Marruecos: la amenaza

Su guerra de baja cota contra España

EMInves

Título: «Marruecos: la amenaza»
Subtítulo: «Su guerra de baja cota contra España» © Ernesto Milá (a) «León Klein». 2005
© Pyre, SL
© EMinves

1ª Edición: Diciembre 2005
Edición Digital: Marzo 2013
Producciones y Representaciones Editoriales, SL

E-mail: eminves@gmail.com ISBN 84-934118-4-1
Impreso en Romanyà Valls, S.A. Impreso en España - Printed in Spain

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Introducción Con Perejil en el corazón

Rabat, 16 de noviembre de 2005.- Mientras en El Aaiún las fuerzas de ocupación marroquíes detenían a 97 manifestantes pacíficos y herían a 57 de ellos, en Rabat el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero sonreía a Mohamed VI y elogiaba los avances y «el afianzamiento de su democracia y las libertades». Para Zapatero, «el acierto en la orientación» del Gobierno marroquí bajo la dirección de Mohamed VI, «es la clave que permitirá superar todos los obstáculos». El presidente del Gobierno español garantizó al país vecino su apoyo incondicional y subrayó que «En estos 50 años, Marruecos ha buscado y ha sabido encontrar los sutiles equilibrios entre la lealtad a su pasado y su afán de modernización, entre su fortalecimiento y su consolidación interna y su apertura decidida al mundo exterior, entre su pertenencia al continente africano y su vocación europea».

Con presidentes del gobierno como estos, no hacen falta enemigos. ZP pertenece a aquel tipo de gente denunciada por Lenin que trenza la cuerda con la que lo van a ahorcar.

La tesis central de este libro es que el régimen marroquí no sólo es interiormente inestable, sino que genera inestabilidad a su alrededor. El riesgo que corremos es que esta inestabilidad termine por afectarnos. De hecho, ya nos está afectando: cada día cruzan el mar de Alborán alijos clandestinos de droga cultivada sin problemas en el Rif o traída desde Colombia; miles y miles de inmigrantes, en número imposible de absorber, fuerzan nuestras fronteras anualmente; la casi totalidad de implicados en los criminales atentados del 11–M procedían de Marruecos, país al que le corresponde el dudoso honor de ser el primer «exportador de terrorismo internacional» y, finalmente, existe una reivindicación irredentista permanente sobre las Plazas de Soberanía españolas en África… ¿Quién ha dicho inestabilidad futura? La inestabilidad está presente aquí y ahora.

Si en España no lo advertimos en toda su crudeza se debe a la existencia del «colchón de intereses» que ha generado un verdadero lobby pro–marroquí en España. A este lobby pertenecen grandes consorcios cuya prosperidad depende de sus inversiones en Marruecos; si a eso unimos un gobierno imperito en cuestiones internacionales, con una percepción errónea de la relación con Marruecos, entenderemos el abismo hacia el que se precipita España, ante la indiferencia de una parte de la población, la ignorancia de otra y la ligereza de sus autoridades.

Se puede ignorar el conflicto, se puede aplicar una política de paños calientes, se puede, incluso, engañar a la opinión pública e incluso –como hace Zapatero– confundir los deseos con realidades. Pero la realidad, molesta y persistente, terminará por imponerse en toda su crudeza. Hace falta que, cuando llegue ese momento, estemos preparados para conjurar el riesgo que viene del Sur. Tal es el objetivo que se ha propuesto el autor de estas páginas.

Nadie, salvo los eruditos, había oído hablar del islote del Perejil y muy pocos parecían interesarse por aquella exigua porción de tierra española. Sin embargo, a los responsables del Ministerio de la Defensa, no les pasó desapercibida la presencia de un pequeño grupo de doce miembros de la Gendarmería Real Marroquí, dirigidos por un comandante, que habían desembarcado allí en la mañana del 11 de julio de 2002. En realidad, Marruecos había querido expresamente que se conociera la invasión, pues, no en vano fueron las propias autoridades de ese país las que anunciaron, cínicamente, la ocupación de la isla para «combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico».

Pequeña en tamaño –con una forma triangular de 500 por 300 metros, lo que da un total de 1.500 metros cuadrados–, Perejil tiene cierta relevancia geopolítica. Situada entre Punta Leona y Punta Almansa, en pleno estrecho de Gibraltar, apenas a 22 kilómetros del peñón, 3 de Ceuta y 13 de la Península, tan sólo 200 metros le separan de las costas marroquíes. A esta inmejorable situación geográfica, se une la inaccesibilidad de la isla (cuya costa está rodeada de acantilados y cuenta con sólo dos caletas que apenas permiten atracar a embarcaciones de pequeño calado) y el hecho de que, prácticamente, toda ella sea una meseta de 70 metros de altura (ideal para el emplazamiento de piezas de artillería de costa, helipuerto y un cómodo observatorio). El hecho de que la isla esté deshabitada no implica que, en caso de crisis, pueda ser habilitada rápidamente como parte de un dispositivo de cerrojo del Estrecho de Gibraltar.

El episodio de Perejil –«Taura» para los marroquíes– ha constituido el momento más grave de las relaciones entre los dos países. Pero ni ha sido una excepción, ni será, sin duda, el último episodio que ilustre las relaciones hispano-marroquíes. Valía la pena recordarlo, porque todavía nos quedan muchos Perejiles por ver.

Este libro aspira a prevenir las fases del conflicto hispano– marroquí que se avecinan. Que nadie dude que estas fases están a la vuelta de la esquina.

León Klein Valle de Biar, 20 de septiembre de 2005

Capítulo I Defensa nacional ¿ante qué «enemigo»?

Desde los años 50, los militares han definido el eje Canarias–Gibraltar–Baleares como estratégico para nuestra defensa nacional. Durante más de 30 años, el franquismo logró estabilizar una política internacional propia, que, a partir de la transición, se volvió progresivamente errática, hasta el punto de que en la actualidad ni siquiera se tiene conciencia exacta de cuál es el «enemigo» y, por tanto, no existe posibilidad de estabilizar una política de defensa nacional. Pero existe un enemigo y este enemigo está en el Sur. Hoy más que nunca, el eje Canarias–Gibraltar– Baleares sigue siendo básico para npuestra defensa. La agresión sólo puede proceder del Sur.

En las relaciones de España con Marruecos ha habido un antes y un después de Perejil. A pesar de que los gobiernos españoles –especialmente Zapatero– se hayan deshecho en glosas y alabanzas a las «buenas relaciones» entre ambos países, lo cierto es que, Perejil dejó un aroma amargo y una desconfianza recíproca difícil de apagar. Y con razón. En nuestra obra «El enemigo del Sur», aprovechamos para recordar que la ocupación de Perejil no fue un episodio aislado, sino uno más de los distintos capítulos del «desencuentro» hispano– marroquí. Estos capítulos tienen nombre y apellidos; sus jalones son: el expansionismo inherente a la doctrina del «Gran Marruecos» que hace pender, permanente, la espada de Damocles sobre Ceuta, Melilla, las Islas Adyacentes, e incluso sobre Canarias, los hallazgos de petróleo en la zona, el conflicto siempre abierto del Sáhara, la guerra de baja cota que el reino alauita mantiene contra España exportando masivamente toneladas y toneladas de hachís, cientos de miles de inmigrantes ilegales y torpedeando, en cuanto tiene ocasión, la economía española… Desde la aparición de aquella obra (2002) la situación, no solamente no ha mejorado más allá del mero lenguaje diplomático, sino que se han abierto otros frentes de conflicto. Las tesis que presentamos en «El Enemigo del Sur» se han confirmado sin excepción. Solamente el actual gobierno español cree –o dice creer– que las relaciones entre ambos países son inmejorables y que se ha superado la crispación de otro tiempo. No es cierto. Ocurre justamente, lo contrario.

Resulta absolutamente irresponsable para nuestra seguridad nacional, el considerar las relaciones con Marruecos con la misma ligereza que el gobierno Zapatero ha aplicado a otros temas (estatuto catalán, reforma constitucional, inmigración, vivienda, enseñanza, relaciones con EEUU, terrorismo etarra, etc.). La defensa nacional es algo demasiado serio como para dejarlo en las manos de unos políticos que comen de la mano de quienes les han facilitado el acceso al poder (consorcios financieros y mediáticos, por cierto, todos ellos con intereses en Marruecos…).

Con la ocupación de Perejil, emergió una nueva etapa en el conflicto hispano–marroquí. Y en eso estamos. Podemos utilizar un lenguaje políticamente correcto y aludir a «desencuentro» ayer, «dificultades superables en las relaciones bilaterales» o, simplemente, ignorar el problema, como hace el gobierno ZP, enmascarándolo bajo un bosque de glosas, loas y alabanzas a la monarquía alauí. Pero el problema no desaparece; se puede cerrar los ojos a la realidad, pero la realidad se obstina en imponerse y cuando se le cierra la puerta, no encuentra problema en entrar por la ventana. Hay un conflicto enquistado y posibilidades de que se recrudezca en cualquier momento son muchas. Esa es la única realidad. La avestruz no evitará que ser cazada a fuerza de evitar mirar al cazador.

La continuidad en política exterior: base de credibilidad

Entre el 16 de marzo de 2003 (cumbre de las Azores Bush– Blair–Aznar) y el 14 de marzo de 2004 (victoria electoral post– traumática de ZP), en apenas un año, los gobiernos españoles pasaron de un alineamiento incondicional con EEUU a hacer ejercicio reiterado de antiamericanismo primario. Porque hubo algo peor que el envío de nuestras tropas en Irak: la forma como fueron retiradas. Se trataba de una promesa, aparentemente, muy fácil de cumplir, así que ZP recurrió a hacerla efectiva el 18 de abril de 2004, para aumentar su popularidad, cuando apenas hacía unos días que llevaba en el poder. Y lo hizo sin avisar previamente a los que, hasta entonces, habían sido nuestros aliados y sin obtener contrapartidas de los países que se habían opuesto al conflicto. En política, nadie hace nada gratuitamente, ni siquiera las decisiones más fáciles de adoptar, por convicción o por oportunismo. Había, prácticamente unanimidad en nuestro país; muy pocos querían haber entrado en el conflicto iraquí, así que retirar las tropas, parecía una promesa fácil de cumplir y que aumentaría el fervor popular hacia el nuevo gobierno socialista. Pero, a la larga, ha resultado ser, sin duda, la promesa más pesada de sobrellevar y, por lo demás, des aquella decisión se han sucedido en cascada errores políticos que han dilapidado el aporte de popularidad que pudo otorgar en su momento.

Incluso en una fecha tardía, el 18 de octubre de 2005, el ex asesor del Pentágono Richard Perle –«el príncipe de las tinieblas», uno de los halcones más siniestros en política de Defensa de EEUU– seguía criticando la decisión de retirar las tropas de Irak de forma unilateral y sin preaviso. Las palabras de Perle llegaban dos días después de las reservas expuestas por la embajada de EEUU a los términos condenatorios del bloqueo de Cuba incluidos en la resolución final de la Cumbre Hispanoamericana de Salamanca (16–17 de octubre 2005) y expresan lo que ha sido una constante de la política americana en relación a España, desde la caída de Aznar: resentimiento por parte norteamericana, como contrapartida a la torpe hostilidad por parte de ZP y de su equipo.

ZP y buena parte de su electorado, creyeron que esta era la línea justa a adoptar en política exterior, pero no midieron los riesgos que implicaba modificar el sistema de equilibrios en las relaciones hispano–norteamericanas. De hecho, prácticamente el 85% de los españoles se había (nos habíamos…) manifestado contra la ocupación de Irak y una cantidad todavía mayor se manifestó, en su momento, opuesta al envío de tropas. ZP creyó que el «talante» se demostraba cumpliendo esta promesa; pero no midió las consecuencias.

En política exterior la credibilidad no viene dada por la justeza de una decisión, sino por la continuidad con que una línea política –cualquiera que sea– es mantenida en el tiempo. De ahí que en todos los países se tiendan a aplicar políticas internacionales consensuadas entre los partidos mayoritarios. Así se evitan las oscilaciones constantes que, a la postre, no benefician, ni los equilibrios internacionales, ni, mucho menos, a los países que las protagonizan.

A partir de la reunión del G–8, a principios del 2002 y, especialmente, tras la crisis de Perejil, Aznar, sorprendido por el elocuente absentismo de Francia, optó por un alineamiento político con el eje anglosajón. La política exterior española pasó a ser una fotocopia reducida de la emanada por el Departamento de Estado Norteamericano. Esta opción hizo que la política exterior española quedara, a partir de entonces, desdibujada en la escena internacional, especialmente cuando ZP enmendó la plana al PP y tomó medidas diametralmente opuestas en esta materia; medidas que, incluso, suponían una ruptura con la política exterior del PSOE defendida desde mediados de los años 80. A partir de ese momento, al carecer de continuidad, no existe política exterior española digna de tal nombre. No siempre fue así.

La política exterior franquista. Líneas maestras

Remontándonos en la historia de España, recordamos que Franco pudo establecer, a partir de 1943, una línea política propia, muy bien definida. Ciertamente, Franco participó, junto con las potencias del Eje, en el Pacto Anti–Komintern, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1943, resultaba evidente para un estratega como Franco, que el Eje no iba a poder combatir en distintos frentes al mismo tiempo (el Eje había perdido África del Norte, el VI Ejército alemán se había rendido en Stalingrado y los americanos acababan de desembarcar en Sicilia) y lo más prudente era hacer gala de neutralidad para evitar males mayores. Esa habilidad para mantener a España fuera del conflicto y esa política de equilibrios, en la práctica, fue lo que posibilitó la subsistencia del régimen hasta 1975.

En un segundo tiempo, tras el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el Golpe de Praga de 1948, un «telón de acero cayó sobre Europa», tal como expresó, magistralmente, sir Winston Churchill. Stalin, amparado en una fuerza nuclear creciente, estaba en condiciones de desparramar su fuerza militar por Europa Occidental, contando con una quinta columna, los partidos comunistas occidentales. En tanto que anticomunista furibundo, Franco se convirtió en un auxiliar de la OTAN, situado fuera de la alianza. En ese tiempo, la política exterior de Franco fue una traslación de su política interior, basada en el anticomunismo y el pragmatismo. Segregado por las democracias europeas, Franco fue incluido en el dispositivo de defensa occidental a través de pactos bilaterales con los EEUU. No aspiraba a otra cosa.

Las otras dos orientaciones de la política exterior franquista, a partir de entonces, fueron la defensa de «nuestra tradicional amistad con el mundo árabe» y cierta retórica imperial que tendía puentes con Iberoamérica.

Militar africanista, Franco conocía con exactitud el Magreb. Si la diplomacia franquista jamás pudo vencer la desconfianza de las democracias europeas, si al menos estuvo en condiciones de tejer una tupida red de relaciones y acuerdos con los países árabes. Y esto, a pesar, incluso, de la situación con Marruecos, oscilante y permanentemente sometida a tensiones a partir de su independencia (1956). Con otros países árabes se forjaron excelentes relaciones comerciales. A Egipto se exportaron armas y municiones y se diseñaron proyectos armamentísticos (caza táctico «Saeta», el proyecto de reactor en ala delta, desarrollado por Willy Messersmith que fue finalmente vendido a Nasser y un original proyecto de avión de despegue VTOL, sobre carril, a principios de los años 70). Las relaciones con Arabia Saudí y con el Sha de Persia, fueron inmejorables y lo mismo pudo decirse de Jordania y Siria. La política exterior española de la época suponía un apoyo incuestionable al bloque árabe frente a Israel, país con el que ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas. Hassán II no se atrevió a enfrentarse directamente a Franco hasta que tuvo la seguridad de que se encontraba hospitalizado de manera irreversible, en noviembre de 1975. Sólo entonces organizó –con la ayuda de la CIA– la «Marcha Verde». Hassán II, estaba firmemente convencido de que Franco tenía «baraka» (suerte).

En el otro extremo, los teóricos de la «España Imperial» sugirieron que se buscara en Iberoamérica lo que Europa se negaba a conceder: en primer lugar, relaciones diplomáticas para evitar el aislamiento y, sobre todo, materias primas y víveres. A partir de la visita de Eva Perón a España, el franquismo estuvo en condiciones de superar el período de racionamiento e incluso, diez años después, pudo convocar el Primer Congreso Luso–Hispano–Americano–Filipino, promovido por el cerebro de la diplomacia franquista, Fernando María Castiella.

Occidentalismo anticomunista, alineación con EEUU, «tradicional amistad con el mundo árabe» y, por tanto, opción antiisraelí, y, finalmente, cultivo de nuestros lazos con Iberoamérica, fueron los tres ejes de una política exterior que Franco consiguió mantener entre 1943 hasta su fallecimiento en 1975, 32 años, sin alteraciones de ningún tipo.

La transición: mirada a Europa

A la muerte de Franco, se hizo borrón y cuenta nueva. En realidad, Franco había puesto sobre el tapete todas las piezas que, luego, recombinándose, generarían la transición. Pudo crear un híbrido entre economía planificada, mercado tutelado y proteccionismo que permitió recorrer el camino desde la carretilla al «600».

Pero, a medida que las fuerzas productivas se desarrollaban y el peso del mercado se iba imponiendo sobre la planificación económica, empezó a aparecer una contradicción insuperable. El sistema económico español que se movía hacia una economía liberal y de mercado, debía convivir con una estructura política autoritaria y, por tanto, pre–liberal, sino anti–liberal. Hubo un momento en el que la economía española, para seguir desarrollándose –esto es, para sobrevivir– precisaba de un nuevo marco político. Esa exigencia –y no la muerte de Franco o la acción de la oposición democrática que jamás tuvo fuerza social suficiente como para conseguir la «ruptura»– fue lo que generó el movimiento imparable llamado «transición».

De hecho, a partir de 1971, Franco y, especialmente Carrero Blanco, ya daban por sentado que, económicamente, España debería de integrarse en la naciente Comunidad Económica Europea y, por tanto, precisaría adoptar una forma política democrática. Resultaba paradójico que un anticomunista como Carrero, estimulara, las relaciones con el Este Europeo (los países del Pacto de Varsovia) en la esperanza de conseguir nuevos mercados hasta que España consiguiera una homologación democrática y, con ella, obtener las puertas abiertas a los mercados europeos. Hoy, ningún historiador serio, niega que Carrero, ya trabajaba en esa dirección –un tránsito controlado hacia una democracia, limitada hasta los socialistas y que excluyera a los comunistas, como el sistema alemán– cuando le sorprendió la muerte. Hay datos más que suficientes como para suponer que en los últimos años del franquismo, las relaciones con EEUU sufrieron cierto deterioro. Carrero había promovido secretamente una iniciativa de investigación científico–militar que debía llevar a España al club atómico. Por otra parte, la negociación sobre el arriendo de las bases militares y la renovación de los acuerdos bilaterales, resultó extremadamente dura y forzada, hasta el punto de que algunos analistas han observado que determinados movimientos terroristas de la época (el FRAP en concreto) estaban teledirigidos desde Suiza por la CIA a fin de generar en el interior del régimen una sensación de desestabilización que allanara el camino a los acuerdos que Washington proponía.

En política exterior, el cambio más notable que se imprimió durante la transición fue el «atlantismo». Adolfo Suárez y Calvo Sotelo eran conscientes de que, en el esquema de la época, la integración en la CEE, pasaba, en primer lugar, por la homologación de la forma política (lo que se produjo a partir de 1979, disolviéndose las últimas reticencias en Europa, tras el fracaso del golpe de Estado del 23–F) y, posteriormente, por la integración en la Alianza Atlántica.

El eje Canarias – Gibraltar – Baleares

Toda la polémica estratégica en los últimos cuarenta años en España ha girado sobre el consabido tema de la prioridad dada al mar o al territorio, esto es, a la prioridad que debía darse a la defensa naval o a la defensa territorial. Está claro que, dada la división tradicional en distintas armas, la Marina ha defendido sus tesis y el Ejército de Tierra los suyos. Según haya sido mayor o menor el prestigio y la hegemonía de una u otra arma, ha triunfado una u otra tesis; por supuesto, las orientaciones del poder político han pesado también extraordinariamente, tal como veremos en el curso de este estudio.

Tras la firma de los acuerdos de cooperación con los EEUU en 1956 y tras el establecimiento de la base de Rota, entonces bajo control total norteamericano, triunfó la tesis de que el Estrecho de Gibraltar era el «pivote fundamental» sobre el que descansaba toda la defensa nacional. No es por casualidad que esta tesis se enseñó como doctrina oficial, tras la desarticulación de los últimos maquis (Quico Sabater y Ramón Vila Capdevila (a) «Caraquemada», muertos en Catalunya en 1963 y sus bandas dispersadas y en fuga) quedó claro que la única amenaza sobre la defensa nacional sólo podía venir del Sur. Por otra parte, la firma de los acuerdos con los EEUU, aún cuando no nos incluían en el dispositivo de la OTAN, si, desde luego, nos incorporaban a la «defensa occidental» y, por la particular situación geográfica de la Península, era evidente que a España le correspondía la defensa del acceso al Mediterráneo Occidental y – tal como se evidenciará a partir de la primera crisis del petróleo, tras la guerra del Yonkipur (1973) y de la ofensiva soviética sobre la «ruta del petróleo» (1973–1983)– el control sobre el último tramo de la «ruta del petróleo» que, desde el Golfo Pérsico, bordeando África, llegaba hasta Europa.

Para asegurar estos objetivos, los teóricos de la defensa nacional establecieron un «eje estratégico» comprendido entre Baleares y Canarias, teniendo al Estrecho de Gibraltar como pivote. En todos los planes de la defensa, en esa época, quedó reflejado este planteamiento estratégico.

A partir de 1976 y hasta el final difuso de la transición (que puede considerarse concluida en el período comprendido entre el 23–F de 1981 y la victoria socialista en octubre de 1982) prácticamente todo el país quedó paralizado por los traumatismos de la época y, por otra parte, las FFAA se vieron afectadas por tres presiones de distinta matriz:

– La ominosa retirada del Sáhara y la conciencia clara de haber abandonado a su suerte a un pueblo hasta entonces amigo.
– El choque entre el juramento de fidelidad militar y los sucesos que alteraron profundamente el panorama político español.
– Las tensiones interiores que desembocaron en distintos procesos golpistas y en un descontento, desorganizado en su mayor parte, pero mayoritario, que se daba en el seno de las FFAA, especialmente en el Ejército de Tierra. En este contexto, era imposible replantear los planes de la

Defensa e incluso acometer la necesaria renovación del equipamiento. A pesar de la importancia de determinadas decisiones políticas que se adoptaron en aquel momento (creación del Ministerio de la Defensa en 1977, como fusión de los ministerios correspondientes a los tres ejércitos, Tierra, Mar y Aire) y constitución posterior de la Junta de Jefes de Estado Mayor), los planes estratégicos no variaron.

A medida que avanzó la transición, se hizo evidente que España entraría antes o después en la entonces llamada Comunidad Económica Europea y que el paso previo en la época, era la incorporación a la OTAN. A medida que la transición fue desembocando en la estabilización del sistema democrático, los teóricos de la defensa confirmaron las tesis estratégicas imperantes desde los años 60. El almirante González–Llanos en 1980 explicó que «El centro de gravedad de nuestra estrategia es la zona del Estrecho con sus accesos, prolongados hasta las Islas Baleares y las Canarias». Y este planteamiento ya se hacía pensando en la próxima incorporación a la OTAN.

El por qué del «eje estratégico»

Por nuestra parte, consideramos que ese eje estratégico era válido en 1963, en 1980 y, mucho más, en 2004. En primer lugar porque era evidente que, liquidado el maquis en 1963 e, incluso, liquidada ETA a partir de finales de los años 90 (con todo el potencial residual que ha prolongado su agonía durante la segunda legislatura de Aznar y ha cobrado nuevos bríos con la promesa de negociación de Zapatero), de la frontera francesa no podía venir ninguna amenaza, ni siquiera teórica. Así mismo, a medida que se evidenció el desplome interior de la URSS a mediados de los años 80, resultó evidente que la amenaza tampoco podía proceder de la fachada Atlántica–cantábrica, ni seguir la ruta del petróleo.

La única amenaza posible podía proceder –y las acciones terroristas marroquíes contra la guarnición de Ifni, los sucesos del Sáhara, a partir de los ataques del Frente POLISARIO y, posteriormente, de la «Marcha Verde», así lo demostraban– del Sur; y en el Sur se encontraban el mar de Alborán y la zona del Estrecho con su prolongación atlántica. Aunque no se decía para evitar roces diplomáticos, lo cierto es que, a partir de la independencia marroquí de 1956, quedó claro que el nuevo Estado asumía la tesis defendida hasta entonces por el Istiqlal según la cual el espacio «geo–histórico» al que aspiraba Marruecos era el comprendido por el territorio del Principado Español, la ciudad libre de Tánger, el Marruecos francés que habían dado lugar en su independencia al Reino de Marruecos, más la franja de Ifni, el Sáhara Occidental español, Ceuta, Melilla, las Islas Adyacentes, las Islas Canarias, la zona argelina de Tinduf y Bechar, Mauritania y Malí hasta el río Senegal. A esta ficción geopolítica, el Istiqlal le llamaba el «Gran Marruecos».

A medida que Marruecos avanzó como Estado independiente, el Istiqlal consiguió que su proyecto imperialista en la zona, fuera asumido por la mayor parte de fuerzas políticas y sociales del país… especialmente por la Casa Real. No en vano Allal El–Fassi, había presentado su proyecto a Mohamed V, en el lejano 1944.

Era evidente que la doctrina del «Gran Marruecos», al ser asumida como doctrina de Estado, convertía, automáticamente, a éste país en adversario de España: en apenas una década, Marruecos logró el dominio sobre la franja de Ifni y consiguió apoderarse en la práctica del Sáhara Occidental mediante un golpe de efecto de repercusiones internacionales –la «Marcha Verde»– convirtiéndose, oficialmente, en «administrador» del territorio y, en la práctica, incorporándolo al «Gran Marruecos». Esta dinámica hacía que sólo a los ciegos –y en España han abundado políticos que se han negado a ver la realidad– escapara que, la misma dinámica de los hechos, iba a hacer que las próximas piezas del dominó marroquí fueran, por éste orden, las Islas Adyacentes, Ceuta, Melilla, y, finalmente Canarias. Esto sin olvidar que para algunos medios marroquíes, no precisamente extremistas, el antiguo reino nazarí de Granada figura como «zona islámica» a recuperar y en medios ligeramente más radicales, toda España, esto es Al–Andalus, se considera «zona islámica»… Y esto tiene una importancia capital, por que lleva directamente –mucho más que la Cumbre de las Azores– a los criminales atentados del 11–M.

Este planteamiento –que era válido ayer y, acaso, mucho más válido hoy– hacía, no sólo del punto geográfico del Estrecho de Gibraltar, sino de toda la zona, el «pivote de la defensa», pues, no en vano, por ahí pasa el cordón umbilical que une el territorio continental con las Plazas de Soberanía en África y es por ahí por donde, necesariamente, deben discurrir los convoyes de ayuda ante una eventual ofensiva marroquí sobre esos territorios.

La historia ha demostrado la justeza de estos razonamientos. En julio de 1936, Franco pudo asegurar el apoyo a los núcleos sublevados andaluces, gracias al llamado «Convoy de la Victoria» que trasladó al grueso del Ejército de África hasta la Península y, posteriormente, el cierre del Estrecho a la flota republicana, con lo que la cornisa cantábrica debió de soportar un bloqueo que jamás lograron superar los «bous» armados de la república y del gobierno vasco.

Es evidente que una zona geográfica no se defiende concentrando solamente medios y sistemas en su entorno, sino asegurando también sus flancos. Los dos flancos de la zona de Gibraltar son las Islas Canarias y las Islas Baleares. Con este eje o «arco defensivo» cualquier ataque que venga del sur puede recibir una respuesta adecuada y obligar al agresor a combatir en dos frentes, en una situación de inferioridad estratégica.

La política exterior felipista

En la Directiva de la Defensa Nacional 01/1984, Felipe González asumió la tesis de la Marina sobre el eje defensivo Canarias– Gibraltar–Baleares, sin añadir ni una sola sílaba. Esta aceptación reflejaba también el clima de la época y la pérdida de confianza que pesaba sobre el Ejército de Tierra del que se sabía que la mayor parte de sus cuadros habían asistido con indisimulada hostilidad a los distintos episodios de la transición, a diferencia de la Marina que había aceptado con más facilidad la realidad de los hechos.

El problema con que se encontraron los socialistas fue que, a partir de 1983 sus esfuerzos en materia de defensa se orientaron hacia la integración en la OTAN. Esta, finalmente, se realizó en 1986, después de un referéndum en el que los socialistas de aquella época mostraron su increíble habilidad para la pirueta y el contorsionismo político sin experimentar el más mínimo rubor.

Hubo ciertas resistencias a la integración, procedentes, en especial, de Inglaterra. La transición estaba demasiado próxima como para que los «vecinos» no temieran eventuales «regresiones». Además, Inglaterra mantenía el contencioso de Gibraltar y vio con malos ojos el traslado del cuartel general de la Marina de El Ferrol a la base de Rota y, con ella, el grueso de la flota. Tampoco percibió como «acto amistoso» la reorganización del Ejército de Tierra con el envío de las unidades de élite hacia el sur y, mucho menos aún, la creación del Mando de Artillería de Costa del Estrecho. Los ingleses estaban en su derecho de pensar que España intentaba restarles protagonismo en la zona del Estrecho y que buena parte de este despliegue de efectivos se realizaba para controlar a las fuerzas armadas inglesas desplegadas allí.

Por otra parte, las necesidades del gobierno socialista de congraciarse con el estamento militar, incluso cierto «nacionalismo» del que el gobierno socialista hizo gala en sus primeros momentos (en EEUU se consideraba que los socialistas españoles y Felipe González eran «jóvenes nacionalistas»…) y algunas iniciativas posteriores (la organización de los eventos de 1992: el Vº Centenario del Descubrimiento de América, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona) proyectaron la imagen de España sobre el mundo. Por todo ello, los socialistas reiniciaron la presión para la recuperación de Gibraltar, tema que incluso figuraba en la Directiva de la Defensa de 1984.

Pero en 1985, el Plan Estratégico Conjunto incluyó una novedad que muy pocos advirtieron: la referencia a Gibraltar había desaparecido y se aludía al eje Canarias – «Península» – Baleares. Se aludía a un concepto estratégico nuevo, el de «amenaza no compartida» con el que se situaba la posibilidad de una agresión contra zonas del territorio nacional, no incluidas en el Tratado de Washington: era una alusión a Ceuta, Melilla y Canarias. De hecho, cuando se produjeron los sucesos de Ifni, las Fuerzas Aéreas no pudieron utilizar los reactores F–86 Sabre, ni siquiera los transportes tácticos DC–3 (C–47), contra los terroristas marroquíes, a causa del acuerdo con Washington. En aquella ocasión, por última vez en la historia, las versiones fabricadas en España de los viejos aviones alemanes, los cazas «Messeresmith 109», los bombarderos tácticos «Heinkel 111» y los transportes de tropas «Junkers 52», alzaron el vuelo para sostener a nuestras unidades de Regulares, Paracaidistas y Legionarios, sitiados en Ifni… mientras los modernos F–86 y T–33, debían quedarse en tierra a éste lado del Estrecho.

La relación privilegiada con los EEUU fue ratificada por el felipismo en virtud de los acuerdos firmados el 1 de diciembre de 1988 (Convenio para la Cooperación y la Defensa). El felipismo alardeó en aquella época de que los pactos habían salvado la subordinación con la que los EEUU habían tratado a la España franquista, pero la realidad era que, con una España integrada en la OTAN, la importancia de tales pactos era muy secundaria. También era el tiempo en el que EEUU estaba autolimitando la presencia de sus tropas en el extranjero y le interesaba reducir efectivos en algunas bases, entre otras las instaladas en España. En ese período, la normalización de las relaciones con el Estado de Israel y la crítica hacia los asuntos internos de países iberoamericanos dirigidos por militares, llevaron al traste con lo ganado por el franquismo en estos dos frentes. En ese momento, ya no estaba clara cuál era la opción de política exterior, fuera de las declaraciones de cara a la galería. El felipismo jamás condenó la ocupación por Israel de los territorios palestinos, mantuvo una postura ambigua e irrelevante en el conflicto Irán–Irak, y se limitó a aludir al respeto a los derechos humanos en relación a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Centroamérica, etc. Era una diplomacia que oscilaba entre el voluntarismo bienintencionado y la traición a los propios principios (asunto OTAN). Había llegado el tiempo de la inestabilidad en política exterior.

En el fondo del alineamiento atlántico del PSOE, subyacía el intento de acelerar la integración de España en la CEE, cuya defensa estaba encomendada a la OTAN, organización ideada para operar dentro de un mundo bipolar en el que los EEUU eran parte decisiva.
Las relaciones con Iberoamérica fueron tenidas como secundarias y confiadas a un personaje extremadamente gris – Yañez Barnuevo– que multiplicó sus viajes a todos los países de la zona, sin obtener resultados apreciables. En cuanto al mundo árabe, Felipe adoptó una posición de mediador, cuando España ya había perdido la confianza del interlocutor (a causa de la normalización de relaciones con Israel) y no había ganado todavía la del Estado judío.

Dentro de la OTAN, siguen los problemas

En 1986, finalmente, España entra en la OTAN. Parece que en esos momentos ya puede hablarse con más libertad sobre los temas militares y sobre todo lo que atañe a la Defensa Nacional. En ese momento, resulta altamente irónico que después de tantas y tan vivas discusiones sobre el asunto del «eje estratégico», finalmente resultara –tal como reconoció el Instituto Español de Estudios Estratégicos en 1987– que: «España carece de nivel adecuado para ejercer su dominio sobre el Estrecho». Lo más terrible era que, ni siquiera la modernización de las fuerzas armadas abordada en aquella época (planes META, FACA y Programa Naval), iba a conseguir situarnos en condiciones de defender el pivote sobre el que dependía nuestra seguridad. Claro está que en aquel momento todavía se consideraba que el enemigo era la URSS y estaba claro que las unidades españolas no iba a poder contener en ningún caso a los fabulosos cruceros de las Fuerzas Navales Soviéticas, dotadas de una capacidad tecnológica y de fuego superadas sólo por la VI Flota de los EEUU.

Además de este problema, aparecieron las fricciones con los socios de la OTAN, especialmente con Inglaterra, que subsistirán hasta 1997 y que solamente fueron salvadas mediante la intervención de Madeleine Albright. Inglaterra aceptó la desaparición del mando aliado de Gibraltar. Portugal, a pesar de las buenas relaciones tradicionales, manifestó recelos –que también fueron superados– a causa de que la incorporación de España, disminuía sensiblemente su peso en la Alianza Atlántica.

En los últimos años del socialismo, cuando estaba claro que el «enemigo» se había desplomado y que al menos durante un largo período, la URSS primero y la CEI después, no supondrían una amenaza para la seguridad nacional, existía cierta ambigüedad en cuanto a los objetivos de la defensa. En ese tiempo, los últimos años del socialismo, FG acariciaba la idea de convertirse en un líder de proyección internacional y, particularmente, mediterránea, aumentó su intervención en los asuntos de Oriente Medio y en el contencioso palestino–israelí y convocó la Conferencia Mediterránea, que tenía como finalidad aprovechar la proyección internacional conseguida por España gracias a los eventos del 92, a fin de consolidar una posición de «potencia media» en esta importante zona geopolítica. FG aspiró a ser el interlocutor de «occidente» con Ghadafi (por entonces aún no repuesto del bombardeo norteamericano sobre Trípoli de 1986), estrechar lazos con el FLN argelino, que se había quedado sin aliado tras el desplome de la URSS y, particularmente, con Marruecos y Túnez. Era evidente que había que tender la mano y ahorrar cualquier iniciativa que indujera a pensar que las FFAA españolas apuntaban contra el «enemigo del Sur».

Es por todo ello que en ese período, desaparecen de las Directivas de la Defensa Nacional y de los Planes Conjuntos de Operaciones, las referencias hacia el Norte de África y la Zona del Estrecho, a pesar de que, al producirse la Segunda Guerra del Golfo (tras la ocupación de Kuwait por parte de Irak y la subsiguiente Operación Tormenta del Desierto), el Estrecho de Gibraltar apareció como una zona estratégica de primer orden a través de la cual pudo abastecerse a las tropas americanas desplegadas en Arabia Saudí. Un año antes, en el Ministerio de la Defensa español se había empezado a abandonar la idea del «eje estratégico» y, lo más sorprendente, es que en 1992, en la Directiva de la Defensa Nacional de ese año, ya no hay ninguna referencia a Gibraltar, mientras que, por el contrario, se dice: «Nuestra seguridad no se inscribe a un espacio territorial propio e inmediato, ya que los intereses de nuestra nación también requieren ser protegidos fuera de los límites de ese espacio», lo que implicaba una alta dosis de indefinición que prosiguió en los años siguientes en beneficio de una definición claramente terrestre de los principios estratégicos. En el Concepto Estratégico de 1993, incluso, se califica la tendencia anterior como una «fijación estratégica por el sur» y la Península pasa a ser el centro de gravedad de la defensa.

Es fácil percibir en todo ello una recuperación del prestigio del Ejército de Tierra que había resultado pulverizado con los proyectos golpistas de principios de los años 80. En esta concepción el territorio peninsular pasa a ser el «centro de gravedad» y la «base fundamental de proyección de fuerzas». Es cierto que, los acontecimientos de la Segunda Guerra del Golfo, mostraron la importancia del territorio peninsular como zona de tránsito para el despliegue norteamericano en Arabia Saudí y que, prácticamente, todos los transportes aéreos que partían del territorio norteamericano, se veían forzados a repostar en sus bases en España. Pero con esto lo que se evidenciaban eran los intereses estratégicos de los EEUU, no de España.

Al producirse la victoria de 1980 sobre el Ejército Iraquí, George Bush pudo proclamar ante sus tropas desplegadas en Arabia Saudí el «nuevo orden mundial» del que los EEUU se consideraban –como el presidente reclamó– la única potencia con «fuerza moral suficiente como para liderarlo». En ese momento, podemos marcar el tránsito de una distribución bipolar del mundo que había regido desde 1945 hasta ese momento, a una distribución unipolar. Esta nueva situación partía de la base de que ninguna potencia podía disputar a los EEUU la hegemonía mundial. No es de extrañar que en 1995, el Plan Estratégico Conjunto aludiera a la «inexistencia de enemigos», haciéndose eco de las directivas de la OTAN. Pero las cosas distaban mucho de estar claras y, por lo demás, el paréntesis unipolar, como luego se ha demostrado, apenas ha podido ser mantenido durante diez años, pues, no en vano, la reordenación de fuerzas con posterioridad a la invasión de Irak, y a las dificultades del ejército de ocupación norteamericano por pacificar el país, quedó claro que las potencias que componían el tablero euroasiático, habían percibido, perfectamente, cuál era la principal amenaza para su estabilidad: los EEUU. Mientras que, especialmente a partir del segundo mandato de George W. Bush, EEUU aparecía como una potencia en declive, resultaba evidente que la Unión Europea se sentía cada vez más reforzada, Rusia había manifestado de nuevo su voluntad de recuperar el espacio perdido en el terreno internacional y China se configuraba como una potencia emergente; todos estos factores, unidos, debían, necesariamente, desembocar en un mundo multipolar. Pero ni en los últimos años del primer período de gobierno del PSOE, ni siquiera en la primera legislatura del PP, cuando aún no tenía la mayoría absoluta, podía preverse todo esto.

Aznar y una nueva oscilación política

Cuando Aznar subió al poder, todo este esquema quedaba atrás: el Telón de Acero había caído, estábamos perfectamente integrados en Europa, recibiendo, además, suculentas inyecciones de Fondos Estructurales gracias a los cuales era posible abordar la realización de faraónicas obras públicas, Iberoamérica vivía una situación de relativa estabilidad política y, finalmente, Maastrich había hecho de la Comunidad Económica Europea, una futura unión política.

En la primera legislatura, Aznar no varió absolutamente nada las orientaciones en política exterior, heredadas de la inercia y de las buenas intenciones nunca concretadas del felipismo tras el referéndum sobre la OTAN. Pero la situación internacional jugaba contra él en el Mediterráneo. El Magreb, aquejado de una demografía explosiva, empezaba a presionar y enviar a cientos de miles de inmigrantes ilegales, cientos de toneladas de hachís y a formular reivindicaciones territoriales sobre Ceuta, Melilla y, finalmente, sobre Perejil en donde pasó a la acción. Sin olvidar el irresuelto conflicto del Sáhara.

Durante el gobierno Aznar se revisaron algunos aspectos del período anterior, especialmente en su segunda legislatura. Se cogió, en definitiva, el toro por los cuernos y se afrontaron problemas reales que el felipismo había querido ignorar y que el zapaterismo, quizás, ni siquiera sabe que existan. Se abandonó la ambigüedad en las relaciones con Marruecos. Allí donde existía un conflicto latente, Aznar lo afrontó e intentó solucionarlo (inmigración, aguas territoriales, reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta, Melilla y las Islas Adyacentes). Y no se dudó el utilizar la fuerza cuando esta fue necesaria.

También había variado la postura de alguno de los actores. EEUU estaba priorizando su relación con el mundo árabe y consideraba a Marruecos como la fachada atlántica del mismo. En esa época, algunos observadores norteamericanos empezaban a augurar el distanciamiento (política del «decoupling») entre Europa y EEUU. Hasta Perejil no se supo si la UE iba a tener una reacción unánime ante riesgos exteriores. Lo más probable es que Marruecos, espoleado por EEUU, decidiera abordar la invasión de Perejil. Para EEUU se trataba de realizar un test sobre la UE, utilizando a Marruecos como peón de brega. Y el test indicó que Francia seguía manteniendo una política exterior autónoma de la UE. Esta política había sido la tradicional del país galo desde el siglo XIX y, en el Magreb, consistía en debilitar a España. Por lo tanto, cuando se produjo el incidente de Perejil, Francia calló.

Esto, unido al excelente «feeling» personal entre Aznar y Bush, descubierto por ambos a partir de la reunión del G–8 (enero de 2002), generaron un relevo en exteriores y la sustitución del ministro Piqué por Ana de Palacio; la nueva ministra era amiga de Colin Powell (entonces Secretario de Defensa) y con inmejorables relaciones en el mundo de los negocios de EEUU. Pero no fue sólo un relevo de personas, sino que la línea política del ministerio sufrió un giro radical.

Los cuatro ejes de la política exterior aznarista fueron:

1) Relación privilegiada con EEUU por encima de cualquier otra prioridad internacional.
2) Asunción por parte de Aznar de la doctrina del «ataque preventivo» (traducido como «acción anticipatoria») como eje central de la Defensa.
3) Euroescepticismo, ralentizando la adopción de acuerdos, especialmente en el terreno de la constitución europea.
4) Intento de recuperar un papel internacional para España, procurando estar presente en las grandes cuestiones internacionales de la época.
Pero estas cuatro líneas tenían puntos negros: en primer lugar, el alineamiento con los EEUU suponía un coste electoral que lo hacía peligroso (como de hecho se evidenció tras los ataques del 11–M). Por otra parte, Aznar hizo algo que jamás debe hacerse en política internacional: confundir las buenas relaciones personales con políticas de Estado. Ni Aznar ni Bush iban a estar más de ocho años en el poder –el primero por decisión propia y el segundo por imperativo legal– y sus sucesores, probablemente no se apreciarían tanto; resultaba peligroso, para un Estado moderno, basar su política exterior en principios que databan de la época de las monarquías tradicionales, cuando los pactos se garantizaban con la «continuidad dinástica».
Aznar pensaba que la protesta popular y el antiamericanismo latente en la sociedad española, serían olvidados en cuanto esta política diera sus frutos. Creía verdaderamente que apoyar a EEUU en su aventura iraquí, reportaría beneficios «inimaginables», tal como expresó toscamente Jeff Bush, hermano del Presidente, en su visita a España en noviembre de 2003, y tal como Aznar creyó hasta la Cumbre para la Reconstrucción de Irak celebrada en Madrid, cuando se percibió claramente que más que beneficios, la participación en la «coalición internacional» era una carga. A decir verdad, la apuesta de Aznar en las Azores, era arriesgada pero no estaba carente de fundamento: un país industrializado como España, precisa recursos energéticos; éstos se encuentran mayoritariamente en zonas dominadas por los EEUU. Aliarse incondicionalmente a su lado en un momento difícil, suponía una garantía para tener acceso a tales recursos.
Pero esta alianza distanció a España del «núcleo duro» de la UE (Alemania, motor económico, y Francia, motor político). Esta actitud olvidaba que el 80% de los intercambios comerciales de España se realizan con la UE y que la buena marcha de la lucha antiterrorista dependía, fundamentalmente, de la actitud francesa, así como el desarrollo de infraestructuras financiadas con fondos estructurales. Es posible que el combustible estuviera al alcance de los EEUU, pero las industrias españolas, utilizaban ese combustible para vender en Europa. Además, España, menos que nadie, podía permitirse el lujo de ser «euroescéptica», cuando las cuentas públicas españolas (como se encargó Schröder de recordarlo) se equilibraban gracias a la muy generosa aportación de Fondos Estructurales. Aznar, entonces, puso empeño en realzar su papel en la UE, tratando de liderar a los países de tamaño medio, («Carta de los Ocho», de apoyo a Bush, el 30 de enero de 2003). Nada que decir sobre la doctrina del «ataque anticipatorio» que, en realidad, no estaba claro contra quien iba dirigido. En política exterior y, sobre todo en Defensa, la distinción y la claridad entre quien es el «amigo» y quien el «enemigo», es básica. Aznar había reproducido el programa de Bush en la materia y lo había aplicado sin pensar si era realista o no. Cuando se produjeron los ataques terroristas del 11–M y se evidenció que los presuntos implicados eran marroquíes, en ningún momento, la doctrina del «ataque anticipatorio» entró en juego. La impreparación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente al anómalo «terrorismo internacional» indicaba que, ni el mismo Aznar, creía en la existencia de ese riesgo y que, por tanto, nada se hizo para conjurarlo, ni siquiera preparar un «ataque anticipatorio».
Pero había algo peor. Ignorar las propias fuerzas, la propia capacidad y los propios límites. Tras haber sido inmortalizado, junto a Bush y Blair, en la famosa foto que cerró la cumbre de las Azores, Aznar creyó estar en el techo del mundo. Y no era así: Bush y Blair estaban interesados en que apareciera en la foto por que suponía evidenciar una fisura en la UE y dar la sensación de que los países iberoamericanos seguirían al líder español; pero era evidente que ni en España existía una opinión pública que apoyara esa posición, ni mucho menos que estuviéramos en condiciones de enviar tropas a combatir sobre el terreno, a diferencia de Inglaterra que hoy cumple su papel de infantería colonial de EEUU en el Sur de Irak. España carecía de fuerza suficiente para irrumpir en la escena internacional con un papel de actor de primer orden. Además, esa nueva política de alineamiento proamericano generó una inmensa confusión en las cancillerías iberoamericanas y árabes.
Ciertamente, el intento de Aznar de –tal como expresó– «sacar a España del rincón de la historia en donde ha permanecido durante siglos», y situarla entre «las naciones que cuentan y deciden» era loable y le honraba… pero pecaba de irrealismo. Para que una política de este tipo fuera posible, era necesario que existiera un consenso político interior y que la propia sociedad estuviera dispuesta a asumir ese papel con todas las consecuencias implícitas: rearme, ampliación de los presupuestos de defensa, intervención directa en zonas en conflicto con costes humanos seguros que la sociedad debía necesariamente asumir, y sobre todo, una economía potente y saneada, capaz de soportar tal esfuerzo. Ni uno sólo de estos elementos estaba presente en 2003. Aznar basaba toda su política en un solo y débil elemento, impermanente y subjetivo: su amistad personal con Bush.

La política de defensa del PP

En la primera legislatura de Aznar, el principal suceso traumático que afectó a la defensa nacional, es el ataque de la OTAN sobre Yugoslavia, impulsado por el intervencionismo norteamericano, en lo que ha constituido la única actividad ofensiva que ha desarrollado la Alianza Atlántica a lo largo de su historia. En esas operaciones extrañas, en donde ni España ni cualquier otro país europeo se jugaba absolutamente nada, ni podía aspirar a ver en los ataques aéreos un objetivo estratégico de ningún signo (ni siquiera en el terreno de los cacareados «derechos humanos» había mucho que defender, pues no en vano, las bandas terroristas de la UÇK cometían crímenes y exacciones en número y frecuencia mucho mayores que las milicias serbias), participaron aviadores españoles, mientras que el «telefonista» que transmitió las órdenes de ataque del Despacho Oval de la Casa Blanca al general Wesley Clark, es decir, el Secretario General de la OTAN, fue el socialista español Luis Solana. Los bombardeos sobre Kosovo y, posteriormente, la invasión norteamericana de Afganistán evidenciaron que el único interés por defender los intereses estratégicos de los EEUU, algo que en Europa solamente se percibió con posterioridad a los acontecimientos y entrañó cambios sustanciales en la actitud europea entre octubre de 2001 (invasión de Afganistán) y verano de 2002 (cuando EEUU manifestó claramente que, entre septiembre y fin de año, invadiría Irak, si bien no estuvo en condiciones de hacerlo, tanto por causas políticas –su aislamiento creciente– como por causas estrictamente militares –la habitual lentitud en el despliegue de los efectivos norteamericanos– hasta mayo del año siguiente). En ese período la Unión Europea –al menos el «núcleo duro»– toma conciencia de sí misma y tiende a emanciparse de la estrategia intervencionista norteamericana y a recuperar un perfil propio. Aznar no verá las cosas de este modo.

En la política aznarista hay dos tiempos perfectamente definidos. Antes y después de la cumbre del G–8 en Canadá (julio 2002). En aquella cumbre ocurrió el «flechazo» entre Aznar y Bush a raíz de sus conversaciones sobre récords deportivos. El giro proamericano de la política española se produce a partir de ese momento y, bajo la impresión causada por la reacción francesa durante la crisis de Isla Perejil. Error, porque en política exterior, la estabilidad (en las amistades y en las enemistades) es fundamental y, porque los vaivenes en política exterior no pueden estar al albur de las filias y las fobias de los gobernantes de turno.

En la primera parte de su período de gobierno, Aznar definió como «interés estratégico inmediato, la estabilidad del Mediterráneo y la garantía de acceso al Estrecho». Acto seguido solicitó la desaparición del mando aliado de Gibraltar que, finalmente, se logró en 1998, con la conformidad de Inglaterra y tras múltiples resistencias. Ahora quedaba sólo abordar el problema del Sur. En el Libro Blanco de la Defensa aparecido en 2000, Gibraltar, el Mediterráneo Occidental y el Norte de África, se mencionan de nuevo como «zonas de interés estratégico», con alusión explícita a Gibraltar. Esta orientación seguirá en años anteriores y en particular en la Revisión Estratégica de la Defensa de ese año que vinculó la seguridad española a la estabilidad general en el área mediterránea. Ahora bien, por entonces ya habían ocurrido muchas cosas como para que no se reconociera la existencia de una inestabilidad creciente.

En primer lugar, las prospecciones petrolíferas que el gobierno concedió a Repsol en 2001 ocasionaron lo que, eufemísticamente, se llamó «desencuentro» entre España y Marruecos y la retirada del embajador marroquí. Pocos meses después estallaba la crisis de Perejil. Pero todo esto ocurría cuando el destino energético de España dependía, en buena medida, del gaseoducto de Tarifa y de las exportaciones de gas natural argelino que pasaban a través de Marruecos. En esta situación de dependencia energética creciente, cualquier tensión podía ser considerada como vital para los intereses nacionales.

En esto (principios de julio de 2002) se produce la aventura marroquí en Isla Perejil. Aznar entendió la posición francesa en esta cuestión como una ofensa personal, al tiempo que encontró en Bush a un confidente y amigo con el que sintonizó fanfarroneando sobre marcas atléticas (4 kilómetros en 6 minutos, 22 segundos…). Allí nació una amistad que tuvo como resultado un giro copernicano en la postura internacional de España: euroescepticismo, desconfianza y alejamiento hacia el «núcleo duro» de la Unión, intento de liderazgo de los países de tamaño medio de la Unión, y, particularmente, presencia en la Cumbre de las Azores, con un apoyo decidido a la intervención en Irak que contrastaba con el 90% de oposición en la opinión pública.

Durante la crisis de Perejil, la Palacio logró que su amigo Colin Powell mediara a favor de una solución negociada que permitiera una salida airosa a unos y a otros. Powell así lo intentó, pero a poco que se examine el resultado de su gestión, se verá que la nueva situación benefició especialmente a Marruecos. De ser Isla Perejil una posesión española sin limitaciones de ningún tipo, pasó a ser una posesión española en la que nuestro país no podía ejercer ningún derecho de soberanía, ni siquiera colocar la bandera nacional… Lo que Aznar nunca entendió es que EEUU estaba iniciando una aproximación hacia los países de África del Norte, uno de cuyo objetivo era restar esta zona a Francia de su esfera de influencia; pero esta operación no era solamente contra Francia, sino que suponía una actitud hostil ante toda la Unión Europea, de la que España formaba parte con una integración creciente (el Euro, principal amenaza contra la economía norteamericana, hacía año y medio que circulaba por nuestros bolsillos).

A partir de ese momento, la política exterior de Aznar que, antes de Perejil había sido realista y en el área de defensa logró algo que no habían alcanzado los socialistas (el desmantelamiento del mando aliado de Gibraltar), se tornó errática y pasó a ser una réplica de las líneas básicas de la administración Bush. En ese momento, Bush había logrado que el PP en pleno aceptara sus tesis sobre «Estados canallas» (aquellos que favorecen el terrorismo internacional) y «Estados fallidos» (los que han caído en manos de mafias y grupos terroristas) y, especialmente, la valoración del «terrorismo internacional» como inspirado por el «eje del mal». Y, en la medida en que el «terrorismo internacional» es un enemigo difuso, más teórico que real, y toda la teoría en torno al «eje del mal», los «estados fallidos», «estados canallas», etc., un mero artificio teórico para justificar una política mesiánica y expansiva, estas ambigüedades llevaban a conceptos estratégicos inaplicables: ¿«acciones anticipatorios»? ¿contra quién? ¿en qué casos? ¿de dónde podía venir el terrorismo internacional en España? Y en este terreno, no estaban claras las cosas. ¿Se iba a atacar a Francia, rompiendo cualquier legalidad internacional, al saber que existía una célula de ETA en tal o cual zona? ¿no era más prudente instar a la seguridad del Estado francesa a que interviniera? Y otro tanto podía decirse si el foco terrorista se situaba en Marruecos. Está claro que Aznar aludía a otros países y que era una forma de justificar la intervención en Irak. Ahora bien, está demasiado claro que el Golfo Pérsico está excesivamente alejado de España como para poder incluirlo en nuestra zona de influencia geopolítica. Este tipo de apreciaciones puede generar errores definitivos en la conducción de los asuntos del Estado. Recuérdese la figura de Julio César, militar invencible y apoyado por la maquinaria militar más temible de su época; César se detuvo ante los bosques de Germania y autolimitó la zona de influencia imperial al estanque mediterráneo y a sus accesos, demostrando ser, además de un gran caudillo militar, un hábil político y un estratega notable. Frente a Julio César, Alejandro Magno, salió del área geopolítica propia de Hélade para llegar, de victoria en victoria, hasta las puertas de la India… y no poder acompañar la extensión espacial con una duración temporal; y es que Alejandro Magno era un brillante general, pero carecía de cualidades políticas. España en Irak, como Alejandro en las puertas de la India, estaba muy lejos de su zona geopolítica de influencia. En realidad en la Revisión Estratégica de 2003, se aludía a que «España debe mantener una capacidad operativa propia y suficiente que le permita mantener el control del Estrecho». Y no estaba claro que los programas META, FACA y PRONA hubieran conseguido –tal como el Instituto Español de Estudios Estratégicos proclamó en 1987– alcanzar el nivel adecuado para asegurar nuestras exigencias defensivas en la zona del Estrecho. Aznar aspiraba a jugar en primera división, reservada a muy pocos países, cuando apenas tenía un equipo en condiciones de desenvolverse en una liga regional. Reconocer la realidad del propio espacio geopolítico, las capacidades reales defensivas y ofensivas, son adornos de los pocos estadistas capaces de proyectar su imagen en la historia. Desconocerlos, implica caer en aventuras de dudoso final. Y, aun reconociendo el patriotismo y las loables intenciones de Aznar («Hacer que España salga de su rincón y pese de nuevo en el mundo»), era demasiado evidente que el fin propuesto no tenía nada que ver con las posibilidades reales de nuestro país en ese momento, ni siquiera con la capacidad de la opinión pública para asumir otro papel más que el de espectador ajeno a la historia.

ZP, giro e impreparación

El 10 de marzo de 2004, un día antes de los atentados y a cuatro de las elecciones generales, el entonces miembro del Comité de Asesoramiento del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Miguel Ángel Moratinos, pronunció una conferencia en el Real Instituto Elcano titulada «Otra política exterior para España»; la suya.

Empezó citando a Séneca, acaso por aquello de «te lo digo para que no me lo digas», y repitió la famosa frase del gran filósofo cordobés: «No hay viento favorable para el que no sabe donde va». Fue un modesto discurso que prefiguraba la mediocridad con la que se ha movido desde abril de 2004 su tarea al frente de Exteriores; más que ideas concretas, acompañó conceptos vagos con ataques reiterados a la política de Aznar en relación a Irak. Era, en definitiva, el único clavo ardiendo al el PSOE se podía agarrar para desbancar a Aznar.

Moratinos empezó promoviendo la reforma de las NNUU y prometiendo que cualquier iniciativa española en exteriores estaría «sometida al derecho». Luego generó escepticismo general cuando aludió a un ensayo de Kant, «La Paz perpetua», refiriéndose a la intención de luchar por los «derechos humanos». A estas alturas de la conferencia, algunos de los asistentes ya tenían la seguridad de que aquel programa idealista y casi extraterrestre, afortunadamente, no tendría la oportunidad de chocar con la realidad. Moratinos reconoció que la pobreza era la peor lacra de la humanidad y prometió «una política de ayuda y de cooperación a una política de desarrollo». No explicó las decenas de billones de dólares que se ha tragado África en concepto de desarrollo (y en especial nuestra minúscula excolonia, Guinea Ecuatorial en tiempos del felipismo). El auditorio seguía frío y cada vez más escéptico, así que Moratinos, volvió al antiamericanismo que siempre encontraba alguna adhesión; prometió «sacar a España de la foto del "trío de las Azores" y unirnos al "quinteto de Ginebra" para formar parte de la Alianza en la Lucha contra el Hambre en el Mundo». Luego recordó que el programa de su partido aseguraba que se aumentaría la «ayuda al desarrollo» hasta alcanzar un 0,5 % del PIB el final de la próxima legislatura, con la intención de llegar al 0,7 % en la siguiente. El auditorio seguía escéptico y Moratinos intentó contentarlo con la promesa, por tercera vez formulada, de «regresar a Europa»: «España debe dejar la periferia y la marginación en la que la ha situado Aznar en Europa, y volver a integrarse en el núcleo central de la construcción europea, como actor de un solo eje político, no geográfico, del europeísmo más avanzado». Eso ya sonaba mejor; ya se sabe que a nadie le gusta la marginación. Moratinos terminó estropeando su buena racha: «Los socialistas no somos contrarios a la globalización, pero si a un determinado modelo de la misma»; naturalmente, no explicó en qué consistía su modelo. Lo que sí explicó es que las relaciones con EEUU, deberían «sustentarse en pie de igualdad y de respeto mutuo». La conferencia sufrió un nuevo bajón, así que Moratinos debió recurrir al tema más cómodo de la época: «Frente a la experiencia de la Brigada "Plus Ultra", un gobierno socialista propondrá la iniciativa de crear unas "Fuerzas Iberoamericanas de Paz" a disposición de Naciones Unidas». Alguien aplaudió. Y, por supuesto, no faltó la consabida alusión final a nuestra «tradicional amistad con los árabes». Fue entonces cuando citó un par de frases que nadie entendió muy bien cómo iban a concretarse: «No sólo es imprescindible recuperar una política global en el Magreb y fortalecer la consolidación de la UMA (Unión del Magreb Arabe) sino que parece indiscutible contribuir de manera más directa y comprometida a resolver un conflicto del Sáhara Occidental que dura ya casi treinta años (…) Para ello, un gobierno socialista, al tiempo que defenderá el principio del derecho a la libre autodeterminación del pueblo Saharaui (…) defenderá la necesidad de propiciar negociaciones bilaterales para alcanzar un acuerdo político satisfactorio para todas las partes». Y luego: «Nuestras relaciones con Marruecos deberán recuperar la normalidad y no verse sometidas con carácter intermitente a declaraciones y decisiones injustificadas e injustificables». Hubo aplausos tibios y, sin duda, de cortesía. Nadie creía que aquel orador pudiera ser el futuro ministro de exteriores. Pero las bombas del 11–M, decidieron que si lo fuera. Y ni siquiera el enunciado de esos principios ha sido seguido en la gestión socialista. ¿Acaso no había dicho Tierno Galván que los programas están para incumplirlos?

Una vez instalados en el poder, los socialistas han intentado practicar una política que fuera diametralmente opuesta a la llevada por el PP, e incluso por el felipismo. En materia de exteriores, se abandonó la prudencia del felipismo y se proclamó a voz en grito la amistad con Chávez y con el gobierno castrista. El enfrentamiento con EEUU fue inmediato y, para colmo, a ZP se le ocurrió en la tribuna de NNUU, lanzar la idea del «diálogo de civilizaciones», como si las civilizaciones fueran capaces de tener un superego colectivo dispuesto a entenderse con el de al lado. En el fondo, ZP cree en la «globalización con rostro humano» y su contribución a la creación de una seudoestructura ideológica que le diera forma es toda esa cuestión del «diálogo de civilizaciones».

Con razón «Libertad Digital» pudo escribir en los peores momentos de la cuestión de las vallas de Ceuta y Melilla: «José Luis Rodríguez Zapatero es un producto de la globalización: su patria no es España; de hecho, renuncia a tener patria; su espacio e identidad, como él ha dicho, es la libertad. Esa frase que tanto remacha José Bono, de que las Fuerzas Armadas son "soldados sin fronteras", también podría aplicarla al presidente del Gobierno: "presidente sin fronteras". Y es verdad que a Rodríguez Zapatero no le importan para nada las fronteras. Por un lado, deja que Marruecos permita la violación de la frontera en Ceuta y Melilla, alimentando noche sí y otra también la ya denominada "marcha negra". El penoso papel al que se está sometiendo al Ejército español, al que se envía a patrullar una verja sin cobertura legal, preparación y medios, y que sólo sirve como objeto de las iras de quienes saltan la alambrada de manera ilegal, pone de relieve ese desprecio intelectual de ZP sobre las líneas de demarcación nacionales. En el reverso, al presidente socialista le dan tanta tirria las fronteras con las que no se identifica que renuncia a defender las nacionales y está dispuesto a que otros se las dibujen por él. Ahí está el caso del Estatuto y Cataluña. Mientras no le paren, a Rodríguez Zapatero, ciudadano de la libertad del mundo mundial, le dará igual tener que enseñar el pasaporte al cruzar el Ebro». El problema de ZP es que no sabe a quien tiene delante. Como político de provincias sin mucho rodaje parlamentario no era su obligación saberlo, pero sí el de Moratinos quien debería advertir a su presidente que no actuara con tanta «ligereza» en cuestiones internacionales o en la definición de la propia «nación».

ZP ha basado toda su política interior en la «búsqueda del consenso», especialmente con partidos minoritarios y de segunda o tercera fila, dirigidos por estultos, lo que ha dado lugar, en el momento en que escribimos, a la más inusitada situación de encabronamiento nacional desde 1981 (escribimos esto el 18 de octubre de 2005, en plena crisis del gobierno Maragall, que, por lo demás, es el hombre que hizo posible lo imposible: que ZP fuera elegido secretario general del PSOE).

En política exterior, ZP ha basado toda su acción, así mismo, en la habitual búsqueda de «consensos», como quitaesencia del talante aplicado. Desgraciadamente, todas sus iniciativas en la materia se han hecho sin contar con la oposición real (la única con la que valía la pena establecer consensos, en lugar de con el primer mindundi nacionalista). Por otra parte, buscar consenso con el Departamento de Estado norteamericano, es algo impensable si no se dispone, claro está, de una posición muy fuerte… Y España no la tiene, por que ha descuidado su política exterior en los últimos treinta años; y no digamos la política de defensa.

ZP ha basado su política exterior en cinco puntos que enunció en su último discurso en la campaña electoral y que figuraban como declaración de intenciones en el programa del PSOE: 1) Consenso para crear una «política exterior de Estado» (fracaso: ni ha intentado el consenso, ni hay el más mínimo gesto que demuestre que tiende a él).

2) Aproximación al núcleo duro de la UE (fracaso: mientras el «gilipollas» de Blair sigue en el poder, el «amigo» Schröder ha cedido su poltrona a la «fracasada» Angela Merkel y el «amigo incondicional» Chirac pasa, desde principios de 2004, momentos bajos; por lo demás, en las cancillerías europeas son conscientes de lo peligroso que es entenderse con un país como España que ha demostrado «no ser de fiar», esto es, no ser estable, en materia internacional).

3) Reaproximación al Mediterráneo y a Iberoamérica (fracaso: el primer viaje de ZP al extranjero tuvo como destino Marruecos, pero no se alcanzó ningún objetivo de interés; ignorancia de la situación actual del Mediterráneo: choque real entre el Norte y el Sur, en lugar de diálogo virtual de civilizaciones, y necesidad para la política española de contener al Sur, tal como ha demostrado la espectacular cuestión del asalto a las vallas de Ceuta y Melilla; en cuanto a Iberoamérica: mientras España se enfrascaba en filias y fobias en relación a Bush, emerge una nueva potencia regional de primer orden: Brasil que tiene un guión propio; la Conferencia Panamericana de Costa Rica (noviembre 2004) paralela a la cumbre de Cooperación del Pacífico, ha demostrado que la mayoría de países iberoamericanos «que cuentan», salvo Venezuela, miran hacia el Pacífico más que hacia Europa. ZP no lo ha advertido aún).

4) Amistad con EEUU en pie de igualdad (fracaso: durante los próximos cuatro años, mientras Aznar siga paseándose por las esferas del poder en EEUU y Bush recuerde la afrenta que le supuso la defección española de Irak, la «amistad con EEUU» es altamente improbable. La visceralidad de Bush va a imposibilitar el recomponer este eje de relaciones con todos los riesgos económicos que esto puede acarrear. Más bien es posible que EEUU intente torpedear las exportaciones españolas y la penetración económica en Iberoamérica).

El gobierno socialista no es tomado en serio en Europa y jamás lo será mientras no esté en de pactar una política clara de consenso en política exterior con el PP capaz de seguir siendo estable aunque se produzcan cambios de gobierno. ZP es despreciado en Washington donde se recuerda que permaneció sentado al paso de la bandera americana, afrenta aún mayor que el haber retirado las tropas de Irak. ZP es ignorado en el núcleo central de Iberoamérica que mira hacia los mercados del Pacífico y tiene a Brasil como nuevo lidership regional. Allí solamente puede tener como interlocutores seguros a Castro o Chávez. En el mundo árabe, progresivamente radicalizado e impregnado por el fundamentalismo islámico, ZP es presidente de Al–Andalus… tierra que un día fue musulmana y resultó usurpada por cruzados e infieles. Esto sin olvidar que con Marruecos la situación sigue igual que en los últimos 10 años, hemos cedido en la cuestión del Sáhara, la espada de Mohamed VI pende sobre Ceuta y Melilla, el hachís y los ilegales fluyen en riadas sobre nuestro territorio nacional. Pero, eso sí, estamos dispuestos al diálogo…

¿Amenazas imprevisibles o amenazas demasiado reales?

Cuando la impreparación y el amateurismo se instalan en el poder, la defensa nacional salta en pedazos y no hay posibilidades de reconstruirla mientras la situación política permanezca inalterable. Pues bien, hoy la impreparación, el amateurismo y la demagogia están en el poder. En el Ministerio de Defensa las únicas actuaciones de su titular han tenido dos ejes en absoluto militares, sino simplemente políticos: las reiteradas acusaciones al PP de haber engañado a la opinión pública por el incidente del Yakolev–42 (nadie va a discutir que existen responsabilidades políticas del Ministro Trillo y que, probablemente existen también responsabilidades de mandos de la Defensa Nacional que en otro tiempo hubieran depurado tribunales de honor, y las reiteradas alusiones a la unidad nacional y al papel de las FFAA en dicha unidad (declaraciones que son la contrapartida equilibrante de las declaraciones en sentido contrario realizadas por los aliados más conspicuos del PSOE, gracias a los cuales gobierna, ERC e IU, hasta el punto de que puede dudarse de la sinceridad de tales declaraciones y de que no intenten otra cosa que neutralizar las declaraciones en sentido contrario).

Actualmente, la doctrina oficial en materia de defensa es que la amenaza es imprevisible. Pero no lo es. En realidad, cualquier amenaza es imprevisible desde el punto de vista de cuando se va a concretar, pero muy previsible si se examina desde dónde va a proceder. Hoy más que nunca, el enemigo está al Sur, siempre al Sur y sólo al Sur. Es más, el enemigo tiene nombres y apellidos, se llama «Gran Marruecos» y «monarquía alauita», se llama «islamismo». Y lo que es peor, el «enemigo del Sur» ya ha iniciado una guerra de baja cota contra España. Negarse a reconocer esto, en beneficio de un simplista, ingenuo y amateur propuesta de «diálogo de civilizaciones» es suicida e irresponsable para la defensa nacional.

Mientras los planes de la defensa vayan a remolque de las iniciativas de políticos obtusos e insensatos que ni siquiera tienen una mínima visión de Estado, carecen por completo de una visión geopolítica de la situación mundial (y ni siquiera los responsables de Exteriores estén en condiciones de realizarla), mientras no haya una voluntad política de asegurar la defensa nacional y de llamar a las cosas por su nombre, España seguirá sin poder articular una estrategia realista de defensa. Y lo que es peor: el flanco sur de la defensa europea estará desguarnecido.

Afirmamos que Marruecos tiene planteada una guerra de baja cota contra España. Este concepto implica la existencia de un conflicto iniciado por una de las partes que evita recurrir a «métodos calientes» (sabedor de su inferioridad en el terreno de las FFAA convencionales), y basa su actuación en un desgaste progresivo del adversario (en este caso nuestro país). Es el modelo de conflicto que Marruecos está siguiendo contra España, especialmente a partir de 1998, cuando muere Hassán II, y llega al trono Mohamed VI y su camarilla. Este período, por lo demás, coincide con tres hechos fundamentales a tener en cuenta:

– Aumento de la dependencia española en materia de energía, del gaseoducto de Tarifa que transvasa el gas natural argelino hasta Sevilla.
– Descubrimiento de bolsas petrolíferas en el Este marroquí, fronterizo con Argelia, en la franja costera del Sáhara Occidental administrado por Marruecos y en aguas territoriales canarias reivindicadas por Marruecos y
– Aumento de la influencia norteamericana en Marruecos y Argelia, con la paralela y progresiva disminución de la influencia francesa.

Todos estos elementos crean un cuadro particularmente inestable y sensible que no puede ser eludido. Así mismo, para un análisis de la situación, no pueden eludirse tres elementos decisivos:

– Que la doctrina del «Gran Marruecos» no ha sido rechazada oficialmente por el régimen marroquí y que en el salón del trono de Rabat, en el tapiz situado sobre el sillón real, puede verse el mapa del «Gran Marruecos» –lo han visto todos los embajadores de España que allí han presentado sus cartas credenciales y la Familia Real española que allí ha visitado a su homóloga marroquí– que incorpora incluso a Canarias en su diseño…
– Que Marruecos vive una situación de inestabilidad interior que irá creciendo a medida que crecen tres elementos clave:

· La demografía que hace que cada veinte años se duplique la población del país.
· La economía y las estructuras feudales que hacen que el sistema económico y los parámetros por los que se rige no respondan a las exigencias demográficas: cada vez hay más distancia entre ricos y pobres y, por tanto, más resentimiento y odio social.
· La difusión del Islam fundamentalista cada vez más extendido gracias a la financiación de los grupos wahabitas saudíes que hacen que hoy, una parte sustancial y mayoritaria del Islam marroquí esté fuera del control de la Casa Real y un alto porcentaje de la población marroquí vea con buenos ojos a Bin Laden y Al Qaeda.
– Que las reformas políticas y económicas en las que se confió durante el primer año de reinado de Mohamed VI, están atascadas y que, en contra de lo que se proclama desde Rabat, la distancia antropológica, sociológica, cultural, política y ética, que separa a la Unión Europea de Marruecos, está aumentando de día en día. Ahora bien, antes hemos hablado de una «guerra de baja cota». Es preciso afinar este concepto. Lo importante no es lo que Marruecos dice, sino lo que hace. Está claro que, en los foros internacionales y en las conversaciones entre dirigentes de ambos países, Marruecos manifiesta la mejor de las voluntades para resolver los equívocos y las situaciones de «desencuentro». Pero esto –y es importante no olvidarlo– pertenece al «doble lenguaje» que suele ser la clave antropológica y cultural habitual en todo el Magreb. Lo importante no es lo que dice Marruecos, sino lo que hace; algo que no deja de ser intranquilizador, por que Marruecos, insistimos, está practicando una guerra de baja cota contra España. Esta guerra se libra en cuatro frentes:
– Cuando Marruecos atenta contra la salud pública de nuestro país, permitiendo sin prácticamente hacer absolutamente nada, salvo absorber fondos comunitarios, que cada año crezca la superficie de cultivo de hachís, destinado a la exportación, el 80% en dirección a España. No se trata de una droga dura, ciertamente, pero es una droga que altera la percepción de la realidad, crea un modelo de carácter apático, sin motivaciones de ningún tipo, «buenista», situado en un contexto que no tiene nada que ver con el real. Mediante el narcotráfico, Marruecos debilita el carácter y la voluntad, especialmente de la juventud española.
– Cuando Marruecos atenta contra la seguridad ciudadana, permitiendo sin prácticamente hacer absolutamente nada, que miles de inmigrantes propios y procedentes del África Subsahariana, crucen diariamente el Estrecho en un fenómeno de colonización de carácter masivo, sin precedentes en la historia. Está claro que estos contingentes crean el campo de cultivo para futuras reivindicaciones y para la internacionalización del problema de Canarias, por ejemplo. Los atentados del 11–M y las estadísticas sobre la delincuencia practicada por súbditos marroquíes en España son elocuentes: tras ganar la batalla contra la delincuencia española, las fuerzas de seguridad del Estado están perdiendo la batalla contra la delincuencia venida de fuera de España y en gran medida llegada a través de Marruecos. El silencio previo a los atentados del 11–M de los servicios marroquíes sobre la militancia fundamentalista de los que luego resultaron detenidos e inculpados es elocuente, como es elocuente el que el 13–M, funcionarios marroquíes entregaran documentación sobre la presunta militancia integrista de esos mismos sujetos… documentación que habían ocultado anteriormente a su detención. Esto sin mencionar el hecho de que desde el 11–M se vive una situación de «efecto oleada» en el tránsito de inmigrantes ilegales por el Estrecho, efecto que el ministro Caldera intentó minimizar a fin de hacer que el país aceptara su proyecto de regularización masiva.
– Cuando Marruecos atenta contra la integridad nacional, manteniendo sus reivindicaciones sobre los territorios englobados en el Gran Marruecos, cuando en las mezquitas moderadas, el mapa de expansión del Islam abarca hasta el antiguo reino de Granada y en las mezquitas wahabitas llega hasta los Pirineos, cuando periódicamente mantiene abierta la cuestión de Ceuta y Melilla y las Islas Adyacentes y, sobre todo, cuando, inducido, seguramente por EEUU a fin de comprobar la unidad de respuesta de la OTAN y de la UE, asaltó Isla Perejil en el último acto de piratería que se tiene constancia en el Mediterráneo y cuando reivindica aguas inequívocamente canarias.
– Cuando Marruecos atenta contra la economía nacional, impidiendo a nuestros buques que faenen en sus aguas territoriales, unilateralmente ampliadas y que se niega pertinazmente a discutir, o cuando exporta masivamente productos agrarios a precios que hunden la agricultura española, o bien cuando utiliza el gaseoducto de Tarifa como chantaje para evitar represalias por exacciones cometidas en otros terrenos, o cuando las remesas de euros enviadas por los inmigrantes marroquíes en España suponen una fuga divisas, o bien cuando los sistemas españoles de educación, sanidad, protección social, se ven sobrecargados por el peso de los contingentes marroquíes en nuestro país.
Y, por supuesto, junto a estas estrategias de guerra de baja cota, se unen los chantajes propios de una guerra convencional, como las compras masivas de armamento por parte de Marruecos, justificadas para hacer frente al Frente POLISARIO (que desde hace quince años no realiza acciones armadas), en especial su programa de rearme naval que apunta directamente contra España (pues, no en vano, el Frente POLISARIO carece de marina y diversos acuerdos mutuos de cooperación magrebí aseguran, al menos sobre el papel, la amistad con los vecinos (Argelia y Mauritania) en el marco de la Unión del Magreb Árabe.
A esto hay que añadir una nueva situación internacional que todavía parece no ser captada por los responsables de la Defensa y que se basa fundamentalmente en el «decoupling» operado entre la Unión Europea y los EEUU. La intensidad que imprimió el presidente Aznar a la aproximación a su homólogo norteamericano George W. Bush, ignoraba el hecho esencial: que el núcleo duro de la UE se había distanciado por completo de la línea seguida por la administración americana tras la invasión de Afganistán. Es en ese momento, cuando desde Europa se toma conciencia que EEUU está dirigido por una banda de aventureros, en donde los intereses petroleros, los del complejo militar–industrial, los intereses de los fundamentalistas cristianos y de los neoconservadores que forman el núcleo duro de la administración Bush (y la dirigen sin ninguna duda y ningún escrúpulo. Véase nuestro trabajo «¿Quién está detrás de Bush?» que editará próximamente Editorial PYRE), no coinciden en absoluto con los de Europa. Es más, son contrarios a los intereses de Europa. Además, la estabilización de la moneda única europea, ha sido un golpe para la hegemonía del dólar que, a partir de ahora, no es la única moneda internacional de intercambio. Para colmo, la catastrófica situación económica de los EEUU (deuda exterior de 600.000 millones de dólares, jamás conocida por país alguno, y la necesidad de hacer llegar cada día a través de las bolsas, 2.000 millones de dólares para asegurar el consumo interior, unido a la pérdida de confianza en el dólar y en las empresas norteamericanas a partir de las quiebras del 2001–2, Enron, World Com, etc.) hace que, justamente en este momento, no estén en condiciones de permitir la «disidencia europea». Este análisis, finalmente, nos lleva a definir a EEUU, no como enemigo desde el punto de la defensa nacional, sino como «elemento de inestabilidad internacional». Algo que no puede ser eludido a partir de ahora por los estrategas de la Defensa.

El resumen de toda una época

Resumiendo, podemos decir que el franquismo logró estabilizar durante más de treinta años una política exterior. Durante la transición se realizaron las rectificaciones necesarias en la época, pero esa política se tornó progresivamente inestable. Los cambios internacionales producidos entre 1986 (inicio de la Perestroika) y 2003 (prolegómenos del ataque a Irak), impidieron que los distintos gobiernos españoles pudieran reconstruir una línea política propia en este terreno y, finalmente, los giros copernicanos realizados por Aznar, corregidos y aumentados por ZP, han contribuido a restar credibilidad a España en los foros internacionales y entre las diplomacias mundiales.

En este contexto de debilidad de la política exterior española hay que insertar las relaciones con Marruecos. España hoy, no es internacionalmente un «Estado fuerte». Nuestra pertenencia a la UE o a la OTAN, no garantizan una defensa ante eventuales conflictos en zonas «extrapeninsulares» (Ceuta, Melilla, Islas Adyacentes, Canarias). Algunos Estados de la UE, como Francia, no han renunciado todavía a la política que vienen practicando desde el siglo XIX; las relaciones con EEUU están en su peor momento desde 1898, la construcción europea ha sufrido un parón después del NO francés que siguió al SI español; EEUU opta por una alianza preferencial con Marruecos y éste país sigue debilitando a España, mediante lo que hemos definido como «guerra de baja cota».

Vamos, pues, a pormenorizar algo más el análisis sobre el «enemigo del Sur». Un enemigo a la ofensiva.

Capítulo II Petróleo, el fondo de la cuestión

En el fondo del contencioso hispano–marroquí, aparece el petróleo de manera cada vez más evidente. Las costas de África Occidental, incluidas las costas del Sáhara, Marruecos y Canarias, albergan grandes bolsas de hidrocarburos. La ambigüedad en la delimitación de las aguas territoriales de España y Marruecos y la importancia de la riqueza que está en juego, generan una situación extremadamente explosiva. España y Marruecos han demostrado idéntico interés en hallar petróleo en sus respectivas aguas territoriales, pero mientras España se ha sometido a la legislación internacional aceptada por NNUU, Marruecos no ha sido tan escrupuloso.

En marzo de 2005, la Oficina marroquí de Hidrocarburos firmaba un convenio con las empresas americanas Direct Petroleum Morocco Inc y Anschutz Morocco Corporation para la prospección y búsqueda de petróleo en la zona del norte, a pocas millas de Canarias. El convenio autorizaba a buscar petróleo en una superficie de 12.836 kilómetros cuadrados en la zona de Asilah, cerca de las zonas que está explorando Repsol. A éste convenio se añaden otros quince más firmados por Mohamed VI con diferentes multinacionales petroleras. En el acto protocolario de la firma, la directora de la Oficina de Hidrocarburos, Amina Ben Jadra, recordó que la aparición de petróleo en las zonas marítimas de Mauritania es señal de que existe también en las zonas marítimas del «sur de Marruecos»… El Sur de Marruecos es, para la administración de ese país, el territorio del Sáhara Occidental.

En 2003, Marruecos había concedido varios permisos a empresas petrolíferas de EEUU y de Francia para que realizaran prospecciones costeras. Algunas de estas autorizaciones lindaban con aguas de Canarias, a muy pocas millas de la autorización para buscar gas o petróleo que el Gobierno español concedió en su día a Repsol. Mientras en el Archipiélago, las autoridades españolas impedían los trabajos de Repsol por cuestiones medioambientales, las empresas que habían cerrado acuerdos con el país vecino aceleraban el proceso para que las prospecciones se hicieran realidad cuanto antes.

Los estudios realizados por Repsol habían detectado una importante bolsa de combustible; sin embargo, existía el temor de que la bolsa fuera pinchada antes desde territorio marroquí y los recursos energéticos fueran extraídos por la «competencia». El Gobierno español había frenado el permiso concedido a Repsol, a raíz de una sentencia que cuestionaba la falta de informes medioambientales que aseguraran la seguridad de las prospecciones.

En Marruecos no existe la democracia formal, ni, por tanto, el concepto de «prejuicio medioambiental». Si, en cambio, en España y, especialmente, en un lugar como Canarias que debe al turismo su relativa prosperidad económica. El petróleo es la maldición de África y de sus costas. Allí donde ha aparecido, los conflictos y las tensiones han estallado con violencia inusitada.

África negra, oro negro, miseria negra

Prácticamente, desde la independencia de Guinea Ecuatorial (1967), distintas multinacionales tenían la seguridad de que bajo la superficie de aquel país se encontraban importantes yacimientos petrolíferos. En aquel momento no se disponía de tecnología para explotar bolsas de petróleo a más de 500 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Cuando estas técnicas mejoraron, a partir del año 2000, la zona del Golfo de Guinea fue llamada «nuevo Kuwait». Hoy se cree que esa zona alberga en torno al 10% de las reservas mundiales de crudo, aproximadamente, 90.000 millones de barriles de petróleo.

A partir del Golfo de Guinea, bordeando la costa atlántica de África, las prospecciones fueron avanzando hacia el Norte: Guinea, Chad, Senegal, Costa de Marfil y, por supuesto, Marruecos, Canarias y el Sáhara Occidental. Antes de que termine la década, la producción en estos países se habrá triplicado. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, está bombeando en la actualidad 250.000 barriles diarios, una cantidad que solamente encuentra semejanzas en la cuenca del Caspio y en Arabia Saudí. La zona por la que antaño pasaba la «ruta del petróleo», surcada por los grandes petroleros, ha pasado a ser, ella misma, productora de crudo.

En mayo de 2001, un importante informe elaborado por la administración norteamericana, indicaba que África era la alternativa más segura para aprovisionarse de petróleo y disminuir la dependencia energética de Oriente Medio. En un dossier del Real Instituto Elcano, que citaba dicho informe, se aludía a que «el petróleo africano tiende a ser de gran calidad y bajo en sulfuro, lo que le hace idóneo para los rigurosos requisitos de los productos de refino, y brinda una creciente cuota de mercado a los centros de refino de la costa Este de los EEUU». Hoy, Nigeria y Angola proporcionan a Norteamérica tanto petróleo como Venezuela y México. En quince años, estas remesas llegarán hasta el 25%. De ahí que los países africanos hayan pasado a ser un objetivo estratégico de los EEUU.

Mientras la zona del Caspio está excesivamente próxima al gigante ruso que, en cualquier momento, puede imponer de nuevo su dominio sobre esas áreas y, mientras que Arabia Saudí puede verse desestabilizada por el ascenso del fundamentalismo islámico y los movimientos de oposición a la dinastía de los Saud, el petróleo africano, está a salvo de cualquier guerra civil y conflicto bélico; bombeado desde plataformas petrolíferas situadas en alta mar, se encuentra alejado de los eventuales teatros bélicos. Además, para EEUU, este petróleo está mucho más próximo a su territorio que cualquier otro, salvo el extraído en las costas del golfo de México.

Tras los distintos episodios que desde la Primera Guerra del Golfo y la invasión de Afganistán (1980) evidenciaron la inestabilidad de la zona y la agitación islámica, el Congreso de los EEUU aprobó en 2002 una propuesta para declarar el Golfo de Guinea «Área de vital Interés para la seguridad estadounidense». Poco después, se aprobaba la Iniciativa Pan Shael y se empezaba a negociar el Acuerdo de Libre Comercio con Marruecos, del que hablaremos más adelante. África tiene el petróleo que EEUU necesita y EEUU tiene el dinero que los países africanos para que sus dirigentes sean algo más ricos), así pues, existe una comunidad de intereses recíprocos.

No hay que confiar mucho en que el aluvión de riqueza que ha empezado a derramarse sobre los países de esta zona, suponga un trampolín para el despegue definitivo de África. De hecho, las ONGs europeas que trabajan allí, han alertado sobre el paralelismo entre los ingresos procedentes del petróleo y la corrupción. Cincuenta países en vías de desarrollo, con un sector petrolero importante, tienen a la mitad de sus ciudadanos (en total 1.500 millones) abocados a subsistir con menos de dos dólares diarios. No es algo nuevo, anteriormente, ocurría lo mismo con la riqueza maderera en el África Ecuatorial o las minas de diamantes en África Septentrional. Es lo que se ha llamado «paradoja de la riqueza». Absolutamente nadie tiene la receta para que la riqueza petrolera suponga una mejora en las condiciones de vida de la población. Es más: a las petroleras eso ni siquiera les interesa.

En Guinea Ecuatorial, las petroleras norteamericanas Exxon Mobile, Triton y Vanco se han convertido en los grandes cómplices de los abusos del dictador Teodoro Obiang. Allí también rige la «paradoja de la riqueza»: la población es cada vez más pobre mientras Obiang y los suyos almacenan cientos de millones de dólares en bancos norteamericanos.

Podemos imaginar lo que ocurrirá cuando Marruecos alcance los niveles óptimos de producción petrolera en los próximos años.

Mauritania: petróleo y golpe de Estado

Mauritania forma parte de la Unión del Magreb Árabe. La inestabilidad política ha aumentado en ese país con el hallazgo de petróleo. Además, la totalidad del territorio mauritano es reivindicado por los nacionalistas marroquíes que creen en la ficción geopolítica del «Gran Marruecos». Nada de lo que sucede en Mauritania puede ser disociado de Marruecos y mucho menos la fiebre del petróleo.

El 3 de agosto de 2005, una Junta Militar derrocó al presidente mauritano Ahmed Uld Taya. Decían que luchaban por las libertades democráticas y para poner fin a las prácticas totalitarias del régimen derrocado. El ciclo de Taya al frente de los destinos de Mauritania, se había prolongado durante veinte años y, a pesar de sus proclamas, jamás instauró una democracia formal.

Mauritania, nominalmente una República Islámica, fue el tercer país de la Liga Árabe y el segundo del Magreb, después de Marruecos, en mantener relaciones diplomáticas con Israel. En los últimos años habían proliferado las intentonas golpistas; tres fueron desarticuladas por Ely Uld Mohamed Vall, responsable desde 1988 de la Seguridad Nacional y verdadero inspirador del golpe del 2005.

Los golpistas aprovecharon que el presidente Taya se encontraba en los funerales del rey Fahd en Arabia Saudí y, en apenas 24 horas, lograron consolidar la situación. Ni hubo toque de queda, ni muertos en las calles, ni focos de resistencia. Los partidos de la oposición se adhirieron al golpe, salvo, naturalmente, el Partido Republicano Democrático y Social, presidido por Taya. Tras el golpe, las manifestaciones de adhesión a la junta colapsaron las calles de Nuakchott.

Desde que se independizó de Francia en 1960, Mauritania no ha sido precisamente lo que se llama un portento de estabilidad política. El propio Taya había llegado al poder tras una revuelta palaciega cuando el presidente Mohamed Juna Uld Habdalá se encontraba fuera del país participando en la cumbre franco–africana de Burundi. Era 1984. Nada notable ocurrió durante los primeros siete años de su gobierno, pero, en 1991, Taya realizó algunas reformas que permitieron convocar al año siguiente unas elecciones con presencia de distintos partidos más o menos domesticados. Naturalmente, Taya se alzó con el poder con un 62,65% de los votos, frente a su principal rival, Moktar Uld Dadah, primer presidente de Mauritania. Pero todo esto era un simulacro de democracia y jamás pudo consolidarse un gobierno libre y representativo.

Mauritania es un país multiétnico, en el que la población árabe–bereber mantiene segregada a la minoría negra; proliferan los conflictos étnicos violentos. A esto se une la transformación radical de la sociedad mauritana que pasó de estar compuesta fundamentalmente por pastores nómadas a concentrarse en polos urbanos desarraigados.

La pobreza sigue siendo endémica en todo el país cuya renta per cápita apenas superaba los 400 dólares en el año 2003. La plaga de langostas de ese mismo año, la sequía que ha afectado dramáticamente al vecino Níger y corre el riesgo de cebarse sobre un 20% de la población mauritana, hacen que la situación interior se encuentre extremadamente deteriorada. En ese contexto aparece petróleo en la costa mauritana, completando un cuadro altamente explosivo.

La zona no es, desde luego, un prodigio de estabilidad: Mauritania ha protagonizado conflictos fronterizos con Senegal, y ha tenido fricciones con Marruecos después de que decidiera retirarse de la zona sur del Sáhara y reconociese a la República Árabe Saharaui Democrática; además, en la vecina Argelia prosigue la guerra civil con el terrorismo islámico operando y en Malí, los tuaregs se encuentran sublevados.

El golpe obedecía a una lógica diferente a la explicada por la Junta Militar. Taya se había alineado con los EEUU a raíz de haber entrado en el club de los productores de petróleo. No faltó quien creyó que la inspiración golpista venía de Francia. EEUU condenó inmediatamente el golpe mauritano; desde el Departamento de Estado veían como se les escapaba de las manos un aliado fiel y Francia se recuperaba en Mauritania, de la disminución de su influencia en otras zonas de África y, en concreto, del Magreb. El embajador estadounidense en Nuakchott, se puso en contacto con Mohamed Vall, exigiendo la devolución del poder al presidente Taya.

Durante los últimos años, la influencia norteamericana había crecido en el país con la excusa de «la lucha contra el terrorismo internacional». EEUU temía –o al menos, decía temer– que el Sáhara se convirtiera en una base de Al Qaeda y para ello puso en marcha la Iniciativa Pan Shael en 2002. Taya fue el primero en adherirse a este plan norteamericano, recibiendo instructores militares y material contrainsurgencias, gracias a los cuales pudo desembarazarse sistemáticamente de sus rivales a los que, sin muchas pruebas, acusó de «extremistas islámicos». Ese mismo material contrainsurgencias, paradójicamente, fue aprovechado por la Junta Militar rebelde para derrocar a Taya.

Previamente, en 2003 se había producido un fallido golpe de Estado tras el cual, las fuerzas de seguridad habían detenido a religiosos salafistas y wahabitas. Una docena de los detenidos eran maestros del Instituto de Ciencias Islámicas y Árabes, dependiente de la Universidad Islámica del Imán Muhammad Ben Saud, centro que sería clausurado poco después. El 9 de mayo de 2005, Taya comunicó que Mauritania se había convertido en parte importante del dispositivo de Al Qaeda y que extremistas mauritanos eran entrenados por islamistas argelinos pertenecientes al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Lamentablemente, no ofreció pruebas concretas que avalaran sus afirmaciones. Acto seguido se desencadenó la caza del islamista y el propio líder fundamentalista Mohamed Hachen O. Dedew, resultó encarcelado. Tal era la situación política cuando comenzó la explotación sistemática del petróleo. Un buen negocio, en cualquier caso…

La Woodside Petroleum, segunda petrolera australiana, se prepara para extraer a partir de 2006, 75.000 barriles de crudo diarios a 85 kilómetros de Nuakchott, en pleno Atlántico. Cerca de ahí, la también australiana, Fusion Oil espera servir al mercado mundial 200 millones de barriles en los próximos años procedentes de Mauritania. La francesa Total, la británica Premier Oil, la española Repsol, la China National Petroleum, Petronas, el Grupo BG, el Grupo Hardman, Baraka Petroleum (compañía australiana que explota el petróleo del Sáhara con licencia marroquí), tienen, cada una, su área de prospecciones en la zona costera o entre las arenas. Están en juego 1.000 millones de barriles de petróleo y 30.000 millones de metros cúbicos de gas. Demasiado para un país cuya estructura estatal es extremadamente débil y mucho para un mundo ansioso de energía. El petróleo permitirá que la renta per cápita mauritana se eleve de 400 a 600 dólares anuales y que el Estado ingrese ya en 2006, 100 millones de dólares.

Mauritania aparece en estas páginas, por tres motivos: por que forma parte de la Unión del Magreb Árabe, por ser una zona incluida en la ficción geopolítica conocida como «el Gran Marruecos», y por el olor a petróleo que impregna a toda la zona. Ese olor afecta directamente al Sáhara Occidental y a Canarias. Mauritania enseña que el petróleo lo mueve todo, un mensaje que no debemos de olvidar por que, en el fondo del contencioso hispano–marroquí, lo que está precisamente en juego es el petróleo del Sáhara Occidental (bajo administración marroquí, pero no de soberanía marroquí como generalmente se olvida) y de Canarias.

La ambigüedad de la frontera Sur

En 1998 nadie pensaba en que el petróleo fuera un elemento decisivo en las relaciones hispano–marroquíes, ni mucho menos el factor principal a tener en cuenta en el conflicto saharahui o en la estabilidad del Magreb. Dos años después, media docena de compañías petroleras estaban realizando prospecciones en la zona o solicitando permisos para abrir nuevos pozos.

El 19 de octubre de 2001, el gobierno Aznar concedió a la petrolera norteamericana Conoco, cuatro permisos de prospección al oeste de la zona española del mar de Alborán (Alboraneo Bryce, Alboraneo Cristóbal, Alboraneo David y Alboraneo Eric). Estos pozos están situados frente a Marbella y se han concedido por un plazo de seis años. La empresa norteamericana invertirá 17 millones de dólares en estos trabajos. Ahora bien, Conoco también realiza prospecciones en la parte marroquí. Hasta hace poco, la zona había sido poco explorada y los datos geológicos que se tenía de ella eran anticuados y de dudosa precisión. Para obtener resultados, había que «pinchar» a más de 2.000 metros de profundidad en una zona de vientos endiablados y violentas corrientes marinas.

El problema radica en que, si se encuentra petróleo frente a las costas de Melilla o en el Mar de Alborán, Marruecos no reconoce allí la existencia de aguas territoriales españolas. Marruecos sabe perfectamente, que las aguas canarias que España se atribuye como «aguas jurisdiccionales españolas», abarcan 12 millas de mar territorial alrededor de cada isla, y que el resto está por delimitar. «Aguas jurisdiccionales» son un concepto diferente al de «mar territorial». Pueden existir aguas jurisdiccionales en las que el Estado ribereño posea la jurisdicción necesaria para ejercer ciertas competencias, sin que estén sometidas a su plena soberanía, para ser consideradas mar territorial.

Por el momento, Conoco ha realizado prospecciones en Alborán Oeste, pero podemos pensar lo que ocurriría si se encontrara petróleo en las inmediaciones de Ceuta y Melilla. El conflicto con España estaría servido.

En cuanto a las prospecciones realizadas en la zona de Canarias y ante la costa Saharaui, serían una prolongación de las bolsas que se han encontrado ante costa mauritana. En mayo de 2001, la petrolera australiana Fusion Oil, encontró el primer yacimiento en Mauritania. La revista Magreb Negocios en su número de junio de 2001 explicó que «las implicaciones políticas de un gran yacimiento serán muy relevantes, ya que Mauritania limita al Norte con el Sáhara». En diciembre de 2001, Marruecos concedió permiso a la petrolera estadounidense Kerr Macgee, para realizar prospecciones ante la costa norte del Sáhara y a la francesa Total Fina (en la costa sur, próxima a Mauritania y más prometedora). El Frente POLISARIO denunció esta situación ante NNUU. Tres meses después (el 23 de enero de 2002) el Gobierno español concedió los famosos nueve permisos a Repsol, situados entre la costa de Marruecos y las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Benaissa protestó considerando el hecho como «acto inamistoso» dado que se entendía que, España había delimitado unilateralmente las aguas territoriales de ambos países. Así era, en efecto, pero España se había limitado a situar la divisoria en la mediana entre las islas y el continente, una práctica admitida en el derecho internacional. Una semana después, NNUU emitió un dictamen sobre las reivindicaciones del Frente POLISARIO: «las actividades económicas en territorios no autogobernados deben de realizarse en beneficio de la población». Era evidente que las prospecciones, de encontrar petróleo, no contribuirían a generar «beneficios en la población». Dado que el Frente POLISARIO se consideraba el máximo y único representante del pueblo saharaui, contrató los servicios de la petrolera australiana Fusion Oil, para que evaluara las posibilidades de encontrar petróleo en las costas.

El Sáhara fue objeto de prospecciones sistemáticas antes de 1975, cuando se tuvo noticia de los primeros yacimientos argelinos. En 1964 ya se habían realizado 57 sondeos, pero no se encontró nada, apenas leves indicios. Sin embargo, ahora, cuando las técnicas de prospección y extracción han mejorado sensiblemente, las petroleras han mostrado un interés redoblado por este territorio en litigio. Otro tanto ocurrió en las costas de Canarias, que ya habían sido exploradas veinte años antes.

Todas estas exploraciones tienen un 25% de posibilidades de concluir positivamente, salvo las del mar de Alborán que registran posibilidades mayores. Si todo esto concluye con el hallazgo de petróleo es inevitable que se recrudezca el contencioso hispano–marroquí, especialmente por la ambigüedad en la delimitación de las aguas territoriales. Hasta ahora, la diplomacia española consideraba que era mejor no abordar esta discusión que, podría enfriar todavía más la relación entre ambos países.

Pero, bruscamente, con la posibilidad de encontrar petróleo como trasfondo, la situación cambió radicalmente. Ahora es cuando urge resolver la cuestión del Sáhara y delimitar las aguas territoriales. La lógica implicaría que cuando se producen estas situaciones, los países afectados, deberían formar compañías mixtas para la explotación de los pozos. Esta salida es la que se ha dado en el mar de Alborán, cuando el gobierno marroquí y el español, concedieron licencia de prospección en aguas adyacentes de ambos países a la misma compañía. Sin embargo, esto no ha ocurrido en aguas del Sáhara, próximas a Canarias. De hecho, se da como seguro que fue la concesión de las licencias a Repsol lo que precipitó la llamada a consulta del embajador marroquí en Madrid, en enero de 2002.

No es seguro que en estas zonas se encuentre petróleo, lo que si es seguro es que, si se encuentra, aumentará la temperatura en el área. Las ambigüedades de ayer pasarán a convertirse en puntos de fricción.

Por el momento, España ha negociado con Marruecos los límites de las aguas territoriales en la zona de Canarias. En un cuadrilátero de 1000 kilómetros de arista, se está explotando en las costas mauritana y saharaui, la costa canaria, la vertiente atlántica de Gibraltar y el Mar de Alborán. Por otra parte, se acababa de iniciar la explotación del petróleo argelino en la zona fronteriza con Túnez y se realizaban prospecciones en distintas zonas de Marruecos incluida lo que éste país considera su parte del mar de Alborán, una zona que tradicionalmente se venía considerando perteneciente a España.

El problema de fondo es que nunca se han delimitado las aguas territoriales hispano–marroquíes; esta negligencia no tenía excesivo interés antes de la aparición del petróleo en la zona, cuando toda la disputa era por tal o cual banco de pesca. Pero la delimitación hoy parece inaplazable, dadas las circunstancias.

En enero de 2002, Repsol había recibido del Gobierno español nueve permisos de prospección entre la costa de Marruecos y las islas de Lanzarote y Fuerteventura; en ese momento, la reacción de Rabat había sido extremadamente dura, calificando la concesión de «acto inamistoso e inaceptable».

El 15 de febrero de 2005, las autoridades autonómicas canarias daban por cierta la existencia de una bolsa de gas compartida entre Canarias y el Sáhara y reconocían que la explotación más sencilla y rentable se realizaría desde la parte marroquí, donde la profundidad de las aguas era de apenas 200 metros, mientras del lado canario alcanzaba los 2.000, por lo que proponían negociar con Rabat y reclamar los derechos pertinentes. Los estudios de Repsol explicaban que, en las zonas cercanas a Canarias no hay petróleo suficiente para hacer rentable su extracción. A esto se unían los riesgos medioambientales. Las bolsas de gas «interesantes» empiezan a 35 kilómetros de Canarias y terminan a 30 kilómetros de Marruecos, lo que significa que ambos países comparten una misma bolsa. En caso de que se considere que el tamaño de la bolsa de gas hace rentable su extracción, la administración autonómica declaró que la operación «se haría en aguas de Marruecos y nunca en aguas de Canarias» y el consejero correspondiente explicó que cuando dos países comparten en el mar una bolsa de gas o petróleo, se suele cerrar un acuerdo entre ambos países para repartirse los beneficios de los derechos de la extracción. Advirtió, finalmente, que si España «no reivindica ese derecho», el cien por cien de los beneficios irá para Marruecos.

Vale la pena recordar que, de las 22 fronteras marítimas españolas, sólo tres están claramente definidas y aceptadas por las partes implicadas. Nueve de las 19 fronteras aún por definir lo son con Marruecos.

El principio fundamental consuetudinario para la delimitación de las fronteras marítimas, aceptado unánimemente, es que la cuestión tiene siempre un aspecto internacional y no podría depender de la sola voluntad de uno de los Estados implicados; la validez de la delimitación frente a terceros Estados, depende incuestionablemente del derecho internacional. El hecho de que aparezcan dos partes implicadas en el conflicto, hace que la cosa no sea tan simple como inicialmente parece.

Anteriormente se aceptaba que la anchura de las aguas territoriales no era más que de 3 ó 12 millas náuticas que seguían, salvo excepciones, la configuración de las costas. Hoy, tales delimitaciones se han ampliado y alcanzan a las plataformas continentales o insulares. Frecuentemente, las negociaciones para la delimitación de las aguas que pertenecen a cada parte, acarrean multitud de problemas que afectan, desde la explotación de los recursos marinos hasta problemas relativos a la soberanía nacional.

El concepto aplicable a toda delimitación de lindes marinos, unánimemente aceptado, es que deben tenerse en cuenta criterios equitativos y métodos que aseguren un resultado equitativo. Pero el concepto de «equidad» varía según el problema que se plantea y, por otra parte, habitualmente, los casos en los que la Corte Internacional estudia casos de estos, suelen ser muy diferentes como para que pueda establecerse una jurisprudencia indiscutible.

La Convención sobre la Plataforma Continental adoptada en Ginebra en abril de 1958 y en vigor a partir de junio de 1964, establece que la delimitación de una misma plataforma continental adyacente al territorio de dos o más Estados y cuyas costas estuviesen situadas una frente a otra, se deberá determinar por la llamada «línea media» cuyos puntos fuesen todos equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base donde se mide la anchura del mar territorial. Pero, la Convención añade que pueden darse «circunstancias especiales». De momento, tenemos que a la «equidad» se une la «equidistancia», parámetros siempre variables para las partes en litigio.

Sorprendentemente, en febrero de 2005, se supo que los gobiernos de España y de Marruecos habían fijado el 26 de octubre de 2004 en Rabat, una «línea mediana provisional» para delimitar los espacios marítimos que corresponden a cada Estado en la fachada atlántica. No se trataba de un tema secundario, especialmente para Canarias, pero había sido negociado a espaldas del gobierno autónomo canario. Coalición Canaria en septiembre de 2005, presentó dos preguntas en el Senado para pedir al Gobierno español que concrete las coordenadas utilizadas para delimitar esta mediana provisional. Tal delimitación afecta, sobre todo, a las dos comunidades autónomas que son frontera natural con el país norteafricano, Canarias y Andalucía. Además estaban en juego las fronteras políticas en el ámbito marítimo, la capacidad de actuación de los dos países sobre los proyectos petroleros impulsados por ambos gobiernos. Por eso el estupor invadió Canarias cuando se supo que «ambas partes acordaron la definición de la línea mediana provisional, que podría ser corregida en función de las circunstancias pertinentes para llegar a un resultado equitativo cuando se efectúe la delimitación definitiva». Paulino Rivero, presidente de CC y diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife, opinó en rueda de prensa que es «sorprendente» que se sepa ahora que se alcanzó un principio de acuerdo entre ambos gobiernos para delimitar los espacios marítimos de cada Estado en octubre de 2004. Rivero tachó la actitud del gobierno de «oscurantista» y recordó que la delimitación de la mediana ha sido «un tema tabú» para el Gobierno central, que a pesar de las demandas de CC no ha informado sobre esta cuestión ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado «y lo que es más grave, ni al Gobierno de Canarias».

El gobierno español aprovechó también la ocasión para anunciar que los proyectos petroleros de ambos países «obligaron a poner en marcha un grupo de trabajo conjunto», y el informe de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes precisaba que el Gobierno marroquí «ha dado garantías de que no se aprobarían» las licencias para la exploración petrolífera en aguas del Mediterráneo.

Al gobierno le faltó tiempo para desmentir que se hubiera decidido nada sobre la delimitación de las aguas canarias. Todo se debía, según un portavoz autorizado del Ministerio de Asuntos Exteriores a «un claro error de interpretación». Los acuerdos tomados el 26 de octubre en Rabat, no eran «decisiones definitivas» y «la mediana no se ha delimitado». «Una cosa es que se acuerde definir algo, y otra que esa definición se lleve a efecto»; se trataba sólo de «comenzar a intercambiar planteamientos jurídicos, aunque Marruecos sí aceptó el principio de las líneas medias entre costas como punto de partida de la delimitación provisional». Además, estaba la cuestión de las aguas del Sáhara Occidental, que Marruecos se obstina en considerar como propio. ¿Tiene Marruecos potestad para asumir la delimitación de las aguas saharauis, cuando solamente es «potencia administradora» de ese territorio? Difícilmente, pero Marruecos así lo ha hecho y el gobierno español no ha tenido la decisión suficiente como para recordar que el Sáhara, mientras NNUU no demuestren lo contrario, es un «territorio en litigio». El senador del PP, Ignacio Cosidó, puso más énfasis que ningún otro en subrayar que la negociación «debe realizarse, exclusivamente, al norte del paralelo 27º 40'», pues sólo así se pueden «salvaguardar los legítimos derechos del pueblo saharaui».

En 1976, el gobierno marroquí trazó los límites de sus aguas territoriales con líneas de base rectas, una práctica incompatible con el derecho internacional. El gobierno español se limitó a formular una protesta verbal, evitando plantear el tema de las aguas territoriales con la convicción de que su delimitación daría lugar a un enfrentamiento. Tras la cumbre hispano– marroquí de noviembre de 2002, celebrada tres meses después de la crisis de Perejil, ambos países decidieron crear un grupo de negociación sobre este tema.

En el Atlántico y en el Mediterráneo, ambos países han establecido zonas económicas de 200 millas y acuden a la equidistancia como principio de delimitación de ese espacio marino. La Ley española de 1978, acude también a la equidistancia («salvo lo que se disponga en tratados internacionales») para establecer los límites comunes; por su parte, un Dahir marroquí de 1981, estableció la zona económica, subordinando la aplicación de la equidistancia a «las circunstancias particulares de orden geográfico o geomorfológico».

La costa atlántica marroquí desde Tánger a Larache, no presenta dificultades en la zona al Oeste de Gibraltar. La división debería realizarse en función de la equidistancia de las costas de ambos países. Otro tanto debería ocurrir en la zona del Estrecho. Pero, en este caso, como hemos dicho, Marruecos unilateralmente, ha trazado un límite de base recta (de Punta Leona a las rocas de Santa Catalina, en Ceuta). España, ni puede ni debe aceptar ese trazado. Más adecuado sería tener en cuenta el derecho de España a establecer un límite lateral que separe el mar territorial marroquí del mar correspondiente a Ceuta. Marruecos, al mantener la espada de Damocles siempre pendiente sobre Ceuta y Melilla, no puede aceptar esta delimitación. En Melilla, por ejemplo, la delimitación del mar territorial melillense por equidistancia, generaría un espacio que terminaría más allá del límite de las 12 millas, pero, en la práctica, las aspiraciones de Marruecos, la reducen a 7 millas.

En el Mediterráneo ha de realizarse la delimitación de la plataforma continental que corresponde a España y la zona económica exclusiva establecida por Marruecos. Marruecos sitúa esta línea en el paralelo 36º Norte (desde el norte de Punta Almina en Ceuta, hasta el norte del Cabo Tres Forcas), pero no respeta el mar territorial que corresponde a Ceuta, ni el de la isla de Alborán. Este límite es inaceptable para España que ve como Ceuta no genera un mar territorial. Por su parte, el espacio marino de Ceuta se extiende más allá de las doce millas y genera una zona de plataforma continental que llega hasta un punto unas 35 millas al Este de Punta Almina.

En marzo del año 2000, Marruecos concedió a Conoco una licencia de prospección petrolera en una zona marina en disputa. Algunas zonas incluidas en esa licencia iban más allá de la línea equidistante entre las costas de España y Marruecos y englobaba zonas inequívocamente españolas como el perímetro marino territorial de Ceuta, el de la isla de Alborán, Alhucemas y el peñón de la Gomera. El 14 de junio de 2001, España formuló una reserva de derechos que fue entregada al Embajador de Marruecos en Madrid. En octubre de ese año, España concedía también a Conoco permiso de prospección cuyo límite sur era el paralelo 36º N. Esta concesión hacía que la zona se superpusiera a la concedida por Marruecos.

España no puede renunciar nunca al mar que, según el Derecho Internacional, corresponde a los territorios de la isla de Perejil, Ceuta, Peñón de Vélez de la Gomera, Isla de Alborán, Islas de Alhucemas, Melilla e Islas Chafarinas. Por otra parte, Marruecos no ejerce soberanía sobre las aguas del Sáhara Occidental. Finalmente, en Canarias, Marruecos pretendía extender su plataforma continental hasta las mismas costas del archipiélago canario.

De entre todos los gobiernos de la democracia, probablemente el de José Luis Rodríguez Zapatero sea el más débil en política internacional y, por tanto, es el más inadecuado para negociar un tratado de esta magnitud con Marruecos; a menos, naturalmente, que ZP esté convencido de la intrínseca bondad del monarca alauí y del angelismo del Estado marroquí y que, precisamente por eso, puede confiarse en encontrar una salida a un problema que técnicos de distintos equipos ministeriales han considerado de muy difícil solución desde 1956. No puede extrañar, por tanto, la inquietud de las autoridades autónomas canarias que, hubieran tenido, necesariamente, que estar presentes (o, en cualquier caso, informadas puntualmente) ante una asunto de tanta trascendencia.

Repsol, la africana

En julio de 2002, cuando la petrolera española Repsol YPF obtuvo del gobierno marroquí el permiso de exploración de tres zonas en el litoral atlántico marroquí (desde Tánger hasta Larache), dispuso de la extraordinaria extensión de 6.000 kilómetros cuadrados a explorar durante 8 años. Marruecos había firmado en esa misma época acuerdos similares con otras empresas, pero, en este caso, la novedad era que afectaba a aguas adyacentes españolas de la provincia de Cádiz en las que, también, Repsol poseía siete permisos de prospección, en un total de 2.754 kilómetros cuadrados. En esa extensión se extrae el 90% del gas natural español (el 10% del consumido en nuestro país). Repsol trabajaba en esa zona desde 1995, cuando empezaron los trabajos de extracción de gas, 30 kilómetros al Sur de Huelva. En 2003 ya había producido 503 millones de metros cúbicos de gas. A la vista del éxito, Repsol siguió realizando prospecciones en la zona del Estrecho, al sur de Huelva y al Oeste de Cádiz, algunas de las cuales se saldaron con el fracaso y otras con nuevos éxitos.

El 21 de marzo de 2003, Repsol vendió los derechos de explotación del 25% de esta zona a la empresa alemana RWE Dea AG. El 27 de abril, se iniciaron las nuevas perforaciones a una profundidad de 1.900 metros, que dieron buenos resultados. Dado que en la zona española, Repsol estaba obteniendo éxitos desde el inicio de sus trabajos, era lógico que el gobierno marroquí accediera a su petición de una concesión en la zona marítima adyacente, pues, no en vano, la compañía disponía de los estudios geológicos y técnicos necesarios. Las perspectivas de negocio eran buenas, a pesar de que, en aquel momento, las relaciones entre ambos países no vivieran precisamente un idilio.

En octubre de 2004, Repsol empezó a realizar prospecciones a 27 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Existían problemas medioambientales. En la actualidad se están explotando en torno a mil plataformas petrolíferas en alta mar. La primera en aguas españolas se instaló frente a las costas de Amposta en 1970. En aquel momento no existían grupos ecologistas y nadie se preocupó de alertar sobre los riesgos medioambientales de esta explotación. Realmente no ocurrió nada y ni el turismo ni la pesca se resintieron, pero, en otras latitudes, si se han producido accidentes (rotura de tuberías, fugas de crudo en el momento de su carga, plataformas que han quedado a la deriva después de tormentas, etc.). Algunos informes de grupos ecologistas internacionales han establecido que cada año se vierten 130.000 toneladas de petróleo desde las plataformas petrolíferas; incluso se ha llegado a valorar la media de vertido de crudo por tonelada extraída: 100 kilogramos por cada 1.000 toneladas. Otro de los riesgos deriva de que, junto al petróleo bombeado en las plataformas, se extrae el agua que luego se arroja nuevamente al mar sin depurar, conteniendo sustancias contaminantes. Sobre estas bases, los ecologistas han protestado allí en donde se ha establecido una plataforma petrolera, y han transmitido su inquietud a las poblaciones.

Pero todo esto no basta para renunciar a la explotación del petróleo que, en estos momentos, es un bien escaso y la base de sustentación del crecimiento económico. Se calcula que la explotación del petróleo canario producirá 140.000 barriles diarios durante 20 años, generando beneficios de 67.000 millones de euros. En el informe de negocio de 2003 de Repsol YPF se señala que «en las Islas Canarias, al este de la isla de Fuerteventura, tras la concesión de los permisos gubernamentales necesarios para la exploración de los bloques 1 a 9, se completaron prácticamente en su totalidad los trabajos exploratorios referidos al procesado de más de 3.000 kilómetros cuadrados de sísmica tridimensional. Estos trabajos han confirmado las buenas expectativas del área. La participación de Repsol YPF en el proyecto es del 50 por ciento, siendo el operador en los nueve bloques. Woodside (30 por ciento) y RWE DEA (20 por ciento) son los otros socios del proyecto. Woodside ha anunciado significativos descubrimientos de crudo y gas en el offshore de Mauritania, un área que posee similitudes geológicas con el área explotada en las Islas Canarias».

La concesión otorgada por el gobierno Aznar en 2001, había sido parcialmente anulada en marzo de 2004 mediante una sentencia del Tribunal Supremo que estimó en parte los recursos presentados por la Agrupación Insular del Partido Socialista Canario en Lanzarote, así como el Cabildo de la isla. Según figura en la sentencia, el proyecto no mencionaba las medidas de protección medioambiental que se iban a aplicar entre los años tercero y sexto del programa de exploración. A principios del 2004, ese requisito seguía sin aparecer. Los partidos nacionalistas canarios aspiraban a que el Archipiélago fuera declarado «zona de especial sensibilidad», lo que evitaría directamente la realización de prospecciones, maniobras militares o tránsito de buques con cargas peligrosas por sus costas. Sin embargo, el 15 de octubre de 2004, el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, anunció que ya estaban subsanados los defectos que llevaron al Tribunal Supremo a anular parcialmente el Real Decreto 1462/2001, que autorizaba a Repsol YPF a realizar tareas de exploración frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Segura, que compareció en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso, afirmó que el proyecto diseñado por Repsol «está listo» para ser aprobado por el Consejo de Ministros, un hecho que, según avanzó, «puede ocurrir en no mucho tiempo». La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en una visita realizada a Canarias en marzo de 2005, explicó que «en ningún caso se producirán prospecciones reales antes de 2006», y que «sin ninguna duda hay que escuchar a las instituciones canarias». La intención de la ministra no era otra cosa que demostrar que el PP realizaba las concesiones con ligereza y que el PSOE subsanaba los errores de la derechona. Pero, como escribía el canario Ramón Moreno: «El fondo de la cuestión – nunca mejor dicho, porque es en la plataforma continental donde se localizan los yacimientos de hidrocarburos–, es, lógicamente, ¡a quién pertenece el petróleo y/o el gas situados en aguas canarias! ¡Esa es la cuestión!». Marruecos, opinaba que era suyo.

Repsol, opera en estos momentos en Arabia Saudí (donde logró una adjudicación de 51.400 kilómetros cuadrados) y México (donde explora en Reynosa Monterrey). En este último país, tiene previsto instalar una planta de regasificación ligada al proyecto de exportación de gas natural desde Bolivia. En 2004, Repsol YPF preveía aumentar su actividad en Libia. Otros proyectos de la petrolera son la construcción del cuarto tren de licuefacción de Trinidad y Tobago, la instalación de una planta de licuefacción en el Golfo Pérsico y la entrega de dos nuevos buques gaseros. Además de en estos países, Repsol realiza actividades de extracción de crudo en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Brasil, Guyana, Cuba, Argelia, Libia, Dubai, Irán, Kazajstán, Indonesia, EEUU, Sierra Leona y Guinea Ecuatorial.

El entonces presidente de Repsol, Alberto Cortina explicó que las explotaciones en Cuba, Guinea Ecuatorial y Canarias son «de alto riesgo», pero con un elevado potencial de beneficio. Los sondeos en Cuba empezaron en el primer trimestre de 2004 con buenos resultados. Las prospecciones en Marruecos estaban en marcha, «sin problemas», dado que, como explicó Cortina, a pesar de que Marruecos haya planteado reclamaciones de soberanía sobre las aguas en las que se encuentran las prospecciones, las relaciones con éste país son «magníficas». Se refería, no a las relaciones entre España y Marruecos, sino entre REPSOL y éste país…

Los técnicos de Repsol, afirmaron que existía un 18% de posibilidades de éxito en las prospecciones en Canarias y se cree que podrían producir 385.000 barriles al día. Estas previsiones se basaban en los éxitos de la compañía australiana Woodside al descubrir yacimientos de crudo y gas en la costa de Mauritania, geológicamente similar al área de Canarias.

Es preciso no olvidar los vínculos que unen Repsol a Catalana de Gas, empresas participadas mayoritariamente por La Caixa. Al cierre de 2003, la participación de Repsol YPF en la compañía gasista se situaba en el 27,147%. Repsol «es», ante todo, La Caixa. Por lo demás, La Caixa tiene grandes intereses en Canarias. En 2004, Alfonso Cortina, presidente de Repsol YPF, fue sustituido por el por el expresidente de Gas Natural, Antoni Brufau, en lo que pareció ser el resultado lógico de la frustrada OPA de Gas Natural sobre Hiberdrola. La Caixa es el mayor accionista de Repsol YPF, con el 12,5% del capital, seguida por el BBVA, que posee el 8,2%, Pemex (petrolera mexicana), el 4,8%, y Caixa Catalunya, con el 1,62%. En aquel momento se intuía que podía producirse una fusión de tres gigantes españoles de la energía, Repsol YPF–Gas Natural– Hiberdrola. La fusión estaba impulsada por los trabajos de prospección en aguas Canarias. Se esperaba encontrar gas y petróleo. Pero, finalmente, la OPA no pudo avanzar y en el momento es escribir estas líneas, Gas Natural –esto es, La Caixa–, vuelve a la carga, realizando un nuevo intento lanzando otra OPA sobre Endesa. En esta ocasión, tienen la bendición del ministro de industria. Vale la pena preguntarse el por qué.

La Caixa, es la principal entidad acreedora del Partido Socialista de Catalunya, por un monto total de 14 millones de euros, impagados desde 1994. El secretario general del PSC es José Montilla, actualmente ministro de Industria y Comercio. La condonación de 6’5 millones de euros, que, por lo demás, fueron ocultados por el PSC al Tribunal de Cuentas; es lícito pensar que esta condonación ha tenido alguna contrapartida para La Caixa y/o para el grupo de empresas que tiene participadas.

Y es que el petróleo es un negocio pero que muy maloliente. Allí donde hay petróleo, planea el aroma de la corruptela. Imaginamos lo que el negocio del petróleo puede suponer para un país como Marruecos en el que la corrupción es la norma, tal como han reconocido distintos organismos internacionales.

El informe anual sobre corrupción de Transparency International de 1999, situaba a Marruecos en el puesto 45 sobre 99 países. Cuatro años después había retrocedido hasta el puesto 70 sobre 133 países. Aunque parezca increíble, la familia real marroquí es el principal propietario agrícola y posee intereses a través de Omnium Nord Africain, uno de los primeros holdings industriales y financieros. Todo esto no dice mucho, desde luego, de la honestidad de las autoridades marroquíes, cuyas campañas contra la corrupción, inevitablemente se detienen en determinados escalones de la administración y, por supuesto, jamás llegan hasta el palacio real. A esto se une la lentitud, la falta de opacidad en las decisiones administrativas, el nepotismo, el favoritismo, los trámites burocráticos absolutamente interminables para realizar la gestión más intrascendente.

Explotando petróleo a tumba abierta

En 2004 se estaban realizando prospecciones petrolíferas en 57 puntos de Marruecos, cuando en 1994 no existía absolutamente ninguna; en 2001, Mohamed VI ya albergaba la ambición de cubrir a su dinastía con petrodólares e, incluso, lo había anunciado oficialmente augurando un período de prosperidad, lujo, trabajo y bienestar para todo el país. Pero nada de todo esto había llegado en los tres años siguientes, así que en el 2004, Mohamed VI, volvió a insistir en el tema. Como es costumbre en Marruecos, cada año, cuando se acerca la Fiesta del Trono (29 de octubre) que conmemora el aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI, el rey anuncia algún proyecto público de excepcional relevancia que debería traer prosperidad a sus súbditos. En el 2004, durante esa celebración, Mohamed VI anunció que el Gobierno de Marruecos había otorgado a la petrolera británica Afrex y a las australianas Pancontinental Oil y Cooper Energy, los derechos de prospección de crudo en un área que ha sido reclamada históricamente por España, pero que Rabat nunca ha reconocido. El anuncio, sin antes haber realizado el necesario comunicado oficial al gobierno español, constituía un nuevo problema en las relaciones entre ambos países. ZP ya gobernaba en España y, para colmo, Moratinos estaba en visita oficial a Marruecos, justo en ese momento. Allí, aseguró que «tenemos el compromiso de las autoridades marroquíes de que las explotaciones petrolíferas que se autoricen no supondrán un tema conflictivo entre España y Marruecos». Pero el problema era mucho más complejo de lo que Moratinos quería dar a entender y de la indiferencia y ligereza habitual con que el gobierno ZP tomó este dato.

Como ya hemos visto, en el año 2000, Rabat había concedido derechos de explotación a la empresa estadounidense Conoco en el Mediterráneo, entre Ceuta y Melilla. Según un mapa de la zona realizado por la Office National de Recherches et d'Exploitations Pétrolières de Marruecos, esta zona, llamada «W», incluía las aguas que circundan Ceuta, Melilla, el Peñón de Alhucemas y la isla de Alborán, situada a 29 millas al Norte de Melilla y 65 al Sur de Almería y, por tanto, con indiscutible derecho a doce millas de aguas territoriales. El 23 de Marzo de 2001, Conoco obtuvo la ampliación de este permiso por un año. Este fue uno de los motivos del «desencuentro» que llevó a la crisis de Perejil y al momento máximo de tensión entre España y Marruecos. Pero, ahora, la cuestión era mucho más grave. El área afectada, corresponde al litoral mediterráneo, formando un rectángulo de 6.457 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de Segovia, que incluye Melilla, el archipiélago de Chafarinas y la isla de Alborán, zonas que abarcan aguas territoriales españolas. Además, estas aguas son mediterráneas, en las que Marruecos había afirmado que no se realizarían prospecciones. En particular, estas prospecciones afectaban a la isla de Alborán, situada a 90 kilómetros del litoral de Almería y considerado Parque Natural desde 2003. Así mismo, las islas Chafarinas, territorio español desde hace 150 años, a 27 millas de Melilla y a dos millas de la costa marroquí, frente al Cabo del Agua, están situadas en mitad de la concesión. Finalmente, estos trabajos afectarían también a las aguas territoriales de Melilla, en principio un canal que llegaría hasta las aguas libres más cercanas y que permite el acceso libre de embarcaciones españolas. Las petroleras han estimando el potencial de esta zona en «miles de millones de barriles».

Los trabajos eran realizados por la empresa británica Afrex, poseedora del 48% de la concesión, mientras que Cooper tiene un 20% y Pancontinental el 32%. Estas empresas firmaron un contrato con la Office National de Recherches et d'Explotations Pètroliéres que les daba el derecho a realizar prospecciones durante 12 meses e investigar el potencial de la zona. El contrato establecía que si los resultados eran favorables –como, de hecho, lo fueron– la licencia se extendería a un permiso de exploración para perforar los puntos más prometedores.

La localización concreta de los pozos no fue revelada, pero en Rabat, fuentes del Palacio Real indicaron que «si se encuentra gas, el principal gasoducto desde Argelia a España pasa justo al sur del bloque, en el interior de Marruecos», lo que indicaba que existían grandes perspectivas de exportar el gas a Europa mediante el gaseoducto Argelia–Sevilla.

Marruecos ha tenido y tiene muy claros sus derechos de territorio e incluso aquellos que no son su territorio. En noviembre de 2001, Mohamed VI concedió «licencias de reconocimiento» en aguas de la costa del Sáhara Occidental a las petroleras estadounidense Kerr Macgee, y a la francesa Total Fina Elf. Elevada la consiguiente protesta ante NNUU, éste organismo internacional debió reconocer que Rabat no tiene ningún derecho a otorgar licencias de explotación en caso de que ambas empresas encuentren petróleo o gas, sobre un territorio del que, por el momento, sólo le corresponde la «administración», no la soberanía.

En las aguas canarias, la disputa también fue importante. El gobierno de José María Aznar había propuesto a Marruecos llegar a un entendimiento sobre la delimitación de aguas territoriales en el Archipiélago. El entonces embajador en Rabat, Arias Salgado, se encontró con el cerrojazo marroquí a la cuestión. Era el tiempo en el que «el desencuentro» alcanzaba sus más altas cotas. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el 21 de diciembre de 2001, el Gobierno español otorgó nueve concesiones a Repsol, frente a la costa este de Lanzarote y Fuerteventura, dentro de un proyecto denominado «Canarias 1 a 9».

La reacción marroquí no tardó en mostrar su rechazo, llamando a consultas al embajador Abdesslam Baraka. Acto seguido, Marruecos entregó una nota diplomática al embajador Arias Salgado, calificando la concesión a Repsol de acto «inamistoso e inaceptable» e invitando a España a suspender su aplicación. Poco después, seguramente en represalia, el Ministerio de Minas marroquí otorgó licencias de exploración a compañías extranjeras para realizar sondeos en aguas próximas a Canarias, frente al Sáhara Occidental.

Los pozos marroquíes próximos a la frontera argelina, almacenan entre 1.500 y 2.000 millones de barriles de petróleo. Además, se realizan trabajos de prospección en otras zonas calculándose que las reservas de petróleo son de 12.000 millones de barriles. Esto situaría a Marruecos como posible productor de petróleo por delante de Qatar y detrás de Indonesia. En 2006, todos estos pozos habrán logrado un aceptable nivel de producción. Desde el principio, los EEUU facilitaron a las petroleras de su bandera que operaban en la zona, mapas geológicos elaborados por satélites USA. Esta influencia es tan importante que la visita de Mohamed VI a los campos petrolíferos fue realizada acompañado del embajador americano.

Y es que las relaciones EEUU–Marruecos van viento en popa y constituyen otra parte del conflicto.

Capítulo III Marruecos y EEUU: la gran alianza

Inmediatamente después de la caída de Aznar, el gobierno norteamericano firmó con Mohamed VI el Acuerdo de Libre Comercio en el que venían trabajando desde 2002. Este acuerdo supone una opción estratégica para los EEUU que, con esto, evidencia un interés extraordinario por el Magreb. A este pacto se une la Iniciativa Pan Shael y la penetración en Argelia. Todas estas iniciativas tienen como finalidad contener al islamismo local, apuntalar a los regímenes antiislámicos y desviar el petróleo de la zona hacia las plantas de refino de la Costa Este de los EEUU. En Europa no se ha advertido todavía la creciente presencia estratégica de EEUU en el Magreb, con la paralela la pérdida de importancia de Francia.

Diciembre de 1959: el entonces presidente de los EEUU, Eisenhower, visitaba Marruecos y prometía para 1963, la retirada de las tropas de EEUU que habían permanecido allí desde 1943. Se habían producido incidentes en torno a esas bases y el país hervía en fervor nacionalista. Por lo demás, en 1961 se retiraban completamente las tropas francesas y españolas.

Febrero de 2002: Es desarticulada en Marruecos una «célula durmiente» de Al–Qaeda que planeaba improbables atentados contra barcos de la VI Flota y de la OTAN en el Estrecho de Gibraltar. La versión oficial dejaba demasiados cabos sueltos como para que pudiera tomarse en serio. Nunca se ha aportado la más mínima prueba de que los detenidos pertenecían a Al–Qaeda. Y, por lo demás, resultó demasiado evidente que Mohamed VI pretendía implicar a España –los explosivos debían ser trasladados por Ceuta y Melilla– en la «terrible» operación terrorista. A los encargados de orquestar esta pantomima, se les había escapado que si existe facilidad manifiesta para trasladar inmigrantes y droga a través de pateras, difícilmente los terroristas deberían buscar otros caminos más problemáticos para acercar el explosivo –que, por lo demás, jamás apareció– al objetivo gibraltareño. Mohamed VI intuía que la desarticulación de esta «célula» sentaría bien en EEUU, justo en los momentos en los que ambos países empezaban a negociar el Acuerdo de Libre Comercio. Marruecos quería presentarse como el garante de la seguridad en el Estrecho y aspiraba a debilitar la posición de España.

Noviembre de 2002: el subsecretario de Estado norteamericano, Marc Grossman, viajaba a Marruecos para reforzar las relaciones de amistad y cooperación económica de su país con Marruecos. A pesar de que la visita se desarrollara en pleno «desencuentro» entre España y Marruecos, no había motivos de alarma. Se trataba de una visita preparatoria dentro del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países. El congreso de los EEUU había dado el visto bueno para este plan en octubre de 2002 y Grossman se deshizo en Rabat, en elogios hacia Marruecos, al que denominó como «país amigo y aliado fundamental para EEUU». Nadie en España se preocupó por tales lisonjas. Sobre la situación interior de Marruecos, Grossman subrayó (que ya es subrayar) «la transparencia en la organización» de las últimas elecciones generales celebradas en Marruecos, al mismo tiempo que recordó el interés de su gobierno ante las reformas económicas llevadas a cabo por Marruecos en los últimos años. Todo ello se consideró en la España de Aznar como mero lenguaje diplomático. Pero dos meses después de que ZP se sentara en La Moncloa, es acuerdo se firmó sin más dilación.

El Acuerdo de Libre Comercio tenía implicaciones que ZP no podía ignorar. La compra de armamentos, por ejemplo. Inmediatamente se firmó el tratado, George W. Bush aludió a Marruecos como uno de los «principales aliados de Estados Unidos», añadiendo específicamente que el país norteafricano podría optar en el futuro a contratos militares con el Pentágono. Bush tomó esta decisión «en reconocimiento de los estrechos lazos que unen a los dos países y en agradecimiento del apoyo de Marruecos a la guerra contra el terrorismo, así como al papel del rey Mohamed VI, dirigente visionario del mundo árabe». Según indicó la agencia oficial marroquí MAP, el estatus de aliado principal fuera de la OTAN permitiría a Marruecos presentarse como candidato para participar en algunos contratos militares estadounidenses, investigaciones militares y programas de desarrollo controlados por el Pentágono. Así pues, son armas norteamericanas las que, algún día, pueden amenazar la integridad territorial española, apuntando hacia Ceuta y Melilla o hacia Canarias.

En nuestro libro «Marruecos: el enemigo del Sur» presentábamos una teoría que parecía desmentida en la práctica por el gobierno del PP; sosteníamos entonces que la intervención de Colin Powell en el conflicto de Perejil, lejos de ser neutral, beneficiaba ampliamente las posiciones de Marruecos, pues, no en vano, hasta ese momento, Perejil había sido, indiscutiblemente, territorio de soberanía española, pero, a partir de entonces, España seguía siendo titular de esa soberanía… pero se comprometía a no demostrarla.
Powell, por cierto, tres años después, en una entrevista concedida a QG, una publicación mensual norteamericana, a la pregunta del redactor sobre el «incidente de Perejil», contestó que «se trata de una pequeña y tonta isla a la que tuve que dedicar dos días de mi vida». Hay que recordar que la intervención se produjo a propuesta de la ministra Ana de Palacio, amiga personal de Powell.

Dado que, a partir de ese momento, Aznar estrechó extraordinariamente sus vínculos con la administración Bush, dio la sensación de que nuestra teoría era incorrecta. Por lo demás, la prensa española consideró «normal» el acuerdo sobre Perejil; pero, la menudencia del islote hacía olvidar que se trataba de territorio nacional. Para bien o para mal, el tiempo nos ha dado la razón: EEUU, en aquellos momentos, estaba reforzando inexorablemente su peso en Marruecos, desligándose progresivamente de la alianza con España. Este proceso fue reconducido por Aznar en su segundo mandado (2000–2004), pero, al llegar al poder ZP, con sus errores y faltas de tacto diplomático, volvió a salir a la superficie la tendencia de la política exterior norteamericana favorable a Marruecos y progresivamente distante en relación a España y, por extensión, a Europa.

ZP en Marruecos. Un oso hormiguero en el Polo Sur

Uno de los primeros gestos de ZP en los que voluntariamente evidenciaba, su ruptura con la política exterior aznarista, fue su viaje a Rabat, poco después de las declaraciones de Powell sobre Perejil. ZP había viajado por primera vez a Rabat en 2001, cuando acababa de ser elegido Secretario General del PSOE. La prensa marroquí exaltó la visita: «El Secretario General del PSOE corrige los errores de Aznar». Otro titular destacaba: «No queremos vecinos condescendientes, manipuladores ni arrogantes». El portavoz del Partido Nacionalista Istiqlal consideraba que ZP debía debatir dos cuestiones concretas: el Sáhara de un lado y Ceuta y Melilla de otro. Estaba claro que, para Marruecos, ZP era el mejor presidente… de España. Mediten sobre eso, en especial los votantes socialistas. Tanto fue así que cuatro ministros lo recibieron a pie de avión y al día siguiente pudo entrevistarse con Mohamed VI. El 26 de abril de 2004, ZP volvía a Rabat, esta vez como presidente de gobierno.

El Grupo de Estudios Estratégicos elaboró una nota a raíz de esta segunda visita, en la que partiendo de las citadas declaraciones de Colin Powell, se mostraba extremadamente crítico con la gestión de ZP: «Los diplomáticos, mejor que nadie, saben que las palabras las carga el diablo y que pueden ser todo menos inocentes. Las recientes declaraciones del Secretario de Estado americano a la revista GQ sobre Perejil, islote que califica de ridículo, así como su laboriosa mediación entre Rabat y Madrid, ni son espontáneas ni serán anodinas. Al contrario, sólo pueden interpretarse como un claro gesto de distanciamiento crítico respecto al actual gobierno español y como un aviso de que Estados Unidos, tras la defección española del campo de los aliados, encuentra en el reino de Marruecos un interlocutor más fiable. (…) La graciosa visita de Zapatero al monarca alauí, pletórica de concesiones a las posturas marroquíes sobre casi todo, incluyendo el Sáhara, puede que se vea enfrentada a esta nueva realidad muy pronto. De hecho, la lectura que se hizo desde Marruecos de la misma no podía ser más desesperanzadora para los intereses nacionales españoles, pues tras el archifamoso "nuevo talante" de Zapatero, allí se entreveía debilidad, desinterés y apaciguamiento». Lo dicho, ZP es el mejor presidente español… para Marruecos.

La nueva política africana de EEUU

En realidad, lo que había ocurrido es que los EEUU habían adoptado una nueva política exterior en África, que incluía acuerdos preferenciales con Marruecos. Mientras Aznar estuvo en el poder –gracias al buen feeling que compartía con Bush– éste acercamiento fue discreto, mesurado y prudente; pero todo cambió el 14–M. A partir de entonces, el apoyo de EEUU a Marruecos pasó a ser una opción estratégica, vertiginosa y transformada, como efecto colateral deseado, en un gesto de distanciamiento hacia el gobierno ZP.

Dos meses después del triunfo limitado de ZP el 14–M, ya era demasiado evidente que Marruecos se estaba convirtiendo el aliado preferencial de EEUU. El reino alauí había firmado con EEUU el 15 de junio de 2004, el tratado que mediante el cual se constituía una zona de libre comercio entre ambos países. El acuerdo había sido lanzado en abril de 2002 (el incidente de Perejil data de julio de ese año) por parte del rey de Marruecos, Mohamed VI y el presidente de los EEUU, George W. Bush. El viaje de Grossman en octubre de ese año le dio un impulso decisivo, pero el 14–M fue el acelerador de la firma. De esta forma, Marruecos, se convirtió en el primer país africano en tener un acuerdo de este tipo con los EEUU. La medida de la importancia acordada a este acuerdo lo da el hecho de que solamente había firmado acuerdos similares con sus vecinos (Canadá y México) o con países con los que mantenía relaciones estratégicas privilegiadas (Israel y Jordania). No es que con Aznar el acuerdo no se hubiera firmado, lo más probable es que se hubiera retrasado su aprobación y que, en cualquier caso, se hubieran rebajado sus pretensiones a fin de mantener saneado el eje hispano–norteamericano.

A decir verdad, no se trata de un acuerdo justificable por la economía. De hecho, EEUU apenas es el sexo socio comercial de Marruecos y el volumen de exportaciones de éste país hacia EEUU es solamente del 3%; apenas nada comparado con el 69% de la UE. Tampoco las compras de Marruecos a EEUU son significativas (apenas un 3,1%), ni justifican un acuerdo de este tipo. Seamos claros: el acuerdo es, en primer lugar, un paso en el diseño estratégico de EEUU en relación a África y en segundo lugar, un desplante al gobierno ZP. Pero el rutilante jefe de gobierno español no lo vio así y, como veremos, intentó quitar hierro al asunto.

Pocas semanas antes del acuerdo EEUU–Marruecos, el 14 de marzo de 2004 el diario El País publicaba el articulo «Washington amplía la lucha antiterrorista a los países del Sahel» en el que describía el proyecto «Iniciativa Pan Sahel» que EEUU había puesto en marcha para «equipar, entrenar y coordinar a las fuerzas de seguridad de Mauritania, Malí, Chad y Níger en la que también aparecen involucrados Argelia, Marruecos y Túnez», según declaró la administración norteamericana.

En esas fechas, el diario argelino Le Quotidien de Orán revelaba la celebración, a principios de abril y en una base estadounidense en Alemania, de una cumbre antiterrorista en la que participaron los jefes de los ejércitos de Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Senegal y Túnez. En esa cumbre, el general Charles Wald, comandante en jefe del Comando Europeo del ejército estadounidense, fue el encargado de exponer el plan establecido por el Pentágono «para la seguridad de la región del Magreb y del norte de África». Una vez más, el antiterrorismo era utilizado como excusa por los EEUU para reforzar su presencia en determinadas zonas de interés estratégico. Este plan, además del equipamiento, entrenamiento y coordinación de las fuerzas militares y policiales, incluía cooperación en la organización de patrullas conjuntas y una cláusula de ayuda automática en caso de ataque terrorista. La Iniciativa llevaba aparejada el establecimiento de bases militares estadounidenses en la zona. En las inmediaciones de la ciudad argelina de Tamanrasset, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU, la NSA, acababa de instalar una base de escuchas electrónicas de la Red Echelon. EEUU también ha enviado contingentes militares a Malí y a Djibuti. Y en el momento de escribir estas líneas, el Pentágono negocia bases logísticas para su aviación en Senegal y Uganda, al mismo tiempo que se contemplan nuevos acuerdos militares con Argelia, Túnez y Marruecos; entre tanto, la presencia militar norteamericana en Mauritania y el Chad se ha consolidado.

Es evidente que la «guerra contra el terrorismo» es una mera excusa y que todas estas maniobras tienen que ver con la política africana de la administración norteamericana implantada ya desde los tiempos de la administración Clinton y, por tanto, anterior al inicio del extraño «terrorismo internacional». El Secretario de Comercio de Clinton, R. Brown, lo sintetizó claramente y con una brutalidad digna de un bisonte enfurecido, en 1996: «La era del dominio económico y de la hegemonía comercial de Europa en África ha terminado. África nos interesa».

No es raro, por tanto, que, desde esa época, la influencia francesa en Marruecos haya ido declinando paulatinamente, mientras, la presencia norteamericana se ha ido reforzando.

La administración Clinton se fijó en África después de cinco años de que las superpotencias se desinteresaran por este continente. Mientras duró la Guerra Fría, los países africanos ribereños, situados en la ruta del petróleo, fueron cortejados tanto por EEUU como por la URSS; pero cuando ésta última potencia se desplomó, África fue olvidada y, literalmente, arrojada fuera de la historia. Luego se descubrieron bolsas de petróleo en la Costa Atlántica africana, en especial en el Golfo de Guinea y, a partir de estos hallazgos, como era de esperar, se redefinieron los intereses norteamericanos en la zona. La Estrategia de Seguridad Nacional, emitida en septiembre 2002 – ya bajo la administración republicana– convirtió oficialmente a África en «una prioridad para la seguridad nacional» estadounidense.

Como hemos visto en el capítulo anterior, frente a las costas del África Occidental se encuentran gigantescos yacimientos petrolíferos. El control de tales yacimientos hará disminuir la dependencia norteamericana de los pozos por los países de la OPEP y de los yacimientos de Asia Central. Los analistas calculan que en apenas ocho años (en el 2013) los EEUU importarán una cuarta parte de sus necesidades petrolíferas de África Occidental. Pues bien, en esa zona se encuentran, tanto las costas del Sáhara Occidental, como el archipiélago canario.

La reacción del gobierno ZP

Resultaba evidente que los acuerdos Marruecos–EEUU apuntaban directamente contra España. El problema era que el nuevo gobierno socialista carecía de política exterior digna de tal nombre (y sigue careciendo en el momento de escribir estas líneas). El viaje de ZP a Rabat y la firma de acuerdos bilaterales que beneficiaban particularmente a Marruecos, daban la sensación de un clima de entendimiento que, en realidad, es mera ficción. Marruecos buscaba la alianza con un «gran hermano» y EEUU tenía intención de penetrar en zonas que hasta ese momento habían pertenecido al ámbito francófono. Existía una comunidad de intereses recíprocos que podía satisfacer las necesidades estratégicas de ambas partes.

No es raro que Paulino Rivero, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, preguntara al gobierno «en qué medida puede afectar a los acuerdos alcanzados por los Gobiernos de España y Marruecos, el pasado 24 de abril en Casablanca, la designación del Reino alauí como aliado privilegiado de EEUU». En su respuesta, visiblemente turbado, Zapatero recordó que «a raíz de ese encuentro con el Rey de Marruecos, las relaciones con el país vecino han mejorado de manera clara»; recordó que se habían producido contactos ministeriales entre los dos Ejecutivos, y se había «intensificado» la cooperación en los ámbito económico, de seguridad, en la lucha contra la inmigración ilegal y contra el terrorismo. Destacó que las relaciones de Marruecos con EEUU «vienen de hace muchos años», y explicó que ese acuerdo se suma al que Washington tiene con otros países de la región, como Egipto, Israel o Jordania, y con Filipinas, que también tiene ese estatus. «Todo lo que sea que países como Marruecos avancen en la modernización, en la apertura y en una mayor relación con el mundo occidental, sin duda es bueno para España y para Marruecos», dijo el presidente, quien concluyó que, por todo ello su «valoración de ese acuerdo es una noticia favorable». Rivero, por su parte, terminó expresando –no sin razón– su preocupación por ese acuerdo con EEUU, con el levantamiento de restricciones a la venta de armas, a lo que sumó unas maniobras militares conjuntas en la zona. En realidad, ZP había mentido en el mejor de los casos o se había equivocado en el peor: EEUU no tenía acuerdos del mismo rango a los firmados con Marruecos con los países que había citado (salvo Israel y Jordania) y, por lo demás, en los meses siguientes resultó evidente que la «cooperación marroquí» en materia de inmigración (por no hablar de lucha contra el narcotráfico, que ZP ni siquiera había citado) era absolutamente nula hasta el punto de que en octubre de 2005, una delegación de la UE hubo de viajar a Rabat tras la «crisis de las vallas»…

En cuanto a la alusión a las maniobras militares a las que se refirió Rivero, efectivamente, tuvieron lugar entre el 11 y el 15 de julio del 2004, en aguas atlánticas entre el Archipiélago de Madeira y la costa occidental marroquí; participaron la VI Flota norteamericana, y unidades navales españolas e italianas, entre ellas los portaviones Príncipe de Asturias y Garibaldi. El punto álgido de la operación fue el desembarco de fuerzas terrestres en las inmediaciones de la localidad marroquí de Tan–Tan, apenas a doscientos cincuenta kilómetros del Archipiélago Canario.

No se trataba de un inocente war game; la maniobra respondía a la eventualidad de un conflicto en el interior de Marruecos
–verosímilmente, un vuelco político causado por la acción de extremistas islámicos– o bien, una convulsión en la zona del Magreb que, inevitablemente acarrearía una intervención norteamericana en la fachada atlántica del Norte de África. La presencia española en estas maniobras era paradójica, pero justificada por nuestra presencia dentro de la OTAN y, por tanto, en la defensa del flanco sur de la Alianza Atlántica. Pero había un detalle que era preciso no olvidar: las maniobras habían sido programadas con anterioridad a la derrota de Aznar… Unos meses después hubiera resultado difícil que se celebraran maniobras de ese estilo.

El acuerdo bilateral visto desde Marruecos

Oficialmente, en Marruecos, el acuerdo bilateral fue aplaudido por la clase dirigente considerando que tendría importantes repercusiones en el plano institucional, reflejados en una mayor apertura de la economía marroquí sobre el mercado internacional y un apoyo para las reformas económicas en curso. Económica y comercialmente, los medios de comunicación oficiales convenían en que iba a significar «una mayor penetración en el mercado americano, un incentivo para los inversores extranjeros y un refuerzo de la vocación de plataforma del país en el cruce de las grandes rutas comerciales», tal como publicó un editorial oficial. En el plano político se alardeó de que este acuerdo concedería una «neutralidad benevolente» por parte de EEUU, o, dicho con otras palabras, un apoyo a las políticas marroquíes en el Sáhara y un contrapeso a la influencia política y comercial de la UE en las relaciones con Marruecos. Los medios de comunicación oficiales pudieron hablar, en rigor, del nacimiento de un «partenariado estratégico» entre los dos países.

Sin embargo, hubo aguafiestas que veían en el acuerdo un perjuicio para Marruecos. A la vista del texto, muchos marroquíes temen que los medicamentos genéricos que se necesitan en la lucha contra el Sida resulten ahora menos accesibles. Según la Association de Lutte contre el Sida de Marruecos, un organismo público para la lucha contra esta enfermedad, el acuerdo podría incrementar de 20 a 30 años la duración efectiva de la protección de patentes en ese país. Por su parte, el Premio Nóbel de Economía del 2001, Joseph E. Stiglitz, explicó que «en materia de telecomunicaciones, tanto en Marruecos como en Chile y en otras partes del mundo [los EEUU] hemos formulado unas exigencias (como las relativas a la utilización de instalaciones de transmisión y a la venta en bloque de capacidades de transmisión) a las que con seguridad nos habríamos opuesto si a alguien se le hubiera ocurrido tratar de imponérnoslas a nosotros. Desde el punto de vista del mundo en desarrollo, se ha tratado de unas negociaciones extraordinariamente desequilibradas, con toda la balanza inclinada a favor de los intereses estadounidenses». Todo esto era rigurosamente cierto, pero, a cambio, Mohamed VI lo obtenía todo: y «todo» para él era su estabilidad en el trono y la ayuda en la cuestión del Sáhara.

Otros como Samir Gharbi, recordaron que el acuerdo era mucho más estratégico para los EEUU que para el país magrebí. La oposición, e incluso algunos medios del Istiqlal, tenían la certeza de que, más que un acuerdo bilateral, era un primer paso dentro de la estrategia presentada por George W. Bush para el que el «Gran Oriente Medio», empezaba en Marruecos (del cual era su fachada atlántica) y dentro del objetivo de construir una zona de libre comercio en Oriente Medio (MEFTA). Para Robert Zoellick, representante de Comercio Exterior de EEUU, este acuerdo es «un ejemplo concreto del compromiso americano para apoyar a las sociedades musulmanas tolerantes y prósperas»… olvidando que suponer que la sociedad marroquí es «tolerante y próspera» resulta mucho suponer.

Con el Sáhara en el fondo

El ministro de Comunicación marroquí y portavoz gubernamental, Mohamed Benabdellah, glosando el tratado bilateral EEUU–Marruecos, afirmó que «esta decisión es un indicador del lugar que ocupa Marruecos, de su papel estratégico y una marca de consideración a las reformas políticas, económicas y sociales emprendidas por el rey Mohamed VI». Pero, retórica aparte, este estatus permitirá al reino alauita optar a contratos militares estadounidenses.

El eje Marruecos–EEUU no era nuevo; ZP tenía razón en recordarlo en su respuesta a Paulino Rivero; desde hacía décadas venían realizándose maniobras militares conjuntas entre ambos países, pero nunca como hasta ahora –y esto era lo realmente nuevo– esta relación había sido privilegiada, institucionalizada y aparecía en un momento de dificultades en las relaciones hispano–norteamericanas.

El 2004, los EEUU habían aprobado la concesión de 53,8 millones de dólares para Marruecos. En total, durante el periodo 2002–2004, la ayuda militar norteamericana a Marruecos se había elevado a 50 millones de dólares, pero, tras la aprobación de los nuevos acuerdos con EEUU, se había duplicado.

La nueva directriz de política exterior norteamericana de 1995, centraba su atención en África, como hemos dicho, y más en concreto, en la «franja de Sahel». Desde 2004, los EEUU han aumentado discretamente su presencia militar en esa zona. El cerebro de esta política es Paul Wolfowitz quien, una vez más, utiliza como excusa para implantar la Iniciativa Pan– Sahel, la lucha contra el terrorismo. En el fondo, la estrategia norteamericana de aproximación a Marruecos tiene mucho que ver con esta iniciativa y no es una simple operación de represalia contra la España de ZP.

La dimisión de James Baker como negociador especial de NNUU en el Sáhara, tiene mucho que ver con este nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre EEUU y Marruecos. Es la mejor muestra de apoyo de EEUU a las tesis marroquíes, tal como subrayó el diario «Aujourd´hui le Maroc». El ministro de Exteriores de este país, Mohamed Benaisa, declaró que la marcha de Baker era «un éxito de la tenacidad de la diplomacia marroquí», o lo que es lo mismo, la aproximación a una solución para la cuestión Saharaui negociada con Argelia y fuera del marco de las NNUU.

ZP y los EEUU

Desde que ZP era candidato a la jefatura del gobierno, sus relaciones con la administración Bush no fueron nunca un baño de rosas. Todavía, en el Departamento de Estado, se recuerda su imperturbable posición de «sentado» al paso de la bandera de las barras y estrellas, verdadero sacrilegio para una nación que reverencia a su enseña nacional. La cosa no mejoró cuando ZP, en una de sus primeras decisiones al frente del gobierno, retiró al contingente español destacado en Irak, apenas 1500 hombres, pero cuya defección causó impacto, especialmente en el Pentágono. Nada ayudó el descuido de Pepe Bono, en febrero de 2003, durante una reunión de la dirección del PSOE, llamando «gilipollas» a Blair, el fiel y sufrido aliado anglosajón. Peor fue cuando ZP se fotografió junto a Chiraq y Schröder, anunciando un increíble eje «hispano–franco–alemán» que era visto por los estrategas norteamericanos como una nueva ofensa. Por no hablar del llamamiento a retirar las tropas de Irak que ZP realizó desde Túnez a quien quisiera oírlo y que obligó a Moratinos a tratar de quitar hierro telefoneando diligentemente a la Embajada Norteamericana en Madrid. En ese clima antiamericano producto de la ingenuidad y bisoñez política de ZP, durante la cumbre de la OTAN, España apoyó el veto francés a la propuesta de Donald Rumsfeld de satisfacer las peticiones del primer ministro afgano, Hamid Karzai, quien había solicitado la intervención de la recién creada Fuerza de Respuesta Rápida. Poco antes, Zapatero había accedido ante Francia a variar nuestra política en relación a la «cuestión Saharaui», tradicionalmente apuntalada en las resoluciones de las Naciones Unidas, a favor del Plan Baker y de la negociación directa entre Marruecos y el Frente POLISARIO. Con ZP y Moratinos al frente de Exteriores, España propuso la celebración de una conferencia cuatripartita para el Sáhara, con Francia, Argelia, Marruecos y España. EEUU no aparecía por ninguna parte. Para colmo, en la Cumbre de Bruselas, el debate sobre el reparto de votos correspondiente a los distintos países europeos en el marco de la Constitución, concluyó con el agradecimiento de ZP a Francia por haber rebajado nuestra presencia institucional y situarnos al frente del pelotón de los pequeños, sin capacidad de vetar las decisiones de los tres grandes, una decisión que todavía no se ha valorado lo lesiva que puede llegar a ser en el futuro. Acto seguido, ZP entendió que el antiamericanismo, más o menos visceral, costaba caro, especialmente cuando el respaldo franco–alemán era tibio, sino inexistente. Y fue entonces cuando empezó a dar marcha atrás. Pero ya era demasiado tarde. La administración norteamericana había adoptado la estrategia del ninguneo, especialmente tras la victoria por goleada de Bush en las presidenciales del 2004.

La recomposición de la política exterior hacia EEUU

La tarea de recomposición de la política exterior española en relación a EEUU fue, a partir de entonces, una obra de titanes, raza a la que ni ZP ni Moratinos, ni mucho menos Bono, pertenecen. Los tres pasaron del antiamericanismo primario, a deshacerse en elogios hacia la administración Bush, en especial a partir de su victoria sobre Kerry (con quien, por otra parte, también hubiera costado restablecer la normalidad a la vista de que su postura ante Irak era idéntica a la de su oponente). Por supuesto, la administración norteamericana permaneció ajena a estas lisonjas y al peloteo, cada vez más engolado, procedente de la España socialista. Hacia principios de 2005, cuando ya se había producido la victoria de Bush (en la que ZP no quiso creer hasta el último momento), el gobierno español comprendió que estaba ante el abismo: el antiamericanismo cuesta caro, no sólo en contratos de mantenimiento de la VI Flota y en facilidades a las exportaciones, sino en cuestiones internacionales. Era algo que Aznar ya había calculado: prefería arrostrar la impopularidad de la opción proamericana en la guerra de Irak, al riesgo de que Marruecos, pudiera presionar a España, gozando de una alianza preferencial con el coloso transoceánico, mientras que nuestro país encontraba indiferencia en la UE, sino hostilidad de Francia, en la política norteafricana.

El problema para ZP era que la política del peloteo no servía para nada si no iba acompañada de gestos concretos: reenviar tropas a Irak, por ejemplo, o apoyar la propuesta norteamericana de que la OTAN interviniera directamente en ese país, o rompiendo todo vínculo con Fidel Castro y Chávez, sin ir más lejos. ZP hubo de limitarse a prometer un aumento de la presencia española en Afganistán, gesto a todas luces limitado e insuficiente que, por supuesto, no logró seducir ni a Rumsfeld, ni a Condoleezza Rice, ni mucho menos a Bush.

En el momento de escribir estas líneas, el peloteo y la melosidad es el límite que puede seguir el PSOE en su política hacia EEUU. Cualquier otra actitud tendría un coste electoral tan rematadamente alto que hundiría a ZP en el abismo de las encuestas. Esto sin hablar, naturalmente, de la oposición que encontraría en sus socios –no olvidemos la precaria situación de ZP en el parlamento– que, sin asumir posiciones de gobierno, pueden permitirse el lujo de practicar el consabido antiamericanismo primario habitual en la izquierda y garante de cierta cuota electoral: desde Carod–Rovira hasta Llamazares, desde Joan Saura hasta Maragall, excentricidades incluidas. Y, sin hablar, por supuesto, de las relaciones con Francia y la Alemania de Angela Merkel, a la que ZP, llamó imprudentemente «fracasada» en la noche de las elecciones generales germanas, infantilismo que el PP se encarga regularmente de recordar a la opinión pública. Da la sensación de que ni ZP, ni siquiera Moratinos, ni, por supuesto Bono, se daban cuenta de la situación y de lo que estaba (y está) en juego. La política internacional no es solamente el reino de las palabras, sino el imperio de los hechos. Y, en este sentido, el gobierno español, tiene un pobre balance que ofrecer al Departamento de Estado Norteamericano. Desde luego, mucho menos que el vecino reino alauita. Marruecos puede ofrecer petróleo, fosfatos y encaje con el mundo islámico.

ZP, al intentar liquidar al aznarismo en todos los terrenos, al enmendar la plana completamente a la política exterior del PP, ha chocado con una virulencia innecesaria con EEUU y, lo que es peor, sin pedir contrapartidas al eje franco–alemán, ha mostrado debilidad en Europa. Ha creído que los meros apretones de manos bastan para modificar las correlaciones de fuerzas. Tras el efusivo saludo a Chirac y a Schröder, siguió la disminución del peso de España en la Unión Europea; es decir, la realidad.

Tal es el balance de la gestión de ZP en relación a EEUU. Mientras esto ocurre, Marruecos ha seguido reforzando inexorablemente su alianza con norteamérica.

El chantaje marroquí en acción

El 4 de octubre del 2005, mientras se desarrollaba el dramático asunto de los subsaharianos asaltando las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, la diplomacia marroquí dejó grabados en mármol, dos mensajes en relación al futuro de las relaciones con España. En nuestro país, la prensa, preocupada por el impactante drama de los subsaharianos, apenas dio cuenta de tales advertencias. Una de ellos afectaba directa y exclusivamente a España: era la petición de iniciar conversaciones sobre el futuro de Ceuta y Melilla; la otra era el habitual llamamiento marroquí a la Unión Europea: una nueva petición de ayuda para superar las situaciones de subdesarrollo que generan las corrientes migratorias. Ambas propuestas iban unidas y, en el fondo, se trataba de un verdadero chantaje: a cambio del dinero ingresado en las arcas marroquíes, la monarquía alauí se comprometería a no resucitar el tema de Ceuta y Melilla durante un tiempo, y a regular la presión de las pateras y los subsaharianos asaltando las vallas fronterizas. Si el dinero pedido no aparece en los próximos meses (escribimos esto el 15 de noviembre de 2005), el chantaje se hará efectivo: Marruecos internacionalizará la reivindicación sobre Ceuta y Melilla y hará la vista gorda al tránsito de ilegales subsaharianos, e incluso, estimulando la inmigración a España entre su propia población.

¿Cuáles son los problemas que plantean las propuestas marroquíes? Fundamentalmente dos: la primera es que cualquier ayuda enviada, tanto a Marruecos como al África Subsahariana, corre el riesgo de perderse por el camino y tiene tendencia a ir a parar a los bolsillos de los oligarcas locales. Para que una ayuda de este tipo fuera eficaz, haría falta que se distribuyera con un control directo europeo; un control, que necesariamente pondría en duda la soberanía, independencia y, por supuesto, la honestidad de los gobiernos africanos, empezando por el marroquí.

La segunda dificultad que plantea la petición de ayuda es que, históricamente, siempre, en los países árabes, los apoyos recibidos de Occidente, han sido utilizados como excusa para estimular el fundamentalismo islámico. Estas ayudas, habitualmente tienen como efecto apuntalar a regímenes altamente impopulares, verdaderas dictaduras de sátrapas locales, que generan más y más represión y, por tanto, más y más oposición. Desde el momento en que el marxismo y los partidos comunistas fueron a parar al basurero de la historia, los únicos movimientos capaces de movilizar energías de protesta contra las dictaduras locales, han sido los fundamentalistas islámicos.

Hay que recordar que Felipe González ya concedió cuantiosas ayudas a Marruecos y que la propuesta de un «Plan Marshall» para África del Norte fue una de las conclusiones de la Conferencia Mediterránea de Barcelona y de la peripatética Alianza de Civilizaciones propuesta por ZP. En definitiva: apaciguar mediante el engrose de los bolsillos de los sátrapas locales. Una mala política a medio plazo.

Pepe Bono: «antes morir que fallecer»

Había una noticia peor para España: tener un ministro de Defensa, pacifista. Era el acabose y lo que «faltaba para el duro». Helo aquí…

A mediados de mayo de 2005, el Ministro de la Defensa, Pepe Bono realizó una gira por EEUU intentando explicar la inexplicable política exterior española e intentando zurcir los desaguisados del primer año de gobierno socialista. En el curso de una rueda de prensa pronunció una frase que causó conmoción al otro lado del océano: «prefiero morir a matar», frase que era mucho más paradójica pronunciada por un presunto ministro de la Defensa e incluso, podía ser considerada como un insulto, habida cuenta de que buena parte de sus interlocutores norteamericanos eran militares. El militar de cualquier país, por definición, ha jurado lealtad a la bandera y está dispuesto a morir y, por supuesto, a matar en defensa de su patria. La actitud de Bono era encomiable, especialmente desde el punto de vista del cristianismo primitivo, del hinduismo uppanishadico o desde el hippismo emporrado de los sesenta; pero no era aceptable desde su puesto de ministro de la Defensa en pleno siglo XXI. Y, además, era una exageración notoria: sólo un tonto muy tonto, podía preferir morir a manos de cualquier desaprensivo que matar en defensa propia y sólo un tonto muy tonto, o un cobarde muy cobarde, podía renunciar a arriesgar la propia vida ante una amenaza contra él, su familia o su comunidad. La frase de Bono era peor que un error, era, en el mejor de los casos, una mentira, y el peor, un insulto a los interlocutores. A pesar de que fuera el ministro mejor valorado del gabinete ZP (lo cual, por lo demás, ya es altamente significativo).

Y, por supuesto, en aquel viaje se trataba de sondear a los americanos sobre la compra de distinto armamento y conseguir que, mediante la vía mercantil, se atenuaran las fricciones entre el gobierno ZP y la administración Bush; tampoco se habló del tema esencial: Marruecos. Bono había firmado la cesión de una partida de carros de combate norteamericanos M– 60 al reino alauí, una de cuyas cláusulas prohibía que se desplegaran en Ceuta y Melilla.

Los militares norteamericanos y los funcionarios del Pentágono que se entrevistaron con Bono debieron pensar qué tipo de ministro de defensa era aquel que en caso de un ataque por sorpresa, fiel a su precepto de antes morir que matar, ordenaría una retirada inmediata. No sabían que, por aquellos mismos momentos, el gobierno ZP ya era conocido por muchos como el de la «renuncia preventiva» en cualquier terreno: frente a Maragall y su Estatuto, frente a ETA, frente a Marruecos, frente a los problemas con la UE y así sucesivamente.

Hay momentos y situaciones en los que es preciso arriesgar la vida y otros en los que se trata, simplemente, de asegurar la salvaguardia y la integridad territorial de una nación. Lo primero corresponde a los militares, lo segundo al responsable de la defensa: ¿qué ministro era ese que, si era coherente con sus palabras, debería ceder a cualquier amenaza contra nuestro espacio nacional? Un pobre diablo extraviado en una cartera para la que no daba el perfil. Lo peor de toda esta historia, es que, en Marruecos, saben perfectamente que al frente de la defensa española está alguien sin el talante –también existe un talante negativo– suficiente para asumir los costes –siempre duros– que implicaría un conflicto por Ceuta, Melilla o Canarias.

Capítulo IV Ceuta y Melilla, penúltimas rodajas del salchichón

Los claims o aspiraciones actuales de Marruecos sobre los territorios bajo soberanía de España son cinco: Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, Peñón de la Gomera y Peñón de Alhucemas. Marruecos nunca ha renunciado, especialmente, a incorporar Ceuta y Melilla a la corona alauí. Actualmente, el conflicto sigue abierto y Marruecos utiliza la «estrategia del salchichón» para aproximarse a su objetivo final que siempre pesa sobre la integridad territorial española.

El 5 de enero de 1987, el gobierno marroquí entregó una nota verbal al español en la que afirmaba que Perejil «no formaba parte del contencioso territorial» con España por ser un territorio del Reino de Marruecos. El gobierno español de Felipe González no contestó. Craso error porque en política internacional los silencios son fuente para reivindicar derechos adquiridos. Eso fue lo que quiso entender Marruecos cuando sus 12 gendarmes ocuparon la isla. Hoy, el estatus de Perejil deriva del acuerdo rubricado en Washington el 22 de julio de 2002 que, en la práctica, considera a Perejil como territorio en disputa

En 1944 se fundaba en Egipto el Istiqlal y seis años después el Frente Nacional, mentores del nacionalismo marroquí. El rey Mohamed V se identificó públicamente con este nacionalismo en su visita a Tánger el 9 de abril de 1947. A partir de 1956, Marruecos ha reivindicado Ceuta, Melilla y las Islas Adyacentes en multitud de ocasiones, en documentos oficiales, en mensajes de Mohamed V, Hassán II y Mohamed VI, en intervenciones en foros internacionales, y a través de medios de comunicación oficiales y oficiosos próximos al majzén.

El origen del conflicto: «El Gran Marruecos»

El conflicto se inicia cuando en 1944, Mohamed Allal el–Fassi, fundador del Istiqlal y teórico de la doctrina expansionista del «Gran Marruecos», presentó el manifiesto fundacional del partido al que hasta entonces sólo era «Sultán de Marruecos», Mohamed V. El mismo documento fue presentado más tarde al gobernador francés. Hasta ese momento, los dirigentes marroquíes, pretendían únicamente, obtener un mayor nivel de autonomía, pero a partir de entonces, se impone la idea de la independencia. El manifiesto independentista aludía a las «fronteras históricas» de Marruecos y a la terminación del protectorado surgido por el pacto de 1912 entre Francia y España. En 1946 Mohamed V, aceptó las ideas del Istiqlal y realizó su famosa tourné a la ciudad libre de Tánger. Para llegar allí precisaba cruzar el protectorado español y el marroquí, lo que atribuía al viaje un contenido simbólico de reunificación de las tres zonas de Marruecos.

El 16 de noviembre de 1955, Mohamed V regresó del exilio. Un año después, firmó en París la independencia (2.03.56) y dos meses después (7.04.56) repitió el mismo acto en Madrid, liquidando el período del protectorado. Pero en su discurso en Madrid, Mohamed V ya distinguió entre «independencia» y «unidad». La firma de estos dos acuerdos daba a Marruecos la «independencia», pero la «unidad» era harina de otro costal; no existiría mientras «todos los marroquíes no formaran parte del mismo territorio». Con esto, Mohamed V se alineaba con las tesis de Allal el–Fassi sobre el «Gran Marruecos» que, a partir de ese momento, devino obsesión del Estado marroquí. Cuando aludía a la «unidad», estaba diciendo «reivindicación» ante España. La ideología del partido nacionalista Istiqlal se había convertido en política de Estado.

No es raro que en el período posterior a la independencia, el Istiqlal fuera el partido mayoritario en los primeros gobiernos y extremara sus reivindicaciones sobre Ifni, Sáhara, Ceuta, Melilla. El Istiqlal logró que el Comité del Magreb Árabe, se identificara con estas reivindicaciones y las apoyara políticamente. Este éxito reforzó en sus convicciones al Istiqlal que fue capaz de estimular la formación de unidades irregulares del llamado «Ejército de Liberación Nacional». Estas unidades terroristas penetraron en el territorio de Ifni en 1958, tendiendo emboscadas a soldados españoles y causando numerosas bajas. La intención de estas bandas consistía en «conquistar» Ifni, partiendo de Tarfaya y, posteriormente, penetrar en el Sáhara y Mauritania. Un plan enloquecido que fue liquidado por el ejército español.

La «Doctrina del Salchichón» en versión marroquí

Marruecos reivindicó, en la Asamblea General de NNUU (14.10.57) el que, junto a Mauritania, «el Sáhara español y el enclave de Ifni, eran partes integrantes del territorio marroquí». Marruecos practicaba en aquellos momentos la «teoría del salchichón», según la cual, dado que era imposible que absorbiera todos los territorios que reivindicaba a España, era cuestión de hacerse con ellos, uno por uno, progresiva e inexorablemente. En aquellos momentos, la «rodaja del salchichón» que Marruecos consideraba que podía apropiarse con más facilidad, era Ifni. El gobierno español reaccionó pronto, indicando a NNUU que Ifni era una «provincia española»; Marruecos reaccionó expresando «sus más expresas reservas» y considerando que Ifni era «parte integrante del territorio nacional». El Tratado de Fez (12.10.69) culminó, finalmente, la entrega de Ifni sin dificultades.

Pero, en 1960, cuando el gobierno español transmitía a NNUU información sobre sus «provincias Africanas», iniciaba el proceso que pocos años después concluiría con la «retrocesión» de Ifni, la independencia de Guinea Ecuatorial y lo que debía haber sido el referéndum para el futuro del Sáhara Occidental. Marruecos volvió entonces a reivindicar Ceuta y Melilla. Ifni y el Sáhara español fueron incluidos en la lista de «territorios no autónomos» en la Resolución 1542 de la Asamblea General de NNUU (15.12.60). En aquella ocasión, Marruecos no pidió que se incluyeran ni Ceuta ni Melilla en esa categoría. No era, todavía, hora de incluir esas dos «rodajas», había otras que caerían antes. De hecho, probablemente, sólo un tragasables, o acaso la protagonista del film «Garganta Profunda», serían capaz de comerse un salchichón entero; para ingerirlo hace falta cortarlo en rodajas. La de Ceuta y Melilla, iba detrás de la de Ifni y el Sáhara.

En 1961, Hassán II sustituye a Mohamed V y, poco después, se elabora una nueva constitución que menciona expresamente la indivisibilidad del país y repite sus ataques contra los «colonialistas españoles» en la Conferencia de Belgrado de los No–Alineados, con referencias explícitas a Ceuta y Melilla. Poco antes, NNUU había rechazado las aspiraciones de Marruecos sobre Mauritania (una de las zonas comprendidas en la ficción geopolítica del «Gran Marruecos») que se preparaba para asumir su independencia al año siguientes. En ese momento, Hassán II, estaba estimulando también las reivindicaciones sobre Tinduf y Bechar, englobadas por Francia en Argelia, que en esos momentos se preparaba para asumir su independencia. Como en Ifni unos años antes, bandas irregulares marroquíes se infiltraron en el territorio argelino, siendo rechazadas por unidades del I Regimiento de Paracaidistas francés. Fue la «Guerra de las Arenas». Con estos precedentes, parece claro que Marruecos mencionaba en NNUU, la cuestión de Ceuta y Melilla de manera simbólica, pero se estaba centrando en los objetivos más prioritarios y viables en aquel momento.

En la década de los 60, España responde a cada mención sobre Ceuta y Melilla con una declaración de españolidad. En 1962, Mohamed VI amplía las aguas territoriales de 6 a 12 millas. Tal iniciativa era lesiva para los intereses pesqueros españoles. Se sucedieron detenciones y ametrallamientos de pesqueros españoles, hasta que, finalmente, buques de guerra españoles hicieron acto de presencia en la zona. Los contactos bilaterales protagonizados por el Ministro de Exteriores, Fernando María Castiella y el Vicepresidente del Gobierno, Agustín Muñoz Grandes (ambos voluntarios de la División Azul), atenuaron la tensión. Marruecos reconoció que «en ese momento» sus reivindicaciones se centraban sobre el Sáhara (ya que la retrocesión de Ifni se había pactado). A partir de entonces, las relaciones entre ambos países se normalizan y puede hablarse de un período de verdadera placidez diplomática que permite hablar con propiedad de «nuestra tradición amistad con Marruecos».

Pero se trata, en realidad, de una ficción. En realidad, lo que ha ocurrido es que a mediados de los años 60, Marruecos vive una situación particularmente inestable. El Istiqlal es marginado del poder y se forja una alianza entre el majzén y las fuerzas armadas. Éstas, por lo demás, están dirigidas en buena medida por oficiales que han participado en la Guerra Civil española al lado de Franco y que, incluso, mantienen buenas relaciones con el que fuera su jefe en la batalla (entre otros, Kassin Ben Mizian). Las obsesiones reivindicativas de Allal el–Fassi desaparecen de escena. Hassán tiene lo que quiere: Ifni. Ahora debe afrontar la inestabilidad interior y la crisis económica que amenazan desbordarlo.

Los únicos que no han olvidado las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla son los militantes del Istiqlal, que en su Congreso de 1967 volvieron a proclamar la «recuperación» de Ceuta y Melilla como tarea prioritaria. Pero, oficialmente, Hassán II no vuelve a plantear la cuestión hasta el inicio de la crisis que terminará con el Pacto Tripartito de Madrid que selló la suerte del Sáhara a finales de 1975. Este silencio se debía a que la siguiente rodaja del salchichón, la que Marruecos consideraba prioritaria en ese momento, era el Sáhara Occidental. Cualquier otra consideración, esto es, cualquier otra rodaja, pasaba a un plano secundario.

Aquel viejo zorro que era Hassán II entendió perfectamente que Franco era un hueso duro de roer y el tándem que formaba con Carrero Blanco era imposible de doblegar. Asesinado este último y agonizante el primero, con la suerte del Sáhara echada tras la Marcha Verde, era el momento de internacionalizar el problema de Ceuta y Melilla. Para ello reivindicó ante NNUU la cuestión de las dos Plazas de Soberanía y buscó el apoyo de otras instancias internacionales.

A principios de 1975, el Istiqlal y los socialistas marroquíes, en sus respectivos congresos, aceptaban implícitamente esta política. España, en esa época, seguía manteniendo una postura de fuerza, así que cuando Hassán II volvió a poner sobre el tapete las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, la escuadra española se trasladó a África del Norte y se desplazaron contingentes militares a las dos Plazas de Soberanía. Hassán II se revolvió: «El gobierno español no ha encontrado otra respuesta que el recurso a la amenaza y a la intimidación». Pero, además, la petición de que NNUU considerase a Ceuta y Melilla como «territorios coloniales» se saldó con el silencio. Este frente estaba cerrado. Así que Hassán II buscó apoyos en otras instancias internacionales, la Organización para la Unidad Africana, en primer lugar.

En la reunión del Comité de Coordinación para la Liberación de África, dependiente de la OUA, celebrada en Dar Es– Salam el 15 de febrero de 1975, Ahmed Laraki, entonces ministro de exteriores marroquí, afirmó: «La situación colonial de Ceuta, Melilla, los peñones de Alhucemas, la Gomera y las Chafarinas (…) constituyen un peligro permanente para la seguridad de África». El 21 de febrero, la OUA, aprobó las reivindicaciones de Marruecos. La segunda etapa de la ofensiva marroquí se centró Liga de Estados Árabes, en donde también encontró sostén, obteniendo su apoyo en una resolución de 26 de abril de 1975 cuyos términos son similares a la anterior. El Consejo Islámico de Ministros de Asuntos Exteriores fue mucho más contundente en su resolución, pintando una situación de represión en las dos ciudades que era pura ficción. En agosto de 1975, cuando ya se había desencadenado la campaña internacional de protestas contra los juicios contra ETA y el FRAP en los que se pedían ocho penas de muerte, los Países No Alineados exigían a España que negociara la «retrocesión» de las plazas. Pero NNUU seguía muda.

La nueva etapa de la crisis se produjo en julio de 1975. El gobierno marroquí decretó unilateralmente la extensión de sus aguas territoriales. Esta delimitación se realizaba en función de líneas de base rectas que encerraban a los territorios españoles, amputándoles todos los espacios marítimos, como si ya estuvieran incorporados a Marruecos. Era la siguiente rodaja del salchichón. Ya que no se podía, en ese momento, aspirar a todo, Hassán II, se contentaba con llegar a lo máximo posible, incorporando las aguas y pensando que los territorios caerían más tarde.

Hassán II no pudo aprovechar sus relativos éxitos en las en las instancias internacionales (3 a 1, aunque ese 1 fuera NNUU, con mucho más peso específico que los otros 3) cuando, tras ocupar el Sáhara se inició un conflicto armado que duró hasta 1991. Tras la defección de Mauritania, la posición de Marruecos se volvió extremadamente delicada. No podía aspirar a incorporar territorios nuevos, mientras fuera evidente que la población saharaui rechazaba la anexión arma en mano.

Debilidad: la peor política

En noviembre de 1981 el Primer Ministro de Marruecos, Maati Buabid, volvió a la carga: «La unidad territorial de Marruecos no puede ser total ni íntegra sin la recuperación de Ceuta, Melilla y las islas mediterráneas». Al subir los socialistas al poder (1983), la diplomacia marroquí sondeó al ministro Morán sobre la posición española. En esta ocasión, Marruecos volvió a la vieja táctica de internacionalizar el conflicto para conseguir un mayor efecto de presión (en la Conferencia Islámica y en la Unión Parlamentaria Árabe, de nuevo en la OUA). Morán permaneció firme, dando a entender que la posición del socialismo español no había cambiado en relación a anteriores gobiernos. Fue entonces cuando Hassán II recurrió a la Comunidad Económica Europea y a su aliado francés. España, en ese momento (1985), estaba negociando su protocolo de adhesión en la CEE y había logrado introducir referencias a Ceuta y Melilla como territorios españoles. El 14 de abril de 1988 la Representación de Marruecos ante la CEE protestó por esta inclusión y, un mes después, cuando firmó el Protocolo al Acuerdo de Cooperación, Hassán II manifestó que «nada en los compromisos suscritos por el Reino de Marruecos en dichos acuerdos puede entrañar consecuencias jurídicas sobre la posición del Reino de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla». Marruecos, en esos momentos, había logrado contener al Frente POLISARIO mediante varios «muros defensivos», así que tomaba el cuchillo para cortar la siguiente rodaja del salchichón.

El gobierno de Felipe González, a todo esto, hacía confesión de españolidad de Ceuta y Melilla cuando se debatían los proyectos de Estatutos de Autonomía de estas dos ciudades. En el proyecto de Estatuto de la primera ciudad se mencionaba expresamente el «islote de Perejil» y el «Peñón de Vélez de la Gomera» como integrantes de su territorio municipal. Marruecos protestó y, finalmente, ambas referencias se suprimieron. Era una muestra de debilidad. Hassán II, al menos, así lo entendió. Para colmo, el proceso que llevó a los estatutos de Ceuta y Melilla se había retrasado durante cinco años, con la inconfesada intención de evitar tensiones con Marruecos. Esta dilación delataba la debilidad española.

En 1985, la Ley 7/1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, como era de prever, suscitó problemas en Ceuta y Melilla. Un número extraordinariamente alto de radicados en estas ciudades, de origen marroquí, carecían de la documentación suficiente para residir con plenitud de derechos en estas dos ciudades. En noviembre de 1985 se produjeron incidentes que fueron presentados en Marruecos como el inicio de la insurrección de las comunidades musulmanas. La cosa no llegó muy lejos y pronto la agitación remitió dando paso a un acuerdo entre la comunidad musulmana y el gobierno español que triplicó el número de nacionalizados españoles de religión islámica y procedencia marroquí. A nadie se le escapaba –sólo al gobierno del PSOE– que se trataba de un error y, más en concreto, de una muestra de debilidad. Aumentar la presencia de una comunidad objetivamente dispuesta a sostener las posiciones de Marruecos, había constituido la siguiente rodaja del salchichón cortada, en esta ocasión, con la ayuda del gobierno de Felipe González. En ese momento, Hassán II decidió dar un nuevo paso al frente, proponiendo la creación de una «célula de reflexión». Para ello utilizó un lenguaje deliberadamente conciliador. Hassán II, mucho antes que Zapatero, había inventado el recurso al «talante» para «proponer soluciones dentro del marco de los derechos imprescriptibles de Marruecos y de los intereses vitales de España». El gobierno español se negó: había percibido, finalmente, que la ambigüedad y la debilidad no eran los mejores argumentos ante Hassán II.

Esta dificultad hizo que Hassán II variara su estrategia. Para colmo se le venía encima una crisis económica sin precedentes y la población juvenil prefería emprender el camino de la inmigración antes que permanecer en una patria que no ofrecía perspectivas. El mundo islámico, por lo demás, también estaba en permanente mutación a partir del ascenso de Jomeini al poder en Irán. Hassán II, para preservarse del potencial desestabilizador de todos estos elementos, intentó un alineamiento con los países occidentales y abordó el inicio de su idilio con los EEUU que su hijo ha concluido con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de 2004.

En 1990, cuando EEUU llamó al orden a Irak tras la ocupación de Kuwait, Marruecos participó en la coalición internacional. Logró, a través de la influencia francesa, un acuerdo de asociación con la CEE mediante la cual fue recibiendo jugosas ayudas para programas de cooperación. Incluso con España, Rabat estuvo en condiciones de trenzar acuerdos de amistad y cooperación. En 1985 adquiría material de guerra en nuestro país (error: no hay nada peor que contribuir a rearmar al adversario geopolítico). Oficialmente, ambos países vivían un nuevo idilio presidido por un ambiente de armonía y comprensión recíproca. Era, por supuesto, una ficción. Los problemas se multiplicaban y acumulaban: las exportaciones de hachís a Europa empezaban a ser masivas, los productos hortofrutícolas marroquíes suponían una competencia desleal para los productos españoles y, además, entraban en los mercados europeos pasando por España, la inmigración marroquí estaba invadiendo Europa y, más en concreto, Francia y Bélgica. Marruecos creaba problemas y Europa (particularmente España) financiaba a Marruecos. Error: no financies jamás a quien te crea problemas o te creará más problemas todavía.

En 1988 España concedió un crédito multimillonario a Marruecos. En 1989 se firmaron acuerdos de protección de inversiones y cooperación militar. Poco después se sabía de un faraónico proyecto de unir España y Marruecos mediante un puente o un túnel submarino. Se institucionalizaron las conferencias bilaterales, de rango similar al que España celebraba con países europeos. Finalmente, el 4 de julio de 1991 se firma un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, ratificado en 1993. A este acuerdo siguió otro firmado en 1993 para el desarrollo del Norte de África y, en 1996, otro más para cambiar deuda externa por participaciones empresariales; y, finalmente el acuerdo para combatir el cultivo de cannabis… El área de cultivo del cannabis es ahora un 250% mayor al del momento en que se firmó el acuerdo. Error: no firmes tratados con alguien que, día a día, evidencia no ser un buen vecino. Hoy, por el canal que llegaba el hachís a España, llega también la cocaína colombiana.

En 1994, Marruecos volvió a la carga en su parlamento reivindicando la devolución de los «enclaves coloniales» y todo el asunto de la «célula de reflexión». El primer ministro Abdelatif Filali, volvió a insistir en la «recuperación de las dos ciudades usurpadas, Ceuta y Melilla, y las islas vecinas» y, ante NNUU, aludió a «las últimas colonias en África». Ayuda, cooperación, a cambio de reivindicaciones e insultos. Error: no ayudes a quien te insulta; no ayudes a quien codicia lo tuyo.

A finales de 2001 se producen los primeros síntomas del desencuentro hispano–marroquí. En esa época, Marruecos retira a su embajador. Mohamed VI, radicaliza el tono de las habituales reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. El 11 de julio de 2002 se llega al momento de máxima tensión con la ocupación de Perejil con la cínica e intolerable burla de justificarla por la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». Ya hemos hablado en el Capítulo I sobre esta cuestión. Lo que nos interesa recalcar ahora es que tras el acuerdo negociado por Colin Powell, el 2 de febrero de 2003, retornaron los Embajadores a Rabat y Madrid.

¿Puede dudarse de la españolidad de Ceuta y Melilla?

La cuestión de Ceuta, Melilla y las llamadas Islas Adyacentes, es la que contiene mayores amenazas para las relaciones entre España y Marruecos. Nadie, o solamente unos irresponsables sin los más mínimos conocimientos históricos y geopolíticos, dudan de la españolidad de estas dos Plazas de Soberanía. Al revés, en Marruecos sería difícil encontrar a alguien que no aspire a ver algún día la bandera marroquí ondeando en ambas ciudades.

Quien reduzca el problema de Ceuta y Melilla a un mero conflicto «colonial» se equivoca. Ambas ciudades están enclastradas en África y tienen una relación de contigüidad con Marruecos, pero deducir de esto que España debería «retornarlas» es demasiado aventurado. Y, más que aventurado, irresponsable. Hay algo de mucho más calado para España: problemas de seguridad nacional, problemas geopolíticos, problemas económicos y, finalmente, la cuestión de la soberanía nacional. A lo que se unen razonas históricas que hacen de Ceuta y Melilla, ciudades tan españolas como Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona o Cádiz. La carga emocional que acompaña al problema de Ceuta y Melilla no debe dejar de ver los problemas de fondo que son, en realidad, los que cuentan. Además del territorio de ambas ciudades y de las Islas Adyacentes, lo que está en juego, como ya hemos visto, es la extensión de las aguas territoriales que las circundan.

A través de Ceuta y Melilla entran en Marruecos mercancías necesarias para su subsistencia y, al revés, penetran en España miles de inmigrantes ilegales cada año. Ambas ciudades son un semillero de fundamentalismo islámico y por allí pasan las mafias de la droga que inundan España con su hachís y, desde hace poco tiempo, con la cocaína colombiana para la que Galicia ha dejado de ser una entrada segura. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre estos territorios a los que considera meras colonias, pero, en realidad, no existe ningún movimiento de importancia mínima que reivindique la integración en Marruecos; todo lo contrario: la mayoría de la población se siente española y no aceptaría una cesión de soberanía. Ceuta y Melilla forman parte de un pujante Estado europeo, moderno, democrático y en el que las libertades no tienen restricciones, mientras Marruecos ocurre, justo, lo contrario.

Quienes mantienen la posición contraria, argumentan que estas Plazas de Soberanía tienden a crear tensiones recurrentes con Marruecos; no perciben su importancia geopolítica, e incluso, la niegan. Pero, entre otros argumentos, dan uno que sí tiene cierta lógica: la población islámica de estas ciudades, tiende a crecer, mientras que la población no islámica está en recesión. Hay que añadir, de todas formas, que esta modificación demográfica es producto de la frivolidad y ligereza con que las autoridades españolas del período felipista, realizaron regularizaciones masivas de ciudadanos llegados de Marruecos.

¿Gibraltar por Ceuta–Melilla?, el mito ideado por Hassán II

Otro argumento recurrente es que el «hecho colonial» de Ceuta Melilla resta fuerza a España para negociar la devolución de Gibraltar. Hasta cierto punto, este argumento supone mezclar churras con merinas. Gibraltar es una colonia conquistada por la fuerza en el siglo XVIII. Ceuta y Melilla son ciudades levantadas por españoles en un momento en el que no existía el «Reino de Marruecos».

Pero hasta cierto punto, quienes sostienen este argumento tienen razón, aunque no sean conscientes de por qué. Inglaterra mantiene su presencia en Gibraltar para estar presente en la estratégica zona del Estrecho. Los ingleses se niegan a que las llaves del Estrecho estén en manos de un único país, al que, por otra parte, han estado tradicionalmente enfrentados desde Enrique VIII.

Mientras Ceuta, Melilla y las Islas Adyacentes estén en manos de España controlando Gibraltar y el Mar de Alborán, apoyados en la orilla norte de la Península, España sigue ocupando un papel estratégico de primer orden teniendo las llaves del Estrecho. Pero si, por una cesión frívola y ligera, España renunciase a ejercer este papel entregando las Plazas de Soberanía a Marruecos, vería mermada su importancia geopolítica y, lo que es peor, el franco sur de la defensa europea quedaría extremadamente debilitado.

Los primeros interesados en cambalachear la entrega de Gibraltar con la de Ceuta y Melilla, los ingleses, son precisamente los cabezas del pelotón euroescéptico, con el corazón y la lengua en el mundo anglosajón y presos de políticas nacionalistas e imperiales hoy fuera de lugar. Por otra parte, no hay que perder de vista que el paralelismo entre Gibraltar y Ceuta–Melilla fue un mito creado a mediados de los años 60 por la diplomacia marroquí.

Estamos hablando de «defensa nacional»; ningún país puede renunciar a su defensa confundiendo los sueños de algunos dirigentes con la realidad. Las Plazas de Soberanía no son un «hecho colonial», ni mucho menos un «arcaísmo en el siglo XX», son puntales estratégicos de la defensa, mucho más importantes desde el momento en que en el Sur, se encuentra un país inestable, con un gobierno autoritario y con alto nivel de corrupción, impensable en un país europeo, que, para colmo, ni respeta los derechos humanos, ni existe garantía alguna de que, finalmente, no termine cayendo víctima de su propia iniquidad. Decir Magreb es decir inestabilidad. En política internacional, cuando un país es inestable, es preciso pensar que evolucionará de la peor manera posible: sólo así es posible asegurar la propia defensa y prever riesgos. No hay lugar para el optimismo. Y, a lo largo de estas páginas, estamos viendo como la evolución del régimen marroquí, supone un aumento de las contradicciones con nuestro país (y, por extensión, la Unión Europea).

Lo primero a defender: los intereses de nuestros conciudadanos

No puede hablarse de Ceuta y Melilla, sin referirse a sus habitantes. En su inmensa mayoría, se sienten españoles y pretenden seguir siéndolo, incluso los de origen bereber y religión islámica. No es de extrañar. Ningún gobierno español, bajo la excusa de mejorar su imagen en el exterior, o a causa de una incalificable despreocupación hacia dos ciudades que generan pocos beneficios para las arcas del Estado, puede plantearse el abandono a su suerte de sus poblaciones. Es innegable que el gobierno Zapatero, absolutamente inmaduro en cuestiones internacionales, predicador alucinado de un imposible diálogo de civilizaciones y, frecuentemente, en la inopia, renuncia a la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla. Ese es el riesgo: la incompetencia, la pusilanimidad, el cálculo erróneo y la ligereza con la que el gobierno socialista aborda cualquier materia en cuestión internacional. Incluidas las relaciones con Marruecos.

La despreocupación del gobierno por la situación de estas dos ciudades es evidente. Hasta la crisis de las vallas de agosto de 2005, el gobierno de Zapatero ha evitado, por todos los medios, pronunciarse sobre esta cuestión. Siguiendo la tradición de los presidentes españoles y de la Casa Real, nadie relevante ha querido viajar a estas dos ciudades españolas y falta inversión. De hecho el GIL pudo alcanzar un papel momentáneamente preponderante a costa de prometer atraer inversión privada, ya que la pública se abstenía de cruzar el Estrecho para otra cosa que no fueran ayudas despilfarradoras a Marruecos o a ONGs de cualquier pelaje. Da la sensación de que el gobierno Zapatero –el presidente de la «renuncia preventiva»– da como cedidas estas dos ciudades y solamente espera el mejor momento para plantear su entrega.

Por otra parte, en esta materia es, justamente, donde se trata de hilar más fino. El abandonismo que se apropió de las autoridades españolas, en el inoportuno momento de la agonía de Franco, se tradujo en la entrega del Sáhara a Marruecos y, finalmente, en la apertura de un conflicto que se prolonga ya por espacio de treinta años y que, en su momento, tuvo una fase de guerra abierta. Es imposible olvidar que el Sáhara fue considerado «provincia española» y que, al día siguiente, sus habitantes, hasta ese momento españoles, fueron, literalmente, entregados a Marruecos. No es una muestra de sentimentalismo recordar que los Saharauis son los únicos miembros del mundo islámico que hablan en castellano y que el último reducto en el que sigue utilizándose la peseta es, precisamente, en los campamentos de Tinduf. Por que, además de las consideraciones geopolíticas, además de todo lo relativo a la defensa nacional, es preciso no olvidar aquellos factores subjetivos que crean vínculos de responsabilidad y de comunidad entre las personas que pertenecen a la misma Nación (España, por cierto) y a los antiguos territorios que, en algún momento, ha gestionado. La historia común, la lengua, los rasgos culturales, crean unos vínculos que impiden a los gobiernos actuar con ligereza. Es preciso no olvidarlo en estos tiempos en los que la frivolidad está instalada en el poder, con todos los riesgos que ello implica. Por que hubo un tiempo en el que el Sáhara Occidental fue una provincia española. Eso compromete a algo. Especialmente a velar por los derechos de los saharauis cuando peligran. Y hoy, más que nunca, peligran.

Por otra parte, no hay que olvidar que los argumentos jurídicos, aceptados en el derecho internacional, que España esgrime como títulos para considerar Ceuta y Melilla como territorio nacional, no adolecen de falta de base jurídica, sino todo lo contrario. Estas dos ciudades no son colonias, ni se parecen en nada a lo que se entiende como una colonia: sus habitantes son ciudadanos españoles de pleno derecho y están perfectamente integrados en la economía y en la sociedad española. No existe discriminación de ningún tipo. A decir verdad, lo único que podría llamarse discriminación son las vacilaciones que los gobiernos españoles muestran a la hora de decir bien alto en los foros internacionales que se trata de dos ciudades españolas. Si ni el Rey ni ningún presidente de gobierno, han viajado a estas dos zonas, si Marruecos se opone a que los representantes ceutíes y melillenses asistan a las cumbres bilaterales, como sería justo y como se realiza en las prácticas diplomáticas con otros países (Francia, por ejemplo, que no pone reparo alguno en que representantes de las comunidades autónomas fronterizas acudan a las cumbres bilaterales), eso quiere decir que España renuncia a ejercer los derechos de titularidad sobre estos territorios. Error: allí, en aquellos territorios nacionales codiciados por otros, es donde hay que estar más presentes que en cualquier otro punto del territorio nacional.

Los argumentos marroquíes

Los argumentos jurídicos de Marruecos son débiles. Se basan sólo en la contigüidad geográfica y en lo que ellos consideran que es una «colonia». Sabemos que lo segundo es falso y, en cuanto a lo primero, resulta extremadamente discutible. De hecho, todas las fronteras de Marruecos son absolutamente ficticias. Apenas unas alambradas que rompen espacios de contigüidad.

Ciertamente, la población desea seguir siendo española, como la de Gibraltar desea seguir siendo inglesa. Si, pero hay un elemento que se olvida con mucha frecuencia: la pujanza de la colonia de Gibraltar (colonia en tanto que fue conquistada militarmente en fecha relativamente reciente) procede en gran medida a actividades ilícitas, condenadas en el derecho internacional; no ocurre así en Ceuta y Melilla. Y hay otra diferencia entre ambas situaciones: mientras el gobierno inglés es perfectamente consciente de la cloaca moral que se alberga en la colonia de Gibraltar, pero apoya económica y políticamente a la población gibraltareña, el gobierno español parece querer olvidar a los habitantes de estas dos ciudades que, en su inmensa mayoría viven de actividades comerciales absolutamente irreprochables, lo cual no es óbice para que las ayudas económicas estén congeladas y el gobierno Zapatero aparezca como completamente disociado del destino de nuestros compatriotas ceutíes y melillenses.

Es importante no olvidar que los argumentos marroquíes apenas han encontrado eco en el interior de las dos Plazas de Soberanía. Tampoco en los organismos internacionales, Rabat ha conseguido utilizarlos como caja de resonancia para sus aspiraciones. Hassán II, hábil estratega, lanzó sobre el tapete la idea de formar una «célula de reflexión» sobre este tema. Tras esta propuesta de «talante negociador», lo que se escondía era el intento de demostrar que existía un contencioso o algo que discutir. No hay contencioso, por que España no puede poner en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla, por tanto, cualquier forma de conflicto que pueda aparecer se debe sólo a la reivindicación omnívora que Marruecos realiza sobre territorios situados en TODAS las fronteras que le rodean.

Los argumentos de Marruecos, en realidad, denotan falta de argumentos. Pero hay un argumento contundente que ha eclipsado a cualquier otro: la utilización del terrorismo como arma política.

Capítulo V Canarias: ocupación con cuentagotas

Las Islas Canarias sufren un doble problema, de un lado el aumento alarmante de la población, especialmente inmigrante y de otro la proximidad a Marruecos y a las costas del Sáhara Occidental. Canarias es el camino por el que optan las pateras, en los períodos en los que aumenta el control sobre el Estrecho de Gibraltar. Además, Canarias, verosímilmente, está siendo colonizado por parte de contingentes de la inmigración marroquí. La alteración demográfica que está sufriendo Canarias en los últimos años corre el riesgo de pulverizar el turismo del que ha vivido el archipiélago en las últimas décadas.

La detención en Lanzarote, de radicales islamistas, entre ellos el presunto máximo responsable de Al Qaeda para Europa e implicado en los atentados del 11–M, generó alarma en las islas. Se temía que la comisión de un atentado islamista en el Archipiélago redundaría en una crisis del turismo, principal fuente de ingresos. La mayoría de los detenidos era inmigrantes marroquíes.

La inmigración fue llamada la «enfermedad del siglo XXI» por el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín. En los cinco primeros días de septiembre de 2005, habían intentado alcanzar las costas del Archipiélago más de doscientos inmigrantes, la mayoría subsaharianos. Incluso el Frente POLISARIO denunció que el goteo constante de ilegales, era espoleado por Marruecos como «chantaje» ante España y la Unión Europea. Por su parte, Paulino Rivero, presidente de Coalición Canaria destacó que la cooperación por parte de Marruecos no se corresponde justamente con la que le está brindando España, e instó al ministro a que se desarrollen los planes integrales de seguridad de fronteras a los que se comprometió el Gobierno ante este Parlamento «hace ya un año», máxime dada la «alarma social que se empieza a generarse».

Canarias, europea de cultura, geográficamente próxima a las costas de África, no puede evitar que la crisis dramática que vive África desde la independencia, repercuta en su territorio. Los países africanos registran la tasa de natalidad más elevada del mundo. África tenía 221 millones de habitantes en 1950, 800 millones en 2002 y, según los cálculos, tendrá 1.300 millones en 2025. En toda África se produce una regresión económica y social, con retrocesos continuos del Producto Nacional Bruto y de la renta por habitante. El 46,3 % de la población africana vive con menos de un dólar al día. África forma parte de las regiones más amenazadas por el descenso de las cantidades de agua disponible por habitante. El continente africano sufre un verdadero problema de agua, tanto en términos de calidad como de accesibilidad, lo que provoca el éxodo rural hacia las ciudades donde el desempleo es muy alto… lo que obliga a la inmigración. Entre 1969 y 1990, el África subsahariana, ha sufrido 17 guerras que figuran entre los mayores dramas del siglo XX. Pandemias, hambrunas, desgobierno, guerras civiles, corrupción, completan el esquema del drama africano. No es raro que los africanos miren al Norte.

El paso del Estrecho de Gibraltar y las costas de Lanzarote y Fuerteventura son vasos comunicantes. Cuando el gobierno refuerza la vigilancia en el Estrecho (con posterioridad al 11– M, por ejemplo), la inmigración masiva se orienta hacia Canarias. Durante los tiempos del PP, la tesis oficial de éste partido era que «la inmigración legal es una oportunidad para crear empleo». Pero el problema es que en Canarias las tasas de desempleo para los autóctonos son exasperantes y la realidad desdice las buenas intenciones del gobierno: el aumento de la inmigración no disminuye el paro entre los canarios; lo aumenta; además, naturalmente, de que el valor de la fuerza del trabajo (el salario), disminuye al aumentar la oferta (a causa de la inmigración). El problema en Canarias es mayor debido al retorno masivo de miles de inmigrantes de las islas que en décadas anteriores se desplazaron a Venezuela y que, a partir de 2003, han ido regresando paulatinamente, alejándose del chavismo. Se cree que están en esa situación entre 20 y 30.000 canarios que, una vez retornados a su tierra natal, contribuirán a agravar el problema demográfico. La limitación de la residencia en Canarias es vital: a pesar de la generosidad y de la hospitalidad propia del Archipiélago, las islas no son un lugar que pueda albergar nueva población sin límites de ningún tipo.

Quinientos mil canarios se encuentran situados ante el umbral de la pobreza y otros trescientos mil van trampeando el día a día, con dificultades. La tasa de paro cuesta a esta Comunidad 50.000 millones de pesetas en concepto cobertura para mantenimiento del desempleo a más de cien mil canarios. En Fuerteventura y Lanzarote los empleos los ocupan foráneos en proporciones superiores al 60 por ciento. No es como para sentirse orgulloso.

El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumentó, en agosto del 2005, en 43.724 personas en toda la Península, con lo que el número total de inmigrantes registrados se situó al final de ese mes en 1.633.911 y de esta cifra, sólo 1.345.318 altas corresponden a trabajadores no pertenecientes a la UE. Pero, es significativo que esta cifra es apenas la tercera parte de los inmigrantes residentes en España en esos mismos momentos. Por autonomías, Cataluña se situó a la cabeza con un total de 370.336 afiliados (el 22,67 por ciento del total), seguida por Madrid, con 349.539 (el 21,39 por ciento), la Comunidad Valenciana, con 193.559 (el 11,85%) y Andalucía, con 175.652 (el 10,75%). Por debajo de los 100.000 afiliados, se situaron Canarias, con 86.756 (el 5,31 por ciento), seguida por Murcia, con 83.826 (5,13%); Baleares, 80.397 (4,92%); Castilla la Mancha, 57.494 (3,52%); Aragón, 52.181 (3,19%); Castilla–León, 43.863 (2,68%); País Vasco, 35.455 (2,17%); Galicia, 27.601 (1,69%); Navarra, 26.374 (1,61%); La Rioja, 15.176 (0,93%). Le siguen Asturias, con 11.318 (0,69%); Cantabria, con 10.286 (0,63%); Extremadura, 9.321 (0,57%); Melilla, 3.120 (0,19%) y Ceuta, 1.657 (0,1%).

Marruecos con 225.388 inmigrantes dados de alta en la Seguridad Social es el segundo grupo nacional representado, después de Ecuador. Se calcula que el número total de marroquíes residentes en España se sitúa en torno a los 800.000 inmigrados.

En 2003, los trabajadores extranjeros acaparaban el 8,88% del conjunto de la oferta de trabajo de Canarias, casi cuatro puntos superior a la media del Estado (el 5,36%). En Las Palmas el 24,4% de las altas corresponden a iberoamericanos; el 51%, africanos y el 7,1, asiáticos; y en Santa Cruz de Tenerife, los iberoamericanos suponen el 28,9%, los africanos el 19,4%. Alrededor del 32% de los extranjeros demandantes de trabajo en Canarias, más de 2.000 personas, aparecían como perceptores de prestaciones de desempleo.

En un informe de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, de diciembre de 2004, se indica que los diez países que más aportan a la población de las Islas son Alemania, Reino Unido, Italia, Marruecos, Colombia, Cuba, Venezuela, China, Argentina e India. En 2004, el aumento respecto al año anterior fue de 12.204 residentes extranjeros, un 10,77% más. Sin embargo, entre 1999 y 2004, la variación ha sido de 83,7%. Los residentes en Canarias que más han aumentado en este periodo son los procedentes de África (277,9%) y de América del Sur (227,3%). Los residentes procedentes de África experimentaron un gran incremento en 2002 con una tasa de variación de 104%, según recoge el Anuario de la Cámara de Comercio. En 2003 y 2004 también se reflejan aumentos de un 19% y 8% respectivamente de tasa de variación; 2002 fue el año de despegue de los residentes procedentes de América del Sur con un 61% aunque, en este caso, se incrementa la intensidad del flujo en el 2003 hasta el 71% para bajar en el año 2004 al 14%. Durante los años 2002 y 2003 estos incrementos se compensaron parcialmente por los descensos en los residentes procedentes de Asia y América del Norte y Central. Hoy, el total de habitantes de Canarias se acerca a 1.900.000 habitantes.

Mientras, entre los años 1996 y 2004, el crecimiento de población más considerable se produjo en Fuerteventura con una variación en el citado periodo del 44,25%, aunque es la provincia occidental la que muestra un aumento de población ligeramente superior con un 15,07% frente a un 13,05% de Las Palmas.

La Encuesta de Población Activa de Canarias de septiembre de 2005, registraba un incremento del número de parados en 21.000 personas, mientras que el Instituto Nacional de Estadística informaba de que en 2004 el crecimiento de la población en Canarias durante el año 2004 fue de 46.653 personas. Aumenta el paro y, paradójicamente, se dobla el flujo de población. En 2003, el aumento de población fue de unas sesenta mil personas. Hoy Canarias sufre un 12,79% de paro, 2,59 puntos por encima de la tasa de paro media española. Lo absolutamente desproporcionado es que en 1940, Canarias tenía 690.000 habitantes y en estos momentos tiene 1.962.193; es decir, que en apenas sesenta años ha multiplicado casi por tres su número de habitantes. En algunas zonas de Canarias, la densidad de población llega casi a los 500 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media de densidad demográfica española no sobrepasa los 75 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre 1978 y 2003, el crecimiento demográfico fue del 24%; el triple de la media española. La vida en Canarias va a ponerse muy difícil a corto plazo de seguir así las cifras de crecimiento demográfico. Canarias precisa una ley de residencia y un plan de inmigración o de lo contrario en pocos años, sus habitantes, autóctonos y foráneos, literalmente, no cabrán en las islas, con todos los riesgos que ello implica.

En la última regularización masiva –la Zapatero–Caldera– Rumi, sin duda, la regularización más masiva, caótica y con manga ancha, que se haya dado en Europa en la última década– regularizó a 22.000 inmigrantes nuevos en canarias. A pesar de los problemas que esta regularización masiva va a crear en los próximos años a la sociedad española, el ministro Caldera declaró «ha sido un éxito de todos los españoles» y que se trata del «mayor proceso de afloramiento de economía sumergida en Europa de los últimos 40 ó 50 años». Era una forma –errónea– de ver las cosas. Así mismo, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, destacó que «estamos en una línea de modernidad, España ya no es un castillo feudal». Poco después, 30.000 africanos intentando asaltar las vallas de Ceuta y Melilla (septiembre de 2005) y la revuelta de magrebíes y subsaharianos en Francia (noviembre de 2005), desmentían tan loables declaraciones de uno y otro personajes: España era una ciudadela sitiada y asaltada con técnicas medievales, mientras que magrebíes y subsaharianos evidenciaban su nula capacidad de integración en el «modelo francés» (el más generoso y abierto de toda Europa, tras el holandés que había quebrado en enero de 2005, con el asesinato de Theo van Gogh y las revueltas que siguieron).

En Canarias, la presencia de la inmigración se ha notado más que en cualquier otro lugar. No en vano, las islas están rodeadas de mar y el tránsito resulta más difícil que en la península. Esto ha provocado cambios en la población de Canarias. Los ciudadanos alemanes que se habían instalado en las islas desde los años 80, están abandonando aquel emplazamiento y desplazándose a zonas más «tranquilas». En abril de 2005, se supo que 1.300 alemanes establecidos en Canarias, se habían desplazado a otras comunidades autónomas, pasando de 12.726 a 11.416. Hay que decir, que la población alemana en Canarias, no es en absoluto conflictiva, sino que busca y da, «tranquilidad». Si se van de Canarias, es precisamente, por que la «tranquilidad» se va diluyendo, poco a poco. Por el contrario, en Tenerife, llegaron a lo largo de 2004, 4.479 personas procedentes de países iberoamericanos (especialmente venezolanos, colombianos y argentinos), pasando de 24.664 en 2003 a 29.143 un año después, lo que supuso un incremento relativo del 18%.

Oficialmente, el 10% de la población residente en Canarias es de origen extranjero: 185.781 personas sobre un total de 1.915.540 isleños, en 2004. Santa Cruz de Tenerife con 928.412 habitantes, tiene a 94.701 extranjeros, el 10,20% de la población y Las Palmas con un total de 987.128 personas, de las que 91.080 son foráneas, el 9,23%, están en ambos casos, por encima de la media nacional: en toda España están empadronados 3.034.326 ciudadanos de otras nacionalidades, lo que equivale a un 7% de la población total (43.197.684). Solamente, Alicante, oficialmente, con un 16% y Girona con un 12,44%, superan las cifras de Canarias. Al menos, oficialmente, aunque, en realidad, tras la regularización masiva de 2005, estas cifras se dispararon y el silencio del gobierno en torno a los porcentajes que se han dado con posterioridad, es elocuente. Por otra parte, se comete el error de considerar que el número de empadronados es la cifra más real de inmigración. En absoluto, se trata del «suelo» (no hay menos inmigrantes que los inscritos en el padrón), pero dista mucho de ser el «techo» (inmigrantes presentes en España que, por distintos motivos, no están dados de alta en el padrón)..

Canarias –como cualquier otra isla– tiene un límite para su crecimiento demográfico; no todo aquel que desea vivir en Canarias tiene el derecho a hacerlo. Eso, o, si se supera el límite de sostenibilidad de las islas, aparecerán –están apareciendo– patologías sociales y alteraciones ecológicas de todo tipo. La producción de residuos sólidos al año es de 600 kilos por habitante y año; las necesidades de agua potable ascienden a 90 metros cúbicos por habitante y año. Canarias, volcada al turismo, ha descuidado los cultivos autónomos. El resultado ha sido una dependencia absoluta de los alimentos llegados del exterior de las islas. Los 2.000 kilómetros cuadrados de las islas, están recorridos por 600.000 vehículos. El aumento de la población hace que cada año aparezcan nuevas necesidades que es preciso cubrir (alimentos, agua, electricidad, hospitales, policía, magistratura, servicios sociales, etc.). O se promulga una ley de residencia y se contiene a la inmigración masiva, o las Islas Afortunadas van a convertirse en un lugar absolutamente inhabitable.

En el momento de escribir estas líneas, el gobierno solamente ha sido capaz de parchear situaciones límite, pero ni siquiera ha intentado reconocer la naturaleza real del problema: que la debilidad del PSOE en materia de inmigración, evidenciada en la reforma de la Ley de Extranjería en 1999 y responsable del primer efecto llamada, unido a la regularización masiva de 2005, que ha revitalizado ese efecto, han terminado por descontrolar completamente el problema de la inmigración. Hoy, globalmente, la inmigración se percibe, cada vez más, como una carga, progresivamente insoportable, que como un beneficio para los países europeos.

Llama la atención que el gobierno ZP (y antes el de Aznar), diera como única solución al goteo constante de ilegales a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, simplemente, trasladando el problema a la península. En efecto, en noviembre de 2004, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, afirmó en el Congreso que mantendría la política de traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias a otras comunidades. En esa comparecencia, aseguró que una de sus prioridades sería la de impulsar los convenios de repatriación de los inmigrantes subsaharianos tanto con Marruecos como con el resto de los países de origen de los sin-papeles. «El Gobierno se propone impulsar decididamente la cooperación con Marruecos y a mejorar los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular, entre ellos el acuerdo de readmisión suscrito en 1992», resaltó Rumí. Ja. Quien decía esto, ignoraba la trayectoria que había tenido dicho acuerdo hispano–marroquí. En el próximo capítulo aludiremos a este tema.

Un año después, cuando se produjo la crisis de las vallas de Ceuta y Melilla, nada se había hecho, más allá de las buenas palabras y las protocolarias declaraciones. Salvo los inmigrantes iberoamericanos, el resto de inmigrantes magrebíes y subsaharianos, llegan a Canarias a través de Marruecos y de las mafias instaladas en el territorio del Sáhara Occidental. Gracias a varios factores, entre ellos, la actitud de Marruecos, la inmigración se ha transformado en un problema endémico para España y con una gravedad mucho mayor en Canarias.

Capítulo VI Con la inmigración fuera de control

Para los sociólogos, los «bidonvilles» (barrios de chabolas) que rodean a las grandes ciudades marroquíes, han superado el llamado «umbral de sostenibilidad social», es decir, el límite de deterioro de las condiciones de vida que un grupo social está dispuesto a soportar sin rebelarse. Existen dos formas de rebelión: el islamismo y la inmigración. O ambas, tal como demuestran los reiterados casos de terroristas islámicos que actúan en Europa camuflados entre los contingentes de inmigrantes. Las políticas erráticas en materia de inmigración se han traducido en una llegada de casi cinco millones de inmigrantes en menos de una década. La inmigración y su integración – fracasada en toda Europa– se ha convertido en el primer problema social de nuestro país.

La inmigración está fuera de control en España. Entre la dejadez del PP mientras tuvo el poder y el aventurerismo torpe del PSOE, de la reforma de la Ley de Extranjería en 1999 hasta la regularización masiva de 2005, la inmigración se ha transformado en un problema que, cada vez más, genera alarma social. El episodio del asalto a las vallas de Ceuta y Melilla y la revuelta generalizada en Francia en noviembre de 2005, unido al goteo continuo de inmigrantes, especialmente procedentes del Magreb, han causado un profundo impacto en la opinión pública española.

Dos orillas del Mediterráneo, dos realidades

Las dos orillas del Mediterráneo viven realidades diferentes e, incluso, se podría decir, tiempos diferentes. El Norte industrial y el Sur subdesarrollado. El Norte democrático y el sur autocrático. El Norte económica y políticamente estable, el Sur, dominado por la inestabilidad. El Norte laico y de cultura cristiana y el Sur teniendo al islamismo como principal fuerza político–social. El Norte estancado demográficamente y el Sur viviendo un permanente baby–boom. Y todo esto separado por 12 kilómetros que median entre Tarifa y Gibraltar. Entre dos mundos tan diferentes como el Norte y el Sur del Mediterráneo, tan cerca geográficamente y tan lejos en todo lo demás, no pueden sino surgir contradicciones y conflictos.

España tiene seis veces mayor capacidad adquisitiva que Marruecos. La esperanza de vida a este lado del estrecho es diez años superior a la marroquí. No es raro que las mujeres marroquíes que viven próximas a Ceuta y Melilla prefieran cruzar la frontera para dar a luz en hospitales españoles; 25.000 recién nacidos mueren cada año en Marruecos y 1.500 mujeres perecen en el curso del parto. La tasa de mortalidad infantil, del 4 por mil en España, se dispara hasta el 40 por mil en Marruecos. El analfabetismo, residual en España, llega al 50% en Marruecos. La escolarización en nuestro país alcanza al 92% de los jóvenes, en Marruecos es apenas del 51%.

España está instalada en el Primer Mundo y en el siglo XXI, mientras Marruecos sigue en el Tercer Mundo, rigiéndose por principios medievales. La inmigración aparece como un fenómeno, lógico y masivo. Mucho más si es estimulado por las mafias próximas al majzén y consideradas como un instrumento de presión para obtener subvenciones de la UE o, simplemente, como arma política. El problema es que esta diferencia entre el Primer y el Tercer Mundo está presente también en el interior de la sociedad marroquí. Junto a los barrios más miserables de Casablanca, cruzando la calle, se entra en la opulencia y el lujo más insultante. Este contraste explica por qué Marruecos es un país con ingresos medios aceptables, pero la miseria se percibe fácilmente en las calles: en efecto, la renta está muy mal distribuida. Una minoría lo tiene todo, pero un 65% de la población vive en el umbral de la pobreza o sumergido en la miseria más absoluta y la clase media –el gran colchón atenuador de cualquier tensión–, en lugar de crecer, se proletariza.

Cuando se produce una sequía, los sociólogos, a la vista de las encuestas de población, calculan que un cuarto de millón de personas, emigran bruscamente del campo a la ciudad. El año 2005 ha sido el de la gran sequía, por tanto se augura que estas cifras se habrán superado en el momento de escribir estas líneas. Esto implica que, a partir del 2006, se acelerará el ciclo infernal que une emigración hacia las ciudades, aumento de los cinturones de miseria, y, finalmente, crecimiento de la frustración social que encuentra su desembocadura en la inmigración a Europa o en el islamismo.

El campo marroquí ha visto frenadas sus exportaciones desde que en 1986, la CEE se amplió dando entrada a productos agrícolas españoles. Desde entonces, la exportación de productos agrícolas españoles a Europa se ha multiplicado por cinco, mientras que los productos marroquíes venden lo mismo. El analfabetismo y la desestructuración propios de los ambientes de pobreza, generan otro fenómeno preocupante: la explosión demográfica. En Europa, la gran explosión demográfica de mediados del siglo XVIII, generó la industrialización y las revoluciones burguesas que fueron estallando por toda Europa a partir de 1789. Pero en Marruecos un fenómeno de este tipo no se ha producido todavía y, cuando lo haga, revestirá otras características, especialmente a la vista del crecimiento del islamismo político. El desprecio que las autoridades marroquíes experimentan por su propio pueblo (la lucha contra la pobreza solamente supone el 10% del presupuesto del Estado, cuando en los países limítrofes se duplica) hace que las islas de pobreza estén cada vez más extendidas (en realidad, cabría hablar de islotes de lujo rodeados de miseria) y que las políticas sociales de creación de infraestructuras, viviendas sociales, alfabetización, etc., no sean suficientes como para paliar el problema. La demografía supera las posibilidades que tiene el Estado de absorber el descontento, paliar la miseria y modernizar la sociedad.

Marruecos tiene también su modelo de descentralización, basado en los municipios. Algunas ciudades, en efecto, se han tomado un interés particular en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Pero este modelo entraña también problemas. Agadir, por ejemplo, donde los planes de viviendas sociales y de construcción de infraestructuras, son superiores a otras ciudades, se ha visto sumergida por el «efecto llamada» protagonizado por miles de marroquíes desarraigados que han abandonado el campo y otras ciudades para establecerse en una ciudad en la que parece que se vive mejor. Algunos ayuntamientos, prefieren renunciar a estas políticas sociales, ante el riesgo de generar un flujo de emigrantes interiores que empeorará todavía más la situación. El «modelo marroquí de descentralización» no contribuye a reducir las desigualdades locales, sino a la aparición de diferentes iniciativas, en ocasiones contrapuestas, en los distintos municipios.

¿Inmigración? ¡Cómo no va a haber inmigración en Marruecos!

El 70% de los marroquíes es menor de 35 años, en torno a 20,5 millones de personas. El régimen de Mohamed VI no ha logrado integrar a la juventud marroquí que, en su inmensa mayoría, se siente ajena al régimen, desvinculada de cualquier tarea que tenga que ver con el Estado y que no ve perspectivas de futuro en su país. Los jóvenes que militan políticamente, lo hacen desde formaciones islamistas o, los menos (y los más ambiciosos) en el socialismo de la USFP. Estos últimos son los que aspiran a ser los futuros cuadros del régimen y, por supuesto, no contemplan la perspectiva de la inmigración. El resto de jóvenes, militen o no políticamente, miran al otro lado del Estrecho.

Marruecos no es lo que se dice un paraíso de la cultura. La tasa de analfabetismo total se sitúa en un 50% de la población, pero es particularmente dramática entre las mujeres de zonas rurales, elevándose a un 83%. Seis de cada diez campesinas optan por trasladarse a las ciudades. Las zonas rurales –salvo el Rif, gracias al cultivo de hachís– están empobrecidas y generan una emigración interior hacia las ciudades. Los cinturones de miseria que rodean a Rabat, Casablanca, Tánger, Fez, etc., están formados por antiguos campesinos desarraigados que viven en condiciones infrahumanas.

El medio rural ofrece algunos puestos de trabajo, cuando no hay sequía. A pesar de que el campo marroquí vive una pobreza endémica, la estructura tradicional de la sociedad agraria marroquí ha resistido mejor la crisis socio–económica. Al menos, en las zonas rurales se ha mantenido la estructura familiar y cada persona tiene el apoyo de su comunidad. El apoyo mutuo que se deparan los miembros de las familias marroquíes, compensa, en cierta medida, la pobreza de esas zonas. Por el contrario, en los arrabales de las grandes ciudades, la desintegración de las estructuras tradicionales y el desarraigo, están abriendo el camino a la desesperación que cristaliza en dos formas: o bien aumentando el impacto del fundamentalismo islámico, o bien, impulsando a la inmigración. O a ambas cosas.

El 19% de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y el paro afecta a un 22% de la población urbana. No es raro que la juventud vea el camino de la inmigración como la única posibilidad de mejorar su situación. En cuanto a los «bidonvilles», verdaderos cinturones de miseria, suponen el caldo de cultivo más favorable para la expansión del fundamentalismo islámico. Quienes no tienen nada, ni pueden aspirar a nada, están en su derecho de creer que Alá les reserva un paraíso si mueren en la guerra santa. En Palestina e Irak, el reclutamiento de terroristas suicidas se ha realizado sobre una base sociológica similar: seres desesperados y sin perspectivas de mejora.

Inmediatamente fue entronizado, Mohamed VI, el majzén quiso presentar al nuevo rey como «el monarca de los pobres», sugiriendo que su gestión iría en la dirección de mejorar las condiciones de vida de la población. Desde entonces, han pasado seis años y, efectivamente, ha demostrado honrar ese título, pero no en el sentido que pretendía dar el majzén; en efecto, nunca como ahora han existido tantos pobres en Marruecos y nunca el balance de la acción del gobierno ha sido tan cicatera en relación a las clases más desfavorecidas. Cuando muere Hassán II, la renta per capita en Marruecos era de 1.260 dólares, pero en 2002 ya había bajado a 1.218.

Decir chabolismo es decir miseria y desestabilización. Hubo un tiempo en el que los marroquíes se forjaban esperanzas. Entre 1984 y 1992, el país había conseguido disminuir (del 21% al 13%) la tasa de población que vivía con menos de dos dólares al día. Pero se trataba de una mejora puntual que se vino abajo en el 2000 cuando se volvió a elevar alcanzando el 19%. En ese período la población había crecido y, con ella el número de pobres: 3,4 millones en 1994, frente a 5,3 en el año 2000.

Hoy, una cuarta parte de la población rural y una octava parte de la población urbana es pobre. Estos últimos, además de la pobreza, deben soportar el vivir en chabolas inmundas y carecer completamente de infraestructuras y servicios públicos. El Estado ha renunciado a estar presente en esos barrios que registran altas tasas de inseguridad ciudadana y depauperación. La miseria no genera beneficios para el Estado, por tanto, se abandona a los miserables a su suerte.

Pero ni siquiera los jóvenes que disponen de alguna preparación cultural tienen perspectivas de mejora dentro de la sociedad marroquí, si no pertenecen a las esferas del poder o del funcionariado. Un titulado universitario es un aspirante a futuro parado. El 62% de los jóvenes en paro tiene título universitario o de grado medio y el 70% de los jóvenes estudiantes desea emigrar al extranjero. En su país carecen completamente de centros de ocio y deporte. Solamente tienen televisor (verdaderos bosques de parabólicas incluso en los barrios modestos) desde el que pueden ver el modo de vida occidental, constituyendo, cada teleserie, cada reportaje sobre las playas y los centros de turismo y ocio europeos, un reclamo para la inmigración.

En 2000, los medios de comunicación occidentales proclamaron la aparición de lo que llamaban «Generación MVI» (Generación Mohamed VI). Se les presentaba como jóvenes «suficientemente preparados», de clase media–alta y con aspiraciones hacia una evolución democrática de la sociedad. Pero, un año después, las esperanzas en que esta generación ocupara los resortes del poder, quedaron decepcionados, especialmente tras la manifestación de mujeres islamistas en Casablanca, contra la reforma del «Estatuto Personal». Esa manifestación evidenció la realidad. Y la realidad es sólo una: el Islam avanza imparable entre los jóvenes. Este impulso disuadió al gobierno de aplazar la reducción de la mayoría de edad electoral de los 21 a los 18 años hasta después de las elecciones legislativas de 2002, al existir la convicción de que la inmensa mayoría del voto juvenil iría a parar al PJD. Incluso el sindicato estudiantil, habitualmente dominado por socialistas y comunistas desde la independencia, en estos momentos está en manos de los islamistas radicales de Justicia y Caridad.

Los jóvenes marroquíes cada vez se casan mas tarde a causa de las dificultades económicas. Esto no es una novedad, ocurre también en Europa, sólo que en Marruecos es un fenómeno reciente que choca con la tradición antropológica, inherente a la cultura local, de formar una familia, cuanto más grande mejor. Quien no tiene familia, quien no ha sido capaz de formar una familia, es un fracasado y, en algunos ambientes rurales, se duda si considerarlo suficientemente «hombre». Hoy la edad media para contraer matrimonio en Marruecos es de 27 años. A la pobreza, se une cierto menosprecio para el hombre que, a esa edad, no ha conseguido ser cabeza de una familia.

La liberación de la mujer europea constituye otro aliciente para una población que sólo considera honesta a la mujer cubierta con el velo y luciendo chilaba hasta los pies. ¿Cómo no sentirse atraídos por las mujeres europeas que no dudan en ir a las playas en topless o caminar por las calles con minifalda y tacones? Desde el punto de vista de la cultura marroquí, las mujeres que osan ir así no son honestas... pero son atractivas. Y, además, en Europa está la perspectiva de poder trabajar, lo cual no es poco.

Si no hay trabajo, en Europa siempre queda la vía del trapicheo y los circuitos de la delincuencia. De hecho, algunos estratos juveniles marginales llegan a nuestro país atraídos por lo «barato» que resulta delinquir. En Marruecos, es frecuente que por un pequeño robo, la policía apalee en comisaría al ladronzuelo, le espere una larga condena de prisión en un entorno penitenciario miserable, cruel y proclive a las humillaciones y abusos; aparte, naturalmente, del descrédito que cae para la familia el tener un hijo delincuente y en la cárcel. Todo esto en España apenas ocurre: las leyes son extraordinariamente permisivas comparadas con las marroquíes, el régimen penitenciario es humano e, incluso, cómodo. Solamente entran en cárcel quienes han sido sorprendidos en la comisión de delitos de cierta gravedad: los pequeños hurtos, los robos sin violencia, los trapicheos de todo tipo, ni siquiera justifican entrar en prisión, ni mucho menos la expulsión. Incluso es frecuente que un narcotraficante detenido hoy, sea puesto en libertad al cabo de unos días y quede a la espera de un juicio al que lo más probable es que jamás acuda. De hecho, en el lejano 1986, un joven marroquí me decía: «Estoy mejor en la cárcel en España, que en la calle en mi país». Y lo debía de saber por que, efectivamente, decía esas palabras desde la Cárcel Modelo de Barcelona. No es raro que los sueños de la juventud marroquí pasen por Europa.

A principios de enero de 2005, Madrid recibía una media diaria de 280 inmigrantes. El dato no parecía inquietar ni a la Delegación del Gobierno, ni al Ayuntamiento, ni a la Comunidad, y menos que a nadie, a las autoridades del PSOE.

Pedro Zerolo, además de «líder gay», es secretario de Movimientos Sociales del PSOE y, en tanto que tal, en octubre de 2005, realizó diferentes propuestas para mejorar la situación de la inmigración en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. En esta tarea le secundaron distintas ONGs especializadas en el apoyo a la inmigración (Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, SOS Racismo, Andalucía Acoge y Melilla Acoge) y responsables de la Administración (la directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez). La gran preocupación de Zerolo eran los posibles estallidos de racismo e intolerancia… justo en los momentos en que toda España pudo experimentar angustia ante el asalto masivo de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla por miles de inmigrantes y la sensación, cada vez más acusada – aún no se había producido el «noviembre francés» con sus incendios y saqueos– de que España no tenía posibilidades de integrar a más inmigrantes.

Paga y calla, paisa…

El 4 de octubre de 2005, el problema de los asaltos de inmigrantes a la valla que separa Marruecos de Ceuta y Melilla había llegado a la UE. En las instancias europeas se albergaba la más absoluta desconfianza en relación a la política de inmigración del gobierno ZP, así que decidieron enviar una comisión a la zona.

El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, comunicó a Moratinos que los sucesos de Ceuta y Melilla «nos refuerzan en la necesidad de acelerar la puesta en práctica de las distintas medidas y políticas que tiene la UE con Marruecos en materia de inmigración». ¿Cuáles eran las medidas? En principio regalar a Marruecos 40 millones de euros para «proteger las fronteras y mejorar las condiciones en el terreno». El chantaje marroquí, una vez más, había tenido éxito: se crea el problema, y no se cierra hasta que se ha abierto la espita del dinero. Decididamente, resulta difícil saber cuál es la decisión más timorata, si enviar dinero a Marruecos para que siga sin hacer nada en materia de inmigración (salvo matar a siete inmigrantes durante la crisis de las vallas), o bien la decisión adoptada por el gobierno español de ampliar a seis metros la valla fronteriza.

Frattini reconoció que 30.000 inmigrantes estaban preparados en Argelia y Marruecos para dirigirse hacia las fronteras de Ceuta y Melilla. Las cifras procedían del informe preliminar que preparó la misión técnica de la UE que debía viajar a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y en base a datos de los servicios de inteligencia españoles. En Argelia se encontrarían esperando 20.000 inmigrantes para entrar en Ceuta y Melilla, mientras que otros 10.000 ya estaban en territorio marroquí. Lo más terrible era el reconocimiento de que «no hay pruebas de que la actual alta presión migratoria hacia las fronteras externas vaya a disminuir a corto plazo»; incluso aumentará en los próximos años, según declaró Frattini.

Marruecos no permitió a la misión técnica de la UE, enviada para analizar la situación de los inmigrantes en la frontera con Ceuta y Melilla, acceder a su territorio en esta zona. Y Franco Frattini, a pesar de haber sido desairado por esta decisión, comentó benévolamente: «fue una lástima»… Sorprendentemente, a pesar del desaire de Marruecos, Frattini, contra toda lógica y sentido común, continuó proponiendo la entrega de fondos: «Ahora es el momento de ayudar a Marruecos, no el tiempo de reprochar. Habrá una investigación. Habrá, claro está, la oportunidad de volver sobre esto, pero cuando Marruecos nos pide que le ayudemos, la respuesta no puede ser sólo reprocharle».

Por otra parte, el comisario informó que había pedido convocar en Bruselas, a nivel técnico, una reunión con representantes de Argelia y Marruecos para ayudar a las patrullas a prevenir el tráfico de seres humanos. Asimismo, esta reunión abordaría la situación de las 30.000 personas que se encontraban en ambos países a la espera de acceder al territorio europeo. Ese mismo día, el ministro de Comunicación de Marruecos, Nabil Benabdallah, denunciaba que la ayuda económica de la UE, 40 millones de euros, era insuficiente… ¡Cómo no iban a querer más! Para Marruecos, Europa es la quintaesencia de la debilidad y de la falta de redaños. Y, en realidad, nuestra clase política les confirma en esta percepción, día a día.

La crisis de las vallas

En realidad, ante una situación así, la única posibilidad de contener a 30.000 personas, era demostrando fuerza y determinación. La orden de José Bono de enviar a la Legión con las armas descargadas, era suficientemente absurda como para empeorar las cosas. En realidad, la solución era demasiado simple como para que Zerolo, ZP, Bono, Caldera, Rumí y demás «enterados» en materia de inmigración se decidieran a tomarla en consideración: bastaba con dejar la puerta abierta de la valla fronteriza para que cuantos inmigrantes quisieran entrar en España pudieran hacerlo sin necesidad de rasgarse la piel en la alambrada fronteriza; y, acto seguido, una vez censados, bastaría con que se les volviera a abrir la puerta de la valla para que regresaran por donde habían venido, en calidad de expulsados. Esto, en pocos días, bastaría para desactivar el efecto llamada y descorazonar a quienes intentaban forzar la legalidad española, cruzando la frontera de forma irregular. ¿Sencillo, verdad? Bueno, pues hasta muy avanzada la crisis de las vallas, cuando ya se habían producido siete muertos a tiros en la zona marroquí, el gobierno español no se decidió a expulsar a un centenar de subsaharianos.

El 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros, aprobó una subvención de 4.500.000 de euros a las ciudades de Ceuta y Melilla, destinada a programas de integración social de los inmigrantes. Esa decisión tiene un nombre: debilidad. Los gobiernos débiles intentan acallar cualquier foco de tensión, inyectando fondos. Y duran, lo que duran los fondos. No es que Ceuta y Melilla no merezcan la llegada de fondos, es que el problema de la inmigración no se soluciona subvencionando la llegada de ilegales, sino repatriándolos con la misma velocidad con la que van llegando. Este es el único realismo con el que puede tratarse el tema de la inmigración masiva. Para el año 2006, el presupuesto de Inmigración y Emigración ascenderá a 320.996.000 euros, un 14´38% de aumento en 2006 con respecto al año anterior. Desde que ZP llegó al poder, en apenas dos ejercicios presupuestarios, se han incrementado los recursos para inmigración en 182 millones de euros.

Para evitar avalanchas, la Delegación del Gobierno en Melilla anunció la instalación de una tercera valla en el perímetro fronterizo de la ciudad. En Ceuta se mejoraron los elementos de control con cámaras térmicas, la reposición de equipos de vídeo y la limpieza de los matorrales entre las dos verjas existentes.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunieron con la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tras haber acusado al gobierno de estar «incapacitado» para resolver el problema de las avalanchas de inmigrantes. Ambos presidentes tenían claro lo que estaba ocurriendo y lo resumieron: «está pasando porque están gobernando unos señores que no protegen suficientemente las fronteras españolas». ¿Es tan difícil entenderlo?

Las vallas no son cosa de hoy

El asunto de las vallas no era nuevo. El 6 de enero de 1998, tres policías habían resultado heridos y seis inmigrantes subsaharianos detenidos en un enfrentamiento en Melilla. Los centroafricanos protestaban por el criterio restrictivo de entrada a la Península. Fue el primer signo de lo que se avecinaba. Al día siguiente, el jefe militar manifestó que «el Ejército debe vigilar la frontera al no haber solución a la inmigración».

Ese día 117 inmigrantes de Melilla lograron pasar a centros de la Península. Quedaban otros 700 subsaharianos, más 600 en Ceuta. El gobierno del PP había resuelto el problema de la superpoblación de los centros para extranjeros en las plazas africanas, enviando a sus residentes a la península. Cinco días después –la debilidad se paga siempre– 150 argelinos se concentraron ante la sede del Gobierno en Melilla para pedir su traslado a la Península.

A final de ese mes, la situación era tan tensa en la frontera que el Gobierno Aznar anunció el «cierre inmediato» de la frontera de Melilla y la construcción de los muros que se harían famosos siete años después. Una pequeña inversión de mil millones de pesetas. El 24 de enero de 1998, el gobierno dio la vía libre hacia la Península a 1.340 inmigrantes de Ceuta y Melilla. Las ONG se comprometieron a integrarlos y formarlos profesionalmente. Otros 500 inmigrantes argelinos se quedaron en esa ocasión en Ceuta y Melilla porque no pudieron entrar dentro de este programa. Ese mismo día, y a la vista de la situación, distintos colectivos vecinales pidieron que se aplicara un toque de queda a los inmigrantes para que no salieran de noche, dado que «la presencia de estos extranjeros crea inseguridad entre la ciudadanía».

IU, instalada en la inopia más absoluta, consideró que la prensa estaba magnificando el problema de las vallas y condenaba «las medidas intolerables que se están llevando a cabo, parezcan justificadas» y, en particular, «la necesidad urgente de suspender de forma inmediata el acuerdo de deportación». Como puede verse, no hay nada nuevo bajo el sol. Siete años después, el problema estalló con toda su virulencia.

El 6 de octubre de 2005, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esa misma mañana se habían producido devoluciones en frontera a Marruecos de inmigrantes que intentaron atravesar la valla con Melilla, después de tres intentos de avalancha esa misma madrugada. Pero ni siquiera fue capaz de informar sobre cuantos inmigrantes fueron expulsados. ONGs subvencionadas con cargo al erario público, como Prodein, Pro Derechos Humanos y SOS Melilla, protestaron por estas expulsiones y, de paso, manifestaron su rechazo a la presencia del Ejército a lo largo del perímetro fronterizo. Lamentablemente, no explicaron cómo sugerían que podía resolverse el problema de la inmigración ilegal y masiva. Mientras lo piensan, sería bueno que esas ONGs hicieran público lo que cobran en materia de subvenciones y en qué lo utilizan.

En septiembre de 2005, Marruecos acusó al gobierno argelino de la crisis de las vallas. Es cierto que Argelia no era absolutamente inocente en esta cuestión y que manifestaba una irreprimible tendencia a crear problemas a Marruecos (y viceversa) y la inmigración era un arma arrojadiza a su disposición. El Frente POLISARIO había recogido a 92 inmigrantes subsaharianos abandonados por Marruecos en diversos puntos del muro defensivo construido por las fuerzas marroquíes en el Sáhara Occidental. Por su parte, el primer ministro marroquí Driss Jetu afirmó que Argelia estaba reuniendo en la región de Tinduf a «candidatos a la inmigración clandestina con el fin de hacer de ello un instrumento propagandístico en el conflicto del Sáhara».

ZP: especialista en sembrar desconfianza

En mayo de 2005, se evidenció que los gobiernos de Francia y Alemania estaban particularmente descontentos con la política de inmigración del gobierno español. Nicolás Sarkozy, ministro del Interior francés, acusó al Gobierno español de ser un «aprendiz de brujo» con su política de inmigración (fisura notable en el cacareado eje «hispano–franco–alemán que solamente existió en el calenturiento cerebro de Zapatero). Entretanto, el ministro alemán de Interior, Otto Schily, afirmó que «las regularizaciones masivas tienen el efecto secundario de que atraen a nuevos ilegales». La UE estaba comprobando, alarmada, que España, gracias a una irresponsable política de inmigración, se había convertido en lanzadera de subsaharianos clandestinos que cruzan los Pirineos hacia zonas de influencia francófona, como Bélgica, Holanda o la propia Francia.

En torno a 25.000 ilegales subsaharianos habían cruzado los Pirineos en los últimos meses y otros tantos permanecían en nuestro país después de haber quedado fuera del proceso de normalización de trabajadores extranjeros impulsado por el Gobierno Zapatero. Cuando esa regularización masiva se produjo, la inmigración masiva, hacía tiempo que estaba fuera de control.

El 1 de enero de 2005, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, 705.944 ciudadanos de origen africano estaban empadronados en España, de ellos, al menos, 140.000 son subsaharianos. Pero hay que introducir una corrección a estas cifras, añadiendo la estimación de los no empadronados y los que habían cruzado la frontera a lo largo de todo el año 2005. Las cifras, entonces, pasan a ser de 1.250.000 africanos, de los que un millón serían magrebíes y el resto subsaharianos.

Marruecos incumple los acuerdos firmados

Las devoluciones de inmigrantes irregulares subsaharianos a Marruecos se han realizado con cuentagotas desde que España y el reino alauí firmaran en 1992 el convenio de readmisión de extranjeros. En trece años, el país vecino aceptó a menos de 200 extranjeros en virtud de la aplicación de ese convenio; cifra absolutamente ridícula.

Según el acuerdo, el Gobierno marroquí debía readmitir a los inmigrantes irregulares encontrados en España si se demostraba que habían llegado desde Marruecos, pero su aplicación estuvo rodeada de dificultades desde un principio a causa de las reticencias del reino alauí. Firmar un acuerdo con Marruecos es algo endiabladamente inútil. Todo aquello que no le beneficia directamente, ni lo aplica, ni tiene intención de aplicarlo, aunque suponga una vulneración del pacto firmado y rubricado por sus diplomáticos.

En 1995, una delegación del Departamento de Justicia e Interior, que entonces dirigía Juan Alberto Belloch, viajó a Marruecos para intentar resolver la interpretación del acuerdo. Las autoridades marroquíes exigían que la entrada del inmigrante irregular en España desde Marruecos pudiera ser acreditada documentalmente… ¿cómo?, era absolutamente imposible aportar prueba alguna, salvo la lógica: es evidente que el corredor de tránsito entre África y Europa pasa por Marruecos. Pero la lógica no es una virtud que adorne a las decisiones del gobierno marroquí.

Cuando fue ministro de interior Jaime Mayor Oreja, intentó reactivar el acuerdo en 1996; desde 1992 a 1996 Marruecos sólo había aceptado ¡cinco! de las más de 600 solicitudes de readmisión que había presentado España. La presión de Mayor Oreja operó el milagro y consiguió que, solamente en 1996, Rabat aceptara el reingreso en su territorio de 65 inmigrantes subsaharianos. Cifra récord.

El 2001, tras ímprobos esfuerzos, Marruecos admitió a unos cuarenta subsaharianos que habían llegado a España en pateras procedentes de Marruecos. La cosa seguía yendo mal, por que, para esas fechas, ya era probablemente en torno a un millón de ilegales los que habían llegado a España procedentes de Marruecos y éste país apenas había admitido la devolución de 120.

España optó por negociar una nueva modificación en 2003: Marruecos aceptaría a los subsaharianos que hubieran viajado en una embarcación con patrón marroquí, lo que serviría como prueba de que salían de su territorio. Marruecos firmó la modificación, pero, como es habitual, no la respetó. El entonces delegado del Gobierno para la Inmigración, Ignacio González, admitió que Marruecos estaba dificultando y retrasando la aplicación del acuerdo. Ese año, todas las peticiones de readmisión –1.600 en total– habían sido rechazadas. Estábamos en pleno «desencuentro».

¿Quién tiene el valor de explicar a Marruecos que los acuerdos se firman para respetarlos? Cualquier acuerdo firmado con Marruecos que no implique envío inmediato de fondos, da la sensación de que es completamente desconsiderado. Y en cuanto a los que implican ayuda económica, duran el tiempo que tarda en dispersarse el dinero.

La inmigración en cifras

Londres tiene un 40% de población inmigrante y París un 25%. Aparentemente, estas cifras distan mucho de igualarse con las que se darían en España. A fin de cuentas, España carece de tradición en esta materia y ha sido, más bien, un país que ha dado inmigrantes, mucho más que los ha admitido. Pero esta tendencia se iba, finalmente, a invertir.

En julio de 2004, Madrid tenía 3.228.914 habitantes censados, y ya el 16% eran de otro país. Dos puntos más que el año anterior. El barrio de San Cristóbal, en el distrito de Villaverde, es el que más inmigrantes empadronados tiene, un 40%, igualando a los máximos londinenses; el distrito de Centro tiene un 30% de extranjeros; le siguen Tetuán, Carabanchel, Usera y Villaverde. Los ecuatorianos son la colonia más numerosa, luego aparecen los colombianos. En el 2004, los rumanos superaron a los marroquíes que en el 2000 eran la colonia mayoritaria en la capital. La inmigración es un fenómeno muy dinámico.

En cambio, en Catalunya los marroquíes siguen siendo ampliamente hegemónicos. En los años 90, el gobierno autónomo catalán, tuvo la genialidad de orientar la inmigración marroquí hacia su comunidad, pensando que, a diferencia de los iberoamericanos que hablaban castellano y no juzgarían necesario aprender catalán, los magrebíes, al desconocer el idioma, se catalanizarían más fácilmente. Razonamiento erróneo. Hoy, el 45% de los marroquíes residentes en España se ubican en Catalunya, mientras la comunidad ecuatoriana va creciendo aceleradamente. La Generalitat no quería caldo, pero ahora se encuentra obligado a beber dos tazas: los marroquíes siguen apegados a sus tradiciones de origen y se integran menos que el aceite en el agua; en cuanto a los ecuatorianos han llegado en cantidades similares a otras regiones de España.

También hay amplias comunidades marroquíes en Levante y Andalucía. Es evidente que a los magrebíes les atrae el Mediterráneo, tanto que en algunos barrios de Barcelona (el Raval y la Ribera) se alcanza la astronómica cifra de 65% de población extranjera.

En el año 2002, se habían incorporado al padrón municipal 694.651 nuevos extranjeros. Dos años después, se volvía a alcanzar una cifra similar. En efecto en el año 2004, se empadronaron en los municipios españoles 650.000 extranjeros; realmente poco si tenemos en cuenta lo que iba a ocurrir el año siguiente. En 2005, el «efecto llamada» generado por la regularización masiva, seguramente hará que esa cifra sea ampliamente superada. El 1 de enero de 2005, oficialmente residían en España 3.600.000 de extranjeros que, seguramente, ascendían a 4.000.000 si contamos los que no habían juzgado necesario empadronarse. A finales de año, se contabilizarán 700.000 nuevos empadronados, como mínimo, con lo que nos aproximaremos a la cifra de 5.000.000, en torno a un 13% de la población, cifra muy superior a la de Francia (8%), a la de Alemania (9%) o de Austria (9,2%).

Hijos de la inmigración

Estas cifras son hoy excesivamente altas, pero en apenas seis años es posible que se haya duplicado. De un lado, la reagrupación familiar hará que afluyan a nuestro país un número no inferior a 2.000.000 en los próximos años. Luego están los hijos nacidos de inmigrantes. Muchos. Muchísimos.

Entre 2000 y 2005, el número de niños nacidos de madres extranjeras en España casi se triplicó, lo que supone un ritmo de crecimiento unas doce veces mayor que el de la media de nacimientos a nivel nacional. Los nacimientos de madre extranjera pasaron, de menos de un 5% del total en el año 1999, al 12% en 2003.

En 1999, nacieron en España 380.130 bebés de los que 18.503 (el 4,87%) eran de familias inmigrantes. Sólo en 2003 nacieron en España 439.863 niños, de los que 53.306 (un 12,12%) eran hijos de inmigrantes. Mientras que el número total de nacimientos en España aumentó en ese periodo un 15,7%, el de hijos de inmigrantes creció un 188,1%. Tomen nota por que este vuelco demográfico no tiene precedentes en la historia y no va a realizarse sin que se produzcan tensiones extremas en los próximos años.

Melilla experimentó en 2003 un mayor porcentaje de niños nacidos de madre inmigrante (el ¡50%!), mientras que Ceuta tenía un porcentaje menor (con el 27,45%). Baleares, Madrid, Murcia, La Rioja y Catalunya, superan la barrera del 15% de nacimientos de extranjeros.

En marzo de 2005, se supo que la población de la capital de España crecía debido sólo a los inmigrantes. Mientras que el año 2004, 25.139 españoles abandonaron la capital, la merma fue compensada ampliamente con la llegada a la ciudad de 48.692 extranjeros.

Mientras que en enero de 2000, solamente un 3’5% de la población madrileña era de origen extranjero, cinco años después, ese porcentaje había pasado al 15%, esto es 481.162 personas. El distrito de Centro de la capital es el que más porcentaje de inmigrantes tiene: 29 de cada 100 vecinos han nacido fuera de España y de ellos 2.987 son marroquíes. En toda la comunidad había a principios de 2005, 765.884 extranjeros empadronados (un 12,7% de la población), pero es posible que, en el momento de escribir estas líneas, entre los recién llegados y los no empadronados se esté rondando el millón de extranjeros. Parla y Alcalá de Henares tenían, respectivamente, el 18% y el 16% de presencia inmigrante. Con cifras así, la integración es prácticamente imposible. ¿Para qué integrarse si la propia comunidad ofrece todos los servicios y cubre cualquier necesidad? El propio ministro Caldera dijo: «Creo que lo razonable es tener inmigrantes por un 8 a 10% de la población total (…) Esta cifra tiene en cuenta las posibilidades de integración y de funcionamiento de nuestro sistema». En realidad, estudios sociológicos de principios de los años 90 establecían que una población alógena de más de un 5% corre el peligro de generar focos de conflicto y aislarse en guetos.

El 18 de mayo de 2004, nacía en el Hospital General de Alicante, un bebé hijo de padres marroquíes. Nada más nacer, su padre, Mohamed, le recitó la oración completa: «Alá es único y Mahoma es su profeta...», cumpliendo la tradición coránica que prescribe que esas son las primeras palabras que debe escuchar todo musulmán al nacer. A lo largo de 2004, el número de niños hijos de extranjeros inscritos en el Registro Civil de Alicante ha superado al de los hijos de españoles. Era la primera vez que ocurría en nuestro país desde los tiempos de la Reconquista. No se trataba de una sorpresa, los funcionarios del Registro Civil de Alicante advirtieron el fenómeno en agosto de 2003: «Las colas para apuntar a los niños parecían más las de la oficina de Extranjería que las del Registro Civil», explicó el secretario del registro.

En los hospitales de Alicante se han debido asumir las tradiciones de parto propias de las distintas latitudes. Las magrebíes paren con la cabeza cubierta con un velo o un pañuelo. Tal como explicó Mohamed, el afortunado padre, «una mujer sólo puede descubrirse delante de su familia».

Cuando las proyecciones demográficas son erróneas

La demografía no es una ciencia exacta. En 2002 se calculaba, con todo rigor y seriedad, que hasta el 2025 no se alcanzaría la cifra de 2.250.000 inmigrantes. De hecho, en aquella época, el gobierno de turno, falseaba las cifras, o al menos, las rebajaba para evitar la aparición de tensiones sociales. En aquella época, los inmigrantes ya superaban esa cifra. A lo largo de 2006, se habrá llegado a la cifra de 5.000.000, que los demógrafos veían imposible de superar…

Lo más sorprendente es que, incluso en 2003, cuando se daba la cifra de un 6% de inmigrantes (estimación falseada, por cierto) los cotizantes extranjeros a la Seguridad Social eran mucho menos y los nacidos en España suponían mucho más de ese porcentaje. Por entonces se decía que, gracias a los inmigrantes el Estado iba a poder pagar las pensiones de «nuestros abuelos». Pero hoy, con la experiencia acumulada en el último lustro, sabemos que la inmigración cuesta más al país receptor y solamente es un negocio para las patronales de algunos sectores. La inmigración absorbe más gastos (en educación, en seguridad social, en prisiones, en justicia, en recursos sociales, etc.), de los beneficios que depara al Estado. En abril de 2004 había 16.998.997 de afiliados a la seguridad social, y sólo 822.118 eran inmigrantes, apenas el 4,83%. En la Comunidad de Madrid el 60% de los detenidos por agresiones sexuales son extranjeros y el 40% de las víctimas también son extranjeras. El noviembre de 2004, 59 mujeres habían sido asesinadas ese año. Sin embargo, los españoles podemos sentirnos orgullosos: España figuraba como uno de los países con menor violencia doméstica de toda la UE. Lamentablemente, el 30% de esa cifra, está protagonizado por inmigrantes. Es decir, tres veces superior a la que sería normal entre españoles.

Otra proyección demográfica que se demostrará no menos falsa en los próximos años, indica que en el 2015, el 27% de la población de España será extranjera. Dada la velocidad de crecimiento de la inmigración y las correcciones que se han debido introducir en las proyecciones estadísticas, lo más probable es que hacia el 2011, un tercio de la población española ya sea inmigrante. Dadas las dificultades de integración evidenciadas a lo largo de 2005 en países considerados modélicos en políticas de integración (Francia y Holanda), es inevitable que en España estemos ante la antesala de grandes tensiones sociales. Y a la clase política –que ha generado este problema– no a nosotros, corresponde explicar como piensa resolver el conflicto.

Matrimonios de conveniencia

Las uniones entre extranjeros y españoles han aumentado casi un 30 % en apenas un año. Qué bonito es el amor. Lamentablemente una parte importante de este porcentaje corresponde a matrimonios de conveniencia. Con todo, las uniones mixtas, entre nacionales y extranjeros, es una realidad en auge en España. En 2001 fueron 14.094 y al año siguiente habían llegado a 17.841. Los marroquíes pagan entre 3.000 y 6.000 euros por los matrimonios de conveniencia. En Ceuta es una práctica frecuente ya que una parte de la población de origen musulmán tiene la nacionalidad española y realiza matrimonios de conveniencia con sus familiares y amigos marroquíes.

En 1997 la UE instó a los países miembros a que persiguieran la escalada de matrimonios de conveniencia. En España, las medidas adoptadas se redujeron al envío de una circular al personal de los registros civiles para que en los expedientes que tienen que formular los futuros cónyuges traten de ver alguna señal de ficción; en ese caso, deben informar para abrirse el proceso de anulación consiguiente. En 2003, un total de 226 casos fueron llevados a juicio, el 1,2% de las cerca de 20.000 bodas mixtas que se celebraron en nuestro país. Hoy se estima que la cifra de matrimonios de conveniencia debe estar en torno al 10% de los formalizados en España con un cónyuge extranjero. Pero había otras cifras que habían crecido desmesuradamente e indicaban la aparición de patologías sociales llegadas con la inmigración.

El paisaje de las cárceles ha cambiado

En noviembre de 2004, seis de cada diez reclusos de las cárceles españolas eran ya extranjeros. Las cárceles españolas albergaban en ese momento a más de 59.000 presos, un 5,5% más que el año anterior. En cuatro años, los encarcelados extranjeros se incrementaron un 110%.

Pero hay que realizar una precisión en torno a estas cifras. Si en lugar de hacer referencia al número de presos encarcelados, aludimos al número de delitos cometidos, se verá que las cifras aumentan espectacularmente. Si existen estadísticas, están bien escondidas. Sin embargo, no hay nada más que visitar cualquier juzgado de guardia a la hora del traslado de presos. No todos los detenidos son enviados a la cárcel. En particular, los pequeños delitos, hurtos, robos sin violencia, peleas tumultuarias, son protagonizados por inmigrantes, pero no tienen como consecuencia el ingreso en prisión. Un funcionario del juzgado de guardia de Valencia nos indicó en diciembre de 2003, que algunos días el número de inmigrantes trasladados de las distintas comisarías, ante ese juzgado, podía llegar hasta el 85% del total, pero sólo una mínima parte, pasaban a la cárcel. Así pues, aunque, de por sí, las cifras de inmigrantes presos, son inusualmente altas (especialmente las de algunas comunidades, magrebíes, por ejemplo), distan mucho de reflejar el problema real, esto es, el aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Hace falta realizar una precisión: la inmensa mayoría de inmigrantes que residen en España han venido aquí para trabajar y mejorar su vida y son respetuosos con la ley; lo cual no es óbice para recordar también que la inmensa mayoría de delincuentes que llegan a los juzgados de guardia, son inmigrantes.

Los marroquíes, 4.625, representan el 30 % de la población penal extranjera. Los argelinos, por su parte, aportaban en 2004, 1.182 presos. La cifra de incremento de estos internos se ha disparado al 110% en cuatro años.

Desde 1999, la población reclusa extranjera en las prisiones españolas ha pasado de 7.900 internos a 16.626. En ese mismo tiempo, mientras los reclusos nacionales sólo se han incrementado un 17,91% (de 36.297 a 42.799), los de fuera de España se han disparado al 110,45%.

Los magrebíes suponen un 38% de los extranjeros que vienen a España y los subsaharianos el 25%. Uno de cada tres inmigrantes residentes en España son magrebíes o ecuatorianos, sin embargo, estos últimos no tienen una tasa de delincuencia anómala.

El aumento de la inmigración ha modificado la opinión que tienen de ella de los españoles. Si en 1996, apenas un 18% consideraba excesivo el número de inmigrantes, en 2003 esta cifra había aumentado hasta el 54%; tal era una de las cifras más significativas contenidas en un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro.

En dicho estudio se destacaba también que en el año 2003, un 85% consideraba que sólo se debería permitir la entrada a los inmigrantes con un contrato de trabajo. Otro dato del informe indicaba que el 74% de españoles se manifestaba dispuesto a que sus hijos compartieran aulas y compitieran por sus plazas con los inmigrantes. El 58% de los encuestados consideraba la inmigración como un factor que influye en el aumento de la inseguridad ciudadana: en Madrid y Barcelona, un 43% de los encuestados manifestaron tener sensación de inseguridad. El 58% de la población no puede estar ciega a la realidad social. Los últimos gobiernos, en cambio, si han dado la espalda a la realidad. Como cuando en julio de 2002, Aznar negaba que hubiera aumentado la inseguridad ciudadana y en septiembre de ese año, se vio obligado a tomar medidas para reforzar la lucha contra la delincuencia. O cuando Zapatero aprobaba la ley contra la violencia doméstica, ignorando que uno de cada tres casos (el 33%) estaba protagonizado por inmigrantes. Si el gobierno hubiera querido reducir la violencia doméstica un 33%, habría bastado con incluir un pequeño artículo que estableciera la expulsión inmediata de nuestro país a cualquier inmigrante que golpeara a su pareja. Esto, unido a las denuncias falsas contra el cónyuge para mejorar la posición ante las sentencias de divorcio, hace que esta lacra tenga unos índices similares en España, en relación a otros países europeos. No, similares no, inferiores. La ley contra la violencia doméstica, ha igualado a los españoles a otras culturas cuya tradición antropológica no ahorra desprecio, violencia y agresividad contra la mujer. El índice de violencia doméstica entre españoles es inevitable y no descenderá por ley alguna: es el que corresponde a la tasa de psicópatas, sádicos, ancianos con enfermedades degenerativas, etc., inevitable en toda sociedad. Una ley demagógica, no es nunca una ley eficaz. Sobre todo si su articulado da la espalda a la realidad social y a los focos de origen de esa violencia.

Marruecos depende de la inmigración

Marruecos es un país absolutamente dependiente de los envíos económicos realizados por sus inmigrantes en el extranjero. Marruecos pasó de recibir en 1990, 16.573 millones de dírhams en distintas divisas procedentes de sus inmigrantes en la UE, a 36.858 millones de dírhams en 2001. En la actualidad está en torno a 40.000 millones. El Estado marroquí sería inviable sin estos envíos procedentes de sus tres millones de ciudadanos que han debido emprender el camino de la inmigración.

Los marroquíes residentes en España, enviaron a su país una cantidad no inferior a 3000 millones de euros a lo largo del año 2003. Esta cantidad supone la primera fuente de divisas del reino alauita y supera a las inversiones extranjeras y a los ingresos por turismo. De no existir estas remesas la tasa de pobreza en Marruecos aumentaría cuatro puntos.

En 1985 estas remesas suponían el 3,81% del PIB marroquí, pero cinco años después habían aumentado hasta el 4,24% y alcanzado la cifra de 1.336 millones de dólares; realmente poco, porque en 2001 alcanzaron el 9%. En esos seis años, el PIB marroquí se había multiplicado por tres. Aparentemente, eso debería de haber limitado las salidas de marroquíes hacia el extranjero. Sin embargo, lo que ocurría era todo lo contrario y los envíos de la inmigración marroquí en Europa se habían multiplicado por siete. A medida que crece la economía marroquí, crece también, a mucha más velocidad, la inmigración (y, consiguientemente, las remesas de euros remitidas a Marruecos). Para entender este fenómeno es preciso tener en cuenta las características de la sociedad marroquí en donde las desigualdades de renta son extremas. Cada vez existe una mayor acumulación de riqueza en menos manos (lo que explica el aumento del PIB; aumenta, peno no se distribuye) y quienes no tienen perspectivas de mejora en su tierra, se ven forzados a emprender el camino de la inmigración.

En 2002 se calculaba que existían cuatrocientos mil musulmanes en España. Si tenemos en cuenta que, además de magrebíes, las comunidades subsaharianas procedentes de países islámicos y los pakistaníes, han experimentado un gran crecimiento, en estos momentos, el Islam español contará en torno al millón de fieles. Después del catolicismo, es la segunda comunidad religiosa de nuestro país; la mayor parte de sus fieles son inmigrantes. «España no es un país cualquiera para el Islam, ocho siglos de presencia musulmana fueron muy importantes, no sólo para nuestra civilización sino para la historia de la humanidad. Filósofos como Averroes o científicos como los de la escuela de Toledo contribuyeron al avance de la humanidad. La convivencia de las tres religiones durante años es algo que se recuerda», explicó Mohamed Elafifi, portavoz de la mezquita madrileña. Cerca de allí se encontró el vídeo de reivindicación de los atentados del 11–M.

Capítulo VII Pobreza, islamismo y terrorismo: santa alianza

Resulta difícil evaluar el terrorismo marroquí y mucho más difícil establecer su origen. Marruecos ha difundido demasiadas inexactitudes sobre el terrorismo islamista que opera sobre su territorio, como para que puedan aceptarse sin más sus versiones oficiales. Lo significativo es que el terrorismo marroquí ha actuado en Europa y, particularmente, en España, mucho más que en Marruecos. A esto se une el hecho de que, desde 1970, el majzén ha intentado mediatizar el movimiento islámico moderado. Hoy, ese movimiento es la principal fuerza político–social en Marruecos. Aún tratándose de un movimiento moderado en las formas, es extremadamente antieuropeo en su fondo.

Los informes de la inteligencia militar marroquí indicaban a principios de 2005, que las tropas destacadas en el Sáhara Occidental y los exmilitares radicados en ese territorio se iban decantando progresivamente por el fundamentalismo islámico. Decir militares y exmilitares quiere decir disponer de armas, municiones y hombres entrenados para la guerra. Los fundamentalistas no aspiran a otra cosa: la guerra santa, dicho en términos europeos, el terrorismo. Y no son pocos.

Una encuesta elaborada en junio de 2004 por el Pew Research Center (un grupo independiente de sondeos) establecía que el 11% de los turcos, el 45% de los marroquíes y el 65% de los pakistaníes tienen una opinión favorable de Bin Laden. La encuesta se había realizado sobre una muestra de 8.000 personas, de los que 1.000 eran marroquíes de entre 18 y 59 años. Entre otros datos, la encuesta demostraba la creciente intolerancia religiosa y un amplio apoyo a los ataques terroristas. El 45% de los marroquíes encuestados tenían una opinión favorable de Bin Laden. Para el 60% de los encuestados, los ataques suicidas con bombas contra objetivos americanos perpetrados en Irak son justificables. El 73% de los marroquíes es desfavorable para los cristianos y el 92% se declara antisemita. En Pakistán, los porcentajes desfavorables a los cristianos y los judíos son del 62% y del 80%, respectivamente, y en la Turquía que aspira a entrar en la UE, son del 52% y el 49%. La intolerancia religiosa en Marruecos es más alta que en cualquier otro lugar del mundo musulmán…

Hasta el 15 de mayo de 2003, Marruecos se había intentado presentar ante Occidente como un país inmune ante la marejada del terrorismo islámico. Frente a la vecina Argelia, Marruecos había permanecido ajeno a las actividades terroristas del salafismo–wahabita y si bien existía un incipiente movimiento islamista, el observador exterior percibía que, al menos, era moderado en sus formas. Con los atentados de Casablanca, todo cambió. De hecho, en realidad, nada de lo anterior era cierto, y los atentados evidenciaron la existencia de un extendido movimiento islamista. En las elecciones de 2002, el Partido para la Justicia y el Desarrollo que integra a los islamistas moderados, experimentaba un crecimiento inaudito y empezaba a constituir una amenaza idéntica a la que el FIS había sido en Argelia a partir de 1990. Bruscamente, cuando parecía que los islamistas moderados marroquíes iban a experimentar un crecimiento electoral notable en las elecciones municipales del 2003, explotaron las bombas del 15 de mayo en Casablanca.

Contrariamente a lo que sostienen los pacifistas, las bombas no son absurdas; cada una de ellas tiene una lógica propia que la hace posible y la rentabiliza políticamente en uno u otro sentido. Absurdas en sus objetivos, las bombas de Casablanca encerraban, en el propio absurdo, una lógica implacable.

Bombas en la noche de Casablanca

El 16 de mayo era un día agradable en Casablanca. Había finalizado la fiesta del Mulud, especie de navidad musulmana, que celebra el aniversario del nacimiento del Profeta. Ese día se conmemoraba también la creación de las fuerzas de seguridad de Marruecos y muchos agentes de policía se encontraban de vacaciones. Por su parte, la comunidad judía celebraba el «sabbath».

A las 22:00 horas, dos personas provistas de mochila aparecen en el vestíbulo de la Casa de España y degüellan al portero que intentaba impedirles el paso. Atraviesan el bar y en la terraza, hacen explotar las bombas que llevan en el interior de las mochilas. Los supervivientes experimentaron la sensación indeleble de un temblor de tierra; luego el horror de las llamas y fragmentos de cuerpos humanos dispersos por todas partes, incluso hasta el séptimo piso de un inmueble colindante. Treinta personas mueren en un momento, entre ellos los terroristas.

Pronto se oyen otras explosiones por la ciudad. Tres estallidos proceden del Club Israelita. Allí, los terroristas suicidas han asesinado a un policía de guardia y luego han hecho estallar una primera bomba en la puerta de entrada y las otras dos en las salas vacías.

No muy lejos, otros tres jóvenes aparecen en el restaurante Positano, propiedad de un judío marroquí. Van mal vestidos y no les dejan penetrar en el local. Hacen estallar sus bombas matando al portero y a un policía de guardia en el Centro Cultural Belga que se encuentra en el otro lado de la calle, de tal manera que las primeras informaciones destacarán que el objetivo era este último lugar y no el restaurante.

No será la última explosión esa fatídica noche. El hotel Farrah, propiedad de una empresa kuwaití, es asaltado por dos jóvenes, también provistos con mochilas, que, siguiendo el ejemplo de los asaltantes de la Casa de España, asesinan al portero y hacen estallar luego sus cargas en el hall. Morirá otra persona de vigilancia en el hotel.

Habrá un último atentado, acaso el más extraño de todos. Una bomba estalla en uno de los barrios más pobres de la ciudad, la Vieja Medina. Mata a dos jóvenes y a un niño. El cementerio judío se encuentra cerca y, habitualmente, la versión oficial atribuye este último atentado a un error propio de terroristas despistados que se han inmolado a cien pasos de su objetivo. Afortunadamente la mayor parte del barrio está en sus casas; es la hora en la que va a comenzar en la TV un culebrón egipcio de mucha audiencia.

En total, 41 víctimas, entre los que se contaron 13 «mártires» de entre 20 y 30 años. Al día siguiente, los cadáveres de ocho de ellos serán identificados. Otro fue detenido, herido, en las inmediaciones del hotel Farrah. Casi todos vivían en Sidi Moumen, un barrio de chabolas. Allí, los salafistas tienen un caldo de cultivo particularmente favorable.

Al día siguiente a los atentados, nadie en Casablanca quería creer que un grupo de jóvenes se había suicidado matando a veintiocho personas más. Sin embargo, las pruebas que recaían sobre los islamistas eran abrumadoras. A decir verdad, los explosivos y la sofisticación de su mecanismo de detonación eran impropios de la falta de medios económicos y del «amateurismo» de los suicidas. El primer informe de la policía marroquí tras los atentados indicaba que el grupo terrorista estaba preparándose para atentar contra el Twin Center, diseñado por Ricardo Bofill, principal centro económico de Marruecos. Hay algo en todo esto que no encaja, para entenderlo hay que remontarse a las raíces del islamismo local.

La aparición del islamismo político

El islamismo no es nuevo en Marruecos; está imbricado en su historia hasta el tuétano. Tanto es así que en las escuelas del vecino país no se estudia la historia local antes de la llegada del Islam. Irradiando desde La Meca, la religión de Mahoma llegó tardíamente al Magreb. Cuando en 1956, alcanzó la independencia, el Islam se convirtió en religión oficial y la figura del rey quedó sacralizada en las distintas constituciones que ha tenido el país, incluida en la última, aprobada en 1996.

Desde principios de los años ochenta, Marruecos ha sido presentado por sus autoridades como la excepción al contagio Islamista. Se decía que la inmensa mayoría de la población tenía una acrisolada fe monárquica y, por tanto, en razón de que la dinastía alauí era descendiente de la familia del profeta, la fidelidad política se unía a la religiosa. Por otra parte, el partido nacionalista Istiqlal se gestó en el exilio egipcio de su fundador Allal el Fassi donde estuvo en contacto con los Hermanos Musulmanes. El Istiqlal, siempre ha unido tres factores: nacionalismo, Islamismo moderado y, como derivado de éste, fe monárquica. La posición preponderante del Istiqlal desde el origen de la independencia marroquí y la institución monárquica, se daban como explicaciones para justificar la presunta impermeabilidad del país a la marejada Islamista.

El régimen marroquí encontró su base social en las zonas rurales y entre los imanes y ulemas conservadores. Estos clérigos realizan una interpretación moderada del Islam. En 1964 se creó un centro de estudios para la formación de ulemas y en 1979 la universidad fue autorizada para crear la licenciatura en estudios islámicos, dos canales a través de los cuales se intentaba controlar y mantener el apoyo de esta influyente categoría social. Pero, a partir de mediados de la década de los ochenta, buena parte de los licenciados en estos centros no pudo acomodarse dentro de las instituciones oficiales y quedaron en paro. Esto coincidió con la llegada masiva de fondos de los wahabitas saudíes con los que pudieron levantarse miles de nuevas mezquitas desde las que difundieron su doctrina fuera de la disciplina del Islam oficial adicto a la monarquía alauí. En estas mezquitas encontraron trabajo los clérigos en paro, resabiados contra la administración, a la que consideraban corrupta y degenerada. Fueron los primeros predicadores de la disidencia político–religiosa.

Hassán II había permitido que los wahabitas saudíes financiaran la construcción de un 70% de las 35.000 mezquitas de Marruecos en Tánger, Casablanca, Fez, Salé, Marrakech y Tetuán. El 70% de las mezquitas de Casablanca, por ejemplo, han sido construidas con dinero saudí. En torno a cada mezquita se empezaron a formar redes de misioneros dirigidos por emires, incitando a unirse a la yihad en Afganistán, Bosnia o Chechenia. En 2004, sobre un total de 35.000 mezquitas, sólo 8.659 dependían ya de la Administración. Era el fracaso de la política religiosa de la casa real.

El islamismo político moderado: Justicia&Desarrollo

Desde los años 70, Hassán II había intentado integrar a las asociaciones islámicas dentro del sistema, impulsando un pequeño partido político, el Movimiento Popular Democrático Constitucional. Otros, constituyeron el partido «Unidad y Reforma», más radical, del que se decía que estaba teledirigido por Driss Basri, ministro del interior. Este partido, terminará integrándose en el MPDC en 1996 que, así reforzado, pudo obtener doce escaños en las elecciones generales de 1997, formando grupo parlamentario propio. Cuando muere Hassán II (1999), este partido se transformó en el Partido de la Justicia y el Desarrollo.

En marzo de 2000, los islamistas convocaron una primera gran manifestación contra la reforma del Estatuto de la Mujer fue el primer signo exterior de actividad Islamista de masas. Es significativo que la manifestación se convocara en Casablanca, donde las mezquitas disidentes agrupan al 70% de islamistas. El episodio siguiente que evidenció el ascenso del Islamismo fueron las elecciones del 27 de septiembre de 2002, cuando el PJD se convirtió en la tercera fuerza política del país, pasando bruscamente de 14 a 42 escaños. Pero hay que matizar este resultado.

La dirección «oficialista» del PJD, llegó a un pacto (confesado públicamente) para presentar candidaturas solamente en la mitad de los distritos únicamente. Bajo presión del majzén, el PJD había decidido presentar candidatos solamente en 56 de las 91 circunscripciones a fin de no generar alarma por los buenos resultados que le auguraban las encuestas. El majzén pretendía evitar un efecto similar a la brusca victoria del FIS en Argelia. Tal como expresó uno de los dirigentes del PJD, Benkirán «[… una victoria] sería imposible de soportar políticamente tanto en el interior como en el exterior del país […] el escenario argelino produce fobia en Marruecos». Todos los analistas consideraban seguro el triunfo de los islamistas moderados, por mayoría absoluta, si se presentaban en todas las circunscripciones. Los resultados desbordaron todas las previsiones hasta el punto de que se produjo un «apagón» durante el recuento electoral. La convicción de que hubo fraude electoral, no fue óbice para que el PJD se convirtiera en el tercer partido, a pesar de presentarse en la mitad de las circunscripciones.

No hay que perder de vista que el PJD surgió de la cooperación electoral entre el movimiento islamista Reforma y Unidad y el antiguo partido oficialista Movimiento Popular Democrático y Constitucional del Dr. Abdelkrim Jatib, médico de Hassán II. Los islamistas radicales conocen al PJD como «islamistas del Rey». En realidad, en el interior del PJD siempre ha existido cierta ambigüedad coexistiendo dos tendencias, una moderada, encabezada por Abdelillah Benkirán (procedente de Reforma y Unidad, grupo nacido en 1981 cuando se separó del ala moderada del movimiento clandestino Juventud Islámica) y un ala radical que tiene como jefes de fila a Abib Tajakani y Mustafá Ramid. Así no pudo extrañar que en las elecciones de 2002, mientras Benkiran explicaba que el PJD solamente pretendía mantener de la sharia aquello que hoy está en vigor en la constitución marroquí, sus otros dos compañeros de partido, sostenían que su intención era la aplicación íntegra de la ley coránica. Mientras los moderados del PDJ aspiraban a un acercamiento estratégico al Istiqlal, los radicales habían hecho guiños constantes al jeque Yassin y a su organización Justicia y Caridad, el cual, por lo demás, se felicitó del éxito del PJD en las elecciones del 2002.

Pero todo esto no debe hacer olvidar que el PJD, a pesar de ser un partido que acepta la constitución marroquí y mantiene una práctica política moderada, alberga en su interior innegables contenidos islamistas y un ala más radical, hoy postergada, pero no por ello desaparecida. Sus diputados siempre han defendido la islamización de la sociedad y la identidad islámica del país con medidas tales como la prohibición del alcohol, el rechazo a la integración de la mujer, la ruptura de relaciones con Israel y un código de prensa basado en el Islamismo. Primer partido de Marruecos por su influencia social, aspiraba a confirmar sus inmejorables perspectivas de crecimiento cuando ocurrieron los atentados de Casablanca.

Hoy, el sector radical del PJD está representado por Mustafá Ramid, líder del grupo parlamentario, y Ahmed Raisuni, procedentes del antiguo movimiento Reforma y Unidad. A partir de 2004, éste sector se opone frontalmente al sector moderado encabezado por Abdelkrim Jatib. Los radicales han procurado forzar la presión política del PJD. Raisuni, tras los atentados de Casablanca, llegó a negar que Mohamed VI fuera el «príncipe de los creyentes»; ciertamente se retractó pocos días después y dimitió de sus cargos, pero no era el único en pensar así dentro del PJD, lo que ocurría es que el sector moderado, mayoritario en esos momentos, estaba tratando de permanecer al margen de la ofensiva contra el islamismo radical desencadenada por el majzén. Pero los radicales prosiguieron con su presión: solicitaron el endurecimiento de la ley contra el consumo de alcohol, exigieron el cierre de los centros de enseñanza que mantienen países no islámicos en Marruecos, encabezaron las manifestaciones contra actores y directores de cine que, a decir de los islamistas, no respetaban la religión islámica. Una película de Nabyl Ayuch que mostraba un pequeño desnudo, por ejemplo, fue el blanco de las iras de Mustafá Ramid, dirigente del PJD quien explicó que «atentaba contra los valores del Islam y forma parte de la quinta columna francófona y sionista».

El PJD no se llamó a engaño. Era perfectamente consciente de que los atentados de Casablanca iban a tener consecuencias nefastas sobre su formación. Raisuni, dirigente del sector radical del PJD, condenó los atentados afirmando que «estos actos suponen un grave atentado contra el Islam y justifican la intervención extranjera en los asuntos de los países islámicos». En el parlamento se vieron obligados a aprobar la legislación antiterrorista o, de lo contrario, hubieran sido presentados como «cómplices de los terroristas». Pero esto no impidió que muchos miembros del PJD hayan sido detenidos e investigados en virtud de la ley antiterrorista.

La reforma del código de familia (mudawana) fue otra de las resultantes de los atentados de Casablanca. Tras el largo bloqueo de los sectores más conservadores –que estimaban que este código iba en contra de las tradiciones marroquíes– el nuevo texto presentado por Mohamed VI fue aprobado por unanimidad. La edad mínima legal de matrimonio para las mujeres se elevó de 15 a 18 años, se establece el derecho al divorcio por mutuo acuerdo, somete la poligamia y el repudio al control judicial, termina con el deber de la mujer de obedecer a su marido y elimina el requisito de que la mujer tenga un tutor para poder casarse. Se le ha definido como uno de los códigos de familia más «progresistas» en el mundo árabe. Los islamistas del PJD renunciaron a bloquearlo después de que las bombas de Casablanca, los situaran en posición defensiva. El gobierno consiguió que si se oponían a esta ley fueran considerados por la opinión pública como cómplices de los atentados. Eran los efectos colaterales –¿colaterales?– del crimen.

En el congreso del PJD celebrado en abril de 2004, moderados y radicales llegaron a un acuerdo en virtud del cual el partido rebajaría su perfil opositor para evitar ser identificados con los radicales. Un moderado, Saad Eddine el–Othmani, ocupó la secretaría general del partido.

En noviembre de 2004 se anunció la reforma de la ley de partidos para prohibir las formaciones de matriz religiosa. Anticipándose, el PJD ha dicho que su partido «no es ni religioso ni islamista, sino un partido de referente islámico». Pero lo es, claro que lo es, y no es el único en Marruecos.

Justicia y Caridad: otra forma de política islamista

Lo que hasta ahora era uno de los factores de estabilidad de la monarquía alauí (su doble carácter político y religioso) se ha convertido en un factor de riesgo. En la figura del rey se unen los tres poderes constitucionales y, además, la sacralización de su figura, tal como establece la Constitución de 1996 (aprobada por la increíble cifra del 99’56% de votos). «Tocando» a la figura del monarca, todo el sistema se desploma. Y tal es la función asumida por JyC y por sectores amplios del PJD. Por otra parte, la propia definición constitucional de «monarca sagrado» hace que los partidos laicos, en una situación de libertades democráticas reales, también terminaran torpedeando a la figura del rey. En España, por ejemplo, la monarquía puede arrogarse el estar «por encima» de los partidos, pero no en Marruecos.

La Mudawana, o Estatuto Personal, vigente en la actualidad, está basado en la Sharia; su versión anterior a la reforma de 2003, era una especie de ley coránica descafeinada, pero extremadamente despectiva con respecto a las mujeres. La Mudawana regula la poligamia y el repudio, la tutela matrimonial de la mujer o su inferioridad en los derechos de herencia (la mujer percibe la mitad de la herencia que el hombre). El Gobierno Yusufi se estrenó con un ambicioso –e irrealista– Plan de Integración de la Mujer, ante el cual los islamistas se movilizaron en masa, logrando bloquear el proyecto. Fueron las mujeres marroquíes, las que, manifestándose, tiraron atrás el innovador proyecto de Yusufi. JyC movilizó a las mujeres para protestar contra una reforma de la que ellas eran las principales beneficiarias. Finalmente, la reforma propuesta por Yusufi fue bloqueada por el ministerio de Asuntos Religiosos… uno los llamados «ministerios de soberanía» (nombrados directamente por el rey). Hasta los atentados de Casablanca…

Tras las elecciones legislativas de 2002, los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), por primera vez, estuvieron en condiciones de formar grupo parlamentario propio en la Cámara de Representantes. Junto a este grupo coexistía el movimiento Islamista moderado más importante del país, Justicia y Caridad (JyC) liderado por Abdesalam Yassín, que no realizaba directamente actividad política, sino que se dedicaba a la asistencia social. Además, existían los grupos takfires. A pesar de que se ha dicho con mucha ligereza que los takfires están vinculados a Al–Qaeda, no es evidente que así sea. Tras las primeras detenciones de los presuntos terroristas que cometieron los atentados del 11–M, se publicó que pertenecían al movimiento de origen egipcio «Takfir wal Hijra» (literalmente, Anatema y Exilio), la secta salafista de los «takfires». Se trataba de una información falsa. El propio Abú Dahdah (tenido como responsable de la «célula española" de Al-Qaeda), tras los atentados y especialmente tras la profanación de la tumba del subinspector de los GEO muerto en la operación antiterrorista de Leganés, atribuyó a los takfires tanto este odioso episodio como los propios atentados del 11–M. La violación de la tumba del GEO sería una venganza planificada por los takfires, como respuesta a la inmolación de los siete islamistas, entre los que podría estar el responsable ideológico y líder religioso de la secta en España. La exhumación del cuerpo del GEO, su destrozo y mutilación con un pico y una pala y su calcinación correspondería a un ritual seguido por los miembros de esta secta, por el hecho de que los cuerpos de sus «mártires» no habían sido sepultados aún, según marca la «suna» (tradición) coránica. No se trataría de la primera profanación. Previamente se habían producido otras, en el Cementerio Sur, en el madrileño barrio de Carabanchel y en Marruecos contra tumbas judías. Esto movimiento habría llegado a España de la mano de salafistas magrebíes y su principal base se encontraría en estos momentos en Londres, dirigido por un emir. La secta fue fundada en el Egipto de los años 40, bajo el nombre de Takfir Oual y se la considera una herejía («aljvarij») dentro del Islam. El grupo procede de una facción radical escindida de los Hermanos Musulmanes de Egipto fundado por Shukri Mustafa, juzgado y ejecutado por el asesinato del presidente Annuar el Sadat en 1981. Luego se propagaron a Argelia y Marruecos de la mano de los salafistas y una década más tarde se establecieron en Líbano y Sudán. Fue en este último país en donde, según la versión oficial, entraron en contacto con Bin Laden que se encontraba en esos momentos ahí después de la Segunda Guerra del Golfo (1989). Tampoco parece evidente. A España llegaron de la mano de magrebíes inmigrados en los años 90. En Marruecos, se dieron a conocer después de profanar tumbas judías. Se trata de una versión extrema del Islam que permite a sus adeptos, incluso asesinar a musulmanes, incluidos niños y mujeres, si no cumplan los preceptos más rígidos del Islam. Para ello es menos grave que mueran que el hecho de convertirse en infieles («kafires»). Son apenas unos cientos, parte de los cuales se encuentran en España, procedentes de Marruecos; poco que ver con los cientos de miles de partidarios del jeque Yassín.

«Justicia y Caridad» (Al Adl ua al Ihsan) jamás ha ocultado su integrismo y en su interior, a diferencia del PJD, no tiene tendencias; es una organización monolítica fundada en 1983 y liderada por el jeque Abdesalam Yassín. En 1974 Yassín se hizo famoso al dirigir una carta abierta a Hassán II en la que denunciaba la occidentalización del país, la corrupción del majzén y definía a Hassán II como «pecador». En lugar de encarcelarlo, Hassán II recurrió, como los soviéticos, a encerrarlo en un frenopático. En 1989 no reconoció la sacralidad del monarca, así que fue puesto bajo arresto domiciliario, situación que duró hasta el 2000 cuando, tras la muerte de su padre, Mohamed VI levantó la sanción, a pesar de que le había recordado que las riquezas que heredó de su padre habían sido obtenidas ilegítimamente y, por tanto, su uso y disfrute eran, así mismo, ilegítimas. A partir de ese momento, con Yassín en libertad, el movimiento alcanzó un auge formidable.

JyC es un movimiento radical en sus postulados, pero pacífico en su actividad cotidiana. Sus principios no son diferentes de los contenidos en la carta que su fundador dirigió a Hassán II: la corrupción del majzén ilegitimaba el carácter sagrado de la monarquía y perjudicaba a todo el país que, progresivamente, se occidentalizaba en detrimento de las clases desfavorecidas que sufren injusticias sociales intolerables. Este discurso, ha calado extraordinariamente en las clases ilustradas de la sociedad marroquí, especialmente entre los maestros, universitarios y profesionales. Su actividad consiste en realizar obras de caridad en los barrios pobres, cada vez más numerosos que, de esta forma, se han convertido en un vivero de fundamentalismo.

Resulta difícil valorar numéricamente el peso de JyC. En 2003, habían sustraído la dirección de los sindicatos a la Unión de Fuerzas Socialistas, en una evidente muestra de vitalidad y arraigo en la sociedad. También ha convocado distintas manifestaciones de masas contra la reforma del estatuto de la mujer y sus miembros han realizado campañas contra el turismo (frecuentemente acosando a los visitantes de las playas) que demuestran inequívocamente que se trata de un movimiento de masas. Por otra parte, en las elecciones proponen la abstención (que llega al 65%).
Hassán II se equivocó cuando intentó debilitar a JyC estimulando la constitución del PJD que, inicialmente, debía ser una organización «controlada» por el ministerio de Asuntos Religiosos. Además, dejó que Arabia Saudí creara y financiara la corriente wahabita que, históricamente, arraigaba en las mismas capas sociales que JyC. Hassán II creía que estas dos orientaciones bastarían para minimizar la importancia político–social de esta organización. Esta estrategia se basaba en que el contagio islamista se produciría, inevitablemente, en Marruecos, por tanto era preciso adelantarse e integrar a los grupos islamistas, lo cual debía hacerse a través del ministerio de Asuntos Religiosos y generosas subvenciones, favoreciendo, paralelamente, la fragmentación del islamismo radical y colocando a algunos hombres fieles al frente de las distintas fracciones. Pero las cosas discurrieron por otros derroteros imposibles de prever por Driss Basri, verdadero inspirador de esta estrategia y por M’Dagri Alaui, quien la aplicó al frente de su ministerio.

Los salafistas habían alcanzado cierta relevancia en la sociedad marroquí a partir de los años 80, dirigidos por Mohamed Magraui, a sueldo del wahabismo saudí (cuerpo doctrinal de los seguidores de Muhammad Ibn Abdel Wahab que vivió a mediados del siglo XVIII) y organizado como asociación cultural. Magraui fundará un centenar de centros coránicos disidentes del islamismo malekita oficial.

La ideología wahabita, en realidad, al no reconocer el carácter político y religioso de la figura real, apunta contra la línea de flotación de la monarquía; los wahabitas admiten que el «príncipe de los creyentes» es un título que puede ser ostentado por cualquier clérigo (como el líder de los talibanes, el mulah Omar que tenía ese mismo título). Seguramente, Mohamed VI, conocía esta característica del wahabismo, pero pensaba que, en el caso de que esta corriente empezara a obtener una influencia real en la sociedad, los cercenaría como había hecho sin piedad con otros movimientos y políticos mucho más arraigados. El crecimiento de las formaciones wahabitas, finalmente, terminó desbordando a su hijo y convirtiéndose en un riesgo real para la existencia misma de la monarquía.

El PJD había desbordado pronto las intenciones iniciales de Hassán II y se desembarazó pronto de la tutela del ministerio de Asuntos Religiosos, mientras que JyC, paradójicamente, fue uno de los principales beneficiarios de esta política que le ha permitido celebrar reuniones públicas y mantener una estructura, «ilegal», pero «tolerada». Hassán II pretendía que el PJD contrapesara la creciente influencia de JyC. La diferencia esencial entre ambos partidos era que mientras el jeque Yassín no admitía la autoridad espiritual del monarca, el PJD si la reconoce, al menos hoy oficialmente. Una de las corrientes del PJD, «Vigilancia y Virtud» acepta sin reservas la naturaleza sagrada del monarca, pero la otra, «Unidad y Reforma», en cambio, comparte en este terreno las posiciones de Yassín. A diferencia del PJD, la organización de Yassín ha elegido no participar en los procesos electorales. Y ha ido creciendo al margen de las instituciones.

Para contrarrestar a esta organización, la estrategia consistió en fragmentar el área fundamentalista favoreciendo la creación de pequeños grupos extremistas que, además de dividir, eran rechazados por la opinión pública, arrastrando en tal rechazo a todo el sector político del que formaba parte JyC. Ya hemos mencionado a estos grupos: «Separación y excomunión» (Al Hijra Ua Takfir), de Yusef Fikri, que fue conocido en Europa, antes de que llegaran noticias de la organización de Yassín; a pesar de su endeblez numérica y de que, en la actualidad, se encuentra casi completamente desarticulado, los «takfires» asesinaron a una persona que consumía alcohol. Por su parte, «Camino recto» (Assirat Al Mustakim), de Zakaria Miludi, aparece como escisión del anterior y también ha cometido algún asesinato. Finalmente, los seguidores de Bin Laden están agrupados en la Salafiyia Yihadihia, de Mohamed Fizazi, relativamente conocido por haber acusado de debilidad a Yassín en una carta abierta. Todos estos grupos se consideran wahabitas y los dos últimos son conocidos como «los afganos» por la aprobación pública que realizan de las ideas (y las acciones) de Al–Qaeda. La propaganda wahabita había sido autorizada en Marruecos por Hassán II para dividir al Islamismo radical, de un lado, y para pagar el apoyo que Arabia Saudí (foco de financiación del wahabismo) prestó a Marruecos en la discusión sobre la independencia del Sáhara en la Liga Árabe.

El islamismo radical en Marruecos

En 1999, los islamistas marroquíes estaban divididos en dos sectores, los radicales que habían adoptado los temas favoritos de Bin Laden (guerra santa contra los países occidentales, especialmente contra EEUU, considerados herederos de los cruzados y focos de indescriptible corrupción y vicio), mientras que los grupos moderados se limitaban a reimplantar en la sociedad marroquí tradiciones religiosas del pasado. Estos últimos aspiraban a combatir la dejadez que percibían en la sociedad marroquí; se oponían a la elección de misses y a otros concursos que «degradaban a la mujer» , consiguieron imponer en los barrios marginales la utilización del velo islámico y rechazaban la coeducación aduciendo que favorecía la promiscuidad; mediante la fuerza, en ocasiones, o a través del adoctrinamiento, consiguieron que los hombres de las barriadas pobres acudieran a las mezquitas en las oraciones de los viernes; se manifestaron contra el consumo de alcohol y propusieron medidas para endurecer su venta. Numéricamente, los moderados eran infinitamente mayores a los grupos radicales y, por supuesto, tenían muchas más posibilidades de poner en práctica su política reformista desde las instituciones; eran, por tanto, más peligrosos. Por otra parte, los grupos radicales, desde siempre eran objeto de vigilancia por parte de la seguridad marroquí y, es natural que estuvieran infiltrados por sus agentes.

En 1969 nace en Marruecos la primera organización islámica radical, la Shabiba Islamiya (Juventudes Islámicas), creada por Abdelkrim Mutí y Abdelaziz Nuamani. Veintidós años después, Muti se escindió de este grupo y creó la Facción del Combate, mientras, Nuamani fundaba la Organización de los Combatientes Marroquíes. En 1984, ambas organizaciones, que jamás tuvieron excesiva importancia, desaparecían, pero uno de sus militantes, Abdelilah Ziyad, fundaba en 1993, el Movimiento Islamista Combatiente, un grupo del que se sabe muy poco sobre su alcance y ni siquiera existe unanimidad en lo relativo a su nombre: Grupo Islámico Combatiente, Grupo Marroquí Armado, Grupo Islámico Armado, Grupo Combatiente Marroquí...

Se suele atribuir la fundación de este grupo a excombatientes marroquíes en la guerra de Afganistán con los soviéticos (1979–89), pero, en realidad, apenas aparecen unos pocos el último año del conflicto y siempre se trata de personas vinculadas a ONGs que actúan en tareas humanitarias. Cuando, al vacío dejado por los soviéticos, sigue la guerra civil afgana (1989–96), la presencia y actitud de los marroquíes no se altera, aunque algunos, como Ali Allam, regresan a su país. En 1996, los talibanes ascienden al poder y, a partir de ese momento, afluyen algunas decenas de marroquíes, que generalmente vivían ya en el extranjero, y que, habitualmente, estaban casados con mujeres nacidas en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes. Ninguno de estos marroquíes tuvo el más mínimo protagonismo ni en Al Qaeda, ni en el gobierno talibán.

Sin embargo, se suele explicar que, a su regreso a Marruecos, a finales de la década de los noventa, formaron el Grupo Islámico Combatiente que se considera la «pata» de Al–Qaeda en ese país… algo que, como mínimo resulta discutible y no está en absoluto demostrado.

De existir, el papel del GIC parece ser muy secundario en la estructura de Al–Qaeda. Algunos dossiers de la CIA indican que apenas hizo otra cosa que facilitar cobertura a los terroristas de Bin Laden de paso por Marruecos. En lugar de cometer atentados, robaban y falsificaban documentos para el «terrorismo internacional». No está nada claro y faltan pruebas para demostrarlo; se trata de la versión oficial y por eso la hemos traído a colación, si bien somos escépticos sobre su veracidad.

Otros informes de la CIA, daban el año 2002 y la ciudad de Londres como escenario para la creación del Grupo islámico Combatiente Marroquí por Mohamed Guerbouzi. Esos mismos informes apuntan a que, un año más tarde, Guerbouzi reunido con gente de Al–Qaeda en Estambul, habrían planeado atentados terroristas en Casablanca, Essauira, Fez, Tánger y Marrakech; pero sólo tuvieron lugar los de Casablanca.

Por su parte, la seguridad marroquí, manejando los informes de la CIA, sostuvo que, tras los atentados del 11–S, el GIC decidió realizar acciones en el interior de Marruecos. Pero nada ocurre. Apenas la detención de los ilusos que pretendían atentar contra la VI Flota y de distintos grupos salafistas, más o menos incoherentes. La versión oficial marroquí sostiene que al fracasar deciden cometer acciones suicidas que se inician en Casablanca el 16 de mayo de 2003. Tampoco parece muy verosímil. No hay que olvidar que los 13 terroristas de Casablanca, se inmolaron innecesariamente en la acción; pensemos lo que supone para una organización incipiente el que 13 de sus activistas mueran… para matar a 32 víctimas irrelevantes. ¿Con quién pensaban continuar la serie de atentados si sus filas se veían mermadas por los suicidios de sus militantes? La versión oficial sobre los atentados de Casablanca, no despeja en absoluto estas incógnitas y permite pensar que hay algo que se escapa a la versión oficial. Por ejemplo, la sofisticación de los explosivos que nada tenía que ver con la tosquedad de sus autores y su falta de preparación para armas bombas como las que estallaron.

La seguridad marroquí da como responsable de estos atentados es Mohamed El Guerbuzi (a) «Abu Aisa», considerado jefe de Al–Qaeda en Marruecos según unos y simple portavoz del grupo para otros; junto a Guerbuzi, figuraban en el esquema elaborado por la policía marroquí, las células de Yusef Fikri, Abdeluahhab Rebbai (a) «Errabba» y Karim El Mejjati (a la que pertenecían los interrogados por los atentados de Casablanca). Resulta difícil saber cuál es la estructura de este grupo e incluso saber si se trata de un grupo organizado. Da la sensación de que es, más bien, un amasijo de células completamente independientes y, probablemente, sin relación entre sí, pero que utilizan el mismo nombre para firmar sus acciones terroristas. Las fuentes oficiales marroquíes explican que los cuadros dirigentes de estos grupos proceden del Movimiento Islamista Combatiente de Abdelilah Ziyad y del grupo formado por Abdelaziz Nuamani, Ali Buseghiri y Mohamed Nekkaui (detenido tras los atentados de Casablanca).

Hasta las bombas del 16 de mayo de 2003, solamente se había producido una acción terrorista de envergadura en Marruecos. En agosto de 1994, tres terroristas armados habían penetrado en hotel Atlas de Marrakech, disparando contra los clientes que se hallaban en el establecimiento. Murieron dos turistas españoles, Salvador Torrás y Antonia García. Hassán II acusó de este episodio a los servicios secretos de Argelia, aun a sabiendas de que se trataba de una falsedad y de que los terroristas habían salido del propio Marruecos. El incidente se saldó con el cierre de las fronteras terrestres entre los dos países y con la exigencia de visado a los ciudadanos argelinos para entrar en Marruecos. Pocos días después, la policía marroquí culpó a Abdelilah Ziyad de estos atentados. Tras el atentado, Hassán II intentó negociar la entrega a Argelia Abdelak Layada, uno de los terroristas argelinos más buscados, detenido en Marruecos, a cambio del cese del apoyo político al Frente POLISARIO.

En los años 1994 y 1995, Argelia trató de introducir el tema del terrorismo en la agenda de la conferencia de ministros del Interior de la Unión del Magreb Árabe, pero Marruecos se opuso. Era la forma de debilitar a Argelia que en esos momentos sufría la gran ofensiva del GIA y del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Para Hassán II, el terrorismo era sólo un instrumento para negociar, una excusa para adoptar decisiones drásticas y un sector a manipular. En el atentado de Marrakech todo esto se encuentra presente sin el más mínimo pudor.

Algunos de los imanes que ejercen en las mezquitas oficialistas llegaron a defender la legitimidad moral del 11–S y la figura de Bin Laden, con la consiguiente apología del terrorismo que ello significaba. Otros imanes, titulados por el ministerio de Asuntos Religiosos, no dudaron en criticar la ceremonia ecuménica de homenaje a las víctimas, realizada en la Catedral de Rabat cinco días después de los atentados y con que el rey aspiraba a congraciarse con los EEUU. El fundamentalismo islámico ha crecido, incluso entre el clero amamantado por las instancias oficiales. Hoy se calcula que algo más de la mitad del Islam marroquí aprueba la actividad de Bin Laden y de Al–Qaeda.

Rasgos sociológicos del islamismo radical marroquí

Uno de los principales factores de inestabilidad en el Magreb es la demografía y, más en concreto, lo que se conoce como la «hipertrofia juvenil» que aparece cuando los jóvenes de entre 15 y 29 años se convierten en el grupo social mayoritario. En ese caso, la probabilidad de que estallen guerras civiles y movimientos terroristas de amplia base es tres veces mayor que en las poblaciones en las que el grupo social mayoritario son los adultos. La esperanza de que disminuya la natalidad en el Magreb en los próximos 25 años no es ninguna esperanza… por que no es evidente que esa disminución vaya a producirse.

En Marruecos y Argelia este proceso es muy acusado y la inestabilidad aumenta cuando los jóvenes se encuentran en paro y sin otra esperanza que la inmigración para mejorar sus aspiraciones.

Marruecos no puede prescindir de la inmigración, aunque la inmigración sea uno de los caldos de cultivo del fundamentalismo islámico. Las remesas de los emigrantes suponen hoy el primer ingreso neto en divisas del país. Hasta marzo de 1998, estos flujos se incrementaron el 15% hasta alcanzar los 8.564 millones de dírhams. Entre 1999 y 2001 se doblaron, llegando a los 36.162 millones de dírhams (3.500 millones de euros).

Buena parte de los marroquíes que protagonizan los atentados atribuidos al islamismo radical son jóvenes que residen en Occidente. A diferencia de los viveros de radicalismo islámico que aparecen en los barrios pobres de las ciudades marroquíes, los terroristas marroquíes que se han trasladado a los países europeos, ni son pobres, ni se encuentran en situación irregular.

Un estudio sobre 212 presuntos terroristas magrebíes que han sido detenidos en Europa Occidental y Norteamérica entre 1993 y 2003, muestra que apenas el 16% eran inmigrantes ilegales, el 8% eran inmigrantes de segunda generación. Terroristas marroquíes han estado implicados en cinco extraños episodios de terrorismo internacional entre 1999 y 2001, todos ellos –también extrañamente– frustrados, además del atentado contra la sinagoga de Djerba en Túnez (abril de 2002), los atentados de Casablanca (mayo de 2003) y los atentados de Madrid (marzo de 2004).

Las bombas de Casablanca y su papel provocador

Hay que encuadrar los atentados de Casablanca en aquel dramático instante de la historia reciente: sólo unas horas antes de los atentados, George Bush había anunciado inminentes ataques de Al–Qaeda y una mayor periodicidad en las acciones terroristas; apenas cuatro días antes habían tenido lugar atentados similares en Riad, tierra natal de Bin Laden, en los que murieron 30 personas. Era inevitable vincular, inmediatamente, los atentados de Casablanca a Al–Qaeda. Sólo unas semanas antes, ocho de los condenados en 2004 por el intento de atentado contra la embajada de EEUU en Roma, habían resultado ser marroquíes. En agosto de 2002, la seguridad marroquí desarticuló también a un grupo autóctono, deteniendo a un centenar de sus integrantes, al que se acusó de estar detrás de cinco asesinatos y numerosas agresiones contra personas no islámicas. Meses atrás habían resultado detenidos cientos de jóvenes miembros de una corriente islamista que simpatizaban con Bin Laden. Este movimiento había surgido en el interior de mezquitas wahabitas. Luego se produjeron los atentados de Casablanca y la detención de los miembros del grupo islamista Assirat Al Mustaqim («el buen camino»).

En enero de 2002, la seguridad marroquí dice haber detectado el retorno de ciudadanos de ese país que habían permanecido en Afganistán hasta la invasión americana. En ese momento se crea la leyenda de los grupos terroristas marroquíes fundados por «los excombatientes afganos». El 11 de mayo de 2002 se desarticulaba la improbable célula durmiente de Al–Qaeda que debía atentar contra la VI Flota de EEUU; en julio se producía un ataque contra los asistentes a una boda en Ulid Tunal cerca de Meknes; en agosto, resultaban detenidos treinta miembros de varios grupos radicales en Casablanca y Fez, etc. Afinales de mayo de ese año se publicaba la noticia de que Al–Qaeda, pretendía actuar en Marruecos y, tres meses después, un comunicado atribuido a Al–Qaeda llamaba a los islamistas marroquíes a responder firmemente a las detenciones de activistas salafistas.

Los «afganos» –siempre según la seguridad marroquí– habían fundado tres grupos terroristas, de los que el más importante sería la Hichra wa Takfir, que sería la «sección marroquí» de la Salafía al–vihadía, al que pertenecerían también el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate de Argelia y la Yihad Islámica en Egipto. El grupo resultó desarticulado tras los atentados de Casablanca, siendo detenidos sus fundadores (Yussef Fikri y Mohamed Damir) y otros 28 activistas. Otro grupo eran los Emires de Gang, al que la prensa marroquí atribuyó, bastante frívolamente, unos 500 miembros en Fez y entre 800 y 1000 en Casablanca. El tercer grupo, muy pequeño y también desarticulado tras las bombas de Casablanca, se dice que tiene vínculos entre la inmigración marroquí en España; de hecho, su líder, fue detenido cuando pretendía viajar con destino a nuestro país.

Todos estos grupos, en definitiva, no suponen nada, su actividad en los momentos de escribir estas líneas es nula e, incluso, en el 2002, sus fuerzas debían ser extremadamente débiles a tenor de la facilidad con la que fueron completamente desarticulados. En la prensa marroquí existía en aquel momento una evidente tensión. Se creía ver terroristas por todas partes, cualquier cosa para crear la sensación de que existía un «peligro islamista», lo que llevaba, necesariamente, a enajenar el voto para el PJD. En realidad, los comunicados atribuidos a Al Qaeda y todas las informaciones sobre la irrupción del salafismo terrorista se concentran ANTES de las elecciones de 2002. Pero, todas estas informaciones alarmistas no logran contener al islamismo moderado; entonces tienen lugar los atentados de Casablanca que también se producen ANTES de las elecciones municipales de 2003; deberían de haber servido para frenar el ascenso del PJD, pero, la maniobra orquestada por el majzén de amalgamar a islamistas radicales, islamistas moderados e islamistas terroristas, se salda con el fracaso.

Tras los atentados de Casablanca, diversos medios publicaron informaciones espectaculares en las que se decía que Bin Laden aspiraba a convertir Marruecos en un santuario de Al Qaeda. Eran, evidentemente, falsas. En realidad, desde febrero de 2002, no se han producido nuevas declaraciones de Bin Laden (e, incluso, se duda seriamente de la autenticidad del comunicado aparecido en esa época) y existe la duda sobre su paradero y, mucho más, sobre sus proyectos. Alguien pretendía que en Occidente se creyera que existía una amenaza de Al–Qaeda sobre Marruecos y que éste país estaba dispuesto a afrontar el desafío. Pero no era así: en Marruecos se han producido atentados terroristas y, como los del 11–M, no hay absolutamente ninguna pista que conduzca a Bin Laden o a Al–Qaeda. Ahora bien, es indudable que la seguridad marroquí, utilizaba el espantajo de Bin Laden y Al–Qaeda para alertar sobre un peligro terrorista que, al menos, en el interior de Marruecos era inexistente.

Los atentados de Casablanca sucedieron poco después de que las tropas norteamericanas escenificaran su entrada en Bagdad y el derribo de la estatua de Saddam Hussein. Poco antes, en las mezquitas situadas fuera de la influencia de la casa real, se protestaba contra el ataque norteamericano y se pedía, literalmente, «resucitar el espíritu de Yihad» y «boicotear los productos americanos, británicos y sionistas y los de todos los países que formaron parte de la coalición».

El mismo PJD pidió cerrar «las embajadas de los países agresores» y añadía que «sólo la guerra santa y el martirio de la comunidad musulmana permitiría recuperar la dignidad». En aquellos días, todos los grupos islamistas, moderados y radicales, llamaron a la movilización contra «herejes y cruzados». No había matices: en esta definición se englobaban tanto a los países occidentales que se habían opuestos a la guerra, como a EEUU y sus aliados. Existía un clima de violencia verbal que pareció cristalizar con los atentados.

Unos días antes de las bombas de Casablanca, se habían producido atentados terroristas en Riad que causaron 25 muertes, entre ellas ocho norteamericanos. También en esa ocasión se utilizaron comandos suicidas, nueve de cuyos cuerpos pudieron encontrarse despanzurrados en el área de las explosiones. Con éste precedente, era inevitable pensar que la paternidad de los atentados de Casablanca correspondiera a Al– Qaeda. Desde el primer momento, el ministro marroquí de Interior, Mustafá Sahel, apuntó que ataques «fueron perpetrados por gente afiliada a grupos terroristas internacionales»… lamentablemente, no aportó prueba alguna.

Los ataques de Casablanca habían sido cuidadosamente premeditados para causar un impacto rotundo. Ya en aquella ocasión, el gobierno español defendió vehementemente que el atentado contra la Casa de España no estaba relacionado con la intervención de nuestro país en apoyo de la ocupación norteamericana de Irak. Era discutible: Marruecos también había apoyado dicha intervención y, por lo demás, el punto que resultó más dañado y con más saña fue la «Casa de España». Existía un aroma «antiespañol» inequívoco. Incluso el Club Israelí había sido golpeado cuando se encontraba vacío y otro tanto ocurría con el atentado en el cementerio israelita, no así la «Casa de España».

Tras los atentados, la reacción de las autoridades consistió en encarcelar, no sólo a los presuntos responsables del crimen, sino a militantes de la totalidad de los grupos islamistas considerados como radicales. Por otra parte, se realizó una ofensiva política sobre el PJD. El régimen aprovechó los atentados, para criminalizar al islamismo moderado y meterlo en cintura. Se le exigió, que reconocieran el carácter sagrado de la monarquía y el rito malekita; negarse a hacerlo equivalía a hacer causa común con los terroristas; en esa democracia tan particular como la marroquí el majzén se reservaba el derecho de imponer candidatos a los partidos islamistas y, desdiciendo la necesaria libertad de información y la igualdad de oportunidades de todos los partidos, las autoridades impusieron restricciones a la información sobre los partidos islamistas, tanto en las elecciones legislativas del 2002 como en las municipales del 2003. Así mismo, una nueva ley electoral impide la autodefinición religiosa de los partidos. A pesar de todo, en las municipales del 2003, el PJD logró ser la fuerza mayoritaria en Mequinez, Kenitra y otras treinta ciudades. Solamente había sido autorizado a presentar candidatos en el 3’48% de los distritos electorales. Atentaban los presuntos islamistas radicales, pero el perjuicio mayor lo sufrían los islamistas moderados… esta es la única realidad y, ante ella, es lícito pensar en cualquier posibilidad sobre el origen de los atentados.

La manipulación del terror

Cuando en 1999, subió al poder Mohamed VI, se abrió un nuevo período en la política marroquí presidido por los buenos deseos y las promesas de democratización del país. Pero, dos años después, todo esto se había diluido. Ni el islamismo en ascenso, ni las clases más conservadoras veían con buenos ojos estas reformas y presionaban, cada uno en sentido opuesto, para que se abandonaran. La reforma del Código de Familia (que legitimaba la poligamia y el repudio), una de las propuestas centrales del período 1999–2001, fue, postergada primero y olvidada después hasta los atentados de Casablanca, cuando, bajo la presión del traumatismo, los islamistas cedieron. Las promesas de instauración efectiva de los derechos humanos y las libertades públicas, era mirado con desconfianza por el Ministerio del Interior y por la inteligencia militar. Los atentados de Casablanca, fueron utilizados también para desprestigiar a la primera institución (que no habría tenido habilidad suficiente para impedir la comisión del crimen) e hicieron que Mohamed VI se arrojara en brazos de la inteligencia militar. Su padre había hecho otro tanto.

Hassán II utilizó al islamismo como contrapeso al movimiento democrático, pero no dudó en golpearlo con dureza en 1973 (proceso de Kenitra) y 1979 (proceso de Casablanca). El islamismo era tolerado mientras servía a los intereses de la casa real, pero si intentaba seguir un camino propio, pasaba a ser combatido sin piedad. A partir de 1975, el Islam marroquí se vio sometido, primero a la influencia de los Hermanos Musulmanes egipcios (movimiento fundado en los años 30 y reactivado en los 70), luego del wahabismo saudí (que arraigó pronto mediante subvenciones a instituciones culturales islamistas) y finalmente del chiismo iraní (que rompía la unidad del rito malekita marroquí), las tres tendencias radicales del mundo islámico en el último tercio del siglo XX. Todos estos grupos, aprovechando la pobreza, el clima de corrupción, los abusos de poder y la falta de libertad, pudieron levantar cientos de mezquitas que surgían, especialmente, en los barrios deprimidos de las grandes ciudades. Uno de los puntales de la predicación de este islamismo era la condena a Occidente «degenerado e impío».

En los años 70, Hassán II, hombre educado en la cultura francesa, percibió el formidable poder del integrismo islámico que resultó evidente cuando Jhomeini dejó de ser un oscuro imán exiliado en París para convertirse en el inspirador del formidable movimiento que apeó al Sha del poder. Para evitar que se produjera un fenómeno similar en Marruecos, Hassán II aplicó una vieja táctica: crear, mediatizar y manipular al incipiente movimiento islamista marroquí, para evitar que surgiera un movimiento de este signo, autónomo e impermeable a las estrategias emanadas desde el palacio real. Hassán II autorizó en 1972 la actividad de la Shabiba Al–Islamiya (Juventud islámica), vinculado a los «Hermanos Musulmanes». El grupo se había fundado en 1969 pero, a partir del asesinado del dirigente izquierdista Omar Benjelún (1975) experimentó un rápido ascenso, esto es, se convirtió en un riesgo, que precedió a su prohibición.

Además del PJD y de la organización del jeque Yassin, existen otras dos grupos islamistas minoritarias, Alternativa Civilizadora y el Movimiento por la Comunidad, y una infinidad de grupúsculos de orientación salafista, una verdadera galaxia radical de reacciones imprevisibles. Algunos de estos grupos pueden estar manipulados por la seguridad marroquí, algo que no sería la primera vez que ocurre.

De entre todas las maniobras de intoxicación realizadas por los servicios de información marroquíes, destaca, sin duda, la presunta célula de Al–Qaeda que debería de haber atentado contra la VI Flota de EEUU. Quien planificó la operación de intoxicación cometió el error de cargar las tintas contra España. Se afirmó que los atentados se estaban planificando desde Ceuta y Melilla y que, por ambas ciudades debían de pasar los explosivos, hasta llegar a Gibraltar, lo que motivó e escepticismo de los servicios de información españoles y europeos en torno a la veracidad de estos datos. Es innegable que instancias de la seguridad marroquí, literalmente, han «inventado» atentados, como ayer intentaron manipular movimientos islámicos o laicos.

En efecto, sectores inspirados en los servicios de inteligencia han impulsado la creación de grupos políticos de carácter nacionalista que hacen el «trabajo sucio» y llegan a donde no llega la diplomacia o el ejército marroquí. Así por ejemplo, el minúsculo Partido Liberal Reformador, creó el Frente para la liberación de la Argelia Marroquí, de carácter terrorista. Treinta años antes, una formación fantasma similar, teledirigida desde el palacio real de Rabat, ya había atentado contra nuestras tropas destacadas en Ifni. Decididamente, no hay nada nuevo bajo el sol.

Al–Qaeda y Marruecos ¿realidad o ficción?

La «prueba» que se argumenta para justificar el que Marruecos aparezca como uno de los objetivos privilegiados de Al Qaeda, es el mensaje grabado por Bin Laden en febrero de 2002 (esto es, cuando el gobierno talibán había sido desintegrado y de cuyo contenido se albergan serias dudas) en el que citó a ese país entre los países musulmanes que había que «liberar de la apostasía». Fue su último mensaje. Poco después, como para indicar que la amenaza se cumplía, fue «desarticulada» la famosa «célula durmiente de Al–Qaeda» de la que se dijo que estaba «dispuesta a atentar contra la VI Flota», acción desmesurada para un grupo que carecía completamente de la sofisticación suficiente como para abordar actos de esa magnitud.

En 2002, el Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Territorial, decidieron promulgar una ley antiterrorista que suponía un evidente recorte a las escasas libertades democráticas alcanzadas en los meses siguientes a la muerte de Hassán II. Los islamistas del PJD se opusieron con firmeza. La situación parecía estancada hasta que se produjeron los atentados de Casablanca. También aquí, la ley fue aprobada una semana después de los atentados sin que el PJD opusiera resistencia; si lo hacía, aparecería ante la sociedad marroquí como cómplice de los terroristas.

La Ley Antiterrorista era sólo el primer hito de una ofensiva legislativa contra los sectores islamistas de oposición, especialmente, contra los que representaban algún riesgo real, los islamistas moderados.

Esta ley es deliberadamente ambigua a la hora de definir lo que es el «terrorismo» y, mucho más, la «apología del terrorismo». Tal ambigüedad permite encarcelar a sectores políticos disidentes, especialmente islamistas. Los sectores democráticos marroquíes condenaron la Ley 03/03 que limitaba los derechos fundamentales, afirmando que suponía sepultar las reformas emprendidas en el período 1999 (muerte de Hassán II) y 2001 (promulgación del Código de Prensa). La nueva Ley Antiterrorista fue aplicada por primera vez en el juicio a los presuntos responsables de los atentados de Casablanca. Diez fueron condenados a muerte. Gracias a este arsenal legislativo, pudieron ser detenidas en torno a 8.000 personas de las que apenas 838 fueron procesadas y sólo 390 condenados.

Las asociaciones pro–derechos humanos marroquíes denunciaron que muchos de estos detenidos fueron torturados. Por otra parte, no es menos cierto que el Derecho Penal marroquí exonera a funcionarios que han realizado torturas siguiendo órdenes. El informe del 24 de junio de 2004, de Amnistía Internacional denunció la práctica de torturas físicas y psicológicas en el curso de las investigaciones de los atentados de Casablanca, en el centro de detención de la DST, cerca de Rabat.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos, tras los atentados de Casablanca, han podido hablar de «un deterioro notable de los derechos civiles y políticos», especialmente, tras las bombas de Casablanca. Han aumentado las detenciones ilegales, las torturas, la manipulación de testimonios y los procedimientos arbitrarios en los que los acusados resultan condenados sin existir testigos ni pruebas inculpatorias. Ahí están los informes anuales de estas ONGs que pueden ser consultados fácilmente a través de Internet.

Tras los atentados, en el mensaje a la nación de 30 de julio de 2003 (Fiesta del Trono), Mohamed VI subrayó «la relación entre el Estado y la religión ya ha sido zanjada en nuestro país al establecer la Constitución que el Reino de Marruecos es un Estado islámico, y que el rey es el comendador de los creyentes»; en otras palabras, al rey le corresponde el monopolio de lo religioso. En ese mismo discurso, el rey lanzó una advertencia a los diputados del PJD que se habían opuesto a la ley 03/03: «consciente de los peligros de la amenaza terrorista, el Estado ha luchado por evitar este riesgo por medio de la fuerza de la ley y el envío de un proyecto al Parlamento hace algunos meses [ley antiterrorista]. Sin embargo, algunos círculos han obstaculizado sistemáticamente, coartando los planes del Gobierno».

En abril de 2004, se anunció la creación de dos nuevas direcciones generales, una dedicada a la enseñanza religiosa y otra al control de las mezquitas. Para colmo se creó el «Consejo Supremo de los Ulemas», presidido por el rey, que regularía la emisión de fatwas «para evitar la intrusión en la religión de individuos ajenos a la ley». Otras medidas promovieron el Islam tradicional sufí frente a la marejada wahabita y salafista. El ministro de Asuntos Religiosos, Abdelkader M’dagri (permisivo con los wahabitas), fue sustituido por Ahmed Taufiq (próximo a la corriente sufí tradicional). En octubre de 2004, se creó la Radio Coránica Mohamed VI, emisora vinculada al majzén, que deberá «velar por la unidad doctrinal de la fe y del rito marroquí».

Conclusiones provisionales

Tal como hemos visto en este capítulo, hay que considerar cuatro factores diferenciados (la monarquía, el islamismo moderado, el Islamismo radical y el terrorismo) que, en realidad, tienen espacios comunes, gracias a un último factor a tener en cuenta: determinados servicios de seguridad del Estado.

Hoy se acepta que los primeros movimientos islamistas marroquíes surgieron al calor del palacio real y qué éste los utilizó para que combatieran a los movimientos laicos, democráticos y de izquierda. Cuando superaron cierto límite de seguridad, fueron duramente reprimidos. Desde principios de los años 70, Hassán II permitió que se formaran grupos subvencionados por el wahabismo saudí para así tener apoyos dentro de la Liga Árabe. De estas subvenciones surgió una tupida red de mezquitas en donde encontraron empleo los imanes y ulemas en paro surgidos de las titulaciones oficiales creadas por la administración de Hassán II. En 1990, se constituyó el núcleo inicial de lo que luego sería el PJD, estimulados desde el ministerio de Asuntos Religiosos. Cuando este partido alcanzó cierto nivel de desarrollo, Hassán II autorizó las actividades de la organización asistencial del jeque Yassín, JyC que debería servir de contrapeso al PJD. El problema fue que, el PJD vio como crecía extraordinariamente su ala radical, con la misma fuerza con la que creía el peso político del partido; y otro tanto ocurrió con JyC.

El proyecto de Hassán II de crear un sistema estable mediante un juego de pesos y contrapesos manipulados desde el majzén y los servicios de inteligencia, se evidenció, finalmente, como un fracaso absoluto: los wahabitas crecieron más allá de los límites previstos, otro tanto ocurrió con el islamismo moderado del PJD y con el radical anidado en su seno e inspirando a JyC. Para colmo, más de la mitad de la población marroquí terminó mirando con buenos ojos a la figura de Bin Laden y los atentados suicidas.

Si todo esto es indiscutible, la existencia de un terrorismo autónomo ya es más problemática. Resulta evidente que el gobierno marroquí ha exagerado el papel de los excombatientes que regresaron de Afganistán, el ministerio del Interior ha creado la ficción de que Marruecos era un objetivo preferencial de Al–Qaeda, sin duda, para congraciarse con los EEUU. Pero no está suficientemente documentado que las simpatías que arrastra Bin Laden en Marruecos, se hayan traducido en la cristalización de una organización terrorista estable capaz de elaborar una estrategia propia. De hecho, ni siquiera está demostrado que los atentados de Casablanca fueran instigados por Al– Qaeda. Y, en cuanto a la organización a la que se responsabilizó de los atentados de Casablanca, se sabe demasiado poco. Atendiendo a los datos precedentes sobre las manipulaciones del islamismo realizadas por los servicios especiales marroquíes, es lícito pensar que también los grupos terroristas han sido objeto de manipulación… especialmente cuando se valoran los efectos que estos atentados tuvieron sobre la política local y a la vista de cómo fueron tratados, política e informativamente, desde los órganos sumisos al majzén: los atentados los cometieron terroristas, pero se criminalizó tanto al PJD como a JyC.

Los grupos terroristas no suponen nunca un riesgo verdadero, sin embargo, los islamistas radicales y moderados si constituyen un peligro para la estabilidad interior de Marruecos en la medida en que, basados en la pureza del Islam, no dudan en recriminar al majzén prácticas corruptas.

Paradójicamente, la monarquía que estimuló el juego de pesos y contrapesos que se neutralizaban entre sí, en aras de la propia supervivencia de la institución, ha terminado siendo víctima de esta estrategia. Es lícito suponer que la siguiente trinchera defensiva de la monarquía consiste en crear una sensación de miedo que aísle los movimientos islamistas y el terror es, sin duda, la mejor estrategia para llegar a este objetivo.

No seria la primera vez que el terrorismo ha sido generado y manipulado por fuerzas de seguridad del Estado para provocar efectos de rechazo sobre la opinión pública. En Marruecos este proceder se ha repetido hasta la saciedad desde los tiempos de la independencia. Cada atentado indiscriminado sobre la población genera una sensación indeleble de terror que incita a la gran mayoría a buscar la protección del Estado. Como en Casablanca.

Ahora bien, cuando alguien crea un monstruo, se arriesga a que escape a su control. Es el mito de Frankenstein redivivo. Tras los atentados de Casablanca, los atentados del 11–M. Siempre con marroquíes como ejecutores. No hay dudas de que en la quiniela sobre los atentados del 11–M aparecen marroquíes en todas las casillas. La cuestión de fondo, también aquí, es si actuaron autónomamente, como grupo terrorista con estrategia propia, o si las bombas obedecían a otra estrategia que no tenía nada que ver con la voluntad de quienes las colocaron. A veces hay gente que cree que ha cometido un atentado por que llevó la nota reivindicativa…

Capítulo VIII 11–M: Terrorismo marroquí en España

Los atentados del 11–M parecen extrañamente relacionados con los de Casablanca. Ambos, son hijos de la misma matriz. Ambos fueron cometidos por súbditos marroquíes y, sin demasiado fundamento, se han colgado en el saco de Al–Qaeda. De hecho, cada vez se tiene menos idea de lo que es –si es que es algo– Al–Qaeda. En Marruecos, la vox populi acusa a «servicios especiales» del régimen de haber cometido los atentados de Casablanca. De lo que no cabe la menor duda es que algunos de los implicados en el 11–M trabajaban para la seguridad marroquí; es más, no hay ninguna duda de que se ocultaron datos básicos sobre los criminales que colocaron las bombas de Madrid y Alcalá. O de que alguno de los imputados era confidente de los servicios de seguridad marroquíes.

En la base de datos del Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT) aparecen registrados 96 atentados durante el año 2004, que causaron más de mil muertes, de los cuales 55 tuvieron lugar en países musulmanes que han experimentado una reciente intervención occidental (Irak y Afganistán), 21 en países en los que poblaciones musulmanas se enfrentan a un gobierno no musulmán (India, Rusia, Filipinas e Israel), 12 en otros países musulmanes; otro representó un ataque yihadista contra el territorio de un país occidental (España), y los siete restantes tuvieron lugar en otros países no musulmanes. La mayoría de las víctimas del conjunto de esos atentados eran musulmanas.

Jamal Zougam, detenido por los atentados del 11–M, era un viejo conocido de la Audiencia Nacional. El 17 de septiembre de 2001 había sido detenido por orden de Garzón. Puesto en libertad por falta de pruebas, pudo continuar tranquilamente sus trapicheos desde el locutorio de su propiedad en Lavapiés. Trapicheos que infringían flagrantemente la ley. Pero no encontró grandes problemas en reciclar teléfonos robados, vender tarjetas clonadas a 200 euros, y demás lindezas. Jamal Zougam no es una excepción entre la inmigración magrebí en España. Frecuentemente se olvida que la desconfianza que practica crecientemente la población española hacia las comunidades magrebíes tiene justificaciones objetivas: la tasa de criminalidad de los magrebíes –como hemos dicho– es superior a cualquier otra comunidad, la conflictividad que viven los barrios con presencia notable magrebí tiene como resultado el abandono de los ciudadanos de origen español; las prácticas religiosas del Islam les hacen completamente diferentes a cualquier otra religión, y, para colmo, cualquier observación crítica sobre sus peculiaridades es contestada automáticamente con la acusación de «racismo». Para colmo, ninguna comunidad inmigrante residente en España, salvo la magrebí, ha registrado 200 detenciones en los últimos años, por vinculaciones con redes de terrorismo.

Bastaría que una muy pequeña minoría de la comunidad musulmana local se entregue al yihadismo para que nuestra seguridad se vea seriamente amenazada.

Marruecos lejos de ser, como gusta presentarse, una barrera contra el terrorismo islamista, es más bien el principal «exportador» de terroristas a Europa Occidental.

La casi totalidad de los detenidos en relación a los atentados del 11–M habían nacido en Marruecos. En el año 2004 fueron detenidos en España 79 magrebíes en relación a episodios de terrorismo, incluidos los atentados del 11–M. En el momento de escribir estas líneas en octubre de 2005, a estas detenciones se habían sumado otras 47. Decir «terrorismo islámico en España», equivale a decir «terrorismo de origen marroquí». Y nunca ha podido disiparse completamente la duda sobre el papel desempeñado por los propios servicios secretos marroquíes en la trama terrorista que asesinó a 192 personas en España.

Primeros pasos del terrorismo islámico en España

El 12 de abril de 1985 saltaba por los aires el restaurante El Descanso en uno de los atentados más criminales cometidos en aquella década. El balance final fue de dieciocho muertos y un centenar de heridos. Nunca se ha sabido quienes fueron los responsables, ni se han operado detenciones; el atentado fue firmado por una extraña organización Yihad Islámica de la que nunca antes se había sabido nada y nunca volvió a saberse y que, para colmo, no dio pruebas de su autoría. El objetivo era golpear a los militares norteamericanos de la base aérea de Torrejón. Fue un precedente que, aparentemente, tuvo muy poco que ver con el terrorismo que vino posteriormente, aun cuando se trataba ya de terrorismo indiscriminado. De hecho, la mayor parte de los muertos fueron ciudadanos españoles.

A partir de 1991, el terrorismo argelino se asentó en España, al poco de iniciarse la guerra civil en ese país. Muchos de sus militantes «quemados» fueron a parar a nuestro país, así como terroristas que se habían desvinculado de la actividad de sus organizaciones y habían optado por el camino del exilio. El Grupo Islámico Armado se reorganizó en Cataluña y Valencia y cuando sufrió la escisión del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, la ruptura también repercutió entre la comunidad yihadista argelina residente en España. Por otra parte, los Hermanos Musulmanes procedentes de Siria, se reorganizaron en España dando lugar a la red de Abu Dhadah cuyos miembros, finalmente fueron procesados por Baltasar Garzón como cómplices de los atentados del 11–S (y absueltos de este cargo, por cierto). Esta red reclutó voluntarios para combatir en Bosnia y Chechenia hasta ser finalmente desarticulada completamente en 2003.

La detención del argelino Mohamed Benshakria, supuesto miembro de la red Al–Qaeda en Europa, dirigente del Comando Meliani en Alicante, el 22 de junio de 2001, fue la primera de un presunto miembro de Al–Qaeda en nuestro país. Pocos días antes había resultado desarticulado en Italia el Comando Varese de Al–Qaeda, dirigido por el tunecino Sami Ben Khemais Essid y formado por magrebíes, que preparaba también atentados en España. En febrero de 2002, ocho ciudadanos marroquíes ingresaban en prisión en Roma acusados de preparar un atentado contra la Embajada estadounidense. Las redes terroristas marroquíes empezaban a operar a escala europea.

En realidad, la mayor parte de los detenidos antes del 11–S eran individuos aislados, buscados en otros países y que habían sido localizados en España. No existían redes operativas que planificaran atentados en nuestro país, como máximo, inmigrados con un pasado terrorista, o bien redes de apoyo (capaces sólo de difundir propaganda, ofrecer refugio, captar fondos mediante, tráfico de drogas o donativos y falsificar documentación).

Nueva etapa, post 11–S

Todo esto sufrió una transformación a partir del 11–S. Hasta entonces, la excusa de los yihadistas radicados en España había sido apoyar a la resistencia palestina o a grupos islámicos que se encontraban en aquel momento sublevados (Bosnia o Chechenia). A partir del 11–S y tras el decantamiento del gobierno de Aznar por las posiciones de Bush, España empezó a ser considerado un objetivo yihadista. El hecho de que uno de los objetivos de los atentados de Casablanca fuera la casa de España ya es significativo de que nuestro país se había convertido en objetivo. Pero, hasta el 11–M no se habían producido atentados de gran envergadura en Europa Occidental (si excluimos los que tuvieron lugar a mediados de los años 90 en París, similares en algunos detalles a los del 11–M: los atentados tuvieron lugar en transportes públicos, sus autores fueron magrebíes y la mayoría eran delincuentes comunes), así que nadie pensaba que en España, realmente, pudieran producirse macroatentados. Aparentemente, lo que parece traducirse de los atentados de Madrid era el deseo de revancha de los islamistas radicales por el alineamiento de España junto a los EEUU, además de otros motivos, como veremos.

Hoy, las redes magrebíes en España son las únicas redes terroristas de origen extranjero que actúan en nuestro país y, en el fondo, en toda Europa. De hecho, en Holanda, en Italia y el Reino Unido, se han producido detenciones de magrebíes que formaban parte de redes terroristas con algún atentado en su haber o preparándose para cometerlos.

Las redes magrebíes, parecían desarticuladas en distintas operaciones policiales (Dátil, Lago, Arco, Aguadulce y Fuga), pero quedaba una que había surgido de los restos de la red de Abú Dhadah. Según la versión oficial, esta célula terminó protagonizando los atentados del 11–M. En realidad, se sabe muy poco todavía sobre cómo se formó esta red terrorista. En realidad, aún hoy, se ignora quien planificó los atentados y apenas se dispone de unos detalles parciales sobre el comando terrorista. Se han dado más de media docena de «autores intelectuales» y «cerebros», a cual más improbable que el anterior. Serhane Ben Abdelmajid, Allekema Lamari y Jamal Ahmidan, los tres magrebíes, son considerados por la policía como los líderes de la red. Mustafa El Maymouni, detenido tras los atentados de Casablanca, parecía ostentar la función de liderazgo espiritual en la célula. En cuanto al papel de Mustafá Setmarian (sirio, nacionalizado español y actualmente detenido en Pakistán), el de Rabei Osman El Sayed (egipcio detenido en Roma, extraditado a España y presentado como «cerebro») y Amer Azizi (marroquí), es extremadamente tenue en esta trama e, incluso, es posible que no tengan absolutamente nada que ver con el episodio.

Entre octubre y noviembre de 2004 la policía detuvo a casi cuarenta magrebíes (operaciones Nova I y II), que pretendían hacer estallar un camión cargado con 500 kilos de explosivos contra la Audiencia Nacional y una oleada de atentados en Madrid (el estadio Santiago Bernabeu, la torre Picasso, estaciones de metro). Pero resulta difícil establecer si realmente se trató de una «célula» organizada o de individuos que se habían conocido en prisiones españolas –todos tenían antecedentes por delito común– que hablaban por hablar sin saber que estaban vigilados por otros motivos. La verosimilitud de esta célula viene dada por que algunos de sus miembros parece que conocían a implicados en los atentados del 11–M. Dos meses después resultaron detenidos dos marroquíes, que también conocían a implicados en el 11–M, sorprendidos en las inmediaciones de la central nuclear en Guadalajara, con una cámara de fotos y sin que pudieran explicar qué hacían allí. En esos mismos días, cuatro marroquíes más fueron detenidos en Barcelona tras haber contactado con un traficante de armas y explosivos. La nota policial publicó que estaban preparando un atentado en la noche de Navidad. En junio de 2005, dieciséis magrebíes más fueron detenidos acusados de establecer una red de reclutamiento de voluntarios suicidas para atentar en Irak. En total, desde 1999 han sido detenidos en nuestro país 86 argelinos y 76 marroquíes, acusados de cometer, preparar o apoyar acciones terroristas de distintos tipos.

¿Cómo son los terroristas magrebíes que operan en España?

No existe un perfil único para estos presuntos terroristas. La clasificación que han realizado algunos medios próximos a la seguridad del Estado, en dos grupos (integrados o no integrados socialmente) no lleva muy lejos. Llama extraordinariamente la atención que muchos de los detenidos son personas que hablan perfectamente español, están casados, con hijos, con una situación regularizada, disponen de nacionalidad española, incluso disponiendo de pequeñas empresas y sin problemas económicos. No debería tratarse pues de personas que tuvieran problemas de integración, ni entre los que el fanatismo debiera ser un rasgo. Pero lo es.

El segundo detalle que llama la atención en otros de los detenidos es que se trata de pequeños delincuentes que han hecho del trapicheo de droga y el robo, un oficio (uno de ellos, Rafa Zuheir, implicado en la llamada «trama de los explosivos» del 11–M, al ser preguntado en la Audiencia Nacional, por su profesión, contestó de la manera más natural: «Narcotraficante»); han sido detenidos en multitud de ocasiones, algunos de ellos se encuentran en situación ilegal en España. Es absolutamente intolerable que delincuentes comunes en situación irregular no hayan sido expulsados de nuestro territorio tras el primer delito, la extinción de la consiguiente pena y el resarcimiento de la víctima. Pues bien, entre los yihadistas españoles abunda esta característica.

Ninguno de estos detenidos se sienten españoles o aceptan a la sociedad que les ha acogido y su forma política. Sus modelos son los terroristas suicidas de Irak y Palestina, los talibanes, los chechenios y, por supuesto, la figura de Bin Laden. Odian a Europa y a todo lo que ello representa. Y lo peor es que no hay motivos objetivos para ese odio. De hecho, deberían de odiar mucho más a sus países de origen en donde la vida se les hacía imposible, en lugar de a la sociedad que les ha acogido. Pero no es así. Si robar un radiocasette en España no implica (desgraciadamente) ni siquiera entrar en la cárcel, un delito mucho menor en Marruecos se salda con una larga pena de prisión, un régimen penitenciario inhumano y, por supuesto, la habitual paliza previa en comisaría. Para muchos de ellos, el hecho de no ser tratados como perros –es frecuente que traten así a los subsaharianos que pasan por su territorio– es una muestra de la debilidad de Europa. Hoy sabemos, gracias a los incidentes que han tenido lugar en París y Francia en noviembre de 2005, que el inmigrante magrebí, en general, se adapta mal a la vida en Occidente y, especialmente, la juventud que ha visto decepcionadas sus esperanzas de dinero rápido y promoción social sin esfuerzo.

Por otra parte, los magrebíes residentes en Europa se agrupan en guetos o «espacios identitarios»; allí conviven islamistas ortodoxos, moderados e individuos ajenos al Islam, pero la resultante final es la misma: unos por fanatismo religioso, los otros por complicidad étnica y otros por rechazo a una sociedad a la que odian, todos son el caldo de cultivo más adecuado para que de ahí partan atentados contra «Occidente».

Cuando algunos advierten que los atentados yihadistas en Europa pudieran tener el riesgo de estimular la xenofobia y el racismo, se equivocan; el problema no es ese, sino justamente el contrario: esos atentados son el resultado de la xenofobia y el racismo que se cuece en los guetos magrebíes en Europa Occidental y no al revés. Las víctimas de esos atentados son el resultado de esa xenofobia y ese racismo practicado por algunos visitantes. Lo que no se puede pedir eternamente a la población europea es que se muestre excepcional y eternamente «comprensiva» con los magrebíes afincados en Europa. El gobierno francés en los últimos 30 años ha quemado millones y millones de euros y francos en la integración de los magrebíes, sin haber obtenido otro resultado que 10.000 coches incendiados en noviembre de 2005 y la revuelta de las «banlieus». El modelo francés de integración ha fracasado, como un año antes, tras el asesinato de Theo van Gogh por un marroquí, fracasó el modelo holandés considerado como el más eficaz y progresivo de Europa.

Lo curioso es que los inmigrantes españoles y portugueses que arrimaron el hombro en los años 50–70 en Francia y Alemania no crearon ningún problema de integración, a pesar de no haber recibido ni un franco, ni un marco, como «ayuda a la integración». Y eso, a pesar de que muy frecuentemente, también se agrupaban en barrios que jamás fueron considerados guetos por la población francesa, ni que crearon problemas de orden público, delincuencia o salvajismo. Podemos estar muy orgullosos de nuestros inmigrantes que contribuyeron a reconstruir Europa tras la guerra. Ellos fueron los primeros que nos acercaron a Europa. Ni integraron organizaciones terroristas que atentaron contra el país anfitrión, ni crearon problemas a la sociedad, ni exigieron otra cosa que no les viniera dado por el trabajo y el esfuerzo. Hablando en plata: buena parte de los magrebíes residentes en Europa, no pueden jactarse de nada de todo esto, y, en gran medida, progresivamente, son elementos de desestabilización de la seguridad y el orden social en Europa. La intifada de los jóvenes magrebíes en Francia, ha demostrado que se trataba de un movimiento de masas larvado al calor de las subvenciones, las ayudas sociales y las contribuciones para la integración.

11–M: más allá de la duda

En diciembre de 2003, apareció en Internet un curioso documento de medio centenar de páginas en donde se aludía a la situación de Irak. La tesis de este documento, era que la coalición internacional podría deshilacharse si se atacaba al eslabón más débil: España. Aludían al malestar que provocó la presencia de Aznar en la foto de las Azores y proponían una cadena de atentados contra las fuerzas españolas destacadas en Irak. Esto debería forzar al gobierno de Aznar a retirar las tropas de Irak. No es exactamente lo que ocurrió, pero se aproxima bastante: España era, efectivamente, el eslabón más débil. Para romperlo hicieron falta cinco bombas coordinadas. Y el resultado no fue convencer al gobierno Aznar de que retirara a las tropas de Irak, sino impedir su reelección y allanar el camino del poder para Zapatero. La defección española no provocó una disolución de la coalición, pero sí se logró algún efecto notorio: otros países secundarios se retiraron también. Eso fue todo. El documento hallado en Internet no parecía haber sido realizado por Al–Qaeda ni pudo entenderse quien se había tomado la molestia en elaborarlo ni con qué intenciones. El documento se unía a la cadena de misterios generados en torno al 11–M.

Contrariamente a lo que han difundido las fuentes gubernamentales, todavía no se sabe con exactitud lo que ocurrió el 11– M, ni quién fue el ideador del atentado, ni qué organización lo programó y, por no saberse, ni siquiera se tiene claro de dónde salió la totalidad de explosivos utilizados, ni quién fabricó las bombas. Lo que se sabe es que, la inmensa mayoría de detenidos fueron ciudadanos marroquíes. Y es curioso que así fuera, por que los gobiernos español y marroquí, se encontraban ligados por distintos acuerdos en el plano de la seguridad. En diciembre de 2003 –por ejemplo–, ambos gobiernos acordaron unir esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal; incluso se crearon patrullas policiales conjuntas. Los acuerdos quedaron en el capítulo de las buenas intenciones frustradas, tal como demostró la crisis del asalto a las vallas de Ceuta y Melilla en agosto–octubre de 2005.

En cuanto al atentado del 11–M, la policía marroquí «colaboró» con la española inmediatamente DESPUÉS de operarse las primeras detenciones. Bruscamente nos enteramos que Jamal Zougan y sus amigos eran considerados en Marruecos «peligrosos yihadistas» y se les daba como miembros del Grupo Islámico de Combate al que se le atribuían los atentados de Casablanca. Tras la detención de Zougan y de sus compañeros, se envío desde Marruecos a una delegación policial con datos que atribuían militancia yihadista a los implicados, lo cual es mucho más sorprendente por que se trataba de inmigrantes regularizados en España. Es evidente que, de existir buena fe en la lucha antiterrorista, la seguridad marroquí debería de haber comunicado el riesgo que suponían esos ciudadanos que acababan de regularizar su situación en España. Y, en cuanto a las vinculaciones con los atentados de Casablanca (el que se llamó «tren de la vida» trasportó a familiares de las víctimas de los atentados de Casablanca hasta la estación de Atocha), vale la pena decir que todavía no se ha establecido una continuidad confirmada entre ambos grupos y lo que es peor, da la sensación de que Marruecos ha ofrecido a los servicios españoles informaciones falsas o no suficientemente contrastadas ni confirmadas, mientras que, por otra parte, ha tapado a algunos de los que lograron huir y que, por otra parte, eran confidentes de la policía de ese país. No está muy claro, en el momento de escribir estas líneas, si la cooperación marroquí en este tema puede considerarse como una ayuda o, simplemente, mera intoxicación.

Por su parte, el gobierno marroquí, previendo que un gobierno «normal» (el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es cualquier cosa menos normal), tomaría medidas para controlar, contener y revertir el fenómeno de la inmigración marroquí en España, tras el atentado, optó por la política de gestos de solidaridad. El hermano de Mohamed VI, Mulay Rachid, asistió a los funerales de Estado por las víctimas. Pocos días después de los atentados, tuvo lugar una manifestación unitaria (en la que participaron incluso los islamistas moderados) ante la Embajada de España. No asistieron grandes masas, pero fue un gesto en el que una parte de la población marroquí, demostraba su rechazo a la violencia y su solidaridad con las víctimas, a pesar de que era evidente que los autores del crimen eran marroquíes; una sana reacción popular. Luego tuvo lugar una ceremonia ecuménica en la catedral católica de Rabat, aun cuando lo normal hubiera sido que esa misma ceremonia se hubiera celebrado en alguna mezquita relevante, o acaso era que, fuera de las declaraciones oficiales, el Islam marroquí aborrece de estas muestras de ecumenismo y rechaza que tengan lugar en sus recintos sagrados.

14–M: en Rabat se frotan las manos

La victoria del PSOE en las elecciones del 14–M fue recibida en Marruecos con gestos de entusiasmo. Zapatero ya era conocido en Marruecos por su primera visita en diciembre de 2001 en donde causó una «extraordinaria impresión», expresión de halago desmedido que no deja de tener gracia. Era la persona que rompería la inflexibilidad de Aznar en la cuestión del Sáhara, Ceuta, Melilla, con él, Perejil seguiría siendo marroquí, etc. Para un adversario es mejor tener en frente a un político «débil» que a uno «inflexible», esto es, al que resulta difícil ganarle el terreno. La debilidad internacional del gobierno ZP es sólo paralela a su ignorancia de las leyes y constantes por las que se mueve la política internacional. En Marruecos se abominaba de un José María Aznar que había dicho bien claro en el Foro Formentor que «las relaciones con Marruecos son más importantes para Rabat que para Madrid». En el terreno de la inmigración, Zapatero, en aquel momento era partidario, prácticamente, del «papeles para todos» y Marruecos buscaba desesperadamente una espita para sus excedentes demográficos, abocando a su población a la inmigración. Era muy conveniente para Mohamed VI tener un presidente de gobierno español capaz de realizar regularizaciones masivas de inmigrantes, en lugar de protestar por el nulo nivel de compromiso de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal. Y qué decir de la cuestión de la droga. Probablemente, Zapatero ni sabía que existía ni que todo el monocultivo de hachís del valle del Rif, viene a parar a España. Que sepamos, en el año y medio de gobierno socialista, todavía no se ha tratado la cuestión del hachís y ya, como advertíamos hace cuatro años, aprovechando la ruta del hachís, está penetrando la cocaína colombiana.

¿Terrorismo magrebí o terrorismo de Al–Qaeda?

En 1998, Bin Laden había emitido una fatwa en la que proclamaba que «la misión de matar a los americanos y a sus aliados – civiles y militares– es un deber individual de todo musulmán que puede realizar en cualquier país en el que sea posible». A partir de ese momento, no podía esperarse nada bueno del islamismo radicalizado. Pero Bin Laden no era el primero en proclamar la yihad contra Occidente. El Grupo Islámico Armado argelino había cometido atentados terroristas en Francia en 1995 y 1996. En total ocho muertos y cuarenta y cinco herido. La justificación ideológica para los atentados del 11–M estaba dada.

El Islam es ya la segunda religión en importancia en nuestro país donde se encuentran un millón de magrebíes. Los atentados de París demostraron que el perfil de los terroristas era: «delincuentes comunes integrantes de contingentes inmigrados». Lo terrible es que, a partir de los atentados de París –hace diez años– ya era evidente que el terrorismo estaba incrustado entre la inmigración magrebí en Europa. Era hace diez años cuando se debía haber empezado a practicar el más riguroso control frente a la inmigración magrebí. Hace diez años, no ahora. Ahora todo va a resultar extraordinariamente más complicado, en primer lugar por que estos contingentes migratorios, fuera de control, han aumentado diez veces en España desde 1996. A estas alturas hablar de «integración» es crearse falsas ilusiones: de ser posible, en algún lugar de Europa, se habría producido ya, pero, inevitablemente, todos los modelos de integración han fracasado; la integración real se realiza mediante un esfuerzo de voluntad del inmigrado, no a través de una «discriminación positiva» a la hora de recibir ayudas sociales, becas, subsidios, etc. La palabra «integración» debería ser relegada al baúl de las buenas intenciones fracasadas, y ser sustituida por otra mucho más realista: «contención». Aquí y ahora, en Europa Occidental se precisan políticas de contención ante la oleada magrebí que aspira a vivir entre nosotros, pero no a integrarse, aspira a aprovechar lo que generaciones de europeos hemos construido con nuestro esfuerzo y nuestras contribuciones, pero no a renunciar a los aspectos del Islam incompatibles con las constituciones democráticas occidentales. Para nosotros, europeos, las constituciones de nuestros países, son superiores a los principios coránicos de organización político–social. Para los magrebíes, islamistas radicales o moderados, ocurre justo lo contrario. ¿Qué integración es posible cuando se parte de bases diametralmente opuestas? No es raro que cualquier modelo de integración haya fracasado.

Donde Zougam se encuentra con Al–Zarkawi…

Fuentes marroquíes indican que Jamal Zougam, se entrevistó en Tánger con Abdelaziz Benyaich en abril de 2003, poco antes de los atentados de Casablanca. Benyaich fue procesado por Garzón como miembro de la célula española de Abu Dahdah; abandonó Marruecos al día siguiente de los atentados de Casablanca y fue luego detenido en España. Esas mismas fuentes marroquíes indican que Benyaich se entrevistó en varias ocasiones con Al– Zarqawi.

El 5 de febrero de 2003, Al–Zarqawi fue mencionado en el Consejo de Seguridad de NNUU por Colin Powell como prueba de la conexión entre Sadam Hussein y Al–Qaeda. En esas fechas volvió a sonar su nombre en relación a un grupo de magrebíes detenidos a finales de enero en Cataluña por su presunta vinculación con Al–Qaeda.

Pero todo esto es falso y, salvo la última información, procede de fuentes de la inteligencia marroquí que, en este caso, ha jugado un papel provocador. No hay ninguna prueba de la relación entre Al–Zarqawi y ningún atentado cometido en Occidente. Nadie se ha tomado jamás en serio la conexión iraquí de Al–Qaeda. Sadam Hussein estaba demasiado preocupado tras el 11–S por el riesgo que corría de facilitar un «casus belli» a EEUU, como para invitar a un supuesto miembro de Al– Qaeda (Al–Zarqawi) a Irak. Por lo demás, ni siquiera existe una mínima prueba de que Al–Zarqawi haya tenido relación con la organización de Bin Laden. Una mentira mil veces repetida, también en este caso, se convierte en dogma.

En realidad, Al–Zarqawi había llegado a Afganistán en 1985 y residió allí unos años. En aquella época no existía ninguna prueba de la relación entre Bin Laden y Al–Zarqawi. Su grupo era distinto y sin relaciones entre ambos. Resultó herido en Shah–e–Kot y huyó a Irán. Luego su rastro desaparece. Es mencionado por algunos miembros de al–Tawhid, un grupúsculo radical que preparaba atentados en Alemania. Se creía que Al– Zarqawi sería el dirigente de esta célula; no se tiene la seguridad. A partir de septiembre de 2004, su nombre suena en todos los atentados suicidas que tienen lugar en Irak. Ha resultado habitual escuchar en los informativos que se trata de atentados cometidos por «Al–Qaeda en Irak, dirigida por Al– Zarqawi». Pero, a decir verdad, no existe la más mínima prueba que confirme toda esta literatura.

La «cooperación» hispano–magrebí

No han faltado las reuniones de «alto nivel» entre responsables de la seguridad españoles y marroquíes; pero a pesar de la asiduidad de estas reuniones, no parece que –como es habitual con Marruecos– se hayan llegado a avances tangibles. El 10 de mayo de 2004 tuvo lugar la primera de estas reuniones en Madrid. Sin resultados apreciables: la inmigración sigue fluyendo desde Marruecos como una riada de lava y el hachís y la cocaína encuentran el camino allanado por las mafias y la corrupción de nuestros vecinos del Sur. Pero hay que estar en buenas relaciones, así que a poco de ser nombrado ministro de Defensa, José Bono fue invitado por su homólogo marroquí, General Abdelaziz Bennani. De ahí surgió la idea –penosa, por lo demás– de formar una unidad hispano–marroquí que actuara como fuerza de pacificación en Haití.

Con Argelia las relaciones se centran en desarrollar el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa hispano–argelino, firmado el 20 de julio de 2003, y se mantiene el ritmo previsto en la agenda bilateral; en el terreno específico de la cooperación en materia de defensa, la visita a Madrid en enero de 2004 del Jefe de Estado Mayor de la Defensa de Argelia, General Mohamed Lamari, servía para lanzar el programa de trabajo bilateral para el año; y en un terreno más general, la visita oficial a Argel del Presidente Rodríguez Zapatero, del 14 al 15 de julio de 2004, le permitió estar presente en reuniones que, aunque muy centradas en lo económico y comercial y en especial en el apoyo al proyecto Medgaz de construcción de un gasoducto directo de 200 kilómetros entre Beni Saf, cerca de Orán, y Almería, también concedió atención a la lucha antiterrorista. En lo que a esta última respecta, el Ministro Miguel Ángel Moratinos anunció durante su visita a Argel el 3 de mayo de 2004 la creación de una comisión bilateral para luchar contra el terrorismo.

La cooperación entre la Guardia Civil y la Gendarmería Marroquí (los ocupantes de Perejil) se centra en la prevención de riesgos para la seguridad del Estado, lucha contra el narcotráfico, tráfico de inmigrantes y de armas. Pero todo esto no ha servido de mucho y, en realidad, para nada apreciable en las cuestiones más graves (tráfico de drogas y de inmigrantes). Interior no ha dado cifras que indiquen resultados apreciables. Y, en lo relativo al terrorismo, da la sensación muy palpable de que Marruecos, lejos de colaborar con España en esta área, obstaculiza las investigaciones sobre terroristas que operan en nuestro país.

Unos pocos aspectos oscuros del 11–M

El 14 de agosto de 2005, El Mundo realizó una nueva entrega de sus investigaciones sobre el 11–M, entrega en la que afloraba tangencialmente la responsabilidad de Marruecos en la trama. En efecto, Mohammet Haddad, uno de los implicados en el 11– M, tras recibir una orden de busca y captura en España, huyó a Marruecos donde fue detenido por la policía durante unos días y puesto finalmente en libertad sin cargos… y sin avisar a la policía española. Haddad, para ser liberado, presentó como coartada el haber estado el 10–M viendo en Tetuán un partido de fútbol por televisión. Esto bastó para convencer a los marroquíes. Poco, realmente, ante un crimen con 192 víctimas. Lo sorprendente es que varios testigos lo reconocieron como una de las personas que manipularon las mochilas y las introdujeron en los trenes de la muerte. ¡Haddad es considerado como ejecutor material en España y se encuentra en libertad en Marruecos!

No hay que olvidar que el Estado de Derecho es una noción difícilmente comprensible para la «monarquía sagrada» de Marruecos. En ese país, está en la calle, aquel que la policía «quiere» que esté en la calle, al margen de sus responsabilidades y crímenes, y está en prisión aquel que la policía decide que debe estar entre rejas. Haddad está en la calle, luego es por voluntad del Estado marroquí que siga en la calle. Nadie le ha preguntado qué hizo el 11–M, ni dónde estaba en el momento de los atentados, con lo que el Estado marroquí demuestra su desinterés real en la masacre. Las únicas limitaciones impuestas por la policía a Haddad son permanecer en el país (no sea que resultara detenido en alguno de sus desplazamientos en el exterior) y, sobre todo, que no hable con la prensa (no sea que estuviera tentado de confesar lo que sabe)…

Otro de los personajes equívocos que aparecen en la trama del 11–M es el súbdito búlgaro Tony Radev, cuyo nombre afloró en los primeros momentos de la investigación, pero que, igual que en el caso de Haddad, las autoridades de su país lo pusieron inmediatamente en libertad. La policía española lo vincula a «El Tunecino». Hay que recordar que Serhane Fakhet (a) «El Tunecino» es considerado como uno de los líderes de la célula islamista que preparó los atentados. De hecho, «El Tunecino» es el único personaje de toda la célula, del que nadie puede ignorar su fanatismo islámico. Se diría que está ahí encajado en la trama como para recordar que, efectivamente, el atentado tiene un origen fundamentalista. El resto de los implicados, no pasan de ser meros fieles de mezquita, pero sin ninguna fe religiosa particularmente evidente, siendo la mayoría meros delincuentes comunes, occidentalizados, de los que incluso puede dudarse que les interesara ningún aspecto –ni moderado ni fundamentalista– del Islam.

Pues bien, sería «El Tunecino» el que –según la versión oficial– enseñaría a Radev la fabricación de explosivos. Así lo deduce la policía española a partir de unos apuntes encontrados en el domicilio de «El Tunecino» en los que se muestran esquemas de bombas y explosivos. Sólo queda preguntar dónde pudo aprender «El Tunecino» estas técnicas y de quién recibió adiestramiento terrorista… algo que dista mucho de ser evidente. «El Tunecino», a diferencia de otros miembros de la célula, no era un delincuente común, sino un estudiante becado con cargo a los presupuestos generales del Estado Español, que trabajó como oficinista en una empresa hasta poco antes de los atentados. No da el perfil de un terrorista, ni la reconstrucción sistemática de sus pasos –estuvo seguido hasta los días inmediatamente anteriores a los atentados–, en el período previo al 11–M, permite pensar que recibió algún tipo de preparación terrorista. Y, por lo demás, Radev, ciertamente, residió en Madrid, en un piso del Parque de las Avenidas, en donde estaban censados otros 16 inmigrantes –¿para cuándo una ley que impida censar hasta el infinito a inmigrantes en un mismo domicilio?– entre ellos «El Tunecino».

Las autoridades búlgaras finalmente detuvieron a Radev. En el registro domiciliario le encontraron extraños documentos: un plano del canal de Lozoya y esquemas de explosivos… lo suficiente como para que, como mínimo, fuera extraditado a España o bien fuera interrogado en relación al 11–M. Sin embargo, Radev fue puesto en libertad sin avisar a las autoridades españolas. ¿Qué hace Radev en medio de esta trama? Resulta difícil explicarlo incluso para la policía española. Da la sensación de que su presencia otorga una sensación de «internacionalismo islamista» a la trama del 11–M, intentando eludir el hecho objetivo de que la inmensa mayoría de los detenidos en relación al 11–M son magrebíes. En ningún sitio se afirma que Radev sea, siquiera, de confesión islámica. De hecho, en Bulgaria existe una minoría turca de confesión islámica… pero, ni el nombre, ni dato alguno, permite suponer que Tony Radev perteneciera a esta minoría.

¿Entonces? La presencia de Radev en la trama es extremadamente confusa. El Mundo añade: «La policía aún mantiene muchas dudas sobre la posible implicación de este ciudadano de nacionalidad búlgara». Pero lo cierto es que tenía los planos del canal de Lozoya y esquemas de realización de explosivos: ¿para qué cruzar toda Europa con este material que, cualquier terrorista, sabe perfectamente que puede acarrearle problemas en caso de ser descubierto? Existe sólo una explicación razonable: Radev y sus papeles son uno de los pocos datos que tienden a demostrar que «El Tunecino» tenía nociones de manejo de explosivos y que, además de ser un fanático religioso, era también un individuo con «preparación» suficiente para cometer los atentados. En efecto, si eliminamos a Radev de la trama, resulta muy difícil explicar lo que ya se dijo en el libro publicado en esta misma editorial «11–M: los perros del infierno¹»: ningún delincuente común (como la mayoría de la célula) o ningún fanático religioso (como «El Tunecino») se convierten en terroristas de un día para otro, sin preparación previa. Los papeles de Radev permiten pensar que «El Tunecino» tenía esa preparación (sin embargo, un informe de la UCI, reconoce que ninguno de los islamistas detenidos tenía material ni conocimientos para fabricar bombas). Y es por eso –sólo por eso– por lo que Radev debía ser detenido en Sofía con el inquietante dossier sobre el canal de Lozoya y los esquemas para fabricar artefactos explosivos. Lo suficiente como para demostrar la «preparación» de «El Tunecino», pero no lo suficientemente intenso como para que las autoridades búlgaras lo mantuvieran en la cárcel.

Esta galería de extraños personajes culmina con Abdelmajid Boucher, «presunto autor» de la masacre de Madrid. Boucher es el increíble personaje que «huyó» del cerco policial al piso de Leganés y desapareció sin dejar huellas. Hay que decir que la peripecia de Boucher resulta absolutamente inaceptable. Al parecer, fue a tirar la basura aquella tarde en Leganés, cuando observó que la policía tenía rodeado el inmueble. Entonces, llamó a uno de los que se encontraban en el piso y salió huyendo. ¿Cómo podemos pensar que la policía –después de varios días de búsqueda– consigue ubicar el piso de Leganés – sin que sus inquilinos lo adviertan, a pesar de que la policía preguntaba por todo el barrio, que algunos de los inquilinos eran suficientemente conocidos en el barrio y ya se había publicado su implicación, y fotos, en la masacre del 11–M– y, en esta operación de cerco tupido, uno de los implicados logra escapar? Este tipo de cosas no ocurren nunca en el mundo real. Habitualmente un cerco a delincuentes de esa naturaleza, resulta inexpugnable y nadie, absolutamente nadie, logra romperlo. No hay que olvidar que esta operación no era la persecución de un chorizo que había robado un coche, o de un pequeño narcotraficante, era, sin duda, la más importante movilización que realizaba la policía española tras un grupo de terroristas con tantas víctimas a sus espaldas. Y, sin embargo, uno de los «sitiados» logra romper el cerco a la carrera… Increíble, incomprensible, inaceptable.

Para colmo, ese sospechoso prosigue su vida como cualquier otro inmigrante ilegal de los millones que circulan por Europa, en los meses siguientes a su portentosa huida y a saberse buscado por todas las policías del mundo. Finalmente, su aventura termina en la vía férrea de Subotica a Belgrado, cuando es detenido sin papeles y pasa 45 días esperando la expulsión, sin que a la policía yugoslava le conste que se trataba de un «peligroso terrorista». Para colmo, en el momento de ser detenido, Bouchar, lejos de intentar pasar desapercibido, hace todo lo posible para hacerse notar: da dos filiaciones conflictivas y manifiestamente falsas –una siria y otra iraquí… podía haber dado una tunecina, absolutamente tranquilizadora, o la de algún amigo de su propio país, Marruecos, pero el caso era vincularse a un país en situación de guerra abierta y terrorismo cotidiano, Irak, o bien de otro país, Siria, sobre el que recaen sospechas de apoyar a la resistencia iraquí– y, para colmo, muestra una actitud en todo momento provocadora y desafiante en relación a la policía yugoslava. Apartir de esta actitud, los yugoslavos piensan si Bouchar es algo más que un inmigrante ilegal y notifican su detención a INTERPOL. Es así como la noticia de su detención llega a España.

Todo lo que rodea la «epopeya» de Bouchar es manifiestamente increíble: desde su fuga de Leganés, hasta su detención en Yugoslavia. Ni se entiende como logró huir del cerco de Leganés, ni mucho menos, como siguió moviéndose durante un año y medio por todo el mundo, sin papeles, ni, especialmente, por qué al ser detenido, no intentó pasar desapercibido y ser expulsado sin más averiguaciones. Demasiados interrogantes como para que podamos pasarlos por alto. Por cierto, la Comisión de Investigación sobre el 11–M no insistió mucho en cómo fue posible que Bouchar consiguiera huir del cerco de Leganés (al PP el tema le interesaba poco; un «morito» que escapaba, era irrelevante para los populares, a no ser que no tuviera el teléfono de Josu Ternera en la agenda; y en cuanto al PSOE, evidentemente, prefería no insistir mucho en una de las partes más opacas de la trama).

1. «11–M Los perros del infierno» Ernesto Milà, Editorial PYRE, Barcelona Mayo 2004

Haddad, Radev y Bouchar, son tres personajes equívocos de los que casi nos habíamos olvidado y cuyo recuerdo hemos recuperado gracias a las informaciones de El Mundo publicadas en la primera mitad de agosto de 2005. Lo más importante, estaba todavía por llegar.

La revelación más dramática salida a la superficie al margen de la investigación oficial, tiene que ver con la figura de Ayman Kalaji. Ayman Maussili Kalaji, a pesar de la procedencia que sugiere su nombre, es un policía español. Casi diríamos, un notable policía español. Su portentosa biografía es resumida por la Unidad Central de Información, en un informe elaborado tras los primeros datos que filtró El Mundo en el pasado mes de mayo. El informe fue remitido al juez Del Olmo, el cual, a pesar de la gravedad de los datos contenidos, no hizo absolutamente nada. Todo induce a pensar, en este momento de la investigación, que Ayman Maussili Kalaji es una pieza clave en toda la trama que llevó a los atentados del 11–M. Esta es su vida.

El informe de la UCI, se preguntaba en negrilla: «¿Quién realizó la soldadura de los cables en el vibrador de los teléfonos móviles para que enlazaran con los detonadores?». Luego afirman que los registros domiciliarios realizados en los domicilios de los terroristas, no han llevado a encontrar el material necesario para esa operación. Y, bruscamente, el informe se refiere a Kalaji: «Esta persona tiene los conocimientos suficientes». ¿Qué lleva a la UCI a sospechar de quien, en el fondo, es otro funcionario policial? Muy sencillo: una mezcla de datos objetivos, la revisión del historial pasado de Kalaji y algunas de sus relaciones presentes. ¡Por que Kalaji había militado en un grupo terrorista islámico en los años 70, había reconocido ser la persona que liberó los móviles utilizados en los atentados y, para colmo, tenía relación con Moutah Almallah Dabs, miembro de la célula terrorista sospechosa de colocar las bombas el 11–M!… Nada más y nada menos, tenemos a un policía colocado justo en el centro de la trama. ¿Conspiranoia? Difícilmente, porque las relaciones de Kalaji con la trama son todavía más estrechas.

Kalaji se encuentra hoy de «baja psicológica»… que estamos pagando los contribuyentes. Una extraña enfermedad para un tipo duro con vida aventurera. Su último destino, a sus 46 años, era el Grupo de Menores de la Jefatura de Policía de Madrid, pero sus primeros trabajos fueron a cuenta del Frente Democrático de Liberación de Palestina en los años 70, cuando Kalaji era Nadim Dib Salem, sirio, dirigente de este grupo marxista–leninista especializado en atentados contra intereses «imperialistas» en Oriente Medio. Él mismo afirmó haber cometido atentados en Líbano y Siria y contra los intereses israelitas. También atentó contra las Falanges Libanesas. Realizó varios cursos de instrucción «política y militar» (eufemismo para aludir al terrorismo) y fue uno de los «instructores imprescindibles» de los comandos del FDLP en el Sur de Beirut. Fue miembro del Partido Comunista Sirio. Cuando se inició la guerra del Líbano en 1976, Kalaji fue enviado por el FDLP a Beirut promoviendo manifestaciones y acciones de protesta contra la invasión siria, alcanzando notoriedad en la zona. En 1978, a raíz de los acuerdos firmados entre las partes implicadas, Kalaji se incorpora al ejército sirio siendo nombrado en 1979, segundo jefe de la Base de Misíles Tierra– Aire Wahdet El Sawarii, al sur de Beirut. Una de sus funciones en esa época era la instrucción de terroristas del FDLP…

¿Cómo El Mundo ha podido reconstruir el historial remoto de Kalaji? Muy sencillo: gracias a un informe elaborado por la UCI que llegó a la redacción del diario. Y ¿cómo pudo conocer la UCI el historial de Kalaji? Más sencillo todavía: el propio interesado lo había contado cuando pidió asilo político en nuestro país en 1980. En 1983 le fue concedida la condición de «refugiado político» y en 1990 ingresó en la Policía Nacional. Entre 1983 y 1900 realizó trabajos de traducción para la propia policía. Así pues, en apenas tres años, el terrorista se convierte en funcionario. Son las mieles de la reinserción.

Kalaji se casó en España con una policía, y así mismo, su hermana, cuando llegó a nuestro país, desempeñó también tareas de traducción para la policía. Una familia, amamantada con cargo a las ubres de la Seguridad del Estado. No es, desde luego, la única, pero en el caso de los Kalaji hay ciertos elementos anómalos. Desde el principio, Kalaji participó en investigaciones de envergadura, como, por ejemplo, la traducción de las intervenciones telefónicas realizadas al ciudadano sirio Monzer Al Kassar. Destinado a Mallorca, estuvo luego en Terrassa y fue, finalmente, requerido por Baltasar Garzón en 1995. Buenos destinos para un policía que empezó a ser conflictivo, como mínimo, a partir de 2001. Ese año estuvo inculpado en un procedimiento penal por estafa. Fue acusado de haber utilizado fraudulentamente tarjetas de crédito. El juez lo absolvió indicando en la sentencia que pudo haber actuado ignorando el origen robado de las tarjetas. Extraño para un policía brillante cuyos destinos causaban envidia a los compañeros.

Durante ese tiempo, había contraído matrimonio con Soledad Ruiz Sánchez, otra policía que, cuando ocurrió el 11–M estaba destinada, mira por donde, en la comisaría de Alcalá de Henares. El Mundo afirmó que Soledad había participado en el operativo de retirada de la furgoneta Renault Kangoo, vehículo en el cual se habían retirado las mochilas bombas antes de introducirlas en los trenes. La UCI negó ese extremo. En cuanto a la hermana, Lina Muslo Kalaji, no es policía, pero es traductora de la UCI desde 1989, presentada por su hermano. La propia UCI reconoce que Lina ha participado en la traducción de diferentes operaciones policiales, especialmente en las operaciones Dátil y Primavera, que llevaron a las desarticulaciones de presuntas células terroristas islámicas. Lina participó en las traducciones de diversas conversaciones grabadas a «El Tunecino» de cuya peligrosidad «advirtió a sus superiores».

Por cierto, hay que recordar que Al Kassar, sirio como Kalaji, que durante un tiempo fue seguido por orden de la Audiencia Nacional por sus actividades en relación con el tráfico de armas, terminó siendo amigo del alma y protegido de Rafael Vera, hoy en la cárcel, pero en régimen de semilibertad, aquejado también por una «depresión». Resulta absolutamente increíble que tres personas vinculadas a la misma familia tengan que ver con diversos aspectos de la investigación: a pesar de que la mujer de Kalaji no estuviera directamente implicada en la retirada de la furgoneta –como dice la UCI– sí es cierto que estuvo destinada en la comisaría de Alcalá y tiene acceso a la información dada por quienes sí participaron en la operación destinados en la misma comisaría, de paso, amigos y compañeros suyos. En cuanto a la hermana, dispone de una atalaya que le permite conocer a los islamistas más radicales (o más bocazas). Y en cuanto a Kalaji, el informe de la UCI reconoce que tiene el perfil de un fundamentalista religioso, liberó los teléfonos móviles utilizados en el atentado y, para colmo, el informe de la propia UCI reconoce que es muy probable que realizara las soldaduras de los cables al vibrador de los móviles para conectarlos con el detonador… Lo ha publicado El Mundo, si, pero lo ha dicho la UCI en su informe.

El 28 de agosto de 2005, domingo, Pedro J., aprovechó para lanzar una segunda carta al director titulada «¿Y si lo hizo un policía?», subtitulada «Segunda exposición razonada a favor de la reapertura de la Comisión del 11–M». En dicha carta, que ocupaba página y media del diario, Pedro J. aprovechaba para extraer conclusiones de los documentos publicadas en los días anteriores y realizar amenazas no muy veladas, por cierto. Decía, por ejemplo, Pedro J.: «Pero si [el gobierno] no es capaz de diseñar algún tipo de cortafuegos convincente, la sombra de la masacre va a estar apareciéndosele en cada esquina del nuevo curso político que comienza. Y, al margen de que el que avisa no es traidor, no lo digo tanto por el renovado empeño con que tras las vacaciones nuestro periódico va a redoblar sus pesquisas, como por el caudal de motivos que el levantamiento del secreto del sumario sigue proporcionando a la oleada de escepticismo, estupor y sospecha que con una mayor intensidad de lo que yo nunca imaginé está impregnando la base de la sociedad española».

Pedro J. ha percibido que estamos ante un nuevo «Caso GAL», sólo que si éste tuvo como «víctimas» a una treintena larga de terroristas y colaboradores, es decir, asesinos que son, a su vez, asesinados (el que juega con fuego termina quemándose y el lugar inevitable en el que termina la vida de un terrorista es la cárcel o el ataúd), el «Caso 11–M» tiene 192 víctimas, todas absolutamente inocentes. Tras el «Caso GAL» lo que había era el saqueo de los fondos de Interior por parte de todos los escalones que participaban en la trama. En el «Caso 11–M» lo que cobra cuerpo cada vez con mayor nitidez, es un golpe de Estado para alterar el normal desarrollo de las elecciones. Gracias al 11–M tenemos a un presidente convencido de que el terrorismo se combate con el «diálogo de civilizaciones»…

Por cierto, al portavoz oficioso del gobierno, El País (y muy frecuentemente, quien marca la línea del gobierno) le cupo el dudoso honor de salir en defensa del buen nombre de los implicados. Según El País, todo lo relativo a las sospechas de El Mundo sobre que fuera Kalaji quien soldó los cables a los móviles, era una falacia. El País sostenía que la propia UCI atribuía dicha responsabilidad a «El Chino». Y, efectivamente, era cierto, existía un informe interior de la UCI en el que se transmitía esa idea… sólo que –y esto lo olvidaba mencionar El País– el informe era 24 horas anterior al que insinuaba la responsabilidad de Kalaji. Y, por lo demás, el primer informe sobre «El Chino» (un delincuente común sin ninguna preparación como terrorista), solamente se basaba en que las huellas de este delincuente marroquí se encontraban en la carcasa de una de las tarjetas. «El Chino» no tenía condiciones para hacer otra cosa que trapicheos de poca monta con hachís o con todo lo que fuera traficable. Ni se le encontró material para soldar (soldador de estaño, rollo de estaño, como mínimo) a él ni a ningún otro de los implicados. No, las bombas no las ensambló «El Chino», entonces ¿quién lo hizo? Nadie, a estas alturas puede acusar a nadie, pero si exponer los hechos.

Realmente no sería tan anómalo que un policía participara en primera línea en las actividades del «terrorismo internacional». Cuando se produjo el primer atentado contra las Torres Gemelas (ver nuestra obra «La Gran Mentira», Ed. PYRE, 2ª Edición), se supo que la CIA había dado el permiso de entrada en el país al responsable intelectual del crimen y que la propia célula terrorista tenía a un confidente del FBI infiltrado. A este confidente le correspondió comprar los explosivos (con dinero entregado por el propio FBI) y armar la bomba… Como puede verse, no hay nada nuevo bajo el sol).

Capítulo IX Argelia: los enemigos de mis enemigos ¿son mis amigos?

España mantiene relaciones privilegiadas con Argelia, país del que dependemos casi completamente en el suministro de gas. Argelia es un país extremadamente inestable en el que el Islamismo se ha convertido desde 1991 en la primera fuerza política y social. Las disputas entre Argelia y Marruecos han sido constantes desde 1962 y todavía prosiguen hoy, a pesar de que ambos pertenecen a la Unión del Magreb Árabe. La dependencia energética de un país tan inestable como Argelia constituye un grave riesgo para nuestro país.

Marruecos vecino de Argelia y ambos socios de la Unión del Magreb Árabe, comparten los mismos rasgos: ambos han sido, en efecto, países de fuerte influencia francesa que, en el momento actual están registrando una importante penetración norteamericana, con un fuerte movimiento islamista dividido entre sectores radicales y moderados; ambos países ricos en hidrocarburos y con fuertes contingentes de población inmigrada en Europa en donde experimentan un creciente rechazo por parte de las poblaciones autóctonas; dotados ambos de una demografía explosiva y de un sistema político completamente inestable y en el que los sectores militares han ocupado siempre un papel preponderante.

Aparentemente, la única diferencia es que en Argelia se han vivido años de terrorismo generalizado, mientras que en Marruecos el terrorismo ha sido mucho más limitado.

La «subversión integrista» en Argelia

En 1991, se anuló la segunda vuelta de las elecciones generales ante el riesgo de que el FIS copara el 90% de los escaños. La que, a partir de ese momento se llamó «subversión integrista», no era un fenómeno nuevo en Argelia.

A mediados de los años ochenta, operó en el país el Grupo de Lucha por la Prohibición de lo Ilícito, dirigido por El Buyali. El movimiento se vio favorecido por la crisis que supuso la retirada de la ayuda soviética y el endurecimiento de las condiciones de vida para la población de los barrios marginales. A esto se unió el apoyo que este grupo terrorista recibió del entonces naciente Estado Islámico iraní, gracias a lo cual El Buyali pudo multiplicar atentados y actos de bandidaje hasta que, finalmente, fue localizado y muerto en enero de 1987. Doscientos militantes del grupo fueron procesados en Medea. En 1989, uno de los líderes del grupo, Abdelkader Chebuti, autor de varias masacres y asesinatos, fue inexplicablemente amnistiado, provocando una pequeña crisis de gobierno.

En 1989 distintos grupos islamistas terminaron unificándose en el Frente Islámico de Salvación que resultó legalizado en el mes de septiembre de ese año. Apenas doce meses después, la organización recibió su primer baño de masas en Argel cuando se sintió suficientemente fuerte como para reunir a islamistas de todo el mundo en un congreso para debatir sobre el papel político internacional del Islam.

Dos años después, cundía la alarma en Marruecos y Túnez, países vecinos, por el ascenso imparable del FIS. El presidente tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, concretó esta sensación solicitando ayuda del mundo árabe para «contener la subversión integrista en Argelia».

La victoria electoral del FIS en las elecciones municipales y regionales de 13 de junio de 1990 hizo que estas alarmas no parecieran infundadas. El FIS, bruscamente, había pasado a controlar 32 de las 48 asambleas regionales y 853 de los 1.539 consejos locales. El vuelco político supuso también una ruptura con la iconografía tradicional que había presidido Argelia desde el tiempo de la independencia. Los distintivos de la independencia fueron sustituidos por los islamistas.

El FIS cometió en ese período errores de inmadurez que luego le serían fatales. Las ciudades con mayoría del FIS pasaron a ser «Ciudades Islámicas» y en algunas se instauró la ley coránica en contradicción con el código civil vigente. La islamización de la sociedad asustó a las élites argelinas que percibieron como el país podía dejar de ser un país con orientación mediterránea y convertirse en un país que miraba exclusivamente a La Meca, con todo lo que ello suponía. En su manifiesto de 1991, el FIS llamó a la «desobediencia civil» y un año antes abría ventanillas de reclutamiento para enviar voluntarios a Irak, tras la ocupación de Kuwait; llegó incluso a pedir que estos voluntarios fueran entrenados por las fuerzas armadas. En mayo de 1990, cuando la victoria electoral del FIS parecía inevitable, el gobierno intentó cambiar la legislación electoral, provocando disturbios que, una vez más, evidenciaron la vitalidad del islamismo y su alto nivel de adhesión de las masas. A esto siguió la «huelga general insurreccional e ilimitada», con petición de elecciones anticipadas. El país quedó sumergido en el caos y la parálisis más absolutos. Para colmo, el FIS llamó a la creación de milicias armadas.

El FIS no entendía que aunque se sea capaz de movilizar a las masas, no siempre es conveniente poner toda la carne en el asador, so pena de generar efectos perversos e indeseables. El FIS era muestra de la inmadurez del movimiento islamista argelino que creía que todo el poder era el poder de las masas. En junio cayeron los primeros gendarmes víctimas del terrorismo islamista y unos días después, dirigentes del FIS amenazaban con proclamar la «Yihad» y llamaban a sus militantes a acumular armas.

El 30 de junio, seis de los principales líderes del FIS fueron detenidos, pero ya nada podía impedir su victoria en la primera vuelta de las elecciones siguientes.

Dos procesos electorales paralelos

Las elecciones generales del 27 de septiembre de 2002 en Marruecos, tienen su paralelismo en las que tuvieron lugar en Argelia el 26 de diciembre de 1991 y que abrieron el camino a la guerra civil. En ambos casos es indudable que los electores de ambos países optaron inequívocamente por el islamismo.

El hecho de que en las instituciones de ambos países, los partidos islamistas no estén presentes con su peso social real, es una muestra de la escasa salud de las democracias magrebíes. El Magreb real no tiene nada que ver con el Magreb oficial. Resulta peligroso establecer vínculos económicos con instituciones que no están respaldadas con el apoyo popular. Además de que en las instituciones representativas está falseada la representación que en verdad corresponde a los islamistas (Marruecos), y a la ilegalización del islamismo político (Argelia), se unen los altísimos índices de abstención que ostentan ambos países. Oficialmente, en Argelia fue del 41% y en Marruecos del 48,39%, pero está demostrado que, especialmente en este último país las cifras fueron falseadas y alcanzaron porcentajes muy superiores. Los presidentes e interventores de las mesas electorales, reconocieron que la máxima afluencia a urnas tuvo lugar tras la oración en las mezquitas, de las 13:00 a las 14:00 horas, mientras que la versión oficial indicó que a las 16:00 horas la participación era del 30%, lo que implicaba que el 21,61%, habría votado de las 16:00 a las 19:00 horas, algo, estadísticamente improbable. Las estimaciones más benévolas sugieren que la participación real no debió superar el 35% del censo. A lo que hay que añadir los votos nulos o en blanco, inusualmente altos para los estándares europeos. En Argelia fue del 6,97%, en Marruecos del 15,55%.

En Argelia, el Frente Islámico de Salvación logró la mayoría relativa del 24,6% (3,2 millones de votos) y 188 escaños, con posibilidades de vencer en la segunda vuelta en otros 199. Es decir 387 escaños sobre 411. Tras la primera vuelta electoral, el 26 de diciembre de 1991, fue fundado en Argel un Comité Nacional para la Salvaguardia de la República y el 2 de enero unas 300.000 simpatizantes del Frente de Fuerzas Socialistas, partido integrado en la Internacional Socialista, se manifestaron pedir el golpe de Estado. El ejército ya había tomado la decisión de golpear. El 11 de enero los tanques salieron a las calles. A principios de febrero, el FIS era ilegalizado. Por su parte, en Marruecos, quince días después de las elecciones se ignoraban los votos que había obtenido cada partido y se sabía sólo el número de escaños que les correspondía. La impresión general era que el gobierno marroquí había limitado el fraude electoral a una decena de escaños que deberían haber correspondido al PJD, pero que fueron atribuidos «a dedo» al Istiqlal y a los socialistas a fin de que los islamistas sólo fueran el tercer partido y quedara salvaguardada la imagen de un Marruecos libre del contagio islamista, una obsesión de Mohamed VI. El semanario independiente de Casablanca Al Ayam reconoció: «No debemos disimular la verdad: los islamistas se han convertido, después de estos comicios, en la primera fuerza política». Y esto a pesar de los esfuerzos previos a las elecciones por frenar su avance. Antes de las elecciones se produjeron detenciones de presuntos miembros de Al–Qaeda (de los que jamás quedó demostrada su pertenencia, por cierto) que fueron amalgamados deliberadamente con el PJD, por la prensa socialista y excomunista. Llama la atención que el PJD apenas realizara protestas leves ante el fraude electoral de que fue víctima. Hay que entenderlo en la medida en que el control del partido lo tienen los sectores moderados, conscientes de que su posición era parecida a la del FIS argelino en 1991. Ahora bien, no es seguro que, eternamente, estos sectores moderados puedan seguir ocupando la dirección del partido. Cualquier conflicto económico–social –una brusca subida de precios de algún producto de primera necesidad– puede contribuir a radicalizar al islamismo marroquí, a abandonar su moderación y a situarse al frente de la protesta popular.

La conclusión de todo esto es que, tanto Argelia como Marruecos, son países en los que la dominante es la inestabilidad política. Dadas las características de ambos países, no existe una clase media sobre la que asentar una estabilidad democrática. Los treinta años que Argelia tuvo un sistema «socialista» con un fortísimo sector estatal han impedido, hasta ahora, la formación de esta clase sobre la que se asienta la estabilidad democrática en todo el mundo. En Marruecos, la corrupción, especialmente, ha cercenado esa misma posibilidad. Ambos países tienen extraordinarias posibilidades económicas y han experimentado un fuerte crecimiento desde sus respectivas independencias… que se ha traducido solamente en la formación de una aristocracia económica (en Marruecos vinculada al majzén y el Argelia al FLN primero y al ejército después), mientras que el grueso de la población permanece en el umbral de la miseria o absolutamente sin recursos.

Esto ha permitido la acción de los partidos islamistas y el que encontraran un caldo de cultivo extremadamente favorable en los arrabales de las grandes ciudades. En esas zonas y en las áreas rurales, el analfabetismo está lejos de haber sido erradicado. La sociología afirma que a medida que descienden las tasas de analfabetismo, la demografía tiende a estabilizarse y, a partir de ese momento, al despegue económico, se une la aparición de condiciones óptimas para la generación de sistemas democráticos. Esto que es, hasta cierto punto, discutible, no es aplicable al Magreb. En este ámbito geográfico, hay un factor de desestabilización, el islamismo, moderado o radical. El «pensamiento mágico» difícilmente es compatible con sistemas políticos democráticos. Por eso, vale la pena recordar lo dicho por la hija del jeque Yassín, dirigente de JyC, tras las elecciones: «La democracia es un sistema de representación política completamente ajeno al proyecto islamista». Vale la pena tomar nota, para saber con quien nos la estamos jugando. Ningún estudio sociológico ha encontrado el más mínimo dato que permita pensar que la influencia de la religión islámica irá descendiendo a medida que mejoren otros parámetros. Habitualmente, lo que ocurre es todo lo contrario: en países como Irán, Turquía o la propia Arabia Saudí, el analfabetismo es menor que en Marruecos y Argelia, sin embargo, la presencia socio–política del islamismo es asfixiante. El factor que ha escapado a los sociólogos «políticamente correctos» es el vigor del «pensamiento mágico», esto es el factor islamista. La irracionalidad es capaz de alterar, antes o después, cualquiera moderación y de barrer lo que sería, racional.

A partir de los datos socio–políticos hay que establecer políticas en relación al Magreb, no en función de idealismos irresponsables o de esperanzas que la realidad se encargará de desmentir.

Cuando España mira a Argelia

La España de Franco no fue capaz de labrar vínculos con Argelia tras su independencia, a diferencia de lo que había logrado con Marruecos. Esto se debió, en primer lugar, a circunstancias históricas (España estuvo presente en el protectorado de Marruecos; Argelia, en cambio, fue provincia francesa), pero también al régimen implantado en Argelia tras la independencia. Éste país se ubicó pronto en la órbita «socialista» (fue hasta el inicio de la perestroika el aliado fiel de la URSS en el Magreb) y no pudo olvidar que los militares galos partidarios de la «Argelia Francesa» que lograron escapar después del «golpe Argel» y del terrorismo de la OAS, se refugiaron en España. España, por su parte, no podía olvidar que el Frente POLISARIO había nacido en Argelia y que hasta noviembre de 1975 atentó contra intereses españoles y asesinó a nuestros soldados. Posteriormente, entre 1973 y 1978, Antonio Cubillo, jefe del MPAIAC, un pequeño movimiento independentista canario, había encontrado asilo político en Argel y, así mismo, hasta 1986, éste país fue un verdadero «santuario» de ETA, en donde, incluso encontró la muerte en un accidente Domingo Iturbe (a) «Txomin», entonces líder de la banda, en un campo de entrenamiento. En contrapartida, desde 1965, el líder de la Argelia independiente, Ahmed Ben Bella, encontró en España refugio. Pero, en octubre de 2002, se produjo un cambio.

El presidente argelino Chadli Benjedid visitó España, cuando hacía ya siete años que su país se había convertido en el primer suministrador de gas natural. Hubo un primer intento de normalizar las relaciones en 1983, cuando los Reyes visitaban Argel; en reciprocidad, Benjedid vendría a España en 1985. Durante ese período apenas se firmaron 12 acuerdos de cooperación con Argelia, mientras que con Marruecos rubricaron 76, en el mismo período. De todas formas, las perspectivas de cooperación con Argelia iban viento en popa, hasta que la guerra civil y el terrorismo terminaron por arruinarlo todo.

El conflicto, además de generar 150.000 muertos y desmanteló su economía. En apenas ocho años, el PIB argelino se redujo a la mitad. El país quedó en quiebra técnica y pasó a ser el primer deudor internacional de España. La alarma cundió en nuestro país, a raíz de este conflicto, e impulsó en 1998 al gobierno de Aznar a prohibir en la Ley de Hidrocarburos que un solo país suministrase más del 60% de energía. Era evidente que se referían al gas argelino.

Las distintas leyes de «reconciliación» adoptadas a partir de 1998, consiguieron encarrilar la situación económica y paliar la crisis. El 27 de abril de 1999, tomaba posesión el nuevo presidente Abdelaziz Bouteflika que, en lugar de visitar Francia, realizó dos viajes a España en julio y octubre. El idilio se confirmó con la visita de Aznar a Argel en 2000, impulsando un Tratado de Amistad al año siguiente.

Este acercamiento tiene una base geopolítica precisa. Mientras Marruecos volvía una y otra vez a intentar cortar la siguiente «rodaja del salchichón», las relaciones hispano–argelinas, a partir de 1985, eran extremadamente buenas. Existía una coincidencia en relación al Sáhara: Argelia quería que se cumpliera la resolución de NNUU, se celebrara el referéndum y, en su caso, el país pasara a ser independiente; Marruecos, en cambio, lo consideraba una propiedad. Además, en territorio argelino estaban refugiados los exiliados saharauis, justamente en Tinduf, zona reivindicada por Marruecos.

En abril de 2002, el presidente argelino Bouteflika firmó en Valencia el Acuerdo de Asociación con la UE, el primero en diez años. El 60% del comercio argelino se realiza con Europa. Hoy es nuestro principal suministrador energético (el 98,2% de importaciones procedentes de Argelia a España son hidrocarburos) y el 12º socio comercial. España acaba de acordar con Argelia su primer intercambio de deuda por inversiones y ha concedido créditos por valor de 130 millones de euros. Grandes empresas españolas están presentes en el escenario argelino. La presa de Beni Haroum (que supone la cuarta parte de capacidad de embalse del país) fue realizada por Dragados y Construcciones. Repsol y Cepsa están presentes en el sector petrolero.

España por cuestiones energéticas y Francia por razones históricas, presentaron a Argelia en la UE. Para Bouteflika este puente era importante por que la UE proporciona el 56% de las importaciones de Argelia y recibe el 64% de sus exportaciones. El Acuerdo de Asociación con la UE, entró en vigor el 1 de septiembre de 2005.

La amistad de España con Argelia es importante, pero peligrosa. Aznar ya previno sobre la excesiva dependencia energética de España en relación a Argelia. La inestabilidad política argelina no es el mejor aval, desde luego. La prosperidad de una compañía como Catalana de Gas, cuyo accionista mayoritario es La Caixa que, a la vez está presente como accionista mayoritario de Repsol YPF, depende del gaseoducto Argel– Sevilla que, para colmo, pasa a través de Marruecos. Podemos imaginar lo que podría ocurrir si un grupo islamista radical decidiera atentar contra estas instalaciones (aunque, por motivos, incomprensibles, el terrorismo islámico asesina personas, pero pone especial cuidado en no dañar intereses económicos…), o si se instalaran en Argelia o Marruecos, un gobierno islamista que instaurara la ley coránica y considerase rechazables facilitar gas a países «impíos». O si se produjera un conflicto entre ambos países (precedentes no han faltado) en el curso del cual uno o los dos países decidieran interrumpir el flujo de gas. Demasiado riesgo para depender del gas argelino. La red europea de gaseoductos, en cambio, pone el gas ruso en el Pirineo, atravesando la que, sin duda, es ahora mismo, la zona más estable del planeta.

Es mejor mantener buenas relaciones con un país que estar enfrentado a él, naturalmente. Y, en este sentido, es bueno que España y Argelia vivan un idilio. Pero el óptimo estado de las relaciones diplomáticas y comerciales, no debe hacer olvidar los riesgos que implica Argelia.

El terrorismo argelino

El 3 de octubre de 1997 el GIA atacaba por primera vez una ciudad, Blida, 40 kilómetros al sur de Argel. Una veintena de balas de mortero cayeron sobre la población, mientras que grupos del FIS asesinaban en las inmediaciones de la ciudad a 89 personas. De poco servía que el EIS de Madani Mezrag estuviera negociando la entrega de armas; el GIA y su escisión, los salafistas del GSPC, seguían adelante con sus actos terroristas.

Hoy, oficialmente, la «guerra civil» ha terminado en Argelia. El balance fue desalentador: más de 150.000 muertos, 10.000 desaparecidos, decenas de miles de torturados, millón y medio de desplazados, medio millón de exiliados y centenares de huérfanos y minusválidos. Las distintas medidas de gracia, amnistías y reinserciones, no han impedido que en 2001, cuando la guerra civil oficialmente había quedado atrás, el terrorismo generase la escalofriante cifra de 800 muertos. Pero en esta guerra civil hubo algo mucho más sucio que la propia guerra.

Desde 1995 circula por Argelia una versión intranquilizadora sobre el terrorismo que vivió el país: los servicios secretos argelinos habrían intentado atenuar la adhesión de las masas al FIS apoyando directamente a los islamistas más radicales. Es algo similar a lo que sostenemos que ha ocurrido en Marruecos. Quien combate al terrorismo puede elegir entre detener y eliminar a unas u otras fracciones dentro del mismo movimiento y, así, generar que el grupo sea controlado bien por los sectores más radicalizados e irresponsables, o bien por los propios infiltrados. La historia, además, registra numerosos casos en los que un movimiento terrorista ha sido mediatizado, creado o manipulado por determinado servicio secreto. En Argelia, según la teoría conspirativa, el objetivo de los servicios secretos habría sido enfrentar a unos integristas con otros y cometer deliberadamente atrocidades, lo que terminaría por restarles popularidad. Esta política, a decir verdad, dio excelentes resultados. Durante un tiempo, grupos escindidos del FIS cometieron actos particularmente horrorosos: degüellos en masa, decapitaciones; parecía extraño que un grupo islamista que intentaba ganar a las masas para su causa, cometiera actos que, inevitablemente, le enajenarían la simpatía de esas mismas masas. Era evidente que el FIS, tenía experiencia política suficiente como para abominar de este tipo de actos criminales, sin embargo, los medios de comunicación oficiales jugaban con la ambigüedad y la confusión deliberada: los actos eran cometidos por terroristas ajenos a la disciplina del FIS, pero era al FIS al que se le atribuía la responsabilidad de estas acciones.

Esta política de terrorismo–antiterrorista, fue completada con la política de «concordia civil» que suponía una posibilidad de reinserción para los integristas arrepentidos. Para evitar confusiones y manipulaciones, el Ejército Islámico de Salvación, brazo militar del FIS, entregó públicamente las armas. No así otros grupos islamistas, entre los que el más importante es el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, escisión del Grupo Islámico Armado, que prosiguen sus atentados.

La Ley de Concordia Civil establece el carácter secreto de los sumarios incoados a presuntos terroristas. No se podrá hacer público ni los crímenes que han cometido, incluidas las peores masacres. En contrapartida, los militares y patriotas obtendrán igualmente impunidad con la que podrán disfrutar los beneficios de sus exacciones durante los años de guerra y sus actividades contrarias a la ley local y a los derechos humanos. Pero esta ley tiene un anexo con el que prácticamente el presidente Bouteflika mata dos pájaros de un tiro: se reconoce la exclusiva responsabilidad del terrorismo islámico en la guerra civil y, el gobierno se reserva el derecho «de prohibir a los responsables de la instrumentalización de la religión toda posibilidad del ejercicio de una actividad política, bajo cualquier cobertura que sea», lo que quiere decir mantener la prohibición del FIS.

Esta política corre el riesgo de ser extremadamente negativa en los años venideros: demuestra que los crímenes pueden resultar impunes, no importa el sector al que se pertenezca. En aras de la «reconciliación» nadie tiene que responder por nada, incluidos los crímenes más odiosos y condenables; nadie, salvo el FIS que queda ilegalizado in aeternum. No hay que olvidar a este respecto que la independencia argelina emana del terrorismo del FLN entre 1956 y 1961. Las actividades del FLN (y, por otra parte, la respuesta contundente del Ejército Francés) fueron similares en crueldad a las espantosas acciones terroristas cometidas 35 años después por el ejército y por los islamistas radicales. Tampoco, cuando Argelia accedió a la independencia, hizo nada para juzgar a los que habían cometido aquellas atrocidades. Hoy, esta ignominia vuelve a repetirse. ¿Cuántas veces más volverá a ocurrir esta situación en el futuro? Asesinar, en Argelia, sale barato y, en ocasiones, es una posibilidad de progresar socialmente.

Además, hay otro factor a tener en cuenta. Argelia alardea de que ha vencido al terrorismo, pero, paradójicamente, en los foros internacionales suele alertar sobre la amenaza potencial que constituye el terrorismo islamista. Desde 1999, Argelia alardea de que los focos terroristas que permanecen en actividad son residuales. Residuales hasta cierto punto: los 800 muertos por terrorismo que tuvieron lugar en 2001, es una cifra impresionante en Europa. Sin embargo, a nivel internacional, se solicita la cooperación para «combatir al terrorismo» y se reivindica un lugar para Argelia en la «lucha mundial contra el terrorismo». Este discurso, siempre suena bien ante la administración norteamericana. Por que EEUU alberga un interés indisimulado por Argelia.

Se suele decir que EEUU ha mejorado su relación con Argelia por ser un «adalid de la lucha contra el terrorismo internacional». Al igual que Marruecos, también Argelia se presenta como «objetivo de Al–Qaeda». En Argelia, el GSPC es considerado como la «sección de Al–Qaeda» y su desplazamiento hacia el Sur, a causa del hostigamiento de que ha sido objeto en los últimos años por las fuerzas armadas, es explicado por las autoridades militares como un intento de establecer bases terroristas en el Sáhara. A pesar de ser poco probable, esta amenaza fantasma ha acelerado la cooperación con EEUU y el lanzamiento de un programa de operaciones conjuntas entre el Comando Europeo de EEUU y tropas argelinas dentro de la ya mencionada Iniciativa Pan–Sahel.

EEUU a la conquista de Argelia

A lo largo de 2001, Bouteflika visitó en dos ocasiones al presidente de EEUU e ingresó en instituciones como el Diálogo Mediterráneo de la OTAN. Una base militar estadounidense fue instalada a continuación, cerca de Tamanrasset, al sur del país, en donde estarían acuartelados 400 miembros de las fuerzas especiales. Estos dos datos son suficientemente elocuentes de la aproximación irresistible que EEUU siente por Argelia.

EEUU justifica este interés «para ayudar a este país a afrontar la amenaza terrorista», pero en realidad, tiene la vista puesta en los recursos energéticos, pues no en vano, Argelia abastece el 20% del mercado del gas norteamericano y el proyecto de gaseoducto Argelia–Nigeria (4.500 kilómetros) supondría un puente entre Argelia y el Golfo de Guinea, dos zonas ricas en hidrocarburos.

Desde 1981, las relaciones entre EEUU y Argelia experimentaban una discreta mejora. Reagan había subido al poder en EEUU, y la URSS, presionada por la amenaza que suponía la «Guerra de las Galaxias», debió de cancelar la ayuda a algunos países que, hasta ese momento, habían sido sus aliados. Argelia, entre otros. A esto se unió la ayuda diplomática que el gobierno argelino prestó a EEUU, cuando se produjo la crisis de los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán. Así mismo, Argelia mantenía una actitud conciliadora en el conflicto de Palestina.

Luego siguieron las compras de armamento norteamericano. En 1984, por ejemplo, Argelia adquirió una partida de C– 130 «Hércules» a EEUU. Cuando ya se había producido el golpe de Estado, en 1993 el General Lamari, alto mando del Ministerio de Defensa, realizaba dos visitas secretas a EEUU encabezando una importante delegación militar que trató cuestiones relativas al terrorismo islamista.

Tras la guerra civil, en 2002 se realizó el ejercicio «AUCEX 2002», que tuvo lugar en las costas argelinas con presencia de unidades de la VI Flota. Fue el inicio de una nueva etapa de colaboración militar pródiga en contactos bilaterales. En noviembre de 2002, Argelia organizaba por primera vez el seminario de investigación anual que reúne a diplomáticos, a militares y a expertos de la OTAN y los socios del Diálogo Mediterráneo y enviaba una importante delegación a la Cumbre de Praga de la Alianza. Así mismo, en 2003 se realizaron ejercicios conjuntos de desminado en varios puertos de Argelia.

Cuando esto ocurría, los analistas ya habían advertido que EEUU se habían arrojado en plancha sobre el Magreb. En el 2004, el monto total de intercambios comerciales entre ambos países ascendía a 8.000 millones de dólares. EEUU había pasado a ser, en marzo de 2005, el primer socio comercial de Argelia, recibiendo el 16,26% de sus exportaciones.

Francia, alarmada por la creciente presencia norteamericana, intentó recuperar una posición preeminente en aquel país. En 2003, el presidente Chirac viajó a Argelia con la intención de reconstruir la situación, pero este acercamiento se ve dificultado por la presencia de un millón de argelinos en territorio galo, progresivamente, más agresivos y, en ocasiones en situación de revuelta (Perpignan y arrabales de París en junio y noviembre de 2005, respectivamente, por citar solo dos ejemplos recientes). Pero resulta aventurado pensar que estas iniciativas vayan a constituir un contrapeso eficaz a la decisión de EEUU de profundizar su penetración en la zona. EEUU no tiene un pasado colonial en Argelia, como tiene Francia, elemento que se muestra como el principal escollo en el desarrollo de las relaciones entre la exmetrópoli y la excolonia.

Por otra parte, mientras que para Francia la recuperación de su influencia en Argelia es una cuestión de historia y de política mediterránea, para los EEUU se trata de una cuestión estratégica que afecta a un conjunto de zonas (el Shael y el Magreb) dentro de una política global (la «lucha internacional contra el terrorismo»).

Marruecos frente a Argelia

Si Marruecos alberga reivindicaciones sobre territorios españoles, ocurre otro tanto en sus relaciones con Argelia. En el momento en que Argelia iba a incorporarse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de NNUU, el Partido Liberal Reformador marroquí, dirigido por Mohamed Aluah, había creado el Frente de Liberación de la Argelia Marroquí (FLAM). Sus reivindicaciones no eran pocas: ¡el 40% del territorio argelino! El Partido Liberal Reformador ya se había dado a conocer durante la crisis de Perejil cuando afirmó estar trabajando para la constitución de un movimiento de liberación de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En noviembre de 2004, el FLAM se jactó de haber realizado «primer ataque en territorio argelino». La operación había consistido en un ataque de 29 «combatientes», a un grupo de soldados argelinos en la madrugada del 29 de octubre cerca del bosque de Mizab, en la wilaya argelina de Tlemcen. El gobierno argelino reaccionó llamando a consulta a su embajador en Rabat. Luego, el poder judicial actuó contra el FLAM.

El origen de la reivindicación de estos territorios es la tesis de Allal El–Fassi sobre el «Gran Marruecos». El fundador del Istiqlal sostiene que estos territorios le fueron arrebatados a Marruecos como resultado del Tratado de Lalla Maghnia de 1844, cuando Argelia era un departamento más de Francia. Es discutible, pero, en cualquier caso, allí está la acción del FLAM para recordarnos que, en cualquier momento, Marruecos puede volver a las andadas y resucitar la «Guerra de las Arenas» que ya enfrentó a ambos países por la zona de Tinduf y Bechar en 1962–3.

En realidad, todos los países limítrofes de Marruecos han sido objeto de la voracidad territorial de los nacionalistas del Istiqlal. El expansionismo marroquí, tras haber intentado impedir la independencia de Mauritania e integrarla en su territorio, optó por emplear la misma táctica que había empleado contra las posiciones españolas en Ifni: improvisar un «movimiento de liberación» que atacara a Argelia. Marruecos, por todo ello, demuestra ser un importante factor de desestabilización de todo el Magreb.

Las relaciones ideales con Argelia

Marruecos no es ni más ni menos inestable que Argelia. Todo el Magreb es, igualmente, inestable. Pero no por la existencia del extraño y nebuloso «terrorismo internacional», sino por el muy real y bien delimitado peso del islamismo en estas sociedades. Allí en donde existe islamismo políticamente organizado, allí existe un foco de inestabilidad y no importa si se trata de islamismo moderado o radical. El islamismo es –no somos nosotros quienes lo decimos sino las propias autoridades islamistas– incompatible con la democracia e incompatible con el modo de vida occidental. Incompatible, en definitiva, con el progreso y con Europa. De ahí que lo más prudente sea contener y limitar los intercambios comerciales con estos países, y muy especialmente, evitar los estados de dependencia energética como los que España tiene en la actualidad: empresas como Gas Natural tienen como bien más preciado
–en el que basan su cotización en bolsa– un gaseoducto que transcurre por zonas inestables y que, en cualquier momento, puede saltar por los aires o ser objeto de represalias contra «países impíos, poblados por infieles y cruzados». El movimiento islamista argelino es buena muestra de lo que decimos: no surgió en un país perdido entre las arenas y gobernado por sátrapas medievales, sino en un país que se había declarado «socialista», había alcanzado su independencia mediante la actividad –terrorista, eso sí– del Frente de Liberación Nacional y estaba más cerca de Franz Fanon, del Debray de los años 60 y del Ché Guevara, que de las suras del Corán. Pues bien, ese movimiento que parecía controlarlo todo un país, bruscamente se disuelve como un azucarillo y da lugar a la irrupción de lo irracional. Esto demuestra que los países de confesión islámica, tienden a adherirse en masa al islamismo político en cuanto aparece la primera crisis económica. A partir de ese momento, sólo la fuerza puede enderezar la situación (caso de Argelia) o bien el falseamiento de la voluntad popular unido a la amenaza pura y simple (caso de Marruecos).

Existen buenas razones para interpretar por qué ocurre este proceso. La primera razón es la demografía argelina que, exactamente igual a la marroquí, ha hecho que el país esté mayoritariamente formado por jóvenes menores de treinta años, que en su mayoría carecen de perspectivas de ascenso social. Un 30% de la población está en paro, pero esta cifra llega al 50% entre los jóvenes. Lo único que les queda es la realidad de la inmigración a Europa (en donde los contingentes procedentes del Magreb son cada vez más denostados) o el pensamiento mágico, la esperanza para desesperados, que constituye el Islam. Estas franjas de la población –a diferencia de en Europa– no depositan sus esperanzas en la democracia, sino en la economía negra y la violencia como forma de ascenso social. A esto se une la inestabilidad económica endémica que, incluso en momentos de crecimiento hace aumentar la diferencia de renta entre una minoría excepcionalmente limitada y la pobreza de la mayoría de la población, alta tasa de paro, escasez de viviendas, desabastecimiento de mercados, escasez de agua, ausencia de infraestructuras, imposibilidad de instalar industrias a causa de la corrupción administrativa que lo invade todo. Países con estas características ¿cómo iban a poder ser estables? La única forma posible de estabilidad se mantiene mediante el miedo, la liquidación del adversario (que, por otra parte, muy frecuentemente, busca hacer otro tanto con el Estado), la represión, la provocación y las restricciones a las libertades públicas.

¿Puede cambiar todo esto? Suele decirse que la prosperidad económica genera estabilidad política. Dejando aparte que esta ley se cumple en los países de la UE, pero de forma mucho menor en el resto del mundo, hay que preguntarse de dónde procedería esta «prosperidad económica». De los hidrocarburos, sin duda. Pero, hoy sabemos lo que es la «paradoja del crecimiento»: frecuentemente, en los países del Magreb, lejos de contribuir a crear una clase media que sirva de colchón a los conflictos y sea la clase sobre la que se instaure un sistema democrático digno de tal nombre, lo que contribuye es a aumentar las desigualdades sociales y, en consecuencia, la posibilidad del conflicto.

Los países del Magreb no son, pues, socios fiables. Sus regímenes pueden venirse abajo en cualquier momento. Argelia no ha neutralizado eternamente al islamismo. Marruecos, veremos durante cuanto tiempo es capaz de hacerlo. En estas circunstancias, depender de un gran proveedor de gas, es un riesgo que la seguridad nacional y el crecimiento económico español no se pueden permitir. Si el gaseoducto Orán–Marruecos–Sevilla era una opción arriesgada, el segundo gasoducto, Orán–Almería, cuando esté aprobado y concluido, no dará muchas más garantías.

¿Relaciones ideales con Argelia? Como entre vecinos, es mejor llevarse bien que mal, pero es preciso no perder de vista el riesgo que implica depender siempre de la taza de azúcar que suministra el vecino. En otras palabras, España debe tener un objetivo prioritario: disminuir progresivamente su dependencia energética de Argelia. Cualquier otra política mezcla buenos deseos con realidades. En definitiva, un riesgo que España no puede permitirse.

Capítulo X Dos Fuerzas Armadas, frente a frente

Las Fuerzas Armadas españolas son insuficientes como para asegurar la defensa nacional y mucho menos la integridad territorial de Ceuta, Melilla y Canarias. Ahora bien, están en condiciones de disuadir a las tropas marroquíes de cualquier ataque convencional. La amenaza militar contra las plazas españolas solamente puede derivar de un ataque por sorpresa o de una insurrección interior de los elementos islamistas afectos al vecino país.

El 17 de febrero de 2000, resultó condenado a cinco años de prisión, al capitán Mustapha Adib de las fuerzas aéreas marroquíes, tras un proceso a puerta cerrada. El capitán Adib, se había atrevido a denunciar la corrupción que corroe a las fuerzas armadas marroquíes. Las acusaciones formales eran por «violación de las consignas militares y ultraje al ejército», pero, en realidad, tal como informó France–Press desde Rabat, el verdadero motivo era que «había hablado con la prensa extranjera y denunciado la corrupción en el ejército marroquí».

El capitán Mustapha Adib, en octubre de 1998, había dirigido, al entonces heredero, príncipe Sidi Mohamed, una carta en la que denunciaba el tráfico de gasoil en la base de Errachidia. Una investigación posterior demostró que Adib tenía razón. La investigación llevó a la conclusión de que 120 toneladas de carburante, destinados al funcionamiento de un radar, habían sido robadas y vendidas. Los culpables fueron procesados; se trataba de altos mandos de las fuerzas armadas, entre ellos el teniente– coronel Marhoum, comandante en jefe de la base, que resultó condenado a 18 meses de prisión y expulsado del ejército. Otros 20 oficiales fueron procesados y expulsados.

Este episodio tuvo consecuencias en escalones superiores del ejército marroquí. El mismo inspector general de las Fuerzas Reales del Aire, debió ser reemplazado. Adib no había exagerado ni mentido en sus afirmaciones, pero, a partir de ese momento, la vida se le hizo irrespirable en Errachidia. Debió cumplir 90 días de arrestos injustificados e injustificables. A finales de 1998, fue trasladado a la base de Salé, pero la situación no mejoró. Las vejaciones y los abusos de poder contra él, prosiguieron, así que, nuevamente, fue trasladado de base en febrero de 1999. Sin embargo, en esta ocasión, Adib rechaza incorporarse a su destino y presenta denuncia ante el Tribunal Administrativo de Rabat contra estos traslados que considera abusivos. Cuando Adib llega a este punto, había alcanzado una conciencia política inédita en el ejército marroquí. Sostenía la necesaria democratización del Estado y se muestra decidido a que todo el mundo conozca el nivel de corrupción interior del ejército marroquí. Para ello se puso en contacto con Claude Juvenal, director de la oficina de France Press en Rabat. Ambos congeniaron y Juvenal supo apreciar la fiabilidad de los datos aportados por el capitán.

En diciembre de 1999, Claude Juvenal, presenta al capitán Adib a Jean Pierre Tuquoi, periodista de Le Monde. No parece claro que Adib conociera los riesgos a los que se exponía entrevistándose con dos periodistas europeos. Un verdadero suicidio para un funcionario del Estado marroquí. El 16 de diciembre, Le Monde publica un artículo titulado: «Oficiales marroquíes denuncian la corrupción en las fuerzas armadas». El nombre del capitán Adib aparece citado, con todo lo que ello implica.

Es imposible descartar que los dos periodistas ignorasen lo que ocurriría a continuación. Poco antes, habían ocasionado un escándalo internacional cuando ya habían protagonizado «scoops» previos, como en el asunto de Beni Ounif, cuando supuestos islamistas argelinos se refugiaron en Marruecos tras un atentado en su país. Ahora no se trataba de gasoil, ni siquiera de otro extraño atentado, sino un escándalo de corrupción generalizada en el seno de las fuerzas armadas y de una supuesta red de oficiales que trabajaban por la democratización de Marruecos. Haría falta preguntar a quién sirven estos dos periodistas: ¿a la búsqueda de la verdad?, ¿a la manipulación de la verdad en función de un titular escandaloso?, ¿o a potencias empeñadas en enturbiar las relaciones entre Francia y Marruecos? ¿periodistas, en definitiva, o mercenarios de la información? De hecho, en agosto de 1999, cuando el asunto Beni Ounif, las relaciones entre Argelia y Marruecos se habían deteriorado al máximo, Rabat vivía las horas decisivas posteriores a la muerte de Hassán II y la entronización de Mohamed VI. Además, el 14 de julio de 1999, se celebraba el desfile en los Campos Elíseos y, por primera vez desfilaba la Guardia Real Marroquí, abriendo la parada con cuatro compañías y un total de 510 soldados. Era la primera vez que una fuerza armadas extranjera desfilaba en cabeza y de forma autónoma en la fiesta nacional francesa. El presidente Chirac se deshizo en elogios hacia el nuevo monarca al que nombró «Compagnon de la Libération». Pocos meses antes, el Sidi Mohamed, entonces príncipe heredero, y hoy Mohamed VI, ocupaba el cargo de coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales. Con él al frente, Marruecos estuvo presente con pequeñas unidades en la pacificación de Bosnia, en Somalia, etc. Esta presencia en las misiones de NNUU, llevó a Edward Gabriel, embajador de EEUU en Marruecos, a «la importancia de la fidelidad marroquí y su cooperación en temas militares».

El asunto del capitán Adib, manipulado o no por un par de periodistas, ha tenido amplia resonancia en Marruecos. Era la primera vez en el reinado de Mohamed VI que salía a la superficie un caso de corrupción en las fuerzas armadas. Un pilar fundamental del régimen, empezaba a fallar.

Guerra «fría», guerra «caliente» y guerra «subversiva»

A principios de diciembre de 2003, Colin Powell, entonces Secretario de Defensa de los EEUU, tras entrevistarse con Mohamed VI en Marrakech, anunció que su gobierno había decidido doblar la ayuda militar a Marruecos. Los EEUU se habían convertido –junto a Francia– en los principales proveedores de armamento del reino alauí. Las Fuerzas Armadas Reales, se beneficiaban ya de la asistencia limitada de instructores norteamericanos y habitualmente participaban en ejercicios militares conjuntos. La NASA, así mismo, disponía de instalaciones propias de seguimiento de satélites en la base aérea de Benguerir, a 60 kilómetros al Oeste de Marrakech. A partir de mayo de 2004, con la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU y Marruecos, esa cooperación aumentó de manera asindótica.

Colin Powell, durante su viaje a Marruecos, pudo utilizar los atentados de Casablanca, como argumento estrella: «nos hemos encontrado unidos en la tragedia del terrorismo (…) Apoyamos las iniciativas de Marruecos para luchar contra este mal». Acto seguido, recordó que seguían las negociaciones para perfilar el Tratado de Libro Comercio entre ambos países no olvidando mencionar que se trataría del primer acuerdo de este tipo firmado con un país africano. Se trataba de buenas palabras, pero la realidad era que EEUU estaba retrasando la firma del acuerdo, haciendo interminables las negociaciones sobre productos agrícolas. Y es que, en ese momento, las relaciones de Bush con José María Arnar, vivían un idilio tras la cumbre del G–8. EEUU no quería dar la sensación a España de que su amistad con Marruecos iba a ir mucho más allá de lo que nuestro país podía admitir. Pero, aun a pesar de eso, Powell prometió doblar la ayuda militar, seis meses después del incidente de Isla Perejil.

En Perejil lo que hubo fue un riesgo de conflicto armado. La ocupación de la isla por la gendarmería marroquí y el asalto posterior que protagonizaron unidades especiales españolas, hicieron que se rozase la guerra «caliente». Las reivindicaciones marroquíes sobre espacios territoriales españoles siguen ahí: el gobierno marroquí reivindica –como hemos visto– cinco territorios españoles, pero el Islam marroquí reivindica mucho más. Para los islamistas moderados, el Reino Nazarí de Granada es otro de los territorios indiscutiblemente marroquíes, y en cuanto a los radicales, esta loca aspiración de dominio se prolonga a toda Al–Andalus, no a Andalucía, sino a toda España. Los hay, incluso, que llegan a prolongar este dominio hasta Poitiers, límite máximo de expansión del Islam en Occidente.

Todo esto no es nada bueno para las relaciones bilaterales y hace necesario, para concluir esta pequeña obra, realizar una reflexión sobre las posibilidades de guerra abierta entre ambos países. Esta posibilidad puede parecer dramática y fuera de lugar. No lo es. Nada está fuera de lugar cuando se trata de la defensa del territorio nacional. Por otra parte, de lo que se trata es de saber si las FFAA españolas están en condiciones de disuadir a las FAR marroquíes de cualquier tentación agresiva. Pero, además, escribimos estas líneas en el primer día de toque de queda en Francia tras los disturbios provocados por jóvenes de origen magrebí. Para nadie que siga la política francesa con detenimiento, estos incidentes habrán supuesto algo sorprendente. Desde mediados de los años noventa, más de mil barrios y ciudades francesas han sido considerados como zonas de «non droit», es decir, en donde el Estado francés no tiene ya vigencia. En esas zonas, ni la policía entraba para atajar los robos e incendios de vehículos (que, insistimos, no son una novedad de noviembre de 2005, sino una constante desde hace diez años), ni existía recaudación de impuestos, ni legislación social. Eran zonas que habían sido abandonadas a las bandas étnicas. Y es importante tener presente que estas bandas étnicas están formadas casi exclusivamente por magrebíes y subsaharianos. Con una precisión: no se trata de ilegales –estos, en realidad, son una minoría– sino de inmigrantes de segunda y tercera generación. Si tenemos en cuenta que el crecimiento de las bolsas de inmigración es hoy mucho más acelerado en España que en cualquier otro país y que el gobierno Zapatero pretende aplicar las mismas soluciones y tópicos que han fracasado en toda Europa, está claro que, en breve, la insurrección magrebí que se ha producido en Francia, con chispazos en Alemania y Bélgica, se extenderán también a España. Que a nadie le quepa la menor duda de que en Francia, hablar de «bandas étnicas», supone hablar de magrebíes y subsaharianos. En España, por el momento, las «bandas étnicas» son patrimonio de grupos juveniles andinos, pero la formación de guetos magrebíes y las dificultades insuperables de integración que estos grupos encuentran en toda Europa, hace que también en nuestro país, estén cristalizando los guetos en la zona mediterránea y en el centro de España. Digámoslo ya: tenemos un millón de magrebíes en nuestro territorio. De esta cifra, más de la mitad se han declarado admiradores de Bin Laden y una inmensa mayoría aprueban los atentados suicidas en Palestina e Irak. Es absurdo pensar que el crecimiento desordenado de esta inmigración masiva, no vaya a provocar problemas antes o después; y resulta absolutamente ingenuo pensar que lo que no ha sido posible invirtiendo miles de millones de euros o de francos en Francia, va a dar algún resultado en España.

Así pues, además de la posibilidad de «guerra caliente», hay que contemplar otra posibilidad, la de insurrecciones internas. Y esto forma también parte de la defensa nacional y no puede ser olvidado frívolamente. En Francia se olvidó, y las consecuencias han resultado, hasta ahora, caras; y, tenemos motivos suficientes como para pensar que lo peor todavía no ha llegado. En noviembre de 2005, las revueltas fueron espontáneas, sin coordinación previa y sin una columna vertebral. No han tenido nada que ver con la religión, sino sólo con el grupo étnico. Por algún motivo que los sociólogos no logran explicar, los jóvenes de los arrabales, blancos, negros, magrebíes, asiáticos, sufren los mismos problemas de falta de trabajo, contratos en precario y salarios de miseria… pero, sin embargo, sólo los magrebíes y subsaharianos, responden agresivamente y protagonizan revueltas urbanas. Esto ocurrirá, inevitablemente, en nuestro país y se superpondrá al conflicto con Marruecos y a sus reivindicaciones territoriales.

Este conflicto está adquiriendo en Francia la forma de una «guerra revolucionaria» en la que grupos sociales concretos se sublevan contra la autoridad del Estado. En España, hay que preverlo, no va a ser diferente. No en vano, para bien o para mal, somos Europa. Es más, somos la frontera sur–oeste de Europa. Las fronteras están para defenderlas y, mucho nos tememos, que el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene ni siquiera la sensación de que merezca la pena defender la frontera sur–oeste de Europa, optando por la política de mano tendida hacia un Estado del que solo un ciego puede ignorar sus intenciones. Nosotros creemos que vale la pena tomarse muy en serio la defensa de la frontera sur–oeste de Europa.

Las Fuerzas Armadas Reales: balance y perspectivas

La organización de las fuerzas armadas marroquíes es particularmente compleja e, incluso, incomprensible para el esquema habitual de los ejércitos occidentales. Hay que remontarse a la historia de Marruecos para entender la desconfianza que Hassán II albergó siempre en relación a su propio ejército, el cual le deparó varios golpes de Estado y conspiraciones incluso contra su vida. Hassán II intentó siempre evitar que el mando supremo de las fuerzas armadas recayera sobre un sólo hombre, por muy de su confianza que fuera. Hassán II solamente albergó confianza en una sola persona, él mismo.

El rey humillaba a su ejército prohibiendo que sus oficiales pudieran desplazarse por el país mientras él se encontraba en el extranjero. Los aviones militares no podían volar en las inmediaciones del palacio real ni de cualquier otra residencia en la que se encontrara el rey. Incluso, la gendarmería custodiaba los polvorines del ejército. Finalmente, el grueso del ejército está desplazado al Sáhara, a pesar de que desde hace 10 años existe un alto el fuego con el Frente POLISARIO; es evidente que la monarquía alauí prefiere mantener a los militares lejos de Rabat, es decir, lejos de la figura del rey.

Unas fuerzas armadas humilladas hasta ese punto por unas medidas que indican sólo desconfianza y reserva, es un ejército bajo sospecha y cuya eficacia en combate es más que dudosa. Difícilmente estarán dispuestas a defender y mucho menos a morir, por quien les trata de una manera tan absolutamente odiosa. De hecho, las tropas acuarteladas en el Sáhara han demostrado ser el grupo social más permeable a la penetración del fundamentalismo islámico.

El servicio militar obligatorio es de 18 meses, y los reservistas —150.000 en total— se mantienen en esa situación hasta que cumplen 50 años. El bajo nivel cultural y la escasez de personal cualificado repercuten negativamente en la operatividad del ejército marroquí.

El mando supremo de las fuerzas armadas marroquíes corresponde a Mohamed VI, así mismo Jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa. Si bien la constitución española también atribuye al Rey el mando supremo de las FFAA, en nuestro país se trata de un mero formalismo, no así en Marruecos. El rey es efectivamente, el jefe de las tres armas –las Fuerzas Armadas Reales o Ejército de Tierra, la Marina Real y las Fuerzas Reales Aéreas– así como de la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares, dependientes del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa. Del rey dependen también el Mando de la Zona Sur, los Sectores Militares territoriales y los Comandantes de la Plaza de Armas de las principales ciudades. El monarca dispone de un Estado Mayor General y de un Estado Mayor Avanzado, formado por los jefes de las 2ª y 3ª secciones —inteligencia y operaciones, respectivamente— del Estado Mayor General, además de algún colaborador, y que constituye el verdadero gabinete asesor. También existe el Alto Comité de la Defensa (formado por los máximos jefes militares y por los ministros civiles con interés en asuntos de seguridad, cuya misión es asesorar al rey) y la Inspección General de las FAR (legalmente formado por los jefes operativos de las fuerzas terrestres, navales y aéreas). Esta estructura extremadamente rígida hace que cualquier nivel deba de consultar antes al rey para tomar una decisión por simple que sea. Otro nuevo factor que merma su operatividad.
Marruecos dispone de unas fuerzas terrestres con un volumen muy superior a lo que cabría esperar en un país del Magreb. Cuando en España vivíamos los momentos más duros de la transición, en 1977, las fuerzas armadas de Marruecos estaban formadas por 84.650 hombres con un presupuesto de 345 millones de dólares, mientras que a principios de 2005, habían duplicado su número (195.500 hombres) y sextuplicado su dotación presupuestaria (1.800 millones de dólares). El 60% del presupuesto se destina a la presencia militar en el Sáhara.

Las FAR se organizan en un mando principal —el de la Zona Sur—, en mandos de sector y en un amplio número de unidades independientes. La organización de la fuerza es la siguiente:

– 3 Brigadas de Infantería Mecanizada
– 2 Brigadas Paracaidistas
– 1 Brigada Ligera de Seguridad
– 8 Regimientos de Infantería Mecanizada
– 1 Batallón de Montaña
– 37 Batallones de Infantería de Sector
– 3 Batallones Motorizados y sobre camello
– 10 Grupos de Escuadrones Acorazados
– 2 Grupos de Escuadrones a Caballo
– 4 Unidades de Operaciones Especiales
– 2 Batallones Aerotransportados
– 12 Grupos de Artillería Autopropulsada
– 3 Grupos de Artillería Remolcada
– 1 Grupo de Defensa Antiaérea
– 1 Regimiento de Transmisiones
– 3 Regimientos de Zapadores
– 5 Grupos Logísticos
– 4 Batallones de Reparación de Material
– 3 Batallones de Municionamiento
– 3 Batallones de Transporte

Estas fuerzas están concentradas en el Sáhara (en Dráa, Aaiún, Dajla y en el Cuartel General de Agadir). Las unidades destacadas en el Sáhara están protegidas por un muro defensivo de 1.200 kilómetros de distancia. Vale la pena hacerse una idea de cómo son estos «muros» defensivos. Apenas están formados por una muralla de piedra y arena de entre 3 y 5 metros de altura, y entre 4 y 6 metros de ancho en su base; delante existe un foso con alambradas, minas y defensas. Cada 5 kilómetros hay una compañía y cada 15 un radar para la artillería de campaña. El resto del ejército marroquí está destinado en la frontera con Argelia. En el resto del territorio metropolitano no hay unidades de combate, especialmente al norte de la línea Rabat–Meknés–Fez–Oujda, dato que evidencia a las claras que Marruecos, actualmente, no amenaza militarmente ni a Ceuta ni a Melilla.

En general, el material con el que cuenta el ejército marroquí está anticuado y gastado por el conflicto del Sáhara. Pero, con todo, se trata del ejército mejor preparado del Magreb. La instrucción de la tropa y de la oficialidad sigue los patrones de los cursos realizados en Francia, España y EEUU, a los que han asistido oficiales salidos de la Academia Militar o de los cursos de la Escuela de Estado Mayor. Los especialistas aceptan que la preparación de estas tropas es inferior a las de cualquier ejército incluido en la OTAN.

La Marina es extremadamente reducida y su valor estratégico irrelevante en una guerra moderna e incluso para la protección de sus costas. La historia de Marruecos tiene poco que ver con el mar y su población carece de vocación marinera. La marina marroquí está compuesta por un total de 7.000 voluntarios. Sus bases se encuentran en Casablanca, Agadir, Al Hoceima y Dajla. El límite máximo de operatividad de esta flota consiste en la interceptación de buques desarmados que naveguen cerca de sus costas, poco más. La columna central está formada por la corbeta Teniente Coronel Errhamani y cuatro patrulleras de fabricación española con capacidad de ser equipadas con misiles Exocet. Estos buques son escasamente operativos, carecen casi por completo de defensa antiaérea y de unidades preparadas para el combate aeronaval, sólo la corbeta está provista de armas antisubmarinas. No hay helicópteros adscritos a la marina, ni tampoco buques desminadores. Su nivel de instrucción es extremadamente bajo y la mayor parte del tiempo sus buques permanecen en el puerto. Disponen, eso sí, de una pequeña fuerza de desembarco capaz de transportar a 400 infantes. Existe una unidad de Infantería de Marina de 1.500 hombres. Sus bases navales se encuentran en Agadir, Casablanca, Dajla, Al Hoceima, Kenitra, Safi y Tanger.

La aviación, inicialmente llamada «Aviation Royale Chérifienne» fue creada en noviembre de 1956 y heredó de Francia las bases de Mekinez, Rabat y Kenitra y de EEUU, Benguérir, Boulhault, Nouaseur y Sidi Slimane. En 1961, pasó a llamarse «Force Aérienne Royale Marocaine». Recibió de la URSS 12 cazas MiG–17, 2 entrenadores MiG–15UTI y 4 bombarderos Ilyushin Il–28 y de Francia 24 entrenadores Fouga Magister. La independencia marroquí llegó en un momento de auge del nacionalismo panárabe (en 1956 tuvo lugar la crisis del Canal de Suez) de ahí que la URSS se convirtiera en el primer suministrador de aviones de combate a reacción. Tras la muerte de Mohammed V (1961), estallaron tensiones fronterizas con Argelia («Guerra de las Arenas» en 1963), conflicto en el curso del cual se evidenció que la URSS consideraba como aliado preferente a Argelia. Hassán II, a partir de ese momento, orientó sus compras de armas a EEUU y Francia. Los Mig soviéticos estuvieron operativos hasta 1983, fecha en que un consejero militar norteamericano sugirió que el último fuera trasladado a un museo militar de EEUU, donde actualmente se encuentra decorado con las escarapelas de Vietnam del Norte.

EEUU pudo facilitar 5 cazas tácticos F–5A y 2 entrenadores biplazas F–5B que, posteriormente se elevaron hasta 20 y 4 de estos modelos, respectivamente. Así mismo, los EEUU donaron 10 antiguos Douglas DC–3 (C–47), 18 Fairchild C–119G y 6 Lockheed C–130H, 24 helicópteros Augusta–Bell AB205A, 60 entrenadores de hélice North American T–6 «Texan». Posteriormente llegaron los Mirage F–1CH, Beech T–34C, y los Aérospatiale Puma. A finales de los años 70, seguían empleando aviones extremadamente antiguos, algunos procedentes de la II Guerra Mundial. Pero cuando la guerra del Sáhara llegó a su auge (principios de los años 80), las fuerzas aéreas marroquíes mejoraron su dotación adquiriendo nuevos caza–bombarderos tácticos F–5. La estrategia marroquí consistió en atrincherarse en torno a lo que llamaban «Sáhara útil»: El Aiún, Smara y Bou–Craa. Luego comenzó la construcción de los «muros defensivos» que contaban con la cooperación de Unidades de Intervención Rápida transportadas por helicópteros AB 205, Puma y Chinook. Mientras los F–5 demostraban su eficacia ante las incursiones del Frente POLISARIO, los Mirage F–1 se destinaron a la frontera con Argelia.

Como el entrenamiento de los pilotos marroquíes de F–1 se hizo en Francia, la FARM prescindió de dotarse de modelos biplazas. La primera remesa entregada pertenecía al modelo F– 1CH y entraron en servicio entre febrero de 1978 y diciembre de 1978. El segundo bloque lo formaron 14 Mirage F1EH, recibidos entre diciembre de 1979 y julio de 1982, con mejoras en el los equipos de navegación de cara a las misiones aire–tierra, y finalmente entre julio de 1980 y junio de 1982 se recibieron 6 Mirage F1EH–200 dotados de sonda de repostado en vuelo.

Las pérdidas en combate de los antiguos Fouga Magister condujeron a comprar, con dinero saudí, 6 Rockwell OV–10A, a los que debían sumarse otros 24. Pero su eficacia fue extremadamente reducida y varios resultaron derribados por el Frente POLISARIO. En 1989, además, habían sido abatidos 7 Mirage F– 1 y 1 C–130 Hércules, a lo que había que sumar 6 Mirage F–1 y 3 C–130 Hércules, perdidos en diversos accidentes. A lo largo de los 90, Marruecos adquirió nuevos Mirage 2000 y F–16 gracias a la ayuda financiera de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Unos años después, se adquirieron 12 F–16A y 4 F–16B que anteriormente habían servido en la Guardia Nacional de los EEUU.

En 1981, Marruecos adquirió 6 OV–10A cuyo funcionamiento fue mostrado por asesores norteamericanos en la base área de Kenitra. Era la primera vez que asesores norteamericanos formaban a pilotos marroquíes. Dos de estos aviones se perdieron en sendos accidentes.

La fuerza aérea cuenta con 13.500 hombres, de los cuales 300 son pilotos. Para sustituir a los F–5 y F–1 se han estudiado cuatro modelos de aviones: el F–20 Tigershark, el Mirage 2000, el F–16 y el Tornado. También es necesaria la renovación de los misiles aire–aire AIM–9J Sidewinder y MATRA R.550 Magic 1 por versiones más modernas de esas armas. La fuerza aérea marroquí está capacitada para realizar misiones de apoyo táctico y de transporte. Han alcanzado un nivel aceptable en apoyo a las unidades de tierra. Sin embargo, la instrucción de los pilotos es extremadamente débil; apenas pueden contar con 100 horas anuales, cifra, a todas luces, insuficiente.

La fuerza de interceptación está compuesta por los Mirage F–1CH. Las defensas antiaéreas marroquíes son muy limitadas. La artillería antiaérea dispone de cañones de pequeño calibre, remolcados o autopropulsados. Disponen de 37 lanzadores de misiles antiaéreos Chaparral autopropulsados y 70 SA–7 soviéticos portátiles, efectivos solamente contra aviones que vuelen a muy baja altura. Que sepamos, no disponen de misiles guiados por radar.

Es posible atacar todos los elementos sensibles de su aparato defensivo a gran altura. No existe capacidad para el combate nocturno y su defensa antiaérea es insuficiente. A esto se une la falta de personal capacitado. La mayor parte de la fuerza aérea esta estacionada en el Noroeste del país, orientada hacia la defensa de ataques procedentes de Argelia y España. Su capacidad es superior a la de otros países del Magreb, pero insuficiente para hacer frente a otros ejércitos europeos, incluido el español.

¿Hay que esperar una ofensiva marroquí?

En caso de conflicto convencional, en principio, las fuerzas armadas españolas están mejor preparadas y cuentan con un material más sofisticado para responder a una eventual agresión marroquí. Pero, es preciso realizar algunas matizaciones.

Las limitaciones presupuestarias, la complicada organización interna y la desconfianza de la casa real hacia el estamento militar, la escasa preparación y nivel técnico de la tropa, hace que, incluso en el arma aérea, las fuerzas armadas marroquíes, aun contando con un material aceptable (a diferencia de la marina) no estén en condiciones de asegurar la defensa de su territorio nacional y, mucho menos, de emprender una campaña ofensiva.

Ahora bien, los factores geopolíticos juegan en contra de España. Ceuta y Melilla son contiguas al territorio marroquí y carecen de espacio suficiente para asegurar su defensa. En cuanto a Canarias registra un problema de alejamiento de la península. La única carta que Marruecos podría, eventualmente, jugar, no es la ofensiva militar convencional, sino una insurrección interior de los elementos afectos a Marruecos hoy residentes en Ceuta, Melilla y, en menor medida, en Canarias. Y para una acción de este tipo, inicialmente la estrategia a adoptar sería la de la «guerra subversiva» (en la que lo importante no es conquistar territorios, sino los «corazones» de un sector de la población) para, finalmente, desembocar en el episodio insurreccional. La «guerra subversiva» presenta tres situaciones posibles para el agresor: defensiva estratégica (cuando no cuenta con fuerzas suficientes como para imponerse sobre el adversario), equilibrio de fuerzas (cuando está en situación de igualdad estratégica con el adversario) y ofensiva estratégica (cuando está en mejor posición que al adversario). Pues bien, en la actualidad nos encontramos en Ceuta y Melilla en una situación, todavía, favorable. Los presuntos peones del expansionismo marroquí, no han alcanzado aún la situación ideal para garantizar el éxito de una insurrección. Pero no hay que olvidar que, poco a poco, la población marroquí e islamista, va creciendo en estas dos Plazas de Soberanía, a medida que la población española va disminuyendo progresivamente. En menos de una década (quizás, apenas, en un lustro) se habrá llegado a la situación de «equilibrio de fuerzas». Esto, unido al desinterés absoluto, demostrado día a día, con el que el actual gobierno socialista considera a estas dos zonas del territorio nacional, puede inducir situaciones de renuncia al ejercicio de la soberanía primero y a la cesión después. En efecto, el gobierno Zapatero, desdiciendo la lógica de la defensa nacional, la historia, los intereses nacionales y las realidades geopolíticas, considera que Ceuta y Melilla son, efectivamente, «colonias similares a Gibraltar». El propio Rodríguez Zapatero ha sido ganado por la absurda teoría aireada desde los años 70 por Hassán II, según la cual, la entrega de Ceuta y Melilla, favorecería inmediatamente, la retirada inglesa de Gibraltar. En este sentido puede decirse que el gobierno ZP ha sido «ganado» por la dialéctica del «enemigo». Hay que recordar que la defensa nacional es viable sólo cuando un gobierno tiene voluntad explícita de asumirla. Y este es el problema.

El gobierno surgido de las bombas del 11–M (y no se trata de no reconocer la victoria socialista del 14–M, sino de explicarla y no hay más explicación que los atentados, puesto que antes de las bombas, la cuestión no era si Zapatero ganaba las elecciones, sino que todo el misterio giraba en torno a si Aznar obtenía o no la mayoría absoluta) carece de política de defensa, más allá de las buenas intenciones, el idealismo ingenuo y la pura y simple impreparación. De ahí que de los labios de Bono salgan frases tan absolutamente intolerables para un ministro de Defensa como «prefiero morir a matar», «hemos creado soldados sin fronteras» y otras lindezas que, mezcladas con cierto verbalismo patriótico, limitaciones presupuestarias y un catastrófico sistema de reclutamiento de voluntarios, todo esto, juega a favor de Marruecos y debilita a nuestro país. Así pues, la ventaja de España en material y medios de defensa, queda reducida por el desinterés y la impreparación de nuestras autoridades en materia de defensa nacional.

Por su parte, las FFAA españolas cuentan con 143.450 hombres, de los cuales 92.000 pertenecen al Ejército de Tierra, 26.950 a la marina y 24.500 al ejército del aire. El ejército de tierra dispone de 688 carros de combate, entre ellos 150 AMX–30, 931 piezas de artillería y 153 helicópteros, de los que 28 son de ataque. Ceuta y Melilla están defendidas por 8.100 soldados, entre ellos dos regimientos de la Legión. La marina cuenta con 8 submarinos y 16 navíos de combate en superficie. En cuanto a las fuerzas aéreas, la columna vertebral son 180 F 18, 220 F 5, y 180 Mirages F1. España es el país de la OTAN que destina menos dinero para la Defensa; apenas el 0’95%, frente a una media del 2,25% en el resto de países de la OTAN. Para colmo, este presupuesto esquelético se divide en un 58% para gastos de personal y un 42% para material.

En la actualidad, existen sólo cuatro Brigadas pesadas. Tres forman parte de la División Acorazada «Brunete», adscrita al Eurocuerpo, más la de Caballería. En total existen cuatro batallones de carros (con apenas dos Escuadrones). El resto de Regimientos de Caballería («España» y «Numancia» de la Brigada de Caballería y «Villaviciosa» de la «Brunete») sólo tienen un Escuadrón.

Todo este material, por sí mismo, parece tener el suficiente poder disuasivo para evitar un ataque frontal, pero es inadecuado para evitar el riesgo de insurrecciones interiores de elementos adictos al régimen marroquí.

La defensa de Canarias

Marruecos cuenta sólo con un buque LST de desembarco, clase Newport, con una capacidad de apenas 400 hombres y unos pocos lanchones de desembarco incapaces de llegar hasta las islas. Pensar que con estas fuerzas se podría invadir Canarias parece, en principio, absurdo. Pero hace falta apurar un poco el análisis para saber por dónde puede venir el riesgo.

Canarias es hoy un crisol de razas. Cadenas de tiendas indias vendiendo todo tipo de cámaras y electrodomésticos, coreanos y rusos dedicados a la pesca, mauritanos, marroquíes y senegaleses, chilabas y vestidos africanos hechos con pañuelos multicolores, apenas llaman la atención y son el pan de cada día en Canarias. Pero no todo va bien en las Islas Afortunadas. Los nacionalistas marroquíes las consideran patrimonio del «Gran Marruecos». Las Canarias están sometidas a un proceso lento pero constante de colonización. Cada día llegan nuevos inmigrantes ilegales a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. A muy pocos se les expulsa de manera efectiva, aunque casi todos lleven en su cartera el certificado de expulsión que un día podrán utilizar para demostrar que estuvieron en España en tal fecha, en una próxima regularización. Poco a poco, la población extranjera, en particular de origen islámico, va aumentando. Se trata de una colonización implacable. Cuando se hayan franqueado ciertos límites, es fácil prever lo que ocurrirá: inicialmente, los residentes islamistas, manipulados sin duda por el «príncipe de los creyentes», exigirán que se respeten sus derechos (derecho al reconocimiento de su especificidad islamista en todos los terrenos: enseñanza, horarios laborales, religión, etc.), posteriormente, internacionalizarán el problema como ya intentó Antonio Cubillo en la segunda mitad de los años 70, llevando el tema de la «independencia canaria» a la Organización de la Unidad Africana. Finalmente, una vez alcanzado el reconocimiento de ciertos derechos identitarios, la minoría islámica en Canarias (no sólo marroquíes, sino también miembros de las minorías islamistas subsaharianas) puede empezar a reivindicar la anexión del archipiélago a Marruecos, o bien la independencia dado que para ellos se trata de una situación colonial. A partir de ese momento, son posibles los incidentes, la aparición de movimientos de guerrilla urbana y un estado de inseguridad generalizada. En un momento de crisis de poder en España, Marruecos podría intervenir militarmente o generar un fenómeno parecido a la Marcha Verde, llegada desde el mar. Otra posibilidad consistiría en que Canarias fuera el escenario secundario de un conflicto polarizado en torno a Ceuta y Melilla.

Tal es el esquema sobre el que deberían trabajar los responsables de la defensa. El hecho es que Marruecos contempla una futura reivindicación de Canarias, en tanto que parte integrante del «Gran Marruecos». Puede argumentarse que el esquema que hemos planteado es hoy inviable. Seguramente quienes piensan eso, en 2004, consideraban que una revuelta de magrebíes en Francia era impensable. En noviembre empezó la guerra étnica en el vecino país, sin embargo, para el ojo habituado a proyectarse en el futuro, en noviembre de 2005, no ha ocurrido nada que no se pudiera prever desde hace quince años. La historia discurre a una velocidad que desdice a quienes auguraron su final en 1990. No es el fin de la historia lo que tenemos ante la vista, sino la aceleración de la historia lo que, fatalmente, se va cumpliendo. El proceso de islamización de Canarias iniciado a mediados de los noventa, sigue hoy su curso. En el supuesto de que esta colonización sea espontánea y no un proceso planificado y previsto, resulta imposible pensar que el reino de Marruecos no vaya a utilizarla en beneficio propio. Así pues, hace falta prever una hipótesis como la descrita. La defensa nacional es tan vital para un Estado que se está obligado a valorar incluso las hipótesis, aparentemente, más descabelladas. Y esta no lo es.

Algunos responsables de la defensa sostienen que la forma más económica y eficaz de defender Canarias es mediante la aviación. Ahora bien, esta estrategia no es válida ante una insurrección interior instigada por agitadores infiltrados entre las masas inmigrantes de origen africano. Lo que sí parece razonable es dispersar bombarderos tácticos en todas las islas. En cuanto a las fuerzas terrestres sería preciso mantener pequeñas unidades de operaciones especiales, dotadas de morteros, lanzagranadas y ametralladoras pesadas, con gran movilidad, especialmente en las islas con poca población, La Palma, Gomera y Hierro. Estas unidades, junto a la Guardia Civil, estarían en condiciones de contener temporalmente a movimientos insurreccionales hasta que llegaran refuerzos de la península o de las grandes islas. Deberían de contar, así mismo, con helicópteros de transporte y ataque para aumentar su eficacia. Con esto sería suficiente para asegurar la situación en las islas menores.

En cuanto a las islas mayores, la columna vertebral de la defensa deberían ser fuerzas legionarias y de operaciones especiales, con apoyo aéreo ofensivo y helicópteros de transporte y combate. Pequeñas unidades blindadas deberían estar en condiciones de sofocar cualquier intento insurreccional.

Es imposible desvincular la defensa de Canarias al eje estratégico Canarias–Gibraltar–Baleares. Ahora bien, la cuestión, en este momento, no es discutir sobre la vigencia o no de este eje, sino si las FFAA españolas están en condiciones de garantizar la defensa del mismo. Y esta es la cuestión, que no parece que así sea.

Actualmente en Canarias se encuentran acantonadas las siguientes unidades militares:
Ejército del Aire: Ala Mixta 46 en Gando (Gran Canaria):
dos escuadrones, uno de transporte (Escuadrón 461 dotado con C–212 y C–235) y otro de combate (Escuadrón
462 tiene de momento 12), escuadrón del SAR (3 Fokker
F–27M Maritime y 3 Super Puma).
Armada Española: corbeta «Descubierta», reconvertida
en Patrullero de Altura P–75 «Descubierta». Patrulleros
P72 Centinela (clase Serviola), P22 «Tagomago», P25
«Grosa» y P26 «Medas» (clase Anaga).
Ejército de Tierra: en Tenerife, Regimiento de Infantería
Ligera «Tenerife» 49 Regimiento de Artillería Mixto (de
campaña y antiaérea) número 93, Batallón de Ingenieros
XV, Batallón de Helicóptero de Maniobra VI (10 UH–1H
+ AB–212). Isla de La Palma, Batallón de Infantería Ligero «La Palma» Isla de Gran Canaria, Regimiento de Infantería Ligera «Canarias» 50, Regimiento de Artillería
Mixto (de campaña y antiaérea) número 94, Batallón de
Ingenieros XVI. Isla de Fuerteventura, batallón del Regimiento de Infantería Ligera «Soria» 9. Isla de Lanzarote,
batallón del Regimiento de Infantería Ligera «Soria» 9.
Todas estas fuerzas son insuficientes como para asegurar la defensa de esta zona estratégica. Es imposible defender Canarias con menos de una veintena de F18. Hoy nuestro principal handicap en esa zona son las fuerzas navales que deberían ser reforzadas, especialmente para cortar la posibilidad de que una insurrección interior recibiera armamento y apoyo desde el exterior. En esta dirección se echan en falta lanchas rápidas dotadas de misiles y torpedos, así como lanchas patrulleras. Para asegurar la defensa de Canarias serían necesarias, como mínimo, 5.000 soldados bien entrenados, incluidas unidades de operaciones especiales y especializadas en contrainsurgencias.
Así pues, volvemos al problema original: el PSOE presentó en su programa de gobierno de 2004, la propuesta de que la ayuda al desarrollo alcanzara el 0’5% al término de la presente legislatura y se estabilizara en el 0’7% en la siguiente. Pensemos lo que supone destinar un 0’7% en ayuda al desarrollo del Tercer Mundo (una gota en el océano) y destinar aproximadamente la misma cantidad a la defensa nacional. Y después, de pensarlo, horroricémonos, por que el 0’7% se pierde por el camino, mientras que reforzar los presupuestos de la defensa nacional, la renovación de material, la innovación tecnológica y salarios más realistas para los soldados profesionales, es hoy una necesidad de la defensa. Eso y, claro, tener un ejército digno de tal nombre en lugar de los «soldados sin fronteras», ONGs de uniforme y el «prefiero morir a que me maten», que nos embargan.

La defensa de Ceuta y Melilla

Las dimensiones de la Armada Marroquí no le permiten tener la superioridad en la zona del Estrecho ni en el mar de Alborán. De ahí que la amenaza militar que pesa sobre Ceuta y Melilla esté muy atenuada; no así la posibilidad de una subversión interior que culminara en un proceso insurreccional. De producirse un ataque convencional a las dos Plazas de Soberanía, la única posibilidad de defensa es mediante unidades aeromóviles capaces de ocupar puntos clave del terreno e impedir al ejército enemigo acudir a las proximidades de las ciudades. Estas unidades deberían estar compuestas por blindados y helicópteros, en condiciones de actuar en las proximidades de las plazas, entre las lomas y los barrancos y, sobre todo, ampliar el perímetro de la ciudad inmediatamente, penetrando en el espacio territorial marroquí a fin de articular una defensa en profundidad y mover libremente las unidades en la retaguardia. Esto implicaría, necesariamente, tener controlados los barrios con mayoría islámica, proclives a Marruecos, incluyendo su desalojo y desplazamiento a otras zonas. Eso, o de lo contrario, el interior de las Plazas de Soberanía se convertirán en zonas mucho más peligrosas que la propia línea del frente.

La defensa de Ceuta y Melilla ha tenido, tradicionalmente, como puntales a una fuerza formada por un Tercio de la Legión, dos Grupos de Regulares de Infantería, un regimiento de artillería mixto (costa, antiaéreo y campaña), un regimiento de caballería acorazada y un regimiento mixto de ingenieros. Pero, tras las limitaciones progresivas de los presupuestos de defensa, cada Tercio de la Legión, a pesar de haberse motorizado, ha perdido una Bandera (pasando de tres, a dos), los Regulares se fundieron en un Regimiento de Infantería y los Regimientos de Caballería (Alcantará y Montesa), que sepamos, tienen material anticuado M–48A5. La artillería de costa está prácticamente desmantelada, mientras que la de campaña recibió obuses autopropulsados M–44 de 155 mm.

La presencia de la Legión es el factor más disuasivo para los marroquíes, que todavía recuerdan la guerra de los años 20 y la contundencia de su operatividad. El estilo y las tradiciones legionarias se han mostrado, incluso en fechas muy recientes, completamente irreductibles a lo «políticamente correcto». Hasta hace poco, cualquier provocación pro–marroquí y antiespañola en el interior de Ceuta o Melilla, era contestada contundentemente por legionarios fuera de servicio, con sus oficiales al frente. El juez togado de Melilla cortó por lo sano estas operaciones de represalia y, en la actualidad, se procura que los legionarios apenas salgan de sus cuarteles no fuera a ser que «violen los derechos humanos» de los marroquíes o islamistas.

De todas formas, la situación de Ceuta y Melilla es, hasta cierto punto, diferente. Ceuta está más integrada en Marruecos, pues, no en vano, es contigua al antiguo protectorado francés y limita con la región de Yebala. No cabe la menor duda que la población islámica considera al rey de Marruecos «príncipe de los creyentes» y, por tanto, le deben sumisión. Esto podría haberlo pensado Felipe González cuando dio la nacionalidad española a miles de marroquíes que residían desde hacía más o menos tiempo en esas ciudades, sintiéndose marroquíes de corazón y españoles de oportunidad.

Melilla, por el contrario, está en la región del Rif, donde la autoridad real es mucho más discutida y se mantiene a duras penas, a condición de que el monarca no obstaculice el cultivo masivo de hachís. La población del Rif recuerda todavía la represión de que fue objeto por parte de Hassán II cuando era solamente príncipe heredero. En 1965, el general Ufkir, en aquella época fiel entre los fieles y diez años después, traidor entre los traidores, dirigió un desembarco en la bahía de Alhucemas para liquidar la rebelión. La desconfianza de la población del Rif dura todavía hoy. La población islámica de Melilla, es de origen rifeño, por tanto, depara una desconfianza endémica hacia la corona marroquí y no gustaría verse integrada en el «Gran Marruecos». Esta población, en el momento actual, de manera mayoritaria, aspira a poder desplazarse a la península.

Ceuta, por su parte, está próxima a la Base de Rota, al otro lado del Estrecho. Esta proximidad permite defender a la plaza, sin dificultades, especialmente mediante el traslado de refuerzos para el ejército de tierra y a la superioridad naval en la zona del Estrecho. Reforzando las unidades antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se estaría en condiciones de conjurar el riesgo de agitación interior en esta plaza, a condición, claro está, de que el poder político tuviera el valor suficiente para modificar la ley de inmigración y proceder a las expulsiones inmediatas de los agitadores.

Ambas Plazas de Soberanía, carecen de retaguardia. El mar es la única retaguardia. De ahí deriva la dificultad que entraña su defensa. No hay espacio suficiente para asegurar la defensa de ambas ciudades ante un ataque relámpago. Un ataque de este tipo, llegado del exterior o una insurrección interior, corren el riesgo de alcanzar sus objetivos, sin dar tiempo de reacción al ejército español. De hecho, la sorpresa es lo único que puede garantizar el éxito de un ataque. En Ceuta, las unidades supervivientes a un ataque por sorpresa deberían fortificarse hasta que llegaran refuerzos de la península. En cuanto a Melilla, la falta de espacio, supone la imposibilidad de retirarse. Solamente sería posible resistir en la ciudad antigua, con su fortaleza y el Rostrogordo, donde se encuentra el cuartel de la Legión. Pero más allá de estas posiciones ya no hay repliegue posible; ambas posiciones se encuentran de espaldas al mar. Para colmo, Melilla está en las laderas del Gurugú. El control de esas alturas da el control de la ciudad. Y esas alturas están en manos marroquíes. Todo esto hace extremadamente difícil la defensa de la ciudad.

En Melilla se encuentra acuartelado el Tercio Gran Capitán I de la Legión en Cabrerizas, en torno a lo que fue el antiguo fuerte; por su parte, en Ceuta, está el Tercio Duque de Alba II de la Legión, con tres acuartelamientos (Serrallo, García Aldave IVª Bandera y Recarga Vª Bandera), situados fuera del núcleo de población y cerca de la frontera con Marruecos.

En este tipo de conflictos el tiempo es fundamental. Las primeras 72 horas son decisivas, a partir de ese momento, se impondría la mediación de organismos internacionales y las presiones para lograr un alto el fuego serían insoportables para los contendientes. Pero eso impediría que la parte agredida (España, sin duda) estuviera en condiciones de realizar una contraofensiva. La respuesta inmediata a una agresión de este tipo debería ser ataques demoledores a centros estratégicos e infraestructuras del agresor: refinerías, centrales eléctricas, instalaciones portuarias, red de alerta aérea y elementos de su defensa, minado de puertos, mediante ataques aéreos o navales.

En los momentos inmediatamente posteriores a la ofensiva del enemigo, el primer objetivo sería reforzar la situación de las plazas amenazadas, mediante el envío de unidades aerotransportadas y fuerzas de infantería de marina. Ya hemos dicho que Ceuta recibiría ayuda aeronaval procedente de la base de Rota y, seguramente, sería reforzada mediante un batallón de desembarco para reforzar la guarnición; la función de estas tropas sería asegurar el control del puerto por donde, posteriormente, entrarían las unidades blindadas del Ejército de Tierra procedentes de la Brigada Mecanizada nº X de Cerro Muriano.

Es de suponer que un ataque marroquí se realizaría en circunstancia estratégicas ventajosas, por ejemplo, cuando algunas unidades pesadas de la flota española estuvieran en el dique seco o en misiones humanitarias en el otro extremo del globo. Al primer ataque, es muy probable que nuestro país despertara del sueño de la paz perpetua y se produjeran momentos de confusión y desorganización extrema, especialmente en el sur de España; confusión aumentaría gracias al trabajo de saboteadores marroquíes infiltrados, a buen seguro, entre las masas de inmigrantes llegados ilegalmente a España. De producirse mientras el país está gestionado por un gobierno débil y timorato en materia de defensa como el de José Luis Rodríguez Zapatero, se perderían las primeras 72 horas en intentar resolver el conflicto por la vía de la negociación. Luego, ya sería demasiado tarde para reaccionar.

Marruecos cuenta a favor el hecho de que la OTAN no reconoce como perteneciente al ámbito de la alianza las Plazas de Soberanía española en el norte de África. Seamos claros, no cabe esperar ninguna ayuda de la OTAN y, muy difícilmente, de la UE. Francia, presa de las reminiscencias históricas, creería posible recuperar influencia en Marruecos, bloqueando la reacción de la UE.

Conclusión Camino de la perdición

En mayo de 2005, el gobierno Zapatero adoptó una de las medidas más desafortunadas de su corta carrera de decisiones tomadas a la ligera y frívolamente: vender, a precio de saldo, carros de combate a Marruecos. La cláusula de seguridad que acompañaba a dicha cesión, que impedía su despliegue ante Ceuta y Melilla, era casi una broma. Error: no vendas armas a tu enemigo para que pueda presionarte con ellas.

Entre 1977 y 1980, la política del gobierno demócrata norteamericano (período Carter) se basó en intentar demostrar a la URSS, por todos los medios, que EEUU carecía de intenciones agresivas, rebajando el listón armamentístico y facilitando el acceso de regímenes prosoviéticos unos (Nicaragua sandinista), antioccidentales otros (revolución islámica de Khomeini) y permitiendo invadir a la propia URSS países libres (Afganistán). Esa estúpida política fue abandonada desde el inicio de la era Reagan. La URSS se desmantelaba pocos años después. Es la fuerza y no la concesión generosa e irresponsable, la que opera efectos en política internacional. Pues bien, desde los años de Carter, no se había visto en la historia reciente de la humanidad una política tan torpe como la de José Luis Rodríguez Zapatero en relación a un país del que, lo más piadoso que puede decirse, es que sus muestras de amistad dejan mucho que desear. Aunque esos carros de combate fueran pagados a precio de oro, eso no justificaría jamás el riesgo que supone para la defensa nacional.

En general, el socialismo español, después de la transición, ha practicado una política de mano tendida hacia Marruecos, iniciada ya con Felipe González y llevada hasta el extremo por Rodríguez Zapatero. Siempre que han tenido ocasión, han intentado apaciguar situaciones imposibles de apaciguar, mediante las buenas palabras y «tolerancia», sacrificando siempre los intereses de España. Cualquier cosa antes que demostrar fortaleza y vigor. Si la palabra «traidor» no es exactamente la que debería aplicarse a Zapatero (un traidor para serlo, debe ser consciente de su traición; un perfecto irresponsable no es un traidor, es simplemente, un tonto con ideas) describe, al menos, a quien ignora los intereses de su propio país en beneficio de otro. No es raro que en Marruecos se frotaran las manos cuando Zapatero viajó por primera vez a Rabat al poco de ser elegido Secretario General del PSOE y, mucho más, cuando estallaron las bombas del 11–M. Entonces, Zapatero, de manera imprevista, se sentó en La Moncloa: «Ahí tenemos al hombre que queríamos» debieron comentar los exponentes del majzén.

La única norma política de Zapatero es hacer justo lo contrario de lo que hizo el anterior presidente. Ciertamente, algunas de las decisiones de Aznar fueron discutibles, pero la mediocridad anodina e ingenuofelizota de Zapatero, contrasta con su gestión; hay que reconocer que –equivocado o no– Aznar se movió por un claro patriotismo; en Perejil por ejemplo e incluso en la polémica decisión de asistir a la cumbre de las Azores, lo que primó fueron los intereses del Estado Español. Situándose al lado de Irak, Aznar aspiraba a eliminar las carencias energéticas que pudieran aparecer en España en los próximos años y, por otra parte, la decisión fue tomada para contrapesar el absentismo francés en la crisis de Perejil. Decir «España», es decir nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros intereses nuestra estabilidad económico–social y nosotros mismos. Errónea o no –la función de este libro no es enjuiciar la gestión del anterior presidente– la política de Aznar intentó ser «patriótica». Existieron graves problemas de comunicación con la opinión pública, engaños procedentes de EEUU (como toda aquella absurda discusión sobre las «armas de destrucción masiva» que todo el mundo sabía que no existían y que apenas eran otra cosa que la improvisación de un «casus belli» para justificar la enésima aventura exterior norteamericana; o afirmar que Saldan Hussein tenía algo que ver con Al–Qaeda, producto de muchos informes «imaginativos» de la CIA, redactados tras el 11–S) y cierto desprecio hacia unas manifestaciones que, si bien es cierto que, en buena medida, denotaban un lamentable antiamericanismo primario, otras se basaban en algo tan básico como era el respeto de la legalidad internacional y las consideraciones éticas ante guerra injustas. Aznar no supo comunicar los motivos que le llevaron a la cumbre de las Azores. Se podría argüir que Aznar se puso en el furgón de cola del eje anglo–sajón y que un patriotismo subordinado a una superpotencia, difícilmente podría ser considerado patriotismo. Es una opinión, desde luego, pero tampoco es absurdo situarse al lado de una superpotencia, especialmente, cuando aparecieron recelos suficientemente fundados en relación a Francia y cuando lo que estaba en juego es el parón energético y la posibilidad de obtener recursos situándose a la sombra de un coloso. La política internacional es así.

Lo que resulta absolutamente incomprensible es la política de cesiones realizadas en menos de dos años, por el gobierno Zapatero al régimen marroquí. Marruecos, ni es una superpotencia, ni es un modelo democrático, ni es un país «amigo». Difícilmente podría ser considerado como «amigo» un país que envía toneladas de droga diariamente, que apenas realiza esfuerzo alguno para controlar la inmigración masiva, sino que la utiliza como argumento de presión para obtener fondos de España y la UE, que reivindica territorios españoles desde el siglo XV o que oculta informes sobre la filiación islamista radical de inmigrantes que le consta viven en España…

Los problemas irresolubles del Marruecos de Mohamed VI

A pesar de la tendencia del régimen marroquí a victimizarse y de la imagen de modernidad que pretende dar en el extranjero, la triste realidad es que afronta cuatro carencias que ni el rey ni el majzén reconocen, ni mucho menos toman en consideración. Estas carencias son:

– Carácter autocrático del régimen, con ausencia de un plan de reformas capaz de inaugurar un período de libertades democráticas y un sistema verdaderamente representativo. Urge una reforma constitucional en profundidad y limitar los poderes del rey y la influencia del majzén. Esta reforma debe salvaguardar las libertades públicas y, en especial, la libertad de expresión y de prensa.
– Conflictos exteriores con absolutamente todos los países vecinos, no sólo con España, sino también con sus vecinos del Magreb. Esto hace que la UMA (Unión del Magreb Árabe) esté bloqueada ad infinitud por problemas internos, generados indefectiblemente por Marruecos. Estos conflictos, además, tienen como fondo el absoluto desprecio de Marruecos por cualquier acuerdo o tratado firmado con otro Estado, incluido con España.
– Carencias en el respeto a los derechos humanos, especialmente en los momentos en los que se han producido atentados o tensiones interiores. Tras los atentados de Casablanca, la oleada de detenciones excedió con mucho a los círculos de sospechosos. Por otra parte, es seguro que los servicios secretos han infiltrado y manipulado a distinto grupos radicales y los han utilizado en tareas provocadoras que generan represión contra el islamismo moderado.
– Absoluto desconocimiento del problema social que vive el país y ejercicio de la tarea de gobierno de espaldas a los intereses de la mayor parte de la población, sirviendo sólo a los intereses oligárquicos del majzén. La absoluta miseria que reina en la periferia de las grandes ciudades y el desmigajamiento de la escuálida clase media, es todavía más escandalosa cuando se incuba junto a los monumentos al lujo y al despilfarro. Pobreza y corrupción hacen que todos los esfuerzos para detener al islamismo político se salden con el fracaso.

La resultante de todos estos vectores es la inestabilidad permanente que genera Marruecos, tanto en sus relaciones con otros países, como en su situación interior. Y hoy no existe ni un solo elemento en el horizonte que permita pensar que ninguno de estas carencias pueda ser resuelta a corto plazo. Todo induce a pensar que la inestabilidad interior de Marruecos irá creciendo en los próximos años. Lo más probable es que Mohamed VI siga la misma técnica que su padre: cuando se adivina un problema interior de gravedad, se genera un problema exterior capaz de ser utilizado como galvanizador de la opinión pública para situarla en torno al régimen. Se hizo con la Marcha Verde, se ha vuelto a hacer avivando los resentimientos atávicos frente a Argelia, y se volverá a hacer cuando sea necesario. A nadie se le escapa la posibilidad de que Mohamed VI, acorralado por el deterioro creciente de la situación social de su país, movilice energías populares en torno al tema de Ceuta y Melilla. Cuando llegue ese momento –y que a nadie le quepa la menor duda de que va a llegar– de nada va a servir la teoría del «colchón de intereses», según la cual el trenzado de una red de intereses económicos y comerciales recíprocos, amortiguaría cualquier tensión con nuestro país.

Nadie que pormenorice el análisis sobre la realidad del régimen marroquí puede dudar que constituye el principal factor de desestabilización en el Mediterráneo Occidental.

Zapatero, o la peor de todas las políticas posibles

Rodríguez Zapatero, en el curso de su viaje a Rabat el 17 de noviembre de 2005, realizó dos afirmaciones absolutamente lamentables: elogiar a la democracia marroquí y proponer la entrada de Marruecos en la UE… Resulta difícil encontrar en todo la historia reciente de España frases henchidas de una ligereza y una irresponsabilidad semejantes; porque Marruecos es cualquier cosa antes que una democracia y porque Marruecos, no solamente, no es Europa, sino que Europa debe protegerse de lo que llega de Marruecos.

La «aproximación» de posiciones en la cuestión del Sáhara, operada por Zapatero, rompiendo la tradicional posición española de respeto a las decisiones de NNUU, supone la enésima muestra de irresponsabilidad: apoyando la posición marroquí, España perderá uno de los pocos instrumentos que posee a su alcance para evitar que las ambiciones marroquíes den un paso al frente. Y no hemos oído a Zapatero decir en voz bien alta que Ceuta y Melilla son españolas. Es fácil suponer lo que ocurrirá con las reivindicaciones marroquíes sobre estas dos ciudades españolas en cuanto el tema del Sáhara se haya resuelto favorablemente a las tesis marroquíes, gracias a la complicidad de Zapatero. Justo, en ese mismo momento, en agradecimiento, Mohamed VI reivindicará Ceuta y Melilla. No antes.

El cambio de posición del gobierno español, aceptando las tesis marroquíes sobre el Sáhara, supone el abandono de la vía del derecho internacional y la aceptación de la política de hechos consumados que derivó de la ocupación de esta exprovincia española por parte de Marruecos. La política de silencio y el aplazamiento sine die del problema de la delimitación de las aguas territoriales, es otro síntoma de debilidad. Si por Zapatero fuera, Ceuta y Melilla ya se habrían entregado a Mohamed VI sin más contrapartida que la «comprensión» de Marruecos al «diálogo de civilizaciones».

Seamos claros: Marruecos está gobernado por una monarquía corrupta, autocrática y medieval en la que, como dijo Alí Lmrabet, el periodista marroquí permanentemente represaliado, el rey es el receptáculo de todos los poderes, una síntesis de Juan Carlos I, más el presidente de la Conferencia Episcopal, más el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor y presidente del Tribunal Supremo y más media docena de cargos ministeriales. Alguno se empeña en unir a todas estas atribuciones otras menos respetables. Sea como fuere, y sin cargar las tintas, nadie puede negar que Marruecos, hoy, es el paraíso de la corrupción y que resulta complicado hacer negocios e invertir –incluso viajar como turista– en un país que vive de la corruptela generalizada. El rey y su entorno palaciego siguen ostentando un poder absoluto y sin cortapisas. Menudo régimen al que elogiar.

En tanto que español, me avergüenzo de los elogios inmerecidos y de edulcorados que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de mi nación, deparó a Mohamed VI, durante su viaje a Marruecos en noviembre de 2006. Prefiero recordar a nuestros hermanos saharauis, perdidos desde hace 30 años en los campamentos para refugiados de Tinduf. Prefiero recordar la miseria sin límite que he visto en los cinturones de Casablanca y Rabat. Prefiero recordar el fraude electoral que se dio en las elecciones marroquíes de 2002 y 2003. Prefiero recordar a los tres millones de inmigrantes que han tenido que dejar atrás una patria que no les ofrecía otra posibilidad más que la de morir de hambre. Experimento la más profunda vergüenza de tener un gobierno ignaro, torpe y mendaz en cuestiones internacionales. Y no alberga la menor duda de que todos estos errores se traducirán en situaciones desagradables y crisis futuras.

El empobrecimiento de la sociedad marroquí, la creación asindótica de cinturones de miseria, el abandono del campo, el analfabetismo, la falta de perspectivas de la población, culminan, como hemos demostrado, en dos fenómenos que, en el momento de escribir estas líneas son el cáncer de la sociedad marroquí y de sus vecinos: el fundamentalismo islámico y la inmigración ilegal y masiva hacia España como única forma de progreso social.

¿Es posible ser optimista ante este panorama? En absoluto. Por eso, es extremadamente necesario que la UE modifique su política ante Marruecos. Ser, en principio, más exigente en lo que se refiere a reformas políticas y libertades públicas. Y, por supuesto, exigir como contrapartida para la recepción de cualquier ayuda, una lucha despiadada contra la corrupción, especialmente contra la que está enquistada en el majzén. Es evidente que esa ayuda, para ser eficaz, debe estar supervisada y gestionada por quien la otorga. Las buenas palabras, las promesas mil veces repetidas, ya no sirven. Dinero enviado a Marruecos para luchar contra el narcotráfico, la corrupción o la inmigración ilegal, es dinero tirado. Ciertamente, sólo el desarrollo económico cercenará al islamismo radical y el impulso migratorio de los marroquíes, pero ese desarrollo solamente puede partir de una modificación de las condiciones político–sociales y de la lucha contra la corrupción generalizada; es decir, de una reforma de arriba abajo del régimen marroquí, empezando por el concepto teocrático del poder real. El régimen marroquí, para ser aceptable por las democracias occidentales, debería comprometerse a realizar profundas reformas económico–sociales –por no hablar de las políticas– en lugar de utilizar fórmulas de chantaje para obtener las ayudas que busca. Son ayudas a «Marruecos», esto es, a un país y a un pueblo; no ayudas al monarca y a su entorno.

Lo mejor para Europa: el realismo total

En este sentido, todo lo que no sea reconocer que el islamismo es la primera fuerza político–social en Marruecos, supone un error y la fuente de futuros conflictos. El islamismo se ha impuesto en los fértiles terrenos abonados por la corrupción, la ineficacia en la gestión de gobierno y la miseria generados por la monarquía alauí. En los próximos años, por muchas que sean las provocaciones, las maniobras de intoxicación y criminalización del islamismo marroquí, todo induce a pensar que seguirá ganando fuerza. A fuerza de «dialogar» con Mohamed VI, nos olvidamos de que su trono está asentado sobre bases extremadamente movedizas y, en cualquier momento, puede desplomarse. Europa debe entender que si el islamismo es la opción que avanza imparable en el Magreb, va a ser con él con quien nos tengamos que entender a la vuelta de pocos años. Es más probable que en no más de tres lustros, el majzén haya trasladado masivamente su residencia a Marbella, París o a Nueva York, tras un vuelco previsible en la situación política marroquí; entonces, allí estarán los movimientos islamistas que aspiran a aplicar políticas de crecimiento económico, justicia social y reparto de la riqueza. Algo huele a podrido en Marruecos y, definitivamente, no estoy en condiciones de afirmar si es a causa de la corrupción o es la propia administración marroquí la que exhala ese tufo fétido propio del cadáver en descomposición.

Aceptemos los hechos, nos gusten o no: el islamismo es la primera fuerza político–social del Magreb y su crecimiento se ha operado como reacción a la falta de democracia, a la pobreza y a la corrupción gubernamental. Está claro que el Islam es lo contrario de Europa. Es más viable cooperar con quien, de partida, se sabe que encarna la idea y la tradición contraria a la propia, que con quien practica el doble lenguaje: Mohamed VI, como antes Hassán II, son maestros en este arte. Nunca será posible llegar a puntos de claridad con ellos. Franco, en sus últimos días de lucidez, ordenó a la Legión que colocara tres filas de minas para contener a la Marcha Verde como antes había enviado a la flota ante el puerto de Tánger. Probablemente, la monarquía alauita sea éste el único lenguaje que entiende; el otro, ingresar dinero a cambio de la promesa de resolver la cuestión de la droga o de los inmigrantes, ya se ha demostrado inútil. Se creen sólo las promesas de quienes saben cumplirlas. No es el caso del régimen marroquí

Para bien o para mal, cuando un islamista afirma que aspira a aplicar la sharia, todos sabemos lo que quiere decir: la ley coránica convertida en norma de Estado. Bien, no es la vía europea. Pero al menos es una vía hecha de claridad y ante la que nadie se llama a engaño. Esta claridad no está presente cuando Mohamed VI mendiga en Occidente favores, ayudas, subvenciones y ventajas, a cambio de nada, o cuando firma tratados que no tiene la más mínima intención en respetar.

Y, por otra parte, creemos haber demostrado, que aunque la inmensa mayoría de presuntos terroristas islámicos detenidos en Europa, es magrebí, la mayoría del islam marroquí ha optado por la vía de la moderación. Sabemos que Mohamed VI y su régimen han incumplido sus promesas en incontables ocasiones, que no han respetado acuerdos firmados. Sabemos que se han convertido en un pozo sin fondo a donde van a parar ayudas y más ayudas económicas de la UE. Sabemos que llegan a nuestras costas, diariamente, inmigrantes y drogas en cantidades que serían incomprensibles si no existieran complicidades en todos los niveles de la administración. Ante todo esto, ¿para qué intentar apuntalar a regímenes inestables, odiados cada día por un número creciente de sus súbditos? Reconozcámoslo: el régimen marroquí ha fracasado en su tarea de occidentalizar a su país y remediar la pobreza de su pueblo. ¿Por qué no dar el voto de confianza a otras opciones, la islamista incluida? Existen muy pocas posibilidades de que sean peores. En el fondo, ellos han identificado cuáles son los problemas de Marruecos: corrupción, distribución de la riqueza, pobreza, doble lenguaje de la casa real. Mohamed VI, por el contrario, es incapaz de reconocer que él es el problema.

Insisto: antes o después, nos vamos a tener que entender con los islamistas magrebíes –si ellos son la primera fuerza político-social, ellos son el futuro, luego, ellos son el interlocutor–, así que mejor vayámonos haciendo a la idea de que solamente hay que exigirles una condición: que abandonen toda pretensión de actuar o influir sobre la sagrada tierra de Europa. Podemos ser vecinos con intereses diferentes, incluso con modelos políticos y religiosos diferentes y, sin embargo, llevar una vía de coexistencia pacífica, incluso una amistad que deriva de la claridad y de la limpieza de intenciones. Créanme: no he visto limpieza de intenciones en la monarquía alauí. Lo que no podemos es seguir engañándonos: la monarquía alauita y el régimen de corrupción y falta de libertades públicas al que ha dado lugar, es una cáscara podrida, cada día con menos apoyos populares y sostenido solamente por una red de intereses espúreos, levantados sobre la miseria de la mayoría de población. Un estadista europeo no puede pactar con un gobierno así. Europa no puede ser cómplice en el mantenimiento de las injusticias en el Magreb. Insisto: mejor irnos haciendo a la idea de que, mientras los islamistas no tengan la vista puesta en este lado del Estrecho, al menos ellos representan el sentir mayoritario de la población magrebí.

El hecho de que los EEUU hayan trenzado una alianza estratégica con la monarquía alauí es, hasta cierto punto, una buena noticia para Europa. Marca la diferencia: África empieza al sur de Gibraltar. Los EEUU, deberían de tener algo más de memoria histórica y reconocer que pactar y sostener a gobiernos corruptos, entenderse con sátrapas de la peor especie, no les ha llevado más que a complicaciones futuras. Con Marruecos no va a ser de otra manera. EEUU ha hecho del meterse en avisperos una especialidad de su política exterior. España y la UE deben mirar hacia otros lugares a la hora de buscar recursos energéticos. No hacia el Sur, sino hacia el Este. Incluida España. A Rusia, por ejemplo. Y sólo mirar al Sur cuando el Magreb viva un nuevo período histórico, no los últimos coletazos de la época anterior.

El gas ruso llega hasta el Pirineo. Viene de lejos, pero su suministro es hoy mucho más seguro que el gas argelino y marroquí, por mucho que le pese a Gas Natural, a Repsol y a La Caixa. Por otra parte, Rusia es Europa. Geopolíticamente deberíamos hablar de «Euro–Siberia» como nuevo concepto a desarrollar en la política internacional de la UE y abandonar, de una vez por todas, las veleidades de «diálogos de civilizaciones». Acabamos este libro el día en que se inicia la Conferencia del Mediterráneo en Barcelona. El absentismo de la mayoría de «líderes» de África del Norte, es significativo de lo que se opina allí del tan cacareado «diálogo».

Si EEUU quiere ser la potencia decisiva en Marruecos, que lo sea, a condición de que se coma los problemas en aluvión que vendrán en los años venideros y asuma la tarea de apuntalamiento del régimen que será necesaria a la vuelta de pocos años. España, y por extensión la UE, solamente tienen en el momento actual una tarea: contener y conjurar el riesgo que viene del Magreb. Esto es, impedir que las comunidades magrebíes instaladas en Europa se conviertan –como de hecho han demostrado ser en Francia– focos de desestabilización permanente, impedir que las redes terroristas del islamismo magrebí progresen en nuestra tierra, cortar de un hachazo al narcotráfico que viene del sur, contener el fenómeno de la inmigración magrebí y procurar que se invierta la tendencia y que aquellos magrebíes que, por lo que sea –por crisis en el mercado de trabajo o por la «falta de impulso laboral» de la que, como ha reconocido la UE, adolece la inmigración magrebí, especialmente los hijos de inmigrantes– no realizan una función productiva en Europa, regresen a su país y dejen de sobrecargar la sanidad, la educación, los fondos de ayuda social, etc. De hecho, lo más probable es que un cambio de régimen en Marruecos generase mejores condiciones de vida para los desfavorecidos y, por tanto, la inmigración dejara de ser la única aspiración de quienes no tienen nada. También en el tema de la inmigración, Mohamed VI es el problema. Pero, mientras sigan las cosas como están y buena parte de la riqueza marroquí sea acaparada por el majzén, la inmigración y el islamismo radicalizado seguirán encontrando un caldo de cultivo apropiado para su desarrollo.

Si hay tres palabras que debe empapar a la política europea
–y a la española en particular, al situarnos la geografía en la línea del frente– en relación al Magreb es, realismo, contención y energía. Todo lo que suponga la adopción de políticas de paños calientes, lenguaje diplomático edulcorado, elogios gratuitos a virtudes inexistentes, y políticas de manga ancha, es un error.

El Marruecos de Mohamed VI constituye un riesgo para la seguridad española. Afortunadamente, existe otro Marruecos: el de periodistas conscientes de la vergüenza internacional que supone su gobierno y que aspiran a vivir en un país, diferente a Europa, pero tan libre como Europa; el de buenas gentes que quieren conservar sus tradiciones en un régimen de justicia y respeto a la ética y a la moral que han bebido de sus ancestros, el Islam; el de inmigrantes que tienen derecho a poder vivir en la tierra que les vio nacer; el de las mujeres marroquíes que merecen un gobierno que les dé derechos y libertades y, sobre todo, acceso a la cultura. En el Sur está el Islam. Es más, el Sur es el Islam. La vía del Islam es indudablemente la preferida por las sociedades del Sur como respuesta al caos generado por gobernantes depravados y corruptos. ¿Con qué derecho, nosotros europeos, podríamos discutir esa opción? En Argelia se hizo y costó 150.000 muertos. La guerra civil argelina debe enseñarnos algo.

Repetimos: afortunadamente, existe otro Marruecos; el actual viene siendo un riesgo para España y, por extensión, para Europa, desde su independencia. Cuando se percibe un riesgo, se le conjura, se le contiene y se le anula. No se le venden armas ni se le elogia, estúpida y gratuitamente.

Todo esto es un inmenso camino de perdición. Pero, hacer entender esto a algunos prohombres del gobierno español es, como decía Mao, intentar que la rana de la charca comprenda la grandeza del océano.

León Klein Tánger, 20 de noviembre de 2005

Indice

Introducción
Con perejil en el corazón ............................................................ 5 Capítulo I
Defensa nacional ¿ante qué enemigo? .................................... 9 Capítulo II
Petróleo, el fondo de la cuestión ............................................ 53 Capítulo III
Marruecos y EEUU: la gran alianza ........................................ 82

Capítulo IV
Ceuta y Melilla,
penúltimas rodajas del salchichón ...................................... 103

Capítulo V
Canarias: ocupación con cuentagotas ................................. 122 Capítulo VI
Con la inmigración fuera de control ..................................... 132 Capítulo VII
Pobreza, islamismo y terrorismo: santa alianza .................. 160 Capítulo VIII
Terrorismo marroquí en España ........................................... 196

Capítulo IX
Argelia: los enemigos
de mis enemigos ¿son mis amigos? .................................... 225

Capítulo X
Dos Fuerzas Armadas, frente a frente ................................. 245 Conclusión
Camino de la perdición ......................................................... 272