Historia de la Argentina

Historia de la Argentina
Biografía de un país
desde la conquista española hasta nuestros días

Ezequiel Adamovsky

Adamovsky, Ezequiel

Historia de la Argentina / Ezequiel Adamovsky. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Crítica, 2020.

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ISBN 978-987-4479-38-9

1. Historia Argentina. I. Título.

CDD 982

© 2020, Ezequiel Agustín Adamovsky

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ISBN edición digital (ePub): 978-987-4479-38-9

CAPÍTULO 1

Violencia

La Conquista y el orden colonial

En el principio fue la violencia. Porque nada en el suelo que hoy ocupa la Argentina indicaba que aquí habría un país. Las decenas de pueblos que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles carecían de vínculos de escala apreciable. No los unían lazos políticos, ni lengua en común, ni religiones, ni costumbres, ni redes de intercambio económico que abarcaran el territorio entero o una buena parte de él. La propia geografía se manifestaba poco predispuesta a la unidad. Las alturas polvorientas de la Puna y las quebradas del Noroeste parecían continuar un mundo andino que se extendía desde Ecuador. Las tierras bajas del Gran Chaco, tórridas e impenetrables, se enlazaban con las que hoy pertenecen a Paraguay y Bolivia, lindantes a la Amazonia. Las fértiles planicies pampeanas se expandían sin reconocer fronteras con lo que hoy es Uruguay o el sur de Brasil.

La llegada de los españoles significó el inicio de un drástico proceso de cambios de todo tipo, orientados a adaptar a los habitantes a nuevas jerarquías sociales y a conectarlos con los circuitos económicos transnacionales que dominaba Europa. Fue el interminable huracán de la conquista, fue el modo en que los españoles invadieron, ocuparon y reorganizaron el territorio y sus gentes, lo que sentó las primeras bases de lo que, siglos más tarde, sería la Argentina. Fue la violencia que trajo la ocupación lo que obligaría a una avenencia arbitraria entre hombres y mujeres de procedencias totalmente diferentes sobre un suelo que, sin ella, acaso jamás habría albergado una nación unificada. Antes de la Conquista no había «Argentina», como tampoco hubo una «Argentina colonial». Ni siquiera luego de 1810 estuvo claro que aquí habría un país separado del resto de los territorios sudamericanos. No existía entonces una identidad nacional distintiva entre los habitantes de esta parte de los dominios españoles, cuyas historias estaban además íntimamente conectadas a las de quienes vivían en lo que hoy es Paraguay, Bolivia o Uruguay.

Por cierto, los contornos y características que la nación argentina terminaría asumiendo bien entrado el siglo XIX no estuvieron determinados únicamente por esa violencia originaria (que por otra parte perduró a través del tiempo en modos e intensidades diversos), sino también por lo que los habitantes de este suelo hicieron con ella, por los lazos de cooperación, resistencia y afecto que supieron construir a partir de las vinculaciones forzadas a las que la Conquista los obligó. Como veremos en estas páginas, cada paso en la historia del país se entiende como efecto de esa relación fundamental entre poder y cooperación, entre opresión de clase y resistencia, entre violencia y afecto, entre jerarquía e igualdad, entre exclusión y comunidad. Fue el choque inevitable entre esas poderosas fuerzas entrelazadas lo que animó el torbellino del cambio histórico que desembocó desordenadamente en lo que hoy somos.

Pero en el principio, en el hecho brutal de la Conquista, lo que primó fue la violencia.

Antes de la invasión

El territorio que hoy ocupa la Argentina está entre los últimos rincones a los que en su expansión llegó la especie humana: vio arribar a los primeros Homo sapiens hace apenas trece o catorce mil años. Pequeñas bandas de cazadores-recolectores ingresaron por diversas vías y fueron explorando dónde asentarse. Hace unos ocho o seis mil años ya estaban bien instalados en varias zonas, de la Puna a Tierra del Fuego. Ya habían desarrollado modos de vida particulares en relación con los recursos a mano: fueron canoeros y buscadores de mariscos en las islas y canales del extremo sur, cazadores de guanacos y ñandúes y recolectores de semillas y raíces en Cuyo o en la Pampa, pescadores a la vera de los ríos del Litoral.

La organización en pequeñas bandas o tribus cazadoras-recolectoras persistió en la Patagonia, en Chaco, en la región pampeana y en otras áreas hasta bastante después de la llegada de los españoles. Otras zonas protagonizaron notables procesos de innovación tecnológica y organizativa. Unos cuatro mil años atrás, pueblos de Cuyo y del Noroeste comenzaron a domesticar animales e iniciaron una verdadera revolución cuando aprendieron a seleccionar y cultivar plantas. La práctica de la agricultura permitió generar excedentes alimentarios, lo que hizo posible el crecimiento de la población, la formación de aldeas y sociedades de mayor complejidad, que ya contaban a sus miembros no por unos pocos cientos sino por algunos miles. En ellas surgieron formas de ejercicio del poder y de diferenciación social desconocidas para los más igualitarios cazadores-recolectores, aunque todavía no demasiado pronunciadas. Por la misma época también desarrollaron la alfarería y unos dos mil años más tarde ya estaban fabricando objetos metálicos y textiles. Sus redes de intercambio comercial se ampliaron, en una circulación que conectaba el Pacífico con el Chaco. Hace unos mil años algunas de esas sociedades crecieron y profundizaron sus formas de centralización política y sus divisiones de clase; las ruinas de pucarás fortificados atestiguan que hubo guerras de escala importante.

Hacia fines del siglo XV esa región fue conquistada por los incas de Cuzco e incorporada a su poderoso imperio, que se extendió hacia el sur por toda el área montañosa hasta lo que hoy es el norte de Mendoza. Medio siglo de dominación fue suficiente para imprimir una mayor homogeneidad en la zona, donde fueron adoptadas muchas de sus costumbres y pautas de organización. El quechua se volvió una lengua franca en toda la región, conectada con circuitos más amplios gracias a la extraordinaria red de caminos incaica. Creció el poder de los jefes locales que colaboraron con ellos y se volvieron más pronunciadas las desigualdades sociales. Los conquistadores acostumbraron a los pueblos sometidos a la mita, que los obligaba a suministrar contingentes de personas para cumplir con turnos de trabajo por fuera de sus comunidades. Las rebeliones no faltaron, especialmente en los indómitos valles Calchaquíes. Con frecuencia, el imperio respondió relocalizando a los rebeldes lejos de sus zonas de origen, lo que también contribuyó a una mayor mezcla y homogeneización de la población; sin embargo, las identidades no llegaron a borrarse del todo ni a perderse las lenguas propias, que diaguitas, omaguacas y otros pueblos mantuvieron.

Aunque menos dramáticos, fuera del actual Noroeste argentino también se registraron cambios y progresos técnicos. Posiblemente hacia el final del período prehispánico, algunos pueblos de procedencia amazónica se expandieron a través de los ríos y trajeron también con ellos la práctica de la agricultura. Es el caso de los guaraníes que llegaron hasta el delta del Paraná y de los guerreros avá, que avanzaron por el Pilcomayo y el Bermejo hasta la base de los Andes, desde donde hostigaron con frecuencia los dominios incaicos. Los comechingones de las sierras cordobesas también practicaron el cultivo de la tierra en pequeña escala. Tehuelches y pehuenches en la Patagonia, selk’nam y yámanas en Tierra del Fuego, querandíes y otros pueblos en la llanura pampeana, en el Nordeste y en otros sitios continuaron siendo esencialmente cazadores-recolectores. Sin embargo, algunos de estos pueblos ampliaron sus intercambios, desarrollaron la alfarería, la caza con arco y flecha o la producción de textiles.

Viendo el conjunto, el territorio de la actual Argentina era un mosaico débilmente conectado que contenía una gran diversidad de pueblos. Sus orígenes, patrones culturales, familias lingüísticas y modos de vida eran muy diferentes. Las relaciones entre ellos, donde las había, podían ser tanto de cooperación como de hostilidad. En la zona del Gran Chaco, pueblos particularmente belicosos mantuvieron guerras y rivalidades. Allí los avá habían doblegado a los chané: durante siglos los mantuvieron como súbditos, explotando su trabajo y tomando sus mujeres. Por el contrario, otros pueblos —como los tehuelches o los huarpes en Cuyo— se destacaron por su mansedumbre y su hospitalidad. En cualquier caso, se trataba de un mundo heterogéneo en cambio y ebullición. De los tiempos prehispánicos de estos pueblos sin escritura no nos llegó un registro detallado, pero la evidencia arqueológica atestigua que fue sin dudas un período rico en innovaciones, en historia y en cultura.

PUEBLOS ABORÍGENES HACIA EL AÑO 1500

Adaptado de P. Yankelevich: Historia mínima de la Argentina.

La Conquista

El arribo de los españoles iba a afectar ese mundo de un modo que ninguno de sus habitantes pudo haber imaginado. Porque no se trataba de un pueblo más que llegaba a imponer su poder, como lo habían hecho los incas. Los conquistadores ibéricos obedecían a impulsos diferentes.

Cuando Colón llegó por primera vez a América, Europa estaba saliendo de la larga crisis en la que había entrado en el siglo XIV. Las estructuras feudales que durante la Edad Media aseguraron la supremacía de nobles y reyes habían llegado a su límite. La explotación del campesinado se había vuelto más difícil y menos provechosa; las tierras se agotaban y ya no podían sustentar sus pretensiones. El comercio de gran escala, articulado desde ciudades y puertos, ofrecía ahora las mejores oportunidades para quien quisiera ser más que los demás. Grandes mercaderes, nobles y monarcas coincidieron entonces en un interés común: expandir las redes comerciales haciendo pie en nuevos territorios. Para los comerciantes, la empresa prometía multiplicar ganancias y, por qué no, acaso acceder al ennoblecimiento. Para los nobles, más espacio para señoríos, y con ellos, más dinero. Para los reyes, finanzas que les aseguraran su lugar en una competencia cada vez más feroz con los dignatarios rivales. Incluso quienes no eran nada pero estaban dispuestos a prestar servicios como soldados podían abrigar esperanzas de ascenso social en las nuevas tierras. Todo empujaba hacia afuera, a la conquista. Eran los primeros pasos que daba el capitalismo como sistema mundial. Desde entonces, el interés económico se iría volviendo cada vez más el principio organizador de la vida social: orientaba las conductas de las personas, forjaba vínculos nuevos entre las diferentes regiones del planeta y definía qué lugar le tocaba a cada quien. América, territorio de saqueo y ocupación, fuente de oro y plata, de materias primas y de trabajo humano, daría al capitalismo su primer espaldarazo decisivo.

La ocupación se hizo en nombre de la monarquía hispánica con el auspicio de la Iglesia. Pero en los hechos fue una empresa en manos privadas. En general, los expedicionarios que se adentraron en el continente no eran funcionarios enviados por la Corona, sino aventureros asociados a empresarios, que eran quienes proveían el costoso financiamiento para las incursiones, apostando a ganancias futuras. Sobre el entendimiento de que todo territorio conquistado les pertenecía, los reyes autorizaban las incursiones mediante «capitulaciones», contratos por los que se reservaban una tajada de los beneficios y otorgaban a los conquistadores derechos a tierras y, a veces, a cargos o títulos nobiliarios. Estos reunían unos pocos cientos (a veces solo decenas) de soldados con la promesa de botín, los armaban y se lanzaban sobre alguna porción del nuevo suelo. Desde el líder hasta el último recluta, todos llegaban animados por el deseo de llevarse algún premio. En sus primeras etapas, la actuación de los españoles se pareció bastante a la rapiña simple.

En América del Sur hicieron pie desde el océano Pacífico, primero en el Perú. Es que, paradójicamente, las civilizaciones más ricas y centralizadas resultaron ser las más sencillas de dominar. Como antes había ocurrido en México con Hernán Cortés, a Francisco Pizarro le bastó en 1532 con descabezar el imperio inca para acceder a la extensa sociedad que había organizado y que, de cierto modo, estaba ya habituada al tributo y a la obediencia. Ocuparon rápidamente las tierras más promisorias y en 1545 descubrieron el cerro de Potosí, en la actual Bolivia, que se transformaría en la mina de plata más importante del mundo y una fabulosa fuente de riqueza para los monarcas hispánicos. El metal potosino fue un verdadero motor del capitalismo: por su poder de compra dio un vigoroso estímulo a las redes del comercio internacional.

Después de 1545, la expansión española en América se volvería más lenta, porque debía hacerse en áreas pobladas por sociedades más fragmentadas, menos jerarquizadas y con menor capacidad para producir excedentes. Así eran las que habitaban el territorio que hoy ocupa la Argentina, que además estaba relativamente poco poblado y desprovisto de riquezas mineras. Más que al atractivo económico, aquí el avance obedeció a impulsos políticos.

Entre los conquistadores del Perú pronto surgieron rivalidades e intrigas. Los que habían quedado en un lugar subalterno o los que iban llegando más tarde pujaban por conseguir su tajada. Todos conspiraban para ganarse el favor de la Corona y obtener tierras o derechos especiales. Pero los recursos se iban volviendo escasos y los enfrentamientos violentos no tardaron en llegar. Para no perder el control, las autoridades buscaron «descargar la tierra», como se decía entonces: impulsaron a los intrigantes y descontentos a probar suerte hacia el sur, en territorios todavía desconocidos.

Por otra parte, ya desde antes le interesaba a la Corona buscar una entrada más conveniente por el Atlántico y resguardar sus dominios de la competencia portuguesa. Fue así que también trataron de hacer pie ingresando por el Río de la Plata.

De esas dos procedencias, del norte llegó el impulso más decidido. Los primeros ingresos en el futuro territorio argentino se produjeron luego de 1543. Por tierra, desde el Alto Perú, y por mar, desde Chile. Y fueron algunos de esos militares y aventureros resentidos por no haber tenido suerte en Perú quienes los protagonizaron. Con financiamiento propio o asociados a empresarios, reunieron pequeñas huestes de soldados y se lanzaron a la conquista. Funcionarios y jefes incas que conocían la zona los ayudaron a ubicarse y a saber quién era quién entre los caciques del Noroeste. Aprovechando las rivalidades cacicales para hacerse de aliados de ocasión, avanzaron lentamente y con dificultad hacia el sur, buscando riquezas y masas indígenas para someter. Los frecuentes amotinamientos entre las huestes, irritadas por tanto esfuerzo y tan poco beneficio, hicieron que los avances fuesen bastante caóticos e improvisados. Los brutales enfrentamientos con los nativos fueron la norma.

Así y todo, durante la segunda mitad del siglo XVI se las arreglaron para establecer treinta poblados, aunque por problemas de abastecimiento y ataques indígenas solo sobrevivieron doce. De ellos, el primero fue Santiago del Estero en 1553, seguido de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591) y Jujuy (1593). Entrando desde Chile fundaron los de Cuyo: Mendoza (1561), San Juan (1562) y San Luis (1594).

La lista se completa con las tres ciudades del Litoral que establecieron ingresando desde el Atlántico. La primera navegación por el Río de la Plata —denominado así por la leyenda de que conducía a fabulosas riquezas que, sin embargo, nunca se materializaron— había sido en 1516. De 1527 fue el primer intento de asentamiento, un fuerte en la actual provincia de Santa Fe que apenas sobrevivió tres años. Pedro de Mendoza desembarcó con una expedición más grande en 1536 y consiguió fundar Nuestra Señora del Buen Ayre, pero los colonos debieron abandonarla cinco años más tarde por hambre y ataques indígenas. De esos intentos iniciales, los españoles solo consiguieron permanecer en el fuerte de Asunción (1537), actual capital de Paraguay, que durante años quedó aislado. Desde allí descendieron expedicionarios por los ríos bajo el mando de Juan de Garay, los que fundaron Santa Fe en 1573 y otra vez Buenos Aires en 1580. A ellas, en 1588, se sumaría Corrientes.

Aunque se las llamó «ciudades», en sus inicios fueron caseríos de barro muy precarios, a veces de apenas dos o tres decenas de habitantes. La comunicación entre ellas era dificultosa y la vida, durísima. La posibilidad de ataques letales de los nativos fue una realidad durante mucho tiempo. Durante todo el siglo XVI la presencia de españoles fue ínfima: hacia 1570 en todo el territorio de la actual Argentina había apenas unos 350. A fin de ese siglo había tan solo 250 europeos en toda la región del Noroeste; de ellos, unos 150 habían recibido del rey el derecho a cobrar tributo sobre un número de nativos que pudo haber llegado a los 270.000.

Con el tiempo, las ciudades se irían consolidando como asiento de las autoridades civiles, militares y religiosas y de comerciantes que articulaban el flujo económico. Fueron sede de la cultura letrada y mucho después, de la letra impresa (no hubo imprentas hasta entrado el siglo XVIII): islas en un océano rural habitado por grupos humanos que hablaban lenguas sin tradición escrita y tenían costumbres muy diferentes. El espacio urbano surgió así en el actual territorio argentino con un perfil bien diferente al que tuvo en Europa y en otros sitios. Las ciudades no fueron emergentes del desarrollo cultural, político o económico de un pueblo, sino destacamentos coloniales, puntas de lanza del dominio extranjero, baluartes desde donde afirmar y gestionar la superioridad de clase, étnica y cultural que los españoles reclamaban para sí.

El vínculo colonial y el sistema de encomiendas

El dominio colonial fue ante todo un formidable dispositivo para extraer tributo de los nativos y recursos de la tierra. En suelo americano se construyó un nuevo tipo de sociedad que organizó el trabajo y las diferencias sociales según una partición fundamental: vencedores y vencidos. El hecho de fuerza de la Conquista fue base de una desigualdad jurídica que se justificó con argumentos étnicos. Las diferencias entre las personas se simplificaron clasificándolas en dos grandes conjuntos. Desde ese momento todos los nativos, sin importar que fueran querandíes, lules o guaraníes, sin que interesara si habían resistido la colonización o no, se transformaban simplemente en «indios» (según el equívoco nombre que les había dado Colón cuando creyó haber llegado a la India). Considerados inferiores y equiparados a niños, ellos y su descendencia fueron convertidos en vasallos del rey, quien los «encomendaba» a algún conquistador. Monarca y encomendero, por supuesto, se hacían acreedores al derecho a percibir de ellos un tributo.

El vínculo supuso también una igualación entre todos los españoles, más allá de sus diferencias de nacimiento. En la península ibérica, los vasallos, a los que se llamaba «pecheros», estaban obligados a pagar tributo. En cambio los hidalgos («hijos-de-algo», es decir, nobles) estaban exentos del pago. Por allí pasaba la diferencia de clase fundamental: los de arriba no pagaban, los de abajo sí. Pero en América, por el solo hecho de no ser indios, los españoles, aunque no hubieran tenido la suerte de nacer nobles, dejaban de tributar. Los que llegaban al nuevo continente, incluso si eran pobres soldados, marineros o artesanos, se sentían con derecho a un trato diferencial. Se negaban a realizar algunas labores manuales —que ahora parecían «cosa de indios»— y aspiraban a ser servidos por estos. La escasez de españoles en el terreno hacía recomendable que no existieran entre ellos odiosas diferencias jurídicas. Por esta misma debilidad demográfica debieron buscar la colaboración de los caciques, a quienes se exceptuó del pago de tributo, se concedió el trato honorífico de «don» y, si todavía no gozaban de esa prerrogativa, se los convirtió en jefes hereditarios.

Pocos conquistadores pudieron enriquecerse en el relativamente pobre territorio argentino. Tampoco consiguieron ennoblecerse: en todo el espacio que ocupa la Argentina, la Corona concedió un único fundo nobiliario, el Marquesado de Tojo (abarcaba parte de Jujuy y de Salta y tierras que hoy pertenecen a Chile y Bolivia).

Recibir del rey indios en encomienda era lo que ansiaba todo conquistador, junto con la propiedad de terrenos urbanos o rurales. La encomienda suponía el derecho de cobrar a los indios un tributo, que inicialmente fue sobre todo en trabajo (servicio personal). A cambio, el encomendero asumía la obligación de proteger militarmente los dominios del rey si así se le requería y de instruir a los indios en la fe católica. Las encomiendas no se otorgaban en propiedad: eran concesiones, aunque en algunas zonas tendieron a prolongarse para beneficiar a los herederos. Podían ser revocadas y readjudicadas a otras personas.

El régimen de encomienda fue brutal, especialmente en los primeros años. En su paso por Tucumán y Cuyo rumbo a Chile, por caso, Francisco de Villagra capturó cerca de seiscientos indígenas y los llevó encadenados para utilizarlos como cargadores y sirvientes. Buena parte murió en el camino. En ocasiones se repartían los indios en abstracto antes de las expediciones, sin saber bien qué encontrarían al llegar. En Paraguay, Córdoba o Santiago del Estero, una encomienda significaba acceder de inmediato al trabajo de cientos o aun miles de indios. Pero en otras regiones, como Santa Fe, no se materializaba en un control inmediato y el encomendero debía salir a someter una población dispersa y renuente.

Especialmente en los primeros tiempos, en la práctica la encomienda se acercaba a la franca esclavitud. El encomendero ponía a trabajar a los indios en sus tierras o propiedades, en el servicio doméstico o en obrajes textiles. También podía alquilarlos a otros o enviarlos a las minas de Potosí o a otros emprendimientos de españoles en Chile u otros sitios.

Había dos tipos de encomiendas. Las mitayas retomaban la costumbre inca de imponer turnos de trabajo a las comunidades. Las de yanaconas eran de individuos o familias desarraigadas, sin comunidad, que vivían y trabajaban permanentemente en las propiedades de los encomenderos.

Al comienzo no hubo ninguna normativa acerca de cuánto era el tributo que se debía percibir, ni bajo qué forma, ni estaba claro si mujeres y niños debían participar. La cantidad de mitayos que una comunidad aportaba y la duración del servicio eran objeto de negociaciones que dependían del poder relativo o la capacidad de los caciques y de los encomenderos o sus mayordomos. La sobreexplotación fue la norma. En territorio argentino predominó el servicio personal, incluso luego de que la Corona indicara que debía cobrarse solo en dinero.

Los españoles que no habían sido beneficiados con encomiendas también se las arreglaron para someter a los indios al trabajo servil y no solo alquilándolos a los encomenderos. Durante bastante tiempo se organizó lo que se llamaba «correrías» o «malocas», incursiones veloces en territorio indígena para capturar indios a los que convertían en yanaconas —al principio, directamente en esclavos— o los incluían en encomiendas. Todavía a mediados del siglo XVIII los colonos tucumanos realizaban cacerías humanas de este tipo para reducir a servidumbre indígenas del Chaco. Las autoridades también solían facilitarlos «en mandamiento» a empresarios no encomenderos para que desempeñaran diversas tareas, particularmente para el transporte. También los emplearon para realizar obras públicas.

Además de las minas metalíferas, la tierra fue un valioso recurso. Como desde el punto de vista legal la Corona consideró propias todas las tierras conquistadas, el acceso a la propiedad solo venía de una «gracia» o «merced» concedida por el rey. Al comienzo, las cesiones fueron gratuitas (mejor dicho, se hacían a cambio de servicios), pero pronto comenzaron a ser subastadas. Se suponía que las tierras en posesión de las comunidades indígenas debían ser respetadas para que pudieran autosustentarse y pagar el tributo, pero con frecuencia les fueron usurpadas.

Conquista y género

La Conquista también dejó instalado para los varones un sistema de privilegios que sobrepasaba el que conocían en Europa. Las sociedades de los pueblos originarios eran patriarcales ya antes de la llegada de los españoles. Pero el significado y organización del patriarcado podían ser muy diferentes. Los varones estaban al mando, pero en ocasiones las mujeres ocupaban lugares de influencia, especialmente en funciones rituales. Se han documentado casos excepcionales en los que ocupaban el cacicazgo o tenían varones a su mando en alguna guerra.

Empresa abrumadoramente masculina, la colonización no se apoyó solamente en las diferencias étnicas y de clase, sino también en las de género. El privilegio se materializó en el control sexual, reproductivo y laboral sobre las mujeres indígenas. Aunque en la memoria colectiva solo haya permanecido el drama de las cautivas blancas, con frecuencia las malocas de los españoles se orientaban al rapto de mujeres nativas. La casi total ausencia de europeas en las primeras décadas implicó que las indígenas fueran utilizadas para satisfacer a los conquistadores. Su apropiación y posesión sexual se dio en un amplio arco de formas: desde el secuestro y la violación, hasta el sexo ocasional más o menos forzado, el extendido concubinato y, en algunos casos, el matrimonio legal. Formaron parte del botín colonial.

El intercambio y control de las mujeres también resultó decisivo en las relaciones entre conquistadores y pueblos originarios. La alianza con los varones guaraníes que les permitió a los españoles subsistir en Asunción se selló con un intercambio de regalos; un trueque de adornos y herramientas europeos por muchachas locales. Algunos llegaron a acumular hasta sesenta mujeres y no era raro que un español tuviera diez (algo impensable en Europa). Útiles para el placer sexual, eran también fuente de riqueza —por el trabajo agrícola o textil que aportaban— y de poder, porque a través de ellas se forjaban alianzas con sus parentelas.

El control reproductivo fue crucial: los numerosos mestizos que dieron a luz proveyeron a la Conquista de una hueste fundamental. Tales «mancebos de la tierra», como se los llamó, resultaron indispensables para la fundación de las primeras ciudades. En las del Litoral casi no hubo otra cosa. De los setenta y seis pobladores iniciales de Santa Fe solo siete eran españoles, y de los setenta que refundaron Buenos Aires, al menos cincuenta eran mestizos del Paraguay.

El control de las mujeres fue también central para el régimen de encomienda. Con frecuencia las indias suplantaban en las comunidades el trabajo que los mitayos dejaban de aportar. Cuando se los trasladaba a las minas o a servicios lejanos, los varones con poder local —encomenderos, caciques, mestizos, funcionarios— aprovechaban el «excedente» de mujeres de diversos modos, incluyendo el sexual: eso reforzaba el poder de cada uno y la alianza entre ellos. Por contraste, la accesibilidad de las mujeres blancas fue objeto de cuidados muy estrictos. Entre los varones de cierta condición social, la virginidad de las muchachas casaderas fue condición rigurosa; el matrimonio era indisoluble y el marido tenía potestad completa sobre los bienes comunes y sobre los hijos. El adulterio femenino fue severamente castigado por la ley (el masculino, habitualmente no).

La Colonia trajo así un reordenamiento de las relaciones entre las personas en diversos ámbitos. La desigualdad de clase montada sobre bases étnicas se combinó con la desigualdad de género de un modo que hundió a la mujer nativa en un lugar de opresión particularmente marcado. En adelante, el mestizaje se transformó en evidencia de la victoria de los españoles. Y no solo porque contribuyera a disolver la cohesión de las comunidades indígenas: los mestizos reproducían en sus propios cuerpos la marca visual de la Conquista, la prueba de la posesión originaria de las mujeres por los conquistadores.

La resistencia inicial y la catástrofe demográfica

Pocos como eran, los españoles consiguieron dominar a la población local por su habilidad para tejer alianzas con algunos pueblos, que los secundaron en sus empresas militares. Lo mismo fue también crucial para la supervivencia de las primeras ciudades: en Asunción lograron permanecer porque su presencia les venía bien a los guaraníes carios que allí vivían, para que los ayudaran en su lucha contra sus enemigos tradicionales, los guaycurúes chaqueños. En Santiago del Estero los juríes también fueron aliados.

La diferencia en el armamento fue decisiva: los españoles contaban con ballestas, armas de fuego y buenas espadas, escudos, armaduras, mastines feroces y caballos. Los nativos, apenas con lanzas, boleadoras, arcos, flechas, hondas y piedras. Así y todo, la resistencia fue encarnizada. Algunos de los primeros expedicionarios en suelo argentino murieron a manos de indígenas: Diego de Rojas, Juan Díaz de Solís o Juan de Garay, entre otros. En algunos casos, la alianza con los españoles solo se trabó tras el fracaso de la resistencia inicial. Así sucedió con los carios de Asunción, quienes de todos modos retomaron la lucha no bien estuvo claro, luego de 1555, que sus «aliados» se los repartían entre ellos en encomienda. Hubo desde entonces alzamientos y rebeliones, como la de 1575-1579, de gran escala, que terminó en una brutal represión.

En otros sitios la resistencia local fue cerrada, como en los valles Calchaquíes, escenario de levantamientos de gran escala. Allí también comenzó a notarse la capacidad de los pueblos para construir coaliciones militares contra el invasor. El cacique Juan Calchaquí estuvo al frente de la primera coalición luego de 1560: las fuerzas aliadas de omaguacas, lules, ocloyas y chichas arrasaron Cañete, Córdoba del Calchaquí y Londres (otras ciudades corrieron igual suerte tiempo después).

Una coalición aún más amplia se organizó en 1578 alrededor de Viltipoco, un cacique omaguaca que consiguió unificar a casi todos los pueblos cordilleranos del Noroeste e incluso a los aguerridos avá chaqueños. Entre todos habían reunido cerca de diez mil guerreros prestos a atacar y destruir por sorpresa las ciudades principales, algo que seguramente habrían logrado de no haber sido delatados por indios amigos del conquistador. Los españoles atraparon a Viltipoco y abortaron la rebelión.

Otros pueblos en otros sitios también ofrecieron resistencia. Contra sus posibilidades conspiraban la fragmentación y las rivalidades entre caciques, pero también la reducida capacidad de generar excedente económico suficiente como para sostener esfuerzos militares prolongados. Los españoles explotaron esa debilidad con ataques relámpago a caballo que destruían sembradíos y dejaban a las poblaciones insumisas al borde de la inanición.

La resistencia hizo que el avance español sobre el territorio fuera dispar. Los valles Calchaquíes permanecieron indómitos durante el siglo XVI. Algunos grupos a la vera del río Uruguay conservaron su independencia hasta mediados del siglo XVIII. La Patagonia, las pampas y el Chaco seguirían autónomos durante todo el período colonial.

La Conquista desencadenó en toda América una de las mayores catástrofes demográficas de la historia: nada preservó de sus peores efectos a las poblaciones del territorio de la actual Argentina. Una combinatoria de factores produjo la caída dramática en la cantidad de habitantes. Para empezar, estuvo el exterminio a punta de espada de quienes se resistieron a los conquistadores en el momento de su llegada. También fueron pasados por las armas quienes en años posteriores intentaron evadirse de su dominio. A eso hay que sumar la introducción de enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo, como la viruela o el sarampión, que diezmaron comunidades enteras.

La sobreexplotación produjo un incremento general de la mortalidad y seguramente también una menor natalidad. En el mismo sentido contribuyó la desestructuración de la producción comunal por el despojo de tierras o por el desvío de la fuerza de trabajo hacia otros fines. Algunos huían para evitar esa suerte. La apropiación de las mujeres por parte de los españoles y el fenómeno del mestizaje operaron con el mismo resultado.

No es posible cuantificar la catástrofe con cifras categóricas, pero las estimaciones disponibles hablan de una caída poblacional abrupta. Se ha calculado que había cerca de medio millón de guaraníes en la época de la invasión. Tras cincuenta años de contacto con los europeos, solo quedaba un tercio o acaso un cuarto de ese número. En la región del Tucumán, la caída parece haber sido peor. De medio millón que había al arribar los españoles, un siglo más tarde apenas quedaba un 15%.

Los datos de indios bajo encomienda son igualmente elocuentes. En Santiago del Estero se encomendó a más de 80.000 en 1553; treinta años más tarde solo quedaban 18.000. El descenso continuó durante el siglo XVII. En 1596 había en la región del Tucumán 56.500 tributarios; en 1607 se redujeron a 16.200 y a comienzos del siglo siguiente eran apenas 2.000.

El orden colonial

Los primeros expedicionarios con frecuencia desempeñaron ellos mismos las funciones de autoridad civil en las ciudades que establecieron. Pasado el momento del pillaje inicial, fue decantando un orden colonial con leyes e instituciones manejadas por los reyes hispanos, aunque con una decisiva participación local. No se trató de un Estado propiamente dicho, sino más bien de un entramado de poderes concurrentes, civiles y religiosos, con jurisdicciones que se superponían y a veces competían entre sí.

El territorio que hoy ocupa Argentina quedó inicialmente incluido dentro del Virreinato del Perú. El virrey, como representante del rey, tenía amplias atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales. El monarca también nombraba a los gobernadores de las subdivisiones administrativas más importantes. En algunas épocas los cargos fueron ofrecidos a la venta. Esto dio lugar a abusos notorios para recuperar la inversión y también a algunas escandalosas destituciones. Otros funcionarios con diversas denominaciones —corregidores, tenientes, capitanes o justicias mayores— ejercían la magistratura en distritos subalternos. Además se establecieron varias Reales Audiencias como tribunales de apelación. El territorio argentino dependió inicialmente de la Audiencia de Charcas (actual Sucre), con excepción de las ciudades de Cuyo, que dependían de la Real Audiencia de Chile. Cada ciudad tenía su Cabildo, que se encargaba de los asuntos locales, incluidos los de los espacios rurales circundantes. Sus autoridades eran elegidas por los vecinos.

La principal función del aparato administrativo era gestionar el gran dispositivo de extracción de beneficios de la tierra y del trabajo indígena. Garantizar el flujo comercial, cobrar impuestos, combatir el contrabando, mantener a raya las rebeliones y los ataques indígenas a las ciudades, proteger la circulación de bienes por los caminos y defender las posesiones frente a naciones europeas rivales: para todo eso era necesario contar con un aparato administrativo.

Sobre todo, había que asegurar el flujo de los metales de Potosí y de otras minas hacia la península ibérica. La Corona organizó para ello un monopolio comercial supervisado por sus funcionarios. Se lo llamó «Sistema de flotas y galeones». Su principio era simple: solo algunos puertos de la península ibérica estaban autorizados a comerciar con el Virreinato del Perú (y a conectarse con otros pocos puertos de América). El Virreinato tenía prohibido comerciar con otros dominios hispánicos. A los comerciantes de Lima se les otorgó el monopolio local de la comercialización de todo bien llegado de Europa. Todo llegaba allí, desde donde agentes comerciales lo iban vendiendo en las diversas localidades. El sistema requería, como contraparte, que concentraran en Lima todo el oro y la plata que fuera posible para después embarcarlo rumbo a la península ibérica.

Si el principio era sencillo, su puesta en práctica resultaba complicadísima. Los bienes que llegaban a Lima y los metales que partían desde allí lo hacían por la costa del océano Pacífico, en barcos que conectaban Perú con Panamá. Desembarcados, en el istmo de Panamá los bienes tenían que ser transportados por tierra para llegar de un océano al otro. Una vez en la costa del Atlántico, subían a otros barcos que los llevaban al Viejo Continente en grandes formaciones, para repeler los ataques piratas. El interminable y costoso viaje y las múltiples manos de agentes e intermediarios hacían que fuese un sistema tremendamente costoso. En términos de poder de compra, los metales americanos perdían buena parte de su valor.

Por ello, sortear el monopolio a través del contrabando fue una tentación irresistible para los mercaderes americanos (menos los de Lima, claro), muy alentada por los comerciantes de las naciones rivales, que no querían quedarse afuera del negocio.

Emplazada con acceso directo al Atlántico, Buenos Aires, ciudad y puerto, resultó un lugar ideal para el comercio ilegal, que durante mucho tiempo fue su principal actividad. Barcos de diversas procedencias descargaban mercaderías y esclavos que luego los comerciantes porteños vendían en el interior del continente. Los comerciantes extranjeros recibían en pago metales preciosos y algunas mercancías, que transportaban de regreso a Europa.

La Corona osciló entre reprimir el contrabando y tolerarlo, ya que era también un modo de financiar la ciudad de Buenos Aires, a la que necesitaban equipada como bastión contra el expansionismo de portugueses y otros rivales. Para sacar tajada y poner algún límite al comercio ilegal, en 1622 se estableció una Aduana seca en Córdoba (que de todos modos algunos contrabandistas eludían). Complementariamente se otorgaron habilitaciones parciales para que Buenos Aires pudiera comerciar algunos bienes de manera transitoria. Nada de esto conseguiría desactivar el creciente contrabando porteño, que fue convirtiendo a la ciudad en un nodo del tráfico comercial internacional.

La Iglesia católica y las misiones

La Iglesia se puso al servicio de la empresa colonial de varias maneras. De hecho, la autoridad civil y la religiosa estaban imbricadas en la propia península, donde gobernaban monarcas que se definían como «Reyes Católicos».

El imperativo de «evangelizar a los infieles» y salvar sus almas proveyó de legitimidad ideológica al sometimiento de los nativos. La cruz y la espada penetraron juntas. Pero además el clero ejerció una intervención directa sobre el control y disciplinamiento de los indios. En la política de la Corona de agruparlos en «reducciones», las que se encontraban en manos de órdenes religiosas se contaron entre las más importantes. Durante las primeras décadas de la Conquista casi no había sacerdotes. Solo hacia fines del siglo XVI hubo clero secular en un número relevante y las órdenes de los franciscanos, jesuitas, mercedarios y dominicos hicieron pie en el territorio que hoy ocupa la Argentina. A partir de entonces la Iglesia desempeñó un papel central en el nuevo orden. Los reyes se habían reservado el derecho de designar a los obispos en suelo americano. Esto dotaba de una mayor coherencia a los esfuerzos de los invasores, pero no evitó eventuales desavenencias.

Los sacerdotes fueron fundamentales para la aculturación de los nativos. Los pueblos indígenas hablaban decenas de lenguas distintas y tenían cosmovisiones diferentes, pero en general desconocían los sentidos de responsabilidad o autonomía individual propios de los europeos (su cultura era, en cambio, de base colectiva) y tampoco compartían sus criterios morales. Casi con seguridad ninguno de los pueblos originarios que habitaban la región compartía la obsesión europea por controlar la virginidad de las muchachas. Las mujeres podían mantener relaciones sexuales con múltiples compañeros por propia decisión o por requerimiento de sus padres o esposos (el ofrecimiento de mujeres era un modo habitual de hospitalidad con los extraños). Las uniones podían ser más o menos estables o exclusivas de acuerdo a las pautas de cada pueblo. Los mocovíes, por caso, eran normalmente monógamos. Por el contrario, la poligamia era habitual entre los mapuches o los guaraníes. A pesar de que las crónicas no son muy abundantes sobre estos temas, mencionan la existencia de la homosexualidad entre los guaraníes y el travestismo femenino y masculino entre los mapuches. Los rituales religiosos nativos a veces incluían la ingestión de bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas.

La Iglesia tuvo un papel de primer orden a la hora de interrumpir esas tradiciones. Allí donde pudieron, prohibieron la poligamia y reforzaron la potestad masculina sobre la sexualidad de las mujeres. Junto con las autoridades civiles, encararon una intensa persecución de los llamados «hechiceros/as» y de «extirpación de idolatrías» a través de castigos tremendos, incluyendo el de ser quemados vivos. Así y todo, la penetración del cristianismo entre los indígenas fue por muchos años bastante superficial y persistieron las creencias tradicionales y las formas de doble culto.

Además, la Iglesia fue un actor económico de primer orden y acumuló riquezas que le permitieron actuar incluso como prestamista. Las órdenes religiosas estuvieron entre los más poderosos productores agrícolas y ganaderos. En un amplio territorio que abarcaba partes de la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, los jesuitas establecieron sus famosas misiones, que se transformaron en verdaderas potencias políticas y económicas.

Orientadas a evangelizar a los indígenas, las misiones fueron formidables engranajes de producción. Los guaraníes que ingresaban en ellas gozaban de ciertas ventajas que no tenían los que vivían bajo el mando despótico de los encomenderos. Tributaban menos (durante un tiempo no lo hicieron en absoluto) y no estaban sujetos a la mita. Cada familia recibía una parcela de tierra propia para cultivar y debía aportar una cuota de trabajo en tierras comunitarias de la misión. Los jesuitas administraban y comercializaban los excedentes. El sistema combinaba elementos familiares y colectivos y se apoyaba sobre algunas de las costumbres de los propios guaraníes. Dotó de mayor eficiencia a la producción y permitió que los indígenas tuviesen un nivel de vida mejor que en otros sitios. Esto se advirtió en la evolución demográfica: mientras la cantidad de indios de encomienda caía drásticamente, la población en las misiones aumentaba.

Durante algo más de un siglo y medio, los jesuitas manejaron un verdadero imperio dentro del imperio español. Las misiones tenían además la capacidad de movilizar militarmente a los indios para lo que las autoridades requirieran. En 1644 se les permitió manejar armas de fuego, algo vedado a otros indígenas. Protegieron también a los guaraníes de las depredaciones de los bandeirantes, que venían desde San Pablo y cazaban esclavos para proveer a las plantaciones de azúcar del nordeste de Brasil. Hacia 1730, la treintena de misiones jesuíticas ya reunía ciento cuarenta mil personas y algunas tenían entre mil quinientos y siete mil habitantes, más que muchas ciudades de entonces.

La Iglesia también ejerció un papel cultural y «moralizador» central en la vida de las ciudades, que se concebían como comunidades de católicos. El grueso de la educación, que se impartía en conventos, parroquias y unos pocos colegios, quedó en sus manos. Controló asimismo la Universidad de Córdoba, la única que hubo en el actual territorio argentino durante la etapa colonial. La religión tuvo un amplio lugar en la vida colectiva. En el estilo de religiosidad propio de la época barroca se ponía mucho énfasis en la exteriorización de la fe a través de rituales y puestas en escena teatrales, con música e imágenes devocionales. Las vistosas procesiones, funerales y celebraciones del santoral ocuparon un lugar central en la sociabilidad de la época y fueron ocasión para el contacto entre personas de diversa condición (aunque hubo al mismo tiempo una tendencia a la segregación étnica en las iglesias).

La economía y el trabajo

El nuevo orden colonial trajo también otros cambios en la economía local. Los encomenderos pronto comenzaron a orientar la fuerza de trabajo hacia la producción de bienes vendibles, en especial para el mercado de Potosí, que a comienzos del siglo XVII ya tenía más de 100.000 habitantes y nada producía de cuanto consumía. En ocasiones forzaron a los indígenas a reagruparse en aldeas organizadas para producir algún bien determinado, por caso, textiles.

De a poco fue surgiendo cierta especialización regional. En todo el noroeste de la actual Argentina las mujeres y niños campesinos confeccionaron lienzos y mantas de algodón y lana. La región tucumana fue en el siglo XVI uno de los principales polos de producción de algodón de todo el continente y la ciudad de Tucumán se destacó por la fabricación de artesanías varias. Paraguay ofrecía yerba mate (las misiones jesuíticas sobresalían en este cultivo), lo mismo que Corrientes, que además cultivaba tabaco. En el Litoral y en Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta se criaban mulas para Potosí. Bien avanzado el siglo XVIII, Salta sumó la industria azucarera. La zona de Cuyo produjo especialmente vinos y aguardientes.

Buenos Aires, Santa Fe y otras partes del Litoral fueron un caso especial. En sus verdes praderas, vacas y caballos abandonados tras el fracaso de los primeros intentos de colonización se habían multiplicado fabulosamente. Florecieron entonces las vaquerías, expediciones a caballo orientadas a cazar ganado cimarrón para comercializarlo. A los equinos, los sometían y vendían vivos. A los bovinos, les cortaban los tendones o los boleaban o enlazaban al galope para, una vez caídos, faenarlos allí mismo. Retirados el cuero y el sebo, la carne y el resto del animal quedaban pudriéndose al sol. El cuero se destinaba mayormente a la exportación ultramarina. Desde comienzos del siglo XVIII el ganado cimarrón se fue extinguiendo, por lo que la economía local se reorientó a la cría de mulas y vacunos. La especialización y la orientación hacia el mercado minero fueron alimentando el flujo de mercancías hacia Potosí, pero también entre todas las zonas, que se abastecieron unas a otras de aquello que no producían.

Hubo unidades productivas de tamaño y tipo diferente. En el Noroeste había pequeños y medianos ganaderos, pero dominaban las haciendas con grandes extensiones de tierra, que tenían una producción diversificada —agrícola, ganadera, textil— y albergaban a una población dependiente numerosa y variada, que incluía jornaleros, esclavos y arrendatarios. En el Litoral hubo pocas haciendas de este tipo. Lo que predominaba eran las estancias especializadas en la producción ganadera, en las que trabajaba un número mucho menor de personas, tanto esclavos como peones.

Las urbes más importantes vieron florecer un artesanado de pequeña y mediana escala. También hubo por todas partes producción agrícola para abastecer a las ciudades. Entre los numerosos labradores, algunos trabajaban la tierra con sus propias manos y otros utilizaban algunos esclavos o jornaleros estacionales.

En la región pampeana la agricultura era muy rudimentaria: se utilizaban arados de madera o incluso paletas de vaca como azadas. Además, continuaba habiendo pastores y un campesinado de subsistencia; en ocasiones incorporaron cultivos y ganado europeos. Era muy heterogéneo: podía ser dependiente, como el que estaba dentro de las haciendas, o independiente, comunal o individual, arrendatario o con tierras propias.

Santiago del Estero, por caso, mantuvo un extenso campesinado indígena de agricultura muy precaria. Aunque fuesen independientes, los labradores y campesinos también generaban excedentes para otros sectores. Comerciantes mercachifles recorrían las campañas adelantándoles mercancías; quienes las adquirían, contraían una deuda que pagaban con producción futura, especialmente artesanal. Como los mercachifles a su vez se endeudaban para financiar su tráfico con los grandes comerciantes de las ciudades, el excedente campesino terminaba fluyendo hasta estos.

Los pueblos que se encontraban por fuera de las zonas controladas por los españoles participaron cada vez con mayor intensidad del intercambio económico. Los ponchos que fabricaban las mujeres mapuches fueron el producto textil más importante en el intercambio regional del siglo XVIII. A finales de esa centuria, un largo período de paz en la frontera permitió el crecimiento del flujo comercial: los nativos vendían a los blancos textiles y adornos y les compraban armas, yerba o alcohol, entre otros bienes. Luego de 1784 llegaron al menos treinta delegaciones de indígenas pampeanos a Buenos Aires, donde eran recibidos por las máximas autoridades y entablaban negociaciones con los comerciantes.

Las mujeres de todos los grupos étnicos ocuparon un lugar de gran importancia en la producción. Trabajaron encomendadas, en el servicio doméstico, en la costura y la producción textil. Trabajaron como prostitutas y en muchas otras labores y servicios. Algunas llegaron a ser dueñas de pulperías o tiendas pequeñas, patronas de quintas o estancias, o incluso negociantes de cuero.

La provisión de mano de obra fue desde muy temprano un problema. Como en todas las periferias del capitalismo, las formas del trabajo eran variadas, con gran peso de las modalidades no libres. No había en ello «atraso»: solo a fines del siglo XIX el trabajo libre asalariado se transformaría en la modalidad exclusiva en Europa, donde subsistían diversos vínculos laborales serviles o semilibres.

La encomienda fue inicialmente dominante, pero luego fue perdiendo peso económico, desplazada por otros arreglos o por la caída de la población indígena; a fines del siglo XVIII solo en Jujuy y en Paraguay seguía ocupando un lugar importante. El trabajo asalariado más o menos libre fue ganando espacio. Los campesinos e incluso los indígenas no reducidos del Chaco solían emplearse estacionalmente en la zafra de Salta o Jujuy, para regresar luego a sus comunidades.

En zonas como la campaña bonaerense y otras partes del Litoral, donde abundaban la tierra y el ganado y la densidad poblacional era muy baja, conseguir empleados era difícil. Por esta razón, los jornales fueron relativamente altos. Y aun así no siempre la oferta cubría la demanda de brazos. Una población rural sin ocupación fija, con libertad de movimiento y difícil de controlar, encontraba allí modos de ganarse la vida sin emplearse para otros, o sin necesidad de hacerlo de manera permanente. En el siglo XVIII se los llamó gauchos o gauderios y las autoridades los acusaban de robar ganado y de ser «vagos y malentretenidos». Desde entonces, leyes y medidas coercitivas buscaron forzarlos a trabajar para las estancias. De momento, fueron poco efectivas.

La catástrofe demográfica y la escasez de mano de obra impulsaron a los productores a introducir esclavos por toda América. La expansión capitalista se apoyó así en la esclavitud, que proveía una fuerza de trabajo a la que muchas veces se supone propia de tiempos antiguos, pero que por todas partes reaparece de la mano del capitalismo.

Capturados en África o, en menor medida, traídos de Brasil, los esclavos tuvieron una presencia muy considerable en el territorio de la futura Argentina. Entre 1580 y 1640 ingresaron al puerto de Buenos Aires unos 25.000, la mayoría con destino a Chile, el Alto Perú y la región del Tucumán (donde se los empleó en las plantaciones de algodón).

En la propia Buenos Aires, donde no había otra fuente de mano de obra, fueron fundamentales para todas las tareas urbanas y en chacras y estancias. En muchos sitios se los usó en el servicio doméstico. Según una estimación, hacia 1650 había ya 10.000 negros y 10.000 mulatos en el territorio de la actual Argentina, y el número siguió creciendo. Entre 1680 y 1777 ingresaron unos 40.000 y al menos otros 70.000 entre ese año y 1812. Buena parte de los que llegaban al puerto de Buenos Aires lo hacían como contrabando.

El tráfico negrero trajo grados de violencia inauditos. Los africanos llegaban a Buenos Aires en barcos atestados, golpeados y mal alimentados, al punto que era habitual que una quinta parte muriera en el viaje. En África, la caza de esclavos desangró la demografía y durante tres siglos diezmó la población —la más joven, la más apta— sometiéndola a niveles extremos de brutalidad interétnica. No caben dudas de que todo ello produjo el atraso relativo de ese continente y una estela de sufrimientos que todavía hace sentir sus efectos.

El esplendor de la «civilización» en Europa tuvo su contracara en la barbarie con la que fue financiado: la que trajo la esclavización del continente africano y la servilización del americano. Del territorio de la actual Argentina (como de toda América) puede decirse que tuvo un lugar ambiguo en la división internacional de las ventajas y desventajas que fue estableciendo el sistema capitalista. Si por un lado sufrió el sometimiento de su población nativa y el saqueo de sus recursos en favor de Europa, por el otro también se vio beneficiado —especialmente los comerciantes porteños— con la esclavización de todo un continente.

El sistema de castas

La introducción de esclavos en suelo americano añadió una tercera categoría de personas cuyo estatuto jurídico difería tanto de los conquistadores como de los indios.

La expectativa inicial de los españoles era mantener tres grupos perfectamente delimitados. Para ello se establecieron «pueblos de indios», con autoridades y cabildos propios que se suponía iban a coexistir con los de las ciudades de los blancos. A quienes vivían bajo esclavitud no se les reconoció, en cambio, ningún derecho político. La mayoría de aquellos pueblos terminaría desapareciendo, pero algunos subsistieron (en Jujuy y Santiago del Estero incluso hasta la etapa independiente) y fueron un bastión de preservación de las tradiciones nativas.

Las autoridades civiles y religiosas buscaron impedir que blancos formaran pareja con personas de los otros dos grupos. Pero un imparable proceso de mestización volvió inviable esa idea. Por el contacto con las costumbres locales, la distancia y la ausencia de mujeres españolas, las pautas morales y de cortejo de los varones europeos fueron más laxas que en el Viejo Continente. Además de la posesión eventual de muchachas negras o nativas por la fuerza, fue muy habitual que, en paralelo a sus familias «legítimas», los españoles mantuvieran concubinas mestizas, indígenas o esclavas con las que tenían descendencia.

Las mujeres blancas tenían mucho menos espacio para transgredir la moral, especialmente las de cierta posición. Difícilmente podían escapar al control masculino, salvo que eligieran la vida conventual, cosa que algunas hicieron. La vigilancia era menor sobre las de condición modesta, que en ocasiones tuvieron descendencia de varones no blancos.

Del modo que fuese, como iguales que eran, los cuerpos humanos copulaban y se reproducían con total indiferencia de los prejuicios y de las disposiciones de las autoridades. Fuera fruto de la violación, la necesidad o el amor, daban a luz otros humanos cuya mera existencia transgredía las fronteras étnicas. Al principio, los mestizos de madre india heredaban del padre blanco derechos y estatus jurídico (la esclavitud, por el contrario, se transmitía por vía materna). En las ciudades del Litoral, donde eran amplia mayoría entre los fundadores, se convirtieron en vecinos con idénticos derechos a los de los blancos. Pero en otras regiones no fue así, y en todas partes, a medida que pasaban los años, se fue terminando con esa permisividad inicial. Las diferencias sociales estaban apoyadas sobre distinciones étnicas, por lo que no podía permitirse que los linajes se mezclaran y perdieran toda importancia.

Por ello, en el siglo XVII se fue reorganizando la jerarquía social a través de un nuevo sistema, más complejo, que combinaba criterios étnicos con etiquetas vinculadas con el color de la piel. Conocido como sistema de castas, terminó de consolidarse en el siglo XVIII con la exigencia de una certificación de «pureza de sangre» para acceder a los beneficios que venían con ser blanco.

Quienes no tenían su sangre limpia eran clasificados en alguna de las castas. Inicialmente conformaban cinco grupos principales: negros, indios, cruzados entre ellos (zambos) o con el blanco (mulatos y mestizos, respectivamente). Las tres cruzas fueron luego divididas en subtipos, con denominaciones más específicas que indicaban la proporción de cada sangre en la mezcla: tercerón, cuarterón, mulato prieto y muchas otras.

Las castas organizaban un sistema de segregación garantizado tanto por disposiciones legales como por prácticas informales. Quien pertenecía a una casta no podía ocupar cargos públicos, militares o eclesiásticos. En algunos períodos, tampoco portar armas, caminar solos de noche, educarse junto a los blancos o vestir de manera suntuosa. Todos tenían derecho a pleitear en la justicia. Incluso los esclavos podían demandar a sus amos y así lo hicieron —a veces con éxito— en casos de maltratos excesivos, para evitar que los separaran de sus familias o para que les permitieran casarse. Obviamente, el trato que recibían de los jueces era diferencial. De más está decirlo, el sistema de castas venía acompañado de una creencia en la superioridad de la «sangre pura» y en la inferioridad de las demás. Y de una distribución de las oportunidades laborales y económicas según las divisiones de castas, de modo tal que los peor situados en la escala del prestigio étnico-racial eran también los más desfavorecidos económicamente.

En teoría, la casta, definida por el nacimiento, era permanente. Pero en la práctica había cierta movilidad. Quienes ascendían socialmente por capacidad económica y lograban disimular su origen podían pasar por españoles. Podían incluso obtener una certificación oficial de «limpieza de sangre» (a la que solo podían acceder quienes no tuvieran la piel muy notoriamente oscura). Esta posibilidad se definía en gran medida por el contexto: dependía del consenso que pudiera lograr el interesado entre los vecinos respetables, que constituían el grupo que debía aceptarlo como un par. La segregación era más rígida en las ciudades que en el campo o en las fronteras, donde las cosas resultaban más permisivas. La condición mestiza podía revertirse también mediante la cruza repetida con europeos: quien tuviera menos de un octavo de sangre indígena era considerado ya un blanco. Inversamente, no era raro que una persona de origen exclusivamente europeo pero muy pobre, por extensión, fuese llamado «mestizo». Las categorías étnicas y de clase se solapaban.

La dinámica demográfica produjo una población en cambio constante y muy variada. Hacia 1778, el porcentaje de personas censadas como «negros» era muy alto en algunas ciudades: más del 40% en Salta y Córdoba, más del 50% en Santiago del Estero y Catamarca y el 64% en Tucumán. Los «indios» eran un buen porcentaje en esas mismas urbes y llegaban al 53% en La Rioja y al 82% en Jujuy. Los considerados blancos/«españoles» eran minoría, salvo en Buenos Aires (68%), Mendoza (51%) o San Luis (53%).

Posiblemente las diferencias regionales fuesen algo menores de lo que sugieren estas cifras. Los censos de 1778 casi nunca incluían a los «mestizos» como categoría, a pesar de que eran muy numerosos, por lo que en algunos sitios se los clasificaba como españoles y en otros, como indígenas o negros. La abundancia de «españoles» en Buenos Aires seguramente refleja el hecho de que se trataba de una sociedad con mayor apertura y movilidad social que las del Noroeste, lo que permitía que algún mestizo o mulato que hubiera tenido cierto éxito económico pudiese ser más fácilmente percibido como blanco.

Por la movilidad relativa que permitía y por la asociación entre color de tez y condición social, el sistema de castas fue el origen de una «pigmentocracia» que perduraría incluso luego de su abolición en el período independiente. La pigmentación de la piel seguiría siendo crucial a la hora de definir quién era más que quién. En virtud de ello, la estructura de clases local adquirió una fisonomía diferente a la que presentaba en Europa, donde las clases dominantes se creían más que los trabajadores por una serie de atributos que, sin embargo, no incluía la superioridad racial. Ese prejuicio trajo consecuencias de todo tipo en las relaciones entre las clases altas y bajas en América Latina, incluido el territorio que hoy ocupa el Estado argentino. Porque una cosa es la diferencia de clase entre personas que se consideran parte de un mismo «nosotros» que comparte un suelo en común y otra, la desigualdad que se establece cuando un grupo se supone racialmente superior a los restantes y ocupa el territorio imaginándolo como colonia.

Las relaciones interétnicas y la vida en las ciudades

Las relaciones entre los grupos étnicos eran complejas. El sistema de castas significaba, obviamente, segregación y derechos diferenciales. Y además había quienes eran esclavos y quienes eran amos, o encomenderos y encomendados. Entre los reconocidos como blancos, los nacidos en América no gozaban de todas las prerrogativas de los nacidos en Europa. Para muchas comunidades indígenas el mestizaje fue una forma de etnocidio que aceleró su desaparición. No solo porque el mestizo real muchas veces no se integraba a la comunidad, sino también porque algunos indios trataban de pasar por mestizos para mejorar su condición y también la abandonaban. Con frecuencia el mestizo era un sujeto fuera de lugar: no pertenecía por entero ni al mundo indígena ni al de los blancos. Esa ambivalencia, portada como marca en la apariencia física, sin dudas generó efectos psicológicos particulares.

Los negros y mulatos tenían condiciones de vida diversas. Los que llegaban como esclavos llevaban una existencia durísima. Perdían sus nombres y les imponían los apellidos de sus nuevos amos, para quienes trabajaban a título gratuito. No era raro que sufrieran castigos corporales o que las mujeres fuesen violadas por los dueños o sus allegados. Por todo ello, los esclavos hicieron enormes esfuerzos por ganar su libertad. Las fugas fueron frecuentes. Quienes tenían capacidad de ahorrar algún dinero trataron de comprar su libertad, algo que no pocos consiguieron. Hubo casos en que los dueños terminaron emancipando a algunas esclavas, por afecto genuino hacia ellas o por los hijos que con ellas habían tenido, de modo de que no transmitieran la esclavitud a su descendencia.

Hacia 1810, más del 20% de los negros de Buenos Aires eran libres. De todos modos, de los 43.000 habitantes que tenía por entonces la ciudad, 10.000 eran todavía esclavos. Libres o cautivos, los africanos y sus descendientes ocuparon un lugar central. En el campo desarrollaron labores de todo tipo, incluyendo la de ser capataces de estancia: en ocasiones, siendo esclavos, dirigían a peones blancos. Entre los labradores bonaerenses, una parte considerable tenía ese origen. En la ciudad, los esclavos fueron centrales en el servicio doméstico, mientras que los libres se destacaron en la producción artesanal (algunos pocos, de hecho, llegaron a ser ellos mismos dueños de esclavos).

Aunque procedieran de pueblos y espacios geográficos muy diversos, los negros construyeron fuertes sentidos de identidad. En el siglo XVIII mantenían en Buenos Aires organizaciones por «naciones» (según la zona de su captura en África), se reunían en «tambos» y celebraban bailes los domingos. También animaban cofradías católicas propias. Aun así, a diferencia de otras regiones, no vivieron su vida cotidiana segregada de la del resto de las clases populares, con las que compartían trabajo y espacios de sociabilidad. Las parejas entre blancos pobres y mujeres negras, indígenas o mestizas no fueron raras; entre blancas pobres y varones de otros orígenes fueron menos frecuentes.

La abigarrada heterogeneidad étnica y las complejas relaciones entre personas de diferente condición se manifestaron en las ciudades como en ningún otro espacio. Pasado el momento inicial, la clase principal estuvo compuesta por los grandes comerciantes, los terratenientes y, según cada región, algunos otros grupos que se habían enriquecido con otras actividades, como dueños de bodegas, obrajes, saladeros, astilleros o tropas de carretas. Eran blancos y, en general, nacidos en América. También integraban esta clase los altos funcionarios —mayormente españoles— y el clero.

Progresivamente se había producido un cambio en el siglo XVII. Las élites tradicionales, formadas por las familias «beneméritas» ligadas a los fundadores y a los primeros encomenderos, fueron reemplazadas por familias llegadas con posterioridad y que se habían enriquecido en el comercio. Es lo que sucedió en Buenos Aires. En Salta, Jujuy, Córdoba y Tucumán las familias de conquistadores mantuvieron la preeminencia hasta mediados del siglo XVIII, cuando empezaron a ser desplazados por comerciantes, muchos de ellos peninsulares o procedentes de otras partes de América. En algunos casos, fueron familias «beneméritas» las que en sus ciudades dominaron el comercio, de modo que el conflicto y el recambio no siempre fue necesario.

Por debajo de la clase principal, otros blancos ocupaban lugares intermedios. Los españoles que habían llegado primero ascendían fácilmente hasta la cima, pero eso se fue volviendo cada vez más difícil a medida que el orden colonial se fue asentando. Surgió entonces una diferenciación social entre españoles (y por supuesto, también entre blancos nacidos en América: los hubo pulperos, posaderos, comerciantes minoristas, artesanos, capataces en haciendas u obrajes, dueños de transportes, pequeños productores.

En todas esas categorías había también gente de castas, que predominaba en los oficios más bajos: eran jornaleros, vendedores ambulantes, repartidores de agua, leche y pan, pescadores, matarifes, carniceros, estibadores del puerto, etcétera. Las mujeres de casta tenían una participación importante en las labores como planchadoras, lavanderas, nodrizas o achuradoras en los mataderos. En el escalón inferior de las clases populares estaban los esclavos. En el superior, los artesanos —zapateros, sastres, lomilleros, plateros, curtidores, herreros, etcétera— cuya actividad era la mejor posicionada entre las que podían desarrollar personas del común.

Como en Europa, el trabajo artesanal se organizaba según una jerarquía encabezada por el maestro que dirigía el establecimiento y la producción. Lo auxiliaban uno o varios oficiales asalariados y uno o varios aprendices, jóvenes a quienes sus familias dejaban a cargo del maestro para que aprendieran el oficio y colaboraran con él a cambio de ser alojados, alimentados y, en ocasiones, vestidos. También podían contarse, entre la mano de obra de un taller artesanal, esclavos propios o cedidos en alquiler por sus amos.

Entre los artesanos, los había de diversos grupos étnicos, incluyendo negros libres, que tenían una participación bastante relevante en ciudades como Buenos Aires. Los de algunos oficios intentaron organizarse en gremios, como en Europa, para regular su actividad y defender corporativamente sus intereses. En el territorio argentino estos intentos por lo general resultaron fallidos o poco sólidos; en esto influyeron las divisiones étnicas que había entre los maestros.

Hacia el final de la Colonia, entre toda esta diversidad de condiciones se reconocía una división más sencilla, que oponía gente decente a plebe. Esta era una dicotomía que no se superponía exactamente con los colores de la piel. Solo los blancos podían ser gente decente, pero la plebe contenía a todos los pobres, incluidos los de origen exclusivamente europeo. Se distinguía de cualquier modo a los pobres vergonzantes de clase baja de los pobres solemnes, gente de buenas familias que no tenía un centavo, pero reconocida como parte de la mitad «decente». Linaje, clase y etnicidad se combinaban así en una jerarquía que asignaba un lugar a cada cual.

Cada ciudad estaba regida por su Cabildo, que estaba a cargo de la administración de la vida urbana, del abasto, de la justicia en primera instancia, de las celebraciones públicas, de la asignación de las tierras disponibles, del mantenimiento de los caminos. También organizaba milicias encargadas de defender la ciudad.

Controlaban la vida urbana aquellos que eran considerados «vecinos», que tenían derecho a elegir y ser elegidos representantes en el Cabildo y a integrar las milicias. Las autoridades coloniales no debían intervenir en el Cabildo, pero a veces se las arreglaban para que sus candidatos resultaran elegidos como cabildantes.

La categoría vecino no agrupaba a todos los que efectivamente vivían en la ciudad, sino a un conjunto más restringido. Al comienzo, vecinos eran los encomenderos y conquistadores. Luego otros grupos fueron accediendo a ese privilegio, como los hacendados, los comerciantes, y más tarde los jefes de familia propietarios y de cierta posición económica. La «limpieza de sangre» era requisito para ser vecino, por lo que quedaban fuera las castas. Sin embargo, los mestizos fueron considerados vecinos en la etapa fundacional de algunas ciudades y aun más tarde si conseguían ocultar su origen. De la «vecindad» quedaba excluida la población rural, todas las mujeres (fueran del campo o de la ciudad) y también la mayoría de los varones urbanos, por pertenecer a las clases inferiores.

Sobre este marco general, las ciudades fueron desarrollando rasgos regionales. Como en el área de Buenos Aires no había población indígena para someter a encomienda, las labores manuales recayeron inicialmente sobre los propios colonos, que además eran abrumadoramente mestizos. Durante mucho tiempo faltaron grandes posibilidades de acumulación económica. Este haz de rasgos regionales confluyó en un tono relativamente igualitarista en el trato social y en una política local con un sentido más participativo. Algo similar sucedió en otras ciudades del Litoral, donde además la posibilidad de dedicarse a la caza de ganado cimarrón daba lugar a la existencia de una población de baja condición pero altiva y celosa de su independencia. Diferente en este sentido era el caso de las ciudades del Noroeste, donde las élites pudieron asentarse sobre diferencias de clase y étnicas más nítidas y marcadas y el tono fue de mayor jerarquización y más señorial.

Resistencias y tensiones sociales

El orden colonial persistió durante dos siglos y medio, pero no sin tensiones. Los indígenas continuaron resistiendo de diversos modos.

En los valles Calchaquíes hubo una segunda oleada de rebeliones entre 1630 y 1643, con un gran levantamiento liderado por el cacique Chalemín, al que se sumaron varios pueblos de la región (otros, como los pulares y los famatinas, se plegaron al bando español).

Una tercera oleada se produjo entre mediados de la década de 1650 y 1660, liderada por un español, Pedro Bohorques, que fue proclamado monarca «Inca» por los indios rebeldes. La represión fue severa. Los pueblos vencidos fueron deportados a geografías lejanas. A los últimos en rendirse, los quilmes, se los relocalizó en el territorio del sur del Gran Buenos Aires que hoy lleva su nombre.

En 1781 hubo levantamientos en Salta y Jujuy, en sintonía con las grandes rebeliones de Tupac Amaru II en Perú y de Tupac Katari en lo que hoy es Bolivia. El coletazo de Jujuy lo encabezó José Quiroga, un mestizo criado en una reducción jesuítica. Su prédica tenía un fuerte contenido indigenista y anticolonial. Ya que había ahora un «rey Inca» en el norte, anunció que en adelante «solo gobernarán los indios» ya que «los pobres quieren defenderse de la tiranía del español». Sus seguidores fueron un conjunto heterogéneo que incluyó mestizos, indios y criollos. Intentaron marchar sobre la ciudad de Jujuy, pero fueron repelidos. También generaron adhesiones en otros sitios del virreinato y, por todas partes, una gran preocupación de las clases superiores. La represión fue muy dura. En Jujuy las autoridades dieron muerte a unos noventa wichi luego de la rebelión, mujeres y niños incluidos (en el Alto Perú fue peor: los rebeldes muertos en La Paz fueron 6.000, sobre una población total de 20.000).

Fuera de los grandes levantamientos (o entre ellos), la resistencia adoptó formas de menor escala. Los indios aprendieron a usar en su favor la ley colonial española y a pleitear ante las autoridades para defender judicialmente sus tierras de nuevos despojos, lo que a veces hacían con éxito.

Los pueblos independientes también se mantuvieron activos. La zona pampeano-patagónica vivió una intensa transformación por la influencia de los araucanos que habitaban en lo que hoy es Chile. Los pueblos de este lado de los Andes fueron adquiriendo algunas de sus costumbres y el mapudungun se fue imponiendo como lengua franca. La adopción del caballo español, en cuyo manejo se convirtieron en expertos, les dio mayor movilidad. Nuevos grupos, como los ranqueles, se formaron por fusión de otros preexistentes. No establecieron una unidad política sobre las diversas parcialidades, pero sus lazos se intensificaron.

En el siglo XVIII, los principales jefes de los indios patagónicos fueron, en general, mestizos. Hablaban el castellano, comerciaban intensamente con los europeos, establecían con ellos acuerdos diplomáticos y mantenían poblados o campamentos en los que residían fugitivos y cautivos blancos.

Se hicieron habituales los malones, incursiones relámpago en poblados o haciendas coloniales en las que se hacían de animales. Aunque el malón fuera ante todo un emprendimiento con fines económicos, también eran utilizados como herramienta política, para definir disputas y preeminencias entre jefes, para forzar negociaciones con los blancos o como castigo cuando no les cumplían un acuerdo. Los cautivos y cautivas que raptaban en algunos malones con frecuencia tenían esa finalidad.

Desde mediados del siglo XVIII, la renovada amenaza de los indígenas obligó a las autoridades de Buenos Aires a emplazar un sistema de fortines y cuerpos militares de frontera. Más adelante hubo una política tendiente a transformar esos fortines en poblados agrícolas. En la campaña bonaerense, Chascomús, Rojas, Areco o Salto tuvieron ese origen; en principio, fueron pueblos más ganaderos que agrícolas. Poco después se ensayó una política similar en Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta y Entre Ríos, también afectadas por incursiones indígenas. Esos nuevos poblados, junto a la política de alianzas y tratados con los pueblos originarios, dieron tranquilidad a los blancos durante un tiempo bastante prolongado.

La frontera con el indio «salvaje» no era un límite preciso ni tajante. Por el contrario, era una zona porosa de contacto e intercambios comerciales, culturales y políticos. En esa amplia franja también vivía una población fuera del alcance de la ley: cristianos en problemas, esclavos fugitivos, indios escapados de las encomiendas, emprendedores ganaderos que se instalaban mediante acuerdos privados con los caciques.

En medida mucho menor, la frontera con los indómitos indios chaqueños permitió contactos e intercambios. Durante el siglo XVII hostigaron a los colonos de los poblados en el Noroeste tanto como en Paraguay. En el siglo siguiente causaron grandes dificultades en Santa Fe. Como sus contrapartes patagónicas, se las arreglaron para mantener su independencia hasta mucho después del final de la Colonia.

Los esclavos, por el contrario, no tuvieron posibilidades de ensayar resistencias tan abiertas o masivas. Hubo, sí, algún amotinamiento aislado y local. De todos modos, como veremos en el próximo capítulo, algunas se insinuaron hacia finales del siglo XVIII, y en 1803 se registraron episodios masivos de fuga de esclavos en Montevideo, aparentemente con la intención de fundar una comunidad libre (un «quilombo») al norte del país.

Los mestizos y los blancos nacidos en América también manifestaron su descontento de varios modos. Desde temprano los privilegios de los españoles generaron tensiones de baja intensidad: ya en 1573 hubo una sublevación por ello en Santa Fe. En el siglo XVIII hubo algunos movimientos de mayor escala. En Paraguay hubo una serie de «rebeliones comuneras». La gente del común —mestizos, campesinos, soldados— protagonizó motines contra las autoridades, que entre 1720 y 1735 fueron bien intensos: en 1733 derivaron en la muerte del nuevo gobernador a manos de los rebeldes, quienes designaron uno propio.

En Corrientes hubo varios episodios de rebeldías, incluyendo un motín en 1732 contra la máxima autoridad local, repercusión de la rebelión paraguaya. En 1764, los correntinos tuvieron su propio alzamiento comunero contra el teniente gobernador, con amplia participación plebeya.

En Traslasierra, Córdoba, también hubo en 1774 un alzamiento en nombre del «común» contra las autoridades del Cabildo en el que participaron personas de condición acomodada y campesinos mestizos. Pedían que no los gobernase ningún hombre europeo. Las levas para prestar servicios militares en la frontera causaron sublevaciones, como las de 1752 en Catamarca y La Rioja.

La plebe urbana fue motivo de temor más o menos constante para las clases acomodadas. Las celebraciones y festejos públicos —el carnaval, las corridas de toros, incluso las festividades religiosas— eran a veces ocasión para el «descontrol» popular y para que se transgredieran normas y precedencias, por lo que las autoridades los supervisaron con atención.

El ascenso de Buenos Aires y las reformas borbónicas

El orden colonial nació conectado con ese núcleo inicial de la economía capitalista mundial que se venía expandiendo desde su cuna europea. Por ese vínculo, el territorio de la Argentina actual era muy dependiente de los vaivenes del comercio internacional.

El siglo XVII fue un período de crisis general por el agotamiento de la minería potosina, la escasez de la mano de obra indígena y la disminución del comercio europeo. Las vicisitudes del flujo comercial afectaban en especial a Buenos Aires. El declive de Potosí, los problemas de España, la hostilidad y rapiña holandesa que sufrían los barcos ibéricos en el Atlántico, todo repercutía de inmediato y resentía la economía porteña.

La dependencia del comercio internacional se acentuó de manera decisiva desde mediados del siglo XVIII. En Inglaterra, la Revolución Industrial puso en marcha cambios técnicos y organizativos que potenciaron la expansión del capitalismo. Desarrolló el sistema fabril, que abarató notablemente el costo de la producción manufacturera, y junto con él, una red de bancos y compañías comerciales que colaboraban con la producción y circulación de mercancías. Todo ello impulsó a Inglaterra (y luego a otras potencias europeas) a buscar mercados donde colocar sus productos y donde aprovisionarse de materias primas para abastecer sus fábricas humeantes.

En este escenario, el monopolio comercial ibérico se volvió intolerable. La ascendente Inglaterra, aliada a Portugal, presionó fuertemente y al fin obtuvo acceso a los mercados de la América española (una presión que redoblaría tras perder en 1776 sus propias colonias de Norteamérica). Para tratar de detener el imparable ascenso británico, España se alió a Francia y participó de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), una contienda entre potencias imperiales. Para su desgracia, terminó en el bando derrotado, con lo que su posición en América se volvió más vulnerable, en particular en el Río de la Plata, presionado desde el norte por los portugueses.

Con el fin de no perder el control de la zona, la Corona española tomó una decisión que traería consecuencias enormes. Desde hacía algunas décadas, una nueva dinastía de reyes, los Borbones, venía intentando revitalizar la economía de sus dominios y fortalecer su poder en el territorio americano. Una serie de beneficios a la minería potosina consiguió reactivar la producción, lo que mejoró los ingresos de la Corona y trajo mayor prosperidad a toda la región. El mayor ímpetu reformista ocurrió durante el reinado de Carlos III (1759-1788), quien hizo grandes esfuerzos para dotarse de un aparato de Estado centralizado y más eficiente. Procuró tener en las colonias un cuerpo de funcionarios propios que pudieran quebrar las resistencias que oponían las élites locales, celosas de sus intereses. Para ello suprimió la venta de cargos y fortaleció a los cuadros de carrera procedentes de España.

Pero lo más importante fue la respuesta que dio al desafío de portugueses e ingleses sobre el Río de la Plata. En 1776 envió allí una gran expedición al mando de Pedro de Cevallos con la misión de afirmar la presencia militar española. Para dotarlo de mayor autoridad sobre el terreno, otorgaron a Cevallos poderes de virrey, que se suponían provisionales, pero terminaron siendo definitivos. Nacía así el Virreinato del Río de la Plata, independiente del de Perú, con jurisdicción sobre los territorios actuales de la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Las provincias de Cuyo, que hasta entonces dependían de la Capitanía General de Chile, pasaron a estar integradas a la nueva jurisdicción. Las riquezas de Potosí serían administradas desde el nuevo virreinato, para contribuir a su sustento.

El reordenamiento territorial consagraba el ascenso de Buenos Aires y le daba un espaldarazo enorme. Sería ciudad capital del virreinato y sede de una Real Audiencia y de un Consulado encargado de la regulación del comercio. Su importancia creció decisivamente dos años más tarde, cuando el Reglamento de Libre Comercio de 1778 le permitió comerciar libremente con otros territorios de la Corona e introducir legalmente esclavos y bienes españoles dentro del territorio. Esta libertad comercial significó el fin del monopolio mercantil limeño. Sus contrapartes porteñas pasaron a dominar el tráfico de plata hacia el exterior, que siguió siendo el grueso de lo que se exportaba, pero también quedó en sus manos el comercio con el interior, Alto Perú incluido.

La recaudación aduanera creció de manera exponencial. Buenos Aires pasó de exportar 150.000 cueros al año en 1778 a embarcar 1.400.000 en 1783. Su población experimentó un crecimiento explosivo y pasó de unos 22.000 habitantes en 1770 a cerca de 40.000 en 1800, lo que la convirtió en la ciudad más grande del virreinato y un mercado consumidor central por derecho propio.

Estos cambios generaron un desbalance regional que habría de ser perdurable. El eje de la vida económica colonial viró del Pacífico al Atlántico. Antes de la creación del virreinato, la gobernación del Tucumán era el centro económico y demográfico del territorio de la futura Argentina, y Potosí, su motor. Hacia 1778, el 58% de la población vivía en el Noroeste, y Córdoba todavía tenía más habitantes que Buenos Aires. El Litoral era entonces, por comparación, una zona atrasada. El crecimiento demográfico explosivo de Buenos Aires y la nueva orientación atlántica de la economía cambiaron el escenario. Asociada a la exportación de cueros y, en menor medida, de carne salada, la región del Litoral (Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, el sudeste de Córdoba y la Banda Oriental) se transformó en un motor de la economía tanto como Potosí. El Noroeste iniciaba una etapa de declive relativo, entre otras cosas por los efectos del libre comercio, que se hicieron sentir en algunas de sus producciones. Por caso, los fabricantes sanjuaninos de vino y aguardiente y los catamarqueños de aguardiente fueron incapaces de competir con las bebidas europeas y entraron en una decadencia definitiva.

Así, la división internacional del trabajo, que antes había orientado la vida colonial hacia la producción de metales, operaba ahora de un modo que tendía a disolver los incipientes vínculos económicos internos, generaba desbalances regionales y orientaba la producción hacia afuera. Para fines del siglo XVIII, el territorio del Río de la Plata era el cuarto exportador a Europa entre las colonias españolas en América, detrás de las regiones con centro en México, Perú y Cuba, y su crecimiento se ampliaba de manera extraordinaria. Pero al mismo tiempo se reforzaba el lugar periférico y subordinado de la región y sus desbalances internos.

La orientación atlántica del nuevo virreinato posicionó a los comerciantes de Buenos Aires como la clase principal, lo que también traería consecuencias en el futuro. La burguesía porteña, blanca y nacida en suelo americano, había florecido en las actividades comerciales y fuertemente asociada al contrabando. Se había enriquecido con el tráfico de esclavos y con el comercio hacia diversas regiones del mundo. Sin acceso a minas ni haciendas, se trataba de un grupo casi enteramente mercantil. Su espíritu empresarial era fuerte, ya habían conseguido tener embarcaciones propias (algunas ultramarinas) y tenían vinculaciones con otros comerciantes de puntos distantes del planeta. Sin embargo, su relación con la producción de mercancías era débil, por no decir inexistente. Hacia fin del período colonial habían encarado algún incipiente proyecto manufacturero de salazón de carne para vender a los marinos y para las plantaciones esclavistas de las Antillas, pero seguía siendo una burguesía fundamentalmente comerciante (su interés por el campo y la ganadería vendría recién en el siglo siguiente). Su capital era ya importante, pero todavía modesto en comparación con las élites de otras regiones. El patrimonio de un comerciante porteño exitoso podía llegar a ser un tercio del de un equivalente cubano y un quinto de un mexicano. Por su orientación comercial y su carácter portuario, la burguesía porteña estaba inclinada a apreciar la libertad de comercio y a rechazar cualquier monopolio. La apertura que trajeron las reformas borbónicas ciertamente fue bienvenida. Era, sin embargo, una libertad que valía casi exclusivamente para el comercio con España y sus dominios. Las restricciones para el intercambio con otras naciones continuaban (y junto con ellas, el contrabando).

Las reformas borbónicas engendraron otros cambios significativos que afectaron las relaciones sociales. Como parte del esfuerzo por centralizar el poder y controlar mejor las realidades coloniales, la Corona puso límites al accionar de las órdenes religiosas. Los que más los padecieron fueron los jesuitas, sorpresivamente expulsados de América en 1767. El poderoso imperio que manejaban en el Noreste con sus misiones entró en una rápida disolución; también se cerraron misiones menores que administraban en otras zonas. La medida intempestiva del rey generó bastante descontento y varios conatos de resistencia en la zona guaraní, en Córdoba y en Buenos Aires. Pero las comunidades que habían organizado los jesuitas pronto se desarticularon. Los pueblos vieron caer su población drásticamente; sus habitantes se fueron marchando individualmente a emplearse en faenas ganaderas o en las ciudades. Las tierras y animales que controlaban fueron pasando a manos de particulares.

Con la misma lógica de centralizar el poder, la Corona dispuso que todos los funcionarios designados en adelante fuesen peninsulares. A partir de entonces, los americanos, desplazados, solo ocuparían cargos menores. Las élites locales vieron menguada su preponderancia, lo que naturalmente las disgustó. El Cabildo de Buenos Aires perdió poder a manos de la nueva estructura colonial. Las élites porteñas se las arreglaron de todos modos para tejer alianzas con los nuevos funcionarios enviados, compartiendo con ellos negocios o enlazándolos con sus hijas casaderas. Morigeraron así la pérdida de poder que significaban las reformas. Pero las de otras ciudades no tuvieron esa posibilidad.

Por debajo de las élites, los americanos de menos poder también se sintieron desplazados por los españoles peninsulares, que en Buenos Aires y otros sitios adquirieron lugares privilegiados en el artesanado, en el comercio minorista y en otras actividades. Las reformas borbónicas reorganizaron asimismo el sistema impositivo con algunos cambios molestos, como la suba del impuesto al tabaco. Los «godos» se ganaron así en estos años la antipatía de la población nacida en América.

Por la misma época hubo además —no por iniciativa del rey sino por la de las propias élites locales— una serie de medidas legales para mejorar la provisión de mano de obra. A la población independiente de las campañas se le empezó a exigir que circulase munida de papeletas de conchabo firmadas por sus empleadores para demostrar que no eran «vagos». El requerimiento se impuso entre 1772 y 1791 en el Noroeste y en Córdoba y por primera vez en Buenos Aires en 1804, aunque antes habían existido otras formas de presión en el mismo sentido.

La población libre se veía así forzada a buscar un empleo. Quienes no tuviesen su papeleta serían obligados a prestar servicios militares o desplazados a la frontera para poblar fortines y nuevas ciudades. Paralelamente, la reorientación hacia la ganadería en estancia por la extinción definitiva del ganado cimarrón hizo que la tierra fuese adquiriendo un valor que antes no tenía, lo que en el largo plazo también perjudicaba a la población independiente del campo.

En general, los años finales del siglo XVIII fueron tiempos en los que se intensificó la presión por asegurar las jerarquías sociales, la diferenciación clasista y el control sobre las clases bajas. Una nueva legislación reforzó el poder de los padres sobre las decisiones matrimoniales de sus hijos, de modo de evitar uniones indeseables (especialmente las que cruzasen la barrera de casta).

La Iglesia presionó también para reformar las prácticas y hábitos populares. Fue así que se impusieron, por ejemplo, limitaciones al festejo del carnaval. Las élites fueron propiciando modos supuestamente más «ilustrados», íntimos y austeros de manifestar la fe, distantes de las formas más intensas y públicas que predominaban entre las clases populares.

De esa manera, la época de las reformas borbónicas sumó tensiones nuevas a las que ya eran habituales en el orden colonial. Los blancos nacidos en América tuvieron más motivos de descontento con los españoles y los de clases inferiores con las superiores. Sin embargo, hasta los primeros años del siglo XIX no hubo fuertes cuestionamientos a la figura del rey ni al orden colonial, que se sostenía sin necesidad de ejércitos europeos en el territorio.

Esa calma aparente pronto sería sacudida por un vendaval que removió hasta los cimientos el edificio que habían construido los españoles.

CAPÍTULO 2

¡Revolución!

El fin del orden colonial, las guerras de independencia y una larga discordia (1806-1852)

A fines del siglo XVIII una ola de revoluciones sacudió Europa y América, abriendo una era de disturbios y grandes cambios que se prolongaría durante décadas. Varias colonias británicas de América del Norte hicieron la suya y se independizaron de Inglaterra en 1776. Francia tuvo su gran revolución en 1789 y en los años siguientes la exportó a otros países europeos. El ejemplo norteamericano fue importante para los franceses, cuyas acciones a su vez inspiraron a los esclavos de su colonia de Santo Domingo —hoy Haití— a hacer su propia revolución, que comenzó en 1791 y condujo a la declaración de independencia en 1804. Fue la precursora en América Latina y la primera de contenido antirracista.

A partir de 1810, casi toda Hispanoamérica se vio envuelta en revoluciones, en las que también resonaron los ejemplos e ideas de las precedentes. Otras rebeliones locales se sumaron en diversas partes de Europa y también en Brasil.

Cada revolución tuvo sus motivos particulares, pero algunas ideas novedosas las conectaban. Cada una a su modo planteó el problema del autogobierno y del derecho de las personas a decidir el mejor modo de organizar la sociedad. Aunque no todos coincidían en los alcances que debía tener, se abrieron camino nociones sobre la igualdad entre los hombres (incluso se planteó incipientemente la igualdad para las mujeres) y se cuestionaron los privilegios de nacimiento. También se difundió la idea de que existían derechos humanos inalienables que ningún soberano podía afectar. En muchos casos se puso sobre el tapete la cuestión de la soberanía popular y del modo de ampliarla, si era preciso, eliminando el poder de reyes y nobles. La conexión entre política y religión —en particular, la idea de que la soberanía de los monarcas era de origen divino— fue profundamente cuestionada.

Traídas por viajeros y por los marineros que tocaban sus costas, las nuevas ideas y las noticas sobre los disturbios revolucionarios llegaron rápidamente al Río de la Plata, donde se fueron entrelazando con la tradición de resistencias locales, que ya era bien importante. Para esa época, las reformas borbónicas habían facilitado la circulación de ideas racionalistas y cierta ampliación de la educación, al menos para los hijos de las clases acomodadas, para quienes se crearon unas pocas escuelas. En 1779, Buenos Aires tuvo su primera imprenta (única en el territorio de la actual Argentina durante el resto del período colonial), que alimentó una modesta circulación de impresos. A instancias de Manuel Belgrano, en 1801 imprimió el primer periódico del virreinato, el Telégrafo Mercantil, en cuyas páginas hubo lugar para algunas de las novedades intelectuales de la época. Belgrano era hijo de un opulento comerciante local y había tomado contacto con ellas entre 1786 y 1793 mientras estudiaba derecho en España. Se familiarizó entonces con las ideas del liberalismo económico, que lo acompañarían el resto de su vida, pero también con otras más radicalizadas, como las de Rousseau o el abate Raynal.

Entrado el nuevo siglo, otro joven inquieto pero de menos recursos, Mariano Moreno, se vio fuertemente atraído por las ideas más incendiarias de los franceses, a las que accedió en una biblioteca privada mientras estudiaba derecho en Chuquisaca. Pero los influjos revolucionarios también vinieron desde abajo, lejos del mundo de la pequeña minoría de los letrados. En uno de los picos de intensidad de los sucesos de Haití, en 1794, diversos testimonios atestiguaron que los esclavos porteños estaban más insumisos que lo habitual y la circulación de un panfleto de simpatía por los haitianos fue motivo de gran temor entre las clases acomodadas. Se inició una investigación judicial y, por precaución, se prohibió el ingreso de esclavos procedentes de colonias francesas.

Las Invasiones inglesas

El clima que preparó el terreno para la revolución rioplatense estuvo nutrido también por la pérdida de legitimidad de las autoridades coloniales y por las experiencias de organización popular que en Buenos Aires siguieron a un hecho inesperado: las Invasiones inglesas.

Para fines del siglo XVIII la afirmación del predominio imperial británico venía causando dificultades en el Río de la Plata. Primero fue el bloqueo naval que realizaron sobre los puertos europeos, que cortó abruptamente el intercambio comercial con España. En 1806 y 1807 se sumaron dos invasiones inglesas sobre la capital del virreinato, a la que veían como una excelente cabeza de playa para afirmar su dominio sobre la región.

En el primer episodio, una flota con mil quinientos hombres consiguió con pocas dificultades ocupar Buenos Aires. El virrey Rafael de Sobremonte no solo no logró organizar una defensa efectiva, sino que en lugar de eso huyó a Córdoba, mientras que el resto de los funcionarios coloniales —el Consulado, la Audiencia y el Obispado— reconocieron rápidamente la autoridad de los invasores. A pesar de esa defección, la resistencia pronto se activó en áreas rurales y en la ciudad, con importante participación de sectores populares (incluyendo mujeres, como la famosa tucumana Manuela Pedraza, que combatió cuerpo a cuerpo contra los invasores). Santiago de Liniers, un oficial francés que trabajaba al servicio de la Corona española, organizó desde la Banda Oriental del Uruguay una fuerza de soldados y milicianos que marchó sobre la capital y finalmente consiguió liberarla.

Los ingleses volvieron a intentar la invasión en 1807, ahora con más de ocho mil hombres, y otra vez no fueron las autoridades coloniales sino la resistencia urbana coordinada a través del Cabildo lo que consiguió repelerlos. Los combates fueron durísimos en las calles porteñas y dejaron unas dos mil bajas de cada lado. Quienes no combatían frontalmente en el terreno arrojaban desde las terrazas todo lo que tenían a mano para herir a los invasores. De nuevo los sectores plebeyos fueron protagonistas. Incluso se permitió participar en la lucha a un grupo de esclavos munidos de armas blancas.

La inoperancia que había demostrado el aparato colonial disparó cambios políticos inéditos. Una vez derrotados los invasores en 1806, una multitud de varios miles se agrupó en ocasión de un «cabildo abierto» y exigió al virrey que diera todo el mando militar a Liniers, héroe de la Reconquista. Sobremonte no aceptó y se refugió en Montevideo. Mientras tanto, Liniers asumió de hecho la función para la que se lo proponía y se dedicó de inmediato a organizar milicias voluntarias en las que se integró un 30% de los varones adultos de la ciudad, que fueron cruciales para defenderla durante la segunda intentona inglesa, tras la cual el Cabildo decidió directamente remover a Sobremonte de su cargo. La Corona legalizó tiempo después lo ocurrido y designó a Liniers como nuevo virrey.

Sin embargo, quedaba en pie un hecho sustancial: la población había desafiado la jerarquía colonial, había repudiado al representante del rey y había impuesto nuevas autoridades por sí misma. Y tanto o más importante: la ciudad había organizado milicias masivas en las que no solo participaba la parte «respetable» (los considerados «vecinos») sino también las castas, con cuerpos especiales de indios, pardos y morenos. A ellas se les pagó un salario, que era de un nivel algo superior a lo que las personas de clase subalterna podían cobrar en otros trabajos. Los gastos fueron solventados con contribuciones de los sectores más ricos. Además, se había dado a los milicianos el derecho a elegir quiénes serían sus oficiales al mando.

De esta manera, la emergencia interfirió con las jerarquías políticas, sociales, castrenses y raciales que organizaban la vida colonial. La movilización militar de los de abajo, el peso político que adquirieron las milicias y sus referentes intermedios, el desprestigio del aparato colonial y el clima de deliberación popular que las Invasiones inglesas activaron fueron un precedente crucial en los sucesos por venir. Aunque no se cuestionó la autoridad del rey, prepararon el clima y algunos de los recursos organizativos que nutrieron la revolución que sí lo haría más adelante.

La ola revolucionaria en España

Pero el abrupto fin de la Colonia solo se entiende en el contexto de las rebeliones y guerras que se sucedieron en suelo español luego de 1808 y que hicieron tambalear a la monarquía ibérica.

Para entonces, Napoleón Bonaparte estaba llevando fuera de Francia, por la fuerza militar, algunas de las reformas que había impulsado la Revolución francesa. En 1808, sus tropas ocuparon España, lo que avivó un movimiento de resistencia a los invasores que se combinó con el descontento que había contra el rey Carlos IV. Una sublevación popular lo forzó a abdicar en favor de su hijo Fernando VII, que estaba vinculado con los rebeldes. Rápido de reflejos, Napoleón aprovechó la confusión e invitó a ambos a una reunión del otro lado de la frontera con Francia, en teoría para solucionar sus desavenencias. Pero una vez allí, obligó a ambos a abdicar en su favor, tras lo cual designó a su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España. Carlos y Fernando serían mantenidos en cautiverio.

La movida de Napoleón desató una crisis política sin precedentes seguida de una guerra de liberación que duró seis años. Varias ciudades españolas se sublevaron y proclamaron fidelidad a Fernando VII. Pero como el rey estaba ausente, decidieron establecer Juntas de representantes que retomarían el ejercicio de la autoridad en su nombre hasta tanto él regresara. En septiembre de 1808 confluyeron en una Junta Central que debió desplazarse por diferentes localidades (entre ellas, Sevilla) ante la amenaza de los ejércitos napoleónicos. En enero de 1809, esa Junta declaró que los territorios americanos no eran «colonias» sino una parte más de la monarquía española, por lo que se invitaba a los pueblos del nuevo continente a elegir representantes y enviarlos. Pero a comienzos de 1810, acorralada, la Junta se autodisolvió y dejó a cargo a un Consejo de Regencia de solo cinco personas, que se resguardó en la ciudad de Cádiz, asediada por los franceses. Para el movimiento juntista fue el punto de menor legitimidad: las Juntas tenían al menos la de ser expresión de las ciudades, pero era difícil pretender que esas cinco personas tuvieran credenciales para gobernar en nombre de todos.

En su extrema debilidad, el Consejo de Regencia se vio forzado a convocar a diputados de toda la península a constituirse en Cortes Generales. Una vez reunidos los representantes electos, se declararon en Asamblea Constituyente, y en 1812 promulgaron una constitución, la primera que tuvo España, de orientación liberal. La nueva carta optó por la monarquía constitucional como forma de gobierno. Estableció que la soberanía ya no pertenecía al rey sino a «la nación» y que un parlamento elegido por sufragio masculino universal indirecto limitaría en adelante el poder del monarca. A las colonias se las consideró parte de la nación, aunque estarían muy subrepresentadas en los asientos que les tocarían en el parlamento. En esas condiciones, se las invitó a elegir y enviar sus representantes. Algunos de los dominios americanos llegaron a hacerlo, pero la experiencia duró poco.

Restablecido en su trono por un Napoleón en franco declive, Fernando VII regresó a España en marzo de 1814 decidido a acabar con el movimiento juntista, al menos en sus sectores más progresivos. La Constitución de Cádiz y el parlamento fueron suprimidos. Restituido en el trono, reinó de manera absolutista hasta su muerte en 1833 y mantuvo varias iniciativas para aplastar el movimiento revolucionario en América. Pero la inestabilidad política más o menos constante que sufrió en la propia península limitó severamente esa empresa.

Cada uno de los vaivenes de la situación en España tuvo repercusiones directas en los dominios americanos; abrieron ventanas de oportunidad o presentaron nubarrones amenazantes que afectaron el curso de la revolución.

La Revolución en Buenos Aires

En julio de 1808, los barcos trajeron a Buenos Aires, todas juntas, las noticias de las sublevaciones en España, de la abdicación de Carlos IV y de la captura del Fernando VII. Estupefactas, las autoridades de la ciudad juraron fidelidad a Fernando, pero en la otra orilla del Plata sucedió algo que anticipaba los problemas por venir: Montevideo formó una Junta que, a imitación de las de la península, se declaró en custodia de los derechos del rey prisionero. Se ponía así en pie de igualdad con las demás juntas, lo que en la práctica significaba que se sustraía a la autoridad de Buenos Aires y del virrey Liniers. Se abría entonces una caja de Pandora que costaría décadas cerrar: sin la legitimidad del rey por detrás, ya nadie sabía a ciencia cierta quién tenía derecho a mandar sobre quién.

Por lo pronto, Buenos Aires se convirtió en un hervidero de intrigas políticas. Para asegurarse la lealtad local, llegaron emisarios de todas las partes en disputa, desde los de Napoleón hasta los que mandaba la ambiciosa infanta Carlota de Borbón, esposa del príncipe regente de Portugal (por entonces refugiado en Brasil), quien, por ser hermana de Fernando VII, se ofrecía como custodia de la legitimidad dinástica. Los vecinos notables, en especial los peninsulares, aprovecharon para avanzar contra Liniers, que nunca había sido de su agrado, argumentando que, en vista de los sucesos, no querían ser gobernados por un «virrey francés». A comienzos de 1809 exigieron su renuncia en nombre de una Junta validada por el Cabildo. Pero el virrey consiguió desbaratar el intento con apoyo de las milicias.

Su alegría duró poco, porque en febrero de ese año la Junta Central designó como nuevo virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien fue bien recibido en Montevideo (que disolvió su Junta) y a desgano en Buenos Aires, donde perduraba el afecto por el héroe de la lucha contra los ingleses. La convocatoria a enviar diputados a España puso en marcha un inédito proceso electoral en el que participaron los «vecinos» a través de sus cabildos en ciudades como La Rioja, Corrientes, Montevideo y Santa Fe. Buenos Aires, en cambio, se demoró y de todos modos los diputados que llegaron a ser electos no alcanzarían a participar en las Cortes.

Ese mismo año comenzó a notarse otra dinámica que marcaría los tiempos venideros: la posibilidad de que la virtual acefalía abriera canales de participación popular que se volvieran en contra de las élites locales. En julio de 1809, un cabildo abierto en la ciudad altoperuana de La Paz constituyó una Junta que, como la de Montevideo del año anterior, declaró que no se sometería a otra autoridad que no fuese la del rey. Pero en este caso la encabezaba un mestizo rechazado por los notables de la ciudad. Fue necesario que Lima y Buenos Aires enviaran tropas para poner fin a esa experiencia.

Las autoridades coloniales tuvieron problemas aún más serios cuando el Consejo de Regencia reemplazó a la Junta a comienzos de 1810. Algunas ciudades americanas —Montevideo, Lima, México— lo reconocieron, pero en otras se abrió camino un renovado movimiento juntista que sustituyó a los funcionarios coloniales, siempre en nombre de Fernando VII. Es lo que sucedió en Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile o Quito.

La noticia de la disolución de la Junta Central llegó a Buenos Aires el 18 de mayo e impactó en el poder de Cisneros. La opinión de los vecinos se fue orientando en su contra: exigieron un cabildo abierto, que se celebró el 22 y definió que habría que elegir una Junta que lo reemplazara. Dos días más tarde, Cisneros intentó una jugada de último momento, cuando propuso una junta que lo tuviera a él mismo como presidente. La opción fue rechazada por presión de las milicias y el 25 de mayo, con una multitud fuera del cabildo, se formó una Junta que asumió el gobierno. Sus nueve miembros pertenecían ciertamente a las clases «decentes», pero tenían una participación destacada aquellos que habían ganado influencia a través de la milicia o en el periodismo. Desde el comienzo estuvo dividida en dos tendencias: la moderada, encabezada por el presidente Cornelio Saavedra, quien tenía el apoyo de las milicias, y la encarnada por el secretario, Mariano Moreno, más radicalizada y apoyada en los grupos letrados. Entre los demás miembros se destacaban Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Más tarde se la conocería como «Primera Junta de Gobierno Patrio».

Los propios actores identificaron pronto lo que acababan de hacer como una «revolución», la Revolución de Mayo. Sin embargo, en ese momento no se discutió la cuestión de la independencia ni mucho menos la eliminación de la figura del rey. Como las otras juntas, la de Buenos Aires asumió el poder en nombre de Fernando, según un antiguo principio que indicaba que, si por algún motivo el monarca faltaba, la soberanía regresaba al pueblo. La palabra «pueblo» tenía en esa época un sentido distinto al que le damos hoy. No refería al conjunto de la población, sino a la ciudad, a cada una, como corporación con instituciones propias y como cuerpo de «vecinos». Si el rey faltaba, entonces la soberanía debía volver a «los pueblos». Pero en el territorio colonial no estaba claro cómo se aplicaba ese principio, porque los pueblos formaban parte de intendencias que tenían gobernadores y ciudades cabecera que mandaban sobre ellos; estas, a su vez, dependían administrativamente de la capital. ¿Cuáles podían, entonces, retomar la soberanía? ¿Solo las que eran cabecera? ¿Cualquiera que tuviese un cabildo? Si la respuesta era «cualquiera», eso significaba que la jerarquía entre ciudades quedaba abolida y ninguna podía reclamar jurisdicción sobre otra.

Desde el comienzo, la Junta porteña defendió el lugar de capital que los reyes habían otorgado a Buenos Aires y se declaró autoridad de todo el virreinato, por lo que invitó a las demás ciudades a enviar representantes para sumarse a ella. La Junta sería una sola y, en teoría, de todos; pero, en los hechos, los porteños tuvieron la primacía que le daba la sede, el haberla fundado y las múltiples maniobras que hicieron para garantizarla. En los años siguientes los tremendos enfrentamientos militares que llevó sostener la Revolución incluyeron tanto los que se libraron contra las tropas realistas como los que apuntaron a dejar en claro la cuestión de las jerarquías entre las ciudades.

La guerra contra los realistas

Como toda revolución, la de Mayo tuvo que defender con las armas su derecho a sostenerse frente a una reacción contrarrevolucionaria que intentó extinguir su fuego. Eso incluyó desbaratar algún complot, como el que en 1812 estaba organizando Martín de Álzaga en Buenos Aires, castigado con la ejecución de treinta y tres españoles frente a una la multitud entusiasta. Pero a diferencia de otras regiones, Buenos Aires y la mayor parte del virreinato no tuvieron que soportar una guerra contra tropas realistas en su propio territorio, cuya presencia se limitó a la zona comprendida de Tucumán hacia el norte y a la Banda Oriental del Uruguay, los dos puntos vulnerables de la Revolución. Fue allí donde se definió la guerra entre quienes querían promover o evitar la autonomía del Río de la Plata.

Contrariamente a lo que suele suponerse, no se trató de un enfrentamiento de americanos contra españoles. Si bien los primeros predominaban entre los partidarios de la Revolución, los hubo nutridamente en ambos bandos. España casi no participó en las guerras de independencia en los primeros años: la mayor parte de los oficiales de los ejércitos realistas que bajaban del Perú eran nacidos en América y también lo era la abrumadora mayoría de los milicianos que ellos comandaban. Solo luego de 1813 empezaron a llegar refuerzos de España, que, sin embargo, no alteraron el hecho fundamental: la mayoría de las tropas realistas siguió siendo americana. En verdad, más que una guerra de liberación nacional contra un ejército extranjero, se trató de una guerra civil entre americanos que deseaban mantener el orden colonial y americanos que deseaban cambiarlo. Lo que estaba en juego no era solamente la pertenencia a España, sino la continuidad de un orden social que también beneficiaba a una parte de los nacidos en América.

Apenas iniciado el proceso revolucionario, los porteños debieron enfrentar un bastión realista peligrosamente cercano. A comienzos de 1811, el gobernador de Montevideo, ya antes declarado opositor a Buenos Aires, fue designado por el Consejo de Regencia como nuevo virrey del Río de la Plata (por supuesto, fue desconocido del otro lado del río). En la ciudad oriental predominaba una postura conservadora. Sin embargo, ese mismo año un capitán de milicias rurales llamado José Artigas se puso al frente de una movilización espontánea que venía habiendo en el campo y comenzó a organizar un ejército patriota, que puso a disposición de la Junta porteña. Lideró entonces una sublevación de los pueblos de la campaña de la Banda Oriental del Uruguay que puso en jaque al bastión realista montevideano. Llegó a sitiar la ciudad, pero debió abandonarla en 1814 por desavenencias con el gobierno porteño, que finalmente la ocupó ese mismo año con tropas propias.

En el norte, las cosas fueron mucho más complicadas. Tucumán, Jujuy, Salta y el Alto Perú se vieron envueltos en una larga guerra con avances y retrocesos que se prolongó hasta 1824. La proximidad de Lima —la gran fortaleza realista en América del Sur— y la importancia que tenían las minas de plata de Potosí, que nadie quería perder, hicieron que la lucha fuese encarnizada.

Cuando comenzó la Revolución, las élites altoperuanas tuvieron una actitud vacilante. Buenos Aires envió rápidamente un ejército al mando de Juan José Castelli, del grupo morenista. Al llegar a la actual Bolivia, Castelli ordenó fusilar a los líderes opositores y, para consternación de las élites locales, apeló al apoyo de los indígenas prometiendo el fin de todo tributo y la igualdad completa entre ellos y los blancos. En un discurso cargado de simbolismo frente a las ruinas de Tiahuanaco, habló de la «igualdad de derechos de ciudadanos» para los indios. Fue acaso el momento más radicalizado de la Revolución, aquel en que se hicieron notar sus potencialidades más igualitaristas.

El desafío de Castelli impulsó a las clases «decentes» locales a asumir una férrea oposición a Buenos Aires y el auxilio militar enviado desde Lima hizo que la Revolución perdiese por el momento el Alto Perú. El ejército patriota debió retroceder hacia el sur. Ya al mando de Manuel Belgrano, designado en reemplazo de Castelli, protagonizó uno de los episodios más dramáticos de la contienda. Mientras emprendían la retirada, por orden de Belgrano los soldados destruyeron las fuentes de alimento en Jujuy para complicar el avance enemigo. Obligaron además a los pobladores de la ciudad a abandonarla y marchar hacia el sur (lo que más adelante se conoció como el «Éxodo jujeño»). Desobedeciendo órdenes de Buenos Aires, el ejército del Norte se plantó en Tucumán y presentó batalla. Así, en septiembre de 1812 puso en retirada a las fuerzas realistas y en 1813 las derrotó nuevamente en Salta, lo que permitía intentar una segunda campaña para recuperar el Alto Perú. Esta posibilidad quedó trunca con la derrota de las fuerzas, que debieron refugiarse en Tucumán. Salta volvió a caer en manos realistas en 1814. Una rebelión de indígenas y mestizos en el Cuzco ese mismo año dio algo de aire a los revolucionarios, pero no por mucho tiempo. El ejército del Norte debió retirarse. De Jujuy hacia el norte la resistencia continuó como guerra de guerrillas. Desde Salta las comandaba Martín Miguel de Güemes y en el Alto Perú, Manuel Padilla y Juana Azurduy, entre otros. En 1817 y de nuevo en 1820, las tropas realistas volverían a ocupar Jujuy y Salta.

Para 1816, la situación era desesperante. El virrey del Perú había conseguido derrotar la Revolución en su virreinato y su poder militar se hacía sentir hacia el sur. Reinstalado en su trono, Fernando VII había enviado una gran expedición militar que derrotó los movimientos independentistas de Venezuela y de Nueva Granada. La Revolución solo quedaba en pie en el Río de la Plata, estaba dividida en su liderazgo y no encontraba el modo de asegurar su frontera norte. Para entonces, el mando de los ejércitos revolucionarios había pasado a José de San Martín, quien concibió una estrategia radicalmente nueva. Estaba claro que no conseguirían quebrar el bastión realista en Perú avanzando por tierra, como se había intentado hasta entonces. Una opción más factible parecía la de reunir un gran ejército que pasara a Chile cruzando los Andes por Mendoza, derrotara allí a los realistas y aunara sus fuerzas con las de los rebeldes chilenos, de modo de atacar juntos a Lima por mar.

Hijo de un funcionario colonial, San Martín se había formado como militar en España. Allí lo encontró la Revolución, cuya causa abrazó inmediatamente. Luego de visitar Londres, donde se vinculó con otros líderes independentistas, había regresado a Buenos Aires en 1812. Al frente de una sociedad secreta que él mismo había organizado, la Logia Lautaro, pronto adquirió una importante influencia en la política porteña. En 1814 consiguió que el gobierno lo nombrara intendente de Cuyo y se instaló en Mendoza, donde se dedicó a armar su ejército profesional durante tres años. En enero de 1817, al mando de más de cinco mil soldados, cruzó las montañas para derrotar en Chile a las fuerzas realistas. Instalado allí, se aprestó a armar una flota y finalmente en 1820 desembarcó en Perú. El virrey ofreció una pobre resistencia, debilitado por los disturbios en España y por la deserción de parte de sus tropas, que se pasaron al bando revolucionario. Habiendo asegurado el control sobre Lima, en 1821, San Martín declaró la independencia de Perú (las élites limeñas se sometieron a la decisión por temor a los desbordes populares).

La inestabilidad de la zona continuó durante un tiempo; tras la famosa entrevista que mantuvieron en Guayaquil el 26 de julio de 1822, San Martín dejó en manos de Simón Bolívar, cuyo ejército venía batallando desde el norte, la tarea de terminar con los últimos focos realistas. El triunfo de Bolívar en la batalla de Ayacucho a fines de 1824 puso fin a las guerras de independencia. La Revolución había triunfado.

La Revolución hacia adentro

Mientras se producía todo este extraordinario esfuerzo militar, la Revolución buscaba a ciegas respuestas para problemas inéditos. ¿Sobre qué bases podía reclamarse una legitimidad para ejercer el poder ahora que no había rey? ¿Cómo resolver la cuestión del ordenamiento territorial y la jerarquía entre las ciudades? Si se suponía que la soberanía había regresado a cada uno de «los pueblos», ¿cómo ponerse de acuerdo para ejercerla de manera unificada? ¿Había que redactar una constitución? Y en ese caso, ¿quién elegiría a los diputados llamados a hacerlo y cuántos tenía derecho a enviar cada ciudad? Y llegado el caso de definirlo, ¿cuál sería la mejor forma de gobierno? ¿Una república? ¿Una monarquía?

Haciendo frente a estos dilemas, la Revolución se entregó a un caótico proceso de experimentación política. En su primera década vio la sucesión febril de diversas formas de gobierno, de asambleas, de códigos legislativos y bocetos de constituciones y de ideas de todo tipo acerca de cómo organizar una sociedad que inevitablemente sería nueva. Las propuestas e intereses rara vez coincidían, por lo que fueron tiempos por demás turbulentos. Mientras se inventaba una nueva legalidad, con frecuencia la fuerza desnuda impuso su ley.

Cuando Buenos Aires estableció la Primera Junta, varias ciudades reconocieron su autoridad, algunas con entusiasmo, otras con vacilaciones. Entre ellas se contaron Tucumán, Santa Fe, Corrientes, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, el gobernador de las Misiones y, con algunas complicaciones iniciales, Mendoza. En Entre Ríos hubo posiciones encontradas, mientras que otras ciudades se rehusaron. Además de Montevideo, fue el caso de Córdoba, cuyas autoridades, acaudilladas por el ex virrey Liniers, tomaron partido por el Consejo de Regencia. Los porteños fueron terminantes: enviaron inmediatamente una expedición de mil quinientos soldados que obligó al Cabildo a reconocer a la Junta. Los rebeldes fueron fusilados sin piedad, Liniers incluido. Salta debió ser igualmente sometida por la fuerza. A Asunción también hubo que mandar tropas para poner orden, pero en este caso fueron derrotadas, en lo que significó el primer paso hacia la autonomía del Paraguay. Además de las rebeldías contra la capital, algunas de las ciudades subalternas buscaron sustraerse de sus cabeceras de intendencia, como sucedió con Jujuy, Tarija, Tucumán y Mendoza. La jerarquía territorial tambaleaba.

Esas tensiones se trasladaron a la Junta porteña a medida que fueron llegando los diputados desde el interior. En diciembre de 1810 se debatió si debían integrarse en una junta ampliada o transformarse en un congreso constituyente. La segunda opción, que era la que apoyaba Moreno, implicaba acelerar la Revolución, porque suponía no solo resguardar la soberanía del rey sino modificar el orden jurídico. Triunfó la postura más conservadora, defendida por Saavedra y por los diputados del interior, y el 18 de diciembre quedó constituida la Junta Grande.

Derrotado, Moreno marchó en misión diplomática a Europa para conseguir apoyo; moriría en altamar antes de llegar a destino. En abril del año siguiente, mediante la presión de una manifestación popular, Saavedra consiguió que la Junta expulsara a los vocales morenistas y le devolviera la autoridad militar, que a instancias de Moreno había sido transferida a toda la Junta.

Las tensiones entre la capital y las otras ciudades no tardaron en reaparecer. En septiembre de 1811, ignorando la autoridad de la Junta, un cabildo abierto en Buenos Aires designó un Triunvirato formado por Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso para concentrar en él el poder sobre todo el territorio. No se entendía qué atribuciones tendría entonces la Junta Grande. Los diputados se adaptaron al hecho consumado promulgando un reglamento por el cual se reservaba para la Junta el poder legislativo y se reconocía al Triunvirato como poder ejecutivo. Pero aun así, en noviembre el Triunvirato mandó a disolver la Junta. Las provincias se quedaban sin representación alguna en el gobierno. Las tensiones que ello provocaba iban en aumento.

Cuando en 1812 se promulgó la flamante Constitución española en Cádiz, ya no hubo lugar para medias tintas. Había que decidir si se la reconocía y se enviaban representantes o si, en cambio, se pasaba al campo de la sedición abierta. Buena parte de Hispanoamérica se acogió a la nueva Constitución, pero Buenos Aires decidió rechazarla. Para entonces la Logia Lautaro, con apoyo de los morenistas, ya estaba presionando a fin de orientar al gobierno en un sentido independentista. A diferencia de lo que había sucedido en 1810, la opción de la independencia se debatía ahora de manera abierta. Mediante una movilización popular —un método que ya se había vuelto costumbre— la Logia y sus aliados lograron la caída del Primer Triunvirato. Lo reemplazó el Segundo Triunvirato, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte, que en enero de 1813 convocó a un congreso constituyente con la idea de que declarase la independencia y dotase al país de una carta magna propia.

Una vez reunidos los diputados de cada ciudad en lo que dio en llamarse la «Asamblea del año XIII», decidieron jurar como representantes no de sus pueblos sino de toda la nación (tal como lo habían hecho los representantes durante la Revolución francesa y también en las Cortes de Cádiz). Se trataba de toda una novedad, porque además remitía a una nación que todavía nadie sabía cuál era. Atentos al cambio de viento en España, donde Fernando VII acababa de volver al poder, y a que las perspectivas de la Revolución en el resto de Hispanoamérica venían bastante mal, la Asamblea finalmente no declaró la independencia ni redactó una constitución. Pero en cambio tomó una serie de medidas que resultaron de gran impulso para la Revolución. Entre ellas, la libertad de vientres, que disponía que los hijos de esclavas serían libres; la libertad de imprenta; el fin del servicio personal indígena (el tributo había sido abolido poco antes) y de la mita, y la extinción de los títulos nobiliarios. Solo con eso el viejo orden colonial quedaba herido de muerte. Además, para mayor eficacia del Ejecutivo, en 1814 decidió terminar con los gobiernos de tres y reemplazarlos por uno unipersonal con el nombre de «Director Supremo».

Artigas y la Liga de los Pueblos Libres

Las discusiones en la Asamblea habían sido álgidas en particular en el punto de la organización territorial. Un grupo propiciaba un gobierno centralizado con una soberanía única e indivisa sobre todo el territorio, mientras que la otra tendencia, que comenzó a llamarse «federal», buscaba un ordenamiento en el que las provincias retuvieran su soberanía, al menos en parte. Entre estos últimos había diferentes planteamientos, no siempre delimitados con claridad. Algunos apuntaban a lo que sería una organización confederal, que implicaba la soberanía en manos de las provincias y un poder central con muy pocas atribuciones (las relaciones exteriores y poco más que eso). Otros tenían en mente más bien un modelo federal, con un gobierno central fuerte que, sin embargo, dejaba para las provincias amplias autonomías. En la Asamblea dominaban fuertemente los grupos centralistas porteños y la cuestión no fue saldada.

El problema de las jerarquías territoriales apareció de manera patente en el amargo desacuerdo que terminó enfrentando a Artigas con el gobierno porteño. El caudillo se había mostrado dispuesto a sumarse a la Asamblea, pero bajo condición de que pudiese mandar un número mayor de diputados y de que la futura constitución fuese confederal. Quería que la Banda Oriental del Uruguay conservara su autonomía y que la capital no fuese Buenos Aires. Como sus demandas eran para ellas inaceptables, las autoridades porteñas rechazaron a los diputados que envió y lo declararon traidor. Artigas, por su parte, rompió relaciones.

En suelo uruguayo y entrerriano, además, el artiguismo se venía desarrollando como un movimiento de base rural con una impronta popular e igualitarista que preocupaba a las clases «decentes». Era decididamente republicano y promovía la participación política de los gauchos y de los indios. Artigas proclamó en 1815, durante su breve gobierno en Montevideo, que «los infelices serán los más privilegiados» y dispuso que los «negros libres, los zambos de esta clase, los indios, los criollos pobres» recibieran tierras expropiadas de los «malos europeos y peores americanos». Las élites locales le temían y respiraron aliviadas cuando los portugueses, tácitamente apoyados por el Directorio porteño, invadieron la Banda Oriental en 1816 y lo desplazaron del poder.

Acaso el desafío mayor promovido por Artigas fue la Liga de los Pueblos Libres, que organizó en 1814, luego de la ruptura con Buenos Aires, un bloque de apoyo regional que llegó a incluir a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, las Misiones, Santa Fe y, por un breve lapso, a Córdoba. Este bloque se sustrajo completamente de la autoridad de Buenos Aires, lo que llevó a los porteños a intentar destruirlo militarmente. Durante el breve mandato de Carlos de Alvear como director supremo, el centralismo adquirió además tonos dictatoriales. El descontento que ello provocó en todos los sectores terminó en una sublevación militar en 1815 acompañada por disturbios en Buenos Aires que ocasionaron la caída de Alvear y la disolución de la propia Asamblea. Nuevamente el vacío de poder fue cubierto por el Cabildo porteño, que designó al siguiente director. Mientras tanto, el autonomismo se expandía por todo el interior.

La independencia, al fin

El director supremo que asumió tras la caída de Alvear, Ignacio Álvarez Thomas, enfrentó la imperiosa necesidad de retomar la ardua tarea de construir alguna legitimidad para el gobierno central. Como moneda de cambio por la disolución de la Asamblea en 1815 se invitó a las provincias a un nuevo congreso constituyente. La elección de los diputados se haría mediante comicios populares, lo que significaba otra ampliación de la participación política, cada vez menos en las manos exclusivas de los «vecinos».

El congreso se reunió en Tucumán en 1816 y el 9 de julio tomó su decisión más trascendental: proclamar la independencia. Pero no fue «Argentina» lo que se independizó entonces. Esa nación aún no existía y el congreso no reflejaba siquiera el territorio que ella tendría en el futuro. La declaración se hizo, en cambio, a nombre de las Provincias Unidas de Sud América, y entre sus firmantes hubo varios diputados que representaban a localidades que hoy quedan en suelo de Bolivia. Quienes tomaron la decisión no tenían para nada claro que el Alto Perú, la Banda Oriental y Paraguay no formarían parte del nuevo país (eso no quedaría claro todavía por mucho tiempo).

Las poblaciones de la mayor parte del territorio actual de la Argentina no participaron del congreso. Toda la región de la Patagonia hasta bien al norte, incluyendo las actuales provincias de La Pampa, Neuquén, gran parte de Buenos Aires y la franja sur de Mendoza, San Luis y Córdoba eran todavía territorio autónomo de los pueblos indígenas. Lo mismo vale para el Chaco, que se extendía a las actuales provincias de Formosa, el norte de Santa Fe y vastas partes de Salta y de Santiago del Estero. Toda esa superficie era bastante más extensa que la de los pueblos reunidos en Tucumán. Tampoco enviaron representantes las provincias que conformaban la Liga artiguista, cuyo territorio era casi tan extenso como el de las firmantes (de hecho, pudo haber conformado una nación aparte, como luego lo fue la República Oriental del Uruguay).

Las Provincias Unidas de Sud América era, por ahora, una alianza de provincias que habían decidido proclamar juntas su independencia respecto de España e intentaban construir trabajosamente una comunidad política. Mientras lo hacían, sonaban cañones de guerra no solo contra los realistas, sino también entre ellas. Contra algunas de las que adhirieron a la Liga, especialmente Santa Fe, el gobierno porteño siguió lanzando devastadores ataques militares hasta 1819.

EL ANTIGUO VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA EN 1816

El Congreso de Tucumán no pudo ponerse de acuerdo en el otro tema central: la forma de gobierno. Algunos diputados eran de ideas republicanas, pero otros preferían que el nuevo país fuese una monarquía constitucional. Claro que el problema era encontrar algún candidato a rey que tuviese legitimidad para tal dignidad. Se buscaron opciones entre las casas reinantes europeas, pero no aparecía ninguna figura viable. Belgrano concibió la idea de entronizar a algún descendiente de los emperadores incas, pero su propuesta fue rechazada. Y además estaba el tema del ordenamiento territorial.

En 1817, el Congreso se trasladó a Buenos Aires para continuar allí sus sesiones y en 1819 redactó una constitución, la primera, de sentido fuertemente centralista. No resolvía la cuestión de la forma de gobierno, pero sí establecía que, cualquiera fuese, estaría basado en la división de poderes y tendría un sistema representativo. Como los reclamos de autonomía del interior quedaban nuevamente desoídos, varias provincias la rechazaron.

El poder central se terminó de disolver cuando el Directorio ordenó que el ejército regresase de Chile para atacar a los artiguistas. Como San Martín se negó a volver sus armas contra sus compatriotas, Buenos Aires quedó sin autoridad real y, en ese contexto, los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez, hombres fuertes de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, aprovecharon para avanzar contra ella. En la batalla de Cepeda, de 1820, las fuerzas porteñas fueron derrotadas y los vencedores forzaron a las autoridades a firmar el Tratado del Pilar, que establecía la libre navegación de los ríos (para sortear el retén del puerto de Buenos Aires) y estipulaba que la organización del país que se hiciera en el futuro sería federal.

Luego del desastre, el Cabildo porteño retomó una vez más el gobierno en Buenos Aires y, presionado por los vencedores, disolvió el Directorio y el Congreso. El gobierno central se había extinguido por completo. La situación de acefalía también avanzó dentro de Buenos Aires. El Cabildo creó una Junta de Representantes, que en adelante sería la encargada de nombrar al gobernador. Pero la lucha de varias facciones que pugnaban por el poder dio lugar a una sucesión vertiginosa de gobernadores designados y depuestos y de juntas varias veces elegidas y disueltas. Es lo que se recuerda como la «anarquía del año 20».

A pesar de su victoria, la Liga de los Pueblos Libres también colapsó. En enero de 1820, Artigas hizo un intento por desplazar a los portugueses de su tierra natal, pero fue derrotado. Poco después, y apenas vencidos los porteños, su aliado Francisco Ramírez volvió sus tropas contra él y también lo derrotó. Artigas debió exiliarse en Paraguay, donde permaneció hasta el fin de sus días. Ramírez, por su parte, murió a manos de su ex aliado López. En 1821, la Liga había desaparecido por completo.

El agitado año 1820 marcó el punto de mayor fragmentación del antiguo Virreinato. Buenos Aires quedó sola: ya no era capital de nada y en el futuro inmediato las provincias se manejarían de manera autónoma (incluso por un breve lapso, Tucumán y Entre Ríos se declararon repúblicas independientes). La Banda Oriental, bajo ocupación portuguesa, fue anexada al Imperio en 1821. El Alto Perú clarificó su separación definitiva de las Provincias Unidas en 1825, cuando se proclamó república independiente. Y aunque recién haría lo propio en 1842, Paraguay ya se manejaba desde hacía años de manera autónoma.

Irónicamente, San Martín, que había insistido como ninguno para que se proclamara la independencia, ya que no quería avanzar sobre Chile al frente de un grupo de rebeldes sino en nombre de un nuevo país, se encontró llegando a Lima en representación de un poder que ya no existía. Consciente del equívoco de ser general de un ejército que respondía no se sabía a qué mando, pidió a sus oficiales que eligieran libremente a su comandante. Sus hombres, sin embargo, se negaron a ser conducidos por otro, aduciendo que la autoridad de San Martín venía del pueblo y no del funcionario que circunstancialmente lo había designado. Todo un signo de los cambios políticos que había traído la Revolución.

El protagonismo de los sectores subalternos

La progresiva radicalización de la Revolución sin duda estuvo animada por el protagonismo que en ella tuvieron las clases bajas. En especial, el esfuerzo bélico requirió que los dirigentes convocaran cada vez más a la gente del común, lo que a su vez abrió nuevos canales de ascenso social y de participación política.

A partir de la Revolución de Mayo los juntistas ordenaron que se leyeran las gacetas y proclamas en voz alta en los lugares de reunión de cada ciudad para que llegaran a la mayoría analfabeta. La Declaración de Independencia de 1816 fue impresa en cientos de copias en quechua y en aimara (además del castellano) como modo de entusiasmar a los indígenas. Otras proclamas se tradujeron al guaraní. Pero además, la movilización popular comenzó a utilizarse desde muy temprano como modo de incidir en las pujas entre facciones de las dirigencias patriotas. Se apeló a las clases bajas, se las convocó a la acción tanto como se las temió.

En Buenos Aires, desde las Invasiones inglesas el protagonismo popular fue crucial. Las multitudes vociferando frente al cabildo se convirtieron en un elemento habitual del paisaje revolucionario. Y si al principio fueron centralmente de «vecinos», pronto se sumaron también las clases más bajas. En la manifestación que promovió Saavedra para ajustar cuentas con los morenistas el 5 y 6 de abril de 1811, el componente central fue plebeyo. Las al menos mil quinientas personas que se reunieron entonces —una enormidad para la época— agrupaban a las milicias (incluidas las de pardos y morenos), pero también a gente de origen rural. Fueron a apoyar a Saavedra, pero al mismo tiempo protestaron por el carácter moderado que venía teniendo la Revolución, que para ellos todavía había ajustado poco las clavijas a los peninsulares. En ese odio a los españoles se manifestaba ya entonces un sentimiento más general de hostilidad hacia «los mandones». Tenía un contenido social y político: se llamaba «godos» o «gallegos» a quienes tuvieran la lealtad política opuesta, incluso si eran nacidos en América. Los manifestantes se presentaron además como «el pueblo», con lo que empujaban en un sentido más democrático y moderno el sentido que esa palabra tenía hasta entonces. El «pueblo» no remitía solo a los vecinos con sus corporaciones urbanas, sino a la totalidad de los varones libres.

En los años siguientes hubo otras importantes movilizaciones populares, como la que provocó la caída del Triunvirato en octubre de 1812 o la de Alvear en 1815. La de 1820 contra el regreso de los directoriales fue especialmente fuerte y plebeya, lo que aterró a las clases «decentes». La represión requirió la presencia de las milicias rurales y concluyó con más de trescientos muertos. En todas estas movilizaciones hubo referentes intermedios, organizadores políticos a los que se llamó «tribunos de la plebe», que adquirieron gran importancia. Varios fueron jefes de milicia o pulperos.

Las clases bajas rurales también cobraron un protagonismo novedoso. Se notó especialmente en el artiguismo, que se apoyó en huestes de gauchos y de pequeños productores armados. En Entre Ríos y en la Banda Oriental se usó por primera vez la palabra «montoneras» para describir a esas fuerzas irregulares que peleaban «en montón». Fueron ellas las que aportaron el tono igualitarista que tuvo el movimiento, expresado en su famoso lema: «Naides más que naides».

También en Salta la movilización de paisanos de diversos orígenes étnicos condujo a la radicalización de la vida política, especialmente cuando pequeños propietarios, arrendatarios y peones comenzaron a alcanzar el grado de oficiales. Posiblemente invirtiendo la carga del insulto que les lanzaban los realistas, que los llamaron «gauchos», esos grupos hicieron propia esa palabra, hasta entonces poco usada en el norte, y la transformaron en un nombre y una identidad que los unificaba. Eran gauchos patriotas. Güemes la oficializó al crear su famosa División de Gauchos de Línea Infernales. Por sus servicios, los gauchos de Güemes obtuvieron algunas concesiones importantes, como el derecho a dejar de pagar arriendos o de brindar servicios a los terratenientes, y el «fuero militar» que les permitía tomarse algunas atribuciones, como faenar ganado de los hacendados sin pedir permiso y sin temer castigos. Por motivos como esos las élites salteñas detestaron a ellos y a su protector, Güemes, a quien trataron de quitar de la escena varias veces. En 1821 incluso lo derrocaron brevemente, pero la acción decisiva de sus gauchos lo repuso en su cargo. Duró poco allí: moriría ese mismo año durante una sorpresiva incursión de los realistas.

Los indígenas participaron activamente de las guerras de independencia y en ambos bandos (en algunos casos también armaron fuerzas de autodefensa para protegerse de los dos). Los caciques aportaron miles de los soldados con los que bajaban los ejércitos realistas limeños. Nada extraño hay en ello: desde el punto de vista de los pueblos originarios no era para nada obvio que la vida sería mejor si eran gobernados directamente por las élites locales, que los oprimirían sin la mediación de los funcionarios del rey. De hecho, como veremos, las hostilidades contra los indios se acentuarían durante el período independiente. Algunos de los logros de la Revolución, como la igualdad ante la ley, trajeron paradójicamente nuevas amenazas para la supervivencia de las comunidades, porque motivaron la disgregación de los «pueblos de indios» o el fin de los derechos comunales sobre la tierra. La abolición del tributo ciertamente los beneficiaba, pero en lugares como Jujuy fue reintroducido con otro nombre («contribución indigenal») y todavía en la década de 1840 persistían formas de servicio personal.

Así y todo, no pocas comunidades indígenas pelearon del lado patriota. En algunas batallas su ayuda fue decisiva. Entre las huestes de Güemes había muchos indígenas. Los de la Puna se sumaron en buena cantidad y en el Alto Perú fueron legión (allí sobrevivió por años la leyenda de un «inca Castelli» que traería la libertad). En los valles Calchaquíes, en cambio, hubo poco y nada de apoyo a la Revolución.

Hacia el este, el involucramiento en cambio fue muy intenso, especialmente como parte del artiguismo. Varias comunidades guaraníes con sus caciques al frente se adhirieron al movimiento, al que sumaron demandas de igualdad ante la ley y algunos gestos de hostilidad hacia los blancos. El referente más conocido fue Andresito Guacurarí, que llegó a ser comandante y tuvo un papel central en el artiguismo. En agosto de 1818 ocupó con sus tropas la ciudad de Corrientes, cuyas élites intentaban volver a ser leales a Buenos Aires. Durante su estancia allí obligó a algunos vecinos a limpiar ellos mismos la plaza pública y a sus esposas a bailar con la tropa: una humillación indescriptible exigida como compensación por sus tradicionales desprecios. También rescató a niños indígenas cautivos en casas de familias acomodadas y obligados a realizar trabajos serviles. Andresito intentó unificar bajo su órbita la antigua provincia jesuítica, pero fue derrotado por los portugueses y cayó preso en 1819. Otros líderes guaraníes continuaron acompañando el movimiento artiguista hasta el final.

El torbellino revolucionario también motivó acciones por parte de los indígenas que permanecían en territorios autónomos. Los del Chaco aprovecharon que los blancos estaban ocupados peleándose entre sí para avanzar hacia el sur. En 1815 ganaron tierras en el norte de Santa Fe y al año siguiente causaron dificultades en Córdoba. En Santa Fe las autoridades lograron contenerlos mediante acuerdos de entrega de ropas y dinero. Más al sur, las relaciones continuaron siendo relativamente pacíficas y los pehuenches negociaron con San Martín un libre paso por sus dominios a cambio de que su ejército les comprara ganado y otros bienes. Hacia el norte de Buenos Aires, en cambio, la actuación indígena fue más beligerante, especialmente porque artiguistas y porteños tentaban a los caciques, en especial a los ranqueles, a involucrarse de uno u otro lado.

Por su parte, los afroamericanos se involucraron intensamente en la Revolución, de la que fueron partidarios decididos. Fue un esclavo el que delató a su amo Martín de Álzaga como líder del complot que se desbarató en 1812. Como antes en Buenos Aires, en lugares como Córdoba o Salta se formaron en 1811 milicias de pardos y morenos libres. Ese año también los que eran esclavos participaron. Fue en la Banda Oriental que por primera vez se les ofreció la libertad a cambio de que se sumasen al esfuerzo militar, opción que muchos tomaron con entusiasmo. En el norte, Güemes hizo algo similar y en otros sitios las autoridades patriotas obligaron a los propietarios a entregar cuotas de esclavos para los ejércitos, que se integraban con la promesa de quedar en libertad tras un mínimo de cinco años de servicio. Los negros fueron cruciales en el ejército libertador de San Martín: de los más de 5.200 soldados que llegó a reunir para pasar a Chile, 1.550 eran ex esclavos (a los que habría que sumar otros mulatos y negros libres). San Martín los consideraba sus mejores soldados de infantería y varios ascendieron al rango de oficiales.

Para no contrariar a los propietarios, la Revolución avanzó tímidamente contra la esclavitud. En 1812 se prohibió el tráfico y en 1813 se proclamó la libertad de vientres, pero al mismo tiempo se definió que los niños nacidos de esclavas debían permanecer hasta adultos en casa de sus amos y prestarles servicios. No conformes con eso, algunos blancos mandaron a sus esclavas a parir a Brasil para sortear la ley o directamente anotaban a los bebés como esclavos, lo que las madres resistieron con pleitos judiciales. La abolición de la esclavitud recién llegaría con la Constitución de 1853 (salvo en Buenos Aires, donde el gobierno liberal la demoró hasta 1860).

Más allá de esta lentitud en lo legal, el lugar de los morenos cambió durante el transcurso del proceso revolucionario; ellos mismos empujaron sus límites hacia una mayor radicalidad, impulsados por las promesas de libertad e igualdad. Un buen ejemplo es el del pardo analfabeto Francisco Benítez, quien se convirtió en uno de los líderes del artiguismo y tuvo comando de tropas, para pavor de las élites orientales. Fue uno de los que presionó para que Artigas emprendiera la política de reparto de tierras entre «los infelices» que fue su rasgo distintivo.

En ocasiones, los negros cruzaron la línea de lo tolerable, como en 1812 en Mendoza, donde una treintenta de esclavos planeó un alzamiento. Los cabecillas —Joaquín Fretes, un negro libre que sabía leer y un esclavo analfabeto llamado Bernardo— agruparon a los demás con el rumor de que la Revolución había abolido la esclavitud pero las autoridades locales lo ocultaban. De Bernardo se dijo luego que andaba diciendo que los negros mendocinos debían imitar a los de Haití y matar a los blancos para hacerse libres. Las autoridades los trataron con el máximo rigor. En enero de 1819, un motín de la milicia porteña condujo a tumultos, reuniones nocturnas en los barrios de los negros y expresiones abiertas de tensión racial. El temor impulsó a vecinos blancos a armarse y el motín fue suprimido militarmente. Poco después, en Salta se repitieron esas tensiones. Durante la reacción de ira popular que siguió a la muerte de Güemes se produjeron saqueos al grito de «¡Muerte a los cariblancos!», una consigna que no necesariamente expresaba una identidad negra pero sí un antagonismo en clave racial.

La Revolución, en cambio, produjo pocas modificaciones en el estatuto legal de las mujeres, que siguieron excluidas de la vida política y sin derecho a votar en los comicios. Sin embargo, también ellas participaron de las luchas de la hora. En Buenos Aires, los salones y las tertulias organizadas por mujeres de las clases «decentes», como los que animó Mariquita Sánchez, fueron un sitio central de la sociabilidad entre revolucionarios y también lugar de debates que en ocasiones dieron espacio para que ellas tomaran la palabra. Entre las de clase baja, algunas se ganaron un lugar destacado durante la guerra. El Ejército del Norte contó con varias mujeres combatientes, incluyendo a la negra María Remedios del Valle, quien ganó el grado de capitana por sus méritos militares. Acompañada de otras guerreras, Juana Azurduy, que era de familia mestiza, tuvo un papel central en las guerrillas del Alto Perú y llegó al grado de teniente coronel. Por su parte Macacha Güemes colaboró activamente en las empresas de su hermano Martín Miguel.

Cambios irreversibles

La Revolución generó cambios sociales, políticos, culturales y económicos inmediatos. Por los ideales que puso en juego y por la participación de los sectores plebeyos, hubo un rápido proceso de democratización. El bajo pueblo (su parte libre y masculina al menos) accedió a derechos que no tenía, como el de participar en los cabildos abiertos y en los comicios generales. Para los paisanos del campo, que nunca habían tenido incidencia política ni canales de participación, fue una novedad absoluta. Votando o movilizada en las calles o en las milicias, la plebe se ganó así un lugar insoslayable en la política que ya nunca habría de perder.

En relación con ello, la hostilidad hacia los reyes y «mandones» de España, combinada con el valor que adquirieron el igualitarismo y la soberanía popular, hicieron que la opción por el republicanismo terminase siendo inevitable. Como en toda Hispanoamérica, la República se abriría paso en un mundo que todavía se inclinaba ante la monarquía. Por supuesto que aquella tendría también sus propios «mandones». Pero esos cambios contribuyeron a que fuesen dirigentes de nuevo tipo. Las viejas élites —las burocracias coloniales— fueron rápidamente reemplazadas por una clase política que ciertamente se nutrió de los sectores más acomodados, pero no siempre y necesariamente de ellos. En un período marcado por una larga guerra y turbulencias de todo tipo, la nueva dirigencia surgió también de entre quienes se destacaron por sus habilidades militares y por su capacidad de movilizar apoyos amplios, incluyendo los populares. Fue una dirigencia propiamente política (o político-militar) que en ocasiones llegó a enfrentarse con las élites del dinero, a las que exigieron fondos y aportes que eran reacias a dar.

Acompañando todos estos cambios, el «sagrado dogma de la igualdad», como lo describía Moreno (o el «Naides más que naides» federal), se transformó en una aspiración de valor supremo. En estos años quedó establecida la igualdad ante la ley y, con ella, el fin del régimen de castas. Por supuesto que la discriminación cotidiana continuó y no faltaron formas de violencia de Estado para quienes no eran blancos, pero desde entonces no hubo segregación racial formal o apoyada en leyes específicas, del tipo de las que persistirían en países como Estados Unidos por un siglo y medio más.

El lenguaje de la Revolución permeó en estos años todo el espacio, creando un vocabulario en común que acompañaba y daba sentido a una experiencia que también aunaba a todos. «Libertad», «igualdad», «independencia», «federación» fueron algunas de las nuevas palabras clave. «Pueblo» fue otra, con ese uso expansivo que fue deslizándose hacia su sentido moderno: el sujeto político compuesto por todos los varones libres. Ese sujeto, sin embargo, todavía no era el «pueblo argentino». Todos decían pelear por la «patria», pero en esta época, como en la colonia, la palabra todavía remitía al pago chico. La «patria» con la que cada cual se identificaba era el lugar de nacimiento: se era cordobés, tucumano, mendocino, porteño; no todavía «argentino». Pero a su vez era una «patria» politizada, que iba más allá del terruño natal: se conectaba con la nación que formaban todos los americanos en lucha contra los realistas. Había allí un «nosotros» en revolución.

Desde muy temprano esa comunidad política revolucionaria inventó ceremonias, celebraciones y emblemas para asegurar su cohesión. A partir de 1811, cada 25 de mayo se festejaron las Fiestas Mayas con gran entusiasmo popular (más adelante se sumaron las Fiestas Julias en cada aniversario de la Independencia). En 1812, Belgrano izó por primera vez una bandera celeste y blanca para distinguir a sus tropas, posiblemente retomando colores de la casa de Borbón. La Asamblea del año XIII instauró al año siguiente el uso del emblema que hoy se reconoce como escudo nacional, cuyo diseño fue copiado de otro que utilizaban los jacobinos en Francia, y ordenó que se compusiera una «marcha patriótica» que luego sería el Himno Nacional.

En fin, la experiencia de la Revolución y la guerra había conectado a personas de mundos que antes no se tocaban: blancos pobres, negros, indígenas, mezclados con oficiales de las clases «decentes», aunados en su común oposición a los realistas. Sin lugar a dudas, ese «nosotros» inicial, esa primera comunidad política, sería fundamental para que surgiera, más adelante, un «nosotros argentino». Incluso si ya se notaban por entonces divisiones internas, como la que se evidenciaba en el fuerte antiporteñismo que apareció en las provincias (correlato del obstinado porteñismo de los porteños).

La Revolución produjo otros cambios significativos en la cultura. En 1810 la única imprenta que había en la región quedó en manos de patriotas, quienes le dieron un uso febril. La palabra impresa comenzó a circular por primera vez con profusión en el Río de la Plata. La circulación de impresos fue por entonces mayor que en ninguna otra zona de América Latina. Los líderes políticos, que buscaban llegar al bajo pueblo, indicaban expresamente que fuesen leídos en voz alta para los analfabetos, que eran la abrumadora mayoría. Los habitantes del común participaban de la cultura impresa, leían o se hacían leer las gacetas, las usaban para justificar sus demandas o para definir sus lealtades. Fue el primer encuentro entre la letra impresa y el mundo oral propio de las clases populares. Ese encuentro traería toda clase de consecuencias en el futuro, pero por lo pronto alumbró en la zona del Río de la Plata una manifestación cultural sorprendente. Se la llamó «poesía gauchesca» y fue la primera expresión literaria de tono distintivamente local.

Su primer cultor conocido fue Bartolomé Hidalgo, un montevideano de origen modesto, hijo de porteños, que formó parte del artiguismo. En sus composiciones siempre algún gaucho habla en primera persona y en verso para exponer sus visiones sobre la actualidad por medio de «cielitos» —una forma de canción bailable muy popular en la época— o en diálogos con algún otro personaje. Hidalgo las publicaba impresas, pero sus poesías estaban escritas en estilo oral y con vocablos propios del habla rural rioplatense, con sus versiones corrompidas del castellano estándar. Es decir, hablaba un gaucho, en estilo plebeyo y dirigiéndose a un público que era también popular. Era toda una toma de posición: significaba reivindicar lo local-plebeyo y desafiar incluso la autoridad del idioma de los colonizadores. Más aún, se suponía que los personajes de Hidalgo canalizaban la voz del pueblo: las primeras poesías gauchescas que dio a luz reflejaron el entusiasmo por la Revolución, mientras que las últimas, de comienzos de la década de 1820, dejaban ver la frustración y el desencanto por sus promesas incumplidas.

Aunque Hidalgo y otros poetas menos conocidos pertenecían al mundo letrado, sin dudas combinaron los saberes que de allí traían con las tradiciones orales de los «payadores» y con las propias canciones que cantaban los paisanos pobres que peleaban contra los realistas. El género gauchesco nació así en el punto de encuentro entre la palabra del mundo «culto», que bajaba en busca del apoyo popular, y las voces populares que se hacían escuchar como parte del clima revolucionario. La voz popular y la reivindicación de una figura como la del gaucho, antes despreciada, se filtraron así, mediadas por escritores letrados, en el nacimiento de una literatura nacional. Todo indica que esos rasgos le permitieron a la poesía gauchesca llegar ampliamente a un público de condición modesta, que la escuchaba leída por otros en pulperías, postas y mercados y en ocasiones las memorizaba. No hay nada que se le compare en esos años en América Latina. La literatura con color local llegó al Río de la Plata antes que a otras regiones y en un momento en el que no existía todavía nada parecido a una literatura nacional «culta». Y lo notable es que lo hizo entrelazándose con la voz plebeya y con la política. Todo eso tendría profundas consecuencias en el desarrollo posterior de la cultura argentina.

Finalmente, estuvieron los cambios económicos, que fueron dramáticos. La pérdida del Alto Perú significó nada menos que la desestructuración completa de una economía que hasta entonces había tenido su eje en las minas de plata del cerro Potosí. La plata era el 80% de lo que exportaba Buenos Aires hasta 1810. Salta y Jujuy se habían orientado casi enteramente a producir para el mercado potosino, que era también un importante destino de la producción del resto del país. Todo eso desapareció de golpe.

Además, la guerra tuvo un efecto devastador por varios motivos: porque privó de brazos productivos para enviarlos al frente de batalla, porque impuso exacciones e impuestos extraordinarios para los comerciantes y porque arrasó con el stock ganadero (especialmente en el Noroeste y en las provincias del Litoral).

Como suele suceder en las guerras, la destrucción de la riqueza tuvo, paradójicamente, un efecto positivo sobre su distribución. Comerciantes, hacendados y ganaderos, obligados a financiar el esfuerzo bélico, sufrieron pérdidas cuantiosas. Las clases populares aportaron lo más valioso: fueron carne de cañón. Pero quienes no perdieron la vida accedieron a salarios militares, mientras que la escasez de mano de obra mantuvo los jornales altos. El período de la Independencia produjo así una disminución de la desigualdad y un reparto algo más igualitario de la riqueza, que acompañó la mayor apertura política y la relativa democratización de las relaciones sociales.

Al mismo tiempo, los cambios económicos trajeron una mayor desigualdad entre las regiones. Sin Potosí, la aduana de Buenos Aires se transformó en la principal fuente de recursos; estimular el libre comercio fue una opción financiera obligada. Eso naturalmente reforzó el giro hacia el Atlántico que la economía ya venía experimentando en los últimos tiempos de la colonia. Y por supuesto, todo benefició más a los porteños que a los habitantes del interior. En estos años, Buenos Aires vio crecer su población, mientras que la del resto del país se estancaba (o disminuía, como en Santa Fe). Los gobiernos provinciales, por su parte, dependerán cada vez más de la caja de Buenos Aires.

Además, el giro hacia el eje Atlántico y la guerra con los españoles consolidó el lugar de Gran Bretaña como nueva metrópoli comercial. Inglaterra se afianzó como proveedora de manufacturas y muy pronto también como consumidora de la principal exportación, que por ahora seguía siendo el cuero. Los comerciantes y la diplomacia británicos adquirieron en estos años una influencia frente a la cual los débiles gobiernos locales tenían pocas posibilidades de evadirse. Los tejidos de algodón y otros artículos de ese origen ganaron un lugar dominante en Buenos Aires, aunque todavía no arruinaron a las artesanías del interior, protegidas por los costos del transporte. De todos modos, la nueva realidad pronto generaría tensiones entre las élites porteñas, propulsoras del librecambio, y sus pares de provincia. Así, si la vinculación con el mercado internacional abría nuevas posibilidades económicas para la región, generaba al mismo tiempo un influjo nocivo que ahondaba desequilibrios regionales, diferencias sociales y desacuerdos políticos.

Buscando un orden en medio de la fragmentación

Por temor al desborde popular y por el hartazgo de la guerra, la dirigencia independentista intentó cerrar el ciclo revolucionario cuanto antes. Es que el entusiasmo por el fin de la tutela española se vio enturbiado por el temor que le generaba el protagonismo político plebeyo. Ya el Estatuto promulgado por el Triunvirato en 1811 proclamaba la necesidad de imponer «el imperio de las leyes» para controlar «la arbitrariedad popular». Así planteadas las cosas, parecía que no se trataba de una legislación de o para el pueblo: enfrentados, como si fueran enemigos, estaba de un lado la ley y del otro, la presencia de lo «popular». A la vez, las autoridades civiles y militares también se habían acostumbrado a insubordinarse cuando no estaban de acuerdo con las decisiones de la dirigencia. El ordenamiento colonial había colapsado, era urgente colocar otro en su lugar. El Congreso de Tucumán se proclamó en 1816 como «fin de la Revolución, principio del orden». Pero, como vimos, el año 1820 marcó el fracaso de todos los intentos de construirlo. El derrumbe de la autoridad dejaba un territorio fragmentado, sin instituciones conjuntas, con lazos mercantiles que no eran demasiado sólidos y apenas conectado por el recuerdo de haber formado parte de un mismo virreinato. Estaba también el incipiente sentido de pertenencia que dejaba el haber librado una revolución triunfante. Pero por ahora encarnaba en una población levantisca y armada que sería bastante difícil volver a meter en caja.

Ya que a nivel central había sido imposible, el orden comenzó a abrirse paso primero a escala provincial. Luego de 1820, cada provincia se autoadministró y buscó establecer por su cuenta un orden legal, fiscal y político propio. Todas eligieron sistemas representativos y republicanos, pero en esta etapa su suerte fue muy diferente. Así, Entre Ríos sufrió una inestabilidad aguda y crónica. Por el contrario, la vecina Corrientes fue un modelo de orden. La mayoría transitó entre esos dos extremos y los enfrentamientos facciosos no faltaron. Un patrón común fue que la centralización que no se había logrado a escala general avanzó, sin embargo, internamente. Luego de 1820, todas las provincias abolieron los cabildos de sus ciudades y los reemplazaron por legislaturas que representaban a todo el territorio; el espacio rural ganó importancia a costa del urbano.

La década de 1820 y las subsiguientes estuvieron dominadas por poderosos caudillos provinciales. Su poder se asentaba en su capacidad para construir lealtades personales, en su cercanía respecto del pueblo y en sus habilidades militares. Muchos de ellos habían sido jefes de milicias, y en general procedían de las clases acomodadas (aunque también hubo alguno de origen plebeyo). La gran mayoría adheriría a la causa federal, pero también los hubo de ideas centralistas. José Félix Aldao en Mendoza, Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Facundo Quiroga en La Rioja, Juan Bautista Bustos en Córdoba, Alejandro Heredia en Tucumán, Estanislao López en Santa Fe y Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires serían algunas de las figuras dominantes de los años por venir. Aunque el poder personal de algunos de ellos fue considerable, no necesariamente se alzó en desmedro de la ley y las instituciones: por el contrario, los caudillos fueron ellos mismos constructores de institucionalidad en una tierra que aún carecía de ella. Y aunque defendieron las autonomías provinciales, nunca abandonaron la esperanza de arribar a algún ordenamiento interprovincial formal. La convocatoria a un congreso constituyente se mantuvo en el horizonte y las provincias insistieron en que Buenos Aires no se quedara con todos los beneficios del comercio internacional por tener la suerte de ser puerto. Entre los caudillos del Litoral, la libre navegación de los ríos fue una demanda persistente.

Dentro de este marco general, Buenos Aires tuvo una experiencia peculiar. Con el control de la aduana, las élites locales se enfocaron en el desarrollo de la provincia, desentendiéndose por el momento de los problemas de las otras regiones. Un llamado «Partido del Orden», de orientación liberal, agrupó a la dirigencia con mayor apoyo de las clases altas y accedió al poder. En su seno se destacó Bernardino Rivadavia, quien promovió una serie de profundas reformas que sentaron las bases de un aparato de Estado y de una economía orientada a las exportaciones ganaderas. Por la Ley de Enfiteusis de 1822 se arrendó una enorme superficie de tierras a largo plazo y a precios bajísimos, lo que dio lugar al fortalecimiento de una clase de grandes terratenientes, que en adelante tendría una gravitación ineludible. Se instrumentaron también políticas para atraer colonos inmigrantes, pero fueron poco exitosas. A partir de estos años la clase alta porteña se orientó fundamentalmente hacia la ganadería para la exportación de cueros, y en menor medida a la producción en saladeros, actividades en las que Buenos Aires reemplazó a un Litoral arruinado. Todos estos factores generaron un mayor interés por la posesión de la tierra, que progresivamente dejó de ser un recurso barato y abundante.

Por iniciativa del gobierno, también en 1822 un consorcio de comerciantes locales y británicos creó el primer banco que hubo en Hispanoamérica, el Banco de Descuentos de Buenos Aires, que imprimió papel moneda propio para reemplazar como circulante a la plata altoperuana (en esos años también se utilizaron letras londinenses para las transacciones comerciales, lo que da la pauta de la importancia que había adquirido Inglaterra).

En 1824 se firmó un empréstito —el primero de la provincia— con la firma londinense Baring Brothers con el objetivo de financiar obras de infraestructura portuaria. El préstamo se realizaba en medio de tratativas con el Imperio británico para que reconociera la independencia de las Provincias Unidas, algo crucial por la amenaza española de reconquistar la región. Londres concedería poco después el reconocimiento bajo condición de un tratado de libre comercio que los favoreciera. El préstamo resultó ruinoso: las obras anunciadas nunca se realizaron y los intereses se acumularon hasta generar una deuda ocho veces mayor que los fondos recibidos, que al país le costaría ochenta años terminar de pagar. El Partido del Orden plasmó una alianza entre políticos liberales, sectores comerciales y ganaderos e intereses financieros y geopolíticos imperialistas que sería perdurable.

En lo político, las reformas fueron incluso más profundas. El Cabildo, protagonista estelar hasta entonces, quedó abolido en 1821; la nueva Legislatura no tuvo en adelante otra institución que le hiciera sombra. Por una disposición del mismo año, sus miembros serían elegidos en comicios: la mitad los elegía la ciudad —lo que daba gravitación a la insumisa plebe urbana—, pero la otra provendría de la campaña, donde los grandes propietarios tenían mayor influencia. Así equilibrados, los legisladores tenían, entre otras, la tarea de elegir al gobernador. Por ley de 1821, en las elecciones podían votar todos los varones libres, sin restricciones de color o de posición social (aunque para presentarse como candidato sí había que ser propietario). Fue la primera ley de esas características en América Latina y se implementó en un momento en el que en buena parte de Europa los comicios no existían en absoluto o estaban todavía reservados a quienes tuviesen propiedades. Todo un signo de la importancia que había ganado el bajo pueblo como protagonista de la política. Al mismo tiempo que Buenos Aires, Corrientes también concedió derechos ciudadanos amplios y en años subsiguientes las seguirían el resto de las provincias (salvo Córdoba y Tucumán).

Sería inexacto, sin embargo, afirmar que fue una ley de inspiración democrática o signo de un compromiso férreo con la voluntad popular. Poco antes, en 1817, el Congreso de Tucumán había establecido que el voto excluiría a los más pobres y, como veremos enseguida, hubo en 1826 un nuevo intento en el mismo sentido. «Democracia» era un término que, en estos años, las élites usaban en sentido negativo para referirse a las asambleas populares, a las prácticas de deliberación callejera y de acción colectiva propias de las clases bajas. Aunque riesgoso, ponerlas a votar por políticos, delegando en ellos las decisiones, era un modo de desactivar esa «amenaza democrática». Por lo demás, había muchas formas de controlar a los votantes: el voto no era individual ni secreto y los jueces de paz o los comisarios solían conducir a grandes grupos de personas a las mesas electorales para que manifestaran su preferencia en forma pública y registrada por conteo de cabezas.

Junto con los cambios en la política hubo todo otro paquete de reformas judiciales, financieras y eclesiásticas. Entre otras cosas, se aseguró la libertad de cultos, se fomentó la enseñanza pública y en 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires. Rivadavia dispuso además una serie de reglamentaciones orientadas a disciplinar al mundo popular. La reforma militar disminuyó el peso de las milicias y las reorientó a la defensa de las fronteras.

La capacidad del Partido del Orden de ganar elecciones quedaría pronto en entredicho con la formación de un grupo de oposición, encabezado por Manuel Dorrego, que fue ganando el favor popular. Para seducir al electorado, Dorrego vestía al modo de las clases bajas, retomaba algunas de sus demandas y fustigaba a los extranjeros y a las clases altas, lo que tenía gran resonancia entre la plebe porteña. Por contraste, el grupo rivadaviano era percibido como cercano a las clases acomodadas. El desplazamiento final del Partido del Orden llegaría en medio de un nuevo intento de lograr la unidad nacional, algo que exigían los británicos para conceder el reconocimiento anhelado. El gobierno porteño convocó a las provincias a un nuevo congreso constituyente, que se reunió en Buenos Aires a fines de 1824. Este congreso definió, entre otras cosas, la creación del cargo de Presidente de la Nación, y a comienzos de 1826 eligió a la persona que tendría el honor de ser el primero, que no fue otra que Rivadavia. Inevitablemente volvió a plantearse la cuestión de las relaciones entre poder central y provincias. No solo los diputados porteños, que tuvieron predominio de entrada, sostuvieron la idea de que fuese un ordenamiento liberal y centralista: también fue apoyada por varios diputados del interior, que veían en ello un modo de poner coto al poder de sus caudillos locales. Durante el congreso aparecieron ya claramente dos partidos, denominados «Unitario» y «Federal», llamados a enfrentarse amargamente. Ambos tuvieron partidarios tanto en el interior como en Buenos Aires.

Sin embargo, no fue ese el único foco de tensiones. En 1825 el congreso decidió admitir a representantes de la Banda Oriental, lo que desató una inevitable guerra con Brasil, que la consideraba propia. El conflicto bélico, que se extendió hasta 1827, produjo descontento en diversos sectores. Además, Rivadavia empezó a encontrar resistencias entre las propias clases altas de su provincia —también de las bajas— cuando apoyó la idea de nacionalizar la ciudad de Buenos Aires, lo que quitaría a los porteños el control de la aduana. Y finalmente estuvo la cuestión de los derechos políticos. Los unitarios propusieron que los más pobres no tuviesen derecho al voto, algo a lo que los federales se opusieron enérgicamente. La Constitución finalmente se aprobó en diciembre de 1826; establecía la forma de gobierno representativa, republicana y unitaria. Otra novedad fue que adoptaba «República Argentina» como nuevo nombre, en reemplazo del de Provincias Unidas de Sud América. Fue la primera vez que se usó Argentina como designación para todo el conjunto. Del latín argentum (plata), «argentinos» se había empleado originariamente para nombrar a la población adyacente al Río de la Plata y solo a ella. Que se extendiera ahora a todo el país era indicativo de la gravitación que los porteños habían tenido en el congreso.

Previsiblemente, el descontento de las provincias había ido en aumento. Desde 1825, el riojano Facundo Quiroga se había convertido en foco de un realineamiento de varias lealtades del interior, descontentas con Rivadavia y con su centralismo, que incluyó a Cuyo, Córdoba, Santiago del Estero y, por supuesto, La Rioja, y buscaba expandirse hacia el Litoral. En parte por su influjo, las provincias fueron quitando apoyo al nuevo presidente y casi todas terminaron rechazando el texto constitucional, que no llegó a aplicarse. A su vez, en 1827, Dorrego, identificado con el partido federal, ganó las elecciones bonaerenses y se convirtió en el nuevo gobernador, desplazando así al Partido del Orden. El golpe de gracia para Rivadavia vino de la torpeza con la que su enviado negoció la paz con Brasil. Los términos acordados significaban una humillación total para la Argentina, lo que, a mediados de 1827, empujó a la renuncia al efímero presidente. Con él se extinguió el cargo de presidente y también el congreso. Como en 1820, todo poder central colapsó y las provincias quedaron a su arbitrio. Sería el último intento de unidad hasta 1853.

Tras el derrumbe, en 1828 se firmó la paz con Brasil en los términos que proponía el Imperio británico, que exigía que la Banda Oriental fuese un país independiente. Dos años más tarde promulgó su primera constitución y adoptó como nombre Estado Oriental del Uruguay.

El ascenso de Rosas y el Pacto Federal

Desplazados del gobierno, los unitarios porteños aprovecharon el regreso del ejército que combatía en Brasil para volver al poder, golpe de Estado mediante. Con acuerdo de los dirigentes de ese partido, el 1º de diciembre de 1828 una movilización militar disolvió la Legislatura y, de manera ilegal, el general Juan Lavalle se proclamó nuevo gobernador. Dorrego fue hecho prisionero y ejecutado pocos días después por orden del mandatario de facto, a instigación de los unitarios, que recelaban del apoyo del que gozaba entre las clases populares. El asesinato causó una conmoción en todo el país: hasta entonces la política había estado relativamente libre de ese tipo de violencias, al menos en el nivel de la alta dirigencia.

Inesperadamente, la indignación popular que desató la ejecución hizo que entrara en escena un actor hasta entonces poco visible en Buenos Aires: las clases bajas rurales. Un inédito alzamiento espontáneo de labradores, pastores y peones, al que también se sumaron indígenas, electrizó la campaña bonaerense. Pelearon principalmente en montonera y al estilo de la guerra de guerrillas y consiguieron poner en aprietos al ejército que respondía a Lavalle. Fue el primer alzamiento rural de magnitud y redefinió totalmente los términos de la política bonaerense. Los rebeldes reclamaron a Juan Manuel de Rosas, comandante de campaña, como jefe y único heredero de la popularidad de Dorrego. En retirada, Lavalle negoció con él dar un paso al costado. Tras un breve interinato, en diciembre de 1829 la Legislatura eligió a Rosas casi por unanimidad como nuevo gobernador, otorgándole facultades extraordinarias para controlar la inestable situación (algo que ya habían tenido gobiernos previos, aunque por tiempo limitado). Se lo saludó entonces como Restaurador de las Leyes.

Rosas era un poderoso estanciero, pero se había ganado la popularidad gracias a la relación de cercanía que había entablado con las clases bajas rurales desde su puesto de comandante de campaña. Además, conocía bien a los indígenas de la zona y hablaba lengua pampa. Catapultado al cargo de gobernador, cultivó también la simpatía de la plebe urbana y el favor de los ganaderos exportadores, cuya bonanza favoreció. Con esos apoyos, se convertiría en el hombre fuerte de la política porteña durante los siguientes veinte años, el primer período de algo parecido a la estabilidad desde la Revolución de Mayo.

Tras el fracaso del golpe de Lavalle, el partido unitario perdió todo lugar en Buenos Aires, pero no así en el resto del país. Otro veterano de la guerra con Brasil, el general José María Paz, consiguió hacerse fuerte en Córdoba luego de 1829 y desafió desde allí a la coalición que encabezaba Facundo Quiroga. Brillante estratega militar, ese año y el siguiente repelió exitosamente los ataques del caudillo riojano. Mediante alianzas y la persuasión de sus tropas consiguió armar una Liga del Interior de orientación unitaria que pronto controló también Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero e incluso San Juan y La Rioja. Por un momento pareció el ocaso de Quiroga. Pero en respuesta a esa situación, en enero de 1831, Rosas y las provincias del Litoral firmaron un Pacto Federal que acordaba una serie de obligaciones conjuntas y se comprometían a promover la organización nacional cuanto antes. Con ese acuerdo en mano, lanzaron el ataque contra Paz: desde su punto de vista, no habría estabilidad ni organización en tanto el unitarismo subsistiese. El país quedaba así dividido en dos ligas, la Unitaria y la Federal, decididas a eliminarse la una a la otra.

Con el refuerzo del Litoral, Quiroga recuperó parte del territorio que había perdido. Por un golpe de suerte, en 1831 los aliados consiguieron tomar prisionero al mismísimo Paz sin haberlo derrotado. Sin su líder, la liga unitaria se derrumbó. Los federales obtuvieron así a nivel nacional una hegemonía que se apoyaba en tres figuras: Quiroga, Rosas y el santafecino Estanislao López. Una a una, otras provincias se fueron sumando al Pacto; el orden nacional parecía al alcance de la mano. Sin embargo, Rosas siempre encontraba alguna excusa para negarse a honrar el compromiso de convocar a una asamblea constituyente, algo que sus colegas no dejaban de reclamar. Es que teniendo el control de la aduana y el manejo de las relaciones exteriores que las provincias le habían delegado, no tenía ningún apuro para someterse a una constitución.

Los dos caudillos que podían hacer sombra a Rosas no tardaron en desaparecer de la escena política. En febrero de 1835, Facundo Quiroga es emboscado y asesinado en Barranca Yaco, Córdoba. El crimen sacudió todo el equilibrio de poder interprovincial y, como veremos enseguida, terminó favoreciendo a Rosas. Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, intentó convertirse en referencia para una nueva alianza norteña, pero murió asesinado en 1838. Ese mismo año fallecía también López, en su caso, de muerte natural. Con el camino allanado, desde su base porteña Rosas fue controlando el escenario nacional de manera informal, interviniendo en los asuntos de las demás provincias de diversos modos, que iban desde el tejido de lazos de lealtad personal hasta las amenazas, las intrigas y la fuerza militar si hacía falta. Gozó desde entonces de las atribuciones de un gobernante nacional, pero sin las cargas ni los límites de un ordenamiento legal.

El Pacto Federal se convirtió así en la piedra angular del funcionamiento de una Confederación de hecho que subsistió hasta 1853 sin constitución ni instituciones centrales. Pero es importante destacar que no todo el logro de Rosas se sostuvo en sus maniobras políticas y militares. A fines de 1835 el caudillo porteño había dictado la Ley de Aduana, que reflejaba bien los intereses de los sectores ganaderos bonaerenses, pero que a su vez ponía aranceles de importación que protegían algunos de los productos de ciertas provincias y a los artesanos porteños. El equilibrio interprovincial también llegaba por obra de un incipiente compromiso entre librecambio y proteccionismo.

El precario orden llegó, sin embargo, con costos terribles. La querella entre unitarios y federales desencadenó una guerra civil que dejaría marcas perdurables. La política local se volvió extremadamente facciosa e intolerante. Ambos partidos desarrollaron toda una serie de ideas, expresiones y motes para demonizarse mutuamente y para negarse el uno al otro cualquier legitimidad. La prensa y las proclamas unitarias describieron a los federales como «hordas de salvajes» feroces y «sedientos de sangre humana». Retomando vocablos que utilizaban los europeos para justificar su dominio colonial sobre Asia y África, introdujeron en la década de 1830 la idea de que ellos peleaban por la «civilización», mientras que sus adversarios representaban la «barbarie», por lo cual debían ser aplastados sin falta. Los federales no se quedaron atrás: para ellos los unitarios eran «salvajes», «impíos» e «inmundos». Ambos bandos se lanzaban «mueras» constantemente. Y no se trataba tan solo de palabras. La discordia llevó la guerra a zonas que no la habían conocido en tiempos de la Independencia, como Catamarca, La Rioja, Córdoba o Cuyo. Luego del fusilamiento de Dorrego, la violencia política se volvió habitual y adquirió tonos espeluznantes, con formas de crueldad extrema en los campos de batalla, que incluyeron ultimar a los enemigos a hachazos, degollarlos masivamente o incluso despellejarlos vivos; ambos bandos se destacaron en tales atrocidades. Finalizada la guerra entre unitarios y federales, los conflictos internacionales y los desafíos posteriores al poder de Rosas prolongaron los enfrentamientos bélicos de manera casi ininterrumpida hasta 1847. El odio que le profesaban sus enemigos los llevó incluso, como veremos, a apoyar incursiones militares de gobiernos europeos de claros objetivos imperialistas con tal de ver a Rosas derrocado.

Los gobiernos de Rosas

El de la Liga Unitaria no fue el único desafío que Rosas debió vencer para afirmar su poder. Sus años de gobierno estuvieron marcados por conflictos y disidencias de magnitud, tanto internas como internacionales.

Cuando Rosas terminó su primer mandato como gobernador, la Legislatura le ofreció un segundo término, pero sin las facultades extraordinarias que había tenido en el primero. Es que, dentro del propio federalismo había fuertes resistencias al tipo de concentración del poder al que el caudillo aspiraba. En ese escenario, Rosas prefirió declinar el ofrecimiento para dedicarse, en cambio, a reforzar su poder fuera del cargo. En 1832 promovió y encabezó personalmente la llamada «Expedición al desierto», una vasta campaña militar hacia territorios indígenas que apuntaba a garantizar la seguridad de las tierras de frontera, algo de gran interés para los estancieros, quienes se comprometieron en la empresa con el aporte de fondos. La avanzada combinó la amenaza militar y la negociación pacífica con los pueblos fronterizos y resultó todo un éxito. Rosas consiguió asegurar para los blancos una importante franja de tierra productiva y ganó para sí un gran prestigio.

Durante su ausencia de la ciudad, sin embargo, las cosas no habían sido tan simples como había esperado. Su sucesor resultó menos dócil que lo planeado y dentro del federalismo se organizó una facción en su contra que se hizo fuerte en la Legislatura. Rosas apeló entonces nuevamente a la movilización popular. Mientras estaba todavía en campaña, sus seguidores fundaron la Sociedad Popular, una organización dirigida por su esposa, Encarnación Ezcurra. La nueva asociación se dedicó a intimidar a los adversarios de Rosas en la Legislatura y fuera de ella, especialmente a través de su brazo armado, la famosa Mazorca, una fuerza clandestina ligada a la policía que tiempo después sembraría el terror entre los opositores. (Mientras todo esto acontecía, en enero de 1833, Gran Bretaña aprovechaba para ocupar las islas Malvinas, sin que el gobierno de Buenos Aires pudiese hacer otra cosa que elevar una protesta diplomática.)

La Legislatura volvió a ofrecer la gobernación a Rosas, quien reiteró su rechazo en tanto no le concedieran poderes extraordinarios, lo que la mayoría de los diputados federales le negaba. El compromiso con la división de poderes finalmente flaqueó al llegar la noticia del asesinato de Facundo Quiroga. Temiendo que se reabriera otro trágico período de caos y guerra civil, la Legislatura propuso entonces a Rosas que asumiese «la suma del poder público». Se le ofrecía un mandato de cinco años en el que tendría facultades no solo ejecutivas, sino también legislativas e incluso judiciales. Rosas aceptó (la secuencia ofrecimiento-rechazo se volvería una especie de ritual en los años por venir), pero decidió refrendar su nombramiento con otro hecho político inédito: inmediatamente organizó un plebiscito en el que nueve mil votantes —un número impresionante para la época— se manifestaron a favor de su designación. Su legitimidad quedaba probada en las calles y en las urnas tanto como en las instituciones.

Ese fue el comienzo de la deriva autoritaria que en adelante tendrían los gobiernos de Rosas. Cierto que su cargo siempre surgió de una designación legal. Los comicios para la Legislatura se siguieron realizando, junto con plebiscitos frecuentes para reafirmar su popularidad. Pero al mismo tiempo, elección tras elección fue consiguiendo que entraran diputados leales hasta que quedó vaciada de poder real. Rosas también siguió de cerca las designaciones de los jueces y sus fallos. La prensa sufrió rígidos controles, al tiempo que se puso en marcha un importante aparato de propaganda oficial. Los opositores fueron perseguidos y muchos debieron marchar al exilio a Entre Ríos o Montevideo. La vida pública asumió un carácter fuertemente faccioso. La población común se vio en la obligación de exhibir signos visuales de su adhesión, como la divisa punzó. «¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios!» fue un eslogan de repetición obligatoria, incluso luego de la desaparición del partido unitario.

Por todos estos rasgos, la de Rosas no fue una dictadura personal de tipo arcaico sino más bien un régimen autoritario moderno. Participaba de los estilos y remitía a los valores propios de la política republicana de la época, con su base en la legitimidad popular expresada en elecciones y plasmada en instituciones. Claro que manipulaba estas últimas persistentemente. Pero no cabe duda de que gozó de una popularidad activamente movilizada. Por lo demás, la venalidad del voto, la colonización partidaria de las instituciones, las intervenciones sobre otras provincias o las limitaciones a la prensa no se demostrarían prácticas exclusivamente suyas, sino un rasgo perdurable de la política argentina.

Los peores momentos de autoritarismo fueron aquellos en los que Rosas debió enfrentar amenazas reales. Las más complicadas llegaron entre 1837 y 1842. Comenzaron con una guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana por la posesión de Tarija. Siguió en 1838 el bloqueo del puerto de Buenos Aires por una escuadra francesa. Francia exigía tener también ella el trato comercial de «nación más favorecida» que se había concedido a Gran Bretaña en 1825. Pero el conflicto se entrelazó con la política interna y con las luchas de partidos en Uruguay, ya que la oposición unitaria desde Montevideo intentó aprovechar el contexto y propiciar una alianza con los franceses, con el partido colorado uruguayo y con otros dentro de la Argentina para derrocar a Rosas, quien a su vez apoyaba a los blancos del otro lado del Plata.

Un primer intento encabezado en 1839 por el gobernador de Corrientes fue rápidamente derrotado. Ese mismo año Juan Lavalle, que estaba exiliado en Montevideo, consiguió financiamiento francés para otra intentona y avanzó con un ejército rumbo a Buenos Aires. Temiendo perder la batalla, emprendió la retirada al comprobar que sus tropas no despertaban ninguna simpatía popular, como había esperado. Paralelamente hubo un conato de rebelión en el sur de la provincia, donde grupos de hacendados habían armado una milicia de peones y estaban decididos a lanzarse contra Rosas. El movimiento de los «Libres del Sur» —así se denominaron— fue fácilmente derrotado por la milicia de frontera con la ayuda de grupos indígenas. Rosas terminó con esa primera serie de desafíos negociando un acuerdo con Francia para que levantara el bloqueo a cambio de dar a los residentes franceses los mismos privilegios que tenían los británicos.

En esos mismos años se había nucleado en Buenos Aires un grupo de jóvenes intelectuales que no significaban una amenaza de la talla de las que Rosas había derrotado, pero que proveyeron contra él narrativas y argumentos poderosos y perdurables. Desde comienzos de la década de 1830 se habían ido agrupando en torno de Esteban Echeverría, quien había regresado después de su estadía de cinco años en París con ideas de avanzada. Se los conoció como la Nueva Generación o la Generación del 37, e incluyó a figuras como Vicente Fidel López, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez. Al núcleo inicial se acercaron otros jóvenes, entre ellos, Bartolomé Mitre y, a la distancia, Domingo Faustino Sarmiento. Influidos por el Romanticismo europeo, se destacaron por sus ataques a Rosas, aunque inicialmente habían sido muy críticos del gobierno rivadaviano, al que acusaron de haber querido copiar políticas del liberalismo europeo sin la menor atención por las realidades locales.

El grupo combinaba la admiración por las ideas progresivas y democráticas europeas con un marcado escepticismo respecto de la capacidad de las clases bajas criollas de estar a la altura de ellas. Se proclamaron democráticos, pero al mismo tiempo pidieron la supresión o limitación del sufragio universal, ya que para ellos el bajo pueblo aún no estaba preparado para ejercer la ciudadanía. En su opinión, la concesión prematura del voto en 1821 había terminado por acabar con los unitarios y había dado paso a la tiranía de Rosas. Creían en la necesidad de una tutela intelectual sobre la vida política, en la «soberanía de la Razón», que no era otra cosa que el gobierno de los más capaces. Además de promover las ideas europeas, hicieron campaña para europeizar las costumbres locales en todos los frentes, por caso, a través de la revista La Moda que dirigió Alberdi. Para 1838, funcionaban como un grupo de agitación política clandestino, por lo que muchos terminarían en el exilio.

En alianza con antiguos unitarios, los jóvenes de la Nueva Generación estuvieron involucrados en un nuevo desafío al rosismo. En 1840 se formó la Liga del Norte, que nucleó a los gobiernos de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja contra Rosas. El gobernador porteño lanzó contra ellos una campaña militar de reconquista en 1841 y 1842 que acabó con sus veleidades. En el mismo año de 1840 el incansable general Paz intentó marchar de nuevo sobre el Litoral, pero para 1842 Rosas había conseguido controlar la zona y, más aún, avanzar decisivamente sobre la política uruguaya en apoyo a su aliado Manuel Oribe. A partir de 1842 y por los siguientes diez años, la Confederación se mantendría firmemente en manos de Rosas.

En el turbulento período que antecedió a la calma, entre 1840 y 1842, la Mazorca desató en Buenos Aires una verdadera ola de terror. Al menos cuarenta personas fueron degolladas en sus hogares durante el primer año y otras tantas en el último. Muchas más recibieron golpizas o torturas. No está claro si Rosas en persona daba las órdenes o si la organización se manejaba de manera autónoma, pero ciertamente el gobierno la dejaba actuar. Ganada la calma, luego de 1842 las actividades de la Mazorca se detuvieron y desde entonces reinó la tranquilidad. Algunos exiliados pudieron regresar y Buenos Aires recobró una intensa vida social.

Rosas tuvo que superar, sin embargo, una prueba más. En abril de 1845, en parte para limitar la injerencia de Rosas sobre Uruguay y en parte para asegurar la libre navegación de los ríos hasta Paraguay, escuadras de Gran Bretaña y Francia aliadas iniciaron un nuevo bloqueo naval contra Buenos Aires. En noviembre las fuerzas porteñas libraron con vigor la batalla de la Vuelta de Obligado, para impedir que los barcos invasores remontaran el río Paraná, pero finalmente fracasaron. Sin embargo, la victoria no trajo para los extranjeros los frutos anhelados. Las poblaciones ribereñas recibieron a los comerciantes europeos con cualquier cosa menos simpatía. Los ataques no faltaron, lo que, sumado a la dificultosa navegación del río, volvía antieconómico el comercio. Así, Rosas pudo negociar una paz en términos que no fueron del todo desfavorables. Francia y Gran Bretaña acordaron levantar el bloqueo en 1848 con la promesa de Rosas de no anexar Uruguay, pero con la aceptación, por parte de las potencias, de que el tema de la navegación de los ríos era de incumbencia exclusivamente local. Rosas salió del trance sin parecer derrotado y con el prestigio de haber presentado batalla contra países poderosos.

Los años que siguieron fueron inusualmente calmos. El país estaba pacificado y en manos de federales. La Confederación funcionaba como un orden nacional, incluso sin tener instituciones centrales. No es que todos adhirieran al gobernador porteño: el antirrosismo seguía siendo fuerte en el interior. Pero por el momento había perdido la capacidad de acción. Si algo había demostrado la sucesión de conflictos de los que Rosas había salido victorioso era la superioridad militar de los ejércitos porteños, que derivaba a su vez de los recursos económicos incomparablemente superiores con los que contaba la provincia. Esa comprobación tendría un peso determinante en los años por venir.

La conquista del orden favoreció un crecimiento notorio de la economía. Bajo la égida de Rosas, Buenos Aires profundizó su orientación ganadera. Sus esfuerzos para empujar la frontera del indio y el reemplazo de la enfiteusis rivadaviana por la privatización a gran escala de tierras fiscales contribuyeron a acentuar el proceso de formación de grandes estancias, contrapesado con políticas de donación de tierras que beneficiaron a pastores y labradores modestos (a fines de la década de 1830 la mitad de las familias que vivían en la campaña bonaerense tenían explotaciones propias). En los últimos años de Rosas, la ganadería se fue volcando también hacia la cría de ovinos para la exportación de lana. Para Buenos Aires resultó un período de gran prosperidad y fue finalmente en estos años que las exportaciones ganaderas consiguieron cubrir el déficit que había dejado la pérdida del Alto Perú.

La paz rosista también permitió la recuperación de la economía de otras provincias. Desde mediados de la década de 1820 se restablecieron los intercambios económicos con Chile y Perú, lo que trajo oportunidades para zonas como Salta o Mendoza. Desde los años 1840, Entre Ríos y Corrientes y, en menor medida, Santa Fe recuperaron la prosperidad, siempre ligada a la ganadería. Tucumán encontró en el Litoral mercados para sus artesanías. Sin embargo, no hubo grandes cambios en las formas de producción, que seguían siendo similares a las de la época colonial. Cierto, la opción del trabajo esclavo decayó, pero no de manera brusca: para paliar la falta de mano de obra en 1831, Rosas reabrió durante dos años el comercio indirecto de esclavos y se compraron además esclavos brasileños durante la guerra anterior con ese país, a los que se convertía en libertos. Persistieron también algunas formas de trabajo indígena no libre. Las haciendas y estancias se organizaban más o menos al modo tradicional y seguían conviviendo con un variopinto universo de pequeños y medianos productores y, en varias zonas, también con un campesinado de subsistencia. Las clases populares (esencialmente, con trabajo femenino) seguían produciendo textiles y vendiéndolos a los mercaderes. Sus tejidos de lana artesanales y los ponchos indígenas seguían comercializándose incluso en Buenos Aires, donde ya se ofrecían masivamente ponchos de algodón fabricados en Mánchester.

La orientación hacia la exportación ganadera continuó acentuando el desbalance entre el Litoral y el Noroeste: el primero superó en estos años al segundo en cantidad de población, en buena medida por la migración interna de familias de clase baja en busca de mejores oportunidades y también incipientemente por el peso de un flujo de inmigración europea. El carácter móvil y multiétnico de la población del Litoral acentuó los rasgos más abiertos e igualitarios de su sociedad, por comparación con la más tradicional y jerárquica del Noroeste.

Clases populares, política y cultura en la era de Rosas

La búsqueda del orden vino de la mano de mayores presiones de las élites sobre el mundo popular. En Buenos Aires y el Litoral hubo más controles sobre los llamados «vagos»: la exigencia de circular con papeleta de conchabo se extendió aún más y los jueces de paz —que no eran funcionarios de carrera sino vecinos «notables»— tuvieron mayores poderes. Los que más los padecieron fueron los migrantes internos (que además solían ser mestizos o pardos), que por tener menos vinculaciones eran los más desprotegidos. Por otra parte, un aparato de Estado más sólido pudo ejercer mayores controles sobre la propiedad: el acceso a la tierra fue por contrato formal de venta y hubo menos lugar para la ocupación sin título o para faenar ganado ajeno. Así y todo, estos esfuerzos disciplinadores tuvieron efectos limitados. La mano de obra seguía siendo escasa, lo que mantuvo los jornales en niveles comparativamente altos. De hecho, la época de Rosas fue testigo de un notorio incremento en su poder de compra. Todos los indicios apuntan a un mejoramiento en las condiciones de vida de los más pobres (por algunas políticas públicas, pero también porque la exportación de cuero dejaba abundante carne a precio bajo en el mercado local). En estos años se mantuvo la tendencia a la mayor equidad en la distribución del ingreso y de la riqueza que había producido la Revolución. Y junto con ella, la independencia y altivez de los peones que irritaba a los propietarios. Los artesanos porteños sintieron los efectos de la introducción de bienes importados, pero la Ley de Aduana de 1835 previó también para ellos algunas protecciones.

En el interior, en cambio, la situación fue diferente: en general la vida popular no mejoró, la riqueza siguió concentrada en los grupos privilegiados y los esfuerzos disciplinadores fueron más exitosos. En Salta y Jujuy, por caso, la muerte de Güemes dio comienzo a una verdadera revancha de las clases altas, que fue eliminando gradualmente las concesiones que los gauchos habían ganado en tiempos de la Independencia. Sin embargo, por todas partes persistieron expresiones abiertas de resistencia popular, motines de soldados, deserción de los ejércitos y formas extendidas de bandidismo. Por más que los estados provinciales se hubiesen fortalecido, seguía habiendo un archipiélago de zonas de frontera en las que podían refugiarse quienes tuviesen problemas con la ley.

Para los indígenas, la situación no trajo mejorías evidentes. El fin de los «pueblos de indios» y de las autoridades étnicas, combinado con la mayor presión por la propiedad, se tradujo con frecuencia en la pérdida de sus tierras comunitarias. En el Noreste, el fin de la experiencia artiguista significó el ocaso del poderío político que habían ganado los guaraníes. Los blancos avanzaron militarmente contra ellos en ofensivas que a veces terminaron en masacres. La zona de las antiguas misiones quedó arrasada y muchos pueblos fueron abandonados.

Para los pueblos originarios que permanecían autónomos, también fueron tiempos turbulentos. Los del Chaco aprovecharon las peleas entre blancos y consiguieron ganarles tierras y ganado. En los años siguientes a 1830, los mocovíes asolaron la frontera santafecina hasta que se llegó con ellos a un acuerdo de paz. La región patagónica y hasta la frontera con Córdoba fue escenario de diversos conflictos entre parcialidades mapuches, tehuelches y ranqueles, y entre ellos y los blancos, cuyos avances sobre la tierra fueron respondidos con malones, algunos devastadores. La campaña de Rosas y su propuesta de diálogo y negociación fue un parteaguas. Varios de los caciques principales, como Catriel y Cachul, se convirtieron en aliados y ayudaron a consolidar el comercio pacífico. Pasaron a depender de los animales y bienes que les entregaba el gobierno porteño y participaron en la vida política apoyando a los federales allí donde les fue requerido. Otros grupos, en cambio, mantuvieron su autonomía y negociaron puntualmente su colaboración con el gobierno, como los que respondían al poderoso Calfucurá. Finalmente, otros grupos sostuvieron la hostilidad, como los ranqueles de Yanquetruz. Contra ellos, Mendoza y Buenos Aires lanzaron una campaña militar conjunta en 1833 (en la que pelearon también indios «amigos»), tras lo cual se alcanzó la pacificación.

Por su parte, los afroporteños adquirieron en estos años un inédito protagonismo en la vida pública. A partir de la década de 1820 fundaron sus propias «sociedades africanas» según la procedencia de cada uno en ese continente, para brindarse ayuda mutua y organizar eventos sociales. Reunidos en bailes y festividades, desarrollaron expresiones culturales propias, como el candombe, que combinaba música, baile y rituales religiosos. En tiempos de Rosas, se relacionaron con la política de manera intensa. El gobernador los protegió y ganó su adhesión; visitaba con su familia algunas de sus celebraciones y en 1838 les permitió participar con sus tambores en las Fiestas Mayas y también en el carnaval, algo que horrorizó a las clases «decentes». Es posible que los sirvientes negros de las familias opositoras funcionaran como una red de delatores al servicio del gobierno.

En conjunto, el lugar político de las clases populares fue cambiando de un modo ambivalente. Es indudable que fueron sometidas a mayores presiones desde el mundo de las élites y que perdieron algo de la autonomía, la radicalidad y la espontaneidad con la que habían intervenido en tiempos de la Revolución. Pero no es menos cierto que, al menos en Buenos Aires y en otras zonas, mantuvieron la capacidad de incidir sobre las políticas públicas por vía de su participación en el partido federal. Es que el enfrentamiento entre unitarios y federales plasmó por primera vez en un sistema de partidos una disputa que era entre dos visiones acerca de cómo organizar el país, pero tras la cual también se esbozaban diferencias de clase. Las dirigencias de ambos pertenecían ciertamente a los sectores acomodados, y sería injusto decir que los unitarios carecieron de todo apoyo entre las clases bajas, que sí lo tuvieron en alguna medida. Pero así y todo, los federales cultivaron una cercanía con lo plebeyo y con el espacio rural que no consiguieron sus adversarios, desde temprano identificados con los intereses urbanos y con las clases «decentes». Dorrego, por caso, advertía a sus seguidores contra la «aristocracia del dinero» y defendió el voto popular cuando los unitarios trataron de restringirlo. Entre los federales también hubo un intento consistente de asociarse a la «patria» y de denunciar a los unitarios por sus vinculaciones con los intereses extranjeros (que en el caso de Rivadavia, entre otros, eran bastante evidentes). Tras el desprecio popular por los «gringos» se reconocía un disgusto por los privilegios de los que gozaban —como el de evitar las levas y dedicarse en cambio a prosperar en sus negocios privados—, pero también por su cercanía con los «mandones» y los «cajetillas». El partido federal se conectó bien con esas ideas, incluso en sus manifestaciones más indirectas, como lo fue la defensa de la religión católica (que profesaba todo el bajo pueblo) frente a la política rivadaviana de decretar la libertad de cultos para comodidad de los extranjeros, en especial, de los mercaderes británicos anglicanos. Y la inevitable asociación del unitarismo con los intereses porteños no podía sino resonar entre el pobrerío del interior. Los unitarios colaboraron involuntariamente en que sus adversarios fuesen reconocidos como amigos del mundo plebeyo cuando los acusaban de tener a lo peor de la sociedad como base de apoyo, como lo hacían a propósito de los gestos de Rosas hacia los afroporteños.

Para que el federalismo pudiera sacar provecho del apoyo popular —como lo hizo— tenía que canalizar, aunque fuese en alguna medida, las aspiraciones plebeyas. Los caudillos de esa persuasión no alentaron en estos años procesos de radicalización de las clases bajas comparables a los que habían encabezado Artigas o Güemes, pero sí ofrecieron un canal para la participación popular y atendieron algunas de sus demandas. Lo que las clases populares perdieron en autonomía fue acaso el costo que pagaron por un orden que, después de todo, también ellas anhelaban luego de años de una revolución extenuante. El caso de Rosas es bien indicativo en ese sentido: llegó al poder gracias a una sublevación popular espontánea y desde allí se ocupó de canalizar el protagonismo popular conduciendo su energía hacia el partido federal. Con la eliminación de los unitarios y los disidentes, la participación popular decayó y Buenos Aires, antes revoltosa, quedó sosegada. Rosas tuvo así un papel disciplinador sobre las clases bajas, un «mérito» que incluso sus peores detractores le reconocieron. Pero el costo de esa desactivación se pagó con concesiones plasmadas en algunas de las políticas que debió adoptar y en una identidad federal entre las clases bajas que tendría efectos durante años luego de su caída.

En nada se notó mejor la tensión que implicaba ese compromiso que en el plano de la cultura. Los gaceteros rosistas sacaron gran provecho de la poesía gauchesca como canal para movilizar apoyo y para fustigar a sus enemigos. Con ello reforzaron la legitimidad de la figura del orgulloso gaucho como portador de las verdades del pueblo argentino (y del habla plebeya como el modo de expresarlas). En las gacetas que Luis Pérez publicó en la década de 1830, por caso, además de apoyar a Rosas y atacar a los unitarios, los personajes gauchos se reclamaban representantes de los intereses populares y contraponían su voz a la de los «doctores» de la ciudad, ridiculizándolos. En sus publicaciones tomaban la palabra además los negros, en su modo de habla particular, para expresar sus opiniones. Así, la voz plebeya, insumisa y crítica de las clases letradas —claro que tamizada por la pluma de Pérez— ocupó el centro de la escena.

La centralidad de la voz plebeya fue desde entonces insoslayable. Cuando los jóvenes de la Generación del 37 se propusieron dar a luz una literatura nacional «culta», trataron de recuperar la figura del gaucho dotándola de tintes románticos y alejados de la política. Además, por el éxito arrollador de las gacetas de Pérez, los unitarios trataron de emularlo y tuvieron sus propios escritores gauchescos —como Hilario Ascasubi—, que hacían hablar a gauchos, pero amigos de las élites, de los doctores y de los extranjeros. Su éxito fue mucho menor. Pero usaran o no la poesía gauchesca, los enemigos del federalismo tenían serias dificultades para lidiar con la ubicuidad y la legitimidad que había ganado el habla plebeya. Cuando Esteban Echeverría escribió el que se considera el primer cuento argentino, «El matadero», la utilizó para demonizar a las clases bajas, describiéndolas como brutales, de verba soez y homicidas. Para bien o para mal, como prenda de legitimidad o como presencia amenazante, el mundo plebeyo y sus vociferaciones habían ocupado el centro de la naciente literatura nacional, tanto como lo habían hecho con la vida política.

Como nota final, vale la pena señalar que en esta guerra de impresos y de palabras que acompañó el enfrentamiento entre partidos, incluso las mujeres tomaron la voz, tanto de manera real como ficcional. En las gacetas de Pérez las criollas pobres y también las negras tenían un lugar prominente y hablaban de política tanto como los varones. Pero además, entre 1830 y 1831 la Imprenta del Estado publicó en Buenos Aires el primer periódico argentino dirigido a las mujeres y con reivindicaciones de género. Se llamó La Aljaba y lo editó Petrona Rosende.

CAPÍTULO 3

La gran transformación

El despliegue del Estado y del mercado sobre la Argentina (1852-1912)

Cuando Rosas parecía gozar de un poder indiscutido, una inesperada coalición lo quitó súbitamente de la escena. Su supremacía se había vuelto irritante para otros líderes federales, sus injerencias molestaban a otros en Uruguay y también a Brasil, que no veía con buenos ojos los esfuerzos del porteño para atraer de nuevo a su órbita a Paraguay. Fue Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y hasta entonces uno de sus aliados, el que lanzó el primer desafío. Con apoyo de Montevideo, del Imperio de Brasil, de Corrientes y luego de Santa Fe, sus ejércitos se pusieron en marcha y en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852 las fuerzas porteñas fueron rápidamente derrotadas. Rosas escapó y, con ayuda del encargado de negocios británico, se embarcó al exilio a Inglaterra, donde vivió el resto de sus días.

Sumida en el desconcierto y sin autoridades, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de una ola de saqueos que solo pudo ser contenida por el fusilamiento de al menos doscientas personas. Urquiza añadió su cuota de violencias fusilando a su vez a varios oficiales de las fuerzas enemigas y colgando a decenas de soldados en los árboles cercanos a la residencia de Rosas, para que quedara en claro el costo de la desobediencia. Poco después, las nuevas autoridades porteñas sumaron más fusilamientos, esta vez, de antiguos miembros de la Mazorca. Urquiza se transformó desde entonces y hasta su muerte en el líder del partido federal. La nueva hegemonía comenzaba bañada en sangre.

Urquiza convocó rápidamente a un congreso constituyente. Pero la empresa se complicó debido a una disidencia que surgió, no casualmente, en Buenos Aires. Con el retorno de los exiliados y la reconversión de varios de los que hasta el día anterior habían sido funcionarios de Rosas se había formado allí velozmente un nuevo elenco político. Ayudó a galvanizarlo el recelo que les provocaba Urquiza, cuyos planes veían como una amenaza a la autonomía porteña. Desde temprano se destacaron en este nuevo Partido de la Libertad —como pronto se lo conoció— las figuras de Valentín Alsina, un antiguo unitario del grupo rivadaviano, y Bartolomé Mitre, uno de los jóvenes de la Nueva Generación. Aunque ya no creían en la posibilidad de un ordenamiento unitario, se autodefinían como liberales y se consideraban continuadores de la obra de Rivadavia.

El resultado de las elecciones para renovar la Legislatura provincial fue favorable a los antiurquicistas y la sala fue escenario de un debate enfervorizado: había que decidir si se participaba o no de la asamblea constituyente. La ocasión dejó expuesto hasta qué punto la palabra «patria» estaba tensionada entre su significado tradicional y el nuevo que despuntaba. Vicente Fidel López argumentó en favor de participar diciendo: «…amo como el que más al pueblo de Buenos Aires donde he nacido ¡Pero alzo mi voz para decir que mi patria es la República Argentina y no Buenos Aires!». Su vehemencia fue en vano. En septiembre de 1852 la Legislatura votó el rechazo de la constituyente. Valentín Alsina asumió como gobernador y Mitre como ministro de Gobierno.

Las cosas no fueron sencillas para los dirigentes porteños. Un alzamiento rural de amplio apoyo popular sitió la ciudad con la exigencia de que la provincia se sumase a los «pueblos hermanos» que se reunían para darse una constitución y Urquiza organizó un bloqueo naval del puerto; aun así la ciudad hizo valer una vez más el poder de sus incomparables finanzas y pudo resistir a lo largo de seis meses. Mientras tanto, sobornó a oficiales y soldados enemigos hasta disolver la amenaza. Las tropas rurales, desanimadas por la falta de remuneración por sus servicios, aceptaron el dinero de los porteños y retornaron a sus pagos. La victoria decisiva sobrevino cuando el comandante de la escuadra de Urquiza desertó a cambio de 5.000 onzas de oro pagadas por los porteños, lo que puso fin al bloqueo.

Mientras Buenos Aires resistía el sitio, los representantes del resto de las provincias se habían reunido en Santa Fe y, con sorprendente celeridad, habían consensuado el texto de la nueva Constitución, que fue promulgada el 25 de mayo de 1853. Sin Buenos Aires, trece provincias iniciaban formalmente el proceso de organización nacional. Por las elecciones de noviembre de ese año, Urquiza se transformó en presidente de la nación y tuvo a Paraná como sede provisoria de gobierno. En un gesto de alto simbolismo, durante un discurso se arrancó la cinta punzó para anunciar que desde entonces se terminaban los antagonismos entre unitarios y federales. Entre los ministros que eligió, los había, efectivamente, de diversos partidos. En las mismas elecciones quedaron constituidas las cámaras de Diputados y de Senadores (la puesta en marcha del Poder Judicial tardaría bastante más). Sin contar con la Aduana porteña, los fondos de los que dispuso Urquiza para la puesta en marcha del aparato estatal fueron muy escasos, lo que limitó severamente los avances. La carencia de recursos se suplió contrayendo empréstitos en el exterior con tasas muy elevadas. Así y todo, la organización institucional avanzó y el caudillo entrerriano consiguió pasar la banda presidencial a su sucesor, el cordobés Santiago Derqui. Fue una transferencia pacífica, todo un cambio en la política argentina.

Separada del resto, Buenos Aires también se reclamó representante de la Argentina y avanzó en su consolidación institucional. La nación nacía institucionalmente partida. Las relaciones entre ambas partes fueron muy tensas. Buenos Aires promovió la formación de nucleamientos liberales afines en las provincias, mientras que el gobierno de Urquiza cobijaba a grupos que intentaban desbancar a los liberales porteños. Las tropas de unos y otros se enfrentaron finalmente en 1859 en la batalla de Cepeda, con triunfo contundente para las lideradas por Urquiza. Buenos Aires se vio obligada a firmar un tratado de paz que comprometió su incorporación a la Confederación. El acuerdo se refrendó en el encuentro de Derqui y Mitre, el nuevo gobernador porteño, en el palacio de Urquiza en Entre Ríos.

Sin embargo, las desavenencias retornaron. En varias provincias, las luchas entre federales y liberales eran encarnizadas. En San Juan, por caso, a instancias de los liberales fueron asesinados dos gobernadores de orientación federal, y uno liberal corrió la misma suerte poco después. Paraná y Buenos Aires se acusaban mutuamente de estar detrás de los crímenes. Las hostilidades fueron creciendo y el 17 de septiembre de 1861 ambas partes se enfrentaron otra vez en la batalla de Pavón. Nuevamente prevalecieron los ejércitos de la Confederación, pero de manera inexplicable, en medio del combate, Urquiza ordenó a sus tropas la retirada y luego quitó todo su apoyo a Derqui. En consecuencia, la victoria correspondió a los porteños y la Confederación colapsó. Mitre quedaba en los hechos como nuevo jefe de Estado y Buenos Aires se erigía como poder indisputado.

Nunca quedó claro el motivo de la defección de Urquiza, pero en los años siguientes mantuvo una disposición constante a negociar acuerdos con los liberales, para disgusto de algunos de sus seguidores, que no dejaron de sospechar que había traicionado al federalismo. Mitre, por su parte, lo dejó tranquilo en Entre Ríos, contra las exigencias de algunos de sus aliados, como Sarmiento, quien reclamó sin éxito que Urquiza fuese llevado a la horca.

¿Cómo organizar la nación?

La tarea de organizar la nación quedó en manos de las élites porteñas. En los lineamientos más generales acerca de cómo hacerlo, no tenían ellas desacuerdos de fondo con las que se habían reunido en Santa Fe, a instancias de Urquiza, para redactar la Constitución. Más allá de la competencia por el poder, compartían un mismo marco ideológico. A los dirigentes porteños se los llamaba «liberales», pero en verdad las ideas del liberalismo eran también hegemónicas entre sus rivales. Los unos y los otros coincidieron en que la soberanía popular debía ser limitada de diversas maneras para que no pusiese en riesgo el lugar de preeminencia de las clases acomodadas. Coincidían en que tenía que ser canalizada a través de representantes en un esquema institucional con división de poderes. También, en la necesidad de reservar para los individuos una serie de derechos que la voluntad popular no podía tocar, empezando por el de propiedad. Todos estaban de acuerdo en que había que promover el crecimiento económico dando amplias libertades y facilidades a la iniciativa privada. Siguiendo a Adam Smith, Juan Bautista Alberdi —al servicio de la Confederación y rival intelectual de los liberales porteños— llamaba incluso a favorecer el «egoísmo», ya que, al enriquecerse, los individuos labraban al mismo tiempo la grandeza del país. Todos compartían asimismo la opinión de que debía haber ferrocarriles e inversiones extranjeras y que era conveniente fomentar la inmigración y la educación.

De hecho, la Constitución sancionada en 1853 bajo auspicios de los federales estaba fundada en esos principios y se inspiraba en la carta magna norteamericana, modelo de republicanismo liberal. El texto afirmaba al individuo como único sujeto de derecho: no se reconocía que los tuviesen las comunidades, ni la naturaleza, ni las generaciones pasadas o futuras. Solo los individuos. Para ellos aseguraba la igualdad ante la ley (la esclavitud quedó por fin abolida) y reservaba una serie de libertades y derechos civiles amplios, como comerciar, transitar por el territorio, asociarse, publicar sus ideas y por supuesto, poseer propiedades. La Constitución no hacía diferencias entre argentinos y extranjeros y de hecho daba al Estado el mandato de propiciar la «inmigración europea». Disponía la libertad de cultos (salvo para los indígenas, que al menos en este punto no serían iguales ante la ley, ya que la Constitución mandaba que se promoviera su conversión al catolicismo).

Todas estas libertades quedaban definidas a la manera liberal, como «libertades negativas»: se levantaba cualquier impedimento que pudiera bloquearlas, pero el texto se desentendía de los condicionantes económicos, étnicos o de género que pudiesen hacer que unos tuviesen la posibilidad de aprovecharlas realmente y otros no. Del mismo modo, establecía toda una serie de contrapesos y dispositivos para prevenir la posibilidad de que los gobernantes ejercieran el poder de manera despótica y avanzaran sobre los derechos individuales. Sin embargo, no preveía ninguna protección similar ante la posibilidad de que los ricos o el funcionamiento del mercado tuviesen efectos negativos sobre las libertades reales de otros sectores sociales o sobre el futuro colectivo.

La Constitución recortaba dos planos claramente diferenciados: el de lo público y el de lo privado. Las «acciones privadas de los hombres» eran cuestión sobre la que el Estado no debía interferir. Asuntos como las relaciones de clase o las que se entablaban entre varones y mujeres quedaban en el dominio privado: no se las reconocía como materia de discusión política ni mucho menos de legislación. Sobre los derechos políticos, no especificaba nada —se sobreentendía que todos los varones adultos continuarían ejerciendo el voto como hasta entonces—, pero advertía que el pueblo no podía gobernarse sino a través de representantes. Quedaban prohibidas las reuniones de personas que se atribuyesen la voz del pueblo y peticionasen en su nombre.

En lo que respecta a la organización del Estado, el texto establecía un ordenamiento federal, con atribuciones que permanecerían en las provincias, aunque no la de establecer aduanas interiores, acuñar moneda propia o limitar la navegación de los ríos. Pero al mismo tiempo emplazaba un Ejecutivo fuerte que podía intervenirlas en situaciones excepcionales. El presidente sería elegido no por voto directo de los ciudadanos, sino indirectamente, por intermedio de representantes reunidos en un «colegio electoral».

El Poder Legislativo constaría de dos cámaras, una de Diputados de toda la nación y otra de Senadores en representación de los intereses de sus provincias (designados por sus respectivas legislaturas). El sentido de que fuese bicameral era tanto el de balancear el poder de cada provincia como el de reservar a un cuerpo más elitista, como lo sería el Senado, una serie de atribuciones que quedaban así «resguardadas» de la voluntad de las mayorías (el mismo sentido tenía el colegio electoral). Por caso, los senadores controlaban las designaciones de algunos cargos cruciales, como los de los jueces y militares, y podían bloquear las leyes propuestas por los diputados.

Finalmente, el Poder Judicial estaría encabezado por una Corte Suprema designada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los cargos de los jueces como los de las instancias inferiores serían vitalicios. El criterio de esta normativa se fundamentaba en la necesidad de que el Poder Judicial no dependiese de los gobiernos de turno, pero también de que se mantuviese fuera del alcance de los votantes, quienes no podrían así incidir de ningún modo en sus decisiones.

En fin, se trataba de todo un sistema de división y balance de poderes «contramayoritario» —así lo llaman los especialistas—, pensado para canalizar la voluntad popular tanto como para imponerle limitaciones muy precisas. En ese diseño, los habitantes del común no tuvieron ninguna participación. Las mujeres tampoco.

Sarmiento y Alberdi

Un escalón más abajo de estos lineamientos muy generales en los que había acuerdo, comenzaban las diferencias. En la aplicación práctica de estos principios y en el modo de concebir la tarea de la organización nacional hubo discrepancias diversas, no solo entre los dos partidos sino también entre los propios liberales. De hecho, la organización nacional estuvo precedida de un intenso debate intelectual que proveyó muchas de las ideas que condujeron el proceso. Hubo posturas de todo tipo, pero dos jóvenes de la Nueva Generación fueron quienes más se destacaron por sus aportes: Domingo F. Sarmiento y Juan B. Alberdi, considerados los padres fundadores de la tradición liberal argentina. Ambos tenían un gran escepticismo respecto de las capacidades de la población criolla y, en consecuencia, creían en la necesidad de reformar profundamente sus costumbres como condición previa a lo que por entonces se llamaba «el progreso».

En 1845, Sarmiento había publicado su Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas, llamado a convertirse en el libro más influyente de la historia argentina. Allí ofreció una particular narrativa acerca de las dificultades del país y los modos posibles de superarlas. Para Sarmiento, las discordias de la época no eran meros enfrentamientos de partido, sino una lucha dramática entre dos tendencias históricas. Se trataba de la «civilización» (que a pesar de sus errores encarnaban los unitarios) tratando de abrirse camino en un terreno todavía dominado por la «barbarie» (representada por los federales). Era una antinomia que ya habían puesto en circulación los unitarios en la década anterior, a su vez retomada del vocabulario que empleaban los europeos para justificar su expansión colonialista. El enfrentamiento de partidos expresaba realidades sociales y culturales profundas. La «civilización» venía de la mano de las clases letradas de las ciudades, especialmente las de Buenos Aires, que representaban una avanzada de la cultura y de las costumbres europeas, portadoras del progreso. La «barbarie» se hacía fuerte en el espacio rural, especialmente en el interior del país, y entre los pobladores criollos mestizados de clase baja, que eran los que engrosaban las montoneras. No era, en fin, el combate de dos partidos sino de dos países diferentes y contrapuestos. El progreso requería que las fuerzas de la «barbarie» fuesen erradicadas de raíz, un modo de concebir las tareas de la hora que, naturalmente, invitaba a la intolerancia hacia los adversarios políticos y hacia las clases bajas, al menos tal como se presentaban en ese momento.

En el menosprecio de la población criolla Alberdi coincidía plenamente. En 1852 escribió sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, texto que sirvió de base para la Constitución del año siguiente. Allí explicaba que, más que escribir buenas leyes, había que cambiar radicalmente la naturaleza de la población. Se trataba de «suplantar nuestra actual familia argentina por otra igualmente argentina, pero más capaz de libertad, de riqueza y progreso». Para ello era indispensable poblar el país con inmigrantes de la «raza anglosajona», industriosa, hábil para el comercio y apta para la libertad. Con su simiente y su ejemplo se iría modificando el perfil étnico y cultural de los habitantes del país hasta hacerlos dignos de la vida republicana.

Había, sin embargo, entre Sarmiento y Alberdi matices interesantes. Alberdi confiaba en que la inmigración y el crecimiento económico irían reformando lentamente el perfil de la población, que se iría educando «por las cosas», es decir, por el trabajo y por el ejemplo de prosperidad de los vecinos. Mientras eso sucediera, era mejor restringir los derechos políticos de las clases bajas y dejar el gobierno en manos de las élites. Había que erigir primero una «república posible», imperfecta y limitada; el tiempo para una «república verdadera», más abierta y participativa, llegaría más adelante. La tarea requería paciencia y no violentar demasiado las tradiciones, lo que podía generar una reacción política que terminara abortando la misión.

De temperamento más nervioso, Sarmiento no estaba dispuesto a tales esperas. Coincidía en la necesidad de atraer inmigrantes, pero proponía que el Estado tuviese además una intervención enérgica para sentar las bases del «progreso» de manera inmediata. Con respecto a los federales y a las montoneras, llamó a aplastarlos sin contemplaciones. Pero en referencia a la supuesta incapacidad de la población local, confiaba en que podía remediarse con una intensa política de educación pública que hiciese llegar escuelas primarias a cada rincón del país. Su confianza en el papel «civilizador» de la cultura y la ciencia era prodigiosa. En las escuelas que imaginaba, la formación debía ser integral, igual para varones y mujeres de todas las clases sociales. En eso su pensamiento era de avanzada para la época. También proponía que hubiese políticas de tierra tendientes a formar una amplia clase de granjeros independientes. Para él, como para todos los liberales de entonces, la posesión de propiedad llevaba a una conducta autónoma y racional, indispensable para la vida republicana. Por último, confiaba en que la participación política, especialmente en el plano municipal, sería también una formidable escuela de ciudadanía.

En comparación con Alberdi, entonces, Sarmiento parecía más dispuesto a abrir el juego político relativamente pronto, más preocupado por facilitar el acceso a la propiedad, más interesado en la difusión masiva del saber. La contracara de este aparente democratismo era que presuponía una enérgica intervención desde arriba que debía quebrar cualquier resistencia. La capacidad pedagógica de las élites y su disposición benevolente respecto del bajo pueblo dependían de que este aceptara ser alumno obediente y aprendiera más o menos rápido a comportarse de manera «civilizada». En la misión que Sarmiento imaginaba para la cultura urbana y para la élite letrada —tomar por asalto el mundo rural, de clase baja y mestizo, para forzarlo a reformarse según el modelo europeo— se reconocía todavía algo del espíritu de la conquista colonial. Las ideas de Alberdi eran más explícitamente elitistas, pero la mayor paciencia que solicitaba acaso significara menos violencias en lo inmediato.

La organización nacional no seguiría del todo ni las propuestas de Sarmiento ni las de Alberdi, aunque tomara elementos de ambas. El avance del capitalismo, las presiones del mercado internacional y los intereses de la burguesía ganadera local terminaron moldeando la nueva nación tanto o más que las iniciativas de las élites político-intelectuales. La inmigración masiva pronto arribó, de manera espontánea más que por efecto de las políticas del Estado; trajo más bien gentes del sur y del este de Europa, antes que los anhelados anglosajones. Sarmiento no pudo ver la concreción de su anhelada división de la tierra entre propietarios medianos, pero sí la implementación de sus ideas en referencia a la educación pública. La apertura hacia una mayor participación política de las clases bajas debería esperar todavía muchas décadas. De hecho, como veremos, se dio un proceso inverso de mayor monopolio de las decisiones en manos de una élite cerrada, en una medida tal que terminó escandalizando incluso al propio Alberdi.

Conducida por las élites liberales porteñas y sus asociados del interior, la organización nacional fue acompañada de una intensa violencia de Estado dirigida contra los federales, contra los indígenas y, en general, contra el bajo pueblo. El sistema federal que terminó implementándose se acercó todo lo posible al centralismo que habían predicado los unitarios.

La construcción de un Estado y un mercado nacionales

Los derechos que aseguraban la Constitución nacional y las que cada provincia debió redactar en acuerdo con sus principios rectores abrieron un período de revitalización de la vida política. Si no en todos los distritos, al menos en algunos hubo facciones que se organizaron para competir por el poder. La prensa floreció en varias ciudades y se transformó en un actor insoslayable de la vida política, formadora de opinión y propulsora de candidaturas. Las revoluciones, la violencia y la apelación a «asambleas populares» en armas siguieron siendo frecuentes, aunque lentamente la política institucional las fue desplazando.

En Buenos Aires y luego en algunos otros sitios nacieron «clubes políticos» con referentes barriales que funcionaron como poleas de transmisión entre la alta dirigencia y los votantes. Ir a votar no era, como hoy, un acto individual y secreto sino más bien colectivo y público, en el que participaban grupos movilizados por diversos medios, especialmente clientelares. Corrían siempre con ventaja quienes manejaban el aparato de Estado, porque podían usar sus recursos y emplearlos en su favor. Pero las elecciones eran muchas veces competitivas y el resultado no siempre se conocía de antemano. Pocos concurrían a los comicios (a veces no más de una cuarta parte de los que estaban en condiciones de hacerlo), pero los que lo hacían solían pertenecer a todas las clases sociales, incluyendo las bajas. Los federales habían desaparecido de Buenos Aires, pero en el interior seguían teniendo mucha fuerza.

En este escenario, tras su victoria en la batalla de Pavón, Mitre tuvo las manos libres para utilizar su poderío militar en todo el país de modo de alinearlo a sus políticas. Así, avanzó rápidamente e impuso gobiernos liberales en todas las provincias, a pesar de que los liberales eran minoría. Por todas partes los federales fueron desplazados (a excepción de Entre Ríos, donde no se molestó a Urquiza).

El avance mitrista encontró un hueso duro de roer al llegar a La Rioja, la tierra de Ángel Vicente Peñaloza, más conocido como «el Chacho», uno de los más prestigiosos caudillos que tuvo el federalismo. Adorado por las clases bajas de la región, Peñaloza había sido uno de los federales que se habían alzado contra Rosas en sus últimos años y luego había servido a Urquiza, quien lo había ascendido a general del Ejército nacional. Indignado por los atropellos de los porteños y con la autoridad que le daba su grado militar, armó una numerosa montonera e intentó recuperar para los federales los gobiernos de las provincias vecinas. Lo siguieron peones, labradores, arrieros, artesanos, en general «gauchos» pobres, muchos de ascendencia indígena o africana.

El gobierno nacional hizo todo lo posible por pintar las montoneras como si fuesen bandas de forajidos, pero en verdad las de esta época se formaban sobre la base de las milicias provinciales y a veces reclamaron esa legalidad; solían mantener una estructura jerárquica de tipo militar. Los combatientes que se alistaban lo hacían por una combinación de motivos: por expectativas de beneficios económicos (como conseguir ropa o comer carne vacuna) o de ascenso social (transformarse en oficiales), porque encontraban que el movimiento los reivindicaba como pobres o por su origen étnico, o simplemente porque eran de identidad federal y consideraban que los liberales no eran otra cosa que los viejos unitarios con otro ropaje, algo que en algunos sitios era literalmente cierto. Derrotadas varias veces por el ejército porteño, las fuerzas de Peñaloza se replegaban a los llanos y a los montes y volvían a atacar. Finalmente, en mayo de 1862, el Chacho aceptó firmar la paz con Mitre: aceptó su autoridad a cambio de que quedara en sus manos la pacificación de La Rioja.

Después de haber subordinado a las provincias, Mitre organizó elecciones bajo tutela de las autoridades liberales que él había impuesto en todo el país, que por supuesto dieron la victoria a Mitre. Así asumió en octubre de 1862 la que sería la primera presidencia con un país ahora sí unificado, bajo la égida de Buenos Aires. Una vez en el poder, se abocó a la tarea de construir un Estado, que a su vez era precondición para otro de los cambios cruciales de lo que entonces se llamaba «el progreso»: el establecimiento de un mercado regido por las normas del capitalismo, también él de alcance nacional, que ofreciese un terreno apropiado para la actividad de capitales locales y extranjeros.

La tarea era ciertamente ciclópea. Mitre ya había conseguido algo fundamental: un férreo liderazgo de alcance nacional. Pero faltaba mucho más. Para empezar, había que garantizar para el Estado el monopolio de la fuerza y el control del territorio. Eso involucraba construir un ejército realmente nacional (todavía no lo había), pero, sobre todo, desarmar las levantiscas milicias provinciales y acabar con la costumbre de alzarse en montoneras. También era preciso poner coto a la capacidad de los pueblos originarios de sostener su autonomía lanza en mano. Asimismo, había que marcar límites hacia afuera. Desde la Independencia era habitual que los gobiernos de toda la región interfirieran en los asuntos de los demás, no solo acogiendo exiliados, sino, muchas veces, financiando o apoyando sus incursiones armadas, lo que obviamente ponía en cuestión el monopolio estatal de la fuerza. Pero también había que marcarlos en un sentido literal, ya que todavía estaba pendiente establecer por dónde pasarían las fronteras con los países limítrofes. Y no era una cuestión de trazado fino: involucraba territorios extensísimos (por caso, la totalidad de la Patagonia, sobre la que Chile y la Argentina reclamaban derechos).

Luego, había que poner en pie el vasto conjunto de instituciones y reparticiones públicas encargadas de los diversos aspectos de incumbencia estatal, desde ministerios hasta escuelas y correos, con sus respectivos funcionariados. También había que redactar leyes y códigos penales, civiles y comerciales unificados y montar un poder judicial. Y establecer un sistema de finanzas que pudiera solventar todos esos gastos, lo que a su vez involucraba discutir un régimen impositivo integrado con las provincias. La dificultad de esto último se agravaba porque todavía no había una moneda nacional —las diversas regiones usaban como circulante metales preciosos, billetes propios o de países vecinos—, por lo que era fundamental unificarla. Para ello había que tener un banco nacional para controlar la emisión, que tampoco lo había. Y finalmente, para que los capitales privados pudiesen sacar provecho de los recursos del país, el Estado tenía que encarar una intensa política de inversión en infraestructura básica, especialmente en una red de ferrocarriles.

Para 1886, tras los gobiernos de Mitre y sus primeros sucesores —Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca— lo básico de esta compleja construcción estaba ya instalado. La base institucional de la nación no se construyó desde cero, ni combinando ladrillos y argamasa aportada por las diversas provincias, sino a partir de la que ya tenían los porteños. Especialmente en la primera fase, conducida por Mitre, se trató de una expansión de las instituciones porteñas sobre el resto del país. En nada se notó esto mejor que en el Ejército nacional que el presidente dejó formalmente constituido en 1864, cuya oficialidad y tropa eran básicamente los de la Guardia Nacional porteña que acababa de utilizar para ocupar el interior.

Lo mismo vale para el Código de Comercio: sencillamente se declaró de alcance nacional el que regía en Buenos Aires (los otros dos, Civil y Penal, fueron redactados desde cero). El manejo de la Aduana y la creciente recaudación que proveía hizo que resolver el tema financiero fuese para Mitre más sencillo que para Urquiza, lo que incluyó un primer acuerdo para repartir ingresos con las provincias. En cambio, su propuesta de transformar el Banco de Buenos Aires en la entidad nacional emisora de una moneda única no logró imponerse. En 1872 se avanzó en la creación de un Banco Nacional, pero tiempo después naufragó. Por la inestabilidad financiera de la época, este sería el último aspecto en resolverse. La creación de un circulante unificado debió esperar a 1881, con la instauración del Peso Moneda Nacional. Y solo existió un banco de alcance nacional a partir de 1891, con la creación del Banco de la Nación Argentina.

Durante estos años el Estado también intervino enérgicamente para expandir y solidificar el mercado y las relaciones mercantiles en todo el territorio. Lo hizo no solo con la abolición de las aduanas internas y con la creación del orden y de las leyes e instituciones indispensable para su funcionamiento, sino también interviniendo de manera directa en la economía.

Mediante una serie de campañas militares contra los indios, el Estado sumó millones de hectáreas de tierras productivas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que fueron rápidamente privatizadas. Para 1903 habían sido entregadas en propiedad más de 32 millones de hectáreas. Por el modo en que se lo hizo y las características del mercado inmobiliario, la gran mayoría terminó concentrada en manos de grandes terratenientes. El Estado también favoreció la creación de colonias rurales de productores medianos, aunque solo tuvieron un peso relevante en Santa Fe y Entre Ríos.

Las políticas para atraer capitales extranjeros y las inversiones estatales en infraestructura portuaria y ferroviaria fueron cruciales. En 1857 se tendió el primer trazado ferroviario del país, el Ferrocarril Oeste, apenas 10 kilómetros entre el centro de la ciudad de Buenos Aires y Flores. Estuvo en manos de empresarios locales, pero fue financiado con fondos públicos y en 1862 pasó a ser gestionado directamente por el Estado. El resto de la red ferroviaria que se desarrolló desde entonces estuvo mayormente en manos de capitales ingleses, pero el Estado firmó con ellos contratos que les garantizaban un piso de ganancias (si no lo alcanzaban, las completaba el Tesoro público, lo que sucedió en varias ocasiones) y otra serie de beneficios, incluyendo la cesión en propiedad de cientos de miles de hectáreas de tierra de manera gratuita. Para 1874 ya había 1.333 kilómetros de caminos férreos que recorrían las zonas más fértiles de la pampa húmeda y llegaban a Córdoba y Tucumán. Para 1890 sumaban 9.400 kilómetros y conectaban radialmente a casi todo el país con el puerto de Buenos Aires. Los ramales menos rentables fueron construidos y gestionados directamente por el Estado nacional o los provinciales. En los primeros años del nuevo siglo, la Argentina tenía la red ferroviaria más extensa de América Latina y una de las mayores del mundo.

Las comunicaciones también dieron un salto cualitativo gracias al tendido de 5.000 kilómetros de líneas telegráficas que encaró Sarmiento en su presidencia. En 1870, la Argentina quedó además conectada al primer cable transoceánico que estrechó el contacto con el resto del mundo.

Las inversiones en infraestructura no solo apuntaron al crecimiento económico: también colaboraron en la tarea de cimentar la unidad política. En efecto, el Estado consiguió doblegar las resistencias de las élites provinciales no solo por la fuerza, sino también cooptándolas mediante alianzas abonadas con obras públicas que beneficiaban a los distritos y a los dirigentes que las aceptaban.

Finalmente, la organización nacional estuvo acompañada de nuevos modos de intervención estatal sobre la población. Como consecuencia de la terrible epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires en 1871, el Estado comenzó a desarrollar políticas más activas en los terrenos de la salud pública y las mejoras urbanas. Dos años antes había empezado a realizar censos para proveerse de información básica sobre la población de modo de gobernarla mejor, como se hacía en Europa.

Aún más importante, desde la década de 1860 se puso en marcha la política de extensión de la educación pública más temprana y enérgica de América Latina (solo comparable a la de Uruguay). Mitre fundó colegios secundarios en varias provincias. Durante la presidencia de Sarmiento, el énfasis estuvo en la educación primaria: se establecieron unas ochocientas escuelas en todo el país y se triplicó la cantidad de niños que concurrían. Roca continuó en esa senda, y en 1884 se sancionó la ley 1.420, que establecía el carácter gratuito, laico y obligatorio de la educación para los niños de 6 a 14 años. Durante su presidencia también se decidió que el Estado estaría a cargo del registro civil de la población (los nacimientos, defunciones y enlaces) y que el matrimonio civil debía preceder a cualquier ceremonia religiosa, que pasaba a ser voluntaria. Estas medidas derivaron en un amargo conflicto con la Iglesia, que concluyó en la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, interrumpidas hasta 1900. Aunque el Estado seguiría sosteniendo el culto romano porque así lo mandaba la Constitución, esas decisiones hirieron de muerte la noción colonial según la cual la sociedad era antes que nada una comunidad de católicos.

De la guerra interna a la guerra del Paraguay

El despliegue del Estado nacional sobre el territorio y la expansión del mercado estuvieron acompañados por las formas de ejercicio de la violencia ya conocidas, junto a otras nuevas de tenor y magnitud inéditos. Mitre había conseguido imponer su dominio en todo el país, pero los federales pronto se reorganizaron, otra vez en torno del Chacho Peñaloza. Descontento por las promesas incumplidas del pacto con Mitre, el riojano alzó su voz con proclamas en las que se presentaba como defensor de las libertades y derechos constitucionales pisoteados por la tiranía de los porteños. Varios caudillos federales acudieron al llamado y en 1863, con centro en La Rioja, sus fuerzas avanzaron sobre Catamarca, San Luis, Mendoza y San Juan. Esperaban el apoyo de Urquiza, que sin embargo se mantuvo en silencio. Mitre declaró que no se trataba de un movimiento político sino de bandas de delincuentes y envió tropas para reprimirlos como tales. Sarmiento, que insistía en la necesidad de aplastarlos sin contemplaciones, fue puesto en el comando de las fuerzas destinadas a Cuyo y La Rioja. Desde esa función dictó el Estado de sitio y medidas francamente inconstitucionales para acabar con sus adversarios.

Tras algunos combates, Peñaloza sufrió una derrota decisiva en Córdoba y fue capturado mientras escapaba hacia La Rioja. El oficial a cargo de la partida de captores lo asesinó a sangre fría y luego le cortaron la cabeza, que a modo de escarmiento fue clavada en una pica y exhibida en la plaza de Olta. El crimen generó una ola de indignación en todo el país. No obstante, Sarmiento recibió al asesino en San Juan como un héroe y elogió su acto, la exhibición de la cabeza incluida. La brutalidad extrema era necesaria, en su opinión, para terminar con las sublevaciones de «las chusmas». Mitre manifestó sus reservas sobre el hecho, pero el asesino no fue castigado.

Dos años más tarde, las tradicionales querellas de partido desembocarían imprevistamente en un conflicto internacional tremendo: la guerra del Paraguay. La disputa se desató por el hábito que aún sostenían los gobiernos nacientes de intervenir en los asuntos de los demás. Como había hecho Buenos Aires desde la Independencia, los liberales porteños seguían interfiriendo en la política uruguaya. Desde 1863 apoyaron militarmente a sus aliados del Partido Colorado en su campaña para derrocar el gobierno del Partido Blanco, aliado tradicional de los federales argentinos. Brasil, cuya corte imperial estaba en ese momento dominada por liberales, sumó su ayuda a los colorados, que terminaron imponiendo por las armas un nuevo gobierno.

Ante este escenario, Francisco Solano López, presidente del Paraguay, decidió intervenir en auxilio de los blancos y para frenar las aspiraciones brasileñas. Pidió a Mitre autorización para pasar con su ejército rumbo a Rio Grande do Sul, y como Mitre se la negara, en marzo de 1865 declaró también la guerra a la Argentina y sus tropas ocuparon Corrientes (donde fueron recibidas con muestras de apoyo por una población que recelaba de Brasil y miraba con simpatía a los paraguayos).

Solano especulaba con que su avance despertaría el apoyo del jefe de los federales argentinos, pero Urquiza prefirió otra vez sostener su alianza con los liberales porteños. En tal contexto, Mitre firmó la Triple Alianza, un acuerdo con Uruguay y Brasil contra Paraguay, y envió al Ejército argentino a hacer la guerra a Solano. Todos esperaban una contienda breve, pero la determinación de los paraguayos a la hora de defender su territorio —pelearon incluso las mujeres y los niños— prolongó el conflicto durante cinco años.

La guerra del Paraguay fue el conflicto bélico más largo y sangriento que hubo en el espacio sudamericano y uno de los peores del mundo en el siglo XIX. Se cobró 300.000 vidas, en su gran mayoría, de paraguayos. Para Paraguay fue un desastre de consecuencias perdurables: perdió el 60% de su población, en particular sus varones en edad laboral, y quedó en la ruina total. Al finalizar la guerra, Brasil y la Argentina establecieron sus nuevas fronteras según una traza que le quitaba al derrotado un 40% del territorio que consideraba propio. Los vencedores le impusieron además el libre comercio y la libre navegación de los ríos, forzándolo a abandonar las políticas proteccionistas que había seguido hasta entonces.

La Argentina retiró sus tropas en 1868; al emperador brasileño le tomó todavía dos años más derrotar a los paraguayos, durante los cuales se produjeron crímenes de guerra espeluznantes. Para ese año, miles de soldados argentinos habían perdido la vida en el frente de batalla o por enfermedades asociadas a ella. Combatieron mal alimentados y peor vestidos, en condiciones durísimas. Inglaterra había apoyado financieramente a los aliados con empréstitos que dejarían para la Argentina una deuda externa muy considerable.

Mientras duró el conflicto, Mitre gobernó bajo Estado de sitio, el que aprovechó para clausurar algunos de los diarios que lo criticaban. Hizo la guerra en nombre de la «civilización» contra la «barbarie» que en este caso amenazaba desde el extranjero, pero en verdad la guerra del Paraguay debe entenderse como un episodio central del proceso de construcción del Estado argentino. Sirvió para terminar de una vez por todas con la posibilidad de la intervención directa de otros países en la política interna. Junto con ello, fue crucial para resolver la cuestión de los límites geográficos en el noreste, que ahora quedaron trazados de manera clara. Y lo más importante, la guerra sirvió para fortalecer al Ejército nacional, que hasta entonces era pequeño, poco disciplinado y estaba mal armado. Al finalizar el conflicto había crecido en tamaño y en fondos y había adquirido fusiles a repetición Remington y cañones que en adelante lo volverían imbatible frente a las milicias provinciales. La experiencia de la guerra sirvió también para fortalecer los lazos de camaradería entre los oficiales y para difundir entre las tropas un sentimiento de identificación con el Estado. El Ejército sería desde entonces una institución de peso político propio.

Juan B. Alberdi, férreo crítico de la guerra, denunció con toda claridad que su finalidad era de política interior, antes que exterior. El problema no era Paraguay, sino saldar «la vieja guerra civil» que tenía Buenos Aires con las provincias. Y no se trataba solo de su aspecto político: el propio Mitre reconoció que la contienda se enlazaba también con la tarea de fortalecer el dominio del mercado sobre el territorio, en un discurso en el que señaló que en Paraguay había triunfado «la República Argentina en su capacidad política de nación», pero también «los grandes principios del libre cambio» impuestos sobre los derrotados. Los soldados habían sido verdaderos «apóstoles del libre cambio».

El proyecto de Mitre triunfó en parte gracias a la guerra. Pero paradójicamente esa victoria le costó a su comandante la hegemonía que tenía hasta entonces sobre la política porteña, que ya nunca recuperaría. Tiempo antes, el Partido de la Libertad se había dividido en dos: los llamados «nacionalistas» que respondían a Mitre y los «autonomistas» encabezados por Adolfo Alsina (hijo de Valentín). Las críticas que recibió el presidente por la gravosa aventura bélica a la que había conducido al país dieron nuevos bríos a sus rivales del Partido Autonomista, que se abocaron a construir lazos con grupos de otras provincias para hacerse con la presidencia. La oportunidad llegó con las elecciones de 1868, realizadas en medio de la guerra. En el Colegio Electoral, el delfín de Mitre resultó derrotado por una alianza variopinta en cuya construcción los militares habían tenido un papel importante. Su candidato era una figura de consenso que no pertenecía claramente a ninguno de los grupos que la habían motorizado: Domingo F. Sarmiento, en ese momento distanciado de Mitre tras haber sido funcionario de su gobierno. La victoria del sanjuanino, como la de su antecesor, se abrió camino mediante intervenciones en las provincias que aseguraron el control del Colegio Electoral.

El ocaso del federalismo y la consolidación del Estado

La guerra del Paraguay generó un enorme malestar entre los federales, que veían a los paraguayos como aliados en la lucha contra los liberales (quebrar esa solidaridad era justamente una de las tareas que se había impuesto la centralización estatal). Además, las levas forzadas para marchar al frente de batalla provocaron una gran resistencia entre las clases populares, que incluyó motines y deserciones masivas.

En varias provincias los federales se convirtieron en voceros de ese descontento. El federalismo mantenía en estos años su identificación con las clases bajas y con los sentimientos antiporteños, poderosos en el interior. A ellos se agregaba un incipiente americanismo, que contrastaba con la indiferencia que venía mostrando la diplomacia de Mitre frente a los primeros esfuerzos que hubo en el continente por fortalecer la unidad hispanoamericana frente a las agresiones imperialistas.

En La Rioja renacieron las montoneras, ahora acaudilladas por Aurelio Zalazar, quien terminó derrotado y ejecutado. Mendoza fue escenario de la «Revolución de los Colorados» de 1866, que se encadenó con otra serie de movilizaciones federales que se sucedieron desde la llegada de Felipe Varela, un antiguo lugarteniente del Chacho que aprovechó para regresar de su exilio en Chile. La rebelión federal se expandió por todo Cuyo, La Rioja y Catamarca. En sus proclamas, Varela se manifestaba contra la «tiranía» y el centralismo porteños y se reivindicaba americanista y defensor de los principios constitucionales pisoteados. Tras duros combates —incluyendo la célebre batalla de Pozo de Vargas de abril de 1867— fue derrotado y consiguió huir a Bolivia. Todavía el año siguiente hubo alguna montonera en la zona, pero pronto se extinguieron. Los liberales avanzaron de manera decisiva en el control de la región.

El último estertor del federalismo se produciría poco después, del otro lado del país, en Entre Ríos. Para desesperación de muchos de sus seguidores, Urquiza había dejado a los paraguayos y a los blancos del Uruguay a su suerte. No solo no se oponía a la guerra sino que se enriquecía con ella como proveedor del Ejército. En estos años se reconcilió además con el nuevo presidente y lo recibió en su residencia, una visita que Sarmiento se ocupó de presentar al público como la victoria final de los liberales. Muchos terminaron de convencerse de que había traicionado al federalismo.

Así, en abril de 1870 un alzamiento federal dirigido por Ricardo López Jordán —hasta poco antes, un caudillo muy cercano al jefe del partido— derivó en el asesinato de Urquiza. López Jordán fue electo nuevo gobernador, un desafío que Sarmiento respondió con el envío inmediato de fuerzas militares bajo su mando. El caudillo logró resistir durante meses apelando a las tácticas de guerra de guerrillas, pero finalmente fue derrotado y debió huir a Brasil. En 1873, López Jordán desembarcó nuevamente en Entre Ríos con sus tropas, pero tras varios meses fue derrotado (lo intentaría una vez más, en vano, en 1875).

Tras terminar con la rebelión, Sarmiento avanzó en el control de la región y desarticuló lo que quedaba del federalismo también allí. Fue el final para la poderosa fuerza política que había dominado el escenario argentino durante décadas. Desde entonces ya no tuvo expresiones relevantes. Quedó, sin embargo, durante mucho tiempo en la memoria popular. Las hazañas de figuras como el Chacho o López Jordán se transmitirían de boca en boca y en el folklore de circulación oral durante muchos años. La historia del Chacho incluso fue retomada en folletos baratos de lectura popular que se imprimieron por décadas.

Las rebeliones federales no fueron el último desafío que debió enfrentar el Estado en el camino de la consolidación de su autoridad. Con la llegada de Sarmiento a la presidencia había quedado claro que la estrella de Mitre entraba en declive, algo que pareció confirmarse cuando las elecciones de 1974 dieron el cargo al tucumano Nicolás Avellaneda. El triunfo se debió a un conglomerado de apoyos similar al que había tenido Sarmiento, incluyendo el de los autonomistas de Alsina, que le proporcionaron una clara mayoría en el Colegio Electoral. Mitre denunció que se había cometido un fraude en su contra, y en septiembre de 1874 se alzó en armas. Las fuerzas que pudo movilizar se parecían bastante a una de esas montoneras que él mismo había combatido: el grueso lo conformaban soldados de milicias provinciales y también incluyó un grupo de lanceros del cacique Catriel. Irónicamente, se rebelaba contra el Estado nacional que él, como nadie, había ayudado a emplazar. El nuevo presidente debió lidiar con ese desafío apenas asumido y lo hizo sin grandes dificultades: el Ejército nacional impuso su superioridad en el campo de batalla de manera contundente. Aunque igualmente sedicioso desde el punto de vista de la legalidad estatal, Mitre no recibió el trato que él mismo había propinado a sus adversarios en el pasado: a poco de la derrota, él y sus partidarios fueron amnistiados y pudieron volver a la vida política sin problemas.

La de Mitre no fue la única ironía en esta historia. La última rebelión provincial con la que el Estado tuvo que lidiar fue nada menos que la de Buenos Aires, la provincia que más había impulsado una centralización con la que ahora no estaba del todo a gusto. Las relaciones entre Buenos Aires y la nación arrastraban un problema espinoso, cuya resolución se venía postergando. La Constitución establecía que la ciudad sería capital del país, pero eso requería que la Legislatura provincial aceptara perder su distrito más valioso, cosa que aún no había sucedido.

Al asumir, Mitre había encontrado una solución precaria: la ciudad fue declarada residencia provisoria de las autoridades nacionales, lo que en los hechos significaba que eran «invitadas» a compartir un mismo espacio con el gobernador de Buenos Aires, que mantenía su jurisdicción sobre el ejido urbano. Las relaciones entre ambos dignatarios no venían siendo sencillas y se tensaron con motivo de las elecciones para suceder a Avellaneda. La alianza que lo había llevado al poder se había consolidado —pronto se la conocería como Partido Autonomista Nacional (PAN)— y se disponía a elegir a otro tucumano, Julio Argentino Roca, como nuevo presidente. Lo apoyaba una verdadera «Liga de gobernadores» que había conseguido contrapesar la gravitación porteña. Pero su candidatura era fuertemente rechazada por Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, quien una vez más recurrió a la rebelión armada.

Desde fines de 1879, Tejedor fue organizando una fuerza militar, para la que convocó a los ciudadanos comunes (su llamado fue entusiastamente recibido por una porción de las clases populares, incluyendo personas de origen africano, que se armaron para defender la dignidad porteña que consideraban herida). El presidente Avellaneda se vio obligado a trasladar su gobierno a Belgrano en vistas de la amenaza. El Ejército nacional y las fuerzas locales —con alrededor de diez mil combatientes cada una— entablaron batalla finalmente el 20 y 21 de junio de 1880. La pelea fue sangrienta, especialmente en las orillas de la ciudad, pero la victoria fue nuevamente del Ejército de línea.

La derrota de Buenos Aires permitió avanzar rápidamente sobre las asignaturas pendientes de la centralización estatal. Después de haber asumido Roca, por ley del Congreso se prohibió a las provincias la formación de cuerpos armados del tipo que fuese. La disposición significó el final de la larga tradición de las milicias de vecinos que se remontaba a los tiempos de la colonia: desde ahora las únicas tropas sobre el territorio eran las del Ejército nacional.

Otra ley del Congreso dispuso que la capital federal tuviera asiento en la ciudad de Buenos Aires, cuyo trazado pronto se expandió a los pueblos de sus alrededores, como Belgrano o Flores. La Legislatura porteña fue forzada a aceptar el trato; la provincia de Buenos Aires quedaba sin su cabecera (poco después sus gobernadores trasladarían su residencia a la ciudad de La Plata, construida especialmente para tal fin). Con los federales barridos de la escena y con la derrota de Tejedor, el período más álgido del proceso de organización nacional quedaba concluido. Criatura de Buenos Aires, el Estado debió vencerla para terminar de afirmarse.

Roca adoptó para su gobierno el lema «Paz y administración» y, en efecto, a partir de ese momento los enfrentamientos interprovinciales cesaron. El flamante PAN que lo había llevado a la presidencia dominaría la política nacional por las siguientes tres décadas. En ese lapso, el ejercicio de los derechos cívicos perdió significado. No es que anteriormente las elecciones hubiesen sido limpias y transparentes —lejos de ello—, pero al menos sí solían ser competitivas. Se ganaban o se perdían, de acuerdo con la capacidad de cada candidato de movilizar apoyos (lo que a su vez daba a la plebe alguna capacidad de obtener ventajas a cambio del voto). Bien controladas ahora por la aceitada maquinaria del PAN, sus resultados ya no sorprendieron a nadie. Además del fraude, el Poder Ejecutivo nacional se sirvió a gusto de la atribución de dictar intervenciones federales sobre las provincias: desde la asunción de Mitre hasta el año 1900 se decretaron tres decenas (casi todas fueron intervenidas más de una vez). Para sus adversarios y para la posteridad, la élite que condujo los destinos del país luego de 1880 fue una verdadera «oligarquía».

Así, la consolidación del Estado en manos de la dirigencia liberal condujo a uno de los períodos menos pluralistas y de mayor clausura política de la historia argentina. El control del mecanismo electoral neutralizó a los competidores políticos y redujo la capacidad de negociación de la plebe. El fin del partido federal y de la posibilidad de alzarse en montoneras quitó a las clases bajas rurales toda incidencia. La política argentina perdió en estos años uno de sus rasgos distintivos: la centralidad que había tenido la participación plebeya. Solo la recuperaría más adelante, con el nuevo siglo, cuando el movimiento obrero consiguiese organizarse y hubiese al fin elecciones limpias.

La «Conquista del Desierto», la ocupación del Chaco y la consolidación territorial

La consolidación del Estado también acabó con la larga historia de convivencia con las sociedades indígenas independientes. Como vimos, Rosas había conseguido asegurar vastas extensiones para los blancos con un sistema de negociaciones con pueblos «amigos». Ese sistema se había desbaratado luego de su caída, lo que a su vez produjo un recrudecimiento de la violencia en la frontera. Calfucurá, antes afecto a la negociación pacífica, organizó entonces una gran confederación de parcialidades, que realizaron malones de proporciones inéditas que consiguieron expandir sus dominios, corriendo la frontera a expensas de los blancos.

Durante las décadas de 1860 y 1870, el naciente Estado continuó la política de tratados con caciques a los que entregaban diversos bienes y, a veces, cargos militares con sueldo. En esos años, algunos de ellos comenzaron a proclamarse ciudadanos argentinos. Pero eso no significó el fin de los conflictos. En 1875, Manuel Namuncurá, hijo y sucesor de Calfucurá, organizó una gran invasión sobre el territorio bonaerense. Fue acaso el malón más grande de la historia y se alzó con cantidad de ganado y numerosos cautivos.

Mientras todo esto sucedía, creció la demanda internacional por los productos ganaderos de la Pampa y, con ella, el interés por asegurar y ampliar la tierra disponible, cuyo valor aumentó cada vez más. Las élites de ese entonces estaban imbuidas de las ideas que los europeos habían puesto en circulación para justificar la colonización de Asia y África. Consideraban que los indígenas locales eran «primitivos», racialmente inferiores y que estaban destinados a desaparecer bajo las ruedas de la «civilización». A las tierras que ocupaban, habían decidido imaginarlas como un puro «desierto», aunque no lo eran en ningún sentido de la palabra.

A partir de 1876 el Estado avanzó sobre los indígenas sin pausa y sin tregua, pero con estrategias diferentes. Durante la presidencia de Avellaneda, su ministro Adolfo Alsina llevó adelante una política de ocupación gradual del territorio cavando 370 kilómetros de zanjas defensivas y estableciendo fortines. Su idea era ir asimilando lentamente a los indígenas, contando con que se convertirían voluntariamente a las costumbres «civilizadas» al comprobar su superioridad. El plan tuvo bastante éxito, pero Alsina falleció en 1877 y su sucesor en el Ministerio de Guerra, Julio A. Roca, llegó con ideas muy diferentes. Desde su punto de vista, había que someter de inmediato a los indios por la fuerza militar y ocupar la totalidad de la tierra.

Así, en 1879 inició lo que llamó la «Conquista del Desierto», una vasta incursión de seis mil soldados que avanzaron en varias columnas en simultáneo y en poco tiempo tomaron control de todo el territorio al norte del río Negro. Expediciones posteriores siguieron más hacia el sur hasta asegurar el dominio sobre toda la Patagonia. En 1885 se rindió Valentín Saygüeque, el último cacique que resistía en Neuquén. Fue el fin de la autonomía indígena en el extenso territorio pampeano-patagónico.

Según datos oficiales, la campaña de 1879 ocasionó de manera directa la muerte de 1.313 lanceros indios, a los que habría que sumar muchos más que perecieron asesinados en las persecuciones, por hambre o por la epidemia de viruela que acompañó la incursión. Además, 1.271 guerreros fueron tomados prisioneros, junto con otros 10.539 indios de «chusma» (mujeres, niños, ancianos). Las jóvenes y los pequeños fueron repartidos entre familias pudientes para el servicio doméstico, por supuesto sin su consentimiento. Otra parte de la «chusma» y los varones adultos fueron encerrados en verdaderos campos de concentración, como el que hubo en Valcheta, rodeado de un perímetro alambrado, donde se los tuvo al borde de la inanición.

Se calcula que en los años inmediatamente posteriores, entre 15.000 y 17.000 indígenas fueron víctimas de deportaciones masivas, trasladados para servir como mano de obra en la zafra azucarera del Noroeste, en la industria vitivinícola de Cuyo, en la Marina y el Ejército o en el servicio doméstico. En plena vigencia de las garantías que la Constitución aseguraba a los individuos, terminaron reducidos a servidumbre. Un número imposible de determinar murió durante los traslados o por las condiciones laborales a las que se los sometió. Para otros hubo algunas políticas de creación de reservas o misiones bajo tutela estatal o eclesiástica. Unas pocas comunidades consiguieron que el Estado les reconociera sus tierras y lograron subsistir. Peor suerte tuvieron los selk’nam en la lejana Tierra del Fuego, donde los buscadores de oro y los estancieros los cazaron como animales hasta hacerlos desaparecer.

En la extensa región chaqueña sucedió algo similar. También allí había, aunque en menor medida, una historia de vínculos con la sociedad de los blancos (los wichi, por caso, se desplazaban estacionalmente a Salta y Jujuy para emplearse en los ingenios azucareros) mechada con enfrentamientos, como el ataque toba sobre Salta de 1862, que concluyó con numerosos muertos.

El Estado avanzó hacia el norte sin pausa desde que Sarmiento decidió crear en 1872 la Gobernación del Chaco. Las campañas militares se sucedieron una tras otra sobre un espacio al que también se conceptualizó como «desierto», a pesar de que era una densa foresta. Llevar la «civilización» fue otra vez parte de la justificación. En 1878 se fundó la ciudad de Resistencia y para 1884 el Estado ya controlaba la zona, aunque le llevaría otras tres décadas y varias campañas militares más terminar de pacificarla. Todavía en 1904 y de nuevo en 1917 se registraron ataques armados de mocovíes y tobas y las masacres de las Fuerzas Armadas en la zona se prolongaron hasta la década de 1940. Como en el sur, los guerreros derrotados fueron enviados a trabajar en obrajes madereros o recluidos en la isla Martín García. A pesar de todo, muchas comunidades consiguieron sobrevivir.

En su relación con los pueblos originarios, el naciente Estado argentino se asemejó así a la Conquista española. Como entonces, se lanzó a ocupar tierras y a disgregar comunidades y utilizó a los indígenas como mano de obra bajo un régimen servil. También los presionó para que abandonaran sus pautas culturales. En los territorios de más antigua ocupación en el Noroeste la larga tradición de resistencias continuó: luego de 1850 hubo en Jujuy una radicalización de los conflictos indígenas que registró episodios de lucha armada. Sin embargo, dos décadas más tarde también allí entró en sordina.

Durante estos años, a consecuencia de los avances sobre territorio indígena, de la guerra del Paraguay y de los logros diplomáticos, el territorio bajo control del Estado argentino prácticamente se duplicó.

LA FORMACIÓN DEL TERRITORIO ARGENTINO

En 1876, Brasil y la Argentina habían fijado los límites que tendría Paraguay, de modo que no hubo disputa sobre el territorio chaqueño que se ocuparía luego. Las pretensiones chilenas sobre la Patagonia quedaron saldadas poco después. En 1881, tras una serie de incidentes, ambos gobiernos firmaron un tratado que la reconocía argentina y partía en dos la isla de Tierra del Fuego. Ahora sí, el país adquiría fronteras bastante cercanas a las actuales. Fue entonces el momento de discutir cómo administrar los nuevos territorios que, a diferencia de las provincias, carecían de instituciones preexistentes. Por ley de 1884 se decidió que fuesen «Territorios nacionales» bajo administración directa del Poder Ejecutivo. Sus habitantes no disfrutarían del derecho de ciudadanía: no estarían habilitados a votar presidente, gobernador ni representantes para el Congreso. Los debates de la época consideraron que en esos sitios los blancos eran todavía muy pocos, mientras que los indígenas recientemente conquistados no tenían suficiente capacidad intelectual para participar de la vida política (al menos no hasta tanto se «civilizaran»), por lo que fueron incorporados a la nación como «nacionales no ciudadanos». Los Territorios nacionales permanecerían privados de derechos políticos hasta la década de 1950, cuando se los convirtió en provincias (salvo Tierra del Fuego, que debió esperar a 1990).

El modelo agroexportador

El despliegue del Estado y del mercado dio nuevos bríos al crecimiento económico que se había iniciado en tiempos de Rosas. En pocos años la región pampeana se transformó en una de las principales exportadoras de productos agroganaderos del mundo. Europa profundizaba su Revolución Industrial y, además de materias primas para sus fábricas, comenzó a demandar alimentos para una población que ya no los producía en cantidad suficiente. La aparición de buques de vapor más rápidos y de mayor tamaño permitió embarcar a bajo costo comestibles a granel.

El boom comenzó luego de 1850 con la cría de ovejas. Su lana se vendía principalmente a Francia, Estados Unidos y Bélgica, y para la década de 1870 ya había superado a la carne salada y los cueros como ítem de exportación. El stock ganadero en general tuvo un enorme crecimiento gracias a las tierras expropiadas a los indios, y en el decenio siguiente las vacas tuvieron su revancha, cuando comenzó la exportación de ganado en pie. Pero el auge mayor vino con la invención de máquinas de producir frío artificial, que permitieron embarcar carne congelada y, ya a comienzos del nuevo siglo, enfriada, especialmente a Gran Bretaña, Bélgica y Francia. Con fuertes inversiones en frigoríficos, Inglaterra dominó la producción local en los primeros años del siglo XX, antes de ser desplazada por capitales norteamericanos.

El boom ganadero se complementó con un desarrollo agrícola inédito, facilitado por el ferrocarril y por la entrada masiva de inmigrantes, que alivió la crónica escasez de mano de obra. En 1874, la Argentina todavía importaba trigo y solo en 1880 alcanzó el autoabastecimiento, gracias a la contribución de las colonias agrícolas de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Veinte años más tarde se había sumado el campo bonaerense, y el país era un importante proveedor mundial de cereales. En los primeros años del nuevo siglo los embarques de trigo crecieron de manera exponencial, y también se sumaron los de lino y maíz. Para 1910 ya representaban el 60% de las exportaciones y la Argentina se había convertido en el tercer proveedor mundial de granos.

El comercio hacia el exterior quedó en manos de cuatro compañías ligadas a capitales extranjeros, que también fueron las que proveyeron créditos para los agricultores (manejaron los precios y las tasas para su máximo beneficio y obtuvieron ganancias enormes). La expansión agrícola fue posible en parte gracias a la extraordinaria fertilidad de las praderas locales, que eran además muy fáciles de trabajar por ser totalmente llanas, sin árboles ni piedras. Pero también contribuyó la introducción de máquinas importadas de Canadá o Estados Unidos, que reemplazaron los métodos de arado y siega tradicionales. Carne y cereales (y lino) serían desde entonces las exportaciones principales del país.

En buena medida, el éxito de ambas se debió a que los estancieros descubrieron que podían combinar agricultura y ganadería en una misma explotación para beneficio de las dos. Mantenían el ganado en una parte de la estancia y entregaban otra parte en arriendo a un agricultor —habitualmente un inmigrante— que se ocupaba junto a su familia de sembrar cultivos en rotación, de modo de reponer los nutrientes del suelo: un año lino; el otro, trigo y el tercero, alfalfa, que quedaba al estanciero como forraje. Cumplidos los tres años, los arrendatarios reiniciaban el ciclo en otro lote. De este modo, sin tener que pagar salarios, el dueño de la tierra conseguía disponer de parcelas que eran capaces de alimentar el ganado mucho más rápido que si las dejaba para una renovación natural de las pasturas.

El modelo significó que el explosivo crecimiento de la agricultura estuvo a cargo de chacareros que no accedían a la propiedad de la tierra. En 1914, solo la mitad de las explotaciones rurales a nivel nacional eran trabajadas por sus propietarios. Salvo en algunas zonas de Santa Fe y Córdoba en las que lograron instalarse colonos europeos, la relación era todavía peor en la pampa húmeda, donde dominaban los latifundios (aunque seguían existiendo propiedades de todas las extensiones).

PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMÍA, 1881-1916

Tomado de Fernando Rocchi: «El péndulo de la riqueza…».

El crecimiento de la economía fue verdaderamente sorprendente y tuvo una de las tasas más altas del mundo. La Argentina, que cien años antes era apenas un territorio marginal del Imperio español, se había transformado en un jugador de primer nivel en el mercado internacional. Luego de 1885 y hasta 1930 el país osciló entre el puesto 7 y el 14 entre las naciones con mayor PBI per cápita del mundo. Sobre ese dato se construyó un mito perdurable: que la Argentina fue un país rico y desarrollado comparable a la Canadá o los Estados Unidos de entonces, pero luego entró en una larga decadencia que la convertiría en una nación subdesarrollada. El declive, según esta visión, habría sido culpa del intervencionismo estatal del siglo XX.

La idea de que la Argentina era rica y desarrollada es en verdad un espejismo. El crecimiento de entonces tuvo pies de barro: fue fruto de una extraordinaria coyuntura de alta demanda internacional aprovechada por una región que disponía de una enorme extensión de tierra fértil y desocupada, una mano de obra que parecía inagotable gracias a la inmigración y capitales británicos que llegaban atraídos por la oportunidad. Comparada con los países verdaderamente ricos de la época, la Argentina mostraba una anomalía: tenía un PBI per cápita que era alto, pero no porque su economía tuviese bases sólidas y sustentables. El alto PBI no estaba acompañado por otro ingrediente fundamental que sí había en países como Canadá o Estados Unidos: un alto capital cultural, algo fundamental para el desarrollo económico. Las capacidades de la población, medidas en su exposición a la educación, eran muy bajas y no crecían al paso en que lo hacían en los países ricos. A pesar de que los esfuerzos del Estado no fueron pocos, el país no se educaba al ritmo de lo que su economía crecía (especialmente en lo que tiene que ver con la formación secundaria y terciaria).

Además, el modelo agroexportador tenía otros problemas que a la larga serían decisivos. Uno de los más notables fue el del desequilibrio regional. El extraordinario crecimiento pampeano no se replicó en el resto del país. Algunas zonas también aumentaron su producción, pero a un ritmo mucho menor. Salta exportó animales a Bolivia, y Cuyo, a Chile. Luego de 1880, Mendoza y también San Juan encararon una especialización vitivinícola, mientras que Tucumán se fue focalizando en la producción de azúcar, ambas para el mercado interno. Otras economías regionales consiguieron colocar algunos productos localmente, pero en medida mucho menor. Y algunas provincias, como La Rioja o Catamarca, quedaron decididamente marginadas del auge económico y subsistieron gracias a los fondos que recibían de la nación.

El éxito de la economía exportadora de productos primarios fue tal que pocos miembros de la élite sintieron la necesidad de cuestionar el lugar que la Argentina estaba asumiendo en la división internacional del trabajo.

Algunas voces propusieron políticas industrialistas, pero fueron débiles y no consiguieron cambiar la orientación general. Así y todo, la demanda de las ciudades más grandes impulsó un modesto surgimiento de industrias, especialmente luego de que la Ley de Aduanas de 1876 impuso aranceles a algunas importaciones. La medida no tuvo fines proteccionistas —la tomaron solo para mejorar las finanzas del Estado—, pero en cualquier caso revirtió parcialmente las políticas totalmente librecambistas que venían implementándose desde la caída de Rosas.

En estos años se advirtió un cambio en la organización y el tipo de establecimientos manufactureros. Todavía en la década de 1860, casi toda la producción se realizaba en pequeños talleres que solían combinar la fabricación con la reparación y la venta al público. Habitualmente reunían a un grupo reducido de artesanos calificados y estaban escasamente mecanizados. En general, eran propiedad de un maestro artesano que trabajaba con sus propias manos junto al resto. Hacia mediados del siglo solo existía en Buenos Aires un puñado de establecimientos grandes: los saladeros y curtiembres, una fábrica de cerveza, un aserradero mecánico, una fundición y varios molinos de vapor.

Aunque continuó el predominio de los talleres pequeños y medianos, para fines de la década de 1880 la ciudad ya estaba poblada de fábricas con energía mecánica y chimeneas humeantes, propiedad de empresarios, en las que trabajaban millares de obreros asalariados. Desde principios del nuevo siglo algunas empresas grandes, como los frigoríficos, los ingenios, las fábricas textiles y de calzado, comenzaron a introducir el método taylorista, por el que el proceso productivo se fragmentaba en una línea de montaje con tareas a cargo de diferentes tipos de trabajador, repetitivas y cronometradas por supervisores. Se buscó así aumentar la productividad, pero también debilitar la capacidad organizativa de los obreros, que pasaban a ser una fuerza de trabajo más heterogénea y menos calificada (y por ello, más fácilmente reemplazable).

Entre 1880 y 1914, esta serie de cambios determinó que el valor de la producción manufacturera se multiplicara por quince y la Argentina se convirtió en el país de América Latina en el que tenía mayor peso. Para entonces ya representaba una cuarta parte del producto total y abastecía tres cuartas partes de la demanda local, especialmente la de los bienes de fabricación más sencilla, como alimentos, muebles, indumentaria y vehículos (las industrias más complejas aún tuvieron que esperar). Nuevamente, el desarrollo tuvo un sesgo regional muy marcado. El abaratamiento del transporte por la red ferroviaria afectó ahora sí muy fuertemente a la producción artesanal del interior. En especial, disminuyó dramáticamente la cantidad de talleres textiles, incapaces de competir con los productos importados. Así, tanto por influjo del Estado como por el del mercado internacional, Buenos Aires y la región pampeana adquirieron un peso mucho mayor que el que habían tenido hasta entonces, y se acentuó el desequilibrio regional del país. El crecimiento de la producción en aquella región tuvo como contracara la destrucción de la producción en otras.

Impactos ambientales y políticos

La gran transformación operada en estos años también produjo un drástico cambio en el modo en que la sociedad se relacionaba con el medioambiente. La profundización del capitalismo significó que más y más tipos de bienes se volvieron bienes comercializables. La naturaleza se volvió terreno abierto para la depredación descontrolada y vertedero de los desechos y la polución que producían las nuevas actividades. En pocos años se evidenciaron efectos incomparablemente más dañinos que los que habían tenido las actividades económicas de los humanos en todos los siglos precedentes.

Uno de los primeros fue la deforestación masiva. Desde la década de 1860 se requirieron millones de durmientes para las vías de los ferrocarriles y millones de postes para alambrados y corrales en la pampa húmeda, para los viñedos de Cuyo y para otros sitios. Las nuevas máquinas de vapor y la construcción demandaron más madera. Para abastecer toda esta demanda se recurrió a la tala indiscriminada. La zona que primero y más profundamente sufrió los efectos fue Santiago del Estero. Los maravillosos quebrachales de su lado occidental fueron devastados hasta transformar en un desierto lo que antes era un espeso bosque. Solo entre 1906 y 1915 salieron de allí 20.700.000 durmientes para el ferrocarril, lo que significó la pérdida de tres cuartas partes de lo que quedaba de forestas en la provincia. Fue un desastre para la vida de los santiagueños, especialmente los de las clases populares. Los campesinos y pastores, que dependían del mantenimiento de un delicado equilibrio entre el uso del bosque y la ganadería intensiva, se vieron acorralados. La emigración a otras provincias fue el destino obligado para miles de ellos.

En estos años se instaló la célebre empresa La Forestal, de capitales británicos, que depredó también los bosques del norte de Santa Fe, del Chaco y de Formosa para producir tanino, con idénticos resultados. Había desembarcado tras un negociado fraudulento con el Estado a fines del siglo XIX por el que se le permitió adquirir el 12% de la superficie santafecina por un precio irrisorio. La Forestal llegó a poseer más de dos millones de hectáreas y se transformó en el principal proveedor mundial de tanino. Ya bien entrado el siglo XX y tras haber agotado los quebrachales, la compañía abandonó el país dejando tierra arrasada a sus espaldas. Catamarca y La Rioja padecieron asimismo rápidos procesos de deforestación.

En este período también el espacio urbano sufrió la agresión al medioambiente. En Buenos Aires se notó desde temprano. Ya a comienzos del siglo XIX los desperdicios de saladeros, curtiembres y fábricas de velas le habían dado al Riachuelo el olor nauseabundo que todavía hoy tiene. El problema se agravó hacia fines del siglo con la instalación de tintorerías industriales, metalúrgicas y frigoríficos. La contaminación se expandió por entonces a otros ríos y tiempo después seguiría la polución del aire por efecto de la industria y, luego, del transporte automotor.

En estos años, en fin, se instaló en la Argentina un modo propiamente capitalista de relacionarse con el medioambiente: el que permite la apropiación privada de los recursos naturales que pertenecen a todos —para comercializarlos o indirectamente al no pagar ningún costo por deteriorarlos— y transfiere a los sectores más bajos las peores consecuencias. El modelo agroexportador marcó de manera diferencial dos tipos de espacios: en la pampa húmeda se protegió el recurso tierra con la rotación de cultivos para que la producción fuese sustentable, pero otras regiones fueron convertidas en «zonas de sacrificio» abiertas a la extracción indiscriminada de recursos. Desde entonces este patrón no hizo sino profundizarse.

El modelo agroexportador sometió además a la economía local a una fuerte dependencia respecto de las del norte. Los ingresos estaban atados a la exportación de unos pocos productos, por lo que cualquier cambio en los precios relativos impactaba inmediatamente. Y a largo plazo, los términos del intercambio se volverían perjudiciales: el valor de los bienes manufacturados tendió a crecer más que el de los primarios.

La Argentina dependía además de las inversiones extranjeras, en especial de las británicas, que en estos años representaron dos terceras partes del total. La mayor bonanza multiplicó las rentas del Estado, pero sus gastos crecieron a un ritmo más rápido. Como las arcas públicas se financiaban sobre todo con impuestos a las importaciones (los que se aplicaban a las exportaciones se mantuvieron en niveles muy bajos), el Estado se inclinó a solicitar créditos internacionales, que suplieron en especial financistas de Londres. Para 1890, la Argentina era el primer destino de las inversiones británicas. El país entabló con el Reino Unido un vínculo verdaderamente neocolonial, en el que ocupaba el lugar de una colonia económica informal. Algo después, con fuertes inversiones en frigoríficos y luego en otras industrias, Inglaterra y luego Estados Unidos comenzaron a captar una porción importante de las ganancias del por ahora modesto desarrollo manufacturero, que se giraron al exterior. Debido al sesgo liberal de los elencos gobernantes, el Estado no desarrolló en estos años instrumentos de protección para la autonomía nacional o para regular el funcionamiento del mercado.

La vulnerabilidad de la economía se hizo patente en dos graves crisis que golpearon al país. La primera fue en 1873. El crecimiento del decenio anterior había traído una sensación de abundancia que había impulsado a todos —el Estado y los privados— a multiplicar los gastos y abusar del crédito. La balanza comercial se fue haciendo deficitaria por el aumento de las importaciones y la crisis se desató cuando se cerró el acceso al crédito internacional. En 1873, el panorama fue de numerosas quiebras y políticas de ajuste para poder honrar los compromisos con los acreedores extranjeros, que para entonces insumían ya el 45% del gasto público. Los intereses ganaderos consiguieron presionar al gobierno para que no aumentase los impuestos a las exportaciones, por lo que la salida fue, en cambio, subir las tasas que se aplicaban a algunas importaciones.

Algo similar sucedió en la crisis de 1890. Los gastos del Estado habían vuelto a crecer por la inversión en ferrocarriles y por el peso de la deuda externa. La alarma se encendió tras varios años de saldo comercial negativo, que se cubrió con más préstamos. La confianza en la capacidad de repago no tardó en flaquear y el acceso al crédito nuevamente se cortó. El presidente Miguel Juárez Celman buscó salir del brete con un nuevo ajuste fiscal y la reducción de los salarios de los empleados públicos, pero la crisis llegó de todos modos y, con ella, la caída de la producción, un mayor desempleo y la devaluación de la moneda (que terminó favoreciendo a los sectores exportadores).

PRESUPUESTOS NACIONALES Y DEUDA PÚBLICA, 1881-1914
(EN MILES DE PESOS ORO)

Tomado de Fernando Rocchi: «El péndulo de la riqueza…».

La crisis de entonces fue también política y desembocó en un alzamiento parecido a los ocurridos en el pasado, pero que también fue el anuncio de los que vendrían en el futuro. Las dificultades económicas, la clausura política y la venalidad reinante —fue acaso la época de mayor corrupción de todos los tiempos— fueron hilvanando a diversos grupos de descontentos. El 1º de septiembre de 1889, mitristas y autonomistas porteños excluidos, católicos disgustados y jóvenes indignados crearon la Unión Cívica de la Juventud, convertida luego en Unión Cívica, donde despuntaron dirigentes como Mitre y Leandro N. Alem. Reclamaron una apertura política y el fin de la corrupción de esa «oligarquía de advenedizos» que estaba en el gobierno. El 26 de julio del año siguiente estalló la Revolución del Parque que los cívicos venían propiciando, en la que reunieron a unos dos mil combatientes. La lucha con las tropas del Ejército duró cuatro días, hasta que los cívicos se rindieron. La cantidad de muertos no se conoce con certeza, pero pueden haber sido cerca de trescientos. Juárez Celman venció militarmente, pero el alzamiento le costó el cargo y poco después debió dejar el gobierno en manos del vicepresidente, Carlos Pellegrini. A partir de la derrota, los cívicos fueron ganando popularidad. Tras una fractura por la defección de Mitre, en 1891 se reorganizaron con el nombre de Unión Cívica Radical. En los años posteriores encararían una intensa lucha en pos de elecciones limpias, que incluyó otros dos levantamientos armados. El primero fue en 1893 y tuvo epicentro en la provincia Buenos Aires —donde se destacó como organizador Hipólito Yrigoyen—, en San Luis y en Santa Fe, donde participaron activamente los colonos europeos, en particular los suizos. El segundo, igualmente sofocado por el gobierno, fue en 1905, con episodios centrales en la capital y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Los cambios en la sociedad

Las élites políticas y las que detentaban el poder económico tuvieron sus desacuerdos, pero aun así en estos años estuvieron bastante imbricadas. Además de tener acceso privilegiado al oído de los funcionarios, las clases propietarias organizaron sus propias entidades para ejercer presión y marcar la agenda pública. A la Bolsa de Comercio porteña, fundada en 1854, se sumó en 1866 la Sociedad Rural Argentina, cuya influencia creció a partir del gobierno de Roca. En 1875 se creó el Club Industrial, primer antecedente de la Unión Industrial Argentina establecida doce años más tarde. Comercio, campo e industria tenían sus voceros. Los trabajadores, todavía no.

Organizadas sectorialmente, con llegada privilegiada a un Estado controlado él mismo por una oligarquía, las clases altas tuvieron luego de 1880 su momento de mayor esplendor. El país fue de ellas y las ganancias que obtuvieron, verdaderamente fabulosas. La ciudad de Buenos Aires lleva todavía hoy las marcas de esa opulencia. Las mansiones y palacios que construyeron en Barrio Norte o en Plaza San Martín contrastan con lo que habían sido las moradas de las familias «decentes» hasta mediados del siglo XIX, infinitamente más modestas.

El provincialismo y sencillez de las clases altas de antaño dio lugar a una verdadera «alta sociedad» de hábitos cosmopolitas, consumo suntuoso y gustos refinados. Su vida social, sus lujosas bodas, sus espléndidas fiestas y paseos, sus clubes exclusivos, pronto serían retratados en las revistas de la época, para mayor visibilidad del resto de la población. La alta sociedad porteña estaba compuesta por familias de tres orígenes diferentes, que grafican bien el cambio que había generado la consolidación del Estado y del mercado. Por un lado, eran familias patricias de la época colonial que habían prosperado en los negocios ganaderos, como los Anchorena o los Alvear, que hacia 1900 poseían respectivamente 635.000 y 102.800 hectáreas. En segundo lugar, familias de extranjeros que habían llegado ya entrado el siglo XIX, a veces de condición no muy brillante, pero que habían ascendido socialmente de manera veloz (como los Bullrich, los Wilde o los Luro). A ellos se agregaba un tercer grupo, formado por familias de élite del interior que habían desembarcado en Buenos Aires para integrarse a los elencos políticos (como los Paz, los Ibarguren o los Avellaneda). Unidos por vínculos matrimoniales y una sociabilidad en común, fueron el sector que mayor provecho sacó de la nación que acababa de organizarse.

Para el resto de la sociedad, las cosas fueron menos rutilantes. Durante estos años, la Argentina sufrió un proceso de cambio muy profundo y desordenado que alteró drásticamente la vida social. Para empezar, hubo un espectacular crecimiento demográfico. En tan solo cuarenta y cinco años, entre 1869 y 1914, la población del país creció más de un 300%: pasó de poco menos de 1.800.000 a más de ocho millones. El aumento se concentró especialmente en las ciudades y el país experimentó un rápido proceso de urbanización. En 1869 más de dos tercios de los habitantes todavía vivían en el campo. Para principios del siglo siguiente, ya la mitad habitaba en ciudades y la proporción no dejaría de subir. Las que más crecieron fueron por lejos las de la región pampeana, en especial Buenos Aires (que pasó de 300.000 habitantes en 1880 a más de un millón y medio en 1914) y Rosario. Al finalizar la primera década del siglo XX, la Argentina era uno de los países más urbanizados del mundo, pero también uno de los que tenía su población más centralizada: más de una cuarta parte vivía en la capital y sus alrededores, en lo que ya era una de las áreas urbanas más pobladas del planeta.

La ciudad de Buenos Aires vio multiplicarse los edificios en altura y el transporte público en tranvías, entre otras mejoras. En 1913 inauguró su primer subterráneo, que fue el primero de todo el hemisferio sur y uno de los pocos que había en el mundo en ese momento.

Este crecimiento en buena parte fue consecuencia de la gran oleada inmigratoria. Entre 1881 y 1914 arribaron al puerto de Buenos Aires más de cuatro millones de personas, la gran mayoría, varones jóvenes. Venían atraídos por los altos salarios que se pagaban en el país por comparación a los de sus lugares de origen y por las oportunidades que se ofrecían para quien supiera aprovecharlas. Solo uno de cada tres volvió a su terruño. El 75% fueron de origen español o italiano y el resto, británicos, alemanes, franceses, judíos de Europa del Este, sirio-libaneses y de otras nacionalidades (también las limítrofes). Incluso llegaron pequeños contingentes de japoneses, bóeres de Sudáfrica y africanos de Cabo Verde.

La Argentina fue el país del mundo que mayor inmigración recibió por relación con su población local: en 1914 casi un tercio de los habitantes había nacido en el extranjero. También en este caso las desigualdades regionales fueron notables. Ese año, cerca de la mitad de los porteños y santafecinos eran inmigrantes. También tenían un peso enorme en Mendoza y en algunos territorios poco poblados, como La Pampa y Santa Cruz. Un poco menor, entre 12 y 20%, era su aporte en zonas como Córdoba o Entre Ríos y apenas del 2% en otras menos favorecidas, como Catamarca o La Rioja. El impacto es todavía más notable si uno considera el peso de los hijos de inmigrantes, que en los censos figuran como nativos. En 1869 casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjera (4 de cada 5 varones adultos), lo que significa que, de la mitad de los que eran nativos en 1914, una porción enorme eran hijos de uno o ambos padres nacidos en el exterior y, por ende, sociabilizados en la cultura de sus progenitores, al menos parcialmente. Algo similar vale para la provincia de Santa Fe. Más que inmigración, fue un verdadero recambio demográfico.

Así, al desequilibrio económico, ecológico, en cantidad de población y en urbanización se agregó una marcada diferencia étnica entre los habitantes de Buenos Aires y lo que luego se dio en llamar la «Pampa gringa» por un lado, y los de zonas que permanecían más claramente criollas por el otro.

La mayor urbanización trajo un cambio en las actividades económicas y tipos de ocupación. Un porcentaje creciente de la población fue volcándose a actividades o empleos relacionados con la manufactura, el transporte, el comercio, la construcción y los servicios. Los sectores medios y los trabajadores manuales asalariados crecieron a un ritmo mayor que el del aumento demográfico general. Por todo el país se agregaron decenas de miles de pequeñas y medianas industrias —carpinterías, panaderías, sastrerías, herrerías, etcétera— y se multiplicaron los establecimientos comerciales, especialmente pequeñas tiendas y almacenes atendidos por sus dueños. Las mejores oportunidades en las ramas del comercio y la industria tendieron a quedar en manos de inmigrantes (por caso, más del 80% de los dueños de las fábricas que había en 1895 eran extranjeros).

Buenos Aires vio nacer hacia fin de siglo una verdadera sociedad de consumo, con el florecimiento de establecimientos de todo tipo, incluyendo grandes y sofisticadas tiendas como A la Ciudad de Londres, Gath y Chaves y, desde 1913, la filial de la famosa firma inglesa Harrods. Fabricantes y casas comerciales comenzaron a hacer vistosas campañas publicitarias incitando a consumir.

Los nuevos establecimientos comerciales, bancarios, ferroviarios y manufactureros y también el aparato de Estado requirieron un creciente número de empleados de cuello blanco, funcionarios y docentes y, en menor medida, de diplomados universitarios. Aquí los orígenes étnicos fueron más variados, con predominio de los nativos en la docencia y el empleo público, los inmigrantes en los mostradores y unos u otros entre los profesionales, dependiendo de la carrera. También fueron necesarios muchos más trabajadores manuales en todos esos rubros. Luego de 1870, en Buenos Aires y en otras ciudades fue surgiendo una verdadera clase obrera, cada vez más numerosa. Entre ellos los hubo tanto gringos como criollos (todavía en 1947 el 20% de los obreros urbanos eran extranjeros).

En el campo, los cambios no fueron menos importantes. En la región pampeana, las nuevas explotaciones agrícolas quedaron en manos de chacareros, la mayor parte, de origen inmigratorio. Vastas extensiones antes poco o nada habitadas, como la campaña del oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, se poblaron con miles de ellos. En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba hubo colonias agrícolas de italianos, suizos, alemanes y judíos rusos, entre otros. Misiones y otras zonas del Litoral recibieron miles de colonos europeos —sobre todo, alemanes del Volga, rusos y polacos—, que se ocuparon de cultivos como la yerba mate y el té. Algún tiempo después, algo similar sucedió en Chaco y Formosa con el algodón, aunque en este caso los europeos coexistieron con productores paraguayos, criollos y, más adelante, también indígenas. Entre los peones rurales, el panorama era más variado. Una gran cantidad de trabajadores «golondrina», gringos y criollos, inundaban estacionalmente la región pampeana para emplearse en la cosecha. Lo mismo vale para la esquila de ovejas allí y en la Patagonia. Se sumaban así a los peones que eran habitantes permanentes. Las plantaciones de vid en Cuyo, la zafra azucarera en el Noroeste y los obrajes madereros del Chaco y el norte de Santa Fe empleaban casi siempre trabajadores criollos o indígenas.

Visto el panorama en su conjunto, los inmigrantes tendieron a ocupar con más frecuencia los lugares que ofrecían los crecientes sectores medios, mientras que los criollos tendieron a quedar relegados a los peores empleos. Como suele ser el caso en las migraciones, eran en general los más ambiciosos los que habían dejado sus comunidades para encarar la aventura incierta de la migración. Y además, llegaban en promedio con mayor nivel de escolarización y más habilidades técnicas que las que poseían los criollos. Se beneficiaban también de los prejuicios que muchos empleadores tenían respecto de los nativos y del hecho de que, con frecuencia, no tenían niños o ancianos de los que hacerse cargo. No fue menor el número de los recién llegados que consiguieron ascender socialmente, algunos de manera muy rápida, y pronto se los vio ocupando lugares prominentes no solo en la economía, sino también en el campo intelectual. Su presencia se hizo sentir en la vida cultural y política. Desde fines de la década de 1850 comenzaron a fundar asociaciones de base étnica, por país o región de procedencia, para brindarse ayuda mutua y defender los intereses de cada grupo. Para 1914 había ya 460 entidades italianas, 250 españolas, una miríada que agrupaba a otras colectividades y decenas de periódicos editados en las lenguas más variadas.

Para los criollos de condición modesta las cosas fueron difíciles. Los de la campaña bonaerense, por caso, vieron empeorar su condición de manera muy evidente. El Código Rural aprobado en 1865 significó un avance en la imposición de los derechos de propiedad en desmedro de los más pobres, para quienes se volvió ilegal cazar animales o buscar leña en tierras con dueño. La suba del valor de la propiedad hizo que fuese más complicado acceder a ella. Además, a partir de la década de 1870 se expandió la costumbre de alambrar los campos. Hubo al mismo tiempo mayores controles a la circulación de la mano de obra y se acentuó la exigencia de andar con papeleta de conchabo. Todo apuntaba a forzarlos al trabajo asalariado. Los jueces de paz tuvieron mayores poderes para hacer valer la ley y para castigar a los paisanos enviándolos a prestar servicios militares. El fin de la frontera del indio dejó a los desertores sin lugar donde escapar. Para colmo, el arribo masivo de inmigrantes contuvo el alza de los jornales. Y como los recién llegados con frecuencia se quedaban con los mejores trabajos, estaban exentos del servicio militar y recibían apoyo del Estado para instalarse, los criollos se sintieron postergados y tuvieron algunas reacciones de xenofobia. En general, estas últimas fueron de baja intensidad, salvo algunos episodios puntuales: el peor fue la matanza de treinta y siete extranjeros que se produjo en Tandil en 1872 a manos de una partida de gauchos pobres, aparentemente animados por un curandero que les había anunciado la llegada del Juicio Final y los había convocado a quitarse de encima a los masones y a los gringos, a los que acusaba de ser la causa de los males de los nativos. En las zonas rurales del resto del país, la condición de los criollos no era mejor; en el Noroeste, las leyes contra la «vagancia» para reclutar mano de obra siguieron en vigencia y también hubo expresiones de xenofobia.

A pesar de las tensiones, la integración entre los recién llegados y los nativos fue relativamente cordial, especialmente si se tiene en cuenta la magnitud del aluvión inmigratorio. En el mediano plazo, no persistió en la Argentina el tipo de segregación cultural y espacial entre colectividades que ocurrió en otros países. Especialmente entre las clases populares urbanas, los espacios laborales, los de sociabilidad —los cafés, las «academias de baile», el carnaval— y los hábitos del cortejo reunían a personas de los más diversos orígenes. Sin embargo, la integración estuvo lejos de ser perfecta. Así como hubo xenofobia entre los nativos, también los gringos tuvieron sus prejuicios contra ellos. La evidencia de patrones de nupcialidad indica que los europeos preferían casarse con otros europeos o sus descendientes (aunque no fueran de su misma procedencia) antes que con criollos. El hecho de que les fuese mejor económicamente reforzó los estereotipos negativos que ya existían previamente contra los nativos, que los consideraban poco aptos para el progreso. En estos años, la desigualdad en la Argentina continuó estando racializada y el color de la piel siguió siendo determinante en la suerte que le tocaba a cada uno. Puede, incluso, que los prejuicios raciales que traían los europeos de sus naciones de origen hayan contribuido a acentuarla.

La inmigración y el aumento de los sectores medios agregaron complejidad a la vida urbana. La línea que separaba a la «gente decente» de la plebe dejó de ser nítida. En las ciudades desordenadas y superpobladas de la región pampeana de fines del siglo XIX ya no era evidente para todos quién era quién. Las propias clases altas porteñas se sintieron incomodadas por la presión de los «advenedizos» y «nuevos ricos» y tuvieron expresiones de xenofobia para los recién llegados. En algunos sitios se produjo incluso un recambio. En Cuyo, por caso, la pujante industria vitivinícola quedó mayormente en manos de bodegueros «gringos», que se transformaron en la nueva élite local.

Crecimiento y desigualdad

El crecimiento de la economía y de los sectores medios y la prosperidad que alcanzaron muchos inmigrantes llevó a algunos estudiosos a afirmar que en estos años la sociedad argentina se volvió más esencialmente igualitaria, «moderna» e inclusiva. Pero bien analizada, la información no da sustento a esa visión optimista. Sin duda el crecimiento trajo al país muchas más riquezas. El mayor dinero circulante engrosó las arcas públicas y permitió grandes obras de infraestructura. Los servicios de salud y educación estuvieron al alcance de más personas y existen datos objetivos de mayor bienestar social, como la mayor alfabetización y la caída de la tasa de mortalidad. Sin embargo, las ventajas materiales y el mayor bienestar no beneficiaron a todos por igual, ni llegaron a todos los grupos sociales. Por supuesto, nada de «moderno» o igualitario hubo en la reducción a servidumbre de los indígenas sometidos. Y ya hemos hablado de la relativa clausura de la política y de la profunda desigualdad regional y étnica, que en estos años empeoró. Pero también se produjeron tendencias contrapuestas entre los habitantes de las regiones más beneficiadas.

Para empezar, es cierto que las nuevas oportunidades económicas dieron lugar para el ascenso social de muchas personas. Pero en general el ascenso fue «de corta distancia», entre condiciones más o menos próximas. En cambio, los «de larga distancia» se volvieron mucho menos frecuentes. De hecho, fue bastante más habitual que una persona que no pertenecía a la clase alta accediera a ella antes de 1880 que después de esa fecha, cuando la alta sociedad cerró sus filas y hubo una clausura muy evidente. Por otra parte, el crecimiento económico vino de la mano de una profundización de la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. Se calcula que hacia mediados del siglo XIX los más ricos en la región pampeana gozaban de ingresos hasta 68 veces más altos que los de los más pobres. Para 1910 esta brecha se había ampliado fabulosamente hasta alcanzar un diferencial de 933.

Por otra parte, el crecimiento de los sectores medios se superpuso con otra tendencia de signo diferente: la pérdida de autonomía de las clases populares. Según el censo de 1869, más de la mitad de los que las componían eran trabajadores por cuenta propia, es decir, que no estaban asalariados ni dependían de un patrón y en general poseían sus propios medios de producción. El resto eran trabajadores asalariados y del servicio doméstico. Pero en años posteriores las oportunidades del trabajo libre disminuyeron dramáticamente, al tiempo que la casi totalidad de los trabajadores fueron empujados a convertirse en asalariados. Del crecimiento de los sectores medios puede decirse algo similar: las categorías ocupacionales que más aumentaron no fueron ni la de los profesionales, ni la de los propietarios de comercios o de pequeñas empresas, sino las de los empleados de cuello blanco.

En suma, se produjo en estos años un proceso por el cual una sociedad en la que casi dos tercios de la población tenían ocupaciones al menos relativamente independientes fue reemplazada por otra en la que la gran mayoría se había transformado en asalariada y dependía de un empleador. La compulsión al trabajo asalariado significó un cambio que no podría describirse como si fuese un desplazamiento en el sentido de un mayor igualitarismo. Por el contrario, trajo un incremento de la dependencia respecto de los empleadores y la pérdida del control de los trabajadores sobre su propio trabajo.

Finalmente, tampoco en las relaciones de género hubo mayor igualdad. Cierto que en este período algunas mujeres pioneras se abrieron camino en ámbitos exclusivamente masculinos (las familias de la alta sociedad dieron un puñado de escritoras distinguidas y los claustros universitarios vieron graduarse a las primeras mujeres luego de 1885, todavía poquísimas). Pero durante el siglo XIX la tendencia fue más bien hacia una mayor subordinación de las mujeres respecto de los varones. Tanto las leyes como los hábitos trajeron nuevas y más profundas formas de control patriarcal. Sarmiento sostuvo en este plano ideas inusuales para la época: creía en los derechos y capacidades femeninos, planteó una escolarización igual para ellas y para los varones y se asoció con Juana Manso, una mujer fuerte e independiente, la primera en desempeñar una función pública de relevancia.

Sin embargo, esto no impidió que el Código Civil de 1869 estableciera la incapacidad civil de la mujer casada: no podía educarse, realizar actividades comerciales o iniciar un juicio sin la autorización de su marido, quien incluso pasaba a administrar los bienes que ella pudiera haber tenido antes del matrimonio. Eso significó una subordinación mayor que la que las mujeres habían sufrido anteriormente. Este cambio se relacionó con los que venían aconteciendo en la esfera económica. Tal como sucedía en Europa, un mundo regido cada vez más por los negocios, la competencia y el dinero generó en los varones una mayor incertidumbre respecto de su lugar social y un temor creciente por la posibilidad de perderlo. En ese escenario, el ámbito doméstico funcionó para ellos como el oasis de paz que necesitaban para poder tolerar las luchas y conflictos que marcaban la vida pública. La vida familiar se sometió mucho más al dominio indiscutido del padre. La «moralidad» (especialmente la de las mujeres) fue objeto de un mayor escrutinio, que llegó a ser verdaderamente obsesivo. Como también sucedía en Europa, la contracara de esta represión sexual —que obviamente fue mayor entre sectores medios y altos que entre las clases populares— fue el tremendo auge que tuvo desde entonces la prostitución, desahogo cotidiano para los varones y destino obligado para miles de muchachas de condición modesta.

La desigualdad de género, además, se vio reforzada por obra del proceso de salarización. Las mujeres desempeñaron un papel crucial en la provisión de mano de obra para el capitalismo en expansión, tanto de manera directa como indirecta. Las labores domésticas que casi todas desempeñaban —la crianza de los niños, la atención de la alimentación y del vestido de los maridos— eran fundamentales para la reproducción y mantenimiento de la fuerza laboral. Todo ese trabajo fundamental no recibía ninguna remuneración. De él se beneficiaban los empleadores, que podían pagar salarios mucho menores que los que habrían sido necesarios si no hubiese habido mujeres trajinando gratis en las casas. Pero además, ellas también contribuyeron en forma directa, empleándose masivamente. Las que así lo hicieron fueron doblemente explotadas: no solo no percibían un centavo por sus tareas domésticas, sino que sus salarios fueron bastante menores que los que percibían los varones. Hacia 1895, un 15,7% del total de la mano de obra industrial de todo el país (incluyendo obreros y empleados) estaba compuesto por mujeres, en su mayoría nativas, a las que se encontraba especialmente en grandes fábricas. En los ámbitos de trabajo sufrieron formas de explotación específicas y se vieron expuestas de diversas formas de acoso sexual.

En fin, en muchos sentidos la sociedad anterior a 1860 y la posterior fueron verdaderamente incomparables. Para explicarlo con una imagen, más que una sociedad que evolucionó hacia otra cosa, se construyó en forma abrupta un edificio enteramente nuevo encima de la sociedad anterior, desestructurándola profundamente. Algunos de los ladrillos del viejo edificio fueron adaptados y utilizados, mientras que otros fueron puestos a un lado o desaparecieron de la vista. Viendo los cambios en su conjunto, la idea de la «modernización», con la valoración positiva que lleva implícita, resulta poco apropiada. Lo que sucedió en estos años debe describirse más bien como un proceso de profundización del capitalismo que no condujo a una sociedad esencialmente igualitaria, sino a una honda reestructuración de las formas de desigualdad y opresión. Por ahora, no dejó una nación más o menos equilibrada u homogénea, sino un agregado desordenado de grupos humanos disímiles repartidos sobre un territorio con hondas fracturas económicas, ecológicas, de clase, étnicas y de género.

El nacimiento del movimiento obrero

A pesar de la clausura política y de la heterogeneidad enorme que había ahora en sus filas, las clases populares fueron encontrando nuevos modos de articularse y de recomponer su capacidad de resistencia. Quienes lideraron el proceso fueron los trabajadores urbanos de mayor calificación. Ellos fueron los que comenzaron a adoptar formas de organización y de lucha de efectividad ya probada en Europa, de las que muchos inmigrantes traían experiencias de primera mano. Los criollos, sin embargo, no necesitaron de los extranjeros para abrazar las ideas del movimiento obrero internacional, que ya circulaban desde antes de la gran inmigración, por ejemplo, en las páginas del periódico afroporteño El Proletario, aparecido en 1858.

El primer sindicato nació, como tantos otros, a partir de una entidad mutual. La habían fundado en 1857 los tipógrafos porteños y en 1877 derivó en la Unión Tipográfica, el primer sindicato propiamente dicho que existió en la Argentina. Aunque anteriormente hubo reclamos y cese del trabajo en estancias, mataderos, saladeros y puertos en diferentes ciudades del Litoral (en 1877, por caso, los aguateros rosarinos llevaron a cabo un paro de varios días), la primera huelga motorizada por una organización permanente fue en 1878 y la llevó a cabo en Buenos Aires la Unión Tipográfica, que para entonces ya estaba en vinculación con la Asociación Internacional de los Trabajadores (más conocida como la Primera Internacional). Desde el comienzo de la nueva década, el ejemplo cundió y se extendieron rápidamente los sindicatos por oficios entre los ferroviarios, obreros panaderos, trabajadores de astilleros, herreros, cigarreros y muchos otros, tanto en Buenos Aires como en Córdoba y Rosario. La crisis de 1890 desató un movimiento huelguístico importante. Desde 1896 hubo huelgas que involucraron a toda una rama de actividad, y en 1902 llegó la primera huelga general de alcance nacional.

Por la misma época, los obreros lograron articularse en entidades federativas. Aunque hubo intentos previos, la primera central obrera que alcanzó cierta solidez fue la Federación Obrera Argentina, fundada en 1901, redenominada Federación Obrera Regional Argentina (FORA) tres años más tarde, para enfatizar la pertenencia internacional del movimiento. El internacionalismo era un valor fundamental para los obreros en esa época. En los actos que organizaban era común que hubiera discursos en varias lenguas, y lo mismo sucedía con la prensa gremial.

Las demandas obreras más habituales fueron por mejoras en los sueldos, la jornada de ocho horas y el fin de las medidas represivas del Estado. Como las condiciones de vida eran durísimas, la solidaridad crecía y las luchas desbordaron los reclamos puramente laborales. En 1907, por ejemplo, hubo en los conventillos de Buenos Aires, atestados de trabajadores, una inédita «huelga de inquilinos» contra las subas de alquileres en la que participaron 120.000 personas; las mujeres tuvieron en ella un protagonismo central.

El Estado respondió sobre todo con represión. La Ley de Residencia (1902) y la Ley de Defensa Social (1904) fueron utilizadas para deportar, encarcelar y privar de derechos civiles básicos a los activistas sindicales, mientras que se lanzó a la policía con saña contra toda manifestación callejera: durante el acto del 1º de Mayo de 1909, como era habitual, disparó sobre la multitud sin motivos y dejó un saldo de cinco muertos y ciento cinco heridos. Durante el sepelio de las víctimas y todavía en otro acto, la policía volvió a disparar contra los obreros, produciendo más muertos. Pero aun así la fuerza de la huelga obligó al gobierno a hacer concesiones y el paro terminó tras una verdadera «Semana roja», como se la recordó desde entonces. Como la agitación obrera no cesaba, las celebraciones del primer Centenario de la Patria tuvieron que realizarse bajo estado de sitio.

Aunque las ideas socialistas predominaron en los primeros años, fueron las del anarquismo las que alcanzaron la mayor influencia. El primer grupo de esa orientación funcionó en Buenos Aires en la segunda mitad de la década de 1870. La Argentina pronto llegaría a tener uno de los movimientos anarquistas más poderosos del mundo, en el que participaron tanto inmigrantes como criollos. Su influjo dentro del movimiento obrero fue hegemónico y llegó a su pico máximo en 1910. Los anarquistas no eran un partido político ni un grupo unificado, sino más bien un movimiento federativo laxo y descentralizado, compuesto de agrupamientos que podían tener posturas bien diferentes. La política y el Estado eran para ellos invenciones de la clase dominante sin otro fin que el de asegurar la opresión. Apostaban, en cambio, a la autoemancipación a través de la educación, a la acción directa y a la organización sindical autónoma. Apuntaban a derribar al Estado y a los capitalistas de un solo golpe para fundar así las bases de una sociedad de productores libres e iguales. Una minoría de los grupos utilizó métodos terroristas, como atentados contra personajes o edificios emblemáticos del mundo de los poderosos.

Desde fines de siglo también se organizó una corriente socialista, en la que emigrados políticos franceses, italianos y, sobre todo, alemanes tuvieron un papel de primer orden. A diferencia de los anarquistas, creían que el camino pasaba por organizarse en un partido centralizado, capaz de llevar representantes de los obreros al Congreso y presionar así por una mayor democratización y por reformas que conducirían gradualmente hacia una sociedad socialista. Aceptando las reglas del juego político, estuvieron en general en contra de medidas como la huelga general revolucionaria, que consideraban contraproducentes.

En 1895 dejarían constituido el Partido Socialista (PS), con el médico Juan B. Justo como su líder máximo, quien le imprimió un talante moderado. Adherido a la Internacional Socialista, sus éxitos electorales no se hicieron esperar. Fue el partido de esa orientación más importante de América Latina y en 1904 se transformó en el primero de todo el continente en llegar con un diputado al Congreso (Alfredo Palacios, electo por el barrio de La Boca). Dentro del movimiento sindical, tuvieron también su influencia. Inicialmente, los socialistas cooperaron con los anarquistas, pero pronto compitieron para organizar una central propia. Así, mientras la FORA permanecía en manos de estos, en 1903 el PS propició una Unión General de Trabajadores (UGT).

Una tercera corriente fue ganando el mayor peso dentro del movimiento obrero, especialmente luego de 1910. Se la conoció entonces con el nombre de «sindicalismo revolucionario» y más tarde simplemente «sindicalismo». Como los anarquistas, rechazaban la participación de los obreros en la alta política y creían en la independencia de clase. Pero a diferencia de ellos, priorizaban por sobre todo la unidad del movimiento, por lo que solían evitar cualquier adhesión a doctrinas políticas que pudiera causar divisionismo. Les importaba especialmente consolidar las estructuras sindicales y promover acciones coordinadas y bien planificadas (a diferencia de muchos anarquistas, que confiaban en el «espontaneísmo»). Aunque al principio rechazaban cualquier contacto con el Estado, más adelante irían flexibilizando sus posturas y acostumbrándose a negociar con él mejoras y reformas puntuales.

Las mujeres participaron desde temprano en el movimiento. En Buenos Aires se registró ya en 1888 una huelga de empleadas domésticas contra el uso de las «libretas de conchabo» y desde principios del nuevo siglo las trabajadoras de algunos gremios formaron proporciones relevantes de las masas huelguistas. Las activistas destacadas no faltaron, aunque muy rara vez alcanzaron cargos directivos en los sindicatos, un plano que se mantiene hasta hoy como uno de los más monopolizados por varones.

Cultura letrada, cultura popular e identidad nacional

Sobre esa masa de población heterogénea y con concepciones y sentimientos de todo tipo —desde memorias del federalismo o la sensación de haber sido étnicamente discriminada, hasta ideas y doctrinas revolucionarias— el Estado intentó desde temprano imprimir una homogeneidad nacional y cultural. Una parte esencial de ese designio fue la enérgica intervención que realizó a través de la educación. Las tasas de analfabetismo cayeron de un 77% en 1869 al 35% en 1914 (y seguirían cayendo), aunque también aquí se notaron las desigualdades regionales: ese año los analfabetos eran 20% en la ciudad de Buenos Aires, más del 40 o 50% en la mayoría de las provincias y más del 65% en Jujuy o Santiago del Estero. En cualquier caso, para fines de siglo ya una porción mayoritaria de la población estaba alfabetizada. A través de la escuela, las clases populares recibieron nociones de laboriosidad, moral y civismo acordes con la vida social y política que las élites deseaban erigir. También de la mano de la escuela llegaron otros impresos a sus manos: ya no aquellas hojas sueltas y gacetas políticas de antaño, de estilo gauchesco, sino los novedosos libros de texto.

Además, otros impresos fueron llegando a públicos más amplios. Luego de 1870 la prensa fue cambiando de contenido y de misión. Ya no se proponía tan solo intervenir en la política, sino que fue ampliando sus intereses hasta abarcar noticias de todo tipo, desde internacionales hasta las de la vida social, y comenzó a incluir folletines (narraciones por entregas) que les ganaron un público más amplio. También fueron apareciendo revistas de interés general y se editaron libros sobre temas variados. Un pequeño grupo de escritores, por ahora solo de las clases acomodadas, fue haciéndose una carrera literaria, entre ellos, Paul Groussac, Miguel Cané o Lucio V. Mansilla. Las numerosas bibliotecas populares que comenzaron a fundarse por iniciativa de Sarmiento hicieron llegar sus obras y otras a todo el país.

Más cerca del fin de siglo floreció un verdadero campo intelectual animado por las ideas del positivismo y la fe en la ciencia y en el progreso. Su tono general fue optimista, aunque no dejaba de tener una visión crítica sobre los males de «la vida moderna», los riesgos de la política de masas y los obstáculos al progreso en los países latinoamericanos (en general, analizados como fallas de origen racial). Entre otros, se destacaron Juan Agustín García, Agustín Álvarez, José María Ramos Mejía, Carlos Octavio Bunge y José Ingenieros.

La cultura escolar y en general la letrada inculcaron sentimientos nacionalistas. En las escuelas no faltaron los símbolos, relatos y rituales patrióticos que invitaban al orgullo de ser argentinos. Lo mismo vale para el servicio militar, que fue obligatorio para los jóvenes desde 1901.

El propio Bartolomé Mitre, considerado padre de la historiografía argentina, escribió la primera narrativa de la historia nacional, por supuesto en una visión que favorecía a su partido. Su Historia de Belgrano y de la Independencia argentina (1858-1859) otorgaba a Buenos Aires un protagonismo central en la gesta de la Independencia y en el progreso nacional. La burguesía y los políticos de esa ciudad, el comercio y el espíritu librecambista que la imbuían, habían sido cruciales en la victoria final de la libertad y de la civilización. En cambio, el espacio rural y el interior aparecían como sitio del localismo estrecho, del atraso y de una democracia turbulenta que solo encontraría canalización gracias al impulso porteño. Los caudillos federales eran descritos en términos fuertemente negativos o directamente ignorados. En el éxito de los argentinos en su camino hacia la emancipación y el progreso, según lo narraba Mitre, un ingrediente central había sido el predominio de la «raza europea» entre la población rioplatense, que la hacía diferente a otras naciones latinoamericanas menos adelantadas. A través de ese libro, que tuvo gran circulación, y de otros que lo complementaron (como el Facundo de Sarmiento), varias generaciones aprendieron a imaginar la historia nacional y a sentirse argentinos.

Suele decirse que el nacionalismo que inculcaron las élites liberales fue de tipo «cívico» antes que «étnico» o «cultural», como el que llegaría en el siglo siguiente. Es decir que llamaba a la población de cualquier origen a identificarse con las leyes y con el Estado, pero sin predicar ninguna noción fuerte acerca de algún «ser nacional» homogéneo que tuviese este o aquel rasgo específico. Sin embargo, eso es inexacto; implícitamente, el nacionalismo liberal sí presuponía una etnicidad y una cultura «propiamente argentina»: la de origen europeo.

La idea de que la Argentina era distintivamente blanca y europea quedó reforzada en los primeros años del nuevo siglo cuando se difundió el mito del «crisol de razas», que afirmaba que todos los grupos étnicos que habitaban el país, viejos y nuevos, se habían ya fusionado y habían generado una «raza argentina» homogénea. La idea del crisol puede sonar inclusiva, pero escondía una jerarquía étnico-racial implícita: argumentaba que todas las «razas» se habían fundido en una sola, pero al mismo tiempo sostenía que esa fusión había dado como resultado una nueva, blanca-europea. La presencia de mestizos, negros, mulatos o indios fue minimizada y se afirmó que sus contribuciones, tanto la biológica como la cultural, habían desaparecido, inundadas bajo el torrente de la gran inmigración. Como decía en 1915 José Ingenieros (quien había nacido en Italia), ya había quedado atrás la época de esa «Argentina gaucha» que era predominantemente mestiza: la Argentina moderna ya era de «raza blanca».

Tanto el racismo abierto de la generación de Sarmiento como el más velado de la de Ingenieros generaron profundos efectos en el modo en que se percibía a sí misma la sociedad y en la manera en que cada grupo se mostraba públicamente. Los discursos que condenaban todo lo que no fuese europeo estuvieron acompañados de un esfuerzo deliberado por invisibilizar su presencia. Pronto se decretó que prácticamente no quedaban negros y que los indios estaban al borde de la extinción. Ambas afirmaciones eran falsas, pero el censo de población de 1895 definió que no tenía ninguna importancia contabilizar a «los habitantes que no pertenecen a la raza blanca», porque casi no los había, por lo que desaparecieron de las estadísticas. En las escuelas se enseñó que indios y negros eran presencias del pasado remoto. La cultura visual, desde las bellas artes hasta las ilustraciones de las revistas, reprodujo imágenes de cuerpos argentinos que invariablemente eran de tez clara y rasgos europeos.

Los habitantes cuyos cuerpos e historias no se correspondían con ese ideal se vieron presionados a disimular esas marcas y muchos lo hicieron (aunque no todos). Los indígenas pampeano-patagónicos y los de otros sitios trataron de pasar por «criollos» y en muchos casos evitaron transmitir su lengua y su cultura a sus hijos. La comunidad afroporteña —que en 1880 era numerosa, tenía periódicos y asociaciones propias y una gran presencia pública— pasó súbitamente a la invisibilidad. Los propios referentes de la colectividad discutieron por entonces cuál era el mejor modo de integrarse a la nación. Algunos sostuvieron que había que hacerlo como una minoría de cultura diferente y específica, que no era blanca pero aun así formaba parte del pueblo argentino y que debía ser respetada como tal. Era una posición riesgosa, porque implicaba desafiar abiertamente la idea de nación europea que las élites venían planteando y además seguir cargando con los estigmas de ser asociados a la «barbarie» del África.

Finalmente predominó la postura contraria: ir por lo seguro, dejar de lado cualquier diferenciación e incorporarse como individuos, aprovechando que la ley aseguraba a todos los mismos derechos. Así, los propios periódicos afroporteños presionaron a sus lectores a que modificaran sus pautas de conducta, olvidaran los rituales y vestimentas de sus ancestros, dejaran de lado sus ritmos, bailes e instrumentos, para abrazar, en cambio, los de origen europeo. Había que confundirse entre el resto de la población. Mejor pasar inadvertidos. La presión surtió efecto: aunque algunos protestaron (y conservaron en privado durante décadas, casi clandestinamente, prácticas religiosas o culturales de raíz africana), los afroporteños se volvieron invisibles. En otras zonas del país hubo procesos similares.

Los mensajes, imágenes y relatos que las élites transmitieron a través de la cultura letrada y el sistema escolar fueron ciertamente poderosos y forjaron identidades perdurables. Pero aun así la cultura popular se las arregló para plantear sus propios contenidos, que a veces entraban en disonancia con los oficiales y cuestionaban sus supuestos. Así como las élites propusieron relatos, valores y emblemas para definir qué era lo argentino, también las clases populares participaron aportando los suyos, claro que de manera más fragmentaria y menos sistemática. Donde mejor se notó esto fue en el sorprendente auge de una literatura «criollista» de consumo popular.

El fenómeno tuvo su origen en el éxito rutilante que logró El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872 por José Hernández, uno de esos federales que buscaron el modo de reinsertarse en una vida política porteña que se había vuelto hostil para ellos. En un rapto de entusiasmo que habría de lamentar, Hernández había apoyado la rebelión de López Jordán, lo que lo convirtió en un paria. En ese momento de desazón, cuando tenía la certeza de que su carrera periodística había terminado y que debía olvidarse de sus aspiraciones políticas, Hernández escribió su Martín Fierro, concebido como una denuncia al gobierno de Sarmiento por la situación de abandono en la que se hallaba la población de la campaña. Su propio desamparo, en ese contexto fatídico, le había permitido observar el país desde el punto de vista de sus clases más desfavorecidas y componer desde allí un lamento desgarrador. Retomando la tradición de la poesía gauchesca, contó la historia de un gaucho manso al que el Estado sometía a toda clase de injusticias hasta convertirlo en un desertor y forajido. En el relato, Fierro se defiende, cuchillo en mano, de las partidas policiales que van a buscarlo, y termina abandonando la sociedad «civilizada» para refugiarse entre los indios, donde se encuentra más a gusto. Por la desesperación y soledad del personaje central, por su nostalgia, por la desesperanza de su resolución final, el poema de Hernández lanzaba una dura crítica que impugnaba el optimismo de las élites. Visto desde los ojos de un criollo pobre, el «progreso» que ellas planteaban no parecía tal.

Impreso como folleto barato, El gaucho Martín Fierro se convirtió en un sorprendente éxito de ventas. En una época en la que un texto «letrado» podía darse por satisfecho si llegaba a imprimir unos pocos cientos de ejemplares, decenas de miles circularon en la campaña, donde los paisanos lo leyeron (o se lo hicieron leer) con fruición, lo memorizaron, lo transmitieron oralmente, lo hicieron suyo.

A partir de ese momento se desató una reacción en cadena por la que la Argentina se vería inundada de impresos de temática gaucha dirigidos a un público masivo, empezando por el Juan Moreira que Eduardo Gutiérrez publicó en 1879-1880, con el que conquistó ahora también al público popular urbano.

Decenas de historias de gauchos que se rebelaban contra el Estado, que añoraban sus libertades perdidas, que protestaban porque habían sido postergados frente a los gringos, que se quejaban de que el «progreso» solo beneficiaba a estancieros o puebleros, hicieron las delicias del público popular durante las siguientes décadas. Tanto gringos como criollos las consumieron: en tiempos de clausura política oligárquica, todos se sentían identificados con una figura rebelde que se batía contra un Estado injusto. El circo criollo adaptó esos dramas gauchescos a los picaderos y los llevó por todo el país. Luego pasaron también al teatro (y más adelante llegarían al cine).

El gaucho matrero se transformó así en héroe popular y emblema insoslayable de argentinidad. Irónicamente, por la presión cultural que ejercía el público masivo, el proyecto de las élites de «desplebeyizar» y europeizar culturalmente al país terminaba con un criollo plebeyo y rebelde convertido en ícono de la nación. Peor aún, la literatura criollista también cuestionaba implícitamente la idea de una Argentina blanca, toda vez que sus personajes centrales eran con frecuencia descritos como paisanos de tez morena e interactuaban con criollos negros. Y lo mismo vale para la narrativa mitrista de la historia, ya que a veces la reivindicación del gaucho rebelde se hacía extensiva a los paisanos que habían peleado en las últimas montoneras e incluso a caudillos «gauchos» como el Chacho Peñaloza. Así, justo en el momento en el que José Ingenieros decretaba el fin de «la Argentina gaucha» y el arribo de una moderna, la Argentina popular se imaginaba a sí misma gaucha e insumisa. Hasta hubo anarquistas que se entusiasmaron con el gaucho por la facilidad con la que podía transformárselo en un héroe oprimido en lucha contra el Estado, algo que iba perfecto para sus folletos de propaganda.

Por la misma época, las clases populares rioplatenses realizaron otro aporte decisivo, el tango, que a su modo también minaba los mensajes culturales que proponían las élites. Como música y baile, nació a comienzos de la década de 1880. Su cuna fue claramente plebeya: con influencia de ritmos africanos y criollos, surgió en los arrabales pobres de Buenos Aires y se bailó en prostíbulos y en ámbitos de maleantes. Sus letras —que combinaban el estilo de habla gauchesco, el lunfardo de la plebe urbana y el «cocoliche» de los recién llegados— solían glorificar el mundo plebeyo y mirar con burla o desprecio a las clases altas. La indecencia del baile, la picardía de sus primeras letras y su identificación con los compadritos orilleros hizo que fuera inmediatamente rechazado por la élite (aunque eso no impidió que cautivara a algunos jóvenes de clase alta que frecuentaban los prostíbulos). A comienzos del nuevo siglo ya se había expandido en algunos barrios obreros y se lo podía encontrar en cafés y salones del centro. Cuando a comienzos de la década de 1910 se desató en Europa una verdadera «tangomanía», el tango tuvo su regreso triunfal a la Argentina y progresivamente fue aceptado en círculos sociales más «respetables». Como la figura del gaucho, también terminaría como emblema nacional, a pesar de que se ajustaba bastante mal a las visiones del país «decente», laborioso, blanco y europeo que planteaba la escuela.

La nación llegaba así a su Centenario no solo con una masa de habitantes heterogénea y procedente de países diversos, sino también con imágenes contrapuestas acerca de cómo se suponía que era el «nosotros» argentino, cuál era su historia, cuál su estilo de habla y qué tipo de cuerpos eran los que mejor la representaban. Por añadidura, la UCR no cesaba en sus rebeliones armadas, un desafío al que se había sumado el de un movimiento obrero multiétnico y de ideas cosmopolitas de creciente radicalidad. Las élites liberales habían conseguido monopolizar el aparato de Estado, pero no habían logrado una hegemonía política ni cultural.

CAPÍTULO 4

La Argentina liberal y sus límites

De la democracia fallida al peronismo
(1912-1955)

Vista superficialmente, la Argentina liberal y agroexportadora que las élites habían organizado parecía sólida, lo que dio lugar a previsiones optimistas. Sin embargo, pronto quedaría en claro que el edificio, hecho a empellones y a las apuradas, no soportaba bien la prueba del tiempo.

Con el desafío del movimiento obrero, los radicales embarcados en una impugnación total del régimen y una población que escapaba cada vez más a su control, parte del elenco gobernante comprendió que era el momento de ensayar algún cambio. Era preciso abrir un poco el juego político como para que los que estaban fuera de él aceptaran sus reglas. Pero no tanto como para perder el poder. Los sectores reformistas tenían al joven Roque Sáenz Peña como candidato para suceder a Pellegrini, pero sus chances quedaron bloqueadas por una hábil maniobra del ala dura roquista, que postuló a su padre y lo obligó de ese modo a bajarse de la contienda. Luis Sáenz Peña se convirtió así en el nuevo presidente. Asumido el cargo, consiguió que uno de los líderes de la UCR, Aristóbulo del Valle, se integrara como ministro. Pero la Revolución de 1893 marcó los límites del acercamiento y precipitó la caída del primer mandatario; otra vez el gobierno quedaba en manos de un vicepresidente, José E. Uriburu.

En 1898, Julio A. Roca fue electo presidente por segunda vez y concedió una modesta reforma electoral que no resultó suficiente para tentar a los radicales. El fallecimiento de Leandro Alem y de Del Valle había dejado la dirección del partido en manos de Hipólito Yrigoyen, y bajo su guía adoptó un intransigente abstencionismo. En 1905, poco después de la asunción presidencial del sucesor de Roca, Manuel Quintana, volvieron a las armas con una insurrección de gran escala que otra vez fue derrotada, pero que dejó en claro que la clausura política era insostenible. En los años posteriores, la UCR experimentaría un notable crecimiento. Organizada como un partido propiamente dicho, con convenciones periódicas en las que los referentes elegían autoridades partidarias y candidatos, expandió su red de comités por todo el país. Aunque su dirigencia era todavía de una posición social indistinguible de la de la oligarquía gobernante, comenzó a atraer sectores sociales más bajos, tanto criollos como de origen inmigratorio.

La búsqueda de una salida quedó en manos del vicepresidente José Figueroa Alcorta, que asumió el mando por problemas de salud de Quintana. Venciendo la renuencia de los sectores más duros acaudillados por Roca, consiguió franquear el camino para que los reformistas finalmente lograran consagrar presidente a Roque Sáenz Peña en las elecciones de 1910. Así se logró hacer aprobar, dos años más tarde, la ley que lleva su nombre, la primera que garantizó elecciones limpias.

La Ley Sáenz Peña fue ciertamente una maniobra de riesgo. Hay que recordar que la Argentina era uno de los contadísimos países de América Latina cuyas leyes no excluían del voto a los pobres. En todos los demás, con la excepción de Uruguay y México, los no propietarios y/o los analfabetos no tenían derecho a gozar de la ciudadanía. Lo mismo sucedía en muchas partes del mundo; incluso en Gran Bretaña el voto calificado rigió hasta 1918. Algunos miembros de la élite —entre ellos, Roca— lamentaban no contar con una disposición semejante, que hubiese permitido tener comicios limpios y al mismo tiempo excluyentes, como había recomendado Alberdi en su momento. Pero eso nunca fue una opción real en la Argentina, donde el menosprecio por el voto popular había tenido que contentarse con mecanismos de exclusión informales, como el fraude. Sáenz Peña estaba convencido de que la élite gobernante podía reunir una mayoría sin ese tipo de métodos. La ley que propuso establecía que se utilizase el padrón militar como base para el registro de votantes —garantía de que no fuese manipulado— y que se asegurase el secreto del acto comicial, que además se volvía obligatorio. Tras un intenso debate, se decidió que los extranjeros no podrían votar, lo que significaba que, de todos modos, una enorme porción de las clases trabajadoras quedaría excluida, lo mismo que los habitantes de los Territorios nacionales. Los derechos de las mujeres no fueron considerados (para esa fecha solo votaban en dos países del mundo). Nunca pensaron que, en esas condiciones, pudiesen perder.

La primera ocasión de aplicar la nueva ley se presentó en las elecciones santafecinas de 1912. Tras algunas dudas, la UCR decidió levantar su abstención y, para sorpresa de muchos, se alzó con la victoria. Poco después no le fue tan bien en otros distritos, pero el triunfo de Santa Fe fue suficiente para encender luces de alarma. Hubo propuestas de revisar la Ley Sáenz Peña, pero eso no fue posible y las elecciones de 1916 llegaron bajo su imperio. Para entonces, el precedente exitoso había generado una ola de entusiasmo por la UCR, que se transformó en un partido de masas, el único de alcance nacional. El PAN había funcionado más bien como un acuerdo entre fuerzas provinciales, que esta vez decidieron apoyar la candidatura de Lisandro de la Torre, el fundador de la Liga del Sur santafecina. Para impulsarla, se constituyó un partido propiamente dicho, con aspiraciones de amplitud nacional: el Partido Demócrata Progresista (PDP), reconocido desde entonces como el principal de ideas liberal-reformistas del país. Una porción muy minoritaria de los elencos políticos tradicionales decidió no acompañar esa estrategia; encabezados por los referentes de la provincia de Buenos Aires, que desde 1908 se habían denominado Partido Conservador, fueron a los comicios sin anticipar apoyo a De la Torre.

A pesar de ser las primeras presidenciales limpias, la participación popular fue bastante modesta: solo concurrió a votar la mitad de los habilitados (en los hechos, en los principales distritos votó menos del 10% de la población). El conteo en el Colegio Electoral fue una sorpresa. Por un escaso margen, la UCR reunía más electores que De la Torre y la disidencia bonaerense reunidos. La élite tradicional retuvo el control de muchas provincias (en algunas había conseguido hacer fraude a pesar de la nueva ley), pero no pudo evitar que Yrigoyen fuese ungido nuevo presidente. Fue para ella un golpe durísimo e inesperado. Los herederos de la oligarquía ya no volverían a llegar al poder por vía democrática. A ellos, que se sentían los forjadores de la Argentina, que habían organizado el Estado y puesto en marcha una economía pujante, el pueblo les había dado la espalda. La derrota de 1916 produjo un corrimiento político apreciable, que los alejaría del carril culturalmente más progresista del liberalismo para colocarlos en cambio en la avenida más conservadora. Tampoco antes confiaban en la democracia ni en las masas, pero el recelo previo les había permitido al menos arriesgar una apertura política y apoyar a un demócrata como De la Torre. A partir de ahora, su desconfianza respecto de las urnas se tornaría una resentida animosidad que los empujaría hacia formas más crudas de autoritarismo.

El primer gobierno radical

Yrigoyen asumió la presidencia en 1916 en medio de una algarabía callejera pocas veces vista en Buenos Aires. Desde entonces construyó con su base de apoyo una relación intensa, sostenida en un tipo de liderazgo muy particular. Durante su mandato se distribuyeron por todas partes retratos, medallas y objetos con su imagen, para cimentar su popularidad. Casi nunca hablaba en público; prefería mantener encuentros personales con aquellos que lo requerían. La casa de gobierno se convirtió en locación para ello: como comentaban azorados los políticos más tradicionales, sus salas se llenaban de gente de todo tipo —incluyendo la menos «respetable»— que esperaba su momento con el presidente para pedirle alguna ayuda. Además, los comités barriales de la extensa red que tenía la UCR acercaban a los vecinos beneficios materiales (como carne o pan «radical» a precios bajos), los ayudaban con trámites, facilitaban el acceso a cargos públicos u ofrecían actividades culturales o de entretenimiento. Fue el primer movimiento político de masas.

Bajo la dirección de Yrigoyen, la UCR había hecho de la limpieza en los comicios y la aplicación plena de las garantías constitucionales su único programa. Llegó al poder fustigando a «la oligarquía» por el modo fraudulento en que había manejado la vida política, pero no tenía críticas de fondo respecto de la orientación de la economía o del ordenamiento social tan desigual que había generado. Durante su gobierno no habría cambios relevantes en el modelo agroexportador. Con la burguesía ganadera no se llevó mal: varios de sus ministros, de hecho, pertenecían a la Sociedad Rural.

La dinámica democrática, sin embargo, sí dio ocasión para algunas impugnaciones más profundas en el plano provincial. Luego de 1916 varios radicales llegaron a ser gobernadores o intendentes. Algunos de ellos propusieron cambios sustantivos que contrastaban con la moderación de Yrigoyen. Con gran éxito en Rosario, Ricardo Caballero se presentaba como defensor de la clase obrera y de las «masas criollas desposeídas», contra el «egoísmo» que significaba la «extensión ilimitada del derecho de propiedad». En sus discursos combinaba la defensa de los trabajadores con referencias a la historia argentina llenas de nostalgia por los gauchos. Por la misma época, el lencinismo en Mendoza y el cantonismo sanjuanino, ambos salidos de la UCR, llegaron a la gobernación de sus provincias, desde donde introdujeron algunos de los derechos sociales más avanzados de la Argentina de entonces (incluyendo el voto femenino, concedido en San Juan en 1927). En Jujuy, otro radical díscolo, Miguel Tanco, se destacó presentándose como «defensor del proletariado y enemigo de los patrones» y reivindicando a los campesinos y a los pueblos indígenas oprimidos. Sin ser de izquierda —al menos no en la definición habitual del término— todos estos políticos se hicieron eco de los sentimientos clasistas que existían en amplias porciones de las clases populares para ganarse su admiración y sus votos. Por ello, las clases altas locales les hicieron la guerra; Federico Cantoni, por caso, sobrevivió a seis atentados.

Pero tampoco a Yrigoyen la moderación lo libró de la animosidad de la élite que ahora se veía desplazada. En verdad, parcialmente desplazada. El diseño institucional previsto en la Constitución, como vimos, estaba pensado para poner límites a la soberanía popular colocando resortes de poder en manos de cuerpos resguardados del voto mayoritario. La primera experiencia democrática mostró claramente los efectos de esa visión. Yrigoyen asumió el Ejecutivo, pero la UCR estuvo en minoría en el Congreso; eventualmente consiguió la mayoría en la Cámara de Diputados, pero el Senado le fue siempre adverso. Desde allí los liberal-conservadores bloquearon sistemáticamente sus iniciativas. Por su parte, la UCR se consideraba la encarnación de la nación misma, por lo que no reconocía en sus opositores ninguna legitimidad.

Por todo eso, las relaciones de Yrigoyen con el Poder Legislativo fueron tormentosas. Nunca llegó a salirse del marco de la ley, pero tuvo con el Congreso gestos de desprecio. Para ampliar su base de poder y para desarmar la máquina del fraude, que seguía en pie en varias provincias, impuso por decreto numerosas intervenciones federales, la mayoría para desplazar gobiernos opositores (incluyendo los de algunos de esos radicales «díscolos» que se alejaban del redil). También echó mano del reparto de empleos estatales y de otras medidas clientelares para sumar votantes y dirigentes intermedios.

La oposición liberal-conservadora —que nunca había hecho gala de un republicanismo demasiado sólido— denunció a Yrigoyen por faltar el respeto a las instituciones y violar los procedimientos legales. Con insistencia creciente lo señalaban como un líder autoritario, y no faltaron quienes lo compararon con Juan Manuel de Rosas y lo asociaron con la «barbarie» de los antiguos federales. En el rechazo que sentían por el gobierno de la UCR pesaban también los prejuicios de clase, especialmente contra esos hijos de inmigrantes que empezaban a acceder a cargos de autoridad en el Estado, y en general contra esas masas votantes que les habían dado la espalda. Se notó en estos años una verdadera reacción antiplebeya: un diario conservador fustigó al radicalismo por ser un movimiento de «manumisión de los negritos» que venía a instalar en el país una «mentalidad negroide».

Todos estos motivos fueron galvanizando un frente opositor que reunió no solo a los políticos conservadores y a los del PDP, sino también a un grupo de dirigentes radicales «antipersonalistas», que coincidieron en la crítica al estilo supuestamente autoritario de Yrigoyen. Con este frente encontraron también puntos de coincidencia los socialistas y algunos de los radicales «díscolos» de provincia a los que el líder de la UCR había desautorizado.

Las demandas de la sociedad y el movimiento obrero

En estos años, además, los avances del movimiento obrero y la ola democratizadora dieron lugar a la aparición de nuevas demandas sociales. En la década de 1910 comenzó una serie de conflictos en el campo protagonizada por los chacareros. En 1912 iniciaron un importante movimiento huelguístico con epicentro en Santa Fe, que pasó a la historia como el «Grito de Alcorta». Fundaron entonces la Federación Agraria Argentina (FAA), la principal asociación del sector en los años por venir. Demandaron modificaciones en el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, créditos accesibles y rebajas en los cánones de arriendo. El movimiento concluyó con varios de sus dirigentes asesinados y algunos logros modestos. La FAA retomó los movimientos huelguísticos entre 1919 y 1921. Esta vez encontraron un clima un poco más receptivo y consiguieron la sanción de una ley de arrendamientos. En años posteriores abandonaría ese tipo de acciones, a medida que una buena porción de los agricultores se fue convirtiendo en propietaria de las tierras.

Por esa misma época despuntó también un poderoso movimiento estudiantil. Aunque hubo antecedentes en la de Buenos Aires, la mecha se encendió en la Universidad de Córdoba en junio de 1918. Los estudiantes exigieron la democratización de la vida universitaria, mejoras en la calidad académica y también que se flexibilizaran las condiciones de cursada y se renovaran los planteles docentes. Tratados con cierta benevolencia por el gobierno, hicieron en su lucha avances que terminarían imprimiendo a las universidades argentinas algunos de los rasgos que aún hoy conservan: el cogobierno, la libertad de cátedra y la voluntariedad de la asistencia a clases. La Reforma Universitaria —así se la conoció— expresó también anhelos de unidad con los obreros y de proyección americana. Inspiró con ello a jóvenes de toda América Latina.

Las mujeres también se activaron en defensa de sus derechos. Desde fines del siglo XIX las anarquistas sostuvieron publicaciones específicas como La Voz de la Mujer (1896) desde las que tematizaron la opresión que sufrían en el espacio doméstico y pusieron en circulación cuestiones disruptivas, como el «amor libre» y el control de la natalidad. Como no les importaba nada relativo a la política estatal, no se interesaron por plantear para las mujeres el derecho al voto, demanda que sí impulsaron, en cambio, las socialistas y las librepensadoras. A partir de la época del Centenario animaron varias organizaciones y eventos gremiales femeninos y en 1918 participaron en la creación de la Unión Feminista Nacional, desde la que Alicia Moreau, entre otras, desarrolló una intensa lucha por el sufragio. Julieta Lanteri se destacó también en ese frente y creó por entonces el Partido Feminista Nacional. Otras iniciativas de ese tipo florecieron en la década de 1920 y en la siguiente.

Como parte de esta agitación, en 1919 un diputado radical llevó al Congreso por primera vez la propuesta del voto femenino, que no avanzó (en 1932 conseguiría media sanción en Diputados, pero naufragaría en Senadores). En cambio, por iniciativa de los socialistas, el Congreso aprobó en 1926 una ley que terminaba con la inferioridad civil de las mujeres. Desde ese momento dejaron de estar obligadas a pedir autorización a sus maridos para estudiar, comerciar o iniciar juicios y los varones perdieron el derecho a administrar los bienes de sus esposas (la patria potestad, en cambio, siguió siendo exclusivamente masculina). Las costumbres reflejaron estos módicos avances. La vigilancia sobre la moralidad de las muchachas siguió siendo estricta, pero hacia fines de la década de 1910, en sintonía con lo que venía pasando en el mundo, se notó cierto relajamiento. La moda autorizó el uso de faldas cortas y del cabello à la garçon y las mujeres «decentes» pudieron acceder al mercado de trabajo como secretarias o vendedoras sin mácula a su moralidad (sobre las «fabriqueras», en cambio, siguió pesando el prejuicio de que su actividad conspiraba contra la decencia y la «suavidad» propias de una dama).

La presidencia de Yrigoyen trajo un cambio en el modo en que el Estado lidiaba con el movimiento obrero. Ya los gobiernos previos habían comprendido que la mera represión no era suficiente y en 1907 habían creado el Departamento Nacional del Trabajo, al que se encargó la recopilación de información sobre todo lo que tuviera que ver con los trabajadores y la búsqueda de interlocutores entre ellos. De lo que se trataba era de atender algunos de sus reclamos sectoriales, de modo de que no confluyeran en un movimiento unificado de carácter revolucionario. El gobierno de Yrigoyen profundizó en esa línea y comenzó a mediar en algunos conflictos con la patronal; en ocasiones promovió una solución favorable a los obreros (lo que a su vez daba más fuerza a las tendencias sindicalistas, más propensas a interactuar con el Estado, y debilitaba a los anarquistas). En estos años se dictaron algunas leyes laborales, aunque la resistencia patronal y la débil capacidad del Estado de hacerlas cumplir hicieron que sus efectos reales fuesen modestos.

Nada de esto significó el fin de la represión. Por el contrario, sus episodios más tremendos ocurrieron bajo el mandato de Yrigoyen. En enero de 1919 la matanza que produjo la policía en ocasión de una huelga metalúrgica desató una verdadera insurrección espontánea en Buenos Aires, con coletazos en otras ciudades. Mientras la FORA decretaba la huelga general, hubo movilizaciones en varios barrios; los trabajadores asaltaron comisarías y armerías y levantaron barricadas. Durante una semana el Estado perdió el control de la situación, a pesar de haber militarizado la ciudad con más de 32.000 efectivos, con los que colaboraban brigadas de jóvenes de familias ricas, pronto conocidas como la Liga Patriótica. Liderada por Manuel Carlés, un radical que tenía buenos vínculos con los conservadores, la Liga se encargó de incendiar locales sindicales y de atacar a los obreros. Fue la primera organización de extrema derecha que funcionó en el país. Los grandes diarios colaboraron con la represión difundiendo historias sobre un complot «soviético» ruso detrás de los disturbios. Acaso por esa paranoia, también fue víctima de ataques la colectividad judía, a la que se asociaba con los comunistas rusos. La huelga general concluyó tras una semana dejando un tendal de muertos cuyo número se calcula en setecientos.

Esta «Semana trágica» no fue un hecho aislado. Desde 1917 la conflictividad obrera venía en ascenso, un poco porque los salarios habían quedado retrasados en los años previos, pero también por la ola de entusiasmo que había desatado en todo el mundo la Revolución rusa. El pico en la Argentina fue justamente en 1919, un año en el que también se extendieron los lazos de solidaridad con otros sectores. Las maestras mendocinas, por ejemplo, hicieron un paro inédito para su gremio; actores de teatro, chacareros, telefonistas, empleados de comercio y bancarios de numerosas localidades también se movilizaron; los estudiantes secundarios se declararon en huelga y marcharon por las calles enarbolando banderas rojas. Hasta los policías fueron a la huelga en Rosario en 1918-1919.

La conflictividad se extendió también al espacio rural. Desafiando el poder despótico que ejercía La Forestal, que los sometía a la más brutal explotación, los hacheros y trabajadores del quebracho habían conseguido en 1919 declarar su primera huelga. La empresa respondió con listas negras y persecuciones que dieron lugar a nuevas medidas y mayores violencias de la patronal. En enero de 1921 una gran huelga se expandió por todo el territorio que ocupaba la empresa. Las fuerzas del orden, a su servicio, desataron entonces una política de terror, que incluyó el incendio de los ranchos obreros y una verdadera cacería humana de los que escapaban por el monte. La cifra de muertos se desconoce, pero sin dudas fue alta.

En Santa Cruz también hubo luchas épicas que concluyeron en masacres incluso más terribles. Dominaban allí enormes estancias dedicadas a la producción lanera, muchas en manos de ingleses y alemanes. Para 1920, la Federación Obrera de Río Gallegos, en manos de anarquistas, había conseguido extender la afiliación entre muchos de los peones de estancia y en ese mismo año comenzó un movimiento huelguístico.

Los terratenientes, organizados en la Sociedad Rural y la Liga Patriótica y apoyados por la embajada británica, exigieron al gobierno que enviara tropas para reprimir. Yrigoyen respondió con una solución intermedia: mandó al Ejército pero con orden de realizar una mediación, que concluyó con algunas concesiones a los trabajadores. Como la patronal incumplió su parte del trato, para comienzos de noviembre de 1921 todo el sur de Santa Cruz se encontró paralizado. La prensa porteña, solidaria con los patrones, agitó entonces fantasmas de una «invasión chilena» en la Patagonia y difundió historias falsas sobre crímenes de los peones en las estancias. La presión sobre Yrigoyen continuó hasta que se decidió a enviar de nuevo al Ejército, que esta vez fue despiadado. Buena parte de los obreros en huelga fueron capturados y fusilados sumariamente (que la Constitución nacional prohibiera la pena de muerte por causas políticas no fue para ellos de ninguna ayuda). No es posible saber cuántos corrieron esa suerte; décadas después un investigador pudo documentar 283 casos, pero sin dudas fueron muchos más (la prensa anarquista calculó no menos de 1.500). Ningún partícipe de los fusilamientos fue juzgado. Por el contrario, el gobierno ascendió al oficial a cargo de la expedición y la UCR impidió la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

La sucesión de Yrigoyen y el fin de la primera experiencia democrática (1922-1930)

Cumplido su mandato, Yrigoyen ungió como sucesor a Marcelo Torcuato de Alvear, quien se convirtió en presidente en las elecciones de 1922. Miembro de una de las familias ganaderas más ricas del país, tenía una sólida relación con su mentor y era un radical probado. Sin embargo, el gabinete que designó apenas asumido dejaba en claro que seguiría un camino propio. Más aún, Alvear se fue acercando a los «antipersonalistas». Para 1924 ambas facciones de la UCR estaban ya en franco enfrentamiento.

Fuera de cuestiones de estilo y de una relación más armónica con la oposición, el gobierno de Alvear no produjo grandes innovaciones.

El modelo económico continuó siendo el mismo y no hubo cambios relevantes en la producción rural, salvo el crecimiento del maíz y, en zonas periféricas, el avance del cultivo del algodón, el maní, la yerba mate y la caña de azúcar, y de la actividad frutícola en Río Negro.

En 1923, Alvear consiguió hacer aprobar una ley para proteger a los pequeños y medianos criadores de ganado, que se habían visto perjudicados por las maniobras de los grandes invernadores. Estrechamente asociados a los frigoríficos, estos habían forzado a la baja los precios que pagaban por los animales para el engorde. La ley de Alvear apuntaba a revertir la situación, pero los frigoríficos, en su mayoría estadounidenses, interrumpieron todas las compras y forzaron a suspender su aplicación. Fue una muestra palmaria de la debilidad del Estado frente a las fuerzas del mercado.

Hubo, sin embargo, una novedad importante: el inicio del desarrollo petrolero. Los primeros yacimientos se habían descubierto en Comodoro Rivadavia en 1907 y pronto grandes empresas estadounidenses habían desembarcado para explotarlos. A finales de su presidencia, Yrigoyen había creado Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa pública que, ya en el período de Alvear, daría un fuerte impulso a la actividad. Además, en 1923, Alvear elevó los aranceles a las importaciones, lo que ayudó en algo al crecimiento de la industria.

Las relaciones con el movimiento obrero siguieron oscilando entre la mediación y la represión. Pero quienes más sufrieron la violencia de Estado fueron los indígenas del Chaco. En 1924, el gobierno intentó promover allí el cultivo de algodón e involucrar para ello a los tobas y a otros grupos. Para forzarlos a contratarse como peones, les prohibieron desplazarse a los ingenios azucareros del Noroeste, como solían hacer desde hacía décadas en busca de jornales mejores. En protesta por la medida, nativos de varias partes del Chaco se reunieron en mayo en la reserva de Napalpí y, haciéndose eco de las luchas del movimiento obrero, decidieron declarar una «huelga general»: los que eran peones se negaron a trabajar y los campesinos dejaron de sembrar cultivos comerciales. El 19 de julio, mientras realizaban un ritual, ciento treinta policías los acribillaron sin aviso desde la distancia. Cuando la carnicería concluyó, unos doscientos indios habían muerto. También esta vez el hecho fue silenciado y quedó en total impunidad.

Mientras tanto, en Buenos Aires continuaba el enfrentamiento entre las facciones radicales. Los antipersonalistas esperaban bloquear de algún modo la postulación de Yrigoyen para un nuevo período, pero las elecciones de 1928 llegaron sin que esa posibilidad se materializara, de modo que decidieron competir con candidatos propios. En campaña electoral, Yrigoyen denunció que habían entrado en «contubernio» con la oligarquía conservadora y propuso la nacionalización del petróleo, una consigna que generó amplias adhesiones. El escrutinio le dio una victoria abrumadora: triunfó con cerca del 60% de los votos. Sin manejar el aparato estatal, ganó en casi todos los distritos y arrasó en la provincia de Buenos Aires. La elección fue además récord de participación: concurrió a votar un 80% del padrón, muy por encima del magro porcentaje de 1916. El pueblo argentino se iba habituando a las urnas. En cambio, las élites no: desde hacía ya algún tiempo algunos sectores venían cortejando a los militares y la derrota de 1928 no hizo sino reafirmarlos en el convencimiento de que había que buscar métodos alternativos para volver al poder.

El segundo gobierno de Yrigoyen se pareció al primero, aunque las tensiones se intensificaron. Su proyecto de nacionalización del petróleo se topó con el bloqueo de los senadores. El líder radical respondió como antes, intensificando la presión para ampliar sus apoyos mediante reparto de cargos e intervenciones federales. Una de ellas fue en Mendoza y desembocó en el asesinato de Carlos W. Lencinas, por el que la oposición responsabilizó al gobierno.

A los problemas políticos se sumaron en 1929 los económicos. En octubre, una brusca caída en la bolsa de Nueva York dio inicio a la Gran Depresión, la peor crisis mundial que sufrió el capitalismo. Sus efectos se hicieron sentir rápidamente en la Argentina, que experimentó una caída de las exportaciones, inflación, despidos y reducción salarial. Todo impactó a su vez en las elecciones legislativas de 1930, donde al gobierno le fue bastante mal. Diversas voces reclamaron la destitución inmediata de Yrigoyen.

Finalmente, el 6 de septiembre un golpe militar pobremente organizado y con muy poca movilización de tropa consiguió hacerse con el poder. No fue una decisión del conjunto del Ejército (muchos mandos simpatizaban con Yrigoyen), pero lo cierto es que hubo pocas reacciones de defensa de la democracia. El líder depuesto terminó preso en la isla Martín García; una turba saqueó e incendió su casa. El golpe de Estado fue apoyado por las entidades patronales, por casi toda la prensa y casi todos los partidos de oposición. La Corte Suprema —cuyos integrantes estaban mayormente allí desde la época oligárquica— brindó cobertura legal al nuevo gobierno con una nueva doctrina que habría de hacer escuela: lo consideró un «gobierno de facto» al que había que reconocer.

Así concluía la primera experiencia democrática del país, de apenas catorce años de duración. El golpe de 1930 inauguraba una nueva etapa, signada por la restauración liberal-conservadora pero también por el poder de veto de los militares. A partir de ese momento, y durante décadas, el quiebre del orden constitucional fue el sino de la Argentina. Para cumplir otro período democrático de la misma extensión habría que esperar casi siete décadas.

Golpe y fraude: los liberal-conservadores de nuevo al poder

El golpe de Estado se había realizado en nombre de las instituciones mancilladas por Yrigoyen, pero había poco acuerdo entre los golpistas acerca de qué hacer luego. El ala más de derecha proponía encarar una reforma de raíz y reemplazar la democracia por un sistema de representación corporativa como el que ensayaba el fascismo en Italia. Otros grupos preferían continuar con el ordenamiento liberal dispuesto por la Constitución y restituir de manera rápida un gobierno civil, si hacía falta, retomando las viejas prácticas fraudulentas. Al comienzo predominaron los primeros, representados por el nuevo presidente de facto, el general José Félix Uriburu, vástago de una familia aristocrática salteña. Su breve mandato estuvo marcado por la represión. Varios dirigentes radicales fueron perseguidos con acusaciones de corrupción pobremente probadas y el movimiento obrero padeció deportaciones y violencias de todo tipo, incluyendo el fusilamiento de los anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó. En esta época se extendió el uso de la picana eléctrica en las comisarías, un método de tortura de invención argentina.

La oposición existente entre las filas golpistas bloqueó el camino corporativista que propiciaba Uriburu y lo forzó a convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se realizaron en 1931 y dieron la victoria a la UCR, lo que llevó a que fueran anuladas. El ensayo fallido puso fin a la carrera del presidente de facto y benefició en cambio la de su rival, el general Agustín P. Justo. Sus contactos con la política eran más sólidos: había sido ministro de Alvear, tenía el apoyo de los liberal-conservadores —que desde 1931 se reagruparon como Partido Demócrata Nacional (PDN)—, de la Iglesia, de no pocos antipersonalistas y también del Partido Socialista Independiente (PSI), un grupo que se había escindido del PS. Y sobre todo, contaba con el sólido respaldo del Ejército. Con esa coalición detrás, convocó a elecciones generales, por las que en 1932 se convirtió en presidente de la nación.

Claro que fueron comicios bien amañados. Con Yrigoyen en prisión (y fallecido en 1933), Alvear se había transformado en el líder indiscutido de la UCR, pero su candidatura fue prohibida, por lo que el partido regresó al viejo método de la abstención (en estos años también retomó los alzamientos armados, cuatro entre 1931 y 1933, todos derrotados). De ese modo, Justo solo tuvo que competir contra el frente que armaron el PS y el PDP. Además, hubo fraude en varios distritos; el de la provincia de Buenos Aires fue escandaloso y llevó a la gobernación a Manuel Fresco, un nacionalista con ideas cercanas al fascismo (según su recordada expresión, se trató de un «fraude patriótico»). Así y todo, el triunfo de Justo no fue demasiado holgado. Su vicepresidente fue Julio A. Roca (h), todo un símbolo de que se trataba de una restauración.

Sería inexacto, sin embargo, considerar que fue una mera reedición de los gobiernos oligárquicos o calificarla de «conservadora» a secas. La «Concordancia» que sostuvo a Justo en el gobierno incluyó en puestos clave a figuras del PSI, como Antonio de Tomaso, que era hijo de trabajadores, o Federico Pinedo, que venía de cuna oligárquica, pero había militado en el socialismo. Su aporte fue crucial en la puesta en marcha de una serie de innovadoras reformas económicas, de las que hablaremos en la próxima sección.

En lo que sí se pareció a los tiempos oligárquicos fue en el favor oficial otorgado a los intereses ingleses y en la corrupción, que en la década de 1930 adquirió dimensiones colosales. El caso más resonante fue el del tratado Roca-Runciman, suscrito con el Reino Unido en 1933. El acuerdo estuvo orientado a desactivar la amenaza británica de interrumpir las compras de carne argentina. Para ello, el gobierno aceptó condiciones muy gravosas, que obligaban al país a darles un tratamiento aduanero preferencial, a exportar prioritariamente a partir de frigoríficos extranjeros, a embarcar la carne en buques británicos y a utilizar la totalidad de las libras obtenidas en la compra de bienes de ese origen o para el pago de la deuda contraída con ese país. Además, debía darse a las empresas de servicios británicas un trato especial. Todo esto, a cambio de mantener la compra de carne en sus niveles anteriores. El tratado originó un acalorado debate en el Congreso, que fue seguido de una investigación encabezada por el senador Lisando de la Torre. Se demostró que los frigoríficos beneficiados no pagaban sus impuestos, ocultaban información y beneficiaban con compras a precios preferenciales a algunos ganaderos en particular, incluyendo al ministro de Agricultura, Luis Duhau. La connivencia entre la élite gobernante, los ganaderos y el imperialismo británico quedó en evidencia como nunca. Mientras transcurría el debate en el recinto del Senado, un matón vinculado al gobierno disparó con intención de matar a De la Torre. La bala no lo abatió a él, pero sí a su compañero de bancada y protegido, Enzo Bordabehere (abrumado, De la Torre se suicidaría en 1939).

Ese escándalo fue el más resonante, pero no el único. El Congreso votó también en 1935 una ley por la que se concedía a los británicos el monopolio sobre todo el transporte urbano porteño por cincuenta y seis años. Los capitales de ese origen consiguieron, sobornos mediante, ventajas similares para la provisión de electricidad. Por la corrupción, la sumisión a los intereses extranjeros y el regreso del fraude, los años treinta serían recordados como la «década infame».

En las elecciones de 1938, también con fraude notorio, el radical antipersonalista Roberto M. Ortiz se consagró como nuevo presidente. Su llegada fue como hombre de Justo, pero a poco de asumir mostró mayor autonomía que la esperada y comenzó a negociar con Alvear un acuerdo para la restauración de la democracia. En 1940, sin embargo, por problemas de salud, debió dejar el gobierno en manos de su vicepresidente, el conservador Ramón Castillo, quien prefirió continuar con el statu quo. Más aún, desde diciembre del año siguiente gobernó bajo Estado de sitio.

La crisis mundial y los cambios en la economía

Respondiendo a impulsos más transnacionales que locales, el gobierno de la Concordancia introdujo cambios decisivos en la economía y amplió la capacidad del Estado para regularla. Entre el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la finalización de la Segunda en 1945, el orden global capitalista sufrió una crisis de proporciones sísmicas. Las guerras y el colapso del mercado de capitales de 1929 trajeron una destrucción de riqueza sin precedentes y desorganizaron los circuitos del comercio y la división internacional del trabajo. Las monedas dejaron de ser convertibles en oro y los países más industrializados se alejaron del librecambio para proteger sus economías. Gran Bretaña, que había llegado a dominar buena parte del mundo, entró en declive, para ser reemplazada por Estados Unidos como nueva potencia hegemónica. Por todas partes el capitalismo y el orden liberal sufrieron impugnaciones. En pocas décadas, luego de la Revolución rusa de 1917, cerca de un tercio de la población del planeta pasó a vivir bajo regímenes comunistas. Movimientos antiliberales de extrema derecha alcanzaron el poder en varios países —entre ellos, los nazis en Alemania y los fascistas en Italia— y sedujeron a importantes secciones de la población en otros. La política, la economía, las ideas: todo sufrió transformaciones profundas.

El cimbronazo descolocó a la Argentina. Con el modelo agroexportador, el país parecía haber encontrado su lugar en el mundo. La relación con Inglaterra era de dependencia, pero aseguraba cierta complementación: los británicos consumían los bienes que el país producía y proveían las manufacturas y capitales que los argentinos necesitaban.

El ascenso de Estados Unidos alteró ese balance. Desde comienzos del siglo implementó políticas agresivas para desplazar a Gran Bretaña: en la Argentina invirtieron en frigoríficos y en empresas de servicios públicos, dos áreas antes dominadas por los ingleses. También establecieron fábricas propias de manufacturas. Además, el automóvil reemplazó de manera progresiva al ferrocarril en el transporte humano y de mercancías. Creció así la importación de automotores, a los que se sumaban radios, fonógrafos, maquinarias agrícolas y para las industrias locales, etcétera, todo traído de Estados Unidos. El problema era que este país, a diferencia de Gran Bretaña, no necesitaba comprar cereales argentinos y se abastecía bastante bien con sus propias carnes. No había complementación posible. Lo que era una sencilla relación de a dos, pasó entonces a ser un complicado triángulo en el que la Argentina vendía a unos pero compraba cada vez más a otros. El superávit comercial con los socios europeos se destinó a financiar el saldo deficitario con Estados Unidos, lo que no podía sino molestar a los primeros. Y cuando las monedas dejaron de ser convertibles, las exportaciones de todos modos no aportaron los dólares necesarios para importar.

La nueva relación triangular requería políticas económicas más sofisticadas que las practicadas por la Argentina desde los tiempos oligárquicos. Asegurar la disponibilidad de divisas fue cada vez más complicado. Además, por la época del Centenario las zonas aptas para la agricultura en la región pampeana terminaron de ocuparse totalmente: uno de los recursos en los que se había fundado la prosperidad previa —la abundancia de tierra— estaba agotado. Otro factor, la mano de obra inmigrante, sufría altibajos bruscos por las guerras. Y la provisión de tercer factor, los capitales, estaba en riesgo no solo por la inestabilidad financiera internacional, sino también porque las utilidades que remitían al exterior las compañías extranjeras superaban a las inversiones (a lo que había que sumar el servicio de la pesada deuda externa).

La Primera Guerra había causado en el país un primer impacto económico, pero no fue lo suficientemente grave como para impulsar cambios de magnitud. Pero la severa crisis que se produjo al comenzar la Gran Depresión dejó en claro que el modelo agroexportador estaba agotado. La caída de los precios de los productos agrícolas, el proteccionismo generalizado en los países más desarrollados y la interrupción del ingreso de capitales obligaron a pensar en transformaciones de fondo.

A partir de 1931, y más claramente desde que Federico Pinedo asumió como ministro de Hacienda dos años más tarde, una serie de reformas profundas cambió decisivamente el perfil de la economía argentina. Las políticas arancelarias se volvieron marcadamente proteccionistas, lo que, junto con la escasez de divisas para pagar importaciones, funcionó como un formidable estímulo para el desarrollo industrial. Siguiendo las ideas keynesianas que aplicaban los países centrales, el Estado asumió un papel activo en la regulación económica y en la inversión. Para empezar, impuso por primera vez un control de cambios por el que centralizó y administró la venta de moneda extranjera. Lo hizo para priorizar usos específicos, pero obtuvo además de ello un beneficio importante que, junto al impuesto a los réditos aprobado en 1931, engrosó las arcas públicas. Entre otras cosas, esos fondos permitieron financiar un febril programa de construcción de rutas y caminos encarado por la Dirección Nacional de Vialidad, creada en 1932.

El Estado se dotó también de nuevas herramientas de intervención. Al abandonarse le convertibilidad del peso, en 1935 se creó el Banco Central, una entidad en verdad controlada por banqueros privados —en su mayoría, extranjeros— y solo supervisada por funcionarios públicos, en cuyas manos quedaría en adelante la política monetaria. Se establecieron asimismo Juntas Nacionales de regulación del comercio de diversos productos para proteger a los productores de los vaivenes de los precios y mantener sus ingresos lo más alto posible. La primera fue la Junta Nacional de Granos y luego siguieron las encargadas de las carnes, el algodón, el vino, la yerba, la leche, etcétera. La de granos, por caso, compraba a buen precio grandes cantidades para venderlas luego a las casas exportadoras privadas, de modo que los agricultores no se vieran forzados a desprenderse en el momento de mayor oferta; la del vino adquiría el exceso de uva para destruirla y mantener su precio alto. Se trató, en fin, de garantizar buenas ganancias a los productores, un estatismo que los empresarios aplaudieron. Lo que no cambió, sin embargo, fue la orientación pro británica de la política económica y de la diplomacia. Frente al proteccionismo mundial, se trataba de «comprar a quien nos compra», como exigían diversas voces en el gobierno y entre la burguesía ganadera.

En parte gracias a esta batería de medidas, en los años treinta la economía creció a ritmos muy altos. En especial la industria, a la que se volcaron actores nuevos, pero también quienes se habían enriquecido en la actividad agroganadera y diversificaron sus inversiones, y por supuesto las empresas extranjeras —especialmente estadounidenses—, que buscaban sortear el retén de los altos aranceles aduaneros produciendo dentro del país. El valor de la producción industrial superó en estos años el de la agroganadera, y la proporción de personas que empleaba el sector creció a expensas de la que se ocupaba de faenas rurales. A fines de la década, la Argentina ya exportaba productos industriales a los países limítrofes.

El inicio de la Segunda Guerra Mundial volvió a complicar la economía local. Para salir del brete, Pinedo propuso en 1940 un nuevo programa de reactivación bastante audaz: el Estado invertiría masivamente en infraestructura y viviendas y prestaría un apoyo decisivo para el fortalecimiento de la capacidad manufacturera del país. Pero el plan no pasó la prueba en la Cámara de Diputados, donde la UCR bloqueaba cualquier iniciativa que enviara el gobierno, en protesta por el fraude.

El crecimiento manufacturero de estos años dio aire a la economía a la vez que le sumó desequilibrios. La naciente industria surgía por sustitución de importaciones: los fabricantes se orientaban a producir aquello que demandaba el consumidor final y que ahora era caro importar. Era entonces una industria liviana que todavía dependía de otras importaciones —de maquinarias, metales e insumos básicos— que no se producían localmente. Nacida de la protección aduanera, tuvo pocos incentivos para ser eficiente o bajar costos y dependió para sus ingresos más bien de políticas cambiarias favorables y de la continuidad de la protección. Por ello, tuvo en el mediano plazo dificultades para exportar; su destino fundamental fue el mercado interno, lo que significa que consumía divisas para importar los insumos que requería, pero no las generaba.

Además, el desarrollo industrial se concentró en Buenos Aires y alrededores y en menor medida en el Litoral, lo que acentuó los desequilibrios regionales. Para 1938, el 73,9% de la producción manufacturera del país se realizaba en el área de Buenos Aires, que albergó por ello el grueso de los trabajadores. A contramano de esa tendencia, luego de 1914 la cantidad de establecimientos industriales radicados en las provincias del Noroeste y el número de personas empleadas en ellos disminuyeron drásticamente. Esta tendencia reforzó el proceso de urbanización y el crecimiento de Buenos Aires, que a comienzos de los años cuarenta alcanzaría la cifra de tres millones de habitantes que mantuvo más o menos constante desde entonces. A eso hay que sumar el crecimiento explosivo del Conurbano. Ambas áreas se nutrieron de importantísimas corrientes de migrantes internos criollos, que abandonaron el campo para mezclarse con los trabajadores de origen inmigratorio en los barrios populares y también en las «villas», que ganaron presencia durante el transcurso de la década.

El debate de ideas

Las décadas que siguieron al Centenario constituyeron una de las épocas más ricas en lo que refiere a la cultura y al debate de ideas. La relativa monocromía de los tiempos oligárquicos dio lugar a una proliferación de múltiples posturas ideológicas y estéticas. El liberalismo perdió la centralidad que había tenido y fue sometido a profundas impugnaciones.

En estos años la alfabetización siguió avanzando y, con ella, la cultura letrada. Libros, bibliotecas, revistas y conferencias se volvieron más habituales en la vida de sectores más amplios. El ámbito literario se democratizó bastante: los escritores «serios» dejaron de ser solo de las clases acomodadas, lo que habilitó otras perspectivas y temáticas. Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Victoria Ocampo y Roberto Arlt fueron algunos de los que se destacaron en los años treinta. Entre los intelectuales hubo una reacción contra el positivismo y un interés renovado por discutir, en tono algo más pesimista, acerca de la identidad nacional y sobre los problemas que tenía el país que había construido la oligarquía. Raúl Scalabrini Ortiz, Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada escribieron recordados ensayos al respecto. En conexión con lo que sucedía con las vanguardias estéticas en el mundo, los años veinte y treinta vieron también una intensa innovación en las artes plásticas y en la música.

La cultura de izquierda tuvo uno de sus momentos más brillantes. En las primeras décadas del siglo los sindicatos y agrupaciones socialistas y anarquistas publicaron febrilmente periódicos y folletos y fueron incansables organizadores de eventos culturales y propagandísticos. A ellos se sumó luego el Partido Comunista (PC), fundado en 1918 por un grupo de militantes descontentos por el tono moderado del Partido Socialista y deseosos de probar la vía revolucionaria que los rusos acababan de transitar. Las invectivas de todos estos grupos contra el capitalismo y la burguesía, su ateísmo militante, su apuesta por una mayor igualdad de género, su confianza en la razón y en la ciencia y sus valores solidarios, internacionalistas e igualitaristas calaron profundo en buena parte de la población. Nacida entre los trabajadores, la cultura de izquierda ganó espacio también entre los sectores medios y, más tarde, legitimidad en el campo intelectual. Los acuerdos amplios que hubo hacia mediados de los años treinta, en el mundo tanto como en la Argentina, sobre la necesidad de hacer un frente democrático común contra el fascismo, dieron aire en el debate intelectual incluso a los comunistas. Por el significado emocional que tuvo desde 1936 y por la llegada posterior de miles de emigrados republicanos, la Guerra Civil española contribuyó también a abrir un amplio espacio para las ideas progresistas y de izquierda. Lo mismo vale para el importante movimiento antifascista que se organizó poco después y que confluyó en 1940 en la coalición Acción Argentina. En ese clima, varios intelectuales, editoriales y revistas progresistas y de izquierda se ganaron un lugar de respetabilidad y prominencia.

El antiimperialismo fue una postura que adquirió creciente importancia. El agresivo expansionismo de Estados Unidos sobre América Latina, patente desde 1898, había generado ya un temprano rechazo. Durante la Primera Guerra Mundial, Yrigoyen sostuvo la postura de neutralidad argentina y su diplomacia desafió en varias ocasiones al expansionismo estadounidense. Los anarquistas y socialistas también lo rechazaban y el antiimperialismo formó parte del conjunto de ideas que sostuvieron los estudiantes durante la Reforma Universitaria. En la década del veinte, intelectuales como Manuel Ugarte o José Ingenieros participaron de iniciativas en pos de la unidad latinoamericana contra el imperialismo yanqui, una preocupación que se mantuvo bien presente en años posteriores. La expoliación de la economía argentina por parte de compañías extranjeras también animó críticas. En ese ángulo se destacaron los intelectuales radicales del grupo FORJA, creado en 1935 como nucleamiento disidente de la conducción de la UCR, en el que se hicieron notar Arturo Jauretche y Gabriel del Mazo, entre otros.

En el extremo opuesto, desde fines de la década de 1920 ganaron predicamento diversas posturas de derecha, antidemocráticas y antiliberales. El nacionalismo fue un común denominador de todas ellas. Como vimos en el capítulo 3, también las élites liberales que organizaron el Estado incitaron el patriotismo en los rituales públicos y en la escuela. Por la preocupación que les generaban los disturbios obreros y las ideas revolucionarias, en la época del Centenario intensificaron esa prédica, que se volvió bastante agresiva, incluso xenófoba. Por entonces algunos intelectuales ligados a las élites dirigentes, como el santiagueño Ricardo Rojas, comenzaron a insistir sobre la necesidad de cimentar el nacionalismo educando a los niños no solo en el amor a la bandera y a los próceres, sino también invitándolos a identificarse con las antiguas costumbres criollas, con el folklore rural y con la figura del gaucho. Eso significaba darle un contenido cultural nuevo al «ser argentino», diferente al que el Estado había patrocinado hasta entonces.

En principio, no pareció haber en estos planteamientos nada necesariamente antiliberal o antidemocrático. Sin embargo, por la misma época algunos intelectuales comenzaron a combinar ese nacionalismo anclado en lo criollo con contenidos más visiblemente antiliberales. El cordobés Leopoldo Lugones propuso en 1913 que el gaucho y el Martín Fierro fuesen convertidos en piedra angular para una prédica nacionalista que él mismo relacionó algo más tarde con el orden militar y autoritario (y finalmente con el fascismo). La Liga Patriótica tuvo una prédica similar luego de 1919, y a fines de los años veinte hubo ya todo un movimiento intelectual que, retomando ideas de pensadores autoritarios europeos, impugnaba el individualismo liberal y la democracia en nombre de una nación fuerte, que a su vez requería tradiciones firmes y de un orden político férreo. El diario La Nueva República, fundado en 1927 por los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta, fue su faro. Para entonces ya habían ganado influencia en el Ejército, especialmente en el grupo que encontró en Uriburu su referente.

En la década siguiente el nacionalismo de extrema derecha desarrolló muchas otras iniciativas intelectuales y pasó a la acción a través de una miríada de organizaciones paramilitares antiobreras, como la Legión Cívica, la Alianza de la Juventud Nacionalista (luego conocida como Alianza Libertadora Nacionalista) o la Legión de Mayo, entre otras. Algunas de ellas fueron decididamente elitistas y rechazaron el sufragio universal, pero otras buscaron hacer pie entre las clases bajas y llamaron a atender sus demandas desde una perspectiva antisocialista. Buscaron identificarse con lo criollo como modo de rechazar las tendencias cosmopolitas de la izquierda; algunas reivindicaron también la herencia hispana y el catolicismo. Todas compartieron el gusto por lo militar y una preferencia por el orden familiar tradicional y la autoridad masculina. Varias fueron antisemitas y se vieron seducidas por el fascismo y el nazismo. Como parte del rechazo al liberalismo, también solían ser críticas del libre mercado. Difundieron sus ideas a través de varios diarios y revistas y ganaron gran predicamento.

Con ellos confluyó la Iglesia, que tenía su propia tradición de impugnaciones al liberalismo y apreciaba también la herencia hispana. Desde 1928, con la revista Criterio, sumó un foro al nacionalismo de derecha; monseñor Gustavo Franceschi se destacó allí por su prédica fascista y antisemita y por su elogio de los gobiernos fuertes. En 1934, la Iglesia tuvo su demostración de fuerza con la celebración del Congreso Eucarístico Internacional, ocasión en la que probó su capacidad de movilización en las calles de Buenos Aires. Dotada de una prensa propia y poderosas organizaciones de laicos, como la Acción Católica, fundada en 1928, se convirtió en un actor político insoslayable y en un puente entre el nacionalismo de derecha y las Fuerzas Armadas.

A partir de 1934, algunos sectores de esa corriente derechista desarrollaron una peculiar narrativa «revisionista» del pasado que sumaba argumentos a su favor. Buscaron reivindicar el papel de los caudillos federales y del interior, a los que consideraban guardianes de la nación auténtica, que era criolla e hispana. Especialmente se centraron en la exaltación de Juan Manuel de Rosas, imaginado como líder de un proyecto de desarrollo autónomo y de un orden social orgánico. Su derrota en 1852 había inaugurado una época de decadencia de la nación, dominada por élites porteñas extranjerizantes al servicio de los intereses británicos (en estos años la derecha desarrolló un peculiar antiimperialismo, más orientado a rechazar lo foráneo por ser vector de liberalismo que por sus efectos económicos adversos).

Desde esta visión, no parecía casual que el jefe de los liberales porteños, Bartolomé Mitre, hubiese sido también el historiador capaz de fijar una interpretación canónica del pasado. Su historia era para ellos una tergiversación ideológica. Entre los revisionistas se destacaron el santafecino Manuel Gálvez, el salteño Carlos Ibarguren y el bonaerense Ernesto Palacio. Cabe recordar, sin embargo, que el impulso hacia la revisión del pasado no había comenzado con este grupo ni concluiría en él. Como vimos en el capítulo 3, el criollismo popular ya había producido una reivindicación de las montoneras y más tarde hubo revisionismos que no se identificaban con las ideas de derecha e incluso se entrelazaron con otras de izquierda. En sus diversas variantes, a largo plazo tuvieron una influencia enorme en el modo en que los argentinos y argentinas imaginaron su pasado.

Por el atractivo que tenía para todos —para algunos sectores de izquierda, como héroe rebelde y antioligárquico; para la derecha, como pieza de un nacionalismo anclado en las tradiciones criollas/hispanas, y para la población general, por el valor emocional que tenía desde siempre— el gaucho terminó de consolidarse en estos años como emblema de argentinidad. En 1939, la Legislatura bonaerense finalmente lo elevó a culto estatal al instaurar el «Día de la Tradición», que en 1943 se convirtió en una efeméride nacional (el gobernador Manuel Fresco y el ministro de Educación Gustavo Martínez Zuviría, ambos de extrema derecha, fueron cruciales para esa consagración). Nada de esto impidió que, para muchos otros argentinos, todo lo que fuera criollo, moreno, federal o del interior —el gaucho incluido— siguiese siendo considerado un factor de atraso y de barbarie. La Argentina entró a los años cuarenta sin haberse puesto de acuerdo acerca de cómo era el «nosotros» nacional. Más aún: ahora había relatos contrapuestos que entraban en antagonismo abierto.

El nacimiento de la cultura de masas

A comienzos del siglo XX continuó la notable expansión del entretenimiento popular que venía de los años previos. Los circos criollos recorrieron todo el país. En las ciudades se multiplicaron las salas de teatro con espectáculos de todo tipo, especialmente sainetes y revistas, con bailarinas y canciones. A la proliferación de impresos baratos de temas gauchescos se sumaron las novelas semanales con historias románticas. Pero más importante, las primeras cuatro décadas del siglo fueron también testigo de la aparición de una cultura comercializada y de masas. En 1896 se realizaron las primeras funciones de cine en Buenos Aires y pronto comenzaron a producirse localmente películas mudas, que ya en la década de 1910 fueron una atracción muy popular. En los años treinta, con el advenimiento del cine sonoro, se desarrolló una importante industria nacional en competencia con los filmes estadounidenses, que captaban la porción mayoritaria de la audiencia. En 1929 había 972 salas de cine en todo el país, de las cuales 152 estaban en la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas en barrios obreros y con entradas baratas. En los años siguientes las salas y los espectadores siguieron multiplicándose.

Para entonces ya había hecho su aparición la radio, que a fines de la década de 1920 era un negocio en rápida expansión. Veinte años después ya había diecinueve emisoras en la capital y otras veinte en el resto del país, con programación de todo tipo, desde música, tradiciones criollas, humor y radioteatros, hasta noticias, discursos políticos y espectáculos deportivos. Una de cada dos familias contaba por entonces con un aparato de radio, lo que da una idea de la penetración que había logrado. En la década de 1910 también comenzaron a grabarse discos de artistas locales (desde 1919 se los pudo imprimir en el país) y surgieron sellos con catálogos propios. Todo esto dio la oportunidad para que no solo el tango y el jazz, sino también el folklore rural se transformara, en los años treinta, en un género masivo.

En los años veinte también se consolidó un nuevo tipo de periodismo orientado a las masas. El diario Crítica, fundado en 1913, fue el que marcó el tono, con una serie de novedosas estrategias para atraer lectores. Las noticias sensacionalistas, los sucesos policiales y las crónicas deportivas adquirieron un lugar central. Fue el diario más leído de la Argentina y uno de los de mayor llegada de todo el mundo (en 1939 logró imprimir el récord de más de 810.000 ejemplares en un día).

La cultura de masas en la Argentina estuvo absolutamente a la vanguardia. Solo un año después de la primera proyección cinematográfica en París ya se estaban exhibiendo y rodando cintas en el país. Rosario tuvo, desde 1905, la primera sala exclusivamente dedicada a las películas de toda América Latina (antes se pasaban en cafés como entretenimiento breve). El cine de factura nacional se exportó a varios países de la región e incluso a España. Y en 1917 se produjo en Buenos Aires el primer filme de animación del mundo. En la radiofonía, la Argentina también fue pionera en 1920, con una de las primeras transmisiones de interés general del planeta.

En estos años también el deporte se transformó en entretenimiento comercial y masivo, en especial el fútbol, que dejó de ser práctica de inmigrantes británicos y de la élite para volverse pasión de multitudes. A comienzos del nuevo siglo se popularizó entre los varones de sectores medios y bajos, que se lanzaron a fundar cientos de pequeños clubes amateurs. La comercialización del espectáculo no se hizo esperar. Desde los años veinte los partidos atrajeron más y más espectadores dispuestos a pagar una entrada en estadios, ahora preparados para recibir multitudes. Los medios de comunicación difundían los nombres y las imágenes de los jugadores más admirados y pronto fue posible adquirir sus estampas en los kioscos. Por entonces se fue extendiendo la práctica de ofrecer pagos a los más habilidosos para evitar que se fueran a otros clubes, lo que dio ventaja a las instituciones que podían movilizar más dinero y empujó a las demás a la alternativa de seguir esa senda o desaparecer. El proceso de profesionalización del fútbol se completó a comienzos de la década siguiente. Jugar a la pelota en canchitas y potreros siguió siendo una práctica abierta a todos, pero la formación de clubes y la competencia en los torneos mayores quedaron fuera del alcance de la gran mayoría.

La aparición de la cultura de masas significó un cambio decisivo en los estilos del entretenimiento. La abundancia de ofertas más sofisticadas fue arrinconando a algunas expresiones de la cultura popular previa, como el carnaval, que comenzó su lento declive. También afectó el modo en que se producían y difundían los bienes culturales. Los empresarios, la publicidad y la tecnología adquirieron un lugar central. Cierto que, en estos años iniciales, muchas de las empresas eran todavía pequeñas y en manos de improvisados, pero la tendencia histórica fue la de su progresiva transformación en compañías capitalistas. Los artistas se vieron en la necesidad de adaptarse a requerimientos comerciales, lo que les daba nuevas oportunidades a la vez que les imponía condicionamientos.

En la evolución del tango se notó claramente: la comercialización y su difusión entre las clases «decentes» le valieron cambios muy profundos. Desde comienzos de los años veinte adoptó la forma de tango-canción: sus letras dejaron de ser picarescas y hablaron en elevada poética del bajo mundo, pero ahora también del «champán» y los cabarets, los viajes a París y otros episodios que poco tenían que ver con lo plebeyo. Por la necesidad de competir con la sonoridad del jazz —por entonces muy popular en la Argentina— adquirió mayor complejidad armónica. De la mano de ese desarrollo, Carlos Gardel se convirtió en la década de 1930 en una estrella internacional. Lo logró por la indudable calidad de su arte, pero también por la posibilidad de grabar su voz y de protagonizar exitosos filmes producidos en Estados Unidos (lo que, a su vez, le impuso un abandono parcial del lunfardo porteño, solo comprensible para audiencias locales).

La intermediación de los empresarios también tuvo efectos políticos. Para un partido, un sindicato o un grupo de agitación, que antes podía imprimir periódicos y folletos y disputar con los diarios de la élite la atención del público, la competencia se volvía mucho más desigual (como lo comprobaron los radicales cuando Crítica apoyó el golpe de 1930). Pero también es cierto que las clases bajas tuvieron cierta influencia, aunque indirecta, sobre los contenidos de la cultura de masas. Como los medios de comunicación y las industrias del entretenimiento necesitaban vender sus productos, inevitablemente tuvieron que tener en cuenta los gustos populares. Eso era crucial para los empresarios locales, en especial los de cine y de discografía, de capital modesto, que tenían grandes dificultades para competir con los productos estadounidenses y europeos. Su estrategia de mercado fue, por ello, la de echar mano todo lo posible de la cultura popular previa —del sainete teatral, del criollismo, del tango— de modo de ofrecer productos con «sabor local», auténtico, algo que las discográficas y estudios extranjeros no podían aportar. De esa manera, la cultura de masas heredó parte de los rasgos que tenían esas expresiones previas, incluyendo algunos políticamente inconvenientes para las clases acomodadas, como la rebeldía del gaucho o el desprecio hacia los ricos en el tango.

Como en todas partes, muchos de los melodramas del cine tuvieron tramas que invitaban a la concordia y a la armonía social. Pero las películas argentinas de las primeras décadas abundaron también en lo contrario: argumentos bastante «clasistas» que representaban a los ricos como malvados hipócritas, superficiales, extranjerizantes u opresores, y al mundo de los pobres como el repositorio de la autenticidad nacional, de la solidaridad y de los valores morales.

Así, tanto por la vitalidad de las ideas de izquierda como por ese peculiar sesgo de los productos de difusión masiva, los años treinta se caracterizaron por una vida política nuevamente monopolizada por las clases altas, pero acompañada de una cultura rica en contenidos políticamente subversivos.

Las alternativas de la política y el golpe de 1943

En ese escenario, la clausura política fue cada vez más insostenible. Los partidos de la oposición presionaban por la restauración de la democracia y, al mismo tiempo, el movimiento obrero mostraba una recuperada vitalidad e iniciativa.

Combatido por el Estado a sangre y fuego, el pico del activismo sindical de los años 1919-1921 terminó en divisiones y estancamiento en las luchas. En 1929, el movimiento estaba más fragmentado que nunca, con cuatro centrales obreras distintas: la FORA anarquista, la Unión Sindical Argentina de los sindicalistas, una Confederación Obrera cercana al Partido Socialista y el Comité de Unidad Sindical Clasista creado por los comunistas. Sin embargo, el sindicalismo reconstruyó paulatinamente la unidad. Pocos días después del golpe de Uriburu, las conversaciones previas cuajaron en la fundación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que más adelante nucleó al grueso del movimiento.

A pesar de la represión, en 1936-1937, las huelgas alcanzaron picos de gran intensidad y participación. Además, en estos años ampliaron su presencia a lo largo del país: no solo se hicieron sentir en la capital y las provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, sino también en zonas que hasta entonces habían sido escenarios poco habituales, como Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero. Como respuesta a la fragmentación taylorista del proceso de trabajo, el modelo tradicional de organización sindical por oficios fue cediendo su lugar a la organización única por rama, que agrupaba a todos los trabajadores de una actividad más allá de sus oficios respectivos y de sus niveles de calificación. Lo que la patronal buscó dividir, el movimiento consiguió reunificarlo de este modo. La tasa de afiliación creció de manera visible, aunque desigual; en algunas de las nuevas ramas industriales seguía siendo bajísima.

Durante la década de 1930, el Estado reforzó su función mediadora, mientras que su acción represiva siguió siendo brutal, pero también más selectiva. Algunas de las primeras políticas sociales datan de esos años y surgieron más en los espacios provinciales que en el nacional. Manuel Fresco fue inclemente con los comunistas, pero intervino activamente para regular el mercado de trabajo, extender medidas de asistencia y organizar los reclamos sindicales para canalizarlos de modo pacífico y aislar a las corrientes revolucionarias. El Departamento del Trabajo bonaerense engrosó sus fondos y multiplicó su personal y sus formas de intervención, transformándose en un verdadero tribunal para resolver disputas laborales (en general, a favor de los obreros). Al mismo tiempo, Córdoba —gobernada por el radical Amadeo Sabattini— y Santa Fe —en manos de los demócrata-progresistas— desarrollaron políticas similares. Así se fue abriendo camino una nueva concepción del Estado, ya no solo como árbitro «neutral» entre patrones y trabajadores, sino como garante de la dignidad y del bienestar de los segundos (algunas mujeres activistas tuvieron un papel central en el avance de esa visión).

La nueva orientación, sumada al proceso de argentinización creciente de la fuerza de trabajo, fortaleció a los sectores sindicalistas y socialistas, más dispuestos a interactuar con el Estado, a expensas de los anarquistas, que en los años treinta perdieron el lugar preponderante que habían tenido. Pero eso no significa que las opciones más clasistas desaparecieran: el lugar del Partido Comunista entre los trabajadores creció de manera sostenida, especialmente los de la rama industrial. Luego de sumarse a la CGT, los comunistas llegaron a ocupar diecisiete de los cuarenta y cinco cargos de su Comité Central Confederal y la vicepresidencia, lo que da una idea del grado de su influencia. Aunque su orientación los distanciaba de otras agrupaciones, el contexto internacional ayudó a acercar posiciones, especialmente a partir de 1935, cuando la Internacional Comunista llamó a la integración en frentes amplios contra el fascismo. Así, las corrientes mayoritarias dentro del movimiento obrero fueron confluyendo en un punto central: la necesidad de incidir de manera más directa en lo que pasaba dentro del Estado. Y, para ello, era necesaria la democratización. En 1936, la nueva disposición se manifestó claramente en la gran manifestación que organizó la CGT por el 1º de Mayo, de tono claramente opositor, en la que invitó como oradores a altos dirigentes de los partidos Radical, Demócrata-Progresista y Socialista. Motorizaba así una acción política inédita que agrupaba en los hechos —aunque todavía no formalmente— a todos los opositores.

El frente electoral unido contra los liberal-conservadores y sus aliados finalmente se concretó en 1942 con la formación de la primera Unión Democrática. Aunque la discusión sobre la conveniencia de integrarse en ella causó una ruptura en la CGT —había sectores que no estaban de acuerdo— quedó claro que había, en el movimiento obrero, una nueva disposición a involucrarse en la alta política y en la administración estatal. Nadie podía imaginar que esa disposición se encontraría muy pronto con una oportunidad de abrirse camino tan extraña e inesperada.

El contexto internacional agregó otros factores que conspiraron contra la Concordancia. Las relaciones con Estados Unidos empeoraron dramáticamente luego de la entrada de ese país en la Segunda Guerra. La Argentina sostuvo su tradicional postura neutralista, más para no perjudicar sus exportaciones a Europa que por simpatías con los alemanes. De hecho y por el mismo motivo, Gran Bretaña, que también estaba en guerra, no mostró interés en sumar un apoyo argentino que de todos modos no prometía grandes aportes en el terreno bélico. Pero ahora el país del norte exigía un respaldo incondicional en nombre de la defensa de la democracia amenazada por el fascismo (una urgencia tras la que muchos vieron la intención de hacer avanzar sus intereses imperialistas). Continuando la larga tradición de frustrar todas sus iniciativas «panamericanistas», en 1942, el canciller argentino consiguió impedir un acuerdo para que toda América Latina ingresara en bloque a la guerra. En consecuencia, el gobierno norteamericano implementó fuertes represalias comerciales contra el país y apostó por Brasil como su aliado regional. Eso derivó en un hecho perturbador: Estados Unidos ayudaba a armarse al país vecino, el tradicional rival militar de la Argentina. A su vez, la puja internacional tuvo su traducción en términos de la política local: el frente opositor también utilizó la retórica de la democracia en riesgo mortal para atacar a la Concordancia, a la que asoció al peligro nazi que amenazaba al mundo. Desde 1940, la coalición Acción Argentina, que reunió a referentes de los principales partidos y a figuras destacadas de la cultura, exigió que se declarara la guerra al Eje. Así las cosas, el presidente Castillo sostuvo la neutralidad, apoyándose en la opinión de los militares y de los grupos nacionalistas. El panorama adquirió una aparente claridad que en realidad no tenía: parecía que ser «democrático» era estar en contra del gobierno fraudulento, pero también a favor de Estados Unidos.

La presión estadounidense se volvió intolerable y, en vista de las elecciones, Castillo anunció que su candidato era Robustiano Patrón Costas, un empresario azucarero salteño, bien conservador pero a la vez aliadófilo. Esta decisión llevó algo de alivio a sus enemigos externos e internos, pero a su vez disgustó a los pocos apoyos que le quedaban. Así, el 4 de junio de 1943, el Ejército, de mayoría neutralista, protagonizó otro golpe de Estado que depuso a Castillo.

Como el golpe anterior, este también fue bastante improvisado: el primer presidente de facto, el general Arturo Rawson, duró apenas tres días, antes de ser reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez y, menos de un año más tarde, por el general Edelmiro Farrell. Estos dos últimos fueron la cara visible del G.O.U., la logia de oficiales nacionalistas que operaba detrás de los acontecimientos. Dos fueron las preocupaciones centrales de este grupo. Por un lado, temían la influencia que los comunistas venían adquiriendo en el movimiento obrero. Previeron, con razón, que su avance se redoblaría en todo el mundo no bien terminara la guerra. El carácter antipopular de los liberal-conservadores no hacía sino llevar agua a su molino: había que preparar al país para resistir ese avance y para ello era necesario un Estado que se ocupara mucho más de las demandas populares.

Por otro lado, también les preocupaba la debilidad militar de la Argentina frente a Brasil. Para estar en condiciones de defenderse si había una guerra con el vecino país, además de la unidad nacional, era preciso un desarrollo económico mucho mayor que el que había hasta entonces, particularmente en la industria pesada. Y para ello era preciso que el Estado asumiera un papel todavía más activo en la economía.

Una de las primeras medidas de gobierno fue la implantación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, con el fin de contrarrestar la prédica de los comunistas, sobre quienes se incrementaron las persecuciones. El Departamento Nacional del Trabajo, redenominado Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), recibió mayores atribuciones y comenzó a tomar numerosas iniciativas a favor de los asalariados. Al frente de la repartición se designó al coronel Juan Domingo Perón, por entonces un total desconocido, que ganó rápida notoriedad por la celeridad con la que organizó los socorros para la ciudad de San Juan, azotada a principios de 1944 por un terremoto que acabó con la vida de más de nueve mil personas.

Durante su breve gestión, el movimiento obrero consiguió beneficios y derechos inéditos. Las organizaciones en manos de comunistas sufrieron persecuciones y el gobierno con frecuencia las desbancó alentando la creación de sindicatos paralelos. Pero los que eran amistosos fueron invitados a participar en la elaboración de las medidas de la STP, que a su vez los benefició con subsidios para la ampliación de sus programas de salud y sociales. Los beneficios jubilatorios se expandieron, se creó el aguinaldo, hubo mejoras en las indemnizaciones por accidentes de trabajo, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. El Estatuto del Peón extendía derechos básicos para los trabajadores rurales, hasta entonces desprotegidos. El congelamiento de los arrendamientos benefició también a los chacareros. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo, a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores.

Acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad, algo que hasta entonces pocos gremios conocían. Los convenios serían de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP de poder de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió en norma firme ese decreto, otorgó también amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia patronal. Hasta entonces las pocas leyes laborales que había dictado el Estado se aplicaban mal y poco, especialmente fuera de la capital. La acción enérgica de la STP los convirtió en una realidad fuera del papel y los expandió geográficamente.

Todas estas medidas irritaron a los empresarios, por los cambios que ocasionaba en el trato cotidiano con su mano de obra. Los trabajadores sentían que ahora existía una voluntad superior, por encima de la de sus patrones, que velaba por sus intereses. Naturalmente, esto afectó la disciplina laboral, a medida que el temor y la sumisión fueron dando lugar a una actitud más orgullosa, incluso altanera, por parte de peones, empleados y obreros. Los empresarios y estancieros no podían soportar ese «clima de indisciplina» en los lugares de trabajo y, desde mediados de 1945, las grandes entidades patronales alzaron su voz públicamente, arrastrando tras de sí a las que representaban a los pequeños y medianos productores y comerciantes.

Otros sectores medios —como los maestros, ofendidos por la reimplantación de la educación religiosa, o los profesionales y estudiantes, hartos de las intervenciones en las universidades— sumaron su descontento, al que también contribuyeron los partidos políticos, que deseaban volver a la vida democrática.

Aunque, cediendo a la presión, el gobierno de facto había declarado de mala gana la guerra a Alemania, el embajador estadounidense asumió un papel activo en la oposición, especialmente a la ascendente figura de Perón —que sumó los cargos de ministro de Guerra y vicepresidente—, en la que muchos veían un dirigente nazifascista, un caudillo que traía de nuevo la barbarie de Juan Manuel de Rosas o ambas cosas a la vez. Los principales diarios y los intelectuales más prominentes sumaron sus alarmas. Todo eso alimentó durante 1945 una formidable reacción antiperonista que se hizo notar en un sinfín de proclamas y, en septiembre, en una manifestación de doscientas mil personas que inundó las calles de Buenos Aires, algo de una masividad nunca vista.

Jaqueado, el gobierno militar entregó la cabeza de Perón y preparó el traspaso del poder a los civiles. El 9 de octubre el coronel fue forzado a renunciar a todos sus cargos y luego a recluirse en la isla Martín García. La Corte Suprema declaró «inconstitucional» el decreto de creación de los Tribunales del Trabajo y pocas semanas más tarde los empresarios se negarían a pagar los nuevos aguinaldos. La reacción de las clases propietarias estaba en marcha.

La irrupción del peronismo

Hoy recordamos un Perón fuertemente identificado con los trabajadores y enfrentado con las clases altas. Sin embargo, nada de eso caracterizó sus primeros meses en la función pública. La «justicia social» y la simpatía por los obreros eran motivaciones poco visibles entre quienes dieron el golpe de 1943. Las ideas iniciales del propio Perón comenzaron siendo poco más que las de una cooperación pacífica de los diferentes sectores sociales bajo una firme conducción del Estado, sin que se percibiera una clara preferencia por las clases bajas, ni un antagonismo respecto de las altas. Su pensamiento abrevaba en su educación militar, el catolicismo social y el nacionalismo. Había intentado ganarse el apoyo de los empresarios, de los sectores medios y de la UCR, pero nada consiguió allí. Solo los trabajadores le manifestaban simpatías, pero todavía en 1945 muchos de los dirigentes sindicales seguían observándolo con desconfianza.

El 17 de octubre de 1945, detenido en Martín García, Perón estaba convencido de que su carrera política había terminado. Sin embargo, ese día la multitud actuó por cuenta propia y cambió el curso esperable de la historia: en poco tiempo, el hasta poco antes desconocido coronel se vería catapultado a la presidencia de la nación. Un grupo humano nunca antes visto ocupó el elegante centro de Buenos Aires: pobres, algunos sin saco, mal vestidos o incluso en patas. Muchos eran de piel morena, migrantes internos llegados en la década previa. Otros, descendientes de inmigrantes europeos o nacidos ellos mismos en el extranjero. Venían de las barriadas humildes y también de las afueras de la ciudad, donde se multiplicaban las fábricas y se apiñaba el pobrerío. En La Plata, Tucumán, Zárate, Córdoba y Salta hubo manifestaciones similares.

En los sindicatos se veía venir la reacción patronal. Estaba claro que sin Perón en el gobierno las conquistas de los meses previos estaban en riesgo, pero no era tan evidente que los trabajadores debieran salir a defenderlo. Muchos seguían desconfiando de sus intenciones y otros consideraban que su carrera había llegado a su fin, lo que volvía inconveniente anclar el reclamo a su persona. Desde el día 14, la CGT debatía qué hacer; la respuesta llegó dos días más tarde y con una votación muy dividida. La central llamó a una huelga general para el día 18, sin movilización; el texto de la convocatoria ni siquiera mencionaba a Perón.

Pero la multitud trabajadora, animada por las señales que indicaban que la CGT se había puesto a la cabeza de la lucha, decidió no esperar y actuó por cuenta propia. Desde muy temprano, un día antes de la jornada señalada y sin mediar convocatoria de ninguna entidad (salvo algunos sindicatos de base), se lanzó a las calles a exigir la liberación de Perón. Su presencia inesperada inundando la Plaza de Mayo causó gran impresión: la enorme muchedumbre allí reunida no tenía ninguna intención de desalojar la plaza sin respuestas concretas.

Como Perón parecía el único capaz de tranquilizarla, no tuvieron más remedio que mandarlo a traer de Martín García. Luego de largas horas de dudas y de negociaciones, el coronel finalmente salió al balcón de la Casa Rosada a hablarle a la multitud. Durante el discurso fue interrumpido varias veces por los manifestantes: se estableció una especie de diálogo con el líder que en adelante sería un rasgo típico de las concentraciones peronistas. La huelga general del 18 de octubre paralizó el país entero. Nunca una medida de fuerza convocada por la CGT había logrado una adhesión tan contundente y extendida.

Fue en esas 48 horas que nació el movimiento que dominaría durante décadas la política nacional. Porque el movimiento peronista no puede explicarse solamente por la figura de Perón, sino por el entrelazamiento de su liderazgo con otras dos presencias no menos importantes: la del movimiento obrero organizado y la de la acción de base que con frecuencia desbordó al uno y al otro. El movimiento sindical había hecho importantes avances en el sentido de unificar las luchas y reclamos de los sectores más bajos, pero todavía estaba lejos de haberlo logrado. De una manera imprevista, la figura de Perón les permitió a las clases populares argentinas superar la gran fragmentación que todavía las caracterizaba. Mediante el peronismo se convirtieron por primera vez en un sujeto político unificado.

Durante mucho tiempo existió la creencia de que Perón había obtenido especialmente el apoyo de «obreros nuevos» que habían migrado recientemente desde zonas «atrasadas» del país, mientras que los que tenían mayor experiencia urbana y organizativa habían sido más reacios al nuevo liderazgo. Las investigaciones prueban que en realidad el coronel ganó adeptos tanto en unos como en otros y contó con muchos experimentados sindicalistas entre sus más firmes apoyos. Además, aunque lo incluyera en un lugar central, el movimiento peronista excedió el movimiento obrero; fue algo nuevo y distinto y movilizó también a las clases populares de zonas en las que no había fábricas ni sindicatos. El encuentro no resultó gratis para ninguna de las partes. Como veremos enseguida, el sindicalismo perdió en autonomía lo que ganó en influencia, mientras que las clases bajas ataron su destino a la persona de su líder y, al hacerlo, en buena medida se dejaron moldear por sus ideas.

Perón, por su parte, debió sostener una imagen pública de «tribuno de la plebe» que inicialmente no pensaba asumir y que no combinaba bien con su propia ideología. Cuando la decisiva acción de las masas del 17 de octubre lo devolvió a la vida política, se vio a la cabeza de un movimiento mucho más plebeyo de lo que a él le hubiera gustado. En adelante, su propio poder dependió de su capacidad para seguir movilizando el apoyo de los trabajadores, una dependencia que lo obligó a tolerar o incluso ser él mismo canal de un antagonismo de clase que sus convicciones íntimas no aprobaban.

En parte el proyecto político de Perón, en parte hijo del interés propio de los dirigentes obreros, en parte el aporte plebeyo y revulsivo de las masas: todo eso fue el peronismo. Esa tensión entre la voluntad del dirigente y los deseos que sus seguidores depositaron en él es lo que lo convirtió en un movimiento tan contradictorio.

No estuvo claro en un principio, sin embargo, quién conduciría a quién. Apenas finalizada la exitosa huelga del 18 de octubre, los dirigentes sindicales se sintieron dueños de la victoria. Concibieron entonces el proyecto de crear un partido propio que fuera el brazo político del movimiento obrero. Sin demoras pusieron manos a la obra y en noviembre fundaron el Partido Laborista (PL), presidido por Luis Gay, dirigente telefónico de larga trayectoria. La idea era llegar al poder en las elecciones previstas para febrero, con Perón como candidato. Si quería ganar la elección, Perón, que carecía de un partido propio, necesitaba contar con el apoyo de los sindicatos. Pero no quería quedar atado de pies y manos a ellos, por lo que les exigió que aceptaran una alianza con la UCR-Junta Renovadora, un pequeño grupo de políticos escindido del radicalismo. Los conflictos entre ambas agrupaciones no tardaron en aparecer, lo que otorgó a Perón mayor autoridad como mediador indispensable. La coalición peronista también recibió el apoyo de algunos grupos del nacionalismo de derecha (otros, en cambio, fueron sus adversarios) y de la Iglesia.

El PL puso toda su energía en asegurar la victoria en las elecciones, y de hecho fue el que consiguió por lejos la mayor cantidad de votos para el coronel (cierto que ayudado en muchos distritos por dirigentes radicales que se pasaron a sus filas). Las fuerzas antiperonistas se presentaron unificadas tras los candidatos de la Unión Democrática (UD), una coalición que agrupaba no solo a la UCR y el PDP, sino también al socialismo y el Partido Comunista (por su desprestigio, los liberal-conservadores no fueron admitidos; de todos modos, algunos sumaron su apoyo de manera informal, otros se pasaron al peronismo). Las entidades patronales y la mayor parte de la prensa se pusieron de su lado.

La campaña estuvo marcada por una gran polarización y una intensa lucha social. La UD se presentó como abanderada de la civilización, la libertad y la democracia, amenazadas por un candidato que, para ellos, representaba nada menos que la llegada del «nazifascismo». Perón, por su parte, buscó identificarse con el bajo pueblo y con lo criollo. Además de mejoras para los trabajadores, prometió una reforma agraria que entregara «la tierra para quien la trabaje» (una promesa que nunca cumpliría). Fustigó a la «oligarquía» como enemiga de los intereses de la nación y sacó provecho de las constantes intervenciones de Spruille Braden, el embajador estadounidense, para plantear la disyuntiva como una elección entre «Braden o Perón». Se presentó así como defensor de las clases bajas y de la argentinidad agredida por el imperialismo.

Perón logró una victoria no muy holgada en febrero de 1946, en elecciones que fueron récord en participación de votantes. Lo votaron las clases populares, pero también una porción importante de empleados, pequeños productores y otros sectores medios. Incluso algunas élites locales lo acompañaron (especialmente en Córdoba y Santa Fe), atraídas por su nacionalismo, por su clericalismo o por haberse declarado «un conservador, en el noble sentido de la palabra».

Los laboristas tuvieron poco tiempo para festejar la victoria: a poco de las elecciones Perón inició maniobras para quitarles todo poder. En mayo ordenó la disolución del PL y del resto de las agrupaciones que lo habían apoyado y su fusión en un nuevo Partido Único de la Revolución Nacional, luego redenominado Partido Peronista, como para que no quedaran dudas. Los miles de grupos de apoyo que habían surgido espontáneamente en todo el país pasaban a ser «Unidades Básicas» del PP. Algunos laboristas, sorprendidos, intentaron resistir. Pero ante las presiones y la fuga de dirigentes, desistieron y finalmente, en junio, acataron la directiva. Los que se negaron a hacerlo, como Cipriano Reyes, terminarían en la cárcel.

El siguiente paso fue controlar la CGT, que guardó celosamente su autonomía hasta que en 1947, mediante una campaña de acusaciones falsas lanzadas por el propio Perón, sus directivos fueron forzados a renunciar y los reemplazaron otros más dóciles. La mayor subordinación política de la CGT, sin embargo, no significó el fin del poder del sindicalismo; por el contrario, su papel como agente de lucha económica se vio fortalecido. La central ya no funcionaría como una entidad que presionaba al Estado desde fuera, sino como un agente de presión desde su interior.

A partir de entonces, la CGT fue en buena medida una correa de transmisión del poder de Perón hacia abajo. Pero para ser efectiva en esa misión, debía seguir teniendo legitimidad entre los trabajadores, lo que le daba el espacio para ser canal de las demandas que venían desde abajo. De hecho, durante 1946 hubo una explosiva erupción de huelgas y conflictos en todo el país, que continuó hasta 1948. La clase obrera, a través de sus sindicatos, capitalizó la victoria electoral y utilizó las medidas de fuerza para imponer y profundizar sus conquistas. Algunas de ellas fueron llevadas a cabo incluso contra la voluntad de Perón. A nivel de cada fábrica, se expandieron las «comisiones internas»; su función era defender in situ a los trabajadores y controlar el cumplimiento de los acuerdos con la patronal, los que ahora incluyeron cláusulas especiales —sobre antigüedad, escalafón, medidas punitivas, incorporación de nuevo personal, etcétera— que limitaban su potestad en el uso, la organización y el disciplinamiento de la mano de obra. Estos cambios significaron una profunda redistribución del poder en el lugar de trabajo.

Además, la nueva alianza con el Estado desempeñó un importante papel en la propia organización de la clase trabajadora. La expansión de los convenios colectivos requirió contar con sindicatos bien organizados, lo que a su vez estimuló una mayor sindicalización de los trabajadores. La cantidad de afiliados creció más del 370% entre 1945 y 1950. Con el ingreso de nuevas entidades representativas de la mayoría de las ramas de actividad, la CGT alcanzó algo parecido a la unificación de todo el arco trabajador. Imbricado con el Estado y con el peronismo, para 1955 la Argentina tenía uno de los movimientos obreros más poderosos del mundo.

El ascenso a esa posición, sin embargo, tuvo sus costos. El enorme crecimiento cambió profundamente la vida interna de la mayoría de las entidades gremiales. El tamaño, junto con la creciente complejidad de sus tareas, hizo indispensable la multiplicación de los cargos rentados no electivos. Además de sus funciones tradicionales, los sindicatos pasaron a ocuparse de gran variedad de cuestiones relativas al bienestar obrero, como la provisión de alimentos baratos, servicios turísticos y de sanidad, etcétera. Además, las complejas negociaciones colectivas requirieron un cuerpo de asesores legales y técnicos. En fin, una burocracia sindical más o menos extensa que comenzó a tener un peso propio en las decisiones internas. Los dirigentes —ahora una clase profesional que cumplía funciones de tiempo completo— se distanciaron progresivamente de la vida cotidiana de los trabajadores comunes. La democracia de base se volvió más bien la excepción.

Menos autónomo pero a la vez más poderoso, más alejado de las bases pero con mayor capacidad de movilización, el movimiento obrero ocupó un lugar central y de peso propio dentro del peronismo y, como parte de esa alianza, en la realidad del país.

El primer gobierno de Perón (y Evita)

La victoria de 1946 se verificó en todos los distritos, salvo en Corrientes. Eso le dio a Perón algo que Yrigoyen no había tenido: mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control de la de Senadores, donde el oficialismo llegó a ocupar la totalidad de las bancas. En las elecciones subsiguientes el peronismo osciló en torno del 60% de los votos, lo que le permitió sostener y ampliar esas representaciones. Con eso pudo desactivar la capacidad contramayoritaria de la Corte Suprema integrada por liberal-conservadores, que desde el comienzo se había dedicado a bloquear las medidas oficiales: mediante un veloz juicio político quedó casi totalmente renovada.

Despejados los obstáculos políticos e institucionales, Perón tuvo las manos libres para ejercer el gobierno, lo que hizo en un estilo corporativista, con un Poder Ejecutivo fuerte (en el que los cuadros militares tuvieron una presencia bien visible), que tomaba sus decisiones en vinculación con los representantes de los principales grupos de interés, en especial los obreros, los empresarios y la Iglesia. Sin dudas eso significaba que el centro de gravedad dejaba de estar en los partidos políticos y en el parlamento, pero fue, de todos modos, un corporativismo moderado, que no significó cambios formales ni en las atribuciones del Congreso ni en los derechos cívicos asociados al voto.

En 1949, Perón aprovechó para promover una reforma de la Constitución. En las elecciones convocadas a tal fin sus convencionales obtuvieron de nuevo la mayoría absoluta y los de la oposición decidieron retirarse de los debates: la redacción del nuevo texto quedó en manos exclusivamente peronistas. Contrariamente a los temores de muchos, no aprovecharon para dictar una constitución corporativista: el núcleo liberal de la de 1853 continuó en su sitio, aunque algunas de sus previsiones contramayoritarias fueron atenuadas. El nuevo texto disponía el voto directo de los senadores y también del presidente y vice, para los que se habilitaba la reelección indefinida. La reforma estableció la promoción de la «justicia social» como uno de los objetivos del Estado e incorporó una serie de derechos sociales con rango constitucional, entre ellos, recibir una retribución justa por el trabajo y acceder a una vivienda digna, al esparcimiento, a la seguridad social y a la salud. También dispuso la propiedad nacional de los recursos del subsuelo.

El gobierno de Perón introdujo reformas que afectaron hondamente las relaciones sociales. Tal como venía sucediendo en los Estados Unidos del New Deal, el Estado amplió su injerencia directa en la economía. Como en Francia o Gran Bretaña, se avanzó también en la nacionalización de algunos de sus resortes fundamentales, como el gas, los puertos, los teléfonos, los ferrocarriles y parte de la provisión de electricidad. Poco antes de que asumiera, el gobierno militar había nacionalizado además el Banco Central y creado el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), una pieza central de la política económica peronista. El IAPI compraba directamente a los productores los granos, carnes y otros bienes primarios y los vendía luego a compradores del exterior. Con eso desacoplaba el precio local del internacional, lo que dejaba una ganancia menor para los productores, pero contribuía a abaratar los productos para los consumidores argentinos. Los excedentes que el Estado obtenía los canalizaba hacia la promoción de otras ramas de la economía, fundamentalmente las manufactureras. Esos recursos, sumados a los excedentes comerciales excepcionales que habían quedado en las arcas argentinas durante la Segunda Guerra y a la profundización del proteccionismo aduanero, dieron a la industria sustitutiva, que ya venía creciendo aceleradamente, un impulso fundamental. También se utilizaron para saldar la deuda externa que el país arrastraba desde hacía décadas. Durante estos años, la Argentina experimentó el período de más rápida expansión industrial de su historia.

Esas y otras medidas impactaron directamente en los niveles de empleo y salariales, que tuvieron un crecimiento sostenido. Los salarios reales para trabajadores urbanos crecieron un 60% entre 1945 y 1949, lo que les permitió acceder a consumos que ya no fueron los estrictamente necesarios para sobrevivir. Como en un círculo virtuoso —al menos así funcionó en los primeros años— los mejores ingresos se traducían en más consumo, que alimentaba el crecimiento industrial, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que a su vez generaba más empleo y mejores salarios. Las exportaciones de productos manufacturados a países limítrofes, sin embargo, retrocedieron por efecto de las políticas comerciales de Estados Unidos, orientadas deliberadamente a castigar a la Argentina por haber sostenido la neutralidad en la guerra (también consiguieron complicar las ventas de cereales a Europa). Así, el notorio crecimiento industrial de estos años se orientó casi exclusivamente al mercado interno.

El Estado, además, asumió un papel mucho más activo en la promoción del bienestar. El congelamiento de los alquileres llevó alivio a los inquilinos, y extensos planes de construcción de viviendas para trabajadores y créditos baratos convirtieron a muchos en propietarios (a pesar de lo cual, por el intenso flujo de migrantes internos, se multiplicaron las «villas miseria» en el área metropolitana de Buenos Aires). Las pensiones por edad o discapacidad experimentaron una expansión sin precedentes, al tiempo que el número de personas con cobertura de seguridad social pasó de 1,4 a 2,5 millones entre 1945 y 1950.

La creación del Ministerio de Salud en 1949 y la acción decidida del ministro Ramón Carrillo llevaron más servicios hospitalarios, campañas de sanidad y vacunación a todo el país. El acceso a la educación continuó ampliándose y dio un salto muy importante en el nivel secundario y luego en la universidad, a la que comenzaron a acceder con mayor frecuencia personas de origen trabajador (en parte, gracias a la abolición de los aranceles).

Con mayores derechos y mejores salarios, las clases populares gozaron de más tiempo libre, que alimentó diversos modos de entretenimiento y expresiones culturales, incluyendo algunas fomentadas directamente por el gobierno. Por promoción estatal y de los propios sindicatos, que fundaron colonias y hoteles, creció de manera exponencial el acceso al turismo: el tradicional balneario de Mar del Plata, que en 1940 recibió 380.000 veraneantes, tuvo que hacer lugar a más de 1.400.000 en 1955.

En fin, la clase trabajadora vivió el momento de mayor bienestar de su historia y la sociedad se volvió menos desigual: la proporción del ingreso total del país que quedó en manos de los asalariados pasó del 37% al 47% en 1950. Visualizadas como efecto de un proceso político del que las clases bajas eran también protagonistas, todas estas mejoras contribuyeron a un cambio relevante en el modo en que se imaginó desde entonces la ciudadanía: ya no se trataba solamente de tener el derecho a votar, sino también a acceder a un mínimo de bienestar.

El peronismo también trajo cambios significativos en las relaciones de género. La participación de las mujeres de clases populares se había hecho evidente ya en la campaña de 1946, cuando tuvieron la osadía de cantar «Sin corpiño y sin calzón/ Somos todas de Perón». En 1947, el Congreso finalmente convirtió en ley el voto femenino.

Evita, esposa de Perón, ocupó un lugar central en la iniciativa del voto femenino (para disgusto de las activistas del feminismo, cuyas luchas de años fueron poco y nada reconocidas). Desde el comienzo había asumido un interés por participar en el gobierno muy poco habitual en las primeras damas. Su carrera fue meteórica. En julio de 1948 organizó ella misma la Fundación Eva Perón, una estructura paraestatal de gran envergadura, con la que consiguió llevar ayuda social a los más humildes en todos los rincones del país, desde remedios, anteojos y regalos para niños, hasta la construcción de escuelas, viviendas, hospitales y proveedurías. Por sus propios orígenes humildes se identificó con los más pobres, se transformó en la principal aliada de la CGT en el gobierno y fustigó a los opositores y a la «oligarquía» con más furia que el propio Perón. Pero, al mismo tiempo, se esforzó por quitar a su actuación toda connotación política: su figura fue asumiendo un halo maternal y espiritual, alejado de lo que ella misma llamaba la «politiquería». Así y todo, dos años más tarde fundaría el Partido Peronista Femenino (PPF), la tercera rama que terminaría de conformar la peculiar estructura tripartita del justicialismo, que ya contaba con alas política y sindical. La nueva agrupación fue enteramente compuesta por mujeres y se mantuvo celosa de su independencia.

Las primeras elecciones en las que participaron las mujeres fueron las presidenciales de 1951. Para entonces, Evita se había transformado en una líder popular de la talla del propio presidente y una de las más destacadas del mundo. Su candidatura a la vicepresidencia parecía obvia: para ello trabajaba el PPF y así lo reclamó la CGT en el célebre «cabildo abierto» del 22 de agosto de ese año, una concentración de más de un millón de personas en la avenida 9 de Julio, la manifestación más grande hasta entonces y por mucho tiempo más. Por oposición de las Fuerzas Armadas, finalmente Evita no pudo ser candidata, pero sí lo fueron las representantes del PPF, que se alzaron con 23 bancas en la Cámara de Diputados, 6 en la de Senadores y otras 77 en las legislaturas provinciales. Era la primera vez que mujeres accedían a cargos de esa importancia y solo disfrutaron de ese honor las peronistas: la UCR no postuló a nadie de sexo femenino, mientras que los otros partidos lo hicieron en posiciones en las que no podían resultar electas. El número de legisladoras que llegó a haber en 1955 fue incluso mayor, colocando a la Argentina por delante, en este aspecto, de la mayoría de los países más avanzados (tras la caída de Perón, la proporción de mujeres entre los legisladores solo se igualaría en 1999 gracias a la Ley de Cupos).

Enferma de cáncer, Evita falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Su velatorio fue el más largo y masivo de la historia argentina. Su breve paso por la política dejó una marca duradera en las relaciones de género. Aunque el discurso oficial tuviera notas conservadoras que parecían reforzar los estereotipos tradicionales —la maternidad como deber, el papel «asistencial» antes que político, la obediencia al líder varón— no caben dudas de que la mera aparición de una dirigente como Evita y la participación de las mujeres en el movimiento debilitaron las pautas patriarcales que imperaban hasta entonces. Los años del peronismo significaron además una afirmación de la mujer en otros aspectos. Por una parte, se igualaron los derechos de los hijos «ilegítimos» respecto de los concebidos en el seno de matrimonios legalmente constituidos, medida que reparaba un estigma que afectaban particularmente a mujeres y niños de las clases populares. Por la otra, hacia el final del segundo mandato de Perón se hicieron avances conducentes a la legalización del divorcio vincular (una mejora que quedaría trunca por presión de la Iglesia).

El gobierno de Perón también trajo cambios —más bien modestos y ambivalentes— en las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. En 1916 se había creado una Honorable Comisión de Reducción de Indios que —se suponía— se ocuparía de su bienestar; pero el desinterés era tal que solo en 1927 fue reglamentada y ni siquiera entonces tuvo un papel apreciable. En tiempos de Perón, la Comisión de Reducción fue redenominada Dirección de Protección al Aborigen y recibió mayores atribuciones. El Estado entregó por primera vez documentos de identidad a indígenas de varias comunidades, lo que, junto con la provincialización de la mayoría de los Territorios nacionales, los sumaba como ciudadanos (un derecho al que, en la práctica, accedieron todavía desigualmente).

Algunos gestos amistosos del nuevo mandatario animaron en 1946 una asombrosa acción política protagonizada por el pueblo kolla, el «Malón de la Paz», una larga marcha que 174 de ellos llevaron adelante a pie, desde Salta y Jujuy hasta Buenos Aires, para reclamar la devolución de sus tierras ancestrales. Inicialmente alentada por el gobierno, la acción fue todo un éxito: despertó simpatías en su paso por medio país, concitó la atención de la prensa y tuvo una recepción triunfal cuando finalmente arribó a Plaza de Mayo. Perón los recibió en la casa de gobierno, prometió atender sus demandas y se abrazó con algunos de ellos frente a la multitud en el histórico balcón. Se trató de un símbolo inédito de reconocimiento: parecía que los pobladores originarios finalmente eran aceptados en la mesa nacional.

Pero la acción de los kolla marcó también los límites del compromiso del gobierno con las demandas populares. En su paso por la pampa húmeda, habían dado a los chacareros la idea de replicar su marcha para pedir ellos también que Perón cumpliera con la promesa de la reforma agraria, algo mucho más difícil de satisfacer que el pedido de un puñado de comunidades norteñas. Eso preocupó al gobierno, que no quería habilitar demandas que luego no pudiera satisfacer. Finalmente, los enviados kolla, que no querían irse de Buenos Aires con una mera promesa, fueron conducidos por la policía, entre golpes y gases lacrimógenos, a un tren precintado que los llevó de vuelta a la Puna.

El Malón de la Paz se convertiría en uno de los primeros hitos del movimiento indigenista en la Argentina, al instalar por primera vez en la agenda pública los problemas de los pueblos originarios. Sin embargo, en lo inmediato, la ilegal y violenta expulsión de los kollas, que quedó impune, sentó un precedente sombrío.

En octubre de 1947, en Formosa, el pueblo pilagá fue víctima de una de las peores masacres del siglo XX. Un grupo de ellos, famélico luego de regresar a pie de su tradicional peregrinación a los ingenios azucareros de Salta, donde no habían podido conchabarse, solicitó ayuda a las autoridades y la atención personal de Perón. El gobierno nacional envió un convoy con alimentos, que llegaron tarde y podridos. Desesperados, los pilagá los consumieron de todos modos y unos cincuenta de ellos murieron intoxicados. Mientras tanto, en el pueblo de Las Lomitas comenzó a circular el rumor de que los indignados indígenas se disponían a atacar a la población blanca. En respuesta, sin motivo aparente, la Gendarmería ametralló al contingente. Más de trescientos pilagá cayeron muertos allí mismo; otros intentaron escapar, pero hubo una verdadera cacería de sobrevivientes. La Gendarmería los persiguió por kilómetros y dio muerte a otros doscientos. Cuando terminó la matanza, entre muertos y desaparecidos el número total de víctimas había llegado a unas setecientas cincuenta, muchos de ellos niños, mujeres y ancianos. Los periódicos colaboraron minimizando el incidente (reportaron «alrededor de cuatro muertes») y afirmando que los pilagá habían atacado Las Lomitas, lo que era falso. Perón nunca ordenó ninguna investigación.

Cultura y política en la era peronista

La visión que orientó a Perón en su gobierno giró en torno de la doctrina de la «tercera posición»: colocarse en el justo medio entre los abusos del individualismo capitalista y el colectivismo comunista (lo que debía reflejarse en una política internacional distante tanto del bloque soviético como del imperialismo estadounidense). El Estado debía asumir un papel rector para arribar a una «comunidad organizada», en la que cada clase desempeñara su función armónicamente y sin antagonismos con las demás; esto suponía una mayor solidaridad por parte de los de arriba, la disposición al trabajo ordenado por parte de los de abajo y una mayor sujeción de todos a las decisiones estatales (que se tradujo, por ejemplo, en la virtual eliminación de la autonomía de las universidades, que sufrieron intromisiones severas).

Durante estos años se desplegó un poderoso aparato de propaganda que difundió las imágenes, las ideas y las palabras del primer mandatario y de su esposa a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se produjeron a cuenta del Estado millones de afiches callejeros, prendedores, banderas y escudos peronistas, folletos y retratos para distribuir. Hubo una intensa programación radial y de cortos en los cines (a los que desde 1951 se sumó la televisión estatal). Se programaron festivales musicales y obras de teatro de contenido oficialista, y hubo supervisión de los guiones de los filmes nacionales. El gobierno sostuvo una prensa acólita y ejerció presiones sobre la que no lo era (algunos diarios fueron clausurados y, en 1951, La Prensa fue expropiado y entregado a la CGT). Junto con todo esto se implementó una liturgia de manifestaciones callejeras en apoyo al oficialismo. Sus eventos principales fueron el Día de la Lealtad cada 17 de octubre y la movilización por el tradicional 1º de Mayo, resignificado como Fiesta del Trabajo. Los discursos de Perón y Evita, la «Marcha peronista» y las pancartas y la decoración que exaltaban a los líderes fueron infaltables.

A través de esta prédica se fue construyendo un verdadero culto a la personalidad. Perón y Evita se presentaron no solo como líderes políticos, sino como encarnación del pueblo argentino y, por ello, de la nación. El peronismo adquirió así un tono plebiscitario más marcado que el que había tenido el yrigoyenismo: cada elección se planteó como si la alternativa fuese defender a la nación (votando al peronismo) o apoyar a los «contreras», a quienes se consideraba antipatrióticos y, por ello, sin legitimidad alguna. Estar contra Perón era estar en contra del pueblo trabajador y de la Argentina. La prédica no fue impulsada solamente desde arriba. Como las clases populares habían conseguido convertirse en un sujeto político gracias al movimiento, era esperable que sintieran que lo popular estaba indisociablemente ligado a Perón. Y como en estos años la presencia del Estado se hizo sentir por primera vez en la realidad de muchos habitantes de clases bajas, especialmente en las regiones periféricas, es posible que la propia estatalidad fuese para mucha gente indistinguible de las figuras de Perón y Evita. El lazo de unión que las clases populares entablaron entre sí y con los líderes del movimiento alcanzó una intensidad afectiva poderosa y perdurable.

La prédica del Estado fue en estos años fuertemente nacionalista y antiimperialista. Pero no fue un nacionalismo xenófobo o elitista, como el de algunos grupos de derecha. De hecho, acaso para quitarse de encima el mote de «nazifascista» que le endilgaba la oposición, Perón fue particularmente benevolente con la colectividad judía y, en 1949, la Argentina estuvo entre los primeros países del mundo en reconocer al Estado de Israel. Tampoco rechazó el panteón de próceres que había instalado Mitre ni adoptó el culto a Rosas que venían proponiendo los intelectuales revisionistas, a los que no se les dio cabida (algunos habían ingresado al movimiento, otros fueron opositores).

Se trató más bien de un nacionalismo popular, parecido al que había cultivado el grupo FORJA, que se había disuelto e incorporado en su mayoría al peronismo. La grandeza nacional se asoció a la reivindicación de la dignidad del trabajador, que fue la figura emblemática de la Nueva Argentina que Perón decía estar construyendo. A la oligarquía se la fustigó por su pasado de grupo explotador, parasitario y extranjerizante, pero al mismo tiempo se propuso como perfectamente posible su reeducación moral y su reintegración en la comunidad organizada. En ese clasismo no antagonista, el discurso peronista se conectaba bastante con los valores y visiones que ofrecía la cultura de masas de las décadas anteriores. En los hechos, el peronismo no aportó modificaciones decisivas en ese plano: más bien se apoyó en ella y explotó sus potencialidades políticas. Entre otras cosas, Perón buscó asociarse todo lo posible a la figura del gaucho, y era habitual que utilizara referencias al Martín Fierro en sus discursos.

La tónica del mensaje de Perón osciló entre la crítica a los ricos y las promesas de armonía de clases. La tarea de dignificación del trabajador no tenía que ver, como en las visiones izquierdistas, con eliminar las jerarquías sociales, sino más bien con franquearle el acceso al bienestar y la respetabilidad de los que solo la gente acomodada había gozado hasta entonces. Pero más allá de la voluntad de Perón, hubo en estos años expresiones de antagonismo y una reivindicación de lo plebeyo que resultarían bastante disruptivas para esos ideales de armonía. Nada grafica mejor esa tensión que la letra de la «Marcha peronista», que conservó la frase «combatiendo el capital» procedente de la canción previa de una agrupación obrera que fue su inspiración, algo que incomodaba a Perón.

Incluso sin proponérselo sus líderes, la irrupción del peronismo afectó también las jerarquías sociales y algunos de los valores que las élites venían inculcando desde el siglo XIX. Las masas aportaron al movimiento una serie de rasgos plebeyos que no habían estado presentes hasta entonces en la política argentina. De pronto, todo aquello que había sido invisibilizado, silenciado o reprimido por la cultura dominante se había hecho presente y, para colmo, se había vuelto político.

El 17 de octubre de 1945, los hombres y mujeres pobres que vivían en los márgenes de la coqueta Buenos Aires habían invadido la ciudad. Llegaron con sus ropas pobres y sus modales groseros y, contra todas las reglas de urbanidad, retozaron en las plazas con sus cuerpos sudorosos a la vista de todos y refrescaron sus pies en el agua de las fuentes. El mero hecho de ocupar la Plaza de Mayo y otras zonas céntricas con sus humanidades pobres y despreciadas se convirtió para ellos en un gesto político.

La misma actitud desafiante se reiteró con otras normas de respetabilidad y «decencia» dominantes. Durante años, los pobres habían tenido que escuchar sermones sobre la limpieza y la forma correcta de vestir; una tras otra habían padecido las imágenes de la publicidad, que reflejaban cuerpos y ropas que no eran ni podían ser los suyos. Tras los sucesos del 17 de octubre, los antiperonistas señalaron la vestimenta de algunos de los manifestantes como signo de su bajeza y empezaron a hablar con desprecio de esos «descamisados» que habían desfilado por la ciudad. Pero rápidamente los peronistas recuperaron esa expresión y le otorgaron un sentido positivo. La falta de esa prenda se convirtió en un símbolo del carácter verdaderamente popular del movimiento. Perón mismo se referiría afectuosamente a sus seguidores como sus «descamisados» e incluso el ser una «chusma maloliente» fue asumido con orgullo por algunos peronistas, como el poeta Juan Oscar Ponferrada. «Mis grasitas»: la recordada manera en que Evita se dirigía a los más humildes también invertía el insulto común, para convertirlo en un desafío político contra la «limpieza» de los que los despreciaban.

La educación también fue terreno de este tipo de disputas. Durante el año 1945, estudiantes, académicos e intelectuales, desde el lugar de autoridad que les daba el saber, se pronunciaron contra Perón, a quien acusaron de manipular a sus seguidores aprovechándose de su «incultura». En respuesta a esta actitud, algunos peronistas corearon entonces el famoso «Alpargatas sí, libros no». Durante la jornada del 17 de octubre, en La Plata y en Córdoba hubo manifestaciones de hostilidad hacia la universidad. En los años siguientes, en el peronismo habría otras muestras de antiintelectualismo.

Los ideales de decencia también fueron puestos en cuestión en alguna medida. Los jóvenes peronistas colmaron el movimiento de ese espíritu festivo, irreverente y soez que desde entonces le fue tan típico, resaltado por el sonido carnavalesco de los bombos en las manifestaciones. ¿Y qué decir del lugar que fue adquiriendo Evita, hija ilegítima, actriz (una profesión nada «decente» por entonces) y que para colmo convivió con Perón sin estar casados? Su mera presencia fue una fuente constante de impugnación de los valores tradicionales y, por ello, de irritación de unos y admiración de otros.

La plebe también politizó con sus gestos la cuestión del origen étnico y el color de piel. De pronto se escuchó hablar en «quichua o guaraní» en la europea ciudad porteña, como notó con asombro el diario Clarín en 1945, o aparecía un «malón» kolla venido del norte. «Cabecitas negras», les decía con desprecio la gente «decente» a todas estas presencias inesperadas y, por extensión, a todos los peronistas. Estos, sin embargo, no reivindicaron por ahora lo moreno ni mucho menos aceptaron ser identificados como «cabecitas» (eso solo llegaría luego de 1955).

La afirmación de los argentinos y argentinas que no se reconocían en la imagen de la Argentina blanca y europea dejó rastros interesantes en el plano de la cultura popular y masiva, en el que ya antes se habían presentado visiones sobre el pueblo nacional en disidencia implícita con las oficiales. Un ejemplo interesante se encuentra en la música. El tango, que poco antes había alcanzado su edad de oro, comenzó a fines de los años cuarenta una fase de lenta decadencia, mientras otros ritmos de tono más festivo ganaban el favor de las masas. Alberto Castillo, por ejemplo, alcanzó su máxima popularidad luego de 1944 incorporando candombes a su repertorio, con letras que hacían constante referencia a «los negros». Otro ritmo que ganó enorme popularidad entre las clases bajas fue el chamamé. El mendocino Antonio Tormo batió todos los récords de ventas en 1950 con su simple «El rancho’e la Cambicha» (en verdad, un rasguido doble, pero él lo llamaba «chamamé»), cuya letra incluía palabras en quechua y guaraní y referencias a la vida de los sectores populares litoraleños. En un tono más melancólico, el folklore siguió dando lugar a figuras como Atahualpa Yupanqui o Buenaventura Luna, cuyas composiciones hablaban de los sufrimientos de las «razas viejas» y de los mestizos.

Desde el gobierno no hubo en estos años una reivindicación explícita de lo moreno (aunque sí de lo criollo): para el ideal de armonía y homogeneidad nacional que promovía Perón, resultaba inconveniente plantear de manera explícita que hubiera diferencias de origen o de color entre los argentinos. Sin embargo, la cuestión sí apareció a veces tematizada de manera implícita en el modo en que el Estado representó visualmente al pueblo. En algunos afiches oficiales —la minoría— los cuerpos que lo encarnaban tenían un aspecto deliberadamente mestizo y circuló también una versión del escudo peronista en la que la mano de abajo estaba pintada en un tono amarronado y la de arriba rosáceo (como queriendo significar que la solidaridad de clase esperada debía ser también una fraternidad interétnica).

De este modo, la época peronista produjo directa o indirectamente una reivindicación de lo culturalmente plebeyo, que obtuvo carta de legitimidad en la vida política. Debe decirse, sin embargo, que el Estado bajo Perón siguió fomentando al mismo tiempo ideales de respetabilidad similares en más de un sentido a los que la élite había instalado en épocas anteriores y que se basaron en el trabajo y la disciplina, la pulcritud en el vestir, la educación, la moralidad tradicional, la sumisión de la mujer al varón, etcétera. De hecho, en estos años el Estado presionó con cierto éxito para que las pautas de vida familiar y de sexualidad del mundo popular, siempre menos «ordenadas» que las burguesas, se acercaran a ellas (lo que incluyó, entre otras cosas, un marcado recrudecimiento de la represión policial contra la homosexualidad masculina). El componente «herético» del peronismo —la reivindicación de lo plebeyo y el desafío a los valores tradicionales— convivió en tensión con estos elementos más conservadores.

El antiperonismo y la «clase media»

Por el arraigo que tuvo entre los votantes, por la intensidad emotiva que despertó entre las clases bajas, por sus rasgos plebeyos y por varias de las medidas que propició, el peronismo produjo un sismo en el sistema político. Desde su surgimiento atrajo e incorporó a dirigentes y votantes de todos los orígenes —desde anarquistas y socialistas hasta radicales y conservadores— y produjo un realineamiento de las demás fuerzas.

Tras la derrota de 1946, la Unión Democrática se disolvió y la UCR entró en una profunda crisis interna. Los liberal-conservadores se desbandaron y perdieron presencia nacional (incluso en algunas de las provincias que habían sido sus bastiones). El PS y PDP sufrieron una sangría de su base votante que los volvió virtualmente irrelevantes. El comunismo fue perdiendo lentamente la adhesión que había conseguido entre los obreros. El campo del nacionalismo de derecha quedó partido entre quienes apoyaron a Perón y quienes lo aborrecieron. El eje central de la política nacional dejó de ser el que oponía a los radicales y los liberal-conservadores, para pasar a ser ahora el que enfrentaba a peronistas y antiperonistas. A pesar de su crisis interna, la UCR se convirtió en la primera opción de los segundos, lo que llevó para su molino una buena cantidad de los votos que los otros partidos perdían.

Aunque en 1946 el antiperonismo había quedado políticamente desorganizado, la fuerza que ya para entonces había ganado como reacción social y cultural persistió y se profundizó, hasta transformarlo en una identidad política tan arraigada e influyente como la del propio peronismo. De hecho, ninguna de las dos se entiende sin la otra: articulado ya en 1945, antes de que el peronismo hubiese adquirido una forma precisa, el antiperonismo contribuyó decisivamente a imprimirle al nuevo movimiento algunos de sus rasgos específicos. Las críticas que había planteado frente al ascenso del coronel ese año apuntaban al peligro de que fuese un «nazifascista», pero también a otros aspectos del líder y, más importante, de sus seguidores.

Gran parte de la furiosa reacción antiperonista tuvo que ver más con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías sociales que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico. Quienes atacaban a Perón con frecuencia aludían en sus críticas a cuestiones de «buena educación», raciales o incluso morales y estéticas. El diario Crítica, por ejemplo, se quejó en 1945 por la plebe en las calles porteñas, un atentado contra «el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia». Para el conservador Adolfo Mugica, el país vivía como en una especie de «inmensa merienda de negros». El nacionalista Juan Carulla coincidía: al contemplar las manifestaciones, «compuestas, en su gran mayoría, de mestizos y aun de indios», lamentó que la Argentina «se negrea». Tiempo después, un dirigente radical acuñó la famosa expresión «aluvión zoológico» para referirse a ellos como si fueran animales. Hasta el Partido Comunista salió a descalificar a los «maleantes y hampones» del «malevaje peronista» que atentaban «contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la cultura».

La catarata de desprecio contra las clases bajas en estos años fue tan enorme que recuerda la que la élite lanzó en el siglo XIX cuando se dispuso a «civilizar» el país. Y no es casual: en ambos casos la piedra en el zapato era la plebe actuando por fuera de los carriles aceptables. Américo Ghioldi, uno de los dirigentes más importantes del PS, retomó la dicotomía sarmientina de «civilización o barbarie» para llamar a combatir esa «fuerza primitiva» que se había hecho visible, ese nuevo «caudillo de la guerra civil» como la que habían animado los antiguos federales. Si el peronismo acentuó luego su veta más plebeya y antiintelectualista, si se identificó más tarde con los «cabecitas negras» y, mucho después, con la prédica de los revisionistas, fue en parte como reacción a estos desprecios.

A su vez, la pretensión de Perón de encarnar la voluntad del pueblo trabajador y, por ello, de la nación argentina, influyó de vuelta en los rasgos que asumió la identidad antiperonista luego de la derrota de 1946. Hasta octubre del año previo, los antiperonistas habían vivido en la certeza de representar a la totalidad de la sociedad, incluyendo a los trabajadores. La masividad de las manifestaciones callejeras que protagonizaron y el hecho de tener incluso a los comunistas de su lado contribuía a esa convicción. Respecto de los que apoyaban al coronel, supusieron que se trataba apenas de un puñado de malvivientes arreados para la ocasión. El movimiento del 17 de octubre sembró dudas en esas certezas, que luego fueron confirmadas por su derrota en las elecciones. Las «fuerzas vivas», los intelectuales, los elencos políticos tradicionales enfrentaron una incómoda evidencia: más de la mitad de los votantes y la abrumadora mayoría de las clases bajas les habían dado la espalda. El pueblo argentino se les apareció desde entonces partido en dos mitades, una sana, la otra despreciable.

Frente a esa amarga comprobación, y a la vez como modo de afirmar su legitimidad ante un gobierno que los consideraba un puñado de oligarcas antipatrióticos sin ningún arraigo social, los antiperonistas se aferraron a un modo de identificación que hasta entonces tenía poca presencia en la sociedad argentina: se proclamaron representantes de la «clase media». Eso significó un cambio trascendente en el modo en que el país se imaginaba a sí mismo. Todavía a comienzos del siglo XX, la cultura argentina solo reconocía dos grandes agrupamientos sociales: la «gente decente» y el pueblo. No se concebía por entonces que el pueblo estuviese partido en clases diferentes.

Ese panorama fue cambiando lentamente luego de 1919, año en que por primera vez se puso en circulación en los debates públicos la expresión «clase media», hasta ese momento poco frecuente en el vocabulario de los argentinos. Era un contexto muy particular. La Semana Trágica acababa de conmover hasta sus cimientos el orden social y había dejado en claro que los obreros revoltosos gozaban de una fuerte simpatía en una porción de los sectores medios. Frente a esa evidencia, algunos intelectuales y políticos de derecha se propusieron instigar un orgullo de «clase media» como modo de debilitar las solidaridades populares. Tomaron la expresión de los debates europeos, en los se la utilizaba con la misma finalidad. Trataron de convencer así a los empleados de que formaban parte de una clase diferente, más respetable que la integrada por los trabajadores manuales, y que no debían confundirse con ellos en los mismos reclamos.

Por entonces, sin embargo, la idea no había prendido. La imagen que la mayoría de los argentinos tenía sobre la sociedad en la que vivía siguió siendo más bien binaria: por un lado el pueblo, por el otro, la oligarquía. Fue la irrupción del peronismo lo que finalmente creó los incentivos e impulsos para que una sección de ese pueblo pasara a imaginarse como una clase intermedia entre los más humildes y la clase alta. Había muchos motivos por los que una persona de sectores medios podía sentirse ofendida. La reivindicación del trabajador, el nuevo valor que adquirió lo plebeyo, la afirmación de lo mestizo y lo moreno, las mejoras que se brindaban colectivamente a todo un gremio sin importar si, individualmente, sus miembros lo merecían o se lo hubiesen ganado… Presentarse como «clase media» servía para trazar una frontera de distinción respecto de esa masa trabajadora peronista a la que se despreciaba por su incultura y a veces también por su origen étnico. Y a su vez ayudaba a desmarcarse de ese puñado de oligarcas al que Perón fustigaba: proclamarse de «clase media» permitía ser antiperonista y a la vez reclamar un lugar de legitimidad en la mesa nacional, que era precisamente lo que el gobierno escamoteaba a los opositores.

La prensa y los activistas antiperonistas insistieron mucho, luego de 1946, para convocar a una «clase media» a la acción y dotarla de un sentido de orgullo y de la misión de poner fin al peronismo. Se destacaron en este sentido referentes y organizaciones ligados a la Iglesia, la Acción Católica en particular. Así, en estos años una porción importante de la población comenzó a identificarse como «clase media». Fue por entonces una identidad que reclamó para sí un lugar de superioridad cultural y moral respecto de la plebe peronista, a la que imaginó inculta, envilecida, atrasada, irracional. Las personas que se creían «de clase media» con frecuencia invocaron nociones de merecimiento personal asociadas a la virtud y al trabajo esforzado, a su vez conectadas con historias de abnegados abuelos inmigrantes que habían progresado por mérito propio, sin dádivas de ningún gobernante. De manera sutil, esa marca étnica —el ser descendientes de europeos— quedaba contrapuesta al carácter mestizo de los «cabecitas negras» peronistas, una raigambre que supuestamente explicaba sus limitaciones morales e intelectuales.

Y a su vez, todas esas narrativas individuales y familiares de merecimiento y de ascenso a través del esfuerzo se conectaban con los relatos sobre la Argentina que habían propuesto las élites desde tiempos de la organización nacional. Ya que, como habían planteado Alberdi o Sarmiento, todo lo «civilizado» había venido por aporte europeo y todo lo bárbaro era rémora del legado criollo, entonces los descendientes de inmigrantes se pensaron a sí mismos como baluartes de la civilización y de la modernidad, luchando también ellos contra las fuerzas del atraso que permanecían agazapadas entre la población de clase baja y mestiza y que habían resurgido en la hora actual, como decía Ghioldi.

La identidad política antiperonista quedó así fuertemente asociada a una identidad social —la de «clase media»— y ambas a una peculiar narrativa acerca de la historia nacional, que imaginaba el peronismo como una manifestación de la antigua barbarie que emanaba de la inferioridad étnica y cultural de las clases bajas (especialmente las del atrasado interior, de donde habían llegado los viejos caudillos y sus montoneras y de donde llegaban por entonces los «cabecitas negras»). La «clase media», corazón de la Argentina moderna, racional, europea, se sintió llamada a ocupar el lugar central en la vida nacional que el peronismo asignaba, en cambio, insólitamente, a un bajo pueblo tan defectuoso. Desde esta visión —lo mismo que desde la que había planteado Sarmiento, de la que era heredera— el país quedaba irremediablemente partido en dos mitades difícilmente reconciliables.

El segundo gobierno de Perón y el golpe de 1955

Afianzado en esa poderosa identidad social, el antiperonismo fue encontrando los caminos para recuperar la iniciativa luego del fiasco de 1946. El terreno electoral no le fue propicio: en 1951 el primer mandatario resultó reelecto por más del 63% de los votos. Irónicamente, serían la Iglesia y el Ejército, dos de los apoyos fundamentales en la carrera política de Perón, los que aglutinarían de nuevo un poderoso frente en su contra.

A partir de 1949, la economía había comenzado a experimentar dificultades. La transferencia de recursos del campo a la ciudad produjo una caída en la producción agraria y su descapitalización. Se sumó el efecto de las políticas comerciales estadounidenses y europeas, que privilegiaron ahora a sus propios agricultores o directamente excluyeron al país como proveedor. La creciente industria liviana necesitaba cada vez más insumos importados. Como no estaba en condiciones de exportar (por sus propias limitaciones, pero también por las sanciones comerciales que Estados Unidos aplicaba contra la Argentina), las divisas necesarias para traerlos solo podían provenir del sector rural, ahora estancado. Al mismo tiempo, los niveles de inflación subieron de manera preocupante y, con ellos, los síntomas de descontento. Frente a esta situación, Perón lanzó su Segundo Plan Quinquenal con un programa que privilegiaba la inversión, el agro y la industria pesada por sobre los objetivos de expansión del consumo y de «justicia social» típicos de la primera presidencia. El Plan significó que habría una menor receptividad a las demandas de aumento salarial y una exigencia de mayor productividad y disciplina laboral. Pero, en contra de esa expectativa, las penurias económicas reactivaron las luchas sindicales, y desde 1950 hubo una nueva ola de huelgas, algunas de ellas violentas y decretadas a espaldas de las conducciones sindicales que respondían a Perón. El gobierno adoptó, frente a algunas de ellas, una actitud represiva.

En 1952, la crisis alcanzó su peor pico, con una inflación récord del 38% anual y el desabastecimiento de productos básicos. Para lidiar con la situación, el gobierno puso en marcha el Plan de Estabilización, que significó una profundización de la nueva política más ortodoxa. Los productores rurales fueron beneficiados con reducciones de impuestos y subsidios y se anunció un plan de facilidades para la radicación de capitales extranjeros. En un paso antes impensable, se volvieron a contraer empréstitos en el exterior y hubo acuerdos con compañías petroleras norteamericanas para que invirtieran en el país, parte de una nueva política de acercamiento a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las negociaciones colectivas se dieron por suspendidas y se fijaron por decreto los índices salariales para los siguientes dos años, como modo de limitar los aumentos. En los hechos, el derecho de huelga fue suprimido.

Apenas lo peor de la crisis fue quedando atrás, los trabajadores se lanzaron a recuperar el terreno perdido. En varias fábricas los delegados gremiales lograron conseguir aumentos a pesar del congelamiento decretado y forzaron a sus sindicatos a convalidarlos. Este tipo de actividad enfureció a Perón, que en 1953 criticó fuertemente a las comisiones internas y les exigió que dejaran de actuar por su cuenta y se subordinaran a sus sindicatos. A pesar de estas advertencias, el año siguiente estuvo marcado por una explosión de conflictos laborales que puso en evidencia las limitaciones que tenía el gobierno a la hora de controlar el movimiento obrero. En este contexto, los empresarios exigieron la restauración de la disciplina y la moderación de las demandas. En marzo de 1955, Perón convocó a un gran Congreso de la Productividad, con la idea de que los sindicatos llegaran a un acuerdo con los empresarios en el sentido de lo que estos esperaban. El congreso, sin embargo, resultó un fracaso total. La CGT —que participó a regañadientes— resistió exitosamente el avance patronal.

A medida que las complicaciones se acumulaban, Perón fue adoptando un rumbo cada vez más autoritario. El control de la prensa se hizo más severo. Los dirigentes de la oposición sufrieron hostigamientos y algunos pasaron temporadas en prisión. El Estado llevó la propaganda oficial y el culto a la personalidad a niveles exorbitantes. La «doctrina peronista» fue materia de formación en las escuelas militares y se la impuso también a los empleados públicos. Los libros de lectura de la escuela primaria se llenaron de alabanzas a Perón y a Evita. Cuando en 1951 se decretó la provincialización de los Territorios nacionales del Chaco y de La Pampa, se los denominó respectivamente provincia Presidente Perón y provincia Eva Perón (también la ciudad de La Plata fue rebautizada con el nombre de la primera dama). Paralelamente, el gobierno hizo grandes esfuerzos para encuadrar en organizaciones gremiales de signo peronista a los sectores de la población que no participaban del movimiento obrero. Para los patrones, creó la Confederación General Económica (CGE), que consiguió algo de arraigo, especialmente en el interior del país. Para los profesionales y trabajadores intelectuales se estableció en 1953 la Confederación General de Profesionales, fuertemente resistida por la mayor parte de esos sectores. Hubo iniciativas similares para estudiantes secundarios y universitarios. Peronizarlo todo parecía el mandato de la hora.

El giro autoritario generaba resquemores en diversos sectores. Posiblemente fuese menos alarmante entre las clases populares por su identificación con el peronismo, pero también porque las mieles de la libertad y las garantías republicanas no habían tenido para ellas una materialidad verdaderamente tangible en períodos anteriores. Diferente era el caso de los sectores medios y, por supuesto, de los altos, que en estos años acentuaron el rechazo que sentían por Perón y por todo lo que había venido de su mano. Incapaces de derrotarlo por medios democráticos, los antiperonistas fueron asumiendo una disposición cada vez más violenta.

En septiembre de 1951, sectores del Ejército intentaron realizar un golpe de Estado, que fue rápidamente desactivado. En abril de 1953, militantes juveniles opositores apelaron a métodos terroristas: colocaron bombas en ocasión de una manifestación obrera de apoyo a Perón, causando siete muertos y decenas de heridos. Los manifestantes enfurecidos incendiaron el aristocrático Jockey Club y destruyeron sedes del radicalismo, del socialismo y de los conservadores.

Finalmente, a fines de 1954, una situación inesperada permitió el rearme de la coalición antiperonista. Siguiendo lineamientos del Vaticano, la Iglesia se había lanzado por entonces a promover agrupaciones profesionales y políticas de signo católico, algo que conspiraba contra la voluntad de Perón de ser el conductor único de la sociedad. El presidente reaccionó entonces con discursos contra la Iglesia y promovió leyes y medidas que iban en contra de sus intereses (incluyendo el fin de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, que tanto había irritado a los antiperonistas). La jerarquía eclesiástica puso en movimiento el extenso aparato que respondía a ella en todo el país y llamó a la resistencia. En mayo de 1955 hubo enfervorizadas manifestaciones de católicos; por primera vez desde 1946 un movimiento político le disputaba la calle al peronismo. Los ánimos se caldearon cada vez más.

El 11 de junio, para la festividad de Corpus Christi, una multitud inédita desbordó la Catedral porteña y ocupó buena parte de la Plaza de Mayo. Una columna incluso se dirigió al Congreso apedreando edificios públicos y de diarios oficialistas al grito de «¡Muera Perón!» y «¡Viva Cristo Rey!». Cinco días después se produjo otro intento de golpe de Estado, en el que los conspiradores de la Marina no vacilaron en utilizar sus aviones para bombardear a los partidarios del gobierno reunidos en Plaza de Mayo, dejando un saldo de más de trescientos cincuenta muertos. Como para muchos resultaba obvio que la manifestación de Corpus Christi había sido parte del plan militar, grupos peronistas incendiaron varias iglesias en represalia. La inédita quema de templos finalmente terminó de aglutinar a la totalidad del arco opositor: incluso políticos y agrupaciones estudiantiles tradicionalmente enfrentados con la Iglesia salieron en defensa del catolicismo ofendido.

A principios de julio, Perón intentó poner paños fríos con palabras conciliadoras, pero ya era demasiado tarde. Ante la perspectiva de un golpe de Estado, el movimiento obrero evaluó la posibilidad de crear milicias populares para defender al gobierno, lo que crispó aún más los ánimos de los militares. Sin embargo, Perón se ocupó de desactivar esta posibilidad llamando a la calma, lo que no lo privó de volver a lanzar amenazas verbales a la oposición, que había rechazado en bloque sus invitaciones a la reconciliación.

El 16 de septiembre de 1955 finalmente se inició en Córdoba el movimiento golpista, en cuyas acciones se sumaron también los llamados «comandos civiles», grupos irregulares de antiperonistas armados. Ante la evidencia de que había perdido apoyo de sus camaradas militares, al menos parte importante de ellos, y después de otro bombardeo, esta vez sobre Mar del Plata (con la amenaza de repetirlo en la capital), Perón prefirió refugiarse en Paraguay sin ofrecer resistencia. Así terminó el gobierno peronista.

El movimiento, sin embargo, estaba lejos de haberse apagado.

CAPÍTULO 5

El péndulo

Dictadura, mercado y poder popular, del derrocamiento de Perón al Proceso de Reorganización Nacional (1955-1983)

El derrocamiento de Perón y sus prolegómenos fueron un parteaguas en la historia argentina. Los aviones lanzando bombas sobre civiles en Plaza de Mayo —hecho inusitado en la historia del mundo que las Fuerzas Armadas de un país bombardeen su propia capital, por lo demás, sin mediar guerra alguna— significó traspasar un límite. Fue el inicio de una espiral de violencia que daría lugar a dictaduras cada vez más brutales, que apuntaban ya no solo a cambiar algún gobierno, sino a desandar el camino por el que las clases populares habían conseguido organizarse y ganar nuevos derechos.

Con Perón en el exilio (deambuló por varios países hasta radicarse en Madrid), el peronismo viviría en la proscripción durante dieciocho años. Así, la dubitativa apertura política que se había iniciado en 1916 quedaba del todo sepultada. El aparato político-institucional que habían construido las élites liberales en el siglo XIX no había conseguido hacer lugar a las demandas de la sociedad. Como Yrigoyen, Perón había animado esperanzas de democratización. Su ideal de «comunidad organizada» había prometido la inclusión de las clases bajas en la vida nacional. Incluso con sus rasgos autoritarios y sus componentes corporativistas, se trató de un proceso de apertura a las demandas democráticas, que además se habían canalizado a través de las instituciones de la república. El gobierno de Perón intentó una síntesis superadora que partía de los cimientos que las élites del siglo XIX habían colocado, haciendo lugar al mismo tiempo a lo que ellas habían excluido. Pero ahora, todo eso parecía fracasado. Las fracturas y tensiones que recorrían la sociedad argentina no solo no se habían mitigado, sino que aparecían expuestas con una claridad tal, que lastimaba los ojos.

Incluso más que en 1945, durante la Revolución Libertadora —así llamaron a la avanzada golpista— el escenario político quedó partido según líneas de clase. Las asociaciones patronales, la Iglesia y los principales partidos (incluyendo el Radical y el Socialista) saludaron el golpe y lo apoyaron activamente. También expresaron su beneplácito casi toda la prensa y la mayor parte de las entidades representativas de los sectores medios, junto con los académicos y escritores más importantes. Pero eso no fue todo: un verdadero movimiento de masas inundó las calles para saludar a los militares y para destruir con furia los miles de bustos y retratos de Perón y Evita que había por todas partes; en los meses siguientes volvieron a ocupar el espacio público varias veces más para manifestar su apoyo al régimen. En la vereda opuesta, las clases bajas reafirmaron su identidad peronista y, como veremos enseguida, se embarcaron en una larga resistencia de intensidad insospechada.

Durante el breve gobierno del general Eduardo Lonardi, de ideas nacionalistas, la dictadura tuvo una brevísima fase conciliadora, que se interrumpió luego de dos meses, cuando asumió el mando el general Pedro Eugenio Aramburu, de orientación liberal y actitud más confrontativa. La CGT fue intervenida, se lanzó una persecución contra los dirigentes gremiales y se tomaron medidas tendientes a dividir y debilitar al movimiento obrero. El gobierno emitió un decreto por el que prohibía cualquier manifestación de adhesión al peronismo. Incluso pronunciar el nombre de Perón en público pasó a ser ilegal, lo mismo que el de Evita, cuyo cadáver fue además secuestrado por los militares y sometido a una larga y macabra manipulación (con ayuda de la Iglesia, se lo mantendría oculto hasta 1971). Artistas, funcionarios y políticos peronistas terminaron encarcelados. Varias depuraciones en el Ejército removieron a los oficiales que simpatizaban con el gobierno depuesto, y la institución quedó más firmemente en manos de sectores liberales. La tarea de la hora era «desperonizar» la sociedad, borrar todo rastro del pasado reciente.

En las universidades también hubo purgas y fueron académicos antiperonistas los que asumieron los lugares de importancia. En el reparto que tocó a cada sección del frente que apoyó a la Libertadora, la conducción de la UBA y de otras casas de estudio quedó en manos de sectores reformistas, incluso ligados al socialismo. Los diez años que siguieron al golpe de Estado serían acaso los de mayor florecimiento de la vida universitaria. Algunos de sus más conspicuos partícipes, como el sociólogo Gino Germani, colaboraron con la misión desperonizadora, además recomendando modos de llevarla a buen puerto o dando validez «científica» a algunos de los prejuicios de los antiperonistas, como aquel que afirmaba que el sostén de Perón había sido la gente pobre y culturalmente «atrasada» venida del interior. La creación del Conicet en 1958 dio, asimismo, un mayor impulso al desarrollo científico.

Como en las dictaduras anteriores, el Congreso fue disuelto y, por primera vez, se removió además la Corte Suprema, reemplazada por otra afín a los nuevos mandatarios. A pesar de todo ello, el gobierno militar se presentó como baluarte de la tradición liberal. Anunciaron que no pretendían quedarse en el poder: sus objetivos, proclamaron, no eran otros que los de restaurar las libertades, la concordia, la honestidad y la vida republicana. Se identificaron con la tradición de Mitre y Sarmiento y trazaron analogías entre el golpe que habían dado y la batalla de Caseros; la de Perón, en sus palabras, había sido la «segunda tiranía» (lo que la hacía continuadora de la primera, la de Juan Manuel de Rosas).

A diferencia de los golpes anteriores, la actividad de los partidos políticos no solo no fue prohibida (salvo la de los peronistas), sino que se los invitó a participar en diversas instancias del gobierno, algo que la mayoría aceptó. Aunque no tenían ninguna atribución para hacerlo, los militares decretaron que la Constitución de 1949 quedaba sin efecto y convocaron ellos mismos a elecciones para una nueva convención constituyente, cuyos representantes fueron elegidos en 1957, proscrito el principal partido. A poco de sesionar, la mitad de los convencionales electos se retiró (en una clara maniobra para evitar reformas de fondo), lo que dejó la asamblea sin quórum y, como texto constitucional, el mismo de 1853 y sus enmiendas, con apenas un agregado, el del artículo 14 bis, que reconocía una serie de derechos sociales, aunque apenas como derechos nominales, no exigibles en tribunales. A pesar de su nula legitimidad de origen, esa Constitución rigió en la Argentina hasta 1994.

La política económica asumió una dirección ortodoxa: algunos de los instrumentos de regulación estatal fueron eliminados —entre ellos, desapareció el IAPI—, hubo una devaluación del peso y estímulos al sector rural. Por efecto de la suspensión de las negociaciones colectivas, la represión y la crisis económica que se sintió en 1956, los salarios sufrieron una fuerte merma.

La Resistencia

En un nuevo escenario de clausura, y sin dirigentes a la vista, marchar a la «resistencia» fue la consigna de la hora para las bases del peronismo. Apenas producido el golpe, se registraron múltiples acciones directas y huelgas sin coordinación, algunas muy intensas. En Rosario hubo disturbios durante una semana, reprimidos con el costo de al menos quince muertos (algunos testimonios hablan de un número mayor). El 17 de octubre, en Tucumán hubo que enviar a los soldados casa por casa para obligar a los trabajadores a concurrir al trabajo. Se inició así un largo período de intensas luchas que se conoce como la «Resistencia peronista», que se prolongó hasta 1973.

Mientras algunos se descargaron haciendo sonar bombos o cantando la marcha partidaria en los partidos de fútbol, otros se fueron agrupando en «comandos peronistas», pequeños grupos integrados especialmente por jóvenes trabajadores sin demasiada experiencia de militancia previa. Actuaron espontáneamente en varias ciudades y pueblos del país, en general aislados unos de otros, distribuyendo propaganda clandestinamente o realizando pequeños atentados con «caños» (artefactos explosivos de fabricación casera hechos con tubos metálicos). Más adelante realizaron sabotajes y atentados de mayor envergadura contra compañías petroleras, bancos, sedes policiales, usinas eléctricas, puentes y, ocasionalmente, contra casas de represores, por ahora sin víctimas fatales. Como varias líneas y comandos intentaron conducir la resistencia, Perón se propuso organizarlos desde el exilio, con la ayuda de John William Cooke, a quien designó como su representante en el país.

En los primeros meses, muchos de los que participaron en la resistencia esperaban poder impulsar complots cívico-militares, aprovechando que Perón todavía tenía camaradas de armas que lo apreciaban. El 9 de junio de 1956, algunos comandos intervinieron en el alzamiento militar dirigido por el general Juan José Valle. Conocido de antemano por el gobierno, fue desbaratado rápidamente; por orden de Aramburu, una treintena de los que participaron —incluyendo Valle— fueron fusilados sin juicio previo. Una enorme multitud antiperonista colmó las calles luego de los fusilamientos para reafirmar su apoyo a la dictadura.

El fracaso de la conspiración hizo que la estrategia militar dejara de ser una opción. En adelante, la resistencia se valdría de métodos más familiares y el protagonismo mayor lo tuvo el movimiento obrero. En estos años se produjo una recomposición de su dirigencia, con la aparición de una nueva camada de delegados de base y algunos referentes más combativos que los que se habían encumbrado en los últimos años de Perón, demasiado habituados a la prudencia y la sumisión.

Con la CGT intervenida y los viejos dirigentes fuera de escena, el nuevo activismo sindical fue ganando en experiencia organizativa, y en febrero de 1957 logró articularse en una Comisión Intersindical, inicialmente promovida por los comunistas, pero que rápidamente atrajo diferentes gremios bajo conducción de peronistas. En ocasión de un fallido intento de normalización de la CGT, para distinguirse de los 32 sindicatos que colaboraban con el gobierno militar, los sectores más combativos se agruparon como las «62 Organizaciones», que en adelante sería la conducción del movimiento obrero (poco después, diecinueve sindicatos en manos de comunistas se alejaron de ese nucleamiento, por lo que el nombre quedó para los peronistas).

En ausencia de un partido, también se convirtieron en los hechos en el foco organizativo principal del peronismo. La recomposición permitió realizar medidas de fuerza de creciente radicalidad y alumbró también el «Programa de La Falda», que proponía medidas tales como el «control estatal del comercio exterior», la «liquidación de los monopolios extranjeros», la «nacionalización de las fuentes naturales de energía», la «expropiación del latifundio», el «control obrero de la producción» y la unidad económica de Latinoamérica como forma de enfrentar el imperialismo.

La experiencia de estos años de resistencia dejó una profunda huella en las ideas y en los sentimientos de los trabajadores y en general entre los partidarios de Perón. Algunos de los elementos anteriores del peronismo siguieron estando presentes, entre ellos el antiimperialismo y el nacionalismo, el reclamo por la «justicia social» y la idea de que el Estado debería actuar como garante de la armonía entre las clases. Pero los fuertes enfrentamientos de estos años reforzaron también otros componentes más clasistas, que apuntaban a la necesidad de la autonomía política de los trabajadores y los llenaban de odio a los «gorilas» —como se llamó a los antiperonistas— y a los empresarios. Y como los golpistas se llenaban la boca de republicanismo y democracia, pero no tenían empacho en ejercer violencias inauditas ni en manipular las leyes e instituciones a su antojo, también se expandió una disposición más bien escéptica respecto de la utilidad de las instituciones y de la política electoral. En lo que refiere a los sentimientos, se instaló desde entonces entre las clases populares una fuerte nostalgia por un pasado al que se recordaba cada vez más como una época mítica de felicidad y plenitud, presidida por la figura paternal y protectora de Perón.

Además, ya que la Libertadora se había proclamado heredera de Caseros, los peronistas se hicieron en esta época, ahora sí, predominantemente antiliberales y rosistas (empezando por el propio Perón, que luego de 1957 abrazó el revisionismo). También fue a partir de estos años que se identificaron con la figura del «cabecita negra» y comenzaron a fustigar abiertamente a los sectores medios por su racismo, por sus fantasías europeístas y por su incomprensión de los problemas nacionales. Floreció así toda una literatura de denigración de la clase media y del «medio pelo», animada por intelectuales peronistas, como Arturo Jauretche, tanto como por otros de la izquierda nacional, como Jorge Abelardo Ramos, y, más tarde, de la nueva izquierda, como Juan José Sebreli, que alcanzaron enorme influencia.

Entre elecciones prosciptivas y dictaduras (1958-1966)

La resistencia complicó los planes de la dictadura, que se vio obligada a acelerar los plazos para la convocatoria a elecciones. Los comicios se fijaron para febrero de 1958; el peronismo no podría presentar candidatos.

De manera inesperada, una parte del radicalismo complicó esa salida proscriptiva. Durante los años de Perón, el joven Arturo Frondizi se había transformado en el líder máximo de la facción «intransigente» que condujo la UCR luego del desplazamiento de los «unionistas». Los desacuerdos entre ambos grupos se habían profundizado luego del golpe de 1955: los unionistas y otros radicales apoyaban la gestión de la Libertadora, mientras que Frondizi salió muy pronto a «despegarse» de ella. Luego de que el partido lo proclamara oficialmente como candidato, la ruptura quedó sellada: Ricardo Balbín, Arturo Illia y otros líderes se agruparon como UCR del Pueblo, mientras que los frondizistas lo hicieron como UCR Intransigente (UCRI).

Frondizi concibió una estrategia audaz para tratar de ganar parte del voto peronista: a través de enviados, negoció secretamente con Perón un apoyo público en las próximas elecciones a cambio de la promesa de acabar inmediatamente con la proscripción apenas llegara a la presidencia. El acuerdo prosperó y Perón ordenó a sus seguidores votar a la UCRI, gracias a lo cual, en 1958, Frondizi se convirtió en presidente de la nación. Significativamente, muchos sectores del peronismo se negaron a acatar la orden y llamaron a votar en blanco, una opción que alcanzó el 8% en todo el país (y casi el 30% en lugares como Tucumán). De esta manera imprevista quedó clausurado el consenso al que todos los no-peronistas parecían haber llegado tres años antes, en torno a la necesidad de borrar del mapa al peronismo. Claro que los militares y los antiperonistas más duros no iban a permitir que Frondizi cumpliera con su parte del trato. Lo que siguió entonces a la Libertadora fue una serie de gobiernos civiles débiles y con poca legitimidad por la exclusión del peronismo, sucesivamente derrocados por nuevas dictaduras.

El gobierno de Frondizi se proclamó «desarrollista»: inspirado en las ideas de Rogelio Frigerio, sostenía que el país podía superar sus dificultades económicas con políticas autónomas y un fuerte protagonismo del Estado que apuntaran a un intensivo proceso de industrialización (especialmente en la industria pesada y básica). La ciencia y la tecnología estaban llamadas a tener un papel central en la planificación y «modernización» de la sociedad y en su mejor integración (para esto último, disciplinas como la sociología podían brindar un apoyo crucial). Uno de los aspectos centrales apuntaba a la necesidad de atraer inversiones extranjeras. El propio presidente negoció contratos con petroleras del exterior con cláusulas muy beneficiosas (y secretas). Los fuertes estímulos que introdujo en otras ramas se tradujeron en la rápida radicación de empresas multinacionales entre 1959 y 1962, principalmente estadounidenses, pero también europeas. La mayor parte se dedicó a actividades petroquímicas, siderúrgicas y automotrices y se radicó en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba y en otras urbes. A diferencia de épocas anteriores, en las que se habían multiplicado sobre todo los establecimientos pequeños y medianos, se inició en esos años un proceso de concentración en la rama fabril, con empresas de mayor tamaño y más capital, que consiguieron imponer una mayor disciplina y productividad de la mano de obra.

A pesar de sus visiones desarrollistas, Frondizi intentó sumar apoyos de todo pelaje y cedió a las presiones de diversos grupos de interés, lo que se reflejó en la heterogeneidad de sus ministros. La cartera de Economía fue desde 1959 para el que sería el neoliberal más prominente de la segunda mitad de siglo, el capitán Álvaro Alsogaray, quien contaba con el apoyo del Ejército (ya había sido funcionario de la Libertadora). Otros cargos y ministerios quedaron en manos de socialistas y, por supuesto, radicales, pero también de católicos, conservadores y nacionalistas de derecha. A cada grupo otorgó algo, incluyendo a instituciones privadas la posibilidad de emitir títulos universitarios, algo reclamado por la Iglesia pero rechazado por los estudiantes progresistas, lo que desató un conflicto que se recuerda por su principal eslogan, «Laica o libre». Antes de derrocarlo, las Fuerzas Armadas hicieron treinta y dos «planteos» públicos, cuyas exigencias fueron siempre concedidas.

Frondizi intentó contener la resistencia con algunas concesiones iniciales a los trabajadores e intentando ganarse la complacencia de la burocracia sindical, a la que cedió el control de los fondos de las obras sociales, una enorme masa de dinero sobre la que, desde entonces, tendrían un manejo discrecional. Como a su vez la condición para ello era mantener la personería gremial —que el gobierno podía retirar—, eso creó poderosos incentivos para que los dirigentes sindicales fuesen «razonables». Pero, al mismo tiempo, no podían transformarse en un mero funcionariado al servicio del gobierno: si querían seguir al frente de sus entidades necesitaban seguir contando con algún apoyo de las bases y también movilizarlas de tanto en tanto, como para que los de arriba no olvidaran lo necesaria que era la tarea de contención que realizaban. Se trataba, entonces, de sostener un delicado equilibrio entre la presión y el compromiso, entre la amenaza y los buenos modales, entre el dar rienda suelta a la lucha y volver a ponerla en caja. Golpear primero, negociar después: la burocracia se hizo experta en esa estrategia, a la que se llamó «vandorismo», por quien fuera en los años sesenta su principal cultor, el metalúrgico Augusto Vandor, hombre fuerte de las 62 Organizaciones.

Así y todo, el descontento con frecuencia desbordó al Estado tanto como a los gremialistas. A fines de 1958, Frondizi anunció un plan respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que consistía, entre otras cosas, en una severa devaluación, el congelamiento de sueldos (cuyo valor real bajó un 20%) y el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Por entonces la cotización del dólar comenzaba a ser motivo de preocupación no solo para los inversores, sino en la prensa que leía la población común. Además, el plan avanzó en la intención de privatizar algunos organismos estatales, entre ellos, el frigorífico porteño «Lisandro de la Torre», lo que generó uno de los conflictos gremiales más importantes de la década: nueve mil operarios ocuparon la planta en enero de 1959, hasta que las 62 Organizaciones se vieron obligadas a convocar a un paro general. La lucha se sostuvo por dos meses y medio, a pesar de la intensa represión y las maniobras disuasivas de la burocracia sindical, antes de concluir en derrota.

En 1959 hubo muchos otros conflictos y un verdadero pico huelguístico, al que Frondizi respondió con mano de hierro: decretó el Estado de sitio cada vez que lo consideró necesario, detuvo a gremialistas y los enjuició bajo la órbita castrense y militarizó estaciones, depósitos y talleres ferroviarios. Mediante el «Plan Conintes» puso en manos de las Fuerzas Armadas la coordinación de las tareas de represión interna. Por efecto de las políticas económicas y del rigor contra el movimiento obrero, en estos años empeoró la distribución del ingreso: la porción del PBI que quedaba en manos asalariadas pasó del 49% de 1954 al 40% en 1962.

La mayor represión logró aquietar las aguas luego de 1959, pero no consiguió salvar al gobierno. Cumpliendo con los compromisos que había asumido, Frondizi autorizó al peronismo a competir en las elecciones legislativas y provinciales de marzo de 1962, en las que el movimiento antes proscrito triunfó en la mayoría de los distritos (aunque no en Capital Federal) y el obrero Andrés Framini resultó electo gobernador de Buenos Aires. El resultado precipitó la anulación del acto comicial y un nuevo golpe de Estado.

El 29 de marzo los militares derrocaron a Frondizi, pero esta vez no tomaron el poder, sino que lo transfirieron al presidente provisional del Senado, José María Guido. Convocado a gobernar hasta el fin del mandato del presidente depuesto, se rodeó de un gabinete decididamente «gorila», que volvió a incluir en la cartera económica a Federico Pinedo, quien trajo otra brutal devaluación, pronto reemplazado de nuevo por Álvaro Alsogaray, quien dictó políticas calcadas a las que había aplicado hacía poco. La situación política volvía a foja cero.

En verdad, era ahora más complicada que antes, debido a las divisiones existentes dentro del propio Ejército. Hacia 1960, Estados Unidos estaba ya totalmente envuelto en la Guerra Fría y veía con enorme preocupación la posibilidad de que el ejemplo soviético avanzara en América Latina luego del éxito de la Revolución cubana. Presionó entonces a las Fuerzas Armadas del continente para que se alinearan en la lucha mundial y convirtieran la «seguridad interior» en su objetivo central, lo que era un eufemismo para indicar que debían involucrarse en la erradicación del comunismo (si hacía falta, derrocando gobiernos que no hicieran lo suficiente).

Los militares argentinos abrazaron esta visión y se asignaron la misión de proteger ya no solo el territorio nacional, sino un conjunto de valores y creencias que suponían intrínsecos a la argentinidad, el estilo de vida «occidental y cristiano» —así lo llamaban—, amenazado por la avanzada comunista. Pero ese objetivo se superpuso al que ya tenían desde antes: quitar la influencia de Perón del horizonte. ¿Cómo conciliar ambos designios? Durante el interinato de Guido, los desacuerdos fueron tales que dos facciones militares, los «Azules» y los «Colorados», llegaron a enfrentarse entre sí en plena calle, con tanques y todo, ante la mirada atónita de la población porteña. Ambos grupos eran igualmente antiperonistas. El factor que los enfrentaba radicó en que, para los Colorados, el peronismo era un movimiento clasista que, por ello, abría las puertas al comunismo, por lo que había que suprimirlo del todo de manera urgente. Para los Azules, en cambio, bien dirigido, podía ser una fuerza útil como bastión contra el avance del comunismo. Por ello convocaron a no interrumpir la legalidad del Estado y a buscar la manera de integrarlo a la vida política, quitándole, por supuesto, sus aristas más subversivas. En la puja triunfaron los azules, cuyo jefe más prominente era el general Juan Carlos Onganía. De todos modos, por presión de la Marina —que no había intervenido en la disputa— las posturas más duramente antiperonistas siguieron siendo dominantes entre la oficialidad.

Mientras tanto, la situación económica empeoró y la conflictividad obrera seguía alta. Además de los tradicionales paros, en 1962 se generalizó la toma de fábricas como forma de lucha. La patronal exigió reprimir sin contemplaciones. Desde ese momento comenzaron a utilizarse cada vez con más insistencia formas de terror dirigidas contra las bases del movimiento trabajador (una de sus primeras víctimas fue el joven delegado Felipe Vallese, secuestrado, torturado y «desaparecido» en 1962).

La normalización de la CGT en 1963 ratificó el liderazgo que venían ejerciendo las 62 Organizaciones y su hombre fuerte, Vandor. La independencia que iban adquiriendo los vandoristas —cada vez menos preocupados por luchar por el regreso de Perón y más abocados a aumentar su propio poder— era algo que preocupaba al líder en el exilio. En verdad, ya desde el golpe de 1955 se le había hecho patente el riesgo de lo que se llamó el «neoperonismo». En efecto, apenas producido el derrocamiento, algunos referentes o ex referentes del movimiento, como Juan Atilio Bramuglia en la provincia de Buenos Aires o Vicente Saadi en Catamarca, se habían lanzado a crear sus propios partidos para capitalizar las lealtades peronistas más allá de la figura del líder. Poco después, hizo lo mismo Felipe Sapag en Neuquén. Ninguno perduró demasiado, salvo el poderoso Movimiento Popular Neuquino. Un «peronismo sin Perón», naturalmente, no era una perspectiva que a este le interesara: mantener el verticalismo dentro de su movimiento fue desde entonces una preocupación constante, algo que lo obligó a permanentes maniobras y negociaciones.

En julio de 1963 llegó el turno de las elecciones generales que pondrían fin al interinato de Guido. Como el peronismo seguía proscrito, Perón llamó a votar en blanco, lo que dio la victoria al radical «del Pueblo» Arturo Illia, quien se convirtió en presidente de la nación con apenas el 25,8% de los sufragios, una prueba rotunda del ascendente que mantenía el general en el exilio.

El péndulo de la política económica volvió a oscilar bruscamente: Illia tomó medidas de corte más estatista, de protección de la industria local y fortalecimiento del salario y del mercado interno. Anuló los polémicos contratos petroleros firmados por Frondizi y avanzó en el control de la comercialización de los medicamentos. Todo eso le valió la antipatía de los grandes empresarios y los sectores exportadores. Sus políticas dieron buenos resultados iniciales, el producto aumentó notoriamente (especialmente el industrial). Pero, con su exigua legitimidad, fue incapaz de resolver los problemas de fondo, que se manifestaron luego en una caída en la producción y el aumento de la inflación y de la desocupación, que alcanzó el 10,6%.

En ese contexto, el movimiento obrero continuó su camino de radicalización. Como medida defensiva frente a las suspensiones y los despidos, entre 1963 y 1964 se generalizó la toma de fábricas, pero ahora reteniendo a los gerentes como «rehenes». Este tipo de medidas se extendió especialmente entre mecánicos, textiles, gráficos y metalúrgicos, impulsadas por las bases, con frecuencia al margen de las cúpulas sindicales. Pero pronto la CGT las hizo propias: en mayo de 1964 la central puso en marcha un esquema de siete días de tomas de fábrica con rehenes, coordinado en todo el país, que paralizó unos once mil establecimientos. A fines de ese mismo año Perón intentó regresar al país, pero su avión fue retenido en Brasil: la «operación retorno», como se la llamó, había fracasado.

Con los sindicatos más fuertes que nunca, la intención de Vandor de aprovechar la apertura política que ofrecía Illia —permitía a los peronistas competir con otros sellos partidarios— aumentó las tensiones con Perón. Las relaciones entre ambos fueron en general malas, matizadas por breves períodos de paz sostenidos en frágiles acuerdos. Como fuere, la animosidad del empresariado y la decisión del gobierno de permitir la participación de los peronistas en las elecciones llevaron a Illia al mismo final que había tenido Frondizi.

De la dictadura «sin plazos» a las puebladas

Desde la caída de Perón, las clases dominantes no habían conseguido poner en marcha un proyecto político y económico coherente, capaz de estabilizar la situación en ambos frentes. Para lograrlo, se les hacía cada vez más evidente que debían desactivar el movimiento obrero y alinearse todos tras un mismo programa de ajuste y mayor presión hacia la productividad, algo que solían denominar «modernización económica». Y todo ello requería encontrar el modo de desperonizar el país, empresa en la que ya habían fracasado la Libertadora y Frondizi.

El golpe de Estado que derrocó a Illia el 28 de junio de 1966 se propuso resolver este impasse de una vez por todas. Encabezada por el general Juan Carlos Onganía, la autodenominada «Revolución argentina» tuvo el apoyo de las entidades patronales, de una parte de los dirigentes políticos y los medios de comunicación, y de la Iglesia. A diferencia de las dictaduras anteriores, Onganía declaró que se proponía gobernar por un largo tiempo, todo el que hiciera falta hasta reorganizar a fondo la república, poner orden y sanear la economía. Para ello, no escatimó en medidas represivas: disolvió el Congreso y todas las expresiones de la vida política fueron prohibidas por tiempo indeterminado. El federalismo fue en los hechos eliminado por la imposición de gobernadores militares designados desde la capital. La autonomía universitaria quedó suprimida y se aplicó una dura represión en los claustros, que alcanzó su clímax en julio de 1966 durante la «Noche de los bastones largos», así recordada por los palazos que recibieron alumnos y académicos cuando la policía irrumpió en la Universidad de Buenos Aires, destruyó laboratorios y bibliotecas y llevó presos a numerosos estudiantes y docentes, en un intento de combatir una supuesta «infiltración marxista». El episodio marcó el inicio de un período de declive en la investigación y en la vida universitaria. Toda una generación de científicos brillantes debió marchar a la emigración. Onganía instaló además una severa tutela sobre la moralidad, que se tradujo en controles del largo de las faldas que usaban las mujeres y el corte de pelo de los varones, molestias a las parejas que se besaban en las plazas y censuras artísticas y de prensa.

Los planes de «racionalización» de la producción que el gobierno puso en marcha incluyeron despidos masivos, que a su vez generaron una intensa resistencia, especialmente entre los trabajadores del azúcar en Tucumán y los portuarios de Buenos Aires. El malestar de los trabajadores se agravó con la designación al frente de la cartera de Economía de Adalbert Krieger Vasena, un liberal con buenos contactos con los grandes empresarios y con los Estados Unidos, que ya había sido ministro de la Libertadora. Krieger aplicó un plan antiinflacionario que incluyó el congelamiento de haberes, una fuerte devaluación del peso, recortes en el gasto público y aumentos de tarifas, junto con renovadas facilidades para la instalación de empresas transnacionales. El péndulo se orientaba otra vez hacia la ortodoxia.

Pero el programa del nuevo ministro no apuntó, como lo harían otros con posterioridad, a reducir todo el sector manufacturero para beneficio de los agroexportadores. De hecho, impuso retenciones al agro y continuó canalizando recursos para el fomento industrial, aunque de un modo diferente, no por vía del fortalecimiento del consumo, sino orientando fondos específicamente a algunas empresas y ramas supuestamente «modernas». Al mismo tiempo redujo los aranceles aduaneros, lo mismo que la protección a las economías regionales, con la intención de purgar las firmas y actividades poco competitivas.

El efecto combinado de las políticas de Krieger y las anteriores de Frondizi generó un cambio marcado en el perfil de la economía. Las grandes beneficiarias fueron las empresas más concentradas, que crecieron a costa de las medianas y pequeñas. El proceso de extranjerización de la industria se afianzó. Las clases altas adquirieron mayor heterogeneidad, por la aparición de poderosos «capitanes de la industria» con vinculaciones internacionales y —una novedad— por la gravitación que empezaron a tener los ejecutivos de las grandes empresas. Además, desde comienzos de la década del sesenta el sector agropecuario pampeano, que en la etapa peronista se había retraído, comenzó a recuperarse e inició un gran ciclo expansivo que duraría dos décadas. Lo que creció fue especialmente la agricultura, que avanzó sobre tierras antes ganaderas, ayudada por la mayor mecanización, la introducción de semillas híbridas que aumentaban el rinde y el uso creciente de agroquímicos y fertilizantes. La apertura de nuevos mercados (entre ellos, los del orbe soviético) trajo redituables oportunidades para la exportación. También en este sector el perfil de los productores se hizo más heterogéneo, con la aparición de empresarios contratistas sin tierra, una figura bien diferente de la de los antiguos chacareros asentados en sus parcelas que habían iniciado la actividad en el siglo previo.

Las exportaciones rurales, las inversiones externas en la industria y los préstamos del FMI aliviaron la balanza de pagos, y el plan de Krieger consiguió alguna mejora global, aunque fuese de corto plazo. Sin embargo, su orientación fue perjudicial para muchos, empezando por los asalariados. El desarrollo urbano de estos años dio más fuerza a las corrientes de migrantes internos que se dirigían a las principales aglomeraciones, a las que se sumaron ahora contingentes de trabajadores paraguayos, chilenos y bolivianos. El Gran Buenos Aires experimentó una expansión explosiva que lo llevaría de 1.700.000 habitantes que tenía en 1947 a casi 5.400.000 en 1970. Los barrios obreros y las villas de emergencia se multiplicaron. El panorama salarial se volvió más heterogéneo: algunos consiguieron colocarse en los mejores puestos, los del sector industrial «moderno», pero la mayoría se empleó en los menos ventajosos de la construcción y el sector servicios.

La CGT reaccionó al programa de Krieger lanzando un plan de lucha, que fracasó rápidamente bajo la represión estatal, que esta vez incluyó la quita de la personería gremial a varios sindicatos y la suspensión de las negociaciones colectivas. En este nuevo escenario, las tácticas vandoristas entraron en crisis: no era posible conseguir concesiones de un gobierno que hacía gala de su intransigencia. Así, la resistencia fue desplazándose a un nivel más focalizado, dentro de cada planta, organizada por las bases a menudo con independencia de la burocracia sindical. En marzo de 1968, el proceso que se venía gestando produjo una división dentro de la CGT, con la creación de una CGT de los Argentinos (CGTA) que enfrentó a la burocracia con duras críticas por su actitud «dialoguista». En la nueva central se agruparon algunos de los gremios más castigados por las políticas del gobierno, como el personal civil de la nación, los telefónicos, los ferroviarios y los trabajadores del azúcar. Conducida por Raimundo Ongaro, la CGTA adoptó un programa que trascendió las reivindicaciones meramente sectoriales para plantear propuestas políticas antidictatoriales, antiimperialistas y de transición al socialismo. Otra diferencia con la CGT oficial fue su disposición a tejer alianzas con sectores no obreros. Lograron atraer así a intelectuales, artistas, estudiantes y curas y desarrollaron medidas de fuerza en vinculación con el movimiento estudiantil y con agrupaciones de izquierda.

El proceso de radicalización del movimiento obrero y de la sociedad en general experimentó un inesperado salto en intensidad a partir de 1969, con la entrada en escena de una novedosa forma de acción colectiva, las «puebladas», movilizaciones masivas que alcanzaron a veces el carácter de verdaderas rebeliones capaces de poner en jaque a ciudades enteras. Lo característico de las puebladas es que involucraron en una misma lucha no solo a los trabajadores, sino también a otros sectores de la población, especialmente estudiantes universitarios y, en menor medida, pequeños comerciantes, profesionales o simples vecinos y amas de casa. Los reclamos y motivos que desataron cada una fueron muy diversos, lo mismo que los sectores que las lideraron. Las arbitrariedades del gobierno militar y los efectos de sus políticas económicas facilitaron la articulación de los descontentos de cada grupo social en torno de un mínimo común denominador político —la oposición a la dictadura— junto al cual a veces se presentaron también programas o expectativas clasistas, antiimperialistas o incluso anticapitalistas.

Entre 1969 y 1973 hubo al menos quince puebladas de magnitud, todas en el interior del país. Las primeras, en mayo de aquel año, fueron el Correntinazo y el primer Rosariazo, iniciados por reclamos de estudiantes universitarios. Como si fuera la resonancia de un eco, otros «azos» le siguieron en Córdoba (que tuvo dos), en Tucumán (tres), un segundo en Rosario y otros en El Chocón, Chaco, Cipolletti, Casilda, General Roca, Mendoza y Trelew.

El de mayor magnitud fue por lejos el Cordobazo del 29 y 30 de mayo de 1969, que derivó en una verdadera insurrección popular. Los actores decisivos de esta gesta fueron los obreros de las automotrices y de la red de energía eléctrica y los estudiantes universitarios. Los primeros —liderados respectivamente por el peronista Elpidio Torres y el marxista independiente Agustín Tosco— venían acumulando motivos de descontento por los deterioros salarial y de las condiciones laborales. Por su parte, los estudiantes estaban hartos de las intervenciones y «purgas» de la dictadura en la Universidad.

La pueblada comenzó con una huelga general y manifestación obrera en el centro de Córdoba, a la que se sumaron columnas de estudiantes. La dura represión, que causó un muerto, enardeció a los manifestantes, que cargaron contra la policía. Con la ayuda de vecinos de sectores medios, que también se sumaron, consiguieron ponerla en retirada. Buena parte de la ciudad quedó ocupada por los rebeldes, que hicieron barricadas. El gobierno no dudó en enviar entonces al Ejército para reprimir. Pero inesperadamente las tropas fueron enfrentadas por francotiradores desde las terrazas de los edificios. Eran unos pocos, militantes peronistas, marxistas e incluso de la UCR, mal armados y sin coordinación, pero consiguieron dificultar el avance de los soldados. Además, la gente tiraba objetos de todo tipo desde balcones y azoteas. Desde la Semana Trágica que no se veía en la Argentina una insurrección de tal magnitud.

El Ejército lanzó una ofensiva final y logró retomar el control de la ciudad, con un costo de doce muertos, según el reporte oficial (la cifra real puede haber llegado a los sesenta). Los dirigentes sindicales y decenas de manifestantes fueron encarcelados, algunos con largas condenas. Pero la insurrección provocó la caída inmediata de Krieger y le dejó a Onganía los días contados: un año después, sus propios camaradas de armas forzaron su renuncia.

El giro a la izquierda

El Cordobazo funcionó como una bisagra entre el período de la Resistencia y los tiempos de mayor radicalidad que se abrieron con la nueva década. Su magnitud llenó de entusiasmo a los jóvenes, que por entonces se alistaron masivamente en las diversas organizaciones de izquierda que existían por todo el país. El clima mundial también sumaba motivos para la urgencia. La nueva ola izquierdista de Europa, las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos de descolonización en Asia y África: por todas partes los sesenta fueron años de anhelos de cambio y energía revolucionaria.

En Latinoamérica, las luchas por la liberación nacional se combinaron con intensos deseos de una vida más allá del capitalismo, dando a luz movimientos de inédito vigor. En 1959, Cuba consiguió encender la mecha de una revolución social que pronto se encaminó a la construcción del socialismo. Y desde 1968 se hizo evidente que los vietnamitas estaban derrotando al ejército más poderoso del mundo. De pronto, voltear a la burguesía y al imperialismo apareció como una misión perfectamente posible y al alcance de la mano.

En la Argentina, este giro a la izquierda se manifestó tanto en la revitalización de las ideas del marxismo como en el corrimiento de algunos sectores del peronismo hacia posturas más radicalizadas, lo que a su vez permitió una circulación de ideas y de militantes en un sentido y en otro. Las universidades se convirtieron en un hervidero de entusiasmo y activismo, y el común denominador antiimperialista habilitó nuevos puntos de contacto entre el nacionalismo popular y el marxismo. Las agrupaciones de izquierda tradicionales sufrieron fracturas diversas, tanto por la atracción que ejercían las perspectivas nacional-populares como por los realineamientos mundiales, y surgieron otras nuevas.

El propio John W. Cooke viajó a Cuba en 1960 y llegó a la conclusión de que el combate contra el imperialismo exigía una postura más claramente anticapitalista y revolucionaria. Por ese camino, Cooke llegó a apoyar la guerra de guerrillas como forma de lucha y el «socialismo nacional» como horizonte. Eso lo terminaría de alejar irremediablemente de Perón, quien poco antes lo había designado como su sucesor.

En ese clima se formaron las primeras organizaciones guerrilleras. Quienes dieron el puntapié inicial en 1959 fueron los Uturuncos, que actuaron durante un año en el monte tucumano y en Santiago del Estero, antes de ser desarticulados. La pequeña organización nació de uno de los tantos «comandos» que habían surgido en los dos años previos; en este caso, se trataba de uno compuesto por ex dirigentes sindicales, referentes barriales y miembros de la Juventud Peronista de Tucumán. Por la misma época, otros jóvenes peronistas de origen modesto se volcaron a organizar acciones armadas en el espacio urbano. En 1960, Gustavo Rearte, un joven trabajador jabonero que había sobrevivido a los bombardeos de 1955 en Plaza de Mayo, comandó un grupo de militancia en un asalto a una unidad militar para aprovisionarse de armas, por el que él y otros dirigentes terminaron presos.

Tres años más tarde debutaba la primera guerrilla marxista, liderada por el periodista Jorge Masetti, el pequeñísimo Ejército Guerrillero del Pueblo, que intentó instalarse en una zona rural de Salta como parte de un plan más amplio que había concebido el Che Guevara. Ninguna de estas iniciativas consiguió generar suficientes adhesiones. Tampoco otras organizaciones de izquierda que no adherían a la lucha armada. Todas, por ahora, permanecieron como pequeñas expresiones de poca relevancia.

La situación, sin embargo, cambió rápidamente luego del Cordobazo. Las fuerzas de la izquierda —tanto las peronistas como algunas de las marxistas— comenzaron a engrosarse notoriamente por el ingreso de miles de jóvenes, especialmente de sectores medios. Las que más lo hicieron fueron las que proponían la lucha armada.

Para fines de la década se habían formado ya más de quince organizaciones guerrilleras. Aunque en ellas participó un porcentaje ínfimo de la población, al menos en los años iniciales sus acciones gozaron de una amplia simpatía. Una encuesta de fines de 1971 mostró que 45% de los interrogados en el Gran Buenos Aires aprobaba sus métodos, un porcentaje que trepaba hasta el 53% en otros sitios, como en Córdoba. Todavía, en septiembre de 1973, otra encuesta mostró que el 30% de los estudiantes secundarios tenía una percepción positiva de los grupos armados, mientras que otro 22% manifestaba una mirada «tolerante». De las agrupaciones guerrilleras, solo cinco lograron tener cierta importancia, pero pronto fueron convergiendo en dos agrupamientos principales, uno peronista y el otro marxista: Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Montoneros se dio a conocer en 1970 con el secuestro y fusilamiento del general Aramburu, una acción que les valió gran simpatía popular. Sus fundadores provenían de posiciones nacionalistas que habían ido desplazándose hacia la izquierda peronista por el clima de época, pero también —como tantos otros jóvenes católicos de esos años— por la influencia del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, un sector minoritario de la Iglesia católica, que sostenía que la opción por los pobres predicada por el evangelio debía traducirse en una firme condena al capitalismo y en un acercamiento a los ideales socialistas.

Inicialmente, los Montoneros evitaron la violencia indiscriminada y el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden. Se dedicaron a realizar atentados contra empresas multinacionales y operaciones propagandísticas o para obtener armas. Desde 1972 tuvieron un fuerte entendimiento con la Juventud Peronista, que ese año finalmente había quedado conformada como una organización unificada de base estudiantil y barrial (antes que obrera). En los dos años siguientes lograrían hacer pie en los sectores populares mediante la creación de entidades que respondían a su mando, entre otras, las JP Regionales, el Movimiento Villero Peronista, el Movimiento de Inquilinos Peronistas y la Juventud Trabajadora Peronista.

Para entonces, las organizaciones de la «Tendencia Revolucionaria» —como se la conoció— ya eran capaces de movilizar a más de cien mil personas en las calles (aunque no todas vinculadas a Montoneros y solo una pequeña minoría de ellas como combatientes armados). Así y todo, y aunque no carecieron de delegados gremiales y presencia en algunas luchas obreras, nunca lograron una inserción sindical que pudiera rivalizar con la de la burocracia. Con un liderazgo que venía de sectores medios, incluso altos, tuvieron una tendencia a idealizar al movimiento peronista y a imaginar un Perón con vocación revolucionaria. Esa visión los llevó a subestimar el arraigo que tenía la burocracia como parte del movimiento sindical y la sólida alianza que con ellos tenía el líder. Del mismo modo, desoyeron la insistencia de Cooke sobre la necesidad de convertir al peronismo en un partido revolucionario ligado al movimiento obrero. Para ellos, todo lo que restaba por hacer era quitar del medio a los «gorilas» y oligarcas que oprimían al pueblo y a los traidores que los dejaban hacerlo. Nada de lo que su propia organización no pudiera ocuparse por sí misma.

El propio Perón contribuyó a alimentar esa visión: en varias oportunidades emitió declaraciones que daban a entender que él favorecía las posturas más radicalizadas, incluso el «socialismo». No lo hacía porque hubiese cambiado sus convicciones —seguía siendo tan antiizquierdista como siempre—, sino más bien como movida estratégica, para contrapesar el poder de los vandoristas y neoperonistas. Muchos peronistas de base, sin embargo, se tomaron sus declaraciones al pie de la letra y creyeron genuinamente que «el Viejo» se estaba corriendo a la izquierda. Cuando esa orientación comenzó a volverse peligrosamente contra la burocracia sindical en su conjunto —en junio de 1969 un grupo, posiblemente de la izquierda peronista, asesinó a Vandor, y en los años siguientes Montoneros haría lo propio con otros gremialistas, a los que acusaba de traicionar a los trabajadores—, Perón cerró filas con el sindicalismo más tradicional.

Aunque el ERP tuvo incluso menos inserción entre las clases populares que la guerrilla peronista, como ella, también llegaría a lograr algún anclaje entre los trabajadores. Su origen se encuentra en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado en 1965 por la fusión entre un pequeño grupo trotskista con un débil arraigo en algunas ciudades y un grupo estudiantil de ideas latinoamericanistas e indigenistas con cierta presencia en el noroeste del país. Cuando en 1968 el PRT se dividió en dos, el grupo mayoritario decidió orientarse hacia la lucha armada y, dos años después, conformó el ERP.

La pequeña organización creció vertiginosamente a partir de 1973: los cálculos más optimistas estiman que dos años después, en su momento de mayor desarrollo, contaba con unos cinco mil militantes y colaboradores (de los que un porcentaje muy pequeño estaba dedicado de lleno a la actividad armada). Entre aquellos, los de sexo femenino pueden haber llegado al 40%, un porcentaje muy notable que, sin embargo, no tuvo reflejo en el nivel de la dirigencia, abrumadoramente masculina. Como los Montoneros, eran casi todos muy jóvenes. Pero a diferencia de ellos, el ERP fue una guerrilla urbana y rural. Entre 1974 y 1976 intentaron la estrategia «foquista» en el monte tucumano y también atendieron al trabajo de masas entre los trabajadores de las ciudades. Hacia 1975, la organización contaba con células en unas cuatrocientas fábricas del Gran Buenos Aires. Los cuadros de su dirigencia máxima, sin embargo, fueron casi todos de sectores medios.

La tendencia hacia una mayor radicalización no se manifestó solamente en el surgimiento de grupos armados, sino también entre organizaciones sociales y políticas de todo tipo. El movimiento obrero, que ya transitaba ese camino, vio surgir luego de 1970 una corriente más abiertamente clasista, especialmente visible en los nuevos sindicatos de trabajadores automotrices de Córdoba, Sitram y Sitrac, que reivindicaron la independencia de clase, promovieron la democracia de base y alentaron la lucha por el socialismo. Algunos de sus máximos dirigentes fueron marxistas. Un proceso de radicalización similar se evidenció luego de 1973 también entre los cada vez más numerosos habitantes de las villas de emergencia, que se nuclearon en el Frente Villero de Liberación Nacional y en el Movimiento Villero Peronista (MVP), ligado al ala izquierda del peronismo.

En el ámbito rural, los campesinos y pequeños productores familiares también protagonizaron formas de lucha inéditas. El campo fue escenario de importantes cambios a partir de los años cincuenta. La profundización del capitalismo vino de la mano de un proceso de «descampesinización», es decir, de desaparición de los productores familiares más pequeños con escasa capacidad de acumulación. Al contrario de lo que había sido la tendencia durante la primera mitad del siglo, la cantidad total de explotaciones decreció en todo el país. Las que sobrevivieron fueron en general de tamaño mediano o grande, que estaban en mejores condiciones de aprovechar los adelantos técnicos que favorecían un incremento en la productividad. En ese contexto hubo, luego de 1970, un intenso proceso de organización y lucha, especialmente en el nordeste, con la aparición de las Ligas Agrarias, que exigieron medidas antimonopolio, reparto de tierras, créditos accesibles, la fijación de precios mínimos para el algodón y otros productos y se solidarizaron con las demandas indígenas. Las declaraciones de algunos de sus dirigentes traslucieron el avance de una conciencia clasista y de un intenso deseo de confluencia con las luchas antiburocráticas y antigubernamentales de los obreros y los estudiantes. Algunos sectores se alinearon con la izquierda peronista.

Los pueblos originarios tampoco permanecieron al margen del clima de lucha y de los sueños de liberación que marcaron estos años. La reivindicación del legado moreno e indígena que fue parte de la cultura de afirmación nacional y popular de la época no dejó de atraerlos. Así, en 1970, un grupo de personas de esa ascendencia creó en Buenos Aires una Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la Argentina. Casi al mismo tiempo, los mapuches hicieron lo propio en Neuquén, donde dejaron organizada la Confederación Indígena Neuquina. Respondiendo al mismo impulso, los toba y los wichi crearían poco después la Federación Indígena del Chaco.

En 1972 se convocó el primer Parlamento Indígena Nacional, con representantes de siete provincias, que marcó un punto de inflexión en la articulación de los diversos pueblos originarios. Estas iniciativas sentaron las bases para los reclamos de reconocimiento jurídico de las comunidades, propiedad de la tierra, afirmación cultural, derechos históricos y mejores condiciones laborales, que animarían el movimiento en los años por venir.

No obstante todo lo dicho, conviene no perder de vista que una gran porción de la población, acaso mayoritaria, no participó en absoluto del giro a la izquierda y mantuvo, en cambio, un fuerte rechazo por todo lo que se apartara de los principios liberales o conservadores y un poderoso antiperonismo. En sus ideas políticas y en sus visiones acerca de lo que era o debía ser la Argentina, en estos años la sociedad siguió estando muy dividida.

El protagonismo juvenil y los cambios en la cultura

El giro a la izquierda estuvo íntimamente relacionado con otro fenómeno inédito que se hizo notar en estos años: la aparición de una profunda ruptura generacional. Por supuesto, siempre hubo conflictos entre jóvenes y viejos. Pero los jóvenes irrumpieron ahora en la vida pública desarrollando una cultura propia que, por primera vez, rechazaba radicalmente muchos de los valores y costumbres de los mayores. Así, el conflicto de clase, que enfrentaba a los sectores populares con los poderosos, se superpuso con una creciente discordia entre los «pibes» y un mundo adulto que les resultaba cada vez más ajeno e intolerable. La revuelta juvenil se combinó con las luchas sociales de formas complejas y variadas. En algunos aspectos, evolucionaron por carriles independientes o incluso en conflicto. Pero más habitual fue que se potenciaran mutuamente. Para muchos de los jóvenes que en estos años se lanzaron a participar en la vida política, el futuro anhelado aparecía no solo como un mundo sin capitalistas, imperialismo y represión, sino también como la promesa de una vida más auténtica, libre, espontánea, desprejuiciada y creativa que la que les esperaba si seguían el camino de sus padres.

La inquietud de los jóvenes fue un fenómeno internacional. Incluso el protagonismo estudiantil en las puebladas de 1969 evocaba asociaciones inevitables con movimientos similares acontecidos pocos meses antes en París, México, Berkeley o Praga. Influyó también la rápida expansión de la educación secundaria. Mientras que en 1940-1941 apenas un 23,1% de los que terminaban la primaria comenzaba a estudiar en el siguiente nivel, para 1965-1966 el porcentaje había trepado a 74%. No solo accedió al secundario la mayoría de los adolescentes de sectores medios, sino también una buena proporción de los de las franjas mejor situadas de las clases populares (incluyendo muchas mujeres). Para los que eran primera generación con estudios secundarios, las mayores credenciales educativas permitían renegociar cómo se ejercía la autoridad en el plano familiar.

Por otra parte, el sistema educativo argentino —en el que las escuelas privadas todavía ocupaban un lugar muy menor— favoreció el contacto de los jóvenes de clases populares con los de sectores medios y, con ello, la circulación de la nueva cultura juvenil desbordó barreras de clase. Finalmente, es posible que las apelaciones que venían desde el mundo de la política hayan contribuido a dar a luz a «la juventud» como un grupo con características distintivas. El propio Perón estimuló tempranamente el protagonismo de los jóvenes: desde mediados de los años sesenta insistió sobre la urgencia de un «trasvasamiento generacional» que aportara «sangre nueva», lo que sin dudas invitaba a disputar la autoridad a los mayores.

Miles de jóvenes, aunque no tuvieron militancia específica, participaron así de un vertiginoso proceso de cambio cultural que, lo quisieran o no, tenía consecuencias en el mundo de la política, ya que ponía en cuestión diversas formas de ejercicio de la autoridad, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública. Fenómenos internacionales, como el jipismo, y otros más peculiarmente locales, como la extraordinaria popularización del psicoanálisis, contribuyeron a sacudir las prácticas tradicionales.

Desde los años sesenta se percibió en los estudiantes una evidente pérdida de interés por los contenidos que se enseñaban en la escuela, con el consiguiente cuestionamiento de la autoridad de docentes y directivos. Los jóvenes también pusieron en cuestión algunas de las pautas de moralidad y las costumbres sexuales de sus padres. Las mujeres ganaron espacios en varios ámbitos de la vida social (aunque por supuesto en todos siguieron sufriendo el predominio masculino); para mediados de los años sesenta ya representaban, por ejemplo, el 30% de los graduados universitarios, un porcentaje que apenas llegaba al 5% tres décadas atrás. Luego de 1960, las relaciones entre muchachos y muchachas jóvenes fueron asumiendo un estilo algo más relajado y en alguna medida más igualitario, alejándose así de las estrictas pautas de represión sexual y subordinación femenina. La virginidad fue dejando de ser una virtud indispensable para las mujeres casaderas, y las uniones de hecho y los hijos extramatrimoniales (que siempre habían sido una realidad palpable entre los más pobres) se hicieron más frecuentes y perdieron algo de su carga estigmatizadora. La introducción de la píldora anticonceptiva trajo para ellas una mayor autonomía a la hora de buscar el placer. Todos estos cambios, claro, llegaron de manera desigual: en muchas familias se siguieron imponiendo hábitos más conservadores y las mujeres tuvieron muchas más limitaciones que los varones a la hora de disfrutar de su sexualidad.

Continuando una larga tradición, los años sesenta y setenta atestiguaron la emergencia de nuevas agrupaciones feministas, en general pequeñas, como la Unión Feminista Argentina —por mencionar solo una— y las mujeres participaron masivamente de los espacios de militancia de izquierda, incluidos los armados, aunque muy pocas alcanzaron puestos de dirección.

A pesar de que el ataque, la persecución y el desprecio a las minorías sexuales siguieron siendo la norma, el cuestionamiento de la moral tradicional en estos años fue tal que incluso hizo lugar a la aparición de Nuestro Mundo, una organización de homosexuales en defensa contra la discriminación, la primera de América Latina. Creada en 1967 por un pequeño grupo de trabajadores con experiencia sindical, confluyó luego con algunos intelectuales en el Frente de Liberación Homosexual, fundado en 1971. Como parte del giro a la izquierda, el FLH propuso la libre opción sexual como uno de los objetivos ineludibles de la revolución por venir.

Los hábitos en el vestir fueron acaso el terreno en el que más se notó la irrupción de la nueva cultura juvenil. Desde los años sesenta las prendas coloridas fueron reemplazando los tonos más apagados propios de la indumentaria varonil de décadas anteriores. La moda «unisex» fue índice del mayor igualitarismo entre varones y mujeres. Pero fue el jean la prenda que, como ninguna, identificó a los jóvenes. Introducidos en 1958 por una fábrica nacional de línea económica, los «vaqueros» se expandieron rápidamente entre los varones jóvenes de clase media-baja y trabajadora de las principales ciudades (los de sectores medios y altos también los adoptaron, pero prefirieron las marcas importadas). Algunos años más tarde también las mujeres los hicieron suyos, hasta transformarse, a comienzos de los años setenta, en una especie de «uniforme» de los jóvenes, especialmente de los que militaban o eran parte de algún movimiento contracultural.

Junto con la ropa, la música también se transformó en emblema juvenil. Desde los años cincuenta se venía produciendo un verdadero «boom del folklore». Para muchos jóvenes que se acercaban a la política, el gusto por esas músicas servía como modo de conectarse con el país popular y federal. La vocación antiimperialista condujo también a un aprecio por la música latinoamericana, especialmente la canción de protesta y/o con contenidos indigenistas.

Pero la novedad más importante de estos años fue la aparición del rock, que marcó una línea divisoria entre los gustos de jóvenes y «viejos» (en buena medida, a expensas del tango, cuya popularidad decayó marcadamente). El rock ingresó al país a fines de 1956 y para 1960 ya existían bandas locales que cantaban en castellano; pronto sus discos se vendieron por millares. Las empresas discográficas enseguida advirtieron el potencial económico que ofrecía la «nueva ola». Sin embargo, la cultura juvenil comercializada perdía buena parte de su filo rebelde. Contra esa tendencia surgió desde fines de los años sesenta un movimiento de «rock nacional» que desafió los valores de la moral tradicional y convocó a los «pibes» a no seguir los mandatos sociales. A través de la música, les propuso que sostuvieran su autenticidad y libertad, antes que convertirse en esos hombres «grises» que la sociedad requería, obedientes y centrados en la familia, el trabajo y el consumo.

Para comienzos de la década de 1970, los artistas más importantes reunían una audiencia de varios miles, de un origen social que ya combinaba sectores medios con trabajadores. Era una verdadera contracultura: sus devotos se identificaban no solo por el modo de vestir sino también por el largo del cabello, que pronto se convirtió en uno de los emblemas de la juventud. Desde fines de los años sesenta, uno y otro fueron objeto de conflictos permanentes en la escuela y en el espacio público. En los colegios secundarios, los directivos aplicaron medidas disciplinarias de rigor inusual, en un intento vano por preservar el uniforme y el pelo corto, rechazados por una creciente minoría de los estudiantes. En la calle, los pelilargos debieron soportar frecuentes insultos homofóbicos. Es que, aunque no tuviese nada que ver con la elección sexual, la nueva apariencia de los varones jóvenes indicaba que se estaba redefiniendo el significado de la masculinidad, algo que provocó el disgusto de quienes estaban habituados a los roles más tradicionales. La policía, por su parte, los detuvo cada vez que pudo y no se privó de organizar razias en los recitales. Desde esos años comenzó a notarse la presencia del consumo de marihuana, un hábito que, a pesar de su escaso arraigo en ese momento, motivó a partir de 1971 su prohibición legal.

La revuelta cultural de los jóvenes se combinó de maneras complejas con la política. Aunque compartiera con la izquierda un mismo espíritu de rebeldía, no siempre hallaron el modo de compatibilizarse. El PRT-ERP, por ejemplo, fue famoso por los valores francamente puritanos que inculcó a sus miembros: condenaron el adulterio como conducta «burguesa» impropia de un militante. Aunque las mujeres participaron en un número muy importante, el machismo fue la norma dentro de las organizaciones políticas, por más radicalizadas que fueran en otros aspectos. La homosexualidad —tomada como signo de falta de hombría— no tenía lugar (los militantes de esa orientación en general debieron ocultarla). El Frente de Liberación Homosexual intentó acercarse a Montoneros y a agrupaciones marxistas, pero ninguna se mostró receptiva.

Con la música y el estilo en el vestir hubo rechazos similares. El pico de politización de los jóvenes, entre 1972 y 1974, coincidió con el momento de mayor vitalidad de la cultura rockera, que se hizo también canción de protesta. En marzo de 1973, las bandas más famosas del momento se prestaron para tocar en un recital a favor del regreso de Perón, al que asistieron veinte mil personas. Pero muchos activistas rechazaban a los que con desprecio llamaban «los hippies», a quienes culpaban de adoptar conductas propias de los norteamericanos y de no comprometerse en las luchas del momento. El arte rupturista y experimental, como el que promovió el Instituto Di Tella desde 1958, también enfrentó prejuicios similares.

A diferencia de lo que había sido la norma en las primeras décadas del siglo, cuando la izquierda había estado a la vanguardia del cambio cultural, ahora parecía haber adoptado, en muchos sentidos, una disposición más bien conservadora. Eso no quiere decir que muchos militantes no fueran también, al mismo tiempo, parte de la contracultura rockera (de hecho, muchos llegaron a la política gracias a su paso previo por la escuela de rebeldía que ella proporcionaba). Ni que el mundo del arte no diera muestras de compromiso político, como lo fue, entre otras, la masiva muestra Tucumán Arde montada en Rosario en 1968. Los cruces e intersecciones entre ambos mundos fueron intensos.

Con todo, conviene no exagerar los alcances de la revuelta juvenil, cuyos efectos fueron más limitados en la parte más modesta de las clases populares y fuera de las grandes ciudades. Ni los nuevos hábitos sexuales terminaron con el conservadurismo del orden familiar patriarcal, ni el rock desplazó al chamamé o al folklore (ni mucho menos a la canción melódica), ni el izquierdismo acabó con las creencias religiosas o las preferencias políticas habituales. En Córdoba, la música de cuarteto siguió y aun aumentó su vigencia. Luego de 1960, en Buenos Aires y otros sitios se sentía ya la presencia de la cumbia, un ritmo de raíces africanas e indígenas que venía de Colombia y que iría ganando lentamente el favor del público. Por entonces, ni el cuarteto ni la cumbia se interesaban por cuestiones políticas, ni desafiaban la cultura de los adultos.

La aparición de la televisión —la primera transmisión se realizó en 1951 y llegó a alcanzar un público relevante desde mediados de esa década— ofreció un nuevo y poderosísimo canal para la difusión de mensajes culturales que en general fueron conformistas. Abundaron las telenovelas y las historias de familias modelo (siempre de clase media, porteñas y de tez clara, como la exitosa «La familia Falcón», iniciada en 1962), que reforzaban los valores morales tradicionales y transmitían la idea de que la felicidad pasaba por el espacio privado y el orden paternal, antes que por las gestas políticas colectivas. La televisión también fue un canal para la difusión de productos culturales estadounidenses, cuyos emblemas y mensajes tiñeron la cultura local (el cine argentino, en cambio, hizo bastante lugar a la crítica social y a la militancia izquierdista).

El momento Cámpora

En los años que siguieron al Cordobazo, la historia pareció acelerarse. Trabajadores manuales y de cuello blanco, villeros, campesinos y pequeños productores rurales, peones, estudiantes y cantidad de personas de sectores medios manifestaron sus reclamos y su descontento de múltiples maneras. Con frecuencia se encontraron en las calles, contagiándose mutuamente no solo la bronca, sino también ideas y formas de lucha. Los sueños de un futuro socialista se hicieron carne en un creciente número de personas. El contexto internacional alentaba los vientos de cambio: en 1970, Salvador Allende había asumido como presidente de Chile, anunciando una revolución socialista por medios democráticos.

Tras la caída de Onganía, el amplio movimiento antidictatorial terminó de comprobar que tenía en sus manos un decisivo poder destituyente. Estaba en condiciones no solo de influir en las decisiones del gobierno, sino incluso de provocar su caída. A pesar de su heterogeneidad, las clases populares amenazaban con convertirse en un sujeto político unificado en su oposición tanto al gobierno como al conjunto de las élites dominantes. No hizo falta demasiada perspicacia para darse cuenta de que el crecimiento del descontento indicaba la necesidad de encontrar una salida política que pusiera fin a la dictadura.

Con esa misión asumió en 1970 el general Roberto Levingston. Su primer ministro de Economía, de orientación liberal, trajo bajo el brazo otra drástica devaluación. Tras el fracaso de esa política, la cartera pasó a manos de Aldo Ferrer, un economista de visión opuesta, que creía en la necesidad de una fuerte intervención del Estado para avanzar en el desarrollo. Otra vez el péndulo y un cambio brusco de orientación. Hostilizado por el gran capital por sus medidas económicas heterodoxas y tras el «Viborazo», una nueva pueblada en Córdoba, en 1971, Levingston debió dejar la presidencia en manos del general Alejandro Lanusse, decidido a abandonar del todo las metas que el régimen militar se había propuesto en 1966 para limitarse, en cambio, a asegurarle una retirada digna.

El nuevo dictador propuso así un Gran Acuerdo Nacional (GAN) para conformar un gobierno de transición que contara con el apoyo de la UCR y del peronismo. La idea era involucrar a Perón en negociaciones, con la esperanza de que dejara de alentar desde su exilio en España a las tendencias más radicalizadas. Sin embargo, Perón hizo precisamente lo contrario: le dio su bendición a la guerrilla a través de uno de sus discursos. Los diversos movimientos y organizaciones populares rechazaron unánimemente la propuesta de los militares.

Mientras tanto, la represión volvió a alcanzar niveles espeluznantes: el 22 de agosto de 1972, diecinueve militantes de organizaciones guerrilleras que estaban presos en una base militar cerca de Trelew, recapturados tras un intento de fuga, fueron fusilados por orden de la Armada. Ese mismo año el caos de la economía, la rebeldía en las fábricas, fuertes huelgas de gremios de sectores medios, las tomas de universidades y varias puebladas en el interior finalmente obligaron a abandonar la estrategia del GAN y convocar a elecciones urgentes. Los antiperonistas habían esperado que el «problema Perón» se resolviera por su desaparición física —en 1972 el líder ya tenía 77 años—, pero esa eventualidad se demoraba; a esa altura ya estaba claro que la única salida era permitir que regresara para que él mismo reorganizara su movimiento, de modo de evitar que cayera del todo en manos de la CGT o de la izquierda peronista.

Como Perón no aceptó el condicionamiento de Lanusse de regresar inmediatamente al país, no pudo postularse él mismo para las elecciones. Eligió, en cambio, que su partido, como cabeza de un frente más amplio, fuera representado por Héctor Cámpora, quien le aseguraba lealtad incondicional. El llamado a comicios, al menos por un momento, produjo el efecto que esperaban los militares. Los Montoneros interrumpieron la lucha armada y poco después el ERP decretó una tregua a medias y anunció que no atacaría blancos del gobierno (en la práctica, eso no trajo grandes diferencias: militares y empresarios siguieron estando en el foco de sus acciones). Las puebladas prácticamente desaparecieron. Toda la energía y las expectativas se concentraron en las elecciones.

Contrariando las expectativas de los militares, Cámpora obtuvo el 49,5% de los votos con una ventaja muy amplia sobre su contendiente de la UCR, y el 25 de mayo de 1973 asumió como nuevo presidente, en una ceremonia a la que asistieron los máximos dignatarios del Chile y la Cuba revolucionarios. El sentido de cambio inminente era tan embriagador que una buena parte de la gran multitud que celebró la asunción en las calles se dirigió luego al penal de Devoto y liberó sin más a los numerosos presos políticos allí detenidos (en otras cárceles del país hubo acciones similares). La Tendencia Revolucionaria del peronismo adquirió una notoria influencia en el aparato de Estado, que incluyó dos ministerios, ocho diputados propios, cinco gobernadores que simpatizaban con los Montoneros y el cargo de Rector de la UBA.

La retirada de los militares dio lugar a una oleada de luchas de base de todo tipo, caracterizadas especialmente por la toma u ocupación de los establecimientos, no solo fábricas sino también hospitales, escuelas, municipalidades, inquilinatos, teatros, hoteles, radios, canales de televisión, etcétera. En apenas doce días, a comienzos de junio, se produjeron más de quinientas tomas de todo tipo en todo el país.

Las primeras medidas del nuevo gobierno parecieron confirmar los vientos de cambio. José Gelbard, designado al frente del ministerio de Economía, promovió entre las entidades patronales y la CGT un «pacto social» que estableció pautas para la reactivación económica y la redistribución del ingreso y que incluyó un aumento general en los salarios (paso previo a su congelamiento) y la fijación de precios máximos para los bienes de consumo masivo. Además, Gelbard prometió enviar al Congreso un paquete de leyes que incluía la nacionalización de los depósitos bancarios, el control estatal del comercio exterior, una reforma impositiva que gravaba más a los que más tenían, una ley agraria que establecía un impuesto a la renta de la tierra y favorecía a los pequeños productores y una nueva norma que imponía fuertes regulaciones a las inversiones extranjeras. Pocas de estas propuestas —que la patronal y los sectores de la élite vieron con enorme preocupación— se convirtieron en ley, pero aun así consolidaron la imagen de Cámpora como el presidente del cambio. El giro a la izquierda parecía haber llegado por fin al Estado. Ahora nada podría detenerlo (o al menos esa era la esperanza que muchos albergaban).

Perón de regreso

La «primavera camporista», sin embargo, duró solo cuarenta y nueve días. Pocos imaginaron que sería el propio Perón el encargado de desactivar las promesas de cambio. Desde el mismo día en que regresó al país se notaron signos de que no tenía ninguna intención de permitir que la Tendencia Revolucionaria de su movimiento siguiera creciendo. El 20 de junio de 1973, una multitud que se calcula en más de un millón de personas se congregó en el aeropuerto de Ezeiza para recibir al viejo líder. Se trató de la concentración más grande en la historia del país; aproximadamente la mitad de los presentes se habían movilizado detrás de las banderas de la JP y otras de la Tendencia.

Pero lo que debió ser una fiesta se convirtió en una masacre. Grupos peronistas de derecha, comandados y financiados por funcionarios cercanos al propio Perón, abrieron fuego sobre la multitud, con el resultado de al menos trece muertos y más de trescientos sesenta heridos. Los malos presagios no terminaron allí. Cámpora pronto tuvo que renunciar y se convocaron nuevas elecciones que, el 23 de septiembre, dieron la victoria a Perón por un abrumador 62% de los votos. Su esposa, María Estela Martínez («Isabelita») lo acompañó como vicepresidenta, según proponía el ala derecha del partido, que carecía de base social, pero ocupó un lugar de creciente influencia. La dirigencia de la CGT tuvo una participación central en la campaña; irónicamente, se volvió cada vez más «verticalista» a medida que Perón se fue mostrando bien dispuesto a sacarle las dos espinas que tenía clavadas en los pies: la guerrilla y el clasismo. Como compartían los mismos enemigos, la burocracia sindical se acercó a los pequeños grupos de la derecha peronista, con los que comenzó a actuar coordinadamente.

Por su parte, desde sus discursos Perón se ocupó de dejar en claro que era necesario generar «anticuerpos» para eliminar del movimiento a los sectores más radicalizados. A días de que asumiera la presidencia, la policía allanó las principales librerías porteñas y secuestró libros de autores izquierdistas. También, desde muy temprano Perón hizo desplantes públicos a referentes de la Tendencia, especialmente después de que, en septiembre, los Montoneros asesinaran a José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT, uno de los jefes de la derecha peronista y estrecho colaborador del líder.

Los llamados a la «purga» que lanzó entonces coincidieron con la formación de un nuevo grupo parapolicial, el más poderoso de todos: la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, liderada por el secretario personal y ministro de Bienestar Social de Perón, José López Rega, y por Alberto Villar, designado jefe de la Policía Federal (nunca se probó que el propio Perón hubiera avalado su creación, pero hay indicios que apuntan en ese sentido). Desde fines de 1973 y durante los siguientes dos años, la Triple A asesinó a referentes de la izquierda —tanto marxistas como peronistas— en un número difícil de establecer, pero que como mínimo se sitúa en los cuatrocientos, pero pudo haber superado el millar; también amenazaron y forzaron a emigrar a muchos otros. Además, Perón obligó a renunciar a varios gobernadores cercanos a la Tendencia y a todos los diputados que respondían a ella. La ruptura con los Montoneros finalmente llegó en el acto de celebración del 1º de mayo de 1974. Ese día se explicitaron, en la guerra de cánticos, las profundas diferencias del movimiento: mientras unos coreaban «Perón, Evita, la patria socialista», otros reemplazaban el final por «la patria peronista». Las columnas de la Tendencia terminaron de sacar a Perón de sus casillas cantando «¿Qué pasa general?/ Está lleno de gorilas/ el gobierno popular», a lo que el líder respondió tratándolos de «estúpidos» e «imberbes». Proferidos los insultos, los cerca de sesenta mil manifestantes que había aportado la Tendencia se retiraron de Plaza de Mayo, dejando expuesta la ruptura.

El mar de fondo del carácter represivo del gobierno de Perón fueron las crecientes dificultades económicas, similares en más de un sentido a las que habían marcado el final de su segunda presidencia. Desde entonces se había repetido con regularidad, aproximadamente cada tres años, un ciclo similar de crisis, seguidas de políticas de austeridad que solían incluir una devaluación, la reducción del gasto público y la disminución del crédito, cuyos efectos combinados generaron siempre una contracción del consumo y, con ella, de la producción manufacturera.

La caída industrial finalmente terminaba «solucionando» los cuellos de botella que se producían periódicamente en la balanza de pagos, cada vez que los gastos por importaciones (para consumos variados, pero esencialmente para comprar las maquinarias y materiales que requerían las fábricas) superaban los ingresos por exportaciones, que solo proveía el sector rural. Tras la contracción del sector industrial, la balanza se equilibraba y el ciclo volvía a empezar con una nueva fase de crecimiento. Las crisis cíclicas, combinadas con la inestabilidad política, habían dado lugar a políticas económicas de bruscos cambios y bastante erráticas. En respuesta a presiones o preferencias personales, cada gobierno había beneficiado a algún sector específico de la economía.

Las medidas de largo plazo, continuadas en el tiempo, estuvieron completamente ausentes. Así y todo, el panorama industrial no era malo: a pesar de las crisis y la conflictividad laboral, la producción manufacturera se fue desarrollando y el conjunto del sector creció de manera sostenida entre 1963 y 1975. A comienzos de esa última década incluso se estaba exportando maquinaria, vehículos y productos siderúrgicos y químicos. Aun con sus dificultades, la sustitución de importaciones iba dando sus frutos, pese a lo cual persistían sectores tradicionales —como el textil, de electrodomésticos, calzado o alimentos— que seguían siendo poco eficientes y dependían de la protección estatal.

Perón mantuvo en el ministerio de Economía a Gelbard y sostuvo el pacto social que él había propuesto. Aunque el eje de su programa era la protección del mercado interno, apuntaba asimismo a estimular las exportaciones rurales y también las industriales, cuyas perspectivas en estos años fueron buenas, lo que alivió el problema de la balanza de pagos. La economía pronto se había encaminado por la senda del crecimiento, y la inflación, que en 1972 era galopante, se había detenido. Las clases populares recuperaron la participación en la distribución del ingreso que habían ganado hacia 1950 y que desde entonces no había hecho sino deteriorarse: para 1974, la proporción del ingreso total del país que quedó en manos de los asalariados volvió a situarse por encima del 44%. Pero, para fines de 1973, las dificultades volvieron a asomar. El Estado había aumentado sus gastos de manera considerable, lo que acentuó el problema del déficit fiscal. Gelbard había conseguido inicialmente evitar que los empresarios generaran inflación para contrarrestar las subas de salarios que obtuvieron los trabajadores. El acuerdo era, sin embargo, muy endeble.

En 1974, un contexto internacional desfavorable por el alza del precio del petróleo comenzó a golpear la economía argentina. Como la recesión a nivel mundial vino acompañada de inflación, los empresarios que utilizaban bienes importados redoblaron sus presiones para acabar con el congelamiento de precios. Y como el gobierno cedió y autorizó subas, eso inevitablemente repercutió en mayores demandas de aumento salarial, en un círculo que fue erosionando el pacto día tras día. La burocracia sindical intentó contener los reclamos, por lo que se multiplicaron en este momento los conflictos en los que las bases desbordaban a los dirigentes. Con frecuencia asumieron la forma conocida como «huelga salvaje»: luchas autoorganizadas con métodos de acción directa (incluyendo la toma de rehenes o la disposición de tanques con líquidos inflamables alrededor de una fábrica como autodefensa). Estas pequeñas rebeliones fabriles formaron parte de un clima de radicalización del movimiento obrero que le fue otorgando un mayor poder a los órganos de base, como las comisiones internas, cuerpos de delegados y comités de huelga, que en ocasiones consiguieron formar listas «antiburocráticas» que compitieron exitosamente en algunas elecciones gremiales.

Perón, que comprendía desde mucho antes que el poder que ganaban las bases obreras minaba el suyo propio (aun cuando los obreros se declaraban peronistas leales), reaccionó ampliando las facultades de la burocracia y la ayudó a retener el control. La dirigencia sindical, por su parte, acentuó sus prácticas «gangsteriles», con el empleo de matones armados para amedrentar a trabajadores «díscolos» (incluso colaboró en ocasiones con los grupos parapoliciales). Por el momento, sin embargo, ni las nuevas atribuciones legales ni los métodos violentos fueron siempre efectivos para desactivar las luchas de base. En marzo de 1974 se produjo una de las más resonantes, el «Villazo» de la localidad santafesina de Villa Constitución, uno de los mayores polos metalúrgicos del país. Una verdadera pueblada se desarrolló allí en apoyo a una huelga obrera que terminó en una resonante victoria para los trabajadores.

Al mismo tiempo, la represión fue asumiendo modalidades inéditas. A finales de febrero de 1974, en la revoltosa Córdoba, donde los obreros automotrices habían conseguido aumentos salariales superiores a lo conveniente, el jefe de la policía provincial, Domingo Navarro, encabezó un golpe de Estado en el que colaboraron grupos de choque de la burocracia sindical. Como resultado de este «Navarrazo» (así se lo conoció), el gobernador, que era cercano a la Tendencia, fue derrocado. Perón, lejos de condenar la acción y restituir al funcionario depuesto, decretó la intervención de la provincia, colocando como nuevo gobernador a un militar que puso en marcha una política fuertemente represiva. La dictadura se adueñaba así de una de las principales provincias.

Nada de esto alcanzaba, sin embargo, para contener la rápida erosión del pacto social. En un contexto de creciente presión inflacionaria, fracasó la gran negociación paritaria de 1974. Acorralada entre dos fuegos, la CGT hizo malabares para obtener aumentos lo suficientemente modestos como para no poner en riesgo el pacto, pero suficientemente altos como para que las bases no la sobrepasaran por completo. La situación amenazaba con salirse de control, a tal punto, que en junio Perón amenazó con renunciar. Tres semanas después, un paro cardíaco le provocó la muerte.

El fallecimiento de Perón, el 1º de julio de 1974, a la edad de 78 años, conmovió a las clases populares como pocos acontecimientos de la historia nacional. Cientos de miles de personas se acercaron a saludar su féretro en el Congreso de la Nación. A pesar del curso que iba tomando su gobierno y de las crecientes dificultades del país, como a Evita, los más humildes lo lloraron sin consuelo.

La muerte de Perón dejó al país sin el único dirigente con suficiente autoridad como para contener las explosivas tensiones que venían acumulándose. Isabelita, carente de toda experiencia, asumió la presidencia, posición en la que fue blanco fácil de las presiones de la derecha y de la patronal. Los empresarios se lanzaron inmediatamente a la ofensiva (especialmente los rurales, que forzaron el abandono de todas las medidas programadas para gravar la renta de la tierra y combatir el latifundio). Gelbard debió renunciar, lo que puso fin al intento de concertación económica. El pacto social fue reemplazado por políticas que cada vez de manera más abierta favorecieron al gran capital, especialmente el financiero.

Las dificultades económicas, que ya eran visibles en la segunda mitad de 1974, se acentuaron durante el año siguiente. La producción cayó abruptamente, la inflación alcanzó tasas altísimas, la balanza comercial terminó de desequilibrarse y comenzó a aumentar el endeudamiento externo. El salario real, que todavía en 1974 había subido, experimentó una caída del 4,1% en 1975.

Mientras todo esto sucedía, en el movimiento obrero las bases seguían ganando una creciente independencia y encabezando luchas de gran radicalidad. El gobierno respondió profundizando el rumbo represivo, mientras la Triple A intensificó sus ataques contra delegados gremiales y militantes de base. Montoneros retomó entonces las acciones clandestinas y, entre otras, asesinó a uno de los jefes de la organización parapolicial, el comisario Villar. El 6 de noviembre de 1974, Isabelita declaró el estado de sitio por tiempo indeterminado y, a comienzos de febrero, dispuso que el Ejército se ocupara de tareas de represión interna. Las provincias del Noroeste fueron puestas bajo control de los militares, que organizaron en Tucumán el llamado «Operativo Independencia», por el que pronto acabaron con el foco que el ERP había establecido allí pocos meses antes. Pero el Ejército no se limitó a combatir a la guerrilla, sino que aprovechó para exterminar a numerosos activistas y militantes de organizaciones no armadas en varios pueblos y ciudades. Las prácticas de tortura, las detenciones en centros clandestinos y las «desapariciones» se volvieron moneda corriente en esa zona. La dictadura se apropiaba así de otra provincia.

El avance represivo no se dirigió solo a la guerrilla y a las bases del movimiento obrero. Desde agosto de 1974, el Ministerio de Educación fue colocado en manos de derechistas. Las universidades fueron intervenidas y como rector de la UBA se designó a un fascista declarado, que promovió la expulsión de numerosos profesores y el encarcelamiento de centenares de estudiantes. La Triple A, por su parte, redobló los asesinatos de intelectuales, periodistas, políticos y abogados de izquierda. Desde el Estado hubo también medidas destinadas a controlar la revuelta juvenil, incluso en aspectos que, en apariencia, no se vinculaban con lo político. Antes de la muerte de Perón, un decreto que llevaba su firma prohibió la venta libre de anticonceptivos y canceló todo apoyo estatal a las actividades de control de la natalidad; las mujeres fueron llamadas a retomar su «natural deber» maternal. En septiembre de 1974, el Congreso aprobó una nueva ley de estupefacientes con medidas más duras contra el consumo de drogas. Las razias —que desde 1973 se habían hecho más esporádicas— volvieron a asolar los recitales de rock.

Mientras tanto, la espiral inflacionaria se profundizó y, con ella, la crispación de los ánimos entre los asalariados. En las paritarias de marzo de 1975, los aumentos obtenidos fueron considerables, pero imprevistamente el gobierno dio un golpe de timón y se negó a homologarlos. A comienzos de junio, un nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, implementó un paquete de medidas brutales que pasó a la historia como el «Rodrigazo» y que significó un enorme perjuicio para el bienestar de la mayoría de la población. La moneda fue devaluada en un 100%, se aplicaron tarifazos a los combustibles y la electricidad y se liberaron los precios antes controlados. Las negociaciones salariales fueron anuladas y postergadas hasta 1977. El objetivo del plan era generar una disminución del consumo interno, de modo de reequilibrar así la balanza comercial. Por otro lado, se buscaba bajar el déficit fiscal. En la práctica, el plan significaba una fenomenal transferencia de ingresos en desmedro de los asalariados y pequeños comerciantes y empresarios locales, a favor de los banqueros y de los sectores exportadores, especialmente los agroganaderos. Era la primera vez que un gobierno peronista adoptaba una política tan marcadamente antipopular.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata. Huelgas y tomas de fábricas estallaron especialmente en Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires. Una amplia gama de gremios se incorporó a la lucha, no solo trabajadores manuales, sino también docentes, transportistas, estatales, periodistas, médicos, trabajadores de la salud, judiciales, etcétera. Ante la intensa presión de las bases, la CGT se vio obligada a llamar a un paro general el 27 de junio, pero acompañado de una movilización de apoyo a la presidenta. Las bases, sin embargo, desbordaron ampliamente a la dirigencia: ese día marcharon cien mil personas a Plaza de Mayo exigiendo la ratificación de las paritarias, la renuncia de Rodrigo y también la de López Rega. Como el gobierno no cedía, una ola de movilizaciones espontáneas inundó el país. En esos días el edificio de la CGT se vio rodeado cotidianamente por manifestaciones de obreros que le exigían que se pusiera al frente de la lucha.

Finalmente, la central debió ceder y convocó a una huelga general de 48 horas para el 7 y 8 de julio, que paralizó el país. Era el primer paro general que se realizaba contra un gobierno peronista; el movimiento obrero cuestionaba no solo a la patronal, sino ahora también al gobierno. Y con tanta fuerza que consiguió las renuncias de López Rega y Rodrigo así como la derogación de la mayoría de sus recientes medidas (algo que, sin embargo, no llegó a tiempo para salvar de la ruina a miles de pequeños y medianos empresarios, comerciantes y trabajadores independientes). Los grandes empresarios y los sectores exportadores, por su parte, ensayaban inéditos métodos de presión, como una serie de paros agrarios y el desabastecimiento de carne provocado por la retención del ganado o, en febrero de 1976, un lock out.

Mientras tanto, los Montoneros —que desde septiembre de 1974 habían retomado las acciones armadas— venían en franco crecimiento: para 1975 contaban con unos cinco mil combatientes y milicianos, organizados con rangos y estructura castrense. Para entonces ya se hacían sentir los efectos negativos de una excesiva tendencia a la militarización. Sus atentados y «ajusticiamientos» políticos fueron cada vez más indiscriminados. El imperativo de fortalecer el poderío militar complicaba sus relaciones con el movimiento obrero. Algo similar sucedió con el PRT-ERP, que también experimentó una creciente tendencia al militarismo. La vida en la clandestinidad y las expectativas que su propia ideología alimentaba los aislaron en un mundo propio, alejado de la realidad cotidiana de los trabajadores comunes; la organización se mostró poco sensible a los cambios en el escenario político. Sus acciones armadas ignoraron cada vez más cualquier consideración de oportunidad, víctimas o consecuencias.

El dilema del empate

La derrota del plan pro patronal de Rodrigo terminó de convencer al empresariado exportador y del sector financiero de la necesidad imperiosa de infligir una derrota definitiva al movimiento social, para poder así reorganizar el capitalismo argentino de acuerdo a sus necesidades. No era solo el temor frente a la posibilidad de que la enorme movilización se orientara a una salida socialista. Incluso si ello no hubiese estado en el horizonte de lo posible (algo que entonces estaba lejos de ser obvio), la constante puja salarial, los límites que los trabajadores ponían a los intentos de incrementar la productividad, la facilidad con la que lograban arrancar al Estado políticas a su favor, todo eso ponía en jaque la estabilidad y viabilidad futura del sistema económico que deseaban.

Los cambios en el plano internacional agregaban una cuota de presión cada vez más intensa. El período de conflictos y desorden económico abierto entre las dos guerras mundiales se había cerrado con los Acuerdos de Bretton Woods que los principales países occidentales firmaron en 1944. El pacto ponía en marcha un nuevo orden financiero global, con el dólar como patrón de cambio. Nuevas instituciones estuvieron a cargo de asegurar condiciones óptimas para el flujo del capital. El Fondo Monetario Internacional, establecido al año siguiente, se ocuparía de mantener la estabilidad financiera y de monitorear a los países para que redujeran las regulaciones estatales, abrieran sus economías y tuvieran una política monetaria ortodoxa. El Banco Mundial, creado el mismo año, les ofrecería préstamos para su capitalización. A partir de 1947, la presión por el libre comercio se complementó con un Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, antecedente de la actual Organización Mundial del Comercio), que iría forzando a cada nación a reducir la protección a sus industrias.

Se trataba, en fin, de toda una arquitectura de gobierno global controlada por los países más ricos y por grupos de presión corporativos, que asumía poderes por sobre los gobiernos nacionales. No surgía del voto popular ni estaba sometida a ningún control de la ciudadanía. De hecho, los intelectuales que concibieron algunas de las entidades que dieron cuerpo a este ordenamiento, como el neoliberal Friedrich Hayek, sostenían precisamente que se debía proteger a los mercados de toda interferencia procedente de la política democrática.

El modelo económico ortodoxo que propició ese entramado de entes chocó durante algún tiempo con visiones diferentes, que recomendaban un papel más activo del Estado, en especial en los países subdesarrollados. Pero de cualquier modo, la presión combinada del mercado mundial, de los organismos internacionales, de la diplomacia estadounidense y de actores locales fue logrando que la tendencia de las economías nacionales de cerrarse sobre sí mismas se revirtiera. En la década del setenta el sistema capitalista mundial se embarcó decididamente en lo que luego comenzó a llamarse la «globalización».

Las corporaciones internacionales y los países ricos exigieron cada vez con mayor fuerza el fin de la protección estatal a las economías nacionales y la concesión de una libertad total a los empresarios para mover sus inversiones aquí y allá, sin ninguna restricción, según sus conveniencias. Como resultado, los países pobres fueron forzados a competir para ver cuál ofrecía los salarios más bajos, cuál cobraba menos impuestos y brindaba oportunidades extraordinarias sin hacer demasiadas preguntas. Por todas partes los movimientos obreros se debilitaron y la desigualdad comenzó a crecer.

El nuevo orden global se fue abriendo paso también en la Argentina. Fueron dictaduras las que decidieron la participación del país en los nuevos organismos de gobierno económico: la Libertadora aprobó el ingreso al FMI y al Banco Mundial, y Onganía, al GATT. Paralelamente, referentes del liberalismo local, como Álvaro Alsogaray y Federico Pinedo, se conectaron con algunas de las figuras señeras del pensamiento neoliberal, como Hayek, y comenzaron a difundir sus ideas sobre la necesidad de reducir las funciones del Estado al mínimo y librar al mercado a su propia dinámica. El problema era que buena parte de la industria argentina no estaba en condiciones de competir: si se abría la economía, muchas empresas irían inevitablemente a la quiebra. Pero eso no les importaba demasiado a los sectores financieros ni a los exportadores, que deseaban reapropiarse de los fondos que se usaban para proteger a la industria «ineficiente».

Existía un ribete político que hacía muy difícil adoptar el curso que exigían esos sectores. Desde 1945, el desarrollo industrial orientado al mercado interno y la presión del movimiento social se habían combinado para crear una de las sociedades con mejor distribución del ingreso y menos desempleo del continente. Cualquier medida económica que vulnerara a la industria «ineficiente» también afectaría los niveles de empleo y de ingreso de los trabajadores. Había una suerte de coincidencia parcial de intereses entre las clases populares y los pequeños y medianos productores locales: a ambos les convenía sostener tanto la protección del mercado interno como el freno a las políticas (llamadas) «modernizadoras» impulsadas por el capital internacional, un sector de los grandes empresarios locales, los banqueros y los intereses agroexportadores. Tal coincidencia parcial de intereses venía dando lugar a la formación de alianzas políticas defensivas que, al involucrar no solo a un poderoso movimiento social sino también a parte de la burguesía y de los sectores medios, resultaban imbatibles (las frecuentes coincidencias entre la CGE y la CGT y el apoyo policlasista al peronismo eran sus manifestaciones más visibles).

En buena medida, la inestabilidad política del país en las últimas décadas se debía a ello: los grupos económicamente más poderosos solo podían gobernar recurriendo a golpes de Estado, que a su vez no conseguían doblegar las resistencias de la sociedad civil. Pero estas tampoco eran lo suficientemente poderosas como para derrotar a los intereses del gran capital financiero y exportador. La situación marcaba una especie de empate, en el que nadie podía tomar firmemente las riendas de la república. El péndulo económico era su síntoma más claro. La creciente espiral de violencia parecía anunciar que el desempate en favor de uno de los polos vendría por la fuerza.

Así, política y economía estaban fuertemente entrelazadas: para tocar a la una había que ocuparse también de la otra. Desde el punto de vista de las clases dominantes, se impuso la necesidad de reorganizar profundamente los lazos sociales, forzar a los pequeños y medianos empresarios a adaptarse al nuevo escenario o perecer, disciplinar rápidamente a las clases trabajadoras, quebrar los lazos de solidaridad que las unían con parte de los sectores medios, restaurar las jerarquías sociales, en fin, destruir las bases que nutrían la enorme vitalidad de la política popular. Para decirlo con un término que en esta época empezaron a utilizar algunas figuras de la derecha, había que terminar con «el populismo». Y estaba cada vez más claro no solo que Isabelita no estaba a la altura de la tarea, sino que, para lograr sus objetivos, habría que quitar de en medio, al menos por un tiempo, los límites que imponían las leyes e instituciones democráticas. El horizonte de la dictadura se avizoraba, una vez más, inexorable.

El avance de la dictadura

De hecho, la dictadura se fue imponiendo de manera paulatina todavía con Perón en la presidencia. El «Navarrazo» había dejado instalada una de tipo limitado sobre el territorio cordobés y, ya con Isabelita, el Noroeste había quedado bajo mando militar. Inmediatamente después de la caída de Rodrigo, los planes para la instauración de una dictadura en toda la nación se hicieron evidentes. La propia Isabelita le abrió el paso, intentando dejar en pie un último barniz de legalidad. Así, con el visto bueno de la CGT, se apoyó en las Fuerzas Armadas para garantizarse la gobernabilidad y puso el Ministerio del Interior en manos de un militar con amplios poderes. Para septiembre el Ejército ya tenía intervenidas catorce provincias y participaba cada vez más en las decisiones del gobierno. En octubre, un decreto autorizó al Ejército a «aniquilar el accionar de los elementos subversivos» en todo el territorio nacional. Que la «subversión» por aniquilar no era solo la de los guerrilleros estaba claro. Los medios de comunicación presentaron entonces insistentemente a los militares como la mejor solución para poner también coto a la «guerrilla fabril», según la engañosa expresión que difundieron en esos días el líder de la UCR Ricardo Balbín y otras figuras.

Finalmente, el 24 de marzo de 1976, un golpe militar planeado con mucha anticipación derrocó sin dificultades al gobierno. La nueva dictadura contó con el apoyo activo del sector financiero y empresarial casi sin fisuras, de los Estados Unidos y el FMI, de la Iglesia y de los principales medios de comunicación. También recibió el apoyo pasivo de buena parte de la población, harta del escenario cotidiano de violencia política y crisis económica, y que creyó que los militares traerían el ansiado regreso al orden. El nombre que los golpistas eligieron para el nuevo régimen —Proceso de Reorganización Nacional— fue bien indicativo de sus verdaderas intenciones. Aunque irrumpieron con la excusa de la lucha contra la guerrilla (que en verdad para entonces ya estaba bastante desarticulada), sus objetivos fueron mucho más amplios: buscaban sentar las bases para un profundo cambio en el modelo de país.

La estrategia del Proceso fue doble. Por un lado, especialmente durante el mandato del primer presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, los militares desataron una represión sin precedentes en la historia nacional: un plan sistemático de secuestro, tortura y «desaparición» de miles de personas. Toda la operación se llevó a cabo en las sombras, ocultándola al público, para lo cual se establecieron trescientos cuarenta centros clandestinos de detención en todo el país. Además, los «grupos de tareas» que ejecutaban los secuestros y torturas con frecuencia se quedaban con los bienes de sus víctimas y, a veces, las obligaban a cederles los títulos de sus propiedades. Cientos de niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio fueron apropiados por sus captores, entregados a allegados o abandonados en instituciones, privados de su identidad.

La cantidad total de víctimas de ejecución o de desaparición forzada todavía no ha sido determinada con exactitud. Sobre la base de estimaciones de los propios militares y de documentos confidenciales, el movimiento por los derechos humanos calculó entonces que el número total podría ascender a 30.000. A pesar de las dificultades para el registro —los dictadores llamaron al silencio y ordenaron destruir toda la documentación relacionada—, hasta el momento se ha logrado documentar con nombre y apellido cerca de nueve mil desaparecidos, pero sin dudas el número total es superior (se conocen casos de familias que prefirieron no reportar los secuestros). Las víctimas se repartieron en todo el país, pero principalmente en las regiones en las que las luchas sociales fueron más intensas. Entre los casos documentados, un 17,9% eran empleados y un 30,2%, obreros; la enorme mayoría estaba constituida por jóvenes entre 16 y 30 años. Del total, 30% fueron mujeres, gran parte de las cuales además padecieron violaciones sistemáticas durante el cautiverio, un modo complementario de afirmar el poder militar por vía de la restauración brutal de la autoridad masculina. Los prisioneros que además eran judíos u homosexuales por lo general recibieron tratos particularmente sádicos.

Las víctimas no fueron solo guerrilleros. Muchos delegados sindicales de base sufrieron igual suerte (en 1976, el foro empresario Idea recomendó delatarlos y existen fuertes indicios de que algunas empresas, como Mercedes-Benz o Ingenio Ledesma, colaboraron con las autoridades entregando «listas negras» de los que eran demasiado demandantes). También fueron víctimas representantes estudiantiles y docentes, monjas y sacerdotes comprometidos con los más humildes, abogados de presos políticos, periodistas y académicos independientes, artistas contestatarios y, en general, personas que de cualquier manera participaban del vasto movimiento que se había desarrollado en los años previos.

Al número de desaparecidos se deben sumar también unos nueve mil detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en cárceles comunes y al menos veinte mil personas que debieron marchar al exilio (algunos cálculos hablan del doble).

La modalidad y magnitud del exterminio hizo del Proceso una dictadura incomparable a las anteriores; fue también la más sangrienta de las que hubo en Sudamérica. El objetivo del plan represivo fue acabar con los mejores referentes sociales y paralizar al resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier resistencia y «despolitizar» la vida nacional. Se intentó incluso terminar con cualquier forma de aglomeración callejera. Una fiesta tradicional como el carnaval resultó prohibida por decreto. En Córdoba, la música de cuarteto fue totalmente excluida de las radios y la televisión, y en los bailes abundaron las razias.

La represión también se propuso «limpiar» el espacio público de toda presencia plebeya: el gobernador de facto de Tucumán, por ejemplo, ordenó en 1977 meter a todos los mendigos de la capital provincial en un camión y abandonarlos en un páramo desierto, mientras que en Buenos Aires las topadoras se ocuparon de «blanquear» la ciudad, haciendo desaparecer de la vista las villas de emergencia.

Los inmigrantes de países limítrofes fueron hostilizados de diversas maneras (incluyendo la deportación) y se impusieron restricciones más severas a su ingreso al país, para preservar —según informó un funcionario— la «calidad» de la población. La emancipación juvenil, la contracultura y las sexualidades disidentes fueron combatidas sin tregua. Alrededor de ocho mil docentes «sospechosos» fueron despedidos de escuelas secundarias y universidades. Cientos de artistas, intelectuales y escritores debieron callar o se limitaron a sostener actividades discretamente, en «catacumbas».

Mientras los militares despejaban así el camino, un grupo de especialistas fuertemente ligados a los intereses de los sectores exportadores y financieros tomó las riendas de la economía. Buscaron replicar el camino que los Chicago boys —jóvenes graduados de la Universidad de Chicago, faro de la ortodoxia económica— venían ensayando en Chile bajo la feroz dictadura de Pinochet, uno de los primeros experimentos neoliberales del mundo

El principal ministro de Economía fue José Alfredo Martínez de Hoz, antes presidente del Consejo Empresario Argentino, con quien los golpistas venían trabajando en secreto desde 1975. Su persona encarnaba la continuidad de la vinculación entre la clase dominante argentina y la violencia de Estado: pertenecía a la familia del estanciero del mismo nombre que fundó la Sociedad Rural en 1866 y recibió luego como cesión una enorme porción de la tierra incorporada tras la Conquista del Desierto. Los elencos que lo acompañaron y sucedieron tuvieron la impronta del llamado establishment, un grupo de economistas liberales vinculados a empresas y a los Estados Unidos que se repetía en la función pública. El propio Martínez de Hoz ya había sido ministro en el gobierno de Guido. Ricardo Zinn, uno de sus asesores, ocupó cargos con Frondizi, Levingston y Lanusse, y había diseñado el «Rodrigazo» (más adelante oficiaría como asesor para las privatizaciones de Menem y como mentor de Mauricio Macri). Roberto Alemann, al frente de la cartera desde fines de 1981, ya había desempeñado esa función bajo Frondizi y había sido embajador de Guido ante los Estados Unidos. Su sucesor, José María Dagnino Pastore, había sido ministro de Economía de Onganía. Adolfo Diz, doctorado en economía en Chicago bajo la guía de Milton Friedman —uno de los mayores referentes mundiales del neoliberalismo— fue designado al frente del Banco Central; antes había sido director ejecutivo del FMI y funcionario de Onganía.

La alianza de este grupo con Videla fue facilitada por una sutil modificación en la ideología militar. Desde que las Fuerzas Armadas adoptaron la Doctrina de la Seguridad Nacional, el eje de su nacionalismo se había ido desplazando. Ya no se trataba, como antaño, de promover un orden orgánico antiliberal, ni la grandeza nacional mediante faraónicos planes industrialistas. Apuntaba a algo más modesto: contener el comunismo y asegurar la pertenencia del país al bloque «occidental y cristiano» liderado por Estados Unidos. El debilitamiento del componente antiliberal e industrialista no se verificó en todos los oficiales —muchos mantuvieron ideas previas—, pero sí en algunos de los que condujeron la dictadura, como Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, lo que habilitó una nueva confluencia con los sectores que proponían el mercado como el gran disciplinador de una sociedad cuyo desorden —según el pensamiento de los uniformados— contribuía a la difusión de las ideas subversivas. De hecho, el discurso con el que llegaron esta vez los golpistas no era autoritario, elitista o corporativo, como el que había primado en dictaduras anteriores, sino más bien liberal-republicano: lo que venían a hacer, en palabras de Videla, era acabar con «el populismo», la demagogia y la corrupción y crear así las condiciones para «una auténtica democracia republicana» tal y como la que indicaba la Constitución.

El programa económico de la dictadura contó con un férreo apoyo de los Estados Unidos, del FMI y de los bancos, lo que permitió a Martínez de Hoz permanecer cinco años en su cargo, una duración inédita para la inestabilidad habitual del país. Sus puntos centrales fueron un fortísimo endeudamiento externo que infló la deuda en más de un 700% (especialmente, a favor del FMI), la apertura irrestricta a la entrada de capitales y la desregulación de los servicios financieros, la devaluación de la moneda, una baja generalizada de los aranceles aduaneros que protegían la producción local, severos recortes en algunas áreas del gasto público, la reducción de los impuestos directos al capital (compensados por mayor tributación aplicada sobre el consumo) y de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social, la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían entonces y la decisión de pasar a manos privadas áreas enteras de algunas de las restantes y de administrarlas de un modo que las volvía ineficientes.

El efecto combinado de estas políticas resultó devastador. Fue la primera dictadura decididamente enemiga de la industria (aunque esa animadversión no fuese unánime entre los militares), la primera que coincidió con la visión librecambista ortodoxa de los sectores exportadores, que era a su vez la que propiciaban los principales voceros del capitalismo global. El sector industrial, que a pesar de todos los vaivenes previos venía en crecimiento, se redujo en cerca del 20% por la desaparición de numerosas empresas, incapaces de competir con los productos importados que inundaron el mercado.

Una enorme cantidad de pequeños establecimientos comerciales también quebró. Unos pocos grupos empresarios locales e internacionales concentrados, como Techint y Bunge y Born o los vinculados a las familias Bulgheroni, Macri, Pérez Companc y Fortabat, acapararon desde entonces lo fundamental del poder económico. Fueron especialmente exitosos aquellos que producían commodities —como derivados del petróleo, aluminio, celulosa o cemento—, tuvieron un pie en el sector financiero y también lograron establecer alguna relación prebendaria con el gobierno militar. El eje de la economía se corrió al sector financiero. Para 1982, el PBI per cápita era 15% menos que el de 1975.

Por efecto de la desaparición de fuentes de trabajo y las limitaciones a la actividad sindical, el valor real de los salarios se desplomó en un 40%. La distribución del ingreso se volvió más regresiva: la participación de los asalariados en el PBI pasó del 45% que había alcanzado en 1974 a un 34% en 1983. En el mismo período, las tasas de desocupación y subocupación —que en 1974 eran muy bajas— aumentaron, lo mismo que el trabajo en negro y las formas precarias del cuentapropismo. Por otro lado, numerosas disposiciones gubernamentales se tradujeron en pérdidas de derechos específicos para los trabajadores.

El beneplácito de los empresarios con la nueva campaña de exterminio y con las medidas económicas fue tal que incluso en 1979, cuando el escándalo por las violaciones a los derechos humanos motivó cuestionamientos de la comunidad internacional, un centenar de entidades —entre las que se contaban la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, el Consejo Empresario Argentino y la Asociación de Bancos Argentinos— salieron a declarar conjuntamente su apoyo incondicional al régimen (algunas pidieron incluso que, si se volvía a un gobierno civil, se lo eligiera mediante el voto restrictivo).

Más allá de esos sectores, una buena parte de la sociedad recibió a los militares con beneplácito y hubo otra porción que los siguió apoyando incluso luego de sospechar o conocer sus acciones criminales. Tras el caos de 1975, la restauración de la autoridad estatal les trajo alivio y muchos la replicaron a nivel micro: hubo en estos años un aumento del autoritarismo en los lugares de trabajo, en las escuelas y en el ámbito doméstico promovido desde arriba, pero también aplicado de manera espontánea por la gente común. Con pocas excepciones, la prensa colaboró en justificar el accionar represivo y ocultar sus crímenes así como en promover el respeto a la autoridad en todos los órdenes. Los máximos dirigentes de la UCR y de otras agrupaciones —incluyendo algunos peronistas— tuvieron con los militares, en los primeros cinco años, una actitud más bien cooperativa.

Pero a pesar del terror reinante, de la ambigüedad o colaboracionismo de las dirigencias y de la manipulación informativa, algunos sectores de la población fueron encontrando el modo de resistir la dictadura. Desde 1978 volvieron las huelgas, en general breves, y al año siguiente, de mayor duración. El 27 de abril de 1979, un comité formado por algunos dirigentes cegetistas convocó una Jornada Nacional de Protesta, que alcanzó un acatamiento cercano al 40%. A partir de entonces las luchas obreras fueron en ascenso. En 1980 hubo varias tomas de fábricas, algunos paros importantes, numerosos «paros sorpresivos» de corta duración (para evitar la represión) y experiencias de coordinación clandestina de algunos gremios a nivel nacional. A mediados del año siguiente se produjo una verdadera oleada de huelgas y la CGT se animó a convocar un paro nacional el 22 de julio por mejoras salariales y por la «plena vigencia del Estado de derecho», que resultó de alto acatamiento.

A fines de ese año los trabajadores comenzaron a ganar nuevamente las calles con manifestaciones masivas en las que no faltaban cánticos contra los militares; los principales partidos políticos comenzaron a reemerger y se agruparon en una Multipartidaria para reclamar, por ahora tímidamente, el fin de la tutela de las Fuerzas Armadas. El 30 de marzo de 1982, la CGT convocó a los trabajadores a la Plaza de Mayo, y ese día los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad duraron hasta la noche. Simultáneamente, en casi todas las ciudades del interior hubo manifestaciones similares.

Las pocas aglomeraciones públicas que seguían estando autorizadas fueron escenario, en ocasiones, para la manifestación del descontento. Los cánticos contra los militares se fueron haciendo habituales en los recitales de rock, que durante 1976 y 1977 tuvieron una creciente concurrencia. El fútbol fue un terreno más ambiguo. Los dictadores pusieron enorme atención y cuantiosos fondos en la organización del Mundial de Fútbol que tuvo a la Argentina como anfitriona en 1978 y que concluyó con la victoria de la selección nacional, lo que brindó una vidriera local e internacional en la que los militares pudieron exhibirse como gestores de un nuevo y exitoso país (el propio Videla asistió a la final). Sin embargo, no siempre el fútbol les daría alegrías: dos años más tarde el general Roberto E. Viola, sucesor de Videla, debió soportar una cerrada silbatina cuando se aventuró a la cancha de Rosario Central.

Con la asunción de Ronald Reagan como presidente estadounidense en enero de 1981, el plano internacional dio a la dictadura un respiro. El nuevo mandatario mantuvo excelentes relaciones con los dictadores argentinos y ya no produjo el tipo de molestias que su antecesor les había generado con sus cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos. Pero a pesar de todo el apoyo que recibieron y del silenciamiento forzoso de la población, los militares no consiguieron ordenar la economía. Sus políticas, de hecho, profundizaron los problemas existentes. La crisis y la inflación fueron disolviendo rápidamente el respaldo que habían cosechado inicialmente. Durante 1981 hubo otra brusca devaluación y la inflación superó el 100% (en 1983 sobrepasaría el 400%). Por entonces, entre los argentinos y argentinas que podían hacerlo, terminó de arraigar la costumbre de comprar dólares para preservar los ahorros y también la de dolarizar los contratos y los precios.

Mientras la crisis golpeaba a la mayoría, en 1982, el gobierno implementó medidas por las que el Estado terminaba haciéndose cargo de las deudas en dólares que las grandes empresas habían contraído en el exterior, lo que significó una enorme transferencia de dinero público al bolsillo de un puñado de empresarios, entre los que se contaban varios bancos, la cementera Loma Negra, el grupo Macri, Bunge y Born y la petrolera Pérez Companc. La deuda externa se multiplicó y, en 1983, el pago de sus intereses ya se llevaba el 40% de los ingresos del Estado. El déficit aumentó de manera pronunciada y los acreedores externos empezaron a condicionar la continuidad de su financiamiento. Además, por la misma época se detuvo el ciclo expansivo que venía experimentando la agricultura pampeana.

Para entonces, los desentendimientos entre las tres Fuerzas Armadas, que habían estado presentes desde el principio —se habían repartido ministerios y dependencias públicas que manejaban con pobre coordinación, cada una al modo que mejor le parecía—, se volvieron inocultables. Además, la impunidad de la que gozaban tanto las bandas represivas como la jerarquía militar pronto dio lugar a toda una industria de ilícitos, que iban desde secuestros extorsivos hasta la articulación de redes mafiosas de tráfico de armas o de droga. La corrupción se expandió en todos los niveles del Estado. A todo ello se sumaron las rivalidades entre facciones del Ejército, que agregaban su parte al desgobierno. El general Viola, de los sectores considerados «blandos», terminó siendo removido por la junta militar y en su reemplazo asumió un «duro», el general Leopoldo Galtieri. Esperando recuperar algo de apoyo, el 2 de abril de 1982, el nuevo mandatario se lanzó a ocupar las islas Malvinas, lo que condujo a una absurda guerra con Gran Bretaña (anteriormente, los dictadores habían estado a punto de desatar otra con Chile por desacuerdos por el trazado de la frontera en el canal de Beagle).

La bravuconada de Galtieri, lejos de conducir a la recuperación de las islas, interrumpía avances diplomáticos y movimientos de la política británica previos que tendían a la devolución de la soberanía a la Argentina. Sin embargo, en el corto plazo pareció rendir sus frutos: una enorme ola de entusiasmo nacionalista embargó a todos los sectores políticos y sociales y puso en sordina las críticas al gobierno. Sin embargo, la derrota no tardó en llegar: tras 45 días de combate, vino la rendición. La aventura dejaba un tendal de 649 muertos del lado argentino —la mayoría, conscriptos de 18 o 19 años traídos de algunas de las zonas más pobres del país—, más 255 del británico y 3 isleños. El pobre desempeño de las Fuerzas Armadas en los campos de batalla le puso fecha de vencimiento a la dictadura. Mientras duró el conflicto, los medios de prensa habían transmitido noticias que anunciaban una contundente victoria argentina; de un día para otro, la población estupefacta tuvo que tomar conciencia del desastre. La indignación fue inmediata. La guerra, además, terminó con la amistad prodigada por Reagan, quien de manera previsible debió apoyar a sus aliados británicos.

El final de los años de plomo

Tras la derrota de Malvinas, Galtieri debió dejar su cargo. Con la conducción militar cada vez más sumida en el desconcierto y las rencillas internas, la presidencia quedó en manos del general Reynaldo Bignone, decidido a acelerar los tiempos para entregar el poder a los civiles. Hasta antes de la guerra los dictadores habían discutido planes para una futura transición en la que las Fuerzas Armadas conservarían un lugar político decisivo y en la que los partidos tradicionales, culpables del «populismo» y del desgobierno previos, serían reemplazados por otros nuevos, uno de los cuales —esperaban— encarnaría el proyecto del Proceso y ganaría el favor popular. Pero ahora todos esos planes estaban sepultados. Mientras los sectores «duros» fantaseaban con reimponer una fuerza a todas luces perdida, Bignone intentó maniobrar para conseguir una retirada ordenada que garantizara, al menos, impunidad para los crímenes cometidos.

Mientras tanto, el descontento iba en aumento. A fines de 1982 y en marzo del año siguiente se convocaron huelgas generales que tuvieron alto acatamiento no solo entre los trabajadores: también se plegaron espontáneamente pequeños comerciantes y otros sectores medios. También a fines de ese año se registraron protestas vecinales espontáneas en el Conurbano bonaerense contra los aumentos de impuestos. La lucha en defensa de los derechos humanos que algunos organismos, las valientes Madres de Plaza de Mayo y otras entidades de familiares habían iniciado en soledad en 1977 comenzó a atraer mayor atención y no tardó en ganar las calles. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían comenzado la larga búsqueda de sus nietos. En ese contexto, los partidos políticos fueron asumiendo una actitud opositora que no habían mostrado en los años previos.

Con todo, no fue la presión política ni popular —como había sucedido en 1973— lo que empujó a la dictadura en retirada, sino su propio e inapelable colapso en todos los frentes. Desde comienzos de 1983 venía en caída libre. La economía se hundía y el manejo del Estado era cada vez más caótico. El régimen había perdido casi todos sus apoyos locales e internacionales (a partir de estos años, Estados Unidos comenzó a ser más cauto a la hora de patrocinar golpes de Estado, y en toda América Latina se produjo un giro hacia gobiernos civiles). Incluso desde la Iglesia —que había tenido hasta entonces una actitud francamente colaboracionista— surgieron en ese momento voces críticas. Solo las entidades empresarias que los habían sostenido en los años anteriores los acompañaron hasta el final. En ese marco, Bignone debió convocar a elecciones para octubre de ese año.

Los meses de campaña electoral se sucedieron en un clima de renacimiento político y de extraordinario entusiasmo. Los partidos políticos tradicionales, despreciados hasta hacía poco, recibieron un maremoto de nuevos militantes; un 30% del padrón se afilió a alguno de ellos, especialmente al peronista, pero también masivamente a la UCR. En 1981 había fallecido Ricardo Balbín, dirigente histórico de los radicales —muy colaborativo con los militares—, por lo que la conducción del partido quedó para el carismático Raúl Alfonsín, que venía adoptando desde antes una postura más opositora. Las ordenadas elecciones internas que lo llevaron a ser el candidato presidencial contrastaron con el aspecto caótico de las de los peronistas, que enfrentaron, por momentos con violencia física, a sus diversas facciones. Los sectores sindicales hicieron valer su peso y el candidato resultó Ítalo Luder, de temperamento mucho más desabrido que el de su rival, y que además cargaba con el desprestigio de haber formado parte del gobierno de Isabelita.

La campaña electoral fue vibrante. Mientras que los peronistas retomaron en buena medida sus consignas y estética tradicionales, Alfonsín consiguió conectarse bien con un nuevo clima social que, tras la experiencia de los años setenta y de la dictadura, ansiaba una política más consensual y alejada de la violencia. Sus discursos no fueron antiperonistas, aunque sí denunciaron la existencia de un «pacto sindical-militar». Además, anunció que, de ser electo, repudiaría la ley de autoamnistía que habían dictado los militares (a diferencia de Luder, que la consideró un dato inmodificable). El eslogan radical «Somos la vida», opuesto al peronista «Somos la rabia», lo decía todo.

El resultado de los comicios fue bastante inesperado. Alfonsín se impuso con el 52% de los votos y una distancia de diez puntos que lo separaba de Luder. Por primera vez el peronismo caía derrotado en elecciones limpias, señal de que un ciclo histórico estaba llegando a su fin. La UCR triunfó incluso en el bastión peronista de la provincia de Buenos Aires con un candidato bastante poco conocido, lo que da la pauta de que se había volcado hacia ella una porción importante de las clases bajas, que esta vez había optado por no votar por su partido habitual.

Luego de que, en diciembre de 1983, Bignone pasó los atributos de mando al presidente electo, los militares se retiraron humillados. Se iban sin haber cumplido la mayoría de sus objetivos. No habían conseguido la continuidad civil que esperaban, con un gobierno en manos de un nuevo partido de derecha que los representara. De hecho, en 1983 no hubo ninguna fuerza de derecha que obtuviera un caudal relevante. El peronismo había sido derrotado —lo que no era poco— pero por la UCR, a la que consideraban parte del problema «populista». Peor aún, estaba en manos de un líder como Alfonsín que le dio un tinte decididamente progresista y antimilitar y que anunció una política económica, otra vez, apoyada en el fortalecimiento del mercado interno y del poder de compra de los asalariados. Por lo demás, el peronismo retenía una gran fuerza electoral y controlaba el Senado. Y la fuerza de los sindicatos tampoco había menguado en la medida que esperaron los dictadores.

Sin embargo, el Proceso tuvo dos logros valiosos desde el punto de vista de los sectores empresariales que lo apoyaron. Cuando se levantó el telón de plomo que había caído sobre la sociedad, poco quedaba de ese poderoso movimiento de orientación izquierdista que había sido anteriormente protagonista central de la política argentina. El terror caló tan profundamente en toda la población, que logró transformar de manera duradera la cultura política y los vínculos entre las personas. Y en lo económico, los cambios fueron irreversibles. Desde la gestión de Martínez de Hoz, la Argentina se volvió un país enormemente vulnerable y dependiente del sistema financiero internacional. La deuda externa —que antes del Proceso tenía un tamaño muy poco relevante— se volvió impagable y un instrumento para el drenaje permanente de excedentes hacia el exterior. Los mandatos y condicionamientos del FMI y de los grandes empresarios y banqueros locales impondrían en el futuro una pesada hipoteca sobre las posibilidades de volver a un modelo económico más favorable a las mayorías.

El Proceso no había conseguido dejar un nuevo orden económico estable y en buen funcionamiento, ni había hallado el camino para crear una fuerza política derechista capaz de atraer el voto popular, ni tampoco pudo barrer de la escena a los partidos «populistas». Pero a cambio había atado de pies y manos al Estado, que ya no podría adoptar una orientación diferente de la que le indicaran los sectores financieros y exportadores. El empate de las décadas previas concluía con la victoria de esos grupos. Los militares se fueron humillados en 1983, pero los sectores de la élite que los impulsaron a tomar el poder en 1976 podían sentirse satisfechos.

CAPÍTULO 6

La democracia devaluada

Entre las promesas ciudadanas y el neoliberalismo, de Alfonsín a Macri (1983-2019)

En 1983, pocos entendían todavía cuánto se había transformado el país por efecto de la dictadura. Por lo pronto, el cambio más evidente fue el de la cultura política. Y se lo vinculó menos a la herencia militar que a la victoria de la UCR. Ambas, sin embargo, se relacionaban en este punto de manera compleja. A su modo, también Alfonsín traía la promesa de inaugurar un tiempo nuevo que dejaría atrás la Argentina peronista, la del desorden y la conflictividad social. Durante la campaña proselitista y en su gobierno, a cambio de los grandes anhelos colectivos previos —la justicia social, el desarrollo nacional o el socialismo—, Alfonsín revistió de una nueva legitimidad a una aspiración más modesta: la democracia. «Con la democracia se come, se cura y se educa» fue uno de sus eslóganes más famosos, con el que intentó dotar a la misma palabra «democracia» de cierto contenido social y progresista. El imperativo era ahora apegarse a la democracia y fortalecer las instituciones y la cultura republicanas como horizonte necesario y suficiente para el país. Su legado más perdurable fue precisamente en ese plano: a partir de estos años la sociedad argentina —que no había dado grandes muestras de aprecio por ella en el pasado— empezó a otorgarle a la democracia un valor superlativo.

El proyecto alfonsinista convocó a la sociedad toda a unirse detrás de ese objetivo y a dejar atrás los enfrentamientos del pasado. Pero la ciudadanía que debía sustentar ese proyecto de civismo democrático era la misma que había animado profundos conflictos de clase y una espiral de violencia hasta hacía pocos meses. Encontrar un punto de apoyo requería reeducarla; más aún, construir un nuevo sujeto democrático. Para hacerlo, Alfonsín y las figuras políticas e intelectuales que lo acompañaron tomaron elementos de diversas procedencias y los combinaron en un poderoso relato. Por un lado, abrevaron en la larga tradición cívica de la UCR y en algunos motivos clásicos del republicanismo liberal: el respeto de los derechos y garantías que establecía la Constitución, la importancia del sufragio, del debate pluralista de ideas y de la búsqueda de consensos que debían canalizarse a través de las instituciones, antes que por la negociación corporativa entre grupos de interés, que había sido la regla en las décadas previas. A esos elementos agregaron la idea de que existían «derechos humanos» que debían anteponerse a cualquier otra consideración, una noción por supuesto más antigua, pero que el movimiento de oposición a la dictadura había puesto en el centro de la discusión.

La eficacia de esas nociones descansó en el modo en que se las entrelazó con una nueva narrativa, conocida como la «teoría de los dos demonios». No la inventó Alfonsín —surgió en algunas voces del movimiento de derechos humanos antes del fin de la dictadura— pero sí fue su gobierno el que la convirtió en doctrina de Estado. La teoría proponía que la culpa por la violencia de los años previos recaía exclusivamente en los mandos militares y en la cúpula de las organizaciones guerrilleras. Eran esos dos grupos más bien pequeños, uno situado a la derecha y el otro a la izquierda, los que habían desatado el horror; en ese sentido, su responsabilidad era equivalente. Además, se los condenaba en términos morales, sin hacer demasiadas preguntas por sus proyectos políticos y sus apoyos sociales. El resto de la población había quedado atrapada entremedio de ellos y era víctima pasiva de sus violencias. Su responsabilidad y participación quedaron así soslayadas, de modo de dejar al conjunto de la sociedad libre de culpa y cargo y lista para abrazar la causa democrática.

Se indujo entonces a olvidar dos cuestiones cruciales: que la dictadura había tenido un gran nivel de apoyo civil (especialmente empresarial) y que otra parte de la población igualmente importante —y no solo los líderes guerrilleros— había luchado por un mundo nuevo sin preocuparse demasiado por respetar las formalidades democráticas. Olvidado todo ello, el repudio se podía focalizar rápidamente, lo que permitía avanzar en una condena veloz y dar vuelta la página.

La visión que propuso el alfonsinismo resultó enormemente persuasiva para una sociedad que deseaba dejar atrás el pasado lo antes posible. El clima mundial también aportó lo suyo: eran tiempos de giro a la derecha y de abandono de las utopías e ideales rebeldes que habían caracterizado las dos décadas previas. El modelo de civismo democrático progresista proponía una condena explícita a las atrocidades de los militares tanto como al fanatismo de los líderes guerrilleros. Aunque de manera más paternalista, también se alejaba de esos ingenuos «jóvenes idealistas» que fueron víctimas de unos y otros. Y tampoco era ya el tiempo de poner los intereses corporativos por encima de los del país: era hora de terminar con los desbordes de los sindicatos y con la retórica de lucha y resistencia propia del peronismo. Era el tiempo del diálogo y del consenso, no de la fuerza ni del conflicto. La nueva Argentina democrática no tenía nada que ver con el pasado militar o guerrillero, pero tampoco con el marxista o el peronista.

Este nuevo relato que trajo la restauración democrática inevitablemente se reflejó en las identidades sociales. La confianza en el trabajador como figura central del cambio anhelado, que en los años previos había animado tanto al izquierdismo como al peronismo, perdió su lugar. El nuevo ideal de civismo se encarnó implícitamente en la «clase media». En efecto, la victoria de Alfonsín fue interpretada como la victoria de esa clase, que supuestamente ponía fin a la indebida gravitación del elemento plebeyo en la historia nacional. Con el triunfo de la clase media, suponían, se volvía a un «país normal» regido por la moderación, la racionalidad, la paz social y el respeto a las instituciones. Incluso en el vocabulario político se tendió a reemplazar las referencias al «pueblo» o «los trabajadores» por otras como «la gente», una categoría que no daba lugar a imaginar diferencias sociales entre las personas.

Hay indicios de que este modo de ver las cosas caló también en el mundo de las clases populares. Probablemente la derrota del movimiento revolucionario, el descrédito del peronismo y de la CGT y las expectativas que despertó el triunfo alfonsinista contribuyeran a que se expandiera también entre ellas la identidad de clase media, que avanzó a costa del orgullo trabajador. Hija de esa derrota política y cultural, la democracia inaugurada en 1983 se fundó, paradójicamente, más en el desdibujamiento de las clases populares como actor político que en su protagonismo. Muchos imaginaron que con ello se fortalecía el nuevo civismo democrático. Pero la historia posterior demostraría que el efecto era el contrario: era la propia ciudadanía, la soberanía popular en general, la que se vaciaba de significado.

El momento Alfonsín (1983-1989)

El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió la presidencia acompañado de una enorme ola de entusiasmo que depositó en la transición democrática —tal como lo proponía el discurso oficial— expectativas de cambio profundo. El modo enérgico con el que el nuevo presidente avanzó en el desmantelamiento del aparato de impunidad que habían montado las Fuerzas Armadas antes de irse generó en muchos una sensación de empoderamiento, la idea de que por fin esta vez la democracia se imponía sobre el poder militar. Apenas haber asumido, Alfonsín derogó la autoamnistía que habían decretado los militares y constituyó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), formada por personalidades independientes, que produjo poco después un escalofriante informe sobre los crímenes de la dictadura. Titulado Nunca más, se transformó rápidamente en uno de los textos más influyentes de la historia argentina; «Nunca más» fue desde entonces la consigna que expresó el compromiso indeclinable con la democracia.

Lo que siguió fue inédito: por decisión presidencial, en 1985, los nueve miembros de las tres juntas militares que habían ejercido el poder luego de 1976 y algunos otros altos jefes fueron sometidos a juicio en un tribunal civil. Los jueces determinaron que no había existido ninguna «guerra» que justificara sus acciones, que quedaban así tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Cinco altos jefes recibieron condenas —algunos, a reclusión perpetua— y quedaron en prisión. Se trató de un juicio sin precedentes en el mundo, que fijó un estándar para otros casos de violaciones a los derechos humanos: era la primera vez que un pueblo conseguía condenar a sus propios dictadores en sus propios tribunales. Para equilibrar, en sintonía con la idea de los «dos demonios», Alfonsín emitió otro decreto por el que se sometería a proceso a las conducciones de Montoneros y del ERP, las que también terminarían condenadas.

Con esas condenas a sendos «demonios», Alfonsín pretendía concluir el proceso de revisión del pasado. Pero el «Juicio a las juntas» abrió una dinámica inesperada. El movimiento de derechos humanos se fue enemistando con el gobierno y presionó para que se juzgara a todos los responsables (también repuso el dato omitido de la complicidad de los sectores empresariales y financieros). Por todo el país hubo jueces que se lanzaron a investigar las responsabilidades de otros altos mandos militares e incluso de mandos intermedios, lo que incrementó el nerviosismo en los cuarteles. Alfonsín reaccionó con una medida que inició la pendiente del desencanto: en 1986 consiguió que el Congreso votara la Ley de Punto Final, que puso una fecha límite para el inicio de nuevas acusaciones. Mientras preparaba otra que limitaba la responsabilidad de los mandos medios, se produjo un alzamiento militar.

Durante la Semana Santa de 1987, el teniente coronel Aldo Rico se acuarteló en Campo de Mayo junto con otros sediciosos, a los que se llamó «carapintadas». Esta vez no se proponían dar un golpe de Estado, sino reclamar el fin de los juicios y la reivindicación del accionar represivo de las Fuerzas Armadas. El alzamiento no tuvo réplicas en otros cuarteles, pero ninguno se mostró dispuesto a reprimirlo, lo que dejaba al gobierno en una posición difícil. En cambio, hubo una inmensa reacción popular en defensa de la democracia. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles por todo el país. Una multitud desbordó Plaza de Mayo y se manifestó dispuesta a dirigirse a Campo de Mayo. Todas las fuerzas políticas y entidades de todo tipo respaldaron enérgicamente al presidente. Se trató de una encrucijada decisiva para la naciente democracia.

Alfonsín reaccionó de manera vacilante. Aceptó la exigencia que le planteaban y viajó personalmente en helicóptero a entrevistarse con los amotinados, a los que prometió medidas para limitar el alcance de los juicios. Al regresar a la Casa de Gobierno se dirigió a la multitud allí reunida con términos que parecieron justificar a los carapintadas e informó que habían depuesto las armas. Deseó a todos «felices pascuas», aseguró que «la casa está en orden» y llamó a la desconcentración. Días después presentó al Congreso la Ley de Obediencia Debida, que establecía que los militares hasta el rango de coronel no podrían ser sometidos a juicio, ya que se los consideraba obligados a cumplir cualquier orden que les dieran sus superiores. Como la de Punto Final, esta ley fue aprobada con el voto de parte del peronismo. La actitud de Alfonsín y las «leyes de impunidad» —así las llamó el movimiento de derechos humanos— generaron un profundo desánimo: la ilusión de que la movilización de la gente común y la voluntad general podían derrotar a los factores de poder quedaba herida de muerte. La magia del momento 1983 se había extinguido.

La concesión de Alfonsín, además, ni siquiera sirvió para garantizar la calma en los cuarteles; de hecho, la debilidad oficial les dio mayores ínfulas. Rico se alzó una vez más en 1988, y su colega carapintada Mohamed Alí Seineldín hizo lo propio más tarde ese mismo año y una vez más en 1990. La disposición que las Fuerzas Armadas no mostraron para reprimir a los sediciosos de sus filas la tuvieron sin embargo con creces en enero de 1989, cuando desplegaron todo su poder para aplastar a un pequeño grupo izquierdista, el Movimiento Todos por la Patria, que intentó copar el cuartel de La Tablada, y luego fusilaron en secreto a algunos de los que habían capturado con vida. Tras el episodio, Alfonsín cedió nuevamente ante los militares y creó un Consejo Nacional de Seguridad que en los hechos les daba participación en tareas de seguridad interna, algo que la ley prohibía.

En otras áreas de gobierno, los años de Alfonsín mostraron vacilaciones similares, con avances parciales, retrocesos y oportunidades perdidas. Con la Iglesia, las relaciones fueron muy malas: la jerarquía eclesiástica receló desde el principio de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos que inevitablemente mostrarían —como lo hicieron— su involucramiento en el plan represivo. Rechazaron los juicios a los militares y pidieron una «reconciliación»; también se habituaron a fustigar a la naciente democracia, en cuyo espíritu progresista veían signos del avance de la inmoralidad. A pesar de esa oposición, la libertad de expresión se amplió y el presidente consiguió hacer aprobar dos leyes cruciales que habilitaron el divorcio vincular y la patria potestad compartida. Pero fracasó, en cambio, a la hora de introducir las reformas educativas que tenía en mente al convocar a un ambicioso Congreso Pedagógico Nacional, que resultó copado por grupos católicos. Así y todo, la vida universitaria y en general la cultura florecieron, en parte por el regreso de artistas e intelectuales que habían marchado al exilio. El teatro, la televisión, la literatura, el ensayo y el cine —con los exitosos filmes La república perdida y La historia oficial, entre muchos otros— se ocuparon de tematizar los horrores de la dictadura.

Alfonsín también intentó modificar el conjunto de leyes que regulaban la vida gremial de un modo que limitaba el poder de la burocracia, pero a su vez debilitaba a los sindicatos. La máxima dirigencia de la CGT cerró filas para resistirlo. La oposición de parte del peronismo, que controlaba el Senado, volvió imposible la reforma, tras lo cual el gobierno viró radicalmente en su política y trató de ganarse el apoyo de los gremialistas con concesiones o incluso sumándolos a cargos de gobierno. En un escenario de ajuste económico, nada de eso evitó que la CGT, conducida por Saúl Ubaldini, tuviese en general una actitud confrontativa, que incluyó la convocatoria a trece paros generales.

Con los grandes empresarios las relaciones fueron igualmente tensas, y los intentos de afirmar la autoridad estatal bastante más inconsistentes. Alfonsín fustigó a la «patria financiera» y, al asumir, aseguró que se analizaría cada uno de los certificados de préstamos que las empresas habían transferido al Estado cuando este decidió estatizar la deuda externa de los privados, sobre los que pesaba la sospecha de que en buena medida eran fraguados. También se evaluó revisar quiebras, subsidios y transferencias de empresas fraudulentos avalados por la dictadura (el caso más escandaloso era el de Papel Prensa, cuyos dueños habían sido obligados a ceder la propiedad a los tres diarios más importantes, Clarín, La Nación y La Razón). Aunque nada de todo eso sucedió, los inicios heterodoxos del gobierno de Alfonsín y la posibilidad de que revisara todo ello le ganaron una clara antipatía del sector empresario.

En política exterior fue un presidente activo. Entre sus mayores logros estuvo el de resolver el diferendo con Chile por el canal de Beagle con un arreglo refrendado por una inédita consulta popular, y firmar con Brasil el acuerdo de libre comercio que en 1991 daría lugar el Mercado Común del Sur (Mercosur), uno de los bloques económicos más importantes del mundo, al que se integrarían también Uruguay, Paraguay y luego Venezuela. Frente a la política estadounidense mantuvo al comienzo una línea independiente, pero esa disposición pronto se volvería menos visible. Al asumir, Alfonsín dejó pasar la oportunidad de desconocer la deuda externa tomada por la dictadura, algo políticamente riesgoso, pero técnicamente posible por la doctrina de la «deuda odiosa» que los propios Estados Unidos ya habían aplicado en varias oportunidades. Amagó con formar un «club de deudores» con otras naciones para negociar desde una posición mejor, pero la idea quedó en la nada. El gobierno estadounidense le brindó un amplio apoyó durante su gestión.

El terreno de las mayores vacilaciones fue el de la economía. Al asumir Alfonsín, estaba estancada y con las principales variables fuera de control. Las arcas públicas estaban vacías, el país se encontraba al borde del default, se aproximaban vencimientos de la deuda externa muy onerosos y la inflación seguía siendo muy alta. Durante el primer año, con Bernardo Grinspun como ministro de Economía, Alfonsín aplicó políticas de fomento al consumo y al mercado interno similares a las que había tomado Illia. Por un lapso hubo reactivación y los salarios mejoraron. Pero el riesgo de una hiperinflación y la presión del FMI y de los empresarios orientaron sus decisiones en otro sentido. En 1985, Alfonsín designó a Juan Sourrouille como nuevo ministro y comenzó un giro hacia políticas progresivamente más ortodoxas. Con el llamado Plan Austral aplicó una terapia de shock: precios, salarios y tarifas fueron congelados y el peso fue reemplazado por una nueva denominación: el austral.

Las medidas consiguieron detener la inflación y estabilizar las principales variables. Pero, a fines de 1985, la inflación volvió a hacerse sentir y el gobierno, siempre bajo supervisión del FMI, comenzó a explorar modos de profundizar las reformas en el sentido de un mayor ajuste fiscal, más desregulación de la economía, la privatización de algunas empresas públicas, la disminución de las retenciones al agro y el ingreso de capitales extranjeros. Paralelamente, para tratar de calmar la conflictividad social y ganar el favor empresarial, en 1987, Alfonsín incorporó como funcionarios a personeros de las corporaciones económicas, y en el Ministerio de Trabajo a un sindicalista, lo que no dejaba de ser otro índice de la debilidad del Estado.

A diferencia de las de 1985, que le habían dado una gran victoria, en las elecciones legislativas de 1987 la UCR sufrió un duro revés: perdió el control de la Cámara de Diputados y la mayoría de las provincias que gobernaba, incluyendo la de Buenos Aires, lo que aceleró la pérdida de autoridad del gobierno. En agosto de 1988, tras el fracaso del Plan Austral, se anunció un nuevo paquete de medidas, el Plan Primavera, que profundizaba el rumbo ortodoxo con nuevos congelamientos de precios y salarios y anuncios de un drástico ajuste.

La retórica que acompañó este progresivo viraje se apoyó nuevamente en la necesidad de reformas estructurales y en la ineficiencia del Estado como razón de las penurias (de hecho, aunque no pudo concretarse, se avanzó en un plan de privatización de varias empresas públicas). Pero nada de eso alcanzó para estabilizar la economía; a las dificultades financieras del Estado nacional se sumaban además las de buena parte de las provincias, especialmente Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y el Chaco, cuya situación se volvía desesperante. Los problemas en la provisión de energía eléctrica, que sometieron a la población a constantes cortes programados, empeoraron el humor social y trajeron mayor descrédito a las empresas estatales.

A comienzos de 1989, tras el anuncio del FMI y del Banco Mundial de que limitarían sus créditos a la Argentina, la economía se desmoronó. El gobierno validó una brusca devaluación y la inflación se desató descontrolada hasta llegar a niveles muy pocas veces registrados en el mundo: alcanzó entonces una fabulosa tasa de 3.620% anual. Los precios subían con una velocidad tal que los salarios perdían su valor pocas horas después de pagados. Los índices de pobreza e indigencia treparon a niveles nunca antes registrados: 47,3 y 17,5%, respectivamente.

En medio del caos inflacionario llegaron las elecciones de 1989, que fueron adelantadas a mayo para conveniencia del oficialismo. A medida que su gobierno colapsaba, también la visión progresista planteada por Alfonsín perdió adhesiones de manera progresiva. Al comienzo de su mandato, el descontento había alimentado el crecimiento de una fuerza de izquierda, el Partido Intransigente, que en 1985 había superado el 6% de los votos. Pero pronto la tendencia se revirtió, ayudada por la prédica constante de voces que invitaban a interpretar la crisis de un modo que llevaba agua al molino de la derecha. Luego de 1987, los medios de comunicación se habían entregado a una campaña sistemática sobre la necesidad de desmantelar el «estatismo» —convertido en el gran culpable de las penurias—, liberalizar la economía y acabar con los derechos laborales «abusivos». El mercado, librado a sus propias dinámicas, resolvería todos los problemas. El propio Alfonsín contribuyó a dar credibilidad a esas ideas en sus discursos, aunque fuese de manera más moderada.

Comicio tras comicio fue creciendo la Unión del Centro Democrático (Ucedé) de Álvaro Alsogaray, con un programa neoliberal (en la de 1989 obtendría para sus legisladores casi el 10% de los votos). En ese contexto, Alfonsín propuso como candidato de su partido al gobernador cordobés Eduardo Angeloz, que era todo menos progresista. Durante la campaña anunció que implementaría medidas ortodoxas y realizaría un severo ajuste fiscal en caso de ser electo. Como ministro de Economía para su futuro gabinete sonaba el nombre de Roberto Alemann, que ya había ocupado el cargo durante la dictadura.

Pero fue el peronismo el que capitalizó el descontento. No era el mismo peronismo derrotado en las urnas seis años antes. En 1987, una facción «renovadora» había desplazado de la conducción del PJ a los sindicalistas y a los peronistas más rancios. La encabezaban dirigentes como Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Grosso o José Manuel de la Sota. Habían entendido que las derrotas previas enfrentaban al peronismo a la encrucijada de reformarse o morir. Era necesario «desplebeyizarlo», dotarlo de un aparato partidario con reglas formales y una dirigencia más «moderna» y aceptable para los sectores medios y para el espíritu de civismo democrático que se había instalado. Los renovadores habían trabado alianzas con algunos jefes bien instalados desde hacía mucho en sus provincias, como el riojano Carlos Menem, y cultivaban buenas relaciones con los grandes empresarios (algunos de ellos, como Franco Macri, financiaron su ascenso). Cafiero aparecía como el postulante natural de este grupo, pero imprevistamente, en elecciones internas —algo inédito en el movimiento que había fundado Perón—, Menem lo derrotó y se consagró candidato presidencial.

Menem compitió en los comicios de 1989 con un programa peronista bastante tradicional, que prometía fuertes aumentos salariales —un «salariazo»—, unidad latinoamericana y fomento de la industria, en un frente que incluía al Partido Intransigente y otras fuerzas progresistas y de izquierda. Sus discursos fueron fuertemente nacionalistas y de tono mesiánico. Sus gestos y estética de campaña, bastante aplebeyados; más aún, jugó con parecerse, con sus patillas y cabellos largos, a viejos caudillos federales como sus coterráneos Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza. Contados los sufragios, triunfó con algo más del 47%, lo que da la pauta de que el peronismo de aspecto más bien tradicional todavía podía alcanzar un buen arraigo en la mitad de la población. Aun así, Angeloz consiguió un 37% de los votos, índice del peso electoral que reunían quienes, pese a todo, seguían siendo radicales o encontraban en la UCR el único canal para su antiperonismo. No es un dato menor que, cualesquiera fuesen sus razones, estuviesen dispuestos a apoyar a un candidato con chances de ganar que, por primera vez en la historia, se presentaba con un programa neoliberal (a lo que habría que agregar que Alsogaray, por su parte, obtuvo más del 7% de los votos).

Con la hiperinflación desatada y parte de la población sumida en la desesperación, a fines de mayo de 1989, pocos días después de las elecciones, tuvo lugar una intensa ola de saqueos de comercios, los primeros disturbios por alimento de magnitud de la historia moderna de la Argentina. Como toda respuesta, el gobierno declaró el Estado de sitio y arrestó a la dirigencia del Partido Obrero, un pequeño grupo trotskista, al que acusó sin prueba alguna de haber organizado los asaltos. El traspaso de mando tuvo que adelantarse seis meses porque el mandatario saliente, ya sin poder alguno, no conseguía controlar la situación. Alfonsín se retiró totalmente desprestigiado, convertido en emblema de una amarga desilusión.

De Menem a la Alianza: el triunfo del neoliberalismo

Durante los años de Alfonsín, el mundo había cambiado. Con la asunción de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, las presiones en favor del libre mercado se volvieron más agresivas que nunca. En 1989, el mundo presenció azorado el derrumbe del Muro de Berlín y, dos años más tarde, la desaparición de la Unión Soviética. El capitalismo reinaba ahora sin contrincante. Al mismo tiempo, los países desarrollados encaraban el desmantelamiento de las funciones de bienestar de los Estados que habían instalado anteriormente gobiernos socialdemócratas o progresistas. En palabras de un intelectual estadounidense, había llegado «el fin de la historia»: el capitalismo globalizado de libre mercado exigía ser reconocido como punto culminante de la evolución humana. «No existe alternativa», clamaba Thatcher. El llamado Consenso de Washington tradujo ese imperativo en términos de las reformas que se suponía que debían adoptar los países latinoamericanos, diez mandamientos de política económica ortodoxa que impulsaron el FMI y el Banco Mundial.

Ya la dictadura había hecho un vigoroso intento de reestructurar la economía y la sociedad argentinas según la visión neoliberal. Pero la obra había quedado inconclusa. Luego de su arranque heterodoxo, Alfonsín también había apuntado en esa dirección, pero no avanzó demasiado. Aunque debilitado, el sindicalismo todavía tenía una buena cuota de poder. Y, más importante, el Estado conservaba aún la capacidad de regulación de diversos aspectos del funcionamiento del mercado y controlaba áreas enteras de la economía. Todo eso debía terminar.

En medio de la experiencia traumática de la hiperinflación, hubo quienes advirtieron que la situación podía servir para concluir el trabajo pendiente. La enorme angustia que provocó el descalabro total, el sentimiento de que estaba en riesgo el propio orden social, urgía a deponer intereses particulares y a aceptar cualquier medida que prometiera restaurarlo. El descrédito en el que había caído todo el sistema político, además, otorgó mayor receptividad a los discursos privatistas. Muchos años después, algunos estudiosos comprobaron que los partidarios del neoliberalismo habían utilizado la misma estrategia en otros lugares y la llamaron la «doctrina del shock»: cuando una situación caótica sumerge a la población en el miedo y el desconcierto, se vuelve posible avanzar con medidas «salvadoras» que en tiempos normales jamás serían aceptadas. Si se lo aprovecha inteligentemente, el caos puede transformarse en un gran aliado. De hecho, aunque las evidencias no son concluyentes, es posible que, en el caso argentino, la hiperinflación fuese provocada por los sectores empresariales y financieros más concentrados con la intención de poner de rodillas al sistema político (no solo al presidente saliente, sino al que fuese a ganar las elecciones, sobre todo si era Menem, que hacía campaña con ideas y eslóganes opuestos a los que agradaban al establishment).

En lugar de un golpe de Estado, para algunos estudiosos se trató de un «golpe de mercado». Es difícil probar si fue deliberado, pero es un hecho que en el período previo a las elecciones los productores rurales retrasaron las operaciones de exportación y otros retacearon el pago de impuestos, lo que generó problemas fiscales. A eso se sumó la conducta de grandes empresas que no liquidaron divisas y produjeron corridas cambiarias al abandonar masivamente el austral para refugiarse en el dólar.

Comoquiera que haya sido, lo que siguió a la hiperinflación fue un programa de ajuste neoliberal considerado el más drástico de los que haya noticia. Más de la mitad del electorado no lo había validado con su voto, pero debió aceptarlo como camino inevitable. La Argentina se embarcó en ese rumbo, por lo que fue una verdadera estafa electoral. Al asumir, Menem se afeitó sus patillas caudillescas, cambió sus vestimentas sencillas por trajes de Armani y sorprendió a todos con medidas diametralmente opuestas a las que había anunciado. Se asoció además con Álvaro Alsogaray, un ferviente antiperonista que, irónicamente, se transformó desde entonces en uno de sus aliados más firmes. Desde antes de las elecciones había cultivado discretamente vínculos con Bunge y Born, y su primer ministro de Economía fue el vicepresidente de esa firma. Fue el primero de una serie de ministros de orientación ortodoxa, el más famoso de los cuales fue Domingo Cavallo, que había conducido el Banco Central durante la dictadura, justo en el momento en el que se estatizaron las deudas de las empresas. Cavallo retuvo el cargo por más de cinco años —superó por poco el récord de Martínez de Hoz—, para ser sucedido, ya en el segundo mandato de Menem, por Roque Fernández, un Chicago boy que venía de la Ucedé.

Tras un período de zozobra (que incluyó más saqueos, otra hiperinflación y la expropiación de los plazos fijos, canjeados por bonos a cobrar en diez años), la economía fue recuperando estabilidad. Con la aquiescencia de buena parte de la jerarquía sindical y de casi todo el partido peronista, se eliminaron o redujeron en tiempo récord la mayoría de las protecciones arancelarias a la industria y buena parte de los subsidios (aunque se conservaron unos y otros discrecionalmente para quienes tenían llegada al gobierno). También se privatizaron prácticamente todas las empresas públicas, incluyendo la gigantesca YPF. Se habilitó además a los bancos a erigir Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que ofrecían esquemas de jubilación privada de capitalización individual.

Cavallo consiguió detener del todo la inflación con un audaz programa de shock, que incluía la convertibilidad de la moneda nacional, cuya denominación volvió a cambiar a peso. Por los siguientes diez años no habría devaluaciones y un peso equivaldría a un dólar. El impuesto al valor agregado (IVA), que recaía sobre los consumidores, se extendió a los alimentos y aumentó progresivamente del 13% al 21%, al tiempo que las contribuciones por propiedades, rentas o ganancias permanecieron casi sin cambios, lo que hizo que la estructura tributaria del país se volviera más regresiva. El desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado fue casi total. Los financistas e inversores se beneficiaron de derechos y garantías inéditos para desarrollar actividades a su antojo, sin controles ni restricciones.

Las consecuencias de esas políticas fueron devastadoras. Decenas de miles de empleados estatales fueron despedidos. Ramales enteros del ferrocarril se cerraron como parte de su privatización —la red pasó de tener 35.000 kilómetros a solo 8.000—, por lo que comunidades enteras se transformaron en pueblos fantasma. La competencia de los productos importados profundizó el proceso de desindustrialización que había comenzado en la dictadura. Numerosas quiebras de pequeñas y medianas empresas y comercios dejaron en la calle a decenas de miles de obreros, empleados, técnicos y antiguos propietarios. El Conurbano bonaerense fue la zona que más padeció: en los años noventa desaparecieron allí 5.508 plantas industriales y, solo en el primer lustro, el sector manufacturero eliminó 200.000 puestos de trabajo. Para 1995, el desempleo y el subempleo alcanzaron el 33,8%.

Como durante la dictadura, los que ganaron fueron los grandes empresarios locales y transnacionales —sobre todo los que producían commodities exportables—, los contratistas del Estado y, por supuesto, los sectores financieros, grupos que dieron a Menem un efusivo apoyo. También lo hicieron notorios periodistas y dueños de medios de comunicación que, en un hecho con pocos antecedentes, convocaron directamente a la gente a una manifestación en favor del gobierno, que resultó masiva. Desde 1991 se impulsaron además nuevas leyes que tuvieron consecuencias ruinosas sobre los derechos laborales. Bajo la excusa de la necesidad de «flexibilizar» el empleo, se dio lugar a la subcontratación, la tercerización, el empleo autónomo y los trabajos temporarios. En la práctica, esto significó la extensión de los vínculos laborales encubiertos y del trabajo precario. El empleo no registrado sufrió un gran aumento, pasando del 26,5% en 1990 al 35% en 1999. La duración de la jornada laboral tendió a aumentar, con frecuencia sin aumento de la remuneración. Paralelamente, en los mismos años el llamado «costo laboral» bajó un 62%: se redujeron los aportes patronales a la seguridad social y se modificaron las normas sobre enfermedades laborales y accidentes de trabajo de un modo desventajoso para los asalariados.

Las políticas neoliberales acentuaron también las asimetrías regionales y la tendencia a la reprimarización de la economía. La eliminación de las retenciones por exportaciones del agro generó un importante crecimiento del sector, pero de características que acentuaron la concentración de los beneficios en unos pocos y la tendencia al monocultivo. La difusión de las semillas transgénicas y del uso del glifosato —aprobadas en 1996 en tiempo récord por el secretario de Agricultura Felipe Solá, sin haberse hecho estudios locales de su impacto en la salud— generó una inédita expansión de la soja, que avanzó sobre otros cultivos y sobre la ganadería. La aprovecharon sobre todo los pooles de siembra, grupos de inversores, a veces ajenos al mundo rural, que alquilaban tierras y maquinaria y ponían al frente de la producción a un profesional. Las políticas cambiarias, el aumento del precio de la tierra y la necesidad de grandes inversiones para estar al ritmo de las mejoras técnicas fueron complicando la vida de los pequeños y medianos productores, muchos de los cuales se endeudaron y quebraron.

Por otra parte, la nueva tecnología de la «siembra directa» permitió un ahorro de mano de obra que llegó al 30%, lo que disminuyó las oportunidades de empleo para los peones. Más apta para los suelos de poca calidad, la sojización golpeó particularmente a los campesinos y pueblos originarios, que se vieron presionados a abandonar sus tierras. Además, empeoró dramáticamente el deterioro ambiental, al incentivar la tala indiscriminada de los pocos bosques que quedaban en muchas zonas, lo que a su vez causó problemas de erosión del suelo e inundaciones. El uso masivo de herbicidas dañó la flora autóctona, degradó la calidad de la tierra y existen indicios fuertes de que es causa de una mayor frecuencia de cáncer y enfermedades respiratorias entre los habitantes rurales. Este tipo de consecuencias no se hicieron sentir solo en el agro. En los años noventa, el gobierno entregó permisos a empresas extranjeras para explotar la minería a cielo abierto en diversas partes de la cordillera de los Andes, que quedaron así expuestas a la polución de sus aguas y de sus suelos.

Con todo, el programa de Menem tuvo éxito en volver a poner en marcha el crecimiento de algunos sectores de la economía, gracias a lo cual entre 1991 y 1994 se redujo la tasa de pobreza al 19,7%, mucho menos que en la crisis de 1989, pero igualmente muy por encima de sus niveles de los años setenta. El control de la inflación —que en 1994 por primera vez en veinte años tuvo niveles comparables a los de los países desarrollados— habilitó el regreso de las compras en cuotas, que generaron una breve fiebre de consumo y una sensación ficticia de bonanza económica. El gobierno consiguió colocar bonos entre inversionistas del exterior, lo que le garantizó mayor liquidez, aunque a costa de un abrupto engrosamiento de la deuda externa. Por todo el mundo los partidarios del neoliberalismo hablaron del «milagro argentino» y lo ofrecieron como prueba de que el Consenso de Washington funcionaba.

Los éxitos iniciales, sobredimensionados por la entrada de capitales a causa de las privatizaciones y de las refinanciaciones de la deuda externa que concedió el FMI mientras se aplicaban sus recetas, taparon el creciente desequilibrio de la balanza comercial y el alza del desempleo y permitieron a Menem conseguir su reelección en 1995, habilitada el año anterior por una reforma constitucional acordada con Alfonsín en el llamado «Pacto de Olivos», que le brindó en el Congreso los votos que le faltaban. Su victoria de entonces fue un hito de gran significación en la historia nacional: fue la primera vez que el candidato favorito de las clases altas llegaba al poder mediante elecciones limpias en las que el electorado conocía sus intenciones. Jamás, desde la instauración de la democracia en 1916, los sectores más ricos y poderosos habían conseguido el consentimiento libre de la mayoría de la población para las políticas y los políticos que los representaban. Fue una ironía de la historia que el que alcanzara tal logro fuera precisamente un hombre del peronismo. Pareció el anuncio de que la larga etapa abierta en 1945 llegaba a su fin.

El propio Menem reforzó esa idea con una narrativa que hablaba de una crisis de antigua data que requería un cambio refundacional para la nación. «Vengo a unir las dos Argentinas», dijo en su discurso de asunción, la «de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de Facundo, de Peñaloza y Alberdi, de Pellegrini e Yrigoyen, de Perón y Balbín». Acompañó esa intención con una serie de gestos que apuntaban a cerrar viejas discordias: se abrazó con el almirante Isaac Rojas, uno de los más notorios entre los «gorilas» que habían depuesto a Perón en 1955; suscribió el credo liberal, pero también repatrió los restos de Juan Manuel de Rosas, cuyo retrato adornó los billetes de 20 pesos. Además, por una serie de indultos, que generaron un amplio rechazo social, los militares condenados por delitos de lesa humanidad y los líderes carapintadas fueron liberados, lo mismo que los ex jefes guerrilleros.

Las políticas neoliberales vinieron de la mano de un acercamiento a los Estados Unidos, país con el que se mantuvieron «relaciones carnales», según la metáfora sugerida por la propia diplomacia de Menem. El apoyo del país del norte fue constante y correspondido y el riojano se transformó en el primer mandatario peronista que viajó a Washington. Las obligaciones de la deuda externa pudieron ser renegociadas en términos más favorables y la Argentina fue reconocida como «aliado extra OTAN», lo que significó una sorprendente reversión de más de un siglo de vínculos complicados.

Para estar a la altura del nuevo estatus, Menem envió fuerzas militares a fin de colaborar con la guerra que, en 1990, Estados Unidos lanzó sobre Irak, una participación inédita para las tradiciones del país. Posiblemente por ello —nunca se pudo establecer quiénes fueron los responsables— Buenos Aires fue blanco de dos atentados terroristas internacionales, los peores de toda su historia. El primero, en 1992, fue contra la embajada de Israel; el siguiente, contra la mutual judía AMIA, en 1994, causó ochenta y cinco muertes. La investigación oficial por este último dio lugar a una rápida acusación a Irán, de pruebas endebles, que convenía a los intereses estadounidenses. En referencia a las conexiones locales de los perpetradores hubo una cadena de oscuras maniobras de encubrimiento en la que participaron altos funcionarios de Menem (muy posiblemente bajo sus órdenes, aunque no pudo ser probado) y del Poder Judicial, y que continuaron en gobiernos posteriores.

El encubrimiento en el caso AMIA fue solo uno de los varios casos de acciones ilegales, negociaciones turbias y corrupción que marcaron los años de Menem. Entre los más resonantes estuvieron el contrabando de armas a países en guerra (y la voladura de la Fábrica Militar de Armamentos de Río Tercero para encubrir la operación, que causó destrozos en la ciudad, siete muertos y más de trescientos heridos), varios sobornos —especialmente en los procesos de privatización de empresas públicas— y una lista de supuestos suicidios y muertes dudosas en relación con todo ello. El Poder Ejecutivo debilitó todos los organismos de auditoría sobre sus acciones y avanzó además sobre la independencia del Judicial, con el control o soborno de jueces federales (tarea que habitualmente se dejó en manos de los servicios de inteligencia). En el mismo sentido, promovió la ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve miembros, lo que le permitió a Menem garantizarse una mayoría automática; además, le otorgó la facultad del per saltum, por la que podía hacer suya cualquier causa que estuviese tramitando un tribunal inferior y tomar la decisión que le pareciera. Las potestades del Congreso fueron invadidas con frecuentes decretos de necesidad y urgencia y mediante leyes que delegaban amplias facultades en el Ejecutivo. El símbolo máximo de su menoscabo fue en 1992 con el escándalo del «diputrucho», una persona cualquiera a la que se sentó en una banca de modo de habilitar el quórum necesario para la privatización de Gas del Estado.

A pesar de la degradación institucional, la reforma de 1994 dio ocasión para introducir algunas modificaciones en la Constitución que significaron ampliación de derechos y garantías. Entre otras, se derogaron todos los sistemas de voto indirecto y de colegio electoral: los representantes en todos los estamentos pasaron a ser elegidos directamente por la ciudadanía. También se establecieron nuevos organismos para asegurar la división del poder y mejorar los controles sobre los funcionarios (incluyendo el mecanismo de las consultas populares). La ciudad de Buenos Aires, hasta entonces gobernada directamente por el Poder Ejecutivo nacional, pudo elegir sus propios alcaldes. Se reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y su derecho a poseer tierras comunitarias y a preservar su cultura. Se proclamó además la existencia de «derechos ambientales» y de los consumidores y se tomaron nuevas provisiones para la defensa de la democracia.

Por iniciativa presidencial, ese mismo 1994 se eliminó el servicio militar obligatorio. Algún tiempo antes, con apoyo del Poder Ejecutivo, se había aprobado una ley que establecía un cupo de 30% de los cargos legislativos para las mujeres. Con representación minúscula en períodos anteriores, de esta forma la presencia femenina en el Congreso comenzó a balancearse.

Un segundo mandato dio a Menem la oportunidad de profundizar sus políticas. A las dificultades internas, se sumaron desde 1994 las que trajo una serie de derrumbes financieros en países periféricos, especialmente el de México, que provocó una estampida de capitales hacia plazas más seguras. Por un tiempo, el gobierno logró aplazar la crisis con un nuevo apoyo del FMI tomado de apuro, que siguió abultando la deuda externa. Pero en 1995 volvió a disminuir el PBI y el deterioro se hizo evidente (esta vez, por la convertibilidad y la recesión, no estuvo acompañado de inflación sino de un inédito proceso de deflación en los precios reales). Muchas firmas fueron a la quiebra y, entre las que quedaron en pie, se acentuó el proceso de extranjerización: las empresas de capital local, que facturaban el 56,6% de las ventas en 1994, pasaron a significar apenas el 30,3% cuatro años más tarde.

A partir de 1998, la Argentina entró en caída libre. El desempleo alcanzó tasas astronómicas y los índices de pobreza e indigencia volvieron a acentuarse profundamente. El descontento por la situación hizo que en las elecciones de 1999 triunfara la Alianza, una coalición opositora formada por la UCR y el Frepaso —a su vez un frente integrado por peronistas descontentos con la nueva orientación del PJ, socialistas, demócrata-cristianos, el Partido Intransigente y otros grupos menores— encabezada por el radical Fernando de la Rúa. Pero a pesar de las expectativas de cambio, en lo referente a la política económica el rumbo continuó igual. Más aún, en 2001, el nuevo presidente volvió a convocar a Cavallo como ministro de Economía, quien cumplía así la proeza haber pasado por un gobierno militar y dos civiles, uno peronista y uno radical, que dejaron indistintamente en sus manos las políticas en el área.

Un antes y un después

Luego de más de una década de neoliberalismo (anticipado por las políticas que ya había aplicado la dictadura), la Argentina había sufrido una transformación tan profunda que poco quedaba en pie de la sociedad que habían habitado los que eran jóvenes o adultos en los años setenta. El cambio que resume todos los cambios fue el del enorme crecimiento de la desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, en el año 1974, el 10% más rico de la población contó con ingresos en promedio 12,3 veces mayores que los del 10% más pobre. Para octubre de 1989 —en vísperas de la asunción de Menem— la brecha ya había crecido a 23,1 veces. En mayo de 2002, durante el pico de la crisis generada por las políticas menemistas, la cifra trepó otro tanto: los más ricos ganaban entonces, en promedio, 33,6 veces más que lo que ganaba el 10% menos afortunado. Gracias a la represión militar y a las políticas neoliberales, las clases altas habían conseguido apropiarse de una porción mucho mayor de la riqueza producida socialmente. Y debe tenerse en cuenta que estas cifras no permiten visualizar a la minoría de los «súper ricos»: si pudiéramos medir la brecha entre estos y los más pobres, el resultado sería mucho más impresionante. Los cambios no afectaron tan solo la suerte de los más ricos y los más pobres, sino la de toda la pirámide social. Así se observa gráficamente la variación en el tiempo de las seis categorías de ingreso de los hogares metropolitanos:

PIRÁMIDE DE INGRESOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, 1974 Y 2004

Tomado de López y Romeo: La declinación de la clase media argentina.

Como muestra el gráfico, entre 1974 y 2004, la proporción de los hogares indigentes, pobres y de ingresos medios-bajos creció de manera estrepitosa y se redujo en cambio el porcentaje de los de ingresos medios y medios-altos. La gran mayoría de los habitantes vieron empeorar su condición social. De hecho, desde fines de los años ochenta se advirtió el fenómeno de los «nuevos pobres»: buena parte de los pobres que las estadísticas registraban eran personas que hasta hacía poco gozaban de un pasar económico más holgado y que pertenecían a la clase media. Aunque con variaciones regionales, las estadísticas disponibles para el conjunto del país muestran una tendencia similar. En fin, en pocos años, la Argentina pasó de tener una estructura social similar a la que tenían países que hoy se consideran adelantados a una que la acercó a los menos desarrollados. En términos de la proporción de personas que vivían bajo la línea de pobreza, siempre en el área metropolitana, en 1974, el registro era de tan solo 4,5%. Para 1980 ya había trepado al 8,4% y volvería a duplicarse en los cuatro años siguientes. Durante el pico de la crisis de 1989 alcanzó casi el 48%, para caer a menos de la mitad tras la recuperación. Pero perforaría nuevamente la barrera del 40% en 2001 hasta llegar, en octubre de 2002, al increíble pico del 57% a nivel nacional.

Paralelamente se profundizó la brecha entre las regiones más prósperas del territorio nacional y las menos favorecidas. De diversas maneras, las estadísticas hablan de un país con mayor pobreza, más desigual y más fragmentado. La fractura se hizo especialmente visible en el fenómeno de los countries o «barrios cerrados» en los que la gente que podía pagarlo elegía vivir autosegregada. Todavía raros a mediados de los años noventa, se multiplicaron desde entonces en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y otros sitios.

Con todo esto, la vida popular sufrió profundas transformaciones. Por la alta desocupación, pero también por los nuevos empleos disponibles, en general precarios y de corta duración, el orgullo y la identidad obreros fueron apareciendo cada vez más como una memoria del pasado; los más jóvenes ni siquiera tenían ese recuerdo. Los varones, que solían afirmarse en su masculinidad como proveedores del hogar, se sintieron fuera de lugar a medida que iban perdiendo sus empleos, y las mujeres debieron salir al mercado de trabajo masivamente o arreglárselas de cualquier manera para alimentar a los suyos. Las pautas del «respeto» que mujeres y jóvenes le debían a los «jefes del hogar» se volvieron inciertas y fueron cuestionadas. Pero ese cuestionamiento esta vez no fue tanto el signo de una ampliación de las libertades, como del temor y los reproches que generaba una certeza que se había perdido sin ninguna mejor que la reemplazara. Los lazos familiares se resintieron y la violencia dentro y fuera del hogar se intensificó.

En estos años se produjo una marcada feminización de la pobreza. Las mujeres de las clases populares y de sectores medios empobrecidos debieron salir masivamente al mercado de trabajo para apuntalar la economía familiar. Mientras que en 1974 un 22% de las esposas de los trabajadores manuales calificados tenía una actividad económica propia, a comienzos de la década de 1990 el porcentaje se había elevado al 37% y siguió subiendo. Los empleos a los que accedieron fueron mayormente en el sector servicios y los peor remunerados. El desempleo las golpeó más que a los varones y además el diferencial de salario por la misma actividad siguió siendo muy marcado. Al mismo tiempo, creció la proporción de las trabajadoras que eran las principales proveedoras del hogar y la de los hogares a cargo de mujeres solas.

Pero el neoliberalismo no solo trajo un nuevo modelo en lo económico: se trató de un proyecto de reformulación profunda de todos los aspectos de la vida social. Uno de los cambios más evidentes fue el del papel del Estado. La premisa del momento fue que cada individuo debía proveerse el acceso al bienestar por sus propios medios. Todo lo público debía reducirse. Así, en estos años se desfinanciaron dramáticamente los sistemas de salud, de previsión y de educación públicos. En tiempos de Menem el Estado nacional transfirió las escuelas y otras dependencias a las provincias sin los fondos para sostenerlas. Los sectores medios abandonaron de manera progresiva la educación pública, que en estos años dejó de ser un espacio de encuentro interclasista, como lo había sido en décadas previas. El sistema jubilatorio público quedó desfinanciado por los menores aportes, pero también por la creación de las AFJP de capitalización individual, que resultarían un gran fiasco (salvo para los sectores financieros, que durante años se apropiaron de comisiones de hasta el 30% de los aportes que hacían los trabajadores).

La combinación del retiro del Estado con las altas tasas de desocupación y de empleo informal significó que una proporción mucho mayor de las clases populares se quedó sin cobertura médica ni educación. Un estudio de mediados de los años noventa mostró que solo un 50% de los jóvenes de los estratos sociales más bajos en edad de hacerlo cursaba educación secundaria. De la mitad que no lo hacía, solo un 25% tenía un trabajo, lo que significa que una enorme cantidad de jóvenes no contaba durante el día con el acceso a actividades que le permitieran progresar o integrarse. La experiencia vital fue para muchos de una enorme soledad y desamparo. En este contexto, el consumo de estupefacientes se expandió vertiginosamente. Junto con el abuso del alcohol, la marihuana, la cocaína y más tarde la letal pasta base se volvieron parte de los hábitos cotidianos de muchos jóvenes de las clases populares (y también de sectores medios).

Paralelamente, para mantener bajo control el creciente fenómeno de la pobreza y la indigencia, el Estado nacional y los estados provinciales y municipales desarrollaron políticas de asistencia focalizada. Desde los primeros ensayos con el Programa Alimentario Nacional que Alfonsín lanzó en 1985, hasta los subsidios para desempleados que implementó Menem en su segundo mandato, las políticas asistencialistas se multiplicaron. Así, las vías por las que el Estado se ocupó de las necesidades populares ya no pasaron principalmente por la ampliación de los derechos o los beneficios que colectivamente podían reclamar los ciudadanos. Ya no fue la fábrica o el lugar de trabajo el sitio privilegiado por el que pasaba la política social, sino el barrio. La nueva política social procedía más bien por la identificación de los focos posibles de conflicto para otorgar alguna ayuda específica que los mantuviera encapsulados y bajo control. El horizonte de la eliminación de la pobreza pasó a ser una mera fórmula retórica: más que acabar con ella, al Estado le interesaba gestionarla.

Dado que los planteles de funcionarios estatales se redujeron día a día, las políticas asistencialistas fueron en general implementadas aprovechando las organizaciones no estatales y las redes informales de autoayuda que ya existían. No solo las ONG y las iglesias fueron utilizadas como canal para la asignación y distribución de la asistencia: los militantes sociales y las organizaciones de base también fueron tentados para desempeñar la misma función. En los distritos bajo control de los peronistas, esta estrategia fue particularmente exitosa. Las Unidades Básicas y los referentes locales se volcaron masivamente a gestionar en cada barrio los recursos que venían del Estado. Con el tiempo, muchos de los líderes «naturales» de los barrios y referentes de base terminaron convirtiéndose en «mediadores» o «punteros» al servicio de la maquinaria asistencialista.

La contracara de este mismo proceso fue la rápida expansión del clientelismo, es decir, el intercambio de favores personales (aunque financiados por el Estado) por apoyo electoral. Así, un nuevo entramado de lazos personales, organizados territorialmente, fue articulando y comunicando al Estado con el mundo de las clases populares. Los límites entre lo estatal, lo privado y lo partidario quedaron de este modo desdibujados. Eduardo Duhalde, electo gobernador bonaerense en 1991, llegó a armar una vasta estructura asistencialista recurriendo a los servicios de diez mil mujeres voluntarias, las célebres «manzaneras», que canalizaron recursos estatales, pero en estrecha conexión con las Unidades Básicas del PJ. Desde fines de los años ochenta, extensas redes clientelares se organizaron también en Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Formosa, Misiones y Salta y, en menor medida, en otras provincias.

La política también sufrió otras transformaciones notables, que la acercaron de manera sostenida a los principios empresariales. Alfonsín fue pionero en este sentido, por utilizar herramientas de marketing para promocionar su candidatura en 1983. Desde entonces, se emplearon cada vez más los asesores de imagen y las encuestas de opinión al modo de los estudios de mercado, para «instalar» un candidato, tal como se hacía con la marca de un producto. Por su parte, los grupos empresariales se lanzaron a una agresiva política de colonización de los partidos mediante el financiamiento de campañas y la formación de dirigentes en fundaciones y think tanks o incluso, en algún caso, «comprándose» un lugar en las boletas electorales (como hizo Alberto Pierri en el PJ bonaerense). Algunos sindicalistas también comenzaron a combinar la representación gremial con emprendimientos económicos; se habló desde entonces de un nuevo «sindicalismo empresarial».

Visto desde arriba, el justicialismo en los años noventa se había convertido en algo irreconocible. El peronismo de derecha, clientelista y liberal de tiempos de Menem, se parecía más al Partido Conservador de los años treinta que al movimiento plebeyo y revulsivo que había irrumpido en 1945. Visto por debajo, sin embargo, la imagen que aparecía era diferente. Buena parte de la militancia de base —acaso más de la mitad, según algunas encuestas— desaprobó las políticas de Menem durante toda su gestión y mantuvo ideas más bien «estatistas». Así y todo, no hubo un abandono masivo del PJ. Muchos referentes de base pensaron que las de Menem eran políticas de estabilización transitorias, luego de las cuales se volvería a un modelo más típicamente «peronista». Mientras tanto, se refugiaron en estos años en una especie de «microperonismo», promoviendo la justicia social en sus propios barrios de la manera que podían, y desentendiéndose de las acciones del gobierno nacional. Así, el justicialismo se las arregló para seguir teniendo una extensa estructura informal con profunda implantación en el mundo de las clases populares.

Aunque las bases del peronismo no se derechizaran en igual medida que su dirigencia, la extensión del clientelismo no dejó de tener efectos sobre la identidad del movimiento. Históricamente el peronismo se había apoyado en la figura activa del trabajador y en un relato centrado en su lucha contra la oligarquía por la defensa de los derechos y la dignidad de «los de abajo». Pero también había existido siempre otra figura central del discurso peronista, más pasiva, que era la del pobre, el desposeído que no puede valerse por sí mismo y merece por ello la protección del Estado (que en los inicios del movimiento se encarnaba en la figura maternal de Evita).

El peronismo histórico significó lucha contra el privilegio tanto como asistencia al desvalido. Pero ahora, tras la desindicalización del PJ y su giro clientelista, el primer componente se vio debilitado. El peronismo fue cada vez menos una invitación a la lucha por la dignidad y contra la injusticia, para pasar a significar sobre todo una promesa de asistencia al pobre que ya no culpaba a nadie por la pobreza. El mejor peronista ya no era el más luchador, ni el más insumiso, como en tiempos de la Resistencia, sino simplemente «el que más da». La oposición a «los de arriba» perdió nitidez (y ahora «los de arriba» despreciados eran más bien los políticos que «no daban», antes que la clase alta). De contracultura política, cada vez se transformó más en ideología del asistencialismo y la pasividad.

El desmantelamiento del Estado repercutió además en el deterioro del aparato de seguridad. El desfinanciamiento de la policía y los bajos salarios no hicieron sino acentuar la tentación de usar el uniforme para el enriquecimiento personal. Las actividades de «autofinanciamiento» fueron pasando del simple pedido de coimas a la organización directa de redes delictivas dedicadas al robo o al tráfico de drogas. Los policías involucrados en ellas se conectaron pronto con autoridades del Poder Judicial y otras del poder político de modo de asegurarse la impunidad. Las formas de «recaudación clandestina» alimentaron así no solo a los policías sino también a algunos fiscales y jueces y a algunas secciones de la política clientelar. Esta «zona gris», en la que funcionarios estatales y el hampa se entrecruzaban, se desarrolló especialmente en las regiones más devastadas por las políticas neoliberales, como el Gran Buenos Aires y las periferias de otras ciudades, donde la vulnerabilidad de la población fue terreno propicio para la instalación de puntos de expendio de drogas o para el reclutamiento de personas dispuestas a integrar las bandas delictivas.

En un contexto marcado por una obscena corrupción de la policía y de los sectores políticos y empresariales, las actividades delictivas pasaron a ser una opción aceptable también para un creciente número de personas de otras clases. Entre 1985 y 2000, los delitos contra la propiedad se multiplicaron dos veces y media en relación con la cantidad de población total. Los picos mayores se registraron en los años de mayor crisis económica. El uso de la violencia como parte de los ilícitos se incrementó, aunque de manera leve, mucho menor que la de los delitos contra la propiedad. La tasa de muertes violentas aumentó hasta un nivel superior al de la media histórica, pero de cualquier modo comparable al de muchos países europeos y bien por debajo del promedio latinoamericano.

Así y todo, el sentimiento de inseguridad se apoderó de la sociedad argentina, que a comienzos del nuevo siglo se situó entre las más atemorizadas del mundo. En buena medida, esto sucedió porque la prensa y algunos sectores políticos comenzaron a hacer un uso ideológico del asunto, ligando la delincuencia a otras formas de «desorden» en el espacio público, de modo de justificar la necesidad de «mano dura» para restaurar el orden supuestamente perdido. Sin ninguna evidencia respaldatoria, durante los años de Menem voces del gobierno y de los medios de comunicación culparon a los inmigrantes de países limítrofes por el aumento de los delitos.

En parte por eso, el fracaso del progresismo alfonsinista y los años neoliberales derivaron en la emergencia de movimientos de extrema derecha que por primera vez ganaban el favor popular. En un país con una democracia desangelada, en el que se habían evaporado las ilusiones políticas, donde el Estado parecía el resto de un botín del que solo disfrutaban los políticos, donde el desamparo y la pérdida de los valores éticos tradicionales daba lugar al «vale todo», la prédica abierta del autoritarismo comenzó a volverse atractiva.

El ejemplo más notorio fue el éxito rutilante que alcanzó el partido Fuerza Republicana en Tucumán, creado por el general Antonio Bussi, quien fuera gobernador de facto durante la dictadura. El nuevo partido se alzó en 1995 con la gobernación, desplazando un peronismo local. Luego de los alzamientos que protagonizó, Aldo Rico también fundó un partido derechista, el Modin, que llegó a ser la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Con él, el ex coronel resultó electo intendente de San Miguel en 1997 (más tarde se incorporaría al PJ).

La sumatoria de todos estos cambios significó un parteaguas en la historia argentina. El imaginario de una sociedad con posibilidad de integrar a quienes venían de los sectores más pobres sufrió en estos años una herida de muerte. En el modelo político que proponía el neoliberalismo, ya no existía una dimensión de «ciudadanía social» que involucrara el acceso a derechos básicos garantizados. La vida social sufrió un notorio proceso de descolectivización a medida que todas las instancias de socialización disponibles para las personas de condición modesta se fueron debilitando o desaparecieron. Para los desempleados o quienes tenían trabajos precarios, los sindicatos ya no ofrecían un canal para incidir colectivamente en la alta política. Los partidos, colonizados por el mundo empresario, mucho menos. Sumidos en la pobreza, los sectores más postergados tampoco podían participar de la vida nacional como consumidores, la manera de «ser parte» que la publicidad presentaba con insistencia creciente. El modelo que quedaba en pie era de una ciudadanía política de muy baja intensidad o directamente la exclusión (es decir, no ser parte, una no ciudadanía).

Identidades y cultura de masas bajo el signo del neoliberalismo

La prédica del neoliberalismo caló profundamente. Todo lo estatal o colectivo perdió valor, en favor de lo individual y lo privado. Mientras se postulaba al empresario «moderno» y exitoso como la figura que habría de sacar al país de la crisis y como tipo ejemplar para imitar, muchos de los mensajes culturales, especialmente los de la publicidad y parte de la cultura de masas, revistieron de una nueva validez al individualismo más extremo. Las visiones de la felicidad posible pasaban por ocuparse de los asuntos de uno, ganar dinero, animarse a todo, salirse de los moldes, seguir los propios deseos y desentenderse por completo de cualquier responsabilidad colectiva. Se trataba de ser un «ganador» y de mantenerse lejos de los «perdedores». Desde la publicidad se convocó también a actuar sin pensar, a seguir la pasión sin calcular los costos, a consumir sin previsión del futuro; Just do it («Solo hazlo») fue su consigna.

El debilitamiento del papel integrador del Estado y el fin de la «sociedad salarial» —es decir, del empleo como columna vertebral de los proyectos de vida de las personas— generaron toda otra serie de efectos en la cultura. El contacto con el trabajo pasó a ser más fragmentado e intermitente, lo que significó que las identidades trabajadoras que habían vertebrado el mundo popular languidecieran. La ciudadanía perdió en parte su sentido real y concreto y esto abrió para muchos una crisis del sentido de pertenencia a una comunidad nacional. ¿De qué comunidad, de qué clase o de qué movimiento podía sentirse uno parte en este contexto? En los años noventa, la respuesta a esta pregunta ya no fue del todo obvia. La crisis de los sentidos de pertenencia tradicionales abrió la posibilidad de que cada cual buscara nuevas maneras de sentirse parte de alguna comunidad, sea acercándose a una nueva, sea intentando hacer lugar para comunidades más pequeñas y particulares dentro de la nación argentina. Las identidades se volvieron más fragmentadas, particulares y efímeras. Con la nación como espacio de referencia primaria compitieron ahora identidades más locales y otras más «globalizadas».

Especialmente entre los jóvenes, las actividades de entretenimiento, los estilos de consumo y el apego a grupos más localizados ganaron mayor relevancia a la hora de construir sentidos de pertenencia. El fútbol fue uno de los ámbitos que mejor se prestó a eso. Desde sus inicios había colaborado en la formación de grupos de identidad, pero en estos años proveyó una de las últimas «camisetas» capaces de despertar emociones colectivas (no casualmente, fue la de la selección nacional la que permitió expresar un fervor nacionalista que se volvió infrecuente fuera de lo deportivo). El valor que adquirió la defensa de los colores del club fue tal, que una nueva expresión apareció para graficarlo: «el aguante». Seguir al equipo en las buenas y en las malas, ir a la cancha y alentar siempre, pelear con los rivales si hacía falta, se volvió un mandato para todo futbolero de ley (lo que a su vez colaboró en que hubiera entre las hinchadas episodios de violencia de intensidad poco frecuente en décadas anteriores). La nueva legitimidad que adquirió esta pasión permitió que, a partir de estos años, muchas mujeres comenzaran a aficionarse también por el fútbol, algo antes vedado por las nociones de feminidad dominantes.

La cultura del fútbol y la ética del «aguante» se convirtieron, de hecho, en un verdadero lenguaje en común que permeó otros ámbitos. Se notó, por ejemplo, en un nuevo subgénero musical, el rock «barrial» o «chabón». En la década anterior el mundo del rock había sufrido cambios importantes. Lo que era en los años setenta un movimiento más o menos unificado y comprometido con la situación del país (aunque más no fuera débilmente), en los años ochenta se había fragmentado y en buena medida despolitizado. El divismo y la sofisticación que habían desarrollado algunas de sus máximas estrellas reforzaron la distancia con el público, especialmente con aquellos con algún ánimo de rebeldía. Una rama pop, que había irrumpido en tiempos de Alfonsín, pareció incluso celebrar la alegría y la superficialidad.

Frente a este panorama, el rock barrial surgió como alternativa para un creciente número de jóvenes de clases populares y sectores medios empobrecidos. Musicalmente era bastante simple y sus letras hablaban con nostalgia del mundo de la infancia, se afirmaban en la ética de la fidelidad al barrio, lamentaban el fin del mundo del trabajo y exponían críticamente el presente de pobreza y corrupción. Eran canciones politizadas, pero de una manera diferente a las de los años setenta: su problema ya no era el exceso de integración en la sociedad «gris», sino la exclusión. Pero la novedad más importante estuvo en el público, que los siguió como si fuese una hinchada de fútbol y asumió un inédito protagonismo en los recitales. Las identidades que pusieron en juego los fans del rock barrial se oponían al comercialismo en la música y al mundo de los «chetos», despreciados tanto por su procedencia social acomodada como por su actitud inauténtica o «careta».

Pero fue la cumbia el ritmo que cautivó a la mayor parte de las clases populares de todo el país (salvo en Córdoba, donde no logró desbancar al cuarteto) para luego extender su influjo hacia las clases medias y acomodadas. Durante los años ochenta experimentó una notable expansión comercial. Cientos de locales bailables se habilitaron en la mayoría de las ciudades, especialmente en sus periferias, y algunos de los artistas de la movida alcanzaron gran notoriedad, especialmente en los años noventa, cuando la cumbia ganó carta de ciudadanía en los medios masivos. Sus letras hablaban de cuestiones de la vida cotidiana: el amor, los celos, el dinero, el sexo, la alegría. Algunas de las más populares fueron picarescas.

Hacia finales de la década del noventa surgió un subgénero que cambió todo eso. En un intento por expresar la realidad de la vida de los pobres, pero también de ganar la atención de las discográficas, un grupo de artistas jóvenes, algunos de ellos de orígenes muy modestos, desarrolló un estilo nuevo. Retomando algunos elementos del gangsta rap que venía haciendo furor en los Estados Unidos, compusieron cumbias con letras testimoniales que se referían a episodios de la vida de los sectores más marginales: la violencia, las drogas, las estadías en la cárcel y la represión. Sus canciones se afirmaban en un orgullo plebeyo, con críticas a la discriminación, contra los «chetos» y los ricos, la policía y los políticos corruptos. La «cumbia villera» —así se la llamó— pronto alcanzó una enorme difusión, parcialmente detenida cuando, en 2001, el Estado prohibió su difusión en medios de comunicación, bajo la acusación de que hacía apología de la droga y del delito.

La fragmentación neoliberal indujo también en estos años a que muchos buscaran en la religión una forma de suplantar el evanescente sentido de pertenencia y de apuntalar los endebles lazos de solidaridad entre las personas. Las encuestas muestran un crecimiento sostenido en los sentimientos religiosos. La imagen positiva de la Iglesia católica mejoró en estos años y es posible que aumentara el número de los que se identificaban con ella. Sin embargo, dado que el catolicismo estaba tan asociado a la nación, un número creciente de personas buscaron para su religiosidad un canal por fuera del cristianismo romano.

En efecto, fueron algunas religiones-movimiento protestantes —en particular las iglesias pentecostales— las que ofrecieron a muchos la promesa de reconstruir el lazo comunitario destruido. Desde los años ochenta el número de fieles evangelistas, que era insignificante medio siglo antes, se multiplicó rápidamente. Las formas del culto, mucho menos preocupado por el aspecto ritual, más cercano a la gente común y —especialmente entre los pentecostales— enfocado en la promesa de sanaciones y milagros, fueron de gran atractivo para los sectores más excluidos. En el Gran Buenos Aires había, a fines de los años noventa, una iglesia cada pocas cuadras y se calcula que casi el 20% de los habitantes más pobres se había convertido a la nueva fe.

Por la misma época también se expandieron las religiones de origen afrobrasileño, en particular la umbanda, y florecieron cultos a santos populares no reconocidos por la Iglesia católica. Cada región tuvo los suyos, pero el que se dedicó al Gauchito Gil, que en los años noventa creció de manera arrolladora, llegó a extenderse por todo el país (una encuesta de 2008 reveló que el 44% de los argentinos creía en sus poderes). La Argentina dejó de ser una nación católica con algunas minorías religiosas, para pasar a ser un país de múltiples confesiones.

El debilitamiento de la capacidad integradora del Estado también abrió las puertas a un profundo cuestionamiento del mito de la Argentina blanca y europea. A partir de los años noventa, por primera vez en el siglo XX aparecieron síntomas de que «lo negro» —tradicionalmente un insulto para unos o motivo de vergüenza para otros— se transformaba en un emblema de desafiante orgullo entre las clases populares. Se notó especialmente en la cumbia y el cuarteto, cuyos seguidores se reivindicaron como «negros cabeza» —en referencia a la tez morena y a la condición pobre, antes que a alguna ancestría africana— y se habituaron a fustigar a los chetos/rubios. Por otro lado, en esos mismos años hubo un renovado entusiasmo organizativo entre los pueblos originarios de todo el territorio, decididos a recuperar sus pautas culturales y ganar visibilidad y respeto. Hubo un marcado proceso de reetnización, que incluyó la reaparición de grupos como los ranqueles, huarpes o selk’nam, a los que se había declarado extintos. Luego de un siglo de invisibilidad, también emergieron nuevamente algunos grupos de afroargentinos, que volvieron a organizarse en entidades representativas. En el mundo popular se fortalecieron asimismo las identidades de los inmigrantes de países limítrofes, quienes también comenzaron a movilizarse por sus derechos y contra la xenofobia oficial que había aflorado a partir de la dictadura.

De la fragmentación a la reconstrucción de la resistencia

Los grandes cambios de la era neoliberal dejaron a la población común socialmente fragmentada y en total indefensión. Los partidos tradicionales los promovieron, mientras que la CGT, desde la asunción de Menem, no ofreció resistencia alguna ante ellos. Por su parte, tras la derrota que trajo la dictadura, la izquierda no conseguía hacer pie ni en los sindicatos ni en las elecciones. En las de 1989, una coalición integrada por los comunistas y los trotskistas del MAS había alcanzado un 2,45% de los votos, un porcentaje pequeño pero bastante superior a lo habitual. Sin embargo, muy pronto las rencillas internas terminaron destruyendo al MAS y disolviendo la alianza. Los años noventa, marcados por la victoria final de las clases dominantes, pasaron como un vendaval arrasador. Entre la desolación, sin embargo, las clases populares fueron reconstruyendo lazos de solidaridad e inventando nuevas formas de hacer política.

El inicio de las privatizaciones de Menem, hasta el año 1991, estuvo marcado por una intensa resistencia sindical, sobre todo de los estatales, telefónicos y de la comunidad de San Nicolás, dependiente de la empresa Somisa, donde despidieron a más de seis mil trabajadores. Varios gobernadores debieron renunciar a sus cargos por el malestar en sus provincias. A partir de entonces los conflictos fueron menores, en parte porque las derrotas crearon desánimo, pero también porque el gobierno había conseguido ordenar la economía y poner en marcha una hábil negociación con la burocracia sindical para desactivar las protestas.

Solo los gremios más golpeados por el ajuste, los estatales y los docentes, continuaron resistiendo, con sus organizaciones sindicales ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) al frente. Esta última motorizó diversas protestas, la más visible de las cuales fue la instalación de una «carpa blanca» frente al Congreso en 1997, que permaneció allí durante dos años. En Neuquén, los docentes también animaron medidas de inédita radicalidad. En otros lugares del interior hubo en estos años luchas intensas. Los estatales santiagueños protagonizaron en 1993 una pueblada, el «Santiagueñazo», durante la cual incendiaron las sedes de los tres poderes del Estado y persiguieron a los políticos locales, acusados de corrupción. Los estatales jujeños tampoco les dieron tregua a sus gobernadores: entre 1990 y 1994, cinco de ellos tuvieron que abandonar el poder por efecto de impresionantes movilizaciones. Los estatales también resistieron enérgicamente en Río Negro, Córdoba y San Juan, entre otros sitios. De manera inédita, los jubilados también hicieron oír sus reclamos en las calles.

Como la CGT tardó bastante en retomar la lucha, en el ínterin hubo interesantes realineamientos. Un ala disidente, liderada por el camionero Hugo Moyano, creó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que enfrentó al gobierno, sin salirse de los marcos de la CGT. Pero la novedad más importante fue la creación de una nueva entidad con ambición de agrupar al movimiento trabajador por fuera de la CGT y en oposición al PJ, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), constituida en 1992 con el impulso de ATE y CTERA. A diferencia de la central tradicional, sus autoridades surgieron del voto directo de los afiliados e incorporó no solo a trabajadores, sino también a organizaciones de inquilinos, pequeños propietarios rurales y desempleados.

La CTA fue la principal promotora de varias huelgas generales y de dos de los hitos más importantes de la resistencia al neoliberalismo en estos años. El primero fue la «Marcha federal» que, partiendo desde diversos puntos del país, consiguió reunir una enorme multitud en Plaza de Mayo el 6 de junio de 1994. El segundo fue el del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), nacido en 2001 con el objetivo de impulsar una ley por la que el Estado garantizara un ingreso universal suficiente como para que nadie cayera bajo la línea de pobreza. Decenas de miles de voluntarios se ofrecieron para colaborar en la organización de un plebiscito informal realizado a mediados de diciembre en todo el país, que recolectó más de tres millones firmas en apoyo al proyecto. Además de la CTA, surgió en 1994 otra nueva entidad gremial que pronto adquiriría gran relevancia, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Pero la novedad más sorprendente fue la aparición de un movimiento de desocupados de magnitud impresionante, los «piqueteros». El movimiento surgió en 1996-1997 entre los despedidos de YPF en Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén), y en Tartagal y Mosconi (Salta), localidades que dependían del petróleo y que enfrentaban la perspectiva de convertirse en pueblos fantasma. Organizados en asambleas y «multisectoriales» autónomas, sin contacto con sindicatos ni partidos, sus pobladores se lanzaron a cortar las rutas como modo de reclamo. El Estado nacional reaccionó con la represión, pero se vio forzado a improvisar una intervención de asistencia de mayor magnitud a las conocidas hasta entonces, que consistía en la entrega mensual de dinero a los que habían quedado desocupados a cambio de horas de trabajo como contraprestación. Para 1997 ya había doscientos mil beneficiarios de estos «planes Trabajar», que comenzaron a funcionar como algo similar a un subsidio por desempleo.

Los desocupados y otros grupos sociales de todo el país pronto imitaron el método. Un estudio contabilizó 685 cortes de ruta en todo el país entre 1993 y octubre de 1999; de ellos, un 36,8% fue protagonizado por asalariados (desempleados, pero también ocupados, que en realidad eran la mayoría). Otro 47,6% fue organizado por pequeños y medianos propietarios, productores agropecuarios, comerciantes o estudiantes, especialmente hacia el final del período. Entre los desocupados, el movimiento piquetero creció de manera vertiginosa entre 1999 y 2001, y alcanzó una dimensión con pocos antecedentes en la historia mundial. Ya que la fábrica o el sindicato habían dejado de ser puntos de referencia para la mayoría, el nuevo movimiento se hizo fuerte sobre una base territorial.

El barrio fue el espacio elegido para rearticular lazos de solidaridad y cooperación política. La autoorganización comunitaria —promovida por el asistencialismo estatal— fue el punto de apoyo de los movimientos emergentes, que en ocasiones pudieron imprimirle una nueva politización, librándola, al menos parcialmente, del corset clientelar. Sus orientaciones políticas fueron variadas, lo que mostró una tendencia que también se evidenció en otros sectores de las clases populares: el peronismo siguió siendo en estos años su identidad política mayoritaria, pero ya no monopolizó las adhesiones (en especial entre los más jóvenes). Hubo varias organizaciones que nuclearon a los piqueteros: las principales fueron las que dependían de la CTA y la CCC, pero también surgieron Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) de tendencia autonomista, algunos de ellos influidos por militantes marxistas, sacerdotes tercermundistas o referentes que se habían alejado del peronismo. Junto con ellos, se formaron también otros grupos ligados a varios partidos de izquierda —al Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores o el viejo Partido Comunista—, así como independientes. En 2001, todos hicieron un intento de unidad con dos grandes «asambleas piqueteras» en La Matanza, con delegados de todo el país, pero las diferencias de enfoque y lealtades partidarias lo hicieron imposible. En el movimiento tuvieron un amplio protagonismo las mujeres: más del 50% de los piqueteros fueron en realidad piqueteras, a pesar de lo cual la abrumadora mayoría de sus dirigentes fueron varones.

Otros sectores desarrollaron también formas novedosas de resistencia. A partir de 1998 comenzaron a registrarse tomas de fábricas vaciadas por sus directivos, a las que sus operarios pusieron en marcha bajo control obrero. En los años subsiguientes llegó a haber más de ciento sesenta de esas «empresas recuperadas».

Las diversas zonas rurales del país también generaron nuevas formas de organización y de lucha. En la región pampeana, la resistencia de los chacareros más empobrecidos quedó desde 1995 en manos de un inédito Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL). Creado en La Pampa, el MMAL pronto consiguió expandirse a Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Formosa y Córdoba. A través de métodos de acción directa, se las arreglaron para frenar los remates de campos y los desalojos. En 1986 ya había renacido el Movimiento Agrario Misionero y en años posteriores surgieron organizaciones campesinas en provincias en las que no existía una tradición previa, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), fundado en 1989 para resistir los desalojos que venían de la mano de la expansión de la frontera de los agronegocios. En Córdoba, Formosa y Salta hubo iniciativas similares. Por los mismos motivos y también para reclamar por sus tierras ancestrales, diversos pueblos originarios se sumaron a la lucha, especialmente en Salta, Chaco, Neuquén y Formosa.

En estos años hubo también reclamos de magnitud contra la represión institucional, el gatillo fácil o la impunidad. La masacre de Ingeniero Budge (1987) en el Gran Buenos Aires, el crimen de María Soledad Morales en Catamarca (1993) y el asesinato del conscripto Omar Carrasco en Zapala, Neuquén (1994), fueron algunos de los episodios que generaron movilizaciones masivas. La década del noventa también fue testigo de las primeras por temas de defensa del medioambiente, que involucraron a comunidades enteras. La construcción de la represa de Corpus Christi en el alto Paraná movilizó, a partir de 1995, a la mayoría de la población de la zona misionera que se vería afectada por el anegamiento. Por la misma época comenzó asimismo la resistencia a la minería a cielo abierto. En 1997, la localidad catamarqueña de Belén empezó a organizarse para protestar por las actividades de la mina La Alumbrera, instalada hacía poco tiempo con grandes promesas de obras públicas y fuentes de trabajo que nunca se materializaron. Los primeros en salir al ruedo fueron un grupo de desocupados que, imitando los métodos piqueteros, cortaron los accesos a la mina en demanda de los puestos de trabajo que la compañía había prometido. Para el año 2000, otros sectores sociales se habían sumado al reclamo, que ahora incluía una enérgica denuncia de la contaminación producida por la actividad. En la nueva década, el ejemplo de Belén se multiplicaría en numerosas comunidades a lo largo de toda la cordillera de los Andes, cada una de las cuales organizaría sus propias «asambleas ciudadanas» para frenar la minería a cielo abierto.

Las preocupaciones ecológicas también estuvieron en el origen de una de las más sorprendentes y masivas formas de autoorganización de estos años. Por iniciativa de un pequeño grupo de activistas que promovía la producción orgánica de alimentos, el empleo de fuentes de energía alternativas y el reciclado de los desechos, en 1995, unos veinte vecinos de Bernal, en el sur del Gran Buenos Aires, pusieron en marcha un «Club de Trueque». En reuniones semanales, cada uno llevaba algo de su propia producción o que le sobrara —tartas, empanadas, ropa, artesanías, etcétera— con la idea de intercambiarlo por otros productos sin que mediara dinero. Pronto otros los imitaron y los clubes de trueque fueron atrayendo un número creciente de personas que se habían quedado sin empleo y carecían de dinero. Inventaron luego una «moneda social» propia para facilitar el intercambio indirecto a mayor escala, lo que permitió la expansión de los clubes hasta transformarse en una verdadera red autoorganizada de crecimiento explosivo. Para el año 2000 ya había mil ochocientos nodos en todo el país con más de ochocientos mil participantes, números que llegarían a triplicarse al año siguiente. Mientras el Estado se retiraba y el mercado capitalista colapsaba, una inesperada experiencia de autoorganización social, horizontal y solidaria, proveía una salida real e inclusiva.

La rebelión de 2001

Tras la victoria de Fernando de la Rúa en 1999, toda expectativa de cambio se vio defraudada. Para hacer frente a la agobiante deuda externa con una economía estancada, el presidente tomó otro enorme préstamo del FMI, presentado como un «blindaje», que, sin embargo, se canalizó inmediatamente hacia la fuga de divisas. Las condicionalidades del desembolso implicaron profundizar todavía más el ajuste neoliberal. Además, la coalición de gobierno pronto comenzó a erosionarse, especialmente luego de la escandalosa aprobación, en abril de 2000, de una reforma laboral que recortaba todavía más los derechos de los trabajadores. Según se denunció entonces, varios legisladores habían cobrado sobornos, pagados por el Ejecutivo, a cambio de su voto. El vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez, que a su vez era líder del Frepaso, inició entonces una investigación, pero los senadores radicales y peronistas se abroquelaron para impedirla. Al ver que el presidente no lo respaldaba, Álvarez renunció a su cargo. La Alianza quedaba prácticamente deshecha.

En un último intento de paliar la crisis económica, en marzo de 2001, De la Rúa volvió a convocar a Cavallo para que estuviese al frente de las finanzas nacionales. Junto con el secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, aprobó un «megacanje» de bonos de la deuda por otros de vencimiento a mayor plazo y tasa de interés más alta, propuesto por un conjunto de bancos internacionales. Era evidente que la operación no iba a servir para paliar la crisis, pero generó en cambio comisiones millonarias para los banqueros que participaron y dejó una deuda pública mucho mayor (considerado la mayor estafa de la historia, dio lugar al procesamiento de todos los involucrados, pero en 2016 los exculpó una polémica decisión judicial). Cavallo también lanzó un plan de «déficit cero» que incluía un recorte del 13% en los sueldos de todos los empleados del Estado y de los jubilados. Las provincias recibieron menos transferencias del Tesoro nacional; varias entraron en una situación crítica y debieron imprimir bonos de emergencia, monedas circulantes de validez local para pagar sueldos; el patacón bonaerense fue la de mayor circulación, pero la mayoría de los distritos tuvieron las suyas.

Previsiblemente, en las elecciones legislativas de octubre la Alianza sufrió una aplastante derrota frente al peronismo. Pero además se produjo entonces un hecho inédito: un 22% de los ciudadanos optaron por el «voto bronca», es decir, votaron en blanco o anularon su voto, y otro tanto se abstuvo de ir a votar. Fue su forma de manifestar la pérdida de confianza en los políticos, cualquiera fuese el partido al que pertenecieran. A la crisis económica se sumaba ahora una crisis de legitimidad no solo del gobierno, sino de la totalidad del sistema político. Para ayudar a los bancos frente a la estampida de retiro de depósitos —las empresas y los más ricos se los llevaban al exterior y los pequeños ahorristas los ponían a resguardo bajo sus colchones—, a comienzos de diciembre Cavallo implementó el famoso «corralito», que limitó a un mínimo la cantidad de dinero que se podía extraer de las cuentas bancarias. Pero nada de eso fue suficiente. Cuando el FMI anunció que suspendía los desembolsos para el país, el sistema financiero colapsó completamente.

Fue la peor crisis económica de toda la historia argentina, la conclusión de años de medidas neoliberales. Por sus efectos, un 54% de la población cayó pronto bajo la línea de pobreza (un 27% bajo la línea de indigencia) y la tasa de desocupación superó el 20%. Miles de personas de clases populares o de sectores medios empobrecidos quedaron en total indefensión; muchas consiguieron sobrevivir gracias a los clubes de trueque (quienes participaban entonces llegaron a proveerse a través de ese sistema de hasta un 40% o más de sus necesidades cotidianas). Otros nutrieron un impresionante ejército de cartoneros que todas las noches recorría la ciudad y los basurales en busca de reciclables para vender.

La catástrofe, sin embargo, potenció reacciones de resistencia y solidaridad que produjeron un giro inesperado en la política nacional. Durante diciembre, los reclamos de los diversos sectores afectados se fueron entrelazando rápidamente en una trama que daría lugar a una rebelión masiva y duradera, con pocos parangones en la historia nacional. El 12 de diciembre miles de piqueteros cortaron rutas en el Gran Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Mar del Plata exigiendo la renuncia del presidente y de Cavallo, mientras trabajadores estatales, docentes, taxistas, estudiantes y otros desarrollaron diversas acciones de protesta por todo el país. El mismo día, por la tarde, se realizó una masiva manifestación de comerciantes minoristas en la capital y otras ciudades. Como el «corralito» había inmovilizado también los sueldos de los trabajadores, las dos facciones de la CGT y la CTA decretaron un paro general el 13 de diciembre para exigir el fin de esa medida. A la huelga se plegaron comerciantes y gremios de sectores medios. Numerosas marchas se sucedían por todas partes, algunas con graves enfrentamientos con la policía. A estas formas de protesta se sumaron, a partir del día 14, los saqueos, que se extendieron por once provincias. Al finalizar la oleada, se contaron dieciocho muertos a manos de la policía o de los dueños de comercios y cientos de heridos. Aunque los saqueos fueron una reacción popular genuina —hacía tiempo que eran parte del repertorio de formas de lucha defensiva de las clases populares—, en varios casos se documentó la complicidad de referentes políticos barriales y de la policía, que se retiró de los lugares señalados o incluso participó del asalto a los comercios.

El 19 de diciembre de 2001, la situación tomó un giro inesperado. Por la noche, luego de un discurso de De la Rúa en el que anunció el estado de sitio y ninguna solución para la crisis, grupos de vecinos de Buenos Aires comenzaron a golpear cacerolas espontáneamente en las puertas de sus casas. Llegadas las diez de la noche, cientos de miles de personas golpeaban sus cacerolas en una extraña sinfonía de protesta. Nadie traía carteles políticos; los que intentaron desplegar alguna pancarta fueron obligados a guardarla. Reunidos en los principales puntos de la ciudad, muchos marcharon hasta Plaza de Mayo a medianoche. Miles de personas protagonizaron hechos similares en Rosario, Paraná, Tucumán y otros puntos del país. Desconcertado, el presidente pensó en aplacar la furia popular con el anuncio de la renuncia de Cavallo. Pero eso no fue suficiente. Cuando, por la mañana del día siguiente, el gobierno ordenó reprimir a los manifestantes que habían permanecido frente a la Casa Rosada desde la noche anterior, una multitud rodeó la Plaza de Mayo. Tras varias horas de combates con la policía, De la Rúa finalmente decidió renunciar. Simultáneamente se habían producido manifestaciones en Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Neuquén y otros sitios. La represión durante esas dos jornadas dejó al menos treinta y ocho muertos en diversos puntos del país, cinco de ellos en Plaza de Mayo.

Aunque algunos quisieron interpretarla como una «revuelta de clase media» porteña motivada por el «corralito», se trató más bien de una rebelión popular plural y múltiple en su composición social. Formó parte de una trama de acontecimientos protagonizados tanto por sectores medios como por clases populares en todo el país. «¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!» —una consigna política y no económica—, fue la frase principal que unificó a los que participaban en la rebelión. Varias decenas de manifestaciones, escraches, cortes de ruta, cacerolazos y puebladas que hubo desde diciembre de 2001 fueron protagonizadas por la misma diversidad de grupos sociales. En sus consignas y demandas con frecuencia se combinaban las aspiraciones de cada uno. Podían exigir el fin del corralito, pero también el pago de sueldos atrasados y mayores subsidios para desocupados. Se preocupaban por las dificultades financieras de los comerciantes y pequeños productores, pero también por la defensa de la salud y la educación pública. Tales demandas pronto se entrelazaron con otras más generales y estructurales: del universal odio a los bancos se pasó al cuestionamiento de las multinacionales, las empresas de servicios públicos privatizadas o las políticas neoliberales impulsadas por el FMI.

Por todas partes el malestar se tradujo en la exigencia de la renovación de las autoridades. La multitud en las calles exigió también la renuncia de la Corte Suprema y protestó incluso contra Canal 13, luego de que este y otros medios de comunicación decidieran no transmitir noticias sobre uno de los principales cacerolazos de esos días, en un intento de aportar a la desmovilización. Los tres poderes del Estado, las empresas y los bancos, los organismos financieros internacionales, los medios de comunicación: la movilización apuntaba contra los principales pilares del orden social.

El año que siguió a la rebelión fue testigo de formas inéditas de autoorganización, lucha y solidaridad. El peor momento de la crisis despertó en parte de la población los mejores instintos de cooperación, creatividad y vocación por lo público; fueron tiempos extraordinarios. Gente sin experiencia política junto con otra que sí la tenía protagonizaron formas de acción directa de radicalidad inédita: escraches contra los políticos, tomas de edificios, ataques a multinacionales, cortes de rutas. Los bancos porteños debieron operar durante un año con sus ventanas tabicadas debido a los frecuentes ataques de los ahorristas. Los más activos eran, sin dudas, una minoría, pero vista con simpatía por una amplia porción de la sociedad. Inmediatamente luego de la caída de De la Rúa, y mientras se sucedían vertiginosamente varios presidentes provisionales, comenzaron a surgir «asambleas populares» de manera espontánea en diferentes ciudades del país. Solo en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano llegó a haber cerca de ciento cincuenta. Durante todo 2002 demostrarían una enorme vitalidad: llamaron a la realización de decenas de cacerolazos masivos, discutieron la manera de reemplazar a los políticos profesionales por formas de democracia directa, exploraron salidas económicas para la crisis y establecieron fuertes lazos de solidaridad con otros movimientos sociales, como el de los piqueteros y el de empresas recuperadas, que por entonces tuvieron también un gran florecimiento.

La voluntad de confundirse en una misma rebelión a pesar y más allá de las diferencias sociales tuvo manifestaciones conmovedoras. El 28 de enero, por caso, se realizó una multitudinaria marcha conjunta de las organizaciones piqueteras hacia Plaza de Mayo. La marcha recibió la adhesión y solidaridad de las asambleas porteñas y miles de personas de sectores medios aplaudieron el paso de las columnas de los pobres por el centro de la ciudad. La multitud mezclada coreó ese día «¡Piquete y cacerola, la lucha es una sola!». Y no se trataba tan solo de una expresión de deseos: en esos tiempos extraordinarios hubo intensos contactos y luchas conjuntas entre gente de sectores medios empobrecidos, obreros y desocupados. Había la sensación de que una «nueva política», como se decía entonces, se asomaba en el horizonte.

Los efectos de 2001 y la salida de la crisis

Las novedades llegaron, aunque de modos inesperados. La compleja combinación de las presiones y expectativas populares, los condicionamientos económicos locales e internacionales y los reacomodamientos del sistema político abrieron un tiempo imprevisible que alumbró nuevas identidades y fuerzas políticas, ascensos rutilantes de dirigentes nuevos (y caídas no menos espectaculares) y medidas de gobierno anteriormente impensables. El Frepaso prácticamente desapareció y la UCR entró en un largo declive. Muy desacreditado, el PJ se fragmentó y, por un tiempo, no estuvo en condiciones de definir un liderazgo. Con el sistema de partidos tradicionales así desarticulado, se abrieron oportunidades para que nuevas fuerzas aspiraran a ocupar cargos de gobierno o para el encumbramiento de dirigentes que anteriormente no tenían peso propio.

Desde el 20 de diciembre y durante los siguientes once días se sucedieron cinco presidentes. Tras la caída de De la Rúa asumió provisionalmente el presidente del Senado y convocó raudo a la Asamblea Legislativa, la que eligió como nuevo mandatario al peronista Adolfo Rodríguez Saá, por entonces gobernador de San Luis y sin ninguna proyección nacional. La masiva reacción popular que se produjo cuando el puntano designó como funcionario a un antiguo menemista de notorios antecedentes de corrupción, junto con la falta de apoyo de otros referentes del PJ, produjeron su caída tras apenas siete días de gobierno. En ese breve lapso, sin embargo, tomó una medida crucial: ante un Congreso que lo aplaudía entusiasta y entre discursos antiimperialistas, declaró la suspensión unilateral de los pagos de la deuda externa. La escena era impensable unas pocas semanas antes: la Argentina entraba en default y, para consternación de los intereses financieros internacionales, lo hacía con orgullo. Tras su renuncia intempestiva, y luego de otro brevísimo interinato, el 2 de enero la Asamblea Legislativa ungió como nuevo presidente a Eduardo Duhalde, hombre fuerte del peronismo bonaerense, sin embargo apoyado por una mayoría multipartidaria. De la Rúa le había sacado diez puntos en la carrera por la Casa Rosada dos años antes y ahora, con incluso menos simpatías populares, el Congreso lo habilitaba a asumir el mando.

En medio del colapso económico y con los movimientos sociales ocupando las calles, Duhalde se vio obligado a tomar una serie de decisiones que no habría adoptado en otro contexto. La convertibilidad quedó oficialmente derogada con una devaluación del 40%, acompañada de la «pesificación asimétrica» de los depósitos y deudas denominados en dólares. Se los convertía compulsivamente a pesos, pero de un modo que no hacía recaer el costo totalmente sobre los más débiles: los deudores pagarían un peso por cada dólar adeudado, pero los bancos debían reconocer $1,40 por cada dólar de los ahorristas. Para favorecer a los bancos, el FMI proponía que se apelara a una «hiperinflación controlada» que licuara totalmente el valor de los contratos pesificados, pero ese camino era políticamente inviable. La devaluación se trasladó a los precios, pero la inflación no se salió de control y pronto volvió a niveles relativamente bajos.

Duhalde decretó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y además reintrodujo retenciones por las que el Estado se quedaría con una parte de las ganancias de algunos sectores exportadores, especialmente los del agro. Con los fondos disponibles por esa medida, por la moratoria de la deuda externa y por créditos de urgencia que otorgaron agencias internacionales, se puso en marcha un gigantesco programa de subsidios para los desocupados. Mientras que en diciembre de 2001 apenas el 1% de la población recibía ayuda estatal, ahora el porcentaje se extendió a más del 6%, lo que significó que 2.500.000 personas recibieran un subsidio. Los empresarios y organismos internacionales tuvieron que dejar pasar todas estas medidas sin oponer sus resistencias habituales, por miedo a echar fuego al descontento popular.

A fines de 2002, el reordenamiento financiero permitió poner fin al «corralito» bancario y discontinuar el uso de cuasimonedas en las provincias. Mientras tanto, el aumento del consumo, el fin del drenaje de fondos hacia el exterior, los altos precios internacionales de la soja y la disminución de las importaciones por efecto de la devaluación generaron una reactivación. La situación económica comenzaba a descomprimirse. Pero quedaba aún la crisis política. La enorme masa de subsidios que se repartió durante 2002 fue casi totalmente gestionada a través de los municipios, lo que puso en manos del aparato clientelar peronista una fabulosa herramienta para restaurar su dominio. En poco tiempo el PJ recuperaría parte del poder que había perdido a manos de los nuevos movimientos sociales y volvería a ocupar su lugar como el partido más poderoso de la política nacional. Conservaba, sin embargo, un gran desprestigio y arrastraba dificultades para superar sus divisiones internas.

En un intento de recuperar el control de la calle, en junio de 2002, el gobierno realizó un ensayo represivo. En ocasión de un corte en un puente de acceso a la ciudad de Buenos Aires, la policía montó un escenario para justificar un feroz ataque a las organizaciones piqueteras de tendencia más autónoma, que terminó con dos jóvenes muertos —Maximiliano Kosteki y Darío Santillán— y numerosos heridos. Con la ayuda de los principales diarios y canales de televisión, se intentó convencer a la ciudadanía de que las muertes habían sido producto de enfrentamientos entre los propios piqueteros. Pero las fotografías de los hechos demostraron la farsa y una enorme reacción de protesta puso fecha de vencimiento al gobierno. Duhalde se vio forzado a adelantar la convocatoria a elecciones generales y a autoexcluirse de la posibilidad de ser candidato. Esperaba que los comicios, fijados para abril de 2003, ayudaran al sistema político a recobrar algo de su legitimidad.

El problema era que, sin una candidatura de Duhalde, no estaba claro quién podría liderar al PJ. Ningún referente se perfilaba con posibilidades, por lo que existía el riesgo de que su archienemigo Carlos Menem fuera quien representara al partido de cara a los comicios. Menem tenía un enorme desprestigio, lo que adelantaba una derrota segura, pero conservaba un apoyo suficiente como para triunfar en elecciones internas frente a otras figuras ignotas.

Ante un escenario así de complicado, Duhalde suspendió las internas e impuso un cambio en las reglas electorales que permitió que varios candidatos se presentaran bajo el sello del PJ. En la contienda se anotaron así Menem, Rodríguez Saá y Néstor Kirchner, hasta entonces un desconocido político de Santa Cruz. Duhalde había tratado de tentar al gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, que tenía buenas chances. Pero ante la negativa, dio su aval al patagónico.

Llegadas las elecciones, los tres candidatos peronistas compitieron entre sí, y con Ricardo López Murphy —un economista liberal que el establishment consiguió instalar rápidamente con ayuda de los medios de comunicación— y Elisa Carrió, una ex radical que había fundado poco antes el partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI), por entonces de orientación centroizquierdista. Algunos movimientos sociales llamaron a la abstención, pero para entonces la demanda de regreso a la «normalidad» venía cerrando vertiginosamente la ventana al cambio que se había abierto en 2001. La ciudadanía concurrió a las urnas sin entusiasmo y en la primera vuelta el voto se dividió entre todos los candidatos. En primer lugar quedó Menem, pero con apenas algo más que el 24%. En el segundo, Kirchner, que había conseguido el 22% con una campaña con eje en la crítica al neoliberalismo. Los otros tres contendientes obtuvieron entre 16 y 14% cada uno. La UCR también presentó candidato, pero obtuvo un porcentaje cercano a lo irrelevante, 2,34%, otro índice del descalabro de los partidos tradicionales. La izquierda, sumadas sus diversas agrupaciones, quedó por debajo de esa cifra.

De cara al balotaje, se hizo evidente que los votos obtenidos por Menem eran su techo. Decenas y decenas de organizaciones y referentes de todo el país llamaron a votar a Kirchner, menos por aprecio al candidato que para bloquear un tercer mandato del riojano, que venía con la promesa de una dura represión y un regreso a políticas de ajuste ultraliberal que incluían acaso la dolarización total por abolición de la moneda nacional, un camino drástico que Ecuador había tomado en 2000 y que Menem había deslizado como posibilidad.

Ante la perspectiva de perder en segunda vuelta por una abrumadora diferencia —las encuestas hablaban de 70% para su contrincante— Menem decidió retirar su candidatura. Así llegaba a la Casa Rosada, con apenas el 22% de los votos, alguien virtualmente desconocido al comienzo de la campaña, que ni siquiera había conseguido la representación de todo su partido. Otro efecto inesperado de 2001.

El surgimiento del kirchnerismo (2003-2007)

Al asumir Kirchner, la economía estaba iniciando una incipiente recuperación, que en los años siguientes se consolidó de manera sorprendente: durante su mandato la inflación se mantuvo en niveles bajos y el PBI creció entre 8 y 9% cada año. Ya en 2005, la producción recuperó el nivel de 1998, antes de la crisis, y seguiría aumentando por la siguiente década. Sus motores fueron la industria orientada al mercado interno, la exportación automotriz a Brasil, y de commodities industriales (acero, aluminio) y productos agrícolas (en particular, la soja, muy consumida en los mercados asiáticos).

Los pilares que permitieron ese desempeño fueron los establecidos luego de la caída de De la Rúa, en buena medida para apaciguar el descontento: el superávit fiscal (engrosado por las retenciones y el no pago de la deuda), la expansión del consumo (favorecida por el gasto social) y el superávit comercial, alimentado por la devaluación y los excelentes precios internacionales de los alimentos, pero también por una serie de medidas orientadas a estimular la producción local de bienes antes importados. La continuidad de la política económica quedó plasmada en la del propio ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, que siguió en su cargo hasta fines de 2005.

La mayor bonanza se reflejó en una reducción del desempleo y de la pobreza y en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que en 2008 alcanzaron y luego superaron el que tenían antes de 2001. La mejora fue ayudada también por la reanudación de las negociaciones paritarias a partir de 2005 y por políticas que apuntaron a sostener el nivel de empleo y a restaurar algunos de los derechos laborales vulnerados por las medidas de «flexibilización» de los gobiernos anteriores. Los subsidios a los servicios públicos continuaron, lo que significaba un mayor ingreso indirecto. Luego de 2006 hubo asimismo una política de intensa ampliación de los derechos previsionales, por la que se duplicó rápidamente el número de jubilados (poco después se dispuso un sistema semestral de actualización de haberes, que fue mejorando su poder adquisitivo).

Quedaban, sin embargo, problemas complejos por resolver. El más candente era el del default. El gobierno encaró una larga y tensa negociación con los bonistas internacionales, y en 2005 un 76% de ellos aceptó una quita del 75% del capital adeudado —un nivel inédito en la historia de las reestructuraciones— y el canje de sus papeles por otros pagaderos en plazos más largos y en condiciones más favorables para el país. En 2010 se sumaría otro grupo, con lo que la aceptación del trato que propuso la Argentina llegó al 92% de los bonistas. La mayor parte de quienes lo rechazaron fueron los llamados «fondos buitre» de origen estadounidense, que habían comprado los bonos a bajo precio luego del default y siguieron litigando para tratar de cobrar sin quitas. A ojos de la comunidad internacional, la firmeza del gobierno en la negociación sin dudas resultó más justificada (e ineludible) por el recuerdo de la rebelión de 2001.

A fines de 2005, el gobierno también anunció el pago completo y en efectivo de la deuda con el FMI. Justificó la medida en la necesidad de recuperar la soberanía del Estado y ya no tener que atender sus recomendaciones, siempre ortodoxas. Por los siguientes diez años no se recibieron sus misiones de supervisión, ni se tomaron sus créditos, ni se aceptaron sus recomendaciones, toda una novedad en el último medio siglo de historia. El costo de ello fue que la Argentina vería limitadísima su posibilidad de acceder al crédito internacional, ahora no solo de inversores privados sino también de organismos financieros.

El énfasis en la soberanía se notó también, aquel año, en ocasión de la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Mar del Plata. El encuentro presidencial apuntaba a avanzar con la firma de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que ambicionaba Estados Unidos para facilitar los negocios de sus empresas. Una extensa red de movimientos sociales del continente se oponía y los argentinos aportaron una multitudinaria manifestación en la ciudad balnearia para rechazarlo. Con esa presión de fondo, un grupo de presidentes de orientación más popular se pusieron de acuerdo para bloquear la propuesta estadounidense de manera solapada. Néstor Kirchner, como anfitrión, desempeñó un papel clave en el éxito de la misión, en la que también participaron el venezolano Hugo Chávez, el brasileño Luiz Inácio «Lula» da Silva y el uruguayo Tabaré Vázquez. En lo que fue una encrucijada histórica, el presidente del país del norte se fue con las manos vacías y el proyecto del ALCA quedó sepultado. El Mercosur salió fortalecido y en 2006 aceptó a Venezuela como miembro pleno
(su incorporación se demoraría algunos años más). En estos años, la Argentina también estrechó sus vínculos bilaterales con otras potencias, como Rusia y China.

Estas posturas se enmarcaron en un fuerte cambio de discurso y de horizonte político, en un país en que, hasta hacía poco, parecía que solo cabía adherir al libre mercado. Kirchner buscó sintonizar con las demandas de «nueva política» de la rebelión de 2001 y adoptó un tono crítico respecto del neoliberalismo y moderadamente nacionalista. Planteó que el Estado debía volver a tener un papel activo en la economía, aunque sin entorpecer el funcionamiento del mercado ni el flujo de inversiones extranjeras. Tenía que trabajar mancomunadamente con el empresariado local para fortalecer el mercado interno y, al mismo tiempo, mejorar la condición de los trabajadores. Durante el mandato de Kirchner se reactivó el desarrollo nuclear, se rescató el Astillero Río Santiago y se reestatizaron el Correo (que en manos del grupo Macri acumulaba una enorme deuda impaga con el Estado) y la empresa que proveía el agua a la capital y el Conurbano. Los presupuestos para educación, universidades y el sistema de ciencia y tecnología crecieron de manera considerable.

Junto con esa visión económica y social, Kirchner buscó asociarse a las tradiciones más progresistas de la política nacional. Planteó una fuerte rehabilitación de la generación de jóvenes izquierdistas de los años setenta, de la que él había formado parte. Al mismo tiempo, hizo una enérgica reivindicación del movimiento de derechos humanos, con muchas de cuyas entidades estableció una relación de amistad y cercanía, y avanzó en una serie de medidas para impulsar los juicios a los criminales de la última dictadura.

En 2003, a propuesta suya, el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Habían sido derogadas ya en 1998, pero la anulación tenía ahora efectos retroactivos, lo que permitió enjuiciar a todos los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, del rango que fuesen. En el nuevo clima, algunos jueces declararon también inconstitucionales los indultos de Menem (algo confirmado luego por la Corte Suprema), lo que permitió volver sobre los altos mandos de la dictadura. Además, en un gesto de fuerte impacto, el 24 de marzo de 2004, Kirchner concurrió personalmente al Colegio Militar y ordenó al jefe del Ejército que retirara los retratos de Videla y Bignone que todavía adornaban sus paredes. La imagen se transformó inmediatamente en una poderosa marca simbólica: el poder militar aparecía, ahora sí, ya totalmente subordinado al civil.

La vocación progresista se notó asimismo en la renovación de la Corte Suprema. En 2003, su composición era aún la de la «mayoría automática» menemista: varios jueces de antecedentes más bien pobres habían emitido fallos de dudosa legalidad a la medida de intereses particulares (entre otros, habían intervenido para salvar a Mauricio Macri de un procesamiento por contrabando de autopartes). Desde tiempos de Duhalde, además, utilizaban la amenaza de anular medidas cruciales del Ejecutivo como arma de negociación. Enancado en las movilizaciones que la sociedad sostenía contra la Corte, Kirchner promovió el juicio político de varios de sus miembros. Cuatro finalmente renunciaron y otros dos fueron destituidos por el Congreso, tras lo cual el presidente postuló y obtuvo aprobación para cuatro nuevos integrantes, independientes y de sólidos antecedentes, algunos de ellos de notorias posturas progresistas. Dos fueron mujeres, lo que dio al cuerpo un inédito equilibrio de género. Para la designación se implementó un nuevo sistema de consulta pública y la Corte volvió a su número histórico de cinco jueces.

Respecto de la movilización callejera, todavía intensa, el gobierno tuvo una conducta ambivalente. Con los movimientos piqueteros que le manifestaron apoyo estableció un vínculo cordial y de alianza política. Algunos de sus dirigentes fueron designados como funcionarios en cargos menores. En Jujuy, la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, una mujer kolla de orígenes modestos, fue logrando un impresionante despliegue territorial en asociación con el gobierno. A los que se mantuvieron en posturas antagonistas, en cambio, se los demonizó. De todos modos, durante los años kirchneristas se limitó fuertemente el uso de las facultades represivas de las fuerzas de seguridad en el control de las manifestaciones callejeras. Eso no impidió que hubiese episodios de violencia policial, incluso de consecuencias letales, pero comparativamente fueron menos que en tiempos previos. Como contraparte, en 2004, una inesperada y masiva movilización encabezada por un empresario cuyo hijo había sido asesinado por delincuentes exigió el endurecimiento de las facultades punitivas del Estado, una demanda a la que Kirchner cedió. Los casos de gatillo fácil fueron menos que en 2000 o 2001, pero de todos modos siguieron siendo altos.

En el terreno político, las novedades fueron muchas. En sintonía con las aspiraciones de nueva política de 2001, Kirchner se alejó inicialmente de su identidad peronista de origen. En sus campañas y movilizaciones no se cantó la «Marcha peronista» y sus boletas electorales prescindieron por un tiempo del tradicional escudo del PJ.El partido, por otra parte, seguía fragmentado y sin un liderazgo claro. De hecho, en las elecciones legislativas de 2005, Cristina Fernández, esposa del presidente, de larga trayectoria política, enfrentó y derrotó en la provincia de Buenos Aires a Hilda Duhalde, esposa del ex presidente —por entonces ya muy enemistado con Kirchner—, en una contienda en la que esta última fue la que representó oficialmente al PJ.

Lo que por entonces se empezaba a llamar «kirchnerismo» presentó como horizonte la «transversalidad». El proyecto era disolver el peronismo en una nueva fuerza política que reagrupara a los sectores progresistas de otros partidos, en especial, de la UCR. La idea generó resistencias dentro del PJ y avanzó a medias. Kirchner atrajo a su espacio, el Frente para la Victoria, a una buena porción de referentes del radicalismo, incluidos algunos gobernadores y dirigentes históricos, desde entonces conocidos como «radicales K». Algunos políticos de otras fuerzas de izquierda o centroizquierda también se acercaron. Pero con el correr de su mandato Kirchner se fue recostando cada vez más en el aparato del PJ, que le garantizaba una presencia territorial difícil de resignar. Apostó entonces a imprimir a su viejo partido una nueva identidad decididamente progresista, algo que no había tenido anteriormente. Pero, por lo pronto, algunas de las figuras más desprestigiadas del pasado —incluyendo a Aldo Rico— reaparecieron como parte de su política de alianzas. La reperonización del gobierno irritó a los no kirchneristas, sin conseguir entusiasmar demasiado a los votantes propios.

Las elecciones generales de 2007 constataron el carácter abierto de los realineamientos políticos. Encabezó la fórmula oficialista Cristina Fernández, secundada por el gobernador radical de Mendoza, Julio Cobos. Obtuvieron el triunfo con el 45% de los votos, a una gran distancia del principal agrupamiento opositor, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que sacó el 23%. Esta vez acompañó a Carrió el Partido Socialista, que ese año obtuvo en Santa Fe la primera gobernación de su larga historia. Todavía sumida en la debacle, la UCR optó por postular a un extrapartidario de origen peronista, Roberto Lavagna, hasta hacía dos años ministro de Kirchner, que obtuvo el 16%. El resultado de la suma de todas las fuerzas percibidas como «progresistas» o de izquierda superó el 88% de los votos, lo que da una idea del corrimiento político que el 2001 había generado en la sociedad. Las agrupaciones abiertamente de derecha o percibidas como tales recibieron porciones mínimas.

Hubo, sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires otra novedad en sentido inverso: con el 45%, Mauricio Macri se convirtió en jefe de gobierno. El conocido empresario, anteriormente cercano al menemismo, se había lanzado a la política apenas cuatro años antes y acababa de fundar Propuesta Republicana (PRO), el partido con el que se alzó con la victoria. Entre los porteños y en algunos otros grandes centros urbanos se notaba ya por entonces el crecimiento de una disposición fuertemente antikirchnerista.

Los gobiernos de Cristina Fernández

Cristina Fernández asumió el 10 de diciembre de 2007. La continuidad de las políticas públicas respecto del período de Kirchner quedó plasmada en la del jefe de gabinete, Alberto Fernández, y en la de la mayoría de los ministros. Atendidos los problemas más acuciantes de la crisis, la nueva mandataria anunció que buscaría afirmar las bases del crecimiento y mejorar la calidad institucional.

Las complicaciones surgieron de manera inmediata. En octubre de 2007, años de manejos irresponsables de los bancos estadounidenses derivaron en una crisis financiera cuyos efectos se manifestaron en todo el mundo. La de 2008 fue la peor crisis del capitalismo global desde la de 1929: casi todos los países entraron en recesión, el crédito y el comercio internacional se retrajeron, la pobreza aumentó por todas partes y se aceleró la inflación. Su estela duró varios años.

Irónicamente, el aislamiento financiero en el que permanecía el país resultó entonces una ventaja: la Argentina no dependía de créditos ni sus bancos se vieron sacudidos. Sin embargo, la crisis global tuvo efectos comerciales. Los países latinoamericanos se vieron severamente afectados, entre ellos, Brasil, que debió devaluar drásticamente su moneda, lo que afectó las exportaciones de la Argentina con su principal socio comercial. A esta situación se sumaron las fuertes sequías de 2008-2009, la peor en cincuenta años, y otra casi tan dura en 2011-2012, que afectaron las cosechas y la ganadería local. La economía argentina, que además arrastraba sus propios problemas, sufrió una marcada retracción en 2008 y 2009; se recuperó en 2010, pero sufrió otra caída en 2012 y a partir de entonces tuvo una evolución sinuosa. Para limitar los efectos de la crisis, el gobierno aumentó el gasto público, con lo que dos de los pilares del modelo kirchnerista —los «superávits gemelos», fiscal y comercial— se debilitaron.

Cuando los efectos de la crisis todavía no se habían hecho notar, un imprevisto enfrentamiento sacudió el escenario político. Los precios internacionales del maíz, la soja y los cereales venían subiendo de manera sostenida desde 2005 y a comienzos de 2008 alcanzaron un pico inusual. El valor exorbitante generaba ganancias extraordinarias para los productores, al tiempo que empujaba los precios internos de los alimentos. Para limitar esto último y para sacar provecho de la buena racha, el gobierno subió las retenciones del 28 al 35% y, en marzo de 2008, decidió aplicar un sistema de alícuotas móviles, que subían o bajaban de acuerdo a las variaciones del precio internacional de esos productos.

En protesta por la medida, las principales entidades empresariales del agro iniciaron un lock out acompañado de cortes de ruta y la amenaza de desabastecer a las ciudades. Lo que era un problema sectorial pronto se combinó con los alineamientos políticos y produjo el primer desafío serio al kirchnerismo. El 25 de marzo miles de personas opuestas al gobierno, la mayoría proveniente de sectores medios o altos (muchas, sin ninguna relación con el campo) salieron a golpear cacerolas en varias ciudades en apoyo a los empresarios rurales. Aunque invocaron el espíritu de los cacerolazos de 2001, faltó entonces el espíritu de unidad que hubo en aquellas jornadas: esta vez los cánticos sí se refirieron a una cuestión sectorial de bolsillo («El campo no se toca») y, como los propios diarios reconocieron, en esa manifestación y en las varias muy masivas que le siguieron abundaron los insultos racistas contra «los negros» que apoyaban al gobierno. Los principales medios de comunicación alentaron la protesta y se galvanizó así un poderoso movimiento antikirchnerista que retomó muchos de los motivos del antiperonismo clásico.

El gobierno no quiso dar el brazo a torcer y el conflicto se prolongó durante tres meses, durante los cuales también las multitudes kirchneristas ocuparon las calles. El debate público se volvió virulento y crispado como nunca. La dramática encrucijada produjo un notorio cambio en los discursos oficiales, que adoptaron una disposición tan marcadamente binaria y belicosa como la de sus rivales. El gobierno y otros referentes afines compararon el movimiento opositor a las manifestaciones que habían apoyado a la Revolución Libertadora; los acusaban así de tener intenciones destituyentes. Reapareció también un vocabulario setentista olvidado desde hacía tiempo, con imprecaciones a «la oligarquía» y a la clase media por marchar a su cola. Los kirchneristas se presentaron como defensores de las clases bajas, a la vez que, de manera novedosa, oficiaron de canal para que irrumpiera en el debate público la cuestión de las diferencias étnico-raciales entre los argentinos. Incluso el matrimonio Kirchner jugó desde entonces con la idea de que quienes se oponían al gobierno eran «blanquitos» que despreciaban a los «morochos».

En un intento de destrabar el conflicto, Cristina Fernández decidió reelaborar la modificación propuesta en las retenciones como un proyecto de ley que envió a consideración del Congreso. Entre álgidos debates, la Cámara de Diputados lo aprobó. A la hora de la votación en Senadores, enmarcada por intensas movilizaciones callejeras, se produjo un empate. La definición quedó en manos del presidente del cuerpo, que por disposición constitucional es el vicepresidente de la nación y representa allí al Poder Ejecutivo. Imprevistamente, Julio Cobos desempató en contra del proyecto de ley, lo que lo convirtió, durante algunas semanas, en una celebridad y el héroe de los antikirchneristas. El gobierno reprochó la «traición» pero aceptó la derrota y retrotrajo las alícuotas de retenciones a sus niveles anteriores. El conflicto quedaba cerrado. El descrédito por ello y por las penurias económicas hicieron que en las elecciones legislativas de 2009 el kirchnerismo tuviese el peor desempeño de su breve historia. El peronismo antikirchnerista se agrupó con partidos de derecha en la provincia de Buenos Aires e infligió una seria derrota a Néstor Kirchner, que compitió como cabeza de lista en ese distrito.

El kirchnerismo salió de ese momento de debilidad con una transformación que sorprendió a propios y ajenos. En lugar de conciliar y moderar sus ambiciones hegemónicas, radicalizó el contenido social de su propuesta con una crítica más pronunciada de las corporaciones y de las clases altas y con un mayor esfuerzo por identificarse con las bajas. Abrazó ahora sí más decididamente los emblemas y la liturgia tradicional del peronismo. Pero a su vez, de todo ese legado, recuperó especialmente la breve etapa camporista, la única y efímera vez en que el justicialismo adoptó una disposición izquierdista que trascendía los límites políticos que su fundador le había trazado. Ese giro fue acompañado de un cambio muy notorio en la retórica oficial, que comenzó a echar mano de ideas, vocabularios y símbolos de los años setenta, como parte de una épica de lucha contra los enemigos del pueblo. Una nueva línea interna del kirchnerismo —a la que no casualmente se bautizó La Cámpora— adquirió una vertiginosa notoriedad y espacios de poder. El giro discursivo planteado permitía así reconciliar la herencia del peronismo con la ilusión de trascenderla y superarla que todavía resonaba desde 2001.

Al mismo tiempo, el gobierno de Cristina Fernández sorprendió con una serie de medidas que generaron entusiasmo en vastos sectores. A mediados de 2008 obtuvo aval parlamentario para la reestatización de Aerolíneas Argentinas, en crisis por las maniobras de vaciamiento de sus administradores españoles. Hacia finales de ese mismo año consiguió la aprobación del Congreso para eliminar el sistema de administradoras privadas de fondos jubilatorios y volver a colocarlos bajo gestión estatal. El cambio apuntaba a solucionar los problemas de financiamiento del Estado, pero también se hacía cargo del fracaso total del sistema privado, que solo había dado beneficios a los bancos. Pero la medida más resonante fue el decreto que en 2009 creó la Asignación Universal por Hijo, un estipendio mensual para atender a las necesidades de los niños que tuvo enorme impacto en los hogares más pobres. A diferencia de los planes sociales, se trató de la extensión de un derecho al que se accedía de manera transparente y sin intermediaciones políticas.

Luego del enfrentamiento con las patronales rurales, el gobierno entró en una amarga disputa con el multimedios Clarín, que fogoneaba las posturas opositoras. La Argentina tenía por entonces una estructura de medios extremadamente concentrada. El Grupo Clarín era dueño del periódico nacional de mayor circulación y de varios del interior, de decenas de revistas, del canal de aire más importante y de varias decenas de los de cable, de algunas de las radios más escuchadas y de empresas de fabricación de papel, de telefonía y de banda ancha. Mientras Clarín mantuvo un nivel de críticas moderado, ese cuasi monopolio no había molestado al gobierno de Kirchner (que, de hecho, favoreció su expansión).

Pero todo cambió en 2008. Como parte del nuevo espíritu del gobierno, al año siguiente Cristina Fernández consiguió la aprobación para una nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales que, como las disposiciones de los países más avanzados, apuntaba a que la voz no estuviese concentrada. Incluía cláusulas antimonopólicas que obligaban al Grupo Clarín y otros multimedios a desprenderse de algunas de sus licencias y también garantizaba un lugar para radios y canales de televisión comunitarios y sociales. Clarín resistió tenazmente la medida, consiguió dilaciones judiciales para su aplicación y se embarcó en lo que uno de los editores del diario llamó «periodismo de guerra» contra el kirchnerismo. El gobierno replicó con frecuentes ataques verbales contra el multimedios y con el patrocinio de toda una estructura de medios públicos y privados afines que intentaba contrarrestar los mensajes que difundía Clarín. La TV Pública y otras agencias de noticias adquirieron desde entonces un tono muy marcadamente oficialista y la presidenta hizo uso de manera cada vez frecuente de las cadenas nacionales para asegurar la difusión de su voz. El debate público se volvió extremadamente belicoso y el control sobre la veracidad de las noticias difundidas se relajó de manera notable.

En 2010, el gobierno sorprendió con otra medida inesperada. Nuevamente con aval del Congreso se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, que habilitaba a casarse legalmente a las parejas del mismo sexo. En 2012 llegaría la Ley de Identidad de Género, que habilitaba a que las personas que no se identificaban con el sexo asignado al nacer fuesen reinscritas en todos los documentos de identidad públicos de acuerdo al género autopercibido, una norma que colocó a la Argentina a la vanguardia mundial en la materia.

El giro «camporista» del gobierno y las medidas progresistas que en poco tiempo logró impulsar le devolvieron una gran popularidad, especialmente entre los más jóvenes, que luego de 2008 se acercaron masivamente al kirchnerismo. La militancia en su favor alcanzó en estos años su pico de intensidad emotiva y política. A través de esta nueva encarnación, la identidad peronista recuperó en buena medida el lugar que había perdido por efecto de la crisis de 2001 y, más aún, se expandió entre sectores medios que nunca antes la habían hecho propia.

Las celebraciones del Bicentenario en mayo de 2010 fueron la primera constatación de ese cambio de tendencia. A pesar del desgano y escepticismo de la prensa, casi tres millones de personas se agolparon en las calles de Buenos Aires para participar de los diversos eventos organizados por el gobierno nacional. Los mensajes que se pusieron en juego en la cuidada organización marcaron una novedad respecto del modo en que el Estado había representado lo argentino en épocas previas. En el evento central, una sucesión de carrozas presentó una narrativa del pasado en la que los pueblos originarios, los afroargentinos, lo mestizo y las luchas sociales ocuparon un lugar bien prominente.

Otra notable multitud se hizo presente asimismo para despedir a Néstor Kirchner en ocasión de su fallecimiento inesperado en octubre de 2010. La aflicción de la presidenta generó hacia ella una ola de sentimientos empáticos que contribuyó también a disipar algunos de los recelos previos.

En las elecciones presidenciales de 2011, Cristina Fernández resultó reelecta en primera vuelta con el 54% de los votos, un caudal solo superado por Perón. Fue la primera vez desde los tiempos de Yrigoyen que una misma fuerza política conseguía gobernar durante tres mandatos consecutivos. En un lejano segundo lugar, con 17% de los votos, quedaba el Frente Amplio Progresista liderado por el socialista santafecino Hermes Binner. La UCR obtuvo otra magra cosecha, del 11%. La principal opositora de las presidenciales anteriores, Elisa Carrió, cayó drásticamente: la votó apenas un 1,8% del padrón. El sistema de partidos continuaba en su estado magmático: aunque el kirchnerismo controlaba ya firmemente el PJ, otros dos candidatos peronistas probaron su suerte de manera independiente. El campo opositor seguía fragmentado y cambiante. Nuevamente en esta ocasión, el electorado se ubicó abrumadoramente entre el centro y la centro-izquierda; ninguna fuerza de derecha obtuvo algún caudal relevante.

Luego de las elecciones, las dificultades en el plano económico se hicieron más visibles. Por el precio de sostener la recuperación económica, por el peso de los subsidios para mantener bajas las tarifas de los servicios públicos y también por el costo creciente de las importaciones de fueloil y gas destinados a remediar la escasez de producción energética local, el gasto público fue multiplicándose. Como el financiamiento externo seguía siendo virtualmente inaccesible, el Estado apeló a la emisión de billetes y sumó más presión a la inflación, que luego de 2010 con frecuencia perforó la línea del 20% anual. La necesidad de divisas, tanto del Estado como de las empresas privadas, y la creciente fuga de capitales, impulsaron el alza del dólar. De nuevo el antiguo problema de la restricción externa.

A finales de 2011 se agregó una inesperada complicación legal que golpeó a la economía. El 7 de diciembre un juez de Nueva York emitió un fallo antojadizo por el que amenazó con confiscar los pagos de la Argentina a los acreedores que habían ingresado en la reestructuración de la deuda externa si no se avenía a pagar, al mismo tiempo, al puñado de especuladores que había decidido mantenerse fuera de la negociación. El fallo colocaba al país en un callejón sin salida. Según los términos contractuales, si se pagaba en ese momento a los fondos buitre el monto total que reclamaban, sin quitas, se habilitaba a los demás acreedores a exigir un trato igual, lo que significaba el colapso total de la reestructuración. Si no se les pagaba, la nueva resolución judicial impedía al país honrar sus compromisos, lo que lo colocaba nuevamente en default (ahora involuntario) y tiraba por la borda todos los esfuerzos de normalización de los años previos.

La Argentina sostuvo la postura de no acatar el fallo del juez neoyorkino y el gobierno se embarcó en cambio en una batalla judicial defensiva en los tribunales estadounidenses y en otros sitios. Desarrolló asimismo una ofensiva internacional que ganó para el país uno de sus más resonantes logros diplomáticos: varias naciones apoyaron de manera explícita la postura argentina y, en septiembre de 2015, la ONU aprobó por amplia mayoría un protocolo para la reestructuración de deudas soberanas con cláusulas «antibuitre» propuesto por el país y rechazado por los Estados Unidos y un puñado de sus aliados. La presión internacional fue en franco aumento, pero no consiguió en lo inmediato cambiar el escenario judicial hostil. La Argentina siguió sin poder acceder al financiamiento externo, cuya necesidad fue cada vez más urgente. El propio conflicto sembró dudas sobre el futuro de la economía, afectó las decisiones de inversión e impulsó la fuga de capitales.

El gobierno de Cristina Fernández enfrentó las turbulencias económicas profundizando la línea heterodoxa que venía aplicando desde el comienzo. Para mantener el tipo de cambio en una franja razonable y combatir la fuga de divisas, ya en noviembre de 2011 puso límites a la cantidad de dólares que los privados estaban habilitados a comprar; ese llamado «cepo cambiario» duró hasta el fin de su mandato. A comienzos de 2012, un nuevo sistema burocrático obligó a solicitar autorización previa antes de importar bienes, una manera velada de protección a la industria nacional. Y ya que la crisis en la producción de energía era, al menos parcialmente, responsabilidad de la empresa española que había comprado YPF en tiempos de Menem y no había hecho las inversiones necesarias para explorar y poner en funcionamiento nuevos yacimientos, en 2012, por ley aprobada en el Congreso, el Estado expropió el 51% de su paquete accionario. YPF continuó siendo una sociedad anónima, pero manejada ahora por un gerente designado por el gobierno, que pronto la puso de pie.

Los empresarios de diversos sectores fueron presionados para que no recortaran costos por vía del despido de personal. El gobierno continuó asimismo con políticas de gasto social y de ampliación de derechos laborales que impactaron positivamente en los niveles de ingreso (y con ello, en el consumo). Entre las más destacadas estuvo la de 2013, que equiparaba las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas con las del resto de los asalariados, y una nueva ronda de moratoria previsional en 2014, que volvió casi universal la cobertura jubilatoria. Mientras que solo un 66% de los ancianos accedían a ese beneficio en 2003, ahora el porcentaje se elevaba al 97% e incluía también a las amas de casa, reconocidas en su trabajo no remunerado. A todo ello se agregó un programa de cientos de miles de créditos baratos para la construcción o ampliación de viviendas y facilidades para el acceso a lotes de tierra a tal efecto.

Aunque sus peores efectos fueron aplacados o diferidos, las dificultades de la economía continuaron. El perfil heterodoxo de las políticas quedó ratificado con la designación de Axel Kicillof como ministro del área a finales de 2013, quien, sin embargo, comenzó su gestión con una devaluación del peso del 18%. En lo inmediato, la medida produjo mayor inflación —se ubicó en 2014 en un pico superior al 35%— y una caída de los salarios. Consecuentemente, en 2014 las relaciones con los sindicatos se resintieron y la CGT realizó su primer paro general de toda la época kirchnerista. Una serie de políticas orientadas a facilitar las compras en cuotas y a contener los precios de los productos básicos compensó parcialmente las pérdidas de poder adquisitivo. Los niveles salariales mejoraron en 2015 y ese año se redujo notoriamente la inflación, que antes de las elecciones de 2015 se ubicó en torno del 23%.

Géneros y sexualidades: un cambio vertiginoso

La aprobación del divorcio en tiempos de Alfonsín y de las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género bajo Cristina Fernández enmarcaron un vertiginoso proceso de cambio sociocultural en lo relativo a las sexualidades, la familia y los géneros. Desde los años ochenta las pantallas del cine, algo después la televisión, la prensa y la música masiva comenzaron a hacer lugar a imágenes positivas sobre el amor homosexual (primero entre varones, más tarde también entre mujeres). En la década siguiente, las travestis encontraron lentamente un sitio en el teatro comercial y en la televisión, donde ahora fueron admitidas sin intención exclusiva de denigración. Todo ello fue índice de un cambio a nivel más general, que volvió progresivamente más aceptables las opciones e identidades sexuales y de género disidentes.

El activismo de las minorías sexuales tuvo un papel crucial en esta mutación. La experiencia del Frente de Liberación Homosexual había quedado truncada con el inicio de la dictadura, pero el movimiento renació con fuerza apenas reestablecida la democracia. En 1984 se fundó en Rosario el Movimiento de Liberación Homosexual y, en Buenos Aires, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), las más sólidas entre otras varias iniciativas que siguieron en los años posteriores. A fines de esa década y comienzos de la siguiente aparecieron entidades exclusivamente de lesbianas y, en 1991, la primera de defensa de las transexuales. No sin tensiones, estos grupos fueron construyendo alianzas y motorizando reclamos públicos.

En julio de 1992, en sintonía con las que se llevaban a cabo en otros países, se realizó en Buenos Aires la primera «Marcha del orgullo gay-lesbiano». Concurrieron entonces unas doscientas cincuenta personas, la mayoría de ellas con máscaras de cartón para evitar ser reconocidas, que marcharon al Congreso con la consigna «Libertad, igualdad, diversidad». El ritual se repitió cada año desde entonces. Hasta el 2000 la concurrencia fue creciendo de manera moderada y luego de ese año, de forma explosiva. Para 2008 ya marchaban a cara descubierta decenas de miles en la capital y ahora también en otras ciudades. Para 2015, según los organizadores, la multitud reunida en Buenos Aires se contaba en doscientas mil personas.

Más o menos al mismo tiempo se fue ampliando el feminismo, que por primera vez se convirtió en un movimiento de masas con buen arraigo en todas las clases. Lo vehiculizaron varias organizaciones, pero su expresión más visible fueron los Encuentros Nacionales de Mujeres. El primero se realizó en Buenos Aires en 1986 y participaron unas seiscientas mujeres con el objetivo de hacer visible la opresión de género y discutir maneras de enfrentarla. Se trató de un espacio abierto y horizontal para el encuentro en talleres y la deliberación, independiente de cualquier institución u organización. Trasladándose cada año a una ciudad diferente, los sucesivos encuentros plantearon demandas e iniciativas relativas al cupo femenino en cargos públicos, la violencia machista, la salud reproductiva y el derecho al aborto. Fueron atrayendo un número creciente cada año, que en 2001 alcanzó las doce mil. Participaban para entonces mujeres de diversa procedencia: amas de casa, obreras, trabajadoras rurales, estudiantes, campesinas, militantes de partidos, profesionales, de pueblos originarios, piqueteras.

A partir de los lazos tejidos en los encuentros se organizó desde 2005 una Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que retomó la labor de toda una serie de iniciativas que venían desde la restauración de la democracia. También se fueron articulando demandas con los movimientos de minorías sexuales, y las mujeres lesbianas, trans y bisexuales fueron ganando protagonismo. En el Encuentro de 2015, el número de asistentes había llegado ya a las sesenta mil. Para entonces el reclamo por el derecho al aborto estaba planteado como nunca en los debates públicos, a pesar de lo cual no había encontrado eco entre la alta dirigencia kirchnerista, que no habilitó en el parlamento el tratamiento del tema.

A partir de ese año el movimiento de mujeres se manifestó con frecuencia y planteó una crítica cada vez más aguda al patriarcado. En junio de 2015 irrumpió en las calles con una masividad sorprendente. Luego de una serie de espeluznantes asesinatos de mujeres jóvenes, circuló un llamamiento bajo la consigna «Ni una menos» (eco del «Ni una más» usado en México). Exigía el fin de los femicidios y el cumplimiento de la ley de protección contra la violencia machista que se había aprobado en 2009, pero permanecía pobremente implementada. La respuesta fue contundente: unas doscientas mil personas, la gran mayoría mujeres, marcharon en Buenos Aires, y en muchas ciudades del resto del país se movilizaron en sintonía.

Otras manifestaciones multitudinarias se sucedieron ese año y los siguientes, y el movimiento pasó a estar conducido por una asamblea de referentes de organizaciones de base y activistas. «Ni una menos» además se internacionalizó y tuvo réplicas en numerosos países. En la Argentina se desbordó hacia otros sectores y articuló solidaridades amplias con los y las trabajadoras, los pobres, el movimiento de derechos humanos, los pueblos originarios y las minorías oprimidas de todo tipo. (En 2016, este movimiento propuso y llevó a cabo un inédito «paro de mujeres» que también tuvo réplicas internacionales.) Toda esa movilización dio a su vez una masividad mucho mayor al reclamo por el derecho al aborto. En poco tiempo el movimiento feminista consiguió poner en discusión pilares hasta entonces incólumes del patriarcado, no solo en la denuncia del femicidio y la desigualdad de derechos, sino también en la de las múltiples violencias en el plano de las relaciones afectivas e incluso en el lenguaje.

Los límites del kirchnerismo y la victoria de Macri

Al llegar al fin del tercer período kirchnerista consecutivo, el país lucía transformado, aunque con claroscuros muy evidentes. Las mejoras más sustanciales e indiscutibles fueron las de la ampliación o restitución de derechos sociales, laborales y civiles y el de la defensa de los derechos humanos. En todo ello, el kirchnerismo significó un parteaguas en la historia reciente y una reversión clara de las tendencias que se habían instalado en los años noventa.

Otro ámbito de cambio indudablemente positivo fue el del desarrollo científico. La creación de un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007 dio la pauta de la atención y el apoyo decididos que el kirchnerismo prestó a esa área. En los años ochenta, como fruto de décadas de inversión pública, la Argentina había llegado a estar en condiciones de fabricar y exportar reactores nucleares y poco después se habían producido los primeros satélites. Pero en esa década y la siguiente esos programas sufrieron el desfinanciamiento y quedaron casi congelados (algunos fueron desmantelados por presión de Estados Unidos, como el de fabricación de misiles balísticos, que estaba muy avanzado); el país había perdido buena parte de sus científicos y tecnólogos, que partieron a la emigración. En la época kirchnerista se revirtió esa tendencia: la Argentina consiguió poner en órbita el primer satélite geoestacionario fabricado localmente y exportó reactores nucleares a países como Australia u Holanda, lo que la colocaba en la pequeña lista de naciones capaces de producir ese tipo de bienes. Hubo también avances importantes en nanotecnología, biotecnología y en las industrias del software. El Conicet gozó de fondos como nunca antes y la producción científica del país mejoró notoriamente en todos los rankings internacionales. Los años kirchneristas se destacaron también por el apoyo a la producción cultural, con logros muy visibles, especialmente en el terreno audiovisual.

En lo económico los resultados mostraron luces y sombras. El período 2003-2011 fue uno de los de mayor crecimiento del PBI de toda la historia argentina (y el mayor desde el Centenario); luego de este año el ritmo se amesetó sin caer la producción, salvo levemente durante 2014. La producción agrícola para la exportación alcanzó un récord en 2010. En especial la soja, cuyos precios internacionales tendieron al alza, fue un motor crucial de este desempeño. Y al mismo tiempo la industria tuvo una notable recuperación. A diferencia de otros países latinoamericanos que también crecieron en el mismo período, la Argentina lo hizo sin reprimarizar su economía: la industria y los servicios fueron, junto con el agro, un motor de la expansión y no perdieron su proporción en el PBI.

Todos esos logros se alcanzaron sin dependencia de créditos internacionales. De hecho, hubo un fuerte proceso de desendeudamiento: la deuda pública pasó de representar un 116% del PBI en 2003 a un 45% en 2014; además, cambió su composición, con una porción mucho mayor nominada en pesos y adeudada a reparticiones del propio Estado (en lugar de a privados y organismos internacionales). En 2015, por otra parte, las reservas del Banco Central eran cerca del doble de las que había en 2003 (bien que la mitad de lo que habían llegado a ser en 2010).

Con todo, la mejora de la economía no logró resolver algunas de las limitaciones que arrastraba desde tiempo atrás, como la dificultad del sector manufacturero de exportar y su consecuente dependencia de las divisas que aportaba el sector primario. Las típicas restricciones en el frente externo y pujas por el dólar volvieron a hacerse sentir durante el segundo gobierno de Cristina Fernández. Otros problemas se acentuaron. La falta de inversión en el área fue generando una seria crisis en la provisión de energía. Por su parte, el crecimiento agrícola profundizó las tendencias al monocultivo y la brutal expansión de la soja transgénica trajo el deterioro de los suelos; el uso de agroquímicos siguió aumentando y, con él, se multiplicaron los problemas sanitarios para la población.

La expansión de la minería en la zona andina y, más tarde, del fracking en la Patagonia dejó pocos beneficios para las comunidades, pero, en cambio, un pasivo ambiental irreversible y de efectos duraderos. La utilización masiva, en ambas actividades, de químicos cancerígenos y de alta toxicidad agregó en esas regiones problemas sanitarios crecientes que también permanecieron fuera de la agenda pública. Todas estas actividades extractivas multiplicaron además las violencias contra los pueblos originarios y las poblaciones afectadas que las resistieron. A pesar de todo ello, Cristina Fernández apoyó en sus discursos a las multinacionales que las desarrollaban, incluyendo a Monsanto.

Claroscuros similares se notaron también en otros indicadores del bienestar social. Hubo en este plano mejoras evidentes. La proporción de trabajadores registrados aumentó y el desempleo bajó notoriamente hasta 2011 (luego se amesetó y subió algo hacia el final). La pobreza disminuyó de manera consistente hasta 2013, subió algo al año siguiente y volvió a descender en 2015: la proporción de pobres sobre el total de la población, que se ubicaba por encima del 60% al comienzo del ciclo kirchnerista (calculada según la nueva metodología que el Indec usó desde 2016), se había reducido a un 28% en 2015.

La distribución del ingreso se hizo más igualitaria luego de 2003 y hasta 2015, año en el que tuvo un guarismo mejor que el del mejor momento de la década de 1990 (aunque todavía muy desfavorable por comparación con la Argentina de los años setenta). Y hubo mejoras en muchos indicadores sociales, desde los de mortalidad infantil hasta los de educación, vivienda y sanidad. Así y todo, la sociedad siguió estando profundamente fragmentada. Las mejorías llegaron a las clases populares de manera desigual, visible para los trabajadores en blanco pero mucho menos para los no registrados o los desempleados. Los amplios bolsones de pobreza, exclusión y marginalidad siguieron siendo parte del paisaje social.

Los aspectos más negativos del período se notaron en el plano institucional. En las elecciones legislativas de 2009, el oficialismo puso en cabeza de sus listas a candidatos «testimoniales» que no asumieron sus cargos luego de ser electos, lo que vulneró el núcleo mismo de la soberanía popular (la práctica no se repitió en los comicios posteriores). Otras políticas del kirchnerismo afectaron seriamente el normal funcionamiento del Estado. El caso más grave fue el de la intervención del Indec y la manipulación de las estadísticas oficiales luego de 2007. Hasta 2014, los datos sobre inflación fueron sistemáticamente «retocados» a la baja; se discontinuó también la serie de pobreza, de modo de disimular las dificultades económicas. Todo ello generó un fuerte descrédito en el organismo y, en general, en la palabra pública del gobierno. Por otro lado, se debilitó la capacidad e independencia de las agencias estatales de control de la honestidad de los funcionarios. Asimismo, hubo presiones indebidas sobre el Consejo de la Magistratura para la designación de jueces subrogantes y continuó utilizándose con fines políticos la red clandestina de contactos entre servicios de inteligencia, jueces y periodistas de la que ya se habían servido otros mandatarios desde tiempos de Menem.

La corrupción llegó a los escalones más altos del aparato estatal: una ministra y un secretario nacional recibieron condenas por hechos de esa naturaleza ya durante el gobierno de Cristina Fernández, y otros funcionarios, incluyendo a la propia presidenta y su último vicepresidente, enfrentan juicios todavía en curso al cierre de este libro.

En los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández la polarización, que no era nueva, adquirió una intensidad inusitada y amarga. Partidarios del gobierno y antikirchneristas se manifestaron un rencor mutuo tal, que solo puede compararse con el que hubo en el contexto del derrocamiento de Perón. La animosidad se notó incluso en el campo intelectual, que quedó partido entre grupos de apoyo al gobierno y agrupamientos de signo antikirchnerista. La prensa le puso un nombre: la sociedad estaba dividida por «la grieta».

El kirchnerismo llegó a las elecciones de 2015 con el desgaste de doce años en el gobierno y el generado por sus propias falencias. En los últimos tiempos se notó un creciente desacople entre su retórica de tono izquierdista y encendido y una realidad que mostraba ya pocos avances en sentido progresivo. Las dificultades económicas ponían límites a la pasión que la épica era capaz de despertar. En sus últimos dos años Cristina Fernández se mostró ensimismada y no consiguió proponer un candidato de continuidad. Resignada, ungió para la misión al único que medía bien en las encuestas, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, una figura anodina y de perfil moderado que no concitaba entusiasmo entre los propios. El que podría haber despertado entre los votantes independientes quedó menguado cuando la mandataria le impuso como candidato a vicepresidente a uno de sus colaboradores más leales. Así, el kirchnerismo llegó a las elecciones con dificultades para seguir reclamando el papel de abanderado de ese cambio que se ansiaba desde 2001. Durante la campaña electoral, de hecho, se presentó como garante de la conservación, antes que como agente del cambio. Llamaba a proteger lo ya conseguido. Había dejado de mirar al futuro, para recostarse en la autocomplacencia por los logros pasados.

Sobre esa debilidad, los adversarios del gobierno operaron de manera implacable. Los dirigentes opositores, los principales medios de comunicación y un conjunto de figuras públicas de diversos ámbitos se embarcaron en una demonización cotidiana de todo lo que fuese kirchnerista. Una retórica exaltada y fuertemente maniquea marcó sus intervenciones. Además de los motivos del antiperonismo clásico, dos conceptos la organizaron: «el populismo», según se denunció con tonos de creciente urgencia, amenazaba con destruir «la república» y, con ella, acabar con la democracia, la libertad, las instituciones, el Estado de derecho, incluso la vida de las personas. Puesto en esos términos, el asunto no admitía medias tintas: había que estar a favor de la república (el bien) y en contra del populismo (el mal). El kirchnerismo, por su parte, replicó con su propia alternativa de hierro, igualmente binaria: se estaba con «el pueblo» o con «la oligarquía» y «las corporaciones». La apelación fuertemente emocional de la campaña volvió difícil el debate racional de ideas. En su lugar, dominaron las acusaciones de todo tipo.

El tema de la corrupción se adueñó de la campaña. A los casos ya juzgados se habían ido agregando otras denuncias contra el gobierno, que se multiplicaron en el período electoral. Algunas fueron evidentemente fraguadas, otras, acaso no (todavía las analizan los jueces), pero todas fueron amplificadas con ahínco por los medios de comunicación. A ellas se sumó a último momento la acusación que se lanzó sobre el candidato kirchnerista a gobernador de Buenos Aires de ser narcotraficante y estar implicado en asesinatos, una imputación de amplio eco en la prensa sobre la que, sin embargo, nunca se presentaron pruebas. Figuras intelectuales de renombre llegaron a afirmar además que el gobierno se parecía a la dictadura de Hitler, que preparaba un autogolpe, que había montado un aparato para ejercer el terror y que estaba organizando milicias armadas (nada de esto resultó cierto).

La denuncia más espectacular fue la que lanzó a comienzos de 2015 el fiscal a cargo de la investigación del caso AMIA, Alberto Nisman, cuando sorpresivamente sostuvo que Cristina Fernández había orquestado un complot internacional para encubrir a un grupo de iraníes que él consideraba responsables del atentado. La acusación fue retomada inmediatamente por la oposición para alimentar la campaña electoral. Sus bases eran muy endebles, y con el correr de los días se fue desmoronando: varios jueces y juristas la encontraron antojadiza y uno de los testigos fundamentales, el ex jefe de Interpol, la consideró una mentira absoluta. Algunos periodistas recordaron entonces que Nisman reportaba a la embajada de Estados Unidos, según surgía de una masiva filtración de documentos de ese país ocurrida cinco años antes. El fiscal fue convocado a dar un informe en el Congreso. Pero horas antes de comparecer apareció muerto en su departamento con un disparo en la sien.

La oposición se lanzó inmediatamente a utilizar el deceso con fines políticos y acusó al gobierno de haberlo asesinado. La investigación judicial —incluyendo la del cuerpo de peritos de la Corte Suprema, por entonces enfrentada a Cristina Fernández— no encontró evidencias de que hubiese otra persona junto a Nisman al momento de morir y apuntó al suicidio como explicación plausible. A pesar de ello, periodistas y referentes opositores siguieron alimentando la teoría del homicidio. Se hizo notable por entonces la connivencia entre dirigentes políticos, medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y servicios de inteligencia para realizar operaciones judiciales y propagar información —verdadera o falsa— perjudicial al gobierno.

En ese clima enrarecido se desarrolló la campaña electoral. En los años inmediatamente anteriores no estuvo claro quién lideraría el espacio opositor, si sería alguna figura de origen progresista o de la UCR, o acaso Sergio Massa, que acaudillaba al peronismo disidente y tenía buenas proyecciones. Muchos ponían sus esperanzas en el alcalde porteño Mauricio Macri. Su partido, el PRO, venía construyendo una dirigencia propia, formada por cuadros empresariales y de ONG liberales, a los que se añadían algunos otros que venían de partidos tradicionales. Pero su arraigo fuera de la capital era muy débil: en las legislativas de 2013 el PRO no estuvo en condiciones de anotar una lista propia en la carrera por la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral (en 2015 ni siquiera tenían una personería válida allí, por lo que debieron competir bajo otro sello); en la mayor parte del interior apenas había hecho pie y carecía de cuadros. Además, todavía en 2014 las encuestas mostraban que Macri tenía una imagen muy negativa entre la población y quienes lo veían con ojos positivos eran relativamente pocos. En un país de valores más bien progresistas, el empresario todavía estaba asociado a la derecha y a los negocios turbios y se recordaba su cercanía con el menemismo.

Las chances de Macri comenzaron a crecer bien entrado 2014, como parte del clima que instaló «la grieta» y también, irónicamente, porque el kirchnerismo eligió resaltarlo como adversario principal (opuesto a un empresario de derecha sin carisma, pensaban, el peronismo sería imbatible). Gracias a la presión en pos de la unificación del arco opositor, a comienzos del año siguiente sorprendió con una alianza con Elisa Carrió y poco después con la UCR, que le brindó un indispensable aparato de alcance nacional. La confluencia con esas fuerzas era impensable apenas un año antes. Los medios de comunicación, que todavía dudaban entre brindarle su apoyo a él o a Massa, se inclinaron por su figura. La alianza opositora fue bautizada con el nombre «Cambiemos», de modo de conectar con el deseo generalizado de trascender la vieja política y con el hastío por las promesas incumplidas del kirchnerismo.

Hasta 2001, Macri había evaluado ofertas para saltar a la política de la mano del menemismo. Por entonces solía presentarse a sí mismo como un «conservador» de «centroderecha». Sin embargo, planteó ahora una hábil campaña en la que buscó aparecer como alguien progresista (o incluso «de izquierda», según propuso uno de sus referentes). Prometió que iba a conservar o profundizar los cambios socioeconómicos de sentido progresivo impulsados por el kirchnerismo y que un gobierno suyo se limitaría, en cambio, a enmendar sus falencias en el plano institucional. Según el discurso que planteaba «la grieta», aparecía como el defensor de «la república» en peligro.

El crecimiento de Cambiemos se produjo en el último tramo de la campaña. En las primarias de agosto solo un 23% había optado por Macri como su candidato preferido (la coalición en conjunto sacó apenas un poco más, el 28,57%, lo que da la pauta del ínfimo porcentaje que habían obtenido en las internas sus dos contrincantes, Carrió y el referente que postulaba la UCR). Desde ese momento la campaña fue frenética. En las elecciones generales de octubre, Cambiemos ya había crecido al 34%; Scioli había quedado por delante, pero con una diferencia menor a la esperada.

El camino al balotaje puso al país en vilo. La militancia kirchnerista redobló sus esfuerzos, lo mismo que la de sus contrincantes. El apoyo de los medios de comunicación a Macri fue tenaz y desembozado. A propuesta de un grupo de hijos de grandes empresarios y por una abrumadora presión mediática se había abierto camino la idea de realizar un debate televisivo entre los candidatos, algo habitual en otras geografías, pero inédito en la Argentina. El encuentro entre los dos principales contendientes fue ilustrativo de la encrucijada: Scioli se dedicó a advertir a la población sobre las reales intenciones de su contrincante, mientras que Macri golpeó por el lado de la corrupción y la falta de transparencia. El candidato de Cambiemos explicó que sus políticas económicas no solo no revertirían los logros del kirchnerismo sino que los superarían ampliamente. Lanzó promesas de todo tipo (que luego no cumplió) y se dedicó a negar todas las advertencias de Scioli (entre ellas, que el empresario aplicaría un ajuste y una devaluación, que fue precisamente lo que hizo apenas asumió el cargo presidencial).

Los medios de comunicación colaboraron con un efectivo eslogan, «campaña del miedo», por el que ridiculizaron las advertencias sobre la orientación de un posible gobierno de Macri y alentaron al votante a buscar «el cambio». Terciando en la misma lucha por el sentido, por primera vez se hicieron notar en estas elecciones las redes sociales e Internet como terreno fundamental de disputa.

Los resultados finales resultaron ajustadísimos: Macri ganó con el 51,4% de los votos, contra 48,6% de Scioli. El porcentaje del primero había sido empujado hacia arriba por el altísimo 71,52% de la provincia de Córdoba, cuyos habitantes se cobraron años de destrato kirchnerista. También, por el inesperado 48,8% que obtuvo en el bastión peronista de la provincia de Buenos Aires, donde triunfó María Eugenia Vidal, una figura antes poco conocida, que había crecido rápidamente por su propio carisma, pero también ayudada por las acusaciones de narcotraficante que se venían lanzando contra el candidato peronista. Mirando el recorrido desde las primarias, queda claro que en poco tiempo había habido un movimiento masivo de votantes que, sin ser macristas convencidos, se habían volcado por esa alternativa. Aceptando la invitación que planteaba el mismo nombre de la alianza que encabezó el PRO, eligieron lo que consideraron «un cambio».

La victoria de Macri y el ascenso rutilante del PRO marcaron un verdadero parteaguas en la historia argentina. Fue la primera vez que llegaba al gobierno una tercera fuerza, que no surgía del peronismo ni de la UCR, los partidos que habían dominado la política nacional en los cien años previos. Con la casi absorción de la UCR como su socio menor y el caudal cercano a lo irrelevante que obtuvieron las otras agrupaciones no peronistas, pareció el comienzo del cierre del período de desorganización del sistema político que se había abierto en 2001. Uno de sus polos aparecía consolidado (el peronismo, por el contrario, entraría en lo inmediato en una nueva fase de dispersión). Pero, más importante, era la primera vez, desde que los liberal-conservadores perdieron el poder en 1916, que las clases altas contaban con un partido enteramente propio capaz de ganar elecciones.

El gobierno de Macri (2015-2019)

El traspaso de mando fue ilustrativo del carácter belicoso e intolerante que había asumido la vida política. Mauricio Macri y Cristina Fernández no consiguieron ponerse de acuerdo en los detalles del ceremonial. Y sin ceremonia, no podía haber asunción. Para destrabar el entuerto, a pedido del presidente electo una jueza dictó un insólito fallo que acortó por unas horas el mandato de su predecesora y traspasó provisionalmente el cargo al presidente del Senado, para que él pudiese entregar los atributos del poder a Macri. Cristina Fernández aprovechó para no asistir a la ceremonia, lo que reforzó la imagen de persona intratable e incapaz de respetar los modos republicanos que muchos tenían de ella.

El gabinete de ministros y altos funcionarios que Macri designó al asumir estuvo compuesto en alta proporción por personas del ámbito empresarial; los de la UCR fueron escasos y de rango menor, lo que indicaba que gobernaría esencialmente el PRO. Rápidamente estuvo claro que la política económica volvía a pendular hacia la ortodoxia y el libremercado. La visión que la inspiraba era claramente neoliberal, aunque de un estilo algo diferente al de los tiempos de Menem. Para que el proyecto neoliberal se asentase esta vez sobre bases sólidas, afirmaron que era necesario generar no solo reformas económicas sino un «cambio cultural»: había que modificar los valores más bien progresistas propios de la sociedad argentina. Según los datos de las encuestas realizadas en años previos, el igualitarismo y la idea de que el Estado debía ser su garante estaban muy fuertemente arraigados entre los argentinos y argentinas, que históricamente —y en especial luego de la experiencia de 2001— tendían a desconfiar del mercado y de los ricos.

El proyecto del «cambio cultural» consistía en que esos valores fundamentales mutasen hacia otros de signo opuesto, los del «emprendedurismo» —otra de las palabras clave del nuevo gobierno— que apuntaban a realzar el papel del individuo enfocado en el trabajo y en el desarrollo personal. El camino hacia el bienestar no debía ya buscarse en la ampliación de los derechos colectivos garantizados por el Estado, sino en el mérito de cada individuo, que sería debidamente premiado por el mercado. Abandonar el reclamo político y dedicarse a los asuntos privados desde una actitud más «emprendedora», se suponía, iba a redundar en mejoras para todo el país.

Claro que generar un cambio así en la cultura general iba a ser un proceso lento que, por ello, necesitaría de un largo período bajo la égida del PRO. Atentos a las limitaciones que imponía el electorado, desde el gobierno se anunció entonces que esta vez no habría una política de shock, sino una estrategia de cambio paulatino. El llamado «gradualismo» se implementó para evitar reacciones adversas entre la población que provocaran un prematuro cambio de gobierno. Así, en las intenciones con las que arrancó Macri, la política, las medidas económicas y el proyecto cultural estaban entrelazados.

En lo económico, Macri inauguró su presidencia quitando toda limitación a la compra de dólares, cuya cotización a partir de entonces debería fluctuar de manera libre. Se eliminaron todas las regulaciones sobre el ingreso y egreso de capitales: en adelante se permitiría incluso la entrada especulativa de cortísimo plazo. Tras una rápida negociación, se pagó en efectivo la deuda que reclamaban los fondos buitre y, con ello, quedaron levantados los embargos que impedían al país tomar nuevos préstamos. En el plano comercial, se desmantelaron las barreras paraarancelarias y los cupos que el gobierno anterior había levantado para proteger a la industria nacional y se bajaron los aranceles de importación de muchos productos. Los exportadores agropecuarios y mineros fueron premiados con el fin de las retenciones (se las mantuvo solo para la soja, con la promesa de que las bajarían gradualmente hasta llevarlas a cero).

Como estas medidas significaron fuertes pérdidas para las arcas públicas, fueron acompañadas de otras que buscaron recomponer el equilibrio. A pesar de la promesa de campaña en ese sentido, no se eliminó el impuesto a las ganancias para los trabajadores; por el contrario, la nómina de los que debían pagarlo se amplió. Incumpliendo otra palabra empeñada, de inmediato se inició una política de reducción de los subsidios estatales al transporte y a la energía, lo que se tradujo en grandes aumentos de los servicios públicos, que se repitieron periódicamente.

Asimismo, en muchas áreas del Estado se realizaron recortes presupuestarios acompañados de despidos. Entre los sectores más castigados estuvo el sistema de ciencia y tecnología —para el que se habían prometido aumentos— y los fondos destinados a cultura (en 2018, como parte de una nueva tanda de recortes, los ministerios que se ocupaban de esas dos áreas fueron eliminados junto con otros varios, incluyendo el de Salud). Por iniciativa del gobierno y en medio de una feroz represión, en 2017 el Congreso aprobó una reforma previsional que modificaba el modo en que se calculaban las jubilaciones, cuyo valor caería en lo sucesivo.

Desde el comienzo, la inflación fue un problema. Apenas realizadas las elecciones, los empresarios se lanzaron a remarcar los productos que ofrecían, lo que revirtió la tendencia a la baja que había hasta entonces. La liberación del dólar produjo la suba en su cotización, moderada al comienzo, acelerada luego, pero siempre trasladada a los precios. El fin de las retenciones y de los subsidios empujó al alza los alimentos y los combustibles. Macri colocó al frente del Banco Central a Federico Sturzenegger, recordado artífice del megacanje de 2001, quien aplicó a la cuestión un enfoque monetarista: elevó las tasas de interés a niveles inéditos y ofreció letras en pesos de rendimientos altísimos con la intención de retirar circulante del mercado y disuadir la compra de dólares. La inflación no detuvo su alza, pero en cambio se fue generando una burbuja de papeles que el Estado tuvo cada vez más dificultades para pagar.

El gobierno esperaba alentar una «lluvia de inversiones» extranjeras. Pero como nunca llegó, cubrió su déficit tomando deuda externa, que se utilizó mayormente para gastos corrientes. Para esta, como para otras de sus políticas, consiguió la aprobación del Congreso (contó allí con el apoyo de una buena porción de los legisladores peronistas). La deuda se multiplicó rápidamente hasta que, a comienzos de 2018, los inversores internacionales comenzaron a sospechar de la capacidad de repago y cerraron el grifo.

Acorralado por el déficit y el alza del dólar, en mayo Macri sorprendió con el anuncio de que el país volvería a tomar créditos del FMI luego de quince años y anunció un acuerdo por 50.000 millones de dólares, al que luego se agregaron otros 7.000. Fue el préstamo más grande que concedió el FMI en toda su historia y convirtió a la Argentina en el país emergente que más deuda había tomado desde 2015. El desembolso llegó con sus condicionamientos habituales de mayores ajustes y de modificación de algunas leyes, entre ellas, las jubilatorias. La soberanía en las decisiones económicas quedó nuevamente comprometida.

El giro en esta área fue acompañado de un brusco cambio en la política exterior. La Argentina enfrió sus vínculos multipolares y se realineó fuertemente con los Estados Unidos, país que en estos años se lanzó a recuperar el terreno perdido en América Latina y se embarcó en una agresiva disputa con Rusia y China para afirmar su supremacía geopolítica. Los avances diplomáticos en el tema de los fondos buitres fueron olvidados. Luego de convalidar el golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil en 2016, en alianza con otros gobiernos derechistas de la región, Macri dinamitó los esfuerzos en pos de la integración latinoamericana.

En 2017 promovió y consiguió la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur y, al año siguiente, junto con su par brasileño y otros, retiró a la Argentina de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se había establecido diez años antes, lo que le dio un golpe letal. En sintonía con Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha que había asumido en Brasil, Macri anunció en 2019 que el Mercosur había llegado a un preacuerdo de libre comercio con la Unión Europea (sus términos permanecieron en secreto) y que avanzarían en conversaciones en el mismo sentido con Estados Unidos.

La combinación de todas estas medidas tuvo un efecto devastador sobre las principales variables económicas. Como en tiempos de la dictadura y de Menem, los grupos exportadores y financieros tuvieron ganancias importantes, pero el sector industrial se contrajo severamente. La suba de los servicios, las altas tasas de interés, la apertura comercial y la caída del consumo llevaron a la quiebra a miles de comercios y empresas de todo tamaño. La Argentina estuvo en recesión tres de los cuatro años del mandato de Macri y el PBI se retrajo notoriamente; medido per cápita, en 2019 había retrocedido al nivel que tenía diez años atrás. El aumento de las importaciones de los primeros años impactó en el déficit comercial y, por ello, hubo mayores presiones sobre el dólar, que tuvo una escalada vertiginosa: si al asumir Macri cotizaba en algo más de 9 pesos (algo más de 12 pesos en el mercado negro), para el final de su mandato había llegado a 63 pesos. Consecuentemente, la inflación aumentó de manera sostenida: para 2019 se ubicaba en el 53,8% interanual, la más alta en veintiocho años.

En un vano intento por frenar la devaluación, el Banco Central quemó la mayor parte de los dólares que había obtenido del FMI, que terminaron en su mayor parte fugados hacia el exterior. Poco de ese capital permaneció en el país, pero sí quedó a cambio un fuerte endeudamiento: la deuda pública pasó de representar el 52,6% del PBI en 2015 al 91,6% en 2019 (otros distritos bajo administración del PRO, como la provincia y la ciudad de Buenos Aires, sufrieron procesos de endeudamiento análogos). El pago de los servicios de los créditos se avizoraba ya imposible de cubrir para el próximo gobierno, mientras que los de largo plazo comprometieron desembolsos incluso hasta dentro de cien años. El propio gobierno de Macri debió incumplir parcialmente con el pago de la deuda hacia el final de su mandato y, para detener la sangría de dólares, se vio forzado a reinstaurar un «cepo cambiario» más restrictivo que el de tiempos de Cristina Fernández.

La Argentina se transformó en estos años en uno de los países de peor desempeño económico de todo el mundo. En el último tramo, los planes de «gradualismo» y ordenamiento fueron sobrepasados por la situación y el gobierno debió suspender programas de inversión en infraestructura e improvisar medidas de emergencia (entre ellas, la reinstauración de retenciones al agro en septiembre de 2018).

La política social, orientada a contener la protesta, fue muy activa. Al asumir Macri extendió a los hijos de trabajadores independientes el derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH); poco después tomó la polémica decisión de quitar los subsidios por discapacidad a un número importante de beneficiarios. También al comienzo creó una pensión mínima para todos los adultos mayores, aunque, como contraparte, canceló las moratorias previsionales que hasta entonces permitían acceder a una jubilación de valor completo. Pero el grueso de la política social no se canalizó mediante derechos ampliados sino por formas de intervención focalizada similares a las que se habían hecho comunes hacia fines de la década de 1990. Los planes sociales para desempleados se multiplicaron y llegaron a más personas que durante el gobierno de Cristina Fernández, que los había reducido.

Nada de eso, sin embargo, consiguió frenar el impacto social del deterioro económico. El desempleo creció hasta ubicarse en el 9,7% y el poder de compra de los salarios cayó cerca de un 20%; también aumentó el trabajo no registrado y empeoraron en general las condiciones laborales. La pobreza aumentó en la primera mitad de 2016, se retrajo algo al año siguiente, pero volvió a aumentar desde entonces hasta ubicarse en un 35,5% en 2019. La desigualdad se acentuó. El Ministerio de Desarrollo Social mantuvo estrechos contactos con los dirigentes de los movimientos sociales —a través de ellos canalizó buena parte de la ayuda social— y la cartera de Trabajo hizo lo propio con los sindicalistas. Las medidas lograron mantener la protesta en niveles bastante moderados, incluso a pesar de la caída del poder adquisitivo de los planes, las pensiones, los salarios y la AUH.

En 2017, una mayoría multipartidaria aprobó una nueva ley, presentada por grupos opositores, que garantizaba la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales. Al año siguiente el gobierno dejó pasar una oportunidad única para expandir los derechos de las mujeres. De manera inesperada, en 2018, Macri alentó a los legisladores de su partido a que permitieran que se debatiera en el Congreso el proyecto de ley por el derecho al aborto que el movimiento feminista venía presentando en vano desde hacía años.

No está claro por qué lo hizo: por entonces se manifestaba personalmente en contra de que las mujeres pudiesen interrumpir voluntariamente sus embarazos y no realizó ningún esfuerzo para reunir voluntades parlamentarias en su favor. Algunos interpretaron la iniciativa como un intento de desviar la atención sobre las crecientes dificultades de la economía o de captar algo del apoyo del movimiento feminista. Como sea, el proyecto finalmente llegó al recinto, enmarcado en masivas manifestaciones callejeras en todo el país que exigían su aprobación (también las hubo en contra, aunque mucho menos intensas).

Luego de una sesión dramática, el 14 de julio la Cámara de Diputados le dio media sanción con una estrecha mayoría, lo que marcó un momento histórico. Al mes siguiente, sin embargo, naufragó en Senadores, donde el proyecto cayó por una diferencia de 38 a 31. Se notó entonces un claro sesgo regional: fueron las regiones en las que la Iglesia retiene mayor poder, las provincias del Noroeste y parte de Cuyo, las que inclinaron la balanza en contra, junto con la ciudad de Buenos Aires, cuya mayoría senatorial estaba en manos de figuras del oficialismo de lealtad católica.

La votación dividió a todos los bloques, aunque de manera desigual: los partidos que más tendieron a fortalecer el rechazo fueron la UCR y el PRO, mientras que el kirchnerismo fue muy mayoritariamente proclive a la aprobación. La senadora Cristina Fernández, que en el pasado se había declarado en contra del derecho al aborto y había tenido palabras hostiles hacia el feminismo, sorprendió con un voto favorable y un cambio de mirada respecto del movimiento (según explicó, por influencia de su hija). La enorme expectativa que el debate generó en la sociedad y la frustración a la que condujo resultó un fuerte golpe para el movimiento de mujeres, que, sin embargo, se mantuvo activo.

Las expectativas de una mejora de las instituciones y de la vida republicana también resultaron frustradas. El gobierno de Macri arrancó con una medida auspiciosa: colocó al frente del Indec a un profesional idóneo quien, tras algunos meses, recuperó la credibilidad de las estadísticas públicas.

En otras áreas, sin embargo, las decisiones fueron más bien en desmedro de la calidad institucional. La lucha contra la corrupción se focalizó en los casos que involucraban al gobierno anterior, pero en el manejo de los propios hubo una completa indulgencia. A poco de asumir, Macri y varios de sus máximos funcionarios se vieron involucrados en el escándalo internacional de los Panamá Papers: las filtraciones mostraron que tenían empresas en paraísos fiscales que no habían declarado al fisco local. La prensa trató la cuestión con desinterés y la justicia cerró parte de las investigaciones por el caso en tiempo récord. Otros funcionarios, incluyendo el jefe de los espías y el propio Macri, se vieron involucrados en otros hechos de corrupción que tampoco fueron debidamente investigados. Los amigos personales del presidente fueron beneficiados con contratos de obra pública de un modo comparable al de las acusaciones que pesan sobre Cristina Fernández y hubo numerosos casos de incompatibilidad con funcionarios procedentes del sector empresario que tomaron decisiones que beneficiaban a las empresas de las que venían.

Por su parte, Macri emitió un decreto para torcer un aspecto de la Ley de Blanqueo de Capitales que había aprobado el Congreso en 2016, que excluía a los familiares directos de los funcionarios. Por ese decreto, un hermano del presidente, miembro del mismo holding empresarial familiar, pudo blanquear millones de dólares de procedencia desconocida. En otros distritos en manos del oficialismo también se registraron casos de corrupción importantes, como el de los aportes electorales bajo identidad falsa para la campaña de María Eugenia Vidal.

En otros temas tampoco se notó una mejora en la vida republicana. Inmediatamente luego de asumir Macri, un decreto de necesidad y urgencia suspendió la Ley de Medios Audiovisuales sancionada por el Congreso. Las autoridades del área (que por ley debían ser independientes y no coincidir su elección con los mandatos presidenciales) fueron removidas a la fuerza y reemplazadas por otras leales al Ejecutivo. Se permitió inmediatamente que el Grupo Clarín reanudara su expansión, lo que reforzó la ya aguda concentración en los medios de comunicación. Además, se reorientó la pauta publicitaria oficial de modo que benefició especialmente a los diarios, radios y canales más favorables al gobierno (en particular los pertenecientes a ese grupo). Paralelamente, hubo una verdadera caza de brujas en la TV Pública, en Radio Nacional y en la agencia de noticias estatal Télam. Una gran purga dejó sin trabajo a cantidad de periodistas bajo la simple acusación de ser kirchneristas. Los medios privados también desplazaron a algunas figuras de esa orientación, con lo que la comunicación y el debate público se volvieron bastante menos plurales. El gobierno utilizó asimismo las bases de datos estatales para enviar mensajes personalizados a la población e invirtió cuantiosos recursos en publicidad a través de redes sociales. En estas últimas se notaron campañas de opinión o de noticias falsas motorizadas por legiones de usuarios automatizados, tras las cuales se denunció la mano del oficialismo.

En las políticas represivas y de derechos humanos hubo un retroceso notorio. El Ministerio de Seguridad fue puesto en manos de Patricia Bullrich, quien había desempeñado altas funciones en el gobierno de De la Rúa y antes había formado parte del menemismo. La ministra modificó los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social, de modo de volver a habilitar el uso de armas de fuego, y alentó en general una actitud de «mano dura». Consecuentemente, los casos de gatillo fácil y violencia institucional dieron un salto importante y la represión en ocasión de manifestaciones se volvió más brutal, algo que sufrieron en carne propia diversos colectivos, en especial los activistas mapuches. Incluso, tanto la ministra como Macri defendieron públicamente a oficiales que incurrieron en homicidios en evidente uso indebido de su autoridad. Y periódicamente se agitaron fantasmas de amenazas a la seguridad nacional falsas o incomprobables con el fin de justificar medidas represivas.

Con el movimiento de derechos humanos el gobierno mantuvo una relación tensa, que incluyó un esfuerzo de desprestigio sistemático en manos de sus segundas líneas y de sus periodistas e intelectuales afines. Con inusitada urgencia volvieron a escucharse voces que repusieron la «teoría de los dos demonios», banalizaron la cuestión de los desaparecidos o directamente justificaron la última dictadura. A pesar de que algunas de sus figuras lo exigieron, no hubo políticas orientadas a entorpecer los juicios a los militares que protagonizaron la represión durante la última dictadura, aunque sí se les suspendieron apoyos de diversas reparticiones.

A propuesta del juez de mayor sintonía con el gobierno en la Corte Suprema, el máximo tribunal aprobó en 2017, en fallo dividido, el pedido de que se redujeran los años de prisión de un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad. La medida fue públicamente celebrada por el Ejecutivo, pero debió ser pronto revertida tras una multitudinaria manifestación en Buenos Aires y una ola de repudio de entidades y figuras de todo el país y del exterior.

El peor deterioro institucional se notó en las relaciones del Ejecutivo con el Poder Judicial. Macri inauguró su mandato con un decreto inaudito por el que cubría dos vacantes de la Corte Suprema sin pedir la debida aprobación del Congreso. Se trataba de dos candidatos de sólidos antecedentes, pero de perfil más conservador que el del resto. La Corte debió negarse a tomarles juramento para que el gobierno se aviniese a mandar sus pliegos al Senado, como indica la Constitución (el cuerpo terminó aprobándolos bajo la presión que significa el hecho de que estaban formalmente designados). Por otra parte, la procuradora al frente del Ministerio Público Fiscal —un ente que se suponía autónomo— fue amedrentada de manera cotidiana por el gobierno hasta que se vio forzada a renunciar. Con ello, el Ejecutivo agregó a sus recursos —que ya incluían la lealtad de varios jueces federales— una mayor injerencia sobre los fiscales.

Al menos desde tiempos de Menem, el Ejecutivo influía sobre la justicia federal, con frecuencia por mediación de los servicios de inteligencia. Pero los gobiernos previos habían utilizado esa incidencia sobre todo para limitar las investigaciones sobre los propios. Durante los años de Macri se acentuó el uso del Poder Judicial como ariete contra la oposición. Algunos jueces federales se destacaron por la capacidad de generar causas o duplicar otras existentes, de modo de incriminar a referentes del kirchnerismo o simplemente hacerlos desfilar por los tribunales ante las cámaras de televisión. También, para obtener el derecho de intervenir sus teléfonos y grabar sus conversaciones. Desde 2015, cada vez con mayor frecuencia se filtraron a la prensa escuchas telefónicas obtenidas o conservadas de manera ilegal, que sistemáticamente servían para desprestigiar a los adversarios de Macri. Cientos de horas de conversaciones personales de decenas de figuras del kirchnerismo terminaron en manos de la opinión pública, que se enteró así no solo de posibles delitos que hubiesen cometido, sino de los detalles de su vida privada. No hubo ninguna acción pública para poner límite a la práctica; por el contrario, Macri repuso el secreto en el uso de fondos de inteligencia, que había sido limitado por su predecesora (la Corte Suprema apenas intervino en 2019 con una tibia admonición, luego de que algunos de sus miembros fueron espiados).

Como parte de ese nuevo clima, los hechos de corrupción verosímiles y en juicio desde antes se mezclaron confusamente con denuncias nuevas o reflotadas para la ocasión, algunas evidentemente espurias. Por una nueva doctrina producida por un magistrado de simpatías oficialistas, algunos jueces comenzaron a utilizar de manera extendida la prisión preventiva —antes aplicada solo excepcionalmente— para encarcelar a ex funcionarios o referentes políticos tras el mero procesamiento, antes de haberse probado su culpabilidad. La atribución fue utilizada en combinación con la también novedosa figura del «arrepentido», establecida por una ley de 2016, para forzar testimonios que sirvieran para las causas.

El profundo deterioro del Estado de derecho que esto significaba se advirtió en todas partes, pero especialmente en Jujuy, donde la Corte Suprema provincial fue ampliada para garantizar una mayoría automática al gobernador de Cambiemos. La justicia local se utilizó de inmediato para encarcelar preventivamente a la referente social kirchnerista Milagro Sala y mantenerla en prisión durante los siguientes años. La medida fue denunciada como arbitraria y violatoria de garantías elementales por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y las principales ONG de derechos humanos del mundo.

En el clima de amarga polarización que suponía «la grieta», las falencias republicanas del gobierno fueron pasadas por alto por sus partidarios, que también tendieron a interpretar el deterioro económico como un efecto de la «pesada herencia» del kirchnerismo. De hecho, a medida que las grandes ilusiones generadas por Macri en parte del electorado se enfrentaron al careo con la realidad, «la grieta» se exacerbó.

Los simpatizantes del kirchnerismo vieron confirmados sus peores pronósticos respecto del gobierno y reforzaron sus tirrias con sus seguidores y con la prensa, por sus dobles varas y sus alarmas insinceras por la salud de la república. Por su parte el macrismo conservó un núcleo duro y numeroso que encontró motivos para sostener su odio al kirchnerismo, sindicado como culpable de los traspiés de Macri, o incluso para proyectarlo más hacia atrás, a los «setenta años de peronismo» que habían arruinado al país, según el eslogan que popularizó el gobierno. Macri y sus funcionarios colaboraron con estas tendencias cuando eligieron lidiar con sus dificultades por vía de extremar la confrontación con el kirchnerismo y con las figuras que supuestamente impedían el progreso nacional, en especial los sindicalistas, y con algunos rasgos supuestos de la cultura argentina en general, como la «viveza criolla», la dependencia del Estado, la excesiva atención a los pobres y a los derechos colectivos o el igualitarismo.

La prédica macrista contribuyó a intensificar algo que se había notado ya en años anteriores: muchas personas se distanciaban emocionalmente de la nación argentina, percibida como un obstáculo permanente para la realización individual, como si fuese algo ajeno que pesaba sobre sus vidas. Como sostuvo el principal asesor de Macri, «el enemigo somos nosotros, estas formas de vida, estas costumbres». Los principales medios de comunicación también pusieron lo suyo para exacerbar la polarización, para focalizar el descontento en aquellas figuras y elementos culturales y para alimentar la autodenigración nacional. Como si esperasen que, agotada la promesa de un futuro luminoso, el impulso para abrazar el modelo que proponían pudiese venir, en cambio, del desprecio por lo que el país es.

La reorganización del peronismo y las elecciones de 2019

Con todos esos estímulos, el contexto del tramo final del gobierno del PRO dio una mayor presencia y visibilidad a un sector del electorado de ideas decididamente de derecha, incluso autoritarias, ansioso por eliminar como fuere «el populismo» de la escena. En vistas de las elecciones de 2019, Macri definió que iría por la reelección y algunos de sus gestos apuntaron en especial a ese segmento. Es que parte de esos votantes se veían por entonces atraídos por una opción alternativa, una corriente neoliberal extrema, conservadora y autoritaria, que inicialmente apoyó a Macri para luego escindirse con duras críticas. Su referente principal fue el economista José Luis Espert, quien se había hecho conocido gracias a una presencia constante en los medios de comunicación y una intensa actividad en redes sociales.

Tras la derrota de 2015, el peronismo había quedado dividido y en una situación compleja. La sección kirchnerista, bajo el liderazgo de Cristina Fernández, seguía siendo la más importante. La presencia de la ex presidenta en una boleta garantizaba un tercio de los votos —una cifra a la que ningún otro peronista se acercaba— pero a su vez generaba un alto rechazo en el resto de la población, lo que la convertía en una opción inviable o, como mínimo, muy riesgosa.

Los efectos del gobierno de Macri presionaron cada vez para buscar la unidad; como las encuestas no mostraban otras alternativas, varios dirigentes del PJ tradicionalmente antikirchneristas comenzaron a evaluar la posibilidad de que fuese ella la candidata de un frente unido que, sin embargo, podía resultar perdedor. Algunos sectores del peronismo no descartaron definir otras candidaturas.

En ese escenario, en mayo de 2019, Cristina Fernández sorprendió con el anuncio de una fórmula en la que ella se reservaba la vicepresidencia, cediendo el primer lugar a Alberto Fernández. El candidato no era otro que quien fuera jefe de Gabinete durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y el primer año de su sucesora. En 2008 se había alejado del gobierno con duras críticas y se había mantenido en el campo del peronismo antikirchnerista hasta poco antes del sorpresivo anuncio. La jugada parecía clara: se trataba de generar una fórmula que corriera el eje de «la grieta», con la unidad entre Cristina Fernández y un político al que se percibía moderado, con independencia de criterio y que no estaba relacionado con los aspectos más cuestionables de los gobiernos anteriores. La candidatura de Alberto Fernández allanaba además el camino para un acuerdo con Sergio Massa, principal referente del peronismo antikirchnerista, que aceptó encabezar la boleta de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. El peronismo reencontraba así el camino hacia la reunificación, después de más de diez años de divisiones.

La jugada descolocó en un principio a la alianza Cambiemos, que vio complicarse su estrategia de antagonizar con el kirchnerismo. Como un reflejo en negativo, Macri decidió entonces ofrecer la candidatura a vicepresidente a Miguel Pichetto, jefe del bloque de senadores del PJ, quien había ganado notoriedad por sus expresiones autoritarias y xenofóbicas y su sintonía con la política económica macrista. Esperaba así atraer una parte del voto de los peronistas antikirchneristas, acaso sin perder la fidelidad de los votantes más derechistas. La UCR, que esperaba colocar un vicepresidente propio, aceptó una vez más su lugar marginal. Así, en un hecho insólito desde el punto de vista de la división de poderes, la coalición gobernante compitió con una fórmula que incluía a la persona que representaba en el Senado al partido que la enfrentaba.

Las elecciones primarias de agosto significaron un duro revés para el oficialismo: Alberto Fernández obtuvo casi la mitad de los votos y dejó a Macri dieciséis puntos más abajo. El inesperado sismo desorientó aún más al gobierno. Como resultado inmediato hubo una corrida cambiaria que devaluó severamente el peso y condujo a un nuevo desmadre de la inflación, con el consiguiente aumento de la pobreza. Macri improvisó una serie de pequeñas medidas económicas redistributivas, pero fue tarde.

En las elecciones generales de octubre el frente peronista se impuso en primera vuelta por el 48,24% de los sufragios, contra el 40,28% que obtuvo el oficialismo. En la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la mejor carta del PRO, cayó derrotada por un amplio margen frente a Axel Kicillof, quien obtuvo más del 52%. Para entonces, la economía se encontraba una vez más sumergida en una profunda crisis.

El resultado de las elecciones de 2019 mostró un escenario novedoso. El ciclo abierto por la crisis de 2001, con la desorganización del sistema de partidos políticos que había generado, ahora sí pareció cerrado. Por un lado, a pesar de los penosos resultados de su primera experiencia en el poder, el PRO retuvo una porción bien importante del electorado y mantuvo a sus aliados de la UCR en un nivel muy secundario. Todo indica que ocupará en adelante el lugar que antes tenía el radicalismo como polo de atracción del voto antiperonista. Con el agregado de que buena parte de esa base electoral —y esta es una novedad— se manifiesta y se asume ahora de manera más abiertamente derechista. El ciclo de abrumadora hegemonía del «progresismo» que se había abierto en 2001 parece clausurado. Por otra parte, el peronismo recobró su unidad con un armado más bien moderado, tras el cual cuesta trabajo distinguir la orientación más disruptiva que había tenido el kirchnerismo. Un nuevo bipartidismo se insinúa ya consolidado.

EPÍLOGO

La historia argentina en el largo plazo

Cinco siglos de historia. Cinco siglos de cambios dramáticos que moldearon este suelo hasta darle la fisonomía que hoy tiene. Violencias y conquistas, exterminios y repoblamientos, resistencias y revoluciones, tradiciones impuestas y creaciones culturales sorprendentes, comunidades que se disgregan y se rearman e intentos sucesivos de construir algún orden político y legal capaz de ajustarse a una población siempre diversa y heterogénea. Avances y retrocesos. Momentos luminosos de fraternidad y de entusiasmo por lo colectivo y tiempos oscuros de opresión y desesperanza. Todo, sobre el mar de fondo de un orden capitalista mundial que impone sus propios imperativos. Desandando el camino recorrido, pueden reconocerse las marcas que todo ello dejó en lo que somos. Las de antigua data tanto como las más recientes.

De lo que trajo el orden colonial, acaso lo que más perdura es la jerarquía que estableció entre las personas, según su origen étnico y su aspecto físico. Descendientes de españoles, de indígenas sometidos, de africanos traídos inicialmente como esclavos, de los criollos que nacieron de la mezcla de todos ellos y del aluvión más reciente de inmigrantes de Europa y de otras regiones del planeta mantienen hoy entre sí vinculaciones de todo tipo. Pero entre ellas se distinguen sentidos de superioridad y desprecios que nos legó la Colonia. Más de dos siglos después de la abolición del sistema de castas, que abrió un espacio de igualdad legal inédito, la estructura de clases de la sociedad argentina todavía se afirma montándose sobre diferencias étnico-raciales. Como en tiempos de los conquistadores, también hoy las clases dominantes tienden a ser predominantemente de tez blanca y ascendencia europea, mientras que los más pobres y los que acceden a los peores empleos suelen llevar en sus pieles y en sus rostros huellas de otros orígenes. Y también son estos los más expuestos a la violencia estatal. Ese rasgo colonial perdura asimismo en su dimensión de género, en esa expectativa que tienen muchos varones de acceder fácilmente al cuerpo de las muchachas nativas para tener sexo sin compromisos cuando salen a «chinitear», como lo llaman en las provincias del norte. O para el servicio doméstico mal remunerado. O para ambas cosas a la vez.

Estudios genéticos llevados a cabo recientemente estiman que alrededor del 70% de la población argentina tiene ancestría indígena en alguna proporción (la que tiene algún aporte procedente del África subsahariana rondaría el 8%). Sin lugar a dudas, el dato es índice de un intenso proceso de mestizaje, que sin embargo no involucró al resto de los habitantes, cuyos marcadores genéticos apuntan a ancestros exclusivamente europeos.

En esos porcentajes hay además enormes variaciones geográficas y socioeconómicas: en las provincias y periferias urbanas más desfavorecidas, y entre quienes tienen los peores empleos, el componente no europeo tiende a ser mucho mayor. Por el contrario, los de ancestría exclusivamente europea se concentran especialmente en la región pampeana y tienden a captar las mejores oportunidades económicas. En el acervo genético de la población argentina actual, en promedio, el origen europeo aporta un 66%, un 31% el indígena y un 3% el africano. Pero nuevamente, en este caso, hay grandes disparidades geográficas. El siguiente mapa muestra los promedios conocidos para algunas localidades:

La heterogeneidad y las disparidades que revelan estos datos, junto con la violencia de Estado contra los pueblos originarios y la constante repetición de insultos racistas en las interacciones cotidianas o en los debates políticos, hablan a las claras de una sociedad que sigue encontrando dificultades para tramitar las diferencias étnicas de una manera más o menos igualitaria.

ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ANCESTRÍAS GENÉTICAS EN LA POBLACIÓN DE DIVERSAS LOCALIDADES A COMIENZOS DEL SIGLO XXI, SEGÚN SU CONTINENTE DE ORIGEN

Adaptado de Francisco R. Carnese: El mestizaje en la Argentina.

A esos desacoples contribuyeron también las narrativas que propusieron las élites políticas e intelectuales que organizaron el país. La idea sarmientina que entiende nuestra historia como una lucha de «la civilización» (europea) contra «la barbarie» (nativa), la visión de Mitre de un progreso que se irradia desde Buenos Aires hacia un interior que no aporta sino atraso y desorden y la de los intelectuales positivistas, que culpaban al mestizaje de los males del país, todas contribuyeron a degradar fuertemente a quienes tuviesen cuerpos, orígenes, culturas o lugares de residencia menos europeos, menos blancos, menos céntricos. El extraño mito del crisol de razas que habría dado como resultado una «raza argentina» blanca y europea los empujó a los márgenes de la nación o a la invisibilidad lisa y llana. No caben dudas de que esas visiones aportaron su cuota de violencias y de intolerancia a la vida política nacional, cada vez que el ejercicio de la ciudadanía produjo efectos indeseables a ojos de las clases más acomodadas o de quienes confiaban en sus proyectos. Prueba de ello es la combinación de clasismo y racismo con la que se desacreditó al yrigoyenismo primero, a los cabecitas negras peronistas después y a «los negros» que alimentan «el populismo» hoy.

Pero junto con todo ello, este suelo también ha sido rico en miradas críticas y en mestizajes culturales de todo tipo, algunos de los cuales entraron explícita o implícitamente en colisión con los discursos oficiales. En reacción a aquellas narrativas excluyentes, la cultura argentina ha producido visiones alternativas acerca de la nación y de cómo es el «nosotros» que lo habita. La rehabilitación del gaucho que trajo el criollismo popular, las lecturas disidentes de la historia que plantearon diversos revisionismos, la reivindicación del mestizo y del interior propuesta por el folklore, por sectores del peronismo y por otros movimientos políticos provinciales, el interés en reservar un lugar en la mesa nacional a pueblos originarios y afroargentinos que se hizo ver en las últimas décadas o la altiva identificación de «los negros/morochos» con el fondo más auténtico del pueblo, que se notó tanto en la cumbia villera como en el último kirchnerismo, no son sino modos de imaginar un «nosotros» (o podríamos decir «un nosotras», ¿por qué no?) que se plantan en disidencia respecto de los discursos que impulsaron los políticos e intelectuales que fundaron esta nación.

En parte por los legados demográficos y sociales de la Colonia, en parte por los discursos y narrativas que se propusieron durante la organización del Estado argentino y en parte por el modo contencioso en que transcurrió la vida política durante el siglo XX, en la Argentina ninguna visión sobre el «nosotros/as» consiguió volverse hegemónica. Ni las clases dirigentes ni las diversas voces que plantearon miradas alternativas lograron presentar respuestas suficientemente convincentes a las preguntas de quiénes somos, de qué pasado venimos y cómo son los cuerpos que nos representan. Índice y resultado de esa indefinición, muchos argentinos y argentinas en la actualidad arrastran serias dificultades a la hora de pensarse hermanados como compatriotas de igual valía.

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Las tensiones en la formación de la sociedad argentina provienen también del lugar que le cupo a este suelo en la expansión global del capitalismo. Desde tiempos de la Colonia, presiones e incentivos transnacionales moldearon el país tanto o más que las acciones de sus gobernantes. Su lugar periférico y los modos en los que se conectó con la economía mundial incidieron hondamente no solo en el aspecto productivo y comercial, sino también en la vida política y en los vínculos entre las regiones y sus pobladores.

Para empezar, fue el transporte de la plata potosina y luego las oportunidades del comercio con Europa a través del Atlántico lo que hizo que Buenos Aires, inicialmente un pequeño asentamiento sin importancia, creciera absorbiendo habitantes y recursos de otros sitios hasta convertirse en una de las áreas urbanas más grandes del planeta. El peso económico que fue adquiriendo, gracias a las ventajas de su geografía, generó toda clase de efectos políticos. Sin la gravitación que la ciudad-puerto debe al mercado internacional no es posible entender los sucesivos conflictos entre la capital y las provincias que comenzaron en tiempos de la Independencia y quedaron precariamente saldados con la curiosa conformación institucional que tiene la Argentina, un país que buscó compensar su profundo centralismo con un ordenamiento federal que se lleva mal con la desigualdad real en la distribución de los recursos y el poder. El desarrollo del capitalismo global actuó así de un modo que condicionó seriamente las posibilidades de los habitantes de este suelo de construir una nación con oportunidades más igualitariamente distribuidas.

Fue también la fuerza poderosa del sistema-mundo capitalista lo que orientó al país a enfocar su desarrollo, en el siglo XIX, en la producción de carnes y cereales. El modelo agroexportador sin dudas generó importantes ingresos para la naciente república, pero al mismo tiempo profundizó el desbalance regional interno. La riqueza, los recursos humanos y la infraestructura se concentraron todavía más en Buenos Aires y la región pampeana, mientras que el resto del país quedó más rezagado. La abrumadora mayoría de los inmigrantes europeos se radicó en esa área, lo que acentuó la fragmentación étnica del territorio. Por lo demás, el tipo de producción favorecido y el modo en que se la organizó hicieron que la distribución de los ingresos evolucionara rápidamente hacia una mayor concentración de la riqueza. El país que puso en marcha la organización nacional benefició muy desigualmente a sus habitantes.

Una vez erigida, la matriz de desarrollo agroexportador resultó muy difícil de cambiar. La Argentina se insertó en la división internacional del trabajo como proveedora de alimentos e importadora de tecnología y de productos de mayor valor agregado. Por la competencia desigual de países que ya llevaban en algún caso más de un siglo orientados a la manufactura y que ya habían captado otros mercados, el desarrollo industrial argentino se vería dificultado. El crecimiento fabril inicial, nada desdeñable, chocó con la dificultad de capitalizarse sin poder acceder a mercados exteriores. La enorme distancia que separaba al país de los principales mercados consumidores tampoco colaboró.

Después de la década de 1930, cuando las limitaciones del modelo agroexportador se volvieron inocultables, el Estado comenzó a intervenir en la economía para, entre otras cosas, apoyar la industrialización. Pero eso trajo toda una serie de nuevas tensiones, toda vez que los recursos para hacerlo provenían de un sector agroexportador que no siempre se avenía a aportarlos de buena gana. La puja intersectorial por las divisas fue desde entonces, y lo es hasta la actualidad, un rasgo infaltable del escenario nacional y una de las fuentes de su inestabilidad política.

A los condicionantes económicos que imponía el capitalismo mundial se agregaron también los geopolíticos. No fue algo menor para el país que en el siglo XX Estados Unidos reemplazase a Gran Bretaña como potencia hegemónica. La incipiente industrialización de la Argentina, el hecho de que los estadounidenses fuesen también productores de alimentos y el temprano disgusto entre nuestras dirigencias por los avances imperialistas del país del norte hicieron que las relaciones bilaterales fuesen tensas desde un comienzo. A partir de 1945, Estados Unidos se inmiscuyó con frecuencia en la política nacional y además adoptó medidas diplomáticas, comerciales y de inversión que deliberadamente buscaban perjudicar al país. El apoyo que brindaron a los golpes de Estado o a los sectores de la política argentina de orientación más liberal o derechista —de manera directa o a través del FMI— fue otro factor de perturbación económica y política.

Como le sucedió al resto de América Latina, el lugar subalterno que ocupó la Argentina en el concierto de naciones la sometió a un drenaje constante de bienes y de capital hacia el norte que complicó el acceso al bienestar de la población local. En una línea que va de los metales en el siglo XVIII y los quebrachales en el siguiente, hasta la minería a cielo abierto, el litio y el fracking de hoy, se extrajeron recursos naturales para uso de otras geografías. Los efectos ecológicos y sociales de esas actividades fueron muy nocivos, sin que esté claro que, a cambio, dejaran algún beneficio duradero. El país fue también terreno propicio para una constante expoliación financiera por vía de los eternos servicios de la deuda, desde el préstamo de la Baring Brothers hasta las maniobras que enriquecieron a banqueros locales y fondos buitre durante el gobierno de Macri. Luego de 1975, este drenaje sumó impulsos internos, a manos de quienes alimentaron la fuga de capitales.

El siguiente cuadro muestra el aumento exponencial del endeudamiento externo en los tres ciclos neoliberales. Pero también el modo en que deuda y fuga se conectaron estrechamente, toda vez que los dólares que aportó la primera fueron con frecuencia los que terminaron captados para la segunda. Dinero que apenas entra se va, deuda que queda. Las clases acomodadas de la Argentina están entre las que más capitales fugan al exterior en todo el mundo.

Y como en tiempos en los que vendía cueros y compraba textiles de Mánchester, hoy el país tiende a exportar soja y productos poco elaborados y a importar otros de mayor valor agregado, lo que también supone un flujo de excedentes hacia afuera.

A los perjuicios que todo esto significó para la población, el lugar semiperiférico que ocupó la Argentina en el sistema-mundo agregó tensiones particulares. Su economía fue lo suficientemente desarrollada como para aspirar a una política propia e independiente, pero demasiado pequeña como para sostenerla en el tiempo bajo los imperativos del orden capitalista global. La orientación externa de parte de sus clases dominantes y de sus dirigencias debilitaba el Estado y tensionaba su vida política.

EVOLUCIÓN DEL STOCK ACUMULADO DE DEUDA EXTERNA TOTAL, FUGA DE CAPITALES E INTERESES PAGADOS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES). ARGENTINA, 1975-2018

Tomado de Leandro M. Bona: La fuga de capitales en Argentina (actualizado por el autor).

Así, las orientaciones que fue asumiendo el orden capitalista mundial contribuyeron a moldear la sociedad argentina de modos que volvieron más dificultoso, en algunos aspectos, utilizar razonablemente sus recursos y construir vínculos armónicos y democráticos entre sus habitantes. No fue el único factor, claro. Pero no pueden soslayarse ni su peso, ni la continuidad con la que se hizo sentir hasta hoy.

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A partir de la fragmentación y de la situación de subalternidad en la que la colocaba un sistema social muy desigual y a partir de los sucesivos ordenamientos políticos, a menudo excluyentes, la gente del común buscó construir sentidos de comunidad y reclamó el derecho de decidir sobre su propia vida. Aunque por regla el poder no estuvo en sus manos sino en las de otros sectores, las clases populares y los distintos grupos oprimidos se las arreglaron para dejar su marca en la evolución de la sociedad. Si algo caracteriza a la Argentina por comparación a otros países es la capacidad de sus clases subalternas de incidir en los destinos de la nación, movilizándose en el espacio público, tejiendo solidaridades amplias con otros sectores y construyendo movimientos sociales y políticos inesperados. Desde los paisanos en armas de la Independencia hasta las montoneras, desde las batallas electorales porteñas en los años 1860 y 1870 hasta el primer radicalismo, desde el nacimiento del movimiento obrero hasta el peronismo, desde las organizaciones revolucionarias de los años setenta hasta los piqueteros, su presencia dejó huellas indelebles.

Más bien fragmentado e inconexo en tiempos de la Colonia, el protagonismo político plebeyo se fue entrelazando decisivamente con el proyecto de construcción de una nación independiente luego de 1810. Fue el papel central que le cupo en la Revolución lo que le dio al país algunos de los tempranos rasgos igualitarios que lo caracterizaron, tanto en la igualdad ante la ley para personas de cualquier etnicidad como en el sufragio universal masculino en 1821. La participación de las clases populares estuvo directamente asociada a nuevas mejoras democráticas, desde las garantías que se erigieron contra el fraude electoral luego de 1912 hasta la primera legislación laboral que por esos años debió conceder el Estado. Fue la presión popular la que motivó la expansión de las políticas de bienestar desde la década de 1930 y en tiempos del peronismo, y la que puso en jaque a las dictaduras que siguieron. Incluso bajo el terrorismo de Estado, luego de 1976, fueron el movimiento obrero, las manifestaciones de vecinos y las organizaciones de derechos humanos los que primero salieron a decir «basta». Fue también la presión popular la que resistió el avance de las políticas neoliberales en tiempos de Menem, la que comenzó a cuestionar el extractivismo minero y sojero y la que abrió horizontes políticos impensados tras 2001.

Y si la Argentina llegó en 2019 a su novena elección presidencial ininterrumpida —algo inédito en su inestable historia— fue sin dudas por la tenacidad con la que diversos grupos y sectores defendieron la democracia luego de 1983 y consiguieron torcer en las calles las políticas de impunidad con las que diversos gobiernos pretendieron beneficiar a los golpistas. Del mismo modo, no se entiende la reivindicación de lo criollo y lo no blanco, tanto en el plano de la cultura como en el de las políticas públicas, si no se tiene en cuenta la movilización plebeya, la de los pueblos originarios y la de los afroargentinos.

Por su parte, venciendo la oposición de varones de todas las clases y grupos étnicos, fueron las mujeres las que plantearon inicialmente el sufragio femenino y la igualación de la legislación civil para ambos géneros. Y son las que hoy, junto con las disidencias sexuales y de género, empujan la agenda de derechos hacia adelante en otros planos.

De la manera que fuere, las diversas resistencias que protagonizaron los grupos subalternos al autoritarismo, a la explotación económica, al patriarcado, al racismo, a la comercialización de la cultura y a la devastación del medioambiente, dejaron profundas huellas en la historia nacional.

Que los cambios asociados al protagonismo popular fuesen en general de orientación progresiva no fue garantía de que la sociedad evolucionara invariablemente en ese sentido. Por el contrario, muchas de las conquistas democráticas y sociales fueron precarias y pudieron verse revertidas, algunas esporádicamente, otras de modos más duraderos. La trayectoria del país se lee como una historia de pujas constantes cuyos resultados han sido variables, a veces imprevistos, siempre cambiantes.

Desde la Colonia hasta la actualidad, el ejercicio de la violencia de clase y de Estado contra los grupos subalternos fue permanente. En algunos momentos alcanzó niveles de brutalidad inauditos; en otros, hubo gobernantes más benévolos, pero se dosificó incesantemente. Luego de la organización nacional, la soberanía popular conoció varios momentos de clausura en los que la política quedó enteramente en manos de las clases superiores. Ello sucedió mediante el fraude, como en 1880-1916 o 1932-1943, o por golpes militares que invariablemente irrumpieron para contrarrestar el poder que ganaban los ciudadanos mediante el voto o los trabajadores con sus sindicatos. Los regímenes militares casi siempre gobernaron en favor de las clases altas, en especial las burguesías exportadoras y financieras, y tomaron medidas antipopulares.

El alcance de la soberanía popular también quedó coartado de modos informales y menos visibles. Desde siempre, de hecho, las fuerzas del mercado forzaron cambios o medidas que nunca habrían pasado por la validación de las urnas. Esto se notó especialmente luego de la década de 1970, con la llamada «globalización», cuando por todas partes las grandes empresas y corporaciones transnacionales ganaron un poder decisivo por sobre los Estados nacionales. Debe recordarse, sin embargo, que en la Argentina no impusieron sus designios solamente mediante mecanismos económicos, sino que estuvieron asistidas en ello por entidades propiamente políticas (pero libres de todo control democrático) como el FMI, y por sectores locales, que intervinieron recurrentemente para forzar el avance de políticas que la ciudadanía rechazaba.

Visto en el largo plazo, el protagonismo popular tendió a favorecer en general la ampliación de derechos y una mayor igualdad. Si en algunos momentos o aspectos ayudó a empujar en sentido inverso —como cuando se opuso a la libertad de cultos en la primera mitad del siglo XIX—, fueron los menos. Por el contrario, los períodos en los que las clases altas consiguieron acumular mayor poder y clausurar o devaluar el juego político tuvieron el efecto opuesto. Las estadísticas muestran que el desarrollo de una economía ganadera de exportación luego de 1815 estuvo asociado al crecimiento paulatino de la desigualdad, que se volvió más pronunciado luego de 1855.

El período de mayor clausura política que se abrió en 1880 coincidió con un enorme salto en la disparidad de ingresos. Hacia el Centenario, la sociedad argentina era más desigual que nunca: el enorme crecimiento de las décadas previas había beneficiado más a los más ricos que a ningún otro grupo.

El panorama para el siglo siguiente es incluso más claro. Como muestra el siguiente gráfico, los momentos de mayor concentración de la riqueza en manos del 1% más rico de la población coinciden con períodos de clausura política y/o de políticas económicas pro empresariales que se materializaron, a su vez, en una menor participación de los asalariados en el reparto del PBI. Los dos momentos de mayor igualdad, en torno a 1950 y 1974, estuvieron asociados, en cambio, a períodos de gran movilización popular y políticas heterodoxas (lo mismo que el ciclo de disminución de la desigualdad que se verificó en la década posterior a 2002):

PARTICIPACIÓN DEL 1% MÁS RICO DE LA POBLACIÓN EN EL INGRESO TOTAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS EN EL PBI. ARGENTINA, 1932-2004

Tomado de Facundo Alvaredo: «The rich in Argentina…».

Contrariamente a las afirmaciones de algunos economistas, el mayor igualitarismo de todos esos períodos no conspiró contra el crecimiento (al menos en términos comparativos). La evolución del PBI per cápita argentino hasta 1975 fue comparable a la de países que hoy son ricos; fue en ese año que se abrió el verdadero momento de decadencia de la economía local por efecto de las políticas neoliberales. Si se toma por caso a Estados Unidos —y la comparación es desventajosa, porque es estar midiéndose con la vara de la primera potencia mundial—, el panorama es más que claro. Entre 1885 y 1913, en pleno boom agroexportador, la Argentina creció más que el país del norte. En las tres décadas siguientes, 1913-1945, la tendencia se revirtió y el PBI local se fue retrasando gradualmente respecto del estadounidense. Por el contrario, en los treinta años posteriores a 1945, la Argentina duplicó su ingreso per cápita y amplió su producto a ritmos superiores a los de Estados Unidos y también a los del Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda (aunque fueron superados por los de algunos países de Europa). Es recién en 1975 que la economía local sufre una caída abrupta y pierde terreno por comparación no solo con los países más avanzados, sino prácticamente con todo el mundo.

EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA ARGENTINO Y COMPARACIÓN CON EL ESTADOUNIDENSE

Tomado de Gerchunoff y Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto.

El mejoramiento en la distribución del ingreso posterior a 2003 también estuvo acompañado del crecimiento pronunciado del PBI per cápita a ritmos que sobrepasaron los de Estados Unidos (la tendencia se revirtió luego de 2015).

Más que ninguna otra cosa, la imposición de las políticas neoliberales luego de 1975 marcó el parteaguas para el declive argentino, de lo que también dan testimonio los indicadores de pobreza. El siguiente gráfico presenta el porcentaje de la población que estaba sumido en la pobreza, calculado según la metodología que el Indec adoptó luego de 2016, para hacer consistente la serie.

NIVELES DE POBREZA EN EL ÁREA METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES, 1974-MEDIADOS DE 2019

Elaborado por Daniel Shteingart especialmente para este libro. El cálculo para 1974 podría estar algo subvaluado por la diferente estructura demográfica de la época.

Como se observa a simple vista, la Argentina tenía niveles de pobreza relativamente bajos hacia 1974 y fue desde entonces que subieron de manera dramática e irreversible. Los dos picos de la serie —el de la hiperinflación de Alfonsín y el de la crisis de 2001— se relacionan de manera directa con los efectos de las políticas que antes habían implementado los militares y Menem-De la Rúa, los dos momentos en los que el predominio de los intereses de las clases altas en la agenda de la política nacional fue más claro. Lo mismo vale para la nueva tendencia al alza del período de Macri.

Sin pretender de ello inferir leyes universales, la trayectoria de la Argentina en los últimos ochenta años muestra que no hubo contradicción entre movilización social, mejora en la distribución del ingreso y crecimiento.

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Por los motivos expuestos hasta aquí, las élites argentinas no lograron asentar su dominio en una verdadera hegemonía cultural y política. Las visiones que propusieron y los modelos de país que impulsaron nunca terminaron de ser del todo convincentes. Los elencos políticos que patrocinaron no concitaron apoyos sólidos entre los habitantes del común. A falta de eso, emplearon la coerción desde el comienzo y la fuerza militar desde 1930 como vías de acceso a un gobierno que las urnas le negaban. Luego de 1955, ese uso constante de la carta dictatorial y de la represión más cruenta dio lugar a una espiral de violencia que terminaría sumergiendo al país en una de las peores experiencias de terrorismo de Estado de las que haya registro.

En la segunda mitad del siglo XX la inestabilidad y la represión estuvieron asociadas a sucesivos intentos de imponer medidas económicas liberales ortodoxas que la sociedad rechazaba y que terminaban resultando inviables políticamente (y con frecuencia, trayendo también calamidades económicas). Por su capacidad de resistencia y su parcial coincidencia de intereses con parte de los sectores medios y del pequeño y mediano empresariado, las clases subalternas se las arreglaban para bloquear esos intentos, sin que necesariamente tuviesen alternativas más sólidas para prohijar. Los sectores financieros y exportadores se obstinaban entonces con el mismo tipo de medidas ortodoxas, en un péndulo que llevaba de una orientación a otra. Así, luego de 1955, la Argentina no pudo sostener políticas económicas más o menos estables. Ni buenas, ni malas. Ni improvisadas, ni planificadas. Ni ortodoxas, ni heterodoxas.

Una investigación reciente se tomó el trabajo de analizar por primera vez, una por una, las gestiones de cada ministro de Economía que hubo desde 1955 hasta fines de 2018. Relevó sus medidas en varios frentes y las clasificó según fuesen «ortodoxas» —si seguían las recomendaciones del FMI o el Banco Mundial— o «heterodoxas», es decir, las que no se alineaban con esa visión y adoptaban en cambio alguna alternativa desarrollista o más orientada a estimular el mercado interno.

Los resultados de la investigación son reveladores. El rasgo dominante de la política económica es la oscilación extrema entre las dos variantes, con treinta cambios de rumbo en todo el período, dieciséis de los cuales fueron bruscos, de un extremo al opuesto. Hasta 1989, el promedio de permanencia de un mismo tipo de política fue de apenas 15 meses, antes de dar lugar a la contraria; a partir de Menem hubo durabilidad mayor, con ciclos que promediaban los 7 años y 2 meses, luego de los cuales el péndulo se balanceaba en el sentido opuesto. Una inestabilidad total.

En el conteo general del tiempo que rigieron, las ortodoxas fueron las dominantes. De los 63 años analizados, 32 fueron de ese tipo y 26 de políticas heterodoxas (los períodos de medidas «mixtas» en los que no se puede distinguir ninguna orientación dan cuenta de los 5 años restantes).

Lo interesante del caso es que no hubo una vinculación necesaria entre la orientación de las políticas económicas y el partido de gobierno. Durante las dictaduras hubo un claro predominio de las medidas ortodoxas. En democracia, tanto peronistas como radicales aplicaron políticas de uno u otro signo en diversos momentos (incluso en el transcurso de un mismo gobierno). Del total del tiempo de sus respectivos mandatos, un 38% de los períodos del PJ fue de políticas ortodoxas, mientras que la UCR y aliados las aplicaron en el 52% de los suyos. Sin importar el signo del partido que las haya adoptado, el cotejo estadístico de la relación entre las orientaciones de las políticas y sus resultados muestra que las ortodoxas estuvieron asociadas a una disminución de los salarios reales y a un menor crecimiento económico. Y que la volatilidad de las políticas afectó siempre negativamente a la inversión y al crecimiento, estuviese quien estuviese al frente del gobierno. En fin, para entender el desempeño de la economía argentina, el color del partido resulta un dato poco y nada relevante: lo que importa son las orientaciones de la política económica.

TIPO DE ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA POR MES

Tomado de Valeria Arza y Wendy Brau: «El péndulo en números…».

Así, examinando el recorrido de las políticas de la Argentina en el largo plazo, no caben dudas de que la visión más bien liberal fue la dominante. Todo el período de la organización nacional, desde 1853 en adelante, estuvo orientado por las ideas del libre mercado. El Estado actuó decididamente para sentar las bases de una economía capitalista, pero fuera de eso el mercado reinó sin regulaciones relevantes durante setenta y ocho años ininterrumpidos hasta 1931, que fue cuando los gobiernos comenzaron a aplicar políticas intervencionistas. No hubo en ese lapso subsidios a la industria, controles de cambio, interferencias sobre el comercio exterior, retenciones, ni nada por el estilo. Ni siquiera existía el Banco Central para manejar la política monetaria. El resultado fue una economía que no solo no había traído prosperidad a las mayorías, sino que ni siquiera alcanzó un equilibrio macroeconómico que le permitiera funcionar más o menos fluidamente. De hecho, fue esa constatación la que impulsó a las élites dirigentes de la «década infame» —que eran liberal-conservadoras— a probar alternativas intervencionistas como las que por entonces se aplicaban en todo el mundo. Porque tampoco en el resto del mundo el libre mercado venía dando buenos resultados. Si sumásemos todo ese período en el que el mercado funcionó sin regulaciones relevantes con los lapsos posteriores a 1955 en los que la política económica estuvo orientada por la visión liberal ortodoxa, habría que concluir que 111 de los 166 años de vida institucional organizada de este país estuvieron dominados por esa ideología.

Con vaivenes e inconsistencias, las políticas heterodoxas dominaron la escena entre 1931 y 1943 y luego, más articuladas y con una visión más nacionalista, hasta la caída de Perón. Fueron veintitrés años en los que la agenda pública no estuvo dominada por medidas de tipo liberal, aunque tampoco por una única política consistente y continuada. Así y todo, superada la crisis de 1930, se trató de uno de los períodos de mayor crecimiento y prosperidad que hubo en la historia. Luego de 1955 primaron las oscilaciones constantes del péndulo, matizadas por largos experimentos ortodoxos en la última dictadura, con Menem y con Macri. En todos esos años solo hubo ocasión para un ensayo heterodoxo prolongado en tiempos del kirchnerismo.

No caben dudas de que la inestabilidad dificultó enormemente el crecimiento sostenido: cada oscilación deshizo lo hecho por la anterior y pretendió comenzar de nuevo. En ese escenario no existió ninguna racionalidad posible para las decisiones económicas de personas o empresas. En cuanto a los resultados de las diversas orientaciones económicas, es un hecho que ninguna pudo mostrar hasta ahora éxitos contundentes. El experimento ortodoxo que encaró la última dictadura dejó al país incendiado. En imprevista alianza con el peronismo de Menem volvieron a aplicar un programa similar, lo que condujo a una nueva debacle en 2001. Y lo mismo vale para el tercer intento, luego de 2015. Cada fracaso minó la credibilidad de los programas liberales, en buena medida porque se adivinó, tras el discurso de la «modernización» y la «racionalidad productiva», la intención más pedestre de aumentar la tasa de ganancia de las empresas recortando salarios y cancelando los derechos laborales y las políticas de bienestar más elementales.

Por comparación, los dos ensayos heterodoxos que tuvieron la ocasión de ponerse en práctica por algún lapso relevante —el de Perón hasta 1955 y los doce años del kirchnerismo— tuvieron efectos más auspiciosos. Pero es un hecho que no consiguieron superar los problemas macroeconómicos que aquejan al país desde 1930, en especial el del acceso a las divisas, que por el contrario se vio empeorado. Podría decirse en su defensa que, al momento de ser desalojados del poder, tanto Perón como Cristina Fernández estaban intentando hacer ajustes para superar las dificultades (con algunos indicios de que estaban conduciendo a buen puerto en el caso del primero, menos evidentes en el caso de la segunda).

Los ejemplos exitosos de desarrollo de países periféricos muestran que fue necesario un período de décadas de consistencia en el fomento industrial para que el esfuerzo diera sus frutos (fue así que pasaron de países campesinos a potencias industriales los del sudeste asiático). La inestabilidad política argentina no ofreció todavía esa oportunidad, lo que significó que a menudo los ajustes quedaran en manos de gobiernos que los hacían como parte de un cambio brusco de rumbo y sin suficiente legitimidad o fuerza como para sostenerlos.

Vistos en perspectiva, las tensiones económicas y los condicionantes políticos impidieron tanto a los programas ortodoxos como a los heterodoxos llegar a algún resultado firme. Los partidarios de unos y otros podrían decir, con algo de razón, que sus intentos se vieron interrumpidos antes de tiempo. Así como los ejemplos de otras latitudes indican que los segundos podrían haber fructificado si hubiesen tenido una maduración suficiente, lo mismo podría decirse acaso de los primeros. El modelo neoliberal también podría haber conducido, no digamos al bienestar general, pero quizá sí a cierto equilibrio macroeconómico, en el hipotético caso de que la sociedad hubiese soportado las penurias y despojos que traía la reconversión.

Pero la simetría de los fracasos y de las condiciones en las que podrían haberse evitado se termina cuando se introduce la cuestión de la democracia, del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a definir libremente los caminos por los que quieren transitar su vida conjunta. Allí la legitimidad de insistir con una orientación económica o con la otra dista de ser la misma. Porque el impulso hacia modelos ortodoxos surgió más de las clases altas y de las presiones del capitalismo global que del deseo del electorado. Ciertamente, una porción bien relevante de los votantes comparte hoy esas ideas. Pero hasta el momento nunca llegó a conformar una mayoría convencida. Los intentos de imponer programas neoliberales vinieron de la mano de gobiernos proscriptivos y dictaduras o de otros que, como los de Menem o Macri, ganaron las elecciones ocultando sus verdaderas intenciones (o en todo caso, como aval para la continuidad de un hecho consumado, como sucedió en los comicios de 1995 y 1999). Puede que la ciudadanía argentina no haya dado hasta ahora con un camino alternativo y con una fuerza política que lo lleve adelante de manera consistente. Pero es un hecho que rechazó ya muchas veces, en las calles y en las urnas, los programas de orientación liberal (lo que, sin embargo, no menguó la obstinación con la que los sectores exportadores y financieros, los políticos de esa ideología y los organismos del capitalismo global siguieron insistiendo cada vez que tuvieron la oportunidad).

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Varias líneas de fractura han surcado (y todavía surcan) la sociedad argentina: las de su estructura productiva y su desbalance regional, las del heterogéneo perfil étnico de su población, las de sus desigualdades de género y de clase, las de las narrativas rivales acerca de su curso histórico y las de sus orientaciones económicas contrapuestas. Aunque sus orígenes y lógicas son diferentes, en ocasiones se combinaron y potenciaron mutuamente. A todas ellas se agregó, luego de 1945, una nueva dicotomía que organizó el campo político en dos polos: peronismo versus antiperonismo. Convertidos en identidades y acaso en auténticas visiones del mundo, marcaron profundamente la política nacional de los últimos setenta años. Como todas, esa línea de fractura también se combinó con las restantes de modos complejos y a veces inesperados, agregando sus propias fricciones a una sociedad que desde mucho antes estaba en tensión consigo misma.

Suele decirse, por lo heterogéneo de los elementos e ideas que lo componen, que el peronismo es incomprensible. Pero, mientras intentamos entenderlo, conviene no perder de vista que ese es un rasgo que también comparte el antiperonismo. En uno y otro polo pueden agruparse tanto personas de izquierda como de derecha. Se puede ser conservador y autoritario peronista tanto como antiperonista. Y lo mismo vale para quienes son progresistas o incluso de izquierda: están los que se han visto atraídos por el peronismo tanto como los que lo detestan.

El eje peronismo-antiperonismo corta en dos el eje izquierda-derecha, de un modo que suele confundir a los espectadores desprevenidos; componen entre ambos un código político que es peculiarísimo de la Argentina. La confusión estuvo presente desde el comienzo: en 1945 se unieron en el rechazo a Perón desde los comunistas y socialistas hasta los liberales y conservadores. A algunos les preocupaba que fuese un demagogo de derecha; a otros, que promoviese demasiado los intereses de los obreros. Del mismo modo, el peronismo combinó en sus comienzos el compromiso con los trabajadores y los más humildes típico de la izquierda con algunos elementos más propios de la derecha, como el nacionalismo y el aprecio por los militares, el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas y el anticomunismo. Atrajo por eso a personas de uno y otro signo y a otras, de cualquier persuasión que fuesen, que creían en un Estado fuerte capaz de intervenir en la economía y de propiciar la armonía entre las clases.

Lo que dio mayor perdurabilidad al eje peronismo-antiperonismo fue el modo en que se combinó con líneas de fractura previas y la historia de enfrentamientos que animó desde entonces. Desde sus inicios, el antiperonismo había interpretado al nuevo movimiento en la clave que habían planteado las élites liberales cien años antes: era la misma «barbarie» de entonces que, mal erradicada, volvía a emerger, igual que ayer, de la mano de un «caudillo» que la lideraba. También echó mano de la clave de lectura racista y porteñocéntrica que habían propuesto intelectuales de décadas previas: eran los «negros» del interior atrasado los que volvían a complicarlo todo. Así, el antiperonismo se entrelazó con las tensiones que ya existían en torno de la definición del «nosotros» argentino. Imaginándolo blanco, europeo y moderno, no pudo sino considerar a los peronistas —y no solo a Perón— como una presencia ilegítima con la que había que terminar si Argentina quería ser Argentina.

Por todo ello, cuando en 1945 socialistas, comunistas y progresistas se aliaron a las clases altas liberal-conservadoras para intentar detener el avance de Perón, se produjo un profundo quiebre. Para los trabajadores, ya no fue suficiente que alguien hablara de derechos sociales, de la clase obrera o del socialismo para considerarlo de su lado. Desde su punto de vista, eso podía ser un mero discurso, toda vez que, en los hechos, quienes se llenaban la boca de esas palabras terminaban alineándose con los más ricos y tenían gestos de desprecio hacia la plebe «inculta».

Por eso, el movimiento peronista desarrolló un código propio, alternativo, para identificar quién estaba de qué lado. Junto con las propuestas concretas que un político hiciera, importaba la utilización de un vocabulario particular, de una serie de símbolos y —más aún— de una verdadera estética. A los que estaban «del lado del pueblo» se los podía reconocer primeramente por su adhesión al peronismo, por el uso que hacían de los emblemas partidarios, por su infaltable evocación de Evita y Perón y por ese estilo llano y contencioso, emotivo y en ocasiones «chabacano» que solían exhibir los partidarios del nuevo movimiento. Se reconocía a un peronista, ante todo, por su desprejuicio para mezclarse y mostrarse con personas de estilo y apariencia plebeyos. La estética del peronismo, el modo de mostrarse en público, llegó a ser, a ojos de las masas, una forma tanto o más importante de identificar a aliados y enemigos que la distinción tradicional de izquierda y derecha. Porque quienes hicieron suya esa estética decían mucho: a través de ella reconocían la existencia de la plebe y manifestaban su disposición a estar a su lado, incluso a riesgo de ser percibidos como «negros» por los antiperonistas. Y eso no era poco.

Los antiperonistas también prestaron mucha atención a los aspectos estéticos. Tanto como las consignas y las propuestas de gobierno, quienes cultivaban un estilo de hablar y de vestir prolijo, austero y urbano, los que se preocupaban por dar un aspecto educado y racional (antes que emotivo) y evitaban mostrarse con dirigentes de estilo populachero, estaban diciendo indirectamente que tenían poco que ver con la plebe y que adherían a los valores de la mitad «decente» de la nación. Ser prolijo, de hablar suave y «educado» en un escenario también habitado por la política plebeya era toda una declaración de principios: se trataba de una manera sutil de negarle todo reconocimiento. Esta especie de lenguaje cifrado, repleto de claves y símbolos que ocupaban el lugar de lo que no se decía explícitamente, dominó la política argentina.

Ese modo de considerar a los peronistas no simplemente como un grupo político con el que se estaba en desacuerdo, sino como una presencia sobrante incrustada en la nación, algo ajeno, ominoso, moral y estéticamente reprobable, alimentó desde temprano fantasías de aniquilación. No caben dudas de que el ciclo de violencia de Estado que se abrió en 1955 con el bombardeo sobre Plaza de Mayo fue facilitado por esa mezcla de ansiedad e irritación que producía la sensación de estar compartiendo el espacio nacional con una mitad indeseable, que no debería estar allí, esos «cabecitas negras» llegados de quién sabe dónde que solo eran factor de atraso e irracionalidad. ¿Podría haber tenido lugar ese hecho increíblemente brutal si no se hubiese considerado que esa población que recibía las bombas era de calidad inferior, que no era una parte legítima del «nosotros»?

El rechazo que a amplios sectores generaron el peronismo y los peronistas ayudó a justificar que se los proscribiera durante los dieciocho años siguientes. Pero también fue utilizado para ganar apoyo para medidas de gobierno que buscaban deshacer algunas de las políticas implementadas en tiempos de Perón o incluso antes, desde la década de 1930, cuando el Estado comenzó a intervenir en la economía. Sucesivos intentos de desregular los mercados, controlar la vida sindical o reformar las leyes laborales se justificaron en la necesidad de desarmar el legado del peronismo. El antiperonismo se deslizaba así con frecuencia hacia una actitud más genéricamente antipopular.

Como dos caras de una misma moneda, si la existencia del peronismo justificaba actitudes antipopulares más amplias, también los desplantes y violencias del antiperonismo ayudaron a los peronistas. Desde 1955 y hasta la actualidad, el peronismo se regenera y pervive menos por el atractivo intrínseco de sus ideas —por otro lado, muy cambiantes— que por haberse erigido en un símbolo que permite agruparse para resistir el tipo de políticas que el bloque antiperonista promueve cuando está en el poder. Y funciona de esa manera precisamente porque es el símbolo que, a su vez, los antiperonistas utilizan para movilizar voluntades en su favor. Como si se tratase de un juego en el que siempre conviniera identificarse con los enemigos de nuestros enemigos.

En ningún momento se notó esto mejor que en la intensa reperonización que se produjo en los últimos años. Cuando las voces que promueven políticas económicas ortodoxas desprecian hoy a un país entero al que llaman «Peronia», caracterizado no solo por tener habitantes peronistas sino también derechos laborales, sindicatos, subsidios a los desocupados, la Asignación Universal por Hijo, empleo público, educación gratuita, inversión en cultura o un sistema jubilatorio de reparto —supuestos obstáculos al progreso que habría que extirpar—, invitan a su vez a identificarse con el peronismo a todos aquellos que, más que obstáculos, los consideran elementos indispensables para un país en el que valga la pena vivir.

Peronismo y antiperonismo forman desde 1945 un sistema político en sí mismo. Se retroalimentan a través de sus acciones y de las visiones distorsivas sobre el presente y el pasado que cada uno presenta. Porque es evidentemente falso que todos los males del país se deban a los «setenta años de peronismo», según el conteo que se popularizó recientemente (como si los peronistas hubiesen aplicado siempre las mismas políticas o como si no hubiesen gobernado el país la mitad de ese tiempo los militares y otros partidos). Si para ser un país próspero alcanzara con tener riquezas exportadoras, una población altamente europea e instituciones sólidas y con estar libres de peronismo, entonces Uruguay debería tener hoy una economía mucho más rica de la que tiene y no, como es el caso, un PBI per cápita similar al argentino. No caben dudas de que hubo muchas falencias durante los gobiernos peronistas. Pero no puede situarse en ellas la causa única de los problemas nacionales. Del mismo modo, considerar al antiperonismo —como hacen muchos de sus adversarios— la fuerza una y perenne que llevó al país por rumbos antipopulares requiere olvidar más de un episodio en la historia del propio PJ, como el «Rodrigazo» o los diez años de neoliberalismo de Menem, que condujeron a la peor crisis de la que se tenga memoria. Una lectura más cuidadosa de las dificultades de la Argentina —como la que intenta este libro— debería ir más allá de esa antinomia.

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Un gran historiador ya fallecido, Tulio Halperin Donghi, propuso la idea de que la segunda mitad del siglo XX había sido la de «la larga agonía de la Argentina peronista». En su visión, Perón había puesto en pie un modelo de país económicamente inviable, pero con cimientos sociales tan poderosos, que estaban demorando décadas en terminar de desmoronarse. La tesis es sin dudas sugerente. Pero acaso podría plantearse, con el mismo argumento, una interpretación alternativa: que asistimos desde 1890 a una larga agonía de la Argentina liberal. Porque motivos no faltan para sospechar que el modelo de país que entonces quedó instalado no fuera igualmente inviable ni hubiese entrado, desde entonces, en una lenta descomposición.

Claro que, para sostener cualquiera de las dos interpretaciones, hace falta creer que existía un camino «normal» y viable respecto del cual la Argentina en algún momento se apartó. Un camino de bonanzas y de concordia al alcance de la mano, si no hubiese sido por alguna dirigencia extraviada en sus decisiones. Durante mucho tiempo, la comparación con otros escenarios podía inducir a pensar que ese era el caso: la inestabilidad e incertidumbre del desarrollo argentino, la precariedad de sus acuerdos básicos parecía contrastar con la aparente solidez de los países «normales». Y sin embargo, un paneo por el estado del mundo en el momento actual hace flaquear esa certeza. No es de ningún modo evidente que el planeta evolucione hacia una mayor armonía y prosperidad, ni que su situación sea estable y su futuro, previsible. Más bien parece todo lo contrario. Acaso la anormalidad argentina no sea, después de todo, tan anormal, sino apenas más precoz y acentuada. ¿Podría ser el nuestro solo un capítulo de la larga agonía del capitalismo como sistema global, un episodio que se desarrolla en un rincón particularmente dislocado de un mundo que marcha desde hace mucho al desquicio?

Como sea, la Argentina ingresó al siglo XXI con todas sus líneas de fractura expuestas, las de muy antigua data tanto como las más recientes, todas entrelazadas y generando efectos siempre intensos e imprevistos. Llegó, además, con dudas crecientes acerca de su lugar en el mundo, sospechando si es o si fue realmente alguna vez un enclave blanco y europeo impar en la Latinoamérica mestiza y morena o, por el contrario, parte constitutiva de ella. Es evidente que las adversidades económicas, el tenor angustiante de las preguntas que tenemos sobre nosotras y nosotros mismos y la conflictividad cotidiana acarrean penurias que en otras latitudes son menores. Pero no es menos cierto que todas esas incomodidades también alimentan esa sorprendente vitalidad cultural y política que no deja de manifestarse en las calles y en los debates públicos y en esa obstinación con la que la sociedad argentina ha sostenido, incluso en las peores adversidades, valores solidarios e igualitaristas y anhelos de justicia que en otros sitios apenas se perciben. Como si, al perturbarnos, nos forzaran a no olvidar que la felicidad no es un asunto solo individual. Como si nos recordasen que el buen vivir no vendrá del refugio de cada uno en la comodidad de sus asuntos privados, sino del vigor con que sostengamos lo colectivo. Puede que tanta incomodidad tenga entonces un costado productivo. Puede que sea desde allí que caminaremos hacia un futuro diferente a ese otro, gris e incierto, que se nos anuncia hoy por todas partes.

Reconocimientos

Este libro es un trabajo de síntesis de conocimientos que fueron generados por la comunidad de historiadoras e historiadores durante décadas. El autor ha aportado aquí sus interpretaciones historiográficas, la trama narrativa general, el estilo de escritura y sus criterios para la selección y jerarquización de la información. Fuera de algunos temas de fines del siglo XIX y del siglo XX, a los que ha dedicado su trabajo como investigador, el resto de los contenidos descansa en las indagaciones de otros y otras. Sería muy difícil ser exhaustivo, pero corresponde al menos mencionar aquellas con las que las deudas son mayores.

Los capítulos 1 y 2 se nutrieron especialmente de trabajos de Alberto Rex González, Ana María Presta, José A. Pérez, Dolores Estruch, Raúl Mandrini, Nidia Areces, Jorge Gelman, Pilar González Bernaldo, Gabriel Di Meglio, Raúl Fradkin, Juan Carlos Garavaglia, Noemí Goldman, Carlos S. Assadourian, Eduardo Míguez, Guillermo Beato, Marcela Ternavasio, Jorge Myers, Fabio Wasserman, José Carlos Chiaramonte, Tulio Halperin Donghi, Josefina Ludmer, Daniel Santilli, William Acree.

El capítulo 3 tomó aportes en particular de Ernesto Bohoslavsky, Walter Delrio, Hilda Sabato, Fernando Rocchi, Fernando Devoto, Julio Djenderedjian, Leandro Losada, Susana Bandieri, Roberto Cortés Conde, Ezequiel Gallo, Roy Hora, Marta Bonaudo, Ariel de la Fuente, Alejandro Eujanián, Lea Geler, Oscar Terán, Natalio Botana, Oscar Oszlak, Claudia Briones, Antonio Elio Brailovsky, Dina Foguelman, Ricardo Falcón, Juan Suriano, Joaquín Ladeuix y Pablo Schiaffino.

El capítulo 4 se benefició de investigaciones de Mirta Lobato, Luis Alberto Romero, Darío Cantón, Nicolás Iñigo Carrera, José L. Moreno, Osvaldo Bayer, Matthew Karush, Aníbal Viguera, Hernán Camarero, Noemí Girbal, David Rock, Marcelo Cavarozzi, Roberto Korzeniewicz, Sylvia Saítta, Javier Balsa, Pablo Vila, Adriana Kindgard, Adrián Ascolani, Alejandro Cattaruzza, Julio Frydenberg, María Silvia Fleitas, Osvaldo Barsky, Omar Acha, Hugo del Campo, Juan Carlos Torre, Louise Doyon, Michael Goebel, Darío Macor, Samuel Amaral, Juan Manuel Palacio, Carolina Barry, César Tcach, Marcela Gené, Marcelo Valko, Ana Virginia Persello, Raanan Rein, Mariano Plotkin, Fabiola Orquera, Andrés Bisso, Lila Caimari, Mark Healey, Moira Mackinnon, Nicolás Quiroga.

El capítulo 5 tomó datos e ideas de Marcelo Diamand, Guillermo O’Donnell, Daniel James, Liliana de Riz, Julio Melon Pirro, Alejandro Schneider, Marina Franco, Ernesto Salas, James Brennan, Mónica Gordillo, Ariel Wilkis, Ana Julia Ramírez, Horacio Tarcus, Valeria Manzano, Richard Gillespie, Vera Carnovale, Francisco Ferrara, Juan Carlos Portantiero, Alicia Ziccardi, Gastón Gordillo, Silvia Hirsch, Marcos Novaro, Mario Rapoport, Victoria Basualdo, Vicente Palermo, Ruth Werner, Facundo Aguirre, Inés González Bombal, Jorge Schvarzer, Federico Lorenz, Isabella Cosse, Pablo Pozzi.

El capítulo 6 y el Epílogo se enriquecieron con trabajos de Valeria Arza, Alejandro Horowicz, Peter Ranis, Maristella Svampa, Steven Levitsky, Javier Auyero, Mabel Bellucci, Gabriel Kessler, Pablo Alabarces, Daniel Míguez, Pablo Semán, Alfredo Pucciarelli, Rita Segato, Alejandro Frigerio, Alejandro Grimson, Facundo Alvaredo, Julieta Quirós, Emilio Crenzel, Leandro Morgenfeld, Federico Schuster, Naomi Klein, Raúl Zibechi, Mabel Manzanal, Gabriel Vommaro, Francisco Raúl Carnese, Sergio Avena, Ana Luz Abramovich, Gonzalo Vázquez, María Cecilia Cotarelo, Pierre Ostiguy, Pablo Gerchunoff, Lucas Llach, Leandro Bona, Norma Giarracca, Daniel Shteingart, Alain Rouquié, Eduardo Basualdo y la Correpi. De textos de Dora Barrancos proceden la mayor parte de las referencias a la historia de las mujeres en todos los capítulos.

Martín Sivak, Alfredo Grieco y Bavio, Daniel Sazbón, Mariana Pérez, Leandro Morgenfeld, Fernando Rocchi, Mariana M. Isla, Sergio Avena, Nicolás Kwiatkowski, Vera Carnovale, Pablo Palomino, Gabriel Di Meglio, Natalia Bustelo y Valeria Arza leyeron parcial o totalmente el manuscrito y ofrecieron comentarios invalorables.