Índice

Portada

Sinopsis

Dedicatoria

LA BANALIDAD DE LAS MALAS FINANZAS

PRIMERA PARTE. POR ENCIMA DE LA LEY: EL ENCUBRIMIENTO

1. LA CAMARILLA

2. CIBELES NO PAGA «TRAIDORES»

3. LOS IDUS DE MARZO

4. LOS GUARDIANES DEL MERCADO

5. LA DES-SUPERVISIÓN

SEGUNDA PARTE. ¡NO SON SOLO LAS CAJAS, ESTÚPIDO!

6. CAIXABANK: BANCA CÍVICA Y BANCO DE VALENCIA

7. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM): LA «NIÑA» DE LUIS DE GUINDOS

8. CATALUNYA BANC, UN BAÑO EN TINTA ROJA

9PASTOR & POPULAR: HACIA EL NAUFRAGIO CON MARGARITA DELGADO, FRANCISCO MONZÓN Y JERÓNIMO MARTÍNEZ TELLO EN EL CONTROL

TERCERA PARTE. PODER, GLORIA Y CAÍDA

10. WASHINGTON D. C., VIAJE DE IDA Y VUELTA

11. LA BATALLA DE CAJA MADRID, O EL CORTIJO DE LOS AMIGUETES

12. MARIANO RAJOY, DIRECTOR DEL CASTING

13. EL BANCO DE ESPAÑA: AQUÍ TE PILLO, AQUÍ TE MATO

14. DEL SACRIFICIO DEL «REY MIDAS»…

15. … AL LINCHAMIENTO DE RODRIGO RATO CON LA SOGA DEL FMI

16. «RODRIGO, ERES LA VÍCTIMA COLATERAL»

17. «ESTE DRAGHI ES UN JODIDO»

18. LA LEYENDA DEL RESCATE «COMPLETO»

CUARTA PARTE. ANTE LA LEY

19. EL SOCIO AUDITOR Y DELOITTE, PA’ DENTRO

20. LA «LÍNEA DE DEMARCACIÓN JUDICIAL ANDREU»: EL MAPA NO ES EL TERRITORIO

21. VAMOS A CONTAR MENTIRAS, TRALARÁ

22. TESTIGO DE CARGO: «YO, CASAUS»

23. LOS CUATRO CORREOS DEL APOCALIPSIS

24. INVESTIGAR A UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE TODA SOSPECHA

25. «A MÍ ME TOCA ENTERRAR A LOS MUERTOS»

26. ÚLTIMA PALABRA DE LOS INSPECTORES-PERITOS: DESDIBUJANDO EL TRAMPANTOJO

27. EL BANQUILLO: NI SON TODOS LOS QUE ESTÁN, NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON

ANTE NUESTROS PROPIOS OJOS

FUENTES

ANEXO DOCUMENTAL

ANEXO 1. Informe de la Asociación de Inspectores del Banco de España al vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, de 26 de mayo de 2006

ANEXO 2. Informe de la inspección del Banco de España sobre la situación de Bancaja de finales de 2010 sobre las cuentas de 2009. Los extractos muestran la situación de insolvencia de la entidad y la propuesta final de tratar de ocultar a los mercados

ANEXO 3. Correo de las 16:31:27 horas del 28 de diciembre de 2010 del inspector de cabecera del Banco de España, José Antonio Casaus, al interventor general de BFA, Antonio Román

ANEXO 4. Correo de A. Román en menos de cuatro minutos más tarde, a las 16:35 horas, a Casaus

ANEXO 5. Correo de José Antonio Casaus del 2 de febrero de 2012 llamado «borrador sobre Bancaja y el Grupo BFA», sobre la base de datos del equipo de inspección

ANEXO 6. Correo de Jerónimo Martínez Tello tras reunirse con José Ignacio Goirigolzarri. Goiri pide 20.000 millones. 11-5-2012

ANEXO 7. Informes de abril y de mayo de 2012 de Pedro González y José Antonio Gracia

Notas

Créditos

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ERNESTO EKAIZER

EL LIBRO NEGRO

La crisis de Bankia y las Cajas

Cómo falló en Banco de España a los ciudadanos

La crisis de las entidades financieras en España llevó a conceder ayudas públicas para «salvar» el sistema financiero que se han cifrado, oficialmente, en 122 000 millones de euros. Una cantidad más ajustada a la realidad del respaldo público a entidades privadas es la de 300 000 millones de euros, es decir, un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La investigación judicial en la Audiencia Nacional del desplome de uno de los iconos de la Gran Recesión española y el rescate financiero de España –el caso Bankia– permite, especialmente desde el 30 de marzo de 2016, iniciar el viaje al centro de la crisis y analizar los pormenores de los implicados políticos, así como poner de manifiesto el honor perdido de la cúpula del Banco de España, que actuó como una camarilla guiada por su propio interés.

A Silvia, en recuerdo de Mani y,
una vez más, de Agia Anna.

LA BANALIDAD DE LAS MALAS FINANZAS

«En general, cuando vivían la vida, las personas no eran lo suficientemente conscientes de que la estaban viviendo».

Creo que fue esta frase del personaje central de la novela Olive Kitteridge, de la escritora norteamericana Elizabeth Strout, la que contribuyó a deslizarme, en la última semana de diciembre de 2016, hacia la decisión de empezar a escribir este libro.

Esa banalidad, la de pasar por alto lo que te ocurre cuando estás viviendo la vida, me condujo en dirección a otra, aquella que describió la filósofa alemana Hannah Arendt hacia esa idea suya de la banalidad del mal. A saber: la creación de una maquinaria burocrático-administrativa cuyos promotores y protagonistas se abstraen de la realidad y de las normas y van ejecutando un plan preconcebido, comportamiento que el psicólogo social norteamericano Irving Janis ha bautizado como groupthink, o pensamiento endogámico.

En su libro Guardians of Finance. Making Regulators Work for Us [Guardianes de las finanzas. Haciendo que los reguladores trabajen para nosotros], publicado en febrero de 2012 (The MIT Press, Massachusetts), los economistas norteamericanos expertos en regulación y supervisión bancaria Ross Levine, James Barth y Gerard Caprio señalan que al actuar con imprudencia los «reguladores y responsables políticos ponen temerariamente en peligro el sistema financiero global».

Según los autores, «el sistema financiero de Estados Unidos es un caso de “homicidio negligente” u “homicidio imprudente”. La crisis no les ocurre a los políticos, son ellos quienes ayudan a provocarla».

Merece la pena citar in extenso su trabajo:

La crisis no es simplemente el resultado de una burbuja incontenible, solo ha sido posible por la incompetencia e impotencia de los reguladores, no ha sido simplemente un error y no refleja, básicamente, baches regulatorios. Hay un fallo sistémico en el sistema asociado con seleccionar, implementar, asesorar y reformar la regulación bancaria. Los reguladores mantuvieron políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad del sistema. Ha sido un desastre regulatoriamente inducido. Los reguladores pusieron en peligro a sabiendas sus economías en los diez o quince años antes de la reciente crisis [2008]. Aunque a muchos funcionarios les gusta culpar a las autoridades norteamericanas, la crisis en los países europeos ha sido en su mayor parte cosecha propia, empeorada o afectada, eso sí, por el calendario de los acontecimientos en Estados Unidos. La teoría del accidente es totalmente irreal. En la década anterior a la crisis, los políticos ven cómo, al salir de la crisis de Asia, en 1997, los flujos internacionales de capital desencadenan la caída de los tipos de interés y estrechan los diferenciales del coste de crédito. Asisten al boom sin precedentes en los precios de la vivienda en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, España y otros países.

¿Por qué Levine, Barth y Caprio se concentran en estudiar la actividad de los bancos centrales y las autoridades económicas? He aquí su respuesta:

Nos concentramos en el funcionamiento de los reguladores porque hay una diferencia cualitativa entre un funcionario del Gobierno y un participante privado del mercado. Se supone que el funcionario actúa en el interés público mientras que el financiero privado se debe a su empresa, accionistas y empleados.

La crisis de la entidades financieras en España, que el Banco de España intentó presentar como una crisis de las «politizadas cajas de ahorros» frente a un sistema bancario presuntamente sano, una ficción que afloró a la realidad con la caída del Banco Popular en junio de 2017, ha exigido ayudas públicas que se han cifrado, oficialmente, en 122.122 millones de euros, según el informe del Tribunal de Cuentas, cantidad muy inferior a la realidad.

¿Qué cifra se alcanza si se contabilizan las ayudas directas de capital, los esquemas de protección de activos, los créditos fiscales garantizados, los avales para emisiones, la venta de activos a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) a cambio de bonos de dicho organismo?

Aunque una parte de esas ayudas no suponen pérdidas, o que no se vayan a recuperar la totalidad de las ayudas directas e indirectas, elevaría el apoyo a unos 300.000 millones de euros o un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La expansión crediticia en España fue el combustible para inflar la burbuja inmobiliaria. Y esa expansión promovida y tolerada hasta el final puede entrar en la categoría de «homicidio negligente» o de «homicidio imprudente» del regulador y supervisor, el Banco de España, según había explicado, en mayo de 2012, en mi libro Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, Madrid).

Pero ¿ha sucedido lo mismo después? Es decir: ¿se puede hablar de imprudencia de la política puesta en marcha por el Banco de España al estallar la crisis? ¿Ha sido simplemente negligencia la aplicación de una «ingeniería» de fusiones por parte del regulador y supervisor para maquillar la dramática situación de las entidades con la esperanza de ganar tiempo?

La respuesta es no.

Aristóbulo de Juan, exdirector general de Supervisión del Banco de España, con cuarenta y ocho años de experiencia en el sector financiero, a un lado del mostrador, el de la banca, y al otro, el del supervisor y regulador del banco central, lo explica de manera distinta. El mal supervisor, suele decir, deviene rehén de sus propios errores, evita la autocrítica para no quedar en evidencia y mantiene el curso contra viento y marea.

Al comprobar cómo la expansión que se negó a frenar desembocó en 2007-2008 en el «accidente que estaba esperando ocurrir», la cúpula del Banco de España elaboró una «salida» que suponía encubrir los grandes destrozos de la burbuja inmobiliaria en el sector financiero. Lo hizo mediante una paralela sustitución de las normas contables y legales que rigen su actuación por una interpretación más «benigna» de ellas, y a través de fusiones aparentes, ficticias, de las cajas de ahorros como paso previo, en algunos casos, a su salida a Bolsa, una operación que no se podía hacer sin practicar el engaño masivo a los inversores.

Este libro narra cómo se «jodió» el caso más paradigmático de la política del Banco de España, la operación del Banco Financiero y de Ahorros-Bankia, una aventura presentada como operación de Estado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo coste ha ascendido a aproximadamente 23.000 millones de euros en ayudas públicas de capital y otros 60.000 millones, aproximadamente, en apoyos públicos indirectos.

Y también trata de desmitificar la estrategia y los resultados del Gobierno de Mariano Rajoy que preparó, desde su toma de posesión, en diciembre de 2011, el escenario de un desenlace que exigía algunas bajas colaterales, entre ellas, la entrega de la cabeza de Rodrigo Rato y la caída de la entidad que presidía para lograr un rescate a medida por parte del Eurogrupo, en junio de 2012. Una leyenda que, según el marketing oficial, salvó a España de los «hombres de negro», es decir, del rescate «completo» que habían sufrido Grecia, Irlanda y Portugal a manos de la troika del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y el Eurogrupo.

Narra también el honor perdido de la cúpula del Banco de España, grupo que se convirtió en una camarilla guiada por su propio interés. Un honor que la traumática exoneración de esa cúpula en el procedimiento judicial —también por «razones de Estado»— no ha logrado defender, aunque le haya permitido salvar el pellejo eludiendo el banquillo en el juicio oral señalado para el 26 de noviembre de 2018.

Como ha afirmado, no sin asombro, una voz judicial familiarizada con el sumario del caso Bankia, no es fácil comprender que los altos cargos del Banco de España se hayan ido de rositas después de haber sido imputados, cuando las fórmulas utilizadas en el sistema financiero nacieron y se ejecutaron precisamente en los despachos del edificio de la Plaza de Cibeles.

PRIMERA PARTE
POR ENCIMA DE LA LEY: EL ENCUBRIMIENTO

1
LA CAMARILLA

«Decía Josep Pla que una de las cosas peores que podía pasarles a los españoles era que fallase el Banco de España. Pues bien, eso no va a ocurrir. El espíritu de Pla, que nos vigila de cerca, no tendrá nada que reprocharnos.»

Luis María Linde, sesenta y siete años, promete el cargo de gobernador del Banco de España el 11 de junio de 2012 ante el rey Juan Carlos. Su pareja, por así decir, la candidata oficial a subgobernadora, Soledad Núñez, es descartada. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dio su visto bueno para nombrarla. Pero no pasa el doble filtro del Partido Popular y del Palacio de la Moncloa. La razón: Soledad Núñez, técnico superior del Banco de España y doctora de Economía por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, ha sido directora general del Tesoro durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, además, es esposa del economista del Banco de España Javier Vallés, quien fuera director de la Oficina Económica del Presidente de Rodríguez Zapatero. El PP, por boca del diputado Vicente Martínez-Pujalte, portavoz en la Comisión de Economía del Congreso, lo explica así: «Los ciudadanos verían mal que un excargo político ocupara un puesto en el Banco de España en las circunstancias actuales». Sugiere De Guindos a su interlocutor, Valeriano Gómez, exministro de Trabajo, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que el PSOE — los dos grandes partidos pactan los nombres de gobernador y subgobernador— debe buscar una personalidad de «perfil» más técnico, similar al de Linde. No le oculta que La Moncloa ha hecho de ventrílocuo y Martínez-Pujalte de muñeco a la hora de verbalizar el veto.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente legitimado para ejercer este veto. Él ha sugerido a De Guindos para el puesto de gobernador a Fernando Bécker, exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-León entre 1991 y 1995, durante el mandato de José María Aznar. Bécker ha debido de creer que tiene posibilidades porque llega a hacer algunas gestiones para conocer cómo funciona la institución en las proximidades del Banco de España.

Pero De Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, coinciden en el nombre de Linde. Técnico comercial y economista del Estado, ha hecho Linde una dilatada carrera en el Banco de España que se vio truncada por decisión del entonces gobernador Jaime Caruana. Ha sido subdirector general y jefe de Operaciones Exteriores y más tarde director general de Asuntos Internacionales. A partir del año 2000, tras la llegada de Caruana al Banco de España, empieza su marginación; se le destina entre 2001 y 2004 al puesto de director del Servicio de Riesgo País y sale a un «exilio» dorado de tres años en Washington como uno de los directores ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2005 y 2008, cuando regresa a España. Caruana ya ha dejado hace dos años su puesto, pero la hora de Linde ha pasado. Bajo el mandato de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Linde es nombrado asesor de la Dirección de Asuntos Internacionales después de haber sido su director general.

La idea que subyace en este rescate de Linde para el puesto de gobernador es que la salida traumática de Miguel Ángel Fernández Ordóñez debe ser compensada con el nombramiento de una persona de la institución.

ES LA GUERRA

El enfrentamiento con Fernández Ordóñez está diseñado desde antes de la toma de posesión del Gobierno del Partido Popular. El equipo en la sombra de Mariano Rajoy, especialmente el hombre que sería su ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había preparado su diagnóstico sobre el sector financiero español. También Álvaro Nadal y José Manuel Soria hacen sus pinitos a través de sus relaciones con algunos inspectores del Banco de España.

El 19 de diciembre de 2011, Rajoy incluye las líneas esenciales de la actuación inmediata en su discurso de investidura:

Señorías, paso a un tema esencial, como es el de la reestructuración del sistema financiero.

Uno de los principales riesgos que se perciben de la economía española es la deuda privada que se canaliza a través del sistema bancario.

El objetivo de la reestructuración del sistema financiero es que resulten entidades rentables, fiables y solventes.

La primera medida es el saneamiento de los balances. Es decir, despejar las dudas sobre las valoraciones de determinados activos, especialmente inmobiliarios, que están impidiendo un acceso adecuado de las entidades financieras a los mercados y, a su vez, contaminan la credibilidad de la deuda pública.

Para sanear los balances son necesarias, entre otras, dos actuaciones: la venta de los inmuebles terminados en manos de las entidades financieras, y una valoración muy prudente de los activos menos líquidos (como solares y promociones sin terminar).

Estas medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas en los balances, por lo que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones con las siguientes características:

Más fusiones y cambio del mapa bancario hasta tener entidades suficientemente sólidas.

Más necesidades de capital para mantener la solvencia.

Cambio en el modelo de regulación de las entidades tenedoras de las acciones (cajas y fundaciones procedentes de cajas) para garantizar su independencia y profesionalidad.

Cambio del sistema de supervisión y regulación del Banco de España, que lo agilice y tecnifique, evitando las indecisiones y bloqueos que lo han caracterizado.

Impulsaremos, por tanto, la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero, en los primeros seis meses del año, como requisito imprescindible para que vuelva a fluir el crédito a empresas y hogares y, con ello, fomentar la recuperación del crecimiento y del empleo en nuestro país.

En estas líneas, inspiradas en personal del Banco de España, se cuestiona, pues, a Fernández Ordóñez y a la cúpula de la institución. El 22 de diciembre de 2011 jura su cargo el nuevo ministro de Economía quien, al estilo parlamentario de Estados Unidos, promueve enseguida, en los primeros meses de 2012, dos reales decretos ley que llevarán su nombre y revolucionarían el sector bancario: los decretos Guindos.

La guerra entre el Gobierno y el Banco de España acaba de empezar. En paralelo a la tradicional copa de Navidad, que preside el gobernador Fernández Ordóñez, el 23 de diciembre de 2012 se reparte un comunicado desde el Departamento de Planificación (integrado en la Dirección General de Supervisión).

El Banco de España acusa, pues, el golpe del flamante Gobierno de Rajoy.

He aquí el texto:

Los directores de los departamentos y los coordinadores ejecutivos de la Dirección General de Supervisión (DGS) del Banco de España dirigimos este comunicado a todo el personal de la DGS.

A lo largo de estos últimos meses se han reproducido en medios de comunicación manifestaciones sobre la falta de procedimientos de trabajo que cuestionan la independencia en la actuación de la DGS. Algunos de estos pronunciamientos introducen la idea de actuaciones arbitrarias, con falta de rigor o motivadas por criterios no profesionales, críticas que rechazamos por injustas y dañinas para el colectivo supervisor, puesto que tales manifestaciones no se corresponden con la realidad de nuestro trabajo.

En la DGS han existido desde hace años procedimientos que establecen, entre otras funciones entre los distintos componentes de la misma, los informes que se deben elaborar y los responsables y destinatarios de los mismos. En todo el procedimiento se asegura la independencia de los inspectores en la realización de sus cometidos. La Circular Interna 7/2011, de 26 de octubre, ha aunado y formalizado por escrito dichos procedimientos que estaban dispersos en diferentes documentos (acuerdos internos, manuales, SIGAS [Sistema Integrado de la Gestión de la Actividad Supervisora], comunicaciones interiores…), al tiempo que actualiza algunas cuestiones.

El proceso de toma de decisión del Banco de España estaba y está perfectamente definido. La capacidad de realizar requerimientos formales a las entidades derivados de actuaciones supervisoras corresponde a la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Las propuestas que eleva a la misma la DGS van acompañadas de los preceptivos informes de los departamentos, que recogen las conclusiones y hacen referencia a los informes y trabajos realizados por los inspectores y resto de personal especializado y técnico actuante.

De esta forma se garantiza que las decisiones se tomen con la información y consistencia suficiente, puesto que en el desarrollo de su trabajo los inspectores, auditores informáticos, economistas, técnicos, etc., tienen la facultad y la obligación de exponer las conclusiones a las que han llegado, que servirán para formar dicha opinión. Estamos seguros de que, hasta la fecha, en todo lo relativo al trabajo encomendado a los equipos de inspección, persona alguna ha impedido que se refleje en los correspondientes informes lo que técnicamente ha considerado pertinente dicho equipo actuante. Nuestra forma de trabajo, especialmente en los últimos años, fomenta el trabajo en equipo, la aplicación de criterios homogéneos a las distintas entidades que supervisamos y el respeto a las responsabilidades de cada participante.

Estamos inmersos en una crisis económica y financiera, internacional y española, sin precedentes en las últimas décadas, que ha afectado negativamente al sistema financiero español, donde se han tenido que abordar aspectos difíciles y complejos como la reestructuración del sector cajas de ahorros, procesos de integración entre entidades, el debilitamiento tanto de las cuentas de resultados como de las estructuras financieras de una gran parte de las instituciones, la exigencia de niveles más altos de solvencia, la revisión de procesos de stress test diseñados a nivel europeo…; y todo ello en un entorno supervisor internacional en plena evolución. En este contexto, el Banco de España ha tenido que tomar decisiones difíciles que pueden, o no, ser compartidas, pero en modo alguno puede inferirse que se haya atacado la independencia en el trabajo de la DGS y mucho menos que se haya dirigido el mismo con criterios no profesionales.

La crítica de asuntos tan complejos solo es útil cuando es reflexiva y ponderada. Sin embargo, observamos que cuando se cuestionan las medidas tomadas por el Banco de España se asume, frecuentemente, que es el único actor en la resolución del problema o que posee poderes omnímodos; en otras ocasiones, los juicios recriminatorios se basan en informaciones incompletas o en hechos que se desconocían en el momento de la toma de las decisiones.

Dicho todo lo anterior, queremos manifestar nuestra preocupación y rechazo respecto a los siguientes aspectos:

Del contenido de las informaciones y artículos publicados en los medios de comunicación, que ponen en duda la independencia de nuestro trabajo y que están intentando generar división entre los diferentes componentes de la DGS. Esta división se pretende fomentar, principalmente, entre la jefatura y el resto de personal, identificando especialmente a personas del máximo nivel como supuestos ejecutores de decisiones que no respetan los procedimientos establecidos.

De la imagen que se puede estar trasmitiendo sobre la falta de rigor en la toma de decisiones por parte del Banco de España.

Consideramos que uno de los principales activos de la DGS es la calidad, preparación, experiencia y motivación del personal que la compone. Hay tres factores que, en nuestra opinión, han resultado muy positivos: 1) el riguroso sistema de entrada a la DGS, que ha respetado escrupulosamente los principios de mérito y capacidad; 2) el buen ambiente de trabajo; y 3) el trabajo en equipo.

Por supuesto que toda organización es perfectible. Entre todos debemos conseguir que los aspectos que puedan incidir en el resultado de nuestro trabajo estén sometidos a un proceso continuo de revisión que permita una constante mejora de los mismos. En este sentido, toda crítica constructiva o cualquier iniciativa que se acometa han de ser bienvenidas. Sin embargo, no resulta creíble que la mejora pueda resultar de procesos que lleven a la división del colectivo y la destrucción de los valores anteriormente señalados.

Muchas gracias por la atención prestada. Feliz Navidad y que el próximo año os sea propicio.

Madrid, 23 de diciembre de 2011

Ramón Quintana Aguirre, director del Departamento de Inspección II

Pedro González González, director del Departamento de Inspección I

Francisco José Monzón Munguía, director del Departamento de Inspección III

Cristina Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete, coordinadora ejecutiva de la Dirección General Adjunta de Supervisión

Jorge Martínez Blanes, coordinador ejecutivo de la Dirección General Adjunta de Supervisión

Alberto Alonso de Linaje González, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II

Margarita Delgado Tejero, coordinadora ejecutiva del Departamento de Inspección III

Pedro Comín Rodríguez, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I

Cuatro meses y medio más tarde, la salida accidentada de Fernández Ordóñez es un hecho al anunciar, el 17 de mayo de 2012, su deseo —en carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Elvira Rodríguez— de comparecer para dar explicaciones sobre el rescate de Bankia y la situación del sector financiero.

Esta amenaza de comparecencia moviliza a De Guindos y a los grandes banqueros españoles, especialmente a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, para lograr que Fernández Ordóñez mantenga la boca cerrada y, hecho inaudito, anticipe la fecha de salida prevista para mediados de julio de 2012.

El ministro De Guindos y los principales banqueros ya habían dado de baja a Fernández Ordóñez al sellar el destino de Rodrigo Rato, presidente de Bankia, en tres reuniones que convoca el ministro de Economía, excluyendo a Fernández Ordóñez.

Francisco González, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); Isidro Fainé, presidente de La Caixa, y Botín se habían reunido primero el 8 de abril de 2012 y, más tarde, el viernes 4 y el domingo 6 de mayo de 2012, en torno a una mesa en el Ministerio de Economía presidida por el anfitrión, el ministro De Guindos. El domingo 6 de mayo ya se podía confirmar el objetivo: bajar el pulgar. La suerte de Rato está echada. Este tipo de encuentros siempre se habían celebrado en el Banco de España, pero ya desde el discurso de investidura de Rajoy había comenzado la cuenta atrás. El Gobierno del Partido Popular amortiza, por así decirlo, al Banco de España al estar en manos de una cúpula que quiere liquidar.

Rato anuncia su dimisión a la presidencia de Bankia el lunes 7 de mayo de 2012, al día siguiente del citado cónclave.

Ahora, el segundo objetivo consiste en evitar que Fernández Ordóñez aporte datos y opiniones que pudieran arrojar una luz distinta sobre la crisis de gestión y de poder en Bankia. Y que sus declaraciones en el Congreso provocasen efectos negativos en los mercados financieros. La situación es tal que el relevo natural del gobernador al cumplir los seis años ya no será un acto protocolario, sino un golpe en toda regla. Fernández Ordóñez es un peligro. Y debe irse ya. De Guindos moviliza todas las piezas. Y Botín es una de ellas para que Fernández Ordóñez entienda la razón de Estado.

El Gobierno de Rajoy logra finalmente que Fernández Ordóñez dé el brazo a torcer y anuncie, el 28 de mayo de 2012, que anticipa un mes, al 10 de junio de 2012, su salida, ante el vencimiento de su mandato, el 12 de julio de 2012. Pero no evita que se conozca la razón. Fernández Ordóñez se explica en la Comisión de Presupuestos del Senado el 30 de mayo. Se le ha pedido silencio, confiesa:

Parece que el Gobierno considera que el gobernador no debe hablar en este momento. Podría hacer una rueda de prensa y contarlo, pero me parece una irresponsabilidad. Estemos de acuerdo o no con el Gobierno, estamos en una situación tan dramática que creo que eso es lo que debo hacer [no hablar] y eso es lo que voy a hacer.

De Guindos cree, pues, que esta situación debe ser compensada con el nombramiento de una persona de la institución para controlar el volcán en erupción que es el Banco de España.

El problema es que Linde tiene sesenta y siete años y la Ley de Autonomía del Banco de España establece el límite de edad para el gobernador al cumplir los setenta años. Linde, por tanto, no podría ejercer su mandato de seis años en el cargo de gobernador ya que cumplirá los setenta años en mayo de 2015. Nada que el PP con su mayoría absolutísima de 186 escaños en las Cortes no pueda cambiar. Y el Gobierno de Rajoy eliminará el límite de edad en septiembre de 2012 con una enmienda que presenta el Partido Popular al proyecto de ley de convalidación del real decreto sobre saneamiento inmobiliario del sector financiero.

El sábado 9 de junio de 2012 Rajoy y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, abordan la cuestión pendiente del puesto de subgobernador. El PSOE ya tiene nuevo candidato. Su nombre cuenta con la aprobación de Linde: Fernando Restoy. El lunes 11 de junio, en coincidencia con la ceremonia de su nombramiento en el Palacio de la Zarzuela —el gobernador lo nombra el Rey a propuesta del presidente del Gobierno—, el Banco de España difunde una nota de prensa según la cual Linde «ha propuesto al ministro de Economía, Luis de Guindos, el nombramiento de Fernando Restoy como nuevo subgobernador».

Restoy, cincuenta años en aquellos días, es nombrado por el Consejo de Ministros el 15 de junio 2012 en sustitución de Javier Aríztegui. Viene de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ya llevaba tres años y cinco meses como vicepresidente, entre octubre de 2008 y junio de 2012, y por ejercer dicho puesto era miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España. Desde abril de 2007, tras la dimisión de Manuel Conthe, preside la institución que regula y vigila los mercados bursátiles españoles Julio Segura, de sesenta y cuatro años, quien fuera profesor de Restoy en la Universidad Complutense de Madrid. Ambos economistas han coincidido durante quince años, en la década de los años noventa y la primera mitad de los 2000, en el Banco de España. Segura en el Consejo de Gobierno y en la Comisión Ejecutiva, Restoy en el Servicio de Estudios, antes de partir hacia la CNMV.

Linde promete el puesto ante el Rey el 11 de junio de 2012, el mismo día que el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) presenta una querella criminal contra treinta y tres administradores y directivos de BFA y Bankia por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas. La querella, elaborada por el director jurídico de la formación política, Andrés Herzog, solicita la declaración de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, y de José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y otros treinta y un miembros de los consejos de administración de las dos entidades, en calidad de imputados, por la operación de salida a Bolsa, una operación que es calificada como «engaño masivo» a los inversores. Los treinta y tres querellados han cobrado en 2011 unos sueldos por valor superior a los 14 millones de euros; encabezan Rato con 2,43 millones y Olivas con 1,76 millones (sin considerar los bonus que se repartieron ese 2011 por los falsos beneficios de 2010 de las siete cajas). A su vez, el Movimiento 15M recauda en un solo día 15.000 euros para presentar una querella contra Rato y personarse en la causa.

EL PARTO DEL CASO BANKIA

El 26 de junio de 2012, Linde toma posesión en el Banco de España del cargo de gobernador. Linde está flanqueado a su derecha por los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Industria, José Manuel Soria, y a su izquierda por el subgobernador Fernando Restoy. Hace un discurso a tumba abierta. Un Linde sincero se confiesa: «Ni que decir tiene que sin la confianza, la amistad y el ánimo de los ministros de Economía y Hacienda yo no estaría aquí», explica. Admite sin rodeos su perplejidad por la elección. «Realmente, nunca imaginé que al final de mi carrera tendría un destino tan importante, tan honroso y tan difícil», señala. Y no sin cierta candidez se permite, ya al finalizar su alocución, aludir a uno de los escritores en los que se ha especializado y sobre el que ha escrito cuando coordinaba la sección Economía de la Revista de Libros, para introducir, afirma, «un mensaje de confianza en una reunión tan solemne, en estos momentos difíciles».

Y es entonces cuando Linde añade:

Decía Josep Pla, el único de nuestros grandes escritores preocupado por entender de economía, que una de las cosas peores que podía pasarles a los españoles era que fallase el Banco de España. Pues bien, eso no va a ocurrir, no vamos a fallar. El espíritu de Pla, que nos vigila de cerca, no tendrá nada que reprocharnos.

Aquello que el Banco de España ya había hecho con el sistema financiero español antes y durante la Gran Recesión de 2007-2008 empezaba a ser en estos días de junio de 2012 objeto de investigación en los tribunales de justicia. Linde, por tanto, al llegar ahora a la cúpula de la institución, no era responsable de esa conducta. Pero, mirando hacia delante, acababa de asumir ese 26 de junio de 2012 un compromiso importante sobre el que quizá no había reflexionado en profundidad. Un compromiso respecto a la investigación judicial en curso.

¿Un compromiso de transparencia y, por tanto, de infidelidad, si fuese necesario, a la anterior cúpula de la institución? ¿Sería capaz de violar la omertà, el código de honor siciliano, que prohíbe informar sobre actividades presuntamente irregulares de personas implicadas?

«No vamos a fallar», ha prometido.

Linde y Restoy llevan apenas dos semanas en sus puestos cuando, el 4 de julio de 2012, el juez Fernando Andreu, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, admite a trámite la querella elaborada por Herzog. Según señala el juez:

en el propio folleto de salida a Bolsa se indicaba que, debido a la reciente integración de las distintas cajas, la única información consolidada y auditada disponible eran los estados financieros intermedios resumidos de Grupo Bankia correspondiente al trimestre cerrado a 31 de marzo de 2011, pero para compensar la falta de información histórica se aportaba información financiera consolidada proforma sobre el Grupo Bankia a efectos ilustrativos, partiendo de determinadas bases e hipótesis, de las que resultaba que la entidad tenía una muy saludable solvencia y que incluso arrojaba prometedores beneficios.

Esta situación lleva al juez a expresar su estado de ánimo:

Desde este punto de vista causa cierto estupor que a una sociedad de Creciente creación, que carece de cuentas consolidadas de ejercicios anteriores debidamente auditadas se le permitiera salir a Bolsa, pero lo cierto es que en este caso la CNMV lo autorizó, sobre la base —suponemos— de la citada «información financiera proforma» basada en hipótesis y proyecciones, que arrojaba una imagen de la sociedad ciertamente favorable para la misma.

El juez no se privaba ya en el auto de admisión de calificar la anomalía de esta salida a Bolsa:

Como puede imaginarse, todo inversor es consciente de que una inversión de este tipo conlleva un riesgo, asumiendo que es posible un descenso de la cotización por las razones que fuera. Pero nadie puede cuestionar que lo sucedido en este caso nada tiene que ver con un riesgo «normal», habida cuenta que la situación patrimonial reflejada en el folleto de salida a Bolsa poco o nada tenía que ver con la real, puesta de manifiesto unas semanas después.

Prosigue el juez:

Sobre la base del citado documento Bankia se estrenó en la Bolsa el 20 de julio de 2011. Bankia emitió 824.572.253 nuevas acciones de dos euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión por acción de 1,75 euros (3,75 euros en total), lo que supuso una ampliación de capital por un importe total de 1.649 millones de euros, con una prima de emisión de 1.443 millones de euros.

El juez recuerda que

aquel día de estreno en Bolsa, el entonces presidente de la entidad, señor Rato, empezó su discurso en la Bolsa de Madrid afirmando que «estar hoy aquí es, en sí mismo, todo un éxito». Subrayó eufóricamente que «la salida al mercado de Bankia se ha considerado un punto de referencia del sector bancario español» y se refirió a que Bankia tenía «unas premisas de gestión muy claras, centradas en la solvencia, la gestión rigurosa de riesgos en todas las fases del ciclo y la eficiencia y austeridad de costes».

Y así, el juez salta a la situación de Bankia el viernes 8 de junio de 2012, algo menos de un año desde aquel 20 de julio de 2011 en que Rato hiciera sonar la campanilla en la Bolsa de Madrid, y un mes después del domingo 6 de mayo de 2012, fecha de su «ejecución» por el pelotón que han formado el ministro De Guindos y los tres grandes banqueros españoles: González, Botín y Fainé.

Los títulos de la entidad, que salieron aquel día a 3,75 euros, cerraron el pasado viernes 8 de junio su cotización a 1,03 euros por acción. Ello supone que la inversión mínima exigida de 1.000 euros vale hoy 275 euros, se ha evaporado la más mínima posibilidad de repartir dividendos y la sociedad se halla nacionalizada, tras un multimillonario rescate, que ha costado por ahora la friolera de 22.500 millones de euros (más que todo el presupuesto de infraestructuras español), o lo que es lo mismo, casi 500 euros por ciudadano.

El juez abordaba de manera anticipada los argumentos con los que pensaba encontrarse en la investigación. Y apuntaba:

No vamos a ocultar aquí que, como es preceptivo en esos casos, el folleto de salida a Bolsa hace expresa advertencia de los distintos factores de riesgo específicos de Bankia… haciendo referencia a la exposición de la entidad al mercado inmobiliario.

Pero, advertía:

ahora bien, los riesgos señalados en el citado folleto han quedado en puras anécdotas a la luz de lo ocurrido pocos meses después, comenzando por la quiebra e intervención del Banco de Valencia (que no fue saneada por su matriz Bankia, sino con cargo al dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB), continuando con la nacionalización y rescate de la propia entidad con cargo al dinero del Estado por importe de 22.500 millones de euros, el cese de su presidente y del consejo de administración en bloque, la reformulación de las cuentas por el nuevo consejo entrante (con el afloramiento de unas pérdidas de 2.790 millones de euros) y la vertiginosa pérdida de valor de cotización de las acciones.

En uno de los pasajes más sugerentes del auto, el juez Andreu menciona el antecedente de lo que pasaría en Bankia, la quiebra del Banco de Valencia, del Grupo BFA-Bankia, y reflexiona: «El motivo de la intervención del Banco de Valencia es, visto ahora con cierta perspectiva, exactamente el mismo que ha llevado a la propia Bankia, matriz de aquel, a su nacionalización».

Y, entonces, ¿influyó en algo la intervención del citado banco por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011, al día siguiente de las elecciones generales, cuando los ciudadanos estaban digiriendo los resultados electorales? El juez Andreu: «Pero curiosamente no llevó a Bankia a ningún tipo de reflexión o medida, sino que la misma se limitó a asegurar a la CNMV que la intervención de Banco de Valencia no tendría “un impacto significativo” en su solvencia».

La incredulidad del juez es patente:

No parece desde luego creíble que, ante tamaño síntoma de advertencia de la situación de una de las cajas [Bancaja] del grupo, Bankia desconociera la situación general del grupo, máxime si tenemos en cuenta que el Banco de Valencia estaba presidido por el histórico dirigente del Partido Popular José Luis Olivas, vicepresidente de Bankia.

¿Y no cabía decir algo parecido sobre el «tamaño síntoma de advertencia» que describía el juez también respecto al Banco de España, que inspeccionaba la entidad y había patrocinado el proyecto de fusión de las siete cajas en Bankia?

Añade el juez que le «gustaría destacar el sorprendente hecho de que Banco de Valencia no fuera rescatado por su matriz, Bankia, que se desentendió del mismo, recolocó a sus consejeros y dejó que fuera al Estado, a través del FROB, quien se hiciera cargo, a pesar de que el Banco de Valencia en modo alguno era “demasiado grande para dejarlo caer” tal y como suelen justificarse este tipo de rescates».

Es decir: Banco de Valencia no era too big to fail.

Una de las conclusiones del juez, expresada de modo directo, era esta: «Como es obvio, de tales hechos habrían de responder cuantas personas colaboraron a la creación y mantenimiento de tal ficción».

No podía sospechar el juez Andreu hasta qué punto lo que él llamaba una «obviedad», a saber, la de hacer responder a cuantas personas colaboraron a la creación y mantenimiento de tal ficción —nunca mejor dicho para Bankia y BFA— iba a desencadenar tal batalla campal dentro de la investigación, con un protagonismo merecido de la entidad que había procreado la ficción: el Banco de España.

El juez cita a declarar como imputados, pues, a los exadministradores de Bankia y también, como testigos, entre otros, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al presidente de la CNMV, Julio Segura, y al socio auditor de la firma Deloitte, Francisco Celma.

El 10 de julio de 2012 el juez admite la segunda querella, la presentada por la Plataforma Ciudadana 15MPaRato, y acepta su personación en el caso.

SE BUSCA PERITOS

Mientras va llegando la documentación requerida a la Audiencia Nacional y se organiza el calendario de declaraciones a partir de primeros de noviembre de 2012, ¿quién asistirá al juez Andreu en el análisis y estudio del material?

El juez necesita peritos judiciales. Y, como es habitual, se dirige, en octubre de 2012, al Banco de España para solicitar dos inspectores que colaboren con el juzgado en calidad de peritos judiciales independientes. Son ellos quienes tendrán que examinar documentos y analizar las declaraciones de los imputados.

La designación de peritos no es una tarea fácil. La aceptación es voluntaria. Y los inspectores no suelen mostrar especial interés por esta labor que les puede alejar por un tiempo más o menos considerable de su actividad cotidiana.

Pedro González, jefe del Departamento de Inspección I (Cajas de Ahorros), se ha hecho cargo en el Banco de España de la tarea. Es él quien propone a los inspectores para actuar como peritos en los diferentes procedimientos judiciales en curso. Mantiene, a su vez, un contacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

González, cincuenta y cuatro años, estudió Economía en la Universidad Complutense de Madrid y se incorporó al Banco Popular para más tarde, en 1984, ingresar en el Banco de España. Es, por su posición relevante en el Departamento de Inspección de Cajas de Ahorros, uno de los participantes en el diseño de la estrategia que la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aplicado a las cajas de ahorros durante la crisis. Tiene especial cuidado a la hora de proponer los nombres de los inspectores que oficiarán de peritos. González asume como un hecho que los inspectores, en su labor de peritos judiciales, trabajarán con la misma metodología que la dirección del Banco de España ha aplicado a la crisis financiera y que, en cierto modo, ellos han practicado al inspeccionar las entidades. Asegurarse la lealtad a la «institución» es uno de los requisitos más importantes al elegir los peritos.

Pedro González busca a dos inspectores de confianza y cree tenerlos a mano.

Uno de ellos acaba de reincorporarse al Banco de España en el mes de octubre de 2012. Es Víctor Sánchez, cuarenta y dos años. Estudió Economía en la Universidad de Granada y ganó la oposición para ingresar en el Banco de España en julio de 2001. Tras pasar siete años en diversas inspecciones, pide la excedencia para trabajar en el sector privado. En plena crisis financiera internacional, en abril de 2008, Sánchez entra en Cajasol como director del Departamento de Seguimiento de Riesgos. Y, luego, en febrero de 2012, cuando Cajasol se fusiona con Banca Cívica, se incorpora como director de análisis de riesgos de esta última entidad. Al ser adquirida Banca Cívica, y más tarde absorbida, en agosto de 2012, por Caixabank, el inspector vuelve, en octubre de ese año, al Banco de España.

Es decir: Sánchez llega a conocer desde el otro lado del mostrador, desde el sector privado, el aumento de la morosidad y las refinanciaciones a través de los productos hipotecarios que las entidades colocan entre sus clientes en 2009 y 2010, productos dirigidos a disimular la situación.

Es, por esta experiencia, el candidato ideal para ejercer de perito desde el punto de vista profesional. No ha tenido ninguna inspección a cargo en estos años de crisis, por lo que carece de conflicto alguno de intereses; pero, al mismo tiempo, al haber seguido la crisis financiera desde dentro del sistema, posee una perspectiva diferente. Como en el caso de muchos otros inspectores, Víctor Sánchez ha aprobado la oposición para ingresar en el Banco de España en un tribunal del cual es miembro el propio Pedro González, quien ahora está pensando en ofrecerle el puesto de perito.

El otro inspector que tiene González en la mirilla es Antonio González Ruiz. Incorporado al Banco de España como técnico en octubre de 1989, dos años después de obtener la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, González Ruiz pasa a inspección de entidades de crédito en 2001.

A ambos, pues, se les propone para el puesto y aceptan. El Banco de España envía la comunicación al juzgado. Sin embargo, esta se extravía y, el 2 de enero de 2013, el juez Andreu dicta una providencia en la que reitera a la institución la respuesta a su petición de auxilio judicial.

Sánchez y González Ruiz se presentan poco después en la Audiencia Nacional. El juez les entrega un escrito con una larga lista de preguntas y temas que tanto la Fiscalía como las acusaciones desearían clarificar. Pero he aquí que antes de ser nombrados por providencia del juzgado, González Ruiz decide echarse atrás.

Pedro González acude entonces a otro inspector que se acaba de reincorporar al Banco de España procedente del FROB. Antonio Busquets, de cincuenta y cinco años, que ha estudiado Economía en La Comercial de Deusto, lleva en el Banco de España como inspector de entidades de crédito desde 1989, tras pasar cuatro años en el Tribunal de Cuentas. Su actividad cambiará de escenario en abril de 2011 cuando el coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I (Cajas de Ahorros), Mariano Herrera, sea destinado en el FROB como director general.

Herrera, cincuenta y tres años, es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), e ingresa en el Banco de España en 1984. Desde 2010 es coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I (Cajas de Ahorros), por debajo de Pedro González. Ha participado en el diseño de las llamadas combinaciones de negocios o «cuasifusiones» de las cajas y la salida a Bolsa de Bankia.

Y Busquets, a propuesta de Herrera, le sigue al FROB para asesorarle en su nuevo puesto. En julio de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, nombra director general del FROB a un «propio», el director general de política económica del ministerio, Antonio Carrascosa. Herrera regresa al Banco de España y vuelve a ocupar, durante pocos meses, el puesto de coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I (Cajas de Ahorros), cuya jefatura sigue ejerciendo González.

El regreso de Herrera, a su vez, conduce al nombramiento de Pedro Comín como director ejecutivo del FROB, por debajo de Carrascosa. De cincuenta y un años, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE, lleva en el Banco de España desde 1991, procedente de empresas de auditoría, la última de ellas Arthur Andersen —reconvertida después de la crisis en Estados Unidos en la firma Deloitte—, antes de incorporarse al Banco de España. Comín ha sido jefe de grupo de la inspección en BFA-Bankia durante la fusión y salida a Bolsa del grupo, a cargo de un equipo cuyo inspector de cabecera se llama Juan Antonio Casaus. Y mira por dónde, también ha formado parte, junto con Pedro González, del tribunal que examinó a Víctor Sánchez para entrar en el Banco de España.

Busquets aprovecha el retorno de Herrera al Banco de España para solicitar también su reincorporación a la institución. La especialidad de Busquets no es la inspección in situ, como es el caso de Víctor Sánchez, sino otra. Y muy importante. Ha trabajado en el Sistema de Información de Acreditados (SIA) del Banco de España, donde se examinan las cuentas anuales de las grandes empresas, un análisis que aporta una calificación de dichos clientes y sirve de guía a los inspectores cuando se dirigen a supervisar a las entidades financieras.

Busquets, pues, acepta la oferta de Pedro González y se une, en febrero de 2013, a Víctor Sánchez para ser perito de Bankia; González Ruiz, a su vez, que ya era perito en el asunto de la legalidad de las remuneraciones de cuatro directivos de Novacaixagalicia, objeto de una querella criminal, se dedica a elaborar un informe sobre dicho asunto que entrega el 30 de agosto de 2013.

El trabajo de Sánchez para el juzgado supone un inspector menos para las tareas de supervisión. En aquel momento, desde septiembre de 2011, Sánchez depende de la coordinadora ejecutiva del Departamento de Inspección II, Margarita Delgado, que supervisa entidades medianas como el Banco Popular, Sabadell, Bankinter y los nuevos bancos creados a partir de las cajas, como Bankia o Liberbank.

La querella sobre Bankia lleva al FROB a personarse como acusación particular en la causa para defender los intereses de los perjudicados directos por la gestión que ha provocado el desastre, habida cuenta de las ayudas públicas aportadas.

A la cifra de casi 19.000 millones de euros solicitados por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, y concedidos, se añaden los 4.465 millones de las participaciones preferentes que el FROB había suscrito de BFA en diciembre de 2010. Por tanto, el total de las ayudas directas de capital asciende en números redondos a 22.500 millones de euros.

Pero este no es todo el dinero público inyectado. El Grupo Bankia vende el 28 de octubre de 2012 activos inmobiliarios a la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el llamado banco malo, creado en julio de 2012, por valor de 22.317 millones. El precio que paga SAREB por estos activos no ha sido el de mercado, sino superior, estimado por el Banco de España a partir de los valores obtenidos del informe que había preparado la firma de consultoría Oliver Wyman para firmar el Memorándum de Entendimiento con la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) en julio de 2012.

Es decir: el rescate bancario.

Estos activos no fueron pagados en efectivo, sino con bonos que llevan aval incondicional e irrevocable del Estado, buenos rendimientos y, todavía mejor, son aceptados por el BCE como garantía en sus operaciones monetarias.

Y hay otras ayudas que Bankia recibe, al igual que otras entidades del sector financiero: activos fiscales diferidos por 6.957 millones y avales otorgados por el Estado para sus emisiones, 34.768 millones, a julio de 2014.

En total: un respaldo público por valor de 86.466 millones de euros.

La pregunta es: ¿ejercerá de verdad como acusación particular el FROB? ¿O actuará como la quinta columna de la cúpula del Banco de España en el procedimiento judicial?

Una cúpula, formada por las cabezas de las direcciones generales y la Comisión Ejecutiva, cuya responsabilidad ha consistido en orquestar un salvamento de cajas de ahorros inviables mediante la argucia de «reestructurarlas ordenadamente», que se traduce en ocultar su verdadera situación al mercado y mostrar ganancias donde había pérdidas.

Para ello se siguen estrategias destinadas a tratar los síntomas, pero no las causas, y sobre todo, se van cambiando las fórmulas a medida que se va agravando la crisis, pociones o recetas que se alteran pocos meses después con nuevas ocurrencias. Primero se emiten participaciones preferentes, después se simulan fusiones, más tarde se transforman las entidades en bancos. Todo ello sería catalizado y comenzaría a saltar por los aires con la salida a Bolsa de Bankia.

Estas estrategias, además de incoherentes, aumentarán la incertidumbre y fomentarán el pánico del mercado cuando desde el Banco de España se continuaba valorando a todas las entidades como seguras y solventes, incluso a la vista de los graves problemas que se acumulaban y que terminarían por resultar más insoportables para las finanzas públicas españolas.

A esta cúpula del Banco de España le anima más su interés de camarilla por enterrar el cuerpo sin autopsia de la política practicada antes, durante y después de la crisis, que el objetivo de esclarecer esa conducta y sus conexiones con el sector financiero privado, único camino para aprender de unos errores cuyas consecuencias han resultado y seguirán siendo dramáticas e irreversibles para el nivel de vida de los ciudadanos.

INTERVINIENTES ANTES Y EN EL ESTALLIDO DE LA CRISIS, SIP, SALIDA A BOLSA DE BANKIA Y AMPLIACIONES DE CAPITAL DEL BANCO POPULAR

Poco antes, durante
o poco después de
la constitución y salida
a Bolsa de BFA-BANKIA

En el FROB

Posiciones

Ascensos desde
la constitución
de BFA-BANKIA

JAIME
CARUANA

Gobernador de junio de 2000 a junio de 2006. Negó la existencia de la burbuja inmobiliaria alimentada con la expansión crediticia. Más tarde, como gerente general del Banco de Pagos Internacional de Basilea, solía alertar periódicamente sobre el riesgo de recaída en la crisis.

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Rodrigo Rato le ficha en junio de 2006 como consejero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI. En abril de 2009 es nombrado gerente general del Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Desde junio de 2018 es consejero independiente del BBVA y miembro de la comisión delegada permanente.

PEDRO PABLO VILLASANTE

Director general de Supervisión entre julio de 2000 y junio de 2006.

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Secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB) entre 2006 y 2015. Consejero independiente del Banco Popular desde junio de 2017.

MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ
ORDÓÑEZ

Gobernador del Banco de España. Investigado. Se archivaron los cargos contra él en septiembre de 2017.

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LUIS LINDE

Gobernador del Banco de España entre junio de 2012 y junio de 2018.

Invocó a Josep Pla al tomar posesión y dijo que el Banco de España no le fallaría a los ciudadanos. Pero su comportamiento en relación con la investigación y requerimientos judiciales consistió en ponerse en manos de la camarilla.

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JULIO SEGURA

Presidente de la CNMV.

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Miembro del consejo asesor de AIREF desde finales de agosto de 2017.

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FERNANDO RESTOY

Servicio de Estudios del Banco de España. Vicepresidente de la CNMV y, en calidad de tal, consejero nato del Banco de España; subgobernador. Imputado. Se archivaron los cargos contra él en septiembre de 2017.

Entre 2012 y 2015, presidente de la Comisión Rectora del FROB. Presidente de dicha comisión cuando se pide un informe al Banco de España sin que se advierta su visibilidad para y rebatir a los inspectores-peritos judiciales.

Exsubgobernador del BdE.

Exvicepresidente de la Comisión Rectora del FROB.

Exmiembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España que aprueba el informe solicitado por la Comisión Rectora del FROB de la que él era presidente.

Tras renunciar como subgobernador en julio de 2016, ocupa desde el 1 de enero de 2017 la presidencia del Financial Stability Institute, en el Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea.

JAVIER
ARÍZTEGUI

Subgobernador del Banco de España. Imputado. Los cargos contra él se archivaron en septiembre de 2017.

Presidente de la Comisión Rectora del FROB hasta 2012.

Desde el 8 de septiembre de 2014, miembro del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión, organismo consultivo perteneciente al MUS (BCE) y compuesto por cinco miembros «con experiencia profesional en el ámbito de la supervisión y amplio conocimiento del sector bancario».

Dejó el puesto en el MUS temporalmente, desde su imputación en el caso Bankia, el 13 de febrero de 2017, hasta que la Audiencia Nacional archivó los cargos en septiembre de 2017. En ese momento recuperó su puesto, y actualmente sigue, como «sabio», en dicho Comité Administrativo del MUS.

JERÓNIMO MARTÍNEZ TELLO

Director general de Supervisión (DGS). Imputado. Los cargos contra él se archivaron en septiembre de 2017.

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Tras dejar la DGS en octubre de 2012, pasa a ser adjunto al director general de Supervisión (su sucesor, Mariano Herrera).

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JOSÉ MARÍA ROLDÁN

Director general de Regulación entre 2000 y 2013

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Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) desde 2013.

JOSÉ MARÍA LAMAMIÉ

Director del Departamento de Instituciones Financieras, Dirección General de Regualción

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RAMÓN QUINTANA

Director general de Supervisión del Banco de España (octubre de 2012-enero de 2014).

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Es uno de los cuatro directores generales del Mecanismo Único de Supervisión Europeo del Banco Central Europeo.

MARIANO HERRERA

Coordinador del Departamento de Cajas de Ahorros. Imputado. Los cargos contra él se archivaron en septiembre de 2017.

Director general en 2011-2012. Desde 2014, miembro de la Comisión Rectora del FROB, y también durante la solicitud del informe al Banco de España para contrarrestar a los inspectores-peritos judiciales. Firmó el informe dirigido al juzgado de Navalcarnero.

Director general de Supervisión hasta febrero de 2017. Figura como «personal adscrito al subgobernador», sin cargo conocido.

De coordinador ejecutivo a director general del FROB, director general adjunto de Supervisión y director general de Supervisión.

PEDRO COMÍN

Jefe de grupo a cargo de BFA-Bankia y sucesivamente coordinador del Departamento de Cajas de Ahorros. Imputado. Los cargos contra él fueron archivados en septiembre de 2017.

Director ejecutivo del FROB entre 2012 y 2014. Posteriormente, estando ya en el Banco de España como director general adjunto de Supervisión, es uno de los firmantes por parte de Supervisión de la respuesta a la solicitud de informe al Banco de España para aclarar cuestiones contables del FROB.

Director general adjunto de Supervisión hasta su dimisión tras la imputación.

Ha sido nombrado en AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), departamento de Presidencia.

De jefe de grupo a coordinador del Departamento de Cajas de Ahorros, director ejecutivo del FROB y director general adjunto de Supervisión.

JAVIER PRIEGO

Director del Departamento Jurídico.

Desde 2011, miembro titular de la Comisión Rectora del FROB, participa de la solicitud de informe al Banco de España para aclarar cuestiones contables y rebatir a los inspectores-peritos judiciales.

Secretario general del Banco de España desde marzo de 2016.

De director del Departamento Jurídico a secretario general del Banco de España.

FRANCISCO MONZÓN

Coordinador del Departamento de Cajas de Ahorros hasta el 2 de diciembre de 2010, poco antes de la constitución del SIP.

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Director del Departamento I de Supervisión (actualmente bancos grandes: Santander, BBVA y Caixa Bank). Antes, director del Departamento III. Fue jefe de grupo de Cataluña Caixa.

De coordinador del Departamento de Cajas de Ahorros a director del Departamento III de Supervisión, bancos pequeños.

PEDRO GONZÁLEZ

Director del Departamento de Cajas de Ahorros.

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Director del Departamento IV de Supervisión.

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JOSÉ ANTONIO GRACIA

Jefe de grupo a cargo de BFA-Bankia en sustitución de Pedro Comín.

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Director del Departamento II de Supervisión.

De jefe de grupo a coordinador del Departamento de Cajas de Ahorros y a director del Departamento II de Supervisión.

ROBERTO UGENA

Jefe de la División de Asesoría Jurídica Consultiva.

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Director general adjunto de los Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo.

De jefe de la División de Asesoría Jurídica Consultiva a director del Departamento Jurídico y a director general adjunto de los Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo.

JAVIER
DEL RÍO

Jefe de grupo de BFA-Bankia desde finales de 2009 hasta principios de 2011. Es sustituido por Pedro Comín. Antes de ser jefe de grupo, había sido inspector cabecera de Caja Madrid.

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Director del actual Departamento III de Inspección (cooperativas).

De jefe de grupo a coordinador del Departamento de Supervisión I y actualmente director del Departamento de Supervisión III (bancos pequeños).

ÁNGEL RICO

Jefe de grupo de Bancaja durante la constitución del SIP. Según los informes de seguimiento que él cofirmaba, las debilidades detectadas en Bancaja y en Banco de Valencia debían ser corregidas poco a poco para no dañar la imagen de la entidad frente a terceros.

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Jefe de grupo de diferentes entidades financieras.

Fue el jefe de grupo de Liberbank, que no hizo caso de las indicaciones del inspector cabecera, José Antonio Delgado, y presionó, con el apoyo de Margarita Delgado (entonces coordinadora), para su separación. Este se negó a hacerlo tras entrevistarse con Margarita Delgado, quien, según ha denunciado José Antonio Delgado en la Comisión de Investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados, apoyó su sustitución como cabecera y le cambió de entidad.

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MARGARITA DELGADO

Nombrada jefe de grupo en el antiguo Departamento III (bancos pequeños) a partir de septiembre de 2011.

Junto con Pedro Comín y Santiago Martínez-Pinna, formó parte del núcleo que se hizo con el control de la Supervisión durante el periodo final de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el comienzo del mandato de Luis Linde. Los miembros de este grupo han sido nombrados jefes en su mayoría.

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Nombrada el 3 de agosto por el Consejo de Ministros, tomó posesión el 11 de septiembre de 2018 como subgobernadora del Banco de España.

De jefe de grupo a coordinadora del antiguo Departamento III (bancos pequeños), a directora del antiguo Departamento I, a directora adjunta del Departamento de Supervisión I del MUS, a subgobernadora del Banco de España.

JAVIER AZCÁRATE

Desde el 29 de septiembre de 2008, jefe de grupo del Departamento de Secretaría Técnica y Relaciones Institucionales (STRI) en la Dirección General de Supervisión (DGS).

Es el otro firmante, junto con Pedro Comín, de la parte encargada a Supervisión para responder al FROB sobre temas contables a fin de cuestionar a los inspectores-peritos judiciales. Ha defendido, como representante del Banco de España en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), los trabajos adicionales a los informes de auditoría realizados por Deloitte en Bankia.

Actualmente no consta cargo, tras renunciar a la jefatura de grupo de la STRI. Sigue figurando en la STRI pero como adscrito a Bárbara Olivares, nombrada jefe de la STRI en su lugar y posteriormente ascendida a coordinadora sin cambiar de puesto.

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2
CIBELES NO PAGA «TRAIDORES»

Fernando Restoy, madrileño de cincuenta años, es nombrado subgobernador de Banco de España por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Consejo de Ministros del 15 de junio de 2012. La decisión supone recuperar el consenso roto entre los dos grandes partidos con el nombramiento en 2006 del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para sustituir a Jaime Caruana en el puesto de gobernador. Esa designación recibe la crítica del Partido Popular por ser, según ha argumentado, partidista y contraria a la autonomía e independencia del Banco de España, posición que le lleva a abstenerse de proponer en aquellos días de 2006 el nombre del subgobernador y dejar en manos de Fernández Ordóñez y del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, la designación del entonces director general de Asuntos Internacionales, José Viñals.

Pero ahora, en 2012, la situación ha cambiado.

«Estos nombramientos, el del gobernador y el de subgobernador del Banco de España, recaen en dos personas de enorme experiencia, de un perfil técnico y profesional y de independencia probada, dos personas con una enorme y reconocida competencia en el sector en el que ha coincidido el acuerdo de los dos grandes partidos», explica la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior en el Palacio de la Moncloa.

«Con ello logramos algo que desde el Gobierno se valora, que es la recuperación del consenso entre los dos principales partidos para nombrar a los principales cargos de una institución tan importante como es el Banco de España», puntualiza.

Según la referencia que distribuye La Moncloa, Restoy, nacido en 1961 en Madrid, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, doctor y máster en Economía por la Universidad de Harvard y máster en Economía, Matemática y Econometría por la London School of Economics. Además, ha sido asesor económico y jefe de la Sección de Instrumentación de la Política Monetaria en el Instituto Monetario Europeo y jefe de la Unidad de Estudios Financieros en el Servicio de Estudios del Banco de España, donde también fue subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y jefe de la División de Asuntos Europeos y Economía Internacional. En 2001 fue nombrado director del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España.

Restoy asume el puesto de subgobernador del Banco de España el 18 de junio de 2012, en sustitución de Javier Aríztegui. Viene de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ha sido vicepresidente desde octubre de 2008, y a raíz de este cargo ha actuado algo más de cuatro años como miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España.

Ahora, en junio de 2012, cuando salta al puesto de subgobernador de esta entidad, no ha pasado un año desde que la CNMV había aprobado, el 29 de junio de 2011, el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de acciones nuevas de Bankia.

Por su cargo de subgobernador, miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, Restoy asume también el puesto de presidente de la Comisión Gestora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el nuevo organismo creado en 2009, tras estallar la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, para canalizar ayudas públicas y reestructurar las entidades de crédito. El FROB sustituye en esta nueva actividad de apoyo a los bancos en crisis al Fondo de Garantía de Depósitos, entidad que protagonizó la salida de la crisis bancaria en los años ochenta y noventa del siglo pasado. En esta comisión gestora del FROB el Banco de España tiene cuatro representantes.

Restoy llega a sus nuevos puestos del Banco de España y del FROB una semana después de que el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentara, el 11 de junio, una querella criminal contra treinta y tres administradores y directivos de BFA y Bankia por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Y cuando Restoy lleva dieciséis días en sus dos nuevos puestos el juez Fernando Andreu admite a trámite, el 4 de julio de 2012, la querella criminal elaborada por el abogado Herzog.

Los inspectores cedidos por el Banco de España, Víctor Sánchez y Antonio Busquets, se convierten en peritos judiciales independientes bajo la dirección del juez Andreu. Trabajan desde febrero de 2013, cada uno por su cuenta, sobre la base de los documentos enviados por Bankia, el Banco de España y la CNMV, por un lado, y las declaraciones de imputados y testigos, por el otro.

El juez Andreu les solicita un primer informe que, según se acuerda, será elaborado por cada uno de ellos de modo independiente, por separado. Este será en adelante el método de trabajo. Dos informes por cabeza, independientes, sin consultarse, cada vez que el juez lo requiera.

En paralelo al proceso de análisis de la documentación y las declaraciones de los administradores ante el juez instructor que comienzan a realizar los peritos, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía, dedicado a la supervisión de las firmas auditoras, ha abierto el 13 de junio de 2013 un expediente sancionador a la sociedad de auditoría Deloitte, S. L. y a su socio Francisco Celma, responsables de las auditorías del Grupo Bankia, sobre los estados financieros intermedios consolidados de Bankia S. A. U. y entidades dependientes, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, y de las cuentas semestrales consolidadas de Bankia, S. A. y sociedades dependientes a 30 de junio de 2011.

Ana María Martínez-Pina es la opción, desde dentro del ICAC, por la que apuesta el ministro de Economía Luis de Guindos para presidir la institución desde mediados de febrero de 2012. Martínez-Pina (Barcelona, 1971) es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha trabajado para la firma de auditoría KPMG y se incorpora al ICAC en 2003, institución donde ha sido subdirectora general adjunta de Normalización y Técnica Contable y secretaria del Comité Consultivo de Contabilidad entre 2006 y 2012.

Como presidenta del ICAC, Martínez-Pina también preside el Comité de Auditoría de Cuentas, el órgano que dicta las normas de auditoría, de ética y de control de calidad interno. Además, asume las propuestas de modificaciones legislativas o reglamentarias en relación con la normativa reguladora de la actividad del sector y la resolución de consultas planteadas al ICAC por parte de los auditores de cuentas como consecuencia del ejercicio de dicha actividad.

Entre los trece miembros del comité figuran un representante del Banco de España y otro de la CNMV, entre otros organismos.

La presidenta Martínez-Pina ha tenido que sortear no pocas dificultades desde su llegada a la presidencia del ICAC, entre ellas la de decidir el relevo de uno de sus directivos, el subdirector de Control Técnico del ICAC, Cándido Gutiérrez, que es sustituido a primeros de 2013 por Eva Castellanos, hasta entonces subdirectora general de Normas Técnicas de Auditoría.

Durante varios meses, el representante del Banco de España en el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC, Javier Azcárate, jefe de la Secretaría Técnica y Relaciones Institucionales (STRI) del Banco de España, integrada en la Dirección General de Supervisión, viene haciendo una labor de lobby a favor de que las firmas de auditoría puedan realizar, además de los informes sobre las cuentas anuales, otros trabajos para las entidades financieras.

Las intervenciones de Azcárate en el citado comité se hacen, casi siempre, siguiendo la lectura de un guion que lleva por escrito. También Paulino García, representante de la CNMV en el comité, apoya la idea de que las empresas auditoras realicen trabajos para las entidades financieras diferentes a los informes de auditoría.

¿Cuál es el problema con Deloitte, S. L. y el socio auditor Francisco Celma, que ha llevado a que el ICAC abra un expediente sancionador? La firma ha participado activamente en la elaboración de los estados financieros de Bankia a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de 2011. Y, más tarde, ha procedido a auditar dichos estados financieros previamente preparados con su participación. Deloitte cobraba considerablemente más por sus servicios de consultoría a Bankia que por los trabajos de auditoría propiamente dichos.

¿Afectaba este doble papel ejercido por Deloitte, S. L. y el socio auditor Francisco Celma a su independencia?

Este es el punto crucial.

Problema: han sido el Banco de España y la CNMV quienes habían requerido a Deloitte, S. L. para realizar esos trabajos preparatorios sin hallar contradicción alguna o conflicto de interés con su informe de auditoría. Más bien lo contrario.

Al advertir que las posiciones de Azcárate y García en el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC, sobre la necesidad de autorizar a las empresas auditoras a realizar los trabajos de consultoría que les requiere el Banco de España y la CNMV, no parecen persuadir a la presidenta del ICAC, cuyo equipo lleva diez meses investigando la actividad de Deloitte en el Grupo Bankia y se apresta a hacer una propuesta de sanción, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, explica al gobernador, Luis Linde, que es necesario hacer un intento más directo para frenar la deriva que se está viendo: la sanción de Deloitte por sus trabajos para la salida a Bolsa de Bankia.

También se pone Restoy en contacto por este asunto con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez.

El ICAC todavía no ha adoptado una decisión sobre las posibles irregularidades de Deloitte.

Es mejor actuar antes de que sea tarde. Todavía están a tiempo para conseguir con una presión desde el Banco de España, lo que no se considera ya posible desde dentro del ICAC. Hay tiempo.

COMIDA-ENCERRONA EN LA BIBLIOTECA

Linde será, según se acuerda, el anfitrión de una comida en la que se invitará a la presidenta del ICAC y a la presidenta de la CNMV. A mediados de abril de 2014, Ana María Martínez-Pina acude al comedor privado situado en la antigua Biblioteca del Banco de España, un salón de estar acogedor, rodeado de librerías hasta el techo. Alrededor de una mesa redonda, Linde, Restoy y Azcárate reciben a las presidentas del ICAC y de la CNMV. Elvira Rodríguez ha tenido la prudencia de acudir acompañada de su vicepresidenta, Lourdes Centeno. Tras unas palabras de Linde amenizando las tradicionales croquetas que se sirven al comenzar el almuerzo, Restoy va al grano.

El subgobernador habla en nombre del Banco de España y de la CNMV. Subraya la necesidad de lograr una mayor interacción con los auditores de cuentas de las entidades financieras, un objetivo que se podría alcanzar solicitándoles trabajos adicionales a los que ya desarrollan. Son ellos quienes están en condiciones, por el conocimiento que tienen de las entidades, de aportar mayor garantía y seguridad a la información que se pone a disposición del público en procesos de salida a Bolsa, por ejemplo. Restoy apunta que esta tendencia ya es una realidad en otros países.

Restoy —que conoce por Azcárate lo que se habla en el Comité de Auditoría de Cuentas que preside Martínez-Pina— apunta los problemas que plantea encomendar estos trabajos a las empresas de auditoría. Es lógico, claro, que surjan dudas acerca de un aparente conflicto de interés entre la tarea de consultoría que realizan y, al tiempo, la emisión de los informes de auditoría, un conflicto que, cómo ignorarlo, pudiera afectar a la independencia del auditor.

El subgobernador será más preciso: cuando el Banco de España y la CNMV sugieren a las entidades financieras que encarguen esos trabajos y estos son llevados a cabo, se ha superado la relación entre el auditor y su cliente.

Mensaje: es el supervisor el que está detrás de esa relación.

Pero las normas, estima Restoy, tienen la flexibilidad necesaria como para encajar esos trabajos sin que necesariamente la independencia de los auditores se vea comprometida.

La exposición que acaba de hacer el subgobernador tiene nombre propio, pero Ana María Martínez-Pina no necesitará leerlo a través de los labios de Restoy, que no lo pronuncia, para saber de quién está hablando: Deloitte, S. L.

La presidenta del ICAC sigue los razonamientos de Restoy, que ya conoce por Azcárate, sin pestañear. Pero no suelta prenda. A la salida, Elvira Rodríguez se acerca a Martínez-Pina y le susurra: «Ana, la verdad es que no sé cómo te has atrevido a venir a esta encerrona».

Pero Restoy es persistente y tampoco soltará a su presa. Unos días más tarde se pone en contacto con la presidenta de la CNMV. Le está enviando un texto que quiere dirigir a la presidenta del ICAC donde se recoge en detalle lo que han hablado —sobre todo él— durante la comida del Banco de España. Le sugiere que si está de acuerdo también firme la carta.

El 29 de abril de 2014, Ana Martínez-Pina recibe una carta con membretes del Banco de España y de la CNMV. He aquí el texto:

Estimada Ana:

Como tuvimos ocasión de comentarte en una reciente reunión, tanto la CNMV como el Banco de España necesitamos incrementar la interacción con los auditores de cuentas anuales, en línea con las discusiones actuales en foros internacionales de supervisión. Una de las vías en que de hecho se materializa esta interacción, de uso creciente en nuestra práctica supervisora, es la petición de trabajos para ser desarrollados por las firmas de auditoría.

Estos trabajos pretenden, según los casos, dotar de mayor garantía y seguridad a la información que las entidades ponen a disposición del público en procesos de salidas a Bolsa, reestructuraciones corporativas o captación de fondos; mejorar la transparencia; obtener una opinión experta sobre criterios contables aplicables en operaciones complejas, obtener una opinión útil sobre los resultados de verificaciones parciales en áreas concretas; o cubrir otras necesidades identificadas para el mejor ejercicio de las respectivas funciones de supervisión.

Desde el punto de vista del conocimiento que tienen de la entidad, de las sinergias que se producen y del coste, el interés por parte de los supervisores es que estos trabajos puedan desarrollarse por los auditores de sus cuentas anuales. No obstante, pueden haberse planteado dudas sobre si la ejecución de tales trabajos colisiona en algún caso con la normativa sobre la independencia del auditor. Por su parte, las firmas de auditoría tienen el legítimo interés de tener un grado de seguridad razonable acerca de los encargos que pueden aceptar.

En nuestra opinión, cuando las autoridades supervisoras requieren a las entidades que encarguen estos trabajos, es razonable considerar que no estamos ante una relación meramente bilateral y privada, sino ante un requerimiento de autoridad pública cuya finalidad es defender el interés general, un aspecto que entendemos muy relevante en la medida en que minimiza el riesgo de falta de independencia. Pensamos que, dentro de los márgenes que las normas ofrecen para valorar la independencia del auditor, a lo señalado anteriormente debe concederse un peso especial.

En los anexos 1 y 2 figuran sendos listados de trabajos que son particularmente relevantes para facilitar las labores de supervisión de la CNMV y el Banco de España, por lo que en muchos casos han dado lugar a una petición concreta para llevarlos a cabo. Creemos que ilustran muy bien el alcance de nuestra reflexión.

En base a lo expuesto, pensamos que el ICAC podría tener en cuenta la argumentación anterior, de manera que se entendiese razonable que la aceptación de encargos en el contexto antes indicado, con las cautelas que en su caso se considerasen necesarias, no son susceptibles de suponer un incumplimiento de las normas de independencia de los auditores.

En este sentido y de acuerdo con lo que hablamos en la referida reunión [se refiere a la comida en el Banco de España] te proponemos que, si lo estimas oportuno, el ICAC podría comunicar sus criterios a las corporaciones de auditores, para conocimiento de sus asociados, o bien, resolver una consulta presentada al efecto, aclarando su posición sobre los trabajos que podrían llevar a cabo sin suponer una amenaza a la independencia o una incompatibilidad, siempre que fueran abordados para responder a un requerimiento de los organismos supervisores.

No obstante, obviamente estamos abiertos a cualquier otra propuesta que estimes conveniente y que pueda dar solución a la cuestión planteada.

Quedamos a tu disposición para cualquier aclaración que precises.

La carta está firmada por Fernando Restoy, subgobernador (por ausencia del gobernador) y Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV. Y es acompañada por dos anexos sobre los trabajos encargados a las firmas auditoras por los dos organismos reguladores.

Es el 15 de julio de 2014. Han pasado casi tres meses desde la comida en la antigua Biblioteca del Banco de España y dos meses y medio desde el envío de la carta elaborada por Restoy.

El Comité de Auditoría de Cuentas, órgano consultivo del ICAC, que no vinculante, para la presidencia de la institución, se reúne en la sede de la entidad, en la madrileña calle de Huertas, para examinar el expediente incoado a Deloitte, S. L. y al socio auditor Francisco Celma sobre los estados financieros del Grupo Bankia. Están presentes once vocales.

Se expone, pues, el resultado de la investigación (instrucción, según la jerga) del expediente sancionador y la propuesta de resolución sobre tres informes realizados por la firma de auditoría y su socio Celma para el Grupo Bankia, mientras trabajaban, a su vez, en el informe de auditoría de las cuentas.

Los servicios prestados: revisión de la estructura de segregación en relación con el proyecto de salida a Bolsa, contratado el 24 de febrero de 2011; revisión de la segregación efectiva del balance, contratado el 4 de abril de 2011, y elaboración de un modelo de estados financieros consolidados intermedios y notas explicativas a los mismos de Bankia al 31 de marzo de 2011, contratado el 14 de abril de 2011.

Estos trabajos son facturados por valor de 2.176.070 euros, un 135 % de lo facturado en dicho periodo por trabajos de auditoría a Bankia.

En paralelo a estos tres encargos, durante este periodo de algo más de dos meses se hacen, simultáneamente, los trabajos de auditoría.

El informe de la investigación desarrollada en el ICAC destaca

la falta de constancia en los papeles de trabajo de la realización de pruebas de cumplimiento para poder concluir sobre la efectividad, como es el caso, de los controles internos ni sobre el momento de su realización, lo cual supone una deficiencia muy significativa, pues sin ser realizadas dichas pruebas no pueden los auditores en modo alguno expresar, como así lo hacen, que los controles son «efectivos» en todos los casos y que el entorno de control es «confiable»…

Deloitte y su socio Celma habrían cometido, según la resolución propuesta, una «infracción continuada muy grave» al haber incurrido en incumplimiento del deber de independencia en relación con los trabajos de auditoría del Grupo Bankia.

Al tiempo, se propone declarar que ambos han incumplido las normas de auditoría, lo cual podía tener un efecto sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, de su informe, por los dos trabajos de auditoría del Grupo Bankia (estados financieros intermedios entre el 1 de enero 2011 y el 31 de marzo de 2011 y sobre las cuentas semestrales consolidadas resumidas a 30 de junio de 2011).

La propuesta es sancionar la infracción continuada muy grave y las dos infracciones graves con multas que se elevan a 12,3 millones de euros en el caso de Deloitte, S. L. y de 44.000 euros para Celma.

La presidenta del ICAC se enfrenta en la reunión del comité, sobre todo, con tres intervenciones —aparte de posiciones parcialmente críticas o con dudas de algunos miembros— que cuestionan las conclusiones de la instrucción del expediente sobre el alcance de tres trabajos. Otros miembros no se pronuncian contra la propuesta de resolución.

Se trata de las de Javier Azcárate, vocal por el Banco de España; de Paulino García, por la CNMV, y del vocal del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, que representa a los auditores.

Por una parte, los supervisores son quienes han requerido a Bankia para que solicitase los trabajos, pero a pesar de ello no pueden dejar de reconocer las circunstancias más escandalosas, aunque eso sí, dando una de cal y otra de arena.

Es el caso de Azcárate. Según consta en el acta de la reunión del 15 de julio de 2014, el representante del Banco de España admite la falta de documentos apuntada por el instructor de la investigación interna: «En relación con la evaluación de los sistemas de control interno y riesgo de auditoría coincide con la instrucción en que en los papeles de trabajo parece que no hay una documentación completa que muestre una evidencia suficiente», señala. Pero añade: «No obstante, también considera que en algunos puntos hay una exigencia excesiva de documentación de trabajo».

¿Cuáles son esos puntos de la propuesta de resolución en los que hay una «exigencia excesiva» de documentación? Azcárate no lo dice.

Asimismo, sobre el modelo de valoración utilizado por Bankia a 1 de enero de 2011, el representante del Banco de España no puede dejar de expresar su duda sobre el hecho de que no se encuentre documentación en los papeles de trabajo de Deloitte: «No sabe si debería haber alguna referencia en el archivo permanente o de otra forma. Expresa la necesidad de que en papeles de trabajo debiera constar el análisis».

La investigación del ICAC arroja luz sobre un hecho: no consta evidencia en los papeles de trabajo de Deloitte sobre Bankia acerca del modelo de valoración del patrimonio en el momento de la creación del grupo. No existe detalle por cada cuenta de los elementos segregados que conforman la rúbrica del balance de apertura del Grupo Bankia a 1 de enero de 2011, fecha de nacimiento del grupo.

Pero esto no es todo. La instrucción revela que tampoco consta en los papeles de trabajo ninguna otra documentación que acredite la valoración individualizada de las cuentas que integraban las rúbricas de activo y pasivo del Grupo Bankia a dicha fecha, realizada por un experto independiente.

Es lo que podría entenderse mejor si se apela al refranero español: el uno por el otro, la casa sin barrer. ¿Por qué?

La firma de auditoría BDO, designada por el Registrador Mercantil, no ha hecho ningún análisis individualizado sobre cada uno de los elementos que integran el activo y el pasivo del grupo.

Y, entonces, ¿qué trabajos realizó?

Se limitó a corroborar el valor del conjunto del patrimonio que, a su vez, aportaron los administradores de la entidad conjuntamente con la empresa Analistas Financieros Internacionales (AFI). Según el informe de BDO, el trabajo realizado se refiere al conjunto del patrimonio segregado y su valoración toma como referencia el valor contable de los activos y pasivos de las cajas de ahorros y de BFA a 31 de diciembre de 2010, limitándose a darlos por buenos. Sin comprobación o análisis alguno, los valores informados por los administradores de las entidades con respaldo de AFI, pero en ningún caso, deja constancia BDO, «asume o garantiza la veracidad, exactitud e integración de la información utilizada en la realización de nuestro trabajo».

Sencillamente: describe las valoraciones en las que confía, las de AFI. Pero, y aquí el refrán se cumple al pie de la letra, no hay constancia en los papeles de trabajo que cubren el periodo que se investiga acerca de los documentos emitidos por AFI sobre el informe de valoración del patrimonio escindido de las cajas a BFA, y segregado posteriormente desde esta entidad al Grupo Bankia y, por tanto, la posible evidencia de auditoría sobre los valores registrados a 1 de enero de 2011.

La presidenta del ICAC, ya a mediados de julio, deja para la rentrée, después de las vacaciones, la resolución del expediente.

El 17 de septiembre de 2014, Ana Martínez-Pina dicta el veredicto: asume la propuesta de resolución e impone la sanción total de 12,3 millones de euros para Deloitte, S. L. y de 44.000 para Celma.

Según se afirma en la resolución, Deloitte, S. L. y Celma realizaron ambos trabajos de auditoría y emitieron los respectivos informes de auditoría a pesar de conocer y realizar tres servicios distintos de los de auditoría, con implicación y participación intensas en la elaboración de información económica financiera de la entidad auditada sobre la que luego emitieron opinión de auditoría. La atención y el cuidado exigidos por su condición debió llevarles a no realizar las auditorías, por no estar en condiciones de realizarlas de forma objetiva e independiente, siendo la independencia el pilar fundamental en que se basa la confianza en la opinión emitida por los auditores, dada su absoluta implicación en la elaboración de la información auditada.

Ni el Banco de España ni la CNMV, se subraya, ostentan potestad que les permita imponer a un auditor o sociedad de auditoría la realización de actuaciones que pudieran suponer la infracción del deber de independencia. En todo caso, ante una conducta que comprometa su independencia, los auditores se deben abstener y, en caso de duda, los auditores pueden formular al ICAC consultas relacionadas con la observancia del deber de independencia. Una consulta que no hicieron.

El ICAC envía al juez Fernando Andreu el expediente con la resolución sancionadora por su posible implicación en la investigación de la salida a Bolsa de Bankia. Los inspectores-peritos Sánchez y Busquets, pues, se topan con un acontecimiento que, precisamente, tiene relación directa con lo que ya han detectado en el trabajo que les ha encomendado el juez y sobre el que esperan presentar un primer informe a finales de 2014.

Los dos informes son elevados el 4 de diciembre de 2014. Ambos, desde perspectivas distintas, con sus respectivos argumentos, coinciden en señalar que las cuentas con las que Bankia salió al parqué y se incluyeron en el folleto de emisión de la Oferta Pública de Suscripción, aprobada por la CNMV, no reflejaban la imagen fiel del banco. Así dichas, estas dos palabras pueden parecer normales para un público lego. Pero son dos términos sagrados cuando se refieren a los auditores. La imagen fiel es lo que, precisamente, están llamados a describir o cuestionar.

El auditor Deloitte, según la versión que ofrece el informe de la investigación, ha fallado al dar por buenas las cifras y notas descriptivas de las cuentas de BFA y de Bankia, ya que de haberse comprobado con celo profesional se hubieran revelado como erróneas.

Los dos informes caen como una bomba.

PREPARADOS PARA EL COMBATE

El juez Andreu otorga un mes de plazo a todas las partes personadas en la causa para el examen de los informes y convoca en la Audiencia Nacional, entre el 12 y el 15 de enero de 2015, varias sesiones en las que todas las partes personadas en la causa puedan preguntar y cuestionar las afirmaciones periciales.

El 9 de diciembre de 2014, cuatro días después de recibir los informes periciales, la Comisión Rectora del FROB se reúne bajo la presidencia de Restoy.

Los ánimos están caldeados.

Restoy propone dedicar la reunión a analizar los informes de Sánchez y Busquets. El director general adjunto de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, toma la palabra y analiza las principales afirmaciones de los informes periciales. Herrera busca desactivar la idea de que los deterioros en el Grupo BFA-Bankia eran anteriores a la constitución formal del mismo, a finales de 2010.

En palabras del director general adjunto de Supervisión «el ajuste propuesto por los informes responde a un deterioro que resulta muy dudoso que existiera en una parte significativa o que se pudiera razonablemente estimar con la información disponible a 31 de marzo de 2011».

Herrera solicita a la Comisión Gestora del FROB que sea el canal de transmisión de su criterio técnico —el del Banco de España— al procedimiento judicial. Será el FROB, acusación particular en la causa, por ser directamente perjudicado al aportar dineros de todos los ciudadanos, el que «canalizará» la posición del Banco de España.

El Banco de España, según la posición que expresa Javier Priego, secretario general de la institución y miembro de la Comisión Gestora, ve con buenos ojos que se conozca su criterio, atacado por los informes periciales del 4 de diciembre de 2014 dentro del procedimiento judicial.

Este es el acuerdo que queda reflejado en el acta.

La cúpula del Banco de España, por tanto, preparará unas notas de respuesta. No se oculta, internamente, pues, que la institución apoya técnicamente al FROB y al equipo gestor de Bankia en las sesiones que van a tener lugar.

Y el miércoles, día 7 de enero de 2015, los miembros de la Comisión Gestora en representación del Banco de España presentan un escrito en el FROB. Según el acta, el escrito «trata de desvirtuar la solidez de las periciales [informes de Sánchez y Busquets] y los ajustes por ellas propuestos en relación con las cuentas de salida a Bolsa».

Según señala la Dirección General de Supervisión, por boca de Herrera, «los informes periciales incluyen una única observación: parte de los ajustes realizados sobre el deterioro de la cartera de Bankia en la reformulación de las cuentas de 2011, efectuada en mayo de 2012, se debería haber recogido en las cuentas de salida a Bolsa formuladas un año antes».

Según Herrera, «el modo en que llega a estimar ese ajuste es muy discutible por el empleo de una metodología poco precisa que parece incurrir en el sesgo retrospectivo».

«Sesgo retrospectivo». ¿Qué quiere decir? Que los peritos llegan a la conclusión sobre los deterioros existentes antes de la salida a Bolsa con información posterior, que aplican, a su vez, retrospectivamente.

Y pone el acento en aquello que faltaría en los informes periciales.

«Lo más importante», subraya, es que los informes no mencionan la existencia de un «abultado» volumen de «provisiones sin asignar» en las cuentas de marzo de 2011. Según señala, esas «provisiones sin asignar» han sido «dotadas precisamente para cubrir deterioros adicionales en exposiciones concretas que pudieran identificarse con posterioridad».

Por tanto, apunta el informe aportado por Herrera, «el ajuste propuesto por los informes periciales responde a un deterioro que resulta muy dudoso que existiera en una parte significativa o que se pudiera razonablemente estimar con la información disponible a 31 de marzo de 2011».

Pero, en todo caso, la Dirección General de Supervisión manifiesta su convicción de que este ajuste «estaría cubierto con holgura por las provisiones sin asignar existentes a esa fecha que fueran dotadas precisamente para cubrir futuros no identificados con el momento de la formulación». El Banco de España autoriza a identificar estos criterios como «aportaciones de los representantes del supervisor en la Comisión Gestora del FROB».

Los medios de comunicación reciben información sobre lo que se cuece.

Ya desde la tarde del sábado 10 de enero de 2015 el periodista Íñigo de Barrón apunta en la versión digital del diario El País que «el lunes 12 de enero, en el turno de réplica de los imputados, los peritos se enfrentarán a un duro interrogatorio. Los representantes del fondo de rescate (FROB), dueño de Bankia, y los de Bankia han intentado desactivar la bomba acusatoria paso a paso. Con sus argumentos, intentarán demostrar que las conclusiones de los peritos contienen graves errores técnicos que invalidan sus escritos».

Es paradójico: aquellos que figuran como acusación en el procedimiento van a atacar un informe que plantea las graves irregularidades del proceso de fusión. Pero es totalmente lógico: el Banco de España no se ha limitado a autorizar. Ha sido el cerebro de toda la operación. La cúpula, por tanto, es quien mejor puede defender lo que se ha hecho siguiendo sus instrucciones.

La información periodística precisa: «Los abogados han contado con el apoyo técnico de escritos del propio Banco de España, que refutará lo afirmado por sus propios inspectores».

Los peritos-inspectores ratifican sus informes en la sala de vistas número 8 de la Audiencia Nacional, donde se someten, entre el lunes 11 y el jueves 14, a cuatro jornadas que suman veinte horas de preguntas del fiscal Alejandro Luzón y cincuenta abogados en presencia del juez Andreu.

El lunes 12 de enero de 2015 tiene lugar un largo interrogatorio del fiscal Alejandro Luzón y las acusaciones. El fiscal no oculta su escepticismo frente a los informes. Luzón cree que se está desarrollando una situación inédita, al menos según su experiencia, en la que unos inspectores del Banco de España, en calidad de peritos, están cuestionando la política de la cúpula. Le cuesta entender que se trate de un enfrentamiento de carácter puramente profesional. Y, además, ignora quién tiene razón.

Luzón forma parte de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado desde el nombramiento de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en enero de 2015, y continúa desde allí a cargo de la investigación de Bankia.

La relación entre la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y el Banco de España siempre ha sido de colaboración fluida a través del departamento jurídico de la institución. Es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ordena abrir diligencias de investigación en la Fiscalía Anticorrupción. El 28 de mayo de 2012, semanas antes de la presentación de la querella criminal en la Audiencia Nacional, la citada Fiscalía dicta un decreto de apertura de las diligencias en relación con la salida a Bolsa por delitos contables, falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa y apropiación indebida. Los fiscales Luzón y Luis Rodríguez solicitan información a Bankia, al Banco de España y a la CNMV.

Luzón había tratado desde la secretaría con Javier Priego, el responsable jurídico del Banco de España, sobre denuncias de la institución.

En el caso de Bankia y en el de otras entidades, el departamento jurídico respondía a las preguntas de la Fiscalía sobre los departamentos y los responsables de los asuntos en la institución. También aportaron escritos.

Luzón está convencido de que el desastre de la salida a Bolsa de Bankia es una operación de Estado. Y prefiere creer que la caída se explica por la nueva recesión que ha afectado a la economía española a partir de la segunda mitad de 2011. Los deterioros que señalan los peritos, ¿acaso no han sido registrados porque en realidad tuvieron lugar con posterioridad a junio de 2011, cuando Bankia sale a Bolsa?

Los peritos coinciden precisamente en lo contrario. Aquí está el meollo: «Había deterioros que procedían de 2008 y que no estaban reflejados», señalan.

Luzón insiste durante su interrogatorio, pues, en indagar hasta qué punto el deterioro de la economía, que se agudiza en el verano de 2011, o los dos decretos del ministro De Guindos, de febrero y mayo de 2012, según los cuales se obligaba a las entidades financieras a realizar nuevas provisiones (dotar más fondos para cubrir pérdidas en los préstamos inmobiliarios), una exigencia que los gestores ignoraban en el primer semestre de 2011, no es en una parte significativa la explicación de lo que ha ocurrido.

No, insisten los peritos.

Luzón pregunta: en el caso de que los peritos aprecien irregularidades en las cuentas anteriores a la salida de Bankia a Bolsa, ¿pudieron haber sido detectadas por los auditores con especial análisis de los papeles de trabajo del auditor de BFA-Bankia?

En su respuesta, Antonio Busquets señala:

En este punto es obligada la referencia a la resolución del ICAC de 17 de septiembre de 2014 sobre las auditorías de los estados financieros de Bankia a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de 2011. El ICAC analiza si el informe emitido sobre la fiabilidad de las cuentas anuales auditadas tuvo el suficiente fundamento al estar justificado y soportado en el trabajo realizado, o es, en aspectos significativos, incorrecto al no recoger, o recoger de forma deficiente, salvedades o contener una incorrecta opinión, de forma que con ello se estuviese transmitiendo una idea inexacta, no adecuada o no fundada, respecto a la verdadera situación de la auditada.

Añade Busquets:

El ICAC indica que el auditor carecía de independencia, por haber intervenido en la preparación de los estados financieros que luego auditó, que no verificó adecuadamente el control interno de la entidad e incumplió diversas normas de auditoría y que hubo una falta de obtención de evidencia adecuada y suficiente acerca del riesgo de insolvencia y los saldos de existencias y activos no corrientes en venta. La conclusión del ICAC es que el efecto acumulado de los incumplimientos señalados motivó que el contenido del trabajo fuera sustancialmente distinto del que se habría obtenido de haberse observado las normas incumplidas, al ocasionar no solo un posible efecto significativo, sino incluso causado efectivamente al no haber reflejado ciertas circunstancias en los informes emitidos. Es necesario destacar, según indica el informe, que el problema de la valoración de la participación de BFA en Bankia y el de la recuperabilidad de los activos fiscales de BFA fueron comunicados por el auditor a la Comisión de Auditoría y Cumplimento [de BFA] en la sesión del 18 de octubre de 2011, según consta en el acta. Es decir, la mayor parte de los ajustes a las cuentas individuales de BFA fueron detectados y comunicados por el auditor con antelación suficiente. No sucede lo mismo con los ajustes a las cuentas de Bankia. Según documentación examinada, el auditor dio por cerrada y conforme la revisión de la inversión crediticia, área en la cual se produjeron con posterioridad ajustes de importancia significativa…

Este lunes 12 de enero, por la noche, el diario El País refleja lo que ha ocurrido en la primera sesión tras contestar los peritos al fiscal Luzón: «Los peritos dicen que la matriz [BFA] de Bankia estaba quebrada antes de salir a Bolsa. Los técnicos del Banco de España ratifican ante el juez sus demoledores informes».

Al día siguiente, los abogados del FROB, acusación particular que se supone defiende a los perjudicados, es decir, a los ciudadanos de a pie, y los letrados de Bankia someten a un tercer grado a ambos peritos.

En la sala 8 de la Audiencia Nacional sigue, como el día anterior, sin caber un alfiler. Los abogados que no están en uso de la palabra transmiten a sus respectivos bufetes, por correo electrónico o mensajes de teléfono, las respuestas que van dando los peritos a sus interrogadores anteriores. Y reciben, a su vez, nuevas preguntas que deben formular.

Las preguntas, en su mayoría, reflejan el punto de vista de la cúpula del Banco de España.

¡Es la segunda recesión, en 2011, estúpido, lo que explica el fiasco! ¡No hay que buscar tres pies al gato!

Y cuando toca el turno a las defensas de los imputados se vuelve sobre el mismo tema: el deterioro por el empeoramiento imprevisto de la situación económica.

Los peritos insisten: los problemas vienen de antes. Unas cuentas saneadas, como se presentaba a las que exhibía el Grupo BFA-Bankia en julio de 2011, nunca podrían verse afectadas por la nueva recesión al punto de provocar su caída. Los gestores y el Banco de España, advierten, no ignoran su origen y precisamente la fusión es la huida hacia delante de unos y de otros, hermanados, en la secreta esperanza de que la ansiada recuperación, que no tardará en llegar, será la marea que lo limpie todo. Y la CNMV tiene conocimiento de ello.

Los dos informes del 4 de diciembre de 2014 son una primera aproximación de los peritos a la operación de encubrimiento. Todavía no se han adentrado los peritos-inspectores, en esta primera aproximación a la instrucción sumarial, en la profundidad del pecado original.

Había, pues, que frenarles antes de que fuera demasiado tarde.

El doble carácter de Sánchez y Busquets, por un lado, inspectores del Banco de España y, por el otro, peritos del juzgado, coloca a la cúpula del Banco de España en una situación difícil a la hora de actuar.

Dos semanas después de las sesiones en la Audiencia Nacional, cuando todavía no se apagan las reverberaciones de los dos informes de los peritos en los medios de comunicación y entre los abogados de los imputados, la acusación particular del FROB, es decir, los que representaban teóricamente a los representantes de los paganos-ciudadanos, tiene dificultades para ponerse en marcha.

Lo que le pedía el cuerpo a la cúpula del Banco de España el 9 de diciembre, a saber, una respuesta contundente e inmediata, se va difuminando.

La Comisión Gestora se reúne el 27 de enero de 2015 bajo la presidencia de Restoy.

Según se refleja en el acta de la reunión, el punto segundo reza: «Informe sobre la evolución de la causa penal relativa a las cuentas de Bankia, S. A. y BFA, S. A., y análisis de los siguientes pasos a dar en el seno del procedimiento». He aquí el contenido de dicho apartado:

El Presidente [Fernando Restoy] da la palabra al Director General [Antonio Carrascosa] y al Secretario [Alfonso Cárcamo Gil, asistido por la Vicesecretaria Lucía Calvo Vergez] para que actualicen la situación del proceso penal.

Se informa de que entre los días 12 a 15 de enero de 2015 tuvieron lugar las ratificaciones de las periciales elaboradas por los dos peritos del Banco de España (Señores Busquets y Sánchez). De la ratificación no ha quedado una conclusión clara pero desde luego los peritos se han cobijado en el Juez que ha prestado protección, para no contestar a preguntas tales como la no consideración de las provisiones genéricas o específicas no asignadas, o la metodología aplicada. No habiendo sido el resultado pues el más favorables a los intereses del FROB, lo cierto es que a lo largo de las declaraciones de los peritos sí han quedado dudas sobre la fiabilidad de la metodología, sobre la existencia de esas provisiones que permitirían cubrir cualquier deterioro adicional de los detectados, sobre la solidez o representatividad de las muestras empleadas, y sobre el sesgo retrospectivo y el uso de información posterior. Asimismo, se ha dejado constancia en las declaraciones del señor Busquets de la no existencia de dudas sobre el precio de mercado, de la falta de conocimiento del perito de la materia de mercado de valores y de la existencia de contradicciones evidentes en la materia. Las posibilidades actuales pasan por la presentación de un escrito de alegaciones a la causa, que recoja la posición del FROB a través de la asistencia de la CNMV y los representantes del Banco de España en la Comisión Rectora, valorando los informes periciales y aportando los elementos de duda o de contradicción que de los mismos resultan y ahondando en la sensación de falta de fortaleza de esos informes que debería haber quedado de la semana de comparecencias. Es importante según la opinión del Secretario que, para que sea lo más eficaz posible ese escrito de alegaciones, se acompañe de un pronunciamiento técnico de los organismos supervisores (de Mercados y Solvencia).

El señor Priego [secretario general del Banco de España] toma la palabra y manifiesta la idea de que el Banco de España no puede ni debe, a su juicio, en el momento actual, hacer una contrapericial al informe de los dos inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales, ya que si bien no actúan como Banco de España no debe olvidarse que se designaron por el mismo. Señala que está claro que hay que defender la legalidad de las cuentas, pero hay un problema institucional del Banco de no actuar sin que medie una petición o requerimiento del Juzgado.

Varios miembros recuerdan que esa no ha sido la posición inicial del Banco de España ya que en la primera [reunión] de la Comisión Rectora del 9 de diciembre de 2014 en la que se abordó el tema, la solicitud del Banco de España fue que se permitiera a través del FROB un canal de acceso de su criterio técnico a la causa.

Se plantea como posible solución al tema la posibilidad de que se presente un escrito de alegaciones por parte del FROB basado en las notas o apuntes que han servido de base a la preparación de la comparecencia de los peritos, pero que al mismo se acompañe el criterio técnico del Banco de España en cuestiones objetivas de interpretación de la circular contable relevantes para la causa, como la función de la provisión genérica, de las específicas no asignadas, solución que se acepta como posible por los miembros de la Comisión Rectora.

El lenguaje que se usa en la reunión es descarnado. Los miembros de la Comisión Gestora advierten de que existe una confabulación entre el juez y los peritos.

Ese es, precisamente, el sentido de la frase registrada en el acta: «Desde luego los peritos se han cobijado en el Juez, que ha prestado protección».

¿A qué protección se refiere cuando, en rigor, los interrogatorios han sido a cara de perro?

La bola de nieve no deja de crecer. El 13 de febrero de 2015, el juez Andreu impone una fianza de 800 millones de euros por posibles responsabilidades civiles a Bankia, BFA y cuatro exmiembros del consejo de administración: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. El juez se apoya en los dos informes periciales del 4 de diciembre, los cuales, señala, ponen de manifiesto, «con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS (Oferta Pública de Suscripción) de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad».

El juez añade que el informe contrario elaborado por expertos que ha contratado Bankia no contradice en ningún momento las mencionadas afirmaciones.

Según los peritos, el perjuicio para los accionistas minoritarios personados en el procedimiento de la Audiencia Nacional ascendía a 34 millones de euros.

Pero el juez Andreu tiene en cuenta no solo a aquellos que han presentado demandas en la Audiencia Nacional al imponer la cuantía de 800 millones, sino a todos los accionistas minoritarios afectados por la salida a Bolsa.

El 14 de febrero de 2015, a su vez, se producen cambios de importancia en el Banco de España. La Comisión Ejecutiva propone dos nombramientos en el Departamento de Supervisión. Mariano Herrera será, al aprobarlo el Consejo de Gobierno, director general de Supervisión en sustitución de Ramón Quintana, quien en enero había sido designado para ocupar una de las cuatro direcciones generales del Mecanismo Único de Supervisión Europeo, y Pedro Comín, director general adjunto, siendo con anterioridad jefe de grupo en la inspección de Bankia, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I, y más tarde director ejecutivo del FROB.

En la reunión del 20 de febrero, la Comisión Rectora del FROB analiza la «actuación procesal del FROB en relación con el auto de fijación de fianza de 800 millones de euros en el caso Bankia», es decir, la presentación de un recurso de apelación contra la medida.

El nuevo director general, Jaime Ponce Huerta, que acaba de sustituir a primeros del mes de febrero de 2015 a Carrascosa,

manifiesta que para centrar el debate, son dos los puntos que deben tratarse: a) Por un lado, el contenido más o menos concreto del escrito de apelación, debiendo definirse la estrategia procesal en el incidente cautelar [la fianza] y valorar si se consume o no toda la munición en este momento procesal. b) Por otro, valorar la intervención del Banco de España como intérprete auténtico de la circular contable 4/2004 [sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros] y en qué momento debe producirse, si en este incidente cautelar o en la pieza principal.

Los términos utilizados son reveladores.

Se trata de «valorar si se consume o no toda la munición en este momento procesal».

Es, pues, una batalla campal.

El secretario, Alfonso Cárcamo Gil, señala

que tanto Bankia como BFA van a entrar al fondo del asunto en este trámite de apelación, mientras que la Fiscalía [Anticorrupción] en la medida en que no cuenta con asesoramiento técnico en la materia se va a centrar más en la improcedencia por prematura de la fianza acordada. En todo caso señala que lo que debe tenerse en cuenta es la importancia de que bien en este recurso bien en un momento posterior pero de manera pronta en el tiempo, se aporten todas las alegaciones sobre las dudas e inconsistencias que los ajustes planteados por los peritos plantean.

Cárcamo, a juzgar por lo que afirma, posee información de primera mano sobre lo que se propone el fiscal Luzón sobre la fianza.

A continuación, interviene el secretario general del Banco de España, Javier Priego;

quien comparte la importancia de hacer llegar a la causa unas alegaciones contundentes que evidencien el carácter discutible y rebatible de las periciales ratificadas. Señala que si bien en la última [reunión] de la Comisión Rectora se aceptó la petición de criterio técnico por parte del FROB al Banco de España sobre aspectos de la circular 4/2004 que permitiera validar las alegaciones en materia contable, a posteriori los órganos de gobierno, y concretamente tanto la Comisión Ejecutiva como el Gobernador, no han considerado pertinente que antes de cualquier requerimiento judicial se materialice la intervención del Banco de España, todo ello sin perjuicio de considerar y aceptar que en el escrito se mencione la aportación de los miembros del Banco de España en la rectora del FROB en forma técnica.

El subgobernador y presidente de la Comisión Rectora, Fernando Restoy, explica la delicada situación del Banco de España:

El subgobernador señala que debe entenderse la dificultad institucional y la posición del Banco de España que se basa en olvidarse de que los informes periciales han sido realizados por dos inspectores del Banco de España que fueron designados por el propio supervisor a requerimiento judicial, y que si bien no actúan como Banco de España, tienen ese vínculo con la institución; por otra parte, se tiene la creencia y la convicción en la institución de que una actuación de oficio y sin que medie una petición judicial podría ser incluso contraproducente a los efectos de la instrucción penal.

Restoy está admitiendo así los distintos puntos de vista sobre la mejor forma de actuar que existen en la cúpula del Banco de España.

Por ello no es posible debate alguno sobre la posibilidad de una participación ex ante [sin requerimiento judicial] del Banco de España, y pide disculpas si alguno de los miembros de la Rectora entendió que la oferta de plantear a los órganos de gobierno del Banco de España una contestación a preguntas técnicas ex ante era vinculante en cuanto al resultado, ya que los 4 miembros de la Rectora [Fernando Restoy, Julio Durán, Mariano Herrera y Javier Priego] han procedido a trasladar esa posible solución, pero como ha señalado el señor Priego no ha sido aceptada por los órganos de gobierno del Banco de España, que son quienes tienen la capacidad de vincular al Organismo.

TORCER LA REALIDAD

Aunque las intervenciones de Priego y Restoy insisten en «los órganos de gobierno del Banco de España», lo cierto es que la reticencia a meter a la institución de hoz y coz en el procedimiento tiene nombre y apellido: Luis Linde, gobernador del Banco de España.

Se adopta, pues, el acuerdo de presentar el recurso contra la fianza de 800 millones de euros, rebajando «el contenido técnico del escrito de manera que nos limitemos a discutir la concurrencia por un lado del periculum in mora [riesgo de fuga] y por otra del principio del buen derecho o de la no existencia de una solidez en los informes periciales que permita valorar los indicios de posible responsabilidad. Para ello el FROB debe basarse exclusivamente en las propias pericias y en lo señalado o cuestionado en el acto de ratificación, así como en las citas del propio informe del señor [Leandro] Cañibano, poniendo de manifiesto dudas o temas pendientes de mayor análisis».

El «contrainforme», encargado por Bankia al profesor Leandro Cañibano, al que alude el FROB, sostenía que las cuentas presentadas en la salida a Bolsa, en julio de 2011, reflejaban la imagen fiel de la entidad y que no había errores contables. ¿Por qué, entonces, la entidad reformuló sus cuentas de ese año y pasó de un beneficio de 300 millones a una pérdida de casi 3.000 millones? Según su informe, porque tuvo lugar una segunda recesión en la economía española en ese corto período que obligó a devaluar aceleradamente los activos de la entidad y disparó la necesidad de provisiones.

Por último, en relación con la presentación en la causa de un escrito más amplio, hay acuerdo para «que se posponga el tratamiento del contenido del escrito de alegaciones y la intervención en el mismo del Banco de España a la próxima [reunión] de la Rectora que previsiblemente tendrá lugar el próximo martes».

Se acuerda, por tanto, tratar la intervención del Banco de España en la reunión de la Comisión Gestora convocada para el martes 24 de febrero de 2015.

Y he aquí que en estos cuatro días, entre el viernes 20 y el martes 24, se produce el cambio en la posición del Banco de España.

Lo que hasta ahora el gobernador, Luis Linde, se negaba a facilitar tendrá finalmente su respaldo.

En la reunión del 24 de febrero de 2015, se aborda, según consta en acta, «la necesidad de realizar las alegaciones sobre el contenido de la pericial y su ratificación apoyados por los criterios técnicos de los dos supervisores (CNMV y Banco de España)». Y «para ello se ha repartido un borrador de escrito de alegaciones así como de posibles preguntas a elevar al Banco de España». Unas preguntas que se han elaborado en el propio Banco de España.

El punto número 2 del acta es «Análisis del escrito de alegaciones a presentar en las Diligencias Previas 59/2012 [caso salida a Bolsa de Bankia] en relación a las periciales ya ratificadas».

El Presidente [Restoy] da la palabra al Director General [Ponce] y al secretario [Cárcamo] para que expliquen la propuesta.

Señala el Director General que ayer [23 de febrero] se presentó el recurso de apelación con el contenido aprobado en la anterior sesión, debiendo señalarse que sin entrar en interpretaciones contables de fondo se ha conseguido mantener un tono contundente en la impugnación sobre la no concurrencia de los requisitos exigidos para la adopción de una [medida] cautelar.

Ahora toca analizar lo que ya se señaló en la anterior sesión, como es la necesidad de realizar las alegaciones sobre el contenido de la pericial y su ratificación apoyados por los criterios técnicos de los dos supervisores (CNMV y Banco de España)

Para ello se ha repartido un borrador de escrito de alegaciones, así como de posibles preguntas a elevar al Banco de España.

Y a continuación habla Restoy:

Toma la palabra el Presidente y señala que se han mantenido intensos contactos en los últimos días entre los miembros de la Comisión Gestora con el objeto de conciliar la posición institucional del Banco de España con la garantía o el aval que el FROB necesita para poder alegar sobre aspectos de tipo contable.

La propuesta que se trae a la Comisión Gestora es que el FROB dirija un escrito sobre la base del principio de colaboración administrativa al Banco de España, a través de la Dirección General de Regulación, solicitándole criterio técnico sobre los aspectos de interpretación de la Circular Contable que se recogen en el borrador que se ha traído a la Comisión Gestora, con los ajustes que se puedan proponer por los miembros de la Comisión y que resulten aceptables.

El Banco de España procedería a dar respuesta a la consulta técnica evacuada, de manera que esa interpretación contable se pudiera incorporar por referencia al escrito de alegaciones pero de una manera indirecta: a) por un lado se citará en la parte inicial del escrito de alegaciones que para la elaboración de las mismas y en la medida en que contienen interpretaciones de normas contables cuya interpretación corresponde al Banco de España se ha evacuado consulta técnica al respecto, lo que permite intuir la existencia de ese informe o contestación escrita, y b) por otra parte se podrá incorporar la respuesta pero simplemente por reproducción del contenido y no adjuntar el informe o contestación como tal.

La explicación de Restoy da una idea de que la cúpula del Banco de España, de la que él forma parte, quiere dar un perfil bajo a lo que haga la institución. Vaya, no actuar a cara descubierta.

Y por si ello no hubiese quedado claro a partir de sus palabras, lo dice con todas las letras a continuación: «Con ello se da un aval sobre el criterio técnico de suerte que el FROB disponga de esa respuesta internamente, pero se permite a la vez, mantener la menor visibilidad o injerencia del Banco de España».

La mano invisible del Banco de España.

Miguel Temboury, subsecretario de Economía, miembro de la Comisión Rectora, interviene:

El señor Temboury considera suficiente la propuesta del Presidente ya que cubre la actuación técnica del FROB, opinión que es secundada por los demás miembros de la Comisión Gestora.

Por ello se señala que a primera hora de mañana día 25 (10 horas de la mañana) se deben hacer llegar al Secretario sugerencias sobre el borrador de las preguntas a efectos de poder enviar la consulta a la Dirección General de Regulación. Se deja asimismo plazo de observaciones al escrito de alegaciones hasta el jueves 26 a la misma hora de la mañana.

Con todo ello y una vez se reciba la contestación del Banco de España, se procederá a presentar el escrito de alegaciones adaptadas a las mismas.

El destinatario de la consulta, pues, según consta en acta, es la Dirección General de Regulación del Banco de España, cuyo responsable es Julio Durán, a la sazón uno de los cuatro miembros del Banco de España en la Comisión Gestora del FROB.

Por tanto, los cuatro miembros del Banco de España en el FROB impulsan la operación de matar la versión de la realidad que acaban de ratificar los peritos Sánchez y Busquets. Restoy, el nuevo director general de Supervisión, Mariano Herrera, nombrado por el Consejo de Gobierno del Banco de España el 20 de febrero; el director general de Regulación, Julio Durán, y el secretario general del Banco de España, Javier Priego.

Hay que hacer algo contundente antes de que una versión de los hechos que cuestiona la conducta de la cúpula de la institución —de la cual forman parte los cuatro— y de la CNMV (de la que Restoy había sido vicepresidente en la salida a Bolsa de Bankia) se consolide.

Pero al tiempo se intenta camuflar que la «munición» —palabra usada por el secretario del FROB, Alfonso de Cárcamo, en la reunión del 20 de febrero— que se prepara contra los peritos judiciales (también inspectores del Banco de España) saldrá del Banco de España.

El resultado, por tanto, es este: Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, se envía a sí mismo y al equipo del Banco de España una petición de apoyo técnico al FROB disfrazada de siete preguntas cuyas respuestas servirán a un gran objetivo: minar la credibilidad de los peritos.

La «munición» que van a consumir ahora y con la que tienen esperanza de dar jaque mate a los peritos es la presunta existencia de unas inéditas «provisiones específicas pendientes de asignar». Con ello se pretende demostrar que existía un «colchón» antes de la salida a Bolsa para cubrir potenciales pérdidas generadas por Bankia.

El grupo bancario creado con la fusión de las siete cajas, por tanto, estaba saneado y con una potente capacidad para asumir posibles quebrantos futuros.

¿Qué son las provisiones?

Las entidades financieras utilizan los recursos procedentes de clientes, lo que se llama pasivo, para financiar el denominado activo a estos u otros clientes, siendo los préstamos y los créditos los activos bancarios más típicos.

Pero el banco no tiene la garantía de que todos los préstamos que concede le serán devueltos. Existe un riesgo de que aquellos a los que se les otorga financiación incumplan con sus obligaciones o se retrasen en su pago. A esto se califica como riesgo de crédito.

Las normas del Banco de España exigen provisiones mínimas precisamente para que los bancos y cajas cubran el «riesgo de crédito»; esas provisiones se deben cargar (dotar) como una pérdida en sus cuentas de resultados.

Las entidades bancarias realizan dos tipos de dotaciones en su cuenta de resultados para cubrir el riesgo de crédito: las genéricas, que se hacen en el momento de la concesión del préstamo; y las específicas, que cubren aquellos créditos con impagos.

La concesión de un préstamo obliga al banco que lo ha otorgado a constituir un fondo en balance para cubrir su potencial pérdida, e incluso su baja en el activo, en caso de que finalmente se clasifique como fallido (es decir, que se considere remota su recuperación). Una vez creado, este fondo, o provisión por insolvencias, aparece en el activo del balance dentro de la cuenta «préstamos y anticipos de la clientela» minorando su importe, es decir, con signo negativo. En la memoria anual se da cuenta del importe de la cartera de préstamos bruta y neta (antes y después de deducir la provisión por insolvencias). En el caso de que finalmente el crédito se pague, el fondo desaparecerá del balance, y se registra una ganancia por el importe recuperado.

Aparte de las provisiones por insolvencias, los bancos, al igual que las empresas no financieras, han de mantener fondos para cubrir posibles obligaciones o compromisos futuros (como, por ejemplo, pensiones para los empleados, prejubilaciones o litigios). Estos recursos se contabilizan en el balance del banco en una cuenta de pasivo llamada «provisiones».

Los cargos que se producen tanto en el momento de la concesión de un crédito (dotaciones genéricas) como por los créditos dudosos que se han producido en un período determinado de tiempo se contabilizan en el epígrafe «pérdidas por deterioro de activos financieros» y aparecen en la cuenta de resultados con signo negativo, una vez calculado el margen neto o resultado de explotación. Las provisiones por obligaciones y compromisos futuros se contabilizan inmediatamente después, también con signo negativo, bajo el epígrafe «dotaciones a provisiones». Por tanto, ambas cuentas pueden reducir significativamente el resultado atribuido de una entidad financiera.

Los peritos sostienen que las provisiones exhibidas por Bankia al salir a Bolsa en realidad no existían. Según Busquets, su mención en el folleto enviado a la CNMV no es más que «una operación comercial para dar una sensación de fortaleza».

Y lo que el FROB quiere es que el Banco de España diga todo lo contrario de los peritos.

De las siete preguntas cursadas el 25 de febrero de 2015 por el FROB a Julio Durán, director general de Regulación del Banco de España (y miembro de la Comisión Gestora del FROB), la relacionada con las provisiones se identifica como 2.b):

En caso de que una entidad de crédito tuviese provisiones específicas pendientes de asignación, ¿qué función cumplen las mismas? ¿Serían aplicables a deterioros identificados con posterioridad?

La Dirección General de Regulación es responsable de evacuar cualquier consulta en relación con la aplicación de criterios contables, según está consagrado por el departamento jurídico del Banco de España. Y el FROB ha asumido esa realidad de acuerdo con el acta en el que se ha aprobado la consulta.

Pero he aquí que en este asunto de las provisiones, la Dirección General de Supervisión, aparte de la Dirección General de Regulación, ofrece su opinión.

Supervisión señala en un escrito del 3 de marzo de 2015, con las firmas de Javier Azcárate, jefe de la Secretaría Técnica y Relaciones Institucionales, como ya sabemos, y Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión, nombrado hace tan solo diez días en el puesto, que «la provisión específica pendiente de asignación no es un concepto expresamente regulado en la circular 4/2004 [del Banco de España]».

En el arcano mundo de los iniciados se empieza a hablar de estas provisiones inventadas creativamente ad hoc usando el acrónimo: son las pepas (provisiones específicas pendientes de asignar).

Azcárate y Comín, quienes reconocen en su carta que el concepto no está «expresamente regulado», ¿no están en rigor diciendo que se trata de «un concepto implícitamente regulado»? ¿O acaso que es «un concepto oportunamente regulado»?

Parece que sí, que «es un concepto regulado por ventura», o «un concepto oportunamente regulado». Y no solo para Bankia. «Este concepto —escriben Azcárate y Comín— ha sido habitualmente utilizado y admitido en el contexto de los procesos seguidos por las entidades en las combinaciones de negocios realizados en los últimos años.»

Y aunque no aportan precisión alguna al hablar de «los procesos seguidos por las entidades», en realidad están hablando de las cajas de ahorros donde Supervisión ha admitido su uso. Pero no de los bancos.

«Por ello —señala el escrito— la Dirección General de Supervisión ha colaborado con la Dirección General de Regulación en la preparación de la contestación.» Añade que «ante la pregunta 2.b) sobre las pepas propone una contestación que ha sido consensuada entre ambas direcciones generales».

Supervisión presenta su conclusión, pues, como una «contestación consensuada». Es decir, acordada con Regulación, la única a la que en principio debían dirigirse las preguntas, según se había aprobado en el FROB.

Pero ¿y qué dice la Dirección General de Regulación? ¿Se hace referencia a la respuesta consensuada? No. Señala que seis de las siete cuestiones planteadas por el FROB están reguladas por la Circular 4/2004, la gran norma básica del Banco de España.

¿Y qué sucede con la sexta pregunta?

El informe de Regulación, que firman el jefe de la División de Normativa Contable, Jorge Pérez, y el director de dicho departamento, Fernando Vargas, se pronuncia sobre la sexta pregunta:

Por su parte, la pregunta 2.b) tiene un carácter distinto. El concepto de «provisiones específicas pendientes de asignación» no se encuentra regulado en la normativa contable, ya sea nacional (Banco de España, Código de Comercio o Plan General de Contabilidad) o de la Unión Europea (Normas Internacionales de Información Financiera de la UE). Se trata de un término que parece responder a una práctica administrativa interna de algunas entidades españolas calificadas como «adquirentes» en las combinaciones de negocios. En este contexto, se trata de un aspecto sin trascendencia económica, financiera ni patrimonial, y como consecuencia de ello, no regulado por la normativa contable.

Pero Regulación hace, a continuación, una verónica y cede la respuesta a Supervisión porque «trasciende el ámbito contable pues responde a cuestiones de carácter administrativo sin impacto económico, financiero, ni patrimonial».

Atención: el concepto de pepas es una práctica administrativa interna de algunas entidades españolas que adquieren a otras y ello no tiene impacto económico, financiero o patrimonial.

La conclusión del informe de Regulación es esta: «Por tanto la respuesta a esta pregunta, que se incorpora en el escrito de contestación al FROB, ha sido preparada por la Dirección General de Supervisión». Es decir: advierte a la Comisión Ejecutiva del Banco de España y al FROB que Regulación nada tiene que ver con el contenido de la respuesta que ha dado Supervisión.

La respuesta sobre las pepas no es, por tanto, la «contestación consensuada» que presentan Azcárate y Comín en su escrito del 3 de marzo de 2015. Más bien lo contrario.

¿O es que quizá ambos insinúan otra cosa, a saber, que la cúpula del Banco de España ha hecho una división del trabajo por la cual será Supervisión la que dirá sí a las pepas ante las reticencias de Regulación? El consenso, en este caso, es que cada uno diga lo que le parece.

Pero ¿no era la respuesta de Regulación la que de verdad se buscaba?

La Comisión Ejecutiva del Banco de España (integrada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Fernando Restoy, Vicente Salas y Ángel Luis López Roa, y los directores generales) aprueba, pues, las seis respuestas de Regulación, y la única —la que importa— a cargo de Supervisión, el mismo día en el que Azcárate y Comín han escrito su carta, el 3 de marzo de 2015.

El FROB presenta en el mismo mes de marzo de 2015 sus alegaciones con las respuestas del Banco de España al juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Pero no será hasta ocho meses más tarde, en noviembre de 2015, cuando las defensas de los imputados en el procedimiento judicial, en particular la del expresidente Rodrigo Rato y la de la acusación de Bankia, solicitan al juez Andreu la incorporación a la causa del acta de la reunión de la Comisión Gestora del FROB del 24 de febrero, en la que se solicitaba que el Banco de España evacuara los criterios técnicos que, según consideran, juegan a su favor o, mejor dicho, en contra, los peritos-inspectores Sánchez y Busquets. El FROB aporta los documentos del Banco de España pese a las reticencias iniciales del gobernador Linde.

En el año 139 a. C., Viriato, jefe de los lusitanos, envió a Audas, Ditalcón y Minuros a negociar una vez más la paz al campamento del general Cepión, máximo representante de Roma en la Hispania Ulterior. El general romano los sobornó y les asignó una misión que les sería recompensada. Los tres regresaron, mataron a Viriato y volvieron al campamento romano en busca de su botín. Cepión les remitió a Roma. En la capital del Imperio, los hechos fueron considerados una ignominia. No hubo pago ni se le reconoció a Cepión la victoria.

«Roma —se dijo— no paga traidores.»

La lealtad de los peritos Sánchez y Busquets a la realidad y a la justicia —más allá de las legítimas discrepancias técnicas que pudieran generar sus primeros dos informes del 4 de diciembre de 2014— fue interpretada como una traición «institucional» en el chaflán del caserón de Cibeles. Como un error de Pedro González al elegir a dos inspectores y convertirlos en peritos judiciales sin garantizarse el control previo sobre ellos.

En su libro Un espía perfecto, John Le Carré pone las siguientes palabras en los labios de Magnus Pym, el protagonista de la novela: «Traicionamos para ser leales. La traición como esperanza y compensación. Como la forja de un país mejor».

3
LOS IDUS DE MARZO

Madrid, marzo de 2016. El punto final de la investigación judicial de la salida a Bolsa de Bankia parece perfilarse para dentro de tres meses. Finales de julio.

El juez Fernando Andreu, un hombre seguro, ordenado y tranquilo, espera el segundo informe que le entregarán, respectivamente, Víctor Sánchez y Antonio Busquets, los inspectores cedidos por el Banco de España.

Andreu se ha tomado muy en serio una sentencia dictada hace apenas mes y medio, el 4 de febrero de 2016, en el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, por la cual se confirmaba, contra un recurso de los gestores de Bankia (José Ignacio Goirigolzarri y su equipo), la nulidad de las compras de acciones en la salida a Bolsa que habían realizado dos inversores minoristas, una nulidad sentenciada en primera instancia por las Audiencias Provinciales de Asturias y de Valencia. El Supremo obligaba ahora a devolver el dinero a los dos suscriptores, lo que abría el camino a miles de nuevas reclamaciones.

POPULISMO JUDICIAL

La cúpula del Banco de España recibe el fallo del Supremo sin disimular su irritación. Eran, se decía en El Chaflán, el resultado de la ignorancia financiera de unos magistrados que habían aprovechado la oportunidad para alardear de su sensibilidad social.

Populistas.

Según la sentencia, adoptada por unanimidad, los fallos que contenía el folleto de salida a Bolsa de Bankia habían provocado que los inversores se hicieran «una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios)».

Al borde de la insolvencia… apenas seis meses después de nacer.

El juez Andreu esperaba ahora, tras casi dos meses, no sin cierta ansiedad, los nuevos y previsiblemente definitivos informes periciales. Quería acabar la instrucción iniciada hacía casi cuatro años.

Estos dos informes periciales serían el broche final del material acumulado durante cerca de años de instrucción y el paso previo al auto de conclusión: auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado o, como se le llama, el P. A., que expone los principales hallazgos. Cada uno de los peritos había aportado su primer informe en diciembre de 2014.

Bankia se había convertido, judicialmente, en una criatura de tres patas: las participaciones preferentes, las tarjetas black y la salida a Bolsa. Y ahora, este mes de marzo de 2016, se perfila, con el segundo informe de cada uno de los peritos, y aparentemente los últimos, la recta final.

Pero, como escribió Plutarco sobre el asesinato de Julio César el 15 de marzo del año 44 a. C. y parafraseó Shakespeare: «¡Cuídate de los idus de marzo!».

Había llegado la fecha clave de los idus de marzo, el día 15 del calendario juliano, cuando César se cruzó con el vidente que le había puesto en guardia sobre un atentado contra su vida que tendría lugar en esas fechas y le recordó que los idus, los días de buenos augurios, ya habían llegado, a lo que su interlocutor replicó: «Sí, pero aún no han acabado».

El 30 de marzo los peritos entregan al juez sus segundos informes respectivos.

Y la premonición dramática que se respira en la cúpula del Banco de España parece confirmarse. Los nuevos informes recogen una cosecha de irregularidades expuestas con mayor amplitud y profundidad que en aquellos de diciembre de 2014, respecto de los cuales se habían movilizado Bankia y el FROB con el respaldo técnico y político de la cúpula del Banco de España.

Ahora ambos peritos-inspectores analizan la secuencia completa de los hechos.

El día 20 de julio de 2011, Bankia saca a cotizar a la Bolsa de Madrid 824.572.245 acciones, un 47,6 % del capital, al precio de 3,75 euros por acción nueva cuando el valor de cada título, según consta en su balance, es de 15,28 euros.

Pero, además, los 3,75 euros por título que los inversores ofrecen ese 20 de julio es todavía un 15 % inferior al valor mínimo de 4,41 euros al que Bankia estaba dispuesta a vender, según quedó registrado en el folleto que había sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día 29 de junio de 2011.

Los inversores inyectan 3.085 millones de euros. Y la operación se presenta ante los medios de comunicación como un éxito, habida cuenta de la adversa situación de los mercados en unos momentos en que el centro neurálgico de la crisis financiera internacional se ha desplazado a la Europa del euro.

Víctor Sánchez, uno de los peritos, señala en este segundo informe respecto a la cotización obtenida:

Este precio era considerablemente bajo respecto al valor que se desprendía de su balance: 15,28 euros por acción. Este hecho era en sí mismo un indicio claro y evidente de deterioro que el propio consejo de administración podía y debía conocer, pero del cual no hizo ninguna estimación formal, y del cual tampoco alertaron ni su auditor [la empresa Deloitte] ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores…

Antonio Busquets, a su vez, va más lejos:

La salida a Bolsa fue fraudulenta porque los estados financieros incumplían la normativa contable… El folleto informaba de la existencia en Bankia de unos fondos de insolvencias [provisiones] para los créditos que eran falsos. En la página 61 del documento de registro [el folleto aprobado por la CNMV] se declaraban unas provisiones por insolvencias inexistentes de 6.913 millones, en concepto de provisiones específicas, genéricas y específicas no asignadas, de la que derivaba una supuesta cobertura de los préstamos dudosos del 50 %.

Busquets, pues, hinca el diente en la pieza con la cual el Banco de España y el FROB aspiraban a dar jaque mate a los primeros dos informes periciales.

¿No querías caldo? Pues toma dos tazas.

Sostiene:

Pues bien, estas provisiones o fondos de insolvencias eran falsas. Esta información se utilizó por Bankia, sus administradores y directivos como argumento comercial, para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión.

Busquets señala que

el bajo precio de salida determinó automáticamente la inviabilidad y quiebra del Banco Financiero y de Ahorros [matriz de Bankia], la salida a Bolsa con un descuento del 74 % sobre el valor contable llevaba implícito lo que se quería evitar, el incumplimiento del coeficiente de solvencia [exigencias de capital que deben cumplir los bancos] y así fue como unos meses después el FROB se vio obligado a facilitar nuevas ayudas públicas [aparte de 4.500 millones de participaciones preferentes adquiridas el 3 de diciembre 2010].

Ya el bajo precio al que se compraron las acciones confirmaba las alarmas.

El bajo precio fue conocido y valorado por supervisores y reguladores [Banco de España y CNMV], por el auditor [Deloitte], que advirtió del problema antes de salir a Bolsa, y por los administradores de BFA y Bankia [Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Miguel Crespo y demás], tal y como los peritos judiciales hemos detallado en nuestros informes [los primeros dos informes].

Pero este precio ofrecido por las nuevas acciones no cayó del cielo. ¿Por qué el mercado dictó tal veredicto? ¿Cuál era la situación de Bankia y de BFA, su matriz, a la luz de la información enviada por el grupo y aprobada por la CNMV el 29 de junio de 2011, al ser solicitada la cotización bursátil?

BFA, el accionista al 100 % de Bankia, quedaba al desnudo: en situación de quiebra patrimonial. Porque en sus libros, el valor de la participación en Bankia figuraba a 13,22 euros la acción, y el mercado, según se ha apuntado, le ofreció 3,75 euros. La pérdida era de 8.599 millones, superior a su patrimonio, cifrado en 7.094 millones.

Sánchez destaca la obviedad: «Dado que BFA tenía un patrimonio neto de 7.094 millones, tras la salida a Bolsa era negativo en 1.505 millones». Es decir, BFA resultaba quebrada al salir Bankia a Bolsa con un agujero o pérdida en su activo, no reconocida, de 8.599 millones de euros.

Entonces, ¿qué es lo que hicieron los administradores, con el apoyo del Banco de España, el auditor Deloitte, y sin que la CNMV pidiera información complementaria? Según Sánchez, «diferir el reconocimiento de las pérdidas evidenciadas, lo cual fue lesivo para los intereses de los inversores e, incluso, como finalmente ocurrió, para los intereses del Estado, que unos pocos meses después tuvo que rescatar y sanear el Grupo BFA».

La política del Banco de España condujo a este escenario: los inversores habían aportado dinero fresco a una entidad inviable. En medios próximos al entonces director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, se decía, cada vez que se hablaba en aquellos días de junio de 2011 sobre la salida a Bolsa, que no había que andarse con remilgos, que lo urgente era coger el dinero que se pudiera reunir. Lo que fuera. Cuanto antes.

Coge el dinero y corre.

EL PECADO ORIGINAL

¿Quién se atreverá a llevar la contraria al todopoderoso Banco de España?

Sánchez subraya: «De haberse exigido el ajuste tanto en BFA como en Bankia, antes de la inyección de capital [procedente de la salida a Bolsa], los nuevos accionistas no hubieran puesto dinero bueno sobre dinero malo». Es decir: el dinero fresco ingresaría en una caja sana.

Pero el problema es que toda la operación se montaba sobre un pecado original.

He aquí el relato de Sánchez:

La primera anomalía vino con el tratamiento contable dado por las siete cajas a las pérdidas evidenciadas a 31 de diciembre de 2010 con ocasión de la combinación de negocios [9.207 millones]. Todas ellas fueron cargadas contra las reservas y no contra la cuenta de resultados de cada una de ellas, lo que evitó que mostraran pérdidas en el ejercicio 2010. El efecto de este cargo en reservas consumió, en conjunto, más del 50 % del patrimonio de las siete cajas (15.046 millones de euros a diciembre de 2009) y de manera especial el de Bancaja (73 %) y el de Caja Madrid (42 %) [a la sazón las dos más importantes por tamaño de balance].

En el baño en tinta roja se incluían pérdidas, identificadas y exigidas por la inspección del Banco de España, pero hasta entonces no contabilizadas por ninguna de las cajas (1.784,45 millones de euros), que por sí solas suponían la entrada en pérdidas de Caja Madrid (658 millones), Bancaja (705 millones), Caja Canarias (99,45 millones) y Caja Ávila (322.000).

Era tremendo: las siete cajas (las cuatro citadas más la de Segovia, Laietana y Rioja) habían sido calificadas por la Supervisión de Cajas del Banco de España como «fundamentalmente sólidas» en junio de 2010, a fin de que la Comisión Europea no frenara la ayuda de Estado que, el día 3 de diciembre de 2010, se concretaría por el FROB mediante la compra de 4.469 millones de euros de participaciones preferentes emitidas por BFA, S. A.

¿Cómo y cuándo se había hecho la citada calificación?

FLASH BACK

La Dirección General de Supervisión del Banco de España, a cargo de Jerónimo Martínez Tello, y la Dirección de Mercados de CNMV, cuyo responsable era Ángel Benito, orientaron y coordinaron la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) con el diseño contable y de gobernanza para un grupo que sufría pérdidas, no registradas, que consumían buena parte de su patrimonio.

El decreto de creación del FROB (Real Decreto-Ley 9/2009) condicionaba cualquier ayuda del Estado a las entidades siempre que se guiase «por el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos» y a que «el Banco de España se asegurara de que la entidad o grupo, o su grupo consolidable de entidades de crédito, no presentara deficiencias de estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión de riesgos, atribuibles a las personas que ejerzan cargos de administración».

Asimismo, el apoyo a las entidades receptoras de la ayuda pública debía ser para «reforzar sus recursos propios» a condición de que fuese sobre la base de «una mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y gerencia, así como un redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras».

Recapitulemos.

El 30 de junio de 2010, siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid, incluida Bancaja, suscribieron un contrato de integración para la constitución de un Sistema Institucional de Protección (SIP), una figura jurídica ideada en Alemania en los años setenta y recogida en España en 2008 (Real Decreto 216/2008) para aminorar las necesidades de capital regulatorio de entidades que no eran de un mismo grupo, pero que asumían determinados compromisos entre ellas de cara a sus requerimientos de capital regulatorio.

Pero los SIP y las fusiones no son, en absoluto, equivalentes. Mientras en una fusión (cualquiera que sea su tipología e instrumentación) se produce la desaparición de las entidades absorbidas (o adquiridas), en los SIP, por el contrario, no había exigencia similar al mantenerse inalterada la personalidad jurídica de las entidades que participan en la operación. Así pues, llamar a los SIP «fusión fría», «cuasi fusión» o «fusión de facto» sirvió para despistar a los incautos y a los peor informados.

Lo que los peritos Sánchez y Busquets podían valorar era el papel de la CNMV en el lanzamiento de Bankia. Porque el juzgado no disponía del material para que pudieran bucear sobre la posición de la CNMV.

El día 1 de junio de 2010, un mes antes del acuerdo para formar el SIP de las siete cajas, Pedro González, entonces máximo responsable de la supervisión de cajas de ahorros, envía un correo a Antonio Román, interventor general de Caja Madrid, con copia a Francisco Monzón y a Javier del Río, entonces coordinador ejecutivo y jefe de grupo de la inspección del Banco de España en Caja Madrid, respectivamente, en el que les instruía respecto de cuestiones contables y de gobernanza que sugería la CNMV.

E-MAIL DE PEDRO GONZÁLEZ DIRIGIDO A ANTONIO ROMÁN, INTERVENTOR GENERAL EN BFA, SOBRE LO QUE PLANTEA LA CNMV

De: GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO

Enviado el: martes, 01 de junio de 2010 10:11

Para: aromango@cajamadrid.es

CC: RIO DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER DEL; MONZON MUNGUIA, FRANCISCO JOSE

Asunto: futuro sip

Antonio, de cara a la reunión de mañana, te anticipo algunos temas que la CNMV exige en materia de gobernanza con el fin de que sea asumible que el banco (organismo central) de un sip pueda ser calificado como adquierente y, en consecuencia, pueda aplicarse la técnica de la «combinación de negocios». La importancia de este planteamiento no se te escapa, puesto que permite realizar contra patrimonio en el consolidado por deterioros de todas las cajas; evita, en definitiva, que una caja del sip sea reputada como adquirente y, en consecuencia, no se puedan realizar ajustes en la misma.

Te adelanto que, en mi opinión, las pretensiones de la CNMV tienen cierto sentido, con matices, por lo que conviene que atendamos sus indicaciones.

Lo que a continuación te adjunto viene encaminado a soslayar una dificultad que puede plantearse y que desactiva la aplicación de la «combinación de negocios». Se trata de evitar la circularidad que se presenta entre el banco de nueva creación y sus cajas de accionistas, puesto que podría argüirse que el banco manda porque alguien (las cajas) se lo ha dicho o delegado; por tanto, las cajas que controlan el banco y el banco a las cajas; en definitiva, una ficción o nudo gordiano que hay que romper.

Los puntos son los siguientes:

1. Separación de ejecutivos de las cajas y del futuro Banco

La CNMV solicita que se evite que las personas que ejerzan funciones ejecutivas y directivas en el nuevo banco las desempeñen al mismo tiempo en alguna de las cajas. La CNMV exige cierto compromiso para conseguir la total separación de ambas esferas una vez se haya consolidado el grupo; en cuanto al plazo temporal para lograrlo, puede asumire que será cuando se haya completado el programa de aportación de parte relevante de los negocios(y de sus activos correspondientes) por parte de las cajas al futuro banco, traspaso que debe estar previsto en el Plan Estratégico de Integración. Entretanto, la CNMV creemos que no pondrá probema alguno, puesto que es incluso oportuna la confluencia de funciones ya que facilitará la coordinación e integración de las políticas de las distintas entidades.

2. Profesionalización del Consejo de Administración del futuro banco

Debe existir compromiso de asegurar, de conformidad con las recomendaciones de buen gobierno corporativo, la mayor profesionalización del consejo de administración del futuro banco. Se pretende, sin decirlo claramente, que no se repita en el consejo de administración del banco el esquema de representación de los consejos de administración de las cajas. Una idea podría ser incluir, como requisito, que no se ejerzan otro «tipo de actividades» que supongan un conflicto de intereses que vayan en detrimento del adecuado control que debe ejercer el consejo de administración.

3. Nombramiento de consejeros independientes

Ha de contemplarse la incorporación al consejo de administración del nuevo banco al menos dos «consejeros independientes» elegidos por el consenso de las cajas.

En la hipótesis de que el nuevo banco pudiera salir a bolsa y de conformidad con las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, el número de independientes se incrementaría hasta alcanzar al menos un tercio de los miembros del consejo de administración.

4. Tipificación de justas causas

Asimismo el «Contrato de Integración» del grupo (base del sip y de su calificación como grupo consolidable de entidades de crédito en base contractual) tiene que introducir supuestos específicos de concurrencia de justa causa para la revocación de los consejeros por la junta. A título de ejemplo:

(I) cuando el consejero se vea incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;

(II) cuando resulte procesado por un hecho presuntamente delictivo o sea objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;

(III) cuando resulte gravemente amonestado por la comisión de auditoría y cumplimientos por haber infringido aua obligaciones como consejero; u

(IV) otras qye sean relevantes

5. Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La futura Comisión de nombramientos y retribuciones del sip tendrá competencia exclusiva para formular las propuestas de nombramiento de consejeros independientes; en los demás casos (otros consejeros y altos directivos del grupo, incluidas las cajas) su intervención se limita a la emisón de un informe preceptivo, pero no vinculante para los consejos de administración de cada una de las entidades que conforman el sip.

Saludos. Pedro.

Este correo, que no ha sido aportado al procedimiento judicial, muestra que la CNMV participó activamente en el diseño de la operación de salida a Bolsa de Bankia. En lugar de «supervisar», actuaba como «asesor». Recomienda una cabecera para BFA-Bankia que tanto la unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la Fiscalía Anticorrupción, como los inspectores-peritos judiciales consideraron presuntamente ilícita.

«Todo ello —decía el correo—, con el fin de que sea asumible que el banco (BFA) pueda ser calificado como adquirente. La importancia de este planteamiento no se te escapa, puesto que permite realizar ajustes contra patrimonio en el consolidado por deterioros de todas las cajas; evita, en definitiva, que una caja del SIP sea reputada como adquirente y, en consecuencia, no se puedan realizar ajustes en la misma.»

González veía pertinente la recomendación: «Te adelanto que, en mi opinión, las pretensiones de la CNMV tienen cierto sentido, con matices, por lo que conviene que atendamos sus indicaciones», apuntaba. ¿Por qué? Según el responsable de supervisión de cajas, «se trata de evitar la circularidad que presenta el banco de nueva creación y sus cajas accionistas, puesto que podría argüirse que el banco (BFA) manda porque alguien (las cajas) se lo ha dicho o delegado; por tanto, las cajas controlan al banco y el banco a las cajas; en definitiva, una ficción o nudo gordiano que hay que romper».

El día 14 de junio de 2010 se celebra una reunión en la sede del Banco de España a la que asisten González, Monzón y Del Río, por el Banco de España, y José Luis Sánchez, por Caja Madrid.

ACTA DE LA REUNIÓN ENTRE REPRESENTANTES DE CAJA MADRID Y BANCO DE ESPAÑA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL (SIP)

Se expone por el interventor de Caja Madrid, José Luis Sánchez, el reparto del dinero público, 4.465 millones de euros, a través de participaciones preferentes, aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En concreto informa de que usarán 2.500 millones de euros para Caja Madrid. Esta cantidad, a la que se sumaba la cantidad concedida por activos fiscales, permitirá realizar saneamientos por unos 3.600 millones. Como se puede apreciar, la ayuda pública era orientada a tapar pérdidas. Paradoja: la ayuda requería que el destinatario fuera una entidad solvente y viable.

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

Dirección General de Supervisión

Madrid, 14 de junio de 2010

Nota de reunión:

Asunto: Plan integración Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular, Caja Layetana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja

Departamento de Inspección I. Grupo 4

1 Datos de la reunión.

Fecha: 14 de junio de 2010

Lugar: Banco de España, Madrid

Por la entidad: José Luis Sánchez (Área de Contabilidad)

Por el B.E.: Pedro González

Francisco Monzón

Javier del Río

Objetivo: Comentar el borrador de protocolo de integración del SIP de Caja Madrid-Bancaja con otras cinco cajas (Insular, Layetana, Ávila, Segovia y Rioja)

2 Asuntos comentados relacionados con el Protocolo de Integración.

José Luis Sánchez nos anticipa el contenido del Protocolo de Integración que iba a ser aprobado durante el día por los Consejos de Administración.

En cuanto a la cronología prevista:

• Mañana 15 nos presenta la carta a nosotros y al FROB, junto con el protocolo de integración y plan de integración.

• El 7 de julio se aprobará el Contrato de integración. Es decir, la aprobación de ayudas estará condicionada.

• A finales de julio se celebrarán las Asambleas.

En cuanto a las características del SIP:

• El SIP se articula como un negocio conjunto con mutualización del 100% del resultado, alrededor del 52,06% de Caja Madrid y un 37,7% de Bancaja que, a su vez, aquiere el negocio de las otras 5 cajas (10,24%). Esto salva que las otras cajas tengan algo que decir en el negocio conjunto.

Estuvieron con la CNMV el miércoles 2 antes de que se concretara la operación de Bancaja y tras concretarse, no han intentado la figura de la combinación de negocios en la que sería entidad adquiriente la entidad central. La CNMV sí les indicó que en el SIP hipotético de Caja Madrid con las otras 5 cajas no sería aceptable la consideración de la entidad central como adquirente y sería designada, en su caso, Caja Madrid.

• Consejo del Banco: Caja Madrid tendrá 11 consejeros de 21, es decir, tiene control, 6 Bancaja, 2 miembros de las 5 cajas (rotatorio) y 2 independientes. La Comision Ejecutiva tendrá 11 miembros, 6 de Caja Madrid, 4 de Bancaja y 1 de las otras cajas.

• No obstante, se pactan mayorías cualificadas en la Junta General y Consejo de Administración que implican derecho de veto de Caja Madrid o Bancaja:

○ Junta General. 75% para fusión, modificación estatutos, entrada de nuevos socios, salida bolsa, etc.

○ Consejo. Voto a favor de 16 consejeros (es decir se necesitan Caja Madrid y Bancaja) para:

◼ Plan Estratégico 2010-2014 y modificaciones.

◼ Planes de negocio anuales (apertura, cierre oficinas) que se aprueben dentro de la vigencia del Plan estratégico. Aquí nos señala la entidad que esto implica que el derecho de veto en esta materia dura solo 4 años.

◼ Fijación facultades, constituir nueva filial, toma participaciones, desinversiones, en todos los casos superiores al 3% RRPP

◼ Nombramiento y cese de Presidente o Vicepresidente.

• Red de oficinas: cada una mantiene su denominación en territorio natural y gestionará sus oficinas y las de las otras cajas. En territorios comunes se le aporta a la entidad central que la cede a la nueva marca (aún por concretar).

• Penalizaciones. No están aún fijadas en el protocolo, se fijarán en el contrato de integración.

• Ayudas FROB: 4.465 M, de los que unos 2.500 M para Caja Madrid. Esto le permitirá realizar saneamientos por unos 3.600 M.

3 Recomendaciones trasmitidas.

• Necesario modificar los estatuos de las Cajas individuales, bastando una mera referencia al contrato de integración.

• La entidad central tiene que identificar una cuenta que sirva de reserva de liquidez para en caso necesario apoyar a las entidades.

• Presidente Ejecutivo de entidad central (R. Rato) coincide con el Presidente Ejecutivo de Caja Madrid. Tema a pensar si le afecta requisitos gobierno corporativo CNMV, en la medida que la forma del SIP no es combinación de negocios, sino negocio conjunto.

• Incluir en el Plan de Integración los datos que confirmen que el Tier I no podrá superar el 8%, con pérdida económica estresada a dos años.

• Asimismo, dejar claras en el Plan las sinergias (ahorro de costes de estructura) que compensen el coste de preferentes. Asimismo, que el beneficio menos payout sirva para devolver preferentes.

• Ajustes en los balances de las cajas individuales. Está pendiente de aclarar el periodo de convergencia. Plantea la entidad que en la venta de negocios desde la cajas a la entidad central se pueden reconocer plusvalías que permitan ajustar contra reservas los saneamientos.

Según la nota de esta reunión —que no fue aportada al juzgado—, el objetivo era «comentar el borrador de protocolo del SIP Caja Madrid-Bancaja, con otras cinco cajas». Sánchez informa que el día 2 de junio se habían reunido con la CNMV y esta les indicó que «en el SIP hipotético de Caja Madrid con las otras cinco cajas no sería aceptable la consideración de la entidad central (BFA) como adquiriente y sería designada, en su caso, Caja Madrid».

El representante de Caja Madrid informa en esa reunión a los tres representantes del Banco de España de las ayudas que piensan solicitar al FROB, «4.465 millones, de los que unos 2.500 serán para Caja Madrid. Esto les permitirá realizar saneamientos por unos 3.600 millones». La diferencia entre ambos informes (1.100 millones de euros) serían cargadas también contra el Estado como «créditos fiscales». Concluye la nota con el siguiente apunte: Caja Madrid plantea «que en la venta de negocios desde las cajas a la entidad central se pueden reconocer plusvalías que permitan ajustar contra reservas los saneamientos».

El día 22 de junio de 2010, concluía una inspección de Bancaja. El informe, firmado por Alberto Casillas y Ángel Rico —inspector y jefe de grupo del Banco de España, respectivamente—, señala que a la vista de su creciente morosidad no reconocida (que suponía 901 millones de euros en deterioros pendientes de contabilizar), y su dependencia de los mercados de capitales «se estima que Bancaja no será capaz de hacer frente a los vencimientos de [deuda] financiación mayorista del año 2012».

Rico y Casillas proponen, a renglón seguido, la «solución»:

Debería valorarse la posibilidad de una graduación en el reconocimiento de sus reclasificaciones y deterioros, con el fin de no significarse en el mercado, con ratios de morosidad y subestándar [créditos que sin llegar a ser morosos pueden resultar impagados] muy por encima del sector, e impactos muy negativos en sus resultados, que afectarían a su rating, al coste de financiación de su pasivo, y por tanto a su margen de intermediación, y así delicada situación de liquidez.

Por tanto: ¡a encubrir!

Las cartas están boca arriba. Caja Madrid va a utilizar la ayuda pública del FROB para cubrir saneamientos por valor de 3.600 millones; Bancaja, según la inspección que acaba de terminar, registra un faltante de 901 millones. Es decir: el agujero para las dos cajas del SIP se eleva a 4.501 millones de euros.

Monzón y González elaboran, pues, su informe para justificar las ayudas.

El día 29 de junio de 2010 lo envían al FROB para que a su vez comunique a la Comisión Europea el requisito o condición para aceptar ayudas públicas: la solidez de las entidades.

Monzón y González estampan su firma y cursan el documento. Brilla por su ausencia mención alguna a las profundas debilidades que tienen los activos de las cajas, al déficit de provisiones (4.501 millones de euros) que consumirá la totalidad de la ayuda solicitada al Estado, y a las dificultades para atender los vencimientos de deuda en 2012, los cuales, según los inspectores de Bancaja, eran prácticamente imposibles de cumplir.

Era «lógico» omitir la situación descrita. Porque en dicho informe se afirma que Caja Madrid y Bancaja poseen «un equipo directivo capacitado» y se destaca que «los informes de auditoría de las siete cajas no contienen salvedades y no han cuestionado la continuidad del negocio».

Según González y Monzón, la ayuda solicitada «se ha calculado en consideración del impacto, en los ratios de solvencia y rentabilidad, de los siguientes efectos adversos, que aparecerán previsiblemente en los primeros ejercicios de la nueva entidad». A continuación, el informe presenta un ejercicio de ahorro de costes que compensaría los costes de la ayuda del FROB con un resultado, cinco años después, de 51 millones de ahorro neto.

¿Cómo era posible este presunto ahorro si ambos responsables disponían de información según la cual la ayuda, tal como había aclarado el representante de Caja Madrid, sería destinada prácticamente en su totalidad para tapar agujeros?

La conclusión del informe de González y Monzón —posición oficial del Banco de España que se iba a remitir al FROB para que este último pudiera dar, a su vez, las seguridades a la Comisión Europea— es la siguiente: «A juicio del Banco de España, las cajas integrantes de la operación analizada pueden calificarse como entidades fundamentalmente sólidas y su proyecto de integración consistente y viable».

Precisamente, los inspectores-peritos judiciales sostienen en sus informes respectivos del 30 de marzo de 2016 que este planteamiento contable era contrario a las normas.

Así, Víctor Sánchez argumenta que esta forma de proceder era «una aplicación incorrecta de los criterios que permiten identificar a la entidad adquiriente en una combinación de negocios», que, según su opinión, debió ser Caja Madrid.

¿Por qué no se hizo así? Porque según Sánchez, «el mecanismo utilizado por los administradores parecía responder a una clara intención de usar la singular y especial combinación de negocios como fórmula de saneamiento de todas las cajas, incluida Caja Madrid».

Sánchez se apoya también en un informe de la unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la Fiscalía Anticorrupción, según el cual «los responsables de Caja Madrid informaron que en sus reuniones con la CNMV les fue sugerida esta opción [la de que Caja Madrid no fuese la cabeza o carcasa de la operación] como la más razonable para conseguir el objetivo de realizar saneamientos de activos».

El día 3 de diciembre de 2010, el FROB suscribía y desembolsaba 4.465 millones de euros en participaciones preferentes convertibles emitidas por BFA. El día 31 de diciembre, solo veintiocho días después, las siete cajas de ahorros que el informe de 29 de junio de González y Monzón calificaba como «fundamentalmente sólidas» para recibir ayuda del Estado, registraban pérdidas por 9.207 millones, de ellos 7.619 millones cargados en reservas, y el resto, como crédito fiscal. Esas pérdidas se comían más del 50 % de su patrimonio acumulado durante muchos años.

El registro de pérdidas fuera de la cuenta de resultados está expresamente prohibido por el artículo 38 del Código de Comercio y por toda la regulación contable, tanto nacional como de la Unión Europea. Para saltarse la ley y cargar las pérdidas contra las reservas se orquestó una estrategia que diera apariencia de legalidad a la violación. Las cajas consultarían al Banco de España y su Comisión Ejecutiva daría su aprobación.

Y la obra de teatro se monta según este guion.

SE LEVANTA EL TELÓN

El día 27 de diciembre de 2010 cada una de las siete cajas enviaba una consulta al Banco de España relativa a la posibilidad de cargar las pérdidas contra las reservas de cada una de las cajas, y no contra sus resultados de 2010.

Pero el plan orquestado choca con un obstáculo imprevisto. La consulta debía dirigirse a Instituciones Financieras-Dirección General de Regulación del Banco de España, única competente para dictaminar lo apropiado o no de la pretensión de las cajas.

El director de dicho departamento, José María Lamamié, solicita informe a la División de Normativa Contable. Una nota elaborada por Jorge Pérez, responsable de dicha división, señalaba el 29 de diciembre que «para el caso concreto que suscitan las cajas, activos medidos al coste amortizado, la regulación contable dispone que el deterioro de los activos financieros se corregirá con cargo a la cuenta de resultados (norma 29.1 de la Circular 4/2004) y añade el Código de Comercio que deberán tenerse en cuenta todos los deterioros de valor “tanto si el ejercicio se salda con beneficios o con pérdidas [artículo 38.c del Código de Comercio]”».

También alertaba Jorge Pérez del riesgo de descapitalización que suponía el cargo en reservas: «La propuesta de las cajas [cargo de pérdidas en reservas] podría contribuir a su descapitalización en la medida que existan compromisos cuya liquidación esté vinculada con el resultado contable».

¿Por qué? Porque «para el caso de las cajas cuyo cargo en reservas permitiese mostrar un resultado contable de ganancias, que de otra manera hubiesen sido pérdidas, si se aceptase su propuesta, el efecto sería un patrimonio neto inferior al que se hubiese producido de haberse cargado contra resultados».

Sin embargo, en lugar de elevar a la Comisión Ejecutiva su opinión con la posición del departamento, contraria al cargo en reservas, Lamamié decide dar un rodeo. A ver si va a ser que en realidad existen razones distintas a las «estrictamente técnico-contables» para hacer la operación contra reservas.

Su consulta sobre si existen razones de «conveniencia supervisora» se dirige al Departamento de Inspección I de la Dirección General de Supervisión. La fecha es relevante: le solicita informe el mismo día que sus propios servicios, la División de Normativa Contable, le acaban de exponer por qué no se debe autorizar. Estamos en el 29 de diciembre de 2010.

El Departamento de Inspección I, según un informe firmado conjuntamente el mismo día, 29 de diciembre, por su director, Pedro González, y por Pedro Comín, entonces inspector jefe de grupo a cargo de BFA-Bankia, sin decir que se trata de una «conveniencia supervisora», pone el acento en el hecho de que entre las cajas se producía una «cuasi fusión» y en que el «valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas (todas) se ve cualitativamente modificado, de manera sustancial, como consecuencia del acuerdo de integración».

Como se estaba ante «fusiones de facto» (sic), recomiendan el cargo en reservas.

¿Y la eventual descapitalización sobre la que advertía el Departamento de Instituciones Financieras-Regulación?

El informe de González y Comín dice: «En relación con los riesgos de la eventual descapitalización que pudiera producirse, entiende  [Inspección] que son mayores los derivados por el reflejo de pérdidas en los estados individuales de las cajas para absorber los ajustes de primera integración».

Es decir: había que evitar las pérdidas a toda costa, dispusieran lo que dispusieran las leyes. Para ello, era necesario el cargo de los 9.207 millones de pérdidas contra las reservas en los libros de cada una de las cajas.

Lamamié propone comunicar a cada una de las siete cajas de ahorros «que el tratamiento contable propuesto —cargo a reservas— podría ser utilizado  por esa entidad en la medida en que su consejo de administración asuma dicho tratamiento, así como las razones que lo justifican».

Utiliza, pues, el condicional: el cargo a reservas «podría ser utilizado».

A todo esto, ¿cuál era la opinión del director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán? No se conoce. Porque ese día, el 29 de diciembre de 2010, ha comenzado sus vacaciones navideñas. Y no acudirá a la reunión de la Comisión Ejecutiva.

El entonces director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, hace suya la propuesta de González y Comín y la eleva a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de la que forma parte, en el sentido de «que el tratamiento contable propuesto —cargo a reservas— podría ser utilizado por esa entidad».

La Comisión Ejecutiva, integrada con voz y voto por el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Javier Aríztegui; y los consejeros Vicente Salas y Ángel Luis López Roa; y con voz pero sin voto por los directores generales y el secretario general del banco, da su plácet por unanimidad.

¿Acaso tiene el Banco de España competencias para enmendar lo dispuesto en el Código de Comercio o en los reglamentos contables de la Unión Europea?

No. Pero es que la obra de teatro se inspira en la cúpula del Banco de España. En realidad, se ejecuta un plan predeterminado y se aprueba la autorización sin la presencia del director general de Regulación, que al parecer no puede retrasar sus vacaciones un solo día.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España podía haber esperado el regreso de Roldán para tomar tan relevante decisión, estudiar con mayor detenimiento la situación y calibrar los riesgos.

Pero no. Es aquí te pillo, aquí te mato.

El plan orquestado, pese a la resistencia del Departamento de Instituciones Financieras-Dirección General de Regulación, sale adelante. Las siete cajas y también los auditores ya han obtenido la coartada legal perfecta, y con ella sus espaldas quedan bien cubiertas; lo había aprobado el Banco de España.

La Dirección General de Supervisión se ha sacado con éxito el conejo de la «conveniencia supervisora» de la chistera: convenía pues a Supervisión —era en rigor su propio plan— el cargo de los 9.207 millones de pérdidas contra las reservas en los libros de cada una de las cajas.

¿Por qué se hizo así?

Según Sánchez: «La intencionalidad era generar unos beneficios contables en 2010, lo que evitaba que las cajas lucieran pérdidas en dicho ejercicio».

Esta ingeniería contable o, en román paladino, esta triquiñuela para enmascarar pérdidas y dar beneficios permitía varias cosas y no eran nada despreciables: pagar los intereses de las acciones preferentes, aportar a la obra social y, por último, y no por ello menos importante, que los administradores y directivos de las siete cajas de ahorros se pudieran embolsar sus compensaciones anuales por los (falsos) beneficios de las siete cajas lucidos en 2010.

En total, se pagaron por todos estos conceptos 450 millones de euros.

Se podía, pues, seguir «pagando bonus a los ejecutivos… como si nada hubiese ocurrido», según los inspectores-peritos. Esta «compensación» consistía en repartir entre los administradores y directivos 112 millones de euros del total de esos 450 millones. Y de esta manera, las razones de «conveniencia supervisora» que la Dirección General de Supervisión alegó frente a Regulación para ofrecer la justificación que la Comisión Ejecutiva del Banco de España esperaba, terminaron minando aún más el patrimonio de las siete cajas. Al menos por otros 450 millones de euros. Increíble, si no fuera cierto.

Si BFA había aflorado su quiebra tras la fijación del precio en Bolsa, ¿cuál era la situación de su participada Bankia?

El valor del patrimonio de Bankia era de 13.875 millones de euros, esto es, la cifra que aparecía en su balance a 31 de marzo de 2011.

Tras conocerse la banda de precios y la oferta final en Bolsa, pasaba a valer de 13.875 millones a 4.587 millones de euros, cifra resultante de comparar el valor teórico contable de su acción (15,28 euros) apuntado en su balance, con el precio máximo a que se ofrecían las nuevas acciones (5,05 euros).

Pero, claro, si se comparaba con el precio al que finalmente se vendieron (3,75 euros cada una), el valor se reducía aún más, hasta 3.405 millones de euros.

Esta, por tanto, era la realidad horas después de que Rodrigo Rato hiciera sonar con su mano derecha la campanilla en el parqué de la madrileña Plaza de la Lealtad, el 20 de julio de 2011, al dar comienzo la negociación pública de las acciones de Bankia. Era la realidad en el mismo momento en que Rato afirmaba: «Este acto ya es en sí mismo un gran éxito… Quiero agradecer a los responsables del Banco de España y la CNMV la pronta respuesta a todos nuestros requerimientos para poder cumplir este calendario tan ajustado».

LA GRAN RECESIÓN COMO SOS PARA TODO

¿Cuál fue la causa de la diferencia de precio entre el valor en libros de las acciones de Bankia y el precio al que finalmente se colocan en el mercado? Una persona de buena fe podría pensar: ¿no sería quizá la tan socorrida crisis?

Pues no. La crisis era el pretexto utilizado por el Banco de España para encubrir la situación. El encubrimiento del fracaso, a su vez, de la gran operación de maquillaje de la inviabilidad de todo el proyecto: primero, mediante la emisión y colocación de participaciones preferentes de forma delirante (2009) a depositantes modestos y sin apenas cultura ni experiencia financiera; después vía apariencia de fusiones con la figura de los SIP (2010) y, finalmente, a través de la salida a Bolsa para captar recursos de forma precipitada y mal ejecutada (2011). El pretexto de la crisis encubría una constante huida hacia adelante a partir del estallido de la misma.

La política de expansión crediticia alocada que facilitó la burbuja inmobiliaria no quiso ser frenada o desactivada en su momento por el Banco de España.

Ah, ¿cómo se sabe si es una burbuja? Y ¿cómo vamos a pincharla con todas sus consecuencias si en efecto lo es? ¿Hay que aguantar y acompañar el ciclo?

Fueron Fernando Restoy y Juan Ayuso, actual director general de Operaciones del Banco de España, quienes en junio de 2006 habían publicado un estudio en el Boletín Económico del Banco de España, que buscaba responder a la pregunta que había protagonizado la campaña de las elecciones generales de 2004, primero, y que seguía en el ambiente en 2016, en los albores de la Gran Recesión: ¿había habido en España una «burbuja inmobiliaria»? El hamletiano dilema del ser o no ser.

No era la primera vez que lo intentaban. Ya tres años antes, Restoy y Ayuso, junto con los economistas del Servicio de Estudios Jorge Martínez y Luis A. Maza, habían abordado el mismo tema. Eso había sido en septiembre de 2003, en plena precampaña de las elecciones generales de 2004.

Sin hablar de burbuja, palabra maldita en el Banco de España, recordaban que «entre 1997 y 2002 el precio de las viviendas tasadas en España creció un 78 % en términos acumulados y la última información disponible al primer trimestre de 2003 (una tasa interanual de expansión del 17,5 %) no muestra signos de que dicho crecimiento se esté moderando, a pesar de la desaceleración cíclica de la economía)». Por tanto, preveían que «la magnitud de la consiguiente sobrevaloración podría oscilar, dependiendo del enfoque y del modelo considerado, entre un 8 % y un 20 %».

Aunque apostaban por una evolución de los precios «previsiblemente gradual», introdujeron una cautela: «No obstante, cuanto más tiempo transcurra sin que esa convergencia se inicie, mayor será, lógicamente, el riesgo de que el ajuste necesario termine produciéndose de una manera más brusca de lo deseable».

Esta más que moderada, o tímida, valoración iba en dirección contraria a los planteamientos del ministro de Economía y vicepresidente, Rodrigo Rato, quien acababa de declarar: «No estamos ante una burbuja, pero estamos ante una demanda muy poderosa que se mantiene aunque se está moderando».

Y daba alas en la larga precampaña electoral 2003-2004 a los puntos de vista de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, uno de los economistas del PSOE que asesoraba al candidato Rodríguez Zapatero y escribía en medios de comunicación:

El ministro Rato ha declarado que los precios de la vivienda en España no están artificialmente altos y ha emprendido una campaña contra la idea de que hay una burbuja inmobiliaria en España. Como nadie puede pensar que Rato no vea lo que todo el mundo ve, hay que buscar la explicación en el miedo con que cualquier responsable de Economía ve acercarse el final de un modelo económico basado en el boom inmobiliario y en la explosión del endeudamiento de las familias. Y es que cuando este patrón de crecimiento llegue al final, empezarán a aparecer las consecuencias negativas que acompañan al descenso de la burbuja. Cuando los precios empiecen a caer, la gente echará de menos lo bien que se vivía cuando subía de precio.

El vicepresidente Rato no vio con buenos ojos lo que leyó en el Boletín Económico, en septiembre de 2003, sobre un posible aterrizaje «brusco» y se quejó al gobernador Caruana.

Tres años más tarde, en el trabajo de junio de 2006, publicado también en el Boletín Económico del Banco de España, Restoy y Ayuso concluían que «el incremento pronunciado del precio de la vivienda desde finales de la pasada década supone, en parte, la corrección de la infravaloración de ese activo […] y la evidencia disponible no sustenta la hipótesis de que el auge reciente del mercado se deba a comportamientos especulativos».

En aquellas fechas, el 23 de mayo de 2006, el Fondo Monetario Internacional daba a conocer el informe que realizó junto con el Banco Mundial sobre el sistema financiero español. Quince expertos habían examinado in situ, entre junio y julio de 2005, a las entidades y regresaron en octubre y noviembre de dicho año. En esta ocasión, el conocido como informe FSAP (Financial Sector Assesment Program o Programa de Asesoramiento al Sector Financiero), estaba coordinado por Tomás J. Baliño (jefe de la misión) y Patricia Brenner (subjefa).

El informe señalaba

que las pruebas de esfuerzo mostraban que las instituciones de crédito y aseguradoras eran altamente resistentes a una variedad de shocks, incluyendo subidas de tipos de interés, caída de los precios de la vivienda, una caída en los precios de las acciones y una fuerte depreciación del dólar norteamericano». Añadía que «los resultados sugieren que las instituciones crediticias serán capaces de absorber pérdidas en el caso de shocks [turbulencias] sin provocar una crisis sistémica.

¿Por qué?

Esto refleja múltiples factores, incluyendo la fuerte capitalización de las instituciones de crédito sistémicas, el volumen de las provisiones préstamos-pérdidas requeridas por el sistema de provisiones en España, las prácticas de sana gestión del riesgo y por el hecho de que la economía española experimenta un periodo prolongado de crecimiento.

Pero también advertía:

Sin embargo, un escenario macroeconómico adverso intensificaría los riesgos asociados con el boom de la vivienda. Una desaceleración de la demanda doméstica de viviendas afectaría a la producción y al consumo, y eventualmente conduciría a una tasa más alta de desempleo —la construcción representa un 14 % del empleo— que debilitaría la capacidad de las familias para pagar la deuda. También debilitaría el apetito de deuda de las instituciones crediticias. El crecimiento del crédito en tasas de dos dígitos en los últimos años, liderado por préstamos para adquirir viviendas, es un motivo de preocupación. Por tanto, el FSAP otorga alta prioridad a moderar la expansión crediticia y a disminuir el riesgo de crédito…

En relación con las cajas de ahorros, entre las recomendaciones que daba estaba la de «permitirles que se fusionen libremente tanto dentro como fuera de las Comunidades Autónomas con la decisión favorable del Banco de España sobre la conveniencia de la fusión».

Pero esta vez, en 2006, mira por dónde, en coincidencia con el nuevo estudio de Restoy y Ayuso y con el FSAP del FMI-Banco Mundial, el 26 de mayo de 2006, la Asociación de Inspectores del Banco de España alertaba por carta al ministro de Economía y Hacienda, el vicepresidente Pedro Solbes, sobre lo que creían era la verdadera situación. El presidente de la asociación, José Manuel Quintero, tuvo la colaboración especial de dos inspectores, José María Ruiz y Martín Vázquez. Esa colaboración y la mayor receptividad de la Junta de la Asociación permitieron elaborar un documento de importancia clave. Un año antes, Quintero había elaborado un trabajo sobre el crédito hipotecario para elevar a las autoridades, pero la Junta se lo había rechazado con el argumento de que esos préstamos estaban debidamente provisionados por las principales instituciones de crédito.

Ruiz, que actualmente trabaja en el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), o Unidad de Inteligencia Financiera, en particular, tenía experiencia directa en la inspección de entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Vázquez, que se encuentra ahora en el Banco Central Europeo, hacía trabajos de análisis de riesgos. Es el día de hoy que Quintero recuerda cómo se trabajó en aquellos días de 2006 para aprovechar el cambio de gobernador, de Caruana a Fernández Ordóñez, y elevar el aldabonazo en forma de carta al vicepresidente Solbes.

Pero, además, Fernández Ordóñez ya estaba en el Banco de España. Porque antes de ser nombrado gobernador en julio de 2006 había sido designado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, como era preceptivo, consejero de la institución. Eso había sido el 10 de marzo de 2016.

Los inspectores apuntaban:

Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español, como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años, es muy superior al que se desprende de la lectura de los discursos del gobernador [Jaime Caruana, antecesor de Fernández Ordóñez].

Y advertía sobre «la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana».

Los inspectores subrayaban que detrás de la colosal expansión crediticia «se encuentra, en último término, la falta de determinación demostrada por el gobernador para exigir a las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España el rigor en la asunción de riesgos exigible a los gestores de recursos ajenos».

Pero es en la especial advertencia sobre el recurso de las entidades españolas a la financiación con fondos captados en el exterior y a corto plazo donde los inspectores aciertan en el diagnóstico de lo que va a ocurrir con la burbuja inmobiliaria y crediticia en 2007-2008:

Por otro lado, este desmedido crecimiento del crédito bancario, destinado en su mayor parte a la financiación de la actividad inmobiliaria en todas sus fases —y una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles en España— ha acabado provocando otro tipo de problemas. Recientemente, algunos riesgos típicos del negocio bancario, como el riesgo de tipo de interés o el de liquidez, se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de la inversión crediticia. Las favorables condiciones de financiación que hoy ofrecen los mercados interbancarios de la zona del euro pueden volverse menos favorables en un futuro próximo si las tendencias ya iniciadas de subidas de tipos de interés se acentúa, haciendo que el recurso a esta fuente de financiación acabe siendo sustancialmente más cara que en la actualidad.

Esto es, en efecto, lo que terminaría por pinchar la burbuja inmobiliaria y crediticia. La paralización del mercado interbancario internacional a raíz de la crisis de los bancos en Estados Unidos y en Reino Unido, primero, y de la crisis de la zona euro, más tarde.

Pero, en lo que es la materia de conocimiento de los inspectores, la situación de bancos y cajas, la carta también daba en la diana:

Las entidades estarían operando sin afectar suficientemente sus cuentas de resultados con los cargos por provisiones necesarios para hacer frente a la pérdida esperada de sus carteras, por lo que, salvo que los gestores de las entidades hubieran decidido unilateralmente retener una parte de los beneficios de sociedades que dirigen en forma de reservas, es previsible suponer que el nivel de solvencia de estas acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras.

Aunque no lo plantean exactamente así, los inspectores están diciendo que la idea generalizada de que en España no existían las hipotecas subprime o hipotecas basura de Estados Unidos —alimentada por la posición oficial del Banco de España— era peligrosa, una de las formas que adquiría el negacionismo imperante sobre la crisis. La práctica generalizada de conceder créditos por el 100 % o más del valor de la vivienda —el ratio loan to value o préstamo-valor— a familias que destinaban un 50 % o más de su renta a pagar las cuotas del crédito hipotecario era una versión española del subprime.

Los instrumentos normativos para frenar el crecimiento del crédito, por otra parte, explicaba la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España, estaban disponibles:

Aun cuando la normativa española de supervisión prudencial está lejos de ser perfecta, no son sus evidentes carencias las que explican la pasividad del Banco de España en los últimos seis años en la prevención de la creciente exposición de las entidades de crédito españolas a los riesgos relacionados con el sector inmobiliario, sino la voluntad de su máximo responsable, el gobernador.

Ahora, en 2007 y 2008, se confirmaba el vaticinio de los inspectores.

UNA SUPERVISIÓN BANCARIA «BLANDA»

El tendón de Aquiles de todo el sistema bancario español residía en la liquidez. La expansión del crédito fue posible merced a una financiación atolondrada en el mercado mayorista (bancos y fondos extranjeros) y la mayor parte de ella obtenida con vencimientos muy cortos (tres a cinco años), que contrastaban con la muy superior duración de los préstamos otorgados (hasta cuarenta años).

Ante un shock de liquidez como el que se inició en el verano de 2007, la debacle del sistema bancario español estaba asegurada.

¿No lo habían advertido los inspectores hacía apenas un año, en mayo de 2006? ¿Y para qué sirvió el aldabonazo? Solbes guardó la carta en un cajón. ¿Era creíble que no se la dejara leer a su anterior secretario de Estado de Hacienda, Fernández Ordóñez, que desde marzo de 2016 ya era miembro del consejo de gobierno del Banco de España y se aprestaba a ser nombrado gobernador? Y Rodríguez Zapatero, según declaró más tarde, nunca tuvo noticia sobre esa carta. Alguien o algunos fingían ignorancia. Ignorancia deliberada.

La memoria aún está fresca sobre la facilidad con que durante el periodo 2002-2010 se podía financiar en España casi cualquier sueño con un crédito bancario obtenido con apenas una entrevista rápida en cualquiera de las oficinas bancarias —una en cada bloque de viviendas—, que junto con las grúas en las nuevas promociones inmobiliarias terminarían por hacer creer a los más ingenuos que en España el ladrillo era el valor más seguro. Aun a pesar del crecimiento de los precios de las viviendas, todo eran facilidades para que una familia española pudiera obtener una hipoteca destinada a adquirir su vivienda o cambiar la hipoteca de un banco a otro. Al tiempo que casi cualquier promoción inmobiliaria podía terminar colonizando una naturaleza inmaculada, para solo unos años después, inacabada, abandonada o esperando quien la habitara, convertirse en un bestiario de los años en que lo imposible no existía, de que los precios solo podían subir, un tiempo en el que la especulación inmobiliaria hizo metástasis en España.

El Banco de España, como sugerían los inspectores, incluso bastante antes de alertar a Solbes en 2006, podría haber mitigado tan peligrosa situación con una supervisión bancaria muy intensa, que asegurara al máximo una prudente política de crédito de cajas y bancos para amortiguar el riesgo de tensiones de liquidez. En lugar de ello, optó por una supervisión bancaria blanda, en consonancia con otros supervisores, como pudo suceder en Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda. Claro que había una gran diferencia con los dos primeros casos: España carecía ya de la soberanía monetaria y asumía que cada banco sería capaz de cuidarse por sí mismo, de autorregularse y de controlar sus niveles de riesgo. Una filosofía emanada del Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BPI, el banco de los banqueros centrales), con sede en la ciudad suiza de Basilea, e impulsada por el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Adoptada en junio de 2004, se conoce en los círculos de iniciados como Basilea II.

Los acuerdos regulatorios denominados «Basilea» son, desde 1988, la base de la estimación de las necesidades de capital de los bancos. Con Basilea I (1988) la necesidad de capital venía impuesta por el supervisor, es decir, el Banco de España. En cambio, con los acuerdos de Basilea II se animó a los bancos a que diseñaran «modelos matemáticos» para estimar sus propias necesidades de capital. En el fondo, Basilea II iba a servir para reducir la necesidad de capital de los bancos. Solo un alma cándida puede aceptar que un banco podía desarrollar un «modelo matemático» que exigiera más capital de lo que le pedía su supervisor. Demasiada matemática y poco aprecio por la naturaleza de los seres humanos.

Solo tres años después de la adopción de Basilea II, las autoridades del Comité de Supervisión Bancaria del BPI de Basilea tuvieron la oportunidad de ver, con la crisis económico-financiera en Estados Unidos y en la Unión Europea, las consecuencias de ignorar la naturaleza humana. Jaime Caruana había cumplido su mandato en el Banco de España en julio de 2006, pero antes, en junio, desde su puesto de gobernador, aceptó la oferta del entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, para ser su consejero financiero y director de un departamento de nueva creación, todo un traje a medida: el de Mercados Monetarios y de Capitales.

Pero lo que el Banco de España no quiso hacer lo provocaría la crisis económica y financiera. La paralización del mercado interbancario internacional, consecuencia inmediata de la crisis de las hipotecas basura y la caída del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, el 15 septiembre de 2008, paraliza el mercado interbancario y cierra abruptamente el grifo del crédito.

Y, entonces, los que antes, cuando era posible, se negaron a actuar preventivamente, ahora, ¿qué hicieron para disimular los resultados de su obra? Activaron un mecanismo de ocultación de morosos y pérdidas, con la idea de ganar tiempo y seguir sobre la bicicleta, esto es, pedalear o diferir el reconocimiento de la dramática situación. Había que aguantar. La crisis pasaría más pronto que tarde.

Para digerirte mejor, no vaya a ser que los inversores, depositantes y los mercados, que eran quienes aportaban el dinero, se enterasen leyendo los balances de lo que pasaba en las cajas y los bancos españoles. Sí, también los bancos, no solo las cajas. En una palabra, se trataba de arbitrar la «solución» que los inspectores Rico y Casillas habían propuesto para tapar las dificultades de Bancaja en la inspección de 2010.

La bola, dada la profundidad y la duración de la crisis, frente a la expectativa de los ingenieros contables, crecerá de tamaño.

El inspector del Banco de España y perito judicial Sánchez explica por qué no es posible atribuir el deterioro de BFA-Bankia a la nueva recesión que se estaba incubando en 2011:

Una cuestión crucial es que la inmensa mayoría de los activos y pasivos de Bankia procedían del traspaso efectuado desde BFA y valorados a 1 de enero de 2011, valoraciones que se hicieron a los valores razonables [es decir, precio de mercado] estimados por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Sorprende que en solo tres meses, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, los administradores de Bankia [Rodrigo Rato y su equipo] estuvieran dispuestos a una rebaja del valor de las acciones del 75 %, y ello a partir de unos activos supuestamente registrados a valor razonable a 1 de enero de 2011.

Sánchez se está refiriendo a salir a Bolsa con un descuento sobre el valor contable del 75 %. ¿Y qué sugiere con esta afirmación?

Que las valoraciones de los activos no podían sufrir un deterioro del 75 % ¡en solo tres meses de existencia!

Es que BFA-Bankia era una entidad nueva. Flamante.

Por tanto, la explicación es que las valoraciones tenían que estar alejadas de la realidad en origen. Es decir, los activos, aun a pesar de las importantes pérdidas registradas por las cajas contra sus reservas en 2010 (9.207 millones de euros), todavía seguían reflejando valores muy elevados. Unos valores estimados por AFI que, según el ICAC, ni siquiera fueron comprobados por el auditor Deloitte.

EL AUDITOR DELOITTE, O CÓMO COMPLACER A BANKIA… Y AL BANCO DE ESPAÑA

Tanto Sánchez como Busquets, respectivamente, abordan la conducta de la empresa de auditoría.

Si bien el expediente sancionador a Deloitte y a su socio Francisco Celma no entró en el fondo de la cuestión, a saber, lo adecuado o no del contenido de las cuentas y balances de BFA y Bankia auditados por Deloitte a 31 de marzo —salida a Bolsa— y 30 de junio de 2011, los peritos, en cambio, sí lo hacen.

En todos y cada uno de estos informes de auditoría de Deloitte, recuerdan los peritos, se puede leer:

Hemos auditado las cuentas anuales de [Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid] y en nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2010 expresan, en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2010, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Esto es lo que se denomina un informe de auditoría «sin salvedades» o «limpio».

¿Cuál era ese «marco normativo de información financiera que resulta de aplicación»? La respuesta: el Código de Comercio, la Circular 4/2004 dictada por el Banco de España y las normas internacionales de contabilidad adoptadas mediante distintos reglamentos por la Unión Europea.

¿Qué dicen los peritos en cuanto al cumplimiento de ese marco normativo contable que según los auditores se cumplía? Pues que no se cumplía. Y no se cumplía en tres cuestiones relevantes, según apunta Sánchez, en las cuentas de 2010:

Primera, el tratamiento dado por cada una de las siete cajas a las pérdidas por deterioro evidenciadas en 2010 con motivo de la constitución del SIP. Ninguna de las siete cajas registró estas pérdidas en su cuenta de resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010, sino que se cargaron contra la cuenta de «reservas».

Segunda, en las cuentas anuales de Bancaja de 2010 no se incluía una salvedad del informe de auditoría de su filial Bancaja Habitat, que afectaba a la falta de suficientes evidencias respecto de la razonabilidad del valor de activos inmobiliarios, por una cifra no inferior a 2.500 millones de euros.

Y tercera, los fondos de pensiones necesarios para cubrir las «prejubilaciones» en 2010 con motivo del contrato SIP, por un total de 1.385 millones de euros (de ellos 738 millones en Caja Madrid y 467 millones en Bancaja), no fueron cargados efectivamente en la cuenta de resultados como exige la normativa, sino que, previamente, para hacerlo evitando entrar en pérdidas, indebidamente se liberaron provisiones de insolvencias y de activos adjudicados para dejar hueco en las cuentas de resultados.

Busquets lo expresa diciendo que, si se atiende al fondo económico de la operación, el coste de las prejubilaciones, bajas indemnizadas y otras medidas de reestructuración de las siete cajas de ahorros del Sistema Institucional de Protección (SIP), no se cargaron en la cuenta de resultados.

Todo esto respecto de las cuentas individuales de cada una de las siete cajas en 2010. Y en lo que se refiere a las cuentas consolidadas, Deloitte emitía el 25 de marzo de 2011 un informe de auditoría «sin salvedades» a ese balance consolidado de 2010, que consideraba a BFA, S. A. como sociedad matriz de cada una de las siete cajas de ahorros que habían constituido a la propia BFA, S. A. Un asunto cuando menos sorprendente a los ajenos a la contabilidad.

Las primeras cuentas anuales del Grupo BFA se formularon sobre la base de que el banco BFA (creado y controlado por las siete cajas) era la entidad dominante del grupo, y los estados financieros consolidados se hicieron agregando al balance individual de BFA —el cascarón financiero— los activos y pasivos de cada una de las siete cajas, estimados cada uno de ellos al valor razonable de 31 de diciembre de 2010.

Pero esta consideración de BFA como entidad matriz o cabecera del grupo no era tan obvia. Así, el informe de la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la Fiscalía Anticorrupción aborda esta cuestión en 2013.

Con la creación del Sistema Institucional de Protección, dice el informe de la IGAE, «se evita a Caja Madrid como adquirente en la creación del SIP, con el efecto no deseado de que no pudiera poner sus activos y pasivos a valor razonable. Responsables de Caja Madrid informaron que en sus reuniones con la CNMV les fue sugerida esta opción como la más razonable para conseguir el objetivo de realizar saneamientos de los activos».

El perito Sánchez señala que tal forma de registrar esta combinación de negocios era inadecuada y que correspondía a Caja Madrid y no a BFA ser cabecera del grupo, cuestión que además quedaba también acreditada por los informes de seguimiento de los inspectores del Banco de España: «La fórmula elegida para preparar la combinación de negocios parece responder más a una pretensión de usarla como mecanismo de saneamiento de todas las cajas involucradas en el proceso, incluida Caja Madrid, que a la aplicación rigurosa de la norma».

Según los peritos, pues, las normas, que Deloitte consideraba cumplidas, no se habían aplicado y ello tenía consecuencias patrimoniales que afectaban a las cuentas a 31 de marzo de 2011, con las que Bankia salió a Bolsa en julio del mismo año.

Para Sánchez, «las cuentas de Bankia a 31 de marzo de 2011 no cumplen con la normativa nacional e internacional y no reflejan la imagen fiel». Porque faltaban por registrar pérdidas por 935 millones, incluidos 544 millones por pérdidas no registradas en 2010, ni tampoco en marzo de 2011, procedentes de la filial Bancaja Habitat, cuyo negocio se había cedido a Bankia el 1 de enero de 2011.

Busquets apuntaba la falta de contabilización de 754 millones, de los cuales 192 millones eran pérdidas no registradas en las participadas, 325 millones por déficit de provisiones en los préstamos subestándar y 237 de déficit de provisiones en adjudicados.

DE GUINDOS, COMO ELEFANTE EN CACHARRERÍA

¿Qué ha fallado? Los equipos de inspección del Banco de España, con una larga experiencia en detección de deterioros y crisis bancarias en este país, ¿fueron incapaces de advertir los problemas?

¿No será más cierto que los inspectores fueron informando puntualmente a sus responsables de sus hallazgos? Esta comunicación puntual de la situación, paso a paso, por parte de los inspectores in situ a sus jefes, es reflejada por ambos peritos en sus informes respectivos.

¿No es, por tanto, más cierto, que los superiores de los inspectores —los llamados «jefes de grupo» y «coordinadores ejecutivos»— dulcificaban los informes de seguimiento y correos que recibían de los inspectores, algo que ya señalaba la Unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la Fiscalía Anticorrupción de 2013?

Los inspectores detectaron a través de su trabajo los problemas antes de la salida a Bolsa, dicen los peritos, y al hacerlo, también señalan, aportaron la pista de los saneamientos acumulados pendientes.

Sobre un activo total de casi 300.000 millones de euros, la reformulación de las cuentas, aprobadas por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri el 28 de mayo de 2012, se realizó en dos semanas hábiles de trabajo después de la destitución, el 7 de mayo, de Rodrigo Rato.

Los ajustes que pone en práctica el nuevo equipo de administradores, ¿de dónde han salido?, ¿quién los ha detectado? Según los peritos, fueron los inspectores del Banco de España quienes ya habían identificado los ajustes necesarios con antelación a la salida a Bolsa, y serían esos ajustes los que utilizaría el equipo de Goirigolzarri para hacer la reformulación de las cuentas dos semanas después de hacerse con el timón el 9 de mayo de 2012.

En efecto, en un informe especial de 30 de septiembre de 2011, sobre los estados a 30 de junio de 2011, el equipo de seguimiento de la inspección del Banco de España identificó unas necesidades de capital adicionales de 9.877 millones de euros.

En el interrogatorio de los peritos por parte de las acusaciones y las defensas, el efecto de los decretos Guindos ocupó un lugar relevante. El primero de ellos, aprobado apenas un mes después de iniciado el nuevo año 2012, ya envía el mensaje de manera clara sobre lo que había anticipado Rajoy respecto a la nueva política para el sistema financiero:

Todas estas medidas [las que había dictado el Gobierno de Zapatero] se han encaminado a eliminar las debilidades coyunturales de las entidades de crédito españolas en el contexto de escasez de liquidez que ha existido desde el inicio de la crisis. Sin embargo, hasta ahora no se han adoptado previsiones conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito (…).

Y añadía:

Disponer de unos balances saneados es un requisito básico para que las entidades financieras puedan cumplir con su función esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo.

El eje central del Real Decreto-Ley era el saneamiento de los balances de la banca española, y sus requerimientos

responden a la situación efectiva a día de hoy [febrero 2012] de los activos inmobiliarios (deudas e inmuebles adquiridos por impagos) de las entidades de crédito, concebidos de modo realista para obtener una estimación razonable del deterioro para el conjunto de las carteras de estos activos, que se deben reconocer de acuerdo con el marco contable aplicable en España.

El Gobierno, pues, empezaba a ajustar cuentas con el Banco de España, la CNMV, los auditores y las entidades de tasación inmobiliaria, tal como había anticipado Rajoy en su discurso de investidura, cuya reacción adversa fue patente en el Banco de España el mismo día de la copa de Navidad, el 23 de diciembre, al distribuirse el comunicado de defensa de las actuaciones por los responsables de la supervisión.

El decreto venía a decir esto: el Gobierno ha llegado a la conclusión de que no se está aplicando correctamente la regulación contable y la supervisión en España.

¿Quiénes debían cumplirlas y hacerlas cumplir?

Primero, los administradores de los bancos; después, las firmas de auditoría que cobran por verificar si se aplican o no las normas contables y, por supuesto, el Banco de España, cuya supervisión debe vigilar el cumplimiento de las normas contables, y la CNMV, que en el caso de los bancos que emiten valores en el mercado español (acciones, bonos y otros productos financieros) debe vigilar que se formulan de acuerdo con las normas contables recogidas en los reglamentos de la Unión Europea.

La descalificación flagrante que suponía el decreto Guindos no provocó dimisiones en la supervisión del Banco de España o en la Dirección de Mercados de la CNMV. Ni, claro, una suspensión de la delegación de competencias en materia contable que tiene conferida el Ministerio de Economía en el Banco de España. Porque la competencia es del Ministerio de Economía.

El primer decreto Guindos exigía que todas las cajas y bancos comunicasen al Banco de España su estrategia para cumplir con las obligaciones antes del 31 de marzo de 2012. El Grupo BFA-Bankia lo hizo el último día, el 30 de marzo, y estimó que el decreto le supondría una necesidad de nuevas provisiones para sus activos inmobiliarios de 3.396 millones de euros y unas necesidades de capital fresco de 1.674 millones.

El plan enviado por el equipo de Rodrigo Rato al Banco de España el 29 de febrero de 2012, para cumplir con estos requisitos, proponía cubrir las necesidades de provisiones con la cuenta de resultados del año 2012 —lo que daría lugar a unas pérdidas para ese año de 774 millones— y la cobertura de las necesidades de capital mediante la conversión de preferentes y bonos subordinados en nuevas acciones —lo que en parte ya había hecho en febrero de dicho año—, la venta de algunas participadas (Iberdrola y otras), y la reducción del tamaño de su activo (entonces en el entorno de 300.000 millones).

El Banco de España, pues, debía velar por el cumplimiento de las exigencias de De Guindos.

El 13 de abril de 2012, Pedro González, máximo responsable de la Supervisión de las cajas de ahorros desde 2006, y José Antonio Gracia, nuevo jefe de grupo de Bankia en sustitución de Pedro Comín, que se había marchado al FROB, elevan un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la propuesta de Rato. Sostienen que «la solución descrita (en el Plan) tiene a nuestro entender efectos positivos y negativos».

Entre los positivos, destacan, «se minimizan los argumentos del auditor (Deloitte) para poner una salvedad a las cuentas». Precisamente, en aquellos días se acercaba la fecha de finales de mes para que Deloitte enviara su informe de auditoría sobre las cuentas a la CNMV.

Entre los aspectos negativos se señala que, tras las valoraciones de determinadas operaciones entre Bankia y Deutsche Bank —un contrato de derivados del que el perito Sánchez alertó en su primer informe que carecía de entidad para computar como capital en el Grupo BFA-Bankia—, el «patrimonio neto de BFA (será) negativo a finales de 2012».

Según González y Gracia,

la aprobación de los planes de Saneamiento y Actuaciones del Grupo BFA-Bankia mencionados en los apartados anteriores no tiene sentido sin que la entidad ponga todos los medios para dinamizar su negocio y moderar su estructura de costes. Si bien Bankia, sin el problema de la matriz, es potencialmente viable, también es cierto que adolece de varios problemas que han de ser solucionados y se concentran en la generación de resultados, debido a la drástica reducción de márgenes y al exceso de capacidad.

Sin embargo, González y Gracia concluyen con la siguiente respuesta que debería dar la Comisión Ejecutiva del Banco de España a Bankia:

Se propone remitir escrito a la entidad aprobando el Plan de Saneamiento presentado por el Grupo BFA-Bankia, por considerar que las palancas incluidas en el mismo, en el Plan de Actuaciones para la reestructuración societaria del grupo, y en el resto de medidas implantadas para dinamizar su negocio y moderar su estructura de costes, deberían ser suficientes para el cumplimiento de los requerimientos fijados en el Real Decreto-Ley 2/2012, antes de la fecha límite de 31 de diciembre de 2012.

El 9 de mayo de 2012, solo tres semanas después del citado informe de González y Gracia, el Gobierno de Rajoy nacionalizaba BFA y con ello se convertía en el principal accionista de Bankia.

Y el 11 de mayo, dos días más tarde de la nacionalización, González y Gracia proponían aceptar la petición de BFA para convertir en capital de esta entidad las participaciones preferentes suscritas por el FROB en diciembre de 2010.

Así, el grupo que en junio de 2010 había sido calificado como «fundamentalmente sólido» por González, Francisco Monzón y Javier del Río para que el Estado inyectará 4.200 millones era nacionalizado 525 días después.

De acuerdo con el grupo de seguimiento de la inspección del Banco de España, según informe emitido en septiembre de 2012, el Grupo BFA-Bankia tenía a junio de 2012 unas necesidades de capital de 9.877 millones, como ya se ha apuntado. A estas necesidades había que añadir las adicionales que surgían para cumplir con el primer decreto Guindos (1.674 millones que González y Gracia dieron por buenos).

En consecuencia, según el Banco de España, el Grupo BFA-Bankia, al ser intervenido por el Gobierno de Rajoy, necesitaba capital por 9.877 millones de euros a los que había que añadir 1.674 más: unos 11.551 millones.

Pero esto no frenó al nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Terminará obteniendo 17.959 millones de euros más la conversión de las participaciones preferentes del FROB en acciones de BFA. En total 22.424 millones de euros, 10.873 millones más de lo estimado por el Banco de España, es decir, prácticamente otro tanto de los 11.551 millones que se necesitaban.

Más vale pecar por exceso. ¡Es el colchón, estúpido!

Goirigolzarri sabía lo que se hacía. Él era, a estas alturas del partido, una pieza insustituible. Y el Gobierno disparaba con pólvora del rey.

Pero los apoyos públicos exceden con creces dichas cifras. El grupo Bankia vendería a finales de 2013 activos inmobiliarios a la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el llamado «banco malo» creado en julio de 2012, por valor de 22.317 millones el 28 de octubre de 2012. El precio que pagó SAREB por estos activos no fue de mercado, sino superior, estimado por el Banco de España a partir de los valores obtenidos del informe que había preparado la firma de consultoría Oliver Wyman para firmar del Memorándum de Entendimiento con la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) en julio de 2012. Estos activos no fueron pagados en efectivo, sino con bonos con aval incondicional e irrevocable del Estado, con buenos rendimientos y, todavía mejor, aceptados por el BCE como garantía en sus operaciones monetarias.

Y hay otras ayudas que Bankia ha recibido, al igual que otras entidades del sector financiero: activos fiscales diferidos por 6.957 millones y avales otorgados por el Estado para sus emisiones, 34.768 millones a julio de 2014.

En total, un respaldo público por valor de 86.466 millones de euros.

4
LOS GUARDIANES DEL MERCADO

En febrero de 2012, mientras en España se aproxima el estallido de Bankia, tres economistas norteamericanos publican un sugerente libro que intenta extraer lecciones de la crisis financiera en Estados Unidos. Los profesores Ross Levine, James Barth y Gerard Caprio, expertos en regulación bancaria, califican la crisis del sistema financiero de Estados Unidos como «un caso de homicidio negligente»: «La crisis no les ocurre a los políticos, son ellos quienes ayudan a provocarla», escriben:

Nos concentramos en el funcionamiento de los reguladores porque hay una diferencia cualitativa entre un funcionario del Gobierno y un participante privado del mercado. Se supone que el funcionario actúa en el interés público mientras que el financiero privado se debe a su firma, accionistas y empleados.

He aquí la conclusión, que hemos adelantado ya, a la que llegan los autores:

«Los reguladores pusieron, a sabiendas, en peligro sus economías en los diez a quince años antes de la reciente crisis.» Este diagnóstico es crucial.

El libro no solo toma como referencia la Reserva Federal, el banco central norteamericano; también examina la conducta de la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador y supervisor de los mercados de valores. El equivalente de nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los inspectores del Banco de España han ilustrado en su carta del 26 de mayo de 2006, antes del estallido de la burbuja, cómo la cúpula del regulador, el Banco de España —parafraseando a los tres autores norteamericanos— «pusieron en peligro» la economía española a través del mantenimiento de «políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad del sistema».

Los inspectores-peritos Sánchez y Busquets, por su parte, se centran también, en sus informes, en el incumplimiento de las responsabilidades de la CNMV dirigida por Julio Segura y Fernando Restoy, en el proceso de supervisión de la Oferta de Suscripción de Acciones nuevas de Bankia, es decir, una vez que la operación de salida a Bolsa se pone en marcha. Y también más tarde.

La participación directa de la CNMV en la creación de Bankia, según hemos visto, no ha podido ser examinada porque no tuvieron acceso a los correos intercambiados entre Pedro González y Antonio Román, de Caja Madrid; por tanto, sus informes no han podido abordar un tema relevante: ¿dónde estaba la CNMV en el momento en el que se diseñaba la operación?

La respuesta: la CNMV y el Banco de España estaban en el mismo barco.

Según los informes de los inspectores-peritos, se incumplieron diversos artículos de la Ley del Mercado de Valores.

La CNMV aprobó —deja constancia Víctor Sánchez en su informe de 30 de marzo de 2006— un folleto de emisión de nuevas acciones de Bankia, S. A., con numerosas irregularidades e incumplimientos que violaban la normativa contable, incluidas unas provisiones ficticias por 6.913 millones de euros.

Esas provisiones nunca fueron dotadas por Bankia y su «exhibición» con la letra pequeña pretendía ser un «argumento comercial para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de seguridad de su inversión», de acuerdo con la interpretación de Antonio Busquets.

La CNMV no vigiló los llamados «test de idoneidad» en la colocación de las acciones entre los inversores minoristas. La falta de vigilancia, y hasta de indiferencia, de la CNMV en todo el proceso de colocación, de manera especial en lo que atañe a los inversores de a pie, los llamados minoristas, incumplía la ley de mercado de capitales.

Los peritos cuestionan la falta de auténtica competencia en la fijación del precio entre los inversores profesionales o institucionales, quienes iniciaron un rápido proceso de venta al día siguiente de la salida a Bolsa.

La contratación de un banco de inversión, J. P. Morgan, para estabilizar el precio de la acción —lo que entre los iniciados se llama green shoe, en recuerdo de la primera empresa norteamericana que hizo uso de esa técnica, la Green Shoe Manufacturing, ahora llamada Stride Ride Corporation—, que da a las entidades colocadoras de las acciones una opción a una parte del capital, facilitó que las huidas rápidas de los inversores se hicieran sin demasiados perjuicios para ellos.

La CNMV miró hacia otro lado mientras los inversores profesionales se deshacían a toda máquina de los títulos adquiridos. Como señalan los economistas norteamericanos respecto a la SEC, en el caso Bankia, la CNMV no ve nada, no sabe nada… y no hace nada.

Busquets ya había subrayado, en su informe del 4 de diciembre de 2014, las «compras realizadas por los principales inversores del tramo institucional». Solo veintinueve grupos económicos invirtieron 1.239 millones de euros en acciones de Bankia, lo que cubría el 100 % del tramo institucional que exigía la CNMV. Resulta que ocho de esos veintinueve grupos eran los grandes bancos españoles, con la excepción del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Los ocho grupos que representaban a la gran banca española, competidores directos de Bankia, invirtieron 469 millones de euros. Fueron encabezados por el Banco Santander y La Caixa, con 156 millones y 100 millones, respectivamente. Otro, el Grupo Banca Cívica, colocó 5 millones.

La falta de vigilancia de la CNMV y del propio Banco de España quedó en evidencia, como señala Busquets, en el hecho de que varios de los compradores de títulos eran deudores morosos de la propia Bankia. Más precisamente: dieciséis grupos con una inversión de 17 millones de euros, la mayor parte de los cuales, según Busquets, vendieron rápidamente. Como la Cámara de Comercio de Madrid, que vendió su inversión de 12 millones dos días después de la salida a Bolsa.

El caso más flagrante fue el de la Corporación Gestamp. Invirtió 58 millones de euros a través de un pacto por el cual la propia Bankia le garantizaba que recuperaría su inversión al mismo precio, sin pérdidas, en mayo de 2015. No podía perder.

Para concretar la salida a Bolsa, la CNMV admitió unos estados financieros de solo tres meses, entre enero y marzo de 2011, sin explicar cuáles fueron «los intereses singulares observados a favor de los inversores» para autorizar esa excepción.

La legislación del mercado de valores, señala Sánchez en su informe del 30 de marzo de 2016, requiere que la información incluida en el folleto debe contener «al menos los tres últimos ejercicios» de sus estados financieros y «haber sido preparados y auditados de acuerdo con la legislación que le sea aplicable al emisor [Bankia]».

La ley, señala Sánchez, contempla que la CNMV «puede aceptar cuentas que cubran un periodo inferior» con la condición de que, entre otras cuestiones, «la CNMV así lo decida en interés del emisor o de los inversores» y cuando «la CNMV entienda que los inversores disponen de la información necesaria para formarse un juicio fundado sobre el emisor y sobre los valores cuya admisión a negociación se solicita».

Sánchez concluye: «Este perito desconoce hasta ahora qué singulares intereses fueron observados a favor de los inversores» siendo que «resulta poco formativo (para los inversores) que la única información financiera suministrada y real del emisor abarque tan solo un trimestre, lo cual provoca que el folleto sea el único cauce informativo del que disponían los inversores».

La CNMV, por otra parte, no obligó, tras la salida a Bolsa, a reformular las cuentas de 31 de marzo de 2011 a la vista del precio tan reducido al que se ofrecieron las nuevas acciones de Bankia respecto del valor en libros: una banda de 4,41 a 5,05 euros frente a 15,41 euros por acción en Bankia, S. A., y 13, 33 en BFA, S. A., habida cuenta de que finalmente se vendieron a la baja, por 3,75 euros.

La legislación del mercado de valores proclama el principio de «libertad de emisión» sin autorización previa. No obstante, para defender los intereses de los inversores, se exige el registro de un folleto informativo de la emisión y la existencia de una auditoría previa de las cuentas de la entidad emisora.

La CNMV de Segura y Restoy representó un triple papel en el proceso. Por un lado, en 2010, en el proceso de gestación y diseño del SIP; más tarde, en 2011, en la Oferta Pública de Suscripción de nuevas acciones de Bankia, S. A., y, por último, en mayo de 2012, en la reformulación de las cuentas del año 2011 que llevó a cabo el nuevo consejo de administración que, tras la nacionalización de BFA, sustituyó al que presidía Rodrigo Rato.

La creación del SIP tenía por intención buscar un vehículo para captar capital en los mercados de capitales. Al carecer las cajas de capital no era posible realizarlo directamente, de manera que en su deseo de continuar ejerciendo la actividad crediticia en sus respectivas comunidades autónomas y áreas de influencia, y a la vez captar recursos financieros que les fuesen útiles para cubrir sus necesidades de «capital regulatorio», la creación de un banco entre las siete cajas parecía ser la solución ideal a mediados de 2010. Apenas iniciado 2011, esta estrategia fue abandonada y se optó por que las cajas cediesen todo su negocio a un banco y pasasen a convertirse en tenedoras de acciones del banco.

La CVMV, en coordinación con el Banco de España, promovió la fórmula contable para que 9.207 millones de pérdidas, escondidas en los balances de las siete cajas, se registrasen de manera «discreta», cargándolas en reservas y no en la cuenta de resultados de 2010, como, según los peritos, era legalmente preceptivo. De esta manera, los intereses de los 3.000 millones de participaciones preferentes emitidas por Caja Madrid en 2009, con una rentabilidad del 7 %, podrían ser liquidados.

Pero los peritos cuestionan en sus informes la legalidad de este tratamiento contable, que consideraron contrario al código de Comercio, la Circular 4/2004 del Banco de España y las normas contables de la Unión Europea.

Pero dado que tanto Caja Madrid como Bancaja eran emisoras de valores (preferentes, subordinadas y otros), correspondía a la CNMV velar por la correcta aplicación de las normas contables de las cajas de ahorros, a fin de que la información financiera suministrada al mercado fuese correcta.

Pues bien, algo tan obvio para los inspectores-peritos como cargar indebidamente pérdidas contra las reservas no mereció ningún tipo de apercibimiento o de exigencia de rectificación por parte de la CNMV.

¿Por qué?

Todo estaba atado en el Banco de España y bien atado en la CNMV.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CNMV?

La negociación de valores (acciones, bonos y otros productos financieros) en las Bolsas de todos los países del mundo está sometida al control y la supervisión del Estado. En Estados Unidos, esta función la desarrolla la SEC, como hemos visto al inicio del capítulo, mientras que en España está encomendada a la CNMV. Es su razón de ser.

El mercado de valores canaliza su actividad a través de dos canales: el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario es donde la empresa, caja o banco, vende los valores o títulos que emite por primera vez. Las transacciones en ese mercado se realizan entre la entidad emisora y los inversores a través de lo que se llama Oferta Pública de Venta (OPV). En este mercado también se pueden admitir a negociación acciones ya emitidas con anterioridad, pero que no se intercambiaban hasta ese momento. Cuando se van a vender valores nuevos (por ejemplo, acciones), la operación se denomina «Oferta Pública de Suscripción». En el mercado primario de valores, el precio negociado el día de la admisión a negociación es único para todo tipo de inversores (minoristas e institucionales).

El mercado secundario es un mercado donde se negocian entre particulares valores (acciones, bonos) que han sido previamente vendidos en el mercado primario. El mercado secundario es un mercado de reventa. Las transacciones se realizan únicamente entre inversores, por lo que la entidad emisora es una mera espectadora. En el mercado secundario el precio negociado puede variar en cada una de las transacciones.

El inspector-perito Sánchez lo expresa de esta manera en su segundo informe:

Los precios practicados en estos mercados [primario/secundario] son una fuente externa [de información] fundamental para estimar deterioros de activos allí negociados. Cuando el patrimonio neto de una compañía [el que se desprende de su balance, como resultado de restar al valor del activo todo el pasivo] es mayor que su capitalización bursátil [que resulta de multiplicar el número de acciones por su precio en el mercado] es un indicio claro de deterioro que la entidad emisora deberá considerar y estimar.

Y a continuación, reproduce el párrafo 12 d) de la norma contable internacional número 36, que deben cumplir todas las entidades que coticen en alguna Bolsa de la Unión Europea:

Al evaluar si existe algún indicio de que el valor de un activo puede haberse deteriorado, la entidad considerará, como mínimo, los siguientes extremos: d) que el importe en libros de los activos netos (patrimonio neto) de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil.

Pues bien, esta precisión para evaluar la existencia de deterioro, que está referida al «mercado secundario» (negociación entre inversores sin intervención del emisor del valor), es aún más pertinente cuando en relación con el precio negociado que se obtenga en el mercado primario (transacción entre la entidad emisora que vende y los inversores que compran). Esto es así porque el valor patrimonial de una acción (el que se deduce del balance) es un «valor mínimo» que los administradores consideran que tienen las acciones de la compañía, de acuerdo con los criterios y convenciones contables que deben legalmente cumplirse. Este valor de las acciones es habitualmente denominado «valor teórico contable».

Si se pretende realizar una emisión de «nuevas acciones» por un precio inferior al «valor teórico contable», Houston, como suele decirse, tenemos un problema.

Es necesario que los nuevos accionistas compensen a los antiguos por el efecto «dilución» que se produce. Este derecho que poseen los antiguos accionistas se denomina «derecho preferente de suscripción».

En ocasiones, algunas entidades emiten nuevas acciones con el ánimo de atraer a nuevos inversores. Este fue el caso de Bankia. Y al hacer estas operaciones, las nuevas acciones se pueden ofrecer a un precio que las haga más atractivas, e incluso «excluyendo» el derecho preferente de suscripción. Cuando ocurre esto, las leyes exigen que en ningún caso el precio ofrecido pueda ser inferior al «valor teórico contable» que se desprende del balance. En España esta cautela la recoge la Ley de Sociedades de Capital en los artículos 308 y 503 a 505.

Bien.

Según el inspector-perito Sánchez, el «valor teórico contable» de las acciones de Bankia que se desprendía de su balance en el momento de salir a Bolsa era de 15,25 euros por acción. Este valor era el resultado de dividir el patrimonio neto de Bankia (13.874,9 millones de euros) entre el número de acciones, que en ese momento ascendía a 908 millones, todas en poder del banco BFA que las siete cajas de ahorros habían creado a finales de 2010, cuando la estrategia era crear el SIP. Como el precio al que se ofrecían las nuevas acciones de Bankia (844,6 millones de acciones nuevas) era de un máximo de 5,05 euros hasta un mínimo de 4,41 euros por cada acción, Sánchez estima que BFA, como único y antiguo accionista, tenía un derecho preferente de suscripción que evalúa en 4.721 millones de euros.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Pues que BFA, es decir, las siete cajas de ahorros, en lugar de exigir que se les abonara ese importe (4.721 millones de euros), procedió, en un intento de soslayar la Ley de Sociedades de capital, a incluir en el folleto el siguiente texto (punto 4.61. Acuerdos Sociales):

A fin de posibilitar la Oferta Pública de Suscripción, Banco Financiero y de Ahorro ha renunciado a su derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas objeto de la ampliación de capital.

Se pregunta, entonces, el inspector-perito Sánchez, ¿por qué?

En efecto, ¿por qué BFA renuncia al derecho preferente de suscripción y no hace una «exclusión» de ese derecho?

¿Cómo es posible que con un balance como el de Bankia, S. A., que supuestamente tenía todos sus activos y pasivos a valor razonable tres meses antes (precio de mercado) ofreciese entrar a los nuevos inversores con un precio un 75 % más bajo que el valor que se desprendía de su balance?

Hablando en plata: ¿cómo es posible que un grupo que salía al mercado en busca de capital hiciese un regalo de 4.721 millones de euros a los nuevos accionistas? ¿Cómo era posible que un grupo que el año anterior había cargado sus pérdidas de 9.207 millones contra reservas de las siete cajas, operación que había consumido más del 50 % de su patrimonio, estuviese seis meses después dispuesto a hacer un regalo de 4.721 millones?

Sánchez responde: «Porque no había ninguna renuncia al derecho de suscripción preferente por parte de BFA; simplemente este derecho no existía».

No tenía valor.

Y si ese derecho no valía nada, entonces sería que el valor teórico de las acciones de Bankia, y por tanto su patrimonio, no era de 15,25 euros, sino más bien de 4,05, que era el precio mínimo por el que se ofrecían en el folleto de salida a Bolsa. Es decir, el patrimonio neto de Bankia no eran los 13.874,9 millones que aparecían, sino de 3.677,4 millones, resultantes de multiplicar 908 millones de acciones por 4,05 euros. Dicho de otra forma, había pérdidas sin registrar por esa diferencia. Más de 10.000 millones en Bankia.

El inspector-perito Sánchez cuantifica este impacto en BFA, en cuyos libros cada acción de Bankia estaba valorada en 13,22 euros: «BFA tendría que haber dotado pérdidas por deterioro en un importe final de 8.599 millones de euros [(13,22 – 3.75) × 908 millones de acciones], lo que hubiera determinado un patrimonio neto negativo (quiebra) de 1.505 millones de euros (7.094 millones – 8.599 millones).

Pues bien, ¿qué hizo la CNMV en su función de garante de la información financiera que las entidades suministran al mercado para que los inversores puedan formarse adecuadamente su juicio y de esta manera poder reaccionar comprando o vendiendo un valor? La respuesta es: nada.

Pero no fue solo en la aceptación de las manipulaciones contables y en el mirar hacia otro lado ante el falseamiento de cuentas donde la CNMV participó. En abril de 2007, dimitía Manuel Conthe como presidente de esta entidad y entraba en su lugar Julio Segura, quien desde 2006 ya era consejero de la institución. Sería acompañado en la vicepresidencia, hasta el final de su mandato, en 2008, por Carlos Arenillas, socio fundador del grupo Intermoney, a quien sustituiría Fernando Restoy.

La participación de la CNMV en la emisión y colocación de participaciones preferentes durante los primeros años de la crisis fue fundamental, de manera especial porque brilló por la prácticamente nula supervisión que llevó adelante.

Según el informe anual de la CNMV de 2009, la mayoría de las emisiones de renta fija (bonos, cédulas, preferentes y otros productos) correspondían a las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito). Ese año, las tensiones de liquidez en los mercados se agudizaban a raíz de la crisis iniciada en Estados Unidos y las entidades de crédito españolas ya no eran capaces de financiarse por sus propios medios en los mercados internacionales, lo que obligó a que las emisiones de bonos y obligaciones no convertibles tuvieran que contar con el aval del Estado para su colocación. En concreto, durante 2009, los bancos y las cajas españolas emitieron 47.858 millones de bonos y obligaciones simples avalados por el Estado, lo que suponía el 77 % del total de emisiones de bonos de ese año.

Sin embargo, la desconfianza de los inversores a partir de dicho año ante la solvencia y escasez de capital, fundamentalmente de las cajas de ahorros, explica que ese año la emisión de participaciones preferentes saltase a 12.960 millones de euros desde 1.246 millones el año anterior, 2008.

Tres fueron los mayores emisores de participaciones preferentes en 2009: Caja Madrid, La Caixa y Banco Santander. Pero, de todas ellas, la de mayor agresividad e importe fue la de Caja Madrid: 3.000 millones de euros al 7 % durante cinco años (hasta el 7 de julio de 2014) y euribor a tres meses, más 475 % durante toda la vida. Con una incisiva campaña comercial, la emisión logró un gran éxito de colocación entre los inversores, la mayoría de los cuales eran clientes tradicionales de la caja. Todos ellos admitieron que sus ahorros pasasen de una libreta o una imposición a plazo fijo, con rendimiento menor pero garantizado (por la caja y por el Fondo de Garantía de Depósitos), hacia un producto de riesgo que, según decía el tríptico, «cuenta con la garantía de Caja Madrid», lo cual, obviamente, era decir nada. Humo.

Dado que con la operación no se captaba más liquidez, se consiguió que, en caso de dificultades, los hasta entonces depositantes cargasen con las pérdidas.

Un aspecto trascendental fue la actitud de la CNMV de Segura y Restoy ante las preferentes. Primero, no se suprimió la expresión «participación preferente», que no deja de ser un término equívoco y una mala traducción de su equivalente anglosajón: preferred shares («acciones privilegiadas»).

Que la CNMV no estaba por la labor de adoptar medidas para evitar que estas acciones preferentes se colocasen entre familias modestas lo muestran dos hechos. El primero, la inversión mínima requerida para adquirirlas. Hasta entonces, 2009, cada emisión de preferentes requería una inversión mínima, desde los 10.000 euros iniciales, hasta su rebaja, en 2006, a 6.000 euros.

Sin embargo, en el folleto de preferentes de Caja Madrid de 2009, la inversión mínima requerida era de 100 euros por participación. Con una inversión mínima tan ridículamente baja, no es de extrañar que se colocara toda la emisión —para ello, claro, se rebajó la inversión mínima— y en escaso tiempo. Los pensionistas y jubilados, carentes de conocimientos y formación financiera, cuya fe en los directores de sucursal «de toda la vida» cegó su juicio, siguieron los consejos de suscribirlas. Las preferentes de Caja Madrid se convirtieron en una inversión alternativa a un billete de lotería nacional. Era una clara venta inapropiada, lo que en los países anglosajones se denomina misselling, y por los que se obliga a compensar a los inversores.

La segunda fue la supresión de «alertas» que hasta entonces la CNMV imponía por propia iniciativa en todos los folletos de preferentes. Este texto puede leerse en emisiones de 2004 del Santander y de la propia Caja Madrid, en una del Santander de 2005, en una del BBVA de diciembre de 2008, pero no en la de Caja Madrid de mayo de 2009, ya bajo la autoridad de Segura y Restoy. Este era su texto:

En virtud de lo previsto en el artículo 20.6 del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores señala que el adjetivo «preferente» que la legislación española otorga a las «participaciones preferentes» objeto del presente Folleto informativo NO significa que sus titulares tengan la condición de acreedores «privilegiados». Antes al contrario, en orden de prelación, las participaciones «preferentes» están por detrás de todos los acreedores del emisor, incluso detrás de las obligaciones subordinadas. Las participaciones «preferentes» solo tienen «preferencia» respecto a los accionistas de la entidad emisora —de ahí el origen del adjetivo «preferente», inspirado en el Derecho inglés (preferred shares)—.

La remuneración de las participaciones preferentes no es un dividendo, sino un tipo de interés, cuyo pago está condicionado, sin embargo, a que la entidad garante consiga beneficios. En supuestos extremos de insuficiencia patrimonial de la entidad emisora o garante, esta podría liquidar la emisión por un valor inferior al nominal de las participaciones, con la consiguiente pérdida para sus titulares del principal invertido.

Precisamente por esa capacidad potencial de enjugar pérdidas, la legislación financiera considera las participaciones preferentes como «recursos propios» de las entidades de crédito que las emiten.

Lo dicho. La CNMV no vio nada. O quizá vio todo. Porque había decidido embarcarse en un proyecto cuyo timón, bien lo sabían Julio Segura y Fernando Restoy, hombres del Banco de España, estaba en manos de la institución dirigida desde la madrileña Plaza de Cibeles.

5
LA DES-SUPERVISIÓN

El 24 de abril de 2007, la Bolsa de Madrid se tiñe de rojo. Las empresas inmobiliarias sufren un crash en toda regla. Esta mañana, mientras el baño en números rojos se siente como un aldabonazo, el gobernador Fernández Ordóñez, que ya lleva casi un año al frente del Banco de España, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para hablar sobre la desaceleración económica en curso y sus riesgos.

«El crecimiento del crédito a las familias y de los precios de la vivienda se están moderando, lo que favorece el proceso de ordenada normalización del mercado inmobiliario y, por tanto, minimiza la probabilidad de escenarios menos favorables», explica.

Sobre la evolución de la economía europea, el gobernador vaticina una mejoría: «Resulta beneficioso para que nuestro país pueda prolongar la prosperidad de los últimos doce años y las oportunidades de las empresas y el bienestar de las familias españolas», apunta sin dejar de insistir en la recuperación europea: «Globalmente considerado, el cambio de tono de la política monetaria única aumenta las posibilidades de que la economía española evolucione hacia un patrón de crecimiento más estable y sostenible».

A la salida, los medios de comunicación están agitados y quieren conocer su impresión sobre la caída del índice de la Bolsa de Madrid.

—En la Bolsa, las subidas y las bajadas nunca son suaves, ¿hace algo suave la Bolsa en algún momento? —repregunta a su vez Fernández Ordóñez.

Pasa mes y medio. En la presentación del informe anual sobre la economía española en 2006, el 13 de junio de 2007, Fernández Ordóñez alaba la ingeniería financiera en los mercados. Sí, en junio de 2007.

La innovación financiera y la actividad de los nuevos agentes del mercado deben valorarse como desarrollos positivos. La aparición en los últimos años de nuevos productos, como los derivados de crédito o los Collateralized Debt Obligations (CDO)[1], junto con la profundización de otros más tradicionales, como las titularizaciones, ha proporcionado a los agentes que participan en los mercados financieros un nuevo elenco de posibilidades de rentabilidad y riesgo, ha permitido una gestión del riesgo más dinámica e intensa y ha facilitado una mayor difusión y una mejor diversificación del mismo.

A esta mano de arena —por así decir—, la parte positiva, el gobernador añadía una de cal, la del peligro:

Pero esta situación no nos debe llevar a la complacencia. Muy al contrario, es precisamente el buen momento que atraviesan las instituciones financieras, reflejado en sus niveles de rentabilidad y solvencia, el que nos permite discutir con más libertad los riesgos e incertidumbres que deberían afrontar en los próximos años.

Y su mensaje sobre lo que puede ocurrir próximamente es una mezcla de una idea y la contraria. Pero, sobre todo, su previsión central es temeraria en unos momentos en que ya brotan síntomas preocupantes en la economía de Estados Unidos:

Es probable, pues, que el riesgo de las crisis financieras en el futuro sea menor, pero también es posible que, si estas se manifiestan, lo hagan con mayor intensidad que en el pasado.

Esta previsión tiene en cuenta lo que pasa con el estallido de las hipotecas basura. Según señala el gobernador:

en fechas recientes se han detectado elementos de preocupación en el mercado hipotecario estadounidense y, en particular, en la financiación concedida a los segmentos de la población de una menor calidad crediticia, el denominado subprime. Este tipo de financiación suele darse a acreditados con un mal historial de impagos o con una escasa documentación que posibilite valorar adecuadamente su calidad crediticia.

¿Existe lo que podríamos llamar una sombra de esto en el mercado español?

En España, si identificáramos como subprime aquellas operaciones realizadas con individuos que en algún momento han incumplido con sus obligaciones crediticias, el conjunto de financiación hipotecaria con dichos individuos se situaría en torno al 1,27 % del total prestado, frente a niveles para el mercado subprime en el entorno del 14 % de las operaciones hipotecarias.

Es decir, concluye, que «si existiera un segmento de negocio de este tipo, su tamaño sería reducido». Y además, subraya,

los ratios de morosidad en el mercado hipotecario español están en niveles del 0,4% frente al 4 % en Estados Unidos. La información disponible en España no permite, pues, hablar de un mercado de este tipo.

Y en relación a la zona euro, Fernández Ordóñez tranquiliza: «Al acabar el primer semestre de 2007, el área del euro se enfrenta a las mejores perspectivas económicas de los últimos años».

El 9 de junio de 2007, cuatro días antes del informe del gobernador del Banco de España, en plena crisis de las hipotecas basura, Edward Gramlich, miembro del consejo de la Reserva Federal —el banco central norteamericano—, con el cargo de presidente del comité de asuntos de los consumidores y comunitarios entre 1997 y agosto de 2005 —fecha en que presenta su renuncia—, explica en declaraciones a la prensa lo que está pasando:

Ya en el año 2000 le propuse al presidente, Alan Greenspan, que la Reserva Federal debía controlar las prácticas de crédito depredador. Le propuse enviar equipos de inspectores a las entidades que originaban y distribuían estos préstamos. La Reserva Federal podía usar su autoridad discrecional para enviar inspectores a las sucursales dedicadas a préstamos de consumo e hipotecas. Como sabía que era un tema polémico por la posición contraria de Greenspan a aumentar toda regulación bancaria, se lo sugerí en privado en lugar de llevarlo a la reunión del consejo.

Greenspan, según relata Gramlich, le explica que «es un enorme esfuerzo para nosotros auditar cómo actúan cuando analizan las solicitudes de hipotecas y no parece estar claro que encontraríamos algo interesante sin poner en riesgo la disponibilidad de los créditos subprime».

En el verano de 2007 van sumándose los ingredientes del drama. El Banco Central Europeo inyecta, el 9 de agosto, 95.000 millones de euros en el sistema bancario. La Reserva Federal norteamericana y el Banco de Japón, respectivamente, también drenan liquidez.

El 13 de septiembre de 2007, cae el Northern Bank del Reino Unido, quinto banco hipotecario británico, que concedía créditos por el 125 % del valor de los inmuebles, financiando el 60% de su crédito total con dinero que toma prestado a corto plazo. Pide una línea de préstamo de emergencia al banco central, el Banco de Inglaterra. Los telediarios retransmiten en tiempo real la primera corrida bancaria británica en un siglo: colas interminables de clientes que esperan para retirar sus ahorros.

Alan Greenspan, que ha terminado su mandato el 31 de enero de 2006, es el protagonista estos días. El 17 de septiembre se acaban de publicar sus memorias, La era de las turbulencias. Aventuras en un nuevo mundo (Ediciones B, 2008), un libro que va a tener unas ventas extraordinarias. No por sus explicaciones sobre la crisis que está despuntando, puesto que El Maestro, como le llamaban, no hace referencia a ella, sino por el morbo de conocer algunas historias de la vida de quien ha sido considerado como el banquero central más poderoso del mundo.

Greenspan revisita una anécdota muy conocida sobre su antecesor en la Reserva Federal. Era 1981. El presidente Ronald Reagan lleva tres días en la Casa Blanca cuando invita a Paul Volcker, que era desde 1979 presidente de la Reserva Federal, a almorzar en el Despacho Oval.

Reagan empieza la comida con una curiosidad:

Me pregunto si puede usted ayudarme con un interrogante que la gente me hace a menudo. Tengo cartas en las que hay personas que quieren saber para qué sirve la Reserva Federal. Parecen sentir que es la Reserva Federal la que causa muchos de nuestros problemas monetarios y son de la idea de que estaríamos mejor si la abolimos.

A continuación formula la pregunta: «¿Para qué necesitamos la Reserva Federal?». Parece que la respuesta de Volcker es lo suficientemente persuasiva como para que ambos mantuvieran en adelante una relación de gran colaboración. Será reelegido en 1983 para un segundo mandato, hasta 1987, fecha en la que Reagan nombra a Greenspan.

La anécdota, archiconocida en Estados Unidos, tiene su interés. Porque el programa central de la nueva Administración republicana era la desregulación.

Algo más de dos meses después del encuentro, en abril de 1981, Reagan designaba a Richard Pratt, un profesor de finanzas de la Universidad de Utah, presidente de la Federal Home Loan Bank Board (FHLBB), el organismo regulador y supervisor de las S&L (Savings and Loans), las más de 4.000 cajas de ahorros que operaban en Estados Unidos.

Pratt puso en marcha un plan para ampliar la capacidad de las cajas, que ya gozaban de gran reputación y popularidad, a la hora de conceder préstamos y captar clientes a través de nuevas cuentas de depósitos. (El director Frank Capra llevó al cine este asunto en 1946, con James Stewart de protagonista en la película ¡Qué bello es vivir!) La base del programa era su desregulación y la práctica eliminación de su supervisión.

Durante sus dos años de gestión, empero, la subida de los tipos de interés, de la que Pratt no era responsable, encareció los depósitos por encima del margen que podían obtener las entidades, cuyas carteras consistían principalmente en hipotecas y bonos a largo plazo y bajo interés. En 1982, la industria de las cajas de ahorros registraba una insolvencia de 150.000 millones de dólares.

En su libro The Best Way to Rob a Bank is to Own One [La mejor manera de robar un banco es ser su propietario. Cómo los ejecutivos y políticos saquearon la industria de las cajas de ahorro], William Black, que fue abogado responsable de litigios en el órgano regulador de las cajas, el mencionado FHLBB, entre 1984 y 1986, narra cómo la Administración Reagan decide en 1981 encubrir la crisis de las cajas de ahorros:

Richard Pratt se enfrenta a una situación imposible. Desde el punto de vista de su valor de mercado en 1981 virtualmente cada caja era insolvente. Hacia 1982, la industria era insolvente por unos 150.000 millones de dólares. El Fondo de Garantía de las Cajas (FSLIC), cuyas reservas eran de solo 6.000 millones, se encontraba en bancarrota virtual. Pero la Administración Reagan se negó a admitir que la industria era insolvente, rechazó aportar al FSLIC dinero fresco para cerrar cajas de ahorros quebradas y prohibió a Pratt usar la facultad legal del FSLIC para pedir prestada incluso la miserable cantidad de 750 millones de dólares. La orden que Pratt recibió era la de encubrir la crisis de las cajas de ahorros… Las cajas apoyaron el encubrimiento porque no querían declararse en quiebra. Pratt respaldó el encubrimiento porque los altos cargos del FHLBB compartían la misma pesadilla: el temor a una corrida de los clientes a las oficinas de las cajas en todo el país para retirar sus ahorros. Pratt no había provocado la crisis de la subida de los tipos de interés, pero muchos le culparían si el sistema, que se encontraba bajo su control, fallaba. Pratt se aseguró de que eso no pasaría. El Congreso respaldó el encubrimiento porque la alternativa [reconocer la suspensión de pagos] era recortar los programas sociales… Pratt desarrolló «principios creativos de regulación contable» frente a los «principios de contabilidad generalmente admitidos».

Tal creatividad pasaba por alentar fusiones y crear «fondos de comercio», el valor contable de activos intangibles que resultan de la fusión de una empresa o el valor como negocio en marcha derivado, por ejemplo, de la reputación de una marca, su experiencia y la cartera de clientes.

El uso del fondo de comercio como mecanismo de revalorización ficticio no era ajeno a la experiencia de la crisis bancaria española de los años ochenta del siglo pasado.

El caso más extremo y burdo había sido el del holding Rumasa que presidía José María Ruiz-Mateos. A mediados de febrero 1983, Ruiz-Mateos amenazaba con abandonar a su empresa auditora, Arthur Andersen. Miguel Boyer, el ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González, amenazó públicamente con enviar a los inspectores del Banco de España si Rumasa pretendía aplazar la entrega de las auditorías de sus bancos cambiando de auditor. El 23 de febrero de 1983, Rumasa era expropiada por el Gobierno socialista en una operación de nacionalización de pérdidas. Ruiz-Mateos dio orden a sus ejecutivos para que se introdujera, el 4 de marzo, nueve días después de la expropiación, un asiento contable de fecha 11 de enero de 1983.

«Siguiendo instrucciones de Presidencia, hay que contabilizar en el cierre del Ejercicio el Fondo Comercial de la cartera de Participaciones cuyo valor estimado es de Pts. 300.000 millones (trescientos mil millones de pesetas)».

Los resultados de la mayoría de las auditorías de las empresas del grupo arrojaban unas pérdidas acumuladas de 271.000 millones de pesetas.

Para que cuadrara el balance, Ruiz-Mateos ordenó apuntar en el pasivo (fondos propios más ajenos) la contrapartida. Con ello, incrementaba sus fondos propios (capital más reservas) en 296.000 millones de pesetas por la cuenta de reservas y en 4.000 millones por la de capital. Ruiz-Mateos confesaba con este asiento cuál era su agujero o conjunto de pérdidas: 300.000 millones de pesetas. Rumasa pasaba así de perder 45.000 millones de pesetas a ganar 255.000 millones.

Pero, después de aquella experiencia, podía hacerse una utilización menos escandalosa pero igualmente artificiosa de los «fondos de comercio», la que comenzaba a ser tendencia para dar respuesta a la crisis del sistema financiero español a partir de la Gran Recesión de 2008.

La desregulación, es decir, la autorización para que la industria de las cajas desarrollara actividades tales como conceder más préstamos y lanzar cuentas de depósitos que anteriormente les estaban vedadas, redundó en un crecimiento masivo de las cajas y, por tanto, en una mayor exigencia de supervisión, habida cuenta de que los depósitos estaban garantizados por el Estado. Pero Pratt hizo lo contrario.

Lo primero, fue mantener y más tarde reducir el número de inspectores, siguiendo las órdenes de la Administración Reagan de congelar nuevas contrataciones. Luego, se recomendó a los reguladores financieros que se apoyaran más en los análisis informáticos de los estados financieros y menos en la frecuencia de las inspecciones y en el número de inspectores.

«La des-supervisión de la industria exacerbó el desastre que su desregulación había causado», concluye Black.

El libro de memorias de Alan Greenspan, que nada dice de la crisis que empieza a aflorar, tardará todavía unos meses en ser traducido al español. Pero Fernández Ordóñez lo está leyendo en inglés en octubre de 2007.

En el curso de ese mes las cosas van a peor. El gobernador necesita ampliar sus contactos en busca de opiniones. Una mañana, poco antes de la hora de comer, llama por teléfono desde el Banco de España a su despacho de la madrileña calle del Niño Jesús, en el Barrio de la Estrella, a un viejo conocido.

Se trata de Aristóbulo de Juan, exejecutivo del Banco Popular, exdirectivo de la Corporación Bancaria —antecedente del Fondo de Garantía de Depósitos—, en los años de crisis bancaria de los setenta del siglo pasado; exdirector general de Supervisión del Banco de España y exasesor del Banco Mundial. De Juan, que acaba de cumplir setenta y seis años, es, con cuarenta y ocho de experiencia en el sector bancario, una autoridad internacional.

¿Cómo ve la situación?

Aristóbulo, Aris, como le llaman sus amigos, dirige desde 1989 su propia empresa, Aristóbulo de Juan & Asociados. Y lo ve mal. En realidad, lo ve muy mal. La crisis no se quedará en Estados Unidos y el sector financiero español se verá especialmente afectado. Le ofrece una larga cambiada. Ya es la hora de comer, advierte Aris. El gobernador responde que no tiene previsto comer con nadie y le propone, si es que Aris tampoco tiene compromisos, continuar la conversación por teléfono.

El gobernador no ve la situación negra que le pinta Aris. La morosidad en el sistema financiero español, ejemplifica, es muy baja: el 0,5 %. La cobertura de provisiones es elevada.

Aris le recuerda la regla básica: los créditos malos no suelen estar apuntados entre los morosos, lo que puede llevar la morosidad real (los préstamos vencidos o impagados) al 10 % y ascender hasta el 20 %.

Eso es una exageración, replica el gobernador. Pero Aris no se echa atrás. Hay que enviar a los inspectores para detectar la verdadera situación. El gobernador replica: Mira, acabo de terminar las memorias de Greenspan. ¿Y sabes cuál es su mensaje? Que un banco central no tiene que incordiar a los banqueros. Le ha tocado Fernández Ordóñez la fibra más sensible a su interlocutor, que es el supervisor por antonomasia. Aris ataca: Sí, hay que incordiar. Vamos a una fuerte contracción del crédito, los mercados se han endurecido. Hazme caso. Las empresas se van a ver muy afectadas por el cierre del grifo. Y la economía real no tardará en sentirlo. Veremos una subida del paro.

El gobernador, al otro lado de la línea telefónica, reacciona. Eso sí que me toca el trigémino. Me preocuparía de verdad.

Aris insiste: Tienes que poner a los inspectores a rastrear los riesgos crediticios sin pérdida de tiempo. El gobernador: No puedo Aris. No tengo suficientes inspectores. Sí puedes, corta Aris. ¡Si tienes 240 personas en la Supervisión!

Abril de 2008. El Banco Santander contrata a Aristóbulo de Juan para elaborar un informe sobre la creación de un instrumento para dotar de liquidez al sistema financiero español ante los problemas que ya se vienen registrando, para fondearse, para renovar sus líneas de crédito. Antes, según se acuerda, Aris tiene que viajar a Estados Unidos, donde se entrevistará con reguladores y supervisores. Regresa y entrega un informe de treinta y siete folios y anexos. El vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, saca dos copias: una para el Gobierno y otra para el Banco de España.

En España se ha dado también un crecimiento desmesurado del crédito a grandes prestatarios en volúmenes sin precedentes, incluyendo los créditos a promotores inmobiliarios y —aunque en menor proporción— los destinados a apalancar la adquisición de grandes empresas. El crédito al consumidor y el crédito hipotecario también crecieron violentamente. En ocasiones se dieron en este último algunas de las características descritas como de alto riesgo internacional.

La fuerte contracción del crédito que Aris vaticinaba en la conversación telefónica con Fernández Ordóñez aquella mañana de octubre de 2007 es una realidad.

Desde septiembre de 2007, el recurso de las entidades españolas a los apoyos del BCE ha aumentado fuertemente, llegando a situarse en 79.000 millones de euros en diciembre. Apoyos que se prestaban a muy corto plazo. Estos apoyos se situaban a fin de marzo de 2008 en 44.000 millones, importe congruente con el total de nuestros pasivos en el total del Eurosistema, pero que duplica prácticamente la cifra dispuesta hace un año. Los plazos correspondientes a las diferentes subastas que efectúa el BCE se ampliaron hasta tres meses y llegan actualmente a los seis meses. Estos apoyos alivian la situación pero no la resuelven por sí solos, ni por los volúmenes ni por los plazos. Por otra parte, su probable continuidad no deja de estar sometida a incertidumbres.

En aquellas fechas, las entidades de crédito intentan en España captar depósitos ofreciendo a tipos de interés más elevados a sus clientes al tiempo que deben pagar considerablemente más por los fondos que captan en los mercados de capitales.

Apunta el informe: «Como el conjunto de estas medidas no basta para resolver las tensiones de liquidez, las entidades se ven obligadas a frenar el crédito desde octubre, llegándose a una situación de credit crunch [contracción del crédito] que afecta fuertemente a sectores de la economía real», advierte.

Propone, pues, diferentes opciones. Una de ellas es la creación de una nueva entidad con participación del Estado y de bancos privados para captar fondos en el mercado a precios normales.

El informe de Aris se guarda en los cajones.

Llegan las vacaciones. Antes, a finales de julio de 2008, el gobernador invita a Aris y al vicepresidente del Banco Santander, Matías Rodríguez Inciarte, a una comida en la antigua biblioteca del Banco de España. Fernández Ordóñez está acompañado del subgobernador, José Viñals; el director general de Supervisión, Javier Aríztegui; el director general de Regulación, José María Roldán, y el director del servicio de Estudios, José Luis Malo de Molina.

El gobernador quiere que Aristóbulo de Juan exponga su idea sobre la creación de una nueva institución, con respaldo oficial, que salga al mercado a pedir prestado y aportar liquidez, a fin de superar los efectos del credit crunch sobre la economía española.

Roldán no ve oportuna la creación de semejante criatura. Cree que el mercado puede captar la iniciativa como la confesión de que existen problemas más serios cuando todavía no se conoce si la contracción será grave. Ello podría, señala, provocar una mayor estampida de la prima de riesgo, la diferencia de tipos que paga España por endeudarse respecto a Alemania. Aríztegui y Viñals creen que la medida generaría alarma y que la prima de riesgo, según ha señalado Roldán, podría dispararse. Fernández Ordóñez, que veía con buenos ojos la idea, no insiste.

Al terminar la comida, Javier Aríztegui acompaña a Aris por el pasillo desde la biblioteca hasta el ascensor.

—Javier, hemos estado hablando todo el tiempo de liquidez, pero tenéis que ocuparos del verdadero problema, que es la solvencia de las entidades.

El director general de Supervisión replica antes de despedirse:

—¿Por qué crees que no puedo dormir?

Pero he aquí que Dirección General de Supervisión del Banco de España opta por una solución muy diferente a la propuesta por Aristóbulo de Juan —esto es, endurecer la inspección— y decide «no incordiar a los banqueros», la lección que Fernández Ordóñez dice haber extraído de las memorias de Greenspan.

El agravamiento notable de la situación no se hace esperar. El 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers, cuarto banco de inversión de Estados Unidos y empresa global de servicios financieros, firma la suspensión de pagos más grande en la historia financiera norteamericana. La caída se produce después de varios días en los que el pánico se adueña de Wall Street y de los principales mercados del mundo. Los clientes abandonan la entidad y sus acciones se hunden en la Bolsa de Nueva York. Lehman está hasta las cejas en la especulación con las hipotecas basura y otros activos financieros poco líquidos.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que viaja a Nueva York para dar un discurso ante el Asamblea de las Naciones Unidas, aprovecha para celebrar una reunión con dirigentes de multinacionales y bancos de inversión cuyo objetivo es tranquilizarles y ofrecer seguridades sobre la situación de las entidades financieras españolas.

La información que transmiten al presidente del Gobierno tanto el gobernador del Banco de España como el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sigue siendo moderadamente optimista y esa es la imagen que Rodríguez Zapatero quiere trasladar.

El 24 de septiembre de 2008, nueve días después de la caída de Lehman en medio de un Wall Street que vive jornadas que retrotraen al Gran Crash de 1929, el presidente español proclama en Nueva York que «quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor». El presidente insiste: «El sistema financiero español es un sistema financiero sólido, muy sólido, comparable al más sólido de las economías desarrolladas». Y añade: «No se trata de presumir, sino de decir lo que tenemos». Tres días después, ante la Asamblea de la ONU, Zapatero, siguiendo la argumentación del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que ha intervenido antes que él, llama a los líderes mundiales a «ponerse a la tarea de construir un nuevo orden financiero mundial, que prevenga situaciones como la de ahora». Y defiende «la supervisión, transparencia y alerta temprana» para evitar los desajustes de los mercados.

Un mes más tarde, Greenspan es llamado a comparecer en el Congreso de Estados Unidos. El 23 de octubre, el expresidente de la Reserva Federal ya da una versión en tono autocrítico:

He cometido un error al creer que, en interés propio, los bancos eran los más capacitados para proteger a sus propios accionistas y sus participaciones en las empresas. El problema es que algo que parecía ser un edificio muy sólido e incluso un pilar fundamental de la competencia en el mercado y del libre mercado ha quebrado y eso me ha golpeado. Todavía no entiendo completamente por qué ha ocurrido.

Pero Fernández Ordóñez sigue con su lección aprendida: no hay que incordiar a los banqueros.

La Dirección General de Supervisión maquilla la regulación (normas y circulares contables) para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad, y sus consiguientes pérdidas, derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria desde las entidades financieras.

Entre otras iniciativas, están las instrucciones impartidas a través de los CD (Comité de Dirección), es decir, Dirección General de Supervisión, integrado por su director y los directores de los departamentos de inspección, y, además, un grupo de trabajo interno, denominado Comité Técnico de Coordinación (CTC), cuya existencia es anterior al estallido de la crisis, ha dado instrucciones a los inspectores para que no se exija el cumplimiento de la legalidad vigente a las entidades supervisadas en las operaciones relacionadas con la refinanciación de préstamos hipotecarios y de consumo. Además, prohíbe a los inspectores la entrega por escrito a las entidades de esta y otras recomendaciones, que solo podían ser comunicadas a los bancos de manera oral.

El grupo, creado dentro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, se reúne periódicamente y a él concurren los llamados coordinadores ejecutivos de los cuatro departamentos de inspección. En sus reuniones se analizan problemas detectados en los contactos con las entidades financieras. A su vez, el CTC formula recomendaciones a los inspectores sobre distintas materias. Muchas de ellas, sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008, versan sobre las normas contables vigentes. Hay un acta de cada reunión.

Entre 2006 y 2009 Javier Aríztegui es director general de Supervisión, cargo desde el que pasa a ser subgobernador del Banco de España, y es sustituido, entre 2009 y octubre de 2012, por Jerónimo Martínez Tello.

Si bien las reuniones citadas del CTC registran el nombre de los miembros participantes e invitados de diferentes áreas de la inspección en un acta con membrete de la Dirección General de Supervisión, las instrucciones que se imparten no llevan membrete alguno, pero sí el mismo encabezado en un recuadro:

Los criterios internos de la DGS no son interpretaciones oficiales del Banco de España, sino pautas acordadas para contribuir a una aplicación homogénea y consistente de las normas a que se sujetan las entidades supervisadas. En consecuencia, son posiciones que deben defenderse ante las entidades de crédito quedando prohibida, por tanto, i) su difusión a usuarios externos de la Dirección General de Supervisión, y ii) su entrega por escrito a las entidades, debiendo comunicarse a las mismas de forma oral.

Este disclaimer o exención de responsabilidad da fe de que la Dirección General de Supervisión no quería dejar rastros de sus «interpretaciones» fuera de la institución. Algunas de ellas, las referidas a normas contables, afectaban a otro departamento: la Dirección General de Regulación del Banco de España, responsable de crear y velar por las normas contables que debían cumplir bancos y cajas.

Instrucción de Comité de Dirección (CD) en plena crisis cuando tiene lugar un aumento espectacular de la morosidad en el sistema financiero español

Esta instrucción reservada, que no podía ser entregada a las entidades supervisadas, recomendaba a los inspectores del Banco de España rebajar/flexibilizar la interpretación de la normativa para evitar la calificación de dudosos de los préstamos al sufrir impago. Se estimulan las refinanciaciones y, en el camino, el incumplimiento de las normas del Banco de España. Un ejemplo de la «des-supervisión» dirigida desde la Dirección General de Supervisión.

Las reuniones relevantes de los CD y el CTC y las instrucciones de «flexibilización» contable tienen lugar en relación con la marcha de la crisis financiera internacional y sus efectos sobre España, que había experimentado en los años 2000 una gran expansión crediticia.

El 6 de noviembre de 2008, por ejemplo, bajo el mando de Aríztegui como director general de Supervisión, se imparten instrucciones a los inspectores sobre el caso de carteras de hipotecas adquiridas con descuentos significativos.

Uno de los criterios que transmite en este caso el CD es «considerar que el descuento obtenido en la adquisición es equivalente a una provisión aplicable a la cobertura de morosos que se vayan generando en la cartera comprada…».

Lo que es presentado como «interpretación» suponía un cambio radical respecto de la regulación vigente. Porque un ajuste por riesgo de crédito, es decir, la provisión para cubrir pérdidas, es mezclado con el precio pagado por la adquisición, que en caso de descuento, según interpretaba el CD, se transforma en una provisión futura para enjugar los morosos que emerjan en la citada cartera.

Con esta fórmula, un banco o caja que comprara una cartera de 100 por 70 podía lucir provisiones que no había dotado contra sus resultados por valor de 30. Estas provisiones ficticias podían ser posteriormente liberadas y dar beneficios o trasladarse a otros préstamos.

Respetando la ley, todos los activos deben registrarse por el precio entregado en la transacción que dio lugar a su adquisición. Este precio puede ser en dinero o mediante la entrega de otro activo (que debe ser objeto de valoración para identificar su «valor de mercado» al que la regulación suele referirse como fair value), al no ser en todos los casos (de hecho lo es un muy pocos) «observable», o puede serlo para activos «similares» pero no «idénticos». Por ejemplo, el precio de una vivienda en concreto.

Un activo puede ser adquirido de manera individual, formando parte de una cartera de activos similares, o en una operación corporativa, como por ejemplo cuando se compra un negocio, en cuyo caso se adquieren los activos del negocio y se asumen los pasivos.

A este último tipo de operaciones se le denomina «combinación de negocios» porque el negocio adquirido se «combina» con el negocio de quien lo adquiere. La combinación de negocios puede producirse, bien adquiriendo las acciones que representan el patrimonio del negocio adquirido, en cuyo caso el negocio adquirido se convierte en una sociedad filial (dependiente, subsidiaria, dominada) del adquirente (matriz, dominante), o bien desapareciendo el negocio adquirido y agregando los activos y pasivos de este a los de la adquirente, casos en los que se habla de «fusión» o «absorción».

Pues bien, de cualquier forma que se adquiera un activo (solo, en una cartera o en una combinación de negocios), rige el mismo criterio de registro: se registran por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio pagado en la transacción.

Esta regla está presente en toda la regulación contable (nacional e internacional) y además en el Código de Comercio (artículos 38 y 39).

Y este valor razonable es único, no es el resultado de una diferencia de pares de números. Entre otras cuestiones porque existen infinitos pares de números cuya diferencia es la misma. Así, si un bono de nominal 10.000 euros cotiza en el mercado al 75%, quien adquiere el bono debe registrarlo por 7.500 euros, que es el precio pagado, y no puede registrarlo por 10.000 euros como activo e imputarle una cifra correctora de 2.500.

Esto es así porque las cifras correctoras del valor de un activo son las que recogen el deterioro de valor que el activo ha tenido desde que se adquirió, lo cual debe haber sido reconocido como una pérdida en la cuenta de resultados de quien tenía el activo en el momento de evidenciarse el deterioro.

Al contabilizar las compras de activos no por el precio pagado (7.500) sino por diferencias, como por ejemplo el nominal (10.000) y su deterioro (2.500), se está falseando la imagen fiel de la entidad. Ello es así porque, además de mostrar una cobertura que jamás tuvo que hacer la entidad, se muestra otra que es exageradamente falsa.

Por tanto, la interpretación del CD resulta incompatible con el Código de Comercio, las normas contables europeas y la propia Circular 4/2004 del Banco de España.

Pero los inspectores no están para incordiar, según la idea asumida por el gobernador y aplicada por el subgobernador.

El 2 de febrero de 2017, al informar en el diario El País por primera vez sobre la existencia de un sistema paralelo de adaptación de las normas contables, solicité la versión del Banco de España.

Los criterios de los CD y los CTC y las instrucciones, dijo un portavoz de la entidad, «son interpretaciones de la Supervisión sobre las normas contables que buscan homogeneizar su aplicación, no su modificación».

¿Y por qué se prohíbe entregar por escrito estos criterios a las instituciones financieras?

«La instrucción de no entregar por escrito a las entidades estos criterios, el disclaimer, intenta evitar que los acreditados o clientes bancarios que pueden verse afectados por dichas posiciones puedan actuar contra el Banco de España o exigirle explicaciones como tal», explicó el portavoz.

Es decir, la cúpula del banco central se protegía.

La caída del banco de inversión y de servicios financieros globales Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, según hemos señalado, provocó, sumándose a la crisis que ya venía aflorando, la paralización del mercado interbancario internacional. La expansión crediticia en España dependía, en buena medida, de ese mercado. La tasa de paro comienza a escalar, según había advertido Aristóbulo de Juan a Fernández Ordóñez en octubre de 2007, y los préstamos hipotecarios ya no son devueltos.

El 10 de junio de 2009 —tres meses después de que Caja Castilla-La Mancha fuera rescatada para evitar su quiebra— la Dirección General de Supervisión (DGS) propone, a través del Comité de Dirección (CD) «flexibilizar la aplicación literal de la norma sobre refinanciaciones» de hipotecas con el objetivo de que los créditos continúen siendo calificados como normales, o subestándar (provisión del 10% o 15%), pero no como dudosos (provisión del 25% al 100%). Con ello se maquillan los morosos mostrados en balance y los resultados contables no sufren.

La crisis y la «comprensión» de la inspección permiten el florecimiento inmediato de un sistema de refinanciación masivo de hipotecas impulsado por la Supervisión. Con la recomendación del CTC, dictada desde la Supervisión del Banco de España, se trataba de frenar el impacto de estas refinanciaciones sobre los balances y los resultados de cajas y bancos.

Pero el coste no era irrelevante: vulnerar la regulación vigente sobre préstamos refinanciados, según la cual la sola prórroga, o alargamiento del plazo de un préstamo, no interrumpe su morosidad. Solo pueden hacerlo, según la Circular 4/2004, un plan realista de pago, la liquidación de todos los intereses vencidos y la aportación de nuevas garantías eficaces.

El Banco de España, pues, tenía dos caras ante la crisis: mientras se negaba ante el público y los mercados la crisis del sistema financiero como resultado de la expansión crediticia y el estallido de la burbuja, se adoptaban en el interior del Banco de España medidas de «flexibilización» de las normas vigentes a través de la benigna interpretación del CTC, siguiendo instrucciones de la Supervisión. Estas instrucciones suponían una confesión íntima de la magnitud de la crisis incubada delante de sus propios ojos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) resultaban burlados con este sistema sumergido de contabilización sobre la salud de bancos y cajas.

El 16 de junio de 2014, el presidente saliente de la CE, José Manuel Durão Barroso, con ocasión de una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, acusó al Banco de España de ocultar la verdadera situación:

El supervisor era el Banco de España. Le preguntábamos: ¿cómo están las cajas? Porque oímos que estaban mal. Pero la respuesta siempre era: todo perfecto. El Banco de España, que era el mejor banco central del mundo, tuvo errores muy importantes de supervisión.

Pero una parte de la realidad a que dio lugar la «regulación paralela» aflorará con los decretos del ministro de Economía, Luis de Guindos, de febrero y mayo de 2012, que exigieron un incremento de las provisiones del orden de los 60.000 millones de euros.

El Comité Técnico de Coordinación, precisamente, también abordó los decretos del ministro De Guindos. Quienes estaban obligados a hacerlos cumplir los cuestionaron.

En una reunión del CTC del 20 de diciembre de 2012, el acta no oculta la guerra entre el Ministerio de Economía y la Supervisión del Banco de España.

Acta de la reunión del Comité Técnico de Coordinación (CTC), organismo interno de la Dirección General de Supervisión (DGS), que refleja la contestación del Banco de España a los decretos Guindos, que exigían a las entidades financieras, en febrero y mayo de 2012, provisionar prácticamente la mayor parte del riesgo inmobiliario en un esfuerzo por aplacar la ofensiva de los mercados sobre la prima de riesgo del bono público español

Este cuestionamiento de la consistencia de los decretos impulsados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, revela que el Banco de España recibió la nueva política del Gobierno del Partido Popular como una acción hostil contra la institución. Cabe señalar que es el Ministerio de Economía quien tiene la potestad sobre las normas contables y que delega la misma en el Banco de España. De ahí la importancia de este desafío institucional en el acta del llamado Comité Técnico de Coordinación (CTC) del 20 de diciembre de 2012.

Dirección General de Supervisión

Madrid, 20 de diciembre de 2012

Nota de reunión

Comité Técnico de Coordinación

Asunto: reunión 7ª

Datos de la reunión

Fecha: 20 de diciembre de 2012

Asistentes: Miembros Invitados

Alberto Alonso de Linaje Javier Lobato

Margarita Delgado Fernando Pérez de Armiñán

Jorge Martínez Blanes

Juan Serrano

Javier Azcárate

Resumen de temas tratados

1. Informes de gestión servicio informático 2º y 3º trimestre 2012.

Se repasan los informes correspondientes al segundo y tercer trimestre del año, destacándose la finalización de los proyectos de mejoras de

SAD y la implantación de una herramienta para la evaluación del riesgo de tipo de interés (ALM-FOCUS), si bien en este último caso será necesario acometer diversas mejoras en un nuevo proyecto a desarrollar en 2013. Se comenta la marcha conforme a lo planificado del proyecto de reingeniería de la aplicación de seguimiento de consolidación y se explica que el retraso en la implantación de las funciones previstas en el proyecto de mejoras de SIGAS obedece al deseo de DGS de replantear de modo global la funcionalidad de ese sistema.

Finalmente se explica que DGS ha solicitado la inclusión en el plan de sistemas de 2013 de 4 proyectos: tratamiento de fondos de inversión en SAD que requerirá un acuerdo previo con la CNMV para que ese organismo ceda la información, adaptación de la herramienta de cálculo de provisiones (AEI) para permitir el funcionamiento con el formato de datos de entrada definido por la nueva CIR, diversas mejoras en SIGAS y mejoras en la herramienta de evaluación del riesgo de tipo de interés

2. Criterios de acceso a directorios red corporativa.

Se acuerda aprobar el procedimiento, propuesto por Planificación, para la definición y posterior revisión y actualización de las políticas de acceso a recursos electrónicos administrados por la DGS. Se acuerda asimismo que Planificación remitirá una propuesta de nueva organización de los directorios de la red Windows (disco X) administrados por DGS. Dicha propuesta incluirá no sólo la relación de directorios a utilizar sino la política de acceso a cada uno de ellos, se elaborará en cooperación con los departamentos y se someterá a la aprobación del CTC.

3. Inconsistencias provisiones reales decretos Guindos.

Se toma nota de las inconsistencias de los Reales Decretos Guindos: Provisión para riesgo normal sin garantía real 52% (dudosos 25% —en un año 100%— y subestándar 24%) y provisión para riesgo normal promoción curso en marcha 29% (subestándar 24%). Se explica que el proceso de elaboración de los RD Guindos fue acelerado, y que puede entenderse que las provisiones para riesgo normal aspiran a constituir una específica — genérica globalmente aceptable. No hubo entonces una reflexión específica en el caso de las operaciones sin garantía real (el foco estaba puesto en el riesgo hipotecario) y se fue consciente de la pequeña inconsistencia de las promociones en curso en marcha, considerándose que no había tal si consideramos el conjunto de la promoción en curso. Además, en el Informe sobre provisiones remitido a la troika no se ha pedido subsanar esta materia.

4. Provisión para subestándar del 15%.

En relación con las dudas sobre la implementación de determinadas normas contables en la aplicación informática de conciliación contable y cálculo de provisiones se acuerda ratificar el criterio ya aprobado por el CTC el 28-10-2009 en relación con la provisión para riesgos calificados como subestándar, de modo que la citada aplicación informática calculará un porcentaje mínimo de provisión del 15 % para esas operaciones, considerando que esa provisión podrá ser menor en acreditados calificados por la propia entidad como subestándar siempre que esa menor necesidad se justifique adecuadamente al equipo inspector.

5. Implicaciones de la aprobación provisional de la Guía para la elaboración de la matriz de riesgos.

Ante las dudas surgidas, se recuerdan los criterios del CTC nº 6 de 18.6.2012: la Guía está aprobada por el CTC, con carácter provisional, se aplicará por primera vez con el IAC de 2012, se revisará con el rodaje, y se someterá después a aprobación por la CE y publicará en la web externa. Los equipos remitirán a STRI sus sugerencias derivadas de la experiencia. Planificación remitirá un correo a todo el personal informando.

6. Consideración de Iberdrola como asociada por la Kutxa.

Dado que no se cumple el porcentaje mínimo del 10% (criterios internos CTC nº 33), e l CTC propondrá al Comité de Dirección la reconsideración de esta decisión, a la vista de las demás circunstancias que concurren.

7. Aportación de adjudicados a sociedad gestora a cambio de préstamo participativo.

A efectos de valoración, el efecto patrimonial debe ser el mismo que si mantuvieran los activos en balance, en la medida en que los riesgos del préstamo participativo estén asociados a los de los activos aportados.

En cuanto a la clasificación contable, aunque es un tema dudoso, podría considerarse defendible mantener el préstamo clasificado como activos adjudicados, entendiendo que por no transferirse los riesgos y beneficios no se cumplen los criterios de baja de balance. Aunque hubo una interpretación de IIFF que amparaba este criterio, el CTC considera que sería mutatis mutandis aplicable también a la aportación de activos a cambio de acciones. Se es consciente de que no es el tratamiento seguido mayoritariamente, por lo que se considera razonable no proponerlo como regla general (sin objetarlo tampoco en casos poco significativos).

8. Ley 9/2012 (resolución). Facultades del BE y propuesta de delegaciones.

Se presenta un cuadro resumen de facultades del Banco de España en la nueva Ley 9/2012, Dirección General competente a la vista de sus respectivos ámbitos de actuación, y propuesta de delegaciones. Los Departamentos y Planificación revisarán la propuesta y remitirán a STRI su conformidad o comentarios antes del 15 de enero.

9. Medida 25 del Memorándum (gestión de activos problemáticos).

Tras las cartas remitidas, en el Plan de actuaciones de 2013 se incluirá en cada entidad de las requeridas un seguimiento especial de revisión de los informes de la auditoría interna solicitados, así como una actuación de inspección in situ en 3 entidades, que se seleccionarán a la vista de la revisión de los informes recibidos. Además, se designará una persona de cada departamento para centralizar estas actuaciones, bajo la coordinación de un Jefe de Grupo (Fernando Pérez de Armiñán)

10. Cuestiones sobre la implantación práctica de la Ley 8/2012.

Se presenta el documento de criterios recopilados o propuestos. Los miembros del CTC enviarán comentarios a STRI hasta el 15 de enero, antes de darlo por definitivo.

11. Segregación de cláusulas contractuales de suelo (floors) en carteras de préstamos hipotecarios.

Se aprueba documento resumen sobre tratamiento de estas cláusulas en el marco de procesos de integración, teniendo en cuenta los criterios fijados con anterioridad y el punto de vista expresado por la CNMV.

12. Operaciones dudosas con garantías de aval del sector público, CESCE o SGR.

Se acuerda ratificar la implementación actual del cálculo del factor arrastre titular en operaciones fallidas en el sentido de que el numerador de dicho factor puede, en estas operaciones, incluir la totalidad de los saldos.

Modificar la citada aplicación informática, en relación con el cálculo de la provisión correspondiente a operaciones dudosas con garantías del tipo aval del sector público, aval de CESCE o aval de SGR que no cubren el 100% del riesgo, para que el tratamiento de esas garantías sea análogo al de las garantías pignoraticias parciales, y, por tanto, calcular la dotación precisa sólo por la parte no cubierta por la garantía.

13. Recomendación de la EBA sobre recapitalización.

Se enviarán comentarios a STRI antes del 28 de diciembre.

«Se toma nota de las inconsistencias de los reales decretos Guindos», registra la nota. «El proceso de elaboración de los reales decretos Guindos fue acelerado». «Además, en el informe sobre provisiones remitido a la troika no se ha pedido subsanar esta materia.»

La «inconsistencia» se refiere a que se obligaba a dotar los riesgos de préstamos inmobiliarios normales hasta el 45%, cuando habitualmente no requieren dotación. Los decretos reflejaban la desconfianza De Guindos en la Supervisión del Banco de España.

La Dirección General de Supervisión del Banco de España confió en que con el maquillaje contable se podría ganar tiempo ocultando a los mercados los graves problemas que sufrían sobre todo las cajas de ahorros. Con ello, se retrasaron las acciones y se agravaron aún más los problemas.

SEGUNDA PARTE
¡NO SON SOLO LAS CAJAS, ESTÚPIDO!

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CAIXABANK: BANCA CÍVICA Y BANCO DE VALENCIA

Marzo de 2012. Las cajas de ahorros que habían creado el SIP denominado Banca Cívica (Navarra, General de Canarias, Burgos, Cajasol) acuerdan integrarse en Caixabank, el banco surgido en junio de 2011 tras la transformación del holding industrial Criteria en banco, con motivo de la reorganización de La Caixa. La nueva estructura supone que La Caixa controla la actividad financiera a través del banco, Caixabank; la cartera industrial (Repsol, Telefónica y otras empresas) a través de Caixaholding, y la cartera de activos adjudicados que de esta forma se aislaban del nuevo banco.

El 3 de agosto de 2012 se formalizaba la toma de control de Banca Cívica por Caixabank y la absorción de aquella por esta. El patrimonio de Banca Cívica ascendía a 2.156 millones de euros, representado por algo más de 497 millones de acciones. Caixabank entregaba, a cambio del patrimonio de Banca Cívica, acciones procedentes de su autocartera y de nueva emisión por un valor de 778 millones de euros.

El hecho relevante: la operación generaba un fondo de comercio (activo intangible que resulta de la absorción o fusión de una empresa a un precio superior al valor contable de la misma) de 1.320 millones de euros.

Dicho de otra forma, Banca Cívica, un grupo supuestamente saneado que acababa de salir a Bolsa el 21 de julio de 2011, aportaba un patrimonio contable de 2.156 millones de euros.

¿Qué significaba esto? Que en términos de valor de mercado Banca Cívica no valía nada, con un patrimonio negativo de 564 millones de euros. Y aun así se pagaron 778 millones en acciones de Caixabank.

¿Cómo se puede explicar que Banca Cívica tuviese un valor patrimonial negativo si todos sus activos (básicamente préstamos por 57.000 millones) habían sido adquiridos a las cuatro cajas de ahorros citadas el 1 de enero de 2011 y pagados a precio de mercado de esa fecha?

¿Podía producirse en apenas un año un deterioro de tal magnitud que se había comido todo su patrimonio? ¿Cómo se explica que una cartera de préstamos que el 1 de enero de 2011 valía 57.000 millones y en diciembre de 2011 50.000 millones se venda seis meses después (junto con el resto de activos y pasivos) por 47.000 millones a Caixabank? ¿Cómo se entiende que, si esa cartera de préstamos tenía provisiones acumuladas por riesgo de crédito de 2.958 millones a final de 2011, resulta que Caixabank dice que son 6.105 millones?

¿Qué ocurrió?

Era el mecanismo para mostrar unos niveles de cobertura de los préstamos por 11.995 millones de euros. Y más de la mitad de esas pretendidas provisiones nunca pasaron por la cuenta de resultados.

Los inspectores-peritos Busquets y Sánchez habían abierto la caja de Pandora en sus respectivos informes periciales, según hemos podido ver.

Sí, señoras y señores, respetable público, venía a decir el mago al sacar el conejo de la chistera: he aquí las pepas. Unas provisiones específicas pendientes de asignar, casi la mitad generadas en este caso en la adquisición de Banca Cívica al corregir por 2.586 millones creando con ello un fondo de comercio de 1.340 millones.

BANCO DE VALENCIA: BFA-BANKIA SE APARTA

El Banco de Valencia (BdeV) era un banco pequeño. Fue creado en 1900. Formó parte del Grupo Banco Central hasta 1994, año en que este vendió su participación a Bancaja. Tras la integración de Bancaja en Banco Financiero y de Ahorros (2010) y la segregación de activos y pasivos desde las siete cajas a BFA, primero, y desde este a Bankia el 1 de enero de 2011, la participación del Banco de Valencia quedó en los libros de BFA. En ese momento, la participación de BFA en el Banco de Valencia era del 38,4 %. Si bien jurídicamente dicho porcentaje de participación no suponía el control, la verdad es que, si se tiene en cuenta la atomización del resto de los accionistas y el control de facto de sus órganos de administración y quiénes eran sus principales ejecutivos económicamente, era indudable que en el Banco de Valencia quien mandaba era BFA-Bankia.

De hecho, el banco fue consolidado por el Grupo BFA tanto en diciembre de 2010 (primeros estados financieros del Grupo BFA), como en marzo y junio de 2011.

Pero he aquí que, misteriosamente, sin razón, el 1 de octubre de 2011, la participación de BFA en el Banco de Valencia fue calificada como «participación financiera», es decir, una participación fuera del grupo, externa, sin que en esa fecha hubiera formulación de cuentas.

El Banco de Valencia se iba a pique. Los inspectores habían detectado innumerables irregularidades y la Comisión Ejecutiva del Banco de España estaba friendo a requerimientos a la entidad. Lo primero, pues, que hizo el Grupo BFA-Bankia, cuando la proa empezó a enfilar hacia el fondo, fue romper amarras con el Banco de Valencia.

He aquí el relato del inspector-perito Antonio Busquets:

Con efectos 1.10.2011, BFA reclasificó su participación en Banco de Valencia (BdV) «Activo no corriente en venta», no incluyéndose, por tanto, en el perímetro de consolidación del Grupo BFA, mediante decisión adoptada por el Presidente Ejecutivo. Dicha reclasificación, desde un punto de vista contable, no cumple con lo indicado en la Norma 34.ª de la Circular 4/2004 del Banco de España. Desde un punto de vista de gobierno corporativo, la forma de adoptar la decisión de excluir de consolidar, después de 17 años, al BdV fue contraria a los Estatutos de BFA y al Reglamento del Consejo de Administración de BFA, ya que se trata de un «asunto de particular trascendencia», cuya decisión debe adoptarse en el seno del Consejo de Administración, dados los efectos contables y reputacionales que conlleva. Contablemente, la desconsolidación, que conlleva la reclasificación, suponía para el Grupo BFA no solo un cambio valorativo, sino, también, no integrar las pérdidas en que incurría el BdV una vez contabilizados los saneamientos y déficits pendientes a 30.09.2011.

Desde un punto de vista reputacional, la desconsolidación suponía proyectar al mercado que, ante una dificultad significativa de una entidad filial-dependiente desde el año 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody’s dos meses después de la intervención. Las actas de los Consejos de Administración de Bankia y de BFA relativas a BdV de 7 y 21 de noviembre de 2011 no traslucen preocupación alguna por la intervención del BdV, por cuanto parece que Bankia consideraba el problema fuera de su competencia, puesto que BdV no dependía de ella, sino de su matriz. La intervención del BdV descompuso las relaciones entre los representantes de Bancaja y las seis restantes cajas (especialmente Caja Madrid), iniciándose los trámites para reducir la participación de Bancaja en BFA, alegando que habían sido «engañados» en la valoración del BdV. Lo que desencadenó, en parte, las dimisiones de los señores D. Domingo Parra y D. José Luis Olivas.

Busquets añade múltiples detalles más:

En las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 de Bancaja Inversiones, S. A. (BISA), formuladas el 21 de marzo de 2012 por un nuevo Consejo de Administración donde están presentes los señores: D. Manuel Lagares, D. Ildefonso Sánchez Barcoj, D. Sergio Dura, D. Carlos Stilianopoulos, D. Manuel Galarza, D. Fernando Manzanedo, entre otros, procedentes del Grupo BFA-Bankia, exponen en el apartado 6 de las cuentas anuales «Activos no corrientes mantenidos para la venta» que «durante el ejercicio 2011, la Sociedad, tras examinar y considerar determinados hechos o circunstancias (la capacidad práctica de gestión sobre BdV, así como la vocación inversora y la estrategia del Grupo BFA) que afectaban al ejercicio de los derechos políticos, al margen de la intención de ejercerlos y la capacidad para llevarlo a cabo, procedió a reclasificar la participación en BdV, S. A. al epígrafe «Activos no corrientes mantenidos para la venta» y, por tanto, dicha entidad quedó fuera del grupo de consolidación en los términos que se definen en el Código de Comercio, calificándose así como una participación financiera disponible para la venta».

En las citadas cuentas anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2011 y formuladas por el Consejo de Administración de esta última el día 21 de marzo de 2012, Bancaja Inversiones, S. A. (BISA) obtiene unas pérdidas de 1.634,33 millones de euros frente a unas ganancias en el ejercicio 2010 de 133,6 millones de euros, este incremento de las pérdidas en más de 1.767,93 millones de euros se debe, fundamentalmente, a la corrección por deterioro de los «Instrumentos Financieros» en el apartado 5 de la memoria por importe de 1.751,79 millones de euros, correspondiente al saneamiento de la participación en el BdV.

Ni el informe de gestión que se acompañó al Consejo de Administración de BFA el 21 de noviembre de 2011, ni la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 de BISA, ni la contestación dada por el Grupo BFA-Bankia con fecha 9 de mayo de 2014, explican qué hechos o circunstancias han cambiado o han variado entre el momento del control sobrevenido de BFA sobre BdV y el indicado 1 de octubre, así:

— No hay cuestiones significativas para que se permita afirmar que ha variado la capacidad práctica de gestión, tales como planes estratégicos aprobados por el Consejo de Administración del BdV, que hubiesen permitido variar o cambiar la estrategia del Grupo BFA-Bankia con respecto al BdV.

— Tampoco hay circunstancias que permitan concluir que ha habido variaciones en la vocación inversora del Grupo BFA-Bankia sobre BdV, dado que entre el hecho relevante publicado el 21 de febrero de 2011 de «intención de mantener la participación y ejercer sus derechos políticos en BdV» y el 1 de octubre de 2011 no consta ninguna decisión adoptada por órgano competente que manifieste una intención diferente.

Por ello, esa reclasificación contable y su consecuente desconsolidación es contraria a la norma 34.ª de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre del Banco de España. Desde un punto de vista de gobierno corporativo, ver el apartado anterior 2.4).

Es que todo el proceso se había caracterizado por la falta de transparencia, cuando no de manipulación. La «reclasificación» del 1 de octubre es el pistoletazo de salida. El 7 de octubre, el consejero delegado, Domingo Parra Soria, presentaba su dimisión, siendo sustituido por Aurelio Izquierdo.

El cerco sobre el presidente del Banco de Valencia se estrecha. Pero es que José Luis Olivas es también vicepresidente ejecutivo de Bankia y vicepresidente de la matriz, BFA.

El 28 de octubre, Olivas dimite de la presidencia del Banco de Valencia. Lo hace aparentemente sin consultar con el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y precipita una decisión ante lo que ya es la crónica de una bancarrota anunciada: el Banco de España está por enviar al Banco de Valencia un requerimiento sobre incumplimientos del consejo de administración que encabeza Olivas.

El director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, escribe al flamante presidente Izquierdo el 31 de octubre:

Estamos a la espera de recibir en muy pocos días un plan realista donde se fijen las medidas necesarias para recomponer la situación del Banco de Valencia y el apoyo que a dicho Plan prestará BFA-Bankia, y te pedimos el máximo esfuerzo para evitar demoras en su entrega.

El nuevo presidente responde a Martínez Tello una semana más tarde, el 7 de noviembre:

Acabamos de realizar en Banco de Valencia, con conocimiento de BFA y con el apoyo de PricewaterhouseCoopers, un diagnóstico de la situación de Banco de Valencia, que hemos hecho seguir al equipo de inspección de Banco de España. Este diagnóstico no hace más que incidir en la situación de dificultad de Banco de Valencia y en su nula viabilidad como Entidad independiente en su gestión, siendo necesario abordar un importante proceso de recapitalización, que no podrá abordar por sí solo y que necesitará, sin duda, la implicación de BFA, tanto en su diseño como en su ejecución.

Busquets apunta:

Por tanto, el nuevo Presidente y Consejero Delegado de BdV indica como idea fundamental que Banco de Valencia era inviable fuera del ámbito protector del Grupo BFA-Bankia, consecuencia de los ajustes y saneamientos pendientes de anotar contablemente en los estados contables de BdV.

Y el mismo día 7, el BdV se dirige a la CNMV:

Que ante el proceso de culminación de inspección ordinario que actualmente mantiene abierto el Banco de España, no siendo posible determinar en estos momentos las necesidades de recapitalización y/o saneamiento requeridas como resultado de dicha inspección.

La CNMV, pues, decide inmediatamente suspender la cotización de los títulos del BdV.

El 10 de noviembre, la Comisión Ejecutiva del Banco de España envía al banco un escrito con cuatro requerimientos sobre el deterioro que presenta la cartera crediticia y los riesgos inmobiliarios. Y le conmina a que elabore

un plan creíble para la recomposición de su situación económica, patrimonial y financiera no más tarde del 30 de noviembre de 2011, y si antes del día 30 la situación del BdV sufriera un agravamiento que pudiera poner en peligro su viabilidad y determinase la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración, el Presidente del banco debería informar de ello, con carácter inmediato, al Banco de España, presentando simultáneamente el Plan.

El 21 de noviembre de 2011, es decir, al día siguiente de las elecciones generales del día 20, el consejo de administración del Banco de Valencia escribe al Banco de España. Manifiesta la imposibilidad de encontrar una solución viable para su situación y solicita expresamente que se proceda a acordar el inicio del proceso de reestructuración ordenada del BdV, con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La Comisión Ejecutiva acuerda la intervención y decreta que a partir de ese momento el FROB administrará provisionalmente el banco, y con ese objetivo la Comisión Rectora del FROB acuerda suscribir capital del banco por un importe de hasta 1.000 millones de euros y otorgarle una línea de crédito de hasta 2.000 millones de euros.

Pero ahora se verá, este mismo 21 de noviembre, el porqué de la decisión «estratégica» del 1 de octubre de romper amarras.

Como señalaba Busquets:

Si BFA no hubiera reclasificado su participación en BdV a activo no corriente en venta y no hubiera desconsolidado el BdV en el cierre de octubre de 2011, tendría que haber integrado las pérdidas en su caso, que posteriormente recogieron los Administradores provisionales del BdV (FROB) a fecha de 30 de septiembre de 2011.

Así, el Grupo BFA-Bankia, a través de un hecho relevante publicado por BFA el 21 de noviembre considera, su participación en el BdV como un «activo no corriente en venta».

El hecho relevante indica expresamente:

… [en] relación con la decisión del Banco de España de intervenir el Banco de Valencia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) informa de los siguientes puntos:

— BFA ostenta una participación financiera del 27,3 % en Banco de Valencia a través de su participación del 69,98 % en Bancaja Inversiones, S. A.

— De acuerdo a la información actualmente disponible, esta circunstancia no tendrá un impacto significativo en la solvencia del grupo BFA.

El mismo 21 de noviembre, Olivas renuncia como vicepresidente único para participadas y consejero de Bankia, y como vicepresidente y consejero del Banco Financiero y de Ahorros.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España intervenía el BdV. Se había aguantado todo lo que se podía.

El 21, el Banco de España difundió el comunicado. En lugar de anunciar la intervención, se daba la vuelta a la historia. He aquí la manera de disimular el desastre. Porque la caída de un banco, por más pequeño que fuese, desmentía la versión oficial de la crisis; a saber: que el problema en realidad era de las malditas cajas de ahorros, las manzanas podridas. He aquí la información:

EL BANCO DE ESPAÑA SUSTITUYE A LOS ADMINISTRADORES DEL BANCO DE VALENCIA, A PETICIÓN DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A petición del Consejo de Administración del Banco de Valencia, el Banco de España ha acordado hoy la sustitución de los administradores del banco por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 9/2009.

A partir de la publicación de esta decisión en el Boletín Oficial del Estado, el FROB administrará el Banco de Valencia con el objetivo de estabilizarlo y recapitalizarlo y así hacer posible una posterior enajenación a otra entidad mediante un proceso competitivo.

Con esta finalidad, la Comisión Rectora del FROB ha acordado hoy suscribir capital del banco por un importe de hasta 1.000 millones de euros y otorgarle una línea de crédito de 2.000 millones de euros para asegurar su liquidez.

La decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España se produce después de haber evaluado la situación financiera-patrimonial del Banco de Valencia y haber constatado que no ha podido adoptar las medidas adecuadas para asegurar su viabilidad. Por este motivo, el Banco de España remitió recientemente un escrito requiriendo a los administradores del Banco de Valencia una solución urgente y definitiva para su situación. El Consejo de esta entidad ha manifestado hoy formalmente al Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable de futuro para la entidad y ha solicitado la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD-Ley 9/2009.

Los depositantes y acreedores pueden estar absolutamente tranquilos ya que las decisiones adoptadas hoy garantizan que Banco de Valencia podrá seguir operando con normalidad y cumplirá con todas sus obligaciones frente a terceros.

El peso del Banco de Valencia en el sistema bancario español es del 0,74 % del total de los activos.

El cuento, pues, era que los administradores del Banco de Valencia habían comunicado al Banco de España, la mañana del 21 de noviembre, mientras los ciudadanos digerían la espectacular derrota electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales a manos del Partido Popular, que ya no podían seguir adelante.

En diciembre de 2011, el FROB procede a sanear el balance del banco. Contabiliza pérdidas por 1.393 millones en la cartera de préstamos, lo que llevaba las pérdidas antes de impuestos a 1.246 millones. Esas pérdidas consumían todo su patrimonio (de 1.236 millones en 2010 a 353 millones en 2011). Porque el decreto que el nuevo Gobierno aprobaba en febrero de 2012, el Guindos I, le iba a suponer el registro de 823 millones de pérdidas adicionales para 2012.

El Banco de Valencia necesitaría 470 millones (353 millones menos los 823 millones de pérdidas adicionales) para salvar su patrimonio.

Ahora bien, en 2012 el saneamiento y la capitalización fueron muy superiores a lo previsto. El FROB volvió a inyectar 5.500 millones de capital en el Banco de Valencia y este contabilizó nuevas pérdidas, pero esta vez de 2.363 millones, de manera que el resultado del año 2012 antes de impuestos cayó hasta 3.100 millones, dejando el patrimonio en 2.240 millones a finales de 2012. Además, el 28 de diciembre de 2012 se producía la venta obligatoria a SAREB, el banco malo, de 5.019 millones de activos inmobiliarios a un precio de 1.962 millones, que fueron liquidados con bonos por ese importe avalados por el Estado.

A partir de esa fecha, el FROB, una vez saneado, entregaría el control del Banco de Valencia a La Caixa.

La Caixa absorbió el 19 de julio de 2013 el Banco de Valencia, tras su abandono por BFA y la toma de control y posterior saneamiento con dinero público por el FROB. Para su saneamiento, el FROB tuvo que inyectar y perder un total de 5.498 millones de euros.

La cifra era muy significativa porque se trataba de una entidad de escaso tamaño con apenas 17.000 millones de préstamos en 2011, saneados con su patrimonio de casi 1.500 millones.

Tras ello, el FROB vendió el Banco de Valencia a La Caixa por un euro. Pero, sorpresa, sorpresa, el mago volverá a sacar otro conejo.

La Caixa registraba en sus cuentas de 2013 que el patrimonio neto del Banco de Valencia, tras ser saneado por el FROB, era de 2.289 millones de euros positivos, por los que solo había pagado el módico precio de un euro. Y, claro, por ello se registró una ganancia por ese mismo importe y el mismo año de la compra.

Eso permitió a La Caixa hacer provisiones —que salieron de la cartera de préstamos de la propia Caixa—, lo que a su vez llevó el resultado del ejercicio de 2013 a unos beneficios de 894 millones, en lugar de 1.395 millones de pérdidas.

Pero esta operación sería todavía más pródiga. La Caixa recibió, por el esfuerzo de adquirir el Banco de Valencia a un euro, una protección pública (Esquema de Protección de Activos, EPA) otorgada por el FROB de la cartera de préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes) —ya saneada, dicho sea de paso, por el FROB—, que cubría el 72,5 % de los impagos futuros. Por esta garantía estatal, La Caixa no pagó nada y, como obviamente esa cobertura tenía un valor económico, La Caixa se apuntó a cuenta de ella, sin pérdida de tiempo, una ganancia de 1.203 millones en el mismo ejercicio de 2013 (la contrapartida fue un activo frente al FROB).

Y como no hay dos sin tres, los créditos fiscales por las pérdidas del Banco de Valencia los heredó naturalmente La Caixa: 4.985 millones. Hay que computar también los 1.962 millones de bonos de SAREB avalados por el Estado, a cambio de préstamos y activos inmobiliarios traspasados a un precio superior al de mercado.

En definitiva, Banco de Valencia recibió ayuda financiera del Estado por 13.750 millones de euros (5.498 + 1.395 + 4.985 + 1.962), de la que La Caixa se benefició en 2013, el mismo año de la compra, en 3.693 millones (2.298 + 1.395) y en 4.985 millones (los créditos fiscales) de forma diferida. Y esta ingeniería a cambio de un euro.

El mecanismo utilizado era perfecto. La Caixa salvaba el Banco de Valencia y a través de la operación se capitalizaba con dinero público.

La ingeniería utilizada permitió a La Caixa hacer provisiones de su cartera de préstamos sin esfuerzo. Y, claro, lucir en 2013 unos beneficios de 894 millones de euros que, en caso contrario, hubiesen ascendido a 1.395 millones de pérdidas.

Y aquí paz y después gloria.

7
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM): LA «NIÑA» DE LUIS DE GUINDOS

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) había sido el producto de la fusión en 1990 de varias cajas de ahorros de la Comunidad Valenciana. Tras iniciarse el nuevo siglo, la CAM comenzó un proceso de expansión crediticia que, al no contar con suficiente base de depósitos, la volcó en brazos de financiación en el mercado interbancario: CAM contaba entre sus relevantes asesores con Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la definición de políticas y riesgos, hasta el punto que dicha entidad llegó a ser su consultor de referencia en su Comité de Activos y Pasivos.

La colosal expansión de la CAM, que evoca a la carrera de las cajas de ahorros de Estados Unidos de las que ya hemos dado cuenta —las savings and loan associations—, llegó a adquirir tal aceleración que ya en 2005 los equipos de inspección del Banco de España identificaban un volumen especulativo de préstamos a promotores con garantía de suelos aún no urbanizables superior a su cifra de recursos propios.

La «dulcificación» de los informes de los inspectores —conclusión posterior del IGAE, en el caso de Bankia— ponía sordina a las alarmas. Jordi Palafox, catedrático de Economía y consejero de la CAM, consideró el proceso por el cual se silenciaron los hallazgos como una de las causas del colapso. Según dejó constancia en el diario El País el 31 de julio de 2011, el tándem «intervención política y la falta de supervisión» resultó fatal.

Y llegamos a trancas y barrancas a julio de 2008. Con la crisis in crescendo en Estados Unidos, la CAM trata de reforzar su solvencia emitiendo por primera vez en la historia de las cajas de ahorros españolas «cuotas participativas». En diez años ninguna entidad había hecho una incursión en este producto, introducido a través de una disposición adicional, la duodécima, que modificó en 1988 la Ley de Entidades de Crédito.

Y, ahora, en medio de la crisis financiera, con los bancos de inversión y negocios de Estados Unidos situándose en el centro del escenario internacional desde 2007, la CAM se lanza a la aventura con asesoramiento nuevamente de AFI y con el sello de una compañía global de servicios financieros: Lehman Brothers.

En aquellos días ya se acumulaban desde hacía un año algo más que ciertos síntomas de la crisis que se incubaba. El 9 de agosto de 2007 el banco BNP Paribas canceló la actividad de tres fondos con un argumento tan sencillo como terrorífico: carecía de capacidad para valorar los activos que comercializaban, los ya célebres CDO, que tanto entusiasmo habían concitado en el discurso del gobernador Fernández Ordóñez hacía pocos meses. El 14 de septiembre de 2007 caía el banco hipotecario británico Northern Rock, la primera corrida bancaria en ciento cincuenta años, y el 14 de marzo de 2008 el banco de negocios norteamericano Bear Stearns se convertía en la mayor baja de la crisis en curso. La economía norteamericana, a su vez, entraba en recesión. El 17 de febrero de 2008, finalmente, el Gobierno británico nacionalizaba el Northern Rock. Y el 22 de mayo de 2008, dos días antes del lanzamiento del producto «cuotas participativas de la CAM» ante una multitudinaria asamblea de empleados, la Unión de Bancos Suizos (UBS), uno de los más afectados por la contracción del crédito internacional, lanzaba una emisión de derechos para cubrir una parte de los 37.000 millones de pérdidas en productos vinculados a deuda hipotecaria norteamericana.

Luis de Guindos, exsecretario de Economía en la época dorada de Rodrigo Rato como vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, llevaba más de dos años, desde abril de 2006, en el puesto de presidente ejecutivo de Lehman Brothers para España y Portugal, cuando consigue vender el proyecto de emitir cuotas participativas a la CAM.

La salida a Bolsa de estas cuotas queda a cargo de Lehman Brothers International (Europe), que actúa como coordinador global y bookrunner —colocador de las cuotas—. Y, además, se ocupará de estabilizar la cotización —el llamado green shoe—, a través de la firma de valores MB. También se le confiere el título de bookrunner, entidad directora y colocadora para el «tramo de inversores cualificados».

En el tramo de inversores cualificados también entran como entidades colocadoras la sociedad de valores Ahorro Corporación Financiera, S. V., del grupo Ahorro Corporación Financiera, propietaria del 50% de AFI, y Gesamed, sociedad de valores propiedad de la CAM. En los tramos minorista y empleados, la entidad directora y colocadora es la propia CAM.

Es un contrato importante para Lehman: 2 millones de euros.

La comisión de praecipium —la parte de la comisión total pagada por la CAM que retiene para sí el jefe de fila, Lehman, después de entregar las correspondientes comisiones de participación a los demás miembros de la operación— es de 1,1 millón de euros, más otros 375.000 euros en concepto de comisión de asesoramiento y una comisión de colocación de 500.000 euros. Ahorro Corporación percibe 500.000 euros como co-colocador en el tramo de inversores cualificados. Gesamed, la sociedad de valores de la CAM, no cobra comisión de colocación por su actividad entre inversores cualificados y empleados.

El informe económico para el folleto de emisión se encargó a PricewaterhouseCoopers (PwC), auditora y consultora que valoró el patrimonio de la CAM en una banda de entre 3.600 y 4.500 millones de euros.

La operación fue concebida a la americana, esto es, con el punto de partida de un show dirigido a los empleados de la CAM para crear el «espíritu de colocación», con el fin de levantar la moral de la tropa en unos momentos financieros difíciles en los mercados. La idea era vender que la CAM era la primera caja que emitía cuotas participativas desde que era posible hacerlo, esto es, 1988.

El 24 de mayo de 2008, a un mes de la previsible aprobación del folleto por parte de la CNMV, se reserva el recinto de la Institución Ferial Alicantina (IFA), situado en la N-340, entre Elche y Alicante, para congregar a los empleados. Las estrellas invitadas son Luis de Guindos, presidente ejecutivo de Lehman, y el economista Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Ambos protagonizarán un diálogo con la periodista Marta Fernández, presentadora de los informativos de mediodía de la cadena Telecinco, quien los convoca a subir al escenario.

—Dos de los mejores especialistas de nuestro país de cuotas participativas, que además son los directores de esta primera emisión de cuotas de Caja del Mediterráneo. Son Luis de Guindos, presidente de Lehman Brothers España, y Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales.

De Guindos explica:

—Las cuotas participativas no tienen derechos políticos pero en todo lo demás son exactamente lo mismo [que las acciones] es decir, en estos momentos son el recurso más valorado por los mercados financieros…

La periodista se dirige a Ontiveros:

—Al no tener derechos políticos [el inversor] se convierte en un rentista de riesgo.

—No, no. Te conviertes en un partícipe en esos excedentes o resultados que tiene la caja. Un rentista es aquel que cobra un cupón, que recorta un cupón, cada trimestre, constante, y lo que hemos visto aquí es que los rendimientos de esta empresa financiera que es Caja del Mediterráneo son crecientes. Yo diría que es el paso que les faltaba a las cajas de ahorros para hablarle de tú a la aristocracia bancaria. El paso que les faltaba a las cajas de ahorros para que los que somos clientes no solo obtengamos la rentabilidad propia de un rentista, sino la derivada de participar en una historia de éxito como es la Caja del Mediterráneo. El éxito que tienen las cuotas participativas es mirar muy de frente a los clientes, mirar también a los inversores institucionales, mirar desde luego a quienes trabajan en la propia entidad y empezar a rodar lo que es, en definitiva, la participación en esos buenos resultados, en este caso de Caja del Mediterráneo. Sin correr el riesgo, por así decirlo, de que buenas decisiones de inversión adoptadas a la hora de invertir en participadas acaben diluidas, excluyentes. Sería un error creer que emitir cuotas participativas es antagónico a dar entrada en el capital de las participadas. Yo creo que la alternativa socialmente más inteligente, y al mismo tiempo más homologable a lo que son las entidades financieras más avanzadas del mundo, era la emisión de cuotas participativas.

Marta Fernández se dirige ahora a De Guindos:

—¿Cómo comparas a la CAM con otras compañías en las que Lehman Brothers ha intervenido en la oferta pública de acciones?

—Yo creo que, cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo. Es la primera vez que una caja de ahorros en España —aquí en España las cajas de ahorros son importantes, más del 50 % del sistema bancario español, que es un sistema bancario muy desarrollado, muy eficiente, de los mejores del mundo— emite cuotas participativas. Yo creo que eso es importantísimo para Caja de Ahorros del Mediterráneo y para el conjunto de las cajas de España. Creo que también es importantísimo para el sistema bancario de nuestro país, y que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española. Por eso, yo creo que todos los que participamos, y fundamentalmente los que participan son los empleados de la caja, estamos haciendo historia económica, historia económica que quedará en los libros de texto, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, en las universidades, porque efectivamente por primera vez se va a dar a terceros la posibilidad de participar en una operación, en la que hasta ahora, desde el punto de vista de lo que fue la historia de la constitución de las diferentes cajas de ahorros, no tenían posibilidad de participar…

¿Alguna duda en unos momentos de crisis que ya se han desplegado en mercados de Estados Unidos y la Unión Europea desde hace más de un año?

No. De Guindos ya sabe lo que va a pasar: «Es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».

—Yo le diría a todo el equipo de ventas de la CAM: tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para distinguiros de todos vuestros competidores. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, efectivamente surgen las oportunidades y vais a poder alcanzar un número mayor de clientes de lo que están haciendo vuestros competidores.

Con todo, aunque De Guindos y Ontiveros hacían un esfuerzo por atribuir a los mercados una preferencia especial por las cuotas participativas, la realidad es que dos años antes, concluido en mayo de 2006 y publicado en junio, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las cajas de ahorro españolas desaconsejaba el producto.

Según apuntaba el FMI en su nota técnica sobre Regulación, Supervisión y Gobernanza de las Cajas Españolas, preparado por los economistas Mario Catalán y Marina Moretti, este instrumento «es mucho menos eficaz para resolver una situación de dificultades financieras, en la que se necesita una fuerte y rápida inyección de capital. En estos casos, los derechos de voto asociados con las acciones normales son cruciales para adoptar decisiones, como reemplazar el management o reestructurar operaciones y facilitar ingresos de capital». Los expertos del Fondo describían los inconvenientes de las cuotas participativas, lo que en parte explicaba, según decían, el hecho de que hasta el momento de realizar el informe, 2006, no se hubieran hecho estas operaciones autorizadas a finales de los años noventa.

Respecto a la cuestión de las dificultades, Marta Fernández pregunta a Ontiveros sobre la situación de los mercados internacionales.

—Siendo prudente en valorar lo que está ocurriendo en el entorno internacional, no tendría ningún fundamento alimentar dudas sobre la solvencia general del sector las cajas de ahorros, y mucho menos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo tras los datos que hemos visto —responde.

Al mencionar De Guindos que las cuotas participativas desde el punto de vista del mercado van a ser iguales a las de otras empresas del Ibex 35, la periodista pregunta:

—¿Formarán las cuotas parte de las del Ibex 35?

—Por supuesto, podrán formar parte del Ibex 35. Depende del volumen de cotización y, evidentemente, si pasa el listón, entrará a cotizar y a formar parte del Ibex 35.

Faltaría más.

Como colofón de la presentación, la moderadora señala:

—Veo que los dos lo tenéis clarísimo que hay que participar en esta iniciativa sí o sí. No quiero despediros sin que antes me deis un mensaje breve que recoja vuestra opinión sobre esta iniciativa de la CAM.

Emilio Ontiveros es el primero en lanzarlo:

—Bueno, mi mensaje breve… Yo creo que en estas cosas, más que la retórica —esboza un mohín de sonrisa— es dar la orden, ¿no?

Se refiere a ordenar la compra de cuotas.

—Yo voy a dar la orden inmediatamente después de que se abra el periodo. Yo tengo en mi empresa, en AFI, un par de cuentas abiertas en la CAM y en mi familia, otras dos o tres, y voy a ir al máximo que me dejen, ¿no? Creo que una inversión que dé un ROE [la capacidad de la empresa para remunerar al accionista] del 15 o el 16 % no la da nadie actualmente —enfatiza moviendo la cabeza a un lado y otro—. El único problema es la limitación de ese 5%, claro… —sonríe ya abiertamente al volver el rostro hacia su derecha, hacia De Guindos, a modo de invitación a entrar en la partida de póquer.

De Guindos se anima en fracción de segundos a saltarse también la retórica:

—Por supuesto —dice asintiendo con la mano izquierda hacia Ontiveros, mientras este ríe porque se ha zambullido en la partida—. Y también voy a intentar convencer a todos mis familiares próximos, y seguro que van a ir porque es una oportunidad única.

Después de anunciar su apuesta, el presidente de Lehman insiste:

—Esta es una operación que va a hacer historia desde el punto de vista de lo que es la CAM, las cajas de ahorros y la economía española. Desde este enfoque, estoy extremadamente orgulloso de haber participado con todos vosotros, y con el equipo directivo, en lo que creo que va a ser una operación única en la historia del sistema bancario español.

¿En Estados Unidos habría requerido la SEC al bookrunner (Lehman) y al asesor financiero (AFI) para que informara del importe de su inversión y, además y sobre todo, cuando se deshacían de la mencionada inversión?

Con casi toda seguridad.

Pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya sabemos, no ve ni oye y, por tanto, ¿qué puede decir o hacer?

Tras la intervención de ambos, tocó a María Dolores Amorós, Maira, directora adjunta de la CAM, explicar a los directores de las oficinas de todo el país cómo vender el producto y los apetitosos incentivos que podrían obtener los vendedores:

—Estamos pendientes, como ya sabéis, de la aprobación por parte de la CNMV del folleto de emisión. No se puede todavía empezar lo que se denomina técnicamente los mandatos, pero mientras tanto hemos diseñado una campaña que ya casi todos conocéis, y todos habéis hecho el esfuerzo de dedicarle un rato para conocer el procedimiento operativo, por dónde se entra en la aplicación… Hemos diseñado una campaña que llamamos campaña depósito, ¿de acuerdo? —explicó—. Esta campaña está dirigida a que el cliente que tenga interés en las cuotas no se lo pierda. Nos deja ya parte de su dinero y lo retribuimos muy bien, porque no sabemos cuándo estará el folleto disponible y no es justo que tenga sus ahorros, que están esperando las cuotas, sin una rentabilidad adecuada. Es, por así decirlo, que celebramos lo contentos que estamos.

Se emiten, pues, 50 millones de cuotas participativas por valor de 292 millones de euros. El valor de cada cuota es dos euros de valor nominal más una prima de hasta 4,57 euros, basada en las estimaciones de PricewaterhouseCoopers (PwC) destinadas a clientes minoristas —65,5% con 32,7 millones de cuotas—, inversores cualificados —31% con 15,5 millones de cuotas— y empleados —3,4% con 1,7 millones de cuotas—. Tanto hablar de que era el producto predilecto de los inversores con mayor conocimiento del mercado y el resultado es que los institucionales no brillaron por su presencia.

Tampoco estos iniciados eran el objetivo. Se trataba de vender al cliente de la CAM. Y como los tiempos eran complicados, se ideó dar un rodeo antes de ir al producto puro y duro.

El gancho era identificar la cuota participativa como equivalente a un depósito a plazo fijo. Algo parecido a lo que se hacía para vender las participaciones preferentes.

¿Cómo lanzar la red para hacer picar a los clientes de toda la vida de la CAM, que se guiaban por el boca-oreja? Te podemos ofrecer un depósito cojonudo en estos momentos. Te daremos el 6 %. Luego todavía mejora. Porque el importe depositado pasará a ser una cuota participativa. Ya te explico los detalles en la oficina.

En efecto, el depósito era llamado Depósito Participa 6 %. Y al suscribirlo el cliente firmaba tres documentos, pero salía de la oficina con la copia de uno solo de ellos: el contrato de depósito. Los otros dos eran la orden de suscripción de las cuotas participativas y la autorización de la cancelación del depósito.

En los documentos —aportados por la Plataforma de Afectados por la CAM a la Audiencia Nacional— que se distribuyeron entre los directores de oficina de toda España figuraba, precisamente, uno titulado FASE PREVIA PLAN A-CLIENTES CONOCIDOS/CONFIANZA.

He aquí el punto 4:

Documentación que se genera: a) Contrato de Depósito Participa 6% (1 meses ampliable en otro), por el mismo importe que la Orden de Suscripción-Mandato, del que se entregará copia al cliente. b) Orden de Suscripción-Mandato sin fecha, que firma el cliente y se custodia en la oficina (NO ENTREGAR COPIA). c) Autorización de cancelación del Depósito Participa, sin fecha, que firma el cliente y se custodia en la oficina junto con la Orden de Suscripción-Mandato (NO ENTREGAR COPIA).

El 23 de junio, la CNMV daba luz verde al folleto de emisión de las cuotas. Por un lado, destacaba el carácter complejo del producto. Si bien eran valores de renta variable, similares a las acciones, revestían mayor complejidad. Se asemejaban a las acciones cotizadas en que su valor correspondía a un porcentaje del patrimonio del emisor, en que se podían comprar y vender en Bolsa, y en que daban derecho al «dividendo» que la caja acordara repartir cada año.

Pero este «dividendo» de los titulares de las cuotas no equivalía al dividendo del accionista, advertía. La retribución de cuota-partícipe dependería de actuaciones discrecionales de la caja emisora, por ejemplo, de la política de distribución de beneficios entre la obra benéfico-social de la caja y los titulares.

La fórmula que se aplicará para el reparto del excedente entre los titulares de la cuotas, por un lado, y las reservas y obra benéfico-social, de otro, toma como base los fondos de los titulares de las cuotas en el patrimonio contable de la caja, de tal modo que, si los titulares de las cuotas reciben proporcionalmente más retribución efectiva que la que se distribuya a la obra benéfico-social, los titulares de las cuotas perderán peso en el reparto del cedente.

La CNMV puntualizaba:

Dado que el ajuste de proporciones se hace en función del patrimonio contable de la caja y no sobre el valor de mercado, esta pérdida de peso podría implicar también la dilución progresiva respecto de la parte atribuida inicialmente a los cuota-partícipes de las plusvalías latentes de la caja no realizadas. En concreto, los cuota-partícipes perderían progresivamente la proporción inicialmente asignada a los mismos de la parte de valor real de la entidad no reflejado en los libros.

La CNMV calificaba, empero, las cuotas de participación como un «instrumento financiero no complejo». Esta definición, según la Directiva de mercados de instrumentos financieros (MiFID), permite que se puedan distribuir sin necesidad de realizar un test sobre la conveniencia del producto para el inversor minorista.

Pero, a pesar de ello, la CNMV resolvió obligar a la CAM a realizar el test de conveniencia no por ser un producto complejo, sino por la existencia de un conflicto de intereses entre la CAM y los clientes a los que se dirigía el producto, por la doble posición que asumía la caja, en tanto emisora y colocadora del producto.

¿Estaba en condiciones la CAM de llevar adelante estas pruebas de manera eficiente?

Porque, como escribió en julio de 2008, en la Revista de Derecho del Mercado Financiero, el profesor de la Universidad Carlos III Fernando Zunzunegui, experto en regulación financiera,

para hacer el test de conveniencia y advertir a la clientela de los conflictos de interés se requiere una formación profesional en mercados financieros y regulación financiera. Lo cual nos lleva a hacernos algunas preguntas: ¿Tienen los empleados de las sucursales de la CAM esta formación? ¿Sabrán distinguir entre su actuación como comerciales de un producto emitido por la caja y su labor, en interés del cliente, de advertirle de los riesgos y de la complejidad del producto y de la existencia de un claro conflicto de interés al ser la caja, al mismo tiempo, emisora y colocadora del producto?

Y el 23 de julio salían a cotizar a la Bolsa de Madrid.

La CAM, que se había quedado la actividad de directora y colocadora de las cuotas entre sus clientes y empleados, hace con eficacia su trabajo.

Ya lo había advertido el director general, Roberto López Abad, al periodista del diario El Mundo Juan Emilio Maíllo, quien el 21 de julio le preguntó si no temía falta de demanda de los clientes:

Esto se coloca con la gorra, precisamente porque la cuantía es moderada. El 31 % de la emisión es para el tramo institucional; un 3,5 %, gratis para los trabajadores y el 65,5 %, para clientes. Tenemos la ventaja que 1.160 oficinas, que cuando les digas «a colocar», lo harán.

Ya en plena crisis, en 2009, la fusión de la CAM y Bancaja se presentaba como la opción más directa, pero cantaba mucho: la mala situación de ambas la convertía en una operación imposible. Al iniciarse el año 2010, una entidad vasca parecía ser el destino para la caja alicantina: la BBK, la Caja Bilbao Vizcaya, la principal de Vizcaya y el País Vasco.

Un destino que se revelaría tortuoso.

El 22 de mayo de 2010 se rompían las negociaciones para crear un SIP entre la BBK y la CAM. ¿Por qué? La caja vasca vetaba la presencia de la CAM en los órganos de gobierno de la entidad saliente.

El 23 de mayo de 2010, la Caja de Ahorros de Asturias, la de Extremadura, la de Cantabria y la Caja de Ahorros del Mediterráneo presentaban al Banco de España el proyecto de crear un SIP: un 40 % para la caja asturiana, un 40 % para la CAM, un 11 % para la extremeña y un 9 % para la cántabra.

La operación supondría el mayor cambio protagonizado por el sector de las cajas de ahorros hasta entonces, pues entre Cajastur y la CAM se habían comprometido a adquirir la CCM (Caja Castilla-La Mancha), en aquellos momentos intervenida por el Banco de España. El nuevo grupo se denominaría Banco Base.

Pero la mala situación de la caja alicantina hacia presentir que lo ocurrido con la BBK podía repetirse.

La inspección realizada por el Banco de España en 2010 reveló importantes reclasificaciones de créditos y fuertes déficits de provisiones. Estas últimas fueron cifradas en unos 1.000 millones más de los reconocidos por la CAM. Así, en marzo de 2011, Cajastur rompía con la alicantina y los riesgos de intervención de la CAM aumentaban, mientras las ayudas públicas solicitadas al FROB quedaban en suspenso.

El inspector cabecera del Banco de España, in situ, en la CAM, era, mira por dónde, un inspector famoso aunque desconocido para el gran público.

Era Anonymus. Nada menos que José María Ruiz, autor junto con Martín Vázquez Suárez, destinado ahora en el Departamento de Supervisión Internacional y Europeo del Banco Central Europeo, del informe del 26 de mayo de 2006, dirigido por la Asociación de Inspectores del Banco de España al vicepresidente Pedro Solbes. Ya en 2006 conocía la situación de las cajas, especialmente la CAM y Bancaja; ahora comprobaba in situ el cumplimiento de unas previsiones que Solbes, y también Fernández Ordóñez, que ya estaba en aquellos momentos en el consejo de gobierno del Banco de España, despreciaron olímpicamente.

A partir de la ruptura entre Cajastur y la caja alicantina, el anteriormente llamado Banco Base se separa de la CAM y forma un nuevo grupo que desde entonces se denominaría Liberbank.

Al iniciarse la primavera de 2011 la situación de la CAM era desesperada. Ante la frustración de integrarse con otras cajas por falta de confianza en su verdadera solvencia inicia la búsqueda de socios por separado.

Pero con la crisis bancaria que se había desplazado desde Estados Unidos hacia la Unión Europea, como ya se podía advertir desde 2007, la cuestión no era nada fácil.

El 1 de abril de 2011, la CAM solicitaba apoyo financiero al FROB por 2.800 millones de euros. El FROB aceptaba el SOScon un informe presentado por los servicios de inspección del Banco de España, según el cual la CAM necesitaba, para seguir operando, apoyo a través de un aumento de capital de hasta 3.000 millones de euros. El 12 de mayo de 2011, la CAM aprobaba la segregación de sus activos y pasivos para pasarlos a una nueva entidad: el Banco CAM.

La antigua CAM pasaba a convertirse en accionista único del Banco CAM, al tiempo que la caja mantenía la Obra Social y las «cuotas participativas» emitidas en junio de 2008, en plena tempestad financiera, con el asesoramiento financiero y personal de Lehman Brothers, con su presidente Luis de Guindos a la cabeza, y el asesoramiento de AFI, presidida por Emilio Ontiveros.

El 21 de julio de 2011 se registra la segregación del negocio y al día siguiente se concreta el plan apuntado: en la caja permanecen los activos y pasivos correspondientes a la Obra Social, así como las cuotas participativas.

Las cuotas eran una parte de la CAM. Al escindir el negocio puramente bancario hacia la nueva entidad Banco CAM, los cuota-partícipes quedaron aislados de la caja con los activos de Obra Social y la participación en el nuevo banco como activos. Cualquier pérdida de valor del nuevo banco sería imputada a ellos.

Carecían, por tanto, de derechos —y no solo de separación—, habida cuenta de que había cambiado radicalmente la estructura económica y jurídica del negocio respecto a la que tres años antes les habían vendido De Guindos y Ontiveros para invertir sus ahorros, y ahora tampoco se les reconocía el derecho a ser escuchados.

Con su aislamiento en la caja perdían aquello que habían invertido. Ni la CNMV ni el Banco de España, ya que se trataba de una operación inaugural, novedosa, movieron un dedo para proteger a los cuota-partícipes. Ni cuando metieron sus ahorros ni cuando tres años más tarde su inversión se evaporó.

Tras el verano, el 1 de septiembre de 2011, se ponen en marcha algunos nombramientos del Banco de España anunciados el 28 de abril. La inspectora Margarita Delgado empieza a ejercer como coordinadora ejecutiva del Departamento III, que supervisa a bancos medianos: Popular, Sabadell, Pastor, Bankinter, Guipuzcoano y otros. Delgado reporta a Francisco Monzón, director del Departamento III, y este, a su vez, al director general del Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello.

Finalmente, el 7 de diciembre de 2011 la CNMV suspende la cotización de las cuotas participativas.

¡Eureka! El FROB ha encontrado una fórmula: un plan de reestructuración del Banco CAM. El talismán: su integración con Banco Sabadell.

La suspensión de las cuotas participativas se produce quince días antes de que su promotor en jefe, Luis de Guindos, tomase posesión del cargo de ministro de Economía ante el rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela. El veredicto de la historia económica que De Guindos había invocado para clamar por adelantado el éxito de la CAM, aquel 24 de mayo de 2008 en el acto de lanzamiento, se cumplía para sí mismo, solo para su empresa y para su persona.

Había logrado facturar dos millones de euros para Lehman cuatro meses antes de la bancarrota de dicha entidad en Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2008, y el 22 de diciembre de 2011, mientras los inversores que habían colocado sus ahorros en su producto —las cuotas participativas que se estudiarían en las principales escuelas de negocios de todo el mundo—, la mayoría de ellos clientes de toda la vida de la CAM y empleados de la entidad, lo perdían todo, él juraba el cargo de ministro de Economía y Competitividad, aquel concepto que tanto había usado en el coloquio con Ontiveros y Marta Fernández, enfundado en un traje gris de raya diplomática, camisa celeste y corbata color rosa.

La operación de integración Banco CAM-Sabadell se hizo con apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y suponía la amortización de todas las acciones del Banco CAM en poder de la CAM y la toma de control por el FGD, mediante la suscripción y desembolso de dos ampliaciones de capital por un total de 5.249 millones de euros. Adicionalmente, el FGD otorgó a una cartera de activos predeterminada por importe de 24.644,3 millones de euros brutos (que tenían provisiones constituidas por 3.882,2 millones) un Esquema de Protección de Activos por el cual el FGD asumiría el 80 % de las pérdidas durante diez años. El valor de esta garantía otorgada por el FGD era de 3.776 millones de euros, que al no ser abonada al FGD fue contabilizada como una ganancia por el Banco Sabadell en el ejercicio 2012, el año en el que terminaría por absorber al Banco CAM.

Una vez obtenidas todas las autorizaciones, el día 1 de junio de 2012 el FGD vendía por un euro el 100% de las acciones del Banco CAM, lo que suponía una ayuda financiera perdida de 9.025 millones de euros: 5.249 millones en saneamientos y 3.776 millones en la renuncia a cobrar el coste de la EPA.

En otras palabras: el FGD había adquirido el control del Banco CAM cuando tenía un patrimonio de 2.338 millones, lo aplicó a registrar pérdidas en 2011 por valor de 2.427 millones y lo capitalizó de manera intensa con un importe muy superior al que previamente tenía de 5.249 millones.

Y una vez limpio, se lo entregó al Banco Sabadell por un euro.

¿La conclusión es que el agujero que tenía la CAM en diciembre de 2011 ascendía a 7.587 millones de euros? Dicho de otra manera, si la CAM tenía a diciembre de 2011 activos por 67.891 millones, ¿se supone que albergaba deterioros sin registrar por más del 11 % de ellos?

No parece creíble. Y aun en estas condiciones, ¿se otorga al activo una EPA cuyo valor es de 3.776 millones y no se paga?

Si según los servicios de inspección del Banco de España el apoyo financiero que necesitaba la CAM era de 3.000 millones, ¿por qué se le otorgaron 9.025 millones? ¿Quién se quedó con esa diferencia? La única posible respuesta: el banco comprador, el Sabadell.

Y, si puede saberse, ¿por qué era imperativo beneficiar al banco comprador? Dicho de otro modo: ¿No había ningún banco, nacional o extranjero, que quisiera un banco por un euro y asumir la capitalización del banco regalado él solo?

Así pues, el Banco Sabadell se encontró con que a cambio de pagar un euro se le entregaba un banco saneado y además le regalaban 3.776 millones de euros.

¿Y qué hizo el Sabadell para evitar la presentación de un beneficio de tal envergadura, que por sí solo suponía un 63 % de todo su patrimonio de 5.934 millones a diciembre de 2011?

Pues más provisiones, por valor de 2.294 millones, y aun con estas pudo apuntarse una ganancia por la compra del Banco CAM de 933 millones.

Y todo a cambio de un euro.

Pero la cuenta no acaba aquí. Hasta diciembre de 2017, el FGD había pagado a Banco Sabadell 3.239 millones de euros en razón de la EPA concedida, y según los propios datos del FGD, la estimación de pagos adicionales a esa fecha era de 4.884 millones de euros.

Por ello, si la cartera cubierta era de 24.664 millones, con provisiones por 3.882 millones, dotadas antes de ser vendida al Sabadell, y lo liquidado y pendiente de liquidar a diciembre de 2017 por el FGD ascendía a 8.123 millones (3.239 millones más 4.884 millones), y ello representaba el 80 % de las pérdidas netas estimadas, resultaba que solo esa cartera cubierta tenía pérdidas por 10.154 millones (8.123 millones representan el 80 %), que junto con los 3.882 ya dotados ascenderían a 14.035 millones.

Ergo: el 56,9 % de la cartera eran activos malos.

¿Es posible esto? ¿Cómo podía ser que solo esta cartera tuviera pérdidas equivalentes a las de casi todo el Grupo Bankia, cuyos activos se elevaban a 279.000 millones de euros?

La operación de absorción del Banco CAM produjo otros importantes efectos en las cuentas de Banco Sabadell, de manera especial en lo que se refiere a las coberturas por riesgo de crédito que decía mantener al finalizar el año de absorción del Banco CAM.

Banco Sabadell terminó el ejercicio 2011 con unas coberturas para riesgo de crédito de 2.280 millones de euros. Las mismas coberturas para el riesgo de crédito a final de 2012 (tras absorber al Banco CAM) eran de 12.564 millones, al tiempo que las coberturas netas para este riesgo cargadas en su cuenta de resultados de 2012 eran de 1.035 millones.

¿Cómo se consigue que, partiendo de 2.280 millones en 2011 y tras agregar 1.035 millones de provisiones en 2012, se alcance una cifra de 12.564 millones? La respuesta: las cuentas del Banco Sabadell contenían 11.833 millones como cobertura de riesgo de crédito que nunca pasaron por su cuenta de resultados, sino por las del Banco CAM ya absorbido.

¿Y adónde nos conduce esto?

A las provisiones específicas pendientes de asignaciones. Las pepas. Un instrumento creativo que los inspectores-peritos habían definido como una fórmula de marketing, según Busquets, es decir, una fórmula comercial para dar imagen de solvencia, o simplemente contraria a la ley, según Sánchez.

La conducta del Banco de España ante la CAM, ¿acaso era la única actuación posible? ¿Es que no había otras salidas?

El 6 de marzo de 1995, por ejemplo, el banco inglés Barings, fundado en 1762, quebraba por pérdidas de alrededor de 1.000 millones de libras, que superaban holgadamente su patrimonio. El banco fue intervenido por el Banco de Inglaterra y vendido por una libra al grupo bancario holandés International Neederlanden Group (ING), entidad que inmediatamente después tuvo que añadir 660 millones de libras para capitalizar el banco adquirido.

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CATALUNYA BANC, UN BAÑO EN TINTA ROJA

No menos chirriante fue el caso de Catalunya Banc, entidad resultante del proceso de reestructuración de Catalunya Caixa, que a su vez procedía de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, formalizada el 1 de julio de 2010 y apoyada por el FROB mediante la suscripción de 1.250 millones de participaciones preferentes convertibles. Se crea en febrero de 2011, con la aprobación de las medidas del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e impulsado por el Banco de España. Narcís Serra, exministro de Defensa y exvicepresidente de los Gobiernos de Felipe González, presidió Caixa Catalunya desde 2005 y Catalunya Banc a partir de 2011. Los aumentos de sueldos fijados por el consejo de administración para los directivos en pleno rescate público, en enero y octubre de 2010, con un ERE que supuso el despido de 1.250 empleados, han llevado al banquillo del juicio oral a Serra y cuarenta acusados por parte de la Audiencia de Barcelona, al tiempo que operaciones inmobiliarias irregulares por valor de 720 millones de euros siguen bajo investigación en la Audiencia Nacional.

La historia de Catalunya Banc es un ejemplo de irracionalidad de la entidad y de la supervisión. Ha sufrido quizá uno de los agujeros o pérdidas más espectaculares, proporcionalmente hablando, de toda la crisis provocada por la expansión crediticia y la burbuja inmobiliaria española.

Ante la dificultad de obtener los 1.718 millones de capital adicional que le imponía el decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la entidad solicita que el FROB los aporte. Y, en efecto, lo hace. En este caso, directamente. El FROB inyecta en el capital 1.718 millones mediante la suscripción de acciones ordinarias de Catalunya Banc.

Vamos, la entidad es nacionalizada.

En diciembre de 2011, Catalunya Banc exhibe activos de 77.049 millones y un patrimonio de 2.256 millones de euros, tras registrar unas pérdidas de 2.001 millones de euros (rebajadas hasta 1.335 por efecto del crédito fiscal de 665 millones provocado por las pérdidas).

El motivo de los números rojos: deterioro de la cartera de préstamos de 1.252 millones. La cartera de dudosos ascendía a 7.749 millones (con cobertura de 3.175 millones), a los que había que añadir 5.699 millones más de préstamos con deterioros, pero no reconocidos como dudosos, y con apenas una cobertura del 10% (575 millones).

Los decretos Guindos de 2012 afectarían de forma significativa a Catalunya Banc. El 28 de septiembre de ese año, se hicieron públicas las pruebas de resistencia (stress test) exigidas por la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) en el rescate financiero acordado en el mes de junio.

Para el caso de Catalunya Banc la prueba de esfuerzo mostraba unas necesidades de capital mínimas de 6.488 millones de euros y de 10.825 millones en un escenario adverso.

En noviembre de 2012, Catalunya Banc informaba a la Comisión Europea de la aprobación de un plan de recapitalización mediante una inyección de capital de 9.084 millones de euros. Todo ello después de estimar que el valor patrimonial de Catalunya Banca era negativo (–6.674 millones) y que su valor en liquidación también lo era (–17.846 millones).

De esta manera, el 27 de diciembre de 2012, se procedió a convertir las participaciones preferentes suscritas por el FROB en 2010 y se realizó una operación acordeón; es decir, se reducía el capital a cero mediante la amortización de todas las acciones, a fin de absorber todas las pérdidas del año y las de ejercicios anteriores.

Como consecuencia de ello, la totalidad de las acciones procedentes de las cajas que aún poseía la Fundación Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa fueron adquiridas por el FROB al precio de un euro.

Además, Catalunya Banc procedió a entregar al «banco malo», la SAREB, activos inmobiliarios deteriorados por 16.495 millones brutos (9.047 millones netos de provisiones), a cambio de los cuales recibió 6.708 millones de bonos emitidos por la SAREB y avalados incondicionalmente por el Estado.

En consecuencia, los resultados de 2012 fueron de pérdidas por 12.231 millones antes de impuestos (11.819 después de impuestos), motivadas por las registradas en la cartera de préstamos (6.286 millones) y en inmuebles adjudicados (4.368 millones).

Tras la operación acordeón y la capitalización por el FROB, el patrimonio de Catalunya Banc quedó en 623 millones. La sangría de pérdidas fue brutal, se había perdido todo el patrimonio inicial (2.256 millones) y la mayor parte del capital inyectado por el FROB (12.052 millones, incluidas las preferentes y acciones de 2010 y 2011, respectivamente), y todo ello sobre un activo total de Catalunya Banc que apenas alcanzaba los 80.000 millones de euros (77.187 millones) a comienzos de 2012.

A lo largo de 2013, el Gobierno del Partido Popular adoptó una serie de decisiones para que el FROB procediera a canjear, previo descuento, deuda subordinada y participaciones preferentes convertibles por Catalunya Banc, a los que se comenzó a denominar «instrumentos híbridos».

La operación suponía que los tenedores de estos títulos podrían ser obligados a asumir pérdidas. En total, las cajas que formaron Catalunya Banc habían emitido y colocado entre sus clientes 1.297 millones de participaciones preferentes y 467 millones de deuda subordinada.

A fin de dar liquidez a la conversión de los canjes por acciones que se pudieran producir, se utilizó al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como mecanismo de liquidez.

Tras esta operación, el FGD pasó a convertirse en accionista de Catalunya Bank (32,39 % de su capital), con un coste de 1.000 millones de euros, y el FROB redujo la suya del 100 % al 67,61 %. De un total de 12.052 millones de euros de ayudas, tras el registro de todas las pérdidas, la participación había quedado reducida a 1.858 millones de euros.

Se dice pronto: el coste que estaba teniendo para el Estado el saneamiento de Catalunya Banc era sideral.

En junio de 2014 el FROB inició un proceso de venta de Catalunya Banc por el procedimiento de subasta. El 21 de julio, el BBVA, en competencia con Banco Santander y CaixaBank, se llevó finalmente el gato al agua con una oferta de 1.165 millones de euros, de los que al FGD correspondía el 32,39 % y el resto al FROB.

La operación se consumó el 24 de abril de 2015 y generó un resultado positivo para BBVA de 28 millones de euros ese mismo año, al estimar que Catalunya Banc tenía un valor de mercado superior en ese importe respecto al precio pagado de 1.165 millones de euros. Y el BBVA recibía, además, 3.630 millones de euros en créditos contra el Estado por pérdidas de Catalunya Banc.

El FGD perdía el 87 % de su inversión (1.000 millones apenas un año antes) y el FROB recuperaba 787 millones tras haber invertido 12.052 millones de euros.

El colofón de esta operación era, en términos relativos, excepcional: el Estado perdía 11.265 millones en un banco con activos que suponían la tercera parte de los que representaba Bankia.

La venta de Catalunya Banc a BBVA se hizo sin la concesión de ningún esquema de protección de activos (EPA). Pero nada más consumarse la operación, el día 15 de abril de 2015, Catalunya Banc formalizaba el acuerdo ya alcanzado en julio de 2014 con el fondo buitre Blackstone, por el que este adquiría parte de su cartera de inmuebles adjudicados por créditos impagados.

La operación se instrumentalizó mediante la transferencia de la cartera de inmuebles por importe de 6.392 millones de euros (provisionada por 2.205 millones) a un fondo de titularización gestionado por el Grupo Blackstone. Del importe de la venta, 4.187 millones de euros, Blackstone aportó 3.615 millones y el FROB, 572 millones de euros.

Esta inversión del FROB era a mayor riesgo que Blackstone, puesto que se realizó mediante la suscripción de un bono subordinado emitido por ese fondo por valor de 525 millones de euros más una garantía por posibles defectos en los activos vendidos de hasta 171 millones de euros.

Además de ello, el FROB concedió al fondo una línea de crédito de hasta 400 millones de euros. El importe del bono subordinado de 525 fue cancelado en 2015 mediante la entrega al fondo buitre de un bono emitido por el FROB y avalado por el Estado, por lo que supuso una pérdida para el FROB por ese mismo importe.

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PASTOR & POPULAR: HACIA EL NAUFRAGIO CON MARGARITA DELGADO, FRANCISCO MONZÓN Y JERÓNIMO MARTÍNEZ TELLO EN EL CONTROL

El 15 de julio de 2011 fue uno de esos días de gran expectación en medio de la Gran Recesión en curso.

Los mercados y los medios de comunicación están en vilo.

Se harán públicos los stress test, o pruebas de resistencia o esfuerzo que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ordenó para toda la banca europea.

El Banco Pastor fue una las cinco entidades españolas que suspendió la prueba, según los criterios europeos. Su solvencia, ante el escenario adverso de una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 2 % en 2011 y 2012 y una disminución del precio de la vivienda del 22 %, era del 3,3 % frente al 5 % exigido.

Los resultados del Banco Pastor estimados bajo este escenario eran de 697 millones de euros de pérdidas. El Banco Popular, por su parte, aprobaba por los pelos (5,3%), si bien se enfrentaría, según la hipótesis de trabajo, a unas pérdidas de 2.399 millones de euros.

Además del suspenso en solvencia, el Banco Pastor se enfrentaba a vencimientos de deuda de 447 millones en lo que quedaba de 2011, de 2.936 millones en 2012 y de 2.289 millones entre 2013 y 2014.

Los malos resultados obtenidos en las pruebas de resistencia presagiaban dificultades para refinanciar los vencimientos en un mercado mayorista afectado por la crisis de confianza durante aquellos meses. Y el eslabón más débil de la cadena era, cómo no, el crédito a promotores y constructoras, que ascendía a 5.190 millones, más de un 23 % del total de los créditos a la clientela.

Es decir: las campanas doblaban por el Banco Pastor.

Ya no podía seguir en solitario. Los accionistas de referencia del Pastor eran la Fundación Barrié de la Maza, con el 42,17 %; la familia Del Pino, a través de Financière Tesalia, con un 5,04 %; el empresario Amancio Ortega, a través de Pontegadea, con un 5,01 %, y Novacaixagalicia, principal competidor de Banco Pastor en Galicia, intervenida por el FROB, con un 5,25 %.

El Banco Pastor contrató a Morgan Stanley con el objetivo de buscar un comprador. Mostraron especial interés el Banco Sabadell y el Popular, y menos La Caixa y BBVA. Pero José María Arias, presidente de la Fundación Barrié de la Maza, que consideraba al Banco Pastor su buque insignia, se inclinó por el Banco Popular.

Aun cuando tenía su propia filial en Galicia, con más oficinas que el propio Banco Pastor, el Banco Popular lanzó el 7 día de octubre de 2011 una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones del Pastor y todas las obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles. La OPA fue de 1,115 acciones de nueva emisión del Popular por cada acción del Pastor y de 30,9 acciones de nueva emisión del Popular por cada obligación «obligatoriamente» convertible del Pastor. La ecuación de canje de acciones suponía valorar las acciones del Pastor un 31 % por encima del último precio cotizado en la Bolsa (3,03 euros por acción) y un 79 % de su valor teórico contable (4,96 euros por acción, para un promedio de 321 millones de acciones que resultarían afectadas en la operación).

Noviembre de 2011 fue un mes importante en la crisis financiera española. El Banco Central Europeo (BCE) acababa de imponer, en agosto de 2011, un programa de ajuste al Gobierno Zapatero, condición del apoyo para reducir la prima de riesgo a través de compras de bonos públicos españoles. Y había elecciones generales el domingo 20 de noviembre. Nadie esperaba sorpresas. La caída del PSOE era la crónica de una muerte política anunciada meses antes de la apertura de las urnas, cuando Rodríguez Zapatero optó por la fórmula Dios-nos-pille-convocados el 29 de julio del 2011, es decir, anticipar las elecciones de marzo de 2012 en algo más de tres meses, a noviembre de 2011, por el temor cerval a una intervención o rescate a la griega.

Mientras tanto el Banco de Valencia como el Banco de España aguantaban en cámara lenta la noticia: la intervención del Banco de Valencia. Y henos aquí con la operación del Banco Pastor y el Banco Popular.

La operación fue presentada ante la CNMV el día 10 de noviembre de 2011 y autorizada el día 18 de enero de 2012, iniciándose el canje el día 20. El 15 de febrero se daba cuenta al mercado, como «hecho relevante», que el 96,44 % de las acciones y el 99,04 % de las obligaciones obligatoriamente convertibles del Banco Pastor habían aceptado la OPA del Banco Popular, quien, haciendo uso de las prerrogativas legales de la Ley del Mercado de Valores, adquirió, de manera forzosa, las restantes acciones y obligaciones, de forma que el Banco Popular alcanzó a tener el 100 % de las acciones del Banco Pastor.

Como consecuencia de ello, y para liquidar la operación con los accionistas y obligacionistas de Banco Pastor, el Banco Popular emitió 382 millones de acciones que suponían un precio pagado a los accionistas y obligacionistas del Banco Pastor de 1.246 millones de euros.

Por tanto, respecto de 972 millones de euros de valor en Bolsa (321 millones de acciones a 3,03 euros) y 1.591 millones de euros de valor en libros (321 millones de acciones a 4,96 euros), los accionistas del Pastor, en conjunto, recibían una cantidad intermedia.

No parecía un mal negocio para unos y otros. Y además se podía expresar una cierta satisfacción por parte de los gallegos. Su patrimonio era valorado por el Popular en un 75 % frente al 12% en que había sido valorado Novagalicia Banco, la marca con la que las dos cajas gallegas (Caixanova y Caixagalicia) trataron de hacer frente a las mayores exigencias de capital regulatorio (10 % frente a 8 %) para las entidades que no cotizaran en Bolsa, según había decretado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2011.

El 16 de febrero de 2012 se materializó la toma de control del Banco Pastor por el Banco Popular. Posteriormente, el 28 de junio, se produjo la fusión: la absorción del primero por el segundo.

¿Y cuál fue el resultado de la operación?

Veamos. Las cuentas anuales del Banco Popular en 2012 informan que, al comparar el precio pagado por el Banco Pastor (1.246 millones de euros) con el valor de mercado de cada uno de sus activos y pasivos, surgía un «Fondo de comercio» de 1.743 millones de euros, es decir, muy superior al importe pagado de 1.246 millones.

¿Era posible esto? ¿No se deslizaría algún error?

No. Era así. Según el Banco Popular, el valor neto de mercado de los activos menos los pasivos arrojaba un resultado negativo de 1.679 millones de euros. Se había adquirido, por tanto, un banco que, según su comprador, el Popular, carecía de valor, o según afirman en su memoria, se estaba pagando por «las sinergias esperadas y otros beneficios resultantes de la combinación de negocios, tales como la fuerza de trabajo».

Pero ¿qué sinergias se podían obtener de un banco que estaba cargado de activos con serias dificultades para su recuperación (crédito promotor), que tenía vencimientos de deuda muy fuertes a los que hacer frente en un futuro inmediato y que no había pasado las pruebas de resistencia de las autoridades europeas?

Era a todas luces temerario que ante este escenario nadie protegiera —ni sus administradores ni la Supervisión del Banco de España, representada por la cadena de mando Margarita Delgado-Francisco Monzón-Jerónimo Martínez Tello— el patrimonio del Banco Popular antes que erigirle en «salvador» de tan delicado banco, el Pastor, cuando él mismo había pasado las pruebas de resistencia por los pelos.

El registro de la operación era tan llamativo que la CNMV solicitó aclaraciones en mayo de 2013, a las que el Popular respondió el 30 de septiembre.

Resulta que el patrimonio de 1.664 millones del Banco Pastor había sido fuertemente «ajustado» a 3.343 millones, de manera que el valor patrimonial adquirido era negativo por la diferencia (1.679 millones), y por el cual el Popular, sin recibir ninguna ayuda pública —lo que hubiera sido comprensible o coherente, pues esos apoyos se habían canalizado a La Caixa y a Sabadell— pagó con acciones por un valor de 1.246 millones.

Los accionistas del Popular deberían haberse opuesto a esta operación antieconómica para ellos y absolutamente rentable para los accionistas del Pastor.

Pero eso no iba a ocurrir. Y no ocurrió.

La respuesta a este intríngulis está, como suele suceder, en las cuentas. El Banco Popular pasaba de tener unas provisiones para riesgo de crédito de 2.724 millones a finales de 2011 a 6.293 millones a final de 2012.

¿Cómo se explica si por su cuenta de resultados solo pasaron pérdidas netas por riesgo de crédito de 181 millones? Pues, ¡elemental, querido Watson! Porque agregaron a sus propias provisiones las que había cargado el Banco Pastor, las provisiones específicas pendientes de asignación.

Las pepas.

Y, ya que estábamos en harina, por un importe que era muy superior a lo que se podía imaginar para un banco de un tamaño notoriamente inferior (30.545 millones de activos frente a 130.926 millones): 3.387 millones de euros, una cifra que superaba con creces todas las provisiones acumuladas por el Banco Popular con anterioridad (2.724 millones).

Se estaban dotando pérdidas sin pasar por la cuenta de resultados, sino sacando de la chistera un «fondo de comercio» a todas luces inexistente. El uso del fondo de comercio fue, precisamente, uno de los instrumentos para disfrazar la crisis de las cajas de ahorros de Estados Unidos en los primeros años ochenta del siglo XX, según apuntamos.

En ciertos círculos del Banco de España se acuñó una palabreja para definir lo que se estaba haciendo con la contabilización de las pérdidas: «achatarramiento».

El uso de expresiones que recogían las malas prácticas contables engrosó la cultura financiera de este periodo. Otro ejemplo fue el de las «operaciones escoba» diseñadas durante el periodo 2011-2014 —según denunciaría la Agencia Tributaria en 2018—, a través de las cuales el Banco Popular tejió una red de «vehículos» en Luxemburgo —de la mano de Thesan Capital y de los despachos luxemburgueses Faltz & Felgen y Numaria—, con el objetivo de ocultar morosidad de clientes en España.

¿Cómo se lo montaban? Se otorgaba financiación a un fondo o vehículo luxemburgués que este convertía en préstamos participativos de alguna sociedad con morosidad en dificultades. Este fue el caso de diversas sociedades de la promotora Marina d’Or, como Platja Amplaries, S. L., localizada en Castellón de la Plana, en la cual el propio Popular poseía el 25 % del capital a través de su filial Aliseda. Según la Agencia Tributaria, el entramado recibió al menos 197 millones de financiación.

Era obvio que las cuentas financieras del Banco Popular estaban siendo trucadas desde hacía tiempo, pero ¿cómo es posible que la cadena de mando Delgado-Monzón-Martínez Tello del Banco de España lo consintiera?

¿Cómo es posible que con los ejercicios de revisión de la calidad de los activos (asset quality review) para mejorar la transparencia de los balances de los bancos, practicados desde marzo de 2014, no se cortara de raíz, si es que no se habían identificado antes, estas malas prácticas?

Nada más llegar al Gobierno, a finales de 2011, según ya hemos apuntado, el nuevo Ejecutivo del PP aprobó dos decretos, uno el 3 de febrero y otro el 11 de mayo de 2012, tres días después de la intervención de Bankia por el FROB. Con carácter general, todas las entidades de crédito españolas debían cumplir, antes de 31 de diciembre de 2012, unos requerimientos de provisiones y de capital sobre los activos adjudicados y sobre toda la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria.

Ambos decretos no disimulaban la realidad: eran una bofetada del nuevo Gobierno al Banco de España, al ser este por delegación de aquel el responsable de la regulación prudencial y contable de los bancos españoles.

En el mes de junio de 2012, el Gobierno se vio obligado a solicitar, a iniciativa del Eurogrupo, la asistencia financiera del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) mediante una línea de crédito con un máximo de 100.000 millones de euros, cuyo destino exclusivo eran las necesidades generadas para la recapitalización del sector financiero. La línea de crédito vino acompañada de una serie de condiciones de política económica que, dada la finalidad exclusiva, para el caso de España se limitaban a políticas financieras recogidas en un Memorándum de Entendimiento (MOU, en sus siglas en inglés de Memorandum of Understanding) suscrito el 20 de julio de 2012. Entre las condiciones del MOU se encontraba la realización de un ejercicio de resistencia (stress test), que fue encargado por el Banco de España a dos firmas internacionales: Oliver Wyman y Roland Berger.

Las pruebas de resistencia ofrecerían dos resultados en dos escenarios: un escenario base, para el que las entidades debían disponer de un capital regulatorio del 9 % de sus activos ponderados por riesgo (una cifra inferior al activo total, resultado de ponderar cada grupo de activos por un determinado porcentaje), y un escenario adverso, al que las entidades deberían enfrentarse con un capital mínimo del 6 % sobre sus activos ponderados por riesgo.

Pero antes de que estas pruebas se dieran a conocer, el presidente de Caixabank, Isidro Fainé, volvía a ensayar una operación de fusión con otra entidad. Ya lo había intentado sin éxito con Bankia, en los meses de octubre de 2011 a primeros de febrero de 2012, pero ahora, después de la intervención de Bankia en mayo de 2012, y de la firma del rescate bancario posterior, en junio de 2012, el ambiente era más favorable que el del escenario Caixabank-Bankia.

Fainé barajó, como parte de la posible alianza, que el puesto de vicepresidente de Caixabank lo ejerciera Ángel Ron en sustitución de Juan María Nin, que llevaba un año y algunos meses en dicha posición. O la posibilidad de una copresidencia, tal como había contemplado con Rodrigo Rato meses antes.

Así fue que Fainé visitó a Mariano Rajoy en La Moncloa el martes 18 de septiembre de 2012 para informarle de sus planes, algo que ya había hecho con ocasión del proyecto de fusión con Bankia. Era un momento estratégico que un florentino Fainé había calibrado: dos días después, el 20 de septiembre, Rajoy recibiría en La Moncloa al president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Fainé habló con Rajoy de crear una gran entidad española producto de la integración de Caixabank y Popular.

Artur Mas, por su parte, recuerda que Fainé, aparte de mencionarle en el Palau de la Generalitat el proyecto de fusión con Bankia, también le habló más tarde de la idea de una integración Caixabank-Popular. «Fueron siempre comentarios y planes sin mucha concreción. No hablamos de propuestas formales.»

El día 28 de septiembre de 2012 se hacían públicos los resultados de la prueba de resistencia. El Banco Popular mostraba un exceso de capital de 677 millones en el escenario base y un déficit de 3.223 millones en el escenario adverso.

A la vista de ello, era necesario proceder a recapitalizar con urgencia el Banco Popular y, claro, se buscaba hacerlo con cierto sigilo. Era, pues, el escenario que buscaba Isidro Fainé.

Pero el domingo 30 de septiembre, el consejo de administración del Banco Popular examinó el proyecto de integración en Caixabank y decidió descartarlo en aquel momento. Al tiempo, decidía lanzar una ampliación de capital de 2.500 millones de euros para cubrir las necesidades apuntadas por las conclusiones de las pruebas de Oliver Wyman.

En un documento enviado al Banco de España en octubre de 2012, se concluía, con aceptación del Banco de España, que el Banco Popular sería capaz de cubrir sus necesidades de capital por sus propios medios, quedando integrado en el grupo de bancos con necesidades de capital superiores al 2 % de sus activos ponderados por riesgo (Grupo 3).

Se trataba de facilitar todo menos entregar activos al banco malo de nueva creación, SAREB, y mucho menos todavía hablar de intervención del FROB. En el documento entregado al Banco de España se recogían los aspectos más relevantes de la actuación que abordaría el Popular: a) realizar antes de fin de 2012 una ampliación de capital por un importe de hasta 2.500 millones de euros, y b) realizar antes de 31 de diciembre de 2012 saneamientos por aproximadamente 9.300 millones (el patrimonio neto del banco era de 9.942 millones en septiembre de 2012), de los que 3.300 lo serían con cargo a reservas y 6.000 contra resultados.

En septiembre de 2012 el Popular ya había reconocido 3.845 millones de pérdidas hasta finales de dicho mes, de las que 2.573 millones se habían pasado por sus reservas. La propuesta al Banco de España incluía que, en caso de que las medidas anteriores no fuesen suficientes para paliar el déficit patrimonial identificado, se procedería a emitir bonos convertibles para que fueran suscritos por el FROB hasta junio de 2013, en cuyo momento, o bien los bonos serían recomprados por el propio Banco Popular, o bien se convertirían en capital mediante su conversión en acciones.

Es decir, ya se estaba hablando de la posibilidad de nacionalizar el Banco Popular tras la socialización de pérdidas que había supuesto unos meses antes la nacionalización de BFA-Bankia.

Ante esta situación, el Popular procedió a instrumentalizar una ampliación de capital, aprobada por la CNMV el 12 de noviembre de 2012, mediante la emisión de 6.234 millones de acciones nuevas que supondrían un importe efectivo de capital de 2.500 millones de euros. Puesto que las acciones en circulación antes de esta oferta eran 2.924 millones, ello suponía tres acciones nuevas por cada acción antigua.

Pero, atención, ello implicaba también un reconocimiento implícito de la enorme fragilidad financiera del Banco Popular, puesto que el valor en libros de cada acción vieja era de 4,19 euros, cotizaban en aquellos momentos, al 30 de septiembre de 2012, a 1,70 euros, y se emitían las nuevas a poco más de 40 céntimos de euro. El 9 de noviembre de 2012, el precio en Bolsa de cada acción del Popular se había desplomado hasta 62 céntimos, cuando solo un año antes, a finales de 2011, había alcanzado los 3,52 euros por acción.

La situación, pues, era desesperada. Pero el propio Banco Popular pretendía insuflar una cierta tranquilidad al anunciar que determinados miembros de su consejo de administración, así como accionistas significativos, habían suscrito acuerdos irrevocables para acudir a la ampliación, los cuales representaban 1.048 millones de acciones nuevas, es decir, un 16,822 % del total. No parecía un gran compromiso de su núcleo de accionistas: el Opus Dei (Sindicatura de Accionistas del Banco Popular), Crédit Mutuel, Allianz, Américo Ferreira de Amorim, Unión Europea de Inversiones.

El destino de la ampliación no era incrementar el negocio, sino tapar agujeros. Y como era evidente para el mercado, tampoco se ocultaba.

Veamos. No era que primero se procedía a contabilizar los agujeros (en román paladino, pérdidas) y luego se ampliaba el capital —lo que durante la crisis bancaria española de finales de los años setenta y años ochenta se denominó «operación acordeón»—, a fin de lograr que los nuevos accionistas no corrieran con pérdidas anteriores a su inversión. Dicho de otra forma, evitar poner dinero bueno sobre malo. Y más aún, se hacía público que una parte de las pérdidas (3.300 millones de los 9.300 millones) se cubrirían con cargo a reservas, una práctica contraria no solo a las normas contables, sino al artículo 38 del mismísimo Código de Comercio.

El folleto de ampliación de capital aprobado por la CNMV, si se quiere, cantaba la gallina:

El motivo de la oferta y el destino de los ingresos [era] realizar saneamientos y provisiones, una vez acontezcan determinados eventos adversos, por aproximadamente 9.300 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2012 (3.300 millones de euros contra reservas y 6.000 millones de euros vía cuenta de resultados), los cuales incluyen 7.659 millones de euros en relación con la exposición al sector inmobiliario y de la construcción requeridos por los RD-L 272012 y 18/2012. A 30 de septiembre de 2012, el Grupo había reconocido 3.845 millones de euros, de los cuales 2.573 millones se realizaron contra reservas y 1.272 millones de euros vía cuenta de resultados […]. Considerando lo anterior, los resultados de Banco Popular ascienden a 251 y 484 millones de euros a 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, respectivamente. Las dotaciones que se estima realizar contra la cuenta de pérdidas y ganancias podrían derivar en un resultado estimado del orden de –2.300 millones al cierre del presente ejercicio.

Nadie, por tanto, se podía llamar a engaño. Era pedir dinero a nuevos accionistas para tapar pérdidas.

Así, pues, el agujero que el Banco Popular confesaba tener aún pendiente de cubrir al solicitar 2.500 millones como capital era de 5.455 millones (9.300 menos 3.845) y además afirmaba que este agujero lo cubriría con los resultados del año (lo que daría lugar a pérdidas por 2.300) y el resto iría contra las reservas.

Todo lo que era anormal pasaba a ser la nueva normalidad.

Era inverosímil el agujero, y no lo era menos que ninguna autoridad exigiese que se cumpliesen las normas (registrar todas las pérdidas en resultados, como más tarde advirtieran los inspectores-peritos de Bankia en sus informes periciales). Y la guinda: la anormalidad total de que se solicitase capital para tapar pérdidas. Y que así se hiciese constar en el folleto de emisión.

La ampliación de capital fue presentada como un éxito. En su memoria de 2012, el consejo de administración afirmaba:

Como se sabe, la ampliación de capital fue un rotundo éxito: se inició con el respaldo del 99,8 % de los accionistas en la junta convocada al efecto y, no solo se cubrió sin necesidad de acudir a los bancos aseguradores, sino que hubo que dejar de atender una sobredemanda nada menos que del 83 %. En su conjunto, fueron 73.000 nuevos inversores los que se incorporaron a nuestro capital, elevando la base accionarial hasta 320.000 accionistas. Este resultado ha puesto de manifiesto que contamos con el respaldo de los accionistas de referencia representados en el Consejo —hoy suponen más del 24% del capital—, con una clientela que apoya nuestro proyecto y con nuevos inversores institucionales que han decidido unirse al mismo, a pesar del sentimiento aún negativo hacia la periferia europea, sin duda, atraídos por el enorme valor que encierra nuestra acción.

Pero la realidad era otra muy diferente: este éxito escondía lo que de verdad había ocurrido en el año 2012.

Después de dos ampliaciones de capital por 3.746 millones de euros (1.247 para comprar el Banco Pastor y 2.500 para tapar agujeros), el patrimonio del Banco Popular, que en 2011 ascendía a 8.176 millones, solo había crecido hasta 9.319 millones (1.143 millones más). Como se insinuaba en el folleto, «los eventos adversos» habían acontecido solo un mes y medio después de pedir a los inversores capital fresco, el 12 de noviembre de 2012. El año se cerró con unas pérdidas antes de impuestos de 3.907 millones, reducidas a 2.709 millones merced a la ayuda pública que suponen los créditos fiscales, y el anuncio de suspensión de dividendos. Las provisiones que se hicieron fueron de 5.422 millones que sumadas a las que (indebidamente) se registraron procedentes del Banco Pastor (3.387 millones) más las existentes a final de 2011 ascendían a 10.750 millones.

En conjunto, el valor contable de cada acción se desplomó un 79 % solo en el año 2012, desde 5,57 a 1,17 euros por acción, y su precio en Bolsa lo hacía un 83%, desde 3,52 euros al inicio del año hasta 0,59 euros por acción.

Pero el poder de la tupida red comercial del Banco Popular, así como la complacencia de los guardianes del mercado —el Banco de España bajo la cadena de mando y control de Margarita Delgado-Francisco Monzón-Jerónimo Martínez Tello y Ramón Quintana, a partir de finales de octubre de 2012—, facilitó que el número de accionistas se doblara pasando de 149.000 a finales de 2011 hasta 316.000 en diciembre de 2012.

Lo que estaba por venir era imaginable.

En abril de 2013, Margarita Delgado dejaba el puesto de coordinadora ejecutiva del Departamento de Inspección III de bancos medianos para ascender al puesto de directora del Departamento I, en el que se supervisaba los bancos llamados sistémicos: Santander, BBVA, La Caixa y Bankia.

A mitad del año 2013, el consejo del Banco Popular anunciaba una operación de agrupación y canje de acciones, conocida en el mundo financiero como contrasplit. La operación no tenía impacto ni para el banco ni para los accionistas; el objetivo de estas operaciones era reducir la volatilidad (el riesgo) de la cotización al reducir el número de títulos en negociación. Sin que la operación afectara a la cifra de recursos propios, el 17 de junio de 2013 se canjearon 8.567 millones de acciones de 0,1 euros por 1.713 acciones nuevas de 0,50 euros de valor nominal.

La reacción del mercado fue brutal y contraria a lo esperado. La cotización de la acción del Popular tras el anuncio de contrasplit cayó un 5,28 % en una sola jornada, la mayor del IBEX, y dejó los nuevos títulos a 2,51 euros por acción, mientras su valor en libros era de 5,94 euros por acción.

Esta diferencia entre el valor contable y el valor en Bolsa, como advertirían en el caso de la salida a Bolsa de Bankia los inspectores-peritos Sánchez y Busquets, era un indicio de deterioro que la normativa contable exige analizar y, si es necesario, dotar como una pérdida.

Ni los administradores del Banco Popular, ni sus vitalicios auditores PricewaterhouseCoopers —PwC llevaba más de treinta y cinco años auditándolo—, ni los guardianes de la CNMV y el Banco de España dieron explicación ni motivos para abstenerse de identificar las causas de esta discrepancia de valor entre lo que decía el mercado (2,51 euros) y lo que vendían los administradores (5,94 euros).

El valor en Bolsa se recuperó a final del año 2013 hasta 4,39 euros, pero habría de hundirse en los dos años siguientes aún más. El Popular iba caminando hacia su colapso a cielo abierto, a la vista de todos los que debían evitarlo. Los resultados del año 2013 apenas superaron los 250 millones de euros y cayeron hasta 105 millones en 2015. Las demandas de las organizaciones de consumidores OCU y ADICAE contra las cláusulas suelo de préstamos hipotecarios referenciados al Euribor, y contra la práctica totalidad de las entidades de crédito españolas, concluyeron en un macro-proceso judicial que motivó una sentencia del Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 2015. Notificada al Banco Popular el 21 de enero de 2016, obligaba a dotar ese año 350 millones de euros para cubrir el riesgo de devolución de cantidades indebidamente cargadas a los clientes al liquidarles las cuotas de sus préstamos.

El riesgo sobre la posible retroactividad de estas sentencias se asentó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo que el Banco Popular valoraba en un importe máximo de riesgo de retroactividad adicional de 334 millones, pero que estimó de pago remoto (y por ello lo dejó sin cubrir) a la vista del Dictamen Preliminar emitido el 13 de julio de 2016 por el abogado general de la Unión Europea, quien dejaba constancia de la potestad del Tribunal Supremo español para limitar el derecho a la retroactividad de las indemnizaciones por las cláusulas suelo hasta el 9 de mayo de 2013.

En 2016 se celebraba el 90.º aniversario del Banco Popular. Y quien hubiera vaticinado años antes que sería el último como banco independiente no habría cosechado más que abucheos.

El Banco Popular se había creado en el Madrid de 1926 un 14 de julio con el nombre de Banco Popular de los Previsores del Porvenir. El promotor de su creación fue Emilio González-Lana Fagoaga, un ingeniero de minas que había desempeñado cargos parlamentarios en las filas del partido conservador. El 27 de enero de 1973 Luis Valls Taberner alcanzó la presidencia y durante los años ochenta y noventa del siglo XX consiguió situar al Banco Popular entre los más rentables y eficientes del mundo, el Lamborghini de la escudería de los siete grandes bancos españoles con el cual todos querían fusionarse.

El 19 de octubre de 2004, Luis Valls renunció al cargo de presidente a favor de Ángel Ron, un gallego licenciado en Derecho que había ingresado en el banco como administrativo en la Dirección Regional de Galicia.

La elección de su sucesor fue quizás el mayor error de un obsesivo, metódico y elegante Valls.

A Luis Valls se deben muchas reflexiones sobre lo que debe ser la banca y los banqueros, lo que le hizo ganar el apodo de banquero florentino. Siempre espigado y luciendo su piel tostada bajo sus sienes plateadas, Valls el Florentino lanzaba ironías muchas veces tan indescifrables como maquiavélicas.

En 1976, con motivo del cincuentenario de la fundación del banco, Valls se mostraba muy crítico con el crecimiento del balance y las que denominaba «modernas técnicas de gestión», y decía:

Durante la pasada década, el Popular ha sabido salvar el peligro de los espejismos que produce en grado no despreciable la suficiencia en el dominio de las modernas técnicas de gestión. Dicen que los médicos entierran sus errores y los arquitectos los cubren con hiedra. En banca, los errores, los espejismos en la gestión, cuestan mucho dinero […]. Ha de dominar el olfato, el ojo clínico, ya que la erudición y la brillantez son útiles en otras profesiones […]. Desde otro punto de vista también se entiende que algunas fugas de cerebros sean saludables para la banca.

En el primer semestre de 2016, la caída de las acciones del Banco Popular en la Bolsa continuó, y ya cerraban a 2,29 euros por acción. Su valor en libros en esa misma fecha era de 5,82 euros por acción. Nadie exigía revisar las valoraciones de los activos que el mercado corregía con un descuento por encima del 60 % de su valor en libros.

En ese escenario, el 29 de abril de 2016 el consejo de administración del Banco Popular anunciaba una nueva ampliación de capital, y con características muy similares a la de 2012. La operación fue aprobada por la CNMV el día 26 de mayo de 2016. Se solicitaba al mercado 2.505 millones mediante la emisión de 2,004 millones de acciones nuevas de 0,50 euros de nominal más una prima de 0,75 euros; es decir, de 1,25 euros cada una. Ese precio para las acciones nuevas representaba un descuento del 46,9 % respecto del precio de mercado del día anterior a la aprobación por la CNMV. En el supuesto de que todas las acciones nuevas fuesen íntegramente suscritas, representarían un 91 % del número de acciones antes de la ampliación y un 48 % después de la ampliación.

Es decir: se estaba aumentando prácticamente el 100 % de las acciones por las que el Banco Popular solo recibiría 2.505 millones de euros, cuando su patrimonio antes de la ampliación era de 12.423 millones de euros. Esta diferencia de 9.918 millones era más que significativa.

¿Y para que quería esta vez el Banco Popular este dinero?

¿Había alguna duda?

No. Transparente hay que reconocer que lo era. Pero tanta transparencia aceptada por todos ya era muy preocupante. La excepcionalidad de la ampliación de 2012 para tapar agujeros ahora se volvía permanente.

El Popular confesaba que quería los fondos para cubrir «provisiones o deterioros durante el ejercicio 2016 por un importe de hasta 4.700 millones de euros. De producirse esta situación, ocasionaría previsiblemente pérdidas contables en el entorno de 2.000 millones de euros en el ejercicio 2016, que quedarían íntegramente cubiertas, a efectos de solvencia, por el aumento de capital, así como una suspensión temporal de reparto de dividendo».

¿A alguien se le ocurrió exigir aquella vieja y conocida «operación acordeón», es decir, cerrar el instrumento, anulando el dinero malo saneando las pérdidas y abriéndolo después con la solicitud de dinero bueno?

No. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que había administrado la estrategia que se debía seguir para escenificar la crisis de Bankia paso a paso, no parecía prestar atención al Banco Popular. En sus enfrentamientos con el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el Banco Popular no figuraba en la agenda. Quizá tenía pensado que habría una solución. Si, como decía Rick (Humphrey Bogart) a Ilsa (Ingrid Bergman) en el film Casablanca, «siempre tendremos París», quizá De Guindos yapensara «siempre tendremos al Banco Santander».

A partir de febrero de 2014, el BCE inicia la consulta para plasmar el reglamento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), cuya andadura oficial empezaría el 4 de noviembre de 2014. Por tanto, en 2016, España seguiría pagando la factura, pero la supervisión ya había sido transferida al MUS-BCE.

El Popular ya no era, por tanto, jurisdicción del Banco de España. Ahora los inspectores que habían ascendido de Cibeles a Fráncfort, al MUS, dirigían las operaciones. En particular, el exdirector general de Supervisión del Banco de España, Ramón Quintana, que había seguido al Banco Popular durante 2013, ahora estaba a cargo ahora de la entidad española desde Fráncfort.

El viejo Lamborghini se hundía lenta e inexorablemente.

Las similitudes de la ampliación de capital de 2016 con la de noviembre de 2012 eran bien obvias. Y ambas se asemejaban a la salida a Bolsa de Bankia, salvo que las siete cajas de ahorros reunidas en el SIP habían renunciado formalmente al derecho de suscripción preferente.

Que el caso Bankia estuviera en la Audiencia Nacional y en los medios de comunicación tampoco llamaba a recato y a guardar las apariencias. No había tenido lugar ningún proceso de aprendizaje de los efectos de decisiones pasadas. Se continuaba insistiendo en la alteración de los valores contables incluidos en los balances por la vía de negar lo que el mercado mostraba.

Pero, como ya sabemos, en 2016 a los vigilantes nacionales se había añadido uno más importante. Desde el 4 de noviembre de 2014, el Banco Central Europeo (BCE) había asumido las funciones supervisoras de los bancos europeos de países del euro con más de 30.000 millones de activos.

España se convirtió en el segundo país, tras Alemania, con más bancos supervisados por el BCE (quince frente a veintiuno de Alemania).

Sin embargo, como se ha señalado, el destino quiso que el alto responsable de la supervisión del Banco Popular en los meses cruciales de 2012-2013 tuviera continuidad en la misma persona en Fráncfort: el ahora director general Ramón Quintana.

Tras el anuncio de la ampliación, la acción del Banco Popular se hundía en la Bolsa española el 26 de mayo de 2016 un 26,5 %, y en una sola jornada de 2,35 a 1,73 euros. A final de junio, la acción terminaba cotizando a 1,15 euros. Los nuevos accionistas perdían en poco más de un mes un 8 % de su inversión.

El riesgo de colapso no aumentaba por días, sino por horas. Y las autoridades —Ministerio de Economía, Banco de España y CNMV— se habían aprovisionado de unos cuantiosos paquetes de palomitas para seguir el espectáculo.

Las coberturas estimadas en mayo (4.700 millones), que motivaban la ampliación de capital (2.506 millones), solo habían sido reconocidas hasta 696 millones a 30 de junio de 2016. Así pues, el consejo de administración del Banco Popular se reservaba para actuar durante la segunda parte del año 2016. Pero el consejo parecía sentirse confortablemente instalado en las poltronas. Frente a los requerimientos de capital que el BCE le exigía (10,25 %), afirmaba tener 15,25 % el 30 de junio de 2016 y se sostenía que, aun teniendo que abordar la cobertura de deterioros estimados de hasta 4.700 millones de euros, su ratio de capital sería del 13,25 %, todavía bastante superior al que le exigía el BCE.

Y ante esta afirmación tan clara, ni el auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) ni ninguno de los supervisores alertó a unos inversores que confiaban todavía en los datos y cifras que se aportaban al mercado. Aun así, el resultado contable del primer semestre era escaso pero todavía positivo en 93 millones de euros, casi exactamente la mitad que los 188 millones de euros de los seis primeros meses de 2015.

El terremoto produciría un primer temblor en el último trimestre de 2016, una réplica de menor intensidad en el primer trimestre de 2017 y el cataclismo final el día 7 de junio de 2017.

Unos informes de auditoría sistemáticamente «sin salvedades» (limpios) durante más de treinta y cinco años por la misma firma de auditoría (PwC); unas prácticas contables contrarias a las leyes, operaciones de salvamento de bancos a la deriva cuando ellos mismos eran unos náufragos; un supervisor del mercado, CNMV, que durante años admitió la negociación pública de la acción sin exigir la corrección valorativa de los balances a la luz de los precios practicados; unos supervisores prudenciales, el Banco de España y el BCE, que no cuestionaban los excesos de solvencia que los administradores decían tener respecto de lo que les exigían, y, no menos importante, un Gobierno, el de Mariano Rajoy, que no abominaba de la palabra «rescate» de bancos desde que llegó al poder en diciembre de 2011. Porque, según el discurso oficial, los males del sistema financiero estaban concentrados en las cajas de ahorros.

El resultado antes de impuestos del Banco Popular en el año 2016 alcanzó pérdidas por 4.440 millones de euros (que merced al crédito fiscal de 1.218 millones de euros se quedaban en números rojos de 3.222 millones). La causa estaba en las coberturas de deterioros de sus préstamos por 4.439 millones de euros (tres veces más que el año anterior), pero apenas en sus inmuebles adjudicados (16.564 millones de los que 7.976 correspondían a terrenos), a los que dedicó 507 millones de euros para aumentar su cobertura (6.238 millones, apenas un 39 % de cobertura).

Y con todo, el consejo del banco sostenía públicamente que sus ratios de solvencia eran más que elevados. No había motivo para preocuparse:

A diciembre de 2016 el ratio de apalancamiento phase in de la entidad es de 5,31 %, situándose por encima de los niveles mínimos que establece el Comité de Basilea (3 % del capital de nivel 1 sobre total balance). […]

A 31 de diciembre de 2016 los ratios de solvencia del grupo son del 12,13 % CET 1, 12,13 % Tier 1 y 13,15 % Capital Total. Cabe destacar que el grupo ha alcanzado este ratio de capital por sus propios medios, con un modelo de negocio vinculado principalmente a las empresas, sin recibir ayudas públicas y tras la integración de Banco Pastor y el negocio de tarjetas de Citibank en España. Es de resaltar también que el Grupo no ha traspasado activos inmobiliarios a la SAREB.

De acuerdo a los resultados del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP), el Banco Central Europeo establece para Popular, en 2017, un requerimiento de capital CET 1 de 7,875 %. Este ratio incluye un requerimiento regulatorio (Pilar 1) del 4,5 %, un requerimiento por Pilar 2 del 2 %, un colchón de conservación de capital del 1,25 % y un colchón de 0,125 % de entidad sistémica local impuesto por el Banco de España. Por su parte, el nivel de Tier 1 exigido asciende al 9,375 % y el de capital total, al 11,375 %. El Grupo cumple a 1 de enero de 2017 con holgura los requerimientos anteriores una vez considerado los ajustes por el phase in de dicho ejercicio, presentando un ratio CET 1 de 10,57 %, un ratio Tier 1 del 11,32 % y un ratio de capital total de 12,33 %.

Ni el Banco de España ni la CNMV, ni mucho menos el auditor de toda la vida, PricewaterhouseCoopers, cuestionaron esta información que los administradores del Banco Popular aportaban al mercado.

Pero el mercado donde se negociaban sus acciones no confiaba en ellos. Ni en quienes les encubrían. El precio de la acción en Bolsa había quedado, en diciembre de 2016, en 0,91 euros y su valor contable era de 2,57 euros (5,37 euros por acción a principio de ese año).

El deslizamiento del precio a la baja continuaba día a día. Los intentos de calmar al mercado se habían iniciado ya en septiembre de 2016 con el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Pedro Larena, quien ahora junto con el presidente, Ángel Ron, asumía el desgaste.

El 1 de diciembre de 2016 un consejo de administración extraordinario anunciaba la apertura de un proceso de sucesión del presidente, para anunciar veinte días más tarde que el consejo había acordado por unanimidad proponer el nombramiento de Emilio Saracho Rodríguez de Torres como presidente del consejo de administración, nominación que sería aprobada por una junta de accionistas extraordinaria convocada para el mes de febrero de 2017.

De esta forma, las cuentas de 2017 eran todavía responsabilidad de Ángel Ron y las primeras de Emilio Saracho serían las correspondientes al primer trimestre de 2017. La junta extraordinaria se celebró el 20 de febrero de 2017.

El 3 de abril de 2017 se anunciaba la dimisión de Larena, el consejero delegado nombrado en septiembre anterior, y se daba cuenta al mercado que la auditoría interna del Banco Popular había detectado deficiencias relacionadas con la ampliación de capital de mayo de 2016, así como insuficiencia de provisiones que afectarían a los resultados de 31 de diciembre de 2016.

Se informaba, además, que el auditor externo, PwC, había sido informado y que las deficiencias encontradas no eran significativas como para justificar una «reformulación» de las cuentas anuales del Popular de 2016.

Era una declaración de guerra nada más poner el nuevo presidente, Saracho, un pie en el Banco Popular. La acción cayó ese mismo día un 10,4 % (desde 0,91 a 0,81 céntimos de euro).

¿Qué deficiencias había identificado la auditoría interna del Banco Popular?

Eran de dos tipos: pérdidas en razón de deterioro de préstamos y activos adjudicados por valor de 244 millones adicionales a las ya contabilizadas (que debían agregarse a las 4.439 millones cargadas en diciembre 2016), así como la existencia de al menos 405 millones de euros de préstamos otorgados para suscribir acciones de la ampliación de mayo de 2016. Es decir, para cerrar esa ampliación, el Popular había tenido que hacer de tripas corazón y regar con créditos a los inversores que no tenían fondos para acudir a la ampliación.

A pesar de ello, no hubo requerimiento del Banco de España, ni, al menos, instrucción de sanción por parte de la CNMV a raíz de la asistencia financiera canalizada por el Popular para la adquisición de acciones propias, habida cuenta de que la ley mercantil exige que sean sufragadas con cargo a bienes libres y estipula la constitución de reservas por idéntico importe a los créditos anotados en el activo.

El 5 de mayo de 2017 se hacía pública a través de la CNMV la información financiera correspondiente al primer trimestre de 2017, ya con el nuevo presidente Saracho. En ella se daba cuenta de que los resultados eran de pérdidas por 137 millones, como consecuencia de mayores dotaciones del riesgo inmobiliario por un valor de 469 millones de euros.

Sin embargo, el tono de la información era de optimismo y se informaba de que mejoraban los ingresos y que se habían logrado ahorros de costes, mejoras en las comisiones, lo que suponía que el margen de explotación aumentaba un 19 % en los primeros tres meses de 2017 respecto al idéntico periodo de 2016. Además, los activos dudosos, se aseguraba, comenzaban a bajar en 569 millones de euros. Y como resultado de estas mejoras, el ratio de capital, se apuntaba, se situaba en el 11,91 %, superior al 11,375 % que había fijado el BCE para el año 2017.

El 23 de mayo, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) del Banco Central Europeo concedió una entrevista a la agencia Bloomberg TV. Según explicó, «el Popular es un caso que estamos mirando», y agregó «pero no es el único que estamos mirando». Los mercados, cual cuervos sobre el cuerpo cada vez con menos vida del Popular, olían sangre. El 31 de mayo, la agencia Reuters difundía una información según la cual «König ha dicho […] que la Junta Única de Resolución (JUR) está siguiendo la situación (del Banco Popular) con particular atención con vistas a una posible intervención», dijo el alto cargo, añadiendo que los intentos de fusión de la entidad «podrían ser infructuosos». La agencia añadía: «Los preparativos generales están en marcha, aunque no se ha tomado ninguna medida concreta», citando a una «segunda fuente» sin aportar su nombre. Las retiradas de depósitos de las oficinas del Banco Popular fueron masivas.

El Popular se había desangrado durante al menos un largo año. Y el final que se acercaba no iba a ser incruento. La caída de la acción se retroalimentaba con la huida de los depositantes provocando un efecto multiplicador.

El Banco Popular, S. A. fue intervenido la noche del 6 de junio de 2017 tras sufrir los días previos una fuerte crisis de liquidez. La incertidumbre acerca de la solvencia del banco —más concretamente, del valor de sus activos vinculados con el sector inmobiliario— venía castigando progresivamente el valor de sus acciones en Bolsa, que habían cerrado el 30 de diciembre de 2016 a 0,9180 euros y a 0,3170 euros por acción el día 6 de junio de 2017, la última cotización de mercado.

La Junta Única de Resolución determinó que la «resolución» del Banco Popular era la forma de defender el interés público. Para ello decidió:

a) Dar de baja el nominal de las acciones del banco (4.196.858.092 acciones de 0,5 euros de nominal).

b) Convertir en acciones las seis emisiones de preferentes con un valor nominal de 1.346,4 millones de euros (¡ojo!, en balance estas preferentes ascienden a 1.246,1 millones).

c) Dar de baja las acciones nuevas emitidas por conversión de preferentes.

d) Convertir todos los bonos subordinados emitidos por Banco Popular y su filial 100 % Totalbank en acciones.

e) Convertir el total de las nuevas acciones emitidas en d) en un euro.

f) Transferir las nuevas acciones a Banco Santander por un euro.

La decisión de la JUR se sustentó en un informe preceptivamente encargado a un valorador independiente (la auditora y consultora Deloitte de Bélgica).

El informe, de carácter provisional, y el nombre de la auditora fueron confidenciales. Porque todos sabían, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, el primero, que Deloitte era una palabra maldita en España. Y aunque no era la firma española la encargada de hacer el informe, provocaba pudor dar en aquellos días su nombre. Lo ocultaron el tiempo que pudieron.

El FROB señaló que

de la referida valoración resultan unos valores económicos que en el escenario central son de dos mil millones de euros negativos (2.000) y en el más estresado de ocho mil doscientos (8.200) millones de euros negativos.

El culebrón para los inversores en acciones y bonos del Banco Popular acababa de empezar. El Gobierno de Rajoy tenía una consigna que repitió sin cesar: el asunto era jurisdicción de la Junta Única de Resolución y del Banco Central Europeo.

Las demandas civiles se extendieron por muchos tribunales y la demanda penal terminó en la Audiencia Nacional, y tocó al juez Fernando Andreu que instruyera la demanda por la salida a Bolsa de Bankia en 2011.

Pero, a diferencia de Bankia, los perjudicados no resultaron ser solo clientes modestos. La existencia de fuertes inversores de México (Grupo Del Valle) y de Chile (Grupo Luksic) anticipaba una fuerte y potente batalla en los tribunales. Además, la presencia de relevantes fondos estadounidenses y el hecho de ser el Banco Santander un actor financiero en dicho país ha internacionalizado el proceso con la admisión de demandas en los tribunales de Nueva York.

La batalla de inversores ricos, multimillonarios, sedientos de venganza por considerarse estafados —esto no se nos puede hacer a nosotros— acaba de comenzar.

TERCERA PARTE
PODER, GLORIA Y CAÍDA

10
WASHINGTON D. C., VIAJE DE IDA Y VUELTA

Rodrigo Rato Figaredo (Madrid, 1949) va en las listas del Partido Popular a las elecciones del 14 de marzo de 2004 como número dos por Madrid. Pero unas semanas antes, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, que lleva en el puesto cuatro del mandato de cinco años, recibe una oferta de los partidos conservador y liberal alemanes, CDU y FDP, que no puede rechazar: ser presidente de Alemania tras el mandato del socialdemócrata Johannes Rau.

Köhler anuncia su renuncia al FMI el 4 de marzo de 2004.

Rato, que a primeros de septiembre de 2003 acaba de perder la batalla a manos de Mariano Rajoy para ser el cabeza de cartel del Partido Popular, el candidato a La Moncloa, ve que se le ha presentado una oportunidad excepcional.

Mantiene una relación personal excelente con el ministro del Tesoro británico, Gordon Brown, que ocupa el cargo de presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional, el órgano de gobierno intergubernamental del FMI, pero, sobre todo, José María Aznar «le debe una».

Aznar ha nombrado a Mariano Rajoy para sucederle como presidente del PP y, por tanto, no parará hasta conseguir que su amigo, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, respalde la candidatura de su también amigo Rodrigo Rato al FMI, habida cuenta de la alianza transatlántica forjada entre Aznar y Bush en la invasión de Irak en marzo de 2003, cuyo primer aniversario se va a cumplir estos días de marzo de 2004. Para Aznar, el nombramiento de Rato es un objetivo político y diplomático: la prueba de que su estrecha colaboración con Bush relanza la presencia internacional de España.

O como le había dicho Aznar al presidente norteamericano el 22 de febrero de 2003, cuando él y su esposa, Ana Botella, fueron sus invitados en el rancho de Crawford, Texas: respaldar la invasión de Irak —contra la voluntad del pueblo español— suponía cambiar la política que había seguido España en los últimos doscientos años. El ascenso de Rato al FMI sería una prueba de la creciente influencia de España. Así se vendía.

La inesperada derrota del PP en las elecciones del 14-M exige que Rato consiga el apoyo del que va a ser el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y, al tiempo, ser el candidato de la Unión Europea para el puesto. Rato obtiene el respaldo de Zapatero y del ministro de Economía francés, Nicolas Sarkozy.

Luis de Guindos, secretario de Estado de Economía, el número dos de Rato, se ocupa de mover los hilos en los escalones técnicos de la zona euro desde Madrid. El ministro irlandés de Finanzas, Charlie McCreevy, presidente del Ecofin, consejo de ministros de Finanzas de la Unión Europea, le explica a De Guindos que, si bien su jefe conseguirá ser candidato europeo, la clave está en la Casa Blanca. La intervención de Bush, como siempre lo es por parte de Estados Unidos, será decisiva. Aznar tiene que hablar con Bush y sacarle el compromiso.

Es exactamente lo que hace. Bush apoyará a Rato, quien ya tiene de su propia cosecha el respaldo de Gordon Brown. El FMI será suyo.

A su vez, De Guindos, que está abocado a hacer las maletas para incorporarse al consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), tiene que resignarse. Mariano Rajoy le quiere para coordinar el programa económico del PP para las elecciones del 14 de marzo de 2004. Rato envía a sus colegas europeos —al presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, y al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pedro Solbes— el nombre del candidato para sustituir al español Eugenio Domingo Solans, cuyo mandato vence el 31 de mayo. Se trata de José Manuel González-Páramo, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Rato anuncia su nombre el 20 de febrero de 2004.

Según reconoce De Guindos, «Rajoy me pidió que coordinara la parte económica del programa electoral del PP para las elecciones de 2004. No militaba ni entonces ni ahora en el PP y en aquella época podía ser considerado “ratista”, pero el presidente Rajoy ha contado con mi colaboración desde entonces».

Rato es elegido en el directorio ejecutivo del FMI el 4 de mayo de 2004 para ocupar el puesto de director gerente. El 7 de junio toma posesión.

Pero el FMI será un breve paréntesis en la historia de Rato. Ser un ejecutivo del FMI es estar al frente de un escaparate internacional, pero no colma su ambición. Su objetivo es otro. Lo tiene claro desde antes de llegar y arraigará esa impresión desde el mismo día 7 de junio de 2004, al tomar posesión en el número 1900 de Pennsylvania Avenue, en Washington D. C. Es un viaje de ida y vuelta.

El sueldo de director gerente es, en aquellos años, de 391.440 dólares anuales, actualizados por el índice de precios cada mes de julio, más una partida de 70.070 dólares en gastos de representación. Y se añade un fondo de pensiones y una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Son cantidades libres de impuestos. Se exige más de dos años en el puesto para percibir, en caso de renuncia, una indemnización equivalente a parte del salario. Sus billetes de avión, así como el de aquellos miembros de su familia que le acompañen, son de primera clase. Además, como director gerente, goza de status de jefe de Estado y el Fondo dispone de avión privado para los viajes oficiales.

Rato hereda de su antecesor al llamado «economista-jefe» del FMI: Raghuram Rajan. El economista indio goza de una excedencia de tres años en la Universidad de Chicago que vence en enero de 2007.

La relación que tejen ambos en los dos años y medio de convivencia es excelente. El economista-jefe depende directamente del director gerente del FMI.

Lleva apenas un año en su puesto, cuando Rato recibe el borrador de la conferencia que Rajan va a impartir durante la reunión anual de la Reserva Federal, el banco central norteamericano, en el pueblo de Jackson Hole, situado en el valle de las impresionantes Montañas Tetón, en Wyoming. Esta vez será el año de despedida de El Maestro. Alan Greenspan se retira en 2006. Rato ha frecuentado a Greenspan siendo ministro de Economía, aprovechando sus viajes a Washington para asistir a las reuniones del FMI. Y la «cumbre» de Jackson Hole, prevista para el 27 de agosto de 2005, será, de hecho, un homenaje a su trayectoria.

El borrador resume el punto de vista del Departamento de Investigación del FMI que integran los colaboradores de Rajan: Sergei Antoshin, Douglas Diamond, Jonathan Fietcher, Donald Khon, Hyun-Song Shin, Jeremy Stein y Hung Tran.

Rajan pronuncia su discurso en un ambiente de pleitesía hacia Greenspan. Pero es un golpe directo a la política de El Maestro. Vaticina sin circunloquios la crisis que se aproxima:

Algo tan íntimo como el riesgo crediticio está siendo ahora comercializado con extraños. De hecho, del mismo modo que se le pregunta a los padres: «Saben ustedes donde están sus niños», hoy día a los banqueros se les pregunta: «¿Saben ustedes donde están sus riesgos?».

Se refiere, según él mismo explica a un grupo absolutamente entregado a Greenspan, a lo que está ocurriendo en el sistema financiero:

Como los riesgos clásicos, las hipotecas, pueden ser transferidos de los balances de los bancos a los de gestores de inversiones, los bancos tienen un incentivo para asumir más de estos riesgos. Por tanto, tenderán a alimentar antes que encoger el apetito por el riesgo. Pero los bancos no pueden vender todos los riesgos. A menudo tienen que mantener la porción más complicada de los riesgos que crean, de modo que si bien algo de riesgo ha salido de los balances, estos se han recargado con riesgos frescos más complicados.

Rajan muestra una serie de gráficos y señala:

De hecho, los datos sugieren que, pese a la amplitud de los mercados financieros, los bancos no son nada más seguros ahora que en el pasado. Aunque es difícil ser categórico sobre algo tan complicado como el sistema financiero moderno, es posible que estos desarrollos puedan inducir una mayor dinámica procíclica [los riesgos alimentan el crecimiento de la economía] que en el pasado. También pueden crear una mayor (aunque todavía pequeña) probabilidad de debacle catastrófica de la economía. Desgraciadamente, no sabremos si estas son preocupaciones serias hasta que el sistema sea puesto a prueba.

Su previsión:

Si los bancos también sufren pérdidas en sus créditos y hay incertidumbre acerca de dónde están localizadas esas pérdidas, solo bancos muy contados e intachables recibirán la aportación de liquidez que saldrá de otros mercados. Si estos bancos también pierden confianza en los otros bancos, el mercado interbancario puede paralizarse y podemos sufrir una crisis financiera en toda regla.

Estas conclusiones son presentadas con el título «Lecciones de la era Greenspan».

Es lo que pasaría exactamente dos años después, en 2007.

Más tarde Rajan, el economista que había arruinado la fiesta de Greenspan, dirá: «Me sentí como un cristiano primitivo entre leones hambrientos».

El FMI se limita a colocar en un lugar lateral de su página web el discurso de Rajan. La política del organismo no hace de la previsión de Rajan su principal orientación.

Pero Rato toma nota para sí mismo de lo que apunta su economista-jefe.

Ha intentado que Rajan obtenga una nueva excedencia. Pero la Universidad de Chicago deniega la prórroga solicitada por Rajan. En junio de 2006 se anuncia su salida el próximo 1 de enero de 2007. Antes, Rajan confiesa que lo deja «abatido»: «El FMI ha logrado muy pocos resultados».

Esas Navidades de 2006, apenas dos años y medio después de comenzar su gestión, los tanteos sobre el regreso anticipado de Rato a España empiezan a cobrar forma. Su situación familiar, con pareja y tres hijos en Madrid, se resiente a pesar de sus más que frecuentes viajes a España. Su cabeza no está en las interminables reuniones de Washington y en sus viajes por todo el mundo.

En el primer semestre de 2007, Rato deshoja la margarita tras recibir una oferta del presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, para que se haga cargo de la vicepresidencia ejecutiva del holding de empresas participadas Caixaholding, más tarde rebautizado como Criteria.

Rato observa por el rabillo del ojo la evolución de la crisis que se desarrolla en el Banco Mundial, el organismo que celebra la asamblea anual conjuntamente con el FMI. Tras varios meses de investigación interna, el 14 de mayo el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, uno de los arquitectos de la guerra de Irak desde su puesto de subsecretario de Defensa de la Administración Bush, es obligado a dimitir por violar el código de conducta con el nombramiento y salario que se asigna en la entidad, por sugerencia suya, a su amiga íntima Shaha Riza, con quien mantiene una «relación romántica».

Rato tiene despejado el camino. Un mes y medio más tarde, el 27 de junio de 2007, anuncia su renuncia con efectos de finales del mes de octubre, tras la celebración de la asamblea anual conjunta FMI-Banco Mundial en Washington: «He tomado esta decisión por razones personales. Responsabilidades y circunstancias familiares, en particular la educación de mis hijos, son la causa de mi renuncia», informa en un comunicado. De manera oficiosa deja caer que ha informado al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que había respaldado su candidatura en marzo de 2004, y a Mariano Rajoy sobre la decisión que acaba de anunciar. Añade que no piensa volver a la vida política y que se incorporará a una empresa privada. La referencia a la actividad política tiene interés porque España se encamina hacia elecciones generales en 2008.

Las especulaciones se disparan nada más conocerse su renuncia. Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del PP, declara que el partido recibirá a Rato «con los brazos abiertos» y añade que «si quiere» podría formar parte de las listas del PP para el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario del PP, no oculta su buena disposición: «Lo recibiríamos con los brazos abiertos si quiere volver a la política nacional», asegura.

La oferta cursada por Fornesa, filtrada el 3 de julio de 2007 —inmediatamente después del anuncio de la renuncia de Rato— al diario digital El Confidencial, tiene el propósito de poner palos en las ruedas al nombramiento. Y, tal como se busca, desencadena un lobby intenso contra la designación de Rato. En particular, del exministro de Industria y president de la Generalitat de Cataluña desde 2006, José Montilla, que expresa a Fainé su disconformidad con la propuesta, siempre dentro del «respeto con las decisiones empresariales privadas».

Fainé, a raíz de este embrollo, será el último en ofrecer un puesto a Rato tras su regreso a España. El 4 de diciembre de 2007, el banco de inversión Lazard anuncia que Rato se incorporaría a la estructura internacional a partir del 1 de febrero de 2008 en calidad de director general senior. «Abrir puertas, asesorar grandes fusiones y adquisiciones, aprovechar una agenda llena de políticos, banqueros y empresarios de todo el mundo» es el objetivo del fichaje, según explica Bruce Wassestein, presidente ejecutivo del grupo Lazard. «Rato aporta abundantes conocimientos en materia económica y relaciones en el sector público y privado por su perfil en altos cargos financieros.» No se le puede pedir a Lazard más sinceridad en las causas del fichaje: abrir puertas.

Aunque su sueldo es materia secreta, Rato cobrará un salario fijo y una parte importante sujeta al éxito de las operaciones en las que tome parte en acciones y opciones sobre acciones de Lazard, entidad que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para su nivel se estima un salario de 4 millones de dólares (2,7 millones de euros), que se dividen en 500.000 dólares de sueldo base y 3,5 millones de dólares en bonus y otros incentivos, una multiplicación aproximada a seis veces el salario que cobraba en el FMI. El 11 de enero de 2008, el Banco Santander informa que ficha a Rato para su consejo asesor internacional con una remuneración anual de 200.000 euros.

Desde su regreso a España, Rato mantiene una relación distante con Mariano Rajoy, quien, a su vez, deja trascender el 14 de enero de 2008 que el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, será su número dos en las listas de Madrid a las elecciones generales, un fichaje sobre el que se venía hablando desde el verano de 2007.

Y, por fin, a primeros de marzo de 2008, Fainé hace pública su contratación para presidir el consejo asesor de Criteria, la cartera de participaciones industriales de La Caixa. La oferta inicial, pues, se ha desinflado completamente.

Abortada la gran operación por la cual pasaría a ser vicepresidente ejecutivo de Criteria, los puestos que ya ha obtenido a dos meses de su regreso, tiene la ventaja de permitirle, de momento, compatibilizar estas actividades con sus negocios privados.

Ha regresado con la ambición de hacer algo importante en el sector financiero español. Y aguardará el momento de ir a por todas…

11
LA BATALLA DE CAJA MADRID, O EL CORTIJO DE LOS AMIGUETES

Sostiene Luis de Guindos que

Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 tras una negociación política de un año y medio y, en especial, una dura batalla dentro del PP, muy reveladora de lo que eran las cajas de ahorros en España. La cuarta entidad financiera española y segunda caja de ahorros detrás de La Caixa, relevaba a Miguel Blesa tras un pacto de todo el espectro político, PP, PSOE e IU, más sindicatos y organizaciones empresariales, mediante un acuerdo por unanimidad. ¿Algún banquero o gestor acreditado? Ni por asomo. Entonces se dijo que Rato era el candidato de Mariano Rajoy, en oposición a otros, como Ignacio González, el preferido de Esperanza Aguirre, o Manuel Pizarro, no se sabe de quién… incluso yo mismo soné para el puesto[2].

Y «la verdad», asegura De Guindos, «es que fue Rato quien pidió el puesto a Rajoy, y este debió considerar las capacidades de quien pilotó la política económica con éxito reconocido durante los Gobiernos de José María Aznar. No tenía por qué ser un mal banquero…».

Septiembre de 2008. Afloran las hostilidades para desplazar a Miguel Blesa, nombrado por José María Aznar en 1996, de la presidencia de Caja Madrid. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, cree llegada la hora para nombrar a uno de los suyos, Ignacio Nacho González, vicepresidente primero del Gobierno regional, al frente de la caja, una orientación que es contestada por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. No es una «negociación política» ni simplemente una «dura batalla dentro del PP», como afirma De Guindos. Es una lucha a muerte con intervención de los tribunales de justicia a instancias del Ayuntamiento de Madrid.

Una lucha encarnizada sobre un fondo de pillaje.

Detrás de los bastidores, cuando ya es un hecho que será su último año tras doce en la presidencia, Blesa tiene como mínimo dos frentes abiertos. Mientras atiende distintas peticiones de su amigo y padrino, José María Aznar, expresidente del Gobierno, sigue, al tiempo, paso a paso, las maniobras de Esperanza Aguirre y Nacho González para quitarle del sillón.

El juez Elpidio Silva, el primer instructor de Caja Madrid, inhabilitado por enviar a prisión a Blesa, incautó más de 8.000 correos electrónicos y los incorporó al procedimiento. Gracias a ellos se han podido conocer los trapicheos, desde enchufes, concesión de hipotecas, contratos de televisión, préstamos para contratación de estrellas del fútbol, hasta becas para hijos de políticos en el extranjero. Y muchos de esos correos incluyen instrucciones y órdenes de la «jefa», como llamaba Ignacio González a Esperanza Aguirre, transmitidas por correo electrónico a Blesa.

Y, claro, Aznar está presente. Él envía el 16 de septiembre de 2008 un correo a Blesa. Le informa de que José Luis Rueda, heredero del pintor y escultor Gerardo Rueda, ofrecía a la entidad financiera una parte de su colección de arte y otra parte en préstamo a cambio de 54 millones de euros. Aznar hace un resumen de las valoraciones.

El hecho de que Rueda, fallecido en 1996, fuese considerado uno de los artistas españoles más importantes del siglo XX podían justificar que Aznar se interesase por hacerle llegar a su amigo Blesa la oferta para la Fundación Caja Madrid. Pero de ahí a ejercer presión durante los meses siguientes revela la idea del expresidente del Gobierno: Caja Madrid debe hacer lo que Aznar propone.

A todo esto, ya ha pasado un año desde el estallido de la crisis financiera internacional. Y, sobre todo, el correo electrónico de Aznar no deja de llamar la atención por la fecha elegida: el 16 de septiembre es el día en el que los medios de comunicación de todo el mundo abren su portada con una noticia: la suspensión de pagos el 15 de septiembre del banco norteamericano de negocios Lehman Brothers. La crisis provoca la paralización del mercado interbancario internacional; la desconfianza de unos bancos en los otros se generaliza.

Aznar no solo intenta colocar los cuadros de Rueda, sino que, al tiempo, gestiona ante el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, la cesión de un edificio para un museo de arte contemporáneo que pueda albergar las obras del pintor. El alcalde ofrece un inmueble en el Paseo del Prado.

Blesa trata de conseguir el respaldo del presidente de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno (más tarde jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I), para complacer a su amigo Aznar.

Spottorno le responde el 18 de septiembre:

He leído, no sin estupor, las valoraciones. Pinto Almeida hace una oferta concreta para comprar la miscelánea de objetos coleccionados por Rueda por entre 40 y 50 millones de euros. ¡Qué pedazo de mecenas portugués! Y eso que sus únicas credenciales como mecenas son que es asesor de la ministra de Cultura de Portugal y patrono de la Fundación Museo Berardo, que no es precisamente el Museo Getty.

El 27 de septiembre, Aznar envía la oferta global a Blesa. Son 54 millones de euros por doscientas obras del grupo El Paso, de la Escuela de Vallecas, del Grupo Cuenca y de otros artistas, veinte obras de Gerardo Rueda y treinta más del artista pero en préstamo para exponerlas. Aznar insiste en la conveniencia de hacer la operación a través de correos electrónicos enviados a Blesa el 27 y 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2008.

Además del interés por esta operación, en aquellos mismos días de octubre de 2008 Aznar mantiene otros contactos en los cuales Miguel Blesa actuaba como puente. Se trataba de la empresa española de defensa y armamentos Einsa (Equipos Industriales de Manutención, S. A.). Blesa había sido consejero de la misma durante años y mantenía una relación estrecha con su consejero delegado, Pedro Rodríguez Pla.

El Gobierno de Aznar había adjudicado sesenta contratos por valor de 13 millones a Einsa, empresa que colaboró con el Ejército del Aire en el despliegue de misiles y en tareas de mantenimiento.

Ahora Aznar tenía interés en trabajar como representante de Einsa, y Blesa le puso en contacto con Rodríguez Pla. El 3 de octubre de 2008, Rodríguez Pla escribía a Aznar sobre el proyecto de nombrarle representante de la empresa ante Argelia y Libia. Faltaba aclarar las características del contrato que podían firmar:

No hay ningún problema en que el contrato sea [a nombre de] una persona física o jurídica; si quieres ser titular del acuerdo como persona física, para nosotros sería un honor.

Rodríguez Pla también escribió a Blesa para informarle de la marcha del negocio que estaba montando Aznar:

Hablé ayer con el presidente [Aznar] y me confirmó que ya empieza a tener estructura. Su primer colaborador es un hermano de su yerno [Alejandro Agag]. Me confirmó que ya está en marcha en Argelia y que lo que acordemos con Agag es como si lo acordásemos con él.

El interés de Aznar por este negocio se remontaba a un par de años después de su salida del Gobierno. Su modelo era Tony Blair, el exprimer ministro británico. Asesor de Gobiernos y en algunos casos de dictadores, conferenciante caro y consultor de empresas, Blair había conseguido el puesto de enviado especial para la paz en Oriente Próximo del llamado Cuarteto, fundado en 2002 por Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, con oficina en Jerusalén. Y había sido autor de libros de memorias.

Fue, precisamente, Blair quien cortejó a Gadafi antes y después de ser primer ministro del Reino Unido. Tras dejar el cargo, visitó a Gadafi en Trípoli en al menos seis ocasiones. En dos de ellas lo hizo en un jet privado pagado por el dictador libio. En nombre del banco norteamericano J. P. Morgan, que le pagaba 2 millones de libras esterlinas al año en calidad de asesor, intentó negociar con Gadafi un acuerdo entre la Autoridad Libia de Inversiones (ALI) y el conglomerado de la producción de aluminio Rusal, propiedad del magnate ruso Oleg Deripaska. Aunque J. P. Morgan se retiró de la negociación, ALI adquirió 300 millones de dólares en acciones de Rusal.

Mientras Blair Inc. era una realidad, Aznar intentaba sentar las bases, en los tres años posteriores a su salida de La Moncloa, de Aznar, S. A.

En su libro Retratos y Perfiles (Editorial Planeta, 2005) —también, como Blair, el expresidente español publicaba sus memorias—, Aznar dedica seis páginas a la figura de Muamar el Gadafi, el dictador libio. Y en el álbum de fotos, que incluye a las personas retratadas literariamente, aparecen juntos durante la visita que el entonces presidente del Gobierno español realizó, en septiembre de 2003, a Trípoli.

El comentario que aparece debajo de la citada fotografía es el siguiente:

En el año 2001 Gadafi tuvo la ocasión de demostrar que, por muy ideologizado que estuviera su discurso y su régimen, y por mucho que le apasione el aparato escenográfico, sigue siendo un hombre pragmático. De ahí su condena rotunda de los ataques del 11 de septiembre. Estoy convencido de que Gadafi se dio cuenta aquel mismo día de que el mundo había cambiado y que también él tenía que cambiar.

Aznar cuenta en su retrato de Gadafi que

entre el año 2000 y el 2003, y mientras se va desarrollando un proceso interno de reflexión en Libia, yo recibía periódicamente a enviados especiales de Gadafi con los que trabajábamos en dos ámbitos, el de las relaciones bilaterales entre España y Libia y el de las relaciones del régimen libio con la Unión Europea y Estados Unidos.

Es, parece, contundente: «A Gadafi le planteé con toda claridad la necesidad de terminar con los programas de armamento nuclear».

Tras la invasión de Irak, recuerda Aznar, «los contactos entre el Gobierno español y Libia se intensificaron». En diciembre de 2003, Libia reconoció que poseía armas químicas y biológicas, evoca el expresidente del Gobierno español, aunque fía al futuro si la destrucción de ese arsenal tendría lugar o se trataba de un giro «meramente oportunista».

Ya en los últimos párrafos de su descripción, Aznar señala sobre sus vivencias con Gadafi: «Yo no comparto casi ninguna de sus ideas, pero tuve la impresión de estar ante un dirigente que había comprendido cuál era el rumbo que había tomado el mundo».

Gadafi obsequió a Aznar con un caballo.

Me explicó que el caballo se llamaba Rayo del Líder, con mayúsculas… A los tres días de volver a Madrid, anunciaron la llegada de un vuelo fletado desde Trípoli para traer el famoso caballo, que ahora se encuentra en una dependencia de la Guardia Civil. Le agradecí el gesto, pero lo que me importa de verdad es que continúe la línea ya iniciada.

Otra vez Casablanca. No es que Aznar dijera a lo Rick Blaine (interpretado por Humphrey Bogart) al capitán Louis Renault (Claude Rains), al final de Casablanca: «Louis, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad».

Pero, si seguimos los pasos siguientes… Se non è vero, è ben trovato.

En diciembre de 2007, Gadafi realiza una visita oficial al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Se traslada el dictador libio a Sevilla con un séquito de trescientas cincuenta personas. Ha reservado ochenta habitaciones para ciento cincuenta personas en el hotel-hacienda La Boticaria,en Alcalá de Guadaira. Las otras doscientas personas de la delegación se alojan en varios hoteles de la capital andaluza: Barceló Renacimiento, Alfonso XIII y Tryp Macarena.

Gadafi tiene prevista una reunión y cena con Rodríguez Zapatero el domingo 16 diciembre de 2007, el inicio de su visita oficial. Pero el mismo día de su llegada, el sábado 15 de diciembre, Gadafi tendrá un encuentro privado. Ha invitado a cenar a José María Aznar y a su esposa, Ana Botella, en Sevilla.

El propietario de La Boticaria, José Antonio Sáenz, explica:

Gadafi y Aznar cenarán esta misma noche cordero, aunque el animal será sacrificado y cocinado según el estilo musulmán por los sirvientes del líder libio, que ha instalado también una barbacoa en la conocida jaima levantada en el interior de los jardines de la hacienda.

Es indudable que Aznar cuidó con esmero sus relaciones con Gadafi. Y sabía por qué. Firmó un contrato con la firma Befesa, filial de Abengoa, para vender plantas desaladoras en Libia. Befesa aseguró al expresidente del Gobierno una comisión del 1% de todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5% a partir de esa cifra. Cobró un adelanto de 100.000 euros y, si se hubiera concretado la venta y construcción de las desaladoras, podía haber ganado 6 millones de euros. No pudo ser. Porque Francia y Estados Unidos encabezaron, en abril de 2011, la operación militar internacional que acabaría con Gadafi y convertiría a Libia en un estado fallido. Aznar se apartó y criticó la acción con el argumento de que había dos varas de medir. Se toleraba a Siria e Irán, pero no a Gadafi, dijo. Aznar lamentaba, claro, la pérdida de una veta de negocios personales que había previsto tras salir del Gobierno en 2004.

Buena prueba de ello eran los emails intercambiados por el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, con la empresa de armamentos Einsa, en 2008.

El círculo es perfecto: Aznar nombró a su amiguito del alma para ocupar la presidencia de Caja Madrid, en 1996; Blesa era consejero de Einsa (1991-1997); Einsa obtuvo decenas de contratos con el Gobierno Aznar. Y fuera del Gobierno, en 2008, el presidente de Caja Madrid, Blesa, gestiona para Aznar la representación de Einsa para Argelia y Libia.

¿Cuándo comenzó a tener contactos Aznar con Einsa?

Al parecer, en 2006. Es decir, antes de su encuentro privado de diciembre de 2007 con Gadafi en Sevilla.

En un comunicado emitido al trascender los emails, en 2013, Aznar ha señalado que no concluyó ningún contrato o encargo de Einsa, que recibiera retribución o participara en comercio de material de armamento.

Pero ese fue el resultado de unos intentos concretos y, ya se sabe, lo que cuenta es la intención.

Aznar preparaba esos días de octubre de 2008 una visita a Argelia, invitado por el presidente Abdelaziz Bouteflika. El viaje tuvo lugar el 5 de noviembre de 2008. De ahí la necesidad de precisar el contrato y la representación.

Mientras, el director de la Fundación Caja Madrid sigue estudiando la operación de los cuadros de Rueda. Spottorno escribe su opinión en un correo dirigido a Blesa el 20 de octubre:

Para dejar claro que el precio pedido es disparatado, no me ha parecido entrar en detalle de muchas valoraciones concretas, sino solamente de algunas pinceladas sobre lo que puede ser valioso, sin referencia a lo que no lo es.

Spottorno, pues, empieza a negociar la adquisición solo de obras de Gerardo Rueda y por mucho menos dinero.

Mientras tanto, la batalla entre los grupos rivales por el control de Caja Madrid ha dado un salto. La Comisión de Control de la entidad decide, el 16 de enero de 2009, ignorar la reforma legal impuesta por los aliados de Esperanza Aguirre a finales de diciembre de 2008 para las elecciones próximas, y destituye al presidente de dicha comisión, Pablo Abejas, que comulga con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy, desbordado, sugiere que el Banco de España debería ejercer la tutela de Caja Madrid.

Blesa ya no oculta su desesperación por el tema que le ha propuesto Aznar. Ese 16 de enero escribe a Spottorno ante el anuncio de José Luis Rueda de viajar a Madrid para celebrar una reunión y cerrar el acuerdo:

Está dispuesto a venir la próxima semana el día que digáis y celebrar la reunión en su casa. ¿Sabes lo que es una apisonadora? Porfa.

Tras la reunión, el 20 de enero Spottorno escribe a su jefe:

La reunión fue agradable y buena. Llegamos a un acuerdo, a reserva de que lo ratifique tras consulta con su asesor jurídico.

Spottorno explica las condiciones: se comprarían veintiséis obras de Gerardo Rueda por 6,1 millones de euros, más el préstamo de otras setenta y cinco para su exposición en un museo que se abriría en un edificio cedido por el Ayuntamiento de Madrid por un mínimo de cincuenta años, situado en el Paseo del Prado 30, con autorización para demolerlo y levantar uno nuevo.

El 21 de enero, Blesa, contento, escribe a Spottorno: «Gracias. Increíble. ¿Recuerdas de dónde partíamos?». Spottorno responde: «De una quimera que se deshizo como un azucarillo. Ahora por fin estamos con los pies en la tierra».

Todos contentos. Aznar habla con Ruiz-Gallardón, quien saluda el principio de acuerdo alcanzado y confirma su oferta del edificio para el museo municipal. En marzo, por fin, la Fundación Caja Madrid y José Luis Rueda firman un protocolo de intenciones.

Mientras, el enfrentamiento entre Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre gana en virulencia. El Ayuntamiento de Madrid presenta recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de modificación de estatutos de Caja Madrid auspiciado por la Comunidad de Madrid.

Pero Aznar no las tiene todas consigo. En junio, Spottorno avisa a Blesa de que el coste de derribar el edificio del Paseo del Prado y construir el museo oscila entre 69 y 115 millones de euros: «El proyecto resulta inabordable para la Fundación Caja de Madrid y por lo tanto debería ser abandonado».

La comisión de propuestas de la Fundación baja el pulgar. Spottorno informa el 15 de julio de 2009 a Blesa: «Intervinieron todos y fue unánime la opinión de que el proyecto es innecesario e inabordable y el coste es prohibitivo».

Nada más conocer el desenlace, el hijo de José María Aznar envía a Blesa un correo electrónico, el 16 de julio a las 19:14 horas:

Con los pelos que se ha dejado por ti, y han sido muchos, me parece impresentable lo que has hecho o no has hecho. No se merecía esta decepción.

Tres minutos más tarde, Blesa responde:

No quiero pensar que me estás hablando de tu padre y Rueda.

Al día siguiente, el presidente de Caja Madrid, a las 14:40, es más explícito:

Puede que seas muy joven para entenderlo: algún día no te explicarás haber escrito ese mensaje. Yo nunca me arrepentiré de haber actuado así, la Caja tiene sus procedimientos, no es mi cortijo. A tu padre nunca le ha decepcionado la seriedad y honestidad de un amigo.

Aznar Botella le contesta unas horas después. Da la impresión que ha hablado con su padre:

Si quieres pregunta a tu amigo [Aznar] por el mensaje que te mandé. Te puedo asegurar de que existe dolor y decepción, y no tiene que ver con el resultado del tema ni con tus responsabilidades. Hay muchas formas de hacer las cosas y aquí, por lo que parece, se han hecho muy mal.

Blesa acusa el golpe:

Por lo visto me has mandado el mensaje después de hablar con él. Me quedo perplejo. Hacerme culpable a mí es ir muy desencaminado. Pero no quiero decir más, esto es muy desagradable. Ojalá todo quede en el olvido.

Agosto de 2009. Las noticias sobre fusiones entre cajas —en plena crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja en España— se multiplican. Antes de las vacaciones, Rajoy recibe a Ignacio González. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid está trabajando desde hace varios meses en el pacto con todas las fuerzas políticas para ser el presidente de Caja Madrid. Informa a Rajoy y sale de su despacho en la planta séptima de Génova con la idea de que el presidente del PP no le vetará. Vamos, que con el apoyo de Esperanza Aguirre no habrá problemas para su presidencia. Las heridas provocadas por su enfrentamiento con Rajoy en 2008, en la Convención de Valencia, no frustrarán su sueño.

Pero Rodrigo Rato, que sigue la situación de las cajas de ahorros desde el FMI —a raíz del informe técnico sobre ellas de mayo-junio de 2006—, no deja de informarse con sus amigos sobre los pormenores de la batalla. Se avecina una movida histórica en las cajas. El ajuste de cuentas pendiente entre bancos y cajas no tardará en llegar. Rato sigue el enfrentamiento entre Esperanza Aguirre, con quien mantiene muy buena amistad, y Ruiz-Gallardón. Lo hace desde una atalaya significativa tras su nombramiento a primeros de 2008: la presidencia del comité asesor de Criteria, el holding de participaciones industriales de Caixabank.

En realidad, todos están en esta movida que se aproxima. En un correo electrónico que dirige a uno de sus colaboradores, Blesa cuenta, en agosto de 2009, lo que está ocurriendo:

Hablé con Esperanza para confirmarle que sí, que estoy tratando de hacer una fusión, que llevo años pensando que es una buena opción para la caja y, en este momento de reestructuración del sector, lo considero mi obligación y responsabilidad. Pero que no hay nada, que son los tanteos iniciales, que ya lo sabrá cuando haya algo más concreto. Tampoco le tranquilizó que le asegurara que con ello no pretendo paralizar el proceso electoral. Que dejen de calentar la prensa sus dóbermans de siempre. ¿Quién, [Antonio] Beteta [consejero de Economía de la Comunidad de Madrid]? No, yo no sé quién ni eso importa ahora. Solo que te creas lo que te digo. Y así, con poco más acabó la conversación. Lo dicho, nada nuevo.

Rato no da por perdida la posibilidad de replantearse la excelente relación que mantiene con Isidro Fainé, ahora desde dentro de Criteria, y ve en Caja Madrid la oportunidad para apuntar en esa dirección.

La crisis y el enfrentamiento entre las facciones rivales es una oportunidad. Rato sabe que Esperanza Aguirre no es la vía porque tiene su candidato: Ignacio González. Pero al mismo tiempo cree que Mariano Rajoy puede apoyar una alternativa a González, a quien ha apartado del comité ejecutivo nacional.

Pero así como Aguirre no puede ser la vía, los hombres de Ruiz-Gallardón pueden considerarle la carta para derrotar a Aguirre.

El presidente de Caja Madrid, por su parte, no da crédito a que la candidatura de Ignacio González consiga salir adelante. En un correo electrónico a uno de sus colaboradores, el 14 de septiembre Blesa apunta:

Cada vez suena con más fuerza la opción de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, pero es tan extravagante y desvergonzada que parece condenada al fracaso; dicen que a Rajoy le produce sarpullido.

Y concluye:

No estamos muy lejos del final…

12
MARIANO RAJOY, DIRECTOR DEL CASTING

Mariano Rajoy tendrá que ejercer el arbitraje. Pero, aunque así aparece, no se trata solamente de la lucha interna dentro del Partido Popular para apropiarse de la presidencia de Caja Madrid.

Rajoy acaba de dar el apoyo del PP para sacar adelante el Real Decreto-Ley de Rodríguez Zapatero del 26 de junio de 2009, que propone reestructurar las cajas de ahorros. El pleno para convalidar el Real Decreto-Ley está convocado para el 8 de julio.

Un día antes, el 7 de julio de 2009, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acude al IX Encuentro Financiero Internacional organizado por Caja Madrid y el diario El País.

Es un gobernador exultante. Ríe a gusto con Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, y cuando contesta a los medios de comunicación no puede reprimir la satisfacción por lo que va a ocurrir al día siguiente en el Congreso. Es él quien traza la hoja de ruta que el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue a rajatabla.

«El Banco de España tiene las manos libres para la reordenación del mapa financiero de acuerdo con los criterios del decreto», señala. Se trata de reducir al mínimo el riesgo del contribuyente y que el sistema que salga de la reestructuración sea sólido.

No se ayudará a todos los bancos ya que hay entidades que compiten excesivamente entre sí y no tienen suficientes beneficios.

«Lo bueno sería que el FROB no se utilizara nunca», ironiza.

Bajo la presión del sector financiero, Rajoy respalda en el Congreso de los Diputados, al día siguiente, 8 de julio, la convalidación del decreto de lo que se llamará la «ley del FROB», la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Cristóbal Montoro hará de bufón. «¿El FROB? Si es que hasta el nombre se las trae. ¿No había uno mejor?», ridiculiza el portavoz económico del PP. Pero, ironías aparte, el PP apoya. Montoro apunta que es necesaria «una cantidad ingente de dinero público para que el sistema financiero reactive el crédito a empresas, familias, pymes y autónomos», que, a su juicio, sacarán a España de la crisis. En cambio, no justifica el «despilfarro en otras carteras del Gobierno».

Rajoy cree, a la luz del compromiso con el Gobierno en el sector financiero, que Ignacio González no es la persona adecuada para presidir Caja Madrid y el proceso de fusiones que se avecina.

Rato, como afirma Luis de Guindos, pide a Mariano Rajoy la presidencia de Caja Madrid. Lo hace en la rentrée. Rato, que le conoce bien, no descarta, astutamente, un punto: que el presidente del PP vea con simpatía —y con tranquilidad— lo que sería su renuncia irrevocable a la actividad política con la presidencia de Caja Madrid. La sombra que proyecta el antiguo poderío de Rato se disiparía. Definitivamente.

En septiembre de 2009, en el momento de descomposición total del proceso de sucesión de Blesa, Rajoy le recibe en su despacho de la planta séptima de Génova 13. Rato le pide la presidencia y le cuenta que tiene varias ideas. Su proyecto es lanzar un proceso de fusión con otras entidades. Pone una condición: el respaldo del Banco de España.

Rajoy tendrá que hacer el trabajo con su estilo, midiendo los tiempos, y Rato estar callado como un muerto. Ambos salen contentos del encuentro. Rajoy ha encontrado en Rato «el candidato».

Porque reúne —valora— las mejores condiciones: su experiencia como vicepresidente económico y su paso por el FMI. Y nadie en el PP, cree Rajoy, va a oponerse seriamente a esta candidatura. Su arbitraje entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón ahora es viable porque esta es la carta de triunfo.

El 2 de octubre de 2009, el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid paraliza de forma cautelar el proceso electoral de Caja Madrid hasta que se aclare el reparto de los sesenta y cuatro consejeros generales que corresponden a la Casa Real en la Asamblea de Caja Madrid. La renuncia a ellos de esta institución se ha convertido en un nuevo motivo de enfrenamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por el control de la entidad. El proceso, pues, se vuelve a dilatar.

Ese día, Matías Amat, director general y mano derecha de Blesa, comenta con entusiasmo, en un correo electrónico dirigido a este, la decisión de suspender el proceso electoral que Aguirre quería poner en marcha:

Es la enésima vez que Nacho González y la rubia [Esperanza Aguirre] se llevan un revolcón. Aprenderán? A los del pacto se les ha vuelto a quedar cara de gili... Felicidades¡¡¡

Blesa le responde:

Prudentes pero es un triunfo.

Pero este 2 de octubre ocurrirá un hecho que hará avanzar la película con mayor suspense. Rajoy y Aguirre han viajado a Copenhague para arropar la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos 2016. Y allí, mientras desayunan frente a frente, Rajoy saca el tema. Le parece que el candidato debe reunir unas condiciones intachables y que el espectáculo que se está dando es impresentable. Nadie puede competir con Rato. Y le cuenta algo que su interlocutora todavía ignora: el exvicepresidente estaría encantado.

Esperanza Aguirre sabe que ha perdido la batalla por colocar a Ignacio González, pero tendrá que montar el escenario:

Mariano, sabes que he sido yo quien primero de todos he dicho que Rodrigo es un magnífico candidato, el hombre ideal. Pero, como también sabes, porque lo ha hablado contigo, Ignacio González tiene una gran ilusión por este proyecto, se lo ha currado y me lo ha solicitado desde hace tiempo. Me he comprometido a apoyarle. Tengo que ver cómo gestionar esto. Te pediría que no se anuncie enseguida la candidatura de Rodrigo.

Rajoy queda conforme. Tanto la eliminación de González como el ascenso de Rato se cocinará a fuego lento. Pero se cocinará. Era un candidato que Esperanza Aguirre no podía rechazar de plano. Sabía que nadie podría oponerse. Y ahora, en Copenhague, puede ver que es así. Hay que dejar que Esperanza salga del problema. Ya encontrará la manera. Pero sin bajar la guardia. Rajoy no negociará. Lo tendrá que arreglar Esperanza Aguirre.

Ruiz-Gallardón, por su parte, no vacila en apoyar a Rato.

El PP filtra a mediados de octubre la noticia: Rajoy quiere a Rato para presidir Caja Madrid.

El lunes 19, en la reunión de maitines que preside Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el presidente se despacha contra la candidatura de Rato. Él, que presume en privado de ser una de las tres personas —junto con Nicolas Sarkozy y Gordon Brown— de conocer por qué Rato ha abandonado, en 2007, el FMI, cree que el haber renunciado a un puesto internacional tal relevante le descalifica. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, también coincide con el presidente. Prefiere a alguien próximo al PP pero con perfil técnico, al que suele invitar a los almuerzos que a menudo mantiene con un grupo de economistas en el Ministerio de Hacienda, en Alcalá 4. Se trata de Luis de Guindos.

El 20 de octubre circula la noticia de que Luis de Guindos es el candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir Caja Madrid. Esperanza Aguirre salta otra vez al ruedo y, aunque desconfía de la noticia —nadie la ha informado desde Génova 13 sobre este pacto—, sale en defensa de Ignacio González.

Y estos días entra en acción otro personaje que quiere influir en lo que ya es un casting en regla. Es el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ahora mueve ficha con filtraciones más abiertas sobre el veto a Ignacio González. Su objetivo central: hundir definitivamente la candidatura de González. El gobernador teje una red para hacer a Rato presidente de Caja Madrid.

En efecto, lo que el Banco de España, por un lado, y Rajoy, por el otro, impulsan es un casting, como si fuesen a rodar una película. Por razones distintas. Fernández Ordóñez quiere una figura del mundo económico con prestigio en los ambientes financieros. Y, además, que sea conocido fuera de España, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Haber sido ministro de Economía en la eurozona y director gerente del FMI son dos antecedentes imbatibles.

Es el actor ideal para ser el protagonista en un papel, según Fernández Ordóñez, que no va a ser sencillo de interpretar. El gobernador quiere a Rato por sus tablas. Los conocimientos bancarios y la experiencia financiera directa son secundarios. ¿Acaso los tenía Fernández Ordóñez cuando pasó de la Secretaría de Estado de Hacienda al Banco de España? La respuesta: no.

El Banco de España difunde, pues, que González carece de la experiencia y el currículum para ejercer la presidencia, habida cuenta de que la entidad se encuentra en una situación de caída de beneficios y alta morosidad.

Y, añade, Caja Madrid deberá protagonizar fusiones en el corto plazo.

El jueves 22 de octubre, Rajoy recibe en su despacho a Esperanza Aguirre. Se trata de aclarar que no hay cambio alguno. Nada de Luis de Guindos. Estamos en lo mismo que hemos hablado en Copenhague: nuestro hombre en Caja Madrid es Rato. Pero ahora Rajoy ya se muestra más exigente. Hay que deponer la candidatura de González.

El 26 de octubre, el vicealcalde de Madrid, mano derecha de Ruiz-Gallardón, miembro del comité ejecutivo nacional del PP por decisión personal de Rajoy, lanza lo que pretende ser el jaque mate para acabar con la opción de Aguirre. Manuel Cobo explica al periodista de El País José Manuel Romero, a través de una amplia entrevista, que Rodrigo Rato debe ser el presidente de Caja Madrid:

Rodrigo Rato es una de las personalidades más importantes que ha habido en esta España constitucional, un profesional con una capacidad extraordinaria, un experto en el mundo financiero, un ejemplo en la administración del dinero público. Siendo todo esto verdad, mis elogios y los que pueda hacer cualquiera nunca llegarán a los que de forma permanente y hasta, si me permite la exageración, he oído decir de él a Esperanza Aguirre en cada acto público. En cada mitin decía esto y mucho más: «Rodrigo ha sido el artífice de la España creadora de empleo; ha sido el hombre del milagro económico español». Y en esos mítines se terminaba gritando: «Rodrigo para rato». Eso sí, curiosamente, cuando más le he oído estos elogios a Aguirre es desde que Rajoy preside el partido. Algún malpensado diría, viendo cómo está actuando ahora con él, que sería para molestar a Mariano. Un bien informado sabe que a Mariano eso no le molestó nunca.

Pero no se detiene en la defensa de Rato. Pasa al ataque más encarnizado, quizá más allá de lo que desearían Ruiz-Gallardón y Rajoy. Cobo quiere el KO. Cree que puede ahogar a Esperanza Aguirre con la soga de Rato. La quiere tendida en la lona:

Soy afortunado al tener cierta independencia y sé que es mucho en estos tiempos. Aunque intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada. Pero estaban equivocados, porque aunque hubieran encontrado algo con qué chantajearme, me hubiera dado igual, porque siempre diría lo mismo. A mí no me han gamoneado ni me van a gamonear nunca [en referencia a Sergio Gamón, alto cargo del Gobierno de Aguirre que montó el supuesto aparato de espionaje político]. Todavía recuerdo y tengo en mi poder el original de una revista que Esperanza «levantó» de los quioscos, según ella misma me confesó, en la que me calumniaban y decían en su portada: «Desvelamos los secretos de Cobo. Las maniobras de Gallardón. A por Rajoy». Qué curiosa es la vida, que con el tiempo pone a cada uno en nuestro sitio.

La gestapillo. Ingenioso diminutivo que Cobo ha encontrado para Gestapo, contracción de la Geheime Staatspolizei (Policía Secreta de Estado), de la Alemania nazi.

Es decir: aprovecha la batalla interna González-Rato, Esperanza-Ruiz-Gallardón, para elevar el tiro y denunciar un sistema de espionaje institucional en Madrid impulsado por un sector de su propio partido, en el que sitúa a Aguirre, González y Francisco Granados.

Rajoy ya ha conseguido el cierre de filas en torno a Rato. Pero ahora necesita el respaldo del Gobierno. Fernández Ordóñez juega sus cartas. Rajoy consigue ese respaldo. Rodríguez Zapatero hará unas declaraciones para despejar el camino.

El 28 de septiembre, el presidente del Gobierno hace una rectificación en los pasillos del Congreso de los Diputados, tras comparecer en la sesión de control. Preguntado por su oposición, ya aireada en los últimos días, a la candidatura de Rato, señala: «No tengo una posición contraria».

Como no puede exhibir un entusiasmo ficticio, insiste en otra idea para desviar la atención respecto a sus comentarios difundidos el lunes 19:

El nombramiento se tiene que producir cuanto antes. La elección es un asunto muy serio y no debe ser un campo de batalla interno del PP ni entre este partido y el PSOE.

Al día siguiente, armado el puzle, Rajoy se pronuncia. En una entrevista en Antena 3, explica lo que está pasando. Ya está lanzado, se ha acabado la espera y el suspense:

A mí lo único que me importa es que una entidad financiera como Caja Madrid, la cuarta del país, sea respetada, cumpla sus funciones y estén al frente de la misma los mejores. Es lo único que me importa. Porque la situación económica de España y la situación financiera no es para tomársela a broma ni para andar con dimes ni diretes ni discusiones, pongo o dejo de poner. A los mejores. Todo el mundo sabe que, si yo pudiera votar, desde luego elegiría a los mejores. Y creo que Rodrigo Rato, que es una persona que ha sido ocho años vicepresidente económico en un momento en que la economía española iba francamente bien y donde había alegría, había confianza en el futuro. Una persona que ha sido director del Fondo Monetario Internacional, creo que sería un extraordinario presidente de Caja Madrid.

Rajoy, como suele ocurrirle, se calienta a sí mismo:

Y si alguien no lo cree, que lo diga, porque a ver quién puede poner pega, en fin, a una persona con una trayectoria en el ámbito económico como la que tiene el señor Rato.

Y a la pregunta de si está negociando con Esperanza Aguirre, Rajoy levanta el índice de su mano derecha y reafirma su autoridad: «Yo no estoy negociando nada», dice con un mohín irónico, «quiero dejarlo muy claro, no estoy negociando nada».

Preguntado por Rato, ya lo dice sin ambages, desafiante: «Creo que sería un extraordinario presidente de Caja Madrid y si alguien no lo cree, que lo diga. A ver quién puede ponerle una pega con la trayectoria que tiene el señor Rato». Recalca que el exvicepresidente Rato no es su «rival» ni le ha «apuñalado».

Y también explica por qué ha tardado en definirse dejando que se desarrollara la crisis interna:

La clave es saber tomar las decisiones en el momento en que hay que tomarlas. Yo manejo mis tiempos y tomo mis decisiones en el ejercicio de mis responsabilidades.

Ignacio González, que insiste en haber obtenido en su momento el respaldo de Rajoy, tira la toalla el lunes 2 de noviembre y anuncia su respaldo a la candidatura de Rato para la presidencia de Caja Madrid, con el deseo de que el proceso de renovación culmine cuanto antes.

El 4 de noviembre, Rato, que ha jugado —como ha convenido con Rajoy en septiembre— con las cartas tapadas, callado como un muerto, sale de su madriguera. Y aparece junto a Rajoy en una conferencia para arropar a Cristóbal Montoro, quien pide «una rectificación total y absoluta de la política económica» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Rato posa para hacerse la foto con unos sonrientes Rajoy, Montoro, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

El 22 de diciembre renuncia a sus puestos en Lazard, Santander y Criteria, y tras negociar los apoyos del Partido Socialista de Madrid, de Comisiones Obreras y UGT, desbroza el camino.

La lista electoral encabezada por Rodrigo Rato como presidente y por el socialista Virgilio Zapatero como vicepresidente es respaldada, el 28 de enero de 2010, por la mayoría absoluta de los asistentes a la Asamblea General de Caja Madrid. El resultado ha sido de 303 votos, de los 325 válidos, con 22 en blanco.

Los elegidos forman parte del nuevo consejo de administración que, a continuación, nombra a Rato por unanimidad presidente de la segunda caja de ahorros de España. Con la proclamación de Rato termina el proceso electoral más largo y polémico en los más de trescientos años de historia de Caja Madrid, a raíz del enfrentamiento de bandas rivales dentro del PP.

Rodrigo Rato ha ganado el casting. Ahora interpretará un papel en el que el Banco de España dictará las reglas del juego.

13
EL BANCO DE ESPAÑA: AQUÍ TE PILLO, AQUÍ TE MATO

El 10 julio de 2007, cuando empieza a aflorar en Estados Unidos la crisis financiera, Charles Chuck O. Prince III, presidente y primer ejecutivo del banco Citigroup, declara al diario Financial Times: «Cuando la música se detenga, en términos de liquidez, las cosas serán complicadas. Pero mientras suene la música, debes levantarte y bailar. Todavía estamos bailando».

El 8 de abril de 2010, Prince comparece en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera del Congreso norteamericano. Y explica el sentido de su comentario:

La cita tiene que ver con el negocio del crédito apalancado [apalancarse consiste en utilizar deuda —dinero a crédito o productos apalancados— para aumentar el capital disponible a invertir, la relación entre el capital propio y el capital prestado] y solicité a los reguladores que adoptaran medidas en relación al mismo.

Esta petición, en efecto, era recogida en el libro de memorias del secretario del Tesoro, Henry Hank Paulson, On the brink. Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System [En el filo. La carrera para frenar el colapso de las finanzas mundiales].

«¿Usted quería que los reguladores le impusieran medidas? Es decir: ¿quería que le impidieran seguir bailando?» —preguntó Bill Thomas, vicepresidente de la comisión—. «¿No podían adoptar medidas dentro de Citigroup?».

Prince explicó que los bajos tipos de interés impuestos por la Reserva Federal habían ayudado a la expansión del crédito apalancado y que los bancos «carecían de credibilidad para dejar de participar en el negocio de estos préstamos». Y señaló que frenar la expansión crediticia iba en el propio interés de la Reserva Federal, y para ello era necesario prevenir a las firmas de capital riesgo con el fin de que no forzaran a los bancos a prestar dinero para negocios dudosos.

Durante la fase de incubación de la crisis en España, según hemos visto, hasta mediados de 2006 con Jaime Caruana y desde entonces con Fernández Ordóñez, el Banco de España se negó a reconocer la burbuja inmobiliaria y actuar en consecuencia. No quiso detener la música, parafraseando a Chuck Prince.

Pero, ahora, las fusiones frías —las apariencias de fusión— encubrían por otros medios la continuación de la política anterior del Banco de España de colosal expansión del crédito que habían denunciado los inspectores en tiempos en que era posible corregir.

Fernández Ordóñez había anunciado, en Santander, junto a Blesa, el 7 de julio de 2009, la víspera de que el Congreso de los Diputados aprobara la creación del FROB y el proceso de fusiones, que el Banco de España tenía ahora «las manos libres».

Y dijo algo más: «Las peores consecuencias de una crisis no es la crisis en sí, sino sus respuestas».

Para esas fechas, la prensa ya hablaba de las fusiones antes de la convalidación del decreto del FROB en el Congreso.

A finales de mayo de 2010, se contaban alrededor de treinta y cuatro cajas que negociaban un proceso de concentración que reduciría el número de entidades desde las cuarenta y cinco existentes a veintidós, con una segunda oleada en ciernes que dejaría el total en quince cajas.

Rodrigo Rato llevaba apenas dos meses al frente de Caja Madrid. Su diseño era una fusión con cinco cajas. Durante sus primeros meses en Caja Madrid, mientras daba los pasos hacia las negociaciones de fusión, Rato iba formando su nuevo equipo de gestión. Se entrevistó con gente joven para renovar la estructura directiva de Caja Madrid. El mercado de ejecutivos bancarios había recibido, en la segunda parte de 2009, un impulso con la llegada de los primeros espadas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

José Ignacio Goirigolzarri acababa de renunciar, hacía pocos meses, al cargo de consejero delegado del BBVA a raíz de la decisión del presidente, Francisco González, de seguir al frente de la institución pese a cumplir, a mediados de octubre de 2009, los sesenta y cinco años, edad señalada por las normas internas para su jubilación. Goirigolzarri esperaba el momento para acceder, con cincuenta y cinco años, y treinta en la entidad, por fin, a la presidencia.

Sin embargo, tal como se venía venir, una decisión del consejo de administración del BBVA consideró, el 29 de septiembre de 2009, imprescindible la continuidad de González. Era la segunda prórroga que González había propiciado, después de una primera en 2007.

Goirigolzarri decidió, pues, renunciar y salir de la entidad acogiéndose a una jubilación anticipada, con una pensión vitalicia de 52,5 millones de euros.

Pero no fue el único en marcharse. José Pepe Sevilla, estrecho colaborador de Goirigolzarri, también abandonó el BBVA, donde había trabajado como director general de la división de Riesgos, de la de Estrategia y de la de Presidencia.

Rato buscaba en aquellos primeros meses de 2010 un nuevo director financiero de Caja Madrid. Y una de las personas que encajaba en el perfil era Sevilla. Aparte del BBVA había sido directivo del banco de inversiones Merrill Lynch y de la antigua firma de Francisco González, FG Inversiones Bursátiles. Y con cuarenta y seis años era el tipo de ejecutivo joven que Rato estaba buscando.

Rato recibió a Sevilla. Y le ofreció el puesto. Pero la posición de director financiero no le interesaba. Sevilla quería una posición de mayor responsabilidad, dada la experiencia que había tenido hasta ese momento.

Las vidas de Rato y las de Goirigolzarri y Sevilla se volverían a cruzar.

Marzo de 2010. Caja Madrid prevé pérdidas de 7.700 millones de euros. Necesita recapitalizarse con urgencia. Rato quiere mantener a Caja Madrid como cuarto grupo en el mapa bancario español. Negocia para ello la fusión con cinco cajas: CajaCanarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

Estas negociaciones se hacen en paralelo a la próxima modificación de la Ley de Cajas de Ahorros. Y al cambio en la cúpula de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Fainé, uno de los que han sido consultados sobre la reforma, asume en abril la presidencia de la CECA al ser elegido por la asamblea tras la renuncia el 17 de marzo de Juan Ramón Quintás. Rodrigo Rato, Braulio Medel, presidente de Unicaja, y Modesto Crespo, de la CAM, siguen como vicepresidentes de la CECA. Fainé es recibido por Rodríguez Zapatero en La Moncloa el 3 de mayo. Los movimientos en el tablero de las cajas cobran un ritmo frenético.

Pero la crisis financiera es uno de los frentes de Rodríguez Zapatero.

La reforma que ha aprobado tendrá el respaldo del PP. Por ahí no hay dificultades. Lo que le tiene ensimismado estos días son las presiones de la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional para que anuncie un plan de ajuste, para que abjure de su política económica anterior y se ponga a disposición de los mercados.

El 12 de mayo de 2010, cuatro días más tarde, he aquí la crónica de José Manuel Romero en el diario El País:

El presidente entra cabizbajo en el hemiciclo del Congreso con un escueto discurso en su mano derecha. Abre la carpeta blanca y lee dieciséis folios de malas noticias. Zarandeado por siete días de infarto, por una semana de ataques financieros que han situado a España al borde del precipicio, José Luis Rodríguez Zapatero descarga desde la tribuna de oradores una realidad muy negra y anuncia, en 120 segundos, nueve medidas «imprescindibles y equitativas» para salir del pozo, nueve puntos negros entre los folios 11 y 12 que suponen el mayor recorte social conocido en la historia reciente.

La sesión parlamentaria del miércoles 12 de mayo de 2010 quedará grabada en la memoria de España. Ese día, el jefe del Gobierno anunció uno de los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de la democracia.

Cinco millones de pensionistas, 2,8 millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y los 400.000 nuevos padres de 2011 sufrirán en sus bolsillos las consecuencias del recorte. Las constructoras perderán un negocio de 6.000 millones de euros en obra pública y los países en vías de desarrollo dejarán de recibir 600 millones de euros de la cooperación española.

La tijera de Zapatero se llevará por delante 15.000 millones de euros en año y medio, una factura dramática que el Gobierno socialista ha decidido pagar para ahuyentar algunos fantasmas que amenazan la estabilidad financiera de España y de la Unión Europea.

El presidente que se juramentó para no tocar las prestaciones sociales en medio de la tormenta de la crisis y que se aferró a la paz social como un salvavidas con el que salir a flote en plena recesión, descendió el pasado miércoles a su particular infierno para anunciar la reducción de unos gastos que, hasta ese momento, eran sagrados e intocables.

Lo hizo sin encontrar en el hemiciclo ni una sola mano tendida, salvo la de su propio grupo parlamentario; lo hizo a sabiendas de que lloverían huelgas en España y de que le darían la espalda los sindicatos mayoritarios, con los que se había entendido bien durante esos dos años de calvario económico y paro desbocado; lo hizo a la fuerza, porque le obligaron otros Gobiernos de la Unión Europea; lo hizo en la intimidad de su teléfono móvil, conversando con apenas media docena de colaboradores y algunos líderes europeos; lo hizo pese a que solo una semana antes, cuando se reunió en el palacio de La Moncloa con Mariano Rajoy, había defendido con vehemencia todo lo contrario.

El pasado 5 de mayo, el líder de la oposición había exigido al presidente más ahorro. Zapatero se negó con un argumento que repitió hasta cuatro veces delante de los periodistas: «No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación».

Solo siete días después de aquella defensa sin fisuras de un recorte moderado del déficit, Zapatero cambió radicalmente de discurso en el Congreso: «Coherentes con la evolución de la realidad, el Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional de medio punto este año y otro punto adicional en 2011, para pasar en dos años del 11,2% de déficit al 6%».

El presidente admitió que la dolorosa decisión provocaría, además de un notable descontento social, un pequeño retroceso en lo económico: «La reducción de la demanda afectará transitoriamente al crecimiento, que el año que viene será unas décimas inferior al previsto».

La realidad evoluciona casi a la velocidad de la luz. Lo que el Gobierno consideraba el miércoles 12 de mayo un «buen plan de ajuste» que no había que acelerar, apenas servía el viernes 14, y ya es un pasado remoto el domingo 16 de mayo.

Rodríguez Zapatero logra la aprobación del programa de ajuste de la CE-Eurogrupo y el FMI, que él ahora representa, por un solo voto, merced a la abstención de Convergència i Unió, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Felipe González respaldó la mañana del 10 de junio de 2010, en una entrevista con TVE, el programa de ajuste adoptado por Rodríguez Zapatero un mes antes:

La operación del ajuste es la mejor decisión que han tomado en dos años y la primera de Europa. Yo también hubiera congelado las pensiones. Zapatero parece decidido y eso es lo mejor que nos viene como país.

Esa misma noche, en una operación sincronizada para atajar la crisis interna en el PSOE, el presidente del Gobierno, en el acto de celebración del centenario del primer diputado socialista, Pablo Iglesias, abordó en el Congreso de los Diputados el tema del ajuste. Compartía estrado con Felipe González y más de cuatrocientos parlamentarios y exparlamentarios socialistas.

Rodríguez Zapatero apuntó que, si bien no le gustaba «contar anécdotas, y menos de conversaciones privadas», quería desvelar este «secreto»:

Al día siguiente de anunciar las medidas en el Congreso el mensaje de apoyo que recibí de Felipe González ha sido el más cariñoso y de mayor apoyo de su parte.

En el sms, González le decía: «Hoy, más que nunca, tienes todo mi apoyo. Gobernar es eso: tomar decisiones difíciles y duras».

El plan equivale a un acta de abjuración.

Mi propia crónica relataba, al analizar conjuntamente el plan de ajuste y la remodelación del Gobierno que acabó con la paridad entre hombres y mujeres, resuelta meses después, en octubre de 2010:

Yo, Zapatero, a la edad de cincuenta años, después de haber sido conminado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el verdadero tribunal de acusación de los Gobiernos, los mercados, para que abandonase la falsa opinión, compartida en un primer momento por el Grupo de los Veinte, de que después de haber cumplido rigurosamente mi país con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, podía mitigar con estímulos fiscales los dramáticos problemas de paro de mi país, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías que haya podido cometer contra los Sacrosantos Mercados que nos prestan el dinero para vivir. Y en general de todos y cada uno de los otros errores y sectas contrarias al Sentido Común Convencional, como, por ejemplo, la igualdad de género y la paridad en los cargos. He recitado la presente cédula de abjuración en el Palacio de La Moncloa de Madrid, por propia voluntad, los días 9 de mayo y 20 de octubre de 2010.

Y añadía:

He aquí, mediante esta acta de abjuración, inspirada en la que Galileo Galilei firmó y pronunció en el Convento de Minerva, Roma, en 1633, tras ser acusado por el Santo Oficio de la Inquisición de ser vehementemente sospechoso de herejía —al creer y mantener que el Sol es el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no es el centro y se mueve— una manera de interpretar lo que ocurre en el PSOE. Diez años acaban de archivarse.

Miércoles 2 de junio de 2010. Rato ya tiene prácticamente montada la fusión a seis. Pero el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tiene un plan más ambicioso. Tienes que ser uno de los primeros, Rodrigo. Le convoca a la Plaza de Cibeles. Urgentemente.

Sostiene Rato:

El 2 de junio de 2010, el gobernador del Banco de España, que conocía con detalle la situación real de todas las cajas y de Caja Madrid, me citó con urgencia a su despacho, donde también estaban José Luis Olivas y el subgobernador. Allí nos pidió que Bancaja se incorporara al SIP que lideraba Caja Madrid y nos conminó a negociar los detalles de inmediato. Esto suponía un cambio de tamaño muy considerable, puesto que el proyecto pasaba de ser aproximadamente el cuarto jugador a convertirse en uno de los primeros. Por tanto, las due diligences [evaluación preceptiva para verificar la información financiera que requiere la participación de una firma especializada que hace la revisión] eran imprescindibles, y eran la garantía de que los balances respondían a la realidad.

Rato y Olivas, «conminados» por Fernández Ordóñez, se sientan a negociar. A todo esto, todavía no había sido aprobado el Real Decreto-Ley.

Sigue el relato de Rodrigo Rato:

En muy pocos días, el 10 de junio, se firmaba un acuerdo de intenciones entre ambas entidades y se hacía público mediante hecho relevante a la CNMV el inicio de las conversaciones entre las siete cajas. En dicho acuerdo se establecía un pacto inicial de cuotas, sujeto a la due diligence correspondiente, que daba el 52 % de la nueva entidad a Caja Madrid y el 42 % a Bancaja. En los días siguientes se elaboraron dos informes, uno de AFI —Analistas Financieros Internacionales— sobre el reparto entre las siete cajas y otro de Deloitte sobre el reparto bilateral entre Caja Madrid y Bancaja. El protocolo de integración entre las siete cajas y la solicitud de ayudas al FROB se firmó el 15 de junio. A partir de aquí y teniendo en cuenta que el Banco de España deseaba que la integración se completara en el último trimestre del año, a más tardar, las siete cajas negociamos nuestro contrato de integración durante el mes de julio con las reglas de gobierno corporativo y el reparto de cuotas como temas más importantes. Los acuerdos con los sindicatos para los ajustes que había que realizar como consecuencia de la integración se realizaron también entre finales de julio y principios de septiembre. El 14 de septiembre las asambleas de las cajas aprobaron la integración y debo hacer hincapié en que la due diligence de Bancaja y de Caja Madrid la realizó Deloitte y que el Banco de España nos tranquilizó sobre la situación de Bancaja y el nivel de riesgo de la entidad, que había sido analizada por los inspectores del Banco de España. Para elaborar las proyecciones financieras del plan de integración se pidió un nuevo informe a Analistas Financieros Internacionales, a AFI, sobre la pérdida esperada individual y del conjunto de las entidades, informe que enviamos al Banco de España a mediados de junio. Esa información fue también analizada por Deloitte, que elaboró unas proyecciones financieras.

En el momento que Fernández Ordóñez, con unos informes benignos de Bancaja, acomodados al plan de fusión, cita a Rato y le «conmina a negociar» con José Luis Olivas, la situación de ambas entidades, Caja Madrid y Bancaja, cojea en los mercados del mismo problema. El cuadro siguiente da cuenta de él.

EVOLUCIÓN DEL BALANCE
(Cifras en millones)

Año

Caja Madrid

Bancaja

Depósitos / Activo Total
%

Activo Total

Depósitos

Activo Total

Depósitos

En Euros

2002

70.635

36.402

29.794

15.733

51,5

52,8

2003

76.272

40.809

35.395

19.010

53,5

53,7

2004

86.333

42.279

43.377

24.076

48,9

55,5

2005

111.293

47.324

62.264

27.624

42,5

44,4

2006

136.952

61.077

79.577

32.109

44,6

40,3

2007

158.854

67.354

99.584

36.733

42,4

36,9

2008

180.971

83.865

106.500

43.490

46,3

40,8

2009

191.904

89.924

111.459

50.668

46,9

45,5

Tanto Caja Madrid como Bancaja habían dejado de ser las entidades financieras tradicionales que se identificaban con las cajas de ahorros, a saber: que financiaban los préstamos que concedían a sus clientes con dinero de los depositantes. Caja Madrid y Bancaja habían bailado al son de la música de la burbuja inmobiliaria impulsando una expansión crediticia que, para mantener el ritmo, exigía tomar dinero prestado en el mercado interbancario internacional. Cogían dinero a corto plazo, digamos tres años, y lo prestaban a treinta y cuarenta años a los clientes de hipotecas.

Cubrían con sus depósitos, pues, en el momento de la aventura de fusión fría, menos del 50% de sus respectivos activos. Si ya no podían abrevar en su fuente externa de financiación…

El 30 de junio de 2010 se constituyó el SIP con las siete cajas de ahorros. Mediante un contrato, varias entidades de crédito podían cubrir sus necesidades de capital regulatorio como si fueran un grupo económico. Pero ¿lo eran? Ni en el sentido mercantil ni en el contable eran un grupo económico. El contrato suscrito era todo. Se llamaba «fusión fría» porque, a diferencia de los procesos de fusión clásicos en los que un banco se hacía con otro, se evitaban las tensiones entre consejos y directivos de las entidades.

La legislación del SIP exigía la existencia de una entidad central que debe actuar como responsable de cumplir los requerimientos de capital regulatorio. Tenía que ser un banco. Las siete cajas crearon una entidad llamada Banco Financiero y de Ahorro (BFA). En su consejo se sentaban las siete cajas según su participación. Al banco se le otorgaban poderes y aparentemente con estos poderes se las podía controlar y dirigir. Las siete cajas, pues, se convertían en padres y BFA, en el hijo, una apariencia de cabecera de un grupo en el que las entidades dependientes eran sus propias creadoras. Entre las paradojas que provocaba el esquema estaba el hecho de que en el balance consolidado no se contaba el capital de la supuesta dominante, sino el de las dominadas.

El jueves 8 de julio de 2010, el presidente Rodríguez Zapatero recibía en La Moncloa al comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Fainé, Rato, Medel, Crespo. El «estado mayor» de la reforma.

En la rueda de prensa posterior, Rodríguez Zapatero anuncia, ante la presencia de algunos presidentes, Rodrigo Rato entre ellos, una reforma «fundamental, urgente y necesaria» de las cajas de ahorros, que aprobaría el Consejo de Ministros del día siguiente, viernes 9.

Es la transformación más importante de la historia del sistema bancario español.

Estas reformas aplicaban la mayoría de las recomendaciones del sector financiero, lo que se evidencia en el hecho de que el anuncio se hace en presencia de la CECA. Rodríguez Zapatero sabe que esta transformación implicará afectar seriamente una de las razones de ser de las cajas, aquello que marca su diferencia con los bancos: la obra social. Por eso, asegura que el cambio legislativo en ciernes se hará preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional. Una quimera.

Ese mismo 8 de julio de 2010, Mariano Rajoy confirma, antes de la reunión de su equipo económico con el Gobierno, que apoyará al día siguiente la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros: «Lo que he escuchado del presidente del Gobierno coincide mucho con mi planteamiento. Que su postura sea similar a la mía me parece bien».

El 9 de julio la reforma sale adelante.

Pero a partir de octubre de 2010, el sector financiero separa por primera vez a Rajoy de Zapatero, y para siempre.

El Gobierno prepara una nueva reforma de las exigencias a cajas y bancos sobre capital. Todas las entidades de crédito debían presentar un ratio de capital principal —capital más reservas— del 8 % de sus activos «ponderados por riesgo». Y esta exigencia mínima era del 10 % para aquellas entidades que no hubiesen colocado sus títulos a terceros por, al menos, un 20 % y que, además, exhibieran un ratio de financiación mayorista superior al 20 %.

Era un cambio significativo.

La factura que van a cobrar los electores al PSOE ya se refleja en los sondeos. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a Mariano Rajoy vencedor en unas elecciones generales.

El líder del PP confirma, después de mantener sus primeros contactos con el Gobierno de Zapatero, que esta vez no apoyará la nueva reforma. A mediados de febrero de 2011 lo anuncia:

No estoy dispuesto a respaldar esa reforma y ya se lo he transmitido al Gobierno. No hay una razón para que se pongan requisitos de solvencia del 10% cuando Basilea III, que entra en vigor en el año 2019, solo exigirá un 8%. Mire, el 8% solo lo exigen ahora en Irlanda y Suiza. Desconozco la razón de semejantes exigencias. Y si el Gobierno pretende dar seis meses para aumentar el capital, corremos el riesgo de que los que entren se hagan con la mayoría de las cajas, y a un precio irrisorio. Eso sería nefasto. Y si no entra nadie, vamos a un proceso de nacionalización, y necesitaremos más deuda pública, y España no está para emitir más deuda pública.

El 18 de febrero de 2011 el Gobierno aprueba las nuevas exigencias. El PP se adapta a la presión de los grandes bancos, pero no hasta el punto de sustituir su rechazo por el respaldo de la nueva reforma. Decide, finalmente, abstenerse.

Un poco antes de las nuevas exigencias, el SIP de BFA modifica su estrategia. El 28 de enero BFA amplía capital, adquiere todos los activos y asume todos los pasivos de cada una de las siete cajas, con efectos contables y mercantiles del 1 de enero de 2011. Las siete cajas, por tanto, se convierten en sociedades tenedoras de acciones de un banco: BFA.

El día 5 de mayo de 2011, y con efectos a 1 de enero, se acuerda ceder la mayor parte del negocio bancario de BFA a Altae Banco, S. A., que desde entonces pasa a llamarse Bankia. Y para liquidar esta operación, Bankia procede a emitir acciones que entrega a BFA como contraprestación neta de los activos recibidos y los pasivos asumidos. Por tanto, las cajas son desposeídas de sus activos y pasivos bancarios (créditos, depósitos y otros), a favor de BFA, primero, e inmediatamente después, de BFA a Bankia.

Este proceso se acomete mediante dos ampliaciones de capital con aportación no dineraria. El grupo consolidable (BFA más cada una de las siete cajas) es, de hecho, el grupo consolidado (BFA más Bankia) controlado por las siete cajas.

Por tanto, el proyecto inicial del SIP de que cada caja continúe operando como entidad de crédito de forma coordinada, pero individual, y que cubriera sus necesidades de capital regulatorio de forma conjunta, caduca con la cesión de los activos y pasivos bancarios primero a BFA y de este a Bankia. El 23 de mayo de 2011, se aprueba la resolución del SIP (apoyo recíproco y mutualización de resultados).

Para evitar el requerimiento de capital regulatorio del 10 % frente a la exigencia del 8 % general, se organiza una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia que supondría para BFA pasar de tener el 100 % de su capital a algo más del 52 %. Para ello, sobre la base de unos estados financieros auditados a 31 de marzo de 2011, se lanza una OPS de nuevas acciones (824.572.253) con una banda de precios de 3,41 a 5,05 euros por acción (la colocación final será a 3,75 euros la acción).

Según los inspectores-peritos, el traslado de todos los activos y pasivos desde las siete cajas hasta BFA, primero, y los mejores activos bancarios y menos problemáticos pasivos, desde BFA a Bankia, debieron haber sido inicialmente reconocidos al «valor razonable» [precio de mercado] del 1 de enero de 2011, tanto en BFA como en Bankia.

Por su parte, la OPS mostraba las siguientes conclusiones: el valor contable de cada acción de Bankia el 31 de marzo de 2011, fecha de la OPS, era de 15,41 euros; el valor contable unitario en los libros de BFA, como reflejo de su inversión en Bankia, era de 13,33 euros la acción; el precio de venta ofrecido por BFA para las nuevas acciones a través de la OPS era de un mínimo de 4,41 euros y un máximo de 5,05; y, finalmente, que BFA como accionista único antes de la OPS «renunciaba» a su derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones.

Además, los estados financieros semestrales tanto de Bankia como de BFA de 30 de junio de 2011 fueron auditados sin salvedad alguna, con un párrafo de énfasis sobre Bankia que no afectaba a la opinión del auditor.

Las cuentas anuales de Bankia y BFA a 31 de diciembre de 2011 se encontraban, el día 28 de marzo de 2012, a la fecha límite para su formulación, sin el preceptivo informe de auditoría para que sus acciones pudieran continuar siendo admitidas a negociación por parte de la CNMV. Sonó la alarma.

El día 3 de mayo, la CNMV solicitaba el informe de auditoría para las cuentas de diciembre de 2011. El auditor callaba.

El 7 de mayo de 2012, después de unos setecientos diez días en la presidencia de Caja Madrid-Bankia, Rodrigo Rato renunciaba a la presidencia.

Y un nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, elegido por el antiguo consejo de administración de Rato, asumía el control de BFA y de Bankia. Veintiún días más tarde el nuevo consejo reformuló las cuentas realizadas por Rato en marzo, con informe de auditoría sin salvedad y cuatro párrafos de énfasis que no afectaban a la opinión del auditor.

El mismo auditor que había dado su visto bueno a las cuentas de diciembre de 2010, a las de marzo, junio y septiembre de 2011, se resistía a continuar haciéndolo para las de tres meses después, las de diciembre de 2011. Con prácticamente los mismos consejeros, y con los mismos empleados, en un tiempo récord, el efecto de la reformulación significó para Bankia pasar de 253 millones de euros de beneficios con Rato, a unas pérdidas de 3.030 millones con Goirigolzarri; dicho de otra forma, 3.283 millones de euros de pérdidas más en la cuenta de resultados de 2011 respecto de las estimadas por Rato. Por tanto, las pérdidas, según el consejo de Bankia presidido por Goirigolzarri, habían consumido más que todo el dinero captado con su salida a Bolsa solo seis meses antes (3.085 millones de euros).

Por su parte, BFA, por efecto de la reformulación de Goirigolzarri, pasó de perder 30 millones de euros a perder 7.263 millones de euros (que por sí mismos ya consumían todo el patrimonio de BFA y, por tanto, lo hacían quebrar), a las que había que agregar, además, 3.391 millones de pérdidas adicionales cargadas contra sus reservas y no contra sus resultados, lo que fue criticado por los peritos judiciales como contrario a las leyes. En total, BFA registró 11.194 millones de euros de pérdidas, según Goirigolzarri, frente a 30 millones, según Rato.

La suma de estas pérdidas netas de impuestos (11.194 millones) más las que habían sido cargadas contra las reservas de las cajas en 2010 (7.409) alcanzaba los 18.603 millones, más, con mucho, que todo el patrimonio de las siete cajas (15.406 millones), que un año antes, en diciembre de 2010, habían aportado los mismos activos y habían sido consideradas como «fundamentalmente sólidas» por la Supervisión del Banco de España, para que las autoridades europeas no pusiesen objeciones a la ayuda de Estado otorgada por el FROB en forma de preferentes que ahora se perdían convertidas en acciones.

Por el camino, se procedía a una nacionalización de pérdidas de Bankia.

Y ahora podemos pasar a… la intrahistoria.

14
DEL SACRIFICIO DEL «REY MIDAS»…

El señor Vautrin, uno de los enigmáticos personajes de Papá Goriot, la novela de Honoré de Balzac, afirma que «el secreto de las grandes fortunas sin causa aparente es un crimen olvidado porque ha sido efectuado con limpieza»; se podría decir que «el secreto de los escándalos políticos y financieros sin razón evidente es un ajuste de cuentas oculto ejecutado con limpieza».

Luis de Guindos recuerda su relación con Rato nada más llegar al Ministerio de Economía:

Durante estos primeros meses de 2012, Rodrigo Rato vino a verme al despacho unas quince veces, la mitad de ellas solo. En uno de los primeros encuentros me informó del frustrado proyecto de fusión con La Caixa. El acuerdo consistía en que Isidro Fainé presidiera la entidad resultante hasta la jubilación y después Rodrigo Rato pasaría a ser el primer banquero de España. La operación se descartó por motivos que no se han terminado de aclarar[3].

Quince reuniones para estos meses, digamos los primeros cuatro meses de su mandato, supone entre tres y cuatro encuentros al mes, a los que hay que añadir múltiples contactos a través del teléfono y contactos entre el presidente de Bankia y otros miembros del equipo de De Guindos. Por tanto, el seguimiento personal de la situación de Bankia por parte del ministro de Economía era constante. El Partido Popular había asumido en el discurso de investidura de Mariano Rajoy el compromiso de sanear el sistema financiero y reestructurar la supervisión bancaria, en el marco de una crítica feroz al Banco de España.

En la primera semana de enero de 2012, el ministro de Economía, que lleva quince días en su cargo, en medio del eco del anuncio «inaugural» de subida de impuestos del nuevo Gobierno, cita a Rato en su despacho. Es una reunión a solas.

De Guindos acaba de realizar una declaración que considera estratégica en línea con la reforma del sector financiero que ha anunciado Rajoy en su discurso de investidura.

Es el 3 de enero de 2012. El ministro recibe al periodista Victor Mallet, del diario británico Financial Times, para ofrecerle una primicia: el déficit de provisiones del sector financiero español. El secreto aparentemente mejor guardado se publica en la portada del día 4 de enero. Un regalo de víspera de Reyes.

Con la inyección de liquidez del BCE asignada durante tres años, la liquidez ha dejado de ser un gran problema... De modo que el asunto es el problema de la valoración de activos, activos tóxicos, el riesgo inmobiliario. Creo que el Gobierno tiene tres exigencias o tres prioridades. En primer lugar, tienes que proceder a limpiar [los balances de los bancos] y hacerlo de una manera clara y muy concluyente, especialmente con el activo más problemático que es el inmobiliario. Dos, esto debe ir acompañado de una nueva ronda de fusiones, sobre todo en las cajas de ahorros. Este proceso te permite racionalizar, reducir la capacidad y generar sinergias de eficiencia. En tercer lugar, se trata de minimizar el impacto de los costes en el tesoro español. No podemos contaminar el riesgo soberano con el riesgo bancario. Cuando se observan las cifras de una limpieza, sobre todo usando estándares internacionales, las provisiones adicionales son de aproximadamente 50.000 millones de euros para España... El total de activos inmobiliarios problemáticos según el Banco de España es de aproximadamente 170.000 millones, de los cuales el 30 % ya se han provisionado. Si se toman valoraciones internacionales, como en el caso de Irlanda, a lo sumo estamos hablando de la necesidad de 50.000 millones de euros de provisiones adicionales [por parte de los bancos en España]. En la gran mayoría de los casos, pueden proporcionarlo ellos mismos de sus ganancias... y podría hacerse no en un año, sino en varios años... Estos 50.000 millones son aproximadamente el 4 % del PIB español. Esto no es Irlanda. Es un orden de magnitud completamente diferente. Tenemos un problema con el riesgo inmobiliario en España, pero es manejable... Es manejable para instituciones con una nueva ronda de fusiones, porque cabe recordar que para el Banco Santander, los grandes bancos, obviamente es factible, pero no se distribuye de manera uniforme [entre los diferentes bancos], por lo que se necesita una ronda adicional de consolidación...

Es decir: faltan 50.000 millones de euros.

En este contexto, el ministro recibe a Rodrigo Rato en su despacho. Tras comentar las dificultades del aterrizaje del Gobierno en la situación, De Guindos se muestra preocupado por las provisiones de la banca y no ahorra improperios a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su nefasto papel, según el ministro, en el Banco de España. Si fuera por De Guindos, habría que relevar inmediatamente al tándem Fernández Ordóñez-Aríztegui.

Pero a De Guindos le interesaba conocer el alcance de otra cosa.

—Rodrigo, anda, cuéntame cómo van las negociaciones para fusionar Bankia y La Caixa.

Rato no había informado a De Guindos sobre este tema. Pero Mariano Rajoy conocía las negociaciones. Y no por Rato. Había sido Isidro Fainé quien había informado hacía algunos meses al líder de la oposición y al entonces president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

Mas, en particular, recuerda que Fainé le comentó el tema durante el otoño de 2011, pero siempre como una exploración de carácter informal.

Rato y Fainé empezaron esa «exploración», según la expresión de Mas, en el mes de octubre de 2011. Rato había sido presidente del Comité Asesor de Criteria, el holding industrial de La Caixa, desde primeros de 2008, unos meses después de su retorno de Washington a raíz de su renuncia al FMI. Por tanto, tenían una relación muy fluida.

Ambos designaron a dos representantes, intermediarios de confianza, profesionales en este tipo de operaciones. Después de mantener distintas reuniones, los dos elaboraron un documento. Era un protocolo breve sobre las condiciones de la fusión, en la cual, lógicamente, el papel predominante sería el de La Caixa. La fórmula de poder plasmada en ese documento, según iniciativa de Fainé, era la de una copresidencia.

La idea era que el consejero delegado de Bankia sería vicepresidente, siguiendo el modelo del Banco Santander —en el cual la persona que ocupaba este cargo, Matías Rodríguez Inciarte, era responsable del comité de riesgos—, al tiempo que el vicepresidente y consejero delegado de Caixabank pasaría a ser el consejero delegado.

Y eso estaba acordado. Pero, al parecer, el problema era la configuración de las sedes y la ubicación de los distintos departamentos.

Rato lo explica así:

Nosotros teníamos dos organizaciones; teníamos que ver cómo las fusionábamos. Por ejemplo, cuando hice la fusión con Bancaja, la sede social se puso en Valencia, pero la sede corporativa se llevó a Madrid. Bueno, cuando hablamos de hacer la fusión con La Caixa, ellos querían que fuese Barcelona y yo decía: entonces la sede corporativa la vamos a compartir. Por ejemplo: mercado de capitales en Madrid, negocio internacional en Madrid. Madrid y Barcelona son bastante equiparables. Estaba todo acordado, pero después, justo cuando tocaba llevarlo a los consejos y a las autoridades, Isidro dijo no, no es posible esto de las sedes, no es posible. Bueno, digo, Isidro, por qué no es posible; si son posibles otras cosas, esto tiene que ser posible.

A finales de noviembre o primeros de diciembre el documento firmado por los dos negociadores se convirtió en un papel mojado.

Rato explicó a De Guindos la primera semana de enero de 2012, en su despacho de La Castellana, que la negociación estaba encallada, que aparentemente el asunto de las sedes y departamentos no progresaba y que Fainé no terminaba de verlo.

De Guindos le urgió a retomar las negociaciones. La fusión Bankia-Caixa era la operación de campanillas, tan llamativa que parecía traer la solución.

Un político al que Rato invitó a comer en la segunda quincena de enero de 2012 a su despacho en la torre de Bankia, pudo leer el documento. Exalto cargo en Gobiernos del PP, el interlocutor de Rato no olvidará el impacto que recibió al comenzar la lectura del protocolo, unos cuatro folios, cuando levantó impulsivamente la vista, fijó sus ojos en los de su anfitrión, que esperaba la reacción, y dijo:

—Rodrigo, esto es… no sé cómo describirlo… Vamos, yo de ti interrumpo esta comida ahora mismo y me cojo un avión a Barcelona para hacerlo realidad.

Pero el intento de Rato de desatascar la situación no iba a prosperar. Tanto la orientación en materia financiera del nuevo Gobierno como la situación de los mercados retrajeron a Fainé. Así lo razona el expresidente de Bankia:

Puede que Fainé haya dicho: voy a esperar a que la manzana esté más madura, o me voy a quitar de en medio porque esto es un marrón. No lo sé, el caso es que, cuando está teóricamente todo hablado sobre el tema de la organización y el despliegue territorial de la misma, provoca, aparentemente, la marcha atrás.

El ministro no ocultó a Rato su frustración por el aborto de la fusión Bankia-Caixa. Era la que él deseaba. Y apunta Rato:

Pero la quiso de una manera pasiva. Un ministro puede hacer gestiones; está el Banco de España. No tengo constancia de que haya hecho alguna negociación para desbrozar el camino.

Recapitulemos.

La fusión entre Bankia y La Caixa fue discutida a partir del otoño, más precisamente, a comienzos de octubre de 2011. Los flecos relativos a la estructura organizativa, según Rato, eran el principal escollo. El reparto de sedes bloqueó y paralizó, aparentemente, la negociación. No era, parece ser, un tema de sucesión, ya que Fainé había puesto desde el inicio de las conversaciones el «caramelo», en palabras de Rato, de la copresidencia.

Con la llegada del PP al Gobierno, al inicio del invierno de 2011, la operación no estaba formalmente descartada pero Fainé comenzó a arrastrar los pies.

Hay que ir al contexto para entender a Isidro Fainé. Había nuevas piezas para cazar en su punto de mira. Y más fáciles que Bankia. Y la operación de saneamiento encubierto del Sabadell, a través de la adquisición de Banco CAM tras los apoyos del Fondo de Garantía de Depósitos, según hemos visto, ofrecía una mejor perspectiva y posibilidades más evidentes de obtener capital barato o, aún mejor, gratis.

¿Cuáles eran esas piezas?

Banca Cívica y Banco de Valencia.

Banca Cívica era fruto de la unión de los negocios de varias cajas (Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja de Burgos), presionadas por la mayor exigencia de capital regulatorio impuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero —a su vez, empujado por el Banco de España—, a las entidades de crédito españolas que no tuvieran su capital negociado en Bolsa.

Por su lado, Banco de Valencia fue abandonado el 21 de noviembre de 2011 por BFA-Bankia —cuando hasta dos meses antes, septiembre, lo consideraba parte de su grupo bancario—, dejándolo caer y provocando su intervención por el Estado a través del FROB.

En el verano de 2010, Banca Cívica suspendía las pruebas de resistencia de la Agencia Bancaria Europea (EBA) con una infracapitalización o déficit de capital de 406 millones. Tras ello, el FROB inyectó 977 millones en participaciones preferentes el 11 de febrero de 2011, y el 21 de julio, al día siguiente de la salida de Bankia a Bolsa, una OPS le inyectaba apenas 600 millones de euros —se colocaron 222 millones de acciones a 2,70 euros cada una, cuando su valor teórico antes de la ampliación era de 10,46 euros—. Las acciones cerraron el año 2011 a 2,27 euros; la caída continuaría de manera que en marzo de 2012 cotizaban ya por debajo de dos euros, y en abril apenas superaban 1,5 euros, valor que ya nunca más recuperarían. Los accionistas habían perdido en apenas ocho meses más del 50 % de su inversión.

El día 13 de febrero de 2012 la agencia de calificación Standard & Poor’s había rebajado la calificación crediticia de Banca Cívica a BBB, inversión estable pero con perspectiva negativa.

El primer decreto Guindos, aprobado diez días antes, comenzaba a apuntar lo que estaba por venir. Y La Caixa encontró una pareja más manejable que Bankia.

En silencio, como quien no quiere la cosa —nunca mejor dicho—, Fainé va sobreactuando la diferencia en relación al asunto de las sedes frente a Rato.

Las necesidades de capital del primer decreto Guindos suponen, según una primera estimación propia de Banca Cívica, 783 millones de euros de capital adicional, algo próximo a lo imposible.

El día 26 de marzo de 2012 se anuncia la compra. El consejo de Banca Cívica (y los de sus cuatro cajas accionistas) acuerda determinar las condiciones esenciales y actuaciones para su absorción por CaixaBank. Una adquisición en la que el comprado busca al comprador y no al revés, como suele ser lo habitual. El acuerdo supone entregar cinco acciones de CaixaBank por cada ocho de Banca Cívica, así como la disolución del SIP.

La operación resulta una rebaja para los accionistas de Banca Cívica de un 10,8 % respecto de su precio en Bolsa; con todo, parece mejor negocio ante el incierto futuro que proyectaba el decreto Guindos I.

La fusión por absorción de Banca Cívica por CaixaBank se produjo el 30 de junio de 2012 mediante la entrega de 304 millones de acciones de Caixabank, 71 millones mantenidas como autocartera y 233 millones de nueva emisión, todas ellas de un euro de valor nominal. Tal como ocurrió con la compra y absorción del Banco Pastor por el Banco Popular ese mismo mes, la operación se orquestó con una gran rebaja del valor patrimonial de Banca Cívica, que según esta era de 2.156 millones de euros y CaixaBank lo rebajaba en 2.719 millones de euros. Esto significaba que Banca Cívica, según CaixaBank, estaba quebrada con un agujero de 563 millones de euros. Aun así, CaixaBank pagaba por la compra de Banca Cívica 778 millones de euros, que fue el importe otorgado a los 304 millones de acciones entregados.

¿Cómo era posible pagar por adquirir un banco sin patrimonio positivo, y aún más en vísperas de un rescate bancario del país?

El talismán fue registrar un «fondo de comercio» de 1.340 millones, más de dos veces el valor asignado a los 304 millones de acciones entregados como pago a los accionistas de Banca Cívica: 778 millones de euros. Este valor resultaba muy superior al que CaixaBank daba en sus cuentas al patrimonio de Banca Cívica, que era negativo en 562 millones mientras que Banca Cívica lo presentaba como positivo por 2.156 millones. Esta gran diferencia, que racionalmente desaconsejaba la compra si se actuaba a favor de los accionistas (lo que también valía para la adquisición del Banco Pastor por el Banco Popular), tenía una explicación: la infravaloración de los préstamos de Banca Cívica por parte de CaixaBank, cuya contrapartida se reflejaba como un «fondo de comercio», concepto contable que suele esconder en ocasiones, quizá la mayor parte de ellas, pérdidas cuya contabilización se difiere para el futuro. O, según la jerga de aquellos días, «achatarramiento», porque era una forma de dotar pérdidas sin pasarlas por la cuenta de resultados, de manera que su posible liberación futura permitiría cubrir otros préstamos o incluso dar una ganancia.

La coartada para este tratamiento de una fusión provenía del hecho de que, a la hora de calcular el capital regulatorio exigido a los bancos, el fondo de comercio es un importe a deducir del patrimonio neto.

No parece aceptable que el efecto de los decretos Guindos sobre Banca Cívica fuese la causa de estos deterioros en exceso estimados por Caixabank, especialmente cuando la propia Banca Cívica los había valorado en 783 millones de euros, cuando todos los activos habían sido registrados a precios de mercado de apenas un año antes, momento en que se habían traspasado desde las cuatro cajas de ahorros al banco para salir a Bolsa.

De esta manera, las coberturas para deterioro de Banca Cívica, que a diciembre de 2011 eran de 3.109 millones, fueron incrementadas en 3.316 millones más (hasta 6.425 millones), a 30 de junio de 2012, fecha de la absorción, y presentadas por CaixaBank como propias en diciembre de 2012, hasta alcanzar 11.996 millones de euros, lo cual reforzaba su apariencia de fortaleza.

Y todos los caminos conducen a Roma, es decir, a las provisiones específicas pendientes de asignación o pepas que los inspectores-peritos judiciales identificarían más tarde en sus informes sobre Bankia. Esas pepas afloraban ahora en CaixaBank con la adquisición de Banca Cívica, de manera que a final de 2012 se informaba de unas provisiones de 11.996 millones de euros, cuando a principios de año las provisiones ascendían a 5.639 millones, a los que había de añadirse la dotación para todo el año 2012, neta de utilizaciones y traspasos, de 251 millones de euros netos.

En 2011, por el mismo concepto, sin Banca Cívica y sin los dos decretos Guindos, había alcanzado los 683 millones de euros. Casi tres veces más.

Si la operación de adquisición de Banca Cívica por CaixaBank siguió la hoja de ruta de la compra del Banco Pastor por el Banco Popular, la próxima adquisición del Banco de Valencia por CaixaBank, acordada en diciembre de 2012 y formalizada en los primeros meses de 2013, lo haría siguiendo la adquisición de Banco CAM por el Sabadell en los primeros meses de 2012.

Como ya hemos visto, el 21 de noviembre de 2011 el Banco de Valencia es abandonado por BFA-Bankia y es intervenido por el FROB. Sobre un patrimonio del Banco de Valencia de 1.236 millones, el FROB cargó pérdidas hasta reducirlo a 353 millones a diciembre de 2011. Si bien esta cifra indicaba que del Banco de Valencia no estaba formalmente en quiebra, el efecto del primer decreto Guindos de febrero de 2012 supondría reconocer pérdidas adicionales por 823 millones para el ejercicio 2012.

Ahora sí, pues, el Banco de Valencia estaba en bancarrota.

Al final de 2012, las pérdidas del ejercicio del Banco de Valencia (incluidos los decretos Guindos) fueron de 3.600 millones y, como el FROB le inyectó capital por 5.500 millones de euros, el resultado fue que a final de año el patrimonio del Banco de Valencia terminó en positivo por 2.240 millones de euros.

Con este escenario, el FROB vendió el Banco de Valencia a CaixaBank por un euro. Y además le otorgó una protección financiera sobre una cartera de activos (Esquema de Protección de Activos) de 6.021 millones de euros, que suponían más del 50 % del total de préstamos (11.758 millones). Esta protección cubría el 72,5 % de las pérdidas de la cartera y, por ello, ese seguro tenía un precio de mercado: 1.203 millones de euros al que renunció el FROB y que CaixaBank incluiría como una ganancia del año de la compra del Banco de Valencia: 2013.

En definitiva, por un euro, el FROB vendió a CaixaBank un banco saneado (con 5.500 millones de capital más una garantía financiera gratis de 1.209 millones de euros). Como consecuencia, el comprador, CaixaBank, reconoció en sus libros de 2013 que el Banco de Valencia no valía un euro, sino 2.289 millones de euros, que dio como una ganancia de 2013, lo que le permitió evitar el reconocimiento de abultadas pérdidas.

No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que CaixaBank otorgaba al Banco de Valencia un valor patrimonial de 2.289 millones de euros, el FROB manifestara que, según su criterio, el Banco de Valencia tenía un valor negativo de 2.240 millones y un valor liquidativo negativo de menos 6.340 millones. Sin duda, CaixaBank lo vio con unas cuentas muy diferentes a las del FROB cuando se quedó con el Banco de Valencia.

En conjunto, la compra del Banco de Valencia supondría para CaixaBank una capitalización gratuita del Estado por 2.289 millones, que registró como ganancia del año 2013, y gracias a la cual las pérdidas antes de impuestos fueron de 712 millones que se convirtieron en ganancias de 495 millones por cortesía del crédito fiscal de 1.209 millones.

Salvador Climent Serrano, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, publicó en 2015 un estudio en la revista Investigaciones Europeas de Dirección y Economía («Quién paga, quién gana: El caso de la venta del Banco de Valencia»), donde concluía que los apoyos públicos otorgados al Banco de Valencia (6.709 millones de euros entre capital y EPA) fueron muy exagerados para el tamaño de la entidad (19.566 millones de activos), y en realidad se planteó como solución para rescatar a CaixaBank con un apoyo del Estado a fondo perdido de no menos de 5.000 millones de euros.

Pero el paso del tiempo y la adaptación a los estragos de la crisis financiera traerían nuevas sorpresas.

El 3 de octubre de 2017, Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, expresó su preocupación ante los diputados de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera por el inadecuado cálculo de los requerimientos de capital regulatorio acordado para CaixaBank en 2017, frente a otros grupos bancarios que podrían incumplir las exigencias del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El Banco Central Europeo (BCE), con apoyo del Banco de España, había consentido que el Grupo Fundación La Caixa tuviera unos requerimientos de capital inferiores a los necesarios, algo que sería el resultado de una acción de lobby contrario a los intereses de España.

¿Por qué? Porque aunque la supervisión es responsabilidad del BCE, es el Gobierno español quien sigue teniendo la responsabilidad del riesgo ante cualquier crisis bancaria.

La Fundación Bancaria La Caixa es la sociedad dominante de un grupo que gestiona su inversión en un banco (CaixaBank) a través de una filial que controla al 100 %, Criteria Caixa, que a su vez gestiona otras inversiones bancarias, inmobiliarias y de servicios.

En mayo de 2016, el BCE consideró que Criteria, S. A. no ostentaba el control de CaixaBank «a efectos prudenciales» (es decir, a los efectos de exigirle consolidarse con CaixaBank). Estas condiciones eran esencialmente las siguientes: que la participación de Criteria en CaixaBank fuera como máximo del 40 %; que se limitara la influencia de Criteria en CaixaBank y que se fijaran unos límites a la financiación de CaixaBank al Grupo Criteria y a la Fundación Bancaria La Caixa.

Criteria, controlada por la Fundación Bancaria La Caixa, se puso manos a la obra para cumplir con estas condiciones: en 2017 el Grupo tenía que cumplir su sueño de tener menos necesidades de capital regulatorio al que de manera ortodoxa se le hubiera exigido.

El 6 de febrero de 2017 se colocó el 5,32 % (318 millones de acciones) del capital de CaixaBank en inversores institucionales, mediante una colocación acelerada a fin de que el control de Criteria quedara en el 40 %, cumpliendo el primero de los requisitos del BCE.

Durante el segundo semestre de 2017 se modificaron los estatutos sociales de CaixaBank y el protocolo de gestión.

Y en cuanto al tercer punto, los límites de financiación, en todo el Grupo de la Fundación La Caixa se adoptaron medidas tales como prohibir cualquier financiación a clientes de CaixaBank para operar hacia Criteria, así como situar toda la financiación en un porcentaje inferior al 5 % de los recursos computables de CaixaBank y reducirlo al 0 % en doce meses.

El 26 de septiembre de 2017, por recomendación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el BCE, cuya directora adjunta de la Dirección General de Supervisión Microprudencial I era Margarita Delgado, decidía que Criteria, a pesar de tener el 40 % de CaixaBank, no la controlaba «a efectos prudenciales» y por tanto quedaba fuera de su supervisión. Junto a esta decisión del BCE, la Junta Única de Resolución (JUR) consideró también que el perímetro de actuación quedaría limitado a CaixaBank.

La Fundación trasladó este criterio a sus estados financieros consolidados y, desde 2017, su inversión en CaixaBank (40 % del capital) es considerada «asociada», con influencia significativa, pero no de control.

Y ahora, después de recorrer la travesía de La Caixa «post-fracaso de la fusión con Bankia», regresemos a Luis de Guindos y a Rodrigo Rato.

Al fiasco de la fusión CaixaBank y BFA-Bankia y a la necesidad de buscar otra fusión (Liberbank, Unicaja), con la exigencia de mayores provisiones, De Guindos sugirió, ya desde las primeras reuniones con Rato, el tema del gobierno corporativo. La orientación: cambiar a todo el consejo de BFA, deshacerse de los «cajeros», es decir, de los representantes de cada una de las cajas de ahorros fusionadas. Y sobre la gestión, planteó De Guindos que el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, no era la persona idónea para el puesto.

¿Cómo había llegado Verdú a Bankia? Antes de la salida a Bolsa de 2011, Rato se había entrevistado con cinco candidatos para escoger al nuevo consejero delegado de Bankia. Uno de ellos era José Ignacio Goirigolzarri.

Rato le cita en su casa, en el barrio de Salamanca, una mañana de finales de abril de 2011, sobre las nueve y media. Le ofrece el puesto de consejero delegado, pero Goirigolzarri le explica que no le interesa. Es una conversación breve. En ningún momento del sucinto diálogo invoca Goirigolzarri sus incompatibilidades por haber salido hacía menos de dos años del BBVA.

Rato ficha, después de sus cinco entrevistas, a Francisco Verdú, vicepresidente de Banca March, con treinta años de experiencia en el sector financiero, donde había participado en el proceso de creación del grupo Argentaria a través de la integración de la Caja Postal, el Banco Exterior y el Banco de Crédito Local.

El ministro sostenía que Verdú carecía de la proyección que a su edad —cincuenta y siete años— ya debía haber adquirido. Y tenía al hombre para esa función: Miguel Ángel Cabello Jurado.

De Guindos, precisamente, procedía del Grupo Banco Mare Nostrum (BMN) —formado por CajaGranada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra—, donde el 2 de diciembre de 2010 había sido nombrado, junto con Cabello, consejero independiente.

Aunque De Guindos estaba sugiriendo a Rato depurar de «cajeros» el consejo de BFA, la posibilidad de nombrar a Cabello remitía, paradójicamente, a las cajas. Porque Cabello, precisamente, había llegado a BMN tras pasar dieciocho años en el cargo de director general de Unicaja y cuatro en la misma posición en CajaGranada.

Rato no tenía inconveniente en incorporar a Cabello a Bankia, pero no veía la sugerencia de cambiar a Verdú por la persona que le recomendaba el ministro. Sustituir a su consejero delegado, que no llevaba ni nueve meses en el cargo, le parecía una mala idea, sobre todo porque la propuesta tampoco formaba parte de un plan más amplio que Luis de Guindos le estuviese explicando.

De Guindos recuerda así el camino que estaba recorriendo en aquellos días de febrero de 2012:

Acabábamos de aprobar el primer decreto de saneamiento financiero (Guindos I) con los famosos 50.000 millones de aumento de provisiones… pero ¿era suficiente? Esa era la pregunta que flotaba en el ambiente… La delegación del FMI encabezada por la jefa de misión Ceyla Pazarbasioglu iniciaba la ronda de contactos en España. Acabábamos de instalarnos y ya teníamos unos invitados ¿molestos?, dispuestos a revisarlo todo. Los países cuyos sistemas financieros se consideran sistémicos pasan cada cinco años una especie de ITV tutelada por el FMI. Y como las desgracias nunca vienen solas, a principios de 2012, nada más llegar, nos preparamos para recibir a la misión del FMI que iba a llevar a cabo el chequeo a las entidades financieras[4].

El último FSAP (Financial Sector Assessment Program) se había elaborado, según ya hemos apuntado, en junio de 2006, en el umbral de la crisis financiera. El diagnóstico advertía de los riesgos inmobiliarios, pero apostaba por una situación bajo control.

Ahora, miembros diferentes de aquel staff llegaban el 1 de febrero de 2012 a Madrid: Ceyla Pazarbasioglu (jefa de misión), Li Lian Ong (subjefe), Alessandro Giustiniani, Ana Carvajal, Sarah Kwoh, Fabiana Melo, Christine Sampic y Rodolfo Wehrhahn.

A ellos se unían ocho consultores externos: Andreas Jobst, Göran Lind, Min Qi, Alfredo Bello, Mimi Ho, Malcolm Rodgers y José Tuya.

En realidad, se trataba de dos misiones del FMI. La primera se desarrollaría entre el 1 y el 21 de febrero; regresaría a su base de Washington y volvería a España el 12 de abril para culminar su examen el día 25. Esta era la agenda.

El viernes 3 de febrero, la economista turca Pazarbasioglu solo llevaba dos días en Madrid cuando se topó con la noticia de que el Consejo de Ministros había aprobado el decreto Guindos I.

Durante dos semanas el equipo realiza diversas entrevistas con entidades financieras, supervisores y expertos privados. Ceyla Pazarbasioglu solicita dos entrevistas cruciales para el 15 de febrero de 2018.

La primera con el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y la segunda con el ministro de Economía, Luis de Guindos; la primera para la mañana del día 15 de febrero y la segunda para por la tarde.

Sobre las nueve o nueve y media, la economista turca llega al despacho de Rato en la torre de Bankia.

La conocía del Fondo. La había visto en alguna reunión. El FSAP es un programa especial del FMI en el que se examinan los sistemas financieros de un grupo de unos veinticinco países. Ella y su equipo estuvieron en Bankia. Se entrevistó con la gente de la dirección financiera y en cierto momento solicitó verme. Estuvimos hablando del banco, de la situación económica de España, del papel del Banco de España y de la supervisión. Lo que ella más criticó fue el hecho de que hubiéramos dejado caer el Banco de Valencia en noviembre de 2011, ya que era una filial nuestra. Y le dije yo no había dejado caer a ninguna filial, que no era filial mía; yo tenía una inversión ahí pero no era filial mía porque cuando el FROB diseña el SIP no la mete. No había duda de que para mis jefes, que era el FROB, a partir de que me dan los 4.400 millones de euros en acciones preferentes, el Banco de Valencia estaba aparte.

Rato recuerda las peripecias que conducen a la caída del Banco de Valencia:

Recuerdo que a primeros de marzo de 2011 había ido a ver al Mestalla el partido de la Liga Valencia-Barcelona, y antes me reuní con los directivos del Banco de Valencia y de Bancaja. Les dejé muy claro que no iba a haber una ampliación de capital ni nada parecido si no era de una cantidad suficiente, porque ellos querían una ridícula, de muy poco dinero. Le dije al presidente, José Luis Olivas: «Con eso no arregláis nada, no voy a meter el 40 % de 200 millones pa’ná. Para eso no lo meto, tenéis que buscar mucho más dinero, nosotros estamos dispuestos a poner nuestra parte pero tenéis que buscar mucho más». Se cabrearon. Ellos querían fusionarse con Banco Gallego. Me pasé desde marzo hasta julio de 2011 llamando al subgobernador Aríztegui todos los meses. Le digo: «Qué vais a hacer con el Banco de Valencia, esto se va a poner peor», porque yo me había negado a una ampliación de capital de 200 millones de euros. Ellos querían hacer una fusión con Banco Gallego y nosotros nos negamos. El Banco de Valencia estaba muy mal, necesitaba un arreglo en profundidad. Nosotros no íbamos a poner dinero bueno sobre dinero malo. Se paró todo. Y el Banco de España se puso muy nervioso con el Banco de Valencia en septiembre de 2011. Yo les dije no me puedo hacer cargo de esto. No está en el SIP. Me pidieron que le diera liquidez durante algún tiempo. Se la di con garantías de que ellos nos la devolverían, cosa que hicieron, la devolvieron… Bancaja sí tenía una situación de dominio sobre el Banco de Valencia porque el mismo presidente [Olivas] era de los dos [del Banco de Valencia y de Bancaja, y vicepresidente de Bankia] y el director financiero era coincidente. Todo eso se rompió cuando entramos en el SIP porque expresamente el Banco de Valencia no era parte del SIP. Nosotros teníamos un 40 %.

A mí no me habló de lo mal que estaba Bankia ni de la evolución de la morosidad inmobiliaria ni de nuestro margen financiero. No, no. Ella me habló del Banco de Valencia. Me quedé satisfecho: aunque me pareció equivocado que ella lo considerara tan relevante, para mí no era problema. Porque el Banco de España no me había pedido nunca que me hiciera cargo del banco. Yo lo tenía provisionado. Menudo problema. No me preocupaba nada. No me llamó la atención. Lo que vi es que ella estaba preocupada por algo que, sinceramente, no tenía razón.

Esa misma tarde, Ceyla Pazarbasioglu y su principal colaborador, Li Lian Ong, regresaban al Paseo de la Castellana para reunirse con Luis de Guindos en su despacho del edificio de Cuzco.

Según las memorias de De Guindos:

Pazarbasioglu pidió reunirse conmigo. No es habitual que los ministros participen en los contactos previos a la elaboración de los informes. Así que nos temimos que la jefa de misión no tenía buenas noticias. La reunión se celebró el 15 de febrero en el ministerio, a última hora de la tarde. Pazarbasioglu acudió con su asistente, Li Lian Ong, y por nuestra parte me acompañaba mi jefa de gabinete [Rosa Sánchez Yebra]. En Madrid caía la noche, pero no tan rápido como nuestra moral al oír lo que nos iban contando. La jefa de misión, una experta funcionaria del FMI nacida en Turquía, tan correcta como implacable y buena conocedora del sector financiero, había hecho un trabajo muy fino… tan fino que al final acertó en las cifras que luego tuvimos que manejar. Aquella reunión tenía un objetivo muy preciso: comunicarnos la gravedad de la situación de Bankia y la necesidad de actuar con urgencia. Nos ofreció, ya en aquel momento, reflejarlo así en el comunicado final, aunque sin nombrar a Bankia. La entidad, entonces presidida por Rodrigo Rato, era el principal problema del sector financiero de España; España se percibía como el principal riesgo para la zona euro, y la zona euro era el centro de gravedad de la crisis mundial. Así de fuerte[5].

De Guindos señala:

Los funcionarios del FMI nos habían puesto el foco ante una realidad peor de la que esperábamos y nos la presentaron como una especie de muñeca rusa. Bankia era el núcleo al que debíamos llegar si no queríamos ser el origen de un problema mayor. La entidad presidida por Rodrigo Rato era percibida como un coloso con los pies de barro, con un balance no creíble y una gestión no profesional[6].

Aquella noche ya era evidente lo que pasaba. La suerte del que fuera Rey Midas del llamado milagro económico español de 1996-2004 estaba echada.

El ministro sacrificaría la ficha del rey.

15
… AL LINCHAMIENTO DE RODRIGO RATO CON LA SOGA DEL FMI

Si, como afirma De Guindos, el FMI acertaba —solo en las dos semanas de las tres previstas para la primera misión— respecto de la situación de gravedad de Bankia, y con las cifras que luego se manejaron, no se entiende por qué el ministro seguía orientando a Rato hacia una fusión con otras entidades. ¿Por qué razón se dejaron pasar casi tres meses antes de actuar?

Rato recuerda sus conversaciones con De Guindos en aquellos meses:

El ministro me indica, tras comprobar el atascamiento de la fusión con CaixaBank, que busque otras entidades para una fusión y entonces me sugiere las cajas gallegas, idea que, al menos tal como lo percibía yo, no tenía ni pies ni cabeza; pero su propuesta de negociar con Unicaja y Liberbank me pareció una posibilidad a explorar. Y hablo con ellos. Hablé bastante con los dos y estaba avanzando con Liberbank, pero claro, la diferencia de tamaño a ellos les asustaba, quedaban muy diluidos, había que ver qué fórmulas de gobierno se buscaban para que no lo estuvieran tanto, y se habló incluso de que el consejero delegado viniera de Liberbank. Intentamos buscar una fórmula que les asustara menos.

A finales de febrero de 2012, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llama por teléfono a Rato y le invita a pasarse por su despacho. Tiene que comentarle algo:

Te tengo que decir que no puedo evitar que el presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González, hable mal de Bankia en el mercado. ¿Cómo que no puedes evitarlo? No, no puedo, Rodrigo. No me hace caso. ¿Puedo usar lo que me estás diciendo? Sí. Puedes decírselo a quien quieras. Se lo digo a Luis de Guindos. Llamo a Paco González. No me lo niega para nada. Se sale del tema diciendo: eso son cosas del gobernador, adiós, adiós. Ni él ni el Gobierno me hacen caso.

Al mismo tiempo, Rato está preparando con su equipo el plan de saneamiento para presentar al Banco de España cómo iba a cumplir BFA-Bankia con las exigencias de provisiones y de capital que planteaba el decreto Guindos I. Los cálculos suponen un requerimiento adicional de provisiones por valor de 6.178 millones y un colchón de capital de 2.949 millones. Si se descontaba el efecto fiscal, el impacto neto en capital era de 7.214 millones de euros.

En el mes de marzo, Rato solicita ver al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, para explicarle el plan que van a elevar al Banco de España. Su idea era conocer si, en realidad, el Ministerio de Economía tenía ya decidido qué hacer con Bankia.

He aquí su motivación para ver a Jiménez Latorre:

Fui a ver a Jiménez Latorre para ver si me decía: oye déjate de tonterías y tira por aquí… Entonces es cuando Jiménez Latorre me dice: no, no, eso que estáis haciendo en el Banco de España no es bastante, queremos una cosa más llamativa, y yo pienso qué es algo más llamativo. Le dije a Francisco Verdú que hiciera una visita a Latorre para ver si él sacaba alguna idea. Pero no consiguió saber en esa entrevista qué era lo llamativo que buscaban. Era una manera muy complicada de darte instrucciones. No conseguían transmitirme… Por eso yo también fui a ver a Álvaro Nadal, presidente de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, y a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, para que me dijeran: oye lo que queremos es esto, pero tampoco me decían. Nadal me explicaba que no lo tenían claro, que había que diseñar el mapa bancario. Montoro, a su vez: tú vas bien, no te preocupes, y cuando le pregunté: ¿queréis nacionalizarme?, me contestó: no, no, no te preocupes. Y Luis en el mes de marzo de 2012, creo que en la última semana, acababa de volver de Singapur y me contó que había jugado al tenis allí —él es muy buen jugador—, y me preguntaba por la fusión. «Pues he hablado con Liberbank», le contaba las gestiones, no conseguía cerrar, eran conversaciones muy poco concretas. Yo no salía de allí con una orden, haz esto. Además teníamos interlocutores de otro nivel, como podía ser mi secretario general [Miguel Crespo] que era muy amigo de Luis… Había muchas maneras…

La primera misión del FMI había terminado su trabajo el 21 de febrero de 2012. La segunda, formada por el mismo equipo, regresaba a Madrid el 12 de abril para finalizar el chequeo.

Pero en medio estaba la fecha clave del 31 de marzo. Las entidades tenían que presentar al Banco de España sus planes de adaptación al decreto Guindos I.

De Guindos recuerda:

Las entidades tenían que presentar antes del 31 de marzo sus planes para el cumplimiento del Guindos I por el que aumentaron las provisiones para los activos dañados del sector inmobiliario hasta una cantidad de 50.000 millones de euros[7].

El 28 de marzo de 2012, el consejo de administración de BFA-Bankia aprueba el plan y el 30 de marzo BFA-Bankia lo envía al Banco de España.

Sin duda, ese plan no respondía al «hecho llamativo» que se necesitaba, según la versión que Latorre le había sugerido a Rato en su encuentro ese mismo mes.

Por tanto, en los primeros días de abril, Luis de Guindos tiene que acelerar sus movimientos antes de que la misión termine formalmente su trabajo y regrese a Washington para redactar sus conclusiones, y antes de que el Banco de España se pronuncie sobre la aprobación del plan de Bankia. La fecha en rojo en el calendario de De Guindos es el 25 de abril, el día en que el equipo de Ceyla Pazarbasioglu acaba su tarea.

Al comenzar la Semana Santa de 2012, el lunes 2 de abril, el ministro Luis de Guindos manda citar a los presidentes de los cuatro grandes bancos para celebrar una reunión el día 8, Domingo de Resurrección. De modo que, esa noche del 8 de abril, el ministro recibía a Rato, al presidente del Banco Santander, Emilio Botín; al del BBVA, Francisco González, y al de CaixaBank, Isidro Fainé.

Rato recuerda:

Creo que fue el lunes 2 el día cuando nos citan a una cena con el ministro para hablar sobre el sector. Yo me iba a Andalucía con mi familia. Tenía una reunión de Bankia en Valencia el lunes 9 porque se incorporaba Bancaja al sistema informático del grupo. Me volví solo el domingo para ir a la cena, pronto, sobre las ocho de la noche. La primera parte del encuentro hablamos de la situación general, la marcha de la crisis y los problemas del sector. Y enseguida pasamos a Bankia. Lo planteó el ministro. Yo protesté. Porque discutir mis números con mis competidores fue muy duro. Luis me lo vendía: oye, Rodrigo, date cuenta de cómo te ven desde fuera, no sabes qué percepción se tiene, entérate de lo que piensan los demás. Yo sabía lo que pensaban y también sabía lo que yo pensaba de ellos. A mí lo que me interesaba saber era cómo lo veía el Banco de España porque mis competidores ya sé lo que piensan. Y en esta reunión no estaba presente el Banco de España. Cuánto teníamos que provisionar en Bankia. Este era el asunto. Paco González hablaba de cifras muy agresivas. Dijo que eran 15.000 millones. Mira, Paco, a mí esa cifra no me sale por ningún lado. La consultora McKinsey nos da 7.000 millones. Paco González dijo que eso era muy optimista, que los números eran peores: 15.000 millones. Luis dice: bueno habladlo entre vosotros. Mi jefe de gabinete se puso en contacto con alguien que designó Paco y regresó diciendo: quieren que se provisione muy fuerte el inmobiliario y todo el crédito a las pequeñas y medianas empresas [pymes]. Esto no tenía sentido. Yo no le pedía a BBVA que provisionara todo el crédito de los ayuntamientos. Era un saneamiento de caballo, absolutamente innecesario. Ya en aquellos días, el sector pedía lo que conseguiría más tarde, hacia finales de 2013, y es que el Estado garantizase los créditos fiscales por ley, como ocurría con los bancos ingleses e italianos, una ventaja indudable que se le daba a la banca respecto a otros sectores de la economía. Pero Paco González no se apeaba de la cifra de 15.000 millones; tampoco yo me apeaba de la mía. McKinsey me daba 7.000 millones en una situación de máximo stress de la economía con una caída del Producto Interior Bruto del 1,5 %. ¿Por qué tenían los accionistas de Bankia que provisionar más que los otros? Y Paco plantea que los bancos estamos perdiendo mucho dinero en Bolsa por la desconfianza, y que la solución es la de octubre de 2008 para el Royal Bank of Scotland (RBS), entidad que se había fusionado un año antes con el ABN Amro holandés, y que el Tesoro británico salvó con ayudas extraordinarias. Estáis completamente equivocados, digo. Bankia no es el RBS que tuvo serios problemas de liquidez. Yo no tengo dificultades de liquidez o de clientes.

Y en esta reunión, ¿cuál es la actitud de Botín y de Fainé?

He aquí el recuerdo de Rato:

Botín, que no tenía una buena relación con Paco González, le apoya, le dice algo así como «hay muchas cosas tuyas que no me gustan, pero tus números, tú sí sabes hacer números», alguna frase muy de Botín, «si tú das unos números, yo me fío más que de los de Rodrigo».

Rato cree que está en condiciones de superar el examen del decreto Guindos I en el Banco de España:

El 5 de marzo habíamos solicitado autorización al Banco de España para recomprar participaciones preferentes y deuda subordinada en BFA, y la ampliación de capital en Bankia para canjear dichos títulos por acciones de Bankia. El director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, nos autoriza dos días después, el 7 de marzo. Estaba, pues, relativamente esperanzado de que conseguiríamos pasar el test del Banco de España porque yo ya tenía los números que mi equipo elaboraba, y cuando pase el test, me decía a mí mismo, entraré en una fase de mayor tranquilidad y me dejarán en paz un tiempo y podré abrir el camino a una fusión superado el miedo de mis interlocutores. Yo creo que el ministro esperaba que el Banco de España pusiera trabas o no aprobara mi plan.

El 3 de abril, BFA-Bankia envía al Banco de España un documento complementario en el que detalla cómo gestionar la situación de la matriz, BFA, y la devolución de una parte sustancial de las participaciones preferentes suscritas por el FROB. Y finalmente el 13 de abril actualiza el plan estratégico 2012-2015, en el que prevé un mayor deterioro económico en España y un repunte de la morosidad.

Por aquellas fechas, aproximadamente, Rodrigo Rato recibe la llamada de Pepe Sevilla, amigo y estrecho colaborador de José Ignacio Goirigolzarri, a quien, según hemos visto, Rato había intentado contratar como director financiero en 2010.

Pepe Sevilla pide venir a verme en abril. Hay un fondo de inversión americano que quiere invertir en Bankia y me han encargado que estudie algunos números. Era un fondo que tenía alguna relación, creo recordar, con el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker. Le digo: bien, de acuerdo. Llamo a Manolo Lagares, hijo de Manuel Lagares, el catedrático de Hacienda. Le había contratado como director general de BFA en septiembre de 2011: «Oye este señor está interesado, te quiere preguntar cosas». Y le dije que guiara a Sevilla. Y eso fue una trampa, claramente, para ver las tripas del banco. Cuando empezamos la fusión de las cajas me entrevisté con Pepe Sevilla y él quería un puesto más alto y no le interesó lo que le ofrecía. Yo me planteaba si quería seguir con los directores financieros de Caja Madrid o no, si quería gente nueva, moderna. Él se había ido del BBVA hacía tiempo, bueno, nos conocimos ahí, una conexión profesional. Cuando me vino a ver como representante del fondo, me sorprendió muy positivamente que alguien quisiera entrar porque era un momento en que en la banca española no entraban ni los chinos. Me equivoqué. Eso fue una trampa, claramente. Sevilla vino a mirar. En quince o veinte días no le dio mucho tiempo. No me hizo ninguna oferta. No hubo resultado. Fue una distracción. Fue una operación para ver nuestros números. Estoy convencido de que Goirigolzarri estaba mirando el banco antes de que yo le hiciese la segunda oferta. Alguien se le había acercado por parte del ministro o de los grandes bancos: «Oye, esto va a saltar por los aires y queremos un sucesor que calme los mercados. Un hombre para el RBS español».

El 13 de abril, cinco días después del encuentro de los cuatro grandes en el despacho del ministro, el director del Departamento de Inspección I, Pedro González, y el jefe de grupo de Bankia, José Antonio Gracia, elevan un informe de trece folios a la Comisión Ejecutiva del Banco de España.

González y Gracia recomiendan aprobar el programa de BFA-Bankia para cumplir las exigencias de provisiones y capital.

Su conclusión se basa en tres puntos:

— Se gana tiempo, un tiempo esencial, con una situación patrimonial más favorable que la anterior, para ver si se consiguen las metas de rentabilidad y mejoras en las estructuras de financiación y gestión, o para poder contar con una solución no demasiado traumática, pues no se ve factible en este momento la alternativa de una posible integración; y es difícil de soportar posibles actuaciones supervisoras drásticas al presentar recursos propios suficientes (si bien la intensidad supervisora en el seguimiento de la evolución de Bankia es máxima) y mucho más ejecutarlas, en su caso, dada la dimensión sistémica de la entidad.

— El equipo gestor entiende, así lo ha mostrado con determinación, que puede gestionar Bankia satisfactoriamente en tanto la economía se recupera. En este sentido, el diagnóstico que ha realizado se considera realista y acertado, y las medidas que se están implantando, así como el detalle de su ejecución, también parecen esperanzadores.

— Es imprescindible que se pueda convencer a los mercados de que la entidad tiene recorrido, pues el riesgo reputacional en que puede incurrir Bankia al declarar pérdidas en el ejercicio se ve minimizado, porque puede ser imputable a un hecho concreto y limitado a los saneamientos derivados del Real Decreto-Ley 2/2012.

En estas condiciones se puede considerar que el Plan de Saneamiento cumple, al 31 de marzo de 2012, con lo establecido en el Real Decreto-Ley 2/2012, ya que, en su conjunto, contempla medidas que se estiman suficientes para atender la cobertura de los saneamientos requeridos por la norma, tanto en la vertiente de provisiones a constituir como en el nivel de capital principal.

El impacto total de la aplicación del citado decreto suponía la necesidad de constituir provisiones por un importe de 3.396 millones en Bankia y 2.782 millones en BFA, lo que ascendía a un total de 6.178 millones y un colchón de capital de 2.949 millones (872 millones en Bankia y 2.077 millones en BFA). Si se descontaba el efecto fiscal, el impacto neto en el capital conjunto de BFA y de Bankia era de 7.274 millones de euros.

González y Gracia, pues, no se andan con rodeos: se trata de ganar tiempo para tratar, en otro momento, una fusión con otra entidad. Y, como quien no quiere la cosa, el informe abordaba por primera vez el problema del precio de salida a Bolsa en julio de 2011, a raíz del informe elevado por BFA-Bankia.

Ambos destacaban como factor positivo el hecho de que

BFA procedería a sanear su participación en Bankia hasta ajustarlo al nuevo valor teórico contable correspondiente: el saneamiento se reduciría a 2.465 millones de euros… El saneamiento del deterioro sobre el valor teórico que registraba la participación de BFA en Bankia y, por tanto, minimizar los argumentos del auditor para poner una salvedad en sus cuentas…

Es decir: los responsables de la supervisión estaban diciendo que, si bien el auditor presentaba de cara al exterior la gran diferencia a la baja entre el precio de cotización de Bankia en julio de 2011 (3,75 euros) y el valor teórico en libros de BFA (15,28 euros) como algo normal, el nuevo plan de saneamiento podía disuadir a Deloitte de poner una salvedad en las cuentas del grupo.

El comentario era una pista muy valiosa para saber qué pasaba por la cabeza de la firma de auditoría. A saber: su resistencia a entregar un informe limpio de auditoría para que BFA-Bankia presentara sus cuentas a finales de abril de 2012 a la CNMV.

En esas fechas de abril, en coincidencia con el proceso de aprobación del plan por el Banco de España, Rato hace otro movimiento. Vuelve a ponerse en contacto con José Ignacio Goirigolzarri.

Rato rebobina:

El Banco de España quería a Goiri. Porque Francisco Verdú tardó mucho en ir al Banco de España. Después de acompañarle yo mismo tras su nombramiento, ya no me ocupé más. Yo iba pero él tardó bastante en pasarse por allí, cosa que no sentó bien. Y dejaban caer que qué bueno sería si Goiri fuese el consejero delegado. Yo lo he intentado, les decía, pero a este señor no le interesa. Entonces le volví a llamar, a ver si con eso podía tranquilizar las aguas, aunque a mí me creaba un problema personal con Verdú. Y entonces hablamos y en esa conversación me dejó caer, a diferencia de un año antes: «Tú quieres salvar a las cajas, pero yo no estoy en esa idea». Y yo dije: «No van a tener el 50 % del banco ni mucho menos, van a quedar como accionistas importantes, con un 15 con un 10 con un 20, pero no más...». Y después lo entendí, porque lo primero que hizo fue liquidar a las cajas en el accionariado. Por eso, estoy seguro de que, desde marzo y todo el mes de abril, incluyendo las visitas de Pepe Sevilla, Goiri estaba en el ajo. Goiri estaba mirando el banco antes de que yo le hiciese, en abril, la segunda oferta. Alguien se le había acercado por parte del ministro o de los grandes bancos. «Oye, esto va a saltar por los aires y queremos un sucesor que calme los mercados».

El ministro De Guindos acoge la autorización del Banco de España como si un escollo se interpusiera en su camino: «El Grupo BFA-Bankia entregó su plan al Banco de España con unas necesidades de provisiones adicionales por 3.396 millones de euros. El supervisor autorizó todos los planes, incluido en un primer momento el de Bankia», escribe.

Diluye así la aprobación del plan de Bankia en «todos los planes» autorizados por el Banco de España.

Rato, a su vez, apostilla:

Cuando ve que lo aprueban, se pone muy agresivo. Tanto al ministro como a los demás banqueros pasar el Guindos I los aceleró y, paradójicamente, empeoró la situación cuando en realidad había nuevas alternativas. Se podía plantear un cambio de management, incluyendo la presidencia. Había margen y se podía negociar con más tiempo. Pero Luis dijo: no, eso no puede ser. Tienes que fusionarte ya, y si no, me tienes que dar otra alternativa porque los mercados están muy nerviosos. Yo le digo: los mercados no están más nerviosos para mí que para otros. Pero, bueno, intento darte esa alternativa, puedo ver si es posible hacer unas provisiones extraordinarias que no hacen los demás y anticipar pérdidas.

Faltan doce días para que concluya en España el trabajo de Ceyla Pazarbasioglu y su equipo.

Rato está pendiente de Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, que debe entregar el informe limpio sobre las cuentas anuales de BFA-Bankia para su presentación ante la CNMV, pero como ve que tarda en llegar, no las tiene todas consigo:

Mi interventor general [Sergio Durá] que lleva las cuentas, y que sigue en Bankia, me dice en marzo: «No te preocupes, que ya nos ha dado un borrador de opinión sobre Bankia». Me quedo tranquilo. Pero a medida que nos acercamos a abril digo: «Qué coño tranquilo, a ver cuándo nos dan el informe». En octubre de 2011 Francisco Celma menciona el tema de la reducción del valor de los activos, o impairment, en BFA, a raíz del precio de salida a Bolsa, pero es en febrero cuando lo plantea más seriamente. Nosotros le preguntamos: «¿Cómo quieres que lo arreglemos?». Entonces contratamos a Deloitte para que proponga una fórmula, cobra por el trabajo y nos hace una propuesta, que es modificar el perímetro BFA-Bankia.

Mientras Rato espera el informe del auditor, previamente a que Ceyla Pazarbasioglu culmine su visita, el ministro inicia un viaje que lo llevará a París y a Fráncfort, antes de dirigirse rumbo a Washington para entrevistarse con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, aprovechando la reunión de primavera de la entidad.

El día que De Guindos llega a Fráncfort, el 17 de abril de 2012, el bono público supera el tipo de interés del 6 %, con la prima de riesgo —diferencia entre los tipos de interés que paga el Reino de España para tomar prestado dinero en los mercados y lo que abona Alemania— en 430 puntos básicos, en tanto que la Bolsa de Madrid ha registrado el viernes 13 la mayor caída, un 3,58 % en cinco meses.

Es la primera visita del ministro al BCE, donde le recibe el presidente, Mario Draghi, aunque no a solas. Participan en el encuentro los miembros del consejo ejecutivo Jörg Asmussen, Benoît Coeuré, José Manuel González-Páramo y Peter Praet.

De Guindos viaja después a Washington para participar en las reuniones del FMI. Y sobre todo entrevistarse con Lagarde. El jueves 19 de abril, día de su conferencia de prensa estrella en la reunión bianual, la directora gerente del FMI no ahorra elogios al Gobierno español por haberse «tomado seriamente los problemas del sector bancario y adoptar medidas muy buenas».Lagarde recibe a De Guindos ese 19 de abril.

¿Qué le ha dicho el ministro?

He aquí su relato:

Durante la asamblea de primavera del FMI en Washington, me reuní con su directora gerente, Christine Lagarde, con el comisario europeo Olli Rehn, y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, por separado, y todos coincidieron en señalar el problema de Bankia como el «elefante en la habitación», según lo describió uno de ellos[8].

¿Y qué pasó con aquella oferta que, según narra De Guindos, le hizo Ceyla Pazarbasioglu el 15 de febrero, en su despacho de la Castellana, mientras en Madrid, según sus palabras, «caía la noche, pero no tan rápido como nuestra moral al oír lo que nos iban relatando»?

Se refería a la situación de Bankia. «Nos ofreció, ya en aquel momento, reflejarlo así [la situación de gravedad de Bankia] en el comunicado final, aunque sin nombrar a Bankia.»

De Guindos omite deliberadamente en la secuencia de los hechos la respuesta a esta presunta oferta. Nunca ha querido aclarar lo que pasó.

El hecho es que seis días después de la reunión entre De Guindos y Lagarde —el 19 de abril de 2012—, culminaba la misión de Ceyla Pazarbasioglu en Madrid.

La tarde del 25 de abril, el último día en el calendario de sus trabajos en Madrid, el FMI difundía, por la tarde, un comunicado desde Washington con sus conclusiones preliminares, en lugar de esperar a hacer el anuncio en el mes de junio. El Ministerio de Economía publica inmediatamente en Madrid este comunicado:

Madrid, 25 de abril de 2012. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer públicas las conclusiones preliminares del Programa de Evaluación del Sector Financiero español (FSAP, por sus siglas en inglés). El examen proviene de una decisión del G-20 al hilo de la crisis financiera internacional, afecta a todos los países de la organización y se realiza con carácter quinquenal.

Esta es la segunda vez que el sector financiero español se somete a la evaluación del FMI. Las conclusiones definitivas se harán públicas el próximo verano junto con el examen anual del FMI sobre la economía española.

El documento en español está publicado en la web del Ministerio de Economía y Competitividad (www.mineco.gob.es) en la sección noticias. El enlace a la publicación en inglés en la web del FMI es el siguiente:

http://www.imf.org/external/np/ms/2012/042512.htm

No se difunde, por tanto, una versión en español del comunicado, cuyo punto central, el mensaje que esperaba Luis de Guindos, es el siguiente párrafo:

Un grupo de diez bancos, la mayoría de los cuales han recibido apoyo estatal y están en diversos grados de estrategia de resolución, han sido identificados como vulnerables. Cinco de ellos han sido adquiridos o fusionados con otras entidades solventes. Tres están en proceso de subasta y los otros dos han presentado planes de negocios que han sido aprobados por el banco central. Para preservar la estabilidad financiera, es fundamental que estos bancos, especialmente el más grande, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar las prácticas de gestión y gobierno corporativo.

Aunque las posiciones de liquidez han mejorado y la financiación a largo plazo del BCE brinda un respiro, los bancos españoles deben seguir construyendo sus colchones de capital para que puedan acceder libremente a los mercados de financiamiento privado.

Incluye también una exigencia clara al Banco de España:

Reforzar la autoridad del regulador bancario para abordar de manera preventiva la acumulación de riesgos en el sistema.

Y advierte de que será necesaria ayuda pública:

Para evitar que los costes de resolución sean demasiado elevados para la industria, especialmente en un período de tiempo razonable, puede ser necesaria una mayor dependencia del financiamiento público, después de agotar las opciones de recapitalización privada, preservar la estabilidad financiera y evitar el desapalancamiento excesivo.

Los medios de comunicación, a través de fuentes próximas al Ministerio de Economía, se aseguran de que es blanco y en botella, es decir, que sus sospechas sobre el nombre de la entidad —«especialmente el banco más grande»— no tiene margen alguno de error: es Bankia. A todo esto, el comunicado no podía dejar de puntualizar que las «posiciones de liquidez han mejorado y la financiación a largo plazo del BCE brinda un respiro…».

El ministro estaba operando la crisis de BFA-Bankia a corazón abierto. Para él, y para el FMI, que le estaba sirviendo este «momento», el momento Kreditanstalt, el banco austríaco cuya quiebra extendió a Europa, mira por dónde, también en un mes de mayo, en 1931, a Europa la Gran Depresión que había comenzado en Estados Unidos tras el crash de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. El fracaso para salvar al gran banco comercial aceleró los acontecimientos antes de que nadie se diera cuenta: la corrida sobre los bancos alemanes, la devaluación de la libra esterlina y el efecto dominó sobre la bancarrota posterior de los bancos norteamericanos. Eso no iba a ocurrir con Bankia.

Pero ¿no había escrito De Guindos, según ya hemos citado, que «Bankia, entonces presidida por Rodrigo Rato, era el principal problema del sector financiero en España; España se percibía como el gran riesgo para la zona euro; y la zona euro era el centro de gravedad de la crisis mundial. Así de claro»?

Mientras Rodrigo Rato, el centro de gravedad de la crisis de la zona euro según De Guindos, estaba esperando el informe de auditoría de sus cuentas anuales para elevarlas en cinco días, a finales de abril, a la CNMV, Bankia se convertía esa tarde del 25 de abril de 2012 en el Kreditanstalt de mayo de 1931. Y mayo se acercaba.

A finales de enero de 2013, me dirigí al Fondo Monetario Internacional, cuyas reuniones había cubierto durante largos años, primero para el diario barcelonés La Vanguardia y más tarde en El País, para conocer lo que había ocurrido en aquellos días de abril de 2012. Durante el mes de febrero de 2013, intercambié con Ángela Gaviria, subjefa de División del Departamento de Comunicaciones del FMI, diversos correos electrónicos, tras lograr su promesa —«te consigo lo que pueda»— de colaborar para obtener la respuesta a mis preguntas. Ángela tenía que consultar con la misión que había elaborado el informe. Después de varias comunicaciones, insistí en uno de los correos sobre el tema de la publicación del informe preliminar. Me contestó: «Del comunicado no tengo nada. Seguro que ambas partes lo consideraron pertinente. Espero que esto te sirva».

Se equivocaba. No me servía. Y volví a preguntarle. He aquí el correo que le envié una vez más el 14 de febrero de 2013. «Y si puedes, intenta decirme si el Gobierno español solicitó al FMI que se hiciera público...».

Subject: Re: Regarding CV of Ceyla Pazarbasioglu

From: ernestoekaizer@hotmail.com

Date: Thu, 14 Feb 2013 23:42:46 +0100

To: AGaviria@imf.org

Gracias Ángela. Quería saber también en qué periodo actuó Ceyla cono assistant director del Monetary and Capital Markets Dpt. También querría saber si formó parte del team que hizo el FSAP del sistema financiero español en 2006. Además, cuándo solicitó al Fmi que se hiciera público las conclusiones en abril, antes del informe previsto para junio de 2012. Un abrazo,

Ernesto

Y, cinco días más tarde, por fin, su respuesta: «Los españoles sugirieron que se publicaran las conclusiones preliminares y el staff del Fondo estuvo de acuerdo, lo cual es generalmente el proceso a seguir».

Gaviria, Angela<AGaviria@imf.org>

mar 19/02/2013, 17:05

Usted

Hola, Ernesto.

Mira, te respondo: (i) Ceyla no estuvo involucrada para nada en el FSAP del 2006; de hecho estaba en otro departamento en esa época; (ii) Ceyla fue Assistant Director por 3,6 años (desde el 2008); (iii) los españoles sugirieron que se publicaran las conclusiones preliminares y el staff del Fondo estuvo de acuerdo, lo cual es generalmente el proceso a seguir; y (iv) los FSAP se empiezan a trabajar con por lo menos un año de anticipación al momento en que transcurre la misión per se, pues hay un proceso interno que seguir y bastante preparación que hacer.

Espero que esto te sirva. Me puedes recordar, por favor, cuándo sale el libro? Y, de nuevo, me podrías dar un poco del tono en el que piensas referirte a Ceyla?

Gracias,

Ángela

«Es el proceso a seguir.»

No parece que, por tanto, sea a la inversa, es decir, que sea el equipo el que «ofrezca reflejarlo así» en el comunicado final. Por otra parte, no había «previsto» comunicado final como tal, sino la publicación del informe completo… excepto que se le pidiera al FMI que anticipara sus impresiones bajo la forma de «conclusiones preliminares». Y aunque había antecedentes —pocos, pero los había—, en ningún caso se trataba de lanzar a una institución financiera, en este caso Bankia, al centro de la crisis internacional.

Y ahora había que rematar la faena.

16
«RODRIGO, ERES LA VÍCTIMA COLATERAL»

«Verde y con asas, alcarraza.»

Si Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, venía arrastrando los pies y retrasaba la entrega del informe de auditoría de las cuentas de BFA-Bankia de 2011, sin decir ni sí ni no, la publicación de las conclusiones de la misión del FMI anticipadas al 25 de abril, y con las noticias en medios de comunicación sobre la presencia del ministro de Economía en Washington, no hacía sino confirmarle, si cabía, en la negativa a aportar su dictamen.

Última semana de abril de 2012.

Rodrigo Rato llama a Francisco Celma:

Yo no trataba con él. Es el consejero delegado o el director financiero el que mantiene la relación con el auditor. Le llamo para hacer fuerza. «Nos estás perjudicando. Si nos has dado un borrador de opinión.» Ya, contesta, pero es que parece que va a salir otro decreto, algo que también nos había llegado. Nunca me dice: mira, hemos resuelto que no vamos a emitir el informe. Tampoco yo, por las circunstancias, le requiero notarialmente vía burofax. O me remites el informe o te hago responsable. Porque teníamos el borrador. No está uno para pelearse con el auditor. Más tarde, claro, he llegado a la conclusión de que el mes y medio que hay entre que Deloitte hace el trabajo sobre la reducción del valor de los activos en BFA [impairment, para reflejar la pérdida por el precio de salida a Bolsa en 2011] y finales de abril, alguien le dice: «No emitas opinión. No digas nada». Porque el auditor no valida ni deja de validar. Emite una opinión. Mire usted, según estas cuentas, este señor tiene un agujero o no lo tiene, está bien o tiene que hacer tal cosa. Opina sobre las cuentas. Si lo hubiese hecho, una reformulación posterior sería impracticable.

BFA-Bankia presenta, pues, las cuentas el lunes 30 de abril, el último día hábil para hacerlo, al vencer el plazo de cuatro meses desde la finalización del ejercicio, en este caso de 2011, y esas cuentas van sin el informe de auditoría de Deloitte. El ministro de Economía, por supuesto, toma nota: «Que una sociedad cotizada entregara sus cuentas sin auditar a la CNMV… No dábamos crédito».

Pero la noticia de la entrega de las cuentas no trasciende hasta el 3 de mayo.

Cae en Barcelona la noche de este jueves 3 de mayo de 2012. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha celebrado durante la mañana su reunión mensual ordinaria, prevista desde hacía un año, en el Centro de Convenciones del Fórum de la capital catalana. Y esta noche se sirve una cena en el Palacio Real de Pedralbes a las autoridades económicas de la Unión Europea.

El Palacio Real de Pedralbes, en el distrito de Les Corts, es propiedad de la Generalitat de Cataluña. La última ocasión en que ha sido escenario de una celebración real ha sido el 4 de octubre de 1997, el día del almuerzo y la recepción de la boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin. Desde entonces pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona, que lo cedió en 2004 a la Generalitat. Desde 2013 es la sede del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo (UPM), organización multilateral formada por cuarenta y tres Estados. Las sesenta personas que trabajan allí —el «inquilino invisible» del palacio— se ocupan de identificar proyectos de desarrollo, darles el impulso político y conseguir financiación para que empiecen a funcionar, al tiempo que promueven la celebración, cada dos años, de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

Todos los personajes del sector financiero implicados en la búsqueda de una salida al inminente rescate del sistema financiero español —y que las conclusiones anticipadas del FMI han descargado sobre las espaldas de Bankia— se dan cita esta noche, junto a otras personalidades del mundo político.

El cóctel es el momento adecuado para aquellos que quieren apreciar los gestos y las palabras de Mario Draghi, el protagonista en la escena, el hombre del que todos esperan alguna media palabra. Por allí deambulan con copas en la mano Rodrigo Rato, el blanco de todos los comentarios, quien conoce a Draghi desde su época de vicepresidente de Gobierno, y Francisco González, presidente del BBVA. También están Emilio Botín, presidente del Banco Santander, e Isidro Fainé, presidente de CaixaBank. Rato no necesita aguzar el oído para escuchar los comentarios que está haciendo en voz alta el presidente del BBVA, quien clama por la intervención de Bankia sin pérdida de tiempo. Tampoco deja de sorprenderle la energía de Paco González a la hora de urgir una intervención en Bankia a la portavoz de la comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez.

Y no falta, claro, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien buscará tener unas palabras con Mario Draghi, entre copa y copa, antes de la comida.

El que no necesita buscar ese momento es Mariano Rajoy. A primera hora de la tarde, los servicios del Palacio de La Moncloa han informado de que el presidente del Gobierno ha cerrado una entrevista con Draghi a las 20:25, antes de la cena, que estaba prevista para las nueve de la noche.

A las 20:25, pues. Precisión alemana.

La guerra entre De Guindos y el Gobierno, por un lado, y el gobernador saliente del Banco España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el otro, es tan encarnizada que las imágenes del telediario de Televisión Española omiten todo corte donde se vea que Fernández Ordóñez ha asistido a la reunión del consejo de gobierno. Tampoco los periódicos registran imágenes del gobernador de esa mañana y del cóctel. Todo lo más, se le ve en una visita el día anterior, miércoles 2, en la que acompaña a Mario Draghi al Palau de la Generalitat, donde les recibe el president Artur Mas.

Pero Rajoy y De Guindos no quieren verle ni en pintura.

En realidad, desde hace meses están intentando abreviar su permanencia al frente del Banco de España.

Rato no cruza palabra, aparte de un saludo formal, con Draghi.

¿Y De Guindos? Anota:

Una charla en el cóctel previo a la cena oficial en el Palacio de Pedralbes. Draghi no suele derrochar las palabras: «Hay que actuar en Bankia», me dijo[9].

¿Qué hablaron Draghi y Rajoy en su encuentro de las 20:25? Solo ellos lo saben. ¿Lo mismo que dice De Guindos que Draghi le dijo a él?

Aquella noche del 3 de mayo de 2012 es el prólogo a las últimas setenta y dos horas de Rodrigo Rato en la presidencia de Bankia, y del desenlace de lo que pide Francisco González en los círculos de personalidades que están tomándose unas copas en el cóctel del Palacio Real de Pedralbes: la intervención.

A esas alturas, los «cuatro grandes» ya han sido convocados para un nuevo encuentro: la continuación, de hecho, con casi un mes de diferencia —pero ¡jo, qué mes!—, desde la cena del Domingo de Resurrección, en la que, ahora se podía ver, se había iniciado la cuenta atrás. El viernes 4 de mayo de 2012, dos días después, tienen cita con el ministro de Economía en su despacho. Y el ambiente de la cena del Palacio de Pedralbes prepara los ánimos con que se acudirá al Ministerio de Economía.

Uno a uno atraviesan la garita de la sede del ministerio, en el Paseo de la Castellana 162, cuatro coches importantes. Se bajan sucesivamente de ellos los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín; del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González; de CaixaBank, Isidro Fainé, y de Bankia, Rodrigo Rato.

Los cuatro están citados para analizar la situación de Bankia y el plan que les va a describir su presidente. Rato recuerda:

La reunión de la noche del viernes no es importante. El ministro pregunta: ¿cómo va todo, Rodrigo?; los demás quieren saber cuál es el plan: bueno, ¿qué piensas hacer? Explico que pienso acelerar/anticipar provisión de pérdidas, un plan que ya le había adelantado al ministro y empezaba a hablar con el Banco de España. Se trataba de hacer una provisión extraordinaria anticipando posibles deteriores futuros, una cosa bastante complicada porque contablemente era muy difícil, vamos, por encima de la norma. Pero era lo único «llamativo», la palabra usada por Latorre, que se me ocurrió. Explico que tengo un diagnóstico actualizado de la consultora McKinsey y quedamos en volver a analizar la situación el domingo por la noche. La reunión, que es una cena ligera, por decirlo así, termina con esa nueva cita.

Rato convoca para la mañana siguiente, en su casa, al equipo de Bankia. Se analiza allí el informe de McKinsey y, a continuación, se marcha al aeropuerto de Barajas. Ha comprometido desde hace cierto tiempo su participación en una reunión con un grupo de inversores organizado por la Unión de Bancos Suizos —el banco helvético— en Florencia, Italia. Es un viaje relámpago. Porque al día siguiente tiene la cena ligera en el Ministerio de Economía.

Al regresar el domingo 6 de mayo a Madrid, en el trayecto del aeropuerto a su casa, el presidente de Bankia llama al ministro de Hacienda. Lo recuerda así:

Había llamado a Montoro. Le digo: «Oye, Cristóbal, voy a una reunión con Luis. Dime si sabes cómo están las cosas». Lo recuerdo perfectamente. Estoy entrando por Avenida de América y antes de bajar por María de Molina, Montoro me dice: «Tú eres una víctima colateral». Son aproximadamente entre las cinco y las seis de la tarde cuando me dijo esas palabras. La verdad es que me afectó, me cabreó. Parece que había habido una reunión con Rajoy, Montoro, Luis y quizá Nadal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, donde el ministro de Economía anticipó su plan respecto de mi situación. Llegué a casa, estuve un momento y a las ocho me fui al ministerio.

El domingo 6 de mayo, De Guindos hace una introducción ante Rato, González, Botín y Fainé. La prima de riesgo sigue presionando y habla sobre el papel de los bancos con la deuda pública. Botín dice que se está perdiendo mucho dinero, que la acción está cayendo. Le da la palabra para que explique el plan. Insiste en los 7.000 millones que cifra McKinsey con los escenarios macroeconómicos de stress. Se repite la escena de hace casi un mes, el domingo 8 de abril, porque Francisco González manifiesta su desacuerdo con Rato.

Vuelve a la cifra de 15.000 millones. Le digo: «Tú me estás metiendo las provisiones de todas las pymes, los créditos fiscales. Tú también tienes créditos fiscales y el Sabadell los tiene, por qué tengo que hacerlo yo». Me defiendo como puedo. Mientras el 8 de abril Emilio Botín había apoyado a González, este domingo, aunque está de acuerdo con él, interviene poco, sobre todo porque la situación es dramática. Isidro no dijo prácticamente nada. El que hace de ariete es Paco González. Él estaba muy obsesionado con la intervención del Royal Bank of Scotland. Es una buena solución porque entonces los mercados se tranquilizan. Y entonces se dirige a mí y me espeta:

—Tú te tienes que ir porque eres del PP.

Su argumento es que no puede haber una ayuda del Gobierno del PP a un banco cuyo presidente es del PP.

El ministro ya tenía un informe que hablaba de 15.000 millones. No era todavía oficial, pero el banco de negocios Goldman Sachs ya estaba trabajando para De Guindos. He aquí la versión del ministro sobre la reunión del domingo 6:

La reunión terminó al filo de las 10 de la noche y cuando yo estaba a punto de salir me llama Rato y pide volver a verme, esta vez a solas. Le explico que la situación ha llegado a un límite y que habría que convertir las participaciones preferentes en manos del FROB (4.456 millones inyectados en la fusión con Bancaja) en capital. Me responde que ello supondría la nacionalización de la entidad y, entonces, insinúa que está pensando en dimitir. Al día siguiente, lunes 7 de mayo, me llama desde el coche camino de La Moncloa para decirme que iba a presentar la dimisión al presidente del Gobierno. Me pide que hable con José Ignacio Goirigolzarri porque, antes de aceptar, quiere que el Gobierno le dé el visto bueno a su sustituto al frente de Bankia[10].

La versión de Rato es diferente:

Luis me echa después de una conversación con mis tres competidores. Ya ves cómo están las cosas, te tienes que ir, me dice. Me voy, bueno, contesto. Te vamos a ayudar, Rodrigo, dice él. Está la presidencia de Repsol. Le digo no, mira Luis, no, y ya me cabreo más. Le pregunto cómo quiere que haga la renuncia. En mi cabeza pensaba que debíamos ir a la junta general en dos semanas, presentar a Goiri como vicepresidente, hacerlo de manera ordenada. Entra él como vicepresidente ejecutivo, yo me quedo de florero y a los meses me quito de en medio. Pero Luis no quería hacerlo de manera ordenada y Goiriquería acabar con la participación de las cajas.

Rato llama a Rajoy esa noche y logra, después de insistir, según sus palabras, en la gravedad de la situación —ya que va a dimitir—, que le reciba a la mañana siguiente:

Yo voy a ver a Rajoy porque quiero que me eche Rajoy. Digo, no me va a echar Luis. Un poco, la verdad, le obligo a que me reciba. Y me dice que sí, que vaya por la mañana a La Moncloa. Sabía que Rajoy no iba a dar la cara de manera abierta. Le digo a Mariano: «Me ha dicho Luis que me vaya». No me respondió de manera concreta, pero por los sonidos de su voz y su actitud, bueno, quedó claro que me echaba. Quería eso, que Rajoy me lo certificara. Hacía tiempo que no me fiaba de Luis. Lo que no quería es que le dijera a Rajoy: «Mira, Rodrigo se ha querido ir». Quería que quedase claro que el Gobierno me echaba.

Al salir de La Moncloa, Rato llamó al ministro:

Luis, ¿cómo quieres que hagamos esto? Me dijo que hablase con Goirigolzarri. Llamé a Goiri. Me dice que no sabe nada. «No he hablado con el ministro», me aclara. Goiri me quiso vender la moto de que nunca había hablado con Luis. No le creí, pero ya da igual. No recuerdo si fue en la primera o en la segunda llamada cuando le digo a Luis: «¿Cómo hacemos? Si vamos a la junta general prevista para dentro de quince días, yo presento a Goiri ante la junta y me largo». «No, no, Rodrigo. Tiene que ser ya.» «Bueno, que así sea», digo. Creo que Goiri llamó a Luis y arreglaron. Esa tarde del lunes lo recibí, nos hicimos la foto, propuse su nombramiento y el consejo de administración del día siguiente lo aprobó.

De Guindos ha explicado, retrospectivamente, por qué Rato tenía que irse de inmediato, cuál era el mensaje de su renuncia:

La salida de Rodrigo Rato fue interpretada como una señal de que el Gobierno iba en serio con el sector financiero. Que no actuábamos movidos por otro criterio que no fuera el interés general, al margen de la relevancia de las personas[11].

¿Al margen de la relevancia? ¿No es más cierto que era precisamente por su relevancia?

Porque las mismas razones que llevaron a seleccionar a Rato en el casting que finalmente decidió Mariano Rajoy —a saber, el hecho de que fuese una figura conocida en el mundo financiero, por su pasado de vicepresidente del Gobierno del Partido Popular y director gerente del FMI— eran las que ahora influían para que, como había dicho en una reunión social ante un círculo en el que se encontraba el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se le convirtiera en el chivo expiatorio.

Las dudas de Rodrigo Rato sobre los contactos entre Luis de Guindos y José Ignacio Goirigolzarri son bastante más que conjeturas.

En agosto de 2012 mantuve una larga entrevista con Pepe Sevilla, una persona jovial, equilibrada y muy franca, en la torre de Bankia. Entonces ya llevaba unos tres meses como director general de presidencia.

Fue él quien me explicó por primera vez que había estudiado los números de Bankia entre finales de marzo y mediados de abril de 2012, para un inversor, y para ello Rato le había derivado a Manolo Lagares hijo. Me mencionó el nombre del potencial inversor. Sin secretismo.

Y en nuestro primer diálogo —al que luego siguió una larga conversación telefónica— me explicó que estaba sorprendido en sus contactos con los inspectores del Banco de España, por lo que veía como cierto despiste sobre los riesgos inmobiliarios de BFA-Bankia. En aquel momento el jefe de grupo por el Banco de España era Juan Antonio Gracia.

Sevilla me dijo: «Le recomendé a Goiri que antes de aceptar la presidencia negociara escrupulosamente las ayudas públicas con el ministro de Economía».

Y añadió: «No hay nada que hacer por debajo de los 20.000 millones de euros. Ese es el deal, la condición del pacto, le dije a Goiri. Era mejor pasarse que quedarse cortos».

En aquellos días de mayo, De Guindos sostenía que el saneamiento ascendería a unos 9.000 millones. Una parte, 7.100 millones, para reparar la cartera crediticia; otra parte, 1.900 millones, para cubrir necesidades de capital. A estos 9.000 millones había que añadir 4.465 millones recibidos del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) en 2010.

El día que Goirigolzarri se reúne con De Guindos yo estaba montando en mi bicicleta en uno de mis recorridos habituales por la Casa de Campo. Debía de ser durante la hora de la comida. Estaba pendiente porque sabía que Goiriestaba reunido con el ministro.

Y suena su teléfono. Frena, extrae el móvil de su bolsillo. Es Goiri:

—Pepe.

—Hombre, Goiri, me coges sobre la bici en la Casa de Campo. ¿Qué tal ha ido?

—Le he dicho que tienen que ser 20.000 millones. Luis acepta ya 15.000 millones. Y pueden ser más. Quiere que nos pongamos con el plan…

—Aquí hay deal. Tenemos pacto. Goiri, vamos a llegar a los 20.000 millones.

17
«ESTE DRAGHI ES UN JODIDO»

Durante la gestión de la crisis de Bankia, Luis de Guindos ha «despedido» de hecho a la cúpula del Banco de España, y al hacerlo amortiza la institución. Ha sustituido al estado mayor del supervisor por él mismo y los «cuatro grandes»: Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia. Pero, tras prescindir de Rato y poner a José Ignacio Goirigolzarri, será el Banco de España el que deberá autorizar lo que De Guindos ha pactado. En primer lugar, la nacionalización o socialización de pérdidas de BFA-Bankia.

El ministro esboza ante Rato su plan en el diálogo a solas que mantienen el domingo 6 de mayo, pasadas las diez de la noche, cuando le anuncia lo que va a ocurrir, asumiendo que él ya dejaba de ser presidente de Bankia:

Le explico que la situación ha llegado a un límite y que habría que convertir las [participaciones] preferentes en manos del FROB (los 4.465 millones inyectados en la fusión con Bancaja) en capital. Me responde que ello supondría la nacionalización de la entidad, y entonces insinúa que está pensando en dimitir[12].

José Ignacio Goirigolzarri, elegido formalmente el miércoles 9 de mayo como presidente de BFA-Bankia por los consejos de administración, saca adelante también la nacionalización a través de la solicitud de que las preferentes se transformen en capital en manos del Estado. El 10 de mayo, BFA eleva al Banco de España la petición.

Al día siguiente, 11 de mayo, con una velocidad de rayo, Pedro González y José Antonio Gracia, los mismos que el 13 de abril han propuesto a la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobar el plan del equipo de Rodrigo Rato, ensalzando su capacidad y credibilidad como gestores, cambian el guion cuando no ha pasado siquiera un mes. Donde dije digo, digo Diego. Destacan la «escasa profesionalización del consejo de administración de BFA, las graves discrepancias entre los principales accionistas (Caja Madrid y Bancaja); el consejo de administración de Bankia está compuesto por dieciocho miembros, la mayoría de ellos son empresarios y solamente seis tienen alguna experiencia en el negocio bancario (fuera de las cajas de ahorros de procedencia), la estructura organizativa de Bankia es una fusión heredada de las cajas, problemas de gestión…».

Pero quizá lo más revelador por la información que aporta es lo que piensan de verdad el socio auditor Francisco Celma y la firma Deloitte. González y Gracia presentan el revés de la trama del auditor.

El informe recapitula lo que ha pasado y bajo el epígrafe «La presión de los distintos agentes del mercado», señala que «durante los últimos meses de 2011 y los primeros meses de 2012, la empresa auditora ha manifestado en repetidas ocasiones sus dudas respecto a los siguientes temas: el deterioro que presentaba la participación de BFA en Bankia, el elevado importe de los activos fiscales contabilizados en el Grupo y las necesidades de saneamiento de la cartera promotora general y de BFA en particular».

Y precisa todavía más sobre lo que pensaba hacer el auditor:

En definitiva, al parecer, el auditor ha decidido incluir en el informe de auditoría de las cuentas anuales de BFA del año 2011 dos salvedades y un párrafo de énfasis. Una de las salvedades se refiere a la valoración de las acciones que BFA tiene en su activo. Al cierre del ejercicio, BFA tenía acciones de Bankia registradas por 12.000 millones de euros a las que correspondía un valor teórico contable de 8.500 millones y un valor de mercado de 3,300 millones (con la acción a 3,59 euros al cierre del año, actualmente cotiza a 2,13 euros, lo que supone un valor de mercado de 1.900 millones). La segunda salvedad pone en cuestión que BFA tenga contabilizados 2.600 millones de activos fiscales netos, pues entiende que la situación económica y financiera de esta entidad, a nivel individual, no va a permitir hacer uso de estos créditos fiscales en el plazo que contempla la normativa. Como consecuencia de los aspectos comentados, el auditor estaría pensando en introducir un párrafo de énfasis relativo al principio de empresa en funcionamiento, cuestionando de este modo la viabilidad de BFA. Por otro lado, el auditor también tiene previsto escribir un párrafo de énfasis en las cuentas anuales de 2011 de Bankia respecto de los activos fiscales en él registrados (4.000 millones).

Por tanto, el Banco de España conocía al dedillo las razones por las cuales el socio auditor Francisco Celma estaba dando largas a Rato cuando este le rogaba, en la última semana de abril, que Deloitte le entregase el informe de auditoría cuyo borrador ya le había anticipado.

El informe hace una curiosa descripción de la crisis que se ha llevado por delante a Rato:

La presentación en la CNMV el 4 de mayo, sin el informe del auditor externo, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2011 formuladas por los administradores de BFA y de Bankia, generó una fuerte incertidumbre de la que se hicieron eco los principales medios de comunicación, afectando gravemente a la reputación de BFA y de Bankia. Como consecuencia de lo anterior, el Grupo BFA, que ya sufría una disputa interna pública entre los dos accionistas mayoritarios de BFA (Caja Madrid y Bancaja), terminó por desestabilizarse, ya que el 7 de mayo de 2012 se produce la dimisión del presidente ejecutivo de BFA y de Bankia, Rodrigo Rato, quien en su carta de despedida anunció su intención de proponer a los órganos de gobierno de los dos bancos la designación de José Ignacio Goirigolzarri como consejero para que posteriormente fuera nombrado presidente ejecutivo de ambas entidades.

González y Gracia reconocen que BFA está quebrada: «En resumen, que tenemos un activo sobrevalorado respecto a su valor de mercado en más de 9.000 millones de euros respecto a los fondos propios de la participada en 4.500 millones, cifras ambas superiores al patrimonio neto contabilizado a marzo de 2012». Y concluyen: «En resumen, tanto por el enfoque estático como por el dinámico, entendemos que el valor económico de BFA es negativo… en la conversión [de preferentes por participación accionarial del Estado], el FROB tomaría el 100 % de Bankia y, en consecuencia, las cajas perderían todo el valor de sus participaciones en BFA».

Pero, claro, el momento de la quiebra de BFA no es el que González y Gracia acaban de descubrir ahora, sino el momento, según ellos mismos reconocen en su informe, en que se realizó «la ampliación [salida a Bolsa de julio de 2011] con un gran descuento (del 74 %) sobre el valor teórico contable del hasta entonces único accionista (BFA) a favor de los nuevos suscriptores de acciones, por importe de 4.500 millones».

A buenas horas, mangas verdes.

Y ¿qué ha pasado entre el 13 de abril, fecha en que González y Gracia recomendaron a la Comisión Ejecutiva aprobar el plan de Rato, y el 7 de mayo?

Según nos dicen «la estrategia decidida por Grupo BFA para superar la situación de debilidad en que se encuentra su matriz BFA no ha contado con el tiempo necesario para completarla. Por otra parte, si bien Bankia, aunque con problemas de generación de resultados y liquidez, es una entidad viable, BFA se encontraría con patrimonio neto negativo…». Con todo, en su informe nada dicen de que se deben reformular las cuentas de BFA-Bankia de 2011.

El gobernador amortizado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va sirviendo, a través de autorizaciones de la Comisión Ejecutiva, lo que el ministro le va echando. Pero también quiere decir esta boca es mía. Escribe a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso que está dispuesto a comparecer para hablar sobre el sector financiero. La palabra Bankia no la menciona, pero todo el mundo sabe por qué quiere hablar. De Guindos lo ha amortizado.

El mismo día que González y Gracia, viernes 11 de mayo, elevaban su informe favorable a la nacionalización [conversación de las participaciones preferentes en BFA, matriz de Bankia, en acciones de propiedad pública a través del FROB], el ministro de Economía sacaba del Consejo de Ministros un nuevo decreto, el Guindos II, por el cual los bancos tendrían que cubrir con provisiones casi el 50 % de los préstamos concedidos a constructores y promotores.

El ministro calcula, al presentar la nueva reforma, que para respaldar al sector bancario bastará con «menos de 15.000 millones». Los periodistas Alejandro Bolaños y Carlos E. Cué titulaban su información en El País, tras la rueda de prensa, de manera sugerente: «Varios miles de millones de ayudas públicas que “no son ayuda pública”».

Son préstamos de los bancos por los que se paga un interés, explicó De Guindos. «Esto no cuesta un euro a los contribuyentes españoles. No hay coste», aseguró.

El 23 de mayo de 2012, dos días antes de que Goirigolzarri presente su plan al consejo de administración, De Guindos comparece en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre la situación, aunque su objetivo es muy preciso, conseguir un titular figurado de dos líneas: Tranquilo Goiri, sigue adelante que yo cumplo mi compromiso.

Primero un baño de cifras:

En concreto, el proceso de reestructuración de BFA-Bankia tendrá los siguientes hitos fundamentales. Primero, tras acceder a sus nuevos cargos, el nuevo equipo directivo del grupo BFA-Bankia deberá presentar un plan de viabilidad, mejora en los órganos de gobierno y en la gestión. En dicho plan se habrán de indicar las necesidades de capital para dar cumplimiento pleno a la totalidad de los requerimientos regulatorios aplicables, incluyendo las necesidades de saneamiento de aproximadamente 7.100 millones de euros exigidos por el Gobierno a través de sus dos decretos, además de los requisitos de capital exigidos por el Real Decreto-Ley 2/2012 por importe de 1.900 millones, como buffer [colchón]de capital. Este plan deberá permitir que las cuentas de 2011 se firmen sin salvedades por los auditores y deberá ser aprobado por el Banco de España.

Y luego las dos líneas claves, aquellas en las que el ministro hacía saber a todo el país y a las autoridades europeas lo que él y Goirigolzarri habían hablado, aquello de lo que Goiriinformó a Sevilla por teléfono cuando este, subido a su bici, recorría una zona de la Casa de Campo en las primeras horas posteriores a la renuncia de Rodrigo Rato.

«En segundo lugar —dijo a los diputados—, el Gobierno apoyará plenamente las necesidades de capital que resulten de dicho plan.»

Mensaje vendido.

Los medios de comunicación no dudan en transmitir a la opinión pública lo que De Guindos quiere: se le daría a Goirigolzarri todo lo que se aprestaba a pedir en las próximas horas… de lo que ya tenía conocimiento el ministro.

Los consejos de administración de BFA y de Bankia aprueban el 25 de mayo de 2012 la solicitud de ayudas públicas de 19.000 millones de euros y adoptan un acuerdo relevante: reformulan las cuentas de BFA-Bankia correspondientes al ejercicio 2011. Bankia pasa de ganar 305 millones de euros a perder casi 3.000 millones.

La catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Valencia, Araceli Mora, integrante del comité de auditoría en la época de Rodrigo Rato, y nombrada presidenta de la Comisión Delegada de Riesgos el 16 de mayo de 2012 a propuesta de Goirigolzarri, ha relatado durante su declaración judicial cómo se reformularon las cuentas. La catedrática forma parte de los treinta y cuatro acusados:

Al final el comité de auditoría se convoca para el 25 de mayo por la mañana. Paradójicamente en el orden del día no está la reformulación de cuentas. Llegó el 25 de mayo por la mañana sabiendo que, pase lo que pase, yo no voy a firmar esa reformulación de cuentas. Porque yo he formulado unas cuentas el 28 de marzo [de 2012 sobre el ejercicio 2011] con una información de partida auditada en la que se había obtenido un beneficio de 234 millones [finalmente se dio la cifra de 305 millones]. La información que me iban dando mensualmente era perfectamente coherente con esa información de partida en la que he trabajado mucho… Reformulaciones hay muchas en el mundo pero solamente hay una razón para reformular unas cuentas, que es un error. Puede haber un error en la información o bien no necesariamente un error, sino que haya determinada información que llega por unas circunstancias que ya existían en el momento anterior, pero que se conoce muy posteriormente, por la razón que sea, y entonces eso tiene que dar lugar a una reformulación. Pero [aquí] estamos hablando de cambios en las estimaciones. Un cambio en la estimación; vamos, el párrafo de la norma lo dice claramente: un cambio en las estimaciones afecta al año en que se produce el cambio en las estimaciones, es decir, 2012. Nunca jamás un cambio en las estimaciones puede dar lugar a una reformulación de cuentas.

Y precisa:

Entonces quiero que me expliquen, tengo la curiosidad, ya profesional, por saber qué razones me van a dar para reformular esas cuentas. Ni siquiera está en el orden del día. De hecho, ni siquiera nos dan las cuentas reformuladas en [la reunión] del comité de auditoría. Simplemente nos ponen unas transparencias. Ahí viene el auditor Celma, el gerente auditor Alonso, los dos de Deloitte, y viene el nuevo director, que es el señor Sevilla, y el interventor Durá. Y estamos los miembros del comité de auditoría… Y entonces me ponen una transparencia en la que me dicen que hay que reformular las cuentas. Vamos, que todo lo que es objetivo está igual, es decir, el resultado antes de deterioros, incluso los activos dudosos por razones objetivas, todo está igual. Entonces hay que hacer los siguientes ajustes.

Básicamente hay dos importantes, que son las inversiones crediticias que tienen un deterioro adicional de casi 2.000 millones, y las inversiones relacionadas con inmuebles, que ahí suponen un deterioro adicional antes de impuestos de casi 3.000 millones. Y me dan las siguientes razones:

Primero, hay que hacer estos ajustes porque ha habido cambios en la coyuntura económica y normativa. Los cambios en la coyuntura económica acontecidos después de 31 de diciembre, si afectan a estimaciones, tienen impacto en 2012 (NIC, Normas Internacionales de Contabilidad 11 y circular del Banco de España). No hay vuelta de hoja.

Los cambios normativos a los que hace referencia tienen que ser los Reales Decretos de 2/2012 de febrero y de mayo. Pero en cualquier caso dicen expresamente que los cambios de valor tendrán efecto en el resultado de 2012, en 2013, si hay fusiones. O sea, ni por la primera ni por la segunda hay razón para reformular. Y la tercera razón que dan, recomendaciones oficiales. Hasta donde yo sé, las recomendaciones de organismos oficiales, Banco de España y FMI, hacían referencia a cambios en la gobernanza de BFA y desinversiones a medio plazo. Nada que ver con el resultado de 2011.

Circunstancias sobrevenidas. Cualquier cambio de estimaciones por circunstancias sobrevenidas después del cierre tienen un impacto prospectivo, lo dice claramente la norma. La norma niega las interpretaciones como un efecto en 2012.

Y otra información. No me dicen qué pero es verdad que en esa otra información podría darse el caso que hubiese información que ya existiera, circunstancias que ya existieran al cierre y que se conocen estas dos últimas semanas.

Pero el 11 de mayo [de 2012, fecha de un informe firmado por Pedro González, director del Departamento de Inspección IV y José Antonio Gracia, jefe de grupo del equipo de inspección en BFA-Bankia, en el que se propone a la Comisión Ejecutiva del Banco de España dar luz verde a la conversión de las participaciones preferentes en acciones, es decir, se nacionaliza BFA-Bankia], el Banco de España no tenía ni idea de esa información que iba a dar lugar a la reformulación… Es decir, el 11 de mayo el Banco de España no tenía ninguna información que hubiese llegado tarde…

El relato de Araceli Mora y sus argumentos coinciden, en cuanto a la reformulación, con los inspectores-peritos judiciales.

En su informe señalan:

El criterio de los peritos judiciales es igualmente que los argumentos utilizados para reformular no permiten la reformulación porque habrían de contabilizarse en 2012. Las normas contables obligan a registrar lo que ha pasado cuando ha sucedido, no permiten anticipar, pues eso sería aplicar el principio de prudencia que en la normativa actual es subsidiario frente al de imagen fiel.

Según señalan, lo que de verdad ocurrió es esto, no es que la información se conociera con posterioridad:

Los administradores y los directivos del Grupo BFA-Bankia sabían que había deterioros no registrados y por ello procedía la reformulación, porque en la primera formulación [a la que Araceli Mora alude, la del 28 de marzo de 2012] se había producido un error.

Los dos anuncios realizados por el ministro de Economía no se cumplen: ni las ayudas públicas que «no son ayudas públicas porque son préstamos» serán bastante menos de 15.000 millones para todo el sector financiero ya que una sola entidad, Bankia, obtendrá mucho más; ni será un préstamo, ya que se prepara una ampliación de capital.

Hay un tercer anuncio. Al recibir críticas de la oposición y la petición de exigencia de responsabilidades a los gestores de Bankia, el ministro contestó: «Ahí está la Fiscalía, yo no tengo vocación de ángel vengador; cuando uno vuelve la vista atrás, se convierte en una figura de sal».

Los bancos han estado en el epicentro de la crisis por su política de expansión crediticia y los riesgos extraordinarios asumidos. Y la pregunta recurrente es: ¿les ha faltado capital o han gozado de un déficit de provisiones tolerado por los supervisores durante la carrera especulativa?

El capital es el dinero que los accionistas o los dueños de cualquier empresa han invertido para comenzar su actividad. Las reservas son las ganancias de años anteriores que los accionistas han reinvertido en el negocio. La suma de capital y reservas se denomina patrimonio neto. El resultado del año es parte de ese patrimonio neto, a menos que este se distribuya entre los dueños o accionistas, en cuyo caso desaparece.

En los bancos, la suma del patrimonio neto más todo el dinero ajeno que les prestan, ya sean los ciudadanos (depósitos) o los mercados (bonos y otros instrumentos financieros), es lo que utilizan para prestar a empresas, familias y Gobiernos.

A diferencia de las empresas no financieras, la mayor parte del dinero que poseen los bancos no es suyo, es de los demás. La relación entre los activos y el patrimonio se denomina «apalancamiento» (el leverage). En las empresas no financieras, el apalancamiento no suele superar 2. En los bancos este ratio suele ser de 20 y hasta de 30. Dichas cifras significan esto: por cada euro de patrimonio los bancos prestan 30 veces más. Esto hace a los bancos particularmente frágiles. Pueden entrar en problemas con facilidad. O quebrar cuando el valor de su activo resulta inferior a sus deudas.

Por esta razón, las autoridades reclaman a los bancos que tengan una solvencia mínima. O capital mínimo. Este capital se determina a partir de un ratio (ratio de capital o de Basilea, establecido en el 8 %); en el numerador, además del patrimonio neto se incluyen otras partidas que son pasivos (por ejemplo, las obligaciones subordinadas); por su parte, el denominador no es la cifra de activos del banco, sino solo un porcentaje de ellos, lo que se llaman «activos ponderados por riesgo».

Esta forma de calcular la solvencia (a fines regulatorios) de un banco hace que aquellos que tengan un ratio de apalancamiento de 30, es decir, que tienen un patrimonio neto de 3 frente a unos activos de 100, puedan comunicar que tienen un ratio de capital del 15 %, e incluso más. Esto es consecuencia de que la solvencia regulatoria está cerca de la alquimia y a años luz de la ciencia.

Por ejemplo, el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 informaba de que «el “coeficiente de solvencia”, calculado de acuerdo con la normativa del Banco de España, era del 8 % (individual y consolidado), mientras su patrimonio neto respecto de todos sus activos era 4,81 %». Por su lado, BFA exhibía un ratio de solvencia del 12,4 % y, sin embargo, de su balance se desprendía que era 3,46 %. De la misma manera, el Banco Popular informaba en diciembre de 2016 y marzo de 2017 de que su ratio de solvencia regulatoria era 13,15 % y 11,91 %, respectivamente, y el que se desprendía de su balance para las mismas fechas era 7,60 % y 7,32 %, respectivamente.

¿Cuál es la explicación de estas discrepancias? La alquimia regulatoria, la llama Martin Wolf, principal comentarista económico del Financial Times.

Cuestión distinta al capital —sea en su vertiente contable (patrimonio neto) o regulatoria (un engendro construido a partir del contable)— es el valor de los activos. La cifra de patrimonio neto surge después de valorar los activos y deducir las deudas.

Por ello, el valor de los activos es la clave. Para el caso de un banco, el valor de sus préstamos es determinante en esta estimación y se obtiene valorando la capacidad de recuperar el dinero prestado.

Por supuesto, estimar esta capacidad no es una cifra exacta ni su evaluación, una ciencia. Pero es, sin duda, una cifra muy relevante puesto que el deterioro del año de la cartera de préstamos es una pérdida y por tanto afecta a la cifra de resultados del banco. Si las pérdidas en los préstamos están infravaloradas, los activos están sobrevalorados y el patrimonio neto también.

Pero no es posible cubrir un déficit de valoración (déficit de provisiones o sobrevaloración de los préstamos) reclamando más capital al banco, puesto que, de hacerse así, los resultados estarían sobrevalorados. Los banqueros suelen preferir cubrir cualquier deficiencia de valoración con capital regulatorio; primero, porque la alquimia regulatoria les facilita cubrirlo con menor esfuerzo que con capital contable, también porque la cifra de resultados sigue siendo una magnitud en la que los analistas y el público prestan atención, y, sobre todo, porque los bonus y las remuneraciones variables anuales del presidente, los consejeros y los altos directivos del banco están vinculados a la cifra de beneficio contable que se declara.

Los banqueros suelen distinguir con absoluta nitidez los ingresos y buscan evitar las pérdidas. Y si es necesario proponen distribuirlas a lo largo de años por el bien del sistema bancario. Provisionar las pérdidas es un arte difícil en general, y lo es cuanto más adversa es la situación del banco; mantener de tu lado a los vigilantes (supervisores y auditores) es fundamental para el banquero, a fin de retrasar la contabilización de pérdidas hasta que las circunstancias lo hagan inevitable. Si se llega a esta situación, el riesgo lo asumen los ciudadanos porque pagarán con las cuentas del Estado lo que debió ser corregido hacía tiempo y que solo la complacencia de supervisores y auditores impidió.

A finales de mayo, los mercados están recibiendo mal la nacionalización de Bankia y el tipo de interés del bono público español sigue, sin flexionar, en el 6,37 %. El fantasma de la desintegración del euro se pasea por Europa. A su vez, la situación entre el Gobierno y el gobernador ya no se sostiene más. Fernández Ordóñez anuncia el 29 de mayo, tras reunirse con Mariano Rajoy, que su salida del Banco de España, prevista para el 12 de julio, se anticipa al 10 de junio. Al día siguiente, revela que el Gobierno de Rajoy le ha pedido que cierre la boca y desista de su comparecencia en el Congreso. «Aunque me gustaría hablar sobre las cifras y auditorías de Bankia, no lo voy a hacer. El Gobierno, que tiene una situación complicadísima, quiere silencio», dice.

Esa noche del miércoles 30 de mayo, se celebra en la iglesia de los Jesuitas, en la madrileña calle de Serrano, un funeral en memoria de María Ángeles Sandoval, Pitina, esposa de Florentino Pérez, presidente la constructora ACS y del Real Madrid, fallecida la semana anterior. Ni De Guindos ni Rato, que pasaron por el tanatorio el 23 de mayo, han acudido. Pero entre las numerosas personalidades del mundo de la política y la economía se cuentan Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, y Fernando Ruiz, presidente de la empresa auditora Deloitte.

Ruiz aprovecha el momento para comentar con quien ha sido una de las primeras mujeres auditoras del Estado el tema que está en el ambiente desde que el ministro De Guindos anunciara, la semana anterior, que se apoyaría plenamente el plan de Goiri de 19.000 millones de euros de ayudas para Bankia, aparte de los 4.465 millones de conversiones de las participaciones preferentes en acciones en manos del FROB.

—Elvira, te aseguro que se han pasado. Es una cantidad exagerada —dice Ruiz.

El ministro, que ha logrado mantener la boca de Fernández Ordóñez cerrada y anticipar su salida —no sin la ayuda de una gestión del presidente del Banco Santander, Emilio Botín—, se dispone a asistir el jueves 31 de mayo a la reunión anual del Círculo de Economía en Sitges, que será clausurada el fin de semana por Rajoy, para exponer la situación. El mes que se cierra en los mercados no ha podido ser más duro: la Bolsa ha caído un 13 % y la prima de riesgo ha aumentado en 126 puntos básicos.

Pero antes de la comparecencia de De Guindos, el presidente del Banco Central Europeo (BCE) comparece la mañana del 31 de mayo en el Parlamento Europeo. La confusión sobre la gestión de algunas crisis financieras, con la reciente nacionalización de Bankia, está en todos los ambientes. Un periodista pregunta a Draghi por la deficiente gestión de casos como el banco franco-belga Dexia, nacionalizado en octubre de 2011, y sobre todo por Bankia, que acaba de ser intervenido.

Draghi apunta:

Creo que Dexia y también Bankia muestran que cuando nos enfrentamos a una dramática necesidad de recapitalización, si miramos hacia atrás, la reacción de los Gobiernos individuales, países, supervisores, es que primero subestiman, luego vienen con el primer diagnóstico, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y esta es la experiencia yo diría que en todos lados. Todos los países han hecho lo mismo. Esta es la peor manera posible de hacer las cosas porque se termina, obviamente, haciendo lo correcto pero al precio y coste más alto. Insto a todos los Gobiernos a tener esto en mente; es mejor, en esencia, equivocarse porque se pone demasiado muy al principio que errar poniendo demasiado poco. Se necesita una mayor centralización de la supervisión bancaria especialmente para los grandes grupos sistémicos, y sistémicos no necesariamente significa transfronterizos, porque como podemos ver con Bankia, por ejemplo, no es transfronterizo, pero es muy sistémico.

El ministro de Economía no da crédito a lo que escucha. La frase sobre el primer, segundo, tercer y cuarto diagnóstico parece clavada para identificar las comparecencias de De Guindos sobre ayudas públicas. El cabreo le desborda.

En una entrevista que mantuve en agosto de 2012 con Goiri,en su despacho de la torre de Bankia, me dijo:

El ministro tenía previsto hablar en las jornadas del Círculo de Economía en Sitges. Y cuando escuchó a Draghi me llamó por teléfono. Estaba fastidiado. Me dijo: «Este Draghi es un jodido, mira que meterse con lo que hemos hecho». Yo le tranquilicé: «Conozco a Draghi —le dije—, no es su estilo, ha querido explicar una conducta generalizada». Pero el ministro siguió diciéndome que era una cabronada.

En Sitges, esa tarde, el ministro no ocultó su fastidio: «El Gobierno ha tenido poco que ver. La decisión de inyectar fondos públicos ha sido de la Comisión Ejecutiva del Banco de España a petición de la propia entidad», dijo sobre Bankia. Y ya directamente contra Draghi, rechazó que se hubiera producido un «baile de números» en relación a las necesidades de recapitalización de Bankia. El Gobierno cumplía apenas cinco meses por lo que nadie puede achacarle favoritismos, amiguismos ni falta de transparencia.

Luis de Guindos no quiso disimular que la situación del euro era dramática en aquellos días de mayo: «El futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en Italia y España», dijo.

Ante la evidencia de fugas de capitales, el ministro fue menos transparente: «No es tanto salida de capitales, sino mucho más la dificultad de la banca española para refinanciarse en los mercados».

La realidad: había una apuesta de ingentes sumas de capitales contra el euro y su supervivencia.

18
LA LEYENDA DEL RESCATE «COMPLETO»

Cuatro años después de negar en Sitges la voluminosa fuga de capitales, el ministro Luis de Guindos cuenta en 2016, lo que de verdad estaba ocurriendo:

Los bancos españoles estaban en el ojo del huracán de la desconfianza, y la fuga de depósitos y capitales fue una constante hasta pasado el verano de 2012. En la primera mitad del año, casi 250.000 millones de euros se esfumaron (la cuarta parte del PIB) y los bancos tuvieron que acudir al BCE para mantener la liquidez[13].

En realidad, era el euro el que estaba en el ojo del huracán y lo que se estaba produciendo en aquellos días a escala europea era un ataque que rememoraba al que había desencadenado, en septiembre de 1992, la mano invisible, «los mercados», en la época del Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo (SME), a través de la especulación contra las monedas del Reino Unido, Italia y España.

El miércoles negro del 16 de septiembre de 1992 ha pasado a la historia como obra del financiero húngaro afincado en Estados Unidos George Soros, quien, a través de su Quantum Fund, invirtió 10.000 millones de libras en una célebre operación de shorting consistente en vender libras y comprar marcos alemanes, con el objetivo de provocar una devaluación y cambiar después los marcos apreciados por la libra depreciada.

Alemania estaba en el epicentro de la tormenta precisamente por su fortaleza económica y financiera. Atraía con sus elevados tipos a los inversores y especuladores de todo el mundo, situando al marco alemán en el límite alto de la fluctuación permitida por el Mecanismo de Cambios y provocando la caída de la moneda de Reino Unido, Italia y España a la zona inferior del límite de fluctuación. La apuesta, pues, era a la baja, en primer lugar de la sterling. El fondo de Soros ganó 1.000 millones de libras tras conseguir la devaluación y salida de la moneda británica del Mecanismo de Cambios del SME, pero el ataque no fue exclusivo de Soros y del estratega de Quantum, Stanley Druckenmiller. Es decir: la mano invisible de los «jodidos mercados», de los cuales Soros y muchos otros como él forman parte, habían decidido que las campanas doblaban por la caída del sistema.

Fue Bill Clinton, poco después del hundimiento de la libra esterlina, quien expresó con toda su crudeza la relación entre los partidos, el poder y los mercados. Tras ganar las elecciones en noviembre de 1992, Clinton se reúne con su equipo antes de la toma de posesión en la Casa Blanca, y es cuando sus asesores le explican que es necesario un plan muy serio para reducir el déficit fiscal que hereda de George H. W. Bush, única forma, plantean, de aplacar el mercado de bonos.

El periodista Bob Woodward cuenta en su libro The Agenda: Inside the Clinton White House [La agenda. En el interior de la Casa Blanca de Clinton]cuál fue la reacción del joven presidente electo al escuchar que debía modificar sus planteamientos de la campaña electoral si quería tener posibilidades de ser reelegido en cuatro años.

«El rostro de Clinton se puso de color rojo, con angustia y descreimiento. ¿Me quieres decir que el éxito del programa y mi reelección dependen de la Reserva Federal y una banda de jodidos traficantes de bonos?», susurró.

Los jodidos mercados habían dado, pues, un golpe demoledor al Mecanismo de Cambios del SME, y precipitaron, según hemos apuntado, la salida y devaluación de la libra esterlina y también el abandono de Italia, junto con tres devaluaciones consecutivas de la peseta española, en 1992 y 1993.

Volvamos al verano de 2012. Grecia catalizaba otra vez la tensión. Las elecciones legislativas celebradas el domingo 6 de mayo de 2012 no habían arrojado un claro partido vencedor y la posibilidad de un Gobierno de coalición se frustró en los siguientes diez días. El 16 de mayo son convocan nuevas elecciones para el 17 de junio de 2012.

Los mercados reanudaban su carga aprovechando los «diferentes euros» reflejados en la cotización de los bonos públicos de los Gobiernos de la eurozona en los mercados secundarios. Y otra vez los inversores demandaban el Bund alemán, el bono público alemán. La historia, pues, parecía repetirse veinte años después de aquel fatídico miércoles negro del 16 de septiembre de 1992, pero esta vez como un efecto de la onda expansiva causada por la caída de la banca norteamericana y la recesión en Estados Unidos. Una nueva Gran Depresión, que el salvamento multibillonario de la banca estadounidense pretendía evitar, se advertía en el horizonte si los mercados, en efecto, lograban acabar con el euro. Grecia, Portugal e Irlanda habían caído en programas de rescate completo. Pero la eurozona no tenía ni un volumen de dinero destinado para rescatar de manera «completa» a países de la talla de Italia y España ni los mecanismos para hacerlo. Los mercados, empero, estaban sedientos porque olían a sangre, cuantiosos beneficios, y apostaban por la caída de ambos países, lo que podía ser el preludio para la desintegración del euro.

Luis de Guindos tenía su Kreditanstalt con Bankia pero a diferencia del banco austríaco, que quebró en 1931 por la falta de cooperación internacional, el banco español había sido salvado a través de la intervención del Gobierno español. Sin embargo, los mercados seguían con el hacha de guerra porque la presa no era Bankia, sino el euro. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, tenía sobre la mesa a Bankia y un mes de plazo, hasta las nuevas elecciones griegas, para decidir cómo aplacar la tormenta que se avecinaba.

Porque la nacionalización de pérdidas de Bankia, la solución local, no era suficiente en un contexto en el que la ofensiva de los mercados era global, con el euro en la mirilla.

La siguiente cita importante, según hemos señalado, era Grecia y sus elecciones del 17 de junio de 2012.

Schäuble, que seguía muy directamente la situación en el país heleno, tenía que prevenir la contaminación de España e Italia. Había que separar ambos escenarios. Primero, España; después, abordar aisladamente las elecciones griegas. El ministro alemán consigue el respaldo total del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

Luis de Guindos explica cómo se origina la idea de diseñar un traje a medida para España:

El primer dirigente europeo con el que hablé de la posibilidad de un rescate bancario fue, precisamente, mi colega alemán Wolfgang Schäuble. Estaba en el avión Falcon listo para despegar en uno de los viajes intermitentes de aquellos días, y me entró una llamada suya en el móvil. Me dijo que teníamos que explorar la posibilidad de una «asistencia financiera». Hablé por teléfono después con el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, con el comisario europeo Olli Rehn y con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. En los días posteriores, tanto el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hablaron con Mariano Rajoy para que siguiéramos adelante. En ningún momento ningún dirigente internacional nos planteó en aquella fase que España debía ir a un rescate completo como país. Todo estaba enfocado hacia los bancos en general y Bankia en particular[14].

Schäuble, por tanto, concibe la idea del rescate a medida. Él es el inspirador. Hay que poner en marcha un cortafuegos al imposible rescate «completo».

De Guindos, según su propia narración, sigue la recomendación y habla a continuación con diferentes personalidades, quienes, como él mismo cuenta, se ponen en contacto con Rajoy «para que siguiéramos adelante».

Y el ministro añade una información no menos relevante. Reflexionemos sobre lo que afirma.

Él no recibe ninguna recomendación «en aquella fase», es decir, cuando los sastres o los técnicos de la Comisión Europea y del Eurogrupo confeccionan el traje a medida, de que España «debía ir a un rescate completo como país», al estilo de Grecia, Portugal e Irlanda[15].

Otra vez había que volver a montar a horcajadas del mismo caballo: el FMI. En aquellos días de abril de 2012, el 25, había sido para apuntar con el dedo y decir ante todo el mundo: «El otrora Rey Midas, Rodrigo Rato, está desnudo».

El Ministerio de Economía, según había anunciado públicamente, esperaba la publicación del informe completo sobre la banca española —cuyas conclusiones preliminares De Guindos, según hemos visto, había precipitado en Washington el 25 de abril— para el lunes 11 de junio.

El ministro de Finanzas alemán había trazado la línea: aquí solo hay una posibilidad, el rescate bancario. Y lo ideal sería hablar de cifras redondas, una cantidad incluso excesiva para calmar a los mercados, en línea con la política de grandes cifras puestas en marcha en 2008 por la Administración Bush para reflotar a los bancos. Los famosos 700.000 millones de dólares aprobados por el Congreso norteamericano el 3 de octubre de 2008 en la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, nombre rimbombante del gran rescate bancario.

De Guindos sabía de qué iba esto de las grandes cifras: ¿no había sido acaso esta su orientación con Goiri en Bankia, aquella que tan injustamente —sentía el ministro— Draghi había atacado el 31 de mayo de 2012 en el Parlamento Europeo? Y la que algunos banqueros privados acababan de criticar estos primeros días de junio, como había sido el caso de María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, quien en Los desayunos de TVE califica de «excesiva a todas luces» la ayuda de 23.000 millones destinados a Bankia, una cantidad que por exagerada generaría una «competencia desleal» al estimular «inversiones publicitarias millonarias y a tirar los precios».

El ministro De Guindos empezó, pues, a bailar al son de la propuesta alemana.

El Gobierno se cubría las espaldas frente a la nacionalización de Bankia y podía vender que España no sería Grecia, Portugal o Irlanda. No sería rescatada completamente.

Lo primero: conseguir que la directora del FMI, Christine Lagarde, diera la orden de anticipar la publicación del informe completo de la misión de Ceyla Pazarbasioglu. Mira por dónde. Quién podía imaginarse cuántos servicios terminaría por rendir esa misión de técnicos que llegó a Madrid el 1 de febrero de 2012.

De facto, el ministro convertía al FMI en el sustituto del Banco de España, al que había prácticamente amortizado esperando la inminente salida de Fernández Ordóñez.

La materialización de la idea de Schäuble preveía dos escenarios. España mantendría el jueves 7 de junio una conferencia telefónica con Alemania, Francia e Italia, los presidentes del BCE, del Eurogrupo y la directora gerente del FMI. Y dos días más tarde, el sábado 9, se reuniría el Eurogrupo para concretar la propuesta en una sesión de teleconferencia. Los mercados abrirían el lunes 11 con la noticia suficientemente digerida durante el fin de semana.

Era necesario conocer antes el informe del FMI. La noche del viernes 8 de junio, tras la primera conferencia telefónica, los periodistas Miguel Jiménez e Íñigo de Barrón publican en el diario El País nuevos detalles del informe, cuyas conclusiones preliminares ya habían sido anunciadas. El periódico apunta que se ha realizado una prueba de resistencia a la banca española para incluirla en el informe, prueba que arroja unas necesidades de capital de 25.000 millones en el escenario base y de 37.000 millones en el adverso. Pero, añade, podría ser necesario llegar hasta 40.000 millones para reforzar el capital de la banca.

El informe ha sufrido varias modificaciones durante su elaboración y la versión definitiva no se conocerá hasta el lunes [11 de junio], pero fuentes financieras sostienen que esa recomendación algo superior a la que resulta estrictamente de las pruebas está relacionada con el ambiente de rescate y, en particular, con el encargo de dos exámenes a consultoras y auditoras independientes, con algunas de las cuales el FMI ha estado en contacto.

La filtración facilita la anticipación del informe según las necesidades de la escenificación del rescate de cara a los mercados.

En la madrugada del viernes al sábado, el FMI publica el informe completo. Incluye una nota firmada por Ceyla Pazarbasioglu, que acaba de asumir el puesto de subdirectora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital para el cual ya estaba designada antes de su misión en España, señala:

En adelante será crítico comunicar con claridad la estrategia para crear un mecanismo de apoyo creíble para el déficit de capital que, según demuestra la experiencia, es mejor sobreestimar que subestimar.

[…] Las autoridades españolas han acelerado recientemente las reformas del sector financiero para reducir las vulnerabilidades del sistema. Han tomado medidas para abordar la situación de algunos de los bancos más problemáticos y actualmente están llevando a cabo una valoración independiente de todas las carteras, lo cual constituye un paso alentador y debería contribuir a determinar las futuras necesidades de reestructuración. Pero el grado y la persistencia del deterioro económico pueden implicar nuevas pérdidas para los bancos…

De Guindos se pinta a sí mismo, en sus memorias, retrospectivamente, solo ante el peligro desde su despacho del Paseo de la Castellana —«desde la misma mesa redonda de las reuniones con los banqueros», aquella, en efecto, en la se cargaron el 6 de mayo, hacía menos de un mes, a Rodrigo Rato como presidente de Bankia—, pero la iniciativa del rescate que iba a solicitar no era suya.

El resultado de la teleconferencia prevista para la tarde del sábado 9 estaba predeterminado. Alemania quería el rescate bancario para España, el único posible, y eso iría a misa. Lo que quiere Alemania, se hace.

La cifra del rescate, siguiendo la recomendación de marketing para presentar a los mercados, tenía que ser voluminosa. Los 40.000 millones que se apuntaba a través del informe del FMI era poca cosa.

En la reunión, el primer ministro italiano, Mario Monti, que también ostentaba el cargo de ministro de Economía, propuso 100.000 millones para aportar un colchón de seguridad.

Pero había que dotar de cierto suspense al desenlace del sábado 9 de junio.

El ministro De Guindos hizo filtrar, al acabar la reunión, su versión de lo que había pasado. El periodista Casimiro García-Abadillo informó el 11 de junio en el periódico El Mundo que De Guindos recurrió a su particular arma de destrucción masiva: «Si ustedes quieren forzar el rescate de España, vayan preparando 500.000 millones de euros y otros 700.000 para Italia, que tendrá que ser rescatada después de nosotros».

En una pausa, Rajoy, experimentado en enviar mensajes por teléfono —desde al menos mayo de 2011, cuando intercambió gran cantidad con el entonces tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas—, le envió uno a De Guindos desde La Moncloa para animarle:

Aguanta. Somos la cuarta potencia europea. España no es Uganda.

La primicia del mensaje que publicó el citado periódico dio la vuelta al mundo a partir de la repercusión de una página abierta por la cadena británica BBC, que usó el texto de Rajoy a De Guindos para comparar a ambos países. Encabeza su información con un montaje fotográfico en el que aparece una carroza rociera contrapuesta con un ugandés en una bicicleta cargada de bananas. En el cuadro que sigue, compara datos de los dos países, como su población y superficie; el porcentaje de paro (24 % en España frente a 4,2 % en Uganda), el ritmo de crecimiento del PIB en 2010 (–0,1 % en España y 5,2 % en el país africano). Los datos en los que gana España quedan para el final de la comparación: en España, la renta per cápita es de 31.800 dólares y en Uganda, de 1.250. La información también refleja que la esperanza de vida de los españoles es de 79 y 85 años (hombres y mujeres) y la de los ugandeses, de 54 y 55 años.

Quizá por la vergüenza que provocó en aquellos días el comentario de Rajoy, cuatro años después de haber filtrado —él o su entorno— el mensaje que le envió su jefe, De Guindos vuelve sobre los hechos, esta vez sin una pluma prestada, sino con la suya propia, y cuenta:

Durante la multiconferencia tuve dos oponentes, no diré que inesperados pero sí inoportunos. El ministro holandés —del Gobierno conservador— y su colega finlandesa socialista jugaron fuerte con la idea de la condicionalidad macroeconómica. Yo no podía aceptar que a España la dirigiera la política económica desde fuera, la troika en pleno, porque hubiera sido tanto como ir al rescate completo pero sin dinero para tal fin. Ahí me planté y dije que me levantaba de la mesa. Que si esto es lo que querían, solicitaba un programa completo para España por medio billón de euros y que después ya podían ir preparando otros 700.000 millones para Italia. En plena batalla campal, el presidente Rajoy me preguntó por mensaje cómo íbamos. Le expliqué de manera telegráfica el lío que tenía montado y me contestó pidiéndome que aguantase el tirón porque «España es un gran país»…

Si España —un gran país, en efecto— entraba en el rescate completo, el proyecto euro saltaba por los aires. La amenaza quedó bastante clara. Too big to fail. Conseguimos que la condicionalidad se limitase al sector financiero y que el papel del FMI fuera de «apoyo» y «seguimiento», no de control. Y logramos eliminar del comunicado final la palabra «conectado» que fue sustituida por «en paralelo»[16].

España, pues, es un gran país, y Uganda...

Pero el hecho es que el propio ministro desmiente toda la fabulación del Gobierno de Rajoy que se atribuye como gran éxito de su primera legislatura el haber evitado el «rescate completo»: no era posible porque ni había 500.000 millones ni el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) estaba operativo en aquel momento. Y como reza el pleonasmo atribuido originalmente al «político perfecto» —Talleyrand—, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

Los mercados financieros, por su parte, no se calmaron como había querido Schäuble.

El lunes 11 de junio de 2012, la digestión estimulada con el informe del FMI y el rescate de 100.000 millones para vestir el muñeco de la nacionalización de Bankia, no funcionó. La Bolsa volvió a cerrar en negativo, la prima de riesgo escalaba el martes 12 a 543 puntos básicos y el tipo de interés del bono del Reino de España a diez años se situaba ese martes 12 en el 6,8 %.

En la manipulación de Rajoy como salvador de España —un papel que ya se había adjudicado su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, con la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, para introducir la regla de oro de limitación del déficit—, De Guindos mezcló en sus memorias la secuencia de los hechos:

Las presiones para que solicitáramos el rescate completo no solo venían de fuera. Entre los empresarios, banqueros y medios de comunicación de España fue un clamor durante todo 2012. En septiembre, el presidente del BBVA, Francisco González, dijo en el Foro ABC que, «cuanto antes, mejor», España debía solicitar ayuda exterior. Un editorial del diario El País de diciembre [2012] titulado «Rescate urgente», decía que «aplazar la petición de rescate equivale a condenar la economía española a una recesión prolongada y dolorosa». Tuve muchas llamadas entonces con la misma petición, consejo o súplica. Pero hubo una que recuerdo de manera especial porque fue muy reconfortante. Emilio Botín, presidente del Santander, me llamó para decirme que había que pedir 160.000 millones de euros al FMI. Le comenté que con eso no teníamos ni para empezar; que si queríamos cubrir los vencimientos de deuda pública de dos años teníamos que irnos al medio billón de euros. Le dije que estábamos haciendo todo lo posible por evitarlo y le expliqué las negativas consecuencias de un rescate. Me contestó: «Ministro, tú sabes más y, en lo que hagas, yo te apoyaré». Personas con esta altura de miras son las que se echan de menos en las circunstancias difíciles. Su fallecimiento repentino dos años después dejó un importante vacío[17].

Esta secuencia omite el acontecimiento más relevante de la crisis después de la nacionalización de lo que hemos llamado el episodio Kreditanstalt español —Bankia— y del rescate a medida para España y las disposiciones adoptadas por el Banco Central Europeo.

El 26 de julio de 2012, bajo la presión de los mercados que apuestan por la desintegración del euro, el presidente del BCE, Mario Draghi, aprovecha una charla en Londres ante la Global Investment Conference para explicar hasta dónde llega el compromiso de la institución con la defensa del euro.

Es una intervención que dura poco más de once minutos. Entre el 7,02 y el 7,03, Draghi, que acaba de puntualizar que el euro es irreversible, baja la mirada hacia la nota que ha colocado en el atril, junta las manos como si fuese un predicador y dice: «Hay un tercer mensaje que quiero daros, y es que dentro de nuestro mandato, dentro de nuestro mandato, el BCE está preparado para hacer lo que sea necesario para preservar el euro». Interrumpe un segundo para enfatizar lo que acaba de decir, gira el rostro hacia el lado izquierdo de la audiencia: «Y créanme, será suficiente», dice, asintiendo con la cabeza. Todo le lleva diecisiete segundos. Se ha quedado a gusto.

De Guindos recuerda:

A mí las palabras de Draghi me dejaron un tanto frío. Era el preludio de la puesta en marcha el 6 de septiembre de la OMT (Outright Monetary Transactions), el programa de compra de deuda pública en el mercado secundario. España no llegó a utilizarlo nunca, pero es verdad que la medida trasladó el mensaje de que el BCE iba a defender el euro con toda la artillería. Aquello, en los momentos de dudas que vivíamos, tuvo su eficacia[18].

Precisamente aquellos que cita De Guindos —y que el PP tildó de antipatriotas porque solicitaban el rescate «completo» en los últimos meses— solo podían referirse, al hablar del rescate, a una modalidad: la OMT.

¿Por qué?

Porque era la nueva política puesta en práctica por Draghi a partir del éxito de su charla del 26 de julio en Londres. Pero, al mezclar los tiempos, el ministro les hacía decir lo que no habían dicho, a saber: que el Gobierno de Rajoy solicitase un rescate a la griega, portuguesa o irlandesa, para lo cual no había ni dinero, ni disposición, cuando, además, para cubrir el vacío, se había lanzado por el BCE un nuevo mecanismo, de compra de bonos, la OMT, sistema que condicionaba la actuación a un programa de medidas al que el país solicitante debía someterse.

Pero la versión manipulada de los hechos y de su secuencia ocultaba además otra circunstancia: dentro del Gobierno de Rajoy había también, a finales de 2012, quien proponía acudir a este nuevo sistema.

Tras leer el libro de Luis de Guindos, escribí en El País el siguiente análisis sobre el rescate. Fue el 10 de septiembre de 2016, y en él contraponía las memorias del ministro con los acontecimientos reales:

El libro del ministro de Economía, Luis de Guindos (España amenazada, 2016), nos dice que en julio de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy evitó el «rescate completo» de España tras el rescate bancario de primeros de junio de dicho año. Sin embargo, el ministro no aporta información, habida cuenta de su presunta participación en la tarea de evitar el rescate, sobre los hechos. No solo no se advierten en el relato datos que abonen sus afirmaciones, sino que oscurece y altera la secuencia de los hechos para encajarlos en su conclusión predeterminada.

De Guindos dedica catorce páginas, bajo el título «Al borde del colapso», a contar lo que según él ocurrió en aquellos días. Pero ya en páginas anteriores, al hablar del rescate bancario —las ayudas prácticamente impuestas por el Eurogrupo a primeros de junio de 2012—, hace referencia a la amenaza de «rescate completo», al estilo de Grecia, Portugal e Irlanda. Estamos a primeros de junio de 2012:

[…]

Sin plantear una reflexión sobre el origen de la crisis, la burbuja de crédito e inmobiliaria que él, como secretario de Estado de Economía cuando Rodrigo Rato era ministro y vicepresidente, había negado en 2003 y 2004, De Guindos apunta: «Los problemas estaban centrados en el ladrillo y en el colapso financiero que había generado el estallido de la burbuja inmobiliaria y de crédito» (pág. 125).

[…]

¿Cómo evitaron el rescate?

«El presidente Rajoy marcó la estrategia y, en cada momento de dificultad extrema, la instrucción era clara y constante: evitar el rescate» (pág. 127).

De Guindos solemniza hechos que están en la hemeroteca:

«Los días 24 y 25 de julio viví los momentos más críticos. Fue cuando más cerca estuvimos de pedir el rescate. En poco más de veinticuatro horas estuve en Roma, Berlín y París, dando saltos por Europa, por ese orden, con el avioncito. En Berlín cené con Schäuble en un precioso restaurante la noche del 24 de julio. Le expliqué que España estaba en una situación límite, que el Tesoro español solo podía aguantar un mes, es decir, se quedaba sin fondos para pagar las pensiones, las prestaciones por desempleo o los sueldos de los funcionarios, por poner solo unos ejemplos. El debate sobre si Grecia podía continuar en el euro nos estaba matando, añadí, porque era iniciar un camino hacia lo desconocido que podía arrastrar a la débil España. Le pedí que Alemania actuara para reforzar la moneda única» (pág. 127).

Bien.

De Guindos prosigue:

«Durante el verano de 2012 se sucedieron varios acontecimientos trascendentales en Europa para entender el período de relativa calma que empezamos a notar un año después: el Consejo Europeo de finales de junio que adoptó el compromiso de la Unión Bancaria, proyecto que los cuatro grandes países del euro concretamos en noviembre; las palabras de Draghi en julio («whatever it takes») y la puesta en marcha de las OMT (Outright Monetary Transactions), y el cambio de actitud de Alemania respecto de la permanencia de Grecia en el euro. Todo contribuyó, pero creo que esto último fue lo más decisivo de manera inmediata, junto con la puesta en marcha de la Unión Bancaria más a medio plazo» (pág. 128).

El ministro alude a lo que ha sido un viraje histórico del Banco Central Europeo casi como quien no quiere la cosa:

«Las palabras de Mario Draghi el 26 de julio de 2012 tuvieron también un efecto balsámico sobre los mercados. “El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”».

Y señala: «Era el preludio de la puesta en marcha el 6 de septiembre de la OMT (Outright Monetary Transactions), el programa de compra de deuda pública en el mercado secundario. España no llegó a utilizarlo nunca, pero es verdad que la medida trasladó el mensaje de que el BCE iba a defender el euro con toda la artillería. Aquello, en los momentos de dudas que vivíamos, tuvo su eficacia» (pág. 130).

Vaya. «Tuvo su eficacia...».

Y esto es todo.

¿Se puede probar un negativo? Es decir: ¿se puede probar por qué no hubo rescate?

Carl Sagan explica: «Su incapacidad de invalidar mi hipótesis no equivale en absoluto a demostrar que es cierta. Las afirmaciones que no pueden probarse, las aseveraciones inmunes a la refutación son verdaderamente inútiles, por mucho valor que puedan tener para inspirarnos o excitar nuestro sentido de maravilla».

Pero en este caso las afirmaciones no son inmunes a la refutación.

Vayamos al comienzo de lo que podríamos llamar la mitología del rescate, que ahora intenta alimentar el libro de De Guindos.

El día 5 de junio de 2012, en plena vorágine del rescate bancario, Cristóbal Montoro, de paso por Sevilla, concedió una entrevista al periodista Carlos Herrera en Onda Cero. La prima de riesgo del bono público español se había disparado desde hacía varias jornadas. El 5 de junio se situaba en 508 puntos básicos.

El ministro, a la pregunta de Herrera sobre si vendrían los hombres de negro a España (por la troika del FMI, el BCE y la Comisión Europea), contestó que no.

¿Por qué?

«España no es rescatable técnicamente», dice Montoro.

Es decir, España no era Irlanda, Portugal o Grecia.

La cuarta economía de la eurozona no era «técnicamente rescatable».

¿No es acaso lo que De Guindos dice en una de las citas que acabamos de incluir?

«Si España —un gran país, en efecto— entraba en un rescate completo, el proyecto del euro saltaba por los aires. La amenaza quedó bastante clara. Too big to fail.»

Demasiado grande para caer.

Pero es que España no estaba sola. Los mercados también acosaban a la tercera economía de la eurozona, Italia. Aunque la prima de riesgo del bono público italiano estaba por debajo del español, seguía siendo muy elevada, a pesar de que Jean-Claude Trichet, el presidente del BCE, enviara, el 5 de agosto de 2011, a Silvio Berlusconi y a José Luis Rodríguez Zapatero sendas cartas con las condiciones para comprar bonos en los mercados secundarios.

Reanudemos.

[…]

España se vio obligada a obedecer a la troika y a aceptar un tipo de rescate a medida, ya que, como bien había explicado días antes Montoro a Herrera: «España no era rescatable técnicamente».

Rajoy ha dicho en campaña electoral: «Nos animaban a pedir el rescate. Pero no lo hicimos. Esta fue la gran decisión de la legislatura. Esa fue la gran medida de política social: evitar el rescate». De Guindos había declarado que «evitar el rescate» había sido el mayor acierto de la legislatura Rajoy. Pero en su libro De Guindos no explica nada concreto. Es más, desmiente su slogan de que salvaron a España del rescate.

A esta ausencia de pruebas se une un deliberado intento de mezclar los tiempos y las fases de la crisis.

A finales de julio de 2012, cuando De Guindos asegura que se ha evitado el «rescate completo», como lo llama, esta posibilidad ya no existía. El propio ministro lo dice sin sacar conclusiones al referirse a su presunta conversación con Emilio Botín, el extinto presidente del Banco Santander.

Y lo vuelve a admitir implícitamente cuando comenta la «multiconferencia» con el Eurogrupo, cuando, dice, rechaza la «condicionalidad macroeconómica» para el rescate bancario. Condicionalidad, como las meigas, haberla, hayla. Pero veamos lo que dice:

«Ahí me planté y dije que me levantaba de la mesa. Que si esto es lo que querían, solicitaba un programa completo para España por medio billón de euros y que después ya podían ir preparando otros 700.000 millones para Italia» (pág. 110).

Esta afirmación contradice su propio relato según el cual el 24 y 25 de julio fueron los días «al borde del colapso».

¿Por qué? Porque el rescate bancario ya estaba firmado con memorándum de entendimiento (condicionalidad y supervisión financiera desde el exterior por los hombres de negro). Y, por tanto, ya no había riesgo, como se pretende hacer creer, de «rescate completo».

Pero veamos la secuencia real de los acontecimientos.

Como dijo Montoro, en la cita ya apuntada, a primeros de junio, cuando la prima de riesgo del bono público español a diez años era de 508 puntos, «España no es técnicamente rescatable». La clave que daba el ministro era muy relevante: no se podía rescatar «técnicamente» a la cuarta economía de la eurozona. Los fondos que debían inyectarse eran formidables. De Guindos dice en su conversación con Botín que sería medio billón de euros.

Unos días más tarde, el fin de semana del 9 y 10 de junio, España, sin quererlo, solicitó al Eurogrupo un crédito de 100.000 millones de euros con un memorándum de condiciones.

Pero la historia no acaba con este rescate a medida. Las primas de riesgo siguieron subiendo. El 24 de julio, la del bono público español ascendía a 637 puntos, por encima de la italiana, situada en 513 puntos. El bono público español a diez años pagaba 7,64 % y el italiano 6,34 %.

Esto ponía de relieve que estaba amenazado el euro como tal. Draghi venía a decirlo de este modo: el mecanismo de transmisión de la política monetaria del BCE está dañado, no funciona.

Draghi, a la vista de que los mercados cuestionaban la existencia misma del euro como moneda única, anuncia el 26 de julio que haría todo lo que fuese necesario para defender su existencia. A finales de agosto, el BCE precisa que intervendría en los mercados secundarios comprando bonos públicos. Y a primeros de septiembre se aprueba el mecanismo OMT. El BCE compraría bonos públicos del país con problemas en los mercados secundarios a cambio de un programa de ajuste.

Las citas que hace De Guindos, por ejemplo, la de González, presidente de BBVA (septiembre de 2012) y del editorial de El País (diciembre de 2012), ya se corresponden con esta fase, esto es, con el nuevo mecanismo para salvar al euro. Es decir: a la fase del anunciado programa OMT. Pero Guindos hace un batiburrillo. Y parece que los que lo han solicitado se refieren al «rescate completo» tipo Grecia, Irlanda y Portugal, cuando esa opción había quedado superada por la nueva política de Draghi.

Tras el lanzamiento de la OMT en septiembre, se plantea o especula durante los meses siguientes dentro del Gobierno de Rajoy —nunca a cara descubierta, claro, y de manera individual o bilateral, sotto voce— qué hacer. ¿Pedir la compra de bonos y firmar un nuevo programa de ajuste, dado que el país ya estaba bajo supervisión de la troika a raíz del rescate bancario?

El ministro Montoro, que intenta cuadrar el presupuesto, estima que no se puede esperar más, porque si bien la prima ha flexionado, sigue siendo elevada. Se situaba, en diciembre de 2012, en 385 puntos básicos.

Ahora voy a aportar información relevante.

Mientras dentro del Gobierno se espera la decisión de Rajoy, Montoro convoca, a mediados de diciembre de 2012, un encuentro con corresponsales extranjeros en la madrileña calle de María Molina 50, sede de oficinas de la Presidencia del Gobierno. Explica el ministro que no hay decisión sobre el rescate vía OMT; que es una decisión de Rajoy y que nadie está en condiciones de descifrar la mente del presidente del Gobierno.

Pero, atención, agrega este dato: Alemania le ha transmitido al Gobierno que no debe pedirlo porque el sistema OMT es simbólico, que se trata de desactivar la especulación en los mercados y que es necesario aguantar tres o cuatro meses para ver la evolución.

¿Qué evidencias puedo aportar para sostener esta información?

El testimonio de uno de los periodistas que acudió al encuentro con el ministro a mediados de diciembre de 2012.

David Román, uno de los presentes, escribe esa misma tarde su crónica para la edición digital de The Wall Street Journal. Sin citar por su nombre a Montoro —habla de un alto cargo del Gobierno—, apunta que el Gobierno ha consultado con Alemania la posibilidad de solicitar la aplicación de las compras OMT y que el Gobierno de Merkel ha dicho que no lo haga. Explica que Rajoy es quien tomará la decisión y que el alto cargo del Gobierno [Montoro] no oculta su posición favorable al rescate, ya que no se pueden aguantar las todavía elevadas primas de riesgo. Román había interpretado que se podía publicar lo que decía el ministro sin citarle por su nombre.

David Román, que desde hace varios meses trabaja para la agencia Bloomberg en Singapur, me recuerda en una conversación telefónica que Rajoy intenta rentabilizar el no haber hecho nada en aquellos días, el haber quedado a la espera de lo que dijera Alemania: «Montoro no nos ocultó que él como ministro de Hacienda creía necesario el rescate [vía sistema OMT] pero que no se podía pedir porque Alemania les había dicho que no lo solicitasen», me vuelve a asegurar desde Singapur, ya que inmediatamente después de aquel encuentro, en diciembre de 2012, había compartido conmigo, impresionado, la información.

Desde que Draghi lanzara el nuevo programa OMT, primero en agosto y formalmente en septiembre de 2012, el rescate «clásico», por así decirlo, aplicado a Grecia, Irlanda y Portugal ya era historia. Un rescate clásico de España, por otra parte, suponía también rescatar a la tercera economía de la eurozona, a Italia. Porque lo que estaba en riesgo ya no era ni España ni Italia, sino el euro, Draghi contó con el apoyo de Angela Merkel, pese a las objeciones del presidente del Bundesbank, el halcón Jens Weidmann [candidato a suceder a Draghi en 2019 en la presidencia del BCE].

El sistema del euro no tenía capacidad para inyectar varios centenares de miles de millones en España. Por tanto, ahora el «rescate» consistía en solicitar la aplicación del OMT. A día de hoy [10 de septiembre de 2016] este programa, que yo sepa, nunca se ha usado. Era un cañón Bertha para exhibir y desactivar la especulación en los mercados.

«Montoro nos dio tres mensajes: que Rajoy se lo estaba pensando, que Alemania era contraria a pedir el rescate vía OMT condicionada a un programa, y que no se podría aguantar mucho más tiempo», recuerda Román. Finalmente, las primas de riesgo flexionaron.

El ministro de Hacienda lo explicó así en una entrevista mucho más tarde:

Fue Mariano, personalmente, sí, sí, él solito, con su particular estilo, su forma de ser, al que se debe que España no esté intervenida... Jejejejeje... ¡Porque no lo estamos! Todo dios le decía que no había más remedio. Y él, oye, buscando resquicios para no llegar a ese trance. Ahora estamos saliendo. Sí, sí, sí. Estamos saliendo.

José Luis Rodríguez Zapatero explica en su libro El dilema (Planeta, 2013) que evitó el rescate; ahora, De Guindos se pone la medalla a sí mismo y a Rajoy. Zapatero cita como ejemplo que el entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, le sugirió que pidiera ayuda al FMI. Y mira por dónde, De Guindos también se refiere a la posibilidad de un rescate light del FMI:

«Nos planteamos entonces una fórmula nueva con el FMI, que no se llegó a aplicar y que en los niveles técnicos fue bautizada como Programa de Asistencia para el Acceso al Mercado... El acuerdo con el FMI se interpretaría quizá como un rescate light, aunque lo podíamos plantear como un apoyo o asistencia técnica que completaría la labor reformadora del Gobierno» (pág. 133).

Lo que pasó: después de los «rescates completos» de Grecia, Irlanda y Portugal, los mercados financieros fueron a por sus nuevas víctimas: España e Italia, amenazando también, en cierto momento, a Francia. El euro parecía estallar por los aires. Y fue por ello, para salvar al euro, que el BCE, con el apoyo de Merkel, cambió su política.

Dicho todo esto, la jugada maestra de Draghi, con apoyo de Merkel, fue en gran parte un golpe de suerte.

No llevó el presidente del BCE, como es su costumbre, un discurso escrito a la reunión de fondos de inversión y banqueros de Londres. Ni prácticamente nadie de su equipo sabía que Draghi tuviera algún plan en mente. En su libro Stress Test: Reflections on Financial Crisis [Pruebas de esfuerzo: Reflexiones sobre la crisis financiera, Crown, 2014], el exsecretario del Tesoro norteamericano Timothy Geithner señala que la frase pronunciada por Draghi («haremos lo necesario dentro de nuestro mandato para preservar el euro. Y créanme será suficiente») fue una improvisación. El exsecretario del Tesoro no cita fuente alguna.

Pero en los denominados Geithner Files [Archivos de Geithner], obtenidos por el diario británico Financial Times en noviembre de 2014, están las notas de las entrevistas que el entonces secretario del Tesoro concedió a sus colaboradores para la redacción de su libro de memorias. A lo largo de cien páginas aparecen distintas informaciones sobre sus entrevistas con diferentes dirigentes durante los años de la crisis.

Y, en relación a Draghi, las notas arrojan más luz:

Las cosas se deterioraron de nuevo dramáticamente en el verano [2012] […] finalmente lo que en último término le llevó a decir estas cosas […], fruto de la casualidad. Él había ido a Londres a una reunión con un grupo de fondos de inversión y banqueros. Estaba preocupado por lo directos que eran en Europa, porque en ese momento toda la comunidad de hedge funds pensaba que Europa estaba llegando a su final. Recuerdo que él me contó después, [que] estaba alarmado por eso y decidió añadirlo a sus comentarios, que ya había hecho muchas declaraciones [del estilo de] «haremos lo que sea necesario». Ridículo.

Uno de sus colaboradores en la redacción de sus memorias preguntó a Geithner: «¿Fue solo una improvisación?».

Totalmente improvisado… Fui a ver a Draghi después y en ese momento carecía de plan. Había lanzado una afirmación vacía. Pero cayeron en ella.

En su libro sobre la crisis (Crash: Cómo una década de crisis financiera cambió el mundo, Crítica, 2018), el historiador británico Adam Tooze sostiene que, como reveló Timothy Geithner, la frase fue «improvisada». Draghi estaba fastidiado con los «jodidos mercados» y su idea de que el euro se acababa:

Volviendo la vista atrás, este whatever it takes de Draghi se considera el punto de inflexión de la crisis del euro. Después del discurso, los mercados se calmaron de inmediato. No se habló más de una ruptura del euro. Es una explicación con un gran atractivo. El BCE había tenido la llave de la estabilidad en todo momento. Draghi, por fin, fue el que la utilizó. Pero es una argumentación hecha con carácter retroactivo. La batalla más o menos abierta por la dirección de la política del BCE que había comenzado en 2010 no terminó con el discurso del 26 de julio… Hizo falta mucha ayuda para convertir el discurso de Draghi en un punto de inflexión histórico y, aun así, fue extremadamente incompleto. En las horas posteriores al discurso de Draghi, a medida que calaba su importancia, reinaba la confusión en la sede del BCE de Fráncfort. En palabras de un alto cargo de la entidad a la agencia Reuters: «Nadie sabía que esto iba a ocurrir. Nadie». El departamento de comunicación del BCE y los editores de su página web no contaban con una copia del discurso para hacérsela llegar a la prensa. Draghi había comentado vagamente el plan con algunos colegas del consejo ejecutivo. Pero, teniendo en cuenta su más que probable impacto, creyó que era mejor llevar la decisión discretamente y presentarla como un hecho consumado. Llamativamente, Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, fue uno de los que conocieron el mensaje de Draghi a través de los medios de comunicación. Ninguna capital de Europa había sido advertida con antelación ni tampoco Klaus Regling, responsable del fondo de rescate EFSF, cuyo organismo tendría un papel crucial en el plan de Draghi. «El presidente del BCE no tenía nada en mente», dijo un directivo de la sede de la entidad de Fráncfort. Fue un comentario duro[19].

Pero he aquí, según Tooze, el posible motivo de su éxito:

La respuesta que extrajeron los que escuchaban sus comentarios fue bastante diferente a lo que quizá él intentaba explicar. Siguieron siendo escépticos respecto de la Unión Europea y tampoco les interesaron los detalles de su política. Lo que escogieron del discurso de Draghi no fue su contenido específico o el cambio radical en la política de la eurozona. Escucharon un mensaje único y simple. Aquí había un poderoso banquero central prometiendo que haría «lo que fuera necesario». Finalmente, un responsable de las políticas europeas se había dado cuenta de lo que se necesitaba. Hablaba el idioma de la doctrina de [general Colin] Powell [Administración Bush] aplicada a las finanzas en la ciudad de Londres, ante una audiencia de inversores y en inglés. Los lugares comunes: conmoción y pavor, gran bazuca. Draghi estaba diciendo que Europa finalmente había captado el mensaje.

Sin embargo, como señala Tooze, existe otra narración que discrepa con lo que Draghi, a raíz de su fastidio, quería transmitir:

Haremos lo que sea necesario fue, de hecho, una forma de rendición. La eurozona finalmente cedía a lo que los comentaristas económicos anglófonos habían estado pidiendo desde el principio. Si tan solo el BCE se hubiera movido según el modelo de la Reserva Federal (Fed) antes, como el presidente Obama había explicado en Cannes, lo peor de la crisis de la eurozona podría haberse evitado. Lo que Draghi ahora prometía fue lo que Geithner, Ben Bernanke y Obama habían estado predicando a oídos europeos desde 2010: «Hazlo a nuestra manera». Tampoco fue una coincidencia que fuera Draghi, un economista entrenado en Estados Unidos; un exsocio de Goldman Sachs; un miembro pagado de la comunidad financiera global; un «amigo de Ben»; un italiano internacionalizado, urbano, no un alemán de provincias, el que ofreció esta conclusión a la historia agonizante de la crisis de la eurozona. La fórmula de Draghi, la fórmula de Estados Unidos, resultó ser una profecía autocumplida. Él pronunció las palabras mágicas. Los mercados se estabilizaron. La eurozona fue salvada a través de una tardía americanización. Mirando hacia los acontecimientos a partir de 2007, si uno detiene el reloj histórico en el otoño de 2012, se podría dar la vuelta a la historia de la crisis financiera del Atlántico Norte. Enfrentado a una crisis de proporciones históricas, el Gobierno de Obama había lanzado, a su manera, una demostración de liderazgo hegemónico en el siglo XXI[20].

El hecho es que la astuta invención del programa OMT, exhibido ante los mercados pero jamás utilizado, sirvió para desactivar la especulación que se había servido aquel verano de 2012 principalmente de Bankia para atacar la existencia misma del euro.

El slogan de que la conquista más importante de la primera legislatura del Gobierno de Rajoy fue salvar a España del rescate «completo», repetida de buena fe por gente muy numerosa, fue exactamente eso.

Un slogan electoral.

CUARTA PARTE
ANTE LA LEY

19
EL SOCIO AUDITOR Y DELOITTE, PA’ DENTRO

Las acusaciones populares acaban de lograr, el 19 de mayo de 2016 —apoyándose en el informe de los inspectores-peritos del 30 de marzo y en la sanción del ICAC a la auditora y a su socio el 17 de septiembre de 2014— que el juez impute a la empresa auditora Deloitte y a su socio Francisco Celma.

El fiscal Alejandro Luzón ha apoyado la imputación en un escrito del 26 de abril de 2016. El fiscal explica que anteriormente se ha opuesto a dicha imputación, pero ahora es necesario que la firma auditora pueda dar explicaciones ante la gravedad de las afirmaciones del informe de los peritos del 30 de marzo de 2016.

En la posición favorable del fiscal se puede advertir el deseo de dar la palabra a aquellos que técnicamente podrían replicar a los peritos. ¿Por qué no empezar por el auditor?

En su escrito, además, el fiscal relaciona la declaración de Deloitte y de Celma con el próximo cierre de la investigación:

Francisco Celma no se ha pronunciado sobre los distintos puntos que son objeto de la controversia en las distintas periciales presentadas, a saber, las incidencias en las salidas a Bolsa, la contabilización definitiva de la combinación de negocios o la existencia de provisiones para insolvencia, entre otros. No parece que pueda cerrarse la instrucción sin conocer el parecer del socio auditor Francisco Celma sobre tales cuestiones, que conoció directamente, como tampoco ofrece duda que tal declaración deberá prestarse en calidad de investigado, de modo que sus derechos constitucionales queden debidamente preservados.

En realidad, el «parecer del socio auditor» al que alude el fiscal ya era conocido porque Celma había declarado, el 20 de febrero de 2013, en calidad de testigo. La diferencia es que ahora lo hará como imputado.

La verdad es que el juez ha dictado, el 19 de mayo, una resolución glacial en una providencia de pocas líneas. Un mero trámite burocrático para una decisión que se produce tres años y medio después de la primera declaración de Celma en calidad de testigo:

Dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones, recíbase declaración en calidad de investigados al Representante Legal de Deloitte, S. L. y a Francisco Celma Sánchez, el próximo día 20 de junio de 2016 a las 9:00 horas…

Es 8 de junio de 2016. El abogado Andrés Herzog presenta en el juzgado un escrito de treinta y un folios. Resume todos los hallazgos de la instrucción y concluye que el papel del Banco de España ha sido central en el diseño y en la ocultación, para poder montar sus planes, de la verdadera situación financiera del sector. Y solicita la declaración en calidad de imputados/investigados del gobernador de la época, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España a partir de 2012; Javier Aríztegui, exdirector general de Supervisión y exsubgobernador; y Jerónimo Martínez Tello, exdirector general de Supervisión. También solicita la declaración testifical del que fuera inspector-cabecera en Caja Madrid y, más tarde, en el proceso de creación de Bankia y su salida a Bolsa, José Antonio Casaus, y solicita que el Banco de España aporte los «informes de seguimiento» de la inspección sobre la situación de Bankia durante el año 2012, el año de la intervención.

En su parte más elocuente, el escrito de Herzog señala:

Como hemos indicado, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluye de forma muy políticamente correcta que «de la documentación de las inspecciones analizada se observa que las conclusiones iniciales de los inspectores se van resumiendo y suavizando hasta concluir en un escrito de recomendaciones que, a veces, no parece reflejar con toda su crudeza los problemas que debe solucionar la Entidad». Lo anterior, traducido al román paladino, significa que los máximos responsables del Banco de España ocultaron los verdaderos problemas financieros de BFA-Bankia (y antes de las cajas de ahorros fundadoras del SIP), que se repetían en cada nueva inspección (algunos de ellos, de hecho, iban empeorando), lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que los escritos de recomendaciones no eran documentos públicos y, por lo tanto, susceptibles de afectar a la reputación o prestigio de tantas entidades, que era la única cuestión que al parecer preocupaba al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, según el tenor literal de sus declaraciones. Pero no solo omitieron o silenciaron las citadas irregularidades y manipulaciones contables (contenidas en los informes de seguimiento y detalladas por los peritos judiciales), sino que además omitieron realizar cualquier tipo de actuación coercitiva a fin de impedir que las gravísimas deficiencias se mantuvieran e incluso se agravaran con el paso del tiempo. Como explica la IGAE «no nos consta en la información de la imposición de sanciones, amonestaciones u otro tipo de actuación, que refuerce el papel de supervisión del Banco de España».

La conclusión a nuestro modo de ver es todavía más desoladora: no hubo una verdadera supervisión. O peor aún, la supervisión consistió más bien en impulsar el SIP y fomentar la salida a Bolsa de Bankia, colaborando a la perpetración de los delitos objeto de investigación, que no se podrían haber cometido sin la actuación del Banco de España y de la CNMV. No podemos hablar siquiera de captura del supervisor, pues era el propio supervisor el que, sobre la base de cuestionables criterios políticos, fomentó la huida hacia adelante causante del inmenso quebranto patrimonial, lo cual en modo alguno serviría, por cierto, de atenuante de la responsabilidad que incumbe tanto a los gestores de BFA-Bankia como a los auditores.

La referencia a la IGAE tiene su importancia. Porque se trata de la unidad de apoyo que trabaja dentro de la Fiscalía Anticorrupción. En otros términos, este informe no había sido considerado especialmente relevante por quien representaba a la citada Fiscalía, esto es, el fiscal Luzón.

El fiscal Alejandro Luzón presenta una semana después, el 15 de junio de 2016, un largo informe, catorce folios, oponiéndose a las imputaciones. El juez está preparando su auto. Quiere zanjar definitivamente el tema de los altos cargos del Banco de España.

De una vez por todas. Y a ser posible para siempre.

Tanto juez como fiscal tienen una preocupación: la posible responsabilidad patrimonial que se derivaría de considerar autores, coautores o cooperadores necesarios en la operación salida a Bolsa a los altos cargos del Banco de España. Este fantasma se ha agitado desde el Banco de España y desde el entorno del Gobierno anterior, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que bajo la dirección y el poder del Banco de España respaldó la política de fusiones frías de las cajas de ahorros en crisis y, en algunos casos, su salida a Bolsa.

Si se demostrara la implicación penal de los altos cargos de la institución —advertían los que agitaban este fantasma en distintos círculos y hasta en el Ministerio de Economía—, la consiguiente asunción de la responsabilidad patrimonial para reparar el daño causado a los inversores supondría un aumento de proporciones considerables para la deuda pública española.

El fiscal Luzón, según ya se ha apuntado, cree que la unión de las siete cajas de ahorros y el lanzamiento de Bankia a Bolsa ha sido una decisión de carácter político, bajo la responsabilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y como en la mayoría de los temas del sacrosanto sector financiero, con el respaldo el principal partido de la oposición, el PP.

El juez Andreu también estima que se trata de una decisión de alta política. Y cree que no son los tribunales los que deben sancionar esa decisión.

El fiscal recopila una serie de resoluciones dictadas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado para dar a la resolución del juez un carácter definitivo y disuadir, para lo que resta del procedimiento, a las acusaciones populares de que la citación de los altos cargos del Banco de España en condición de imputados no colará.

El 10 de junio la defensa de Francisco Celma pide un aplazamiento de su declaración prevista para el día 20 por falta de tiempo para prepararla adecuadamente. El juez deniega la solicitud. El 16 de junio, la defensa aporta un documento a la causa, que indica, implícitamente, por dónde iría su declaración. Es una carta que la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha escrito el 31 de mayo de 2013 a la presidenta del ICAC, Martínez-Pina, mientras se tramitaba el expediente sancionador a Deloitte. En ella, puntualiza que la CNMV había encargado trabajos a Bankia. Es decir, sus antecesores en el organismo —Julio Segura y Fernando Restoy— solicitaron «a Bankia, S. A. que el auditor revisara, en el marco del proyecto de salida a Bolsa, el formato y contenido de los estados financieros intermedios del primer trimestre de 2011 […], así como la información relacionada con la segregación parcial de activos y pasivos del grupo BFA en los estados financieros proforma».

El socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, y el representante legal de la empresa, Manuel Arranz, prestan declaración como imputados el 20 de junio de 2016 durante un espacio de cuatro horas.

Recapitulemos.

Celma tenía una larga relación con Caja Madrid, entidad de la que había sido el firmante de las cuentas desde el año 2000, en sustitución de su anterior socio, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte. Por lo tanto, había sido responsable de presentar las cuentas anuales de Bankia al 31 de marzo de 2011, utilizadas en el folleto de salida a Bolsa en julio de 2011. Pero en 2012 decidió que el auditor no firmaría las cuentas de Bankia. Según ya había explicado en su declaración como testigo, en 2013, su negativa tuvo que ver con información requerida durante meses por el auditor que Bankia nunca le aportó. Después de la defenestración de Rodrigo Rato, el socio auditor hizo que su compañía aprobase la reformulación de las cuentas del equipo de José Ignacio Goirigolzarri.

Celma, un hombre que mantiene siempre la calma y el tono profesoral, afirma con total seguridad que todo se ha hecho correctamente, conforme a la normativa contable vigente, la ya célebre Circular 4/2004 del Banco de España.

El abogado Andrés Herzog, quien propuso su declaración como imputado, le interroga primero. Tras varias preguntas sobre contabilidad, el letrado inquiere:

—¿Cómo explica usted una destrucción de valor tan importantísima como la que ocurre dieciocho meses después de la salida a Bolsa de Bankia, cuando, tras el rescate, la nacionalización de la entidad, se valora BFA en una cifra negativa de más de 13.000 millones? ¿Qué es lo que pasó en el segundo semestre de 2011?

—Hombre, yo creo que es muy importante recordar lo que expliqué el 20 de febrero de 2013. Es que el mundo cambió. Acababa de haber unos informes favorables sobre Bankia, pero en el segundo semestre se produce la crisis griega. Hubo un colapso total del sistema financiero internacional, lo que tuvo mayor importancia en el caso español porque con la burbuja inmobiliaria toda la banca española estaba endeudada con los bancos internacionales y le cortaron el grifo. ¿Qué pasó al cortarles el grifo? Se lo cortaron al sector inmobiliario. Y Bankia era la entidad, en aquel momento, el segundo semestre de 2011, con mayor exposición al sector del ladrillo. Bankia tenía en el segundo semestre 40.000 millones de euros en créditos al sector inmobiliario. El siguiente de los grandes bancos tenía casi dos o tres veces menos. Hubo una crisis en el sector inmobiliario y, aparte, un tema económico, y eso es lo que llevó a las necesidades de capital. No hay que confundir nunca los resultados con la necesidad de capital. Las necesidades de capital vienen derivadas de la normativa. Es decir: una entidad puede cumplir los ratios de capital, el Gobierno o las autoridades cambian esos ratios y automáticamente le falta. En febrero de 2012 sale el primer decreto Guindos, que planteaba para 2012 unas necesidades de capital y provisiones de 6.000 millones. En mayo salió el segundo decreto Guindos y creo que eran otros 4.000 millones. Pero hay otro factor que no se nos debe pasar, y es que a comienzos de 2012 la propia Autoridad Bancaria Europea (EBA) cambió los requerimientos de capital y dijo que para aquellas entidades consideradas sistémicas ya no valía el 8, que ahora era el 9. Vaya usted sumando. Esto cambia de un día para otro. Pero eso no es contabilidad, eso no son resultados, eso no son provisiones, eso son requerimientos adicionales de capital por nueva normativa. Eso es lo que pasó.

El fiscal Luzón pregunta sobre las provisiones y las normas contables, a saber, dónde debían reflejarse las provisiones:

—El sector financiero español está absolutamente regulado. Los distintos formatos de información están establecidos por el Banco de España. Hay un formato público, tanto de balance como de cuenta de resultados, y hay un formato que se llama reservado o confidencial, que es mucho más desagregado. Este balance reservado o confidencial es el que utilizamos los inspectores y nosotros para revisar. ¿Por qué? Porque el reservado establece para cada categoría de activo las provisiones restándolas. Y de hecho en la inversión crediticia hay una gran cuenta que se llama provisión para insolvencias. Y esta prevé tres categorías: provisión específica, genérica y específica no asignada… La mayoría de las veces, y así se hizo en la puesta a valor razonable [en BFA-Bankia y otras entidades], no se calcula la provisión específica pendiente de asignar [pepas] operación a operación, sino que se buscan atributos o características de estas carteras para dotar un porcentaje… Usted va a la entidad y le dice: dame el inventario de la genérica, y le da el saldo y le pasa el movimiento. Dame el inventario de la provisión específica no asignada, y se lo va a dar detallado para cada una de las carteras…

—Entonces, ¿en la cuenta de resultados tienen que aparecer o no? —inquiere el fiscal.

—Bueno, si hay dotaciones…

—Quería preguntarle también por el precio de la salida a Bolsa de 3,75 euros que los peritos, especialmente el señor Sánchez, señala como muy bajo; dice que dejaría en quiebra a BFA en el mismo momento de la salida…

—Eso no es correcto, eh, por una razón: una cosa es la contabilidad y otra la cotización bursátil. En el momento de salida lo único que puede haber es un indicio a futuro respecto a una determinada necesidad de saneamiento. En el momento en que se produce la salida a Bolsa no hay ningún efecto contable, ni para Bankia ni para BFA. No hay que contabilizar nada. La normativa internacional dice que eso es un indicio. Y este indicio deberá ser refutado cuando se presenten las cuentas anuales mediante informe de un experto independiente que calcule los flujos a futuro de la entidad y calcule el valor…

Y en respuestas a otras acusaciones, Celma elabora su posición sobre el asunto del precio de salida a Bolsa con el objetivo explícito de minar la credibilidad del inspector-perito Víctor Sánchez:

—De hecho, una semana después de que Bankia saliera a Bolsa, Banca Cívica, que es un caso que el perito Sánchez conoce muy bien porque cuando estaba en excedencia en el Banco de España era miembro del comité de dirección, era el director de participadas y riesgos, él sabe que la entidad salió a Bolsa con el mismo porcentaje de descuento de Bankia y, por cierto, el viernes pasado se ha cerrado en el mercado la colocación de las acciones de un banco con un 75 % de descuento respecto al valor teórico contable… Ninguna entidad hace apuntes contables en función de sus acciones. Si usted se dedica a mirar cómo las acciones cotizan cada día, las entidades se volverían locas ajustando su capital cada día en función de su valoración…

La salida a Bolsa de Banca Cívica se produjo el 21 de julio de 2011, al día siguiente de que Bankia irrumpiera en el mercado. Nadie pensaba por aquellos días que era mejor escalonar las operaciones. Y el descuento que impuso el mercado sobre el valor teórico contable fue del 59 %, después de dictaminar un descuento del 74 % para Bankia.

Sánchez, que entonces era director de seguimiento de riesgos de la entidad después de pasar un periodo en Cajasol, no era miembro del comité de dirección de Banca Cívica, como afirma Celma para desacreditarle, por lo que nada tuvo que hacer o decir sobre el precio de salida a Bolsa.

También usa Celma el ejemplo del Banco Popular, al que alude cuando dice que «el viernes pasado se ha cerrado en el mercado una colocación de las acciones de un banco con un 75 % de descuento respecto al valor teórico contable». Se trata del viernes 17 de junio de 2016, en efecto, cuando el Popular cerró la ampliación de capital de 2.505 millones de euros.

Los dos ejemplos que utiliza «pedagógicamente» Celma, con una seguridad y omnipotencia dignas de mejor causa, refuerzan en cambio el diagnóstico de los inspectores-peritos en lugar de debilitarlo.

Porque siete meses después de salir a Bolsa con el descuento del 59 %, Banca Cívica era adquirida, a finales de marzo de 2012, por La Caixa, propietaria de Caixabank.

En cuanto al Popular —sí, el banco; esta vez se trataba de la crisis de un banco, y vaya qué banco, no de una caja—, la entidad era intervenida el 6 de junio de 2017, exactamente un año después de sufrir el descuento del 75 % en su salida a Bolsa, que Celma ponía como ejemplo de un caso similar a Bankia. Aunque pretendía demostrar precisamente lo contrario —lo normal de la situación de ambos bancos—, el socio auditor de Deloitte acertó muy a su pesar: el Popular caería en 2017 después de su maldita ampliación de capital de 2016, como Bankia lo había hecho en 2012 después de su salida al mercado en 2011.

Y, además, si Celma se hubiese tomado el trabajo de recopilar las salidas a Bolsa y las ampliaciones de capital de entidades bancarias europeas en aquellas fechas, quizá se habría llevado una sorpresa: no hay casos en los cuales un banco haya ofrecido sus acciones a un precio por debajo de su valor teórico contable. Ningún consejo de administración estaba dispuesto a contradecir sus propios balances ofreciendo acciones por debajo de su valor en libros.

Deloitte, según explica profusamente Celma, había actuado siempre en contacto directo con el Banco de España.

Aporta dos cartas, además de la firmada por Elvira Rodríguez que ya ha enviado al juzgado: una del Banco de España de mayo de 2013 y otra de la CNMV, de abril de 2014, en la que se deja constancia que requirieron a la auditora los trabajos, diferentes del informe de auditoría, sobre Bankia.

A preguntas de su letrado sobre si intercambiaba opinión, respecto al informe de auditoría a 31 de marzo de 2011, con el Banco de España, Celma precisa:

—No puedes emitir un informe con una salvedad, ya que el Banco de España cuida la solvencia, sin avisarle. Eso lo que crea es una dinámica de colaboración y de información que lleva a que, normalmente, siempre sea muy intensa antes de emitir cualquier informe. Durante el periodo de reestructuración del sector financiero esto [colaboración e información] fue mucho más intenso, y lógicamente en un caso como el de Bankia, único de fusión de siete entidades, pues mucho más. En todos los casos, teniendo en cuenta que el Banco de España tenía destacado un equipo permanente allí, lógicamente yo iba informando en reuniones al director de inspección del Departamento de Cajas de Ahorros, Pedro González, y al director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, de todo lo que nosotros íbamos viendo, con el objetivo, ya que ellos estaban allí presentes con un equipo de inspección casi tan grande como el nuestro, de verificar algún tema que a nosotros se nos hubiera escapado o se tratara algo de manera diferente, y así, con normalidad, pues la relación era constante.

Cuestiona los informes de los peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets, que hablan de irregularidades, cuando, dice Celma, se trataría en todo caso de «diferencias de criterio», y asegura que una cosa son los informes sobre los estados financieros públicos y otra los que revisten carácter reservado o confidencial que entregan las entidades al Banco de España todos los meses.

El socio auditor explica que las llamadas provisiones específicas pendientes de asignar (fondos para cubrir posibles minusvalías), las ya famosas pepas, existían y así se desglosaba en la información reservada, en los balances llamados confidenciales que Bankia había aportado al Banco de España. Una cosa son los informes sobre los estados financieros públicos y otra los que revisten carácter reservado o confidencial que entregan las entidades al Banco de España todos los meses.

Problema: los balances públicos y los reservados son iguales en términos de patrimonio neto, resultados y pasivos. La diferencia reside en las cuentas correctoras de valor (provisiones, amortizaciones y otras). En los balances públicos esas partidas aparecen reduciendo el valor de los activos; las provisiones, por ejemplo, reducen el coste amortizado de los préstamos y las amortizaciones acumuladas, el de los inmuebles. En los estados financieros reservados (antes llamados confidenciales), las partidas correctoras de valor aparecen en el pasivo, pero no como recursos captados ni como deudas frente a terceros, ya que no son obligaciones.

¿Sugería Celma que los balances reservados enviados al Banco de España contenían provisiones que la entidad nunca habría dotado?

Si así fuese, sería grave.

El inspector Víctor Sánchez había solicitado, según ya hemos señalado, excedencia en el Banco de España. Eso ocurrió en abril de 2008 para incorporarse a Cajasol, donde trabajó hasta marzo de 2011, cuando la citada entidad desapareció. En esas fechas, al constituirse Banca Cívica, Sánchez pasó a ser director de seguimiento de riesgos de dicha entidad hasta julio de 2012, cuando se produjo la salida a Bolsa. Dependía de la directora general de riesgos, Cristina Mendía, y de la directora financiera, María del Patrocinio Álvarez Padilla.

No tenía Sánchez participación alguna en el Departamento de Contabilidad de la entidad, ni reportaba al comité de dirección o al consejo de administración de la misma.

Pero, al igual que con sus críticas bumerán a Sánchez por las consecuencias del descuento del precio de salida a Bolsa sobre el valor teórico contable, Celma no se olvidará del inspector-perito en el tema de las provisiones. Ni quiere ocultar que se lo lleva preparado. En respuesta a su letrado, que es el abogado de la firma Deloitte, explica Celma:

Y hay una cuestión que no me gustaría dejar escapar. Les he dicho que en los cinco SIP [fusiones frías] que se hicieron se contabilizó lo mismo, pero es que en el SIP de Banca Cívica, en el cual el perito señor Sánchez era el director de riesgo y participadas, y por tanto quien dirigía ese tema, el asiento, la apertura del asiento a valor razonable que se hizo en Banca Cívica fue en términos relativos sobre los libros siete veces el que se hizo en Banca Cívica…

Celma criticó, lógicamente, el expediente del ICAC, resuelto con una sanción de 12,4 millones de euros, y advirtió que la resolución no era firme. «El recurso contra la sanción se presentó hace más de veintiún meses y no está resuelto, cuando lo habitual es que recursos de este tipo sean resueltos en un plazo medio de tres meses», ironizó.

Ocho días después de su declaración, la defensa de Celma presentaba, el 28 de junio, un escrito en el juzgado: proponía practicar las diligencias orientadas a probar que Deloitte había actuado bajo el paraguas del Banco de España y de la CNMV.

La primera en la lista de testigos es Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, quien, como ya sabemos, había escrito el 31 de mayo de 2013 a la presidenta del ICAC, Martínez-Pina.

En segundo término propone que declaren Mariano Herrera, director general de Supervisión del Banco de España, y Julio Durán, director general de Regulación, por ser los firmantes de un informe remitido al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Navalcarnero en enero de 2016, a raíz de una demanda civil contra Bankia.

El juez Andreu había incorporado, el 30 de marzo de 2016, no sin ciertas sospechas sobre su preparación y alcance, el informe a la causa. El contenido había sido elaborado por Pedro González, exresponsable del Departamento de Cajas de Ahorros y a quien se había conferido en la institución la tarea de atender la relación con las causas judiciales.

El Banco de España ya había hecho público un comunicado sobre el mencionado informe a finales de enero de 2016. Según su versión, se había limitado a ofrecer al juez de Navalcarnero las respuestas a unas preguntas relacionadas con una demanda civil contra Bankia. Y aunque el informe dirigido al juzgado de Navalcarnero señala que el Banco de España no quiere emitir juicio sobre la posición de los inspectores-peritos, las respuestas están orientadas a cuestionar sus argumentos. No era normal, ni mucho menos frecuente, que el Banco de España respondiera a un juzgado. El objetivo era fijar posición mientras los inspectores-peritos trabajaban en la elaboración de su segundo informe.

En su comunicado, el Banco de España señala que «las respuestas se limitan a facilitar información factual sobre el entorno macroeconómico español de 2011 y 2012; a facilitar, asimismo, datos contables sobre Bankia y a expresar su interpretación de distintos aspectos de la normativa contable de entidades de crédito».

El informe enviado al juez de Navalcarnero confirma que se hicieron cambios en las valoraciones de las cuentas de 2011 de Bankia al igual que en otras operaciones de integración de entidades de crédito. Y utiliza lo que será un mantra, un argumento central, contra los inspectores-peritos: no se pueden evaluar los estados financieros del pasado teniendo en cuenta la información que se tiene ahora y no la que se tenía en ese momento.

Es lo que internamente, en la cúpula del Banco de España, se ha etiquetado, ya desde primeros de 2015, según se trasladó a las reuniones del FROB, como el presunto vicio de los inspectores-peritos: el sesgo retrospectivo.

En relación con las pepas, el Banco de España explica al juez de Navalcarnero que «las provisiones genéricas y específicas no asignadas [o pendientes de asignación] se constituyen precisamente para cubrir deterioros adicionales en exposiciones concretas que pudieran ser identificados con posterioridad».

El informe destaca, asimismo, la variación inesperada de las condiciones económicas en la segunda mitad de 2011: «Frente a lo señalado en las predicciones, hubo un empeoramiento de la crisis tanto en España, con la entrada en una totalmente imprevista segunda recesión, como en el área euro; esto supuso importantísimas dificultades de financiación mayorista».

Celma, pues, añade a su lista de testigos al exdirector general de Supervisión, Martínez Tello —cuya imputación acababa de rechazar el juez Andreu— y a Pedro González. También propone la declaración de sus colegas de Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers, que han auditado otras cajas de ahorros a 31 de diciembre de 2010.

El 30 de junio, apenas dos días después de la solicitud de declaraciones propuesta por la defensa de Francisco Celma, el fiscal Luzón redacta un escrito en el que plantea, al hilo de esa propuesta, la citación de tres testigos.

El primero de ellos es José Antonio Casaus. No deja de llamar la atención que Luzón lo ponga al principio de su lista. Porque la iniciativa ha sido del abogado Herzog, quien lleva dos semanas esperando que el juez Andreu la conceda.

Ahora el fiscal pide primero la citación de Casaus como si fuese propia, sin referencia a la acusación popular, y a continuación viene lo interesante: propone a otros dos inspectores.

En el Banco de España era un secreto a voces, por aquellos días, que Casaus es una bomba de relojería. Se habla de unos correos que podrían ser un arma de destrucción masiva para la cúpula de la institución.

Por ello es sugerente el nombre de los otros dos inspectores que propone Luzón. Uno es Pedro Comín, que fuera jefe de grupo de la inspección en Bankia —el superior inmediato de Casaus— y actualmente director general adjunto de Supervisión del Banco de España; el otro es el inspector Pedro Bravo, miembro del equipo de Casaus. El nombre aparece por primera vez en la causa y el conocimiento del mismo es cosa de iniciados.

El fiscal Luzón quiere someter a contradicción las afirmaciones de los inspectores-peritos. Se ha informado en el Banco de España y le han aconsejado las citadas comparecencias. ¿O ha sido el Banco de España quien ha tomado la iniciativa? ¿Se han recomendado las dos declaraciones para contrarrestar a Casaus?

Pedro González es quien se ocupa de los problemas de fondo de las relaciones entre el Banco de España y los juzgados, mientras que el cargo formal, dentro del departamento jurídico, lo ejerce la jefa de la división de expedientes sancionadores y colaboración con los órganos judiciales, María Ortega, quien recibe los requerimientos y coordina la respuesta a los mismos.

El encargado de dar respuesta al juez de Navalcarnero, Pedro González, ¿aconsejó a Luzón y su equipo que citara a Comín y a Bravo?

El fiscal Luzón no recuerda haber hablado con González, aunque admite que esos nombres, como en otras ocasiones, procedieron de la entidad. En el Banco de España se comenta que González posee el número de teléfono móvil de Luzón y que ha mantenido contactos frecuentes con la Fiscalía Anticorrupción.

Luzón señala en su escrito que los inspectores-peritos y otros expertos de parte se han pronunciado sobre la veracidad de los estados financieros de BFA-Bankia y que también lo acaba de hacer el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma:

La distinta interpretación del contenido de los «informes de seguimiento» de los años 2011 y 2012 que se hace por unos y otros expertos contables, hace preciso que sean los propios inspectores que intervinieron en la elaboración de dichos informes quienes efectúen una interpretación auténtica de los mismos, en particular sobre los activos crediticios de la entidad, la suficiencia de su cobertura y, en definitiva, sobre la situación de la entidad en la fecha de salida a Bolsa.

Con todo, este jueves día 30 de junio de 2016, cuando termina de redactar su solicitud, Luzón no envía inmediatamente el escrito al juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

¿Es que quizá espera alguna decisión relevante para el día siguiente, viernes 1 de julio de 2016?

El 2 de agosto de 2016, el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, insatisfecho aparentemente con lo que ha declarado en calidad de imputado el 20 de junio, sobre sus relaciones con el Banco de España, presenta un escrito en la Audiencia Nacional en el que aclara que los distintos trabajos desarrollados para BFA y Bankia, aparte del informe sobre las cuentas anuales, se hicieron en directa coordinación con el Banco de España. El escrito es coherente con lo que ya había adelantado el subgobernador Restoy, según hemos visto, a la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina.

20
LA «LÍNEA DE DEMARCACIÓN JUDICIAL ANDREU»: EL MAPA NO ES EL TERRITORIO

El juez Fernando Andreu tiene este 1 de julio de 2016 el objetivo —tras reflexionar sobre el escrito que le ha elevado el fiscal Luzón hace quince días— de dictar un auto para sepultar toda posibilidad de citar a los altos cargos como imputados. La declaración de Celma el pasado 20 de junio no ha debilitado, paradójicamente, la convicción de ambos de mantener al margen de la causa al Banco de España. El juez no cree que ello sea en principio obstáculo para acusar solamente al auditor; pero el fiscal Luzón piensa diferente, su objetivo con la declaración de Celma era apreciar cómo argumentaba contra los inspectores-peritos. Y ha salido el 20 de junio de 2016 con la idea de que el mapa no es el territorio, de que el hecho de que Celma haya endosado las responsabilidades al Banco de España y la CNMV, a diferencia de la conclusión que ha sacado Herzog, no es el tobogán para imputarles. Es que Celma consigue astutamente confirmar la idea de Luzón de que el tema contable es un lío que no hay quien pueda entender.

La historia de las pepas, ya desde el momento en que fue servida sobre la mesa del FROB, a primeros de 2015, es un MacGuffin, el tipo de pista o dato que el director británico Alfred Hitchcock solía plantar dentro de su relato cinematográfico con el propósito de aumentar el suspense.

La importancia del MacGuffin para la trama no era el objeto en sí mismo (una persona, un lugar o una cosa como el dinero, un documento o cualquier objeto de valor), sino el efecto que produce sobre los personajes y la influencia sobre sus motivaciones. Los protagonistas se van posicionando en la trama pero el objeto no es, aunque se insinúe que lo es, relevante.

En 1939, Hitchcock apuntó de qué iba el asunto en una clase que impartió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, una anécdota que repitió en 1966, según aparece, en la entrevista que publicó el cineasta francés François Truffaut en su libro de conversaciones con el director británico:

Puede ser un nombre escocés. La palabra procede de esta historia: Van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro «¿Qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza?». El otro contesta: «Ah, eso es un MacGuffin». El primero insiste: «¿Qué es un MacGuffin?», y su compañero de viaje le responde: «Un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia». «Pero si en Escocia no hay leones», le advierte el primer hombre. «Entonces eso de ahí no es un MacGuffin», le responde el otro.

El término habría sido, aparentemente, inventado por su amigo el escritor Angus MacPhail. Hitchcock añade a modo de simplificación: «En historias de rufianes siempre es un collar y en historias de espías siempre son documentos».

¿Y en la historia «contable» de Bankia?

El MacGuffin creado en 2015 por Fernando Restoy y sus colaboradores en el FROB —la célebre pregunta 2.b) cursada el 25 de febrero de 2015 al Banco de España— no ha sido insignificante, sino más bien potente. Ha conseguido proyectar sobre Luzón, en particular, la idea de que este asunto de las provisiones es imposible de descodificar.

FUMATA BLANCA

Pero estamos ahora en el 1 de julio de 2016. El juez Andreu pone el punto final a su auto de respuesta a Herzog sobre las imputaciones de altos cargos del Banco de España.

La más relevante resolución en la que se basan el juez Andreu y el fiscal es una sentencia muy reciente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del 23 de septiembre de 2015.

Tres inversores presentan una demanda en la que exigen ser indemnizados por el daño que representa la «diferencia entre el precio de compra de las acciones y el precio de venta de esas acciones con ocasión del colapso y posterior nacionalización de Bankia, en mayo de 2012», más los intereses correspondientes. Alegan la responsabilidad fundamental del Banco de España y la CNMV en el origen de la operación.

Los demandantes urgen a «indagar el papel que debían haber desempeñado el Banco de España y la CNMV en relación con si existía una sobrevaloración de los activos, si las cuentas formuladas no reflejaban la realidad de la entidad y si el Banco de España conocía el alto riesgo de exposición en el que estaban las cajas que se integraban, de forma que es claro que hubo negligencia de los supervisores al adoptar una posición contraria a la prudencia exigible a un regulador financiero, dada la situación de los mercados en ese momento». Señalan que «se llevó a efecto el plan urdido para capitalizar una entidad en pleno proceso de hundimiento con aportaciones de particulares, quienes, confiados en la aparente solvencia de Bankia, así como no menos confiados en que los órganos supervisores actuaron de forma prudente y acorde con sus funciones, invirtieron sus ahorros en una entidad manipulada en todos los sentidos por sus órganos de gobierno, con la cooperación de la supervisión negligente del Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, para captar fondos de particulares en los mercados de manera lesiva para los inversores».

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestima la demanda apoyándose en distintas resoluciones del Tribunal Supremo, todas ellas dirigidas a desmitificar la posible conducta «omisiva» de las autoridades, es decir, el incumplimiento de funciones. Se descarta, así, que se pueda acusar al Banco de España por una conducta imprudente, según la cual las autoridades habrían incurrido en un ejercicio defectuoso de la supervisión:

En el supuesto de comportamiento omisivo, no basta que la intervención de la Administración hubiera impedido la lesión, puesto que esto conduciría a una ampliación irrazonablemente desmesurada de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es necesario que haya algún otro dato en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo de la Administración; y este dato que permite hacer la imputación objetiva solo puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar.

El juez intenta sacar al Banco de España del centro de la escena y descargar el peso sobre los administradores de Bankia.

También ha de llamarse la atención sobre la posible intervención de terceros en la producción de los daños, dado que, como también ha explicado el Tribunal Supremo en su sentencia del 17 de marzo de 1993, ha de exigirse una acrecentada «prudencia judicial» cuando «los daños se achacan a la pura inactividad de la Administración», en el sentido de que «ni el puro deber abstracto de cumplir ciertos fines es suficiente para generar su responsabilidad cuando el proceso causal de los daños haya sido originado por tercero, ni siempre la concurrencia de la actuación de este exime de responsabilidad a la Administración cuando el deber abstracto de actuación se ha concretado e individualizado en un caso determinado».

Pero, según el juez, opinión en la que se solidariza con el fiscal, la solicitud de que declaren los altos cargos del Banco de España como imputados/investigados no se ha concretado ni individualizado. Y señala:

Tal como indica el ministerio fiscal en su informe, la parte acusadora no determina con la precisión necesaria cuál es el titulo de imputación por el que se pretende atribuir responsabilidad criminal a los funcionarios responsables de los citados organismos.

El juez se centra, siguiendo a Luzón, en el delito de estafa de inversores del 282 bis del Código Penal que se investiga en la causa. «La esencia, la médula del tipo delictivo, no es otra que el engaño, lo que requiere un dolo específico, de forma y manera que en ningún caso cabe la participación imprudente en un delito de estafa», señala el auto. Da la impresión de que el juez y el fiscal solo contemplan esta figura cuando, en rigor, será el juicio oral el que examinará las posibles calificaciones alternativas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sostiene que

la responsabilidad del órgano de control vendrá determinada por la imputabilidad del daño, en relación causal, a la omisión de aquellas actuaciones que razonablemente le fueran exigibles adoptar en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce para el ejercicio de su función o al ejercicio inadecuado de las mismas, atendiendo a las circunstancias del caso y a la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico, lo que supone una valoración propia de un órgano técnico con respecto a ese ámbito de decisión.

«SALVO EJERCICIO ARBITRARIO O INJUSTIFICADO»

Aunque parece evidente que apunta una excepción cuando dice: «Salvo que se produzca un ejercicio arbitrario o injustificado, erróneo en sus consideraciones fácticas o contrario a la norma». Por ello, para ponderar si aquellas facultades se han ejercitado razonable y proporcionalmente, hay que estar «a las circunstancias concurrentes al momento en que se tenían que adoptar», según sentencia del 27 de enero de 2009.

Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo no entra en esta excepción. Según la sentencia,

no concurren los requisitos legales para el nacimiento de la responsabilidad del Banco de España y la consiguiente obligación reparadora del daño, pues analizadas las actuaciones del demandado en relación con la salida de Bankia a Bolsa, no se advierte en el análisis individualizado de las mismas que se ha hecho ni en su apreciación conjunta que sean la causa del perjuicio patrimonial sufrido por los actores.

Tanto las actuaciones seguidas por el ICAC contra la empresa auditora Deloitte como los informes de los inspectores-peritos de Bankia del 4 de diciembre de 2014 son la base de otra demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra el Banco de España y la CNMV, que planteaban la responsabilidad patrimonial del Banco de España.

Y, en su auto, el juez Andreu cita la resolución de la misma sala de 21 de octubre de 2015, en la que se desestima la solicitud de los demandantes «dado que no se dan las circunstancias que hacen viable la responsabilidad patrimonial de los demandados».

Con su «línea de demarcación judicial» el juez Andreu viene a aplicar la célebre metáfora del lingüista polaco emigrado a Estados Unidos Alfred Korzybski, fundador de la semántica general, según la cual «el mapa no es el territorio». Una cosa es la realidad, lo que podríamos identificar con el territorio, y otra la interpretación que cada uno de nosotros hacemos de esa realidad, lo que sería el mapa.

La realidad del Banco de España y su actuación sería, siguiendo la metáfora, el territorio. Y mientras en el mapa de Herzog esa actuación es inspiradora del plan que conduce al desastre —concebido contra las propias normas por una autoridad omnipotente que se ha elevado por encima de la ley creyendo saber lo que conviene por su vasta experiencia—, el fiscal Luzón y el juez Andreu tienen otro mapa mental, en el que no puede tener cabida, ni por imprudencia ni por dolo, esa actuación. Punto pelota.

Para cimentar esta «línea de demarcación judicial», dentro de la cual ya están incluidos los auditores, sobre todo por voluntad del juez, y deben necesariamente quedar fuera —casi por «imperativo legal»— los altos cargos del Banco de España, por voluntad del fiscal y del juez, Andreu también acude a otros argumentos del fiscal Alejandro Luzón:

A estas resoluciones judiciales cabe añadir, como indica el Ministerio Fiscal en su informe, los dictámenes del Consejo de Estado de 14 de julio de 2014, de 23 de abril de 2015 y de 2 de julio de 2015, en los que dictamina sobre distintas reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Banco de España, solicitando sea declarada la responsabilidad concurrente y solidaria de dicho organismo, la del Ministerio de Economía, la de la CNMV y la del FROB, por los daños causados a los accionistas de Bankia, S. A. en la salida a Bolsa. Y en todos y cada uno de esos dictámenes el Consejo de Estado, tras analizar unos argumentos similares a los aquí expuestos por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) dictamina que no procede estimar las reclamaciones presentadas.

El juez cita en su auto una frase clave del abogado Herzog, la que sostenía, según hemos resumido, que

no hubo una verdadera supervisión. O peor aún, la supervisión consistió más bien en impulsar el SIP y fomentar la salida a Bolsa de Bankia, colaborando a la perpetración de los delitos objeto de investigación, que no se podrían haber cometido sin la actuación del Banco de España y la CNMV. No podemos hablar siquiera de captura del supervisor, pues era el propio supervisor el que, sobre la base de cuestionables criterios políticos, fomentó la huida hacia delante causante del inmenso quebranto patrimonial, lo cual en modo alguno serviría, por cierto, de atenuante de la responsabilidad que incumbe tanto a los gestores de BFA-Bankia como a los auditores.

EL SUPERVISOR HUYE HACIA ADELANTE

En realidad, esta idea —la de una conducta del supervisor que fomentó la huida hacia adelante contra las normas— remitía a esa excepción apuntada en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que rechazaba la responsabilidad de los supervisores tal como la planteaban los tres demandantes, «salvo que se produzca un ejercicio arbitrario o injustificado, erróneo en sus consideraciones fácticas o contrario a la norma».

El juez señala que «analizando las alegaciones efectuadas por la acusación popular y por las que pretende que comparezcan en el procedimiento las personas que en su escrito cita, se debe llegar a la conclusión de que la práctica de dicha diligencia es impertinente e inútil, por infundada».

¿Por qué?

Porque, según el juez, siguiendo al pie de la letra el informe de Luzón,

la única forma de participación de los mismos en los delitos investigados lo sería mediante la comisión dolosa de los mismos, lo que supondría que todos los funcionarios del Banco de España y de la CNMV, intervinientes en las labores de supervisión y control de las entidades bancarias afectas a esta instrucción, participaran de forma consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo, esto es: a la causación del perjuicio a los inversores, y ello dentro de un plan delictivo acordado con los querellados en el que a aquellos les correspondería hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción institucional, tal y como indica el Ministerio Fiscal. En efecto, no cabe otra forma de hablar propiamente de «participación» en sentido jurídico-penal. Y dicha elaboración fáctica es inverosímil.

Pero, además de cerrarse en banda, ignorando el planteamiento de la IGAE, que diferenciaba los informes de los inspectores respecto de lo que «interpretaban» sus superiores en el Banco de España, el juez y el fiscal van más lejos.

El informe del fiscal, que el auto del juez recoge, defiende las actuaciones del Banco de España —entidad que, cabe recordar, ha colaborado desde el principio de la causa de Bankia y de otros procedimientos con la Fiscalía Anticorrupción— al afirmar que «no solo no existen elementos en la causa que permitan sostener esta atribución —ni siquiera a título de dolo eventual—, sino que la misma resulta incompatible con la intervención que el Banco de España y la CNMV han tenido de cara a la corrección de malas prácticas en su momento detectadas».

¿Cuál es esa «intervención que han tenido de cara a la corrección de malas prácticas en su momento detectadas» antes, durante y después de lanzar Bankia a Bolsa? Ni el fiscal Luzón ni el juez Andreu dejan constancia de esa intervención.

¡AY, SU PASADO POLÍTICO, SEÑOR LETRADO!

El juez cree que ha lapidado la imputación de la cúpula de Banco de España y de la antigua CNMV. No termina sin antes remitir a la acusación popular hacia otros ámbitos diferentes de los tribunales para zanjar sus presuntos objetivos. Y no vacila en el ataque personal contra Herzog por su anterior pertenencia a UPyD. Ya nada más empezar la resolución reproducía lo que decía el fiscal comparando los argumentos del abogado de la acusación popular con los del sindicato extorsionador Manos Limpias. Pero ahora viene la traca final:

Para terminar, debe reprocharse a la parte acusadora su inadecuado enfoque del proceso y de la justicia penal, que no puede —en ningún caso— desempeñar un papel de suplencia general en la exigencia de responsabilidades de todo orden, como remedio al mismo tiempo exclusivo y exhaustivo de cualquier infracción del orden social o político, como en algunas ocasiones este juzgado ya ha advertido al letrado de la citada acusación, y que antes ostentaba la asistencia letrada de un partido político, sino que debe mantenerse en el ámbito que le es propio, en el que la responsabilidad penal es personal y solamente alcanza hasta donde alcanza la prueba.

No pretenda, señor letrado, viene a decir el juez Andreu, forzar los hechos, que yo me conozco el paño, que sé cómo sois los expolíticos; la prueba es la que hay y no da para más.

¿Y si hubiera más pruebas?

El juez tiene prisa. Y no lo oculta. Da una pista de lo que busca con su «línea de demarcación judicial», que pretende, definitivamente, según el deseo del juez, dejar fuera al Banco de España. He aquí su conclusión:

Y, finalmente, se debe tomar en consideración el momento procesal en que se realiza la presente solicitud, cuando la instrucción de la causa se encuentra prácticamente conclusa, después de una instrucción que este juzgado ha pretendido sea lo más minuciosa, rigurosa y exhaustiva, siendo así que se viene a realizar la presente solicitud después de nada menos que cuatro años desde que la misma se inició. En tales circunstancias la perspectiva con la que ha de contemplarse la incorporación como investigados de nuevos sujetos pasivos del procedimiento no es la misma que la del momento inicial de las actuaciones, pues se cuenta ya —como la dinámica procesal ha puesto de manifiesto— con el material necesario para decidir sobre la procedencia o no de dicha incorporación al proceso, siendo así que, y dada la insostenibilidad por la acusación popular en su escrito, no sea procedente la práctica de las diligencias interesadas en su escrito.

Hombre, Herzog, además ya estamos a un tris de acabar la instrucción. ¿Le parecen pocos cuatro años? ¿Y se le ocurre ahora venir con esto?¿No tuvo usted tiempo de solicitarlo antes?

El juez deja pendiente la citación del testigo José Antonio Casaus y la solicitud al Banco de España de los informes de inspección correspondiente al ejercicio 2012:

Por lo que se refiere a la diligencia de declaración testifical [del inspector Casaus] y documental interesadas en el mismo escrito [de Herzog], en resolución aparte se proveerá.

En esta frase críptica hay una clave. Y es que el juez Andreu y el fiscal Luzón se traen algo entre manos. La cúpula del Banco de España no ha sido imputada, pero la camarilla que actuó en el campo de juego tendrá que entrenarse para hacer su trabajo.

21
VAMOS A CONTAR MENTIRAS, TRALARÁ

El miércoles 6 de julio de 2016, el juez Andreu dicta un auto por el que considera «fundada» la petición de declaración como testigos de los funcionarios del Banco de España propuestos por la defensa del auditor. Y les cita para últimos de julio. Mariano Herrera y Julio Durán (martes 26 de julio), Jerónimo Martínez Tello (miércoles 27 de julio). Y José Antonio Casaus (jueves 28 de julio), propuesto inicialmente por la acusación popular y más tarde por el fiscal Luzón, quien ha incluido también a Pedro Comín (jueves 28 de julio), Pedro Bravo y Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV (viernes 29 de julio).

Declararán primero los tres testigos, funcionarios del Banco de España, que ha solicitado el auditor Celma —la «división acorazada» de la institución— y al día siguiente prestarán testimonio, por este orden, Casaus y Comín, su jefe en Bankia en el momento de la salida a Bolsa. Al día siguiente le tocará al inspector Bravo, antiguo subordinado de Casaus en dicha entidad.

Pero faltan más de veinte días para las declaraciones. Y el juez Andreu tiene que resolver sobre una solicitud original del exconsejero de Bankia querellado Antonio Tirado, expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia. A mediados de junio, la defensa de Tirado ha pedido al juez que requiera al Banco de España toda la documentación sobre Bankia en sus diferentes modalidades.

A su vez, el abogado Herzog se adhiere a la petición, pero añade una puntualización. Dado que el método habitual de trabajo de los inspectores es la comunicación a través de correo electrónico, pide al juez que en la solicitud al Banco de España se incluyan los correos de los inspectores.

El 26 de julio, el juez envía un oficio al Banco de España en el que solicita la información contenida en el denominado Sistema Integrado de Gestión de Actividad Supervisora (SIGAS) o en «cualquier otro mecanismo de comunicación, registro o archivo». También reclama las agendas previas a las reuniones periódicas y extraordinarias celebradas por el Banco de España con el área de Intervención de Bankia y con sus responsables de liquidez, y las conclusiones que «de manera informal y flexible» fueran elevadas a la jefatura por el equipo inspector.

Estamos a finales de julio. Por tanto, habrá que esperar hasta septiembre para conocer el material que aportará el Banco de España.

Las declaraciones de los responsables del Banco de España y de la CNMV, con vehemencia y énfasis, logran confundir a los menos expertos en cuestiones contables o financieras. Y, sin embargo, como en sus respectivos terceros informes de marzo de 2017 revelarían los inspectores-peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez, la práctica totalidad de sus respuestas carecen de conformidad con la regulación contable vigente, ya sea nacional —representada nada menos que por el Código de Comercio, así como por las normas que lo desarrollan (el Plan General de Contabilidad-PGC y la Circular 4/2004 del Banco de España que es la aplicación del PGC para bancos españoles)— como internacional —las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC y NIIF) adoptadas por la Unión Europa mediante Reglamentos de la Comisión—.

La falta de conformidad de las respuestas con las normas obedece, según los inspectores-peritos judiciales, en unos casos a que la norma expresamente manifiesta algo contrario a lo que responden los declarantes, y en otros, a que las declaraciones son una pura inventiva carente de ningún tipo de soporte legal.

Pero todos ellos exhiben un denominador común: usan los mismos argumentos. El espíritu de camarilla sigue vivo.

Las respuestas provocan una dinámica en la que, por ejemplo, el fiscal Luzón va formulando algunas de sus preguntas partiendo de la validez de las respuestas previas.

Todos los declarantes han sostenido que la creación de BFA, mediante el otorgamiento de determinados poderes a esta entidad cabecera por las siete cajas, supuso una «combinación de negocios» en el que BFA, S. A. era la entidad adquiriente.

¿Es esto verdad?

Como ya hemos visto, la constitución en junio de 2010 del Sistema Institucional de Protección (SIP) dio lugar a la creación de un banco (BFA) en el que el 100 % de sus acciones eran propiedad de las siete cajas. Sus órganos de gobierno estaban en manos de aquellas, y determinadas decisiones requerían o bien unanimidad o bien mayoría reforzada.

Este tipo de operación se denomina «negocios conjuntos» y, por ello, no podía ser calificada como «combinación de negocios», como ya alertara la IGAE en su informe para la Fiscalía Anticorrupción sobre Caja Madrid. La regulación de estas operaciones se encuentra en la Norma 44.ª de la Circular 4/2004 y en la NIIF 11 de la Unión Europea.

Pues bien, hete aquí que todos los declarantes han sostenido que la creación de BFA y determinados acuerdos con las cajas (que eran las propietarias del BFA) eran una «combinación de negocios» en la que BFA representaba a la entidad adquirente y las cajas, las adquiridas. Con ello, según los inspectores-peritos judiciales, no solo se violentó la regulación contable europea (en concreto la NIIF 3 y su párrafo B18), sino que se mostró un balance consolidado a 31 de diciembre de 2010 con unos fondos propios carentes de sentido contable, económico y financiero.

No era, por tanto, una combinación de negocios. Se disfrazó como tal para justificar una operación generalizada de encubrimiento.

Todos los testigos del Banco de España afirman que, cuando se produce una «combinación de negocios», se debe hacer un cargo en reservas para registrar los activos y pasivos a valor razonable.

¿Es acaso cierto?

Según los inspectores-peritos judiciales, en tal caso las compañías que se combinan no ven alterados sus estados financieros individuales, sino que, además de estos, es necesario preparar un balance consolidado —sin valor jurídico, pues los grupos económicos carecen de personalidad jurídica—. Para ello, al balance de la entidad adquiriente —BFA, si se admite la operación como una combinación de negocios— hay que agregar los activos y pasivos de las entidades adquiridas —los de las siete cajas— pero ajustados a su valor razonable, de acuerdo con la fecha de la combinación.

Eso es todo. Es decir, en las combinaciones de negocios ni se carga ni se abona nada a reservas en el balance consolidado que se formula por esa causa, y mucho menos en los balances individuales de las entidades que se combinan.

Según los inspectores-peritos judiciales, la norma de valoración 19.ª del PGC describe con precisión el proceso contable de las combinaciones de negocios al establecer cómo debe aplicarse el «método de adquisición» (19.ª.2), y aquí en este punto se puede apreciar la falta de verdad de lo que sostienen los testigos.

Los ejecutivos del Banco de España explican, con gran despliegue de presunta autoridad técnica en la materia, para impresionar, sobre todo al fiscal Luzón y al juez Andreu, que en las combinaciones de negocios el balance de las entidades que se van a combinar debe adecuarse al balance consolidado.

No es verdad. Según los inspectores-peritos judiciales, cuando se produce una combinación de negocios, los balances individuales de las entidades que se combinan no se deben alterar por el hecho de la combinación. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por la Dirección General de Regulación del Banco de España en su nota técnica de respuesta a las cajas, respecto a su deseo de cargar en reservas las pérdidas evidenciadas en diciembre de 2010.

Este hecho, aclaran los inspectores-peritos judiciales, aparece explícitamente recogido en el PGC —que es el marco conceptual de la contabilidad— al describir quién es el obligado a formular cuentas financieras:

El sujeto contable que informa como persona jurídica individual [cada una de las siete cajas y BFA, S. A., Bankia, S. A., etc.], en el marco de este Plan General de Contabilidad, lo hará con independencia del grupo de empresas al que pueda pertenecer [Grupo BFA-Bankia], sin perjuicio de las normas particulares recogidas en la segunda parte de este Plan y en los desgloses informativos que deban incorporarse en las cuentas anuales.

Los declarantes del Banco de España también sostienen lo que presentan como otra verdad incontrovertible: que en las combinaciones de negocios el valor razonable se calcula deduciendo al valor en libros las «pérdidas esperadas»; incluso alguno de los testigos sitúa estas pérdidas en un horizonte temporal de dos años.

Tampoco es así.

El valor razonable, aclaran los inspectores-peritos judiciales, se establece en toda la regulación contable, tanto europea como española. En concreto, la Circular 4/2004 del Banco de España contiene una definición al decir que: «El valor razonable es el precio que de manera racional y fundada se obtendría por parte de un vendedor y el más ventajoso que sería posible para un comprador», y además dedica toda una norma (14.ª) a desarrollar la metodología que debe ser utilizada para estimar el valor razonable, incluido un apartado completo dedicado a «aspectos específicos relativos al uso de valores razonables en las combinaciones de negocios» (apartado C).

En ningún párrafo de esta noma se concluye, según los inspectores-peritos, que el valor razonable se obtenga por estimación de la denominada por los testigos «pérdidas esperadas» y aún menos que estas, de estimarse, puedan ser utilizadas por las entidades. Es más, respecto de este tipo de pérdidas, la NIC 39 adoptada por la Unión Europea dispone que: «Las pérdidas esperadas como resultados de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocerán».

Otra de las coincidencias clave de la camarilla se refiere a las provisiones. Las cajas trasladaron las provisiones —pérdidas por deterioro del riesgo de crédito— a Bankia cuando esta compró, el 1 de enero de 2011, sus activos y, por tanto, podía hacer uso de ellas —de las provisiones que parecen denominar «específicas pendientes de asignación» o pepas—.

Es falso. Los inspectores-peritos judiciales muestran que, de acuerdo con las normas, únicamente pueden dotarse (y por tanto usarse) las provisiones por deterioro desde la fecha en que se adquiere un activo (NIC 39 y Circular 4). Por tanto, Bankia y también BFA únicamente podían disponer de los deterioros ocurridos en 2011, fecha en la que adquirieron los activos y asumieron los pasivos de las cajas. Para el caso de la salida a Bolsa de Bankia, puesto que las cuentas utilizadas fueron las de 31 de marzo de 2011, los únicos deterioros que podían recoger eran los habidos en el primer trimestre de 2011.

Este reconocimiento de deterioros, solo y únicamente desde la fecha en que se adquieren los activos, es igualmente válido para el balance consolidado del Grupo BFA. Este grupo se había constituido, a efectos mercantiles y contables, el día 31 de diciembre de 2010. Por tanto, las únicas pérdidas (provisiones) que podían registrarse en los libros consolidados del grupo eran las que tanto las cajas como BFA hubieran constituido desde esa fecha, es decir, las pérdidas que surgieran desde el día 1 de enero de 2011, incluido este día. Esta forma de proceder aparece explícitamente recogida en el PGC (norma 19.ª.2):

El método de adquisición supone que la empresa adquiriente [consolidado BFA] contabilizará, en la fecha de adquisición [31 de diciembre de 2010] los activos adquiridos y los pasivos asumidos [de cada una de las siete cajas] en una combinación de negocios, así como, en su caso, la diferencia entre dichos activos y pasivos y el coste de la combinación de negocios [no procede en el caso del Grupo BFA] de acuerdo con lo indicado en los siguientes apartados. A partir de esa fecha se registrarán los ingresos y gastos [incluidos los deterioros de valor de los activos], así como los flujos de tesorería que correspondan.

Se ha dado a entender por los testigos al comentar la contabilización de las pepas que no es posible cuestionar la existencia de esas provisiones en Bankia porque con este tipo de provisiones específicas pendientes de asignación se acometió el saneamiento de las carteras crediticias durante la crisis.

Con todo, esta conducta no justificaría el incumplimiento de la ley. Pero es interesante saber: ¿fue así? Hay dos ejemplos que desmienten la teoría de que se habría actuado así en todas las entidades. En concreto, no ha sido el caso del Banco Santander, cuando se queda por el precio de un euro con el Banco Popular; tampoco en el del BBVA, cuando se quedó con Catalunya Bank, se generaron pepas.

¿Y por qué este comportamiento asimétrico entre «todos» los que contabilizaron pepas, comohansostenido algunos declarantes, y los dos grandes bancos españoles?

Elemental. Pues porque ambos bancos negocian sus acciones tanto en la Bolsa de Madrid… como en la Bolsa de Nueva York. Y para ambos mercados la información contable de los emisores de valores admitidos a negociación es la pieza informativa más relevante. Eso lleva a los supervisores a dedicar grandes recursos al chequeo y revisión para asegurar el cumplimiento de las leyes y las normas.

La CNMV, por ejemplo, actuó totalmente como un supervisor ciego a la hora de verificar la información tanto de los folletos como de las cuentas que le fueron sometidos para transmitir al mercado.

Y el Santander y el BBVA saben que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos no es un coladero, por lo que sus estados contables son rigurosamente sometidos a estudio todos los años por un equipo de funcionarios del organismo. Sabían ambas entidades que las pepas no pasarían allí el test, como sí se consiguió pasar con la CNMV de Julio Segura y Fernando Restoy en 2011.

Otra afirmación lanzada como verdad inapelable: el activo de un banco recoge las deudas de los prestatarios. Las provisiones son la diferencia entre el importe de la deuda de los prestatarios y lo que el banco considera que va a ser capaz de recuperar.

Los testigos, cierto es, consiguen algo muy preciso: organizar un galimatías al tratar de hacer creer que del balance de un banco (o de cualquier empresa) se pueden inferir las deudas de sus clientes. Se trata de una imprecisión que solo puede confundir a los menos expertos, pues una cuestión es el valor de un préstamo o de un bono en el activo de una empresa y otra bien distinta es la deuda que tiene el prestatario o el emisor de un bono. Que esta confusión la genere el socio de una firma de auditoría internacional como es Deloitte, que audita bancos, es grave, y que lo hagan ante un juez y un fiscal algunos de los supervisores que así se han pronunciado es más que preocupante para los ciudadanos, porque revela en manos de quién estaba la supervisión.

Según los inspectores-peritos judiciales, el valor de los activos financieros (préstamos, bonos y otros) en el balance de un banco (o de cualquier empresa) es el que se desprende de determinados criterios de valoración contable, según cual sea la cartera en que se vayan a incluir (coste amortizado o valor razonable). Estos criterios vinculan el precio pagado por adquirir el activo financiero —otorgando un préstamo o comprándoselo a otro banco, por ejemplo, neto de comisiones facturadas al inicio— con las cuotas del préstamo, del bono o del activo financiero que se trate, las cuales se desprenden del contrato de préstamo o del folleto de emisión del bono, descontados a un determinado tipo de interés —que se estima al contabilizarse por primera vez por equivalencia financiera— menos, en su caso, los posibles ajustes por deterioro (provisiones por riesgo de crédito) habidos con posterioridad. Cuando el activo financiero se contabiliza por su valor razonable, este responde al precio que el mercado estaría dispuesto a pagar por adquirirlo, en la fecha a que se refiera el balance. Y estos valores son los que deben aparecer como activo en el balance.

Por el contrario, la deuda del prestatario (o del emisor de los bonos) es la que se desprende de su contrato (por ejemplo, una hipoteca), que será la suma de las cuotas que el prestatario aún debe, hayan vencido o no. Por tanto, la deuda de un prestatario no puede de ninguna de las maneras obtenerse directamente del balance del banco.

Por ejemplo, si un préstamo tiene dos cuotas impagadas de 100 euros cada una de ellas, y un importe principal sin vencer de 10.000, el importe de la deuda es de 10.200. Si un banco compra este préstamo por 500, el valor del préstamo en el activo en el balance del banco será 500 y la deuda del deudor, 10.200. Otro caso: si un banco otorga un préstamo de 10.000 y cobra una comisión inicial al prestatario de 1.000, el importe de la deuda inicial es 10.000 y, sin embargo, el valor del préstamo en el balance del banco será de 9.000.

Si, en ambos ejemplos, los préstamos necesitasen provisiones del 25 %, su valor en el activo del balance del banco sería de 375 y 6.750, respectivamente; es decir, tendría unas provisiones por deterioro de 125 y 2.250, en cada caso. La deuda de los prestatarios sería de 10.200 y 10.000, respectivamente.

Estos ejemplos, al contrario de lo afirmado por algunos de los declarantes, como Francisco Celma, Jerónimo Martínez Tello y Pedro González, muestran que no existe vínculo que permita obtener el importe de la deuda de un prestatario a partir del valor de los préstamos (con o sin provisiones por deterioro) en el balance del banco.

El punto crucial: el precio de salida a Bolsa no produce ningún efecto ni en los libros de BFA ni aun en los libros de Bankia.

Falso. Los inspectores peritos-judiciales lo relatan cada uno de ellos ya en su primer informe para el juez Andreu. Si se coge la punta del ovillo del caso de Bankia se entiende lo que ha pasado. El 1 de enero de 2011, cada una de las siete cajas transfirió sus activos y pasivos, primero a BFA y este a Bankia, a cambio de acciones emitidas por una y otra sucesivamente. Esto dio lugar a una ampliación de capital de BFA y Bankia con aportación no dineraria que dio lugar a:

a) Un incremento del patrimonio neto de BFA desde 18 millones de euros el 31 de diciembre de 2010, hasta 7.093 millones el 1 de enero de 2011, que recibieron las siete cajas en forma de acciones.

b) Un incremento el día 1 de enero de 2011 del patrimonio neto de Bankia (hasta entonces denominada Altae) de 12.000 millones de euros (valoración realizada por la auditora BDO a partir de las valoraciones dadas por AFI que habían servido para formular el balance consolidado de 2010), representado por 908 millones de acciones. Este importe fue el que se registró en el activo de BFA como valor de la participación y era el que aparecía en la salida a Bolsa de Bankia.

Estos importes daban lugar a un valor teórico contable de cada una de las acciones de Bankia de 15,41 euros (13,33 en los libros de BFA). Como quiera que todos los activos y pasivos de BFA y de Bankia debían estar puestos al valor razonable del día 1 de enero de 2011, por ser la fecha de su transferencia, estos valores teóricos por acción debían reflejar en los primeros meses de 2011 —con más elevada certidumbre que en ningún otro banco en toda España— el valor de mercado de las acciones de Bankia, puesto que estas no eran más que la diferencia del valor de los activos y los pasivos, a valor razonable (precio de mercado) del día 1 de enero de 2011.

Pero sorpresa, sorpresa.

Resulta que BFA ofrecía, en julio de 2011, 824,6 millones de nuevas acciones de Bankia —que suponían incrementar en un 91,6 % el número de acciones emitidas de Bankia y entregadas a BFA— en una banda de precios (4,41 euros-5,05 euros) notoriamente inferior al que lucían las acciones ya emitidas y en poder de BFA.

Esto suponía, como subraya el inspector-perito Víctor Sánchez, que había un derecho preferente de suscripción por acción a favor de BFA como único accionista de Bankia. He aquí la fórmula que ofrece el inspector-perito:

Valor Derecho de Suscripción Preferente (VDSP) = 824,6 millones de acciones nuevas × (15,41 euros − 4,41 euros) / 824,6 + 908 = 5,24.

Es decir, según Sánchez, para que la operación se realizara en equilibrio financiero, cada nuevo accionista debería haber pagado por las acciones nuevas no menos de 9,65 euros (4,41+ 5,24), a fin de compensar al antiguo accionista (BFA) por ofrecer acciones a 4,41 euros que en los libros de Bankia valían 15,41.

El derecho de suscripción preferente está regulado en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y también lo está la posibilidad de emitir acciones nuevas sin este derecho (arts. 308, 504 y 505 de la LSC). Es decir, de «excluir el derecho de preferencia», si bien en estos casos la LSC establece cautelas que suponen que las nuevas acciones se deben emitir a un «precio mínimo», que será el que determine un experto independiente (para sociedades no cotizadas) o el valor teórico que resulte del balance (para cotizadas).

Pero los administradores de BFA encontraron una artimaña que evitaba la LSC. La argucia consistió en que Bankia emitía estas acciones nuevas no con «exclusión» del derecho preferente de suscripción —lo que le hubiera impuesto un precio mínimo de emisión que sería el valor teórico (15,41 euros)—, sino que, según el folleto de emisión, BFA «renunció» al derecho de suscripción preferente (Capítulo IV. 9. Dilución). Es decir, BFA estaba dispuesta a hacer un regalo a los futuros accionistas de 4.757,9 millones de euros. Increíble, en general, pero más aún en plena tormenta financiera del verano de 2011.

Esta renuncia al derecho preferente de suscripción (estimada en 4.757,9 millones de euros) debería haber sido inmediatamente contabilizada por BFA como una pérdida, pues este importe al que estaba dispuesto a renunciar para dar entrada a nuevos accionistas era el regalo que iban a recibir inmediatamente después de desembolsar el efectivo requerido por las nuevas acciones, esto es, 3,75 euros, que fue el precio final. Pero no registró ningún deterioro inmediatamente después de conocer su existencia, es decir, al emitir el folleto en junio de 2011.

Aun así, según el inspector-perito judicial Sánchez, surge otra cuestión que evidencia la falacia de la presunta «renuncia» que solo se hacía para evitar la LSC (pues la «exclusión» del derecho hubiera impedido ofrecer las nuevas acciones a valores alejados de 15,41 euros).

¿Cómo es posible que las siete cajas, que en el año 2010 habían visto disminuir su patrimonio en 9.207 millones por pérdidas (indebidamente) cargadas contra sus reservas (7.619 millones), solo seis meses después, en junio 2011, estuvieran dispuestas a ofrecer un regalo de 4.757 millones, dinero que les hubiera compensado de una buena parte de aquellas pérdidas?

¿Cómo es posible que ninguna caja plantease una cuestión de probable delito societario por regalar dinero?

¿Cómo es posible que el Banco de España, que era consciente de las necesidades de capital de BFA y de Bankia, consintiese que se regalasen esos 4.757 millones?

¿Y que la CNMV no exigiese la inmediata rectificación de la información contenida en el folleto, incluidas las cifras de balance?

Pero ¿cómo era posible que unos balances (los de BFA y Bankia) con todos sus activos y pasivos a valor razonable del día 1 de enero de 2011 se ofrecieran tres meses después con un descuento del 74 %?

A estas preguntas solo les cabe una respuesta. Según explica el inspector-perito Sánchez, no había ninguna renuncia al derecho preferente de suscripción porque el valor de este derecho en la salida a Bolsa de Bankia era nulo. A nada, económicamente hablando, renunciaban BFA y las siete cajas porque el valor de ese derecho en el caso de Bankia era nulo. El valor por el que los activos se habían trasferido primero desde las cajas a BFA e inmediatamente desde este (y sin correcciones de valor) a Bankia eran muy superiores a los de mercado.

Es decir, el precio ofrecido por BFA para las nuevas acciones en la OPS (finalmente, 3,75 euros) mostraba ya lo que los administradores no habían reconocido en su balance, a saber: que el importe por el que los activos aparecían en los libros tanto de BFA como de Bankia estaba muy sobrevalorado. Ni el auditor había cuestionado esta valoración en su informe (el ICAC ya alertó de la falta de evidencias de auditoría en la valoración de los activos, y es uno de los motivos de la sanción impuesta a Deloitte) ni los supervisores del Banco de España y de la CNMV, respectivamente, exigieron corregirla.

¿Qué significa esto? Pues que había que registrar el verdadero valor razonable de los activos y que estos, tras deducir los pasivos, debían mostrar un valor patrimonial de cada una de las acciones de Bankia (3,75 euros por acción), importe que suponía no solo una pérdida del valor de las acciones de Bankia para BFA, S. A., sino también para la propia Bankia, ya que el balance de esta era la segregación de negocio bancario (supuestamente el mejor) de BFA.

Es decir, las acciones de Bankia en poder de BFA y el balance de Bankia antes de salir a Bolsa eran lo mismo. De hacerse esta corrección de valor, solo en los libros de BFA, S. A., como dio a entender el entonces subgobernador, Fernando Restoy, el balance consolidado hubiera sido incorrecto porque las acciones de Bankia en BFA no eran más que el valor neto de los activos menos los pasivos segregados a Bankia.

Precisamente, al informar favorablemente el 11 de mayo de 2012 sobre la propuesta de nacionalización de BFA-Bankia, a través de la conversión de participaciones preferentes en acciones en manos del FROB, Pedro González y José Antonio Gracia, ponían de relieve, por primera vez en un documento oficial, el problema creado con el descuento del 74 % en la salida a Bolsa como si fuese un «hecho» reciente, cuando en realidad ese precio mostraba ya la bancarrota de BFA nada más salir Bankia a Bolsa el 20 de julio de 2011.

Todo el deterioro que desde la creación del SIP se fue esquivando, violando la ley mercantil, se desmoronó con la fijación del precio de venta de las nuevas acciones emitidas por Bankia en julio de 2011.

Aun así, la connivencia de administradores-auditores-supervisores permitió continuar con la farsa financiera nueve meses más, huyendo hacia el colapso definitivo.

Tras una combinación de negocios, las empresas disponen, en casos excepcionales, de un periodo para fijar definitivamente los datos del balance consolidado. Este periodo termina cuando se dispone de suficientes evidencias o como máximo de un año.

Pues bien, según los inspectores-peritos, dos situaciones son determinantes para mostrar que ese supuesto periodo (que solo afectaba al consolidado de BFA pero no al individual, ni en ningún caso a Bankia) pudo haber terminado el día 1 de enero de 2011, cuando se realizó la ampliación de capital de Bankia para liquidar los activos adquiridos a las cajas. O terminó el día 23 de mayo de 2011, cuando las siete cajas acordaron disolver el SIP e inscribirlo en los registros mercantiles de sus provincias correspondientes.

En todo caso, según los inspectores-peritos judiciales, este hecho hubiera afectado únicamente a los estados consolidados de BFA —pues eran los que por primera vez se habían formulado en 2010 y los que podían beneficiarse de este periodo excepcional—. Pero ni BFA, S. A. ni Bankia, S. A. disponían de este periodo porque sus operaciones de adquisición de los activos a las cajas se hizo en 2011 y la operación, entre entidades del mismo grupo, ya no era una «combinación de negocios».

Algunas de estas afirmaciones de la camarilla hubieran podido tener un contrapunto en julio, si el programa de declaraciones de los testigos no hubiese sufrido una alteración.

Pero, cuando recibe su citación, José Antonio Casaus informa al juzgado de que ya tiene billetes adquiridos para viajar fuera de España en las fechas en las que debe declarar (28 de julio) y solicita aplazar su comparecencia. Casaus viajaba a Inglaterra por razones familiares.

El juez Andreu le cita para el 5 de septiembre. De ser el jamón del sándwich entre Martínez Tello y Comín, quien previsiblemente sería reforzado por Bravo al día siguiente, Casaus será el último del Banco de España en prestar declaración.

La guinda.

El 29 de julio, al mediodía, casi en coincidencia con el final de la ronda de declaraciones testificales de los directores generales del Banco de España y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) de Basilea y el Banco de España, ha sido nombrado presidente del Financial Stability Institute (FSI) un organismo de coordinación de bancos centrales, cargo que deberá ocupar el 1 de enero de 2017.

El concurso para cubrir la vacante dejada por Josef Tošovský ha sido anunciado en el tablón de demandas de empleo del BIP el 25 de abril de 2016 y el plazo que tenían los aspirantes para presentar su solicitud vencía el domingo 29 de mayo de 2016. El FSI es un organismo del BPI para coordinar actividades de los bancos centrales.

Jaimer Caruana —él y Restoy han trabajado en el Banco de España— señala en el comunicado del BPI:

Estoy encantado de que tengamos un individuo con la experiencia y la talla de Fernando Restoy para suceder a Josef Tošovský al frente del FSI. Él es la persona ideal para aprovechar los logros de Josef y llevar adelante el programa de FSI, que ha sido tan importante para ayudar a los supervisores a fortalecer sus sistemas financieros en los últimos 17 años.

La salida de Restoy del Banco de España supone abandonar puestos ejecutivos como el de subgobernador y el de presidente de FROB para tomar distancia —«esperar hasta que escampe»—, reflejo del desgaste sufrido a raíz de la investigación judicial de la Audiencia Nacional y los enfrentamientos internos en el Banco de España y el FROB con los inspectores-perito judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez.

Mientras, en la Plaza de Cibeles, sede del Banco de España, Pedro González es una de las personas que va a cumplimentar, como ya ha hecho con otras peticiones judiciales, la solicitud del juez Andreu para que la entidad aporte al juzgado las comunicaciones entre inspectores y gestores de Bankia y entre los inspectores y sus jefes. La entrega se realizará en los primeros días de septiembre, pero requiere la revisión de una extensa documentación.

Entre los documentos se encuentran los correos intercambiados entre los inspectores que están in situ en Bankia y sus superiores.

¿Aportará el Banco de España todos los correos o hará una selección? En tal caso, ¿con qué criterio?

En suma: ¿enviará el Banco de España al juez lo que se podría llamar, en términos aeronáuticos, la caja negra de Bankia?

22
TESTIGO DE CARGO: «YO, CASAUS»

El lunes 5 de septiembre de 2016 el que fuera cabecera del equipo de inspección en BFA-Bankia, el inspector del Banco de España José Antonio Casaus, presta declaración en calidad de testigo ante el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional durante dos horas. La propuesta inicial de citarle a declarar ha partido de Andrés Herzog, a la que se adhirió el fiscal Alejandro Luzón. En su testimonio, Casaus explica que el Grupo BFA-Bankia era inviable porque ya en los momentos anteriores a salir a Bolsa constituía «una máquina de perder dinero», puntualiza que la salida a Bolsa no era la solución y que acabaría —como ocurrió— con su «nacionalización». Casaus cuestiona la honradez del equipo gestor encabezado por Rodrigo Rato y apunta que sin un cambio de control en el Grupo BFA-Bankia en aquel momento (la fusión o integración con una entidad más potente) la crisis sería inevitable.

He aquí las respuestas de Casaus al abogado Andrés Herzog, el primero en interrogarle:

Yo me incorporo a Caja Madrid, que fue una de las siete cajas integrantes, como responsable del seguimiento continuado del Grupo Caja Madrid, en noviembre de 2009. En junio de 2010 se anuncia la constitución de Caja Madrid, Bancaja y las otras cinco cajas más pequeñas, y me encargo del seguimiento continuado in situ del nuevo grupo, del Grupo BFA-Bankia. Y así permanezco hasta septiembre de 2011, cuando se incorpora otro compañero que pasa a ser corresponsable del equipo de seguimiento del Grupo BFA-Bankia. Nos dividimos las funciones, aunque evidentemente lo compartimos todo, además de una gran amistad, y me mantengo como responsable o corresponsable del grupo de seguimiento in situ del Grupo BFA-Bankia hasta julio de 2013, en que me llaman del Banco de España para desempeñar otras responsabilidades en la supervisión. En julio de 2013 fui promocionado a jefe de grupo de unas entidades de banca extranjera y de algunas cooperativas de crédito.

Yo era, pues, «cabecera» en el Grupo BFA-Bankia. El inspector cabecera es el responsable del equipo de inspección continuado y este desarrolla su actuación supervisora en la sede de la entidad. El cabecera tiene que coordinar al equipo de seguimiento y este tiene como objetivos fundamentales: 1) analizar bien una entidad de crédito y sus aspectos clave, que son la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y la gobernanza; 2) concluir el perfil del riesgo supervisor que tiene dicha entidad de crédito, y 3) informar debidamente de todo a la jefatura en Cibeles [Banco de España], que empieza por jefatura de grupo, coordinador ejecutivo de departamento, jefe de departamento, director adjunto de supervisión, director general de supervisión, comisión ejecutiva y consejo de gobierno del Banco de España. El equipo de seguimiento es analítico, la jefatura es toma de decisiones; cada uno en su nivel dentro de la escala.

La relación con los jefes de grupo era flexible en cuanto a la forma de las comunicaciones. Es decir, lo importante del equipo de seguimiento es analizar y concluir el perfil supervisor e informar debidamente a la jefatura, pero no hay una rigidez en cuanto a qué instrumento deba utilizarse para informar a la jefatura, desde una llamada de teléfono, oye que nos han dicho esto; puede ser un correo electrónico, un email; puede ser el informe de seguimiento con periodicidad definida para informar a la jefatura, pero no tiene que por qué ser el único, puede ser una reunión en Cibeles, que te llaman y lo cuentas de manera verbal, con o sin un soporte documental. A esas reuniones asistía a veces el jefe de grupo. En ese caso no mandábamos un correo porque lógicamente se había enterado personalmente. Y luego, por ejemplo, las de liquidez; recuerdo que las hacía una compañera, no las hacía yo.

Cuando se constituye el SIP —creo que fue el 14 de junio de 2010—, era jefe de grupo Javier del Río; pocas semanas después accede Pedro Comín a la jefatura de grupo y está hasta septiembre de 2011, que le nombran en el FROB; pero a efectos prácticos, Pedro Comín estuvo desde finales de julio de 2010 a septiembre de 2011 como jefe de grupo.

Sobre la salida a Bolsa de Bankia hubo varios correos electrónicos. Hay que enmarcar el tema. En febrero de 2011 se había aprobado una normativa que incrementaba los requerimientos de capital para las entidades de crédito y establecía la obligación de remitir un plan de capitalización en el que se definiera cómo se pensaba hacer frente a ese incremento de capital. Había un plazo para remitirlo, no sé si eran cuatro meses, hasta julio de 2011. Pero, informalmente, antes de enviarlo y [ser] aprobado por el consejo de administración de BFA-Bankia, este grupo se había decantado por la opción de salir a Bolsa como primera alternativa para cumplir con los requisitos de incremento de capital. La salida a Bolsa era la primera opción. La segunda opción era la entrada de un grupo de inversores institucionales con un 20 % del capital, y la tercera, ponerse en manos de una intervención.

En ese contexto, este plan de capitalización tenía que ser aprobado o denegado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Eso siempre lleva a unos trámites, unos informes previos, el primero de los cuales se remite a la Comisión Ejecutiva y, lo prepare quien lo prepare, debe ir firmado por el jefe de grupo y el jefe de departamento. A partir ahí, hay un informe del director general, firmado por él, y se dirige a la Comisión Ejecutiva. Y esta, de acuerdo a estos dos documentos, toma la decisión.

Nosotros no participamos en el informe dirigido a la Comisión Ejecutiva. Sí fuimos consultados sobre qué nos parecía ese camino adoptado por la entidad respecto a cumplir los requisitos de la normativa vigente con la salida a Bolsa y, en particular, con la estructura de doble banco, que estaba pendiente de definir. Pero en aquellos momentos, abril, mayo de 2011, no existía ni BFA ni Bankia.

Se nos consultó al equipo de seguimiento sobre qué nos parecía la salida a Bolsa con la estructura de doble banco. Nosotros manifestamos en varios correos —yo al menos mandé dos en abril y dos en mayo de 2011—que ese plan no nos parecía la solución para el grupo, porque veíamos que ese grupo no era viable; no era viable en esos momentos si no existía un cambio de control.

No era viable por varias razones. Era inviable como grupo si no había un cambio de control y por tanto, si bien la salida a Bolsa con la estructura de doble banco podría solucionar temporalmente los problemas de capitalización del grupo, en la medida en que consiguiera captar en el mercado la cantidad que preveían —entre 2.000 y 3.000 millones de euros, aunque finalmente fueron 3.092 millones—, eso no solucionaría los problemas del grupo y acabaría, en más o menos meses, en la nacionalización del grupo.

¿Por qué creíamos que no era viable el grupo?

Porque nosotros, repito, que veníamos del equipo de seguimiento de Caja Madrid, teníamos una visión de solo la mitad del grupo, no de las otras cajas. El grupo termina de constituirse a finales de 2010. Y no tenemos información contable del grupo hasta el primer trimestre, es decir, el 31 de marzo de 2011. Creo que fue el 8 o el 10 de abril cuando vemos la evolución del grupo, su desarrollo, del primer trimestre de 2011. Estoy hablando del Grupo BFA-Bankia.

Lo que observamos, para que se entienda, es que era una máquina de perder dinero. No le daba, de manera recurrente, para sanear nada de su cartera crediticia y además la tendencia era muy negativa y muy decreciente.

¿Por qué? Porque los costes financieros eran cada vez mayores, había más dudas sobre la capacidad de repago, había una montaña de vencimientos mayoristas de 32.000 millones de euros para afrontar en dos años y, claro, cada renovación de financiación mayorista en vez de pagar el 2 % pagaba el 8 %. Y los depósitos minoristas lo mismo. Era la época en la que pagaban por los depósitos un 4 % o un 5 %, en vez del 0,25 % que se paga ahora.

Todo ello, junto con el hecho de que los ingresos iban disminuyendo, originaba una tendencia claramente decreciente. Entonces nuestra labor analítica, que es nuestra actividad, no la contable, que también tiene su importancia, evidentemente, veíamos que ese grupo iba para abajo y que por captar dinero no iba a invertirse la tendencia. Estábamos, por así decirlo, en un punto de no retorno.

Y nosotros predicábamos que tenía que haber un cambio de control [del Grupo BFA-Bankia].

¿Por qué? Porque en un cambio de control, si te absorbe un grupo grande con fortaleza financiera, los acreedores del mercado que te tienen que refinanciar posiciones que van venciendo podrán confiar en la posibilidad de que les devuelvas el dinero y te pedirán un menor tipo de interés; por tanto, la cuenta de resultados podría empezar a girar. Pero, además, porque la gobernanza [gobierno corporativo y gestión] del grupo era, bueno, según la calificábamos en el informe, mejorable.

¿Por qué? Nosotros pensamos que los gestores de un banco tienen que cumplir al menos cuatro requisitos: compromiso, capacidad, credibilidad ante el mercado y honradez, definida, ojo, como el hecho de anteponer los intereses de la entidad a los suyos.

La credibilidad ante el mercado la tenían perdida porque era un grupo que había necesitado ayudas públicas para las cajas, y en cuanto a la honestidad definida como anteponer los intereses de la entidad a los suyos propios, las políticas retributivas, digo en cuanto a variable [bonus], tanto en Caja Madrid, en 2009 y 2010, como en Bankia, y las condiciones de reducción del personal en 3.000 personas, con un coste de 1.300 o 1.400 millones de euros cuando podía haberse hecho con 500 millones, demostraba claramente que estaban por la labor de defender una tranquilidad social y un relax que era contrario a lo que requería el grupo en esos momentos.

Entonces, en definitiva, veíamos que era un grupo inviable en tanto no hubiera un cambio de control. Esa no era la propuesta en el plan de capitalización. Y eso lo dijimos al menos en cuatro ocasiones [cuatro correos electrónicos, dos en abril y dos en mayo de 2011].

Para mí unos buenos gestores deben tener capacidad. Capacidad, compromiso, credibilidad ante el mercado y honradez. ¿Cómo se puede decir que [unas entidades] son sólidas y solventes como se decía en el informe de 2010? Creo que yo participé en el informe de seguimiento. Son conceptos relativos. Cumplían [según el informe de 2010] determinados ratios de solvencia y logran mantener algunos ratings externos de calificación; y, por tanto, cumplían con los determinados conceptos de solidez y solvencia tal y como estipula la norma, que es lo que debía interpretarse.

Y, dicho lo cual, no debemos olvidarnos que la exigencia de «solidez y solvencia» era una condición para recibir ayudas públicas. O sea, entidades sólidas y solventes, que han requerido ayudas públicas. Es decir, yo no criticaría esa parte del informe [de seguimiento del Banco de España]. Creo que cumplía lo que definía la norma que debía entenderse por entidades sólidas y solventes. Cuando decimos viabilidad, lo primero es analizar la entidad, la solvencia y la gobernanza.

Pero el aspecto clave de cualquier negocio es la rentabilidad, que una empresa sea capaz de generar de manera recurrente beneficios con los que atender a sus acreedores y retribuir a los accionistas de manera apropiada. La generación recurrente de resultados. Cuando digo recurrente quiero decir que nosotros depurábamos lo extraordinario. Usted puede hacer una venta de cartera que genere 1.000 millones de beneficio. Y está muy bien, y contablemente habrá que registrarlo. Insisto, nosotros contablemente no poníamos tanto énfasis. Analíticamente, sí. Usted registraba un beneficio de 1.000 millones y contablemente no hay nada que decir. Pero yo en mi análisis lo quito, porque eso es un one off; es hoy lo tienes, pero mañana ya no lo tienes.

La generación recurrente de resultados va a atender a las necesidades de tu cartera crediticia. Y nosotros lo que veíamos es que la generación recurrente de resultados del primer trimestre de 2011 del Grupo BFA-Bankia era cero. No tenía capacidad para atender nada, ningún saneamiento. Además, la tendencia era negativa. Con lo cual lo que iba era a generar pérdidas antes siquiera de sanear un solo euro de su cartera crediticia. Por lo tanto, las dudas sobre la viabilidad o sobre la generación recurrente de resultados, en principio, no tienen nada que ver con que pensáramos o no que hubiera saneamientos adicionales.

En las cuentas de la salida a Bolsa, nosotros no entrábamos en el aspecto técnico-contable. Ya he definido cuál es la labor del equipo de seguimiento; la función no es analizar las cuentas, eso le compete a la entidad y, en concreto, al consejo de administración por imperativo legal. No es tampoco la de verificar si las cuentas anuales reflejan o no la imagen fiel, que es competencia de los auditores externos. No es tampoco la de formular observaciones a las cuentas anuales de la entidad, que es algo que le compete y que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ni siquiera es pronunciarnos sobre si una determinada cartera crediticia de la entidad está bien clasificada y bien provisionada, que eso puede ser responsabilidad y, naturalmente, sí que importa. Con esto no digo que la contabilidad no importe —sería una barbaridad decir eso—, pero el revisar si una cartera crediticia está correctamente contabilizada y provisionada puede ser responsabilidad del equipo de inspección —cuando hay un procedimiento que se constituye en un equipo de inspección—, como ha ocurrido en Caja Madrid.

¿Faltaban saneamientos en BFA-Bankia?

A mi juicio, analíticamente, faltaban saneamientos. Nosotros hemos analizado Caja Madrid y dijimos: creemos que pueden faltar 8.000 millones antes de la integración, pero, claro, eso no es requerible [no teníamos capacidad para exigirlo]. Aquí estamos hablando de potestades administrativas, que tienen que estar sujetas al derecho administrativo en todo el procedimiento, y con toda la garantía y la cautela para el administrado.

Yo puedo analíticamente decir que con los promotores se va a perder un 25 % porque mi juicio experto dice esto: un perjuicio contabilizado al 10, si le falta un 25 % sobre tantos millones de promotores, le faltan 4.000 millones. Y esta cantidad de hipotecas tienen que estar al cinco, y están a un tres, pues le falta un dos. Y esas cosas que analíticamente tienen todo el sentido del mundo y toda la defensa, yo, eso, no lo puedo requerir contablemente. Tengo que poner cara y nombre y apellidos concretos: ¿qué promotores? ¿4.000 millones? Deme la factura concreta. ¿Cuánto es de Martinsa? ¿Cuánto es de Sacyr?

Desde el punto de vista analítico, para mí, si a Caja Madrid le faltaban ocho [8.000 millones] a todo el grupo le faltaban unos dieciséis, otros ocho [8.000 millones]. ¿Por qué? Porque Caja Madrid era un poquito más grande, pero Bancaja tenía pinta de estar más deteriorada por la expansión crediticia en los años del boom, y el boom se centraba donde se centraba, que era en los promotores, y porque estaba mucho menos provisionada que Caja Madrid.

En un ejercicio simple que hicimos en media hora, a finales de junio de 2010, cuando se hizo la integración, para ver qué era lo que se nos venía encima, analizamos determinados créditos dudosos. Caja Madrid tenía el 80 % y Bancaja, el 20 %. Entonces, dijimos: Bancaja ha crecido más, tiene peor la cartera y menos provisiones. Está peor. Extrapolando, y analíticamente, sí se podría decir que al grupo le podían faltar unos 16.000 millones. Insisto, en un análisis para nosotros, no exigible a la entidad.

Las cuentas anuales no solo son el balance y la cuenta de resultados, sino también la memoria. Y la memoria incluye un montón de información, y en el folleto de salida a Bolsa, de 402 páginas, se daba información detallada sobre la cartera inmobiliaria porque el Banco de España, a partir de 2009, obligó no solo en los episodios de salida a Bolsa, sino de manera recurrente, a que las entidades de crédito informaran de su exposición inmobiliaria: la bruta, las provisiones y la neta. Entonces, al decir que no reflejaban una imagen fiel, ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿a la cuenta de resultados, al balance, a la memoria? Yo creo que si hablamos de las cuentas anuales tiene que ser todo.

En las cuentas anuales había información suficiente para calibrar el quebranto. Estamos hablando de que en un banco la cuenta de resultados, la parte de arriba, es relativamente fácil y poco manipulable. Pero la de los saneamientos es muy complicada y requiere una valoración subjetiva.

Supongamos que Caja Madrid, mejor dicho el Grupo BFA-Bankia, tenía unos 90.000 millones de euros de cartera hipotecaria. A una media de 100.000 euros por saldo vivo de hipoteca, puede ser casi un millón de operaciones, más las que tuviera de consumo, de tarjetas, más los promotores, y eso lo que requiere en un principio es un análisis caso por caso de cada operación, de si el cliente te va a pagar o no te va a pagar, y cuando consideres que no te va a pagar, cuánto vas a recuperar —en función de los avalistas que tengas o la capacidad de pago, por supuesto, del deudor— o si hay una garantía real del valor de la garantía.

¿Cuál era el problema en esa época? El problema eran los créditos con los promotores y la valoración de las garantías que respaldaban esos créditos; básicamente las viviendas terminadas, las que estaban en obra y los suelos.

Y nadie era capaz de decir si un suelo valía un 10 % o un 50 % o un 80 % de lo que había valido en plena burbuja. Entonces no era fácil. Esa información se ofreció en las 402 páginas del folleto de salida a Bolsa de BFA-Bankia. Y el mercado, parece, que lo tuvo en cuenta, porque la acción salió con un descuento del 74 %.

Es decir, que sobre el valor neto contable —sobre el valor bruto menos las provisiones, que es el valor neto contable— le aplicaron un recorte del 74 %, que era casi tanto como meter 10.000 millones más de provisiones, analíticamente hablando. Por tanto, ¿el valor de las cuentas anuales reflejaba la imagen fiel? No es una pregunta fácil de responder.

Nosotros no podíamos exigir, porque no habíamos visto todas las operaciones que materializaban esos 20.000 millones de créditos [sobre 44.000 millones] promotor clasificado como normal, pero, evidentemente, por nuestra experiencia, eso era imposible. No creo que hubiera más de un 5 % de promotores que se hubiera considerado normales.

Hubiera requerido tener provisiones por esos importes en función del valor de las garantías y de la estimación de recuperabilidad. Pero ahí sí que había unas determinadas provisiones que no estaban asignadas a activos concretos y la entidad, a medida que un promotor de esos entraba en un concurso de acreedores, tiraba de esa hucha y lo aplicaba a ese nombre concreto. ¿Que hubieran hecho falta esas provisiones? Sí. ¿Que estuvieran esas provisiones? Ese era otro tema.

Eso sí, que se contabilizara como normales, por ejemplo, estos 20.000 millones, y que no se interrumpiera el devengo de intereses sí que distorsionaba claramente la imagen fiel y el margen de intereses, sin duda. Pero, insisto, hay que probar. Hay que hacer un trabajo, como el que hice, de ocho meses viendo expedientes. Es que hay que motivar las decisiones administrativas. Y la supervisión es una potestad administrativa que se está ejerciendo. Pero analíticamente nosotros depurábamos esos 1.000 millones, si eran 20.000 millones al 5 %, 1.000 millones, o lo que fuera.

Nuestros superiores eran plenamente conscientes del descuento del 74 % del valor de la salida Bolsa. Mis jefes de entonces y los de ahora son gente muy competente. Han sido inspectores y, lógicamente, eran plenamente conscientes. Eso originaba un problema en el banco de arriba [BFA] que tenía un activo valorado muy por encima del valor del mercado. Ese era el principal problema que originó [BFA, el accionista al 100 % de Bankia, quedó en situación de quiebra patrimonial].

Yo entiendo que el mercado [al descontar el 74 % en el valor de salida a Bolsa] entendió que la valoración [contenida en el folleto de salida a Bolsa] era optimista. Vamos, no me cabe otra interpretación dentro de la lógica.

Nosotros hablamos de la inviabilidad de Bankia, que fue en abril y mayo de 2011, cuando vimos la primera foto trimestral del grupo.

Recuerdo la reunión con el presidente [Rodrigo Rato] —no todos los días ve uno al presidente de una entidad—, creo que fue marzo de 2012. Yo creo que está puesto en el informe de seguimiento. Habíamos tenido una reunión con el presidente, le habíamos manifestado claramente que BFA era inviable y él compartió ese diagnóstico y dijo que había que reestructurar el grupo y que era necesario generar alguna solución para evitar este problema. Claro. Él manifestó estar de acuerdo con el diagnóstico.

En cuanto al SIP como solución, el problema para nosotros era que solo conocíamos un 60 % del grupo, que era Caja Madrid. Cuando digo nosotros, digo el equipo de seguimiento. Evidentemente, en el Banco de España había conocimiento de cómo estaba Bancaja, que era la cuarta caja de España, y las otras cinco cajas, pero nosotros no sabíamos. Entonces sí que veíamos que Caja Madrid tampoco salía adelante por sí misma.

Caja Madrid tenía en nuestros análisis una necesidad de saneamiento adicional de 8.000 millones, cuando generaba unos 500 al año. Entonces le hubiera costado dieciséis años sanearlo. No podía hacer un saneamiento ortodoxo contra la cuenta de resultados. En ese sentido, solo había dos o tres opciones: una intervención [del Banco de España], la compra por algún grupo de tamaño suficiente para digerir Caja Madrid o una integración que le permitiera hacer parte de esos saneamientos contra recursos propios. La valoración de una integración, sin nombres y apellidos, como tal, nos parecía una de las posibles soluciones que tenía Caja Madrid. Y no nos parecía mal.

Ahora bien, la integración concreta con nombres y apellidos poniendo Bancaja y las cinco cajas, una vez que vimos cómo estaba Bancaja, ya es otro tema.

Vimos [las valoraciones de AFI, Analistas Financieros Internacionales, entidad que aportó las valoraciones de las siete cajas que se fusionaron para dar nacimiento a BFA-Bankia], las miramos, y es lo que decimos siempre que vemos una valoración, y es que el papel lo aguanta todo. Se nos antojaban muy optimistas, sí.

Figuraban ciertas operaciones [Picton, en Bancaja], que claramente no eran recursos propios, [aunque] figuraban como recursos propios. Si un accionista cobra como un acreedor, tiene las salidas que tiene un acreedor y no corre los riesgos de un accionista, sino de un acreedor, ¿no será que es un acreedor en lugar de un accionista? Las cosas, como dice el [Tribunal] Supremo, son lo que son y no lo que las partes dicen que son… Se informó sobradamente a la jefatura.

El informe de diciembre de 2011 se refiere a otro ajuste contra reservas, creo que en BFA, por importe de 3.900 millones de euros. Entonces ahí sí que tiene toda la pinta de que fue un ajuste realizado para cubrir los requerimientos de provisiones del Real Decreto-Ley de febrero de 2012.

¿Cómo es posible esto?

Las cuentas se cierran con fecha referencia a 31 de diciembre de 2010, pero no se cierran en diciembre de 2010, se cierran a mediados de febrero. Cuando sale ese real decreto, continuación del cual fue el Real Decreto-Ley de mayo, conocidos popularmente como decretos Guindos, se originan unas necesidades contables, en este caso sí, por imperativo legal, muy cuantiosas en el Grupo BFA-Bankia y en el resto de entidades financieras españolas.

Nosotros no nos enteramos de ese ajuste, creo, hasta mediados de febrero de 2012. Entonces, claro, atas una cosa con otra y parece que la auténtica razón de ese ajuste era hacer parte de los saneamientos adicionales que te requería el primer Real Decreto-Ley, que estaba en consulta, que estaba ya en el mercado, por así decir.

En ese sentido, parecía que no era realmente, como decía la entidad, la apertura de los ajustes de primera integración. La norma te permite que hagas ajustes a valor razonable cuando hay una integración. Luego, cuando pasa un año, a medida que vas conociendo las otras cajas, dices, oiga aquí hay unos deterioros adicionales, pues los puedo contabilizar en el plazo de un año. Y se acogieron a eso.

A nosotros nos parecía que más bien la finalidad no era esa, sino hacer frente a los nuevos requerimientos de dotaciones que establecía el real decreto-ley y por eso pusimos aquella apostilla, pero siempre con cautela, porque, insisto, los temas contables, que importan y mucho al Banco de España, tienen dentro de la inspección un departamento encargado, que es lo que antes se conocía como Secretaría Técnica de Relaciones Institucionales [STRI], que son los que mantienen el contacto y la interlocución con el mundo contable, o sea, con los auditores externos, con la CNMV y demás.

Entonces nosotros, y cualquier otro equipo de seguimiento, por razones de eficiencia y de especialización, homogeneización, cuando tenemos una duda contable relevante se la consultamos a ellos. Por eso digo, que nuestra parte era menos contable y más analítica, aun así, alguna mención se hace a aspectos contables, como no podría ser de otra forma. Como el asunto que he mencionado de los 20.000 millones de euros de promotores, que a nuestro juicio no estaban bien clasificados como cartera normal.

¿Se justificaban los gastos contra liberación de provisiones? Está en los informes. Yo entiendo que no [era correcto] pero a mí, insisto, eso no era lo que más me preocupaba. Lo que me preocupaba más desde el punto de vista analítico es que una entidad con problemas que había recibido casi 4.500 millones de ayudas públicas [participaciones preferentes] prejubilase a la gente pagándoles un 95 % de su sueldo neto. Y eso yo lo valoraba negativamente en la gobernanza, [me] parece que así no se gestiona un grupo en crisis. Porque estar pagando a la gente como si estuviera trabajando sin estar trabajando a costa de los contribuyentes, no me parece una buena gestión. Me refiero a los 4.475 millones de euros recibidos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que nunca se han recuperado, claro. No es que se haya utilizado [ese mismo dinero], pero el dinero es fungible.

¿Con 13.000 millones, según han afirmado algunos miembros del Banco de España, en lugar de los 19.000 millones inyectados en mayo de 2012, hubiera sido suficiente? No hice los números, estuve en alguna reunión, pero no lo sé.

Y he aquí las preguntas del fiscal Alejandro Luzón y las respuestas del testigo.

El fiscal pregunta si la situación y la solvencia de Bankia empeoran considerablemente después de la salida a Bolsa en julio de 2011. Porque, dice, eso parece desprenderse del tono de los informes del 31 de marzo de 2011 y del 2 de agosto de 2011, en el que se dice que los saneamientos de los tres últimos años han sido especialmente intensos y que son suficientes para afrontar bien el deterioro de los activos crediticios e inmobiliarios de los dos próximos años. El fiscal matiza que, en diciembre de 2011, el informe califica la solvencia de BFA como mala. El fiscal cita las declaraciones en el juzgado de Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión. He aquí las respuestas de Casaus:

—Como ya he dicho, el análisis lo hacemos sobre el Grupo BFA-Bankia, y dijimos que era muy negativa, luego cabe entender que también en lo que se refiere a Bankia la tendencia fue negativa y fue empeorando, desde luego, desde antes de la salida a Bolsa de julio de 2011, hasta después. En segundo lugar, claro, teníamos los recursos [humanos] que teníamos, y precisamente por eso en septiembre de 2011 llega otro compañero [el inspector José Antonio Delgado] que se hace corresponsable del equipo de seguimiento y que asume las funciones de riesgo de crédito. Se empieza a hacer un análisis más profundo de la cartera crediticia y se llega a la conclusión de que esa cartera crediticia va a requerir saneamientos adicionales, y lo ponemos de manifiesto en los informes. Es decir, el grado de análisis se incrementó con el tiempo junto con una evolución a peor de la propia situación financiera, tanto de BFA, como de Bankia y de todo el grupo.

»El grupo se constituyó en diciembre de 2010 y las primeras cuentas que vemos son las que se publican el 31 marzo de 2011 referidas al 31 de diciembre de 2010. Las vemos en abril y mayo. Y ahí es cuando levantamos la alerta. No se puede levantar la alerta antes de ver las primeras cuentas. Además, cuando se hace ese primer informe, no está constituido el Grupo Bankia como tal. La segregación se formaliza el 28 de mayo de 2011. Aparte de la falta de medios para llevar a cabo el análisis, falta el objeto analizable. Aquí hay un poco de confusión de fechas. Respecto a la frase sobre los saneamientos [que estaban bien cubiertos durante los próximos dos años], es una frase desafortunadísima que metimos en el informe.

—¿Perdón? —interrumpe el fiscal.

—Que es una frase desafortunadísima. Esta frase, de hecho, no estaba en la primera versión del informe. Lo que pasa es que cuando lo revisan nuestros jefes nos piden que opinemos sobre si estimamos que son necesarios los saneamientos estimados. Y al final llegamos al acuerdo de decir, bueno, pues mira, de aquí a dos años la pérdida esperada creemos que está cubierta; más a largo plazo, ya veremos. ¿En qué estábamos pensando nosotros con esa frase? Estábamos pensando en que Caja Madrid, donde teníamos experiencia, había hecho, como poníamos en el informe de 2010, una política activa de refinanciación a los promotores blindándose de impagos, y les daban carencia de tres años de principal y de intereses. Si tú a una persona le permites por contrato que no te pague ni principal ni intereses, es técnicamente imposible que incurra en impago. Esa primera ronda de refinanciaciones corresponde a 2007 y 2008, de tal manera que la segunda ronda, a los tres años, era 2010-2011. Se estaba empezando esa segunda ronda de refinanciaciones y blindando a los promotores, los 50.000 millones de promotores, que eran el núcleo del problema de saneamientos adicionales. Entonces lógicamente ibas a tener otros dos o tres años de tranquilidad aparente. Otra cosa es que, luego, en un análisis subjetivo, dijeras: oye, este promotor no está en situación de impago, porque [técnicamente] no puede impagar [no pagar, ya que está blindado]. Pero es un [crédito] dudoso como una casa. Este trabajo lo tenía que haber hecho el departamento de riesgos de la casa [la entidad], el departamento de contabilidad, la auditoría interna y la auditoría externa. Y en última instancia el Banco de España, si hubiera tenido recursos [humanos] o hubiera hecho una inspección específica sobre eso.

—¿Tuvieron alguna trascendencia los decretos del ministro [De] Guindos sobre la situación de la entidad, en la contabilidad? —inquiere el fiscal.

—Absolutamente. Tuvo una incidencia brutal. Los saneamientos que les obligaban a hacer los dos reales decretos Guindos eran del orden de más de 10.000 millones de euros seguro. Era una cifra importantísima para la entidad. De hecho, tuvo su incidencia en todo el sistema financiero, no solo en la entidad [BFA-Bankia]. En el Grupo BFA-Bankia donde tenía una especial incidencia su exposición al crédito promotor, le afectaba más. Y, claro, ahí ya no había que hacer un análisis caso por caso. Es que venía por ley, por imperativo legal. Si usted le da a un promotor una posición clasificada como normal, con la garantía de un suelo, debe provisionar el 35 % o el 47 %, lo que fuera. Claro, incidió definitivamente en la contabilidad.

—Mire, quería preguntarle por las provisiones, genéricas, específicas, provisiones específicas sin asignar, sobre las que ya nos han ilustrado los compañeros que han declarado aquí antes de usted en las últimas sesiones. ¿Existían provisiones genéricas o específicas sin asignar en Bankia a la fecha de salir a Bolsa, y cómo operaban, qué virtualidad tenían? ¿Dónde aparecían? ¿Dónde debían contabilizarse? ¿Cómo funcionaban?

—Vamos a ver. En nuestro conocimiento, claro que había unas provisiones específicas de insolvencias que no se habían asignado a acreditados concretos [deudores]. Analíticamente, eso era así y de hecho lo fueron utilizando durante 2011 para ir cubriendo las provisiones que le requería la entrada del acreditado en situación de dudoso, o el concurso de acreedores o lo que fuera. A nivel de Grupo BFA-Bankia, me imagino que habría en BFA y en Bankia.

—Ustedes, en los informes de seguimiento, por ejemplo el del 31 de marzo de 2011, se refieren a estas provisiones, al afirmar que, a 31 de diciembre de 2010, permanecían 2.476 millones sin asignación individualizada. ¿Esos 2.476 millones son las provisiones genéricas y las específicas sin asignar?

—No sabría decirle. Yo creo que no. Creo que esas eran solo las provisiones específicas sin asignar, y luego había una provisión genérica-genérica —de las genéricas de toda la vida— de 1.300 millones de euros. Han pasado muchos años y las cifras… Pero, si hablamos de provisiones específicas pendientes de asignar, no se incluyen ahí las genéricas.

—En este informe se cuantifica la cobertura genérica en 1.499 millones…

—Pues esa será la genérica-genérica. O sea la de los riesgos normales.

—El resto, hasta 2.476 millones, ¿sería la provisión específica?

—No sé si el resto lo es además de. Es decir, no sé si eran 2.476 millones de específicas pendientes de asignar y aparte 1.500 de genéricas. No lo recuerdo… Pero, bueno, un volumen significativo en todo caso de ambos tipos de provisiones.

—Se lo he preguntado ya. ¿Cómo operan estas provisiones genéricas? ¿Tenían un valor real, quiero decir, permitían cubrir deterioros adicionales futuros que se detectaran en esa cartera? ¿Era una especie de hucha, de colchón, del que la entidad pudiera tirar con posterioridad?

—A nuestros efectos analíticos era una hucha de la que iban tirando. Yo lo que no sé es si estaba bien o mal contabilizado... Eso no lo sé. A mí lo que me importaba era el saneamiento. Que se habían hecho 9.200 millones de saneamiento y ver si eso era suficiente o no. El tema contable está ahí; es importante y sobre todo para el consejo de administración, que tiene que formular las cuentas, y para el auditor externo, pues debe tener mucha relevancia. Para nosotros es importante, pero no de la misma forma, y nos focalizamos en lo que nos focalizamos, en el análisis.

—Bien. Vamos a ver. ¿Dónde aparecían estas provisiones? ¿En los estados reservados?... Esos estados C.1, C.6 que se remitían al Banco de España. ¿Usted conoce esto?

—Sí, claro que conozco esos estados, pero no le puedo decir. Nosotros manejábamos más bien información de gestión, la que nos pasaba la entidad.

—Pero ustedes, cuando hacen esa referencia y cuantifican esas provisiones en sus informes, ¿de dónde toman estos datos?

—Pues muchas veces es información que nos da la entidad. Cuando hay tiempo para verificar, se verifica, y cuando no hay tiempo, se toma un dato y, si algo es razonable por los movimientos de masa de balance y por la evolución normal de la entidad y no chirrían, se da por bueno. Cuando hay duda, se suscita una labor inspectora concreta y determinada. Yo no sabría decirle ahora si nosotros tomamos esta idea que yo tengo en la cabeza de los estados reservados, de los estados públicos, de los estados contables, de información de gestión, del director de Riesgos de Crédito, no lo sé… Bueno, sí lo cotejábamos con información que lanzaban al mercado, claro.

—Vamos a ver. ¿Usted me está diciendo que estas cifras que dan los informes de seguimiento no sabe de dónde salen?

—Yo le estoy diciendo que no recuerdo de dónde salen. Pero han pasado cuatro años y he tenido un montón de responsabilidades en otros temas. Bankia no ha sido mi vida desde entonces.

—Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Dónde debían estar contabilizadas o apuntadas, como usted lo quiera decir, estas cantidades?

—Hombre, lógicamente, en la información que se remite tanto al supervisor como al mercado, en la información contable. En el Código de Comercio están determinados todos los estados que tienen que remitir las entidades, y las circulares del Banco de España determinan la periodicidad y el contenido de la información contable y reservada que hay que enviar al Banco de España. Lo que yo le estoy diciendo es que desconozco si esas cifras venían de esos inputs o venían de información de gestión extracontable, porque es que no lo recuerdo ahora.

—¿Tampoco sabe dónde tienen que reflejarse?

—En todas partes.

—¿Cómo en todas partes?

—Hombre, en la información… Bueno, entiendo que en todas partes…

—¿Dónde? ¿Dónde?

—Joder, en el balance, en el antiguo M1, si es el individual; en el C1, si es el consolidado; en la información pública o la que se remite al Registro Mercantil, cuando se integran los libros y se legalizan las cuentas.

—¿Y qué trascendencia económica y financiera tienen estas provisiones?

—Para mí, desde el punto de vista analítico, no mucho. A mí me da igual que la entidad tenga provisionado un riesgo de 100 millones en 100 millones de específica o que tenga 100 millones sin provisión y tenga una genérica de 100 [millones]. Para mí, analíticamente, es lo mismo. El saneamiento es el mismo. El valor neto contable es 100 menos 100. Cero…

—Ehh...

—Contablemente puede tener mucha implicación. O no.

—No le entiendo. Esto de que el mundo contable vaya por un lado y el analítico por otro. No lo entiendo.

—Bueno, no se preocupe, que tenemos todo el tiempo del mundo, yo por mi parte, para explicarlo.

—¿Se puede recurrir a estas cantidades, a estos 2.000 millones, 1.960 millones, los que sean, para corregir deterioros adicionales que se establezcan con posterioridad a la fijación de esos deterioros en las cuentas?

—Yo no he entrado a analizar si desde un punto de vista contable eso es correcto o no es correcto. Cuando le digo que puede haber una dicotomía o un distinto enfoque entre el enfoque analítico y el enfoque contable se lo voy a explicar con un ejemplo. En el año 2011, en el primer trimestre, el Grupo BFA-Bankia libera 155 millones de euros de bonus cuatrienal de Caja Madrid, que tenía contabilizado. Esa liberación —que, por cierto, nos costó lo suyo porque querían cobrarlo, manda narices, que diría aquel— generó un ingreso contable al que no hay nada que oponer. Es una hucha que has constituido que al final no se aplica a lo que se aplica por la presión del supervisor o por lo que sea. Se liberan esos 155 millones de euros y se genera un ingreso contable. Desde el punto de vista analítico, ese ingreso contable no lo consideramos porque eso es un one off. Ha pasado una vez y no va a ser recurrente. La contabilidad va por un lado, es un ingreso contable perfectamente registrado. Desde el punto de vista analítico, ese ingreso contable no existe. Puede pasar a la inversa.

»Un saneamiento adicional, un saneamiento extraordinario, contablemente habrá que registrarlo como gasto o no, pero nosotros podemos tenerlo en cuenta o no analíticamente. A eso me refiero con el distinto enfoque. Es distinto alcance, distinta manera de trabajar, o sea, es más analítico, menos verificativo, y por eso, de verdad, yo no estoy intentando evadir ninguna respuesta, aunque pueda estar dando la sensación por la reiteración en algunas preguntas. Es que es un enfoque distinto. Yo no me puedo comprometer a opinar sobre un tema cuando no tengo ninguna certeza porque mi responsabilidad me impide hacerlo. Yo no he tenido, como mis compañeros peritos, que son muy muy admirables, que merecen admiración por mi parte, dos años para hacer este trabajo. Yo he tenido que compatibilizarlo con otros trabajos. Aparte, le he dicho que hay otros compañeros especialistas en contabilidad en el Banco de España: los de Regulación. El Banco de España, además, no es el supervisor contable, es el regulador contable. Lo que pasa es que la contabilidad naturalmente que le influye y, dentro de la inspección, hay un grupo específico, la ESCE, que se dedica a dar interpretación contable y a mantener la interlocución con el mundo contable, con auditores externos y CNMV para dotar a los criterios contables de eficiencia, especialistas y homogeneización.

»[Entiendo que mi respuesta pueda llevar a decir] Qué cosa más rara, joder, ¿usted que es inspector del Banco de España no tiene que aplicar la norma contable y demás…? Sí. Pero sobre estas cuestiones contables que requieren un estudio y un análisis que yo no he hecho —insisto que me he intentado alejar del tema Bankia por falta de tiempo y por falta de ganas— no debería parecerle tan extraño que yo no sepa qué responder a la cuestión.

—¿Que conocimientos extras tiene el señor Comín [director general adjunto de Supervisión del Banco de España] sobre los que tenía usted?

—Conocimientos extras no sé, pero él es profesor de contabilidad.

—Él nos dijo aquí que se podía recurrir a esta hucha para deterioros adicionales; digo hucha por la expresión que utilizó él.

—Sí. Yo también diría hucha, sí.

—Lo dijeron Jerónimo Martínez Tello [exjefe de Inspección en Caja Madrid y exdirector general de Supervisión del Banco de España], Mariano Herrera [actual director general de Supervisión], Pedro González [inspector]. Incluso en un informe escrito al juzgado de Navalcarnero, se decía que ante un deterioro adicional se podía acudir a estas provisiones genéricas, provisiones específicas sin asignar. ¿Permitía corregir los ajustes que se puedan proponer con posterioridad a las cuentas de Bankia de esa fecha o no? Esa es la pregunta que creo que entiende usted.

—Sí, sí, entiendo la pregunta. Pero es que no tengo la respuesta. Ese es el problema. No sé, me aventuraría a decir que los 1.500 millones son provisión genérica-genérica, sin duda. Pero me aventuraría, y no quiero hacerlo. La respuesta es que no lo sé. De todas maneras, yo estoy aquí dando testimonio, no un informe pericial. Y me lo hubiera preparado. Tengo capacidad y conocimientos para estudiar con tiempo el asunto y hacer un informe pericial. Las cifras que usted cita aparecen en un informe de seguimiento. Son del equipo de inspectores. Y esa es la parte sobre la que yo dejé de ser corresponsable, y aunque yo me hago responsable de las conclusiones de los informes de seguimiento, a partir de septiembre de 2011 la parte de riesgo de crédito se escinde y pasa a ocuparse de ella un compañero [José Antonio Delgado] muy válido y amigo mío.

El fiscal Luzón se había adherido a la solicitud de Herzog de pedir la declaración de Casaus, pero su interrogatorio del inspector que acababa de convertirse en testigo de cargo se realizó más desde la perspectiva de los testigos Martínez Tello, Herrera, Comín y Pedro González que desde la acusación.

Lo que había explicado Casaus era que BFA-Bankia era inviable. Y Bankia representaba el 92 % del balance del Grupo BFA (275.000 millones frente a 23.000 millones, excluyendo la participación de 12.000 millones de BFA en Bankia).

Ergo: si se definía como inviable a todo el grupo, ¿cómo era posible, en tal caso, estimar que era viable la parte, Bankia, que representaba el 92 % del total?

El Banco de España acababa de enviar el material solicitado en la última semana de julio por el juez Andreu. Pero todavía no había sido transmitido a las partes personadas. Se sabía que había múltiples correos electrónicos. ¿Estarían los que acababa de mencionar Casaus, aquellos cuatro correos de abril y mayo de 2011, en los cuales se hablaba de que BFA-Bankia se encaminaba hacia una nacionalización tras el espejismo de la salida a Bolsa?

23
LOS CUATRO CORREOS DEL APOCALIPSIS

El juez Andreu, tras recibir, el 3 de septiembre de 2016, el material solicitado al Banco de España, da traslado a las partes personadas en el procedimiento.

En efecto, en la remesa de correos electrónicos destacan varios de diferentes fechas: el 7 de abril de 2011, 12 de abril de 2011, agosto de 2011, 2 de diciembre de 2011.

Y los términos son muy crudos.

El 7 de abril de 2011, José Antonio Casaus envía un correo a su jefe, Pedro Comín, en el que le propone una serie de temas que deben tratar en próximas reuniones. Pero, además, expresa su preocupación por una posible situación de insolvencia de Bankia, incluso a pesar de salir a Bolsa: «Cuidado, no vayamos a quedarnos por debajo del 8 % de capital principal pese a captar 3.000 millones de euros en Bolsa», advierte.

El 12 de abril vuelve al problema que supondría salir a Bolsa en las condiciones planteadas:

Consecuencias de salir a Bolsa por debajo del VTC [Valor Teórico Contable]: significaría una dilución para BFA de 1.412 millones de euros, pues tendría el 70,59 % de 15.000 millones de VTC de Bankia (= 10.589 millones) cuando antes de salir a Bolsa tenía el 100 % de 12.000 millones (= 12.000 millones).

Pero aun siendo del mes de abril de 2011, estos correos no recogen aquello que ha declarado Casaus el 5 de septiembre de 2016 ante el juez, es decir, sus advertencias en los meses de abril y mayo de 2011, antes de la salida a Bolsa, sobre la inviabilidad del Grupo BFA-Bankia y el desenlace de la nacionalización de pérdidas.

¿Qué ha pasado? ¿Y estos cuatro correos?

La selección de correos que ha recomendado Pedro González, en consulta con otros altos cargos del Banco de España, ha derivado en la retención de los cuatro correos, dos de abril y dos de mayo, a los que había aludido Casaus.

Pero el juez, antes de abordar este tema de los correos, quiere aclarar de una vez por todas el McGuffin de las provisiones específicas pendientes de aplicar, de las pepas. No ha dejado de estar intrigado por este asunto. Y quiere comprobar quién dice la verdad.

El 6 de septiembre dicta una providencia por la que requiere a José Ignacio Goirigolzarri, presidente del consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorro, «a fin de que se sirva remitir a este juzgado, a la mayor brevedad posible, certificación emitida por la persona competente para ello, que recoja las fechas y apuntes contables del libro diario de BFA, correspondientes a los importes y fechas de cargo y abono en su cuenta de pérdidas y ganancias, que justifiquen la existencia de provisiones de todo tipo, a fecha 31 de diciembre de 2010, indicando contrapartida contable y explicación de la justificación de dichos apuntes».

Lo mismo solicita a Goiricomo presidente de Bankia respecto de las provisiones a 31 de marzo de 2011 y «que según el folleto de salida a Bolsa de Bankia comprendía la suma de 6.913 millones de euros en concepto de provisiones “genéricas”, “específicas” y “específicas no asignadas”, indicando contrapartida contable y explicación de la justificación de dichos apuntes».

Con todo, la respuesta de BFA y de Bankia echa balones fuera. Contesta algo que el juez no ha preguntado.

Las pepas que persigue el juez Andreu no forman parte del escrito que Bankia ha enviado al juzgado. Es un McGuffin. No envían los apuntes contables del libro diario, como ha requerido el juez. Porque las pepas son inverificables.

El 30 de septiembre de 2016, tras comprobar que los cuatro correos a los que ha aludido Casaus no están en la remesa del envío del Banco de España, Herzog vuelve, una vez más, a hacer de mosca cojonera. Cursa una solicitud al juez Andreu para que se soliciten esos cuatro correos. El fiscal Luzón no muestra interés en pedir esta prueba de cargo del hombre, el inspector cabecera, José Antonio Casaus, que ha estado en la boca del lobo durante largos años, primero en Caja Madrid y más tarde en Bankia, a lo largo de todo el proceso de salida a Bolsa y con posterioridad. Porque esos correos no le van a hacer cambiar de opinión. «No» a la imputación de los funcionarios del Banco de España «es no».

En una providencia del 3 de octubre, el juez pide los cuatro correos tanto al Banco de España como a José Antonio Casaus, e incluye las palabras de Casaus durante su declaración del 5 de septiembre. El testigo, como ya hemos dejado constancia, declaró:

Se nos consultó al equipo de seguimiento sobre qué nos parecía la salida a Bolsa con la estructura de doble banco. Nosotros lo que manifestamos en varios correos, yo al menos mandé dos en abril y dos en mayo de 2011 en los que veíamos que ese plan no nos parecía la solución para el grupo, porque nosotros veíamos que el grupo no era viable, no era viable en estos momentos si no tenía un cambio de control… Entonces, en definitiva, veíamos que era un grupo no viable en tanto no hubiera un cambio de control. Por tanto, esa no era la propuesta en el plan de capitalización. Y eso lo dijimos al menos en cuatro ocasiones (cuatro correos electrónicos, dos en abril y dos en mayo de 2011)… Nosotros hablamos de la inviabilidad de Bankia, que fue en abril y mayo de 2011, cuando vimos la primera foto trimestral del grupo…

María Ortega, jefa de la División de Expedientes y Colaboración con los Órganos Judiciales del Banco de España, responde el 11 de octubre al juez:

En cumplimiento de dicho requerimiento y tras haber efectuado la correspondiente consulta al señor Casaus, con vistas a una correcta identificación y remisión de los citados correos internos, se facilitan los correos de 8 y 14 de abril y de 10 y 16 de mayo de 2011, remitidos por el señor Casaus a otros miembros del equipo o del entonces jefe de grupo [Comín]. Y pide al juez la adopción de medidas necesarias para preservar su confidencialidad.

El Banco de España podía haber incluido esos cuatro correos en su remesa de primeros de septiembre. ¿Qué sentido tiene enviar ciertos correos referidos a BFA-Bankia del 7 y 12 de abril, por ejemplo, y retener otros sobre el mismo asunto de fechas sucesivas del mes abril, como el 8 y el 14 de abril?

Al incurrir en esta práctica, el Banco de España acaba de confesar que ha hecho una selección del material. Ha decidido, en todo caso, mantener los cuatro correos, que resultan más devastadores para la política que se siguió bajo su control, y ver si colaba. No parecía asumir en aquellas fechas, pues, que Casaus fuera a informar en su declaración del 5 de septiembre sobre dichos correos y sus fechas aproximadas.

Antes se coge al mentiroso que al cojo, o, como dice un refrán judicial: el que quiere mentir alarga los testigos.

Finalmente, los correos ya están aquí.

Pedro Comín, jefe de grupo de la inspección en BFA-Bankia, había solicitado en abril de 2011 un diagnóstico a Casaus sobre la situación del grupo «en relación con el pronunciamiento que tiene que haber del Banco de España sobre el plan de capitalización de Bankia». En otros términos, es una decisión crucial y, por tanto, Comín necesita el dictamen de quienes están al pie del cañón.

Comín recibe la respuesta en el correo del 8 de abril. Casaus señala al comienzo de su correo que no es solamente su posición individual la que va a transmitir, al señalar que el texto está hecho «con aportaciones de todos [el equipo de inspección], [los inspectores] Pedro Bravo y Jorge Pérez-Cerda han hecho el trabajo práctico. Yo he escrito unas reflexiones más generales sobre la viabilidad del Grupo Bankia…».

En la definición del «asunto» sobre el que trata el correo, Casaus escribe: «Reflexiones sobre la viabilidad del Grupo Bankia y el coste para el contribuyente».

Casaus subraya que «no es viable a medio plazo una estructura como la de BFA», y «al final el FROB tendrá que convertir su deuda en acciones de BFA [participaciones preferentes] y responder frente a los tenedores de subordinadas y preferentes para evitar que digan que un banco público deja tirados a unos inversores privados minoristas. Con lo que habremos socializado las pérdidas y habremos perdido unos meses/años».

El inspector cabecera se pregunta: «¿Cuál es la solución del problema?». Y responde:

Pues, en mi opinión, la toma de control del grupo por un banco (a ser posible extranjero) con capacidad financiera suficiente como para convencer al mercado de que puede afrontar los 120.000 millones de euros de financiación mayorista sin mayores problemas, de tal manera que pueda financiarse 200 puntos básicos más barato que lo que hoy lo hace el Grupo Bankia... Esta toma de control y el consiguiente menor coste de financiación (junto con un recorte generalizado de los sueldos de un 10-15 %) HARÍA VIABLE UN GRUPO QUE NO LO ES [mayúsculas en el original] por su reducido y menguante margen de intereses (por el peso de su deuda y su enorme cartera hipotecaria con bajos diferenciales), pese al tijeretazo en marcha del 15 % de la dimensión (sueldos medios altos para un sector en dificultades) y por sus activos ilíquidos y aun sobrevalorados (riesgo con promotores y adjudicados, en particular suelo). Esta sería la solución óptima y definitiva, pues no perdería nadie: ni el contribuyente, ni los acreedores. Y creo que es posible. Otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esa vía para no perder sus poltronas ni sus herramientas de financiación.

Su previsión, en negrita en el original, es esta:

La salida a Bolsa con un banco doble [BFA y Bankia] es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma (velar por el uso eficiente de los recursos públicos).

Las advertencias de Casaus el 8 de abril de 2011, pues, llegan en el momento preciso a manos de aquellos que tenían que informar a la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre qué hacer con el plan de capitalización del grupo.

El inspector, al mencionar a los políticos que gestionan Bankia, parece no advertir quién está detrás de ellos moviendo los hilos, es decir, la cúpula del Banco de España, que está ejecutando un plan ya predeterminado. No tardará Casaus en saberlo.

Porque tres días después, el 11 de abril de 2011, en efecto, Pedro Comín y Pedro González —director del Departamento de Inspección de Cajas de Ahorros— elevan un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España en el que recomiendan aprobar el proyecto de capitalización.

En su Informe a la Comisión Ejecutiva. Grupo Bankia, Comín y González señalan:

… a la fecha [11 de abril de 2014] no es posible disponer de toda la información básica para poder valorar adecuadamente la viabilidad de la operación y el equilibrio entre las distintas partes implicadas.

Sin embargo, a pesar de contar, según dicen, con información incompleta y afirmar que no se puede «valorar adecuadamente la viabilidad de la operación», sostienen:

Las proyecciones facilitadas por la entidad garantizarían la viabilidad de la matriz [BFA] y de filial cotizadas [Bankia], y son consistentes con los datos del plan de negocio que viene analizando el grupo de seguimiento continuado de la entidad.

Comín, pues, no solo omite lo que le ha informado Casaus en sus correos, sino que pretende implicar, ante la Comisión Ejecutiva, en su respaldo al plan de capitalización —junto con el de González— al «grupo de seguimiento continuado de la entidad», esto es, al equipo que dirige Casaus. Le están diciendo: esto va a ser un desastre, pero el jefe de grupo dice lo contrario: que el grupo de inspectores lo ve bien.

A continuación, González y Comín pintan un brochazo sobre «las mayores incertidumbres» que, según dicen, «se producen en la matriz [BFA]», con un «activo de 40.000 millones de euros». Entre paréntesis refieren que ese activo está «compuesto por suelo adjudicado y préstamo de suelo dudoso y subestándar por unos 7.000 millones, participaciones industriales por unos 3.000 millones de euros…» y otros.

Es interesante ver cómo los autores hacen un juego de prestidigitación con las afirmaciones del equipo de inspectores sobre el precio de salida a Bolsa. Lo que lleva al equipo de Casaus a expresar una alarma reiterada, para González y Comín como una mención como quien no quiere la cosa.

Los autores señalan en una nota a pie de página sobre la salida a Bolsa que «un precio inferior y muy alejado del valor intrínseco de la sociedad anularía cualquier teórica ventaja de una salida a Bolsa».

¡Una nota a pie de página!

Y no es la única.

En otra nota a pie de página, en relación con el impacto que tendría una cotización baja de sus acciones al salir al mercado, señalan lo siguiente:

La pérdida solo existirá en el caso de que se vendiera por debajo de su valor económico intrínseco. Dicho valor resulta difícil de precisar y debe estar basado en un adecuado descuento de flujos. Descuentos por encima del 40 % del valor teórico contable del banco cotizado pueden cuestionar la propia solidez del proyecto.

El informe concluye: «Nuestra opinión es que la estrategia de capitalización presentada por Bankia es la adecuada e incrementa notablemente las posibilidades de éxito para captar capital en el mercado». En consecuencia, «se propone remitir escrito al Grupo Bankia aprobando la estrategia y calendario de cumplimiento diseñados, sin perjuicio de recibir información más detallada, que se irá solicitando durante el proceso de capitalización...».

Es decir: los correos que Casaus ha enviado el 7 de abril, advirtiendo de los graves efectos de un precio de salida a Bolsa por debajo del valor teórico que registran las acciones en la contabilidad de BFA, y el del 8 de abril solo sirven a Comín y a González para poner unas notas a pie de página en su informe del 11 de abril de 2011 a la Comisión Ejecutiva del Banco de España.

¿Y de la inviabilidad del Grupo BFA-Bankia qué? ¿Y acerca de la nacionalización-socialización de pérdidas cuál es la reflexión?

Tampoco el del 12 de abril —como hemos visto en el correo de la «primera remesa» enviada al juez por el Banco de España, en el que Casaus insiste en los efectos negativos que tendrá sobre la solvencia de BFA salir a Bolsa por debajo de su valor teórico contable— llama a la más mínima cautela.

En aquellos días, todavía no se había reunido la Comisión Ejecutiva del Banco de España, que se da cita el 14 de abril para aprobar este informe y dar luz verde al proyecto de capitalización con la salida a Bolsa. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador; Javier Aríztegui, subgobernador; Vicente Salas y Ángel Luis López Roa, con voz y voto, y los directores generales, con voz pero sin voto, aprueban burocráticamente el plan, sin debate, haciendo suyo el informe Comín-González.

Ellos parecen saber mejor que nadie lo que hay que hacer. ¿Mejor que Casaus y su equipo de ocho inspectores?

El mismo 14 de abril se envía la comunicación a Rodrigo Rato y al presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aríztegui, dando cuenta de que se ha dado luz verde al proyecto.

Y esa noche, a las 20:51 horas, sin conocer que ya se ha dado la luz verde, Casaus envía un correo a Comín:

Asunto: «Boceto de la cuenta de resultados del Grupo Bankia 1T11 [primer trimestre 2011]: esto no tira y va a peor; sin [resultados] extraordinarios y sin el devengo [de intereses] de promotores el margen de explotación antes de saneamientos ya es negativo».

Datos adjuntos: «Pinceladas resultados Grupo Bankia 1T11».

Importancia: «Alta».

Casaus empieza así:

Buenas tardes, pero muy malos resultados, Pedro.

El inspector cabecera describe los problemas en la cuenta de resultados del primer trimestre de 2011 que está pendiente de publicarse. Apunta que «una gran parte de sus resultados contables (790 millones de euros) vendrán del devengo de promotores dudosos no contabilizados como dudosos…».

Después de informar de que los datos pintan un deterioro de la situación, Casaus señala:

Dije que no lo diría más… ¿o sí? Pero lo digo: este grupo NO ES VIABLE [mayúsculas en el original] sin un cambio de control que posibilite una drástica reducción de los costes de financiación (de unos 200 puntos básicos), que supondría una no disminución añadida del margen de intereses de 300 millones de euros cada año [en cursiva en el original] y un tijeretazo a los costes de personal (de entorno al 10 % del sueldo), lo que supondría unos 200 millones más de margen de explotación one off [una sola vez]. En caso contrario, se acabará malvendiendo el banco cotizado [Bankia], por un lado, y el FROB tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado, por el otro, con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones de euros, frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente.

En este correo hay dos claves. Una implícita y otra explícita.

La implícita es la que Casaus sugiere cuando dice que no diría más que el Grupo BFA-Bankia era inviable. Los inspectores-peritos judiciales señalan: «Esta frase plantea algunas dudas: ¿Cuántas veces lo dijo con anterioridad? ¿A quién se lo dijo y qué respuesta obtuvo? Parece que los correos tienen un recorrido anterior que no se ha documentado en el procedimiento».

Y la explícita, como la copa de un pino: «El FROB tendrá que hacerse cargo con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones de euros».

En este coste, Casaus incluye los 4.465 millones de euros de participaciones preferentes convertidas en capital, lo que queda claro a la luz de lo que ha señalado en otros correos.

El 14 de abril de 2011 Casaus está dando, pues, la cifra del agujero o déficit de saneamiento; vamos, lo que habrá que poner para salvar a Bankia: 15.000 millones de euros. Según el juez y el fiscal esto es una «opinión personal» o, todo lo más, pura premonición de alguien que ha acertado.

Y ese será el agujero, según el inspector cabecera, a pesar de los 3.000 millones que obtenga de los inversores con la salida a Bolsa.

Pasa casi un mes desde la aprobación del plan de capitalización. Y quedan algo más de dos meses para la salida a Bolsa.

El 10 de mayo de 2011, Casaus dirige un nuevo torpedo a la línea de flotación del proyecto que Comín y González han defendido contra viento y marea y que la cúpula ha autorizado. Describe en ese correo, por ejemplo, la existencia de «activos vulnerables» por importe de 71.000 millones de euros.

A las 21.05 horas del martes 10 de mayo, día en el que se han publicado oficialmente los datos de Bankia del primer trimestre de 2011, Casaus envía el correo con una importancia «alta».

Dicho correo respondía a Comín —quien le había solicitado una nota de una página para la reunión que el Banco de España iba a mantener el jueves 12 de mayo de 2011 con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el banco central norteamericano—, pero Casaus ha elaborado una exposición de seis páginas que refleja su «análisis del Grupo Bankia».

El correo es sugerente porque arroja luz, también, sobre las relaciones entre dos bancos centrales; a saber, cómo se las gastaba el Banco de España con la Fed en aquellos días críticos del sistema financiero internacional:

De todos modos, si lo que quieres es un enfoque dulce para la Fed, la presentación de resultados que nos ha mandado [Antonio] Román [interventor general de Bankia] esta mañana te sirve perfectamente: cómodos de liquidez, desapalancamiento, mejoramos en solvencia del 7,10 % al 7,34 %, + 15 % en resultados, integración viento en popa, refuerzo del balance con más provisiones genéricas aprovechando los [resultados] extraordinarios… tan solo algo de crecimiento de morosidad, pero mejor que el sector.

Casaus le ofrecía, de acuerdo a las cifras proporcionadas por Bankia, una presentación cara a la galería para ganar tiempo, en este caso ¡nada menos que ante los expertos de la Fed, que hacían un seguimiento de la crisis financiera española!

Pero a continuación del «enfoque dulce», no ocultaba la verdad:

Mañana hablamos, pero mi resumen en 30 líneas del Word de 6 páginas es:

1. Diagnóstico: viabilidad cuestionable por sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia. Gobierno mejorable y gestores desalineados entre sí y desalineados en el mercado. Fortaleza de la red y de la imagen entre sus clientes.

2. Tratamiento del enfermo:

2.1. La solución endógena ideada por Bankia, una salida a Bolsa con la estructura de doble banco sin hacer cambios estructurales, no funcionará. Y creará quebranto al contribuyente.

Opinión: solo es una «bombona de oxígeno» que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes y con el Estado nacionalizando BFA, teniendo que hacer frente a los tenedores de subordinadas y de preferentes contabilizados allí, lo que supondrá un quebranto para el contribuyente que probablemente no se daría en una alternativa que se comenta a continuación.

2.2. La solución tiene que se exógena y estructural: un cambio de control que integre a Bankia en un grupo con suficiente fortaleza financiera.

De este modo, Bankia podría empezar a generar resultados de forma recurrente (que es la clave para que este negocio funcione), ya que estaría en condiciones de: a) generar nuevo negocio, con los diferenciales de hoy, para incrementar los ingresos financieros; b) reducir los costes financieros en las nuevas emisiones, y c) incluso, en ese contexto, hacer posible una reducción salarial que aligeraría la cuenta de resultados y rentabilice su inversión. Coste cero para el contribuyente. Posible dificultad para encontrar ese comprador con suficiente músculo financiero, aunque la opción de reducir el precio de la compra hasta cero podría facilitar la labor.

La definición que ofrece Casaus sobre los 3.000 millones de euros que puede recoger Bankia con su salida a Bolsa —«coge el dinero y corre», según había dicho en privado Jerónimo Martínez Tello— no puede ser más gráfica: «solo es una bombona de oxígeno».

Y agrega:

Estoy resultando muy pesado con este tema pero creo que la trascendencia del asunto es tal que merece la pena pasar por pesado. Por supuesto, puedes reenviar el correo a quien te parezca oportuno. En todo caso, es cierto que tan solo es mi opinión y, como tal, susceptible de crítica. Saludos, Casaus.

El correo del 16 de mayo de 2011 también responde a un requerimiento de Comín, quien solicita a Casaus «una nota sobre la cuenta de resultados». Casaus, que le había enviado un fichero tras la publicación de los resultados trimestrales la semana anterior, le apunta:

Podría resultarte útil para la reunión que tengas con el subgobernador [Javier Aríztegui] sobre solvencia (y dentro de ella calidad de los activos), gobernanza, cuenta de resultados y liquidez. Y una valoración global sobre su viabilidad…

Según Casaus, la «debilísima y decreciente capacidad para generar resultados recurrentes constituye el mayor problema de Bankia».

¿Por qué es importante este diagnóstico?

Porque «teniendo en cuenta su voluminoso pasivo mayorista y su deteriorada cartera crediticia, [tal debilidad] hace cuestionable su viabilidad futura. El margen de explotación se reduce a cero, si lo depuramos de tres efectos no recurrentes (con el ahorro contable de las prejubilaciones podría ser de +50 millones de euros, un beneficio trimestral recurrente insuficiente para un grupo de este tamaño). Para ilustrar la tendencia negativa basta con señalar que el margen trimestral de intereses de Bankia cae un 34 % respecto al primer trimestre de 2010, con ingresos casi planos y costes creciendo más del 35 %…».

Casaus echa de menos, según deja constancia en el correo, que ni Comín ni nadie de la cúpula haya solicitado información sobre lo que pasa con la gestión interna de Bankia:

Jorge Pérez-Cerda [miembro del equipo de inspección] me ha comentado que no has pedido a nadie esta tarde información sobre la gobernanza para la reunión con el sub [subgobernador Aríztegui]. Y estoy de acuerdo con él en que es un aspecto importante a comentar con el subgobernador porque, si ya es un tema fundamental en cualquier organización, en Bankia lo es especialmente.

Trece son las características negativas que enumera Casaus sobre el sistema de gestión de BFA-Bankia:

[Es un] consejo [de administración] muy politizado y poco profesional: ausencia de un director general profesional o un consejero delegado que lleve el día a día; continúan los mismos gestores (consejeros y director general) que han llevado a las entidades a solicitar ayudas públicas, desacreditados ante el mercado; se estima desacertado que la Dirección de Riesgos e Intervención cuelguen de una misma Dirección General, la Dirección General Financiera y de Riesgos. Riesgos debe tener el mismo nivel jerárquico que Negocio y además no depender de quien lleva la cuenta de resultados para evitar conflictos de interés; cuestionable honradez de los gestores: se llevaron un bonus en 2009 superior al que correspondía, gracias a corregir el resultado del ejercicio propuesto por [Antonio] Román y [Miguel Ángel Soria, director general adjunto de auditoría interna] Navarro, presentada por [Ildefonso, director financiero] Sánchez Barcoj al CD [Comité de Dirección], propusieron llevarse entre 80 y 154 millones de euros de bonus cuatrienal porque con estas cifras de la integración alcanzaban objetivos pese a que el Plan decía que una desviación superior al 15 % dejaba el bonus en cero y a que ya habían solicitado 4.465 millones de ayudas públicas [participaciones preferentes del FROB]; falta de coraje de los gestores para afrontar la difícil situación económica y financiera del grupo: el mejor ejemplo es el de las prejubilaciones en condiciones tales que se hayan acogido el 99 % de los candidatos (de media, en vez de 110 van a cobrar 95 cada año... sin trabajar). O que los salarios sigan en niveles de expansión crediticia (pre-crisis); aparente falta de sintonía entre presidente [Rato] y vicepresidente [Olivas] por BV [Banco de Valencia]; aparentes conflictos de interés. Oliva (vicepresidente de Bankia y al tiempo presidente del Banco de Valencia) y [Federico] Ferrando (consejero miembro de la Comisión de Riesgos y empresario promotor financiado por Bancaja y con sociedades comunes a las que probablemente se habrán comprado activos); fallos de control interno: el vicepresidente Olivas se queda, según lo pactado en el contrato de integración, con el control de las [sociedades] participadas (BV, Banco de Valencia, y sociedades inmobiliarias entre otras, es decir, lo más feo) y con el control de la Auditoría Interna (la policía); el Comité de Auditoría Interna, presidido por el exdirector financiero de Bancaja, evidentemente todavía no ha celebrado sesión alguna cuando estamos a 16 de mayo; normativa interna ni claramente instrumentada ni bien difundida; sistema de toma de decisiones (ejemplo, política contable: ejemplo, cambios en la misma, provocando la liberación de 50 millones de euros) y asunción de responsabilidades no siempre bien definido ni documentado; control del cumplimiento de políticas: normalmente se deja en manos de Auditoría Interna sin involucrar suficientemente ni a otras áreas de control (Riesgos o Intervención, ni a Negocio); las actas de los órganos de gobierno y de los órganos ejecutivos son excesivamente escuetas y aportan poca información cuantitativa (números) y cualitativa (sentido de las deliberaciones) y riesgo operacional elevado por las prisas del proceso de integración y por la salida a Bolsa; el contrato aprobado por las asambleas [de las cajas de ahorros] en septiembre de 2010 se modifica de manera sustancial por los CdA [consejos de administración]; no se pide autorización al BdeE [Banco de España] (ni MEH, Ministerio de Economía y Hacienda, ni Europa ni FROB) pese a los cambios en ese contrato que fue la base de la aprobación del proyecto por parte del Banco de España y del desembolso de 4.465 millones de euros de ayudas públicas; los perímetros bailan incluso después de haber expirado el plazo para ejercitar el derecho de oposición; Altae [marca anterior a Bankia] baja el número de consejeros a tres, por debajo del mínimo de cinco, etcétera.

El correo del 16 de mayo de 2011 tiene una fecha simbólica. Porque el 16 de mayo de 2011, ciertamente, es la fecha de la escritura pública de la segregación de los activos y pasivos de BFA y Bankia con efectos a partir del 1 de enero de 2011: el balance consolidado, con informe de auditoría limpio al 31 de diciembre de 2010, alcanza los 328.000 millones de euros y el patrimonio neto es de 10.673 millones.

Esa segregación de activos supone desgajar un grupo inviable en dos partes íntimamente comunicadas y ligadas, igualmente inviables. Por una parte, un balance individual de BFA, S. A., y por la otra, Bankia.

Bankia, S. A. representa el 92 % del balance de BFA, cuya inviabilidad conjunta BFA-Bankia pone de relieve Casaus.

El principal activo de BFA a nivel individual era su participación en Bankia. Por tanto, para hacer frente BFA individualmente al pago de las participaciones preferentes y de las acciones subordinadas tenía dos posibles ingresos: el cobro de los dividendos que rendían esas acciones o la venta de esa participación. Existe, por tanto, una permeabilidad entre BFA y Bankia: los problemas de uno trasvasan al otro. Casaus viene a decir: si se hubieran valorado correctamente los activos y los malos se localizaban en BFA, el agujero o déficit de saneamiento hubiera aflorado en BFA por valor de 15.000 millones.

Problema: no se saneó como se debía. El déficit de provisiones o saneamientos siguió pendiente. Los activos, por tanto, continuaron inflados tanto en BFA como en Bankia.

El 27 de julio de 2016, el letrado Andrés Herzog, durante su declaración en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, preguntó a Pedro Comín, que había sido jefe de grupo del equipo de inspectores en BFA-Bankia:

—¿El que le mandaba esos correos era José Antonio Casaus?

—Normalmente era José Antonio Casaus. El seguimiento estaba dividido por áreas. José Antonio Casaus o alguno de los responsables, dependiendo del tema.

—¿Recuerda alguna comunicación especial justo antes de la salida a Bolsa, algún tipo de advertencia que a usted le llamara la atención? Respecto en concreto a ese momento de la salida a Bolsa, de la valoración de las acciones…

—La opinión del equipo venía trasladada en los informes de seguimiento que se han aportado. Esa es la forma natural, pues, como cualquier informe, implican una mayor capacidad de reflexión y análisis y, por tanto, digamos que las cosas que se me trasladaban normalmente eran coincidentes con las que aparecen en ese informe o en esos informes de seguimiento… Entonces, en esa época, sí recuerdo que hubo muchos correos en los que discutíamos las ventajas y los inconvenientes de esa salida a Bolsa… Y esas conversaciones, en su mayoría, están reflejadas, no sé si está aportado a la causa, yo creo que sí, en el informe de la Comisión Ejecutiva donde se aprueba el Plan de Recapitalización que firmamos Pedro González y yo… Sí que se decía que el precio podía tener incidencia o podía ser uno de los condicionantes de la salida a Bolsa… Y eso está reflejado en el informe…

Esta es, pues, la versión de Comín.

Ya hemos apuntado que los correos que Casaus ha enviado el 7 de abril —advirtiendo de los graves efectos de un precio de salida a Bolsa por debajo del valor teórico que registran las acciones en la contabilidad de BFA— y el 8 de abril —sobre la inviabilidad del grupo—, es decir, los correos anteriores a que González y Comín redacten su informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, solo sirven a ambos para poner unas notas a pie de página en su informe del 11 de abril de 2011, pese a lo cual recomendaban aprobar el plan.

Comín insinúa que más importante que los correos son los conocidos como «informes de seguimiento» del equipo de inspectores porque suponen «una mayor capacidad de reflexión o análisis». Pero, como advierten los inspectores-peritos, los informes de seguimiento reflejan lo que se anticipa en los correos.

Los correos del 8 y del 14 de abril versan sobre la incorrecta contabilización de los intereses de préstamos dudosos y proyectan el falseamiento contable. Apuntan el incremento del margen de intereses del Grupo BFA debido al devengo de los intereses de riesgos con promotores inmobiliarios que debían estar calificados como dudosos.

Según Casaus, el maquillaje contable es de 255 millones de euros, lo que provoca que la cuenta de resultados del Grupo BFA en el primer trimestre de 2011 se convierta en negativa. Esta cifra de 255 millones ya está señalada en el informe de seguimiento trimestral sobre las cuentas a 31 de marzo de 2011, firmado el 22 de julio de 2011, donde se asegura que si se descuenta esa cantidad la generación recurrente de resultados es cero. Y el informe de seguimiento trimestral de las cuentas a 30 de septiembre de 2011 deja constancia de la anotación indebida «de intereses devengados por los riesgos crediticios concedidos al sector promotor clasificado como riesgo normal subestándar», en lugar de ser registrados como dudosos.

Precisamente, al responder a Herzog, el inspector cabecera Casaus señalaba el 5 de septiembre: «Que no se interrumpiera el devengo de intereses de esos riesgos con promotores distorsionaba la imagen fiel del margen de intereses».

Es decir: el resultado, hablando en plata, es que se falseaba la imagen.

En los correos del 8 y del 14 de abril, también se apunta la incorrecta contabilización de las refinanciaciones y sus provisiones, la pésima calidad del riesgo crediticio y, por tanto, otra vez la sombra del falseamiento contable.

Es lo que se quiere decir cuando se señala «la incorrecta contabilización de los promotores que son dudosos (“todos”), pero que están en normal». Claro maquillaje contable. Tanto en lo que se refiere al ratio de morosidad como a saltarse la constitución de provisiones por insolvencias.

Al hilo de esto, el correo del 10 de mayo de 2011, según hemos apuntado, cuantifica en 71.000 millones las carteras crediticias problemáticas y vulnerables cuyas pérdidas «superarían las provisiones constituidas». Y en el de 16 de mayo, al analizar la cuenta de resultados del primer trimestre del año, señala «dotaciones aún pendientes».

Los correos, pues, desarrollan una labor de desmaquillaje, de quitar el efecto Max Factor sobre los resultados apuntados antes de la salida a Bolsa, tendrá su continuidad más tarde, en los informes de seguimiento que describen la situación a 30 de septiembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2011, en los que el equipo de inspectores «constata que la entidad no está reflejando contablemente la morosidad real de su cartera crediticia, en particular la del sector promotor, que tiene 20.000 millones».

«Catalogar 20.000 millones como [crédito] dudoso habría supuesto recoger las pérdidas que se pueden cuantificar en 5.000 millones», respondía Casaus a preguntas del letrado Herzog. «Los 20.000 millones de promotores normales, que a nuestro juicio no estaban bien clasificados como normales», señalaba.

El informe de seguimiento de las cuentas a 31 de marzo de 2011, no habla, empero, de la inviabilidad del Grupo BFA-Bankia, del problema de la estructura de doble banco y del quebranto previsible con la salida a Bolsa. Y es que el informe, que lleva fecha del 22 de julio de 2011, se completa dos días después de la salida a Bolsa.

Según ha venido a decir Casaus en su declaración, a estas alturas era inútil advertir sobre agua pasada:

Es que o lo hacíamos por correo o lo hacíamos por teléfono. Con lo cual el hecho de que esté en el informe, que la opinión esté vertida en informe, y en este caso llegó el 22 de julio. ¿Qué vas a decir ahí, si ya es un hecho consumado... Es verdad que no se utiliza la palabra inviabilidad pero para cualquier entendedor, y este informe no va dirigido al público, sino a quien va dirigido, sobran palabras; va dirigido a la misma persona que había recibido los correos.

Es decir: su jefe, Pedro Comín.

Como señalan los inspectores-peritos Sánchez y Busquets, si el Grupo BFA-Bankia era inviable en abril y mayo de 2011 con un descuento en la cotización futura que se estimaba en el 25 % (12.000 millones con descuento del 25 %), «mucho más lo fue tras la salida a Bolsa con un descuento del 74 % y la reducción de la participación al 50 %, que rompió el grupo fiscal y tornó irrecuperables 2.700 millones de créditos fiscales activados»

Tanto la declaración de José Antonio Casaus como los cuatro nuevos correos aportados son un obstáculo relevante en la hoja de ruta del juez Andreu y del fiscal Luzón: cerrar la instrucción cuanto antes. Cuanto más se ha retrasado dicho cierre, más pruebas han aflorado sobre la participación activa de la camarilla del Banco de España en la acometida del plan diseñado para BFA-Bankia.

El último obstáculo en la carrera por acabar la investigación dentro de la «línea de demarcación Andreu», que ha dejado fuera a los altos cargos del Banco de España, es el más difícil de toda la instrucción. Los esfuerzos de juez y fiscal han sido tenaces a la hora de segregar a la camarilla —identificándola con la otrora sacrosanta institución del Banco de España— de las responsabilidades en todo el plan BFA-Bankia.

Porque Casaus no es solo un testigo de cargo. Es el testigo de cargo.

Y gracias a su declaración han aflorado evidencias que el Banco de España había guardado «selectivamente» con la esperanza de que nunca llegarían al tribunal.

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INVESTIGAR A UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE TODA SOSPECHA

«Cualquiera que sea la opinión que nos merezca, es un servidor de la ley, o sea que pertenece a la ley y escapa al juicio humano».

FRANZ KAFKA, El proceso, 1925

El jefe de homicidios de la Policía de Roma, El Dottore, mantiene una apasionada relación con una misteriosa mujer, Augusta Terzi, quien le incita a transgredir la ley una y otra vez para poner a prueba la existencia del poder que lo coloca por encima de la ley. En uno de sus encuentros eróticos, el policía, sabedor de que su amante le ha engañado con un joven estudiante, la asesina a sangre fría y deja voluntariamente pruebas que debieran conducir a su rápida identificación. En el Departamento de Policía, El Dottore ha sido ascendido a jefe de asuntos políticos. Antes de ocupar el nuevo puesto, se hace cargo de la investigación del caso Terzi. Los policías que investigan el caso ven que todas las evidencias señalan al jefe de policía como el homicida, hecho que no pueden admitir. Tan pronto como asume su nueva responsabilidad en el departamento político, El Dottore pone en marcha intervenciones telefónicas. El joven estudiante, Pace, un «subversivo» en la Italia de finales de los años sesenta del siglo XX, se convierte en su objetivo. En paralelo, la investigación sobre el crimen continúa. En el domicilio de la víctima, las huellas dactilares del policía están por todas partes. El policía, tras interrogar a Pace por su actividad política, le acusa de haber matado a su amante. Pero el joven replica que no ha sido y que, en cambio, le ha visto en el edificio de la víctima el día del asesinato: es usted el asesino. El policía le ruega que presente una denuncia contra él por asesinato. Pero el joven se niega a ello. Convencido de ser intocable, el policía decide escribir su confesión y la entrega a sus colegas. Mientras espera en su casa alguna consecuencia de lo que ha revelado, tiene una ensoñación en la que el comisionado y los oficiales superiores de policía se presentan en su domicilio, imagina que preferirán evitar el escándalo a servir a la justicia y que intentarán disuadirle de asumir la responsabilidad por el crimen que ha confesado. Al abrir los ojos, advierte la llegada a su casa del comisionado acompañado por un equipo completo de agentes, que vienen decididos a exonerarlo.

He aquí el tema de la impunidad tratado por el cineasta italiano Elio Petri en su película Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, de 1970. El resultado final es, según se apunta, la impunidad: el jefe de policía está, por definición, libre de toda sospecha. Petri concluye la última escena con la frase de El proceso donde Kafka recoge la historia de su cuento «Ante la ley», en la que narraba el diálogo entre el guardián de la puerta de la ley y el campesino que se esfuerza en vano por atravesarla.

El sacerdote de Kafka señala:

Hay quien dice que la historia no da derecho a nadie a emitir un juicio sobre el guardián. Cualquiera que sea la opinión que nos merezca, es un servidor de la ley, o sea, que pertenece a la ley y escapa al juicio humano. Tampoco hay que creer que el guardián esté subordinado al hombre. Cumplir un servicio que le ate a uno a la ley, aunque solo sea a la puerta de la ley, es algo incomparablemente superior a vivir libre en el mundo. El campesino no hace más que llegar a la ley, el guardián ya está en ella. Ha sido llamado por la ley a cumplir un servicio, dudar de su dignidad equivaldría a dudar de la ley.

Josef K. apostilla:

Estoy completamente de acuerdo, porque si uno se adhiere a ella, debe considerar cierto todo lo que dice el guardián. Pero tú mismo has dado razones detalladas para creer que esto no es posible.

El sacerdote matiza:

No, no hay que creer que todo es verdad; hay que creer que todo es necesario.

Josef K. concluye:

Una opinión desoladora, la mentira se convierte en el orden universal.

El guardián, la cúpula del Banco de España —la camarilla, integrada por el jefe de grupo y los directores que recomiendan las políticas a aplicar, y la Comisión Ejecutiva seguidora de esas recomendaciones, a espaldas del equipo de inspección y su «cabecera»— ha sido, como en el cuento de Hans Christian Andersen, señalada: «El rey va desnudo».

Pero para el juez Andreu y el fiscal Luzón «no es no».

Ambos se sienten respaldados hasta entonces por la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, la sala que resuelve los recursos de apelación contra las decisiones del juez instructor.

¿Y las nuevas pruebas?

El instructor, dice la norma y la costumbre, sabe lo que se hace.

A mediados de octubre, se produce la típica «desincronización» de los tiempos judiciales. La sección tercera, formada para esta ocasión por su presidente, Antonio Díaz Delgado, y los magistrados Clara Bayarri y Fermín Echarri, desestima el 17 de octubre un recurso de apelación de Herzog del 8 de junio de 2016. El abogado de la acusación popular recurría entonces la decisión del juez de rechazar su propuesta de imputación a los altos cargos del Banco de España. Esa desestimación es una decisión adoptada por la sección tercera, de la cual ha sido ponente Díaz Delgado. Y ha sido asumida por unanimidad.

El criterio de la sección en este tipo de cuestión procesal, si imputar o no, es que el juez instructor conoce mejor que la sala el alcance de la investigación, lo que le otorga la autoridad para saber qué se debe hacer. A menos que alguna de sus decisiones presente una manifiesta debilidad argumental o desafíe el sentido común de la justicia, la sala tiende a confirmar sus resoluciones. La sección tercera sostiene que los altos cargos del Banco de España no pueden, casi por definición, concertarse en un delito de estafa de inversores:

Nos encontramos que, aunque hubiere una conducta poco diligente, ello no supone un ataque al bien jurídico protegido por el tipo delictivo, contenido en el artículo 282 bis [del Código Penal, estafa de inversores], que es el correcto funcionamiento del mercado de valores… La cuestión estriba en que solo pueden ser sujetos activos [de este delito] los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados, cabiendo solo la comisión dolosa, pues no se contemplan conductas negligentes o imprudentes. Dada la taxatividad de los tipos penales… aunque indiciariamente se pretende vislumbrar una responsabilidad penal de las personas que cita el apelante para que sean investigadas en el proceso, ello lo impide la taxatividad de los tipos penales.

Lo que viene a decir el 17 de octubre la sección tercera es muy claro: aunque existan indicios —como las meigas, haberlos haylos—, no se puede imputar/investigar más que a los administradores de hecho o de derecho.

Esto es lo que confiere seguridad al juez Andreu y al fiscal Luzón.

Pero, cuando se dicta a mediados de octubre, esta decisión sobre un recurso del mes de junio de 2016 ya está desfasada. No puede, por tanto, reflejar la nueva situación que se acaba de crear con la declaración de Casaus el 5 de septiembre y la entrega posterior de los correos.

El abogado Herzog vuelve a solicitar al juez, el 19 de octubre, la declaración en calidad de investigados del exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; del exdirector general de Supervisión y exsubgobernador, Javier Aríztegui; del expresidente de la CNMV, Julio Segura; del exvicepresidente de la CNMV y subgobernador, Fernando Restoy; del exdirector general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello; del director general de Supervisión, Mariano Herrera; del exjefe de grupo de inspección de Bankia y director general adjunto de Supervisión, Pedro Comín; del exdirector del Departamento de Cajas de Ahorros, Pedro González.

El letrado escribe:

La utilidad y pertinencia de la referida declaración se ha puesto de manifiesto en toda su magnitud a raíz de la declaración del señor Casaus y de los cuatro correos electrónicos recientemente aportados a la causa, que demuestran el perfecto y cabal conocimiento que la «jefatura» del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a Bolsa de la entidad, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes como a los propios accionistas, y, finalmente, del «quebranto al contribuyente», que incluso se llega a cifrar en 15.000 millones de euros. Respecto a la justificación y procedencia de las citadas declaraciones nos remitimos igualmente al exhaustivo escrito presentado por esta parte en fecha 8 de junio de 2016, sin que exista a fecha de hoy razón fáctica o jurídica alguna que justifique un distinto trato a los responsables de la fiscalización de la entidad [Grupo BFA-Bankia] por parte del Banco de España y de la CNMV respecto del auditor externo de BFA-Bankia, que el pasado mes de junio prestó declaración en calidad de investigado.

Y recuerda cómo llegaron los cuatro correos al juzgado:

Adicionalmente, conviene poner de manifiesto que los cuatro correos electrónicos que ahora hemos conocido gracias a la diligencia de investigación pedida por esta representación (tras la declaración del referido inspector del Banco de España, señor Casaus, del pasado 5 de septiembre de 2016), no habían sido aportados por el Banco de España [primera remesa enviada el 2 de septiembre] al dar cumplimiento al amplísimo requerimiento del Juez Instructor, realizado mediante auto de 26 de julio de 2016, que acordó librar oficio a dicha institución a fin de que remitiera todos los resúmenes, conclusiones, informes, agendas y todo tipo de documentación «elevada a la jefatura por el equipo inspector».

El Banco de España difunde una nota el 24 de octubre que intenta responder a la acusación popular. Afirma que no se han ocultado los cuatro correos de Casaus. Sale del paso como puede. En la primera remesa de correos electrónicos, del 2 de septiembre, explica, se incorporaron aquellos en los que se reflejaban, «de acuerdo con lo solicitado por la autoridad judicial, las agendas y conclusiones de las reuniones ordinarias y extraordinarias mantenidas entre el equipo de seguimiento del Grupo BFA-Bankia y sus interlocutores en dicho grupo bancario a lo largo del año 2011».

Los correos incluidos en el nuevo envío, reclamados por el juez tras el testimonio de Casaus tres días después, el 5 de septiembre, «son, como los remitidos anteriormente, comunicaciones informales entre miembros del equipo encargado de la supervisión del Grupo BFA-Bankia; pero no se refieren a las agendas o conclusiones de las reuniones mantenidas por el equipo de seguimiento con los directivos del Grupo Bankia, lo que explica su no inclusión en aquel primer bloque de documentación».

La respuesta admite que hubo, pues, un criterio para decidir qué correos enviar y cuáles retener.

En su informe del 10 de noviembre de 2016 sobre las imputaciones que solicita Herzog, lo primero que señala el fiscal Luzón es la resolución que acaba de dictar la sección tercera de lo Penal, confirmando la decisión del juez del mes de junio contra la imputación de altos cargos del Banco de España:

Respecto de la citación de determinadas personas responsables del área de Supervisión del Banco de España en la fecha de salida a Bolsa de Bankia, debe comenzar recordándose que la cuestión ya fue informada en nuestro escrito de 15 de junio de 2016, resuelta por este juzgado, que desestimó tal citación en calidad de investigados y confirmada por la sección tercera de la sala de lo Penal en auto del 17 de octubre.

Tras plasmar una lectura selectiva de las declaraciones de Casaus, siempre la más favorable a los altos cargos del Banco de España, el fiscal hace suyos algunos de sus argumentos, en particular el de Pedro Comín, al señalar

que no puede perderse de vista que, sin perjuicio de los correos aportados, por su mayor grado de espontaneidad en relación con los informes de seguimiento, es en estos en los que se expresa con el debido rigor la posición de la inspección ante la situación de Bankia. Y tales informes distan bastante de dibujar la situación que se refiere en alguno de esos correos.

Con todo, el fiscal no puede ignorar la nueva realidad que abre el conocimiento de los cuatro correos del Apocalipsis. Pero lo hace a su manera, con una versión descafeinada de los razonamientos del inspector cabecera:

De cualquier modo, puede sin duda plantearse si esa inviabilidad de BFA, que no específicamente de Bankia, comporta una responsabilidad penal en quienes decidieron o autorizaron la salida a Bolsa de esta última entidad.

¡Acabáramos!¡Hasta ahí podríamos llegar!

«Quienes decidieron o autorizaron la salida a Bolsa», escribe el fiscal. Aunque sea solo a efectos hipotéticos, el fiscal señala que el Banco de España pudo «decidir», no solo «autorizar».

En efecto, de considerar que se sacó a Bolsa un negocio inviable, la responsabilidad no sería exclusiva de los administradores o del auditor —estos sí responsables únicos de la veracidad de las cuentas— y podría suscitarse la participación de otros actores, señaladamente los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño. Los correos no aportan evidencia de que los funcionarios del Banco de España o de la CNMV participaran dolosamente por omisión en el delito que se investiga en estos autos, y que equivaldría a admitir que dichos funcionarios contribuyeron consciente, voluntaria y materialmente al hecho lesivo, a saber: el perjuicio de los inversores de Bankia dentro de un plan delictivo acordado con los querellados, en el que a aquellos les correspondía hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción institucional.

Según Luzón, muy al contrario, su actuación consistió en elegir entre la nacionalización del grupo o la propuesta del plan de capitalización, optando por la salida a Bolsa «que evitaba cargar el coste sobre el contribuyente y se hizo sobre la base de unas cuentas que recogían los requerimientos de cobertura del Banco de España y que el equipo inspector no cuestionaba».

Pero, como hemos apuntado, el fiscal ha dejado una percha:

De cualquier modo, puede sin duda plantearse si esa inviabilidad de BFA, que no específicamente de Bankia, comporta una responsabilidad penal en quienes decidieron o autorizaron la salida a Bolsa de esta última entidad.

Porque precisamente es de esa percha de la que cuelga la declaración de Casaus y la nueva prueba de los cuatro correos.

No será el juez Andreu, quien tiene trazada desde el comienzo su propia «línea de demarcación judicial», el que decidirá descolgar ambas evidencias e investigarlas. Aunque sea para no cerrar en falso una instrucción que ya va para los cinco años.

Andreu ratificará que «no es no» en un auto que dicta el 28 de noviembre. Señala que «en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parqué de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el señor José Antonio Casaus, errónea».

Añade: lo que se investiga son

unos hechos concretos, como son los acontecimientos anteriores a julio de 2011 que culminan con la salida a Bolsa de Bankia y su posible encuadre en el artículo 282 bis del Código Penal que castiga a los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información contenida en los folletos de emisión... La conducta básica consiste, por tanto, en falsear información económica-financiera contenida en los folletos de emisión o los que la sociedad deba publicar…

El juez se escuda en la «taxatividad de los tipos penales» previstos para los sujetos activos del delito de estafa de inversores, según el auto de la sección tercera del 17 de octubre:

Aunque indiciariamente se pretenda vislumbrar una responsabilidad penal de las personas que cita el apelante en el proceso, ello lo impide la taxatividad penal.

Desprecia, en coincidencia con el fiscal Luzón, el valor de los correos. «Se trata de una opinión personal», apunta.

El juez presenta en su auto el correo del 8 de abril de 2011, donde nada más empezar señala que ha «escrito unas reflexiones más generales sobre la viabilidad del Grupo Bankia y las alternativas posibles, siempre teniendo en cuenta el coste para el contribuyente». El inspector añade: «Si pensáis leerlas, os recomiendo la impresión y lectura tranquila, porque en pantalla es aún más difícil de digerir».

Y apostilla el juez Andreu:

Como es de ver, el inspector José Antonio Casaus remite unas «reflexiones» que transmite de manera informal y tan solo recomienda su lectura «si pensáis leerlas…».

Lo que es una forma coloquial de plantear por parte de Casaus la gravedad de la situación sobre la que está hablando, se convierte, según la interpretación del juez, en una recomendación. «Tan solo recomienda su lectura “si pensáis leerlas”», señala.

Pero tiene que admitir que no es cualquier opinión. «Si bien es una opinión fundada, por provenir de quien asumía la cabecera de la inspección del Banco de España en Bankia», señala. Y finalmente apunta que se trata «de una opinión relevante dado el análisis que realiza y de una opinión que finalmente, y como ha revelado el transcurso del tiempo, acertada».

Pero el esfuerzo por restar importancia a la prueba de los correos es inocultable, a pesar del reconocimiento del pálpito premonitorio, por así decir, de Casaus:

No debe olvidarse el carácter informal y espontáneo de los correos examinados, ni tampoco que existen cauces administrativos y oficiales para exponer, por parte de los inspectores, sus apreciaciones en la labor de seguimiento y supervisión de la entidad, cauces que se traducen en los llamados «informes de seguimiento», en donde se expresa con el debido rigor el resultado del trabajo de la inspección del Banco de España desplazada a Bankia.

Para Andreu

resulta difícil de imaginar, por inverosímil, que la Comisión Ejecutiva del Banco de España se detenga a examinar todos y cada uno de los correos o de los comentarios que los inspectores realizan a sus superiores, existiendo el cauce oficial para emitir esas conclusiones, que no es otro que los informes de seguimiento, los cuales ya obran en autos, y donde no se desprende, como tampoco se puede derivar de los correos electrónicos, que los altos funcionarios del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores participasen en forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento...

El juez insiste, una vez más, en que, en todo caso, descartada la vía penal, se pueden exigir responsabilidades a los funcionarios y organismos públicos. Dice:

Existen otros mecanismos idóneos… siendo así que ningún sistema de supervisión puede ofrecer una garantía completa, particularmente en el caso de que se cometan actos fraudulentos por terceros, como podrá darse en el presente, en el que se habrían presentado unas cuentas con el correspondiente aval del auditor externo que no reflejaran fielmente el estado económico financiero en la entidad cuya salida a Bolsa se refrendó.

Está claro: el juez reitera que va a acusar a los administradores de BFA-Bankia y al auditor Deloitte.

La descripción que hace el juez tiene interés: pinta a una institución por encima de toda sospecha respecto a la comisión de delito. No es «verosímil» que los funcionarios y el organismo Banco de España puedan ser siquiera sospechosos.

¿Y si nos encontramos, como es el caso, no ante un fallo del supervisor como guardián, sino ante un plan concebido desde la propia institución, basándose en su enorme poder y omnipotencia, para encubrir las consecuencias de la expansión crediticia que no quiso frenar, a través de las bombonas de oxígeno de las fusiones frías y las salidas a Bolsa?

¿Y si se trata de una operación en que los administradores son cómplices o coautores de un plan previamente elaborado, el de un saneamiento incompleto y aparente para lanzar Bankia a Bolsa y ganar así tiempo con la esperanza de que la realidad cambie?

¿Y si, como consecuencia del fracaso de este plan sancionado por el mercado, se produce la estafa de los inversores, como realmente ha tenido lugar?

Pues, sabe lo que le digo, apele usted a «otros mecanismos idóneos para exigir la responsabilidad de los funcionarios y organismos públicos…», dice el juez Andreu.

El juez, como se ha señalado, está muy seguro. Sabe que su decisión será recurrida. Pero cree que la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional le volverá a respaldar, como acaba de hacerlo el 17 de octubre. ¿Acaso no es el juez el que más y mejor sabe si cabe o no imputar?

Pero el recurso de apelación de Herzog impide, una vez más, dictar la última pieza recurrible, el auto de conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado, y abrir así el camino hacia el auto de apertura de juicio oral, el final de la investigación, que ya no es susceptible de ser apelado.

Las prisas chocan, por tanto, con la realidad procesal. Habrá que esperar algunos meses más. Y un desenlace intermedio imprevisto para la camarilla del Banco de España.

Por aquellas fechas, primeros días de diciembre de 2016, el fiscal Luzón está dando las últimas pinceladas de su escrito de acusación contra Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y otros sesenta y tres acusados en el caso de las tarjetas de crédito de Caja Madrid y Bankia: las tarjetas black, que junto con las participaciones preferentes y la salida a Bolsa formaban el trípode de las investigaciones judiciales abiertas por el juez Andreu.

El día 5 de diciembre, tras algo más de dos meses de juicio oral, el fiscal presentaba sus conclusiones definitivas ante el tribunal formado por los magistrados Ángela Murillo, presidenta de la sección cuarta de lo Penal; Teresa Palacios, ponente, y Juan Francisco Martel. El juicio, instruido por el juez Andreu, quedaría visto para sentencia el 2 de febrero de 2017.

El juez Andreu, con el apoyo del fiscal Luzón, estableció que las famosas tarjetas, emitidas al margen del circuito ordinario, eran usadas para «gastos personales y propios», no contaban con «respaldo contractual alguno» y no fueron debidamente declaradas a Hacienda.

Los gastos bajo sospecha habían ascendido a 15,5 millones de euros, entre 1999 y 2012, realizados por ochenta y dos consejeros y exdirectivos, pero la cifra final objeto del enjuiciamiento, merced a algunas cantidades prescritas, se redujo a 12 millones gastados desde 2003 por sesenta y cinco consejeros y exdirectivos.

La investigación se había abierto camino con dificultad. Porque el origen se remontaba a los más de 8.000 correos electrónicos requisados por orden del juez Elpidio Silva, primer juez instructor del llamado caso Blesa, y más tarde filtrados a una red ciudadana contra la corrupción, el llamado Partido X, formado por personas que habían participado en el movimiento 15M. Fue esta organización la que entregó los correos a dos medios de comunicación.

El diario.es, el primero en publicar la noticia, informó el 13 de diciembre de 2013: «Los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas de crédito en “negro” de hasta 50.000 euros al año». La base de la información era un correo de 2009.

El entonces secretario del consejo de administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, escribía a su sucesor el 1 de septiembre de 2009, con copia al presidente Miguel Blesa, el siguiente correo:

Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a consejos de filiales o participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1.350 € brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio, sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25.000 € anuales excepto su presidente, que tiene una cobertura de 50.000 €.

Entre los correos había material relacionado con diferentes actividades de Caja Madrid, entre ellas, las participaciones preferentes que eran investigadas por el juez Andreu. Pero requisar los correos y enviar a prisión a Blesa le había costado la carrera profesional al juez Silva, que fue inhabilitado por prevaricación, en una operación conjunta de la defensa del exfinanciero y el fiscal jefe de Madrid en aquella época, Manuel Moix. Los correos supuestamente afectaban la intimidad de Blesa. Eran, pues, una prueba maldita, ilegal.

El juez Andreu había rechazado en marzo de 2014 incorporar los correos a la causa de las preferentes, según solicitaba la acusación popular en la causa, con el argumento de que «no cabe rehabilitar una prueba declarada nula por vulneración del derecho fundamental sustantivo». Añadía: «Cualquier dato que se conociese a través del contenido de los correos electrónicos» podría generar la «nulidad de todo aquello que dicha información genere».

Pero las cosas cambiarían.

La clave del cambio la aporta el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos:

El caso Bankia tuvo una deriva que no esperábamos. A mediados de 2014 me vino a ver su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, para informarme de que habían detectado un uso irregular de tarjetas de crédito por parte de consejeros y directivos tanto de Caja Madrid como de Bankia. La utilización abarcaba los años 2003 a 2012, es decir, tanto la etapa de la presidencia de Miguel Blesa como la posterior de Rodrigo Rato. El equipo del actual presidente de Bankia había encargado una auditoría de la entidad tras una grabación en la que se hablaba de unas denominadas tarjetas black. Bankia ya había sido nacionalizada con una inyección de cerca de 22.000 millones de euros de capital público. El presunto fraude apenas superaba los 17 millones de euros. Para las cifras que manejamos en la reestructuración bancaria, esta no era significativa. Pero aquello fue la chispa que encendió la pradera. Bankia había protagonizado la mayor quiebra financiera de la historia de España, estuvo a punto de provocar el rescate completo de la economía española y absorbió más de la mitad de las ayudas europeas. Algunos de sus responsables tenían tarjetas para gastos de representación, que presuntamente se utilizaban para otro tipo de pagos, sin los controles habituales y sin que constara su tratamiento a efectos fiscales.

Nunca tuve un dilema moral al respecto. En cuanto me informaron del caso, mi respuesta fue que se ordenara la devolución de los importes y que se procediera según lo que los servicios jurídicos del FROB concluyeran que debía hacerse. El FROB había recibido el informe correspondiente de Bankia, que era quien tenía toda la información al respecto, en el que daba cuenta de lo sucedido. La entidad había encargado un dictamen externo sobre las posibles implicaciones penales del caso y concluía que no las había. El FROB, por el contrario, consideró que tal valoración correspondía a la Fiscalía. Y así se hizo. El caso se mandó a la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional imputó a setenta y ocho beneficiarios de las tarjetas black (finalmente han sido sesenta y seis los procesados), entre ellos nuevamente los expresidentes Blesa y Rato, más directivos y consejeros de partidos y organizaciones sociales. Los casi seis meses que transcurrieron entre el envío del caso a la Fiscalía y la decisión del juez fueron de un ruido político enorme. Digamos que las balas me silbaban muy cerca. Alguna inquietud y situación tensa tuve en aquellos días, pero mi seguridad era que contaba con el respaldo del presidente del Gobierno[21].

La labor de los medios de comunicación, por tanto, si uno se atiene al relato de De Guindos, fue inexistente. Si el caso prosperó, viene a decir el entonces ministro, fue porque él y Rajoy lo impulsaron.

Tanto el juez Andreu como el fiscal Luzón eran conscientes de que el terreno de las black, por su repercusión en los medios de comunicación, estaba abonado de una inmensa popularidad.

El lunes 5 de diciembre de 2016, el fiscal Luzón hizo una exposición de alrededor de dos horas, en la que definió a Miguel Blesa como el principal responsable de las llamadas tarjetas black. Si bien existían unas tarjetas para gastos de representación con anterioridad, durante la presidencia de Jaime Terceiro, explicó Luzón, fue Blesa quien «en primer lugar, y a la cabeza, tomó la decisión de continuar, pervertir y consentir el sistema de tarjetas que existía en la época de su antecesor,convirtiéndolo en un sistema opaco». Reprochó a Blesa pretender exculparse en Terceiro. Señaló a Rodrigo Rato como la otra persona responsable de este sistema de tarjetas, y al igual que había dicho respecto de Blesa: «Tampoco puede escudarse en que heredó el sistema de Miguel Blesa, ya que le dio continuidad en un momento de evidente crisis y perdió la oportunidad» de suprimirlo al crear Bankia en 2011.

«La consciencia de ilegalidad está presente en la conducta de la mayoría de los acusados», dijo. Para el fiscal, las personas que usaron las tarjetas «no estaban actuando legítimamente; es más, las estaban encubriendo», resaltó Luzón, que aprovechó para recordar las palabras que uno de los testigos usó para definir el órgano de gobierno de Caja Madrid: «Muy politizado y poco profesionales». Y el fiscal respondió: «Los miembros de este órgano de gobierno querían cobrar como profesionales».

Las palabras de Luzón provocaron momentos de tensión con los acusados en el banquillo. Cuando el fiscal dijo que el uso de las tarjetas era una «acción más próxima al pillaje o rapiña», el banquillo se revolvió, lo que obligó a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, a imponer silencio. El fiscal insistió en que «la emisión de las tarjetas tiene que ver con una actitud primitiva y depredadora que se pretende revestir de una realidad legal». Luzón dedicó algunas palabras al hecho de que se trataran de pagos en negro: «Declarar este tipo de tarjetas abochornaría a cualquier contribuyente. No es una opacidad fiscal, es una opacidad buscada».

El fiscal mantuvo la petición de seis años de prisión para Blesa (que gastó con la black 436.688,42 euros entre enero de 2003 y enero de 2010) y de cuatro años y seis meses para Rato (99.054 euros entre febrero de 2010 y mayo de 2012), sin considerar el reintegro del dinero como atenuante por el delito de apropiación indebida, y penas menos graves para los restantes sesenta y tres acusados, contemplando en muchos casos como atenuante la devolución de las cantidades gastadas.

La gente ya conocía desde principios de 2013 los «sobresueldos» que Álvaro Lapuerta, tesorero nacional, y Luis Bárcenas, gerente, del Partido Popular, distribuían entre la cúpula del PP y no hacían falta demasiadas explicaciones financieras sobre lo que es meter la mano en la caja.

Pero la salida a Bolsa y el agujero de casi 23.000 millones de factura que pagaban los ciudadanos con la nacionalización de pérdidas de Bankia, eso ya era otra cosa, algo más difícil de explicar, sobre todo en relación con el Banco de España, la institución libre de toda sospecha.

A primeros de diciembre, el juez Andreu, con la vista puesta en dictar el auto de conclusión —resolución que resume los hallazgos de toda la investigación antes de dictar el auto de apertura de juicio oral—, accede a la sugerencia de los inspectores-peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets y les solicita un tercer informe que recoja todo el material nuevo del caso, las declaraciones en calidad de testigos de los altos cargos del Banco de España del mes de julio, la declaración de Casaus del mes de septiembre y, claro, los correos electrónicos aportados a la causa.

El 7 de diciembre, Herzog recurre directamente en apelación a la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el «no es no» del juez Andreu. En apoyo de su pretensión, Herzog invoca los cuatro correos electrónicos, pero añade otras pruebas sobre el protagonismo de la cúpula del Banco de España en aspectos decisivos de la operación, como, por ejemplo, la decisión de incorporar a Bancaja en el proyecto.

Y plantea, además, que el procedimiento no debe ser encorsetado en el único delito de estafa de inversores que pretende el juez Andreu. El fiscal Luzón informa a la sección tercera contra la imputación.

Mientras tanto, para ganar tiempo, el juez, que da por hecho que el recurso no va a prosperar, pone a punto el borrador que ya tiene escrito sobre el auto de conclusión o transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Con todo, los contactos informales del juez con la sección tercera de lo Penal le dan el pálpito de que puede haber cambios en relación con lo que la misma sección ha resuelto el 17 de octubre de 2016.

La composición de la sección a la que le toca decidir ha experimentado una variación por el sistema de turnos. El magistrado Fermín Echarri es sustituido por la magistrada Ana María Rubio y será ponente la magistrada Clara Bayarri. El presidente de la sección, Antonio Díaz Delgado, que fuera responsable de la ponencia del 17 de octubre, es el tercer miembro de la sala.

La magistrada Bayarri estudia el material indiciario que ha aportado Herzog. No solo la declaración de Casaus y los cuatro correos electrónicos. También las declaraciones de José Luis Olivas, exvicepresidente de Bankia, una evidencia de la actuación del Banco de España como promotor de la operación, al exigir que Bancaja, que en principio no parecía estar destinada a la fusión, debía entrar en la operación.

En la deliberación de la sección tercera de lo Penal, celebrada el 20 de enero, se confirma lo que el juez Andreu, por indicios y olfato, se teme. La magistrada ponente plantea que ante tal cantidad de nuevas evidencias, en relación con otras pruebas ya existentes, no cabe mantener la posición que ha llevado a la resolución exculpatoria de los funcionarios del Banco de España y la CNMV del 17 de octubre.

Sus dos puntos centrales: la declaración como investigados de los altos cargos del Banco de España planteada por la apelación debe ser admitida, y lo que quizá es tan relevante como la imputación, porque corrige un criterio de fondo de la resolución del 17 de octubre, es que los indicios conducen a que no deba limitarse el procedimiento al delito de estafa de inversores del 282 bis del Código Penal. La ponente obtiene el respaldo del presidente, Díaz Delgado, y de la magistrada Ana María Rubio. Se aprueba por unanimidad la imputación de los altos cargos del Banco de España y de la CNMV.

Pero todavía no hay auto. La magistrada Bayarri tardará casi un mes en elaborar la resolución.

El auto del 13 de febrero de 2017 acaba con la idea del Banco de España como institución libre de toda sospecha o institución por encima de la ley.

La magistrada señala que las diligencias de prueba ahora aportadas no pudieron ser ponderadas en la resolución del juez Andreu, dictada el 1 de julio anterior, contra la imputación de los altos cargos del Banco de España, y tampoco por la sección tercera de lo Penal al resolver la apelación el 17 de octubre,

Por lo que, ante la existencia de nuevos indicios de criminalidad contra determinadas personas, las anteriores resoluciones denegatorias deben ser revisadas.

La magistrada toma la hipótesis planteada por el fiscal Luzón, cuyo objetivo era mostrar su improcedencia, y le da la vuelta:

Como acertadamente resume el Ministerio Fiscal en su informe de fecha 10 de noviembre de 2016: «Puede sin duda plantearse si esa viabilidad de BFA (...) comporta una responsabilidad penal en quienes decidieron o autorizaron la salida a Bolsa de BANKIA. En efecto, de considerar que se sacó a Bolsa un negocio inviable, la responsabilidad no sería exclusiva de los administradores o del auditor —estos sí responsables únicos de la veracidad de las cuentas— y podría suscitarse la participación de otros actores, señaladamente los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño».

Pues bien, tal es la tesis que plantea la recurrente, alegando para ello la existencia de múltiples y concurrentes indicios...

La magistrada, tras reproducir y analizar lo que plantean cada uno de los cuatro correos de abril y mayo de 2011, señala:

El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España.

La magistrada examina las otras evidencias:

Añaden los recurrentes como indicios concurrentes con los anteriores (ya preexistentes en el procedimiento, pero que se ven reforzados por la incorporación al mismo de estos últimos y contundentes datos) los siguientes:

Los informes de seguimiento EMITIDOS POR EL EQUIPO DE INSPECCIÓN, que, aunque de modo suavizado (en relación a los emails), los inspectores dan cuenta de graves y reiteradas irregularidades, señalando el Informe de 21 de diciembre de 2011, en el que se denuncia que la dirección de BFA-Bankia anteponía sus propios intereses a los de la entidad, denunciando las «excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones» poniendo ya en cuestión que pudiesen devolverse los fondos aportados por el FROB para la constitución del SIP. Así como el informe de 21 de marzo de 2012 (referido a 31 de diciembre de 2011): pocos días antes de la formulación de cuentas de la entidad del ejercicio de 2011, en el que sin embargo se refleja un «beneficio oficial» de más de 300 millones de euros, donde la primera conclusión era que «la matriz del grupo BFA, S. A. NO ES UNA ENTIDAD VIABLE, diagnóstico compartido por el presidente de la Entidad» y que «estamos constatando que la entidad no está reflejando contablemente la morosidad real de su cartera crediticia, en particular la del sector promotor, que tiene 20.000 millones contabilizados como riesgo normal: en gran parte se trata de sucesivas refinanciaciones en las que se está concediendo carencia total de veinticuatro y treinta y seis meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses», y añaden: «Bankia debe ser gestionada como una empresa en crisis y hasta ahora no se está haciendo así».

Bayarri también considera las evidencias procedentes de los informes de los inspectores-peritos judiciales:

Y, finalmente, los informes periciales: tanto el informe pericial de 30 de marzo de 2016 del perito Víctor Sánchez cuanto el informe de fecha 4 de diciembre de 2014 de los peritos Antonio Busquets y Sánchez, en los que se afirma que la salida a Bolsa de Bankia fue fraudulenta y que todas las cuentas elaboradas durante el ejercicio de 2011 contenían «errores contables» y que tanto las cuentas trimestrales a fecha 31 de marzo de 2011 (las del folleto) como las semestrales a junio de 2011 (correspondientes al momento de salida a cotización de las acciones el día 20 de julio de 2011), como las anuales cerradas a fecha 31 de diciembre de 2011, formuladas en 28 de marzo de 2012, eran falsas, no reflejaban la imagen fiel de la entidad. (Y ello, aunque, como manifestara el testigo señor Casaus en su declaración, «en las cuentas anuales hubiera información suficiente para calibrar. Para calibrar, el quebranto»), abordándose en dichas periciales, expresamente, como «sorprendente» la «actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores».

Se retrotrae la magistrada en el auto a la formación del Sistema Institucional de Protección (SIP):

Los recurrentes alegan que de ello se infiere que tanto las últimas cuentas de las Cajas de Ahorros (ejercicio 2010) como la creación del propio SIP y las posteriores cuentas publicadas durante el 2011 por parte de BFA-Bankia forman parte del mismo «engaño contable» continuado, del que estima fue parte activa el propio Banco de España, con una actuación sin la cual jamás se hubiese podido llegar a producir los ilícitos investigados en el curso de la presente instrucción, estimando que desde su misma constitución el SIP de BFA-Bankia no fue solo autorizado por el Banco de España, sino también impulsado por el mismo. De ello, además de los anteriores indicios, señala como indicios concurrentes: la declaración del que fuera presidente de Bancaja, Jose Luis Olivas Martínez, quien declaró que fue citado en la sede del Banco de España por su entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para mantener una reunión con el señor Rato, porque «querían que empezáramos a negociar»; que la reunión tuvo lugar en la sede del Banco de España el 1 de junio de 2010, donde se le «conminó» a integrarse en el SIP de Bankia o, de lo contrario, «se me dijo que podían intervenir la entidad», «accedo en base a esa conminación y porque estábamos en una situación muy compleja (...), en unas condiciones normales no hubiera aceptado la integración». Testigo que siguió relatando que días después, el 9 o el 10 de junio, recibió una llamada del subgobernador [Aríztegui] insistiéndole en que «el gobernador (del BdE) quiere que lleguéis a un acuerdo». «A principios de la semana que viene quiero que tengáis un principio de acuerdo», y que este testigo declaró que «trabajamos a contrarreloj para cumplir con lo que se nos estaba exigiendo», acuerdo que se firmó apenas quince días después, el 30 de junio, previa aprobación el 29 de junio por el Banco de España. Asimismo, estiman, constituyen indicio de la intervención del Banco de España en todo el proceso, desde la misma constitución del SIP, la propia existencia de las reuniones antes mencionadas en la sede del Banco de España, reconocidas en sus declaraciones por los señores Aríztegui y Fernández Ordóñez.

El auto, por tanto, estima

razonable y razonada la pretensión de los recurrentes sobre la base de la existencia en la causa de indicios múltiples, bastantes y concurrentes, de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados.

Y en referencia a limitar el procedimiento exclusivamente al delito de estafa de inversores, no es menos contundente:

Tal y como sostiene la recurrente, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos, que no procede verificarse hasta finalizada la instrucción conforme a lo dispuesto por el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y estimándose por la acusación que, sin perjuicio de que, tal y como se afirma en la resolución combatida, «el acuerdo de salida a Bolsa es competencia del órgano de administración», ello no obsta para poderse apreciar que «los acontecimientos anteriores a julio de 2011 que culminan con la salida a Bolsa de Bankia están indisolublemente unidos a tal decisión, tomada precisamente con la finalidad de encubrir la previa despatrimonialización de la entidad, para lo cual fue necesario seguir manteniendo una ficción contable, con la inestimable colaboración de los organismos supervisores, tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que hoy sabemos que estaban perfectamente informados de la verdadera situación de la entidad», estimándose por la recurrente que atendida la posición del garante del Banco de España y de la CNMV, los responsables de tales organismos responderían «como coautores de los mismos ilícitos que los gestores de la entidad, y en el peor de los casos, cooperadores necesarios de su actuación, sin la cual jamás se podrían haber llevado a cabo» , sin que en el presente momento procesal pueda constreñirse el ámbito de la investigación a unos parciales aspectos de los hechos por los que se acusa y fueron objeto de admisión de la querella presentada, y sin que proceda de momento la anticipación de la calificación jurídica definitiva que de los hechos investigados pueda darse.

La sección tercera, en cambio, no admite otras diligencias propuestas por la acusación popular para aprovechar la veta abierta por la declaración y los correos de Casaus. Por ejemplo, la citación como testigo del inspector José Antonio Delgado, que se incorpora al equipo de Casaus como corresponsable en septiembre de 2011.

La noticia de la imputación o, lo que es lo mismo, la consideración de los funcionarios en ejercicio y exaltos cargos del Banco de España como sospechosos oficiales, desencadena el mismo día 13 de febrero de 2012 las dimisiones de Mariano Herrera, director general de Supervisión; Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión, y Pedro González, director del Departamento de Inspección IV.

Y aunque formalmente es la primera consecuencia de la investigación, ya a finales de julio de 2016, tras prestar declaración en calidad de testigo, Fernando Restoy había anunciado su renuncia al puesto de subgobernador para asumir la presidencia del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI), un organismo del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS), a partir del 1 de enero de 2017.

Junto a los funcionarios en ejercicio han sido también imputados el exgobernador, Fernández Ordóñez; el exsubgobernador, Javier Aríztegui; el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y, según se ha señalado, el exvicepresidente de la CNMV y exsubgobernador del Banco de España, Restoy, a quien la imputación pilla fuera de España.

Al día siguiente de las dimisiones, en el Departamento de Supervisión se promueve la recogida de firmas en solidaridad con los exejecutivos imputados. Durante la tarde, del 14 de febrero, la Comisión Ejecutiva aprueba un comunicado en el que agradece a Herrera, Comín y González los servicios prestados, al tiempo que defiende a todos los imputados, entre los que se cuentan los exaltos cargos de la institución.

Tanto el gobernador, Luis Linde, y el subgobernador, Javier Alonso, como los consejeros Vicente Salas y Fernando Eguidazu, «consideran que la actuación del Banco de España en el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia se ajustó, en todo momento, al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general».

Al día siguiente, la Comisión Ejecutiva vuelve a difundir un comunicado en el que se desmarca de la recogida de firmas. «En dicha iniciativa de algunos miembros de la Dirección General de Supervisión, que merece comprensión, no han participado de ningún modo ni los Órganos Rectores del banco ni la Alta Administración, cuya posición quedó expresada en el comunicado», señala.

El 15 de febrero de 2017, el juez Andreu dicta una providencia. No por intuida, el efecto de la imputación es menos duro.

Lo refleja en pocas líneas:

Dada cuenta la anterior comunicación de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que se adjunta testimonio de la resolución dictada en la que se acuerda estimar parcialmente el recurso de apelación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto de 28 de noviembre de 2016, únase a las presentes actuaciones y cumpliendo lo ordenado por la Superioridad, recíbase declaración en calidad de investigados a las personas siguientes, en los días y horas que a continuación se relacionan: 13 de marzo de 2017, 9:00 horas, Fernando Restoy; 10:00 horas, Julio Segura; 14 de marzo, 9:00 horas, Pedro Comín; 10:00 horas, Pedro González; 15 de marzo, 9:00 horas, Mariano Herrera; 10:00 horas, Jerónimo Martínez Tello; 16 de marzo, 9:00 horas, Francisco Javier Aríztegui; 10:00 horas, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

25
«A MÍ ME TOCA ENTERRAR A LOS MUERTOS»

Fíjate por dónde, el tema central de los interrogatorios a los funcionarios y a los exaltos cargos del Banco de España —esta vez en calidad de investigados— va a desarrollarse, entre el 13 y el 16 de marzo de 2017, en torno a las ya famosas provisiones específicas pendientes de asignación, las fantasmagóricas pepas para cubrir insolvencias en los activos del Grupo BFA-Bankia, ese mecanismo que hemos definido como un MacGuffin hitchcockiano. Pero hete aquí que BFA-Bankia y su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que han tenido la oportunidad de certificar a través de los asientos del libro diario la existencia de las pepas en ambas entidades a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de marzo de 2011, respectivamente, según requerimiento del juez Fernando Andreu del 6 de septiembre de 2016, han pasado olímpicamente. El juez sigue intrigado, como en un film de suspense, con ese enigma. Porque la respuesta del equipo de Goiri ha consistido en certificar los saldos consolidados de provisiones del Grupo BFA y Grupo Bankia a las fechas solicitadas y señalar que no existe un libro diario de los estados financieros consolidados. Perdone usted, lo sentimos señor juez.

El inspector-perito judicial Antonio Busquets dirá que es una justificación superflua del incumplimiento:

Superflua por conocida y porque los asientos de consolidación tienen el mismo formato que los demás, con una fecha, un importe y una contrapartida al máximo nivel de desglose contable.

Su conclusión es reveladora:

BFA y Bankia despreciaron una oportunidad para incorporar al procedimiento una explicación cabal de las eventuales provisiones constituidas, lo que a estas alturas todavía no se ha realizado.

Mientras, el gobernador Linde tiene que reparar el averiado equipo de dirección del Banco de España a raíz de las dimisiones provocadas por la imputación judicial. Le queda algo más de un año para completar su mandato de seis iniciado en junio de 2012.

El puesto clave que se debe cubrir es el de director general de Supervisión. Baraja una opción sencilla: trasladar a esa dirección a una persona de su total confianza, Julio Durán, desde el puesto de director general de Estabilidad Financiera y Resolución.

Pero Durán, que no ha sido imputado, y cuya experiencia es ajena a la supervisión, sugiere que quizá sea el momento de hacer una renovación precisamente en el área más tocada por la crisis. Tiene un candidato de su propia división para ese cambio, una persona que trabaja con él en la dirección de Estabilidad Financiera.

Se trata de Daniel Pérez-Cid (Pontevedra, 1974), joven director de Regulación, con experiencia en el Banco Central Europeo (BCE) y en el Banco de Pagos Internacionales (BPI) de Basilea. Antes de asumir el puesto de director de Regulación, ha sido coordinador ejecutivo para política prudencial del Banco de España en el mismo departamento, el de Estabilidad Financiera, y con anterioridad, entre 2006 y 2015, jefe de dicha división.

Linde ve con simpatía la idea de Durán. ¿Por qué no? La juventud de Pérez-Cid es un activo. Se necesita una persona con energía y conocimientos y trayectoria en la institución, tres atributos que el candidato posee. Al mismo tiempo, según Durán, goza de excelentes relaciones con un equipo de más de cincuenta profesionales en el área de Regulación, dentro de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución.

El gobernador, pues, le ofrece a Pérez-Cid, el puesto de director general de Supervisión.

Son días turbulentos. Las dimisiones y el procedimiento judicial que parecía tocar a su fin han conmocionado la institución hasta sus cimientos, se han producido movimientos de solidaridad con los imputados y los inspectores-peritos judiciales han sido el blanco de una campaña por parte de la camarilla y la cúpula, tanto dentro del Banco de España como en los medios de comunicación. Los dirigentes de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que han defendido a los inspectores-peritos judiciales y expresan sus críticas profesionales al comportamiento de aquellos que dirigen la institución, soportan, a su vez, una especie de caza de brujas, acusados de crear problemas.

En este contexto, Pérez-Cid valora extraordinariamente la propuesta de Linde, pero no se encuentra decidido a asumir la posición de director general de Supervisión. Quiere el puesto, se siente capacitado para ejercer las funciones, pero cree que no es el momento.

Linde decide poner en práctica lo que le pedía el cuerpo: trasladar a Julio Durán desde la Dirección General de Estabilidad Financiera a Supervisión. Y para ocupar el puesto de Durán nombra a Jesús Saurina (1966), que hasta entonces era director del Departamento de Estabilidad Financiera. La designación de Saurina abreva en la misma fuente, Estabilidad Financiera y, como hubiera sido el caso de Pérez-Cid, el nombramiento implica un salto considerable, ya que no ha pasado primero por una dirección general adjunta.

Mientras, en el Banco de España el abogado Bernardo del Rosal, contratado para llevar la defensa de los investigados Herrera, Martínez Tello, Comín, González, Aríztegui y Fernández Ordóñez, ha comenzado a preparar los interrogatorios. Del Rosal tiene amplia experiencia. Es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, ha sido magistrado suplente en las Audiencias Provinciales de Madrid y Alicante entre 1987 y 1994, y a partir de esta fecha Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorros Valencianas hasta 2001.

En las reuniones, que se desarrollan en la Plaza de Cibeles, la línea de ataque, parece obvio, es la declaración del 5 de septiembre de 2016 de José Antonio Casaus y, sobre todo, los cuatro correos del Apocalipsis. La idea de que la cúpula —Fernández Ordóñez, Aríztegui y Martínez Tello— no recibió ni leyó los correos en tiempo real —cuando fueron enviados en abril y mayo de 2011—, ¿es obstáculo para contestar y opinar sobre el contenido de ellos durante la declaración? No. La idea es desacreditar a fondo la impresión reinante: que Casaus hizo el diagnóstico adecuado y que, de acuerdo al mismo, acertó en sus previsiones, que no fueron valoradas por la cúpula cuando se estaba a tiempo de evitar el desastre de la salida a Bolsa del 20 de julio de 2011, lo que, a su vez, precipitó el desenlace de la nacionalización de pérdidas y la solicitud del rescate europeo.

Ya en su día, el 7 de julio de 2016, Jerónimo Martínez Tello, exdirector general de Supervisión hasta octubre de 2012, y adscrito después al subgobernador, se sintió obligado, con ocasión de su despedida de sus compañeros y amigos de la institución, a aclarar su impresión sobre otro hecho simétrico al que ahora se enfrentaba: la carta del 26 de mayo de 2006 de la Asociación de Inspectores del Banco de España a Pedro Solbes, la carta que el vicepresidente guardó en un cajón y que el entonces miembro del consejo de gobierno de la institución, Fernández Ordóñez, ignoró.

En mayo de 2006, ocupaba el cargo de director general de Supervisión Pedro Pablo Villasante; eran los meses previos a su marcha para ejercer de secretario general de la patronal bancaria, la Asociación Española de Banca (AEB), después de seis años al frente de la supervisión bancaria española. Martínez Tello era desde 2003 director del Departamento de Bancos.

En su despedida, pues, Martínez Tello invocaba, a través de un correo electrónico, la obra de Lawrence Durrell El cuarteto de Alejandría, cuatro novelas en las que, en la segunda, titulada Balthazar, uno de los cuatro amigos que compartieron sus vidas en la Alejandría de entreguerras, dice mientras se suena con un calcetín de tenis: «La verdad, la verdad... no hay nada que, con el tiempo, se contradiga más».

Y a continuación se refería a la carta del 26 de mayo de 2006:

Siento desmitificar, en parte, la clarividencia adivinatoria que se ha otorgado al famoso escrito remitido por la Asociación a finales de mayo de 2006 al, entonces, vicepresidente y ministro de Economía, y que fue rescatado y sacado a la luz en plena gestión de la crisis bancaria reciente, lo que originó un gran descrédito a la alta administración del Banco de España y a la Jefatura de la Supervisión, en primer lugar, y luego a toda la Supervisión (¡solo a Supervisión, paradójico!).

Y digo esto (que no deja de ser mi opinión) porque aun siendo indudable que en dicho escrito se hace un adecuado diagnóstico de los desequilibrios —que, por otra parte, no difiere de los avisos que el Banco de España, la Supervisión a través de la Comisión Ejecutiva del Banco, enviaba a las entidades en sus comunicaciones...— y se manda un mensaje claro para que se tomen medidas para frenar estos excesos (que, también hay que decirlo, parecía que se podrían reconducir con mayor facilidad, pues a finales de 2006 y en 2007 ya había síntomas de enfriamiento de la burbuja, medido en la caída de solicitud de visados de construcción); es igualmente cierto que si se lee con detenimiento dicho escrito, y sin el entusiasmo corporativo del «yo ya lo predije», en ese escrito se adivinan los problemas pero no las desastrosas consecuencias que hemos vivido por esos desequilibrios.

Martínez Tello admite en passant que es «indudable que en dicho escrito se hace un adecuado diagnóstico de los desequilibrios y se manda un mensaje claro para que se tomen medidas para frenar esos excesos», pero, sin decir por qué no se frenaron, señala como quien no quiere la cosa el motivo: parecía posible reconducirlos con mayor facilidad porque la burbuja, dice, empezaba a perder aire.

Al tiempo, destaca que en dicha carta se «adivinan los problemas, pero no las desastrosas consecuencias que hemos vivido por esos desequilibrios».

La regla del Balthazar de Durrell no lleva, en nuestro caso, a que la verdad de la carta del 26 de mayo de 2006, por así decirlo, haya sido contradicha o desmentida con el tiempo, como parece insinuar Martínez Tello. Al punto de que el propio exdirector general de Supervisión admite a regañadientes el «adecuado diagnóstico» de la Asociación de Inspectores ¡diez años más tarde!

Ahora, la idea de la defensa de los directores dimitidos y exaltos cargos del Banco de España consiste en atacar las dotes adivinatorias o premonitorias de Casaus, según palabras utilizadas por el juez Andreu y el fiscal Luzón, al calificar el análisis del inspector; esto es, intentar desactivar su diagnóstico.

Y, aquí, en este punto, es Pedro Comín quien aporta la parte «analítica» a la defensa. Según el exjefe de Casaus, su error es prever un margen de explotación para Bankia que resultará equivocado, ya que, asegura, la entidad, individualmente, será capaz de generar resultados positivos.

El otro tema es el de poner en valor las provisiones específicas pendientes de aplicación, las pepas —prueba que, como hemos visto, BFA-Bankia acababa de rehuir ante el juez—, para combatir la idea de que quedaron, al acometer la fusión, saneamientos incompletos o pendientes, y para demostrar que lo que ocurrió fue todo producto de una nueva y sorpresiva recesión de la economía española, aunque para respaldar esta coartada tampoco la estadística trimestral del Producto Interior Bruto (PIB) a lo largo de 2011 fuese de alguna ayuda (–0,4 %, –0,5 %, –0,4 %, –0,5 %).

Ni el que fuera entonces director general de Supervisión, Martínez Tello, ni el director del Departamento IV, Pedro González, según declaran ante el juez, han recibido los correos de Casaus en las fechas de abril y mayo de 2011. Tampoco los han leído en aquellos días.

El único que los ha recibido y leído es el destinatario de los mismos: Pedro Comín.

El que había sido jefe de grupo sostiene que los correos reflejan la opinión personal del inspector cabecera.

Y, buen lector de los autos del juez Andreu nada más empezar a responder al letrado Herzog, Comín señala que los cuatro correos:

reflejan la opinión de Casaus, pero no solo es mi opinión, si nos leemos el primer correo; de hecho, el primer correo no va dirigido a mí, yo estoy en copia. Y José Antonio utiliza la primera persona, es más, dice: «Yo he escrito unas reflexiones más generales sobre la viabilidad del Grupo Bankia y las alternativas posibles, siempre teniendo en cuenta el coste para el contribuyente, si pensáis leerlas…». Leerlas, el destinatario, el equipo «… os recomiendo la impresión y la lectura tranquila». Es decir, está mandando su opinión y se la está mandando al equipo; es su opinión, claramente, en el primer correo. Además los correos tienen una evolución. Pero le voy a decir qué es lo que hacen los correos de José Antonio Casaus. José Antonio no se está refiriendo a una situación actual y concreta, se está refiriendo al futuro, y por eso es una opinión.

Pues se equivoca en el margen de explotación. Ahí se equivoca y se equivoca por exceso. Él está sugiriendo en sus correos que va a haber un margen de explotación negativo y lo va justificando. Cosa que no ocurrió, el margen de explotación no es recurrentemente negativo, porque si fuera recurrentemente negativo en algún momento de esta crisis hubiéramos visto un margen de explotación negativo; es decir, dicho de otra forma, Bankia generaba dinero y generó dinero a lo largo de la crisis.

Lo que José Antonio dice, y yo creo que lo ha dicho también en sede judicial, en este juzgado, es que él estaba pensando en el Grupo BFA, no lo estaba planteando en Bankia. Esto es importante también dejarlo claro. Él estaba hablando de BFA, no de Bankia…

Este caballo de batalla —a saber, los correos no versan sobre Bankia individualmente, sino sobre el Grupo BFA-Bankia— ya lo está montando el juez Andreu, que tiene listo su auto de conclusión.

El hecho de que Bankia represente el 92 % del Grupo BFA-Bankia no parece llamar a ninguna reflexión.

Pero el juez necesita que Casaus, que ya lo ha aclarado por escrito al aportar los correos —a saber, que se refiere al Grupo BFA-Bankia—, lo confirme en sede judicial.

Después de oír las declaraciones de González y Comín el 14 de marzo, decide citar, sobre la marcha, al inspector para prestar declaración el 16 de marzo de 2017, tras la comparecencia de Fernández Ordóñez. Será, pues, Casaus quien cerrará la ronda de interrogatorios.

El 16, el exgobernador presta declaración a partir de las diez horas en calidad de investigado.

Herzog pregunta:

—¿Es que el Banco de España no tuvo instrumentos para poner coto a cosas que no son etéreas, como el crecimiento inmobiliario, que están en los informes de seguimiento, en Bancaja y Caja Madrid, con refinanciaciones masivas, tasaciones realizadas con entidades vinculadas y otra serie de irregularidades y no sé si hubo mecanismos para evitarlas?

—A mí me llega, lo de enterrar a los muertos, como la salida a Bolsa de Bankia, cuando ya todo eso está hecho... El SIP era una cosa que no era ni una fusión ni ir por separado; era una cosa especial, que en mi opinión ha sido muy útil porque ha permitido que, a la vez que se ha hecho un saneamiento del sistema bancario (que se ha saneado y capitalizado a lo largo de los dos Gobiernos [PSOE y PP], porque arranca en 2009 y acaba con el rescate de la troika y todo el saneamiento detrás), se pudiera hacer también una reconversión industrial extraordinaria.

—Sobre los correos electrónicos en los cuales se cuestiona la viabilidad de la salida a Bolsa de Bankia…, se advierte de que va a llevar a una nacionalización de la entidad y a un quebranto del contribuyente que incluso se cifra en 15.000 millones… Me gustaría preguntarle si usted tuvo conocimiento del contenido, de la existencia de esta opinión, manifestada en su caso por el inspector cabecera de la entidad, que como sabe hace esa inspección sobre el terreno del Grupo BFA-Bankia.

—No, en absoluto. Ni recibí correos, por supuesto, ni me trasladaron ninguna información relativa a la falta de viabilidad de Bankia. Evidentemente sí me trasladaron parte... yo le puedo decir la explicación que me han dado y que me parece razonable. Y es parte de los correos, ellos, vieron que no estaba fundamentado porque, en lo que yo entiendo, las predicciones de Casaus, porque Casaus no ponía en cuestión la solvencia de Bankia y eso lo ha dicho por lo visto varias veces ¿no? Sino que hacía unas predicciones ¿no? Unas predicciones a largo plazo, no, a relativamente corto plazo y tal eh eh y que, que iban a llevar a la inviabilidad de Bankia. Y el otro tema era el de la estructura. Por empezar, por lo que sí vi, sin saber que lo habían visto los peritos, es que el tema de la estructura está en el informe de la Comisión Ejecutiva... Esa parte de los correos sí que la han transmitido, bueno, sin decir que era el señor Casaus... Respecto a la viabilidad, los problemas de hablar de viabilidad de Bankia los empiezo a ver a principios de 2012, cuando hay preocupación; no solo eso, sino también de la estructura de BFA. Por tanto, antes de la salida a Bolsa de Bankia, ni por parte de los inspectores, ni por parte de los directores generales, cuando nos reunimos a ver el tema; pero es que no solo del Banco de España, es que nadie de fuera del Banco de España. Yo no recuerdo a nadie, y vayamos a la hemeroteca, que lo dijera. Gente que ahora está diciendo que sí, que lo pensó, lo pensó pero desde luego no lo dijo. O sea, que es que no hay nadie que lo planteara. Uno ve el informe de AFI [Analistas Financieros Internacionales], por supuesto no dice eso, o el informe de no sé quién, o los stress test que nos lo hubieran dicho. Porque los stress test podían haber dado un mensaje... El stress test es lo que los ingenieros de caminos denominan pruebas de resistencia. Cuando construyen un puente dicen este va a resistir, pero antes de nada vamos a poner treinta camiones llenos de arena y ver qué pasa, y no pasa nada. Pero después hay un terremoto y el terremoto rompe el puente.

—Usted habla de nadie, yo le estoy preguntando por el inspector cabecera, por tanto, del encargado de la supervisión, el que tenía conocimiento.

—Ah sí, es verdad, perdone.

—Quería ir un poco más allá, me refiero a un correo concreto en el cual el señor Casaus, el 16 de mayo de 2011 remitido al señor Pedro Comín, que era su superior, le dice: podría resultarte útil para la reunión que tengas con el subgobernador [Aríztegui]. Quería preguntarle si en algún momento el subgobernador, bien directamente o por otro mecanismo, le hizo llegar el contenido de esta nota que le había sido pedida expresamente.

—No. En esto concretamente le digo que no. Yo me he sentido bien informado por el subgobernador [Aríztegui] y por Jerónimo Martínez Tello [director general de Supervisión] porque eran las dos únicas personas con las cuales me veía en la Comisión Ejecutiva o fuera. Y yo creo que cuando había algo importante me lo contaban... Lo que sucede es que al examinarlo [el correo] ellos, yo creo que habrían llegado a la conclusión, que a mí me han contado después, de que el señor Casaus se equivocó totalmente en sus predicciones. Porque, claro, desde el punto de vista general hay una salida a Bolsa, y el señor Casaus dice que va a haber una inviabilidad y hay un mal resultado; por tanto, ha acertado. Pues no, señor, el señor Casaus no ha acertado, si yo entiendo lo que me han contado. No solo no ha acertado, sino que se ha equivocado dos veces, en dos predicciones. El señor Casaus hace una predicción porque, felizmente, no hace una adivinanza. Una adivinanza es yo cojo la bola de cristal y digo va a pasar esto: inviabilidad de Bankia, o va a haber una inflación del 4% y entonces, si ha pasado, acierta uno la adivinanza, porque la diferencia entre predicciones y adivinanzas es decir que va a pasar algo por esto, por esto y por esto. Y cuando él da la base de sus predicciones no lo dice; él se equivocó como todos con el tema de la previsión. Si hubiera dicho: yo creo que la economía española va a entrar en recesión porque las dudas sobre el euro… y esto va a llevar a la inviabilidad de Bankia, hubiera acertado. Pero él se equivocó, como todo el mundo, no previó eso. Él hace una previsión que basa en el margen de explotación y dice: el margen de explotación es bajo; eso es verdad y es una de las preocupaciones de las cajas, porque las cajas han tenido siempre una baja rentabilidad y va a llevar al problema de Bankia. Y resulta que eso no ha pasado, no ha pasado. Los márgenes de explotación, por lo que me dicen a mí los inspectores, Comín y todos los otros, es que han sido positivos todos los años después. ¿Qué ha pasado? Ha pasado el saneamiento, las provisiones, la pérdida del valor de los activos. Pero eso no lo predijo, se equivocó. Por tanto, se ha equivocado dos veces, se ha equivocado en una predicción errónea, porque hay datos después, y se ha equivocado en no predecir lo que nadie ha predicho; en eso es más lógico. La verdad es que le contesto porque me parece bien contestar, pero vamos, todo esto lo he aprendido yo después, cuando me lo han contado, porque yo en aquel momento no sabía nada, como es lógico.

—En todo caso, entiendo que acertó en la inviabilidad, acertó también...

—No, acertó si hubiera sido una adivinanza. Si él hubiera hecho una adivinanza, si dice: yo, Casaus, he cogido la bola y digo que hay inviabilidad, hubiera acertado. Pero él no hizo eso y además me parece correcto. Porque a jugar con adivinanzas, al menos en el Banco de España no lo hace nadie. Él hizo unas predicciones y dijo en qué estaban basadas. Y se equivocó totalmente. Esto es muy difícil, yo entiendo que esto es complicado explicárselo a un tertuliano, pero si usted lo piensa un minuto, lo puede entender perfectamente.

—Yo creo que, evidentemente, acertó en cuanto a la inviabilidad, acertó en cuanto a la nacionalización y se quedó corto en cuanto al quebranto patrimonial de 15.000 millones. Si no le entiendo mal, usted quiere decir que acertó de casualidad, porque sus premisas eran equivocadas.

—No he dicho que acertó; es que no acertó ni de casualidad. En sus predicciones, no. Él hubiera acertado si hubiera dicho todo eso sin explicar por qué y hubiera sido un adivino, y entonces, evidentemente, habría sido magnífico, porque eso no lo hizo nadie...

—Bien, ya está suficientemente explicado —interrumpe el juez Andreu.

—Tampoco lo he entendido, pero una última cuestión. Ha citado un informe, ha dicho un estudio profundo que [ha aportado la defensa de Comín], entiendo que se refiere al informe del señor Comín. Ese informe, ¿usted lo recibió?

—No. Mire usted, yo de los correos me entero por la televisión. Un día veo en una tertulia que yo he recibido unos correos y que soy no sé qué, y que soy responsable de tal, y me pongo a mirarlo y me pongo a hablar con los [directores generales]. Yo no he recibido nada de eso... No me mandan el informe del señor Comín [confunde el informe entregado al juzgado con el informe sobre la estructura del Grupo BFA-Bankia de 2011], es un resumen de lo que él ha hecho, pero eso es lógico en cualquier organización que funciona bien y en la que los que estamos arriba nos hemos asegurado de que la gente que está debajo sabe hacer bien las cosas...

A continuación, toca el turno, este 16 de marzo de 2017 —en lo que va a ser la última declaración del procedimiento judicial iniciado hace casi cinco años—, a José Antonio Casaus, el testigo de cargo contra la camarilla.

El inspector confirma, preguntado por el juez, quien ha tenido la iniciativa de citarle, que en su declaración del 5 de septiembre de 2016 se ha referido a la inviabilidad del Grupo BFA-Bankia. Y puntualiza que ha vuelto a escuchar el audio y que, si se presta atención, ha dicho Grupo BFA-Bankia, por lo que confirmarlo «no supone por tanto ningún cambio respecto a la declaración testifical». El juez ya no pregunta más.

Casaus aporta en sus respuestas al abogado Herzog y, sobre todo, al letrado Del Rosal, que defiende a Comín, Herrera, González, Martínez Tello, Fernández Ordóñez y Aríztegui, no solo una confirmación de sus declaraciones anteriores y la explicación sobre la elaboración de los correos de abril y mayo de 2011, sino nuevos indicios.

La decisión sobre salir a Bolsa ya estaba predeterminada:

A nosotros se nos dio el tema de la salida a Bolsa [como] sí o sí y que lo único, bueno, que dijéramos qué nos parecía, si fuera con un banco o con dos bancos. Y después de hacer ese trabajo con estos dos correos de estos compañeros, correos o borradores de nota, no recuerdo exactamente cómo fue, yo dije: ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, es que también se puede discutir si hay que salir a Bolsa. ¿No? Porque nosotros no lo vemos, nosotros vemos que salir a Bolsa no es la solución para este grupo, que este grupo no tiene solución per se. La situación que tiene y los gestores, por el tema de la desacreditación ante el mercado, cuando haya que renovar 15.000 millones al año, si el mercado no cree en ti, estás muerto. O no te financia o te va a pedir un coste de interés que te va a hundir la cuenta de resultados. Entonces, tanto por la situación como por los gestores, este grupo no era viable y así lo pusimos en este informe: «este grupo no es viable sin un cambio de control».

Pero ¿fue Casaus el único en escribir correos a Comín sobre la inviabilidad del Grupo BFA-Bankia?

No. He aquí el relato:

El inspector Pedro Bravo envió un correo el 7 de abril. Del correo que mandó Pedro Comín, hay tres cosas que coinciden, que son tres cosas básicas que coinciden exactamente con el tema de nuestros correos. O sea, que de opinión personal en mis correos, puede ser, porque eran míos, pero de no compartida por el equipo, eso no es verdad. Yo voy a exponer los tres aspectos básicos. El primero es que yo me enfoco mucho en el tema del coste para el contribuyente y la utilización eficiente de los recursos públicos. Más allá de ser funcionario y tener vocación de servicio público, es que lo decía la ley, el Real Decreto-Ley 9/2009 de creación del FROB en su exposición de motivos. Como no puede ser de otra forma, habla claramente de que si vas a meter dinero público se vele por el uso eficiente de los recursos públicos. Bueno, pues eso, que está en mis correos repetido varias veces; aparece también en la página 5 del borrador de nota que mandó Pedro Bravo el 7 de abril a Pedro Comín. En las páginas 4 y 5, donde se dice:

«Dado que el FROB, que recibe fondos del Estado, es el principal posible perjudicado, de quedarse en la parte de arriba con la estructura de doble banco, debería analizar y valorar si está conforme con la estructura de dos bancos dentro del análisis de la utilización más eficiente de los recursos públicos. También el FROB debería considerar, en el caso de que esté de acuerdo con la estructura planteada por si considera conveniente pignorar las acciones que tiene BFA sobre el nuevo Bankia u otras alternativas para aumentar su garantía».

Es decir, primer punto, el tema de enfoque de coste para el contribuyente está tanto en mis correos como en las notas que mandó Pedro Bravo.

Segundo punto clave. Dudosa viabilidad de BFA y aplazamiento de la nacionalización. Eso está también en la página 6 de este borrador de correo, literalmente: Dudosa viabilidad de BFA, aplazamiento de la nacionalización. Aclaro, entiendo que aquí BFA se refiere a la matriz, no al grupo.

Y tercer punto de mis correos, yo digo: oye, que lo compre alguien sin que salga a Bolsa. Si tiene que salir, mejor como un banco único, no como doble banco. Bueno, pues en la página 4 del borrador de la nota de 7 de abril, el día anterior a mis correos, de Pedro Bravo, que lo hizo con colaboración de todo el equipo, consta:

«Conviene recalcar que la estructura de un único banco, en principio parecería más adecuada, dado que el mercado valoraría mejor todo el grupo.» Es decir, tres puntos clave del contenido de mis correos de abril y de mayo están reflejados en la nota sobre el trabajo práctico que pidió Pedro Comín.

¿Y este correo al que alude Casaus fue incorporado al procedimiento por el Banco de España? No. ¿Por qué no fue aportado? ¿Quizá porque coincidía, como ha explicado Casaus, con su punto de vista, lo que desmentía el argumento de que los cuatro correos del inspector cabecera eran una opinión personal?

¿Se puso alguien en contacto con el inspector cabecera tras conocer los correos? Respuesta de Casaus:

Pues la verdad es que no. Esos correos fueron como lanzados al ciberespacio. No hubo respuesta...

Sin embargo, sí hubo contactos cuando se trató de modificar el contenido de la versión original del informe de seguimiento a 31 de marzo de 2011.

El relato de Casaus es este:

—Sí, el informe yo creo que efectivamente lo fechamos el día 31 de marzo de 2011, el referido a 31 de diciembre de 2010, el primer informe de seguimiento del Grupo BFA en definitiva y, bueno, pues en este caso, al ser una entidad lógicamente sistémica y con dificultades, pues no solo se lo leyó Pedro Comín, que era el destinatario, sino que lo pidió también Pedro González como jefe de departamento y lo leyó. Pero lo leyó, claro, cuando tuvo tiempo. Entonces, me acuerdo perfectamente, nos dijo —no sé si fue él directamente o a través de Pedro Comín—: Mira, Pedro se ha mirado el informe. Bueno, le parece que está bien y hay un par de cosas sobre las que le gustaría que os pronunciarais en el informe. La primera es, bueno más que pronunciaros, una aclaración y un pronunciamiento. La aclaración es de los ajustes de integración, estos 9.207 millones, que pongáis un cuadrito con un desglose de la parte: esto va para prejubilaciones, esto fue para fondo genérico no asignado, esto para las empresas inmobiliarias, un detalle. Dos, con muy buen criterio, lógicamente, porque le preocupaba: ¿Por qué no os pronunciáis sobre si estos saneamientos de primera integración son o no suficientes para cubrir la pérdida esperada de estos dos años? O dicho de otra manera: ¿Vamos a tener en los próximos años un problema de saneamientos o no? Es perfectamente comprensible que tuviera esa inquietud Pedro González. El párrafo que se mete en el informe, que no estaba en el informe original, lo mandamos el 8 de junio de 2011, con lo cual, lógicamente, la pregunta nos la había hecho unos días antes, no recuerdo si fue una semana antes. Cuando me llama Pedro [Comín] le digo: «Pedro, dos cosas. Primero, no estás llamando a la ventanilla correcta. Te recuerdo que tú has abierto el tema, yo soy cabecera. Pregúntale a la persona que lleva riesgo de crédito». Aquella persona estaba de vacaciones o no recuerdo dónde estaba. Y le dije: «De todas maneras, Pedro, ya sabes nuestra opinión, que aquí faltan 7 u 8.000 millones por lo menos, lo que pasa es que no hemos hecho el trabajo verificativo. No nos preguntéis esto, porque claro…».

Y me dice: «Bueno, claro, pues hay que mirarlo tranquilamente. Miradlo tranquilamente y me lo decís». Bueno, se lo pregunté a la persona que estaba en el equipo como responsable de riesgo de crédito, quien compartía la opinión de que iban a faltar más saneamientos y dice: «No quiero pronunciarme sobre esto». Entonces, dije: «Pedro, mira aquí la persona de riesgo de crédito, y yo lo entiendo, no está por la labor de decir eso porque no hemos hecho el trabajo para poder pronunciarnos sobre ello». Y dijo: «Bueno, pues poned una cosa así un poco genérica como que se supone que se puede cubrir la pérdida esperada dos años, y más adelante ya se verá según la economía…».

El letrado Del Rosal pregunta:

—¿Eso lo dice Pedro González, que lo pongan?

—No, Pedro Comín.

—¿Pedro Comín le dice que ponga eso en el informe?

—Sí, Pedro Comín, por teléfono, sugiere —no dice que pongamos eso— poner una cosa que no comprometa mucho, que podría pensarse que la pérdida esperada estaba cubierta dos años y que, más allá, ya se verá en función de cómo evolucione la economía.

—O sea, que Pedro Comín les condicionaba el contenido de los informes de seguimiento.

—No, no, no, no. No nos condicionaba. En su papel de jefe de grupo tiene que preguntar por las cosas [sobre las] que tenga dudas o por las cosas que estime pertinentes que se aclaren. La aclaración la pidió Pedro González y la sugerencia de incluir un párrafo que no fuera muy comprometedor pues fue de Pedro Comín. Pero, bueno, se lo comenté a la persona que lleva el tema: «Oye, y si nos sugiere esto», y dijo: «Que no, que no». Intentó hacer una redacción alternativa, y entonces Pedro Comín me acuerdo que dijo: «Oye, mira, no más intentos, el informe es vuestro, o lo ponéis o no lo ponéis». Y ahí, metimos la pata y lo pusimos. O sea, no fue una presión. Ahora bien, no lo pusimos sabiendo que teníamos otra opinión, porque sí. Lo pusimos porque fuimos por el aspecto contable. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que pensábamos nosotros? Ya lo habíamos visto en la inspección a Caja Madrid. A un promotor no le puedes obligar a que te pague si no tiene dinero o no te quiere pagar, pero sí le puedes blindar de impagos y, por cierto, puedes conseguir que no impague, y como les estaban dando carencias de principal y de intereses durante tres años, en la ronda de refinanciaciones que empezó en 2007 hasta 2010, pues claro, no impagaban. Eran dudosos, pero no se reconocían contablemente como tal, no entraban en mora. En 2010 empezó la segunda ronda de refinanciaciones. ¿Nosotros qué pensamos? Como están empezando a refinanciar otra vez, hasta 2013 no va a saltar, con lo cual, bueno. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y vamos a poner esta frase. ¿Qué pasó y por qué se jodió todo, con perdón? Porque la banca extranjera dijo: hasta aquí hemos llegado, yo a la segunda ronda de refinanciaciones no entro. Y empezaron a sucederse los concursos de acreedores uno tras otro. Y entonces vino la necesidad de hacer saneamientos adicionales. Pero el mal en las promotoras estaba dentro, estaba dentro hasta que reventó la burbuja inmobiliaria.

—Si no estaban tan seguros, ¿cómo es que lo repiten luego en el informe de 2 de agosto?

—Pero es que el primero tiene fecha de 22 de julio y el segundo 2 de agosto [habían pasado diez días]. Pero, fíjese usted en la redacción tanto de un informe como de otro. En el primero, insisto, el párrafo no estaba en la versión original. En el primero decimos: «Respecto a la cuestión de si los saneamientos constituidos en la primera integración son o no suficientes para cubrir la pérdida, se puede entender que tal…». O sea, un enunciado que se compadece con la versión que yo estoy explicando de cómo surgió el tema. En el segundo informe volvemos a decir: decíamos en el informe anterior que tal…, como aseverando, bueno eso se ha quedado aquí y aquí se queda. Hasta que, cuando para reforzar al equipo se mete [el inspector José Antonio Delgado] a ver también el de seguimiento de riesgo de crédito y empezamos a poder hacer el trabajo que teníamos que haber hecho para poder realizar dicha afirmación. No quiero eludir ninguna responsabilidad, ¿eh?, fue un desacierto completo por nuestra parte meterlo. Aunque yo no llevaba riesgo de crédito, yo era el cabecera; bueno, esa me la como yo. Le estoy diciendo por qué lo hicimos, porque contablemente no se iban a tener que reconocer [esos riesgos crediticios] en la medida que se iban a blindar tres años. O sea, dicha afirmación fue una imprudencia, pero sí quiero dejar muy claro que Pedro Comín no nos obligó en ningún momento a meterlo. La responsabilidad es nuestra y solo nuestra y el error es nuestro. Hubo comentarios, hubo sugerencias, pero el tema es nuestro.

Durante las declaraciones de los funcionarios y altos cargos del Banco de España y de la CNMV, el fiscal Luzón ha permanecido en silencio. Su posición contraria a la imputación había sido derrotada por el auto de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional del 13 de febrero de 2017, y, por tanto, ahora no deseaba contribuir al interrogatorio promovido por la acusación popular.

Durante las preguntas del letrado Herzog, en el minuto 22 de la declaración, señala Casaus:

—En los correos damos de manera clara nuestra opinión, lo siento señor fiscal, financiera, o sea, analítica, no contable. Lo digo por la conversación que tuvimos la otra vez —señala en relación al intercambio del 5 de septiembre de 2016.

El juez Andreu interviene:

—Perdone, no se dirija al fiscal.

—No, bueno, era por...

—Vamos a ver, mire, no se dirija al fiscal, diríjase a mí en todo caso.

—Perdone.

—¿Vale?

—De acuerdo, perdón.

Al ser preguntado por Herzog sobre la salida a Bolsa y la fórmula para que Caja Madrid no fuera la cabecera de la combinación de negocios, el que fuera vicepresidente de la CNMV y más tarde subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, respondió este 13 de marzo de 2017:

—La CNMV lo que hizo fue responder a una consulta de la propia entidad, que tenía un planteamiento de integración —sí, la constitución del SIP— y entonces fue consultada sobre cuál era la interpretación correcta de las normas internacionales de información financiera en relación con esa combinación de negocio, y cuál es el tipo de estructura que se estaba planteando, pues en aquel momento la CNMV transmitió el criterio de que efectivamente era posible constituir esa combinación de negocio de tal manera que no tuviéramos una entidad adquirente que fuera Caja Madrid, sino que hubiera una nueva entidad, BFA, que se convirtiera en adquirente del resto de las cajas individuales. Y eso lo hizo en virtud de la interpretación que los servicios técnicos de la CNMV hicieron de las NIF y en concreto de la norma n.º 3, que es la que regula la combinación de negocio. La consecuencia contable que tenía es que, al no ser adquirente se podía poner a valor razonable todos los activos y pasivos de todas las cajas que formaban parte del SIP.

Herzog pregunta al entonces presidente de la CNMV, Julio Segura, por el pacto bajo cuerda del 21 de julio de 2011, el día después de la salida a Bolsa, entre Bankia y la empresa Gestamp a la que se le «blindó» la inversión realizada de 58 millones de euros. Los hermanos Jon y Francisco Riberas, una de las grandes fortunas españolas, consiguieron que se les asegurara el de 3,75 euros por acción, si la cotización entre el 1 y el 20 de mayo de 2012 se situaba por debajo. Como las acciones se situaron en 2,06 euros, los hermanos Riberas pidieron la ejecución del contrato. Pocos días después de ser nombrado, pues, Goirigolzarri, honró el contrato y la pérdida por diferencia del precio, 26 millones de euros, los asumió el banco nacionalizado.

Segura señala:

—En efecto, me ha mencionado usted la única incidencia en toda la operación, una incidencia de un inversor que compró 58 millones sobre una operación de un tramo institucional de más de 1.400 millones. En efecto, Gestamp tenía un swap [contrato de permuta financiera] y esto podía dar la impresión de que hasta el momento en que se pudiera ejercitar la opción, dos años después, la posibilidad de minusvalías de la inversión estaban protegidas ¿no? Bueno en cualquier caso no debían de estar al menos totalmente protegidas puesto que Gestamp perdió 15 millones de los 58 millones en la operación y en cualquier caso esa incidencia fue detectada, se pidió a la auditoría interna de Bankia que comprobara si había otro caso parecido y la conclusión fue que era el único caso; esto afectaría al 0,47% del tramo institucional.

Como dirán los inspectores-peritos, puede que fuera un caso aislado:

En cualquier caso, 26 millones representan muchos impuestos, muchas pensiones y muchos sueldos en los servicios públicos esenciales y los peritos pretendemos que algo se recupere, si todavía no se ha hecho. Adicionalmente, la duda que tenemos es si es legítimo pagar un contrato claramente ilegal, realizado en perjuicio de la entidad, sus restantes accionistas y acreedores.

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ÚLTIMA PALABRA DE LOS INSPECTORES-PERITOS: DESDIBUJANDO EL TRAMPANTOJO

Ha sido José Antonio Casaus quien ha testificado el último aun cuando la lista inicial establecía que solo serían oídos los imputados. El juez Andreu, según hemos apuntado, quería confirmar de labios del inspector que sus afirmaciones se referían al Grupo BFA y no a Bankia, una de las coartadas formales que permitían apartar a los funcionarios y exaltos cargos del Banco de España del banquillo. Pero el juez también deseaba ver al testigo de cargo en acción, es decir, conocer su réplica directa a los argumentos de los imputados. Fue el equivalente de una diligencia de careo en diferido.

Y, después de Casaus, finalmente, serán los inspectores-peritos judiciales, Víctor Sánchez y Antonio Busquets, quienes tendrán la última opinión sobre lo que han dado de sí casi cinco años de investigación.

El 8 de mayo de 2017, después de evaluar las actuaciones en el año que transcurre desde sus informes de finales de marzo de 2016, ambos entregan al juez sus informes respectivos. Incluyen, junto a sus conclusiones, un examen de los documentos aportados y de las declaraciones de testigos y de imputados/investigados que se han producido a lo largo del año 2016-2017. En total, si se cuenta la reproducción de los interrogatorios, los dos informes suman 754 páginas.

Durante este último año de instrucción algunos hechos relevantes han quedado esclarecidos.

El 27 de junio de 2016, el Ministerio de Economía, por ejemplo, había desestimado el recurso de la firma de auditoría Deloitte y del socio auditor Francisco Celma contra la sanción impuesta por el ICAC por una infracción continuada muy grave y dos infracciones graves en relación con los trabajos de auditoría para Bankia. La multa inicial de 12,8 millones de euros se rebajó a 10,4 millones. Una de las consideraciones del ministerio, precisamente, tenía relación directa con lo que se investiga en el procedimiento judicial, a saber, «la gravedad del perjuicio o daño causado o que se pudiera causar atendiendo a que la auditoría de cuentas formaba parte de la información financiera presentada en la Oferta Pública de Suscripción de acciones de Bankia, por lo que las actuaciones de los auditores pudieron causar un efecto a terceros al poder afectar al proceso de toma de sus decisiones económicas en relación con la entidad auditada y su salida a Bolsa».

La confirmación de la sanción del ICAC, el 27 de junio de 2016, una semana después de la declaración de Celma como imputado, fue enviada directamente por el Ministerio de Economía al juez Andreu, lo que terminó de convencerle, ya entonces, de que el socio auditor Celma y Deloitte debían sentarse en el banquillo. Precisamente, fue un mes y medio más tarde, cuando Celma presentó un escrito en el juzgado, el 2 de agosto de 2016, en el que señalaba que los trabajos por los que acababan de confirmar la sanción habían sido realizados con pleno conocimiento y coordinación con el Banco de España.

El otro hecho, más reciente, era la oportunidad desaprovechada por José Ignacio Goirigolzarri y su equipo para demostrar que el MacGuffin no era un fantasma. El juez había requerido que se aportara al procedimiento los libros diarios de BFA y de Bankia para acreditar las provisiones específicas pendientes de aplicación, las pepas.

Y lo que se aporta nada tenía que ver, a consciencia, con lo que se solicitaba: «Es decir, el [director de Intervención de Bankia] señor José Luis Sánchez Blázquez y el actual consejo de administración manifiestan, en definitiva, que las provisiones por insolvencias/correcciones valorativas, utilizando la frase de la investigada señora Araceli Mora, “viajan”. Algo absolutamente inaudito en el mundo de la contabilidad y de los negocios», apunta el inspector-perito Víctor Sánchez, a lo que añade: «En el mundo empresarial, ya no solo en el bancario, no se compran las amortizaciones acumuladas ni las provisiones por insolvencias de activos».

Sobre la existencia de esas provisiones pendientes de asignar, el «colchón» que han querido vender los funcionarios de dirección del Banco de España, el inspector-perito Antonio Busquets recuerda que en sus declaraciones esos mismos funcionarios señalaban que habían instado repetidamente al Grupo BFA-Bankia para que hicieran desaparecer esas pepas asignándolas a los créditos problemáticos. Como reconoció el director general de Estabilidad Financiera, Julio Durán, durante su declaración testifical de julio de 2016, no estaban amparadas por ninguna norma:

Es un concepto que no existe en la normativa contable: tal como me informé con la Dirección General de Supervisión se me explicó que en las combinaciones de negocios que se habían realizado, en el caso de Bankia y otros muchos casos... se practicaba un ajuste a valor razonable, después de calcular la pérdida esperada que producía ese ajuste, que en lenguaje vulgar o corriente se está llamando provisiones específicas sin asignar.

En efecto, según precisan los inspectores-peritos, «los conceptos de valor razonable y provisiones son incompatibles, son antagónicos. Si los bienes son contabilizados a valor razonable no puede haber provisiones disponibles para cubrir nada, ninguna contingencia relacionada con estos activos». La conclusión: «Si hay provisiones es que los bienes no están registrados a valor razonable».

Y, además, como se pregunta Busquets, ¿cómo podemos saber que esas pepas no estaban ya asignadas?

«Porque pudiera darse el caso de que esas provisiones estuvieran asignadas y la entidad no quisiera reconocerlo, lo que le permitía arbitrar el resultado contable, moviendo la cobertura a conveniencia.»

Tampoco, por cierto, podía tener prueba el auditor de que no estuvieran asignadas.

Esas provisiones imaginarias inexistentes, si se hace caso incluso a quienes aseguran una existencia que no han podido probar, se habrían convertido en un poderosoinstrumento de regulación de la cuenta de resultados o de arbitraje contable a gusto de los gestores.

Porque, como señala Busquets, «las pepas dificultan supervisar la valoración de la cartera de préstamos, porque no se sabe cuál es su valor al ignorar qué ajustes podrían tener incorporados, pues estos se asignan a la totalidad de la cartera».

BFA y Bankia no aportaron los documentos sobre la contabilización de las provisiones específicas pendientes de aplicación cuando se les requirió en septiembre de 2016 para que lo hicieran.

A confesión de parte, dice el refrán judicial, relevo de prueba. Es decir, la confesión de que no existe la prueba requerida libera a la contraparte de tener que probarlo.

Pero hay otros dos argumentos que desmontan el MacGuffin de los 6.913 millones de euros de provisiones, el famoso «colchón» del que se informa en el folleto de salida a Bolsa.

El primero es que, según recuerdan los inspectores-peritos, entre el 9 y el 25 de mayo de 2012, BFA-Bankia, nada más llegar el equipo de Goirigolzarri, distinguió entre los miles de préstamos a promotores aquellos que debían clasificarse como subestándar [créditos que sin ser todavía morosos es razonable considerar que incumplirán pagos] y calculó una provisión del 16 %, asignándola individualmente a cada préstamo.

En ese breve periodo de dieciséis días, el grupo también distinguió entre centenares de miles de préstamos hipotecarios a particulares, que se recalificaron a subestándar, con una provisión del 5 % aplicándola a cada préstamo:

Si esa asignación no se hizo en 2010 ni en 2011, y ese es el argumento que sostiene la existencia de las pepas, los peritos entendemos que ello no fue por imposibilidad técnica. Tanta ineficacia es sospechosa.

La respuesta:

Tal vez no se hizo [por los anteriores gestores, con aval del Banco de España] porque no interesaba perder este mecanismo de regulación de la cuenta de resultados, máxime cuando en la segunda segregación se había cerrado la ventana para el ajuste de la combinación de negocios. ¿Se puede defender la imagen fiel de los estados financieros de una entidad que ni siquiera es capaz de aclararse las provisiones que tiene?

El segundo punto se refiere a lo que enseguida pusieron en práctica los responsables de BFA-Bankia que asumen la dirección tras la liquidación de Rodrigo Rato. Los peritos no pueden ser más claros. He aquí lo que se podría llamar el test de cinco premisas:

¿Es que los nuevos gestores de Bankia, don José Ignacio Goirigolzarri y don José Sevilla, no sabían que había una suma de provisiones genéricas y específicas no asignadas que evitarían el impacto en resultados de los ajustes de reformulación?

¿Es que los restantes administradores de Bankia no sabían de la existencia de esas provisiones? ¿Por qué no advirtieron de ello a los nuevos gestores, lo que hubiera evitado declarar pérdidas de 3.000 millones en Bankia?

¿Es que el interventor general don Sergio Durá y su equipo de más de cien personas no sabían de la existencia de esas provisiones? ¿Por qué no advirtieron de ello a los administradores?

¿Es que Deloitte y su socio don Francisco Celma no sabían de la existencia de esas provisiones? ¿Por qué no advirtieron de ello en la reformulación de las cuentas?

¿Es que la inspección del Banco de España no sabía de la existencia de esas provisiones? ¿Por qué no lo advirtió permitiendo declarar unas pérdidas de 3.000 millones en Bankia?

El hecho de que no se utilizaran esas provisiones en el ajuste de reformulación de las cuentas del 25 de mayo de 2012, lo cual a su vez provocó el definitivo hundimiento de la cotización y la imposición de un rescate europeo el 9 de junio, es la prueba de su inexistencia.

Los funcionarios del Banco de España imputados han rechazado por exagerados los ajustes que los inspectores-peritos señalaron como necesarios porque, según explicaron, ignoraban las pretendidas provisiones, el MacGuffin.

¿Por qué entonces admitir el ajuste de reformulación de las cuentas de 2011 que no utiliza esas provisiones? ¿Por qué no invalidar las cuentas reformuladas ya que, al ignorar el «colchón» de provisiones, violarían la imagen fiel de BFA y Bankia?

Los peritos, además, le dan la vuelta a todos los argumentos machaconamente repetidos para confundir al juez Andreu y al fiscal Luzón: «La existencia de esos colchones, pepas, indicaría un exceso en el recurso a las ayudas públicas obtenidas, lo que es contrario a la normativa española y comunitaria».

Aunque los cuatro correos del Apocalipsis han acaparado la atención mediática y han sido el blanco de la defensa de los funcionarios imputados, hay otros correos, de finales de 2011, que dan cuenta de las reuniones de los inspectores con el grupo que desvelan el desastre de la evolución de Bankia. Sí, de Bankia.

El 2 de diciembre de 2011, José Antonio Casaus refleja una reunión con la intervención:

Posible deterioro de la participación que tiene BFA en Bankia (12.000 de VNC [Valor Neto Contable]), a la que le corresponden fondos propios de Bankia de 8.000, y que tiene un valor de mercado de 3.300 millones de euros: dice Sergio Durá [interventor general de Bankia] que a ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones de euros.

Durá nos ha comentado el presupuesto de Grupo Bankia (no Grupo BFA, es decir, sin el «banco malo») para 2011. El panorama del «grupo bueno» cotizado, pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, solo podemos calificarlo de «desolador» (y, gracias a que estamos de buen humor porque es viernes y víspera del gran acueducto), pese al «buenismo» de las proyecciones (al final de este correo hay un resumen de los datos más relevantes cuya lectura se recomienda).

Los inspectores-peritos resumen la situación a partir de esta reunión:

A principios de diciembre de 2011 se busca un «guapo» que avise al FROB de un agujero de 5.000 millones en BFA. El panorama de Bankia «grupo bueno» se califica como desolador. ¿Cómo se podía defender en estas condiciones el mantenimiento de sus cuantiosos activos fiscales?

Los activos fiscales diferidos, a los que aluden los inspectores-peritos, son los que se producen cuando se registran pérdidas dentro de un periodo que se pueden compensar después, cuando se generen los beneficios; es decir, se trata de un crédito del Estado.

La conclusión no es menos desoladora: «Todo esto se produce cuatro meses después de la salida a Bolsa de Bankia [20 de julio de 2011] y once meses después de la suscripción por el FROB de 4.465 millones de participaciones preferentes emitidas por BFA».

Otros puntos en discordia como el contenido de la Oferta Pública de Suscripción (OPS), el folleto de salida a Bolsa, sobre el cual el socio auditor Francisco Celma ha negado la participación de Deloitte, o el precio de salida a Bolsa, cuyos efectos, según el citado auditor, eran nulos sobre los libros contables de Bankia, también son aclarados por los dos informes periciales que cierran la instrucción.

Según consta en el folleto aprobado por la CNMV, «Deloitte, S. L. auditores de cuentas de Bankia» aparece entre las entidades que «han prestado asesoramiento en relación con la Oferta objeto del presente folleto informativo».

Los inspectores-peritos señalan que el precio genera efectos:

Hay efecto en los libros de Bankia porque si en vez de emitir a 3,75 euros se hubiera emitido a 7,5 euros por acción, el importe de este asiento hubiera sido el doble. Hubieran entrado en caja 6.180 millones en lugar de 3.090.

Pero las afirmaciones de Celma en sede judicial contradicen lo que él como socio auditor de Deloitte había informado al Comité de Auditoría de BFA, presidido por el exministro Ángel Acebes, el 18 de octubre de 2011, según consta en acta, a saber, que era «fundamental resolver el impairment [reducción del valor de un activo que no genera los beneficios esperados] de la participación de Bankia, ocasionado por la salida a Bolsa».

Además, Celma explica en la citada reunión que «las Normas Internacionales de Contabilidad establecen claramente un umbral del 40 % en el deterioro del valor de las participaciones a partir del cual es necesario registrar el impairment».

Tanto Celma como los funcionarios del Banco de España imputados presentan el precio de salida a Bolsa por debajo del valor teórico contable que las acciones registraban en los libros de su matriz, BFA, como una operación «normal» y común a todas las entidades bancarias españolas, y se refieren a que es una forma habitual de cotizar de ese modo en el mercado.

Pero, como apuntan los peritos, «no se puede comparar el precio de cotización en el mercado secundario [después de la salida inicial a Bolsa] con el precio de emisión, mercado primario, de una entidad cuyos activos se habían puesto a valor razonable seis meses antes».

En la información aportada por el Banco de España (reuniones de los inspectores con la intervención de Bankia del 14 de julio de 2011, anterior a la salida Bolsa, ni en la posterior de 21 de julio de 2011) no hay una sola referencia al precio de salida, los 3,75 euros por acción y el descuento del 74 % sancionado por el mercado y sus efectos en BFA.

Pero es que, como ha señalado Casaus en su declaración, al equipo de inspectores on site —o empotrado en la torre de Bankia de Plaza de Castilla— se le presenta la salida a Bolsa sí o sí. Es un tema sobre el que no hay que opinar. Ya está decidido de antemano.

Precisamente, el precio de salida a Bolsa planteaba, posteriormente, en 2012, un desafío para Deloitte. Por eso, Celma comenzó a avisar en octubre de 2011 y, para «arreglarlo», Rodrigo Rato contrató, según hemos visto, a Deloitte —por lo que se le pagó una factura—, para que hiciera un trabajo específico sobre el impairment.

Con todo, emitir un informe de auditoría sin salvedades para BFA era una misión impracticable: el precio de salida era un elefante al que no se podía disimular. Señalan los inspectores-peritos:

Los peritos entendemos que era imposible emitir un dictamen de auditoría sin salvedades para BFA, porque los quebrantos en la valoración de la participación de Bankia y los activos fiscales lo impedían. Estos problemas eran consecuencia directa del precio de salida a Bolsa de Bankia sobre los que el auditor avisó suficientemente y con suficiente antelación.

Y hay que añadir que incluso ante esta evidencia Deloitte intentó descafeinar en el procedimiento judicial el problema del precio.

Pero ¿era posible un informe sin salvedades para Bankia?

Teóricamente, siguiendo su propio juego, el auditor podía y debía haberlo hecho:

En base a la información analizada y especialmente la presentación al Comité de Auditoría del 27 de marzo de 2012 los peritos consideramos que el auditor había concluido prácticamente su revisión y por ello no entendemos que no emitiera el dictamen, salvo que fuera consciente de la existencia de deterioros no contabilizados, algo que no ha reconocido...

La teoría de la conspiración dice que alguien avisó al auditor que se apartase, según una de las posibilidades contempladas por Rodrigo Rato.

Pero, más allá de si alguien avisó a Deloitte o no, su situación era la siguiente.

Celma y Deloitte sabían lo que tenían que saber para apartarse y no entregar el informe de auditoría de las cuentas de Bankia el 30 de abril de 2012.

Sabían desde el 25 de abril de 2012 que el FMI señalaba a Bankia. No se les escapaba que el informe de conclusiones preliminares de la misión del Fondo no había cogido por sorpresa al Ministerio de Economía, sino todo lo contrario. Aunque carecieran de los detalles, a buen entendedor pocas palabras. En otros términos, intuían que se estaba al final de la escapada.

Y, en particular, el auditor estaba en el centro de la tormenta. Entre la espada de la intuida inminente intervención del grupo bancario y la pared de sus informes anteriores avalando las cuentas hasta entonces.

Los inspectores-peritos señalan:

Entendemos que hubiera sido muy difícil para el auditor justificar la emisión de un dictamen con salvedades tras el historial de opiniones limpias emitidas sobre Caja Madrid, Bancaja, BFA y Bankia, la última de fecha 28 de julio de 2011 sobre las cuentas de Bankia a 30 de junio de 2011.

Celma y Deloitte, pues, tenían que desaparecer. Evaporarse, borrarse. Solo serían unos días.

Nada más conocerse la declaración de Casaus del 5 de septiembre de 2016, la campaña de los funcionarios del Banco de España que, en aquellos días, todavía se creían inmunes a una imputación —contaban con la posición inquebrantable de fiscal y juez, y el fallo a su favor de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional del 17 de octubre de 2016—, se centró casi desesperadamente en filtrar a los medios de comunicación que el inspector cabecera solo se había referido a BFA-Bankia como «inviable». La idea que se quería vender era que una cosa era la matriz y otra la entidad que había salido a Bolsa.

Es decir, Bankia como entidad individual estaba fuera de su radar. Esta teoría caló en el fiscal y en el juez.

Los inspectores-peritos aclaran el punto:

Es nuestra conclusión pericial que una calificación como inviable del Grupo BFA-Bankia implicaba igualmente la inviabilidad de las entidades individuales.

Veamos la técnica del nuevo trampantojo:

Cuando el Grupo BFA se califica como inviable, correos de abril y mayo de 2011, aún no se habían segregado los activos y pasivos de BFA y Bankia, lo que se hizo el 16 de mayo de 2011 con efecto contable 1 de enero de 2011. ¿Adónde nos lleva esto? A lo siguiente: «Por tanto, la opinión de inviabilidad se emite para todo el grupo, no solo para BFA, S. A., de la misma forma que los errores contables se refieren a todo el grupo».

La pretensión de diferenciar revela que los funcionarios del Banco de España se agarran a un clavo ardiendo.

Porque, como resumen los inspectores-peritos:

— Bankia, S. A. representaba el 92 % del balance del Grupo BFA (275.000 millones frente a 23.000, excluida de BFA la participación de 12.000 millones en Bankia). No es razonable defender la inviabilidad del todo y a la vez la viabilidad de una parte que supone el 92 % del total.

— En BFA, S. A. se dejaron créditos inmobiliarios de mala calidad, pero también las mejores participaciones (Mapfre e Iberdrola), mientras que se traspasaron a Bankia las desastrosas participaciones inmobiliarias procedentes en su mayor parte de Bancaja. Por eso, cuando en 12 de diciembre de 2011, don José Manuel Fernández Norniella [consejero ejecutivo de Bankia y adjunto a la presidencia] explica la situación del grupo inmobiliario al consejo de administración de Bankia, las pérdidas de esta, 1.484 millones, duplican las de BFA, 700 millones. Por eso BFA necesitó 7.000 millones de ayudas públicas y Bankia 12.000, un 71% más.

— En los correos de don José Antonio Casaus hay referencias que solo pueden corresponder a Bankia, S. A. Por ejemplo, cuando la inviabilidad del grupo se relaciona con la dificultad de «afrontar los 120.000 millones de financiación mayorista» o con los 71.000 millones de «activos vulnerables».

— El correo del 10 de mayo de 2011 al tratar al «enfermo» menciona que terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes... Es evidente que se refiere a Bankia, S. A.

— Y, por último, porque la solvencia se mide en base consolidada. Esta pretensión de una entidad viable dentro de un grupo inviable fue igualmente desmentida por la práctica, porque las pérdidas de Bankia —26.496 millones— alcanzaron al 88 % de las registradas por el Grupo BFA, 29.958 millones, según detalla el siguiente cuadro:

Resultado consolidado antes de impuestos:

Millones €

2011

2012

Total

Grupo BFA

–4.920

–25.038

–29.958

Grupo Bankia

–4.307

–22.189

–26.496

Grupo BFA ex Grupo Bankia

–613

–2.849

–3.462

Pérdidas de Bankia s/total Grupo BFA

87,5%

88,6%

88,4%

Los inspectores peritos concluyen:

No se puede sostener que el Grupo BFA era inviable pero que Bankia era viable cuando las pérdidas de esta alcanzaron el 88 % de las del grupo. Que los inversores que acudieron a la Oferta Pública de Suscripción con información viciada está muy claro. ¿Quién hubiera suscrito acciones si se le hubiera informado de que el Grupo BFA, al que Bankia pertenecía, era inviable?

La ofensiva contra los informes de los inspectores-peritos ha tenido el carácter de una guerra sin cuartel.

Diez catedráticos y un inspector del Banco de España excedente, Rubén Manso, han presentado contrainformes, algunos para cuestionar y la mayoría para desacreditar el trabajo de los inspectores-peritos desde diciembre de 2014, a lo que se suman las declaraciones, en calidad de testigos y de imputados, de funcionarios del Banco de España y de la CNMV.

Y, sin embargo, la médula de la crítica se reduce principalmente al abracadabra de unas hipotéticas provisiones específicas pendientes de asignación, las pepas, no amparadas por ninguna normativa española o internacional, prohibidas por la Norma Internacional de Información Financiera 3 [sobre combinaciones de negocios], incongruentes con la realidad económica de un ajuste a valor de mercado de los activos de BFA y Bankia e incompatibles con el propio criterio de la Dirección General de Regulación (DGR) del Banco de España que las definió como «un aspecto sin trascendencia económica, financiera ni patrimonial».

Para no tenerla, DGR dixit, ¡vaya si la ha tenido en cinco años de procedimiento judicial!

Los inspectores-peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets no objetan como tales los ajustes practicados en la reformulación de cuentas del 25 de mayo de 2012: 1.352 millones por deterioro de activos adjudicados, 1.096 millones por saneamiento de participaciones e inversión crediticia de filiales inmobiliarias y 1.859 millones por saneamiento de créditos refinanciados reclasificados a la categoría de subestándar. Máxime cuando gran parte de esos ajustes se basan, precisamente, en los informes del equipo empotrado del inspector cabecera José Antonio Casaus:

Nuestra objeción se refiere al momento en que se conoció la información de base que justificaba dichos ajustes de reformulación y, por tanto, el momento en que dichos ajustes debieron contabilizarse.

Relatan que

los señores Goirigolzarri y Sevilla, con el concurso del auditor, don Francisco Celma y el interventor general, don Sergio Durá, convencieron al resto de los administradores de la necesidad de reformular las cuentas de BFA y Bankia, con el argumento de que aunque las cuentas de 2011 formuladas inicialmente en 28 de marzo de 2012 eran correctas, la situación había cambiado a finales de mayo. Los peritos no compartimos esta tesis porque los motivos aducidos (recomendaciones del FMI, cambios legislativos, crisis económica y cambios de estimaciones) serían de obligado registro contable prospectivo en 2012 y porque hay numerosas evidencias de que los deterioros se habían producido mucho antes de marzo de 2012. Decenas de miles de préstamos y activos inmobiliarios no se deterioran a la vez en la medianoche del 31 de diciembre de 2011, sino que lo hacen de forma paulatina a lo largo de todo el ejercicio.

La reformulación acometida por el equipo de Goirigolzarri ha contemplado tres ajustes: impactos automáticos de la salida a Bolsa; impairment y ruptura del grupo fiscal; deterioro e intervención del Banco de Valencia y renovación de la permuta de dividendos [contrato de derivados o dividends swap, por el cual Bankia garantizó a algunos inversores que compraron acciones un dividendo mínimo] en diciembre de 2011, para evitar las pérdidas derivadas de su cancelación anticipada.

El valor total de los ajustes ascendió a 4.307 millones:

Si el Grupo BFA era inviable en abril de 2011 por su incapacidad de generar recursos recurrentes, la consecuencia inmediata debería haber sido la eliminación en todo o en parte de los activos fiscales [diferidos], que a 31 de diciembre sumaban 6.338 millones, el 74 % de los 8.554 millones de fondos propios. El folleto de emisión no advirtió de esta contingencia.

Así pues, en el resumen de conclusiones —tres folios—, los inspectores-peritos sostienen que las cuentas anuales auditadas con opinión favorable de Deloitte son falsas: cuentas anuales de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, Caja Madrid 2010; cuentas anuales consolidadas de BFA 2010; estados financieros intermedios de Bankia del 1 de enero al 31 de marzo de 2011; los estados financieros intermedios consolidados del 1 de enero al 31 de marzo de 2011 de BFA; folleto de emisión, asesorado por Deloitte, y tríptico para la salida a Bolsa de Bankia; estados financieros intermedios resumidos consolidados del 1 enero al 30 de junio de 2011 de Bankia; estados financieros intermedios resumidos consolidados del 1 de enero al 30 de junio de 2011 de BFA; cuentas anuales de Bankia, S. A. de 2011 formuladas el 28 de marzo de 2012; cuentas anuales consolidadas de Bankia de 2011 de 28 de marzo de 2012; cuentas anuales de BFA, S. A. de 2011, de 28 de marzo de 2012; cuentas anuales consolidadas de BFA de 2011, de 28 de marzo de 2012; cuentas anuales de Bankia, reformuladas por la administración de Goirigolzarri el 25 de mayo de 2012 auditadas por Deloitte con opinión favorable; cuentas anuales consolidadas de Bankia de 2011, reformuladas el 25 de mayo de 2012 y auditadas por Deloitte con opinión favorable, y cuentas anuales consolidadas de BFA de 2011, reformuladas el 28 de mayo de 2012, auditadas por Deloitte con opinión favorable.

Este dominó de falsedades encubría la verdadera situación de las entidades. Según señala Víctor Sánchez:

Las pérdidas acumuladas por las siete cajas en junio de 2010, al firmar el contrato de creación del SIP, eran inmensas. El patrimonio conjunto de las siete cajas (15.406 millones) no reflejaba pérdidas ocultas en el valor de sus activos de al menos 16.659 millones. Es decir, en conjunto, las siete cajas que se integraron como Grupo BFA estaban en quiebra técnica en junio de 2010... La estrategia fue administrar y diferir el reconocimiento de las pérdidas y para ello se ideó una teoría contable ajena a la legislación mercantil y contable nacional e internacional, y se le trató de dar un barniz de legalidad con la incorporación de una consulta al Banco de España.

Precisamente, esta es la situación que llevó a la fórmula de la fusión fría, el disfraz de baile para la combinación de negocios con el cascarón de proa no de Caja Madrid, sino de BFA, según recomendó, como ya hemos visto, la CNMV en 2010.

Y que un año después llevaría al segundo ajuste en función de la exactitud de la constitución del SIP y el traspaso de activos inicial.

Busquets lo presenta así:

Se trata de una oportunidad porque si el ajuste de la combinación de negocios [al constituirse el SIP] no fue exacto, y es difícil que lo sea en operaciones corporativas de gran volumen y complejidad, todavía un año después se permite corregirlo disminuyendo las reservas y no los beneficios. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un banco español compra un banco extranjero; son entidades sometidas a distinta legislación y supervisión, que actúan en mercados distintos. Cuando no tiene sentido, al menos en la cuantía elevada de los ajustes realizados, es en entidades como Caja Madrid y Bancaja, con un modelo de negocio similar, una misma normativa, una misma supervisión e incluso una misma firma auditora. La normativa no permite triquiñuelas. No se permite posponer la contabilización de quebrantos conocidos en el momento original ni se permite adelantar el registro de otros deterioros posteriores que se van a producir después del año...

Es decir, que en BFA se aprovechó el periodo de medición, que terminó el 31 de diciembre de 2011, para registrar contra reservas parte de los saneamientos de insolvencias exigidos por el Real Decreto-Ley 2/2012 de 18 de febrero [primer decreto Guindos] que debían contabilizarse en 2012. Esta circunstancia es un fraude contable que hace falsas las cuentas de BFA de 2011, tanto las inicialmente formuladas en 28 de marzo de 2012 [administración Rato] como las reformuladas en 28 de mayo de 2012 [administración Goirigolzarri].

Los peritos judiciales sostenemos que el ajuste de la combinación de negocios y su contabilización definitiva un año después fue un gran desastre. En buena parte la causa fue el diseño de la estructura de grupo, realizada con el asesoramiento de Deloitte. Como la segunda segregación lo fue entre entidades de un mismo grupo, esta operación corporativa no pudo calificarse como combinación de negocios, por lo que Bankia perdió las facilidades normativas derivadas, especialmente el periodo de medición, la posibilidad de puesta a valor razonable original, que solo permaneció para los activos remanentes de BFA.

El resumen es todo lo que podrá leer el juez Fernando Andreu, quien espera los dos informes para dictar el auto de conclusión de las diligencias y cerrar un procedimiento que se le ha escapado de las manos, cada vez que pretendía cerrarlo, como una liebre.

27
EL BANQUILLO: NI SON TODOS LOS QUE ESTÁN, NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON

Tiempo récord. Setenta y dos horas después de recibir los informes periciales —el lunes 8 de mayo de 2017—, el juez Fernando Andreu notifica la pieza más importante de la instrucción el jueves 11 de mayo: el auto de transformación de las diligencias previas abiertas hace casi cinco años, el 4 de julio de 2012, en procedimiento abreviado.

Son 253 folios.

Es, también, la última decisión del juez que las partes personadas en la causa pueden recurrir en apelación ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por tanto, si bien ya es posible ver la luz al final del túnel, los recursos son capaces de retrasar al menos hasta finales de 2017 el cierre de las actuaciones y su elevación a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que designe los tres magistrados del tribunal, se admitan los medios de prueba y se señale la fecha del juicio oral.

El juez Andreu aflora un auto que ya está escrito con mucha antelación. Es una recopilación de sus principales resoluciones, empezando por una copia literal de su auto de admisión de la querella criminal el 4 de julio de 2012. Gran parte de los hechos e indicios que describe después están basadas en los cuatro informes periciales de Víctor Sánchez y Antonio Busquets, los dos de diciembre de 2014 y los dos de marzo de 2016.

Porque son estos informes los que encajaban en el calendario original del juez, a saber, dictar este auto, a más tardar, en la primavera 2016. El capítulo de imputaciones de los funcionarios del Banco de España, como hemos señalado ya, no estaba en sus previsiones.

En cambio, solo ha podido, o querido, echar un vistazo a las conclusiones de los dos informes finales, los últimos folios de resumen. Mentalmente, en cuanto a consecuencias de las diligencias y nuevas imputaciones por iniciativa propia, el juez Andreu había cerrado la causa antes de primavera de 2016.

Pero no es menos cierto que ha canalizado la mayor parte de las peticiones de pruebas documentales clave y testificales solicitadas por la acusación popular, tanto en lo que se refiere al Banco de España como a Bankia.

El juez hace una fusión casi literal en su resolución definitiva del auto, por el cual admitió la querella presentada por el abogado Herzog el 4 de julio de 2012 y las principales decisiones que ha ido tomando a lo largo del procedimiento.

Y es, precisamente, en los últimos folios de su resolución, página 249, antes de resolver el archivo de las diligencias para los funcionarios y exdirectivos del Banco de España, cuando señala en pocas líneas el objeto central del procedimiento de manera muy clara:

El reproche penal que pudiera hacerse en el presente caso deviene de la creación de una apariencia de solvencia que, indirectamente, hubiera contribuido a que los interesados acudieran a la oferta pública de acciones, ficción en la que no interviene el Banco de España ni los responsables del organismo a los que ha traído a la presente causa la acusación popular que, como ha quedado expuesto, no fueron quienes decidieron la salida a Bolsa de Bankia, S. A., aunque no se opusieran a ella.

La creación, pues, de una apariencia de solvencia, una ficción que hace que la gente pique y meta el dinero.

El juez fija lo que podríamos llamar la materia de fondo —el meollo— e inmediatamente establece su perímetro de contención, que hemos denominado la «línea de demarcación judicial Andreu».

Cree posible, en una actividad tan regulada como la del sector financiero, «crear una apariencia de solvencia» para que la gente invierta en una especie de ficción, en un tocomocho, vaya, sin que ello llame ni la atención ni la intervención drástica de las entidades reguladoras y supervisoras de las entidades bancarias, el Banco de España, y del mercado, la CNMV. Es decir, unas entidades que dejan de cumplir su función.

¿Sí? ¿Es eso creíble?

Es que si la premisa del juez Andreu fuese válida, a saber, que el reproche penal gira en torno a «la creación de apariencia de solvencia» —y bien que lo es—, ¿se puede cortocircuitar deliberadamente la premisa y dejar fuera del perímetro a aquellos que resultan, precisamente, vitales para dar credibilidad a esa ficción ante el mercado?

Ni los administradores dirigidos por Rodrigo Rato ni los auditores bajo la batuta de Francisco Celma han actuado en el vacío, como si no existiesen reguladores y supervisores. Todo lo contrario, han mantenido estrecho contacto con ellos y han seguido sus indicaciones. Y ello ha quedado en evidencia durante cinco años de instrucción.

La operación de fusión fría, o combinación de negocios —el SIP maravilloso que compró Fernández Ordóñez y que ha reivindicado en su declaración como imputado, el 16 de marzo de 2017—, y la salida a Bolsa posterior, no ha sido una actividad desarrollada de manera independiente respecto del Banco de España. La institución no actuó como un observador. Intervino en cada fase de la operación como inspirador y autor intelectual, en palabras de la magistrada Clara Bayarri.

¿Por qué actuó así?

La fusión y la salida a Bolsa formó parte de la política del Banco de España porque fue su fórmula ideada —su ¡eureka!— para encubrir y diferir las consecuencias de una expansión crediticia que alimentó una de las principales burbujas inmobiliarias de la economía mundial con la esperanza puesta en un cambio de la situación que permitiera reparar el daño. Un daño y unas consecuencias, que la cúpula y la camarilla se negaron temerariamente a considerar cuando aún no era del todo tarde, según solicitó la Asociación de Inspectores en mayo de 2006.

Cómo podría haberse fraguado esta «ficción» o esta «apariencia de solvencia» sin la participación intelectual y operativa del Banco de España, es un arcano.

El juez describe una película de «malos» y «buenos».

Los administradores, ya quemados y condenados en la Audiencia Nacional por apropiación indebida —el caso de las tarjetas black— y el socio auditor Celma y Deloitte, por un lado, son los «malos» de la película Bankia.

El auto ignora, o mira hacia otro lado —o peor, justifica—, aquello que no hicieron los que se suponían que eran los «buenos», porque, según viene a sostener, por definición es inverosímil que supervisores o guardianes de entidades y mercados puedan incurrir en el delito de la estafa de inversores, que se concierten con los perpetradores del delito.

Porque, claro, son ciudadanos del Banco de España libres de toda sospecha.

Y están por encima de la ley.

Tras una lectura de las 253 páginas del auto, la conclusión cae por su propio peso: ¿para qué sirven el Banco de España y la CNMV?

El juez reproduce casi literalmente en el auto de conclusión, como se ha apuntado, varias de sus propias resoluciones clave.

Solo cita una vez al testigo de cargo, el inspector cabecera del grupo empotrado en la sede de BFA-Bankia, José Antonio Casaus, quien desveló con sus correos electrónicos y declaraciones cómo la cúpula del Banco de España se empeñó en la falsa fusión de las siete cajas que dieron nacimiento a BFA-Bankia, y su posterior salida a Bolsa, el 20 de julio de 2011, a sabiendas de que era un grupo en quiebra técnica.

Y lo cita reproduciendo lo que ya escribió en el auto que rechazaba la imputación de los funcionarios del Banco de España:

En este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, errónea.

Pero es que ese rechazo del juez a imputar a los funcionarios del Banco de España fue tumbado por la sección tercera de lo Penal y el inspector cabecera fue citado por el propio juez a prestar declaración a continuación del exgobernador. Fue Casaus quien cerró el ciclo de declaraciones, pero de esta comparecencia no hay rastro alguno en el auto.

¡Ay, las dotes de adivino del testigo de cargo José Antonio Casaus!

Tras los múltiples indicios de falsedades —las provisiones de 6.913 millones apuntadas en el folleto de salida a Bolsa son falsas, según han demostrado con lujo de detalles los inspectores-peritos y han renunciado a probar, o no han podido, Goirigolzarri y su equipo—, el juez afirma:

Una vez que han declarado como investigados los responsables de la CNMV y el Banco de España a los que la acusación popular atribuye su participación en los hechos investigados, no existe el más mínimo indicio de que los mismos tuvieran intervención alguna en la comisión de los delitos investigados, al no haberse acreditado, ni siquiera de forma indiciaria, haber tenido participación alguna en la formulación y aprobación de las cuentas que se incorporaron al folleto informativo que Bankia presentó a la CNMV para su salida a Bolsa.

Pero ¿qué declararon estos responsables? Que esos 6.913 millones de euros en provisiones de tipo variopinto, que el propio juez considera ficticias, existían, eran reales. ¿Y no es esa defensa acaso un indicio de la ficción que se montó?

Y ¿no intentó el juez obtener de BFA-Bankia requiriendo a Goirigolzarri la prueba documental, el libro diario, los asientos contables, sobre las pepas, una parte de esas provisiones de 6.913 millones? Es que ha quedado en evidencia que se aportó al juzgado unos documentos que el juez no había solicitado.

Las pepas siguen siendo, al final del procedimiento, el MacGuffin o, como han explicado en una interpretación más refinada los inspectores-peritos, «un mecanismo de arbitraje contable para regular a mejor conveniencia la cuenta de resultados».

Pero estas conclusiones no quedan reflejadas en el auto porque, si bien forman parte los extensos últimos dos informes, el juez no ha tenido tiempo de leer en detalle esta misma semana, entre el lunes 8 y el jueves 11 de mayo, los centenares de folios entregados. Porque, ¿para qué perder el tiempo si los funcionarios y exaltos cargos del Banco de España estaban fuera de la «línea de demarcación judicial Andreu»?

El auto sigue, pues, la causa contra Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, y declara a la firma responsable civil subsidiario precisamente porque, entre otras cosas, avalan la existencia de las provisiones de 6.913 millones de euros inexistentes.

En todas las prácticas que el juez imputa al auditor reproduce lo que se sostiene en los informes de los inspectores-peritos.

Dice el juez, recogiendo lo que apuntaban en diciembre de 2014:

Se insiste por los peritos... que el auditor no indica nada por el hecho de que en el folleto de salida a Bolsa se incluyeran erróneamente 6.913 millones de cobertura de insolvencias […] Especialmente falsa y contraria a la normativa nacional e internacional es la información relativa a la existencia de provisiones por insolvencias por importe de 6.913 millones de euros. Dicha información será utilizada por los administradores de Bankia, S. A. como argumento de fortaleza financiera ante los potenciales inversores […] La cobertura por insolvencias no se dotó contra la cuenta de resultados…

Sin embargo, el juez Andreu había avanzado en su investigación sobre este aspecto crucial más allá de lo que habían señalado los inspectores-peritos tempranamente en sus primeros dos informes de diciembre de 2014. Porque la negativa de BFA-Bankia a cumplimentar el libro diario, en septiembre de 2016, era un nuevo indicio. No solo es, por tanto, una afirmación de los inspectores-peritos.

El juez asume en su auto todos los argumentos de los inspectores-peritos empezando por el pecado original: la creación del SIP o combinación de negocios:

En definitiva, a juicio de los peritos, la fórmula elegida para preparar la combinación de negocios parece responder más a una pretensión de usarla como mecanismo de saneamiento de todas las cajas involucradas en el proceso, incluida Caja Madrid, que la aplicación rigurosa de la norma.

Pero, en cambio, «abandona» a los inspectores-peritos al llegar al final, al umbral de la Plaza de Cibeles.

He aquí cómo el auto resume lo que ha sido el último año de la instrucción:

La fase final de la presente instrucción ha estado protagonizada por la investigación llevada a cabo a instancia de la acusación popular representada por la Comisión Intersindical de Crédito, quien vino a atribuir a determinadas personas que ostentaban cargos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el Banco de España su participación en la comisión de los hechos, concretamente a los inspectores del Banco de España Pedro Comín y Pedro González; al director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera; al exdirector general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello; al subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, y al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como al presidente de la CNMV, Julio Segura, y a su vicepresidente, Fernando Restoy.

Se debe constatar que la acusación popular no explicita el motivo que ha determinado la elección de los miembros de ambas instituciones sobre los cuales ha dirigido su solicitud de imputación, por cuanto las decisiones sobre las que se basa para traer a la causa a tales personas se adoptaron en órganos colegiados (el consejo rector en la CNMV y la Comisión Ejecutiva en el Banco de España), de forma que en ambos casos tan solo se llama a ser investigados a los presidentes y vicepresidentes de ambas entidades, y no al resto de los miembros de los respectivos órganos de gobierno que adoptaron las decisiones controvertidas, mientras que, por otro lado, se interesa la imputación de responsables de órganos técnicos del Banco de España que ninguna decisión tomaron sobre la aprobación de la salida a Bolsa de BANKIA, S. A.

Este juzgado ya vino a pronunciarse sobre la inexistencia de indicios que pudieran determinar la responsabilidad penal atribuible a las citadas personas, dada la naturaleza y características de los delitos que son objeto de investigación, y que se ciñen a la falsedad de las cuentas de las mercantiles BFA y Bankia, sin que pueda tener relevancia penal alguna la decisión, adoptada por las citadas entidades, y autorizada por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de que Bankia, S. A. saliese a cotizar en Bolsa.

Debe reiterarse que la conducta tipificada en nuestro ordenamiento no es otra que la del falseamiento de los estados financieros, y no el hecho de acordar, o autorizar, que una determinada sociedad realiza una Oferta Pública de Suscripción de Acciones con el fin de salir a Bolsa, y ello desde el momento en que son los inversores quienes deciden si acuden o no a dicha Oferta, para lo que consultan, o pueden consultar, el folleto informativo en el que se contienen los estados financieros de la Sociedad. Si tales estados financieros se encuentran disfrazados bajo una apariencia de solvencia de la que se carece, se produciría el fraude castigado por nuestro Código Penal, que como queda dicho no castiga la incorrecta o errónea decisión de salir a Bolsa.

La acusación ha puesto todo su empeño en intentar criminalizar esta decisión al afirmar que la entidad cuya salida a Bolsa se pretendía era inviable, y que dicha circunstancia era sabida, o tenía que haberlo sido, por las entidades reguladoras y supervisoras, cuestión esta que podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, mas no en este, al carecer de relevancia penal.

En lo que se refiere a los responsables del Banco de España, y reiterando que este proceso no tiene por objeto enjuiciar los criterios adoptados por los responsables de la política económico-financiera del Gobierno de la época, ni el determinar si la decisión de optar por la salida a Bolsa de Bankia fue acertada o desacertada, ni tampoco el hecho de que el organismo regulador autorizara dicho plan, de forma acertada o errónea.

Por ello, decreta el sobreseimiento definitivo y el archivo de las actuaciones para los funcionarios y exaltos cargos del Banco de España y de la CNMV imputados.

El juez va contra las entidades y los administradores:

De las diligencias practicadas se desprenden indicios, racionales y suficientes de que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor no serían las reales, pues no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real de la Sociedad, puesto que de la pericial practicada se desprenden indicios de la incorrección e inveracidad de la información contenida en el folleto.

De esta forma, procederá acordar la continuación del procedimiento, al existir indicios racionales de criminalidad, respecto de Bankia, S. A. como de BFA, S. A., dada la condición de accionista único de la primera, así como a aquellos miembros del consejo de administración de Bankia, S. A. que como administradores, y por ello responsables de la adopción de las decisiones que llevaron a la comisión de los hechos investigados, formaron parte del acuerdo que dio lugar a la inclusión de la información contenida en el folleto.

El juez pues sigue adelante, el equivalente de procesar, contra las dos entidades, Banco Financiero y de Ahorros, S. A. y Bankia, S. A., y treinta y dos administradores por el delito 290 del Código Penal.

En este caso,

la conducta típica del artículo 290 no solo se refiere al falseamiento de documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, sino que es preciso que esa acción sea realizada por quienes tienen un especial deber de certificar esa situación precisamente, por el estatus que mantienen en la sociedad y que son destinatarios de especiales prevenciones, considerados como deberes de actuación en el ordenamiento jurídico. Y esas personas no otras que los administradores de la sociedad, que son quienes, en definitiva, poseen el dominio funcional del hecho, mediante la aprobación de las cuentas que se someten a su consideración y los que es exigible adopten cuantas cautelas y medidas de prevención sean necesarias para asegurarse que los estados financieros que están aprobando reflejan la imagen fiel de la entidad, entre las que se encontraría, como un requisito básico, indudablemente y entre otras, el informe favorable del auditor externo.

El juez también invoca el delito de estafa de inversores, del 282 bis del Código Penal, y dirige la acción contra treinta y dos administradores, BFA y Bankia, como personas jurídicas, y Francisco Celma:

Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Pedro Bedia, Arturo Fernández, José Manuel Fernández Norniella, Rafael Fernando Giner, José Rafael García-Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González, Javier López Madrid, José Antonio Moral Santín, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Serra Peris, Juan Manuel Suárez del Toro, Antonio Tirado, Ángel Villanueva, Francisco Verdú, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Ros García, Francisco Pons, Ángel Acebes, Francisco Baquero, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez Ponga, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma.

El juez procede contra el socio auditor, pero, atención, deja fuera de la acción penal a la empresa Deloitte como persona jurídica:

De igual forma, se debe considerar la presunta responsabilidad penal del auditor, Francisco Celma, por cuanto si bien el legislador ha delimitado el ámbito de los autores o sujetos activos a los administradores de hecho o de derecho, no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados, conducta esta que está expresamente tipificada en distintas legislaciones penales de nuestro entorno, como los son la francesa, la alemana o la italiana. Y se debe considerar dicha responsabilidad por cuanto y en su función de auditor procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia, S. A. que se presentaron en el folleto de emisión para su salida a Bolsa, siendo indudable que sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parqué. Es muy significativo en este extremo el contenido del expediente sancionador incoado por el ICAC, en el que se imputa al auditor la falta de una verificación adecuada de las cuentas presentadas junto al folleto...

Y resuelve, pues, el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones para la firma auditora, Deloitte, con dos argumentos: los socios, como es el caso de Celma, tienen autonomía dentro de lo que es una «sociedad profesional» y, principalmente, porque Deloitte

ha aportado a la presente causa la documentación que acredita sobradamente que la misma cuenta con un «Manual de Compliance» [observancia legal] que cumple con los requisitos expuestos, así como que para su gestión se cuenta con las suficientes herramientas, políticas y protocolos, que componen el llamado «Sistema de Control de Calidad» adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos.

El juez, pues, como se ha apuntado, propone mantener a Deloitte solo como responsable civil subsidiario.

A partir de este 11 de mayo de 2017, las acusaciones disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o sobreseimiento de la causa.

¿Qué va a hacer el fiscal Luzón?

¿Acusará a los administradores?

¿Irá contra a los auditores?

El fiscal cree que las cuentas anuales no son falsas y se pregunta a sí mismo si procede seguir al juez en la acusación, tanto en lo que se refiere a los administradores como a los auditores. A diferencia de lo que han planteado los inspectores-peritos, el fiscal Luzón estima que no hay falsedad material, por ende, no ha lugar a acompañar en el viaje al juez y acusar por el delito del 290 del Código Penal. Tendrá que analizar con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, las alternativas.

Por su parte, el abogado Andrés Herzog, antes de elaborar su escrito de acusación, tiene faena previa: seguir la batalla por la imputación de los funcionarios y exaltos cargos del Banco de España. Presenta recurso de apelación ante la sala tercera de lo Penal contra el auto dictado por el juez Andreu.

Según recuerda Herzog en su escrito, la sección tercera había ordenado al juez tomar declaración como imputados a los funcionarios del Banco de España y la CNMV el 17 de febrero de 2017 y esas declaraciones y las pruebas documentales posteriores refuerzan en lugar de debilitar la necesidad de seguir el procedimiento contra ellos. Por tanto, pide que se revoque la decisión de no proceder contra ellos.

La sección tercera de lo Penal tendrá, pues, que resolver.

Después de apelar, y antes de que se conozca el resultado de su recurso, Herzog, el fiscal y las demás acusaciones tienen que presentar escrito de acusación.

El 13 de junio, para cumplimentar el plazo de un mes otorgado por el juez, el letrado eleva su acusación. Como punto previo, plantea que el auto de conclusión del juez Andreu, recurrido, impide formular acusación contra los funcionarios dimitidos de sus funciones y exaltos cargos del Banco de España. Pero deja constancia de que han participado en el delito de estafa de inversores.

Y acusa a todos los administradores citados en el auto del juez Andreu, en distinto grado de responsabilidad, por un delito societario de falseamiento de cuentas continuado del artículo 290 del Código Penal (cuatro años y seis meses de prisión y multa de doce meses) y un delito continuado de estafa de inversores, del artículo 282 bis en relación con el artículo 74 (siete años y seis meses de prisión). Califica, alternativamente, como delito de administración desleal del artículo 74.2 y 295 del Código Penal. Y va contra BFA y Bankia por delito de estafa de inversores.

El fiscal Luzón deshoja la margarita. Hay una realidad social: ¿cómo se va a interpretar si la Fiscalía Anticorrupción no acusa a los administradores después de cinco años de instrucción y deja al juez Andreu en la estacada?

Nadie lo entendería. Una opinión pública que acogió positivamente la investigación de los 12 millones de euros gastados a través del sistema de las tarjetas de crédito black — y la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, pendiente del recurso de casación ante el Tribunal Supremo— y que ahora asistiría atónita a lo que aparecería como una dejación de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación de los 23.000 millones de euros de la nacionalización de pérdidas con cargo al dinero del contribuyente.

Entonces, ¿cómo construir la acusación?

El fiscal crea una suerte de banda de los cuatro y acusa a Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

Su escrito es un relato, más que un clásico escrito de acusación y calificación penal:

Los acusados, altos cargos ejecutivos en BFA y en Bankia, los tres primeros, y en Bankia, el último, tuvieron una especial responsabilidad en que la salida a Bolsa se llevara a cabo sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad. En el caso de Rato, Olivas y Fernández Norniella, debido también a las responsabilidades que habían desempeñado en los órganos de dirección de Caja Madrid y Bancaja, cuya situación patrimonial y correspondiente reflejo contable está en el origen de la situación creada.

Según señala,

«[Rato] encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia muy alejadas de la realidad», mientras que «Olivas conocía perfectamente la crítica situación de BFA-Bankia, bien distinta de la presentada a los inversores». Sobre Fernández Norniella recuerda el escrito que procedía «de Caja Madrid, donde había sido consejero desde julio de 2006, y bien enterado de la precaria situación al tiempo de la constitución del SIP», y finalmente, en relación a Verdú apunta que «tuvo un especial protagonismo en la salida a Bolsa asumiendo la responsabilidad del contenido del folleto y la veracidad del mismo, y procuró que se cubriera a toda costa el tramo mayorista de la emisión imprescindible para que tuviera éxito la operación designada.

Verdú, señala el fiscal,

firmó un subrepticio acuerdo con Corporación Gestamp por la que se otorgaba a esta empresa, que había adquirido 58 millones de euros en la OPS, una garantía de cobertura de eventuales minusvalías, liquidada con un coste para la Hacienda Pública de 26 millones ya en la etapa de la nueva dirección de Bankia.

Y aclara:

Sin perjuicio de que el entorno económico español se deterioró en el tercer y cuarto trimestre de 2011, la situación de BFA-Bankia era ya a la fecha de salida a Bolsa muy crítica y esta situación, plenamente conocida por los acusados, fue ocultada a los inversores. En este sentido, los acontecimientos posteriores al 20 de julio de 2011 no fueron sino la confirmación de la inviabilidad del proyecto Bankia.

Es decir: el 20 de julio de 2011 se sacó a Bolsa un negocio inviable, una inviabilidad que, según nos cuenta el fiscal, fue confirmada más tarde.

Y según se desprende de la fábula, solo la banda de los cuatro (Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú) lo sabía y pudo salir adelante con su plan.

El fiscal acusa a los cuatro del delito de estafa de inversores y solicita penas de prisión de cinco años para Rato; cuatro años para Olivas; tres para Fernández Norniella, y dos años y siete meses para Verdú, y la declaración de responsable civil subsidiario para Bankia. El fiscal pide el sobreseimiento respecto al delito de falsedad de las cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal para los treinta y dos administradores —empezando por Rato— y para Francisco Celma, y solicita que se sobresea la responsabilidad penal de BFA y de Bankia, y se mantenga como responsable civil subsidiario a Bankia. El abogado del Estado suscribe prácticamente la misma posición.

Lo esencial, como escribió Antoine de Saint-Exupéry, en efecto, resulta invisible a los ojos. Y quien crea que solo a los niños estaba dirigido El principito se equivoca.

Alejandro Luzón es nombrado a primeros de julio de 2017 fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción tras el fiasco del caso Manuel Moix, el fiscal jefe designado en Anticorrupción contra viento y marea que se ve obligado a dimitir a raíz del escándalo relacionado con una propiedad familiar adquirida mediante una sociedad panameña, hecho que provoca la reprobación del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, Maza.

Unos meses más tarde, el 11 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción destina a la fiscal Carmen Launa a llevar la acusación en el caso de salida a Bolsa en el juicio oral cuya fecha está pendiente de señalar. La fiscal Launa, que fue nombrada en agosto del 2005 para pasar del Tribunal Supremo a la Fiscalía Anticorrupción, intentó en 2006 sentar en el banquillo a Emilio Botín y otros ocho altos directivos de la comisión ejecutiva del Banco Santander por delito fiscal a raíz de autorizar la entrega, en 1994, del 1 % de las acciones de Banesto a trece directivos que formaron parte del equipo de reflotamiento del banco tras su intervención por el Banco de España. La Fiscalía les acusa de delitos de fraude fiscal y apropiación indebida por 11,8 millones de euros. Si bien el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santander abre juicio oral contra ellos, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria acoge los recursos de apelación de los nueve procesados, revoca el auto y archiva a primeros de febrero de 2007 las actuaciones por inexistencia de delitos.

Launa, pues, comienza a estudiar diez años después de su «experiencia bancaria» con el Santander, la vasta documentación del caso Bankia. Se reúne con los inspectores-peritos Sánchez y Busquets y la unidad de la IGAE en la Fiscalía Anticorrupción.

Por aquellos días de septiembre de 2017, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que va a resolver sobre el recurso de Herzog, queda integrada con dos magistrados que en febrero de 2017 votaron a favor de la imputación de los funcionarios y exaltos cargos del Banco de España —Antonio Díaz Delgado, presidente de la sección, y Clara Bayarri, ponente de la resolución del 17 de febrero— y la magistrada Ángeles Barreiro, que no formó parte de la sala en ninguna de las otras dos ocasiones, octubre de 2016 y febrero de 2017, en las que se abordaron esas imputaciones. Es ella quien será la ponente.

El 21 de julio de 2017, la magistrada ponente informa a sus colegas del tribunal que va a confirmar el auto del juez Andreu en relación con los funcionarios y exaltos cargos del Banco de España y la CNMV, y, en cambio, propone mantener la imputación de la empresa Deloitte como persona jurídica, contra el criterio del juez instructor.

El presidente de la sección tercera, Díaz Delgado, apoya a Ángeles Barreiro, y la magistrada Bayarri, que ve más confirmada todavía su ponencia del 17 de febrero por los nuevos indicios derivados de las declaraciones de los imputados y los informes periciales del 8 de mayo de 2017, se opone y anuncia que presentará voto particular. Los tres, aunque por motivos diferentes, acuerdan mantener en el banquillo a Deloitte enmendando la plana al juez Andreu.

El voto de Díaz Delgado, magistrado que se jubila a finales de 2018, es decisivo. Porque ha sido él quien ha cambiado de criterio entre octubre de 2016, cuando su ponencia exculpó a los funcionarios del Banco de España, y febrero de 2017, al respaldar la ponencia de Bayarri inculpándolos a luz de los correos electrónicos de Casaus.

Pero ahora no ve que se pueda conseguir mucho más tumbando ya no un auto normal del procedimiento denegando o aprobando como antes unas imputaciones sino una parte relevantísima del auto de conclusión del instructor. Esto ya es otra historia. Son palabras mayores.

Como están pendientes casi treinta recursos de apelación en el caso Bankia, se aproxima el mes de agosto y se necesita tiempo para redactar la resolución y el voto particular, se acuerda una reunión para el 15 de septiembre. No se da a conocer el fallo adoptado porque no hay auto ni voto particular. Se dará a conocer el auto que resuelve archivar las actuaciones para los citados funcionarios y el voto particular el 15 de septiembre de 2017.

Nada se filtra sobre la decisión.

El 15 de septiembre de 2017, pues, se notifica la resolución y el voto discrepante.

Según el auto elaborado por la magistrada Barreiro, «la ausencia de implicación en tanto la institución no dio una carta blanca para cargar las pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o pacto de auxilio, sino que la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma». Señala que

el acto de supervisión... nunca podría caracterizarse en términos de cooperación o complicidad, pues la naturaleza de las competencias que asume el Banco de España solo podría encajar en una acción penal de otra naturaleza que no es la dolosa, por acción, como exige el tipo del artículo 290 del Código Penal, imprescindible para sostener el tipo delictivo, sino en la dolosa comisión por omisión, pero también con gran dificultad, pues el tipo del artículo 290 se explica caracterizando la mendacidad contable por el daño final a la economía que propició ayudas millonarias, no se halla tipificada en relación con el artículo 11 como una infracción legal del deber de vigilancia.

La magistrada es consciente de que la decisión que ha adoptado la sección tercera supone un nuevo viraje. Señala:

El recurrente nos recuerda nuestro auto de 13 de febrero que acordó la declaración de los responsables del Banco de España y los de la CNMV sobre el conocimiento de la inviabilidad del grupo y de la idoneidad de la salida a Bolsa como doble banco en razón de la testifical del señor Casaus de 6 de septiembre, en la que se informaba de que «tal conclusión había sido reiterada y puntualmente transmitida a la dirección del Banco de España en cuatro correos electrónicos» poniendo el acento en el contenido de los informes de seguimiento, el contenido de los informes periciales, señalando las cuentas de las cajas de 2010, la creación del SIP que supuso el contrato de integración de siete cajas y las cuentas posteriores publicadas por BFA y por Bankia, más el papel del Banco de España en la constitución del SIP según la declaración del testigo señor Olivas, que fuera presidente de Bancaja (una de las integrantes del SIP).

Prosigue el relato sobre el recurso:

La parte recurrente cuestiona el auto que se examina por desatención sobre la anomalía en la combinación de negocios vulnerando la normativa contable al impedir que Caja Madrid fuera declarada entidad dominante y que estaría refrendado por la pericial del señor Busquets de 8 de mayo.

La magistrada puntualiza:

De la reunión de Caja Madrid no hay suficiente constancia, ni siquiera de una autorización al respecto. Siendo que el informe de 8 de mayo del señor Busquets no arroja luz sobre la adopción de iniciativas por las autoridades económicas en ese punto, y por ende del Juzgado Central de Instrucción, considera innecesaria la motivación al no vislumbrar antecedente fáctico novedoso al respecto, así lo entiende este tribunal.

Con todo, el juez Andreu había asumido en su resolución la posición de los inspectores-peritos sobre la fusión fría o combinación de negocios como un mecanismo fraudulento.

Y, respecto a que «no hay suficiente constancia» sobre la reunión de Caja Madrid acerca de la combinación de negocios, el propio juez cita en su auto un indicio:

El informe de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, unidad de apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, indicaba que los «responsables de Caja Madrid informaron que en sus reuniones con la CNMV les fue sugerida esta opción como la más razonable para conseguir el objetivo de realizar saneamientos de activos».

¿Existe constancia de ello?

Sí existe.

¿Quien podía aportarla?

El Banco de España.

¿Lo hizo?

No.

El Banco de España no envió al juzgado el correo de junio de 2010 en el que Pedro González (ver pág. 108) daba cuenta a Antonio Román, interventor general de Bankia, con copia a Francisco Monzón, coordinador ejecutivo de Cajas de Ahorros, y al entonces jefe de grupo de Caja Madrid en el Banco de España, Javier del Río, sobre la recomendación de la CNMV para constituir el SIP y la necesidad de evitar que Caja Madrid fuese la entidad adquirente.

Como hemos visto, al ser preguntado por Herzog al respecto, el 13 de marzo de 2017, el que fuera vicepresidente de la CNMV y más tarde subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, respondió:

—La CNMV aquí lo que hizo fue responder a una consulta de la propia entidad, que tenía un planteamiento de integración, sí, la constitución del SIP, y entonces fue consultado sobre cuál era la interpretación correcta de las normas internacionales de información financiera en relación con esa combinación de negocio...

En realidad, fue la CNMV la que dictó la orientación más que responder a una consulta, como plantea Restoy, según se desprende del correo de Pedro González a Román, escamoteado por el Banco de España ya que no lo envió al juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Con todo, la magistrada Barreiro no examina en detalle el material probatorio posterior a la resolución del 17 de febrero de 2017, o simplemente se limita a afirmar que el informe de Antonio Busquets no arroja luz sobre el hecho de que la CNMV recomendara que Caja Madrid no fuese la cabecera de la operación de fusión de las siete cajas de ahorros en 2010.

La cuestión de sacar a Bolsa un negocio inviable, según los correos de Casaus, brilla por su ausencia en las consideraciones del auto exculpatorio.

En cambio, según se había acordado el 21 de julio de 2017, el auto mantiene la causa contra Deloitte y rechaza que la «autonomía profesional» entre Celma y la firma auditora excluye la responsabilidad penal de la empresa y señala que la existencia de un manual de cumplimiento normativo [compliance] no da lugar a la exención de responsabilidad penal:

Resulta difícil afirmar sin cuestionamiento que la sociedad fiscalizó adecuadamente las sucesivas auditorías siendo que al tiempo se producía un beneficio para la entidad; es por ello que debe continuar la vigente acción penal y deslindar a otro momento procesal si se han adoptado todas las políticas de prevención de riesgos penales...

Pero el voto particular de la magistrada Bayarri coge el guante del recurso de apelación, a saber, examina las diligencias posteriores a la imputación para determinar si ellas han debilitado o aumentado los indicios. Pero antes apoya mantener la causa contra Deloitte, si bien por motivos adicionales.

Señala que

el manual de observancia [compliance] aportado al juzgado carece de fecha de referencia y que es posterior al año 2015 —posterior a la salida a Bolsa de Bankia— y que el sistema de que se disponía en aquellas fechas, 2011, resultó ser ineficaz. El procedimiento ha de proseguir contra Deloitte, S. L. como responsable penal no solo por no ser suficiente un manual de compliance —que de todos modos no existía en el caso—, sino porque hay indicios de un delito corporativo —y no solo individual— al constatarse un defecto estructural en los mecanismos exigibles a Deloitte, quien no se abstuvo de continuar como auditora del Grupo BFA-Bankia, pese a haber sido la empresa asesora de los mecanismos de «ingeniería contable» que se verificaron en el mismo para la cuadratura de sus estados contables con anterioridad a la salida a Bolsa que la auditoría debía avalar así como por la designación como auditor de uno de sus auditores más contaminados, con fallo clamoroso de los alegados mecanismos de prevención y control que le eran exigibles, por lo que, en el caso, la naturaleza de sociedad profesional de Deloitte, S. L. es indiferente al no tratarse de actuación de un socio, sino de la sociedad misma.

Sobre la responsabilidad del Banco de España «en la persona de sus principales directivos» señala que «existen indicios de su cooperación directa, necesaria, culpable y punible en los hechos objeto del procedimiento».

La magistrada vuelve a citar al fiscal Luzón:

De considerar que se sacó a Bolsa un negocio inviable, la responsabilidad no sería exclusiva de los administradores o del auditor —estos sí responsables únicos de la veracidad de las cuentas— y podría suscitarse la participación de otros actores, señaladamente los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño.

Reitero cuanto expuse en nuestro auto de 13 de febrero 2017, que en discrepancia con el parecer mayoritario del tribunal estimo no ha sido desvirtuado en el auto impugnado. No solo subsisten los indicios tomados en consideración y entonces ya expuestos, sino que, en la actualidad, tales razonamientos se han visto confirmados y ampliados con las nuevas diligencias practicadas, en especial con la declaración del señor Fernández Ordóñez del 16 de marzo de 2017, en relación con la nueva declaración del testigo señor Casaus del día 16 de marzo, la declaración de Julio Segura y Fernando Restoy el 13 de marzo… y corroborado por dos periciales practicadas tras el mismo de fecha 8 de mayo de 2017.

El voto particular subraya que, en su declaración, Fernández Ordóñez

manifiesta que la fusión de la siete cajas en el SIP se aprobó por el Banco de España como si fuera una fusión (esto es, a sabiendas de la irregularidad de tal solución formal «porque de haberse hecho en los resultados individuales de las cajas, estas habrían dado pérdidas»), y preguntado si el Banco de España no tenía instrumentos para poner coto a las refinanciaciones masivas, a las tasaciones realizadas con entidades vinculadas, a una serie de irregularidades que ya estaban en los informes de seguimiento, contesta que «a mí llega... lo de enterrar a los muertos, me llega lo de la salida a Bolsa de Bankia, no sé qué... cuando ya todo estaba hecho... Los problemas estaban ya acumulados a lo largo de la burbuja inmobiliaria y de una regulación de alguna manera prudencial que en mi opinión era muy blanda en relación a todas las entidades evidentemente», esto es, reconoce los hechos pero alega la inexigibilidad de otra conducta alegando hechos consumados y atribuyendo la responsabilidad a la legislación expresamente dictada en la materia).

Es curioso que la terminología empleada por el señor Fernández Ordóñez coincida con la del inspector cabecera señor Casaus, que declaró el mismo día y que no solo ratificó punto por punto sus anteriores declaraciones e informes, así como los cuatro mensajes remitidos a la dirección del Banco de España y el aval a la opinión de los peritos judiciales, sino que, gráficamente, empleando la misma terminología fúnebre del señor Fernández Ordóñez se ratificó en que «nadie discutía mi diagnóstico, que no era mío, era de todo el grupo, de que el grupo estaba muerto. BFA había nacido muerto y sería carne de nacionalización», y el Banco de España y la CNMV tuvieran plena consciencia de ello no solo antes de la salida a Bolsa, sino, incluso, antes de la operación de ingeniería financiera de creación del SIP. El propio señor Fernández Ordóñez lo reconoce en su declaración: «El SIP era una cosa que no era una fusión ni ir por separado». En efecto, era una construcción financiera contraria a la normativa para ocultar la escandalosa quiebra técnica en que todas se encontraban.

La magistrada se pregunta: «Y ¿quién es el inspirador, el autor intelectual, de esta primera y originaria ingeniería contable para ocultar pérdidas y diferir su consignación contable?».

He aquí su contestación:

Lo responde el propio auto recurrido: «El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señaló que los responsables de Caja Madrid dieron cuenta que en sus reuniones con la CNMV les fue sugerida esta opción como la más razonable para conseguir el objetivo de realizar saneamientos de activos».

Y apunta:

La CNMV ideó la estrategia de formación irregular de un SIP creado como medio de ocultación de la situación de quiebra técnica de las cajas que lo iban a conformar y el Banco de España sí tuvo directa participación en la formulación falseada de las cuentas, al autorizar, directa y conscientemente, la ocultación de las pérdidas por deterioros mediante el artificio contable de cargar las mismas a reservas.

Bayarri señala que el «análisis dogmático de los tipos [penales] a aplicar es complejo y dependerá de consideraciones esenciales como, por ejemplo, si la orientación de la más alta dirección del Banco de España determina o no la detentación de la cualidad de “administrador” necesaria para la incriminación en el delito especial del artículo 290 [falsedad contable]», pero afirma que «si, tal como apunta alguna doctrina, por lo que puede predicarse, en principio, la concurrencia de los requisitos del tipo para su aplicación». En todo caso, este debate «no puede ser motivo de archivo previo, pues excede el ámbito de este recurso, así como el de instrucción, ya que se trata de problemas dogmáticos que habrán de ventilarse, en exclusiva, en juicio oral, dejando a la labor unificadora del Tribunal Supremo, en su caso, la solución de las discrepancias».

La magistrada cita ampliamente el tercer informe del inspector-perito Víctor Sánchez, quien señala que, si se hubieran registrado contablemente las pérdidas contra resultados, las siete cajas de ahorros hubieran declarado pérdidas en el ejercicio 2010 y, en este caso, el grupo no podía tener la calificación de solvente y viable, condiciones para formar el SIP y más tarde Bankia, S. A. y recibir los 4.465 millones de euros para «recapitalizaciones generalizadas tendentes a mantener entidades no viables».

Bayarri termina así:

Con el mayor de los respetos a la opinión mayoritaria, estimo, que existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y de la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento, la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores, por lo que estimo que el procedimiento debió proseguir contra ellos como encausados en relación con los dos delitos por los cuales se continúa la causa...

El 17 de noviembre de 2017, el juez Andreu dicta el auto de apertura de juicio oral contra los treinta y dos administradores, BFA y Bankia.

Señala que Deloitte y el socio auditor Francisco Celma «de lo aquí actuado se desprenden indicios de que no solo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, mediante la Oferta Pública de Suscripción se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos».

Por tanto, rechaza el sobreseimiento para veintiocho administradores, Celma, BFA y Bankia, que han solicitado el fiscal Luzón y el abogado del Estado.

El 7 de junio de 2018, integrado el pasado febrero por Ángela Murillo, presidenta de la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, y los magistrados Carmen Paloma y Juan Francisco Martel, admiten con amplio criterio los medios de prueba, todos los propuestos por la acusación popular del CIC, entre los cuales se encuentran las declaraciones de testigo como Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, rechazada por el juez Andreu durante la investigación, y de Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) que ha prestado declaración por escrito durante la instrucción, así como el requerimiento de nueva información al Banco de España para llenar los vacíos detectados durante la instrucción.

La magistrada Murillo ha presidido el juicio de las tarjetas black y el magistrado Martel ha sido también miembro de dicho tribunal.

En el juicio de Bankia, Murillo, con más de treinta y cinco años en la carrera judicial, será la magistrada ponente, encargada de redactar el borrador de sentencia para someterlo a la deliberación y votación del tribunal.

El tribunal ha señalado el comienzo del juicio oral para «el lunes 26 de noviembre de 2018 a las diez horas de su mañana y se establece la celebración de las sesiones los lunes, martes, miércoles de cada semana de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019 en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares».

El juicio —última pieza del trípode de Caja Madrid-Bankia, ya que la investigación de las preferentes fue archivada por el juez Andreu en mayo de 2018— deberá quedar visto para sentencia, en principio, el 26 de junio de 2019. El Tribunal Supremo ha puesto la alfombra roja al juicio oral que comienza el 26 noviembre de 2018.

La sala segunda dictó el miércoles 3 de octubre de 2018 la sentencia sobre los recursos de casación en el caso tarjetas de crédito black de los sesenta y cinco condenados por la Audiencia Nacional. Rodrigo Rato vio confirmada así la pena de prisión de cuatro años y seis meses por el delito de apropiación indebida, al tiempo que se han ratificado las penas de prisión por encima de los dos años para otros catorce beneficiarios.

Como hemos señalado, la presidenta del tribunal que dictó la sentencia de las black, la magistrada Ángela Murillo, presidirá el tribunal de la salida a Bolsa y, además, será la ponente de la sentencia.

ANTE NUESTROS PROPIOS OJOS

El noble Cayo Casio Longino habla con su amigo, Marco Junio Bruto. Es necesario evitar que Julio César se convierta en monarca de Roma. Bruto, nos cuenta Shakespeare en su obra, se debate entre el amor y la amistad que profesa a César y su deber para con la República. Casio insiste en que César es solo un hombre, no un dios y que ambos son iguales a César. Todos nacen igualmente libres. La culpa no es de las estrellas, le dice, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. El destino, pues, no es lo que impulsa a los hombres a decidir y a actuar, sino la condición humana.

Mira por dónde, la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, creada en 2009 con personas privadas y congresistas «para examinar las causas de la actual crisis financiera y económica de Estados Unidos», terminó sus trabajos en enero de 2011 con una alusión al gran poeta y dramaturgo inglés, el bardo de Avon:

Concluimos que esta crisis financiera era evitable. La crisis fue resultado de la acción e inacción humana, no de la Madre naturaleza ni de los modelos informáticos enloquecidos. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y no pudo cuestionar, comprender y gestionar los riesgos que iban evolucionando dentro de un sistema vital para el bienestar del público estadounidense. Lo suya fue un gran desastre, no un tropiezo. Si bien no es posible abolir el ciclo económico, una crisis de tal magnitud no necesariamente debía haber ocurrido. Parafraseando a Shakespeare, el fallo no radica en las estrellas, sino en nosotros. A pesar de la opinión expresada de muchos en Wall Street y en Washington de que la crisis no pudo haber sido prevista o evitada, había señales de advertencia. La tragedia es que fueron ignoradas o descontadas.

Más de casi cinco años después del peor momento de la crisis económica y financiera española —el primer trimestre de 2013, con 6.202.700 trabajadores en paro o un 27,16 % de la población activa, y una tasa de desempleo superior al 50 % entre los jóvenes— una cosa ya es indiscutible en la España actual: nunca nada volverá a ser igual. Las réplicas siguen haciendo su trabajo.

SOS DEL 26 DE MAYO 2006, 13:03:11 HORAS

Esas réplicas proceden de un terremoto que en mayo de 2006 estaba a la vuelta de la esquina, y sobre el cual los inspectores del Banco de España enviaron, a través de su asociación, un SOS a Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Urgía la intervención del ministerio para que ordenara al Banco de España que frenara la expansión crediticia que nutría la burbuja inmobiliaria en España y desmentía los mensajes de normalidad de Caruana. En el consejo de gobierno del Banco de España ya se sentaba, desde marzo de 2006, Miguel Ángel Fernández Ordóñez a la espera de asumir el puesto de gobernador tras el término del mandato de Caruana.

El SOS, una nota dirigida a la jefa de gabinete, Soledad Abad, y un documento dirigido al vicepresidente, entró en el registro oficial del Ministerio de Economía a las 13:03:11 horas del 26 de mayo de 2006.

A esas horas del 26 de mayo, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetario, Joaquín Almunia, rechazaba la idea de que se estuviera registrando una desaceleración en el mercado de la vivienda en España, cuando los préstamos hipotecarios habían subido un 27 % en el primer trimestre de 2006. Almunia esperaba un «ajuste gradual» de los precios tras la subida de los tipos de interés. Almunia también había afirmado que esperaba que el ajuste en el precio «no perjudique a los que han perdido otras veces en estallidos de burbuja financiera, que son los más débiles o los que no pueden salirse a tiempo de un sector con ciertas incertidumbres de futuro». Aunque señaló que «si bien es cierto que el endeudamiento de las familias españolas ha aumentado mucho últimamente, hay otros países europeos donde están más endeudadas».

La filtración de ese SOS en forma de documento tuvo lugar cinco años y medio más tarde, el 21 de febrero de 2011. Fue una respuesta de sectores de la inspección del Banco de España a la respuesta que había pronunciado el entonces presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles 16 de febrero de 2011 al líder de la oposición, Mariano Rajoy sobre la crisis[22].

Rodríguez Zapatero le recordó lo que acababa de admitir hacía pocos días el FMI: «La crisis no fue prevista ni por el organismo internacional más importante en el ámbito económico como es el FMI».

La publicación del documento era una respuesta contundente: nada menos que el cuerpo de inspectores de los bancos y cajas de ahorros habían alertado sobre la crisis a raíz de la dependencia de dichas entidades del mercado interbancario internacional para continuar prestando fondos. Zapatero dijo, más tarde, que Solbes no le había informado sobre el informe de los inspectores del Banco de España.

El SOS estaba pidiendo a gritos que el Gobierno rompiera su dependencia del Banco de España, porque la visión que la institución transmitía por su servicio de estudios (los que había elaborado Fernando Restoy, entre otros economistas, que ya hemos citado) estaba viciada, se caracterizaba por un negacionismo de los riesgos que la espectacular y desorbitada expansión crediticia planteaba. En otros términos, el Banco de España estaba usando su completa autonomía respecto del Gobierno para acometer una política crediticia imprudente y temeraria. Porque el crédito actuaba como la gasolina del sistema económico. Y esto se hacía a cuenta de la existencia de liquidez internacional. Pero, como advirtieron los inspectores, esa liquidez podía interrumpirse. Se requería un Gobierno más independiente respecto del Banco de España y más celoso de lo que convenía a los ciudadanos.

Si a primeros del año 2000, según cifras oficiales del Banco de España, el crédito total se situaba en 493.000 millones de euros y las hipotecas para compra y rehabilitación de vivienda en 150.00 millones, cuando los inspectores lanzan el SOS, a finales de mayo de 2006, las cifras se elevaban a 1,4 billones de euros y 500.000 millones, respectivamente.

Aún con los primeros síntomas de la crisis que asomaba, el crédito seguirá creciendo. A tasas menores al 22 % anual, como había sucedido en el periodo 2000-2006, pero la expansión continuaba.

Porque esos síntomas afloraron en Europa. El 9 de agosto de 2007 el primer banco francés, BNP Paribas, hace sonar, literalmente, la alarma: suspende el retiro de dinero de tres fondos que han invertido en hipotecas subprime en Estados Unidos. Y peor que la suspensión es la razón que da al comunicar la decisión. Afirma: «La completa evaporación de la liquidez en determinados segmentos del mercado hipotecario de Estados Unidos ha hecho imposible valorar ciertos activos en su justo valor con independencia de su calidad o calificación crediticia».

Esta noticia era tan inquietante para los inversores en 2007 —según señala el periodista David Wessel en su libro In Fed We Trust [En la Reserva Federal confiamos, Crown Business, 2009]— como lo fue para los depositantes cuando en 1907 un banco cerraba sus puertas e informaba de que la caja fuerte estaba vacía. Los rumores de que otros bancos presentaban una exposición parecida comenzaron a circular. Los bancos con efectivo empezaron a discriminar y se mostraron reticentes a prestar a otros bancos porque ya no estaban seguros de recobrar el dinero.

A finales de septiembre de 2008, después incluso de la bancarrota de Lehman Brothers, los préstamos en España siguen aumentando: el crédito total llega a 1,86 billones y para compra y rehabilitación de vivienda a 652.000 millones, respectivamente.

Y en diciembre de 2010, con todo el agua que ya ha pasado bajo los puentes, es decir, el hundimiento y rescate con fondos públicos del sistema financiero en Estados Unidos y en el Reino Unido, y con la crisis del euro, la cifras en España serán de 1,84 billones para crédito total y de 663.000 millones para compra y rehabilitación de vivienda.

En su informe de enero de 2011, la Comisión de Investigación de la Crisis en Estados Unidos concluye, también, que han existido

fracasos generalizados en la regulación y supervisión financiera resultó devastador para la estabilidad de los mercados financieros de la nación. Los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la capacidad natural de autocorrección de los mercados y la disposición de las instituciones financieras para ser policía de ellas mismas. Más de treinta años de desregulación y confianza en la autorregulación por las instituciones financieras, defendido por el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan y otros, apoyados por sucesivas administraciones y congresos, y activamente empujado por la poderosa industria financiera en todo momento, se habían suprimido salvaguardas clave que podrían haber ayudado a evitar una catástrofe…

Las conclusiones de dicha comisión reflejan que, como dice uno de los capítulos de su informe, la crisis financiera se gestó «ante nuestros propios ojos».

No es posible citar —porque sus trabajos están pendientes de terminar— las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera, constituida en el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017, cuyo objetivo es «conocer, analizar, y evaluar con profundidad y rigor las causas que originaron la crisis financiera y económica en España, desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario y su impacto en el sector financiero español, evaluar las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero así como la gestión que originó la situación financiera del Grupo BFA-Bankia, su salida a Bolsa y su posterior rescate bancario y nacionalización, y las actuaciones de los organismos de supervisión llevadas a cabo durante la gestación de la crisis hasta su resolución…».

Aunque haya que esperar hasta finales de 2018 para conocer el dictamen y las conclusiones, algunas intervenciones, en especial las que han protagonizado los inspectores del Banco de España, son coherentes con el trabajo de los inspectores José María Ruiz y Martín Vázquez plasmado en el informe del 26 de mayo de 2006.

DOS INSPECTORES ANTE SUS SEÑORÍAS SIN PELOS EN LA LENGUA…

El 3 de octubre de 2017 Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIBE), recordaba que

antiguos responsables del Banco de España llegaron a afirmar que los aciertos del equipo de inspección en el caso concreto de BFA-Bankia, con su responsable inspector cabecera al frente, eran casi producto de la casualidad porque las bases de partida eran erróneas. Se ve que acertaban en el diagnóstico, cálculos y consecuencias de la constitución del Grupo BFA-Bankia y de su salida a Bolsa, pero que podían haberse equivocado con la misma probabilidad con la que acertaron porque sus hipótesis de partida eran incorrectas. Lógicamente, cada responsable de los hechos ocurridos y de riesgos que se han materializado y que pueden materializarse en el futuro es libre, llegado el momento, de defenderse como mejor considere, incluso contra el sentido común y negando la evidencia, pero eso no cambia el hecho de que si se permite que el sistema financiero se dirija al abismo, lo normal es que el sistema financiero se despeñe. Podemos equivocarnos y esperemos que no sea así, pero lo normal es que si se empuja al sistema financiero al abismo es que se despeñe. Por supuesto que nuestras manifestaciones no son siempre precisas ni perfectas pero, globalmente, creo que representamos a una asociación de un colectivo del Banco de España bastante cualificado en este ámbito.

Preguntado sobre la «captura del supervisor» por parte de las entidades que el Banco de España o el BCE ordena inspeccionar, Sánchez explicó un punto que ya hemos mencionado:

Dado que yo estoy asignado precisamente al Grupo CaixaBank —aunque no lo estuviera, es una información que está en prensa—, en fechas recientes se ha procedido a autorizar la desconsolidación de la matriz Criteria respecto a la entidad financiera Caixabank; la desconsolidación a efectos de cómputo de recursos propios computables. Eso, independientemente de la consideración de gestión o del motivo que sea, en principio no ha sido resultado de la opinión de los equipos de inspección del Banco de España; no puede serlo. Precisamente, el señor [Jaime] Caruana y el señor [Luis] Linde ponían aquí [en esta comisión] en valor la utilidad del análisis en base consolidado de los grupos de entidades, incluyendo los instrumentos de titulización hipotecaria. Sin embargo, en estas fechas —ahora mismo— se está autorizando a nivel europeo —a algún banco en Francia y a CaixaBank en España— a desconsolidar eventuales riesgos que puedan suponer contagio entre la matriz y la entidad financiera, sobre la base de unos criterios de no participación, de no toma de control, y otros, razonablemente exigentes pero que desde luego tienen difícil encaje en la normativa prudencial de Basilea III, así que la captura del supervisor es posible que se esté produciendo ahora mismo, pero en vez de en Madrid, en Fráncfort. No digo que haya ocurrido; digo que pueda estar ocurriendo, y no digo por CaixaBank, digo por otros bancos europeos.

Sánchez respondió, asimismo, a dudas sobre el Banco Popular y el informe Deloitte:

Una valoración de una entidad de crédito con un eventual desfase patrimonial de entre 2.000 millones y 8.000 millones es como no decir nada. Cualquier inspector del Banco de España en función de inspección en cualquier entidad, por pequeña que sea, si decimos a nuestros responsables que en una determinada cartera de crédito hemos encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones de euros, profesionalmente no vamos a quedar muy bien, o son 200 o son 300; y pueden ser 220 o pueden ser 290, pero si yo a mis jefes les transmito que el eventual quebranto que yo he detectado oscilará, en función del escenario, entre 2.000 y 8.000 millones de euros, quizás sea mejor que me dedique a otra profesión. No encuentro la palabra. Si de verdad el informe dice esto y si de verdad esta es la valoración que se hace de la entidad, técnicamente hablando es una grosería, técnicamente hablando no tiene ningún sentido.

Juan Antonio Delgado, secretario general de la asociación, el inspector que se incorporó al equipo de BFA-Bankia como corresponsable del inspector José Antonio Casaus, en septiembre de 2012, explicó el 13 de noviembre de 2017 a la comisión parlamentaria varios asuntos muy relevantes del pasado y del nuevo sistema de supervisión, ahora dirigido desde el Mecanismo Único de Supervisión controlado desde el BCE en Fráncfort.

Delgado, cuya comparecencia como testigo solicitó el abogado Andrés Herzog, no prestó finalmente declaración. El juez Andreu dilató la respuesta a la acusación popular hasta el auto de conclusión, en el cual finalmente denegó la solicitud.

El inspector, pues, aprovecha su citación en la comisión para decir aquello que podía haber declarado en sede judicial, al señalar que

en los contrainformes periciales, se hacía referencia a que Bankia contaba con provisiones suficientes para atender a los déficits que cuantifican los peritos en sus informes. A esto tengo que decir, como responsable del seguimiento de riesgo de crédito, que Bankia no contaba con esas provisiones como además luego la evidencia ha puesto de manifiesto, porque si los hubiera tenido, hubiera hecho uso de esos fondos en lugar de recibir las cuantiosas ayudas públicas [19.000 millones], es decir, hubiera recibido menos ayudas públicas.

Delgado aborda, como su compañero Sánchez antes que él, el tema especialmente delicado de la relación entre la inspección del Banco de España y los bancos, que es

la captura del supervisor ante la influencia de las propias entidades supervisadas. La influencia de la industria ha ido modulando la supervisión de modo que, con un supuesto buen clima de diálogo entre supervisor y supervisado, se ha ido relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores; primero, sustituyendo la emisión de actas de inspección por relaciones de hechos o meras recomendaciones, cuyo seguimiento, además, ha presentado notables lagunas. Esta negativa influencia de las entidades en el supervisor es una de las causas, aunque no la única, que explica uno de los hechos que hemos denunciado en el pasado, y que lamentablemente seguimos teniendo que denunciar en el marco del MUS: que se aparte de la inspección de determinadas entidades a compañeros que, cumpliendo fielmente con el trabajo que tenemos encomendado destapan deficiencias, irregularidades o déficits patrimoniales en dichas entidades, que se tratan de minimizar o de ocultar. Además, en la fase de resolución de la crisis se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con infracciones que podrían tipificarse de muy graves y que afectaban a la solvencia y a la gestión. Se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas de gestores de entidades —particularmente en las cajas de ahorros, muchas de las cuales acabaron siendo parcial o totalmente nacionalizadas— o en situaciones como las de los directivos condenados penalmente.

La mención a que se ha apartado a ciertos inspectores, díscolos o intransigentes, origina una pregunta para que concrete quién han sido objeto de represalia —apartado— y por quién:

Respecto a las represalias, yo comparezco como secretario general de la Asociación de Inspectores y no quisiera centrarme en mi caso porque es simplemente uno más de los que se han producido, pero como indicativo de lo que ha sido el modus operandi en muchos casos en el Banco de España, lo que les puedo decir es que yo era responsable de seguimiento continuado, en este caso de Liberbank, durante un tiempo determinado —poco, porque yo llego en abril de 2013 y salgo en diciembre, y no dio tiempo a mucho—, hago un informe y en un momento determinado el jefe de grupo me dice que no está cómodo con lo que le digo en ese informe. Me ha preguntado quién era la persona que en ese momento dirigía ese departamento. Era Margarita Delgado, actualmente directora general adjunta del BCE, que es la que decide apartarme de la inspección con el argumento de que no tenía cintura, aunque técnicamente era muy bueno. Me dijo: técnicamente eres el top one del departamento, pero no tienes cintura, no tienes flexibilidad, mandas correos electrónicos que si trascendieran podrías poner en peligro..., un riesgo reputacional tremendo... De esa situación yo informé a la Asociación de Inspectores, a la junta directiva de ese momento, que se reunió con el entonces director general de Supervisión, Ramón Quintana, actual director general en el BCE. Hice una relación de hechos que se le entregó, no hizo nada y, al final, se me apartó. Esos son los dos responsables que decidieron apartarme. ¿Se ha repetido más veces? Se repitió antes en la CAM, donde hubo compañeros que habían iniciado una inspección y cuando empezaron a transmitir las conclusiones de la misma no gustaron y entonces los retiraron. También en Caja Castilla-La Mancha había un equipo que estaba haciendo inspecciones y se le retiró físicamente de las mismas. Tendrán ocasión de preguntarle, si viene a comparecer, al compañero Ignacio Pardo en relación con el Banco Popular. Creo que también en el Banco Popular ha habido problemas en cuanto a lo que él reflejaba en los informes y lo que luego llegaba arriba…

Respecto de las fusiones de las cajas, señala el vacío que suponía la inexistencia de informes previos de la inspección sobre las mismas ya que

los equipos de inspección no llevaron a cabo revisiones previas completas de los estados financieros de las entidades que participaban en los procesos de fusión, es decir, no realizaron los que consideramos imprescindibles informes de fusión, por lo que la Comisión Ejecutiva del Banco de España no pudo disponer para su toma de decisiones de una información técnica detallada que permitiese descartar que hubiese eventuales quebrantos no reconocidos por las entidades, como se ha comprobado posteriormente que fue lo que realmente sucedió. Esto es esencial porque si la información de partida sobre la que los distintos consultores proyectaban sus previsiones macroeconómicas como base del proyecto de fusión no era correcta, resultaba imposible evaluar con fundamento la viabilidad de dicho proyecto. Esto explica también que casi ninguna de las fusiones realizadas haya sobrevivido. No es que se produjese una doble recesión que hubiera alterado las proyecciones macroeconómicas aplicadas, sino que la información de partida sobre la que se hacían esas previsiones era falsa ya que no reflejaba los deterioros realmente existentes.

Y precisa:

Por lo que sabemos, en este ámbito no ha habido un cambio en los procedimientos supervisores establecidos, como hemos comprobado recientemente con la fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum [autorizada en diciembre de 2017], en la que tampoco se ha requerido la realización de un informe de inspección; como tampoco se ha requerido un informe de inspección con motivo de la crisis del Banco Popular. ¿Es realmente admisible que una decisión administrativa tan relevante como es la resolución de una entidad de crédito que como tal está sometida a un régimen de supervisión pública sea adoptada basándose en el informe de una firma privada de auditoría? ¿Para qué están entonces los equipos de inspección del Banco de España y del Banco Central Europeo? ¿Es admisible la opacidad con la que se ha llevado a cabo todo este proceso?

Señorías, nosotros no atacamos el fondo de la supervisión única, pero creemos que la forma en que se está llevando a cabo no está siendo adecuada ni eficiente. Así lo denunciamos un año después de su puesta en marcha y, desgraciadamente, el caso del Banco Popular y el de otros bancos de la eurozona han venido a darnos la razón. ¿No es el caso del Banco Popular un serio aviso de que algo falla? ¿Qué debemos hacer ante esta evidencia? ¿Nos callamos y confiamos en que no se nos caiga otra entidad? ¿Rezamos para que, si esto ocurre, no se lleve por delante a la economía de nuestro país, o tratamos de analizar con rigor y corregir estos fallos o seguimos escudándonos en que es un mecanismo en su fase inicial y que poco a poco irá mejorando? Si se decide supervisar las entidades exclusivamente sobre la base de su nivel de recursos propios —como se hace ahora—, si se supervisan en un idioma distinto al idioma en el que la entidad desarrolla su actividad, si se externalizan funciones públicas sin la debida garantía de confidencialidad y de rigor, todas estas cuestiones y muchas otras no van a mejorar con el paso del tiempo; en todo caso, se enquistarán.

José Antonio Delgado ha señalado a los miembros de la comisión que podían preguntar sobre los problemas de los inspectores en el Banco Popular al inspector Ignacio Pardo «si viene a comparecer».

… Y UN INSPECTOR CON AMNESIA

Ignacio Pardo, en efecto, compareció. Pero no fue el Nacho Pardo que esperaba Delgado.

En la jerga de los inspectores del Banco de España se habla de «la mochila» para identificar las pérdidas no contabilizadas que van apuntando durante su trabajo y que van a trasladar a sus informes de seguimiento trimestral. El inspector del Banco de España, adscrito desde 2014 al Banco Central Europeo (BCE), entró en una sala semivacía de parlamentarios. Alto, delgado, enfundado en un traje azul azafata de Iberia, Pardo portaba una enorme mochila negra.

Había sido citado en mayo de 2017 a iniciativa del Partido Popular, cuando todavía el veterano diputado Ramón Aguirre exhibía músculo en los trabajos de la comisión, y su información, procedente del Banco de España, le aseguraba que Pardo estaba dispuesto a contar su experiencia en la inspección del Banco Popular.

Pero había pasado más de un año, y ahora, este 10 de julio de 2018, la situación en el Banco de España había experimentado cambios.

El 11 de junio Luis Linde había pasado el testigo a Pablo Hernández de Cos y estaba en liza el puesto número dos: subgobernador o subgobernadora del Banco de España.

Venía Pardo decidido desde Fráncfort a mantener cerrada su mochila negra. El BCE le advirtió que mantuviera la boca cerrada sobre todo lo que había conocido sobre el Banco Popular a partir de su traslado a Fráncfort, en 2014, donde siguió coordinando la inspección de la citada entidad, y que le autorizó a comunicarlo ante la comisión antes de empezar su comparecencia.

Pero, en rigor, lo que los miembros de la comisión querían saber era —por expectativas que el propio PP había sembrado con su citación— otra cosa: qué pasó en los últimos meses de 2008, en 2009, 2010 y hasta la primera mitad de 2011, cuando hubo cambios en el Departamento de Supervisión del Banco de España y él pasó del Banco Popular a otra entidad.

Pardo explicó que el Banco Popular reflejaba en ese periodo el proceso de expansión crediticia que alimentó entre 2000 y 2007 la burbuja inmobiliaria en España. Y que sus niveles de exposición eran muy elevados. En los informes de seguimiento trimestrales que elaboraba el equipo operativo del Banco de España in situ, explicó, se incorporaban sus propias conclusiones sobre los riesgos de los créditos que el Popular concedía a promotores y clientes.

Eso engrosa lo que se llaman «ajustes pendientes». Y, en efecto, esos informes existen, según señaló Pardo, quien al tiempo, reiteradamente, para asombro de la presidenta de la comisión, Ana Oramas, se defendió con un argumento: «Soy solo un inspector», dijo muchas veces a modo de disculpa.

Como apuntó Oramas, a los parlamentarios les interesa lo que opinan o pueden aportar no solo las cúpulas de las instituciones, sino los inspectores de a pie como Pardo. Con su dulzura canaria, Oramas practicó uno de los tirones de oreja —de madre a hijo— que mejor se recuerdan de la presidenta.

Pardo vino a decir: ajustes pendientes (necesidad de provisiones para cubrir fallidos a montones) haberlos haylos. Pero no puedo decir más.

El inspector se resistió primero a nombrar a los jefes a quienes reportaba, una actitud que evocaba cierto espíritu de omertà. Pero ante la advertencia de la «madre-presidenta» cedió. Pardo reportó entre finales de 2008 y principios de 2011 al jefe de grupo Luis Fernando Díez Franco —quien a su vez dependía del coordinador ejecutivo Mariano Herrera y este del jefe del llamado Departamento III Luis Lorenzo Olmeda—. Durante este periodo el director general de Supervisión era Jerónimo Martínez Tello y el subgobernador Javier Aríztegui. Con los cambios, en 2011 su jefe directo era Francisco Monzón, y seguían de director general de Supervisión y subgobernador los mismos.

Pardo negó discrepancias con sus superiores a la hora de elaborar sus informes:

No tuve ningún tipo de desavenencia relevante en cuanto a los informes, se discutían, y se firmaban. Las conclusiones se incorporaban a los informes del grupo operativo y ahí concluía el trabajo. Yo no sé si eso se traducía en requerimientos a la entidad porque no era mi función ocuparme de ello.

El 28 de abril de 2011 hubo cambios, según apuntó Pardo, en la supervisión. Entre otros, Pedro Comín pasó a ser coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I (grandes bancos) con efectos del 1 de septiembre de 2011 y Margarita Delgado, coordinadora ejecutiva del Departamento II (Popular y otros de tamaño medio y pequeños).

Pardo, precisamente, era uno de los inspectores que coincidía en Fráncfort, en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE, con Margarita Delgado, una de las cuatro directoras generales adjuntas.

Delgado se hizo cargo de la coordinación ejecutiva del Banco Popular y otras entidades en coincidencia con el proceso de absorción de un banco quebrado, el Banco Pastor, anunciado en octubre de 2011 —poco antes de la caída del Banco de Valencia, del Grupo BFA-Bankia, el 21 de noviembre de 2011— y un año antes de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de finales de 2012, dirigida explícitamente, según el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a cubrir provisiones y saneamientos para dejar atrás el suspenso del Popular en los exámenes de solvencia.

Ahora, Delgado estaba en otra batalla —aunque hubo ciertos rumores no confirmados de que acababa de optar sin éxito por una dirección general en el MUS del BCE— y contaba con sus relaciones en el BCE: ser la primera subgobernadora del Banco de España. Y también sabía que era la preferida de los grandes bancos españoles. Ese ambiente era el que venía de palpar el NachoPardo que había aterrizado en la comisión parlamentaria de investigación de la crisis financiera el 10 de julio de 2018.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, con el plácet del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sacó adelante en el Consejo de Ministros del viernes 3 de agosto de 2018, el nombramiento de Delgado como subgobernadora del Banco de España.

Pedro Sánchez se convertía en ejecutor de las gestiones y recomendaciones que le hicieron llegar los grandes bancos españoles desde el mes de junio, mientras otros presuntos candidatos aparecían y desaparecían de los medios de comunicación, la candidatura de la persona a quien consideran como uno de los suyos para una etapa difícil donde no las tiene todas consigo ni mucho menos: Margarita Delgado. El debate sobre con quien cubrir el puesto de subgobernador/a prácticamente fue inexistente en julio pasado. Porque la idea dominante es que el poder reside en el BCE. Pero hay que saber, como ha escrito el economista Hyun Song Shin, responsable de investigación del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que «las fronteras nacionales importan poco excepto en lo que se refiere a quiénes son los contribuyentes que rescatan a los bancos quebrados. Los bancos europeos han sido salvados por los contribuyentes europeos, lo que ilustra la máxima de que los bancos son globales mientras viven, pero son nacionales cuando mueren».

A su vez, Soledad Núñez, exdirectora general del Tesoro, vetada para ocupar el puesto de subgobernadora en 2012 por el Gobierno de Rajoy —cargo que en cambio ocupó a propuesta del PSOE Fernando Restoy— era nombrada el pasado 28 de septiembre consejera del consejo de gobierno del Banco de España, el paso previo para sustituir a Vicente Salas en la Comisión Ejecutiva. Esta decisión, ya materializada, la ha convertido en la primera mujer que accede al órgano más importante del Banco de España.

El Gobierno de Sánchez también nombró consejera de la institución a Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo desde 1988.

DELOITTE Y EL INFORME CLANDESTINO

La pregunta que había formulado el inspector Delgado era crucial: ¿se puede vender el Banco Popular por un euro solamente con un informe de auditoría?

Claro que si se añade el nombre de la firma el escándalo está servido: la auditora Deloitte. En este caso Deloitte Bélgica.

Es decir: Deloitte sancionada en España por el ICAC a raíz del incumplimiento del deber de independencia en la salida de Bankia a Bolsa, ha sido la firma que, a través de la empresa en Bélgica, ha elaborado el informe.

Fue, precisamente, este tema el que hervía en Madrid el 7 de junio de 2017 tras el comunicado oficial por el cual el Banco Santander resultaba adjudicatario en la subasta de la Junta Única de Resolución, organismo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) por el precio de un euro. Durante la tarde obtuve la información: Deloitte había elaborado el informe para la venta del Popular. Tenía que confirmar la noticia.

Es más, el coordinador del equipo de consultores y auditor, David Martín, era un exfuncionario del Banco de España entre los años 2005 y 2009 que había marchado a Bruselas a la Dirección General de Competencia entre 2009 y 2014, y regresado a España para ejercer, entre 2014 y 2016, como director general de la Asociación Española de Banca (AEB), a las órdenes de su presidente José María Roldán. Entre marzo y agosto de 2016, según su currículum, había asesorado a diversos bancos.

Martín fue fichado por Monitor Deloitte, una sociedad de consultoría sobre servicios de estrategias para grandes organizaciones y Gobiernos, que fue adquirida, tras suspender pagos en 2012, por la auditora Deloitte. En septiembre de 2016 Martín fue nombrado socio de Monitor Deloitte.

El caso es que el 8 de junio de 2017, al día siguiente del anuncio de la operación, decidí averiguar quién había elaborado el trabajo que sirvió a la Junta Única de Resolución en Fráncfort.

El FROB había contratado a dos compañías para evaluar las ofertas: el tándem formado por el banco de inversión norteamericano Jefferies y Arcano Servicios Financieros.

Me puse en contacto, primero, con la empresa Deloitte. No podían aportar ninguna información.

Y, después, llamé al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, y casi al terminar nuestra conversación telefónica, le pregunté si Deloitte había elaborado el informe que había servido para la adjudicación. Me dijo que no tenía idea sobre este asunto. No le creí.

Hablé después con un portavoz de Arcano, firma independiente de asesoramiento financiero, que ya por su nombre —arcano, es decir, secreto, recóndito, reservado— parecía evidente que iba a echar balones fuera. Pero, mira por dónde, cuando mencioné Deloitte, la respuesta de mi interlocutor fue lo suficientemente ambigua como para intensificar el seguimiento de los rastros de la firma auditora.

Y, con estos inputs, hablé por teléfono con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Estaba claro, por el intercambio que tuvimos, que el asunto era tabú. Desde luego, no quería reconocerlo. Pero sí que lo sabía. Y porque su brazo derecho en el Ministerio de Economía y más tarde director general del FROB, Antonio Carrascosa, era desde 2015 miembro del consejo de seis miembros de la Junta Única de Resolución dirigida por Elke Köning, donde ostentaba el cargo de director de Resolución y Planificación.

Ambos, además, habían trabajado juntos en Pricewaterhouse Coopers entre 2008, cuando la auditoría fichó a De Guindos —poco después de la incorporación de Carrascosa—, y febrero de 2010, cuando el primero se fue al Instituto de Empresa, un paso hacia el cargo de futuro ministro de Economía del Gobierno de Rajoy.

Esa noche escribí el siguiente artículo en el diario ARA de Barcelona:

¿Por qué el Banco Popular vale un euro? ¿Quién asume la valoración de un euro? Fuentes del Ministerio de Economía confirman al ARA que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contrató al tándem de asesores Arcano Servicios Financieros y al banco de inversión norteamericano Jefferies para evaluar las ofertas interesadas en la compra del Banco Popular. Un portavoz de Arcano señaló que se limitaron a esta fase de la ejecución de la operación.

Este diario tuvo conocimiento de que el MUR-BCE contó con un informe de la empresa de auditoría Deloitte sobre los activos del Banco Popular. En el Ministerio de Economía han asegurado desconocer qué firma asesoró a las autoridades europeas. Un portavoz de Deloitte en España señaló a este diario que no podía aportar información al respecto. Fuentes consultadas en el Banco Santander han señalado que ignoran el nombre del asesor externo de MUR.

En su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el MUR no hace referencia al precio de un euro. Señala, en cambio, que «de la valoración realizada por un experto independiente resultan unos valores económicos que en el escenario central son de 2.000 millones de euros negativos y en el más estresado de 8.200 euros negativos». Esta valoración, dice el MUR, tiene «carácter provisional».

La transparencia —el nombre del experto independiente y la situación patrimonial actual del Banco Popular— brilla por su ausencia. ¿Se puede expropiar de facto todo el capital a los accionistas, sin indemnización en base a un nuevo test de estrés, similar al que el Banco Popular superó este año al ser sometido a él por las autoridades europeas? ¿Y qué ocurriría si este ejercicio se le hace ahora a los principales bancos españoles?

La incapacidad del MUR-BCE-FROB para demostrar que el activo del Banco Popular es inferior al pasivo en la actualidad revela un hecho: el banco no está quebrado. Carece, seguramente, del capital necesario. Pero capital, haberlo haylo. El patrimonio neto es de 11.000 millones de euros, cifra que supera holgadamente los 8.000 millones que calcula el Santander para sanear los activos inmobiliarios. Sobrarían, pues, 3.000 millones, a los que cabe añadir 2.000 millones de bonos subordinados que han sido laminados. Hay una trasferencia de riqueza al nuevo accionista, que paga un euro, de 5.000 millones. Si nadie asume el diagnóstico del valor de un euro, ¿es que simplemente el Banco Santander hizo esta oferta y fue aceptada por las autoridades para «solucionar» el problema?

A todo esto, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, declaró en el Senado el pasado martes 6 —el día que las acciones del Popular cotizaban a 30 céntimos— que no estaba preparado para hablar de este asunto. Linde y su equipo delegaron toda la gestión de la crisis de uno de los grandes bancos medianos españoles en el BCE. ¿Qué exigencia de provisiones hizo la inspección del Banco de España?

La CNMV, por su parte, actuó de espectador y se desentendió de la protección de los inversores. Su vicepresidenta, Ana Martínez-Pina, sabía, por pertenecer a la comisión gestora del FROB, lo que se estaba cociendo y mantuvieron la negociación del valor en Bolsa.

Y, last but not least, hay que dejar constancia de que el auditor del Banco Popular, PricewaterhouseCoopers (PwC), viene emitiendo informes limpios, sin salvedades, desde hace largos años.

También en el programa Hoy por Hoy que dirige la periodista Pepa Bueno en la Cadena SER apunté que la operación de venta del Popular se había realizado con un informe de Deloitte.

Pero el nombre de la firma permaneció en secreto todavía algunos días más. El lunes 12 de junio de 2017, el ministro de Economía compareció en la Comisión de Economía para explicar la caída del sexto banco español, y utilizó el informe de Deloitte que había solicitado la Junta Única de Resolución.

Solo unos días más tarde, el 16 de junio, los medios de comunicación empezaron a ponerle cara al auditor que había realizado el informe: Deloitte.

MAPFRE: SILENCIO, AQUÍ SE PACTA

La falta de transparencia en relación a operaciones clave, pese a la cuantiosa inversión publicitaria que se gastan las instituciones financieras en este slogan, también afecta al equipo gestor que entró en Bankia.

En sus informes, los inspectores-peritos destacan que la salida a Bolsa no fue «un modelo de concurrencia». Porque, señalan,

el precio se fijó en base a las ofertas de veintinueve grupos económicos, todos con fuertes relaciones de negocio con Bankia y BFA. La documentación analizada muestra que Fundación Mapfre y Mapfre, asociada de BFA que poseía un 15 % de su capital, y por tanto con influencia significativa en su gestión, presentaron órdenes por 281 M €. Sin MAPFRE y su fundación no se hubiera cubierto el tramo institucional.

Mapfre resultó ser, en efecto, el mayor inversor, con 282 millones de euros de inversión (75,2 millones de acciones) y, a diferencia de otros inversores, no demandó a Bankia en relación a la presunta falsedad de las cuentas. Mapfre tenía un acuerdo de desarrollo y distribución de productos con Caja Madrid desde 1998, el cual fue renovado el 31 de enero ya con Bankia.

Una operación de Bankia realizada con Mapfre en enero de 2014 puede explicar el silencio de esta ante los tribunales.

El 18 de diciembre de 2012, Bankia llegó a un acuerdo con la entidad aseguradora británica Aviva Europe para poner fin a la controversia que ambas mantenían a raíz de la ruptura de un acuerdo de exclusividad en la distribución de seguros asumido por Bancaja el 18 de mayo de 2000.

La aseguradora británica, al conocer la operación de Bancaja con el resto de cajas, en 2010, para crear un SIP, denunció su contrato y ante la indiferencia de los administradores de Bankia la cuestión terminaría siendo resuelta mediante un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid de 18 de diciembre de 2012.

Como consecuencia de este acuerdo, Bankia se vio obligada a adquirir, el 23 de abril de 2013, el 50 % de las acciones que la británica Aviva Europe SE tenía en la Aseguradora Valenciana, S. A. de Seguros y Reaseguros (Aseval) por 608 millones de euros que incluían 58 millones de indemnización.

Nueve meses más tarde, el 31 de enero de 2014, el mismo paquete de acciones (51 % del capital de Aseval), junto con el 51 % de Laietana Vida, S. A., se vendía a Mapfre por tan solo 152 millones de euros.

Es decir, aun cuando se agregó en la operación el paquete de Laietana Vida, lo cierto es que los 608 millones pagados por el 50 % de Aseval fueron entregados por Bankia a Mapfre, apenas nueve meses después de su adquisición, por 152 millones de euros.

De este «regalo» de Bankia a Mapfre, al menos 205 millones de euros fueron registrados por Bankia en las cuentas de 2013 como «fondo de comercio» implícito (un valor mayor que el 49 % del capital que retenía de Aseval).

Al cerrar el año 2012, las acciones de Bankia que habían salido en la OPS a 3,75 euros por acción cerraban a 0,39 euros. Por tanto, el valor de la inversión de Mapfre en la OPS (282 millones) había quedado reducido a 29 millones de euros: la aseguradora había perdido más de 250 millones por su compromiso en la OPS de Bankia.

Los perjudicados por la «compensación» a Mapfre en enero de 2014, empero, fueron los accionistas de Bankia. Uno de los accionistas, claro, era el Estado, quien a través de BFA (100 % del FROB) poseía el 68,4 %, es decir, 7.877,3 millones de acciones de Bankia, por valor de 22.753 millones de euros.

LOS JUBILADOS, A POR EL BANCO DE ESPAÑA

El 1 de marzo de 2018, en plena efervescencia y movilización de los pensionistas de toda España por la recuperación del ajuste de las jubilaciones según el IPC, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, pronunció una conferencia seguida de un coloquio con empresarios y directivos, organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por CaixaBank. Linde se jubilaba en el mes de junio.

Según explicó, cuando se compara el nivel de las pensiones en España con otros países se suele olvidar que el porcentaje de jubilados con casa propia es el más alto de la Unión Europea. «Esto tiene un efecto sobre la pensión real de jubilación muy importante», insistió, porque «no es igual pagar un alquiler de 500 euros al mes que pagar un gasto de comunidad de 100 euros».

Hacia el mes de mayo, la movilización siguió en aumento a pesar de los acuerdos entre el Gobierno de Rajoy y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para ajustar las pensiones según el IPC durante los años 2018 y 2019.

Los sindicatos UGT y CCOO convocaron la mañana del miércoles 16 de mayo a varios centenares de jubilados para rodear la sede del Banco de España en la Plaza de Cibeles y las sedes de la institución en Madrid, Sevilla, Oviedo, Santander, A Coruña o León.

El objetivo de elegir al Banco de España como blanco de la movilización eran las palabras de Linde. Nadie mencionó el tema subyacente: la existencia de la Mutualidad de los empleados del Banco de España.

Para aquellos que hubiesen ingresado en la institución hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, la Mutualidad les garantizaba que su salario sería prácticamente vitalicio. Es muy importante para los altos directivos, como Linde, porque la Mutualidad cubre la diferencia entre lo que les corresponde de pensión y el salario que cobraban en el Banco de España.

Esta situación confortable y segura no ha sido un obstáculo para que los altos cargos del Banco de España defiendan a capa y espada la necesidad de controlar la inflación a través de la contención de los salarios y sean los adalides de la reforma del sistema de pensiones, siempre a punto, sostienen, de quebrar.

EL SUPREMO Y LOS INVERSORES MINORISTAS

Las dos sentencias del Tribunal Supremo, de primeros de febrero de 2016, permitieron a los inversores del tramo minorista en la salida a Bolsa recuperar el dinero. La inversión en este tramo ascendió a 1.885 millones de euros. Hasta 30 de junio de 2018, el reembolso había llegado a 1.864 millones.

Estas pérdidas no son asumidas en su totalidad por Bankia.

De la cantidad total, 760 millones se contabilizan en Bankia (550 millones por nulidad de la inversión y 210 millones en concepto de indemnizaciones, intereses y costas) en tanto que 1.104 millones se imputan a BFA, conforme a un acuerdo entre BFA y Bankia por el que la primera asume el 60 % y la segunda el 40 %.

Se han notificado 75 sentencias en primera instancia. De ellas 55 son desfavorables para Bankia; 28 en segunda instancia, de las cuales 22 han fallado contra Bankia en diversas audiencias provinciales. Y se han interpuesto 9 recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

Hay otros procedimientos civiles por demandas de inversores institucionales.

LA OBRA BENÉFICO SOCIAL DE LAS CAJAS, EN PICADO

Precisamente, celebrar la liquidación del sistema de cajas de ahorros por parte de las entidades bancarias y la cúpula del Banco de España pasa por alto uno de los elementos diferenciadores que caracterizaron a las cajas.

Las cajas de ahorros tuvieron en la Obra Benéfico Social (OBS) su mayor diferencia respecto a los bancos, integrando fines sociales con negocio financiero. La peculiaridad de revertir parte de sus beneficios en el territorio en el que operaban habitualmente, incrementó su notoriedad y su carácter social. A través de la OBS, la cajas realizaron a lo largo de los años una función complementaria a la del Estado en materia social. Los principales destinos de la OBS de las Cajas de Ahorros eran: cultura y tiempo libre, asistencia social y sanitaria, educación e investigación y patrimonio cultural y artístico.

Estas entidades emergen con la creación de los «montes de piedad» al inicio del siglo XVIII (el de Madrid fue de 1710), a imagen de los creados por monjes franciscanos al final de la Baja Edad Media. En los años treinta del siglo XIX ya serían las cajas de ahorros.

No eran entidades públicas, ni privadas, y se las calificaba como entidades sociales. En los años ochenta del siglo pasado se diseñó un sistema de gobierno de las cajas (Ley Orgánica de de las Cajas de Ahorros) peculiar y original (CCAA, ayuntamientos, empleados y depositantes) sin ningún derecho de propiedad. España era el único país de la Unión Europea en el que las cajas de ahorros tenían plena libertad operativa y territorial, al tiempo que sus propietarios eran tan indefinidos como su propia forma jurídica.

La competencia entre cajas y bancos siempre fue encarnizada. Las cajas de ahorro en España alcanzaban a ser, en términos de depósitos, casi la mitad de todo el sistema bancario español. Esta situación permitió que pésimos administradores estuvieran demasiado tiempo dirigiéndolas con el resultado conocido, aunque esto también ocurrió en algunos bancos, pues la política de crecimiento alocado y laxitud prestamista fue generalizada.

Estos fallos estuvieron a la vista de todos, y de manera especial de quienes debían vigilarlas. Con la llegada del euro al inicio del siglo XXI el éxtasis y la complacencia ante el endeudamiento generalizado de las familias sustituyó a la reflexión de los vigilantes respecto de las bases y fundamentos reales en que se apoyaba la euforia de la población española, durante una etapa en la que todos los sueños y fantasías parecían posibles.

La crisis financiera aflorada a partir de 2007 habría de provocar la mayor reestructuración del sistema bancario español en su conjunto, en la que destaca especialmente la reforma de las cajas de ahorros. La situación fue que de cuarenta y cinco cajas de ahorros que había en 2010 solo han quedado dos. Y con dimensiones reducidas.

Se han transformado en fundaciones; unas denominadas «fundaciones bancarias» —las que pudieron mantener el control del banco en el que se transformaron sus activos y pasivos— y otras denominadas «fundaciones ordinarias»: aquellas que perdieron toda su participación en el banco creado (es el caso de las que fueron intervenidas por el FROB) o por mantener una participación inferior al 10 % del capital.

La suma de fundaciones, bancarias y ordinarias, procedentes de las cajas de ahorros era de veintiocho a final de 2017.

La parte de los beneficios que las cajas de ahorros destinaron a la OBS (la dotación) prácticamente se duplicó en el periodo 2002-2008, desde 1.163 hasta 2.058 millones de euros. Este último ejercicio marcó el punto de inflexión en las aportaciones de recursos a la OBS por las cajas de ahorros, como tales o como fundaciones bancarias u ordinarias. A partir de 2008, la crisis afectó de manera significativa a las cajas de ahorros, lo que provocó una reducción progresiva de la parte de sus beneficios asignados para mantener su OBS.

La dotación cayó en 2010 hasta 1.462 millones de euros, y cuatro años después, el año 2014, se reduciría a la mitad: 709 millones de euros. En 2017, la dotación a la OBS fue de 800 millones de euros.

Por otra parte, se produjo un cambio en el destino de la OBS: el área de cultura y tiempo libre, que tuvo más peso hasta el inicio de la crisis, perdió su hegemonía a favor de la asistencia social y sanitaria.

EL FMI CANTA LA GALLINA... CON LA BOCA PEQUEÑA

El 8 de julio de 2016 se desvelaba, aunque para un público iniciado, el misterio del que hemos hablado ya: cómo se decidió la publicación de las conclusiones preliminares del FSAP del FMI dirigido por Ceyla Pazarbasioglu en febrero de 2012.

Un informe de antecedentes (background paper) preparado por el economista Nicolas Véron para la Oficina Independiente de Evaluación (OIE) del Fondo Monetario Internacional, sobre los aspectos financieros del papel del FMI en la crisis de la eurozona, daba cuenta finalmente de lo que había ocurrido, un asunto que el ministro De Guindos había dejado siempre flotando en el aire.

Véron, economista del think tank Bruegel de Bruselas —los pomposos tanques de pensamiento—, señalaba:

Como Irlanda, España fue un caso de contagio del sector bancario, pero fue el empeoramiento del entorno de la zona del euro lo que hizo que esto representara una amenaza para el acceso del mercado soberano. De hecho, España nunca perdió el acceso al mercado soberano. Pero los riesgos del sector bancario se consideraron suficientemente grandes a mediados de 2012 para justificar un programa de asistencia del Mecanismo de Rescate EFSF / ESM que se centró en la recapitalización bancaria y en cuyo monitoreo participó el FMI. A pesar de los problemas en su sector bancario nacional, España necesitaba asistencia externa solo a causa de la aceleración de la dislocación de los mercados financieros de la zona del euro, desde mediados de 2011. Por el contrario, la rápida mejora de las condiciones del mercado, tras la decisión de la unión bancaria de finales de junio de 2012 y el anuncio OMT del BCE poco después, sugiere que España podría no haber requerido un programa si sus problemas bancarios se hubieran cristalizado en otro momento.

Y en concreto, y sobre el papel del FMI en Bankia, decía:

La comunicación pública sobre el FSAP en abril de 2012 fue polémica pero justificada, dadas las circunstancias. El 25 de abril de 2012, a petición del Gobierno (según entrevista con el equipo que realizó el trabajo), el FMI difundió el comunicado «Conclusiones preliminares de la misión del FMI». Este texto, referido a un grupo de bancos en proceso de reestructuración, afirmaba: «Es fundamental que estos bancos, especialmente el más grande, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar las prácticas de gestión y gobierno». En el contexto del momento, fue claro para todos los observadores que el banco señalado era Bankia. Del mismo modo que el FMI había contribuído así a generar la alarma apretando el gatillo de la intervención de Bankia, en julio de 2012, tras el rescate, hizo lo contrario en su informe anual de la economía española, y sustituyó términos duros del borrador de su informe para no alimentar una nueva espiral de inestabilidad[23].

Por tanto, tres años y cinco meses después de que Ángela Gaviria, del departamento de medios de comunicación del FMI, me confirmase, el 19 de febrero de 2013 a las 17:05 horas, por correo electrónico, que España había solicitado hacer públicas las conclusiones preliminares del FSAP el 25 de abril de 2012 sobre la situación de los bancos españoles y señalar implícitamente a Bankia, por fin un documento del FMI asumía, discretamente, la realidad.

COGE LOS ACTIVOS Y CORRE

La adquisición del Popular por el Banco Santander por un euro el día 7 de junio de 2017 fue seguida de acciones comerciales rápidas para consolidar la operación, a pesar de las advertencias enviadas por algunos relevantes inversores internacionales, como los fondos estadounidenses Pimco, Anchorage Capital Markets y otros, en el sentido de que se abstuvieron de vender activos mientras se sustanciaran las demandas y los pleitos interpuestos.

Una primera acción comercial del Banco Santander, el día 13 de julio de 2017, consistió en ofrecer la «acción de fidelización» destinada a clientes minoristas que hubieran adquirido acciones en la emisión de 2016 (en el periodo 26 de mayo-21 de junio) u obligaciones subordinadas. Además de ello, exigía tener las acciones o los bonos depositados en el Banco Popular o en el Banco Santander; y que, en cualquier caso, no hubiesen formado parte del consejo de administración del Banco Popular ni personas vinculadas a ellos, ni que hubiesen sido accionistas significativos del Popular.

La oferta consistía en la entrega del importe efectivamente invertido pero no en efectivo, sino en «bonos de fidelización» perpetuos (sin vencimiento) y con interés del 1 % cancelable según determinados supuestos, todos ellos emitidos por el propio Banco Santander.

El Santander estimó el coste de esta acción en 680 millones de euros, que no cargó como una pérdida contra sus cuentas, sino contra las del propio Banco Popular, convirtiéndose de esta forma en acreedor del banco adquirido.

Pero la acción comercial de mayor impacto vendría apenas dos meses después de tomar el control del Banco Popular, en agosto de 2017.

Así, el 8 de agosto de 2017 se produjo una venta acelerada en bloque y en el mercado mayorista de activos inmobiliarios del Banco Popular y filiales de este (particularmente, Aliseda Inmobiliaria) a un fondo de inversión creado ad hoc por un importe de 9.401 millones de euros de deterioros. La operación presenta dos aspectos críticos.

El primero es la rapidez del Santander para vender activos problemáticos del Banco Popular que este encontraba difícil, por no decir imposible, de acometer.

El segundo es la propia estructura de la operación. Los 9.401 millones de activos (que incluyen adjudicados y también préstamos promotor) se concretan en la venta a una sociedad limitada española denominada Proyect Quasar Investment, S. L., con un capital de 3.471 millones de euros, propiedad en un 49 % del propio vendedor de los activos, es decir el Banco Popular, y el resto es propiedad al 100 % de otro fondo denominado Quasten Investment, S. L, domiciliado en Luxemburgo. A su vez Quasten es propiedad 100 % de otro fondo, Brep Investment 9LPNQ, domiciliado en George Town, capital de las Islas Cayman, sociedad controlada por Blackstone, una de las principales sociedades de private equity del mundo.

Como la sociedad española participada por el Banco Popular tiene 3.500 millones de capital, el resto de la financiación de 7.300 millones de euros necesarios para liquidar la compra de los casi 10.000 millones de activos problemáticos procedentes del Banco Popular se instrumentalizaron en marzo de 2018 a través de un préstamo sindicado con vencimiento a cinco años (marzo de 2023) y con un interés al euribor más un diferencial de 375 puntos básicos.

Este préstamo sindicado fue organizado por bancos internacionales (ninguno español) dirigidos por Deutsche Bank y Morgan Stanley, que financiaron la mayor parte, y el resto estuvo a cargo de Merrill Lynch y Goldman Sachs.

¿Cuál fue el objetivo de la operación?

Tras aportar el Banco Popular 1.701 millones de euros correspondientes a su participación en el 49 % de Proyect Quasar Investment, S. L., todos los activos problemáticos que han sido vendidos se han dado de baja del balance y, a cambio, se registra, además del efectivo recibido por la venta, una participación en Quasar por 1.701 millones, que el Grupo Santander califica de «asociada» (aun a pesar de tener un 49 % de ella).

Es decir, si el Banco Popular hubiese retenido el 51 % del capital o 1.770 millones de euros en lugar de los 1.701 millones, la sociedad hubiese sido considerada una filial del Grupo Santander y no se habría producido la baja de los activos por la venta. Dicho de otra forma, 69 millones de euros (1.770-1.701) separan el que una venta de casi 10.000 millones haya desaparecido del balance del Grupo Santander, lo que era imposible de hacer por el Banco Popular antes de ser intervenido y vendido al Santander. Y esta baja de activos supone no solo menos riesgos en el balance del Grupo Santander, sino también menos morosos y menos necesidades de capital regulatorio.

Los problemas inmobiliarios generados por la gestión de Ángel Ron se han acabado, pues, de un plumazo.

El fichaje del ejecutivo italiano Andrea Orcel para ser el nuevo consejero delegado del Banco Santander a partir del 1 de enero 2019 cierra el círculo. Porque fue él quien dirigió en 2016 la ampliación de capital de 2.500 millones de euros del Banco Popular coordinada por los bancos Goldman Sachs y Union de Banques Suisses (UBS). Orcel, como responsable de banca de inversión de UBS, se encargó de la citada ampliación, cuyo objetivo era, según ya hemos apuntado, tapar agujeros. También para el BBVA culmina un largo ciclo. Francisco González ha anticipado un año su salida: a finales de 2018 dejará su poder omnímodo en manos de Carlos Torres.

Llegamos al final de nuestro viaje al interior de la Gran Crisis.

En 1985, la Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta en Estados Unidos, una iniciativa del sector privado de asociaciones de auditoría, contabilidad y entidades financieras, estudió durante casi dos años el sistema de información financiera en dicho país. El resultado fue un informe exhaustivo dado a conocer en octubre de 1987.

Una de sus conclusiones era esta:

Los informes financieros fraudulentos, por lo general, no comienzan con un acto intencional abierto para distorsionar los estados financieros. En muchos casos, los informes financieros fraudulentos son la culminación de una serie de actos diseñados para responder a las dificultades operacionales. Inicialmente, las actividades pueden no ser fraudulentas, pero con el tiempo pueden volverse cada vez más cuestionables. Cuando el tono establecido por la alta gerencia permite o fomenta tales actividades, eventualmente el resultado puede ser un informe financiero fraudulento.

Lo mismo vale para los supervisores malos o banales, que se encuentran cautivos de sus propios errores.

Hay, al menos, dos enseñanzas que el gran periodista y experto financiero norteamericano Martin Mayer destacó de la crisis de las cajas de ahorros de Estados Unidos en los ochenta. Y que sugieren una reflexión después del terremoto en el sector financiero español.

En aquellos años ochenta, el aspecto más aterrador, escribió Mayer, fue la degradación de los niveles de comportamiento profesional:

Lo que hace del desastre de las cajas de ahorros de Estados Unidos un aspecto importante de la historia americana no son los cientos de miles de millones [inyectados], sino la demostración de qué bajo han caído nuestros niveles de comportamiento profesional en leyes, contabilidad, tasación, banca y política, en todos ellos. Estamos más avanzados de lo que nadie pensó en nuestro camino hacia una sociedad hobbesiana. Estos días no puedes confiar en nadie[24].

Es decir, una sociedad en la que cada ser humano busca, ante todo, su propia conservación, lo que da origen a la competición externa y a la desconfianza entre los seres humanos.

Y la otra conclusión es la complicada relación entre la moneda, o el sistema monetario, y la economía real:

Hasta aquí hemos llegado en la desconexión de la economía real y monetaria. Finalmente, la pérdida de la disciplina capitalista hace daño al sistema de precios, que resulta ser la fuente central de información para los participantes en una economía de mercado. Hay un límite para lo tonto que puedes llegar a ser y seguir siendo competitivo. El fiasco de las cajas de ahorros nos está diciendo que estamos poniendo a prueba ese límite[25].

FUENTES

«De estar al frente del FMI durante la gestación de la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión, y recibir las críticas debido la incapacidad de alertar sobre lo que se incubaba, por su pensamiento grupal o endogámico o groupthink —el fenómeno psicológico descrito por el psicólogo social norteamericano Irving L. Janis en 1972—, Rodrigo Rato pasa a dirigir Caja Madrid y BFA-Bankia, una de las principales entidades de crédito de España, que tras absorber una parte del sistema financiero de las cajas, se sitúa en el epicentro de la crisis financiera pendiente de resolver en España», decía en mi libro Indecentes, crónica de un atraco perfecto, publicado a mediados de mayo de 2012 en paralelo a la crisis y rescate de Bankia.

Empecé a trabajar enseguida en los orígenes de esa crisis en el verano de 2012. Tengo que agradecer a Amalia Blanco, la flamante directora de Comunicación y Relaciones Externas en aquellos días su colaboración para entrevistar a José Ignacio Goirigolzarri y Pepe Sevilla, respectivamente. Igualmente, el periodista Juan Emilio Maíllo, director de Prensa de Bankia, me aportó datos imprescindibles.

En enero y febrero de 2013 mantuve contactos por correo con Ángela Gaviria, del Departamento de Comunicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya ayuda fue relevante para esclarecer, ya en aquellas fechas tempranas, que la decisión de anticipar la publicación de las conclusiones preliminares de la misión del FMI en España había sido adoptada a solicitud del Gobierno español.

La posibilidad de mantener varias conversaciones largas, relajadas, en plan brain storming, bastante después del estallido de la crisis de Bankia con Rodrigo Rato, fueron muy instructivas, y espero que su reflejo sea fiel a nuestro intercambio, aunque la responsabilidad es íntegramente mía. Asimismo, mis conversaciones con el ministro Luis de Guindos en agosto de 2012 y a lo largo de los últimos años, así como la parte de su libro de memorias sobre Bankia dedicada al sector financiero, la dimisión de Rato y el rescate bancario de junio de 2012, han sido de gran utilidad para adquirir una visión sobre el decurso de los hechos. También una conversación con el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pocos meses después de abandonar su cargo, me permitió conocer sus puntos de vista en unos momentos en que todavía se sentía acosado por el Gobierno de Mariano Rajoy y especialmente por algunos mensajes telefónicos que le había enviado el ministro de Economía, entre ellos uno en el que le reprochaba que el Banco de España hubiese invertido en deuda pública griega. El Gobierno del Partido Popular había hecho todo lo posible para que anticipara su salida antes del vencimiento del mandato y consiguió que se abstuviera de exponer sus posiciones en el Congreso de los Diputados en aquellos días críticos. He mantenido conversaciones con banqueros cuyo nombre tengo que mantener en reserva.

La investigación también me permitió conocer, en la fase final, el punto de vista y los dilemas del fiscal encargado del caso, Alejandro Luzón, a la hora de presentar su escrito de acusación. Durante el proceso de instrucción mantuve contacto con la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el abogado Andrés Herzog. También pude mantener una conversación con la exportavoz de la Comisión de Economía del Congreso en un momento importante de la crisis de Bankia, Elvira Rodríguez, más tarde nombrada por decisión de Mariano Rajoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y también con Ana Martínez-Pina, la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la época crítica de la sanción contra Deloitte.

He entrevistado a miembros de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del Congreso de los Diputados, que han tenido la oportunidad de conocer los puntos de vista y las informaciones de la mayor parte de las personalidades que tuvieron participación en los acontecimientos que alimentaron la crisis y que, más tarde, condujeron a su estallido.

Los medios de comunicación han aportado ingente información y he tratado de reflejarla lo más fielmente posible. Por mi parte, he leído y releído miles de documentos, informes, declaraciones testificales y de imputados, contrainformes periciales, auditorías, correos electrónicos, escritos de acusación, autos judiciales, recursos de apelación y decisiones de la sala tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y he invertido tiempo considerable en estudiar los seis informes de los que llamo «inspectores-peritos», Víctor Sánchez y Antonio Busquets, elaborados entre diciembre de 2014 y mayo de 2017.

He cubierto durante largos años la información del Banco de España y producto de esa cobertura han sido mis informaciones periodísticas y libros sobre Rumasa, en 1985, y la trilogía sobre Mario Conde y Banesto (1994, 1996 y 1997). He reflejado información relevante sobre los hechos que se narran en el libro en las páginas de El País, donde he contado con la buena acogida de Miguel Jiménez, subdirector del periódico, recientemente nombrado director de Cinco Días, y también en el diario barcelonés ARA. No hace falta decir que también en esta ocasión, probablemente mi trabajo más difícil, he tenido que acceder a diversas fuentes de la institución que ocupa la parte central de este libro.

He aportado documentos inéditos dentro del libro y en un anexo documental que incluye el célebre SOS del 26 de mayo de 2006, el informe de los inspectores del Banco de España, correos y documentos internos de la institución.

Quiero dejar constancia especial de la dedicación de mi editora, Lola Cruz, quien se empeñó de modo infatigable para lograr que este libro fuera la realidad que hoy tiene el lector en sus manos. Y, una vez más, con el respaldo de Ana Rosa Semprún.

ANEXO DOCUMENTAL

ANEXO 1

Informe de la Asociación de Inspectores del Banco de España al vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, de 26 de mayo de 2006 sobre la política imprudente y negligente del banco en la época de Jaime Caruana. El Consejo de Ministros había nombrado el 10 de marzo de 2006 miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España al exsecretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, camino de asumir el puesto de gobernador.

El que avisa…

ANEXO 2

Informe de la inspección del Banco de España sobre la situación de Bancaja de finales de 2010 sobre las cuentas de 2009. Los extractos muestran la situación de insolvencia de la entidad y la propuesta final de tratar de ocultar a los mercados.

ANEXO 3

Correo de las 16:31:27 horas del 28 de diciembre de 2010 del inspector de cabecera del Banco de España, José Antonio Casaus, al interventor general de BFA, Antonio Román.

Se abordan las estimadas «pérdidas esperadas» por la empresa de auditoría y consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC) y el plan de cargar el 70 % de dichos números rojos a reservas y no a resultados, como debía ser, según los inspectores-peritos judiciales. En el plan que chequea , Casaus observa que se liberan provisiones de 1.424 millones de euros, que es la estimación del coste del 100 % de las prejubilaciones, y corrige la cifra propuesta de provisiones a 3.174 millones en lugar de los 1.700 millones propuestos.

ANEXO 4

Correo de A. Román en menos de cuatro minutos más tarde, a las 16:35 horas, a Casaus.

ANEXO 5

Correo de José Antonio Casaus del 2 de febrero de 2012, llamado «borrador sobre Bancaja y el Grupo BFA», sobre la base de datos del equipo de inspección.

El inspector advierte de que Caja Madrid, la cabeza de la fusión, conocía en junio de 2010, antes de aprobarse la integración de las siete cajas el 29 de julio de 2010, que la cartera crediticia de Bancaja estaba peor que Caja Madrid, y menos provisionada. Advierte que Caja Madrid conocía o estaba en condiciones de conocer «varios muertos» [pérdidas] como los riesgos de Deustche Bank y Picton, minusvalías y otros.

ANEXO 6

Correo de Jerónimo Martínez Tello tras reunirse con José Ignacio Goirigolzarri. Goiri pide 20.000 millones. 11-5-2012.

ANEXO 7

Informes de abril y de mayo de 2012 de Pedro González y José Antonio Gracia. Aprueban en abril el plan de Rodrigo Rato y elogian a su equipo. Un mes después dan luz verde al plan de nacionalización de BFA-Bankia y hablan de una «disputa interna entre Caja Madrid y Bancaja».

Notas

[1] Obligaciones de deuda colateralizadas; son herramientas financieras que los bancos utilizan para empaquetar los préstamos individuales en un producto vendido a los inversores en el mercado secundario.

[2] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 26.

[3] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 95.

[4] Ídem, pág. 75.

[5] Ídem, pág. 76.

[6] Ídem, pág. 77.

[7] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 39.

[8] Ídem, pág. 94.

[9] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 497.

[10] Ídem, pág. 100.

[11] Ídem, pág. 104.

[12] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 99.

[13] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 121.

[14] Ídem, pág. 107

[15] Ídem, pág. 121.

[16] Ídem, pág. 110.

[17] Ídem, pág. 126.

[18] Ídem, pág. 130.

[19] Págs. 459-460.

[20] Págs. 464 y 465.

[21] España amenazada, Planeta, Barcelona, 2016, pág. 148.

[22] El Mundo, Carlos Segovia, 21 de febrero de 2011, publicó el documento.

[23] Diario El País, Luis Doncel, 5 de octubre de 2018.

[24] The Greatest-Ever Bank Robbery. The Colapse of the Savings and Loan Industry. Scribners, Nueva York, 1990 [El robo de banco más grande. La caída de las Cajas de Ahorros], págs. 298-306.

[25] Ídem.

El libro negro

Ernesto Ekaizer

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