Con la maestría que le caracteriza y la experiencia de su dilatada carrera periodística, Ernesto Ekaizer describe en El crispavirus la reedición de un ciclo de la historia política contemporánea de España. Un ciclo de política dura. Un ciclo de polarización extrema, esta vez sin terrorismo. Un ciclo que precede con su virulencia —o pretende hacerlo— los cambios gubernamentales en nuestro país. Se trata de un método conocido, que podemos llamar de larga descomposición política provocada, que ya se aplicó en 1993-1996, en 2004-2011, en 2016-2018 y ahora mismo, en unos momentos en los que España está asediada por las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19. Si esa descomposición provocada logró abrir paso finalmente a la alternancia durante una larga época de hegemonía del bipartidismo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP), ¿por qué esa estrategia habría de fracasar ante un Gobierno, el de PSOE y Unidas Podemos, que carece de mayoría parlamentaria y se muestra incapaz de tejer alianzas sólidas y duraderas?

Para Silvia, después de la κάθαρση

Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros.

JORGE LUIS BORGES, El jardín
de los senderos que se bifurcan (1941)

PRÓLOGO
LA «CRISPACIÓN DE ESTADO» PERMANENTE

El 2 de mayo de 2020 a las 9:37 horas envié a un magistrado, cuyo nombre, precisamente por su relevancia, decido guardar en reserva, mi crónica política sobre el coronavirus y el poder.

Estaba encabezada por el siguiente diálogo del segundo acto, escena segunda, de La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, escrito por William Shakespeare circa 1600.

POLONIO

¿Qué está leyendo, mi señor?

HAMLET

Palabras, palabras, palabras.

POLONIO

¿Y de qué tratan?

HAMLET

¿Entre quién?

POLONIO

Digo, que ¿de qué trata el libro que leéis?

HAMLET

De calumnias, señor. Aquí dice el malvado satírico que los viejos tienen la barba blanca, las caras con arrugas, que vierten de sus ojos ámbar abundante y goma de ciruela; que padecen gran debilidad de piernas, y mucha falta de entendimiento. Todo lo cual, señor mío, aunque yo plena y eficazmente lo creo; con todo eso, no me parece bien hallarlo afirmado en tales términos, porque al fin, vos seríais sin duda tan joven como yo, si os fuera posible andar hacia atrás como el cangrejo.

POLONIO

Aunque esto sea una locura, hay método en ella. ¿Queréis venir, mi señor, adonde no os dé el aire?

HAMLET

¿Adónde? ¿A mi tumba?

POLONIO

Es cierto que allí no da el aire… ¡Con qué agudeza responde algunas veces!…

Después de transcribir el diálogo, a continuación ponía: «El Gobierno de Pedro Sánchez debe hacer frente a dos patógenos al mismo tiempo: el Coronavirus y el Crispavirus. El primero ataca a la población, a la vida social y a la economía; el segundo pretende llevarse por delante al Gobierno del PSOE-Unidas Podemos.

Unas horas más tarde, cuando el magistrado encontró un hueco, me escribió:

—Esto te da para otro libro.

Contesté:

—Has dado en el clavo. Esta crónica podría ser el guion.

Y cinco minutos más tarde replicó:

—Te he leído más de lo que tú te crees.

Heinrich Heine (Düsseldorf, 1797-París, 1856) decía que el historiador es un profeta retrospectivo, el que profetiza lo que ya ha ocurrido: «El historiador es un profeta que mira hacia atrás».

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a medida que uno avanzaba en la observación de la situación política a partir de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, y miraba por el retrovisor, de frente se desarrollaban nuevos capítulos que iban encadenándose como eslabones a los anteriores. Y el puñado de personas, magistrados y fiscales entre ellos, con los que había compartido mi idea de escribir, me enviaban, mientras ya estaba en faena, mensajes con el asunto que había estallado y un apunte: «otro capítulo». Uno, por tanto, tenía la sensación, para retomar la afirmación de Heine, de ser un profeta de verdad, de los que miran hacia adelante.

En principio, se trataba de acometer la idea balzaquiana descrita en el prólogo de La Comedia humana: «El azar es el mejor novelista del mundo: para ser fructífero, solo tienes que estudiarlo. La sociedad francesa sería el historiador, yo solo sería el secretario».

Al ir hilando la crónica sobre hechos acaecidos hacía días o semanas, el historiador, es decir, la sociedad española, iba produciendo, como se ha apuntado, las escenas que daban con la horma del zapato, que encajaban en el puzle sin estar previstas. El libro se iba escribiendo solo, a cuenta de acontecimientos pasados, al tiempo que se sumaban nuevos episodios nacionales.

El crispavirus describe la reedición de un ciclo de la historia política contemporánea de España. Un ciclo de política dura. Un ciclo de polarización extrema, esta vez sin terrorismo asesino, pero con terrorismo verbal. Un ciclo que suele preceder con su virulencia desbordante a los cambios gubernamentales en España. Que pretende ser su antesala directa.

Ese ciclo es una vieja dama conocida. Tuvo lugar en 1993-1996, en 2004-2011, en 2016-2018, y estamos ahora en medio de uno nuevo. Es un ciclo que podemos llamar de larga descomposición política provocada, de campaña electoral permanente. Una crispación de Estado permanente.

Si esa descomposición provocada logró abrir paso finalmente a la alternancia durante una larga época de hegemonía del bipartidismo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP), ¿por qué esa estrategia habría de fracasar ante un Gobierno, el del PSOE y Unidas Podemos, que carece de mayoría parlamentaria y tiene dificultades para tejer alianzas sólidas y duraderas?

Las escenas de la vida política y social que se narran ilustran el crispavirus, un patógeno que acechaba antes del coronavirus y que se alimenta de sus efectos, que aspira a utilizar la devastación de la vida de una sociedad en términos de vidas humanas y en términos de cambios estructurales de sus hábitos de convivencia, todo ello agravado con la crisis económica y social que ya ha despuntado, con el objetivo de abreviar la XIV Legislatura de España iniciada el 3 de diciembre de 2019.

Sepa el lector, una vez más, que estas conspiraciones que se bifurcan por senderos políticos, parlamentarios, policiales, judiciales y mediáticos pueden parecer una quimera, no más que una ensoñación, pero, nuevamente, no hay que fiarse.

Porque, como señala Polonio a Hamlet, «aunque esto sea una locura, hay método en ella».

«Pensé —escribe Jorge Luis Borges en El jardín de los senderos que se bifurcan— que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de otros hombres, pero no de un país: no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes».

Pues va a ser que sí.

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LA INVESTIDURA ESCONDÍA UNA NOMBA DE EFECTO RETARDADO

Inés Arrimadas no lo sabe. No puede saber que el viernes 15 de marzo de 2019, a casi dos meses de las elecciones generales del 28 de abril, acaba de plantar la semilla de la cual crecerá, a menos de un año vista, una amenaza para la futura investidura, imprevisible en el tiempo, de Pedro Sánchez. Antes de subir a la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la calle barcelonesa de Pau Claris, la lideresa de Ciudadanos declara: «Es indignante en cualquier momento del año que los edificios públicos estén ocupados por propaganda separatista, pero lo es más aún en campaña electoral. Es una auténtica vergüenza. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, acaba de tomarse, el 11 de marzo, por el pito del sereno, una vez más, la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que se retiren los lazos amarillos y las banderas esteladas del balcón del Palau de la Generalitat y de todos los edificios oficiales.

Ciudadanos, pues, denuncia la desobediencia. Y el lunes 18 de marzo, la JEC insiste. Y Torra, también. La pinza está en marcha.

El 27 de marzo, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presenta una querella por delito de desobediencia contra Torra, que es admitida a trámite el 1 de abril. El partido Vox se persona como acusación popular. La maquinaria ya es imparable.

El 10 de noviembre de 2019 se repiten las elecciones generales del 28 de abril, al fracasar el intento de formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP). Pedro Sánchez y su director de gabinete, Iván Redondo, esperan mejorar sus resultados. Pero su apuesta hace que el PSOE pierda tres escaños en el Congreso de los Diputados, de 123 a 120, mientras que Unidas Podemos se deja siete al pasar de 42 a 35. Sin embrago, la voluntad de ambas fuerzas de formar un Gobierno de coalición se hace realidad en pocas horas.

El reajuste electoral ha reducido a Ciudadanos a los escombros, ya que se queda en 10 escaños tras perder 47 (6,7 %), al tiempo que, cual aves de rapiña, Vox sube 28 escaños, y se coloca como tercera fuerza política con 52 (28 %), y el PP gana 23 hasta llegar a los 89 escaños (20,8 %).

El Gobierno de coalición de las izquierdas es la mejor expresión de ese refrán tan castizo que dice «a la fuerza ahorcan».

Pero para la investidura de Pedro Sánchez será necesario contar con aquellos partidos políticos que en junio de 2018 permitieron plasmar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y, entre ellos, los actuales 13 escaños de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que entonces se sumó, y que, como lo cortés no quita lo valiente, también ayudó a tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez a primeros de febrero de 2019, cuando presentó una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. O al menos fue la excusa precisa que Pedro Sánchez e Iván Redondo buscaban para consumar la idea que flotaba en La Moncloa en los últimos meses de 2018: realizar las elecciones generales al tiempo que las andaluzas previstas para diciembre de aquel año, una iniciativa que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista de Andalucía, rechazó. Después de la pérdida de la Comunidad Autónoma de Andalucía en diciembre de 2018, Sánchez y Redondo habían acordado adelantar las elecciones generales. ERC les dio el pretexto.

Mientras se desarrollan las negociaciones, el 19 de diciembre Torra es condenado, después de un breve juicio oral, por un delito de desobediencia cometida por autoridad o funcionario público, a un año y medio de inhabilitación y una multa de 300.000 euros. La sentencia no es firme y Torra puede recurrir en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

¿Podía el TSJC pedir la ejecución inmediata de la sentencia?

Podía hacerlo practicando una ingeniería jurídica creativa.

La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en 2011 introdujo el artículo 6.2, según el cual «son inelegibles» los «condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta…».

Pero Torra no se presentaba a ninguna elección. Por tanto, ¿en qué se le podía aplicar esta «inelegibilidad»? Es que el artículo 6.4 de la citada ley establece que «las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral». Ergo, la inelegibilidad sobrevenida se transformaba en «incompatibilidad sobrevenida».

Sin embargo, el TSJC no solicita la ejecución inmediata de su sentencia.

Pero Pablo Casado intenta jugar el papel de Ciudadanos y Vox como comadronas de la condena, y el 21 de diciembre invoca la causa de «inelegibilidad sobrevenida» ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, la cual resuelve que la sentencia no es firme.

Los tres partidos argumentan que esa causa, al afectar a los delitos contra la Administración pública, requiere anular el escaño de Torra en el Parlament inmediatamente. Lo que el tribunal sentenciador, el TSJC, podía hacer y no hizo, los partidos de la derecha quieren ahora hacerlo ahora a través de la Junta Electoral Central. Y al contar los votos probables a favor en la Junta, saben que pueden conseguirlo.

¿Cuál es el alcance de esta operación? El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña establece que el president se elegirá entre los diputados electos. Si Torra deja de serlo, razona la derecha, tendrá que abandonar ipso facto la Presidencia de la Generalitat. O ser destituido. Los tres partidos buscan el impeachment sumarísimo. El primer paso es una resolución de la Junta Electoral Central.

Pero esto no es todo. Porque, a la vez, los tres partidos se lanzan a la yugular del naciente Gobierno de coalición: buscan desestabilizar a ERC, que negocia en la última semana de diciembre de 2019 su abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Para ello solicitan a la JEC la inhabilitación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que cumple condena de 13 años en prisión, pero a quien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de reconocer, en sentencia del 19 de diciembre, su condición de eurodiputado electo el 26 de mayo de 2019.

En esos días, trasciende que el 3 o el 4 de enero de 2020 se va a celebrar la sesión de investidura. En los medios de comunicación se comenta que si alguna de las dos peticiones a la JEC, o ambas, son acogidas, ERC tendría dificultades para facilitar la investidura.

La Junta Electoral Central convoca el 27 de diciembre la reunión para pronunciarse el 3 de enero de 2020. El tema que está previsto con toda seguridad: la petición del PP de inhabilitar al eurodiputado Junqueras, también por aplicación de la inelegibilidad-incompatibilidad sobrevenida.

En cambio, la situación de Torra está pendiente de tramitación porque el escrito original del PP había sido dirigido a la Junta Provincial Electoral de Barcelona y esta tardará algunos días en completar el expediente. Pablo Casado anuncia el mismo 27 de diciembre un nuevo escrito a la JEC para quitar el escaño a Torra.

Unos días más tarde, el 31 de diciembre, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncia a los grupos parlamentarios que el jueves 2 de enero comunicará oficialmente que la sesión de investidura de Pedro Sánchez tendría lugar el sábado 4, el domingo 5 y el martes 7 de enero.

Nadie, excepto sus promotores, presta atención a la bomba de efecto retardado cuyos últimos tictac están sonando.

Todo parece, en la superficie, ir sobre ruedas. El día 2 de enero de 2020, ERC y el PSOE-PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) anuncian el «acuerdo para la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña para la resolución del conflicto político». Por tanto, ERC se abstendrá y facilitará la formación del Gobierno de coalición.

El expediente de la Junta Central de Barcelona llega a tiempo. La noche del viernes 4 de enero, la Junta Electoral Central, tras un debate de largas horas, da un golpe de mano, la víspera de la primera sesión de investidura, dirigido a enfangarla.

En una votación muy ajustada, una mayoría de siete vocales contra seis, ordena, a petición de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, dar de baja como diputado al president Quim Torra aludiendo a la creativa aplicación de ingeniería jurídica sobre «inelegibilidad sobrevenida» convertida en «incompatibilidad». No valora si ello conduce a abandonar la Presidencia de la Generalitat. Ya se pondrá el PP manos a la obra.

Asimismo, también por una exigua mayoría de siete contra seis, anula el acta de eurodiputado de Junqueras.

La JEC se ha anticipado a la Sala Segunda del Supremo en dos asuntos relevantes: la resolución del recurso de casación de Torra contra la sentencia por desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña —que no ha adquirido firmeza— y, al tiempo, se ha arrogado la facultad de interpretar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de que el órgano sentenciador que había planteado la cuestión prejudicial, la Sala Segunda del Supremo, haya podido hacerlo.

La Junta Electoral Central sufre una división prácticamente en dos mitades en el caso de Torra, con una mayoría de siete vocales, incluida la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ana Ferrer, etiquetada como progresista, contra seis.

El presidente de la Junta Electoral Central, el magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, manifiesta una posición firme en defensa de la inhabilitación de Torra y de Junqueras. Fonseca ha sido, antes de incorporarse a la Sala Tercera del Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), puesto al que renunció por manifiesta incompetencia en su misión de incoar expedientes disciplinarios a miembros de la carrera judicial. Fonseca es un hombre de confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General, Carlos Lesmes.

Algunos miembros de la minoría, como es el caso de la catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Derecho de Navarra, Inés Olaizola, señalan que no ven pertinente abordar ambos asuntos en coincidencia con el inicio, al día siguiente, sábado 4 de enero, de la sesión de investidura, habida cuenta de que tampoco existe una urgencia especial. Se puede aplazar la decisión unos días hasta después del debate de investidura. Pero la mayoría señala que no ve relación entre la investidura y las cuestiones a resolver.

El voto particular de seis vocales que se pronuncian contra el acuerdo de la JEC hace un esfuerzo sistemático a lo largo de diez folios para poner de relieve la falta de competencia de la Junta, que pretende ser el instrumento de ejecución de la sentencia contra Torra, y pone en evidencia una conducta de la mayoría de ella que va en dirección contraria de decisiones anteriores.

Hay tres líneas y media que son la clave para desestimar el planteamiento forzado por la mayoría:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dictado la sentencia condenatoria del señor Torra, no ha remitido testimonio de la misma interesando alguna actuación de esta Junta Electoral Central.

En el caso de Junqueras, el voto particular de los cinco magistrados discrepantes contra siete de la mayoría —Ana Ferrer, integrante del tribunal del procés, se ha abstenido y uno de los vocales que votó en contra en el caso Torra se ha alineado con la mayoría en contra de Junqueras— no puede ser más breve y a la vez tremendamente elocuente en la denuncia de la usurpación de los siete vocales.

Consideramos que, hallándose en trámite de pronunciarse la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el alcance de la inmunidad declarada por la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, deberíamos conocer el sentido de la resolución del Tribunal Supremo antes de resolver la cuestión debatida, por si puede tener alguna incidencia en la cuestión sometida a examen de esta Junta Electoral Central.

Entre los cinco discrepantes se encuentra el magistrado Eduardo de Porres, miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El objetivo del PP, Ciudadanos y Vox es, como se ha apuntado, conseguir desposeer a Torra de su escaño y acto seguido propiciar su inhabilitación como president, ya que en Cataluña para ocupar este cargo se requiere ser diputado. El argumento tiene su lógica. Sin embargo, entre las causas para ser inhabilitado como presidente no figura la de haber perdido el escaño. Sí es causa que el presidente sea objeto de una sentencia firme, que no es el caso.

Es decir: la Junta Electoral Central se erige, según se ha apuntado, en el instrumento de ejecución de esa sentencia. Y es instrumento a solicitud del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Pero esta irrupción de la JEC, ¿cómo se justifica constitucionalmente hablando?

No se justifica, ya que es imposible hacerlo. Y por dos razones. La primera: porque hace tabla rasa de la presunción de inocencia habida cuenta de que la sentencia no es firme y está pendiente de recurso. Y la segunda, y clave: porque según la Constitución «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan» (artículo 117.3).

El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña no necesitaba a la Junta Electoral Central para que le ejecutara la sentencia. Y la intromisión espontánea de la Junta fue una irrupción partidista… a petición de PP, Cs y Vox.

La Junta Electoral Central sabe lo que se hace. ERC convoca de urgencia a su comisión ejecutiva en Barcelona la mañana del sábado 4, antes del comienzo de la sesión de investidura, para analizar las decisiones y considerar si mantiene su compromiso de abstención para facilitar la formación del Gobierno. Mientras algunos simpatizantes se congregan en la Plaza de Sant Jaume en apoyo del president Torra, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no aclara cuál será la decisión «que se está tomando ahora mismo», pero califica lo que ha hecho la Junta como «un golpe de Estado de los de siempre y para los de siempre». Lo que vemos, dice, «es un Estado contra el Gobierno, nada de lo que está pasando es normal; es absolutamente anómalo».

Pero la bomba que ha explotado no consigue echar abajo el pacto para la investidura. Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC y vicepresidente del Govern, confirma la abstención después de una reunión de dos horas: «La decisión de la Junta Electoral Central es la última bala que le queda a la derecha y la extrema derecha», afirma.

El sábado 4 de enero, a las nueve de la mañana, Pedro Sánchez toma la palabra:

Señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados, buenos días. No se va a romper España, no se va a romper la Constitución…

Señorías, la voluntad soberana de los españoles ha dibujado un mapa político sumamente fragmentado, que convierte en un reto la configuración de las mayorías y, por tanto, también la constitución del Gobierno, hasta incluso con las zancadillas que estamos viendo en las últimas horas por parte de la bancada de la derecha.

El candidato a presidente, pues, ha tomado nota de la bomba —que califica de zancadilla— explosionada la víspera en la Junta Electoral Central.

En su réplica a Pablo Casado, irá más lejos:

Usted, señor Casado, no se ha conformado con bloquear la formación del Gobierno progresista que han votado los españoles el pasado 10 de noviembre. Cuando ha visto que los votos no le bastaban, usted y la ultraderecha han utilizado todo tipo de artimañas jurídicas y extrajurídicas para tratar de sabotear la formación del Gobierno.

Sánchez es investido presidente el 7 de enero y se forma el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Y Casado seguirá adelante con su plan para obstaculizar la acción gubernamental. Al anunciar La Moncloa, el 21 de enero, que Sánchez se reuniría con Torra en Barcelona el 6 de febrero, el líder del PP anuncia, el 29 de enero, en una entrevista en Televisión Española, que presentará una querella contra el president de la Generalitat por usurpación de funciones. Quiere explotar la buena racha en la Junta Electoral Central.

El PP sostiene que Torra ha dejado de ser president al ser despojado de su escaño de diputado y, por tanto, de su aforamiento, pero va y presenta su querella precisamente ante el órgano competente para enjuiciar al president, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El fiscal Pedro Ariche, teniente fiscal de la Fiscalía de este tribunal, señala al informar sobre la querella:

Entiende este Ministerio que un ejercicio coherente con su pretensión debiera haberle llevado [al PP] a considerar competente al juzgado de instrucción que por turno de reparto corresponda de los de Barcelona, en cuanto partido judicial donde el querellado [Torra] estaría ejerciendo su, según se señala, impostada actividad pública.

Si esta contradicción flagrante sobre el fuero —el tribunal competente— salta a la vista, no es menor la que se puede advertir sobre el huevo, es decir, el contenido de la querella.

Según el PP, la relevancia penal de la «impostura» de Torra tras perder su escaño estaría configurada por las actividades realizadas «en calidad de presidente de facto de la Generalidad, sin encontrarse legitimado para ello».

El fiscal le recuerda que la Junta Electoral Central «no realiza un pronunciamiento expreso sobre su condición de presidente», y señala:

Más allá de la especulación sobre lo que, al entender del querellante [PP] pueda resultar «lógico» o «ilógico» de la simple lectura e interpretación de los preceptos estatutarios y constitucionales que refiere, la certeza y taxatividad de la norma penal impone al respecto la necesidad de un previo pronunciamiento por parte de un órgano competente con relación a la
—sin duda controvertida— cuestión suscitada.

En otros términos: no existe resolución alguna estableciendo que Torra ha sido inhabilitado como president.

«Por ello —dice el fiscal— pese a la aparente incongruencia del querellante, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el competente para conocer de la presente querella…».

Y por si la especulación y la incongruencia apuntadas no supusieran poner en ridículo a Casado, el fiscal añade la guinda: y además el delito que usted pretende que persigamos no es, en la actualidad, tal delito.

Porque ha habido, en 1995, un cambio legislativo y usted no se ha enterado.

Ahora el delito de usurpación de funciones públicas «se reserva —sostiene el fiscal— para quienes, siendo ajenos a la función pública, se la atribuyen falsamente para obtener ventaja o cometer otros delitos con mayor facilidad, de manera que el precepto en cuestión queda prácticamente limitado en la actualidad a aquellos que —sin serlo— suplantan la formal condición de agente de la autoridad, conductas prevenidas que nada tienen que ver con los hechos que el querellante refiere».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inadmite a trámite la querella en una ponencia de la magistrada conservadora María Eugenia Alegret.

«Falta el elemento nuclear —dice la magistrada—. No existe ningún acto jurídico ni del Parlamento de Cataluña ni de ningún Tribunal por el que se haya dispuesto el cese del querellado del cargo de presidente de la Generalitat».

2
RUIDO Y FURIA DEL DELCYGATE

La bofetada de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la magistrada María Eugenia Alegret resbalan sobre la pátina de teflón que recubre a Pablo Casado. Y es que en estos días de febrero su cruzada ya se ha desplazado de Cataluña a Venezuela, hacia la conexión Pedro Sánchez-Nicolás Maduro. El PP se zambulle de cabeza en la piscina del Delcygate.

El lunes 17 de febrero de 2020 Pedro Sánchez ha citado a Casado en La Moncloa, en el primer encuentro entre el presidente del Gobierno formado el 13 de enero y el líder de la oposición. Una reunión de hora y media solo sirve para que Casado le pida que se haga el harakiri.

Le ofrece el PP su apoyo a los Presupuestos Generales y todos los pactos que hagan falta con la condición de que rompa con Esquerra Republicana de Cataluña, la Mesa de Diálogo con el Gobierno de la Generalitat, que abandone sus acuerdos con Unidas Podemos y que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Ahí es nada.

Al día siguiente, martes 18 de febrero, semanas después de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, Casado anuncia que su partido ha acudido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y evitar que «se destruyan las pruebas de las grabaciones» del aeropuerto de Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 20 de enero de 2020.

La juez Susana Trujillano, titular del juzgado número 7 de Madrid en funciones de guardia, pasa el escrito para informe del fiscal de Madrid, que, según puntualiza, no se opone a la medida cautelar solicitada.

La juez dicta un auto, con fecha de 18 de febrero, en el que recoge el escrito del PP:

Según declaraciones a los medios, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, evitó que la Policía practicara deportación de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que por decisión del Consejo de la Unión Europea es una de las veinticinco dirigentes sancionadas, incluyendo los tránsitos y escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o que transiten por él. Que según declaraciones del portavoz y el ministro de Transportes habrían reconocido no solo no haber impedido que la aeronave de Delcy Rodríguez utilizara el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, sino haber mantenido un encuentro informal con la misma por espacio de hora y media. Estos datos, según refiere el escrito, estarían confirmados por fuentes policiales (según recogen medios de comunicación)

La juez señala que «lo expuesto podría integrar, a juicio del denunciante, un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal».

La juez concluye:

En el caso de autos, de los datos expuestos en el escrito recibido se desprenden indicios racionales de hecho delictivo, por lo cual, teniendo en cuenta igualmente el informe del Ministerio Fiscal, procede acceder a lo solicitado, acordando requerir a AENA, o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, para que procedan a conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia relativas al hecho denunciado: presencia de doña Delcy Rodríguez en el aeropuerto y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades, donde permaneció hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.

La juez comunica a los funcionarios de Policía de los juzgados de Plaza de Castilla la resolución para que trasladen el requerimiento a las autoridades del aeropuerto y a AENA. Y, finalmente, se hace cargo de la investigación el titular del juzgado 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal.

El 25 de junio de 2018, el Consejo Europeo aumentó en once nombres la lista negra de catorce personas venezolanas que desde noviembre de 2017 tenían prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea, una represalia desencadenada con el argumento del aumento de la violencia y la degradación del Estado de Derecho en Venezuela.

A las personas incluidas en la lista negra se les imputa dos tipos de responsabilidades: violaciones de derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de derecho. En el caso de la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, se trata de «menoscabo a la democracia». El Diario Oficial de la Unión Europea señala al respecto:

Es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea. Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político.

La decisión de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), por tanto, no atribuye a la ahora vicepresidenta violaciones o abusos graves de derechos humanos o de incitación a reprimir a opositores, o practicar detenciones arbitrarias, como lo hace respecto a otras personas señaladas en el texto del acuerdo.

Pero los países de la UE tienen el compromiso de adoptar medidas para impedir que esas 25 personas de la lista negra entren en su territorio o transiten por él. Los Estados pueden prohibir el acceso al espacio aéreo de una aeronave, instar o persuadir a dichas personas para que no accedan a territorio Schengen —el área de 26 países que han abolido los controles fronterizos comunes o fronteras internas— y, por tanto, ordenar el desvío del avión a otro país, o, por ejemplo, mantener un contacto fuera del espacio para frustrar el hipotético acceso al mismo.

Pedro Sánchez supo la tarde del domingo 20 de enero que el huracán Delcy tocaría tierra madrileña hacia esa medianoche por una información transmitida desde la embajada de España en Caracas al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

La vicepresidenta venezolana había salido de Caracas en un avión privado Dassault Falcon 900LX, matrícula TC-AKE, de la compañía Sky Valet. Junto a ella viajaba el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, que acudía a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, que celebraba una edición especial por su 40.º aniversario. La vicepresidenta haría escala con destino a Estambul, Turquía. Pero hasta esa tarde, los mensajes transmitidos desde Caracas solo hacían mención al viaje del ministro. Plasencia, hijo de tinerfeños, posee la doble nacionalidad.

He aquí la versión de Ábalos, después de varias declaraciones contradictorias:

Se presentan estos hechos con tintes de una película de misterio, reunión secreta en un avión, de madrugada… La realidad es más vulgar. Estoy informado de la llegada del ministro de Turismo, Fernando Plasencia, al que conozco, porque viene a Fitur. Como no sabía si lo podría ver por la semana que llevábamos en el ministerio, fui a Barajas. Llegando al aeropuerto me llama el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y me dice: «Ya que vas, procura que no baje del avión». Me había comprometido [con el ministro Plasencia] y fui. Esa es la verdad. Cuando llego veo un fuerte dispositivo policial, por lo que era fácil que se filtrara. Llego en coche particular porque no voy como ministro y no iba a recibirlo como ministro. Iba confiado. Entré directo en la Sala Ejecutiva y me acerqué al avión, sabiendo que estaba la vicepresidenta, aunque no tenía intención de encontrármela. El ministro Plasencia me pidió que la saludara. Y eso hice, saludarla. Por lo tanto, no hubo tal reunión. Le recordé que no podía entrar en suelo español dadas las sanciones de la Unión Europea. Sanciones que no tiene el ministro de Turismo. La señora Rodríguez solo me dijo que seguía para Turquía. La saludé en el avión.

¿Aceptó hacerse cargo del lío simplemente porque sintió que su amigo, Félix Plasencia, le había metido en el embolado sin habérselo dicho? ¿Que no le había hablado claro y que llegado a este punto le correspondía a él arreglarlo? ¿Era «esto lo he creado yo, esto lo arreglo yo»?

El huracán Delcy, convertido en show mediático-parlamentario-judicial, había pasado de puntillas por la actividad del ministro de Turismo, Félix Plasencia, en Madrid, porque este no formaba parte de la lista negra de la Unión Europea. Algunos medios de comunicación informaron, sin especial interés, que Ábalos había recibido discretamente a Plasencia en su despacho el lunes 21 de enero.

Esa misma noche, el ministro Plasencia había acudido a la cena de gala que se celebraba en el Palacio de Cibeles para conmemorar el 40.° aniversario de Fitur, en la que todos los invitados saludaron, uno a uno, al rey Felipe VI. Allí estuvieron presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Plasencia también se reunió con empresarios del sector turístico español, como Meliá, Globalia y Plus Ultra.

Félix Plasencia, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, ingresó en la carrera diplomática tras graduarse en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Coincidió con Delcy Rodríguez en la embajada de Venezuela en Londres durante el segundo mandato del presidente Rafael Caldera (1994-1999). Delcy Rodríguez, abogada por la misma universidad, fue nombrada, tras ejercer diversos cargos en la época de Hugo Chávez, ministra de Relaciones Exteriores con Nicolás Maduro, entre 2014 y 2017. Antes de ser nombrado ministro de Turismo en agosto de 2019, Plasencia asesoró a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy —y actual ministro para la Comunicación y la Información en el Gobierno de Maduro—, en su campaña a la Alcaldía de Municipio Libertador, y ejerció como director de Protocolo en la cancillería, viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía y viceministro para Temas Multilaterales.

El PP, por su parte, no promovió iniciativa parlamentaria alguna sobre la actividad de Félix Plasencia. Como sugería este partido, que elevó una pregunta parlamentaria a Pedro Sánchez, como también hizo la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, el vuelo de Delcy Rodríguez ¿podía formar parte de las «rutas del oro venezolano»?

«Se dice que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía», explicó Oramas en Antena 3 TV, y que «el avión iba con cajas y lingotes de oro». Sin embargo, según la noticia difundida originalmente, se habían descargado 40 maletas que fueron transportadas a la embajada de Venezuela en Madrid. ¿Quizá se fundirían en España y no en Turquía, como sugería Oramas?

El 21 de enero, mientras el huracán Delcy iba camino de desplegar sus efectos en el paisaje político de España, el Palacio de La Moncloa anunció que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no recibiría al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que proyectaba visitar Madrid y otras capitales europeas como parte de un periplo hacia Suiza para acudir al Foro de Davos. Sánchez, antes de tomar su decisión, tuvo información de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no tenía previsto recibir a Guaidó; tampoco pensaba hacerlo el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Sin embargo, tanto Macron como Johnson lo recibieron. Pero Sánchez no cambió. Si Guaidó visitaba Madrid, se entrevistaría con la ministra de Asuntos Exteriores. Al ser preguntado Guaidó en una rueda de prensa en Davos por la negativa de Sánchez a verle dijo: «Ya coincidiremos en algún otro momento con el presidente Pedro Sánchez. Si no coincidimos, ya le recibiremos a él en Miraflores [la sede de la Presidencia de la República de Venezuela] muy pronto».

«Hay que conocer a Pedro para entender lo que ha pasado —explicó una fuente próxima a las decisiones de La Moncloa sobre su determinación de no recibir a Guaidó—. Y es que siente que Juan Guaidó ha sido especialmente desagradecido con él —añade».

Johnson cambió de opinión porque era muy sensible a las recomendaciones del presidente Donald Trump, mientras que Macron, pragmático, no tuvo ningún inconveniente en modificar su predisposición inicial, mientras que el encuentro con Angela Merkel tuvo lugar en la cumbre de Davos. Sánchez podía haber cambiado su decisión inicial y seguir los pasos de Macron. Pero resolvió no innovar.

¿Por qué? Porque para Sánchez Guaidó no había valorado suficientemente la importancia del apoyo recibido por el Gobierno español desde su llamada por teléfono para establecer un primer contacto con él como «presidente encargado» de Venezuela el 23 de enero de 2019.

Así, fue el 4 de febrero de 2019 cuando Pedro Sánchez anunció que reconocía a Guaidó, una operación de acuerdo con Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Austria, que también lo hicieron el mismo día. Igualmente, el Gobierno español apoyó activamente a Guaidó concediendo asilo diplomático a centenares de venezolanos que así lo solicitaron, cuando en gran parte de los casos se trataba de personas adineradas que simplemente deseaban abandonar el país.

El 30 de abril de 2019, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López escapó del arresto domiciliario en el que cumplía pena de prisión, durante una jornada en la que fue liberado por sectores minoritarios de las Fuerzas Armadas que habían intentado derrocar al presidente Maduro.

López pudo entrar con su familia en la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, a invitación de este, en calidad de huésped, porque, si bien la residencia del embajador y la embajada son territorio español a efectos de inviolabilidad territorial, no se les considera territorio español a efectos de pedir asilo.

Desde entonces López es «huésped» del representante diplomático español y participa en el llamado «centro de gobierno» creado por Guaidó, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno de Maduro. Es el «Gobierno en la sombra».

Estos apoyos, empero, no implicaron, contra lo que esperaba Sánchez, un gesto de moderación de Guaidó en su alianza con la derecha española de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que utiliza la situación en Venezuela como un arma arrojadiza en la política interna con el fin de venezuelarizar la política española. Actualmente, Sánchez enfatiza más su apuesta por una salida negociada en Venezuela a través de elecciones.

Tras conocer que Sánchez había delegado en la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, la tarea de recibirle, Guaidó convocó un encuentro de venezolanos en la Puerta del Sol el 24 de enero, una iniciativa respaldada por el PP, Ciudadanos y Vox.

La decisión de Sánchez fue, además, la fuente de un enfrentamiento entre los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González el 23 de enero de 2020. El primero no dudó, en la cadena SER, en respaldar a Sánchez por no recibir a Guaidó: «Acierta», dijo. El segundo, sin referirse ni a Zapatero ni a Sánchez, señaló en Onda Cero que Guaidó «es el único representante legitimado democráticamente, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, frente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro».

Al conocer la reacción de González, Zapatero apuntó: «Moderada no parece». La posición de Zapatero no es nueva. Su política de mediación en Venezuela ha saltado por los aires antes incluso del reconocimiento de Guaidó. Sostiene que es un error promover sanciones económicas cuyas consecuencias son «que sufra un pueblo», y ha apelado al diálogo entre las dos partes como vía para resolver el conflicto de manera «pacífica». Zapatero señala que «buena parte de las aproximaciones que se hacen a Venezuela son equivocadas», y ha pedido que la comunidad internacional «no sea parte de una parte» porque «eso es lo que nos ha llevado en muchos sitios al desastre».

Una fuente de La Moncloa lo vio así:

Macron y Johnson finalmente cambiaron y recibieron a Guaidó. Pedro no se dejó presionar. Pero esa conducta refleja una cosa. Es un tío que cuando le joden, apunta. Cuando Guaidó viene aquí y se presenta para jugar con Vox y con el PP, ah, ¿sí?, que yo te reconocí, cabrón, hablé por teléfono contigo en momentos difíciles y soy el país más importante para Venezuela, y tú vienes a manifestarte con mi oposición, pues te tomo la matrícula. No por razones ideológicas. No es que sea más de izquierdas. Tú me jodes cuando yo te he ayudado. Y tenía toda la razón. El otro vino aquí y le jodió.

En cuanto al Delcygate, el juez Serrano-Arnal continúa su investigación…

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LOLA DELGADO: SOLA ANTE EL PELIGRO

«A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont. Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas delante de la justicia», le espetó Pedro Sánchez a Pablo Casado en el único debate televisivo de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Aunque podía parecer un farol, lo cierto es que la afirmación tenía una historia detrás.

El presidente en funciones había enviado mensajes al Tribunal Supremo los días previos a la sentencia del procés sobre la necesidad de reactivar la euroorden a Bélgica, después de notificarse el 14 de octubre de 2019.

Tales mensajes llegaron directamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de conversaciones que mantuvieron la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por un lado, y más directamente, vía la fiscal general del Estado, María José Segarra.

El magistrado instructor, Pablo Llarena, ya tenía preparado el borrador del auto desde hacía días, de acuerdo con la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo. No necesitaba leerse las 493 páginas de la sentencia del procés. El mismo 14 de octubre dictó un auto por el cual ordenaba la detención y entrega de Puigdemont, al tiempo que dejaba sin efecto la suspensión anticipada que el magistrado había aplicado a aquellos acusados que eran diputados, obligándoles a renunciar a sus escaños. Porque esa suspensión solo se podía aplicar si el delito era rebelión. Y Llarena les había procesado por rebelión. De modo que el Supremo, al absolverles de rebelión y condenarles por sedición, obligaba al juez a dejar sin efecto su resolución y a reconocerles los salarios que habían dejado de percibir desde la prohibición.

Tras el debate televisivo, Sánchez concedió una entrevista a Radio Nacional de España el 6 de noviembre de 2019. El periodista Íñigo Alfonso, presentador de Las mañanas de RNE, mantuvo el siguiente diálogo con el presidente:

—Señor Sánchez, en el debate planteó con mucha claridad «traeré a Puigdemont ante la justicia, lo pondré a disposición de la justicia de nuestro país», ¿cómo lo va a hacer?

—Bueno, estamos haciéndolo. No solamente el juez instructor Llarena, en este caso, sino también la Fiscalía General del Estado pidió la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es la decisión final de la justicia belga, pero ese es nuestro planteamiento…

—Pero ¿eso lo está haciendo el Estado? Lo está haciendo la justicia. Usted lo plantea como un compromiso electoral y desde el independentismo se están preguntando cómo lo va a hacer Pedro Sánchez… —inquirió el periodista.

—Como lo estamos haciendo. ¿La Fiscalía de quién depende? —dijo Sánchez. Y repitió, ante el silencio del periodista—. ¿De quién depende?

—Sí, sí, depende del Gobierno.

—Pues ya está.

—Pero, bueno, sorprendió, sobre todo al independentismo, que esto saliera en un debate electoral.

—Es evidente que nosotros lo estamos haciendo. Espero que más pronto que tarde el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española.

Todas las asociaciones conservadoras de fiscales, así como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, se echaron al cuello de Sánchez. Sus palabras suponían una herejía. Si bien el fiscal general del Estado lo propone el Gobierno, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal proclama que los fiscales actúan con «plena objetividad e independencia» y que les deben guiar los «principios de legalidad e imparcialidad».

Aunque el Gobierno puede solicitar actuaciones a la Fiscalía, y el presidente del Gobierno, según el artículo 8 del citado Estatuto, puede dirigirse directamente al fiscal general del Estado, es «el fiscal general del Estado, oída la Junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, quien decide sobre la viabilidad y procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada».

Pedro Sánchez había decidido que la fiscal en excedencia Dolores Lola Delgado, ministra de Justicia, no se incorporaría al nuevo Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, en las que salió elegida en las listas del PSOE. Este era un secreto a voces. Y se especulaba con la posibilidad de que contara con la diputada, por ejemplo, para la Comisión de Justicia del Congreso.

El abogado Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia desde 2018, se entrevistó en La Moncloa con varias candidatas y candidatos para cubrir tanto la cartera del Ministerio de Justicia como la Fiscalía General del Estado en el nuevo Gobierno.

Sánchez había conocido a la fiscal Lola Delgado, coordinadora de la lucha antiyihadista en la Audiencia Nacional, y al juez Fernando Grande-Marlaska, vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, hacia finales de diciembre de 2017. Seis meses antes, el 26 de junio de aquel año, el día en que el presidente Mariano Rajoy acababa de declarar en calidad de testigo en el juicio del caso Gürtel, Lola tuiteó: «Insoportable esta corrupción sistémica. Lo de hoy ha sido patético, triste e indignante».

Barajó Sánchez que el juez Grande-Marlaska podía ser candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE. Esta aproximación evocaba algunos movimientos parecidos realizados por Felipe González en 1993 hacia jueces como Juan Alberto Belloch, Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño, a los que el PSOE llevó en sus listas electorales y, en algunos casos, incorporó en puestos de Gobierno.

Y Sánchez comenzó a organizar con regularidad comidas con la fiscal Delgado.

En mayo de 2018, el tribunal del caso Gürtel dictó por mayoría la sentencia condenatoria según la cual entre Francisco Correa y el PP «se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas».

Sánchez calibró el momento y presentó una moción de censura que tumbaría al Gobierno de Mariano Rajoy.

Y la plaza de ministra de Justicia la reservó para Lola Delgado.

Ahora, casi dos años más tarde, la ministra había conseguido una victoria que Sánchez ponía en valor. La Abogacía del Estado ofreció al Tribunal Supremo una alternativa al delito de rebelión que defendían a capa y espada los cuatro fiscales del Supremo en la causa del procés.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, nombrada por decisión personal de Lola, renunció a plantear esa opción. Nada más llegar a su despacho de la madrileña calle de Fortuny 4, los fiscales del caso le hicieron saber que no admitirían una calificación alternativa. Estaban convencidos de que los hechos encajaban en la rebelión y entendían que incluir una calificación alternativa sería dar un mensaje de debilidad.

Lola, a través de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, impulsó la calificación de los hechos del 1 de octubre de 2017 como sedición. El PP, Cs, Vox y varios medios de comunicación denunciaron esa calificación como una traición, la prueba del contubernio entre el PSOE y los partidos independentistas que respaldaron la moción de censura, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). Pero fue la opción por la que se decantaría el tribunal en su sentencia del 14 de octubre de 2019.

No menos apreciaba Sánchez el trabajo de Lola en la exhumación de los restos de Franco, que abandonaron el Valle de los Caídos el 24 de octubre, donde en su calidad de ministra de Justicia ejerció el papel de Notaria Mayor del Reino.

Ganadas las elecciones del 10 de noviembre, Sánchez creía que necesitaba una personalidad con más perfil político en el Ministerio de Justicia para abordar una fase de renovación de las principales instituciones, una etapa de nombramientos en el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y para ello hacía falta un político-jurista que pudiera negociar con el PP, una tarea que el desgaste de Lola hacía inviable.

Contra ella los partidos de derecha y los medios de comunicación afines habían exprimido a fondo el audio de una grabación realizada en octubre de 2009, en el restaurante Rianxo, de Madrid, por el entonces comisario José Manuel Villarejo. En el encuentro también estaban presentes el juez Garzón y altos cargos policiales. Villarejo llevaba en prisión casi un año cuando se produjo la filtración. No había nada ilegal en las manifestaciones de Lola y de los demás comensales, pero reflejaba un ambiente desinhibido y relajado, donde los cotilleos y los comentarios descalificadores y prejuiciosos en el terreno personal le jugaban a ella y a todos los presentes una mala pasada.

El audio fue difundido en septiembre de 2018 después de que el Ministerio de Justicia, ante otras informaciones que tenían origen en ciertas notas de Villarejo relacionadas con un procedimiento de extradición, negara cualquier encuentro o relación entre Lola y Villarejo.

La ministra aclaró, al difundirse la cinta, que no había tenido relación «profesional» con el excomisario más allá de coincidir con él «en compañía de otras personas en algún evento».

«Cualquiera que haya sido tocado por Villarejo está manchado y cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor», declaró Pablo Iglesias tras conocerse la grabación de aquella comida.

El PP no abandonó a su presa. Consiguió reprobar a la ministra dos veces en el Congreso y una en el Senado.

El sábado 11 de enero de 2020, sobre las ocho de la tarde, Sánchez cerraba la alineación de su equipo con el diputado socialista y exsecretario de Estado de Justicia Juan Carlos Campo para la posición de ministro de Justicia. Ni el sábado ni el domingo las quinielas, a pesar de contemplar algunos nombres, incluían una clara apuesta sobre quién podía ocupar la Fiscalía General del Estado.

Los ministros y las ministras jurarían o prometerían sus cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela partir de las diez de la mañana del lunes 13.

A las ocho en punto, es decir, dos horas antes de la ceremonia, la periodista Nieves Goicochea informaba en la Cadena Ser que Lola Delgado sería la nueva fiscal general del Estado.

Sánchez quería marcar territorio: el nombramiento de la fiscal general del Estado era suyo y Juan Carlos Campo, su candidato a ministro de Justicia —que normalmente tiene mucho que decir sobre los nombramientos del fiscal general del Estado—, ni siquiera había jurado o prometido su cargo.

Pedro Sánchez, pues, hacía realidad aquello que parecía fruto de la improvisación durante su entrevista en Radio Nacional de España el 6 de noviembre de 2018.

«Es una decisión muy meditada», respondió Sánchez a un dirigente de su partido que cuestionó la idea de nombrar a Lola cuando trascendió la noticia aquella mañana del lunes 13. «Tendrá que abstenerse en muchos asuntos a raíz de su paso por Justicia. No es una decisión acertada, Pedro», objetó su interlocutor. «Lo he pensado mucho», repuso.

Partía Sánchez de la base de que nombrase a quien nombrase se calificaría al fiscal general del Estado como una correa de transmisión del Gobierno. Preguntó si existía algún antecedente. Le contestaron: no, exactamente. Lo que más se acerca, le dijeron, es el caso de Javier Moscoso. Fiscal de carrera, Moscoso ocupó el puesto de director general de Justicia, fue diputado y Felipe González le nombró ministro de la Presidencia, cargo que ejerció entre 1982 y 1986, para después ser fiscal general del Estado entre 1986 y 1990.

Había decidido, pues, proponer a la flamante exministra de Justicia para ocupar este cargo, que había quedado vacante tras el cese automático, junto con el Gobierno en funciones, de María José Segarra.

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros, Sánchez tuvo que dar explicaciones.

De paso, aclaró que el «objetivo es renovar el Consejo General del Poder Judicial». E hizo un llamamiento al PP para desbloquear —la renovación requiere el respaldo de 3/5 partes de las Cámaras— esa renovación.

«Es cierto que la señora Delgado ha sido miembro del Consejo de Ministros como independiente —reconoció el presidente, quien también recordó que había formado parte de las listas del PSOE como independiente—. Tiene todo el derecho del mundo a desempeñar la labor de fiscal después de dejar la política. Vuelve a la carrera fiscal que ha desempeñado en estos últimos años. Le he pedido que actúe con absoluta independencia y garantice la legalidad democrática».

Lola saltaba del Ministerio de Justicia al Ministerio Fiscal —la Fiscalía General del Estado—, un puesto mejor pagado y que otorga más poder real que el de ministro de Justicia.

Sánchez sabía que la tramitación del nombramiento sería un calvario, tanto para él como para Lola Delgado. Pero ambos decidieron lanzarse al ruedo. El Gobierno tenía que proponer el nombramiento y el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Justicia del Congreso debían emitir sus respectivos informes, aunque sin carácter vinculante. Una vez hecha la tramitación, el Consejo de Ministros debía hacer la propuesta formal al Rey.

Pero Lola Delgado no «volvía» a la carrera fiscal, es decir, no recuperaba una posición que había ejercido durante 25 años. No se reincorporaba a sus antiguas funciones. Ahora pasaba a ocupar un cargo político. Y lo hacía después de haber tenido conocimiento e intervenido, durante su paso por el Gobierno, en asuntos que inevitablemente volverían a su mesa de trabajo y a la de sus colegas fiscales en su nueva etapa.

Y es que según el artículo 351 f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sobre la declaración de los jueces y magistrados en situación de servicios especiales, en los casos de nombramientos para cargos políticos o de confianza, «los jueces y magistrados y los funcionarios de otros cuerpos que reingresen en la carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público».

Máxime cuando este criterio se introdujo con una reforma de la LOPJ durante el Gobierno de Pedro Sánchez, en diciembre de 2018.

Si se pone en relación, a su vez, con el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, surge claramente la dificultad cuando señala: «Los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser recusados. Se abstendrán de algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la LOPJ, en cuanto les sean de aplicación. Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso».

A continuación, aclara: «Cuando se trate del fiscal general del Estado resolverá la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo».

Además, el artículo 356 f) de la citada LOPJ puntualiza que «cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, de no resultar elegido deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo».

Todos estos preceptos se tuvieron en cuenta en relación a Martín Rodríguez Sol, exfiscal superior de Cataluña hasta su dimisión en 2013, y fiscal de a pie tras presentarse como candidato número dos por Barcelona en la lista de Unión Democrática de Cataluña (UDC) a las elecciones al Parlament de 2015, aunque no resultó elegido.

Fue Rodríguez Sol, reincorporado como fiscal al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien elevó el 30 de junio de 2019 al Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, la pregunta clave: ¿se le aplicaría retroactivamente la norma de la abstención, habida cuenta de que el artículo 351 de la LOPJ había sido introducido, según se ha apuntado, con la reforma de 28 de diciembre de 2018?

El Consejo, que es presidido por el fiscal general del Estado, abordó la cuestión y la posible aplicación de las normas apuntadas, a las que se añadía el artículo 356 f) de la ya citada LOPJ. Y dictaminó que, en efecto, se debía aplicar, aunque fuera con carácter retroactivo, el artículo 351 f) al fiscal Rodríguez Sol.

Por tanto, la nueva fiscal general del Estado se tendría que someter al criterio de la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano que asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica, para fijar criterios de interpretación y actuación legal. La Junta está formada por los 26 miembros de más alta categoría profesional de la carrera y la preside el fiscal general del Estado.

El 16 de enero de 2020 se reunió el pleno extraordinario del CGPJ para considerar el nombramiento de Dolores Delgado.

En el caso de los fiscales generales anteriores —Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra—, la propuesta del presidente, Carlos Lesmes, solía llegar algunos días antes y concluía así:

La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto.

En esta ocasión, Lesmes envió la propuesta de resolución por correo electrónico la mañana de celebración del plenario. Era diferente. Quitaba el párrafo sobre la idoneidad presente en los casos anteriores y lo dejaba así:

A la vista de la documentación recibida concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada.

Es decir, cumplía con el requisito de ser una jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo (artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Era un simple trámite burocrático.

Lesmes buscaba con esta fórmula apaciguar al sector conservador y obtener consenso o, a lo sumo, aventar un voto particular que reflejase la profunda división del Consejo General del Poder Judicial.

Al comenzar la deliberación, Lesmes explicó que en el Consejo «se había debatido en anteriores ocasiones cuál ha de ser el alcance del informe. Y si una parte está clara —la relativa a la consideración de los requisitos legales necesarios para su nombramiento—, otra parte no lo está tanto y es la referida a la idoneidad del candidato o candidata». Pero, precisó, no hay una limitación de carácter legal «para ir más allá de la constatación de los requisitos legales».

Lesmes aclaró en varias intervenciones el sentido de la mutilación propuesta.

Con esa modificación buscó el mayor consenso posible ante la polémica surgida en los medios y entre los propios vocales por esta designación… «obedece a criterios de coherencia, más aún estando el Consejo en funciones y, por tanto, al final de su mandato. Y la razón de la redacción de la propuesta es que sea la más aséptica posible».

Y a sabiendas del riesgo de un voto particular contra la propuesta «aséptica» insistió:

Pues una división iría en claro detrimento del propio CGPJ, abonando la vieja idea de la división por ideologías que siempre ha caracterizado la crítica a esta institución, cuando durante estos seis años de gestión hemos podido demostrar que no ha sido así.

La impresión reinante en la reunión era que Lesmes había hecho sus tanteos antes de celebrarse para asegurar que con esta fórmula burocrática se podría evitar la división. Pero, con tanteos o sin tanteos, no consiguió el acuerdo. El sector conservador no estaba dispuesto a dar ni agua.

Tras el cuestionamiento de los requisitos legales y la idoneidad por parte de vocales como Carmen Llombart y Nuria Díaz Abad, tocó a José María Macías, miembro de la Comisión Permanente, entrar de lleno en el tema político. «Para todo hay un límite y en este caso no podemos olvidar que ni siquiera algunas de las personas que han formulado la propuesta se la creen». Evocó Macías las declaraciones de Pablo Iglesias, quien había dicho que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas, debe alejarse de la política.

Estaba claro, Lesmes no conseguiría su propósito. Doce miembros (vocales elegidos a propuesta del PSOE, PNV e IU, a los que se unieron dos votos conservadores y el del presidente) votaron a favor de la iniciativa de «consenso» y nueve en contra. Pero siete de estos últimos presentaron un voto discrepante.

El voto particular de Nuria Díaz Abad, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero y Nuria Díaz Abad, vocales a propuesta del PP, señala que Dolores Delgado «no cumple con el requisito de imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica».

¿Cuál era el artículo del Estatuto, o norma, que plantea el «requisito de imparcialidad»? No existe. Por eso, se habla de un «requisito que tan alta responsabilidad implica». Implica, pero no hay norma. Es el criterio subjetivo de los que se oponen.

El paso de ministra de Justicia a fiscal general, afirma el voto particular, «sin solución de continuidad y habiendo sido propuesta siendo diputada, supone un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general». Apunta que «llama la atención el hecho de que su condición de diputada no se ha hecho constar en el currículum profesional que el Consejo de Ministros, por conducto del ministro de Justicia, ha hecho llegar a este Consejo».

Esas circunstancias «crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones».

Advierte, también, la «dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que haya de abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento en su etapa anterior como ministra de Justicia».

Por su parte, los dos votos que permitieron alcanzar la mayoría de 12 también presentaban un voto concurrente en el cual sostenían que Dolores Delgado no reúne los estándares de apariencia de imparcialidad exigidos por la normativa y la jurisprudencia de los tribunales europeos, especialmente cuando una de sus misiones como fiscal general será defender la independencia de los tribunales.

En su voto particular, la vocal Concepción Sáez, del sector progresista, señala que si bien parece que el sector conservador cuestiona que la candidata reúna el «reconocido prestigio» exigido, ocurre que no es así. «Que lo que se observa en ella es que no cumple “el requisito (sic) de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica”, es decir, un requisito no contemplado en el artículo 29, un requisito elaborado por los vocales disidentes y que infieren afecta a la señora Delgado a partir de su anterior condición de ministra de Justicia y por tanto “expuesta al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones”».

La vocal Sáez considera que es su currículum el que avala el nombramiento: es miembro de la carrera fiscal en activo desde hace 30 años; es experta en derecho internacional de los derechos humanos; es una firme y consecuente luchadora en favor de todas las víctimas, incluidas aquellas largamente olvidadas y todavía hoy ninguneadas, las víctimas del franquismo; es una mujer… No hay, por tanto, nada en su currículum ni en su trayectoria que perturbe o comprometa el informe de idoneidad que debió otorgarle este Consejo… Su condición de exdiputada y exministra no puede dar lugar a sospechas o presunciones en su contra, como se ha evidenciado en nuestra reciente historia democrática con los nombramientos de los diputados por los Gobiernos de Unión de Centro Democrático Juan Manuel Fanjul (1978-1980) y José María Gil-Albert (1980-1982), y por parte del PSOE el ministro Javier Moscoso (1986-1990) y el diputado Leopoldo Torres (1990-1992).

Dolores Delgado pasó el 20 de febrero de 2020 el último trámite de su nombramiento en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí explicó que se estudiaría caso por caso si tenía que abstenerse.

Los portavoces del Partido Popular, Vox y Ciudadanos fueron muy críticos con la candidatura de Delgado. El portavoz del PP Luis Santamaría dijo a la exdiputada socialista y exministra que «no era una jurista de reconocido prestigio» y vaticinó que iba a actuar como «guardiana del Partido Socialista» y «defensora del independentismo». Añadió también que la fiscal «tiene a todo el mundo en contra y ni siquiera tiene a su favor al ministro de Justicia». Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, le recordó que su nombramiento es «inadecuado, inapropiado e inidóneo»: «Usted es de desconocido prestigio, pero sí de un reconocido desprestigio para futura fiscal general del Estado». El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le preguntó cómo pretendía garantizar «la buena imagen de la Fiscalía si va a estar siempre bajo sospecha. No va a poder garantizar esa imparcialidad», aseguró el abogado del Estado en excedencia, que había defendido la calificación de rebelión en la causa del procés.

El camino del calvario particular ya estaba recorrido. El 26 de febrero Lola Delgado tomó posesión en el Tribunal Supremo apadrinada por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, miembro del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado entre 2004 y 2011.

Fuera, en la calle, el calvario del coronavirus se abría paso en España.

Y, pronto, la decisión de apostar por su exministra para la Fiscalía General del Estado, «muy meditada», según había confiado Pedro Sánchez a aquellos amigos que cuestionaron esa iniciativa, se iba a poner a prueba.

Una cosa era la abstención obligada en aquellos asuntos que Lola Delgado había conocido durante su paso por el Gobierno, o en temas como Cataluña, en los que su participación había sido evidente al haber animado la calificación del delito de sedición en el juicio del procés a través de la Abogacía General del Estado, y otra muy distinta era dirigir el comportamiento de la Fiscalía General del Estado ante querellas contra miembros del Gobierno ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Porque tanto los partidos políticos como sectores de la propia carrera fiscal, no menos politizados, le recordarían quién había sido su padrino, el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a ministros y ministras que habían sido sus colegas, y contra quienes, precisamente, podrían apuntar las acciones penales más variopintas.

Sin ir más lejos, el bautismo de fuego, el desafío, sería qué conducta iba a seguir la flamante fiscal general del Estado ante esas querellas criminales que se sitúan en el epicentro de una lucha por el poder a horcajadas del coronavirus y sus pretendidas consecuencias penales.

Pero Lola Delgado ya había jugado una carta de triunfo. Había confirmado en su puesto al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a quien todavía le faltaban algunos meses para jubilarse. En la práctica, el teniente fiscal, el número dos de la Fiscalía, la persona que sustituye al fiscal general del Estado, sería el encargado de gestionar el día a día. Y ello será relevante, precisamente, en las denuncias y querellas a que conduciría la crisis del coronavirus.

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EL CORONAVIRUS: ASALTO AL PODER

El 11 de marzo de 2020, Italia, la avanzadilla de Wuhan en Europa, informa de que acumula 12.462 contagios, 827 fallecidos y 724 recuperaciones. En España, ese 11 de marzo, exactamente 16 años después de la masacre terrorista fundamentalista de Atocha, los contagios suman 2.100, los fallecidos llegan a 49 y hay 183 recuperados.

Ese mismo 11 de marzo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico y político etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, informa al mundo, desde Ginebra, de que el coronavirus es una pandemia.

¿Y eso qué es?

La propagación de una nueva enfermedad mundial. La Covid-19.

Una pandemia de gripe tiene lugar cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Y no existe vacuna. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales.

El director de la OMS da cuenta de que el número de casos se había multiplicado por trece fuera de China, epicentro oficial del brote de coronavirus desde diciembre de 2019, y que se han registrado más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas fallecidas.

El mensaje que atrapa la atención del público en todo el mundo es la velocísima expansión del virus.

Pero en su declaración a los medios de comunicación el director de la OMS no da solo una razón para declarar la pandemia, una enfermedad a la que nadie es inmune, sino dos. Y la segunda pasa más inadvertida por el impacto de la nueva situación amenazante. He aquí la frase:

La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción.

Por lo tanto, hemos evaluado que la Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia.

Niveles alarmantes de inacción. Se puede decir más alto pero difícilmente con mayor elocuencia.

La OMS arrastró los pies y finalmente declaró la pandemia al ver que los países no le hacían caso o exhibían un nivel «alarmante de inacción». Esa pasividad fue la respuesta a la reunión del 30 de enero en la cual se declaró, por fin, la Emergencia de Salud Pública Internacional, el penúltimo peldaño hasta llegar a la declaración de pandemia.

El director de la OMS fue bastante directo al exponer las causas de la decisión. La razón principal, dijo, «no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países».

Ya había 98 casos del nuevo virus en 18 países fuera de China, incluidos los ocho de transmisión de persona a persona en Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos.

Sin embargo, la preocupación del organismo se centra en la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles «y que no están preparados para enfrentarlo».

España y la mayor parte de los países ignoraron olímpicamente el clarinazo de la Emergencia de Salud Pública Internacional del 30 de enero. Pero esta pasividad tampoco condujo a la OMS a declarar enseguida la pandemia. Pasaron cuarenta y un días hasta que lo hizo el 11 de marzo de 2020.

¿Qué estaba pasando en Europa?

Nueve días antes, el 2 de marzo, el ministro de Salud de Croacia, Vili Beroš, a cargo de la presidencia de los ministros de la Unión Europea, convocaba para el día 6 del mismo mes una reunión extraordinaria. Objetivo: evaluar propuestas de medidas de los ministros de Sanidad para combatir el coronavirus.

Beroš acababa de ser nombrado ministro de Salud en su país el 30 de enero, y ya había convocado una reunión extraordinaria previa para examinar la Covid-19 y sus implicaciones el 13 de febrero. Los ministros acordaron intercambiar datos entre los países e informar a los viajeros internacionales procedentes o en tránsito de zonas afectadas, a efectos de supervisar los movimientos.

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, que acudió al encuentro, tranquiliza: «España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento». Añade que «se está trabajando para seguir asegurando existencias en caso de una ampliación del brote».

En los 22 días que van desde la reunión del 13 de febrero al siguiente encuentro del 6 de marzo, se desarrolla gran parte de lo que será el drama de nuestras vidas: el incremento extraordinario de los casos de contagio en la Unión Europea y el Reino Unido, el avance agazapado del virus en medio de una «inacción alarmante», según la definición posterior del director de la OMS.

Esa mañana, según se confirma en la reunión del 6 de marzo, ya son 98.000 casos en todo el mundo con casi 3.400 fallecimientos; y en la Unión Europea y el Reino Unido los contagios llegan a 5.544 y los fallecidos a 159. El incremento supone una multiplicación por cien de los infectados.

Si bien la mayor parte de los casos se localizan en Italia (3.858 contagiados, 148 muertes), los informes ya empiezan a apuntar a una expansión sin fronteras. En España, ese 6 de marzo los contagios ascienden a 380 y los fallecidos suman 6.

En los documentos preparatorios de la reunión de ministros de Sanidad se les propone que respondan a tres cuestiones: evaluar los mecanismos existentes en la UE a la vista de los retos planteados; valorar la eficacia de las medidas ya adoptadas a la vista de la propagación, y presentar nuevas medidas.

Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud, exhorta, en una de las primeras intervenciones, a «hacer reflexiones sobre las decisiones relacionadas con grandes eventos públicos y grandes reuniones de gente, y adoptar decisiones razonables respecto a los viajes, evitando las áreas afectadas siempre que sea posible».

Esta sugerencia de la comisaria tiene sentido porque, con fecha 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (EDCD) había distribuido un informe de riesgo en los países de la Unión Europea con cinco escenarios. El informe se publica en el portal del organismo.

El primero, el 0, define la situación de los países «sin casos reportados». El escenario 1 se caracteriza por la existencia de «casos importados y una limitada transmisión en el país» del virus, en forma de «agrupaciones limitadas de casos con vínculos conocidos». El escenario 2 es cuando la transmisión se hace comunitaria —se pierde el rastro del origen de los contagios— en algunas localizaciones. El 3 detalla cuando la epidemia ya se extiende por el país y los distintos focos empiezan a mezclarse y, por último, el escenario 4 define una situación epidémica generalizada con «el sistema sanitario sobrecargado».

Las autoridades debían, según el informe, «valorar si es conveniente cancelar estos actos en casos excepcionales». La «cancelación de concentraciones masivas» se recomendaba de manera tajante para los países situados en escenarios 3 y 4

En la reunión de este 6 de marzo está presente, al menos por videoconferencia, la responsable de ese informe que se ha enviado a todos los países de la Unión Europea. Se trata de la directora del EDCD, Andrea Ammon, que habla de los cinco niveles de la progresión de la entonces todavía epidemia. Sin embargo, no hace referencia alguna al informe del 2 de marzo, donde se habla de la posible cancelación de los actos según los niveles. La alusión a esta medida brilla por su ausencia en las palabras de la directora Ammon.

Entonces, ¿qué ha pasado entre el 6 y el 11 de marzo, el día en que el director general de la OMS anuncia la pandemia?

Porque en la reunión de ministros europeos de Sanidad participa también in situ el director adjunto de la OMS y director regional de Europa, Hans Kluge.

Los «niveles alarmantes de inacción» que describirá unos días después Tedros Adhanom Ghebreyesus, ¿no tienen también su fuente en la Unión Europea? ¿Acaso los países europeos son una excepción en esa pasividad?

Hans Kluge se limita a señalar que Italia es la plataforma de la Covid-19 en Europa.

«A fin de cuentas este es un test stress de nuestra capacidad de solidaridad, pero también de nuestra capacidad de resistencia psicológica individual», dice Kluge.

¿Y la inacción?

¿No es este el mejor foro para dar el último aldabonazo antes de declarar la pandemia, un desenlace que ya está examinando la cúpula de la OMS en Ginebra desde hace días?

Ni una palabra.

En el intercambio de información entre los ministros que asisten a la reunión, destaca la exposición del ministro francés de Salud, Olivier Véran. Francia tiene en esas fechas 577 casos detectados y 9 fallecidos. Véran pone sobre la mesa el tema del confinamiento, el cierre de escuelas y la cancelación de actos públicos. «Nos decantamos por la orientación de anular los actos de 10.000 personas. Las autoridades tienen que ser notificadas necesariamente de que va a haber esa concentración de personas», señala.

Roberto Speranza, ministro de Salud de Italia, describe las medidas de confinamiento y la restricción total de la movilidad ya impuestas en el norte del país. Y solicita más coordinación con reglas claras.

Por su parte, el ministro Salvador Illa expone la orientación de la política sanitaria del Gobierno español, la celebración de cuatro reuniones del comité interterritorial para analizar la evolución del virus, subraya la necesidad de que se mantenga el liderazgo nacional en el marco de la coordinación europea e insiste: «No debemos subestimar el riesgo».

Será Jens Spahn, ministro de Salud de Alemania, quien haga unas afirmaciones precisas sobre la situación, más allá de las preguntas de la presidencia croata. En estos momentos, Alemania registra 578 contagios y ningún fallecido:

El virus está en Europa. Con esto tenemos que vivir. Alemania, Francia e Italia son hasta el momento los países más afectados. Pero otros países estarán en nuestra situación. Os pido comprensión.

Spahn critica que no estén presentes en la reunión todas las instituciones europeas: «Puede parecer un pequeño detalle, pero no lo es», apunta. Advierte de que hasta ahora la coordinación en materia informativa ha funcionado, pero se requiere mayor coordinación en cuanto a las medidas:

Si Francia e Italia, por ejemplo, adoptan medidas sobre los partidos de fútbol, claro, nosotros tenemos que ver qué hacemos con los partidos en Alemania. Si cierran los colegios en otros países, los demás nos tenemos que preguntar qué hacemos. Creo que es conveniente un intercambio en estos temas.

Agradece Spahn a la presidencia croata que se convocasen dos reuniones en tres semanas: «Estoy encantado, pero con este virus necesitamos otro modo de actuar», puntualiza.

Tras el encuentro, cada país, por su cuenta, decide adoptar nuevas medidas.

El ministro Spahn, con 939 casos, ninguna muerte y 16 altas en Alemania, anuncia en conferencia de prensa el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la cancelación de todas las manifestaciones de más de 1.000 personas:

Después de hablar con un gran número de funcionarios animo expresamente a la cancelación de actos de más de 1.000 personas hasta nueva aviso.

Italia, cuya región del norte es el gran foco de contagio en Europa, cancela las movilizaciones del Día de la Mujer y anuncia la prohibición, por decreto, de entradas y salidas de la región de Lombardía y otras 14 regiones consideradas hasta el momento «zonas rojas», desde el 8 de marzo y hasta el 3 de abril. Y Francia, aunque no cancela las movilizaciones del Día de la Mujer, anuncia el mismo 8 de marzo la prohibición de las reuniones y actos de más de 1.000 personas.

España, por su parte, no adopta todavía ninguna de estas medidas, aunque el 4 de marzo, suma 193 pacientes positivos, 2 fallecidos y 2 recuperados. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, recibe una pregunta ese mismo día: ¿conviene prohibir los actos del 8 de marzo?

Para entender la respuesta que va a dar hay que retrotraerse unos días, al 29 de febrero, cuando el epidemiólogo ofreció su visión del virus con los datos de que disponía. El día de la concentración independentista en Perpiñán, Francia, a la que acude Carles Puigdemont, se registran 3 casos en Cataluña, y Simón declara:

Hay que interpretar los datos correctamente. No hay gran transmisión a nivel nacional. Hay que ser muy prudente y no dar falsas ideas. No estamos en la situación de aplicar medidas drásticas, no lo haremos por titulares sino por evidencias.

Siguiendo esta línea de interpretación, Simón contesta el 4 de marzo sobre la movilización programada para el 8-M:

Es una convocatoria para ciudadanos españoles. No creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo, hay que ser sensatos. Deseo que el 8-M, si es posible, tenga un gran éxito.

Pero el 7 de marzo ya se suman 500 contagios en las 17 comunidades autónomas en España y 10 fallecidos. Hay un 20 % de aumento de casos diarios.

Con estos datos, a lo largo del sábado 7 y el domingo 8 de marzo, las autoridades sanitarias no vieron necesario cancelar las manifestaciones. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid autorizó 77 manifestaciones en ambas fechas, de las que 55 se celebrarían el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hubo concentraciones multitudinarias por toda la provincia. Vox, por su parte, congregó a 9.000 personas en un acto en Vistalegre, convocado contra la «locura» del feminismo, que quería ser una contraprogramación de las manifestaciones del Día de la Mujer.

La misma noche del 8 de marzo, la Comunidad de Madrid informó a Sanidad de que los contagios ya se habían disparados respecto a la jornada anterior. Eran el doble. Y de los 610 contagios registrados el 8 de marzo se pasó a 1.200 el 9 de marzo, el día en que España solicitó ayuda material a la OTAN, y a más de 1.600 el 10 de marzo.

A partir del día 10, el Gobierno de Sánchez prohíbe, como ya lo han hecho Madrid, Vitoria, Labastida y La Rioja, los actos de más de 1.000 personas y ordena que las competiciones deportivas de gran afluencia se jugaran dos semanas a puerta cerrada.

En una comparecencia del 25 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, situó en la última semana de febrero el contagio «importante» del coronavirus en algunos territorios de España, en concreto, en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí, dijo, el Gobierno ha ido dando respuestas «de forma rápida» conforme tenía información.

Preguntado Illa sobre si ya el 9 de marzo se conocía la expansión de la hasta entonces epidemia y si fue un error celebrar «actos multitudinarios» en los días previos, el ministro explicó que hasta el momento en que el Gobierno tuvo notificación de los casos habían pasado una media de entre 8 y 10 días, periodo durante el cual aparecen los síntomas (5-6 días tras el contagio), se acude a los servicios sanitarios, se hacen los test y se comunican los resultados:

Lo que detectamos la tarde-noche del 8 de marzo se produjo 8 o 10 días antes y estimamos que hacia la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto, en la Comunidad de Madrid, y esto es lo que sabemos.

El historiador indio Vijay Prashad ha descrito qué fuerzas operaron dentro de la OMS a la hora de declarar la pandemia, de acuerdo a entrevistas realizadas al personal interno de dicho organismo. He aquí la secuencia de los hechos:

En mayo de 2005, la 58ª Asamblea Mundial de la Salud revisó las regulaciones de 1969 y acordó nuevas pautas que «evitarían, protegerían, controlarían y proporcionarían una respuesta de salud pública a la propagación internacional de enfermedades de manera proporcional y circunscrita a los riesgos para la salud y que evitarían innecesarias interferencias del tráfico y el comercio internacional».

Los Estados Unidos, Canadá y los países europeos, en particular, insistieron en que la declaración de Emergencia Sanitaria Internacional, o de una pandemia global, solo se hiciera después de que quedase en claro que los viajes aéreos y el comercio no se interrumpirían indebidamente. Esta restricción, que preserva la base fundamental de la globalización, ha condicionado a la OMS desde 2005.

La nueva regulación de la OMS se puso a prueba cuando surgió una nueva gripe en México y en Estados Unidos a mediados de abril de 2009. Este H1N1 era una combinación de genes del virus de la influenza que tenían vínculos con el linaje porcino H1N1 de Norteamérica y Eurasia (el brote de 2009 se conoció como «gripe porcina»). Se detectó por primera vez el 15 de abril. El 24 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. cargaron una secuencia de genes en una base de datos de gripes de acceso público. El 25 de abril, diez días después de la primera detección del virus, la OMS declaró la Emergencia Sanitaria Internacional por el brote de H1N1 2009. El 11 de junio, la OMS dio el siguiente paso e informó sobre la nueva pandemia global.

Hacia julio de 2009, el peligroso virus H1N1 tuvo un impacto menos letal de lo que temía la OMS. Sin embargo, durante todo el año desde su primera detección, 60,8 millones de personas se infectaron y murieron 12.469.

Casi de inmediato, la OMS fue objeto de múltiples ataques por la calificación del brote del 11 de junio como una pandemia. Cuando la OMS declara una pandemia, los Gobiernos se movilizan y actúan; por ejemplo, compran masivamente medicamentos y vacunas, lo que implica poner en marcha decisiones importantes de gasto.

En diciembre de 2009, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [que reúne a las fuerzas políticas y su actividad, a diferencia del Parlamento Europeo, consiste en investigar, recomendar y aconsejar], se abrió una investigación sobre la declaración de la OMS. Catorce miembros del Consejo acusaron a la OMS de actuar fraudulentamente. Dijeron que «las compañías farmacéuticas han influido en los científicos y las agencias oficiales, responsables de los estándares de salud pública, para alarmar a los Gobiernos de todo el mundo. Les han hecho malgastar recursos ya ajustados de salud para desarrollar estrategias de vacuna ineficientes y han expuesto innecesariamente a millones de personas sanas al aumento de los efectos secundarios desconocidos de vacunas insuficientemente probadas. «La definición de una pandemia alarmante —escribieron— no debe estar bajo la influencia de los vendedores de fármacos».

En 2020, la OMS declaró una pandemia mundial tres meses después de registrarse los primeros casos. Pero no hay duda de que el ataque a la OMS hace una década ha tenido impacto. Antiguos empleados de este organismo nos dicen que el miedo a ser atacados de esta manera por los principales donantes obstaculiza seriamente la independencia de la OMS y sus asesores científicos.

Si, en efecto, la OMS, ha actuado con lentitud, condicionada por el poder de sus donantes, la raíz del problema no está aquí. Vale hasta cierto punto para casi todos los países lo que el epidemiólogo Rob Wallace, el doctorando en geografía humana Alex Liebman, el ecólogo Luis Fernando Chaves y el investigador científico Rodrick Wallace han escrito respecto a Estados Unidos:

La falta de preparación para reaccionar ante el brote no empezó en diciembre, cuando los países de todo el mundo se abstuvieron de responder a la salida de la Covid-19 de Wuhan. En realidad, los fallos ya estaban programados desde hace décadas, habida cuenta de que los bienes comunes compartidos de la salud pública se descuidaron y mercantilizaron simultáneamente. Un país prisionero de un régimen epidemiológico individualizado y acostumbrado a responder a necesidades puntuales —una contradicción absoluta—, con apenas suficientes camas y equipos hospitalarios para un funcionamiento normal, es por definición incapaz de reunir los recursos necesarios para intentar un método de supresión como el de China.

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JUAN CARLOS-CORINNA-FELIPE VI. SUIZA: LA RUTA DEL DINERO

El momento aquí te pillo, aquí te mato llegó el sábado 14 y el domingo 15 de marzo de 2020.

El Palacio de la Zarzuela había pasado en vilo un año, como mínimo, un largo año, desde el dramático martes 5 de marzo de 2019.

Ese día, después de golpear la puerta de la Casa del Rey durante un año en busca de una reunión, sin resultados, el agresivo bufete internacional de abogados especializado en «disputas e investigaciones» Kobre & Kim, en representación de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ahora Corinna Larsen, hizo llegar a la Zarzuela una carta digna de una novela. Pero era una novela de no ficción.

Según se informaba a Felipe VI, el rey Juan Carlos I le había designado beneficiario de una llamada Fundación Lucum creada en Panamá el 31 de julio de 2008.

A esa fundación, cuyo primer beneficiario era su padre, Juan Carlos I, el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí le transfirió una «donación» de 100 millones de dólares el 8 de agosto de 2008 a una cuenta del banco Mirabaud (Ginebra). La fundación fue disuelta el 31 de julio de 2012. El dinero, equivalente a 64,8 millones de euros, fue enviado a una cuenta de Corinna en un banco domiciliado en Bahamas. El rey Juan Carlos I regalaba ese dinero a Corinna bajo la fórmula de una «donación irrevocable».

Por esta razón, el abogado Robin Rathmell urgía abrir negociaciones con los representantes legales de Felipe VI sobre los fondos de dicha fundación, que, como se ha apuntado, había sido disuelta.

Felipe VI entregó enseguida copia de la carta a su padre, el ahora Rey emérito Juan Carlos I, que decidió acudir a la negociación. Once días después, el 16 de marzo de 2019, Juan Carlos I viajó a Londres en un jet privado y se reunió con Corinna y su hijo Alexander, de 17 años.

La negociación que buscaba el abogado Robin Rathmell, del bufete Kobre & Kim, no prosperó.

Corinna defiende que el dinero que el entonces rey Juan Carlos I le transfirió en junio de 2012 —64,8 millones de euros— es suyo. En otros términos: que ella no es una tapadera del entonces Rey en ejercicio y actual Rey emérito.

A su regreso de Londres, ¿qué le pudo informar Juan Carlos I a su hijo Felipe VI sobre su encuentro con Corinna en Londres?

Lo obvio: no había nada que hacer, nada que negociar.

Felipe VI dejó pasar cinco días después de la tregua consumada entre el 5 y el 16 de marzo. Y el 21 de marzo de 2019, hizo que se contestara a la misteriosa carta del 5 de marzo. Sus servicios comunicaban al bufete de Londres que ni él ni la Casa de Su Majestad el Rey conocían los hechos a los que se aludía y, por tanto, no se designaría representante legal para negociar.

A estas alturas, después de haberle entregado la carta de Kobre & Kim a su padre y tras el viaje de Juan Carlos a Londres, ¿podía Felipe VI desconocer los hechos que se estaban desarrollando?

Antes de responder la carta, se había tomado el trabajo de intentar que Juan Carlos I arreglase las cuentas pendientes trasladándose a Londres. Por tanto, no era creíble su ignorancia. Más bien se trataba de una ignorancia deliberada.

¿Cuál era el propósito de la carta, según sus autores, el bufete Kobre & Kim?

El abogado Robin Rathmell lo explica así:

Enviamos la carta a la Casa del Rey solicitando un diálogo de buena fe en el contexto de la campaña de abuso que se libró contra nuestra cliente, que la llevó a ser arrastrada al procedimiento en Suiza en relación con hechos en los que no está involucrada. Después de que el Rey emérito vino a visitar a nuestra cliente [16 de marzo de 2019], enviamos varias cartas de seguimiento, sin hacer demandas, pero nuestras solicitudes de buena fe para un diálogo nuevamente quedaron sustancialmente sin respuesta. Nos sorprende que ciertas personas ahora afirman que hubo algún tipo de «chantaje» u otro propósito inapropiado. Esto no solo es absurdo, sino que las cartas hablarán por sí mismas. Nuestra cliente solo ha querido poner fin a la campaña de acoso contra ella y salvaguardar la seguridad de ella y sus hijos. Nunca se han hecho demandas indebidas (financieras o de otro tipo) a la Casa del Rey. De hecho, nuestra cliente quería que la Casa del Rey conociera todos los hechos relevantes para hacer su propia evaluación de su posición en este serio asunto.

Por tanto, aquí se describe una contienda.

¡Y qué contienda!

El campo de batalla judicial en julio de 2018, en Suiza. Simultáneamente, en España, el campo de batalla es mediático.

El fiscal Yves Bertossa, responsable de la «división de asuntos complejos», especializada en delitos financieros de la Fiscalía del Cantón de Ginebra, abre diligencias en julio de 2018 sobre una operación que se presenta como un «regalo» del rey Abdullah bin Abdulaziz de Arabia Saudí, fallecido en 2015, a Juan Carlos I. El regalo son los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros).

El fiscal investiga la posible relación del pago con el contrato obtenido por empresas españolas en 2011 para construir la línea del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, cuyo coste se elevó a 6.736 millones de euros.

En esta operación, donde España competía con Francia, las empresas españolas hicieron una rebaja del 30 % para adjudicarse el contrato.

En España, a mediados de julio de 2018, se filtran audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo durante una entrevista que mantuvo con Corinna en su domicilio londinense de Eaton Square, en el barrio londinense de Belgravia, en junio de 2015.

El go-between es Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, casado con la fotógrafa alemana Vanessa von Zitzewitz, que se dedica a retratar a famosos, entre los que se encuentra Corinna. Villalonga y su esposa residen en Mónaco, donde también tienen domicilio Corinna y Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I.

Estas cintas que Villarejo atesora para ofrecer protección, vender, chantajear o blindarse, con la ayuda de medios de comunicación, todo al mismo tiempo, son filtradas ocho meses después del arresto del excomisario, el 3 de noviembre de 2017, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Villarejo no logró salir rápidamente en libertad como esperaba, y decide explotar las grabaciones. Dos periódicos digitales —OK Diario y El Español— son los destinatarios de la operación.

El primero, además, realizará un seguimiento puntual y exclusivo de cada paso de la investigación en Suiza que, poco después de la difusión de los audios, o en coincidencia con ella, ha abierto el fiscal Bertossa en Ginebra.

En la conversación con Villarejo y Villalonga, que oficia de intérprete y refuerza las afirmaciones de su amiga, Corinna afirma, en junio 2015, que está viviendo una pesadilla enorme ya que, a sus espaldas y con su gente, el rey Juan Carlos I habría colocado parte de su patrimonio a nombre de ella. Menciona propiedades en Marruecos y en otros países. Y señala que, tras su ruptura sentimental, Juan Carlos I intenta recuperar el control de las mismas. Corinna explica en español e inglés que si, en efecto, ella hace lo que el ahora Rey emérito pretende, según su versión de los hechos sería reconocer un delito. Ella se convertiría en su testaferro y estaría blanqueando capitales, se oye en las grabaciones:

Lo han hecho con dos o tres cosas y están poniendo muchísima presión. Por ejemplo: mandarle dinero o darle cosas… Eso es blanqueo.

Juan Villalonga, por su parte, confirma las quejas del Rey emérito al ver que no puede recuperar su patrimonio a nombre de terceros. Según afirma, Juan Carlos I se ha lamentado de que su posición económica está seriamente afectada. Corinna explica el conflicto a partir de lo que le exige Juan Carlos I:

Si tú me pides «me puedes hacer un favor, quiero hacer esta transacción, pero te necesito en el medio para no sé qué», y tú dices «sí», es tu responsabilidad.

También asegura que ella no ha tenido participación en la decisión de poner esas propiedades a su nombre:

Si tú te levantas por la mañana y realmente alguien te dice «tú tienes un terreno en Marrakech» y entonces dice «dámelo», ya te quedas como así.

Corinna apunta que en esa operación el abogado que interviene es Dante Canonica:

Ponen la propiedad dentro de la estructura, hacen como un contrato de venta y entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro [Juan Carlos I]. Entonces, sin decírmelo, me lo ponen y después dicen: «Esta no quiere devolverle la cosa». Pero si lo hago, es money laundering. Es blanqueo.

Villarejo pregunta por la existencia de una comisión en el contrato de construcción del AVE Medina-La Meca, adjudicado a empresas españolas en 2011. Corinna dice que «por supuesto» Juan Carlos I recibió parte de ella:

Villar Mir [Juan Miguel, presidente de una de las empresas adjudicatarias OHL] pagó, todos pagaron la comisión, que fue de 80 millones.

En la grabación sale el nombre de la empresaria saudí de origen iraní Shaphari Zanganeh, esposa de Adnan Kassoghi, hijo del médico personal del rey Abdullah Bin Abdulaziz, que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo mediante el tráfico de armas.

Decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren. Yo tengo copias del contrato de Zanganeh con OHL. Es ella la que ha cobrado.

OHL ha obligado a todas las sociedades españolas a pagarle. Y después, el Rey me ha escrito por email que Villar Mir ha ido a su oficina para decirle: «Oye, voy a ver si Zanganeh te paga una mitad de su comisión».

Corinna afirma que pidió al Rey que se desentendiera porque era ilegal, pero él siguió reclamando su comisión y preguntando a Villar Mir:

«¿Y qué hay de mi comisión? Yo hice posible el tren, yo hablé con mi amigo. Yo soy el que hizo que el acuerdo funcionara». Finalmente, todos pagaron: «Era una comisión de cerca de 80/100 millones de un proyecto de 7.000 millones de dólares».

Corinna insiste en que no recibiese ese dinero:

Podía ir a la cárcel por lo que estaba haciendo.

Pero el Rey, lejos de rectificar, respondió:

Es que eres tan alemana...

Kassoghi, fallecido en 2017, había conocido a Shaphari en Marbella, entonces, en 1990, punto de encuentro de la jet set internacional. Y ambos se casaron al año siguiente. Shaphari estudió economía en la Universidad de Boston y vivió en Nueva York, Cannes, Londres y Mónaco. Y creó su propia empresa de asesoramiento internacional, Epica.

Fue Epica la que firmó el contrato de asesoramiento con las empresas del consorcio hispano-saudí, Al Shoula Group, para el concurso del AVE Medina-La Meca: OHL, Talgo, Indra, Inabensa, Imathia, Dimetronic, Copasa, Cobra y Consultrans. El contrato suponía unos honorarios por el éxito de la operación del 1,5%-2% sobre el volumen total de 6.736 millones de euros: 100-134 millones.

El liderazgo en la iniciativa de contratar a Shaphari Zabnganeh recayó, formalmente, en Juan Miguel Villar Mir, el propietario de OHL. Pero su nombre ya era clave en 2006. El rey Abdulaziz había invitado a Juan Carlos I a una visita oficial a Arabia Saudí el 8 de abril de 2006, en la que participaría una nutrida delegación de empresarios.

Un mes antes, el 13 de abril, el rey Juan Carlos I escribía una carta al hijo del rey Abdullah, el príncipe heredero Sultán bin Abdul-Aziz al-Saúd, primer viceministro y ministro de Defensa de Arabia Saudí.

Se dirigía de forma manuscrita en inglés, en el encabezado, a «Su Alteza Real, mi Hermano»:

Espero que esta carta le encuentre con buena salud. Como estoy seguro su Alteza Real sabe, he sido invitado por Su Majestad el Rey Abdullah a una visita oficial a su Reino entre el 8 y el 10 de abril de 2006. Estaré acompañado de una importante delegación de España, y nos centraremos en mejorar nuestra relación política y económica bilateral.

Espero ver a su Alteza Real durante esta relevante visita, en orden a considerar ciertos detalles que sin duda promoverían una relación más estrecha entre nuestros respectivos países. Su asesoramiento y buen consejo serán muy apreciados y esenciales para nuestros esfuerzos bilaterales.

Estoy enviando esta carta con una persona de confianza, la señora Shaphari Zanganeh, para coordinar privadamente la posibilidad de dicho encuentro.

¿Cómo llegó el dinero al entonces rey Juan Carlos, Corinna? ¿A través de Villar Mir?, pregunta Villarejo. Tras responder afirmativamente, Corinna matiza:

A través de los saudíes.

Y añade:

De forma casual, en 2012 pude ver en una anotación bancaria un importante volumen de dinero y le pregunté: «¿De dónde viene?». Y él [Juan Carlos I] contestó: «De Arabia Saudí». Yo no sé quién lo mandó, pero sé que es Canonica quien lo hizo. Otra vez Canonica.

En otra cinta, grabada por Villarejo el 7 de octubre de 2016, Corinna cuenta lo siguiente sobre el Rey: Tomaba un avión a los países árabes y volvía con el dinero en efectivo en maletas. A veces va con cinco millones. El dinero está en Zarzuela, allí tiene una máquina para contar billetes, que lo he visto con mis propios ojos. No lo entiendo. Las operaciones eran peligrosísimas.

El caso Nóos, por el que fue condenado Iñaki Urdangarin, el marido de la infanta Cristina, es otro capítulo de la conversación.

Si mañana tuviera que ir a un tribunal y dar explicaciones… En el Instituto Nóos, ¿quién hizo todas las llamadas para el dinero?». El Rey —asegura Corinna—. Él llamó y dijo: «Puedes, por favor, poner un contrato de 100.000, un contrato de un millón…». Yo estaba a su lado.

Y añade:

¿Tú sabes todas las cosas que yo sé? Tengo las copias de las cuentas bancarias del otro [en referencia a Juan Carlos I]. Tengo las copias…, la estructura organizativa. Y no las tengo porque las haya robado, sino porque él me las dio. El Rey no distingue entre lo que es legal y lo que es ilegal.

Según asegura, ella escribió un informe al Rey en 2004:

Estoy preocupada porque él [Iñaki Urdangarin] no entiende la diferencia entre el dinero público y el privado… Está intentando ganar dinero rápido y está preparado para hacer cualquier cosa.

En la conversación con Villarejo, Corinna habla de la visita que le hizo el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, al hotel Connaught de Londres, donde ella vivía temporalmente, durante el verano de 2012. Según afirma, Sanz Roldán la habría amenazado de muerte a ella y a sus hijos. También dice que montaron dos operaciones para hacerse con la documentación que pudiera guardar tras años de relación con Juan Carlos I, en Londres, con mercenarios, y en Mónaco.

La difusión de los audios en Madrid lleva al juez de apoyo del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, a abrir diligencias el 20 de julio de 2018. Las archivará un mes y medio más tarde, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que los indicios aportados por Corinna son «extraordinariamente débiles» y también porque los hechos se remiten a fechas —entre 2009 y 2012— en las que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad absoluta que consagra el artículo 56.1 de la Constitución Española, inmunidad absoluta que ha perdido al abdicar en junio de 2014. El juez De Egea archivará de manera provisional la causa el 7 de septiembre de 2018.

Pero, a raíz de la difusión de los audios y la apertura de las diligencias, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Sanz Roldán, solicita inmediatamente su propia comparecencia en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso de los Diputados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales.

Ese 23 de julio de 2018 es la segunda vez que hablará de Corinna en dicha comisión, después de hacerlo el 19 de marzo de 2013, en una comparecencia en la que, aparte de hablar sobre el espionaje político en Cataluña —la Operación Cataluña—, también se refirió a las presuntas actividades «confidenciales» que Corinna decía haber acometido para el Gobierno español.

Sanz Roldán admitió que había viajado «a título particular» a Londres, en el verano de 2012, para hablar con Corinna después de que a raíz de la caída del Rey en Botsuana el nombre de la amante de Juan Carlos I diera la vuelta al mundo.

Explicó que los audios difundidos reflejan, en efecto, una reunión que habían mantenido Villarejo, Villalonga y Corinna en Londres, en junio de 2015. Señaló que el mediador, el conseguidor, de la reunión había sido Villalonga y que la falta de fluidez del español que hablaba Corinna llevaba al CNI a concluir que Villarejo había preparado un guion previo. Se trataba de que Corinna comprara la idea de que esta grabación era su escudo de protección.

Sanz Roldán señaló a los diputados que Villarejo, para persuadirla de hacer la grabación y meterle miedo, le había mostrado dos documentos. En esta comparecencia, el entonces director del CNI utilizó un ordenador y los hizo proyectar en la sala.

Uno era un presunto contrato de cobro de comisiones por parte de una empresa de Corinna, donde se veía su nombre, en relación con la adjudicación del contrato del AVE a La Meca, y el otro, un informe con membrete del CNI en el que se describía una operación para seguirla, hundirla y encarcelarla.

Los diputados presentes pudieron comprobar que el presunto contrato de la comisión llevaba el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Sanz Roldán explicó que el CNI daba credibilidad al documento del pago de comisiones, ya que Corinna, dijo, había actuado como intermediaria, y calificó como una fabricación de Villarejo el informe confidencial del CNI donde se reseñaba el plan de seguimiento de sus pasos por parte de agentes del servicio de inteligencia español.

Preguntado por la relación de todo esto con Soleado, una cuenta nodriza abierta en el banco Credit Suisse de Ginebra, que utiliza la firma suiza internacional Rhône Gestion, bajo la dirección de Arturo Fasana, para administrar fortunas españolas —el mismo gestor que se ocupaba de los dineros de Juan Carlos I—, Sanz Roldán fue enigmático. Manifestó que había solicitado autorización para investigar la cuenta Soleado, objeto de diversas informaciones periodísticas durante años, pero la iniciativa, dijo, le fue denegada. No aclaró quién era el responsable de la negativa.

Un aspecto de la comparecencia que interesó a los diputados se refería a la ruptura de la relación sentimental entre Juan Carlos I y Corinna, hacía cuatro años, en 2014.

Sanz Roldán recordó el discurso del Rey en la Pascua Militar del 6 de enero de 2014 en el salón del trono del Palacio Real. Había sido operado de cadera el 21 de noviembre de 2013 y llegó con muletas. Juan Carlos I, que había cumplido el día anterior, domingo 5 de enero, los 76 años, estaba interesado en desmentir intermitentes rumores de abdicación con este discurso.

Aunque por sus problemas de movilidad no iba a pasar revista a las tropas —ya se había abstenido de hacerlo en 2013—, deseaba que se percibiera su recuperación.

Pero he aquí que al hablar comenzó a balbucear, leyendo atropelladamente, sin poder seguir el hilo del texto. Habló de la familia cuando quería decir la milicia. Tuvo que hacer pausas y escuchó sentado el discurso del ministro de Defensa, Pedro Morenés.

El director del CNI explicó la trastienda de lo que había ocurrido. Sus dificultades tenían que ver no tanto con su situación física de cansancio, como había trascendido a través de los medios de comunicación, sino con su estado anímico.

Porque, informó, para la total sorpresa de los diputados presentes, que precisamente la noche anterior, el día de su cumpleaños, tuvo lugar su última cita con Corinna. Habían acordado separarse. Y ello había golpeado duramente a Juan Carlos I. Los diputados comentaron que la último que hubieran esperado en una comparecencia de Sanz Roldán, un hombre comedido, eran explicaciones sobre secretos de alcoba de Juan Carlos I.

Bertossa está en Ginebra, Suiza, sobre la pista de un delito de «blanqueo de dinero agravado», en el que pudo participar también el banco Mirabaud de Ginebra, por haberse saltado el protocolo de diligencias sobre el depósito de fondos de una persona, el entonces rey Juan Carlos I, que la regulación financiera define como una Persona Expuesta Políticamente (PEP); es decir, que la entidad ginebrina recibió el dinero sin hacer demasiadas preguntas sobre su procedencia.

Pecunia non olet. El dinero no huele.

Yves Mirabaud, propietario del banco que lleva su nombre, pone en práctica en 2008 esa locución latina que se atribuye al emperador romano Vespasiano (69-79 d. C.).

Bertossa ordena, a mediados de agosto de 2018, tras abrir la causa P14783/2018, una entrada y registro de la policía en la sede de Rhône Gestión, en el número 2 de Boulevard Georges-Favon, donde se incauta abundante documentación. A continuación, registran la sede del banco Mirabaud.

Los fiscales reúnen toda la documentación disponible, tanto en materia de administración (Rhône Gestión) como en materia bancaria (banco Mirabaud) sobre dos fundaciones: Lucum (creada en Panamá, en 2008) y Zagatka (en Liechenstein, en 2003).

La Fundación Lucum posee la cuenta bancaria número 505523 en el banco Mirabaud. Se abre a final de julio de 2008 y recibe el 8 de agosto de 2008 un ingreso de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros). Se trata de una transferencia del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. La cuenta se cierra en junio 2012, no sin antes transferir los 64,8 millones de euros a una de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ahora Corinna Larsen, en el banco suizo Gonet & Cie Nassau (Bahamas).

Al cerrarse la cuenta, se trasfieren a la cuenta de Corinna en Bahamas 64,8 millones de euros. ¿Quiere ello decir que se trata de la cantidad que en 2008 ingresó el Ministerio de Finanza saudí? No. El dinero inicial fue invertido en varios productos financieros (acciones y fondos cotizados en Bolsa) que permitieron al Rey, en plena crisis financiera internacional, obtener rentabilidades anuales que llegaron a un pico del 7,7%.

La cuenta llegó a tener en depósito una cantidad máxima de 69.752.505 euros a 31 de diciembre de 2009, cantidad que suponía beneficios de 5.105.180 euros en año y medio (el ingreso de 64,8 millones tuvo lugar el 8 de agosto de 2008).

En los seis meses que van del 1 de enero de 2012 al 1 de junio de 2012 el Rey retiró 4.912.870 euros.

Buena parte del dinero era retirado por sus gestores Fasana y Canonica y se lo daban en efectivo al monarca en el Palacio de la Zarzuela.

La decisión de cerrar la cuenta no es pacífica. Y se llega a ella después de un debate interno en la entidad bancaria.

En abril de 2012, en plena crisis del euro y de rescates de Grecia, Portugal, Irlanda y rumores sobre uno para España, el rey Juan Carlos I viaja al sur de África, al delta del río Okavango, en Botsuana, para participar en un safari el 13 de abril de 2012, dirigido a cazar elefantes. El Rey sufre una caída que le provoca una fractura de cadera. Por primera vez, salta el nombre de su amante, Corinna, quien le acompaña en el safari. La pareja regresa a España. Y la noticia es la comidilla dentro y fuera del país.

Y como a perro flaco todo son pulgas, Juan Carlos I tiene ahora problemas en el banco Mirabaud.

Desde 2010, Mirabaud tiene al frente a un primer ejecutivo y socio, Antonio Palma, hijo de padres españoles emigrados a Suiza. Palma había seguido con preocupación la cuenta del Rey Juan Carlos I en la entidad. Sabe desde 2011, porque el banco posee el nuevo reglamento de la fundación, que el entonces príncipe Felipe es el segundo beneficiario de los fondos.

El concepto de «riesgo reputacional» empieza a debatirse internamente. Hay constancia en una nota del banco sobre el riesgo reputacional de mantener los fondos del primer ayant droit economique, o beneficiario de la Fundación Lucum en la entidad, es decir, de Juan Carlos I. Hay que quitarse de encima al Rey y jefe del Estado de España.

Yves Mirabaud recupera el olfato, guiado por su socio Antonio Palma, que comenzaba a introducir al banco Mirabaud en España.

La impunidad se va agrietando.

El banco Mirabaud decide, pues, tomar distancia. También atiende la entidad a los cambios que endurecen la legislación fiscal helvética.

Al cerrar la cuenta número 505523, según se ha apuntado, el rey Juan Carlos I ordena transferir el dinero de la Fundación Lucum —64,8 millones de euros— a la sociedad Solare Investors Corporation, en el banco suizo Gonet & Cie Nassau (Bahamas), cuya beneficiaria es Corinna.

Canonica prepara dos documentos. Uno para cerrar la cuenta bancaria y otro para dejar constancia del «contrato de donación» a Corinna. Y se traslada a Madrid, donde se reúne con el Rey, quien los firma. Canonica luego pasa el contrato a la firma de Corinna.

¿En qué consisten?

El 30 de mayo de 2012, Juan Carlos I envía a Canonica y Fasana una carta sobre la Fundación Lucum, cuenta número 505523, en la que pide que se transmita al banco Mirabaud «la nueva tarjeta de firma y su carta de transferencia de la totalidad de los fondos, sin proceder a venta alguna, al crédito de la cuenta que le indique la Princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Hecha esta transferencia, les agradezco de liquidar la fundación mencionada».

Con fecha de ese mismo 30 de mayo de 2012, se documenta el «contrato de donación entre S. M. Juan Carlos I Rey de España (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón), en adelante el donante, de una parte, y Madame Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en adelante la donataria».

En cuatro artículos se da cuenta de que «el donante es el primer beneficiario de una fundación que posee fondos bancarios estimados a este día de más de 65 millones de euros (sesenta y cinco millones de euros)» y «desea hacer una donación irrevocable de los fondos a la donataria, que ha aceptado».

Las dos partes formalizan por el artículo 2 que «la donación es consentida y aceptada», que es «a título gratuito e irrevocable, es decir, sin cláusula de devolución en caso de pre-fallecimiento de la donataria». Esto es, los fondos seguirían bajo control de la familia de Corinna incluso en el caso de que Corinna falleciese antes que Juan Carlos I.

Pero en este artículo hay otra clave.

La donación se hace con «la dispensa de relación con la herencia del donante» (dispense de rapport a la succesion du donateur).

Juan Carlos I, pues, está transmitiendo los fondos a una persona que está fuera de la sucesión y sin dejar constancia en la escritura de sucesión. El Rey, por tanto, ha decidido excluir la donación del reparto futuro entre sus herederos legales, Felipe VI y sus hermanas Elena y Cristina.

El artículo 3 señala que «el donante certifica que con la presente donación no afecta en modo alguno a la reserva legal de sus herederos legale». Es decir, blinda, por así decir, a Corinna frente a sus hijos- herederos.

En los documentos, salvo en el contrato de donación, Juan Carlos I se refiere a Corinna como Princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, un título que su examante había adquirido al contraer matrimonio, en 2000, con el príncipe Casimir Cassi zu Sayn-Wittgenstein, y que seguía usando después de su divorcio en 2005, lo que había motivado la protesta de la familia. La nueva esposa, la aristócrata Alana Bunte, es quien ahora ostenta el título.

Añade: «Para cumplir vuestra petición, les confirmo una vez más que estoy haciendo una donación irrevocable a la Princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein de los fondos así transferidos que serán de su sola y única propiedad. Les garantizo y certifico que la Princesa Corina zu Sayn-Wittgenstein no actúa, bajo ninguna circunstancia, a título fiduciario por mi cuenta».

En el escrito había otro punto de interés sobre el uso de fondos de la Fundación.

Entre 2008 y 2012, Juan Carlos I había retirado 1,2 millones de euros anuales, o una media de 100.000 euros mensuales. Es decir, de los casi 65 millones de euros iniciales, más los 1,9 millones de euros que le había transferido el sultán de Barhein, quedaban 60 millones de euros, a los que se añadían otros 4,8 millones de beneficios de las inversiones realizadas.

Canonica quería que el Rey ratificase esas extracciones y pagos de dinero que ellos habían realizados por su cuenta, es decir, habían actuado siguiendo sus instrucciones.

En la carta, pues, Juan Carlos I apunta: «Por si fuera necesario, ratifico una vez más todas las retiradas de fondos y pagos efectuados hasta este día».

El otro documento preparado por su abogado Canonica era una carta dirigida, con fecha el 5 de junio de 2012, al primer ejecutivo del banco, Antonio Palma, precisamente quien había decidido terminar con la relación por el «riesgo reputacional», en la que le comunicaba que Canonica y Fasana, miembros del consejo de la Fundación Lucum, le habían dado, «en mi calidad de primer beneficiario de la misma, poder para firmar individualmente». Y a continuación le solicitaba la «transferencia de todos los fondos, sin proceder a venta alguna, a las coordenadas bancarias siguientes: (a mano) Gonet Bank Trust Ltd acreditar en la cuenta número 079510 de Solare Investors Corp. Swift Gonebsns. Hecho esto, le agradezco cerrar la cuenta». Firmaba Juan Carlos I.

Pero Bertossa también tiene entre manos a otra fundación, la Fundación Zagatka, cuyo primer beneficiario es Álvaro de Orleans, y en la que figuran como tercer y cuarto beneficiario el rey Juan Carlos y su hijo, el príncipe Felipe, ahora Felipe VI, rey de España. Esta fundación es creada en Vaduz (Liechtenstein), en 2003, por Rhône Gestion y, aunque su primo Álvaro de Orleans es el primer beneficiario, la participación de Juan Carlos I, tercer beneficiario, a la luz de los ingresos y el movimiento de fondos, está fuera de toda duda.

Zagatka, que administra Arturo Fasana y en la que también figura como consejero el abogado Dante Canonica, ha pagado viajes de Juan Carlos I en aviones privados durante once años por valor de 5 millones de dólares, con cargo a una cuenta abierta en el banco Credit Suisse, la 0251-798208-9. Entre esos viajes también se contabilizan 3 millones de euros en gastos de viajes de Corinna y familiares.

El primer ingreso de la fundación se produce en 2004, al año siguiente de su creación: 1,9 millones de dólares. En el formulario de Credit Suisse que firma Fasana, se señala el origen de la actividad de la citada fundación: «Comisión percibida por la puesta en contacto de los participantes en la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank en Londres». La compraventa se concreta en 2003.

Esa operación es sugerente. Porque en el Banco Zaragozano tienen protagonismo los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer. La venta de su participación conjunta, que roza al 40%, al Barclays Bank, se hace en 2003 por un valor de 456,78 millones de euros.

La estrecha amistad de Juan Carlos I con los primos es conocida públicamente.

Y el Rey dará prueba de ello en 2008, cuando en febrero de aquel año el Tribunal Constitucional debe resolver un recurso de los Albertos contra la pena de 3 años y 4 meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo en un delito de estafa en la venta, en 1988, de los terrenos de la empresa Urbanor, en plaza de Castilla, sobre los que se construyeron las llamadas Torres KIO. Los Albertos negociaron el precio de la venta con el financiero Javier de la Rosa, representante de Kuwait Investment Office (KIO,) a espaldas de los accionistas minoritarios.

Se da la circunstancia de que, aparte de su amistad con los Albertos, el Rey tenía en especial consideración a De la Rosa. Sin embargo, quien, además, declarará, en una demanda de KIO contra él en la Corte Comercial de Londres, haber transferido, entre 1990 y 1992, 100 millones de dólares a una cuenta de la Banque Sogenal de Ginebra a nombre de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el hombre de confianza y presunto testaferro del rey en el mundo de los negocios.

En su affidavit, o declaración jurada, De la Rosa manifestaba que, en su opinión, «Manuel Prado y Colón de Carvajal solicitó este pago para un lobby político que obtuvo de las altas instituciones españolas el apoyo de España a Kuwait durante la guerra de liberación de aquel país, es el beneficiario o controla esta cuenta en Sogenal».

Y en enero de 2008 el magistrado Ángel Aguallo, en calidad de letrado del Tribunal Constitucional, elaboró el informe que sirvió de borrador a la sentencia que el 20 de febrero de 2008 libró de la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a través de una reinterpretación de la doctrina vigente sobre la prescripción. Aguallo, que no es penalista, sostenía que una querella interrumpe la prescripción solo cuando un juez la admite a trámite. No simplemente cuando se presenta.

En el caso de los Albertos, la querella es presentada un día antes de que se cumplan los cinco años de prescripción y, aunque el juez la registra, no la admite a trámite por faltar la firma y no será ratificada hasta dos meses más tarde.

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, integrado, entre otros, por la magistrada Ana Ferrer y el magistrado José Antonio Alonso, señala en la sentencia, en enero de 2001, que «ha quedado suficientemente acreditado que Alberto Cortina y Alberto Alcocer engañaron a los representantes de los accionistas minoritarios», pero les absuelve porque la querella no estaba firmada y no fue admitida a trámite antes del vencimiento del plazo de prescripción. La absolución es recurrida ante el Tribunal Supremo y este tumba la sentencia y condena en marzo de 2003 a Los Albertos a tres años y cuatro meses de cárcel.

Aguallo participaba por aquellas fechas junto con Iñaki Urdangarin en un comité de gestión de Pernod Ricard España, filial de la multinacional productora y distribuidora de bebidas alcohólicas, vinos y espirituosos. Urdangarin ya había abandonado formalmente sus negocios en el Instituto Nóos. Aguallo, fiscalista, asesoraba también a Diego Torres.

El 25 de febrero de 2008 tiene lugar una comida-reunión en la Taberna Gaztelupe, en el barrio madrileño de Tetuán. Participan Aguallo, Urdangarin, el fiscalista Francisco Ortiz y el presidente y director general de Pernod Ricard España, Philippe Coutin, para escuchar un informe de Diego Torres, el socio en el Instituto Nóos.

En la sobremesa que mantienen, Aguallo expresa su satisfacción por la sentencia absolutoria de los Albertos, a la que ha contribuido con su informe. Y, sobre todo, porque, confiesa a sus interlocutores que esa noche ha sido invitado a una cena para celebrarlo «con el señor», en referencia a Juan Carlos I, con quien mantenía amistad. Tres semanas después de la sentencia, el 12 de marzo de 2008, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba el acuerdo para «nombrar para esta plaza [sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo] a D. Ángel Aguallo Avilés, catedrático de derecho financiero y tributario en la Universidad de Córdoba, y letrado del Tribunal Constitucional». Aguallo desplazó en un nombramiento precipitado de última hora a otro jurista con cualificaciones mayores. Su relación con el Rey había sido una referencia decisiva.

Bertossa, sin contar todavía con la cooperación jurídica de España, estudia con un joven asesor contable y financiero de la fiscalía, Raphael Zbinden, procedente de empresas de auditoría como EY Suiza (Ernst Young), entre otras, la estructura de las fundaciones y la evolución de las cuentas bancarias.

Y empieza a tomar declaraciones en agosto de 2018.

La Fundación Lucum será su primer objetivo.

El 24 de agosto de 2018, Bertossa interroga a Canonica, socio del bufete de abogados Canonica Valticos de Preux Associés. Él y Fasana han gestionado tanto la Fundación Lucum como Zagatka. Fasana como presidente y Canonica como secretario. Zbinden «analista en criminalidad económica del Ministerio Público» está presente.

Canonica insiste en que la actividad desarrollada en Suiza es «irreprochable».

He aquí su relato ante el fiscal:

Conocí a Juan Carlos I en Madrid con Arturo Fasana, en el Palacio de la Zarzuela. Sería a finales de 2007 o primeros de 2008. Nos explicó que su amigo, el antiguo rey de Arabia Saudita [Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd], quería hacerle una importante donación. Le pregunté cuánto dinero. Me respondió que no lo sabía. Preguntó si existía la posibilidad de crear una estructura para recibir esta donación. Le respondí que era importante que supiéramos la cantidad y que también era importante crear una estructura totalmente transparente, es decir, que Juan Carlos I apareciera como beneficiario efectivo. No era posible montar una estructura opaca. Le indiqué que si los fondos eran depositados en un banco de Ginebra, habría un trabajo de due diligence [auditoría legal sobre el dinero] que hacer. Arturo Fasana planteó las mismas exigencias que yo. Le explicamos que era esencial garantizar que no era el pago de una comisión o retrocomisión [el adjudicatario ofrece más comisión para obtener un contrato, cantidad que se embolsa el intermediario].

Nos dio las coordenadas para que contactáramos con el embajador de Arabia Saudí en Washington, [Adel bin Ahmed] Al Jubeir, para saber el montante de la donación. Fasana viajó a Washington para reunirse con el embajador para obtener la confirmación de que era realmente una donación. El embajador le confirmó que de hecho era pure gift [algo que se da a alguien sin motivo y sin expectativa de reembolso]. Fasana fue contactado después por Al Jubeir para saber si habíamos abierto una cuenta. A petición mía, Fasana se reunió con Al Jubeir en Basilea, en la terminal de Jet Aviation, para darle los detalles del IBAN de la cuenta que habíamos abierto. Unos días después llegaron los fondos. Llamamos a Juan Carlos I, que se quedó atónito al saber la cantidad que se había pagado. Dijo algo así como: «¡Oh Dios mío! Han sido muy generosos». Estaba sorprendido, pero en ningún momento se sintió incómodo con la cantidad recibida. No es el tipo de hombre que se siente incómodo.

Canonica precisó que Corinna «estaba al tanto de la donación recibida por Juan Carlos I» y dijo que el cierre de la cuenta [en junio de 2012] se debía a dos razones.

El Rey «no se sentía cómodo con una cuenta en un banco suizo. Además, en la medida en que se estaba discutiendo el intercambio automático de información [entre países de la OCDE] e iba a tener lugar a medio plazo, la presencia de esta cuenta en Ginebra era una bomba de relojería».

No podía existir mejor definición. El Rey y jefe de Estado de España con cuentas en Suiza que albergaban fondos ocultos a la Hacienda se la estaba jugando. Canonica añadió:

Por otro lado, el responsable máximo de Mirabaud [Antonio Palma, a partir de 2010] nos hizo entender que la cuenta de Juan Carlos l presentaba un riesgo reputacional para el banco. Indicó que era preferible poner término a esta relación sin fijar una fecha límite. En aquella época, visité muchas veces el palacio en Madrid para discutir con Juan Carlos I y averiguar qué quería hacer con el dinero depositado en Suiza. Quería deshacerse de ese dinero porque tenía miedo de que se supiera. Decidió darle todo a Corinna. Yo no quería que los herederos de Juan Carlos I me reprocharan algún día esta transferencia, por lo que otorgué un poder sobre la cuenta a favor de Juan Carlos I para que él mismo ordenara esta operación.

Aunque, según Canonica, Juan Carlos I no recibió ninguna otra donación, en la cuenta de Lucum del banco Mirabaud figura, en abril de 2010, un ingreso de 1,9 millones de dólares en efectivo. Se trata, según la declaración de Arturo Fasana, de un ingreso del sultán de Barhein.

El verano de 2012 al que ha aludido Canonica en su declaración es un verano de emociones fuertes.

Tras viajar Juan Carlos I y Corinna a Botsuana, y en coincidencia con el cierre de la cuenta en el banco Mirabaud y la transferencia de los 64,8 millones de euros a la cuenta de Bahamas, la amiga sentimental del Rey recibe en el hotel Connaught de Londres, donde reside durante una temporada, la visita del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, quien ha viajado a título «particular». Corinna denunciará más tarde que el director del CNI le recomienda mantener la boca cerrada respecto a los secretos del Rey. Vamos, que la amenaza directamente. Ya hemos visto que Sanz Roldán admitió el 23 de julio de 2018 haber realizado ese viaje para reunirse con Corinna.

El Rey emérito Juan Carlos I y sus asesores legales están al corriente en Madrid, pues, de lo que está ocurriendo en Ginebra desde la apertura del procedimiento en julio de 2018 y conocen lo que declaran su gestor Fasana y su abogado Canonica. Tanto Canonica como Fasana les mantienen informados.

Bertossa cita a declarar a Canonica nuevamente el 9 de octubre de 2018, junto con Arturo Fasana y Luc Thévenoz, administrador del banco Mirabaud, y a Álvaro de Orleans el 10 de octubre de 2018. Zbinden está siempre presente.

—¿Juan Carlos I estaba sujeto a impuestos en España? —pregunta el fiscal.

—No tengo ni idea —responde Canonica.

—No tenemos información específica, pero podemos averiguarlo —afirma Thévenoz.

Es decir, en 2018, diez años más tarde, después de haber tenido los fondos depositados durante cuatro años y cerrada la cuenta hacía ocho años, el banco ¡proponía «averiguar» si el Rey pagaba impuestos en España!

—Desde la perspectiva de una actividad irreprochable —utilizando las palabras de Canonica en su anterior declaración del 24 de agosto—, ¿cómo es posible que no se preocuparan de la correcta situación fiscal de su cliente? —pregunta Bertossa.

—No creo que en 2008 eso fuera un problema. Todavía había muchos residentes españoles, más bien todos, que mantenían colocados en Suiza una parte de sus activos no declarados. Respecto de 2012 [con los cambios en la legislación bancaria suiza de lucha contra el fraude], esta fue una de las razones por las cuales se adoptó la decisión de cancelar la cuenta de la Fundación Lucum —responde Canonica.

—¿Cuál es la razón principal por la que Juan Carlos I ha «desheredado» a su hijo de una suma de casi 60 millones de euros para «ofrecérselos» a su amiga Corinna? —insiste Bertossa.

—Juan Carlos I podía disponer libremente de los activos de la fundación durante su vida. En marzo 2011 Juan Carlos I introdujo en el reglamento de la Fundación a su hijo Felipe como primer beneficiario en caso de muerte. Juan Carlos I decidió no guardar este dinero y dárselo a su amiga. Ignoro si su hijo Felipe estaba informado sobre la Fundación Lucum y de los fondos de que disponía —responde Canonica.

—¿Recuerda usted después de su última declaración [24 de agosto 2018] una donación en efectivo en favor de Juan Carlos I de parte del sultán de Barhein?

—Sí, sé que Juan Carlos I ha recibido una cantidad importante en efectivo de la parte del mencionado sultán. Arturo Fasana me ha hablado de ello. Hay una nota en el dossier sobre este ingreso. Estoy seguro de que él no recibió otros pagos de este tipo en la cuenta de la Fundación Lucum —asegura Canonica.

—Hasta donde sabe el banco, no ha habido otros pagos de este tipo. El banco no ve qué relación podría haber entre la adjudicación de un contrato público en 2011 y una donación realizada en 2008, según hemos leído en prensa —responde Thévenoz.

—¿Sabe el banco Mirabaud cuándo se licitó el contrato [de las obras del AVE Medina-La Meca]? —pregunta Bertossa.

—Sí, la licitación se celebró en 2006. Tras la publicación en 2018, el banco procedió a realizar nuevas aclaraciones y llegó a la conclusión de que esos elementos no modificaban la valoración de la situación. Por esto no se envió ninguna comunicación al MROS [Money Laundering Reporting Office/ Unidad de Inteligencia Financiera para el Blanqueo de Capitales] —afirma Thévenoz.

—¿Estaba al corriente usted de la grabación hecha por un policía español a Corinna Larsen? —insiste Bertossa.

—Leí en la prensa que había una grabación hecha por un oficial de policía actualmente en prisión. Escuché que este policía incluso grabó a su madre. No tuve acceso a esa grabación No he leído las transcripciones. No me interesaba. No pedí explicaciones a Corinna. Se lo pregunté a Juan Carlos I. Se echó a reír —responde Canonica.

—Juan Carlos I pagó dinero a Marta Gayá Hernández? [se refiere a una examante del Rey] —inquiere Bertossa.

—De la documentación se deduce que el tenedor de los derechos económicos de la Fundación Lucum tenía la intención de transferir dos millones de euros a favor de esta señora, pero al final solo se pagó un millón. Un gerente de la firma Rhône Gestion vino al banco y retiró la suma de un millón de euros. No creo que el montante fuera físicamente retirado en mostrador. Fue más bien una operación de caja —responde Thévenoz.

—Juan Carlos I no deseaba vincular su cuenta de la Fundación Lucum con Marta Gayá, así que procedimos a realizar esta operación de caja —añade Fasana.

—Ha habido más pagos en cuenta a Marta Gayá. Si lo pide, el banco está dispuesto a proporcionarle los detalles de otros pagos —ofrece Thévenoz.

Bertossa no da tregua. Interroga a Álvaro de Orleans el 10 de octubre de 2018:

—En relación con los gastos de viaje de Corinna zu Sayn-Witttgenstein, ¿por qué razón la Fundación Zagatka ha pagado tales gastos, que se elevan a 3 millones de euros? —pregunta el fiscal.

—Se trataba de viajes de la familia real, es decir, de gastos vinculados con viajes de Juan Carlos I. En el primero de todos estos viajes, Juan Carlos I me preguntó si yo podía buscar un avión, habida cuenta de mis contactos en el mundo de la aviación. La Fundación Zagatka pagó este primer viaje —respondió De Orleans.

A continuación, el primo lejano de Juan Carlos I, explicó el funcionamiento de este «sistema»:

—El ayudante del Rey [se trata del jefe de escolta, el teniente de la guardia civil Vicente García Mochales] tomaba contacto con mi ayudante. No me preocupé de saber quién se hacía cargo de esos otros viajes, lo que ha sido un error de mi parte. Mi ayudante debió suponer que yo estaba de acuerdo en pagar dichos gastos, pero no era el caso. El Rey realizó numerosos viajes más. Cuando me di cuenta de que dichos viajes estaban todos financiados por la Fundación Zagatka, consideré que tenía que decirle al Rey que esta situación no era correcta. Dejo constancia de que no era fácil decirle este tipo de cosas a Juan Carlos I. Finalmente pedí el reembolso de dichos viajes al saber que Corinna zu Sayn-Wittgenstein había disfrutado de dichos viajes y que no me correspondía pagar sus gastos. Para obtener el reembolso me dirigí al señor Canonica, que había dado las instrucciones de pago. Le deje claro que estaba triste al conocer ella se había podido beneficiar de esos viajes cuando yo consideraba esos viajes una contribución a mi familia».

—El rey Juan Carlos I no tenía realmente necesidad de ayuda porque disponía de aproximadamente 80 millones de francos (100 millones de dólares) en la Fundación Lucum —le observa el fiscal Bertossa.

—Yo ignoraba eso totalmente. Se trata de una gran sorpresa para mí. Pertenezco a una rama de la familia que gracias a sus actividades en la industria italiana dispone de más medios. Para mí, Juan Carlos I no disponía de medios importantes, aparte de los pagados por el contribuyente español o regalos oficiales de empresas españolas —responde De Orleans.

Bertossa, que había citado a declarar también a Canonica ese mismo día, le preguntó «por qué Fasana le había escrito el 1 de diciembre de 2010 diciéndole que esos gastos debían ser reembolsados ya que estos viajes fueron realizados por Corinna y/o miembros de su familia». Según Canonica, «el reembolso se refería únicamente a los gastos de viaje de Corinna».

Otra pregunta sobre los ingresos que interesaban a Bertossa: el que se hizo en la cuenta de Zagatka de 4.689.930 dólares (4,2 millones de euros en el año 2009).

—A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estos terrenos pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana, de la cual no recuerdo el nombre. Esta empresa quería vender dichos terrenos y yo pensaba que era más interesante explotarlos. El responsable de la empresa estaba interesado en mi visión del proyecto. Llegamos a un acuerdo informal, debido a la idea diferente que yo aportaba y sobre el hecho de que una parte del beneficio producido por el desarrollo de los terrenos sería para mí —respondió De Orleans.

De Orleans señala que la venta se hacía a la empresa Huarte. Con todo, esta compañía constructora se había fusionado con la empresa Obrascón, propiedad de Villar Mir, en 1998, que permitió crear el sexto grupo constructor y español. Un año más tarde, en 1999, la fusión con Construcciones Laín da lugar a Obrascón Huarte Laín S. A. (OHL), controlada por Villar Mir.

Bertossa pregunta si se le había pagado mediante cheque.

—Es muy probable, pero lo que no es frecuente es que se me pagara mucho después. Yo ingresé ese dinero en la cuenta de la Fundación Zagatka en el Credit Suisse —responde De Orleans.

El primo de Juan Carlos I reconoce a Bertossa que la comisión fue abonada en un cheque: «Lo que no era habitual es que me pagasen tan tarde. Ingresé esta remuneración en la cuenta de la Fundación Zagatka en Credit Suisse».

Bertossa le extiende el documento con el ingreso de los 4,2 millones, y le pregunta si era la remuneración de la que hablaba.

—Sí, se trata de esta —responde De Orleans.

Y el 19 de diciembre de 2018, Corinna presta, por fin, declaración en calidad de imputada en Ginebra.

Corinna explica a Bertossa que en 2012 recibió los 64,8 millones de euros como un regalo no solicitado al rey Juan Carlos I.

He aquí su relato:

Recibí una llamada telefónica de Canonica [secretario de la Fundación Lucum] informándome de que Juan Carlos I deseaba hacerme un regalo. No me habló por teléfono de una cantidad concreta. Me dijo que quería encontrarse conmigo. Fui a su despacho. Me explicó que el Rey quería ofrecerme un regalo a mis hijos y a mí. Juan Carlos I quería asegurar un buen futuro a mis hijos y a mí. Pienso que me ofreció ese dinero por gratitud y por amor. Era consciente de que había hecho mucho por él y que había estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad. Pienso también que se sentía un poco culpable por lo que me había pasado en Mónaco. En 2012 fui secuestrada por los servicios secretos españoles en mi apartamento. Pienso que hay una última razón: que tenía [Juan Carlos I] todavía la esperanza de poder recuperarme. En ningún momento [Juan Carlos I] dijo que quisiera deshacerse de ese dinero. Ignoro si había declarado estos activos al fisco español. Había oído hablar vagamente de una amnistía fiscal en España, pero como no vivo en ese país no conozco los detalles.

Corinna también fue preguntada por la Fundación Zagatka: «En 2011 o 2012 Juan Carlos I me presentó un perfil de inversión pidiéndome consejo. La fundación se mencionaba. En el documento aparecían las inversiones de la misma. Lo vi con detalle, razón por la que me acuerdo todavía hoy. Los activos los gestionaba un banco suizo, podría ser el Credit Suisse. Para mí la Fundación Zagatka es la fundación de Juan Carlos I».

El fiscal Bertossa preguntó por una transferencia de 150.000 euros que recibió de dicha fundación.

Corinna explicó que podría ser el reembolso de algunos pagos para regalos que ella había hecho con su tarjeta de crédito en favor de Juan Carlos I.

El Rey emérito y sus asesores jurídicos conocen en Madrid, también por Fasana y Canonica, los términos de la declaración de Corinna.

En España, la actividad judicial cobra un nuevo impulso.

El 26 de diciembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción decide abrir una pieza para investigar las presuntas comisiones que se pudieron pagar en la operación del AVE a La Meca.

Tanto esas comisiones como las inversiones que se hubieran realizado con el dinero podrían suponer el delito de corrupción o cohecho en las transacciones internacionales que tipifica el artículo 286 ter. del Código Penal. Y en ese caso, la investigación corresponde en primer término a la Fiscalía Anticorrupción, según las circulares de la Fiscalía General del Estado.

Esta Fiscalía Anticorrupción, pues, inicia las diligencias informativas sobre el AVE a La Meca sabiendo que hay indicios contra Juan Carlos I. A partir de junio 2014, fecha en la que abdicó y desde la que es aforado, la investigación tendrá que ser asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo. De momento, el fiscal Luis Pastor se propone interrogar a Corinna. Se cursa una comisión rogatoria a Londres. En julio del 2019, cuando ha trascendido esta solicitud, los abogados de Corinna en Londres emiten un comunicado en el que desvinculan completamente a su clienta de la operación del AVE Medina-La Meca, aunque ofrecen su colaboración con la justicia española.

Por esas fechas, junio y julio de 2019, el fiscal Bertossa continúa con nuevas declaraciones.

El 13 de junio cita nuevamente a Canonica, a Corinna y, por primera vez, a Nicolas Gonet, propietario del banco suizo a cuya filial de Bahamas se transfirió los 64,8 millones de euros.

—El objetivo [de Corinna y Dante Canonica] era abrir una cuenta para la empresa Solare, cuya beneficiaria era Corinna, mientras que el signatario de la cuenta era Dante. Me explicaron que ella era cercana al Rey de España, tanto en el ámbito profesional como en el privado. Me dijeron que el dinero a ingresar era un regalo del Rey de España a Corinna. No consideré necesario preguntar sobre el origen de los fondos en poder del Rey de España. Simplemente pedí recibir la escritura de donación. Creo que la pude ver antes de que se produjera la transferencia de los fondos a la cuenta de Solare —responde Gonet.

—¿Este es el contrato? —preguntó Bertossa, extendiendo el documento de donación.

—Este es el contrato que me dieron. Por esas fechas tuve un contacto telefónico con Yves Mirabaud, que me explicó las razones por las que el banco Mirabaud no quería conservar los bienes entregados a Corinna. Dadas las actividades del Banco en España, Yves Mirabaud consideraba que era arriesgado para la entidad a nivel mediático mantener el dinero dado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amante del Rey —responde Gonet.

—¿Quién tomó la decisión de abrir la cuenta de Solare en Gonet Bahamas y no en Gonet Ginebra? —inquiere Bertossa.

—Corinna explicó que no quería abrir una cuenta en Suiza porque había habido varios casos de robo de datos. Fiscalmente, no fue un problema abrir una cuenta con Gonet Bahamas porque ella está domiciliada en Mónaco —dice Gonet.

—Cuando fuimos a Gonet Ginebra, en mayo o junio de 2012, yo estaba a punto de abrir una cuenta ahí. Ni siquiera sabíamos de la existencia de una filial en Bahamas. Fue Nicolas Gonet quien sugirió que abriéramos una cuenta con Gonet Bahamas. En ningún momento tuvimos la voluntad de ocultar los bienes en el extranjero —señala Corinna.

—Mantengo categóricamente que fue Corinna la que quiso abrir una cuenta con Gonet Bahamas. Para el banco hubiera sido preferible que la cuenta se abriera en Suiza. En ningún momento dudé de que los activos de Solare pertenecieran a Corinna. El uso de estos bienes se hizo exclusivamente a favor de Corinna y no hubo transferencias a favor del rey de España, por ejemplo —afirma Gonet.

—¿Tenía usted idea de la situación fiscal de Juan Carlos I en España respecto a la donación? —insiste Bertossa.

—Mi banco no tuvo nada que ver con Juan Carlos I. Nunca lo he conocido, no lo conozco. La única conexión es el contrato de donación que me dieron —responde Canonica.

Bertossa preguntó a Canonica por qué había otorgado un poder sobre la cuenta de la Fundación Lucum a nombre de Juan Carlos I.

—Yo no quería que los herederos de Juan Carlos I me reprocharan algún día esta transferencia, por lo que otorgué un poder sobre la cuenta a favor de Juan Carlos I para que él mismo ordenara esta operación —responde Canonica.

Bertossa preguntó si mantenía contactos con Juan Carlos I.

—Todavía tengo algunos contactos telefónicos con Juan Carlos I. Son contactos breves. No me ha preguntado si tenía que venir a Ginebra para prestar declaración —se justifica Canonica.

En paralelo a los contactos que los abogados de Corinna han intentado con la Casa de Su Majestad el Rey durante los meses de 2019 y a posteriori, el titular del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se pone el 30 de julio de 2019 en contacto con el fiscal Bertossa, con quien concierta una reunión en la primera semana de agosto. García-Castellón se traslada a Ginebra.

La cooperación ha tardado en cuajar, pero se pone en marcha con celeridad. El juez García-Castellón, de regreso a Madrid, solicita el 16 de agosto de 2019, por comisión rogatoria, los datos de la investigación en Suiza. Bertossa envía rápidamente la información. Es un relato de hechos, faltan los documentos de las cuentas bancarias y las declaraciones prestadas por los cuatro imputados. Algunos de ellos —es el caso de Corinna— bloquean con recursos ante el Tribunal Penal Federal la entrega de los documentos a España.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción, tras pedir la declaración de Corinna a través de una comisión rogatoria a Londres, donde ella reside, consigue por mediación de la oficina anticorrupción británica, el Serious Fraud Office (SFO), fijar la fecha: será el 19 de septiembre de 2019. El fiscal Luis Pastor se traslada a la capital británica.

Corinna declara en calidad de testigo voluntario durante dos horas. Se desmarca de lo que había confiado a Villarejo en los audios grabados y dice no conocer directamente la adjudicación del tren de alta velocidad Medina-La Meca. Solo ha escuchado a terceros hablar del asunto.

Su abogado, Robin Rathmell, emite un comunicado: «Nuestra clienta estuvo muy complacida en ofrecerse como testigo en Londres hoy para transmitirle a las autoridades precisamente lo que terceros le dijeron sobre el acuerdo del AVE. Es evidente que una investigación completa debe ir mucho más allá de los pocos hechos que ella conoce».

Y agrega: «Durante décadas ha habido acusaciones serias sobre los negocios financieros del Rey emérito. Si hay alguna intención de investigar adecuadamente el acuerdo del AVE y otras acusaciones, es un asunto del poder judicial español y de España. Aunque no tuvo participación alguna en ese acuerdo, nuestra clienta se ha sentido feliz de ofrecer voluntariamente los hechos limitados de los que tiene conocimiento».

Rathmell advertía: «Sin embargo, debemos dejar claro que cualquier intento posterior por parte de personas en España que busquen utilizarla como chivo expiatorio para restarle importancia a sus propias acciones indebidas enfrentará una respuesta legal rápida».

Para acordar los términos de la colaboración, Bertossa, García-Castellón y Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, acuerdan celebrar una reunión en Madrid. Como el tema central es la investigación de las presuntas comisiones cobradas en el contrato del AVE Medina-La Meca, cuyas diligencias lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción, se decide que el encuentro tendrá lugar en las oficinas de esta, en la madrileña calle de Manuel Silvela.

En la reunión participan, el 29 de octubre de 2019, Bertossa y Zbinden, por la investigación suiza, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el juez García-Castellón, y los fiscales Luis Pastor, a cargo de las diligencias del AVE Medina-La Meca, e Ignacio Stampa y Miguel Serrano, encargados del caso Tándem-Villarejo.

Se acuerda cruzar comisiones rogatorias. La Fiscalía Anticorrupción solicitará los datos que posee la Fiscalía de Ginebra. El fiscal Bertossa pedirá los audios de Corinna y el juez García-Castellón requerirá toda la documentación sobre Rhône Gestion, Arturo Fasana y Dante Canonica y los datos relacionados con el caso Tándem-Villarejo.

El fiscal Bertossa le solicita por comisión rogatoria urgente los audios grabados por Villarejo a Corinna. García-Castellón los envía a mediados de enero.

El 12 de noviembre de 2019, los abogados de Corinna escriben una carta a Bertossa en la que le indican que «las sospechas de que los 100 millones de dólares han sido el pago de una comisión a Juan Carlos I por su intermediación en el contrato del AVE a La Meca son infundadas. No tiene sentido pagar una comisión en 2008 cuando la adjudicación se realiza en 2011». Es evidente que aquí aparece la “otra Corinna”, esta ya se aparta de las entrevistas con Villarejo en 2015 y 2016.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, envía a Suiza, el 12 de febrero de 2020, a la atención a Bertossa, la comisión rogatoria acordada «relativa a Mirabaud and CIE S.A y otros».

Al definir la «finalidad y requisitos de la asistencia que se solicita», la Fiscalía señala que «existe una correspondencia entre la fecha en las que se inicia el concurso para la adjudicación de la Fase II del proyecto de construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca (septiembre de 2008) con la fecha en la que se produce el ingreso por parte del anterior Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum (agosto 2008), unida a la importante diferencia de precio ofrecido por el consorcio hispanoárabe frente al otro finalista en el concurso de adjudicación de las obras —el consorcio franco-árabe— hecho que tiene relación con el objeto de la investigación seguida en las diligencias que con número 38/2019 se tramitan en esta Fiscalía, en tanto que se están investigando eventuales irregularidades en la adjudicación del citado proyecto. Es por ello que se hace preciso acceder a los datos del o de los beneficiarios de la cuenta titularidad de la Fundación Lucum en el banco Mirabaud & CIE SA, de todos los documentos relacionados con la misma, así como del extracto de todas las operaciones que en ella se hubieran realizado desde su apertura hasta la actualidad».

La solicitud añade que «igualmente se hace preciso disponer de las declaraciones prestadas ante la Fiscalía de Ginebra por Dante Canonica, Arturo Fasana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y Álvaro Jaime de Orleans Borbón, tal y como se relata en su comisión rogatoria, habrían sido las personas encargadas de crear la estructura con la finalidad de recibir la donación del Rey de Arabia Saudí. Corinna, en tanto que ella habría sido la receptora y persona por medio de la cual se habría canalizado los fondos, y Álvaro de Orleans, porque, tal y como usted indica, es otra de las personas utilizadas por Juan Carlos I para ocultar parte de las comisiones recibidas».

La Fiscalía solicita, pues, además de las declaraciones prestadas en Ginebra, «los datos de identificación de los titulares autorizados y del beneficiario último, todos los movimientos registrados en la cuenta desde su apertura hasta su cancelación, con identificación de origen y destino de los fondos, cualquier documento que pudiera disponer relacionado con el titular y beneficiario último de la cuenta y con las operaciones realizadas desde la misma».

La solicitud invoca el «delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales (artículo 286 ter del Código Penal) por el que se castiga a los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieron o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio».

La Fiscalía Anticorrupción se centra en la cuenta Lucum y los 100 millones de dólares porque sus diligencias están relacionadas con la presunta comisión del contrato del AVE Medina-La Meca.

Es decir: deja fuera la Fundación Zagatka, cuya cuenta bancaria pertenece a Credit Suisse.

Ahora la actividad judicial discurrirá en medio de los fuegos cruzados de las noticias de prensa, donde los medios de comunicación del Reino Unido tendrán un protagonismo estelar.

El 15 de febrero de 2019, el diario conservador The Telegraph informa de la existencia de la Fundación Zagatka, creada en Liechtenstein en 2003, formalmente propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I. El primer beneficiario es Álvaro; el segundo, uno de sus hijos y el tercero es el rey Juan Carlos I. Ahí se detiene la información. De momento, el diario no informa de que haya más beneficiarios. Pero todo se andará. El 18 de febrero, The Telegraph vuelve a la carga con una información según la cual Álvaro de Orleans, primo y testaferro de Juan Carlos I cobró 39 millones de libras —unos 50 millones de euros— por ejercer como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en 2003.

La estrategia de Corinna es implacable. La puso en marcha en 2016 a través de los medios de comunicación, y para ello fichó a la agencia Tancredi, especializada en conflictos. Y cuando los tribunales comenzaron a indagar, Corinna encargó el asunto a Kobre & Kim.

Pero la campaña de prensa no se detuvo. Las informaciones que han ido apareciendo siguen una lógica. El nombre de Felipe VI no debía, por así decirse, ser utilizado en vano. Aunque Corinna posee los contratos y documentos de las fundaciones de Juan Carlos I, guardó hasta el momento que consideró oportuno el nombre del actual Rey de España. Se va aproximando de manera sucesiva a él.

Corinna amenaza, en el mes de febrero de 2020, con presentar una demanda contra Juan Carlos I. En un largo reportaje del 29 de febrero de 2020 en el que ella hace declaraciones, el tabloide británico Daily Mail, del grupo Rupert Murdoch, se advertía:

Hoy, la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein está lista para lanzar un caso explosivo en el Tribunal Superior de Justicia alegando que el Estado español y sus servicios de seguridad, en lenguaje legal, han conspirado para «herirla».

La empresaria, de 55 años, invitada frecuente a los eventos de la Casa del Rey y examante del ahora retirado Rey de España, Juan Carlos, le dirá al tribunal que:

—El servicio de inteligencia español, CNI, ha gastado millones en una campaña de acoso en la aparente creencia de que posee secretos de Estado;

—Ella ha estado bajo vigilancia hostil constante de agentes españoles, ya sea en el campo, en su casa en Londres o en el extranjero;

—Sus teléfonos y ordenadores han sido pirateados y desactivados junto con otros equipos electrónicos, incluido el botón del pánico en su habitación;

—Se ha hecho un intento sostenido de lavarle el cerebro a sus hijos para que crean que era corrupta;

—Ella ha sufrido una campaña de difamación de cobertura de «noticias falsas» en Internet;

—Y que este extraordinario catálogo de eventos comenzó con la exposición pública de su relación de cinco años con Juan Carlos, quien viajó a Londres para hacerle una visita secreta el año pasado [se refiere al encuentro de «negociación» del 16 de marzo de 2019].

El diario sensacionalista del grupo News International, en cuyo consejo asesor figura José María Aznar, advierte que «el caso será dirigido ante el Tribunal Superior por James Lewis (QC, Queen Counsel), quien actualmente está acusando a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, en nombre de Fiscalía de la Corona». Lewis es, en efecto, asesor legal de la Fiscalía británica.

El periódico continúa:

En junio de 2012, después de que saltara al público su affaire con el Rey, Corinna dice que tuvo un encuentro en la habitación en el hotel The Connaught, en Londres, con alguien del CNI, quien, al menos en su interpretación, amenazó su vida.

El Daily Mail informa directamente al servicio de Corinna y de su equipo jurídico:

El 5 de marzo de 2019, el equipo legal de Corinna envió un escrito a la Casa de Su Majestad el Rey informando de los presuntos abusos, solicitando una reunión y advirtiendo por primera vez sobre una acción legal. No hubo respuesta.

Pero varios días más tarde, el Rey [emérito] la llamó desde su teléfono satélite para pedirle una cita en Londres.

El sábado 16 de marzo, Juan Carlos I voló a Londres en un jet privado y se reunió con Corinna y su hijo Alexander. Las autoridades británicas no fueron informadas.

Alexander, de 17 años, confirma que la reunión tuvo lugar y ha dicho: «No puedo comentar los detalles de la reunión privada aunque puedo decir que el rey emérito estaba muy preocupado con el asunto que interesa a los medios de comunicación».

El periódico prosigue:

¿Qué puede motivar a agentes del Estado español a comportarse de este modo? Corinna cree que es el resultado de una batalla política interna en España, combinada con la sospecha de que conoce más de lo que realmente sabe de su época con Juan Carlos, más un deseo de mantenerla bajo control.

Corinna dice al periódico:

Creo que quieren quitarme de en medio. Es bastante obvio de que creen que soy una amenaza.

El diario informa que James Watt, exembajador británico en Líbano y Egipto, es uno de sus asesores de Corinna en este caso. Según dice Watt al periódico: «Durante ocho años se ha llevado a cabo una campaña extraordinaria de linchamiento mediático y presión psicológica, que fue montada y ha sido impulsada con persistencia obsesiva. Debe de haber supuesto un importante compromiso de recursos por parte de los servicios secretos españoles».

Daily Mail informa de una declaración jurada, que formará parte de las pruebas ante el Tribunal Superior de Justicia, en la cual José Villarejo, excomisario de la policía nacional española, dice: «Solo puedo decir que hay alrededor de 120 agentes a cargo de acciones referidas a los llamados incidentes con la monarquía. Corinna estaba totalmente controlada, totalmente controlada por un equipo del CNI».

El diario señala que «el equipo legal de Corinna ha escrito al MI-5 y al MI6 [servicios de inteligencia interior y exterior del Reino Unido]. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Palacio de Buckingham también han sido informados. Hasta ahora ni la embajada española en Londres ni la familia real en Madrid han mantenido contacto con ella o su equipo legal. Pero es probable que los españoles nieguen sus reclamos y monten una defensa legal vigorosa».

El diario cita a Robin Rathmell, asesor legal de Kobre & Kim, quien advierte de que «el caso es de suma importancia».

El hecho de que personas de un servicio de inteligencia extranjero volaran a Londres sin previo aviso para amenazar a un ciudadano privado en su habitación de hotel es sorprendente y exige una investigación seria. Todos los intentos razonables para resolver la situación fuera de la corte han fallado. Nuestro cliente no tiene más remedio que seguir un camino legal formal. Este caso expondrá un abuso de poder extraordinario en múltiples jurisdicciones.

Pero los disparos no vendrán solo de Londres.

El martes 3 de marzo de 2020, por la tarde, la Casa de Su Majestad el Rey recibe la llamada telefónica de un diario suizo interesado en conocer la reacción del portavoz de la Casa del Rey sobre una noticia-bomba que aún no había estallado en público, más allá de las afirmaciones de Corinna en los audios de Villarejo.

Se trata de la transferencia de los 100 millones de dólares del ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a una cuenta bancaria de la Fundación Lucum, de la cual era beneficiario el rey Juan Carlos I, el 8 de agosto de 2008. Por primera vez se habla de la Fundación Lucum y de los 100 millones de dólares de manera creíble.

No comment, es la respuesta de la Casa de Su Majestad el Rey.

En su edición digital, La Tribune de Genève publica esa noche un reportaje de dos páginas, que se ofrece en su edición de papel del miércoles 4. Arranca en portada con una fotografía de Juan Carlos I a cuatro columnas:

Juan Carlos escondía 100 millones en Ginebra

El sumario resume:

«Revelaciones: El ex Rey de España ha colocado el dinero en un banco privado. La justicia ha abierto una investigación».

El diario ginebrino informa de que el primer fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, había abierto diligencias en julio de 2018 sobre una operación que se presenta como un «regalo» del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia Saudí a Juan Carlos I. El regalo son los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros).

El fiscal investiga la posible relación del pago con el contrato obtenido por empresas españolas en 2011 para construir el tren de alta velocidad Medina-La Meca.

El diario suizo señala que existen otras transferencias. Por ejemplo, un millón de euros. Van a parar «a una residente de Ginebra que también habría sido una de sus antiguas amantes», sin mencionar el nombre. Se trata de Marta Gayá Hernández, que había abierto una cuenta en el banco Mirabaud en 2011.

Y no será la traca final.

La noche del 14 de marzo de 2020, poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie que el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración del estado de alarma —anticipado el día anterior—, The Sunday Telegraph informa, siempre desde Madrid, que Felipe VI es el segundo beneficiario de la Fundación Lucum, en la que Juan Carlos I es el primer beneficiario, a la que se transfirieron 100 millones de dólares en 2008. Es un disparo calculado.

Y no es todo.

Además, señala el diario, Felipe VI figura como cuarto beneficiario en la Fundación Zagatka, de la cual Juan Carlos I es el tercer beneficiario. «En un documento de 2006 de los estatutos de Zagatka también aparece el nombre del Rey español Felipe, esta vez como cuarto beneficiario detrás del señor d’Orleans-Borbón, su hijo y el entonces rey Juan Carlos I. Las revelaciones constituyen la primera vez que el rey Felipe ha sido vinculado directamente a la supuesta fortuna exterior de Juan Carlos. Las revelaciones amenazan con desgastar la imagen del rey Felipe seis años después de que se hiciera cargo del papel de su padre, prometiendo una ruptura con su padre afectado por escándalo», señala el diario conservador británico. «El rey Felipe tendrá que explicar el alcance de su riqueza e intereses personales, incluido el dinero que le pertenece, depositado en cuentas bancarias en el extranjero».

Hay que recordar que el mismo periódico había informado el 15 de febrero de 2020 sobre la Fundación Zagatka, sin mencionar que Felipe VI era el cuarto beneficiario.

Ahora, declarado el estado de alarma por la pandemia, es la hora de romper el silencio de los annus horibilis, casi dos últimos annus horribilis. Con la pandemia de coronavirus, los acontecimientos en curso son «la» oportunidad que encuentra el Palacio de la Zarzuela para salir de la pasividad pública y la larga espera en el affaire Corinna.

Felipe VI ha tenido, como mínimo, desde el 5 de marzo de 2019 para preparar el escenario, sin contar con las informaciones sobre la investigación en Suiza que le ha ido transmitiendo Canonica a Juan Carlos I —«tengo contactos telefónicos breves», confesó el abogado en junio de 2019 al fiscal Bertossa— y el coronavirus puede muy bien ser el cordón sanitario del corinnavirus. Felipe VI utiliza como pretexto las informaciones periodísticas, pero conoce desde hace dos años los términos de la investigación judicial.

La tarde del domingo 15, a la vista de la repercusión en España de las noticias publicadas en La Tribune de Genève el 4 de marzo y The Sunday Telegraph la noche del 14 de marzo —en realidad se trata de un pretexto—, Felipe VI decide difundir un comunicado.

He aquí el texto:

Palacio de la Zarzuela, 15 de marzo de 2020

Ante las informaciones referidas a S. M. el Rey Don Juan Carlos, aparecidas hasta la fecha en distintos medios de comunicación, la Casa de S. M. el Rey quiere hacer constar:

1. Que en su discurso de proclamación ante las Cortes Genera- les el 19 de junio de 2014 S. m. el Rey dijo lo siguiente:

«La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos».

2. Que en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S.M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S. M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona.

3. S. M. el Rey Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S. M. el Rey. [194.232 euros durante 2018].

4. En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy sobre la entidad denominada Fundación Zagatka, Su Majestad el Rey desconoce por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de dicha Fundación. En todo caso, de ser cierta su designación como beneficiario de la citada Fundación, resultaría de aplicación el apartado 2 de este comunicado.

5. En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy sobre la entidad denominada Fundación Lucum, se hace constar lo siguiente:

5.1. Mediante carta de fecha 5 de marzo de 2019, dirigida a la Casa de S. M. el Rey por el despacho de Abogados Kobre & Kim (U. K.), Su Majestad el Rey tuvo conocimiento —sin ninguna justificación documental— de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

5.2. Ante esa información, Su Majestad el Rey adoptó preventivamente las siguientes decisiones:

Primera. Trasladar copia de dicha carta a S. M. el Rey Don Juan Carlos, así como a las autoridades competentes.

Segunda. Que la Casa de S. M. el Rey comunicase al citado despacho de abogados [Kobre & Kim, Londres] que ni Su Majestad ni Su Casa tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba —por lo que carecía de toda justificación lícita su involucración en los mismos—, ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna con el citado despacho de abogados sobre los hechos descritos.

Dicha comunicación se llevó a cabo mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2019.

Tercera. Comparecer ante Notario, el 12 de abril de 2019, para manifestar que ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum.

Cuarta. Asimismo, y en el mismo acto notarial, y además de lo anterior, manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada. Y en la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario en relación con cualesquiera activos inversiones o estructuras, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro.

6. S. M. el Rey Don Juan Carlos ha pedido a la Casa de S.M. el Rey que se hagan públicos los siguientes extremos:

6.1. Que de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S. M. el Rey.

6.2. Que ha designado para su representación al abogado Don Javier Sánchez-Junco Mans, que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes.

6.3. Que, tras su abdicación en junio de 2014, el 27 de mayo de 2019 anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública.

Felipe VI declara así que renuncia a la herencia antes del fallecimiento de su padre, con anterioridad a que se conozca su testamento, algo inverosímil jurídicamente hablando, pero aparentemente «potente» para titulares en medios de comunicación, después de las malas noticias procedentes del exterior.

Pero esta renuncia a los fondos de la Fundación Lucum carece de eficacia porque su propio padre, el entonces rey Juan Carlos I, le excluyó de la herencia.

Es decir: fue Juan Carlos I, quien al cerrar la cuenta de la fundación firmó en junio de 2012 el «contrato de donación» por el cual el artículo 2 punto b) establecía la «dispensa de relación con la herencia del donante», que según hemos visto, colocaba fuera de la herencia de Juan Carlos I a Felipe y sus hermanas. Por eso, tanto el fiscal Bertossa como el abogado de Juan Carlos I, Dante Canonica, hablaron de que el Rey había «desheredado» al entonces príncipe Felipe.

Canonica, que no quiso pasar a la historia como el abogado firmante, en calidad de miembro del consejo de Lucum, de la orden de «desheredar» a Felipe, otorgó un poder individual de la fundación a Juan Carlos I para que asumiera la instrucción, como finalmente hizo en el palacio de la Zarzuela, en Madrid.

Felipe VI afirma que al conocer la existencia de la Fundación Lucum, según dice, en marzo de 2019, la primera decisión que adopta es trasladar copia de la carta de los abogados de Corinna a Juan Carlos I «así como a las autoridades competentes».

Se refiere, desde luego, al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque el término de autoridades competentes podría llevar a pensar en la justicia. Pero, claro, no es el caso.

El jefe de la Casa de su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín, se pone en contacto, en aquellos días de marzo de 2009, con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Pero lo que no aclara Felpe VI es en qué fecha tuvo lugar esa información y de qué puso al corriente al Gobierno.

¿Informó Felipe VI antes al Gobierno, a través de Jaime Alfonsín, de que su padre Juan Carlos I viajaría a Londres para celebrar un encuentro con Corinna el 16 de marzo de 2019?

¿Informó Felipe VI del resultado de ese encuentro al Gobierno tras el regreso de Juan Carlos I de Londres?

¿Consultó Felipe VI con el Gobierno si debía, a continuación, hacer una declaración pública aclarando la situación?

¿Fueron Felipe VI y el Gobierno responsables de mantener el silencio hasta la declaración del estado de alarma del 14 de marzo de 2020?

Y, finalmente, la decisión de hacer el anuncio de la presunta «renuncia» a la herencia y la cancelación de la remuneración del rey emérito, ¿fue acordada entre Felipe VI y el Gobierno?

El comunicado de Felipe VI también aflora una relación ya existente: el Rey emérito ha contratado al abogado Javier Sánchez-Junco, exfiscal de la Fiscalía Anticorrupción para llevar el asunto.

Juan Carlos I, que abdicó en junio de 2014, está aforado ante el Supremo tras reformarse durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en julio de 2014, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que confiere al Tribunal Supremo la potestad de juzgar todas las acciones civiles y penales dirigidas contra Felipe VI, su esposa, la infanta Leonor y los Reyes eméritos.

Unos días después de la «abdicación a la herencia» por parte de Felipe VI, Corinna no baja la guardia. La examante de Juan Carlos I encargó al abogado Eric Moutet, con despacho en Aix en Provence, en el sur de Francia, que atendiera las preguntas del diario Le Monde:

No fui yo quien solicité la generosa donación que me hizo el Rey de España en 2012 y que es objeto de un contrato de donación irrevocable —explicó Corinna a través de Moutet—. No tenía ninguna razón para dudar de la sinceridad de las intenciones de Juan Carlos I. Pero dos años después [2014] tuve que organizar una reunión con él para que un abogado le explicara que los fondos que me había dado no podían usarse para financiar sus gastos, porque eso inevitablemente generaría sospechas de lavado de dinero. Le tocará a Juan Carlos explicar ante los tribunales ingleses su comportamiento después de esa reunión.

Según el diario francés, Corinna «dice estar lista para lanzar una acción contra el ex Rey de España en el Reino Unido por las presiones de que afirma ser víctima». Y a través de su abogado Moutet enfatiza: «He sido amenazada de muerte, soy objeto de vigilancia constante. Han intentado separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones, especialmente las profesionales; han entrado varias veces en mi casa y han difundido cientos de artículos que contienen mentiras y calumnias contra mí».

El diario apunta: «Es un eufemismo decir que la relación entre el exmonarca y su amiga se ha envenenado de 2012 a 2015…». Según asegura Moutet, «ella también niega haber servido como testaferro y si algunos han intentado manipularla, fracasaron. Ella se negó a ser instrumentalizada y a servir de chivo expiatorio para cubrir las acciones de ciertas personalidades poderosas en España».

En la práctica, Corinna ha dispuesto del dinero sin complejos. El «contrato de donación» habla de 64,8 millones de euros a disponer de la cuenta de la Fundación Lucum.

Corinna, por su parte, había utilizado 4.340.055 euros para renovar su apartamento londinense de Eaton Square, y adquirió, en 2015, una mansión de 6,4 millones de euros con un préstamo; a finales de 2016 y en 2017 envió 39 millones de euros a una cuenta personal en el Fieldpoint Private Bank de Estados Unidos.

Una parte de los fondos se invierten en la compra y reforma de dos apartamentos en la exclusiva estación de esquí Villars-sur-Ollon, en Suiza, y en adquirir una mansión de 5 millones de libras (5,4 millones de euros) en el norte de Londres.

Asimismo, la sociedad Mountain Lion Inc., en la que Corinna aparece como beneficiaria, adquiere la titularidad de un terreno en Marrakech «de parte del Rey de Marruecos» por valor de 1.712.865 euros.

Las investigaciones en Suiza sobre las presuntas comisiones pagadas en el AVE Medina-La Meca, la llamada «Fase II Ave del Desierto», adjudicado por los saudíes en 2011 a empresas españolas por valor de alrededor de 6.736 millones de euros, siguen abiertas.

La Fiscalía Anticorrupción ha cedido, días antes de recibir la respuesta a su comisión rogatoria del 12 de febrero de 2020, la investigación al Tribunal Supremo.

Uno de los dos fiscales jefes de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, al frente de un equipo de otros tres fiscales se ha hecho cargo de las diligencias de investigación.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado del 8 de junio de 2020, dichas diligencias se asumen en el Tribunal Supremo porque una de las personas posiblemente implicadas en aquella operación, fechada después de junio de 2014, es Juan Carlos I, ya Rey emérito tras su abdicación el día 2 de ese mes.

La investigación «se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado».

El comunicado insinúa las próximas diligencias en relación con Juan Carlos I. Señala: «Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey emérito, quien —como es sabido— se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo».

La Fiscalía General del Estado señala que la fiscal general, Dolores Delgado, firmó un decreto el 5 de junio de 2020 en el que designa para esta investigación al fiscal de sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos «quien al conocimiento exhaustivo de lo que se denomina Derecho Penal Económico suma su dilatada experiencia como fiscal jefe de las dos salas penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo».

Y añade que «dada la trascendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable y complejidad técnica de estas diligencias de investigación».

Esta decisión indica que la Fiscalía Anticorrupción ha considerado innecesario esperar a recibir los datos de la comisión rogatoria solicitada a Suiza. Es decir, con las informaciones ya conocidas, la Fiscalía Anticorrupción sabía que hay quien era objeto de la investigación era el hoy Rey emérito en España.

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, recibió la respuesta a su comisión rogatoria en la primera semana de julio de 2020 y transmitió enseguida las declaraciones (Corinna, Dante Canonica, Arturo Fasana, Luc Thévenoz, Álvaro de Orleans, y Nicolas Gonet) y los movimientos de la cuenta de Lucum 505523 en el banco Mirabaud.

Los documentos que han llegado son muy reveladores sobre cómo se gestaron las cuentas suizas de Juan Carlos I cuando era rey en ejercicio de España.

Pero faltan los datos de la comisión rogatoria referida a la Fundación Zagatka, con su cuenta 0251-798208-9 en el Credit Suisse.

Y esta cuenta es el eslabón más débil en términos penales de toda la cadena que ha anudado Juan Carlos I.

Porque muchos de los movimientos de dinero realizados contra esa cuenta —gastos de viaje, contratación de aviones y otros— son más recientes y, por consiguiente, no han prescrito.

Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apunta:

Si se admite la tesis extendida de que el Rey en ejercicio era inviolable frente a hechos anteriores a 2014, entendemos que a partir de 2014 la investigación de un presunto delito fiscal correspondería, por ser aforado, al Tribunal Supremo. Y por tanto sería responsable, por ejemplo, de un eventual blanqueo de dinero que se podría deducir de esa investigación. El Rey es un ciudadano más y ya a partir de 2014 sin ninguna duda. Si optamos por la idea de que la inviolabilidad no le cubriría ni durante su mandato, nos iríamos al ejercicio 2012 [antes de cumplirse los cinco años de haber recibido en Suiza los 100 millones de dólares].

Porque los reyes tributan. Y por eso Juan Carlos I tenía obligación de declarar los bienes que posee en el extranjero a partir del 1 de enero de 2013. Eso sería una obligación. Otra cosa es si luego se discute que hasta 2014 no hubiera presentado esa declaración de bienes en el extranjero careciera de consecuencias. Esto se puede discutir. Pero desde el 2014 está claro que sí las tendría. No se trata de que los hechos se hayan producido antes de 2014 en determinados movimientos. Se trata de que esos hechos, con la regulación de declaración de bienes en el extranjero se producen con posterioridad, en cualquier momento, cuando no se presenta esa declaración de bienes. Y para aclarar la situación, estamos pidiendo transparencia a la Casa del Rey como a la familia del Rey una definición en cuanto a los bienes en el extranjero.

Las noticias seguirían fluyendo. El Sunday Telegraph informaba el 21 de junio de 2020 de que Josep Cusí, amigo y colega de regatas del rey Juan Carlos I, había pagado 269.000 de los 467.500 dólares que costó el viaje de luna de miel de Felipe y Letizia después de su boda, en 2004, un periplo por Aqaba (Jordania), Camboya, las Islas Fiji, Samoa y California y México. Según la información, para proteger su anonimato la pareja se registraba en hoteles de lujo como «señor y señora Smith». Las cinco noches en el Wakaya Resort de Fiji costaron, según el diario, 33.000 dólares. El entonces príncipe de Asturias firmó una nota de agradecimiento en la que decía:

¡Qué paraíso tan maravilloso y lejano! Pasamos un tiempo espléndido aquí, lejos de la realidad ocupada y tan bien tratado por su personal siempre sonriente... ¡Una parte muy especial de nuestra luna de miel! Nuestros mejores deseos para todos en Wakaya.

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado, tras conocer, el 8 de junio, la decisión de la Fiscalía General del Estado de acceder a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y atribuir la causa de las presuntas comisiones de Juan Carlos I en la adjudicación del contrato del AVE medina-La meca a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el Gobierno ha metido sus «sucias manos» en todas las instituciones democráticas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —señaló el portavoz de Vox—, ya dijo que la Fiscalía dependía del Ejecutivo. Cualquier decisión de esas instituciones democráticas pasa a estar ensuciada por esas palabras de Sánchez.

Ha recalcado que la Fiscalía debería depender exclusivamente de la ley, la Constitución y la persecución de los delitos y «no de las instituciones políticas del Gobierno».

Ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha planteado la necesidad de revisar lo que se podría llamar la inviolabilidad absoluta o la inmunidad absoluta del rey, y por tanto, del Rey emérito:

Estamos siendo testigos de informaciones que son perturbadoras para millones de españoles, yo incluido. Una democracia sana tiene unos medios de comunicación que no miran para otro lado. En este caso no lo están haciendo. Se están haciendo eco. En segundo lugar, hay un Poder Judicial que está actuando. En España, también. Y, en tercer lugar, hay una Casa del Rey que claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables. Estos tres elementos nos hacen reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad. Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades. Hemos propuesto, ya hace tiempo precisamente, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado.

En realidad, limitar la inmunidad absoluta es cumplir estrictamente, al pie de la letra, el espíritu de la Constitución. Porque el artículo 56.3 plantea:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo…

En el debate sobre la inmunidad de jefes de Estado en ejercicio y exjefes de Estado, a propósito de la extradición del exdictador de Chile Augusto Pinochet, el comité judicial de la Cámara de los Lores del Reino Unido, en funciones de Tribunal Supremo, analizó, en octubre de 1998, las consecuencias del concepto de inmunidad absoluta y resolvió que la tortura —acusación contra Pinochet— no podía ser considerada entre las funciones oficiales de un jefe de Estado o exjefe de Estado.

«Es inconcebible —explicó lord Donald Nicholls, miembro del comité, en su fallo— que la tortura de los propios súbditos y de ciudadanos extranjeros pueda ser interpretada por el derecho internacional como la función normal de un jefe de Estado».

Y no lo es menos que en un Estado de Derecho, la corrupción y la evasión fiscal pueden estar protegidas como si fuesen un acto oficial y público, como si se tratase, parafraseando a lord Nicholls, de la función normal de un jefe de Estado o un exjefe de Estado.

En su primera declaración ante el fiscal Bertossa, el abogado Dante Canonica, explicó el 24 de agosto de 2018 que el cierre de la cuenta de la Fundación Lucum en el banco Mirabaud se debió a que el Rey «no se sentía cómodo con una cuenta en un banco suizo. Además, en la medida en que se estaba discutiendo el intercambio automático de información [entre países de la OCDE] e iba a tener lugar a medio plazo, la presencia de esta cuenta en Ginebra era una bomba de relojería».

Esa «bomba de relojería», de la cual Juan Carlos I parecía ser, hasta cierto punto, consciente en junio de 2012, podía suponer, de estallar, es decir, si las cuentas suizas trascendían al público mientras él era Rey en ejercicio, un serio riesgo no solo para su reinado, sino para la continuidad misma de la monarquía.

Por tanto, a los problemas del affaire Nóos y su aventura con Corinna había que añadir sus negocios en Suiza para entender la decisión de abdicar que adoptó en los primeros meses de 2014 y que anunció el 2 de junio de aquel año.

Por tanto, Juan Carlos I, en una de las operaciones estratégicas más inteligentes y poco frecuentes en la política española, adopta, en los primeros meses de 2014 la decisión de abdicar.

Juan Carlos I comprendió que debía aplicar el pragmatismo oportunista de Tancredi Falconeri, miembro de las tropas del ejército republicano de Giuseppe Garibaldi en la Italia de 1860, cuando explica a su temeroso tío Frabrizio Corbera, príncipe Salina, en la novela Il Gattopardo de Lampedusa:

Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.

Pero le da la vuelta

Si queremos que todo siga igual, es necesario cambiar algo.

Se hace, pues, el harakiri como monarca para salvar a la institución.

Lo que en adelante vaya a ocurrir le afectará solo a él y a nadie más que a él.

La decisión de encargar en el mes de junio la investigación sobre Juan Carlos I a la Fiscalía del Tribunal Supremo adoptada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no sería pacífica.

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, no acogió dicha iniciativa con buena disposición. Más bien lo contrario. La procesión fue por dentro. Pero en este estado judicial o penal que vive España siempre hay mecanismos para «afinar» aquello que chirría.

El juez Manuel García-Castellón, atento a lo que se cocinaba en el Supremo, decidió el 27 de julio de 2020 reabrir la llamada pieza Carol sobre las conversaciones entre Corinna, Villarejo y Villalonga, en una resolución que revelaba, un año y medio después, aquello que el juez Diego de Egea había omitido en su auto de archivo de dicha pieza del 7 de septiembre de 2018.

A saber: que en un «informe del 5 de septiembre de 2018 de la Agencia Tributaria se señala que el Rey Emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720). Tampoco hay constancia que el Rey emérito poseyera cuentas corrientes en el extranjero».

García-Castellón no ocultaba su malestar por lo que consideraba el robo de la causa, en la que aparecían indicios sobre el rey Juan Carlos I susceptibles de investigar antes de enviarla a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Pero el juez no embestía frontalmente contra la Fiscalía del Supremo.

Se limitaba a reabrir la causa a través de una puerta lateral: un presunto encargo de Corinna a Villarejo para investigar a su empleada doméstica, la española Noelia Muñoz, a raíz de comentarios sobre una supuesta deslealtad de ella en las conversaciones grabadas.

Era un ardid. No existía ningún encargo, pero el juez usó esta percha para citar a declarar a Corinna como imputada, junto con Villalonga, Villarejo, y el socio de éste, Rafael Redondo. Durante la declaración de Corinna seguramente ya saldrían los negocios de Juan Carlos I.

Corinna fue citada a declarar el 8 de septiembre de 2020. Esa era, mira por dónde, la fecha en que el rey Felipe VI debía, en principio, acudir al Tribunal Supremo en el acto tradicional de inauguración del año judicial. Una coincidencia muy sugerente. Aunque Corinna declararía en la Audiencia Nacional ante el juez —seguramente por videoconferencia— el hecho era que tanto la examante de su padre como el Rey de España serían protagonistas durante la misma jornada.

La Casa de Su Majestad el Rey, finalmente, comunicó el miércoles 29 de julio al presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que el acto sería el 7 de septiembre.

El viernes 31 de julio, por fin, quedaba en evidencia el alcance de la «reapertura» de la causa resuelta por el juez García-Castellón el lunes 27. Fuentes de la Sala Segunda del Supremo filtraban el día anterior que la investigación sobre los indicios de las actividades de Juan Carlos I en el exterior debía seguirla el juez de la Audiencia Nacional para decidir en su momento si elevaba una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de la causa del Rey Emérito. En fin, arte de titiriteros en la «España penal».

En la tarde del 3 de agosto de 2020, la Zarzuela anunciaba que Juan Carlos I trasladaba su residencia fuera de España. Su hijo, Felipe VI, le expresaba su agradecimiento.

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AZNAR EN MARBELLA: EL DECLIVE NEOLIBERAL

Confinado en su chalé de Guadalmina desde el jueves 12 de marzo, 48 horas antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, José María Aznar interviene desde Marbella en la política española a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), y mantiene contactos con las empresas en las que es consejero. Aznar sigue los editoriales y artículos de varios periódicos extranjeros. Está escandalizado. Acaba de leer en el Financial Times, la «biblia» de las grandes corporaciones y los mercados financieros, que es necesario cambiar radicalmente las prioridades de la política económica de las últimas cuatro décadas, considerar los servicios públicos como inversiones, dar seguridad a los mercados del trabajo y resucitar la redistribución de ingresos. Redistribuir. Estudiar una renta mínima y el impuesto a la riqueza. Si el Financial Times y The Wall Street Journal, el otro periódico influyente, fuesen el equivalente del Barça y el Real Madrid en la política mundial, Aznar, ya se sabe, es del Real Madrid. Pero es que, además, el expresidente de Gobierno es consejero de News International, el grupo del magnate de la comunicación Rupert Murdoch, propietario del Wall Street Journal, un periódico que no se permitiría nunca los flirteos izquierdosos del Financial Times.

Hay que salir al paso de la marea que sube.

Desde Marbella, Aznar toma contacto con su equipo en Madrid. Realizan un brain storming. FAES actúa como un periódico. Vincularán la amenaza del «marxismo» y el «estatismo» con el estado de alarma, bajo el cual se han suspendido hace una semana, el 29 de marzo, las actividades no esenciales. El Gobierno de Pedro Sánchez someterá al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma el 9 de abril.

En una nota del 7 de abril, la fundación alerta contra las corrientes políticas que buscan una sociedad con signos marxistas.

«Esta reflexión tiene la finalidad de advertir de la existencia de corrientes políticas que pretenden configurar esa sociedad futura desde una perspectiva marxista, como si el marxismo no hubiese sido derrotado con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética no se hubiera desintegrado», alerta FAES a través de un análisis que firma Fernando Díez Moreno, patrono de la fundación.

Propugnarán un Estado benefactor, que todo lo puede, todo lo ordena y de todo dispone. El Estado sustituirá a la sociedad civil y acaparará no solo el poder político, sino los recursos económicos y los medios de comunicación, y, celoso de nuestra libertad, no nos dejará dar un paso sin que él lo permita, siempre para nuestra mejor protección.

Aznar, pues, resucita 1984, de George Orwell, sin decirlo. Recrea a un Big Brother bifronte representado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, reencarnación del Frente Popular de 1936. En opinión de Aznar, nos encontramos no en un «estado de alarma», sino en un «estado de guerra».

Una guerra «biológica».

Su idea es que Sánchez e Iglesias intentan implantar una sociedad orwelliana donde el Estado se queda con todo. Aznar pasa de las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein de 2004, con las cuales pretendió justificar su entrada en la historia —«Estamos cambiando la política española de los últimos 200 años», le dijo a George W. Bush el 22 de febrero de 2003, dos semanas antes de la invasión de Irak—, a la denuncia de que el Gobierno pretende controlar los medios de comunicación masiva.

Este estado de alarma-guerra biológica no es una ocurrencia. Es la línea estratégica que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asume al denunciar que Sánchez e Iglesias pretenden construir un Estado totalitario con el pretexto del coronavirus.

Y ¿por qué razón han entrado en esta dinámica Aznar y Casado?

Porque la reacción ante la pandemia, la destrucción masiva de vidas humanas, les ha dejado sin mantras.

En otros términos, no se trata de cambiar las reglas del juego, sino de volver a la normalidad previa al coronavirus, esa a la que Aznar y Casado siguen aferrándose como a un clavo ardiendo, con fe religiosa.

Cuando Aznar ve lo que pasa con Trump en Estados Unidos, que obliga a General Motors y a Ford a fabricar respiradores contra su voluntad —una medida de planificación central «socialista»—, advierte de que el mundo seguro al que estaba acostumbrado comienza a resquebrajarse. Ahora, pues, se inventa que la democracia está en peligro.

¿A qué viene la referencia a la URSS y a la caída del muro de Berlín?

Es un McGuffin hitchcockiano para entretener a su parroquia.

Vade retro, viene a decir Aznar.

La orientación contra el estado de alarma ya es oficial, pero el giro será gradual. El Partido Popular ha apoyado el decreto y su primera prórroga. Y, finalmente, el 9 de abril, ante la gravedad de la crisis sanitaria y lo incomprensible que sería votar en contra o abstenerse en el pico del coronavirus, Casado vuelve a respaldar la prórroga.

El líder del PP se prepara para votar en contra cuando llegue la cuarta prórroga del estado de alarma que propondrá el Gobierno el 6 de mayo. Será un simulacro de moción de censura virtual. Pablo Casado ve sendas amenazas del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), otrora aliados de Pedro Sánchez, y saborea un primer ensayo de moción de censura en el tortuoso y largo camino que se ha trazado para llegar a La Moncloa a horcajadas del coronavirus.

El lehendakari Iñigo Urkullu quiere convocar elecciones autonómicas en el mes de julio. En su decreto de suspensión de los comicios autonómicos del 5 de abril pasado, Urkullu no menciona como obstáculo el estado de alarma.

Todo el peso de la decisión está puesto, según el decreto de 17 de marzo de 2020, sobre el estado de emergencia sanitaria. Y señala:

La situación de emergencia sanitaria actualmente existente resulta un elemento imprevisible e inevitable que impide la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco el día 5 de abril de 2020, por resultar materialmente imposible en estas condiciones, desde la perspectiva de salud pública, poder garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas y el libre y normal ejercicio del derecho de sufragio.

No es esa la situación en Galicia. El decreto firmado por Alberto Núñez Feijóo el 17 de marzo gira esencialmente sobre el estado de alarma. Y es taxativo:

Una interpretación sistemática, finalista, integradora y con dimensión constitucional del marco normativo derivado de la declaración del estado de alarma impone, en aras de la efectividad del derecho de sufragio y de su ejercicio con las debidas garantías, dejar sin efecto la celebración de las elecciones convocadas por el Decreto 12/2020, de 10 de febrero, y proceder a efectuar una nueva convocatoria en el plazo más breve posible una vez levantada la declaración del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria.

Mientras Urkullu ha sido muy previsor y, por tanto, su resolución del 18 de marzo no es obstáculo para convocar elecciones, Núñez Feijóo está enfundado en la camisa de fuerza del estado de alarma.

En la videoconferencia de presidentes autonómicos del domingo 3 de mayo, ambos plantearon al presidente del Gobierno que no era necesario prorrogar por cuarta vez el estado de alarma. Para nada se habló de elecciones. Ambos estimaron, en tono cordial, sin crispación, que se podía continuar la actividad contra la pandemia mediante la aplicación de la Ley Orgánica de Salud Pública del 29 de abril de 1986.

Esa ley de cuatro artículos establece, en su número dos, que «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».

Y, según el artículo tercero, «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Esta idea de Urkullu y Feijóo fue rebatida por Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura y secretario general del PSOE de esa región:

La Ley de Salud Pública permite confinar a la gente en casa por una epidemia de tuberculosis. Pero con esa ley no es posible meter a un país en casa. Si no se prorroga el estado de alarma, se cae la arquitectura que nos está permitiendo tomar decisiones a través de órdenes ministeriales. Con la Ley de Salud Pública se necesitaría aprobar decretos que la desarrollen. Estamos metiendo a 47 millones en una norma. Eso es complicado, pero no hay otra solución.

Fernández Vara subrayó, además, el aspecto central de la acción gubernamental:

Es esta arquitectura la que contempla las medidas de protección social como los ERTE o los subsidios a los parados actualmente en aplicación.

También el president de Cataluña, Quim Torra, solicitó, sin aspavientos, con una intervención breve, la devolución de las competencias y advirtió de que había escrito a Pedro Sánchez una carta el miércoles 29 de abril, de la que no había obtenido respuesta, manifestándose contrario al estado de alarma. Sánchez dijo que ya esperaba el voto contrario de su partido.

El estado de alarma, pues, es la diana. Y lo es porque plantea la posibilidad de desgastar al Gobierno a través de una moción de censura virtual, simbólica, contra Pedro Sánchez.

Y en el tablero de ajedrez van alineándose las piezas de la Operación Coronavirus.

Casado pierde, finalmente, su órdago político contra la cuarta prórroga del estado de alarma durante la jornada del martes. Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, respectivamente, han cortocircuitado el alcance de la apuesta, al sugerir la «concesión» de quince días más al Gobierno.

Por su parte, Pedro Sánchez, tras mantener una conversación telefónica con Casado el lunes 4 de mayo, decidió dar a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, el protagonismo, situándola bajo los focos con un pacto bilateral, al tiempo que negociaba el respaldo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y dio por consumado el anunciado voto negativo de Esquerra Republicana de Cataluña.

Así, Casado entró al Hemiciclo el 6 de mayo con la pólvora mojada.

El PP compitió con Vox por la derecha y solo le quedaba la abstención, un desenlace incoherente con la agresividad de su discurso.

7
EL 8-M: LA JUEZ SE VA DE PESCA

Escribe Balzac en Esplendor y miseria de las cortesanas (1847):

Ningún poder humano, ni el Rey, el ministro de Justicia, ni el primer ministro pueden invadir el poder de un juez de instrucción, nada lo detiene, nada lo ordena. Es un sujeto soberano solo para su conciencia y la ley. En un momento en que filósofos, filántropos y publicistas están ocupados incesantemente con la disminución de todos los poderes sociales, el derecho conferido por nuestras leyes a los jueces de instrucción se ha convertido en objeto de ataques tanto más terribles como casi justificados por este derecho, que, digamos, es exorbitante.

Esa figura del juez de instrucción o juez investigador surge del artículo 55 de la ley del 17 de noviembre de 1808 del Código de Procedimiento Penal francés. Y se atribuye a Napoleón Bonaparte aquella famosa frase, sobre la cual se carece de constancia documental: «El juez de instrucción es el hombre más poderoso de Francia».

España es ya desde hace tiempo un estado judicial o quizá, más bien, se podría decir penal, en el sentido criminal. La política, más que judicializada, se encuentra criminalizada. La perversión de ciertas figuras progresivas, originales y exclusivas del ordenamiento jurídico español, como la acción popular, ha sido el cauce para la criminalización, la identificación de política y delito.

Si se une la idea de Bonaparte sobre los jueces de instrucción con el estado de criminalización en España y con los avances de la mujer en la sociedad, ahora mismo la pregunta sería: ¿es la juez de instrucción Carmen Rodríguez-Medel la mujer más poderosa de España?

Rodríguez-Medel (48 años) es hija de José Rodríguez-Medel Carmona, quien se jubiló en 1985 como general de brigada de la Guardia Civil, jefe de la 5ª Zona. Su hermano, Ramón Rodríguez-Medel Carmona, falleció en 1983, cuando era coronel de la Guardia Civil al mando de la Agrupación de Tráfico, en el umbral de su ascenso a general de brigada, y otro hermano, el coronel Antonio Rodríguez-Medel, es jefe de la Comandancia de Málaga.

Y por último, pero no por ello irrelevante, su abuelo paterno fue el comandante de la Guardia Civil José Rodríguez-Medel Briones, enviado por el presidente Manuel Azaña para hacerse cargo de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra, un mes antes del levantamiento militar contra la República. Rodríguez-Medel es asesinado de un disparo en la espalda por uno de sus subordinados, al parecer su propio chófer, en la tarde del 18 de julio de 1936, después de rechazar la oferta de negociación del general Emilio Mola y ser amenazado por este con sufrir las consecuencias de su lealtad al Gobierno constitucional de la República. Rodríguez-Medel pasa por ser el primer oficial que muere en la Guerra Civil, no tanto por su ideología, sino por cumplir la ley, asunto que ha sido abordado en un documental producido por ETB con el título Rodríguez-Medel, el primero de la lista.

Carmen Rodríguez-Medel dio el salto en 2012, tras cuatro años como titular del juzgado de instrucción número 3 de Fuenlabrada —que se sumaban a otros 13 años en diferentes juzgados—, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el último año de la presidencia del magistrado Gonzalo Moliner. Dos años antes se había presentado para ocupar la plaza del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al ser inhabilitado el juez Baltasar Garzón, pero el CGPJ optó por Pablo Ruz.

En el Consejo General del Poder Judicial, con dominio del inglés y otros idiomas, actuó como letrada de Servicios Internacionales en los asuntos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Red Judicial Europea (RJE), red de puntos de contacto nacionales para facilitar la cooperación judicial en materia penal.

En esta actividad mantuvo una estrecha relación de colaboración con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que se incorporó al nuevo CGPJ como vocal a propuesta del Partido Popular en 2013. El magistrado, que había participado por su función jurisdiccional en la Red Judicial Europea, ya en el Consejo Superior del Poder Judicial se ocuparía de las relaciones internacionales.

Desde el Consejo General del Poder Judicial, Rodríguez-Medel recala más tarde, entre 2017 y 2018, en la Secretaría de Estado de Justicia como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. El ministro de Justicia es Rafael Catalá.

Nada más regresar al juzgado de instrucción número 51, le cae la investigación del máster de Pablo Casado. La instruye en tiempo récord y eleva a primeros de agosto de 2018 una exposición razonada al Tribunal Supremo para que siga la investigación del diputado por delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación con el máster obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos. El Supremo la rechaza a finales de septiembre por falta de «indicios consistentes».

Han pasado cinco días desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. El jueves 19, el abogado Víctor Valladares, que tiene a su padre con coronavirus en un hospital gallego y que presenta la denuncia como particular porque no ejerce como abogado, y con un buen historial delictivo personal, se presenta en el Tribunal Supremo con una denuncia penal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados del Gobierno de 17 Comunidades Autónomas, por las manifestaciones del Día de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo. Pero hete aquí que el Supremo está cerrado. El abogado, resignado, se dirige a los juzgados de Plaza de Castilla.

El abogado dice en su escrito que el presidente del Gobierno y los delegados han cometido un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal por haber autorizado —en realidad se prohibieron— las manifestaciones cuando existía constancia oficial del riesgo de propagación del coronavirus. Es decir, sabían que debían prohibir y no lo hicieron. Señala que el primer positivo en España se registró en la isla de La Gomera el 1 de febrero de 2020, con más de un mes de anterioridad a las marchas del 8 de marzo. El 2 de marzo España ya registraba 114 casos de coronavirus, mientras que en el propio 8 de marzo había 580 infectados. El domingo 9 ya eran más de 28.500 los afectados, con 1.720 víctimas mortales. La denuncia asegura que, durante ese periodo, los casos de coronavirus habían crecido cuarenta y cinco veces más en España que en Italia.

El abogado deja la nota en el juzgado de guardia para «el juzgado de instrucción que por turno corresponda».

Tanto Grande-Marlaska como Pérez de los Cobos han dado versiones parciales, medias verdades. Se han enzarzado en el póker del mentiroso, el juego de azar con dados basado en una mezcla del juego de naipes español, «el mentiroso», que combina azar con estrategia de la mentira. Sin duda, Pérez de los Cobos ha demostrado estar más preparado que Marlaska.

El Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla es el encargado de repartir las denuncias, y al día siguiente, el viernes 20, el papel recae en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid.

La juez Carmen Rodríguez-Medel, que ya ha demostrado su adicción al trabajo en varias de sus causas más sonadas —la del famoso máster de Pablo Casado, entre otras—, no será menos workaholic estos días de marzo. Ni el duro confinamiento que ha comenzado, ni la suspensión de los plazos procesales en la justicia española doblegan su actividad.

Durante el fin de semana, la juez deshoja la margarita. Y lo que le pide el cuerpo es inadmitir la denuncia. Y pergeña un primer borrador en esa dirección.

Pero ¿por qué no hacer algunas diligencias antes? ¿No es lo justo ver si el delegado del Gobierno tenía en sus manos algunos elementos de juicio para adoptar alguna medida de protección de los ciudadanos?

La juez opta, pues, por aparcar su primera reacción y reflexiona en un auto, el lunes 23 de marzo, sobre las razones por las que admite a trámite la denuncia.

En el comienzo del auto, la juez señala:

La denuncia se encabeza como dirigida a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pero de manera manuscrita (¡!) se dirige al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto corresponda en Madrid, sin que en su redacción se aclare el motivo de esta doble mención o doble destinatario.

La juez piensa en voz alta, casi dialoga consigo misma, sobre el delito de prevaricación. Incluso perfecciona la denuncia al añadir que el delito de prevaricación es «en su caso, cometido por omisión». Es decir, se trataría de una prevaricación omisiva.

Rodríguez-Medel navega entre dos aguas. Por un lado, se aferra al artículo 11 del Código Penal, según el cual «los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación».

Pero también conoce la doctrina del Tribunal Supremo. Y es que «la posibilidad de prevaricación omisiva concurre en aquellos casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelida al dictado de una resolución, bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio de la autoridad o funcionario equivalga legalmente a una denegación de la petición, o bien porque exista una norma que de forma imperativa imponga la adopción de una resolución».

«Serias dudas plantea a esta instructora —señala— que esta sea la calificación procedente, sin tampoco descartarla».

Y añade un delito que no está en la denuncia. La juez alude a los contagios que pueden haber provocado las manifestaciones no prohibidas:

La calificación jurídica puede ser esta o puede estar en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional (artículo 152 del Código Penal) grave o menos grave (en cuyo caso requeriría denuncia del perjudicado como condición de perseguibilidad), aunque, a priori, sin perjuicio de que se recabe dictamen pericial forense sobre este particular, la relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica).

¿Archivar la denuncia o no archivar? La juez vuelve a dialogar consigo misma:

La respuesta a esta cuestión no es fácil, pues lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa).

Y concluye:

En opinión de esta instructora, solo procedería el archivo directo de la denuncia, ad limine litis, si fuera evidente que los hechos no tienen encaje en un tipo penal, o si, aun tipificados los hechos como delictivos, no existiera indicio alguno de la participación en los mismos del denunciado.

No se aprecia esta evidencia en la fase inicial del procedimiento.

La juez cita al Tribunal Constitucional para considerar viable la prohibición de una manifestación:

Por ello la Constitución exige que en esos supuestos la reunión «se comunique» a la autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El precepto constitucional añade «con peligro para personas o bienes», con lo cual habría que interpretar que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación.

La juez, pues, ve indiciariamente la existencia de un delito en la no prohibición de las manifestaciones en la primera quincena de marzo de 2020.

Y por ello solicita informes a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, sobre si se remitió a la Delegación del Gobierno de Madrid un informe procedente del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Europea, si por parte de las autoridades competentes españolas se le enviaron recomendaciones sanitarias en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar, en todo caso, sin restricción alguna; y también una enumeración de comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno en relación con manifestaciones en lugares de tránsito público para su celebración entre el 5 y 14 de marzo.

Y como último punto, la juez señala «cuantas otras diligencias se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan».

En otros términos, Rodríguez-Medel deja en manos de la Guardia Civil la posibilidad de hacer un informe que exceda ampliamente aquellos puntos concretos que ha solicitado.

Asimismo, solicita que «por el médico forense adscrito a este órgano judicial se emita informe sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre los días 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o, en su caso, cuando devino notorio».

Los informes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid aprovechan la solicitud de Rodríguez-Medel para hacer un informe de carácter político centrado en la manifestación feminista del 8 de marzo, en una clara operación tendente a criminalizar la conducta del Gobierno de Pedro Sánchez ante la pandemia. Un blanco obsesivo de la Guardia Civil es Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. El capitán a cargo de la elaboración de los informes cita de manera abundante a distintos medios de comunicación.

Y una situación similar se produce con los informes del médico forense. En el primero descarta «relación de causalidad» entre acudir a una concentración multitudinaria como la marcha por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y los contagios por coronavirus.

La juez dicta una providencia el 20 de abril por la cual retira el delito de lesiones imprudentes que ella —y no el denunciante— introdujo en su auto del 23 de marzo. Pero en su segundo informe, el forense asegura que «la hecatombe se veía venir», en referencia a la crisis sanitaria.

Rodríguez-Medel, pues, no tarda en comprobar que ya no controla las diligencias.

8
LAS VÍCTIMAS, UNA MANIPULACIÓN PERVERSA

«Aunque esto sea una locura, hay método en ella», dice Polonio a Hamlet.

Y hay «método» en el mantra de la manipulación de las estadísticas de muertos por coronavirus, sobre todo en momentos tan devastadores como los del mes de abril.

El recuento que da a conocer el Ministerio de Sanidad el lunes día 6 sobre las víctimas de las últimas 24 horas en la región de Castilla-La Mancha arroja 571 casos de nuevos contagiados respecto a los datos del domingo 5, y el número de fallecidos aumenta en 77 personas, lo que suma un total acumulado de 1.132.

Ese lunes 6 de abril se ha hecho público en Albacete que Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha aprobado un expediente gubernativo en el que aclara los pasos que se han dado desde el inicio de esta crisis sanitaria. Rouco explica a la Cadena Ser de Albacete que ha habido «falta de referencia específica en muchos casos a la patología o infección producida por el coronavirus Covid-19 en las certificaciones médicas de defunción, debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien todos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma».

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha difundido una nota de prensa en la que explica que el número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región se han incrementado en un 96,3 % en marzo de 2020 respecto a 2019.

Sobre estas licencias de enterramiento, Rouco también habla de «datos preocupantes en algunas poblaciones y partidos judiciales por su elevadísimo número, singularmente en las capitales de provincia y otras grandes poblaciones».

El citado expediente gubernativo califica los «datos numéricos de desproporcionados» y concluye que para «acotar dichos datos, y habiendo recabado oralmente opinión médico-
legal de la Dirección del Instituto de Medicina Legal de la corrección de este parecer, se han considerado como supuestos sospechosos aquellos en los que se consignase como probable el contagio de Covid-19 y también aquellos en los que concurrieran patologías o causas inmediatas o intermedias relacionadas con el virus, como infección o fracaso respiratorio o pulmonar o neumonías».

Con los datos recabados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la región han muerto en marzo 956 personas, de las que se sospecha que tenían el coronavirus pero a las que no se les hizo el test. Además de los 965 fallecidos que han dado positivo en esta prueba en el mismo mes, según la Consejería de Sanidad.

El dato más alarmante es el de Ciudad Real, con la mitad del total de sospechas. Esta provincia acumula 495 casos de personas que podrían haber muerto por la Covid-19. También destaca, por el número de habitantes, los 129 casos de sospecha de Cuenca. Toledo acumula 133; Guadalajara, 107; y Albacete, 92, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha aclara que en esta capital «el cómputo de casos confirmados y el de sospechosos solo se efectuó a partir del 25 de marzo».

El aumento de fallecidos (sin especificar causa) del mes de marzo de 2020 registra un incremento de casi 400 personas respecto a las fallecidas en 2019, y el expediente lo califica como «alarmantemente elevado».

Rouco dice:

Al refundir las cifras partido judicial por partido judicial, población por población, tengo que confesar que lloré desconsoladamente porque soy humano, veo las cifras, veo personas que han sufrido, he sentido desolación… Creo que es un servicio a la sociedad, porque creo que es madurar y no debe tener miedo a la verdad.

Más allá de la sensibilización existente, ¿cuál es la competencia de los tribunales superiores de justicia en esta materia? La ley señala que la causa de la muerte —aparte de la indicación sobre su carácter violento— no se inscribe en el Registro Civil. Por tanto, las competencias inspectoras facultan a los tribunales superiores a comprobar que se cumpla la norma apuntada, pero no a interesarse por la causa de la muerte que consta en el certificado de defunción. Y esta causa es informada al Instituto Nacional de Estadística.

Rouco, magistrado que ya está en su tercer mandato, tiene relación estrecha con Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura y colaboró en la campaña del magistrado Pablo Llarena para lograr la presidencia de dicha asociación en 2013.

Da cuenta Rouco al Consejo General del Poder Judicial de este expediente. Y el 8 de abril, dos días más tarde de sus declaraciones, la Comisión Permanente del Consejo, sin estar el asunto en el orden del día, aborda el tema del expediente de Rouco por las consecuencias que pueden proyectar en toda España sus declaraciones y dicho expediente.

El consenso entre los miembros: no es un terreno en el que debían entrar los presidentes de tribunales superiores de justicia. El acuerdo informal asume que no se trata de agitar un tema tan sensible en un momento tan delicado, con un número de muertes tan elevado.

Se admite que puedan dirigirse a los registros civiles de los partidos judiciales para garantizar que funcionen, pero lo que no pueden hacer es corregir el informe de los forenses. No es su función hacer la estadística a estos efectos, es decir, imputo que unos son sospechosos de coronavirus. En el intercambio, se señala que los tribunales superiores podrían terminar pidiendo autopsias, cuando las autopsias se hacen por otro tipo de defunciones, las violentas, no para establecer la causa somática. Llenar Castilla-La Mancha de autopsias.

Podía llegarse a una situación absurda. Es posible constatar que los muertos del año 2020 son muy superiores a los de 2019 y que solo constan fallecidos por coronavirus un tercio, pero a partir de aquí no se pueden sacar más conclusiones.

No hubo gran contradicción en el intercambio interno, acordándose que el presidente del Consejo haría una gestión: ponerse en contacto personal con todos los presidentes. Pero, como tal, no hubo un acuerdo homologado.

Lesmes, en efecto, hizo una ronda de llamadas e impartió el criterio sobre la falta de competencia para esta actividad.

El punto 11-12 de los acuerdos de la Comisión Permanente señala:

Tomar conocimiento de las actuaciones informativas de fecha 6 de abril de 2020 realizadas por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el ámbito de los registros civiles de Castilla-La Mancha con motivo de la situación originada por la pandemia del coronavirus Covid-19, en ejercicio de las funciones inspectoras que corresponde a dicha Presidencia sobre los registros civiles. Estas actuaciones tienen por objeto reflejar los datos de licencias de enterramiento expedidas durante el pasado mes de marzo en los registros civiles de Castilla-la Mancha, con su desglose por provincias y por capitales de provincias. Tomar conocimiento para que, en lo sucesivo, se vele por que haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus Covid. Solicitando, si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo, si fuera necesario, al forense de guardia en el partido judicial. Y que, a su vez, auxilien en sus dudas a los juzgados de paz y personal de las agrupaciones en este tipo de cometidos.

Y a continuación, consta la discrepancia apuntada:

El vocal Álvaro Cuesta muestra su disconformidad con el acuerdo al considerar que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha carece de competencia para el mismo, habiéndose extralimitado en sus funciones.

Rouco ha conseguido, si no el respaldo, ya que se trata de una toma de conocimiento, al menos cubrirse.

Pero la deriva ya está en marcha.

El presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, hace la petición a los registros civiles de los partidos judiciales el 13 de abril. Lo hace a sabiendas de que no tiene competencia. Porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le ha llamado después del examen del expediente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para decírselo.

El partido Vox, a través de su procurador, anuncia el 11 de abril que envía un escrito al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha con la propuesta. Y el 13 de abril el Tribunal de Castilla y León cursa la solicitud.

Dicho tribunal pide a los juzgados del Registro Civil de los partidos judiciales de Castilla y León todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril de 2020, así como los de 2018 y 2019.

Concepción explica que ha solicitado información sobre el número de las licencias de enterramiento expedidas durante este citado periodo, y diferenciando los supuestos de licencias expedidas en casos en los que la muerte fuera por Covid-19 de aquellos en que se consignase como probable o sospechosa.

Señala que «con el fin de acotar o identificar dichos datos, parece oportuno considerar como supuestos sospechosos aquellos en los que se consignase como probable el contagio de Covid-19 y también aquellos en los que concurrieran patologías o causas inmediatas o intermedias relacionadas con el coronavirus como infección respiratoria o neumonías». Al mismo tiempo, apunta que en numerosos casos las certificaciones médicas no concluían como causa fundamental de la muerte el contagio por Covid-19, pese a la existencia de procesos patológicos compatibles con dicha enfermedad, «e incluso se hacía referencia a sospechas de la misma, lo que podía afectar al correcto cumplimiento de las previsiones legales y reglamentarias en el despacho de estas licencias e inscripción de las defunciones».

En paralelo, Concepción, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, comienza a explicar en círculos restringidos que está impulsando esta actividad porque hay una ocultación de muertes. Y apunta a un cargo: la recientemente nombrada directora general de Seguridad y Fe Pública del Ministerio de Justicia, responsable de los registros civiles. Y un nombre: Sofía Puente, fiscal de carrera.

Oh, coincidencia: es la hermana de Óscar Puente, alcalde de Valladolid y miembro de la comisión ejecutiva del PSOE.

La advertencia de Lesmes le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro.

El 16 de mayo, en una entrevista con la cadena radiofónica Onda Cero, Concepción acusa al Gobierno de estar utilizando el estado de alarma «para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia» y asegura que, además de la crisis sanitaria, también le preocupa mucho la crisis económica y la «política derivada de un Gobierno que está utilizando esta paralización del país para fines distintos que salvar a la población de la crisis del coronavirus». Según aclara, su punto de vista es estrictamente jurídico.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no se corta un pelo.

«De acuerdo con la Constitución, el estado de alarma permite al Gobierno restringir derechos, pero los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales, como la libertad ambulatoria». Añade que los escritos están inundando los órganos judiciales y van a producir un colapso importante, por lo que reclama que se reanude la actividad en los juzgados. Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no tiene sentido «que las calles se hayan poblado de gente y los negocios y los juzgados no puedan funcionar al cien por cien».

En la entrevista queda en el aire la razón por la cual, según Concepción, «el Gobierno está utilizando esta paralización del país para fines distintos que salvar a la población de la crisis del coronavirus». ¿Qué fines podrían ser?

El mismo día 16 se reúne la Comisión Permanente, pero no conoce las declaraciones de Concepción de esa mañana. El presidente Lesmes, en contacto con varios vocales del sector progresista, admite que las declaraciones son muy serias y convoca para el día siguiente, viernes 17, una reunión extraordinaria de la Comisión.

En la reunión, los vocales Álvaro Cuesta y Rafael Mozo, con el apoyo de Pilar Sepúlveda, proponen dar traslado de las declaraciones al Promotor de la Acción Disciplinaria por posible infracción, al censurar públicamente a las autoridades y emitir un comunicado de desaprobación.

El presidente Lesmes lleva su propia iniciativa: zanjar el asunto con una carta suya de desaprobación dirigida a José Luis Concepción.

Los vocales del sector conservador Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya expresan su oposición al planteamiento de Cuesta y Mozo, pero aceptarían respaldar la propuesta de Lesmes de enviar una carta, siempre que todo quedase en la esfera estrictamente privada.

Cuando advierten el consenso de que el acuerdo tiene que figurar en acta como todos los acuerdos y, por tanto, que la carta será hecha pública, manifiestan su rechazo porque se trata de una amonestación. La oposición ahora es frontal. Anuncian, pues, que presentarán un voto particular.

Lesmes intenta equilibrar. Es consciente de que hay que hacer una llamada de atención, porque es la declaración de un magistrado con afirmaciones graves cuando dice que hay intenciones ocultas detrás del estado de alarma, una censura del poder legislativo y el poder ejecutivo.

Finalmente, se forma una mayoría entre los que quieren ir más allá y los que apoyan la propuesta de Lesmes. Son cinco votos contra dos. Cuesta, Mozo y Sepúlveda también presentan su voto particular.

El presidente, pues, recuerda en su carta a Concepción el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe hacer censura o felicitación a las autoridades: «En la seguridad de que compartirás con nosotros la necesidad de ser especialmente rigurosos en la aplicación de estos criterios de moderación y mesura que refuerzan en todo caso el principio de independencia judicial, te hago llegar un cordial saludo».

Pero los vocales conservadores, «los Juanes», Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, van más allá del debate de la víspera. Justifican a Concepción por sus ataques al estado de alarma y sus sugerencias sobre manipulación de estadísticas mortales en distintos medios de comunicación.

El voto particular suscrito por ambos contra la reprimenda cursada a Concepción sostiene que las declaraciones de este estaban plenamente justificadas y comparten la preocupación por el estado de alarma que ya han expresado otras personalidades, entre los que cita al exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, quien ha denunciado «la exorbitante utilización del estado de alarma».

El voto particular recuerda que Concepción ha puesto de manifiesto que «podría haber una discordancia entre el número oficial de fallecidos por la Covid-19 y la cifra real». Y señalan: «Cabe añadir que este seguimiento se está haciendo en otros Tribunales Superiores de Justicia».

Esta afirmación se refiere a la petición al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 13 de abril, y a otros tribunales superiores, presentada por Vox, como ya hemos expuesto.

Y sin embargo, otro magistrado conservador, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, José María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, remitió la solicitud de Vox al Ministerio de Justicia «por falta de competencia material», ya que los registros civiles «dependen del Ministerio de Justicia».

«Los Juanes» añaden en su voto particular:

Está fuera de toda duda la conveniencia de las manifestaciones efectuadas sobre el número de defunciones en las últimas semanas en el territorio de cuyo Tribunal Superior de Justicia es presidente [Concepción] y su portavoz natural… Ningún reproche cabe hacer por tales manifestaciones, antes al contrario, demuestran el grado notable de compromiso con las funciones propias de una alta dignidad judicial.

El otro punto que justifican los firmantes del voto particular tiene clara relevancia política. El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que precisamente cita Lesmes en su reprimenda «cordial» a Concepción —recordemos, frente a la propuesta de incoación de una sanción de los tres vocales llamados progresistas, que también han suscrito un voto particular— prohíbe a los jueces y magistrados realizar «felicitaciones o censuras» a las autoridades.

Los dos vocales citan la misteriosa frase de Concepción sobre el estado de alarma: «Yo creo —dijo— que [el Gobierno] está utilizando esta paralización del país para fines distintos de salvar a la población de la crisis de la enfermedad del coronavirus». Y señalan que «son muchas las autoridades académicas, y también judiciales, que han expresado su parecer sobre si el marco normativo elegido, el estado de alarma, ampara la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, inédita, dicho sea de paso, para miles de millones de personas en el mundo».

El voto particular estima que las manifestaciones «están enlazadas con un debate del máximo interés y no desbordan los límites del derecho a la libertad de expresión de los jueces». Añaden, además, que «guardan también un perfecto enlace con la actividad judicial y, más en particular, con la de un territorio de España, de cuyo Tribunal Superior de Justicia es presidente el señor Concepción».

Este voto particular es muy indicativo de cuál es la posición actual de la facción conservadora del poder judicial, claramente mayoritaria. Desde el Parlamento no se puede tumbar al Gobierno, por lo que la estrategia de la derecha y la ultraderecha consiste en utilizar el frente judicial como ya ha hecho en el pasado.

9
VOX, POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

«¿Dónde está el Tribunal Constitucional, señorías? ¿Por qué el Tribunal Constitucional no resuelve a tiempo los recursos de inconstitucionalidad que legítimamente planteamos los diputados de esta Cámara contra el estado de alarma? Es verdad que quizás seamos algo incautos y no debamos esperar nada de un Tribunal Constitucional que han nombrado todos ustedes», se pregunta Abascal durante su intervención en el Congreso el día 3 de junio, al expresar su voto en contra de la última prórroga del estado de alarma.

Si Abascal habla con su procurador de los tribunales, le dirá que antes de hacer esta denuncia pregunte. Que los recursos de inconstitucionalidad que ha presentado Vox, y también el Partido Popular, han sido admitidos a trámite oportunamente.

O puede entrar en el portal del Tribunal Constitucional (TC), pinchar donde dice Últimas Resoluciones y verificar allí, por ejemplo, que «el pleno del TC por unanimidad admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PP y Vox contra la disposición adicional final segunda del Decreto Ley 8/2020, que acuerda que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias forme parte de la comisión delegada del CNI». O que el pleno del TC «ha aprobado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra el decreto que regula el estado de alarma y sus prórrogas». También podría saber que el TC ha autorizado a Vox a hacer las manifestaciones de coches del 23 de mayo, en aplicación, por parte de los tribunales, de la doctrina establecida por la resolución del Tribunal Constitucional del jueves 30 de abril, que mantuvo la prohibición de una marcha el 1 de mayo en la ciudad de Vigo.

Y la historia de esta resolución es muy instructiva. Tanto por lo que se refiere a la conducta de los magistrados conservadores adscritos a la poderosa Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como a la manipulación informativa, al arte de venderle gato por liebre a la opinión pública, después de la votación del 30 de abril de 2020.

Los magistrados vinculados a la APM estaban desarrollando en aquel momento, con ocasión de solicitudes de autorización de actos durante el 1 de mayo, una batalla estratégica contra el estado de alarma en diversos puntos de España. Las salas de lo Contencioso-Administrativo tienen que resolver los recursos contra las prohibiciones de manifestaciones que dictan los delegados de Gobierno. Destaca, entre otros, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón:

Es posible ofrecer una interpretación del Real Decreto en su conjunto ajustada, al descartarse en el mismo afectación del derecho de reunión y manifestación, y ello con independencia de la más o menos cuestionable constitucionalidad del meritado artículo 7, por razón de la intensidad de la afectación que impone de facto a la libre circulación de los ciudadanos.

A juicio de dicho tribunal, la prueba de esta intensidad es que se hayan «asumido cotidianamente con naturalidad términos como confinamiento o encierro, que evocan más abolición o suspensión [de derechos]».

El artículo 7 es el que establece que «las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público» para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, acudir a hospitales, a trabajar, cuidar a personas mayores o dependientes, acudir al banco, o movimientos por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

El magistrado Juan José Carbonero, miembro del Comité Ejecutivo en calidad de tesorero de la Asociación Profesional de la Magistratura, es el ponente en el recurso.

El tribunal señala que «solo es posible la suspensión de derechos en caso de estado de excepción, y dentro del mismo cabe perfectamente la suspensión de la libre deambulación de las personas y a la par la no suspensión, ni siquiera afectación, del derecho de reunión y/o manifestación». Y prosigue:

Cabe plantearse de manera más que razonable que una situación de crisis sanitaria como la que sufrimos en estos momentos puede implicar de facto una tan grave alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, o del normal funcionamiento de las instituciones, que haga razonable pensar que la herramienta más adecuada para el restablecimiento de tal normalidad de ejercicio pueda ser el estado de excepción.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la prohibición que ha cursado la Delegación de Gobierno sobre una manifestación que quiere celebrar la Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) para el 1 de mayo. Los promotores recurren con urgencia al Tribunal Constitucional.

El recurso recae en la Sala Primera, Sección Segunda, y la ponencia toca por turno a la magistrada María Luisa Balaguer, adscrita al sector progresista, quien forma sección con los magistrados conservadores Santiago Martínez-Vares y Andrés Ollero.

Balaguer, que es la ponente, consulta con Martínez-Vares su impresión el miércoles 29 de abril. Ella es favorable a desestimar el recurso habida cuenta de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es impecable y técnicamente solvente. Martínez-Vares dice que está de acuerdo con su planteamiento.

Si en una sección hay mayoría, se procede a inadmitir. Para admitir a trámite se requiere unanimidad. Por tanto, el acuerdo de Martínez-Vares perfila la inadmisión. No será necesario llevarlo a sala, que se forma con los tres magistrados de la otra sección, la Primera. Balaguer habla con Ollero, el tercer miembro de la sección, quien expresa estar dubitativo.

Unas horas más tarde, Martínez-Vares llama por teléfono a María Luisa Balaguer. Le dice que Ollero le ha convencido. Por tanto, las tornas se han vuelto. Ya son dos contra una. Martínez-Vares ha sido presidente de la APM.

Problema: no hay unanimidad y, por tanto, no se puede admitir el recurso. Según las reglas de juego, hay que convocar un pleno de la sala, es decir, reunirse con los tres magistrados de la Sección Primera. Está integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, Alfredo Montoya, ambos conservadores, y Cándido Conde-Pumpido, progresista. He aquí un detalle: González Rivas tiene dos votos por ser el presidente. Es lo que se llama voto de calidad. En caso de empate, tiene la potestad de desempatar con su voto de calidad.

María Luisa Balaguer consulta la posición con los otros magistrados con los cuales no había intercambiado opinión: el presidente González Rivas y Conde-Pumpido. Tanto uno como otro están con ella: hay que inadmitir el recurso. Conde-Pumpido le expresa que conoce al magistrado ponente en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que la sentencia que se recurre está bien fundamentada. Le dice que se podía admitir el recurso si la prohibición fuese arbitraria, pero en este caso hay un razonamiento donde se ponderan adecuadamente el derecho de manifestación y el derecho a la vida y a la salud.

González Rivas habla con el magistrado Andrés Ollero, quien le manifiesta que va a apoyar la admisión a trámite del recurso, y, ante esta posición, el presidente convoca el pleno de la sala para el día siguiente, la mañana del jueves 30 de abril, ya que es necesario decidir antes del 1 de mayo. La reunión se llevará a cabo por videoconferencia.

Durante la pandemia, González Rivas ha acudido siempre a su despacho con las debidas cautelas. Los demás magistrados participarán desde sus casas. Pero, para sorpresa del propio presidente, tanto Ollero como Martínez-Vares se presentan en la sede de la madrileña calle de Doménico Scarlatti, y participan desde la sala de plenos en la reunión telemática con los otros tres magistrados que permanecen en sus casas. Ollero y Martínez-Vares, pues, quieren darle relevancia al asunto.

Durante la mañana del pleno, el presidente González Rivas está pendiente de una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre un recurso de la organización Falange para celebrar un acto el 2 de mayo. Ya tiene cierta idea de que el tribunal va a denegar la autorización.

Al abrir la ronda de intervenciones, expresa su opinión a favor de inadmitir el recurso. El desarrollo de la reunión es un intercambio de argumentos entre Ollero y Conde-Pumpido, que hasta entonces no habían cruzado sus respectivos puntos de vista.

Ollero sostiene, en línea con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la necesidad de autorizar la manifestación, porque si se limitaba o se suspendía el derecho de manifestación se convertiría en un estado de excepción, que el estado de alarma no permitía.

«No es un problema de suspensión, sino una limitación», señaló Conde-Pumpido, subrayando que, en aquellos momentos de elevado número de muertes y contagios, el riesgo de permitir una manifestación en una situación de confinamiento podía agravar la situación. Por otra parte, explicó que había una sentencia motivada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La ponderación entre ambos derechos que chocan, enfatizó, hace que tenga primacía el de la vida y la salud.

No hubo tensión en el debate entre Ollero y Conde-Pumpido. Martínez-Vares, que intervino muy poco, preguntó por la situación personal de cada uno de los magistrados, sobre cómo lo estaban pasando.

Tampoco hubo votación formal. Era evidente que, al estar el presidente González Rivas con Balaguer y Conde-Pumpido a favor de inadmitir el recurso, formaban la mayoría por la espada de Damocles del voto de calidad.

Pero para ejercer efectivamente el voto de calidad la norma es que deben formularse votos particulares o discrepantes. Y ninguno de los tres magistrados que se opusieron anunciaron voto particular. El voto de calidad implícito de González Rivas no necesitó explicitarse porque los tres votos contrarios desistieron. ¿Tenían alternativas a mano? En efecto, disponían de ellas: podían solicitar que el asunto se llevara al pleno del Tribunal Constitucional y anunciar voto particular. Pero no lo hicieron, asumieron que habían perdido el debate y, por tanto, no dejaron constancia en el auto de su voto contrario. La resolución, pues, salió por unanimidad.

Sin embargo, la realidad de cómo sucedieron los hechos no es la que se transmitió a la opinión pública. Los medios de comunicación informaron de que el presidente del tribunal había ejercido por primera vez el voto de calidad —ni se había ejercido y no sería la primera vez— y que el debate había sido de gran enfrentamiento.

Era paradójico. Aquellos que habían perdido la votación y se avinieron a aceptar la resolución acomodándose, sin llevar la batalla hasta el final, es decir, forzando con su voto particular el voto de calidad del presidente, consiguieron colocar su mensaje en los medios de comunicación sobre la división y la confrontación en el Tribunal Constitucional.

Aquellos que no solicitaron en el pleno de la Sala Primera llevar el debate al pleno del Tribunal Constitucional lograron, al traspasar la puerta de Doménico Scarlatti, colocar su mensaje sin dificultad: Juan José González Rivas era el responsable. Fue él quien no llevó el asunto al pleno.

«¿Dónde está el Tribunal Constitucional?», se preguntó el presidente de Vox, Santiago Abascal, el 3 de junio durante el debate de la sexta prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados.

Pues estaba poniendo el dedo en la llaga.

Porque se avecinaba una movida. En el pleno de la Sala Primera del Tribunal, la misma que había resuelto el auto sobre la manifestación del 1 de mayo en Vigo, estaba previsto resolver, el lunes 15 de junio, tres recursos de amparo del Partido Popular y Ciudadanos contra la fórmula de juramento en el Congreso de los Diputados y en el Senado por varios diputados independentistas, admitidas por la presidenta Meritxell Batet y el presidente Manuel Cruz, respectivamente, el 21 de mayo de 2019; y contra los acuerdos de la Mesa del Congreso y el Senado que los dieron por buenos.

Los magistrados conservadores Alfredo Montoya y Andrés Ollero, respectivamente, eran los ponentes.

El escrito del PP ponía como ejemplo las siguientes:

ORIOL JUNQUERAS: «Desde el compromiso republicano y como preso político, y por imperativo legal, sí prometo».

JOSEP RULL: «Como preso político, y con lealtad al mandato democrático y con el pueblo de Cataluña, lo prometo».

JORDI SÁNCHEZ: «Desde el compromiso con el diálogo, y con lealtad al mandato del 1-O, como preso político, lo prometo».

JORDI TURULL: «Como preso político, y con lealtad al mandato del 1-O y con el pueblo de Cataluña, por imperativo legal, lo prometo».

El PP considera que «el acatamiento no se ha producido de forma clara e inequívoca, sino que, al contrario, con tales fórmulas lo que se ha pretendido es limitar, condicionar o eludir el juramento o promesa de acatar la Constitución».

«Tal situación ha propiciado un espectáculo impropio de la institución que alberga la soberanía nacional del pueblo español y que ha tenido suficiente trascendencia pública y ha causado indignación entre la mayoría de la sociedad española», advertía el PP.

Y en el Senado, Raül Romeva, por ERC, se autodenominó «preso político» y prometió el cargo por «hasta la República catalana», y el senador por Junts per Cataluña Josep Maria Matamala y otros dos senadores prometieron acatar la ley fundamental «con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre».

Los magistrados Montoya y Ollero hicieron saber que deseaban, más allá de la votación en el pleno de la Sala Primera de seis magistrados, llevar el asunto al pleno del Tribunal Constitucional.

El 15 de junio, en el pleno de la Sala Primera, a Ollero y Montoya se unió Martínez-Vares. En un escrito breve, los tres se limitaban a pedir que los tres recursos de amparo contra la fórmula de juramento ejercitada en mayo de 2019 fuera debatida en un pleno de todo el Tribunal Constitucional.

El presidente, Juan José González Rivas, y los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luis Balaguer expresaron su posición favorable a la inadmisión de los recursos.

González Rivas había encargado un exhaustivo informe al secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, el mayor experto en derecho parlamentario del Tribunal Constitucional. Y se pusieron sobre la mesa dictámenes de otros letrados.Todos a favor de inadmitir los recursos en base a la doctrina del Constitucional.

Pero los tres magistrados que pedían el pleno no querían el debate. Expresaron que se limitaban a hacer dicha solicitud y que ello tampoco prejuzgaba si en el momento del debate en el pleno serían favorables a la admisión y tampoco, más tarde, a darle la razón a los recurrentes de PP y Ciudadanos.

Los tres magistrados partidarios de la inadmisión, empero, expusieron sus argumentos, aunque desde el punto de vista reglamentario el asunto, con tres votos favorables, debía llevarse al pleno. Conde-Pumpido apuntó que esta decisión sentaba el precedente de que el recurso de amparo de Vox y dos del PP contra 29 juramentos o promesas de esta legislatura, la XIV, iniciada el 3 de diciembre de 2019, también debía llevarse a un pleno, cosa que, además, habían solicitado por escrito cinco magistrados conservadores, a los cuales se había sumado la vicepresidenta del TC, Encarna Roca. El magistrado explicó que se intentaba meter al Tribunal Constitucional en una dinámica de carácter político.

La maniobra era evidente: dar una estocada a la legitimidad de la legislatura y del Gobierno por depender de 29 escaños cuestionados.

El espectáculo, pues, estaba montado.

Otra cosa sería si el plan de desestabilización podría dañar la legislatura y el Gobierno. Porque el debate de los recursos llevará su tiempo y probablemente algunos de los magistrados que ya tienen caducados sus mandatos serán sustituidos hacia los últimos meses de 2020.

Un magistrado conservador, con aspiración a sustituir al presidente González Rivas, se había quedado estratégicamente al margen, absteniéndose de firmar la petición. Su nombre: Pedro García Trevijano.

10
CONSUELO MADRIGAL: «YO ACUSO»

Cuarenta y ocho horas antes del debate de la cuarta prórroga del estado de alarma, en un ambiente ya caldeado por la decisión del Tribunal Constitucional sobre no autorizar la marcha convocada para el 1 de mayo en Vigo, la fiscal de sala del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, salta al ruedo con un artículo de prensa que, probablemente, abre una nueva etapa en la amplitud de la campaña contra el estado de alarma, que cataliza, en realidad, la campaña contra toda la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que el 6 de mayo de 2020 el estado de alarma se convirtió en el común denominador de los ataques de Pablo Casado, presidente del PP; Santiago Abascal, presidente de Vox, y de los portavoces de los partidos independentistas, Gabriel Rufián, por Esquerra Republicana de Cataluña y Laura Borràs, por Junts per Cataluña, contra el Gobierno de Sánchez.

La abominación trae causa para unos en que el estado de alarma es el instrumento de un Gobierno socio-comunista chavista, responsable de las muertes de la Covid-19 y de los ancianos en las residencias para mayores, un Gobierno que debería dimitir para defenderse ante los tribunales (Vox); porque es la vía ilegal que consagra el «estado de excepción» (PP) y, finalmente, por ser un recurso del Gobierno para anular el estado autonómico y recentralizar estratégicamente España bajo un mando único (ERC y Junts per Cat).

El discurso de la derecha ha podido afinarse al disponer de una fuente de agua fresca en la cual abrevar con el artículo publicado por Consuelo Madrigal en el diario El Mundo, el lunes 4 de mayo, con el título de La sociedad cautiva. Del mismo modo que hizo Émile Zola en el periódico L’ Aurore, el 13 de enero de 1898, en su carta dirigida al entonces presidente de la República sobre el affaire Dreyfus, en la que no añade su condición (era ya un escritor conocido en la prensa y en los medios políticos y literarios), tampoco Consuelo Madrigal pone junto a su firma su condición de fiscal de sala del Tribunal Supremo.

Mujer de talante cordial y de convicciones firmes, ha sufrido directamente en su familia la destrucción del coronavirus y el dolor causado. Aunque en su artículo no menciona las palabras virus, pandemia o Covid-19:

El control de la acumulación de poder es el gran problema de la política. La democracia, único medio para alcanzar ese control, es la forma de gobierno de las sociedades abiertas que trajo la modernidad, en las que los individuos adoptan decisiones propias y participan en el ejercicio del poder, en contraposición a las sociedades arcaicas, tribales o colectivistas. Karl Popper jugó con la hipótesis inconcebible de una sociedad abstracta en la que los hombres no se encontrasen nunca cara a cara, donde los negocios fuesen concertados telemáticamente por individuos aislados. En esa sociedad despersonalizada, la vida transcurriría en el anonimato, el aislamiento y el infortunio. Esa hipótesis inconcebible se ha hecho realidad.

Según cuenta, «a tanta aflicción se han sumado la impotencia del aislamiento y la amargura de la soledad».

Sin mencionar el virus, según se ha apuntado, ni la pandemia en los países de Europa y en todo el mundo, señala:

Por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio.

Y, atención, he aquí el centro de su ataque:

Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita del poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad.

A partir de esta premisa, el artículo es un «Yo acuso» a lo Zola en toda regla contra las autoridades, que se va montando sobre una catarata de hechos presuntamente probados incardinados cual sentencia:

En primer lugar, padecemos el tardío abordaje de una crisis sanitaria —que no de orden público— mediante la privación de libertad bajo una coerción policial, innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable; padecemos la exasperación de esas medidas en contra de la propia ley de estado de alarma que, como regla general, impone la libertad, y solo como excepción temporal su restricción, y cuyo artículo 1.2 somete toda intervención a los principios de proporcionalidad y necesidad, que no han sido aplicados a los ciudadanos sanos. Nos preguntamos por qué se carga el peso de los sacrificios sobre los profesionales y los ciudadanos, sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio. La pregunta es tan pertinente como el debate sobre las confusas y contradictorias respuestas que hasta ahora se han recibido.

El hecho que da como probado sobre el estado de alarma parece inapelable:

Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad. Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma.

La compra de la prensa es otro de los hechos probados:

En su cautiverio, la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados. En nuestro mundo relativista, la verdad se ciñe a la identidad entre nuestro pensamiento sobre las cosas y la realidad de las mismas cosas. Algo que guarda relación con la investigación y el juicio y que se concreta en la búsqueda de la verdad. A este uso común se añade un rasgo relacionado con la fe. Decir que una proposición, opinión o noticia es un bulo es invocar una norma que rige la fe y el juicio, para afirmar que esa proposición, opinión o noticia es indigna de asentimiento no debe ser creída. Pero ¿quién se erige en autoridad normativa de lo falso para separarlo de lo verdadero que-debe-ser-creído? ¿Por qué y para qué lo hace? Las respuestas a estas preguntas se han tornado amenazas para quienes hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relación, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis.

Consuelo Madrigal asume, precisamente, el papel de «autoridad normativa de lo falso» que atribuye a los destinatarios de sus acusaciones.

¿Y qué pruebas aporta?

No figuran en su descripción. Casi se asumen como obvias. ¿Para qué enumerarlas?

El argumento contra los medios sigue:

Y, todo, al tiempo que los medios de comunicación vasallos nos martillean la representación idealizada del heroísmo de los profesionales (esos que son enviados al trabajo sin condiciones ni protección) y los diversos formatos del mensaje, irisado y pueril, de que «resistiendo» «todo acabará bien»… Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha…

Su descripción sobre la innombrable pandemia también aporta los siguientes hechos, más bien manifestaciones, probados:

Al margen de las cifras manipuladas, la magnitud del desastre se mide ya en términos de derrumbe social, moral y económico. En la falta de credibilidad de un sistema que sí dejó atrás a muchos, a todos los mayores de 80 años a quienes, en residencias y domicilios, se negó la hospitalización, el tratamiento y las pruebas diagnósticas, sin discernir situaciones concretas; que envió y mantiene en primera línea, sin protección, a los profesionales de la salud y el orden público, cuyo heroico esfuerzo es en sí mismo el más elocuente reproche; que sigue sin ofrecer test a los profesionales, a los enfermos y a la población confinada y sin reconocer las espeluznantes cifras de fallecimientos de las que dan cuenta los datos comparados del Registro Civil.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, en un comentario sobre las afirmaciones de la fiscal del Supremo, señala que la «sociedad abierta» que inspira a Madrigal nunca traspasó los confines del imaginario de Popper:

La sociedad real es la Open Society Foundations de su discípulo George Soros, filósofo del desalmado capitalismo global, acreditado depredador… Por eso, hoy, la única «sociedad abierta» realmente existente es la abierta, pero en canal, por las medidas anticrisis, estas sí hijas de un auténtico golpe de Estado: el silente, dirigido, por vía de legislación ordinaria, a vaciar de contenido la parte dogmática de constituciones como la nuestra. El que en años recientes se ha llevado por delante los derechos sociales, comenzando por el derecho a un trabajo digno, y una parte sustancial de las partidas presupuestarias destinadas a financiar la sanidad, la dependencia y las pensiones. Ese golpe de Estado, el más insidioso y eficaz de los que se conocen, mediante el que el capital financiero transnacional se ha hecho con el control efectivo de la política…

El magistrado emérito cree, en efecto, que todos los países llegaron tarde al combate contra la pandemia:

Que hubo retraso en la activación de la respuesta a la pandemia es innegable, como lo es también que este se ha dado «en todos los países occidentales», según observaba un profesor de Epidemiología de la Universidad de Harvard, y en concreto, en Europa, en Italia, Francia, Reino Unido y Bélgica. Algo claramente motivado porque dentro de cada uno de los países tardó en activarse la percepción del posible riesgo en todos los actores del espectro político. Incluidos los que ahora, aquí, se prodigan tan impúdicamente en la proclamación de lo que habría que hacerse. Ellos, los que en Madrid, por ejemplo, amortizaron cientos de plazas de profesionales sanitarios, se desentendieron de los ancianos, encomendándolos al negocio de la privada (donde los ha devorado el virus), cerraron cientos o miles de camas, y que, de no ser por la «marea blanca» habrían reducido a su mínima expresión, si no acabado con la sanidad pública. La única que —a pesar de la infradotación y la intolerable inseguridad en el empleo sufrida por sus actores— se ha demostrado eficaz en circunstancias tan terribles como las vividas. Y que por eso habrá ahora que fortalecer.

Perfecto Andrés señala que nadie pensó, a pesar de la experiencia de China, en consecuencias como las que no tardaron en materializarse:

Por eso las manifestaciones del 8 de marzo y otros eventos, hoy sabemos que imprudentes, no suscitaron oposición. Y todavía después vino la primera vuelta de las elecciones municipales en Francia. De este modo, si hubo imprevisión, los actuales responsables políticos estuvieron ciertamente bien acompañados en ella.

El magistrado se introduce también en el fracaso previo del Estado de las Autonomías:

Pero es que, además, aquí concurrió una circunstancia tan esencial como que el Gobierno, en el abordaje sanitario de la crisis, debió actuar sobre la marcha, con funciones coyunturales de coordinación, en un campo en el que, en general, la gestión en materia de salud, determinante del precario statu quo ante bellum, lleva ya lustros transferida.

La incursión de la fiscal Madrigal omite, según se ha apuntado, toda referencia a la pandemia y al virus, y todo lo más es que menciona el confinamiento como un rayo caído del cielo en España.

Perfecto Andrés señala que todas estas circunstancias no constituyen «obstáculo para que la autora del texto eluda el más mínimo deslinde de planos en la identificación de los problemas y en la atribución de las eventuales responsabilidades. Por eso resulta ser de una unilateralidad pasmosa. Tanta, que su tesis central reproduce, en esencia, la del recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional; las gruesas descalificaciones del PP de Pablo Casado y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y hasta ha sido fervorosamente publicitado por Libertad Digital».

Sobre los posibles e inevitables problemas en «la gestión de la crisis, la más cruel en muchos años en la historia próxima de nuestros países, nadie lo duda, se han cometido errores, que será preciso identificar y analizar en todos sus aspectos, para que no vuelvan a producirse».

Pero ya advierte:

Mas el examen tendrá que retroproyectarse, asimismo, sobre las políticas anteriores gravemente erosionadoras del sector público, con el que voluntariosamente habrían acabado de no ser por la contestación social. Pero ahora lo exigible, sobre todo a quienes insultan, insolidarios y prepotentes, desde una oposición cainita, mientras pretenden rentabilizar políticamente esta crisis con sus aterradores efectos en clave de partido, es una actitud bien distinta. Como la observada con el Gobierno francés por su encarnizado rival Jean-Luc Mélenchon, cuando dice: «Este no es el momento del choque frontal, sino el de la oposición propositiva, constructiva».

En el momento en que Consuelo Madrigal expresaba su opinión, se acumulaban 16 querellas (de particulares, de sindicatos de funcionarios, de médicos) en el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno por la gestión del coronavirus. Pero estas acciones penales iban aumentando y podrían acercarse al centenar.

El posicionamiento público de la fiscal de sala del Tribunal Supremo, la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, contra el Gobierno la llevará a abstenerse o, caso contrario, a que la Fiscalía General del Estado la aparte de las investigaciones que puedan abrirse.

El 16 de enero de 2020 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da cuenta del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo el 11 de diciembre de 2019 «relativo a la composición y funcionamiento de la salas y secciones del Tribunal Supremo y asignación de ponencias para el año judicial 2020» (Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 2020).

Según la resolución, el tribunal que habrá de conocer las causas especiales (aforados) resolverá sobre su admisión a trámite. Del 1 de febrero de 2020 al 31 de mayo de 2020, el tribunal de causas especiales (contra aforados) estará formado, en principio, por estos miembros: presidente, Manuel Marchena; magistrados, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro.

Ese será el tribunal que habrá de pronunciarse sobre la admisión o no a trámite de las querellas, unas 50 a primeros en la primera semana de junio de 2020. Para los seis meses siguientes hay algunos cambios en la composición. Una de las primeras diligencias de los cinco magistrados de la Sala de Admisión, antes de resolver sobre si se tramitan o no, será agrupar las querellas y cursarlas a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que emita su informe.

Esa labor recae en los miembros de las dos secciones de dicha Fiscalía: un total de 30 fiscales. De ellos, 20, entre los que se encuentra Consuelo Madrigal, están integrados en la sección cuyos jefes son los fiscales Juan Ignacio Campos y Fidel Cadena.

El pronunciamiento de Madrigal sería el equivalente de incumplir, como ha sido el caso del magistrado José Luis Concepción, el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (análogo para los fiscales), según el cual «estará prohibidos dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial».

Los fiscales, a diferencia de los jueces, no pueden ser recusados, pero en cambio sí pueden verse también en situación análoga a los jueces en lo que se refiere a causas de abstención.

El trámite de las querellas ha supuesto una prueba importante sobre cómo está actuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para evitar ser el blanco de las campañas de la derecha judicial y mediática. Ha encargado al teniente fiscal, el número dos de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas, mantener reuniones informales con los fiscales para intercambiar criterios sobre la actitud que debía adoptarse ante las acciones penales contra miembros del Gobierno por su gestión del coronavirus. En ese primer contacto no hubo posiciones favorables a informar positivamente cuando llegasen las querellas, a menos que alguna de ellas reflejara algo más que noticias aparecidas en medios de comunicación y fuera acompañada de indicios más o menos sólidos en lugar de copias de periódicos.

Si Madrigal se abstiene, el problema queda resuelto, pero podría dar lugar a un debate interno si sostiene que su posición ha sido un ejercicio de su libertad de expresión y que, por tanto, no ha incurrido en la causa descrita en el artículo 28, es decir, haber asumido una posición predeterminada en los hechos que son presentados en las diferentes querellas y que buscan responsabilidades penales del Gobierno.

En tal caso serían los miembros querellados del Gobierno quienes deberían pedir la abstención. O tocaría a la propia fiscal general del Estado —a quien una parte de la carrera considera, en su calidad de exministra de Justicia, agente del presidente del Gobierno y, por tanto, parcial— cuestionar la imparcialidad de una fiscal en los órganos internos.

11
MARLASKA PÉREZ DE LOS COBOS: EL PÓKER DE LOS MENTIROSOS

La Guardia Civil entrega el primer informe a la juez Carmen Rodríguez-Medel. Y, enseguida, el 22 de mayo de 2020, extractos del mismo aparecen en el diario digital El Confidencial. El capitán que ha elaborado el dosier va a por Fernando Simón, cosa que queda meridianamente clara en la información publicada.

«La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal por el 8-M», titula el diario citado.

La juez dictará dos resoluciones sucesivas. No va a imputar a Simón.

«Los únicos hechos investigados en este procedimiento —señala— hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020».

Está claro: la juez está interesada exclusivamente en saber si el delegado del Gobierno pudo haber cometido o no una prevaricación administrativa. Es su obsesión.

La filtración instantánea de la información descerraja la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Hasta entonces el ministro seguía con asombro las diligencias abiertas el 23 de marzo por la juez.

La relación de Grande-Marlaska con Carmen Rodríguez-Medel había sido excelente en el Consejo General del Poder Judicial. Tras ser nombrado ministro por primera vez en 2018, se había llevado para cubrir el puesto de director de gabinete a Rafael Pérez Ruiz, hasta entonces letrado en el CGPJ a cargo de la Oficina Judicial. Pérez Ruiz y Rodríguez-Medel, por tanto, habían coincidido allí como letrados y también mantenían buenas relaciones.

A mediados de enero de 2020, cuando Grande-Marlaska volvió a ser nombrado ministro, elevó a Pérez Ruiz de director de gabinete al puesto de secretario de Estado de Seguridad. Y pensó en Rodríguez-Medel para el cargo de directora general de la Guardia Civil. Durante la experiencia conjunta en el Consejo General del Poder Judicial, ambos habían hablado extensamente sobre los vínculos familiares de la juez con la Guardia Civil, sobre la historia de su abuelo.

Y Grande-Marlaska pensó en ella, precisamente, para el puesto de director general de la Guardia Civil. Se dice que intercambiaron mensajes por whatsapp durante los días en los que se estaba por adoptar la decisión. La información de que Rodríguez-Medel era la posible candidata del ministro saltó a los medios de comunicación. En el CGPJ, se le dio credibilidad a la información. «Grande-Marlaska también se lleva ahora a Carmen, después de fichar a Rafael», comentaron algunos vocales en referencia al nombramiento de Pérez Ruiz como secretario de Estado de Seguridad. Todo cuadraba. En la familia de Carmen se tuvo conocimiento de que, si bien no estaba hecha, su candidatura podía prosperar, aunque ella llevó el asunto con la máxima discreción. Y en ámbitos de la Guardia Civil se le concedió credibilidad a dicha opción, tanto que se llegó a analizar la trayectoria de la juez.

Pero Grande-Marlaska no tenía el monopolio de la decisión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también podía decir algo, dado que el puesto que ocuparía Carmen tiene doble dependencia, de Interior y de Defensa. La ministra, que había coincidido con Félix Azón en el CGPJ entre 2008 y 2013, donde ambos fueron vocales, expresó su oposición al cese de Azón cuando Grande-Marlaska formó su nuevo equipo y prescindió del director general de la Guardia Civil. También habían coincidido Margarita Robles y Rodríguez-Medel en el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2013.

La ministra Robles tenía su candidata para ocupar la dirección general de la Guardia Civil. Era Gloria Rojas, la secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera y consejera de la ciudad.

Grande-Marlaska tuvo finalmente que abandonar su deseo de nombrar a Rodríguez-Medel ante la falta de consenso y optó por María Gámez, subdelegada del Gobierno de Málaga. El 22 de enero, la ministra de Defensa, cuya presencia en la ceremonia de toma de posesión de Gámez estaba anunciada, no acudió al acto. Al día siguiente, Gloria Rojas confirmó en Melilla que, en efecto, Robles le había ofrecido el puesto.

El jueves 22 de mayo, sorprendido por el informe de la Guardia Civil, el ministro analiza con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, la situación creada. Ambos recelaban del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.

Al parecer, el coronel había dado cuenta, en el marco de una norma vigente desde abril de 2012, de que la elaboración del informe sobre las manifestaciones de marzo encargado por la juez se había interrumpido.

La citada norma fue establecida a iniciativa del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien, ante las continuas diligencias sobre actividades de corrupción del Partido Popular por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pidió que se remitiera a la cúpula «antes de las 11:00 de cada miércoles una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente». Se debía informar, entre otros extremos, sobre «posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales».

Grande-Marlaska decide que va a cesar a Pérez de los Cobos porque no ha notificado a Interior que el informe se había elaborado y entregado a la juez. Y, para más inri, se había filtrado inmediatamente a la prensa.

No obstante, Grande-Marlaska quiere evitar desvelar los motivos del cese. Está dispuesto a contar una parte de lo ocurrido. A saber, que ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos. Sin aclarar por qué razón. Tampoco quiere echar leña al fuego de los medios de comunicación. Se dirá, pues, que el cese estaba previsto como parte de una reestructuración de la cúpula.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, prepara el oficio dirigido al secretario de Estado de Seguridad el domingo 24 de mayo. Allí dice que propone «el cese del destino del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

El coronel recibe, el domingo 25 por la tarde, según él mismo ha dejado saber a los medios de comunicación, llamadas de su superior directo, el general José Antonio Berrocal, y del mando de operación, general Fernando Santafé. El ambiente se caldea. Más tarde, sobre las 22:30, la directora general le comunica por teléfono su cese.

El 26 de mayo, tras conocer la destitución de Pérez de los Cobos, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, presentó su dimisión al Ministerio del Interior. Con todo, el mandato de Ceña, que había postergado su jubilación hacía algunos meses, expiraba a primeros de julio.

Grande-Marlaska, fiel a su propio guion, explica en el Congreso y a los medios que ha cesado a Pérez de los Cobos por pérdida de confianza en el marco de una remodelación.

Pérez de los Cobos se mueve en los medios de comunicación y en otros medios. Dice que le han cesado por negarse a revelar a Interior el informe. Se convierte así en el paladín de la Policía Judicial.

Rodríguez-Medel, cree, en efecto, la versión que le llega desde la Guardia Civil. Y el lunes 26 hace causa común con ella.

La juez envía un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, donde le advierte de que ha dado «orden expresa» a la Policía Judicial de la Guardia Civil de mantener «rigurosa reserva» sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones.

La juez advierte de que la ley prevé que la «infracción de dicho deber» se castigue disciplinariamente, «sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran ser penales». Rodríguez-Medel es directa: de incumplirse su orden el juzgado podría abrir la «correspondiente investigación».

No se ha percatado el ministro Grande-Marlaska de que su ministerio es un queso gruyère y que la trampa está servida. Para desvelar que ha mentido, aquellos interesados en avivar el fuego filtran el 2 de junio a El Confidencial el oficio del 25 de mayo.

Ante esta realidad, el ministro Grande-Marlaska explica los hechos a riesgo de admitir que hasta ese momento ha vendido gato por liebre. Es decir, la circunstancia de que Pérez de los Cobos dio cuenta de que el informe encargado por la juez se había suspendido pero que había sido elaborado, entregado y filtrado inmediatamente.

Una fuente conocedora de la secuencia de lo sucedido relata, cual garganta profunda, la historia que se desarrolla detrás de los bastidores, lo que le pasa a la juez Medel con el 8-M y el resto de manifestaciones:

La juez ve que el delegado del Gobierno podía haber hecho algo que no hizo. Y está íntimamente convencida, como lo estaba de que a Pablo Casado le regalaron el máster. Pensó en un primer momento en archivar la denuncia. Pero optó por practicar diligencias. Y cuando más tarde le llega la información de que el delegado del Gobierno adoptó el 28 de febrero medidas de protección para sus funcionarios públicos, se dice: «¿Por qué si adoptas medidas para proteger a tus funcionarios no has cuidado al resto de los ciudadanos? ¿No se podían ordenar medidas en las manifestaciones como la distancia personal, o que los asistentes se pusieran mascarillas? Carmen empieza a encelarse. Y luego ha sabido que, desde la Delegación del Gobierno, llaman a algunos de los manifestantes para sugerirles que desconvoquen cuando es el delegado del Gobierno el que tenía que prohibirlas. Hay una serie de cosas que no le cuadran. Reflexiona sobre cómo los poderes públicos tienen que actuar en beneficio de los ciudadanos y cuáles son sus responsabilidades.

La Guardia Civil se la ha jugado a Carmen porque ella ha dado una orden muy específica y ellos hacen informes por encima de las órdenes que ella ha dado y atacan a gente que no está en la investigación que ella se propone. Se ha tenido que pronunciar hasta dos veces en el sentido de que no va contra Fernando Simón, se lo ha dicho por activa y por pasiva a la Guardia Civil. Y se lo han pasado por el arco de triunfo. Lo normal es que el coronel Diego Pérez de los Cobos supiera qué decía el primer informe. Porque se entera. Carmen da instrucciones muy concretas para conocer el grado de conocimiento del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, si conocía los documentos o circulares que entraron en la delegación del Gobierno. Da la impresión de que Pérez de los Cobos se entera y aprovecha para hacer un informe alineado para joder al Gobierno. Los intereses que tiene son claros: atacar al Gobierno. El punto de vista de Carmen es que, como delegado del Gobierno, este señor debe tener ciertas informaciones, todas las comunicaciones oficiales remitidas a la Delegación del Gobierno y todo lo que se haya publicado en el BOE. Ella quiere analizar la actuación administrativa.

Carmen tiene en cuenta 170 manifestaciones. A ella no le llama la atención el 8-M. Le llama la atención, incluso más, el hecho de que el 9-M se cierran los colegios de Madrid y ese día se celebran 12 manifestaciones Carmen dice «yo, que vivo en Madrid, que tengo hijos, que se cierran todos los colegios y nos pusimos todos de los nervios con los niños, y que nos alteran las vidas, cómo es que este señor que es delegado del Gobierno permite 12 manifestaciones sin decir nada».

Otra cosa es que Pérez de los Cobos meta la cuchara, y parece que el capitán de la Policía Judicial actúa más a las órdenes de Pérez de los Cobos que de Carmen. Y el informe que hace el capitán es nefasto, lleno de noticias falsas. Y aunque Carmen no puede decir nada contra el informe se va a ver qué concepto tiene del mismo. Porque no lo va a tener en cuenta.

La filtración del informe le ha preocupado. A mí me dicen que ha sido el capitán el que lo ha filtrado. Y luego se filtra otra vez cuando llega a la Abogacía del Estado. Carmen, en principio, sospecha que la filtración vino de la Abogacía del Estado. Hay un informe que está foliado, pero hay otras copias que no lo están. La conclusión es que quienes redactaron el informe son quienes lo filtran. Y yo creo que Carmen se da cuenta de que se la están jugando y está cabreada. Creo que ella sabe que quienes filtraron son los de la Guardia Civil.

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LAS RESIDENCIAS: VIAJE A LOS CENTROS DE LA MUERTE

Son 19.481 los fallecidos por Covid-19 o por síntomas de esta enfermedad en 5.457 residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas en España. Es decir, representan el 71 % de los aproximadamente 28.000 fallecidos de la estadística del Ministerio de Sanidad. Las residencias de las regiones más golpeadas han sido Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Madrid encabeza la liga: en más de 700 residencias se han producido 5.975 muertes a causa de Covid-19 o sintomatología de ella. Le sigue Cataluña: en más de 1.000 residencias públicas y privadas se han registrado 4.082 fallecidos. En Castilla y León los fallecidos en residencias públicas y privadas llegan a 2.587 personas. En Castilla-La Mancha son 2.477.

Por más provisionales que sean estas crifras, la conclusión preliminar es que los mayores que habitaban en las residencias llamadas geriátricas estaban en el lugar más inapropiado en el momento más inoportuno.

Este desenlace era un «accidente» esperando a suceder. El marco legal y la gestión de esas residencias, carentes de medicalización, respondía a lo que en realidad eran: un negocio.

La Fiscalía General del Estado ha abierto centenares de investigaciones civiles y penales en toda España cuyo desenlace probablemente exija años. Pero sabemos lo esencial: esas residencias no estaban preparadas. No digamos ya para hacer frente a un huracán devastador como la Covid-19. Carecían de los equipos elementales de protección de su personal y no ofrecían seguridad sanitaria a sus residentes. Eran eso: una apariencia, una ficción.

La mejor defensa es un ataque. Ese ha sido el lema de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, y su partido, el Partido Popular, al descargar la responsabilidad de las residencias sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, sobre el vicepresidente primero Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos.

El Real Decreto del 14 de marzo de 2020 que declara el estado de alarma establece que el Gobierno es la «autoridad competente» en la batalla contra la Covid-19, pero, al mismo tiempo, puntualiza que «cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios».

Y además de esta afirmación genérica, el artículo 12.2 lo dice con todas las letras: «Las Administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento».

La gestión aventurera de la Comunidad de Madrid quedó en evidencia cuando empezó el debate de la desescalada.

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, miembro de la comisión ejecutiva de Ciudadanos, se adelanta a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y anuncia que la CAM solicitará pasar a la fase 1 de la desescalada. Díaz Ayuso tiene ganas, pero todavía no se decide. El martes 5 de mayo, la directora de Salud de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, entrega al Ejecutivo de Díaz Ayuso un informe que echa agua al vino de la anunciada solicitud. Ese mismo día 5, Díaz Ayuso vuelve a dar un titular que ya había ofrecido días antes a una revista:

De nada sirve que una persona no se mueva de su casa, que cumpla a rajatabla todas las normas aunque se esté empobreciendo, para que después baje al «súper» y le contagien allí. Es como si prohibiéramos los coches para evitar accidentes. Todos los días hay atropellos y por eso no prohíbes los coches.

Esta ocurrencia tenía su inspiración. Sus colaboradores en la Real Casa de Correos, sede de la CAM, son expertos en reciclar y reelaborar tuits y mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Precisamente, en una rueda de prensa del 23 de marzo, el presidente norteamericano había hecho pública su genialidad:

Los accidentes automovilísticos provocan un mayor número de muertes. Eso no significa que vamos a decirles a todos que no conduzcan más automóviles. Tenemos que hacer cosas para abrir nuestro país.

Pero el informe de Yolanda Fuentes del martes 5 no vendía mensajes mediáticos, la pretendida especialidad de Díaz Ayuso y su equipo.

Fuentes es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha desarrollado su actividad profesional en diferentes hospitales, como el 12 de Octubre y el Infanta Cristina, ha sido directora médico del hospital Carlos III durante cuatro años, entre ellos los del ébola, donde trabajó con el doctor Fernando Simón, y fue subdirectora médico del hospital La Paz durante más de tres años.

En el primer folio de un informe de 28 páginas, la directora anunciaba su conclusión: «En las próximas semanas es previsible que se pueda tener el control epidemiológico y poder pasar a la fase de transición. En estos momentos, evaluando los datos disponibles, no es recomendable cambiar de fase».

Díaz Ayuso pareció comprender a Yolanda Fuentes porque el miércoles 6 de mayo, en una entrevista en Radio Nacional de España, señaló que Madrid «no tendrá prisa por entrar en la fase 1 de la desescalada». Y añadió que el Consejo de Gobierno lo decidiría en las horas siguientes.

Tras empezar la reunión de ese 6 de mayo, y en medio del debate sobre si era procedente solicitar o no la desescalada, la presidenta se marchó. El vicepresidente Aguado, ansioso por sacar adelante la solicitud de la fase 1, expresó su malestar. El examen de la situación se pospuso hasta la tarde. El Gobierno, finalmente, aprobó, sobre las 20:00 horas, la petición a Sanidad de pasar a la fase 1 a partir del lunes 11 de mayo.

Tanto el informe de Yolanda Fuentes como las diferencias internas ya habían provocado el incumplimiento del plazo de entrega de la solicitud a Sanidad, que vencía para todas las comunidades autónomas a las 14:00 horas del miércoles 6. El jueves, el equipo de la CAM se reunió con Sanidad y acordó enviar su solicitud por la noche.

Pero el informe de la directora de Salud ya no servía porque, precisamente, fundamentaba que no se cumplían las condiciones («en estos momentos seguimos teniendo más pacientes Covid ingresados en UCI que la capacidad habitual de camas de UCI en la Comunidad de Madrid»), lo contrario de lo que pretendían Aguado y Ayuso. Había que reelaborar, pues, los datos para justificar la solicitud de la desescalada.

El jueves, al conocer la nueva posición de Díaz Ayuso, la directora Fuentes decidió presentar su dimisión. Lo único que trascendió: no eran criterios de salud los que fundamentaban la petición de la fase 1.

Hasta ahí podíamos llegar. ¿Y podía haber otros criterios que no fueran los de la salud?

Esa noche del jueves la presidenta designaba al mediático Antonio Zapatero viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, mientras se hacía un «corta y pega» de datos. La CAM los enviaba, sobre las 22:00 horas, a Sanidad. No llevaba ninguna firma.

¿Qué había pasado? Díaz Ayuso ha explicado la raíz del problema. No tuvo tiempo, dijo, de hablar con Yolanda Fuentes. Pero, en cambio, se concentró en otro frente: mantuvo reuniones con los empresarios.

Otra vez su equipo recicló a Trump, quien el miércoles 6 había dicho a la cadena Fox News que las muertes eran el precio de la reapertura: «Tenemos que ser guerreros. No podemos mantener nuestro país cerrado durante años».

Ayuso lo explicó el viernes 8 de mayo en el programa de Ana Rosa Quintana:

La directora no quería dar el siguiente paso. Yo sí. Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando, pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCI las podemos estirar, hay que tomar una decisión.

Díaz Ayuso y su equipo sabían que la solicitud de pasar a la fase 1 no tenía sentido. Por eso la solicitud no lleva firma. El PP prefirió mantener la aparente unidad con Ciudadanos y dejar la decisión en manos del «Gobierno central» a sabiendas de la negativa que recibiría.

Las empresas y sus lobbies consiguieron los recortes de la sanidad pública y la privatización (llamada elegantemente externalización) durante la presidencia de Esperanza Aguirre, un proceso cuya última fase fue frenada en 2014 por la justicia durante la presidencia de Ignacio González.

Y esos lobbies siguen donde estaban. Detrás de Isabel Díaz Ayuso, y con gran fuerza detrás de Ignacio Aguado, el impulsor de la fallida fase 1.

La inspiración del equipo de Díaz Ayuso en la política de Trump no se limitó a sus mensajes y tuits. También tomó nota del apoyo del presidente de Estados Unidos a las manifestaciones callejeras contra el confinamiento en el mes de abril. Trump tuiteó en mayúsculas: «¡Liberad Michigan!», «¡Liberad Minnesota!», «¡Liberad Virginia!», en un ataque directo a alcaldes y gobernadores del Partido Demócrata.

El presidente intentaba en aquellas fechas acabar con el confinamiento y reabrir la economía rápidamente. Grupos de manifestantes en las capitales de Michigan, Kentucky y Carolina del Norte llegaron a salir armados con fusiles de asalto, para desafiar las órdenes de la cuarentena. Las escenas se repitieron en Ohio, Utah, Nevada, Indiana y Maryland.

La ola llegaría a Madrid en el mes de mayo.

«Que tenga que atacar a estos vecinos que se van a arruinar a costa de sus políticas es una falta de respeto a todos. Todas las familias que se han manifestado están sin recibir un solo euro. El Gobierno de España está haciendo más daño que nadie a la economía. Lastran las economías más vulnerables. Lo de Núñez de Balboa va a parecer una broma cuando los ciudadanos puedan salir a la calle», dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid tras las manifestaciones en la capital contra el confinamiento.

En la calle Núñez de Balboa, la cacerolada comenzaba unos quince minutos antes de las 21:00 horas, desde los balcones; la concentración, que no era comunicada a la Delegación del Gobierno, se extendía luego a la calle.

El barrio de Salamanca, uno de los más ricos de la capital, había sido escenario por quinto día consecutivo de una manifestación contra el Gobierno central por la gestión de la pandemia.

Durante varios días, las protestas se desarrollaron sin respetar la distancia de seguridad por parte de grupos de vecinos. Los manifestantes llenaban las aceras portando banderas de España, al grito de «Gobierno, dimisión» y «libertad».

Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, cuenta así como ha vivido la lucha contra la pandemia en las residencias desde los primeros días:

Es una tradición que viene de los Gobiernos de Convergència i Uniò. Me refiero a la irresponsabilidad absoluta de un Gobierno que todo lo que hace es a beneficio de inventario. Lo que hacen bien es porque son buenos y lo que hacen mal es porque el Gobierno español o los ayuntamientos son malos. Y aquí en Barcelona, nos ha afectado. Por ejemplo, la catástrofe de las residencias de gente mayor. El Govern intenta salir incólume de esto. Aquí hay un consorcio de bienestar social, un consorcio de servicios sociales, en el que estamos el Ayuntamiento y la Generalitat. Lo debería llevar la Generalitat. Bueno, cuando se han tenido que hacer desinfecciones de las residencias las han hecho los bomberos, cuando ha habido que hacer traslados de ancianos a hoteles, quien ha llevado el peso fundamental ha sido el Ayuntamiento, el tema de la atención a los sin techo es una responsabilidad más municipal, pero lo hemos nosotros solos, bueno, con el Ejército.

Aquí, en toda España, hemos convertido las residencias en un parking de ancianos. Los hemos empaquetado, los hemos metido en estas residencias y nos hemos olvidado, el tema estaba solucionado. Ha fallado en gran parte la estructura familiar. No se puede descargar a la gente mayor sobre las espaldas de las clases más humildes, las cuales, a su vez, tienen que dar atención a personas que también están muy deterioradas. Como sociedad tenemos que reconocer que en España hemos fracasado. Se está comentando todos los días: a la gente que pasó la guerra, que sobrevivió a la posguerra, ahora les dejamos morir en la más absoluta de las soledades. Es terrible. Cuando empezaron a crearse las primeras residencias, al principio de la democracia, teníamos una población mayor con una esperanza de vida muy corta, cuando ibas a las residencias eran gentes que en poco tiempo se morían bajo relativo control. Pero ahora no, con el alargamiento de la esperanza de vida, las residencias desde hace mucho tiempo deberían ser todas residencias asistidas. Es decir, empezamos creando residencias que eran hotelitos para viejos que deberían haberse convertido en hospitales o residencias asistidas, medicalizadas, con visitas regulares y sistemáticas de médicos. Y ahora el coronavirus ha caído con todo el peso. Hay un problema de negligencia, de falta de recursos. Hemos puesto toda la responsabilidad sobre las espaldas del personal de las residencias y este personal en su inmensa mayoría no tiene cualificación profesional. Por supuesto que son buena gente. Y es gente entregada. Pero carece de la capacitación desde el punto de vista sanitario, e incluso en muchos casos, desde el punto de vista psicológico, para tratar a estas personas, y lo hacen con toda la buena intención del mundo. El primer drama que tuvimos aquí en Barcelona fue una residencia en el distrito de Santandreu. En tres días habían muerto veinte personas. Me fui allí con el jefe de bomberos para llevar adelante la desinfección y empezar a sectorializar pisos de la residencia. Y quedé en estado de shock viendo el personal de la residencia. El personal tenía un triple pánico. Primero, la tristeza de ver que gente con la que empatizaba se les moría en las manos. Segundo, el pánico de contagiarse ellos. Tercero, el pánico a contagiar a sus familiares. La mujer de la limpieza que lava a los abuelos en la residencia es una mujer que cuando llega a su casa tiene a su madre y a su padre, o a una hermana mayor, a los que tiene miedo de pegarles el coronavirus y de provocarles las muertes. No lo preveíamos como sociedad.

Y te preguntas: ¿vamos a ser capaces de sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir?

13
EL CRASH: ¿BOMBA DE NEUTRONES?

El peor de los mantras universales que dejará el coronavirus es su analogía con una guerra.

Ningún gobernante se ha parado a pensarlo. Ninguno ha dicho: no, esto no es una guerra. Es todo lo contrario. Y por eso, porque no es una guerra, debemos saber cómo vamos a salir.

Porque como escribe el intelectual italiano Marco d’Eramo:

Durante la guerra, se demuelen tanto el capital financiero como el material: infraestructuras, fábricas, puentes, puertos, estaciones, aeropuertos, edificios. Pero una vez que la guerra termina, comienza un período de reconstrucción, y es esta reconstrucción la que desencadena un repunte económico. Sin embargo, la epidemia actual se parece más a una bomba de neutrones, que mata a los humanos y deja intactos los edificios, carreteras y fábricas (aunque vacías). Entonces, cuando termine la epidemia, no habrá nada que reconstruir, y consecuentemente ninguna recuperación.

«Cuando termine».

El hecho de que precisamente ignoremos cuándo va a terminar la pandemia y desconozcamos si los rebrotes van a convertirse, por ejemplo, en el Gran Rebrote el próximo otoño, o cuál será la intensidad del ataque en los países de América Latina y en África, o qué posibilidades más o menos reales hay de que una vacuna esté disponible en el periodo razonable de un año o año y medio, convierte los vaticinios de los bancos centrales, instituciones internacionales y think tanks sobre caídas de los principales indicadores económicos rápidamente en papel mojado. Sin duda, hay gente que tiene que justificar su notoriedad y afán de influencia en la opinión publicada y los maltrechos Gobiernos, y por eso España, quizá más que otros países, se aplica en introducir modelos matemáticos en los ordenadores y extraer curvas de evolución de la actividad económica semana sí, semana no.

No más consideración se merecen los pronósticos sobre recuperaciones en forma de V, L o U, es decir, subida en flecha a una velocidad similar a la del desplome, reacción plana de estancamiento reptante o recuperación muy gradual.

El brote del coronavirus fue el golpe de gracia a un ciclo de la economía española, europea e internacional que presentaba síntomas de fatiga. El shock de oferta provocado por el confinamiento, es decir, la paralización deliberada de la actividad, única estrategia en ausencia de una vacuna, puso el salvamento de vidas humanas por encima del de la economía o, más bien, a expensas de la actividad económica. A sabiendas de que las medidas de emergencia para paliar la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo en el mercado laboral serían un puente hacia otra etapa donde difícilmente todo volvería a ser igual. Al shock de la oferta seguirá el shock de la demanda agregada, es decir, de la demanda interna y externa. Y es probable que este shock sea más prolongado de lo que se quiere admitir, que el comportamiento de los agentes económicos presente menor flexibilidad o menor capacidad de adaptación a las circunstancias de lo que se puede esperar.

En uno de los editoriales más llamativos de la crisis que ha generalizado el coronavirus, el periódico británico Financial Times, portavoz de la ortodoxia económica y de los mercados financieros, ideología incluida, advirtió el 4 de abril de 2020 que «será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas».

Según señalaba, «los Gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben considerar los servicios públicos como inversiones en lugar de un pasivo, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros».

En otros términos, no se trata de volver a la normalidad previa al coronavirus. Es decir, a la política neoliberal dominante durante largos años.

Todavía añadía un punto más para escandalizar a buena parte de su parroquia: «La redistribución volverá a estar en la agenda; los privilegios de los ancianos y de los ricos, en cuestión. Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como la renta mínima y el impuesto sobre la riqueza, tendrán que ser combinadas en la receta».

España entró en la catástrofe del coronavirus con dos ideas muy arraigadas. La primera es que este país contaba con el mejor o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, el mejor preparado. La segunda, que el Estado de las autonomías funcionaba y que ya podía asumirse como un experimento sólido y exitoso.

Ni lo uno ni lo otro.

Y ambos postulados se entrecruzan. Porque el Estado autonómico y el sistema sanitario están fusionados. Porque, ¿qué otra cosa puede querer decir que las competencias sanitarias están transferidas ya definitiva y completamente desde el año 2001?

El Estado autonómico ha sufrido el primer desafío serio en toda la historia constitucional española. Y ha superado de mala manera la prueba. Porque ha fallado la coordinación entre las administraciones incluso en aquellas áreas más elementales como la socialización de datos sobre la evolución de contagios, fallecidos y recuperados.

Y porque, además, también ha revelado, ya no digamos una colaboración leal, sino una tendencia a los comportamientos propios de un reino de taifas.

El Gobierno de Pedro Sánchez cogió el timón de la nave España con la declaración del estado de alarma a sabiendas de que ello podía crear la sensación de que también asumía las responsabilidades sanitarias de las comunidades autónomas porque, por ejemplo, se hizo cargo de la compra urgente de mascarillas. Pero el decreto-ley no dejaba lugar a dudas: las competencias sanitarias seguían siendo responsabilidad de las comunidades autónomas. El Gobierno sabía desde el principio que corría el riesgo de que las comunidades se quitaran de encima sus obligaciones y las endosaran al Gobierno central. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, destacaría por esta conducta, sobre todo para desentenderse de la desastrosa gestión de las residencias de mayores.

Y cómo no, la «recentralización» fue el caballo de batalla de la propaganda de los partidos nacionalistas durante las seis prórrogas del estado de alarma, así como la denuncia del «estado de excepción» encubierto lo fue para los partidos de la derecha.

El sistema sanitario público sufrió recortes importantes a través de los experimentos con gaseosa realizados en Madrid durante las Administraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González, experimentos que aspiraban a tener mayor recorrido a no ser por la barrera que erigió la justicia madrileña en 2014.

Pero sería engañarse creer que esos recortes son los que explican por sí solos la falta de preparación para enfrentar la devastación del coronavirus.

Esa falta de preparación se ha derivado del hecho de que las comunidades autónomas no asumieron las principales responsabilidades que les otorgaban las transferencias competenciales.

Y esas responsabilidades consistían en planificar, en elevarse por encima de la gestión del día, la semana o el mes.

Planificar.

Esa palabra a la que ahora hasta periódicos como el Financial Times han perdido el miedo a utilizar en sus editoriales. Planificar. Ese verbo que hasta la Administración Trump ha tenido que aplicar al desempolvar una legislación de la guerra de Corea para que las grandes empresas del automóvil, como General Motors y Ford, o Tesla, dejaran a finales de marzo de 2020 de fabricar vehículos para producir ventiladores de respiración para pacientes de Covid-19.

Willem Buiter, execonomista jefe de Citicorp y profesor visitante de Economía en la Universidad de Columbia, ha bautizado recientemente la fórmula como «socialismo pandémico»:

Como lo indica la trayectoria de la crisis de la Covid-19, las economías capitalistas de mercado tendrán que dar paso, al menos de manera temporal, a una improvisada forma de socialismo dirigido a restablecer los flujos de ingresos para hogares y empresas. Veremos entonces si las consecuencias de este experimento con el socialismo resisten bien más allá del final de la pandemia.

El Banco Central Europeo (BCE) le ha visto las orejas al lobo de la catástrofe económica y a su impacto notablemente mayor de una Gran Recesión, la de 2007-2008, que casi se lleva por delante el sistema del euro en julio de 2012, cuando el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, salvó la situación con su «haremos lo que haga falta» para defender al euro.

En la reunión de su Consejo de Gobierno del 4 de junio, el Banco Central Europeo aprobó un programa de compra de activos (bonos de deuda pública, valores emitidos por instituciones europeas supranacionales, bonos corporativos, bonos de titulización de activos y bonos garantizados) de 600.000 millones de euros hasta junio de 2021. Este plan se añade a los 750.000 millones de euros ya aprobados el 19 de marzo, ocho días después de declararse la pandemia y con el lanzamiento de las medidas de confinamiento.

Este programa de 1,35 billones de euros permite mantener controlados a la baja los tipos de interés, lo que hace posible que los Estados miembros el impacto sobre el endeudamiento que se ven obligados a asumir para hacer frente al coste de la crisis sanitaria, la cobertura del sistema de desempleo y las ayudas a empresas.

Además, sobre la base de una iniciativa de Alemania y Francia, la Comisión Europea ha propuesto un estímulo económico de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones serán transferencias a fondo perdido, es decir, que no tendrán que ser reembolsados, y 250.000 millones serán préstamos con condiciones favorables.

De aprobarse por el Consejo Europeo, sería el primer paso hacia la mutualización o socialización parcial de la deuda. La Comisión Europea se endeudaría en los mercados de capitales y distribuiría los fondos entre los países miembros.

A España le corresponderían hasta 140.446 millones de euros; sería el segundo país que más dinero recibiría después de Italia. Los fondos se dividirían entre 77.324 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido, y 63.122 millones como préstamos, según la tabla de reparto que combina todos los instrumentos.

La economía española, más que enfrentarse a una reconstrucción —siguiendo la sugerencia de Marco d’Eramo—, tiene delante de sí otro tipo de desafío: el de una metamorfosis o una mutación.

Porque una economía en la que el turismo representa del orden del 14 % del Producto Interior Bruto —magnitud a la que se añade otro 5 % de sectores auxiliares que viven en torno a esa industria—, al tiempo que ha adquirido, a partir de la crisis de 2007-2008, un sesgo dependiente de las exportaciones, sufrirá más que otras. Ambos son ahora flancos débiles, según ha dejado constancia el informe de junio de 2020 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Precisamente, la metamorfosis o mutación de la economía está contemplada en la propuesta del Fondo de Recuperación elaborada por la Comisión Europea. Se plantea como un plan europeo de reconversión industrial con el objetivo de hacer realidad la transición digital y ecológica mediante la construcción de bienes públicos europeos, entre los cuales destacan el Programa de Salud y la inversión en I+D. Asimismo, se aborda un tema tabú: la financiación de los programas con impuestos armonizados.

El Banco de España ha aprovechado la situación de gran inquietud y expectativa por el desarrollo de la crisis para lanzar sucesivas previsiones sobre la catástrofe. Sin embargo, ha evitado hablar de su propio negociado: la situación del sistema financiero español.

Según la Agencia Bancaria Europea (EBA), los bancos españoles eran los menos solventes de toda Europa a finales de 2019. Mientras la banca europea exhibía un nivel de solvencia del 14,8 % y una ratio de morosidad del 2,7 %, las entidades españolas registraban una solvencia del 11,9 % y una morosidad del 3,2 %. La solvencia de los bancos griegos era, en esas fechas, del 13,3 %; la de los irlandeses, del 16,8 % (dos países que fueron «rescatados» de forma completa por la Troika, a diferencia del rescate «bancario» a medida diseñado para España); la de los italianos, del 13,2 % y la de los portugueses, del 13,5 %. No deja de ser ilustrativo que la banca mejor capitalizada de toda Europa sea la de Islandia (21,8 %), un país que optó por no salvar a sus bancos con dinero público en la crisis de 2008. Si se exceptúa el caso de Kutxabank, con una solvencia del 16,9 % y una morosidad del 2,2 %, por encima de la media europea, el resto de grandes bancos españoles entraron en la pandemia con francas debilidades.

Esas debilidades habían sido «cotizadas» en la Bolsa de Madrid antes de la irrupción de la Covid-19. Y en el desarrollo de la crisis, la percepción negativa del mercado se ha disparado todavía más.

El peso del sector financiero en el Ibex-35, del orden del 30 %, explica asimismo las caídas sufridas. Los cuatro bancos más importantes (Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell) representan unos activos totales de 2,9 billones de euros, el equivalente a 2,5 veces el PIB de España (1,2 billones). Y uno de ellos, el Santander, con activos de 1,5 billones, supera el PIB español, una situación excepcional que destaca entre los 28 bancos sistémicos del mundo.

Una de las patas de la campaña de los partidos de la derecha es el vaticino del «rescate» al que la economía española tendría que someterse.

El mensaje busca asociar el crash del coronavirus en curso con la Gran Recesión de 2007-2008 en España. Incluso los catastróficos datos económicos que se conocen a diario son atribuidos al Gobierno de Pedro Sánchez, del mismo modo que dicha Gran Recesión fue adjudicada a José Luis Rodríguez Zapatero, a horcajadas de los errores cometidos y del negacionismo de la crisis por parte de aquel Gobierno.

Así, el «rescate» quimérico en curso sería una recaída de la izquierda en aquello que el Gobierno de Mariano Rajoy reivindicó como su obra fundamental: salvar a España del rescate en 2012. La mitología de aquel rescate ahora reaparece bajo la agitación del que nos amenaza si continúa el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos.

El 10 de junio de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva por fin el Real Decreto-Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Congreso de los Diputados.

Desde el inicio de del estado de alarma, el Gobierno ha aprobado innumerables medidas para frenar el desempleo provocado por el confinamiento y la parálisis de la actividad, a través de mecanismos como el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que alcanzan a alrededor de 3,4 millones de trabajadores, o la prestación extraordinaria por cese de la actividad de los autónomos y ayudas a las pymes. Pero la atención ha estado centrada en el Ingreso Mínimo Vital.

Durante meses, el Ejecutivo elabora esta medida, cuyos aspectos técnicos diseña en sus detalles José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Le da el marchamo «responsable» a la propuesta que Pablo Iglesias quiere tener lista para finales de mayo.

La derecha está dividida ante el IMV. Mientras Vox la califica como una «solución venezolana» y la estigmatiza como la «paguita», el Partido Popular cree, siguiendo la orientación de FAES, que debe ser una medida de carácter temporal, vigente solo durante el impacto de la Covid-19. Ciudadanos la apoya.

El 10 de junio, el PP y Ciudadanos votan a favor del Real Decreto-Ley que favorecerá a 850.000 familias. Vox, que ha hecho campaña contra el IMV por ser la medida «estrella» del vicepresidente primero y porque actuará como «efecto llamada» de inmigrantes ilegales, se abstiene.

Casado justifica su apoyo porque, dicen los dirigentes del partido, «la renta básica para proteger a los más vulnerables es un invento del PP».

El partido de ultraderecha denuncia que al PP «el pacto firmado con el diablo va a salir muy caro porque al diablo le da igual que se ponga en riesgo de muerte el sistema de protección». El IMV, sostiene Vox, pondrá «en juego el futuro de los pensionistas y de nuestros hijos».

Pero, a pesar de que el Partido Popular da su apoyo, quiere la tramitación del IMV por proyecto de ley para introducir modificaciones. Elvira Rodríguez señala en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuál es la idea del PP sobre el IMV, su concepto de la medida:

Los problemas de los españoles no se resuelven dándoles subsidios, subvenciones o ingresos mínimos vitales.

Al día siguiente de la votación se hace público que la delegación española del PP en el Partido Popular Europeo (PPE) respalda la exigencia de que, como piden los llamados «frugales» (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca), el dinero del Fondo de Recuperación de 750.000 euros se canalice a los países del sur, en alusión a los «despilfarradores», bajo condiciones estrictas.

Ya en 2017, el entonces presidente del Eurogrupo, el holándes Jeroen Dijsselbloem, se refirió a los préstamos que piden estos países:

Como socialdemócrata, atribuyo a la solidaridad una importancia excepcional. Pero el que la solicita, tiene también obligaciones. Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y pedir luego que se le ayude.

Ahora eurodiputados alemanes, los cuatro países «frugales» y la delegación española son los que han impulsado la iniciativa.

El eurodiputado alemán Manfred Weber asegura que es una iniciativa compartida por toda la formación:

Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles. Dolors Montserrat, Esteban González Pons y Pablo Casado tienen muy claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes, y en que eso debe quedar claro. Desde el PPE ponemos, por decirlo así, dos condiciones. La primera es que no queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro.

Y el eurodiputado alemán no oculta su prevención respecto a España:

El PPE no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos.

Casado quiere autocumplir su profecía del rescate, que lanzó el 20 de mayo en el Congreso de los Diputados durante el debate de la prórroga del estado de alarma:

No le volveremos a apoyar para hundir a España por tercera vez. ¿Nos puede explicar cómo pretende cuadrar las cuentas, o nos tenemos que enterar por el primer ministro italiano otra vez? Por él supimos que van a pedir el rescate. Nadie duda de que tendrá que pedir el rescate a Europa y debe informar a los españoles cuánto van a recortar el Estado del bienestar.

El Ingreso Mínimo Vital ha sido acogido como una iniciativa importante por medios de comunicación que suelen ser fuente de difusión de la ideología neoliberal.

Es el caso de la revista The Economist. Refleja las colas ante los bancos de alimentos, centros comunitarios y ONG de Madrid y señala que la pandemia ha expuesto los «agujeros» del Estado del bienestar en España, como ya hizo la crisis de 2008.

Pero enfatiza que «esta vez, el Gobierno está intentando llenar el hueco». Se hace eco de las ayudas temporales como los ERTE para asalariados y autónomos, pero, sobre todo, apunta, el Gobierno de coalición de izquierdas ha aprobado «algo grande y permanente»: un ingreso mínimo para los que están «cayendo por las grietas de la pobreza extrema». Y resalta que José Luis Escrivá, el ministro «arquitecto del plan», estima que se beneficiarán unos 2,3 millones de personas, mayoritariamente mujeres y niños.

También el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha respaldado públicamente la iniciativa. Y Kristalina Georgieva, directora gerente, expresaba su entusiasmo, en una entrevista con el diario El País, tras la aprobación del IMV en el Congreso:

Primero, bravo. España ha adoptado una medida apropiada para proteger a las personas más vulnerables de estas crisis y, segundo, sí, tiene lógica hacerla permanente. Con la advertencia de que hay también instrumentos regionales y se tiene que hacer algo de trabajo para asegurarse de que hay una coherencia, de que no se producen solapamientos que generen injusticias. La pobreza en España es más alta en comparación con la eurozona, especialmente entre los niños. Un 21 % de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, cuando en la Unión Europea es menos del 17 %. En cuanto a gente en riesgo de pobreza, España estaba en el 26 % y la UE, en el 22 %. En otras palabras, España tiene una importante labor para mejorar la igualdad en el país, y este es un buen instrumento.

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RODRÍGUEZ-MEDEL: «SI NIEBLA EN LA MONTAÑA, LA PESCADORA A LA CABAÑA»

Los 87 días que van entre el 23 de marzo, día en el que admitió la denuncia del abogado Víctor Valladares, y el 9 de junio, la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel ha llenado un sumario de casi 3.000 folios. Las diligencias han sido básicamente ordenadas por la propia juez. Durante esta frenética investigación sobre la presunta prevaricación cometida por el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no haber prohibido las manifestaciones del 8-M y otras, la juez se ha apoyado en la urgencia prevista por el decreto de estado de alarma para justificar una investigación, pero, al mismo tiempo, ha aprovechado la también prevista suspensión de plazos para recurrir, en este caso del único imputado, para atar las manos de su defensa. Y así se llega a la primera declaración, la de Franco, el martes 9 de junio, a la que en la misma jornada seguirán otros funcionarios de la Delegación del Gobierno y convocantes de actos en aquellos días de marzo.

La posición de la Fiscalía de Madrid ante el procedimiento de la juez Rodríguez-Medel fue analizada el lunes 1 de junio en la Fiscalía General del Estado, en una reunión informal convocada por Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, el número dos de la Fiscalía, para intercambiar criterios respecto a las denuncias y querellas por la Covid-19.

En la reunión estuvieron presentes los fiscales jefes de las Salas Primera y Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, Fidel Cadena y Pilar Fernández Valcarce, respectivamente; el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink; por la Fiscalía de Madrid acudieron la fiscal jefe, Pilar Rodríguez, y el fiscal Enrique Remón. También asistió a la reunión Álvaro García Ortiz, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el órgano que asiste a Dolores Delgado.

Los dos fiscales de Madrid en el procedimiento contra el delegado del Gobierno, Gloria Yoshiko Kondo Pérez y Enrique Remón Peñalver, acaban de recurrir el 8 de junio ante la Audiencia Provincial de Madrid, en la víspera de la declaración de Franco, el auto de incoación de diligencias por inexistencia de delito de prevaricación directa u omisiva. Pero no solo eso: acusan a la magistrada de cercenar el derecho de defensa. Ha avanzado en las diligencias apoyándose en la urgencia que le permite el estado de alarma, pero no ha utilizado la misma vara de medir para el derecho de defensa al no levantar la suspensión de plazos para recurrir. Los fiscales están sugiriendo que es la juez la que pudo cometer prevaricación.

El martes 9 de junio, en su declaración de hora y media, el delegado del Gobierno en Madrid contestó a las preguntas de la magistrada dirigidas a aclarar qué había pasado con la manifestación del 8 de marzo. Señaló que no tenía conciencia ni información sobre el riesgo que podía correr la población en la manifestación. Franco ejemplificó que él mismo acudió a la movilización junto con su hija, de quien dijo que es médico.

Explicó que, como delegado de Gobierno, cargo del que había tomado posesión el 19 de febrero, no tiene competencia en materia sanitaria. Y a preguntas concretas de la magistrada aseguró con rotundidad que no recibió recomendaciones o instrucciones en ninguno de los dos sentidos, a saber, de que se celebrase la manifestación o, por el contrario, que se prohibiese.

La juez Rodríguez-Medel interrogó después a funcionarios de la Delegación del Gobierno y a convocantes de otros actos en aquellos días de marzo, antes y después del 8-M.

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, presentó al día siguiente, 10 de junio, un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento libre de las actuaciones. Calificó la investigación de prospectiva. En otros términos: la investigación no había partido de indicios reales de delito de prevaricación, sino que la magistrada buscaba pruebas a través de las diligencias para incriminar al delegado del Gobierno. Asimismo, la letrada de Franco atacaba los fundamentos del informe del capitán de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid sobre los hechos, encargado precisamente por la magistrada.

Dos días más tarde, el 12 de junio, la juez Rodríguez-Medel sorprendía a propios y extraños al dictar el auto de sobreseimiento provisional o archivo de la causa.

Según reconocía, no había pruebas de que el delegado del Gobierno hubiese cometido delito de prevaricación, ni directa ni comisión por omisión, al no prohibir la manifestación, y de que, en efecto, carecía de competencias sanitarias.

Tras examinar la documentación aportada por diferentes organismos públicos a la causa y haber escuchado las declaraciones de Franco y una quincena de testigos, la magistrada concluye que entre el 5 y el 14 de marzo el imputado «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».

El delegado del Gobierno, señala el auto, «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario, ni consta oficialmente que hiciera algo para informarse a través de las autoridades sanitarias competentes».

«Ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón de la Covid-19», puntualiza.

La magistrada enfatiza, asimismo, que «la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio de la Covid-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública».

En el auto, la instructora destaca que se han investigado todas las concentraciones autorizadas en la «horquilla temporal» que va desde el 5 a 14 de marzo, constatando que «el único comportamiento proactivo en relación con la Covid-19» por parte de la Delegación del Gobierno consistió en que, a partir del día 11 de marzo —declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud—, desde la Unidad de Seguridad Ciudadana de Delegación de Gobierno «en ocasiones» se llamó a los promotores para recabar información sobre el estado de la concentración o manifestación y, en otras, se les requirió telefónicamente a los convocantes a «desistir de la concentración o manifestación, trasladándoles el riesgo para la salud que implicaba mantenerla», sin quedar «indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental».

Pero el verdadero alcance de la investigación impulsada por la magistrada Rodríguez-Medel se advierte en el reproche político y la desidia profesional que pinta en su resolución de archivo. No le basta con reconocer que no hay delito allí donde ella albergó la expectativa, eso sí, con dudas, de su existencia:

Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud), el delegado del Gobierno José Manuel Franco continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna. Así lo hizo al menos en 16 ocasiones en los días 10 y el 11 de marzo 2020.

Según señala, «José Manuel Franco no prohibió ninguna concentración o manifestación ni adoptó medida alguna de prevención del contagio (por ejemplo, que se respetara una determinada distancia, que se portaran guantes, mascarillas u otra medida)».

La juez cree que sí debió actuar:

El delegado, en el ejercicio de su competencia, tenía un elenco de medidas que podía adoptar en su resolución: desde las más contundentes (prohibición) a otras que lo son menos (mantener distancia de un metro entre los manifestantes). No adoptó ni unas ni otras en las 130 concentraciones que a la Delegación le constan celebradas, no consta siquiera que ponderara el riesgo.

El cuestionamiento político y profesional empapa toda la resolución: «No convence a esta instructora el argumento de que, una vez tomado conocimiento» de una manifestación, «nada más compete hacer al delegado del Gobierno».

La juez subraya que el delegado de Gobierno tiene «por ley una posición de garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que se puedan ver afectados por el ejercicio del derecho fundamental de manifestación».

Porque «no se trata de que sea garante solo de la salud pública, sino que lo es de todos los derechos y libertades». Rodríguez-Medel subraya que, siendo cierto que Franco no tiene competencias en materia sanitaria, «tampoco» tiene, por ejemplo, competencia específica en materia de libertad religiosa «y, sin embargo, está obligado a garantizar su libre ejercicio, veremos ejemplos más adelante».

Y remacha: «En definitiva, la ley le otorga un papel absolutamente relevante con ocasión de las concentraciones en vía pública y las manifestaciones: proteger todos los derechos y libertades que puedan verse afectados», concluye la magistrada, que subraya que «esta posición de garante también genera una concreta responsabilidad», ya que el delegado del Gobierno no se limita a recibir una «comunicación», sino que toma una «decisión administrativa» que tiene un impacto en derechos fundamentales.

La juez afirma:

Por tanto, en el caso de autos, de un lado de la balanza está el derecho fundamental de manifestación (que concurre en todos los supuestos en los que la comunicación tiene lugar) y, por otro, la debida protección de la salud pública (que es el derecho que se ve amenazado como consecuencia de la pandemia). Ninguna otra consideración debe introducirse en esta toma de decisión. La injusticia es apartarse a sabiendas de ese parámetro, imponiendo su voluntad (por el motivo que sea).

Pero es que entonces, antes del 8 de marzo de 2020, no había pandemia. Por tanto, la ponderación que afirma no se podía realizar.

Ya en su informe, la Guardia Civil afirmaba que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la pandemia el 30 de enero, confundiéndolo con la Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional.

La pandemia fue declarada el 11 de marzo de 2020.

Este ataque «no penal» al delegado del Gobierno ha sido el resultado de la expedición de pesca de Rodríguez-Medel.

El objetivo central de esa expedición, desde el primer día, está apuntado y subrayado en negrita por la juez en la página 33 del auto. He aquí, quizá, el núcleo del auto de sobreseimiento:

Una de las diligencias de investigación acordadas en el auto de incoación de este procedimiento hacía referencia a recabar datos sobre si por parte de las autoridades competentes españolas se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar, en todo caso y sin restricción alguna, pues obviamente el delegado del Gobierno en Madrid depende a su vez del propio presidente del Gobierno y, a estos efectos que nos ocupan, también del ministro del Interior. La respuesta a esta cuestión es negativa.

Tampoco hay indicios en la causa de que de manera verbal se haya dado orden en tal sentido al delegado por las autoridades de las que depende el señor Franco. En su declaración judicial como investigado también se le preguntó sobre esto, respondiendo en el mismo sentido: no recibió ninguna instrucción u orden.

Concluimos, por tanto, que indiciariamente el delegado del Gobierno tenía plena autonomía para el ejercicio de su competencia legal. Por este motivo era relevante la diligencia de investigación que se acordaba sobre esta materia ya en el inicio del procedimiento, con su incoación. Solo verificando que ejercitaba su competencia autónomamente podría valorarse si había incurrido en responsabilidad penal.

A confesión de parte, relevo de prueba, dice el refrán. El activismo de Carmen Rodríguez-Medel es transparente. Sus puntos de vista sobre lo que había ocurrido en Madrid en el mes de marzo estaban formados antes de la denuncia que fue repartida a su juzgado. Cabalga sobre esa denuncia, cuyo denunciante se esfuma y su lugar es ocupado por dos acusaciones populares, siendo una de ellas la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, hecho llamativo habida cuenta de que la juez ha encargado la labor de Policía Judicial a la Guardia Civil, y de que este tipo de asociaciones tienen como objetivo la defensa de los intereses profesionales, pero no están autorizadas, o no es su cometido, personarse en procedimientos judiciales que nada tienen que ver con ellos, y por último, dados los fuertes lazos familiares de la juez con la Guardia Civil.

Pero el motor de la investigación es la misma Rodríguez-Medel.

Se trata de hacer una investigación exprés bajo el estado de alarma, no sobre todos los delegados de Gobierno que han hecho exactamente lo mismo en toda España —la juez no deduce testimonio para interesar actuaciones como la suya en otros juzgados, respecto de todos los demás a los que quiere cazar el denunciante desaparecido de la causa—, sino que acota toda la historia a uno de ellos, el de Madrid, con la expectativa de encontrar un papel incriminatorio o al menos sospechoso como para tirar hacia arriba.

Carmen Rodríguez-Medel va a la pesca del smoking gun.

Lo dice la juez en su resolución: «El delegado del Gobierno en Madrid depende del presidente del Gobierno, y a estos efectos que nos ocupan, del ministro del Interior».

José Manuel Franco es, pues, simplemente un peldaño.

Ergo, se trataba de dotar a las diligencias de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho, probabilidad de éxito según el mérito del caso) y obtener a través de la revisión de todas las comunicaciones algún papel, alguna nota, una instrucción, por más ambigua que fuese, algo que remotamente sugiriese que el delegado del Gobierno actuaba como el dirigente socialista que es, que no era garante de nada sino del PSOE, a costa de la salud de los ciudadanos; algún intercambio o reunión entre el delegado del Gobierno y, digamos, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, en la que se enfatizara la necesidad de celebrar la manifestación del 8-M. Si surgía, pues, la sombra de una duda, la investigación se daba con un canto en los dientes.

Hubiera sido, entonces, el paso previo para subir al peldaño a través de una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el fin de que siguiera la investigación hacia el presidente del Gobierno, el ministro del Interior o el ministro de Sanidad. En un cálculo de probabilidades no era imposible.

--Pero ya se sabe lo que dicen los marinos: «La pesca es cuestión de suerte».

EPÍLOGO

El lenguaje político está diseñado, y esto, con variaciones, es cierto para todos los partidos políticos, desde conservadores a anarquistas, para hacer que las mentiras suenen verídicas y los asesinatos respetables, y para dar una apariencia de solidez a lo que es puro aire.

GEORGE ORWELL, 1946

El 24 de octubre de 2017, la prestigiosa revista científica semanal británica Nature publicó el estudio «Puntos críticos y correlación de enfermedades infecciosas emergentes», en el que se sostenía que casi todas las pandemias recientes «se originan en animales, principalmente en la fauna silvestre, y representan una amenaza significativa para la salud global, la seguridad y el crecimiento económico, y combatir su aparición es una prioridad de salud pública». Añadía: «Su aparición suele implicar interacciones dinámicas entre las poblaciones de fauna silvestre, ganado y personas dentro de entornos que cambian rápidamente». Entre esas interacciones están los grandes programas de cambio de uso del suelo, como las concesiones de tala y minería, la construcción de presas y el desarrollo de carreteras. La globalización, entendida también como un incremento notable de los desplazamientos de las personas, lógicamente, ha convertido esas enfermedades amenazantes en una realidad. Un 70% de las enfermedades humanas de las últimas décadas se transmite por animales salvajes, y sus riesgos se han multiplicado por el doble avance de la agricultura intensiva y la urbanización masiva.

La Covid-19, pues, era un «accidente» esperando a suceder. De los murciélagos habría pasado a otro animal antes de transmitirse a los humanos. El primer brote tuvo lugar en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, China, desde un «mercado húmedo» que sacrifica animales para consumo ante la vista del respetable público.

La Administración Trump ha acusado a China de haber fabricado el virus en un laboratorio y favorecer su fuga. Pero no ha aportado evidencia alguna sobre ello, con lo que dicha denuncia parece ser propaganda, un capítulo de su guerra comercial con China. 

Y aunque hay sospechas de que China pudo ocultar la existencia del virus durante cierto tiempo, alimentando así la extraordinariamente veloz transmisión viral y, por tanto, el riesgo de pandemia, la incapacidad para reaccionar con una estrategia temprana de contención carece de toda justificación.

Las sospechas sobre la falta de transparencia en la primera fase del virus no pueden extenderse a ignorar la acción pública estratégica de China para aislar y frenar la Covid-19, y también sus éxitos. Desde diciembre de 2019, al menos, había indicios suficientes para responder.

Y si esos indicios ya eran suficientes para actuar, el hecho de que Europa conociera tempranamente la conversión de la región de la Lombardía italiana en la Wuhan europea debió acabar con la pasividad. Fue el último aldabonazo para arrancar de manera dramática una reacción conjunta. Pero no, eso no ocurrió.

La amenaza del virus sobre España, genérica todavía, tuvo su gran momento inicial el 12 de febrero de 2020, cuando la asociación de operadores que organiza cada año el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona resolvió cancelar la feria tecnológica más importante del mundo, prevista para el 24-27 de febrero. Los organizadores estudiaron la posibilidad de celebrar el evento con un modelo distinto, mediante el control de los congresistas procedentes de China —unos 5.000 sobre un público esperado de 100.000 personas—, pero la deserción de las grandes empresas —AT&T, Vodafone, Deutsche Telekom, Intel, Facebook y otras— provocó la cancelación. Esa deserción tuvo lugar a pesar de la presión de las autoridades de España y Cataluña, que insistieron en la ausencia de riesgo sanitario alguno.

Aquel, pues, fue un test de la conciencia realmente existente en España sobre la amenaza.

La penetración irregular, dispersa y, sobre todo, invisible del virus en España en las semanas siguientes, en medio de la pasividad europea, hizo el resto. El virus ganó la silenciosa batalla de la propagación en la segunda quincena de febrero. Las campanas que habían doblado por Lombardía en Italia ya doblaban, sin sonar, en España.

En paralelo, había otro virus que se propagaba estos días con mayor intensidad en España a la que solía hacerlo en el pasado: el crispavirus.

Ya el 3 de diciembre de 2019, al constituirse las Cortes Generales y arrancar la XIV Legislatura, se pudo sentir en el Congreso de los Diputados. Pero el lunes 30 de diciembre de 2019, la transmisión del virus ganó en amplitud e intensidad. Ese día, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aparecieron ante las cámaras en la Sala de la Chimenea del Congreso, y estamparon su firma debajo de 100 compromisos recogidos en el documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España».

Fue, pues, la fumata blanca para el Gobierno de coalición de izquierdas.

Los partidos de la derecha desempolvaron de la memoria colectiva el Frente Popular de 1936 para identificar el acuerdo PSOE-Unidas Podemos. Era, en efecto, el primer Gobierno de coalición de izquierdas desde los Gobiernos de Francisco Largo Caballero, Juan Negrín y el Consejo Nacional de Defensa en plena Guerra Civil.

El virus de la crispación y la polarización había ganado intensidad con la crisis y la detonación de las relaciones entre el Estado y Cataluña.

La explosión del bipartidismo PSOE-PP provocó el de la política española. El desencanto con el PSOE y la conversión del movimiento reivindicativo del 15-M en Podemos, por un lado, y la crisis del Partido Popular, con el nacimiento de Ciudadanos y la consolidación de Vox como partido de ultraderecha, por otro, fueron jalonando las sucesivas etapas de esta crispación.

Una tragedia, la pérdida de vidas humanas y la crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19, sería el nuevo campo de batalla. Para el PP y Vox se convertiría en la oportunidad del Waterloo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El crispavirus se desarrolló a horcajadas de la Covid-19 y contagió a las principales instituciones de poder, con un papel estelar de la justicia. 

Piénsese: solo con nueve días de vigencia del estado de alarma, declarado el 14 de marzo de 2020, una juez de instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, emprendía una fishing expedition —«expedición de pesca», definición peyorativa utilizada en la justicia de Estados Unidos y de Reino Unido para definir la búsqueda de información generalmente inculpatoria por parte de jueces y policías— en la que criminalizaba al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que apenas llevaba algo más de un mes en su cargo, con el objetivo indisimulado de obtener pruebas incriminatorias de una conducta imprudente del presidente del Gobierno y del Ministerio del Interior.

Según afirma la juez al cerrar la investigación el 10 de junio:

Una de las diligencias de investigación acordadas en el auto de incoación de este procedimiento hacía referencia a recabar datos sobre si por parte de las autoridades competentes españolas se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso y sin restricción alguna, pues obviamente el delegado del Gobierno en Madrid depende a su vez del propio presidente del Gobierno y, a estos efectos que nos ocupan, también del ministro del Interior. La respuesta a esta cuestión es negativa.

El crispavirus engorda con la expectativa de una legislatura corta. Con la ilusión en que el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos es un remedo de la escena del camarote de los hermanos Marx en Una noche en la Ópera, según dijo Felipe González. Un expresidente que ve la paja en el ojo de Pedro Sánchez, pero no la viga en el suyo, aquella que se veía en sus Gobiernos, con zancadillas periódicas en el Consejo de Ministros y en los medios de comunicación. Quizá no las recuerde porque, como entonces solía decir, le aburría la política española y prefería la política internacional. El hecho es que si hasta él lanza una coz en plena crisis de la Covid-19 con el célebre camarote, razona la derecha, ¿cómo va a durar esta legislatura?

Y, sin embargo, la dificultad de desensillar a Pedro Sánchez, asumida por el PP y Vox, contra lo que declaran en público, es la que propulsa la política de choque. 

La política de la conspiración permanente.

El crispavirus

Ernesto Ekaizer

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