhelos de igualdad o de formas más fuertes de comunidad, pero no se conectaron con visiones políticas que pudieran representar una alternativa. Interrumpida a sangre y fuego la oleada revolucionaria de los años setenta y desacreditada la idea del socialismo en todo el mundo en la década siguiente, en estos años las reacciones contra el estado actual de las cosas fueron defensivas y casi siempre localizadas.

Esto no quiere decir, sin embargo, que las resistencias no se hicieran notar. De hecho, desde mediados de los años noventa las clases populares fueron desarrollando formas de lucha y de organización novedosas, adaptándose a las inéditas condiciones de fragmentación que las políticas de la élite le habían impuesto. Nuevas organizaciones sindicales y políticas y nuevos movimientos sociales buscaron la manera de articular solidaridades en el espacio territorial y de agrupar a las figuras del trabajo más agredidas por las reformas neoliberales: los empleados estatales y los desocupados. Con el correr de la década pudieron reconstruir lazos de solidaridad también con parte de los sectores medios empobrecidos. A medida que la crisis económica fue mostrando sus consecuencias más destructivas y el sistema político fue perdiendo legitimidad, las diversas resistencias se fueron articulando en una trama cada vez más densa. Así, en diciembre de 2001 una secuencia que incluyó manifestaciones, cortes de ruta, huelgas, enfrentamientos con la policía, saqueos y cacerolazos consiguió forzar la renuncia del Presidente de la nación. La lucha callejera contribuyó a derribar todavía a otro presidente provisional y condicionó fuertemente las políticas del siguiente. Durante unos pocos meses se vivió una situación similar, en algún sentido, a la de 1972-1973: los diferentes sectores de la multitud en las calles amenazaban con confluir en un sujeto político unificado y autoorganizado. Pero esta vez faltaba un horizonte político compartido como el que, en los años setenta, había conectado y potenciado los anhelos de la mayoría.

* * *

Viendo retrospectivamente la totalidad de la historia de las clases populares, algunos trazos emergen con claridad. Los contornos del grupo social que nos ocupa han cambiado a lo largo de las décadas, así como sus grados de cohesión interna. Los requerimientos del mercado internacional, las leyes y políticas estatales, las transformaciones económicas, técnicas y naturales, los vaivenes de las migraciones, la relación de varones y mujeres con el mercado de trabajo: todo eso afectó profundamente las características de las clases populares en diversos momentos. A su vez, todo ello estuvo marcado por la actuación de las demás clases sociales: la historia de las clases subalternas se vuelve comprensible sólo en relación con la historia de las clases dominantes. Y en esa relación, los aspectos políticos no son secundarios. Aunque lo económico tiene un lugar central a la hora de recortar las clases sociales y definir sus características, la cultura, las luchas políticas, los combates por definir quiénes y cómo son los verdaderos ciudadanos de la nación argentina, son aspectos igualmente importantes. Tenerlos en cuenta es especialmente crucial para entender exactamente por dónde se trazan los límites que separan en cada momento a las clases populares de los sectores medios. En efecto, hemos visto que el margen superior de las clases subalternas en varias épocas estuvo lejos de ser nítido. Hacia 1920, por ejemplo, estaba claro que un peón, una lavandera, un vendedor ambulante, una prostituta, un campesino indígena y los obreros en todas sus variantes pertenecían a las clases populares. Pero ya en el mundo de los empleados y pequeños cuentapropistas la distinción no era tan fácil. Evidentemente, los empleados jerárquicos, los profesionales y ciertos técnicos asalariados quedaban por fuera. ¿Pero dónde caían los dependientes de comercio, los artesanos independientes o incluso algunos pequeños comerciantes? Su posición no era evidente por sí sola. Según cómo resultara el combate entre las tendencias a la integración y al antagonismo que marcaban esos años, podrían haber caído de un lado o del otro. Si los lazos de solidaridad que se venían construyendo desde abajo ampliaban su alcance y generaban las condiciones para superar las formas más opresivas de la desigualdad, muy probablemente se vieran atraídos. Si, por el contrario, ningún proyecto colectivo de cambio social se perfilara en el horizonte, serían ganados seguramente por las tendencias al individualismo y asumirían una identidad que los separaba del mundo popular. La misma indeterminación se hizo evidente en parte de los sectores medios a comienzos de la década de 1970 y, quizás, para un breve lapso entre fines de 2001 y comienzos de 2002. Vale aclarar, sin embargo, que no sólo la política revolucionaria o el deseo de cambios radicales tuvieron esa capacidad de afectar las identidades de parte de los sectores medios, atrayendo algunos, expulsando otros. También las estrategias de integración no antagonistas tuvieron en algunos momentos efectos similares. El ejemplo más obvio es el de Perón: al colocar al trabajador como figura central de la nación, consiguió atraer a una porción de los sectores medios que se identificó con los anhelos del mundo plebeyo, al tiempo que espantaba a otra, bastante mayoritaria. Para decirlo en otras palabras, en nuestra historia, los contornos precisos del mundo de las clases populares no sólo estuvieron determinados por las estructuras económicas y los lugares de cada cual en el proceso productivo, sino también por las alternativas de las luchas políticas.

Como sea, el protagonismo de los hombres y las mujeres del común en la historia nacional fue constante y fundamental. Sin su trabajo no habría ciudades, ni vías de comunicación, ni fábricas, ni campos roturados, ni en rigor productos de ninguna clase. Sin su creatividad no tendríamos un lenguaje propio ni la mayor parte de los elementos que constituyen nuestra cultura. Pero además, las clases populares, incluso desde su condición subalterna, influyeron profundamente en la manera en que vivimos y en las formas en las que la clase dominante fue organizando su dominación. Durante el período que hemos recorrido, la resistencia a los diversos modos de explotación y de opresión que ella les impuso ha sido constante. A veces esa resistencia fue individual o fragmentaria; otras veces articuló a diversos grupos en alianzas amplias o incluso alcanzó a unificar al conjunto de las clases populares. Por momentos fue “sorda” o defensiva, mientras que en otros desarrolló una voz pública y propuso proyectos de cambio radical. En algunas ocasiones la lucha fue consciente, autónoma, incluso revolucionaria; en otras, se ignoró a sí misma, se apoyó en dirigentes, organizaciones o ideologías que no procedían del mundo popular o prefirió buscar formas de integración al orden social que fueran al menos un poco más ventajosas. De la manera que fuere, las diversas resistencias que protagonizaron las clases populares a la explotación económica, al patriarcado, a la comercialización de la cultura y a la apropiación o devastación del medioambiente, en fin, a la privación del derecho a definir el modo en que se organiza su propia vida, dejaron profundas huellas en la historia nacional. Fue esa resistencia la que obligó a las élites a conceder la mayor parte de los derechos de los que hoy gozamos. Fue ella la que evitó que la desigualdad alcanzara en Argentina los niveles que adquirió en otras latitudes. Fue ella la que sembró dudas sobre los mensajes que la cultura dominante pretendió imponer. La resistencia en todo el mundo (incluida la Argentina) contribuyó incluso a fomentar algunas de las innovaciones tecnológicas más importantes en la producción, al obligar a los empresarios a buscar nuevos modos de controlar la mano de obra y de garantizar su productividad. En fin, a pesar de que no hay monumentos que los recuerden, el papel de los hombres y mujeres anónimos de las clases populares ha sido fundamental durante toda nuestra historia.

Y sin embargo, esa historia está marcada por una violencia constante aplicada sobre el pueblo llano. En efecto, en el recorrido histórico que hemos concluido, resaltan varios episodios de masacres y genocidios sobre un pulso constante de represiones y censuras de menor intensidad pero permanentes. Su brazo ejecutor en cada momento pudo ser diferente, desde la policía y la gendarmería, hasta las Fuerzas Armadas, las policías privadas y las organizaciones parapoliciales. Los encontramos tanto en momentos de dictadura militar como en períodos democráticos. Sin embargo, más allá de su diversidad, se reconoce en ellos un patrón claro: detrás de todos se adivina la necesidad de imponer o proteger el dominio del capital sobre el territorio. Sus picos mayores coinciden con dos tipos de situaciones. Por una parte, con los momentos en los que debió reorganizarse drásticamente la vida social para adaptar el país a las necesidades del mercado internacional (el exterminio de los indios durante el período de la organización nacional, el Proceso) o con la necesidad de lidiar con la población que esas mismas reorganizaciones dejaban “excedente” (Napalpí, Rincón Bomba, el gatillo fácil). Por la otra, con aquellos períodos en los que las clases populares se atrevieron a luchar por un mundo verdaderamente regido por esa “noble igualdad” de la que habla el Himno nacional o simplemente se rebelaron masivamente contra el orden establecido (las matanzas de obreros que van desde comienzos del siglo XX hasta los gobiernos de Yrigoyen y Alvear, el Proceso, la represión de 2001). Diversas formas de la violencia, tanto física como simbólica, jalonan la imposición del dominio del mercado y del Estado y nos acompañan hasta nuestros días. Aunque la política democrática no ha conseguido hasta ahora erradicarlas, sin lugar a dudas ha abierto un espacio que permite enfrentarlas con mayor eficacia. Acaso por las características peculiares de nuestro pasado, la cultura política argentina no aceptó que la democracia sea definida, como lo ha sido en otros países, como un mero procedimiento para elegir representantes. Por el contrario, la aspiración democrática sigue incluyendo entre nosotros poderosos anhelos de igualdad y la idea firmemente arraigada de que la violencia estatal es inaceptable como modo legítimo de resolución de los conflictos. Su aspecto por momentos turbulento e indisciplinado es signo de la tenacidad con la que esos valores se aferran al poderoso torrente de los tiempos.

Indudablemente, la historia de nuestro país ha sido forjada tanto por la acción de las clases dominantes como por la de la gente del común. Su papel, sin embargo, no ha sido el mismo. Las clases populares han actuado, por definición, desde un lugar subordinado: nunca han tenido la ocasión de definir o gestionar ellas mismas la vida social. Su impacto, no obstante, está lejos de haber sido menor. Con sólo comparar las leyes, instituciones y prácticas sociales que alentaron o impusieron las clases altas en sus momentos de mayor poder, con las que promovieron o ensayaron las clases subalternas cuando tuvieron el espacio como para hacerlo, queda claro que, si existe algo que hoy pudiera llamarse “el progreso” o simplemente el bien vivir, el impulso que nos lo trae ha procedido menos de las primeras que de las segundas.

Agradecimientos

A Gabriel Di Meglio y José Carlos Chiaramonte, por confiar en mí para este proyecto. A Romina Veliz, Luciano Zdrojewski, Pablo Cortés, Ana Guerra, Martín Baña y Aldo Chiaraviglio, porque junto a ellos aprendí a pensar la divulgación. A toda la gente extraordinaria que conocí en organizaciones, grupos y colectivos de militancia, porque con ellos formulé buena parte de las preguntas que hoy dirijo al pasado. A Pablo Palomino, por lo que aprendí de él a pesar de (o gracias a) nuestras acaloradas discusiones. A Valeria Manzano, por la generosidad de permitirme utilizar su tesis doctoral inédita, fuente de la sección sobre cultura popular en los años ’60 y ’70. A Alejandro Grimson, Julio Melón Pirro, Lucía Brienza, Alejandro Frigerio, Vera Carnovale, Hernán Camarero, Alejandro Schneider, Daniel Sazbón, Ariel Petruccelli, Pablo Scatizza, Gustavo Contreras, Agustín Santella, Laura Rodríguez, por aceptar leer partes del manuscrito y por sus valiosos comentarios. A Valeria Arza, por todo (incluyendo el privilegio de tenerla como lectora).

Bibliografía

La lista que se ofrece a continuación no es exhaustiva ni corresponde a la totalidad de las fuentes utilizadas para escribir este trabajo. Se trata apenas de un listado para orientar al lector que quisiera profundizar los temas de los que aquí nos ocupamos, sobre la base de los aportes más recientes.

Para una discusión de los puntos de partida teóricos e historiográficos que nutren este libro, Ezequiel Adamovsky: “Historia y lucha de clase: repensando el antagonismo social en la interpretación del pasado”, Nuevo Topo, no. 4, 2007, pp. 7-33.

Las principales transformaciones demográficas del período se reconstruyen en Gino Germani: Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Solar, 1987 y Susana Torrado (ed.): Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario, 2 vols., Buenos Aires, Edhasa, 2007. Sobre el “mito de la modernización” puede consultarse Ezequiel Adamovsky: Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, Buenos Aires, Planeta, 2009. Una significativa parte del hilo narrativo que estructura este período está retomada de allí. Para los principales debates sobre los cambios socioeconómicos, véase Jorge Gelman (ed.): La historia económica argentina en la encrucijada, Buenos Aires, Prometeo, 2006. Una buena síntesis sobre la inmigración en Fernando Devoto: Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2009. Entre las visiones que matizan la imagen habitual, excesivamente optimista, respecto del ascenso social de los inmigrantes y su rápida integración, son de utilidad María Liliana Da Orden: Inmigración española, familia y movilidad social en la Argentina moderna: una mirada desde Mar del Plata (1890-1930), Buenos Aires, Biblos, 2005; Mark D. Szuchman: Mobility and Integration in Urban Argentina: Córdoba in the Liberal Era, Austin, University of Texas Press, 1980; Hernán Camarero: “Consideraciones sobre la historia social de la Argentina urbana en las décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares”, Nuevo Topo, no. 4, 2007, pp. 35-60. Los estudios sobre la historia ecológica del país son todavía incipientes: véase Antonio Elio Brailovsky y Dina Foguelman: Memoria Verde: Historia ecológica de la Argentina, sexta ed., Buenos Aires, Sudamericana, 1997; Adrián Zarrilli: “Transformación ecológica y precariedad económica en una economía marginal. El Gran Chaco argentino, 1890-1950”, Theomai, no. 1, 2000 y Claudia Natenzon y Gabriela Olivera: “La tala del bosque en los Llanos de La Rioja (1900-1960)”, Desarrollo Económico, vol. 34, no. 134, 1994, pp. 263-84.

El mito del “crisol de razas” viene siendo discutido en varios trabajos, entre otros, Claudia Briones (ed.): Cartografías argentinas, Buenos Aires, Antropofagia, 2005. La información sobre los estudios genéticos está tomada de Sergio Avena et al.: “Mezcla génica en una muestra poblacional de la ciudad de Buenos Aires”, Medicina, no. 66, 2006, pp. 113-18; Daniel Corach et al.: “Relevant Genetic Contribution of Amerindian to the Extant Population of Argentina”, International Congress Series, no. 1288, 2006, pp. 397-99. Interesantes aportes sobre los conflictos entre criollos y los recién llegados y sobre las clases populares cordobesas en general, en Luiz F. Viel Moreira: Las experiencias de vida en el mundo del trabajo: los sectores populares en el interior argentino (Córdoba, 1861-1914), Córdoba, CEH “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 2005. La invisibilización de los afroporteños está estudiada en Lea Geler: Andares negros, caminos blancos, Rosario, Prohistoria, 2010.

Sobre las condiciones de vida y de trabajo en los sectores populares antes del período peronista, puede consultarse José Panettieri: Los trabajadores, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967; Hilda Sábato y Luis Alberto Romero: Los trabajadores de Buenos Aires: La experiencia del mercado, 1850-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1992; Ricardo Falcón: El mundo del trabajo urbano (1890-1914), Buenos Aires, CEAL, 1986; Marcelo Lagos et al. (eds.): A Cien Años del Informe de Bialet Massé. El trabajo en la Argentina del Siglo XX y Albores del XXI, 2 vols., Jujuy, UNJ, 2004-2007; Mirta Z. Lobato: La vida en las fábricas, seg. ed., Buenos Aires, Prometeo, 2004; Mirta Z. Lobato: El ‘taylorismo’ en la gran industria exportadora argentina, Buenos Aires, CEAL, 1989. Para el caso de los empleados y otros trabajadores no manuales puede consultarse el ya mencionado Historia de la clase media argentina, de Adamovsky. Sobre el trabajo en las diversas zonas rurales, Osvaldo Graciano y Silvia Lázaro (eds.): La Argentina rural del siglo XX, Buenos Aires, La Colmena, 2007. Para la trayectoria de los chacareros de la región pampeana, Javier Balsa: El desvanecimiento del mundo chacarero, Bernal, UNQ, 2006. Referencias sobre peones rurales, en Susana Aparicio y Roberto Benencia (eds.): Antiguos y nuevos asalariados en el agro argentino, Buenos Aires, La Colmena, 2001. Sobre el trabajo femenino véase Mirta Z. Lobato: Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), Buenos Aires, Edhasa, 2007 y Dora Barrancos: Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos, Buenos Aires, Sudamericana, 2007. De este último proceden otras referencias sobre la historia de las mujeres en el resto del libro. Para un panorama sobre la vivienda y la vida urbana en Buenos Aires, James Scobie: Buenos Aires, del centro a los barrios, 1870-1910, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1977; Oscar Yujnovsky: “Políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires 1880-1914”, Desarrollo Económico, vol. XIV, no. 54, 1974, pp. 327-72; Adrián Gorelik: La grilla y el parque, Bernal, UNQ, 1998.

Con relación a los orígenes y evolución temprana del movimiento obrero en la Argentina, puede consultarse Ricardo Falcón: Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899), Buenos Aires, CEAL, 1984; Nicolás Iñigo Carrera: La estrategia de la clase obrera, 1936, Buenos Aires, La Rosa Blindada/PIMSA, 2000; Roberto P. Korzeniewicz: “Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 y 1943”, Desarrollo Económico, vol. 33, no. 131, 1993, pp. 323-354. Sobre la acción reivindicativa de los peones rurales, Eduardo Sartelli: “Sindicatos obrero-rurales en la región pampeana 1900-1922” (1989), disp. en www.razonyrevolucion.org.ar/textos/esartelli/Sindicatosregionpampeana.pdf (acc. 26/12/2006); Adrián Ascolani: El sindicalismo rural en la Argentina, Bernal, UNQ, 2009. La información sobre algunos de los episodios puntuales mencionados puede ampliarse con la lectura de los siguientes trabajos: Juan Suriano: “La huelga de inquilinos en Buenos Aires en 1907”, en AA.VV.: Sectores populares y vida urbana, Buenos Aires, CLACSO, 1984, pp. 201-233; Julio Godio: La Semana Trágica de enero de 1919, Buenos Aires, Granica, 1972; Osvaldo Bayer: La Patagonia rebelde, 4 tomos en 2 vols., Buenos Aires, La Página, 2009; Gastón Gori: La Forestal, Buenos Aires, Hyspamérica, 1988; Nicolás Iñigo Carrera y Jorge Podestá: Movimiento social y alianza de obreros y campesinos: Chaco (19341936), Buenos Aires, CEAL, 1991. Sobre la acción reivindicativa de los pequeños productores rurales en esta época véase Mario Lattuada: Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina, Bernal, UNQ, 2006; Noemí Girbal de Blacha: Estado, chacareros y terratenientes (1916-1930), Buenos Aires, CEAL, 1988; María Celia Bravo: Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930), Rosario, Prohistoria, 2008. Un panorama sobre el fenómeno del bandidismo rural en Hugo Chumbita: Jinetes Rebeldes: Historia del bandolerismo social en la Argentina, Buenos Aires, Javier Vergara, 2000.

Sobre las ideologías y formas de participación electoral de las clases populares en las primeras décadas del siglo XX la bibliografía es muy extensa. En referencia al movimiento anarquista, véase entre otros Edgardo Bilsky: La FORA y el movimiento obrero (1900-1910), Buenos Aires, CEAL, 1985 y Juan Suriano: Anarquistas: cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires, Manantial, 2001. Sobre la difusión temprana del marxismo, Horacio Tarcus: Marx en la Argentina, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2007. Sobre el socialismo, Hernán Camarero y Carlos Herrera (eds.): El Partido Socialista en Argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2005. Sobre la trayectoria de los comunistas, Hernán Camarero: A la conquista de la clase obrera, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2007. Para las primeras experiencias de participación electoral y el papel de la UCR, Aníbal Viguera: “Participación electoral y prácticas políticas de los sectores populares en Buenos Aires, 19121922”, Entrepasados, no. 1, comienzos de 1991, pp. 5-33; David Rock: El radicalismo argentino, Buenos Aires, Amorrortu, 1977. Sobre las primeras experiencias “populistas”, véase Matthew B. Karush: Workers or Citizens: Democracy and Identity in Rosario, Argentina (1912-1930), Albuquerque, University of New Mexico Press, 2002; Celso Rodríguez: Lencinas y Cantoni, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1979; Adriana M. Kindgard: “Procesos sociopolíticos nacionales y conflictividad regional. Una mirada alternativa a las formas de acción colectiva en Jujuy en la transición al peronismo”, Entrepasados, no. 22, 2002, pp. 67-87; María Silvia Fleitas: “El radicalismo en Jujuy de los años 20. Miguel A. Tanco, el ‘hombre que levantará al obrero y hará feliz la vida del pueblo’”, en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/fleitas.pdf (acc. 7/7/2010). Sobre la penetración del criollismo y el nacionalismo entre las clases populares, Adolfo Prieto: El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, Buenos Aires, Sudamericana, 1988.

Las culturas populares del primer tercio del siglo XX siguen estando escasamente exploradas. La mayor parte de los trabajos de síntesis siguen la línea trazada en Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero: Sectores populares, cultura y política, Buenos Aires, Sudamericana, 1995. Las conclusiones a las que allí se arriba deberían ser matizadas (los trabajos de Camarero y Karush mencionados en el párrafo anterior apuntan en ese sentido). Diversos aspectos de la cultura popular, especialmente la urbana, pueden reconstruirse sobre la base de Diego P. Roldán: La sociedad en movimiento (Nueva Historia de Santa Fe, tomo 10), Rosario, Prohistoria/La Capital, 2006; Fernando Devoto y Eduardo Míguez (eds.): Asociacionismo, trabajo e identidad étnica, Buenos Aires, CEMLA, 1992; Dora Barrancos: La escena iluminada: ciencias para trabajadores, 1890-1930, Buenos Aires, Plus Ultra, 1996. Sobre los inicios de la cultura de masas puede consultarse: Beatriz Sarlo: El imperio de los sentimientos, Buenos Aires, Catálogos, 1985; Fernando Rocchi: “Inventando la soberanía del consumidor: publicidad, privacidad y revolución del mercado en Argentina 1860-1940”, en Historia de la vida privada en Argentina, ed. por Fernando Devoto y Marta Madero, 3 vols., Buenos Aires, Taurus, 1999, II, pp. 301-321; Sylvia Saítta: Regueros de tinta: el diario Crítica en la década de 1920, Buenos Aires, Sudamericana, 1998; Matthew B. Karush: “The Melodramatic Nation: Integration and Polarization in the Argentine Cinema of the 1930s”, Hispanic American Historical Review, vol. 87, no. 2, 2007, pp. 293-326; Marta E. Savigliano: Tango and the Political Economy of Passion, Boulder, Westview Press, 1995, pp. 30-72; Pablo Vila: “El Tango y las identidades étnicas en Argentina”, en El Tango nómade, ed. por Ramón Pelinski, Buenos Aires, Corregidor, 2000, pp. 71-97; Julio David Frydenberg: “Prácticas y valores en el proceso de popularización del fútbol, Buenos Aires 19001910”, Entrepasados, no. 12, 1997, pp. 7-29; Pablo Alabarces: Fútbol y patria, cuarta ed., Buenos Aires, Prometeo, 2008.

La bibliografía sobre el peronismo durante los dos primeros mandatos de Perón es muy extensa; consignaremos únicamente la que refiera centralmente a las clases populares y la que se haya utilizado en este libro. Sobre los inicios del peronismo y el movimiento obrero, véase Félix Luna: El 45, Madrid, Hyspamérica, 1984; Hugo del Campo: Sindicalismo y peronismo, Buenos Aires, CLACSO, 1983; Juan Carlos Torre: La vieja guardia sindical y Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 1990; Darío Macor y César Tcach (eds.): La invención del peronismo en el interior del país, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2003; Marcela Gené: Un mundo feliz: imágenes de los trabajadores en el primer peronismo 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005; Louise M. Doyon: Perón y los trabajadores, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2006. Sobre el papel de Evita y las mujeres, Carolina Barry: Evita Capitana: el Partido Peronista Femenino, 1949-1955, Caseros, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2009. La información sobre la movilización de los kollas está tomada de Marcelo Valko: Los indios invisibles del Malón de la Paz, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2007. Sobre los cambios en la cultura política de las clases populares puede consultarse Mariano Ben Plotkin: Mañana es San Perón, Caseros, Eduntref, 2007; Pierre Ostiguy: “Peronismo y antiperonismo: bases socioculturales de la identidad política en la Argentina”, Revista de Ciencias Sociales (Bernal), no. 6, sept. 1997, pp. 133-215. Sobre la música popular en estos años véase Fabiola Orquera: “Marxismo como mediador evanescente: Yupanqui, indigenismo y peronismo en el campesinado tucumano de los ’50s a los ’70s”, ponencia inédita, XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Tucumán, 2007; Alejandra Cragnolini: “Representaciones sobre el origen del ‘chamamé’ entre migrantes correntinos residentes en Buenos Aires: Imaginario, música e identidad”, Latin American Music Review, vol. 20, no. 2, 1999, pp. 234-52; Jane L. Florine: “Carlos Jimenez: Reflecting the Power of the People in Argentine Cuarteto Music”, Popular Music and Society, vol. 23, no. 3, 1998, pp. 61-113; el artículo de Pablo Vila sobre el tango mencionado anteriormente.

Para los años que van desde el derrocamiento de Perón en 1955 y el de Isabelita en 1976, buenos trabajos de síntesis son Daniel James: Resistencia e integración, Buenos Aires, Sudamericana, 1990; Julio Melon Pirro: El peronismo después del peronismo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009 y Alejandro Schneider: Los compañeros: trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2005. Sobre la Resistencia y la primera guerrilla véase Ernesto Salas: Uturuncos, el origen de la guerrilla peronista, segunda edición, Buenos Aires, Biblos, 2006. Sobre el Cordobazo puede consultarse Beba y Beatriz Balvé: El ’69, huelga política de masas, Buenos Aires, Contrapunto, 1989; James Brennan y Mónica Gordillo: Córdoba rebelde, La Plata, De la Campana, 2008. Otras puebladas de la época están analizadas en los trabajos de Ana Julia Ramírez, entre otros “Campos de protesta, acción colectiva y radicalización política. Un estudio sobre las puebladas en los setenta”, en historiapolitica.com/datos/biblioteca/ppIII_ramirez. pdf (acc. 7/7/2010). Sobre el “giro a la izquierda” puede consultarse Horacio Tarcus: El marxismo olvidado en la Argentina, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1996. La cultura popular en su relación con la revuelta juvenil de las décadas de 1960 y 1970 continúa siendo un tema muy poco explorado. La mejor fuente es Valeria Manzano: “The Making of Youth in Argentina: Culture, Politics, and Sexuality, 1956-1976”, Tesis Doctoral inédita, Indiana University, 2009, de la que se espera una próxima edición en castellano. La historia de las organizaciones armadas viene suscitando una prolífica producción. Los vínculos de las de izquierda con las clases populares pueden reconstruirse a partir de Pablo Pozzi y Alejandro Schneider: Los setentistas, Buenos Aires, Eudeba, 2000; Vera Carnovale: Los combatientes, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2011. Sobre los montoneros, Richard Gillespie: Montoneros, los soldados de Perón, Buenos Aires, Grijalbo, 1987. En relación con los movimientos sociales referidos en estos años, puede consultarse Francisco Ferrara: Los de la tierra: de las Ligas Agrarias a los movimientos campesinos, Buenos Aires, Tinta Limón, 2007; Leopoldo Bartolomé: “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975: emergencia de un populismo agrario”, Desarrollo Económico, vol. 22, no. 85, 1982, pp. 25-56; Alicia Ziccardi: “El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires (1973-1976)”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 46, no. 4, 1984, pp. 145-72; Gastón Gordillo y Silvia Hirsch, eds.: Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina, Buenos Aires, La Crujía, 2010. Sobre la experiencia de las Coordinadoras Interfabriles puede leerse Ruth Werner y Facundo Aguirre: Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-1976, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2007.

La mejor síntesis de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que experimentó el país en la era neoliberal es Maristella Svampa: La sociedad excluyente, Buenos Aires, Taurus, 2005. Sobre las formas de resistencia durante el Proceso, véase Pablo Pozzi: Oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Buenos Aires, Contrapunto, 1988; Inés González Bombal: Los vecinazos: las protestas barriales en el Gran Buenos Aires, 1982-1983, Buenos Aires, IDES, 1988; Pablo Vila: “Rock Nacional and Dictatorship in Argentina”, Popular Music, vol. 6, no. 2, 1987, pp. 129-48. En referencia al fenómeno de la nueva pobreza puede leerse Alberto Minujin et al.: Cuesta abajo, Buenos Aires, UNICEF/Losada, 1992. La noción de “democracia de la derrota” está tomada de Alejandro Horowicz: Los cuatro peronismos, Buenos Aires, Planeta, 1991. Sobre los cambios en las identidades políticas de las clases populares y las mutaciones del peronismo véase Peter Ranis: Clases, democracia y trabajo en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Corregidor, 1997; Maristella Svampa (ed.): Desde abajo: La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos, 2000; Steven Levitsky: La transformación del justicialismo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2005; Javier Auyero: La política de los pobres, Buenos Aires, Manantial, 2001. Las referencias sobre las transformaciones en el delito proviene de Gabriel Kessler: El sentimiento de inseguridad, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009 y Sandra Gayol y Gabriel Kessler (eds): Violencias, delitos y justicias en la Argentina, Buenos Aires, Manantial, 2002. Los saqueos y la “zona gris” están analizados en Javier Auyero: La zona gris, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2007.

La cultura popular en los años ochenta y noventa encuentra sus exploraciones más abarcativas en Pablo Alabarces y María Graciela Rodríguez (eds.): Resistencias y mediaciones, Buenos Aires, Paidós, 2008; Daniel Míguez y Pablo Semán (eds.): Entre santos, cumbias y piquetes, Buenos Aires, Biblos, 2006. Sobre las nuevas formas de religiosidad popular, véase Rita Segato: La nación y sus otros, Buenos Aires, Prometeo, 2007, que también incluye interesantes aportes sobre las identidades étnicas. En el mismo sentido, Alejandro Frigerio: “Outside the Nation, outside the Diaspora: Accommodating Race and Religion in Argentina”, Sociology of Religion, vol. 63, no. 3, 2002, pp. 291-315; A. Frigerio: “Repensando el monopolio religioso del catolicismo en la Argentina”, en Ciencias Sociales y religión en América Latina, ed. por María Julia Carozzi y César Ceriani, Buenos Aires, Biblos, 2007, pp. 87-118. Las referencias sobre la colectividad boliviana están tomadas en lo fundamental de Roberto Benencia y Gabriela Karasik: Inmigración limítrofe: los bolivianos en Buenos Aires, Buenos Aires, CEAL, 1995; Alejandro Grimson: “Relatos de la diferencia y la igualdad: los bolivianos en Buenos Aires”, Nueva Sociedad, vol. 147, 1997, pp. 96-107. También de interés, Alejandro Grimson: “Etnicidad y clase en barrios populares de Buenos Aires”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, no. 60, 2006, pp. 343-61.

Las diversas formas de resistencia durante la década del noventa pueden seguirse en Federico Schuster et al.: Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003, Documento de Trabajo no. 48, Instituto Gino Germani (UBA), 2006; Raúl Zibechi: Genealogía de la revuelta, La Plata, Letra Libre, 2003. Sobre el movimiento piquetero: Maristella Svampa y Sebastián Pereyra: Entre la ruta y el barrio, Buenos Aires, Biblos, 2003; Julieta Quirós: Cruzando la Sarmiento, Buenos Aires, Antropofagia, 2006; Ariel Petruccelli: Docentes y piqueteros, Buenos Aires, El Cielo por Asalto/El Fracaso, 2005. Sobre Zanón y las fábricas recuperadas: Fernando Aiziczon: Zanón, una experiencia de lucha obrera, Buenos Aires, Herramienta, 2009. Sobre movimientos campesinos y de defensa de la tierra puede consultarse el mencionado libro de Francisco Ferrara y el de Mabel Manzanal y Federico Villarreal (eds.): El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino, Buenos Aires, CICCUS, 2010. La información sobre trueque está tomada de Ana Luz Abramovich y Gonzalo Vázquez, “La experiencia del Trueque en la Argentina: otro mercado es posible”, UNGS, 2003, disp. en www.urbared.ungs.edu.ar (acc. 12/6/2010). La rebelión de 2001 está analizada en detalle en Nicolás Iñigo Carrera y María Cecilia Cotarelo: “Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina”, en Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, ed. por Gerardo Caetano, Buenos Aires, CLACSO, 2006; Daniela Mariotti et al.: Tiempos de rebelión: “Que se vayan todos”, Buenos Aires, Antropofagia, 2007.

Adamovsky, Ezequiel

Historia de las clases populares en la Argentina : Desde 1880 hasta 2003 - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2012

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