Índice

Portada

Dedicatoria

NOTA DEL AUTOR

PRÓLOGO

1. «RAJOY EL BREVE»

2. GARGANTA PROFUNDA

3. LA FORTUNA Y LOS «PAPELES»

4. GARGANTA PROFUNDA

5. PEINETA PARA VARIOS

6. GARGANTA PROFUNDA

7. EL «RETORNO» DE AZNAR

8. GARGANTA PROFUNDA

9. CHERCHEZ LA FEMME

10. GARGANTA PROFUNDA

11. LA CONVERSACIÓN

12. GARGANTA PROFUNDA

13. PRISIÓN… COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA

14. GARGANTA PROFUNDA

15. ROSALÍA SE VA A LA GUERRA

16. GARGANTA PROFUNDA

17. DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

18. GARGANTA PROFUNDA

19. LAS ESPADAS SIGUEN EN ALTO

ANEXOS

Los papeles de Bárcenas & Lapuerta

SMS: Rajoy-Bárcenas en su intimidad

Créditos

A Silvia y a mis hijos, Lucía, María y Theo.

NOTA DEL AUTOR

Un gran número de personas, cuyo nombre aparece en escenas narradas a lo largo de estas páginas, generosamente han recibido al autor en más de una ocasión con el fin de precisar, delimitar o descartar informaciones y datos. La reconstrucción de encuentros y diálogos solo puede hacerse desde los recuerdos de los protagonistas principales y secundarios.

Hay dos campos de trabajo sobre los que el autor quiere llamar la atención. Uno es el de la maquinaria de la cooperación jurídica internacional entre Suiza y España. La posibilidad de consultar a la Office Fédéral de la Justice (el Ministerio de Justicia helvético) ha sido muy fructífera dentro de los límites impuestos por la confidencialidad de la materia. En la OFJ de Berna, un agradecimiento especial para Pascal Gossin, jefe de la Unité Entraide Judiciaire (Unidad de Auxilio Judicial), quien con su buen humor proverbial ha atendido las interminables consultas del autor, así como para la responsable del dossier español, Florence Albertini.

El segundo terreno es el de los medios de comunicación. Esta obra es también un trabajo sobre el periodismo y los periodistas. A ellos toda la gratitud por mostrar su disposición para analizar muchos detalles que contiene esta obra.

Unas palabras sobre los documentos que recogen los anexos. El primero es la ya célebre contabilidad B o libro de caja manuscrito con el dinero negro que llevaban Luis Bárcenas & Álvaro Lapuerta. Y aquí se ofrece al público, por primera vez, la versión completa de la contabilidad mecanizada de los años 1993-1996 contenida en el pendrive entregado por Bárcenas al juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013, hasta ahora inéditos. Estos folios incluyen la columna de «Observaciones» que, misteriosamente, había desaparecido del documento incorporado al sumario.

Por último, este libro ha sido posible gracias a dos personas que han luchado con tenacidad y sin las cuales no hubiera habido ni proceso de gestación ni parto. Ana Rosa Semprún vuelve a depositar su confianza en el autor y en su trabajo. Y con su templanza, la editora Lola Cruz ha mantenido un control casi mágico sobre la liebre de los textos.

PRÓLOGO

He aquí lo que se encontrará el lector en las páginas que siguen: una saga de delito, poder y castigo. Aunque los juicios de los casos Gürtel 1999-2005 (primera parte) y Papeles de Bárcenas se van a celebrar con toda probabilidad en 2016, una investigación de seis años radiada en los medios de comunicación minuto a minuto ha llevado a la sociedad a formarse su propia idea. Es probable, como suele ocurrir, que el tribunal de la opinión pública ya haya dictado su veredicto. La celebración del juicio oral se perfila conflictiva. Porque dos jueces, la presidenta del futuro Tribunal, Concha Espejel, y el magistrado ponente, Enrique López, desafían, por sus relaciones con el Partido Popular, la apariencia de imparcialidad que se exige a todo órgano jurisdiccional.

El proceso judicial-policial de estos casos ha tenido lugar en paralelo a una crisis económica jamás vivida en España y a una de las más feroces de la reciente historia mundial. Las investigaciones datan, como la crisis, de 2007-2008. Como suele ocurrir, la corrupción y la crisis económica dan como resultado una fórmula devastadora, políticamente hablando. Es todo una jugarreta del destino. El PP, partido que se presenta como alumno aventajado a la hora de hacer los «deberes de austeridad» dictados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Angela Merkel, es el partido de Luis con sus cuentas en Suiza y el partido de la contabilidad B, los sobresueldos y los pagos en negro.

Será difícil que, al volver dentro de unos años la vista atrás sobre la política española, se puedan pasar por alto los efectos formativos, o deformativos, según se prefiera, de los casos Gürtel y Papeles de Bárcenas.

Siempre me ha gustado lo que solía decir el escritor francés Gilles Perrault acerca de investigar historias pasadas, a saber, que es un poco como seguir los pasos de un diplodocus, te encuentras aquí y allá un hueso y si tienes suerte y eres perseverante puede darse el caso de que reconstruyas una apariencia de esqueleto.

Problema: el público no siente más que un entusiasmo moderado por los esqueletos. Por eso el autor suele sentirse tentado de hermosear la cosa, lo que se hace, por ejemplo, pegando sobre los huesos una piel seductora y atractiva. O colocando el esqueleto en un decorado del cual se espera que, con un poco de fortuna, se parezca en algo a la fauna de la prehistoria.

En Queríamos tanto a Luis el personaje es una especie de diplodocus que ha dejado huellas imborrables sobre sus múltiples actividades, de su comportamiento estilo Dr. Jekill y Mr. Hyde. Por tanto, una cosa se puede adelantar: no ha sido necesario, que diría Perrault, pintarrajear los huesos del diplodocus. Más bien, utilizando la expresión de Balzac en La comedia humana, sus obras completas, era preferible convertirse en notario de los hechos.

Esta es una historia narrada a través de un caleidoscopio, por así decir, donde la voz del narrador se equilibra y reequilibra con la de sus informantes, lo que aporta un cuadro de colores y formas muy diversas.

Es un relato de enriquecimiento presuntamente ilícito, un delito inexistente en nuestro reformado Código Penal, que sitúa a buen recaudo una fortuna que llega a los 48,2 millones de euros en Suiza. Es un relato sobre corrupción política.

Una corrupción donde se mantiene la contradicción constante, sobre todo a partir de la confesión de Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013, entre el extesorero del PP, por un lado, y el presidente del PP y del Gobierno de España, Rajoy, por el otro, al que han seguido en su versión la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y todos los exsecretarios generales como un ejército disciplinado.

Esa contradicción se refiere a la existencia de una contabilidad B paralela e ilegal, con ingresos procedentes de empresas que hacen sus donativos en negro, violando la legislación existente, y gastos que sufragan desde inversiones en remodelación de obras y compras de sedes regionales del partido, hasta sobresueldos o complementos salariales secretos. Una contabilidad B que el juez Ruz ha logrado acreditar en gran parte en el curso de una investigación que le ha llevado a enfrentarse a un muro erigido por los máximos dirigentes del PP. Un muro de poder influyente. Duro, rocoso e inquebrantable. Tanto que el juez no ha podido terminar toda la investigación, dejando en manos de su sucesor, José de la Mata, la tarea pendiente, que no es poca.

Mientras Luis Bárcenas se ha mantenido en su versión desde el 15 de julio de 2013 y se ha ratificado tras pasar diecinueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, Rajoy ha llegado a afirmar que, en todo caso, si ha habido una contabilidad B en el PP, la responsabilidad sería «del que la hubiera hecho», es decir, de su antiguo amigo de campañas electorales, aquel sobre el que, como dijo en Vitoria, el 2 de abril de 2009, «nadie podrá probar que no es inocente». Es decir: Luis Bárcenas.

1
«RAJOY EL BREVE»

Están de pie en la sala de espera del bufete. Han pasado cuatro años desde que aquí, en este mismo lugar, el abogado Miguel Bajo preguntara a Luis Bárcenas:

—Luis, ¿tú tienes dinero en Suiza?

Mirándole fijamente a los ojos, su respuesta fue automática:

—Ni un euro, Miguel. Te lo aseguro.

Los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero acababan de hacerse cargo de la defensa. Fue el exministro Federico Trillo quien llamó a Miguel porque se conocían.

En el caso Gürtel ya figuraban algunos de los primeros espadas de la abogacía.

—¿Estás libre, Miguel? —preguntó Trillo.

Él no defendía a nadie en esa trama, así que se hizo cargo de Luis.

El juez Garzón había enviado una petición de auxilio judicial a Suiza, una comisión rogatoria, el 2 de marzo de 2009, para ver si Bárcenas tenía fondos allí. Si así era, había que preparar una defensa.

Ahora, en enero de 2013, cuando acaba de llegar la respuesta, es evidente que Luis tenía algo más que el euro que le había negado a Miguel.

El 20 de noviembre de 2012 las autoridades suizas transmiten a España la documentación. El juez Pablo Ruz la recibe en la Audiencia Nacional el 3 de diciembre y ordena traducirla. Luis posee una cuenta corriente en el LGT (antiguo Dresdner Bank) de Ginebra. Ha llegado a lucir en esa cuenta, número 8.401489, la cantidad de 22.144.832,35 euros a principios de 2008.

Y es solo una de sus cuentas. A través de otra en el banco Lombard Odier de Ginebra, Luis ha conseguido reunir, en total, en esas mismas fechas, 48.292.341 euros. Pero esto no se sabrá hasta más tarde.

En esta misma sala, en la cuarta planta de la madrileña calle Hermosilla, Luis tranquiliza a sus abogados. No hay problema. Asegura que ya ha regularizado su situación con Hacienda. Ha sacado partido de la amnistía de «su» Gobierno, la que puso en marcha en 2012 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Para Luis, la llegada de datos de su cuenta suiza no es una noticia. Es su larga pesadilla, y está en medio de ella desde febrero de 2010.

Su pesadilla está asociada con un sueño: Alaska. ¿Qué se le ha perdido en el estado del extremo noroeste de América del Norte?

Tenía todo en marcha para ir a esquiar a Alaska en marzo de 2010. Había hecho la reserva con la firma Beyond Boundaries («Más allá de las fronteras»), especializada en heliesquí, un deporte en el que el helicóptero sustituye a la telesilla para el traslado de un puñado de esquiadores a montañas de nieve virgen, en esas alturas donde no hay pistas.

El 3 de enero de 2010, madame Agathe Stimoli, ciudadana suiza de origen español, gestora del LGT Bank de Ginebra, visitaba Madrid para entrevistar a sus clientes.

Luis le solicita que le tramite desde el banco una tarjeta Visa de 25.000 euros mensuales para usar en Alaska. Madame Stimoli hace la gestión con TopCard, empresa que administra en Zúrich las tarjetas de crédito. Se cursa la solicitud al Visa Card Center y, cuando esta empresa se pone manos a la obra, salta la alarma: el senador Luis Bárcenas es objeto, junto con otras personas del Partido Popular, de una investigación judicial: el caso Gürtel.

Luis se ve a sí mismo en medio de una película de serie negra. Cae entonces en la cuenta de que se le había pasado por alto un detalle: España y Suiza son, desde 1990, miembros de un organismo internacional llamado GAFI en español (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capital, FATF por sus siglas en inglés: Financial Action Task Force on Money Laundering), creado en París, en 1989, por el Grupo de los Siete países más industrializados (G-7).

Luis entra en la categoría de individuos que la FATF define como PEP, es decir, Persona Expuesta Políticamente. Es un senador y alto cargo de un partido político que tiene cuentas en el extranjero.

He aquí la definición de PEP: «Individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia, como jefes de Estado, políticos, ministros, oficiales militares o jueces, ejecutivos de empresas del Estado, o altos cargos de importantes partidos políticos».

Los PEP deben ser, por tanto, considerados por la banca y entidades reguladoras como personas de alto riesgo, según la definición de la FATF. Un banco que identifica a un cliente potencial como PEP, o como un familiar o asociado de un PEP, debe llevar un estricto escrutinio, aun no siendo el PEP cliente directo del banco, sino un beneficiario de los activos en cuestión.

Los bancos están obligados a tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos, llevar a cabo un seguimiento especial y permanente de las transacciones realizadas por el cliente, ya que las relaciones de negocios con los PEP pueden exponer al banco a riesgos de reputación. Los movimientos bancarios y cambiarios de estas personas deben ser, pues, especialmente vigilados. Una de las recomendaciones, la número 20, señala que es necesario informar a las autoridades sobre transacciones «sospechosas». Y la petición de la Visa es lo que llaman una red flag, es decir, una bandera roja o señal de alerta.

El LGT se ve en la obligación de informar sobre la denegación de la Visa a un organismo especializado de la Policía. Se trata de la Money Laundering Reporting Office Switzerland(MROS), Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero, la unidad de inteligencia financiera suiza.

La MROS hace dos cosas. En primer lugar, toma contacto con el fiscal que ha admitido a trámite la petición de auxilio judicial o comisión rogatoria el 3 de junio de 2009 y que está trabajando sobre su cumplimentación. Y le informa de que Luis es el beneficiario de varias cuentas bancarias abiertas en el LGT Bank de Ginebra. Sergio Mastroianni, del Ministerio Público de la Confederación, con sede en Berna, pues, se acaba de enterar.

El segundo movimiento es dirigirse a España.

Es el 25 de febrero de 2010 cuando la MROS aporta la información a su organismo correspondiente en España, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales), la unidad de inteligencia financiera de España, cuyo director es Ignacio Palicio y que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. En aquellos días, la ministra es Elena Salgado. Lo que transmite es que Luis tiene cuentas bancarias en Suiza.

Aunque nunca se puede estar completamente seguro, la petición de auxilio judicial a Suiza que cursa el juez Garzón el 2 de marzo de 2009 no le preocupaba a Luis, si bien es verdad que había sido admitida a trámite por las autoridades helvéticas el 3 de junio de 2009.

Pero casi nueve meses más tarde, el aldabonazo de la unidad de inteligencia financiera de Suiza al SEPBLAC, el 25 de febrero de 2010, ya es otra cosa.

Por aquellos días, es el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, quien investiga los indicios contra los aforados en el caso Gürtel.

Luis sabe lo que ocurre en Suiza por información que le transmite la persona que gestiona su cuenta en el LGT Bank, madame Stimoli. Es ella quien le informa, el 18 de febrero de 2010, una semana antes del chivatazo de la MROS al SEPBLAC, de que ha sonado la alarma.

Los sabuesos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, al llegar la información de sus colegas de Suiza, sienten que tienen algo importante al alcance.

¡Bingo! Y dirigen una nota al juez Monterde:

De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior, y que se concretan en posición/es bancarias en una entidad financiera ubicada en Suiza de la/s que es el beneficiario económico. Asimismo, dispone de un gestor financiero, ubicado también en Suiza, de su confianza con el que realiza las operaciones.

Acto seguido, con este informe, la Fiscalía Anticorrupción pasa al ataque. Solicita a sus colegas de la Fiscalía del Tribunal Supremo que el juez Monterde envíe una comisión rogatoria a Suiza, ahora con la certeza de que existe una o más cuentas.

Luis les ha aportado la punta para desmadejar el ovillo de su fortuna helvética. Juan Ignacio Campos, fiscal de sala a cargo del caso, consulta con su superior, Juan José Martín-Casallo, quien dice que sigan adelante.

Federico Trillo, coordinador por decisión de Mariano Rajoy de toda la estrategia jurídico-política en el caso Gürtel, y Javier Arenas aprietan a Luis.

Una pena. Tenían noticias de que Monterde estaba por archivar el caso. Pero el «accidente» de la Visa se ha entrometido en el camino.

Luis ha renunciado «temporalmente» a su puesto de tesorero del PP hace casi un año, el 28 de julio de 2009, cuando el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio (autorización para imputar a un aforado) al Senado. Y el 22 de septiembre de 2009 la Cámara alta vota por 239 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones dicha autorización.

Es decir, en abril de 2010, Luis ya lleva ocho meses imputado/inculpado sin que Rajoy haya pedido su renuncia al escaño de senador por Cantabria.

Es a Javier Arenas a quien le toca rematar la faena por delegación de Rajoy. Es el «cortafuegos». Debe pactar su renuncia «definitiva» al cargo de tesorero y la entrega de su escaño.

En la mañana del 7 de abril del 2010, en la misa funeral celebrada en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid en memoria del presidente de honor y accionista del diario ABC Guillermo Luca de Tena, fallecido el día anterior, Rajoy, al cruzarse a la salida con el abogado Jorge Trías Sagnier, que está colaborando con Luis, le susurra:

—Vaya problema tenemos con este.

Se refiere a Luis. El presidente del Partido Popular, que presume de no prestar atención a la prensa, está abrumado.

Los medios de comunicación dan cuenta esa mañana del sumario del caso Gürtel, cuyo secreto el juez instructor Antonio Pedreira ha levantado parcialmente la noche anterior.

Luis cree que es necesario establecer las reglas de juego directamente con Rajoy.

La tarde de ese mismo día, 7 de abril de 2010, será decisiva.

Arenas organiza un encuentro con Rajoy. Luis acude con su esposa, Rosalía Iglesias. Es un detalle que subraya la importancia de la reunión. Ambos, Luis y Rosa, como la llaman todos, tienen una relación «familiar» con el presidente del PP. Arenas, que tiene billete para regresar en tren a Sevilla esa misma tarde, está presente.

En el despacho de Rajoy, planta séptima de la madrileña calle Génova, Rosa toma asiento en un sillón junto al anfitrión. Frente a ellos, Luis y Arenas. Les separa a los cuatro una mesa redonda.

Esta vez Luis dejará «definitivamente» el puesto de tesorero y renunciará al escaño de senador. Pero tiene interés en señalar a quien cree responsable de sus desgracias: María Dolores de Cospedal.

—Mariano, me están machacando, todos los días filtrando noticias. ¡O le paras los pies a esa tía o te quedas sin secretaria general! La única irregularidad que yo he podido cometer en esta casa ha sido por esta señora.

Luis explica que acudió en febrero de 2007 al despacho de Manuel Manrique, consejero delegado de la constructora Sacyr, para pactar 200.000 euros de una comisión para la campaña electoral del PP de Castilla-La Mancha por una contrata municipal de Toledo, una parte de lo que había pactado, a sugerencia de Cospedal, con el presidente de la empresa, Luis del Rivero.

Pero Luis no se detiene allí. Saca varios papeles de su carpeta de cuero marrón y se los muestra a Rajoy.

—Aquí lo puedes ver.

Uno de los papeles es un recibí escrito a mano y firmado, que dice esto:

HE RECIBIDO DE LUIS BÁRCENAS CON FECHA 1/02/2007 $100.000$ EUROS (CIEN MIL EUROS) CON FECHA 28/3/2007. $100.000$ EUROS (CIEN MIL EUROS). MADRID 28 DE MARZO DE 2007.

FDO: JOSÉ Á. CAÑAS CAÑADA

Rajoy traga saliva. Se revuelve en el sofá junto a Rosalía.

—¡Por Dios, Luis, cómo puedes tener estos papeles!

Pero Luis no pierde su frialdad. María Dolores de Cospedal es su bestia negra.

—Templanza, Luis, templanza —dice Rajoy—. Eres víctima de una persecución política. Esto no va contra ti, va contra mí.

El presidente del PP intenta controlar el daño. Se gira hacia Rosalía Iglesias y, no sin cierta emoción, dice:

—Rosa, no os vamos a abandonar.

Javier Arenas, que ha ido retrasando su regreso en AVE a Sevilla a medida que la reunión ganaba en tensión y duración, extiende el brazo hacia Rosalía y le da ánimos.

Luis y Javier Arenas ya han diseñado el pacto al que Rajoy ha prestado su acuerdo: el PP le pagará 255.600 euros anuales divididos en doce mensualidades de 21.300,08 euros; se arreglará el pago de 200.000 euros más en concepto de gastos de abogado, y Luis seguirá disponiendo en la sede del PP en Génova de coche y secretaria.

Eso sí, se prevé una presencia discreta por su parte en las oficinas de Génova, donde podrá mantener sus pertenencias y ordenadores en un salón llamado Andalucía.

A partir de ahora será «asesor».

La gran ausente en este cónclave es la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Por su vinculación personal con Luis y con Rajoy, en esta reunión Arenas hace las veces de secretario general de facto.

Pero días después, tendrá lugar un accidente de recorrido.

El 15 de abril de 2010, el juez Monterde firma la solicitud de comisión rogatoria a Suiza que le solicita la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pide que la MROS, la unidad de inteligencia financiera helvética

aporte la comunicación de operativa sospechosa realizada por una entidad financiera suiza relativa de la persona de Luis Bárcenas según la cual esta persona solicitó el 12 de febrero de 2010 una nueva tarjeta Visa con un límite mensual de 25.000 euros a través de un gestor financiero. Dicha solicitud fue denegada por la entidad al comprobar que dicha persona estaba involucrada en una investigación judicial en España.

Y va más lejos. Porque, una vez abierto el surco, la Fiscalía quiere ir directamente al banco:

[…] dirigirse a la entidad financiera suiza que recibió la solicitud para que se proceda al bloqueo de los saldos de las posiciones bancarias de la/s que Luis Bárcenas y/o Rosalía Iglesias sean los beneficiarios reales, últimos o económicos, ya sea a título individual o de las compañía/s de las que estas dos personas sean los beneficiarios, así como de las inversiones financieras y otros productos contratados, incluyendo las cajas de seguridad u otras cajas cerradas de las que disponga. Se incluyen los movimientos registrados en otras cuentas bancarias de las que dicha/s persona/s sean titulares en la entidad que ha comunicado la información.

El PP da de alta a Luis en la Seguridad Social el 16 de abril de 2010 como «asesor» del partido. Tres días más tarde, el 19 de abril, Luis anuncia su decisión de abandonar el escaño de senador.

Y escribe, en esa fecha, a madame Stimoli al LGT Bank de Ginebra:

Como sabrás, esta semana he decidido dejar mis funciones en el Senado. Ante la injusticia de esta persecución política he tomado esta decisión para poder protegerme legalmente. Por esta razón, y ante la eventualidad de que llegase una comisión rogatoria ante la autoridades helvéticas y tu banco se viese en la obligación de comunicar mi situación patrimonial allí, que, como conoces, procede del año 1991, he decidido encomendar mi defensa legal al bufete de abogados de Ginebra Poncet, Turrettini, Amaudruz, Neyroud & Associés, y en la persona de Carlo Lombardini, con objeto de que defienda ante las autoridades de tu país que el origen de los activos que mantengo con vuestra entidad es muy anterior al período en el que me están imputando los cargos de no declaración de ingresos en España (2002-2003).

Todo esto forma parte de la procesión que corre dentro de Luis durante estos casi tres años, desde el tropezón de la Visa de 25.000 euros para pagar sus gastos del viaje de heliesquí a Alaska en marzo de 2010, hasta ahora mismo, enero de 2013, cuando su abogado, Miguel Bajo, le pide explicaciones sobre el dinero en Suiza.

Allí, en la sala de espera del bufete, al ver que Miguel le mira sin ocultar su perplejidad por el engaño sobre su cuenta suiza al que le ha sometido, Luis intenta tranquilizarle.

—Mira, Miguel, este dinero lo he regularizado. Y si el PP se pone chulo, te digo también que deben andarse con cuidado, porque Mariano podría pasar a la historia como «Rajoy el Breve». Y no te digo más.

2
GARGANTA PROFUNDA

Me podéis llamar G. P.

Sé por lo que ha pasado Luis. Y por los hechos que he vivido antes, durante y después de los acontecimientos, estoy en condiciones de explicar por qué las cosas han ocurrido de una manera y no de otra.

Si bien la comisión rogatoria que pretendía pescar sus cuentas en Suiza se remonta a marzo de 2009, no ha sido hasta el incidente de la Visa, en febrero de 2010, y la decisión del Tribunal Supremo de pedir datos a las autoridades helvéticas, en abril de ese mismo año, cuando Luis ha empezado a sentir una verdadera preocupación. Algo así como un sudor frío. Lo que es, creedme, mucho decir para una mentalidad como la suya.

«Soy un gilipollas. Mira por dónde, pedir una Visa puede dar al traste con todo», ha dicho.

Ahora bien, también me gustaría señalar que el hecho de que Federico Trillo y la cúpula del PP, empezando por Mariano Rajoy, hayan fingido un desconocimiento absoluto sobre los dineros de Luis fuera de España no tiene pase. Les gustaría que se crea que es así. Pero no lo es. Una cosa es que no tuvieran certezas y otra que se hayan caído del guindo.

Luis, de acuerdo, no les dijo la verdad. Por ejemplo, solicitó a la firma de auditoría PwC (PricewaterhouseCoopers) un informe sobre su patrimonio. Nada aparecía allí sobre su dinero fuera de España, como los fondos que movía en Suiza.

Luis exhibió una copia del informe a su letrado, Miguel Bajo, en una reunión en la que también participó su amigo el abogado Jorge Trías Sagnier.

Pero es que la Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) de Suiza alertó, vía el SEPBLAC-FIU de España, a la UDEF sobre la Visa y la existencia de cuentas bancarias el 25 de febrero de 2010. Y, como hemos visto, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al juez Monterde el envío de la comisión rogatoria a Suiza, hecho que tuvo lugar el 14 de abril.

Trillo era el coordinador del caso Gürtel. Y claro, no sospechó nada. Pero es que todo el PP lo tuvo delante de la vista unos meses más tarde. ¿Cómo es posible?

Aquí no voy a desvelar estrictamente un secreto. Pero es como si lo fuese.

El juez Antonio Pedreira levantó la totalidad del secreto del sumario, incluyendo las comunicaciones con Suiza, el viernes 3 de diciembre de 2010.

¿Y qué?

Pues que los medios de comunicación se hicieron eco de un hecho sobre el que se podía alegar desconocimiento hasta entonces: la petición de la Visa de 25.000 euros, el informe policial sobre la advertencia de la MROS helvética a las autoridades españolas y la nueva comisión rogatoria puntual a raíz de este incidente que había solicitado el instructor del Tribunal Supremo, el juez Monterde.

El diario El Mundo informa en portada, el sábado 4 de diciembre de 2010, sobre el asunto: «El extesorero del PP pidió en febrero una tarjeta Visa con límite mensual de 25.000 euros». Y añade, que, según la Policía, «Bárcenas sigue siendo titular de una o varias cuentas opacas en Suiza…».

El periódico El País, a su vez, apunta: «Bárcenas intentó sacar dinero de una cuenta suya en Suiza».

El Abc: «Bárcenas, titular de una cuenta en Suiza: la UDEF alerta que el extesorero del PP tiene una cuenta en Suiza que se nutre de operaciones realizada por la trama».

Aunque Luis negara a varios amigos del PP que tuviera dinero en Suiza, como hizo cuando se lo preguntó, por ejemplo, Alfredo Prada, una noticia en portada en varios medios nacionales requería cerrar los ojos voluntariamente para no ver la realidad.

A tal punto es consciente Luis del impacto de la noticia que presenta inmediatamente su solicitud de sobreseimiento al juez Pedreira. El 10 de diciembre, seis días después de que los periódicos hayan informado sobre la Visa, eleva su petición para librarse de los cargos en España.

Pero la situación conoce un salto en Suiza. El fiscal Mastroianni requiere, el 27 de diciembre de 2010, al LGT Bank de Ginebra para que aporte la documentación que le han solicitado desde Madrid sobre las cuentas bancarias de Luis.

El incidente de la Visa permite a la Fiscalía Anticorrupción hincar el diente sin soltar la presa. Y el 11 de enero de 2011, las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura señalan en un escrito a Pedreira el indicio contra Luis:

Igualmente relevante en relación con estos hechos es la información remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera suiza de acuerdo con la cual Luis Bárcenas habría solicitado una nueva tarjeta Visa —con un límite mensual de 25.000 €— en una entidad financiera helvética.

Pero el juez Antonio Pedreira no está para estos detalles. Está siendo sometido a un marcaje múltiple.

La labor de persuasión del letrado Miguel Bajo sobre el juez es una lluvia fina de largos meses, habida cuenta de la simpatía personal que se profesan. Miguel trata con cariño a Pedreira, un hombre que sufre el doble mal de Parkinson y de Forestier-Rotés Querol, por el cual se ve obligado a inclinar, cuando camina, la cabeza y el cuello hacia adelante.

Peroel trabajo de Miguel lo secundan los abogados Jorge Trías Sagnier y Pedro Gómez de la Serna. Por su «trabajo» junto a Trías Sagnier, Gómez de la Serna será premiado con su inclusión en las listas del PP a las elecciones del 20 de noviembre de 2011, como diputado por Segovia en las Cortes y portavoz de la Comisión Constitucional.

Es Trías Sagnier quien, después de visitar a Pedreira en julio de 2009, mantiene una reunión en la séptima planta de la sede de Génova con Mariano Rajoy. El presidente del PP quiere saber cosas de Pedreira, con quien, sin decirlo, tiene lejanos lazos familiares a través de la familia Ríos de A Coruña. A partir de aquel encuentro, Trías informará de manera cumplida a Rajoy sobre sus innumerables reuniones con Pedreira.

Javier Arenas, a su vez, quiere tener lo que llama un propio en esta operación sobre el juez. Busca información directa. Por ello, cita el 20 de octubre de 2009 a Trías en el Senado junto con el otro abogado, Pedro Gómez de la Serna, un hombre de su confianza, exdirector de gabinete de la vicepresidencia segunda del Gobierno y asesor en la campaña de Arenas en las elecciones autonómicas de 2008. Trías le conoce y hasta han llegado a proyectar una colaboración profesional.

Pero además de los dos letrados, está Alfredo Prada. Exvicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Prada tiene hilo directo con Francisco Vieira, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM). Y es amigo de Rajoy. Está sobre el tema y su papel es fundamental en el desenlace.

Así se juega la partida desde el exterior del juzgado. Pero la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la oficina de la madrileña plaza de las Salesas que Pedreira comparte con otros dos jueces, José Ramón Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro, tiene dentro un caballo de Troya. Dos personas colaboran a diario con el magistrado. Una es el catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria, Manuel Lozano, quien ayuda en calidad de amigo al juez, y otra es Rafael Núñez Gallego, abogado contratado por la Comunidad de Madrid, sin concurso, para ayudar al magistrado prestando «asistencia técnica o soporte técnico informático».

Luis ha visto en una ocasión a Lozano, un hombre alto que suele ir tocado de un sombrero Stetson color marrón. Luis le llama el del sombrero. Pero Luis sabe que es la persona que cuida al juez Pedreira y a quien el juez escucha a la hora de tomar algunas decisiones procesales. A su vez, Núñez Gallego informa puntualmente sobre lo que se cuece en el juzgado. Se desplaza en moto por Madrid y suele acudir directamente desde el TSJM al despacho de Gómez de la Serna, que está a solo unas calles, en el número 27 de Fernando el Santo, para despachar con Pedro. Allí le cuenta lo que ha pasado en el juzgado. Las noticias relevantes se las traslada Gómez de la Serna a Javier Arenas, quien le ha destacado para esta misión. Todo un tinglado se ha montado para seguir los pasos del juez.

Las numerosas visitas, reuniones y comidas que el tándem que podríamos llamar Trías Sagnier & Gómez de la Serna celebra con Pedreira a lo largo de año y medio tienen un primer resultado con la decisión del juez de dictar el sobreseimiento de Rosalía Iglesias, esposa de Luis, el 7 de mayo de 2010.

Trías Sagnier, además de visitar regularmente a Rajoy, obtiene una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien le recibe junto a su director de gabinete, Regino García Badell. Trías Sagnier le sugiere que el PP debe confiar en el trabajo que está haciendo el juez Pedreira y critica los ataques de ciertos dirigentes del PP al magistrado. La presidenta, molesta, le señala que este asunto no va con ella.

Trías Sagnier remata la larga y paciente actividad de atención al juez con el encuentro que organiza con Alfredo Prada antes del verano de 2011, en su despacho, en la madrileña calle Almagro.

En esa escenificación, Trías Sagnier presenta a Prada como lo que es, una persona muy próxima a Rajoy, que Pedreira identifica al tratarse del responsable de Justicia en Madrid entre 2003 y 2008. Es el político del PP de mayor rango que trata con el juez.

Pedreira teme a Trillo, y Trías Sagnier no quiere que Trillo arruine la relación con el juez a través de sus métodos de mano dura. O no desea que se apunte una nueva medalla con un eventual archivo de los cargos contra Luis, después de haber conseguido en abril de 2011 sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón.

Y sobre todo, la operación cuenta con la participación de Luis que, de manera discreta e inesperada, se lo está ganando a pulso porque no ha dejado flanco sin cubrir. Uno de ellos es el flanco espiritual.

Ha logrado un acercamiento al juez por una vía indirecta. Luis tiene cuenta corriente en Caja de Navarra, en la sucursal de Juan Bravo número 3, en el cruce con Serrano. Allí trabaja un hermano del padre escolapio Francisco Santos, párroco de la iglesia de Santa María del Pinar, en el madrileño barrio de Chamartín, a la que suele acudir también Ana Gutiérrez, esposa del diputado Jesús Merino. Luis se entera de que el padre Santos tiene una relación muy estrecha con el juez Pedreira, quien ha ayudado al cura en sus estudios para obtener el título de abogado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Luis y Rosalía deciden, pues, acudir a las homilías del padre Santos y, finalmente, Luis le pide que le tome confesión, sabiendo que es el confesor del juez. En la sacristía de la iglesia se celebran algunas reuniones de imputados en la que participan Luis, Merino y los hermanos Galeote.

Los vientos políticos juegan a favor de Luis. A partir de finales de la última semana mayo de 2011 ya atisba el regreso de los «suyos» al Gobierno. Luis y Rajoy, a través de Rosalía, han intercambiado mensajes la noche del 22 de mayo de 2011, al confirmarse la gran victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas, y el hundimiento del PSOE.

Esos mensajes son para Luis la prueba de su relación intocable con Rajoy, la prueba de sus intensos años de colaboración en campañas electorales. Es un vínculo que va mucho más allá del partido; es algo personal.

Y especialmente no olvida el SMS que Rajoy envía a su esposa Rosalía en respuesta a la felicitación que ella le había mandado al conocerse la victoria poco después de las diez de la noche.

Rajoy debió de tener muchos mensajes para responder. Aun así, aunque muy tarde, no se olvida de los Bárcenas. En la madrugada del 23 de mayo de 2011, a las 4.02 horas, contesta:

Rosa, gracias, eres un encanto. Yo estaré ahí siempre, al final la vida es resistir y que alguien te ayude, tampoco hacen falta muchos. Un beso y otra vez gracias

La frase «Yo estaré ahí siempre» le suena. Es, con otras palabras, lo que Rajoy les dijo durante el encuentro con Javier Arenas en su despacho hace algo más de un año. Sí. Aquel 7 de abril de 2010.

En efecto, Luis me ha contado con pelos y señales lo que se habló aquel día.

El juez Pedreira firma el auto de sobreseimiento provisional y archivo de Luis el 29 de julio de 2011. La resolución le viene al magistrado precocinada. Hay una mano experta que le ayuda, como en otras resoluciones anteriores, y esa mano es la del catedrático Manuel Lozano.

Y aquí, en este punto, tengo que decir una cosa. Es Lozano quien elabora el borrador y Rafael Núñez Gallego quien lo pasa a limpio en el ordenador de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pero Pedreira espera antes de darlo a conocer. El 1 de septiembre de 2011, el auto judicial ve la luz pública. La resolución afirma que no se ha acreditado que las siglas «L.», «L. B.» o «Luis el cabrón» que aparecen en la documentación incautada a Francisco Correa y sus socios se refieran a Luis Bárcenas.

Si hacéis el ejercicio de leer detenidamente las treinta y siete páginas advertiréis que el texto asume todo lo que afirma el escrito de los abogados de Luis. Carece de razonamientos jurídicos más o menos elaborados. Pero tampoco lo pretende. Es curioso que, si bien se reproduce en el auto la advertencia de las fiscales sobre el aviso de las autoridades helvéticas en relación con la solicitud de una tarjeta Visa de 25.000 euros, al mismo tiempo pasa olímpicamente por alto el hecho de que está pendiente una comisión rogatoria enviada a Suiza.

Para colmo, el juez que firma esta relevante decisión el 29 de julio ya había cedido su competencia al inhibirse en esta causa el 8 de junio de 2011.

Siempre he creído que la gestión del auto de sobreseimiento fue una obra de arte. Por el prolongado y cumplido cortejo del juez. Pero no precisamente por la pieza jurídica, porque la resolución es un corta y pega.

Conozco a Luis y doy fe de que lo que pasó con Pedreira es la prueba de que cuando él la sigue, la consigue.

Al saber que la causa contra él se ha archivado, Luis se siente libre. Federico Trillo le da la enhorabuena y denuncia públicamente que todo el procedimiento es «un montaje político del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba, la Policía y la UDEF»; y sobre todo, ataca a las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Miriam Segura.

Mariano Rajoy, en la recta final de la campaña electoral del 20-N, envía el mismo 1 de septiembre de 2011, sin perder tiempo, un mensaje a su esposa:

Muchas felicidades Rosa. Esperemos todo se confirme. Un abrazo y a Luis otro. Mariano.

Pero la decisión, como es previsible, es recurrida ante el TSJ de Madrid tanto por las dos fiscales como por la acusación popular. El auto de sobreseimiento debería ser nulo por una sencilla razón: el juez Pedreira se había inhibido en el caso Gürtel el 8 de junio de 2011 y resuelve con fecha 29 de julio de 2011.

Luis presenta un recurso contra los argumentos de quienes piden la nulidad. Y el PP, que está presente en la causa como acusación popular, hace todo lo contrario a lo que se supone debería por ser acusador; es decir, defiende a Luis y solicita que se mantenga el archivo. Su posición dentro del procedimiento es coherente con la labor del PP, respaldada por Rajoy, fuera del mismo: su presión sobre el juez Pedreira para que libere de cargos a Rosalía y a Luis.

Pero ya no es el TSJ de Madrid el que va a resolver. El asunto ha pasado a la Audiencia Nacional, que recibirá la causa próximamente. No obstante, Luis se siente seguro. Porque «su» partido, el PP, ganará las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, y en la Audiencia Nacional, piensa, todo se andará. Las fiscales, como ya ha venido a anticipar Trillo al festejar el auto de Pedreira, difícilmente puedan continuar.

La primera semana de octubre de 2011, el abogado Carlo Lombardini, del bufete suizo contratado a mediados de abril de 2010 a raíz del rechazo de la Visa, se dirige al fiscal del caso, Sergio Mastroianni, en Berna, Suiza, y le informa de que el juez Pedreira ha dictado el sobreseimiento de su cliente español. Ya no hay cargos contra Luis. El abogado entrega el auto del juez y su traducción correspondiente al francés.

Lombardini quiere aprovechar el auto de Pedreira para anular la comisión rogatoria complementaria enviada a raíz de la solicitud de la tarjeta Visa. Pero he aquí que el auto ya no es firme. Porque está recurrido.

El 12 de octubre de 2011, Mastroianni informa a la Office Fédéral de la Justice (OFJ), del Ministerio de Justicia, de que Luis se ha beneficiado con el archivo de la causa. El 17, la OFJ escribe a Madrid: «Esta situación puede tener consecuencias sobre las medidas solicitadas en lo que concierne a Luis Bárcenas». Y añade: «Por tanto, les rogamos nos hagan saber si aún existe interés de las autoridades españolas en que se ejecuten las medidas en relación con Luis Bárcenas».

El procedimiento se encuentra en medio de un limbo procesal. El TSJ de Madrid ha cedido la competencia, pero la causa todavía no ha llegado a la Audiencia Nacional. De modo que la carta de la OFJ helvética queda sin respuesta.

Pero Luis no se queda de brazos cruzados a la espera de la próxima decisión de la Audiencia Nacional. Soy testigo de cómo empieza a jugar sus cartas a la espera de la decisión de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que confirmará o anulará su sobreseimiento.

Ya estamos bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Luis mantiene contacto directo con Rajoy a través de los teléfonos móviles. Se intercambian mensajes de manera regular. Siempre se refieren a hechos que han tenido lugar, comentarios y referencias a personas. Javier Arenas y Alfredo Prada, cada uno de forma independiente, son las personas que utilizan Rajoy y Luis para estar en contacto. Ambos se han visto en noviembre de 2011 y en la copa de Navidad del PP de dicho año, después de la investidura de Rajoy el 19 de diciembre.

Aquí debo subrayar algo: Arenas siempre ha tenido una relación personal, más allá de la política partidista, con Luis. Por eso sé que Arenas empieza a moverse cuando Luis lo toca.

Arenas transmite a Ruiz-Gallardón que Luis tiene información, de fuentes anónimas del TSJ de Madrid, según la cual las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Miriam Segura, tienen animadversión contra él y son ellas quienes han instruido la causa ante la enfermedad y vulnerabilidad del juez Pedreira. Y que se pasean a sus anchas en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, en la plaza de las Salesas. Ruiz-Gallardón se cierra en banda. Nada que hacer.

Miguel Bajo se reúne con María Dolores de Cospedal y le informa de la situación. No es la primera vez ni la última que tendrá contacto con ella. Meses después del acuerdo pactado con Luis en la reunión del 7 de abril de 2010 en el despacho de Rajoy, en la que ha sido puenteada, ignorada, la secretaria general va reuniendo las piezas del puzle. Advierte que hay pagos a una sociedad por parte del PP que ella desconoce. Alguien averigua que son los gastos de defensa de Luis. Y entonces, Cospedal decide saber más. Bajo todavía recuerda el día que sonó su teléfono y salió una voz de mujer:

—¿Miguel Bajo?

—Sí.

—Soy María Dolores de Cospedal.

Sorprendido, Miguel contestó:

—Encantado, María Dolores.

Ella quería saber.

—El PP ha pagado a Foro de Análisis Hispano unas cantidades. ¿Es por la defensa de Luis Bárcenas?

—Bueno, verás, tendría que consultar con administración.

Después de la conversación, Miguel la llamó para confirmarle los pagos.

Las primeras anotaciones datan de 2009: un abono de 58.003 euros y otro de 31.727,06 euros. El tercer pago es de 2010: 174.000 euros. La cuarta entrega es de 2011, por valor de 78.841,49 euros. En total, 338.751. Y queda pendiente 2012. Rajoy finalmente informa a Cospedal, siete meses después del acuerdo de abril de 2010, sobre el pacto con Luis, pero ella ya tiene una idea, por la información de que dispone, sobre lo que han acordado.

Ahora, después de la formación del Gobierno de Rajoy, en una visita a María Dolores de Cospedal, Miguel le explica que el Gobierno puede hacer cosas. Por ejemplo, neutralizar o cambiar a las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura.

Lo que el abogado sugiere es que el Gobierno mueva sus influencias, pero la secretaria general del PP no suelta prenda. Y cuando tiene ocasión de visitar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ella se abstiene de mencionar a las fiscales. Se limita a exhortar para que la investigación concluya, porque se está alargando demasiado.

Torres-Dulce, a su vez, no tiene ninguna información fundamentada sobre la pretendida animadversión personal. Los informes que le ha dado del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, nada más llegar a la Fiscalía General del Estado, a primeros de 2012, son positivos. Solo ha recibido comentarios sobre irregularidades en general de una persona a la que conoce: el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid, José Ramón Suárez Robledano, el vecino de escritorio de Pedreira. Pero las afirmaciones de Suárez Robledano le parecen muy confusas a Torres-Dulce.

El 21 de febrero de 2012, las informaciones en los medios de comunicación hacen temer lo peor a Luis, a la espera de lo que resuelva la Audiencia Nacional sobre la nulidad del auto de sobreseimiento dictado por Pedreira.

El diario El Mundo da cuenta de un informe de la UDEF según el cual Luis y otros cuatro dirigentes del PP (Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote, Jesús Merino y una persona bajo las siglas «P. A. C.» que en aquel momento se identifican con Paco Álvarez-Cascos) se han repartido dos millones de euros en comisiones a través de la sociedad Spinaker, después de las campañas electorales de 2003 y 2004. Es una cantidad a cuenta de un contrato de doce millones que gana por concurso Francisco Correa. Pero la información es antigua, de un informe de 2010. Y Luis lo chequea.

Pero hay otro documento que inquieta a Luis este 21 de febrero de 2012. El Mundo y El País dan cuenta de que Luis es identificado por la UDEF en varios documentos hallados en la calle Arganda 11 del polígono industrial Ventorro del Cano, en Alcorcón. La UDEF analiza las «fórmulas de identificación personal».

Según asegura el informe,

en el conjunto de documentos expuestos 2000-2004 se identifica al beneficiario o partícipe de las operaciones de diferentes formas […] Se emplea la inicial de su nombre junto a su primer apellido «L Bárcenas», así como las iniciales de su nombre y primer apellido «LB» y en lo referente a la facturación con el Partido Popular, se utilizan de nuevo las iniciales del nombre y primer apellido separadas por un signo ortográfico «L. B». A partir de estos datos y correlación con el resto de documentos intervenidos, analizados hasta este momento, se infiere de forma lógica cómo las diferentes personas que integran la organización empleaban distintas denominaciones para referirse a una misma persona.

El PP no responde a estas dos noticias. Luis escribe un SMS a Rajoy sobre las campañas electorales a las 11.52 horas del martes 21 de febrero:

Mariano la nota tiene que ser del Partido se están dando datos que no coinciden con la Contabilidad Del Partido. Como Lo voy a certificar yo. Hubo además un concurso y Se Presentaron 5 agencias. Yo no era El Tesorero. Si no lo hace El partido nos dejas a los pies de los caballos y creo que ya hemos sufrido bastante. Dale instrucciones a Prensa. Gracias.

Pero no logra que Rajoy consiga la reacción de María Dolores de Cospedal. Luis y Francisco Álvarez-Cascos denuncian que la UDEF resucita viejas pruebas de cara a la decisión que tiene previsto resolver la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la anulación del sobreseimiento.

Antes dije que la relación entre Luis y Javier Arenas excedía la política de partido; con Paco Cascos pasa tres cuartos de lo mismo. Sé lo que digo. Es una relación de complicidad total en muchos terrenos.

Luis advierte que todo el éxito de su esfuerzo con el juez Pedreira para desmentir que «LB» es él ya está en el aire. Los abogados Bajo y Trallero presentan un escrito ante el juez Pablo Ruz en el que afirman que los informes «pretenden confundir al juzgado con el ánimo de hacerle creer que lo que presentan ahora como datos nuevos o ampliatorios serían tales y no un puro refrito».

Ante estos informes sobre él, Luis envía un nuevo mensaje al presidente del Gobierno. Se queja de la actitud de María Dolores de Cospedal, a quien culpa de pasividad, cuando no de colaboración con los que le atacan.

El 23 de febrero de 2012, Rajoy, después de comentar con Cospedal, responde:

Vale. No es cierto Luis. Para que va a hacer daño. Yo hable con ella… Esto no es facil, no hay que equivocarse. Tranquilidad… Es lo unico que no se puede perder. Un abrazo.

La animadversión, e incluso el odio, de Luis hacia María Dolores de Cospedal empieza desde su mismo nombramiento, en 2008. Ambos salen juntos de la convención de Valencia. Pero no de la mano. Porque la nueva secretaria general tiene a su candidata, Carmen Navarro, para ocupar el puesto de tesorero nacional. Y Rajoy decide que sea Luis.

Luis insiste para que el nuevo Gobierno proceda con algunas promesas que, como me asegura, le ha hecho Rajoy. Alfredo Prada, ahora portavoz de la comisión de Justicia del Congreso, habla con el presidente. Luis, Merino y Gerardo Galeote han elaborado un informe en el que cuestionan la imparcialidad de las fiscales y subrayan lo que llaman su animadversión personal. Rajoy toma nota. Las palabras de Prada no caen en saco roto y Rajoy le traslada personalmente la situación a Ruiz-Gallardón. El ministro, a su vez, le explica que no es posible interferir.

El 26 de febrero de 2012, Luis escribe un mensaje a Rajoy después de haberle enviado a un «emisario» con una propuesta para cambiar a las fiscales. El emisario es el portavoz de Justicia del Congreso de los Diputados, Alfredo Prada, y la idea es sustituir a las fiscales por otro fiscal:

Perdon por la insistencia. Pero es necesario. Tienes un nombre que te dio tu interlocutor. Cualquier otra cosa es mantener la situación como está o empeorarla… No hay otra solución viendo el comportamiento sectario. Ya no podemos más. Gracias y un abrazo.

El presidente del Gobierno contesta:

Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo.

Más tarde, el mismo 26 de febrero, Luis vuelve a enviar un mensaje al presidente del Gobierno.

Hablé con nuestro amigo. Gracias. Es fundamental que tengas en cuenta el nombre que él te propuso para ese puesto. Un abrazo.

Al parecer, Prada y Luis le hablan al presidente de un fiscal del Tribunal Supremo. Están pensando en la sustitución del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas.

Los temores de Luis se cumplen.

La fecha es el 14 de marzo de 2012. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve los recursos y anula el sobreseimiento del procedimiento contra Luis Bárcenas.

Los magistrados asumen la ponencia de la juez Teresa Palacios, vecina de edificio, en la calle Hermosilla, mira por dónde, del abogado Miguel Bajo. Estiman que el juez Pedreira, para decirlo suavemente, se ha excedido en las funciones que marca la ley. Simplemente, no podía, por haber cedido su competencia, decretar el archivo de las actuaciones. Los magistrados se muestran piadosos con un colega aquejado de enfermedad. Ignoran el marcaje al que le ha sometido el PP a través de letrados y políticos del partido.

La consecuencia inmediata de la resolución es una respuesta del juez Ruz a la carta del 17 de octubre de 2011 en la que las autoridades suizas preguntaban si seguía existiendo interés por la cuenta bancaria de Luis. El 20 de marzo de 2012, Ruz informa a Suiza de que «se ha resuelto declarar la nulidad del sobreseimiento, lo que implica la continuidad del procedimiento contra Luis Bárcenas». Y subraya: «Lo que comunica a efecto de que den cumplido trámite y a la mayor urgencia posible a las comisiones rogatorias pendientes y a sus ampliaciones».

Luis necesita hablar con Rajoy. Se lo pide por SMS.

El presidente del Gobierno tiene días difíciles. Los mercados financieros apuestan contra España. Rajoy anuncia el lunes 9 de abril, a las cinco de la tarde, y a través de un comunicado enviado a los medios, un ajuste adicional de gastos en sanidad y educación por valor de 10.000 millones de euros.

El martes 10 de abril, el presidente tiene una agenda cargada. El jueves 12 tiene previsto viajar a Polonia y el sábado 14 ha convocado una reunión de los barones autonómicos del PP para cerrar filas.

El presidente del Gobierno contesta a Luis sobre las 12.40:

Mañana no puedo.

Viernes a las 17 h.

Esa tarde del 10 de abril, Rajoy, tras comparecer en el Senado, se da de bruces con los periodistas. Los recortes anunciados la víspera no han conseguido calmar a los mercados. La prima de riesgo sigue subiendo y la Bolsa se desploma. Los medios quieren una declaración. Rajoy intenta avanzar en medio de una nube de reporteros, a los que pide, «por favor», que le abran paso. Al ver que no puede seguir hacia adelante, se da media vuelta sin decir palabra y pregunta a sus colaboradores si hay otra puerta para abandonar el Senado. Aunque sus escoltas le esperan, como es habitual, en la plaza de la Marina Española, la puerta principal, el jefe del Ejecutivo sale finalmente por el garaje.

Se reúnen, pues, el viernes 13 de abril de 2012 en el despacho de Rajoy en la planta séptima de la calle Génova de Madrid. La última vez que se habían visto las caras fue en la copa de Navidad del PP.

Luis le habla de sus malos presagios sobre el procedimiento en la Audiencia Nacional. Su sobreseimiento ha sido anulado y el juez parece volver a imputar a su esposa. Luis insiste en la necesidad de hacer algo: sustituir a las fiscales. Rajoy promete hacer lo que se pueda.

El juez Ruz decide volver a imputar a Rosalía Iglesias el 20 de abril, una semana después de la entrevista entre Luis y Rajoy, y la cita a declarar el 15 de mayo de 2012.

Luis, con su obsesión germana, cuida los detalles de esa comparecencia. Sus contactos con altas instancias de la Policía funcionan. Pero tiene que llegar allí desde arriba. No quiere que Rosalía entre por la puerta normal de la Audiencia Nacional. Quiere evitar a las televisiones.

Luis decide hacerlo por su mujer. Llama al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Nuria, la secretaria de este, coge el teléfono.

—Soy Luis Bárcenas. Quisiera que le diga al ministro que el señor Bárcenas quiere hablar con él.

—Un momento, por favor.

Nuria le transmite el mensaje al ministro y este lo piensa durante unos segundos. Sabe que la conversación es susceptible de ser utilizada. No quiere correr riesgo alguno y decide dar una respuesta sin rodeos:

—Nuria, dile claramente que no me voy a poner, que el ministro dice que no le va a atender.

Así pues, Luis sabe a qué atenerse con Alberto Ruiz-Gallardón. Su guion ya tiene al malo de la película.

Pero al fracasar el intento de conseguir el trato de favor a través del Ministerio de Justicia, Luis acude a Alfredo Prada, quien insiste sobre el asunto con Ruiz-Gallardón. Su respuesta, tal cual se la repite Prada, es la siguiente:

—Verdes las han segado.

Luis insiste. Alfredo Prada habla con el presidente del Gobierno. Rajoy accede a la petición de Luis. Todo se dispone para ello. Un coche con dos policías recoge a Rosalía Iglesias en su casa. Es el comisario a cargo del cuerpo de seguridad de la Audiencia Nacional quien se ocupa de ella. La esposa de Luis entra en coche por el garaje, pasa por el despacho del comisario y se organiza del mismo modo la salida para esquivar a los medios de comunicación.

Esta operación se hace, según deja constancia el juez Ruz, a espaldas del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del juez decano.

Con apoyos como estos, Luis se siente respaldado.

«Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo», le había escrito Rajoy hacía pocos días. Lo que ha podido hacer, la entrada de Rosalía Iglesias por el garaje de la Audiencia Nacional, pues, se ha hecho.

Si echo la vista atrás y tengo que optar por un gran momento clave en la secuencia de acontecimientos que afectan a Luis Bárcenas, creo que ese corresponde a la decisión del fiscal suizo de enviar la primera cuenta suiza a Madrid.

Sergio Mastroianni, un muchacho delgado con la carne del rostro en los huesos, firma la resolución que afecta a las cuentas de Luis y de sus empresas pantalla el 27 de junio de 2012.

Se trata de las siguientes cuentas: 1) 2825199.026 y 2825199.033 de la sociedad Tesedul en el LGT Bank; 2) 1.283080 y 8.005540, de Luis en el LGT Bank; 3) 2002594.035 y 2002594.042 de la sociedad Granda Global en el LGT Bank; 4) 10.251258 en la banca SYZ & Co. de Granda Global.

Esta decisión, como es habitual, nunca se hace pública. Solo se comunica a la parte afectada, es decir, al abogado de Luis y de sus empresas pantalla, Carlo Lombardini. No se informa tampoco al juez Ruz. Porque la llamada ordonnance de clôture puede ser apelada en Suiza.

Mastroianni escribe en su resolución que se ha decidido

transmitir a un tribunal de instrucción de Madrid los documentos (formularios de apertura, extractos y movimientos en cuenta corriente) relativos a las cuentas que detenta B. en el LGT Bank (ex Dresdner) de Ginebra y de dos sociedades. Esta remisión se hace en ejecución de una demanda de auxilio judicial en relación con delitos de corrupción y blanqueo de dinero. Los documentos a transmitir han sido reunidos en el marco de un procedimiento penal nacional.

Han pasado más de tres años desde el envío de la primera comisión rogatoria, en marzo de 2009, y algo más de dos desde la nueva petición de datos a raíz del rechazo de la Visa de 25.000 euros.

Pero Mastroiainni también ha tomado la decisión de enviar a España otra cuenta, la número 8.401489 en el LGT Bank de Ginebra, donde Luis, a través de la Fundación Sinequanon, llega a tener, a principios de 2008, un máximo de 22.144.832,35 euros.

Luis es consciente de la situación dramática que se ha creado. Cuando Mastroianni firma su decisión en Berna, el 27 de junio de 2012, sobre el envío de las cuentas a Madrid, Luis teme por «su Gobierno», el de Mariano Rajoy, que atraviesa una fase muy delicada por la crisis de Bankia. El Ejecutivo acaba de solicitar 100.000 millones de euros el 9 de junio de 2012 bajo presión del Eurogrupo, el cónclave de ministros de Finanzas del euro, para salvar a Bankia. El bono público español a diez años marcaba un tipo de interés del 6,92 %. La prima de riesgo (diferencia del tipo interés que paga España con relación a Alemania por el bono público a diez años) bate récords: 536 puntos básicos o 5,36 %.

Y sobre todo, teme Luis por su relación con Rajoy. El presidente del Gobierno y del PP quedaría al desnudo a raíz del apoyo personal y político que le ha prestado. Luis sigue cobrando religiosamente cada mes su nómina de 21.300,08 euros brutos en el PP.

Luis sabe que el aterrizaje en España de las cuentas de su fortuna en Suiza sería una bomba para el Gobierno de Rajoy, embarcado en la política de austeridad «sin complejos», en la devaluación interna a través de una reforma laboral salvaje, sin precedentes, que cumple las exigencias de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los abogados suizos se ponen a trabajar. Carlo Lombardini bloquea la entrega inmediata de la documentación de Luis y las sociedades pantalla ante la corte de apelaciones del Tribunal Penal Federal (TPF). El argumento: su cliente no ha tenido conocimiento de la admisión a trámite de la comisión rogatoria por parte de las autoridades helvéticas de fecha 3 de junio de 2009.

Los recurrentes son la sociedad uruguaya Tesedul, Luis Bárcenas y la sociedad Granda Global, domiciliada en Panamá. Son las sociedades titulares de las cuentas en el LGT Bank.

Por tanto Lombardini ignora que hay otra cuenta en el alero. Y, por tanto, Luis también. Mastroianni no da traslado de su decisión a la Fundación Sinequanon. El fiscal aprovecha que ha sido disuelta, la cuenta cerrada y sus activos traspasados en 2009 a Tesedul para no informar a Lombardini. La Fundación Sinequanon, titular de la cuenta 8.401489, no sabe; por tanto, no recurre. Los abogados recurren la decisión de entregar los documentos referidos a las otras cuentas.

El fiscal Mastroianni y la Office Fédéral de la Justice (Ministerio de Justicia) alegan, por su parte, contra los recursos y defienden la entrega del material a España.

Luis no ignora que sus cuentas en el LGT Bank solo son la punta del iceberg. Sabe que estas cuentas conducen a otra en la entidad Lombard Odier de Ginebra, la número 500507. La fortuna, invertida en acciones de empresas que cotizan en Bolsa, en España y Europa, había llegado a 48.292.341 euros en 2008, para sufrir una caída por la crisis en los mercados bursátiles.

Sí: 48.292.341 euros es la cifra máxima.

Pero esta cifra de momento solo la conoce él.

El juez Ruz tendrá su primera actuación importante en relación con Luis el 12 de julio de 2012. Sobre su mesa está la nueva petición de sobreseimiento del caso cursada el 10 de diciembre. No será como la de un año antes con Pedreira. Aquí ya no hay lobby de abogados y políticos, aquí no hay confesor de por medio ni catedráticos que hacen el trabajo del juez.

Ruz rechaza el nuevo archivo de la causa que pide la defensa por considerar «improcedente el sobreseimiento». Escribe:

Bastando para ello la mera invocación de las diligencias que se encuentran pendientes, entre otras, la comisión rogatoria enviada a las autoridades de Suiza así como su declaración en su condición de imputado señalada para el 18 de septiembre de 2012 en relación con lo que se refiere a la imputación formalizada sobre su cónyuge Rosalía Iglesias por un presunto delito contra la Hacienda Pública relacionado con el IRPF del ejercicio 2006.

«Bastando para ello la mera invocación de las diligencias que se encuentran pendientes, entre otras, la comisión rogatoria enviada a las autoridades de Suiza…». El juez está diciendo que esa diligencia ya estaba pendiente en julio de 2011, antes del archivo dispuesto por el juez Pedreira.

Luis empieza a ver nuevos nubarrones. Tiene que actuar antes del 18 de septiembre de 2012, fecha en la que le ha citado el juez Ruz.

Y está el Ministerio del Interior. Luis sigue muy ofendido con la Policía Judicial (UDEF). Las dos fiscales y los policías son sus objetivos.

Puedo narrar la secuencia completa, tal como yo la he vivido y leído en algunos de los textos manuscritos que Luis ha conservado.

Luis habla con María González Pico, directora del gabinete de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con rango de subsecretaria. Se conocen muy bien. Otro tanto hace con personas de confianza de Javier Arenas. Porque así ha sido en estos años: cuando Rajoy pasa al Palacio de la Moncloa, Arenas sigue siendo, como hemos apuntado, el intermediario entre ambos.

La idea es interesar por carta a Ignacio Cosidó, director general de la Policía, para que la UDEF corrija algunas afirmaciones que plantea en sus informes sobre Luis. Se trata de disfrazar la operación con una cobertura jurídica.

Periodista de radio en Aranda de Duero, María González Pico pasa al gabinete de prensa del Grupo Popular en el Senado a cargo de Esteban González Pons. Más tarde es destinada a la sede de Génova. Y durante el Gobierno de José María Aznar entra en el Ministerio de Administraciones Públicas como asesora del secretario de Estado, Gabriel Elorriaga. Al perder Rajoy las elecciones de 2004, María regresa a Génova como adjunta de Elorriaga en la Secretaría de Comunicación.

María, por un lado, y colaboradores de Arenas y personalidades de fuera del Gobierno, por otro, interceden ante Fernández Díaz. Se trata de que el ministro del Interior facilite los contactos. El ministro Fernández Díaz confía la tarea a su director de gabinete, Francisco Martínez. María habla con él. Es Martínez quien se hace cargo. En aquellos días el secretario de Estado de Seguridad es el exjuez Ignacio Ulloa.

En carta de 27 de agosto de 2012, Trallero solicita a Cosidó que se dirija a la UDEF para que se realice un nuevo informe en el que se establezca que Luis Bárcenas no es «LB» ni «Luis el cabrón», un apodo que había aparecido varias veces en la contabilidad de las empresas de la trama Gürtel.El abogado escribe:

[…] en cuanto superior jerárquico de los inspectores informantes de la UDEF ordene la investigación de la identidad de la persona con la que se correspondería el acrónimo «Luis el cabrón», y que realice el correspondiente informe ampliatorio, el cual, y sin perjuicio de su mejor criterio, deberá remitirse al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, que tramita la causa contra mi representado.

El lenguaje no deja lugar a dudas. Luis cree controlar la situación. Le está dando instrucciones a Cosidó para que «ordene» a la UDEF revisar la identidad de «Luis el cabrón», que, en principio, se atribuía a Luis.

Es lo que le suele pasar a Luis, cree dominar la situación.

Según los informes de la UDEF, se le han entregado a Luis Bárcenas, alias «Luis el Cabrón», del orden de 72.000 euros. En sus declaraciones del 22 de julio de 2009 en el Tribunal Supremo, Luis insiste una y otra vez en que «Luis el cabrón» existe, pero que es otra persona, no él. En pequeños círculos, fuera de los juzgados, asegura que Correa y su grupo identifican con ese nombre al empresario Luis Delso, presidente del grupo Isolux Corsán, con quien la trama ha hecho negocios en Panamá y quien les reclama una deuda de 72.000 euros. Correa apoya a Luis en esta versión.

Cosidó traslada, tal como se ha pactado, la carta de Trallero a la Policía Judicial.

Hasta entonces, Luis no es una persona relevante para la instrucción del caso Gürtel, que ahora investiga el juez Ruz. Vamos, que no es uno de los personajes centrales de la trama.

Como parte del trato con María y con el ministro Fernández Díaz, el comisario José Luis Olivera, que ha abandonado la jefatura de la UDEF el 2 de julio de 2012 y es el nuevo director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), pacta una cita, a primeros de septiembre de 2012, con el letrado Alfonso Trallero. Olivera acude en compañía de su sucesor, el flamante jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez López, a un encuentro en el pub Milford, en la madrileña calle Juan Bravo. Para dar una sensación de rutina, cuando a Olivera se le pregunta por la cita, tiempo después, dice que estuvieron hablando ante dos aguas de Vichy y una Coca-Cola.

El letrado reitera a los dos jefes policiales lo que ya ha dicho en la carta. Los policías prometen investigar más a fondo.

La UDEF remite al juez la carta enviada por el letrado al director general de la Policía el 13 de septiembre de 2012, días antes de que Luis comparezca ante el magistrado. Ruz pide un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la carta antes de dictar un auto sobre la maniobra.

La carta, dicen las fiscales,

constituye una manifiesta irregularidad y resulta de todo punto inadmisible […]. La Policía Judicial depende funcionalmente de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. La explícita apelación al director general de la Policía como superior jerárquico de los inspectores informantes de la UDEF supone, extramuros del procedimiento judicial, no solo una patente indiferencia hacia la preeminencia funcional otorgada por las leyes a la autoridad judicial, sino un flagrante desprecio hacia la figura del juez como órgano instructor.

Luis prepara su declaración sobre la defraudación fiscal que le imputan conjuntamente con su esposa Rosalía.

El 18 de septiembre, Bárcenas niega ante el juez que su esposa defraudara a Hacienda 222.112,58 euros en una compraventa de cuadros de 1987. Y un día más tarde, Iván Yáñez, su apoderado, ejecuta la gran «operación». Luis se acoge a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Pizá Colom, socio administrador de la firma Iberaudit Kreston, es el encargado de preparar la regularización.

Es interesante apuntar, según he sabido, que este hombre, Pizá Colom, había trabajado con Ángel Sanchís Perales en Nuevo Banco, la entidad financiera propiedad del que fuera tesorero del PP. Sanchís se lo recomienda a Luis para que le asesore en su regularización.

Iván Yáñez abre en la sucursal de Bankia de la avenida de Bruselas 67 de Madrid la cuenta 2038 1077 13 6000795043 a nombre de la sociedad Tesedul S. A., sociedad pantalla de Bárcenas. A esta cuenta envía desde Suiza los fondos para ingresar en Hacienda y acogerse a la amnistía que el ministro Cristóbal Montoro ofrece desde el 30 de marzo de 2012. La sociedad declara un capital de 10.988.040,00 euros. El importe que ingresa equivale al 10 %; esto es, 1.098.804,00 euros.

En Berna, el abogado Lombardini presenta el 19 de septiembre de 2012 su respuesta al Ministerio Público (Fiscalía) y al Ministerio de Justicia, quienes mantienen su posición de entregar la información de las cuentas objeto del recurso. El tribunal, integrado por los jueces penales federales Stephan Blätter, presidente, Giorgio Bomio y Nathalie Zufferey Franciolli, analiza la situación.

El juez Ruz dicta el 24 de septiembre su resolución sobre la carta dirigida a Cosidó. Puntualiza que la misiva «se cursa directamente ante el director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada». Esa conducta, añade, «se sitúa voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida».

Enfatiza que «la iniciativa no tiene encaje, cabida o justificación alguna en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de buena fe». El instructor califica la maniobra como una «patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación con relación al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder». Ruz recuerda implícitamente la jugada de hacer entrar a Rosalía por el garaje de la Audiencia Nacional.

El juez ordena a la UDEF, por tanto, «abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada».

Pero la advertencia es tardía. Solo después sabrá Ruz que se ha practicado por los altos mandos una diligencia de facto: el encuentro en el pub Milford, donde, según Luis, su letrado, el comisario Olivera y el responsable de la UDEF, Vázquez López, acuerdan que se realizará un nuevo informe.

En los informes entregados más tarde por la UDEF al juez Ruz, elaborados de acuerdo a la contabilidad incautada en una sede del grupo de Francisco Correa, en Serrano 40, Bárcenas aparece citado varias veces con las siglas «LB», «L Bárcenas» y «L. B.». La Policía Judicial señala que en relación con el apodo «Luis el cabrón» no tiene datos concluyentes al cien por cien.

La verdad: ha habido un error policial al identificar a Luis con «Luis el cabrón», que es otra persona. Es el apodo que le pone la banda de Correa al empresario Luis Delso por «dar la tabarra» con los 72.000 euros que se le adeudan. Pero con el pretexto de agigantar a «Luis el cabrón», Bárcenas intenta que el error también arrastre a las siglas «LB», «L Bárcenas» y «L. B.». «Luis el Cabrón» ya no volverá a aparecer, pero quedarán las otras siglas.

Luis ignora que la cuenta de Sinequanon llegará más pronto que tarde a España. Espera la resolución del recurso en el Tribunal Penal Federal. A partir del fallo todavía se podría recurrir al Tribunal Federal Suizo, el Tribunal Supremo. Pero hay una bomba bajo el número 8.401489, la cuenta de la disuelta Fundación Sinequanon, que va a explotar pronto. Y tanto Lombardini como Luis lo desconocen.

Pero al menos ya ha hecho la regularización ante Hacienda a través de la sociedad Tesedul, que es titular de su patrimonio en el exterior, para beneficiarse de la amnistía de Montoro.

Ahora hay que controlar el daño que la noticia de su cuenta suiza va a causar en la política española al llegar a Madrid. Pero habrá tiempo, le dicen sus abogados, porque primero tendrá que fallar el Tribunal Penal Federal. Luis empieza a preparar a sus contactos en el Partido Popular, se teme que sus cuentas en Suiza serán aprovechadas por sus enemigos dentro del PP para hundirle con el argumento de que el partido ha sido víctima de su gerente y extesorero.

No se le olvida lo que dijo Rajoy al periodista Carles Francino en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser al ser preguntado el 11 de enero de 2010 por una posible financiación irregular.

—Hasta donde yo sé, no hay financiación ilegal del PP —afirmó el líder del PP.

—¿Y si se demuestra que la hubo? ¿Dimitiría?

—No dimitiría, porque yo no lo he hecho…

Está claro: Rajoy no sabe nada. Si se ha hecho algo ilegal, no es culpa suya.

«Yo no lo he hecho», había dicho el presidente del PP. ¿Quién, pues, lo pudo haber hecho? El apoderado del PP: Luis.

Angustiado, tiene que evitar una encerrona. Porque ya empieza a verse como el chivo expiatorio. Pero cree tener un arma de disuasión.

Llegados a este punto, quiero recordar que Luis se ha mostrado, me consta, muy seguro de sí mismo y de su invulnerabilidad. O si preferís, de su blindaje.

«No se atreverán. No tienen huevos. Los tengo cogidos», solía decir, al tiempo que ponía la palma de su mano derecha hacia arriba y apretaba algo con forma redonda entre los dedos.

3
LA FORTUNA Y LOS «PAPELES»

Viernes, 14 de diciembre de 2012. Han pasado veintidós años y medio desde que en abril de 1990 su anterior jefe en la tesorería del Partido Popular, Rosendo Naseiro, hiciera una cosa parecida a la que él está por hacer. Luis lo recuerda como si fuera hoy. Porque tuvo acceso a los papeles de Naseiro y a las notas que depositó ante notario. La historia se repite.

Esta mañana, Luis se pasa por el número 17, sexta planta, de la calle Padilla de Madrid. Quiere dejar constancia de otro de sus secretos antes de que se desvelen sus cuentas en Suiza. Se trata de hacer un acta de diez líneas. Ha aprendido de Rosendo Naseiro. Aquí no se trata de chantajear más o menos directamente, sino de marcar territorio.

El notario Andrés Domínguez Nafría recoge en el acta sus manifestaciones, «del tenor literal siguiente»:

Que ha sido responsable junto con Álvaro de Lapuerta Quintero del control de ingresos y gastos del epígrafe Donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009.

Manifiesta, asimismo, que en esta cuenta analítica refleja exclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos, encontrándose visado el correspondiente soporte documental por ambos como responsables de la utilización de dichos fondos y reflejando con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos.

El notario advierte a Luis, como es norma, que los datos son incorporados al fichero de protocolo y documentación notarial y al fichero de administración y organización de la notaría, así como del hecho de que «tales datos puedan ser cedidos a aquellas administraciones públicas que de conformidad con una norma con rango de ley tengan derecho a ello».

Es evidente, a partir de este paso, que Luis se está pertrechando para hacer frente a la situación que se va a plantear con la revelación de sus cuentas en Suiza. Deja constancia, pues, de que ha administrado en el Partido Popular una «cuenta analítica». No solo habla de sí mismo. También está en el asunto Álvaro Lapuerta. Hasta ese momento a nadie se le ha ocurrido hablar todavía de una contabilidad B, nadie ha hablado de una caja B o de sobresueldos en negro.

El mismo viernes 14, tras su paso por la notaría, Luis acude a una comida a uno de los restaurantes que frecuenta en Madrid, Lavinia, en la calle Ortega y Gasset. Tiene cita con Álvaro Lapuerta. También participan en la comida otros dos amigos: Luis Fraga y el diputado por el PP en Lérida José Ignacio Llorens. Luis informa a Lapuerta sobre la manifestación realizada ante el notario y le exhibe el acta. Lapuerta no pone objeción, pero le reprocha no habérselo consultado con anterioridad.

Lo que a estas alturas Luis tampoco sabe es que la cuenta a nombre de la Fundación Sinequanon ya está en Madrid.

El martes 20 de noviembre de 2012, la Fiscalía suiza envía una carta al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, vía la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia), en la cual informa de que ha dado la luz verde interna el 6 de noviembre para enviar los documentos sobre una de las cuentas.

La abogada Rania Tawil se refiere a la «petición de asistencia judicial en el caso de Francisco Correa Sánchez y otros», apunta la existencia de «documentos de Xetal International Ltd/Crédit Agricole y Fundación Sinequanon/LGT Bank», y deja constancia de la denominada «reserva de especialidad» por la cual se establecen las condiciones para el uso estricto de los documentos en dos folios anejos.

No se pueden usar para un procedimiento penal en el cual los actos cometidos son, según la ley suiza, delitos fiscales. «Se considera infracción fiscal un acto cuyo propósito es reducir el pago de recargos o impuestos», señala el punto IV. Para esto, que es evasión, no se pueden invocar.

Pero el punto V a) precisa que se pueden utilizar «con previo consentimiento de Suiza en la persecución de actos calificados como fraude fiscal de acuerdo con la ley Suiza». Es lo que llaman escroquerie, un esquema criminal de defraudación y no el mero pago de una cantidad inferior de impuestos al que le corresponde a una persona.

Desde Berna, Suiza, la Office Fédéral de la Justice, con sede en la calle Bundesrain 20, envía los seis tomos junto con la carta de Rania Tawil. Una parte concierne a Francisco Correa (los documentos de Crédit Agricole donde están las cuentas de la sociedad pantalla Xetal International), y otra a Luis, los del LGT Bank de Ginebra, con la cuenta de la Fundación Sinequanon.

¿Qué hay dentro?

En lo que se refiere a la Fundación Sinequanon contiene centenares de folios con extractos bancarios y comunicaciones reservadas, movimientos, transferencias, compraventa de acciones, correspondencia, todo lo que refleja durante años la cuenta número 8.401489, formalmente a nombre de la entidad panameña Fundación Sinequanon, cuyo beneficiario económico es, según figura en el llamado «formularioA» que ha debido rellenar, Luis, identificado también con las iniciales «Mr. L. B.», «L. B» o «L. B. G.». O Luis Bárcenas Gutiérrez.

A finales de 2005, los fondos alcanzan los 14.885.976,99 euros, y un año más tarde, a finales de 2006, ya son 19.757.330,31 euros. Su punto máximo es 22.144.832,35 euros a comienzos de 2008, antes de descender, con la caída de las Bolsas a raíz de la gran crisis financiera, a 13.673.661,98 euros a finales de 2008 y quedar, en octubre de 2009, en 11.853.921,77 euros.

Después de hacer varias transferencias, Luis cierra la cuenta en 2009 y abre otra en la misma entidad (LGT Bank), sustituyendo a la panameña Fundación Sinequanon por la sociedad uruguaya Tesedul S. A.

Y más tarde, deposita fondos en una cuenta de Tesedul en otra entidad bancaria, la número 500507 del Lombard Odier de Ginebra. Allí existe también una tercera, la número 204337, que figura a nombre de la anterior sociedad pantalla, la Fundación Sinequanon, Panamá.

La decisión de enviar el material a España sorprende a los abogados de Luis en Suiza, el influyente bufete de Ginebra Poncet, Turrettini, Amaudruz, Neyroud & Associés, del que forma parte el letrado Carlo Lombardini.

¿Por qué?

Porque su recurso se encuentra pendiente en el Tribunal Penal Federal. Y una decisión de entrega de material por parte de la Fiscalía no tiene fuerza de ley hasta que el TPF no se pronuncia sobre los recursos. Cuando Lombardini se pone en contacto con la Fiscalía por primera vez se cae del guindo. Mastroianni no le ha dado traslado de la decisión de enviar la cuenta de la Fundación Sinequanon, la número 8.0401489.

Pero volvamos a la recepción de los documentos. La Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, en la madrileña calle San Bernardo, recibe el material el lunes 26 de noviembre de 2012. El día 27, la jefa de área de auxilio judicial, Beatriz Diz Bayod, firma por orden de la subdirectora un oficio de cinco folios dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Allí se da cuenta en nueve líneas que se trata de la comisión rogatoria relacionada con Francisco Correa Sánchez. Y que se remiten «las diligencias practicadas en Suiza». Junto con esta introducción, se añade la carta de Rania Tawil, El nombre Luis Bárcenas no viene. La pista es Fundación Sinequanon. El registro de salidas del Ministerio de Justicia tiene sello del 29 de noviembre.

¿Informa Ángel Llorente, exmagistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, director general de Cooperación Jurídica Internacional desde enero de 2012, al recibirse en la Subdirección los seis tomos con la nota de seis folios y el nombre de Francisco Correa, a «su ministro», el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón?

El exministro lo niega.

Nada trasciende a las partes personadas en la causa Gürtel.

El juez Ruz dicta una providencia con fecha 17 de diciembre de 2012 en la que da cuenta de la unión de diferentes documentos a la causa. En el párrafo cuarto dice:

Procedente de la las autoridades suizas con el número de R.E.1205/12 de fecha de entrada el día 3 de diciembre de 2012, remitiendo los documentos de Xetal Internacional Ltd, Crédit Agricole y Fundación Sinequanon y LGT Bank, únase a la pieza de su razón, y ábranse un nuevo Tomo 25 en el Ramo Separado de Suiza compuesto por 6 subtomos con la denominación tomo Suiza 25.1 […] tomo Suiza 25.6, envíese por copia al Servicio de Intérpretes para su traducción y a su vista se acordará.

Esta providencia se reparte a los procuradores de las partes personadas en el caso el 19 de diciembre por la tarde o el 20 por la mañana. Es el día 20 cuando el juzgado incorpora la citada providencia del 17 de diciembre a la nube, el servicio que permite a abogados e imputados en el caso Gürtel acceder a toda la información almacenada informáticamente.

Y ese día, en lo que ya es un ritual cotidiano, Luis entra en la nube con su clave correspondiente.

Advierte el nombre de su sociedad. FUNDACIÓN SINEQUANON.

Es todo lo que necesita saber.

Habla por teléfono con Javier Arenas y le sugiere una reunión urgente. Quedan, tras considerar verse en Córdoba, a comer el día siguiente en Sevilla. Arenas se encarga de pedir mesa en un reservado del restaurante Oriza, en la calle San Fernando, en pleno centro de la ciudad.

El 21 de diciembre de 2012, un día después de ver el nombre SINEQUANON, Luis informa a Arenas sobre los documentos que han llegado y que están en proceso de traducción en la Audiencia Nacional. No sabe exactamente si han recibido todas sus cuentas. Le aclara que ya ha regularizado la situación con el ingreso en Hacienda de más de un millón de euros al amparo de la amnistía aprobada por el Gobierno del PP.

¿Qué hacer?

Luis propone dar por terminada su relación contractual con el Partido Popular, pactar un finiquito, controlar el daño que todo esto puede provocar a Rajoy y al partido, y quedar en libertad para dedicarse a su defensa penal.

Pero hay algo más. Luis saca de su carpeta de cuero una copia del acta notarial recogida el 14 de diciembre y se la entrega.

Arenas lee durante unos segundos la historia de la «cuenta analítica» de donativos y gastos y su gestión por Luis y Lapuerta.

A buen entendedor y conocedor de la historia, pocas palabras. El mensaje es evidente. Luis usa el acta como válvula de seguridad ante los posibles ataques que pueda desencadenar por parte del PP la revelación de sus cuentas suizas.

Arenas evoca, según la versión de Luis, que Rajoy no gana para sustos, que todavía no acaba de reponerse de la amenaza directa de Álvaro Lapuerta respecto a estos papeles con ocasión de las elecciones municipales de mayo de 2011, primero, y de las generales de noviembre de 2011, después. Luis sabe de lo que le está hablando. Lapuerta quería que se incluyera a una amiga íntima suya, Carmen Rodríguez Flores, en las listas del Ayuntamiento de Madrid y más tarde en las del Congreso por Madrid. Las dilaciones en acceder a su petición terminan con Lapuerta plantándose ante Rajoy.

Luis conoce la historia porque, precisamente, Lapuerta le ha solicitado, antes de ir a ver a Rajoy en su día, una copia de los tres últimos folios de la «contabilidad analítica» secreta. Y Luis se las ha entregado en mano. Carmen Rodríguez Flores será edil en el Ayuntamiento de Madrid y más tarde diputada en el Congreso.

Luis acude a esta comida preparado para protegerse al máximo. Lleva una pequeña y eficaz grabadora. Y las palabras que se dicen en el reservado de Oriza quedan inmortalizadas en ella.

Una semana más tarde, el 28 de diciembre, Javier Arenas cumple cincuenta y cinco años. Ese día, según le explica a Luis posteriormente, ha estado con Mariano Rajoy en La Moncloa. Añade que también ha estado presente María Dolores de Cospedal.

—He expuesto que tienes una cuenta en Suiza y que pronto estarán los datos en España. Le he dicho a Mariano que tú propones acordar un finiquito para no perjudicar al partido. También he aclarado que habías regularizado el dinero que tienes fuera. Mariano insistió en que si tú ya habías regularizado, mejor dejábamos todo como está. No le parece que hagamos el finiquito. De momento que las cosas sigan como están.

Aunque en público nadie habla a estas alturas de los sobresueldos del Partido Popular, en privado sí. A primeros de enero de 2012, exactamente el día 4, en una comida-tertulia que reúne todos los comienzos de año a un grupo de amigos en Bilbao, Regino García Badell, exdirector de gabinete de Esperanza Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sorprende a sus comensales. El tema que se comenta es el de los sueldos que gana María Dolores de Cospedal. Según acaba de publicar el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 31 de diciembre de 2012, la presidenta de la Junta ha ganado 88.897 euros por su cargo de secretaria general del PP; 31.775 euros por el Senado; 36.082 euros por ser presidenta de la Comunidad de Castilla La Mancha, y 1.634 euros por los trienios que le corresponden como abogada del Estado. Hay chascarrillos. García Badell, mordaz, se lanza:

—Y bueno, esto no es nada en comparación con los sobresueldos… El rumor circula desde hace tiempo.

—Pero ¿de qué estás hablando, Regino? —preguntan.

—Pues de los sobresueldos que se repartían en el PP. Me dicen que eso va a salir…

García Badell ha oído durante mucho tiempo esta historia de los sobresueldos. Aunque no hace más referencia a ella delante de sus amigos, recuerda para sí la respuesta que dio Rajoy en Televisión Española el 19 de abril de 2007 en el programa Tengo una pregunta para usted.

Allí, Violeta, una pensionista que cobraba 300 euros al mes, tenía un gran interés por conocer el sueldo del presidente del PP.

La mujer le pregunta a Rajoy qué se puede hacer con una pensión de 300 euros como la que ella tiene.

—Poco —replica Rajoy.

Acto seguido, Violeta pregunta:

—¿Me puede decir cuánto gana usted?

—Gano bastante más que los 300 euros que cobra usted, pero también le digo una cosa: trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible.

Regino García Badell cree que los sobresueldos son una respuesta a la forma de vida de los políticos que él conoce. No hay manera de pagar las casas que tienen en los barrios en que las poseen y los colegios a los que envían a sus hijos.

No tardará mucho en dar en la diana.

El juez Ruz hace público, el 16 de enero de 2013, el auto en el que da cuenta de la primera remesa informativa sobre la fortuna de Luis en Suiza. Esa misma tarde, los medios de comunicación publican los datos. La cuenta en el LGT Bank de Ginebra ha llegado a tener 22.144.832,35 euros a principios de 2008 y existen otras cuentas suyas a nombre de la sociedad Tesedul y de la Fundación Sinequanon en el banco Lombard Odier de Ginebra. Los periódicos y los medios de comunicación del día 17 de enero de 2013 abren con la noticia. Es la conmoción. El fiscal Mastroianni la ha liado.

El abogado Jorge Trías Sagnier está bastante alejado de Luis. Le ha visto en una reunión social en el mes de noviembre de 2012, a la que ha sido invitado por Luis con motivo de la presentación de los cuadros de un pintor en el taller de restauración de Rosalía Iglesias. Allí, en este vernissage, se ha cruzado con la galerista María Porto, esposa de Francisco Álvarez-Cascos, amigo de Luis.

Pero Trías Sagnier ha visto la prensa y habla con Baltasar Garzón sobre lo que acaba de leer en relación con la cuenta suiza. Fue Garzón quien, a primeros de marzo de 2009, envió la primera comisión rogatoria a Suiza. Trías Sagnier y el juez han consolidado una relación personal, y el abogado ha hecho público su acuerdo con el magistrado en algunos artículos periodísticos. A primeros de agosto de 2010, Trías Sagnier defendió las escuchas de los imputados del caso Gürtel con sus letrados en prisión, algunos de ellos también imputados, ordenadas por Garzón en 2009 y prorrogadas por el juez Pedreira, un asunto que todavía se está investigando y que puede llevar al banquillo a Garzón por un delito de prevaricación. «Ahora los jueces deben caminar machete en mano, desbrozando cañaverales y llanas, y sorteando todo tipo de peligros para no caer en la casilla reservada a la prevaricación, que, como en el juego de la oca, te ordena retroceder casillas o incluso volver a la salida», escribió Trías Sagnier.

En el verano de 2010, Trías viaja a La Haya, donde el juez Garzón ha recalado como asesor de Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, tras ser suspendido como magistrado en mayo de dicho año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ahora, mediados de enero de 2013, a la luz de los datos de Suiza, cree Trías Sagnier que Garzón tenía más razón que un santo. Habla, pues, con él para compartir su sorpresa y expresarle su reconocimiento. Y Garzón le anima a que ahora haga todo lo posible para que se haga público lo que él ya sabe.

«Lo que él ya sabe».

Sobre las 9.30 horas del jueves 17 de enero de 2013, con la noticia caliente en todos los medios de comunicación, Trías escribe a Luis un SMS:

¿Es cierto lo que sale hoy en los diarios?

Luis no responde. A las 10.27 horas, Trías Sagnier insiste:

Luis: la información es demasiado explícita. Tienes que dar una explicación, aunque sea solo por tus amigos.

Luis contesta como una flecha:

Explicaciones ninguna, faltaría más.

Trías Sagnier discrepa:

No estoy de acuerdo. Te equivocas. Pero tú verás.

Glacial, Luis escribe:

Gracias.

Trías insiste:

Yo di la cara por ti, Luis, y además públicamente. Por eso creo que me debes una explicación de si eso es cierto o no.

Luis parece reaccionar:

No es cierto. Te recuerdo que te comenté que existía una cuenta como tiene tanta gente, pero como te puedes imaginar nada que ver con Gürtel. ¿No recuerdas que te conté que había gestionado un fondo en el extranjero? En fin, otro abrazo.

A las 10.48 horas, Trías Sagnier vuelve a aconsejarle:

Pues si es eso, que tú gestionabas fondos en el extranjero como hace tanta gente que se dedica a esto, cuéntalo. Porque El País no dice eso. La información es muy grave: que te apropiaste de fondos y que te los llevaste a Suiza. Eso es lo que se deduce si tú no lo explicas. Consúltalo con Bajo, que es tu abogado, y ya verás cómo te dice lo mismo.

Este jueves 17 de enero de 2013, Esperanza Aguirre tiene un chat digitalen el diario El Mundo, en la madrileña avenida de San Luis. Ha renunciado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2012, hace ahora cuatro meses. Pero sigue en la brecha como presidenta del PP de Madrid. Tiene toda la intención de retornar al primer plano en caso de extrema gravedad en el PP, como podría ser un accidente de recorrido.

¿Accidente? Un accidente diferente al que ella y Rajoy sufren durante aquel periplo del 1 de diciembre de 2005 cuando despegan en un helicóptero de la plaza de toros de Móstoles y realizan una visita a la ciudad. Rajoy, al caer a pocos metros de la A-5, la carretera de Extremadura, se ha fracturado un dedo y tiene una luxación en otro. Pero Aguirre se encuentra, según dice, «perfectamente». No. Esta vez Esperanza piensa en una crisis del PP, el accidente político, a raíz de la evolución de la situación de Luis y la implicación de Rajoy. O simplemente por una crisis de liderazgo. Ella, que no ha tratado más que en una ocasión a Luis, sabe, en cambio, que la relación personal entre Rajoy y Luis ha sido tan larga como estrecha. Y como Regino García Badell, su antiguo jefe de gabinete, ha mencionado a sus compañeros de tertulia en Bilbao, conoce, quizá de oídas, que se repartieron sobresueldos durante años en el PP.

De modo que hace días que su sempiterna directora de comunicación, Isabel Gallego, le ha preparado un encuentro con los lectores el jueves 17, sobre el mediodía, en la sede del diario El Mundo.

Y antes de abandonar la sede tiene una conversación con el director Pedro J. Ramírez y miembros de su equipo. Sale el tema de la cuenta suiza de Luis conocida el miércoles, portada de los medios de comunicación esa misma mañana del jueves. Pero hay otro tema que fagocita la cuenta suiza: los sobresueldos. Ramírez tiene información, que no pruebas, de que Luis posee un material muy comprometido para el PP. Donaciones y sobresueldos. No quiere que ningún medio de comunicación se le anticipe. Y está oyendo demasiado ruido en el ambiente. Aunque no haya obtenido el smoking gun, la pistola humeante, esto es, el documento que acredite esas entradas y salidas en el PP, ya ha decidido dedicar la portada de su diario al asunto. Lo mejor, una información bien atada basada en documentos, puede resultar enemigo de lo bueno. Quien suele dar primero, da dos veces. Esperanza dice no tener una idea muy precisa; ha oído cosas, sí, pero en todo caso, aclara, no ha cobrado nunca de esos sobresueldos y, que ella sepa, tampoco Alberto Ruiz-Gallardón.

En los ambientes de la Villa y Corte que sigue siendo Madrid, el tema de los pagos en negro asociados a la amenaza que representa Luis con su arsenal documental es, en aquellas horas, moneda cotidiana de cambio en comidas que celebran políticos y periodistas. Se intuye que Luis puede salir con alguna bomba.

Lo normal sería detectar esa bomba y examinar su contenido. Pero la rivalidad periodística y de poder no se permite esta cautela más propia de un tedax. No se trata, por otra parte, de desactivar, sino, precisamente, de activar.

Pedro J. Ramírez está decidido. No va a esperar más. La posibilidad de que otro medio, El País, se anticipe sería para él un error imperdonable. En la cúpula del diario se llega al acuerdo, pues, de que Casimiro García-Abadillo, vicedirector, se ponga en contacto con el PP para medir la temperatura. Llama por teléfono en la tarde del 17 de enero a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Quiere conocer, le explica, su punto de vista sobre una noticia de la que el diario dispone y que piensa publicar al día siguiente. La secretaria del PP le dice, como Aguirre al mediodía respecto de sí misma, que Mariano Rajoy no ha cobrado sobresueldos y que ha sido precisamente ella, Cospedal, quien ha terminado con prácticas heterodoxas que pudiesen haber existido antes de llegar a la Secretaría General, en junio de 2008. Aclara, no obstante, que si se publica la información va a negar la existencia de esos sobresueldos durante su mandato, al tiempo que manifestará que ignora si existieron con anterioridad.

El viernes 18 de enero de 2013, la historia de la cuenta suiza de Luis pasa a segundo plano. El diario El Mundo publica en portada a cuatro columnas la información firmada por los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta:

BÁRCENAS PAGÓ SOBRESUELDOS EN NEGRO DURANTE AÑOS
A PARTE DE LA CÚPULA DELPP

La información está redactada desde dos prismas complementarios. El primero consiste en advertir que Luis se dispone a hacer pública una noticia bomba en cualquier momento. En realidad, es lo que teme el diario. No existe evidencia alguna de que Luis vaya a hacer eso que dicen que puede hacer.

Bárcenas ha amenazado con sacar a la luz esta contabilidad B si el partido no le ayuda a librarse de las consecuencias penales del caso Gürtel, que podría acarrearle una condena de cárcel. […] Desde que estallase el caso Gürtel a principios de 2009, Luis Bárcenas, que aparecía en la contabilidad paralela de la trama dirigida por Francisco Correa como «Luis el cabrón», ha venido amenazando a las más altas instancias del PP con identificar a los perceptores de los sobresueldos si no le libraban de «comerse el marrón judicial». […] advierte que, o le buscan un atajo para sortear la cárcel, o arrojará «las bombas atómicas» que obran en su poder.

Asimismo, se refiere a «lo que Bárcenas relata entre bastidores». Afirma:

La bomba atómica que posee Luis Bárcenas […] se llama «contabilidad B del PP». Y esa contabilidad B, que asegura tener a buen recaudo, recoge todos los salarios en negro que abonó durante años a la cúpula del partido y altos cargos de Génova 13.

Por tanto, el diario está denunciando algo que puede ocurrir, tarde o temprano: la revelación de la contabilidad B del Partido Popular.

El segundo prisma es el final de esta práctica en el PP.

Fue María Dolores de Cospedal, […] y a instancias de Rajoy, la que dijo basta ya al reparto de sobresueldos en B en el partido tras acceder a la Secretaría General del partido en el Congreso de Valencia de junio de 2008. La actual presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adoptó en 2009 la draconiana decisión de poner fin a más de veinte años de salarios en negro y de declarar al fisco hasta el último euro que entraba y salía del partido, nóminas incluidas. […] Según las fuentes consultadas, Rajoy nunca cobró esos sobresueldos.

Y aunque señala que Cospedal y Rajoy habían acabado con la práctica, no afirma, como sí lo hace en el caso de Rajoy, que Cospedal nunca cobrara sobresueldos.

Señala que el dinero procedía de empresas constructoras y empresas de seguridad y de donaciones anónimas, y sostiene que

con la llegada de Francisco Álvarez-Cascos a la Secretaría General del PP en enero de 1989, esta costumbre se estandarizó dentro de la contabilidad de Génova 13 que, a partir de entonces, tenía una vertiente oficial y declarada a Hacienda y otra en dinero negro plenamente sistematizada. Tras el Congreso de Sevilla de 1990, en la que se oficializó el relevo de Manuel Fraga por José María Aznar, el político asturiano prosiguió con su costumbre de los sobresueldos en B.

La piedra lanzada remueve las aguas en el estanque político madrileño. Las primeras ondas se producen en los medios de comunicación. A primera hora de la mañana, Vicente Jiménez, director adjunto de El País, se encuentra en calidad de tertuliano en el programa Hoy por Hoy que conduce la periodista Pepa Bueno en la Cadena Ser. Al ver la información se pone en comunicación con su equipo. El diario está trabajando sobre el tema desde hace largo tiempo, pero ha preferido seguir investigando y sobre todo obtener los documentos que acreditan la contabilidad B del PP. No obstante, a la luz del golpe informativo de El Mundo, es necesario aportar la información disponible. Carlos E. Cué, redactor que cubre la información sobre el PP, escribe en la edición digital de El País una pieza en la que informa de que Luis tiene despacho abierto en Génova 13 hasta el miércoles 16 de enero. Se publica a las 8.51 horas del viernes 18 de enero.

José Manuel Romero, subdirector de El País, escribe inmediatamente otra información. La realidad es que Luis había mostrado a Romero, delante de Trías Sagnier, en un encuentro celebrado en el hotel Santo Mauro de Madrid a finales de 2010, algunas fotocopias de la contabilidad B manuscrita, sin permitirle tomar nota.

En el artículo, publicado a las 10.24 de la mañana del 18 de enero de 2013, Romero se basa en las notas que ya tenía en borrador y que atribuye a fuentes próximas a Luis.

El extesorero conoce todos los secretos de las finanzas del PP de los últimos veinte años. Después de que formalmente el PP rompiera con él, aceptara su petición de suspensión de militancia y su entrega del acta de senador, en abril de 2010, Bárcenas ha seguido durante todos estos meses entrando y saliendo con absoluta normalidad y mucha frecuencia, según varios dirigentes, de la sede nacional del PP, la que fue su casa, en la calle Génova. El extesorero, lejos de haber sido declarado persona non grata en esa sede, la visitaba —al menos hasta el miércoles— con toda la frecuencia que él quería, que era mucha. Se encontraba por los pasillos con dirigentes, les pedía cosas, trataba de buscar ayuda para sus asuntos judiciales y sus actividades económicas, que siguen siendo muy importantes. Muchos comentaban en privado la presencia de Bárcenas, que les seguía sorprendiendo. Pero nadie se animó a decirle que no fuera más, ni siquiera el único con autoridad para hacerlo: Rajoy.

Durante todo este tiempo, Bárcenas ha intentado resolver sus problemas con la justicia presionando a unos y a otros, y ha estado a punto de conseguirlo pues el primer juez instructor del caso decretó el archivo de la causa que se seguía contra él. Pero el recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional permitió la reapertura del caso. Bárcenas entiende que quienes podían echarle una mano no han querido hacerlo y acusa a la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia; a la Policía Nacional, dependiente de Interior, y a la Fiscalía, de urdir una gran operación contra él. Hasta ahora solo había amagado con sacar los trapos sucios del PP, que conoce por su condición de tesorero y gerente del PP en los últimos 20 años, pero fuentes de su entorno señalan que tras los resultados de la investigación judicial en el extranjero de sus cuentas bancarias ha decidido contar algunas cosas que pueden comprometer al partido.

Bárcenas estuvo pagando sobresueldos a miembros de la Ejecutiva nacional del PP y otros altos cargos durante años con fondos procedentes de dinero que lograban de contratistas y otras empresas, según informan a este periódico fuentes de su entorno.

La información, que también cita al diario El Mundo sobre el pago de sobresueldos, no precisa si Cospedal y Rajoy cobraron o no cobraron.

María Dolores de Cospedal, al conocer la información, niega «tajantemente» que en su partido se hubieran cobrado sobresueldos en dinero negro durante su mandato:

—A mí no me consta de ninguna manera y se lo digo rotundamente, rotundamente, que eso se haya producido, desde luego en mi etapa como secretaria general. O sea, eso lo tengo que decir con toda claridad y tajantemente. Y tampoco me consta que se haya producido con anterioridad. Pero, en cualquier caso, durante mi etapa de secretaria general tengo que decir que no se ha producido, no se ha producido. Eso se lo puedo decir tajantemente. Porque desde que soy secretaria general de mi partido, actué como creía que tenía que actuar y como me dijo Rajoy, como es lógico y normal, que tenía que actuar, dándome completa libertad de acción en los asuntos internos de la casa. Y esa libertad de acción pasa por una transparencia y pulcritud absoluta en la gestión de las cuentas.

Si se lee detenidamente el presunto desmentido de Cospedal, reproduce la idea que el diario transmitía en su información.

Eso es evidente cuando la secretaria general intenta enfatizar su negación:

Pero, en cualquier caso, durante mi etapa de secretaria general tengo que decir que no se ha producido, no se ha producido. Eso se lo puedo decir tajantemente. Porque desde que soy secretaria general de mi partido, actué como tenía que actuar y como me dijo Rajoy.

Con su particular forma de articular las frases, Cospedal dice a la radio lo que de otra manera explicó al diario El Mundo en la tarde de la víspera: durante mi mandato se acabó con prácticas que pudieran existir y que yo ignoro si existían, y eso se ha hecho a instancias de Rajoy.

Verde y con asas.

En la conferencia intermunicipal que el PP celebra en Almería el viernes 18, la secretaria general va un paso más allá: «En el PP quien la hace la paga y que cada uno aguante su vela».

Pero esta explicación vuelve a poner el acento sobre todo en «su» etapa como secretaria general.

Quien se desmarca es Esperanza Aguirre. Ella, que el día anterior, 17 de enero de 2013, la víspera de la publicación sobre los sobresueldos, ha mantenido el encuentro digital en la redacción del diario El Mundo; ella, cuyo exdirector de gabinete, Regino García Badell, había apuntado a sus amigos a primeros de enero, en aquella comida de Bilbao, el tema de los sobresueldos, ella se pronuncia así: «Es una crisis institucional gravísima. Hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga». Señala que el caso de los sobresueldos debe ser estudiado «a fondo» y, de confirmarse, dice que sería un «escándalo político-financiero tremendo». Recuerda que en 1990, «en el caso Naseiro se hizo una investigación interna dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón y no sé si ahora habría que hacerlo». Da toda la impresión que Esperanza no improvisa. Estaba preparada.

Esa noche, Rajoy tiene previsto trasladarse a Almería para cenar con los dirigentes del partido.

Trías Sagnier insiste con un nuevo SMS a Bárcenas el mismo 18 de enero. Pero esta vez ya no se refiere a Suiza, sino que le asesora en relación con los sobresueldos:

Mi consejo, Luis: háblalo con Bajo, convoca una rueda de prensa ya, y explícalo todo. Tú seguías instrucciones, tenías un sueldo alto y nunca cobraste en sobres. Un abrazo.

Aquí, Trías Sagnier admite que se sabe el tema. «Nunca cobraste en sobres», le dice.

Luis responde:

Hablaré con él. Tú conoces bien el tema. Lo tremendo es que la que lo filtra es la Cospe para cargarse a todos los que representan el pasado. Está convencida de que ella va a heredar.

Luis hace, pues, una alusión al tema de los pagos de sobresueldos: «Tú conoces bien el tema».Y asume que El Mundo ha hablado con María Dolores de Cospedal antes de publicar la información.

A las 17.47 horas, Trías Sagnier responde:

En tus manos está deshacer este enredo, Luis.

Miguel Bajo realiza declaraciones a la prensa con relación a los sobresueldos. Dice que «el PP tiene que abrir una investigación y la Agencia Tributaria otra». Añade: «Aquí lo único que se dice es que alguien entrega en unos sobres un dinero. Eso carece de significación, desde el punto de vista de la ilicitud, mientras no sepamos de dónde procede el dinero». Y aprovecha para anunciar que la empresa de Luis, Tesedul, se ha acogido a la amnistía fiscal de Montoro por valor de diez millones de euros.

Pero Luis no solo intercambia mensajes con Trías Sagnier. También lo hace con el presidente del Gobierno en este día difícil del 18 de enero de 2013 en el que Rajoy está viajando. A las 21.15 horas escribe:

Querido Mariano, le he trasladado a Marilar la improcedencia de que yo haga un comunicado para contrarrestar la filtración de Cospedal a El Mundo. Yo, después de mirar ayer el partido para otro lado, no tengo credibilidad. Debe salir ella y pedir que El Mundo aporte las pruebas. Conmigo puedes contar siempre y sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado. Un abrazo fuerte. Luis.

Esta respuesta directa de Luis a Rajoy sigue, en efecto, a una petición de Marilar de Andrés, responsable de Comunicación del PP, quien ha solicitado a Luis que difunda un comunicado para desmentir la información del citado periódico.

¿Dónde estaba Rajoy a esa hora?

El presidente del Gobierno aterrizaba en Almería para acudir a una cena con alrededor de veinte dirigentes del PP en un restaurante del centro. Allí le esperaban los vicesecretarios Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la ministra de Fomento, Ana Pastor; el secretario de Política Autonómica del PP, Juan José Matarí; el secretario de Política Local, Manuel Cobo; o el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Tanto Arenas como Matarí han estado en contacto directo con Luis durante largos meses. Y también está presente en la cena Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, el brazo derecho de Alberto Ruiz-Gallardón. Cobo ejerce como observador en Génova de las relaciones del aparato del partido con Luis, detecta las exigencias que este va planteando y la reacción de sus interlocutores. Y los traslada discretamente a su amigo, el ministro de Justicia.

En la cena no se habla del innombrable: Luis. Rajoy, en cambio, explica que Almería es una gran ciudad española en un estado envidiable.

De modo que Rajoy espera a estar más cómodo, a solas, quizá al llegar a su hotel, para responder a Luis. No se había olvidado de él. Para nada. A las 23.32 del 18 de enero de 2013 Rajoy contesta:

Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo.

Rajoy no insiste, pues, en que Luis haga aquello que le ha solicitado Marilar de Andrés, es decir, el desmentido. Prefiere sortear el enfrentamiento. Y exhorta a Luis a mantenerse firme. Los dos saben de lo que hablan.

Esta mañana del sábado 19 de enero de 2013, antes de iniciarse la reunión intermunicipal del PP en Almería, las cosas se complican todavía más. El diario El País publica a toda portada una información sobre los sobresueldos y el origen de los pagos, que deja pequeña la noticia de El Mundo porque apunta directamente a Rajoy y a Cospedal.

El periodista Francisco Mercado, que mantiene contactos con Álvaro Lapuerta, tiene una entrevista con el hombre que ha sido tesorero del PP por decisión de José María Aznar desde febrero de 1993 hasta junio de 2008. Lapuerta le da fe de que él mismo entregaba dinero en efectivo a Aznar entremezclado en los informes que le llevaba a su despacho. Y también le narra un episodio relacionado con dinero entregado por un banco, a mediados de los años noventa, a Aznar. Mercado da crédito a lo que escucha, pero toma la precaución de grabar por su cuenta las confesiones de Álvaro Lapuerta como garantía de lo que va a escribir.

El sábado 19 de enero El País dedica las cuatro columnas de portada al tema de los sobresueldos. Y atribuye como su fuente a los extesoreros del PP. Es decir, Luis y Álvaro Lapuerta.

«Vendaval en la cúpula del PP por las acusaciones de sobresueldos opacos», reza el título de la información.

«Bárcenas, imputado por blanqueo y delito fiscal, presiona tras destaparse que ocultó 22 millones en Suiza. Su entorno afirma que Aznar ideó el sistema para completar la nómina sin tributar», dice en el sumario.

Y afirmaba la información:

El entorno de Luis Bárcenas sostiene, sin aportar aún pruebas documentales que lo avalen, que el extesorero pagó durante los últimos años sobresueldos mensuales opacos al fisco a los principales dirigentes del PP, entre ellos sus dos últimos presidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, con dinero de donaciones de distintas empresas. Las mismas fuentes indican que Álvaro Lapuerta, el anterior tesorero del PP, y Bárcenas dejaron constancia por escrito de los pagos.

La dirección nacional del PP lo niega y asegura que todos los pagos e ingresos fueron declarados a Hacienda y están auditados por el Tribunal de Cuentas, que no halló ninguna anomalía…

Apuntaba también:

Sin embargo, el entorno de los extesoreros del PP explica que desde la etapa de la presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy, incluida, los principales dirigentes del partido han cobrado un sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco.

El sistema, según estas fuentes, fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP. Entonces se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero «que no tributase». Y se instaló un sistema por el que se abonaba, solo a los principales dirigentes, un sobresueldo que no declaraba el partido al fisco, por lo que el perceptor tampoco estaba obligado a hacerlo, según fuentes próximas a los extesoreros.

Y añadía:

La media de esos sobresueldos rondaba los 3.000 euros mensuales. La tesorería del partido, según el entorno de Bárcenas y Lapuerta, guardaba una celosa lista del perceptor de esas cantidades, en la que había dos puestos siempre fijos como perceptores de complementos: el presidente y el secretario general del partido. En ocasiones se benefició a cargos ajenos a dichos puestos.

En cuanto a Rajoy y Cospedal, la noticia explicaba:

Rajoy, según fuentes próximas a los extesoreros, heredó el sistema, pero le disgustó y, tras cobrarlo unos meses, renunció a seguir haciéndolo. No le convencía la fórmula de los pagos opacos. Su secretaria general, Dolores de Cospedal, también fue perceptora de esos sobresueldos opacos, según las mismas fuentes próximas a Bárcenas.

El presidente del Gobierno no da señales de vida en los teléfonos móviles de Luis del sábado 19 de enero, tal como había prometido la noche anterior. Al llegar, pasadas las once y media de la mañana, a la conferencia intermunicipal y subir por la escalera mecánica a la sala de la reunión, un periodista le pregunta:

—Señor Rajoy, ¿hubo sobresueldos en el Partido Popular?

—¡Sí, hombre! —ironiza el presidente del Gobierno.

Ya en harina, Rajoy, tras defender a los exsecretarios generales del partido Javier Arenas y Ángel Acebes, dedica a Luis, sin citarle, algunas palabras:

Amigas y amigos, hay personas que estaban asumiendo unas responsabilidades en el partido y que ahora ya no están. El partido actuó y se adoptaron las responsabilidades políticas. Ahora hay asuntos en los tribunales y quienes están actuando son los tribunales. Eso tiene que ser un motivo de tranquilidad para todos, el que las instituciones funcionen, lo hagan normalmente y cumplan con su función, que es la que le asigna la propia Constitución. Esta es la auténtica tranquilidad para los ciudadanos y para los políticos honrados, que actúe la justicia. Para ello, la justicia cuenta con el apoyo de este partido. Ha habido personas que militaron en él y ahora ya no están.

Al día siguiente, domingo 20 de enero, Luis sabe lo que se dice en los círculos del cuartel general del PP sobre él. Comienza a sentirse como el enemigo número uno. Cospedal así lo considera y su gente tiene orden de atacarle sin piedad. Reanuda su diálogo con Rajoy empezando por el último mensaje del presidente del Gobierno la noche del viernes. Habida cuenta de que el sábado Rajoy no le llama, Luis retoma el 20 de enero la partida allí donde quedó el viernes. Por el Sé fuerte.

Estoy tranquilo y soy fuerte. ¿Estás de acuerdo con las órdenes que se han dado en el partido respecto a mí? Te ruego me llames, como quedaste, para saber dónde estamos. Es urgente. Gracias.

Luis quiere, por tanto, saber en qué punto de las relaciones se encuentran él, Rajoy y el PP.

El lunes 21 de enero, Trías Sagnier publica un artículo en El País en el que ha estado trabajando durante el fin de semana. Admite conocer una contabilidad B que llevaban de facto Luis y Álvaro Lapuerta: «Por lo que yo pude saber sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes», escribe.

Y dedica unas líneas a si Cospedal y Rajoy, como informa El Mundo, habían puesto fin al sistema:

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia.

Agrega una exigencia:

En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo. Que cada palo aguante su vela, afirmó la secretaria general María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy.

Pero el diario hace algo más. Extracta la información que se desprende del artículo y la publica a toda portada:

UN EXDIPUTADO DENUNCIA EL PAGO DE SOBRESUELDOS
EN LA CÚPULA DEL PP

Cospedal replica en la Cadena Ser esa misma mañana al ser preguntada por el asunto:

—Eso parte de que le demos credibilidad a ese señor, yo no se la doy. En absoluto. Él dice que él cree y él sabe que eso se hacía. Que diga quién lo hacía, que diga cómo, que diga por qué lo sabe él. Porque si no, no me vale en absoluto. Los servicios jurídicos del Partido Popular están estudiando acciones judiciales. Eso de que un señor diga «esto se estaba haciendo» y no lo demuestre, no lo puede decir alegremente.

El abogado escribe un mensaje este 21 de enero:

Luis lee mi artículo con atención. Verás por qué se cabrea la Cospe. Te echo un cable, que no seas el palo que aguante la vela.

Era de todo punto de vista imposible que Luis no hubiera tenido acceso a la portada del diario. Pero contesta:

Lo leeré. La operación contra Mariano es asquerosa, sobre todo con lo que tú has visto. Que tenga la otra el desparpajo de presentarse como un alma pura es alucinante. Abrazo.

Que María Dolores de Cospedal tenga «el desparpajo de presentarse como un alma pura es alucinante», escribe Luis, y apostilla, en clara complicidad: «Sobre todo con lo que tú has visto».

Jorge Trías Sagnier, pues, no recibe en este intercambio de mensajes ninguna censura o exhortación a estarse callado.

Luis le está recordando de manera puntual: «Tú conoces bien el tema», «sobre todo con lo que tú has visto». Trías Sagnier es, de hecho, el testigo de cargo con el que Luis está jugando esta partida de ping-pong.

Trías concede el mismo día 21 una entrevista a El País. Al día siguiente, el periódico abre otra vez su portada:

BÁRCENAS NO DEBE SER EL ÚNICO PALO QUE AGUANTE
ESTA VELA SUCIA

A la pregunta de si ha visto la contabilidad B del PP, responde:

He visto la que me han enseñado […] Una parte del dinero procedente de donaciones anónimas se ingresaba en la cuenta corriente destinada al efecto, y otra era la que se entregaba a los dirigentes como sobresueldo, de la que no quedaba constancia en ninguna cuenta bancaria, pero sí debió quedar constancia, aunque yo no tengo el documento fehaciente, en la contabilidad que llevaba el PP.

«Yo no tengo el documento fehaciente». Estas seis palabras son reveladoras. La palabra «fehaciente» utilizada por un abogado solo quiere decir una cosa: que certifica la autenticidad, que da prueba de fe.

Trías Sagnier está reconociendo haber visto el original, el documento auténtico que le ha enseñado Luis. Y admite, por negación, poseer una copia de los papeles de Luis, la contabilidad B.

Trías da un paso más. Llama el martes 22 de enero de 2013 a la Fiscalía General del Estado para solicitar ver al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, quien le recibe al día siguiente en compañía de uno de sus asesores. El abogado dice haber visto los papeles e insinúa que hay más cosas. El fiscal general le sugiere que haga una denuncia.

Torres-Dulce acuerda con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, la apertura de diligencias informativas sobre el asunto. Salinas sugiere al primero que se haga cargo el fiscal Antonio Romeral.

Mientras, el presidente del Gobierno permanece callado. El 25 de enero, durante el vuelo en un avión de la Fuerza Aérea entre Santiago de Chile y Lima (Perú), los enviados especiales preguntan por las donaciones y los sobresueldos.

—Yo no voy a entrar en este tema —responde Rajoy—. La tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, va a investigar el asunto. Una vez que ella eleve su informe, me pronunciaré.

Unas horas más tarde, ya en Chile, concede una entrevista al periodista Melchor Miralles de la emisora Abc Punto Radio en Madrid:

—¿Cuándo fue la última vez que habló con Bárcenas?

La última conversación por SMS entre Rajoy y Luis, Almería-Madrid, lleva una semana, pero es secreta. El presidente del Gobierno responde:

—No lo recuerdo…

—¿Ve usted a su extesorero en prisión?

—Oiga, ehhhhhh, yo no puedo responder a eso, eso lo tendrán que decidir los tribunales. No me corresponde a mí. El señor Bárcenas tiene unas acusaciones y estoy convencido de que sus abogados ejercerán su defensa de la manera mejor para él, y eso es lógicamente lo que se espera.

Jorge Trías Sagnier ha invitado a comer el lunes 28 de enero de 2013 al abogado Gerardo Viada, que trabaja para el diario El País y el grupo Prisa. Pero alrededor del mediodía del domingo le llama a su móvil. Regresa esa tarde de Valencia y le sugiere verse ese mismo domingo, día 27 de enero. Viada pasará por su piso de la calle Antonio Maura de Madrid esa noche.

Trías Sagnier le está esperando, pasadas las siete de la tarde, con un sobre del cual extrae una fotocopia, la única que posee, según asegura, de los papeles de Luis, una contabilidad paralela sobre donativos y sobresueldos, y ha decidido dársela para que haga uso de ella como crea conveniente. Trías Sagnier le explica que ya no quiere convivir con esos papeles en su despacho. Se muestra preocupado por la posibilidad de que hayan seguido a Viada. En cierto momento le lleva hasta uno de los balcones del piso para verificar si hay algún movimiento extraño en la calle. Abajo, en Antonio Maura, da la casualidad de que hay un coche de la Policía que al cabo de un rato desaparece.

El relato es el siguiente: a finales de 2010, cuando está colaborando con él en la tarea de persuasión del juez Pedreira y los contactos con medios de comunicación, Luis le lleva el original de catorce páginas a su despacho, en la calle Almagro. Quiere Luis que le dé un repaso y le diga qué piensa. Qué recorrido podría tener el material. Se lo deja.

De regreso al despacho, por la tarde, Luis le pregunta qué le parece. Trías Sagnier, que ha hecho una fotocopia y la ha guardado en la caja fuerte de su oficina, le señala al devolverle el original:

—Es posible que lo que se describe ya esté prescrito y que tampoco llegase a ser delito fiscal. Pero esto es una bomba, Luis.

Luis lo introduce en su carpeta de cuero. Y no tiene la menor duda de que Trías Sagnier se ha quedado con una copia, quizá su objetivo buscado por motivos inconfesables.

Tras escucharle, Viada coge el sobre y se marcha.

Esa noche Trías Sagnier recibe una llamada inesperada de Luis. Le pregunta si es cierto que ha filtrado el documento a una persona del medio periodístico con la que Trías Sagnier jamás ha tenido contacto alguno.

Luis intuye, a partir del viernes 18 de enero, que los papeles pueden aparecer cualquier día en algún medio de comunicación. Tiene que preparar lo que va a hacer. El arma de que disponía acaba de subir su valor en el mercado del escándalo político a raíz de la información del diario El Mundo. Y sabe también que, si bien el original está bajo su control, Trías Sagnier dispone de una copia.

Si, en efecto, se publica la copia, su munición se convertiría aparentemente en pólvora mojada. Pero incluso en tal caso el valor del original que Luis guarda bajo siete llaves aumentaría de modo considerable.

El dividendo que podría obtener Luis, en caso de publicarse la copia, sería el de un pacto con el PP para negar su validez y conseguir que Rajoy curse instrucciones al partido para que no le ataquen, para que su cuenta en Suiza quede desplazada del primer plano.

El equipo de dirección de El País recoge en casa de Viada, hacia la medianoche del domingo 27, el sobre con el documento. El director de El Pais, Javier Moreno, y el director adjunto, Vicente Jiménez, encargan a un equipo de cuatro periodistas (el subdirector José Manuel Romero y el redactor jefe Miguel Jiménez y los redactores Francisco Mercado y Carlos E. Cué) la información y el análisis de las cuentas secretas de Luis. El miércoles 30 de enero de 2013 todo está listo. Los dirigentes del PP consultados niegan las cuentas y los sobresueldos; los presuntos donantes rechazan la información. El presidente ejecutivo del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, convoca una reunión la tarde del miércoles en el edificio de Sogecable, en Tres Cantos. Moreno y Jiménez informan sobre los detalles y la respuesta a la consultas realizadas. Fernando Abril-Martorell, consejero delegado, escucha con gran preocupación la propuesta de publicar los papeles de Luis. Si habitualmente carece de pelos en la lengua, en esta ocasión quiere ser brutalmente claro con la vulnerabilidad económica del grupo:

—Si estábamos al borde del abismo, este puede ser nuestro empujón para caer en el vacío… Nadie nos va a sujetar para evitarlo.

Cebrián, que conoce perfectamente la debilidad financiera, después de escuchar a todos, dice:

—Si un periódico no es capaz de publicar una información como esta es mejor cerrarlo…

El diario publica el jueves 31 de enero de 2013 los que serán conocidos como «Los papeles secretos de Bárcenas», una adaptación del título «Los papeles del Pentágono» (Pentagon Papers) que publicó el diario norteamericano The New York Times en 1971 sobre las provocaciones militares de Estados Unidos en Laos y Vietnam, todo lo contrario de lo que prometía el presidente Lyndon B. Johnson a los ciudadanos norteamericanos.

Los papeles tienen anotaciones sobre unos ingresos por donaciones de 7,5 millones de euros en el período de 1990 a 1998, quince años. Empresarios de la construcción, algunos de ellos imputados en casos de corrupción, han aportado las mayores cantidades, que luego se distribuyen como pagos a la cúpula del PP. Encabezan la lista de presuntos donantes empresarios como Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, o Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL (Obrascón Huarte Laín, S. A.).

La media de ingresos anuales es del orden de medio millón de euros, desde 48.000 euros en 2005 hasta una cantidad superior a 1,5 millones en 2003 y 2004. En la lista de presuntos donantes destacan empresarios que aparecen en la trama Gürtel: Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) o Juan Cotino. También hay empresarios de la construcción, como Antonio Pinal (presidente de Bruesa), Luis Gálvez (Ploder), Romero Polo (del grupo leridano del mismo nombre) o Antonio Vilela (Rubau).

«J. M. Villar Mir» o «Villar Mir» aparece en tres ocasiones por un total de 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008. Luis del Rivero, por entregas que ascienden a un total de 380.000 euros que figuran a su nombre, y una cuarta de 100.000 euros en la que el concepto recoge «De Javier (L. del R.)». En 2008 hay dos entregas de José Mayor, presidente de FCC Construcciones, hermano de Jaime Mayor Oreja, por un total de 165.000 euros.

Los mayores donativos recaen en el promotor malagueño José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo Sando, con 1,15 millones de euros, y a nombre de Manuel Contreras Caro, de la empresa andaluza AZVI, con un millón. Ingresos aportados por Pablo Crespo, de la trama Gürtel, o Juan Cotino, de la empresa Sedesa, superan el límite legal.

Destacan, aparte de empresas constructoras, Mercadona, por una aportación de 90.000 euros en 2004 y 150.000 euros en 2008.

Los donativos así contabilizados violan las prohibiciones fundamentales de la Ley de Financiación de Partidos Políticos vigente entre 1987 y 2007. Los partidos no podían recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superior a diez millones de pesetas o 60.101 euros anuales, ni era posible que los donantes fueran empresas que tuvieran contratos vigentes de prestación de servicios o realización de obras o suministros para las administraciones públicas.

En las anotaciones se contabilizan ingresos de una sola vez hasta de 250.000 euros, y de una misma persona en un año de hasta 400.000 euros. En más de treinta ocasiones se superó el límite legal, que, a partir de la modificación de la ley en 2007, aumentó de 60.000 a 100.000 euros.

Las donaciones privadas debían, según la ley, abonarse «exclusivamente en cuentas de entidades de crédito, cuyos únicos ingresos serán los procedentes de las mismas». Los apuntes, en cambio, registran aportaciones que se hicieron en efectivo.

En los sobresueldos o complementos salariales Rajoy encabeza el ranking por número de apariciones al ser el político que más tiempo permanece en la dirección. Las anotaciones se hacen con las siglas «M. R.», «M. Raj.», «Mariano», «Mariano Rajoy» y «Mariano R.».

Estas siglas aparecen en quince apuntes semestrales de 12.600 o 12.620 euros, dieciocho apuntes trimestrales de 6.300 euros, un apunte de 16.828 euros por ocho meses, un apunte de 8.420 euros y otro de 2.400 euros. Son treinta y cinco apuntes, que suman 322.231 euros. En esta cantidad se incluyen 33.207 euros consignados en seis apuntes por estos conceptos: «Trajes Mariano», «Corbatas presidente» y «Trajes M. R.».

Según estas anotaciones, Rajoy cobró sobresueldos durante tres ejercicios (1997, 1998 y 1999), en los años que era ministro del Gobierno de José María Aznar: ocupó Administraciones Públicas (del 6 de mayo de 1996 al 18 de enero de 1999) y Educación (a partir de la segunda mitad de enero de 1999).

La Ley de Incompatibilidades vigente, la 12/1995, establecía que los ministros no podían ser beneficiarios de ningún otro salario o remuneración en especie, ya fuera del sector público o del privado.

A Rajoy le sigue Francisco Álvarez-Cascos, con las siglas «Paco A. C.», «P. A. C.», «PA.», «Paco», «Cascos», con un total de veinte apuntes: semestrales de 19.860 euros y trimestrales de 9.900 euros. En total, son 321.391 euros entre 1997 y 2004.

Después viene Javier Arenas, con las siglas «Javier», «Are», «J. A.», «J. Ar.», «Arenas», con veinte apuntes: pagos semestrales de hasta 19.800 euros y trimestrales de hasta 9.900 euros entre 1997 y 2004.

A continuación, Rodrigo Rato, con las siglas «Rodrigo», «Rodrigo R.», «R. Rato», «Rodrigo Rat.» y «R.», que aparece con diecisiete apuntes por valor de 216.711 euros entre 1997 y 2004.

Jaime Mayor Oreja aparece bajo las siglas «Jaime» y «Jaime Mayor», con dieciséis apuntes: semestrales de 12.260 euros y trimestrales de hasta 6.310 euros. En total, 181.440 euros entre 1997 y 2004.

Los cinco se incorporan al primer Gobierno de José María Aznar formado en mayo de 1996, lo que según la Ley de Incompatibilidades vigente, les impedía cobrar sueldos del partido en el período de mayo a diciembre de ese año.

Este dato tiene importancia porque, si bien los papeles registran los pagos a primeros de 1997, se refieren al año 1996. Esto se deduce de otros pagos anotados en el primer y el segundo semestres de 1997.

Las cifras del período de ocho meses que van de mayo a diciembre guardan proporción con las anotaciones semestrales que arrancan entonces: Álvarez-Cascos: 3.300.000 pesetas (19.833 euros); Arenas: 2.400.000 pesetas (14.424 euros); Rato: 2.280.000 pesetas (13.703 euros); Rajoy: 2.100.000 pesetas (12.621 euros), y Mayor: 350.000 pesetas mensuales (2.104 euros).

Las cifras se repiten semestre tras semestre, aunque en cierto período se contabiliza por trimestres, pero con la mitad del importe semestral, hasta el año 2002. A partir de esta fecha las cifras en euros son equivalentes a las anteriores en pesetas.

La contabilidad registra situaciones personales que parecen coherentes. Es el caso de Javier Arenas, que sale de los papeles en 1999. Como abandona el Gobierno, ya puede cobrar legalmente retribuciones del partido, pero en julio de 2002, al regresar al Gobierno como ministro de Administraciones Públicas, resucita en las anotaciones.

Su sobresueldo, habida cuenta de que es secretario general del PP, se eleva a 9.900 euros trimestrales, el mismo nivel, pero en su caso con carácter semestral, de los 19.800 semestrales de Álvarez-Cascos.

La alternancia política del PP, del poder a la oposición, se refleja en los apuntes. El PP abandona el Gobierno tras su derrota del 14 de marzo de 2004, y Álvarez-Cascos, Arenas, Rato y Mayor Oreja dejan de cobrar. Ángel Acebes pasa a ser secretario general. Con los nombres de «Ángel Acebes», «Ángel A.» y «Ángel», aparecen quince apuntes trimestrales de 6.300 euros y un apunte semestral de 12.600. En total, 107.100 euros entre 2004 y 2008.

María Dolores de Cospedal sustituye a Acebes en la convención de Valencia de junio de 2008. En el segundo semestre de ese año, aparecen registrados dos abonos trimestrales de 7.500 euros a nombre de la flamante secretaria general.

Las anotaciones a favor de Rajoy son siempre iguales desde 1997: el equivalente de 12.600 euros semestrales. Pero hay una entrega de tal cantidad en el segundo semestre de 2008 y un apunte de regularización de 2.400 euros que eleva el total del semestre a 15.000 euros, cantidad idéntica a la de Cospedal.

Hay una clara diferencia entre el sistema de anotaciones analizado y el que se aplica a otros dirigentes del PP. En 1990, por ejemplo, son registrados seis apuntes de pagos en efectivo de 255.000 pesetas (1.533 euros mensuales) y un total de 9.198 euros, incluida una paga extra de julio, bajo las siglas «J. M.». El nombre de pila que en la cúpula del partido se correspondería con esa persona es José María Aznar.

Colaboradores como Pedro Arriola aparecen con apuntes que alcanzan el equivalente de 778.012 euros y Federico Trillo anota once cobros que alcanzan los 185.256 euros. En resumen, el superávit mayor que arrojan ingresos y pagos a dirigentes y otros gastos llegó a pasar de los 900.000 euros. Este saldo se ingresaba en la cuenta de donativos del Partido Popular en el Banco de Vitoria (Banesto).

Los papeles dan cuenta de trece ingresos en dicha cuenta por 1,2 millones de euros. Los restantes 6,3 millones, hasta completar los 7,5 millones anotados como donativos, se destinaron a pagar a la cúpula del partido y a financiar otros gastos.

La publicación de los papeles de Luis desencadena un terremoto político. Luis, que mantiene relación con Rajoy también a través de los exministros Ángel Acebes y José María Michavila, en cuyo bufete trabaja la abogada Montserrat Gil, esposa de Alfonso Trallero, el letrado que, junto con Miguel Bajo, se ocupa de su defensa.

El mismo jueves, día 31 de enero, Luis envía a los medios un comunicado:

Ante las noticias difundidas en diferentes medios de comunicación y en particular en la edición de hoy del diario El País, vengo a poner de manifiesto los siguientes extremos:

1.º En los años en que fui gerente y posteriormente tesorero del Partido Popular, nunca se llevó ni por mí ni por ninguna otra persona registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados oficialmente por el Partido.

2.º Al menos durante la referida etapa, jamás se hizo entrega a ninguna de las personas que menciona el diario El País, ni a ninguna otra, de cantidades que no hubieran sido oportunamente recogidas en la única contabilidad existente en el Partido.

3.º A lo largo del repetido período, no existió tampoco en el Partido donativo ni aportación alguna que no cumpliera la normativa vigente y/o que no fuera debidamente recogida en la contabilidad del Partido e ingresada en la cuenta corriente de donativos.

4.º En escrupuloso cumplimiento de la Ley, la contabilidad del Partido fue siempre presentada ante el Tribunal de Cuentas, para su fiscalización, emitiendo dicho órgano jurisdiccional los oportunos informes durante todo el mencionado período sin tacha alguna al respecto.

5.º Jamás en los muchos años de servicio que tuve el honor de desempeñar en el Partido Popular consentí, auspicié ni ejecuté actuación alguna que pudiera suponer un incumplimiento de la Ley ni de los estrictos principios éticos del Partido.

6.º Siempre me esforcé en actuar con la máxima transparencia en la gestión de los ingresos y gastos del Partido, como me consta igualmente que hizo Álvaro Lapuerta, y si pude cometer algún error —como sin duda hice—, no fue recibiendo cantidad alguna ni llevando contabilidad paralela alguna distinta de la única existente en el Partido.

7.º Me reservo cuantas acciones legales, penales y civiles, me amparen ante el manifiesto desprecio a la verdad y a mi persona que se está llevando a cabo por quienes lanzan a la opinión pública falsedades como las recogidas hoy por El País.

8.º Deseo dejar por último expresa constancia de mi profundo pesar por el injusto daño que se quiere hacer con estas falsas informaciones a personas que, con Mariano Rajoy al frente, siempre me han demostrado una altura moral, profesional y personal, intachable.

El texto del comunicado tiene trescientas cuarenta y seis palabras. Pero Luis no hace referencia a lo obvio: que los apuntes no han salido de su mano, que no es su letra, ni se ofrece a realizar un examen grafológico para probarlo.

Sin embargo, uno de los puntos que interesa a Rajoy está presente: «Al menos durante la referida etapa, jamás se hizo entrega a ninguna de las personas que menciona el diario El País, ni a ninguna otra, de cantidades que no hubieran sido oportunamente recogidas en la única contabilidad existente en el Partido».

Al tiempo, María Dolores de Cospedal niega en términos parecidos que los papeles se correspondan con la contabilidad B del PP.

Pero esa misma mañana del 31 de enero, entre los bastidores, el director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán Ruiz de Huidobro, hace un hueco para cursar en la Seguridad Social una solicitud de baja de una persona que ha regresado a la nómina del PP el 16 de abril de 2010 como «asesor» de la organización tras renunciar a su escaño de senador. Su nombre: Luis Bárcenas.

El PP no ha tomado esa decisión cuando han sido conocidas las cuentas en Suiza. Porque según la versión que le ha trasladado Arenas a Luis, Rajoy no quería cambiar la relación contractual.

Pero, ahora, con los papeles, sí lo ha hecho.

El viernes 1 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción solicita al juez Ruz que cite a declarar a Luis por las cuentas de Suiza. Aclara que no ve indicios para vincular los papelesque acaban de publicarse con la contabilidad B del PP. En un comunicado dice lo siguiente:

La nueva documentación que obra en la causa es el resultado de una comisión rogatoria solicitada por el juzgado a las autoridades suizas y de la que, por el momento, no concurren indicios que permitan vincular los fondos del Dresdner Bank con la denominada caja B del Partido Popular.

El 2 de febrero de 2013, Mariano Rajoy por fin se pronuncia con un discurso ante el Comité Ejecutivo del partido, retransmitido a los periodistas por monitor de plasma.

Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de papeles apócrifos no responde a la verdad, es total y radicalmente falsa. Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se pueda insinuar es falso. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro; es falso. Yo ganaba más dinero en mi profesión como registrador de la propiedad que como político. No he venido a la política a ganar dinero.

Rajoy ha ido más lejos que Luis. Al calificar los papeles como apócrifos, el presidente le está diciendo a Bárcenas: «¿Ves?, estoy negando que seas el autor».

A todo esto, más de media docena de cargos del PP admiten públicamente los pagos que se registran en las anotaciones.

El 4 de febrero, una de las acusaciones populares personadas en el caso Gürtel, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), presenta un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al hilo tanto de la regularización fiscal de Luis como de la publicación de los papeles. Considera «una medida excesiva y desproporcionada» solicitar su ingreso en prisión, pero señala que tampoco sería apropiado «permanecer totalmente inactivos ante las nuevas informaciones recibidas». Solicita al juez que le cite para tomar declaración, le prohíba salir de España, retire su pasaporte, le coloque una pulsera telemática para su control permanente y le obligue a comparecer en el juzgado semanalmente. También pide el embargo preventivo de todos sus bienes y propiedades, incluyendo los que tenga en el extranjero, y que le prohíba transferir o gravar sus bienes, medidas que servirían para evitar el riesgo de fuga y que proceda a su vaciamiento patrimonial.

Luis, de acuerdo con Rajoy a través de sus intermediarios, hace saber que va a difundir un nuevo comunicado. Pero finalmente graba una entrevista en audio con el periodista Antonio Jiménez, de la cadena 13tv, la noche del 4 de febrero de 2013.

Antes de su difusión, es Rajoy quien, junto a Angela Merkel, en Berlín, tras una reunión bilateral hispano-alemana, responde esa tarde sobre los papeles:

—Desde luego, todo lo que figura allí y que se refiere a mí y a los compañeros míos que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es lo que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera: es total y absolutamente falso. Las cosas que se me imputan son falsas.

A pesar de que ese mismo día Calixto Ayesa, exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra, admite haber recibido pagos en metálico, lo mismo que Santiago Abascal, juntero del PP en Álava, Luis lo niega todo. Esta vez, después de pactar con Rajoy, habla de su letra:

El cuaderno ni existe ni ha existido. Y, en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe, esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. Niego que sea mi letra y estoy dispuesto a prestarme a cualquier prueba caligráfica o poligráfica que pueda aclararlo. Se trata de un montaje realizado por alguna persona que haya tenido acceso a la contabilidad.

El juez decide al día siguiente, 5 de febrero, citar a Luis el 25 de febrero, y traslada a las partes la petición de medidas cautelares propuesta por ADADE.

Luis acude el 6 de febrero a la Fiscalía Anticorrupción, en la calle Manuel Silvela de Madrid, para prestar declaración como imputado en las diligencias abiertas por los papeles.

Cuando el fiscal Antonio Romeral le pone delante lo que se ha publicado, Bárcenas dice que es «completamente falso» que existiera una contabilidad B y el pago de sobresueldos al margen de los gastos de representación, y que los donativos se ingresaban cumpliendo la normativa que exigía una cuenta específica y dentro de los límites autorizados.

Niega que sea su letra, califica los papeles como una «chapuza», un «libro de colmado de tenderos de principios del siglo pasado», y se ratifica en que no proceden de su mano. Un miembro de la Policía Judicial somete a Luis a una prueba caligráfica: le dicta seis folios con palabras, frases y números. El cuerpo de escritura será objeto de una pericia para cotejar letra y caligrafía.

El fiscal Romeral pregunta por su relación con Trías Sagnier y si le exhibió «una serie de hojas» que pudieran «documentar» las entradas de donaciones, que son las que se han podido publicar en El País, o si ha tenido alguna conversación.

Luis respeta el pacto con Rajoy.

—En absoluto —dice—, ni le he enseñado ningún papel, ni hemos tenido esa conversación… Tiene una actitud tremenda de resentimiento hacia el Partido Popular… Trías pretende cobrar una factura que, por cierto, la traigo, porque me la dirige a mí, para que le gestione su cobro [53.100 euros, incluyendo IVA]. Y no se le paga. Y después me pide que haga una gestión para ver si le reciben en Vicepresidencia del Gobierno. Hay una persona a la que accedo. Y le reciben. Y me llaman escandalizados para decirme que se propone como Defensor del Pueblo… Y a esto se une una amistad intimísima, intimísima, intimísima con el señor Garzón. Se lo digo con toda claridad, porque a mí Trías me ofreció, porque, en fin, Baltasar te puede echar una mano, por eso te ofrezco hablar con él. Y yo no quería saber nada de Gaspar, ni de Baltasar ni de ninguno de los tres Reyes… Yo lo que creo es que aquí hay una conspiración y ahora que hemos hablado de ello, el señor Garzón está participando en este tema con el periódico El País.

El fiscal pregunta por la práctica de los sobresueldos, y Luis, ufano, explica:

—Sobresueldo, claro que sí. El diputado nacional o el senador nacional que estaba teniendo una responsabilidad parlamentaria, como en cualquier empresa, se supone que tiene un nivel de responsabilidad superior, un nivel de horas de dedicación superior. […] Hicimos una consulta con el despacho jurídico de Miguel Blesa. Nos dijo que no había ningún problema. El pago se articuló mediante recibos en los que figuraba la cantidad bruta. La retención que se practicaba normalmente era la misma que se aplicaba en el Congreso y el Senado, […] de un 21 %.

Blesa, compañero de estudios de Aznar en el colegio del Pilar, será nombrado años después, en 1996, presidente en Caja Madrid sin haber tenido experiencia en gestión bancaria o financiera. Pero ya entonces asesora al Partido Popular, desde 1990.

Esta explicación para conocer el alcance de los sobresueldos oficiales requería conocer la contabilidad oficial del PP.

Trallero, letrado de Luis, pregunta sobre quién ha entregado los documentos a El País.

—No he tenido que jurar ni prometer —contesta—, pero me gustaría dar un argumento que es potente. Mis cuentas en el extranjero, uno, y dos, el caso Gürtel. Y me voy a echar más mierda encima, más porquería encima con este tema, siendo el gran perjudicado y el más sacrificado. ¿Quién es el que está sentado aquí en estos momentos?

Javier Iglesias, letrado de Álvaro Lapuerta, indaga sobre la propuesta de mantener una reunión con Garzón.

—Trías Sagnier llamó delante de mí a Baltasar Garzón en tres ocasiones —dice Luis— y, después de esas conversaciones, me dijo que sería bueno contar con Garzón, que era muy amigo suyo y que era una persona con la que yo podía contar.

El fiscal Romeral también pregunta a Luis por su relación laboral con el partido:

—Nos consta que usted ha seguido percibiendo retribuciones del Partido Popular hasta 2011…

—Pues esas retribuciones se refieren exclusivamente a que, teniendo en cuenta el daño que a mí me ha ocasionado el dejar el partido en un momento determinado de manera absolutamente injusta, llegamos a un acuerdo de compensación —responde Bárcenas.

—¿Con quién llega a ese acuerdo de compensación?

—Si no recuerdo mal, fue con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

—¿Esa situación se prolongó durante el año 2012?

—Sí, así es.

Esta forma de presentar su relación, el «acuerdo de compensación» ofrece al PP un ariete para atacar.

María Dolores de Cospedal pasa a la ofensiva. El abogado del PP, Durán Ruiz de Huidobro, cita al abogado de Luis a las 19.15 de la tarde del 12 de febrero de 2013.

El PP ya ha cursado a la Seguridad Social la petición de baja de Bárcenas el 31 de enero, nada más salir la información sobre los papeles secretos. Ahora quiere negociar la resolución de las condiciones del contrato laboral pactado en abril de 2010, cuando se reincorporó al partido tras abandonar su escaño. Alfonso Trallero toma nota de la propuesta. La reunión acaba a las 20.15 horas. El letrado se pone en comunicación con su cliente.

¿Dónde está?

4
GARGANTA PROFUNDA

A finales de 2012 y principios de 2013, Suiza es un quebradero de cabeza para Mariano Rajoy. Lo que la gente no sabe, y creo necesario apuntar para dar una idea de las amenazas que se ciernen sobre el líder del PP y presidente del Gobierno, es que la unidad de inteligencia financiera helvética, la MROS, después de haber alertado al SEPBLAC sobre la célebre Visa de 25.000 euros mensuales que se le ha denegado a Luis, tiene en el punto de mira a otro PEP. Los policías suizos han seguido durante largos meses la información sobre un caso en España que no alcanzan a entender pero que llama su atención por la elevada concentración de personalidades políticas por metro cuadrado que se advierte en las noticias. Es el turbio asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid al que son sometidos dos políticos rivales del equipo de la presidenta Esperanza Aguirre: el exvicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Los policías de la MROS extraen los primeros datos de la que es una fuente de información exclusiva. Son las noticias que aporta el diario El País, el único que parece interesado en cubrir la novela negra que enfrenta a grupos rivales. Por un lado, y separados, Ignacio González, vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, y Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Los agentes de la Guardia Civil contratados por Granados son los que realizan los seguimientos y el espionaje a Prada y a Cobo. Y también a Ignacio González.

Esperanza Aguirre cesa a Granados en el Gobierno de la Comunidad de Madrid en junio de 2011, pero sigue siendo senador, diputado en la Asamblea de Madrid y es secretario general del PP de Madrid hasta noviembre de dicho año.

Los sabuesos de la MROS, dependiente de la Oficina Federal de la Policía helvética, hacen sus averiguaciones y dan con dos cuentas bancarias de Granados, exejecutivo de Société Générale en España. Una de ellas está abierta en el BNP Paribas de Ginebra y su saldo es de 1,5 millones de euros. La segunda es una cuenta conjunta con un empresario llamado David Marjaliza.

A primeros de 2013, casi cruzándose con el envío de la primera cuenta suiza de Luis a España, la MROS decide compartir la información de las cuentas bancarias de Granados con las autoridades españolas. Su destinatario es la unidad de inteligencia financiera, el SEPBLAC, que depende directamente del secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y por esta vía del ministro de Economía, Luis de Guindos.

Granados tiene amistad con Guindos. Comparten desde hace años una tertulia que se reúne con cierta regularidad en la que también participan Rodolfo Martín Villa y Manuel Pizarro.

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Salinas, recibe del SEPBLAC un informe de los suizos. Explican en dos folios los detalles que han podido reunir. Es la primera vez que escucha el nombre de Marjaliza. No existe en la Fiscalía ninguna investigación sobre Granados. La MROS explica que a raíz de las informaciones sobre espionaje que han aparecido se han tomado el trabajo de averiguar si el PEP Granados tenía cuentas en Suiza.

Salinas llama al fiscal general del Estado en plena vorágine de las cuentas suizas de Luis. Y en una reunión le aporta copia de los dos folios enviados por la unidad de inteligencia financiera helvética. Torres-Dulce se queda con una copia del documento confidencial y solicita ver al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Le entrega los dos folios y le advierte de que no existe todavía investigación sobre Granados en España.

Ruiz-Gallardón se sorprende por el hecho de que el punto de partida de las averiguaciones helvéticas sea la operación de espionaje sobre uno de sus mejores amigos y colaboradores, vicealcalde de Madrid hasta diciembre de 2011 y secretario ejecutivo de Política Local del PP desde febrero de 2012 a propuesta de Mariano Rajoy. Es Cobo quien precisamente ha denunciado en 2010, cuando aflora el espionaje, que en Madrid «se movió una gestapillo», en referencia a la policía secreta oficial de la Alemania nazi. Ruiz-Gallardón, por otra parte, estima que la operación de espionaje también iba dirigida a él.

Es a Rajoy a quien Ruiz-Gallardón necesita informar nada más recibir los dos folios de manos de Torres-Dulce. Es urgente. Otra bomba de efecto retardado. El ministro ya está oyendo el tictac cuando todavía se escucha el estallido de la cuenta suiza de Luis. Mantiene una reunión con el presidente del Gobierno. Le aporta los dos folios. Rajoy conoce muy bien a Granados y ha seguido las escaramuzas en Madrid a través de su amigo Alfredo Prada. Rajoy pregunta al ministro si se puede hacer algo preventivamente, ya que Granados sigue siendo senador y diputado en la Asamblea de Madrid. El ministro le disuade. La información es reservada, no hay de momento investigación alguna en España. Rajoy no transmite la información a los dirigentes del PP. No se adopta medida alguna contra Granados, ya que ello destaparía la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción con los datos de Suiza. Son los albores, en enero de 2013, de la operación que la Guardia Civil bautizará, de manera elíptica, como Púnica, a partir del nombre en latín de un árbol, el granado. Punica granatum.

Esta aportación de información reservada de Eduardo Torres-Dulce al Gobierno tiene lugar en momentos en los que el fiscal general del Estado es el blanco de ataques por parte del PP y de algunos miembros del Gobierno. El PP le recrimina no ejercer un control sobre la actividad de las fiscales del caso Gürtel, y desde el Gobierno, ministros como Fernández Díaz ven muy críticamente los límites que pone Torres-Dulce a sus pretensiones de que la Fiscalía sea un instrumento directo de la Policía.

El caso más reciente, hasta poco antes de recibir la información de Suiza sobre Granados, es el de Cataluña. En plena campaña de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012, el Ministerio del Interior lanza una ofensiva para minar las posibilidades electorales de Convèrgencia i Unió, el partido nacionalista que lidera el president de la Generalitat, Artur Mas, el hereu de Jordi Pujol i Soley, patriarca del partido y expresident de la Generalitat.

La operación tiene dos patas. Los comisarios José Luis Olivera, jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, y Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía, se trasladan a Barcelona el 29 de octubre de 2012. Convocan a una reunión a los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled para analizar ciertas informaciones que poseen sobre un caso de corrupción, el caso Palau. Pretenden entrar y registrar la sede de Convèrgencia i Unió. Este cónclave se hace al margen del juez instructor, Josep María Pijuán, a cargo del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona.

Los fiscales catalanes analizan la información basada en fuentes que los comisarios no quieren revelar, pero que levanta la sospecha de los fiscales. Se mencionan cuentas del padre de Artur Mas en Liechtenstein, un asunto que ya estaba archivado en la Audiencia Nacional, y del expresident Pujol, en Suiza. Les suena a noticias recicladas. Saben que la Policía está bebiendo de fuentes tóxicas cuando no inventadas. Una de ellas es el financiero convicto Javier de la Rosa, que ya ha difundido estos datos en Barcelona. Huelen el montaje por su carácter burdo. Hacen saber a sus dos interlocutores que no ven razones para pedir al juez una orden de entrada y registro.

Los dos comisarios vuelven a Madrid con las manos vacías. Pero todavía faltan cuatro semanas para las elecciones autonómicas del 25 de noviembre en Cataluña. Serán aprovechadas por la Policía y el Ministerio del Interior.

El viernes 16 de noviembre de 2012, a nueve días de las elecciones catalanas, la Policía pasa a la segunda fase de la operación. Filtra al diario El Mundo lo que se presenta como un borrador de la UDEF en el que se sostiene que Artur Mas y Jordi Pujol han recibido parte del dinero que empresas constructoras habían abonado al Palau de la Música como medio para lograr la adjudicación de obras públicas.

El borrador sirve para agitar las aguas. Enseguida se desmiente que la UDEF lo haya elaborado ni como informe preliminar ni como borrador. No está aportado al sumario. Los datos están elaborados sobre la información verbal de Javier de la Rosa, recortes de prensa y rumores extraídos de Internet.

El escándalo desnuda al Ministerio del Interior. El borrador es una quimera, una operación encubierta de guerra sucia.

Torres-Dulce cita al fiscal Emilio Sánchez Ulled en su despacho de Madrid.

—Es un corta y pega; aquí no hay nada —le dice con el borrador en la mano.

Pero Fernández Díaz mantiene la presión sobre Torres-Dulce. Porque se acerca el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Interior filtra a El Mundo que el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha transferido 12,9 millones de euros desde Suiza a un banco en Andorra en febrero de 2013. El juez Ruz venía de abrir diligencias, por esas fechas, sobre actividades ilícitas de Jordi Pujol Ferrusola (impulsadas por la Policía y Jorge Moragas, director de gabinete de Rajoy, quienes persuaden a la exnovia de Jordi, María Victoria Álvarez, para que preste declaración).

Trías se querella por calumnias. El diario contraataca, al día siguiente, 28 de octubre de 2014, con este titular:

UBS nº 7651162-3445.954

La UBS, a petición de Trías, informa de que no tiene ni ha tenido cuenta. Los números que ha publicado el diario son falsos, no se corresponden con UBS.

Ahora Fernández Díaz quiere ayudar al diario-buzón ante la querella. Pide auxilio a la UDEF. Su jefe, Manuel Vázquez López, ruega el 14 de noviembre de 2014 a la Fiscalía Anticorrupción que abra diligencias.

El informe anónimo que presenta es insuficiente para el fiscal jefe, Antonio Salinas. Interior presiona. Se abren diligencias. El 27 de noviembre, Vázquez López informa al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid de que la UDEF «tuvo conocimiento a través de escrito recibido en dependencias policiales» de la cuenta apócrifa de Trías. La Fiscalía Anticorrupción acaba con el paripé y archiva las diligencias.

Pero la causa por la querella sigue abierta.

5
PEINETA PARA VARIOS

¿Que dónde está Luis cuando los abogados del PP y su letrado le buscan para pactar el finiquito? Ha reservado plaza con la empresa Beyond Boundaries para hacer heliesquí en Canadá. Y ya se encuentra en Vancouver.

Su abogado le tiene al otro lado del Atlántico a las 20.30 horas. El PP ofrece firmar de inmediato un finiquito predatado en fecha de abril de 2010 a cambio de una indemnización de 500.000 euros, cifra similar a la que le habría correspondido en aquellas fechas.

Pero, ahora, dado el tiempo transcurrido desde entonces, Luis quiere 905.000 euros netos. Trallero le dice que en el PP le han dicho que el diario El País va a publicar que Luis ha seguido cobrando del PP y que los pagos representaban un prorrateo del finiquito pactado verbalmente.

Ese mismo día, 12 de febrero de 2013, la edición digital de El País, al filo de la medianoche, trae la versión oficial de Cospedal.

El extesorero abandonó entonces [en abril de 2010] la militancia en el PP y su acta de senador. Se quedó sin sueldo público, y pidió reincorporarse al partido como empleado de la casa en la que entró siendo aún AP, según fuentes del PP. Se pactó entonces con él un despido improcedente, por una cantidad de al menos 400.000 euros, según las mismas fuentes, y Bárcenas pidió que no se la pagaran de un golpe, sino que se la dieran poco a poco todos los meses hasta diciembre de 2012 y además que el PP se hiciera cargo de sus costes de Seguridad Social. Y el partido aceptó, de manera que el extesorero ha estado vinculado directamente a esta formación política hasta pocos días antes de que se conociera que tenía una cuenta en Suiza con 22 millones de euros, el pasado 16 de enero. El PP asegura que fue solo un finiquito prorrateado y que Bárcenas no realizó ninguna labor para el PP desde 2010, cuando se negoció su salida.

La información añadía:

El propio Bárcenas informó de esta situación la semana pasada al declarar ante el fiscal Antonio Romeral. […] El extesorero explicó entonces que había dejado el partido en 2010 pero que siguieron pagándole en 2011 y 2012 en concepto de una especie de finiquito prorrateado. Esto es, el PP siguió pagándole en privado y sin informar a nadie y dejándole que estuviera constantemente en la sede mientras en público trataba de trasladar la imagen de que había roto totalmente con él.

En realidad, Luis no usó en la Fiscalía las palabras «finiquito prorrateado». Esta definición es la que elaboraron Cospedal y sus asesores. Pero no es menos cierto que Luis ha hablado ante el fiscal Romeral de una compensación que el partido le da en forma de pagos al dejar de pertenecer a él.

Luis envía un mensaje a una de las personalidades que actúa en ciertos momentos como intermediario. Le recuerda su comida del 21 de diciembre con Javier Arenas en Sevilla:

Yo le ofrecí a Mariano a través de Javier que hiciésemos el finiquito en diciembre. El abogado de Cospedal pretende que firme un finiquito predatado a día de hoy. He dicho que sí siempre y cuando ingresen la cantidad que me corresponde, ya. Pero también he añadido que si esto es la guerra, lo va a ser para todos.

En un segundo mensaje, advierte:

Si no se arregla a mi vuelta, soy yo el que presenta una denuncia en Fiscalía Anticorrupción. Perdona, pero se han vuelto locos y parece que de nada sirve comportarse como un caballero.

Luis se dispone a disfrutar de sus vacaciones blancas, una semana de heliesquí en las montañas Costeras del Norte, en la Columbia Británica, Canadá. Esta provincia es la más occidental del país, con picos de hasta 4.200 metros, y limita al norte con Alaska, con la región del Yukón, al este con la provincia de Alberta y al sur con los estados de Washington, Idaho y Montana, Estados Unidos. El guía de Beyond Boundaries,Hannes Webhofer, un austríaco nacido en las montañas del Tirol, lleva más de veinte años trabajando en la Columbia Británica con las principales compañías de heliesquí.

El día que el helicóptero ligero AStar se posa en la «capital de la nieve en polvo» del planeta, en las montañas Costeras de Canadá, en el cantón suizo del Tesino, la suiza italiana, los magistrados del Tribunal Penal Federal Blätter, Bomio y Zufferey Franciolli comunican la sentencia sobre la entrega de las nuevas cuentas suizas de Luis y de sus empresas a España.

El abogado Lombardini se quejaba en el recurso por el hecho de que las sociedades de Luis, con cuenta en el LGT Bank, no habían recibido la comunicación del 20 de marzo a través de la cual el juez Ruz informaba de que la Audiencia Nacional había anulado el sobreseimiento dictado por el juez Pedreira el 1 de septiembre de 2011. La sentencia les recuerda que, en tanto sociedades, no tenían derecho a ello, pero que en cualquier caso la Fiscalía suiza les envió una carta de las autoridades españolas donde se señala que el sobreseimiento de Luis ha sido anulado por un auto judicial del 15 de marzo de 2012.

«Ciertamente a través de una traducción al francés de mediocre calidad pero comprensible sobre el punto principal», dice la sentencia. Además, recuerda que «es evidente que B. [Luis] ha tenido acceso a la decisión en el procedimiento español, ya que la misma le afecta directamente, lo que vacía de contenido la queja».

La sentencia señala que las autoridades españolas investigan

sobre las actuaciones de Francisco Correa, sospechoso de haber creado una vasta red de sociedades con el objetivo de blanquear beneficios ilícitos obtenidos en España, como resultado de actos de corrupción bajo la forma de entregas de dinero y regalos a responsables políticos implicados en la adjudicación de servicios públicos. Una parte al menos de los valores patrimoniales así obtenidos en ejecución de dichos contratos ha transitado por la citada red de sociedades —algunas radicadas en el extranjero— antes de ser reintroducidas en el circuito económico español. Parecidas actuaciones, si se confirman, caerían en el derecho suizo bajo el artículo 305 bis del Código Penal que reprime el blanqueo de dinero.

Y esto les lleva a justificar la entrega, ya consumada, del material a España:

Siendo así, las autoridades requirentes sospechan que el recurrente B. [Luis], exsenador español, ha recibido varios centenares de miles de euros de parte de Correa, de los que al menos una parte estaría relacionada con la adjudicación de servicios públicos a sociedades vinculadas a aquel. Es a título de «corrompido» que el recurrente B. [Luis] es sospechoso de haber tomado parte de un sistema fraudulento puesto en práctica por Correa. La ejecución de la demanda de auxilio judicial ha revelado que el recurrente B. [Luis] es titular de dos cuentas en el LGT Bank de Ginebra y es el verdadero titular de cuentas de las otras sociedades recurrentes […] Tratándose de solicitudes de información bancaria, conviene en efecto transmitir todos los documentos que pueden dar pistas a la sospecha planteada en la petición de auxilio judicial; basta que haya un vínculo de conexidad entre los hechos que plantea la investigación penal de las autoridades del Estado requirente y los documentos solicitados para que estos sean enviados. Las autoridades suizas están abocadas, en el procedimiento de auxilio, a asistir a las autoridades extranjeras en la búsqueda de la verdad ejecutando toda medida que tenga relación con la investigación penal en el extranjero.

Y lo que sigue es de interés para futuras peticiones del juez Ruz:

Desde el momento que la demanda busca esclarecer el camino de los fondos de origen delictivo, conviene en principio informar al Estado requirente de todas las transacciones realizadas en nombre de las entidades (personas físicas o morales) y por medio de las cuentas implicadas en el asunto, incluso durante un período relativamente amplio. Tratándose como es el caso de cuentas que pueden haber recibido el producto de delitos (corrupción en lo que se refiere al recurrente B. [Luis], la autoridad requirente tiene interés en conocer la documentación de apertura de cuentas a efectos de conocer la identidad del beneficiario económico real y las personas con autorización de firma.

Los magistrados señalan que

es la esencia del auxilio favorecer el descubrimiento de hechos, de informaciones y de medios de prueba, incluso de aquellos sobre los que la autoridad de investigación extranjera carece de sospechas. No se trata solo de ayudar al Estado requirente a probar hechos revelados por la investigación que ella conduce, sino en desvelar otros si existieran. Se deriva para la autoridad de ejecución un deber de exhaustividad que justifica comunicar todos los elementos que ha podido reunir, apropiados para la investigación extranjera con el fin de esclarecer en todos los aspectos el funcionamiento del mecanismo delictivo perseguido en el Estado requirente.

La sentencia concluye, por tanto, que Suiza «no ha violado el principio de proporcionalidad al autorizar la entrega a las autoridades españolas de informaciones bancarias relacionadas con las cuentas de los recurrentes».

Luis sabrá por su abogado Lombardini que no hay nada que hacer. Ya no tiene sentido apelar ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal Suizo, porque los documentos de la primera cuenta, la número 8.401489 en el LGT Bank, se encuentran en España. Y en adelante, carece de objeto recurrir la entrega de más datos. Es dinero perdido en costas y en abogados.

María Dolores de Cospedal presenta el viernes 15 de febrero una demanda civil en Toledo contra Luis y contra el diario El País por estimar lesionado su honor a raíz de la anotación contenida en los papeles según la cual ella cobró sobresueldos.

Luis regresa a Madrid la tarde del 18 de febrero. Viste uno de sus jerséis de lana cachemira preferidos, el del color malva. Su respuesta a las preguntas de los periodistas en el aeropuerto de Barajas es levantar bien alto la mano y hacer la peineta. Una peineta a todo el mundo. Ya viene con las ideas claras. Tiene que declarar ante el juez Ruz el 25 de febrero, pero al mismo tiempo ha dado orden de presentar una demanda contra el PP por despido improcedente.

Un día más tarde, el juez Ruz recibe respuesta al encargo que ha hecho a la UDEF para que estudie y emita informe sobre los seis tomos enviados desde Suiza. «El Informe sobre análisis de la documentación aportada por las autoridades de la Confederación Helvética en relación con la cuenta bancaria 8.401489 de la Fundación Sinequanon en el Dresdner Bank de Ginebra» lleva fecha del 19 de febrero de 2013.

En dicho informe, la Policía Judicial recuerda que

la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza informó al SEPBLAC de una actuación cuyo origen está en una comunicación de operativa sospechosa aportada por un sujeto obligado de acuerdo a la normativa de prevención del blanqueo de capitales de la Confederación Helvética. La operativa detectada señala que Luis Bárcenas Gutiérrez titular del DNI: 8.771.987-V el día doce de febrero de dos mil diez solicitó una nueva tarjeta Visa con un límite mensual de 25.000 € a través de un gestor financiero en una entidad financiera suiza. Dicha solicitud fue denegada por la entidad al comprobar esta que dicha persona estaba involucrada en una investigación judicial en España.

El informe reproduce las conclusiones de la UDEF en aquellas fechas de 2010: «De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior».

De ahí se cursa la petición por el juez Monterde, «y ejecutada por la Fiscalía Federal de la Confederación Helvética, quien remitió con fecha 20/11/2012 la documentación relativa a la Fundación Sinequanon/LGT Bank al Ministerio de Justicia».

La Visa, en efecto, pone a Luis a los pies de los caballos.

El informe de la UDEF reproduce a partir de la página cuarenta un documento de la agencia suiza info4C, especializada en PEP de 240 países, con la que trabajan la mayoría de las entidades bancarias. Tiene fecha del 8 de noviembre de 2005 y es para el LGT Bank. Contiene una descripción de lo que en alemán se llama Beziehungen, o «relaciones». Allí aparecen personas físicas y jurídicas.

Las personas físicas que el informe cita son tres: «Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, jefe de la oposición en el Congreso español, candidato a la presidencia del Gobierno español (2004); Luis Fraga, senador y presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (desde julio 2001); José Ramón Varela, presidente de la Sociedad Internet Saludigital)».

Concha Sabadell eleva el 20 de febrero un escrito al juez en el cual estima que la decisión sobre medidas cautelares de Luis, solicitadas por la acusación popular ADADE, deben estar subordinadas a la declaración del día 25 y a dos informes pendientes, uno de la Agencia Tributaria y otro de la UDEF, sobre las cuentas suizas.

Pero admiten que tales medidas (retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, obligación de comparecer semanalmente y pulsera telemática) garantizarían «la sujeción del imputado al procedimiento, conjurando los posibles riesgos de fuga, manipulación de las fuentes de pruebas o indebida disposición de bienes por parte del mismo».

Esta orientación de las fiscales, que toma como referencia a una acusación popular, ADADE, es una pista para entender lo que ocurrirá varios meses después.

El 25 de febrero, por fin, Luis declara ante el juez Ruz. Solo en relación con su fortuna en Suiza. De momento, sigue pendiente decidir cómo se investigarán los papeles, procedimiento todavía bajo control exclusivo de la Fiscalía Anticorrupción.

Esa misma mañana, el diario El País anticipa:

LA FISCALÍA PLANEA PEDIR QUE SE PROHÍBA A BÁRCENAS
SALIR DEL PAÍS

La información matiza que los informes que esperaba la Fiscalía

llegaron el pasado miércoles a la Audiencia Nacional y ponen de manifiesto dos hechos especialmente graves. Por un lado, el fraude al fisco que Bárcenas cometió al menos en 2007, ejercicio que analizan los inspectores de Hacienda porque, de existir delitos fiscales, estarían muy próximos a su prescripción y habría que actuar de inmediato. La Agencia Tributaria señala que Bárcenas tuvo que pagar aquel año 1,1 millones a Hacienda más de lo que abonó en concepto de IRPF e impuesto de Patrimonio, todavía vigente entonces.

A las preguntas insistentes del juez sobre su fortuna en las cuentas del LGT Bank y del Lombard Odier, Luis finalmente dice:

—Debería de haber en torno a los treinta y ocho en total.

El juez aclara:

—En torno a los treinta y ocho millones me está diciendo…

Acabamos, pues, de pasar de 22 a 38 millones de euros.

Luis explica que en sus cuentas había dinero de inversores que venían de la mano del abogado argentino Patricio Bel y que se lo entregaban, normalmente en efectivo, en Ginebra. Sobre la gestión de esos fondos, cobraba un porcentaje.

—Entre los años 2000 y 2009, yo he gestionado fondos que no son míos para inversores extranjeros no residentes por unos seis millones de dólares.

—¿Y las circunstancias en las que…?

—Son fondos que gestiono desde 2001 hasta 2009 y que yo recibo, salvo que, insisto, necesito información para poder completarlo, esos fondos los recibo entre 2001 y 2006… La percepción de los fondos, esto es…

—Cuando me dice «gestiona», ¿es que los gestiona en sus mismas cuentas que nos ha identificado anteriormente?

—Entra el dinero en mis cuentas y yo lo incorporo a mi cartera, y en función de los criterios míos de inversión, con el mismo criterio invierto esos fondos.

—Bien, los titulares de ese dinero que recibe…

—Los titulares del dinero los desconozco… a nadie. Yo conozco a la persona que me trae a los inversores. Porque es una persona con la que he tenido una relación de veinticinco años. Hemos hecho bastantes negocios juntos y en un momento determinado… hacemos operaciones de compraventa de cosas…, tema del que siempre he sido un apasionado y del que creo que tengo algún conocimiento, y le hablo de cosas concretas. Entonces me habla de si yo estaría dispuesto a gestionar esos fondos para determinados inversores extranjeros, no sé si de su país o de algún país vecino. Y me pongo a gestionar esos fondos…, y de hecho los gestiono hasta el año 2009.

—Podemos ir por partes. ¿Quién es la persona que le habla de este asunto?

—Es la persona de la que le he hablado antes. Patricio Bel.

—Bien, ¿y usted tenía algún beneficio por la gestión de este patrimonio que no era suyo?

—Yo, lógicamente, obtenía un porcentaje de los beneficios que se conseguían como consecuencia de la gestión de la cartera.

—¿Cuál era ese porcentaje?

—Un dos por ciento.

—¿Y esto lo suscribieron ustedes en algún documento por escrito?

—El señor Bel y yo teníamos una relación muy especial, de amistad, de confianza y salvo anotar (me imagino) en una libreta donde debí poner que él me había dado el dinero, yo no tengo conocimiento sobre dónde puedan estar los originales.

—¿Tampoco se interesó usted en ningún momento por conocer la identidad de los inversores?

—Para mí, el inversor era Patricio Bel.

—¿Y de qué forma le reenvía cuentas o repartía los beneficios?

—El dinero estaba incorporado en el fondo y emanaba de las rentabilidades conjuntas que se habían obtenido como consecuencia de la inversión. De hecho, cuando aparece el caso Gürtel y se liquida la Fundación Sinequanon, ellos deciden retirar los fondos que habían aportado, con posterioridad a esa fecha, yo tengo que calcular los beneficios acumulados como consecuencia del tiempo transcurrido, evidentemente sí había operaciones en las que yo no había intervenido…

—Hablaba usted de esta persona, Patricio Bel. Querría que fuera un poco más concreto. ¿De qué manera entra en contacto con este señor? ¿Cómo lo conoce y qué tipo de relación mantiene con él?

—Yo a Patricio Bel lo conozco en el año 1987, en un primer viaje que hago a Argentina. Él es un empresario agrícola muy bien relacionado. Vuelvo en 1988. Paso largas temporadas allí, establecemos una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Es una persona muy bien relacionada en aquel país a nivel empresarial, a través de la Fundación Mediterránea y con determinadas personas que tienen cargos importantes en la Administración. En cualquier caso, es una persona que, además, era empresario agrícola, uno de los motivos por lo que yo lo conozco, porque estuve muchos años haciendo un trabajo para una explotación agrícola, y con el que establezco una relación de mutua confianza, simpatía y relación profesional, que hemos mantenido hasta ahora.

El juez quiere conocer quiénes son los beneficiarios de unas transferencias desde la cuenta de la Fundación Sinequanon de 3,5 millones de dólares en los meses siguientes al comienzo de la investigación judicial en España.

—En la cuenta —pregunta el juez—, si no me equivoco, de la Fundación Sinequanon en el LGT Bank [ex Dresdner Bank] no existen trasferencias de fondos al exterior hasta el año 2009, ¿verdad?

—Eso es.

—Y el motivo de que se produzcan a partir del año 2009, ¿me lo puede volver a decir?

—Son unas salidas muy limitadas, pero son los fondos que se habían aportado por parte de esas personas no residentes, que cuando surge el problema este en España deciden recuperar sus inversiones.

—Entonces, todas las transferencias de la cuenta que aparecen desde 2009 es dinero de los inversores…, que no son usted.

—No, salvo una, salvo la transferencia a Brixco. La transferencia a Brixco no es un retorno de…

—Pues explíqueme estas tres transferencias. Vamos a ver, la de Brixco que menciona usted, que son tres millones de euros, si no me equivoco, a Brixco S. A., de fechas 1 de abril 2009 y 6 de mayo 2009, ¿verdad?

—Es un préstamo que le hago yo a Brixco.

—Pues explique. ¿Qué relación tiene con Brixco en aquellas fechas?

—La relación que tengo con Brixco es ninguna. Tengo una relación personal desde hace muchísimos años con Ángel Sanchís, antiguamente tesorero del Partido Popular, persona por la que yo llego al partido en 1982. No es una persona a la que viese de vez en cuando, es una persona con la que me veía con mucha frecuencia. Entonces, no sé si en 2008, tenía algún problema de liquidez en la compañía como consecuencia de algún problema con la explotación de no sé qué historias, y la producción de limones se había estropeado. Tenía un problema de liquidez importante y yo me ofrecí a prestarle los tres millones de euros.

—¿Y en qué condiciones pactan ustedes este préstamo?

—Pues se firmó un documento con un período de carencia, con unos tipos de interés determinados referenciados y un período de amortización.

—¿Tiene usted copia de este contrato, de ese documento?

—La tengo que tener.

—¿Y lo firmó con Ángel Sanchís o con alguna otra persona por parte de Brixco?

—No, yo lo firmo con Ángel Sanchís.

—En todo caso, ¿usted sí aparece como firmante en este documento?

—Sí.

—¿Se le devolvió la cantidad de ese préstamo?

—No, la amortización del crédito, por eso, tenía un período de carencia

—Mire, hay otras salidas, una de ellas un millón de euros el 26 de marzo de 2009 a la sociedad P. T. Bex Bursátil, Sociedad de Bolsa.

—Sí, eso… No sé tampoco lo que es, pero son las sociedades a las que se me dijo que tenía que…

—La otra, Lidmel, por concretarlo, son quinientos mil euros, con fecha 9 de junio de 2009. Son las sociedades a las que se le dijo que…

—A las que se me dijo que había que reintegrar el dinero de las personas que lo habían depositado en su momento.

—¿Se lo dijo Patricio Bel o alguna otra persona?

—En realidad, no sé qué decir, Patricio Bel es la persona que da la instrucción, aunque no me la da a mí directamente, pero luego yo tengo que confirmársela al banco.

—¿Usted comentó a los gestores que tenía en el banco esta circunstancia, que debía restituir fondos a otros inversores que también estaban en la cuenta?

—No, evidentemente íbamos a retirar fondos en general, e incluso de lo que hablamos era de la posibilidad de diversificar las inversiones y no dedicarme exclusivamente al tema de la gestión de la cartera de valores, sino de invertir en las empresas agrícolas, ¿no? Y con ellos hablé de eso en concreto.

La fiscal Concha Sabadell pregunta sobre su tarjeta de crédito Visa de 25.000 euros denegada en Suiza. Luis explica:

—La tarjeta la deniega la entidad precisamente porque la sociedad no cubre el cargo propuesto y no se llega a contratar. De hecho, es el origen de que tengan conocimiento de la existencia de mis cuentas fuera. Si no es por esa tarjeta, aquí no hubiera llegado ninguna información relacionada con eso.

La fiscal le recuerda que el juez ha solicitado una nueva comisión rogatoria para obtener datos más amplios sobre los ingresos y movimientos en las cuentas bancarias, unos datos sobre los que Luis dice haber pedido información a las entidades.

—¿Usted se opone a que las autoridades suizas remitan esa…? ¿Usted manifestaría en una comparecencia que no se opone a que se remita toda la documentación que se ha solicitado?

Luis, que conoce la reciente sentencia del Tribunal Penal Federal del 12 de febrero de 2013, que ya ha puesto en camino hacia España otras cuentas suyas, responde encantado:

—Dígame dónde tengo que firmar y lo firmo ahora mismo.

La fiscal sugiere:

—¿Mediante una comparecencia a continuación de esta declaración a los efectos de que a las autoridades suizas les quede constancia de su conformidad a la entrega de esta documentación?

—Perfecto.

El juez Ruz ha dejado un asunto pendiente. Es su última pregunta: ¿por qué hizo Luis el 14 de diciembre la visita al notario Nafría? El juez no posee el documento, pero la UDEF le ha informado sobre el contenido.

Luis se deja querer. Primero dice que no ve razón para contestar, dado que es un tema que está relacionado con los papeles o contabilidad B. Pero finalmente, en lo que es una escenificación, acepta:

—Por una razón muy sencilla —dice—, incluso he traído aquí un cuadrito para que se pueda apreciar, que también aporto. Pues porque estaba ya uno un poco harto de que los comentarios que hiciesen permanentemente sobre el origen de la fortuna o de la posición mía personal, sobre la procedencia de los donativos del partido, y quise dejar constancia de que el partido no tenía ninguna necesidad. Que no me digan que todos los ingresos del partido se reciben como honorarios, como anónimos; estaban perfectamente controlados, tanto por el señor Álvaro Lapuerta, que ha sido el tesorero siempre hasta 2008, y quise dejar constancia de que estaba perfectamente controlado, y no había ninguna posibilidad de que nadie desviase nada de nada y, como ven en el cuadro, me parece que había algo así como unos treinta millones de euros de ingresos en siete años.

El juez pregunta:

—¿Y el motivo por el que elige usted esta fecha 14 de diciembre de 2012 para hacer esta comparecencia notarial?

—Pues porque en aquel momento hay un runrún sobre esta historia precisamente. Entonces hicieron comentarios de esto.

—Pero un runrún en su entorno. ¿Dónde?

—Venía hablándose en algún artículo de prensa y tal sobre la posibilidad, porque cada vez que salía a relucir que si la comisión rogatoria venía, que si no venía la comisión rogatoria y tal, siempre había comentarios de este tipo, y era una garantía para los dos, para Álvaro Lapuerta y para mí, que quedase constancia de que los fondos que se recibían en el partido…

—¿Conocía usted a esta fecha la recepción en el juzgado de la comisión rogatoria por parte de Suiza?

—Yo conocí la comisión rogatoria a la vuelta de las Navidades.

Antes de concluir, el juez da instrucciones para formalizar la conformidad de Luis respecto a la entrega de los datos solicitados a las autoridades suizas. Y pregunta al abogado José Mariano Benítez de Lugo, en representación de la acusación popular ADADE con relación a su solicitud, ya realizada previamente, de adoptar medidas cautelares sobre la situación personal de Luis, si cree que hay interés en convocar la vista especial para plantearlas. Benítez de Lugo sugiere que debería opinar primero la fiscal. El juez pregunta a todas las partes. La fiscal Sabadell y las acusaciones populares manifiestan tener interés.

El juez, a petición de la fiscal, y con el apoyo de las acusaciones populares, le impone medidas cautelares, como la prohibición de viajar al exterior sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante la Audiencia Nacional cada quince días.

María Dolores de Cospedal sale ese lunes 25 de febrero de 2013 con toda la intención de aprovecharse de la creciente dificultad por la que atraviesa Luis. Y explica así lo que ha sido el pacto laboral de abril de 2010. Aquí desarrolla el galimatías del «finiquito prorrateado» con otro nombre.

La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en defini… en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido un diferido en partes de una de lo que antes era una retribución tenía que tener retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido. Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, verdad. Pues aquí se es, aquí es, se quiso hacer como hay que hacerlo, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, si hubiera habido algo que ocultar. Es más. Gobernando en España el Partido Socialista y, por tanto teniendo acceso a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribuciones o se habría hecho ese pago también dándole forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar. Y no había nada que ocultar. Y por eso se hizo con esa claridad. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado, o peor o mejor hecho. Pero así fue cómo se pactó. Y si hubiera algo que ocultar, repito, porque tengo que recordar, tengo que recordar, esto no pasa nunca, pero que además este partido no tenía ninguna voluntad de ocultar, porque tengo que recordar que gobernaba en España el Partido Socialista, con lo cual el acceso tanto a Hacienda como a la Seguridad Social es muy fácil, es muy fácil.

Ese mismo día, el 25 de febrero, Luis presenta la demanda contra su empleador, el PP, por despido improcedente. Exigirá una indemnización de 905.000 euros.

Pero ve con preocupación un nuevo escenario. Izquierda Unida presenta inmediatamente después de su declaración una querella en la Audiencia Nacional contra él, antiguos dirigentes del PP y empresarios que aportaron donativos.

El 1 de marzo de 2013 es repartida al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo titular es Javier Gómez Bermúdez.

Luis está interesado en una querella del sindicato Manos Limpias sobre la cual el Juzgado número 30 de plaza de Castilla ha abierto diligencias. Por su parte, el juez Ruz ha solicitado un informe al fiscal Romeral sobre si se debe investigar los «papeles de Bárcenas» como una pieza aparte del caso Gürtel.

El 5 de marzo, después de los enfrentamientos con el PP y con María Dolores de Cospedal, Luis escribe un mensaje a Rajoy:

Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles supuestamente de Álvaro y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sí tengo las ideas claras. Abrazos.

Luis es preciso en el uso de palabras y conceptos. En el mensaje apunta: «Los papeles supuestamente de Álvaro y míos».

Juan José Matarí, abogado, es diputado del PP por Almería, con despacho en Génova. Es el enlace entre Bárcenas y Arenas. Luis prefiere que el asunto de los papeles permanezca en plaza de Castilla y observa con recelo la posición del PP favorable a que el asunto se quede en manos de Ruz frente a la opción de Gómez Bermúdez, un juez al que su partido teme.

Al día siguiente, 6 de marzo, Rajoy llama por teléfono a Luis. Su móvil no contesta. Al advertir esa llamada perdida, Luisse la devuelve. Pero esta vez es Rajoy quien no se pone. Luis le envía un mensaje este 6 de marzo.

Tenía el móvil apagado, te he contestado pero no he podido hablar contigo.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cuenta con el informe favorable de su secretaría técnica para que la investigación de los papeles quede en manos del juez Ruz. La Fiscalía Anticorrupción apoya a Ruz ante la inminente decisión del juez Gómez Bermúdez sobre la querella de Izquierda Unida. El juez Ruz abre una pieza separada con los papeles el 7 de marzo y requiere al notario Nafría para que entregue al juzgado el acta con las manifestaciones de Luis.

Unos días más tarde, el 11 de marzo, el juez Gómez Bermúdez decide admitir la querella de IU a trámite, y aparte de Luis y de Lapuerta, centra la investigación en los corruptores: los empresarios que aparecen como donantes en lospapeles. Y cita a prestar declaración a Luis y a Lapuerta a partir del 25 de marzo de 2013.

El 14 de marzo de 2013, Luis envía a la sede de Génova a dos personas para revisar documentos en las cajas que guarda en el salón Andalucía —no obtienen la autorización para hacerlo— y recuperar dos ordenadores. Sin embargo, aunque consigue llevarse algunas pertenencias, las instrucciones son muy claras: no se le entregan los ordenadores porque falta la constancia de que sean suyos.

Luis escribe este mensaje a Rajoy esa misma noche, poco después, a las 21.06 horas:

Mariano, vergonzoso el comportamiento esta tarde de los abogados del partido. No han permitido que las personas que he enviado verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tú me autorizaste. Tú sabrás a qué estáis jugando, pero quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido.

6
GARGANTA PROFUNDA

Quiero dejar algo en claro antes de continuar: no sabría explicar cómo ha hecho Luis gran parte de la fortuna aflorada en Suiza. En su declaración ante el juez Ruz del 25 de febrero de 2013, él explica que tenía relación con un abogado argentino llamado Edgardo Patricio Bel. Lo que yo sé es que Luis conoció a Bel, todo un personaje, en Buenos Aires, Argentina, en los años ochenta del siglo pasado. Ángel Sanchís Perales, nacido en Valencia en 1938, tiene que ver con esos primeros viajes de Luis.

Sanchís Perales procede de una familia dedicada al cultivo de la naranja en la localidad valenciana de Alba, e hizo sus pinitos en el mundo de la gasolina en los años sesenta. En Badajoz, la capital extremeña, obtuvo la concesión de tres gasolineras del monopolio Campsa. Y fundó en 1973 una entidad financiera, Nuevo Banco, con unos recursos propios de 1.600 millones de pesetas (10 millones de euros). En 1975 cedió las gasolineras tras una denuncia sobre mezcla de gasolinas en sus tres estaciones de servicio y creó la Corporación Industrial 25 S. A., sociedad tenedora de sus acciones en otras empresas, como Inmobiliaria Gordo S. A., dedicada al alquiler de pisos en Madrid, e Hidronorte S. A., compañía creada en 1988 para instalar y explotar pequeñas centrales eléctricas.

Allí, en Badajoz, Sanchís traba amistad con el director de una de las oficinas del Banco Central en la ciudad. Su nombre es Luis Bárcenas. Se trata del padre de Luis. Sanchís le ofrece, al cabo de cierto tiempo, un segundo empleo, discreto, por las tardes, en Nuevo Banco. Este le recomendará a su hijo Luis para trabajar en el grupo una vez que termine la universidad. Luis pasará una temporada como analista de riesgos en el Banco de Gredos y luego trabajará para Sanchís en su grupo empresarial. Sanchís conoce a Luis desde los seis años. Las dos familias veraneaban desde esa época juntas en Portugal.

En 1977 Sanchís vende Nuevo Banco a Liga Financiera, grupo bajo el control de la familia Garrigues, que lo fusiona, más tarde, con otra entidad, el Banco de Levante.

Sanchís adquiere a mediados de los ochenta una finca de 28.000 hectáreas en Salta, en el norte de Argentina, que se dedicará al cultivo de cereales y limones. Será una de tres fincas. Una aledaña de 2.000 hectáreas y otra en Tartagal, de 20.000 hectáreas, también en la provincia de Salta. La más grande, con la que se quedará, es bautizada La Moraleja, como la urbanización en la que vive en Madrid, en el municipio de Alcobendas.

Mucho más tarde, en 1998, Inmobiliaria Gordo obtendrá la financiación de su nuevo proyecto: una gran plantación para producir limones de acuerdo con un contrato de veinte años firmado entre La Moraleja y la multinacional Coca-Cola. Con este contrato, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), durante el Gobierno de Jose María Aznar, concede el equivalente en pesetas de 18 millones de dólares al mismo plazo que el contrato firmado: veinte años.

En los primeros ochenta, Manuel Fraga había confiado a Sanchís la tesorería nacional de Alianza Popular. Sanchís se lleva a cinco empleados suyos a trabajar con él en Alianza Popular. Entre ellos está un joven de veintitrés años licenciado en Empresariales por ICADE. Es Luis.

Estamos hablando, pues, de una relación de carácter familiar. Cuando Luis se divorcia, con un hijo pequeño, su padre encomienda a Sanchís la tarea de disuadir a su hijo de la idea de volver a casarse enseguida con su novia. Sanchís no lo consigue y arregla todo para que la boda se celebre en la embajada española en París, donde oficia de padrino de la pareja formada por Luis y Rosalía, a la cual Sanchís conoce del partido. Sanchís y su esposa son los invitados de la cena de celebración que la pareja de recién casados ofrece chez Maxim´s, en la rue Royale de París. Rosalía Iglesias Villar trabaja como secretaria para Jorge Verstrynge, secretario general de AP.

Pero sigamos con Bel, que es quien nos interesa ahora.

Sanchís, según hemos dejado constancia, adquiere en Argentina la extensa finca. Se la venden dos jóvenes, Matías Ordóñez y Ricardo Estévez, que, a su vez, la acaban de comprar, para dar un pelotazo con la reventa. Sanchís nombra finalmente presidente de La Moraleja a Ordóñez, hombre afín a Domingo Cavallo, vinculados ambos a la Fundación Mediterránea de Argentina. Es Ordóñez quien contrata a un abogado para que supervise las cuentas de la sociedad.

Ese es Patricio,Edgardo Patricio Bel.

El abogado se convierte en síndico de la empresa de Sanchís. Su trabajo consiste, desde fuera, sin pertenecer a su plantilla, en fiscalizar y firmar las cuentas de la compañía.

Patricio Bel administra una finca propiedad de su esposa en la Pampa húmeda argentina, que arrienda, a su vez, para la producción de soja.

Cuando Sanchís compra la amplia planta de un edificio para La Moraleja en la calle Talcahuano 750, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, destina una parte a la empresa y otra al alquiler de oficinas. Patricio Bel es uno de sus inquilinos e instala su despacho en una de ellas.

Luis se incorpora a la tesorería del partido, como hemos dicho, de la mano de Sanchís, el tesorero. Eso sucede hacia 1982. Durante cuatro años, entre 1982 y 1986, los donativos se canalizan sobre todo a través de cuatro sociedades: Sipsa, Opisa, Hermógenes, Hernández Carretero. En ellas los accionistas eran tres: el secretario general, el secretario electoral y el de política municipal. Más tarde, Sanchís dio orden de liquidarlas.

Era Fraga quien solía recibir el dinero y lo entregaba al secretario general o al tesorero. Sanchís, a su vez, se reunía con empresarios y también captaba donativos. Fraga mantenía contactos y reuniones periódicas con el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, a partir de 1984, y Sanchís se encargaba de rematar lo pactado.

En febrero de 1987 se celebran las primeras elecciones primarias y las últimas hasta ahora. Gana la candidatura de Antonio Hernández Mancha a la presidencia de AP. En junio de 1987, a través de Carlos Robles Piquer, cuñado de Manuel Fraga y buen amigo de Sanchís, Luis obtiene un permiso de cuatro meses en el partido. Se va con su amigo Luis Fraga, sobrino del patrón del partido, a escalar el Everest.

Un nuevo tesorero se hace cargo en sustitución de Sanchís. En julio de 1987, Hernández Mancha y el secretario general, Arturo García-Tizón, nombran tesorero a un abogado gaditano llamado José Ramón del Río; y asume como gerente Juan Ávila. El 2 de julio, precisamente, entra en vigor la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. La nueva dirección resuelve canalizar los donativos a través de una cuenta que se abre en el Banco de Fomento. Con todo, estos ingresos no son incorporados a la contabilidad oficial de AP. Luis, como ocurre también con el segundo de Sanchís en la tesorería, Luis Gerardo López Delgado, y todo el equipo, queda marginado.

El caso es que Sanchís decide en aquellos años vender la finca La Moraleja para aliviar problemas de endeudamiento. Y encarga a Luis un cuaderno de ventas con una auditoría. Este viaja a Buenos Aires junto con su amigo Francisco Yáñez, miembro del grupo de cinco colaboradores que Sanchís se había llevado de sus empresas a la tesorería de AP. Luis elabora el plan de venta. Pero Sanchís abandona la idea tras obtener en Argentina financiación favorable.

Se podría decir aquello de «Dios los cría y ellos se juntan». Bel y Luis se conocen en La Moraleja. Enseguida hacen migas en los negocios. Luis se convierte en representante para la venta de granos en el exterior y, según ha dicho ante el juez Ruz, será Bel quien le aportará inversores que le confían dinero en efectivo, unos fondos que él asegura gestionar en Suiza a cambio de una comisión. Y más cosas. Una amiga íntima de Bel, la pintora argentina Isabel Mackinlay, le prestará su nombre llegado el momento.

El interregno de Hernández Mancha con su equipo dura dos años. En la «operación retorno», Manuel Fraga viene ahora con un paisano. En enero 1989, en el congreso de refundación, el IX Congreso de Alianza Popular, en el que nace la sigla Partido Popular, Fraga nombra tesorero nacional a Rosendo Naseiro, empresario y coleccionista de arte. Es natural, como el patrón del flamante PP, de Villalba, provincia de Lugo. Y Luis es nombrado, por vez primera, formalmente, gerente bajo las órdenes de Naseiro. Es en enero de 1989, en el mismo congreso en que Francisco Álvarez-Cascos es nombrado secretario general y Aznar uno de los seis vicepresidentes.

Detengámonos en lo que pasa por aquellas fechas. Pocos meses antes, en noviembre de 1988, la Policía tropieza por accidente con una trama político-financiera de financiación irregular en la vieja AP que se extiende al nuevo PP. La brigada de narcóticos investiga por narcotráfico al hermano del concejal valenciano popular Salvador Palop. Los agentes pinchan también el teléfono del político en busca de pruebas sobre actividades ilegales de tráfico de estupefacientes.

He aquí que las grabaciones, con autorización judicial, se extienden durante casi dos años, y las conversaciones entre importantes cargos del Partido Popular, con el propio Naseiro como protagonista, destapan negocios fraudulentos en el sector inmobiliario.

Pero las grabaciones solo captan indicios, pantallazos de la realidad. José María Aznar asumirá la presidencia del PP el 9 de abril de 1990, pero desde enero de 1989 era uno de los seis vicepresidentes y en septiembre de dicho año ocupa el puesto de vicepresidente ejecutivo y candidato a la presidencia del Gobierno. Desde estas posiciones ya controla el sistema de financiación del partido, según se afirma en una de las conversaciones grabadas entre Sanchís y Salvador Palop. A este último se le oye decir que ha hablado con Aznar en su despacho, y añade que este le dijo que esas cuestiones (supuestamente económicas) debía hablarlas con Rosendo Naseiro.

Son Aznar y Álvarez-Cascos quienes reciben donativos de empresarios y los entregan a Naseiro. Para canalizarlos se vuelve a la práctica desmontada por Sanchís. Tres nuevas sociedades, Ibérica de Firmes, Videosolucines y Ediciones Conosur, se encargarán de canalizar el dinero y facturar a las empresas.

El 29 de diciembre de 1989, el juez Luis Manglano abre diligencias previas criminales indeterminadas con el número 295/90. Anteriormente, otro juez, José Antonio Pedrero, ha autorizado el pinchazo del teléfono en una operación de cocaína. Un mes más tarde, el 19 de enero de 1990, el inspector jefe de la brigada de Estupefacientes, solicita una prórroga por treinta días de la intervención del teléfono de Salvador Palop Martínez, dado que «actualmente se está a la espera de culminar la importación de una significativa cantidad de dicha sustancia estupefaciente». Se refieren a cocaína. Y agrega: «en virtud de la autorización judicial para intervenir el teléfono, se han venido produciendo por parte de los comparecientes diversas grabaciones relativas a tráfico de estupefacientes, habiéndose también constatado, a través de la intervención telefónica, la comisión de otro tipo de hechos delictivos que desean poner en conocimiento de la autoridad judicial».

Manglano autoriza una prórroga por sesenta días.

El 26 de marzo de 1990, Manglano permite la última prórroga de las escuchas a la Sección de Estupefacientes por otros sesenta días.

Durante dos años de investigación, la Policía escucha y graba cada día cuarenta llamadas. Son en total 5.240 comunicaciones. Casi quinientas cintas. La Policía las entrega a la Fiscalía.

La bomba estalla en la Semana Santa de 1990.

Han pasado apenas ocho días desde que, el 9 de abril, Manuel Fraga coronara con su dedazo a José María Aznar como nuevo presidente del partido, cuando Luis Manglano, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, ordena la detención de cinco personas: Rosendo Naseiro; el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop; José Balaguer, director de la empresa ETRA; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones; Carlos Bonet, director de Huarte, y Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera.

El sexto que está en la mira del juez es el diputado Ángel Sanchís Perales, que se encuentra en Argentina atendiendo la actividad de su finca durante las vacaciones de Semana Santa, pero a quien el juez no puede tocar por su condición de aforado. Sanchís regresa de inmediato a Madrid.

Es Rosendo Naseiro, el tesorero, quien se lo comunica a Luis, que no está en Madrid. Se encuentra de vacaciones en Bali, Indonesia. Naseiro pasa incomunicado en la cárcel Modelo de Valencia entre el 9 y el 14 de abril de 1990, fecha en la que obtiene la libertad. Y sale de prisión con una idea fija: protegerse. Baraja la posibilidad de hacerlo mediante una declaración ante notario. Se toma unos días para llegar a una decisión, en función de cómo reaccionen los dirigentes del partido.

El 17 de abril, Naseiro, asesorado por su abogado, José Manuel Penido Medina, se presenta en el despacho del notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol. Su propósito: dejar constancia de un sobre cerrado dentro del cual hay varios documentos. En uno de ellos advierte de las «razones para no dimitir del cargo de responsable de finanzas del Partido Popular». Pero deja constancia de que, después de entregar el sobre cerrado, cursa por fax el escrito al presidente del partido, Aznar: su renuncia al cargo.

La renuncia evita que la sangre llegue al río. El pacto es evidente. Las dos partes contratantes lo cumplen.

Tras recibir el fax, Aznar da instrucciones el mismo 17 de abril para no echar leña al fuego. La Comisión Ejecutiva del PP comunica por nota la aceptación de la dimisión del tesorero. El portavoz del partido, Miguel Ángel Rodríguez, explica esa noche a los periodistas que «aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible» en sus actividades. Añade que seguirá en el partido y que varios dirigentes del PP han destacado en la reunión «la talla política y humana» de Naseiro «al poner su cargo a disposición». Aznar pacta con Álvarez-Cascos que no es el momento para llenar el vacío en la tesorería dejado por Naseiro y que es mejor escampar hasta que aclare. En esta etapa que se abre, Álvarez-Cascos añade a la Secretaría General las funciones de tesorero. Será él quien reciba los dineros de empresarios y quien los entregará al gerente. Es decir a Luis. Álvarez-Cascos explica a Luis cómo debe repartir los fondos.

El 4 de mayo de 1990, dos semanas después de renunciar a la tesorería, Naseiro interpreta su parte en la comedia. Exculpa al presidente del partido, José María Aznar, y a su antecesor en el cargo, Manuel Fraga, de cualquier responsabilidad en las irregularidades financieras que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo. «La responsabilidad de pedir dinero y de gestionar los fondos del partido era mía. Tanto Fraga como Aznar están limpios de toda sospecha», explica.

Pero en el sobre cerrado depositado en notaría duerme una carta que tiene interés para conocer la «extraña situación» por la que dice estar pasando Naseiro:

De confirmarse la falta de protección del PP hacia mi persona bien podría interpretarse como elección de un «chivo expiatorio» para evitar, precisamente, que otras personas se vean implicadas.

Deseo subrayar expresamente estas circunstancias:

a) Toda mi actuación al frente de la Tesorería Nacional se ajusta estrictamente al marco legal y allí donde haya adoptado alguna decisión lo ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de Don José María Aznar.

b) Fue precisamente Don José María Aznar quien me presentó a Don Salvador Palop, con indicación (para mí era una orden) de que tratara con este señor todos los temas de contenido económico de la Comunidad Valenciana.

c) Igualmente, fue Don José María Aznar quien me indicó (una orden más para el firmante) que en la Comunidad de Castilla y León comentara con el señor Pérez Villar todos los temas de contenido económico.

Los dos nombres que aporta Naseiro son clave. Palop es el hombre de la financiación irregular en Valencia y Miguel Pérez Villar ha sido vicepresidente y consejero de Economía en la Junta de Castilla y León durante la presidencia de José María Aznar.

Pérez Villar será más tarde, en 1995, acusado y condenado por el Tribunal Supremo por repartir en 1989 cerca de 570 millones de pesetas a empresas de la patronal minera de León, Apema, a las que asesoraba su mujer, Rosario Carballo.

Pero, además, en el sobre Naseiro ha dejado constancia de que entre 1987 y 1988, el partido mantuvo una cuenta corriente oculta, la número 5632-2 del Banco de Fomento, que movió 204 millones de pesetas. Son ingresos en efectivo y cheques al portador firmados por el entonces secretario general, Arturo García-
Tizón. Naseiro califica como «confidencial» porque sus movimientos «no aparecen en nuestra contabilidad».

El saldo que queda en esta cuenta es de ocho millones de pesetas.

Tiene interés la fecha de abril de 1990.

¿Por qué?

Porque Luis ha empezado a llevar su contabilidad manuscrita, su caja B, precisamente en abril de 1990.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: «Saldo inicial (entrega R. N.). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8». Se trata de Rosendo Naseiro.

Y entre abril y julio de 1990, anota seis apuntes de pagos en efectivo de 255.000 pesetas (1.533 euros) mensuales bajo las siglas «J. M.».

En aquellas fechas, ¿quién es la única persona con esas siglas en la dirección? A partir del 1 de abril de 1990, José María Aznar es el presidente del Partido Popular. La única persona con esas iniciales en su nombre de pila es él.

Pero volvamos al juez Manglano, que toma declaración durante varios días a los detenidos.

Los dirigentes del nuevo PP preparaban otro sistema de financiación empresarial que incluía redes en varias comunidades autónomas. Además de la organización que operaba en Valencia, las diligencias contienen alusiones a Galicia y a Castilla y León. La estrategia de financiación se desvela en las conversaciones de Sanchís y Palop, así como en la declaración prestada por Naseiro ante el juez.

Sanchís, por su parte, afirma en las conversaciones conocer la entrevista entre Aznar y Palop: «Aznar está por la labor de hacer lo que nunca ha hecho el otro», en alusión a Fraga. Palop replica que Aznar «está haciendo uno en cada comunidad. Uno en Galicia y otro en Castilla y León; yo sé quién es. Este que iba a visitarme esta tarde (12 de diciembre de 1989). El de economía ese». Está hablando Pérez Villar, consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente de Aznar en la Comunidad.

Por su parte, Rosendo Naseiro admite ante el juez que, como alto cargo del partido, daba instrucciones políticas a otros cargos de inferior rango para que votasen en un sentido u otro, aunque eso no suponía beneficios económicos.

A veces, en reuniones de alto nivel del PP, se pedían explicaciones sobre lo que el partido iba a votar y lo que convenía más políticamente. Naseiro dice al juez:

—Con eso obtengo una información privilegiada, que me permite decirle a alguna empresa que seguramente le van a adjudicar una determinada obra, con el fin de aparentar que se les apoya. Incluso si se tiene información sobre tres o cuatro empresas, llamo a todas ellas para comunicarles la posibilidad de que se les adjudique la contrata.

Naseiro añade en su declaración:

—En época electoral se les hace [a las empresas] alguna petición de dinero, siempre dentro de la normativa legal de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, para que hagan algún donativo.

Por ejemplo, la empresa Ocisa le llevó en período electoral el «clásico paquetito» conteniendo dinero, «creo recordar que 500.000 pesetas».

Reconoce que ha hablado con José Balaguer, presidente de la empresa ETRA, interesado en una contrata de alumbrado del Ayuntamiento de Madrid, quien le habló de un posible donativo de 25 millones al PP, «aunque nunca terminó de dar cantidad alguna».

En otra conversación con Salvador Palop, referente a la empresa Huarte, el concejal valenciano le indicó que «para entrar por la puerta, que traigan algo». Esta alusión indicaba que Huarte debía entregar «un pequeño donativo al partido». Tales donativos, según Naseiro, a veces «los recibía el presidente Fraga en forma de sobre conteniendo dinero o cheques».

A propuesta de Palop, Naseiro da el visto bueno para pedir a la empresa Dragados y Construcciones (a cuyos ejecutivos llaman «los dragones») una comisión del 2 % sobre la adjudicación de una contrata de 10.300 millones de pesetas, unos 200 millones de euros.

—Boro [Palop] tenía mucha fantasía —explicó Naseiro al juez—, y al igual que pensaba pedir un 2 % a Dragados en Madrid, también pensaba pedir a esa constructora un 0,50 % de la contrata de recogida de basuras en Alicante. Debía pensar que con esos porcentajes podía tener los fondos para subvencionar las elecciones andaluzas.

El nuevo presidente del partido, Aznar, tras el terremoto judicial, encarga un informe especial al senador Alberto Ruiz-Gallardón, y el 21 de mayo de 1990 este presenta sus conclusiones.

Un grupo de presión dentro del PP ha pretendido usurpar el nombre de sus máximos dirigentes.

He aquí el texto:

1. De los hechos examinados e investigados resulta acreditada la participación de varios miembros del Partido Popular en una serie de conversaciones en las que utilizando el nombre del partido se pretende conseguir aportaciones no finalistas de determinadas empresas que, por su actividad, participan de forma habitual en los concursos públicos cuya adjudicación corresponde a corporaciones locales de las que forman parte, generalmente de forma minoritaria, cargos electos del Partido Popular.

Esta pretensión de obtener aportaciones económicas en ningún caso aparece condicionada al voto de los concejales del Partido Popular en adjudicaciones de obras suministros o de cualquier otra naturaleza.

No se ha producido nunca, en las operaciones objeto de investigación en este informe, cambio del sentido del voto por parte de los concejales del Partido Popular, como consecuencia de las actuaciones referidas.

Ninguna de las operaciones objeto de investigación llega a consumarse, por lo que el Partido Popular o los intervinientes en las mismas no han recibido aportación económica alguna.

2. Todas estas actuaciones no suponen la revelación de un sistema permanente y estable de financiación del Partido Popular.

Por el contrario, se trata de hechos aislados que surgen a iniciativa de Salvador Palop y que se pretenden realizar en unos casos con Ángel Sanchís y en otros con Rosendo Naseiro.

3. Las actuaciones citadas se inician generalmente por Salvador Palop de forma espontánea y sin encargo directo o indirecto del partido. El móvil revelado en las conversaciones es ganar el favor político de Arturo Moreno y de la propia dirección nacional del partido a través de Rosendo Naseiro. Se acredita, también, la utilización indebida, por falsa, del nombre del presidente nacional del partido para avalar su irregular actuación.

4. Los hechos revelan que el vicesecretario general, Arturo Moreno, consintió la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del partido de forma no oficial y con actuación al margen de la estructura orgánica del partido. Igualmente, se acredita entre los miembros del grupo una comunidad de intereses económicos al margen del partido, cuya concreción se manifiesta en la sociedad Futuro Financiero. Esta Sociedad no participa en la actividad objeto de este informe ni es destinataria de fondos relacionados con la financiación del Partido Popular, pero es el común denominador de los intereses económicos privados de algunos de sus miembros, concretamente del propio Arturo Moreno, de Salvador Palop y de Miguel Ángel Cortés, que abandona su responsabilidad ejecutiva en la empresa a raíz de su elección como diputado.

5. Los hechos revelan que el diputado nacional Ángel Sanchís, sin competencia orgánica o estatutaria alguna, pretendió participar junto con Salvador Palop en operaciones de recaudación de fondos utilizando para obtener su confianza los nombres del presidente-fundador y del presidente nacional del partido.

6. Los hechos revelan que Rosendo Naseiro, al margen de sus obligaciones como tesorero nacional, consintió la realización por Salvador Palop de conversaciones encaminadas a las actividades referidas en la conclusión primera de este informe, permitiendo la participación en labores de tesorería a persona que no ostenta cargo alguno en el organigrama financiero del Partido Popular. En las declaraciones de Rosendo Naseiro se aprecia su negativa a condicionar los votos de concejales del PP al cobro de comisiones por parte de empresas adjudicatarias. Se acredita, sin embargo, su disposición a solicitar donaciones no condicionadas a empresas que hayan resultado beneficiadas por adjudicaciones de corporaciones locales de las que forma parte el PP. Este sistema de financiación, a juicio de este instructor, sin perjuicio de que sí se hubiera llevado a efecto, lo que no se acredita en estas actuaciones, hubiese significado posible vulneración de lo dispuesto en el artículo 43 e) de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, debe ser considerado contrario a los principios éticos y deontológico que ha de asumir un partido. Sobre este extremo nos remitimos a la propuesta contenida en la cuarta y última parte de este trabajo.

7. De los hechos examinados resulta evidente que tanto el presidente del PP como su presidente-fundador desconocían absolutamente las actividades objeto de este informe, a pesar de las citas que se hacen involucrando sus nombres a los efectos de atribuirse cargos o funciones que en ningún caso se ostentaban y con la clara finalidad por quienes lo utilizan de confirmarse mutuamente. Tanto Palop como Naseiro han manifestado en sus declaraciones que todo cuando hablaban era desconocido por el presidente y por el presidente-fundador del partido.

Aznar, asimismo, reflexiona sobre la actividad de las sociedades instrumentales que canalizan los fondos y extienden facturas a las empresas que aportan el dinero. Consulta con el despacho jurídico de Miguel Blesa que ha asesorado al partido en varios asuntos. Es Blesa quien se encarga de liquidar las tres empresas creadas recientemente para captar fondos.

Tras conocer el informe de Ruiz-Gallardón, Sanchís afirma que las gestiones que él llevó a cabo para captar fondos para su partido no solo eran conocidas por Manuel Fraga y José María Aznar, sino que ambos han acudido a su domicilio particular para conversar sobre aspectos concretos de la financiación de AP y del Partido Popular.

Sanchís ironiza: los militantes que en adelante se encarguen de recibir donaciones de empresas para sufragar la labor de oposición tendrán que exigir un documento notarial donde se deje constancia de que tienen la autorización del partido.

Aunque la referencia al «documento notarial» podría sugerir algún conocimiento sobre lo que ha hecho Rosendo Naseiro ante notario, la realidad es otra. Naseiro no lo ha comentado con casi nadie. Luis es una excepción.

La presencia de un aforado, el diputado Sanchís, lleva al juez Manglano a inhibirse en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

A la vista de las evidencias, el fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín-Casallo considera que existen bases para imputar un delito de cohecho en grado de conspiración, y pide para los tres políticos populares un total de nueve meses de prisión y 31,5 millones de pesetas de multa.

El juez instructor, Luis Román Puerta, desestima el recurso de las defensas de que se declaren nulas las actuaciones porque el juez Manglano observó «los requisitos más esenciales de las actuaciones procesales». Y se niega a interferir indebidamente en la «competencia propia del tribunal sentenciador».

El juicio oral se celebra el 18 de junio de 1992 ante el tribunal formado por los magistrados Enrique Ruiz Vadillo (presidente), Fernando Cotta y Joaquín Delgado.

Las defensas de Sanchís y otros acusados han solicitado la nulidad de las actuaciones porque las pruebas se han obtenido bajo la cobertura de una operación de narcotráfico y porque el juez Manglano ha seguido investigando cuando la presencia de un diputado debía haberle llevado a inhibirse.

Pero el mismo día 18, cuando se celebran las «cuestiones previas», el periódico Abc trae la noticia de que los tres magistrados ya han alcanzado por unanimidad la decisión de anular las pruebas.

Ese día, el tribunal admite los recursos y anula las pruebas de cargo: las conversaciones grabadas entre los tres políticos y uno de los empresarios por haberse vulnerado el derecho a la intimidad de los acusados. «No se puede obtener la verdad a cualquier precio, no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad», dice la resolución.

Ante esta decisión, el fiscal y las acusaciones populares deciden retirar sus escritos de acusación. El 15 de julio de 1992, el Tribunal Supremo absuelve a los acusados.

El entonces juez de instrucción en la Audiencia de Madrid, Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Tribunal Supremo desde 2004, quien muchos años después, en abril de 2011, sentaría a Baltasar Garzón en el banquillo por un delito de prevaricación, al ordenar la grabación de las conversaciones en la cárcel entre los cabecillas de la Gürtel y sus abogados, escribió en aquellos días sobre la ambigüedad del PP en el caso Naseiro:

Por un lado, se viene a aceptar implícitamente, y ante la evidencia de las conversaciones telefónicas, la existencia de un sector descontrolado que hace y deshace sin conocimiento de los jerarcas del partido. De ello se derivan disensiones y rencillas internas. No obstante, a la hora de encarar la gravedad del problema ante el ciudadano, adoptan la actitud de rebelarse contra el proceso abierto, la aplicación de las leyes y el juez que instruye, designando el caso —farisaicamente— con el nombre del instructor.

Porque el PP, al referirse al caso Naseiro, hablaba del caso Manglano.

Sobre las intervenciones telefónicas señala que

los representantes del Partido Popular entienden que la intervención se otorgó para investigar un presunto delito de tráfico de drogas, desviándose después la investigación irregularmente hacia aquel otro delito. Con ello parecen dar a entender que no es factible legalmente comprobar ni averiguar una posible conducta delictiva conocida en el curso de una investigación de hechos diferentes. Lo cuerdo y lo legal, sin embargo, es todo lo contrario. Cuando aparece un nuevo hecho delictivo, el juez debe ampliar la investigación a la nueva conducta ilícita, y si no actuara así incurriría en responsabilidad por omisión. Por ello, la actitud jurisdiccional correcta del juez instructor es prorrogar la intervención y extenderla en lo necesario, una vez que se le pone al tanto de los nuevos hechos.

Y prosigue:

El ciudadano se queda perplejo ante unos representantes que hablan de adoptar trascendentes acuerdos para la comunidad en base al criterio de pasar o no por el aro de la entrega de sustanciosas sumas de dinero destinadas a los intereses particulares de un partido y de sus miembros. Las licencias y las contratas de obras de miles de millones de pesetas no se concederían de acuerdo con los intereses de la sociedad, sino con los del patrimonio de unos cuantos. Que ello corrompe todo un sistema democrático y afecta también al bienestar diario del ciudadano, resulta incontestable.

El juez concluye:

Las elucubraciones que hemos ido haciendo nos conducen a desvelar cuál ha sido el auténtico error del juez que instruyó el «caso Naseiro»: entender —pecando quizá de ingenuidad— que en la aplicación de la ley penal ya no existía la distinción entre los hombres de gran guisa, los franqueados y los siervos, olvido que le llevó a aplicar a los primeros unas leyes procesales aprobadas para los últimos.

Mientras se instruye el caso Naseiro, en 1990, y se celebra el breve juicio oral, en 1992, Luis ha comenzado a llevar una contabilidad paralela, una caja B, que continúa a la de Naseiro, sin paréntesis, desde el mismo día en que ha estallado el caso. La absolución de los dirigentes del PP, pues, no solo no sirve de escarmiento. Detrás del escenario continúan con el sistema de financiación irregular, que ha sido exonerado al ser anuladas las pruebas de cargo que hubieran supuesto su voladura.

Un ejemplo de cómo funciona este sistema son las anotaciones que registra Luis en su contabilidad manuscrita. Allí figuran las siguientes referencias: «10.000.000 [pesetas] de Pepe Cuiña Galicia en noviembre de 1990»; «15.000.000 de Paco en diciembre de 1990».

La primera cantidad es enviada a Galicia por transferencia del Banco Popular el 6 de noviembre de 1990; la segunda, a través del mismo banco el 18 de diciembre de 1990. Están firmadas por Álvarez-Cascos. Luis se guarda estas transferencias. La firma Álvarez-Cascos es una prueba de quién es el que ordena.

En 1993, Luis anota, registra, esta vez por ordenador, pagos «por indicación J. M.» a José María Ortí, portavoz del Grupo Popular en el Senado, por valor de 350.000 pesetas, y otra también «por indicación J. M.» a favor de «Pedro», en referencia a su asesor Pedro Arriola, por 1.000.000 de pesetas. En ocasiones, Arriola enviaba a Luis una nota manuscrita en la que explicaba cómo debía pagarle. Una de ellas dice:

Resumen del adicional 4º T del 91 y 92 completo:

Blancas: 10.736.194 + IVA

Negras: 2.934.600

Es decir, en pesetas «blancas» y en pesetas «negras». Luis, por supuesto, se guarda esas notas.

En lo que se refiere a «J. M.», estas iniciales coinciden con el nombre de pila de Aznar y es la sigla también usada por Luis en la contabilidad manuscrita, nada más empezar a dejar constancia de las anotaciones, en abril de 1990.

Quiero volver ahora a la fortuna de Luis. No sabría decir, como ya he apuntado, cuánto de su fortuna puede venir de su actividad de negocios con Bel, cuánto procede de los presuntos inversores que le aportan dinero a través del abogado argentino, cuánto de inversiones bursátiles con posible información privilegiada que le llegaba por su posición en el PP, y cuánto de comisiones por obras públicas antes, durante y después de sus contactos con Francisco Correa. Y para terminar con las fuentes, qué cantidad de los fondos que entraban clandestinamente en la caja del PP podía desviar, presuntamente, hacia su propio patrimonio.

El origen del dinero ha sido un tema recurrente en su relación con las personas encargadas en el Dresdner Bank de Ginebra de gestionar sus fondos por ser Luis un PEP.

Luis justifica el origen de los fondos y sus transacciones en metálico, lo que llama la atención de los ejecutivos de la entidad bancaria, con el hecho de que se trata de inmuebles y de cuadros. El dinero en metálico proviene de la venta de cuadros, asegura, que él y un amigo experto adquirieron, que fueron restaurados y vendidos, y que es común que estas operaciones se realicen en metálico.

Veamos el sector inmobiliario en primer lugar.

Hay tres ventas de bienes inmobiliarios y son posteriores a 2004. Dos de ellas están registradas el mismo día, 21 de septiembre de 2006. Una es la venta de una vivienda cuya plusvalía asciende a 257.929,15 euros, y otra es una plaza de garaje que aporta unos beneficios de 24.545,88 euros. La plusvalía conjunta es de 324.545,88 euros. Y el 9 de marzo de 2009 vende un inmueble adquirido en Polonia, sin beneficios.

El dinero en metálico proviene, según dijo, de la venta de cuadros. Un ejemplo que da es el de la compra de un cuadro del pintor Van der Hamen y León en 2002. Luis obtiene el 10 de diciembre de 2002 un crédito con garantía personal en el Banco Popular por valor de 330.000 euros. Retira el efectivo. Cuarenta días después, el 20 de enero de 2003, devuelve el dinero en billetes de 500 euros. La operación se frustra, dice Luis, porque los marchantes de arte que participan en Feriarte le exigen más dinero.

Ni los marchantes han participado en el certamen, ni expositor, galerista o anticuario alguno presentó a la venta obras del pintor. Tampoco en el Ministerio de Cultura hay constancia de solicitud de exportación de tales obras. De la presunta actividad de compraventa de obras pictóricas por parte de Luis y de su esposa, Rosalía, no hay rastro alguno ni en el Registro General de Bienes de Interés Cultural ni en el Inventario General de Bienes Muebles. Tampoco existen declaraciones de transmisión de bienes muebles (obras pictóricas de cien o más años de antigüedad) integrantes del Patrimonio Histórico cuyos beneficiarios resultaran estas personas.

Pero lo que sí existen son rastros de operaciones ficticias de compraventa de obras de arte. Es, por ejemplo, la que Luis, con la ayuda de Patricio Bel, fragua en Buenos Aires, una simulación de compraventa entre su esposa Rosalía e Isabel Ardanaz (nombre de casada de Isabel Mackinlay), primero con fecha de 15 de noviembre de 2004 y más tarde de 19 de enero de 2006, un contrato de mediación para la venta de cuadros por valor de 560.000 euros.

El montaje se realiza en Buenos Aires, en la novena planta de Talcahuano 750, sede de las oficinas de La Moraleja.

Los datos aportados por el LGT Bank de Ginebra muestran que a partir del 6 de febrero de 2009, fecha en la que aflora públicamente la investigación judicial abierta en España sobre el caso Gürtel Luis comienza a mover sus piezas.

Catorce días después, el 20 de febrero de 2009, Ángel Sanchís Perales viaja a Ginebra con una carta manuscrita de Luis en la que le confiere su representación.

Madame Agathe Stimoli le recibe. Sanchís se interesa por conocer los pasos que hay que seguir para liquidar la cartera de inversión y retirar los fondos, en efectivo o mediante transferencia bancaria, y explica que Luis ya dará las instrucciones de transferencia una vez decida las inversiones. Se trata de «oficializar» los activos y diversificar el patrimonio a través de la compra de participaciones en dos empresas de Sanchís: La Moraleja (Argentina) y Nobleinvest Atividades Rurais (Brasil), dedicada a la producción de maderas preciosas.

Mientras tiene lugar la reunión, la ejecutiva atiende una llamada delante de Sanchís desde España. Es Luis. Quiere confirmarle lo que dice la carta manuscrita de representación y todo lo que le informa su amigo.

El 9 de marzo de 2009, Luis escribe a madame Stimoli:

Varios amigos y yo mismo hemos decidido unir parte de nuestros respectivos activos para diversificar nuestros riesgos y actuar en distintos campos de la actividad económica, industrial y bursátil.

Hemos decidido mantener con vuestra entidad inversiones bursátiles por valor de unos 10 millones de euros y estimamos que dicha cifra se mantendrá en el medio y largo plazo.

Mis socios te informarán más ampliamente de los detalles de esta nueva actividad que estamos emprendiendo y de las transferencias que vamos a ordenar.

Un fuerte abrazo.

Al día siguiente visitan el LGT Bank de Ginebra el nuevo apoderado de Luis, Iván Yáñez, hijo de su viejo amigo Francisco Yáñez, y Ángel Sanchís. Le entregan a la entidad los detalles para hacer una transferencia de fondos, según dicen, relacionados con la inversión en Brasil.

De la cuenta bancaria saldrán varias transferencias por valor de tres millones de dólares con destino a una cuenta de Brixco en el banco HSBC de Nueva York, y 500.000 dólares con destino a una sociedad llamada Lidmel S. A., también con cuenta en el HBSC de Nueva York. Y una tercera por valor de un millón de dólares hacia la empresa P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, a una cuenta en Unión de Bancos Suizos, en Estados Unidos.

Según declarará Sanchís, los tres millones representan un préstamo que Luis le ha hecho, una operación sobre la que aportará los documentos.

La vieja relación entre Sanchís y Luis interesa por aquellos días de 2009 a Mariano Rajoy. La defensa de Luis, que es senador, presenta un escrito el 19 de junio de 2009 ante el Tribunal Supremo en el que se persona en el procedimiento y ofrece la declaración voluntaria de Luis, antes de que resuelva sobre la petición de suplicatorio al Senado para investigarle. Rajoy quiere que Luis haga algún gesto que le permita salvar la cara y ganar tiempo. Pero no se atreve a sugerirlo de manera directa.

Una ocasión se le presenta el 5 de julio de 2009. Se trata de una boda. El empresario y exministro Abel Matutes celebra por todo lo alto el enlace de su hijo Abel en la catedral de Ibiza. Entre los invitados se cuentan José María Aznar, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja, junto a sus respectivas esposas, Ana Botella, Elvira Fernández e Isabel Bastida. Y también, Ángel Sanchís y su esposa.

En el hotel Palladium, en Platja d’en Bossa, donde tiene lugar el banquete nupcial, Rajoy se aproxima a Sanchís para mantener una conversación discreta. Le pide si puede hablar con Luis para que renuncie, aunque sea de manera transitoria, a su cargo de tesorero del partido. Sanchís le dice que así lo hará. Y en efecto, le transmite a Luis el deseo del presidente del partido. Luis declara el 22 de julio de 2009 y el 28, ante la inminente petición de suplicatorio, pacta con Rajoy una «renuncia transitoria» al puesto de tesorero, concepto que recoge el comunicado oficial pactado palabra por palabra con Luis:

El PP quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido, que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer… El PP considera que la renuncia es transitoria hasta que quede acreditada su inocencia ante las instancias judiciales. No se procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional del Partido Popular.

Pero ahora, en marzo de 2013, el PP y el presidente del Gobierno tienen un problema: Luis ha roto sus «compromisos» con Rajoy, según el último mensaje, del 14 de marzo, que le ha enviado a su teléfono móvil. Sigue habiendo entre Rajoy y Luis puentes e intermediarios. Pero ha habido una quiebra.

El juez Gómez Bermúdez le ha citado a declarar tres días antes de la ruptura entre Luis y Rajoy. Ha sido el 11 de marzo, al admitir la querella de Izquierda Unida, cuando el magistrado ha establecido el calendario para el 25 de marzo.

Y lo que es más terrorífico, el juez susurra que tiene un borrador de auto de prisión por si las moscas… Las paredes de la Audiencia Nacional son todas oídos…

7
EL «RETORNO» DE AZNAR

Luis tiene que declarar el lunes 25 de marzo de 2013 ante el juez Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, sobre los «papeles».

Pero el juez Ruz, titular del Juzgado número 5, decide citarle a declarar antes, el viernes 22 de marzo. Luis, que ha advertido a Rajoy sobre la ruptura de sus compromisos tanto con el presidente del Gobierno como con el PP, decide sacar partido de la disputa de los dos jueces.

Tiene que ganar tiempo. No prestará declaración ni se someterá a una prueba caligráfica. Lo tiene decidido. Pero el abogado Alfonso Trallero solicita al juez Gómez Bermúdez si puede anticiparle la cita del 25 al 22 de marzo, el día que le ha citado, a su vez, el juez Ruz. El letrado le adelanta que, en cualquier caso, su cliente será breve, lo que da a entender que no piensa prestar declaración.

Gómez Bermúdez dicta una providencia según la cual la declaración se adelanta a las 12.00 horas del viernes 22 de marzo, una hora después de su declaración ante Ruz.

La doble comparecencia crea una alarma en el Gobierno, en el PP y en la Fiscalía Anticorrupción, que ya se había opuesto a la citación de Luis para el 25 cursada por el juez Gómez Bermúdez.

Por su parte, Rajoy no oculta su preocupación. La ruptura con Luis alarma al presidente. Aprovechará la circunstancia de que Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, está muy interesado en conseguir la renovación de su mandato. Moliner solicita en al menos tres ocasiones una audiencia a Rajoy para tratar temas concretos de la administración de justicia. Y Rajoy le pregunta por el enfrentamiento que se desarrolla en la Audiencia Nacional entre dos jueces que se disputan a Luis. Moliner comenta con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que Rajoy sigue el asunto y que le ha expresado su perplejidad.

En este ambiente, en la Audiencia Nacional se comenta que Gómez Bermúdez ha dicho en privado que tiene redactado el borrador de un auto de prisión para Luis por si alguna de las acusaciones así lo solicita. No sería prisión incondicional. Pero la fianza que baraja Gómez Bermúdez es como si lo fuera: 38 millones de euros. ¿No es acaso lo que Luis ha reconocido haber llegado a tener en Suiza ante el propio juez Ruz?

De momento, los dos jueces tienen capacidad para tomar declaración y hacer sus respectivas indagaciones. Un conflicto de competencia debe ser resuelto por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero ello no impide hacer diligencias.

Con todo, la Fiscalía Anticorrupción no quiere correr riesgo alguno con Gómez Bermúdez, un riesgo que es, a esas alturas, sinónimo de un auto de prisión para Luis.

El PP y sus medios afines se han hartado de denunciar las «fotocopias», como se refieren a los papeles de Luis. Pero al igual que el partido está presente en el caso Gürtel, primero como acusación particular, gracias a la comprensión del juez Antonio Pedreira, y más tarde, a raíz de un recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante el TSJ de Madrid, como acusación popular, ahora, el 20 de marzo, solicita estar presente como acusación popular en el caso de los papeles. El juez Ruz pasa la solicitud a la Fiscalía para que informe.

El jueves 21 de marzo, víspera de la comparecencia de Luis ante el juez Gómez Bermúdez, el fiscal Romeral presenta un recurso de apelación contra la providencia de Gómez Bermúdez, donde se anticipa la citación de Luis. Como no cabe tal recurso, el magistrado se abstiene de tramitarlo ante la Sección Segunda de lo Penal, la sala que resuelve los recursos contra sus resoluciones.

Romeral acude entonces directamente a la Sección Segunda, que forman ese día los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López. Les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Luis del día siguiente ante Gómez Bermúdez por existir un conflicto de competencia.

Sin embargo, no se dirige a la Sección Cuarta, que atiende los recursos contra las decisiones de Ruz, para solicitar que en virtud de tal conflicto también se suspenda la comparecencia de Luis.

La Sección Segunda, en la que el PP cuenta con buenos amigos, como el magistrado Enrique López, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y por entonces eterno candidato al Tribunal Constitucional, aprueba la suspensión en tiempo récord. A las 13.30 horas, Gómez Bermúdez, que está tomando un aperitivo con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en los aledaños de la Audiencia Nacional recibe un mensaje en su móvil según el cual la Sección Segunda se ha reunido para resolver el «recurso de apelación contra su providencia». A las tres de la tarde, la secretaría del Juzgado Central de Instrucción número 3 recibe un brevísimo auto por el que se prohíbe al juez Gómez Bermúdez tomar declaración a Luis. No hay precedentes de una operación per saltum, es decir, que se salta las instancias procesales, es decir, al juez, en la Audiencia Nacional.

Luis acude al juzgado de Ruz el viernes 22 de marzo, pero le dice al magistrado que no va a declarar ni en esta ocasión ni en ninguna otra que se le cite. Rechaza someterse a la prueba caligráfica. Esa misma noche denuncia el «sainete» que supone ser citado «a declarar el mismo día por el mismo caso con dos jueces». Él mismo es quien ha propuesto a Gómez Bermúdez a través de su letrado hacer coincidir las citaciones el mismo día. Y ahora se presenta como víctima de una situación kafkiana.

Ruz decide el mismo día 22 dar un paso adelante. Exige al Partido Popular que le remita la contabilidad auxiliar del partido entre 1990 y 2011 con el fin de completar la documentación presentada al Tribunal de Cuentas. Quiere conocer detalles sobre los gastos de representación, donativos y tesorería del PP.

Lo que ocurre en la Sección Segunda de lo Penal con la prohibición al juez Gómez Bermúdez prefigura el desenlace que va a ocurrir en la Sección Tercera de lo Penal que resolverá el conflicto de competencia en una vista convocada para el 27 de marzo.

Pero el 25 de ese mes, las cuentas suizas de Bárcenas se abren paso a codazos entre los papeles, la contabilidad B, después de varias semanas de cederle protagonismo. El juez Ruz, que ha recibido información de Estados Unidos en la que se relaciona a Brixco con Ángel Sanchís Herrero, hijo de Sanchís, decide citar a declarar en calidad de imputado a Ángel Sanchís Perales. Considera que la transferencia de tres millones de euros de la cuenta de Luis en el LGT Bank a la sociedad Brixco podría ser una operación de blanqueo de capitales.

Sanchís, por su parte, ya había hecho antes de la citación un movimiento. Para dar su versión y aportar documentos, Sanchís llama por teléfono a un viejo conocido. Se trata del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero no consigue hablar con él. En su lugar se pone en contacto con Sanchís Francisco Martínez, quien ha dejado de ser director de gabinete del ministro para ocupar la Secretaría de Estado de Seguridad en sustitución de Ulloa. Martínez arregla todo para que Sanchís y su abogado, Ernesto Jiménez Astorga, sean recibidos por el comisario general de Policía Judicial de la Policía Nacional, José García Losada, y el jefe de la UDEF, comisario Manuel Vázquez López. Ambos invitan a Sanchís y a su abogado al Centro Policial de Canillas. Sanchís explica que Luis le ha prestado tres millones de euros y que la operación está documentada. Aclaran que Luis no tiene relación societaria alguna con su empresa La Moraleja de Argentina. Y ofrecen dejar documentación. Pero los policías sugieren que aporte el material al juzgado. Al día siguiente el secretario de Estado de Seguridad, Martínez, les cita en el hotel Orfila de Madrid, en la calle Orfila, entre el palacete del Ministerio del Interior y la sede del PP en la calle Génova. Está informado de los temas que han tratado el día anterior en Canilllas con García Losada y Vázquez López y asegura que ha hablado sobre ello con Fernández Díaz.

La Sección Tercera de lo Penal resuelve el 27 de marzo de 2013 que el juez Ruz será quien investigue como pieza separada el caso de los papeles. La defensa de Luis, como ya se lo anticipó el extesorero a Rajoy por mensaje, había solicitado que el asunto permaneciera en los juzgados de plaza de Castilla.

El 4 de abril, el juez resuelve, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, denegar la solicitud del PP para actuar como acusación popular en el caso de los papeles. Señala que una eventual acusación popular por parte del PP es «incompatible» con la investigación de hechos de los cuales podría derivarse una responsabilidad civil exigible al propio PP.

Pero esto no es todo. El juez anticipa en su resolución la próxima expulsión del PP del caso Gürtel, donde sigue como acusación particular.

El razonamiento es el siguiente: los papeles afloran donativos que pudieron pagarse al PP para obtener favores en adjudicaciones mientras que en el caso Gürtel hay pagos por contratos con la trama Correa. Y si ambos tienen conexión, como ha dictaminado la Sección Tercera de lo Penal, el juez estima que estos vínculos «obligan necesariamente a plantear la procedencia del mantenimiento o eventual revocación de la condición de acusador popular con la que el Partido Popular viene ejercitando su personación en las actuaciones principales». El juez pide, mediante otra resolución, un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre el tema y consulta a todas las partes: ¿hay que expulsar al PP del caso Gürtel?

El PP aporta al juzgado la contabilidad interna auxiliar que le ha exigido Ruz. Estamos a mediados de abril. Los datos, lejos de desmentir los papeles de Luis, permiten comprender cómo funcionaba el mecanismo.

Entre 1990 y 2008, Luis anota donativos por valor de 7,5 millones de euros. Entre 2003 y 2007, anota catorce entradas de pequeñas cantidades que suman 1,3 millones de euros, entregas anónimas, en la cuenta abierta para tal fin en el Banco de Vitoria (Banesto) frente al cuartel general de la madrileña calle Génova.

Esos ingresos procedían de donaciones de empresas superiores a los 60.000 euros permitidos por ley, razón por la que se troceaban al registrarse en la contabilidad oficial y en la caja del banco.

¿Aparecen estos 1,3 millones en la contabilidad oficial?

En efecto, allí están. Son 1.264.180 euros. Mismos años, de 2003 a 2007, y mismas cantidades globales.

El dinero era aportado al PP en metálico y se gastaba también en metálico para no dejar rastros.

Luis pagaba sobresueldos, encuestas, ayudas de urgencia a víctimas del terrorismo, compra de acciones de medios de comunicación, pago de obras en la sede y otras menudencias. Solo una parte de las donaciones se ingresaba en una cuenta especial abierta en un banco para esos fines, según estipulaba la ley.

El Tribunal de Cuentas era para el PP una formalidad. Los auditores no podían comprobar las donaciones informadas por el PP, y eso era todo lo que había. Luis las registraba como entregas anónimas de dinero. El partido no tenía obligación de aportar detalles.

Si la contabilidad oficial arroja luz sobre los papeles, y viceversa, el desglose que viene allí sobre las remuneraciones ofrece el detalle que interesaba al juez.

Como los ministros no pueden legalmente percibir remuneraciones al margen de su cargo, el secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, da instrucciones al tesorero Álvaro Lapuerta para calcular y poner en práctica los nuevos sobresueldos.

Luis comienza en 1997 a registrar en sus papelespagos trimestrales (6.100 euros) o semestrales (12.200) a la cúpula del partido, entre ellos a los ministros Mariano Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja. Las cantidades son similares a las que aparecen cobrando en su etapa previa como gastos de representación en la contabilidad oficial.

José María Aznar percibe, durante los años previos a su llegada al poder en mayo de 1996, según la contabilidad auxiliar, una remuneración mensual en forma de gastos de representación, además de su salario como diputado, al igual que Javier Arenas, Ángel Acebes, Ana Mato, Jesús Sepúlveda o Cristóbal Montoro.

Los pagos mensuales son de 500.000 pesetas (3.005 euros) en 1990, una cantidad que se duplica en los meses de julio y diciembre. El partido abona ese año a Aznar siete millones de pesetas (42.000 euros), cantidad que en 1991 aumenta un 14 % hasta los ocho millones de pesetas (48.000 euros). En 1992, los llamados «gastos de representación» sufren modificaciones. Aznar percibe cantidades distintas según los meses: entre 894.416 y 629.375 pesetas (5.375 y 3.782 euros). Sumadas alcanzan los 10,4 millones de pesetas (62.000 euros), un 48 % más que en el ejercicio 1990.

En 1993 los gastos de representación incluyen a casi toda la cúpula del PP y a empleados de la formación. Hay un pago a Aznar con su nombre y apellido. El 18 de enero de 1993, bajo la anotación «Asignac Presid Grupo J. M.Aznar» consta una entrega de 1.793.000 pesetas. El resto del año 1993 no hay más referencias a Aznar.

Pero a partir de febrero de dicho año, los gastos de representación más cuantiosos se recogen con un sistema de códigos numéricos o con una combinación de cifras y siglas. El 26 de febrero de 1993, se apunta «G Representación 530», junto a una cantidad de 1.793.000 pesetas. El 29 de abril del mismo año hay dos anotaciones similares: «BP (siglas de Banco Popular) Gastos Representación 530». Las cifras que llevan asociados estos apuntes, 1.434.400 y 358.600, suman 1.793.000 pesetas.

¿Pura coincidencia?

Esa cantidad es la que ha quedado registrada en el pago a Aznar del 18 de enero de 1993.

Con posterioridad, en 1996, cuando Aznar es presidente del Gobierno, el PP le paga 2,7 millones de pesetas (16.755 euros), situación diferente a la de otros dirigentes que pasan al Ejecutivo, habida cuenta de que la Ley de Incompatibilidades vigente prohíbe a ministros y al presidente del Gobierno percibir más de una retribución.

El diario El País ha tenido acceso a la información aportada por el PP al juez Ruz. La periodista María Fernández señala queen la contabilidad oficial del PP correspondiente a 1996 no aparece el nombre de Aznar, pero sí hay un código, el 053, con el que se identifican dieciséis ingresos por cantidades que suman 12.174.073 pesetas (73.167 euros).

Según el periódico, un informe de la Agencia Tributaria aportado al juzgado afirma que el PP abona a Aznar, entre el 31 de enero y el 17 de junio de 1996, fecha en que lleva cuarenta y dos días en el Palacio de la Moncloa, 12.174.073 pesetas (73.167 euros) y se le hace una retención del 46 %.

En total, entre 2003 y 2007, Aznar cobra sobresueldos de 29.748.653 pesetas (178.793 euros) por gastos de representación; Francisco Álvarez-Cascos, por gastos de representación y otros conceptos, 24.532.416 pesetas (147.441 euros); Mariano Rajoy, por gastos de representación y otros conceptos, 6.851.837 (41.176 euros); Ana Mato, por gastos de representación y otros conceptos, 22.689.012 pesetas (136.364 euros), y Javier Arenas, por gastos de representación y otros conceptos, 21.292.003 (127.968 euros).

Hay más dirigentes que los cobran entre 1990 y 2000. Son Álvaro Lapuerta, 36.180.521 pesetas (217.449 euros); Ángel Acebes, 29.021.554 pesetas (174.423 euros); Cristóbal Montoro, 8.261.105 pesetas (49.650 euros); Rodrigo Rato, 3.570.966 pesetas (21.462 euros), y el propio Luis, 3.451.906 pesetas (20.726 euros).

A partir de 2001, la contabilidad oficial ya no refleja detalles. Los gastos de representación no son atribuidos a los miembros de la dirección, a excepción de ciertos apuntes dispersos.

El 25 de abril de 2013, el juez Ruz recibe un informe que zanja las dudas sembradas por el Partido Popular sobre la autoría de los papeles, una duda a la que Rajoy ha contribuido a dotar de credibilidad cuando el 2 de febrero los califica de «apócrifos», como parte del pacto con Luis. Dos inspectores jefes de la sección de documentos de la Policía concluyen que las fotocopias analizadas permiten afirmar que el autor de la letra es Luis. Queda en evidencia su maniobra del 6 de febrero cuando, ante el perito de la Policía, durante su declaración, falsea y trocea su propia letra, en el marco de su pacto con el PP.

Aunque dicho informe no tiene relación con la presencia del PP en el caso Gürtel como acusación popular, el juez resuelve el 26 de abril expulsarle de la causa.

El juez, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, desnuda el pacto que ha mantenido el PP con Luis y con otros imputados, lo que contradice la intención del partido de «colaborar activamente con la investigación». Ruz cita una serie de momentos procesales en los que el partido ha actuado a favor de Luis, su esposa Rosalía o el exdiputado Jesús Merino. El juez se remonta a febrero de 2010 y analiza la conducta del PP. Muestra cómo el partido presenta escritos exculpatorios de Luis cuando está pendiente el resultado de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza. El auto de expulsión del juez es un mazazo para el PP, que no solo recurre la decisión, sino que empieza a montar una estrategia para quitar a Ruz del Juzgado Central de Instrucción número 5.

La comprobación de una parte importante de los apuntes contables, sin la colaboración de Luis, avanza a paso firme.

El 20 de mayo de 2013, Eugenio Nasarre, diputado del PP, presidente de la Fundación Humanismo y Democracia, por un lado, y Pío García Escudero, presidente del Senado, por el otro, reconocen los pagos anotados por Luis. Nasarre dice haber recibido en metálico los pagos de 30.000 euros y 40.000 euros para la fundación. La primera cantidad fue a buscarla en octubre de 2003 al despacho del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, en la calle Génova. Estaba presente Luis. Contaron el dinero y lo metieron delante de él en un sobre de color madera.

Después de tomar declaración a Nasarre, el juez Ruz se traslada al Senado para interrogar al presidente del Senado, García Escudero. Reconoce el préstamo anotado en los papeles y admite que cobró sobresueldos, además de su sueldo de senador, aunque niega dos pagos que aparecen en los papeles.

Y este 21 de mayo de 2013, los periodistas José A. Hernández y J. M. Romero informan en El País que Francisco Correa pagó parte de los gastos, 32.452 euros, de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.

El rastreo hasta llegar a estos gastos es sinuoso.

El diario ya había informado dos años antes, el 14 de marzo de 2011, que diez policías, un secretario judicial y un técnico de la Intervención General del Estado se habían presentado el 25 de enero de 2011 para hacer un registro en una nave de la calle Arganda 11, polígono Ventorro del Cano, en la localidad madrileña de Alcorcón, que alquila la empresa Easy Concept. Allí las empresas de Correa almacenaban sillas y traseras que se utilizaban en los actos que montaban para dirigentes del PP. Y documentos.

Hay nueve cajas repletas con carpetas.

La Policía separa dos de ellas, halladas en la caja número cinco y siete, respectivamente. Una lleva la referencia «Boda Alejandro Agag»; la otra, «Visita del Papa 3 y 4-5-2003». Esta última carpeta se refiere a los actos del viaje del papa Juan Pablo II a Madrid en mayo de 2003.

Pero el contenido de la carpeta sobre la boda no trasciende.

La boda Agag-Aznar se celebró en el monasterio de El Escorial el 5 de septiembre de 2002. La fiesta posterior tuvo lugar en una finca dedicada a la cría de caballos llamada Los Arcos del Real, propiedad de un amigo de Aznar. La boda, oficiada por el cardenal Antonio María Rouco Varela, reúne a los reyes de España, a los primeros ministros del Reino Unido, Tony Blair, de Italia, Silvio Berlusconi, de Portugal, José Manuel Durão Barroso, y de El Salvador, Francisco Flores. Una fiesta en la que participan los representantes de los tres poderes del Estado, presidentes autonómicos y ministros del Gabinete.

Francisco Correa, jefe de la red Gürtel, dirigía en aquel tiempo las empresas a las que se le confiaban los contratos para organizar la mayoría de los actos electorales del PP nacional. Él, su esposa y otros miembros de su grupo, como Álvaro Pérez, el Bigotes, acuden a la boda de la hija del presidente del Gobierno como invitados. Correa es uno de los testigos del novio, Alejandro Agag.

El juez Ruz sigue comprobando los apuntes de Luis. El día 21 de mayo es el turno para prestar declaración de Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Jaume Matas y Jaime Ignacio del Burgo.

La declaración de Del Burgo tiene su morbo. Porque es él quien declara al juez la tarde del 21 de mayo, por videoconferencia, que la decisión de pagar a Calixto Ayesa, según figura en la contabilidad manuscrita, fue adoptada por el presidente del partido. Y no estamos hablando de Rajoy, hablamos de José María Aznar.

El exdiputado del PP explica que Ayesa, que no era miembro del PP, debía cerrar su clínica privada dermatológica para ocupar la consejería de Salud del Gobierno de Navarra, lo que suponía para él un quebranto económico. Señala que la «operación Ayesa», autorizada por Aznar, era «reservada», que debía «hacerse con discreción», y por ello tenía que llevar «el dinero en metálico». Del Burgo confirma que Luis le daba el dinero y que él no entregó «justificante o nómina» alguna a Ayesa cuando le daba el sobre con unos 3.600 euros cada mes, durante cuatro años, porque «no existía». El dinero se lo entregaba a Ayesa en «cafeterías de Pamplona».

Del Burgo plantea a Aznar, en 1991, la necesidad de la compensación a Ayesa. «Aznar me dice: “Le ayudaremos”», recuerda.

—Las anotaciones son absolutamente ciertas —dice Del Burgo sobre los papeles.

—¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades? —pregunta el juez.

—El presidente, el presidente del partido —dice Del Burgo.

—¿Quién era? —pregunta el juez.

—José María Aznar

Aznar adopta la decisión. Se la comunica a Álvaro Lapuerta y este la traslada a Luis, quien se ocupa de la tarea.

La contabilidad manuscrita registra pagos a Ayesa en bloques de 600.000 pesetas (3.600 euros). Luis entregaba los fondos en efectivo a Del Burgo en «seis o siete» sobres marrones. Estos pagos se hicieron entre 1991 y 1995, según ha reconocido Ayesa. En total: el equivalente a 23.439 euros.

Aunque el manuscrito de Luis anota pagos en 1991 y 1992, estos se prolongan hasta 1995.

Pero el morbo de la declaración de Jaime Ignacio del Burgo también tiene que ver con una coincidencia.

Esa noche del 21 de mayo, José María Aznar tiene prevista su irrupción en el ruedo político, en prime time, a las nueve de la noche, en una entrevista en Antena 3 Televisión.

La periodista Gloria Lomana, directora de los servicios informativos de la cadena, llevaba años proponiendo a Aznar una «entrevista-evento» que ella pensaba para una hora de máxima audiencia. El expresidente había accedido con ocasión de la publicación de su saga de libros de memorias. Pero Lomana quería entrevistarle sobre la actualidad. Quería titulares.

Avanzada la tarde del 21 de mayo, mientras le ayudan a vestir el traje color malva que va a usar, entra en el teléfono móvil de la periodista, a las 20.39 horas el siguiente mensaje:

Del Burgo declara que pactó con Aznar los pagos de 3.600 euros mensuales que le dio Bárcenas en sobres.

Se queda con el titular. Ignora si Aznar lo sabe y si la directora de comunicación de la fundación Faes, Ana Cabos, ha tenido noticia sobre el asunto.

Aznar reconoce en la entrevista que habla poco con Rajoy, una charla tranquila en año y medio de Gobierno, y señala que se encuentra como millones de votantes del PP a los que les gustaría ver «objetivos históricos renovados», un «proyecto político claro» y «una acción política decidida a favor de ese proyecto».

A la pregunta de si volvería a apostar ahora por Rajoy como su sucesor, Aznar responde que carece de «utilidad» plantearse ahora ese interrogante porque Rajoy es el presidente del Gobierno.

Tras criticar la política económica de Mariano Rajoy, coquetea con ambigüedad calculada sobre su vuelta a la política:

—Asumiré mi responsabilidad con España, mi partido y mi conciencia —dice.

Lomana pregunta por los sobresueldos y la trama Gürtel. Aznar desvía la atención:

—Los únicos sobres que he conocido son los que entraban de fondos reservados en La Moncloa hasta que yo llegué. Había 300.000 pesetas diarias que se iban reponiendo.

La periodista indaga sobre la noticia que ha publicado El País esa mañana, el regalo de la iluminación para la fiesta de la boda de su hija. Aznar dice:

—Es una mala información cuyo origen está bastante localizado.

A continuación, explica que «parece bastante normal que los invitados a una boda hagan regalos. Y algunos hacen regalos relacionados con su actividad. [Correa] era un invitado personal del novio. Nadie conocía otras actividades suyas. ¿Cómo se puede decir que se han recibido regalos de una trama delictiva?».

Y Aznar remacha:

—El grupo Prisa publica mentiras sobre mí. Y lo dice un medio en una situación cuasi de bancarrota, un medio que ha vendido una cadena, Cuatro, a Berlusconi, que está procesado, cuando se vendió ya estaba procesado, y tiene como accionista de Sogecable al mismo grupo propiedad de la persona procesada.

Lomana recuerda ahora, así, a quemarropa, sin previo aviso, la noticia que acababa de recibir antes de empezar la entrevista.

—Jaime Ignacio del Burgo dice que recibió dinero en mano para Calixto Ayesa entre 1991 y 1995. Asegura que recogió 600.000 pesetas en el despacho de Bárcenas. ¿Usted no se enteraba de nada o alguien le ha engañado, señor Aznar?

—Solo voy a hablar de lo que a mí se refiere. No voy a adornar las declaraciones judiciales de nadie —dice, y añade—: Siempre que he tenido conocimiento de estas cuestiones he actuado con contundencia, lo hice con el caso Naseiro. Si hubiese tenido otra noticia habría actuado. Solo he tenido conocimiento de que el PP se financió conforme a la legalidad.

Pero, claro, lo que contesta nada tiene que ver con lo que explicaba esa misma tarde Del Burgo al juez. Es decir: el presidente del Partido, Aznar, es quien autoriza la entrega del dinero. Un dinero procedente de donativos troceados para eludir la legalidad.

El País titula al día siguiente, 22 de mayo:

AZNAR AMAGA CON VOLVER A LA POLÍTICA

Pero destaca otra información que amplía la de los regalos de la trama: «Correa montó gratis actos de Aznar e infló precios en contratos públicos». Se refiere a varios actos preelectorales de Aznar organizados por la empresa del grupo Correa Special Events. Uno de ellos en el Palau de la Música de Valencia el 8 de junio de 2002 y otro en Marbella el 26 de noviembre de 2002.

Una tercera información, referida a la declaración de Jaime Ignacio del Burgo, señala que «Aznar autorizó a Del Burgo a dar un sobresueldo a un consejero navarro».

El diario El Mundo apuesta claramente por el regreso de Aznar. Su portada refleja a cuatro columnas la entrevista. Y en letra pequeña, muy abajo, al borde del abismo de la página, hace referencia a la declaración judicial del político conservador navarro. «Del Burgo declara que Bárcenas le dio 26.000 euros en efectivo».

El diario ve en la entrevista que el PP se agrieta de manera creciente como resultado de una crisis larvada por la corrupción y sus facturas. Apuesta claramente por una alternancia al liderazgo de Mariano Rajoy.

8
GARGANTA PROFUNDA

Aunque ahora, mirando por el espejo retrovisor, hay algo que me parece evidente y sobre lo que debo llamar la atención al hablar del hecho que acaba de relatarse. Hay una forma de ver a José María Aznar en el mapa de la red Gürtel hasta el 21 de mayo de 2013.Y otra después.

La primera forma es, simplemente, visual. Está asociada a las imágenes de la celebración de la boda de su hija en el monasterio de El Escorial, en con la presencia del «procesado» Silvio Berlusconi, según le define Aznar en su entrevista de televisión, el ex primer ministro británico Tony Blair y José Manuel Durão Barroso. Los dos últimos junto con Aznar son los que acompañarán al presidente George W. Bush unos meses más tarde en la cumbre de las islas Azores para lanzar el ultimátum y desencadenar al margen de la ONU (Naciones Unidas) la invasión de Iraq. Junto a ellos forma parte también de la forma visual la presencia de otros políticos que más tarde estarían, en uno u otro grado, a merced de la justicia por temas relacionados con la corrupción: Luis y su mujer, Álvaro Lapuerta, Francisco Correa, Alberto López Viejo, Álvaro Pérez, Jacobo Gordon y Jesús Sepúlveda, Ana Mato, Jaume Matas y su esposa, Maite Areal, Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

Tengo pocas dudas de que en el PP se ha venido arrastrando una batalla soterrada, largamente reprimida, entre los cenáculos de Rajoy y los de Aznar, desde el mismo estallido público del caso Gürtel, en la primera semana de febrero de 2009.

Ya el 11 de febrero, un día antes de que el juez Garzón dictara el auto de prisión incondicional de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, acude a la reunión de urgencia del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Allí pide una defensa más firme ya no solo del expresidente, José María Aznar, sino también de las personas que le acompañaron en su etapa como máximo responsable del partido. «Hay que defender el buen nombre del PP y su legado», dice. Y recuerda su condición de mujer de Aznar para zanjar el tema: «Ya sabéis quién soy».

Sectores del PP recelan también de Ana Botella. Ya alcaldesa, tras la crisis de Bankia y el primer rescate de 100.000 millones de euros (más tarde reducido) de junio de 2012, es ella quien dice públicamente, el 17 de agosto de 2012, en una entrevista con la agencia Europa Press, que «parece inevitable» que el Gobierno de Rajoy acuda a algún «tipo de rescate […] Nadie duda. Es muy probable que tengamos una ayuda por parte de la Unión Europea, un rescate blando». No es una herejía, habida cuenta de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, acaba de poner en marcha un sistema de bonos públicos llamado Outright Monetary Transactions (OMT) para aquellos países que son castigados por los mercados de forma especulativa o simplemente preventiva. Pero la afirmación de Botella cae como un jarrón de agua helada en el PP, que intenta por todos los medios desmentir que España haya recibido rescate alguno cuando acaba de acogerse a uno específico para conjurar la crisis de Bankia.

Hasta mediados de mayo de 2013, pues, Aznar logra controlar los daños a su prestigio personal. Las informaciones no afectan a su pasado. La carpeta «Boda Alejandro Agag» sigue estando bien guardada. La UDEF ha comenzado a elaborar un borrador de informe sobre Aznar y Gürtel con el material encontrado en Alcorcón. Pero no sigue adelante.

A mediados de mayo de 2013 se produce un giro con las noticias sobre sus gastos de representación en la contabilidad oficial que el PP aporta al juez Ruz. Aznar obtiene información de que algo se está moviendo contra él. Todas sus sospechas apuntan a que el Gobierno de Rajoy y sectores del PP quieren implicarle en el deterioro que afecta al partido. Es que el partido es presa de la paranoia. Nadie se fía ni de su sombra.

Pero es que la trama Gürtel nace, crece y se desarrolla durante la etapa de José María Aznar.

Todo el mundo en el partido conoce que los servicios de Francisco Correa han sido privilegiados durante la época Aznar/Álvarez-Cascos, un período que es coronado con la guinda de las imágenes de la boda de Ana Aznar. Pero, además, en 2004, Luis recibe información de fuente periodística, mira por dónde, sobre el uso que está haciendo Correa de sus contactos con el PP en ciertas adjudicaciones de contratos. Habla con Álvaro Lapuerta para que se lo transmita a Rajoy, que acaba de asumir el cargo de secretario general del partido. Se decide entonces dejar de contratar desde Génova a las empresas de Correa, que se ocupaban de los actos del partido a nivel nacional. La red Gürtel se repliega desde entonces en sus negocios con la Comunidad Valenciana.

Aznar, pues, decide el lunes 13 de mayo de 2013 que ha llegado el momento. El momento de frenar la deriva que está intuyendo. Y además, siente que debe asaetear a Rajoy por su debilidad política cuando tiene una mayoría absoluta de 186 escaños superior a los 183 que él llegó a conseguir en marzo de 2000. Tiene varios viajes al exterior. Pero entre uno y otro le queda un hueco: el martes 21 de mayo. Llama a la directora de los servicios informativos de Antena 3 Televisión.

—Ahora sí, Gloria, te doy la entrevista. Tendrás titulares.

Como es habitual, Antena 3 Televisión comienza a promocionar durante la semana la entrevista del martes 21 de mayo.

Cuando en la mañana del 21 de mayo Aznar ve la noticia en El País sobre el regalo de boda de las empresas de Correa, redondea su idea de que es el Gobierno quien está interesado en dañar su imagen, que sectores del partido desean que el expresidente «comparta» el desgaste que está provocando el escándalo de Gürtelen el PP.

Al término de la entrevista, Aznar se tiene que marchar enseguida porque debe viajar al día siguiente muy temprano al exterior, pero antes de despedirse alerta a la periodista:

—Gloria —dice—, mírate la entrevista porque tienes más titulares de los que ahora mismo puedes estar pensando.

Seis días después, el 27 de mayo de 2013, cuando Aznar presenta en el Congreso de los Diputados el libro Biografías políticas, sobre Antonio Cánovas del Castillo, Francisco Silvela y Antonio Maura, ningún ministro del Gobierno de Rajoy ni dirigente del PP acude a la cita. «No estoy contra nadie —se justifica—. Estoy con los españoles».

En las semanas siguientes a la entrevista, de la caja de Pandora de las relaciones de Aznar con la red Gürtel, abierta para extraer los regalos de boda,saldrán pequeños o inofensivos detalles que, como los fastos de la boda entre Ana Aznar y Alejandro Agag, retratan una época.

En las carpetas halladas en Alcorcón aparece que Álvaro Pérez, el Bigotes, encarga a la floristería Yamil el 24 de julio de 2002, en nombre de la empresa Special Events, un ramo de rosas rojas para ser entregado a Ana Botella en el Palacio de la Moncloa con motivo de la celebración de su santo, el 26 de julio, un gesto de 144,24 euros.

Ana Botella, como su marido, sus hijos y su yerno, Alejandro Agag, contrataba para algunos traslados a Pasadena Viajes, la agencia de Correa, que facturaba a Presidencia del Gobierno o del PP, según el carácter del acto al que acudían. Pero la empresa de Gürtel no solo organizaba parte de los viajes de Botella. También se ocupaba de actos del PP a los que ella asistía; entre otros, una cena celebrada el 27 de noviembre de 2002 en Arganda del Rey. La relación entre Ana Botella y Álvaro Pérez, el Bigotes, sobrino del actor Andrés Pajares, fue sobre ruedas desde el momento en que Correa, siguiendo una recomendación de Alejandro Agag, le encargó que se ocupara personalmente de los actos de Aznar.

Pasadena Viajes no compitió con nadie para obtener la adjudicación de los servicios que proveía. Sencillamente, nunca se convocó concurso para elegir.

Hay centenares de facturas y apuntes contables que acreditan la relación de Pasadena Viajes con Presidencia del Gobierno. Reflejan viajes de asesores y funcionarios del Palacio de la Moncloa. Como las cantidades son inferiores a 12.000 euros, se saltaba el requisito de concurso público.

Los viajes privados de la familia de Aznar, entre los que se cuentan los de su hijo José María, su hija Ana y su yerno, Alejandro Agag, se contratan con Pasadena Viajes.

En los estadillos de clientes de Pasadena Viajes con deudas pendientes aparece Agag con cantidades superiores a 6.000 euros por viajes realizados hace meses o hasta un año antes. El yerno del expresidente tenía una cuenta con la agencia.

En este contexto, pues, hay que colocar el regalo de bodas de Correa, la iluminación y sonido, por valor total de 36.000 euros.

Aparte de la trama Gürtel, también están los papeles de Luis. Es Aznar quien mantiene a Luis en la gerencia del partido después de la crisis del caso Naseiro durante más de dos años, y quien propone el nombramiento de Álvaro Lapuerta en el puesto de Naseiro, es decir, como tesorero nacional, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1993. Lapuerta, como Aznar, emergen en el congreso de refundación en enero de 1989. Allí se nombra a Lapuerta miembro de la Junta Directiva Nacional y secretario general del grupo Parlamentario Popular.

Lapuerta, hará un tándem perfecto con Luis, que será como un hijo para él. Durante su gestión, entre febrero de 1993 y junio de 2008, Lapuerta verá todo a través de los ojos de Luis.

Pero además de los movimientos que intenta calibrar en el PP, el expresidente está ahora también pendiente del proceso judicial.

La acusación popular que dirige el abogado José Mariano Benítez de Lugo, ADADE, solicita al juez la comparecencia de Aznar como testigo. Según su escrito, el expresidente debe aclarar si las anotaciones de 1,53 millones de pesetas (9.195,49 euros) que los papelesde Luis registran entre abril y agosto de 1990 con las siglas «J.M.» como beneficiario corresponden a su persona.

También apunta que la contabilidad oficial del PP refleja que Aznar cobró del partido un total de 782.695 euros entre 1990 y 1996, año en que fue elegido presidente del Gobierno.

Y están también las afirmaciones de Jaime Ignacio del Burgo. La acusación estima necesario aclarar las manifestaciones de Del Burgo, según las cuales en 1991 Aznar acordó compensar a Calixto Ayesa con un sobresueldo.

ADADE sostiene que la declaración de Aznar es «necesaria, útil, posible, proporcional y relevante» para esclarecer los hechos que se están investigando. «Si no se practicase quedarían varias preguntas sin respuestas ante lo declarado por el citado testigo y lo reflejado en la contabilidad del Partido Popular», advierte.

9
CHERCHEZ LA FEMME

El Gobierno, la Policía, sabuesos como el comisario José Villarejo, que trabajan por libre y por su propia cuenta, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) quieren saber. Durante varios meses el periodista Raúl del Pozo ha afirmado en su columna de El Mundo que Luis tiene recibís, grabaciones y videos, pruebas, vaya, sobre las donaciones de empresas y el dinero que repartió entre la cúpula del Partido Popular. Todo en negro. Las fuentes que cita le dicen que el material se encuentra escondido dentro de mochilas guardadas a buen recaudo. Le hablan de que algunos pagos los hacía «una persona más alta que Bárcenas», e incluso «con cajas de puros». Se refiere al superior de Luis, el tesorero Álvaro Lapuerta.

Ha bautizado a su fuente como garganta de seda. En el mundillo político-policial-mediático se sabe quién es. Porque Raúl mantiene una larga relación de amistad con Rosalía Iglesias, la mujer de Luis. El periodista termina por identificar públicamente a su garganta femenina.

Pero los sabuesos no solo rastrean la ruta de las informaciones en medios de comunicación. También tejen hipótesis diversas sobre los negocios de Luis. Y en los mapas del tesoro que dibujan hay un amigo de Luis que ingresó en Alianza Popular en 1981, un año antes de que Ángel Sanchís se llevara al partido a su equipo de «los cinco», en el que se encontraba Luis.

Ese amigo es Javier Sánchez Lázaro, que conoce a Manuel Fraga desde los diecisiete años. En 1975 se marcha a la República Dominicana, donde estudia administración de empresas y trabaja como becario en una cadena de supermercados. De allí salta a Miami, Estados Unidos, viaja por América Latina y, tal y como él mismo presume, «con veinte años ya soy dueño de una empresa, una Suzuki Katana y un Firebird», la moto deportiva diseñada en 1979 para la filial alemana de la firma japonesa y el deportivo de la empresa norteamericana Pontiac para General Motors, respectivamente. Hace un curso universitario de seis meses en Dodge City, uno de los pueblos más famosos del Viejo Oeste, en Kansas. Y en 1981, con veintitrés años, regresa a España, entra en Alianza Popular y se instala en Cáceres, donde se gana la vida con una pequeña empresa constructora. En las elecciones de 1982 entra en las listas de AP como candidato a senador por Extremadura. Con veinticuatro años es el senador más joven de la Cámara Alta, miembro del Comité Electoral Nacional y diputado autonómico extremeño. En 1988 abandona la política para dedicarse a los negocios de tecnología informática, sector en el que forma la empresa Tiasa (Tecnología Informática Avanzada S. A.), participada por una empresa israelí y otra de capital riesgo, y a la promoción inmobiliaria, concentrándose en Benidorm, en la costa alicantina.

Allí, en la provincia de Alicante, es donde le pilla el caso Naseiro en calidad de promotor inmobiliario.

Como consta en conversación registrada en el sumario del caso, el 11 febrero de 1990 a las 13.22 horas, Salvador Palop, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, llama por teléfono a Eduardo Zaplana, presidente del Partido Popular de Alicante. Palop le pregunta si tiene alguna sociedad limitada que le facilite para hacer alguna operación. Zaplana le recuerda que tiene una sociedad llamada Publimar, pero Palop no recuerda qué ha hecho con ella. Entonces, Zaplana dice:

—Porque Javier Sánchez Lázaro, el tío este que está aquí en Benidorm…

—Sí.

—A lo mejor se queda con el solar y hacemos ahí una cosilla, ¿eh? Tú haces de intermediario de la venta, que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro. ¿Eh? Y luego nos la repartimos bajo mano.

—…

Palop parece tomar nota. Pregunta:

—Joder, qué tío. Ahora le voy a decir… Entonces… ¿Ha dicho que el Sánchez va a hacerlo o va a ver el solar?

Zaplana le da seguridades:

—Sí. Sí le interesa, ¿eh? En vez de hacer la negociación el Bosch, la haces tú.

—Hombre, claro, porque no tiene ni puta idea.

—Tú como si lo tuvieras ya eso adjudicado, ¿no?

—Sí.

—Y entonces le dices, bueno, yo una comisioncita… Le pides dos millones de pelas o tres…, lo que quieras…

—Bueno, le pido más…

—¿Eh? Lo que te dé, y me das la mitad bajo mano.

—Pues si tenemos que repartir, joder…

—Y yo le digo: págale el contrato a este chico que…

—Si tenemos que repartir, macho…, tenemos que pedirle un poco más.

—Claro, un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada.

—Yo se lo explicaré.

Javier Sánchez Lázaro, Jesús Sepúlveda, por entonces senador del PP, y Luis coinciden como socios, a partir de 2001, en la empresa Netcheck, dedicada a realizar todo tipo de soportes y procesos multimedia e informáticos, así como a la gestión, administración, compra, almacenamiento, distribución y arrendamiento no financiero, con o sin opción a compra. Sánchez Lázaro preside la compañía. Es una de las sociedades que Luis da como referencia a Agathe Stimoli, ejecutiva del LGT Bank (ex Dresdner) de Ginebra, cuando le pregunta por sus negocios.

En 2001 Luis compra 3.000 acciones de Netcheck, y en 2002 adquiere otras 3.000 que le vende Jesús Sepúlveda. En febrero de 2004 vende las 6.000 por 24.000 euros.

Pero el 11 de enero de 2012 Luis vuelve a comprar 3.000 acciones de esta sociedad a Javier Sánchez Lázaro por 40.000 euros. Otra sociedad creada por Luis en 2011, Conosur Land, compró 3.000 acciones de Netcheck en noviembre de 2012 por un importe de 20.000 euros.

La Policía sigue estas operaciones porque tiene la sospecha de que Luis puede estar detrás de algunos negocios de Sánchez Lázaro, como, por ejemplo, los hoteles. El empresario tiene en propiedad el hotel Confortel Suites de Madrid y El Escorial Victoria Palace, en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, que opera la cadena NH. Los sabuesos también creen que hay una operación con un hotel en Cracovia, Polonia.

Sobre los talones de Javier Sánchez Lázaro, los sabuesos no tienen duda alguna de que es él quien nutre de información a Raúl del Pozo, que es él a quien el periodista llama el «tercer hombre», la persona según la cual los papeles publicados por el diario El País el 31 de enero de 2013 van a misa. Que son obra de Luis.

Mientras la Policía intenta separar la fantasía de la realidad acerca de las pretendidas bombas atómicas de Luis, el juez Ruz prepara una movida a finales de mayo de 2013. Aunque no cree que una instrucción sumarial deba guiarse por los clichés de la novela negra de detectives, seguir los rastros de la fortuna de Luis le lleva a unos arquetipos que parecen salidos del género. Y mira por dónde, además del dinero, ahora tiene delante otro de los ingredientes de la ficción.

«Hay una mujer en todos los casos, tan pronto como me traen un informe, digo: “¡Busca a la mujer!”», dice el inspector de Policía Joseph Fouché en la adaptación teatral de Los mohicanos de París, la novela de 1854 de Alejandro Dumas padre. Esta expresión sexista viene a decir que, cuando un hombre se mete en cualquier tipo de lío, tiene que haber una mujer detrás. La causa deben de ser los celos, la codicia, el despecho o cualquier otra cosa. Lo único que tienes que hacer es encontrarla, si quieres restaurar el buen nombre del pobre hombre que ha sido víctima de la mujer.

Ruz ya tiene a tiro, aunque no precisamente de piedra, a una de esas mujeres. Al otro lado del Atlántico, en Buenos Aires, una mujer espera noticias de España estos días últimos de mayo de 2013.

Se trata de Isabel Mackinlay, de familia mexicana y francesa, llamada Ardanaz por su apellido de casada con un diplomático francés del cual se ha divorciado. Es la amiga íntima de Edgardo Patricio Bel. Lleva desde octubre de 2012 recibiendo llamadas de periodistas que le advierten sobre el juez Ruz. Pueden llamarla a declarar de un momento a otro por unos contratos de compraventa de obras de arte con Luis y su esposa Rosalía. La pintora se ha ganado 1.500 dólares por prestarse a simular esa compraventa por 560.000 euros, una iniciativa de Bel. Intenta ponerse en contacto con su amigo cuando le dicen que el juez la va a llamar. Pero no es posible; Bel ha sufrido un infarto grave, le operan de urgencia y le ponen cuatro baipases. Isabel comenta la situación con una amiga. Le pide los papeles y juntas teclean en Internet el nombre de Rosalía Iglesias. Tienen suerte a la primera. Sale una foto de Luis.

—Yo tomé café con este señor… ¡Es él! —exclama Isabel.

El 28 de mayo de 2013 Ruz envía una petición de auxilio judicial a Argentina. La pintora debe prestar declaración como testigo por videoconferencia el 5 de junio, a las once de la mañana, cuatro de la tarde en Madrid, en el palacete de la Embajada española, en la avenida del Libertador de Buenos Aires.

La pintora acude con sus papeles a un abogado famoso, Rafael O’Gorman, de setenta y cinco años.

Los contratos aparecen suscritos en Madrid el 15 de noviembre de 2004 y el 19 de enero de 2006. De una parte, doña Rosalía Iglesias Villar; de la otra, doña Isabel Ardanaz, en comisión, mayor de edad, con domicilio en Maryland, Estados Unidos. En este acto, doña Rosalía Iglesias Villar vende los cuadros de referencia a doña Isabel Mackinlay en comisión, que los compra por el precio de 560.000 euros. Doña Rosalía Iglesias Villar es propietaria de las siguientes obras de arte: 1) cuadro temple sobre tabla titulado La circuncisión del Niño, del siglo XV, con unas medidas de 121 × 96 cm, y 2) cuadro temple sobre tabla titulado Presentación del Niño Jesús en el templo, siglo XV, con unas medidas de 121 × 96 cm.

Hay otro borrador, de 19 de enero de 2006, que no lleva firma. Es entre Rosalía Iglesias Villar, de una parte, y, de otra, Isabel Ardanaz (el anterior apellido de Isabel Mackinlay), en comisión, don Jaime Fierro Guerra, calle Velázquez 76, Madrid, para proyecto de decoración en Sevilla. La obra, según dice, es Bodegón, firmado Recco, por valor de 560.000, cantidad que Rosalía Iglesias Villar declara recibida.

La referencia a Jaime Fierro pretende dar verosimilitud al contrato. Es Jaime González-Fierro Guerra-Zunzunegui, el decorador asturiano conocido por todo Madrid como Jaime Fierro, interiorista de cabecera de las casas adineradas y con aspiraciones a serlo de toda España.

Patricio Bel llama a Isabel Mackinlay.

—Isabel, estoy preocupado. ¿Vos pensás declarar?

—Mirá, si vos estás preocupado, imaginate cómo tengo que estar yo. Patricio, sé que lo pasaste mal con el infarto, pero me metiste en un buen lío. ¿Vos sos abogado y me preguntás a mí si voy a declarar? Mirá, yo ya tengo abogado. Si querés, llamalo y te entendés con él. Es Rafael O’Gorman.

El nombre pone en guardia a Bel. Fue letrado, entre otros personajes, del exministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, con motivo de su arresto por contrabando en 2002.

Isabel Mackinlay advierte a su abogado que Bel la ha llamado varias veces y que ella le ha derivado a él.

O’Gorman recibe finalmente la llamada.

—O’Gorman, mire, soy Patricio Bel y….

—Sí, me avisó Isabel…

—Bueno, la verdad es que estoy preocupado por lo que Isabel va a decir…

—Mire, Bel, está citada para declarar como testigo por un juez español. Usted sabe que tiene que decir la verdad…

—No… Pero, O’Gorman, ¿qué verdad? ¿De qué verdad me está hablando?

—La verdad de lo que ocurrió, Bel. Lo va a decir. Porque es testigo…

—Pero a mí me va a hacer mierda. Me funde para toda la vida. Va a ser un problema para mí…

—Bueno, Bel, pero ahora el problema se lo tengo que resolver yo a mi clienta. Yo no soy abogado suyo, Bel. Hable usted con un abogado, a ver lo que le aconseja…

El 5 de junio de 2013, el juez Ruz, las fiscales, las acusaciones y las defensas empiezan a interrogar a Isabel Mackinlay después de las cuatro de la tarde, hora de Madrid.

El abogado Alfonso Trallero ya ha preguntado a su cliente con qué se podía encontrar. Luis no mostró preocupación. Frialdad absoluta. Trallero acude con total despiste.

La pintora argentina, nacida en México y criada en Francia, narra a petición del juez cómo había entrado en esta historia:

—Un amigo mío, Patricio Bel, a quien conocí en 2005, me lo pide. Me ofrece participar como intermediaria en la venta de cuadros. Yo soy pintora y restauradora de hojas de oro, tengo un taller. Le digo que sí.

El juez le pregunta si son dos contratos.

—Es un documento rectificado.

El juez indaga sobre el segundo contrato.

—El primer documento lo firmé solo con Patricio Bel enfrente, en su oficina. Y este segundo documento lo firme en una oficina mayor, que creo que es la del señor Sanchís. Y éramos cuatro. El señor Sanchís, este señor que yo no conocía, Patricio y yo. Después, en casa de una amiga, al buscar las noticias en Internet, reconocí que era el señor Bárcenas, que la persona con la cual había tomado café era él. Fueron cinco minutos. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre uno y otro contrato. Mediaron meses. Incluso creo que el segundo fue firmado en 2009. Cuando Patricio me pide firmar el primer documento, yo más tarde le pregunto qué pasó. Patricio me dice que el negocio no se hizo, que me olvide del tema, que no se hizo. Después me dice: «Mirá, ahora se reactiva el tema, vamos a hacer la corrección, es un solo cuadro, y listo». Aparte de los mil dólares que me da por la firma del primer documento, me da quinientos dólares por el segundo y me dice que no me ocupe más, que él se ocupa de todo, que son sus amigos. Y, bueno, yo le hice caso.

El juez pide que se le exhiban los documentos.

—Verá, en ese papel dice «Contrato de Mediación», fechado en Madrid a 15 de noviembre de 2004 —dice el magistrado.

—Desde ya le digo que este documento yo no lo he firmado. Absolutamente, no.

—Hay lo que parece una firma, aunque está un poco borrosa. ¿Usted la identifica como su firma?

—Está muy borrosa. No lo puedo identificar. Yo sé que no lo firmé.

—Verá que dice el 15 de noviembre de 2004 en Madrid. ¿Usted estuvo en Madrid?

—Yo no he estado nunca en España, nunca.

—Dice que están reunidos Rosalía Iglesias e Isabel Ardanaz. ¿Sostiene que no lo firmó?

—Absolutamente, no.

—Vamos con el siguiente documento. Dice «Contrato de Compraventa», Madrid a 19 de enero de 2006. Dígame si reconoce ese documento.

—Este tampoco es el que yo he firmado. Acá la firma sí puede ser mía o muy parecida a la mía. Pero yo no he firmado este documento así como está escrito.

—Verá usted que se dice Rosalía Iglesias e Isabel Ardanaz en comisión, y luego se habla de cuatro cuadros. ¿No lo reconoce?

—No.

—En el apartado segundo dice que Rosalía Iglesias entrega los cuatro cuadros fijándose el precio de quinientos mil euros que doña Rosalía Iglesias declara recibidos en este acto. ¿Usted sabe algo de esos 500.000 euros?

—Por supuesto que no. Los papeles que yo firmé dicen que Rosalía declara haber recibido con anterioridad esa suma, que tampoco son quinientos mil, sino quinientos sesenta mil euros.

—A la señora Rosalía Iglesias, ¿la conoce?

—Nunca, no la he conocido nunca, no la he visto, nada, no, absolutamente no.

El juez pregunta si puede decir la edad de la persona que ha identificado como Ángel Sanchís, a quien la pintora describe como una persona que se corresponde con el hijo de Ángel Sanchís Perales.

Esta operación ficticia es usada como coartada para justificar el ingreso que hace Rosalía Iglesias de mil billetes de quinientos euros en su cuenta de Bankia en enero de 2006. La inspectora de Hacienda encargada del caso exige los documentos de la compraventa simulada.

Luis viaja a Buenos Aires el 16 de junio de 2011 y vuelve el mismo día a España. Solo permanece catorce horas en Argentina.

Ese mismo día, Pablo Lago Bornstein comparece ante la inspección de Hacienda en nombre de Luis sin aportar la documentación requerida por no tener el poder de representación en regla.

El 20 de junio de 2011, Lago entrega, finalmente, a Hacienda copias del manuscrito de la compra de dos cuadros de 1987 entre Rosalía Iglesias y la tía-abuela de Bárcenas, el contrato de mediación entre Iglesias y Ardanaz de 2004 y el de compraventa de 2006.

El apellido de casada de Isabel Mackinlay (Ardanaz), aunque llevaba años divorciada, es un ardid que intenta usar Patricio Bel para dar mayor verosimilitud a la operación, fijando su domicilio en Maryland, Estados Unidos.

10
GARGANTA PROFUNDA

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, viaja a Washington en la última semana de mayo de 2013. El jueves 23 de mayo recibe allí el Premio Primera Enmienda del capítulo español de los Fellows, o miembros, de la Fundación Eisenhower. La entrevista a Aznar en Antena 3 Televisión, a la que ha dedicado la portada, le da alguna idea para desarrollar durante el acto, previsto en la Embajada española.

La diplomacia española debe retomar el planteamiento de José María Aznar de convertir la relación con Estados Unidos en una de las grandes prioridades, tal vez la mayor, de nuestra política exterior —dice al recibir el premio—. Incluso cuando España y Estados Unidos se han equivocado juntos, como, en mi opinión, ocurrió con la invasión de Iraq, fue en defensa de unos valores comunes y con unos propósitos nobles.

Pero, al tiempo, sigue interesado en hincar el diente a la historia de Luis.

Su diario se anticipa a El País al publicar, el 18 de enero de 2013, la información sobre el pago de sobresueldos a la cúpula del PP por parte de Bárcenas. Pero no ha tenido acceso a los papeles y su información procede de fuentes indirectas. Además, ha excluido de los pagos a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. Nobleza obliga: antes de publicar, el diario llama a María Dolores de Cospedal para avisarla y solicitar su versión de los hechos.

Ahora sabe Pedro J., por los papeles, que las cinco fuentes que El Mundo aseguraba tener al dar la noticia (en el Palacio de la Moncloa, no sin ironía, identifican las fuentes con las cinco iniciales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma) le han ocultado o despistado sobre los dos nombres más importantes: el del presidente del PP, hoy presidente del Gobierno, y el de la secretaria general del partido. Y que lo que ha habido por parte de Cospedal es una operación de control de daños. Puesto que la información va a salir publicada, es mejor darle un sesgo determinado porque ello condicionará su recorrido.

Pero trece días después, los papeles dan la vuelta al mundo en veinticuatro horas cuando El País publica «unas fotocopias». Ramírez sabe que después del bombazo Luis ha hablado con varios periodistas, que ha estado, entre otros, con Carlos Herrera, de Onda Cero, y que ha intentado reunirse sin éxito con Federico Jiménez Losantos.

¿Puede cambiar de estrategia? De negarlo todo, ¿podría pasar Luis a una situación que él, Pedro J., ya ha vivido, a mediados de los años noventa, cuando los inspectores de Policía José Amedo y Michel Domínguez confesaron los crímenes del GAL?

Él no ha logrado publicar los papeles, pero quizá tenga una segunda oportunidad. Porque todavía hay algo de más valor. Están losoriginales. Quien los consiga, razona, puede dar la estocada al Gobierno de Rajoy y al PP, y puede desarmar la defensa de ambos, cuyo escudo es que las fotocopias son un montaje.

Las fotocopias están amortizadas, piensa, pero los originales acabarían con el beneficio de la duda que está explotando el PP con el apoyo de la gran mayoría de los medios de comunicación. Y si lo que ha estado escribiendo Raúl del Pozo en el diario sobre las pruebas que Luis conserva (las mochilas repletas de grabaciones, videos y recibís) es al menos en parte cierto, sería un filón. Los originales son la segunda oportunidad que el destino le ha reservado para liderar esta historia informativa.

Pedro J. pregunta a Raúl del Pozo si lo que está publicando y que él ha decidido llevar a la portada tiene base más o menos sólida. La fuente es directa. Y se trata de una persona, explica Raúl, que suele visitar a una amiga que, mira por dónde, Pedro J., vive encima de ti. Y te digo más. Cuando su ascensor sube y pasa por tu piso suele decir: «¡Ay, si me encuentro yo a este cabrón! ¡Me va oír!».

Pedro J. Ramírez sabe que Raúl del Pozo habla de Rosalía Iglesias, garganta de seda. Y quizá la suerte le acompañe. Porque nadie está mejor colocado que él. Su domicilio está en el lugar adecuado en el momento preciso.

Porque su vecina en el edificio del paseo de la Castellana es amiga de Luis y de Rosalía. Verónica Patiño y Pedro J., con hijos de edades parecidas, se conocen desde hace veinticinco años, pero nunca se han tratado más allá de los encuentros de pasillo, la escalera o el ascensor.

En cierta ocasión le llega el mensaje de que Verónica le ha asegurado que se está equivocando con Luis, que las historias que está publicando distorsionan la realidad, que Luis es un hombre honesto.

Verónica Patiño ha emprendido una obra en su casa del paseo de la Castellana y alquila un piso con su familia a unos metros de allí, en la calle María de Molina, donde va y viene desde su casa del paseo de la Castellana.

De regreso de Washington, en la última semana de mayo, Pedro J. se entera de que Verónica ha preguntado en su casa. Quiere hablar con él.

Finalmente se ponen de acuerdo. Habrá reunión entre ambos, Pedro J. y Luis. El encuentro tendrá lugar en el piso de alquiler. El 11 de junio de 2013 a las once de la mañana.

Por aquellas fechas, Luis no tiene los papeles originales. Porque, hacia la primera semana de junio de 2013, los ha dejado en préstamo. Se los ha dado a su amigo Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlamento catalán y presidente del Grupo Intereconomía. Y a Ariza le une una estrecha amistad con el abogado Miguel Durán, ex director general de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y letrado de Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, el número dos de la red Gürtel, que ha pasado tres años en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Y los papeles originales han llegado a manos de Durán.

Por razones diametralmente opuestas, Pedro J. y Durán están interesados en los originales, que tienen un valor tan incalculable como la estatuilla en forma de halcón, incrustada de piedras preciosas, que los caballeros de la Orden de Malta regalaron a Carlos V, objeto de codicia para una banda de criminales, según el argumento de la novela de Dashiell Hammett El halcón maltés, publicada en 1930, que Pedro J. evoca.

Para el director de El Mundo, aparte de retomar la iniciativa en un caso de corrupción que él ha iniciado, los sobresueldos de la cúpula del PP, y que El País le ha arrebatado momentáneamente, es la oportunidad para acabar con el Gobierno del PP de Rajoy, partido al que él ha apoyado. Durán, por su parte, cree que los originales pueden persuadir al Gobierno de que cumpla algunas promesas que Rajoy ha hecho en privado, según la versión de Luis, como cambiar a las fiscales en el caso Gürtel, entre otras, amén de modificar la orientación de los informes de la UDEF. Durán cree que una razonable y pragmática negociación puede conducir a una solución para Rajoy, para el Gobierno y, desde luego, para Luis y para su cliente, Pablo Crespo, así como para miembros conspicuos de la trama Gürtel.

Durán es quien aparentemente lleva ventaja. Porque ya ha conseguido los originales. Luis da su consentimiento a Ariza para que se los deje. ¿Con qué objetivo? Las relaciones entre Luis, Rajoy y el PP están congeladas desde aquel mensaje que le envió al presidente del Gobierno, el 14 de marzo, en el que le anunciaba que quedaba «liberado de todo compromiso contigo y con el partido». Durante estos tres meses, las anotaciones en los papeles, que Luis calificó en la Fiscalía Anticorrupción, en febrero de 2013, como un «libro de tenderos, un colmado del siglo pasado», se han ido confirmando a través de las declaraciones judiciales.

Pero, como en un cuento, falta el documento original.

El Gobierno y el PP, esa es la idea, deben saber que las fotocopias responden a un original, y deben tener acceso a él, si es necesario, para convencerse.

Ver para creer.

11
LA CONVERSACIÓN

El juez Ruz lleva trabajando cinco días, desde el 5 de junio de 2013, en una resolución que estima importante, un auto. Piensa en ello desde el día que tomó declaración a la pintora Isabel Mackinlay, que estaba en Buenos Aires, por videoconferencia desde Madrid. Tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el 10 de junio dicta la resolución. Cita a prestar declaración a Luis y a su esposa Rosalía el 27 de junio de 2013 a las 10 y 11 horas, respectivamente. El juez estima que en la operación de compraventa de cuadros en Argentina han cometido estafa procesal en grado de tentativa, un delito que se consuma en un procedimiento judicial al manipularse las pruebas. Ruz, siguiendo la interpretación de la fiscal Concha Sabadell, señala que los contratos aportados por la defensa de Luis y de Rosalía sobre una supuesta operación de compraventa de cuadros son falsos.

Ni el contrato de mediación de noviembre de 2004 ni otro contrato de compraventa de enero de 2006 reflejarían operaciones reales. Las fechas han sido presuntamente alteradas y la firma que se presenta como de Isabel Mackinlay no pertenece a esta. En el relato, el juez recuerda el origen: el ingreso que hace Rosalía de 500.000 euros en metálico en una operación presuntamente fraudulenta con Hacienda por valor de 120.000 euros que no está prescrita. Asimismo, el juez cruza las operaciones en España con veintiocho ingresos, en 2004 y 2005, en cuentas de la esposa de Luis en el LGT Bank por un valor de 3,7 millones de euros. En una nueva comisión rogatoria que acaba de llegar de Suiza, tras el fallo del Tribunal Penal Federal del 12 de febrero, aparece el pasaporte de Rosalía, lo que lleva al juez a sospechar que, contra lo que sostienen Luis y su esposa, ella conocía la existencia de las cuentas suizas.

Lo importante del paso dado por Ruz es que ha citado a Luis y a Rosalía a declarar el 27 de junio. Van a transcurrir casi cuatro meses después de la declaración de Luis ante el juez, el 25 de febrero.

Mientras tanto, hace tres días, el 7 de junio, ha llegado a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia una remesa de documentos procedentes de las autoridades judiciales de Suiza. El juez esperaba de un día para otro este envío. Porque Luis había dado su consentimiento el 25 de febrero ante la propuesta de la fiscal Concha Sabadell de abstenerse de recurrir la entrega de las cuentas bancarias en otra entidad que hasta el momento no había aportado las otras cuentas: el banco Lombard Odier.

El mismo 10, José María Aznar da por la noche una conferencia en el Club Siglo XXI, veinte días después de su incursión en Antena 3 Televisión contra Rajoy.

El diario El Mundo ofrece a sus lectores en su edición impresa del martes 11 de junio una información a cuatro columnas. «Aznar presenta su programa». El diario hace una repetición de la jugada de la entrevista con Antena 3. Juega a la alternancia en el PP. Aznar versus Rajoy. Y destaca esta advertencia del expresidente: «Hay una crisis política».

En la portada, este día 11 hay una noticia que brilla por su ausencia: el auto del juez Ruz que imputa el delito de estafa procesal a Luis y a su esposa y que, además, le cita a declarar el 27 de junio.

Esa es, pues, la mañana en la que Pedro J. Ramírez da unos pasos desde su domicilio hasta el piso donde tendrá lugar la entrevista con Luis. Sobre las diez de la mañana, una hora antes del encuentro, las ediciones digitales de los periódicos dan cuenta de que una de las acusaciones populares solicita la comparecencia en calidad de testigo de José María Aznar. El motivo: las declaraciones del político navarro Jaime Ignacio del Burgo al juez Ruz hace veinte días, según las cuales fue Aznar quien autorizó el pago de sobresueldos o complementos a Calixto Ayesa al asumir el cargo de consejero de Salud del Gobierno de Navarra.

Pero vayamos a cómo se gesta la reunión entre el director de El Mundo y Luis.

He aquí el relato que me ha hecho Pedro J. Ramírez sobre los pasos seguidos:

Vuelvo de Washington. Ella [la vecina] ha estado en mi casa preguntando por mí, que quiere hablar conmigo. Me la encuentro en el portal, me dice que Luis ha aceptado que nos veamos. Al principio soy muy escéptico. Este hombre ha estado con media docena de periodistas. Nunca ha salido nada concreto. Debe estar mareando la perdiz, amagando y no dando. Y de hecho el comienzo de la conversación no hace sino acrecentar mi recelo. Porque el tío me cuenta cómo ha estado viendo el vídeo de su declaración en la Fiscalía Anticorrupción en la que lo había negado todo. Me dice: «Yo miraba el vídeo y me decía a mí mismo: “Qué bien miento”». Y yo, claro, a mi vez pensaba, si este tío miente tan bien, la de trolas que me va a intentar colar a mí. Lo que me hace cambiar por completo de actitud y de percepción es que él empieza a hacer una descripción del modus operandi de la entrega del dinero en el despacho de Álvaro Lapuerta con datos idénticos a lo que uno de los constructores le había contado a Casimiro García-Abadillo, y que habíamos publicado sin identificar al personaje y sin dar algunos detalles que son los que él contó, que no son relevantes pero que me convencen de que lo que decía era cierto.

Quedamos en una segunda entrevista y propuse que me acompañara Casimiro, porque era quien llevaba las cosas de Gürtel. Conocía los detalles de lo que habíamos estado publicando. Bárcenas era renuente porque creía que Casimiro tenía siempre la versión de Cospedal y que siempre había sido uno de los instrumentos para perjudicarle. Estaba molesto con la información de los sobresueldos. Le expliqué que, en efecto, Casimiro había llamado a Cospedal para conocer su versión. Le insistí mucho y dijo que de acuerdo, pero después de que él prestara declaración. La idea era profundizar en los temas que se habían esbozado. Los 200.000 euros de la comisión que él atribuía a Cospedal, por ejemplo.

Entonces le dije: «Igual van a meterte en la cárcel». Lo consideró una broma. Descartaba que pudiese ocurrir. En este contexto no quedó nada establecido sobre si lo que habíamos hablado era para publicar o no. Era una conversación. Porque yo le di a entender que no quería publicar nada hasta que no pudiéramos entrar en los detalles de los temas que él había apuntado. Pero él tampoco me pidió: «No publiques esto, es off the record, ni nada».

Por tanto, me sentí absolutamente libre, de modo que, en el momento en el que él entró en prisión y yo vi que esa segunda conversación no iba a tener lugar, decidí publicar.

Yo no tomé notas, pero cuando terminó la conversación fui a mi casa y apunté todo lo esencial, que es lo que luego publicamos.

12
GARGANTA PROFUNDA

Dieciséis días de junio.

Debo llamar la atención ahora sobre lo que ocurre en dos planos distintos a lo largo de dieciséis largos días, entre la conversación de cuatro horas que han mantenido Pedro J. Ramírez y Luis, y la cita del 27 de junio.

Porque ello explica que las cosas ocurran de la manera que finalmente sucedieron. Días repletos de datos e informes sobre las actividades de Luis. El miércoles, día 12, llega al juzgado un informe de dos expertos de la Agencia Tributaria que colaboran con el juez. Son cuarenta y ocho folios con sus anexos.

Han cruzado la información fiscal en España con las cuentas suizas del banco LGT y la banca SYZ, cuya entrega aprobó el TPF el 12 de febrero.

El informe asegura que Luis y su esposa, a quienes sus declaraciones de la renta conjunta en los ejercicios 2002 y 2003 les han salido a devolver 21.795 euros, en realidad defraudaron por valor de 1.413.888 euros en los dos años, a lo que deben añadirse 143.478 euros por impuesto de patrimonio de Luis a título individual. En total: 1.557.366 euros. Hay otros conceptos, como presuntos ingresos procedentes de la red Gürtel en 2003. El informe consigna entre ingresos realizados por Luis en sus cuentas suizas y dinero cobrado a la red de Francisco Correa un total de 1,8 millones de euros.

Pero esto no es todo. El jueves día 13 llegan a manos del juez las tres carpetas con documentos desde la Subdirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia. Son las cuentas bancarias suizas en el banco Lombard Odier: la número 33357 a nombre de Novis, apellido de la tía abuela materna de Luis, Teresa Novis González, fallecida en 2005, que aparecía en declaraciones ante Hacienda como vendedora de cuadros a su esposa Rosalía; la número 204.337, a nombre de Fundación Sinequanon y la cuenta número 505070 de Tesedul. En las tres consta en el formulario A como ayant droit économique, o beneficiario, Luis. La cuenta Novis aparece, a su vez, relacionada con transferencias procedentes de otra cuenta, la número 33356, identificada como Obispado, y la 33553, llamada Ranke.

El juez ordena la traducción del material, tres tomos, pero tras examinar él la documentación, dicta un auto con fecha 14 de junio en la que resume la información, pide informes a Hacienda y a la UDEF. El juez calcula que los fondos ascienden a un máximo de 25 millones de euros en 2008. Si se suman a ellos los 22 millones en el LGT Bank, las cuentas de Luis llegaron a tener 47 millones de euros. Un minucioso informe de la UDEF sobre las cuentas de Lombard Odier cifra la cantidad en 26,9 millones. En fin, a enero de 2008 la Policía valora la cantidad de todas las cuentas conocidas hasta entonces en 48.292.341 euros. Como gran parte de este dinero ha sido invertido en acciones de empresas cotizadas, la crisis financiera iniciada en 2008 supondrá pérdidas significativas hasta la mitad de dicho valor, proceso que experimentará, a su vez, una recuperación con la subida posterior de las Bolsas.

Ruz, en su resolución, decide «ampliar la declaración en calidad de imputados de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, siendo igualmente citado a declarar Iván Yáñez en calidad de diputado». Yañez es el apoderado nombrado por Luis, el que ha tenido la capacidad para mover el dinero de las cuentas.

El juez tiene otros dos informes. Uno de la Agencia Tributaria sobre las cuentas en Lombard Odier y otro sobre los viajes de Luis a Argentina, en relación con la presunta operación de compraventa de cuadros.

El primero es un informe de la Organización Nacional de Inspección del Fraude (ONIF). Relata que Luis visitó la entidad en treinta y tres ocasiones entre 2003 y 2008 con manojos de billetes (de entre 30.000 y 300.000 euros cada vez), por un monto de 4,174 millones de euros. Estas visitas las alternaba con otras al LGT Bank, que visitó en treinta y cinco ocasiones, entre 2000 y 2008, con moneda en efectivo.

Luis llevaba cantidades muy dispares. Desde 20.000 euros, ingreso mínimo, hasta 240.000 euros. En total, ingresó 4,102 millones en esa entidad. El 9 de septiembre de 2003, por ejemplo, aprovechó el viaje a Ginebra para ingresar 150.000 euros en el Dresdner (actual LGT), y 80.000 en el Lombard Odier. Se deja constancia, también, de cuentas bancarias en Estados Unidos, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay).

La estimación del fraude fiscal inicial es elevado hasta el doble en este nuevo informe, al tiempo que cuestiona la validez de la regularización a la que se acogió Luis, la amnistía de Cristóbal Montoro.

El segundo informe es el que se refiere a los viajes de Luis a Argentina. La UDEF hace una reseña de ellos a lo largo de siete años. Pero, como en una novela de Agatha Christie, hay uno que llama la atención especialmente. El 16 de junio de 2011, Luis se traslada a Buenos Aires. Allí permanece catorce horas. El mismo día, su representante, el inspector de Hacienda en excedencia Pablo Lago Bornstein, comparece ante la inspección, pero no aporta documentación alguna sobre la operación de compraventa de cuadros. El 20 de junio se presenta con copias del manuscrito de compra de dos cuadros en 1987 firmado por Rosalía Iglesias y la tía abuela de Luis, la señora Novis González, fallecida en 2005, y dos contratos rubricados entre Rosalía Iglesias e Isabel Ardanaz, uno de mediación de 2004 y otro de compraventa de 2006.

Hay otro plano de la realidad que es necesario tener en cuenta. Y es la situación del juez Ruz.

Con treinta y dos años y cinco todo lo más en la carrera, desde sus inicios en Bilbao pasando por los juzgados de Navalcarnero y Collado Villalba, Ruz es nombrado en comisión de servicios para sustituir entre 2008 y 2009 al juez Juan del Olmo en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Y se presenta a la comisión de servicios para el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuando Baltasar Garzón es suspendido en su actividad jurisdiccional. El 24 de junio de 2010, la comisión permanente del CGPJ le nombra por seis meses con la posibilidad de renovar hasta dos años.

La comisión permanente decide el 17 de abril de 2012 sacar la plaza del Juzgado número 5 a concurso. La gana el magistrado Miguel Carmona, que a su vez es en aquellos momentos vocal del Consejo General del Poder Judicial. El vencimiento del mandato de este consejo dura como mínimo hasta septiembre de 2013. Por tanto, Carmona, sesenta y cinco años, un hombre con pasado progresista, miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, presidente de la Audiencia de Sevilla, sabe desde el momento en que se presenta al concurso que no se incorporará al Juzgado hasta dentro de un año y medio. Porque aspira en la intimidad, y según ha confiado a algunos amigos, a salir fuera de España. Tiene una hija que trabaja en La Haya y le interesa una plaza en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia en dicha ciudad.

Un juez progresista que será titular a plazo fijo de un Juzgado como el número 5 que lleva casos como Gürtel y Papeles de Bárcenas es un factor de preocupación en el Gobierno. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien el PP critica por su tolerancia con las fiscales del caso, puede hallar una solución. Sobre todo, hay mucho tiempo por delante.

El plazo de vencimiento de la última renovación de seis meses de Ruz está al caer en estos días de junio, precisamente el 24.

La comisión permanente del CGPJ resuelve renovar los servicios del juez Ruz en su reunión del 17 de junio para dar salida a la gran cantidad de asuntos que hay en curso. Pero esta renovación tiene como referencia la llegada del titular del juzgado. «La concesión de nueva comisión de servicio se establece hasta la reincorporación al citado juzgado del magistrado titular del mismo que actualmente se encuentra en situación de servicios especiales», establece el acuerdo.

El día 26 de junio de 2013, precisamente, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, coincide en Sucre (Bolivia), con Miguel Carmona, que representa al CGPJ en un foro de magistrados de Bolivia, Chile, Ecuador, España e Italia, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El presidente de la Audiencia Nacional siente respeto personal y profesional por Ruz, pero, sobre todo, tiene una premonición que le hace temer lo peor. Intuye con fundamento, porque conoce su deseo de marchar a La Haya, que Carmona no se va a incorporar finalmente al Juzgado número 5. ¿Por qué le preocupa? Porque necesita garantizar que la instrucción de casos importantes siga adelante y la continuidad de las investigaciones no se vea afectada por una potencial inestabilidad en el juzgado. Si Carmona, como cree Juanes, no aterrizara nunca en la Audiencia Nacional, ¿se volverá a sacar la plaza a concurso? En todo caso, Ruz es la garantía de continuidad de la instrucción.

Juanes, sin revelar a Carmona los pensamientos que le rondan sobre su marcha de España, decide hacer un aparte y comentarle su idea delante de Ana Sánchez, entonces secretaria del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Va a proponer a la sala de gobierno de la Audiencia el nombramiento de Ruz como juez de apoyo cuando él, Carmona, se incorpore a este juzgado.

—Miguel, hay muchos asuntos importantes y será necesario que Pablo te eche una mano. No podrás tú solo…

—Me parece muy bien. Todos estáis de acuerdo en que es un gran profesional. Adelante, Ángel, por mí no hay ningún problema.

El juez Ruz, con todas las municiones en la mano, se prepara para tomar declaración a Luis. Es consciente de que la comparecencia se perfila como la más difícil de la instrucción hasta el momento.

Si Luis no da en esta oportunidad una respuesta razonable a las preguntas y evidencias que se han ido acumulando…

13
PRISIÓN… COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA

Las recuerda siempre muy tarde. A lo largo de los últimos meses han sido, al menos, tres.

—Eduardo, el presidente me pregunta si es verdad que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido o va a pedir prisión para Luis Bárcenas. Rajoy dice que le llegan rumores —averigua, por teléfono, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Torres-Dulce, fiscal general del Estado, le explica que no hay petición alguna, que son rumores infundados.

Semanas después, el ministro le vuelve a preguntar.

—Oye, que ahora me llegan a mí los rumores de que la fiscal pide prisión para Bárcenas.

El fiscal general le dice que no hay nada.

Torres-Dulce había hablado sobre la posibilidad de medidas cautelares y de prisión en términos genéricos con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, a medida que iban saliendo las cuentas suizas. Le preocupaba la relación entre dos conceptos que los juristas suelen definir en latín: el fumus commissi delicti y el periculum in mora. El primero habla de la apariencia de la comisión de un delito por parte del imputado y el segundo, del peligro procesal y, en concreto, al riesgo de fuga del imputado.

Torres-Dulce, como ningún fiscal ni ministro, quiere pasar por el mal trago de la fuga de un personaje sobre el cual se acumulan indicios delictivos (el fumus, humo o aroma). La memoria de la huida del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, el 21 de abril de 1994 todavía en el día de hoy está fresca.

Salinas explica en las consultas con Torres-Dulce a lo largo de los meses que siguen a la aparición de las cuentas suizas y los papeles de Luis, que las chicas, las dos fiscales del caso, las «Conchas», Concha Sabadell y Concha Nicolás, que ha sustituido a Miriam Segura, quien ahora, tras superar una enfermedad, está a cargo de la trama Gürtel de la Comunidad Valenciana, no son de la idea de pedir prisión. El fiscal general solía terminar con la misma reflexión.

—Antonio, si ven algún riesgo de fuga, que no duden en plantearlo internamente para que podamos analizarlo entre nosotros. Estas cosas hay que ir revisándolas sobre la base de los indicios…

Una noche, una más, Torres-Dulce recibe una llamada del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

—Eduardo, me están diciendo que las fiscales de Gürtel le piden al juez prisión para Bárcenas. ¿Es cierto?

—No, ministro, eso no es cierto. Hay mucha rumorología. No hay ninguna petición en ese sentido.

El jueves 26 de junio, la UDEF entrega al juez Ruz un informe sobre las cuentas en el banco Lombard Odier. En él se analizan las transferencias entre la cuenta llamada Obispado, cuya titularidad el informe atribuye a Francisco Yáñez, hombre de confianza de Luis y padre de Iván, el gestor y apoderado de sus empresas desde su implicación en el caso Gürtel, en marzo de 2009. Hay un ingreso en efectivo de 200.000 euros en una cuenta que procede de Obispado. Y cuatro transferencias por un valor total de 626.000 euros. A su vez, los fondos depositados en una cuenta de Rosalía Iglesias son transferidos a Obispado inmediatamente después de la detención de Correa y sus secuaces, en febrero de 2009.

La fiscal Concha Sabadell, que puede leer el documento el mismo día 26, da durante toda la jornada las pinceladas finales a un informe para fijar la posición sobre la situación personal de Luis y la limitación de la libre disposición de su patrimonio con objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en el procedimiento.

La fiscal tiene que pronunciarse sobre dos escritos que han sido trasladados a las partes. Uno de ellos, de la acusación popular ADADE, solicita al juez que imponga una fianza por responsabilidades civiles de 54,5 millones de euros; el segundo escrito es de la defensa de Luis, en el que se opone a dicha fianza.

Tiene todos los informes que han llegado en los últimos días y dirige un escrito al juez. Lo consulta con la teniente fiscal, Belén Suárez, número dos de la Fiscalía Anticorrupción desde 2003, renovada en 2009, y con el jefe máximo de la Fiscalía, Salinas.

Es interesante ver los argumentos de Luis y la réplica de la fiscal Sabadell en el escrito que va a llevar a la Audiencia Nacional al día siguiente.

La defensa de Luis se opone a la medida de fianza porque, afirma, existe un bloqueo de cuentas en Suiza. Ergo: no concurre el peligro de fuga o manipulación de cuentas, las condiciones no han variado desde el 25 de febrero de 2013, fecha en la que se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir fuera de España sin autorización judicial y se le obliga a presentarse los días 1 y 15 del mes en el juzgado.

«Desde la resolución del instructor han variado notoriamente las circunstancias tomadas en consideración en aquel momento», señala la fiscal. Y en relación con el peligro de fuga o precaución ante la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, precisa:

Por último, la alegada inexistencia de periculum in mora derivada del bloqueo de las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas Gutiérrez no puede prosperar por cuanto, en la actualidad, se desconoce tanto qué concretas cuentas como en qué cuantía han sido objeto de tal medida.

A continuación resume los datos de los nuevos informes tanto en relación con los delitos contra Hacienda como de las cuentas suizas, sobre las cuales señala que Luis ha ingresado dinero efectivo en ellas que le ha dado Francisco Correa, un dinero «indiciariamente vinculado a comisiones percibidas por adjudicaciones públicas». Advierte que la cuantía de los delitos fiscales se ha incrementado y, en especial, subraya la existencia del delito de blanqueo de capitales.

Esta tarde del 26 de junio, una de las secretarias de la Fiscalía Anticorrupción atiende una llamada telefónica de un periodista que quiere hablar con la fiscal Sabadell. Javier Chicote, del diario Abc, ha obtenido de fuentes de la investigación cercanas a la Policía la información de que la Fiscalía Anticorrupción se plantea la posibilidad de pedir al día siguiente prisión para Luis. Pero la fiscal, como es su norma, no se pone al teléfono. El periodista narra sucintamente a la secretaria la información que va a publicar, ruega que se le transmita a la fiscal y pide que le avisen en caso de ser una noticia infundada, ya que no desea equivocarse. Como era de prever nadie le llama.

Más o menos a la hora en que Concha Sabadell revisa su informe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está en Sevilla. Tiene desde hace tiempo un compromiso. La Real Academia Sevilla de Buenas Letras le ha invitado en su calidad de fiscal general del Estado y crítico de cine a impartir una conferencia en la sesión de clausura del ciclo «Academia y Humanismo: Las Academias Sevillanas en la sociedad actual», en el salón de actos de la Real Academia de Medicina, casa palacio de los Pinelo, a las ocho de la tarde.

Salinas, según el recuerdo de Torres-Dulce, no le ha informado sobre ningún cambio de orientación de la Fiscalía respecto a la comparecencia de Luis del día siguiente. El jueves 27 regresa a Madrid en el Ave de las 10.45. Sobre las 14.30 ha quedado a comer con el gobernador del Banco de España, Luis Linde, un almuerzo donde también estará presente Salinas.

La mañana del jueves 27, el diario Abc trae en la portada de su edición impresa la noticia:

LA FISCALÍA SOPESA PEDIR PRISIÓN AL JUEZ RUZ PARA BÁRCENAS

Los periodistas Javier Chicote y Juan Fernández-Miranda firman la información. La Fiscalía, precisa, «no acude a la comparecencia del extesorero con una idea prefijada de las medidas que va a solicitar, pero hay varias evidencias que le han hecho valorar una petición de cárcel». Se refiere a los informes recibidos en los últimos días. El diario también recoge una noticia de la agencia Europa Press, según la cual la acusación popular ADADE va a solicitar después de la declaración el ingreso de Luis en prisión.

Esa mañana, el juez Ruz lee la noticia del periódico camino de la Audiencia Nacional. Antes de comenzar la declaración, que se retrasa media hora, el juez le enseña la información a la fiscal Sabadell, y le pregunta por ella. La fiscal no suelta prenda. Y presenta en el juzgado su escrito. Solicita la apertura de una pieza de responsabilidades civiles y que se imponga a Luis una fianza de 28.144.000 euros.

Luis responde a las preguntas del juez durante alrededor de hora y media. Las cuestiones cruciales, como el origen de su fortuna, sus negocios o la operación de venta de cuadros en Argentina, son contestadas con vaguedades evidentes. El problema es que desde su declaración del 25 de febrero de 2013 han pasado cuatro meses de investigación. Y «los indicios de comisión de varios delitos —según escribe la fiscal Sabadell en el informe entregado esta misma mañana— son abrumadores».

El juez informa a Luis sobre los temas del interrogatorio: los recientes hechos conocidos a partir de las nuevas cuentas en la entidad Lombard Odier, el historial completo de la entidad LGT Bank (ex Dresdner), es decir, sobre las consecuencias de sus posiciones económicas y evolución de esas cuentas, y la nueva imputación de delitos de estafa procesal así como de falsedad en documento mercantil en el asunto de la compraventa de cuadros en Argentina.

Luis insiste en que él no viajó nunca con dinero en efectivo a Suiza para ingresarlo en sus cuentas.

—Yo no he viajado jamás con dinero a ningún sitio, con dinero en efectivo, a depositar dinero en ningún sitio.

—¿Tampoco a Suiza?

—Tampoco a Suiza.

—Hay una serie de ingresos en efectivo que aparecen realizados en Suiza tanto en la cuenta Dresdner Bank con la de Lombard Odier, a partir del año 2000…

—Todas esas cantidades se me entregan en Suiza, consecuencia de operaciones de carácter comercial. Que recibo en Suiza, eh, de las personas que me entregan esas cantidades, en unas ocasiones yo solo voy al banco y hago el ingreso en efectivo y en otras ocasiones la propia persona que tiene el compromiso económico conmigo, por devengo de alguna comisión o alguna operación, o por alguna operación comercial, me acompaña al banco e ingreso la cantidad en el banco.

—¿Y qué personas son esas las que le entregan el dinero?

—Las distintas personas con las que he tenido negocios, de entrada los representantes de los inversores, eh… uruguayos que depositaron su confianza en mí, aportaron fondos en una cuantía pequeña, aproximadamente seis millones de dólares, para que yo los gestionase en su nombre.

El juez Ruz pregunta más tarde por la operación de compraventa de cuadros en Argentina. El día anterior, el 26 de junio, la Sección Cuarta de lo Penal ha desestimado el recurso de Luis contra el auto en el que Ruz le imputa un delito de estafa procesal por este tema.

—Lo primero, quiero que me diga si usted ha estado reunido en alguna ocasión con la señora Isabel Ardanaz, Isabel Mackinlay, y en qué condiciones, dónde y en qué circunstancias.

—Jamás.

—¿No ha estado con ella en Buenos Aires, eh… junto con otras personas? Se lo pregunto a raíz… me imagino que conocerá la declaración testifical que prestó esta señora el 5 de junio de 2013.

—Yo no he estado con esta señora. Creo que ella dice que nos vimos en 2006; aunque dice que es 2006 y habla del 2009. Pues ni en el seis ni en el nueve.

—¿Usted nunca la ha conocido a esta persona?

—Yo no he estado con esta señora.

—¿La gestión se hizo finalmente, la gestión que se anunciaba en esos contratos, de intermediación y la venta…?

—Por supuesto.

—¿Tiene usted alguna explicación a las manifestaciones de la testigo, señora Mackinlay, en cuanto a que manifiesta que recibió un dinero y que no volvió a intervenir en lo que se decía ahí, en esos documentos?

—En cuanto al dinero que recibió o dejó de recibir lo desconozco, yo creo que esta señora sufre un estado de enajenación, espero que sea transitorio. Vamos a presentar una demanda contra ella en Argentina, por falsedad de testimonio y hemos pedido una prueba caligráfica y una prueba psiquiátrica, eh, eso es lo que sé de esta señora.

El juez le da la palabra a la fiscal Sabadell, pero Luis interrumpe:

—Señoría, con el debido respeto, en esta ocasión no voy a contestar a ninguna acusación, ni a la pública ni a la privada, si alguna defensa o mi propio abogado quieren preguntarme…

El juez, pues, pasa el turno a los abogados de la defensa y del propio Luis. Cuando estos terminan, Ruz toma la palabra:

—Me ha quedado una cuestión pendiente, un par de cuestiones con relación a la intermediación de los cuadros… Bueno, en concreto, por ir a uno de estos desplazamientos, porque es objeto de un informe policial presentado en fecha de ayer, 26 de junio, con relación al desplazamiento que se efectúa el 16 de junio de 2011, de España a Argentina, Buenos Aires.

—16 de junio…

—16 de junio de 2011, según la información aportada en ese informe policial está usted en Buenos Aires por un tiempo aproximado de catorce horas, ¿recuerda usted el porqué de ese viaje?

—Sí, sí, sí… perfectamente, cojo un avión de Aerolíneas Argentinas, llego a las cinco de la mañana, me voy a un hotel, al lado del teatro Colón, tengo una serie de reuniones en Buenos Aires durante todo el día y por los pelos cojo el vuelo de Aerolíneas que vuelve a Madrid esa misma noche, y es una reunión que tengo en Buenos Aires porque pretendo vincularme a los mercados agroindustriales de nuevo, y tengo una reunión concreta con una serie de personas que se dedican a esta actividad. Incluso firmamos…

—Y las personas con las que se reunió, ¿las puede identificar o algún documento que validara esa reunión? Bueno, que acredite que esta reunión existió, ¿puede concretar?

—En esa reunión firmamos incluso un preacuerdo de colaboración que por algún lado debería de tenerlo, pero es una reunión real, y se debe a lo que se debe, a…

—¿Y con qué personas se reunió usted?

—Pues con tres señores de…, argentinos que representaban a un grupo industrial, que no recuerdo muy bien el nombre en estos momentos.

—¿Y los señores argentinos con los que se reunió, aunque no recuerde el nombre del grupo?

—Los nombres de las personas con nombre y apellido no los recuerdo, había un señor que se llamaba Jorge, había otro señor que representaba a un grupo agroindustrial muy importante que, en fin, quería conocerme…

—¿Y el nombre de ese grupo industrial, a pesar de ser muy importante, no lo recuerda?

—Yo creo que… yo creo que es… un grupo que forman determinadas personas que en su momento fueron socios de un grupo para el cual yo colaboré que se llama Centenary.

—Ese viaje ¿tuvo algo que ver con alguna gestión sobre este tema de los cuadros o su justificación ante la Agencia Tributaria?

—No, en absoluto. Tengo algún otro viaje de ida y vuelta en el día, no es el único. Por desgracia.

Ya no hay más preguntas. El juez inquiere.

—¿Y alguna cuestión por alguna de las partes con anterioridad a la finalización del presente interrogatorio?

El abogado de la acusación popular de la ADADE, José Mariano Benítez de Lugo, pide la palabra.

—Es en relación con la audiencia del artículo 505, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no sé si… No sé si prefiere cerrar el acto y luego hacer de nuevo el tema de la llamada vistilla o lo hacemos…

—Pero entiendo que lo que me está queriendo decir usted en este acto es que se solicita se proceda a celebrar esa vista —responde Ruz.

—Exacto.

—¿Y quiere hacer alguna alegación adicional?

—Claro.

—Sin perjuicio del contenido, que ya se resolverá en la vista, pero lo que interesa usted ahora es que se proceda con el declarante la vista del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

—Exacto.

—Bien. Sobre tal mención, ¿alguna cuestión o alegación por parte del Ministerio Fiscal?

—Ninguna, señoría, el fiscal no se opone a la celebración, puesto que lo ha solicitado así el abogado.

El juez pasa la palabra a Alfonso Trallero, abogado de Luis.

—Entiendo que para solicitar que se celebre una vistilla no basta con decir que se solicita, habrá que justificar por qué razón existen motivos que así lo exigen… Señoría, consideramos que no ha lugar a la celebración de la vistilla siquiera…

—Dado que hay interés en la celebración de ese acto por una de las acusaciones personadas, se va a acordar en este sentido y se va a resolver en providencia a celebrar en forma consecutiva a este acto… Voy a acceder a lo que pide la acusación sin perjuicio de resolver lo oportuno una vez escuchadas las manifestaciones que tengan lugar en esa vista o comparecencia. Vamos a cerrar la declaración…

El juez Ruz pide, pues, a Luis que permanezca en la Audiencia Nacional. La vistilla o audiencia con él presente y todas las partes se celebrará después de las declaraciones de Rosalía y de Iván Yáñez. El juez dicta una providencia:

En Madrid, a 27 de junio de 2013

Dada cuenta; de conformidad con lo solicitado por la acusación popular letrado José Mariano Benítez de Lugo, dirección letrada de ADADE, y en aplicación de los artículos 539. 505 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se procede a celebrar comparecencia de medidas cautelares de naturaleza personal respecto al imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, que tendrá lugar de forma consecutiva a las declaraciones señaladas en el día de hoy en el presente procedimiento, quedando convocados a tal efecto el Ministerio Fiscal, demás partes acusadores presentes y defensa letrada del imputado, así como el propio imputado…

Quedan varias horas hasta la vistilla. A estas alturas ya ha trascendido el escrito de la fiscal Sabadell a los medios de comunicación. Dan cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción solicita una fianza por responsabilidades civiles para Luis.

La fiscal Sabadell informa a Salinas de la situación a través de mensajes.

Entre la una y media y las dos de la tarde, cuando el tren que trae al fiscal general del Estado se está acercando a Madrid, Torres-Dulce recibe en su móvil una llamada. Es Antonio Salinas.

—Eduardo, estoy en contacto con Concha Sabadell en la Audiencia Nacional. La acusación de ADADE va a pedir el ingreso de prisión de Bárcenas.

—¿Y qué posición tiene la Fiscalía?

—Ella está de acuerdo.

—Y el juez, ¿qué actitud tiene?

—Creemos que tirará para adelante.

—Bien, de todos modos enseguida nos vemos en el Banco de España.

Nada más terminar la conversación, Torres-Dulce marca el número del teléfono móvil del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En esos momentos, el ministro se encuentra en el Congreso, en la votación de uno de sus proyectos estrella, el de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Torres-Dulce le cuenta lo que acaba de decirle Salinas. El juez ha convocado la vistilla cuando terminen las declaraciones y la Fiscalía apoyará el ingreso en prisión. El ministro le pide que le mantenga al tanto de las novedades.

Ruiz-Gallardón, según recuerda, decide no trasladar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, lo que le informa el fiscal general del Estado.

Aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ministro tiene previsto marcharse rápidamente. Es almorzar y trasladarse a Tarancón, Cuenca. Allí participará en el acto de graduación e imposición de becas de los alumnos de 4.º de la ESO del colegio de Las Mercedarias, que empieza con una eucaristía en la capilla del colegio a las seis y media de la tarde.

Al salir del hemiciclo, el ministro se topa con un pequeño grupo de periodistas. Comenta la aprobación de su proyecto de ley y a continuación, de manera confidencial, según aclara, les guía:

—Puede haber novedades importantes en la Audiencia Nacional. Luis Bárcenas ha prestado declaración y os digo, para que estéis atentos, que se pueden producir novedades… No puedo decir más porque no lo sé.

El grupo ha captado el mensaje. El ministro está dando una pista importante. El redactor Francesco Manetto, del periódico El País, llama por teléfono inmediatamente a María Fabra, la periodista del diario que está a pie de obra en la Audiencia Nacional siguiendo los resultados de la vistilla, para advertirle sobre el aldabonazo del ministro.

Mientras, Torres-Dulce y Salinas almuerzan en el Banco de España. Sobre las cuatro de la tarde, ambos se marchan de la plaza de Cibeles. En la puerta, Salinas controla su teléfono móvil. Ve varias llamadas de Concha Sabadell y de la Fiscalía Anticorrupción que han entrado durante el almuerzo. Torres-Dulce le pide que le mantenga informado nada más conozca lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional.

En el ínterin, la fiscal Sabadell ha mantenido comunicación con la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez. Le ha informado de que la acusación popular de ADADE va a solicitar prisión para Luis, eludible con fianza. Sin embargo, ella estima que es una medida incoherente. Porque se ha incrementado, explica, el riesgo de fuga.

Al entrar en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, Torres-Dulce recibe la llamada de Salinas, que le pone al corriente de lo hablado entre Sabadell y Suárez. Torres-Dulce no pone pegas. Piensa que hubiese sido mejor poder debatir internamente esta posición, quizá pidiendo una suspensión momentánea de la vistilla, pero ya no se puede hacer nada. También piensa que ello le hubiera permitido llamar al ministro del Interior para adoptar medidas en un caso tan relevante.

Llama a Alberto Ruiz-Gallardón.

—Alberto, me acaba de informar Salinas de que la fiscal va a pedir prisión incondicional para Bárcenas por el riesgo de fuga. Esto se debe de estar produciendo, si no ha tenido lugar ya…

—No dejes de llamarme, Eduardo, con lo que tengas…

Ruiz-Gallardón decide, por segunda vez, abstenerse de llamar a Rajoy para darle cuenta de la nueva comunicación de Torres-Dulce.

En la Audiencia Nacional, Luis espera la celebración de la vistilla desde prácticamente las doce del mediodía. José Lozano, abogado de Iván Yáñez, que también declara este día, se sienta junto a él. Ha visto la información del Abc. Y le advierte que su nariz le da que le van a meter en prisión. Luis no lo cree. No da crédito a la información.

Cuando acaba la declaración de Yáñez, el juez convoca a Luis y a todas las partes para celebrar la vistilla.

Luis, su letrado Alfonso Trallero, la fiscal Sabadell y los letrados de las acusaciones se reúnen en audiencia. El juez Ruz da la palabra al letrado Benítez de Lugo, quien solicitó la celebración de la vistilla.

—Señoría, la acusación popular ADADE interesa la adopción de la medida de prisión eludible con fianza. Dejamos a su decisión, señoría, la cuantía de la misma.

El juez da luego la palabra a la fiscal Sabadell.

—El Ministerio Fiscal no se opone a la medida interesada por la acusación popular, pero interesa que la prisión provisional del imputado sea acordada sin fianza hasta tanto subsistan los motivos que han sido explicitados en la propia comparecencia.

Luis no da crédito. Habla su letrado, que se opone; la acusación que anima el Partido Socialista de Valencia apoya tanto una como otra petición.

El juez le da la palabra a Luis y según recoge el acta «no formulando alegaciones el propio imputado».

Está sin habla.

La audiencia ha concluido. El juez Ruz se retira a su despacho. Empiezan a verse policías por los pasillos. Todavía tendrán que pasar algo más de dos horas hasta que Luis conozca lo que ya es un secreto a voces: su ingreso en prisión.

El juez ha ido anotando durante la declaración de Luis los puntos que considera más sangrantes, vagos y evasivos. Ahora, a lo largo de veinticuatro páginas, expone todo lo que tiene contra él, según los últimos informes, y las explicaciones que ha dado.

El auto señala:

Un conjunto de actividades llevadas a cabo por el imputado indiciariamente reveladoras de un proceso de blanqueo de capitales, delimitado por las siguientes fases donde se encuadran las distintas operaciones realizadas:

a) una primera fase de integración o colocación de los fondos obtenidos derivados en parte de las comisiones generadas por su participación en unión del imputado Francisco Correa en las adjudicaciones de contratos públicos realizadas a empresas afines cuya reconstrucción ha sido objeto de distintos informes así de otras fuentes de ingresos de origen desconocido en el sistema económico mediante la utilización masiva de dinero en efectivo, evidenciando la documentación recibida en ejecución de la comisión rogatoria el empleo de dinero en metálico como forma principal de alimentar las cuentas abiertas en Suiza, siendo a tenor del contenido de las notas internas de control redactadas por la entidad bancaria el propio Luis Bárcenas, la persona que en sus viajes a Ginebra o Lugano (Suiza) porta el dinero, y lo deposita en las cuentas bancarias;

b) una segunda fase de encubrimiento o estratificación, consistente en la desvinculación de su origen de los fondos procedentes de las actividades delictivas mediante la utilización de complejas operaciones con el objetivo de ocultar su origen y dificultar la identificación de la titularidad última de los mismos. En este sentido la documentación remitida pone de manifiesto la aplicación de los fondos expatriados a la realización de operaciones financieras especulativas mediante la compra de valores mobiliarios del mercado bursátil español hasta el año 2005, y partir de entonces la diversificación de la inversión adquiriendo valores de empresas extranjeras. Asimismo invierte en bonos, fondos de inversión, y de forma más reducida en el mercado de divisas. En el período 1999-2011 obtiene retornos derivados de los dividendos producidos por las acciones adquiridas, los intereses de los bonos, los rendimientos de los fondos de inversión y los intereses de la inversión en el mercado de dinero que le generan unas entradas en cuenta por un montante deducido impuestos de 4.243.360,67 euros. Las órdenes de inversión están correlacionadas en la mayoría de los casos con las entradas de efectivo en cuenta;

c) por último, una tercera fase de integración de los fondos ya blanqueados y su retorno al sector de la economía real del que provenían o a otro diferente como fondos aparentemente legítimos. Durante el período objeto de estudio los fondos generados de las operaciones financieras se reinvierten permaneciendo depositados en las cuentas bancarias hasta el año 2009 cuando se producen salidas de dinero vía transferencias (en conjunto en ese año se registran salidas por valor de 3.500.000 euros mediante cinco transferencias hacia cuentas bancarias de las entidades Brixco y Lidmel en Estados Unidos), traspasando todos los activos a las nuevas cuentas abiertas a nombre de la entidad Tesedul SA en las entidades financieras LGT Bank y Lombard Odier.

El juez remacha:

Finalmente, constatado un aumento desproporcionado del patrimonio del imputado producido durante el período objeto de análisis, a partir de la documentación remitida por las Autoridades judiciales helvéticas, tal incremento patrimonial aparece carente de justificación a través de negocios jurídicos o actividades comerciales lícitas en las que conste acreditada la intervención del imputado, toda vez que contrariamente a las explicaciones ofrecidas a los gestores suizos de las cuentas, en modo alguno ha quedado acreditada hasta la fecha ni la supuesta participación o intermediación del imputado en operaciones de compraventa de obras de arte que pudieren justificar la procedencia de los emolumentos posteriormente ingresados en las cuentas de Suiza, ni tampoco que los mismos tuvieren suficiente justificación en operaciones de carácter inmobiliario, al constar en registros oficiales únicamente tres enajenaciones de bienes inmuebles de las que obtuvo un beneficio de 324.545,88 euros en septiembre de 2006, no habiendo el imputado ofrecido más justificación al respecto.

El juez redacta el último párrafo, en la página veinticuatro del auto de prisión. Resume la decisión de enviarle a la cárcel:

Por todo lo anteriormente expuesto, estimo que concurren los presupuestos especificados en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional del imputado Sr. Bárcenas Gutiérrez, en agravación de las medidas cautelares actualmente vigentes sobre el mismo, y con la finalidad de asegurar su presencia a resultas del presente procedimiento, evitando el riesgo de fuga o huida del mismo, asegurando al mismo tiempo la preservación de las fuentes de prueba relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputación, en evitación de su alteración por parte del imputado, finalidades que únicamente pueden quedar salvaguardadas con la medida cautelar que se adopta, al no resultar posible en este momento otra menos gravosa para la situación personal del imputado, y ello sin perjuicio de lo que resulte del curso de la presente instrucción así como del resultado de las diversas diligencias de investigación actualmente acordadas respecto del Sr. Bárcenas Gutiérrez.

Y dispone antes de estampar su firma:

Se decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Bárcenas Gutiérrez, por los presuntos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil.

Luis es llamado junto con su abogado, por fin, sobre las seis y media de la tarde, al despacho del secretario judicial, Javier Fernández Gallardo. Allí es informado de la decisión del juez. Sale franqueado por varios agentes y su abogado. Al salir, entre contrariado y sorprendido, se cruza con un hombre de pelo blanco, bigotes y gafas de concha, y sigue de largo, pero se detiene, da media vuelta, estira la mano derecha hacia él y le señala con el dedo índice:

—Socialista, me vas a encontrar.

14
GARGANTA PROFUNDA

Diecisiete palabras.

«El Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos».

Pero, detrás de este comunicado del 27 de junio, la preocupación se extiende entre los exsecretarios generales del partido. Todos aquellos cuyos nombres figuran en las anotaciones de salida de dinero del libro de la caja B que llevaba Luis no pueden dejar de recordar otra época. En casos contados con los dedos de una mano —Arenas, Rajoy, Cospedal—, el desasosiego se fundamenta en un conocimiento más preciso; en otros, es miedo a los escenarios a los que, se imaginan, puede conducir el ingreso de Luis en la cárcel.

Antes de entrar en la prisión de Soto del Real, Luis deja sus pertenencias en manos de su abogado Alfonso Trallero. Entre ellas, su teléfono móvil. En casa, Rosalía Iglesias tiene otros tres teléfonos y un iPad.

La petición de prisión incondicional de la fiscal Concha Sabadell ha cogido completamente desprevenido a Luis. Del despiste inmediato pasa a la teoría de una conspiración. Una medida de tal calibre no puede ser, razona, más que el resultado de una planificación. ¿Quién puede estar detrás? Alguien interesado en dañar a Rajoy, aquella persona que crea en la posibilidad de relevarle y que, además, lucubra, le debe algún favor al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, por echarle una mano en momentos delicados. ¡Eureka! Esa persona no puede ser otra que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El diario El Mundo ve en el ingreso en prisión una oportunidad, un escenario propicio para que Luis cambie de estrategia y haga revelaciones. El comentario editorial se titula:

EL PP, EN VILO POR SI BÁRCENAS «CANTA»

La gran pregunta que toda España se hace ahora que Luis Bárcenas está en prisión es si tirará por fin de la manta. O quizá, dadas las temperaturas y la estación actual, sea más propio preguntarse si encenderá el ventilador y se harán realidad las amenazas en privado de «cantar» y contar lo que sabe. Ante esta hipótesis que ansía todo el país, el PP está en vilo por la reacción del hombre que controló las finanzas del partido durante 20 años.

Luis ha declarado solo sobre una de las piezas en las que se le investiga. La trama Gürtel, sus presuntos delitos contra la Hacienda y sus cuentas suizas. Pero su declaración sobre los papeles, las entradas y salidas de dinero negro en el PP, no está prevista. Hasta el momento ha negado y sigue negando en sede judicial ser el autor de las anotaciones y ha rechazado en su comparecencia del 22 de marzo ante el juez Ruz prestarse a una nueva prueba caligráfica en regla.

Pero ahora, aparte de José Manuel Romero, el periodista al que enseñó parcialmente los documentos a finales de 2010 en aquella cita del hotel Santo Mauro de Madrid, Luis le ha contado detalles al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez en el encuentro del 11 de junio.

El juez Ruz impone, tras enviar a Luis a prisión, una fianza por responsabilidades civiles de 43, 2 millones de euros e intenta avanzar en la investigación de los papeles siempre de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo fiscal, Antonio Romeral, no advierte recorrido penal en el caso desde el primer momento. La petición de comparecencia de Aznar en calidad de testigo, a raíz de las revelaciones del político Jaime Ignacio del Burgo, es cursada por el juez a la Fiscalía, que se opone a citar al expresidente. Ruz rechaza, pues, la comparecencia de Aznar.

Otro de los intentos de averiguar las relaciones entre el PP y las empresas donantes que aparecen en las entradas de la caja B que lleva Luis choca contra un muro. El juez había dado un plazo de diez días a Antonio de la Fuente, jefe de seguridad del PP, y cuñado de Luis, para aportar «información de los registros de entrada en el período de 2001 a 2008 sobre los empresarios Alfonso García Pozuelo, Juan Miguel Villar Mir, José Luis Sánchez Domínguez (empresa Sando), José María Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas), Manuel Contreras (Azvi), Luis Fernando del Rivero (Sacyr Vallermoso), Juan Manuel Fernández Rubio y Antonio Vilela Jerez.

Ahora, a finales de junio, el PP ha contestado que los libros de visita se destruyen todos los meses, amparándose en la ley de Protección de Datos.

El 28 de junio de 2013, la organización internacional de activismo ciudadano Avaaz (Voz) publica un llamamiento a sus simpatizantes y al público:

¡Bárcenas ya está en la cárcel! Pero eso no nos devuelve ni un euro del dinero robado, y el PP no parece estar por la labor de investigar más a fondo y depurar responsabilidades para que el expolio no se repita en el futuro.

Solo existe una manera de conseguir que el castillo de naipes de la corrupción en los partidos comience a desplomarse de una vez por todas: que Bárcenas se niegue a convertirse en el cabeza de turco y saque a la luz toda la verdad. ¡Vamos a ayudarle! Enviémosle a prisión decenas de miles de cartas animándole a que no acepte su papel de chivo expiatorio. Si le inundamos con mensajes de apoyo público, podría pensárselo dos veces y decidir tirar de la manta.

No tenemos mucho tiempo. Es posible que la cúpula del PP le ofrezca un pacto a cambio de su silencio. ¡Adelantémonos! Los medios ya han empezado a publicar fragmentos de nuestras cartas. Pincha en el botón de la derecha para enviarle una carta personalizada a Bárcenas y cuando lleguemos a un volumen considerable de mensajes imprimiremos todas las misivas y se las llevaremos a la cárcel de Soto del Real.

En la primera semana de julio de 2013, la organización ha recibido 12.000 cartas por Internet y piensa entregárselas a Luis en la cárcel. Una de ellas dice:

No sea usted el cabeza de turco. Le pido que diga todo lo que sabe para que la casta que está en el poder y que está llevando a millones de familias a la ruina solo por su propio interés pague por lo que han hecho.

15
ROSALÍA SE VA A LA GUERRA

Pedro J. Ramírez decide publicar su conversación con Luis. ¿El domingo día 30 de junio de 2013? Luis lleva setenta y seis horas en la cárcel. Pero hay un problema. El domingo 30 se reúne el Comité Olímpico Internacional. Y el periodista ha hecho una apuesta informativa: Madrid, está seguro, se lleva en Buenos Aires el gato al agua de los Juegos Olímpicos 2020. Tiene previsto publicar el domingo 30 una carta abierta a los miembros del COI cuyo título es: «Dadle a Madrid este relevo». Desea, pues, apuntarse la medalla.

He aquí el relato que me ha hecho Pedro J. sobre el momento de la publicación.

Como te he dicho, yo no pacté nada con Luis. No se mencionaron las palabras off the record. Ningún compromiso. La segunda entrevista de la que habíamos hablado ya no se iba a producir porque Luis estaba en la cárcel. El sábado 7 de julio por la tarde me encontraba en mi casa de Mallorca. Llamo a Rosalía para anunciárselo. Tenía dudas sobre cómo iba a reaccionar Luis ante la publicación. Yo quería que nos diera el original de los papeles. Ese original tenía un gran valor judicial. Le pido a Rosalía, pues, el original. Me dice Rosa, como la llaman sus amigos, que va a hablar con Luis en la cárcel.

Rosalía Iglesias encaja la prisión de Luis como un desprecio de sus viejos amigos, Rajoy y Arenas. Y, sobre todo, se le han ido las dudas: hay que declarar la guerra a quienes considera traidores de su marido y de ella misma. Pensaba que María Dolores de Cospedal era responsable de la situación, por ello, cuando era garganta de seda, la fuente de Raúl del Pozo, le dijo a primeros de julio de 2009, según publicó en su columna: «La Cospedal es una retrasada mental». Por tanto, a Rosalía, que alguien como Pedro J., al que con anterioridad veía con antipatía, se ocupe de recordar que su marido lleva en prisión once días y lance cañonazos contra Rajoy, Arenas, Cospedal y el PP, le parece muy bien.

Rajoy tiene este 7 de julio de 2013, una cita con José María Aznar en la sierra del Guadarrama, en el campus de la fundación FAES, mes y medio después de la irrupción del expresidente en Antena 3.

El domingo 7, el diario publica la conversación bajo el título CUATRO HORAS CON BÁRCENAS.

Pedro J. Ramírez lo cuenta todo en primera persona:

Pocos días antes de ingresar en prisión, Luis Bárcenas me explicó, en el transcurso de una larga conversación, que durante al menos los últimos veinte años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones gobernadas por el partido […] El dinero se entregaba en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero Álvaro Lapuerta en la calle Génova, y en presencia de Bárcenas en calidad de gerente. Ambos contaban los billetes y los metían en la caja fuerte, bromeando a menudo sobre si se fiaban el uno del otro o no.

Cuando el donante abandonaba el despacho, Lapuerta extraía de la cartera de mano una tarjeta de visita y en el reverso escribía con letra diminuta el nombre y la cuantía de la entrega. Bárcenas hacía otro tanto en un libro de caja con sus correspondientes renglones. Periódicamente, Lapuerta cotejaba las ajadas tarjetas que siempre llevaba encima con las anotaciones de Bárcenas y, al hallarlas conformes, las certificaba con el correspondiente visé en el margen.

Al día siguiente de la entrega, o como mucho durante la semana posterior, Lapuerta llamaba al ministro, secretario de Estado, presidente, consejero autonómico, alcalde o concejal competente en el asunto que afectaba al donante. Según Bárcenas, siempre recurría a la misma literalidad: «¿Qué tal? Soy Álvaro Lapuerta. Te va a llamar fulanito. Tengo interés en que lo recibas. No conozco el tema del que te va a hablar. Solo te pido que seas amable y te tomes un café con él». Todos sabían que era el tesorero el que llamaba.

De acuerdo con esta versión, parte del dinero entregado se ingresaba en las cuentas bancarias del partido, parte se destinaba a pagar en negro el sobrecoste de las campañas electorales para eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas y otra parte se quedaba en la caja fuerte y era utilizado para «otros fines». Los pagos subsiguientes se realizaban también en efectivo, apuntando Bárcenas cada salida de dinero en las mismas hojas cuadriculadas en las que figuraban las entradas. Eso es lo que reflejan los bautizados como Papeles de Bárcenas, elaborados por el gerente de su puño y letra a lo largo de los años.

Según Bárcenas, el principal y más recurrente de esos «otros fines» era el pago trimestral de sobresueldos en metálico al presidente, secretario general y vicesecretarios generales del partido. Cuando el PP estaba en la oposición las entregas se hacían en los despachos de la propia sede. En el período en el que estaba en el Gobierno, Lapuerta acudía con los sobres a los ministerios u otras dependencias oficiales. Según Bárcenas, a Lapuerta le agradaba especialmente esta tarea y solía combinarla con algún detalle personal. En uno de los casos, junto al sobre llevaba una caja de puros Montecristo al ministerio correspondiente […]

De acuerdo con el relato de Bárcenas, el viernes 1 de febrero, al día siguiente de la publicación [en el diario El País], le llamó Marilar de Andrés, responsable de Comunicación del PP y estrecha colaboradora de Javier Arenas, para pedirle que negara la autoría y por lo tanto la veracidad de los papeles. Bárcenas le dijo que se lo pensaría, recibiendo poco después otra llamada en el mismo sentido del eurodiputado Gerardo Galeote, con quien le unía hasta entonces una estrecha amistad. Aconsejado por sus abogados, Bárcenas optó por difundir un tibio comunicado negando irregularidades en el PP pero sin desmentir la autoría de los documentos. Según él, al término de esa jornada, el presidente Rajoy le envió un SMS diciéndole que «entendía» su decisión, que estuviera «tranquilo y sereno» y que al día siguiente le llamaría.

Puesto que al día siguiente no se produjo tal llamada, fue Bárcenas quien se puso en contacto con Rajoy por la misma vía, diciéndole que estaba «tranquilo y sereno» pero que seguía a la espera de la conversación prometida. Enseguida recibió una llamada de «una tercera persona» que le comunicó que los exministros Michavila y Acebes iban a ser sus interlocutores con el presidente. Así fue. Cinco días después de publicados los papeles, Bárcenas negó su autoría en 13tv: «Ese cuaderno no existe, ni ha existido y en consecuencia esa no es mi letra».

Bárcenas me dijo que ese falso desmentido había sido un «acto de lealtad» hacia Rajoy y el partido. También explicó cómo trató de falsear su letra durante la prueba caligráfica ante la Fiscalía y el gran «cabreo» del PP cuando se negó a repetirla en el juzgado. Me contó que había visto varias veces el vídeo de su declaración ante el juez Ruz, refutando igualmente la autenticidad de esa «contabilidad B», y que se había sorprendido de la facilidad con que había negado la verdad, aun teniendo derecho a hacerlo como imputado.

Según su relato, ese «acto de lealtad» se inscribe en el carácter pactado que hasta la aparición de su dinero en Suiza había tenido su desenganche progresivo del PP. Como hito de tal proceso describió con todo lujo de detalles una reunión en el despacho de Rajoy en la sede de Génova, a la que asistieron también su esposa Rosalía Iglesias y Javier Arenas, como amigo de ambos y vicesecretario del partido. El encuentro duró varias horas, a lo largo de las cuales Arenas fue retrasando sucesivamente su reserva en el AVE hacia Sevilla. Rosalía Iglesias y Rajoy estaban sentados, hombro con hombro, frente a una mesa baja con la espalda pegada a la pared, teniendo respectivamente enfrente a Arenas y Bárcenas.

La conversación adquirió visos de fuerte tensión cuando Bárcenas atribuyó a la secretaria general María Dolores de Cospedal las noticias desfavorables para él que se venían publicando en El Mundo y otros medios de comunicación. El extesorero recuerda la literalidad de sus palabras. «¡Me están machacando! ¡O le paras los pies a esa tía o te quedas sin secretaria general!», le dijo a Rajoy. «La única irregularidad que yo he cometido en estos años, en esta casa, ha sido por esta señora».

Ante el estupor de Arenas y Rajoy, Bárcenas describió entonces el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de construcción y servicios cuyo polémico presidente aparece en la lista de donantes del partido. Cuando Bárcenas les mostró documentos acreditativos de la operación, Rajoy se echó literalmente las manos a la cabeza y, siempre según los recuerdos del extesorero, exclamó: «¡Por Dios, Luis, cómo puedes tener estos papeles!».

De acuerdo con Bárcenas, Rajoy, cambiando el tono, apeló entonces a su sentido de la responsabilidad: «Templanza, Luis, templanza». También le dijo: «Eres víctima de una persecución política. Esto no va contra ti, va contra mí». Y dirigiéndose a su esposa añadió: «Rosa, no os vamos a abandonar». En ese momento Arenas, desde el otro lado de la mesa, cogió del brazo a Rosalía Iglesias en señal de solidaridad y apoyo.

Según Bárcenas, en esa reunión se habría corroborado el acuerdo de que dejara formalmente el puesto de tesorero pero siguiera cobrando lo mismo y manteniendo el coche y las demás prebendas del partido. El extesorero asegura que lo único que pidió a Rajoy con relación al proceso penal es que hiciera lo posible para cambiar a las dos fiscales anticorrupción asignadas al caso, por su «animadversión» hacia él. Rajoy le prometió que todo sería «distinto» cuando el PP llegara al poder…

Según Bárcenas, a finales del 2012, cuando supo que las autoridades suizas habían requerido información a su banco como consecuencia de la comisión rogatoria enviada desde España, se entrevistó con Arenas y le pidió que informara a Rajoy del dinero que tenía allí y de que había regularizado su situación con Hacienda, aprovechando la amnistía fiscal de Montoro. También le dijo que para proteger al PP del previsible escándalo lo mejor sería que dejara de cobrar del partido y pusiera fin a sus treinta años de relación laboral mediante el correspondiente finiquito…

Según Bárcenas, al cabo de unas semanas, en diciembre, Arenas le llamó desde Sevilla para decirle que había hecho la gestión. Quedaron inicialmente «a mitad de camino» en un restaurante cercano a Córdoba, pero Bárcenas le dijo luego que ya que iba a coger el AVE no le importaba hacer el trayecto completo. Entonces quedaron en el restaurante Oriza de Sevilla, y en el transcurso de un almuerzo Arenas le contó que se había reunido con Rajoy en La Moncloa y le había transmitido su propuesta. De acuerdo con su versión, Arenas le dijo que el presidente pensaba que, puesto que ya había regularizado su situación fiscal, lo mejor era dejarlo todo como estaba. Arenas niega haber estado en el restaurante Oriza de Sevilla con Bárcenas en ningún momento del año pasado. Bárcenas me dijo que comprobaría el día exacto de la cita a través de su agencia de viajes, pero su ingreso en prisión le ha impedido hacerlo.

Bárcenas también me dijo que Arenas le había contado, no me quedó claro si en esa o en otra reunión, que Rajoy estaba muy preocupado porque Lapuerta le había «chantajeado» para colocar en las listas electorales tanto de las municipales como de las generales a su protegida política Carmen Rodríguez Flores. Según Bárcenas, Lapuerta le había dicho a él mismo que Rajoy «le estaba dando largas» y que, como no podía consentirlo después de tantos años de «servicios al partido», estaba dispuesto a utilizar la «contabilidad B» para presionarle. Bárcenas asegura que él trató de convencerle de que no lo hiciera.

Bárcenas me contó que lo hasta ahora publicado no es sino una pequeña parte de la documentación que obra en su poder. Sostiene que, además de los originales de las fotocopias realizadas por Jorge Trías, conserva la «contabilidad B» de los años no publicados y que en ella hay pagos en negro a dirigentes del PP, incluido uno que, según él, pidió luego una compensación por pasar de un cargo público a otro menos remunerado, a un exdirigente del PSOE y a algún periodista. Mayor aún sería la trascendencia, de acuerdo con su versión, de otros documentos y discos duros que probarían la sistemática financiación ilegal de las campañas del partido.

Bárcenas no quiso concretar más pero en un momento de la conversación dijo que la divulgación de esos documentos haría «caer al Gobierno» y añadió que daba por hecho que yo compartía su criterio de que «en las actuales circunstancias lo último que le conviene a España es que caiga este Gobierno». Yo le contesté que en cualquier circunstancia lo último que le conviene a cualquier democracia es estar asentada sobre la mentira.

Bárcenas me contó algunas anécdotas relacionadas con la compra de trajes para Rajoy con cargo a la caja B del partido, implicando en la selección a su propio sastre y al exdirigente Juan Costa, con fama de elegante. Respecto al origen de su fortuna en Suiza, Bárcenas sostiene que es «completamente lícito» y «no tiene nada que ver» con el PP, sino que procede de transacciones en Bolsa y otros negocios. Ante mi reiterado escepticismo, aseguró que podrá demostrarlo cuando llegue el momento del juicio oral. Añadió que la testigo que había declarado al juez haber cobrado por fingir compraventas de cuadros, había tratado en realidad de extorsionarle a él.

No había visto nunca antes a Luis Bárcenas, pero reconocí en él al personaje rocoso, concienzudo y rotundo, magistralmente descrito por Raúl del Pozo a través del prisma de su Tercer Hombre. Fueron cuatro horas mirándonos a los ojos sin parpadear. Al término de la conversación le dije que, si estaba en condiciones de probar documentalmente, y en sede judicial, la mitad de lo que me había contado, provocaría una gran catarsis en el sistema político español y prestaría un importante servicio a la sociedad. Pero que mientras no lo hiciera, su situación se parecería cada día más a la de Amedo cuando, por hechos de naturaleza muy distinta, fue condenado a 108 años de cárcel para hacerle pagar tanto por sus propias culpas como por las ajenas. Y en ese punto estamos.

Hay varios hechos que, quizá porque Pedro J. no tomó notas, aparecen mezclados y con una secuencia inexacta. El SMS al que alude Luis no es de 1 de febrero de 2013, sino del 18 de enero a las 21.15 horas, y hace referencia a la primera noticia de los sobresueldos que publica El Mundo, no a los papeles de El País. La información referida a la comida en el restaurante Oriza de Sevilla confunde lo que Luis le transmite a Javier Arenas, la próxima llegada de su cuenta suiza, con lo que días después Arenas le informará sobre la impresión de Rajoy de que es necesario dejar las cosas como están sin acordar el finiquito.

En cualquier caso, el hecho de que Pedro J. tuviera su duda sobre la reacción de Luis muestra que no las tenía todas consigo. Temía una reacción adversa. Porque hasta ese momento la estrategia de Luis era la negación. La que un abogado, Mitchell Y. McDeere, de la novela de John Grisham La tapadera, explicaba así: «Negar. Negar. Negar. Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en ¡negar! No admitir nunca ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad».

Sus abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero ignoraban que se hubiera reunido con Pedro J. Esa misma mañana del domingo 7 llamé a Miguel Bajo para preguntarle qué estaba pasando. Me explicó que no sabía nada de la publicación, pero que si hablábamos por la tarde me daría una noticia. Era evidente que estaba muy molesto. La renuncia de los abogados era cuestión de horas.

Por la tarde, Bajo me explicó:

—Ni yo ni Alfonso teníamos idea de esta entrevista. Alfonso está fuera de Madrid. Le he dicho que quiero dar un comunicado cuanto antes. Renunciamos a la defensa de Luis. Me ha pedido que espere. Quiere regresar a Madrid y verle en Soto del Real para decírselo. De modo que mañana hablamos.

Por su parte, Pedro J. Ramírez me aclara en nuestra entrevista lo que pasó el domingo 7:

El domingo, Luis no se ha molestado con la información. Rosalía me dice que ha hablado con él y que me darán el material. Me lo dejarán en un sobre en el portal de mi casa. Desde Mallorca llamo al periódico y envío a la columnista política Lucía Méndez a recogerlo. Pero cuando regresa a la redacción y abren el sobre resulta que es la misma fotocopia que ha publicado El País. Llamo entonces a Rosa, como la llaman los amigos, y le explico que esta fotocopia ya se ha publicado y que no nos sirve. Le digo, Rosa, necesitamos el original. Habla con Luis. Y Luis le da su autorización para que nos dé el original. Pero no lo tiene en casa. El original completo lo tiene Julio Ariza. Cuando Rosa habla con él, no parece estar por la labor de entregárselo. Rosa le dice que Luis quiere que se lo devuelva.

Yo tenía previsto presentar el original en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el lunes por la mañana. Vuelvo de Mallorca y recibo el original de la primera y segunda cara del documento sobre las tres y media de la tarde. El juez Ruz ya no está. María Peral, nuestra redactora de temas judiciales, habla con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, le explica que quiero aportar un documento. Nos dice que vayamos a la secretaría del registro general de la Audiencia Nacional, que se hará una comparecencia de recepción del material. Mando a fotografiar la doble cara del original, el único folio que nos ha enviado, y nos vamos hacia allí.

Aunque Luis menciona en la conversación que está en comunicación permanente y que ha recibido un SMS de Rajoy, no hablamos en ese momento sobre los SMS.

El caso, pues, ha dado un vuelco. El lunes 8 de julio de 2013, sobre las 13.30, mientras participo en el programa Al Rojo Vivo que dirige el periodista Antonio García Ferreras en La Sexta, me envía Miguel Bajo un mensaje que leo ante la cámara.

—Hemos renunciado a la defensa de Luis Bárcenas.

Pedro J. Ramírez comparece esa tarde en el juzgado y aporta la hoja manuscrita original de dos caras. Es idéntica a la fotocopia, pero es el original. Corresponde a los años 1997, 1998 y 1999.

Este mismo lunes, Luis recibe varias visitas de letrados en Soto del Real. Uno de ellos es Javier Iglesias, el letrado de su amigo y exjefe Álvaro Lapuerta.

Iglesias pide hablar con Luis y este, consultado, presta su consentimiento. Hablan en dependencias habilitadas para los contactos entre reclusos y abogados. No hay testigos. Luis asegura que Iglesias le transmite lo que parece ser un mensaje de un sector del Gobierno o del PP. Que mantenga la boca cerrada porque de lo contrario Rosalía irá también a la cárcel; en cambio, si guarda silencio, Alberto Ruiz-Gallardón será cesado y el caso archivado en septiembre.

Pero Luis recibe otra visita no menos sugerente. Es la de Miguel Durán. Y no se calla a la hora de hablar sobre cómo ha encontrado a Luis tras once días en prisión. Durán tiene autorización para explicar públicamente cuál es la nueva estrategia procesal. «Me he reunido con él y me ha contado cosas interesantes. Él está muy dolido con la gente de la que se siente abandonado. Está descontento con toda la cúpula del PP. Está decidido, según me transmitió, a colaborar con la justicia en todo lo que no le autoincrimine», explica.

Y va más lejos: «El papel que se ha publicado es el original. Lo he tenido en mis manos. Bárcenas tiene suficiente información para hacer caer al Gobierno».

El martes, día 9, el diario El Mundo reproduce la única hoja disponible del original. El día siguiente, miércoles 10, el juez Ruz, que ha captado el posible cambio de la estrategia procesal de Luis, cita a Ramírez a prestar declaración como testigo el jueves 11 y a Luis el lunes 15 de julio de 2013 para dar tiempo a que fiche a un nuevo abogado.

Rosalía Iglesias, precisamente, recuerda la voz de un abogado llamado Javier Gómez de Liaño. Ella y Luis estaban en el despacho de Miguel Bajo cuando Gómez de Liaño llamó para comentar un asunto y de paso hablaron de Luis por el teléfono manos libres. A Rosalía le gustó lo que decía. Y preguntó a Ramírez por él.

—Oye, Pedro, tú conoces a Javier Gómez de Liaño. Es que le he escuchado hablar con Miguel Bajo y me ha gustado lo que ha dicho.

Ramírez se da cuenta de que ella ignora que Gómez de Liaño es un estrecho colaborador suyo en mil batallas y en el periódico.

—Sí, claro, Rosa… Aquí tienes su número de móvil.

Y es así que, más tarde, Ramírez organiza un encuentro entre Javier Gómez de Liaño, su esposa, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, y Rosalía. Llama al columnista de su diario, Raúl del Pozo.

—Raúl, he organizado una cena en tu casa.

—¿Y eso?

—Pues, mira, Rosalía tiene interés en conocer a Javier Gómez de Liaño. Puede ser el nuevo letrado de Luis. Me ha parecido mejor que, como es amiga tuya, el encuentro sea en una cena en tu casa. Javier irá con María Dolores…

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GARGANTA PROFUNDA

Mira por dónde, es Miguel Durán el encargado de explicar a los medios (El País en Madrid y el programa El món, de RAC1, en Barcelona) la nueva estrategia de Luis, después de visitarle en la cárcel de Soto del Real.

Conozco los detalles de lo que se va gestando. Algunos los he sabido mientras se desarrollaban los hechos; otros, me han sido narrados después. Por eso he podido reconstruir el puzle y encajar cada pieza en su sitio.

Es que Luis está cerrando el acuerdo con Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado, quienes han cenado con Rosalía y visitarán la cárcel de Soto del Real. Javier se ocupará de la defensa de Luis y María Dolores de la de Rosalía. Tiene sentido que Luis haya autorizado a Durán para dar este mensaje. Es el abogado de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y ha usado el original de la caja B sin éxito para persuadir al PP de que desde el Gobierno se sustituyeran a las fiscales del caso, Concha Sabadell y Miriam Segura. Esta reunión en la cárcel sirve para compartir información. La aparición pública de Durán tras esta visita es una señal dirigida también a sus interlocutores, próximos a María Dolores de Cospedal. Les está diciendo que no iba de farol cuando les aconsejaba, hace ahora un mes, a primeros de junio de 2013, introducir cambios en la Fiscalía. Para ello exhibía el papel original.

Luis, Francisco Correa y Pablo Crespo están coordinando sus esfuerzos. Durán es el vértice de esa colaboración y buena vecindad. Y hacerlo público forma parte de la nueva estrategia procesal. Ya lo ha dicho Durán tras visitar a Luis en Soto del Real el lunes 8 de julio. Luis tiene información que puede hacer caer al Gobierno de Mariano Rajoy.

Los tres, por otra parte, según acaban de confirmar las autoridades suizas al juez Ruz, tienen bloqueados en sus cuentas respectivas 39 millones de euros. Aunque Correa posee la parte del león, 20 millones de euros, las cuentas de Luis y de su empresa Tesedul, acogida a la amnistía fiscal, en el LGT Bank y Lombard Odier, lucen conjuntamente 17,5 millones de euros. Crespo, por su parte, tiene 1,5 millones.

El SEPBLAC informa al juez de que hay otras cinco cuentas bancarias de Luis en la entidad CaixaBank. En esos depósitos, que se suman a la docena de cuentas ya localizadas durante la instrucción del caso Gürtel en España, Suiza y Estados Unidos, se han producido numerosos movimientos de dinero en los últimos años, cuando se investigaba a Luis. Estas cuentas fueron abiertas en Caja Navarra, en la sucursal de Juan Bravo 3, allí donde Luis trabó conocimiento con el hermano del padre Francisco Santos. Esta ha sido una de las entidades que se integraron en Banca Cívica, posteriormente fusionada con la Caixa para crear CaixaBank.

La publicación de su conversación con el director del diario El Mundo coloca a Luis en un punto de no retorno, fuerza la nueva estrategia procesal, la convierte en un hecho. Máxime cuando Luis está entre rejas.

El anuncio de la renuncia de los abogados Bajo y Trallero va acompañado de quejas de los letrados por el comportamiento de Luis. Nada les ha dicho de la conversación con Pedro J. Ramírez, pero en este punto Luis se defiende: no les da cuenta de todos sus movimientos y al no tratarse de una entrevista para publicar, ¿por qué razón iba a hablarles de ella?

Los letrados que le acaban de abandonar también señalan que al publicarse los papeles en el diario El País Luis les negó la autoría de los mismos. Aunque en este punto dicen: tanto si fuese el autor como si no lo fuese había que negarlo. Y también se quejan de que a sus preguntas sobre si poseía dinero en el extranjero, en Suiza, Luis siempre ha respondido negativamente.

En sus visitas a la prisión de Soto del Real, Gómez de Liaño explica que la estrategia la dirigirá él. Y aclara en qué va a consistir: destapar hasta donde sea posible la actividad de Luis dentro del PP contando la verdad.

Luis ha sido citado a declarar el lunes 15 de julio por el juez Ruz precisamente para contestar sobre los papeles de los cuales ha negado ser autor. ¿Está en condiciones de acudir a esta cita en el plazo de tan pocos días? ¿Cree que es necesario prepararla con más tiempo y para ello solicitar al juez Ruz un aplazamiento que no tendría nada de extraño habida cuenta de que se ha producido un cambio de abogados? ¿Es conveniente?

Gómez de Liaño y Luis están de acuerdo en un punto: la dinámica que ha creado la publicidad de la conversación no debe ser frenada. Esa dinámica, por otra parte, va a conocer un acelerón con la prevista declaración de Pedro J. Ramírez el día 11 de julio.

Luis presta, pues, su acuerdo y deja en manos de Gómez de Liaño la estrategia. Dada la estrecha amistad y colaboración entre el letrado y Ramírez, la estrategia procesal contará con el apoyo de artillería lo más pesada posible. Luis le dice a Gómez de Liaño que hable con Rosalía para que le aporte la munición que sea necesaria.

Rosalía controla los cuatro teléfonos de Luis y su tableta. En los teléfonos se almacenan decenas de SMS intercambiados por Luis con Rajoy. El letrado revisa con la esposa de Luis más de treinta SMS. Se hace una selección de los mismos. Rosalía se encarga de fotografiar las pantallas y entregar los pantallazos al diario.

El plan es reanudar el bombardeo sobre Rajoy y el PP exactamente una semana después de hacer pública la conversación, es decir, en la edición del diario del domingo 14 de julio, la víspera de la declaración de Luis ante el juez Ruz. Ramírez comenta con un programa de televisión, que se emite los sábados hasta entrada la madrugada del domingo, que va a aportar una bomba informativa el domingo 14 relacionada con Luis. Se pacta, pues, que el programa enviará una cámara para hacer una entrevista con el director de El Mundo sobre esa bomba.

Ramírez cree que la publicación de los SMS es la pieza que le permitirá lograr el jaque mate a Rajoy. ¿Por qué? Porque estos mensajes son posteriores a la aparición de la primera cuenta suiza de Luis en el LGT Bank, la de los 22 millones de euros, y a la publicación de los llamados Papeles de Bárcenas. Y ofrecen la relación entre Luis y Rajoy en la intimidad.

Pero el periodista todavía tiene alguna carga de profundidad de las que Luis le ha contado sin desvelar. Y no va a desaprovechar la oportunidad de su declaración ante el juez para proporcionar titulares. De la doble página del original ya se hablado lo suficiente durante estos tres días que han precedido al jueves 11 de julio…

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DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

Fue uno de los contables de Alfonso Capone el que permitió cazar al gánster con fuertes relaciones políticas en el Partido Republicano. Eso ocurrió en Estados Unidos durante el verano de 1930. Pero nada se hubiera podido hacer sin la Corte Suprema de Estados Unidos y, sobre todo, sin una sentencia de 1927. Hasta entonces los beneficios de negocios ilícitos o actividades criminales no tributaban. El tribunal, a raíz del caso de un contrabandista, estimó que suponía un fraude de ley de la Quinta Enmienda, según la cual nadie está obligado a autoincriminarse en un delito, defender el derecho de una persona a ocultar sus ingresos. Capone había dicho: «El Gobierno no puede recaudar impuestos legales de dinero ilegal». El juez Oliver Wendell Holmes Jr. lapidó este concepto: «Carece de fundamento que un negocio por ser ilícito este exento de pagar los impuestos que abonaría caso de ser legítimo».

La sentencia permitió a los investigadores del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, procesar a varios gánsteres por evasión de impuestos. Este fue el asunto que Frank J. Wilson, nombrado por la unidad especial de investigación del IRS, comenzó a indagar sobre Capone. Tuvo una ayuda inestimable: un libro mayor, manuscritos con entradas y salidas de dinero, hallados durante una entrada y registro, en 1926, en un establecimiento de venta de tabaco llamado Hawthorne, en Chicago. Las anotaciones dejaban constancia de las fuentes y de la asignación de fondos a diferentes nombres. Uno de ellos era «Al». El contable se llamaba Leslie Shumway.

Los agentes de Wilson lograron identificar la letra de Shumway en los papeles, le localizaron en Florida y le llevaron para conversar al Miami Federal Building. Allí, bajo amenaza de enviarle una orden de comparecencia ante un juez, Shumway decidió colaborar y descifrar los papeles. Inmediatamente se prestó a firmar una declaración jurada.

Los libros que llevaba Shumway y los de Luis, que él ha definido como libros de un colmado o de una tienda de ultramarinos, son como dos gotas de agua. Pero a diferencia de Shumway, a Luis le ha llevado su tiempo decidirse a confesar y está a punto de hacerlo porque se ha creado una situación de facto, forzada por la conversación que ha publicado un periódico, y los consejos de su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño, amigo a su vez del director de dicho diario.

Pedro J. Ramírez presta testimonio el 11 de julio. Ratifica los términos de la conversación. Pero da un titular. Dice al juez que Luis le habló de un donante que en las últimas elecciones de 2011 (sin especificar si para las municipales y autonómicas de marzo o las generales de noviembre) quiso hacer una aportación al partido de 300.000 euros. El donante, según la versión, tenía interés en que Rajoy lo supiera. Este tipo de regalos los da una persona de poder que quiere ser recordado. Luis y su antecesor, Álvaro Lapuerta, remitieron a ese donante, cuyo nombre queda en el aire, al entonces tesorero José Manuel Romay Beccaría.

Este mismo día 11, Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado se trasladan a Soto del Real. Mantienen un diálogo de hora y media con Luis, y a la salida, Gómez de Liaño anuncia lo que ya es un secreto a voces: asume la defensa de Luis. Su esposa se hace cargo de la defensa de Rosalía Iglesias. Al día siguiente, en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, el abogado aclara: «El que manda soy yo».

Explica que Luis será disciplinado. «Si yo he asumido la defensa es porque él se portará bien, él ha asumido ese compromiso». Recalca que no se dejará influir por ningún medio de comunicación y que su defensa será jurídica y no «radiada». Y añade: «La verdad está por encima de todo, si no hay verdad, no hay justicia».

Está decidido. La declaración será el lunes 15 a las diez de la mañana de acuerdo con la citación del juez Ruz. Para ello, Luis ha encargado a Rosalía y a su nuevo abogado que recojan el material que va a aportar al juez. Lo tiene a buen recaudo en su casa. Son nueve carpetas de colores con los originales de la contabilidad manuscrita, documentación sobre donativos y pagos, y un pendrive que recoge, entre otros datos, aquellos años (1993 completo, 1994 y 1995) en los que Luis llevaba los ingresos y pagos de forma mecanizada en hojas de cálculo Excel.

Pero todavía faltan cuatro días para el lunes 15. El mismo día 11, el fiscal Antonio Romeral se pronuncia sobre un escrito del querellante, Izquierda Unida, que solicita la declaración de tres secretarios generales del PP: Cospedal, Arenas y Álvarez-Cascos. El fiscal solo ve necesidad de que se tome declaración a la secretaria general del PP «o a su representante legal» para que explique «la recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido». Rechaza la comparecencia de los otros dos secretarios generales.

Pero Luis ya se da con un canto en los dientes con la citación de Cospedal. Sabe que si lo pide el fiscal no habrá problemas por parte del juez. Es a ella a quien culpa de todos sus males. El hecho de que comparezca ante el juez le estimula de cara a su propia declaración. Ya se encargará de aportar material al juez para que la interrogue con datos en la mano.

El sábado 13, el director de El Mundo prepara la artillería previa a la declaración de Luis el próximo lunes. Entre Rosalía y Javier Gómez de Liaño han descartado decenas de SMS que ponen de relieve la relación estrecha entre Luis y Rajoy. Se concentran en lo que entienden que es más espectacular. Empiezan por un mensaje de Rajoy a Rosalía.

El domingo 14, una semana después de la conversación, el diario reproduce en portada diez pantallazos sobre el titular:

BÁRCENAS GUARDABA SILENCIO POR EL APOYO QUE LE DABA RAJOY

Empieza con el mensaje del 22 de mayo de 2011, el día en que Mariano Rajoy obtiene una victoria resonante en las elecciones municipales y autonómicas. Más bien es el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero el que se hunde. Rosalía le ha enviado un SMS de enhorabuena. Rajoy, en la madrugada, responde:

Rosa, gracias, eres un encanto. Yo estaré ahí siempre, al final la vida es resistir y que alguien te ayude, tampoco hacen falta muchos. Un beso, y otra vez gracias

El 1 de septiembre, al conocerse la decisión del juez Pedreira de archivar la causa contra Luis, escribe Rajoy:

Muchas felicidades Rosa. Esperemos todo se confirme. Un abrazo y a Luis otro. Mariano.

Mensaje de Luis del 21 de febrero de 2012:

Mariano la nota tiene que ser del Partido; se están dando datos que no coinciden con la Contabilidad Del Partido. Como Lo voy a certificar yo. Hubo además un concurso y Se Presentaron 5 agencias. Yo no era El Tesorero. Si no lo hace El partido nos dejas a los pies de los caballos y creo que ya hemos sufrido bastante. Dale instrucciones a Prensa por favor. Gracias.

Mensajes del 23 de febrero de Rajoy:

Vale.

No es cierto Luis. Para que va a hacer daño. Yo hable con ella… Esto no es facil, no hay que equivocarse. Tranquilidad… Es lo unico que no se puede perder. Un abrazo.

Mensaje de Luis del 26 de febrero de 2012:

Perdon por la insistencia. Pero es necesario. Tienes un nombre que te dio tu interlocutor. Cualquier otra cosa es mantener la situación como esta o empeorarla… No hay otra solución viendo el comportamiento sectario. Ya no podemos más. Gracias y un abrazo.

Mensaje de Rajoy de 26 de febrero:

Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo.

Mensaje de Luis del 26 de febrero:

Hable con nuestro amigo. Gracias. Es fundamental que tengas en cuenta el nombre que el te Propuso para ese puesto. Un abrazo.

Mensaje de Rajoy del 10 de abril de 2012:

Mañana no puedo.

Viernes a las 17h.

Mensaje de Luis del 18 de enero de 2013:

Querido Mariano, le he trasladado a Marilar la improcedencia de que yo Haga un comunicado para contrarrestar la filtración de Cospedal al Mundo. Yo, después de mirar ayer el partido para otro lado, no tengo credibilidad. Debe salir ella y pedir que el Mundo aporte las pruebas. Conmigo puedes contar siempre y sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado. Un abrazo fuerte. Luis

Mensaje de Rajoy del 18 de enero de 2013:

Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamare. Un abrazo.

Mensajes de Luis del 20 de enero y 5 de marzo de 2013:

Estoy tranquilo y soy fuerte. Estas de acuerdo con las órdenes que se han dado en el partido con respecto a mi? Te ruego que me llames, como quedaste, para saber donde estamos. Es urgente. Gracias.

Mariano necesito hablar con Javier. Como le dije a Matari os estáis equivocando. Los papeles supuestamente de Álvaro y míos están judicializados penalmente en Plaza Castilla y ahora pendientes de la Decisión de Ruz. Yo sí tengo las ideas claras. Abrazos.

Mensajes del 6 de marzo de 2013, llamada de Rajoy y SMS de Bárcenas:

[Teléfono de Rajoy] Le ha llamado a las 10:08 el 06 mar

Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado pero no he podido hablar contigo

Mensaje del 14 de marzo de 2013:

Mariano vergonzoso el comportamiento esta tarde de los dos abogados del Partido. No han permitido que las personas que he enviado Verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tu me autorizastes. Tu sabrás a que estáis jugando, pero yo quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido.

La entrada en pantalla de Pedro J. Ramírez después de la medianoche del 13 de julio se frustra. El programa en el que se iba a proyectar la entrevista decide no contar con su presencia.

La tarde del domingo del 14 de julio, Gómez de Liaño visita a Luis en Soto del Real para repasar algunos aspectos de la declaración. Después de una reunión de varias horas, a la salida, rodeado de una nube de periodistas las preguntas giran en torno a un tema: los SMS. «Estoy convencido de que Bárcenas no sabía nada, porque además no tiene fuente de información al estar encarcelado y este letrado tampoco sabía nada», declara.

El lunes 15 de julio, Luis llega a la Audiencia Nacional sobre las 09.25 horas, casi una hora antes de la señalada, las 10.30, en un furgón escoltado desde la cárcel de Soto del Real por tres vehículos, dos de ellos camuflados. Es la primera vez que Luis va a declarar ante el juez por los llamados Papeles de Bárcenas. La primera vez que fue citado para prestar declaración sobre este asunto, el 21 de marzo, se negó a hablar.

[…]

—Cuando entra el señor Lapuerta de tesorero, ¿conoce este sistema? —pregunta el juez.

—Sí, claro —responde Luis.

—¿Y quién se lo participa, usted o alguna otra persona en el partido?

—Yo me imagino que él hablaría con el presidente y con el secretario general del partido, lógicamente, que eran las personas que como figura ahí percibían cantidades. Pero en cualquier caso, yo lógicamente le conté la situación, claro.

—El señor Lapuerta, cuando usted se lo cuenta, ¿ya lo conocía por estos terceros de los que habla usted o por algún otro? ¿O fue usted quien primero le dio la noticia de este sistema que se seguía?

—No, yo creo que él tiene una conversación en la que se le explica cómo funciona el tema en cuanto a las aportaciones, que hay unos complementos salariales para distintas personas para compensar el nivel de retribuciones, y la instrucción se la dan a él, que es el que puede decidir sobre el manejo de esos fondos como receptor de los mismos.

—¿Y sabe, en concreto, quién le habla de esa instrucción al señor Lapuerta?

—No, lo desconozco.

—Lo desconoce. Vamos a ver, en esa documentación, ¿se le da a usted algún encargo o alguna instrucción, en el sentido de que esto va a ser paralelo a la contabilidad oficial o de que no va a tener reflejo en la contabilidad oficial del partido? ¿O eso era una evidencia en atención a la forma en la que se llevaban los documentos?

—Era una evidencia. Era dinero en efectivo, y los pagos se hacían en efectivo y, lógicamente, estaba tan claro que era así, que salvo el tesorero, y entiendo que los secretarios generales del partido, presidentes y yo mismo, nadie tenía conocimiento de esto, ni el cajero, señor Molero, que declaró aquí, ni nadie, absolutamente nadie.

—Por eso quería preguntarle, si puede ser más exacto, ¿quién ha tenido conocimiento de esta operativa durante todo el tiempo en el que han durado estas anotaciones? Si no me equivoco, desde el año 1990 hasta el año 2008, ¿verdad?

—Pues, desde mi punto de vista, todos los perceptores de cantidades, lógicamente, el tesorero, los distintos tesoreros que ha habido, y yo mismo. Y muy al final, concretamente cuando en febrero de 2009 empieza el caso Gürtel, tuvo conocimiento el gerente que me sustituye en el partido, Cristóbal Páez, porque había una cierta preocupación en el partido con la posibilidad de que hubiese un registro en el inicio del procedimiento, y yo, una parte importante de la documentación, entre la que está fundamentalmente esa, se la di al gerente, y él la tuvo en su poder durante cuatro meses, quiero recordar, o algo así, hasta que la volví a recuperar.

—¿Cuándo recuperó usted esta documentación?

—Pues como le estoy diciendo…

—¿Junio o julio de 2009?

—Junio o julio de 2009, sí.

—Y durante ese tiempo, ¿la tuvo el señor Cristóbal Páez y alguna otra persona?

—Exclusivamente él.

—¿Y usted la recuperó del señor Cristóbal Páez?

—Yo la recuperé, se la pedí cuando, digamos, se tranquilizó un poco la alarma que había en relación con este tema; le pedí que me devolviese la carpeta.

—Las anotaciones llegan hasta el año 2008, ¿tiene usted conocimiento de si hay anotaciones posteriores en el tiempo?

—Vamos a ver, las anotaciones, efectivamente, llegan hasta el año 2008, aunque hay pagos hasta el 2010.

—Y esos pagos hasta el 2010, ¿sabe dónde se registraron?

—No se registraron en ningún sitio porque la carpeta o las carpetas, como le he dicho, durante cuatro meses yo no las tuve en mi poder. Pero había un saldo en la caja, un saldo en efectivo que yo distribuí, y en el mes de marzo de 2010 recibí una cantidad de Pontevedra. Es decir, independientemente de lo que se ha dicho, yo seguí ejerciendo hasta marzo de 2010 como tesorero del partido, con algunas limitaciones, pero, en fin, seguía ejerciendo. Y en el año 2010 se recibieron 50.000 euros de Pontevedra, concretamente, y esos 50.000 euros evidentemente yo no me los quedé, sino que los entregué.

—¿Y a quién se los entregó usted?

—25.000 euros a don Mariano Rajoy y 25.000 euros a doña María Dolores de Cospedal.

—Y estas entregas, ¿recuerda cuándo se hicieron y de qué forma se hicieron?

—En el mes de marzo de 2010, aproximadamente. Los 25.000 que le entregué al presidente en su propio despacho, y los 25.000 de María Dolores de Cospedal en el despacho de ella, en el Senado, que era contiguo al mío.

—¿También en marzo de 2010?

—En las mismas fechas más o menos, y unos días antes de que yo dejase definitivamente tanto la tesorería como mi puesto en el Senado.

—¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma?

—En metálico, en billetes de 500 euros.

—¿Y en sobre o de alguna otra forma?

—En un sobre de color marrón con el nombre de cada uno de ellos.

—¿Y había alguna otra persona presente en estas entregas?

—Exclusivamente yo.

—¿Es esta la última entrega en la que participa en cuanto a sus responsabilidades dentro del partido?

—Esta es la última entrega.

[…]

—Yo le requeriré ahora para que me entregue todo lo que explica o puede ser documentación adicional de esto que nos habla usted, las salidas que aparecen aquí registradas en estos documentos.

—Bueno, pues están, básicamente, toda la justificación de eso y además un documento que me firmó el gerente regional de Toledo por la entrega de 200.000 euros que procedían de una empresa en concreto y que yo entregué personalmente al gerente regional del partido en Castilla-La Mancha, que es este documento.

—Mire, cuando nos habla usted de todos esos pagos, le tengo que preguntar, ¿el Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por esos pagos, o eran pagos, lo que se entiende por pagos con dinero en negro?

—No se hacía ninguna retención. Se entregaba el dinero en efectivo directamente en un sobre, lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención.

[…]

—Por eso le quería preguntar por qué usted aporta algunos recibís, pero hay varias operaciones de entrega de dinero en las que no aparece recibí alguno, sin perjuicio del examen de la documentación que usted aporta. ¿Cuál era la táctica o la tónica normal? ¿La firma de un recibí o no? ¿O lo excepcional era la firma?

—Vamos a ver, en las entregas de fondos a personas del partido, a personas con cargo político en el partido, no se les pedía la firma en el documento, por eso hay alguna nota aclaratoria en alguna percepción, concretamente de Federico Trillo Figueroa, del porqué se le están pagando esas cantidades. Precisamente por eso existen los documentos. La mecánica no era solamente la existencia de esa contabilidad, por llamarla de alguna forma, sino que había una documentación parecida pero en un soporte distinto. Eran unas tarjetas pequeñas que llevaba el propio tesorero Álvaro Lapuerta. Él anotaba cuándo recibía al donante. Lo normal era que cuando el donante llegaba incluso yo estuviese ya en su despacho. Le avisaban de que venía la visita y yo ya estaba allí.

—Espere, ahora me cuenta eso, le quiero preguntar más detenidamente sobre eso. La cuestión era únicamente de conocimiento general, lo normal era la firma de recibís, y me dice usted que a los cargos del partido no se les pedía, y que se pedía en otros pagos.

—Eso es.

—Describa de qué manera se realizaban las donaciones. Vamos a detenernos ahora en las entradas de dinero en el partido, y qué intervención tenía usted y tenía el señor Lapuerta.

—Bueno, las donaciones tenían tres vías fundamentalmente: 1) La percepción o la recepción de un determinado donante por parte del presidente o del secretario general del partido; en ese caso, el presidente o el secretario general llamaba al tesorero y le entregaba la cantidad que había recibido y le decían, normalmente, quién era la persona que había hecho la entrega. El tesorero bajaba, me decía que esa cantidad correspondía a lo que correspondía, yo la metía en la caja fuerte y hacía la anotación. Previamente él, como he dicho, en un control que él llevaba directamente, anotaba también la fecha, el concepto por el que se recibía la cantidad y la cantidad recibida, tanto cuando eran ingresos como cuando había salidas. Eso es lo que justifica el que haya unos visés en las hojas. Periódicamente, Álvaro Lapuerta me pedía que hiciésemos una comprobación para ver que el saldo coincidía con la cantidad que tenía que haber en caja, en definitiva. Y entonces, chequeaba él su contabilidad, por llamarla de alguna forma, con la que yo llevaba, por llamarla también de alguna forma, y si coincidían los saldos en ese momento, para no tener que partir de nuevo y comprobarlo todo, y dar por bueno que habíamos cerrado. En fin, que estábamos de acuerdo en el saldo arrastrado hasta esa fecha, visábamos los dos en el margen del documento, de tal forma que la siguiente vez que hacíamos una comprobación ya partíamos del saldo al que los dos le habíamos dado conformidad.

—Mire, el señor Lapuerta dice [usted] que también llevaba unas tarjetas en las que anotaba estas cantidades.

—Eso es.

—¿Era su forma de anotar y de comprobar luego con sus documentos?

—Era la forma de contrastar conmigo.

—El señor Lapuerta en principio ha negado que las firmas que aparecen ahí como visés son suyas, ¿sabe usted el porqué se ha negado o lo desconoce?

—Yo no. Yo también he negado. Lo desconozco.

—Bien. Me decía que esa era una de las formas, la previa presentación por el presidente o secretario general, ¿qué otras formas había? Ha referido dos más o una más.

—Y la otra forma es que algún cargo electo del partido, por ejemplo, o alguna persona recomendase al tesorero del partido a una persona de su provincia, de su región, que quería colaborar con el partido. En ese caso, el tesorero recibía a la persona que le recomendaban y se materializaba la percepción del donativo.

—¿A estos donantes se les entregaba un recibí o algún documento que acreditara la entrega de esa cantidad?

—Vamos a ver, estos donantes, salvo en algunos casos, normalmente no querían un recibí como tal. Si el dinero era dinero percibido, además, por empresas que contrataban con administraciones públicas, pues no se podía dar un recibo. Lo que sí se entregaba, en algún caso, era una fotocopia del ingreso en el banco, cuando el dinero no se quedaba en la caja del partido, sino que se ingresaba en el banco. Bajaba el cajero o un ayudante que tenía el cajero, Antonio Ortiz, al banco, el donante esperaba y al propio donante se le daba una fotocopia o el original del documento con el ingreso, en el que ponía: «Por entrega del Partido Popular», no «por entrega de él», pero para que tuviese constancia que en el mismo momento que estaba entregando la cantidad, la cantidad quedaba ingresada en el banco.

—¿Pero eso solo se hacía en alguna ocasión?

—Solo en alguna ocasión.

—¿Y de qué dependía que guardaran el dinero en caja o de que lo bajaran en ese mismo día, o esa mañana o esa tarde a la entidad?

—Dependía. Si el dinero se guardaba en la caja, en ningún caso se daba ni recibo, ni lógicamente ingreso, porque no se ingresaba en el banco. Si el dinero se ingresaba en el banco […]

—No, ¿pero la decisión de guardar el dinero en la caja o de ingresarlo en banco era aleatoria?

—No, no era aleatoria. En función de los compromisos fijos de pago que había mensualmente, se mantenía periódicamente una cierta cantidad en caja, en efectivo, por si surgía alguna necesidad adicional a los pagos fijos que había comprometidos todos los meses, que eran las retribuciones complementarias de cargos electos.

[…]

—Aparte del señor Lapuerta y usted, ¿en alguna ocasión ha participado algún otro empleado del partido o tercera persona en la recepción de esas cantidades de los donantes? Que estuvieran delante justo cuando se entregaba el dinero.

—En el acto de recepción del dinero, no. En el acto en el que estaba el donante, como he dicho antes, e ingresábamos el dinero en el banco, el cajero, Luis Molero en este caso, siempre entraba en el despacho se le hacía entrega [se le decía]: «Este señor ha traído esta cantidad, bajas al banco y la ingresas».

—¿Existieron entregas de cantidades por encima de los límites legales, sucesivamente, ya conoce usted, 60.000 euros o 10.000.000 de pesetas hasta el año 2007, y 100.000 euros a partir del año 2007?

—Sí, claro.

—¿Habitualmente u ocasionalmente?

—Habitualmente. De hecho hay bloques en el soporte documental que se ha aportado. Hay unos cuantos bloques de ingresos donde precisamente se indica la persona que entrega la cantidad y se ve que están fraccionados para que no supere los límites.

—¿Y hubo instrucciones por su parte al señor Luis Molero o a alguna otra persona para hacer los ingresos de forma fraccionada en el banco y que en la misma fecha no fuera un importe superior al límite legal?

—Evidentemente el tesorero y yo le dijimos al cajero lo que tenía que hacer con los ingresos, cómo tenía que ingresarlos.

—La existencia de donaciones por encima de los límites legales de las leyes de financiación de partidos políticos, ¿por quiénes eran conocidas en el partido? Es decir, ¿quién conocía en el partido que había donaciones o que se estaban recibiendo donaciones en efectivo por encima de los límites legales? Aparte de usted y el señor Lapuerta.

—Yo entiendo que como mínimo el presidente y el secretario general.

—¿En las sucesivas etapas?

—Eso es. Fundamentalmente por un motivo, porque cada vez que había un donativo y lo recibía directamente Álvaro Lapuerta, él subía a ver al presidente o al secretario general y le decía: «Oye, ha venido a vernos tal persona, y nos ha entregado esta cantidad».

—¿Y se informaba al presidente o al secretario general del monto global, de la cantidad que estaba entregando esa persona?

—Eso es.

—¿Eso lo hacía el señor Lapuerta?

—Eso lo hacía el señor Lapuerta.

—¿Y usted iba con él en alguna ocasión?

—No.

—¿Y esto lo conoce porque se lo ha contado el señor Lapuerta?

—Yo esto lo conozco porque era la sistemática habitual. Terminábamos la reunión y pedía ver al secretario general o al presidente y subía a trasladárselo.

—¿A usted algún donante le ha contado lo que se hablaba en esas reuniones con el secretario general o el presidente?

—No, yo no he dicho que el donante estuviera con el secretario general o el presidente.

—¡Ah! No estaba. Era solo el señor Lapuerta.

—El señor Lapuerta recibía a la persona que entregaba el donativo, en presencia mía, insisto. Yo no sé si alguna vez ha recibido a alguno que no estuviese en mi presencia, pero a mí me avisaba siempre y yo estaba con él en muchísimas ocasiones y con el donante, y una vez que el donante se había ido era cuando, no automáticamente sino a lo largo de la mañana, o si no había congreso, por la tarde, subía e informaba: «Ha estado tal persona y ha entregado tal cantidad».

—Bien, y también ha mencionado usted, pero para que quede claro, que han recibido donaciones o entregas de dinero por parte de personas vinculadas a empresas con contratos en vigor con la Administración Pública, de suministros o servicios como dice la ley…

—Todas las empresas que figuran ahí. Fundamentalmente el 95 % de los donativos que se recibían procedían de empresas que licitaban con administraciones públicas y que concursaban y tenían contratación con administraciones públicas, en los distintos niveles de la Administración.

—¿Y esto también, siguiendo con su explicación, se conocía por el presidente o el secretario general del partido en las diversas etapas?

—Efectivamente.

—¿Sabe usted, recuerda quiénes están imputados en esta pieza separada con usted? Hay un grupo determinado de personas físicas vinculadas a una serie de empresas que aparecen identificadas por las anotaciones contables.

—Sí. Yo creo que imputados: Álvaro Lapuerta y […]

—No me los liste. Simplemente si los recuerda, de los imputados que están en la pieza, ¿recuerda usted haberse reunido con alguno de ellos y que alguno de ellos haya participado en donaciones?

—Sí, claro. Todos los que figuran en esa relación han estado con Álvaro Lapuerta y conmigo. En unos casos en el despacho de Álvaro Lapuerta y en otros casos hemos comido juntos incluso, los tres.

[…]

—Vamos a ver, efectuado ya el análisis de las personas donantes, y al menos las que aparecen identificadas, las otras las ha identificado aquí usted, las donaciones que partían de empresarios con contratos en vigor con las administraciones públicas, ¿nos puede decir si por su parte o por parte del señor Lapuerta, o por parte de alguien del partido, se efectuaba alguna gestión con posterioridad, en cuanto a algunos de esos contratos que ya tenían o contratos o adjudicaciones o licitaciones futuras?

—Vamos a ver. Yo sobre ese tema le cuento la realidad: efectivamente, estábamos incumpliendo la ley de financiación de partidos políticos porque los donativos superaban normalmente la cuantía permitida, y las personas que donaban no podían hacerlo porque la ley expresamente lo prohibía. Pero una vez dicho eso, los donativos jamás han sido finalistas, salvo uno en Castilla-La Mancha recientemente, en el año 2007, pero nunca han sido finalistas.

[…]

—Bien, nos ha hablado usted de que hay una excepción a todo eso y que se refiere a un pago de 200.000 euros. Yo le rogaría que aquí fuera lo más minucioso posible en cuanto a la explicación de la ubicación, el tiempo en el que ocurre eso, y en qué gestiones es usted observador o testigo o partícipe en ese acto.

[…]

— […] Vamos a ver, hay una conversación en el mes de… yo creo que es marzo de 2010, en la que realmente estoy muy molesto con María Dolores de Cospedal. Se trata de una reunión un viernes por la tarde en el despacho de Mariano Rajoy en Génova 13, a la que asiste mi mujer, asiste Javier Arenas, el presidente del partido, Mariano Rajoy, y yo. En esa conversación hablamos un poco de todo. Yo estoy dejando ya definitivamente el partido, he quedado en que voy a seguir cobrando del partido, que voy a seguir teniendo el coche y el conductor, la secretaria, y voy a tener un despacho, que Javier Arenas me dice que me vaya a la planta suya, la tercera, y así estamos cerca. En esa conversación, en un momento determinado, le traslado a él, fundamentalmente, mi indignación por el acoso al que me está sometiendo mediáticamente María Dolores de Cospedal, que está filtrando permanentemente contra mí. Y en un momento, digamos, de acaloramiento, le digo la realidad, le digo: «Mariano, o paras a María Dolores», no a «esta tía», como se ha publicado, «o paras a María Dolores o te quedas sin secretaria general y sin candidata en Castilla-La Mancha».

»Eso es real. Contextualizo ahora a qué me estaba refiriendo. Le explico la operación porque sigo en la conversación, y hay tres testigos, y digo: «Porque Álvaro Lapuerta y yo no hemos hecho ninguna cochinada con el tema de las donaciones, pero la única operación irregular que se ha hecho aquí es la que ha hecho María Dolores en Castilla-La Mancha». Y ahora entro a contar la operación de Castilla-La Mancha, que la conté en esa conversación, ¿no?, puntualmente.

»Bueno, en un momento determinado en el año 2007, ya no recuerdo a través de quién, pero María Dolores de Cospedal, a la que yo no conocía, entra en contacto conmigo. Ella era senadora y me dice que quiere plantearnos un tema relacionado con donativos, ¿no? Yo le digo que bueno, que nos vemos cuando ella quiera, y aprovechando una sesión que teníamos en el Senado, creo recordar, una tarde, tendría que recuperar mis agendas para ver las fechas, pero creo que es una tarde, me dice que lo que ella quiere saber es si Álvaro y yo podemos conseguir que, en fin, Luis del Rivero le reciba en Sacyr Vallehermoso. Yo le digo que lo voy a hablar con el tesorero, con Álvaro, pero que me imagino que no habrá ninguna dificultad, que tenemos cierta relación con él, que hemos comido en varias ocasiones y que, en fin, que la relación con él es buena. Lo comento con Álvaro Lapuerta, y Álvaro me dice que esa gestión no la quiere hacer. Él no le tenía especial simpatía a Luis del Rivero, a pesar de que su sobrina, que es abogada del Estado, era la secretaria del consejo de administración de Sacyr Vallehermoso, y quedamos en que fuera yo el que hiciera la gestión. Yo llamo a Luis del Rivero, le digo que me gustaría verle para presentarle a unas personas. Él me dice que sí. Me da una fecha. Yo llamo a María Dolores de Cospedal y me dice que asistirá a esa reunión Vicente Tirado, que es el actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

»Llegamos a la reunión. En ella estamos el señor Tirado, el señor Del Rivero y el que era entonces consejero delegado y actual presidente de Sacyr, Manolo Manrique, y yo mismo. En esa reunión lo que plantea este señor del que he hablado antes, el que está en el Parlamento, Vicente Tirado, es que están en campaña electoral, que María Dolores tiene muchísimos gastos por la campaña y que les gustaría contar con una aportación de cierta importancia para ayudar al desarrollo de la campaña. Preguntan la cantidad y, si yo no recuerdo mal, la cantidad debía de rondar…, en fin, que se podían arreglar con unos 700.000 euros, 600.000-700.000, aproximadamente. Tengo esa primera conversación y desde ese momento digo: «Bueno, yo ya os he presentado y no quiero saber nada. Este es un tema de Castilla-
La Mancha y yo no quiero saber absolutamente nada, tenéis vosotros la relación bilateral que queráis tener, pero yo me he limitado a hacer la presentación».

»Con posterioridad a eso, probablemente en la fecha que figura en el recibo o unos días antes, el señor Tirado y la persona…, no sé con quién cierra el acuerdo, no sé si es con Manrique o es con Del Rivero, pero la persona con la que él cierra el acuerdo me llama por teléfono y me dice: «Estoy intentando localizar a Vicente Tirado para darles la cantidad que comprometimos, pero no lo localizo. Hazme un favor porque lo tengo aquí. Envíame a alguien que lo recoja o si puedes tú, o tienes que salir, te acercas a recogerlo».

»Pero yo ya no recuerdo si fui yo personalmente… Me parece que sí, que fui yo personalmente y me lo dio don Manuel Manrique, ¿no? Y me entregó la cantidad en cuestión, que era una cantidad a cuenta de las cantidades que tenía que entregar. Yo recibí esa cantidad y yo no sé si el mismo día, o a los dos días…

—¿Cuánto era esta cantidad?

—La que figura en el recibo que está por ahí aportado. Yo ya no me acuerdo.

—¿A qué documento está usted haciendo referencia en relación con esta operación? Por tenerlo a la vista.

—Ese es el documento.

—Aquí pone: «He recibido de Luis Bárcenas con fecha 01/02/2007, 100.000 euros, y con fecha 28/03/2007, 100.000 euros».

—Eso es.

—«Madrid, 28 de marzo de 2007», y pone: «Firmado: José Á. Cañas Cañada».

—Ese es el gerente regional de Castilla-La Mancha. Yo lo que hice es que cuando recibí las cantidades llamé al gerente. Como el dinero era de Toledo, no era de la nacional, ni siquiera pasó la anotación, lógicamente, por lo que era la contabilidad B nuestra. El sobre, tal y como yo lo recibí, lo dejé en la caja, avisé al gerente regional del partido y le dije que se pasase por el partido sin darle ninguna explicación, que tenía que recoger una cosa para entregársela a Vicente Tirado o a María Dolores de Cospedal. Entonces el gerente se pasó, me firmó el recibo, yo me quedé con el recibo y él se llevó el sobre con el dinero.

—¿Previamente le habían dado a usted las dos cantidades por separado?

—Eso es.

—Y esas cantidades por separado, ¿dice usted que había ido a recogerlas personalmente? O cree que sí…

—Le he dicho que no recuerdo, le he dicho que creo que por lo menos una de las cantidades la recogí yo, que además me quejé y le dije: «Vamos a ver, yo de este tema no quiero saber nada». Y él me dijo: «No, es que es imposible, es que tengo las cantidades y no consigo localizar a Vicente Tirado porque está en el Parlamento o yo no sé qué historia». Y le dije: «Bueno, pero si habéis hablado vosotros, arregladlo vosotros, que este no es un tema de la nacional, es un tema de Castilla-La Mancha».

—Y usted, la vez que cree recordar que fue, ¿fue a la sede de Sacyr?

—Sí, fui a la sede de Sacyr, al lado de El Corte Inglés de Castellana.

—Y ha dicho que se la entregó el señor Manolo Manrique.

—Yo creo que fue Manolo Manrique, sí.

—Y dice usted que luego se lo dejó en un sobre al señor José Á. Cañas Cañada en la sede del Partido Popular en Madrid. Él vino por aquí […]

—Yo le llamé por teléfono, le dije que tenía que entregarle una cosa, y que se desplazase a Madrid. Cogió el coche, se vino a Madrid, lo vi en mi despacho, hice que me firmase ese recibo y se llevó la cantidad.

—Aquí abajo pone: «Luis del R.-M. Manrique». ¿Esas anotaciones son suyas?

—Sí, con toda seguridad. Sí, sí.

—En cambio, ¿el resto de letras, anotaciones numéricas son puestas por el señor José Á. Cañas Cañada?

—La letra esa no es mía, desde luego, con lo cual yo me imagino que le dictaría: «He recibido de Luis Bárcenas…», y él puso lo que yo le dije. Me imagino.

—¿Qué ocurrió después de que usted entregara…?

—Después de entregar esa cantidad, yo ya no he vuelto a saber nada más de ese tema.

—¿Y tuvo usted conocimiento o noticia de si se llegó a más cantidades? Porque nos habló usted antes de que lo que plantearon fue 600.000-700.000 euros.

—Sí, pero es que ya le dicho también que fue por un motivo puntual, porque no localizaban al señor Tirado, por lo que recurrieron a mí. Debían de tener el dinero y querían entregarlo ya, pues no sé, en función del compromiso que hubiesen adquirido para la campaña electoral o para lo que fuera.

—Pero ¿supo usted si hubo otras cantidades vinculadas a esta reunión en la que usted participó?

—Yo no tengo constancia de que se siguiesen entregando cantidades.

—¿Y hubo alguna contraprestación de la que usted haya tenido noticia en cuanto a alguna adjudicación posterior en la que fuera beneficiaria la empresa donante o alguna de sus subcontratas?

—Vamos a ver. En la conversación en la que pedían ayuda para la campaña, el señor Tirado se refirió a que…, en fin, que habían sido o iban a ser adjudicatarios de alguna obra o algo en Toledo.

—¿Eso lo presenció usted en la reunión?

—Eso es.

—¿Y puede ser más específico en su recuerdo?

—Es que fue una conversación no excesivamente precisa. No se habló de detalles.

—Pero ¿se habló de «dado que vais a ser beneficiarios, esto nos lo tenéis que compensar de alguna manera…»? ¿O en términos similares?

—No, yo creo que esto fue una conversación mucho más sutil, en el sentido de «ayudadnos en la campaña, también nosotros os estamos ayudando en este tema». Yo creo que fue más de ese tono.

—¿Y usted con la señora Cospedal volvió a hablar de este asunto en algún momento? Porque nos ha situado esa conversación al inicio de la propuesta, que parte de ellos, según nos ha dicho. ¿Y a su finalización, volvió a hablarlo?

—Con toda seguridad que nos volvimos a ver en el Senado, y yo le dije que había hecho las presentaciones, que ya estaban puestos de acuerdo, conocían al señor Del Rivero, y que en fin…

—¿Y usted mantiene algún otro documento en relación con esta operación, aparte de este que entrega aquí?

—Tenía el Documento Nacional de Identidad del señor que firmaba, pero no sé dónde puede estar.

—No lo tiene o no lo ha podido encontrar.

—Ahora lo tengo difícil.

—Pero usted nos ha referido que esta operación va vinculada a un período electoral, yo le quiero preguntar con carácter general, luego ya iremos al detalle, si en estas donaciones que nos ha descrito a lo largo de los años de 1990 al 2008, las aportaciones económicas subían o tenían incremento notable cuando estábamos cerca o próximos a períodos electorales, y si se hacían con alguna aportación finalista en este sentido.

—Aportaciones finalistas, en ningún caso vinculados a los períodos electorales. Pero yo entiendo que en el promedio anual, y además eso lo puede analizar en otro documento que yo le dejé en su momento, en la evolución de los ingresos por donativos del partido, esos donativos anónimos son de constructores. También, lógicamente, la evolución no está vinculada a que estemos gobernando o hayamos dejado de gobernar, a que haya una campaña o no haya una campaña. Digamos que son cifras homogéneas. O sea, que no, insisto; es que no era el pago de ningún favor. Si me apura, yo creo que en períodos electorales, digamos que probablemente se era más activo. Seguro que las empresas contabilizaban eso en el concepto de relaciones públicas, porque no obtenían nada a cambio, no se hacía una gestión concreta, y lo tenían clarísimo.

—Dado que usted con el señor Lapuerta participaba en esas reuniones con el donante, ¿en alguna ocasión usted vio que se planteara la ayuda para una campaña electoral? O con este dinero, destinándolo a una campaña electoral […]

—Sin duda, algunas de las aportaciones, no sé si muchas o no, pero cuando era período electoral ese era un motivo por el que el donante voluntariamente se acercaba al partido y contribuía a una acción específica, como lo es una campaña electoral, claro.

—Del análisis de la contabilidad que llevaba usted se observa la coincidencia de algunos pagos vinculados a algunos de los empresarios afectados con determinados períodos electorales, le voy a preguntar por ellos, si usted lo recuerda. En relación con quien usted identifica como Guillermo Contreras, y en concreto en el año 2003 en el que hay elecciones autonómicas y municipales, parte de las entregas vinculadas a este señor de 60.000 euros, que son el 16 de enero, el 2 de abril y el 25 de junio de 2003, cada una de ellas de 60.000 euros, se realizan antes y después de esta campaña electoral de mayo de 2003. ¿Recuerda alguna vinculación expresa con estos pagos y la campaña electoral de 2003?

—No lo recuerdo, pero era una práctica habitual. En campaña electoral, a pesar de que existe una financiación distinta, la establecida en la ley electoral, los partidos gastan, gastan, gastan, y en algún momento había necesidad, digamos, de suplementar las cifras de donativos con alguna otra cantidad, o sea, que es bastante probable que la persona que donó esas cantidades lo hiciera con el objetivo de que se aplicasen a la campaña electoral.

[…]

— […] Ha dicho que una parte era para pagos a campañas, ¿qué otras salidas se le daba a ese dinero?

—Pagos a campañas, pagos de complementos de sueldo a determinadas personas del partido sobre los que no se tributaba, como le he dicho anteriormente, y eran cantidades que se entregaban en un sobre, pagos que no eran exactamente sobresueldos, sino que eran compensaciones, como unas cantidades que hay anotadas del señor Trillo, que yo creo que fue para pagar las defensas en el asunto del Yakovlev. En fin, puedo decirlos uno a uno, si las voy viendo.

—Entonces, vamos por partes. En cuanto a los pagos de lo que ha llamado sobresueldos que no se tributaban, en dinero negro, ¿a quiénes se les pagaba en el partido estos sobresueldos? ¿A qué cargos? ¿Qué cargos recibían?

—Presidente, secretario general y secretarios.

—¿Quién determinó que eso fuera así?

—Yo entiendo que el secretario general del partido en su momento.

—¿Y esto se ha mantenido durante todas las secretarías generales del partido?

—Y eso se ha mantenido siempre.

—Al menos durante el tiempo que ha estado usted vinculado al partido, ejerciendo funciones de tesorero, que nos ha dicho antes que realmente fue hasta marzo de 2010.

—Eso es.

—¿Y usted ha conocido si con posterioridad se ha seguido también la misma práctica?

—Lo desconozco.

—Estos pagos, ¿de qué manera se hacían? ¿Tenían una periodicidad?

—Sí, había periodicidad. Lo normal es que fuesen mensuales, pero dependiendo de la liquidez que hubiese en la caja. Por eso en algunos apuntes figura «pago trimestral» e incluso alguna vez «pago semestral». Dependiendo de la liquidez que hubiese, el tesorero me pedía que le preparase un sobre para entregar a tal, tal o tal, con las cantidades que yo ya sabía previamente, y yo a lo que me limitaba era a introducir dentro de cada sobre la cantidad correspondiente, a poner en el sobre el nombre de la persona para la que era, dado que las cantidades no eran las mismas, y en todos los casos, entregárselos al tesorero, que era el que los repartía, el que los entregaba, en definitiva, tanto estando en el Gobierno como sin estar en el Gobierno.

—El señor Lapuerta era siempre el que hacía las entregas, ¿usted nunca fue con él a hacer estas entregas a estos cargos?

—Yo creo que fui personalmente en una ocasión y por un motivo muy concreto. A Federico Trillo le hice entrega de una cantidad porque el motivo por que se le tenía que entregar digamos que a Álvaro Lapuerta no le parecía, ¿cuál sería la palabra?, razonable; no le parecía razonable. Entonces yo le hice alguna entrega al señor Trillo, evidentemente con el conocimiento de Álvaro Lapuerta, pero porque él no quiso hacerla.

—Únicamente al señor Trillo, ¿en el resto de las entregas usted no ha participado?

—A partir de 2008, cuando me nombran tesorero, sí. Las entregas al presidente Rajoy y María Dolores de Cospedal las hago yo directamente, personalmente.

—¿Cuáles son las que se producen en el año 2008?

—En el año 2008, y las que he dicho del 2009 y del 2010, aunque no están contabilizadas.

—Bien, tengo delante el estadillo del año 2008. Hay en enero una: «Primer semestre, Mariano, 12.600 euros», ¿usted participa en esa entrega?

—No.

—¿O es partir del momento en que a usted se le nombra tesorero?

—Eso es.

—¿Que es en qué fecha, perdón?

—El mes de mi primera entrega debe de ser en julio. A mí se me nombra tesorero en junio del 2008.

—Mire, hay una entrega que pone: «De Cospedal, tercer trimestre 2.500 x 3 / 7.500».

—Eso es.

—¿Usted participa en esa entrega?

—Lo entrego yo personalmente.

—¿De qué manera se entrega? ¿En sobre o en otro…?

—No, era habitual en un sobre con el nombre de ella y el dinero en efectivo.

—¿Y recuerda el valor de los billetes? ¿Eran billetes de 500 euros, como ya dicho antes, o eran…?

—Yo creo que billetes de 500 porque habitualmente los donativos eran en billetes de 500 euros.

—¿Y en qué lugar se lo entregó? El 7 de julio de 2008 pone aquí.

—Eso ya es un poco más… ¿El 7 de julio? En el Senado no pudo ser porque había acabado el período de sesiones, luego sería en su despacho en Génova 13.

—Hay una de 15 de julio, que hace referencia a «M. Raj.» o «Raj.». «Segundo semestre 400 x 6 / 2.400». ¿También participó en esa entrega usted?

—Sí, sí. Esa la hice yo también, y los 400 x 6 era una regularización, no sé… Yo creo que esas cantidades se les aplicaban por alguna subida, y a Cospedal se le había aplicado pero al presidente, no. Y por eso esa pequeña cantidad se regulariza en esa fecha, sí.

—«Regul.» pone, sí.

—Regularización.

—Entrega a «J. I. de Ramón» de 22 de julio, 6.000 euros.

—¿A J. I. de Ramón? Eso no lo recuerdo. ¡Ah, sí! Entrega a José Ignacio Llorens, diputado por Lérida, de Ramón Aige. Pues es el 2008, campaña electoral, probablemente haya algún compromiso de echar una mano en la campaña. Se le entrega a José Ignacio y se anota de quién procede la cantidad.

—Luego hay una de julio «Regalo a Álvaro Lap 1490».

—Eso fue que le organizamos una comida a Álvaro Lapuerta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo, que se le entregó en una comida en la que estaba María Dolores de Cospedal, Pío García-Escudero, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas, Ana Mato y yo.

—Hay una el 14 de octubre de «Cospedal, cuarto trim. 7.500». ¿También participó usted en esa entrega? ¿Y a quién fue?

—Sí, esa también la entregué yo personalmente.

—¿Y fue a la señora María Dolores de Cospedal?

[Bárcenas asiente].

—Luego, hay dos del 10 y del 12 que llaman la atención en cuanto a las anteriores por un importe más elevado, 235.000 y 200.000, y pone: «G. U.». ¿Quién es este señor?

—Esos son las liquidaciones de la empresa que hizo las obras de la sede de Génova 13, en la que al final no sé qué problema teníamos, pero había que complementar una cantidad y se les pagaron unas cantidades en efectivo, lo que se venía haciendo ya normalmente porque hay otras cantidades. «G. U.» es Gonzalo Urquijo. Y hay otros apuntes […]

—Efectivamente, hay otros apuntes previos del año 2006 y 2007, ¿verdad?

—Del año 2006, en los que él acordó que una parte se le pagase sin factura, por decirlo de alguna forma, ¿no?

—¿Y con quién acordaba esto de que se le pagara una parte sin factura?

—Pues, evidentemente, con el tesorero, que era quien podía darle el visto bueno a sacar esta cantidad de la cuenta del partido y abonarla.

—¿Y quién era conocedor dentro del partido del pago de estas cantidades sin factura o en B?

—¿Estas en concreto?

—Sí, estas del señor Urquijo.

—Lo desconozco. Yo creo que Álvaro Lapuerta y yo.

—Ahora que lo veo, ¿por qué se cambia de formato? Lleva usted hasta 2006 un formato, y luego 2008 […]

—Porque se le acabaron al cajero esas hojas. Eran antiquísimas; las tenía guardadas y cuando se acabaron me las hicieron, yo creo que por ordenador. Yo le dije los conceptos y mi secretaria debió de hacerlas.

—Y si no me equivoco, en lo que aquí aporta ahora, del año 2007 no hay nada.

—Sí, debería haber.

—Tomando los documentos que usted ha aportado, salvo omisión mía, y si están ordenados, pasamos del 2006 al […]

—Lo tiene usted aquí, «título 2006». Empieza en enero de 2006, termina en diciembre y arranca a continuación en la misma hoja el día 9 de enero de 2007.

—Con lo cual, donde pone 2006 es que está en enero de 2007, efectivamente, y recoge toda […]

—No sabíamos, cuando abrimos la hoja, si iba a ser solo 2006, y por no gastar papel, seguimos con el 2007 en la misma hoja.

—¿Todas las anotaciones que van referidas a «G. U.» o «Urquijo» o «Gonzalo Urquijo» se refieren al mismo concepto?

—Sobre la renovación de la sede de Génova.

—Entiendo, por lo tanto, que sí que hubo un pago oficial, que se documentó con las retenciones correspondientes y esto era una parte adicional de ese pago, que iba sin factura.

—Sí. Yo creo que eso debe ser el 30 % de la totalidad de la obra, o una cosa así.

—Y obedecía a una prestación real, no obstante, por parte del señor Urquijo, es decir, la obra se había hecho.

—Evidentemente.

—¿Usted estuvo con el señor Urquijo para hablar esto?

—Estuvimos el tesorero y yo, sí.

—¿Y por qué les manifestó el interés de una parte sin factura?

—Y estuvo incluso en alguna reunión el gerente que me sustituyó, Cristóbal Páez, que fue el que negoció en el período final el remanente que quedaba por cobrar y cómo se acababa liquidando. Yo le tengo que decir que creo que no fue una propuesta del señor Urquijo, sino que en aquel momento no debíamos de tener mucha disponibilidad de saldo oficial y Álvaro lo habló conmigo, y como teníamos suficiente saldo en caja, pues a lo mejor podíamos pagar una parte de la facturación de otra forma. Se le hizo el planteamiento y dijo que siempre que fuese una cantidad importante, que al final él había hecho una obra y tenía que pagar a sus proveedores y debía tener una cierta lógica la contabilización de la obra, ¿no?

—¿Y qué comunicación hubo a la parte de contabilidad oficial del partido? Porque entiendo que en la contabilidad oficial habría una parte sin pagar. ¿O es que emitió factura únicamente por un concepto y se pagó íntegramente?

—Había un presupuesto por la totalidad. Se emitió una factura por lo que se pagaba oficialmente y la diferencia con respecto al presupuesto total fue la que se abonó de esa forma.

—¿Cuándo se terminó de liquidar con el señor Urquijo? ¿Fue en el año 2008? ¿O a posteriori, ya con el señor Cristóbal Páez?

—No, no. En esa fecha.

—El último apunte es 200.000, 12 de 2008.

—Sí, sí. Ese es el último.

—Ese es el último pago de liquidación de la obra del señor Urquijo.

—Eso es.

—También hay uno de julio de 2008, «Gonzalo Urquijo, tercera planta, 235.000 euros».

—Sí, sí. El último apunte es este, en el 2008.

—No sé si lo ha mencionado usted, el 2008 se solapa en una doble hoja.

—No lo sé.

—Se lo digo porque hay anotaciones y luego esta hoja suelta que tiene pagos intercalados en los meses del año, junto con la genérica de 2008. ¿A qué se debió esto?

—Pues la realidad es que no tengo ni idea porque los conceptos son los mismos. Lo único que se me ocurre es que se pasase a limpio porque coincide exactamente […]

[…]

—¿Todas las anotaciones están hechas en un período de tiempo coincidente con el año en el que aparecen referidas?

—Absolutamente.

—Esto es, ¿el hecho de que haya dos documentos que son notablemente distintos al resto en cuanto a la forma en que se recogen los soportes no significa que estos documentos los haya usted escrito con posterioridad o en fecha reciente?

—En absoluto. No tendría ningún sentido. Además, se verá que las cantidades son las mismas que se venían percibiendo anteriormente. Hay una cierta secuencia lógica en cuanto a las cantidades que se perciben.

—Bien, después de 2008, que es hasta donde llegan estos estados contables, ha descrito usted que también participó en el pago de 25.000 euros tanto al señor Mariano Rajoy como a la señora Dolores de Cospedal. Fue en el año 2010 nos ha dicho, ¿verdad?

—Yo creo que en el 2009. Como ha visto en la última hoja, tenía un saldo de cuarenta y tantos mil euros, ¿no? Yo creo que… Como he dicho primero, yo no tuve la carpeta durante una serie de meses y, evidentemente, salvo esas entradas de 2008, en el momento en que surge todo este tema deja de haber entradas, ¿no? Entonces, yo quiero recordar que cogí 20.000 y 20.000 en cada sobre y se los entregué a estas dos personas, y quedó todavía un saldo de cuatro mil y pico de euros en […]

—Pero esa entrega a estas dos personas, ¿cuándo fue aproximadamente? ¿En verano de 2009?

—Pues probablemente fuese próximo al verano de 2009.

—¿Y el saldo remanente?

—Y el saldo remanente, pero eso ya es en marzo del 2010, yo hablo con Javier Arenas y le digo: «Oye, a mí me quedan en la caja —porque ya tenía que dejar el despacho y dejaba el Senado— 4.900.euros —me parece que eran— ¿qué hago con ellos?». Y me dijo: «Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer». Y eso fue lo que hice, los metí en un sobre, se los dejé, subí una copia del listado, una fotocopia que él destruyó luego en la destructora de papeles, y le dejé el sobre en su despacho.

—Y entonces, esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro […]

—No, es que esos 25.000 son además.

—Además…

—De lo que he hablado ahora es de la liquidación del saldo pendiente.

—Pero esto de los 25.000 que contó al principio era además de eso.

—Eso es. Como consecuencia de una deuda que tenía el partido en Pontevedra, embargaron las cuentas del partido nacional, 160.000 euros me parece que eran. Entonces, yo hablé con el gerente regional del partido y con el gerente provincial de Pontevedra y les dije: «Lo embargado, embargado está, pero ese dinero tenéis que devolvérnoslo». Entonces nos pidieron plazo y que, en el momento que tuviesen alguna aportación o algún donativo, nos lo devolverían. Dio la casualidad que, en el mes de febrero de 2010, el gerente me llamó, vino a verme y me trajo 50.000 euros. Y yo cogí los 50.000 euros y como había además devengadas cantidades que no se habían podido pagar, porque no hice tampoco el cálculo de si coincidía o no coincidía, hice dos sobres con 25.000 euros y los entregué.

—¿Y eso se lo dio el gerente, el señor Cristóbal Páez? ¿O el gerente de Galicia?

—No, no, eso me lo trajo el gerente provincial de Pontevedra.

—¿El nombre lo recuerda?

—No, no lo recuerdo. Y el origen es una deuda. Por algún lado tiene que haber un papel con el embargo que nos hicieron de la cuenta.

—Ha manifestado usted también que cuando liquidó este saldo contable con estos cuatro mil y pico euros que cree usted que había, los subió en un sobre al presidente del partido, y que también le subió un listado de las anotaciones; eso no lo he entendido muy bien.

—Sí, sí, que subí mi período, el 2008, el período en el que yo había dispuesto en solitario de los fondos. Subí el listado y se lo enseñé, le dije: «Este es el remanente que queda».

—Pero lo que subió, ¿qué fue? ¿Unas copias de esto que nos aporta?

—Sí, una fotocopia.

—Y dice que se destruyó en su presencia.

—Él la metió en la destructora de papeles y destruyó el documento.

—¿Hubo alguna otra persona en esa reunión además de ustedes dos? ¿Y eso fue, por ubicarlo, perdóneme otra vez, en 2009?

—Diez.

—¿Diez?

—Marzo del 2010.

—Marzo del 2010.

—Estamos hablando del momento en el que yo ya… a pesar de que sigo en el partido.

[…]

—Otra anotación de salida que pone: «Trajes M. R.». ¿La puede explicar?

—Esos son gastos de representación del presidente. Son unos trajes que se hizo el presidente del partido, don Mariano Rajoy, que se pagaron desde esa caja.

—¿Y sabe usted por qué se pagaron desde esa caja, si los define como gastos de representación? ¿No había ya unas partidas de gastos de representación en la contabilidad oficial?

—Pues porque probablemente no hubiese quedado estéticamente muy bien presentar al Tribunal de Cuentas una factura del sastre comprando unos trajes. No había otro motivo, salvo eso. De hecho, el primer sastre (porque hay otro sastre luego), fue el mío.

—[…] Es 18 de abril de 2008, «trajes M. R., salida 11000 020 175».

—Sí, eso es una segunda tanda de trajes. Se hacen en un sastre distinto, y los encarga Juan Costa, me parece. En su sastre.

[…]

—Y otra que pone: «Regalo Álvaro Lapuerta».

—Ese es el regalo a Álvaro Lapuerta, me imagino que serán 1.450 euros, o 1.400 euros o algo así, ¿no?

—Sí.

—Que es el regalo que se le hace por dejar la tesorería.

—Me quedaba por preguntarle referencias a las anotaciones de los años 1993 a 1996. […] Dado que estos documentos no han podido ser objeto de un análisis pormenorizado, sin perjuicio de que a partir de este momento ya quedan a disposición de las partes por estar interrogando sobre ello, se los voy a entregar para que a su vista me diga usted si entre las anotaciones que aparecen como «salidas» o «gastos», en concreto, «gastos», identifica usted, o podría identificar, a alguna otra persona distinta de las que ya aparecen en los soportes de los años anteriores. Se puede tomar el tiempo que estime oportuno.

—Siempre que figura «Pedro» es el señor Arriola, Pedro Arriola. «José María Robles» es José María Robles Fraga, que fue diputado por Córdoba y embajador, no sé si en Paquistán.

[…]

—¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, o de contabilidad B?

—¿Que por qué se termina?

—¿Es porque usted deja…?

—Es que yo no sé si ha terminado.

—Se termina según lo que usted conoce… lo que usted nos está contando, porque habla de una liquidación final.

—Hablo de una liquidación final en el sentido de que, como responsable, en el momento puntual en el que dejo de serlo, lógicamente tengo que entregar el saldo remanente que queda, ¿no? Y que mientras lo soy, aunque aparentemente no lo era, las cantidades que recibo las distribuyo, no las retengo.

—¿Y no se le dio a usted ninguna indicación de que este sistema lo traspasara a su sucesor en el cargo de tesorero?

—Yo con José Manuel Romay Beccaría no hablé de la existencia de nada relacionado con esto.

—Mire, declaró aquí como testigo el señor Pedro José Ramírez […]

—No. Perdón, perdón. Yo pedí tener una reunión cuando Mariano Rajoy me llama desde un acto en el que estaba en Córdoba, y yo ya he presentado la dimisión, y me comunica él que va a ser José Manuel Romay el tesorero. Entonces me pide que hagamos el traspaso de información, y pido a Álvaro Lapuerta que, dado que él ha sido tesorero durante toda la vida, que lo haga él. Realmente, yo llevaba escasamente un año y medio de tesorero y le pido que tengamos una reunión con José Manuel Romay Beccaría. La tenemos en la sexta planta, no en el despacho que yo seguía ocupando de momento como tesorero, que luego pasó a ocupar José Manuel Romay Beccaría, sino en el despacho que hay justo enfrente al fondo, en una pequeña mesa de reuniones. Estamos hablando de marzo o abril de 2010. Yo quise que Álvaro viniese a esa reunión para que fuese él, que había sido tesorero permanentemente, quien le contase a José Manuel Romay Beccaría cómo se hacían las cosas en la casa. En mi presencia, José Manuel Romay Beccaría tuvo conocimiento, a través de Álvaro Lapuerta, de los donantes… en fin, de todos estos temas.

—Bien, y le decía que declaró en esta causa el jueves pasado el señor Pedro José Ramírez, quien manifestó haber tenido una conversación con usted en la que, según él, usted le contó que, si no me equivoco, hacia el año 2011 habría habido una donación o un intento de donación por parte de un empresario que cifró finalmente, creo, en unos 300.000 euros, y que tenía mucho interés en que el presidente lo conociera, y que esto se lo contó a usted, como que se había enterado también de ello. ¿Esto es cierto? ¿Y puede contar qué es lo que sabe de ello?

—Es cierto porque yo de la palabra de Álvaro Lapuerta no dudo, ¿no?, y eso me lo traslada Álvaro Lapuerta, con el que he tenido una profundísima amistad y al que no veo desde diciembre, cuando estuvimos comiendo juntos. El día del acta notarial, concretamente. Pero Álvaro Lapuerta, por determinadas razones, me expresó su queja con respecto al presidente y que había recibido para la campaña de 2011 una aportación de 300.000 euros de su amigo Villar Mir, y que se la llevó él personalmente a Mariano Rajoy, y que Mariano Rajoy se dio por enterado y tal, pero que, en fin, no le debió hacer mucho caso, y le dijo: «No, no, bájate a ver a José Manuel Romay, y se lo das a José Manuel Romay».

—¿Y esto cuándo se lo cuenta el señor Lapuerta?

—Eso me lo cuenta el señor Lapuerta pues, yo creo, cuando se están produciendo los hechos. Es que yo a Álvaro Lapuerta lo veía prácticamente todos los días; nos veíamos en el despacho que tiene cerca de las Cortes. Yo creo que eso pudo ser en septiembre-octubre del 2011.

—¿Y tenía alguna responsabilidad el señor Lapuerta dentro del partido ya en esa fecha?

—Ninguna. Pero, como le dije antes, la relación de amistad personal entre Juan Miguel Villar Mir y Álvaro Lapuerta es una relación antiquísima, se conocen desde hace muchísimos años y es una relación personal, con lo cual, digamos que seguía siendo el referente para Villar Mir, la persona con la que ponerse en contacto si quería colaborar con el partido.

—¿Y el señor Lapuerta le habló de que esa cantidad se entregó efectivamente? ¿Hubo una entrega real de esos 300.000?

—No, lo que me dijo es que la subió al presidente, y que esa cantidad se le entregó… Se le dijo a Álvaro que se la entregase a José Manuel Romay Beccaría. Y él estaba muy disgustado porque nadie había llamado al señor Villar Mir a darle las gracias, y entendía que, en fin, aparte de ser una descortesía, alguien podría suponer que no había entregado ese dinero.

—¿Y la entrega sabe si se efectuó también en efectivo, en billetes?

—El dinero era en efectivo… Insisto, eso es lo que me cuenta a mí Álvaro Lapuerta.

—Queda claro.

[…]

—¿Existían otros documentos en las sedes regionales con el mismo significado? —interviene la fiscal.

—Yo creo… Lo que sé es que en cada sede provincial o cada sede regional se lleva una contabilidad de las mismas características, y que la mecánica de aplicación de donativos y de utilización de los donativos es similar. También es cierto que en una comunidad autónoma no recaudan tanto como en la sede nacional y, en ese sentido, el volumen de donativos, si no tenía trascendencia anual importante, probablemente los ingresaban en la cuenta oficial directamente. Pero si hay apuntes, como hay, en los que se dice «a Sevilla», quiere decir que se le dan 30.000 euros a quien sea, pero no va por transferencia, sino que se les entrega un sobre. Y en Sevilla lo que habrán hecho es, o ingresarlo ellos como donativo en su cuenta de donativos, como si fuera un donativo propio, o manejarlo de una forma similar a como lo manejábamos nosotros.

— […] A primeros del año 1990 aparecen unas entregas bastantes reiteradas a «J. M.», de 255.000 pesetas, 255.000, 500.000…

—Sobre esas anotaciones no tengo… Podría ser Jaime Mayor, podría ser… A ver, abril del 90… podría ser José María Aznar también, pero no puedo afirmarlo. Igual que en otros casos he sido tajante, yo no puedo afirmar que esa «J. M.» se corresponda… Porque además está exclusivamente aquí, no aparece en otro sitio, ¿no?

—Sí, son solo esos dos apuntes. En otros aparece o «Jaime M.» o […]

—Es que no tendría mucha lógica que fuese él, porque, sin embargo, las entregas al secretario general se mantienen en el tiempo, ¿no? Mientras que figuren exclusivamente en dos meses, podría ser… o José María […]

—¿Identifica a alguien o no lo identifica?

—Yo no me atrevo a identificar sin duda de ningún tipo.

[…]

[Interviene ahora Enrique Santiago, acusación popular de Izquierda Unida].

—¿Con qué periodicidad exacta cobraban estos sobresueldos que usted ha indicado el presidente, el secretario general y los vicesecretarios generales?

—La asignación era mensual pero se cobraba en función de la disponibilidad de fondos, por eso figuran aportaciones trimestrales o semestrales algunas veces.

—Los pagos que figuran en la contabilidad oficial del Partido Popular a Foro de Análisis Hispanos, ¿eran pagos efectuados por el Partido Popular a los abogados que efectuaban su defensa jurídica en la causa Gürtel?

—Así es.

—¿Y quién autorizó esos pagos? ¿Quién los aprobó? A usted, me imagino, se los propondría alguien, evidentemente, porque le resultaría muy oneroso todo esto […]

—El presidente del partido y la secretaria general.

—El presidente y la secretaria general del partido.

—Con el conocimiento del presidente del partido y de la secretaria general, claro, yo solo no me autorizo los pagos. De hecho, se han seguido pagando cuando yo ya no estaba, hasta el mes de diciembre del año pasado, hasta el 28 de diciembre del 2012.

[…]

—¿Ha mantenido usted reuniones con el señor Javier Arenas para hablar de la situación creada tras conocerse que tenía usted cuentas corrientes en Suiza?

—Yo tuve una conversación, creo que a principios de diciembre, con don Javier Arenas en Sevilla, un viernes que yo me desplacé ida y vuelta en AVE. Comimos en el restaurante Oriza y en esa conversación yo le trasladé a Javier Arenas que tenía dos cuentas en Suiza y lo saldos aproximados, y que, como era cuestión de tiempo que llegase la información sobre ese tema, como efectivamente llegó, entendía que lo mejor era resolver mi relación laboral con el partido; que yo no necesitaba ni el despacho, ni el coche, ni el conductor, ni la secretaria, y que el sueldo tampoco lo necesitaba. Pero, claro, lo que sí quería recibir era la compensación que me correspondía legalmente en función de treinta años de trabajo. Él quedó en que ese tema se lo iba a trasladar al presidente del partido, y se lo trasladó en una reunión en Moncloa en la que estuvo, según me contó él, y también María Dolores de Cospedal. En esa reunión, María Dolores de Cospedal dijo que le parecía una idea estupenda, que había que resolver ese tema de una vez. Sin embargo, luego el presidente preguntó que si yo había regularizado fiscalmente ese tema. Le contestó Javier Arenas que sí, que yo había regularizado ese tema fiscalmente. Y en definitiva, lo que le dijo es que no cambiaba mi situación y que seguía tal y como estaba, que yo le había dedicado treinta años de mi vida al partido y que no había ningún problema.

—¿Hasta cuándo ha estado pagando el Partido Popular su defensa jurídica?

—La última factura se pagó a finales de diciembre del año pasado, de 2012.

[…]

—Desde que el pasado día 23 de junio ingresara usted en prisión, ¿la dirección del partido le han trasladado propuestas sobre qué contar y qué no contar en este procedimiento judicial, de forma directa o indirecta?

—Bueno, algún mensaje concreto he recibido. Yo tuve una visita absolutamente anormal en función de cómo, en el poco tiempo que llevo allí, funciona el sistema penitenciario en esa prisión. Lo habitual es que cuando un abogado quiere verte, un funcionario te acompaña hasta los locutorios donde te reúnes con los abogados para hablar. Pero en esta ocasión fue el subdirector de la prisión el que vino a buscarme y me acompañó, no a un locutorio, sino a una sala donde me estaba esperando un abogado con el que empecé a tener una conversación en ese despacho. Yo creo que, como a los cinco minutos, se dieron cuenta de que estaban metiendo la pata, porque evidentemente esa persona estaba ahí porque alguien desde el Ministerio del Interior había llamado al director de Instituciones Penitenciarias para que se produjese esa reunión, y dijeron que necesitaban la sala para otro tema y nos cambiaron al locutorio, y seguimos manteniendo la conversación en el locutorio.

»Esa fue una conversación en la que básicamente hablamos del estado en el que se encontraba don Álvaro Lapuerta, y fue un poco el objeto de la visita. Pero la realidad es que acabamos hablando de la situación global que este tema suponía […]

[Interviene Javier Gómez de Liaño, fuera de micrófono].

—Señor magistrado, en este momento debo hacer observar que lo que el señor Bárcenas pueda decir afecta sin duda al secreto profesional del letrado… [ininteligible]… Es que si afecta a la estrategia de defensa de un colega, debe ser mantenido en el debido secreto.

—Puede usted… como ya sabe que es usted el que manda sobre su palabra, con el consejo de su letrado, hacer lo que corresponda, pero si quiere seguir relatando lo que se pudo decir allí en los términos que usted desee lo puede hacer con la prevención que le ha hecho su letrado, lógicamente —señala el juez.

—Yo no tengo ningún interés en desvelar el nombre del letrado porque me parece que es intrascendente; al final lo que hace es trasladarme una información y actúa como conducto, no responde a… Pero lo que sí me acaba trasladando es el jaleo en el que me voy a meter. Me recuerda lo que ocurrió con Mario Conde, dónde estuvo él y dónde estuvo Adolfo Suárez, que no fue nunca a ningún sitio, y luego me dijo que pensase en mi mujer que podía acabar entrando en la cárcel —responde Bárcenas.

—¿Todo eso a cambio de qué le pedía, que no declarara a cambio de algo en concreto? —pregunta Enrique Santiago.

—Es que no hacía falta que pidiese nada en concreto.

—¿Qué interpretó usted?

—¿Qué interpreté yo? Sí, pues probablemente que fuese prudente en cuanto a lo que declaraba.

—¿Y a usted le dio a entender que ese mensaje venía de la dirección del Partido Popular?

—Eso es lo que me dio a entender.

[Interviene José Mariano Benítez de Lugo, de la acusación popular ADADE].

—Buenas tardes, señor Bárcenas.

—Buenas tardes. Bueno, yo quiero pedirle excusas porque le dije un par de palabras cuando salía hacia Soto del Real, y quiero pedirle disculpas personalmente.

—Vale, muchas gracias. Hasta ahora hemos estado viendo, señor Bárcenas, con bastante lujo de detalles, los pagos que usted hacía a determinados y relevantes miembros de su partido, pero ¿quién decidía los quantum?

—Las cantidades las decidía el secretario general.

—¿El secretario? Y la periodicidad, ¿también la decidía el secretario general?

—La periodicidad era, con criterio general, siempre mensual.

—¿Mensual?

—Porque estamos hablando que era un complemento sobre un complemento y sobre una nómina.

—Salvo que no tuvieran dinero y entonces les pagaban con atrasos, ¿no?

—Eso es.

—Yo tengo detectadas cinco personas que recibían mensualmente, o con atrasos, pero según su contabilidad de mayo-diciembre y enero-junio: «M. R.», ¿quién era, Mariano Rajoy?

—Sí.

—«P. A.», ¿era Álvarez-Cascos?

—Paco Álvarez-Cascos.

—Bien. «Are», ¿era Javier Arenas?

—Javier Arenas.

—¿«R.»?

—Rato.

—Rato. Y nos queda uno que es «J. M.».

—Jaime Mayor.

—¿Jaime Mayor? ¿No es más cierto que Jaime Mayor cuando usted se refería a él ponía «Jaime M.»?

—¿De qué fecha es el «J. M.» ese?

—Yo creo que esa pregunta ya la ha hecho el señor fiscal; es el año 1990 —interviene el juez.

—Es que estoy hablando de 1997, 4 de marzo de 1997 —responde Benítez de Lugo.

—No, Jaime Mayor. A ver, cuando José María Aznar fue presidente de Gobierno, hubo personas de las que están ahí que siendo ministros cobraron complementos, de José María Aznar yo no tengo constancia. Yo no puedo decir que ha cobrado. Y desde luego en 1997, con toda seguridad —dice Bárcenas.

—Ya. ¿Y antes? Porque aquí hay unas anotaciones que no es una sola, como señalaba el Ministerio Fiscal. Hay en el año 1990… una, dos, tres, cuatro, cinco, seis anotaciones con «Entrega a J. M. 255.000 pesetas».

—Es que la cantidad no es significativa. De acuerdo que es el año que es, pero yo no creo que sea José María Aznar. Es que yo no le he dado esa cantidad.

—No se lo ha dado.

—Yo apunté «J. M.» y apunté «J. M.».

—[…] ¿Usted se ha dirigido en repetidas ocasiones al señor Rajoy?

—Yo he tenido una conversación absolutamente fluida con el señor Rajoy hasta el mes de marzo de 2013. Fluida y directa, e indirecta hasta el mes de mayo.

[…]

[Toma la palabra Gonzalo Boyé, de la acusación popular de Observatori Desc].

—¿Alguien le ha ofrecido desde su ingreso en prisión tres cosas concretas: una, poder mantener el 25 % de su patrimonio; otra, que el ministro de Justicia sería destituido; y en tercer lugar que fueran removidas de su cargo las fiscales del caso Gürtel?

—No, eso no es cierto. A mí nadie me ha ofrecido mantener el 25 % de mi patrimonio; yo espero mantener el 100 % de mi patrimonio. Lo del señor Gallardón, efectivamente, sí se me trasladó en esos términos, que el señor Gallardón dejaría el Ministerio a finales de este mes, y lo que una vez más recibí fue que en fin, este procedimiento estaba plagado de causas de nulidad, y que antes de finales de año, este procedimiento acabaría por la vía de las nulidades. También se me trasladó una vez más que tuviese mucho cuidado con mi mujer, porque mi mujer podía acabar en prisión. O sea, de ese tipo he tenido dos comunicaciones mientras estaba… había tenido ya otra previa a entrar en prisión, pero en prisión he tenido dos.

[…]

[Interviene el letrado de la acusación popular de diputados del Partido Socialista de Valencia, Virgilio Latorre].

—Sobre los SMS, de lo que ha contestado varias cosas, usted dice que ha tenido comunicación con el señor Rajoy directa e indirectamente. ¿Usted ha tenido comunicación a través de SMS? ¿Los conserva?

—He tenido comunicación a través de SMS, y si los conservo lo desconozco.

—¿No sabe si tiene en su teléfono grabados esos SMS? No conoce usted los que se han publicado, ha dicho.

—Sí, me suenan los que se han publicado.

—¿Lo ha leído?

—Sí.

—¿Corresponden entonces con la realidad?

—Corresponden con los que yo he enviado, y con los que yo he recibido.

[…]

—En la entrevista del periódico se dice, corríjame si no es así porque no se haya recogido fielmente, que en relación con esta operación, la única en la que usted reconoce haber tenido una actividad irregular, que es la de Toledo… que usted le enseña los papeles al señor Rajoy, en un momento determinado, reprochándole haber obten ido esa vinculación, ¿qué papeles le enseñó usted al señor Rajoy?

—Los que tiene en estos momentos el señor instructor.

—Es decir, la firma del recibí de, creo recordar, el gerente del PP de Toledo o de Castilla-La Mancha.

—El gerente regional de Castilla-La Mancha.

—Que es este documento.

—De todas maneras, le estoy diciendo que sí pero no recuerdo que llevase el papel y que lo hiciese así. Yo creo que expuse el tema, pero no llevaba ningún papel conmigo.

—Bueno, pues por eso le estaba preguntando. En la entrevista se dice que sí y quería saber si usted […]

—Pues a lo mejor, al darle forma periodística, se ha hablado de que yo… pero yo no he llevado ningún papel.

—Yo le hago esta pregunta porque justo en la entrevista también se dice, pone en su boca el redactor, que el señor Rajoy le dice: «¿Cómo tienes tú estos papeles, por Dios, Luis?». Creo recordar que esta es la expresión.

—Algo de ese tipo fue la forma […]

—Pero, ¿eso es porque vio los papeles?

—No, yo creo que porque hablé de los papeles.

—Solamente porque habló de los papeles. ¿Y le contó en qué consistían estos papeles, si es que no se los enseñó?

—No se los enseñé, y sí se lo conté, que existían esos papeles.

—¿Y era este en concreto?

—Eso es… Sacyr.

—Ninguno otro relativo a la adjudicación que en su caso pudiera tener Sacyr?

—Es que yo desconozco qué adjudicación tuvo Sacyr.

—Pero sí sabía usted que se le había adjudicado algo a Sacyr en Toledo.

—No, no. Yo cuando tengo la conversación, la conversación versa sobre lo que he contado al señor instructor, y yo no sabía si se pedía una comisión o no se pedía una comisión, es más, presenté y desaparecí.

—Ha dicho antes, cuando se le ha preguntado quién ha visto estos papeles, no estos ahora en concreto, sino lo que es la contabilidad B. Ha dicho usted, o me ha parecido entender, que solamente el señor Lapuerta y usted.

—Eso es. Y en el último momento, un folio en concreto, don Mariano Rajoy, cuando se destruye el último folio, la fotocopia del folio.

—Por eso, esa precisión quería que usted me la confirmase. Sí que vio al menos el último folio, que es del 2008, y se destruye. Pero también lo vio el gerente.

—Los tuvo el gerente durante cinco meses, el tiempo que yo…

[…]

—Ha hecho usted repetidas menciones a que lo mismo que nos ha entregado en el día de hoy el pendrive estaba en los ordenadores que usted tenía en la sede del Partido Popular.

—Eso es.

—Y me ha parecido entender que estaba hablando de un ordenador, ¿o de varios? Porque al principio ha dicho uno pequeñito, uno que era un portátil […]

—Estaba hablando de dos ordenadores: de un Apple y de un Toshiba, me parece que es. Del Toshiba, concretamente, es de donde procede la información que está en el pendrive, y en el Apple había otra información, pero no sé cuál porque le cambié el disco duro en el mes de octubre, y no sé lo que habrá podido quedar en la memoria RAM; pero había otra información también.

—¿Y sabe usted el paradero de estos ordenadores?

—El paradero es la sede de Génova 13. A mí se me dijo que tenía que demostrar que los ordenadores eran míos para que se me entregasen, y como evidentemente es un ordenador del año 1990, no tengo la factura para demostrar que el ordenador es mío.

—No, pero yo le he preguntado si tiene usted ahora constancia, por alguna vía, directa o indirecta, de que aún están esos ordenadores en la sede del partido.

—No tengo constancia.

[…]

[Interviene Javier Gómez de Liaño].

—Le voy a pedir una explicación. La explicación es por qué el cambio, no solo de actitud, sino de su declaración entre las precedentes y la presente, en la medida en que usted ha intentado o ha hecho el esfuerzo al menos de aproximarse a la completa verdad, ¿de acuerdo?

[Bárcenas asiente]

—¿Puede usted decir al señor magistrado y al señor fiscal las razones, motivos o causas de esta modificación?

—Sí, lo puedo explicar. Yo inicialmente, cuando empecé a recibir llamadas de las que ya se ha hablado y algunas documentadas con los SMS, tanto de Gerardo Galeote como de Marilar de Andrés, pidiéndome que hiciese un comunicado negando los hechos, al principio me resistí, por eso le envié un comunicado al presidente del partido en el que le decía que yo no había provocado la situación, que yo no había hablado con El Mundo, que yo era ajeno a todo lo que estaba sucediendo, y que me parecía improcedente. Cuando el abogado Jorge Trías Sagnier le da a El Mundo los papeles […]

—Perdón, perdón.

—A El Mundo, no. A El País. Él tuvo los originales, no una fotocopia como ha dicho. Se quedó con los originales. En el partido ¿qué entienden inicialmente?: bueno, ¿quién tenía esos papeles? Luis Bárcenas. Luego, en consecuencia, Luis Bárcenas es el que se los ha dado, a pesar de que ha habido un artículo de Trías en el que explicaba, en fin, que conocía los papeles y un poco el desarrollo de todo. Luego, el cargo de conciencia que tuvo, cómo fue a visitar al fiscal general del Estado, cómo al final se los acaba dando al abogado de El País. Y yo en aquel primer momento incluso justifiqué la actitud del partido conmigo, que no se correspondía con la que yo estaba teniendo hasta ese momento con él. Empezaron los ataques indiscriminados, en fin, con todo tipo de improperios con respecto a mí. En un momento determinado, tengo una conversación con mi abogado, con Alfonso Trallero, y hablamos de este tema. Le digo: «Alfonso, esto no tiene… Es que tú sabes que los papeles existían porque te lo conté. Esta documentación es cierta, el tema de Toledo lo conocías exactamente, y no he hecho uso de nada, absolutamente de nada, y la presión que estoy sufriendo en estos momentos es tremenda, algo tendremos que hacer». Y Alfonso Trallero me dijo: «Luis, vamos a ver, si tú la dinámica en la que quieres entrar es la de, por simplificar, entrecomillado, “ir contra el partido”, nosotros dejamos tu defensa. Tu defensa tiene que ser la que estamos decidiendo nosotros».

»Sencillamente, cuando el señor Bajo dice el otro día que han dejado mi defensa por discrepancias, pues evidentemente teníamos discrepancias, y yo declaré lo que declaré porque fue lo que mi abogado me dijo que tenía que declarar, no el contenido, porque el contenido lo puse yo, pero sí el motivo de negar la información. Pero hay un hecho mucho más grave, y es que previamente a eso tuve una reunión con un abogado enviado por el partido en presencia de Ana Gutiérrez, la mujer de otro imputado en esta causa, que se llama Jesús Merino, en la que, ante la publicación de los papeles de El País, se me pidió que repitiese esos originales, modificando determinadas fechas y conceptos, para dar la sensación de que podían haberse alterado los papeles, y que los papeles de El País eran unos, pero aparecían otros muy parecidos y tal. Yo le dije a esta persona que sin conocimiento de mi abogado yo no me prestaba a eso, a pesar de… Además de que los papeles no se encontraban próximos físicamente, y tuvimos por la tarde una reunión ese abogado, mi abogado y yo, en la que Alfonso Trallero lo desaconsejó. Dijo que en ningún caso bajo su autorización; en fin, que eso era claramente delictivo y lo que íbamos a hacer era complicar más las cosas, y en consecuencia no se hicieron esos papeles, ¿no?

—¿A usted alguien, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, le pidió que hiciera un desmentido y lo llevó a cabo?

—Sí, me lo pidieron de […]

—Me refiero a un desmentido en relación con la explicación de los papeles.

—Sí, hay un comunicado que prepara mi abogado y se hace porque, en función de esa presión de Gerardo Galeote y Marilar de Andrés, acabo cediendo y haciendo un desmentido.

—De todas las versiones que ha dado usted, ¿la que ha ofrecido esta mañana ante el Ministerio Público y el juez y el resto de las partes es la verdad?

—Lo que he respondido hoy a todas y a cada una de las preguntas del señor magistrado, de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, a las que por cierto, no había contestado nunca en estas diez ocasiones en las que he pasado por aquí, es exactamente la realidad, y de lo que no conozco y se me ha preguntado he dicho que no lo conozco, pero por desconocimiento, no por ocultar ninguna información.

—Y por último, ¿usted ha enviado, directa o indirectamente, por sí o por persona interpuesta, alguna amenaza o intimidación o coacción a algún miembro del Partido Popular, o a su secretaria general o a algún miembro cualificado de […]?

—A nadie, absolutamente a nadie. Yo no he amenazado a nadie en mi vida, salvo las dos palabras que le dije al señor [ininteligible], que me he disculpado anteriormente. Yo no he amenazado jamás a nadie. El que se he sentido amenazado he sido yo, que hasta en cuatro ocasiones he tenido que oír por personas enviadas en nombre del partido: «Luis retira la demanda contra el partido en plaza de Castilla, contra Alberto Durán, abogado del partido, y la demanda laboral, y no te preocupes porque como estoy negociando con los empresarios las declaraciones que tienen que prestar en relación con los papeles, yo te consigo 500.000 euros en efectivo para compensarte por la pérdida de la indemnización». Yo no he amenazado a nadie, absolutamente a nadie, a pesar de haberme tenido que tragar en cuatro ocasiones «que el futuro de tu mujer está en juego, que la que puede acabar en la cárcel es tu mujer».

—Le iba a preguntar si quería usted decir alguna cosa más al juez, pero yo creo que ya lo ha dicho usted todo, a no ser que yo me equivoque.

—Yo por mi parte […]

[Toma la palabra el juez].

—Yo por mi parte, sobre las manifestaciones que hace usted a preguntas de su letrado, le tengo que pedir alguna puntualización. Si me la quiere usted dar, pues de acuerdo. Con la plena conformidad de su defensa o no, si lo entiende oportuno aconsejarle en un sentido o en otro, pero dado que usted aporta un detalle novedoso en estas contestaciones, yo le tengo que preguntar.

»Empezando por el final, ha referido usted ahora una indicación en relación a que si retiraba la demanda por el tema laboral se le podía abonar una cierta cantidad y que estaban negociando los términos, creo que ha dicho los términos de las declaraciones de los empresarios, ¿quién es la persona que le hace esa indicación?

—Es un abogado. Yo creo que ahí el señor Gómez de Liaño argumentará lo mismo que antes, en cuanto a no desvelar el nombre de la persona. Pero es un abogado que tenía relación con el partido y que tenía interlocución directa con María Dolores de Cospedal. A mí me consta que eso era así porque los detalles que me da son detalles que conozco yo, y que son fidedignos. Es más, el último SMS que cruzo con Mariano Rajoy, que es la tarde del día en el que le digo algo así como «y a partir de este momento, quedo liberado de cualquier compromiso con respecto a ti y el partido», ese SMS que se produce por la tarde, a la mañana del día siguiente dicho abogado me estaba llamando para decirme: «Hombre, Luis, te pasaste un poco con el texto del mensaje que enviaste ayer por la tarde. Yo creo que deberíamos vernos después de Semana Santa y volver a hablar», pero no nos hemos vuelto a ver. En el contexto de esa conversación se me ofreció, se me dijo, que era la persona designada por el partido para negociar las declaraciones que tenían que hacer los empresarios y que en función de esa relación no habría ningún problema en conseguir 500.000 euros en efectivo. También tengo que decir que dije la realidad: primero, no son 500.000, es un millón en euros, pero es que además yo no quiero un millón de euros en efectivo, porque para mí, como es mi indemnización legal, el dinero es absolutamente transparente. Yo lo que quiero es tener dinero transparente y no dinero en efectivo. Y en esa conversación se me hizo de nuevo la referencia, yo creo que en este caso con el ejemplo de Roldán: «En fin, Luis, yo creo que tienes que tener mucho cuidado porque si no al final tú y tu mujer podéis acabar en la cárcel».

—Bien, ¿y es el mismo abogado que participa en esa conversación en presencia de doña Ana Gutiérrez, esposa de Jesús Merino, y que le propone repetir los papeles?

—El mismo.

—¿Es la misma persona, y no la puede o no la va a identificar usted entiendo que por consejo de su letrado?

[Toma la palabra Gómez de Liaño].

—Señor magistrado, en la medida que puede afectar a la dignidad del compañero y a la abogacía, mi consejo es que no dé ningún nombre ni apellido.

—Pues si usted no va a declarar más sobre tal extremo damos por finalizada la declaración.

18
GARGANTA PROFUNDA

Cinco horas con Ruz. No necesitó Luis, según he podido informarme, una preparación especial. En los cuatro días que le dio el juez, reflexionó en prisión sobre los titulares. Los papeles, ¿quién sino él, como autor de los mismos, podía explicar casi espontáneamente cada una de las anotaciones? Pero más allá de las carpetas de colores (cuatro azules, dos amarillas, una lila, una verde y una sepia) y el pendrive, el titular fue este:

LUIS PAGÓ SOBRESUELDOS A RAJOY Y COSPEDAL
EN 2009 Y 2010

Hasta esta afirmación que Luis soltó poco después del inicio de su declaración, esos pagos llegaban hasta 2008, la última hoja de la contabilidad manuscrita. En 2009 y 2010 había pagado 45.000 euros a cada uno de ellos.

El contenido de las nueve carpetas suma trescientos veintiocho folios. En la carpeta 1, de color azul, hay diecisiete folios de anotaciones manuscritas que reflejarían la contabilidad paralela en el partido. La carpeta 2, de color azul cartón, contiene ocho folios con tablas de Excel que recogen la supuesta contabilidad B entre 1993 y 1996. En la carpeta 3, amarilla cartón, hay siete folios con anotaciones manuscritas de cantidades, entre otras de constructoras, así como una relación de ingresos correspondiente al año 2006 por un importe total de 2.598.738,89 euros. En la carpeta 4, también de color azul cartón, figura un solo documento, que es el recibí de 200.000 euros firmado por José Ángel Cañas, gerente del PP de Castilla-La Mancha. La carpeta 5, de color lila cartón, recoge ochenta y ocho folios, con extractos bancarios de supuestos ingresos efectuados por el PP en dos cuentas del partido. La carpeta 6, amarillo cartón, recoge quince folios con varios donativos al partido ingresados en diversas cuentas. La carpeta 7, azul cartón, de treinta y dos páginas, contiene diversos documentos (gastos de notario, documentos bancarios, talones, anotaciones a mano de entregas de dinero, etc.). La carpeta 8, color sepia cartón, contiene catorce folios con, entre otros documentos, dos tarjetas de visita de Luis con anotaciones de cantidades a mano. La carpeta 9, color verde cartón, recoge ciento sesenta y cuatro folios con anotaciones manuscritas con entradas y salidas de dinero del año 1999 al 2005 y documentos relativos al PP vasco.

Luis explicó al juez que en marzo de 2010, antes de abandonar su actividad en el partido, recibió un sobrante de dinero en negro procedente de Galicia. Fue al despacho de Javier Arenas y le preguntó qué hacía con el dinero. Arenas le dijo que fueran a consultarlo con Rajoy. En el despacho de Rajoy, este le dio instrucción de distribuirlo en sobresueldos: 25.000 euros para Cospedal y 25.000 euros para Rajoy. Luis le extendió la última hoja de las anotaciones y el presidente del partido la destruyó.

La guerra dentro del PP entre Luis y Cospedal ya era abierta. Rajoy había conseguido por aquellos días que Luis renunciara a su escaño en el Congreso, seis meses después de que los diputados votaran, en septiembre de 2009, a favor del suplicatorio solicitado por el juez instructor del Tribunal Supremo a finales de julio. Desde luego, Cospedal hubiese deseado que Luis diera ese paso mucho antes.

Por aquellos días de marzo de 2010, Luis estaba convencido de que María Dolores de Cospedal intentaría echarle, si fuera posible, a los leones. Para ella, pensaba Luis, él simbolizaba el pasado del PP, un pasado que quería soterrar. «No sabe quién soy yo», esta era la frase recurrente que le venía a la cabeza.

¿Se preparó ya en aquellos lejanos días de 2010 para una guerra que intuía? ¿Qué indicios existen sobre esa preparación?

En la reunión del 7 de abril de 2010 en la planta séptima de Génova, Luis advirtió a Rajoy sobre los 200.000 euros aportados por Sacyr a la campaña de las elecciones municipales de 2007 a cambio de una contrata de limpieza de basuras en Toledo.

En su declaración ante el juez, dijo que había explicado a Rajoy que esa era la única irregularidad en la que él había incurrido (una donación empresarial con un objetivo finalista), pero matizó que no llegó a exhibir ante Rajoy el recibo firmado por el gerente regional del PP, información que sí había aportado en su conversación con Pedro J. Ramírez.

Pero, además de este indicio contra Cospedal, ¿hizo algo más para pertrecharse?

Hay gente muy próxima a Luis que así lo asegura. El que Luis haya escogido el titular del reparto de los 50.000 euros en sobres destinados a Rajoy y a Cospedal da una pista. Y el que haya puesto la pieza de Arenas en el puzle, también.

Lo que me dicen es que Luis preparó minuciosamente la propuesta de liquidación del sobrante habida cuenta de que ya estaba recogiendo los trastos en Génova 13. ¿Eso qué significa? Que llevó un instrumento para grabar las escenas, desde la consulta con Arenas hasta la de Rajoy en su despacho.

No es la única operación de este tipo que parece haber acometido. La otra ya es más próxima en el tiempo. Es la comida que mantuvo con Arenas en el restaurante Oriza de Sevilla el 21 de diciembre de 2012, en la que le comunicó la próxima llegada de sus cuentas de Suiza y le mostró el acta notarial con sus declaraciones sobre los donativos que había hecho en Madrid una semana antes, el 14 de diciembre. También este encuentro, dicen sus próximos, ha sido grabado.

El uso de semejante arsenal, caso de existir, tendría sobre todo consecuencias políticas. Y desde luego no le aliviaría de los delitos por los que es acusado en las dos causas: Gürtel y Papeles de Bárcenas.

19
LAS ESPADAS SIGUEN EN ALTO

El 15 de julio de 2013, el día que Luis prestaba declaración durante cinco horas, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, sacaba adelante en la sala de gobierno la petición formal al Consejo General del Poder Judicial para nombrar a Pablo Ruz juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de manera diferida. Quería Juanes blindar la instrucción de las causas en caso de «accidente en el recorrido» del juez titular, Miguel Carmona, entre el CGPJ, donde pronto dejaría de ser vocal, y el Juzgado de la Audiencia Nacional. Con todo, no sería tan fácil como parecía. Carmona se revolvió y consideró la iniciativa muy prematura. Quizá lo fuera. Sobre todo para su negociación con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Carmona necesitaba asustar al Gobierno con el fantasma de la llegada de un juez de origen progresista a causas como Gürtel y Papeles de Bárcenas para asegurarse el apoyo a su deseo de ir a La Haya.

El caso es que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, apoyó a Carmona. Por aquella época Moliner aspiraba a un nuevo mandato y mantuvo varios encuentros con Rajoy en La Moncloa. En alguno de ellos, en marzo de 2013, el presidente del Gobierno le habría expresado su preocupación por el hecho de que dos jueces de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez y Pablo Ruz, se estuvieran disputando a Luis, aunque esta versión era negada por las dos partes. Pero Moliner había compartido esa preocupación de Rajoy con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien se lo comentó. El 24 de julio de 2013, finalmente, tras el vuelco inesperado del vocal Antonio Dorado, la comisión permanente del CGPJ votó por mayoría de tres (Margarita Robles, Manuel Almenar y Antonio Dorado) contra dos (Almudena Lastra y Gonzalo Moliner) la propuesta de nombrar a Ruz anticipadamente juez de apoyo, por un período de seis meses renovables, a partir de la incorporación de Carmona.

Una semana más tarde, tal como Ángel Juanes se temía, Carmona desvelaba su candidatura para ocupar una plaza en el Tribunal Internacional de la Antigua Yugoslavia. El CGPJ le apoya pese a que otros jueces tienen la experiencia internacional de la que Carmona carece. Es el caso del magistrado de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, que aspira a la plaza.

Ruz, por tanto, puede seguir investigando al menos hasta diciembre de 2013. En esas fechas se prevé la constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial, quedando así libres los vocales del anterior.

La declaración de Luis del 15 de julio provoca una conmoción política. La acusación popular ADADE presenta un escrito en el que pide la citación de Rajoy y de varios secretarios generales en calidad de testigos. Y los partidos políticos solicitan la comparecencia de Rajoy en el Parlamento. Pero el presidente del Gobierno y del Partido Popular se resiste a ir a un pleno del Congreso de los Diputados.

El juez Ruz cita, a la luz de la declaración de Luis, a Cospedal, Arenas y Álvarez-Cascos para prestar declaración como testigos. Finalmente, bajo fuerte presión interna y sobre todo de algunos medios de comunicación internacionales que están apoyando su política económica, Rajoy accede. El 1 de agosto, el presidente del Gobierno se inspira en la disculpa del rey Juan Carlos con ocasión del escándalo de su viaje para cazar elefantes a Botsuana en abril de 2012, y dice:

—Me equivoqué en pensar que era inocente quien no lo era.

Rajoy alude así a su famosa frase del 2 de abril de 2009 pronunciada en Vitoria, según la cual nadie podría probar que Bárcenas no es inocente.

Pero lo que resulta surrealista es la reacción de los diputados nada más pronunciar su disculpa. El grupo parlamentario popular celebra este error, o equivocación, según las palabras de Rajoy, poniéndose de pie con un prolongado aplauso.

Unos días más tarde, el Juzgado Central de Instrucción número 5 da traslado a las partes de la contabilidad de los años 1993-1996 incluida en el pendrive entregado por Luis. He aquí que a los papeles impresos les falta una columna, la de observaciones. El subdirector de El País, José Manuel Romero, empero, obtiene una copia completa. En la hoja Excel, en la columna de observaciones del ejercicio 1993, hay dos pagos donde pone: «Indicación J. M.». Uno de ellos es de 350.000 pesetas para José María Ortí y otro de 1.000.000 para Pedro Arriola.

El documento lo ha elaborado la Comisaría General de Policía Científica. Incluye en la columna de observaciones otras indicaciones. Por ejemplo, el nombre del entonces director de Comunicación del PP, Miguel Ángel Rodríguez, aparece junto al periodista José Antonio Sánchez, por aquellla época periodista político del periódico Abc y actual presidente de RTVE, en tres ocasiones, una de ellas «indicación M. A. Rodríguez» con una anotación de 300.000 pesetas en el mes de noviembre de 1993; una segunda en diciembre de 1994 por 400.000 pesetas y una tercera de julio de 1995 por otras 300.000 pesetas. También consta que en enero de 1992 Miguel Ángel Rodríguez recibió 175.000 pesetas que entregó a la periodista Isabel Tenaille, presentadora de un acto de campaña del partido.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declara ante el juez Ruz el 14 de agosto de 2013. Aparte de negar que hubiera recibido sobresueldos, se desmarca del pacto de Luis con Arenas y Rajoy de abril de 2010. Aclara que se enteró de las condiciones pactadas siete meses más tarde por información de Rajoy.

El 18 de agosto le toca el turno a Arenas.

Niega haber recibido sobresueldos. Cuando le llega el turno al abogado Javier Gómez de Liaño, pone sobre la mesa el tema de la comida entre Luis y Arenas en diciembre de 2013, en el restaurante Oriza de Sevilla. Arenas lo niega.

—No, el otro día he leído en la declaración del señor Bárcenas que esa comida tuvo lugar «a principios de diciembre, un viernes», los primeros días de diciembre. He comprobado y no es esos primeros días. Cuando usted me dice si es el 14 diciembre, que es la fecha que cita, sinceramente creo que no, pero no me parece una cuestión… Ya dije que tuve una conversación con él en esos meses, pero le quiero decir que creo que no, que no fue esa.

—Pero con la misma sinceridad, ¿recuerda usted si en principio la comida se iba a celebrar el 12 miércoles en Córdoba y se retrasó?

—Sinceramente […]

—Él le dijo que no podía desplazarse.

—Sinceramente, no lo recuerdo.

—Lo dejamos ahí.

—Pero le voy a insistir en que creo que en esa fecha no se produce la comida. He comprobado, además, que días anteriores estoy en Galicia. He hecho una comprobación de agenda y creo que no es exactamente ese día, y además no tendría ningún reparo, señoría, en ofrecer la fecha si la compruebo definitivamente.

—No se preocupe, es que como en estas comparecencias se está hablando de detalles, yo tengo el detalle de los billetes de AVE…

—Yo creo que el 14 no, sinceramente.

—¿Usted sabe, o le consta, o recuerda, o ha oído si de ese almuerzo hay algún documento o soporte?

—No lo recuerdo, en absoluto. En lo que a mí se refiere, yo nunca he tenido ningún documento soporte de ningún tipo de almuerzo.

—Estamos suponiendo.

—De ningún tipo de almuerzo.

Es un diálogo de iniciados. ¿Algún documento o soporte? ¿Es un aviso de Luis a su amigo Arenas? ¿Se refiere a la grabación de la comida?

La instrucción del juez Ruz se encontrará aquí y allá con obstáculos del PP. A finales de agosto de 2013, el partido entrega al juez dos ordenadores que Luis había intentado recuperar sin éxito en Génova 13. Pero los discos duros han sido destruidos.

Unos meses más tarde, el 20 de diciembre de 2013, ante la política de manifiesta obstrucción y distracción que practica el PP frente a la solicitud de información del juez sobre documentos relacionados con las obras de remodelación de la sede, Ruz envía una comisión al juzgado dirigida por el secretario judicial Javier Fernández Gallardo. Ruz amenaza, por escrito, con una orden de entrada y registro si no se permite el acceso de la comisión judicial en el cuartel general de Génova. El PP autoriza la entrada ante la amenaza. Son catorce horas de búsqueda de documentos entre la noche del 20 de diciembre y la mañana del día 21 de diciembre. El juez tenía hasta entonces indicios de que los pagos en negro ascendían a 800.000 euros, según constaba en los papeles de Luis, pero la comisión judicial trae documentos que suben la cantidad a 1,5 millones. Los colaboradores del juez salen del registro con el doble de dinero que tenían antes de esta operación.

El espectáculo del registro, el 20 de diciembre de 2013, coincide en el día con la constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial. El nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, propone nombrar a un amigo personal, Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo.

Lesmes tiene una idea ya formada respecto a Ruz. Quiere terminar con su presencia en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Para ello es necesario sacar la plaza a concurso. Este argumento puramente técnico oculta el problema de fondo: la presión del PP para apartar a Ruz. Uno de los miembros de la nueva comisión permanente, el magistrado Gerardo Martínez Tristán, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en servicios especiales en el CGPJ, es quien aconseja a Lesmes en estos temas. Y es quien canaliza activamente la presión del PP.

Lesmes consulta el asunto de Ruz con Juanes, quien le advierte sobre la mala imagen que podría suponer su no renovación para la opinión pública. Hay que decidir en pocos días, cuando está muy presente la entrada de la comisión judicial en Génova 13. Quitar al juez que ha enviado una comisión judicial y que ha dejado constancia en un auto de las maniobras de distracción del PP pretendiendo utilizar a la Fiscalía Anticorrupción es un bautismo de fuego para Lesmes. Demasiado.

Llega Lesmes a la conclusión de que va a renovar, pero será por última vez, a Ruz. Y así se lo hace saber, por razones de amistad, a Ángel Juanes. El 26 de diciembre de 2013, la comisión permanente del CGPJ analiza la situación. Martínez Tristán subraya que la plaza debe salir a concurso, pero accede finalmente a la decisión de Lesmes de renovar por seis meses la comisión de servicios de Ruz. Por última vez. Eso es lo que tienen en la cabeza Lesmes y Martínez Tristán.

El juez Ruz avanzará en la instrucción de la pieza Gürtel 1999-2005 y en los Papeles de Bárcenas, o la contabilidad paralela del PP, pero no son los únicos casos relevantes a los que dedica su actividad. Por tanto, tiene que darse mucha prisa. El registro de la sede del partido en la calle Génova supone un salto en la investigación del pago en negro de la reforma de la sede central del partido, una operación en la que se han pagado 1,5 millones de euros. La punta del ovillo ha sido la anotación de los pagos en los papeles de Bárcenas.

La estrategia del PP con relación a Ruz ha sido la de presionar para cerrar la investigación cuanto antes. Se acerca 2015, un año en el que habrá elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo y elecciones generales a finales de año. Pero, otra vez, se encuentra Lesmes con dificultades de cara a la opinión pública para liquidar a Ruz en junio de 2014. Lesmes pacta con uno de los vocales del CGPJ, Álvaro Cuesta, una nueva renovación. La comisión permanente le nombra por otros seis meses. Será, ahora sí, la última. Ruz tendrá que estar fuera antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015.

Lesmes no retrocederá esta vez. En octubre de 2014, Lesmes y Martínez Tristán diseñan la operación disfrazando la liquidación de Ruz con la salida de trescientas sesenta y cuatro plazas a concurso. Tras la dimisión de Ruiz-Gallardón, Lesmes acude a una reunión reservada con el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, donde tratan diversos asuntos. Lesmes le informa de que la comisión de servicios de Ruz ya no será renovada. Catalá, que conoce la animadversión del PP contra Ruz, respira tranquilo.

El 15 de octubre de 2014, en la intranet del CGPJ, a la que tienen acceso todos los jueces y miembros de la carrera, se hace pública una comunicación:

Estimados compañeras y compañeros, en la Comisión Permanente celebrada ayer, se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto, se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis.

Cuando Ruz lee estas líneas sabe que las campanas han doblado por él. El pretexto del concurso es una cobertura. La apelación al artículo 355 bis es una manipulación, porque en dicho artículo se prevé también la sustitución a través de «comisiones de servicio». Y además el Juzgado número 5 tiene dueño: Miguel Carmona. El magistrado no ha ido a La Haya por un error administrativo en la presentación de su candidatura. Pero Ruiz-Gallardón le hizo otra oferta, en noviembre de 2013, que Carmona no podía rechazar: el puesto de magistrado de enlace, una especie de embajador judicial, en el Reino Unido. Carmona, pues, está en servicios especiales en Londres. Y su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 5 solo se puede cubrir por comisión de servicios.

Ruz termina el 26 de noviembre de 2013 la instrucción de la pieza Gürtel 1999-2005 con el auto de conclusión, pero deja pendiente otros capítulos de la Comunidad de Madrid (Boadilla del Monte, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Majadahonda), y otras piezas, como Jerez y la Aena de Francisco Álvarez-Cascos, precisamente por la decisión de Lesmes de apartarle.

En Gürtel 1999-2005 pilla al PP como partícipe a título lucrativo, es decir, beneficiario de la trama de corrupción. Esta participación la cuantifica Ruz en 236.864 euros. El lucro se habría producido en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

Y decide, por iniciativa propia, sin que lo pida la Fiscalía Anticorrupción, considerar beneficiaria a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a través de las dádivas de la trama a la familia formada en la época por Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón, y Ana Mato. Ruz entiende que la trama corrupta le ha hecho «regalos en forma de servicios turísticos» entre los años 2001 y 2004: son 31.580 euros en billetes de avión, tren y alquiler de coches y alojamiento en hoteles de España y del extranjero. Según el auto «todos los pagos y regalos efectuados al imputado Sepúlveda y a su entorno familiar aparecen indiciariamente vinculados, bien a la consideración de su condición de senador y de alcalde, bien a su posible intermediación en adjudicaciones públicas».

La inclusión de Ana Mato provoca un terremoto en el PP. En cuestión de horas se produce la dimisión fulminante de la ministra de Sanidad.

El juez Ruz ha cogido al PP y a Ana Mato «a lo Capone». Es decir, por unas cantidades menores o más bien simbólicas en relación con lo que han sido los negocios de la trama corrupta y el Partido Popular.

El 5 de diciembre de 2014, nueve días después de la onda expansiva creada por el auto de conclusión, Lesmes somete a la comisión la propuesta de sacar la plaza de Ruz a concurso. Solo vota en contra el vocal Álvaro Cuesta, por orden directa del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La otra vocal elegida por iniciativa socialista, María del Mar Cabrejas, desobedece a Sánchez y vota a favor. Lesmes le pide que le ayude a «vender» la decisión a ciertos medios de comunicación. Hay que explicar que sacar la plaza a concurso no implica acabar con Ruz, que si él lo desea podría quedarse como juez de apoyo del magistrado que se haga cargo del juzgado para seguir llevando los mismos casos, una promesa manifiestamente ilegal. Cabrejas le echa una mano. Será Ángel Juanes quien le dirá a Ruz que ni se lo piense. Que no debe entrar en este juego. Con todo, Ruz ya lo tiene muy decidido. No hará caso de esta operación de marketing de Lesmes. Intentará terminar la instrucción de los Papeles de Bárcenas y se irá a su juzgado de Móstoles.

Pero a todo esto, ¿quién es el candidato para ocupar el juzgado de Gürtel y de Papeles?

Porque la decisión de quitar a Ruz va acompañada de la intención de colocar a un magistrado favorable al Partido Popular.

Martínez Tristán tiene, precisamente, esa misión. E intenta cumplirla. Busca un juez conservador con suficiente antigüedad como para ganar el concurso. Y lo ha encontrado. Su nombre: Carlos Valle. Es el juez que, como titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, lleva las diligencias sobre el presunto delito de desobediencia de Esperanza Aguirre, que ha intentado archivar sin éxito, a raíz de su huida de los agentes de movilidad y policías municipales en la Gran Vía madrileña, el 3 de abril de 2014.

Valle mantiene una larga fidelidad a la derecha con resoluciones judiciales hechas a la medida del PP. Se lo piensa. Parece que va a echar la instancia. Pero finalmente da marcha atrás por razones personales. La plaza la gana el magistrado José de la Mata, juez de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha sido director de la modernización de la Justicia con el ministro Francisco Caamaño en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La decisión de apartarle cuando llegue el magistrado De la Mata obliga a Ruz a correr para cerrar caso de los Papeles o contabilidad B del PP. El juez tendrá que luchar hasta última hora con la Agencia Tributaria del ministro del PP Cristóbal Montoro. Porque, a días de concluir, teniendo en cuenta la presión que supone su desalojo del Juzgado resuelto por Lesmes, se encuentra Ruz en una contrarreloj. Hacienda no quiere cuantificar el posible delito fiscal que supone haber ingresado donativos ilegales porque los fondos procedentes de actividades ilícitas, sostiene, no tributan. El juez persiste y después de amenazar a la Agencia Tributaria obtiene un informe con distintos cálculos muy favorables al PP.

Ruz declara, al concluir la instrucción de esta pieza, el 23 de marzo de 2015, que el PP es responsable civil subsidiario por los presuntos delitos fiscales cometidos al no tributar por las donaciones ilegales y por los pagos de la obra de Génova con dinero negro. Al mismo tiempo, aprecia delitos de prevaricación y cohecho en la comisión de 200.000 euros pagados en la campaña electoral del PP de 2007 por la constructora Sacyr, para asegurarse que su filial Sufi se haría con la contrata del servicio de basuras en Toledo. Ruz se inhibe a favor de un juzgado de Toledo para que sea este el que continúe la investigación. El juez ha intentado averiguar lo más posible sobre esta operación. El 24 de noviembre de 2014, durante la declaración de José Manuel Molina, el alcalde del PP en Toledo, en 2007, Ruz ha preguntado diez veces por María Dolores de Cospedal.

Tanto en Gürtel como en Papeles, Luis es una de las figuras estelares. Las acusaciones solicitan cuarenta y dos años y medio de cárcel en Gürtel y cinco años en el caso de la contabilidad B.

Precisamente, en la causa Gürtel, donde los delitos fiscales representan casi la mitad de la pena que se le pide, la información procedente de las cuentas bancarias de Suiza no puede ser utilizada contra Luis, habida cuenta de que la evasión no es delito en la Confederación Helvética. Una autorización inicial para utilizar los documentos enviados contra Luis (al ser las operaciones consideradas como escroquerie o defraudación fiscal) ha sido revocada por la Office Fédéral de la Justice (Ministerio de Justicia suizo). La Fiscalía Anticorrupción intenta cambiar la posición de las autoridades suizas de aquí a la celebración del juicio oral en España, previsiblemente en 2016.

Mientras tanto, el dinero en las cuentas de Luis, unos 17,5 millones de euros, un dinero que ha incrementado su valor por estar invertido en acciones de sociedades que han experimentado subidas en Bolsa, seguirá bloqueado en las cuentas bancarias.

El PP se ha dotado durante los seis años de instrucción de una pátina de teflón por donde han resbalado las andanadas judiciales. Como partido ha evitado que sus dirigentes máximos se sienten en el banquillo, aunque el deterioro para la marca ha sido importante. Se ha aferrado al argumento de que si existió una contabilidad B… pertenecía a Luis. Los pagos en negro de la remodelación de su sede de Génova, realizada por el estudio del arquitecto Gonzalo Urquijo, por ejemplo, también son una decisión llevada a cabo en solitario por Luis. La planta séptima, donde se encuentra el despacho de Mariano Rajoy, rehabilitada en 2009, ¿nunca le suscitó a su inquilino algún interés? Los 505.000 euros certificados para la obra en dicha planta, según deja constancia el juez Ruz en su auto de conclusión, ¿no eran una cantidad para opinar? Y, sin embargo, a sus ilustres visitantes Rajoy los paseaba, ufano, por la planta para mostrar la maravilla de la obra realizada por el arquitecto Urquijo, con quien aparece posando en varias fotos, junto a Luis y Ángel Acebes, secretario general del PP cuando comenzó a proyectarse la obra. En su auto de apertura de juicio oral por los Papeles de Bárcenas, el juez José de la Mata, sucesor de Ruz, señala que las cantidades abonadas por el PP al estudio del arquitecto Gonzalo Urquijo por las obras de la sede central de Génova 13 «al margen de la facturación y contabilización oficial, habrían ascendido al importe total de 1,552.000 euros». El juez señala que se ha intentado «simular el devengo del IVA por la entrega de la séptima planta y los proyectos y ampliaciones adicionales como producido en 2010, desprendiéndose sin embargo de lo actuado que los referidos trabajos fueron todos entregados al PP en 2009». De la Mata, como Ruz, estima que las donaciones ilegales también deben tributar. En este caso se trata de 1,05 millones de euros.

Rajoy tenía todos los poderes de administración más amplios delegados por los congresos del partido, que compartía, en las sucesivas épocas, con Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.

Precisamente, el 28 de octubre de 2014, Ruz, al interrogar a Acebes en calidad de imputado a raíz de la declaración de Luis, preguntó si conocía a Urquijo. El exsecretario general del PP respondió rotundamente «no». Ruz, entonces, le exhibió unas fotos que la Policía había recogido en el registro de la empresa Unifica del arquitecto Urquijo. En una de ellas, Acebes aparece junto a Luis y a Rajoy con Urquijo y en otra, estrecha la mano del arquitecto.

Por su parte, Luis, tras permanecer casi diecinueve meses en prisión, sigue con la denuncia de sus exconmilitones. A la salida de cárcel de Soto del Real, a las 21.50 horas del 22 de enero de 2015, hace alusión a sus diálogos por SMS con el presidente del Gobierno: «Le he hecho caso a Mariano Rajoy y le doy las gracias: Luis ha sido fuerte de verdad». Reitera que la contabilidad B es «rigurosamente cierta». Más tarde insiste en que la contabilidad B no era de Luis Bárcenas, sino del PP, y repite que el pago de sobresueldos era una realidad. Insiste en aquello que dijo por videoconferencia al juez Jesús Yunta, desde la prisión de Soto del Real, en el juicio por la demanda civil de Cospedal en Toledo, el 18 de octubre de 2013. Tras relatar que estos sobresueldos eran cobrados por los secretarios generales y presidentes del partido, Luis afirma:

—Esas dos anotaciones manuscritas de 7.500 euros están hechas por mi mano y esa misma mano es la que entrega un sobre a la señora Cospedal con esas cantidades… Esos pagos se hicieron porque el anterior secretario general, Ángel Acebes; el anterior, Javier Arenas y el anterior, Francisco Álvarez-Cascos, todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B, o sea, en efectivo y sin retención de ningún tipo. Con ello, el partido compensaba el nivel retributivo que creían que debía tener.

Pero, aparte de ratificarse en sus afirmaciones, Luis mantiene el interés por aportar aquellos detalles que ilustren la prácticas del Partido Popular.

El martes 12 de mayo de 2015, Luis se reúne en su domicilio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid con el periodista Francisco Mercado. Escuchan la cinta magnetofónica que Mercado grabó durante su conversación con Álvaro Lapuerta, en aquellas entrevistas y conversaciones que ambos mantuvieron en enero de 2013 sobre los pagos de sobresueldos en el PP. Lapuerta narra que le lleva billetes a Aznar a su despacho, mezclados con informes y otros papeles. Luis se lo conoce bien. Lapuerta cuenta una visita que realiza en 1993 a un gran banco. Luis también se sabe esta historia. Es una visita donde esperan recibir una cantidad de dinero, 30 millones de pesetas, pero el secretario del consejo del banco les dice a ambos, Lapuerta y Luis, que Aznar se les ha anticipado. Luego, recuerda Luis, cuando regresan a Génova, hablan con Aznar, quien les confirma lo que les ha dicho el secretario del consejo de la entidad y les pide que tengan confianza, que es dinero que el partido necesita para la campaña electoral.

Luis quiere que esta cinta se difunda. Porque es una prueba sobre lo que él afirma. La información de Francisco Mercado, publicada por El País el 19 de enero de 2013, que la cinta magnetofónica grabada a Álvaro Lapuerta corrobora, ya ha sido confirmada por una juez de Pozuelo de Alarcón y por la Audiencia Provincial de Madrid ante la demanda de protección del honor de José María Aznar, primero, y su recurso, después.

La información sobre la cinta de enero de 2013 se hace pública en el programa Las Mañanas de Cuatro, que presenta el periodista Javier Ruiz, el miércoles 13 de mayo de 2015.

En la primera semana de julio de 2015, Luis recibe una llamada de su exabogado, Javier Gómez de Liaño. Nada más salir de prisión, Gómez de Liaño ha propiciado un encuentro entre Luis y Pedro J. Ramírez. Ha sido destituido como director del diario El Mundo en noviembre de 2014 y ahora prepara el lanzamiento del periódico digital El Español. Cuando Luis le vuelve a ver, en su primer encuentro desde el 11 de julio de 2013, le dice:

—Pedro, esto no es una entrevista…, ni una conversación.

Alude a la publicación, el 7 de julio de 2013, de la entrevista mantenida el 11 de junio en forma de conversación.

El hecho es que un lunes de primeros de julio de 2015, Javier Gómez de Liaño y Luis comparten mesa y mantel. El abogado le habla con entusiasmo del nuevo proyecto periodístico de Pedro J. Le explica que él, Gómez de Liaño, está jugando un papel muy activo. Y le pide la mayor colaboración posible. Pedro J. ya tiene, subraya el abogado, cinco bombas informativas que afectan al PP de Rajoy y María de los Dolores de las Mentiras, el nombre con el cual se refiere a ella Pedro J.

Quieren, pues, que Luis aporte las suyas.

Rajoy, a su vez, replica a Luis con idénticos argumentos a los utilizados por él mismo en 2010. «Desconocía la contabilidad B, si es que existe. Esta contabilidad no sería del PP, sino del que la hizo, que es el señor Bárcenas».

El escrito de defensa de Luis de 2 de julio de 2015, en el caso de los Papeles es sugerente. Revela que Luis hace acopio de documentos del pasado. En los primeros días de mayo de 2015, Luis filtra material sensible de 1990. Entre otros documentos, las cartas secretas depositadas ante notario por Rosendo Naseiro de abril de 1990 y un talón con una donación a nombre de Manuel Fraga por valor de 500.000 pesetas del 18 de abril de 1989. El periodista Antonio Ruiz del Árbol publica las informaciones sobre los Papeles de Naseiro en Eldiario.es. Ahora Luis aporta esa documentación en su escrito. Los abogados Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante insisten en que la financiación irregular, los pagos en negro y los sobresueldos eran un «sistema institucionalizado al margen de la legalidad», conocido por presidentes y secretarios generales de la organización. Si en su declaración del 15 de julio de 2013 había sido deliberadamente ambiguo sobre la sigla «J. M.», ahora, al insistir en que los presidentes y secretarios generales del PP recaudaban dinero y daban instrucciones sobre cómo gastarlo, advertía (el subrayado es del escrito) en lo que llama «relato fáctico»:

Durante los años 1989 a 1990, siendo presidente D. José María Aznar, Secretario General Sr. Álvarez-Cascos y tesorero D. Rosendo Naseiro, las donaciones las recibían el Presidente y el Secretario General que se las entregaban al Tesorero que además gestionaba con empresarios aportaciones para el Partido.

Desde 1990 a 1993 asume la tesorería el Sr. Álvarez-Cascos y en ese período la totalidad de donativos los recibe él como Secretario General, entregándolos a continuación a D. Luis Bárcenas. La instrucción sobre la disposición de esos fondos le venía dada al gerente por parte del Secretario General.

Entre 1993 y 1996 continúa como Presidente el Sr. Aznar, Secretario General el Sr. Álvarez-Cascos, y como Tesorero el Sr. Lapuerta. En ese período los donativos los recibe el Sr. Álvarez-Cascos y empieza a recibirlos en algunos casos el Sr. Lapuerta.

Durante los años 1996 a 2004 sigue siendo Presidente el Sr. Aznar, Tesorero Sr. Lapuerta, Coordinador de la Secretaría General D. Ángel Acebes y Secretario General D. Javier Arenas, en este período los Secretarios Generales normalmente ponían a los donantes en contacto con el tesorero Sr. Lapuerta que recibía las ayudas. De hecho es durante el mandato como Secretario General de D. Javier Arenas cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la Sede Central del Partido.

Del año 2004 a junio del 2008 siendo ya Presidente D. Mariano Rajoy, Secretario General el Sr. Acebes, y Tesorero el Sr. D. Álvaro Lapuerta, salvo algunos donativos importantes que recibía el Presidente el resto de la gestión para consecución de donativos la hacía el Tesorero nacional Sr. Lapuerta.

Por último desde Junio 2008 a julio 2009 bajo la Presidencia del Sr. Rajoy, Secretaria General Dª. María Dolores Cospedal y Tesorero D. Luis Bárcenas, disminuyen notablemente los donativos de empresarios que venían ayudando al Partido Popular. En ese período, 6 meses, el Tesorero recibía directamente los donativos.

Los Secretarios Generales eran informados puntualmente de las cantidades recibidas y el nombre de los donantes por el Tesorero nacional. En el escaso período de tiempo que D. Luis Bárcenas fue tesorero (junio 2008 a 2009) reportó con ese mismo criterio a las dos personas de las que dependía jerárquicamente, el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal.

Las anotaciones que se plasman en los papeles que figuran en la causa judicial: «de Cascos», «de Paco», «por indicación Cascos», «por indicación J. M», «encargo José M», «por indicación Álvaro»… indican sin ningún género de dudas que estas personas entregaban dinero para la Caja del Partido Popular y daban las oportunas instrucciones y directrices sobre su uso y destino.

Pero también, aclara Luis en su «relato fáctico» que los «complementos salariales, desde el año 1990, fueron establecidos por las máximas instancias del partido, que en 1989 comunicaron al señor Rosendo Naseiro, tesorero en aquel momento, las cantidades que debían recibir los distintos cargos del partido, como complemento y sin recibo».

Aquí Luis señala con el dedo a los responsables de los sobresueldos. Pero también dice otra cosa: los pagos se hacian «sin recibo».

En este escrito, Luis aporta tres transferencias bancarias firmadas por Álvarez-Cascos por 1,5 millones de pesetas dirigidas al Partido Popular de Galicia, así como una nota firmada de puño y letra por Pedro Arriola en la que le da instrucciones para pagar una parte en pesetas «blancas» y otra en pesetas «negras», nota que había incorporado Luis el 15 de julio de 2013 dentro de las carpetas de colores aportadas junto con su declaración.

La pátina de teflón que el Partido Popular ha logrado usar como escudo durante la investigación de los casos Gürtel y Papeles de Bárcenas, o Contabilidad B del PP, ha funcionado. No se ha podido evitar que todos los secretarios generales desde 1989 hasta el presente fueran citados a declarar como testigos, así como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la gestación del caso Gürtel. Todos los secretarios generales menos uno. Porque Mariano Rajoy, que fue nombrado vicesecretario general en 1990, dirigió las campañas electorales de 1996 y 2000, ocupó la secretaría general entre 2003 y 2004, antes de saltar a la presidencia del partido.

La citación de Rajoy en calidad de testigo fue combatida por la Fiscalía, posición asumida por el juez Ruz y confirmada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y no solo hubiese sido coherente con la declaración que prestaron en agosto de 2013 sus subordinados. En una estructura de poder presidencialista como la del PP, la comparecencia del presidente ejecutivo, con todos los poderes de administración y máximo responsable de las cuentas anuales de la organización, era obligada, habida cuenta de que, además, es uno de los miembros de la cúpula sobre los que pesa, según la contabilidad B que llevaban Lapuerta y Luis, la acusación de cobrar sobresueldos.

Si a Esperanza Aguirre le correspondería el Goya regional por pretender sobrevivir a los casos Gürtel y Operación Púnica, al precio módico de responder por escrito desde su despacho de la calle Génova a las preguntas enviadas por el juez Pablo Ruz, a Rajoy habría que darle el Goya nacional por el estado de negación que ha asumido ante las revelaciones del pasado, que intentará mantener ante las nuevas.

Las espadas siguen en alto.

ANEXO 1
LOS PAPELES DE BÁRCENAS & LAPUERTA

LUIS BÁRCENAS

Gerente del Partido Popular entre 1989 y junio de 2008.

Tesorero nacional en julio de 2008 hasta su renuncia transitoria en julio de 2009.

Tesorero nacional de facto entre julio de 2009 y marzo de 2010.

ÁLVARO LAPUERTA

Tesorero nacional del Partido Popular entre el 15 de febrero de 1993 y junio de 2008.

DOCUMENTO 1

Contabilidad manuscrita de entradas y salidas de dinero negro correspondiente a los períodos 1990-1992 y 1997-2008.

La letra es de Luis Bárcenas y el visé de Álvaro Lapuerta.

Descripción a máquina de la contabilidad manuscrita realizada por el diario El País.

DOCUMENTO 2

Cuadros inéditos.

Contabilidad mecanizada de los años 1993-1996 completa.

Contabilidad del PP mecanizada en el ordenador de Luis Bárcenas. Se trata de la versión completa volcada por el inspector titular número 82.701 y el policía con carné profesional 106.594 de la Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central Criminalística, sección Informática Forense. El informe fue entregado el 12 de agosto de 2013 al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero al dar traslado a las partes se omitió la columna de Observaciones. Los cuadros fueron desencriptados del pendrive que entregó Luis Bárcenas.

1993

En la columna Observaciones, omitida en la versión oficial incorporada al sumario, se pueden ver dos entregas de dinero. La primera, con el número 6 y el mes de febrero, es para José M. Ortí por valor de 350.000 pesetas. En la columna de Observaciones se registra «Indicación de J. M.». Se trata de José María Ortí Bordás, portavoz del PP en el Senado.

Hay otras dos entregas a José M. Ortí de 350.000 pesetas cada una, en julio y noviembre de 1993, pero ya no viene indicación en Observaciones.

Con el número 9, en febrero, se anota una entrega de 1.000.000 de pesetas a «Pedro (especial)». También se observa «Indicación de J. M.». Es Pedro Arriola, el asesor demoscópico del PP, quien recibe el dinero. Hay otras 21 entregas de dinero a Pedro, aunque no existe referencia en Observaciones.

En el mes de noviembre, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas a «Sánchez». Se trata del periodista del diario Abc José Antonio Sánchez, actual presidente de Radio Televisión Española. Se observa: «Indicación M. A. Rodríguez». Era entonces director de comunicación del Partido Popular.

1994

Los destinatarios de las entregas se repiten con diferentes referencias en Observaciones.

Con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas, a «J. A. Sánchez». Se observa: «Petición Miguel A. Rguez.»

1995

Los destinatarios de las entregas de dinero se repiten sin referencia alguna en Observaciones.

Con el número 36, en julio, hay una entrega a «José A. Sánchez» de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre «M. A. Rod». Se trata de nuevo de Miguel Ángel Rodríguez.

1996

Entregas a «Pedro» (Pedro Arriola) y a PAC (Francisco Álvarez-Cascos) con diferentes observaciones.

En su escrito de defensa de 2 de julio de 2015, Luis Bárcenas asegura que quienes dan las indicaciones, según aparece en los documentos, son siempre los presidentes y los secretarios generales del PP. Insinúa que «J. M.» es José María Aznar.

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 2

ANEXO 2
SMS: RAJOY-BÁRCENAS EN SU INTIMIDAD

Selección hecha por Rosalía Iglesias y Javier Gómez de Liaño sobre más de treinta SMS intercambiados entre Rajoy y Bárcenas, conservados en los teléfonos de este último. Fueron publicados por El Mundo el 14 de julio de 2013, víspera de la declaración del extesorero ante el juez Pablo Ruz, el lunes 15 de julio de 2013.

El libro prohibido de la economía

Fernando Trias de Bes

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Título original: El libro prohibido de la economía

© Fernando Trias de Bes, 2015

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