Índice

PORTADA

DEDICATORIA

INTRODUCCIÓN. UN EJERCICIO DE MEMORIA

PRIMERA PARTE. LA MANO EN LA CAJA

FALTAN TRESCIENTOS KILOS

UN HOMBRE DE PALABRA

POR ESO LES PAGAMOS 1.344 MILLONES

PARA ESTO QUERÍA LA CORPORACIÓN

LA PASTA SE QUEDA FUERA

¡BINGO!

EL BLINDAJE

EL SECRETO DEL REY

UN TIRO POR LA CULATA... DE SEISCIENTOS MILLONES

S.O.S.

SEGUNDA PARTE. ¿POR ENCIMA DE LA LEY?

UN JUEZ NORMAL

LA QUERELLA MALDITA

DISPAREN SOBRE TINO

LA PUNTA DEL OVILLO

EL SEÑOR NO

TERCERA PARTE. EL GRAN CHANTAJE

LA CONSPIRACIÓN

SUÁREZ: CON MARIO CONDE EN LOS TALONES

EL FUGITIVO

LA PERCHA DE ARGENTIA TRUST

«SE LO DIJE AL MINISTRO CASI MEANDO»

EL ARSENAL DE LAS 1.200 MICROFICHAS

EL CORREO SECRETO DEL ZAR

EL GRAN HERMANO ESCUCHA

VIRIATO: CINCO HORAS CON MARIO

«AUDIENCIA» EN LA MONCLOA

A HORCAJADAS DEL GAL

EL PASTELEO

CUARTA PARTE. QUIEBRA DE LA OMERTÀ

LA ÓPERA DE PAOLO GALLONE

LIECHTENSTEIN: LA FUNDACIÓN DE LOS CUATRO

EPÍLOGO

FUENTES

ANEXO

NOTAS

CRÉDITOS

A Silvia.

INTRODUCCIÓN

UN EJERCICIO DE MEMORIA

Aquellos chicos que tenían once años en la España de 1993, ¿saben hoy, a los treinta años, qué pasó en el Banco Español de Crédito el 28 de diciembre de aquel año? A ellos y a todos los que, a raíz de la catástrofe de la burbuja financiera de crédito e inmobiliaria y su secuela en curso, la Gran Depresión, evocan los antecedentes de otra crisis, la de la fuerte recesión de 1992-93, está dirigido este libro. En aquellos días finales de 1993, la tasa de paro ya apuntaba hacia un récord del 24,1 por ciento con más de 3,5 millones de parados. Y, en consecuencia, la tasa de morosidad del sistema financiero español marcaba temperaturas máximas del 9 por ciento o el equivalente de 25.000 millones de euros, un 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Hoy con una tasa de paro del 25 por ciento, 5,7 millones de parados largos, tal morosidad o de impagados supera el 10,5 por ciento, unos 178.600 millones de euros, o 16 por ciento del PIB. Fue en ese contexto en el que una gestión a primera vista aventurera llevó a Banesto hacia el precipicio. Los saneamientos detectados por la inspección del Banco de España al decidir la intervención o destitución de Mario Conde y su consejo de administración ascendían a 503.000 millones de pesetas o 3.206 millones de euros. Unos meses después, el agujero a cubrir era de 605.000 millones de pesetas o 3.781 millones de euros. ¿Cómo se llenó? Alrededor de 320.000 millones correspondió a los accionistas del banco, y los restantes 285.000 millones fueron repartidos a partes iguales (142.500 millones cada uno) entre los contribuyentes y la banca.

El Banco de España detectó numerosas operaciones irregulares y potencialmente ilegales en Banesto, pero no fue esa la razón que llevó al entonces banco emisor a destituir a Conde y a su equipo de ejecutivos y administradores. Una gestión aventurera había provocado un problema de solvencia en Banesto, cuya caída descontrolada podía arrastrar al conjunto del sistema financiero español. En la España de la Gran Depresión del año 2012, uno de esos peligros también lo ha sido, entre otras entidades, Bankia, creada artificialmente a través de la fusión de siete cajas de ahorro, cuyas necesidades de saneamiento ascienden a 23.475 millones de euros (unos 3,8 billones de pesetas), y que, en gran parte, han motivado la solicitud de un rescate financiero al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El consejo de administración de dicha entidad, encabezado por el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, fue forzado a dimitir, y su gestión es en la actualidad objeto de una investigación penal en la Audiencia Nacional.

Aquí se narra la etapa posterior a la destitución de Conde y sus colaboradores, una fase que conduce a la investigación de un número importante de operaciones que en aquellos momentos aparecían como presuntamente delictivas. Cuando la actividad judicial ya era potencialmente peligrosa, Conde impulsó una operación para dinamitarla a través de su alianza con un agente secreto, Juan Alberto Perote, que había robado documentos clasificados sobre la guerra sucia contra ETA en el Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa), donde llegó a ser el jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME). El exbanquero organizó una operación de chantaje sobre el gobierno de Felipe González para conseguir apartar a un juez y resarcirse de lo que llamaba el perjuicio patrimonial que le había provocado la intervención de Banesto. Cuando el propio presidente recibió en el palacio de la Moncloa, el 23 de junio de 1995, al abogado de Conde para analizar la situación creada, se pudo calibrar su potencia de fuego.

Ninguno de los presuntos delitos de Conde y sus colaboradores habían sido juzgados y sentenciados cuando la versión original de esta obra apareció, en junio de 1996 con el título de Vendetta. Como ha escrito el poeta y gramático antiguo Terenciano Mauro, habent sua fata libelli o «los libros tienen su destino», versión abreviada del original: Pro captu lectoris habent sua fata libelli: «De la capacidad del lector depende el destino de los libros». He considerado que aquel libro en el que invertí años de trabajo y mucho esfuerzo reclamaba volver a la actualidad, puesto al día. En cierto modo, se ha convertido en un nuevo libro desde el punto de vista de su estructura y enfoque.

Mario Conde ha intentado el pasado domingo 21 de octubre en las elecciones de la comunidad autónoma de Galicia, una incursión en la política española por segunda vez en doce años, con el fin de explotar el descrédito de los grandes partidos nacionales. Como ocurriera en las elecciones de marzo de 2000, cuando se presentó como cabeza del Centro Democrático y Social (CDS), el recorrido de su candidatura ha sido la crónica de un fracaso anunciado.

PRIMERA PARTE

LA MANO EN LA CAJA

FALTAN TRESCIENTOS KILOS

El equipo de interventores de Banesto y el Banco de España se dedicaron en los días que siguieron al 28 de diciembre de 1993 a sacar adelante el banco más que a buscarle las cosquillas a Mario Conde. Conde malinterpretó esa conducta y algunos de sus colaboradores creyeron, incluso, que podían ser reincorporados por Alfredo Sáenz, nuevo presidente de la entidad. Fue el caso de Enrique Lasarte, consejero delegado del banco hasta el 28 de diciembre de 1993, amigo y miembro del círculo íntimo del exbanquero. Lasarte pidió, en el mes de enero de 1994, ver al gobernador del Banco de España para plantearle la posibilidad de ser readmitido por el equipo de Sáenz. Rojo no le recibió y la decisión de abrir un expediente disciplinario adoptada por el consejo ejecutivo del Banco de España el 1 de febrero, disipó las ilusiones de Lasarte.

Pero el hecho de que Sáenz prefiriese concentrar sus esfuerzos en el reflotamiento de Banesto era solo una parte de la realidad y esta se reveló con toda su crudeza pocos días después de su llegada al banco.

Al día siguiente de la intervención de Banesto, el 29 de diciembre de 1993, un hombre rumiaba una historia que se remontaba cuatro años atrás, a febrero de 1989. Ese hombre, de sesenta y dos años, era desde el 28 de diciembre exconsejero de Banesto. Pero todavía seguía siendo vicepresidente ejecutivo del Banco de Vitoria, filial de Banesto. Se llamaba Martín Rivas.

En la mañana del 29, Rivas llamó por teléfono a Enrique Lasarte, quien el día anterior había recibido a Alfredo Sáenz a su llegada por primera vez a la sede del banco, en la calle de Alcalá 14, de Madrid. Lasarte era el interlocutor de los interventores del banco.

—Enrique, tú sabes que tenemos una situación sobre la que hay que informar a los nuevos administradores… —insinuó Rivas.

—Sí. Díselo a Álvaro Echániz, Martín.

Se refería al subdirector general operativo de Banesto.

—Bueno, hablaré con él.

Tras recibir las evasivas de Echániz, Rivas llamó a Alfredo Saénz, quien le citó para el 14 de enero, a las 9,30 horas.

Un día antes, la mañana del 13, Rivas llamó por teléfono a Conde.

—Mira, Mario, mañana a las nueve y media veré a Alfredo Sáenz. Voy a contarle el tema de los trescientos millones…

—Me parece muy bien… La verdad, Martín, la verdad… siempre por encima de todo.

—Sí, Mario, faltaría más —contestó Rivas no sin cierta rudeza—. Pero te recuerdo tu compromiso personal de cancelar el asunto —añadió hurgando en la llaga.

A las nueve y media del día 14 de enero, Alfredo Sáenz y José Antonio Sáez de Azcúnaga, adjunto al presidente, le esperaban en la planta 11 de Castellana 7. Era uno de esos días convulsos en el banco. Tanto en la sede de Alcalá como en la del paseo de la Castellana una empresa de seguridad supervisaba el estado de las líneas telefónicas para establecer si existía algún sistema de escucha.

Rivas hizo este relato:

—Mi presidente —dijo refiriéndose a Conde— me ha autorizado a contaros lo que os voy a decir en relación con dos partidas de ciento cincuenta millones cada una. A mediados de enero de 1989, el presidente de Banesto, Mario Conde, me dijo que debía preparar trescientos millones de pesetas para entregar a Adolfo Suárez. El 2 de febrero de 1989 entregué en la Castellana ciento cincuenta millones a Apolonio Paramio, Pol, empleado de Banesto y hombre de confianza del presidente, y el 6 de abril le di igual cantidad a la misma persona.

»Ambas partidas fueron contabilizadas en la clave 200, 170 de Banesto Pamplona. Decidí hacerlo en esa oficina con el fin de ejercer un control directo de esas partidas y hacer un seguimiento permanente de las mismas. El dinero me fue entregado en Castellana, 7. El 12 de abril recibí un cheque de 4.709.940 pesetas para ingresar y reducir así el saldo de los trescientos millones, quedándose en 295.290.060 pesetas.

»En varias ocasiones, a lo largo de casi cinco años, pregunté a Mario cuándo se iba a cancelar la operación pendiente. Él me aseguró varias veces que el mecanismo sería la venta de participaciones del banco en empresas de la Corporación Industrial. Anteriormente, con ocasión de ordenar los dos pagos, Mario me había dicho que él respondía con su patrimonio.

»Creo que había pasado ya un año de la realización de los pagos cuando le dije a Mario que había que decírselo a Arturo Romaní, nuevo consejero delegado de la Corporación Industrial. Primero se resistió y luego accedió. Me dijo que debía ser un asunto solo de nosotros tres. Se lo conté entonces a Romaní. En octubre de 1993 le sugerí a Mario que Lasarte debería conocer el asunto, ya que al fin y al cabo era el consejero delegado del banco. Me dijo que lo hablase con él.

»De la conversación con Lasarte me pareció entender que el asunto sería cancelado rápidamente, al cierre del ejercicio 1993. Un día después de la intervención, le recordé a Lasarte el asunto para que informase a los nuevos administradores. Me dijo que hablara con Álvaro Echániz. Finalmente, he decidido llamaros para aclarar estos hechos.

—Vosotros diréis qué hago con esta información.

Ambos, Sáenz y Sáez de Azcúnaga, estaban lo suficientemente sorprendidos y prometieron pensarlo.

¿Decía Rivas la verdad? No halló Sáenz razones para suponer que contaba mentiras. Por experiencia propia, Sáenz sabía muy bien que el director general de un banco a cargo de la red, como había sido el caso de Rivas, podía robar el dinero de una manera encubierta, exagerando las pérdidas en provisiones, por ejemplo, mientras que en la operación de los trescientos millones se habían registrado todos los movimientos, dejando pendiente la restitución del dinero. La historia de Rivas describía, por otra parte, un panorama que Sáenz había captado durante esos días en Banesto, después de estudiar los primeros hallazgos y recibir a los ejecutivos de la entidad. Mario Conde no sentía, en la presidencia de Banesto, ningún límite a sus necesidades de tesorería cuando ideaba ciertas operaciones.

Los antecedentes de Rivas eran impecables. Había ingresado en Banesto a los catorce años, en 1947, como botones, a través de una recomendación que le hizo rápidamente popular. José Villegas Vega, su tío, se hizo cargo de Martín Rivas cuando este quedó huérfano con nueve años, en 1942. Villegas era socialista de convicciones, aunque sin carné, y trabajaba como cajero en la sucursal de Alcalá 14. Antes de estallar la guerra civil, formaba parte del comité de trabajadores de Banesto. Nada más empezar la contienda, la dirección ejecutiva del banco, representada por Pablo Garnica Echevarría y Epifanio Ridruejo, trasladó su cuartel general a la ciudad de Burgos. Fue entonces cuando decidieron nombrar un administrador único en Madrid: el puesto recayó en José Villegas. Parece ser que su gestión fue muy eficiente. A diferencia de otras entidades de la época, Banesto puso especial énfasis, por iniciativa de Villegas, en asegurar a sus clientes todos los dineros y pertenencias de valor que iban ingresando en sus cajas de seguridad. Según iban avanzando las tropas nacionales, y antes de su entrada en Madrid, Villegas dio orden de enviar las cajas al puerto asturiano de El Musel y su traslado posterior al puerto francés de El Havre, donde permanecerían a buen recaudo del saqueo inevitable que sobrevendría, como ocurrió, con la caída de Madrid.

Con todo, Villegas no recibió ningún premio al mérito cuando las cajas regresaron sanas y salvas a Madrid. Los tribunales le condenaron a varias penas de muerte que luego conmutaron para enviarle, tras una pena de prisión, a peregrinar por varias cárceles durante un período de cinco años. En 1946, una vez en libertad, la dirección de Banesto le pidió que se reincorporara a la entidad. Villegas dijo que sí, siempre y cuando el resto de sus compañeros depurados, que no hubiesen sido encausados por muertes, también fueran readmitidos. La dirección aceptó.

Villegas se dirigió un día a la madrileña calle de Alcalá 14. Allí volvió a su antiguo puesto de cajero, anterior a su nombramiento como administrador único. Un año más tarde, el tío Villegas lograba que su sobrino, de hecho, su hijo, entrase en Banesto como botones. Después de varios años, Villegas ascendió a director de una oficina urbana de Madrid, para sufrir algo más tarde presiones de la Falange que le llevaron a abandonar su puesto. Se jubiló a los sesenta y cinco años y murió en 1992.

La trayectoria en Banesto del sobrino de Villegas fue más afortunada. Rivas fue durante veinte años director de la sucursal de Pamplona. Se convirtió en una pieza clave de la red comercial del banco y, durante su presidencia, Pablo Garnica Mansi, hijo de Garnica Echevarría, le apoyó. Cuando Mario Conde asumió el 16 de diciembre de 1987 la presidencia de Banesto, en medio de la gresca con el Banco de Bilbao, que pretendía absorberlo, Rivas le ayudó a organizar la resistencia en la red de sucursales. El nuevo presidente supo que Rivas, que representaba una parte de la historia de Banesto, le podía servir. Fue así como le promovió a director general, a cargo de la red, y tiempo después, le hizo miembro del consejo de administración. A primeros de 1993, le nombró vicepresidente ejecutivo de una entidad filial, el Banco de Vitoria.

Sáenz, pues, creyó la versión de Rivas. Sobre el destino final de los trescientos millones, no tenía idea de si Conde le había dicho la verdad o no a Rivas.

Pero una cosa parecía cierta. No tenía sentido que, conociendo los entresijos de Banesto, después de manejar la red del banco, la yugular misma de la entidad, Martín Rivas decidiera llevarse trescientos millones dejando todas las huellas en Pamplona, donde precisamente, según había narrado, había contabilizado el retiro porque era una sucursal pequeña y trabajaba allí un cuñado suyo.

Sáenz tenía otra duda: ¿debía nombrar a Rivas presidente del Banco de Vitoria, cargo vacante desde la dimisión de Lasarte?

Siete días después de la visita de Rivas, el 21 de enero, Sáenz le nombró presidente.

UN HOMBRE DE PALABRA

Rivas había resumido la historia. Pero el diablo estaba en los detalles. A finales de enero de 1989, Conde le llamó a su despacho de la planta 11 del paseo de la Castellana.

—Martín, hay un asunto muy confidencial del que quiero hablarte —dijo en tono de secreto de Estado—. Tenemos que entregar trescientos millones de pesetas a una persona que ha hecho un servicio para Banesto ante el Banco de España —precisó—. Solo te lo diré a ti. Se trata de don Adolfo Suárez. No puedes hablar de esto con nadie —susurró.

—Bien…

—Lo regularizaremos enseguida… —tranquilizó Conde.

—Sí, pero cómo quieres que lo hagamos, presidente.

—Mira, Martín, yo respondo, si es necesario, con mi patrimonio personal... —dijo Conde—. Tú resuélvelo… ya te diré algo.

Rivas llamó a Cecilio Alfonso Gutiérrez, director adjunto de la sucursal del paseo de la Castellana 7. De cincuenta y cinco años, Cecilio Alfonso llevaba más de cuarenta en el banco y tenía dos hermanos directores de sucursal de Banesto.

—Cecilio, si te pido trescientos millones en billetes de diez mil, ¿tendrías problemas para reunirlos en la sucursal?

—No, ninguno. El día que tú lo pidas están.

Quería decir que la sucursal no tenía dificultad de encaje bancario para disponer de esa cantidad.

—Bien. Entregaremos el dinero en bolsas —aclaró Rivas—. Ah… Que no tengan ningún símbolo del banco. Te firmaré el recibo para la caja —añadió.

Minutos después, Rivas se puso en contacto con uno de sus tres colaboradores directos. Era Fernando Falero, director general adjunto de banca comercial, abogado de unos cuarenta y cinco años.

—Fernando, mira… El presidente me ha pedido una cantidad, trescientos millones, para algo muy confidencial. Prepara un recibo, que se lo llevaré a firmar. Que sea genérico, ningún detalle —ordenó.

Al día siguiente, Falero le mostró el papel. Decía allí que la orden de retirar los trescientos millones se la había dado Conde a Rivas. Era un texto irritante para llevárselo a Conde y proponerle que firmase.

—Sabes lo que te digo Fernando, que no me parece —gruñó Rivas—. Llevo más de cuarenta años en el banco. Si no creo en la palabra del presidente… Déjalo.

—Hombre, quizá tengas razón —aceptó Falero—. Como tú digas.

Conde llamó a Rivas el jueves 2 de febrero de 1989 y le pidió que subiera a verle. Nada más saludarse, le recordó a Rivas el asunto del dinero y precisó que ese mismo día había que entregar una cantidad. Serían ciento cincuenta millones. El presidente llamó a su secretaria:

—Mercedes, que pase Pol.

Apolonio Paramio, cuarenta y cuatro años, era el chico para todo de Mario Conde. Había trabajado con Conde en un despacho de la madrileña calle de Maldonado, más tarde en la empresa Antibióticos, y al pasar su jefe a Banesto, entró en el área de presidencia, en la planta número 11 de Castellana 7. Estaba siempre a disposición en un cubículo adyacente al despacho del presidente, con la categoría de jefe de cuarta A, cargo equivalente al de apoderado. Más tarde, cuando la presidencia pasó a la calle de Alcalá, Pol se trasladó allí a un pequeño despacho en la segunda planta.

Uno de sus cometidos era llevar maletines de dinero al Banco de Progreso, a través del cual Conde canalizaba sus negocios privados. Algunos pensaban que había sido policía. Quizá porque solía pasearse con una pistola metida en el cinto. No era extraño, pues, que se ocupase de transportar los trescientos kilos en las dos bolsas de deporte color azul, en febrero y abril de 1989.

Entró Pol en el despacho.

—Pol, ¿conoces a Martín Rivas?

—Sí, claro que le conozco.

—Martín te va a entregar el dinero….

—Voy a mi despacho para que me lo den y te aviso, presidente —afirmó diligente Rivas.

Bajó a la planta décima. Llamó a Cecilio Alfonso.

—Cecilio, la entrega del dinero es ahora. Serán ciento cincuenta millones. ¿Los puedes preparar enseguida?

—Sí, claro. Tengo que decirle al cajero que lo cuente…

—Bien. Avísame cuando lo tengas.

Pasaron unos quince minutos. Sonó el teléfono en el despacho de Rivas.

—Todo listo, Martín —dijo Cecilio Alfonso.

—Mira, sal a la primera planta y espérame, que yo bajo en el ascensor.

Rivas marcó el teléfono de Conde.

—Mario, lo tendré en unos minutos.

—Bien, le aviso a Pol —dijo Conde—. Estará en el garaje —precisó.

Conde puso en marcha a Pol.

Rivas bajó hasta la primera planta. Cecilio Alfonso le esperaba con un bolso deportivo azul. Le invitó a entrar en el ascensor y bajaron al tercer sótano.

Las puertas del ascensor se abrieron.

—Espérame aquí, que no tardo nada —dijo Rivas, y señaló el pequeño hall que hacía de entrada al garaje.

Rivas siguió adelante y dio la vuelta a la izquierda.

Pol ya estaba esperando. Le entregó la bolsa y se despidió de él, para regresar al ascensor.

Rivas volvió para subir con Cecilio Alfonso, quien en una fracción de segundos vio pasar a una persona con una bolsa de deportes color azul. Era Pol.

Rivas y Cecilio Alfonso subieron a la décima planta. Todavía quedaba algo por hacer.

—¿Tienes el recibo? —preguntó Rivas, una vez en su despacho.

—Sí, aquí está —se lo tendió Cecilio Alfonso.

Era un recibo del banco. Ponía la cantidad: ciento cincuenta millones de pesetas. Y decía: «Pago efectuado por su cuenta.»

Rivas estampó su firma y se lo devolvió.

Dos meses más tarde, el jueves 2 de abril, Conde llamó a Rivas.

—Martín, hay que entregar los otros ciento cincuenta millones hoy.

—Bien, ahora lo arreglo. Te aviso, Mario.

Rivas le pidió a Cecilio Alfonso que le subiera los ciento cincuenta millones.

Mientras, Fernando Falero entró en el despacho de Rivas. Al rato, el ordenanza anunció:

—Don Martín, está aquí Cecilio Alfonso.

Rivas miró a Falero.

—Sal un momento, Fernando —dijo con amabilidad—. Te esperas y entras.

Falero salió, se quedó esperando en el hall. Cecilio Alfonso entró y dejó la bolsa en un costado del despacho.

—Aquí está el recibo, Martín.

Había una diferencia con el anterior. Eran ciento cincuenta millones, y decía: «Que hemos entregado a D. Martín Rivas Fernández.»

Martín Rivas lo firmó y Cecilio Alfonso abandonó el despacho: volvió a toparse con Falero, que ya lo había visto entrar y ahora salir. Y entonces Falero entró.

Al ver la bolsa que había depositado Cecilio Alfonso hacía un par de segundos, Falero se lanzó sobre ella, abrió la cremallera y zambulló sus ojos dentro.

—Chsst… Chsst. Deja eso quieto, Fernando —le frenó, tarde, Rivas.

—¡Pero si está lleno de dinero, en fajos de diez mil!

Mientras, Rivas llamó a Conde:

—Presidente, puedes enviar a buscar el dinero.

—Bien, Martín —asintió Conde—. Ahora baja Pol.

El ordenanza anunció a Pol.

Rivas invitó nuevamente a Falero a salir e hizo pasar a Pol. Este cogió la bolsa y salió. Fuera, en el hall, Falero le vio partir con su bolsa deportiva azul repleta de billetes de diez mil. No tuvo que calcular mucho. Eran quince mil billetes.

Rivas le dijo a su secretaria que hiciera pasar a Falero.

—Bueno, se ha terminado, Fernando —suspiró Rivas.

¿Qué hizo Pol con las bolsas? Las llevó —al menos una de ellas— hasta una dirección en la madrileña calle de Goya, cerca del Palacio de Deportes, donde una persona se le acercó y a la que le entregó el botín.

El Palacio de los Deportes, pues. Era una pista. Allí tenía su despacho, en la avenida de Felipe II, la empresa Euroibérica Internacional de Estudios, propiedad de un asesor externo de Mario Conde a partir de 1988. Su nombre: Antonio Navalón. Era amigo íntimo del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien, según explicó Conde a Rivas, era el destinatario de los trescientos millones de pesetas por «servicios prestados» ante el Banco de España. Navalón, por otra parte, ya había protagonizado una historia similar con José María Ruiz Mateos. El empresario jerezano se querelló, sin éxito, contra Navalón, acusándolo de haberle cobrado mil millones de pesetas, entregados en pequeñas partidas, en 1982, en pago de presuntas gestiones ante el Banco de España y otras autoridades a fin de «solucionar» los problemas del grupo bancario de Rumasa.

Martín Rivas decidió, tras las entregas, contabilizar los trescientos millones en la sucursal de Banesto en Pamplona. ¿Por qué? «Para tener un control sobre la cantidad, al ser una sucursal pequeña y tener familiares míos en la dirección. La cargué a una cuenta de “anticipos varios”, la número 200, 170, y firmé los dos recibos de caja. Si los contabilizaba en Castellana 7 habría habido más dificultad de control por el volumen de operaciones». Martín Rivas convierte a Falero y a Alfonso en testigos de las entregas. Y algo más: deposita un sobre con una nota en su casa que, en caso de ocurrirle algo, Falero estaba autorizado a abrir. Allí se narran todos los hechos.

Conde le dijo en dos ocasiones que la situación se regularizaría enseguida. Pero ya no habló de su patrimonio personal sino de alguna próxima operación de venta de activos de la Corporación Industrial. Pero el asunto seguía pendiente.

¿Cómo se han justificado los pagos?

—Nunca he visto facturas ni soportes de esta operación, como esperaba recibir —aclara Rivas.

Unos días después de esta segunda retirada de ciento cincuenta millones, Rivas recibió una llamada de Barcelona. Era Mariano Faz, director regional de una de las dos zonas en que se dividía entonces la organización de Banesto en Cataluña.

—Martín, tengo una cantidad a disposición.

—Qué es eso, Mariano… —inquirió Rivas.

—Se trata de cantidades que se entregan al presidente… Ya ha ocurrido antes con don Pablo Garnica y con Antonio Sáinz de Vicuña… —dice el director. Le dio algunos detalles. Se trataba de un dinero que tenía un color evidente. Negro.

—No sabía nada… Bueno, preguntaré a don Mario. ¿Cuánto es? —preguntó intrigado Rivas.

—Son 4.709.940 pesetas…

Rivas habló con Conde para saber qué tenía que hacer.

—Que se aplique en la cuenta para ir cancelando el anticipo de los trescientos millones —dijo Conde.

Así se hizo. El 12 de abril de 1989, Rivas dio la orden para que por la rúbrica «Anticipos Varios (Cancelación parcial anticipo ciento cincuenta millones)» se abonasen en la cuenta 200, 170 los 4.709.940 pesetas, y envió el cheque a Pamplona, donde estaba contabilizado el retiro. De los trescientos millones extraídos quedan pendientes, pues, 295.290.060 pesetas.

Hacia finales de octubre de 1991, José Manuel Zugaza, nuevo director general de banca comercial, sustituto de Martín Rivas, deja constancia de este anticipo en la sucursal de Pamplona. En una reunión con el consejero delegado, Juan Belloso, Zugaza explica que la cuenta está gravando los resultados de la sucursal. Belloso traslada el tema a Mario Conde. ¿Corresponden a necesidades del banco o se trata de un anticipo personal?

—Son asuntos del banco —aseguró Conde.

POR ESO LES PAGAMOS 1.344 MILLONES

Las narices de los inspectores del Banco de España Juan Carlos Monje y Juan Román, como las de los sabuesos, pudieron desarrollar sus facultades olfativas sobre el terreno tras la intervención del banco, con vistas a presentar un informe actualizado a finales de enero de 1994. Un equipo de ocho inspectores había iniciado su trabajo en Banesto el 24 de mayo de 1993 y había terminado el 17 de diciembre de 1993. El acuerdo de sustitución de los administradores adoptado por el consejo ejecutivo el 28 de diciembre de 1993 se basó en el informe de dichos inspectores. En enero de 1994 se hallaban redactando el informe completo, con datos actualizados, sobre la situación de los estados financieros del banco.

Una vez incorporados los hechos conocidos durante el mes de enero, los inspectores, que habían dejado temporalmente Banesto, regresaron a primeros de marzo de 1994, tanto al banco como a la Corporación Industrial, para evaluar la marcha de la entidad después de la intervención y los efectos del plan de saneamiento.

Para esas fechas, Banesto había encontrado la llave para averiguar qué había pasado con una operación importante: la desaparición de 1.344 millones de pesetas pagados por la multinacional americana Air Products en 1990, un dinero que nunca ingresó en el banco.

Un mes después de la intervención, el abogado de Air Products en Madrid, Luis Echecopar, llamó por teléfono a Sáenz y le escribió una carta. La multinacional quería analizar con Banesto la posible compra de la participación del banco en la compañía líder de gases industriales y medicinales Carburos Metálicos. Sáenz remitió al abogado a uno de los ejecutivos del banco, José María Abril, responsable del área de empresas industriales y participadas. Ambos acordaron una cita para que Ronaldo Sullam, vicepresidente de Air Products, y vicepresidente de la española Carburos Metálicos, se presentase en Banesto. Abril le recibió el 17 de febrero de 1994, en el paseo de la Castellana. Había varios problemas pendientes. Uno era evaluar la posibilidad de adquirir la participación de Banesto en la empresa, pero quedaban otros. El presidente de Carburos, por aquella época, seguía siendo Rafael Pérez Escolar, destituido de su puesto de consejero de Banesto el 28 de diciembre de 1993. Y Pérez Escolar se negaba a dimitir.

Banesto y Air Products eran socios desde 1982. Abril prometió estudiar la sugerencia. Y aprovechó para apuntar el interés por desentrañar el misterio de la compra que había realizado Air Products de una opción sobre 672.000 títulos o el 5,9 por ciento del capital de Carburos. ¿Habían hecho algún pago a Banesto? Tanto Sullam como James MacMahan, vicepresidente para asuntos jurídicos de la multinacional norteamericana, habían negociado con Mario Conde y con Arturo Romaní en el primer trimestre de 1990 la compra de esa opción.

Ninguno de los dos sentía animadversión por la figura de Mario Conde. Habían tenido serios problemas con Banesto en la gestión de Carburos Metálicos. Pero los habían solucionado en abril de 1990. Al conocer la destitución de Conde, Sullam sugirió al presidente de Air Products, Harold A. Wagner, el envío de una carta de cortesía. El 11 de enero de 1994, Wagner le transmitía a Conde su pésame por la intervención, le hacía partícipe de su esperanza de que emergiera «en el futuro próximo en un rol de liderazgo en algún tipo de actividad empresarial o de otra naturaleza». Era una velada alusión a la política.

Ahora, el 17 de febrero de 1994, Sullam no tenía nada que ocultar. Aportarían, si era necesario, los documentos de esa operación realizada en la primavera de 1990, que seguían en sus archivos europeos, en Surrey, Reino Unido.

He aquí, sucintamente, la historia que narró Sullam a Abril, según constaba por escrito en una nota que lleva fecha de 22 de marzo de 1990:

Durante los meses de febrero y marzo de 1990, Air Products inició negociaciones con Banesto respecto a la adquisición de opciones sobre cierto número de acciones de Carburos que poseía Banesto. Esto llevó a la firma de un contrato de opción firmado por Banesto y Air Products, el 4 de abril de 1990.

Antes de la firma, Banesto explicó a Air Products que el dinero que pagaba como prima sería para rescatar ciertos warrants emitidos por Banesto en 1989 relacionados con acciones de Carburos. Banesto pidió que Air Products pagara la prima directamente a la cuenta bancaria de una firma de abogados en Zurich llamada Homburger Achermann. Nosotros creímos entender que se procedía de este modo por el acuerdo que Banesto había alcanzado con los tenedores de los warrants emitidos en 1989. El precio acordado para la prima de 2.000 pesetas por título fue pagado por Air Products el 4 de abril de 1990 a una cuenta según las instrucciones dadas por ejecutivos de Banesto.

En la reunión del 4 de abril, Banesto también se comprometió a que el 6 de abril de 1990, fecha establecida para completar la transferencia de pago, transmitiría a Air Products un recibo, tal como había sido acordado, en el que se dejaba constancia de la recepción de los fondos.

Además, durante la reunión del 4 de abril, Banesto preparó una carta breve para que Ron Sullam firmase, en la que se decía que había iniciado el pago de los 1.344 millones de pesetas como prima de la opción de compra, a ser completado el 6 de abril.

En esa reunión, también, Air Products propuso un comunicado de prensa que fue revisado y aprobado por Banesto (…) En una carta de 17 de abril de 1990 del NMB Bank, se informó a Air Products de que el precio de la prima había sido recibido el 6 de abril. En diversas ocasiones, Air Products pidió un reconocimiento del pago realizado, sin éxito.

Los warrants otorgan a su poseedor el derecho, no la obligación, a comprar (call) o a vender (put) un número determinado de títulos sobre un activo a un precio determinado en una fecha fijada de antemano. Un warrant es por tanto un contrato a plazo.

El 22 de marzo de 1994 Sullam envió a Abril una breve carta en la que hacía referencia a una reunión que mantendrían, en el paseo de la Castellana, el día siguiente, 23. La carta anunciaba el envío de un primer paquete de documentos del archivo de Air Products. Había un relato de los principales hechos y cada punto era apoyado por su respectivo documento.

En el material destacaba el contrato firmado el 4 de abril de 1990 por el que Banesto vendía a Air Products la opción. Y había otras dos cartas de interés.

En una de ellas, Sullam informaba a Arturo Romaní, el mismo 4 de abril, que ya había «cursado instrucciones en firme para abonar la cantidad de 1.344 millones de pesetas, valor 6 de abril, según lo convenido». La segunda era la breve contestación del NMB Bank de Suiza, el 17 de abril de 1990, a una carta de Air Products del 6 de abril. Dos funcionarios del banco suizo confirmaban haber recibido los 18.578.933 francos suizos el 6 de abril de 1990.

El 25 de marzo, Abril llamó por teléfono a McMahan.

—Necesitamos más información y documentos. Sería muy importante poder contar con pruebas sobre las instrucciones referidas al pago, recibos de los abogados Homburger Achermann, pruebas sobre vuestras reclamaciones a Banesto para que se extendiera un recibo por el pago realizado, y cualquier evidencia sobre órdenes dadas por Banesto en relación con el banco al que debía enviarse la transferencia.

Sullam pidió que se enviara rápidamente el material. El 28 de marzo de 1994, le hacía llegar un nuevo juego de documentos. Ahora había cosas más concretas. Por ejemplo: una carta de Air Products al banco suizo. El tesorero de Europa de Air Products, B. G. Lowe, escribía al director del NMB Bank en Ginebra, señor Von Tobel, en relación con la transferencia de 18.578.933 francos suizos del 6 de abril de 1990. Decía aquello que Romaní había indicado a Sullam y que sonaba a una clave: «La referencia de la transacción es Hamburguer Ackermann Dr. Peter Widmer.»

Entre los nuevos papeles había también una carta del 2 de mayo de 1990 de McMahan a Arturo Romaní, en la que el abogado le recordaba aquel recibo que habían acordado en la reunión del 4 de abril, en el despacho de Romaní, al firmarse el contrato de opción. McMahan le enviaba un nuevo borrador de recibo para que se lo hicieran de una vez por todas.

La historia de los 1.344 millones comenzaba, así, a aflorar. Sullam la había explicado con detalle y podía aportar más documentos. Toda la correspondencia cruzada entre febrero y octubre de 1990. Air Products, según explicó, había llegado a un acuerdo con Banesto después de agrias disputas en las que Banesto había intentado amenazar con la venta de paquetes significativos del capital de Carburos Metálicos a terceros a fin de que la multinacional americana aceptara comprar una mayor participación.

La multinacional adquiriría, finalmente, una opción de compra sobre el 5,9 por ciento del capital de Carburos pagando una prima de 1.344 millones de pesetas a Banesto, obtendría los derechos políticos de ese 5,9 por ciento y el banco aceptaría una reforma de los estatutos de la compañía para gestionarla, en adelante, respetando la posición de Air Products como el accionista industrial de la misma.

«Por eso les pagamos los 1.344 millones de pesetas», explicó Sullam a sus interlocutores en Banesto.

PARA ESTO QUERÍA LA CORPORACIÓN

La Operación Carburos era un interesante experimento de Mario Conde. Había también un aspecto simbólico en esta operación. Se desarrollaba en el umbral mismo de la creación de la nueva Corporación Industrial y Financiera Banesto, en junio de 1990.

El objetivo de toda la operación era debilitar la posición de Air Products, que poseía un 25,4 por ciento en Carburos, para conseguir venderle después el paquete de control de la sociedad. Banesto, pues, había ideado una operación de ingeniería financiera. No solo tenía perfilada la operación sino, como era menester, también había alquilado al hombre dispuesto, por dinero, a llevarla adelante: el financiero, compinchado con Conde y raider o asaltante de empresas, para utilizar la jerga americana, sería Jacques Hachuel.

El plan era sencillo. Se lanzaría una emisión de bonos del banco, en agosto de 1989, por valor de ciento treinta millones de dólares, para captar dinero en los mercados, incorporando una guinda para atraer inversores. Teóricamente, al suscribir el bono te darían un warrant. ¿Para qué lo querías? Se trataba de una opción de compra a la americana que daba derecho a adquirir acciones de la empresa sobre la cual se emitían a un precio determinado y en un plazo de cuatro años.

Banesto contrató a la firma del mercado líder en warrants, el banco de inversiones Morgan Stanley. Hubo varios encuentros para determinar cuál era la mejor empresa para hacer la operación. Banesto, finalmente, optó por Carburos Metálicos. Como se trataba de una compañía importante, a Morgan Stanley le pareció bien. Pero cuando comenzó a organizarse la colocación de los bonos, Banesto le comunicó que no debía preocuparse por los warrants. Ya estaban, todos juntos, colocados en una misma mano. Para Morgan Stanley y el grupo de bancos era más fácil, ya que no tendrían que ocuparse de hacer la colocación. Eran 2.028.000 warrants u opciones de compra ejercitables entre el 10 de agosto de 1990 y el 27 de julio de 1994, y cada uno de ellos daba derecho a adquirir una acción de Carburos. El valor pactado para convertir el warrant sería de 10.230 pesetas por título, precio apenas superior al de la cotización del mercado, que marcaba el 10 de agosto las 10.050 pesetas por acción. Las 2.028.000 acciones de Carburos a que daban derecho los warrants representaban el 18 por ciento del capital de la compañía.

La operación era ciertamente novedosa en el mercado español. Hasta la Operación Carburos, todas las operaciones de warrants se habían realizado con opción a adquirir acciones de la entidad que los emitía y no sobre acciones de otra empresa. El Banco Santander había reabierto el mercado de los warrants, cerrado tras el crash de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1987. El Santander lanzó en 1988 una emisión de bonos con warrants u opción a convertir esos bonos en acciones del propio banco. Los bancos Hispano Americano y el propio Banesto también lo habían hecho así con emisiones que ofrecían los warrants sobre sus propios títulos. Pero Carburos era una innovación.

El 10 de agosto de 1989, pues, una filial de Banesto llamada Banesto Finance Ltd., isla de Gran Caimán, emitía junto con ciento treinta millones de dólares en bonos subordinados los llamados warrants. El mismo día, 10 de agosto, ya había suscriptor. ¿Quién era? Una sociedad en la que participaba Hachuel: Euris. Según el acuerdo, Euris pagó por cada warrant 10,60 dólares o 1.250 pesetas, lo que arrojaba un total de 2.543,4 millones de pesetas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estudió la inédita emisión, analizó la legislación en Inglaterra y Francia y, después de hacer las consultas jurídicas pertinentes, la aprobó. Era la primera emisión de warrants intercambiable donde el emisor, Banesto en este caso, ofrecía una opción a convertir en acciones de otra compañía, Carburos.

Air Products vio enseguida el juego. Aunque no conocía cuánto había pagado Euris por los warrants, estimó que el valor de mercado de los mismos oscilaba entre las mil quinientas y dos mil pesetas cada uno. Euris se había hecho con unos papeles que daban derecho a comprar el 18 por ciento del capital de Carburos Metálicos. Estaba claro que Euris, por ser un simple intermediario financiero, pensaba revender esos papeles a un tercero. Los 2.028.000 títulos o 18 por ciento de Carburos a que daban derecho los warrants al precio de 10.230 pesetas cada uno, suponían una inversión total de 20.400 millones de pesetas.

Lo que Hachuel había hecho, pues, era un simple aparcamiento de los warrants sin correr riesgo alguno. Euris tendría bajo control las warrants, sí, pero para inmediatamente ofrecérselos a Air Products o a una filial suya y, en su defecto, a sus competidores. La idea era amenazar la estabilidad de Carburos Metálicos y de sus accionistas. Si la cosa no salía, los warrants volverían a casa, es decir, a Banesto. La multinacional americana recibió la propuesta con cajas destempladas. Banesto había traicionado una relación entre socios emitiendo unos papelitos con los cuales se estaba pretendiendo desestabilizar el equilibrio societario. ¡Cómo era posible que este Hachuel les amenazara con vender esos papeles, que daban teóricamente el derecho a lograr el 18 por ciento de Carburos, a un tercero! La ruptura del equilibrio entre todos los accionistas se había consumado.

Hachuel, el raider, habló directamente y a través de Euris con todos los socios de Carburos Metálicos: tras intentarlo con Air Products se aproximó al Banco Santander, al Banco Central y al Hispano Americano. Pero no quisieron los warrants. Paralelamente, las acciones de Carburos en Bolsa comenzaron a caer. De un pico de 10.500 pesetas, a finales de agosto de 1989, cayeron a un mínimo de 7.500 pesetas, para cerrar, en diciembre de 1989, a 7.800 pesetas.

Entre julio y noviembre de 1989, la batalla entre los socios se hizo más encarnizada. Air Products no había cedido, pero tras hablar con todos los bancos participantes, llegó el 22 de noviembre a un acuerdo con el Banco Santander, para adquirir el 12,28 por ciento que poseía el banco en Carburos. Air Products y el Santander firmaron un contrato de opción, que de ser ejercida por la multinacional sería a un precio de 11.600 pesetas la acción de Carburos. La multinacional se comprometía a adquirir el paquete citado, pero subordinaba la operación a su aprobación por los consejos de las dos partes contratantes y al visto bueno de la CNMV para que la citada compraventa de acciones se pudiese realizar sin el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Si no se cumplían estas condiciones, el 31 de enero de 1990 se daría el contrato por resuelto. Las acciones seguirían en manos del Santander.

Pero Banesto se interpuso en el camino. En el fragor de la batalla por el control de Carburos, con vistas a un hipotético pelotazo, parecía que Mario Conde soñaba con repetir su experiencia con la venta de Antibióticos a Montedison en 1987. Aquello que Conde y su amigo Hachuel no habían conseguido con los famosos warrants en los pasados seis meses, ahora buscaban lograrlo desde una posición de fuerza. Banesto llegó a un pacto con el Santander. Banesto compraría al Santander el paquete de Carburos y el Santander, a su vez, le compraría a Banesto su participación en una empresa azucarera llamada Industrias Agrícolas. El documento firmado entre Air Products y el Banco Santander se convertía en papel mojado.

El 12 de enero de 1990, el Santander vendió la mayor parte de su participación, 1.324.704 acciones de Carburos Metálicos, por 12.175 millones de pesetas, a un precio de 9.190 por acción, a través de 63 operaciones en Bolsa. El comprador era una sociedad tapadera, propiedad de Banesto, que ocultaba su verdadera identidad, ya que el banco poseía en Carburos una participación del 24,8 por ciento y solo hubiera podido adquirir menos de un 6 por ciento del capital de Carburos sin verse obligado a presentar una OPA. Ese 12 de enero, Heathmore Corporation NV, Antillas Holandesas, adquirió al Santander 841.656 acciones que representaban el 7,40 por ciento del capital de Carburos, en tanto que otras sociedades vinculadas al banco se hicieron con 556.925 acciones. Todas estas compras se realizaron con créditos concedidos por Banesto a las sociedades tapadera e instrumentales.

Air Products reaccionó con dureza el mismo día de la transacción en Bolsa. Envió requerimientos notariales al Banco Santander, a Banesto y a la sociedad de bolsa que había intermediado en la operación, Banesto, Lombardía & Lacaci. La multinacional denunciaba la violación del precontrato aún vigente, recientemente firmado con el Santander, y amenazó con una demanda. Pero Air Products concluyó que la vía del pleito era larga y que, además, no podría alegar un perjuicio, porque, precisamente, las acciones de Carburos seguían bajando situándose por debajo del precio que habían pactado en el precontrato Air Products y el Santander. Cuando aún sentían la puñalada por la espalda, los americanos hablaron con Banesto para hacer la paz.

La compra del paquete del Banco Santander, pues, había sido toda una demostración de fuerza ante Air Products. Conde y Hachuel habían birlado el paquete de las manos a la multinacional. La idea era sencilla: ahora los americanos estarían dispuestos a negociar. El costoso golpe de efecto —para el Santander un excelente negocio; para Banesto, como se vería después, muy malo, ya que las acciones de Carburos en el mercado seguían cayendo— había logrado su objetivo. En la última semana de enero de 1990, Banesto y Air Products comenzaban a hablar «civilizadamente».

Arturo Romaní y Rafael Pérez Escolar recibieron a Sullam, a Carlos Pérez de Bricio, miembro del consejo de Carburos, y al asesor financiero de Air Products, Jaime Vega de Seoane, de la firma Shearson Lehman, el 30 de enero de 1990. Banesto, según informó Romaní, estaba dispuesto a negociar un acuerdo para estabilizar la situación en Carburos Metálicos.

¿Y los warrants? Los warrants ya no preocupaban a Air Products. ¿Por qué? En el mes de febrero, poco después de iniciarse la nueva fase de negociaciones, los títulos de Carburos cotizaban a 7.470 pesetas. El máximo del título en Bolsa, ese mes de febrero, había sido 7.800 pesetas y el mínimo descendió a 6.210 pesetas. ¿Qué quería decir esto? Que mientras el warrant daba derecho a una acción al precio de 10.230, en el mercado se podía adquirir esa misma acción a 7.410. Los warrants habían perdido todo su valor. Eso: valían cero pesetas. Los papelitos ya no eran, pues, lo que habían sido.

En febrero de 1990, las conversaciones avanzaron. Air Products estaba dispuesta a adquirir a Banesto una opción de compra sobre acciones representativas del 5,9 por ciento del capital de Carburos (672.000 títulos). El banco daría a la multinacional formalmente condiciones parecidas a las de los viejos warrants: vencimiento de la opción en julio de 1994 y precio de conversión de 10.230 pesetas. Banesto pedía para hacer la operación que Air Products pagara, al adquirir la opción, una prima de dos mil pesetas por título. Por tanto la opción a 672.000 acciones, a dos mil pesetas por unidad, representaba 1.344 millones de pesetas. Este era el precio que Banesto pedía a Air Products. Era bastante más de lo que a Euris le había costado en agosto de 1989 al pagar 1.250 pesetas por cada uno de ellos. Pero, claro, ¡en aquel acuerdo había habido tongo!

Ahora bien: ¿qué interés podría tener esta opción cuando las acciones de Carburos seguían bajando? ¿No era mejor acudir directamente al mercado y comprar, por ejemplo, a 6.210 pesetas?

A diferencia de los warrants y de Euris, que había actuado como simple instrumento de Conde y de Hachuel, Air Products exigía unas condiciones importantes al comprar la opción valorada en 1.344 millones. En primer lugar, Banesto debía cederle inmediatamente los derechos políticos del 5,9 por ciento del capital de Carburos, lo que permitiría a la multinacional aumentar su presencia en el consejo y poder acudir con mayor fuerza (derechos) a las ampliaciones de capital; y, en segundo lugar, Banesto accedería a reformar los estatutos de Carburos. Los viejos warrants no permitían, expresamente, la cesión de derechos políticos.

Las exigencias de Air Products eran bastante expresivas debido a la desconfianza acumulada en los últimos años respecto al estilo de los gestores Banesto. Así, si bien se establecía la mayoría para aprobar los acuerdos en juntas generales, había una nueva exigencia: la necesidad de garantizar la presencia de un 75 por ciento del capital para acuerdos relacionados con la emisión de obligaciones convertibles en acciones de la sociedad, el aumento o disminución del capital y el voto favorable de acciones representativas de dos tercios del capital presente o representado en una junta para acuerdos sobre emisión de obligaciones diferentes de las convertibles en acciones.

Air Products ya no se fiaba de Banesto.

La otra modificación de los estatutos era sugerente. Ya nadie podría hacer, como en el pasado, lo que le viniese en gana. Así, si se quería delegar alguna facultad del consejo de administración en una comisión ejecutiva o en un consejero delegado, tanto la designación de los consejeros para tales cargos como la división de los negocios de la sociedad en unidades separadas, el cierre de algunas actividades, la iniciación de nuevas, la disposición de una parte sustancial del activo inmovilizado, la delegación de facultades o el otorgamiento de poderes, todo esto requeriría en adelante que el consejo de administración quedase válidamente constituido con las cuatro quintas partes de los miembros del mismo y que, al mismo tiempo, para que los acuerdos sobre los puntos señalados fuesen legítimos se deberían adoptar con el voto favorable de al menos las tres cuartas partes de los miembros del consejo.

El 23 de febrero de 1990 fue el día oficial de la paz. Mario Conde, flanqueado por Romaní y por Pérez Escolar, recibió en el banco al estado mayor de Air Products. Nadie importante de la multinacional faltaba. El entonces presidente del consejo, Dexter F. Baker, estaba acompañado por Harold A.Wagner, presidente para Europa, y por dos vicepresidentes, Sullam y Christopher J. Ryan, vicepresidente y director general de gases industriales. La conversación fue general. Tanto Banesto como Air Products seguirían siendo los accionistas a largo plazo de Carburos, el primero como accionista financiero y el segundo como socio industrial. Air Products, asimismo, se comprometía a incrementar su participación en Carburos tendente a igualar la de Banesto.

Conde, anfitrión profesional, había organizado para la tarde de ese día 23 una pequeña fiesta para todos los participantes en los salones del edificio de Alcalá 14. El presidente de Banesto declaró la paz, descorcharon champán francés, y poco les faltó para cortar una cinta. Conde y sus amigos esperarían unas semanas a que Air Products, finalmente, ordenara el pago de los 1.344 millones.

Aquel día, los presidentes de Banesto y de Air Products se intercambiaron cartas. Conde decía a su «distinguido amigo», Baker, que había seguido «con la mayor atención las conversaciones celebradas por el señor Sullam, en representación de Air Products, y del señor Romaní, en representación de Banesto». El lenguaje era cordial y Conde aparentaba saber cuál debía ser su sitio. «En este sentido es claro que Banesto puede cuidar esencialmente de los aspectos de carácter financiero-bancario y Air Products, a su vez, tendría encomendados los aspectos técnicos e industriales», añadía.

Lo importante: Conde y Baker acordaron que el consejo de administración de Carburos quedase integrado por doce consejeros. Cuatro, de Banesto; cuatro, de Air Products; un consejero delegado, otro consejero para los accionistas independientes, un consejero secretario y un consejero director. «Por diversas razones que ustedes comprenderán fácilmente, en especial por los vínculos tradicionales que ha mantenido Banesto con Carburos, me permito sugerir que debiera ostentar la Presidencia uno de nuestros representantes y la Vicepresidencia otro de Air Products», proponía Conde. Y, también, como prueba de atención hacia su socio prometía: «El Grupo Banesto tiene la mejor voluntad en establecer un recíproco derecho de preferencia con Air Products, para el caso de venta (se refería a Carburos Metálicos) siempre con riguroso respeto a la legislación española».

El acuerdo con Air Products estaba en marcha. Banesto, por su parte, decidía recuperar los warrants. El 9 de marzo de 1990, la sociedad Cartisa, de Banesto, y Euris firmaron dos contratos. Por el primero, Euris otorgaba un derecho de opción de compra a Cartisa sobre los 2.028.000 papelitos. El precio de la opción era 405,6 millones de pesetas. Mediante el segundo, Cartisa compraba los 2.028.000 warrants al precio de 1.600 pesetas cada uno, esto es, 3.244,8 millones de pesetas.

Era verdaderamente curioso.

Banesto pagaría por rescatar los warrants. Y pagaría también por una opción sobre esos mismos papeles.

El 12 de marzo, Banesto transfería vía Luxemburgo 3.244 millones de pesetas para pagar los warrants, y el 15 abonaba a través de Banque Nationale de Paris, en una cuenta de Euris, los 405,6 millones de pesetas más otro millón de pesetas en concepto de intereses, por seis días de retraso, entre el 9 y el 15 de marzo. En total, entre una cosa y otra, Cartisa pagó 3.651 millones de pesetas a Euris-Hachuel por unos papeles que carecían de valor. Euris había pagado 2.543 millones de pesetas el 10 de agosto de 1989. Y ahora, siete meses después, los revendía a Banesto ¡por 1.108 millones de pesetas más!

Bonito beneficio en una operación sin riesgo alguno, con red para Hachuel y sus socios. Pero un trato era un trato. Y ese había sido el pacto al iniciar la aventura. Banesto, pues, había pagado.

Al menos, ahora entrarían los 1.344 millones que Air Products se aprestaba a pagar por la opción del 5,9 por ciento del capital de Carburos Metálicos, una vez que se firmase el acuerdo, previsto para el 4 de abril de 1990.

Pero ese dinero no iba a entrar nunca en Banesto.

LA PASTA SE QUEDA FUERA

El hombre que recibiría el dinero fuera de España tenía que participar en la obra de teatro prevista dentro de Carburos Metálicos. Tenía que representar el papel de impostor. No era otro que Jacques Hachuel. Mientras se perfeccionaban los acuerdos entre Banesto y Air Products, durante el mes de marzo de 1990, se decidió anticipar los cambios en el consejo de administración de Carburos Metálicos, pactados entre ambas partes. El 7 de marzo rodaba la cabeza del presidente de Carburos, Ramiro Cervera, yerno de uno de los patriarcas de Banesto, Pablo Garnica Mansi. Le sustituyó, según lo acordado, Rafael Pérez Escolar. Al mismo tiempo, Ronaldo Sullam era nombrado vicepresidente, mientras que para cubrir varias dimisiones, entre ellas la de Emilio Botín Sáenz de Sautuola, tras la venta del paquete que poseía el Banco Santander a Banesto, se propuso a Jacques Hachuel, Alfredo Pastor y Juan José Abaitua.

Fue Pérez Escolar quien habló en esa reunión de los hechos recientes de Carburos.

«En el pasado ejercicio —dijo— se emitieron unos warrants que crearon una confusión en el marco externo e interno de la sociedad. A pesar del derecho legítimo de Banesto para lanzar esta emisión, en el deseo de evitar recelos, el banco ha reconsiderado su posición y ha rescatado los citados warrants. Las relaciones con la sociedad Euris son excelentes y la compra se ha firmado con mutua inteligencia.» No cabía duda de que las relaciones con Euris debían de ser excelentes ya que se le había permitido ganar mucho dinero con los warrants. Pero era evidente que Banesto quería inflar tanto el papel de Euris como el de Hachuel en función de los planes que habían tramado para los 1.344 millones de pesetas que pagaría Air Products muy pronto.

El telón se había levantado. El primer acto, ese 7 de marzo, en la sede de Carburos Metálicos daría paso al segundo, previsto para el 18 de abril. Pero en el intermezzo ocurrirían los hechos más importantes de esta historia.

El 13 de marzo de 1990, el abogado de Air Products en Madrid, Luis Echecopar, se entrevistó por la tarde con un miembro del consejo de la CNMV, Aníbal Sánchez. Le explicó los acuerdos que se estaban negociando entre la multinacional y Banesto, que el banco había recomprado los warrants de 1989 y que Air Products compraría unas opciones a Banesto nunca superiores al 6 por ciento del capital de Carburos Metálicos. También le informó de que cada una de las partes tendría cuatro miembros en el consejo de administración, que el presidente sería un hombre de Banesto y el vicepresidente de Air Products. Sánchez dijo que la compra de esas opciones por debajo del 6 por ciento era aceptable, pero se mostró algo sorprendido por el hecho de que Air Products tuviese cuatro miembros cuando podrían corresponderle más según su participación en el capital de Carburos.

El 14 de marzo, a las 12:30 horas, Sullam envió a Arturo Romaní un proyecto de contrato en inglés. El día 16, a las 12:40 horas, llegaba a Madrid la versión en castellano. He aquí un resumen:

Por la presente el Banco Español de Crédito, S. A. (Banesto) otorga a Air Products Canada Ltd. (Air Products) warrants para la compra de 672.000 acciones («las acciones») de Carburos Metálicos, S. A. (Carburos) como contraprestación por el pago por Air Products a Banesto de un precio de compra de 2.000 pesetas por cada warrant. Cada warrant conferirá a Air Products el derecho, ejercitable mediante aviso por escrito a Banesto en cualquier momento desde la fecha de la presente y hasta el 27 de julio de 1994, inclusive («el período de ejercicio»), de adquirir una acción del capital social de Carburos por un precio de ejercicio de 10.230 pesetas (… )

Banesto tomará las medidas necesarias para que Air Products adquiera al tiempo de su emisión cualesquiera valores de Carburos emitidos en relación con las acciones (672.000) por razón del derecho de suscripción preferente que pueda ser ejercitado durante el período de ejercicio. El derecho de voto correspondiente a las acciones y a los valores de Carburos relacionado con las mismas será ejercitable durante el período de ejercicio de la manera que determine Air Products.

En caso de que la modificación de los estatutos de Carburos no quede inscrita en el Registro Mercantil hasta el 31 de julio de 1990, Air Products a su sola elección podrá resolver este contrato en cuyo caso los warrants serán restituidos a Banesto y el precio de la compra de los warrants será devuelto a Air Products por Banesto.

Si estuviesen de acuerdo, les rogamos firmar la copia de esta carta que adjuntamos y devolvérnosla, en cuyo momento esta carta constituirá un contrato legalmente vinculante entre Banesto y Air Products.

Romaní hizo algo más que leerse el documento. El 16 de marzo envió por fax su respuesta: «Tengo el agrado de decirle que encontramos aceptable el contrato propuesto con las siguientes modificaciones que estoy seguro no cambian el espíritu y los términos del acuerdo»

Proponía Romaní que al referirse a Banesto el contrato especificara «Banesto o cualquier compañía nombrada por Banesto» y, en segundo lugar, sugería que en relación a la reforma de estatutos, se dijera que Banesto haría todo lo que pudiese para conseguir la aprobación de las modificaciones por la junta general de accionistas y su inscripción en el Registro Mercantil tan pronto como fuera posible.

Y, sobre todo, firmó de puño y letra, y puso a máquina su nombre, ARTURO ROMANÍ, sobre el proyecto de contrato. Donde decía Banesto aparecía también entre paréntesis, en inglés, una frase en mayúscula: «CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN NUESTRO FAX DEL 16 DE MARZO DE 1990.»

Ese mismo 16 de marzo, James McMahan, pensó que quizá era mejor sustituir la palabra warrant, que venía en el proyecto de contrato enviado a Romaní, por la de opción. El 20 de marzo, en una carta a Romaní, proponía el cambio por dos razones. Primera, la referencia a warrant creaba «cierta confusión» en el sentido de que podría tratarse de que los warrants que compraba Air Products eran los mismos que Banesto había emitido en 1989, y que, según ya se había explicado, la multinacional rechazaba habida cuenta de que no permitían el traspaso de derechos políticos de las acciones de Carburos al comprador. Segunda razón, Air Products aceptaba quitar del contrato la referencia a que si el Registro Mercantil no aprobaba la inscripción en julio de 1990 de la reforma de estatutos votada en la junta de accionistas, Air Products podía rescindir unilateralmente el acuerdo. McMahan, pues, envió junto con esa carta el nuevo proyecto de contrato, incluyendo las dos modificaciones.

Romaní no respondió a esta carta.

¿Qué pasaba?

Conde y Romaní estaban por cerrar el gran golpe.

El 27 de marzo, para saber qué ocurría, Sullam llamó por teléfono a Romaní.

—Arturo, no has respondido nuestra carta del 20 de marzo. ¿Pasa algo?

—No, Ron, qué va. No contesté porque creo que el documento que envió Jim McMahan está básicamente bien. Quisiéramos introducir una o dos pequeñas modificaciones, nada esencial, el día de la firma.

—Arturo, hemos acordado que dentro de las veinticuatro horas, una vez firmado el contrato, se hará la transferencia...

—Sí, precisamente. Pero creo que nosotros preferiríamos que el pago no se hiciera en España, sino quizá en Suiza... El próximo viernes te enviaré los detalles del banco y la cuenta corriente.

—Bien, Arturo. No sé si podré estar yo también el 4 de abril. Pero creo que con Jim será suficiente...

—La verdad, Ron, es que me parece importante que tú participes en la reunión...

—Bueno, si crees que debe ser así, intentaré arreglarlo...

Entre ese martes 27 y el viernes 30 de marzo de 1990, Conde, Romaní y Hachuel acordaron los términos definitivos para que los 1.344 millones que pagaría Air Products fueran a parar a una cuenta bancaria en Suiza. Air Products solo debía saber el nombre del banco y conocer una referencia para que, al llegar la transferencia telefónica, el director de la entidad bancaria, que ya estaría al corriente de la llegada de un dinero, hiciera el apunte en la cuenta correspondiente.

Conde y Romaní habían decidido, con el apoyo de Hachuel, que el dinero debía ingresar en la cuenta de una compañía que ya había recibido préstamos en 1989 de un banco con sede en Suiza, Paribas, en relación con operaciones secretas para mantener la titularidad formal de acciones del banco que fueron compradas, entre otros, a Juan Abelló, el exsocio de Mario Conde.

La compañía se llamaba así: Mariella Real Estate Holding Establishment, registrada en Vaduz, Liechtenstein. El abogado suizo Peter Widmer, socio del bufete Homburger Achermann, era quien llevaba los asuntos relacionados con Mariella porque, en realidad, la compañía era propiedad de Hachuel. Y Widmer era abogado de Hachuel.

A nombre de Widmer, Banesto pagaría por la misma época una factura de 140,5 millones de pesetas por un presunto «asesoramiento» al grupo Banesto en la división del Grupo Valenciana de Cementos, en 1989. Todo el mundo había sacado su tajada de la vaca lechera de Banesto con motivo de la división del grupo cementero.

¿Una factura? Este Widmer debía ser importante porque esa factura —exactamente la misma, con idénticos conceptos, puntos y comas— fue pagada cinco veces el mismo día por el grupo Banesto. Pero esto no saltaría hasta marzo de 1996.

Sí. Cinco por 140,7 millones = 703,5 millones.

El viernes 30 de marzo de 1990, como había prometido, Romaní comunicó a Sullam los detalles sobre el cheque que debía enviar Air Products por la compra de la opción.

NMB Bank

Rue Petitot 6

Ginebra

Att: Mr. van Tobel, Director

Ref: Hamburger Ackermann

Dr. Peter Widmer

En una nota, Sullam informó al tesorero de Air Products, Bernard Lowe, que la reunión en Madrid tendría lugar a las 13 horas del 4 de abril y que esperaba firmar el acuerdo de opción hacia las dos de la tarde para que diera a transferir los fondos ese mismo día. Una vez firmado, Sullam o McMahan debían llamar al teléfono del tesorero, quien daría la orden para hacer la transferencia.

Conde y Romaní seguían maquinando.

El 2 de abril, Lowe habló con Romaní para arreglar los detalles del pago.

—Los bancos que trabajan con nosotros en Estados Unidos han confirmado que no es posible transferir directamente pesetas a Suiza... Tendremos que pagar la suma equivalente en francos suizos...

—Bien, no hay ningún problema.

—El valor será el del 6 de abril de 1990...

—Aquí hay un problema... Vuestro pago compensará la recompra por Banesto de warrants que tuvo lugar hace dos semanas. Hay una cuestión pendiente de intereses entre esa recompra y el 6 de abril...

—La verdad es que no sabía nada... En todo caso, este asunto debería ser comentado con Ron Sullam y con Jim McMahan. Por otra parte, cualquier otro pago debería ser independiente de los 1.344 millones.

De modo sutil, Romaní intentaba vincular la vieja operación de los warrants con el pago que estaba por hacer Air Products. Ya lo había hecho una vez, al comentar el asunto de los intereses hacía una semana con Sullam. Pero no había colado.

El 3 de abril, un día antes de la reunión, McMahan escribió a Romaní una carta en la que le recordaba un «pequeño detalle»: «Nos gustaría llevar mañana un recibo para que Banesto firmase al tiempo que se completa la transferencia por el pago del contrato de compra de las opciones».

El mismo día, el abogado de Air Products había enviado a McMahan un proyecto de recibo. Echecopar proponía un texto muy simple:

El apoderado del Banco Español de Crédito, Oficina Principal, sita en el paseo de la Castellana número 7, Madrid.

Que con fecha 4 de abril de 1990 el Banco Español de Crédito, S. A. ha recibido de Air Products Canada Ltd. transferencia bancaria por mil trescientos cuarenta y cuatro millones (1.344.000.000) de pesetas convertibles.

Que siguiendo instrucciones recibidas de Air Products Canada Ltd. dicho importe ha sido aplicado al concepto de precio de la opción otorgada por el Banco Español de Crédito, S. A. a Air Products Canada Ltd. para la compra de seiscientas setenta y dos mil (672.000) acciones de la Sociedad Española Carburos Metálicos. En consecuencia, ha sido imputado al código estadístico 14.48.01 (Dirección General de Transacciones Exteriores) de «primas abonadas por la adquisición de opciones de compra o de venta de activos financieros».

La cesión correspondiente será comunicada al Banco de España a través de nuestro Estado D-1 en la primera decena del presente mes de abril.

Y para que conste a los efectos de justificar la inversión y a petición del interesado se expide el presente certificado. Madrid, a cuatro de abril de mil novecientos noventa.

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.

El 4 de abril, finalmente, Romaní y Pérez Escolar, que a la sazón ya era presidente de Carburos Metálicos desde el 7 de marzo, recibieron a Sullam y a McMahan. Allí, Romaní explicó las «pequeñas modificaciones» que había anunciado a Sullam en la conversación telefónica del 27 de marzo.

La principal era la clave del montaje que habían hecho Conde y Romaní.

El primer párrafo del proyecto enviado por Air Products decía:

«Por la presente el Banco Español de Crédito otorga a Air Products Canada Ltd. opciones para la compra de 672.000 acciones del capital social de Carburos Metálicos como contraprestación por el pago por Air Products a Banesto de un precio de compra de 2.000 pesetas por cada opción.»

El texto sugerido por Romaní proponía:

«El Banco Español de Crédito otorga a Air Products Canada Ltd. opciones para la compra de 672.000 acciones de capital social de Carburos Metálicos.»

Era evidente que Romaní no deseaba que figurase la referencia al pago. Sin embargo, no había objeción al segundo párrafo:

«En caso de que la modificación de los estatutos de Carburos no quede inscrita en el Registro Mercantil hasta e1 31 de julio de 1990, Air Products, a su sola elección, podrá resolver este contrato en cuyo caso las opciones serán restituidas a Banesto por Air Products y el precio de compra de las opciones será devuelto a Air Products por Banesto».

Es decir: se quitaba el pago en el primer párrafo y se dejaba la referencia a la devolución del precio de compra, extrañamente, en el segundo.

Así fue firmado el contrato. Para Sullam, la cuestión del pago se formalizaría en el recibo pendiente... Al discutir este punto, Romaní propuso rehacer la propuesta de Air Products. Sullam cogió la copia en inglés y agregó a mano las sugerencias.

Allí donde decía: «Que en 4 de abril de 1990 el Banco Español de Crédito ha recibido de Air Products Canada Ltd. una transferencia bancaria de mil trescientos cuarenta y cuatro millones (1.344.000.000) de pesetas convertibles», debía decir: «Que el 6 de abril, Air Products Canada Ltd. ha completado el pago total y final mediante una transferencia bancaria del equivalente de mil trescientos cuarenta y cuatro millones (1.344.000.000) de pesetas convertibles».

Había otras modificaciones, pero en el segundo párrafo se dejaba constancia del pago por una opción, tal como había propuesto la multinacional:

«Que siguiendo instrucciones recibidas de Air Products Canada Ltd., dicho importe ha sido aplicado al concepto de precio de la opción otorgada por el Banco Español de Crédito, S. A. a Air Products Canada Ltd. para la compra de seiscientas setenta y dos mil acciones (672.000) de Carburos Metálicos, S. A.». Las referencias a Transacciones Exteriores y a informar al Banco de España del proyecto, fueron tachadas a mano por Sullam, según pedía Romaní.

Los dos papeles, pues, quedaron para ser pasados a limpio. Sullam, según había acordado, escribió una breve carta a Romaní con la misma fecha, 4 de abril:

«Como complemento de los pactos suscritos en el día de hoy, relativos al derecho de opción sobre determinadas acciones de Carburos Metálicos, S. A. tengo el gusto de confirmarte que se han cursado instrucciones en firme para abonar la cantidad de 1.344 millones de pesetas, valor 6 de abril, según lo convenido».

El tesorero de Air Products Europa envió la orden para pagar. El 6 de abril se dirigió, según las señas anticipadas por Romaní, al NMB Bank de Ginebra. El 17 de abril dos ejecutivos del banco confirmaban la recepción. Eran 18.578.933 francos suizos, valor 6 de abril.

Ahora se levantaba el telón para el segundo acto en el consejo de administración de Carburos Metálicos. El 18 de abril, en presencia de los nuevos consejeros (Hachuel, Abaitua y Pastor), Pérez Escolar volvía a recordar la historia de los warrants.

He aquí lo que dijo:

«El señor Hachuel ha prestado una gran ayuda en el rescate de los warrants por parte de Banesto, que fueron motivo de una operación totalmente legítima por parte del banco, pero que por inusual fue incomprendida en determinados sectores. Quiero dejar constancia de que dichos warrants los tomó la sociedad Euris, de la cual el señor Hachuel es consejero y que siempre puso los títulos a disposición del banco. Quiero también poner de relieve su gran proyección no solo financiera sino también humanista y mi satisfacción por su integración en esta casa».

Se trataba de dejar el rastro de una presunta intermediación realizada por Hachuel, cuando en realidad él no había tenido participación alguna en la venta de la opción a Air Products y los 1.344 millones que la multinacional había pagado por ella.

Ahora lo único que quedaba pendiente era el cumplimiento del acuerdo y la redacción del recibo.

El 2 de mayo de 1990, Jim McMahan se lo recordó por carta a Romaní:

Recordarás que en nuestra reunión del 4 de abril de 1990, en tu despacho, cuando se firmó el contrato de opción, analizamos un certificado a ser extendido por Banesto en relación con la operación. Air Products propuso un proyecto y se discutieron ciertas modificaciones, principalmente con el señor Pérez Escolar.

Te adjunto la versión revisada del certificado, modificado de acuerdo con nuestras puntualizaciones, que agradecería recibir firmado por Banesto.

No fue hasta el 15 de junio de 1990 cuando llegó una nueva propuesta de Banesto. Rafael Pérez Escolar proponía, ahora, un texto que nada tenía que ver ni con lo pactado ni con la operación. La trampa era evidente. Este fue el punto más importante de la propuesta:

Que según manifiesta Hamburguer Ackermann de Zurich, Air Products Canada Ltd. efectuó a favor de dicha firma con fecha 6 de abril del corriente año una transferencia bancaria en pago de la renuncia de Hamburger Ackermann a un derecho de opción sobre determinados warrants emitidos en su día por el grupo Banesto, que llevan el derecho a adquirir, hasta el 27 de julio de 1994, acciones de Carburos Metálicos…

La tergiversación era evidente. ¿No había informado Pérez Escolar al consejo de Carburos, los días 7 de marzo y 18 de abril que los warrants ya habían sido rescatados por Banesto de manos de Euris? La maniobra era, pues, confundir la operación de rescate de los warrants, ya cerrada e1 9 de marzo de 1990, con la venta posterior, el 4 de abril de 1990, de la opción a Air Products.

La propuesta de Pérez Escolar tampoco coló.

El 25 de junio, Sullam escribió un fax a la atención de Pérez Escolar, Hachuel y Romaní, en el que proponía un nuevo texto, más breve, y la puesta en práctica del acuerdo del 4 de abril, ya que Carburos Metálicos preveía para el mes de junio una emisión de derechos, que servirían más tarde para acudir a una ampliación de capital. Air Products, pues, quería disponer de los derechos equivalentes al 5,9 por ciento del capital, según estaba pactado.

Pero no hubo respuesta. El recibo no terminaba de salir.

Por fin, Sullam decidió hablar francamente del asunto a Romaní:

—Arturo, no sé qué está pasando con el reconocimiento del pago...

—Ron, no hay nada extraño. Es que no queremos darle mucha publicidad a esta operación. ¿Para qué queréis ese recibo?

—Es para uso interno, Arturo. Solo si alguna autoridad lo requiere deberíamos exhibirlo.

—Si es para eso... Si me aseguras que es para uso interno no hay problema. Lo arreglaré. Pero envíame una carta diciendo el uso que le daréis. Vamos, lo que me acabas de asegurar.

—Bueno, lo haré.

El 12 de julio, Sullam envió la carta.

En relación con nuestras conversaciones sobre el reconocimiento de pago por la opción, como ya he explicado no es intención de Air Products de ningún modo publicitar este documento e incluso no esperamos divulgar la información contenida en el mismo a menos que nos requiera a hacerlo un organismo gubernamental como parte, por ejemplo, del registro de una inversión extranjera en España o por motivos fiscales en los que tuviéramos que presentar pruebas de nuestros costes en relación con las acciones (si la opción es ejercitada).

Confío en que esta sea una explicación satisfactoria de nuestras intenciones.

Romaní no contestó.

¡Ay, el verano español!

El 8 de octubre de 1990, Pérez Escolar reaparecía. Ahora proponía una versión parecida a la del 15 de junio. Con cada nueva carta, los autores del camelo se iban atreviendo a mostrar sus aviesas intenciones de manera más descarada. Saltaba a la vista el montaje.

Otra vez Hamburguer Ackermann (¡siempre mal escrito el nombre real, que era Homburger Achermann!) aparecía como el beneficiario de los 1.344 millones «como trámite previo para que el grupo Banesto pudiera conceder a Air Products Canada Ltd. un derecho de opción sobre determinadas acciones de Carburos Metálicos, dada la existencia de un derecho preferente reconocido a Homburguer Ackermann de Zurich en orden a la adquisición preferente de las mencionadas acciones». Parecía mentira. Grandes abogados, juristas, estaban al servicio del montaje infantil, chapucero, de una apropiación ilegal. ¿Colaría esta enésima tentativa?

No. McMahan escribió a su abogado Echecopar, en Madrid:

«Te envío el último proyecto recibido del señor Pérez Escolar en relación con el reconocimiento de pago.

»Aunque no entiendo completamente el texto, creo que no es aceptable en tanto que aún intenta describir una relación entre Air Products Canada Ltd. y Homburguer Achermann, que por supuesto no es correcta.»

Dos días más tarde, Echecopar manifestaba su acuerdo con McMahan: «Realmente, es una versión retocada del documento que me enviaste con el fax del 19 de junio de 1990.»

Conde, Romaní y Pérez Escolar parecían ganar por cansancio. Air Products había acudido en junio a la emisión de derechos de Carburos ejerciendo su nuevo 5,9 por ciento derivado del pago de la opción, los 1.344 millones. Pero, el recibo, eso sí que ya parecía imposible.

El 12 de noviembre de 1990 Air Products hizo la última tentativa. Sullam escribió a Romaní, antes de la reunión prevista para el 13 de noviembre, que se debía discutir el asunto del recibo. Pero, al día siguiente, Romaní volvió a salirse con la suya. No quería dejar una huella en Banesto sobre el pago de 1.344 millones de pesetas que había sido desviado a Suiza, sin pasar por España.

Toda la historia de Carburos había tenido un alto coste para el grupo Banesto. La recompra de los warrants a Hachuel había supuesto pagar 3.651 millones de pesetas por algo cuyo valor era cero pesetas. En la memoria de la Corporación, la primera desde su creación en junio de 1990, se informó que se habían «adquirido a la sociedad Euris warrants sobre acciones de Carburos Metálicos... Dicha inversión ha sido provisionada íntegramente con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 1990». Es decir, se reconoció su valor real de cero pesetas.

Pero el chorro de pérdidas fue más potente. El año siguiente, 1991, la Corporación Industrial compró a Banesto la sociedad Banesto Industrial Investment (BII) y avaló dos créditos concedidos a esta sociedad por el banco (es decir Banesto) para comprar en 1990 acciones de Carburos Metálicos. La Corporación liquidó BII, que poseía 972.108 acciones de Carburos, no sin antes reconocer unas pérdidas de 9.726 millones de pesetas.

La sociedad Carburos Metálicos había sido convertida, según la célebre afirmación de John Maynard Keynes, en una burbuja dentro de una vorágine de especulación. Conde y Romaní, con la habilidad para el maquillaje que les caracterizaba, habían traspasado las pérdidas derivadas de la aventura de Carburos Metálicos desde el Banco a la Corporación. Y los 1.344 millones, el único ingreso que podía haber compensado en una mínima parte la orgía, se quedaban fuera.

Un mes y medio después de recibir los 1.344 millones (18,7 millones de francos suizos), Mario Conde exigió a Hachuel que enviara el dinero a un abogado llamado Peter Schwarz. El 22 de mayo de 1990, Hachuel hizo la transferencia. Su abogado Peter Widmer restó 1,7 millones de francos suizos y envió dos talones por un total de 17.099.448 francos suizos a Schwarz, quien a su vez, siguiendo instrucciones de Conde y Romaní, lo transfirió en mayo de 1990 a la Fundación Levis, registrada en Liechtenstein.

Fue el 27 de julio de 1993, cuando por primera vez Hachuel, al estallar una crisis en sus relaciones con Mario Conde, propuso al entonces presidente analizar el asunto. La carta llevaba este sello: «ESTRICTAMENTE PERSONAL Y CONFIDENCIAL».

«Mariella, beneficiaria a su vez de otros préstamos relacionados con la financiación de acciones de Banesto, canalizó para la Corporación la operación Air Products diseñada por ti y por Arturo.»

¡BINGO!

Juan Carlos Monje, de treinta y seis años, miembro del equipo de inspectores del Banco de España, había vuelto a Banesto a primeros de marzo para conocer más datos sobre las «operaciones especiales» apuntadas en el informe del 31 de enero de 1994. Estaba ante una pista valiosa, pero como sucede a menudo, él no lo sabía. Esto debía de ser finales del mes de abril de 1994. Había informado a los nuevos gestores de Banesto que buscaba información sobre cuentas de los más importantes exconsejeros del banco y créditos que Banesto pudiera haberles concedido.

Monje se sentó frente a un ordenador y entró en la llamada Red B, la base de datos de Banesto sobre personas y cuentas. Tecleó el nombre «Arturo Romaní» y salieron diversas cuentas corrientes, sociedades y créditos. Fijó la atención en una mujer. Figuraba en la póliza de un crédito concedido a Romaní. Se trataba de Elena García Baquedano.

Monje sintió curiosidad. Tecleó «Elena García Baquedano». En la pantalla empezaron a aparecer cuentas, sociedades, créditos, transferencias. La ansiedad de Monje creció. Luego pidió a los gestores algunas cuentas de las sociedades que aparecieron en el ordenador. Fue entonces cuando tuvo los nombres: Montilla, Gay Gordon [sic], Data Transmission Systems, Tropicana Europea, Servicios Siracura [sic], Longanor, Inversiones Rondonópolis.

Como algunos de ellos estaban mal escritos, hubo problemas para localizar los datos del Registro Mercantil. Montilla era, en realidad, Montilsa; Gay Gordon era Gay Cordon, o Servicios Siracura, que en realidad era Servicios Siracusa. Elaboró un pequeño puzzle con las sociedades de Romaní: lo llamó Grupo Romaní. Había sociedades con créditos en bancos del grupo Banesto, pero Monje se concentró, sobre todo, en aquellas sociedades que realizaron beneficios importantes en compraventa de valores.

Eran tres. En Montilsa figuraba como presidente una joven llamada Susana Sánchez Herrero. Actuaba como secretario de la sociedad Elena García Baquedano, entonces de treinta y cuatro años, secretaria de Romaní durante largos años. Monje observó que la sociedad tenía un capital de quinientas mil pesetas, que en 1991 había obtenido un beneficio de 991 millones con unos gastos inferiores al millón de pesetas y que en 1992 anotaba beneficios procedentes de inversiones financieras por 866 millones, a los que había que descontar 198 millones por otros conceptos, quedando un beneficio de 780 millones.

Pero Monje siguió de largo.

Fue Data Transmission Systems la sociedad que atrajo su atención. Los administradores eran Alejandro Valcarce von Rein y, como secretario, aparecía esta vez Susana Sánchez Herrero. En 1990, Data, una sociedad de diez millones de pesetas de capital, había anotado un beneficio por inversiones financieras de 1.226 millones de pesetas, dando un resultado de 1.271 millones. Era una situación excepcional. Porque al año siguiente, 1991, el beneficio por inversiones financieras era de 115 millones.

La tercera sociedad, Gay Cordon, era un misterio. En algunos documentos, la C de Cordon cambiaba por la G, lo que daba el nombre Gordon. Monje solicitó al Registro Mercantil las cuentas y estatutos con este último nombre. Y no llegaban. Lo único que se sabía era que Valcarce von Rein era administrador único y que el apoderado era, otra vez, Elena García Baquedano.

Monje quería, pues, averiguar si el dinero ganado por Data procedía, de algún modo, de Banesto. Solicitó información a Banesto Bolsa sobre operaciones de compraventa de valores en 1990.

Hacia el mes de junio de 1994, después de rebuscar, los ejecutivos de Banesto hallaron «algo» que podía interesar a Monje. Era un talón del Banco de Desarrollo Económico Español (Bandesco) por valor de 1.403 millones de pesetas relacionado con Data Transmission Systems. Estaba firmado por Portland Iberia, empresa que en 1990 entró a formar parte de la Corporación Industrial.

Pero además del talón, había una carta a la sociedad de valores Banesto Lombardia & Lacaci, con fecha 11 de junio de 1990. Allí ordenaba «transferir 170.250.631 pesetas» a la cuenta que Gay Cordon tenía en la citada sociedad, preparar una serie de cheques y «traspasar el saldo resultante que asciende a 1.224.521.939 pesetas a la cuenta que Data Transmission Systems mantiene abierta en sus oficinas».

¡Bingo! Conque había sido una operación intergrupo. En otros términos, el dinero del pelotazo había salido del grupo Banesto. Que había habido un pelotazo surgía claro de las cuentas de Data. Había hecho una plusvalía de 1.226 millones.

Monje estaba cerca de conocer los hechos. ¿Para qué diablos había pagado Portland Iberia esa pasta? Fue entonces cuando pidió ayuda a su compañero Juan Román, inspector que desde marzo se hallaba revisando datos de la Corporación. Debía mirarse las memorias de Portland Iberia. Román, cuarenta y cinco años, capacidad infinita de trabajo, le echó una mano. Se estudió varias memorias de la sociedad cementera. Los 1.403,5 millones, tal como figuraba en el talón de Bandesco, no aparecían.

Pero al volver una y otra vez sobre las operaciones registradas en la memoria de Portland Iberia, Román comenzó a flirtear con varias cantidades. Sí, señor, había algo. Monje no se lo creería, pero por Dios que había dado con algo.

El 31 de diciembre de 1990, el balance tenía contabilizadas acciones representativas del 30 por ciento del capital de dos sociedades cementeras: Prebetong Aragón y Hormigones Fabricados (Hormifasa). La primera tenía un valor de 518.292.000 pesetas y la segunda de 885.208.000 pesetas.

Román, después de sumar las dos cantidades creía estar soñando. Eran exactamente 1.403,5 millones de pesetas. ¡Bingo!

Ambas empresas cementeras habían pertenecido al grupo Valenciana de Cementos. La familia Serratosa, importante accionista de Valenciana, y el grupo Banesto, llegaron a un acuerdo en 1990 para dividir el grupo. Fue entonces cuando Beta Cero, sociedad de Banesto, adquirió por 176 millones los dos paquetes, el 29 de marzo de 1990. Pero a continuación no se los quedó. Los vendió al mismo precio, 176 millones, a una sociedad ajena a Banesto llamada Gay Cordon. Esta, acto seguido, se las traspasó, por el mismo precio, a Data Transmission Systems. Finalmente, Data las vendió a Portland Iberia, el 17 de mayo de 1990, por los 1.403,5 millones citados.

Pero el dato más interesante no lo sabría Monje hasta el mes de septiembre de 1994. Tampoco vendría de un chivatazo. Al recibir por fin los estatutos y las cuentas de Gay Cordon, advirtió que solo el 28 por ciento de la sociedad, al menos formalmente, pertenecía a sociedades patrimoniales del llamado Grupo Romaní, ese organigrama que él mismo había elaborado. ¿De quién podía ser el 72 por ciento restante?

En los estatutos de Gay Cordon figuraba como administrador único, hasta el 29 de junio de 1992, Alejandro Valcarce von Rein, de treinta y un años, patrón de un barco propiedad de Romaní. En la citada fecha se había adaptado la sociedad anónima a su nueva condición de sociedad limitada, lo que llevó, según el acta del Registro Mercantil, a repartir el capital entre cada uno de los socios «en proporción al valor nominal de las acciones que poseían».

Las nuevas participaciones resultantes suponían un 72 por ciento del capital en manos de dieciséis sociedades. A Monje algunos nombres le sonaban. Así que cruzó la hoja del Registro Mercantil con dos folios que acompañaban la declaración del patrimonio de las personas físicas presentada por Mario Conde en 1988, en la que se incluían participaciones en treinta y nueve sociedades.

Las dieciséis sociedades eran de Conde. El 72 por ciento de Gay Cordon era, pues, de Mario Conde. Esa sociedad se había beneficiado con 170 millones de pesetas en el pelotazo conseguido con el «pase» de los paquetes de Hormifasa y Prebetong Aragón, que se compraron por 176 millones y se vendieron a Portland Iberia (grupo Banesto) por 1.403,5 millones de pesetas.

Que cosas como estas podían ocurrir ya lo había advertido José Serratosa Ridaura, al escribir una carta a Conde, el 23 de noviembre de 1989. En ella dimitía del consejo de Banesto. Al hacerlo, denunció el «claro incumplimiento de cuantas manifestaciones me hizo usted como presidente de Banesto (…) en no haber respetado su promesa de no alterar la participación de Banesto en Valenciana y sus subsidiarias y participadas ya que dado el excelente rendimiento de estas sociedades (…) a Banesto le bastaba con seguir disfrutando el sustancioso negocio bancario que las mismas representaban».

Mario Conde había celebrado el acuerdo con la familia Serratosa, ahora roto, en la reunión del consejo de Banesto del 30 de marzo de 1990. Nadie podía adivinar ese día que Conde le estaba enviando un mensaje cómplice a su amigo y socio. Pero sucedió. Delante de todos los consejeros, el presidente de Banesto se volvió hacia el hombre que parecía ser el artífice del pacto con los Serratosa: «Quiero dejar expresa constancia de mi felicitación al consejero ejecutivo Arturo Romaní...».

EL BLINDAJE

Fue durante una sobremesa en el restaurante Solchaga de Madrid que acabó a las siete de la tarde del lunes 20 de junio de 1994, cuando Mario Conde, ya en camisa y tirantes, reveló a sus interlocutores, periodistas oriundos de Navarra, que había visto a Felipe González.

—Felipe ha confiado en el Banco de España y en la información que transmitía el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Le he visto recientemente —lanzó el hueso—. Está dispuesto a quitarse de en medio a toda la beautiful people. Se siente traicionado y engañado —añadió con afectación—. Por eso le dije que sería un error renovar a Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España en julio próximo. Puedo deciros que Felipe me ha jurado que en ningún momento dio orden de que se me investigara. Y yo le creo.

No iba de farol en lo de la entrevista. Si en junio de 1993, tres días después de las elecciones generales, el 9 exactamente, Conde había organizado en torno al acto de investidura del doctorado honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid un gran show con el rey Juan Carlos como maestro de ceremonias, en junio de 1994 preparaba el lanzamiento de su libro El Sistema como si se tratase de una «bomba». Esparció rumores, envió galeradas a Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey, como gesto de buena voluntad y, una vez creado el clima, gestionó la entrevista con González para despejar cualquier duda sobre sus verdaderas intenciones, ya que se avecinaban, el 12 de junio de 1994, las elecciones europeas. Decía que él no deseaba interferir. Y los cotilleos sobre el libro que preparaba no eran suficientemente «dramáticos», por sí solos, como para justificar la entrevista.

El mes de mayo había comenzado fatal para el exbanquero.

El día 10, el instructor de un expediente sancionador del Banco de España contra Conde y los exadministradores de Banesto dio traslado del pliego de cargos a cada uno de los veinticuatro acusados. El corazón del expresidente de Banesto dio un vuelco cuando empezó a leer la página número treinta, el punto quinto sobre «la realización de actos fraudulentos y la utilización de personas interpuestas».

Fue entonces cuando Conde decidió hacer contactos para lograr la entrevista con el presidente del Gobierno, aquella que no obtuvo el día que el Banco de España intervino Banesto, el célebre día de los Santos Inocentes de 1993. El pliego de cargos podía ser el primer paso de una próxima acción penal contra él. ¡Actos fraudulentos! ¡Pero si el gobernador del Banco de España había declarado, dos días después de la intervención, en el Congreso, que no le constaban indicios sobre la existencia de responsabilidades diferentes a las mercantiles! Sí. Pero Rojo dijo que no los había «en estos momentos», es decir, el 30 de diciembre de 1993.

El 11 de mayo de 1994 había una presunta buena noticia en el diario El Mundo, que Conde esperaba y que, gracias al fugado antiguo director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, el exbanquero buscaba capitalizar. Roldán reveló que el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, le había encargado espiar al exbanquero a través de una famosa agencia de investigación norteamericana, Kroll Associates, en 1992. Le llamaba el Informe Crillon. Se habían pagado, según Roldán, con cargo a fondos públicos reservados, 67 millones de pesetas. Ese mismo día 11, Conde difundió un comunicado en el que se presentaba como una víctima. Aparecía consternado.

El 20 de mayo de 1994, por segunda vez, el llamado Informe Crillon volvía a ser noticia espectacular. El diario El Mundo le dedicaba la portada y tres páginas. Se decía que Roldán había remitido un resumen de los 66 folios a la redacción del periódico. A las siete de la tarde de ese mismo día, el 20 de mayo, Conde llamó por teléfono a Felipe González al palacio de la Moncloa. El exbanquero se quejó amargamente. Según aseguraba Roldán, la orden había sido impartida por el vicepresidente Serra.

La respuesta del presidente fue esta:

—Puedes estar seguro de que no viene de esta casa.

En este clima, Conde apuró la entrevista deseada. Era una víctima de presunto espionaje cuando estaba a punto de publicar un libro que prometía ser una «bomba».

La crispación política crecía a golpes de escándalo. Roldán se había largado y el entonces fiscal de Madrid, Luis Jordana de Pozas, se había lanzado sobre el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el financiero Manuel de la Concha, hasta meterles en la cárcel, mientras dimitían el portavoz del grupo parlamentario socialista, Carlos Solchaga, y el ministro de Agricultura, Vicente Albero. La atmósfera se hacía cada vez más asfixiante para el Gobierno. Y se acercaban, el 12 de junio, las elecciones al Parlamento Europeo.

A mediados del mes de mayo, una persona muy cercana al rey Juan Carlos visitó a Felipe González y se preparó para entrevistarse poco después con José María Aznar. Era un encargo del rey.

Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y hombre de confianza del monarca para asuntos financieros, quería alertar a uno y a otro sobre el clima exasperado existente en la vida política y de que quizá fuese necesario llegar a algún tipo de consenso para dejar algún títere con cabeza. Prado canalizaba el temor del monarca por la posibilidad de que los ataques cruzados también alcanzaran a la Casa del Rey. Por aquellas fechas, mayo de 1994, el financiero catalán Javier de la Rosa (JR) hacía insinuaciones de salón sobre sus relaciones del pasado con el rey y con el propio Prado a la hora de justificar la evaporación de cincuenta mil millones de pesetas durante su gestión empresarial al frente de Kuwait Investment Office, el brazo inversor del gobierno kuwaití, según denunciaba una demanda civil contra él en el Reino Unido, y una querella criminal en España por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedades.

El rey sugirió a González que recibiera a Prado. El presidente del Gobierno así lo hizo. Prado cruzaba las puertas de la Moncloa para estrechar la mano de González exactamente el martes 16 de mayo. Fue un día de intensas precipitaciones y lloviznas. Cuando esa tarde la temperatura marcaba 15 grados el sol se asomó sobre Madrid. La visita consumió unas dos horas y media. Los temas abordados: la falsificación de cartas con el emblema de la Corona y con la firma de Prado, por parte de De la Rosa, su amenaza de hacer públicos presuntos pagos a partidos, personalidades públicas y políticos en relación con KIO. Y el otro gran asunto: las inversiones del rey a través de Banesto. El presidente miró su reloj. Ya eran pasadas las siete. Debía dejar a Prado y acudir al palacio de la Zarzuela para celebrar su reunión semanal.

Esto fue lo que el presidente le dijo al rey:

—He visto a Manolo muy nervioso.

Así, después de insistir varias veces por teléfono, Conde logró que el presidente del Gobierno, Felipe González, accediera a recibirle en el palacio de la Moncloa, en el momento culminante de la campaña de las elecciones europeas del 12 de junio y a pesar de tener en agenda varios viajes. Conde había estado apremiante según pudieron comprobar dos testigos, sus colaboradores Rafael Pérez Escolar y Enrique Lasarte, que, por separado, presenciaron algunas de sus conversaciones telefónicas con la secretaría de la presidencia del Gobierno.

Pero ese apremio no hubiera surtido efecto por sí solo. Fue el rey Juan Carlos quien sugirió que sería aconsejable recibir a Conde. Por aquellas fechas, el rey establecía una diferencia entre Conde y De la Rosa. El primero deseaba, a sus ojos, llegar a algún tipo de acuerdo de caballeros con el Gobierno; con el segundo, no se podía hacer nada.

Pero he aquí un dato importante. El Gobierno tenía constancia de que Conde se había ocupado en Banesto de algunas inversiones financieras del rey durante los últimos años. El vicepresidente Serra estaba al corriente y, lógicamente, el presidente tenía una versión de primera mano sobre el asunto. En la visita de la tarde del 16 de mayo, Prado había aprovechado para informar al presidente sobre los detalles de esas inversiones.

González, pues, recibiría a Conde. Con todo, prefería celebrar el encuentro, en algún momento del mes de junio. Rosa Conde, secretaria general de la presidencia, recuerda que el presidente le comentó en los jardines de la Moncloa, una mañana de finales de mayo de 1994, que Conde había solicitado verle y que se analizaron los pros y contras. Finalmente le recibió el 30 de mayo de 1994.

¿Qué le pasaba a Conde? Estaba desorientado. Desde el 10 de mayo, día en que supo oficialmente que el pliego de cargos del Banco de España le acusaba de cometer «actos fraudulentos» en Banesto, Conde intentaba saber cuál sería su suerte. Él sentía que se había portado «bien» en el período posterior a la intervención. Había celebrado una rueda de prensa el 11 de enero de 1994, sí, pero, según decía, solo se había defendido ante el Banco de España.

La versión de ambos sobre la entrevista del 30 de mayo, ofrecida en confianza ante diferentes interlocutores, fue coincidente en lo que se refiere a las materias tratadas, pero no acerca del papel que cada uno de ellos asumió frente al otro. Conde metió el bisturí en la herida sangrante que el affaire Mariano Rubio-Ibercorp había dejado en González.

—Muchas veces me he preguntado si no debería haberte informado sobre lo que verdaderamente sucedía en el Banco de España… Me resultaba difícil hablarte de asuntos tan graves que afectaban a una de las instituciones capitales del Estado. A la vista de lo que ha ocurrido, me equivoqué. El precio que ha pagado el país ha sido muy superior al coste de transmitir informaciones, por graves que fueran. Una explicación mía sobre Ibercorp y no hubieras podido poner la mano en el fuego por Mariano Rubio.

Si en este terreno González dejó a Conde soltar su rollo, también fue lo suficientemente pícaro cuando explicó que la intervención de Banesto se había basado exclusivamente en las recomendaciones del Banco de España y en la posición del Ministerio de Economía y Hacienda. No le mentía. Pero del énfasis, el tono y cierto aire de complicidad que había germinado en el diálogo, podían deducirse cosas diametralmente opuestas. Conde escogió las dos o tres cosas que deseaba escuchar: el discurso contra la beautiful people, la responsabilidad exclusiva del gobernador del Banco de España, y del ministro Pedro Solbes, en la intervención. En este contexto, Conde vio abierta una brecha que le interesaba especialmente. Temía que la acción penal contra él fuese alimentada por información del Banco de España. Rojo era un testigo de cargo en toda la historia. Si lograba su desplazamiento, por lo tanto, creía estar en condiciones de ganar la guerra. Fue directo al grano.

—Presidente, hay cosas que se pueden reparar, si es verdad, como dices, que gente como Mariano Rubio te ha engañado. Rojo forma parte del mismo grupo y no es la persona para la nueva etapa del Banco de España que se abre con el estatuto de su independencia —advirtió Conde.

El exbanquero tenía su propio plan «mediático» para crear el clima adecuado y frustrar la renovación de Rojo. Un pequeño dossier que guardaba desde hacía meses ayudaría a persuadir a González, tan quejoso con la beautiful people.

Como accionistas de Banesto, Conde y sus amigos tenían acceso al registro de participaciones del banco, que es actualizado a diario con la información de altas y bajas que envía la Sociedad de Compensación y Liquidación (SCL).

Conde sabía, entre otras cosas, que un miembro del consejo ejecutivo del Banco de España, el catedrático de derecho administrativo Tomás Ramón Fernández, que poseía 2.388 acciones de Banesto, las había vendido a través de la sociedad del propio banco, Banesto Bolsa, el 27 de diciembre de 1993, un día antes de la intervención. Fernández adoptó la decisión de vender tras rechazarse en el consejo ejecutivo, del que formaba parte, el 23 de diciembre de 1993, el plan presentado por Conde para salvar la situación de Banesto. Aunque el citado consejo no habló formalmente de intervenir Banesto, esta era una de las alternativas probables del desenlace. El consejero se ahorró, al vender a tiempo, la pérdida de algo más de tres millones de pesetas ya que vendió al precio de 2.135 pesetas cada acción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente a primeros de febrero de 1994, el día 4, sin esperar a que venciera, en pocas semanas, el mandato de Fernández. El gobernador le hizo dimitir.

Lo ideal era aguantar la información hasta los días previos a la renovación del mandato de Rojo y crear un nuevo escándalo en torno a la presunta «corrupción» del banco emisor, aun cuando el gobernador hubiera tomado medidas contra Tomás Ramón Fernández.

Y, en lo que se refiere al Informe Crillon, ante la negativa tajante del presidente sobre la posibilidad de que el encargo hubiese salido de presidencia, Conde se aferró a que se trataba de Serra, como decía Roldán. Aunque incluso en lo que se refería a Serra, el presidente no fue ambiguo, y le aseguró que el vicepresidente nada tenía que ver con la historia, el exbanquero prefirió engañarse a sí mismo. Esta fue la conclusión que expresó Conde ante el grupo de comensales del restaurante Solchaga:

—Felipe no puede seguir teniendo a su lado un vicepresidente en quien no confía.

El pliego de cargos del Banco de España contra Conde y los administradores de Banesto destituidos el 28 de diciembre era el corolario del expediente sancionador abierto tras la intervención. El Gobierno no impulsaba ni directa ni indirectamente acciones jurídicas contra Conde a finales de mayo. El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, había solicitado documentación al Banco de España en el mes de enero y el banco emisor la envió en febrero. Entre esa fecha y finales de mayo solo ocurrió una cosa: la Fiscalía General, sin estudiar el asunto, envió el 25 de marzo la documentación a la Audiencia Nacional. El informe del Banco de España y sus anexos sumaban unos dos mil folios. Se necesitaría, por tanto, tiempo para estudiarla.

El 30 de mayo, el mismo día que González recibió a Conde en la Moncloa, el fiscal general Hernández fue sustituido por Carlos Granados. Cuando González aseguró a Conde, ese mismo día 30, que ni se estaba estudiando una querella criminal contra él ni estaba planteada la posibilidad de que fuera a la cárcel, el presidente decía la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad… hasta esos momentos. En su reunión con el presidente del Gobierno, Conde no solo consideró como una afrenta intolerable una eventual acción penal en su contra y la entonces remota posibilidad de dar con sus huesos en prisión. El exbanquero manifestó al presidente que él se había comportado exquisitamente con Emilio Botín, presidente del Banco Santander, al no obstaculizar la subasta de adjudicación de Banesto, que había tenido lugar hacía escasamente un mes, el 25 de abril de 1994. El Santander, según dijo, se había embolsado 200.000 millones de beneficio y, en esas condiciones, él deseaba una reparación por la pérdida del valor de sus acciones de Banesto. También esbozó una reivindicación laboral: que se respetara su contrato blindado en Banesto, que su presidente, Alfredo Sáenz, no tenía intención de dar por bueno.

Según el equipo de Sáenz, ese contrato, como el de una veintena de colaboradores de Conde, había sido aprobado por el mismo expresidente. En el caso de Conde no se trataba de pagar tres años de indemnización, o unos 1.500 millones de pesetas, a un ejecutivo de banco. Conde y sus amigos no solo eran ejecutivos de la entidad sino que formaban parte del consejo de administración de Banesto. Fueron ellos quienes aprobaron en consejo los términos de esos contratos.

La entrevista en la Moncloa envalentonó a Conde.

Al día siguiente, 31 de mayo, Conde y varios exconsejeros de Banesto viajaron a San Sebastián para participar en el funeral del padre del destituido consejero delegado Enrique Lasarte. Al salir de la iglesia de Santa María, el expresidente de Banesto saludó a la gente. A Martín Rivas le dijo:

—Martín, ha terminado una etapa. En las próximas semanas voy a salir a los medios de comunicación para explicar lo que ha ocurrido con Banesto.

Rivas miró a Conde perplejo. Le aconsejó:

—Mario, después de la intervención y de lo que está apareciendo en prensa, ¿tú vas a salir a los medios? Lo mejor que puedes hacer es quedarte callado.

El viernes 9 de junio, Manuel Prado «continuaba» el periplo iniciado el 16 de mayo en la Moncloa. Le había dicho a Javier Arenas, el hombre fuerte del Partido Popular en Andalucía, con quien mantenía relaciones amistosas, que necesitaba ver a Aznar. No le ocultó a Arenas el motivo. Le habló del clima de amenazas reinante.

Tres días antes de las elecciones europeas del 12 de junio, Aznar le recibió en su despacho de Génova. Le habló Prado de cartas falsificadas por Javier de la Rosa, de las insinuaciones sobre pagos a partidos políticos, entre los que se hallaba presuntamente el PP, y advirtió del peligro de que los fuegos cruzados alcanzaran a la Zarzuela. El nombre de Conde fue citado.

Aznar consideró entonces que el Gobierno socialista podía estar interesado en extender fuera de sus fronteras las sospechas sobre asuntos turbios, y que en cierto modo la actividad insinuante de personas como Conde y De la Rosa podía ser utilizada para ese fin.

Con todo, cuando Aznar salió triunfante de las elecciones europeas la noche del 12 de junio de 1994 para saludar a sus votantes, se le vio especialmente interesado en defender a la Corona. Esa madrugada, Aznar convocó una rueda de prensa. El principal mensaje que lanzó fue el de administrar «con serenidad» su victoria al «servicio de la Corona, la democracia y España». Prado pensó que el presidente del PP había tomado en serio la conversación de tres días antes.

En la calurosa tarde del 20 de junio, según hemos visto, Conde soltó la liebre de su entrevista con el presidente del Gobierno. Días después, la noticia del encuentro fue comentada en la cadena SER, en el programa del periodista Iñaki Gabilondo. El ministro portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que no tenía constancia de ella.

Conde puso en marcha su plan. Pasaría a la acción informativa. El diario El Mundo publicaba el 27 de junio de 1994 una entrevista con él que ocupó la portada y cinco páginas. La intervención de Banesto, decía, había sido una operación política. Conde, ufano por el hecho de que no había acciones legales contra él, se comparaba con el presidente de la Generalitat: «En el caso de Banca Catalana sí se abrió un proceso penal y Jordi Pujol es hoy una de las personas más influyentes de la política española». Días después, el exbanquero era interrogado ante los micrófonos de Onda Cero por Luis del Olmo. Estaba otra vez en su salsa.

La tercera comparecencia ante los medios debía tener lugar en Antena 3 TV. Pero, según explicó Antonio Asensio a un círculo de amigos, a primeros de julio, durante una reunión de la Fundación de Lucha contra la Droga, tras ver el tono de las dos entrevistas ya concedidas, recomendó a Conde cancelar la que debía hacerle el periodista Manuel Campo Vidal. El pragmatismo de Asensio era comprensible. Banesto, ahora en manos del Banco Santander, seguía siendo un importante accionista de Antena 3 TV.

El 14 de julio 1994, precisamente cuando Conde se hallaba navegando con su familia a bordo de su yate de 41 metros de eslora Alejandra, en aguas del Tirreno, Italia, resucitó la información sobre el encuentro con González en la Moncloa. Según la cadena COPE, Conde había confiado al presidente «sus intenciones de encabezar una operación política que saltaría a la arena pública el próximo otoño». Desde el Alejandra, Conde dio instrucciones a su gente en Madrid para desmentir dicha versión.

«En ningún momento —escribió el exbanquero en un comunicado de dos puntos— Mario Conde ha comunicado al presidente del Gobierno que desee realizar una hipotética entrada en política. Es rotundamente falso, por lo tanto, el contenido de las citadas informaciones sobre la formación de un partido político».

Quedaba claro para todo el mundo que el presidente le había recibido en la Moncloa. Era el mensaje que Conde deseaba dejar grabado. Ahora, podía seguir navegando hacia la costa napolitana. En una semana más, el viernes 22 de julio, llegaría a la isla de Capri.

En cuanto a Felipe González, la entrevista y ciertos informes de que pudo disponer le llevaron a formarse una idea del camino que estaba transitando Mario Conde.

En efecto, aparte de los datos que le transmitió Manuel Prado y Colón de Carvajal el 16 de mayo, en la Moncloa, un hombre de sesenta y ocho años cumplidos, quizá de un metro sesenta y siete, escaso pelo entrecano y piel tostada por el sol, visitó en el mes de junio la planta 11 del paseo de la Castellana número 7. Era el teniente general Emilio Alonso Manglano, director del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Manglano había llamado al presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, para anunciarle que pasaría a verle. Manglano ya conocía el tema de las inversiones del rey, pero quería olisquear con su nariz aguileña qué más podía haber. Sáenz le recibió y le informó de lo que Manglano ya sabía. Manglano le preguntó si eso era todo.

Sáenz le espetó:

—Eso es todo. No hay nada más.

Mario Conde aplazó la presentación de su libro hasta el mes de septiembre. Durante el mes de julio, navegaría con su familia en el viaje de «despedida» del yate Alejandra, cuya venta ya estaba aparentemente cerrada. En el puerto Marina Piccola, en la isla de Capri, el 22 de julio de 1994, el exbanquero corregía las galeradas de El Sistema, mientras su familia gozaba del baño en aguas del mar Tirreno. El paseo por la costa napolitana era el prólogo de las vacaciones habituales en Pollensa, en la isla de Palma de Mallorca.

Mientras Conde se instalaba en Pollensa —en Can Poleta o Casa del Napolitano, la finca que había pertenecido a su suegro, Alejandro Arroyo—, un muchacho apodado Tino, de treinta y seis años, aún seguía en Italia, disfrutando de sus vacaciones. Se trataba del fiscal de la Audiencia Nacional Florentino Orti. Tino era uno de los nueve fiscales de la Audiencia Nacional. El fiscal jefe, José Aranda, le había encargado estudiar los documentos y determinar si existía, o no, materia delictiva para presentar una querella criminal contra Mario Conde y sus antiguos colaboradores.

A mediados de abril, Orti había conocido a Conde. Ese día, el juez Miguel Moreiras, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, había citado al expresidente de Banesto para declarar como inculpado en un asunto de facturas falsas pagadas por el banco. El juez había iniciado las diligencias en octubre de 1993, antes incluso de la intervención del banco. Citó, entre otros, al entonces director general Fernando Garro y prosiguió las averiguaciones sobre dos facturas, de 22,4 millones cada una, pagadas con la autorización y firma de Garro a una sociedad fantasma llamada Publitax Publicidad. Se suponía que Publitax, una empresa que formalmente contrataba publicidad para insertar en coches de alquiler, había realizado para Banesto un extraño informe. La factura rezaba: «Informe sobre las repercusiones de la guerra del Golfo Pérsico en el sector de la construcción e inmobiliario de Madrid y de su área metropolitana».

Orti escuchó ese día 12 de abril algo que más tarde le resultaría familiar. Conde explicó en su declaración que, como presidente de Banesto, nunca descendía a detalles como los de esas facturas. Y Garro, precisamente, había declarado que pagó el dinero siguiendo «órdenes superiores».

Al concluir la declaración, Antonio González Cuéllar y María Victoria Fernández, abogados de Conde, salieron en compañía del fiscal. Conde se quedó un paso atrás pero al observar que sus abogados hablaban con Tino, se aproximó. González Cuéllar había sido fiscal del Tribunal Supremo.

—Antonio, han llegado los documentos enviados por la Fiscalía General... —apuntó Tino.

—Y tú, Tino, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay materia penal? —preguntó González Cuéllar.

—No puedo decirte nada… Los documentos acaban de llegar… Pero ten la seguridad, Antonio, de que solo voy a proponer una acción a la Fiscalía si tengo la certidumbre de que existe materia penal... No lo dudes.

Orti no mentía. Unos días más tarde, hacia el 16 o 17 de abril, González Cuéllar subió al despacho de Orti, en la tercera planta de la Audiencia Nacional. Estaba sepultado por papeles. No habían pasado más que un par de días desde que el fiscal comenzara, el 15 de abril, a echar un vistazo a los documentos que había recibido diez días antes. La Fiscalía General del Estado había acordado por decreto del 25 de marzo de 1994 enviar la documentación a la Audiencia Nacional. Y el 5 de abril llegaron a la tercera planta del edificio de la Audiencia Nacional, en la calle de Génova. Se trataba del acuerdo de intervención de Banesto por el Banco de España, del 28 de diciembre de 1993, el informe de la inspección del banco emisor, del 31 de enero de 1994, y los anexos del mismo.

De modo que ahora tenía otra vez a González Cuéllar frente a sí.

—Tino, ¿has podido ver algo? —indagó el abogado.

—Pero, Antonio, mira lo que hay aquí. Si es que para saber realmente qué hay hará falta estudiarse estos papeles —aclaró el fiscal.

—Ya veo. Pero si quieres alguna aclaración, sabes que puedes contar conmigo —dijo buenamente González Cuéllar, señalando los documentos.

Hasta entonces, la Fiscalía General del Estado había acumulado en su secretaría técnica toda la documentación que había ido llegando en respuesta a sus requerimientos: papeles del Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, Fondo de Garantía de Depósitos, Agencia Tributaria, Comisión Nacional del Mercado de Valores, denuncia ante la Fiscalía de colectivos de banca. La primera entidad denunciante había sido la Federación de Empleados de Bancos y Cajas de Ahorro (FEBA), del sindicato Comisiones Obreras. También había denuncias de particulares que no habían sido aún admitidas a trámite.

La documentación era, pues, voluminosa. Solo el informe de la inspección del Banco de España y sus anexos representaba dos mil folios. La entonces fiscal María Dolores Márquez de Prado recuerda que la documentación comenzó a llegar a la planta tercera ante la vista de todos. Las carpetas comenzaron a enmoquetar el suelo de varios despachos. «A partir de finales de marzo de 1994, cada día llegaban más paquetes de documentos del Banco de España. Era una invasión. Tampoco era fácil ponerse a trabajar con el material».

El fiscal jefe Aranda no recibió ninguna indicación «política» de la Fiscalía General del Estado sobre el caso Banesto. Tampoco cree, como en algún momento pudo parecer, que Eligio Hernández se hubiese quedado cruzado de brazos durante el período que transcurrió entre enero y el 25 de marzo. El 15 de abril, el secretario técnico de la Fiscalía General, José Aparicio, le dijo a Aranda que el fiscal general sugería que fuese la Audiencia Nacional la que estudiase el asunto y decidiera en consecuencia. Ya había denuncias sobre el caso, y, según Aparicio, era menester decidir si se denunciaban las posibles irregularidades de Banesto ante un juzgado, se elegía la fórmula de la querella o simplemente se archivaba el asunto.

Los papeles durmieron una siesta de dos meses y medio en la Fiscalía General. Aparicio y Hernández llegaron a la única conclusión razonable: enviar todos los papeles a la Audiencia Nacional. Pepe Aranda le encargó el estudio de una posible acción penal a Orti y decidió, también, leer por su cuenta algunos documentos.

Por las tardes, desde finales de abril, Tino comenzó a estudiar el informe de la inspección del Banco de España, un documento cuyo cuerpo central sumaba 258 folios. Se encerraba cada tarde, después de la comida, en una habitación de su casa. Fue allí donde tomó las notas y las pasó a un ordenador.

El fiscal se detuvo en el capítulo segundo: «Causas de la actual situación patrimonial y económica de Banesto». Y más exactamente en «Otras actuaciones de los gestores de Banesto». Allí estaba la punta del ovillo. Uno de sus subtítulos era: «Operaciones especiales».

A lo largo de catorce folios, entre las páginas 59 y 72, se describían operaciones precedidas por cinco líneas muy prudentes: «En este epígrafe se describen una serie de operaciones que por sus características hay que considerar como especiales. De estas operaciones se deduce, en general, una cierta permeabilidad entre los patrimonios de las sociedades del grupo Banesto y los patrimonios de sociedades vinculadas a personas que formaban o habían formado parte del anterior consejo de administración de Banesto». Por este, entre otros puntos, el consejo ejecutivo del Banco de España abrió un expediente sancionador contra Conde, diecisiete exconsejeros y cuatro directores generales del banco el 1 de febrero de 1994.

En román paladino, el Banco de España decía que Conde y sus amigos habían realizado en Banesto posibles negocios irregulares.

El 26 de mayo, Tino le pidió una cosa a Aranda:

—Pepe, hay que solicitar al Banco de España el pliego de cargos contra Mario Conde y sus colaboradores.

El fiscal jefe cursó la petición unos días tarde.

Allí se le acusaba de cometer «actos fraudulentos».

Tiempo después de trascender su reunión del 30 de mayo de 1994 con Mario Conde en la Moncloa, Felipe González explicó en privado que le había recibido por sugerencia del rey Juan Carlos. Una persona que lo visitó quiso indagar, en confianza, hasta qué punto la información de que Conde ya disponía entonces, según se suponía en ciertos círculos, podía desestabilizar la situación política española. El presidente del Gobierno contesto:

—No tiene la bomba atómica, pero puede hacer daño…

EL SECRETO DEL REY

Era la mañana del 29 de diciembre de 1993. El día anterior, el Banco Español de Crédito (Banesto) había sido intervenido.

El teléfono de Cándido Fernández sonó.

—Cándido —dijo la voz más fácil de identificar aquel día.

—Hombre, Mario... —suspiró.

—Escúchame bien... Creo que te puedes imaginar por qué te llamo.

—Pues... —pensó—. Sí.

—Tienes que arreglar eso.

—... Sí, pero ¿cómo?

—Eso tiene que desaparecer. Busca a alguien en Madrid.

—Bien.

—Ya te llamaré.

Mario Conde y Cándido Fernández hablaban en clave. Fernández había sido director general adjunto a cargo de instituciones y operaciones especiales —eso de «operaciones especiales» sonaba fatal, pero así se llamaba— durante una época que había entrado en la historia el día de los Santos Inocentes de 1993, es decir, hacía apenas unas horas. Y allí estaba.

Conde se refería a una cuenta de crédito, la número 148677-172, de fecha 26 de mayo de 1992, cuyo origen se remontaba a 1989. Era una cuenta que mantenía el rey Juan Carlos en Banesto. Dicha cuenta tenía, al 29 de diciembre de 1993, un saldo negativo de ciento cincuenta millones de pesetas.

Lo que Conde le estaba diciendo a Fernández era que alguien debía poner la pasta para cancelar la cuenta.

Cándido Fernández interpretó que Conde había hablado esa misma mañana con el rey Juan Carlos, quien había partido hacia Baqueira Beret para pasar unos días de vacaciones. Ciertamente, Conde habló por teléfono con el monarca. Lo que Fernández no conocía eran los términos de esa conversación, pero se los imaginó. El rey, se dijo, le habría manifestado su deseo de no verse envuelto en historia alguna que pudiera arrojar sombra de duda.

Fernández, pues, entró en contacto con una persona cuya familia tenía una relación con el rey para resolver el asunto. Se trataba de Alfonso Fierro Jiménez-Lopera, a quien Fernández conocía desde hacía años. En noviembre de 1992, Fernández, Mario Conde y Alfonso Fierro habían almorzado juntos en el comedor de Banesto, en la planta 12 de la sede de Castellana número 7, ocasión en la que Conde entregó a Fierro una copia del informe elaborado por el equipo de J. P. Morgan sobre el banco. Fierro había adquirido unas cuarenta mil acciones en 1992, pero se le intentaba atraer para convertirse en un accionista más importante. Y eso tuvo lugar en febrero de 1993, cuando la familia Fierro compró acciones en la macro ampliación de capital de Banesto. En el otoño de 1993, Fernández organizó una comida entre el financiero y Enrique Lasarte, consejero delegado de Banesto. Los Fierro se desprendieron finalmente de su participación (0,37 por ciento del capital) de Banesto antes de la intervención.

El caso es que el 29 de diciembre de 1993, Fernández y Fierro hablaron de la cuenta de crédito del rey.

Fernández le explicó que existía el deseo de cancelar la cuenta en Banesto, dada la situación creada con la intervención, y reducir a cero la posibilidad de que hubiera algún malentendido. La idea era sustituir un crédito por otro. El Sindibank, en el que la familia Fierro tenía participación, podía conceder el crédito para así cancelar la cuenta en Banesto. Fierro era presidente ejecutivo del Sindibank.

Fierro ofreció su colaboración inmediatamente. Él y Fernández quedaron en volver a hablarse por la noche. Fierro deseaba comentar el asunto con el rey y esperaba comunicar con él en Baqueira Beret esa misma noche. A eso de la una de la madrugada del día 30 de diciembre, sonaba el teléfono en el piso 1, octava planta, de la madrileña calle de Núñez de Balboa número 83. Era el domicilio de Cándido Fernández.

—Cándido, soy Alfonso, perdona, ya es muy tarde —dijo.

—No, no es nada. Si estaba esperando que llamaras —respondió Fernández—. ¿Cómo ha ido? —preguntó, ansioso.

—Muy bien, está todo hablado. Le ha parecido muy bien. Así que mañana lo pongo en marcha y lo arreglamos para ingresar el dinero.

Quedaron al día siguiente en Banesto.

Alfonso Fierro abrió una cuenta de crédito a nombre del rey en el Sindibank, para sustituir la de Banesto, y preparó un talón que sería ingresado en la sucursal de la Castellana. De modo que el 30 de diciembre de 1993, la cuenta de crédito 148677-172 quedó cancelada en Banesto.

Conde llamó a Cándido Fernández.

—Cándido, soy Mario. ¿Cómo estás?

—Hola, Mario. Bueno, está arreglado. Se ha cancelado.

—Ah sí, eh... Y... ¿con quién se ha hecho?

—Pues ha sido con Alfonso Fierro. Ya está.

—¿Qué pasa, Mario? —insistió Fernández ante el silencio. Le pareció que no había nadie al otro lado de la línea. Insistió—. Hola, Mario, ¿estás ahí?

—Sí.

—¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te parece bien?

—No, no. Está bien... —dijo Conde.

Fueron días de gran curiosidad.

Enrique Lasarte estaba asimismo intrigado por el tema. Se le había preguntado, también, por las famosas pólizas. Llamó a Fernández.

—Oye, ¿aquel tema está solucionado?

—Sí, Enrique, ¿no lo sabes?

—No, ¿cómo ha sido?

—Se lo he dicho a Mario, que me llamó para preguntar.

—Pero no me lo has dicho a mí.

El origen de la cuenta de crédito 148677-172 cancelada a 30 de diciembre de 1993 se remontaba a finales de 1988 o primeros meses de 1989. En aquellas fechas, el presidente de Asturiana del Zinc (ASZA), Francisco Javier Sitges, sugirió al rey que debía hacer una inversión en acciones de la compañía.

La relación entre ambos tiene una historia familiar que se remonta a la fundación de la citada empresa, cuyo primer nombre fue Real Compañía Asturiana de Minas. Alfonso XIII, abuelo del rey Juan Carlos, mantenía una estrecha amistad con el marqués de Villaviciosa de Asturias, Pedro Pidal, cuando la familia de este se unió a un grupo de capitales belgas para instalar en España una compañía minera. El marqués y el rey solían cazar osos y corzos en la región. Y el rey le nombró Montero Mayor. En las tierras que pertenecían a la Real Compañía se construyó un refugio y se organizaban cacerías. Alfonso XIII, pues, autorizó la utilización del nombre «real» para encabezar la marca de la compañía. Un hombre contaba con el respaldo del marqués de Villaviciosa de Asturias. Era abuelo de Francisco Sitges, y ocupó puestos ejecutivos en la Real Compañía. Más tarde, el padre de Sitges siguió su camino, llegó a ser presidente de la empresa y cultivó su relación con don Juan de Borbón, padre del rey. La llegada de Paco Sitges a la presidencia de ASZA fue, pues, una continuidad de la tradición familiar. Y lo fue, también, su relación con don Juan Carlos.

De modo que al rey le pareció bien la idea de Paco Sitges. En aquel año de 1989, Asturiana del Zinc todavía ganaba dinero. Sus beneficios ascendían a 10.600 millones de pesetas. El rey, pues, le proporcionó su NIF y Sitges se ocupó de gestionar la apertura de una cuenta de crédito, la número 8317-172, renovable cada seis meses, en la sucursal de Banesto en Castellana, número 7. Había un cierto abandono y lío en la manera de operar con la citada cuenta. Porque si bien estaba a nombre de Sitges, algunas operaciones de hicieron con el NIF del rey.

El 28 de noviembre de 1991, Sitges envió a Banesto toda la documentación acumulada para que se pusiera orden y alguien se ocupara del seguimiento de la cuenta. En adelante, estaría a nombre del rey. El 20 de mayo de 1992, la cuenta de crédito se canceló con un saldo negativo de cuatro millones más un millón de intereses, y se preparó una nueva póliza. El interventor del banco, Pedro Insauriaga, que reportaba al consejero delegado, Juan Belloso, se ocupó de la tramitación. La cuenta de crédito tendría un límite de doscientos cincuenta millones de pesetas y su número sería el 148677-172. Belloso cogió la copia del NIF del rey y la guardó en su caja fuerte. Dio orden para mantener a buen recaudo el original de la póliza firmada por el rey.

Sitges propuso al rey que invirtiese una gran parte del dinero en acciones de Asturiana del Zinc, porque, según vaticinaba, se aproximaba un nuevo ciclo alcista de precios. El rey le dio autorización escrita a Sitges para disponer de dos cheques contra la citada cuenta de crédito por valor de 175 millones y de 31,05 millones, el 27 de mayo y el 3 de agosto de 1992, respectivamente. También contó Sitges con la autorización expresa del rey para solicitar a la firma de valores Benito y Monjardín SVB que adquiriese los títulos. Esa compra fue hecha con los datos personales del rey, que debieron, como exige la normativa, ser informados a la Bolsa.

Sitges se equivocó en su previsión. Lo que pasó después es que las acciones de Asturiana del Zinc sufrieron pérdidas superiores al 60 por ciento, como resultado del ciclo bajista del metal en el mercado internacional. A finales de 1992, como es habitual, Banesto proporcionó a los administradores del rey Juan Carlos el estadillo para hacer su declaración de Hacienda. Los contables de la Zarzuela, pues, reflejaron las pérdidas.

La operación montada con esta cuenta el 29 y 30 de diciembre de 1993 fue estética. Todo era normal en esta cuenta. Había sido abierta el 26 de mayo de 1992, al cancelarse la cuenta de crédito anterior. Su nuevo vencimiento era de seis meses y se renovó con normalidad. El original de la póliza, y la copia, estaban en el banco y el cliente, esto es, el rey, poseía a su vez su ejemplar correspondiente. Y venía, según se ha apuntado, acumulando un saldo negativo como resultado de las pérdidas en las compras de títulos de Asturiana del Zinc en 1992.

Pero a esta vieja cuenta se había sumado otra.

En los primeros meses de 1993, entre el 12 de enero y el 11 de febrero, Banesto había emitido 6,5 millones de acciones por un valor de 4.607 millones de pesetas nominales. En aquellos días, se hicieron dos operaciones con cargo a una nueva cuenta de crédito del rey que aún no estaba formalizada. La primera fue la compra de derechos por valor de 132,6 millones de pesetas, correspondientes a la ampliación de capital de Banesto de febrero, y en segundo lugar, la adquisición de acciones por setenta millones de pesetas. En total: 202,6 millones de pesetas.

En el mes de abril de 1993, Enrique Lasarte llamó a Cándido Fernández.

—Cándido, necesito que me estudies cómo está la póliza del rey —dijo Lasarte—. Me da la impresión de que hay cierto desorden. Te lo miras y me haces una propuesta.

Fernández habló con aquellos ejecutivos que conocían los antecedentes de la primera póliza. Uno de ellos era el anterior director general, a cargo del área financiera, Carlos Cuervo-Arango. También habló con el director general de banca comercial, José María Olarreaga, para cerciorarse de las últimas operaciones para la proyectada nueva póliza. Y con el director general operativo, Álvaro Echániz.

El 21 de abril de 1993 se abrió, pues, la segunda cuenta, la número 148963-172, límite de doscientos cincuenta millones de pesetas, que antes de abrirse ya contaba con los movimientos de compra de derechos y acciones de Banesto.

A diferencia de la primera cuenta de crédito, vigente entonces (la que sirvió para invertir doscientos millones de pesetas en títulos de Asturiana del Zinc), la nueva póliza no estaba firmada. Tampoco se le había enviado a su presunto titular una copia de la misma. Y a diferencia de aquella primera, en la que Sitges tenía autorización tanto para retirar el dinero como para solicitar a la casa de Bolsa la compra de los títulos, las operaciones de primeros de 1993 carecían de cualquier autorización.

En resumen, había dos pólizas. Una firmada y otra sin firmar.

La segunda, la nueva póliza, de fecha 21 de abril, no estaba aún firmada por el presunto titular. La primera estaba en regla, la segunda no. Se operaba en esta segunda con el NIF del rey que ya obraba en el banco, aportado como estaba para la primera cuenta de crédito vigente.

En el mes de mayo, todos los derechos y acciones adquiridos con cargo a la segunda cuenta de crédito (148963-172), que habían costado 202,6 millones, fueron vendidos por 227 millones, con una plusvalía de 25 millones de pesetas. En octubre de 1993 se adquirieron con cargo a esta cuenta 487 millones de pesetas en títulos de la eléctrica Fecsa y se vendieron, días más tarde, en 518 millones; lo mismo ocurrió con compras de títulos de Banesto, en octubre de 1993. Se adquirieron acciones por 839 millones de pesetas y se vendieron días después por valor de 883 millones. En total, el movimiento de compras ascendió a 1.528 millones, y el de ventas a 1.628 millones. El beneficio: 100 millones de pesetas menos tres millones de gastos de corretaje. La plusvalía neta de las operaciones en la segunda cuenta ascendía, por tanto, a 97 millones de pesetas.

Fernández, siguiendo las instrucciones de Lasarte, estudió la situación. Había dos pólizas de doscientos cincuenta millones de pesetas cada una. Y las dos estaban ahora pendientes de firma. La primera, la más antigua, debía renovarse el 21 de noviembre de 1993, y la segunda, aquella abierta el 21 de abril, el 21 de octubre aún no se había firmado. Fernández integró el movimiento total de las dos cuentas y propuso, pues, la unificación.

El 29 de noviembre de 1993, un mes antes de la intervención del banco, Mario Conde llamó a Fernández y le anunció que cenaría esa noche en el palacio de la Zarzuela a solas con el rey, y que pensaba llevarle las pólizas. Pero se sentía mal a causa de un dolor de muelas, tenía que ir al dentista esa misma tarde y ya no le daría tiempo a regresar al banco. Le pidió que recogiera las pólizas y fuera a reunirse con él a su casa para explicarle la situación.

Fernández se fue del banco con las dos pólizas a la calle de Triana. Conde le recibió y le invitó a pasar al despacho que está inmediatamente a la derecha, según se entra al chalé.

Cándido Fernández le explicó la situación de la póliza antigua, cuya renovación estaba prevista para el 21 de noviembre. Y narró los movimientos de compras y ventas que habían tenido lugar con cargo a la nueva, que, desde su apertura, el 21 de abril, aún estaba pendiente de firma. Precisamente, esta proponía Fernández ponerla a nombre de las iniciales del rey, con la puntualización de que se trataba de una sociedad comercial sin registrar. El NIF, desde luego, era el del rey.

Conde memorizó durante un rato las principales cifras. Se las repitió a Fernández. Se sabía el tema pasablemente.

Al día siguiente, Conde llamó a su director general adjunto:

—Cándido, hola.

—Hola, Mario. ¿Cómo te fue anoche?

—Estupendo, Cándido. Todo está arreglado. Ha firmado las dos pólizas y está de acuerdo con la unificación. Puedes venir a recogerlas.

Fernández subió al despacho del presidente.

—Mira, Cándido, aquí las tienes. Hemos acordado seguir haciendo unas plusvalías sin determinar y que cada fin de año, a efectos fiscales, el endeudamiento no supere los doscientos millones —dijo.

Cándido Fernández escribió lo que le decía en una nota el mismo día, el 30 de noviembre de 1993. Exactamente lo que le había dicho. Abajo de la nota, anotó: «P.D. Unas plusvalías sin determinar y que a fin de año el endeudamiento, a efectos fiscales, no supere los doscientos millones».

Esta segunda póliza, de la que aparentemente no se tenía ninguna noticia, sería la de mayor preocupación para el beneficiario, el rey. Una vez liquidados los ciento cincuenta millones de la cuenta de crédito más antigua, los contables del rey fueron informados de que, en otra cuenta, de la que no tenían ninguna noticia, había un saldo positivo de 97 millones.

Después de la intervención, Emilio Ybarra, presidente del Banco Bilbao Vizcaya, fue consultado sobre este asunto y recomendó a Alfredo Sáenz que lo mirase. Banesto, por otra parte, al preparar el estadillo que se envía todos los años a los clientes para la declaración de la renta, remitió a la Zarzuela el resumen de la cuenta.

Ninguno de los movimientos de compraventa de valores tenía autorización, y los administradores del rey carecían de la correspondencia que el banco suele enviar a sus clientes. Un conocido abogado, por encargo de la Zarzuela, tomó contacto con Sáenz y le visitó un par de veces. La Zarzuela manifestaba desconocer totalmente los movimientos de compras y ventas de valores. Ni el rey ni sus administradores habían dado orden de compra o venta de acciones. Por tanto, decían, se trataba de un error del banco.

Una tarde de marzo de 1994, Sáenz llegó con retraso a su despacho. Uno de sus colaboradores le saludó y le preguntó, rutinariamente, cómo estaba.

—Vengo de Zeta, y no te imaginas las cosas que he tenido que oír —dijo Sáenz, con su tono habitual de franqueza.

—Qué pasa en el Grupo Zeta.

—Del Grupo Zeta no, de Zarzuela.

—No me lo cuentes.

—No pienso hacerlo.

Unos días después, el 4 de abril de 1994, Cándido Fernández fue llamado al despacho del presidente, a la planta número 11 del paseo de la Castellana.

Sáenz no estaba solo. El abogado encargado por la Zarzuela para verificar el asunto le acompañaba. Sáenz les preguntó si se conocían y les presentó.

—Mira, Cándido —se aproximó al tema Sáenz—. Quería preguntarte por un asunto delicado... Puedes hablar.

—Hombre, Alfredo, no te preocupes —le calmó, sabiendo de qué hablaba—. Está todo arreglado. La póliza de la cuenta de crédito concedida del rey. Ya se ha saldado. Y ya no es un tema de esta casa.

Fernández estaba hablando de la primera póliza. Y el abogado estaba interesado en la segunda.

—¿Qué quiere decir que está todo arreglado? —preguntó el abogado.

—Que no hay de qué preocuparse —insistió Fernández.

—¿Y dónde está la póliza? —indagó el abogado.

—Pues, en mi casa —dijo Fernández—. Tengo la documentación en mi casa.

—¿Pero cómo es que la tienes tú en casa?

—Sí, hombre —dijo Fernández—. Es un asunto delicado como para tener los papeles aquí. Pero los puedo traer ahora mismo...

Quedaron en ello.

Cándido Fernández se fue a su casa y regresó con los documentos. Se los entregó a Alfredo Sáenz. Eran dos copias de la segunda póliza, aquella que fue firmada por el rey, según la versión que Conde le había dado a Fernández, la noche del 29 de noviembre de 1993 en el palacio de la Zarzuela.

Pero el original de esa póliza no estaba.

Fernández tenía las dos copias. El cliente, por tanto, no podía tener su ejemplar. Y el original no aparecía. Ni Fernández ni Lasarte lo tenían.

Sáenz informó a Cándido Fernández de que todas las operaciones realizadas en el marco de la segunda póliza de doscientos cincuenta millones de pesetas no eran reconocidas por los administradores del rey. Por tanto, se quedó en dejar constancia documental de los hechos. La Casa del Rey envió una carta, en membrete oficial con su símbolo. Nunca se dieron instrucciones para realizar las citadas compras y ventas de acciones, decía.

Por tanto, había que deshacer operación por operación mediante los correspondientes asientos contables. Al mismo tiempo, como presidente de Banesto, Sáenz escribiría una carta a la Zarzuela admitiendo que, tal como sostenía el cliente, el banco había cometido sucesivos errores. Así lo hizo. La carta puntualizaba, en detalle, todos aquellos puntos en los que el banco se había equivocado.

Cándido Fernández se puso a ello. Con la ayuda de un ejecutivo del banco, realizó los apuntes contables, y allí donde decía Diego puso Digo. Una por una deshizo las compras y las ventas. Al hacerlo surgió un nuevo saldo. Se lo comunicó a Sáenz, quien le dijo que lo dejara en sus manos.

La cuenta de crédito fue cancelada.

¿Y el original de la póliza 148963-172?

Missing.

UN TIRO POR LA CULATA...

DE SEISCIENTOS MILLONES

Maestro de la ambigüedad calculada, del mismo modo que dejó hacer cuando Martín Rivas le dijo que cantaría la gallina sobre el asunto de los trescientos millones, lo que implicaba traer al primer plano de la actualidad al expresidente Adolfo Suárez, el exbanquero inició su «contraofensiva» el 27 de junio de 1994 con su entrevista en El Mundo, esta vez con referencias veladas al PSOE.

Entre los mensajes intrigantes que Conde lanzaba en privado a primeros de abril, y a finales de junio, en público, estaba el pago de seiscientos millones de pesetas a la sociedad Argentia Trust, domiciliada en Saint Vincent, Antillas Holandesas. Esta información, que varios periódicos habían publicado en la primera semana de abril, sin identificar al presunto beneficiario, subió de tono cuando El Mundo informó el 9 de abril de 1994, en una nueva versión de los hechos, que «Banesto pagó seiscientos millones a [Antonio] Navalón para que gestionara las exenciones fiscales ante el Gobierno».

El juez Miguel Moreiras, que ya instruía diligencias por una denuncia por facturas falsas de Banesto, amplió su investigación a lo que en adelante se llamaría el caso Argentia Trust y citó a declarar a Navalón para el 30 de septiembre de 1994. ¿A seis meses vista? Moreiras no tenía prisa. Era su estilo de trabajo. Pero, además, si finalmente, como se podía suponer, la Fiscalía presentaba una querella contra Conde, sería su juzgado, que ya instruía causas sobre Banesto, el que la podía atraer por antecedentes. A petición de su letrado, José Manuel Gómez Benítez, el juez anticipó la declaración de Navalón, en calidad de inculpado, para el 20 de julio de 1994.

La entrevista del 27 de junio buscaba desmentir la impresión reinante de que el expresidente de Banesto había operado con sociedades tapadera, como era el caso de Kaneko Holding, sociedad suiza a través de la cual Conde habría blanqueado dinero aparcado fuera de España, ingresándolo en su empresa patrimonial española Asebur Inversiones. Y también quería agitar el ruedo político con el pago a Argentia Trust.

Conde recibió el borrador de la entrevista para introducir las correcciones que considerase necesarias. La leyó delante de las dos personas que habían estado presentes en su casa de la madrileña calle de Triana, los exconsejeros Enrique Lasarte y Rafael Pérez Escolar. Conde hizo algunas correcciones y dejó tal cual estaba el siguiente diálogo:

—¿Tiene usted alguna participación directa o indirecta en la sociedad Kaneko?

—Ni directa ni indirecta ni de ningún tipo.

—¿Pagó Banesto por un trabajo de asesoramiento seiscientos millones a una empresa ligada a Antonio Navalón?

—Banesto pagó seiscientos millones a una sociedad pero no puedo decir si esa sociedad tiene alguna relación con Navalón.

—¿Por qué pagó Banesto esa cantidad de dinero?

—Había que vencer el clima político creado por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, contrario a la concesión de exenciones fiscales solicitadas [en 1989] para crear la Corporación Industrial. Eso es todo.

—¿Quiere decir que las personas de esa sociedad hicieron gestiones ante Solchaga o ante el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para conseguir las exenciones?

—No puedo saberlo. El expediente que presentamos ante el Ministerio de Economía y Hacienda no avanzaba. Las noticias que yo tenía eran que el ministerio no tenía voluntad política de conceder las exenciones. Si el problema era político y no técnico, lo razonable era que Banesto utilizara los medios para que esa voluntad política se convirtiera en algo más razonable. Si no hubiera tenido lugar esa voluntad política contraria a darnos las concesiones, no hubiéramos tenido que contratar a nadie.

Pérez Escolar veía, como abogado, una pega relevante.

—Mario, creo que este asunto de las exenciones te lleva directo ante el juez Moreiras —dijo, vehemente—. Yo lo quitaría —aconsejó.

Pero Conde no le hizo caso y dejó su respuesta según constaba en el borrador. Él tenía en cuenta el contexto político. El exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, acababa de darse a la fuga de España y el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, había sido detenido por la policía junto con el financiero Manuel de la Concha. Un cliente de este último, el ministro de Agricultura, Vicente Albero, había presentado su dimisión y tanto Carlos Solchaga, presidente del grupo parlamentario socialista, como el diputado y exministro del Interior, José Luis Corcuera, habían renunciado a sus escaños. Era un excelente momento para «vender» la mercancía de los pagos espurios. El hedor de la corrupción se hallaba hasta en la sopa.

De modo que las declaraciones de Conde preparaban el terreno a menos de un mes de la citación de Navalón. En aquellas fechas se hablaba de una factura y de un pago, pero en el juzgado central de instrucción número 3 no había documento alguno.

El día 5 de julio de 1994 obtuve dos documentos. Uno era la fotocopia del original de la factura emitida por Argentia Trust a Banesto Industrial Investment (BII), isla de Gran Caimán, con fecha 11 de julio de 1990. El otro era fotocopia de la misma factura pero con las siguientes palabras escritas a máquina: «Aprobado en Comisión Ejecutiva 10-7-90». Debajo aparecía un sello sin firma: CONSEJERO DELEGADO, y a continuación, a máquina, «Proceder a su pago». El concepto: «Por trabajos realizados de carácter jurídico, financiero y de marketing, con objeto de estudiar la aceptación por los mercados internacionales de una colocación privada de acciones de la Corporación Industrial y Financiera les facturamos: Ptas. 600.000.000.-».

¿Por qué razón dos facturas idénticas con la misma fecha? ¿Por qué no se había puesto el sello de consejero delegado sin firma alguna en una única factura? Era un montaje chapucero.

Conde acababa de declarar en la entrevista periodística que había realizado el pago por gestiones «para vencer el clima político contrario a la concesión de las exenciones fiscales». Por tanto, si se le tomaba la palabra había dado orden de emitir una factura manifiestamente falsa. Porque en ella se abonaban «trabajos» relacionados con otro concepto: «una colocación privada de acciones». En la edición del 6 de julio de El País, publiqué la información, dando cuenta de que se habían pagado seiscientos millones por trabajos «inexistentes», habida cuenta de que el propio expresidente de Banesto acababa de dar las exenciones fiscales como la razón del pago. A partir de esta información, quedaba revelado que se había pagado a través del European Banking Corporation, de Zurich, Suiza. La cuenta de Argentia era la 225 y la firma que autorizaba el pago era la de Javier Abad, responsable del área corporativa e internacional de Banesto. Por Argentia, firmaba, de manera ilegible, Johan George Reuchlin, de nacionalidad holandesa, apoderado de la sociedad.

El 20 de julio de 1994, Navalón negó cualquier vinculación con Argentia Trust.

—No he tenido ninguna relación con esta empresa —dijo—. Me enteré de su existencia y de mi presunta participación por la prensa.

El exasesor de Conde explicó que había colaborado en buscar accionistas potenciales para una colocación privada de acciones de la Corporación Industrial Banesto, cuya salida a Bolsa había sido frustrada por la crisis derivada de la guerra del Golfo de agosto de 1990. Por ello se había ideado, según Navalón, una colocación privada. Que tampoco había salido.

Era un cuadro surrealista. Conde decía que había pagado por gestiones relacionadas con las exenciones solicitadas una factura que mencionaba trabajos para hacer una colocación privada de acciones. Y Navalón hacía bueno el concepto por el cual se habían pagado los seiscientos millones a Argentia Trust —los «trabajos» para la colocación privada— pero he aquí que no tenía nada que ver, según sostenía, con la sociedad que había cobrado.

Nada más terminar la declaración de Navalón, el juez Moreiras bramó:

—Hay que citar inmediatamente al señor Conde. Que venga a declarar y a continuación se hará un careo...

El juez dio orden para que Conde, que estaba navegando por las costas del mar Tirreno, en Italia, a bordo su yate Alejandra, compareciera el 27 de julio de 1994. Entregó la citación a Navalón para el mismo día. Pero Antonio González Cuéllar, abogado de Conde, consiguió aplazar la declaración hasta el 18 de octubre.

El 4 de octubre de 1994, el periodista Fernando Jauregui me invitó a participar en un programa de debate con otros periodistas y Mario Conde en la cadena Tele 5. Había obtenido yo una copia del acta de la comisión ejecutiva de Banesto correspondiente al 10 de julio de 1990 donde, según la factura ya publicada, constaba que había sido aprobada en dicha reunión. Allí no venía nada de nada. Ni de la factura. Ni del pago. Ni de trabajos para una colocación privada. Ni de exenciones fiscales de la Corporación.

Conde sostuvo en el programa de Tele 5 que la comisión ejecutiva del 10 de julio de 1994 había aprobado el pago de seiscientos millones. En ese momento, saqué la fotocopia del acta completa de dicha reunión y le sugerí a Jáuregui, coordinador del debate, que la cámara enfocara el documento. Levanté el acta y se la tendí a Conde, al tiempo que le animé a encontrar la autorización del pago a la que se acaba de referir. Debió de pasar por un momento de irrealidad, como si siguiese siendo el presidente de Banesto, porque dijo:

—Lo grave es que usted tenga esa acta, porque se trata de la Comisión Ejecutiva de Banesto y se supone que es confidencial.

Conde, como era su costumbre, llevaba gomina y, por tanto, no se desmelenó. Pero en cierto momento comenzó a abrocharse nerviosamente los gemelos de su mano izquierda sin atinar a hacerlo, pendiente siempre de la cámara y, por tanto, sin darse cuenta de por qué le costaba anudar la cadena. Se había roto.

El 18 de octubre de 1994, el juez Moreiras preguntó a Conde:

—¿Tuvieron que entregar alguna cantidad a cualquier funcionario o alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda, o cualquier institución administrativa o miembros de partidos políticos para conseguir las exenciones fiscales?

—Señoría, rotundamente no —dijo Conde—. En lo que yo sé y en lo que de mí dependía, no.

—¿No contradice esta respuesta lo que ha manifestado a los medios de comunicación? —dijo el juez.

—Yo creo, señoría, que se debe a una simplificación periodística decir o publicar que los seiscientos millones fueron pagados para conseguir las exenciones fiscales, en tanto se induzca a pensar que fueron pagos espurios —respondió Conde.

El «inductor», precisamente, no era otro que Mario Conde.

¿Cómo había funcionado la cadena de mando en Banesto para realizar ese pago? Javier Abad, director general de Internacional, informa a Juan Belloso, consejero y miembro de la comisión ejecutiva del banco, a pocos días, el 29 de junio, de ser nombrado consejero delegado con mayúscula, que a raíz de una diferencia de cambio en una operación crediticia de la sociedad instrumental del banco llamada Banesto Industrial Investment (BII), con sede en las islas Gran Caiman, ha surgido un beneficio atípico. Se podía dejar en la instrumental o pagar a la matriz, Banesto, como dividendos. Aunque en realidad eran 264 millones reales, la «creatividad» del equipo gestor elevaba ese beneficio atípico a 712 millones. Belloso consulta con Conde. Apenas ve las cifras, para el presidente es aquí te pillo, aquí te mato.

—Juan, no des ese beneficio, porque tengo que hacer unos pagos de la Corporación, y mejor no, porque así no damos un beneficio y luego una pérdida al mes siguiente.

—Muy bien, habla con Javier y dile qué pagos tiene que hacer.

Pasan algunos días. Conde llama a Abad por teléfono interno.

—Javier, te llegará una factura —dice Conde—. Es un pago de seiscientos millones relacionados con la Corporación Industrial con cargo a Banesto Industrial Investment.

Conde llama entonces a Diego Selva, socio y colaborador de Antonio Navalón y le solicita que le presente un proyecto de factura. El borrador no es lo suficientemente preciso, arguye Conde al leer el boceto. Hay que dar más detalles sobre los presuntos trabajos. Al cabo de unos días, llama a Selva y le entrega el texto para que a su vez se envíe desde Zurich. Tan deliberadamente genérico era el nuevo texto que por no precisar ni ponía el nombre completo de la Corporación. Decía «Corporación Industrial y Financiera». Banesto no aparecía.

El 26 de julio de 1990, por fin, la factura llega por fax desde Zurich a las 18:08 horas a la octava planta del paseo de la Castellana, número 7, sede de los ejecutivos de la Corporación Industrial. El director general, Andoni Eizmendi, no está. Tampoco el consejero delegado, Arturo Romaní. La secretaria de Eizmendi le localiza en su domicilio de Fuenterrabía, Guipúzcoa, y le envía el fax con la factura a las 20:00 horas. Eizmendi localiza a Romaní, quien le pide que su secretaria le entregue el fax a la suya. Nadie le consultará más sobre este pago.

Abad, pues, recibe el fax en los últimos días de julio por correo interno del banco y dado que el último con quien ha hablado del asunto es Mario Conde supone que es el presidente quién se lo ha enviado. El departamento de Internacional redacta una nota, añade la factura, y la pasa a la dirección central de extranjero, que la paga con valor 7 de agosto de 1990.

Mario Conde, pues, con independencia de quiénes fueran los beneficiarios de Argentia Trust, había urdido una trama a través de la cual se habían evaporado seiscientos millones de pesetas en claro perjuicio de Banesto. Aun cuando no se pudiera probar que se había quedado con el dinero, o en el caso de que el dinero, simplemente, no hubiera ido a sus bolsillos, toda su conducta constituía una conspiración desleal contra el patrimonio de la entidad, al disponer de los fondos sin una explicación coherente, y, a posteriori, con argumentos tan contradictorios que desafiaban el sentido común. Había traicionado en el ejercicio de sus amplios poderes la confianza que se había depositado en él.

S.O.S.

El 24 de febrero de 1994, tras las negociaciones entre socialistas, representados por Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz del Partido Popular, Rodrigo Rato, se forma en el Congreso de los Diputados la comisión de seguimiento de la intervención de Banesto.

El presidente del banco, Alfredo Sáenz, había creado, después del verano, un grupo de trabajo constituido por auditores y abogados que recopilaba datos, procesaba información y enviaba los hallazgos sobre operaciones presuntamente irregulares a la asesoría jurídica del Banco de España, la que a su vez los trasladaba a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El 21 de octubre de 1994, Sáenz comparecía en la última sesión, aquella que cerraba los trabajos de la comisión parlamentaria.

Primero, debía explicar la situación de quiebra del banco a la fecha de la intervención, el 28 de diciembre de 1993; segundo, las presuntas irregularidades de la gestión de Conde y sus amigos. Solo después de pasarse casi once meses en Banesto era posible, si se deseaba, pintar un fresco realista de la situación.

Ataviado de traje azul oscuro, camisa celeste, corbata con trabilla de oro, Sáenz adoptó, pasadas las diez de la mañana, la precisión de un motor recientemente puesto a punto. Saénz ocupaba la cabecera de una sala rectangular en el nuevo edificio de la madrileña calle de Cedaceros.

—El primer punto es que el 28 de diciembre de 1993, el banco estaba, técnica y financieramente, en quiebra —arrancó, como para que se fueran haciendo una idea sobre lo que vendría—. Y este es un primer punto absolutamente incuestionable, que no es ambiguo, que no está en una zona de duda, que no responde a juicios subjetivos ni a ninguna valoración personal... Los 605.000 millones no son elásticos, como alguna opinión tendenciosa ha querido dar a entender —remachó.

Aunque la respuesta técnica sobre la situación del banco no fue lo que más preocupó a Mario Conde de la declaración, igualmente le resultó insoportable. Sáenz evocó la «fuerte expansión de crédito entre los años 1988 y 1991, aproximadamente» en Banesto. «Es una lección conocida —de primero de bachiller bancario— que expansiones fuertes cuando los demás bancos están extremando su prudencia y se están deshaciendo de los créditos más arriesgados, en una situación económica que está en recesión, lo que produce es que a los bancos más agresivos les cae todo lo malo», dijo. Y, en términos relativos, en comparación con otros bancos, erigió esta lápida en la política bancaria de Conde: «Si a finales de 1993 la media de morosidad de la banca era del 7 por ciento, la morosidad de Banesto era del 45 por ciento. Por tanto, no es necesario decir que la culpa de la morosidad la ha tenido la coyuntura económica. Esta no es el ungüento amarillo que justifica cualquier cantidad de morosidad».

El diagnóstico era, pues, el siguiente: «Banesto se va encontrando poco a poco con un activo que contiene un alto porcentaje de activos improductivos, un alto porcentaje de activos de baja rentabilidad, un alto porcentaje de créditos en mora o dudosos, con una cartera de participaciones mala que le renta poco y, además, con un pasivo encarecido. Además se mete en un programa de gastos muy elevado, contrata mucho personal, paga muy bien… y todo ello lleva en definitiva a un deterioro del margen muy fuerte, margen que se demuestra insuficiente para hacer frente a las necesidades de saneamiento». Esas necesidades ascendían a los 605.000 millones de pesetas (3.781 millones de euros) definidos tras la intervención del banco.

Sáenz recordó cómo se llegó a la estimación del déficit:

«Yo les puedo decir… —subrayó, empleando un tono de compromiso personal—. Se han analizado uno por uno los créditos del grupo Banesto de más de 25 millones de pesetas, y estos fueron 4.000 y pico. Se han estudiado uno por uno el 60 por ciento de los casos que estaban en dudosos, que eran unos 128.000 millones, sobre 225.000 millones de pesetas. Se ha estudiado el 40 por ciento de los que se llama los vencidos fuera de normas, que son unos 50.000 millones, sobre 120.000 millones, uno por uno… Se estudiaron el 100 por ciento de los créditos que tenían alguna señal de alerta, con independencia de su cuantía, hasta los de 300.000 pesetas, uno por uno —se dio un respiro—. Y así se dedujo la necesidad de saneamiento de 605.000 millones, de acuerdo con las normas… lo que yo llamo las reglas del juego» —movió la cabeza, como diciendo «qué se le va a hacer».

En el rostro de Sáenz no asomaba un atisbo de sonrisa.

—Si estamos jugando al fútbol, no se puede llevar el balón con la mano; hay que llevarlo con el pie, hay que jugar con las reglas. Y las reglas son las reglas —dijo con aire bíblico y acento vasco—. La contabilidad tiene unas reglas, aunque no sea una ciencia exacta. Por tanto, querer jugar el partido con otras reglas, no vale —dijo y dio un ejemplo—. Es que yo ganaría cinco a cero si me dejasen llevar el balón debajo del brazo desde la defensa hasta la portería contraria. Claro, o 25 a cero… Pero no estamos hablando de ese juego. Estamos hablando del juego de la contabilidad bancaria y de las normas contables…

Sáenz no pudo dejar de ser fiel a lo que el gobernador Luis Ángel Rojo solía por aquellos días llamar el «lenguaje futbolero de Alfredo Sáenz».

Recordó los platos rotos y quiénes estaban pagando la factura de la gran fiesta durante el mandato de Conde. El agujero o dinero que fue necesario cubrir alcanzó los 605.000 millones. Banesto tenía como capital y reservas 357.000 millones. La quiebra, por tanto, salía de una resta: 605.000 menos 357.000 millones. Es decir: 248.000 millones.

La cuenta de 605.000 millones tuvo, pues, que ser pagada por los contribuyentes españoles en general, que aportaron 142.000 millones, mientras que otros 142.000 millones fueron cubiertos por la banca. Los accionistas de Banesto, por su parte, cargaron con 320.000 millones.

Sáenz resumió:

—Se ha saneado el banco, se han inyectado, que a veces se olvida, 700.000 millones de pesetas de dinero fresco.

No sin cierto humor, Sáenz ridiculizó a Conde y sus amigos:

—Se ha dicho que con el plan de saneamiento, con las ayudas que este plan implica, con los 700.000 millones prácticamente que se han inyectado y con el empuje que vendrá de la coyuntura económica, la antigua administración de Banesto también hubiera sido capaz de sacar a Banesto adelante.

He aquí su respuesta:

—Pues es posible, pero yo creo que ni los accionistas ni la comunidad financiera ni los contribuyentes hubieran puesto sus recursos en esas manos que no podemos por menos que calificar como impropias de un empresario ordenado y de un representante leal. Pero esto se ha dicho.

Ya eran suyos, los diputados.

Lo que metió a Conde el miedo definitivo en el cuerpo, fue, sin embargo, esto:

—La crisis de Banesto es el resultado de una gestión que el accionariado califica de impropia en su demanda civil de acción social de responsabilidad, y que la autoridad de control tacha de irregular en el expediente disciplinario del Banco de España y que, en su momento, el Ministerio Fiscal calificará desde el punto de vista penal —advirtió.

Hasta entonces había hablado de «malas prácticas», «impropias», «heterodoxas», de «operaciones atípicas», «encubrimiento», «información pública equívoca», «propósitos distintos a los mercantiles», «aparcamientos», «comisiones exageradas», «instrumentación de pagos mediante créditos aparentes», «accionistas siempre opacos».

Pero ahora daría un salto.

—De hecho, entiendo que el Banco de España está enviando al fiscal general del Estado toda la documentación de la inspección y actuaciones posteriores, un poco en la idea de que sea el propio fiscal quien abra ese caso penal o sumario.

Por aquellos días, ya no era un asunto de la Fiscalía General del Estado. Hacía casi siete meses, desde el 25 de marzo, que la Fiscalía General había enviado la documentación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

A lo largo de su intervención, Sáenz aludió en cinco ocasiones a la acción de la justicia. De ellas, tres estuvieron referidas a los pagos de Argentia Trust (600 millones) y de Carburos Metálicos (1.344 millones).

Sobre Argentia:

—¿Qué es lo que sabemos de Argentia Trust? Nada. ¿Quién está en Argentia? No lo sabemos. ¿Cuál es la finalidad última de este pago? Tampoco, más allá de lo que dice la factura no lo sabemos —prosiguió—. Para entrar en este tema, tendría que ser objeto de una investigación judicial…

Una investigación que ya estaba en marcha, alimentada por las declaraciones de Conde, que le habían llevado directamente ante el juez Moreiras, según le había augurado su amigo Rafael Pérez Escolar.

Y, en relación con el pago de 1.344 millones hecho por la multinacional Air Products, para la compra de los derechos de opción al 5,9 por ciento del capital de Carburos Metálicos, a favor de un bufete suizo en el NMB Bank de Ginebra, un dinero que pagaba a Banesto, pero que nunca entró en la caja del banco, explicó:

—Yo no tengo poder para hacerles declarar qué han hecho con ese dinero. Eso solamente lo tiene un juez (a pesar de que sean abogados suizos), que les puede emplazar para que digan lo que han hecho con el dinero. En un momento determinado me encuentro con una pared de hormigón que yo no puedo derribar…

SEGUNDA PARTE

¿POR ENCIMA DE LA LEY?

UN JUEZ NORMAL

Mil novecientos noventa y dos fue un año de perros para él en Valladolid. Manuel García-Castellón, titular del juzgado de instrucción número 2, todavía no había llegado a la cuarentena. Había instruido dos crímenes que conmocionaron a la capital y a pueblos vecinos. Por su brutalidad, saltaron a las páginas de los periódicos nacionales.

Instruyó ambos sumarios en medio de la bronca y la agitación de las comarcas de la provincia. Los preparó para su posterior juicio. Y decidió venirse a Madrid. Ya en una visita a Madrid, al hablar en alguna reunión de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) con una vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Mariscal de Gante, había acariciado el sueño de recalar en la Audiencia Nacional. Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional. Era ambicioso y la idea le seducía.

García-Castellón apostaría por Madrid. Por recomendación de la APM a Margarita Mariscal logró entrar en 1992 en el Grupo de Trevi, un foro de la Unión Europea que aspiraba a aumentar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado. El presidente de la representación española era José Luis Manzanares, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y lo integraban tres vocales: María Teresa Fernández de la Vega, Javier Gómez de Liaño y Soledad Mestre. A ellos se sumaron los magistrados Carlos Granados, Agustín Labejón y el letrado del Tribunal Constitucional Juan José López Ortega.

La oportunidad llegó el 13 de julio de 1993, cuando el Boletín Oficial del Estado anunció el concurso para ocupar una plaza en la Audiencia Nacional: el juzgado central de instrucción número 5. La plaza sería cubierta, según el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «mientras su titular se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales». El titular era el juez Baltasar Garzón, diputado electo el 6 de junio de 1993 por las listas del PSOE en Madrid.

El concurso de la plaza reservada se hizo en base al artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según el punto 2 de ese artículo, los magistrados que ocupen destinos cuyos titulares se encuentren en situación que lleve consigo el derecho de reserva de plaza, cuando se reintegre a la misma su titular, pasarán a disposición del presidente de la Audiencia Nacional prestando servicios en los puestos que determine su Sala de Gobierno.

Por tanto, al optar por la plaza, García-Castellón estaba haciendo una apuesta estratégica. Empezaría en el juzgado número 5, pero si Garzón volvía a su puesto, él se quedaría en la Audiencia Nacional. Por aquellas fechas, por otra parte, ya se hablaba, incluso, de la necesidad de crear un sexto juzgado en la Audiencia Nacional.

Ganó la plaza. El 30 de septiembre de 1993, García-Castellón se hacía cargo del juzgado número 5.

El 16 de mayo de 1994, Garzón informó al CGPJ que regresaba al juzgado número 5, tras dimitir de su escaño de diputado. García-Castellón, como estaba previsto, pasó automáticamente a depender del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, hasta nuevo destino. El 20 de mayo, la Sala de Gobierno decidió adscribir a GarcíaCastellón al juzgado número 3. El 25 de mayo la junta de jueces centrales de instrucción acordó por unanimidad —Miguel Moreiras, titular del número 3, estaba presente— la propuesta de que García-Castellón «conozca de cuantos asuntos de nuevo ingreso correspondan al juzgado central de instrucción número 3, continuando el magistrado Miguel Moreiras conociendo cuantos procedimientos existan iniciados hasta dicha fecha por un período de cuatro meses».

El 7 de septiembre de 1994, el pleno del CGPJ consideró necesario un trámite en relación con la adscripción de García-Castellón. Según el Consejo debían darse «condiciones objetivas» para decidir una «medida de apoyo» como la del juez García-Castellón en el juzgado número 3.

El 30 de septiembre, pues, Miguel Moreiras escribió al presidente de la Audiencia Nacional. Solicitaba a Auger que «se adopte la medida de apoyo judicial en la persona del magistrado-juez Manuel García-Castellón, justificando dicha necesidad en la enorme carga de trabajo que pesa sobre este órgano judicial».

El asunto fue tratado por la comisión permanente del CGPJ el 25 de octubre de 1994. García-Castellón era nombrado en comisión de servicio para colaborar con el titular del juzgado central de instrucción número 3, Miguel Moreiras, en la actualización del mismo. Se ocuparía de los asuntos de nuevo ingreso en el juzgado por un período de seis meses.

Acto seguido, un vocal del CGPJ, Javier Gómez de Liaño, llamó por teléfono a García-Castellón:

—Oye, Manolo… Verás, estoy aquí en el consejo con otros dos vocales y quería saber si tú estarías dispuesto a hacerte cargo del juzgado número 6 y, en ese caso, a llevarte los asuntos que tengas en el número 3…

Era una obviedad. De acuerdo con la ley, la primera plaza que se presentara en los juzgados de la Audiencia Nacional le correspondía a García-Castellón. Por otra parte, si los asuntos pueden o no «llevarse» de un juzgado a otro era lo suficientemente discutible como para zanjarlo así como así. Desde luego, fue una llamada tan precipitada como extraña.

García-Castellón había intercambiado alguna conversación con Javier Gómez de Liaño en los encuentros del llamado Grupo de Trevi. Gómez de Liaño supervisaba desde el CGPJ la marcha de la participación española. Pero nada más.

La decisión de adoptar la medida de apoyo en el juzgado número 3 estaba en línea, por otra parte, con la orientación de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dirigida a poner fin al monopolio que dicho juzgado tenía sobre los delitos económicos y monetarios. A partir del 1 de enero de 1995, unas normas de reparto diferentes permitirían el ingreso de este tipo de asuntos en otros juzgados.

Ahora bien, la llamada de Javier Gómez de Liaño a García-Castellón no dejaba de ser extraña. Como si pretendiese ejercer una tutela sobre él. Alguien que se presentaba dispuesto, aparentemente, a echarle una mano.

¡Un padrino!

LA QUERELLA MALDITA

—¿Qué tal es Tino…? —preguntó el nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, con su aire ingenuo.

Era una comida a mediados de septiembre de 1994. La fiscal María Dolores Márquez de Prado, compañera sentimental del juez Javier Gómez de Liaño, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estaba presente. A Granados le interesaba saber cómo era el fiscal a quien Pepe Aranda había encargado la investigación preliminar sobre Banesto. Tino tenía que desbrozar el camino para la querella criminal contra Mario Conde. O, simplemente, archivar las diligencias.

Tino avanzó con el material durante la segunda quincena de septiembre. El 15 de septiembre empezaron su trabajo en la Fiscalía los inspectores del Banco de España Monje y Román. El 22 de ese mes, Orti solicitó al citado banco datos posteriores a la intervención de Banesto, nuevos hechos. Ya tenía un borrador de querella, pero le parecía incompleto.

Aranda seguía puntualmente el trabajo de Tino, desde luego, porque era el fiscal jefe. Pero no solo por eso. Aranda, de sesenta años, tenía seis hijos. Tino era el séptimo. Sus despachos eran contiguos y se comunicaban por una puerta. Apilados a lo largo del cuadrado despacho de Orti hacían guardia miles de documentos. Al llegar a la primera hora de la mañana, en el café de las diez y media, ambos estaban en contacto. Iban y venían. Se lo decían todo.

En una de sus conversaciones normales, a finales de septiembre, Aranda informó a Granados.

—Carlos, esto es la leche, aquí hay tela —dijo, con su fuerte acento andaluz, Aranda—. Hay sociedades interpuestas, hay trescientos millones que se han sacado de la caja del banco, hay 1.344 millones que desaparecieron… —Encendió un cigarrillo y seguía haciendo ademanes para subrayar sus frases—. Creo que Tino está haciendo un buen trabajo —anticipó.

Una mañana del mes de octubre, Granados decidió responder por su cuenta a la pregunta «qué tal es Tino», la misma que había lanzado en la comida de septiembre. Llamó a Aranda y le propuso una reunión entre los tres, en la sede que ocupaba provisionalmente la Fiscalía General, en la madrileña calle de Fortuny, durante las obras de modernización del viejo Tribunal Supremo. Entraron por el pequeño portal, pasaron el arco de seguridad y atravesaron un patio interior antes de penetrar en una sala de espera que daba al despacho de Granados. Era una sala amplia y sombría, lo más parecido a una vieja biblioteca, con una mesa de trabajo, a la derecha, según se entraba, donde una lámpara proyectaba un corto haz muy intenso sobre los expedientes que Granados tenía delante. El fiscal general es un hombre más bien pequeño, de contextura frágil y cabello gris. Su mirada de ojillos vivos parapetados detrás de unas gafas de concha le daban un aire de persona aplicada.

El tema de la agenda era Banesto: el proyecto de querella elaborado por Orti. Aranda aclaró que era un primer borrador. Se lo entregaron. Granados le echó un vistazo.

—Tengo que terminar de perfilarla —dijo Orti—. Hay que redondear algunos datos que acaban de llegar —explicó.

Siguió una exposición muy concreta. Orti llevaba ya casi seis años en la Audiencia Nacional. Había instruido algunos delitos económicos de poca monta. Chorizos que habían falsificado talones. Cosas así. Pero también llevaba varios años con los grandes casos que lindaban con la corrupción económica. La lectura de los documentos enviados por el Banco de España, la información aportada por Banesto producía una impresión extraña. Orti no hallaba ingeniería financiera, artilugios sofisticados. Había dinero que, simplemente, se había esfumado. Le parecían maquinaciones con el propósito de apropiarse de dinero ajeno.

Granados siguió con interés el relato. La delincuencia económica era una de sus obsesiones. Él no procedía, como Orti o Aranda, de la carrera fiscal. Tenía cincuenta y un años, su padre había sido juez en Melilla y él mismo ejerció como juez en Pola de Asturias, en Chiclana de la Frontera y en Madrid, además de ser magistrado en Pamplona y pasar al Tribunal Supremo, como jefe de gabinete de Antonio Hernández Gil primero y magistrado de la Sala Segunda más tarde.

Aranda fue práctico.

—Este asunto ya lleva mucho tiempo —urgió—. Yo creo, Carlos, que hay que terminar de una vez. No se puede tener a la gente en vilo —se lamentó.

—Me parece bien —dijo Granados—. Si creéis que tenéis el soporte documental adecuado, estoy de acuerdo. En caso de presentarla, ¿pensáis pedir prisión o alguna medida cautelar?

—No. Si hay querella, no creo que debamos pedir prisión. Lo primero es oír lo que cada uno de los antiguos administradores tiene que decir… —dijo Aranda.

—De acuerdo —dijo Granados con voz suave—. Habrá que tener en cuenta el peligro de fuga… —matizó, en referencia implícita a la escapada de Luis Roldán, hacía pocos meses.

Granados leyó el proyecto de Orti. Pensó que era un buen punto de partida. «Está sólidamente construido. Los hechos están claramente expuestos», se dijo. Esperó más información de Aranda, quien le fue dando detalles sobre el ritmo de los trabajos. Hacia finales de octubre volvió a reunirse con Aranda y Orti para comentar algunos detalles del borrador y ver los nuevos datos. Al fiscal general le pareció que los indicios eran más que fuertes para presentar una querella. Había confiado en Aranda y en Orti. Sentía que no le habían decepcionado.

El tam-tam madrileño, según había dicho Sáenz al comparecer el 21 de octubre de 1994 ante el Congreso de los Diputados, ya hablaba de una inminente querella. Mariano Gómez de Liaño, abogado de Conde, coordinador de su defensa y de la de un grupo de exadministradores del banco, sugirió a Antonio González Cuéllar que quizá fuera acertado adoptar alguna iniciativa, sin esperar más. Era como un reloj de arena: desde primeros de noviembre, cada segundo caía un grano anunciando el desenlace. Se preparó, pues, un escrito dirigido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en el cual se pedía que se oyera a Conde y otros exadministradores para «dar explicación de los hechos que conocemos».

Los ocho firmantes denunciaban a Sáenz.

«¿Qué es lo que ha llevado al presidente de Banesto, en un acto de suma incoherencia, a pedir en el último momento la ayuda del fiscal para encontrar el dinero que dice “desaparecido” después de tantos meses al frente de la entidad…?». Reconocían estar al corriente de los trabajos de la Fiscalía: «Sabemos, eso sí, que tanto los actuales administradores de Banesto como el Banco de España remiten periódicamente informes al fiscal, pero solo conociendo los hechos que nos afectan podremos nosotros realizar alegaciones sobre los mismos».

Era una jugada hábil. Ahora que Sáenz había levantado la liebre, lo menos que podía hacer Gómez de Liaño era dispararle el tiro.

Dos exfiscales de carrera, ahora en excedencia, como Gómez de Liaño, titular del bufete Asesores en Derecho, y González Cuellar, miembro del mismo, estaban en las mejores condiciones para saber con qué bala hacerlo.

Se trataba de aprovechar los rumores sobre la presentación de la querella y la posible entrada de Mario Conde en prisión para decir: «Vengo a que me tomen declaración, no tengo ningún deseo de eludir la acción de la justicia». En términos jurídicos, Conde salía siempre bien parado. Si se accedía a tomarle declaración, podía maniobrar lo suficiente como para crear un ambiente más favorable, habida cuenta de que se trataba de asuntos económicos y financieros reservados a un público iniciado.

Pero lo importante era esto: al entrometerse en las diligencias informativas, Conde y sus abogados podrían aprovechar una potencial división en la Fiscalía y utilizarla para su plan de hacer abortar la querella. Porque, una vez presentada esta, la investigación sería imposible de frenar. En todo caso, se dejaría la impresión de que Conde no pensaba escapar. Por si alguien pensaba de verdad pedir su ingreso en prisión una vez presentada la querella.

Lo de la división en la Fiscalía era algo más que una hipótesis de trabajo. María Dolores Márquez de Prado llevaba catorce años en la Audiencia Nacional como fiscal. A sus treinta y nueve años, era el alma mater. Sobrina de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta y Márquez de Prado, se había casado con Andrés Martínez Arrieta, exjuez que llevaba años como miembro de la secretaría técnica del Tribunal Supremo. Con él había tenido tres hijos. Más tarde se había separado y formaba pareja con Javier Gómez de Liaño, hermano de Mariano, y vocal del CGPJ.

Su voz era firme y segura, con un punto de leve afectación profesoral, ese que deja la sensación de que se habla con propiedad. Quizá un metro sesenta y ocho, el pelo castaño, siempre en su sitio, como salido pocos minutos antes del salón de peluquería. Nariz perfecta y ojos también castaños, realzados con una sombra de tonos marrones en los párpados. La ropa, clásica. Faldas grises entubadas, bastante ceñidas en torno a su menuda cintura, medias azules o negras, zapatos negros con tacón generoso, chaquetas entalladas de tono rosa combinado con gris o simplemente azules.

A sus ojos, Orti era un muchacho que precisaba más de un hervor, abrumado con los documentos que inundaban su despacho y necesitado de ayuda. En varias ocasiones, según ella, Orti había comentado sus dudas sobre el contenido penal que se advertía en las llamadas «operaciones especiales» de Banesto. Hasta entonces la Fiscalía había funcionado como una piña en la mayor parte de los asuntos. Aranda tenía por costumbre, desde su llegada en 1991, convocar la junta de fiscales. Aunque sus decisiones no eran vinculantes para el fiscal jefe, el estilo de Aranda era ese. La Fiscalía era un pequeño patio de vecindad, con la cuota de promiscuidad común a todos ellos. Todos los fiscales podían entrar en todos los despachos en cualquier momento. El carácter expansivo de Aranda favorecía ese clima de familia.

Un asunto que llevaba tantos meses en marcha corría el riesgo de pudrirse, eso es lo que Aranda temió desde que comenzaron a llegar los papeles, el 5 de abril de 1994. En particular, le producía espanto la posibilidad de que se aprovecharan desde fuera algunas discrepancias internas. Y el nombre de los Gómez de Liaño era mucho nombre, tanto en la Audiencia Nacional como entre jueces y magistrados de otras instituciones.

En esto, el fiscal jefe no tocaba de oído ni pecaba de pueblerino.

Conocía a Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda, padre de Mariano, el abogado de Conde, desde los años setenta. Aranda había obtenido en 1975 la plaza de fiscal jefe de la Audiencia de Guadalajara cuando Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda era fiscal jefe de Burgos. Él y Aranda solían verse todos los años en las reuniones de fiscales. Más tarde, a mediados de los años ochenta, volvieron a cruzarse. Aranda fue nombrado fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando Gómez de Liaño y Cobaleda ya era miembro de la Sala Segunda del Supremo. No eran amigos personales. Pero se veían a menudo, comentaban cosas en la salita de deliberaciones antes de entrar a la sala del Tribunal. A su hijo, Mariano Gómez de Liaño y Botella, Aranda le conoció en una reunión de fiscales.

Más recientemente, había mantenido contactos con otro miembro de la familia, Javier Gómez de Liaño. Cuando Aranda llegó en 1991 a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier, que era magistrado de la Sala de lo Penal de dicho tribunal, sección primera, había pasado a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, Javier Gómez de Liaño visitaría asiduamente la Fiscalía durante 1993.

Fue con ocasión de la preparación del Diccionario de Jurisprudencia Penal, previsto para publicar por la Editorial Colex, fundada por la familia Gómez de Liaño, a finales de ese año. Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado habían decidido escribir el citado libro. María Dolores compartía entonces su despacho con el fiscal Ignacio Gordillo, y tenía poco tiempo para trabajar, además, en el diccionario. Gómez de Liaño le pidió a Aranda autorización para acudir durante las tardes a la Fiscalía para trabajar con sus fichas y documentos en la sala de juntas. Aranda no puso reparos.

Mariano Gómez de Liaño le dio finalmente la señal de partida a González Cuéllar para presentar el escrito en el que se ofrecía la declaración de Conde y cuatro exadministradores el 4 de noviembre de 1994. González Cuéllar intentó hablar con Aranda para llevárselo. Pero no dio con él, ni con Orti. Antes de las dos de la tarde, telefoneó a María Dolores Márquez de Prado:

—María Dolores, no está Pepe…, tampoco he localizado a Tino —dijo, algo preocupado—. He querido avisarles de que llegará un escrito ofreciendo la declaración de nuestros clientes en las diligencias de la Fiscalía —informó—. Que no se sorprendan —advirtió.

Aranda viajó el fin de semana del 5 y 6 de noviembre a Oviedo, donde tenía lugar una reunión de la Asociación de Fiscales, en la que el fiscal general pronunciaría un discurso. Allí conoció Aranda la repercusión del escrito de la defensa de Mario Conde, presentado el viernes 4 y filtrado a la prensa. El escrito, pues, había sido como un eco en una vieja iglesia. Pero allí mismo, en Oviedo, Aranda aprovechó para hablar con Granados.

—Carlos, estoy un poco preocupado. Tino tiene la querella prácticamente lista. Creo que hay que presentarla cuanto antes. Los abogados de Conde han pedido que se tome declaración a los antiguos administradores en las diligencias informativas, pero yo no lo veo factible —dijo.

—Me parece bien, Pepe. Si la querella está lista… —dijo Granados—. Estoy de acuerdo.

—No sé lo que me puedo encontrar en la Fiscalía el lunes —fue casi lo último que dijo, en tono de misterio—. Ya veremos…

DISPAREN SOBRE TINO

—Ina, ¿quiere decirles a los señores fiscales que voy a estar en el despacho de don Eduardo? —dijo Aranda con tono resuelto a su secretaria—. Que se pasen por allí.

No era raro. Las juntas tenían lugar muchas veces en el despacho del teniente fiscal, Eduardo Fungairiño. Era más cómodo para el teniente fiscal que la junta se celebrase en su despacho porque así evitaba desplazarse en su silla de ruedas —estaba imposibilitado como consecuencia de las secuelas de un accidente— hasta la sala de juntas.

Al comienzo fue una junta de facto. Los fiscales se fueron incorporando sucesivamente a la conversación que tenía lugar en el despacho del teniente fiscal. En la agenda ad hoc de ese día no figuraba el tema de Banesto. Antes de finalizar, se abordó la propuesta de Mario Conde, presentada el viernes 4, de prestar declaración a fin de «colaborar» con las diligencias informativas.

Fungairiño era partidario de citarlo a declarar. Según explicó, se trataba de un asunto de gran trascendencia. No veía en qué sentido podía afectar negativamente a la investigación. Los fiscales Jesús Santos, Pedro Rubira y María Dolores Márquez de Prado apoyaron al teniente fiscal. En cambio, eran de opinión contraria otros tres fiscales: Luis Barroso, Ignacio Gordillo y Olga Sánchez. Mientras, Tino Orti, que llevaba la responsabilidad de la investigación, no quiso aparecer como enemigo acérrimo. Dijo que, si así se decidía, podía tomárseles declaración. A Aranda no le parecía necesario.

Así terminó la junta. En el libro de actas se registró un resumen de la sesión, redactado por Orti. Esto fue lo que escribió:

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha antes indicado, de lo que certifico, digo, seguidamente, se pasa a examinar la petición del señor Conde y otros exconsejeros de Banesto para que se les reciba declaración en la Fiscalía, en las Diligencias de Investigación que se están llevando a cabo. Por los señores Teniente Fiscal, Santos Alonso, Rubira Nieto y señora Márquez de Prado, se considera pertinente y necesario. Por los señores Barroso, señora Sánchez y señor Gordillo, se opina de forma diferente. Por el señor Orti se indica que él piensa que puede ser conveniente. Por el señor Fiscal Jefe se indica que no parece adecuado.

Al final se decide continuar el día siguiente, y se da por terminada la sesión, de la que certifico

EL FISCAL SECRETARIO (TINO ORTI) EL FISCAL JEFE (JOSÉ ARANDA

A la mañana siguiente, martes 8, el tema único era la oferta de declaración de Conde. Otra vez Fungairiño, Santos, Rubira y Márquez de Prado manifiestan su posición favorable a tomar declaración a Conde y los exconsejeros en el marco de las diligencias informativas. Barroso dice que, de ponerse a estudiar el asunto, necesitaría quince días de permiso como mínimo. Cree, por tanto, innecesaria la comparecencia ofrecida. Tampoco están de acuerdo Olga Sánchez e Ignacio Gordillo. La resolución queda en manos de Orti. He aquí el acta:

Siendo las 10 horas, con asistencia de los señores Fiscales que al margen se relacionan, se reúnen nuevamente en Junta de Fiscales para seguir con la cuestión sobre la petición del señor Conde y de otros consejeros de Banesto para que se les reciba declaración en la Fiscalía. Con brevedad se llega a excepción de los señores que se han manifestado en la junta del día anterior, a la conclusión de que debe quedar la resolución de la cuestión a la decisión que adopte el señor Fiscal que lleva el estudio del asunto. Por el Teniente Fiscal se pide que se convoque junta para tratar de las diversas conductas que puedan servir de base a una posible querella contra el peticionario y otros. Con lo cual se da por terminada la presente junta de fiscales, levantándose la reunión, certifico EL FISCAL SECRETARIO (TINO ORTI) EL FISCAL JEFE (JOSÉ ARANDA)

La misma mañana del martes 8, a modo de continuación informal de lo tratado en el despacho de Fungairiño, se siguió analizando, esta vez alrededor de la mesa de trabajo de Pepe Aranda, si se llamaba o no a declarar a Conde. María Dolores Márquez estaba en su despacho. También Orti y Rubira. María Dolores Márquez de Prado insistía en que era conveniente.

El hecho es que, después de las juntas del lunes 7 y martes 8, Aranda cogió a Orti y le dijo esto:

—Mira, Tino, no me toques las narices. ¿Cómo tienes el trabajo?

—La querella está prácticamente lista, Pepe —respondió Orti, ahora con seguridad—. Está metida en el ordenador de casa. Quizá debería añadir algunas cosas. Pero eso no lleva tiempo.

—Bueno, entonces enciérrate y me la traes cuando termines —urgió Aranda.

Orti dedicó el viernes 11 a fotocopiar los documentos que necesitaba incluir como anexos de la querella y todo el fin de semana del 12 y 13 de noviembre de 1994 la pulió. Trabajó duro en el estudio de su piso, en la segunda planta de una pequeña urbanización de las afueras de Madrid. La fotocopiadora a chorro de tinta funcionó a tope para sacar copias de los setenta y seis folios del texto principal y todos los anexos documentales.

El lunes 14, llegó por la mañana a la Fiscalía, y entró en el despacho de Aranda.

—Aquí tienes la querella —dijo Orti.

Aranda se quedó solo. Quería leer la versión definitiva. A medida que avanzaba, su cerebro iba perfilando los pasos futuros. Tenía claro que no sometería la querella a una junta de fiscales. En aquel ambiente, pensó, sería una locura.

Abrió la puerta del despacho de Orti. Se acercó a su mesa.

—Tino, está muy bien. Esto hay que presentarlo ya. No voy a convocar una junta para analizar esta querella. Serán dos semanas de discusiones sobre el sexo de los ángeles. Y con una presión interna de los afectados —dijo Aranda, con gesto teatral.

Los dos estaban de pie, de espaldas a las dos grandes ventanas que dan a la calle de García Gutiérrez. Los dos estaban decididos. Orti cogió su pluma, apoyó la querella en la repisa de madera de una de las ventanas, y lo hizo. Firmó.

La querella contra Mario Conde y nueve exadministradores había nacido.

Aranda se marchó a su despacho. Llamó a su secretaria:

—Ina, ¿quiere ponerme con don Carlos Granados… por favor?

Le pasó la llamada.

—Carlos, qué tal… Mira, tengo aquí el texto definitivo de la querella. Saco una copia y te la mando. Pienso que hay que presentarla ya —dijo.

—Pepe, si tú y Tino estáis de acuerdo, presentadla… Una vez que lo hayáis hecho, me mandas la copia —dijo con voz calmada Granados.

—Bien, Carlos. La presentaremos esta misma mañana —aclaró Aranda—. Ya te enviaré una copia.

Poco después, a media mañana, el teniente fiscal, Eduardo Fungairiño, entró en el despacho de Aranda.

—Pepe, yo he propuesto, según consta en acta, que el contenido de la querella sea tratado en junta —le dijo—. Quiero decirte que es un asunto muy importante. Espero que no se te ocurra presentarla sin pasar por la junta.

—No hay ninguna decisión, Eduardo —replicó en tono falsamente tranquilizador Aranda—. No te pongas nervioso, leche…

Fungairiño salió del despacho. Pocos minutos después, María Dolores Márquez de Prado conocía los términos de la conversación.

A la una y media, la querella viajaba a la séptima planta de la Audiencia Nacional, al juzgado número 3 bis, a cargo del juez Manuel García-Castellón. Este la leyó durante todo ese día 14 de noviembre. A la mañana siguiente, 15 de noviembre de 1994, resolvió admitirla a trámite.

Aranda llamó uno a uno a los fiscales. Les informó de que la querella había sido presentada el día anterior y que acababa de ser admitida a trámite.

El fiscal jefe les dijo que había querido evitar filtraciones a la prensa y que aparte de él y Orti solo el fiscal general del Estado había conocido que se presentaría el día anterior. Aranda comprendió inmediatamente que había cometido un error ya que les expresaba su falta de confianza. Pero ya era tarde. Los fiscales disidentes explicaron su posición a los medios de comunicación. Algunos que se habían opuesto a tomar declaración a Conde, en la junta de fiscales, como fue el caso de Gordillo, se apuntaron a criticar la decisión. El miércoles 16, Fungairiño, Márquez de Prado, Gordillo y Rubira presentaron un escrito. Solicitaban la convocatoria de la junta para discutir el asunto.

Aranda prefirió esperar antes de citar la nueva junta.

María Dolores Márquez de Prado dejó pasar algunos días a partir del 16. Finalmente, decidió vaciar su rabia.

Le escribió una carta a Aranda en un tono insultante. Repartió una copia a cada uno de los fiscales. Aquella carta era el anuncio de una guerra sin cuartel. Después del 14 de noviembre de 1994 ya nada volvería a ser igual en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Aranda decidió dejar pasar tiempo. El 7 de diciembre citó la junta para el 13. María Dolores Márquez de Prado prefirió no asistir. Según consta en el acta de la reunión se excusó «por entender injustificado el retraso en su convocatoria». Estaban presentes Fungairiño, Gordillo, Santos, Rubira y Barroso.

Fungairiño recordó que, si bien la junta de fiscales del 8 de noviembre había acordado dejar en manos de Orti la conveniencia o no de tomar declaración a los exadministradores de Banesto, él mismo había propuesto que las conductas que dieran pie a una posible querella fuesen sometidas a una junta.

—En ningún caso se proponía sustraer a la junta el debate sobre la conveniencia o no de presentar una querella contra los exadministradores. Pepe, tú me dijiste en tu despacho la mañana del 14 que no había nada decidido —recordó el teniente fiscal—. Y a la una y media se presentó en el juzgado número 3 —redondeó.

Aranda explicó que el asunto de Banesto era uno más de los casos que llevaba la Fiscalía, y que no siempre eran sometidos a debate de la junta. Agregó que había decidido presentar la querella ante la pretensión de los exadministradores de comparecer para ser oídos en las diligencias informativas, lo que habría llevado a retrasar un expediente que ya se había prolongado demasiado tiempo. Se excusó por haber dicho que había presentado la querella sin informar de ello a los fiscales por temor a que se filtrara a la prensa la información.

—Sí, lo sé… Fue una expresión desafortunada. Es que esa mañana se lo había dicho solo al fiscal general del Estado.

Tiempo después, a solas los dos en el despacho, Aranda le exhibió la carta a María Dolores y le dijo que era inaceptable. Los ojos de ambos se quedaron inmóviles. Y, a continuación, ella le dijo:

—La retiro, Pepe…

Cogió la carta y salió del despacho. Más tarde, se arrepintió de haberla retirado.

Pero todo había cambiado. Por aquellas fechas, Javier Gómez de Liaño, vocal del Consejo General del Poder Judicial, llamó a Aranda. Tomaron un café en un pequeño bar, próximo a la Audiencia.

—Has cometido un grave error, Pepe —dijo Gómez de Liaño—. Has perdido la confianza de la Fiscalía. En la querella que habéis presentado no hay nada —sentenció como si estuviese presidiendo un tribunal—. Te aseguro que yo volveré a la Audiencia y me ocuparé de ello —advirtió.

LA PUNTA DEL OVILLO

Manuel García-Castellón vio enseguida que las «operaciones especiales» enumeradas por Orti tenían contenido penal. El fiscal clasificó los hechos descritos en esas operaciones, o capítulo A, como «operaciones especiales con la finalidad de obtener determinadas personas beneficios económicos, directa o indirectamente», y agrupó, en el capítulo B, los llamados «artificios contables efectuados por la entidad». El conjunto de los hechos fue tipificado así: delitos de falsedad en documento mercantil, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

La querella, al analizar las «operaciones especiales», destacó la venta de activos de Banesto o de la Corporación a empresas vinculadas con los antiguos gestores de la entidad, y su posterior compra por dichas entidades a precio revalorizado «sin encontrar explicaciones claras a dichas revalorizaciones, con beneficio para los últimos vendedores, todo ello con claro ánimo de lucro para ellos, teniendo asimismo todos los querellados información de quién estaba detrás de las empresas mencionadas; pagos sin demasiada justificación; cobro de cantidades que debían ser ingresadas en las cuentas de Banesto o de Corporación y cuyos ingresos que no se han efectuado».

El relato comenzaba por el llamado grupo Euman-Valyser. Antes de narrar las dos operaciones realizadas por el citado grupo, el fiscal describió las relaciones personales y societarias del mismo, formado por Inversiones Puerto Moral, Nutridist, Vehículos Blindados, Altas Cumbres, Inversiones del Condado y Promociones Hoteleras. «Tienen —escribía el fiscal—, o han tenido alguna relación con Mario Conde, pues el administrador único de Euman y presidente de Valyser es Eugenio Martínez Jiménez.» Se narraban a continuación las vinculaciones, como la presencia de Martínez Jiménez en la sociedad Zenith 88, consejero en representación de los intereses de Conde y de su esposa, Lourdes Arroyo. Y en General Medical Merate España (GMME), vinculada con la GMM Italia, donde Martínez Jiménez actuaba como apoderado general y en cuya acto de fundación se repartieron la totalidad del capital «tres personas vinculadas a Mario Conde: Arturo Romaní, Ramiro Núñez y Alfonso Díaz Orueta».

El nombre de Mariano Gómez de Liaño y Botella no tardaba en aparecer. El fiscal recordó que era presidente de Inversiones del Condado, «empresa que es asociada de Valyser, poseyendo el 25 por ciento de la misma; es accionista, con un 4,45 por ciento, de Promociones Hoteleras; y representante de tres sociedades de Mario Conde: Campo del Azufre, Inversiones Carcabuey y Valores Castellanos».

El fiscal subrayaba que los créditos que había solicitado Valyser en el Banco de Progreso del Grupo March «tenían la garantía de una comfort letter de Asebur Inversiones, en la cual esta sociedad responde de la solvencia de Valyser». A su vez «Asebur Inversiones era una sociedad participada mayoritariamente por Mario Conde». La comfort letter o carta de patrocinio es una declaración unilateral que se emite con la intención de acreditar garantía o solvencia. El emisor de esta carta suele ser la matriz de un grupo de sociedades que la dirige al acreedor de una de sus filiales.

Una vez establecido el escenario, el fiscal narró dos «operaciones especiales» del grupo Euman-Valyser. La primera era Isolux. En julio de 1990, Valyser compró a Corporación Banesto por 600 millones de pesetas el 40 por ciento del capital social de la empresa de instalaciones eléctricas (ciento cincuenta millones cada 10 por ciento). Un año y medio más tarde, vendió el 10 por ciento de esa participación a Portland Iberia, del grupo Banesto, por 1.100 millones de pesetas, con un beneficio de 950 millones para Valyser.

En enero de 1993, seguía el fiscal, el 30 por ciento restante de Valyser en Isolux fue adquirido por Ibiser en 3.300 millones, y vendido inmediatamente, el 22 de enero de 1993, al grupo Metallgesellschaft, Corp. por igual cantidad. Posteriormente, la Corporación Industrial adquirió a Metallgesellschaft el citado 30 por ciento en 3.576 millones. «De esta manera —concluía el fiscal— Valyser, entre julio de 1990 y enero de 1993, obtuvo un beneficio por la compra a Banesto y posterior venta al mismo del 40 por ciento de Isolux-Wat, de 3.800 millones; de ellos 950 millones en la primera parte de la operación (el 10 por ciento vendido a Portland Iberia) y 2.850 millones en la segunda parte (venta del 30 por ciento restante). En esta operación han actuado como «pantallas» las sociedades Ibiser y Metallgesellschaft».

La segunda operación fue la compraventa de la sociedad Promociones Hoteleras (Protelsa) cuyo único activo era un palacete de la calle Fernando el Santo, números 12 y 14. También en julio de 1990, Protelsa fue adquirida por tres socios que pagaron 856 millones. Valyser compró el 48,5 por ciento con una aportación de 395 millones; la sociedad suiza Asni Investments, un 47 por ciento, con 402 millones; y Mariano Gómez de Liaño y Botella el 4,45 por ciento, con 58,5 millones. El pago se hizo con pagarés avalados por el Banco de Desarrollo Económico (Bandesco), del grupo Banesto.

El 18 de septiembre de 1990, Arturo Romaní propuso en la reunión de la comisión ejecutiva de Banesto arrendar el inmueble de la calle Fernando el Santo 12 y 14 por un plazo de seis años prorrogables y al precio de 5.500 pesetas el metro cuadrado. Según el acta de la comisión ejecutiva tuvo lugar un «extenso debate», tras el cual «se consideró conveniente obtener una opción de compra sobre el inmueble objeto de arrendamiento en favor de esta Corporación, para sí o para la sociedad participada que en su momento se designe». El 1 de octubre de 1990 se firmaron el contrato de arrendamiento y el contrato de opción de compra. Por el primer concepto, la Corporación pagó 13,5 millones de pesetas mensuales y por el segundo, 130 millones a pagar en treinta días.

Una vez arrendado el edificio, la Corporación procedió el 5 de diciembre de 1991 a adjudicar a Isolux-Wat, entonces propiedad de Valyser al 40 por ciento, la realización de obras en el edificio. Con anterioridad, Isolux ya había hecho trabajos de reparación en el sótano del edificio, por lo que la Corporación le debía unos diez millones de pesetas. El edificio fue finalmente rehabilitado con fondos de la Corporación, pero no fue adquirido por esta sino por la aseguradora La Unión y el Fénix, de la Corporación Industrial, que la registró con «un valor neto de 3.218 millones». Según el fiscal, «los máximos gestores de Banesto, a través de Valyser, Asni y Gómez de Liaño, que adquirieron Promociones Hoteleras, obtuvieron un fuerte beneficio económico (3.218 millones menos 856 millones; es decir, 2.362 millones) por la posterior venta del mismo al propio grupo Banesto».

El tercero de los hechos tenía como protagonista al llamado Grupo Dorna y a la Inmobiliaria Blasco de Garay, «propiedad en su totalidad de los hermanos [Carlos y Manuel] García Pardo». Según la querella, esta sociedad contrató con el Real Madrid Club de Fútbol el arrendamiento durante veinte años de los locales conocidos como «La Esquina del Bernabéu». En base a este derecho de alquiler, afirmaba el fiscal, se creó la figura de «cuentas en participación» en los resultados prósperos o adversos generados por el citado derecho. La «cuenta en participación» es un contrato en virtud del cual una persona entrega dinero a un comerciante para que lo invierta en su negocio y a cambio le dé una participación en los resultados de dicho negocio. En 1990, se constituyó la sociedad Centro Comercial Concha Espina. Esta se subrogó en las condiciones contractuales de Inmobiliaria Blasco de Garay. En adelante, pues, sería quien alquilase esos locales al Real Madrid y quien gestionaría las cuentas de participación. Un crédito de 2.700 millones que Banesto había concedido a Inmobiliaria Blasco de Garay fue sustituido por otro a Centro Comercial Concha Espina, cuyo riesgo con el banco ascendía a 3.875 millones. En garantía de dicho préstamo, el Centro dio las «cuentas de participación» que tenía en usufructo. Finalmente, la Corporación Industrial adquirió el 48 por ciento de las cuentas de participación y se redujo el riesgo de Banesto a la mitad. Por ese 48 por ciento se pagaron 1.989 millones de pesetas. Según el fiscal, una de las motivaciones de la operación eran varias transacciones que beneficiaron a consejeros y ejecutivos de Banesto.

Una de ellas está referida a la sociedad Cifuentes 2000 S. L., que poseía el 5 por ciento de las cuentas en participación en el Centro Comercial Concha Espina. Se trataba de una empresa perteneciente en un 99 por ciento a Esther Hernando Palafox, esposa del consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar; el 1 por ciento restante se repartía entre los hijos del matrimonio. El fiscal sostuvo que al día siguiente de la compra del 48 por ciento de las cuentas de participación del Centro por la Corporación, se ingresó, en la cuenta de la citada sociedad en Banesto un cheque por valor de 178,1 millones, librado por Dorna.

La segunda beneficiaria fue la sociedad Inversiones Sanfergo, que también poseía el 5 por ciento del Centro. Según la querella, dicha sociedad tenía «como administrador único a Luis Alfonso Díaz Orueta, secretario del Banco de Vitoria e interviniente habitual en las sociedades de Mario Conde, quien ha poseído en su día las seis acciones constitutivas de la totalidad del capital social». En la cuenta que Inversiones Sanfergo poseía en Banesto se produjo, el 10 de febrero de 1992 pero con valor a 30 de diciembre de 1991, un ingreso de 178,1 millones mediante un cheque librado también por Dorna.

Todavía dentro del capítulo Dorna, el fiscal describía la operación desarrollada con la sociedad Oil Dor. Constituida en febrero de 1991 con diez millones de capital por los hermanos Carlos y Manuel García Pardo, su objetivo era de sarrollar y explotar una red de estaciones de servicio en el mercado español. En mayo de 1992, el capital se situó en cuatrocientos millones. Un mes más tarde, en junio, la Corporación adquirió el 50 por ciento del capital de Oil Dor a 21 titulares de acciones –entre los que se encontraba Rafael Pérez Escolar— por 6.005 millones de pesetas. En el ejercicio 1993, es decir, cuando todavía dirigía el grupo Banesto la administración de Mario Conde, Oil Dor tuvo unas pérdidas de 1.435,9 millones de pesetas, con dos fuertes ampliaciones de capital de hasta 7.000 millones de pesetas en total. «En definitiva —concluía el fiscal—, las fuertes inversiones de dudosa racionalidad económica tuvieron, entre otros objetivos, el de obtener beneficios para determinadas personas, miembros de la alta dirección de Banesto».

El fiscal continuaba con la compra de acciones del Banco Totta & Açores (BTA) de Portugal, a partir de 1989, antes de entrar en la llamada «Operación Carburos». Al llegar al punto sexto, la querella relataba la «Operación Data Transmission Systems», a partir de una descripción de lo que llamaba «Grupo Romaní», formado por siete sociedades. En una de ellas, como sabemos, Gay Cordon, se registraba una fuerte participación de Mario Conde. La querella enumeraba a los testaferros de Romaní en todas las sociedades: Elena García Baquedano, Susana Sánchez Herrero y Alejandro Valcarce von Rein. Como hemos visto, el «pelotazo» de Data tenía su origen en la compraventa de un paquete de acciones de dos empresas cementeras. La séptima historia es la «operación retirada de trescientos millones, en efectivo, de las cajas del banco», la protagonizada por Martín Rivas.

La octava y última operación llevaba el título genérico de «Grupo Hachuel». En este punto, el fiscal decidió abrir la investigación sobre «el desembolso de fuertes cantidades de dinero por conceptos no demasiado claros». Se dejaba constancia del pago realizado por la sociedad Corpoban, 100 por ciento de la Corporación Industrial, de cuatro facturas por un total de 509 millones de pesetas a dos sociedades del financiero Jacques Hachuel, Martolinas y Servifilm Spain Cinematográfica. Los conceptos eran informes, dictámenes y gestiones.

Estas operaciones eran, pues, el hilo que salía del ovillo. Ahora había que tirar de él para ver hasta dónde podía llegar. El fiscal solicitaba al juez la citación de los diez querellados y de otros cincuenta y cinco testigos. Al mismo tiempo, pedía siete tipos de actuaciones, entre las que destacaba la petición de información a la Agencia Tributaria, y pedía para los querellados, a excepción de Martín Rivas, una responsabilidad civil de doce mil millones.

Y el secreto total de las actuaciones.

EL SEÑOR NO

El juez García-Castellón había enviado a la cárcel de Alcalá-Meco a Arturo Romaní la noche del 15 de diciembre de 1994, tras dos días de declaración. Mario Conde estaba citado a las nueve y media de la mañana del día 16.

Conde y su abogado, Antonio González Cuéllar, llegaron a la planta séptima de la Audiencia Nacional unos minutos antes de las nueve y media. Era una mañana fría, que no pasaría del par de grados. El juez, como era el rito, les dio tiempo para leer la querella en los puntos que le atañían, es decir, todos los que estaban comprendidos entre la página 14, donde comenzaba el relato, y la 64, en la que terminaba. Teresa Mazzucchelli, secretaria del juez García-Castellón —y esposa del fiscal Orti—, les invitó a sentarse en su despacho, el segundo siguiendo al del juez. Conde se acomodó con esmero. Su espalda estaba perfectamente erguida. Cruzó las piernas con delicadeza y empezó a leer la querella. Debió de tardar unos cuarenta y cinco minutos. A su lado, González Cuéllar seguía como podía el texto. Al llegar a la mitad, en la página 37, Conde leyó el punto referido a la retirada de los trescientos millones de pesetas. La historia de Rivas. No podía estar sorprendido. Ya Romaní se lo había contado. Pero miró a González Cuéllar y dijo:

—Esto va a traer cola, Antonio. Yo no me he quedado con una sola peseta de este dinero.

Debió de ver un asomo de preocupación en el libro abierto que era el rostro de González Cuéllar.

—No te preocupes —dijo Conde—. Yo sé cómo funcionan los bancos. Voy a dar los detalles.

Y, mira por dónde, el primer punto fue ese. La retirada de los trescientos kilos. El fiscal le preguntó por la versión de Rivas, por el dinero y por la conversación telefónica que había mantenido con Rivas, el día antes de que este fuera a ver a Alfredo Sáenz para darle una explicación.

—Yo conocí a don Martín Rivas porque me propuso su nombramiento don Pablo Garnica. No tenía con él ningún tipo de confianza. Y en 1989 apenas si tuve relación humana con él —dijo Conde, marcando distancia—. Tiene poco sentido que yo le ordenara que retirase de caja dicha cantidad —añadió, indicando por dónde iba, para acto seguido decretar—: nunca en mi vida he ordenado a don Martín Rivas ninguna retirada de caja. No he hablado con él con motivo de esa supuesta entrevista con don Alfredo Sáenz. Y jamás he dicho que respondería con mi patrimonio de una retirada de caja.

El fiscal insistió en algunos detalles. Quería saber si le había ordenado retirar el dinero de la oficina del paseo de la Castellana 7, si había hablado de responder con su patrimonio y si le había dicho que el dinero era para entregárselo a Adolfo Suárez.

Triple negativa.

—Nunca le ordené retirar trescientos millones de la caja, en concreto de la oficina de Castellana 7 —aseguró—. Nunca le dije que respondería con mi patrimonio, ni que fuera para entregárselos a don Adolfo Suárez.

Según sus respuestas, todo era una invención. Rivas nunca le había dicho que existía una «cantidad a disposición», 4,7 millones, y él, en consecuencia jamás le ordenó que aplicase ese dinero a cubrir parte de los trescientos kilos extraídos.

—No sé lo que son cantidades a disposición —alardeó, sabiendo exactamente de qué se trataba.

Tampoco, pues, le había indicado a Rivas que hablase con Romaní y con Lasarte sobre el asunto.

El fiscal buscó papeles. Eran cuatro folios. Arriba a la derecha, en rotulador negro, decía: «Documento 90». Se trataba de los dos pagos de ciento cincuenta millones en la cuenta 200, 170, el 2 de febrero y el 6 de abril de 1989. Estaban también los dos recibos firmados por Rivas. Y la aplicación de aquellos 4,7 millones negros procedentes de Barcelona para tapar el boquete abierto con la retirada del dinero.

—No he visto este documento en mi vida —dijo, tal vez con excesivo énfasis para el gusto del juez y del fiscal.

El juez sabía que tenía que hacer algo.

Habló con su secretaria y le pidió que localizara a Martín Rivas para que se presentase inmediatamente en el juzgado. Al llegar Rivas, el juez le hizo esperar. Conde salió y fue al despacho que quedaba, de frente, al final del pasillo. Era el que habían ocupado los peritos, los dos inspectores del Banco de España, Román y Monje.

El juez hizo pasar a Rivas y mandó llamar a Conde, quien entró en el despacho y se encontró cara a cara con Rivas. Se saludaron con un apretón de manos. El juez les explicó que había ordenado el careo porque las versiones de ambos eran contradictorias. El abogado de Rivas le miró con incredulidad. Pensaba que del careo difícilmente podría salir algo que esclareciese los hechos.

Rivas habló el primero, de forma extensa, y miró casi exclusivamente al juez. Narró los detalles. Y concluyó:

—Me ratifico en lo que he declarado. Rotundamente —dijo—. Don Mario Conde me ordenó la entrega del dinero a don Adolfo Suárez a través de don Apolonio Paramio —añadió, con la fuerza de un camión.

Le tocaba interpretar a Conde.

Habló en un tono de voz muy bajo. Suavemente. Estaba visto que no deseaba alterarse ni provocar a Rivas.

—No es cierto —contradijo Conde—. Jamás le he dado una orden para que retirara dinero de caja. Además, don Apolonio Paramio era persona de mi confianza, por lo que lo lógico hubiera sido que hubiese confirmado esa orden conmigo, y eso no sucedió.

El juez miró a Rivas y le preguntó si podía aportar alguna prueba.

La tensión crecía.

—Sí, claro que sí. Le informé a Fernando Falero, director general adjunto de Banesto, que le hacía partícipe de la orden del señor presidente —dijo Rivas—. Le expliqué que me dijo que se lo entregase a Pol para entregárselo a don Adolfo Suárez. Dejé un sobre en mi casa en el que decía que, en caso de pasarme algo, fuera abierto por el señor Fernando Falero.

La pelota estaba en el tejado de Conde.

—Yo no sé absolutamente nada —se limitó a repetir.

Entonces, la presión acumulada comenzó a desbordarse.

—Pero, Mario —se encaró Rivas con Conde—, ¿cómo puedes decir eso? ¿No me dijiste que había que preparar trescientos millones para entregárselos a Adolfo Suárez y que era una cuestión confidencial?

—Repito, Martín, que no sé de qué estás hablando...

El careo se había prolongado algo más de media hora. Demasiado para lo que podía dar de sí un diálogo de sordos.

Conde, magnánimo, se dirigió al juez.

—Señoría, quiero dejar constancia de que don Martín Rivas es una persona honesta —dijo en un tono que sonó cínico—. Y no me cabe duda de que no se ha quedado con el dinero —agregó.

Rivas, al escuchar a Conde, pensó: «Hasta ahí podíamos llegar.» Pero no dijo más. Estaba cabreado, dolido. Al salir, su abogado le dijo:

—Eres un ingenuo, Martín. ¿Qué querías que dijera? ¿Cómo va a reconocer que te ordenó retirar el dinero?

Interrumpieron para comer. Pero los dos, Conde y Rivas, tenían que volver después de las cuatro de la tarde.

El 19 de diciembre de 1995, el mismo día que Mario Conde declaraba por primera vez ante el juez García-Castellón, los policías José Amedo y Michel Domínguez se convertían en «arrepentidos» y prestaban declaración ante el juez Baltasar Garzón sobre la creación del GAL. Ambos implicaron a Julián Sancristóbal, exgobernador civil de Vizcaya y exdirector de la Seguridad del Estado cuando José Barrionuevo era ministro del Interior, al dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea y al propio Barrionuevo.

Esa tarde, sobre las cuatro y media, el juez García-Castellón había citado a Falero para tomarle declaración como testigo; a Apolonio Paramio, Pol, y a Rivas, por si era necesario un careo con Pol. A todo esto, Conde reanudaba su declaración iniciada esa mañana.

Rivas llegó a la Audiencia Nacional a las cuatro y media. Se cruzó con Pol a la entrada, quien le tendió la mano. Rivas no se la estrechó y le dio el esquinazo. Mientras Rivas, Pol y Conde, por separado, aguardaban, entró a declarar Falero.

El juez le recordó los hechos, refrescó la declaración de Rivas y le pidió su versión. Falero dijo que en 1989 había recibido una llamada de Rivas, y relató lo que sabía.

—Me pareció que Martín Rivas se quedaba descolocado —evocó Falero en su conclusión—. Hablé con un amigo mío, agente de cambio y bolsa, y le conté lo que había ocurrido. Me recomendó que Rivas fuera a un notario para hacer una declaración y dejar constancia de los hechos. Se lo dije a Rivas, pero este no quiso hacerlo.

El siguiente fue Pol.

El 15 de diciembre, el día en que enchironaron a Romaní, Pol había hecho su primera declaración sobre los trescientos millones, en la que solo reconoció una de las entregas.

En la nueva comparecencia, el 19 de diciembre, que duró un par de minutos, se ratificaba.

—Martín Rivas me dijo que era por orden del presidente —dijo—. Que llevase ese paquete o bolsa a la dirección indicada. —Y añadió—: no recuerdo haber hablado con el presidente de este extremo...

Si la declaración de Pol incriminaba a alguien, ese era Martín Rivas. Todo parecía ser obra suya.

Porque en su primera comparecencia, Pol se había abstenido de decir que no recordaba haber hablado del tema con Conde. Y si lo precisó en la segunda fue porque Conde así se lo recomendó. Era la trampa que Conde ideó para debilitar la versión de Rivas. Su única manera de salvarse.

Seis días antes del comienzo de la declaración de Conde, la Agencia Tributaria comenzó a enviar al juzgado el material que se le había solicitado sobre las actividades del grupo Euman. El 13 de diciembre, el director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis López Ibáñez, hacía llegar la documentación recopilada por el jefe del equipo de inspección de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria (ONI), José Lacasa. Se incluía en un primer capítulo documentación relacionada con la compraventa de acciones de Promociones Hoteleras, la Operación Isolux, la posible vinculación de Valyser con terceras personas y otros; un segundo agrupaba los documentos por operaciones (Promociones, Isolux, terceras personas). Por último, se proporcionaba copia de los documentos originales. El lunes 19, Lacasa emitía un segundo informe. Ese mismo día lo envió López Ibáñez al juzgado. El fiscal Orti se mantenía en contacto con el jefe del equipo de inspección.

Euman-Valyser fue el segundo punto de la declaración.

Conde recordó que, de las empresas que tenían relación con Euman-Valyser, solo conocía dos, que habían sido de su propiedad. Una de ellas era Inversiones Puerto Moral (IPM).

—Era una sociedad totalmente inactiva —dijo—. No hizo ningún negocio mientras fue mía. La llevaban en el despacho de Mariano Gómez de Liaño, y, según me comunicó este en 1994, la sociedad fue vendida en 1989 al grupo Euman-Valyser.

La relación con Eugenio Martínez Jiménez, según Conde, procedía de una recomendación de Gómez de Liaño. La descripción que de la coartada hacían Martínez Jiménez y Conde era idéntica. Fue el abogado común de ambos quien había colocado a Martínez Jiménez en General Medical Merate España y en Zenith 88, en representación del paquete accionarial de Conde.

—Con Eugenio Martínez Jiménez no he tenido más que contactos personales esporádicos, dos o tres veces —dijo.

Sin embargo, al describir a sus administradores, Conde pareció enredarse, inexplicablemente.

—Díaz Orueta trabajó como administrador de mis sociedades y en Banesto, por decisión de don Ramiro Núñez. Supongo que Díaz Orueta daba cuenta en algunas ocasiones a Mariano Gómez de Liaño y en otras a Francisco Cuesta, que es quien ocupa la posición de administrador de mi patrimonio personal —explicó, aumentando la confusión. Pero no sería nada comparable con lo que diría a continuación—. El señor Díaz Orueta puede considerarse un administrador formal, mientras que las órdenes provienen de Francisco Cuesta o, en los casos más importantes, de don Mariano Gómez de Liaño.

El fiscal prosiguió con un asunto espinoso.

—¿Recibió Asebur Inversiones [sociedad patrimonial de Conde] un préstamo de mil quinientos millones de Valyser? —preguntó.

—Puede que Asebur recibiese un préstamo de Valyser de mil quinientos millones —admitió según su modo normalmente ambiguo Conde.

—¿Sabía que Valyser obtuvo ese dinero de Ceisa, empresa participada por Banesto?

—Ignoro que Valyser obtuviera ese dinero de Ceisa y que estuviera controlada por el grupo Banesto —subrayó, para, entonces sí, recitar su guion—. Lo que recuerdo es lo siguiente: a raíz de la separación con Juan Abelló me hice cargo de un paquete de acciones de Banesto que creo recordar fue financiado inicialmente por el banco Crédit Lyonnais. Al no tener fondos para pagar el crédito, una alternativa era vender esas acciones —dramatizó—. Lo comenté con el consejero ejecutivo Juan Belloso. Me dijo que podía ser malinterpretado en el mercado como una pérdida de confianza por parte del presidente en el futuro de Banesto, y provocar una baja de la cotización de los títulos y causar en consecuencia un daño a los accionistas. Obtuve así financiación del propio Banesto en una reunión del consejo celebrada en Palma de Mallorca. Yo informé al consejo que iba a ser sometida una petición de créditos y, para que pudiera decidir sin mi presencia, abandoné la sesión.

La memoria de Conde era fina para los detalles. Era verdad que el 27 de julio de 1989, en Palma de Mallorca, se habían aprobado los créditos de 2.050 millones para sus sociedades.

El 28 de julio de 1989, cuatro sociedades suyas (Luyega, Valores Frechos, Campo del Azufre e Inversiones Carcabuey) cambiaron su relación con Valyser. Ahora eran ellas las que prestaban 504,6 millones a Valyser a través de cuatro contratos de crédito. Pero Conde solo admitía conocer lo que formalmente era pulcro. No era experto en la cocina de las transacciones. No supo lo que ocurrió hasta cinco años más tarde.

—Lo conozco —dijo—. He sido informado de ello por Francisco Cuesta y Mariano Gómez de Liaño en 1994. Me dijeron que Valyser necesitaba tesorería puntualmente y que, como mis sociedades tenían dicha tesorería, se instrumentó un contrato de préstamo —dijo, para utilizar otra vez la disculpa—. Yo lo supe en 1994, porque así me lo informaron.

El fiscal intentó apretarle.

—¿Asebur prestó a Valyser el 22 de julio de 1991 y el 15 de octubre de 1991 respectivamente 64 millones y 56 millones?

—Lo ignoro... En todo caso, es perfectamente comprobable —dijo.

—¿No es extraño que desconozca esos préstamos?

— Yo estaba dedicado a Banesto y confiaba plenamente en los administradores —persistió.

El fiscal preguntó por la comfort letter de Asebur Inversiones a favor de Valyser ante el Banco de Progreso. La respuesta, casi memorizada, fue esta:

—Cuando recibo el expediente disciplinario del Banco de España veo el texto de la comfort letter por primera vez en mi vida —respondió—. Francisco Cuesta me dijo que fue Mariano Gómez de Liaño quien le dijo que se hiciera.

Conde insistía en marear la perdiz:

—Cuesta me dice que él se lo dice a Díaz Orueta, y este le indica al señor Cuesta que para firmarla necesita que se lo ordene Mariano Gómez de Liaño y este se lo ordena...

El fiscal, como perro de presa, no se echó atrás.

—Díaz Orueta ha declarado que Eugenio Martínez Jiménez no hacía sino insistir a través de Cuesta para la entrega de la comfort letter, que constituye una obligación para el que la entrega... Díaz Orueta dice que estas cartas solo se entregan a sociedades intergrupo...

Era el momento de solemnizar.

—Ni yo, ni nadie de mi familia, ni directa ni indirectamente, tenemos ni una sola acción o participación en el grupo Valyser... Por tanto, no se puede tratar de una comfort letter intergrupo.

El fiscal, sin saberlo, se iba metiendo en terreno minado. Le preguntó a Conde por la sociedad Inversiones del Condado.

—¿Sabía que esta sociedad fue vendida en mayo de 1992 a Mariano y Miguel Gómez de Liaño, Eugenio Martínez Jiménez, Carlos Díaz Porgueres y Francisco Javier Sitges, que a la sazón era presidente de Asturiana del Zinc?

—Lo ignoraba. Absolutamente... —dijo, glacial.

Francisco Javier Sitges.

Fue la primera vez que su nombre sonó en el juzgado.

La historia de la Operación Isolux era, a ojos de Conde, muy simple. Euman-Valyser había comprado el 40 por ciento por seiscientos millones el 24 de julio de 1990. Aunque Conde no lo recordó al relatar los hechos, precisamente Valyser obtuvo la ayuda de Asebur, que la apoyó ante el Banco de Progreso para conseguir un crédito de trescientos millones.

—Al mismo tiempo entran en el capital una empresa denominada Cartinmosa, que es propiedad de los ejecutivos de Isolux —explicó Conde—. Previamente, Banesto hizo un saneamiento de Isolux para restaurar su situación patrimonial, que era negativa.

Era interesante. Otra coartada. No solo había entrado Valyser. Conde seguía el guión acordado con Martínez Jiménez. Estaba el hombre fuerte de Isolux, José Manuel Losada, también en el baile. Se trataba de una estratagema. Porque los ejecutivos pusieron unos doscientos treinta millones, que les prestó la misma Isolux, sirviendo de aliados de Martínez Jiménez. Nunca los devolvieron.

El fiscal le preguntó si sabía que en enero de 1992 Portland Iberia, del grupo Banesto, había comprado un 10 por ciento de Isolux.

—Lo conozco porque me lo comenta el señor Romaní —se escudó.

Y sobre la posterior compra del 30 por ciento por la Corporación, que permitió a Valyser obtener un beneficio redondo de 3.800 millones en los dos pases, Conde repitió el argumento:

—Sé que fue comprado por Banesto en julio de 1993 a Metallgesellschaft porque me lo cuenta Romaní —insistió, tan ancho—. No sé cuándo me lo dijo.

Y al comentar el fiscal la aparición de la sociedad pantalla Ibiser como paso intermedio entre Valyser y Metallgesellschaft, Conde dijo:

—Desconocía hasta el día de hoy que Ibiser hubiera adquirido el 30 por ciento a Valyser, e incluso desconocía que Ibiser se lo había vendido a Metallgesellschaft.

El nombre de Jamuna tampoco le sonaba.

El fiscal le preguntó por la venta de un 2 por ciento del paquete que Valyser poseía a la sociedad Jamuna el 13 de octubre de 1992.

—Lo desconozco.

El fiscal insistió:

—El 22 de enero de 1993, el representante de Jamuna, Renato Galletti, vendió también su 2 por ciento de Isolux a Ibiser. ¿Conoció esa venta?

—No.

Otro juramento solemne:

— Yo, como presidente de Banesto, no sugerí, de ninguna forma, la entrada de Euman-Valyser en el capital de Isolux —aseguró, para repetir—: quiero hacer constar que las relaciones crediticias que mis sociedades podían mantener con Euman-Valyser fueron conocidas por mí en 1994, y no con anterioridad.

El primer día de declaración, el 19 de diciembre, lo habían consumido la historia de los trescientos kilos y las relaciones con Euman-Valyser. Sin embargo, ese mismo día, a las nueve de la noche, cuando a Conde todavía le quedaba media hora para concluir su primer día de declaración, todo el interés de los medios de comunicación, como hemos apuntado, se concentraba en otra parte. La planta séptima de la Audiencia Nacional no era el centro de atención esa noche.

Para tomar el pulso de lo que más podía interesar había que bajar cinco plantas, hasta la segunda, donde estaba el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón, quien a las nueve de la noche había terminado de interrogar a Julián Sancristóbal. El juez acordó inmediatamente la prisión incondicional del exdirector de la Seguridad del Estado por posible delito de tentativa de asesinato, detención ilegal y malversación de caudales públicos. En la fría noche del 19 de diciembre, salió hacia Alcalá-Meco.

La mañana del 20 llegó un nuevo informe de la Agencia Tributaria. Lacasa había puesto en orden el tinglado de Valyser y sus relaciones con Conde, sociedades de Conde y terceras personas. Era un informe muy rico en datos. El tema Euman-Valyser ya había sido objeto de preguntas el día anterior. Sin embargo, los trece folios servirían para profundizar en el conocimiento del grupo.

Al reanudar Conde su declaración, sus escuderos fueron los mismos: Mariano Gómez de Liaño y Arturo Romaní. En la Operación Promociones Hoteleras les adjudicó a ambos la transacción de venta a la Corporación.

—Supongo que Mariano Gómez de Liaño le ofreció el inmueble a Arturo Romaní —dijo.

El fiscal le preguntó si conocía las cantidades pagadas por Valyser, Asni Investments y Mariano Gómez de Liaño por la compra de Promociones Hoteleras.

—Lo ignoro completamente —dijo.

Llegó el turno de la Operación Cementeras. Conde narró, como ya lo hizo Romaní en su declaración, las dificultades del grupo Valenciana de Cementos en 1989 y primeros meses de 1990. No se llegaba a un acuerdo con la familia Serratosa.

Conde relató que, a raíz de una noticia publicada por El País a finales de octubre de 1994, antes de ser presentada la querella criminal, habló con Romaní en su finca Los Carrizos de Castilblanco, en Sevilla.

—Le pregunté si la información era cierta —explicó—. Arturo Romaní me dijo que sustancialmente sí, que las ventas de las hormigoneras fueron los mecanismos habilitantes de los fondos...

¿Qué decía la información que abría el viernes 28 de octubre el citado periódico? «Dos sociedades próximas a Romaní ganaron mil trescientos millones en una venta a la Corporación Banesto», era el titular. Según se informaba, las sociedades Data Transmission Systems y Gay Cordon habían adquirido acciones de sociedades hormigoneras por 176 millones, y las habían vendido a la Corporación por una cifra próxima a los mil quinientos millones. Para Conde la información no estaba nada mal. Porque mencionaba solo a Romaní. Se desconocía públicamente, por aquellas fechas, que Gay Cordon pertenecía en un 72 por ciento a Conde.

—Cinco días después —narró Conde—, Francisco Cuesta me dijo que en Gay Cordon aparecen sociedades instrumentales mías.

Tras un descanso para comer, se reanudó la sesión. El juez preguntó por las transferencias de cheques de 170 millones a una cuenta de la sociedad Gay Cordon, y de los otros 1.224 millones a una de Data.

—Todo lo que sé es lo que declaré esta mañana. Ninguna persona vinculada a mí o a mi administrador ha tenido participación alguna —se excusó—. Y estoy convencido de que si el señor Romaní lo ha hecho así, es porque ha tenido alguna razón.

«Lo que me dijo Romaní…», «Me informó Romaní...» Conde no se movía de su posición.

Al día siguiente, 21 de diciembre de 1994, el diario El País publicó los hechos incluidos en la querella criminal, que seguía sometida al secreto de las actuaciones judiciales. Se trataba de un resumen de quince folios. En rigor, la mayor parte de las operaciones ya eran conocidas, y más después del envío a prisión de Arturo Romaní y de la difusión del auto redactado por el juez García-Castellón. En realidad, la querella se había quedado vieja. Porque la acusación de estafa era la gran novedad. Y esta había surgido el 15 de diciembre, en el auto de prisión de Romaní.

Mario Conde empezó su declaración del día 21 a las diez de la mañana. El fiscal siguió con las facturas pagadas por la Corporación Industrial e Inmobiliaria Urbis a Hachuel y sus sociedades (Martolinas, Servifilm y H. Capital) y las abonadas a Pérez Escolar y su sociedad Cifuentes 2000 a raíz de la fusión de las inmobiliarias Urbis, Ceisa y Mas Macarena.

—No sé a quién pertenece Cifuentes 2000 —dijo Conde—. Las facturas que se han mencionado no las conozco, ni los trabajos realizados...

El juez García-Castellón tenía interés en abordar la Operación Carburos. Pero, inmediatamente, vio que la actitud del Señor No era inconmovible.

—Desconozco todo lo relativo a la existencia de un precio y su correspondiente pago por una opción de compra concedida a favor de Air Products por el Grupo Banesto —se adelantó.

Histriónico, Conde tenía su coartada de papel. Aquella carta de cortesía que le había enviado a primeros de enero de 1994 el presidente de Air Products, Harold Wagner.

—¿Conoce qué es Homburger Achermann, Dr. Peter Widmer? —precisó el fiscal.

—Creo que es un despacho de abogados de cierta fama en Suiza —admitió—. Pero no he estado en mi vida en sus instalaciones. Ignoro qué relación pueda tener con estas operaciones —prosiguió—. No sé si el dinero ha podido terminar en una cuenta suiza a nombre de los mencionados.

El fiscal le mostró el contrato del 4 de abril de 1990, el llamado «Documento 63». Allí, en la última parte, Conde y sus amigos se habían dejado el párrafo en el que se decía que se devolvería el dinero ingresado en caso de no cumplirse el acuerdo. El fiscal le preguntó por qué se negaba Banesto a darle un recibo a Air Products. Sus ojos resbalaron por el contrato.

—Supongo que será porque no se deduce aparentemente ninguna obligación concreta de pago —justificó.

Siguieron hasta la hora de comer con varios asuntos: la inversión en el Banco Totta & Açores, en Portugal, y la entrada de Banesto en el grupo Dorna, de los hermanos García Pardo. El juez suspendió la sesión a las dos en punto y fijó la reanudación para las seis de la tarde.

Rafael Pérez Escolar, cuya comparecencia ese día 21 tuvo que ser suspendida para proseguir con la declaración de Conde, estuvo muy presente durante las casi dos horas y media que duró la sesión vespertina.

El fiscal inició su indagación sobre las operaciones del Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor, y sobre los beneficios de dos sociedades, Inversiones Sanfergo y Cifuentes 2000. La primera era de Mario Conde y la segunda estaba vinculada a la familia de Pérez Escolar.

Orti le preguntó por segunda vez si conocía la sociedad Cifuentes 2000.

—No —dijo Conde.

—¿Conoce quién es Esther Hernando Palafox? —precisó Orti, en referencia a uno de los accionistas de Cifuentes 2000.

—Creo que es la mujer de don Rafael Pérez Escolar —respondió Conde.

—¿Sabe que Cifuentes 2000 ingresa un talón de 178.155.000 pesetas en su cuenta de Banesto librado por Dorna al día siguiente de la compra por la Corporación Industrial del 48 por ciento de las cuentas en participación del Centro Comercial Concha Espina? —sondeó Orti.

—Lo ignoro.

—¿Qué vinculaciones tiene usted o ha tenido con Inversiones Sanfergo? —lanzó Orti.

En esta, por lo menos en esta, no le cogería. Conde sacó dos certificados y los aportó al juez. El primero decía que Conde había comprado Inversiones Sanfergo en 1987; el segundo, que había vendido dicha sociedad en 1990. La operación a la que aludía el fiscal, la participación de Inversiones Sanfergo en el Centro Comercial Concha Espina, había tenido lugar a finales de 1991.

—En el momento en que se vendió Inversiones Sanfergo, ¿sabe por quién fue adquirida?

Claro que lo sabía. Hay muchas cosas que puedes ignorar. Pero lo que no dejas de saber ni olvidas es que le has vendido, al menos formalmente, una sociedad a uno de tus mejores amigos y más fieles servidores en muchos de tus tejemanejes. Nada menos que Fernando Garro. Sin embargo:

—No —dijo Conde.

—¿De qué se ha enterado sobre esa empresa con posterioridad? —le dio el fiscal la oportunidad de seguir con el cuento.

Y entró por el aro.

—En el día de hoy, Francisco Cuesta me informó de que en su día don Fernando Garro le pidió al señor Cuesta si tenía alguna sociedad inactiva. Y Cuesta le dijo que sí y encargó la venta de la misma... —explicó Conde—. Yo desconocía quién fue el comprador.

El fiscal siguió entonces con Oil Dor. Leyó a Conde la lista de accionistas de la citada sociedad que vendieron su participación, hasta el 50 por ciento, a la Corporación Industrial en junio de 1992. Había cinco sociedades relacionadas con Pérez Escolar. Una de ellas, Cifuentes 2000, había invertido en el proyecto Oil Dor dos millones de pesetas en octubre de 1991 y veinte millones más en mayo de 1992. Y en junio de 1992 vendieron su participación, 2.200 títulos de Oil Dor, a la Corporación, por 638 millones. La mitad de esta cifra, según el pacto, se pagó al contado y la otra mitad en acciones de Banesto. En enero de 1993, como esos títulos perdieron valor, Banesto pagó a esas sociedades otros 110 millones con acciones del banco. Como en un moderno milagro de panes y peces, aquellos 22 millones iniciales se convirtieron en 748 millones con apenas un mes de diferencia. Pérez Escolar, pues, era accionista de Oil Dor y miembro de la comisión ejecutiva de la Corporación cuando se hizo la compra.

Pero el expresidente de Banesto no sabía nada.

Esa misma tarde del 21, en un momento de la declaración, Teresa recibió una documentación de interés. El Banco Urquijo, en respuesta a un requerimiento del juez pidiendo información sobre Valyser, contestaba con fecha 20 de diciembre. El Urquijo, que absorbió el Banco de Progreso, informaba en tres folios sobre las operaciones de Valyser con el antiguo Banco Urquijo, en primer término, y acerca de las realizadas con el Banco de Progreso en relación con la compra de un 40 por ciento de Isolux, en segundo lugar.

La carta de presentación de las operaciones en el Banco de Progreso decía algo nuevo. La primera operación era esta: préstamo con garantía de valores, por importe de 300 millones de pesetas, instrumentado en escritura pública de 23 de julio de 1990 con garantía de 15.000 acciones de Isolux y con carta de conocimiento de Asebur Inversiones. Y la segunda era otro crédito: préstamo con garantía de valores por importe de 450 millones de pesetas... y carta de conocimiento de Asebur Inversiones.

Hasta entonces, tanto el juez como el fiscal, en realidad todo-el-mundo, sabían de la existencia de una comfort letter de Asebur Inversiones, la sociedad patrimonial de Conde, a favor de Valyser: la del 22 de julio de 1991. Aquella carta firmada por el administrador único, Luis Alfonso Díaz Orueta. Pero ahora se descubría que esa era la segunda, ya que existía otra de 20 de julio de 1990. Aun cuando Valyser había pagado el préstamo de 300 millones en julio de 1991, el Banco de Progreso, al pedírsele otros 450 millones, había exigido una nueva carta de patrocinio-garantía. Y Díaz Orueta volvió a estampar su firma. Aquella de julio de 1991, pues, no había sido más que la reedición de una situación ya planteada en julio de 1990. Tanto Eugenio Martínez Jiménez como Mario Conde habían ocultado esa primera carta. Saltó por el requerimiento del juez. El juez no dijo nada. Ya se estudiaría el documento con calma.

A las ocho y media, después de que el fiscal siguiera indagando en los asuntos de Oil Dor y el Centro Comercial Concha Espina, cono nulos resultados, el juez consideró que era suficiente. La sesión se reanudaría la mañana del 22, a las diez en punto. Se levantaron todos. El fiscal se marchó. Y mientras Miguel Gómez de Liaño, hermano de Mariano y miembro también del bufete Asesores en Derecho, se ocupaba de recoger la declaración para firmar, el juez se dirigió a Antonio González Cuéllar, delante de Conde. Los tres estaban de pie.

—Como mera posibilidad, Antonio, ¿qué te parecería si, dadas las fechas y teniendo en cuenta que esto se va a prolongar, interrumpimos para seguir después de las Navidades? —consultó García-Castellón—. No os pido una respuesta ahora mismo. Lo pensáis y me decís mañana —sugirió.

—Tengo que hablar con mi cliente... —dijo González Cuéllar. Conde era todo oídos—. A mí no me parece mal, pero lo meditaremos... —añadió.

—Bien, lo pensáis... —dijo el juez—. Se lo consultaré yo también al fiscal —agregó.

González Cuéllar, Mariano Gómez de Liaño y Conde analizaron la idea. González Cuéllar reiteró que le parecía una interrupción favorable para Conde, y vio enseguida que este también la encontraba positiva. Gómez de Liaño era reticente.

—El juez quiere evitar tener que mandarle a la cárcel en Navidades —dijo.

—Eso no lo sé —dijo González Cuéllar—. Lo que sí sé es que a nosotros nos conviene. Se le puede sacar partido.

—Estoy de acuerdo con Antonio —dijo Conde—. Nos conviene posponer la declaración, está clarísimo.

Manuel García-Castellón analizó la situación con el fiscal. Ya se había aplazado la declaración de Juan Belloso, prevista para el lunes 19, y se canceló la citación a Pérez Escolar, citado para el 21 de diciembre. Aplazar hasta después de las Navidades la comparecencia de Conde carecía de fundamento. Quedaron, pues, en suspender las declaraciones de los dos querellados y continuar con la de Conde. No fue esa la única decisión que adoptaron. El careo entre Conde y Rivas de la mañana del lunes 19 había quedado en tablas y el juez no había ofrecido su conclusión, como está previsto en la ley. Pero la tarde del 19 habían declarado Falero y Pol, aportando nuevos elementos de juicio sobre la retirada de los trescientos millones. El juez pidió, pues, a Teresa que intentase localizar a Martín Rivas esa misma noche del 21 de diciembre.

Serían las nueve. Teresa llamó a Rivas a su casa. Su hija le informó de que había salido a casa de unos amigos y que pensaban cenar fuera.

—Si hablas con él, dile que he llamado del juzgado y que el juez quiere que venga mañana a las diez a la Audiencia —le rogó Teresa.

Rivas fue localizado por su hija cuando estaba a punto de abandonar la casa de sus amigos para ir a un restaurante.

—Papá... Ha llamado Teresa del juzgado. Tienes que presentarte mañana a las diez.

A la mañana siguiente, jueves 22 de diciembre, el juez habló nada más llegar con Antonio González Cuéllar, quien veía con entusiasmo la idea de suspender la declaración de Conde y reanudarla después de Navidades.

—Antonio, vamos a dejarlo. Lo he vuelto a pensar y he hablado con Tino. La inseguridad sería mayor para tu cliente si interrumpimos durante el período de fiestas. Así que seguimos hasta terminar —decidió el juez.

—Pues, como ya te había dicho, lo hablamos anoche y nos parecía muy bien aplazar durante las fiestas —dijo, apenado, González Cuéllar.

—Sí, comprendo... Pero vamos a continuar —concluyó el juez.

El fiscal prosiguió con preguntas sobre el apartado B de la querella, referido a artificios contables o falsedades. Empezó por la información que Banesto proporcionaba al Banco de España cuando Conde era presidente.

—La comunicación era fluida —dijo Conde.

Y, entonces, sorpresivamente, el juez interrumpió la sesión. Hizo pasar a Rivas y a su abogado. Rivas se encontró ante otro Conde. No era el que había tenido ocasión de ver actuar cuatro días antes, durante el careo del lunes 19. Parecía congestionado, y se advertía en sus pómulos una ristra de diminutas venas que le enrojecían el rostro. Los cuatro días de comparecencia, el envío de Romaní a Alcalá-Meco y la confirmación, el miércoles 21, del auto de prisión por el juez, al desestimar el recurso de reforma presentado por Miguel Gómez de Liaño, hermano de Mariano, contra la prisión de Romaní, habían dejado sus huellas. Y ahora, otra vez la diabólica historia de Rivas.

El juez intentó dramatizar.

—¿Se dan ustedes cuenta de que se juegan hasta doce años de prisión con este asunto? —advirtió.

Martín Rivas se ratificó.

Conde no conocía el testimonio de Falero porque las actuaciones estaban bajo secreto sumarial. Reaccionó con menos paciencia que en el primer careo, pero en lugar de considerarse el protagonista actuó como si fuera el abogado del acusado Conde.

—El señor Falero es un subordinado de don Martín Rivas —Conde echó agua al vino—. Ignoro lo que el señor Rivas ha contado respecto a cómo hizo las operaciones contables para retirar fondos. No sé nada de lo que pudo contar el señor Falero al agente de cambio y bolsa. Yo no firmé ningún recibí porque no he recibido ningún dinero —prosiguió. Y, ya menos formal, se dirigió a Rivas—: Eso no se hace así Martín —dijo, paternalista.

No dijo que la declaración de Rivas y de Falero fueran falsedades. Más bien trató de mostrar que eran inverosímiles.

—Me ratifico en todo lo que ya declaré en el acta anterior —aseguró Conde.

El juez, ahora, daría su opinión. Pidió al oficial, Diosdado, que tomara nota en el ordenador.

—A mi criterio, las manifestaciones del señor Martín Rivas transmiten una mayor fuerza y credibilidad.

Toda la escena duró tan escasos como infinitos diez minutos.

En el habitual descanso para el café, Conde estiró las piernas acompañado del oficial. Ya habían trabado una relación a lo largo de los cuatro días de declaración. Hablaban de barcos. Diosdado quería navegar. Y Conde empezó a explicarle cómo se hacía. Pero esa mañana, estaba muy intranquilo:

—¿Qué, Diosdado? Esto ha ido mal, ¿no es cierto? —preguntó.

El oficial no sabía qué decir.

—Hombre, la verdad que no mucho —afirmó—. Pero no se preocupe, don Mario...

—No, si ya sé yo... Esto está muy mal.

Al concluir el interrogatorio del día 22, que versó sobre los artificios contables, Tino Orti se quedó un rato en la Audiencia Nacional. Su mujer, Teresa, se marchó a recoger a su hermana y su cuñado, que llegaban desde Galicia en tren para pasar las Navidades en Madrid. Teresa les recogería en la estación de Chamartín y Tino cenaría con ellos más tarde en el VIPS de la madrileña calle de Ortega y Gasset. Tras reunirse con su familia, Tino cogió su nómina, le dio la vuelta y comenzó a escribir. Hizo un resumen de los principales hechos y de los razonamientos jurídicos de lo que para él debería constar en un eventual auto de prisión. Ya pudo relajarse por primera vez durante ese largo jueves 22 de diciembre.

El juez se marchó hacia las nueve rumbo a su piso, en la zona norte de Madrid, situado a pocas calles del chalé de Mario Conde. Saludó a sus niños y cenó con su esposa. Se despertó de madrugada, cerca de las cinco, y redactó de puño y letra el borrador del auto de prisión.

Nada más llegar a la Audiencia Nacional, el juez llamó a Teresa, su secretaria. Le entregó el borrador, le sugirió que buscara el auto de prisión de Romaní y que comenzara a pasar a limpio el de Conde.

A las once y diez minutos, el juez hizo las dos últimas preguntas, de recapitulación. La primera tenía que ver con el hallazgo de la primera comfort letter de Asebur Inversiones para que Valyser pudiera obtener el crédito de 300 millones en el Banco de Progreso. La carta del 20 de julio de 1990. Hasta entonces se le había preguntado a Conde por la del 22 de julio de 1991.

—No ha mencionado usted que había otra comfort letter de Asebur dirigida al Banco de Progreso a favor de Valyser —dijo el juez.

—Ignoro la existencia de más de una comfort letter de Asebur Inversiones al Banco de Progreso en las operaciones a realizar por Valyser.

El juez prosiguió con la última pregunta. También estaba relacionada con la información de la Agencia Tributaria.

—Usted o su esposa, o la sociedad Torreal, ¿han prestado dinero al grupo Euman?

—Mi esposa, con seguridad afirmo que no —respondió Conde—. Si yo he prestado, no recuerdo —añadió, aun cuando era fácil suponer que el juez tenía en su poder la lista de los créditos—. Y Torreal, creo que sí.

—¿Cuál fue su relación con Torreal?

—Con motivo de la separación entre mis negocios y los del señor Juan Abelló, Torreal fue asignada al señor Abelló —explicó—. Esos préstamos de Torreal los conozco por los documentos presentados en este juzgado.

El juez sabía lo que decía. A raíz, precisamente, de la separación, una parte de los bienes de Torreal pasaron a titularidad de Mario Conde. Entre ellos, el préstamo que esa sociedad había facilitado a Euman en julio de 1988 y cuyo titular pasó a ser Lourdes Arroyo.

A las once y veinticinco, el juez dio por terminada la declaración del quinto día. Pidió a Conde y su abogado que salieran del despacho. Ya les notificaría lo que fuese.

La puerta del segundo despacho que sigue a la del juez estaba ahora cerrada, lo que no era habitual. Conde y González Cuéllar notaron que había cierto movimiento de idas y venidas.

Mario Conde se frotaba las manos. Cuando Teresa se puso a tiro, le dijo:

—Hay malas noticias, ¿verdad?

—Me pone en un aprieto —le contestó Teresa.

El juez estaba con el fiscal Orti. Se les unió el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Pepe Aranda.

—Bueno, ¿cómo lo veis? —preguntó el juez.

—Nosotros apoyamos la prisión —dijo Tino.

—Sí, pero yo creo que no debemos pedirla —precisó Aranda—, ¿Tú qué piensas Manolo? —preguntó.

— Yo voy a acordar la prisión —dijo el juez.

El juez estaba acostumbrado a sentirse solo a la hora de decidir. Había enviado a Alcalá-Meco a Romaní. Era evidente que Romaní no podía haber hecho de su capa un sayo. Que en cierto modo Romaní representaba el papel de vicario mayor de Mario Conde. No era el único vicario, quizá sí uno de los más importantes. Por eso creía que los hechos sobre los que se había basado para enviar a la cárcel a Romaní también valían para Conde. Ambos formaban parte del mismo grupo.

Mientras, el juez bajó a la cuarta planta. Quería informar a Clemente Auger. Al llegar, el juez Baltasar Garzón estaba en la puerta del despacho del presidente de la Audiencia Nacional.

—Manolo, tú sí que lo tienes más fácil —dijo Garzón—, todo el mundo te apoya —añadió. Se refería a que esa misma semana, el lunes 19, él había enviado a Sancristóbal y otros jefes policiales a la cárcel en medio de un terremoto político.

En un minuto, el juez informó a Auger que había dispuesto enviar a Conde a Alcalá-Meco.

Volvió tan rápido como pudo. El juez llamó a la policía judicial de la Audiencia Nacional. Informó que Conde sería trasladado a una cárcel. También llamó al director de AlcaláMeco para hacer los preparativos.

Teresa, por fin, entró al despacho con el auto de prisión.

Mientras la actividad telefónica le había mantenido en acción, el juez García-Castellón había evitado enfrentarse con su propia decisión. Y ahora, en su despacho, lleno de la tensión del ambiente, que todavía estaba creciendo minuto a minuto, consulta a consulta, aún reflexionaba mientras Conde iba y venía de un lado al otro del hall. García-Castellón sabía que llegaba el momento en que tendrían que verse las caras. Leyó el auto y lo firmó. Estaba hecho.

El juez ordenó llamar a la secretaria del juzgado número 1, Mari Luz López Aparicio, en ausencia de Pilar Molina, secretaria del número 3, para que notificara en su presencia el auto. Conde y González Cuéllar entraron al despacho del juez.

La secretaria entró y cumplió con el acto ritual.

—He hablado con la policía de la Audiencia para que se haga todo con la mayor discreción —dijo el juez, con amabilidad—. No creo que tenga que pasar por los calabozos. Lo mejor es esperar en la planta primera, donde está la Unidad de Policía Judicial. Se le hará una revisión antes de enviarle a la cárcel —prosiguió—. Yo creo que el mejor sitio es AlcaláMeco. He hablado ya con el director para que se tomen las medidas adecuadas.

Conde dijo que estaba de acuerdo con la cárcel elegida, porque allí estaba su amigo Arturo Romaní:

—Quisiera, si usted me lo permite, saludar al personal del juzgado.

—Por supuesto —aceptó el juez.

Fue a cada uno de los funcionarios y les dio la mano. Como esos acontecimientos que uno nunca ha de olvidar, todos ellos recuerdan ese día como si fuese hoy. Conde los saludó uno por uno.

Después bajó a la planta primera. Allí debía esperar. Mientras, Teresa advirtió que el auto tenía un error: decía 22 de diciembre en lugar de 23, como debía poner. Llamó a Mari Luz López Aparicio y se corrigió la fecha. La secretaria bajó a la primera planta para informar a Conde. Y le entregó el auto con fecha de 23 de diciembre de 1994.

El juez resumió los hechos en cinco puntos. El primero era la Operación Isolux, en la que Valyser había ganado 3.800 millones de pesetas. Según el auto «las relaciones del Grupo Euman-Valyser con Mario Conde son de naturaleza personal, patrimonial y profesional». El segundo punto se refería a la Operación Promociones Hoteleras, en la que Valyser, la sociedad suiza constituida días antes de la transacción Asni Investments, y Mariano Gómez de Liaño obtuvieron un beneficio de 1.162 millones, cifra inferior a la supuesta por el fiscal. En tercer lugar, venía la compraventa de las empresas cementeras y los beneficios de Gay Cordon, que pertenece en un 72 por ciento a Mario Conde, y Data Transmission Systems, de Arturo Romaní, por un total de 170,2 millones y 1.224,5 millones, respectivamente. Le seguía, en cuarto lugar, la extracción de 300 millones de la caja del banco con el reintegro posterior de 4,7 millones, quedando un saldo de 295,2 millones de pesetas, pasado por la cuenta de pérdidas y ganancias del banco. Y, por último, el pago de cuatro facturas por 508,5 millones a las sociedades de Jacques Hachuel.

Como ya había hecho con Romaní, el juez dio un paso adelante y calificó los tres primeros como presuntos delitos de estafa, y el cuarto y el quinto como presuntas apropiaciones indebidas.

El auto era especialmente insinuante con una persona ausente en la querella criminal, ya que no formaba parte del consejo de administración de Banesto: Mariano Gómez de Liaño. No le identificaba por su nombre en la primera operación, pero le mencionaba como socio en la Operación Promociones Hoteleras.

Cuando González Cuéllar leyó el auto y pudo hablar con Mariano Gómez de Liaño, lo primero que le dijo fue eso:

—¿Has leído lo que dice el auto, Mariano?

—Sí.

—Pues yo estoy muy preocupado por ti. ¿Has visto, no? El auto te describe como el «administrador real» en EumanValyser. Yo creo que está insinuando la figura del cooperador necesario —subrayó, alarmado—. Tenemos que pensar cómo vamos a actuar.

El juez, después de la gran tensión, se relajó.

Su conciencia estaba en paz.

Él no había hecho la vista gorda con uno de los mayores fulleros del país.

El único delito que había omitido era el robo de Carburos.

TERCERA PARTE

EL GRAN CHANTAJE

LA CONSPIRACIÓN

La conspiración que Mario Conde perfiló durante sus treinta y nueve días en la prisión de Alcalá-Meco, entre el 23 de diciembre de 1994 y la madrugada del 31 de enero de 1995, es una operación reconocida tanto por los que fueron objeto del chantaje y las presiones como por aquellos que sirvieron de instrumento 1. El plan de Conde buscaba aprovechar la vulnerabilidad extrema del gobierno de Felipe González, afectado por casos de corrupción y por la investigación judicial del GAL, o guerra sucia contra ETA, para lograr dos objetivos: apartar al juez Manuel García-Castellón del proceso de instrucción del caso Banesto para poner en su lugar al juez Miguel Moreiras y resarcirse económicamente de las pérdidas que se habían derivado de la intervención de Banesto para su posición accionarial y sus ingresos en dicha institución.

Los eslabones de esta acción se empezaron a encadenar a lo largo de 1994. En la madrileña plaza del Marqués de Salamanca número 3, primera planta, estaba la sede de la empresa Estudios Técnicos Financieros S. A. (Etefisa), propiedad de Julián Sancristóbal, exgobernador civil de Vizcaya entre diciembre de 1982 y febrero de 1984, cuando asumió el cargo de director de la Seguridad del Estado.

—Ves, Juan, estas son las cosas que se podrían hacer en España —dijo Julián Sancristóbal, y le mostró a Juan Alberto Perote un informe sobre Mario Conde realizado en 1992 por la agencia de investigaciones Kroll Associates de Estados Unidos.

—Déjamelo ver —se interesó Perote, y cogió el documento.

—Sí, Juanito, míralo, y piensa que nosotros, bien coordinados, con buenos contactos internacionales, podríamos montar una empresa similar. Esto vale una pasta.

Es posible que Sancristóbal estuviera orgulloso con la aportación de su granito de arena a ese trabajo. Porque hacía poco que habían intervenido Banesto. Y eso, a sus ojos, quería decir, en cierto modo, que muchas cosas del Informe Crillon habían dado en la diana.

Sancristóbal conoció a Perote por el policía Francisco Álvarez. Al ser nombrado director de la Seguridad del Estado, Sancristóbal contó con Álvarez para el puesto de jefe del gabinete de información. Ambos habían trabajado en Bilbao, durante las acciones del GAL e hicieron una amistad personal. A su vez Álvarez trabó relación con Perote, que era responsable de la Agrupación Operativa del Cesid, en un viaje a Oriente Medio. Se hicieron amigos. Un día, Perote fue a visitar a Álvarez al Ministerio del Interior, y este los presentó.

Ahora, en marzo de 1994, Perote dijo:

—Julián, se lo he dicho a Paco y quiero que sepas que, si llegara a pasar algo con las historias del GAL, yo me comprometo a echar una mano.

Juan Alberto Perote había abandonado el Cesid en noviembre de 1991. En esas fechas fue ascendido a coronel, pero el teniente general Emilio Alonso Manglano, que ya le tenía en la mira, no lo confirmó en su puesto como jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME). Y Perote, para cubrirse una vez que estuviese fuera, hizo un buen acopio de material. Pidió a su subordinado, el sargento primero de la Guardia Civil, Miguel Fernández Jordán, destinado en el Cesid, que microfilmara una serie de documentos relacionados con la guerra sucia. Entre esos documentos estaban las llamadas «notas de despacho» que había mantenido diariamente Perote con su superior, el teniente general Manglano. Fernández Jordán lo hizo, le entregó 1.200 microfichas a Perote y ordenó destruir el soporte en papel. Al mismo tiempo, Perote solicitó al entonces jefe del Gabinete de Escuchas del Cesid, comandante Manuel Navarro Benavente, un juego de copias de siete grabaciones a personalidades relevantes, entre ellas una conversación del rey Juan Carlos con el presidente argentino Raúl Alfonsín.

Hacia el mes de noviembre o diciembre de 1994, Sancristóbal volvió a ver a Perote. Esta vez se reunieron también con Álvarez. Reiteró su oferta en torno al GAL.

—Sabéis que yo puedo ayudaros —advirtió—. De modo que, si aquí nadie asume las responsabilidades y os hacen pagar los platos rotos, pues habrá que contar lo que ocurrió.

Cuando Conde llegó a Alcalá-Meco, intentó convertir a Sancristóbal en su fuente oficial de información.

—Julián, tú eres el que me ha investigado.

—Pues alguna participación tuve, sí.

—¿Podemos hablar del Informe Crillon?

—¿Qué quieres saber? ¿Acaso no está claro?

—Hombre, quiero que me digas quién lo encargó. Yo sé que Luis Roldán no iba a decidir que se me investigara.

—Joder, Mario, quién va a ser —replicó Sancristóbal—. Ha sido Serra —precisó—. El Gobierno estaba preocupado por tres cosas. Primero, por la posible crisis de Banesto; segundo, porque creía que tú te estabas forrando, y, tercero, controlabas cada vez más medios de comunicación con la pasta del banco, porque, según algunos, te querías dedicar a la política —redondeó como diciendo: «vamos, no te hagas el idiota».

—Mira, yo estoy muy tranquilo —dijo, frío, Conde—. Pero lo que quiero decirte es que este tema del Crillon lo ganamos seguro en el Tribunal Supremo. Tenemos gente con nosotros. En la Sala Segunda está Fernando Cotta y Márquez de Prado, por ejemplo. Te puedo asegurar que él no dejará pasar este asunto.

Sancristóbal creía que el Informe Crillon no revestía delito alguno. Serra le había sugerido a Roldán que se ocupara de investigar a Conde. Roldán le había encargado a Sancristóbal la contratación de una empresa extranjera. Conocía a uno de los directores de Kroll, Michael Oatley, británico, que trabajaba en la oficina de la agencia en Londres. Roldán no fue al hotel Crillon de París ni a ninguna parte como había intentado hacer creer en sus declaraciones periodísticas. Todo lo hizo Sancristóbal, incluso cierta coordinación de los trabajos, que se desarrollaron entre enero y mediados de noviembre de 1992. Nunca había hablado con Serra. A él todo se lo había confiado Roldán.

Creía, en efecto, que el origen de la iniciativa estaba en el entonces vicepresidente del Gobierno. Y así se lo dijo a Conde. Incluso, le añadió que cierta vez, cuando él estaba en el despacho de Roldán, este había hablado con Serra y le había pedido el dinero para dárselo a Sancristóbal. Porque también de pagar a Kroll se ocupó Sancristóbal, así como de dar los nombres de unas personas amigas suyas que aparecieron como destinatarios de las facturas, entre la primera, presentada al cobro el 21 de enero de 1992, y la décima, de fecha 13 de noviembre de 1992, que redondearon 380.938 libras o 67.426.263 pesetas.

A primeros de enero de 1995, Conde ya tenía claro que, aparte de la defensa penal, necesitaba un abogado para abordar una línea de ataque político-judicial paralela. Ese abogado era Jesús Santaella. Había trabajado recientemente para Conde en una campaña de imagen que quedó aplazada a raíz de la querella criminal, primero, y su entrada en prisión después. Santaella preparó para esa campaña, que coordinó el economista y catedrático Ramón Tamames, amigo de Santaella, un estudio sobre el acuerdo de intervención adoptado por el Banco de España en relación con Banesto en la última semana de 1993. Pero ya conocía a Conde desde hacía varios años. Les había presentado Antonio Navalón en 1989. Santaella reunía las condiciones ideales para Conde. Era miembro de la junta del Colegio de Abogados de Madrid, y se había ocupado desde 1984, con el puesto de secretario general, de la Federación de Asociaciones de la Prensa en España (FAPE). Sus amistades en el mundo de los medios de comunicación eran un gran activo, pero no lo era menos su buena relación con el expresidente Adolfo Suárez..

El 9 de enero de 1995, Santaella publicó un artículo en el diario El Mundo sobre la instrucción del sumario GAL, donde decía: «Barrionuevo se equivoca cuando acude a la plaza de Castilla a defender su honor o a la calle Génova a pedir ser interrogado, con la esperanza secreta de terminar ante el edificio de la plaza de las Salesas. Su Tribunal está en la Carrera de San Jerónimo.» ¿Hacia dónde iba? Esta descripción del mapa callejero de los tribunales de justicia —los juzgados de primera instancia y de instrucción normales, la Audiencia Nacional y el Supremo— estaba al servicio de una idea, a saber, que los problemas del GAL deberían enmarcarse en los delitos contra la Seguridad del Estado, previstos en el artículo 102.2 de la Constitución.

Según Santaella, en este caso la acción penal debería estar sometida a «la existencia previa de una decisión del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a instancia de la cuarta parte de los miembros, esto es, 88 diputados, en una suerte de particular impeachment a la española... Es el Parlamento —no la Fiscalía, ni los jueces y tribunales, ni la acción popular— quien puede y debe realizar el «antejuicio» de las responsabilidades eventuales de miembros del Ejecutivo en el caso GAL».

Ese mismo 9 de enero de 1995, Santaella, pues, rendía el primer servicio oficial como abogado de Mario Conde, lo que quiere decir que los contactos fueron hechos tiempo antes. Santaella fue contratado, aparte de su perfil personal y de su capacidad para dialogar con los medios, por un par de cosas concretas. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, contrató en 1991 a Santaella para que le defendiera contra una revista que le había atribuido un idilio con la actriz Carmen Maura. Un abogado que había defendido a muchos periodistas, un hombre de la Asociación de la Prensa, tenía todos los títulos para hacer un trabajo eficaz. Santaella presentó una querella y la ganó, con una condena para el director y el redactor por intromisión en el derecho al honor. Pero, al parecer, tenía otra baza en sus manos. Santaella había intentado, después de los servicios que prestó a Botín en 1991, profundizar sus lazos con el Banco Santander. Cuando el juez Miguel Moreiras sacó adelante, a finales de 1992, la investigación del asunto de las cesiones de crédito, Santaella realizó un dictamen para el Banco Santander. Según decía, tenía capacidad para resolver el asunto de manera favorable para el banco de manera muy rápida. Botín no le contrató. Eligió una defensa jurídica. No estaba para los trotes que insinuaba Santaella. En otras palabras, Santaella le estaba intentando vender su relación con Miguel Moreiras.

Julián Sancristóbal se había desengañado de Conde tras los primeros días de conversación. Sus análisis políticos le parecían maniqueos. ¿Esta era la persona que se suponía muy informada? Y, sin embargo, la imagen fuera de la cárcel era la contraria. Parecían grandes amigos.

Durante los primeros días de enero, Barrionuevo le preguntó:

—Oye, Julián, se dice que este hombre puede haberle pagado a Amedo para que cante. ¿Tú piensas que es posible?

—Yo pienso que este hombre no da un duro si no saca una rentabilidad económica evidente —dijo Sancristóbal—. Pero se lo puedo preguntar —añadió—. Por cierto, ya has visto que cuando vienen sus abogados a verle se reúne en una salita, en privado, no como nosotros, que cumplimos estrictamente el reglamento de visitas. ¿Tú no podrías arreglarlo para nosotros?

—Veré lo que puedo hacer —dijo Barrionuevo.

Sancristóbal habló con Conde. Le contó lo que Pepe Barrionuevo le había dicho sobre los pagos a Amedo, y que él ya le había anticipado que no debía ser así, pero ahora quería conocer su respuesta.

—Pero no, hombre —dijo Conde.

El rumor en Madrid sobre la luna de miel entre Sancristóbal y Conde era alimentado día tras día. Conde hizo correr que, después de cada conversación, se precipitaba sobre el ordenador que el juez García-Castellón le había autorizado tener en su celda. Y transcribía prolijamente el contenido de los informes de Sancristóbal. En los principales restaurantes de Madrid ya era otra vez protagonista.

Los disquetes de Mario Conde.

Un día, alguien captó con una cámara de vídeo uno de los paseos de Conde y Sancristóbal por el patio de la cárcel.

—Oye, Julián, qué está pasando —le dijo Barrionuevo, y le exhibió varias fotos hechas sobre los fotogramas del vídeo—. ¿Es verdad que le estás contando cosas del GAL como se dice?

—¿Qué gano yo contándole, Pepe? Lo del Informe Crillon ya lo sabe todo el mundo. Que yo se lo diga, no cambia gran cosa.

—Es lo que pensaba —dijo Barrionuevo. Él tampoco veía por qué el Gobierno había negado todo lo del Informe Crillon—. Pero ¿qué quiere ese tipo? Supongo que ahora que le tratas, tendrás alguna idea —indagó.

—No es el único personaje de dinero que he conocido, Pepe —dijo Sancristóbal—. Yo creo que está obsesionado por la pasta.

—Hombre, tú ahora le conoces, pero me parece que debe querer otras cosas.

—Bueno, le obsesiona la pasta y que no lo toquen judicialmente.

Conde estaba obsesionado, sí, por sacar partido a la información que podía obtener de Sancristóbal, pero no solo por eso. Necesitaba el testimonio de Sancristóbal, que tras la fuga de Luis Roldán se había convertido en el único testigo de cargo de la historia del Informe Crillon. Presentar una querella contra el vicepresidente era lo que más deseaba, pero para hacerlo necesitaba medios de prueba.

La estrategia pasaba por ganarse la confianza personal de Sancristóbal y, al mismo tiempo, ofrecerle a él y a sus colegas del GAL algún tipo de ayuda, intentando cabalgar sobre un caso que debilitaba aún más al Gobierno.

El artículo de Santaella era como lanzar un anzuelo con un cebo apetitoso. Un pez llamado Barrionuevo tenía que picar. Y, si no, habría que ayudarle para que picara.

Cuando Conde pensaba en los amigos de Sancristóbal, tenía en el cerebro sobre todo a uno: Pepe Barrionuevo. Le tenía al alcance de la mano, ya que venía a menudo a visitar a Sancristóbal a Alcalá-Meco. Había también otros. Como Juan Alberto Perote, a quien Conde ya conocía por su amigo Fernando Garro. Uno de esos días, Sancristóbal hizo de introductor del exministro.

—Pepe, te presento a Mario —dijo.

Ambos se estrecharon la mano.

El plan que Conde y Santaella habían montado ya estaba en marcha.

Sancristóbal le preguntó varias veces a Conde sobre sus problemas judiciales, es decir, del caso Banesto como tal. No había tema. Él era la víctima de Serra y de Luis Ángel Rojo, probablemente Belloch había sido la mano negra de la querella criminal, y Felipe González le había engañado. Y todos debían agradecerle su silencio.

—Me tengo que callar cosas que probablemente me hubieran permitido librarme de la cárcel, pero aquí estoy —dijo—. Yo no me quedé con los trescientos millones de los que se me acusa, te lo aseguro. Y estoy callado... Podría hacer mucho daño, créeme, Julián —dijo. Estaba aludiendo a la historia que había contado Martín Rivas sobre la presunta orden que Conde había dado de entregarle trescientos millones a Adolfo Suárez en 1989.

El lunes 30 de enero, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decía que los presuntos delitos que se imputaban a Conde podían «encardinarse en la figura delictiva de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de lo apropiado [siete mil millones de pesetas]», pero concedió a Conde la «prisión eludible mediante fianza y otras medidas cautelares». Bankinter extendió la fianza no antes de que el exbanquero hipotecase una de sus fincas y entregase tres oleos que colgaban en las paredes de su casa de la calle Triana desde mayo de 1987: Nature morte au buste de femme, de Picasso; Guitare et Journal, de Juan Gris, y La Caisse d’Emballage, de Georges Braque.

Conde se despidió, antes de abandonar la prisión, el 30 de enero, de Julián Sancristóbal. Aunque Sancristóbal le había dicho que no declararía contra Serra en una eventual querella sobre el Informe Crillon, tenía la esperanza de lograrlo. Pero, además, Conde necesitaba una copia completa del original del Informe Crillon en inglés y de las facturas. Sancristóbal no pensaba dárselas, pero le dijo que su abogado, José María Stampa, podría procurarle un juego completo.

—Bueno, estaremos en contacto. Cuenta conmigo —le dijo Conde—. En mi casa, si hay pan, que sepas que nunca te faltará a ti.

SUÁREZ: CON MARIO CONDE

EN LOS TALONES

El ritmo de la conspiración estaba marcado por plazos preestablecidos. El 25 de abril de 1995 vencía el mandato de seis meses concedido al juez Manuel García-Castellón en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Era, pues, la oportunidad para apartarle. Bastaba con que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomara la decisión de no prorrogar su mandato. En este caso, el titular del juzgado, Miguel Moreiras, se hacía cargo de continuar la instrucción del caso Banesto. Pero el plan que Conde y Santaella habían elaborado tenía una segunda pata: el caso GAL.

La operación buscaba una «salida» para Conde a cambio de ofrecer una «salida» al Gobierno en el tema de los documentos de la guerra sucia. En la movida había que tener en cuenta el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presentado por el abogado Manuel Cobo del Rosal en nombre de su cliente, Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad. Vera estaba implicado en el secuestro del ciudadano Segundo Marey por los GAL .

El cálculo teórico de los abogados de Conde era este: si el TC concedía a Vera el amparo el caso GAL-Marey debía pasar del juzgado número 5 de Garzón al juzgado que se turnaba con él, esto es, el número 1, a cargo del juez Carlos Bueren. Pero este ya se había inhibido por sus relaciones personales con Vera.

Por tanto, según el diseño de Santaella, la solución era «buena» para ambas partes, Conde y el Gobierno. El CGPJ se ocuparía, por indicación del Gobierno, de apartar a García-Castellón a favor del juez Moreiras, mientras que el TC se encargaría de proteger a Vera ante Garzón. El juez Moreiras, pues, se haría cargo de instruir Banesto y el caso GAL-Marey.

Santaella era un hombre de recursos. Contaba, por ejemplo, con su amigo Rafael Mendizábal, expresidente de la Audiencia Nacional y vocal del Tribunal Constitucional. El 21 de febrero de 1995 estaba prevista la renovación del tribunal por la parte que correspondía al Gobierno, paso previo para elegir presidente y vicepresidente. Si el Gobierno apoyaba, pensaba Santaella, Mendizábal podría ser presidente o, en su defecto, vicepresidente del TC. En tal caso, su amigo podría formar parte de la sala que vería el recurso de amparo de Vera contra Garzón. Y Mendizábal, para completar el cuadro, era uno de los magistrados que más había protegido a Moreiras en la carrera judicial. En abril de 1995 sería uno de los testigos de su boda. La defensa de Conde ya nada podía esperar del juez García-Castellón; en cambio, Moreiras aparecía como un juez errático y susceptible de ser influenciado. Para Moreiras, a su vez, el caso Banesto era una palanca de gran repercusión mediática.

Los dos primeros blancos de la operación tenían nombres y apellidos: José Barrionuevo y Adolfo Suárez. Santaella consiguió, después de varios intentos, que Barrionuevo aceptara una cita. El 9 de febrero de 1995, a las doce del mediodía, en el Congreso de los Diputados, primera planta, en el despacho de Barrionuevo, presidente de la comisión constitucional.

Esta operación contaba ya, desde esa fecha, con una pieza maestra: el apoyo del coronel Juan Alberto Perote. Había una convergencia entre los intereses de Perote y de Conde. El primero tenía cuentas pendientes con Manglano y los socialistas a raíz de su salida del Cesid en 1991; el segundo buscaba dinamitar el caso Banesto.

Un día antes de esa cita, el 8 de febrero de 1995, Felipe González, incluyó en su discurso sobre el debate del Estado de la Nación una referencia al tema de la guerra sucia. «Las actividades violentas atribuidas a grupos armados anti-ETA, que causaron varias docenas de muertos y heridos, se realizaron entre 1975 y 1986; se iniciaron, pues, antes de nuestra llegada al Gobierno y fue precisamente con este Gobierno con el que acabaron», explicó. Para Santaella y su cliente, Mario Conde, esta afirmación contribuía a hinchar el suflé de la guerra sucia. Y, por ende, acentuaba la vulnerabilidad del Gobierno. Santaella explicó a Barrionuevo:

—Mario tiene alguna idea de cómo se pueden resolver ciertos problemas cuya evolución podría hacer mucho daño a todos. Por mi parte, en lo que se refiere al GAL ya lo tengo escrito.

—Sí, he visto tu comentario sobre el artículo 102 de la Constitución.

—Creo que nadie había reflexionado sobre ello hasta ahora. Y me ha llamado mucha gente, muchísima gente, para decirme que era una idea muy buena.

—Bueno, no veo inconveniente para sentarse a hablar. En cualquier caso, debería ser con la discreción más absoluta.

—En efecto.

El 16 de febrero, Santaella confirmó que Barrionuevo era una buena presa, cuando el juez Garzón enchironó a Rafael Vera, que había sido secretario de Estado de Seguridad con los ministros Barrionuevo y José Luis Corcuera. Era la quinta persona del Ministerio del Interior que entraba en la cárcel. Garzón se aproximaba rápidamente a Barrionuevo.

El clima era cada vez más propicio para un encuentro de mayor relieve. Conde quería ver a Barrionuevo. Ese mismo día 20, el diario El Mundo le sacaba punta a aquella frase de Felipe González del 8 de febrero. Informaba ahora que el Cesid buscaba «testigos falsos para atribuir la creación del GAL a Unión de Centro Democrático». Sostenía que «el comandante Emilio Jambrina, hombre de confianza de Manglano, reunió el pasado 3 de febrero a nueve antiguos miembros de los servicios secretos especiales de la Guardia Civil para ofrecerles dinero y refugio en Sudamérica a cambio de que vinculen el origen de los GAL a las actividades del Batallón Vasco Español». La reunión, decía, se había celebrado en la cafetería de una gasolinera próxima al Cesid, en la autopista de A Coruña. El comandante Jambrina desmintió la información y se querelló contra el periódico y el autor de la misma.

Ese lunes 20 de febrero, trascendió que Barrionuevo y Corcuera habían almorzado con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Era la segunda vez en la semana que lo hacían, pero la primera comida no se había filtrado. Santaella llamó a Barrionuevo:

—Pepe, he visto la noticia, has estado con el ministro.

—Sí, no hay que darle importancia. Ya nos hemos visto varias veces.

—¿Puedo pasar a verte?

—Sí, hombre, a ver…—calculó Barrionuevo—. Mañana miércoles, ¿vale?

—Perfecto.

Santaella le propuso a Barrionuevo un encuentro con Conde en su finca de La Salceda, en Toledo, para el 24 de febrero. Pero el exministro dijo que no, mejor en su chalé de Alpedrete, en la carretera de A Coruña. El anfitrión sería él.

La tarde del miércoles 22 de febrero de 1995, el coronel Juan Alberto Perote se dispuso para la acción. Desde el discurso de González del 8 de febrero de 1995 encontró su personal «razón de Estado». Se acomodó sus sempiternas gafas Ray-Ban y salió hacia el hotel Ritz de Madrid. Era una escala intermedia. Allí tenía cita con Pedro J. Ramírez. Ambos se dirigieron según se salía del hotel, hacia la derecha, donde nace la calle de Antonio Maura. En el número 4 subieron al despacho del expresidente Adolfo Suárez, en la primera planta. Suárez les recibió con afecto, les invitó a tomar asiento en un tresillo de piel que tenía en su despacho y fue todo oídos.

La historia que le narró Perote fue esta.

En una visita que había realizado Suárez al Cesid, en el edificio de Cardenal Herrera Oria, durante 1978, le habían grabado con micrófonos ocultos todo lo que se había dicho durante la reunión. El responsable de la Agrupación Operativa era entonces el coronel José Luis Cortina. Más tarde, el director del Cesid dio orden de que esa cinta se conservara en lugar de destruirla.

Perote puso la cinta en un magnetofón y mientras los tres escuchaban, explicó a Suárez:

—Esto vale oro, porque tiene espacios en blanco que se pueden rellenar sin problema alguno —dijo—. Es absolutamente manipulable.

¿A qué se refería Perote?

A frases como estas pronunciadas por Suárez en la cinta y que podrían ser fácilmente sacadas de contexto: «Que se lleven por delante a un par de tíos, con lo cual se robustece la moral de nuestras fuerzas» o como la idea, lanzada a bote pronto, de «abrir una cuenta en Suiza que se pueda utilizar desde allí» para el pago de confidentes y colaboradores en Francia. O, incluso, la iniciativa de coordinar los servicios de información «para poder cogerlos y matarlos».

—Están montando una operación para desacreditar a todos los gobiernos anteriores —dijo Perote—. En especial, a la UCD.

Le dejaron una copia de la cinta y, tal y como Suárez había sido advertido, el director de El Mundo le confirmó que el periódico preparaba una amplia información sobre el asunto para la edición del siguiente lunes 27 de febrero.

La publicación de la cinta provocó un pequeño terremoto. Suárez habló con el presidente del Gobierno. Serra primero, y Manglano después, se pusieron en contacto con Suárez para tranquilizarle.

El mismo hombre que se había llevado en octubre de 1991 un voluminoso material del Cesid —mil doscientas microfichas, equivalente a varios miles de documentos— era el que había estado detrás de la filtración de la cinta de Suárez.

No tardó Manglano más de cuarenta y ocho horas en pasar por el despacho del ministro de Defensa, Julián García Vargas. Fue así, pues, como el teniente general Manglano confesó por primera vez algo que se había reservado durante más de tres años para sí mismo. Que el coronel Perote había sustraído un material en forma de microfichas, y que cuando el Cesid se dio cuenta le requirió sobre el asunto. El argumento de Perote fue que, con la rapidez de su salida, se había llevado un material que estaba dentro de unos sobres sin saber de qué se trataba. Perote, pues, «devolvió» el material.

La frase de Felipe González fue una buena percha para el montaje. Y así fue como salió la presunta reunión en la gasolinera de la carretera de A Coruña.

La grabación a Suárez pretendía ser un anticipo de lo que podría venir, que el espionaje al que había sido sometido el expresidente de Banesto a través del Informe Crillon no era un hecho aislado. Y que, bajo responsabilidad de Narcís Serra, se habían generalizado las escuchas. Sensibilizar a Suárez en este punto era un eslabón del plan que más tarde sería continuado por el propio Conde y por Santaella, cada uno por separado, en sus contactos personales con el expresidente.

Tres semanas después de la visita de Perote y Ramírez, el 15 de marzo de 1995, Suárez recibió en su despacho un sobre sin remitente que contenía un documento con el emblema del Cesid. Se trataba de un informe confidencial en el que se dejaba constancia de la creación de un grupo de trabajo, que se nutriría con fondos reservados, para investigar distintas actividades. A todas luces, si no lo era, parecía un segundo montaje en toda regla.

El presunto documento con la clave I25-23-I3 proponía «investigar la implicación del Gobierno y los Servicios de Seguridad durante la época de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo-Sotelo en actividades ilegales contra el terrorismo, de forma especial durante la etapa del presidente Suárez, y sobre el desarrollo del BVE [Batallón Vasco-Español] y Cubillo [MPAIAC]». Otro propósito era investigar las «actividades ilegales durante la época en la que el general José Antonio Saénz de Santamaría fue delegado del Gobierno en el País Vasco». El documento sugería investigar también a Manuel Prado y Colón de Carvajal en Sudamérica en relación con la «posible obtención de fondos para campañas de imagen de J. C. durante la transición y en las que pudo estar implicado el presidente Suárez». Prado había sido presidente del Centro Iberoamericano de Cooperación en uno de los gobiernos de Suárez, y senador por designación real en 1977. Era amigo y administrador privado del rey Juan Carlos, al que se referían las siglas «J. C.».

Lo primero que hizo Suárez fue informar a la Moncloa. Manglano visitó a Suárez para conocer el documento. Era la segunda vez en dos semanas que Suárez era el epicentro de extrañas maniobras. El director del Cesid dijo, nada más ver el documento, que era falso, se llevó una copia y prometió ver de qué se trataba.

Los responsables de seguridad de Conde y de Barrionuevo acordaron visitar los alrededores de la casa de Alpedrete al día siguiente, 23. Una vez supervisados los detalles, la reunión tendría lugar el día 24 de febrero. El jefe de escoltas de Barrionuevo le confesó a este que nunca había visto un despliegue de seguridad como el de Mario Conde. «Es impresionante», le dijo.

El 22 de febrero, el mismo día que Pedro J. Ramírez y Juan Alberto Perote visitaron a Suárez, Conde puso en marcha un elemento esencial de la «Operación Acojone». Ese día recibió en su casa de la calle de Triana a Javier de la Rosa, que había salido pocos días atrás en libertad bajo fianza de la cárcel de Can Brians, en Barcelona, y a su esposa, Mercedes Misol. La noticia fue conocida inmediatamente.

Javier de la Rosa sabía que Conde intentaría utilizarle, pero no creía tener elección. Estaba muy solo. Se quejó de su situación. Conde guardó la compostura, pero igualmente fue muy duro con algunas personas.

—Entre otras cosas, Javier —dijo—, yo fui a prisión por no decir a quién le di los trescientos millones. —Aludía a Adolfo Suárez—. Y va y no me lo agradece...

—Pero, Mario, yo pensé que teníais buenas relaciones Adolfo y tú.

—No, hay cosas que no se pueden dejar pasar.

Siguieron saltando de una cosa a otra.

—¿Cuál es tu plan? —preguntó Conde.

—Mira, estoy muy jodido. Lo que me apetece es contar todo lo que sé, y que cada palo aguante su vela. No sé...

Conde, experto en la manipulación, ahondó:

—Sí, pero hasta qué nivel llegarías.

—Estoy harto de todos. Mercedes os lo puede contar. Ella habló con Fernando Almansa [jefe de la Casa del Rey y amigo personal de Conde], le dijo que la iba a recibir, pero más tarde cambió de idea y dijo que no, que enviaría un mensajero, y le pidió a Mercedes que enviase una carta, dentro de un sobre, una cosa muy rara... —narró JR.

Conde no le soltó.

—Mira, Javier, ¿por qué no os venís el fin de semana a La Salceda, y hablamos todo con mayor calma? Le digo a Fernando [Garro] y a su mujer Virginia que se vengan.

—Ah, muy bien.

Esa tarde, Conde habló con Manuel Prado y Colón de Carvajal.

—Manolo, estoy muy preocupado. Ha estado Javier con su mujer en casa, y creo que nos tenemos que sentar a hablar. Este puede hacer un desastre en cualquier momento.

—No veo de qué vamos a hablar —replicó Prado.

—De verdad, Manolo, creo que puede afectar a todas las instituciones...

Al día siguiente, Conde le llamó de nuevo.

—Manolo, mi mujer no ha podido dormir en toda la noche. Creo que tenemos que encontrarnos. Este hombre se ha vuelto loco.

La única idea que Barrionuevo tenía en el cerebro sobre la posible oferta de Conde tenía relación con el diario El Mundo. El exministro pensó que Conde podía facilitar el control de las informaciones que el periódico estaba publicando sobre el GAL, a cambio del cumplimiento de una serie de reivindicaciones por parte del Gobierno. Esta era su intuición.

Hablaron de política. Lugares comunes. Comentaron el Informe Crillon. Nada nuevo. Según Barrionuevo, Conde daba vueltas en torno a la necesidad de desactivar los conflictos existentes y a su disposición a ayudar. En ningún momento, ni Conde ni Santaella, que también participó en la reunión, propusieron formalmente una entrevista con el presidente del Gobierno.

Barrionuevo esperaba.

Y Conde puso el tema de El Mundo sobre la mesa.

—Tengo una relación complicada con Pedro J. —dijo Conde—. Hemos pasado por un período muy malo, cuando ingresé en prisión, por el modo en que dieron las noticias. Tú sabes que el accionista más importante es Rizzoli Corriere della Sera y yo tengo buenas relaciones con este grupo —añadió—. Pero, claro, para embarcarme en un plan de esta envergadura necesito una señal muy clara.

«¿Es un anzuelo? ¿Qué quiere de verdad este tío? ¿Una señal muy clara? ¿Se refiere a una entrevista con Felipe González?», pensó Barrionuevo.

—Pepe, hay un tema. La gente está comentando que hay unos disquetes de ordenador que contienen mis conversaciones con Julián Sancristóbal —dijo, en tono conspirativo—. Garzón ya lo sabe, y podría llamarme a declarar sobre lo que yo puedo haber hablado con Julián sobre el GAL —se le veía el plumero por lo pésimo actor que era.

Era él quien quería que Garzón le llamase a declarar. De ese modo tendría más armas para presionar al Gobierno.

Se despidieron. Santaella ya se comunicaría con él.

Tres días más tarde, el sábado 25 y el domingo 26, en La Salceda, siguió el cónclave con JR, pero esta vez Conde tenía un testigo, Fernando Garro. De la Rosa les explicó que tenía que contestar en el mes de abril a la demanda presentada por los abogados de Kuwait Investment Office (KIO) en Londres, y que estaba obligado a revelar qué había hecho con trescientos millones de dólares. Les explicó el destino de algunos pagos: una sociedad del empresario Enrique Sarasola llamada Horowitz, con domicilio en Panamá, había cobrado una comisión de 27,4 millones de dólares (unos tres mil millones de pesetas de la época, 1988) y otros pagos. Entre ellos había dos transferencias, una por valor de ochenta millones de dólares del 4 de octubre de 1990, dirigida a una cuenta en la Société Générale (Sogenal), de Ginebra, y otra del 29 de mayo de 1992, también al mismo banco.

El beneficiario de esas cuentas era Manuel Prado y Colón de Carvajal.

—Y esto tengo que decirlo por escrito, tengo que identificar al beneficiario —añadió—. Es lo que voy a hacer. No tengo más remedio.

Era verdad que tenía que aclarar el destino de los fondos.

El 10 de febrero, cuando todavía estaba en la cárcel de Can Brians, trascendió que el Tribunal de Comercio de Londres, que tramita la demanda contra JR, había dictado el embargo de bienes por valor de quinientos millones de dólares (unos 65.000 millones de pesetas de esa fecha). La aplicación no era inmediata, lo que le daba un margen para maniobrar.

La noche del domingo 26, Conde llamó por teléfono a Prado.

—Te llamo, Manolo, porque me llegan informaciones de que se está distorsionando mi verdadera posición. Yo creo que sería recomendable vernos, pero, bueno, no voy a insistir más. Lo que quiero es que quede clara mi lealtad absoluta a la Corona, y que no voy a permitir ninguna referencia al rey...

Todo el mundo se enteró de la visita de JR y Mercedes Misol a La Salceda. A la salida de la finca, en la carretera, estaban esperando dos fotógrafos de ABC. El lunes 27, el periódico anunciaba en la portada de manera discreta: «Mario Conde y Javier de la Rosa se entrevistaron ayer en La Salceda». Dentro del periódico venía una foto del coche saliendo de la finca. La noticia era muy interesante, porque desvelaba un aspecto de la realidad que convenía saber. Pero, al mismo tiempo, les venía de perilla a ambos para su gran objetivo: para chantajear, primero hay que acojonar al personal.

EL FUGITIVO

El lunes 27 de febrero de 1995, el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, dejaba de ser prófugo. Su retorno a España permitía reabrir el asunto del Informe Crillon. Mario Conde seguía dándole vueltas. Llamó a José María Stampa, abogado de Julián Sancristóbal.

—Pepito, ¿qué tal estás? —dijo Conde.

—Bien, muy bien, ¿y tú? —dijo, afable, Stampa.

—Bien, Pepe. Mira, estamos viendo qué hacemos con el asunto del Informe Crillon —explicó Conde—. Me ha dicho Julián que tú me puedes dar una copia del informe completo.

—Pero si yo no lo tengo —se evadió el abogado.

—Pues Julián me dijo que tú tenías un juego completo —señaló Conde, sorprendido.

—Te aseguro, Mario, que no lo tengo —reiteró—. A lo mejor eso se quedó en Suiza, con el trasiego de documentos de la comisión rogatoria —improvisó—. Veré qué puedo hacer.

—Te lo agradecería mucho.

Mario Conde poseía el resumen del informe, pero no tenía una copia del original, que consistía en cinco carpetas de documentos. Pero, ahora, Conde y sus abogados podían presionar directamente a Roldán.

El sábado 4 de marzo, a sugerencia de un amigo común, Conde invitó a La Salceda a un abogado que nada tenía que ver con su equipo habitual. Se llamaba Ángel López Montero, un hombre más bien bajo, pelo negro con canas, de modales tranquilos. Había sido el abogado defensor de Antonio Tejero en el juicio a los golpistas del 23-F, y estaba familiarizado con la Benemérita, en tanto que abogado de muchos guardias civiles.

López Montero no sabía bien qué pretendía Conde. Su amigo quería presentarles. Ese día era la boda de su sobrino y por eso declinó la oferta de quedarse con él a almorzar. El abogado miró las cuarenta cabezas de venado que poblaban el salón donde Conde le recibió, o al menos esas son las que él llegó a contar.

—Los venados cambian de pasto —le explicó Conde—. Lo utilizan para purgarse —añadió.

López Montero estaba despistado.

—La cárcel ha sido muy dura —prosiguió—, me he enterado de unas cosas espeluznantes. Julián Sancristóbal me ha contado lo que hacían...

—Lo que se dice en la cárcel —interrumpió López Montero— es difícilmente utilizable. Lo digo por mi larga experiencia, Mario.

—Pero sí es evidente que el Informe Crillon se ha pagado con fondos reservados. Tengo un resumen del informe. El Banco de España estuvo impulsado por ese informe —dijo—. ¿Tú cómo lo ves?

—Lo he visto en la prensa, parecería que es una acción ilegal. Ahora, habría que probarlo.

—Tengo información, aparte de lo que dice Roldán, sobre el origen de ese informe. No cabe duda de que fue el vicepresidente Serra quien lo ordenó.

—Supongo que tus abogados sabrán por dónde ir.

—García Vargas y su mujer me lo dijeron un día cenando en casa. Ya ves.

—Ahora, Mario, déjame preguntarte: ¿qué es eso de los trescientos millones de Suárez?

—Humm... humm. Bueno, se le dio un crédito a Suárez, pero yo tengo que negarlo. Si no, la imagen de Suárez se vendría abajo.

Le hizo más preguntas, pero no obtuvo mucho.

—Mario, perdóname, no nos conocemos, pero tengo la sensación de que tú siempre vas por una autopista, y por mucho que te pregunte vuelves al mismo sitio.

—Bueno, ya hablaremos. Tú tienes que ir a la boda. Ya te llamaré.

Ese fin de semana Mariano Gómez de Liaño, Jesús Santaella y Mario Conde decidieron que ejercerían acciones legales en el asunto Crillon, mediante una querella contra el vicepresidente, Narcís Serra, y dejaron abierta la puerta para definir qué actitud adoptarían frente a Luis Roldán.

Debía de ser el 6 o 7 de marzo. López Montero fue llamado otra vez. Conde le recibió en su casa. Volvieron a hablar del Informe Crillon.

—Ángel, ¿tú conoces a Pepe Aranda, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional?

—Sí, claro, ¿por qué?

—¿Conoces al juez Moreiras?

—Sí, le conozco.

—¿Tú podrías hacer alguna gestión?

—Sí, pero tú tienes abogados. Yo no me quiero meter en medio.

—No, no... Esto es otra cosa. Quiero declarar ante un juez todo lo que sé sobre el Informe Crillon. Le quiero contar por qué me metieron en la cárcel. La verdad.

—Sí, te entiendo, pero ¿y tus abogados? ¿Sabes cómo quedo yo si se malinterpreta?

—Ángel, ¿tú podrías ofrecer mi testimonio fuera de la Audiencia?

—Hombre, podría hacerlo a título personal.

—Es lo que te estoy pidiendo.

López Montero se fue a ver a Miguel Moreiras. Le dijo que Conde quería hablar con él fuera del juzgado. Tenía cosas muy importantes que revelar. Moreiras cogió a López Montero y subieron a ver a Pepe Aranda.

Entraron juntos.

—Mira, Pepe, aquí Ángel López Montero trae un mensaje de Mario Conde —dijo Moreiras—. Parece que quiere hablar conmigo fuera del juzgado esta misma tarde.

Aranda pensó que eran las cosas extrañas de Moreiras.

—¿Cómo que fuera del juzgado? —preguntó.

López Montero amagó con irse.

—Os dejo discutir el asunto.

—No, por favor, quédate —le dijo Aranda.

—Es que Conde quiere explicar por qué le han metido en la cárcel, las verdaderas razones —dijo López Montero.

—¿Por qué no hace entonces una denuncia en regla a través de sus abogados? Bueno —vaciló Aranda—, pero que venga mañana por la mañana para hacer una declaración ante García-Castellón y el fiscal.

Finalmente, acordaron que el día sería la tarde del lunes 13 de marzo.

López Montero quedó en confirmar todo.

Ángel López Montero haría otra gestión el mismo martes 7 de marzo, un día antes de que Baltasar Garzón tomara declaración a Luis Roldán, el miércoles 8. Fue al juzgado número 5. Quería hablar con Garzón. Este le abrió la puerta de su despacho y le atendió unos minutos en el umbral.

—Baltasar, ¿sabes algo del Informe Crillon?

—Aún no he tomado declaración a Roldán —dijo Garzón—. Pero yo no llevo este tema, aunque tampoco podría decirte algo si lo llevase.

—Es que Mario Conde quiere hacer una declaración —dijo López Montero—, porque... Mira... hay unos disquetes... ¿Sabes? Él ha hablado en la cárcel con Sancristóbal y lo quiere contar...

Garzón no picó. Le pareció una historia curiosa y dio cuenta de ella al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.

Al día siguiente, 8 de marzo, Garzón tomó declaración a Roldán, quien hizo una denuncia sobre el Informe Crillon, acusando al vicepresidente Narcís Serra de ser el promotor. Garzón envió esa denuncia al Tribunal Supremo, ya que Serra era aforado. Roldán estuvo discreto con Sancristóbal.

—No le consta ni sabe el origen del dinero que yo le entregaba —dijo de él Roldán—. No ha tenido participación alguna en la gestión encargada por el vicepresidente.

Conde le dijo a López Montero que suspendiera el compromiso con Aranda.

López Montero llamó a Moreiras.

—Oye, Miguel, dile a Aranda que se suspende lo que habíamos acordado —señaló—. Conde no va a ir a declarar.

El 10 de marzo, Gómez de Liaño presentó un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Solicitaba que se tuviera por personado a Conde y se ofrecía su declaración en la causa del Informe Crillon, que el día anterior había elevado el juez Garzón.

La calle Platerías está a tiro de piedra de la calle de Triana, en la zona norte de Madrid. El abogado José Luis Rodríguez, hermano de Blanca, la esposa de Luis Roldán, había recibido una llamada de Conde. Ese día de mediados de marzo, almorzaría en casa de su hermana. Aprovechó para pasarse por la calle de Triana. Tocó el timbre. Le recibió Conde.

—Soy José Luis Rodríguez, Mario —se presentó con un acento gallego marcadísimo—. Nos has llamado.

—Sí, hombre, pasa —dijo Conde—. Queríamos hablar con vosotros sobre el Informe Crillon —añadió—. Tendremos que arreglar con mi abogado.

—Muy bien, cuando queráis —aceptó Rodríguez.

—Es un tema importante para nosotros. Tenemos información de cómo se gestó y quiénes son los responsables.

—Nosotros sabemos lo que nos ha contado Luis —aclaró Rodríguez.

—Quiero mostrarte algo —le sorprendió Conde, cogiendo un libro encuadernado en piel—. Mira lo que dice. —Abrió y le indicó una página.

Rodríguez vio que no era un libro normal. Eran páginas escritas en ordenador. ¡Los disquetes! ¡Las cosas que presuntamente le había contado Sancristóbal en prisión!

Conde le dejó leer un párrafo, que decía más o menos esto:

—Oye, Julián, hablamos sobre Kroll. ¿Quién encargó el Informe Crillon?

—Quién va a ser, joder, el tonto del vicepresidente.

No le dejó ver más de medio folio.

Conde seguía sin conseguir la copia del informe completo. En la semana del lunes 13, volvió a llamar a López Montero. Otra vez comentaron el Informe Crillon y su decisión de ofrecer la declaración ante el Tribunal Supremo. Otra vez le preguntó quién podía tener una copia del informe completo. López Montero le dijo que seguramente Roldán debía de tenerlo.

—Esta mañana han estado aquí los abogados de Roldán —le informó Conde.

Dos o tres días más tarde, Conde envió su coche al paseo de la Castellana, al despacho de José Luis Rodríguez y su socio Agustín Guardia. Les recogió y les depositó en Triana. Conde estaba con Mariano Gómez de Liaño.

—Queremos que quede clara nuestra posición —introdujo Gómez de Liaño, mientras Conde se paseaba de un lado al otro del salón, donde estaban hablando—. Vamos a presentar una querella contra Serra, por descontado, y pensamos hacerlo también contra Roldán. Si él declara en el Supremo de una forma favorable, lo dejamos fuera...

—Pero si Roldán ya está imputado, con su propia denuncia —dijo Rodríguez.

—Él debe declarar tres cosas —prosiguió Gómez de Liaño, como si no hubiera escuchado, en tono de amenaza—. Primero que el informe se lo encargaron a título personal y no de vicepresidente del Gobierno a director general de la Guardia Civil; segundo, que la razón era la actividad política que podría desarrollar Conde, y tercero, que se interrumpe cuando se aclara que Conde no va a entrar en política.

LA PERCHA DE ARGENTIA TRUST

En círculos judiciales y en ciertos despachos de abogados se comentaba en marzo de 1995 un encuentro entre Rafael Mendizábal, Moreiras y Jesús Santaella, cuando este último aún no aparecía públicamente como abogado de Mario Conde. Firmaba artículos en el diario El Mundo, pero nunca aclaraba, a pie de página, que defendía al exbanquero.

Los tres se vieron.

A partir de ahí, comenzaron a circular las versiones de que García-Castellón no superaría el plazo del 25 de abril de 1995.

Santaella necesitaba contar con el apoyo de Antonio Navalón, quien en aquellas fechas estaba inculpado en las diligencias sobre el caso Argentia Trust, que instruía el juez Moreiras. Le narró su plan. Le habló del encuentro con Mendizábal y Moreiras.

El abogado de Navalón, José Manuel Gómez Benítez, había presentado dos recursos que cuestionaban la competencia de Moreiras para hacerse cargo del caso Argentia Trust, o el pago de seiscientos millones de pesetas, en agosto de 1990.

Santaella tenía que cubrir todas las eventualidades. ¿Qué pasaba si la conspiración fracasaba? Pues que García-Castellón seguía instruyendo el caso Banesto. Y, entonces, ¿qué se hacía? La única arma que quedaba era pedir su acumulación en un sumario que había empezado a ser investigado antes sobre «delitos conexos». Por tanto, había que dejar la percha de Moreiras. Los recursos de Gómez Benítez eran, pues, un riesgo.

—Esta es una jugada al más alto nivel, Antonio —le dijo—. Si ganáis los recursos, el tema de Argentia termina en un juzgado de plaza de Castilla. Y entonces no se le podrá acumular el sumario de Banesto, que es una de nuestras bazas —subrayó.

Navalón lo seguía con incredulidad.

—Mira, Jesús, todo esto es interesante, pero yo tengo que ver si es compatible con mi defensa. Mi problema es concreto. Habla con mi abogado —le propuso—. Yo le anticiparé lo que me has dicho.

—Hombre, Mario está dispuesto a darte garantías —dijo—. Está bien, llamaré a José Manuel, pero dile de qué va.

Navalón se lo contó de cabo a rabo.

Gómez Benítez dijo esto:

—Ni locos, Antonio. Pero no te preocupes, se lo explicaré.

Santaella habló con Gómez Benítez.

—José Manuel, te habrá contado Antonio nuestra conversación —apuntó Santaella.

—Sí, dijo que me lo explicarías —ratificó Gómez Benítez.

—Mira, es que las cosas no son lo que parecen. Estamos convencidos de que va a haber una gran movida en la Audiencia Nacional. ¿Por qué no retiráis los recursos? —sugirió.

—Bueno, porque yo creo que este es un tema que no toca para nada a la Audiencia Nacional y porque Moreiras está claramente contra mi cliente. No veo por qué los tenemos que retirar.

—Es que, claro, para nosotros es importante, porque siempre tenemos la puerta abierta para solicitar la acumulación por delitos conexos, ya que el caso Banesto empezó a ser instruido después de Argentia.

—Sí, lo entiendo, pero eso no es un asunto de mi cliente.

—Mira, yo creo que hay una buena solución —anunció Santaella—. Vosotros retiráis los recursos, y Mario Conde hace una declaración corrigiendo sus anteriores manifestaciones —prosiguió—. Está dispuesto a dejar constancia de que Navalón no tiene nada que ver con la sociedad Argentia Trust. Y se deposita en un notario. Si hay necesidad, se utiliza —redondeó—. Piénsalo, te llamará Mariano Gómez de Liaño para que le des la respuesta.

Gómez Benítez habló con Navalón y le explicó que no había que hacer ningún pacto. Luego se lo transmitió a Gómez de Liaño.

No era extraño que Santaella quisiera reservarse la opción de Moreiras. La instrucción del caso Banesto avanzaba a paso firme. El 14 de febrero de 1995 el juez García-Castellón enviaba una solicitud de comisión rogatoria a Suiza (comunicación oficial que un juez o tribunal dirige a una autoridad judicial extranjera para que esta practique una diligencia de investigación) en la que daba cuenta de la querella criminal contra Conde y se interesaba por la declaración de los administradores de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna.

Uno de ellos, Paolo Gallone, había dimitido en las tres sociedades e informado a tres enviados de Conde y Mariano Gómez de Liaño (Francisco Javier Sitges, César Albiñana y Piero María Ferrari), en una reunión celebrada en el hotel Hilton de París, que estaba pensando colaborar con las autoridades judiciales. El otro, Renato Galletti, decidió, finalmente, permanecer fiel a Francisco Javier Sitges, presidente de Asturiana del Zinc. En una reunión celebrada a finales de enero de 1995 en el bufete de Dominique Poncet, exabogado de estafadores de fama mundial como el italiano Michèle Sindona o el norteamericano Bernie Cornfeld, en la ginebrina rue de Hesse, Francisco Javier Sitges al escuchar a Gallone hablar sobre el auxilio a la justicia española, suplicó:

—Paolo, yo tengo sesenta y cuatro años, tengo hijos y amigos. Si tú hablas, yo voy a la cárcel.

En ese encuentro o en una reunión posterior Gallone creyó entender que le ofrecían dinero. Le dijeron que había gente dispuesta a ir a la cárcel para no implicar a Conde. Y también, alguien, medio en broma, medio en serio, llamó la atención de Gallone, se llevó la mano a la garganta y se la pasó de un lado a otro. El abogado suizo de origen italiano creyó entender que le cortarían el cuello si hablaba. ¿Y quién no?

Santaella contaba, eso sí, con el juez Moreiras. El 24 de marzo de 1995, tras su reunión con Santaella y Mendizábal, y a un mes de la decisión sobre el mandato de García-Castellón, el juez Moreiras elevó un informe al CGPJ. Ya no estaba a favor de que García-Castellón siguiera como juez de apoyo. Todos los argumentos parecían copiados de artículos escritos por Santaella. «El informante —decía Moreiras— debe expresar ante ese consejo las dudas que suscita, desde una perspectiva constitucional, la posibilidad de que puedan ser puestas en cuestión ante el Tribunal Constitucional, y también ante los tribunales ordinarios, las actuaciones instruidas hasta el día por el juez de apoyo adscrito a este juzgado, en atención a la singular designación de que fue objeto en su día y a la particular asignación de asuntos a él encomendados en aquel nombramiento, en el marco del derecho fundamental a un juez natural predeterminado por ley».

A todo esto, ¿no había sido Moreiras quien le dio el 25 de mayo de 1994 el apoyo a la adscripción de GarcíaCastellón al Juzgado número 3? ¿Y no fue Moreiras quién exigió el 30 de septiembre de 1994 que se le nombrase juez de apoyo a su juzgado, medida justificada por la «enorme carga de trabajo que pesa sobre este órgano judicial». Entonces Moreiras no había visto motivos para considerar el nombramiento una «singular designación». Pero ahora, el 24 de marzo, después del encuentro con Santaella y Mendizábal, se le habían abierto, al parecer, los ojos.

Lo veía todo muy claro.

«SE LO DIJE AL MINISTRO CASI MEANDO»

El 21 de marzo de 1995, Mario Conde visitó a Adolfo Suárez en su domicilio de La Florida, después de hacerle llegar un mensaje para verle. Almorzaron juntos y luego tomaron un largo café en el salón de estar. El objetivo de la visita era muy concreto: exhibir ante Suárez el material que le había facilitado Juan Alberto Perote sobre la guerra sucia. La decisión del exbanquero suponía un salto hacia adelante de importancia. Era poner algunas cartas boca arriba. Pero Conde estaba convencido de que solo así empezaría a llegar más directamente a Felipe González. Solo había una persona en España con capacidad para transmitir inmediatamente un mensaje, una preocupación, un temor o una sugerencia, al rey Juan Carlos y a Felipe González, casi al mismo tiempo. Conde sabía que esa persona era Suárez. Antes de terminar la reunión, el exbanquero acordó con Suárez que le enviaría a su abogado Jesús Santaella para que pudieran estudiar el conjunto de los documentos de que disponían. Eso hicieron. Tras lo cual, Suárez pidió ver al presidente del Gobierno.

Pero, en paralelo, Santaella tenía que entrevistarse con el ministro de Justicia e Interior porque buena parte de las reivindicaciones de Conde se situaban en su terreno. Desde el mes de enero, Santaella venía ilustrando al abogado Gerardo Viada sobre sus relaciones con Mario Conde. Ambos eran miembros de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Cuando alguien grabó la imagen de Conde paseándose por el patio de la cárcel de Alcalá-Meco junto a Julián Sancristóbal, Santaella le dijo:

—Gerardo, es tremendo. Igual que un vídeo, les pueden pegar un tiro. Es un gran fallo de seguridad. ¿Por qué no hablas con el ministro?

—Sí, si le veo se lo diré, Jesús.

Viada era amigo de Belloch. Una de las habilidades de Santaella consiste precisamente en eso: saber quién es amigo de un ministro, o simplemente amigo de un amigo del ministro. En el caso de Viada no se equivocaba. Él y Belloch se veían en una tertulia en la que solían participar Belloch, la ministra Cristina Alberdi, Tomás Vives, amigo de Belloch y magistrado del Tribunal Constitucional, Piluca Navarro, secretaria de Felipe González, Concha Jiménez, esposa de Javier Solana, y Joaquín Arango.

Viada se resistía a mezclar las cosas.

Pero Santaella no dejaba pasar día sin recordárselo.

—Desde que yo me he hecho cargo de la defensa, Gerardo, te aseguro que hay otro talante —explicó Santaella—. No somos JR, creo que tenemos posibilidades de entendernos. Vamos en son de paz. Anda, díselo.

Viada no llamaría a Belloch para decirle solo eso. Esperó, en efecto, a la tertulia que celebraba periódicamente con el ministro. «Se lo dije casi meando, el miércoles 5 de abril», recuerda Viada.

—Oye, Juan Alberto, tengo un tío que me está dando el coñazo —dijo—. Es el nuevo abogado de Conde, Jesús Santaella. Dice que hay posibilidades de entenderse.

Y ocurrió lo último que, posiblemente, esperaba Viada.

—Me puede interesar —cazó el pájaro al vuelo Belloch—, pero si le recibo, sería contigo presente. Es una condición.

—Bueno.

—Llámame mañana —propuso Belloch—. A ver si podemos vernos antes del puente de Semana Santa. Quedamos, y os venís los dos.

Al día siguiente, jueves 6, Viada llamó a Belloch.

—Hola, Gerardo. He mirado la agenda. El martes 11, ¿cómo te va? —dijo el ministro.

—Bien. Por mí, bien. Se lo diré —dijo Viada.

Viada llamó a Santaella.

—Jesús, el ministro te recibirá el martes 11, a las seis de la tarde en Parcent. Tengo que estar presente. Es su única condición.

—Muy bien, no hay problema —aceptó Santaella.

Se citaron a las 17:30 horas del martes 11 en un bar, y se fueron en la moto de Viada al palacio Parcent, calle San Bernardo. Belloch les hizo esperar unos veinte minutos.

Por fin, les recibió.

Se presentaron. Hablaron un rato para romper el protocolo.

—Ministro, mi cliente, Mario Conde, está en una actitud civilizada y cree que es posible entenderse en una serie de temas. No estamos en la posición de Javier de la Rosa.

—Comprendo, muy bien —dijo Belloch.

—Hay un primer punto —explicó Santaella—. Está el asunto del Informe Crillon.

—Huy. Eso no me importa nada —dijo Belloch.

—Mira, no hemos presentado aún ninguna querella —pacificó Santaella—. Luego está el tema del juez natural. Pensamos presentar un recurso ante el Tribunal Supremo y estamos dispuestos a ir al Tribunal de Estrasburgo si hace falta...

—Mira, Jesús, en lo del Crillon no tienes nada que hacer —dijo, expeditivo, Belloch—. Esto que me dices es otra cosa. Ahí tenéis un argumento.

—Sí, claro —asintió Santaella—, pero estamos a 11 de abril y el 25 vence la comisión de servicios de García-Castellón. Si no se prorroga, se resuelve el asunto, y la instrucción pasa al juez natural.

Belloch sabía que Santaella quizá esperaba media frase. Pero ni le miró ni la pronunció. Tomaba notas todo el tiempo, en plan notario.

—Bueno, ¿qué más hay? —preguntó Belloch.

—Está el Tribunal Constitucional —dijo Santaella.

—¿Qué pasa allí? —preguntó Belloch, cayendo del guindo.

—Si en el Constitucional se admite el recurso de amparo de Vera, quedará apartado Garzón.

—¿Y qué pasa? —dijo sin entender Belloch.

—Nada, que como Bueren se ha autoexcluido, el juez competente es Moreiras —subrayó Santaella—. Los dos temas, Banesto y el GAL, quedarían en manos de Moreiras. Estarían resueltos. Y yo creo que con Rafael Vera no habrá problemas.

Belloch se retranqueó.

—En lo del juez natural, no te estoy pidiendo nada raro —enfatizó Santaella—. Solo lo que corresponde. Y, en cuanto a Vera, estoy seguro de que Moreiras lo pone en libertad. Y en el Tribunal Constitucional ¿qué pensáis hacer? ¿Estáis con retraso, no?

—Hombre, pues sí —farfulló Belloch.

—Está Rafael Mendizábal —dijo Santaella—. Cuenta con bastantes votos. Podría ser presidente o vicepresidente. Lo importante es que pueda presidir la sala primera o segunda.

Belloch enmudeció. Santaella siguió adelante.

—Bueno, ministro, hay otro tema. Cuando Conde fue destituido, el Banco de España ofreció comprarle las acciones —explicó—. Él ha tenido unas pérdidas patrimoniales muy fuertes y quiere abrir el camino para una negociación. No se trata de que el Gobierno pague. El Banco Santander podría hacerlo. No sé, habría que encontrar una fórmula.

Viada no había abierto la boca hasta ese momento.

—Oye, Jesús, vas listo si piensas sacarle un duro a Emilio Botín.

Se rieron.

El reloj corría. Santaella se encontraba en el umbral del 25 de abril con el pescado sin vender. Seguía frecuentando a Barrionuevo, había que mantener el contacto para usarlo, llegado el caso, al tiempo que ahora trasladaba toda su pasión a Belloch, con quien hablaba, susurraba y cuchicheaba a menudo.

El martes 18 de abril, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Gómez de Liaño, llamó por teléfono al juez García-Castellón.

—He estado viendo el tema de la comisión de servicios, Manolo —le dijo—. No sé yo, porque da la impresión de que el juzgado número 3 está ahora mejor. Al menos la inspección encuentra que está más normalizado. Pero ya veremos, todavía hay unos días.

García-Castellón no entendió muy bien el sentido de esta llamada. Que Javier Gómez de Liaño, hermano del defensor de Conde, Mariano Gómez de Liaño, llamase al juez instructor para introducir cierta zozobra, era cuando menos curioso. García-Castellón habló con dos miembros del CGPJ. Uno fue el vocal Andrés de la Oliva y el otro el presidente, Pascual Sala. Les refirió la conversación con Gómez de Liaño y les preguntó qué podía querer decir su conducta. Ambos le dijeron que no debía preocuparse.

Mariano Gómez de Liaño tuvo un último intercambio de ideas con los abogados José Luis Rodríguez y Agustín Guardia el día anterior a la declaración de su cliente, Luis Roldán, en el Tribunal Supremo, prevista para el 19 de abril. Les volvió a insistir en que la decisión de querellarse contra su cliente aún estaba pendiente.

Todo parecía ir de maravilla.

Roldán siguió dos de las instrucciones de Conde y Gómez de Liaño al pie de la letra, aquellas que sugerían enfatizar el carácter político del encargo de Narcís Serra y el cese de los trabajos una vez que se pudo saber que el presidente de Banesto había decidido abstenerse de entrar en la actividad política.

—La constatación de que el informe —explicó Roldán al juez Eduardo Móner y al fiscal Luis Beneytez— solo va a tener interés político, la tengo cuando en la primavera de 1993 se conoce la no disponibilidad del señor Conde de entrar en la vida política, se me da la orden de no continuar en contacto con la agencia y dar por terminado el informe —señaló, en los términos solicitados por Gómez de Liaño.

Y sobre la finalidad, dijo:

—Me percaté que la finalidad era de carácter político, relacionada con el anuncio de la salida a la política de Mario Conde, porque entonces me ordenaron que cesara el informe —repitió, en plan loro.

Era incongruente.

El último pago a Kroll tuvo lugar el 13 de noviembre de 1992. En 1993, los investigadores ya no aportaron una línea más. Por tanto, ¿qué sentido tenía hablar de la «primavera de 1993»? Si nunca hubo un anuncio de que Conde entraría en política, ¿cómo era posible hablar de un anuncio de que «no» se dedicaría a la política, cuando eso nunca existió? Roldán, pues, le echó una mano a Conde, excepto en un punto, a saber, que se cuidó de decir, como quería Gómez de Liaño, que el informe había sido un encargo personal, privado, de Serra.

Había otro punto en el que Roldán hizo un favor a Conde.

Ante Garzón había dicho que Sancristóbal no sabía nada del origen del dinero ni participó en los contactos con Serra. Y ahora en el Supremo dijo:

—Contacto con Sancristóbal y le digo que el pago deberá realizarse de manera que no aparezca implicado el Gobierno.

Abría la puerta para que le preguntaran a Sancristóbal por el asunto.

Todo parecía ir viento en popa. El martes 18 de abril, el juez Garzón dictó el auto de procesamiento contra catorce personas en el caso del secuestro de Segundo Marey. Según el juez, el GAL había sido una banda armada creada y financiada por el Ministerio del Interior en septiembre de 1983.

Vera, Sancristóbal, Álvarez, Damborenea y Planchuelo encabezaban la lista, junto con otros ocho mandos de la lucha antiterrorista. Garzón llegaba a las puertas de Pepe Barrionuevo. Pero al ser este último diputado, el juez Garzón tendría que remitir el asunto al Tribunal Supremo.

Esta situación permitía a Santaella concentrar la presión sobre Barrionuevo.

En cambio, el encaje de bolillos previsto para el Tribunal Constitucional no había funcionado. Dos días más tarde, el jueves 20, Álvaro Rodríguez Bereijo, catedrático de Derecho Financiero, era elegido presidente del Tribunal Constitucional por ocho votos. Tomás Vives, amigo de Belloch, votó por él. Al día siguiente, viernes 21, José Gabaldón resultó elegido vicepresidente del Tribunal Constitucional. El voto de Vives delataba, para Santaella, cuál había sido la conducta de Belloch, y no había votado por Mendizábal sino por quien había perdido a manos de Gabaldón, esto es, por Vicente Gimeno Sendra. Eso quería decir, a los ojos de Santaella, que el ministro de Interior y Justicia se estaba quedando con él.

—¿A qué juega tu amigo, Gerardo? —preguntó a Viada, en el Colegio de Abogados de Madrid—. Me parece que es una maniobra para quedarse con el poder, porque esto va a explotar...

—No sé, Jesús, ¿qué es lo que te ocurre? —indagó Viada.

—Pues pasa que tenemos documentos que muestran que el presidente del Gobierno conocía perfectamente la existencia del GAL —machacó Santaella.

—No me lo creo —contestó Viada—. Ah, sí, eh, lo han dejado todo por escrito, con sus huellas.

—Yo te digo que tenemos documentos, Gerardo —aseguró Santaella—. O tu amigo es tonto o juega a perjudicar al presidente.

—Bueno, bueno, ¿y qué quieres que haga yo? —preguntó Viada.

—Es que no entiendo que no me hagas caso con la información que tengo. Te aseguro que hay documentos que implican personalmente al presidente. Entonces, me pregunto qué hace Belloch. No le da el indulto a Amedo y luego le digo que tenemos información... y nada. Quiere joder al presidente.

EL ARSENAL DE LAS 1.200 MICROFICHAS

Jesús Santaella estaría muy ocupado el fin de semana del 22 y 23 de abril de 1995. Tenía que concentrarse en la tarea para la que quizá solo él estuviese dotado: cargarse al juez GarcíaCastellón. No se trataba de matar a nadie físicamente. Aquí se estaba hablando entre respetables abogados. Lo que había que hacer era asesinarlo profesionalmente, quitarle de en medio en el caso Banesto y pasarle el asunto al juez Moreiras. El sábado 22, Santaella se marchó a conspirar al palacio de Parcent. Se sentía en su salsa al hacerlo en el despacho y bajo las barbas del señor ministro. Si se lo hubiese contado a alguien, le hubieran dicho que estaba chiflado. Pero con la estrella de Mario Conde, esta es la clase de cosas que te suelen ocurrir. Y bastante a menudo.

Santaella se preparó para esta segunda visita a Juan Alberto Belloch como aquel que, después de un primer encuentro con su posible amante, en el que por fuerza participa más gente, vuelve después en busca de la oportunidad de intentar a fondo la seducción, esta vez de verdad.

Fue una reunión de Estado. El ministro y el abogado asumieron cada uno su papel. El de chantajeado y el de chantajista. Ninguno de los dos tenía la culpa. La vida les había colocado a cada uno en su sitio. Con Santaella, el chantaje te resultaba hasta grato. Te lo hacía pasar bien con ese aire de impostura afectada. Hablaron de lo que debían, de aquello para lo que se habían citado, sin la presencia de Gerardo Viada, ante quien, se comprende, tanto uno como otro tenían dificultad para meterse bien hondo en la mierda.

Pero esa no sería la única visita en la agenda de Santaella.

Tenía pendiente de terminar un artículo que llamaría «Juez ordinario y juez ad casum» (juez especial), eso estaba hecho. Bastaba con resumir lo que venía en un recurso que en pocos días, el 28 de abril, la defensa de Conde tenía previsto presentar ante la sección primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Lo más duro era asumir la realidad de lo que uno mismo era. Y eso se vería de manera flagrante al día siguiente de la visita a Belloch. Eso tendría lugar el lunes 24 de abril de 1995, un día antes de que la comisión permanente del CGPJ decidiera qué hacer con el juez García-Castellón. Santaella había acordado visitar a Pepe Barrionuevo ese lunes para entregarle algo así como la caja secreta con las claves de la bomba nuclear que creía tener entre manos. Es decir: los aproximadamente doce folios del relato que había elaborado el coronel Juan Alberto Perote con el material sustraído en 1991 del Cesid. Perote parecía creerse que su trabajo era algo así como los famosos Papeles del Pentágono, el nombre con el que pasó a la historia el documento Las relaciones Estados Unidos-Vietnam, 1945-1967: Un estudio preparado por el Departamento de Defensa, una historia de la intervención político-militar en Vietnam. El vastísimo trabajo, clasificado como secreto, demostraba que la Administración Johnson había mentido no solo al público sino también al Congreso sobre un asunto de interés nacional de trascendencia y significación, según el diario The New York Times, que empezó a publicarlo en 1971. Eran tres mil folios de análisis histórico y cuatro mil páginas de documentos originales del Gobierno en cuarenta y siete volúmenes.

Quizá, quién sabe, también lo creyera el diario El Mundo que ya había difundido en sus páginas algunos aspectos del informe de Perote, y que estaba a la espera del resultado del chantaje de Conde al Gobierno para obtener la luz verde y continuar su plan de publicaciones.

El llamado capítulo 10, las «Conclusiones», culminaba una narración de unas ochenta páginas. Como todo trabajo ordenado de abogados, el informe iba acompañado por una «documental», es decir una serie de presuntas pruebas que apoyaban lo que se afirmaba en el informe.

El relato delataba deliberadamente la mano de abogados con el objetivo de dar un tono grandilocuente a ciertas insinuaciones jurídicas. En cierto momento, en la conclusión novena, se escribe, al hablar del sello original del GAL, que «se adjunta en cuerda floja al presente informe». Esta terminología se utiliza en los tribunales para describir cómo se incorporan a un sumario judicial determinadas pruebas materiales. Con todo, Santaella entregaría a Barrionuevo las «conclusiones» sin adjuntar ningún soporte «en cuerda floja».

He aquí el documento completo:

10. Conclusiones El análisis de los documentos sobre los que se construye el informe permite llegar a una serie sucesiva de conclusiones:

Primera. Durante 1983, 1984 y 1985, fundamentalmente el Cesid, en cuanto órgano superior de inteligencia de la defensa del Estado español, desarrolló la llamada Operación Sur de Francia, relacionada de manera directa e inmediata con los activistas de la organización terrorista ETA situados en el País Vasco francés. Los documentos a los que se alude en la misma, analizados pormenorizadamente en las páginas que anteceden, demuestran el grado de intensidad con el que se hacía el seguimiento de la operación. En la misma intervinieron básicamente la AOME [Agrupación Operativa de Misiones Especiales], dirigida por Juan Alberto Perote Pellón, alias don Alberto, brazo ejecutivo del Cesid para operaciones especiales, el DDI, Departamento de Defensa Interno, y básicamente las secciones D-3, Involución, dirigida por el señor [Santiago] Bastos, alias señor Baranda, que posteriormente fue nombrado jefe del DDI, y por la sección D-4, especializada en terrorismo, dirigida primero por el señor [Manuel] Guerrero, posteriormente por el señor Comín [Carlos Díaz Capmany] y finalmente por el alias Juaristi [José Rico]. En el ascenso a general del señor Comín tuvo influencia decisiva el señor Vera. Toda la «Operación Sur de Francia», como consta en los documentos analizados, fue dirigida personalmente por el director del Cesid, señor Manglano.

Segunda. La «Operación Sur de Francia» se desarrolló primero en el ámbito de la obtención de «información operativa» que afectaba a la organización ETA y a sus miembros ubicados en el sur de Francia. Para ello, se utilizó la Red Hurón, dependiente del Departamento DI-4, dirigida, según la referida documentación, por el señor Hidalgo, alias Heredia [Luis González Hidalgo], operativa en España, montándose al tiempo la llamada «Operación Tierra-Reta-SF». Esta última era responsabilidad directa e inmediata de la AOME y consistía en un sistema directo de información sobre el objetivo. Para ello, el Cesid tuvo agentes suyos en diversos puntos del territorio francés, recopilando información relativa a ETA, en lugares habituales de reunión de etarras y realizando reportajes fotográficos aéreos del País Vasco francés.

Los agentes del Cesid Juan A. Rando Parra y Baltasar estuvieron destinados en Pau. El agente del Cesid Sebastián estuvo destinado en Llivia, por ser el lugar de origen de su familia. También estuvieron destinados los agentes Sanchis, educado en Francia, Agüera, también educado en Francia, y Jesusa. El agente Sebastián estableció contacto con los colaboradores Sres. Garmot y Gengi y vivió en un piso de Burdeos que fue sufragado por el Cesid. La Red Hurón aportó el contacto y captación de Monique Trois Fontaines para disponer de una cobertura en la zona caliente de San Juan de Luz. La conclusión que se deduce de todos los documentos analizados, que son documentos indubitados del Cesid, es que el Centro Superior de la Defensa del Estado planificó la operación tendente a crear una infraestructura que permitiera llevar a cabo acciones violentas contra miembros de ETA. Para ello controló numerosos pasos fronterizos tales como Pau, Céret, Ororón, Llivia, además de entrenar a sus agentes en el manejo de los camiones TIR.

Conclusión: dicha operación no surgió como idea propia del Cesid, sino que fue el resultado de una reflexión que «alguien» trasladó al Centro para que fuera ejecutada.

Tercera. El 6 de julio de 1983, antes de que comenzaran las actividades de los GAL, el Cesid elaboró un documento, fruto de la reflexión de la AOME, la SG [Secretaría General], la DI-4 y el director del centro, como consta, en el documento N/Ref. 189/19.12.84, dirigido «a quien está conduciendo la lucha antiterrorista en su conjunto», en el que, después de hacer referencia a la conveniencia, frecuentemente sentida, de plantear la lucha contra el terrorismo fuera de los cauces legales, analiza las distintas opciones en el terreno de la lucha armada contra ETA. Plantea las alternativas de «represalia» (contra elementos de ETA, familiares o pertenencias materiales), la «eliminación de líderes», acciones de hostigamiento en general, llegando a la conclusión de que el método recomendado para tales acciones era la «desaparición de agentes de ETA por secuestro». Este documento, incorporado a los archivos del Cesid, demuestra que en el Centro Superior de Inteligencia de la Defensa, el Estado español en su día analizó la conveniencia de comenzar la lucha contra ETA fuera de los cauces legales. En 1984, en un nuevo documento del Cesid (N/Ref. 189/19.12.84) se mantiene la conveniencia de «acciones físicas» sobre objetivos a designar en las zonas de Burdeos y País Vasco francés, haciéndose expresa referencia al salto decisivo que supone pasar de las maniobras al «combate real».

Un nuevo documento del Cesid del año 1985 (N/Ref. 16/ 30.01.85) sigue insistiendo en las acciones de «represalia y hostigamiento» sobre miembros de la organización terrorista ETA. La documentación, por tanto, es concluyente acerca del hecho de que el Estado español debatió en años sucesivos las acciones armadas contra personas de ETA, incluso después de haber comenzado la actuación de los GAL.

Cuarta. Independientemente de la Red Hurón y de la Operación Tierra-Reta-SF, el Cesid tuvo agentes suyos TO’s [técnicos operativos] —guardias civiles destinados en la Comandancia de San Sebastián, mandada por el comandante Enrique Rodríguez Galindo—. Concretamente allí estuvieron Pedro Gómez Nieto y Felipe Bayo Leal, ambos miembros del Cesid. El primero fue con carácter voluntario, el segundo como medio de redención por haber sido expulsado de la unidad (AOME). Independientemente de estas dos personas, otros agentes del Cesid prestaron sus servicios en la Comandancia de San Sebastián. Con toda probabilidad, D. Antonio Arteaga Jiménez, alias Jimeno, D. Antonio Romero Gonzalo-Gallardo. Por consiguiente, al margen de las operaciones mencionadas más arriba, el Cesid contó con personas suyas en la Comandancia de Intxaurrondo, desde la que se alentaron las acciones del llamado GAL Verde o GAL de la Guardia Civil. Estos agentes estuvieron involucrados personalmente en algunos actos de violencia cometidos por el GAL Verde, además de transmitir información constante al Cesid de lo que estaba sucediendo en el terreno de la lucha armada contra ETA. La presencia de agentes del Cesid en la Comandancia de San Sebastián y su involucración en las acciones violentas contra miembros de ETA, sitúa a los GAL en el mismo Centro Superior de Información de la Defensa del Estado.

Quinta. El 24 de septiembre de 1983, en el hotel Londres de San Sebastián, según el auto dictado por el juez Garzón el día 18 de abril de 1995, tiene lugar una reunión en la que se decide poner en marcha el GAL Blanco o de la Policía. El citado auto no recoge que el 26 de septiembre, es decir, dos días más tarde, en el acuartelamiento de Intxaurrondo, tiene lugar una conversación entre el comandante Galindo y el agente del Cesid destinado en esa comandancia, Pedro Gómez Nieto, quien, sin conocimiento del comandante, grabó la conversación, utilizando las técnicas aprendidas en su centro de origen, y trasladó el contenido de la misma a unas hojas manuscritas que fueron remitidas al Cesid. En dicha conversación se comprueba claramente que lo que se trata es de crear el GAL Verde, consistente esencialmente en actuar sobre ETA en la forma en que ETA actúa sobre la Guardia Civil. En acciones rápidas, ejecutadas en el sur de Francia, con un mecanismo de «ir, golpear y volver». Nuevas conversaciones entre el comandante Galindo y el agente del Cesid Pedro Gómez Nieto, que tuvieron lugar los días 29 y 30 de septiembre de 1983, fueron igualmente grabadas, trasladadas a papel de forma manuscrita y remitidas al Cesid. Por consiguiente, el Cesid tuvo información precisa y concreta de la creación del GAL Verde, en el cual colaboraron dos agentes suyos, Pedro Gómez Nieto y Felipe Bayo Leal, junto con otros miembros del cuerpo provenientes del grupo de los comunes, singularmente Enrique y Fabián Dorado Villalobos, Cándido y José Romero, alias El Moro.

Sexta. El 28 de septiembre de 1983, es decir, dos días más tarde de la conversación en Intxaurrondo y cuatro después de la del hotel Londres de San Sebastián, el director del Cesid, Sr. Manglano, es informado de que van a comenzar los ataques contra miembros de ETA por parte de guardias civiles de la Comandancia de San Sebastián, según consta en el documento del 28.9.83, recogido en la página 361 del tomo 1 de la documentación anexa. Igualmente es informado, como consta en el mismo documento, de que esas acciones se desarrollarán «en paralelo» con otras ejecutadas por mercenarios contratados en Francia. En dicho documento se le informa de la preocupación que supone para el Cesid tales acciones porque distorsionan la actividad del Cesid, que ya estaba planificada y con una finalidad «más decisiva». Por tanto, el Cesid tuvo información puntual y directa no solo de la creación del GAL Verde y de la actuación de mercenarios contratados en Francia, sino, además, de la inminencia de las acciones violentas contra miembros de ETA. La respuesta del director del Cesid a esa información es una nota manuscrita que dice: «Pendiente para el viernes», como consta en el documento recogido en las páginas 341 y siguientes del tomo 1 de la documentación anexa, número de orden 10. Es de todo punto evidente que una información de esa trascendencia y con el grado de seguridad que supone el que el informante sea, precisamente, un miembro del Cesid, fue trasladada por el director del centro al ministro de Defensa, Narcís Serra.

El día 28 de septiembre de 1983 era viernes, por lo que la nota manuscrita por Manglano se refiere al viernes siguiente. Posponer una semana una decisión acerca de un tema de tanta gravedad está fundamentado en el propio conocimiento de los hechos y en la ineludible necesidad de consultar con el ministro Serra, superior jerárquico del Sr. Manglano.

Séptima. Tal y como se señala en la información, poco después de la misma, el 16 de octubre se produce el secuestro y posterior ejecución de Lasa y Zabala, así como el frustrado secuestro de Larretxea el 18 de octubre de 1983, y el consumado de Segundo Marey el 4 de diciembre del mismo año. Estas actuaciones confirmaban la veracidad de la información transmitida al director del Cesid. Por tanto, este organismo conocía la existencia del GAL Verde, tenía agentes suyos entre sus componentes, conocía la inmediatez de las acciones violentas contra ETA, la existencia de mercenarios contratados en Francia con este objetivo, tuvo información puntual de actos concretos de violencia y no hizo nada para evitarlos. La información relativa a estos hechos y sus antecedentes fue trasladada por el director del Cesid al ministro de Defensa, Narcís Serra.

Octava. Existe paralelismo en las primeras actuaciones de ambos GAL. El documento del Cesid de 6.07.83 acaba recomendando la desaparición física por secuestro. La primera actuación del GAL Verde tiene lugar el día 16 de octubre de 1983. El método utilizado es, precisamente, el secuestro. El 18 de octubre de 1983 tiene lugar el secuestro frustrado de Larretxea. El método, de nuevo, el secuestro. El 4 de diciembre de 1983 tiene lugar una nueva actuación del GAL Blanco, el secuestro de Segundo Marey. El método utilizado es, de nuevo, el secuestro. Lasa y Zabala son trasladados a Alicante. Marey a un lugar del País Vasco. Lasa y Zabala son ejecutados y enterrados con cal viva. Se cumple, por tanto, el segundo postulado: desaparición física. Segundo Marey está a punto de ser ejecutado y enterrado, igualmente, con cal viva, según el auto del juez Garzón, lo que no se produce, según el citado auto, dada la no pertenencia de Marey a la banda terrorista ETA. Por tanto, los dos GAL actúan con un paralelismo evidente: secuestro, posterior desaparición física, utilización de la cal viva. Es decir, utilizan el método recomendado por el Cesid: desaparición física por secuestro.

Novena. Pero no solo se involucró el Estado en una actitud «pasiva» frente a los GAL, sino que colaboró activamente con ellos. Primero, de una manera genérica señalando que se debía ayudar a esos grupos y, posteriormente, de una forma activa. Fue el Cesid quien elaboró el sello de los GAL para ser utilizado por estos grupos en los comunicados reivindicando las acciones violentas sobre miembros de ETA. La petición para que se elaborara dicho sello fue efectuada al Cesid por el general [Andrés] Cassinello, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Este hecho demuestra que la actividad de la Comandancia de San Sebastián, en cuanto inspiradora y ejecutora del GAL Verde, y la actuación de los mercenarios contratados en Francia, estaban soportadas por las más altas instancias del Estado. La petición fue acompañada de un papel manuscrito en el que se hacía el primer dibujo del sello. Se consultó la petición con el director del Centro, quien dio la orden de que se ejecutara el trabajo. Se diseñó el sello conforme a las instrucciones recibidas, se elaboraron los correspondientes fotolitos y se fabricó el sello, todo ello en las dependencias del Cesid. El dibujo original, el elaborado por el Cesid, dos fotolitos y el sello constan en los documentos 32 a 37. Del sello se hicieron al menos dos ejemplares originales, uno de ellos se entregó al comandante [Cándido] Acedo para ser trasladado al general Cassinello y fue custodiado en el Ministerio del Interior y utilizado según las órdenes del director general de la Seguridad del Estado, D. Julián Sancristóbal. Dicho sello se conservó, finalizada la actividad de los grupos contraterroristas, en una caja fuerte del Ministerio del Interior. Otro de los sellos originales se adjunta en cuerda floja al presente informe. Con ello se demuestra, además de todo lo que ha quedado escrito, hasta qué punto el Estado español, a través del Cesid, se involucró en la actividad de los GAL. Decisiones de esta envergadura no fueron tomadas sin el conocimiento y aprobación del ministro de Defensa, Narcís Sería.

Décima. El Cesid tuvo conocimiento directo, por relato de Pedro Gómez Nieto, de lo ocurrido en tomo a Lasa y Zabala, según demuestra una grabación de la conversación mantenida al respecto que igualmente se adjunta en cuerda floja. Fueron ejecutados en Alicante, con un tiro en la cabeza cada uno, después de haberles obligado a cavar sus propios «agujeros». Pedro Gómez Nieto estaba presente en el momento de la ejecución, aun cuando parece que el autor material de la muerte de los presuntos etarras fue Quique Dorado Villalobos. Este individuo, cuando terminó la actuación del GAL Verde, tuvo problemas con la Justicia y fue condenado a la cárcel. Curiosamente el 23 de enero de 1995 fue puesto en libertad, abandonando la cárcel de Yeserías donde estaba recluido.

Decimoprimera. El Cesid encargó a Pedro Gómez Nieto, agente suyo, que fuera a San Sebastián a averiguar lo sucedido en tomo a [Mikel] Zabalza. El agente del Cesid elaboró un informe escrito, aunque no manuscrito, que entregó al Cesid, en el que relata la verdad de los hechos: Zabalza falleció durante el interrogatorio mientras le estaban practicando el método llamado «de la bañera». Se encargaron del interrogatorio el teniente Arturo Espejo; del SIGC [Servicio de Información de la Guardia Civil]; el teniente Gonzalo, jefe de la reserva, un guardia civil que tiene un hermano regentando el bar La Viña, en la localidad de Irún. Le practican el método denominado de «la bañera» y a consecuencia del mismo fallece Zabalza. En el momento del suceso se encontraban tres o cuatro guardias civiles más. Uno de ellos es el sargento Fabián, hermano de Quique, el cual baja corriendo a las oficinas del COS que se encuentran en la planta baja, gritando y pálido que localizaran un médico y al comandante Galindo. Durante esa noche el bar de la residencia de suboficiales permanece abierto, el camarero Bonilla observa cómo el comandante Galindo se encara con los dos tenientes y les grita: «¿Sabéis lo que me habéis hecho? ¡Me habéis hundido!». Su cuerpo fue arrojado primero a una charca y posteriormente al Bidasoa. Con conocimiento de Galindo y Cassinello se montó la «cobertura»: sumergir el cuerpo de Zabalza en una charca y posteriormente trasladarlo al Bidasoa, donde fue «descubierto» por la Guardia Civil quince días después de su detención, el 26 de noviembre de 1985. Es un dato adicional de indudable importancia saber que el propio Manglano confesó, a persona a designar en su día, que Zabalza era un «confidente» que el Estado español tenía en ETA. Obviamente, si la Guardia Civil de San Sebastián hubiera conocido este hecho, no le habría aplicado el método de la «bañera». Pero, además, esto demuestra que por encima de Galindo, de Casinello, de la Dirección General de la Seguridad del Estado, hay alguien que conoce este dato y es, precisamente, quien está dirigiendo la acción contra el terrorismo en su conjunto.

Decimosegunda. Pedro Gómez Nieto informaba al Cesid de los actos de violencia del GAL Verde sobre los etarras con anterioridad a ejecutarlos, información que llegaba de manera directa al director del Cesid, Sr. Manglano. Según esta información, el caso de Gurmindo y Perurena fue así: Pedro Gómez Nieto pidió al Cesid subfusiles con silenciador para ejecutar a los etarras. Por orden del director del Centro fueron enviados dichos subfusiles a la Comandancia de San Sebastián. Sin embargo, no fueron utilizados porque cuando Pedro Gómez Nieto y, al parecer, Felipe Bayo Leal estaban practicando un reconocimiento del terreno con carácter previo a la ejecución de los etarras, se encontraron de improviso con ellos y decidieron ejecutarles con su armamento ordinario.

En la relación de armamento del Cesid que figura en el documento 30.2, correspondiente al año 1984, al relacionar la revista de armas pasada por el personal del Cesid el 15 de febrero de 1984 en las instalaciones de París (chalet ubicado en la avenida del Cardenal Herrera Oria de Madrid), aparece la referencia «dos subfusiles ametralladores HK-9mm Parabellum».

Decimotercera. Pedro Gómez Nieto se reincorpora al Cesid y a partir de ese momento prácticamente desaparece la actividad del GAL Verde. Existe un oficio del Cesid (N/Ref. 32/11-09-86 dirigido al director del Centro) en el que se dice, a propósito de Pedro Gómez Nieto, que respecto de otras actividades que haya podido ejecutar, no existen testigos civiles ni militares, solo los propios ejecutantes, siempre guardias civiles. Por tanto, el Cesid reintegra a una de las personas capitales en los actos ejecutados por el GAL Verde. Pedro Gómez Nieto pasó posteriormente en 1989 a integrarse en la Oficina de Información del director general de la Guardia Civil, D. Luis Roldán.

Decimocuarta. En el caso de la muerte de Lucía Urigoitia, integrante del comando Donostia, que levantó la polémica del tiro en la nuca, según el documento del Cesid N/Ref. KA15104/03.11.87 se demuestra que «para evitar la actuación de los jueces» se llevaron a cabo determinadas actividades que fueron fundamentalmente un CIR (Control Integral de Relaciones) en casa del juez encargado del caso. Se sustituyó el proyectil correspondiente por otro, se cambió el cañón en el laboratorio de balística y se manipuló un chaleco antibalas para dar la apariencia, en caso necesario, de que existió tiroteo. Estas actividades las hizo el entonces capitán de la Guardia Civil, Sr. Pindado, destinado en los grupos especiales a las órdenes de D. Cándido Acedo.

Dicho documento, firmado por el emisor del mismo, termina con la siguiente frase: «Esta información parece que es conocida por el presidente del Gobierno, Ministro del Interior, Rafael Vera y alguna persona más».

Los documentos que hemos analizado demuestran claramente que en 1982, después del triunfo abrumador del Partido Socialista en las elecciones generales del mes de octubre, en las instancias del Gobierno existía una preocupación: el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas, sobre todo por las consecuencias del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En estos momentos se toma la decisión de que es necesario introducir las reformas imprescindibles en la estructura del Ejército español para que no pueda volver a provocar problemas como los creados en el golpe frustrado del 23 de febrero. Eso, evidentemente, constituye una operación muy delicada, por lo que es necesario ofrecer algo al Ejército y este algo es la lucha armada contra ETA, lo cual caía muy bien en medios militares. El Estado español reflexiona y llega a la conclusión de que el centro adecuado para planificar una acción de este tipo es, precisamente, el Cesid. Se pone en marcha a partir de noviembre de 1982 y planifica una operación que consiste en crear la infraestructura adecuada para llevar a cabo operaciones violentas contra miembros de ETA, a la que se le da el nombre de «Sur de Francia». La planificación es extremadamente cuidadosa y meticulosa. Posteriormente, el Cesid tiene conocimiento de que la Guardia Civil de San Sebastián, en la que están destinados destacados miembros de su organización, va a comenzar a ejecutar etarras. También sabe que otras ejecuciones de etarras se van a llevar a cabo por mercenarios contratados en Francia. En ambos casos, en los primeros pasos se sigue la estrategia diseñada por el Cesid: desaparición física por secuestro. Todo ello demuestra que la actividad del GAL Verde y del llamado GAL de la Policía formaron parte de una operación de Estado. En todo caso, el Estado conoce los GAL Verde y de la Policía y no solo no hace nada para evitarlos, sino que colabora con ellos desde el Cesid, elaborando los sellos del GAL que servirían para reivindicar los atentados, transmitiendo información al entonces comandante Galindo para facilitar la ejecución de los atentados e incluso, suministrando armamento especializado para este fin.

La filosofía del GAL, en cuanto técnica de lucha contra el terrorismo, se debatió en el Cesid. En dicho centro, «por orden de quien está dirigiendo la acción contra el terrorismo en su conjunto», se reflexiona sobre la conveniencia y método de las acciones armadas contra ETA. El GAL Verde y el GAL Blanco son derivaciones de esta filosofía que el Estado incorpora a su estructura operativa. El GAL filosófico, el del Cesid, no actúa materialmente en secuestro o muerte en ningún momento. Estuvo a punto de hacerlo en el caso de Josu Ternera, pero, después de haber ensayado con vagabundos o drogadictos que eran secuestrados y transportados a las dependencias del Cesid, la actuación de la policía francesa frustró el planificado secuestro.

Las páginas que anteceden, por tanto, constituyen la prueba en el terreno político de que efectivamente el fenómeno GAL fue una operación de Estado motivada, posiblemente, por el deseo de acabar pronto con el terrorismo etarra, y, al mismo tiempo, contentar a la cúpula militar, algo revuelta a raíz de los sucesos acaecidos en torno al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los documentos son definitivos en el terreno político y parece que también en el terreno penal, al menos en relación con determinadas personas. Pero dejando a un lado las posibles responsabilidades penales individuales, de lo que no queda duda es de que de dichos documentos se desprende, palmariamente, una responsabilidad política indudable en el asunto GAL y al más alto nivel. Por ello, el Cesid siguió trabajando en el asunto GAL una vez finalizado, si bien ahora con un carácter distinto.

En la Memoria de la AOME correspondiente al año 1987, en el documento referente al Gabinete de Escuchas que se recoge en la página 809, hay una referencia a escuchas sobre el GAL, añadiendo a continuación y entre paréntesis los dos nombres siguientes: «P. J. Ramírez, Melchor Miralles». Se sigue trabajando en el GAL, pero ahora haciendo escuchas sobre periodistas que investigaban lo que sucedió.

En la Memoria correspondiente a 1988, en la página 911, aparece la operación «Urbión-Rele-Charco» que consistió en un CGA (Control General de Actividades) de un periodista «implicado» en el proceso contra el GAL, a fin de detectar contactos con personas miembros de HB, obteniendo pruebas gráficas de los mismos. La operación se desarrolló en Madrid y en Bilbao. En el año 1989, vuelve a aparecer la citada operación entre las actividades operativas del Cesid en la página 1026, con el siguiente texto: «Detección y grabación vídeo-foto de contacto entre acusadores particulares en el proceso contra el GAL. La preocupación del Cesid, y de sus superiores, es evidente. Las páginas anteriores demuestran claramente el qué, el cómo y el porqué».

Los últimos folios eran cosecha propia de Perote.

En el documento que recoge el presunto informe por el cual se daba cuenta al director del Cesid del inicio de los ataques contra miembros de ETA (conclusión sexta), el teniente general Manglano hace constar lo siguiente en una nota manuscrita: «Pendiente para el viernes». Al margen añadió también a mano: «Me lo quedo Pte. para el viernes». También la conclusión sexta, asimismo, presupone que la información sobre el comienzo de los ataques «fue trasladada por el director del Centro al Ministro de Defensa, Narcís Serra». Y su deducción es esta: «El día 28 de septiembre de 1983 era viernes, por lo que la nota manuscrita por Manglano se refiere al viernes siguiente. Posponer una semana una decisión acerca de un tema de tanta gravedad está fundamentado en el previo conocimiento de los hechos y en la ineludible necesidad de consultar con el ministro Serra, superior jerárquico de Manglano».

Problema: el día 28 de septiembre de 1983 no era viernes sino miércoles y, por tanto, Manglano tenía previsto informar a Serra en su despacho de dos días más tarde, no siete días después.

EL CORREO SECRETO DEL ZAR

Lunes 24 de abril de 1995,

Congreso de los Diputados,

primera planta, despacho número 10,

Presidente de la Comisión Constitucional.

Tal como habían convenido, Santaella le entregaría el documento. Tenían no más de diez minutos.

—Pepe, como podrás ver, tal como te he anticipado, esta información es gravísima —subrayó Santaella—. Tienes que dárselo al presidente.

Barrionuevo miro el documento.

—Lo haré llegar inmediatamente.

—Verás por qué es necesaria una entrevista con el presidente del Gobierno.

Barrionuevo se despidió y marchó hacia el palacio de la Moncloa. El vicepresidente Narcís Serra le aguardaba en el edificio Semillas.

Entró al despacho y le entregó el documento.

—Conde quiere una entrevista con el presidente, Narcís —le dijo—. Ah, y quiere que el papel llegue a Felipe.

Narcís Serra cogió el documento, lo leyó y citó a Manglano para que este comprobara en el Cesid.

Todas las piezas estaban desplegadas para la reunión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día siguiente, martes 24. El vocal Javier Gómez de Liaño había escrito con fecha domingo 23 de abril un texto dirigido a la comisión permanente. Gómez de Liaño ponía de relieve el «desatino de ciertas noticias». Algunas informaciones aparecidas el viernes anterior, 21 de abril, sobre los movimientos de Gómez de Liaño en el CGPJ, anticipaban que era favorable a que García-Castellón siguiera instruyendo los casos que ya tenía, y por tanto Banesto, pero advertía que en caso de que la comisión permanente se decidiese por otras alternativas «recomendaré que la cuestión se eleve a la superior consideración del pleno del Consejo».

Era muy difícil para Javier Gómez de Liaño, por su relación familiar con el abogado de Conde, Mariano Gómez de Liaño, votar abiertamente contra la renovación del mandato de García-Castellón. Pero, en todo caso, quería sembrar la idea de que en el CGPJ el asunto creaba tensión. Si se le prorrogaban los seis meses a García-Castellón así como ya estaba, es decir, manteniendo su soberanía sobre los viejos y nuevos asuntos del juzgado, era perfecto. Porque en este caso, Gómez de Liaño pediría la convocatoria del pleno y manifestaría su discrepancia, lo que sin duda tendría repercusión. Y esto podría ser alegado por su hermano Mariano Gómez de Liaño y Santaella en sus escritos ante el Tribunal Supremo.

La posición de Javier era muy buena para los planes de su hermano Mariano. Primero, porque ya anticipaba la exigencia de que el asunto, de no resolverse como él quería, se elevase al pleno del CGPJ. Esto daba más días, más tiempo para maniobrar sobre el Gobierno. Y, además, porque al limitar a García-Castellón los asuntos que ya tenía, un eventual éxito del recurso de amparo de Rafael Vera para apartar a Garzón de la causa llevaría el caso GAL, como quería Santaella, a manos de Moreiras.

Gomez de Liaño también quería dar la imagen de que el juzgado central de instrucción número 3 era un virtual campo de batalla. «Mientras en unos lugares del legajo [sobre el desorden ya conocido en el juzgado de Moreiras] aparecen datos que describen sombríos resultados y auguran mayúsculos temores, en otros pasajes se divisan elementos de tranquilizante normalidad. Y como no sabemos con cuál quedarnos… que el señor presidente de la Audiencia Nacional remita al consejo los informes que tenía obligación de realizar mensualmente sobre la evolución del órgano objeto de refuerzo, pues se me dice que no lo ha hecho». Era una coz contra Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional.

El artículo de Jesús Santaella apareció la mañana del martes 25 de abril en El Mundo, diario que volvía a ocultar la condición de letrado de Mario Conde que tenía el autor aun cuando su director sabía desde hacía tiempo que se trataba del abogado del exbanquero. Al esconder este dato, Santaella aparecía para los lectores del diario como un jurista independiente.

En una columna de opinión, titulada «Juez ordinario y juez ad casum» (juez especial), sostenía que Miguel Moreiras era el «único titular legítimo» del juzgado número 3 y añadía que «el juez Moreiras expresamente manifiesta que no siente necesidad alguna de apoyo», al tiempo que denunciaba el hecho de que «casualmente la presidencia de la Audiencia Nacional solicita al CGPJ la renovación sin más por otros seis meses en las mismas condiciones, de García-Castellón. Santaella explicaba, en términos jurídicos, la quintaesencia de la operación de chantaje que él y su cliente, Mario Conde, estaban desarrollando, en el último párrafo. Decía: «Ahora existe una magnífica oportunidad… En momentos tan difíciles como los que atraviesa España, nada más importante que conseguir entre todos que el Poder Judicial aparezca inmaculado ante la opinión, sobre todo en asuntos en los que cabe presumir intereses o interferencias de todo signo. En el trance final de optar entre un juez sin caso o un juez ilegal con caso no hay duda de tipo alguno en el marco del Estado de Derecho».

Era una pena que los miembros del CGPJ no conocieran en aquellos momentos que el día anterior, 24 de abril, el articulista, cuyos servicios a Conde ocultaba por tercera vez en los últimos cuatro meses el periódico que le brindaba su tribuna, había entregado el documento «Conclusiones» a José Barrionuevo en el despacho del presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con el fin de que este lo hiciese llegar al presidente González. Esperaba por esta vía alguna señal a la comisión permanente del CGPJ para cortarle la cabeza a García-Castellón. Al hombre que había enviado a prisión a Mario Conde.

Pero las amenazas no tuvieron éxito. La comisión permanente resolvió que el juez de apoyo seguiría tramitando los asuntos que ya llevaba y se ocuparía de los nuevos que entraran. La renovación era por seis meses. Y, como había anticipado, el vocal Javier Gómez de Liaño solicitó al presidente, Pascual Sala, que se elevase al pleno la discusión del acuerdo adoptado. Exigió los informes pendientes de la presidencia de la Audiencia Nacional sobre la situación del juzgado y otro informe al Servicio de Inspección del propio consejo «o de quien corresponda» sobre el estado de los asuntos del juzgado.

En un tercer escrito, de 26 de abril, proponía que, en ausencia de los informes del presidente de la Audiencia Nacional, se extendiera una certificación por el secretario general referida a la «existencia o no de dichos informes mensuales», y además, solicitaba un informe del juez Moreiras. El vocal propuso que este asunto se incluyera en el orden del día del pleno del 3 de mayo de 1995, aquel que trataría de la renovación de García-Castellón.

Era un puzzle que exigía sangre fría. Santaella estaba en ello. El 27 de abril, el abogado recibía malas noticias. Después de la elección de Rodríguez Bereijo y de Gabaldón, el Tribunal Constitucional cambiaba de criterio respecto a la sala que trataría el recurso de amparo de Rafael Vera. Sería la Sala Primera. El ponente sería Rodríguez Bereijo, flamante presidente del Tribunal Constitucional. Rafael Mendizábal, amigo de Santaella, miembro de la Sala Segunda, quedaba fuera de juego.

Santaella y Mariano Gómez de Liaño comenzaron a preparar el próximo combate en el pleno del CGPJ previsto para el 3 de mayo. Los votos que se necesitaban para lograr que la renovación de García-Castellón quedase limitada a los asuntos que ya llevaba eran nueve. Había que asegurar esa limitación, habida cuenta de que la renovación como tal era imparable.

¿Por qué tanto empeño en esa limitación?

Si triunfaba el punto de vista de que García-Castellón siguiera como estaba, con asuntos antiguos y nuevos, la consecuencia era terrible para Conde en el caso de prosperar, como deseaba Santaella, el recurso de Vera contra Garzón. Eso significaría que el caso GAL pasaría a ser instruido por García-Castellón. En esta hipótesis, Conde y sus letrados empeoraban su situación: el material del Cesid se convertiría en pólvora mojada. Si, en cambio, se conseguía limitar los casos a los antiguos, Santaella confiaba en que su relación con Moreiras, que sería el destinatario del caso GAL, y los papeles de Perote le permitirían, más tarde o más temprano, dinamitar el caso Banesto.

Mariano Gómez de Liaño presentó en el Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales contra el acuerdo de renovar el mandato de García-Castellón adoptado por la comisión permanente el 25 de abril. Era un recurso de urgencia que pretendía la suspensión cautelar, inmediata, del juez, previo a un recurso más fundamentado, una vez que el pleno del CGPJ decidiera el 3 de mayo. El escrito citaba el informe del juez Moreiras enviado el mes de marzo y prometía aportar el «parecer publicado en un diario de difusión nacional» coincidente con dicho informe. El diario era El Mundo y el «parecer», ¿de quién sería? Pues de Jesús Santaella, cuya condición de letrado de Conde el diario silenciaba.

En su segundo recurso contencioso, los abogados de Conde inventaban una situación de bochorno en la comisión. Era una manipulación de lo que había ocurrido. En el recurso se aportaba el acta de la reunión de la comisión permanente del 25 de abril, en la cual se daba cuenta de un voto particular, el de la vocal Soledad Mestre, y del hecho de que otro vocal, Javier Gómez de Liaño, había presentado un escrito el 23 de abril sobre el mismo asunto.

«Una vez más —concluía— un acuerdo referido a la continuidad del magistrado García-Castellón aparece rodeado de un carácter conflictivo… Parece evidente que la cuestión que estamos analizando sigue viviendo dentro de la más profunda polémica que se acentuará al llevarse al pleno. El nombramiento de García-Castellón ha estado rodeado de polémica, revocaciones de acuerdos y votos particulares».

Habían pasado apenas tres días desde la entrega del documento, el lunes 24, y Santaella no tenía noticias. Llamó a Adolfo Suárez y concertó una cita con él para visitarle en su casa de La Florida el viernes 28 de abril de 1995. El abogado llevaba un ejemplar para Suárez del documento «Conclusiones». Lo estuvieron repasando juntos.

—Parece que nadie quiere enterarse. Es necesario que Felipe González sepa que esto es muy serio. Lo mejor, Adolfo, es que el presidente reciba a Mario —dijo Santaella.

—Bien, lo trasmitiré inmediatamente.

Le dejaría un ejemplar para González, pero no era todo lo que necesitaba de Suárez. Había otro asunto menudo. Santaella estaba interesado por un vocal del CGPJ que había sido compañero de estudios de Suárez en la Universidad de Salamanca. Ambos, además, se habían preparado con Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda, padre de Mariano y de Javier, cuando era teniente fiscal en Ávila. Su nombre: José Dávila. Había sido elegido vocal del CGPJ a propuesta del Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez.

—La comisión permanente ha decidido renovar al juez García-Castellón por otros seis meses. Pero la cuestión será discutida nuevamente en el pleno del 3 de mayo. Nos interesa que el juez solo se ocupe de los asuntos que ya tiene. Si pudieras hablar con Dávila… —sugirió el abogado.

Suárez rehuyó la propuesta.

—Jesús, es que yo a Pepe hace años que no le veo. Y, además, te digo que mejor así, porque no se le pueden pedir cosas como estas. No puedo, entiéndeme. Mira, la familia Gómez de Liaño le conoce muy bien y le pueden plantear lo que quiera.

Antes de despedirse, Suárez le prometió que hablaría sin pérdida de tiempo con González y con el rey Juan Carlos.

—Sería bueno que me dijerais dónde va estar Conde el fin de semana. A ver si el rey puede llamarle.

—Mario estará en Los Carrizos, Adolfo.

Suárez habló con Felipe González y con el rey Juan Carlos. Pero la llamada a Conde no se produjo. El teniente general Manglano pudo saber que Javier de la Rosa y su familia visitarían el fin de semana del 29 y 30 de abril, con ocasión de la Feria de Abril, a Conde, y le informó al rey sobre ello. Se le transmitió a Suárez que en esas condiciones la llamada no tendría lugar.

A su vez, González recibió a Suárez en la Moncloa. Suárez le hizo entrega del papel que el presidente ya había recibido a través de Barrionuevo y le transmitió que Santaella proponía una reunión con Conde. El presidente le preguntó si Santaella era de fiar. Suárez asintió. González le dijo que se lo pensaría y le pidió que se pusiera en contacto con el ministro Belloch para analizar la situación. El 2 de mayo Belloch era el anfitrión de Suárez: los dos comieron en el palacio de Parcent. Suárez también se reunió con el teniente general Manglano para comentar el documento de «Conclusiones».

Un día después, el 3 de mayo, el mismo día en que se celebraba el pleno, Moreiras envió al CGPJ el informe que había solicitado Javier Gómez de Liaño, en el cual cuestionaba la decisión de la comisión permanente. «La comisión de servicio acordada no resuelve la nulidad de todas las actuaciones instruidas por el juez de apoyo en consideración de la particular designación [de García-Castellón] de que fue objeto en su día», decía. Y proponía «revocar el acuerdo de la comisión permanente del CGPJ» y que se «reintegre al compareciente [Moreiras] en el pleno y exclusivo ejercicio al frente del juzgado 3 por ser de justicia». Era Moreiras, pues, quien pedía la revocación del acuerdo, algo que formalmente no había solicitado el vocal Gómez de Liaño. Los argumentos eran incoherentes. Si como decía Moreiras las actuaciones de García-Castellón hasta la fecha estaban afectadas de nulidad, ¿por qué el rechazo de la prórroga subsanaría esa nulidad? Devuélvame, decía Moreiras, mi juzgado. García-Castellón, fuera.

El pleno del 3 de mayo decidió renovar por otros seis meses el apoyo de García-Castellón. No hubo un solo voto en contra. Las discrepancias giraron en torno al tema ya previsto: ¿seguiría con los asuntos antiguos y asumiría los nuevos? Nueve vocales votaron a favor de que solo siguiera con los casos que estaba instruyendo y ocho lo hicieron para que entendiera de todos los asuntos, viejos y nuevos. Dávila formó parte de la mayoría, aunque, según dijo, nadie le sugirió qué debía votar. Nadie había cuestionado la renovación.

Mariano Gómez de Liaño, firmante de los recursos ante el Tribunal Supremo, hablaba de «revocaciones de acuerdos». ¿Quién había solicitado el pleno para proponer la revocación del acuerdo de la comisión permanente? El vocal Javier Gómez de Liaño. ¿Quién había propuesto, también, que se modificase el acuerdo? El juez Moreiras. ¿En base a qué iniciativa? A un informe que había pedido Javier Gómez de Liaño.

El vocal Andrés de la Oliva propuso en el pleno del 3 de mayo que Gómez de Liaño se abstuviera de votar en base a las causas establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, ya que era hermano de Mariano Gómez de Liaño, abogado de Conde. De la Oliva consideró «inconveniente, cuando menos, que la revocación del acuerdo se produjese por iniciativa de un vocal que estaba incurso en causa legal de abstención». Este voto particular recibió el apoyo de la vocal Margarita Mariscal de Gante. De la Oliva tiraba su dardo contra Santaella y respondía al título de su artículo: «A mi entender, el magistrado García-Castellón no es juez ad hoc o ad casum». Y hubo otro voto particular que iba a la yugular del planteamiento de Jesús Santaella. El vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, sostenía que García-Castellón debía seguir instruyendo los casos actuales y también los nuevos porque «si el Tribunal Constitucional estimara el recurso de amparo sobre la recusación [de Rafael Vera] de Baltasar Garzón [y el caso GAL pasaba al juzgado 3] el riesgo de un nuevo y mayor retraso en causa de tanta envergadura es real».

EL GRAN HERMANO ESCUCHA

Mario Conde seguía intentando, además de las ya descritas, otra vía para demostrar que había sido víctima de una persecución política. Se trataba de conseguir que el juez Eduardo Moner accediera en el Tribunal Supremo a aceptar su personación en el llamado caso Crillón, el informe que según el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, había sido encargado siguiendo instrucciones del vicepresidente, Narcís Serra. Como sabemos, el asunto había saltado en una entrevista realizada por el diario El Mundo a Roldán en mayo de 1994, tras fugarse de España, y el 8 de febrero de 1995, el exdirector formuló una denuncia ante el juez Garzón, quien a la vista de que afectaba a una persona aforada, el vicepresidente, elevó el asunto al Tribunal Supremo.

El juez Móner, antes de decidir sobre la personación de Conde, decidió conocer los hechos. Ello impedía a los abogados del exbanquero estar presentes durante las declaraciones. Llamó a declarar a Roldán el 19 de abril y aunque este no dijo todo lo que Conde quería, aportó el sesgo político y aseguró que el dinero para pagar el informe había sido entregado por el Cesid al Ministerio de Defensa. El 4 de mayo lo hizo Sancristóbal. Tal como le había anticipado a Conde en la cárcel de Alcalá-Meco, no denunciaría a Serra.

—¿El señor Roldán le dijo que el encargo se lo había hecho a él el señor vicepresidente? —preguntó el fiscal Beney tez.

—Mi único contacto fue el señor Roldán —se salió, hábilmente, Sancristóbal.

Tras contar que Roldán le dijo que todo lo debía hacer él, Sancristóbal explicó que se trataba de hacer un «informe sobre la actividad de Mario Conde en relación con Banesto» y actividades supuestamente irregulares.

—¿Conocía usted la procedencia del dinero que le entregaba el señor Roldán?

—No.

Y el juez Móner tocó un punto sensible.

—¿Le encargó Roldán que hiciera referencia a algún aspecto íntimo?

—No —dijo—. Todo el informe se refirió a actividad financiera —aclaró.

El 5 de mayo de 1995, el juez Móner pidió, pues, a la defensa de Conde que explicara el delito por el que su cliente se consideraba ofendido o perjudicado. Y, después de meditarlo y obtener la aprobación de Perote, el 8 de mayo Mario Conde decidió destapar al agente que le ayudaba en la sombra. Así, el coronel Juan Alberto Perote fue propuesto por Mariano Gómez de Liaño en una lista de catorce testigos, incluyendo la repetición de comparecencias de Roldán y Sancristóbal, para declarar ante el Tribunal Supremo. Era el testigo H.

A Manglano la aparición del Perote no le sorprendió. A primeros de ese mes de mayo, el director del Cesid había informado a Serra de que la información del documento entregado por Santaella a Barrionuevo y Suárez se basaba en las microfichas sustraídas por Perote y que algunas de ellas podían estar manipuladas.

El 12 de mayo, Julián Sancristóbal esperaba ahora en la cárcel de Guadalajara la visita del policía Francisco Álvarez y su esposa, Mari Carmen Enrich. Ese día, Álvarez le llamó para decirle que había hablado con Perote y que este deseaba visitarle. Sancristóbal dijo que le parecía bien. De modo que recibió a los tres.

Perote le confió un dato que todavía no era público. Estaba propuesto por Conde para declarar en el Supremo sobre el Informe Crillon.

Sancristóbal, que había declarado hacía pocos días, se sorprendió.

—Y ¿tú qué sabes sobre eso?

—Hombre, si le puedo echar una mano, me necesita —se defendió Perote—. Por cierto, Mario me ha dicho que tú le habías prometido una copia del informe completo. Y luego tu abogado, Stampa, dice que no está en España sino en Suiza —prosiguió—. ¿No puedes darme una copia?

—No, Juan. Tú de eso no sabes más que lo que te dije de pasada en mi despacho hace ya más de un año, ¿recuerdas?

—No, claro. Lo sé por ti... Bueno, pero ya sabes, quiero echarle un cable...

—Yo me ratificaré, si vuelvo a declarar, en lo que he dicho —dijo Sancristóbal—. Eso quiere decir que, llegado el caso, te voy a desmentir.

Perote no quería hablar.

Sancristóbal, con criterio práctico, indagó:

—Bueno, vamos a ver, ¿tú qué ganas con esto?

—Nada, nada, me apetece hacerlo —dijo Perote, muy vacilante.

—Mira, Juan, ten cuidado, no te pongas en manos de Mario Conde —le sugirió paternalmente Sancristóbal.

Era muy tarde.

Hacía tiempo que Perote estaba en sus manos.

Los acontecimientos se aceleraron con una información.

El diario El País publicó el domingo 14 de mayo de 1995 que Perote estaba propuesto para declarar en una lista elevada al Tribunal Supremo. Resultó ser un paso prematuro, un error táctico que cometió Conde. Nada podía agregar el testimonio de Perote en el tema del Informe Crillon, porque solo podía invocar el nombre de Sancristóbal. Y este negaría cualquier versión de Perote. Pero es que, además, Conde no estaba siquiera personado en la causa, y el juez solo le pedía que dijera en qué se sentía perjudicado. En todo caso, una vez personado, podría pensar a quién proponer como testigos.

Pero Conde ya se orientaba hacia el enfrentamiento violento. Sus nervios de acero fallaron. Y rifó a Perote, en aquel momento, por nada, quizá porque ya le constaba que el Cesid seguía discretamente a Perote, desde aquella misión del coronel al despacho de Adolfo Suárez el 22 de febrero de 1995. Y más todavía después de la entrega del documento «Conclusiones».

La nueva fecha de la tensión sería el 1 de junio de 1995.

Ese día el objetivo era el teniente general Manglano, que estaba citado a declarar ante el juez Móner por el Informe Crillon.

El odio convergente de Juan Alberto Perote, exsubordinado suyo en el CESID, y de Conde, que veía en Manglano al hombre de Serra, se descerrajaría en pocas horas.

Lo primero, una ronda de chantaje.

El 31 de mayo, Mario Conde hizo llegar tres mensajes a Manglano con el mismo contenido: debía declarar al día siguiente que conocía el informe y que el Cesid había proporcionado los sesenta y siete millones al Ministerio de Defensa para pagar a la agencia Kroll. Los tres portadores del mensaje fueron Luis María Anson, director del periódico ABC; el general Santiago Bastos Noreña, alias Baranda, jefe de la división de Interior y subdirector del Cesid, un hombre que había participado en misiones antiterroristas junto a Perote, con quien trabó amistad, y el tercero, Adolfo Suárez.

Anson explicó a Manglano que Conde le había llamado y que parecía dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias si no declaraba que el informe había sido encargado y financiado por el Cesid. Su impresión era que Conde podía difundir el material con el que amenazaba. Manglano no se amilanó. Y lo mismo le manifestó a Suárez.

A su vez, Mariano Gómez de Liaño habló con los abogados de Luis Roldán, que estarían presentes en la declaración, y presentó un escrito en el que solicitaba que se tomase declaración a Conde y se le autorizase a personarse.

Manglano negó que el Cesid allegase los fondos para pagar el informe Crillon. Ante las preguntas de José Luis Rodríguez, abogado de Roldán, respondió:

—Nunca he tenido conocimiento directo o indirecto de que se estuviese haciendo una información sobre Mario Conde —aseguró.

Manglano visitó al día siguiente, 2 de junio, a Adolfo Suárez para comentar la situación. Y Suárez almorzó ese mismo día con Felipe González en La Moncloa, aunque no estuvieron a solas.

Las fantasías de Santaella conocían una nueva frustración el 7 de junio al rechazar el Tribunal Constitucional el recurso de amparo en el que Vera pedía la recusación del juez Garzón. Moreiras, que ya había perdido en mayo la posibilidad de hacerse con el caso Banesto, ahora también perdía la opción de quedarse con el de los GAL. El candidato a «superjuez» y su promotor Santaella habían fracasado.

Pero a perro flaco todo son pulgas. El mismo día, el abogado del Estado contestaba el recurso contencioso-administrativo de Conde contra el nombramiento y los acuerdos del CGPJ sobre el juez García-Castellón. El escrito defendía de manera incondicional el nombramiento y los acuerdos posteriores. Santaella, que le había vendido a Conde el presunto apoyo de Belloch en este asunto, quedaba al desnudo.

Ellos mismos se habían fabricado sus mentiras y ahora decían con odio que se les estaba tomando el pelo y que ya se enterarían Manglano, el Gobierno, todos. ¿Publicarían inmediatamente los papeles de Perote? No. En las reuniones que mantenían Conde y Fernando Garro con Perote, unas veces en la calle de Triana y otras muy cerca de allí, en la calle Prieto Ureña, donde vive Garro, llegaron a la conclusión de que, primero, al hilo del caso Crillon, era necesario crear la sensación de que había en España un Gran Hermano que grababa y hacía un seguimiento para controlar los movimientos de muchísimas personas. El Gabinete de Escuchas del Cesid. Las cintas que Perote había robado. El tema ya había salido hacía cinco años, en 1990, incluso con el nombre de Perote. Pero ahora sería a lo grande. Si el Gobierno no retrocedía ante el chantaje ya se seguiría bombardeando con los papeles. Primero las cintas.

El lunes 12 de junio de 1995 estalló el escándalo en la portada de El Mundo, con la información de las escuchas. El martes 13, el periódico informó que el rey Juan Carlos también había sido grabado e incluyó algunos fragmentos de conversaciones. Uno del exministro Enrique Múgica con su hermano Fernando y otro pasaje de una conversación entre Múgica y el abogado y político Pablo Castellano, también había fragmentos de una conversación entre Pepe Barrionuevo y una amiga suya, la que fuera delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Ana Tutor. El periódico publicaba un estadillo escrito a mano con una lista de presuntas conversaciones grabadas, entre las que figura la de Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid Club de Fútbol y la exmodelo y duquesa de Feria Nati Abascal. Pero no había extractos de esta ni de otras grabaciones.

Cuando Julián Sancristóbal leyó las noticias, algo le llamó la atención: la cinta en la cual Pepe Barrionuevo hablaba con su amiga Ana Tutor. Fue la clave para saber de dónde venían las cintas. No había pasado ese 13 de junio de 1995, dos años, recordaba Sancristóbal, desde que el coronel Perote le entregara precisamente esa cinta para que se la diera a Barrionuevo. Para que estuviese enterado.

Las sospechas sobre Perote fueron inmediatas. El coronel difundió que él sabía quién había sido la fuente: el comandante del antiguo Gabinete de Escuchas del Cesid, cesado en 1993. Manuel Navarro Benavente. Era una coartada falsa.

El periódico El País recogió las sospechas del Gobierno y de los servicios de seguridad sobre la procedencia del material y apuntó a Perote el martes 13 de junio.

VIRIATO: CINCO HORAS CON MARIO

Mira por dónde, el mismo día, martes 13 de junio de 1995, cuando todo el mundo daba por hecho que las cintas las había filtrado Juan Alberto Perote, los conspiradores se daban cita en la casa de Fernando Garro, en la madrileña calle de Prieto Ureña. La reunión duró alrededor de cinco horas. Los servicios del Cesid, que seguían a Perote, grabaron un video sobre sus movimientos. Entre otras cosas, los conspiradores decidieron que el coronel debía explicar a la prensa que él nada tenía que ver con las filtraciones de escuchas y que su relación con Conde se remontaba a muchos años atrás por coincidir su vivienda con la de los padres del exbanquero en la misma urbanización, Los Arroyos, en El Escorial.

El miércoles 14, Perote comenzó su ronda ante los medios de comunicación. El periodista Luis del Olmo llamó a Perote, desde la tertulia de Onda Cero, y le hizo una entrevista, que compartió con los tertulianos. Aún no había trascendido el cónclave de la calle Prieto Ureña, grabada por las cámaras de vídeo del Cesid.

Presente en la tertulia, le pregunté:

—Señor Perote, ¿cuándo fue la última vez que vio a Mario Conde?

—Humm... Humm... No sé por qué me pregunta eso —replicó, algo nervioso, Perote—. Yo conozco al señor Conde desde hace mucho tiempo...

—Sí, pero es una pregunta que no tiene más trascendencia. ¿Cuándo le vio por última vez?

—Humm... humm —no sabía qué decir—. Mire, yo no voy contestar.

Claro, cuando te has recluido, la víspera, cuatro o cinco horas con Conde, y va un tipo y te pregunta al día siguiente que cuándo le has visto por última vez, y además todo el mundo sabe que el origen de la filtración de las cintas del Cesid eres tú, qué vas a decir.

El jueves 15, El País publicó la prueba: cuatro fotografías realizadas a partir de un vídeo mostraban en primer plano a Conde mientras salía de casa de Garro, a Perote, a Gómez de Liaño y a Garro.

El viernes 16, Perote admitió que había estado en una situación difícil ante la pregunta que se le hizo en la radio el miércoles 14.

—No sabía qué contestar —reconoció—. Si decía que le había visto el día anterior, confirmaba todas las sospechas —añadió.

Perote habló en sus entrevistas de la necesidad de una ley de punto final para el GAL y definió lo que estaba ocurriendo con la movida de las cintas como una «batalla dentro de una guerra». Claro, era más interesante darle un sesgo político a su actuación. Mejor hablar de punto final —el sentido de Estado—, para disfrazar que él y su archivo estaban al servicio de Mario Conde para sus inconfesables fines.

—¿Qué quiere decir eso? ¿La intervención de Banesto pudo ser también una batalla dentro de esa guerra?

—No puedo decirlo. Es posible, pero no conozco el tema. —Se hizo el ignorante porque le convenía—. En realidad —la excusa, la coartada aprendida—, yo soy amigo de Fernando Garro desde hace veintidos años. Mi sobrina era secretaria suya en la dirección general del Ministerio de Agricultura —explicó—. Y precisamente le llamé para que localizara a Conde, porque yo no tenía acceso a él —volvió a mentir.

De hecho, lo que Perote daba como excusa quizá explicaba bastante.

Fernando Garro era, precisamente, el hombre de la guerra sucia de Conde, quien en nombre de su patrón, se arremangaba para meterse en el lodo. En las escuchas como en las facturas-chapuza, en la intoxicación de medios de comunicación como en los contratos con las empresas de seguridad.

El teniente general Manglano presentó su dimisión el 15 de junio, que fue aceptada. Lo mismo hicieron el vicepresidente Serra y el titular del Ministerio de Defensa, Julián García Vargas. Pero en en estos dos últimos casos, Felipe González no las aceptó. Los tres, Serra, García Vargas y Manglano fueron comisionados para elevar un informe sobre los hechos.

La tarde del 15 de junio, sobre las siete y media, Adolfo Suárez volvía al palacio de la Moncloa. González le saludó rápidamente, ya era de la casa, y le hizo pasar a su despacho. Se sentaron y volvieron sobre el asunto que venían comentando en los últimos tres meses. Suárez había sido un testigo de excepción.

González le preguntó una vez más si estaba de acuerdo en recibir a Conde y Santaella. Suárez había visitado a Conde hacía menos de un mes, el 18 de mayo. De modo que tenía impresiones recientes. El expresidente insistió. Todo dependía de los papeles del Cesid, de lo que había de cierto y de lo que podría estar manipulado. Le dijo que su experiencia con Santaella era buena y que era una persona sensata.

—Es del estilo de Pío —dijo Suárez con ánimo de ayudar. Se refería al político y exministro Pío Cabanillas.

—Así que tú crees que es una persona seria —preguntó González.

—Es muy difícil darte un consejo —agregó—. Solo tú puedes saber qué riesgos existen.

—¿Por qué no volvéis a hablar de ello tú y Belloch?

Al día siguiente, 16 de junio, Suárez almorzó con el ministro Belloch, en el palacio de Parcent. Hicieron un repaso de la información y comentaron las alternativas de un encuentro entre el presidente y Santaella. Suárez insistía en que Santaella era de fiar. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, sugirió a González recibir al exbanquero.

El fuego cruzado de mensajes era intenso.

El 17 de junio, dos días después de dimitir, el teniente general Manglano presentó una denuncia en el juzgado de guardia de lo Militar contra el coronel Juan Alberto Perote por presunta sustracción de material clasificado del Cesid y revelación de documentos secretos. Para apoyar la denuncia declararon como testigos ante el juez togado militar, titular del juzgado número 2, el coronel Manuel López Fernández, alias Losada, que había sido jefe de gabinete de Manglano y sucesor interino de Perote en la Agrupación Operativa, y el teniente coronel Rafael Rubio Luengo. Ese mismo día se hizo cargo de instruir nuevas diligencias el juez decano de los juzgados de lo Militar, el coronel Jesús Palomino, titular a su vez del juzgado número 1. Palomino, después de ver las declaraciones, firmó la orden de detención de Perote, que se produjo sobre las tres de la madrugada del domingo 18 de junio en el chalé de Perote en la urbanización Los Arroyos de El Escorial. Desde allí Perote se comunicó con Mario Conde para informarle de su detención. El exbanquero informó a Jesús Santaella y le encargó que asumiera la defensa del coronel.

El contragolpe de un Gobierno débil, acosado por los escándalos del pasado, el GAL, y los chantajes del presente, no estaba en el guión de Conde y su banda.

El 19 de junio, el juez togado militar volvió a tomar declaración al coronel Manuel López Fernández y al teniente coronel Rafael Rubio Luengo, quienes ya habían comparecido el sábado 17. Los dos ratificaron que Perote se había llevado documentación del Cesid en noviembre de 1991 y que dos meses después, preguntado por el asunto, devolvió las microfichas. López Fernández explicó que en ellas estaban contenidas las notas de despacho entre Manglano y Perote, con información de la seguridad del Estado relacionada con la lucha antiterrorista.

Perote, una vez requerido, procedió a reintegrar el material, allá por enero de 1992, a través de un amigo suyo y también agente del Cesid, el capitán José Enríquez de la Torre, quien trabajaba al menos para una de las empresas del coronel, Argos 3.000.

El juez citó para el día siguiente, 20 de julio, a varios testigos propuestos por Santaella, que había colaborado con Perote en el retoque jurídico del documento «Conclusiones» y que ahora era el defensor del coronel. Entre ellos estaban el director de El Mundo, y los dos periodistas que firmaban la información sobre las escuchas.

El fiscal le preguntó a Ramírez si podía revelar quién le dio al periódico la información sobre las escuchas. El periodista, que había acompañado a Perote en la visita a Suárez del 22 de febrero para hacerle escuchar una de las cintas robadas por el coronel, se acogió a su derecho de guardar el secreto. Pero dio un paso más, inesperado por ser completamente inusual. Explicó que el diario había tenido diversas fuentes a lo largo de meses y años.

—Uno de nuestros informantes actuaba con el nombre de Viriato.

Una nueva personalidad, pues, aparecía en escena.

Santaella, que debía dejar a salvo a su cliente, preguntó si el coronel Perote había sido una de sus fuentes. Estaba claro que si el periodista había sido citado por este letrado era para algo preciso: negarlo. Ya había cumplido la primera parte de su pacto con Santaella y Perote, el secreto sobre el nombre del coronel. Nada le costaba cumplir con la segunda, la de despistar con el nombre de «Viriato».

Ante la pregunta de Santaella, dijo:

—En lo que a mí respecta no, rotundamente no, y por lo que me han contado Manuel Cerdán y Antonio Rubio, autores de los reportajes, tampoco ha sido una de sus fuentes.

Era pues «Viriato», no Perote.

En cambio, Perote sí tenía en la cárcel, entre sus papeles, los nombres de los dos periodistas citados y sus teléfonos. «Viriato» les identificaba en sus notas como «Zipi y Zape».

La aparición del nuevo personaje intentaba plantear la duda sobre su existencia real. Además, los periodistas debían llamar la atención sobre ciertos documentos que procedían de otras fuentes distintas de las microfichas de Perote. Con esto se pretendía sembrar el interrogante sobre la posibilidad de que otra fuente diferente del coronel Perote pudiese haber accedido a los documentos y haber facilitado la información.

La noticia publicada no registraba el número de microfilmación equivalente a la numeración de cada microficha. Carecía, pues, de un número que se correspondiera con el de las microfichas. Ramírez se refirió al número de microfilmación del departamento de documentación, pero ese no era el de las microfichas. Aquel era el que correspondía a la microfilmación oficial, no a las notas de despacho entre Perote y Manglano.

Pero esto solo quería decir dos cosas: o los números correspondientes a las microfichas habían sido borrados o bien fueron entregadas sin numeración para encubrir a la fuente de la información.

En la tarde del 20 de junio, mientras el juez Palomino seguía tomando declaraciones en el juzgado militar, Felipe González se reunía con su grupo parlamentario para analizar la situación en la víspera de la comparecencia del vicepresidente Serra ante el pleno del Congreso sobre las escuchas del Cesid. González denunció que existía una trama de intereses que estaba actuando contra el Gobierno, y repitió algo que ya había dicho en los últimos meses, la existencia de un «pulso al Estado». El relato de fondo reflejaba la realidad. Según explicó, «hay que analizar tres asuntos: las grabaciones ilegales, la sustracción y posible venta de las cintas, y su publicación». Además, dijo, el asunto se complicaba. «Puede haber detrás —dijo— gente queriendo utilizar este tipo de información en una especie de pulso al Gobierno. Y no voy a ceder en el pulso y me defenderé del chantaje, porque si aceptase la situación causaría un daño irreparable a las instituciones». Varios diputados mentaron a Mario Conde. Serra habló del coronel Perote, pero ni él ni González mencionaron al innombrable. Era llamativo porque hacía solo siete días les habían pillado a todos con la mano en la masa, en el garito de la calle Prieto Ureña. Por tanto, estaba claro de quién hablaba cuando acababa de decir que «puede haber detrás gente queriendo utilizar este tipo de información». ¿Por qué no pronunciaba al innombrable? Porque González ya estaba convencido de que debía recibir a los conspiradores en la Moncloa. Por tanto, el presidente no había contado toda la verdad. Actuaba bajo chantaje.

Comentó su decisión con Serra, quién le dijo que no lo hiciera.

Pero González siguió adelante.

Se puso en contacto con Adolfo Suárez y con Belloch. Les dijo que había tomado una decisión: recibiría a Santaella. A ser posible, proponía el 22 de junio. Es decir, al día siguiente de la comparecencia de Serra, cuya dimisión seguía sin aceptar. Una semana más tarde, el 29 de junio, González debía comparecer en el Congreso precisamente para hablar sobre el Cesid.

De modo que la entrevista con Santaella, esperaba, podría aportarle información. Con ella, entre otros elementos de juicio, decidiría qué hacer frente a las dimisiones de Serra y García Vargas, y definiría el sesgo de su propio discurso ante los diputados.

Más tarde, Santaella diría: «Adolfo fue muy eficaz: enseguida me llamaron para la audiencia en Moncloa». ¡Vaya audiencia!

Serra y García Vargas habían comparecido en la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar sus conclusiones y dar cuenta de ciertos materiales reservados. Y el 21, finalmente, el vicepresidente explicó los resultados de la investigación en el pleno del Congreso.

Según Serra, no había habido ni orden del Gobierno ni directrices del Cesid a sus agentes para montar un sistema de escucha. En cambio, se había detectado de manera aleatoria, al rastrear el espacio radioeléctrico mediante escáneres especiales, a la búsqueda de informaciones sobre narcotráfico o asuntos que pudieran afectar a la defensa, ciertas comunicaciones a través de teléfonos móviles, sobre las que se habían hecho dos cosas. Por un lado, como en el caso de la comunicación captada del rey Juan Carlos, se le comunicó al interesado lo que había ocurrido para que adoptase las medidas pertinentes, y por otro se impartió orden para destruir el material, orden que, como se había podido comprobar, no fue cumplida.

Serra no quiso precisar cuándo supo el Gobierno que Perote había sustraído el valioso material del Cesid. No mencionó a Perote por su nombre, pero habló largamente de la sustracción del material. Y aún más. Pese a los contactos en curso, de los cuales Serra tenía una información minuto a minuto, aparte de recibir el documento «Conclusiones» de manos de Pepe Barrionuevo el 24 de abril de 1995, dijo, al enumerar sus conclusiones: «Se ha padecido una grave sustracción de documentos clasificados y su puesta a disposición de determinadas personas…»

Era la palabra de un vicepresidente chantajeado que conocía un dato importante: González se aprestaba a recibir a esas «determinadas personas».

En el Congreso, nadie le creyó. No era fácil.

El juez Palomino dictó su auto de procesamiento y envió a Perote a la prisión de Alcalá de Henares a las 3:05 horas de la madrugada del martes 20 al miércoles 21. El juez narraba que el coronel ordenó en 1990 a un sargento primero de la Guardia Civil [Miguel Fernández Jordán] microfilmar el «archivo de los documentos o notas de despacho con el director del Centro», que ascendían, decía, a mil doscientos y eran de carácter secreto. El citado sargento destruyó el papel y entregó las microfichas personalmente al coronel Perote. Cuando se detectó que faltaban documentos después de dejar Perote el Cesid, proseguía el relato, se requirió al coronel por los mismos, a lo que dijo que se los había llevado por error, traspapelados entre otros documentos privados suyos, y procedió a devolverlos. Según el juez, existían indicios racionales de que Perote «por sí o por persona interpuesta» había facilitado la información publicada por el diario. El juez, pues, invocaba el delito de revelación de secretos, castigado con una pena a diez años de prisión.

«Por sí o por persona interpuesta». Perote lo había hecho por sí y su persona interpuesta en la coartada elaborada por los conspiradores se llamaba Viriato. Era su alter ego, su otro yo.

No solo Pedro J. Ramírez habló de Viriato. Mario Conde también; cuando se le asociaba a Perote y al asunto de las escuchas, decía: «El periódico tiene muchas fuentes en el Cesid. Me dicen que los que han pasado las cintas son dos agentes llamados Navarro y Viriato». Perote, tras publicarse el contenido de las cintas, acusó, según hemos visto, a Manuel Navarro Benavente para despistar. Era una falsedad.

Quizá la elección del nombre de guerra daba una clave de la personalidad de Perote, porque en la historia-leyenda de Viriato están presentes el valor, la libertad y la traición. Según las crónicas de Diodoro Sículo, Viriato, natural de la sierra de la Estrella, Lusitania, se echó al monte para combatir con el método de la guerra de guerrillas contra Roma, y en el año 147 antes de Cristo fue proclamado jefe de los lusitanos. Se especializó en la estrategia de la retirada simulada, manteniendo en jaque a los romanos durante ocho años. En el año 139, la posición de Viriato se había debilitado como resultado de la acogida de las clases lusitanas ricas por Roma y de la defección de los guerrilleros. Viriato aceptó negociar una paz con Cepión, máximo representante de Roma en la Hispania Ulterior. Pero he aquí que el acuerdo se frustró. Los ejércitos romanos le pidieron la entrega de los desertores, cosa a la que el líder lusitano accedió, aunque rechazó la propuesta de que los lusitanos entregaran las armas. Más tarde, el guerrillero envió a tres hombres de confianza al campamento del general Cepión para renegociar la paz. Audas, Ditalcón y Minuros fueron sobornados por su anfitrión, el jefe romano, a fin de que regresaran al campamento para asesinar a su jefe. Los tres regresaron y lo mataron. Los partidarios de Viriato en el campamento lusitano, al hallarlo muerto, engalanaron su cuerpo y levantaron una pira en la que le quemaron con sacrificios en su honor y cantos fúnebres. A todo esto, los traidores retornaron al campamento romano para solicitar su recompensa a Cepión, pero este les remitió a Roma. Los hechos fueron considerados una ignominia. No hubo pago ni se le reconoció la victoria a Cepión. De esta leyenda sale aquella conocida frase: «Roma no paga traidores».

Al elegir el nombre de Viriato, el coronel Perote se identificaba con el héroe de la leyenda. Sin embargo, en la historia de la traición estaban reunidos todos los elementos para que él se hubiese unido a Audas, Ditalcón y Minuros. Así como estos habían sido corrompidos, aunque finalmente no se les pagase por lo que hicieron, el coronel Perote había puesto el producto de su traición, el material del Cesid, al servicio de Mario Conde, quien se lo ofrecía al Gobierno, primero por las «buenas» y más tarde por las malas, a cambio de una serie de seguridades jurídicas y compensaciones financieras para rehacer una parte de su riqueza perdida.

La traición y el chantaje.

Felipe González invitó el 21 de junio a Adolfo Suárez a pasarse otra vez por la Moncloa. Comentaron los hechos una vez más. La sesión del Congreso del día anterior había irritado al presidente, por las constantes interrupciones que había sufrido Narcís Serra en su intervención. González le informó de que había decidido recibir a Santaella. Suárez tenía que informar a Santaella que le recibiría al día siguiente, 22 de junio, en el palacio de la Moncloa.

Ni Serra ni Belloch, con quienes comentó por separado su decisión de recibir a los chantajistas, habían apoyado la idea. Belloch sugirió que en todo caso podía recibir a Santaella, abogado de Perote y de Conde. De trascender el en - cuentro, siempre sería menos espectacular que recibir a Mario Conde.

Belloch arregló los detalles con Santaella. Pero el abogado estaba el día 22 ocupado en la defensa de Perote, procesado y en prisión preventiva. La reunión se aplazó para el día siguiente, el 23 de junio, a las ocho y media de la tarde.

El portavoz de los chantajistas llegó al palacio de Parcent a las siete y media tal como le había solicitado Belloch el día anterior.

Belloch y Santaella hablaron un rato y luego bajaron al garaje de la planta baja. Se subieron al coche del ministro.

—Vamos a la Moncloa —dijo Belloch al chófer.

«AUDIENCIA» EN LA MONCLOA

Conde lo había logrado.

Durante la travesía de cinco meses y medio, a partir de su salida de Alcalá-Meco, hasta el 23 de junio, parecía imposible.

Había hablado con abogados respetables de Madrid, en restaurantes como El Cacique u Horcher. Les contaba las historias macabras del GAL que, según decía, le había narrado Sancristóbal en la cárcel, cuando en realidad la mayor parte de lo que conocía venía del archivo de Perote, su agente particular. Mario Conde, para amenizar una velada, como ocurrió con uno de esos abogados, llegó a poner una de las cintas que Santaella decía haber unido «en cuerda floja» al documento «Conclusiones». Era una grabación que se oía con dificultades, pero Conde explicaba el contexto. El entonces coronel Rodríguez Galindo hablaba con otros dos generales sobre el GAL. Y en esas veladas, Conde se refería a los personajes como si los hubiese parido él.

—Oye, es que no te imaginas. Este Kike y el Moro, estos tíos eran capaces... —decía, abriendo sus dedos y contando una por una las cosas que sabía. Los dos nombres eran, respectivamente, el apodo del exsargento de la Guardia Civil Enrique Dorado Villalobos y el del sargento Felipe Bayo Leal.

Y he aquí que su representante, Jesús Santaella, se sentaba este 23 de junio a negociar con el presidente del Gobierno de España. Belloch y Santaella llegaron a la Moncloa unos minutos antes de las ocho y media. El presidente tenía reservados cuarenta y cinco minutos. De modo que lo que empezaba a las ocho y media tenía que finalizar a las nueve y cuarto de la noche.

González, en honor a su amistad con Adolfo Suárez, evocó ante Santaella el aprecio que sentía por el expresidente y las referencias que este le había dado sobre su sentido de Estado, su discreción y su responsabilidad. González estaba dispuesto, si era necesario, a ser el protagonista de la farsa.

Santaella agradeció las palabras e hizo ante sus interlocutores un experimento de ubicuidad con cuerpo presente. Santaella tenía un pretexto para introducir el asunto de los papeles del Cesid en manos de Perote. A propósito de la declaración del coronel Manuel López Fernández ante el juez togado militar, hacía pocos días, en la que reconoció la existencia de documentos sobre el GAL en el Cesid, ahora la culpa de todo la tenía él. El asunto no era que sus dos clientes se habían apropiado del material del Centro, no. Todo el drama eran las palabras de López Fernández.

Habló primero el abogado de Perote.

—Presidente, la situación de Perote en la cárcel es preocupante. En su declaración al juez togado militar, el coronel López Fernández hizo referencia a asuntos que pueden afectar la seguridad de mi cliente. Y en particular ha reconocido la existencia de material relacionado con el GAL en el Cesid. En fin, yo estoy muy preocupado. Es necesario que consigamos sacar a Perote de prisión…

La ambigüedad de Santaella era difícil de aventajar.

—Ni esos ni otros documentos de la seguridad del Estado pueden estar circulando —dijo González—. Hay que garantizar que serán recuperados por el Cesid, hay que llegar a un compromiso solemne de que no se va a difundir este tipo de material. Nos jugamos todo en estas cosas —dijo González—. Apelo a tu sentido de Estado para contribuir a ello. En cuanto a la prisión de Perote, la verdad es que hay un gran malestar en el Ejército con el coronel Perote.

Santaella comentó una idea que ya había hablado con Belloch en relación con el material del Cesid. Perote firmaría una carta en la que admitiría haberse apropiado del material clasificado, pero este reconocimiento no sería utilizado legalmente contra él excepto en caso de que traicionara al Cesid. Por ejemplo, mediante la difusión del material. Dijo que era una idea interesante basada en casos similares de otros países. El Cesid protegería a Perote mientras este se comportara lealmente. Si ese pacto se rompía, su carta sería usada contra él.

González y Belloch volvieron discretamente el rostro, y Santaella hizo un cambio de vestuario. El transformista Santaella ya era el abogado de Mario Conde.

Retomó la exposición en los puntos que Conde y González habían tocado el 30 de mayo de 1994. La compra de las acciones, los contratos blindados, el daño patrimonial. Era verdaderamente surrealista.

Antes del 30 de mayo de 1994, Conde era un mal banquero, había llevado Banesto a la quiebra patrimonial. Pero aún no era un presunto delincuente, cosa que empezó a ser con la querella criminal del 14 de noviembre de 1994. Y ahora se le estaba acusando incluso con mayor concreción de haber hecho estafas, apropiaciones indebidas y falsedades. Había ido a la cárcel preventivamente por ello. Y sería, con toda probabilidad, juzgado por ello.

Y, sin embargo, Santaella estaba allí, en la Moncloa, para decir sencillamente: ¿y de lo de Conde qué?

El abogado manifestó que tenía una estimación sobre la compensación patrimonial que pedía Conde.

—Presidente, ha habido una pérdida del valor de las acciones, hay unos contratos blindados sobre los que ya te había hablado Mario en su visita del 30 de mayo de 1994 —dijo Santaella—. Podemos hablar de una cifra de catorce mil millones.

¡Ahora se entendía!

Conde había hecho de la presunta oferta de compra de sus acciones de Banesto, idea que fue esbozada fugazmente en el despacho del gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, la mañana del 28 de diciembre de 1993, una de sus principales obsesiones informativas desde la intervención. Aquella propuesta fue una reflexión en voz alta del subgobernador, Miguel Martín, que no duró más que un par de minutos, cuando se hablaba de la posible dimisión del entonces presidente de Banesto. ¿Quién iba a pagarle a Conde sin una auditoría en regla? O ¿acaso Martín le garantizaría los balances con su firma al Banco Bilbao Vizcaya o al Santander?

No hubo más cosas.

Y como broche de oro, el abogado González dijo, ante los también abogados Santaella y Belloch:

—Adolfo, como te dije al comienzo, me ha hablado muy bien de ti y de tu sentido de Estado. Yo espero que hagas compatible tu ejercicio de la defensa con el sentido de Estado.

González tenía a un buen actor delante.

—Presidente, si el interés de uno de mis clientes colisionase con el interés del Estado, yo abandonaría su defensa.

Entre este diálogo y el análisis de la situación política mientras tomaban café los cuarenta y cinco minutos pasaron volando. Serra estaba el 23 de junio en Barcelona. Regresó a la Moncloa al día siguiente, sábado 24, para acudir a un acto oficial. González le dijo que había recibido el día anterior a Santaella. Según le contó, el abogado había hecho grandes declaraciones de patriotismo, pero no se había logrado nada concreto.

El 28 de junio, González aceptó las dimisiones de Serra y de García Vargas, sustituyendo a este último por Gustavo Suárez Pertierra. Y el 29 de junio, en su comparecencia ante el Congreso, no habló de tramas ni de conspiraciones. Sin embargo, atacó varias veces a Perote, pero sin mencionarle por su nombre, y atribuyéndole el robo de otros materiales aparte de las cintas.

Dijo: «La conducta desleal mantenida [en relación con las cintas robadas] por al menos un alto responsable del Cesid es especialmente grave —dijo—, porque, según evidencian los datos de que disponemos, forma parte de un proceder de sustracción y acumulación de otros materiales sensibles para la defensa y seguridad del Estado [las microfichas sobre el GAL]».

González retrocedía, pues, respecto al amago de denunciar la situación completa, la que había revelado hacía tan solo nueve días, el 20 de junio, ante su grupo parlamentario y la prensa, el «pulso» y el «chantaje» al que le estaba sometiendo «gente queriendo utilizar este tipo de informaciones».

Había, por tanto iniciado un viaje a ninguna parte en su relación con Mario Conde y su banda. Y ese viaje coincidía con la presidencia española de Europa, es decir, con la presidencia de Felipe González. Necesitaba, al menos por un tiempo, marear la perdiz, poner algo de sordina a los enfrentamientos.

Eso, una tregua. El lenguaje, pues, debía ser más diplomático.

Para Conde, lo principal era que dejasen de hablar de una trama.

A HORCAJADAS DEL GAL

Era el mes de julio. Y no habría tregua alguna.

Suárez estaba cenando en la casa que alquilaba, en Puerto Andraitx, Mallorca, con Baltasar Garzón. Sonó el teléfono. Era Felipe González.

—Adolfo, soy yo —dijo el presidente.

—Hombre, Felipe...

—Mira, estoy con Carmen y vamos a verte...

Suárez quiso que la tierra se lo tragase en ese mismo momento. ¡Felipe González se toparía con Garzón!

—Ah, sí, eh...

—No, no te asustes, era una broma, ya nos marchamos... Solo que he recibido a Santaella y tenías razón. Es igualito a Pío.

—Ah, sí...

—Bueno, ya te llamaré. Adiós, Adolfo.

El juez Garzón citó como testigo a Perote para el 4 de julio de 1995.

Santaella podría sacar partido. El abogado visitó a Belloch. Nada ocurriría, nada serio, el martes 4 de julio en el juzgado número 5.

Declaró durante tres horas. En cierto momento, ante una pregunta, Perote pidió al juez que cambiara su situación de testigo a inculpado, para acogerse al derecho de no declarar.

Garzón estaba interesado por el cuartel de Intxaurrondo. Y Perote admitió sus relaciones con el responsable de dicho cuartel, Enrique Rodríguez Galindo, siguiendo instrucciones del teniente general Manglano. El asunto surgía a raíz del atentado cometido el 25 de septiembre de 1985, en Bayona, sur de Francia, que costó la vida a cuatro etarras en el bar Monbar.

Su declaración permitía afirmar los indicios de vinculación entre el Cesid y la guerra sucia antiterrorista. Pero no era el momento. Porque el chantaje al más alto nivel del Gobierno solo acababa de surtir sus primeros efectos con la reunión del 23 de junio en la Moncloa. Estaba todo por hacer. Perote debía darle algo a Garzón para abrir boca.

Perote estaba en la mira del juez del GAL, y esto no le venía mal a la operación chantaje. Más que de abogado de Perote, Santaella hizo de portavoz de los chantajistas cuando los periodistas le preguntaron si su cliente había reconocido ante el juez alguna implicación en el atentado del Monbar.

—No específicamente en el Monbar —dijo—. Mi cliente sigue entero, no ha revelado nada, no ha acusado ni denunciado a nadie —añadió, dirigiéndose de modo consciente a la Moncloa. En otros términos, Santaella le decía a sus contactos (a González, a Belloch y a Barrionuevo) que no había nada que temer por Perote.

«Está entero».

El 14 de julio, Santaella pidió el régimen de prisión atenuada para Perote. Un día después, la solicitud fue concedida.

Pero los GAL se desplomarían por otro frente.

—Pepe, soy Julián —le dijo Sancristóbal a Barrionuevo desde la cárcel de Guadalajara por su teléfono móvil—. Tengo que hablar urgentemente contigo —apremió.

—¿Qué ocurre, Julián? —inquirió Barrionuevo.

—Pues se trata de algo muy grave —dijo, con voz resignada Sancristóbal. Se veía venir.

—¿De qué estás hablando?

—De Planchuelo.

—¿Qué le ocurre ahora?

—Se ha roto —dijo Sancristóbal, que no encontró otra palabra mejor—, va a declarar ante Garzón. Y lo va a contar todo. Yo no puedo seguir como hasta ahora. Si Miguel habla, todo se ha terminado. También yo voy.

—¿Pero qué estás diciendo, Julián?

—Mira, Pepe, comprendo que tú estés en las estrategias políticas y admito que puedo estar equivocado. Pero si Planchuelo habla, yo le sigo.

—Me parece que estás alterado.

—Pepe, yo voy y cuento la verdad.

—... ¿De qué verdad me estás hablando, Julián?

—Ya veo que esto te molesta —dijo Sancristóbal—. Si tú prefieres, ya no te llamaré más.

Fue una despedida.

Sancristóbal llamó a su amigo Francisco Álvarez a Barcelona y se lo contó. Los dos decidieron seguir al exjefe de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, y ofrecer su declaración al juez Garzón.

El sábado 15, el ministro Belloch estaba reunido en su casa con el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con el hombre que en un par de semanas sería nombrado director del gabinete de la presidencia, José Enrique Serrano. Ese día, Perote abandonó la cárcel en régimen de prisión atenuada.

Sonó el teléfono. Era el comisario general de Información de la Policía, Gabi Fuentes.

—Juan Alberto, me dice Javier de la Rosa que tiene la información de que Miguel Planchuelo va a declarar mañana domingo ante Garzón y que lo va a contar todo.

El ministro informó a sus colegas.

Miguel Planchuelo abandonó el domingo 16 la prisión de Guadalajara para presentarse ante el juez Garzón. Según declaró, Barrionuevo y Vera eran los responsables directos del GAL; Planchuelo ratificó las versiones que Amedo y Domínguez habían aportado a Garzón, en diciembre de 1994, en las que implicaron a Barrionuevo y a Vera en el secuestro de Segundo Marey.

El día 17 de julio, una de las «notas de despacho» de Perote, mencionada en punto decimocuarto del documento «Conclusiones», se filtró. El periódico El Mundo informó que agentes de la Guardia Civil habían manipulado pruebas en relación con la etarra Lucía Urigoitia, que murió en un tiroteo con las fuerzas de seguridad en 1987.

El ambiente se caldeaba.

Sancristóbal dejó la cárcel de Guadalajara el lunes 17 para prestar declaración. Y fue un paso más adelante que Planchuelo:

—Barrionuevo no era el máximo responsable —dijo, sin aportar pruebas. Sancristóbal declaró que había hablado con Barrionuevo por teléfono para consultar el curso de acción relacionado con el secuestro de Segundo Marey, realizado el 4 de diciembre de 1983.

Álvarez, exjefe superior de Policía de Bilbao, entre 1982 y 1986, declaró después. Según dijo, existieron cuatro grupos GAL: el azul, de la policía; el verde, de la Guardia Civil; el marrón (Cesid y militares), y el francés. Dijo que él, Álvarez, representaba a la policía; el fallecido coronel Jesús Somontes, al CESID, y que en la Guardia Civil hubo tres jefes encabezados por Enrique Rodríguez Galindo en Guipúzcoa. Las acciones se realizaban de modo inconexo, explicó Álvarez, pero no estaban descoordinadas. Y, al igual que Sancristóbal, dijo que tanto él como los otros policías siempre creyeron que por encima de Barrionuevo había gente que conocía lo que se estaba haciendo y tenía capacidad de decisión sobre las actividades del grupo. Álvarez había hecho la declaración más completa. Reflejaba, precisamente, la parte final del documento «Conclusiones» de Perote que Santaella había hecho llegar al Gobierno. Era el análisis personal que hacía Perote sobre el GAL. Por aquellos días, el coronel estaba en contacto tanto con Álvarez como con Sancristóbal.

Después de su entrevista con Felipe González, el abogado Santaella llamó discretamente a la puerta del Cesid. Y habló con otro abogado, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados, con quien ya había negociado sobre asuntos relacionados con Banesto. Su nombre: Luis Rodríguez Ramos. Santaella le quería ver por su nuevo cliente: el teniente general Manglano.

—Mira, Luis, hay una serie de hechos muy importantes que tú, como abogado del teniente general Manglano, tienes que conocer —dijo conspirativo—. Yo me he entrevistado con el presidente del Gobierno y hemos iniciado una negociación. Ahora quisiera hablar con alguien del Cesid sobre los papeles que se le adjudican a Perote, y creo que Manglano podría darme alguna indicación.

Rodríguez Ramos le escuchó y le prometió que hablaría con Manglano. Lo hizo. El teniente general le proporcionó el nombre y el abogado se lo trasladó a Santaella.

Días más tarde, Santaella recibió en su despacho del edificio Lima, en el paseo de la Castellana, al subdirector del Cesid, Santiago Bastos Noreña, viejo conocido de Perote.

Mario Conde sabía quién era porque Perote le había hablado de él. Bastos se había ocupado de los asuntos de involución —es decir, el golpismo— en el Cesid a propuesta de Manglano y, más tarde, a partir de 1986 pasó a la división de Inteligencia Interior del Centro, desde donde siguió los temas de terrorismo. Bastos fue uno de los tres correos que transmitieron la amenza a Manglano antes de su declaración ante el juez Móner por el caso Crillon el 1 de junio de 1995.

Bastos subió al despacho de Santaella y este le explicó que se había abierto una nueva etapa de negociación y que había que colocar la situación de Perote en ese contexto. La conversación entre Santaella y Bastos se interrumpió. Había llegado, inesperadamente según dijo Santaella, Mario Conde. El pretexto era pueril. Tenía que consultarle un tema y había decidido pasarse por allí. Santaella presentó a sus dos huéspedes y le dijo a Conde que estaban, mira por dónde, hablando sobre la negociación.

Conde se mostró agresivo. Dijo que la negociación era necesaria y que él había llegado a conocer una cantidad de documentos gravísimos que podían trascender. El general Bastos quedó impresionado. Volvió al Centro y se lo contó a Jesús del Olmo, secretario general del Cesid, uno de los dos nuevos responsables del Centro tras la dimisión de Manglano. Del Olmo informó al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, y a una persona de la cual era amigo, José Enrique Serrano. Según dijo Del Olmo, el general Bastos había visto a Conde fuera de sí.

Dambo marcó el clímax, el jueves 20.

Ricardo García Damborenea, exlíder de los socialistas vizcaínos, declaró voluntariamente que había sido el propio Felipe González quién adoptó la decisión de crear el GAL e iniciar las acciones contraterroristas en el sur de Francia. Según aseguró, él mismo había hablado sobre ello con el presidente en la Moncloa e incluyó entre los responsables al ministro de Defensa, Narcís Serra, y de Interior, José Barrionuevo, así como al secretario del Partido Socialista de Euskadi en la época, José María Benegas. Asimismo, ofreció detalles en una rueda de prensa posterior, celebrada en un hotel de Madrid que fue retransmitida íntegramente por Antena 3 TV. Damborenea no aportó pruebas.

Al narrar los hechos, Damborenea explicó al juez Garzón que recordaba un documento de estrategia de la guerra sucia elaborado por el Cesid, que le entregó el fallecido coronel Somontes o algún responsable del Ministerio de Interior, en el verano de 1983, antes del comienzo de las acciones.

Esta información llevaba directamente a Perote. Entre los documentos del Cesid que Perote tenía en su poder, estaba la «nota de despacho» sobre las ventajas y desventajas de la guerra sucia. Era el punto tercero de sus «Conclusiones». Enseguida se bautizó el documento mencionado por García Damborenea como el «acta fundacional» del GAL.

Santaella, por su parte, mantenía la línea abierta con el Cesid y subía en la jerarquía, tras su reunión con Bastos. Ahora, mientras García Damborenea cantaba, durante la mañana del 20 de julio, se reunió con Del Olmo en un hotel de Madrid. De tanto tratar con espías, Santaella se había aficionado a sus hábitos.

—Esto es una negociación simultánea en dos tableros —le explicó, muy didáctico, Santaella—. En uno está Perote y en el otro Conde.

El juez Garzón iba demasiado rápido para las necesidades de Santaella y sus amigos. Cuando sus contactos con el Gobierno aún estaban pendientes de reanudarse, el juez solicitó al Cesid, inmediatamente después de la declaración de García Damborenea, dos partidas de documentos. El documento de julio de 1983, al ahora llamado acta fundacional, debía ser entregado el 26 de julio. Dos días antes, el 24 de julio, Felipe González dijo en una rueda de prensa que se trataba de «un documento inexistente, por consiguiente no merece la pena ni discutirlo». El presidente, a raíz de la declaración de García Damborenea, fue forzado a comparecer ante el pleno del Congreso el 27 de julio para explicarse sobre el GAL.

Santaella sentía que tenía a González en sus manos. Aunque la «nota de despacho» de julio de 1983 no fuera el acta fundacional, era un papel sobre la guerra sucia. Y se lo habían anticipado al Gobierno. Aunque no fuera el «certificado de nacimiento» del GAL había margen, si aparecía, para crear la sensación de que el presidente mentía.

El arsenal documental de Perote era lo único que le quedaba a Conde. La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió, el 25 de julio, asumir la propuesta del juez Móner, en el sentido de archivar la causa del Informe Crillon. Los magistrados concluyeron que, aun en el caso de que se hubieran utilizado fondos reservados para pagar el informe sobre Conde, no se derivaba «un uso indebido de los mismos». El auto justificaba una posible decisión de solicitar un informe sobre las actividades de Conde. Serra reaccionó con júbilo. Venía a decir: «Nunca admitiré que yo fui el que encargó el informe, pero en todo caso no fue ilegal». La puerta para sostener que el caso Banesto era el resultado de una persecución política se había cerrado.

EL PASTELEO

El martes 25 de julio, José Enrique Serrano, flamante director de gabinete de Felipe González, esperaba a Jesús Santaella, sobre las diez de la mañana, en un despacho de la primera planta del edificio Semillas de la Moncloa. Le había rechazado la propuesta de celebrar el encuentro en sede hotelera. Pero Santaella no llegó solo. Le acompañaba Mariano Gómez de Liaño.

Y el que empezó a hablar fue Gómez de Liaño. Esto ponía las cosas en orden. «Primero yo», venía a decir Mario Conde en esa reunión de trabajo.

Gómez de Liaño fue el primero que habló y lo hizo durante largo rato. En los primeros días de enero de 1994 hubo, según se inventó, un proceso de negociación, tanto con los nuevos administradores de Banesto como con el Banco de España y distintas personas del Gobierno para reparar, dijo, el error cometido y para dar una solución a la crisis. Gómez de Liaño se extendió.

—Ya el presidente del Gobierno —subrayó Gómez de Liaño, como si hubiese estado con Conde en aquella entrevista del 30 de mayo de 1994— admitió que la intervención había sido un error. Se habló entonces de los contratos blindados de mis clientes y de una compensación. Todo eso se ha incumplido —dijo—. Y luego, en esta última etapa, las conversaciones con Barrionuevo y el ministro Belloch también han estado llenas de promesas, hasta llegar a la entrevista que mantuvo Jesús con el presidente el 23 de junio. La verdad es que yo he venido aquí con escepticismo. Los incumplimientos han sido reiterados... Ahora, al parecer existe una situación nueva con la irrupción del asunto de Perote.

Serrano pensaba. «Y de lo mío qué». Lo suyo eran los papeles del Cesid.

—Te escucho con mucha atención, Mariano —dijo—. Pero el problema es que me han encargado recuperar los papeles del Cesid.

—Esto es una negociación en dos tableros —dijo Santaella, repitiendo su idea—. Y es simultánea.

—Bien, entonces, ¿qué proponéis?

—Es imprescindible un acuerdo sobre determinados asuntos —dijo Gómez de Liaño.

—Bien, si tuvieras que concretarlos en puntos, ¿cuáles son? —preguntó Serrano.

—Sí, puedo hacerlo —aceptó Gómez de Liaño—. En primer lugar, el juez ha encargado a los inspectores del Banco de España un informe pericial sobre las operaciones de la querella. Nosotros pensamos que deben terminar ya, con la información de que ya disponen hasta estos momentos. La presentación de este informe no debe retrasarse. Y si no lo pueden hacer con la información que ya tienen, pues que no lo presenten antes del 25 de octubre de 1995, fecha en que vence el actual mandato de seis meses de García-Castellón, ya que no va a ser renovado y será el juez Moreiras quien se haga cargo del asunto.

—Podemos averiguar cómo está ese tema.

—Bien, la Agencia Tributaria me ha iniciado una inspección fiscal y yo no estoy entre los querellados de Banesto. Quiero que se termine esa inspección porque me parece completamente injusto —subrayó—. En tercer lugar, consideramos, como ya sabrás, que las actuaciones de García-Castellón son nulas tanto por la forma en que ha actuado con mis clientes como porque el juez natural es Miguel Moreiras. Ya hemos pedido a García-Castellón que anule las actuaciones y lo ha denegado, pero hemos recurrido en reforma. Y en cuarto término, Mario Conde había hablado con el presidente sobre una gestión ante Emilio Botín para que se abonasen los contratos blindados y una compensación patrimonial por la pérdida sufrida, que estima en catorce mil millones de pesetas. Estos serían los puntos prioritarios.

—Bien, Mariano, yo he tomado nota. Me informaré y os llamaré.

—Esto tiene que ser rápido. En cuarenta y ocho horas tendrás que decirnos algo —dijo Santaella—. Tendrás que hacer algunas gestiones inmediatamente.

—Pero si vosotros decís que lleváis año y medio, ¿cómo puedo yo resolver cosas en las que dependo de terceros en cuarenta y ocho horas? —exclamó Serrano—. Por favor...

—Lo que digo, José Enrique, es que hagas algunas gestiones, no que resuelvas los asuntos —insistió Santaella. Parecía actuar como un secuestrador que llama por el rescate y solicita alguna evidencia, una fe de vida, de que la víctima no le engaña, de que le va a pagar.

—Bien, eso puedo hacerlo —dijo Serrano—. Bueno, ahora os planteo otra vez el tema de los documentos del Cesid. El Gobierno está muy interesado en recuperar los papeles.

—Ya se lo he dicho al presidente —explicó Santaella, como un caballero muy serio—. Nosotros somos gente responsable y no vamos a poner en peligro la seguridad del Estado. Estamos en condiciones de controlar la situación.

—¿Qué quiere Perote? —indagó Serrano.

—Que no se le persiga más —contestó Santaella—. Además, está el contrato que tiene con Repsol, que vence próximamente. Quiero garantías de que se renovará. Y, de modo más amplio, está la idea de Belloch sobre un acuerdo mutuamente satisfactorio, para Perote y para el Cesid. Se trata de hallar la fórmula más adecuada para proceder con garantías a la destrucción del material con un paso previo. Hay que poner en una sola mano cuantas copias y originales existen hasta la solución satisfactoria del proceso de entendimiento.

—Sí, sé que existe esa idea, pero me parece muy difícil de aplicar... En fin, ya veremos —dijo Serrano.

Al cabo de tres horas decidieron interrumpir la reunión. Quedaron en hablar pronto. Santaella le recordó que en dos días seguramente tendría una llamada suya.

Serrano informó a Narcís Serra. Vieron que era imposible. Pero había que averiguar algunas cosas para evitar que Conde comenzara a difundir inmediatamente los papeles. Hicieron un plan de trabajo. Había que llamar al ministro Pedro Solbes, por el tema de la Agencia Tributaria, y a Luis Ángel Rojo por el informe de los inspectores Román y Monje.

Serra llamó a Luis Ángel Rojo inmediatamente, en los últimos días de julio. Le explicó que el Gobierno estaba sometido a presiones y le preguntó por el informe de los inspectores. Tras unas averiguaciones, Rojo le dijo que el juez García-Castellón les había encargado un informe pericial y que estaba pendiente. Y Serra llamó a Emilio Botín. Estaba de cacería en Escocia, Reino Unido.

El jueves 27 de julio volvía a comparecer Felipe González en el pleno del Congreso a raíz de las acusaciones de Ricardo García Damborenea. El diario El Mundo, a falta de la llamada «acta fundacional» del GAL, publicó el texto completo de la declaración de García Damborenea. González cuestionó las principales afirmaciones de su acusador y negó tajantemente haberse reunido alguna vez con él a solas en la Moncloa para tratar asuntos de la lucha antiterrorista.

Por fin, Garzón, al ser rechazada la desclasificación del documento, elevó al Tribunal Supremo la exposición motivada en la que acusaba a Barrionuevo de crear una banda armada, del secuestro de Segundo Marey, de proposición para el asesinato y malversación de caudales públicos. En su escrito, aun cuando reconocía que no existían los clásicos «indicios de criminalidad» para acusar a Felipe González, dejaba constancia de que lo consideraba también responsable de los hechos. Además, si bien con menos fuerza, según admitía, implicaba a Serra y a Benegas.

Pero Garzón estaba lejos de soltar el GAL. El lunes 31 de julio, tres días después de elevar su escrito al Supremo, el juez tomó declaración al nuevo director del Cesid, Félix Miranda, quien negó que en el Centro existiese un documento o acta fundacional del GAL.

La historia, pues, continuaba. Perote seguía siendo la llave maestra.

Y el juez Garzón estaba ojo avizor. Ya había tomado la decisión de llamarle a declarar por segunda vez. Santaella habló con el juez.

—Si pudiera venir en septiembre, sería ideal —propuso Santaella.

—Le voy a llamar ya —dijo Garzón.

—Hombre, yo creo que sería más útil para la investigación en septiembre —insistió.

Santaella prefería proseguir sus contactos con el Gobierno sin que el juez Garzón molestara a Perote.

Pero le citó para el 7 de agosto.

Ese día, Perote dijo que el documento de julio de 1983 existía. «Manglano —precisó— lo conocía».

Las acciones de Perote cotizaban al alza.

Santaella prefería que escampase. Mejor ver cómo evolucionaban los contactos con el Gobierno.

En aquellas fechas, algunas piezas del puzzle de Santaella encajaban. Fernando Cotta y Márquez de Prado, nuevo presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los tres miembros que deberían pronunciarse sobre la admisión a trámite de la exposición motivada de Garzón respecto a los aforados en el caso GAL, declaró, el 1 de agosto, que veía posible aplicar el artículo 102 de la Constitución Española sobre delitos contra la seguridad del Estado. Otro magistrado, Rafael Mendizábal, amigo de Santaella, sumó su voz: «Esa fue una idea que leí a un excelente abogado, Jesús Santaella, y me dejó pensativo. Deben estudiarlo el Tribunal Supremo y el Congreso».

El 24 de agosto, Santaella y Gómez de Liaño volvieron al despacho de Serrano. Diversas informaciones sobre el GAL y sobre el cuartel de Intxaurrondo, durante ese mes, habían mostrado que la filtración era un método para obligar a moverse a un Gobierno casi noqueado.

Fue una reunión de una hora, frente a las tres largas que había consumido la del 25 de julio. Los abogados-conspiradores se quejaron. A fin de cuentas no se había avanzado nada. Habían bajado un punto en la agresividad contra el juez García-Castellón, quien había ratificado algunas diligencias que había adoptado el juez Moreiras en el caso Banesto cuando este le sustituyó durante las vacaciones de julio. Entre ellas, estaba la solicitud de que Gerardo Ortega, decano del Colegio de Economistas de Madrid, designase a tres peritos para que se pronunciasen sobre la información aportada al juzgado por el Banco de España y por Banesto, así como sobre los trabajos de los inspectores Román y Monje. Ortega ya había realizado un informe sobre banca para una colección de dictámenes pagada con fondos de Mario Conde en 1994. Y sobre Perote, en particular, Santaella insistió en pedir que el Gobierno sugiriera al juzgado militar un informe en el que se dijera que los materiales presuntamente sustraídos por su cliente no afectaban a la seguridad nacional.

El 1 de septiembre, Santaella volvía, esta vez solo, al despacho de Serrano, quien le recibió con Jesús del Olmo. Fue una reunión melancólica, todo había naufragado. Santaella resumió sus reivindicaciones: el reconocimiento de que la intervención de Banesto fue un error, mediante un dictamen del Consejo de Estado y la consiguiente indemnización de catorce mil millones para Conde; la renovación del contrato para Perote en Repsol, una declaración del juzgado militar sobre los documentos presuntamente sustraídos, en el sentido de que no afectaban a la seguridad del Estado, lo que permitiría demostrar que no había delito.

Serrano le expresó que no había manera de cumplir con las exigencias. Y reiteró su preocupación por los papeles y su difusión. Santaella dijo que él no podía garantizar nada, que simplemente había acudido para transmitir los datos y recibir la información.

Del Olmo intentó meterle miedo en el cuerpo. Le amenazó veladamente al evocar los riesgos personales de la situación. Santaella se mosqueó.

La cosa ya no daba para más.

Se verían en los tribunales. Es decir: el 5 de septiembre, ante el juez Garzón. Ese era el día fijado para la tercera declaración de Perote.

Al despedirse, Santaella dijo que quería darles una prueba de lealtad.

—El domingo y lunes próximos tengo concertadas entrevistas con Pedro J. Ramírez y Luis María Anson.

Juan Alberto Perote aplicó ese 5 de septiembre fuego de artillería, en apoyo de sus compañeros Sancristóbal y Álvarez, y al servicio de la estrategia de Mario Conde. Fue más allá de lo que había declarado el 7 de agosto. El tan mentado documento fundacional de julio de 1983 no solo existía sino que lo había redactado él mismo, siguiendo instrucciones de Manglano. Y sostuvo que Felipe González había dado la orden de trabajar en esa orientación. También relató que él le había enviado una nota a Manglano en septiembre de 1983, avisando sobre el inminente inicio de la guerra sucia en el sur de Francia.

Esa nota, dijo, se la había quedado el general, que escribió al margen: «Me lo quedo Pte. para el viernes.» También recordó que Manglano le había dicho que la nota era tan importante que lo hablaría con el presidente del Gobierno y subrayó que «Pte.» quería decir presidente.

Sin embargo, en el documento «Conclusiones» se leía «Pendiente para el viernes» y se mencionaba la relación de superior jerárquico del vicepresidente Serra respecto a Manglano. En abril de 1995 la artillería iba dirigida a Serra. Pero Serra había caído en junio a raíz del escándalo de la escuchas. La artillería ahora se elevaba hacia Felipe González 1.

El juez Garzón citó a Manglano para el día siguiente, 6 de septiembre, y luego practicó un careo con Perote, ya que sus versiones eran contradictorias. También citó a Sancristóbal, Álvarez y García Damborenea para la tarde.

Durante un momento, Álvarez y Sancristóbal se encontraron juntos mientras esperaban para declarar. Perote y Santaella estaban a unos pasos. Fue entonces cuando Perote se acercó para saludarles. Y, junto con él, Santaella, quien les dijo:

—Y no olvidéis lo del sello del GAL. Tenéis que contarlo —urgió.

Álvarez le miró con cara de pocos amigos y pidió que se fuera.

—Oye, Juan. ¡Quién es este para decirme a mí qué debo declarar! —le dijo a Perote—. Dile que los hombres se ponen los pantalones por los pies. ¿Quién se ha creído que es?

Perote fue donde Santaella y le recriminó.

—Mira, Juan, tú me habías autorizado para dar a conocer ese tema y me dijiste que hablarías con Álvarez... —se justificó Santaella.

—Sí, es verdad, en eso tienes razón —admitió Perote.

Dejó a Santaella y volvió con sus amigos.

—Una cosa, Paco, la culpa la tengo yo —aclaró Perote.

Álvarez declaró a Garzón que había recibido un sello de caucho con las siglas del GAL, que le envió alguien del Cesid cuyo nombre no recordaba dentro de un sobre. Eso debió de haber sido a finales de 1984 o 1985. Agregó que lo tuvo en sus manos durante veinticuatro horas y, tras probarlo una vez, consultó con Sancristóbal y lo destruyó. Esto dio pie a Perote, cuando le tocó el turno, para hablar del asunto. Según dijo, el sello se elaboró en el Cesid por orden de Manglano. Lo que no hizo Perote fue aportar el documento de julio de 1983. La división del trabajo pactada entre los abogados, acordó que el documento llegaría a manos de la primera persona que se lo había mencionado al juez Garzón el 20 de julio de 1995. Es decir: Ricardo García Damborenea. Fue éste, pues, quien se lo entregó al juez Garzón.

Una gran parte de lo que el lector acaba de leer, sobre todo las maniobras de Conde y Perote y las entrevistas de Santaella con personalidades políticas y el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, así como las maniobras con la prensa y la entrada triunfal de Santaella en La Moncloa, eran desconocidos para el público. En la tarde del lunes 18 de septiembre de 1995, tras varios meses de anudar los cabos más importantes del chantaje, escribí la historia que apareció en la portada del diario El País del día siguiente, martes 19, bajo el titular «Conde chantajea al Gobierno desde hace meses con material sustraído del Cesid». Jesús Santaella llamó al ministro Belloch y le amenazó con revelar las conversaciones si el Gobierno no hacía público un comunicado para desmentir la información. Belloch transmitió la amenaza al ministro de la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba. Santaella también comunicó sus planes al director de ABC, quien advirtió a Rubalcaba. El ministro de se negó a emitir el comunicado.

Santaella convocó una rueda de prensa y dio su versión: «Belloch, previo anuncio que me realizó Adolfo Suárez, me citó a mí y a Mario Conde en el palacio de la Moncloa para mantener una entrevista con Felipe González».

Pero Suárez contó inmediatamente lo que había ocurrido, y confirmaba la versión de El País: «El señor Santaella, antiguo colaborador mío en mi etapa de presidente del Gobierno, pidió verme para hablarme de cuestiones profesionales, en su opinión importantes. En la entrevista me informó de que tenía conocimiento de temas muy delicados de los que quería informar al Gobierno, y me pidió que transmitiera a este su deseo de entrevistarse con algunos de sus miembros. Hablé del tema con el presidente del Gobierno y le sugerí la conveniencia de que el Gobierno recibiera al señor Santaella, cosa que se produjo posteriormente». Por su parte, Anson confirmó que antes del 1 de junio había hablado con Manglano para comunicarle las graves consecuencias que tendría no admitir el conocimiento del Informe Crillon y el hecho de que se habría pagado con fondos allegados por el Cesid al Ministerio de Defensa.

Al día siguiente, 20 de septiembre, las amenazas de Santaella se cumplían. El Mundo públicaba un amplio resumen del documento «Conclusiones»: «Los papeles del Cesid implican al Gobierno e Intxaurondo en al menos siete homicidios».

Hubo que esperar hasta el 8 de noviembre de 1995 para que Felipe González explicara al pleno del Congreso que «al menos parte de esa documentación se encontraba a disposición de don Mario Conde».

CUARTA PARTE

QUIEBRA DE LA OMERTÀ

LA ÓPERA DE PAOLO GALLONE

El 23 de octubre de 1995, la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo de Mario Conde contra los acuerdos de la comisión permanente del CGPJ del 24 de octubre de 1994, del 25 de abril de 1995 y del pleno de 3 de mayo de 1995 sobre la comisión de servicios del juez Manuel García-Castellón. La resolución no dejaba títere argumental con cabeza. Los magistrados dieron constancia de que el abogado Mariano Gomez de Liaño, firmante del recurso, citaba de manera incompleta algunas resoluciones. La Sala Tercera señalaba que la representación procesal de Conde «silencia» y «calla» párrafos y hechos. Gómez de Liaño, pues, había presentado un recurso manipulador. Al día siguiente, la comisión permanente del CGPJ aprobó por unanimidad la continuidad de García-Castellón por un nuevo periodo de seis meses, hasta el 27 de abril de 1996.

Uno de los temas pendientes en la instrucción del caso Banesto era el interrogatorio de los administradores de las sociedades suizas vinculadas a Conde y a Gómez de Liaño. El martes 6 de febrero de 1996, el juez García-Castellón y el fiscal Tino Orti tomaron declaración a Paolo Gallone en el tribunal del Cantón de Vaud, en Lausana, Suiza, en una sesión dirigida por el juez Jacques Antenen.

—Quiero ante todo precisar que yo he participado en el contexto de este asunto en tanto que administrador de sociedades y como mandatario —anticipó Gallone—. Y quiero decir que al hacerse público en España este asunto, he sido objeto de todo tipo de presiones dirigidas a impedir que me expresara.

El juez Antenen indagó.

—¿Qué entiende usted por presiones? ¿Le han coaccionado? —indagó el juez.

—No sabría decir si son coacciones —dijo—. Pero me he sentido presionado. Recuerdo el gesto que me hicieron un día. —Y se llevó la mano a la garganta y se la pasó de izquierda a derecha—. Y yo interpreté que si hablaba me iban a cortar el cuello.

—¿Sabía que Kaneko efectuó una inversión en Asebur Inversiones, o vía Asebur, en Lassalcedas y Los Carrizos de Castilblanco y ha comprado a Mario Conde acciones de Zenith 88?

—Sí.

—¿Sabía que Asebur era una sociedad controlada por Mario Conde?

—Sí.

—¿Sabía que Kaneko compró acciones a Mario Conde y que Galletti fue a Italia a firmar el contrato?

—Sí.

—¿Quién le ha informado sobre las sociedades en las que debía invertir en España?

—Variaba, según las sociedades. En general, eran los socios mandatarios.

—¿Es cierto que Asni, Jamuna y Kaneko tenían las tres el mismo domicilio?

—Sí.

—¿Se puede decir que las tres formaban un grupo de sociedades?

—No.

—¿Sabía que Asni, junto a Valyser y Mariano Gómez de Liaño, adquirieron la totalidad del capital de Promociones Hoteleras el mismo día en los porcentajes de... ?

—Sí, lo sabía. Aunque no recuerdo los porcentajes.

—¿Conocía a Gómez de Liaño y, en caso afirmativo, quién se lo presentó?

—Sí. En lo que se refiere a Mariano Gómez de Liaño, ha sido Francisco Sitges quien me lo presentó.

—¿Recibieron algún estudio para hacer la inversión en Promociones Hoteleras?

—No. Solo las instrucciones de mis mandatarios, que eran quienes tomaban las decisiones. Toda la negociación, preparación de los documentos, gestión de los créditos bancarios, fue preparada por el bufete de Mariano Gómez de Liaño. Fue él quien se encargó negociar con el Banco Urquijo y de aportar las garantías. Yo firmé los pagarés. Pero era Gómez de Liaño quien se ocupaba de todo. Tenía el personal suficiente para hacerlo. Nuestros clientes, a saber, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Sitges, son los que sugirieron esta venta. Asni no hizo ningún documento. Se limitó a ir a Madrid para firmar.

—¿Por qué Asni obtuvo un beneficio mucho mayor que Valyser, habiendo invertido casi lo mismo?

—Yo no estuve en el reparto.

—¿Sabía usted que Asni y Valyser estaban relacionadas?

—Yo no sabía al principio que estaban relacionadas. Luego, cuando tuve que hacer un préstamo a Valyser, he creído comprender que Valyser estaba controlada por Mariano Gómez de Liaño. Fue este quien me lo dijo.

—¿Recibió estudios para la inversión del 2 por ciento de Jamuna en Isolux?

—No. Solo instrucciones de mis mandatarios de proceder a esa operación. Galletti, en nombre de Jamuna, acudió a Madrid a firmar.

—¿Sabía que Jamuna pagó ese 2 por ciento a Valyser con un pagaré garantizado por Banque Cantonale Vaudoise?

—Sí. Fue Galletti quien negoció el aval. Él tenía buenas relaciones con el banco y no tuvo dificultades para conseguirlo.

—¿Sabía que antes de la ampliación de Asebur en 1991 todo el capital era de Mario Conde?

—Los 2.595 millones fueron invertidos en el 19 por ciento del capital de Asebur a finales de 1990 y se transfirió por banco. Recuerdo que en un documento aparecía en tres ocasiones el apellido Conde, antes de aparecer el nombre de Kaneko.

—¿De quién recibía las instrucciones?

—De Mariano Gómez de Liaño y de Sitges.

—¿Dónde se enviaba toda la documentación y la correspondencia relativa a Asebur Inversiones?

—Todos los documentos y la correspondencia se enviaban al bufete de Gómez de Liaño en Madrid.

—En abril de 1994, Asebur ya era cien por cien de Kaneko y adquirió a la sociedad holandesa Ge.So.Co. acciones de Lassalcedas y Los Carrizos de Castilblanco.

—Ignoro todo de esa operación —dijo Gallone—. Es cierto que Kaneko quedó como único accionista de Asebur. Yo me enteré en 1994 con gran sorpresa, porque nos avisaron de eso. La información que Kaneko tenía de Asebur es la que mis mandatarios me proporcionaron.

—¿Quién le ha propuesto la inversión de Kaneko en Asebur?

—Cuando creamos Kaneko, su capital era de cien mil francos suizos [7,5 millones de pesetas de la época]. Los accionistas eran, a razón de 50 por ciento cada uno, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Sitges. En el otoño de 1990, el señor Sitges me anunció que Mario Conde quería consultarme sobre un asunto relacionado con el derecho de sociedades. Me reuní con él y un número de gente importante, en el mes de octubre de 1990. Me explicó que deseaba constituir una sociedad holding suiza para su patrimonio privado. Fue así como cogió para él la sociedad Kaneko, que fue transformada en holding y cuyo capital fue incrementado a cuatrocientos mil francos [treinta millones de pesetas de la época].

Gallone seguiría aportando valiosos datos.

—¿Quién tomó la decisión de invertir en Asebur?

—Fue Mario Conde quien tomó la decisión. En aquella reunión de octubre. Mario Conde me dijo que quería aumentar el capital de Kaneko hasta 30 o 35 millones de francos suizos. Le informé que el derecho de estampilla era muy elevado en Suiza y que ello exigiría pagar al fisco 1,5 millones de francos. El capital se quedó entonces en cuatrocientos mil francos.

—Poco después de entrar Kaneko en Asebur hubo una reducción de capital en esta última —dijo el juez Antenen.

—Es cierto, Kaneko tuvo pérdidas sensibles por entrar en Asebur —dijo Gallone.

En otros términos, Conde se estaba prestando dinero a sí mismo, introduciendo dinero procedente de fuera. O, más expresivamente: Conde había instalado una lavadora en Suiza para meter dinero que mantenía en el exterior y que necesitaba en España, bajo el caballo de Troya de Kaneko.

—¿Quién le dio instrucciones para invertir en Zenith 88?

—No sé nada sobre las acciones de Zenith. Recibíamos instrucciones de Mariano Gómez de Liaño y de Francisco Sitges diciéndonos que su mandatario, o sea, Mario Conde, les había rogado proceder a estas operaciones.

Y ya sobre el final, la pregunta redactada en Madrid sonaba a recochineo. La realidad se había impuesto.

—En su opinión, ¿los hechos expuestos indican que ha habido relaciones especiales de privilegio entre las sociedades?

Gallone no dijo: «Es obvio», pero concluyó así:

—Forzosamente. Mario Conde ha creado un holding para su patrimonio privado. Hay relaciones privilegiadas con su sociedad patrimonial Asebur y con Zenith...

Una segunda declaración de Gallone tuvo lugar en septiembre de 1997, en el marco de una nueva comisión rogatoria a Suiza.

Por su parte, Gallone aportó dos órdenes de pago. A través de una de ellas se cursaba, el 19 de junio de 1990, el pago de cuatrocientos cincuenta millones de pesetas, o su contravalor en 6,2 millones de francos suizos, a Peter Kopa, residente en Zurich. Asni Investments satisfacía, en negro, parte del precio de la compra, en España, por la compra Promociones Hoteleras, sociedad propietaria del palacete de la madrileña calle de Fernando el Santo. El dinero salió de la cuenta Fuentes 20467.0 de la Fundación Melvin.

Gallone explicó que las fundaciones de Liechtenstein ofrecían sus patrimonios para obtener créditos importantes.

—Me refiero al patrimonio detentado por la fundación Melvin [Conde, Romaní, Gómez de Liaño y Sitges], así como al de las fundaciones Atom y Seasun, de Gómez de Liaño y de Sitges, respectivamente. Estas fundaciones servían para garantizar créditos. Tenían sus cuentas en la BCV. Los documentos de apertura de cuentas llevaban inicialmente un tipo de formulario, el llamado B, a mi nombre. Cuando este formulario se suprimió y fue preciso identificar al beneficiario real, ante la demanda insistente de nuestros clientes, Gómez de Liaño, Sitges y Conde, en los llamados formularios A he interpuesto unos fiduciarios… de la sociedad fiduciaria Dreyfus & Zurbuchen, de Lausana. Sin embargo los beneficiarios reales eran conocidos por el banco, habiéndose ocupado siempre Renato Galletti de esas cuentas, antes y después de haber abandonado la BCV, donde era director adjunto. El señor Gómez de Liaño, Sitges y Conde han dicho y repetido constantemente… que eran objeto de amenazas de secuestro como todos los españoles conocidos y con fortuna y que, en consecuencia, no podían aparecer de ningún modo en cualquier tipo de documentos. El señor Galletti y yo mismo les dijimos que nadie tendría acceso a esos documentos, pero no se lo creían. Para apoyar sus argumentos nos mostraron artículos de prensa en los que se informaba de que habían sido objeto de amenazas concretas, en el caso de Conde, por parte de ETA. Es por lo que tratamos de protegerles y asumimos, siendo sus identidades conocidas por el banco, no hacerles aparecer en los formularios A.

Una tercera comisión rogatoria, completada en julio de 1999, mientras el juicio del caso Banesto entraba en su fase final, obligó a la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) a aportar más de quinientos documentos (extractos de cuentas bancarias, transferencias, órdenes de compra venta de acciones, entre ellas de sociedades del grupo Banesto como Asturiana del Zinc y Petróleos del Mediterráneo), relacionados con movimientos de las sociedades suizas y tres fundaciones domiciliadas en el paraíso fiscal europeo de Liechtenstein. Fue Francisco J. Sitges quien consiguió retrasar la entrega de estos documentos mediante la presentación de recursos ante el Tribunal Federal Suizo. Sitges, y a través de él, Conde, Romaní y Gómez de Liaño no lograron impedir la entrega de un valioso material. Pero sí consiguieron frustrar la investigación que se merecía.

LIECHTENSTEIN:

LA FUNDACIÓN DE LOS CUATRO

Paolo Gallone había aportado en su declaración todos los elementos para comprender que las sociedades suizas funcionaban como un grupo aunque su propiedad fuese diferente. Una cosa es que formalmente parecieran empresas individuales —Kaneko Holding, de Mario Conde, y Asni Investments y Jamuna de Paco Sitges y Mariano Gómez de Liaño—, y otra era su funcionamiento real, es decir, la manera de financiarse y realizar las inversiones y movimientos dinerarios.

Fue Renato Galletti, director de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausana, quien tenía como cliente a Sitges, a mediados de los años ochenta. El «iniciado» en los ritos financieros era, pues, Sitges. Galletti, suizo nacido en Arezzo, Italia, se ocupaba de atender los negocios de una clientela selecta. Muchos de sus clientes eran españoles. Sitges tenía entonces cincuenta y cinco años y Galletti cuarenta y seis. Y se hicieron grandes amigos. Poco a poco Galletti fue sabiendo cosas de la historia de Sitges. Hombre de cuerpo hercúleo, a Galletti le fascinaban los reyes. Y sabía por Sitges que este tenía una relación de antaño con la familia real española.

Galletti se convirtió en asesor financiero de Sitges desde la Banque Cantonale Vaudoise. Luego, en 1985, apareció Gallone. Sitges tenía una serie de ideas en la cabeza sobre sus futuros negocios en Suiza y lo habló con Galletti, quien le recomendó a un abogado y administrador de empresas. Ese era Paolo Gallone. Había nacido en Camino, un pueblecito próximo a Turín, de padre italiano y madre suiza, y muy pronto, con tres años, su familia se instaló en Lausana.

El Señor No había jurado en público que Kaneko Holding no tenía nada que ver con sus intereses. Era falso.

Romaní había jurado que no sabía nada de Asni Investments. Era falso.

Mariano Gómez de Liaño había jurado que Asni era una sociedad de unos clientes suyos. Era falso.

Sitges no había dicho nada, simplemente porque nadie nunca se lo preguntó.

Y conste que el primero, el «iniciado», fue Sitges.

Galletti le condujo a Gallone. La consulta era simple: Sitges quería mover dinero fuera de España. ¿Cuál era la manera más reservada y fiscalmente más favorable? Y, además, sabía que existía un sistema menos gravoso que el vigente en España para que los bienes pudieran pasar a sus herederos.

Lo que le venía como una horma a su zapato eran las fundaciones de familia. Reunían las dos condiciones: servían para realizar actividades financieras o inmobiliarias y, al mismo tiempo, eran un vehículo para ejecutar un testamento. Tenían además otras ventajas que a Sitges le interesaban especialmente. Eran un instrumento más seguro que una cuenta numerada, no necesitaban estar registradas y, al no tener objeto comercial, estaban eximidas de presentar cuentas y balances anuales. Sitges deseaba, pues, suprimir actividades sujetas a impuestos en España, trasladándolas fuera, hacia un paraíso fiscal. Hay dos formas de eludir el pago de impuestos. Si una actividad no ha tenido lugar, no necesitas pagar o bien tampoco pagas si has hecho alguna operación que Hacienda no puede detectar.

Pero, claro, ni Sitges ni nadie que quiera hacerlo bien iba a trasladar su domicilio al paraíso fiscal ni utilizar su nombre, porque colocaría así a Hacienda tras sus talones. La fórmula es una sociedad o una fundación. Todos los beneficios son ingresados en las cuentas corrientes de dicha sociedad o fundación libres de impuestos. Y, además de bueno (por lo seguro) y bonito (por la escasa o nula fiscalidad), era muy barato. Te sale por treinta mil francos suizos (213.000 pesetas de 1985).

El esquema elegido sería más o menos clásico: una fundación de familia que realizaría todas las transacciones internacionales a través de un banco suizo. Sitges podría beneficiarse así por partida doble: de las exenciones fiscales de Liechtenstein y del secreto bancario en Suiza.

Los papeles estaban claros: Gallone y Galletti serían los representantes de la fundación, con todos los poderes. Y Galletti, en particular, desde su puesto de director de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), podría facilitar la financiación y ocuparse de toda la actividad bancaria de apoyo a los negocios.

Así, el 15 de marzo de 1985 nació la Fundación de Familia Seasun (Mar y Sol) en el bufete de Otto A. Töndury, abogado de la ciudad de Triesenberg. Según el acta de constitución, el objeto de la fundación era la «administración de sus bienes en propiedad, así como la compra de bienes inmobiliarios, con exclusión de una empresa dirigida de manera comercial, y la distribución de ventajas financieras para la ayuda y encuentro con personas designadas en un reglamento emitido por el fundador, después de formarse la Fundación o por el consejo de la Fundación después de la formación de este».

El 28 de marzo de 1985, el consejo de la Fundación, formado por el abogado Töndury y un contable, Hans Eggensberger, dio poderes a Paolo Gallone y a Renato Galletti para actuar en nombre de Seasun «para abrir y explotar cuentas, ejecutar contratos, negociar o adquirir bienes». La representación ante los tribunales del Principado de Liechtenstein quedó a cargo de una sociedad especializada en este tipo de gestiones llamada Beata Domus Establishment, por unos honorarios de quinientos francos suizos.

Según el artículo número uno del reglamento, referido a los «beneficiarios y repatriación de los beneficios y del capital», el primer beneficiario era Francisco Javier Sitges y, en caso de fallecimiento, según el artículo segundo, le sustituía como beneficiaria su esposa, María Luisa Aparicio de Sitges, y a esta, en caso de muerte, sus cuatro hijos, Jacobo, Javier, Luis e Ignacio.

Tras crear la Fundación, Sitges y Galletti convinieron en abrir varias cuentas en la Banque Cantonale Vaudoise. Las primeras fueron creadas con el nombre de 200214,0 Zafiro y 200211,0 Amatista. El 5 de noviembre de 1987, Sitges nombró a Luisa Mínguez-Olmo, de Lausana, como administradora de la Fundación Seasun para la cuenta «Amatista».

Hacia finales de 1988 o primeros de 1989, Mariano Gómez de Liaño y Paco Sitges comenzaron a estrechar sus relaciones. Aunque Sitges le llevaba algo más de diecisiete años, se hicieron grandes amigos. Sitges era un cazador de tradición y a Gómez de Liaño eso le apasionaba. Las mujeres de ambos se llamaban igual, aunque no tenían parentesco familiar: María Luisa Aparicio. Y, además, en los negocios, Gómez de Liaño y su bufete se convirtieron en los asesorespara-todo de Asturiana del Zinc. A comienzos de 1989, Gómez de Liaño asesoró a la compañía en sus negociaciones con la empresa minera canadiense Curragh Resources, productora de concentrados de cinc, cuyo presidente Clifford Frame, un minero surgido de abajo, estaba interesado en el mercado europeo.

En mayo de 1989, finalmente, Asturiana del Zinc y Curragh llegaron a un acuerdo. Frame dio orden de invertir catorce mil millones de pesetas en la compra del 20 por ciento de la compañía, a la vez que la empresa española invirtió treinta y cinco millones de dólares canadienses (unos dos mil quinientos millones de pesetas) en la compra del 5 por ciento de Curragh, y otros veinticinco millones de dólares en un nuevo proyecto minero llamado Le Cirque. La relación entre Sitges y Frame comenzó con los mejores augurios. Frame había prometido que en algún momento le invitaría a cazar osos al Yukón. Y Asesores en Derecho, es decir Mariano Gómez de Liaño, asumió la representación de Asturiana del Zinc en el consejo de administración de Curragh, en Canadá.

Pero este no era el único aspecto de la relación potencial que Gómez de Liaño y Sitges comenzaban a profundizar. Había un astillero en Asturias, llamado Mecanizaciones y Fabricaciones (Mefasa), que se convirtió en un proyecto de los dos. La idea era aprovechar los conocimientos de Sitges en el uso del aluminio para convertir Mefasa en un pequeño astillero de yates de lujo. Y, antes o después, estaba la relación entre Sitges y el rey Juan Carlos. En Mefasa, por ejemplo, se habían hecho reparaciones del yate del rey, el Fortuna. Todo esto incrementaba la producción de adrenalina tanto en la cabeza de Conde como en la de Gómez de Liaño.

A todo esto, el grupo Euman-Valyser, que había nacido en 1988 con los iniciales apoyos de Mario Conde mediante aquel crédito de ciento cincuenta millones, firmado por Arturo Romaní, como presidente de la sociedad Torreal, era apoyado a partir de marzo de 1989 por varias sociedades de Conde de manera directa mediante créditos.

Había, pues, cuatro personajes en busca de un plan: Sitges, Gómez de Liaño, Conde y Romaní. Fue entonces cuando, sobre la base de la experiencia de Sitges, los cuatro decidieron formar un grupo. Sería un grupo organizado. Y la organización estaría regulada por un contrato que establecería la tajada de cada uno de los integrantes. El instrumento sería el que Sitges ya había ensayado: una fundación de familia en Liechtenstein. Pero sería a lo grande. A esta fundación se añadirían más tarde un grupo de empresas en Suiza para operar desde allí y aprovechar todas las ventajas fiscales y la seguridad del anonimato.

Sitges llevó a Mariano Gómez de Liaño a Lausana. Tenía que conocer a Paolo Gallone y a Renato Galletti.

Y el plan salió adelante.

El 7 de junio de 1989 nacía en Triesenberg la Fundación de los Cuatro, cuyo nombre formal era Fundación de Familia Melvin. Lo firmaban Sitges y Mariano Gómez de Liaño, y este, por su parte, firmaba una segunda vez en representación de Mario Conde y Arturo Romaní, y también Paolo Gallone.

El consejo de la Fundación, como en el caso de la Fundación Seasun, creada para Sitges, estaba formado por Otto Töndury y Hans Eggensberger. Su objeto social, como el de su antecesora, era la administración de sus bienes.

En el punto primero el documento se refiere a «Beneficiarios y repartición de los beneficios y del capital».

Según el artículo 1 «los primeros beneficiarios de la Fundación de Familia Melvin son a razón de 25 por ciento cada uno:

»Francisco Sitges Menéndez

»Mariano Gómez de Liaño Botella

»Arturo Romaní Biescas

»Mario Conde Conde

»todos domiciliados en la casa de Mariano Gómez de Liaño Botella, 15 Fernando el Santo, en Madrid».

El artículo 1 dice «que sus derechos de beneficiarios se extienden durante toda la vida a la totalidad de los activos de la Fundación así como al conjunto de los beneficios de ella».

Según el artículo 2, «en caso de muerte de uno de los beneficiarios mencionados en el artículo 1, su parte será enteramente devuelta a sus descendientes legítimos».

Y el tipo de organización, con las responsabilidades y poderes, era establecido en el artículo 3: «Los señores Francisco Sitges Menéndez y Mariano Gómez de Liaño Botella dispondrán de un poder individual de gestión y de administración sobre la totalidad de los bienes de la Fundación. Podrán igualmente disponer individualmente de la totalidad de los activos de la Fundación de Familia Melvin.

»Los señores Arturo Romaní Biescas y Mario Conde Conde, por el contrario, no tendrán más que un poder de disposición y de gestión limitado a sus partes respectivas, a saber, 25 por ciento de los activos cada uno».

Según el artículo 5, la «Fundación estará representada, en particular frente a los bancos, por Paolo Gallone... », y establece sus funciones: «El mandatario de la Fundación cumple las siguientes funciones, incluso después de la muerte de los primeros beneficiarios: a) administrar y gestionar esa tarea como buen padre de familia, seleccionando las inversiones más seguras posibles, es decir, aquellas en las cuales las contrapartidas son de primer orden; b) procede a las distribuciones de capital cuando es llamado a hacerlo; c) procede a la repartición y distribución del capital en conformidad con el reglamento; d) en caso de fuerza mayor (guerra, problemas políticos o amenazas graves de tales acontecimientos, etc.) el mandatario de la Fundación...».

El artículo 8 establece que «los honorarios del mandatario son establecidos en doce mil francos suizos por año pagados por anticipado a la constitución de la Fundación...». Y el artículo 10 señala que «la Fundación podrá ser disuelta en cualquier momento, sea por decisión de los beneficiarios o por decisión del consejo». El último artículo, el 11, establece que «todas las oposiciones y divergencias de puntos de vista entre administradores o mandatarios y beneficiarios serán sometidas en última instancia, excluyendo cualquier otra jurisdicción, a un tribunal arbitral aplicando los procedimientos del Principado de Liechtenstein. Cada parte nombrará un árbitro, estos árbitros designados a un tercero en la función de presidente del tribunal arbitra...».

Este era, pues, el reglamento aprobado el 7 de junio de 1989.

El paso siguiente era el de la apertura de la cuenta en Banque Cantonale Vaudoise.

Galletti recibió un día más tarde, el 8 de junio, los documentos de la Fundación con las instrucciones: sería el dossier FUENTES con el número 204.677. Es curioso: Mariano Gómez de Liaño vivía en la calle Antonio Fuentes, de Madrid.

El cruce entre la flamante Fundación Melvin con la personal de Sitges, la Fundación Seasun, fue instantáneo.

Las operaciones que se iniciaron el mismo 7 de junio de 1989 irían en aumento a partir de 1990, en paralelo a la mayor actividad en España de las sociedades del grupo Euman-Valyser, en colaboración con Francisco Sitges.

En los primeros meses de 1990, Mariano Gómez de Liaño decidió dar un paso más adelante. Como Sitges, él también tendría su propia fundación, que se vincularía con las otras dos en las operaciones.

El periplo de siempre.

Rue d’Etraz 12, Lausana. Paolo Gallone tenía que ponerse al habla con el abogado Otto Töndury y el contable Hans Eggensberger. Otra vez Triesenberg, Liechtenstein.

El acta de constitución de la nueva se inscribió el 25 de abril de 1990. Fundación de Familia Atom, la bautizaron. El primer beneficiario era, formalmente, un italiano llamado Mario Fasano, de cincuenta y cuatro años, con domicilio en Telese, Italia. El segundo beneficiario, según el artículo 2, sí era Mariano Gómez de Liaño y, en caso de fallecimiento, de acuerdo con el artículo 3, le seguían sus hijos: Antonio, Eduardo y Fernando. El artículo 4 estipuló que su esposa, María Luisa Aparicio, se «beneficiará durante toda su vida del usufructo de los activos de la Fundación de Familia Atom».

El artículo 5 proporcionaba una confirmación de la extraordinaria relación que ya tenían Sitges y Gómez de Liaño: «Si los hijos mencionados en el artículo 3 son aún menores cuando muera María Luisa Aparicio, la gestión de bienes de la Fundación será asumida por Francisco Sitges».

Gómez de Liaño firmó el reglamento y, el 4 de mayo de 1990, dio poderes a Paolo Gallone.

Ahora tocaba Galletti: otra vez a la BCV para abrir una cuenta.

RUBINO, número 205.710.

Al presentar el formulario A para identificar al beneficiario de la cuenta, Gómez de Liaño puso el nombre de su fiduciario, Mario Fasano.

Pero, esta vez, la visita a Gallone en Lausana tenía otro propósito. Sitges y Gómez de Liaño querían más cosas. Le propusieron a Gallone la creación de tres sociedades.

Gallone se buscó un nombre japonés para una de ellas, Kaneko S. A., y las otras dos se llamarían Asni Investments y Jamuna. La primera que tuvo estatutos fue Asni Investments, sociedad que se constituyó el 21 de abril, en las mismas fechas en que Gómez de Liaño tuvo lista su fundación. Asni fue inscrita en el Registro de Comercio de Lausana el 21 de junio de 1990; la segunda fue Kaneko S. A., registrada el 29 de junio. Y la tercera, Jamuna, fue creada el 5 de julio e inscrita el 5 de septiembre de 1990.

Los movimientos fueron permanentes.

Hacia el mes de octubre de 1990, Mario Conde y un séquito bastante numeroso, entre los que se contaban Sitges, Gómez de Liaño y Romaní, desembarcaron en rue d’Etraz 12, Lausana. Sitges avisó a Gallone con cierto retraso, de modo que la visita se haría un miércoles, día en el que el abogado y profesor tenía clase en la facultad de Derecho de la universidad de Lausana, lo que le llevó a declinar una invitación de Conde para comer con él y su grupo. Junto con Gallone, en la rue d’Etraz estaban otras dos personas: Renato Galletti y el contable, Paul Perlini.

Conde, según narró Gallone ante el Tribunal Cantonal de Vaud, el 6 de febrero 1996, le hizo varias preguntas sobre la posibilidad de crear una sociedad holding para canalizar su patrimonio privado en Suiza.

Conde ya estaba metido hasta las cejas en la Fundación Melvin. O bien quiso aparentar ante Gallone cierta distancia respecto a sus socios Gómez de Liaño, Sitges y Romaní, lo que era ridículo porque si había alguien que conocía los entresijos, ese era Gallone; o bien era muy simple: quería tener, aparte de la Fundación, un holding propio. Esto último, dijo Gallone ante los jueces Antenen y García-Castellón, fue lo que le explicó Conde. A continuación, Conde utilizó Kaneko para canalizar su patrimonio particular. Convirtió a Kaneko en holding para diversas actividades y amplió su capital de cien mil a cuatrocientos mil francos (de unos 7,1 millones de pesetas a casi 30 millones). Y empezó a lavar dinero, a saber, meter en su sociedad española Asebur Inversiones dinero que tenía hasta entonces aparcado fuera o que estaba recibiendo puntualmente por diversas operaciones.

Pero Conde hizo ese miércoles de octubre de 1990 algo más en rue d’Etraz.

El reglamento de la Fundación de Familia Melvin había sido firmado en nombre suyo y de Romaní, al constituirse en junio de 1989, por Mariano Gómez de Liaño, según constaba en los documentos (véase anexo).

Era, pues, la ocasión para estampar su firma y la de su amigo Romaní.

Ambos firmaron la primera página del original del 7 de junio de 1989.

Ya estaban todos. A los costados, Conde, Romaní y Gómez de Liaño, cuya firma aparecía dos veces, por haber rubricado el documento en nombre de los dos primeros en su día. Abajo, al pie, estaban las firmas de Sitges y de Gallone.

En el otoño de 1992, hubo algunos cambios en los primeros beneficiarios de las tres fundaciones. Un italiano de cincuenta y seis años, Mario Fasano, domiciliado en via Roma, 305, Telese, Italia, pasó a ser el primer beneficiario de la Fundación Seasun, de la familia Sitges, a quien seguía Sitges y en tercer término su esposa. Eso fue en septiembre. Más tarde, en octubre de 1992, había parecidas modificaciones en la Fundación Atom y en Melvin. En Atom, el mismo Fasano pasaba a ser el primer beneficiario, seguido de Mariano Gómez de Liaño, sus hijos y su esposa.

Y en la Fundación Melvin, el primer beneficiario era, a partir de octubre, Manuel Vasquez Pérez, nacido el 7 de junio de 1935 en Vigo, Pontevedra, con domicilio en Castello Miño, Santa María. Según el artículo 2 del nuevo reglamento, muy parecido al primero de junio de 1989, en caso de fallecimiento del primer beneficiario, es decir, del señor Vasquez Pérez, «la totalidad de los activos y de los beneficios de la Fundación de Familia Melvin serán atribuidos a razón de 25 por ciento a cada uno:

»Francisco Javier Sitges Menéndez

»Mariano Gómez de Liaño Botella

»Artuto Romaní Biescas

»Mario Conde Conde».

En Madrid, el entrecruzamiento de intereses entre Conde, Gómez de Liaño, Sitges y Romaní, en la sombra, era cada vez más fuerte. Ya se había realizado la entrada de Valyser en Isolux, en julio de 1990, y la compra y posterior venta de Promociones Hoteleras (edificio de Fernando el Santo 12 y 14) a la Corporación Industrial, en 1991.

El verano de 1993 fue la lujuria.

Javier de la Rosa se paseó por la Costa Brava con su barco Blue Legend, que fabricó Mefasa. Y Mario Conde estrenó el Alejandra. Sitges le proporcionó una madera especial. Era, según decía, la mejor caoba para hacer un yate. La caoba que él había comprado en Cuba. Y atrás había quedado el yate Corona del Mar, que fue encargado para el rey Juan Carlos por el Patrimonio del Estado, y que se puso a la venta a finales de mayo de 1991, en plena recesión.

La existencia de la Fundación de Familia Melvin no sobrevivió más que cincuenta y seis días al desalojo del grupo de los Cuatro de la cúpula de Banesto.

El 22 de febrero de 1994, la Fundación era disuelta.

Los movimientos de fondos siguieron en las otras fundaciones.

Días antes, el 9 de enero de 1994, una transferencia de un millón de dólares por Paribas Suiza, desde la cuenta RUBINO rúbrica «Allegro» 205.710 de BCV, a la cuenta corriente 3116.468, cuyo beneficiario era la sociedad Northridge Ltd. Y el 18 de enero de 1994 tuvo lugar una transferencia de la Société de Banque Suisse (SBS) para efectuar un débito a favor de la cuenta corriente 068 194 de la sociedad Northridge Ltd. a la atención de Mme. Zengassinen, por 5.400.021 dólares con 32 centavos, valor 15 de enero de 1994. No cabía duda de que Northridge Ltd. era un receptor importante de fondos.

Y algunas cuentas pendientes.

La sociedad Fidinam, que había intermediado en la fiducia realizada por Swoboda para Asturiana del Zinc, operación que después de la intervención fue descubierta por los nuevos administradores y que originó unas pérdidas de diez mil millones a ASZA, exigía unos pagos pendientes.

Luis Arias, representante de Fidinam, escribió a Alasia Investments, el 24 de febrero de 1994, a la atención de Renato Galletti. «Nos permitimos recordarte que la comisión fiduciaria por el año 1994 de 21.234.000 pesetas está vencida. Esa cantidad debe ser ingresada», y daba una cuenta para hacerlo en el Finterbank de Zurich, sucursal de Ginebra.

El 10 de mayo de 1994, en un escrito fechado en Lausana, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Sitges se ponían totalmente en manos de sus representantes.

Autorización en favor de los administradores de las sociedades Jamuna S. A., Kaneko Holding S. A. e Ina Finance (Asni). En favor de los administradores de las fundaciones Seasun, Granu, Atom, Melvin. Nombraba, pues, a una cuarta fundación llamada Granu. Para toda transferencia, bonificación, retiro o ingreso efectuados en las cuentas y dossieres relativos a las fundaciones y sociedades citadas desde el 15 de marzo de 1985 a este día abiertas en la Banque Cantonale Vaudoise, Lausana, y en Société de Banque Suisse (SBS), Friburgo.

El 16 de diciembre de 1994, un día después de que Arturo Romaní ingresara en la cárcel de Alcalá-Meco, se disolvía la Fundación de Familia Atom, cuyo beneficiario era Mariano Gómez de Liaño.

«El consejo de la Fundación de Familia Atom, en Triesenberg, constata que el objetivo de la Fundación ha sido alcanzado y que no posee más patrimonio. Según el artículo 9 de sus estatutos se ha decidido, pues, disolver la Fundación». Firmaron Renato Galletti y Hans Eggensberger.

En abril de 1994, Sitges renovó el reglamento de la Fundación Seasun. El primer beneficiario ya no era Mario Fasano, sino su hijo Jacobo Sitges Aparicio. Le seguía como beneficiario Francisco Sitges, a este su esposa, y a esta sus hijos Javier, Luis e Ignacio. Los poderes, para Gallone y Galletti.

El 10 de septiembre de 1994, según el formulario firmado en la Banque Cantonale Vaudoise, en Lausana, el beneficiario de Jamuna S. A., cuenta 66-893759, era Jacobo Sitges Aparicio.

Este fue el revés de la trama financiera del grupo de los Cuatro bajo el disfraz de la Fundación de Familia Melvin. Al menos el revés de una de las tramas.

En total, las transacciones cruzadas en las tres Fundaciones de Familia —Melvin, Seasun y Atom— superaron los siete mil millones de pesetas. Pero hay razones para suponer que otras sociedades como Alasia Investments, con su importante movimiento de fondos, actuó como uno de los canales para múltiples operaciones del grupo de los Cuatro, a través de Renato Galletti, su administrador. Además, Conde empezó en 1994 a operar desde Holanda a través de sociedades radicadas en dicho país.

Mario Conde y sus amigos ocultaron a la Hacienda española sus movimientos patrimoniales en el exterior. Pero lo más importante es que a través de las fundaciones se sigue la pista del dinero canalizado por las empresas —Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna— utilizadas para residenciar fondos fuera de España.

EPÍLOGO

El juez Miguel Moreiras abrió juicio oral contra Mario Conde por presuntos delitos de apropiación y falsedad en documento mercantil en el caso Argentia Trust el 11 de marzo de 1996. El juicio comenzó en la Audiencia Nacional el 3 de marzo de 1997 y quedó visto para sentencia trece días más tarde, el 19 de marzo de 1997. El tribunal dictó la sentencia un día más tarde, el 20 de marzo. Conde fue condenado a seis años de prisión por ambos delitos y a indemnizar con seiscientos millones de pesetas a Banesto. La sentencia de la Audiencia Nacional fue confirmada por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 1998 con una rebaja de los seis años a cuatro años y seis meses de prisión, al ser eliminado el delito de falsedad.

Por su parte, el juez Manuel García-Castellón dictó el auto de apertura de juicio oral en el caso Banesto el 28 de mayo de 1996. Un delito de apropiación indebida continuada (extracción, en dos tacadas distintas, de trescientos millones de la caja del banco, sin restituir), un delito de apropiación indebida (1.344 millones desviados en la Operación Carburos), tres delitos de estafa (Isolux, Promociones Hoteleras y Cementeras) y uno de falsedad (artificios contables para ocultar la verdadera situación de la entidad).

El juicio duró dos años, entre el 2 de diciembre de 1997 y el 2 de diciembre de 1999. El 31 de marzo de 2000, el tribunal condenó a Conde a cuatro años y dos meses de prisión por un delito de apropiación indebida (Operación Cementeras) y a seis años por un delito continuado de estafa (Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor).

La Audiencia Nacional consideró como apropiación indebida de 300 millones de pesetas, pero estimó que había prescrito, por lo que absolvió a Mario Conde. En la Operación Carburos resultaron condenados por apropiación indebida Arturo Romaní y Rafael Pérez Escolar, pero no Conde. El exbanquero tampoco fue condenado por Euman Valyser, que el tribunal no valoró como delito, ni por los llamados artificios contables. Al mismo tiempo, se fijo una indemnización solidaria para Conde y para Arturo Romaní de 1.556 millones para la Operación Cementeras, de 985 millones por Centro Comercial Concha Espina y 895 millones por Oil Dor.

En total, 3.436 millones de pesetas más multas o unos 22,4 millones de euros en cifras redondas. El 29 de julio de 2002, el Tribunal Supremo condenaba a Conde también por la Operación de trescientos millones a seis años y un día de prisión mayor por el delito de apropiación indebida y a cuatro años por falsedad en documento mercantil por Artificios Contables. La pena de diez años de la Audiencia Nacional se convertía en veinte años. Asimismo, debía indemnizar a Banesto en trescientos millones de pesetas. En esa sentencia también se condenó a Hachuel por apropiación indebida en la Operación Carburos.

Banesto solicitó la subasta de tres cuadros (Picasso, Juan Gris y Georges Braque) que el exbanquero había depositado para avalar la fianza de dos mil millones de pesetas extendida por Bankinter a finales de enero de 1994 para poder abandonar la prisión de Alcalá-Meco el 30 de diciembre de 1994. El resultado fueron 578 millones de pesetas (3,4 millones de euros). El banco pudo, así, recuperar la mayor parte del dinero evaporado a través del misterioso pago transferido a Suiza para abonar a Argentia Trust, islas St. Vincent, aquel verano de 1990.

El Tribunal Supremo, al confirmar la apropiación indebida, explica en su sentencia de fecha 26 de febrero de 1998, punto número siete, lo siguiente:

«Lo cierto es que en el artículo 595 del Codigo Penal derogado se yuxtaponían —como siguen yuxtaponiéndose en el 252 del vigente— dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance. En esta segunda hipótesis, el tipo se realiza aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquel, esto es, como consecuencia de una gestión en que el mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su “status”». Y en el punto 8 señala: «Un acto como el relatado en la declaracion de hechos probados de la sentencia recurrida [Audiencia Nacional] es uno de los más característicos de la forma de administración desleal que la doctrina más reciente denomina “tipo de infidelidad”. El acusado, como presidente del consejo de administración de Banesto, a quien habían sido delegadas las más amplias funciones de administración, tenía el deber de ser el más celoso gestor de los intereses del Banco, pese a lo cual incumplió, de la forma más clamorosa, dicho deber realizando un acto de disposición mediante una orden de transferencia, no justificada por contraprestación alguna en beneficio de Banesto, en favor de una entidad que, por sus peculiares características, permite asegurar fue meramente ve hículo para orientar el dinero en dirección desconocida...».

Del total de las indemnizaciones fijadas para Conde, aparte de los seiscientos millones ya apuntados, Banesto solo pudo recuperar un millón de euros como resultado de una negociación en 2004 para que pudiera abandonar la prisión con un permiso de cinco días, para asistir a la boda de su hija el 3 de julio de 2004 en la finca de Los Carrizos de Castilblanco. A cambio de ese dinero, el banco no se opuso al permiso. Otra cantidad de 539.000 euros pudo ser embargada a un fondo de inversión.

En los años 2003, 2004, 2005 y 2006, Banesto ejecutó una cantidad importante de bienes y propiedades de Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar y Fernando Garro, los otros condenados a pagar indemnizaciones. En total, Romaní resarció al banco por valor de 5,63 millones de euros; Pérez Escolar, 4,2 millones; Garro, 4,06 millones. Los 1.344 millones de pesetas de la llamada Operación Carburos fueron recuperados e ingresaron, como debió ser, en Banesto.

Una de las fuentes importantes para resarcirse hubiese sido la subasta de las fincas de Mario Conde. Por ejemplo, Banesto llegó a un acuerdo con Romaní para la subasta de su finca Los Melonares Bajo, adjudicándose en 2003 un 65 por ciento de su valor en la subasta, o unos 5,5 millones de euros, parte de lo cual enjugó parcialmente la indemnización solidaria exigida en la sentencia a Conde y a Romaní.

Pero no ocurrió lo mismo en el caso de Conde. Y fincas, como las meigas, haberlas, haylas: Can Poletá, integrada por cuatro fincas, en el término municipal de Puerto Pollensa, Mallorca; Los Carrizos de Castilblanco de los Arroyos (tres mil hectáreas), en Sevilla, y La Salceda (dos mil ochocientas hectáreas) en Toledo.

Las fincas, bajo administración judicial desde que la sentencia de la Audiencia Nacional declaró el comiso de las mismas, son propiedad de distintas sociedades. Banesto obtuvo el embargo de esas sociedades hace largos años ya, pero las fincas se dejaron bajo control del exbanquero y su familia. En abril de 2002, antes de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia en el caso Banesto, la sociedad Apolo Inversiones y Servicios, de la familia Conde, vendió aparentemente las fincas de Puerto Pollensa a la sociedad G. I. Beteiligung, de Luxemburgo. Sin embargo, según el auto dictado por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 1 de octubre de 2012, que acuerda el embargo de Can Poletá, la titularidad real, según informes policiales, es de Mario Conde.

Con todo, durante los últimos años, a diferencia del impulso en la ejecución de los bienes del resto de administradores condenados, Banesto no hizo intento alguno de subastar las fincas de Mario Conde. Banesto consiguió el embargo del cien por cien de Asebur Inversiones (sociedad cuyo único patrimonio son 1,3 millones de acciones de la empresa Las Salcedas, o el 12,92 por ciento), propiedad de Kaneko Holding; 1.652.892 acciones de Las Salcedas, propiedad de la holandesa Ge.So.Co. B.V; 310.000 acciones de Los Carrizos de Castilblanco, propiedad de Ge.So.Co; 64.443 participaciones de Industrias Cumaria S. L., propiedad de la holandesa Asuma B.V. Sin embargo, no se avanzó en diez años en la ejecución de estos bienes. Solo cuando la secretaria judicial Concepción López de Hontanar Fernández Roldán, de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, comenzó en 2012 a dinamizar la pieza de responsabilidad civil de Mario Conde, las cosas empezaron a cambiar. La Fiscalía Anticorrupción, por una parte, y Banesto, por la otra, reanudaron después de años la batalla, hasta entonces congelada, para subastar las fincas.

Del total de cuatro años y seis meses de la condena por Argentia Trust y los veinte años por el caso Banesto, Mario Conde no llegó a pasar cuatro años en prisión, obteniendo durante ese período beneficios penitenciarios importantes.

FUENTES

Los diálogos que se incluyen en este libro fueron reconstruidos a través de entrevistas que el autor mantuvo con más de ciento cincuenta personas durante un período de dos años. La mayor parte de sus nombres aparecían citados a pie de página en la edición original. La otra fuente importante de esta obra es la documentación, varios miles de papeles, entre ellos quinientos relacionados con operaciones, movimientos, y transacciones bancarias realizadas por cuenta de Mario Conde y los otros tres miembros de la Fundación Melvin de Liechtenstein. Estos últimos documentos aparecieron en la versión original del libro, en junio de 1996, cuando no estaban en la causa judicial. Tuvieron que pasar tres años para ello. En julio de 1999, después de una tercera comisión rogatoria, el juez Jacques Antenen, de Lausana, urgió la entrega del material por parte de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) y lo envió a España. Pero, como se ha relatado, en esa fecha la instrucción sumarial estaba concluida y el juicio oral del caso Banesto ya entraba en su recta final. Todo lo cual supuso, en la práctica, que el material probatorio sobre los movimientos y transacciones de la Fundación Melvin y las empresas suizas quedara completamente marginado.

Tanto Pedro J. Ramírez, director del periódico El Mundo, como sus colaboradores Manuel Cerdán y Antonio Rubio se querellaron en septiembre de 1997 contra el autor, al que acusaron de cometer un delito de calumnias. El autor había calificado las declaraciones prestadas por ellos ante el juez militar Jesús Palomino como «amañadas», sazonadas con su argumento de que una de las fuentes de sus informaciones se llamaba «Viriato». El juez Jesús Eduardo Gutiérrez, titular del juzgado número 9 de lo penal de Madrid, celebró el juicio a finales de abril de 1998. La sentencia del juez, de fecha 8 de mayo, absolvió al autor. En ella se alude a las cartas de Perote incautadas en prisión, citadas por el autor en sus textos. En una de esas cartas, dirigida a su abogado, Jesús Santaella, el coronel insistía en que los periodistas debían mencionar en sus declaraciones ante el juez Palomino el nombre de Viriato. «Plantear la duda sobre su existencia al menos», sugería Perote. El veredicto del juez Gutiérrez no fue recurrido por los periodistas querellantes.

En cierto modo, fue la única sentencia sobre el relato de la operación chantaje aquí recogido. Nadie más se querelló contra el autor por sus revelaciones y denuncias.

ANEXO

Acta de constitución y estatutos de la Fundación de Familia Melvin en Triesenberg, principado de Liechtenstein.

En la imagen se aprecia la firma de Francisco Javier Sitges (abajo), de Mariano Gómez de Liaño en representación de Mario Conde y Arturo Romaní (lateral izquierdo, arriba), la posterior firma de Conde (extremo inferior izquierdo), de Romaní (junto a la de Mario Conde) y de Paolo Gallone, mandatario de la fundación (abajo).

NOTAS

1. El 19 de septiembre de 1995, El País publicó mi información en portada a cuatro columnas «Conde chantajea al Gobierno desde hace meses con material sustraído del Cesid». El 22 de septiembre, Pedro J. Ramírez, director del diario que había canalizado las presiones bajo forma de investigaciones propias, declaraba a Iñaki Gabilondo, en la Cadena Ser: «Yo creo que ha habido un chantaje en una doble dirección. Conde ha tratado de presionar, de coaccionar al Gobierno, y el presidente del Gobierno ha tratado de coaccionar a Conde». El 5 de octubre de 1995, el ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch informó sobre la operación en el pleno del Congreso. Y, finalmente, Felipe González lo hizo el 8 de noviembre de 1995.

1. Tras la desclasificación de trece de los documentos del Cesid, decidida por el Tribunal Supremo el 10 de abril de 1997, el coronel Juan Alberto Perote volvió a declarar ante el juez Garzón e intervino en un programa de Antena 3 Televisión el 12 de mayo de 1997. Tanto ante el juez como delante de las cámaras, la versión ofrecida por el coronel fue bien distinta a aquella declaración del 5 de septiembre de 1995. Dijo lo siguiente: «Yo despacho con mi director el 28 de septiembre de 1983 y le anuncio el comienzo de las acciones violentas contra ETA en el sur de Francia. Una vez terminado el despacho, yo salgo convencido de que el director es consciente de la importancia del tema y que lo va a despachar con el presidente del Gobierno; y luego hay un dato objetivo, y es que él me anota en la carpetilla que yo llevo un “Pte. para el viernes”, pendiente para el viernes. El dato objetivo es que ahí está el “Pte. para el viernes”, el dato subjetivo es la interpretación que yo hago… A mí me pregunta el fiscal del Tribunal Supremo si el general Manglano me había dicho que lo iba a despachar con el presidente del Gobierno. Y yo le digo que no recuerdo que me lo dijera.»

Sed de poder

Ernesto Ekaizer

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Título original: Sed de poder

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