Ernesto Ekaizer

El caso Bárcenas

A Silvia

«Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en negar. ¡Negar! ¡Negar! No admitir nunca ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad».

La tapadera

John Grisham

La paradoja del mentiroso.

«Un hombre afirma que está mintiendo. ¿Lo que dice es verdadero o falso?». Por una parte miente, porque plantea una afirmación que sabe falsa; por otra parte no miente, porque declara que miente. En definitiva, el hombre es al mismo tiempo mentiroso y no mentiroso.

Eubúlides de Mileto, filósofo griego, segunda mitad del siglo IV a. C.

Viaje al centro del escándalo Bárcenas

El 16 de enero de 2013 se hace público que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, mantiene desde hace largos años un patrimonio oculto en Suiza que ha llegado a veintidós millones de euros. Él mismo declara después que, en realidad, esa fortuna podría sumar treinta y ocho millones. El gran impacto de la noticia duraría muy poco. Porque, inmediatamente, en cuestión de horas, la cuenta suiza de Bárcenas atrae como un imán el pago de presuntos sobresueldos a la cúpula del Partido Popular.

Unas semanas más tarde, el 31 de enero de 2013, se publican los llamados Papeles de Bárcenas, una fotocopia de catorce páginas que contiene las presuntas entradas y salidas de caja, entre 1990 y 2009, con un faltante de cuatro años (1993-1996), escritas y visadas de puño y letra, primero como gerente y más tarde como tesorero nacional del PP. Son las anotaciones personales, paralelas a la contabilidad oficial, que lleva para sí mismo el propio Bárcenas.

Según esas notas, parte de las donaciones, presuntamente ilegales, abonadas por empresas para obtener el favor oficial en la adjudicación de obras públicas, se distribuían entre los principales dirigentes del PP, en pagos trimestrales o semestrales, todos los años, con Mariano Rajoy a la cabeza. Unos pagos que tanto el presidente del Gobierno como los demás dirigentes del partido y el PP han negado.

Luis Bárcenas se formó en el mundo de los gerentes y tesoreros del PP, desde la lejana época de Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta. Hombres que han establecido vínculos duraderos y graníticos, que forman lo que puede llamarse el «Club de los Tesoreros del PP». Fue Mariano Rajoy quien encumbró a Bárcenas, después de convivir con él como gerente, al puesto máximo de tesorero nacional en junio de 2008, tras el congreso de Valencia.

Este libro sigue los rastros de Bárcenas desde su implicación temprana en la trama Gürtel, en febrero de 2009, hasta sus intentos más escabrosos de neutralizar el procedimiento judicial, a veces con éxito, durante los años siguientes, y sus esfuerzos por mantener a raya a sus enemigos de familia en el PP. El sabueso sigue sus pasos y se desvía ante los huesos que aparecen por los senderos que se bifurcan. Pero Bárcenas, y el PP, siempre permanecen en el centro de la acción.

A través del extesorero del PP se escudriña aquí el comportamiento de todo un partido y de sus principales dirigentes. Ya hay, como suele decirse, un antes y un después de Luis Bárcenas en la historia del PP. El extesorero se ha convertido en el notario de una época todavía vigente en el Partido Popular.

«Es como si el caso Bárcenas no existiese», han esrito los concejales del PP en Sant Carles de la Rápita (Tarragona) Jesús Escudero y Pedro Hernández al abandonar el partido, el 29 de marzo de 2013, por la falta de explicaciones de sus máximos dirigentes.

EL INNOMBRABLE

La policía judicial ya se lo había dicho hacía algunos días. Se lo había confirmado horas antes de que el viernes 20 de febrero una subida de tensión le obligase a internarse en la unidad coronaria de la madrileña Clínica Rubber.

Hacía una semana que el juez Baltasar Garzón había ordenado, el 12 de febrero, la prisión provisional de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, ya detenidos desde el viernes 6 de febrero, día en que se realizan dieciséis registros en oficinas y domicilios de la trama.

Es el 19 de febrero de 2009 cuando el juez oye a los policías. Les preocupa la ocultación de importantes cantidades de dinero obtenidas ilícitamente que los imputados estarían realizando desde la cárcel. Y ello, señalan, con la participación de algunos abogados.

El juez, acto seguido, dicta un auto en el que ordena la intervención de las comunicaciones de los detenidos en prisión «para poder determinar con exactitud los extremos de sus ilícitas actividades». Esa orden «se extiende también a las comunicaciones que mantienen con sus abogados», ya que «los letrados podrían estar aprovechando su condición en claro interés de la organización…».

Después de reponerse de su ataque de ansiedad, el martes 24, los policías tienen previsto entregar al juez Garzón el «Informe sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa Sánchez», que han terminado el día anterior, 23 de febrero, en el cual, según lo anticipado, incorporan el nombre clave. Se lo llevarán a su despacho de la Audiencia Nacional hoy mismo. A las tres y media de la tarde. Han pasado dieciocho días desde que ordenase la detención de los miembros de la banda.

El Partido Popular está en pie de guerra. El lunes 9, el periodista Francisco Mercado publica en el diario El País la palabra clave. Ha sacado al innombrable. Luis Bárcenas. Tesorero nacional del PP.

El periódico no depende para cubrir el caso ni del juzgado, ni de la Policía ni de la Fiscalía Anticorrupción. Guarda desde hace dieciséis meses un juego de todo el material aportado por el exconcejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Majadahonda gobernado por el PP, José Luis Peñas, a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Peñas comparece el 7 de noviembre de 2007 ante los policías en la sede de la calle Canillas acompañado por su letrado, Ángel Galindo, donde entrega una denuncia por delitos de corrupción. Peñas y su compañero, Juan José Moreno, exconcejal de Medio Ambiente del citado Ayuntamiento, han realizado grabaciones, desde febrero de 2006 a octubre de 2007 a Correa y otros secuaces de la banda, donde se deja constancia de la trama de corrupción.

¿Por qué febrero de 2006? Porque Peñas y Moreno, tras elevar un informe-denuncia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre una venta de parcelas que consideran irregular en Majadahonda, en 2005, escuchan, mientras esperan ser recibidos en la sede del PP, en la calle Génova, que la presidenta se niega a hablar con «esos dos hijos de puta». Son expulsados del PP. Y se deciden, en base también a otros datos, a empezar el trabajo de acopio de pruebas. Reúnen dieciocho horas de grabaciones durante veinte largos meses.

Dos días después de hacerse público el nombre de Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, Mariano Rajoy forma una piña, el 11 de febrero, tras la reunión de la junta directiva de su partido, y junto a todos dirigentes lee un comunicado: «Esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el PP».

A estas horas del martes 24 de febrero, en la semana previa a las elecciones gallegas y vascas del domingo 2 de marzo de 2009, el juez Garzón espera la formalización de la noticia bomba en el informe policial. Luis Bárcenas, el hombre que ha gestionado las finanzas del PP durante veinticinco años, desde 1983, primero como gerente y desde 2008 como tesorero, es una pieza importante del engranaje que mueve la trama de corrupción Gürtel, «correa» en alemán. Federico Trillo, portavoz de justicia del PP en el Congreso de los Diputados, ha amenazado con una querella por prevaricación contra el juez.

El miércoles 25, con el nuevo informe en la mano, y dado que la investigación afecta a personas aforadas, el juez pregunta a la Fiscalía Anticorrupción, sin hacer referencia al innombrable senador Bárcenas, si no procede inhibirse y elevar la causa al Tribunal Supremo para que sea este quien continúe la instrucción del sumario. Ese mismo día, Trillo ordena presentar la querella anunciada contra el juez ante la sala segunda del Tribunal Supremo, que este desestimará por carecer de fundamentos.

Al día siguiente, jueves 26, ya es oficial. El tesorero del PP, Luis Bárcenas, es uno de los implicados en la trama. El otro es el eurodiputado Gerardo Galeote. En una de las grabaciones, se oye de los labios de Francisco Correa decir esto: «Yo le he llevado a [Luis] Bárcenas, a su casa y a Génova [sede central del PP], 1.000 millones de pesetas [seis millones de euros] por adjudicaciones de obras de la época de Francisco Álvarez-Cascos y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene». Los indicios contra Bárcenas, hallados en el registro policial del domicilio del contable José Luis Izquierdo, en la madrileña calle Serrano 40, llenan páginas enteras. Garzón decide enviar varias comisiones rogatorias internacionales. Entre ellas, una a Suiza. Pide datos sobre Correa.

Mariano Rajoy se encuentra esa mañana en Ourense junto al cacique popular José Luis Baltar, en la recta final de la campaña electoral. Mantiene ansiosas conversaciones por teléfono con Trillo para conocer el alcance de la situación judicial. Desde que saltara su nombre el lunes 9 de febrero, Bárcenas le ha asegurado que todo es un montaje. Por fin, rodeado de militantes del PP en las calles de la ciudad gallega, dice:

- Quiero una justicia imparcial, con apariencia de imparcialidad. Y luego, el que la haga que la pague. Hay algunas cosas que están pasando en España estos días en plena campaña electoral que a nadie le gustan, ni le pueden gustar, piensen como piensen y sea como sea su ideología.

El presidente del PP une su destino y el de su partido al de un hombre al que hace apenas nueve meses él mismo ha encumbrado, en el congreso de Valencia del mes de junio de 2008, al puesto de tesorero, cuatro años después de incorporarle a las listas del partido como candidato a senador por la única circunscripción con un puesto vacante, Cantabria, en las elecciones generales de 2004.

La defensa incondicional de Luis Bárcenas solo acaba de comenzar.

EL DR. LUIS Y MR. BÁRCENAS

Y bajo el paraguas de esa defensa, el tesorero del PP continúa con su personal interpretación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

El tesorero del PP llama el 18 de febrero de 2009 por teléfono de Madrid a Ginebra. Su nombre ha aparecido en El País, pero no en los autos del juzgado de Garzón. Pregunta por madame Agathe Stimoli, a quien llama Agata, la responsable de su cuenta bancaria en el Dresdner Bank desde 2005. ¿Su cuenta bancaria?

Ya desde 1994, Bárcenas es titular de una cuenta en el Dresdner Bank de Zurich, la 1283080. En 2001, abre otra cuenta en el mismo banco, en Ginebra, que gestiona madame Stimoli. Sus apoderados son Rosalía Igesias, su esposa, y Juan Carlos Bárcenas, su hermano. En esta segunda cuenta, la número 8005540, ingresa personalmente 2.437.485 euros. Lo hace durante dieciséis visitas a Suiza, entre el 22 de junio de 2001 y el 24 de junio de 2005, en las sucursales de la entidad bancaria en Ginebra y Lugano. Ingresa en efectivo o en cheques bancarios, en cantidades que van de 100.000 hasta 240.000 euros. Madame Stimoli deja constancia, las más de las veces, de que se desconoce el origen de los fondos. Bárcenas dice que proceden de ventas de obras de arte o de negocios inmobiliarios. En una nota, después de una visita, ella apunta: «Ha traído cash pero no para nosotros porque está algo enfadado por mis preguntas».

A partir de 2005, cambia su estructura societaria con ayuda del Dresdner. Opera con la fundación Sinequanon, Panamá, que a su vez es administrada por Impala Limited, sociedad registrada en Islas Bermudas. Y la cuenta lleva ahora el número 8401489.

Detrás de estas dos pantallas figura en el ultrasecreto «formulario A» que debe rellenar cualquier sociedad cliente de un banco en Suiza, el llamado ayant droit economique, en francés, o beneficial owner, en inglés. Es decir: la persona que es beneficiario. Nuestro Mr. Hyde: Luis Bárcenas.

El tesorero del PP le anticipa que está pensando «liquidar una parte o la totalidad de su cartera» de acciones. Y que Iván Yáñez, su apoderado, pasará a verla ese mismo día, 18 de febrero. ¿Cuál es su fortuna? En el año 2007, su valor liquidativo, caso de venta, había llegado a 22.120.561,37 euros. Pero en 2009, por la caída de cotización de sus títulos, ha quedado en 11.316.654,46 euros (10,7 millones en acciones y 517.596 euros en divisas).

«No se sabe todavía lo que va a decidir», informa por escrito a sus superiores la responsable de la cuenta desde su apertura, hace ahora cuatro años. «El cliente quiere “oficializar” [sic] los activos y diversificar su patrimonio. Ha decidido invertir en bienes inmobiliarios y también en empresas productivas en Argentina (producción de limones con una gran distribución) y Brasil (producción de maderas preciosas)». Y añade: «Nos comunica la visita de uno de sus amigos de toda confianza que le representa a través de una carta debidamente firmada por él. Se trata de Iván Yáñez y tiene derecho a mirar la posición actual de la cuenta».

El «propio» que realiza la misión especial ha sido ejecutivo de gestión de fondos en Invercaixa y Deustche Securities antes de lanzarse a la aventura de Valórica, una gestora que lanza varios hedge funds (fondos de alto riesgo) en el peor momento de la crisis financiera. Allí ha realizado inversiones para Bárcenas. Iván Yáñez, madrileño de 46 años, se presenta sobre las cinco y media de la tarde en el número 2 de la Place du Rhône, sede del Dresdner Bank, el corazón financiero y de tiendas de lujo de la ciudad, a orillas del río Rhône, en Ginebra. Yáñez, pues, le confirma a madame Stimoli aquello que ya le ha adelantado el titular de la cuenta.

Aún hay una llamada más. Bárcenas telefonea de nuevo a madame Stimoli para anunciarle que el viernes 20 de febrero de 2009 la visitará otro amigo de su total confianza: Ángel Sanchís. Es el que fuera diputado de Alianza Popular por Valencia en 1986, del PP por Madrid en 1989, y tesorero nacional del PP entre 1982 y 1987, uno de los encausados por el caso Naseiro, el escándalo de financiación ilegal de 1990 anulado en el Tribunal Supremo por defectos de forma en la instrucción sumarial, y exculpado en 1992. En 1997, durante la época del Gobierno de José María Aznar, Sanchís obtiene un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) equivalente a 18 millones de euros y adquiere una finca de 30.000 hectáreas en Salta, provincia de Argentina, a la que bautiza con el nombre de La Moraleja. Allí produce limones para exportación a todo el mundo gracias a un contrato con Coca Cola.

El día que el juez Garzón ingresa en la clínica madrileña, el viernes 20 de febrero de 2009, Sanchís se presenta ante madame Stimoli con otra carta de Bárcenas. Tiene acceso, pues, a la cuenta corriente. Pregunta por los trámites para liquidar total o parcialmente la cartera, el retiro de los fondos, en efectivo o transferencia bancaria, ya que el cliente, dice, quiere diversificar su patrimonio. Desea invertir en las empresas que posee Sanchís en Argentina y Brasil.

Mientras tiene lugar esta reunión, suena el teléfono de madame Stimoli. Es Bárcenas desde Madrid. Le confirma lo que le acaba de decir Sanchís.

Pero en Ginebra hay otra entidad en la que las dos sociedades pantalla de Bárcenas mantienen cuenta corriente, la número 204337. Es el banco Lombard Odier. Allí comienzan a inquietarse por las noticias que recogen en Madrid. El nombre de Bárcenas circula todavía de manera restringida en relación con la trama corrupta de Francisco Correa. Un colega llama a madame Stimoli. He aquí la nota que deja constancia del telefonazo el 20 de febrero. «Recibimos hoy una llamada de una persona que trabaja en el departamento jurídico del banco Lombard Odier (Ginebra). Nos informa que tengamos en cuenta que nuestro cliente común, Luis B., es tesorero del PP (Partido Popular) en España y tienen [en el banco] la intención de tomar medidas internas». En Dresdner, se le informa a madame Stimoli de que no hay nada que hacer respecto a Bárcenas, ya que está situado internamente en la categoría de riesgo número 3. Es un PEP: Persona Expuesta Políticamente.

Madame Stimoli comienza a seguir con detalle la prensa española. Preocupada por las noticias sobre Bárcenas, le llama a los dos teléfonos móviles con los que solía comunicar. No hay respuesta. A primera hora del 4 de marzo, nada más llegar a su despacho, redacta una nota para dejar constancia. «He consultado la prensa española de las últimas semanas y encuentro múltiples artículos relacionados con la implicación del cliente [Luis Bárcenas] en un asunto de corrupción en el seno del PP (Partido Popular) en España, del cual el cliente es actualmente tesorero y senador. El juez español Baltasar Garzón es conocido en España por ser muy duro en los asuntos de corrupción. He intentado tomar contacto con el cliente esta semana y la anterior en sus dos teléfonos móviles sin éxito».

El 6 de marzo, el departamento jurídico del Dresdner Bank de Ginebra observa con cierta confusión las noticias de la prensa en España. «Suponemos que sigue intentando ponerse en contacto con el cliente», pregunta un ejecutivo de dicha división a la responsable de la cuenta. «Sigo intentando tomar contacto, pero desgraciadamente no tengo respuesta cuando llamo a su teléfono móvil. Yo también he visto algunos periódicos españoles y he encontrado un nuevo artículo de El Diario Montañés, que enviamos traducido al inglés para su información», responde madame Stimoli.

Tres días más tarde, Bárcenas da señales de vida. Ha estado urdiendo, como ahora se puede ver, los nuevos planes ante su situación judicial. El 9 de marzo de 2009, escribe una carta de puño y letra en la que dice:

Estimada Agata:

Por la presente confiero poder tan amplio como sea necesario para que D. Iván Yáñez con DNI Nº05388870 Q me represente ante esa entidad en cualquier operación de carácter mercantil, financiero o jurídico.

Un saludo cordial.

Bárcenas también le informa de que va a dar instrucciones para realizar dos transferencias bancarias de un millón de euros cada una. Y le anticipa, en la misma fecha, 9 de marzo, que le llegará a través de Iván Yañez el original de una carta que le envía por fax sobre los cambios que ha decidido introducir en sus inversiones.

Estimada Agata:

Varios amigos y yo mismo hemos decidido unir una parte de nuestros respectivos activos para diversificar nuestros riesgos y actuar en distintos campos de la actividad económica, industrial y bursátil.

Hemos decidido mantener con vuestra entidad inversiones bursátiles por valor de unos 10 millones de euros y estimamos que dicha cifra se mantendrá en el medio y largo plazo.

Mis socios te informarán más ampliamente de los detalles de esta nueva actividad que estamos emprendiendo y de las transferencias que vamos a ordenar.

Un fuerte abrazo.

Iván Yáñez y Ángel Sánchís vuelven a la sede del Dresdner el 10 de marzo. Aunque madame Stimoli se encuentra ausente por enfermedad, entregan la carta original al interlocutor del banco en la que Bárcenas describe de manera genérica su nuevo plan de negocios. Yáñez señala que los detalles de una próxima transferencia relacionada con una inversión en la producción de maderas preciosas en Brasil ya han sido avanzadas a la responsable de la cuenta en Dresdner. Al tiempo, está en curso, dice, una orden para realizar transferencias de fondos, después de las cuales deberán quedar en la cuenta alrededor de 10 millones de euros. Se aborda también la posibilidad de un préstamo para invertir en la fabricación de maderas preciosas, un producto de gran resistencia y durabilidad que se usa para la construcción de edificios, mobiliario, ebanistería y decoración. Este tipo de roble, caoba y ébano suele ser demandado para embellecer palacios, catedrales o edificios gubernamentales. Dicho crédito, en todo caso, se haría con la garantía de los activos depositados en la cuenta 8.4901489.

Madame Stimoli recibe el 17 de marzo una carta del consejo de administración de Impala, Islas Bermudas, la sociedad pantalla a la que Bárcenas ha dado la orden por la que debe transferirse un millón de euros a UBS (Unión de Bancos Suizos), sucursal de Stanford, Estados Unidos, a una cuenta a nombre de PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa. Madame Stimoli intenta hablar con Bárcenas ese mismo día por teléfono para precisar detalles, pero no lo consigue.

Será al día siguiente, 18, cuando tendrá lugar el contacto. Bárcenas confirma personalmente la transferencia ordenada. También solicita la venta de un bono del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de un millón de euros y sugiere dejarlo en la cuenta corriente porque va a ordenar una nueva transferencia en los próximos días.

El 23 de marzo, empero, la transferencia a Stanford es devuelta al Dresdner en Ginebra al parecer por un error en los datos. Pero Bárcenas cambia de banco destinatario y envía a través de sus sociedades pantalla Sinequanon e Impala Ltd. la orden para transferir un millón de euros a favor de la sociedad Brixco con cuenta 605140081 en el HSBC Bank, Nueva York.

Esta cantidad será la primera de un total de 3,5 millones de euros transferidos a Brixco, empresa comercializadora de productos agrícolas, cliente de Ángel Sanchís, y a Lidmel International, también con cuenta 000162353 en el HSBC Bank de Nueva York. Bárcenas, pues, dará sucesivas órdenes de vender acciones de su cartera para transferir dicho dinero.

El Dr. Jekyll «oficializa» los activos de Mr. Hyde.

El juez Garzón comienza a preparar su inhibición en el caso. La presencia de personas aforadas en Madrid le obliga a ello.

Las noticias respecto a Bárcenas aparecen sin cesar. El 23 de marzo de 2009, el diario El Mundo da cuenta de que el tesorero del PP posee un patrimonio inmobiliario tasado en 3,3 millones y de que sus movimientos dinerarios se realizan al contado. Bárcenas, nada más conocer la noticia, envía una carta con membrete del Senado a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Solicita «cuantas actuaciones de comprobación e inspección se considere oportunas» respecto al pago de IRPF y el impuesto del Patrimonio de los últimos diez ejercicios frente a las informaciones que ponen en cuestión su «honorabilidad».

El 31 de marzo de 2009, el juez Garzón da a conocer el auto que va guiar la futura investigación. La presencia de diputados autonómicos hace que la instrucción sea llevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero, al aparecer indicios contra el senador Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote, el juez Garzón cree que el caso debería ir al Tribunal Supremo.

En su auto del 31 de marzo describe todos los indicios que ha podido reunir contra Luis Bárcenas en el cobro de 1,3 millones de euros de la trama Gürtel. Le acusa de delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, delitos contra la Administración Pública y cohecho. Al tiempo, el juez pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si no procede elevar la causa al Tribunal Supremo. El tesorero del PP amenaza con presentar una querella contra el juez esa misma tarde. El partido expresa su «rechazo más absoluto» a la decisión judicial. Ese mismo día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acepta la competencia. El juez de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, se hace cargo de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción se define al día siguiente, 1 de abril, frente a la pregunta formulada en su auto por el juez Garzón, al enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre si procede, por la presencia de personas aforadas nacionales, elevar el sumario al Tribunal Supremo. No todavía. Sostiene que es necesario primero profundizar la investigación sobre Bárcenas.

Con el auto del juez en los medios de comunicación, Luis Bárcenas acude a la calle Génova para reunirse con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Es el 1 de abril.

- Esto es un despropósito -dice el tesorero, refiriéndose a la resolución de Garzón-. Puedo acreditar, como ya os he dicho cuando empezaron a salir estas informaciones, cómo he ganado mi dinero, mi patrimonio personal.

Tras la reunión, Rajoy no hace declaraciones. La secretaria general del PP ataca al juez. Pero se muestra cauta respecto a Bárcenas. «Pensaremos con mucha tranquilidad lo que hay que hacer», dice.

La tarde del día siguiente Rajoy se encuentra en Vitoria. Ya no puede permanecer callado. Es el 2 de abril: «Estoy seguro de que nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente», afirma. ¿Por qué los diputados autonómicos del PP de Madrid Alfonso López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch han dimitido de sus puestos respectivos al conocerse indicios de su implicación en la trama de Francisco Correa y, sin embargo, Bárcenas sigue en su puesto de tesorero?, le pregunta un periodista. «No tengo más que añadir», se zafa Rajoy.

El viernes 9 de abril de 2009, entra en acción Francisco Álvarez-Cascos, amigo personal, más allá de su pertenencia al PP, de Luis Bárcenas. En una entrevista en Onda Cero, al hablar del caso Gürtel explica que «hay una camarilla policial dedicada a falsificar papeles y preconstituir pruebas». Está «convencido de la inocencia de Luis Bárcenas en el caso Gürtel», una causa que, dice, «está viciada de origen». Se muestra muy comprometido con Bárcenas. «Es mi amigo. A los amigos y las personas que pueda ayudar las ayudaré siempre, y estoy convencido de su inocencia y seguro de que sabrá defenderse y de que saldrá airoso del envite durísimo al que está siendo sometido», dice.

Durante la Semana Santa de 2009, Rajoy se reúne con Bárcenas.

- Mariano, soy consciente de que mi presencia le hace daño al partido. Soy la comidilla de los medios de comunicación y las tertulias. Llevamos desde primeros de febrero con este calvario.

- A mí los medios de comunicación no me preocupan. Te he dicho en muchas ocasiones que lo que importa es el fondo del asunto.

- Pero, sinceramente, Mariano, no creo que sea bueno quitarme ahora de en medio, porque ello reforzaría la impresión de que soy culpable, de que tengo algo que ocultar y de que vosotros lo sabéis. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar más. Y me parece bien porque soy inocente.

Rajoy le apoya. Este compás de espera que ha solicitado la Fiscalía, antes de enviar la causa al Tribunal Supremo, le da a Trillo el argumento para ganar tiempo. El PP no tomará decisión alguna sobre Bárcenas hasta que la causa pase al Supremo y este se pronuncie sobre su situación procesal.

A LA GREÑA EN RIANTXO

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicta el 20 de abril un auto por el cual prorroga la grabación de las comunicaciones de los imputados en la trama Gürtel con sus letrados. Según afirma, en el momento inicial del procedimiento no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva «pues se trata de una medida para profundizar en una investigación no acabada». Señala que la intervención debe ser temporal, sin perjuicio de las sucesivas prórrogas y es suficiente con que el juez «tenga puntual información de los resultados» y se exime «la audición personal y completa de las grabaciones obtenidas por la Policía». Al prorrogar las escuchas, el juez cita el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 8.2. Admite, dice, la injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar si está prevista en la ley y constituye una medida que «en una sociedad democrática, es necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito». Agrega que «la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones está prevista en el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos del juez de instrucción el juicio de la proporcionalidad y necesidad de la medida».

El 30 de abril de 2009, Francisco Correa declara ante el juez Pedreira. Tanto el magistrado como las dos fiscales están interesados en la figura de Luis Bárcenas, en la explicación que puede ofrecer el jefe de la trama sobre lo que ha quedado registrado en las grabaciones y en los apuntes contables de las empresas. Correa va preparado. Se trata de que han «malinterpretado» sus afirmaciones. Él quiere ahora ofrecer la interpretación «correcta». Explica que cuando no le daban el encargo esperado para organizar un acto para el partido, se enfadaba.

- Y yo me cogía tal rebote y tal cabreo… impresionante. Y yo más de una vez, lo he dicho dos mil veces, decía, ¿pero cómo me hacéis esta faena, si yo a esta casa es como si hubiera traído cajas de más de 1.000 y 2.000 millones de pesetas. Pero si os he ahorrado más de 1.000 millones de pesetas. Y es posible que yo, a veces, cabreado… soy una persona de carácter agresivo, digo cosas que se malinterpretan.

El juez: -Esta manera de expresarse le ha tenido que acarrear a usted muchos disgustos.

- Sí, lleva usted razón, Señoría.

La fiscal: -¿Ha llevado usted dinero a casa del señor Bárcenas?

- No. Nunca he llevado 1.000 millones a Luis Bárcenas.

El juez: -¿Y cómo explica usted que haya repetido en diferentes sitios eso de que ha llevado 1.000 millones a Luis Bárcenas?

- Pues porque tengo mal carácter y a veces digo burradas… Cada vez que no me daban un acto decía tacos… Pero era en sentido metafórico.

A primeros de mayo de 2009, por petición de la Fiscalía Anticorrupción, se envían comisiones rogatorias (solicitud de ayuda judicial en el extranjero) a los siguientes países: Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Portugal, Singapur y a los paraísos fiscales de las Islas Caimán y Antillas Holandesas.

Ambas decisiones, tanto la prórroga de la intervención de las comunicaciones en prisión como la petición de ayuda a través de las comisiones rogatorias, no trascienden. El juez mantiene el secreto de las actuaciones.

En la semana previa a las elecciones europeas, previstas el 7 de junio de 2009, la Fiscalía Anticorrupción recibe de la Agencia Tributaria el informe que espera para decidir sobre la suerte procesal de Bárcenas. A la luz de los comicios europeos, aplaza su escrito, una decisión que entra dentro de la tradición judicial, cada vez menos observada, de abstenerse de influir en los procesos electorales. Y, el 10 de junio, después de la cómoda victoria del PP del 7 de junio sobre el PSOE, la Fiscalía Anticorrupción solicita al juez Pedreira que eleve el caso al Tribunal Supremo. Cita los indicios de delito presuntamente cometidos por Bárcenas contra la Hacienda Pública y cohecho.

Federico Trillo, el estratega judicial en el caso Gürtel, estalla. Si antes, cuando la Fiscalía pedía más tiempo para investigar a Bárcenas, la conducta era considerada estupenda, ahora ve en el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es decir, el Gobierno, la mano que mece el cambio de opinión de las dos fiscales, Miriam Segura y Concha Sabadell, que ahora proponen elevar el caso al Supremo. Ese mismo día, después de demonizar a la Fiscalía General del Estado ante los medios de comunicación, Trillo llama por teléfono a su responsable.

- Cándido, esto no lo vamos a tolerar… tendrás que venir a explicarte al Congreso…

- Pero Federico, ¡qué dices! ¿Te das cuenta de qué día es hoy?

- No te entiendo Cándido.

- Mira, la Fiscalía recibió el informe de la Agencia Tributaria la semana pasada. Sin embargo, decidió aplazar el escrito. Me imagino que sabrás por qué razón.

- Pues no caigo…

- Por las elecciones europeas del domingo, Federico… No se quería interferir…

- Ah, bueno, eso está muy bien.

El juez Pedreira eleva la causa al Tribunal Supremo el 15 de junio y propone que Bárcenas sea llamado a declarar con urgencia. Considera que ha recibido de Correa 1.300.000 euros sin declarar y estima que es «poco creíble pedir un préstamo de 325.000 euros para un cuadro que no compró», según una de las coartadas que la Policía atribuye a Luis Bárcenas. Esta última cantidad, según el informe policial, ha sido ingresada en una cuenta del Banco Popular en billetes de «alta denominación», como llama a los de 500 euros.

Rajoy, al tiempo, solicita manos libres ante los quinientos miembros reunidos el mismo día en la junta directiva nacional: «Este partido no se ha financiado ilegalmente. No somos inquisidores. Defenderemos la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra que alguien ha hecho cosas no aceptables, actuaremos en consecuencia. Pido a la junta directiva que confíe en lo que hace la dirección de este partido».

El 17 de junio de 2009, Bárcenas almuerza con su antecesor en el cargo de tesorero y exjefe, Álvaro Lapuerta, y el diputado del PP por Lérida, Ignacio Llorens, en el restaurante marisquería Riantxo, en Raimundo Fernández Villaverde. En una mesa próxima comen el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y el responsable policial del barrio de Canillas, Manuel José Prieto. González se pone de pie y saluda a Lapuerta. Al tiempo, un hombre de abundante cabello gris peinado hacia atrás, irrumpe:

- Usted no me conoce personalmente, pero ahora sí… Yo sí sé quién es usted -se entromete Bárcenas-. Usted es quien me está persiguiendo por orden de [el ministro del Interior Alfredo Pérez] Rubalcaba. Usted es un peón de Rubalcaba. Y son ustedes quienes están filtrando toda la información a El País. Como puedes ver, lo sé todo sobre ti.

- Todo esto es un montaje -dice otro comensal.

- No hay ningún montaje. Nosotros no le estamos persiguiendo ni filtramos información -se defiende González.

- No, si lo sé todo. Su mujer -dice mirando a González y a los demás- es del PP, su hija ha trabajado para el partido en Bruselas, su yerno también ha hecho cosas con nosotros y su hijo acaba de terminar la Academia de Policía y le han colocado en el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales). ¿Ves como lo sé todo sobre ti?

- Te aseguro que no hay ninguna persecución contra ti -corta González-. Y por lo poco que sé de la investigación, no figuras en ninguna transacción en la que aparezca dinero en un paraíso fiscal…

A medida que se aproxima la definición del Tribunal Supremo, Rajoy, aun cuando parece cada vez más difícil avizorar una salida airosa para su tesorero, sigue enviando señales de apoyo a Bárcenas. El 22 de junio explica que no basta una imputación para destituirle y que debe existir «la convicción de que se han cometido irregularidades». Un día después, el 23 de junio, Bárcenas solicita al Tribunal Supremo prestar declaración voluntariamente, sin esperar el trámite previo del suplicatorio en el Senado.

Y dos días más tarde, el 24, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo decide iniciar las investigaciones sobre Bárcenas. El auto de la sala imputa delito fiscal y cohecho. Francisco Monterde, exmiembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y actualmente magistrado del Tribunal Supremo, ambas posiciones alcanzadas a propuesta del PP, es nombrado instructor de la causa. Es la más importante institución penal de España, pero no la única, en estimar la existencia de indicios racionales de criminalidad en la conducta del tesorero, habida cuenta de que con anterioridad lo han apreciado así la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La decisión del Tribunal Supremo se refiere exclusivamente a la investigación sobre aforados nacionales: el senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, imputado por el Tribunal Supremo a propuesta del juez Pedreira. Según el Supremo, las cantidades supuestamente percibidas por los aforados no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción. «Los indicios resultan, en principio, suficientes para la instrucción de una causa criminal» por delito de cohecho, señala. También pueden derivarse de ella «los delitos fiscales que correspondan a los ingresos detectados».

La sala explica que el resto de las diligencias siguen bajo la instrucción del juez Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de que en una fase posterior la sala segunda del Supremo considere la necesidad de ampliar su propia competencia a partir de las investigaciones sobre Bárcenas.

El juez Pedreira, a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, da orden para citar a declarar en calidad de imputada a Rosalía Iglesias, quien, según un informe de la Agencia Tributaria, es titular de una cuenta corriente en Caja Madrid cuyo saldo es de un millón de euros. Se trata de la mujer de Bárcenas. La orden se mantiene en total reserva, bajo el secreto de las actuaciones vigente. Nada trasciende.

La Fiscalía, por su parte, que se ha mostrado, hasta el momento, más prudente que el juez Garzón respecto a Bárcenas, aporta un documento en el que se resumen todos los indicios contra el tesorero nacional del PP. Hay veintisiete apuntes de entregas de dinero a Bárcenas por parte de la trama corrupta. Entre los documentos se cuentan manuscritos y archivos informáticos. El pen drive de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, hallado en un registro de las oficinas de la calle Serrano 40, aporta una información valiosa. Es la contabilidad B, contiene los asientos paralelos a los libros oficiales de las empresas del grupo Correa. Hay, además, gran cantidad de documentos. Todo esto lo conocen las partes que se han personado en la causa. Una de ellas es la que representa al Partido Popular, que aparece como presunto perjudicado para ejercer la «acusación». Una acusación muy particular. Es una estrategia que le permite a Federico Trillo el seguimiento continuo de las pruebas, desde dentro mismo de la instrucción sumarial, que van apareciendo contra sus «clientes», sus conmilitones del partido.

LA PLUMA DE UN SEDUCTOR

Jorge Trías Sagnier, un abogado y diputado del Partido Popular durante la primera legislatura del PP, a propuesta de José María Aznar, y más tarde colaborador de la fundación FAES, escribe el 26 de junio de 2009, en el diario La Gaceta (antes de que la cabecera pasara al grupo Intereconomía) y en su blog de comentarios Punto Jurídico, un análisis de lo que ocurre en la instrucción del caso Gürtel.

Trías, de 61 años, ha estado metido, durante largos años, en muchos guisos de los que se cuecen en la judicatura. Ha sido letrado defensor del juez Javier Gómez de Liaño en la causa de prevaricación judicial, el caso Sogecable. Allí tuvo que enfrentarse con el juez Baltasar Garzón. Más por decisión de la esposa de Gómez de Liaño, María Dolores Márquez de Prado, que actúa como codefensora. El caso le cuesta a Gómez de Liaño la expulsión de la carrera.

Trías y Gómez de Liaño trabajan juntos después, durante un año, hasta que se pelean y rompen. Trías no conoce a Bárcenas. Pero tienen ambos un amigo común. Se llama Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga Iribarne, que ha sido senador del PP por las provincias de Cuenca y Guadalajara, y presidente de la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, con despacho en la calle Génova. Fraga ha fundado en 1986 la empresa Ilusiona Comunicación junto con Tito José Pajares, propietario de la discoteca madrileña Gabana 1800, donde se celebra, en 2002, la fiesta de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar. La empresa, dedicada a eventos, ha recibido numerosas adjudicaciones como parte de la trama Gürtel.

Fraga comparte con Bárcenas la afición por el alpinismo. Juntos han formado parte de la expedición española al Everest en 1987. También Trías es montañero. Fraga, como Bárcenas, tiene la enemistad de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP a partir de junio de 2008. Y como el tesorero del PP, Fraga también es titular de una cuenta corriente en Suiza, en el Dresdner Bank de Ginebra. La número 1283047. Fraga le ha dado a Bárcenas poderes para recoger los extractos y documentos de su cuenta bancaria, que le son entregadas regularmente por madame Agathe Stimoli, cuando el tesorero la visita en Place du Rhône, aprovechando sus escapadas a las estaciones de esquí de Chamonix o Val d’Isère, en Saboya, Francia.

Trías ya ha escrito en el pasado mes de abril que «Rajoy tiene la ocasión histórica de hacer una buena limpia en su partido». Ahora se ocupa del juez Pedreira.

La necesaria independencia judicial.

Recusado por PP y PSOE en otras causas, el instructor del caso «Gürtel» es independiente.

Resulta inevitable que cuando un caso de posible corrupción política llega a los tribunales se mire, también, con lupa a los magistrados que van a tener en sus manos la vida y hacienda de los imputados. Es difícil acceder a las biografías oficiales de los magistrados, al menos la de Antonio Pedreira, si existe, no la he encontrado buceando por Internet. Pero he reconstruido algunos acontecimientos que pueden servir al lector para que juzgue por sí mismo, al margen de mi opinión, sobre la imparcialidad del magistrado instructor del caso «Gürtel» en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pedreira, por lo que me cuentan, llegó al Tribunal Superior de Justicia madrileño por esa cuota autonómica que permite a los partidos políticos colocar a personas afines en la magistratura. Está ahí, pues, gracias al Partido Socialista que lo colocó cuando tenía la mayoría y gobernaba en la Comunidad Autónoma. Este magistrado también fue jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid en 1989, cargo al que accedió por designación directa de quien era entonces alcalde, el socialista Juan Barranco. El PP lo recusó en el asunto del PSOE contra Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez y José Luis Balbás. La recusación se basaba en el hecho de haber ocupado ese cargo en el Ayuntamiento, y en dos votos particulares que había emitido en sentencias sobre asuntos apoyando las tesis socialistas en contra de las del PP. En uno se opuso a que se archivase una querella del PSOE contra esos diputados -Tamayo y Sáez- acusados de haber abandonado la Sala de la Asamblea madrileña cuando la investidura de Simancas, como consecuencia de una trama políticoinmobiliaria en la que se había implicado al PP. Y en el otro voto particular, Pedreira se mostró favorable a admitir una querella contra el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de Las Ventas.

En cambio, en el caso de la Complutense, en el que estuvo imputado Gustavo Villapalos, entonces consejero de Educación de Alberto Ruiz-Gallardón, por un presunto delito de malversación de fondos y que llegó a sentarse en el banquillo, siendo finalmente absuelto con toda justicia, el magistrado Antonio Pedreira fue recusado por el PSOE y por Izquierda Unida y el fiscal jefe de Madrid tuvo palabras duras contra el magistrado llegando, incluso, a dudar de su imparcialidad. ¿Saben quién era entonces el fiscal jefe? Pues, nada menos, que Mariano Fernández Bermejo.

Antonio Pedreira, por las imágenes que hemos visto, es un hombre con la salud quebrantada, pero parece que tiene las ideas claras. Para mí, me gusten más o menos sus decisiones, el hecho de que haya sido recusado por unos y otros me reafirma en su independencia. Ha escrito bastante, y pronunciado conferencias, sobre derecho y salud, lo cual me da un plus de credibilidad: intenta trasponer su familiaridad con la enfermedad al campo que domina, o sea, el derecho. Es miembro del Comité Científico de la Asociación Española de Derecho Sanitario, comité al que también pertenece el profesor de derecho penal Miguel Bajo, eficaz abogado de Luis Bárcenas, el acosado tesorero popular.

Su biografía es probable que sea mucho más rica, pero estos datos, que pueden contener algún fallo anecdótico, creo que son suficientes para que cada cual se haga una idea de quién ha sido, hasta ahora, el instructor del caso «Gürtel».

La verdad es que Antonio Toni Pedreira entra por oposición como secretario de Administración local, primera categoría, al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, luego se postula como técnico por el Ayuntamiento de Madrid y más tarde también por la Diputación Provincial de la Comunidad de Madrid y es letrado consistorial de dicho Ayuntamiento en la etapa de Carlos Arias Navarro. Luego, con Enrique Tierno Galván, pasa a ser decano del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Madrid y letrado del Instituto Nacional de Previsión. El Consejo General del Poder Judicial nombra a Pedreira magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 27 de abril de 1989 a propuesta de la Comunidad de Madrid, que presidía entonces Joaquín Leguina.

El juez Pedreira padece desde hace años del mal de Parkinson y está afectado también por la enfermedad de Forrestier Rotés-Querol que le lleva a inclinar la cabeza y el cuello hacia delante. Camina con mucha dificultad. El Tribunal Supremo acaba de resolver que debe seguir como instructor del caso, excepto para los presuntos delitos del senador Bárcenas y el diputado Merino.

El juez lee el artículo. ¿Quién es este abogado? Pedreira recuerda que ya ha visto otros comentarios en el pasado, incluso alguno en el que se analizaban resoluciones suyas. Ha sido diputado del PP. Le pica la curiosidad y piensa en llamarle. Le pregunta a Manuel Lozano, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria, un amigo de total confianza, si puede conseguir las señas de Trías. Unos días después, tras localizar por Internet el despacho de Trías, en la calle Almagro, Lozano le da los datos.

Pedreira pide a su secretaria que le llame. Margarita, secretaria de Trías, lo tiene al teléfono.

- El señor Pedreira quiere hablar con usted.

- No me suena… ¿quién?

- Dice que es un compañero suyo.

- Pásemelo.

- Jorge, hola, soy Pedreira, tu compañero…

- …Ah, sí… claro, hola, cómo estás.

- Quiero agradecerte tu artículo. Con la que está cayendo, que alguien como tú diga que soy independiente, hombre, esto está muy bien.

- Nada, Antonio, no me ha costado porque es lo que pienso, de verdad.

- A ver si un día antes de vacaciones me llamas y te pasas por mi despacho y hablamos tranquilamente…

- Encantado, cuando tú digas…

NUEVE CAJAS

El silencio sepulcral de Rajoy y del PP en general sobre el cadáver que llevan en el armario se rompe en la última semana de junio. Rajoy, a pesar de los indicios que Trillo ha podido conocer por el sumario, señala en una entrevista en el programa de televisión El gato al agua: «Necesito alguna prueba».

El 28 de junio de 2009, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ante la pregunta de si Bárcenas debería renunciar, osa decir: «Yo, en su caso habría dimitido». Y la actitud de Rajoy, cuando se le apunta lo que ha dicho Basagoiti, es esta: «¿Alguna pregunta más?».

Al día siguiente, 29 de junio, dos agentes de policía acuden al piso de Bárcenas, en la calle Príncipe de Vergara, en el barrio de Salamanca, para entregar la citación a su esposa que ha cursado el juez Pedreira. Nadie contesta. Los agentes preguntan en portería por el teléfono móvil de Rosalía Iglesias. Lo obtienen. Desde el cuartel general de la policía judicial, en Canillas, intentan comunicarse con ella sin éxito. Quedan un par de llamadas perdidas.

El hecho no salta a los medios de comunicación en tiempo real. Pero Bárcenas comenta con Federico Trillo y con sus letrados particulares, Bajo y Trallero, por separado, lo que acaba de ocurrir. Bárcenas les dice que el incidente tiene algo que ver con aquel cruce de reproches que mantiene con el jefe de la policía judicial en el restaurante Riantxo. El tema queda pendiente. Trillo se lo quiere pensar. Algo habrá que hacer.

La estrategia de Rajoy, una vez más, se hace explícita durante una visita a la ciudad de Cuenca, el día 1 de julio:

- Solo nos debe preocupar seguir haciendo lo que hemos hecho este año. Tenemos un objetivo, un horizonte, hemos fijado un camino. Te puedes encontrar una curva, puedes descarrilar, pero vuelves a meterte en el camino. Alguien te puede tirar una piedra, pero si te apartas hábilmente… Si seguimos en esta línea, vamos a celebrar muchas cosas en los próximos años, aquí y en toda España.

El viernes, día 3 de julio, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, le hace ver a Bárcenas que lo mejor para todos es actuar con decisión. No se ponen de acuerdo. La secretaria general le dice que debe dejar el puesto de tesorero inmediatamente. Que esa es su posición. Bárcenas se resiste. ¿Es un mensaje de Mariano Rajoy? No lo sabe.

Con todo, Rajoy tiene que abordar el tema. Ese mismo 3 de julio, en Deltebre, Tarragona.

- ¿Cómo ve el futuro de Bárcenas dentro del PP?

- No hay ninguna novedad. El futuro de Bárcenas está como el de todos, vaya usted a saber dónde está el futuro del señor Bárcenas. El Tribunal Supremo es quien tiene que tomar una decisión, y a partir de ahí caben todas las posibilidades. Por ahora no hay nada porque no ha sido ni acusado ni imputado.

- ¿Hasta qué punto cree que Bárcenas puede mantenerse en el cargo?

- Ya he contestado.

La vehemencia que ha expresado María Dolores de Cospedal lleva a Bárcenas a la conclusión de que algo está cambiando. Ese fin de semana, del sábado 4 y domingo 5 de julio de 2009, se lleva nueve cajas de documentos que mantenía guardadas en las oficinas de Génova.

El lunes 6 de julio, Rajoy y Bárcenas precisan en una conversación los pasos a seguir.

- Como hablamos en Semana Santa, he pedido declarar voluntariamente en el Supremo sin pérdida de tiempo.

- Tienen que llamarte a declarar cuanto antes para terminar con esta indefensión. Ahora, también creo que debemos contemplar alguna medida. Podría ser que dejes transitoriamente el puesto, Luis, sin necesidad de una sustitución…

- Si siguen adelante contra mí, Mariano, después de escuchar mi versión y estudiar los documentos que voy a presentar, quiero que te quede claro… Tú me has hecho tesorero y me has llevado al consejo ejecutivo. Si pierdes la confianza en mí, me quitas y ya está. Por eso te digo que en el caso de que el Supremo siga adelante renuncio transitoriamente a mi cargo de tesorero para concentrarme en mi defensa. Y si interesa decirlo, lo digo en público. No necesito que nadie me presione, que nadie me envíe mensajes.

Rajoy respira.

Bárcenas comenta en los días siguientes, en ciertos círculos del partido, que le están sometiendo a un trato discriminatorio. El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, está imputado y, sin embargo, goza de respaldo; y él, que posee información sensible con capacidad para someter al PP a una sesión insoportable de rayos X, está siendo blanco de insidias y cuchicheos cada vez más odiosos.

No han pasado cuatro días. El 10 de julio, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita al juez instructor, Francisco Monterde, que pida al Senado la autorización, es decir, votar el suplicatorio, para tomar declaración al tesorero. Con todo, no se opone a la petición de declaración voluntaria que propone Bárcenas. En paralelo, el mismo día, Bárcenas filtra la información de que está dispuesto a abandonar transitoriamente el cargo de tesorero cuando el Tribunal Supremo solicite su suplicatorio al Senado. Confía, pues, en que el tribunal le cite a declarar antes de cursar la petición de suplicatorio al Senado.

Luis Bárcenas toma contacto con el periodista Elías Ramos, dedicado a la comunicación empresarial. La idea es gestionar una entrevista con el diario ABC para que aparezca el lunes 13 de julio. Bárcenas busca poner un dique frente a las presiones judiciales y las que están ejerciendo dirigentes de su propio partido, entre ellos María Dolores de Cospedal o Cospe, como se refiere el tesorero a ella. El lunes 13, Bárcenas abre el diario: «Pongo la mano sobre la Biblia por la financiación del PP. Ha sido de libro». En un sumario, el tesorero añade: «En Semana Santa le dije a Rajoy que de ser imputado dejaría la tesorería transitoriamente». También lanza varios mensajes en portada para Cospe. «No es el momento mediático ni procesal para quitarme de en medio». Niega que Cospedal le pidiera la dimisión. Y este otro: «De este tema yo solo hablo con Rajoy». Bárcenas elogia al presidente del partido. «De Mariano Rajoy no tengo absolutamente ninguna queja. Siempre ha estado a mi lado y me ha demostrado una sensibilidad y una gran calidad humana. Eso me ha dado fuerzas para mantenerme en el día a día. Si yo hubiese visto que el presidente de mi partido flaquea y me dice, “oye, Luis, creo que es mejor que te apartes”, lo habría hecho porque en cinco meses y con la presión que he sufrido, creo que hay poca gente que lo aguante». Presenta Bárcenas su eventual renuncia temporal al puesto de tesorero como iniciativa suya. «Yo se lo dije a Rajoy en Semana Santa y volvimos a hablar del tema en una reunión que mantuvimos el lunes pasado… Le dije que era un asunto que lamentaba profundamente, pero que después de cinco meses sufriendo la presión que llevo encima -y si lo hago es porque estoy convencido de mi inocencia- ahora no era el momento mediático ni procesal oportuno de quitarme de en medio. Estaría dando la sensación de que tengo algo que ocultar».

Los periodistas Alex Martínez y José Antonio Navas le preguntan por su enriquecimiento personal. Bárcenas toma como referencia los tres millones de euros de que informaba el diario El Mundo en cuatro años, durante sus relaciones con la trama Gürtel. «Mi patrimonio no ha crecido en ese tiempo como puede detectar Hacienda. Mi situación está recogida en la declaración de bienes del Senado, tanto en 2004 como en 2008, y en mis declaraciones de Patrimonio de los ¡últimos veinte años!» La siguiente pregunta es, ¿y que se aprecia en esas declaraciones de Patrimonio?: «Nada, una transición normal, porque mis ingresos no proceden exclusivamente del partido; tengo otros de otra índole, bien por una actividad profesional (aunque sea de menor cuantía) o por la gestión de mi propia cartera de valores, a la que este año le voy a sacar una rentabilidad significativa. Esto, complementado con otros ingresos que tengo, compone una situación económica que permite incrementar mi patrimonio».

Pero, ¿qué decía su declaración de bienes en el Senado en 2008? Bajo el régimen de separación de bienes, poseía un piso en el barrio madrileño de Salamanca valorado en 360.000 euros y un garaje, de unos 15.000 euros. Los saldos de sus depósitos de cuentas: 20.000 euros en Cajamadrid, 40.600 euros en el Banco Popular, y un tercer depósito de 270.000 euros. Y poseía acciones: 16.399 en Abertis, 7.000 en BBVA, 7.000 en el Banco Santander, 38.061 en Telefónica y 10.000 en Zardoya. Valor de los títulos: 1,2 millones de euros. También declaraba un plan de pensiones de 3.000 euros, una moto Honda Silver Wing y una moto de agua Bombardier. Dejaba constancia de una entrega a cuenta de 267.000 euros para la construcción de una vivienda en Baqueira Beret.

En los informes de la Agencia Tributaria se consignan otros datos: sus ingresos se elevaban a 247.000 euros, cifra que incluía su salario en el PP, 225.000 euros, cantidad a la que se añadían dietas como consejero de Gesmadrid (21.636 euros).

Pero lo más sugerente, según los datos de Hacienda, era el capítulo sobre sus «actividades mercantiles»: 6.010 euros. Por rendimientos profesionales de Autopistas del Atlántico. Los ingresos por capital mobiliario (acciones) llegaban a 22.000 euros.

Hay otro tema que destaca Bárcenas en la entrevista citada. Cuando se le pregunta sobre la posible campaña de acoso y derribo del PP, como arguye el partido, señala: «Desconozco quién está detrás del asunto, pero quien a mí me sitúa en el punto de mira es un diario que saca un titular que dice que Bárcenas presionó al consejero de Justicia de la Comunidad Alfredo Prada para que le diera un contrato a Álvaro de la Cruz, tema que es falso pero que me sitúa en portada. Y a partir de ahí ya se enlaza con el tema Correa y se convierte en un lío permanente».

Bárcenas se retrotrae a una historia de diciembre de 2007, cuando él todavía era gerente del partido y pide un favor a Alfredo Prada, un hecho que el periódico El Mundo revela el 28 de enero de 2009. El entonces gerente agradecería mucho que se adjudicara a la empresa Serygur la seguridad de la flamante Ciudad de la Justicia de Madrid por un contrato inicial de 700.000 euros. Al conocer su gestión, Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, llama a Bárcenas. ¿Tiene algún interés particular en Serygur? No, dice el entonces gerente. Solo quiero echar una mano a dos amigos. Son de la «familia». Se trata del exconcejal de Madrid, Ignacio del Río, y del exdirector de Innovación Tecnológica del PP, Álvaro de la Cruz, que fuera jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos. Ambos llevan las riendas de la compañía. En efecto, consiguen la adjudicación, aunque el contrato se reduce a 400.000 euros. No es la única mano que Bárcenas quería echarles. También deseaba que se le diera a Serygur el contrato de vigilancia de la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Pero sus amigos pierden la batalla ante Segur Ibérica, una sociedad que según la Comunidad ha presentado la oferta más competitiva, y en la que participan fondos extranjeros de capital riesgo. La secretaria del consejo de administración de Segur Ibérica es Marta Gil de Biedma, prima de Esperanza Aguirre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al conocer que Bárcenas se jacta de las cajas de documentos con capacidad de hacer daño, habla con Rajoy.

- Mariano esto no se puede dejar pasar. Ya está bien. Pienso decir algo…

- No interesa polemizar sobre este asunto, son rumores de la prensa, Esperanza. No les hagamos el juego. Eso es lo que buscan…

Pero la presidenta, en un acto en la madrileña localidad de Alcobendas, apunta ese mismo lunes, día 13 de julio de 2009: «Le pido de rodillas al señor Bárcenas que toda la información que tenga sobre mí la haga pública cuanto antes y además, con mucha claridad y con mucha precisión».

El tesorero nacional del PP, como le gusta que le llamen, no da crédito. Llama a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero esta se encuentra en un acto con los Príncipes. Más tarde, le devuelve la llamada.

- Hola Luis, dime, ¿qué tienes contra mí?

- Pero qué cosas dices, Esperanza. Tengo verdadera admiración por ti. No sé quién puede estar malmetiendo. No creas lo que te dicen.

- Entonces es contra Ignacio González, porque parece que te metes especialmente con él…

- Te aseguro que es todo un invento de la prensa…

- En cualquier caso, Luis, te pido de rodillas que saques lo que tengas contra mí.

También González llama a Bárcenas.

- Me ha llegado por varios conductos que según dices podrías hacerme daño con informaciones que guardas… No sé a qué se refieren… Te llamo para aclarar las cosas.

- Mira, Ignacio, ya se lo dije a Esperanza. Aquí hay gente intentando armar jaleo. No he sido yo, en todo caso, quien puede haber hablado de ti… No le prestes la menor atención.

Bárcenas alude a que, en realidad, es otra la persona que puede haber hecho insinuaciones contra González. Es una referencia oblicua al que fuera su jefe, Álvaro Lapuerta.

El lunes 13, el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, comienza a actuar en la causa. Abre diligencias previas por los delitos fiscales y de cohecho y anticipa que no citará a declarar a Bárcenas hasta comprobar el material que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ya se comienza a hablar de la posibilidad de citarle como «imputado provisional» sin antes pasar por el suplicatorio al Senado. Bárcenas comenta con unos amigos en el hotel Santo Mauro, en la calle Zurbano, un lugar en el que se le ve a menudo, que, según cree, no será llamado a prestar declaración antes del verano.

Al día siguiente, martes 14 de julio, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, señala en Telemadrid que es un error que Bárcenas «intente enrocarse en un puesto de esta naturaleza». Y reflexiona: «Si en algún momento, con razón o sin ella, ves tu honorabilidad afectada, lo mejor que puedes hacer es dimitir y después, como ciudadano particular, ir a los tribunales y defender tu honor, no desde un puesto». Mientras la dirigente Ana Mato y el exministro Francisco Álvarez-Cascos respaldan contra viento y marea a Bárcenas, el cacique Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, opina que ya debe dejar el cargo.

Rajoy, por fin, aborda el tema que le suscita en privado Esperanza Aguirre, el de un posible chantaje de su tesorero, sobre el cual le había sugerido no polemizar. La marea ha ido creciendo tanto en el partido que algo tiene que decir. ¿Le están sometiendo a chantaje? En Málaga, aclara el 15 de julio: «Si algo he demostrado en política es que no acepto chantajes y presiones. A mí el señor Bárcenas no me ha chantajeado y yo he acreditado que no cedo a presiones».

LA CONEXIÓN TRÍAS-PEDREIRA-RAJOY

Por aquellos días, hacia primeros de julio, el juez Pedreira invita a Jorge Trías a verle en su despacho, en la calle General Castaños 1. Es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a la plaza de las Salesas. Se dirige a la sala de lo Civil y Penal, en la planta baja. Se van a ver las caras por primera vez.

Trías advierte que Pedreira comparte el despacho con otros dos magistrados de la sala de lo Civil y Penal, Emilio Fernández Castro y José Ramón Suárez Robledano. El juez le recibe con afecto.

- Mira, Jorge, este es un caso muy difícil.

- Sí, ya lo creo. Y la estrategia del Partido Popular lo hace todavía más complicado. Es que este personaje, Federico Trillo, hay que ver, Antonio… Pero puedo transmitir al PP lo que quieras…

- Yo voy a tratar en todo momento de instruir el caso de manera imparcial. No voy a permitir medidas o decisiones guiadas por animadversión política. Me gustaría que lo transmitas, si puedes…

- Sí, claro. La verdad es que tienes una papeleta difícil. Si ya lo tenía complicado Baltasar Garzón… Y, además, una parte de la causa está en Valencia. Vamos, un lío.

- En efecto, Jorge.

- Bien, si te parece, yo puedo hacerle llegar el mensaje al PP.

- Sí, eso estaría muy bien.

- Es más, podemos hablarlo con más tranquilidad, pero incluso intentaría hablar con Mariano Rajoy…

- Díselo, si puedes. No va a haber interferencias políticas. Ahora, me gustaría que el partido lo tenga en cuenta porque estar recibiendo ataques todo el tiempo, eso es tremendo.

- Claro, Antonio. Te digo que me tienes a tu entera disposición. Para esto y para lo que quieras. Veo que tienes muchas dificultades y, si necesitas consultarme algo, vengo cuando lo necesites. Haré esta gestión y te diré el resultado…

Trías ya sabe ahora que está ante un tema en el que su intervención personal puede tener recorrido. Le interesa la cúpula del PP. Llama a Ana Mato y le deja un mensaje. Pero no obtiene señales de vida. Se lo cuenta a Pedreira. De momento no hay contacto. Le dice que lo va a intentar con Mariano Rajoy directamente.

Averigua quién es la secretaria de Rajoy. Y marca el teléfono de la sede de Génova 13.

- Soy Jorge Trías Sagnier. Quería hablar con el señor Rajoy sobre un asunto relacionado con el juez Pedreira. Puede usted decirle que he estado con él y que tengo un mensaje para darle…

La secretaria promete decírselo enseguida y toma nota del número de su teléfono móvil.

Mientras recorre el camino a pie desde su oficina, en la calle Almagro, hasta el hotel Ritz, cuando todavía no ha llegado a la plaza de Cibeles, suena su móvil. Es la secretaria de Rajoy:

- Dice el señor Rajoy si podría usted venir a su despacho.

- Sí, claro, cuándo…

- Me ha dicho que cuando usted pueda… Él estará aquí…

- Sí, estoy muy cerca. Dígale que estaré allí lo que tarde en llegar.

Quince minutos después, entra Trías en el despacho del presidente del PP. Le conoce. Aunque no han sido del mismo bando. Trías llega al PP por Aznar y ha formado parte del grupo de Alejo Vidal Quadras, el hombre de Aznar en Cataluña. Rajoy tiene interés en el juez Pedreira. Porque, aunque se lo calla, tiene con él un parentesco familiar. Lejano. Pero parentesco al fin. El padre del juez se llamaba Antonio Pedreira Ríos, como atestigua una calle a su nombre en A Coruña, en el barrio del Ventorrillo. Ríos, pues, es el vínculo entre ambas familias. Pero el político y el juez nunca se han tratado.

- ¿Qué quiere este hombre? -pregunta Rajoy.

- Pues mira, Mariano, este hombre me dice, y yo le creo, que es un juez independiente. Lo que desea es que le dejen investigar en paz. Que no se lo pongan difícil, vamos, con presiones y operaciones de acoso.

- Me parece bien. Hay una campaña contra el partido, Jorge. En realidad, van a por mí. Por eso ponen tanto empeño en centrar los ataques en Luis Bárcenas. Pero no lo van a conseguir. Quieren presentar esto como una nueva Filesa. Pero no es así, no hay financiación ilegal, te lo aseguro.

- Por eso, hay que tener una estrategia de defensa más hábil… No bombardear a los jueces… Porque están los informes policiales, lo que sale en los periódicos…

- Mira, Jorge… -señala a una torre de periódicos que se formaba a un costado de su escritorio-. Si yo hiciera caso y creyera que todo lo que se publica es cierto, no estaría sentado aquí.

- Pero, y esto lo tengo escrito, tienes una gran oportunidad para hacer una limpia…

- Cuando el viento sopla mal, Jorge, lo único que se puede hacer es esperar a que pase. Como ocurre con los juncos, cuando hay un ciclón o una tempestad. Son capaces de doblarse. Y resisten.

- Bueno, no sé, te he transmitido el mensaje de Pedreira. ¿Lo dejo aquí? ¿O puede tener interés que me mantenga en este asunto con el juez Pedreira? Si tú quieres, si tengo tu mandato, lo sigo…

- Pues claro, sigue el tema y me vas informando.

Rajoy ha convertido en teoría política, pues, aquella canción que interpretaba el Dúo Dinámico, Resistiré: «Aunque los vientos soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie», dice la letra que Pedro Almodóvar le hace cantar a Antonio Banderas y Victoria Abril al final de la película ¡Átame!, de 1990.

Trías le apunta a Rajoy que los hijos de ambos coinciden en el Colegio Británico de Madrid. Y como él representa a los padres en la gestión del transporte escolar, está al corriente de lo que se comenta sobre las andanzas de sus hijos respectivos en el autobús. Bromean. Y se despiden.

A Trías le falta tiempo para contárselo al juez. Le visita en su despacho. No es lo ideal para hablar en un ambiente saturado de gente. El juez Pedreira, 64 años, pelo blanco, va ataviado con su uniforme habitual. Chaqueta azul con dos botones dorados, casi siempre abrochados, y pantalón gris oscuro, camisa a rayas y corbata azul, desanudada de costumbre, con trabilla dorada, y zapatos color negro. Este atuendo destaca la mirada clara de sus ojos azules. Camina con las manos en los bolsillos, una forma de disimular los temblores, pero le gusta dar un paseo. Salen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Trías hace de lazarillo del juez. Caminan por la calle General Castaños hacia la plaza de la Villa de París, pasan al costado de la sede del Tribunal Supremo y se dirigen hacia Génova, para girar hacia la izquierda y dar la vuelta a la manzana por Argensola, en diagonal a la sede del PP, bajar en dirección a Fernando VI, torcer a la izquierda ya rumbo a la plaza de las Salesas y subir por el pequeño parque al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Durante el trayecto, Trías le dice:

- Lo hemos conseguido, Antonio. He podido hablar con Mariano…

- Hombre, qué bueno. ¿Qué te ha dicho?

- Mira, le he expuesto lo que hablamos. Que te dejen investigar tranquilo. Que no tienes intención de hacer daño al PP. Me ha dicho que está de acuerdo. Le he explicado que la estrategia de Trillo lleva al desastre. Y me ha facultado para que te venga a ver cuantas veces sea necesario y te preste la ayuda que necesites, que me digas lo que quieres transmitir. Claro, si tú quieres…

- Me parece estupendo, Jorge. Y no dudes en venir a verme cuando quieras…

IMPUTADO «PROVISIONAL»

La idea de Bárcenas de que no sería llamado a declarar hasta después del verano se revela equivocada el viernes 17 de julio, cuando el Tribunal Supremo le convoca a comparecer en calidad de «imputado provisional», una figura ad hoc, creada al efecto, que busca determinar si se justifica solicitar el suplicatorio al Senado. Es un gesto de deferencia hacia el acusado porque, estrictamente, para imputarle o inculparle es preceptivo la solicitud de la autorización a las cámaras, en este caso, el Senado. Será, pues, el miércoles 22 de julio. El PP canta victoria. Por fin, argumenta, Bárcenas «podrá utilizar el derecho a defenderse» después de tantos meses de acusaciones.

El tesorero acude a la sede del PP el lunes 21. El martes, en cambio, se encierra con sus letrados, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, en el despacho de estos, en la calle Hermosilla. No deja, al menos formalmente, ningún cabo suelto. Quiere asegurar al juez y al fiscal que las siglas de L.B., L. o Luis el Cabrón, que figuran en las múltiples anotaciones de la trama Gürtel, no se refieren a él.

El miércoles llega a la sede del Tribunal Supremo acompañado por sus dos abogados sobre las nueve de la mañana, cuando está citado una hora más tarde, a las diez. Tiene que esperar, por tanto, un largo rato. Lo hace en el salón de Pasos Perdidos. Se le ve claramente nervioso.

- Tranquilo, Luis, tranquilo -le aquieta uno de sus abogados.

El magistrado Monterde tiene ante sí el informe de la Fiscalía Anticorrupción que los fiscales del Tribunal Supremo han elevado. Tiene fecha 9 de junio de 2009.

He aquí un resumen:

Las actuaciones inspectoras se refieren a una operación de efectivo de Luis Bárcenas por importe de 325.000 euros de fecha 20 de enero de 2003. De acuerdo con lo expuesto por el representante de Luis Bárcenas ante la Inspección, la operación habría consistido en un crédito concedido a este el 9 de diciembre de 2002 por 325.000 euros y del que habría dispuesto por 325.000 euros el 10 de diciembre. El 20 de enero de 2003 se habría cancelado el crédito con el ingreso de 325.000 euros, más 5.000 en concepto de gastos. La finalidad de dicho crédito habría sido, de acuerdo con lo manifestado por el representante del señor Bárcenas, la compra de una obra de arte que finalmente habría resultado fallida. Sin embargo, la citada explicación sobre la operación de efectivo resulta poco creíble para el actuario que intervino en las actuaciones como pone de manifiesto la transcripción que consta de las mismas. Esta operativa podría servir para encubrir ingresos en efectivo, máxime teniendo en cuenta las entregas de los años 2002 y 2003 que constan en el pen drive y en los documentos.

Otro de los puntos señala:

El segundo extremo que resulta relevante en la cuestión planteada (correlación entre unas iniciales y una concreta persona) es el documento intervenido en un registro donde figuran datos manuscritos que reflejan la distribución de la participación de la sociedad Proyecto Twain Jones entre distintas mercantiles. Entre ellas se incluye la entidad Rustfield, en relación con ella, se señala mediante dos líneas la participación de PC [Paco Correa] y otra de, literalmente, «LBarcenas». El importe total de la participación de Rustfield sería, de acuerdo con el manuscrito, de 50 millones de pesetas (300.000 euros). Con independencia de que proceda investigar más exhaustivamente la concreta operación a que se refiere el documento, este es esclarecedor respecto de la identificación de Luis Bárcenas que aparece, esta vez, con la inicial de su nombre y apellido completo. Ello por cuanto confirma la relación entre Correa y Bárcenas ajena a la relacionada con la contratación de eventos para el PP y pone de manifiesto la vinculación del señor Bárcenas con entidades domiciliadas en paraísos fiscales.

Y, en tercer lugar, dice que:

La relación entre Bárcenas y Correa se confirma por otro documento intervenido en el registro de la sede de Serrano 40. Se trata de un viaje de Bárcenas a Sudáfrica del que se desconoce la fecha, si bien el documento aporta suficientes datos para su comprobación. Este viaje, a diferencia de otros localizados igualmente en la documentación hasta ahora examinada, no consta haberse pagado y parece haber sido facilitado a través de Pasadena Viajes, empresa del grupo de Correa.

La conclusión es:

- Diferentes imputados afirman que Correa manifestó haber entregado una elevada cantidad de dinero a Bárcenas, imputados respecto a los que no se aprecian móviles espurios ni autoexculpatorios.

- Correa reconoció haber llegado a decir que había dado dinero a Bárcenas, dando una explicación poco verosímil al respecto.

- En los documentos de reparto aparecen las siglas L y LB junto con otras que han sido relacionadas con personas vinculadas a Bárcenas.

Durante la declaración, el juez Monterde señala que los informes policiales sostienen que él es L.B. o L. En algunas anotaciones, dice Bárcenas, aparece la letra B emborronada. En realidad no es L.B., sino que podría ser L.D. Y extiende la fotocopia de un diario digital en la que se habla de la inversión de un fondo inmobiliario, el Real State Equity Portfolio, en el que la red Gürtel consiguió inversiones de varios empresarios, entre ellos, se afirma, de Luis Delso, presidente de la constructora Isolux-Corsán.

Con todo, en su exposición motivada, el juez Pedreira ya había mencionado al citado fondo inmobiliario. Una de las inversiones de Real State Equity Portfolio es el Proyecto Twain Jones, que la red de Francisco Correa, sobre terrenos situados en Majadahonda, Madrid, donde tejen la mayoría de sus negocios, convierte en 16 casas de alto standing, cuyo valor individual es de un millón de euros, en 2004. El proyecto lo dirige Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Como Correa, Gordon es en 2004 testigo de boda de Ana Aznar y Agag.

¿Qué tiene que ver Bárcenas con esta operación? En un registro de las oficinas del imputado de la trama Gürtel, José Ramón Blanco Balín, amigo personal de Aznar, exvicepresidente de Repsol durante la presidencia de Alberto Cortina, se descubre un archivador sugerente sobre una empresa llamada Rustfield. Hay en él movimientos en una cuenta de la compañía en el banco Barclays, en Reino Unido. Desde allí se transferían fondos a España, a una cuenta en el Banco Pastor de la empresa Inversiones Kintamani.

Los ingresos a Kintamani llegaban a través de paraísos fiscales como Madeira o Mónaco. Según el juez Pedreira, para encubrir estas transferencias «se utilizaban trusts (grupos de empresas) situados en países blancos». Y todavía había otra pantalla: un tercer trust, Morning Star Holding, Isla Nieves, paraíso fiscal en el Mar Caribe, gestionaba Pacsa, titular a su vez de las acciones de Rustfield. Pedreira otorga especial atención a la actividad de Blanco Balín, un personaje que le quita el sueño.

En el archivador, según el cuadro que el juez Pedreira acompaña, hay una hoja manuscrita, aparentemente elaborada por el abogado que trabaja con Correa, Luis de Miguel, donde figura un presunto pago a «LBarcenas» de 50 millones de pesetas, (300.000 euros). El texto se refiere al «Proyecto Twain Jones». La cifra total que figura en la columna B, 125 millones (750.000 euros), coincide con la opción de compra que se pagó por el terreno en Majadahonda en enero de 2004. Seis meses después, ese terreno se vendió por 4,2 millones de euros. Bárcenas insiste ante el juez Monterde que cuando aparece «LBarcenas» se refiere a pagos de viajes suyos, pero nada ha dicho sobre este apunte, del que surge que es inversionista a través de Rustfield, la empresa de Correa.

El tesorero del PP ofrece otra interpretación sobre quién puede ser L.B. Aporta información, que ya figura en los escritos de la Fiscalía Anticorrupción, de que podría tratarse de otras personas que «trabajan en la organización» o que «intervinieron en la adjudicación» de la variante de una autovía en la localidad leonesa de Olleros de Alba a la empresa Teconsa (Tecnología de la Construcción Sociedad Anónima), por valor de 2,8 millones de euros en 2002. El propietario de dicha empresa es José Martínez Núñez, y es consejero de ella José Ramón Blanco Balín.

Menciona Bárcenas, pues, al «otro L.B.» o Lucas Bagchus, ejecutivo de la sociedad Vistra Funds, de Ginebra, Suiza, y que responde a las mismas siglas. Sin embargo, según la Fiscalía, Bagchus mantiene relaciones con Correa solo desde finales de 2005, una fecha posterior a las anotaciones L y L.B.

El juez Monterde pregunta por la letra «L», presunto destinatario de sobornos en la adjudicación de la autovía de Olleros de Alba. La Policía, según los informes, apunta a Bárcenas. Este, en cambio, ya lleva una coartada. Como en los documentos recogidos por la Policía aparecen las siglas L, G, J, TO, el tesorero del PP explica que para conocer quién puede estar detrás de esta operación y algunas más quizá haya que buscar entre las personas responsables de la adjudicación.

Bárcenas desvía, pues, la atención hacia José Manuel Fernández Santiago, exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y presidente de las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tiene que ver? Le llaman Toti, y explicaría las iniciales TO. Uno de los informes policiales lo señalan como destinatario de sobornos de Correa, cosa que niega.

Admite Bárcenas conocer a Francisco Correa, que ha empezado a trabajar en el PP en 1992, época del secretario general Álvarez-Cascos, hasta 2004, pero niega una a una las veintisiete entregas de dinero que la Fiscalía describe en su informe y que el juez Pedreira ha incluido en su exposición motivada al elevar la causa al Supremo.

El juez Monterde pregunta minuciosamente por ellas.

No es verdad. No conozco a los que supuestamente afirman que me han dado el dinero, sostiene el tesorero del PP.

El juez pregunta por la increíble historieta de la compra de dos cuadros en 2002. Bárcenas solicita un préstamo al Banco Popular por 325.000 euros. El dinero es, arguye, para traspasarlo a un viejo amigo cuyo nombre es el símbolo de la financiación ilegal del PP en 1990: Rosendo Naseiro. Con él trabajaba Bárcenas ya en aquella época en la tesorería del PP. Dedicado ahora, según Bárcenas, a la compraventa de obras de arte, Naseiro necesita cash para comprar dos cuadros, dos bodegones. El caso es que un mes después de recibir el dinero, el tesorero del PP lo vuelve a ingresar en el banco en billetes. Naseiro los ha obtenido por otro lado, explica, y le extiende 5.000 euros para asumir los gastos del crédito.

El ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 es, según se reafirma Bárcenas, la devolución de un crédito que había solicitado un mes antes para comprar los cuadros.

No es el único hecho que ilustra su afición por operar con billetes de 500 euros. Cuatro años más tarde, en 2006, su esposa, Rosalía Iglesias, acude a la sucursal de Caja de Madrid donde tiene cuenta e ingresa 500.000 euros en billetes de 500. Según Bárcenas, el dinero procedía de dos cuadros que acababan de vender nueve años después de adquirirlos en 1987.

Y sobre su patrimonio explica que ha hecho inversiones en Bolsa muy rentables que le han permitido obtener un importante incremento patrimonial desde 2002. Es el caso de la empresa Endesa, ejemplifica, cuyas acciones compró a 8 euros y vendió más tarde a 40.

Sobre ninguno de los asuntos sobre los que se acumulan las sospechas ofrece Bárcenas más que vagas respuestas.

EL COMIENZO DE UNA HERMOSA AMISTAD

Al salir del Tribunal Supremo, Bárcenas no reprime su euforia. Antes de subir al coche que le espera en la calle Marqués de la Ensenada, exclama: «Simplemente, estoy muy contento por haber podido declarar y aportar las pruebas que demuestran mi inocencia». El coche no debe llevarle lejos. Su próxima parada, antes del almuerzo, es la sede del PP en la calle Génova. Allí puede intercambiar su entusiasmo con Federico Trillo, quien se encarga de informar a Mariano Rajoy. También le acoge Ana Mato.

El empresario Luis Delso, al conocer las «sugerencias» de Bárcenas ante el Tribunal Supremo, emite un comunicado en el que desmiente la versión.

Federico Trillo hace sus consultas en la sala segunda del Tribunal Supremo para sondear las posibilidades del suplicatorio. El fin de semana del 25 y 26 de julio ya no le quedan dudas. Todas sus fuentes coinciden. El magistrado instructor, Monterde, está elaborando su exposición en la que solicitará el suplicatorio. Y la sala, que preside Juan Saavedra y forman los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar, cursará la petición del suplicatorio sin pérdida de tiempo, como mera cuestión de trámite. Se lo anticipa Trillo a Mariano Rajoy.

Ese fin de semana, Jorge Trías vuelve a comentar el caso Gürtel, en la prensa y en su blog. «Bárcenas, una defensa bien planteada», se titula su columna. Trías considera que el caso del tesorero del PP es el «más apasionante», elogia la estrategia jurídica de su abogado, el penalista Miguel Bajo, y ve «difícil que pueda prosperar la causa penal», aunque advierte que «la desastrosa estrategia política del PP en el caso, como si le fuese ajeno -“a Mariano todo esto le es ajeno”, me comentó la otra noche un diputado próximo a él-, puede complicar el asunto». Trías, pues, le propina una coz a Federico Trillo.

Con todo, el lunes 27 de julio, Bárcenas ya tiene indicios de que el suplicatorio está marchando. Ese día, de acuerdo con sus abogados, decide presentar una denuncia en un juzgado de guardia de Madrid. El tesorero del PP dice que dos personas que se identificaron como policías han tratado, el 29 de junio de 2009, de entrar en su domicilio para entregar «una citación que en realidad no existía». Según denuncia, se han practicado «amenazas y coacciones». Ha pasado ya un mes desde los hechos que ahora pone en conocimiento de la justicia. El tesorero mantiene su denuncia en secreto.

Bárcenas acude al día siguiente, martes 28, a la reunión del comité ejecutivo del PP. Vestido con traje azul y una de sus sempiternas camisas a rayas azules y blancas, toma asiento a la cabeza de una de las filas laterales, a tiro de la mesa presidencial.

La versión sobre la conspiración que aparentemente sufre el PP, la explica Rajoy en esa reunión. «A pesar de la campaña brutal contra el PP, en la que colaboran algunos funcionarios, estamos en posición de ganar las elecciones y crece en expectativa popular», dice en alusión a las encuestas electorales favorables al PP. Pero todavía tiene algo que resolver antes de salir de vacaciones hacia Galicia. Después del cónclave, Rajoy y Bárcenas se sientan a solas para poner en marcha la operación diseñada con anterioridad. El suplicatorio, había dicho Bárcenas, desencadenaría su renuncia temporal. Pues está al caer, le recuerda Rajoy. Hay que anticiparse. Se elaboran dos comunicados bajo la puntillosa supervisión del tesorero.

Bárcenas explica: «Una vez que se ha producido la circunstancia de haber podido prestar declaración voluntaria ante la sala segunda del Tribunal Supremo y aportar las pruebas que, a mi juicio, demuestran suficientemente mi inocencia en los hechos que presuntamente se me imputan, he tomado por lealtad al Partido Popular y a su presidente Mariano Rajoy, y de común acuerdo con él, la decisión de renunciar a la responsabilidad de tesorero nacional del Partido Popular, hasta que, definitivamente, quede acreditada mi inocencia ante los tribunales de justicia».

El carácter transitorio de su dimisión quedará mejor explicado, según acuerdan Rajoy y Bárcenas, pacto del que es informada María Dolores de Cospedal, en el siguiente comunicado del PP:

1. El Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los tribunales de justicia.

2. El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido, que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer.

3. El Partido Popular expresa su respeto hacia la decisión de Luis Bárcenas, tesorero del PP, de presentar su renuncia a su actual responsabilidad. La decisión de nuestro tesorero está inspirada, una vez más, en su lealtad hacia nuestra organización.

4. El PP considera que la renuncia es transitoria hasta que quede acreditada su inocencia ante las instancias judiciales. No se procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional del Partido Popular.

Es una dimisión transitoria y su puesto permanecerá sin cubrir. Las condiciones pactadas son las siguientes: Bárcenas sigue como militante, mantiene su despacho en la planta sexta de la calle Génova, secretaria y coche, y continúa con su escaño de senador por Cantabria. El PP ha pagado, y seguirá pagando como desde el primer día, los honorarios que factura el bufete Bajo amp; Trallero Abogados, que suele cobrar algo más de 300 euros la hora, con una provisión de fondos o anticipo de gastos de 35.000 euros. Se da la circunstancia de que Montserrat Gil, esposa de Alfonso Trallero, trabaja en el bufete de José María Michavila, exministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar.

El pacto entre Rajoy y Bárcenas es exclusivo. Ninguno de los imputados en el caso Gürtel, hasta el momento, ha logrado esas condiciones. Todos se sufragan su propia defensa. Y Bárcenas, con un patrimonio importante, no. El gerente, Cristóbal Páez, seguirá a cargo de las finanzas del partido. Eso sí, se quita de la entrada de su despacho el letrero «Tesorero Nacional». Y, además de exclusivo, el acuerdo es secreto.

Un día más tarde, el 29 de julio, la sala segunda del Tribunal Supremo dicta el auto por el cual se cursa la solicitud de suplicatorio al Senado y al Congreso para Luis Bárcenas y Jesús Merino, respectivamente.

El PP decide entonces lanzar una ofensiva para desacreditar la investigación en la primera semana de agosto de 2009. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declara a través de un vídeo, el día 4 de ese mes, que las autoridades judiciales y policiales han ordenado intervenir los teléfonos de dirigentes del PP. Pide al Gobierno que persiga a ETA antes que al PP y se lamenta de que España viva ahora en un «Estado policial» como no se vivía desde antes de la Constitución, que lleva al Gobierno a «utilizar las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia» para sus fines políticos. Dos días más tarde, el 6 de agosto, insiste en medio del revuelo causado por su primera incursión en que se están produciendo «escuchas telefónicas ilegales» a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales. La secretaria general del partido se reafirma. «Perseguir a la oposición resulta propio de un sistema antidemocrático». Pruebas, ninguna.

En este contexto que describe la secretaria general del PP, Luis Bárcenas y sus abogados le siguen dando vuelta a qué partido se puede sacar de la historia de los policías que han acudido a su domicilio el 29 de junio de 2009. El 24 de agosto, en plenas vacaciones, registra en la Mesa del Senado una solicitud de amparo. Afirma haber sufrido un «intento de allanamiento de morada» por parte de dos personas que se han identificado como miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Y acompaña la denuncia ante el juzgado de guardia, ya presentada el 27 de julio.

Según Bárcenas, este incidente supone una «inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes Generales» y una «quiebra del orden constitucional y de las normas de conducta democráticas». El escrito subraya: «El hecho, objetivamente es gravísimo. Que funcionarios del Ministerio del Interior, los envíe quien los envíe, intenten irrumpir ilegalmente en el domicilio de un parlamentario sin orden judicial». El extesorero sostiene que este «precedente» no puede quedar «sin la adecuada respuesta por parte de las instituciones del Reino de España». Caso contrario «equivaldría a reconocer por el Senado la pérdida de fortaleza del Estado de derecho».

Bárcenas explica, además, su teoría conspirativa sobre la razón de ser de este presunto atentado contra él. «Sin duda» se trata de una «respuesta o represalia» por aquella conversación en el restaurante Riantxo, el 17 de junio, con el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, en la cual Bárcenas denuncia ser víctima de una persecución judicial y mediática. Tampoco da Bárcenas publicidad a este nuevo escrito registrado en el Senado.

Bárcenas comienza a utilizar sociedades pantalla que ya tenía en cartera para disfrazar la propiedad de sus activos. Ahora su buque insignia es Tesedul S.A., una sociedad creada en Uruguay, en 2008. El 3 de julio de 2009, Bárcenas nombra presidente de Tesedul a Edgardo Patricio Bel, cargo en el que le cesa en septiembre del 2009. Este hombre, de nacionalidad argentina y española, es un ejecutivo de La Moraleja, la finca de cultivo de 30.000 hectáreas situada en Salta (Argentina), propiedad del extesorero del PP, Ángel Sanchís. Bel es desde 1999 apoderado de Compañía Independiente de Energía S.A, cuyo presidente es Sanchís.

Bárcenas viaja a Ginebra, en compañía de Iván Yáñez, el 26 de agosto de 2009. Lleva una carta en la que instruye al Dresdner Bank sobre los pasos futuros. Liquida la fundación Sinequanon y traspasa sus activos desde las cuentas 8.401489 en el Dresdner y 204337 en el banco Lombard Odier a otras dos cuentas en las mismas entidades a nombre de la sociedad Tesedul: Dresdner Bank Iban CH 39 0873 6084 0256 700 71 y Lombard Odier, c/c 500507. Se transfiere el líquido en cuenta: 33.854,98 euros, y el dinero del mercado de divisas: 517.412,17 euros. Y acciones de sociedades por valor de 11.302.654,62 euros. Son en números redondos 11,8 millones de euros.

El día 8 de septiembre de 2009, Bárcenas pide al Senado que actúe en relación a su denuncia sobre la conspiración político-judicial. La Mesa del Senado ha citado reunión para el día siguiente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid difunde una nota de prensa. El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, aclara que fue él quien ordenó la actuación policial, tras la solicitud del Ministerio Fiscal y «quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados». El juez no menciona la citación dirigida a la esposa de Bárcenas para no vulnerar el secreto de las actuaciones todavía vigente. Pedreira ha convertido la teoría conspirativa de acoso que han urdido Bárcenas y Trillo en un papel mojado.

Esta precisión levanta las iras de Federico Trillo, que ya tiene a Pedreira en su punto de mira desde el primer día. Se lo ha dejado saber en el Congreso al cruzarse en el camino con el diputado Juan Barranco, exalcalde de Madrid. Pedreira ha sido jefe de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. «Sé que es amigo tuyo, Juan, pero no lo voy a recusar», le dice, en alusión al hecho de que el juez había trabajado en la Alcaldía. Ahora, tras la nota del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que destroza su campaña de enredos, Trillo brama. «Estoy enormemente sorprendido por esta nota. El juez Pedreira no tiene competencias para actuar contra el senador: ni para ordenar un registro ni para hacerle una notificación, máxime cuando el único competente es el Tribunal Supremo, que ya había asumido el asunto una semana antes y había designado instructor», asegura. Y remacha: «Pedreira, más que aclarar, ha multiplicado la confusión. Por tanto, exijo que explique con todo detalle qué actuaciones ordenó a la policía, con qué competencias y por qué. Lo que está en juego no es solo la dignidad de un senador, sino la del Estado de derecho».

Esta operación de victimismo lleva dos días más tarde, la mañana del día 10 de septiembre, a la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, a acusar al Gobierno de utilizar las instituciones del Estado para acosar al PP. Esa tarde, Rajoy, a preguntas de la cadena Cuatro de televisión sobre Bárcenas, aclara:

- No puedo reprochar nada a Luis Bárcenas, mantengo una buena relación con él. Él ha dimitido como tesorero para no perjudicar al partido. Y me ha dicho que quiere que el suplicatorio que tramita el Senado salga adelante porque quiere defenderse de las acusaciones.

La mañana del 11 de septiembre de 2009, al filo del mediodía, el abogado Jorge Trías cruza el umbral del edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira acaba de sufrir uno de los ataques más directos del PP. Nada menos que de Federico Trillo, el hombre que se precia ante Rajoy y sus compañeros de partido de mover los hilos de la judicatura como si fuese un titiritero. Las recomendaciones de Trías a Rajoy no parecen haber llegado a oídos de Trillo. Trías tranquiliza a Pedreira, culpa a Trillo de la estrategia del PP, intercambian un par de comentarios y quedan en volver a verse.

Es el diario El País el que informa en su edición del 13 de septiembre para qué se ha presentado la policía en el domicilio de Bárcenas. «La Policía buscó a la esposa de Bárcenas para darle una citación como imputada», titula una información en la que da cuenta de que la Agencia Tributaria ha descubierto la cuenta corriente de Caja Madrid a nombre de Rosalía Iglesias con un saldo de un millón de euros.

Bárcenas reacciona ese mismo día y envía una carta al periódico. «Ni yo mismo, ni mi esposa, hemos recibido ninguna comunicación, notificación, citación o emplazamiento del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señor [Antonio] Pedreira, ni antes de la visita policial a nuestro domicilio, ni después, ni hasta la fecha. Las únicas noticias de tales actuaciones han sido la propia visita de la policía a nuestro domicilio, en ausencia de ambos, así como las llamadas telefónicas recibidas el pasado 29 de junio, al teléfono de mi esposa, desde números inicialmente desconocidos. Todas estas actuaciones fueron practicadas cuando ya el Tribunal Supremo se había declarado competente. Por ello fueron denunciadas ante el correspondiente juzgado por entender que se trataba de actuaciones ilegales. El magistrado señor Pedreira no ha tenido nunca, ni tiene competencia para ordenar ninguna actuación contra un senador, como es mi caso, por ser aforado del Tribunal Supremo. La Policía no tiene competencia para realizar ninguna actuación contra un senador en su domicilio». Añade a su denuncia ya registrada el 24 de agosto en la cámara copia de las informaciones del diario «ya que los hechos que describen abundan en la vulneración de derechos y libertades individuales reconocidos en la Constitución, y en el ataque directo al Senado como institución». En esta situación, el extesorero pide, el 14 de septiembre, al Senado que tramite su suplicatorio «con la máxima celeridad posible». Un intento de Bárcenas de conseguir el apoyo del grupo parlamentario Popular en el Senado para censurar al juez Pedreira fracasa.

Ese mismo día 14, Trías vuelve al despacho de Pedreira a las cuatro de la tarde. Como el juez quiere estirar las piernas, deciden tomar algo. Cruzan la plaza de las Salesas y se sientan en una mesa en el bar Ambigú. El juez comenta que toda esta historia en torno a la citación que envió al domicilio de Bárcenas carece de fundamento. Que, desde luego, no tiene interés alguno en interferir en lo que se refiere al senador, ya que es el Tribunal Supremo el que instruye el caso. Como ya es público por la filtración periodística del día anterior, el juez le explica que se trata simplemente de citar a la esposa de Bárcenas. Las dos fiscales del caso, dice, están urgiendo a que tome esa declaración.

Otro de los imputados en el caso Gürtel, Jesús Sepúlveda, que ha dimitido como alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y al que se ha suspendido de militancia por haber cobrado 422.922 euros, y recibido como regalos un todoterreno, un coche Jaguar y una pantalla de plasma, acusaciones que ha negado, solicita estos días a Rajoy su reincorporación al partido. El conocimiento de unas conversaciones aportadas por el exconcejal José Luis Peñas, entre Francisco Correa y Luis Bárcenas, ¿no disuade a Rajoy? Esto es lo que se les escucha:

- Por cierto, dile a tu amigo Sepúlveda que me debe el Range Rover, que eran 14 millones, me iba a pagar una obrita o algo, y no ha pagado los 14 millones, así como todos los viajes de los últimos dos años…

Bárcenas, queda patente en la grabación, se ríe. Él tiene sus negocios con Sepúlveda. Como la empresa Netcheck o Astrolago Inversiones. No. Ni eso disuade a Rajoy, que, como ha explicado a Trías, si tuviera que creer que todo lo que se publica es cierto no sería presidente del PP. Rajoy pacta con Sepúlveda que seguirá en nómina como «asesor», una actividad que podrá ejercer desde su domicilio particular.

Trías, por su parte, escribe en la tercera página del ABC. Es el 21 de septiembre. Pero esta vez no sobre el caso Gürtel, sino acerca de Baltasar Garzón, al que el Tribunal Supremo imputa un presunto delito de prevaricación por su investigación sobre las personas desaparecidas durante el franquismo. A pesar de su viejo enfrentamiento en el caso de Javier Gómez de Liaño, señala Trías que «sin la actuación del juez Garzón, España seguiría siendo un país arrodillado ante el terrorismo» y «al margen de cuál sea nuestra opinión sobre su instrucción de determinados asuntos judiciales creo que es difícil deberle tanto a un solo hombre. Nobleza obliga». Es una manera de hacer las paces con el juez cuya más reciente actuación judicial es la de impulsar las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, en el mes de febrero pasado, con la instrucción del caso Gürtel. El juez Garzón toma nota del artículo.

El Senado resuelve la noche del 22 de septiembre de 2009, por fin, autorizar al Tribunal Supremo para imputar formalmente a Bárcenas, es decir, quitarle el carácter «provisional», por 239 votos a favor y 5 en contra. La secretaria general del PP, la senadora María Dolores de Cospedal, resume lo que ha ocurrido. «Hoy hemos votado a favor de la concesión de un suplicatorio, como habíamos anunciado, para que el procedimiento judicial sea lo más rápido posible. Vamos a confiar en la justicia».

Unos días más tarde, el juez Pedreira levanta parcialmente el secreto del sumario. El día 28 firma el auto por el cual imputa a 71 personas, entre las que se encuentra Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas.

No ha pasado todavía un mes desde que Trías visitara al juez Pedreira por segunda vez. Su amigo Luis Fraga, al que se lo ha contado, le dice:

- Jorge, hay que ayudar a Luis Bárcenas. A ver si puedes hacer algo…

- La verdad es que a primera vista parece que lo tiene jodido, Luis. Las fiscales han pedido la declaración de su mujer.

- Si ya lo sé, pero ni ella ni él tienen nada que ver con esta trama.

- Indicios contra él, haberlos haylos, Luis. Pero tiene un excelente abogado. Ya sabes que lo tengo escrito. Miguel Bajo es uno de los mejores. Está en buenas manos.

- Mira, lo mejor es que le conozcas y él mismo te lo explique. Después sacas tu propia conclusión.

El 8 de octubre de 2009, Luis Fraga le invita a tomar café.

- Jorge, voy a comer con Luis Bárcenas y con Arturo Moreno y me ha dicho Luis que, si puedes, tomamos café.

- Muy bien, Luis.

Jorge Trías siente mucha curiosidad. Es la clase de situaciones en las que le gusta introducirse. Es un hombre de acción. La cita es en el restaurante El Paraguas, en la calle Jorge Juan, un lugar que está de moda desde hace varios años. Trías sabe quién es Arturo Moreno. Se trata del vicesecretario general del PP y responsable de acción electoral del partido en 1990. Este hombre presenta su dimisión tras la caída del entonces tesorero Ángel Sanchís, primera baja por el caso Naseiro, al destaparse un sistema de financiación ilegal del partido. Moreno sigue a Sanchís hacia la puerta de salida después de hacerse pública la grabación de sus conversaciones telefónicas con el concejal Salvador Palop, en las que hablan del reparto de comisiones y de un plan para lograr el control de las finanzas del partido.

Trías observa este 9 de octubre con interés a Bárcenas, de 52 años, una personalidad contenida, tan seguro de sí mismo como satisfecho del puro que se está fumando durante la sobremesa de esta tarde de otoño. Hablan de la justicia y de los medios de comunicación.

Bárcenas le explica tranquilamente que nada de lo que ha aparecido en los informes policiales tiene fundamento. Es posible, dice, que la Policía crea las cosas que informa, pero al creer que estos indicios prueban algo contra mí está en un error. No hay nada. Está visiblemente molesto por el hecho de que intentan implicar a su esposa, Rosalía Iglesias. Hablan también de la montaña, claro.

Trías ya tiene contacto con los principales personajes del caso y con la alta política. Mantiene una relación fluida con el juez Pedreira, acaba de estrechar la mano de Luis Bárcenas y ha abierto línea directa con Rajoy. El 14 de octubre queda a comer con Pedreira en el Horno de Santa Teresa, en la calle del mismo nombre, a tiro de piedra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez se queja del retraso de los informes de la Policía, de la lentitud de las comisiones rogatorias. No tiene todavía fecha para la declaración de la esposa de Bárcenas. Va para largo. Trías le dice que está consiguiendo ante Rajoy reducir la influencia de Federico Trillo.

- A Trillo le tienen sin cuidado los imputados de Madrid. Lo único que le interesa es Francisco Camps y los dirigentes del PP de Valencia -dice.

Vuelven por la calle Argensola hacia la plaza de las Salesas. Trías le dice:

- Tú sabes que Manolo Delgado tiene su despacho en esta plaza, mira tú si nos encontramos los tres…

Delgado, abogado de Francisco Correa, había sido imputado por el juez Garzón por colaborar con su cliente en la evasión de dinero junto con el abogado José Antonio López Rubal. El juez ordenó grabar las conversaciones con sus clientes en la cárcel de Soto del Real. Delgado había realizado un viaje con Pablo Crespo a Panamá aparentemente para gestionar la residencia de Correa en dicho país, según argumentaba la Fiscalía Anticorrupción. Pedreira mantiene como imputados a Delgado y a López Rubal por aquellos días.

La referencia a Trillo interesa a Pedreira. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, y otro magistrado con el que comparte despacho, Emilio Fernández Castro, traen al juez por la calle de la amargura. Vieira le viene insistiendo, desde que Pedreira empezó a instruir el caso, en que debe recibir a Trillo. Y Fernández Castro dice que los autos judiciales se los elabora un amigo, el catedrático de Derecho Procesal, Manuel Lozano.

Pedreira pregunta a Trías:

- Jorge, ¿tú crees que debería recibir a Federico Trillo?

Trías advierte que su propia estrategia está en peligro. Por el momento, se ha hecho un pequeño hueco, su papel es evanescente, transversal, pero una entrada de Trillo en escena daría al traste con sus posibilidades.

- Ni se te ocurra, Antonio. Sería un grave error. Porque Trillo lo difundirá. La mera entrevista le permitirá decirle a Mariano Rajoy que te controla también a ti.

- Sí, creo que tienes razón.

No obstante, esta inquietud de Pedreira dará una idea a Trías más adelante. A saber, ¿a qué otro personaje del PP introducir en escena para influir sobre el juez?

Trías queda con la secretaria de Mariano Rajoy en pasar por el despacho del presidente al día siguiente, jueves 15 de octubre de 2009. Le da cuenta de que no hay novedades. El procedimiento avanza con lentitud.

Trías tiene previsto reunirse con Javier Arenas. El vicesecretario general de política autonómica y local conoce estrechamente a Bárcenas, quien ocupaba el puesto de gerente en su época de secretario general del PP. Tienen una relación de amistad, la misma que une al tesorero con Ana Mato. Ambos forman el pequeño grupo de amigos de Bárcenas en el PP. Menos que los dedos de una mano, que suele decir el tesorero. La marea contra Bárcenas sigue subiendo en el partido. Manuel Fraga declara: «Dudo que Bárcenas pueda volver a ser tesorero del PP».

El encuentro con Arenas es organizado por el abogado Pedro Gómez de la Serna. Trías y él habían hecho intentos de trabajar juntos, pero finalmente abandonaron el proyecto.

Arenas viaja desde Sevilla. Trías y Gómez de la Serna tienen que esperarle en el Senado porque se retrasa. Les recibe en su despacho. Es el 20 de octubre de 2009. Trías resume lo que ha hablado con Pedreira hasta el momento. Les refiere su conversación con Rajoy. El objetivo de la reunión queda bastante claro: Arenas introduce a «un propio» en el peregrinaje que hace Trías al despacho del juez. Es el abogado Pedro Gómez de la Serna. Se trata de un hombre de confianza de Arenas, con quien ha sido director de gabinete de la vicepresidencia segunda del Gobierno y, más tarde, asesor en su campaña de las elecciones andaluzas de 2008. También ha trabajado en el Ministerio del Interior con el ministro Jaime Mayor Oreja, como director de gabinete, y después, en dicho ministerio, con Mariano Rajoy, en el cargo de presidente ejecutivo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Ahora actúa en su propio bufete, Gómez de la Serna-Salazar Simpson Abogados. Trías, en adelante, acude a visitar al juez acompañado muchas veces por Gómez de la Serna, que hará de testigo en las conversaciones.

SAN MATEO, SEGÚN FEDERICO TRILLO

Federico Trillo prosigue con su planteamiento estratégico de lograr en el caso Gürtel lo que ya se consiguió cuando formaba parte del equipo jurídico del PP en el caso Naseiro: la nulidad de las actuaciones. En aquella ocasión se trataba de demoler al juez de Valencia Luis Manglano. Ahora, y aunque el juez Garzón ya no sigue con el caso, se trata de conseguir la nulidad explotando para ello las resoluciones judiciales de los primeros días. Y entre ellas hay una que le parece que no tiene pérdida: la orden del juez a instituciones penitenciarias para grabar las conversaciones que mantenían los cabecillas de la trama en la cárcel de Soto del Real con sus abogados, algunos de ellos imputados. Pero no será, no, él quien presente una querella contra el juez. Trillo es paciente. Todo se andará. Quiere aplicar al caso Gürtel la doctrina del árbol envenenado. Está basada en un argumento del Evangelio que a Trillo le seduce especialmente: «Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis» (Mateo 7:17-20). «Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol» (Mateo 12:33).

Es decir: la reedición del caso Naseiro.

Financiación ilegal en aquel caso, haberla, hayla. Pero las pruebas envenenaron todo el árbol, la causa, al ser obtenidas en otra investigación distinta a la que se desarrollaba en torno al entonces tesorero nacional del PP, Rosendo Naseiro.

Ya en su auto del 27 de enero de 2010, el juez Pedreira advertía que no cabía aplicar la doctrina del árbol envenenado porque la mayor parte de las pruebas incriminatorias son obtenidas con anterioridad a la grabación de las conversaciones en prisión. «Son pruebas ineluctablemente descubiertas de fuentes sin tacha, como son las operaciones de vigilancia y seguimientos realizadas antes de la decisión» de autorizar las grabaciones.

Pero Trillo sabe de dónde colgar la bomba. El auto del juez Garzón del 19 de febrero de 2009 ordena «la observación de las comunicaciones personales que mantengan Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con los letrados que se encuentren personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos». Precisamente, el 25 de febrero había tenido lugar la primera grabación de lo que hablaban los presos, sus abogados y «otros que mantengan entrevistas con ellos», según decía el auto del juez. Uno de esos «otros» letrados se llamaba Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional. Representa a un imputado que está en libertad: el empresario de la construcción José Luis Ulibarri, supuestamente uno de los grandes beneficiarios en la trama Gürtel. A esa primera conversación en la que participa Peláez, le siguen otras dos, del 6 de marzo. La grabación no aporta un gramo de información a las pesquisas. Y, por el contrario, supone un error estratégico que pueden explotar los letrados de los acusados para la defensa de estos.

Ocho abogados que representan a acusados en el caso Gürtel presentan una solicitud de amparo al Colegio de Abogados de Madrid. El 20 de octubre, la Junta de Gobierno resuelve otorgar el apoyo. Y da a conocer un comunicado. Denuncia que se han podido cometer los delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones y que lo ocurrido es «intolerable para el derecho de defensa», al tiempo que anticipa una posible querella contra el juez Baltasar Garzón y contra las fiscales Miriam Segura y Concepción Sabadell si la Fiscalía no denuncia los hechos. El Colegio se dirige al Fiscal General del Estado, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a la presidencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En esta historia, Garzón aparece como el villano. Pero hay otro juez, ahora a cargo de la instrucción de la causa, que también ha ordenado mantener la grabación de las comunicaciones. Nadie lo sabe porque las actuaciones son secretas. Se trata, claro, del juez Pedreira.

Una noticia que al parecer implica por primera vez con nombre y apellido a Mariano Rajoy salta el 3 de noviembre de 2009. En el registro de una nave industrial situada en la calle Arganda del polígono industrial Ventorro del Cano, en la localidad madrileña de Alcorcón, la Policía encuentra un gran número de documentos de la empresa Pasadena Viajes, que forma parte del grupo de empresas de Correa. Aparece una fotocopia del carné de identidad de Mariano Rajoy. Un portavoz del PP señala que es uno de los últimos encargos que Pasadena hizo para el PP, antes de que se rompieran las relaciones porque Correa «utilizó» el nombre del partido en distintas adjudicaciones en la Sierra de Madrid. Es un viaje de tres días de Rajoy y su familia a Canarias, tras su derrota electoral de 2004.

El PP sostiene que es un regalo del partido a Rajoy para que se tomara unos días de descanso, no de Correa. Sin embargo, lo que falta es la acreditación de que se ha pagado la factura. El partido afirma que se pagó. Pero no tiene pruebas de ello. Si Pasadena no cobró ese viaje cuando partió peras con el PP, al romper relaciones, la responsabilidad es suya, sostiene el partido. «Es un asunto menor» dice. Pero, ¿se pagó o no se pagó? Constancia de que se abonara no hay.

Trías deja pasar unos días desde el anuncio de las medidas que aparentemente está dispuesto a adoptar el Colegio de Abogados de Madrid, de cuya junta de gobierno él ha sido miembro hace algunos años, y el 7 de noviembre vuelve a defender al juez Garzón y a las dos fiscales en un artículo para «la tercera» del diario ABC. «Llevo varios días sin salir de mi asombro ante la denuncia por los delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales adscritas al caso Gürtel, dependientes de la Fiscalía Anticorrupción, Concha Sabadell y Miriam Segura. Querer trasladar esta cuestión a lo delictivo, imputando a un juez o a los fiscales, me parece un exceso. Y así lo ha entendido, creo yo, el Colegio de Abogados de Madrid, cuyo decano, Antonio Hernández-Gil, hombre prudente y sabio, ya ha advertido que la actuación sería, en cualquier caso, subsidiaria», escribe. Añade: «Me parece sencillamente de cachondeo esta historia de la prevaricación como medio para descuartizar jueces, fiscales o procedimientos, por equivocadas que sean sus decisiones».

José María Aznar, presidente de honor del PP, asiste en silencio, como si estuviera al margen de toda la historia de Gürtel, al desarrollo del caso. Aunque él ha nombrado a Álvaro Lapuerta como tesorero nacional al sustituir a Rosendo Naseiro, sabe que Bárcenas era el segundo, en calidad de gerente. Y, claro, no es menos cierto que la mayor parte de los hechos han ocurrido durante su época de máximo poder en el PP, hasta su paso atrás en 2004. El 9 de noviembre de 2009, al hacerse cargo de la cátedra de Ética Política en la Universidad Católica de Murcia, Aznar algo tiene que decir. «Se debe exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad acrediten algo más que su presunción de inocencia. Es esencial que los partidos pongan el máximo celo en detectar la corrupción».

Unos días más tarde trasciende que la empresa Teconsa consiguió que la televisión pública valenciana le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos del Papa en Valencia, en julio de 2006, por 6,4 millones y que subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en ese tipo de servicios, ya que carecía de experiencia en el asunto. Un informe de la Policía sostiene que la empresa ha actuado como pantalla del «pelotazo». El Tribunal de Cuentas valenciano también encontró múltiples anomalías en el contrato de los 6,4 millones de euros adjudicados a Teconsa. La constructora leonesa, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia Tributaria, retiró de sus cuentas 893.000 euros en billetes de 500 euros en dos operaciones registradas en octubre y diciembre de ese mismo año.

Jorge Trías, acompañado por Pedro Gómez de la Serna, unas veces, y otras solo, vuelve por el despacho del juez Pedreira. El día 18 de noviembre de 2009, pasa a verle. En ciertos círculos del Partido Popular, pese a que el abogado pide discreción, se comenta su relación con el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Trías ve ahora, con mucha frecuencia, después de su primer encuentro en el restaurante El Paraguas, a Bárcenas. Trías pasa a verle a su despacho en la sede del partido, a pesar de que ya no es «temporalmente» tesorero. Quedan a comer en la vinoteca Lavinia, en la calle Ortega y Gasset, donde les gusta la comida de bistrot francés que prepara el chef Ángel García, toman café o una copa en el hotel Santo Mauro, a la vuelta del despacho de Trías, y las más de las veces se encuentran en el bufete del abogado, en la calle Almagro. También invita a Bárcenas a su casa. Siempre lleva consigo Bárcenas una carpeta de piel inseparable en la que guarda documentos. Le pasa nombres de personas imputadas por las cuales pide que haga algo. Se convierte Trías en una especie de Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó la vida de judíos polacos durante el Holocausto. La lista se engrosa. La encabeza una mujer: Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas.

El lunes 23 de noviembre de 2009, a las cinco y media de la tarde, Trías se reúne otra vez con Rajoy en su despacho de la calle Génova. Repasan la situación. Unos días después, el sábado, queda con el juez a comer en la cafetería Ríofrío, en la calle Marqués de la Ensenada. Pedreira va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sábados y hasta domingos. Trías, divorciado, está este sábado, como todos los fines de semana, con sus dos hijas adolescentes.

Le lleva hasta allí el catedrático Manuel Lozano, que siempre que está en Madrid, de vacaciones de sus clases en la Universidad de Cantabria, o en fines de semana, pasa a ver al juez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hijo de padre con enfermedad de Parkinson muy prematura, a los 29 años, este extremeño tiene un cariño especial por Pedreira. Se conocen desde 1990. Es un sacerdote, Francisco Santos, escolapio, párroco de la iglesia de Santa María del Pinar de Madrid tras pasar una larga temporada en África, en Guinea Ecuatorial y Gabón, quien pide a Lozano que cuide de Pedreira. «Ayúdale mucho», le encomienda.

A principios de los años 2000, Lozano, que vive por la zona de Pinar de Chamartín, consulta a Santos en la iglesia. El catedrático es agnóstico, pero a pesar de ello necesita hablar con el cura, que, como él, también es extremeño. Se crea una relación entre ambos. El sacerdote estudia derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Lozano, que ha sido profesor de Derecho Procesal en dicha universidad, le habla de Pedreira, quien a su vez enseñó también en esa institución Derecho Civil. El juez vive en la calle Príncipe de Vergara esquina a López de Hoyos, en Madrid, y acude a la iglesia, en el Pinar de Chamartín, donde conoce al padre Santos por medio de Lozano. Será el comienzo de una profunda amistad. Santos será en adelante su confesor. El sacerdote, tras obtener el título de abogado, quiere entrar por oposición en el Ayuntamiento de Getafe, ciudad donde su padre fue maestro de escuela. Pero la plaza le cae a un opositor que tiene prioridad porque es funcionario interino. Pedreira intenta ayudarle. Llama al exalcalde de Madrid, Juan Barranco, quien hace una gestión. Le ofrecen entrar por contrato en el Ayuntamiento. A Santos no le gusta la idea. Decide entonces presentarse a una oposición en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Es Pedreira quien le prepara. Santos le pasa a buscar casi todos los días por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le espera y luego trabajan largas horas en la cafetería restaurante Teide, en el número 7 de la plaza de las Salesas. Pero no ejercerá la profesión de la abogacía.

Santos se consagra, finalmente, a su actividad en la parroquia. En los últimos años, suele hacer fisioterapia en la Clínica Quiropráctica de la calle Génova 21, séptima planta, aquejado de un problema de columna que le provoca fuertes dolores de espalda desde su estancia en África. Desde allí se acerca al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entra en el despacho del juez, atestado generalmente de gente, donde Pedreira, inmerso en el desorden, instruye, con apenas medios, y dominado por un mal de Parkinson que le desestabiliza de manera creciente, el caso Gürtel, una trama que añade a los problemas del juez una tensión enfermiza adicional. En medio de esa vorágine encuentran un hueco para tomar algo en el Teide, como en los tiempos de la oposición, antes de que el sacerdote regrese, entrada la tarde, a la iglesia, en Pinar de Chamartín.

Lozano, a su vez, conoce el pequeño secreto de Pedreira. Su parentesco lejano con Rajoy. Cierto día, cuando le acerca en coche a su casa, en la calle Príncipe de Vergara, y cruzan la calle Zurbano, a metros del cuartel general del PP en la calle Génova, Lozano ve a Rajoy en la acera.

- Mira, Toni, quién camina por allí -le señala con el dedo-. Tu pariente…

- Sí, es él -asiente.

- Qué, ¿paramos y saludamos al pariente? -dice, en tono de chanza.

- Pero no, hombre, qué cosas se te ocurren -se revuelve de un lado a otro de su asiento el juez.

Trías verá a Pedreira dos veces más, el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, hasta mediados del mes, antes de despedirse por las Navidades.

LA VISA ME DELATA

Ignacio Peláez, exfiscal en plaza de Castilla y en la Audiencia Nacional, presenta el miércoles 9 de diciembre de 2009 una querella contra el juez Garzón por presuntos delitos de prevaricación judicial y violación de las garantías constitucionales al ordenar la grabación de las conversaciones que mantenían los presos en la cárcel de Soto del Real con sus abogados. Si se admite a trámite, el juez Garzón sumaría tres querellas por presunta prevaricación en el Tribunal Supremo. Trillo, por supuesto, sigue el asunto como si jugara a la batalla naval. Continúa a la espera del «giro copernicano» en la causa, el momento en que podrá ir a por todas: la nulidad de todas las actuaciones.

Luis Bárcenas sigue al corriente de todo lo que pasa en el PP. Su secretaria sigue atendiendo encargos suyos y le envía los recados. El 21 de diciembre de 2009, la gerencia del partido abona una factura, la 37/09, que presenta al cobro la firma Estudio Jurídico Labor. Son 60.000 euros más IVA. En total: 69.600 euros. El concepto: «coordinación defensas». Es el bufete del portavoz de justicia del PP en el Congreso, Federico Trillo. La razón del pago es sugerente. «Coordinación defensas». No hay referencia al caso Gürtel, pero parece que se refiere a él. Resulta paradójico porque el PP está personado como acusación particular por considerarse «perjudicado» y nada tiene que ver, formalmente, claro, con las defensas de los acusados, también del PP. Bárcenas se guarda una copia de la factura. Tiene para sí que a Trillo, como piensa Jorge Trías, lo que le interesa de verdad en este caso es salvar al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y que lo demás le tiene sin cuidado.

Después de las fiestas de Navidad, Trías visita a Mariano Rajoy, quien también está al corriente de la relación personal que mantienen el abogado y Luis Bárcenas. Acuerda con la secretaria del presidente del PP pasarse sobre las doce de la mañana del 11 de enero de 2010. Esa misma mañana, Rajoy explica en la Cadena SER cómo cree estar por encima de toda sospecha, aun en el caso de que el partido hubiese incurrido en financiación ilegal.

- Hasta donde yo sé, no hay financiación ilegal del PP -afirma el líder del PP.

- ¿Y si se demostrase que la hubo? ¿Dimitiría? -pregunta el periodista Carles Francino.

- No dimitiría. Porque yo no lo he hecho…

Unas semanas más tarde, el 27 de enero de 2010, en un auto de 59 páginas, el juez Pedreira defiende la grabación de esas conversaciones. El juez subraya, en respuesta a los recursos de los letrados que piden su anulación, que existen «indicios» de connivencia entre los letrados y sus clientes para esquivar del alcance de la justicia «millones de euros» ocultados en el extranjero. Una de las conversaciones que se pretenden anular es la que mantienen Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, el segundo de Correa, y su letrado, en la que hablan de sacar con celeridad el dinero depositado en Suiza antes de que la justicia pueda bloquearlo. Pedreira sostiene: «La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones».

El diario El País revela el 1 de febrero de 2010 que es el PP quien abona la minuta de los abogados del bufete Bajo amp; Trallero que defienden a Bárcenas. Queda al descubierto uno de los puntos del acuerdo alcanzado por Bárcenas y Rajoy en julio de 2009 al ceder «transitoriamente» su cargo de tesorero nacional.

«El privilegio del extesorero se hace aún más evidente al compararlo con otros imputados. Según fuentes del PP de Madrid, todos los implicados madrileños en la trama Gürtel -entre ellos tres diputados autonómicos, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y tres exalcaldes, Jesús Sepúlveda, Arturo González Panero, Ginés López- se pagan de su bolsillo sus abogados», señala el diario. Esa tarde, María Dolores de Cospedal se enfrenta al interrogante:

- A la pregunta sobre la asunción del Partido Popular de los gastos de abogado de una persona que es senador del PP y que ha sido trabajadora de este partido durante treinta años, pues decirle que el PP ha asumido esta… este gasto y costea la defensa procesal de una persona que durante treinta años ha sido trabajador de este partido porque así lo consideró en su día oportuno. Eso es lo que le tengo que decir -señala con una sonrisa nerviosa.

Parece difícil construir frases más incongruentes. Pero tiempo al tiempo.

Mientras tanto, el Dr. Luis y Mr. Bárcenas se desdobla. El 3 de febrero de 2010 madame Stimoli le visita en Madrid. Al regresar a Ginebra ella deja constancia de lo siguiente: «El cliente firma la documentación para pedir una tarjeta de crédito VISA Mastercard. Tendrá un límite de 25.000 euros mensuales. Desearía tenerla para finales de febrero porque va a esquiar a Alaska en marzo y tendrá que utilizarla». El banco se ve obligado a denegar la petición. Al consultar con la empresa que gestiona las tarjetas de crédito, TopCard, esta rechaza el 18 de febrero de 2010 la petición. «Tenemos el derecho de rechazarla sin explicar las razones». Pero madame Stimoli sabe por qué es. En una nota, ese mismo día, señala: «Llamada del centro de Visacar de Zurich para informarme de que, al hacer sus gestiones, han sabido que el cliente y otras personas de su partido político (el Partido Popular) son objeto de una investigación judicial en España». Este paso en falso de Bárcenas alerta a las autoridades suizas. La Oficina de Información de Blanqueo de Dinero Suiza (MROS) o Unidad de Inteligencia Financiera de la Confederación Helvética informa el 25 de febrero al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) español sobre una operación que, bajo el prisma de la normativa de prevención del blanqueo de dinero en Suiza, resulta sospechosa. La Policía Judicial (UDEF) eleva un informe al Tribunal Supremo en el que analiza la información aportada por los investigadores suizos. «De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior, y que se concretan en posición/es bancarias en una entidad financiera ubicada en Suiza de la/s que es el beneficiario económico. Asimismo dispone de un gestor financiero, ubicado también en Suiza, de su confianza con el que realiza las operaciones», señala. La Fiscalía Anticorrupción pide enseguida a la Fiscalía del Tribunal Supremo el envío de una nueva comisión rogatoria de auxilio judicial a Suiza. Luis Bárcenas les ha proporcionado, sin saberlo, una pista para seguir los rastros de su dinero oculto.

El 25 de febrero de 2010, Trías vuelve a visitar al juez Pedreira. Ya han mantenido desde comienzos de año una comida, el 20 de enero, y dos reuniones, el 2 y el 8 de febrero. Trías invita a Pedreira a comer en Casa Mandi, un restaurante de cocina mediterránea que pertenece a la familia Tejedor en la calle Almagro 29, a dos calles de su despacho.

Ese es el día, el 25 de febrero, en que la sala segunda del Tribunal Supremo decide admitir por unanimidad la querella contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación al ordenar la grabación de las conversaciones de los presos del caso Gürtel con sus letrados. Es, pues, la tercera querella contra Garzón en el Tribunal Supremo, que ya instruye las causas de los desaparecidos del franquismo y la de presuntos pagos del Banco de Santander. La decisión del Tribunal Supremo sobre la grabación de las comunicaciones de los presos con sus abogados afecta, aunque ello no aflore en el auto del Supremo, a Pedreira. Porque en sus autos ha prorrogado la grabación de las conversaciones y, más tarde, defiende su legalidad. No puede ignorar que la acción contra Garzón puede ser un tiro por elevación cuyo resultado es condicionar su propia instrucción sumarial. Pedreira se preocupa, además, porque el Supremo nombra juez instructor a Alberto Jorge Barreiro. La mujer de Jorge Barreiro, Teresa Delgado, es magistrada de lo Contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ocupa un despacho próximo al del juez. Este nunca llama al magistrado por sus dos apellidos sino por un tercero: Echeverri, el segundo apellido de su padre, catedrático de Anatomía y exrector de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus familias se conocen de Galicia.

Trías tiene también un encuentro, por aquellas fechas, en la sede del PP con Federico Trillo, a quien, sin nombrarle, le ha criticado en sus artículos periodísticos. Y sabe Trías que ello ha irritado al estratega de la defensa de los dirigentes del PP imputados en la trama. No se ha puesto una vez que Trillo le ha llamado por teléfono a su despacho, hace algunos meses, a raíz de esas críticas. En su reunión, Trillo le sugiere que no se mueva, que él tiene todo bajo control. En la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Revela un gran dominio de lo que hacen y dejan de hacer los abogados de los particulares imputados. Y también de las acusaciones populares. Para ello le sirve, entre otras cosas, la personación del PP en el caso. Trías le hace ver que Rajoy le ha pedido un seguimiento de los pasos del juez Pedreira. Y que está en el asunto precisamente por esa petición.

En otra reunión, Rajoy convoca a Arenas, Trillo, Trías y Gómez de la Serna, para analizar las estrategias en el caso.

Trillo, ufano, tiene todo bajo control.

- Yo creo que aquí el papel fundamental es el de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo tenemos bajo control. Tengo una relación personal con Vieira, el presidente, y de los otros dos magistrados, contamos con Fernández Castro. El problema es la instrucción del juez Pedreira.

- El problema no es el instructor. Para nada. Es que cuando sus resoluciones llegan a la sala se las tumban, no le avalan. No es cierto que tengas controlada a la sala. En realidad, hacen lo que quieren. Hay que dejar trabajar al instructor en lugar de torpedearle con recursos que embrollan y retrasan…

Ya al acabar, Rajoy se dirige a Trías y le pregunta:

- Oye Jorge, ¿tú no volverías a la política?

Trías reacciona sin pensárselo.

- No, Mariano… Bueno… A menos que el próximo Gobierno del PP enmiende el error que cometió Aznar en sus dos legislaturas, que fue no nombrarme ministro de Justicia…

Todos ríen. Trillo no puede reprimir su desdén.

- Hombre, Jorge, son muchos los que ansían ese puesto.

Y Trillo, el primero. Su papel en calidad de ministro de Defensa en el accidente Yak-42, el 26 de mayo de 2003, en Turquía, que cuesta la vida de 62 militares de los 75 que iban a bordo del avión, ¿no le ha quitado el ansia? No.

El 23 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncia que ha decidido anular por dos votos contra uno todas las grabaciones, excepto una, realizadas en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Garzón y prorrogadas por el juez Pedreira. Dos votos, el de Vieira y de Fernández Castro, contra uno, de Suárez Robledano, que presenta un voto particular en el que justifica la grabación de las conversaciones. Aunque los jueces no entran en la existencia de un delito de prevaricación, Trillo está eufórico. Dice que es una prueba de lo que él sostenía. Ve en la resolución un paso más hacia un «giro copernicano» en el caso. Con todo, la sala no entra en el delito de prevaricación.

Trías sigue su peregrinaje al despacho de Pedreira. El 4 y el 9 de marzo de 2010 tiene breves encuentros con el juez. Le insiste en que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuyos depósitos bancarios aparecen en los informes que reproducen los medios de comunicación, nada tiene que ver con la trama Gürtel y que no tiene papel alguno en las finanzas de su esposo. Pedreira tiene previsto decidir sobre su declaración en los próximos días.

El 5 de abril, Trías vuelve al despacho del juez. Hay mucho ajetreo. Pedreira ya ha firmado el día 31 de marzo la providencia por la cual se levanta el secreto del sumario. Se dará traslado a las partes personadas al día siguiente, 6 de abril de 2010, entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Son 291 tomos y suman 50.000 folios.

Pedreira recibe ayuda para usar nuevas tecnologías. Da instrucciones para guardar en un servidor todos los tomos del sumario al que pueden acceder los abogados a través de una clave personal. El juez mantiene, empero, el secreto sumarial sobre las comisiones rogatorias y las grabaciones de los presos con sus abogados en prisión.

Ese día 6 muere Guillermo Luca de Tena, presidente de honor del diario ABC. A la mañana siguiente, 7 de abril, es el entierro. Los medios de comunicación dedican sus portadas y amplia cobertura en el interior a las noticias e informes de la trama corrupta. «Gürtel corrompió el núcleo del PP», titula la portada del diario El País, en la que destaca que «el extesorero recibió al menos 1,3 millones en comisiones». Por su parte El Mundo trae una fotografía de Luis Bárcenas con las siglas del PP y la gaviota sobre el fondo celeste. «Políticos corruptos, pagos millonarios y regalos», dice el titular y se pregunta: «Luis Bárcenas, ¿intocable en el PP?». Tras el entierro de Luca de Tena en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid tiene lugar un funeral, al que asisten personalidades de la política, la cultura y el periodismo. Al terminar el acto, Trías, colaborador de ABC y exconsejero de Prensa Española, editora del diario, se topa con Rajoy cuando sale de la iglesia. El presidente del PP vuelve el rostro hacia Trías y dice:

- Vaya problema que tenemos con este.

El abogado no atina a balbucear palabra mientras se separan. «¿Este?». Rajoy se refiere, sin duda, a Bárcenas. Al final va a ser que hace más caso de lo que dicen los medios de comunicación de lo que suele admitir. Que bajo el peso de las noticias sobre el sumario, páginas y páginas acerca del funcionamiento de la trama Gürtel, sobre Bárcenas y su esposa, Rajoy siente que tiene que hacer algo. Piensa Trías que Bárcenas debería saberlo. Que su idea del apoyo casi incondicional de Rajoy es errónea. Probablemente ignora Trías que en las próximas horas las cosas se pueden precipitar.

INDEMNIZACIÓN SIMULADA Y EN DIFERIDO

Esa tarde del 7 de abril de 2010, tiene lugar un contacto a dos bandas. Bárcenas habla por teléfono con Javier Arenas, que se encuentra en Sevilla, Mariano Rajoy está en la sede del PP en Madrid. Arenas hace de paño de lágrimas de su amigo, quien toma, a regañadientes, la decisión de dimitir definitivamente de su cargo de tesorero para que Rajoy pueda sustituirle por una persona de su confianza y decide, también, solicitar la baja temporal en el partido. Su posición de senador queda así en el aire. Aunque el escaño es «propiedad» suya, ¿cómo va a seguir siendo senador del PP por Cantabria, provincia a la que es ajeno si no fuese porque Rajoy le incluyó en las listas en 2004? De seguir en el Senado debería pasar a ser independiente. Es una aberración. Pero, de momento, no ofrece Bárcenas su renuncia al escaño. ¿Se trata de una renuncia en dos tacadas para mantener su fuero protector? ¿Quiere asegurarse de que el PP cumplirá su parte del pacto? ¿Qué busca? Una compensación por los 28 años trabajados. ¿Solo eso?

Todo se hace mediante palabra. Nada se dice sobre los gastos adeudados a sus abogados hasta ese momento. Bárcenas quiere que el partido le siga pagando un salario en calidad de «asesor», con su correspondiente alta en la Seguridad Social. Es su manera de seguir vinculado a la organización. Eso le da alguna garantía de que no lo echarán a los lobos. Arenas le apoya. Puede contar con que se le dará lo que pide. Y Rajoy, que recibe a Bárcenas en su despacho, da luz verde al caer la noche del miércoles 7 de abril de 2010. Ya tiene a su hombre para ocupar el puesto: el exministro José Manuel Romay Beccaría. Una puntada más.

Trías, por su parte, visita a Pedreira. Está con él los días martes 5, miércoles 6 y vuelve a verle el jueves 7. La abrumadora información que viene esa mañana en los periódicos, al levantarse el secreto de las actuaciones, ha sacado de quicio al PP. Y especialmente a Trillo.

- Antonio, todo esto que ha salido… Trillo quiere que se declare la nulidad total -le dice al juez.

Al día siguiente, 8 de abril, Bárcenas pide la baja temporal. Su comunicado dice: «En la mañana de hoy he trasladado al Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, mi decisión de renunciar con carácter definitivo a las funciones de tesorero dentro de nuestra organización nacional, cargo para el que fui elegido por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta del Presidente. Al adoptar esta decisión quiero dejar constancia del daño irreparable que se nos ha hecho a mi familia y mí. Creo, solo desde la convicción de mi inocencia, que este caso, dados los cargos que he desempeñado en el partido, esta siendo el instrumento para dañar al Partido Popular y a su Presidente Nacional. Es el motivo por el que tomo esta dolorosa decisión. Igualmente, presentaré un escrito solicitando mi baja temporal como militante del Partido Popular hasta que se sustancien los hechos que injustamente se me imputan, frente a los que mantengo mi absoluta inocencia. Quiero agradecer al Partido Popular y a sus Presidentes la confianza y el apoyo que a lo largo de estos años han depositado en mi persona».

El PP, un rato más tarde, señala: «El Partido Popular ha recibido esta mañana la comunicación de D. Luis Bárcenas manifestando su decisión de renunciar con carácter definitivo a sus funciones como tesorero del Partido y solicitando la baja temporal como militante de nuestra organización. El Partido Popular quiere hacer un reconocimiento público a la magnifica gestión que durante estos años D. Luis Bárcenas ha prestado como Gerente Nacional y Tesorero del Partido y quiere agradecerle igualmente la lealtad que ha demostrado al partido y a sus dirigentes. Estamos convencidos, como lo hemos estado desde el principio, de que demostrará su inocencia frente a las falsas imputaciones de las que ha venido siendo objeto».

Rajoy está en Sevilla. Y se siente mejor. «Agradezco su renuncia. Lo ha hecho, porque así lo piensa, para defenderse mejor y servir mejor al partido. Y lo ha hecho después de que quede acreditado que no había trama de financiación irregular, sino que unas personas se han aprovechado manifiestamente de la ley». ¿Continúa como senador? «Seguirá siendo senador, supongo, claro. No lo sé. La verdad es que lo tendrá que decidir el Grupo Popular en el Senado», pero a la pregunta sobre si el PP seguirá pagando sus gastos de abogado, se niega a responder. Cuando se le inquiere una vez más, se cierra en banda. Rajoy, eso sí, anuncia una reorganización de la tesorería del PP. Javier Arenas, que está junto a Rajoy en ese momento, y es, en realidad, quien ha analizado por teléfono con Bárcenas los detalles de su salida el día anterior, dice que el tema de los gastos será resuelto por el nuevo tesorero nacional. Se ha pactado, en secreto, que el PP seguirá pagando a Bárcenas 21.300,08 euros al mes, cifra que incluye el prorrateo de las pagas extraordinarias, entre otras razones, porque Bárcenas argumenta que necesita ese dinero para sufragar los gastos de sus abogados. ¿Cómo, por tanto, se le va a seguir cubriendo esos gastos?

María Dolores de Cospedal, el mismo día, justifica la permanencia de Bárcenas en el Senado siempre que sea en calidad de miembro independiente del grupo popular. Pero, añade, debe abandonar su despacho en la calle Génova.

En el Senado, ese mismo día 8, se da por hecho que Bárcenas dejará de pertenecer a la dirección del grupo parlamentario y a las dos comisiones. En relación a su escaño, nadie sabe qué va a ocurrir. Pío García Escudero deja trascender que ha intentado ponerse en contacto con el senador para conocer sus planes, sin éxito.

Al día siguiente, viernes 9, Mariano Rajoy recibe a Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, en su despacho. Está presente Javier Arenas. El pacto ya está diseñado y lo asume Romay Beccaría porque así se lo indica su jefe, Rajoy. El PP paga a Bárcenas en calidad de asesor un salario de 255.600 euros al año dividido en doce mensualidades de 21.300 euros en números redondos. Además, se le mantiene coche, una presencia discreta en Génova y secretaria. Bárcenas todavía tiene una factura pendiente bajo la manga, que no presenta en la negociación del pacto. Pretende que el PP se haga cargo de una minuta del bufete Bajo amp; Trallero, en concepto de gastos acumulados hasta el presente de 200.000 euros.

El sábado, día 10, Bárcenas anuncia que, en adelante, se pagará los gastos de su defensa. «He comunicado al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que a partir de la fecha de hoy pasaré a hacerme cargo directamente de los honorarios que ocasione mi defensa procesal. Asimismo le he ratificado mi decisión de renunciar al Consejo de Dirección del Grupo del Senado. Agradezco la confianza que ha depositado en mí Mariano Rajoy a lo largo de estos años». Ya está a un paso de dejar el escaño.

El diputado Jesús Merino le dice a Bárcenas que ya no espera más. Su padre está enfermo. Que de la próxima semana no pasa. Que va a anunciárselo a Rajoy y que piensa convocar una rueda de prensa en Segovia, por donde es diputado. Bárcenas ya no le puede pedir que aguante más.

Trías, que ha seguido reuniéndose con el juez Pedreira, el día 9 de abril y 10 de abril, acude a una reunión de Bárcenas y los abogados Bajo y Trallero, en su bufete de la calle Hermosilla. La inminente renuncia de Merino hace la situación de Bárcenas definitivamente insostenible. El miércoles, día 14 de abril, tal como ha prometido, Merino visita a Rajoy en su despacho de Génova, y le comunica que ha decidido marcharse.

Pero, más allá de la decisión de Merino, el tema de Bárcenas ya está zanjado. Hay que ponerlo en práctica. El pacto contempla que será el extesorero quien hará el anuncio a través de algún medio de comunicación. Se trata, según desea Bárcenas, de que no parezca que el PP le abandona, sino que es él quien decide librar a Rajoy del peso que supone ser todos los días blanco de la prensa. Que es él quien se sacrifica por Rajoy y el PP, y no al revés.

El PP tiene previsto dar de alta a Bárcenas el 16 de abril en la Seguridad Social. Se le da de baja en su anterior categoría laboral, «licenciado», para darle de alta en una nueva, «asesor».

El extesorero, pues, logra de Rajoy el beneplácito para cobrar una nómina mensual de 21.300,08 euros y para presentar su renuncia al escaño como una iniciativa propia, ajena al presidente del PP. Es un show en toda regla.

La fecha importante es el 15 de abril de 2010. Y no tiene que ver con el pacto entre Bárcenas y Rajoy. No. Ese día, el juez Francisco Monterde firma la resolución para solicitar la comisión rogatoria urgente a Suiza a raíz de la denegación de la tarjeta Visa solicitada por Bárcenas al Dresdner Bank de Ginebra. El Tribunal Supremo pide ayuda en cuatro puntos:

Uno. Solicitud a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Confederación Helvética (MROS) para que aporte la comunicación de operativa sospechosa realizada por una entidad financiera suiza relativa a la persona de Luis Bárcenas Gutiérrez, DNI 8.771.987-V, según la cual esta persona el día doce de febrero de dos mil diez solicitó una nueva tarjeta Visa con un límite mensual de 25.000 euros a través de un gestor financiero en un proveedor de servicios financieros. Dicha solicitud fue denegada por la entidad al comprobar esta que dicha persona estaba involucrada en una investigación judicial en España.

Dos. A partir de la información contenida en la comunicación de MROS, dirigirse a la entidad financiera suiza que recibió la solicitud para que se proceda al bloqueo de los saldos de las posiciones bancarias de la/s que Luis Bárcenas Gutiérrez DNI 8.771.987-V y/o Rosalía Iglesias Villar DNI 10.183.504-R sean los beneficiarios reales, últimos o económicos, ya sea a título individual o de compañía/s de las que estas dos personas sean los beneficiarios, así como de las inversiones financieras y otros productos contratados, incluyendo las cajas de seguridad u otras cajas cerradas de las que disponga. Se incluyen los movimientos registrados en otras cuentas bancarias de las que dicha/s persona/s sean titulares en la entidad que ha comunicado la información.

Tres. Registro del despacho ocupado por el gestor financiero que solicitó la tarjeta por cuenta de Luis Bárcenas en la entidad financiera a fin de intervenir cuantas pruebas sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se le imputan, en particular todos los medios y soportes informáticos que se localicen y cuanta documentación obre en cualquier tipo de soporte relativo al propio Luis Bárcenas Gutiérrez, DNI 8.771.987-V, y Rosalía Iglesias Villar, DNI 10.183.504-R, o/y de compañías de las que estas personas sean los beneficiarios últimos, reales o económicos. Señalar que el destino final de la intervención de los citados medios de prueba sería su estudio y análisis por parte de funcionarios policiales adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales.

Cuatro. En relación a dicha cuenta/s bancaria/s ya estén abiertas o bien se encuentren cerradas, o a otra/s cuenta/s de la/s que Luis Bárcenas o Rosalía Iglesias Villar y/o alguna compañía mercantil de las que estas personas sean los beneficiarios últimos, reales o económicos, desde la fecha que dispongan de datos y hasta el presente momento, se solicitan todas las informaciones relativas a: información de cuentas bancarias, préstamos e hipotecas, cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del Tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, otras informaciones.

Esta solicitud de ayuda judicial a partir del mal paso de Bárcenas, detectado por las autoridades helvéticas, es decisiva. Porque hasta entonces las comisiones rogatorias enviadas, en particular a Suiza, tienen carácter más bien general. Ya ha sido admitida a trámite por el Ministerio Público de la Confederación Helvética el 3 de junio de 2009. Pero todavía no se advierten los progresos. Ahora ya no se trata de lo que los juristas anglosajones suelen llamar una «expedición de pesca», es decir, una solicitud dirigida a encontrar pruebas incriminatorias. La nueva petición se hace a partir de un paso sospechoso que da Bárcenas y que detectan las autoridades suizas. Solo el tiempo va a decir si esta comisión rogatoria da, o no, en la diana.

Después de levantar el secreto del sumario, el juez Pedreira va a citar a declarar a varias personas. La mujer de Bárcenas está entre las primeras. El viernes 16, Trías visita al juez Pedreira. Pasadas las dos de la tarde, trasciende que el juez ha citado a declarar como imputada a Rosalía Iglesias el miércoles siguiente, día 21 de abril.

Jorge Trías sugiere a Bárcenas conceder una entrevista a ABC para anticipar su decisión de renunciar al escaño el mismo lunes 19. Bárcenas está de acuerdo. Trías llama por teléfono a Ángel Expósito, director del diario, con quien, como colaborador, tiene una buena relación personal. Le pregunta si tendría interés en entrevistar a Luis Bárcenas, que está en el centro de la escena de Gürtel. La respuesta es sí. Trías dice que se puede organizar el encuentro. Quedan en reunirse con Bárcenas en el despacho de Trías el sábado 17 de abril.

Ese mismo día, Bárcenas piensa, sobre todo, en Suiza. Escribe una carta a Agathe Stimoli, al Dresdner Bank (ahora LGT): «Como sabrás, esta semana he decidido dejar mis funciones en el Senado. Ante la injusticia de esta persecución política, he tomado esta decisión para poder protegerme legalmente… Por esta razón, y ante la eventualidad de que llegase una comisión rogatoria ante las autoridades helvéticas y tu banco se viese en la obligación de comunicar mi situación patrimonial allí, que, como conoces, procede del año 1991, he decidido encomendar mi defensa legal al bufete de abogados de Ginebra Poncet, Turretini, Amadruz, Neyroud amp; Associés, y en la persona de Carlo Lombardini, con objeto de que defienda ante las autoridades de tu país que el origen de los activos que mantengo con vuestra entidad es muy anterior al periodo en el que me están imputando los cargos de no declaración de ingresos en España (en los años 2002-2003)».

Ha contratado, pues, a uno de los bufetes más emblemáticos de Ginebra. El alma máter es el abogado Dominique Poncet, que ha defendido a grandes estafadores internacionales y políticos. Desde Bernie Cornfeld, Pavel Borodine y el clan de Ferdinand Marcos, pasando por Licio Gelli, el capo de la Logia P-2, hasta el caso de Lorenzo Bozano, o Duvalier, Trujillo y la familia Bhutto. Y en relación a España, ha sido su bufete, y él personalmente, quienes trataron, sin éxito, a primeros de 1996, de impedir que el abogado Paolo Gallone, un testigo de cargo contra el expresidente de Banesto, Mario Conde, y sus socios, revelara en Lausana la propiedad real de sus sociedades en Suiza. Poncet ha fallecido a los 75 años, en 2004, pero su bufete de la ginebrina calle Hesse es uno de los más activos del país.

Expósito acude a la cita junto con el subdirector de la sección nacional, Álvaro Martínez.

Bárcenas es el último en llegar a la oficina de la calle Almagro y lo hace en un vehículo utilitario pequeño que aparca frente al edificio. Está obsesionado con la posibilidad de que la Policía grabe la conversación.

Cuando se reúne en el despacho de Trías para hacer la entrevista y darles la «primicia» de su renuncia al escaño, ese sábado 17 de abril, Bárcenas ya lleva un día, desde el 16, de alta en la Seguridad Social como «asesor» del PP.

El extesorero explica que va a presentar su renuncia al escaño el lunes, día 19 de abril, y que ha decidido dar la noticia al periódico, que ya le entrevistara hace algo menos de un año, en julio de 2009. Bárcenas dice, también, que Merino le ha comunicado su decisión de renunciar a su escaño de diputado. Según explica, prefiere tener una doble instancia, ser enjuiciado por un tribunal inferior y luego poder recurrir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional en amparo. «Bárcenas, que informará a Mariano Rajoy de su renuncia, afirma que desde Génova no le han marcado nunca los tiempos», dice el diario. «Y que son él, su familia y su entorno personal quienes deciden los pasos que está tomando», añade. Las fotografías, por petición expresa de Trías, no permiten discernir dónde se realiza la entrevista.

El ABC titula: «Bárcenas dimite como senador». El extesorero declara: «Me he sentido arropado por Rajoy, con el que he compartido todas las decisiones que he ido tomando».

Ese lunes, Bárcenas envía al Senado a registrar su renuncia a su hermano Juan Carlos, asesor del grupo parlamentario popular en el Senado, y consejero de la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpasa) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cuando se adjudicaron obras a Constructora Hispánica, empresa que destaca en la trama Gürtel y que ha realizado donaciones anónimas al PP. Luis Bárcenas marcha a la calle Génova, donde analiza con Rajoy la campaña de prensa.

Trías, por su parte, visita a las doce de la mañana de ese mismo día 19 al juez Pedreira. Comenta la nueva situación. El caso de Bárcenas vuelve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es Pedreira, pues, el encargado ahora de instruir las acusaciones contra el extesorero del PP. Y el miércoles 21 ha citado a declarar a su esposa. Del despacho de Pedreira parte Trías hacia Génova 13, donde le recibe Rajoy a la una. Allí, con la noticia caliente de la renuncia de Bárcenas al escaño, Trías comenta la situación de Bárcenas y del procedimiento. El juez Pedreira, si cabe, es todavía más importante, ya que sin los dos aforados, la causa pasa ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y, lógicamente, su relación con Pedreira cobra todavía más relevancia. Menciona la próxima declaración de Rosalía Iglesias el miércoles 21 y advierte sobre el papel de las dos fiscales del caso.

Al día siguiente, 20 de abril, Trías vuelve a ver a Pedreira. Le insiste, una vez más, en que la esposa de Bárcenas no juega ningún papel. Pedreira está, en estas horas cruciales para los Bárcenas, con Jorge Trías en los talones.

La esposa de Bárcenas es imputada cuando se descubre una cuenta corriente a su nombre con un millón de euros. Ella carece de ingresos. La investigación también se topa con su nombre en una promoción residencial de Majadahonda, Proyecto Twain Jones, financiada con fondos de sociedades de la trama Gürtel que tenía en el extranjero. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell hacen las preguntas. El juez se limita a escuchar. Es el miércoles 21 de abril de 2010 y la escena se desarrolla en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Fiscal: -¿Qué ingresos tenía en 2002 y 2003?

Rosalía Iglesias: -Eh…, vamos a ver, yo ingresos en el año 2002, 2003, no me acuerdo si tenía algún ingreso porque todos los temas económicos relacionados con nuestro patrimonio, con nuestro…, vamos, nuestro…, todos los temas económicos los lleva mi marido y…, no sé si en el año 2002, 2003 yo tenía alguna fuente de ingresos, eh…, no, no lo sé.

P.: -No… ¿tenía algún trabajo remunerado?

R.: -No, vamos a ver, no…, yo tenía un taller de restauración y tengo un taller de restauración, pero bueno, es un tema…, somos varias socias, y bueno, pues funcionamos un poco a nivel de amistad, a nivel particular y no…, no como grandes empresarias, ni nada por el estilo, con lo cual no sé si tenía algún ingreso, estaba en función del trabajo que podía realizar en ese momento, mayor o menor, en función del número de muebles que podía restaurar.

P.: -Las declaraciones tributarias que usted presentó por esos dos años en el impuesto sobre la renta, ¿las presentó conjuntamente con su esposo?

R.: -Es que…, no lo sé, vamos a ver, las declaraciones como le he dicho antes, todos los temas económicos los lleva y los ha llevado siempre mi marido, en el que confío plenamente (…) yo no he hecho nunca ninguna declaración…, de renta, ni nada de eso, siempre esos temas los ha llevado él, me imagino que con…, vamos me imagino no, con el asesor (…) Yo los temas económicos nunca los he llevado, ni los llevo, ni los llevaré nunca…, mi marido posee los conocimientos adecuados para hacerlo y yo ni los tengo ni tengo ningún interés en hacer una declaración de la renta porque sé que lo puede hacer mucho mejor que yo.

P.: -Usted lo que hacía era firmarlo entonces, cuando ya estaba terminada.

R.: -Sí.

P.: -¿Usted recuerda en esos años haber manejado o haber sacado del banco, o haber hecho ingresos en cantidades importantes en efectivo?

R.: -No.

F.: -¿Usted recuerda que compraran en el año 2002 unos inmuebles en Marbella?

R.: -No me acuerdo del año, pero sí que tenemos una casa en Marbella, eh…, pues no sé si era el año 2002, no me acuerdo el año, pero estamos en el 2010, bueno, pues aproximadamente puede ser eso y nosotros llevábamos ya diez años viviendo en otra casa que teníamos ahí en Marbella, en Golden Beach, que es la que vendemos, y esa casa además está a mi nombre.

P.: -¿Cómo pagaron esos inmuebles que compraron en Marbella?

R.: -Pues la casa de Guadalmina la compramos pues con la venta de Golden Beach, de la otra casa, y luego con un dinero que…, eso sí que mi marido, en un momento determinado, porque era una cantidad importante y era, pues en fin, algo…, algo fuera de lo cotidiano, me explicó con la venta de unas acciones de Endesa.

P.: -¿Usted conoce a Francisco Correa?

R.: -Sí, claro que le conozco, le conozco porque es una persona que ha estado durante muchos años ligada al PP, con lo cual he coincidido, no sé si muchas, en varias ocasiones con él en cenas, con más gente, y en determinados eventos que él organizaba.

P.: -¿Cuándo le conoció?

R.: -Ay, ni idea, no sé, hace muchísimos años.

P.: -¿Recuerda haber tenido participación en un proyecto inmobiliario en Majadahonda?

R.: -Absolutamente ninguna, lo digo con esa rotundidad, porque como he visto en el periódico tantas cosas pues…, aunque yo, insisto, todos estos temas ni los he llevado, ni los voy a llevar, porque no me… no es un tema para…, en fin, a mí me gustan otro tipo de cosas, cuando he visto eso…, estoy tan sorprendida, pero como de tantas otras cosas, o sea, no, no tengo absolutamente ninguna participación en ese sitio, en Pozuelo o en Majadahonda.

P.: -¿Si ustedes hubieran hecho conjuntamente alguna participación apalabrada por su esposo, lo que sí podría ser, como ha manifestado en relación con las declaraciones tributarias y con el manejo de las cuentas bancarias, es que fuera un proyecto, una participación que hubiera hecho él y en el que se hubiera consignado su nombre?

R.: -No lo sé, yo me imagino que no, porque si hay algo que hubiera estado a mi nombre me lo hubiera dicho, claro…

P.: -Usted recuerda haber entregado una cantidad de… 150…, 20, equivalen…, el equivalente a 25 millones de pesetas, para participar en una, en algún tipo de…, promoción…

R.: -Mire, yo no he tenido 25 millones de pesetas en mi mano nunca, se lo puedo garantizar, o sea, y le agradezco que me lo diga en pesetas, porque si no, no sé de qué cantidad estamos hablando, no, no he entregado jamás a nadie esa cantidad de dinero.

P.: -Ni ha percibido beneficio alguno derivado de ninguna operación inmobiliaria…

R.: -¿Que a mí alguien me haya dado dinero?, por supuesto que no.

P.: -Usted directamente no.

R.: -No, no, por supuesto.

Por la Asociación de Abogados Demócratas, el abogado José Mariano Benítez de Lugo pregunta:

P.: -En el informe de la Policía, de la Agencia Tributaria, que obra en las actuaciones, página 14, se dice que tiene usted una cuenta en Caja Madrid, sucursal de Príncipe de Vergara 32, ¿eso es cierto?

R.: -Mire, según consejo de mis abogados no voy a responder a ninguna pregunta.

El Juez.: -¿A ninguno de los restantes letrados tampoco?

R.: -No, según el consejo de mis abogados, no Señoría, no voy a contestar a ninguna.

El juez Pedreira no le quita la vista de encima a la esposa de Bárcenas durante toda la declaración. Intenta formarse una opinión directa, más allá de lo que consta en los informes policiales. Más allá de lo que estiman las dos fiscales que le han pedido la comparecencia. Pedreira tiene la impresión de que no existen indicios suficientes. Y a la luz de la declaración su convicción se ha fortalecido.

Antes de abandonar la sala, Rosalía Iglesias pregunta al juez si puede entregarle un documento. El juez asiente. Son tres carillas en las que su marido busca aclarar la evolución de su patrimonio desde 1984, año en el que compraron su primera casa.

Según el texto, trabaja Bárcenas como economista en el departamento financiero de Alianza Popular. Solicita una hipoteca para comprar en dicho año una casa por el equivalente de 35.000 euros. En 1986, adquiere una parcela en Pozuelo de Alarcón por valor de 30.000 euros. Vende ambas con plusvalías. En 1988, pide una hipoteca por las dos terceras partes de su valor, 72.000 euros. Bárcenas va mucho más a mejor a partir de 1990. Compra en 1992 un estudio por 78.000 euros, una casa en Marbella, 84.000 euros, con una hipoteca por el 90 por ciento del valor. El patrimonio inmobiliario acumulado por Bárcenas, con varias hipotecas, llega a 39 millones de pesetas o 235.000 euros. Son tres inmuebles y una plaza de garaje.

Bárcenas asciende a la gerencia del partido. Álvaro Lapuerta es tesorero nacional. Su relación con Francisco Correa es, en esos años, muy estrecha. Y realiza compras y ventas que le han llevado a pagar oficialmente 1,8 millones de euros en los últimos años por diversos inmuebles. Su patrimonio pasa de 235.000 a 1,8 millones de euros, ocho veces más. Sin contar la revalorización. En 2008, adquiere una casa de lujo en Baqueira Beret. Bárcenas paga un millón de euros por esa casa de fin de semana. Esta vez no hay hipotecas. Paga con cheques.

Jorge Trías visita al juez Pedreira el 26 de abril. Han pasado cinco días desde la declaración de la esposa de Bárcenas. Y vuelve a visitarle en la primera semana de mayo. El juez se muestra discreto. El día 6 de mayo de 2010, Pedreira dicta el auto de sobreseimiento parcial y provisional de Rosalía Iglesias. Según el juez «no se puede atribuir responsabilidad penal a la esposa del aforado si desconoce cómo se tramita por el marido la liquidación tributaria dada la especialidad del Sr. Bárcenas cuando Dña. Rosalía Iglesias ha reconocido que tenía plena confianza en su marido y toda la administración de los bienes y del metálico la había llevado este». El juez señala que «si surgen nuevos indicios o documentación no tenida en cuenta», la esposa de Bárcenas puede volver a ser imputada.

Jorge Trías cree que ha puesto su grano de arena para lograr la decisión de anular la imputación de Rosalía Iglesias, aunque sabe que ha sido el juez Pedreira quien no ha visto razones para mantener la situación después de verla declarar. Pero, todos aquellos dirigentes del PP que han seguido sus movimientos sobre Pedreira interpretan que algo ha tenido que ver con el desenlace provisional.

Trías mantiene las visitas durante lo que queda del mes de mayo al juez como si no hubiera pasado nada. La gran asignatura pasa ahora por «salvar a Bárcenas».

Rajoy le muestra a Bárcenas y su esposa su simpatía por el sobreseimiento provisional. Pero el extesorero tiene una factura pendiente con el PP. Quiere que se le reconozcan los 200.000 euros que, según sostiene, son los gastos de abogado previos a su abandono del escaño de senador. Bárcenas ya no tiene despacho. Pero sus cajas de papeles y dos ordenadores personales son depositados en una sala de reuniones llamada Salón Andalucía. Para mantener la intimidad, Bárcenas ha cubierto los cristales con vinilo, cosa que María Dolores de Cospedal ordena quitar poco después.

EL «GIRO COPERNICANO»

La ofensiva por la nulidad de las actuaciones conoce un nuevo paso adelante. Trillo, en contacto con las defensas de varios acusados, lo estaba esperando. El abogado Ignacio Peláez presenta el 24 de mayo un escrito al Tribunal Supremo por el cual pretende ampliar la querella contra Garzón para incluir a las dos fiscales del caso Gürtel, Miriam Segura y Concha Sabadell, a quienes acusa de diversas maniobras judiciales en connivencia con el juez Garzón. Ya en su querella contra Garzón, el abogado pedía que se tomase declaración a las fiscales en calidad de testigo en relación con la grabación de las conversaciones en prisión. Pero a la vista de que el magistrado instructor no estaba por la labor, Peláez decide dar un paso más adelante.

El 27 de mayo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro dicta dos providencias por las cuales pide que el juez Pedreira le remita a la mayor brevedad posible testimonio de todas las actuaciones practicadas desde el inicio de las diligencias del juez Garzón hasta el auto del 20 de abril por el cual Pedreira prorroga las grabaciones en prisión. La mayor parte de las peticiones atienden a lo que pide el juez Garzón para su defensa en la causa que se le sigue. Hay otras que han sido solicitadas por el abogado Peláez. La petición del magistrado no trasciende.

El 1 de junio de 2010, Trías escribe una carta a Mariano Rajoy. «No comparto alguna de las ideas de la estrategia jurídica del PP. Creo que habría que dar una batalla importante contra la politización de la Fiscalía. En cambio, yo apoyaría a los jueces en su labor de esclarecer los casos de corrupción», dice. Y añade: «Te confieso que me sorprendió que nadie me haya telefoneado ni que me hayan dado las gracias por el esfuerzo personal que le he dedicado a este tema».

Pero es Trillo quien impulsa esa politización a través de la manipulación de las decisiones judiciales. En la mañana del día 3 de junio, dos periódicos informan de que el Supremo está investigando la querella de Peláez y señalan, erróneamente, que el juez Jorge Barreiro ha dictado dos providencias al respecto. Y sin conocer exactamente de qué se trata, ni falta que le hace, salta al ruedo. El día 3 de junio, interpreta que las peticiones del magistrado del Supremo se refieren a la ampliación de querella de Peláez, para incluir a las fiscales. Trillo difunde un comunicado. «El caso Gürtel podría dar un giro copernicano», señala. «Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps». Trillo da por hecho lo que afirma Peláez en su escrito, a saber, que «las fiscales buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso». Si se demuestra «tendrá consecuencias gravísimas».

Preguntado ese día por la interpretación de Trillo, el abogado Peláez declara: «La verdad es que no lo entiendo. Si hubiese habido un auto del juez o de la sala, me lo habrían notificado. En cambio, sí me han dado traslado de dos providencias, que nada tienen que ver con la ampliación de mi querella inicial». Lo mismo da, tanto monta, monta tanto.

Continúa Trías sus visitas a Pedreira. El 4 de junio de 2010 pasa a verle. Pedreira está preocupado por las providencias que ha enviado el magistrado del Tribunal Supremo, en las que pide, entre otras cosas, el auto del 20 de abril de 2009 por el cual se han prorrogado las grabaciones. Vuelven a encontrarse el 8 de junio, fecha en que Trías se despide del juez. Sale a un viaje de doce días cuya organización tiene lista su amigo Luis Fraga.

Jorge Trías, Luis Fraga y Luis Bárcenas cogen en Barajas el vuelo Madrid-Moscú. En la capital rusa toman un avión con destino al aeropuerto de Biskek, en el sur de Siberia. Y de allí se dirigen a Barnaúl, capital de Krai de Altai, para trasladarse en jeep hacia las estribaciones del Monte Altai, en la frontera de Kazajstán, China y Mongolia, el lugar donde se eleva el macizo al que llaman las Montañas Doradas de Asia. El objetivo es hollar la cumbre del monte Belukha, que se sitúa a 4.506 metros. Mientras sus amigos realizan la ascensión, Trías, montañero aficionado, les espera en el lago Akkem, en una cabaña. Pasea a caballo, tras comprarse uno, la única manera de practicar equitación en aquel paraje, y se apunta, sin saber dónde se mete, a hacer rafting en el río Katun.

Al regresar, el 22 de junio, se da unos días de margen. Una semana más tarde, el 29 ya está otra vez en harina. Es el día, el último antes de vacaciones, en que ve al juez Pedreira.

El juez Garzón lleva como asesor en el Tribunal Penal Internacional, La Haya, Holanda, desde el mes de mayo, cuando es suspendido por el Consejo General del Poder Judicial a raíz de la apertura de juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación en relación con el caso de los desaparecidos bajo el franquismo. Trías tiene previsto ir a verle a finales de agosto. Pero, antes, vuelve a escribir sobre el juez, el 2 de agosto de 2010 en la tercera página del ABC, donde defiende las escuchas en prisión ordenadas por Garzón y ratificadas por Pedreira. «Ahora los jueces deben caminar, machete en mano, desbrozando cañaverales y llanas y sorteando todo tipo de peligros para no caer en la casilla reservada a la “prevaricación”, que, como en el juego de la Oca, te ordena retroceder casillas o, incluso, volver a la “salida”», señala.

Trías viaja a La Haya. Garzón le presenta a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, el hombre que acoge al juez cuando en mayo pasado el Consejo General del Poder Judicial le suspende en sus funciones. La relación entre Trías y Garzón se convierte en amistad.

En la primera semana de septiembre de 2010, Jorge Trías sabe por Luis Bárcenas que Federico Trillo ha cobrado aquella factura de casi 70.000 euros por su intervención en el caso Gürtel. El extesorero le aporta una copia. Trías, por su parte, está con necesidades de dinero. El día 3 vuelve a encontrarse con Pedreira. Y toma la decisión de presentar una factura al PP por sus servicios en el caso. ¿No se ha creado una situación de facto en la cual está colaborando con los más importantes líderes del PP en este caso? Se pone de acuerdo con Bárcenas para hacer llegar la factura al partido. El extesorero le proporciona el número de NIF. Es el G28570927. He aquí el concepto: «Por trabajos de asesoría realizados a petición del Partido Popular y sobre distintos asuntos de naturaleza jurídica penal, así como de sus consecuencias, desde el mes de julio de 2009 hasta julio de 2010». El importe bruto de los honorarios: 45.000 euros, más el 18% de IVA, 8.100, da un líquido a pagar de 53.100 euros.

Pasan unos quince días. Bárcenas llama a Trías para darle la mala noticia. Se ven. El extesorero le da un sobre grande con membrete del Partido Popular. Dentro viene la factura plegada en dos. Según Bárcenas, Arenas le ha dicho que el PP no pagará por un trabajo que no ha encargado. Trías habla con Pedro Gómez de la Serna, quien le suele acompañar en parte de su travesía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Has cometido un error, Jorge. ¿Cómo es que no me has dicho nada? -le dice su colega.

LA TENTACIÓN DE TIRAR DE LA MANTA

Es la mañana del 20 de octubre de 2010. El juez Garzón eleva un escrito al Tribunal Supremo. Solicita la comparecencia de varios testigos en la causa que se le sigue de las grabaciones de los presos y letrados en prisión. Los medios de comunicación destacan la petición de declaración más importante: el juez Pedreira. Ese día, Trías visita al juez. Su opinión es que debe prestar declaración para salvar a Garzón. Pedreira se lo comenta a su amigo, el catedrático Manuel Lozano.

- Es extraño, mira lo que me ha dicho Trías…

- Pero Toni, cómo vas a hacer tú eso… Te está liando…

Finalmente, Pedreira no será llamado a declarar.

El 4 de noviembre de 2010, Manuel Lozano acude a la presentación del libro Liberales en el Círculo de Lectores, en la calle O’Donnell, cuyo autor es el diputado José María Lasalle, santanderino, exalumno suyo en la Universidad de Cantabria. El portavoz de Cultura del PP cuenta en la mesa con la presencia de Mariano Rajoy. Cuando acaba el acto, Lozano, que se ha encontrado con su amigo Esteban González Pons, da unos pasos hacia Rajoy:

- Soy muy amigo del juez Pedreira…

- Ah sí…

- Sé que tenéis un parentesco lejano…

- Sí, sí…

Jorge Trías, precisamente, se cruza alguna vez con Lozano en el despacho de Pedreira, pero se intercambian poco más que un saludo. Trías también ha oído que Lozano, por ser catedrático de Derecho Procesal, colabora en las resoluciones de Pedreira, cosa que Lozano niega. Esa distancia es comprensible. Un intruso se ha adueñado de la atención del juez.

Bárcenas vive cada vez con más ansiedad la lentitud del procedimiento judicial. Ni él ni sus abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero tienen dudas de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el órgano conveniente. Trías, a su vez, ya ha consolidado su relación con el juez. Su presencia ante él es algo rutinario, normal. Bárcenas cree que ha tenido influencia en la decisión de sobreseer provisionalmente a su esposa. Una vez a la semana, otras veces dos, un café o una comida. Trías está al pie del cañón en la plaza de las Salesas.

Esa ansiedad lleva a Bárcenas a avizorar la posibilidad de presionar al PP para que a su vez utilice más a fondo sus contactos en la judicatura para liberarle de la persecución penal. En esa carpeta de cuero que lleva pegada como una lapa a su cuerpo, ¿qué papeles hay? Depende.

El 29 de noviembre de 2010, Trías visita al juez Pedreira, quien acaba de dictar un auto de importancia por el cual levanta parcialmente el secreto del sumario.

Bárcenas se cita ese día 29 con el periodista José Manuel Romero, subdirector del diario El País, en el hotel Santo Mauro de la calle Zurbano, a la vuelta del bufete de Trías. El extesorero no acude solo. Le acompaña Trías. Es Bárcenas quien presenta a ambos. Durante la conversación, Bárcenas ejemplifica asuntos que pueden afectar a personas del Partido Popular. Muestra algunos papeles, como la declaración de bienes que ha realizado Jorge Moragas, coordinador de Presidencia y de relaciones internacionales y miembro del comité ejecutivo nacional, en el Congreso de los Diputados. Según dice, hay unos ingresos en actividad por cuenta propia que no ha declarado. Se refiere a la sociedad Ediciones de Cobre, con domicilio en la calle Folgueroles de Barcelona, que ha vendido al PP, el 15 de diciembre de 2008, 100 carteras de mano, de piel, otras 100 de charol y 200 tarjeteros de piel, todo por valor de 7.868 euros. Habla de María Dolores de Cospedal, su bestia negra. Alude a una comida con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en relación a un concurso de limpieza en Toledo. Dicha empresa hace un donativo anónimo de 500.000 euros, pero parece que se ha evaporado.

Bárcenas habla también del patrimonio de la secretaria general del PP y de su compra de la «tradicional finca de campo toledana» situada en Los Cigarrales, Toledo, valorada por la inmobiliaria Knight Frank en 2,3 millones de euros. Asegura, también, que contra lo que se dice, el PP ha pagado una factura de abogados de Jesús Sepúlveda.

Bárcenas, pues, está embarcado en una estrategia de presión sobre el PP y algunos de los dirigentes que identifica como los responsables de su ruina. Pero, aparte de estos trapos sucios de «calderilla», Trías intuye, por lo que le va contando Bárcenas, que posee un cañón Bertha, un mortero de asedio. El registro de entrada y salidas de una parte del dinero que el PP recibe en donaciones anónimas y que presuntamente se distribuye, en muchos casos, como complementos salariales entre la cúpula de la organización durante largos años.

El 30 de noviembre de 2010, el periodista José Manuel Romero vuelve a encontrarse con Bárcenas y Trías. El extesorero del PP le muestra una de las fotocopias de las catorce que tiene. Se pueden ver las anotaciones a mano de las cantidades y nombres escritos en las columnas cuadriculadas. El periodista se quedará durante más de dos años con esa imagen en la retina. No sabe que será la imagen de su desasosiego.

Más tarde Romero y su equipo intentarán llegar a los papeles abriendo otras puertas. Si no los papeles, podrá conocer la versión del otro personaje que supuestamente también ha visado el documento. Fuentes próximas al extesorero Álvaro Lapuerta confirman que esa contabilidad de andar por casa, de tendero de ultramarinos, más que de licenciado de Ciencias Empresariales del Icade-Universidad de Comillas, haberla, hayla. Ese libro de caja donde se consignan pagos de complementos salariales, muchas veces en metálico, otras en transferencia bancaria, existe.

Trías recibe a Bárcenas en su bufete de la calle Almagro 13, donde se reúnen a menudo. Atraviesa con el abogado una pequeña sala repleta de libros. Bárcenas se sienta ante una mesa cuadrada y saca un documento manuscrito. Son catorce fotocopias de un libro de caja, de entradas y salidas, con pagos periódicos trimestrales y semestrales. Hay cuatro folios que pertenecen a un libro de caja, cuadriculado, que fabrica la casa tradicional de papelería de Barcelona Miquelrius y los demás son de otra marca. Hay tres folios que están en blanco. Las anotaciones van de 1990 a 2009. Pero faltan cuatro años: 1993, 1994, 1995 y 1996.

- Quiero que pienses en una estrategia -le dice Bárcenas.

Después de repasar las páginas un momento, a Trías le resulta difícil contener el aliento.

- Pero Luis, esto es gravísimo. Tendría que verlo con detenimiento.

Bárcenas le advierte que estos documentos están visados tanto por él como por Álvaro Lapuerta, su jefe hasta que en 2008 le cede el bastón de mando de tesorero nacional. ¿Será cierto lo que afirma Bárcenas?

Trías se sienta en su mesa de trabajo rectangular de madera color roble, a juego con los demás muebles, con un iMac al costado. Los mira una y otra vez con un lápiz en la mano. Figuran allí empresas que han aportado donaciones anónimas al PP. Presuntos pagos a Mariano Rajoy, bajo las siglas M. R., M. Raj, Mariano, Mariano Rajoy y Mariano R., por valor de 337.373 euros en entregas trimestrales o semestrales, entre 1997 y 2008, según 37 apuntes contables. Hay una partida de 20.787 euros con la notas «Trajes Mariano», «Corbatas presidente» y «Trajes M.R». Aparecen como presuntos receptores de pagos realizados de manera periódica Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes. Otros dirigentes cobran de manera esporádica. María Dolores de Cospedal aparece con dos presuntos pagos de 7.500 euros trimestrales cada uno en la segunda mitad de 2008, fecha en la que es nombrada secretaria general del PP. No aparece en cambio el nombre de José María Aznar.

Por el lado de los presuntos ingresos, aportan, según los registros, Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo OHL (Obrascón-Huarte-Lain), y Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso en aquella época, con 530.000 euros y 480.000 euros, respectivamente. Mayor presencia con donativos tienen el promotor de Málaga José Luis Sánchez Domínguez, presidente del grupo Sando, que aporta en cinco años 1,15 millones de euros. En 2000, el Gobierno de José María Aznar, cuando Miguel Pimentel es ministro de Trabajo, concede a Sánchez Domínguez la Medalla de Oro al Trabajo.

El nombre de Manuel Contreras o M. Contreras figura con donativos de alrededor de un millón de euros. Corresponde a la empresa AZVI. Manuel Contreras Caro sucede a su padre, Manuel Contreras Ramos, en el año 2005 en la presidencia de AZVI, una empresa familiar andaluza. Hay otros ingresos procedentes de personas imputadas en la trama Gürtel como Pablo Crespo, uno de sus cabecillas; Juan Cotino, de Sedesa, y Alfonso García Pozuelo, presidente de Construcciones Hispánica, una empresa que ha hecho negocio con la trama Gürtel. Hay nombres como el de Camilo José Alcalá, presidente de la constructora de obra pública Cyopsa-Sisocia; Juan Manuel Fernández Rubio, director general técnico de Aldesa Construcciones, Copasa, Copisa; Ignacio Ugarteche, del holding constructor inmobiliario y de servicios vasco Urazca, y Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Unos donativos entregados en 1997 están a nombre de «López H.» por importe de 15 millones de pesetas o 90.150 euros. En 1998, hay otra aportación, esta de 4 millones de pesetas. Al parecer se trata de Ignacio López del Hierro, quien se casará muchos años después, en 2009, con María Dolores de Cospedal.

Está en la soledad de su piso. Suelos de tarima que ha decidido pintar de blanco. Y paredes blancas. Muebles de aglomerado de madera con lamas de color roble realizados en un diseño espartano. Los papeles que le ha dejado Bárcenas le quitan a Trías el sueño. Es como si estuviese en una película.

Guarda las fotocopias en una carpeta en la zona de estudio del salón, que está rodeada de librerías color roble. Esta carpeta es el símbolo del desasosiego de Jorge Trías Sagnier. Y de su gran aventura.

El domingo 5 de diciembre de 2010, las partes ya pueden acceder por vía informática a datos hasta ahora secretos del sumario. El juez ha firmado el auto el 27 de noviembre. Entre ellos se cuenta el auto del 20 de abril de 2009 por el cual Pedreira prorrogó la grabación de las conversaciones en prisión.

Pedreira está, también, cada vez más ansioso. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, su presidente, Francisco Javier Vieira, le está urgiendo a resolver la petición de sobreseimientos.

En los últimos meses de 2010, Francisco Álvarez-Cascos presiona a Mariano Rajoy para ser el candidato del PP en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Asturias de mayo de 2011. Pero el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar no las tiene consigo. Mientras espera la respuesta del partido, Álvarez-Cascos habla con su amigo, Luis Bárcenas, para pedirle consejo. El extesorero del PP propone a Jorge Trías organizar un encuentro en su bufete de la calle Almagro.

Trías conoce a Álvarez-Cascos de la primera legislatura de Aznar. No tiene un buen recuerdo de sus relaciones con el que fuera también secretario general del PP en la época en la que Francisco Correa empieza su relación con el partido. Sus contactos siempre han tenido a Aznar como interlocutor, primero del PP y más tarde de FAES. Pero no pone obstáculo a la propuesta de su amigo Bárcenas.

Los tres se reúnen en el despacho. Bárcenas le explica a Álvarez-Cascos todos los pasos administrativos para crear una organización política y los pasos para conseguir financiación. Escribe en unos folios, mientras se desarrolla la reunión, el plan de acción. Trías le pide a su secretaria, Margarita, que pase a máquina el documento. Álvarez-Cascos se lo lleva. El original manuscrito de Bárcenas se destruye.

Bárcenas, ahora, a finales de 2010, hace una reserva para un nuevo periplo que tiene previsto realizar en la temporada marzo, abril, mayo de 2011. Quiere practicar heliesquí en lo que llaman «la joya del Atlántico Norte», las montañas de Groenlandia. El 29 de noviembre, Iván Yáñez ordena a madame Stimoli una transferencia de 15.000 euros desde su cuenta de la sociedad Grandal a una cuenta de Beyond Boundaries («Más allá de las fronteras»), la empresa que organiza los viajes por todo el mundo, desde Alaska hasta la Antártida.

¡VIRGENCITA, VIRGENCITA, QUE ME QUEDE CON MI JUEZ!

El abogado José Antonio Choclán, exmagistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pide la libertad provisional de su cliente, Francisco Correa, en prisión desde primeros de 2009. El juez Pedreira la deniega. La defensa solicita la recusación del juez. Algunos abogados de otros imputados la secundan. Es el caso del exconsejero de la Comunidad Madrid, Alberto López Viejo, y del diputado autonómico Alfonso Bosch. Pero no, gracias, afirma la defensa de Bárcenas. El juez José Manuel Suárez Robledano rechaza la recusación a primeros de diciembre de 2010. Pero la batalla sigue. El abogado de Correa recurre en queja al Tribunal Supremo.

A Bárcenas todo esto no le interesa. Quiere declarar ante Pedreira. En la última semana de febrero de 2011, su defensa solicita comparecer. El juez le cita para el 28 de marzo. Será la segunda vez que declara, desde su primera comparecencia en el Tribunal Supremo, el 22 de julio de 2009.

Pero antes, Pedreira tiene previsto tomar declaración a un empresario. Es el 3 de marzo de 2011. Rafael Naranjo Anegón, expropietario de la empresa Sufi, está acusado de un delito de cohecho continuado. Ha pagado una comisión de un millón de euros en dinero negro por la adjudicación de un contrato de limpieza en Moratalaz, Madrid, en 2004. Y ha sufrido un ictus. Por fin, puede declarar.

El juez: -Aunque fuese cierta la historia, que yo creo que es increíble, me resulta todavía más exagerada su versión. Es decir, no recuerda dónde ingresó un millón de euros, la cuenta donde ingresó. Recuerda que tenía el dinero en Suiza, pone usted el dinero en lugar de ponerlo la sociedad. Y ahora me dice que con ese dinero se van de viaje… ellos. No sé quiénes son ellos….

R.: -Yo tampoco.

P.: -Y usted reconocerá que la historia es increíble.

R.: -Pues eso le dijeron también a mi hijo cuando le convocaron.

Es la contrata de la limpieza viaria en el distrito de Moratalaz. Naranjo mantiene conversaciones con el consejero de la Comunidad de Madrid, Adolfo López Viejo, responsable de los servicios de limpieza viaria. El nombre de López Viejo es importante. Está imputado como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Pero Naranjo no identifica a las personas que negociaron con él concretamente el pago de la comisión. Él tiene en aquel momento, siete meses después de la adjudicación, una cuenta en Suiza. A sus interlocutores les viene de maravilla. Puede pagar el millón directamente desde su cuenta a otra que le proporcionan ciertos responsables del Ayuntamiento.

P.: -La cuenta, ¿era privada o de una entidad pública?

R.: -Me dijeron que había que mandarlo a esa cuenta, y lo mandé. Fue una persona del Ayuntamiento. No recuerdo quién. Había una serie de asesores. Lo que sí recuerdo es que nos dio el número de la cuenta a la que teníamos que hacer la transferencia, y es lo que hicimos.

La Fiscal: -¿Con quién mantuvo usted reuniones en la Comunidad de Madrid?

R.: -Me reuní varias veces con el viceconsejero Alberto López Viejo.

Naranjo sostiene que los pliegos técnicos le obligaban a pagar el 3 por ciento del total de la cantidad que recibiría del Ayuntamiento durante los diez años del contrato. Y, asegura que le dijeron, personal del Ayuntamiento, iba a utilizar el dinero para realizar viajes por Europa con el fin de conocer el servicio de limpieza de otras capitales y para campañas de concienciación ciudadana.

- No solo pasa en el Ayuntamiento de Madrid. Está muy generalizado en otros Ayuntamientos, pues indica mejoras para la recogida y para el aspecto de la ciudad y para la colaboración ciudadana

El juez: -Para eso están los impuestos. Para cumplir esa finalidad están los impuestos, no los pliegos especiales.

R.: -No podemos dejar de acudir al concurso. Si es que no, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tienen, pues no sé, las estructuras.

P.: -El primero que tiene la culpa es el que pone el dinero.

R.: -El pliego está tan claro que no había lugar. La otra posibilidad era hacerle un pleito al Ayuntamiento para que quitara eso [el pago del 3 por ciento]. Un contratista no puede ir contra la Administración, porque es suicida. O sea, si han establecido esas reglas del juego.

P.: -Si un contratista no puede ir contra la Administración, no es el imperio de la ley, es el imperio de la arbitrariedad.

Aunque en España se ignora, las comisiones rogatorias ya tienen efecto. Bárcenas está preocupado. La mañana del 17 de marzo de 2011, Agathe Stimoli recibe del servicio jurídico una comunicación del Ministerio Público de la Confederación Helvética, que acaba de llegar. Han decidido bloquear la cuenta 2002.594 de la sociedad Granda Global y piden la entrega de información. A las cinco y media de la tarde le envía un fax a Iván Yáñez con la noticia.

El 28 de marzo de 2011, Bárcenas declara durante cuatro horas. Ha llegado con una de sus carpetas. Como ya hiciera ante el magistrado Francisco Monterde, en el Tribunal Supremo, Bárcenas asegura que él no es L.B. y pone a caldo a los autores del informe de la policía judicial, uno de cuyos responsables es el inspector Manuel Morocho Tapia. ¿Por qué no se investigan a otros Luises que aparecen en otros informes?, dice. Se refiere a aquellos que él mismo ya ha nombrado en el Tribunal Supremo: Luis Delso y Luis Bagchus. «Estos informes son inconexos y no hay en ellos prueba alguna de verdad contra mí», explica.

Las fiscales, interesadas por el delito de cohecho que se imputa a Bárcenas, preguntan por los viajes que abona Pasadena Viajes, la empresa de Correa, al extesorero y su familia, que, según viene en un informe policial del día anterior, 27 de marzo, ascienden a 133.262 euros entre 2000 y 2004. Son viajes a Cuba, México, Italia y Suiza, y a ciudades españolas como Alicante, Granada o Marbella, de los que se benefician Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y familiares directos de ambos. El citado informe revela, además, que Correa colocó a Alberto Bárcenas, hermano del extesorero, en una empresa vinculada a la red, denominada Gabinete de Viajes, y que sufragó parte de su nómina, en total unos 20.000 euros.

Bárcenas, cuyo objetivo es mostrar gran aplomo ante el juez Pedreira, que ve por primera vez su actuación, afirma que se ha pagado los viajes de su bolsillo, y que nunca favoreció a las entidades de Francisco Correa y Pablo Crespo a la hora de adjudicarles contratos. En este punto, intenta impresionar al juez. He sido yo, viene a decir, quien les apartó del PP. El juez presta mucha atención a sus argumentos.

Pese a la documentación, Bárcenas se resiste a justificar alguno de estos viajes a preguntas de las fiscales, como, por ejemplo, uno que años atrás hizo a Alaska por valor de 20.000 euros. En ciertos momentos, pese a su contenido aplomo, le sale el Bárcenas que lleva dentro. Sin perder los nervios, pero displicente, dice que él «no tiene por qué dar explicaciones» de los viajes que realiza. Pero, quizá en atención al juez, matiza su pasión por los deportes de riesgo, y asegura que este viaje a Alaska, donde practica heliesquí, se lo pagó él, como todos los demás.

También explica por qué ha devuelto el crédito de 325.000 euros cuyo destino era pagar un cuadro del pintor barroco Juan Van der Hamen y León, afincado en Málaga, que nunca se compra. La mujer de Bárcenas es aficionada a la restauración de muebles y querían adquirir la obra como inversión, para revenderla por 450.000 euros una vez restaurada. Al darse cuenta de que la operación no iba a ser rentable desisten de la compra. Ahora bien, en otro gesto dirigido a Pedreira, el extesorero admite que comete el error de no incluir en su declaración patrimonial de 2002 el importe de ese crédito.

No es cierto que la contratación con las empresas de los señores Correa y Crespo ha sido extraña ni irregular, sostiene Bárcenas, y que su amistad se rompió en 2004, motivo por el que aquel se refería a él como «Luis el Cabrón».

Por tanto, a tenor de lo que dice, L.B. no es Bárcenas, pero sí que es Luis el Cabrón. El extesorero quiere sacar la parte buena para él de la anotación. En tono de confesión, señala que, en cuanto tuvo constancia de irregularidades en las actuaciones de Correa, se reunió con otros dirigentes populares y él personalmente le comunicó a Mariano Rajoy la conveniencia de romper las relaciones comerciales con sus empresas, una instrucción que también se envió a Valencia. Bárcenas ha reconocido que el líder del PP hizo caso a su consejo, al contrario de Valencia, que siguió contratando con el jefe de la trama.

Bárcenas ataca a la Policía. Pero también critica la actuación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. «Se muestra más complaciente con Bono que conmigo», en alusión a que la Fiscalía no ha emprendido acciones contra el exministro José Bono a raíz de las denuncias contra él por el incremento de su patrimonio. Se queja del perjuicio que su imputación durante casi dos años ha supuesto para su reputación laboral.

Todas las demás acusaciones, son, según Bárcenas, una fabricación. Según los informes policiales, basados en la contabilidad B, contenida en el pen drive del contable José Luis Izquierdo, habría percibido de la trama cerca de 1,3 millones de euros en comisiones por mediar ante Administraciones gobernadas por el PP para obtener contratas a favor de la red de empresas corruptas o empresas afines, como Tecnología de la Construcción (Teconsa).

Entre esas comisiones, la Policía actualiza informes anteriores, según los cuales Bárcenas cobró 18.600 euros en relación con la adjudicación en 2003 de la variante de Olleros de Alba (León) a la firma Teconsa; otros 24.000 por otra carretera adjudicada también a Teconsa en Villanueva de Mena (Burgos), y otros 60.000 por la adjudicación a una Unión Temporal de Empresas (UTE), en la que también estaba Teconsa, de una planta de tratamiento de residuos en la provincia de Salamanca.

Según el informe policial, Bárcenas no paga los viajes, pero obliga a la red a emitir facturas como si los hubiese abonado. La Policía fundamenta su afirmación en la propia declaración de Miguel Ángel Esteban, director financiero de la empresa que tramitó esos viajes por indicación de Correa, Gabinete de Viajes, administrada por Inés Fierros, muy amiga en su día del jefe de Gürtel.

Esteban señala que Barcenas pidió que le hicieran justificantes de que él pagaba los viajes, pero «la realidad» no era esa. Según Esteban, los abonó la sociedad de Correa Special Events, una sociedad que también emitió facturas ficticias a entidades vinculadas al PP, al Grupo Popular Europeo y al PP de Castilla-La Mancha para ocultar los beneficiarios de los viajes. Todo este sistema de compensación a través de facturas ficticias, que recuerda al caso Filesa del PSOE, aflora en la entrada y registro de la Policía en la nave del polígono industrial de Alcorcón, perteneciente a la empresa Easy Concept. Allí, precisamente, había archivadores en la que se hacía referencia a la boda de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar.

Bárcenas se marcha del Tribunal Superior de Justicia de Madrid bastante contento. De esta carpeta que ha llevado han salido datos en línea con lo que ya había aportado su esposa al final de su declaración, hace ahora casi un año, antes de su sobreseimiento provisional. Pero, en cambio, la carpeta de los trapos sucios se queda en su domicilio.

¿Repetición de la jugada? ¿Correrá Luis Bárcenas la misma suerte que su esposa, a quien el juez Pedreira, tras su declaración, le ha anulado la imputación? Pedreira ha quedado impresionado por la seguridad de Bárcenas. Aunque habitualmente discreto sobre lo que pasa en el juzgado, comenta con el catedrático Lozano que el extesorero del PP le ha dado vuelta y media al informe del inspector de Policía Morocho. Lozano considera que tanto él como Pedreira son garantistas. Que sin pruebas más o menos sólidas prefieren levantar una imputación a mantenerla. Lozano, en cambio, ve con preocupación a otro imputado: José Ramón Blanco Balín. Este y su esposa le piden a Lozano que interceda ante Pedreira para que le reciba. El juez se niega y sugiere que Blanco traiga el dinero que se había llevado fuera y pacte con la Fiscalía Anticorrupción.

El catedrático Manuel Lozano recela de Trías. Sobre todo, cuando el juez le cuenta que Trías le ha pedido que declare a favor de Garzón en el Supremo. Y se lo dice.

- Toni, no sé yo, pero quizá hayamos dejado a Federico Trillo al margen y no es bueno. No sé, me da que no es bueno.

Pedreira teme a Trillo. No verle el rostro frente a frente ha sido todo un alivio para él. A mediados de abril de 2011, el juez anuncia a la prensa, en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se plantea acabar la instrucción de la causa antes de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011 con un auto de imputación de más de sesenta acusados. A los diputados autonómicos de Madrid les falta tiempo para renunciar. El exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, el exportavoz adjunto Benjamín Martín Vasco y Alberto Bosch, quieren dilatar más el cierre. Su renuncia al fuero supone enviar la causa a otro tribunal, la Audiencia Nacional. Cualquier cosa es preferible. Entregan su renuncia el 28 de abril de 2011.

La mañana del 29 de abril, la Asamblea de Madrid, sin perder un minuto, hace efectiva la dimisión. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pregunta a la Fiscalía Anticorrupción cuál es el destino que debería darse al sumario. Esto es: ¿qué tribunal debe continuar la investigación? El tiempo apremia. El juez tiene sobre la mesa la petición de sobreseimiento de Luis Bárcenas.

Trías propone al juez Pedreira, a sugerencia de Bárcenas, mantener un encuentro en su despacho de la calle Almagro con una figura del PP de rango importante para que le explique la posición del partido en el caso. El cónclave será con Alfredo Prada, exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Trías se lo vende a Pedreira como lo que es: un hombre de confianza de Mariano Rajoy. Es actualmente responsable de la Oficina del PP en el exterior. Pero, bueno, eso no importa. Lo mismo que puede representar al PP en el exterior, este licenciado en Derecho por la Universidad de León y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos puede ofrecerle la visión del PP, con mayor autoridad que Trías. Al juez Pedreira le parece una buena idea.

Pedreira, acostumbrado a moverse en taxi por la ciudad, se acerca a pie desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al despacho de Jorge Trías, en la calle Almagro. Sube las escaleras a la primera planta del edificio. Y allí, en el despacho de Trías, el mismo que frecuenta Bárcenas, en la misma mesa cuadrada, Pedreira escucha a Prada.

El representante del PP ante las organizaciones del exterior hace una presentación sobre el caso. Explica al juez que no hay un problema de financiación ilegal y que, en todo caso, se trataría de un grupo que se habría enriquecido a costa del partido. Le explica al juez que es inocente y que la batería de pruebas contra él es muy endeble.

El juez, que ya tiene una idea por la viva impresión que le ha causado el extesorero en su comparecencia, se aproxima a una decisión. Problema: el propio juez ha ordenado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción varias diligencias en relación con Bárcenas. Una de ellas es el informe definitivo sobre el delito contra la Hacienda Pública solicitado a la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria. Otra es esperar a los resultados de la comisión rogatoria enviada a Suiza en relación con una cuenta corriente del extesorero. Y hay pendientes declaraciones. Pero, de todas formas, ¿acaso la pérdida inminente de la competencia en el caso no le impide tomar decisiones relevantes que deberían ser adoptadas por el tribunal que se haga cargo de continuar la instrucción? Empieza una carrera contrarreloj.

«¡HAY UN CURA, JORGE!»

El 4 de mayo de 2011, el extesorero del PP, Rosendo Naseiro, comparece ante el juez Pedreira. Aunque la prensa presenta su testimonio como un respaldo total a la coartada de Bárcenas sobre la compraventa de obras de arte, Naseiro se ha tentado la ropa. Confirma que le pide el dinero, 325.000 euros, a su amigo, y que este debe pedir un préstamo. Pero aporta un matiz y es que no admite que, como asegura Bárcenas, le hubiera entregado el dinero. Ya no lo necesitaba y compra los cuadros en el extranjero con su dinero y le da a Bárcenas 5.000 euros para compensar los gastos del préstamo. Niega, por otra parte, que Bárcenas hubiera tenido intención de comprar esos cuadros, y que se reuniera con él y con los marchantes de arte para la venta de los mismos.

El juez Pedreira pregunta si dispone de las facturas de la compra de esos cuadros. No, responde Naseiro. Ha pasado mucho tiempo y son muchas las compraventas que ha realizado en los últimos diez años.

Pedro Gómez de la Serna, el integrante del dúo dinámico que Javier Arenas ha ordenado formar con Trías para seguir los pasos de Pedreira, ve con cierto asombro la relación de amistad, personal y jurídica, entre el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el hombre que va tocado de sombrero Stetson, el catedrático Manuel Lozano. Le parece una personalidad extraña. El 9 de mayo de 2011 está todavía más sorprendido. Pero es por otra cosa. Sabe que en esta carrera contrarreloj en la que está Luis Bárcenas para conseguir que el juez Pedreira anule su imputación, ha aparecido detrás de los bastidores un cura. Al reunirse con Trías, le dice:

- ¡Hay un cura, Jorge!

- Cómo dices, ¿a qué te refieres?

- Lo que oyes, hay un cura en esta historia. Bárcenas ha tocado a un cura…

- Pero qué me dices, me habría enterado. Luis jamás ha dicho palabra.

Pedreira está, por aquellos días, dispuesto a cumplir su plan de terminar la instrucción. Faltan trece días para las elecciones municipales y autonómicas. Y tiene previsto tomar quince declaraciones.

El 10 de mayo, un día después de que Gómez de la Serna, que actualmente es diputado por Segovia y portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, revelara a Trías la presencia de un cura en la historia, la Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal de Justicia de Madrid que el caso Gürtel, ante la renuncia de los aforados de Madrid, se envíe para continuar la instrucción al Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, ahora, tras la suspensión de Baltasar Garzón, en manos del juez Pablo Ruz. A petición de la Fiscalía, el juez Pedreira suspende varias declaraciones, aunque por interés de las fiscales mantiene otras. El 8 de junio de 2011, finalmente, el juez dicta un auto. Decide: «Inhibirse, por pérdida sobrevenida de la competencia, del conocimiento de la presente causa, acordando su devolución al Juzgado Central de Instrucción n° 5» de la Audiencia Nacional.

El juez señala que «la pérdida de la competencia de esta Sala para el conocimiento de las actuaciones implica la cesación, desde la firmeza de esta resolución, de toda actividad instructora en esta causa por el magistrado instructor y para el conocimiento por este tribunal de los recursos contra sus decisiones, salvo en aquellas actuaciones que sean imprescindibles su práctica por su urgencia o inaplazabilidad, hasta la materialización de la remisión de la causa al Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional».

La clave está en catorce palabras: «Salvo en aquellas actuaciones que sean imprescindibles su práctica por su urgencia o inaplazabilidad». El juez, cuando la resolución ya no puede ser recurrida, y es, por tanto, firme, cesa en su instrucción… salvo si se trata de asuntos de urgencia. La defensa de Correa quiere que el caso vuelva a la Audiencia Nacional sin más dilaciones. Bárcenas no quiere que salga de las manos del juez Pedreira.

Aquel mes de junio de 2011, el catedrático Manuel Lozano cumple 62 años. A la cena que organiza para festejarlos acuden diversas personalidades. Su amigo Esteban González Pons es una de ellas. Otra, cómo no, es el juez Antonio Pedreira. Lozano presenta a ambos. Y mantienen una charla animada. Pedreira le cuenta algo que Lozano ya le había dicho y es que había aceptado defender, en 1981, al capitán de intendencia José Cid Fortea, uno de los militares acusado en el 23-F. González Pons tiene el sentido común, aunque deba morderse la lengua, de no mencionar el tema que como un espectro ronda en aquellos días todas las conversaciones: el caso Gürtel. El juez Pedreira recorre por aquellas fechas la fase final de la instrucción y ya está perfilando la decisión sobre el sobreseimiento de Bárcenas. No dice ni pío.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve el 20 de julio los recursos. Señala que no cabe el recurso de casación y confirma la inhibición a favor de la Audiencia Nacional. El envío del sumario es la única actividad pendiente.

Es Jorge Trías quien, después de la confidencia de Gómez de la Serna, tiene la mosca detrás de la oreja. Él, que se siente tan próximo a Bárcenas y que está trabajando codo a codo con él, que ha convocado al juez Pedreira y a Prada a su propio despacho para hacer una escenificación frente al juez, desconoce que hay otra persona que puede estar actuando en la sombra. Y nada menos que un cura. Se dice a sí mismo que es una historia completa: políticos, comisiones, sobresueldos, abogados, magistrados… y un cura. Están todos los que son. Se encuentra, en ese momento, compitiendo con un cura. Él quiere salvar a Bárcenas, pero parece que esa salvación está encomendada a un representante de Dios.

Cuando ve a Bárcenas, que está esperando a Godot, es decir, la decisión de Pedreira, le dice:

- No me has dicho nada sobre el cura, Luis. Así que hay un cura que tiene gran influencia en el juez…

- Sí, yo le conozco. Ya estoy en contacto con él.

Trías advierte una cosa. Bárcenas no quiere hablar más del tema. No sabe el abogado quién puede ser el sacerdote. Ignora las relaciones de Pedreira, más allá de su amistad con el catedrático de Derecho Procesal, Manuel Lozano. Ha visto en alguna ocasión, en el despacho de Pedreira, a un hombre de gafas de metal, pelo gris, de mediana estatura. Pero no ha prestado atención.

Están hablando, sin saberlo Trías, de Francisco Santos. El cura conoce a muchos dirigentes del PP y del PSOE. Y a abogados y hombres de negocios. Será más conocido, el jueves 29 de septiembre, por un crimen en la iglesia de Santa María del Pinar: el sacerdote, que va a oficiar la misa de San Miguel, sale a encender las velas y regresa a la sacristía para vestirse cuando escucha las detonaciones. Un perturbado, Iván Berral, mata de un disparo a Rocío Piñeiro Oitavén, joven gallega embarazada y hiere de gravedad a otra feligresa, María Luisa Fernández. El cura sale hacia la escena del crimen. Ve al asesino en el altar con la pistola y antes de que pueda hacer algo, el hombre se suicida de rodillas ante medio centenar de fieles. El bebé nace mediante cesárea en el propio templo.

El confesor de Antonio Pedreira lo será, mira por dónde, también de Luis Bárcenas, quien visita la iglesia Santa María del Pinar, escucha las palabras del sacerdote y le pide que le confiese.

¿Qué había sobre esta relación entre Bárcenas y el padre Francisco Santos? En la tarde del 6 de marzo de 2013, después de almorzar, el catedrático Manuel Lozano y el autor de este libro visitan, previo aviso, la parroquia. Se habla de Pedreira y de lo mucho que le había apoyado para que estudiara e incluso ejerciera de abogado. El autor visitó al sacerdote solo una semana más tarde. He aquí lo que hablaron en ambas entrevistas.

- ¿Ha venido Luis Bárcenas por aquí?

- Sí, ha venido varias veces. Una vez acudió a la iglesia y después de escuchar mi homilía se acercó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que le había gustado mucho lo que había dicho. Y, acto seguido me preguntó si podía confesarle. Por supuesto, lo hice. Vino varias veces, alguna de ellas con su esposa. Cuando murió su madre, en julio de 2012, asistía con mayor frecuencia. Fue una gran sorpresa para él. Estaba golpeado. Y venía, se sentaba y hablábamos.

- ¿Puede ser que su acercamiento tuviera que ver con el hecho de que conocía su relación personal tan estrecha con su amigo, el juez Pedreira?

- Yo nunca hablaba con el juez de los casos que llevaba. Jamás, Antonio Pedreria nunca decía nada.

- Quizá pensara Bárcenas que una relación religiosa con usted lo conectaba, a través suyo, precisamente, con el juez.

- Yo estas cosas las llevo como compartimentos separados.

Jorge Trías se pasa por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el miércoles 27 de julio de 2011. Horas decisivas. El juez Pedreira ya tiene prácticamente listo un auto en el que lleva trabajando desde poco después de la declaración de Bárcenas en el mes de marzo. Pero no dice una palabra. Trías y Pedreira se despiden hasta septiembre, tras las vacaciones. Al día siguiente, 28, la defensa del extesorero del PP presenta un recurso de queja ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar el caso a la Audiencia Nacional. Bárcenas quiere blindar al juez Pedreira, a pesar de que este ya ha perdido la competencia.

El juez firma el auto de sobreseimiento de Luis Bárcenas el 29 de julio de 2011. Pero lo mantiene en secreto. Según el juez, ninguno de los delitos que se le imputa (contra la Administración Pública, fraude fiscal y blanqueo de capitales) tiene fundamento. Pedreira, en realidad, en lugar de dictar un auto de sobreseimiento provisional, elabora una sentencia exculpatoria. Francisco Correa es el malo de la película y Luis Bárcenas el bueno, el que lo quita del PP. «Las relaciones entre Correa y Bárcenas eran malas. Bárcenas advirtió de la conducta irregular de Francisco Correa y la conveniencia de apartar a Correa y sus empresas de las relaciones con la dirección del Partido Popular». Los indicios relacionados con los delitos imputados no tienen relevancia. Tampoco la comisión rogatoria pendiente en relación con la posible cuenta en Suiza, sobre la cual han alertado las autoridades helvéticas al solicitar Bárcenas la nueva tarjeta Visa, que ha sido denegada.

Donde Pedreira ha dicho, a lo largo de su propia instrucción, digo, ahora, cuando ya ha perdido la competencia y se supone que solo puede adoptar decisiones de «urgencia» e «inaplazables», dice Diego.

Pedreira convierte la resolución en una bomba de efecto retardado. Pasa el mes de agosto, y el juez pone en conocimiento de las partes su auto de 29 de julio el 1 de septiembre. Nada más conocer por las fiscales la decisión, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, atina a susurrar:

- El viejecito nos ha engañado…

El juez, pues, ha sobreseído provisionalmente a Bárcenas y a Jesús Merino. Quedan más de una docena de imputados del PP en la causa: el expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que es miembro del PP, también imputado en la rama valenciana del caso Gürtel, acusado de cohecho impropio y pendiente de la fecha de su juicio; el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el exvicepresidente de la Generalitat y exsecretario de Organización del PP valenciano, Víctor Campos, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana, Rafael Betoret. Tres exdiputados autonómicos de la lista del PP de Madrid, aun cuando ya no están en el partido siguen imputados: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. Hay también cuatro exalcaldes: Arturo González Panero, de Boadilla; Guillermo Ortega, de Majadahonda; Ginés López, de Arganda, y Jesús Sepúlveda, de Pozuelo, y el exedil de Boadilla, José Galeote.

El 2 de septiembre de 2011, un día después de conocerse la resolución de exculpación de Bárcenas, Jorge Trías visita al juez Pedreira. Será uno de los últimos encuentros entre abogado y magistrado. Siguen en comunicación, pero la decisión del juez sobre Bárcenas y su pérdida de competencia del caso Gürtel supone el fin del nexo que vincula a ambos. Trías, como ya había hecho después de que el juez anulase la imputación de la esposa de Bárcenas, en mayo de 2010, vuelve ahora a salir de viaje. Él, el extesorero del PP y un amigo suyo marchan a los Pirineos. Han preparado una excursión al Tuc de Mulleres, a 3.010 metros de altura, para contemplar, 400 metros más arriba, el pico más alto del Pirineo, el Aneto.

Las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura no terminan de recuperarse del mazazo. El auto de Pedreira ha permanecido en el ordenador entre el 29 de julio y el 1 de septiembre con las vacaciones del mes de agosto de por medio. El 6 de septiembre, completan un recurso de 19 páginas y lo presentan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 7. Todos los indicios racionales de criminalidad, que el juez ha cuestionado, aparecen descritos de manera muy clara. Pero, sobre todo, el primer punto que destaca es el carácter «prematuro» del archivo de la causa para Bárcenas. Impugna la decisión porque contraviene toda la doctrina en la materia. «No solo porque no se ha producido ninguna circunstancia excepcional que determine el archivo acordado antes de finalizar la fase de instrucción, sino también porque quedan aún pendientes diligencias relativas al Sr. Bárcenas Gutiérrez. Diligencias que en su mayoría fueron acordadas por el mismo Instructor y que aún no han sido cumplimentadas», sostiene el recurso.

No obstante, es el recurso del abogado de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, José Mariano Benítez de Lugo, quien ataca la línea de flotación del sobreseimiento provisional dictado por el juez Pedreira. Plantea, lisa y llanamente, la nulidad de dicho auto porque el juez se había inhibido el 8 de junio de 2011.

Tanto Bárcenas como el Partido Popular, personado en la causa, van de la mano. Presentan recursos el 7 y 10 de octubre, respectivamente, para impugnar a su vez los recursos citados.

Pedreira, por su parte, confirma el sobreseimiento ante los recursos. El juez mantiene «el criterio contextual hermenéutico sobre la falta de identificación de las iniciales ‘L’, ‘LB’ y ‘Luis el Cabrón’ con Luis Bárcenas». Las partes recurren entonces en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y este resuelve que, por haberse inhibido en el mes de junio, pasa los trastos a la Audiencia Nacional.

SUIZA «ENTREGA» A L.B.

Salón de Plenos del Tribunal Supremo, 17 de enero 2012. Mariano Rajoy forma su Gobierno el 22 de diciembre de 2011, a algo más de un mes desde la victoria del Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 con una mayoría absoluta de 185 diputados. El 16 de enero de 2012, el juez Garzón se sienta en el banquillo. Al día siguiente, 17, comienza su declaración ante los siete magistrados del tribunal que lo juzga por un presunto delito de prevaricación a raíz de la grabación de las conversaciones entre imputados y abogados en prisión. Condicionado por una fuerte afonía, el juez dice desde el banquillo: «Las comunicaciones se intervienen para luchar contra el blanqueo».

Durante los últimos meses, la relación de Trías con el juez Garzón se ha anudado aún más. Le ha visitado otra vez en La Haya, después de aquel viaje de agosto de 2010. Trías le dice que Luis Bárcenas es una víctima del PP, un chivo expiatorio. Garzón le insiste que en ese caso hay una salida. Luis Bárcenas debe colaborar con la justicia.

Trías le refiere a Bárcenas lo que le ha dicho Garzón. Que hay que contarlo todo. Oír la palabra Garzón irrita al extesorero del PP. Reacciona con desdén.

Al hilo del juicio de Garzón, ese 17 de enero, Trías se sienta y escribe sus peripecias en un artículo de opinión. Cuenta en parte su peregrinaje por el caso Gürtel, Y lo titula «Cacería judicial». Lo envía al periódico con el que colabora, el ABC. Pero no es apto para el gusto del diario. En él Trías defiende a Garzón y a Bárcenas. La dirección del diario le explica que Garzón es, para el periódico, indefendible.

Trías decide hacer llegar su columna de opinión a El País, que la incluye en sus páginas del 18 de enero.

El abogado recuerda en su columna que estuvo con Pedreira después de que escribiera aquel artículo de junio de 2009 en el que defendía su independencia. Y su reunión, la primera y única que menciona, con el presidente del PP. «Rajoy me recibió enseguida y le expliqué lo que pensaba sobre el caso, y lo que yo haría si estuviese en su piel, dejando trabajar a la justicia», escribe. «De esas irregularidades, la mayoría no delictivas, han vivido centenares de políticos a los que no les alcanzaban los sueldos míseros que percibían y la alta responsabilidad y representación que debían tener. Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido».

Y alude a sus reuniones con Pedreira. «Voy a ahorrarme los detalles del montón de entrevistas que tuve con Antonio Pedreira para ayudarle en su instrucción y darle mi opinión. Yo no estaba personado como abogado defensor de ninguno de los imputados y me pareció una buena ocasión para colaborar en esclarecer la verdad y ayudar a un hombre bueno y enfermo que trataba de hacer su trabajo con competencia y honor. Enseguida me di cuenta de que dos personas iban a salir malparadas de este asunto. Por un lado, Luis Bárcenas, que además era senador, aunque dejó el escaño para no perjudicar al partido… Y la otra víctima iba a ser Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que había osado mirar las finanzas del PP».

Trías añade que «al final, el tesorero del PP fue exculpado, sin necesidad de juicio, con algún recurso que hay pendiente de resolución. Ya he escrito en otras ocasiones que en lo del caso Gürtel ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran».

Y termina: «Al final, el que se ha sentado en el banquillo ha sido el juez Baltasar Garzón. ¿Es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución?».

Bárcenas lo llama. Para él Garzón es la fuente de todos sus males.

- Jorge, es muy desafortunado lo que has escrito.

- No seas simple Luis, si te estoy defendiendo.

- Pero esa admiración que te sale por Garzón.

No es el único que protesta. Habla por teléfono con Pedreira. Lo encuentra asustado.

- Antonio, creo que no te ha gustado mi artículo…

- No, creo que te has pasado. Dices demasiadas cosas.

Trías resume buena parte de su artículo en el programa La Ventana, en una entrevista con la periodista Gemma Nierga, en la Cadena SER.

El 19 de enero, Garzón hace uso del derecho a las últimas palabras en el juicio que concluye. «Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad», dice. El juicio queda visto para una sentencia cuyo contenido se puede intuir de antemano.

Pero la decisión secreta del caso Gürtel está a 1.151 kilómetros de Madrid. En la Taubenstrasse 16 de Berna, capital de Suiza, sede del Ministerio Público de la Confederación. Los fiscales han firmado, el día 19 de enero de 2012, una resolución que afecta a la comisión rogatoria enviada desde España en la que se solicitan datos sobre la cuenta bancaria de Luis Bárcenas. La resolución, que no se hace pública, informa que se «ha decidido transmitir a un tribunal de instrucción de Madrid los documentos (formularios de apertura, extractos y justificantes) relativos a una cuenta que detenta Luis Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra. Esta remisión se hace en ejecución de una demanda de auxilio judicial en relación con delitos de corrupción y blanqueo de dinero. Los documentos transmitidos han sido reunidos en el marco de un procedimiento penal nacional». Es la cuenta número 8.401489. La petición de auxilio se remonta a marzo y mayo de 2009, pero bien es verdad que en abril de 2010, después del aldabonazo de la Unidad de Inteligencia Financiera Suiza (MROS) sobre la petición de una nueva tarjeta Visa con un límite de 25.000 euros mensuales, se envió una nueva comisión rogatoria por parte del juez Monterde del Tribunal Supremo.

Pero además de la cuenta de Bárcenas, las autoridades suizas también están dispuestas a entregar la cuenta que la sociedad Xetal Intenational Ltd., domiciliada en Road Town, en la isla de Tórtola, capital de las Islas Vírgenes británicas, tiene en el banco Crédit Agricole de Ginebra. Es la empresa pantalla a cargo de Eduardo Eraso Campuzano, de nacionalidad venezolana, y cuyo beneficiario es Francisco Correa.

Si los papeles, que le han sido remitidos al Ministerio Público por el Dresdner Bank y Crédit Agricole, son enviados inmediatamente, como anuncia el Ministerio Público helvético, pueden llegar a lo sumo en tres semanas o un mes a manos de Pablo Ruz, el juez a cargo del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El 19 de febrero, a lo sumo, podrían llegar a Madrid.

Para ello Bárcenas y Correa deberían prestar su conformidad y renunciar a presentar recursos. Tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Penal Federal (TPF) y en caso adverso ante el Tribunal Federal Suizo.

¿Qué contiene la documentación? Solo lo saben los interesados, Luis Bárcenas y Francisco Correa, respectivamente. El extesorero del PP, al margen de sus abogados de Madrid, da orden a sus letrados en Ginebra para recurrir. El argumento es que Bárcenas no ha tenido conocimiento de la decisión de auxilio judicial del 3 de junio de 2009 por parte del Ministerio Público helvético.

La decisión de recurrir supone, sobre todo, ganar tiempo mientras Bárcenas elabora una estrategia. En Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva algo menos de un mes. Un aterrizaje de la cuenta suiza de Bárcenas en la capital, a la luz de la protección del extesorero que le han dado Rajoy y el PP, habida cuenta de que se le sigue pagando 21.300,08 euros al mes, incluyendo pagas extraordinarias, como si trabajase, con las cuotas de la Seguridad Social al día, sería una bomba. El Gobierno, contra todas sus promesas electorales, ha anunciado en sus primeros días una subida de impuestos. Y se embarca en un plan de austeridad y reforma laboral que redobla la dosis ya aplicada desde mayo de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodrígez Zapatero.

Bárcenas recurre. El material documental permanece en Berna. La cuenta suiza ya es, en adelante, sí, una bomba de efecto retardado.

Tiempo después de publicar el artículo «Cacería judicial», Trías está interesado en promover su candidatura al puesto de Defensor del Pueblo, pendiente de consensuar entre Rajoy y el líder del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba. María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le recibe en La Moncloa. Trías le explica que cree ser un buen candidato de consenso para el puesto. Advierte que su artículo sobre la «cacería judicial» está en el ambiente, aunque nada se dice. Queda en enviarle su curriculum, cosa que hace más tarde al volver a su despacho.

LA EXCULPACIÓN QUE NO PUDO SER

El 9 de febrero de 2012, los siete magistrados del Tribunal Supremo dictan por unanimidad el fallo sobre la grabación de las comunicaciones entre presos y abogados. El tribunal condena al juez Garzón, de 56 años, a «la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener, durante el tiempo de la condena, cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, así como el pago de las costas procesales». La inhabilitación es de once años. Por edad, el cálculo es meridiano: Garzón ya no podrá volver a la carrera judicial. Es un golpe definitivo. Irreversible.

Pero la causa, tras la decisión de Pedreira del 29 de julio de 2011 de sobreseer a Luis Bárcenas, comunicada el 1 de septiembre, sufre un vuelco. La resolución de los recursos presentados contra su exculpación muestran que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Ruz elevan a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección cuarta, encargada de resolver nuevos informes de la Policía judicial sobre Bárcenas. La defensa de este sostiene que son documentos «manipulados y groseros» y «mentiras descaradas». Acusadores y acusados ignoran una cosa: la sala solo va a dirimir si el juez Pedreira podía o no dictar, técnicamente hablando, la exculpación de Bárcenas.

La sala de lo Penal nombra ponente a la magistrada Teresa Palacios. El 14 de marzo de 2012 se decide anular la exculpación de Bárcenas. Al poner en orden cronológico la indiscutible inhibición y pérdida de competencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sala concluye: «Es dable pensar que, dada la parcela que correspondía al magistrado instructor [Pedreira], la labor instructora, no estuviera al tanto de los términos de aquella resolución de 20 de julio de 2011 [pérdida de competencia], ni que considerase la pérdida de competencia para conocer del procedimiento por el Tribunal del que formaba parte». Los magistrados señalan que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid actuó del mismo modo que el juez instructor, Pedreira. Los magistrados de la Audiencia Nacional son piadosos. Puede que el juez, vienen a decir, se despistara. Y parece que sus colegas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también.

El razonamiento de fondo de la sala es sencillo. Si se diera por bueno, razona, que era necesario resolver los sobreseimientos pendientes y los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ello implicaría asumir que se había decidido, con anterioridad, trasladar a la Audiencia Nacional «un procedimiento penal vacío de contenido». Por ello, la sala declara la nulidad de la resolución de Pedreira de exculpar a Bárcenas. El problema, pues, no es la valoración de los indicios contra él, si son suficientes o insuficientes, sólidos o débiles, sino que el juez se excedió en las funciones que le marca la ley. No podía exculparle. Esa era una de las medidas «excepcionales» que, habiendo perdido la competencia, le estaban vedadas. No era «urgente» ni «inaplazable» como se exige.

El juez Ruz, por su parte, reabre la causa por delito fiscal contra Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Según un informe de la Agencia Tributaria, Iglesias pudo defraudar un total de 222.112,58 euros en la declaración del IRPF correspondiente a 2006.

A finales de marzo de 2012, la nueva imputación no impide a Luis Bárcenas formar parte del grupo que, a propuesta de Hannes Webhofer, el fundador y guía de la empresa de heliesquí Beyond Boundaries, inaugura un nuevo destino: Armenia. La idea es cubrir con el helicóptero una distancia de unos 900 kilómetros en una región fronteriza de Irán, Azerbaiján, Turquía y Georgia. Los aterrizajes para empezar a esquiar se hacen a una altura de entre 3.000 y 3.800 metros. «Explorar la marca de un nuevo sitio y ponerlo en el mapa de destinos exóticos de heliesquí» era la propuesta. «La idea era explorar todo el país, todas las sierras desde el norte hasta el sur, haciendo descensos de esquí en el camino de regiones montañosas donde no se había practicado nunca. También hemos conocido la antigua historia del país en una experiencia única», explica el folleto sobre esta aventura.

El Partido Popular, mientras tanto, reorganiza su departamento de tesorería. Después de casi dos años en el puesto, José Manuel Romay Beccaría abandona el cargo de tesorero nacional. Le sustituye Carmen Navarro, a quien él había nombrado su número dos en la posición de gerente. Durante la gestión de ambos, Bárcenas ha cobrado 21.300,08 euros cada mes.

En Ginebra, los abogados de Bárcenas tienen que seguir atajando la llegada de los datos de la cuenta de Bárcenas en el Dresdner a España. El 13 de junio de 2012, el Tribunal de Quejas del Tribunal Penal Federal, integrante del Tribunal Federal Suizo (Tribunal Supremo), rechaza el recurso. Pero, el 25 de junio, el abogado plantea un recurso de derecho público ante el Tribunal Federal Suizo mediante el cual pretende anular el fallo anterior y el reenvío del caso al Tribunal Penal Federal para obtener una nueva resolución y, subsidiariamente, anular la decisión de cierre de la investigación y lograr el rechazo del auxilio judicial. El tribunal desestima el recurso el 28 de junio de 2012.

A partir de aquí los documentos podrían teóricamente llegar a España. Pero también Francisco Correa tiene posibilidad de presentar dos recursos. Encarga el caso a DH Avocats, bufete del abogado Douglas Hornung, rue du Général Dufour, 22, de Ginebra.

Es el verano de 2012. Bárcenas lleva imputado desde el mes de marzo en la Audiencia Nacional. Trías le sugiere que sería bueno reunirse con Álvaro Lapuerta para ver qué se puede hacer. Bárcenas organiza una comida en la vinoteca Lavinia.

- Yo creo que tenéis que ir a ver a Rajoy y aclarar todo este asunto. Mostrarle los papeles y que diga él cuál es la solución.

- Por qué no vas a verle tú, Jorge -dice Lapuerta, no sin ironía.

- Vaya ocurrencia -Álvaro. -Ni en broma. Ya le vi varias veces.

A la salida, Lapuerta se ofrece para llevar a Trías en su Audi al despacho. Pero no vuelven a hablar del tema. Lapuerta, en cambio, empieza a recitar a Molière en francés. Y cuando el coche se detiene en la puerta del bufete de la calle Almagro, aún sigue recitando un buen rato antes de despedirse.

En Madrid, Luis Bárcenas incrementa la presión. El 27 de agosto, Bárcenas y sus abogados se dirigen al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por carta. Le piden que solicite a la UDEF (Policía Judicial) un informe a efectos de mostrar que él no es L.B., L Barc. o Luis el Cabrón. Cosidó traslada la petición a la UDEF y esta se la hace llegar al juez Ruz.

El objetivo del extesorero del PP es evidente. Está intentado rodear al juez a través de un hombre del partido, el director general de la Policía, Cosidó. El juez traslada el escrito a la Fiscalía Anticorrupción. Y, ya en harina, dicta un auto. Explica que la solicitud del informe «se cursa directamente ante el Director General de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada». Esta conducta, añade, «se sitúa voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida». Señala que la iniciativa «no tiene encaje, cabida o justificación alguna en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de buena fe». A ojos de Ruz se trata de una «patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación en relación al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder». Ordena a la UDEF, por tanto, «abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada»

El 14 de septiembre de 2012, el Tribunal Penal Federal suizo rechaza el primero de los recursos de Correa. Queda un solo cartucho en la récamara, el recurso ante el Tribunal Federal Suizo.

Bárcenas sabe, por su parte, que la batalla está perdida. La llegada de los datos a España ya es solo cuestión de unos meses. Le interesa acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno de Rajoy está ofreciendo para recaudar dinero desde el 30 de marzo de 2012. El 19 de septiembre, pues, Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas, abre en la sucursal de Bankia próxima a su domicilio, la de Avenida de Bruselas 67 de Madrid, la cuenta 2038 1077 13 6000795043, a nombre de la sociedad Tesedul S.A., la sociedad pantalla de Bárcenas creada en Uruguay. Esta cuenta es el destino de los fondos procedentes de Suiza para ingresar en la Hacienda española el importe resultante de la autoliquidación. Esta sociedad declara un capital de 10.988.040,00 de euros. El importe a ingresar es el 10 por ciento de lo declarado, es decir, 1.098.804,00 euros. El 25 de septiembre de 2012 se transfiere el dinero desde la cuenta del banco Lombard Odier, de Ginebra, a la cuenta de Tesedul en Bankia, y se ingresa en Hacienda.

Los abogados de Correa presentan el 1 de octubre de 2012 el segundo y último recurso en nombre de la empresa pantalla de Correa. Y el 9 de octubre de 2012, los jueces del Tribunal Federal Suizo rechazan la pretensión.

Se ha acabado.

Tic tac, tic tac…

Mientras avanza el reloj de la bomba suiza, comienza a oírse otro tic tac que se superpone al primero. En enero de 2013, unos días después de Reyes, en Bilbao, se celebra una comida que reúne a un grupo de amigos después de las fiestas. La tertulia pasa de un tema a otro. Se habla de lo que ganan los políticos. Sale el tema de María Dolores de Cospedal y sus ingresos. Unos días antes, el 31 de diciembre de 2012, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica la declaración de actividades, bienes y rentas de los gestores públicos de la región en 2011. Cospedal ha ganado 88.897 euros por su cargo como secretaria general del PP, 31.775 euros del Senado, 36.082 como presidenta de Castilla-La Mancha y 1.634 euros procedentes de los trienios como abogada del Estado. Uno de los participantes, Regino García Badell, que fuera director de gabinete de Esperanza Aguirre, dice:

- Y, bueno, esto no es nada en comparación con la información que va a salir…

- Pero, ¿de qué estás hablando Regino?

- Pues de los sobresueldos que se repartían en el PP… Me dicen que eso va a salir…

¡BUM!

Ministerio Público de la Confederación, Taubenstrasse 16, Berna, Suiza. Es el 20 de diciembre de 2012. La documentación sobre las cuenta suizas de Luis Bárcenas y de Francisco Correa está en la división de auxilio judicial del Ministerio Público de la Confederación, en Berna. Los recursos que han presentado sus empresas pantalla respectivas, Sinequanon y Xetal International Ltd., les han permitido ganar nueve meses. Para el Gobierno de Mariano Rajoy han sido nueve meses decisivos.

Ese día 20, los fiscales envían el material a España. El destino es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo 62. De allí, los documentos se remiten a la Audiencia Nacional. El Juzgado nº 5 registra la entrada el 3 de diciembre. El material se une al sumario catorce días más tarde, el 17 de diciembre y se solicita su traducción.

El 16 de enero, el juez Ruz dicta un auto. «La documentación suiza acredita que el verdadero beneficiario económico de la cuenta número 8.401489 abierta en la entidad Dresdner Bank (LGT) de Ginebra a nombre de la entidad panameña Sinequanon sería el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez». El análisis de la documentación presenta estos datos:

1. Que por la entidad bancaria se identifica al cliente, además de con las iniciales «Mr. L.B.», «L.B.» o «L.B.G», también de forma completa, como Luis Bárcenas Gutiérrez, adjuntándose, incluso, copia de su DNI…

2. Que los fondos y valores de esa cuenta, cuyos activos estarían valorados en 14.885.976,99 de euros a finales de 2005; en 19.757.330,31 euros a finales de 2006; en 22.144.832,35 euros a finales de 2007; en 13.673.661,98 euros a finales de 2008 y en 11.853.921,77 euros en octubre de 2009, procederían de otra cuenta aperturada en el mismo banco a principios de 2001 con el número 8.005540.

3. En el año 2009, una vez conocida la investigación que se sigue contra Luis Bárcenas y tras la declaración que prestó en el Tribunal Supremo, el 22 de junio de 2009, el imputado realiza diversas transferencias desde esa cuenta para finalmente clausurarla. Todos sus activos pasan a otra cuenta en la misma entidad bancaria a nombre de Tesedul S.A. En fechas posteriores, el imputado acuerda transferir determinados fondos a la cuenta de Tesedul número 500507 en la entidad Lombard Odier. Según la documentación, Luis Bárcenas mantendría o habría mantenido otras cuentas en Ginebra, una de las cuales sería la número 204337 de la fundación Sinequanon en Lombard Odier.

La noticia, publicada por todos los medios de comunicación digitales en la tarde del 16 de enero de 2013 tiene el mismo efecto que el estallido de una bomba. Durante todas sus declaraciones judiciales, el extesorero del PP ha dicho que viajaba con frecuencia a Suiza por su afición al esquí y al montañismo.

Carlos Floriano, secretario de Organización del PP, al ser preguntado por la cuenta suiza de Bárcenas, dice: «Ya no pertenece al PP». El extesorero viene de cobrar, hace quince días, su nómina mensual desde abril de 2010: 21.300,08 euros.

Jorge Trías lee la información sobre la cuenta bancaria de Bárcenas en Suiza la noche del miércoles 16 y la mañana del jueves 17 de enero de 2013. Y mantiene con Bárcenas un diálogo vía SMS.

- Luis, me debes una explicación.

- No hay que alimentar el tema. Explicaciones, ninguna.

- No estoy de acuerdo. Te equivocas.

- Gracias.

- Yo he dado la cara públicamente por ti. Al menos a mí me debes una explicación. Es cierto o no.

- No es cierto. Esto no tiene nada que ver con la Gürtel. Recuerda que te dije que tenía un fondo que gestionaba en el extranjero.

- Si es eso, dilo. Porque lo que dice el periódico no es eso sino que tienes una cuenta en Suiza y que te has llevado el dinero. Habla con Miguel Bajo, tienes que dar una explicación, convocas una rueda de prensa y te explicas.

- Hablaré con él. Lo tremendo es que la que está alimentando todo esto es la Cospe, que quiere cargarse a los representantes del pasado y que se considera la heredera.

Por aquellos días Esperanza Aguirre tiene una agenda cargada de entrevistas en varios medios de comunicación. Es un road show que le ha preparado su directora de comunicación, Isabel Gallego, para presentar su nuevo perfil político y profesional tras su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a mediados de septiembre de 2012. El jueves 18, en plena efervescencia por la cuenta suiza de Bárcenas, visita la redacción del diario El Mundo y mantiene un encuentro digital. Más tarde, el diario se pone en comunicación con María Dolores de Cospedal. Quiere saber si es verdad, como le dicen varias fuentes a las que da crédito, que en el PP se han pagado durante años sobresueldos a la cúpula del partido. Cospedal explica cómo su llegada a la secretaría general ha cambiado esas prácticas.

Al día siguiente, viernes 18, el periódico abre su portada con la noticia: «Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP». Según informa, cinco fuentes aseguran que cada mes el entonces tesorero «distribuía sobres con cantidades entre 5.000 y 10.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato». Añade que «con el dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones se daba también protección a amenazados por ETA». El diario dice que según sus fuentes del PP «Rajoy, que no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica». En la información se asegura que ella tampoco ha cobrado sobresueldos.

Eduardo Zaplana comenta en privado:

- Yo no tengo ningún problema. Nunca he cobrado nada del partido. Lo que pasa es que esto se sabía. Muchos dirigentes decían que si no fuera por el dinero que cobraban no llegaban a fin de mes. Ahora, mucha gente me llama para que diga quiénes cobraban. En lugar de negarlo, el partido debería pedir perdón. A partir de ello sería posible recuperar confianza.

Ese día, viernes 17 de enero de 2013, los abogados de Bárcenas declaran que las empresas del extesorero se han acogido a la amnistía fiscal por valor de 10 millones de euros. Miguel Bajo, en relación a los sobresueldos, declara que «el PP tiene que abrir una investigación y la Agencia Tributaria otra». Según Bajo, «aquí lo único que se dice es que alguien entrega en unos sobres, un dinero. Eso carece de significación, desde el punto de vista de la ilicitud, mientras no sepamos de dónde procede el dinero», razona.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no puede creer que Bárcenas se haya colado en la amnistía. ¿Cómo es posible que yo no lo sepa?, pregunta a sus colaboradores. Hacienda no tiene constancia del nombre de Luis Bárcenas, que, según la ley de regularización, tiene hasta final de 2013 para aparecer como titular de la empresa que se haya acogido a la amnistía. Pero Montoro no puede dejarlo pasar. Aunque es claramente una intervención partidista, ordena a la Agencia Tributaria decir que Bárcenas no ha blanqueado el dinero. «La Agencia Tributaria aclara ante las noticias aparecidas en prensa sobre las afirmaciones de su abogado, que Luis Bárcenas no se ha acogido a la Declaración Tributaria Especial, desmintiendo así las declaraciones de su abogado», dice en un comunicado.

Los dirigentes del PP, que ya tartamudean al conocerse la cuenta suiza de Bárcenas, intentan ahora ante los sobresueldos salir como pueden. María Dolores de Cospedal dice en la Cadena Cope: «A mí no me consta de ninguna manera y se lo digo rotundamente, rotundamente, que eso se haya producido, desde luego en mi etapa como secretaria general. O sea, eso lo tengo que decir con toda claridad y tajantemente. Y tampoco me consta que se haya producido con anterioridad. Pero en cualquier caso, durante mi etapa de secretaria general le tengo que decir que no me consta y que… bueno, que no se ha producido, no se ha producido. Eso se lo puedo decir tajantemente. Porque yo, desde que soy secretaria general de mi partido y así asumí mi responsabilidad, actué como creí que tenía que actuar y como me dijo Rajoy, como es lógico y normal, que tenía que actuar, dándome completa libertad de acción en los asuntos internos de la casa. Y esa libertad de acción pasa por una transparencia y una pulcritud absoluta en la gestión de las cuentas».

Es una respuesta parecida a la explicación que ofrece en la víspera al ser consultada por el periódico El Mundo, que finalmente publica la información. Porque ahora, ante esa noticia, su versión de los hechos pone el acento en «su etapa» como secretaria general. Por dos veces habla de «su gestión». Esto irrita a alguno de sus predecesores. Es el caso de Javier Arenas, que fue secretario general entre 1999 y 2003, quien explica: «Nunca he tenido conocimiento de esa práctica. No me consta en absoluto que se haya producido en la dirección nacional del partido. He recibido estas informaciones con muchísima sorpresa. Y desde luego, no me consta en absoluto que en mi etapa se haya producido el pago en sobresueldos a través de ese dinero que se conoce como B».

La diferencia la marca la expresidenta de la Comunidad de Madrid. En Los desayunos de TVE, dice que «es una crisis institucional gravísima. Hay que llegar hasta el final y caiga quien caiga». El caso de los presuntos sobresueldos debe ser estudiado «a fondo» y, de confirmarse, señala, sería «un escándalo político-financiero tremendo». Mariano Rajoy, ¿debería intervenir? Esperanza Aguirre recuerda que ya en el caso Naseiro, que afectó al PP, se hizo una investigación interna, que estuvo dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no sabe si ahora habría que hacerlo.

Ese mismo día, en la conferencia intermunicipal que el PP celebra en Málaga, la secretaria general vuelve sobre el asunto. «En el PP, quien la hace la paga y que cada uno aguante su vela», dice.

Un día más tarde, se espera a Rajoy en Málaga. Nada más subirse a la escalera mecánica que le lleva a la sala de la conferencia, un periodista pregunta:

- Señor Rajoy, ¿hubo sobresueldos en el PP?

- Sí, hombre -susurra el presidente, con un mohín irónico.

En el Palacio de la Moncloa, en medio del naufragio, se conserva cierto sentido del humor. Dicen que ya han logrado conocer las «cinco fuentes» del periódico. Una es Esperanza, la segunda Aguirre, la tercera Gil, la cuarta de, y, por fin, la quinta es Biedma. Cinco palabras con el nombre y los apellidos de la presidenta del PP de Madrid.

Ese fin de semana, Jorge Trías cavila en su piso de la calle Antonio Maura. Tiene que hacer algo, se dice. Piensa en la fotocopia del libro de entrada y salidas de Bárcenas.

CONTARLO PARA VIVIR

Trías redacta el fin de semana del 19 y 20 de enero un artículo para publicar en la edición del diario El País el lunes, día 21 de enero. En «Sombras y certezas», como lo titula, el abogado escribe que:

Al margen de lo que hagan fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez Cascos, exsecretario general; Ángel Ácebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, José Manuel Romay Beccaría y la actual tesorera.

Retoma el tema que ha hablado con Bárcenas por teléfono al conocerse, el jueves 18, su cuenta en Suiza. «No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado», señala.

Y, sobre la base de la fotocopia de las catorce páginas del cuaderno manuscrito de entradas y salidas de Bárcenas, va a la yugular del problema: «Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas -legales hasta hace unos cuatro o cinco años- y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir».

Trías se involucra todavía más.

Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Y subraya: «Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia».

Trías sabe que la contabilidad manuscrita que llevaba Bárcenas, con el presunto visé de este último y de Álvaro Lapuerta, registran a Rajoy y Cospedal como presuntos receptores.

«En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo», dice no sin antes dejar constancia de su relación personal con Bárcenas, «con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro».

Se hace eco de manera implícita de aquello que le ha dicho el extesorero en sus mensajes del jueves 18. «Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad», advierte. Y concluye así: «Que cada palo aguante su vela, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy».

El diario realiza con los extractos principales una información aparte para destacar el artículo, que titula: «Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos».

El 21 de enero, María Dolores de Cospedal, preguntada sobre lo que dice Trías, explica en la Cadena SER:

- Eso parte de que le demos credibilidad a ese señor, yo no se la doy. En absoluto. Él dice que él cree y él sabe que eso se hacía. Que diga quién lo hacía, que diga cómo, que diga por qué lo sabe él. Porque si no, no me vale en absoluto. Los servicios jurídicos del Partido Popular están estudiando acciones judiciales. Esto de que un señor diga «esto se estaba haciendo» y no lo demuestre, no lo puede decir alegremente.

Trías, seguro de que Bárcenas debe de haber leído su artículo, le envía un mensaje. Pero el extesorero dice no haberlo visto.

- Luis, lee mi artículo con atención. Verás por qué se cabrea la Cospe. Te echo un cable, que no seas el palo que aguante la vela…

- Lo leeré, la operación contra Mariano es asquerosa.

Al día siguiente, Trías recibe una llamada de Álvaro Lapuerta.

- Jorge, te quiero dar una explicación, ya que la pides.

- A mí no me tienes que dar ninguna explicación. Ya sé que tu no te has llevado dinero y que no lo necesitas.

- No me he llevado nunca ni un duro. Lo que pudo hacer Luis, no tengo ni idea.

El 22 de enero, El País publica una entrevista con Jorge Trías. «De los sobresueldos debió quedar constancia en la contabilidad del PP», es el título. He aquí los tramos esenciales:

P.: -Usted ha escrito: «Por lo que yo pude saber, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes». ¿A qué se refiere cuando dice «por lo que yo pude saber»?

R.: -Cuando he hecho esta afirmación es porque estoy muy seguro de lo que he dicho. El País también informó sobre ese extremo.

P.: -¿Tiene explicación lo que se hizo?

R.: -Puede tener una explicación: que una parte de ese dinero procedente de donaciones anónimas se ingresaba en la cuenta corriente destinada al efecto, y otra parte era la que se entregaba a los dirigentes como sobresueldo, de la que no quedaba constancia en ninguna cuenta bancaria, pero sí debió quedar constancia, aunque yo no tengo el documento fehaciente, en la contabilidad que llevaba el PP.

P.: -¿Ha visto esa contabilidad?

R.: -Hombre, he visto la que me han enseñado, pero no puedo acreditarlo.

P.: -¿Cree usted que los dirigentes del PP, empezando por Rajoy, deben hacer públicas sus declaraciones de la renta para averiguar si hubo alguna anomalía?

R.: -Sí. Rajoy acabó con esas malas prácticas, pero desconozco en qué momento. Hablo de malas prácticas, no de ilegalidades.

P.: -¿Malas prácticas de las que también se beneficiaron Rajoy y Cospedal?

R.: -Lo desconozco. La irregularidad, para ser precisos, no está en dar la cantidad sino en recibirla y no declararla, porque si la han declarado no hay irregularidad. Y si no la han declarado, por lo que yo sé, tampoco han incurrido en un delito fiscal, pero sí en una infracción tributaria y, en cualquier caso, en un escándalo político.

P.: -¿Sabe si ese dinero procedía de comisiones ilegales cobradas a constructoras por obras?

R.: -No. Solo donaciones anónimas que se sabía perfectamente quién las entregaba, pues para el partido no era anónima. Todos los partidos se sobrefinanciaban así. Unos llevaban mejor que otros la contabilidad.

P.: -Usted habló con Rajoy sobre el caso Gürtel. ¿Qué le dijo?

R.: -Le expliqué que había que llegar hasta el final de este asunto, y que había que dar una explicación, y que no podían quedar sombras de duda porque se convertían en luces de certeza. Quiero dejar claro que admiro su titánico esfuerzo por enderezar una situación económica muy compleja. Les animo a él y a Rubalcaba a que asuman un programa de regeneración moral convincente.

P.: -Usted estaba convencido de que Bárcenas era inocente…

R.: -Lo de Bárcenas puede tener una explicación. Cuando se producen los pagos, él era el gerente y recibía instrucciones. Bárcenas tenía un sueldo muy alto, lo que puede sorprender o no, pero un sueldo muy alto que según creo lo tenía absolutamente declarado. Pero de sus negocios no tengo ni idea. Deberían preguntárselo a él.

P.: -Bárcenas se llevó el dinero a Suiza sin declarar.

R.: -No tengo ni idea. Me remito a lo que publicó El País, cuya información suministró su abogado.

P.: -Usted hace una declaración de amistad hacia Bárcenas pase lo que pase. ¿No le decepcionó?

R.: -Desconozco si se lo ha llevado o no. Los amigos los tengo, con el activo y con el pasivo. Y yo soy amigo de Bárcenas, y hemos ido a la montaña juntos, y hemos pasado momentos muy buenos. Me dolería que le pasase algo malo, pero me consideraré siempre amigo suyo. No doy la espalda a un amigo por lo que haya hecho, me decepcione o no me decepcione.

P.: -¿Ha hablado estos días con Luis Bárcenas?

R.: -No. Le envié un mensaje diciéndole que yo creía que tenía que dar una explicación. Y vi que Miguel Bajo, su abogado, y Alfonso Trallero, que trabaja con Bajo, dieron una explicación. Y le recomendé que no se callase, porque él no tenía por qué ser el palo que aguantase esa vela sucia.

El martes 22 por la tarde, Trías llama a la Fiscalía General del Estado. Habla con la secretaria de Eduardo Torres-Dulce y le pide una entrevista con el fiscal general. A la mañana siguiente le devuelven la llamada para citarle. Aguarda en la sala de espera. Al rato entra a buscarle Torres-Dulce y le lleva a su despacho.

- Eduardo, vengo a ver al amigo y al Fiscal General del Estado. Quiero explicarte que lo que he escrito y declarado tiene fundamento. Yo he visto los papeles. Esto es muy serio.

- Es probable que la Fiscalía Anticorrupción abra diligencias informativas, Jorge.

- Muy bien, si me llaman a declarar así lo haré. Voy a colaborar con la justicia. Yo me meto en este lío después de hablar con un juez abrumado, que está enfermo y que carece de medios. Y también porque hablo con Mariano Rajoy, que hoy es presidente, y me dice que siga el asunto.

Trías, pues, no admite tener ni los papeles originales ni las fotocopias.

Torres-Dulce da instrucciones al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, para iniciar diligencias informativas de oficio sobre el tema de los sobresueldos. Se abren ese mismo día, jueves 24 de enero.

LOS PAPELES

Mariano Rajoy no se pronuncia ante la información de El Mundo en la que se le excluye tanto a él como a María Dolores de Cospedal del cobro de sobresueldos. Una semana después de la aparición de la noticia, Rajoy explica a los enviados especiales, durante un vuelo en un avión de la Fuerza Aérea, desde Santiago de Chile a Lima, Perú, el 25 de enero, que él no va a entrar en el tema y que será la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, quien va a investigar el asunto. Una vez que ella eleve su informe, él se pronunciará.

Trías llega a la conclusión de que solo el conocimiento de la fotocopia de catorce folios puede obligar a llevar adelante una investigación seria. En su entrevista con El País, al hablar de las donaciones y complementos salariales, dice esto: «Sí debió de quedar constancia, aunque yo no tengo el documento fehaciente, en la contabilidad que llevaba el PP». Trías no tiene, en efecto, el «documento fehaciente». Lo que posee es la fotocopia.

Trías ha intentado que Bárcenas dé a conocer esas fotocopias desde aquellos últimos meses de 2010 en los que le entregó una copia. Ya en los primeros meses de 2012, después de ver la película J. Edgar, la biografía del director del Federal Bureau of Investigations (Oficina Federal de Investigación), principal organismo de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Trías comenta el tema con Bárcenas. El abogado se queda impresionado con las escenas en las que el director del FBI, para blindar su posición, se va a ver al fiscal general, Robert Kennedy, con un dossier comprometedor. Contiene datos sobre la relación que mantiene el presidente, John F. Kennedy, con una amante de Alemania del Este. También lo ha intentado Trías en el verano de 2012 en aquella comida que celebran él, Bárcenas y Lapuerta en Lavinia.

Hacia finales de esa semana, después de visitar al fiscal general del Estado, Trías se pregunta cuál es el camino correcto.

El domingo 28 de enero de 2013, Luis Bárcenas reaparece. Cuando Trías ve la llamada en su móvil se sorprende. Es un número del cual el extesorero del PP no le llama desde hace mucho tiempo.

- Jorge, Álvaro Lapuerta me dice que le has entregado los documentos a El País.

Lo que Bárcenas le recrimina a Jorge Trías no es cierto.

El abogado corta por lo sano.

- Ya está bien, Luis… Yo no voy a hablar más de este tema contigo.

Pero la llamada de Bárcenas acelera los acontecimientos.

En la calma de su piso blanco, durante la tarde del domingo, Jorge Trías medita.

El lunes 29, El País empieza la labor de chequeo de los documentos que le han llegado. Se llama a los secretarios generales y vicesecretarios generales del PP entre 1990 y 2013. Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato y Dolores de Cospedal. Niegan haber recibido pagos. En paralelo, los principales empresarios que aparecen como donantes desmienten, a su vez, haber pagado dinero. El periódico cruza, también, datos del sumario del caso Gürtel y la contabilidad secreta de Bárcenas, lo que arroja una conexión precisa en algunos puntos. Hay una partida de 21 millones de euros que sale del PP gallego en mayo de 1999, según su contabilidad B, y aparece en las entradas que lleva Bárcenas. Otra pista: la presencia entre los donantes de Constructora Hispánica. Esta empresa y su propietario, Alfonso García Pozuelo, tienen una importante presencia en la trama Gürtel.

La tarde del martes 30, la dirección del diario se reúne con los máximos ejecutivos del grupo. Se analiza la información, el estado de las comprobaciones y los riesgos políticos que implica la publicación. La conclusión, después de dejar constancia de las presiones que se desencaderán, es publicar.

La noticia del día siguiente, publicada a partir de las 5 de la madrugada del miércoles 31 de enero de 2013, se titula: «Los papeles secretos de Bárcenas».

ESTADO DE NEGACIÓN

Esa mañana del 31 de enero, durante la onda sísmica que provoca la publicación de los Papeles de Bárcenas, la dirección del Partido Popular hace un hueco para cursar a la Seguridad Social una solicitud de baja de una persona que hasta entonces está en nómina como «asesor» de la organización. ¿Por qué esta urgente solicitud? El nombre lo explica: se trata del «asesor» especial Luis Bárcenas.

Desde el 16 de abril de 2010, tal como había pactado con la dirección del PP, Bárcenas cobra religiosamente todos los meses 21.300,08 euros, algo más de 255.600 euros anuales. Ya ha percibido, pues, 670.350 euros, entre mediados de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

Ni siquiera la llegada a España de la comisión rogatoria procedente de Suiza, conocida el 16 de enero de 2013, según la cual el extesorero ha acumulado una fortuna oculta a la Hacienda española que llegó hasta 22 millones de euros, provoca la decisión fulminante del PP de despedir a Bárcenas. Habrá que esperar catorce días más a la publicación de sus Papeles para adoptar la decisión.

Esta realidad, la realidad de treinta y dos meses de la nómina mensual pagada a Luis Bárcenas, «que ya no es del PP», como ha mantenido la organización, es la única e indiscutible verdad. La que arroja un poderoso haz de luz sobre la íntima relación entre Bárcenas y el PP.

Al analizar los argumentos a utilizar para explicar esta relación, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el número tres, Carlos Floriano, acuerdan utilizar el concepto de indemnización pactada que se paga mensualmente. Floriano dice que es una «indemnización fraccionada». Cospedal, en su trabalenguas más famoso hasta el presente, explica:

- La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en defini… en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido. Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, verdad. Pues aquí se es, aquí es, se quiso hacer como hay que hacerlo, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, si hubiera habido algo que ocultar. Es más. Gobernando en España el Partido Socialista, y por lo tanto teniendo acceso a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribuciones o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar. Y no había nada que ocultar. Y por eso se hizo con esa claridad. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado, o peor o mejor hecho. Pero así fue como se pactó. Y si hubiera habido algo que ocultar, repito, porque tengo que recordar, tengo que recordar, esto no pasa nunca, pero que además este partido no tenía ninguna voluntad de ocultar, porque tengo que recordar que gobernaba en España el Partido Socialista, con lo cual el acceso tanto a Hacienda como a la Seguridad Social es muy fácil, es muy fácil.

¿Estado de confusión? También, pero no. A pesar de las apariencias: estado de negación. Negación en este caso supone encubrimiento. Ese es el estado oficial del Partido Popular. La reacción de Luis Bárcenas y del PP ante los Papeles de Bárcenas es coincidente. «Nunca se llevó por mí ni por ninguna otra persona registro alguno de entradas o salidas distintos a los declarados oficialmente por el Partido», dice el extesorero. «En escrupuloso cumplimiento de la Ley, la contabilidad del Partido fue siempre presentada ante el Tribunal de Cuentas, para su fiscalización, emitiendo dicho órgano jurisdiccional los oportunos informes durante todo el mencionado periodo sin tacha alguna al respecto», añade.

El comunicado de Bárcenas es extenso. Son 387 palabras a lo largo de ocho puntos. Lo que olvida negar en esta, su primera reacción, el 31 de enero de 2013, es… que no se trata de su letra. ¡Elemental, mi querido Watson! El PP hubiera deseado que lo dijera, pero la realidad es que Bárcenas elude espectacularmente ese punto, habida cuenta de la importancia del mismo cuando se presenta los documentos como escritos de su puño y letra.

María Dolores de Cospedal, por su parte, esgrime los mismos argumentos de Bárcenas. «El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido se correspondan con la contabilidad del PP. La contabilidad del PP es única y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas y no vamos a consentir que se ponga en cuestión ni la honorabilidad de los dirigentes del PP ni la transparencia del PP ni la legalidad de las cuentas del PP.»

Mariano Rajoy, que desmiente y califica como falsedad, el 2 de febrero de 2013, haber recibido dinero en negro alguna vez, le marca de hecho a Bárcenas la línea a seguir. «Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de papeles apócrifos no responde a la verdad, es total y radicalmente falsa», sostiene Rajoy en su intervención ante el Comité Ejecutivo del partido, retransmitida a los periodistas por monitor de plasma, sin que puedan formular preguntas. «Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se pueda insinuar es falso», insiste.

«Papeles apócrifos».

Aunque Bárcenas no ha negado, hasta ese momento, ser el autor material de los papeles -bastaba con incluir cuatro palabras, «no es mi letra», en el comunicado de 387-, Rajoy pretende que no los ha escrito él. Por eso, aparte de considerar falso su contenido, estima que son apócrifos, en la única aplicación posible en este caso.

He aquí la fina percepción de un académico de la lengua, que exhibe, como quien no quiere la cosa, mayor capacidad de análisis político que la mayoría de los profesionales del sector.

«¿Qué quiere decir, pues, el señor presidente? ¿Que es falso el contenido de los papeles que corren asignados a don Luis Bárcenas Gutiérrez, pero que la atribución a este es incorrecta?», se pregunta Francisco Rico en un artículo que publica El País el sábado 9 de febrero de 2013. He aquí su respuesta: «Es la interpretación que invita a dar la llamativa ausencia de cualquier acusación y aun sombra de reproche a Bárcenas, a quien no en balde él mismo nombró o confirmó tesorero del partido y en quien largamente depositó su confianza. De manera implícita, ¿está el señor presidente exonerando a Bárcenas de la autoría de los papeles y así, y jugándolo todo a una carta, exonerándose a sí mismo de cualquier responsabilidad?».

El guante lanzado por Rajoy lo recoge Bárcenas en días. Poco después de la declaración de Rajoy, trasciende que los abogados de Bárcenas y su cliente estudian difundir un segundo comunicado para decir qué letra de los Papeles no es suya. Pero finalmente deciden que lo mejor es una breve declaración al periodista Antonio Jiménez para su nuevo programa El Cascabel del gato, en la cadena 13TV. Dice que no es su letra y que «está dispuesto a someterse a cualquier prueba caligráfica o poligráfica para demostrar su falsedad». Aventura que los Papeles son un «montaje» realizado «por una persona que ha tenido acceso a la contabilidad» del PP.

Jorge Trías, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta prestan declaración el miércoles, día 7 de febrero de 2013, ante el fiscal Antonio Romeral, encargado de las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Trías, en calidad de testigo, explica que Bárcenas es quien le ha mostrado hace ya un par de años los papeles que se han publicado. Bárcenas y Lapuerta, en calidad de imputados, niegan la veracidad de los documentos. Bárcenas se somete a una prueba caligráfica. Y fuerza su letra, ante una Policía Judicial aparentemente despistada, para dificultar las conclusiones del examen. Hacer buena la afirmación de Rajoy de que los Papeles constituyen un documento apócrifo, es decir, un documento atribuido erróneamente a su extesorero, será muy difícil. Pero, en todo caso, el objetivo es simplemente añadir confusión. Otra cosa es si en los papeles están todos los que son y son todos los que están.

El domingo 17 de febrero, Bárcenas regresa de esquiar una semana en Canadá. En Barajas, ante los periodistas, alza el dedo, el saludo de la peineta.

En la primera semana de marzo, Trías camina por la calle Zurbano hacia su despacho. Y a veinte metros de la sede del PP en Génova se cruza con Alfredo Prada, presidente de la comisión de Justicia del Congreso. No le veía desde la reunión en su despacho con el juez Pedreira.

- Hombre, Alfredo.

- Qué tal, ¿cómo estás?

- Jo, te acuerdas cómo defendimos a Luis en mi despacho ante el juez…

- Que si me acuerdo… Quién podía imaginar que caería lo que está cayendo, la cuenta suiza y todo lo demás…

EPÍLOGO

El Gran Recaudador

En los casi cuarenta días que van desde su publicación el 31 de enero hasta el 11 de marzo de 2013, la investigación judicial sobre la información de las catorce fotocopias de Luis Bárcenas ha estado prácticamente paralizada. La apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha tenido un alcance muy limitado. La Fiscalía y el juez Pablo Ruz, a cargo del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, rechazan enseguida una iniciativa del Partido Socialista de Valencia, personado como acusación en el caso Gürtel, para investigar los Papeles de Bárcenas en dicho sumario, por sus conexiones con la trama. Las cosas empiezan a cambiar el 28 de febrero.

Ese día, cae en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, por reparto, una querella del partido Izquierda Unida contra Bárcenas y otras catorce personalidades del Partido Popular que presuntamente recibieron sobresueldos o complementos salariales y empresarios que realizaron donaciones anónimas presuntamente ilegales. El juez Javier Gómez Bermúdez abre diligencias previas el 1 de marzo. Y el 11 de marzo admite la querella a trámite. Aparte de Bárcenas y Álvaro Lapuerta, aparecen como querellados los empresarios que han hecho los donativos. Gómez Bermúdez centra la investigación en los presuntos corruptores, antes de abordar la situación de los presuntos receptores de los fondos. A su juicio, se trata de determinar la relación entre los donativos y la adjudicación de obras públicas: «Lo que investiga este juez es si la contabilidad supuestamente opaca de Bárcenas publicada por El País recoge ingresos hechos por empresarios al PP a cambio de contratas públicas de Administraciones gobernadas por el partido», dice en su auto.

En otros términos, Gómez Bermúdez considera que los Papeles de Bárcenas, que sirven de base a la querella de Izquierda Unida, son una fuente de información. El cometido de la actividad judicial no debe dirigirse tanto a adverar esos papeles sino a profundizar los datos que aportan sobre los presuntos donantes y beneficiarios de obra pública, por una parte, y a indagar si esas cantidades eran distribuidas entre la cúpula del PP para influir en sus decisiones respecto a la adjudicación de obra pública. «La percepción de cantidades por los altos cargos del PP correspondería -prima facie- a la fase de agotamiento de un delito de cohecho, cuya existencia es preciso acreditar indiciariamente mediante la investigación judicial», dice el juez.

Por ello, el juez admite parcialmente la querella el 11 de marzo de 2013. Incluye de la cúpula del PP solamente a los extesoreros nacionales. Bárcenas y Lapuerta. Y junto a ellos a diez empresarios. Y, entre ellos, a Pablo Crespo, el segundo de Correa en la trama Gürtel, por haber hecho, como los demás empresarios, donativos al PP.

Gómez Bermúdez, pues, inicia la investigación del caso Barcenas, en la hipótesis de que la trama Gürtel forma parte de él en tanto que ha aportado dinero al Partido Popular, también a cambio de adjudicación de obras públicas y otros negocios. El juez indica las diligencias que se derivan de su decisión: declaración de los querellados, empezando por Bárcenas y Lapuerta, los días 25, 26 y 27 de marzo, aportación antes del 19 de marzo de la relación de obras y en general contratos públicos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por Administraciones gobernadas por el PP, requiere al PP para que en el plazo «improrrogable de siete días» aporte copia o relación de ingresos por el concepto de donaciones que haya recibido de los empresarios Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Miguel Villar Mir, de OHL; José Luis Sánchez Domínguez, del grupo Sando; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; Manuel Contreras Ramos y Manuel Contreras Caro, de AZVI; Pablo Crespo, de la red Gürtel; Sedesa; Copasa; Copisa, Aldesa; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Mercadona; Ignacio Ugarteche, de Urazca; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Ruz han rechazado hasta este momento investigar los papeles de Bárcenas como parte del caso Gürtel, según ha solicitado la acusación del Partido Socialista de Valencia. También la acusación particular del PP se opone. Sostienen que no hay conexidad entre los citados papeles y el caso Gürtel.

Pero, ahora que ha irrumpido Gómez Bermúdez, cambian de criterio. El juez Ruz pide un informe a la Policía Judicial para ver si hay puntos en común. La Policía aporta las relaciones económicas de las empresas de Gürtel con ciertos pagos al PP y destaca la presencia de empresarios vinculados a Gürtel que también figuran en los Papeles de Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción propone que los Papeles de Bárcenas sean una pieza separada dentro del caso Gürtel. Y al tiempo pide a Gómez Bermúdez que se inhiba a favor de Ruz.

El Partido Popular se ha opuesto a vincular los Papeles con el caso Gürtel. Y cuando el juez Ruz asume el nuevo punto de vista de la Fiscalía Anticorrupción, el PP presenta un recurso de reforma ante el propio juez y otro de apelación ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir la pieza separada. Pero, ante la aparición de Gómez Bermúdez, cambia sorpresivamente de criterio. Retira su recurso de apelación y apoya a Ruz como juez instructor. El PP razona que es el mal menor.

Los abogados de los principales imputados siguen buscando el «giro copernicano» por el que apuesta desde el comienzo de las investigaciones Federico Trillo, ahora embajador de España en Londres. Quienes allí le consultan comprueban que no ha variado de criterio. Hay que seguir la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, recomienda, en relación a la inconstitucionalidad de la grabación con cámaras ocultas, que viene como anillo al dedo a las grabaciones, asegura, de José Luis Peñas, que dan origen a la causa Gürtel.

¿Y Bárcenas? Su proximidad al grupo de comunicación Intereconomía es cada vez mayor. El 11 de marzo, el diario La Gaceta, que pertenece a ese grupo, publica una información a toda portada según la cual el juez Pedreira, enfermo en un estado virtualmente cercano al coma (padece anoxia cerebral, o ausencia de oxígeno) tras el ataque que sufre el 8 de septiembre de 2012, durante la celebración de la fiesta de boda de su hijo, se reunía durante el proceso de instrucción del caso Gürtel con imputados en la «sacristía de una parroquia del distrito de Chamartín». Habla de «Jesús Merino, o los Galeote, o incluso Luis Bárcenas», pero no se atreve a decir claramente que se han reunido allí. Es un quiero y no puedo. Mencionan la fiesta de cumpleaños del catedrático Manuel Lozano a la que acuden el juez Pedreira y Esteban González Pons. Y dicen que estos hechos perfilan la nulidad de las actuaciones. El «giro copernicano» de Trillo, vaya. González Pons estima que, dada la creciente cercanía de Bárcenas al grupo Intereconomía, la filtración de esa presunta noticia forma parte de la estrategia de conseguir que el caso Gürtel se convierta en otro caso Naseiro.

La ley prevé que los jueces pueden y deben investigar mientras se dirime la competencia por parte de un tribunal superior, en este caso la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero para ello, cada magistrado debe pronunciarse previamente. Una vez que lo han hecho, el tema pasa a la sala para que decida.

Pero la disputa todavía no ha llegado a ese punto. Mientras lleva adelante sus diligencias, el juez Gómez Bermúdez solicita el 19 de marzo al juez Ruz que se inhiba. Sin contestar a esa petición, este cita a Bárcenas a declarar el viernes 22 de marzo, adelantándose a Gómez Bermúdez que en su querella ya citaba su comparecencia inicialmente, junto con la de los demás querellados, para los días 25, 26 y 27 de marzo.

El martes, día 19 de marzo, el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, se encuentra por otro caso en la Audiencia Nacional. Solicita hablar con Gómez Bermúdez.

- Señoría, aprovecho que estoy por otro asunto para preguntarle por la comparecencia de mi cliente, Luis Bárcenas, en este juzgado.

- ¿Qué quiere saber?

- Verá, es que me ha pedido si puede venir a declarar antes de las fechas que usted ha anunciado. Tiene que acudir a la Audiencia Nacional pasado mañana, viernes, ya que está citado por otro juez, y prefiere comparecer ante usted el mismo día para no tener que venir dos veces. De todas maneras, le puedo decir que será muy breve.

Gómez Bermúdez no ve razón para decir que no. Y pide a su secretaria que fije la nueva fecha en una providencia. Es citado a declarar el viernes 22 de marzo a las 12,00 horas, después de la hora fijada para su comparecencia ante el juez Ruz.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción dejan saber a varios medios de comunicación que es una situación bochornosa, esperpéntica, dos jueces luchando a brazo partido para tomar declaración a Bárcenas. Y afirma que ya se ha opuesto a la declaración del extesorero que el juez Gómez Bermúdez ha anunciado al admitir la querella de Izquierda Unida.

En paralelo, trasciende en la Audiencia Nacional que el juez Gómez Bermúdez podría enviar a prisión a Luis Bárcenas al término de su comparecencia del viernes 22 de marzo. Las informaciones precisan que el juez, al contemplar las alternativas, redacta el borrador de un auto de prisión, en el que admitiría una libertad bajo fianza de 38 millones de euros, la suma que Bárcenas dice tener en el extranjero al prestar declaración exclusivamente sobre sus cuentas en Suiza ante el juez Ruz el 25 de febrero de 2013.

El diario El Mundo titula el jueves 21 de marzo con la palabra «Esperpento». Dicho periódico considera a Gómez Bermúdez como el verdugo de su teoría de la conspiración sobre el 11-M, una teoría según la cual el atentado podría ser el producto de una imaginaria relación entre la banda terrorista ETA y el comando terrorista islamista. Gómez Bermúdez ha sido el presidente del tribunal y ponente de la sentencia sobre la masacre de Atocha.

Esa misma mañana del jueves 21 de marzo, a primera hora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llama por teléfono a Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Es un rato antes del pleno que ese día tiene previsto celebrar el Consejo, y del cual está informado Rajoy.

El presidente del Gobierno está interesado, a veinticuatro horas de la doble comparecencia judicial del extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, en conocer la disputa entre jueces que tiene lugar en la Audiencia Nacional por la competencia del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. Está interesado por el esperpento, hábil presentación del asunto. Moliner le explica que no conoce los antecedentes del problema y que, por tanto, no sabe si el CGPJ debería actuar.

Tras recibir la preocupación de Rajoy, el presidente del CGPJ quiere conocer la situación procesal, un tema que le es bastante ajeno. Llama, pues, a una persona de confianza. Se trata de su amigo Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Aunque el tema de Gürtel y Bárcenas lo lleva la Fiscalía Anticorrupción, Zaragoza sabe lo que pasa. Le explica a Moliner que no hay todavía planteada una cuestión de competencia en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y que, por tanto, los dos jueces siguen instruyendo las causas hasta que se plantee la cuestión. La conclusión es que el CGPJ nada puede hacer. Moliner, por su parte, mantiene su discreción sobre la llamada de Rajoy entre los miembros del CGPJ. El pleno se celebra sin problemas. Más tarde, Moliner comenta con una persona de su confianza en el CGPJ, la llamada del presidente del Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción recurre esta misma mañana del jueves 21 de marzo la decisión del juez sobre el cambio de día en la citación de Bárcenas y apela directamente a la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver los recursos del Juzgado nº 3, el de Gómez Bermúdez. Como no cabe legalmente recurso de apelación ante la providencia, el juez se abstiene de tramitar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción ante la sala. Pero el fiscal Antonio Romeral, a cargo del asunto, acude directamente a la sección segunda, integrada por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López. Uno de ellos, Enrique López, ha colaborado directamente con el PP en la Fundación FAES y ha sido candidato del partido para ser magistrado en la próxima renovación, largamente pendiente, del Tribunal Constitucional. Romeral les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez. Invoca la existencia de un conflicto de competencia. Sin embargo, no pide, en atención a ese conflicto, la suspensión de la declaración de Bárcenas ante Ruz, ya que el tema estaría, en teoría, por decidir.

La sección segunda, en tiempo récord, acoge la suspensión cautelar, un paso procesal inventado ad hoc, y en menos de una hora prohíbe a través de un brevísimo auto al Gómez Bermúdez tomar declaración a Bárcenas al día siguiente.

¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Acaso puede acudir un fiscal sin previo aviso a la sección segunda? ¿Cómo se puede poner en marcha una operación que funciona como un mecanismo de relojería en pocas horas de la mañana del jueves 21? ¿Se puede pasar por encima del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del presidente de la sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska? ¿Quién avisa a la sección segunda de lo Penal, al presidente de la misma, Ángel Hurtado, o a Enrique López, el candidato oficial del PP al Tribunal Constitucional, de que reciban el escrito de Romeral?

Se trata, por supuesto, de una operación donde cada uno juega su papel sin pérdida de tiempo. La sección segunda está debidamente alertada para que haga lo que tenga que hacer. Impedir la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez. El juez está tomando una caña con Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, varios fiscales, un policía y un guardia civil, cuando recibe un mensaje, sobre la 1,30 horas, de que la sección se ha reunido para decidir la suspensión de la declaración de Bárcenas en su juzgado. A las 15 horas llega a su secretaría el auto de que se ha suspendido esa declaración.

Como la sala de lo Penal no tiene soberanía aún sobre el conflicto de competencia -el juez Ruz no ha contestado ese jueves 21 la petición de inhibición que le ha dirigido Gómez Bermúdez-, da así, con esta resolución, un golpe de mano sin precedentes en la Audiencia Nacional. La declaración, pues, no tiene lugar.

El mismo jueves 21, al recibir noticias de lo que ocurre en el CGPJ y la Audiencia Nacional, empiezo a escribir una información para el diario El País. El periódico ha recibido noticias coincidentes. Una consulta a La Moncloa y al CGPJ logra los mismos resultados. Desmienten la llamada telefónica de Mariano Rajoy a Gonzalo Moliner.

Bárcenas explica esa noche del viernes 22, tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional, que se ha creado una situación «kafkiana» en la que dos jueces le han llamado a declarar el mismo día y que en adelante ya no está dispuesto a prestar declaración, ya que ni siquiera sabe de los delitos que le imputan. Él es quien ha «creado la situación», el «esperpento», al solicitar su letrado anticipar la declaración ante Gómez Bermúdez para no tener que acudir dos veces a la Audiencia Nacional. Ahora, es él quien saca partido de estos hechos.

Aunque existen cada vez más indicios de que la comunicación entre Rajoy y Moliner ha tenido lugar, escribo un artículo para El País ese viernes 22, que se publica al día siguiente, sábado 23 de marzo, sin mencionar dicha comunicación.

He aquí el texto:

Que la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estaba predispuesta a darle la competencia al juez Pablo Ruz para investigar los llamados Papeles de Bárcenas, el extesorero nacional del PP, en el marco del caso Gürtel, no es un secreto. Que lo hará cuando toque, quizá a finales de la semana próxima, tampoco es difícil de adivinar. Ahora bien, cuando lo que está en juego es la investigación de una trama de corrupción que afecta al partido en el Gobierno, es necesario extremar más que nunca el respeto escrupuloso de la ley y las normas procesales. Problema: la Fiscalía Anticorrupción y la sección segunda han cocinado un golpe de mano sin precedentes en la Audiencia Nacional al anular el pasado jueves mediante una operación fulminante la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Bermúdez. ¿Que el fin de garantizar la competencia para el juez Ruz justifica los medios usados? La respuesta es: de ninguna manera.

Veamos la secuencia de los hechos. Bárcenas estaba citado a declarar ante el juez Gómez Bermúdez el próximo lunes. El pasado miércoles, Alfonso Trallero, abogado del extesorero del PP, se presenta ante el juez y le pregunta si tiene inconveniente en que su cliente declare el viernes (por ayer), ya que estaba citado a declarar ante el juez Ruz. El juez no ve obstáculo y dicta una providencia en la que da cuenta del cambio de día.

La Fiscalía Anticorrupción fabrica la imagen del «esperpento», un producto que vende, mediante sus medios de comunicación afines y un recurso de apelación fantasma (porque no cabe) contra la providencia, a la sección segunda de la sala de lo Penal. Esta, bien preparada, se reúne de urgencia y resuelve a través de un auto la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas ante el juez Gómez Bermúdez.

No existe precedente de este tipo de irrupción «cautelar», en esta fase procesal, como elefante en cacharrería. El auto lo deja en evidencia. No puede citar ningún precepto legal. Se limita a disfrazar su decisión con una apariencia legal, al invocar el artículo 22 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que presenta de facto manipulada, adulterada, quizá por la premura. Sostiene que Bermúdez solo podría adoptar medidas «urgentes». Y que la declaración de Luis Bárcenas no lo es.

¿Es acaso verdad? De ninguna manera. Dice la ley: «Cuando dos o más jueces de instrucción se reputen competentes para actuar en un asunto, si a la primera comunicación no se pusieren de acuerdo sobre la competencia, darán cuenta con remisión de testimonio al superior competente; y este, en su vista, decidirá de plano y sin ulterior recurso cuál de los jueces instructores debe actuar. Mientras no recaiga decisión, cada uno de los jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia».

Está, pues, muy claro. Apliquemos la ley. Uno: no ha recaído decisión, es decir, el tema todavía no está en manos del tribunal superior, esto es, la sala; ergo, no puede hacer un intervencionismo forzado. Dos: los jueces pueden seguir practicando las diligencias, las necesarias y las otras «urgentes».

¿Y quién puede negar que entre las diligencias necesarias está, ante todo, la de llamar a prestar declaración al imputado? El paso de Gómez Bermúdez por esta historia será breve. Pero sus decisiones han tenido el mérito de retratar a todos, aunque solo sea por el pánico que ha diseminado aquí y allá. A la Fiscalía, que primero consideró inconexos el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas; al juez que rechazó incorporar esos papeles, como pedía el Partido Socialista de Valencia; y al PP, que está personado y que consideró también que ambos asuntos carecían de conexidad. Han descubierto la conexidad cuando apareció el juez Gómez Bermúdez. Bienvenida sea la conexidad, pero no los medios para apartar a otro juez cuando todavía no era el momento procesal oportuno.

El viernes 22 de marzo, el juez Ruz contesta la solicitud de inhibición que le ha dirigido a comienzos de semana Gómez Bermúdez. Se reafirma en que él es competente y se apoya para justificar su competencia en una serie de indicios que aporta la Policía Judicial sobre las relaciones entre el caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. El lunes 25 de marzo, Gómez Bermúdez redacta el auto en el que eleva a la sala de lo Penal el conflicto de competencia. Según explica, la trama de empresas del caso Gürtel, donantes del PP, «es una parte del todo». El juez explica, también, que el PP es acusador en las diligencias del caso Gürtel que lleva el juez Ruz, «de modo que no puede ser investigado en una pieza separada porque es incompatible su posición activa y pasiva en el mismo proceso». El juez recuerda que el 11 de marzo de 2013 el PP se opone a pedir a la UDEF informe sobre las conexiones entre Gürtel y los Papeles de Bárcenas. Y más tarde recurre la decisión. Solo desiste del recurso cuando conoce que Gómez Bermúdez ha admitido la querella de Izquierda Unida a trámite.

El presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Malaska, tras recibir la cuestión de competencia, adopta el acuerdo, el lunes 25 de marzo, de que la que resuelva sea la sección tercera de la sala de lo Penal. Según explica en el expediente gubernativo, la sección segunda, la que ha prohibido la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez, será la encargada de juzgar el caso Gürtel una vez que se termine la instrucción y se abra el juicio oral. Solo queda para resolver el problema de la competencia, una sección sin «contaminar» por decisiones adoptadas durante la instrucción: la tercera.

La sección tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, y las juezas María de los Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, convoca a una vista pública para el día martes 26. La prisa es mala consejera. Porque se salta las 24 horas que debe dar a las partes antes de la sesión. Al advertírsele, cambia la fecha para un día después, el miércoles 27 de marzo de 2013. La decisión es un plato precocinado. El mismo día, tras la vista, la sección tercera, baja el pulgar contra Gómez Bermúdez y ofrenda a Ruz con la investigación con el argumento de que hay conexidad, sin mayor análisis.

La magistrada Clara Bayarri discrepa. Explica en un voto particular que la causa de los Papeles de Bárcenas, recogida en la querella de IU, corresponde al juez Gómez Bermúdez, y desmenuza los argumentos que ha dado el citado magistrado contra los indicios de conexidad. Mientras el juez Ruz pretende investigar los sobresueldos a dirigentes del PP, explica la magistrada, Gómez Bermúdez pretende indagar en «las operaciones fraudulentas relativas a la existencia de una correspondencia entre entradas de dinero procedente de empresas y empresarios y la adjudicación de obra pública o contratos con la administración en el mismo entorno temporal, de modo que los empresarios querellados, así como los gerentes y tesoreros del Partido Popular durante la fecha a la que los hechos de la querella se refieren, son los imputados en las diligencias». También deja constancia del hecho anómalo de que se puedan considerar ambos casos un mismo asunto cuando el PP ejerce la acusación particular contra Francisco Correa en el caso Gürtel mientras que en la querella de IU aparece como querellado.

Con todo, la decisión de la sección tercera no admite recurso.

El juez Javier Gómez Bermúdez tiene una aparición fugaz de un mes en las diligencias, pero su papel de actor de reparto es un revulsivo. Moviliza a todas las fuerzas del averno contrarias a profundizar en la investigación, pero al tiempo abre el camino al caso Bárcenas.

La causa, pues, sigue su camino. El juez Ruz, en una de sus primeras medidas posteriores a la confirmación de su competencia, rechaza un recurso extemporáneo de Francisco Correa, al que se unen Luis Bárcenas, Alfonso García-Pozuelo, Adolfo López Viejo y Alfonso Bosch, para anular todo el caso por la presunta vulneración de derechos fundamentales de las grabaciones que José Luis Peñas y su abogado, Ángel Galindo, aportan a la policía judicial aquel ya lejano 7 de noviembre de 2007, y que abrieron el camino a la investigación. Bárcenas y Correa han hecho ahora un pacto más amplio: amenazan con tirar de la manta juntos.

Estamos al comienzo del caso del Gran Recaudadador.

El caso Bárcenas

Ernesto Ekaizer

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30/05/2013