SINOPSIS

En su autobiografía Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Eric Hobsbawm escribió que América Latina era la única región del mundo fuera de Europa donde se sentía realmente en casa. Siempre se sintió atraído por el potencial de la revolución social en América Latina: después del triunfo de Fidel Castro en Cuba en enero de 1959, «no había un intelectual en Europa ni en Estados Unidos» –escribió- «que no cayera bajo el hechizo de América Latina, un continente aparentemente burbujeante de la lava de revoluciones sociales».

El Tercer Mundo «trajo la esperanza de la revolución de vuelta al Primero en la década de 1960». Las dos grandes inspiraciones internacionales fueron Cuba y Vietnam, «triunfos no solo de la revolución, sino de David contra Goliat, de los débiles contra los todopoderosos». América Latina, pues, estuvo siempre presente en la vida y en la obra de Eric Hobsbawm, y a ella dedicó muchos de sus trabajos.

ERIC HOBSBAWM

¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

Sobre América Latina

Edición y compilación del texto original

LESLIE BETHELL

Traducción de

ALFREDO GRIECO Y BAVIO

Prefacio

Antes de morir a los noventa y cinco años, Eric Hobsbawm reunió en Cómo cambiar el mundo (Crítica, 2011) los escritos que, de 1956 a 2009, había dedicado a Marx y el marxismo. Al mismo tiempo organizó una recopilación de sus textos y conferencias (de 1964 a 2012) sobre cultura y sociedad en el siglo XX, que se publicó, ya de manera póstuma, en Un tiempo de rupturas (Crítica, 2013). Por último, comunicó su deseo de que viera la luz una compilación de sus artículos, ensayos y reseñas sobre América Latina. Los albaceas literarios de Eric, Bruce Hunter y Chris Wrigley, invitaron a Leslie Bethell —historiador especializado en América Latina y amigo de Eric durante más de cincuenta años— a localizar, seleccionar y editar los escritos de Eric sobre la región, desde un artículo del New Statesman sobre la Revolución Cubana (de octubre de 1960) hasta el capítulo sobre el Tercer Mundo (y en especial, América Latina) de su biografía Años interesantes: una vida en el siglo XX (Crítica, 2003), así como a redactar una introducción sobre los cuarenta años de relación de Eric con América Latina. Marlene, la viuda de Eric, apoyó el proyecto con entusiasmo.

Keith McLellan tuvo la generosidad de proporcionar al editor su bibliografía de los escritos de Eric Hobsbawm (hasta febrero de 2010). Andrew Gordon, el agente de Eric en David Higham Associates, junto con sus asistentes Marigold Atkey y David Evans, emprendieron la digitalización de muchos de los textos. En Little, Brown, Zoe Gullen preparó el libro para la publicación y Sarah Ereira compuso el índice.

Introducción

Eric y América Latina

por LESLIE BETHELL¹

En su autobiografía Años interesantes. Una vida en el siglo XX,² publicada en 2002 cuando él tenía ochenta y cinco años, el historiador Eric Hobsbawm (1917-2012) escribió que la única región del mundo, fuera de Europa, que él tenía la impresión de conocer bien y donde se sentía como en casa, era América Latina.

Eric se había sentido atraído por América Latina inicialmente más de cuarenta años antes por su potencial para la revolución social. Luego del triunfo de Fidel Castro en Cuba en enero de 1959, y más todavía luego de la derrota del intento de los Estados Unidos por deponer a Castro en abril de 1961, «no hubo en Europa ni en Estados Unidos intelectual que no sintiera el hechizo de Latinoamérica, un continente al parecer en plena ebullición con la lava de la revolución social».³ En una introducción inédita a un libro sobre las revoluciones en el siglo XX, Eric escribió (en enero de 1967):

La segunda guerra mundial produjo una suerte de reacción en cadena de movimientos de liberación revolucionarios […] El movimiento de liberación finalmente comenzó a avanzar en el imperio informal de la potencia capitalista sobreviviente más grande y más poderosa, entre los países nominalmente independientes, pero en la práctica semicoloniales, de América Latina. En este caso, los movimientos revolucionarios no lograron desarrollarse más allá de guerras civiles anárquicas (como en Colombia luego de 1948) o tener éxito en las circunstancias bastante excepcionales de Bolivia (1952). Sin embargo, la victoria de Fidel Castro en Cuba (1959) pronto crearía el primer régimen socialista en el continente americano, y abriría allí una época de agitación que todavía no ha concluido [cursiva del editor].

Fue sobre todo la expectativa, o la esperanza, de que habría una revolución social, o al menos un cambio social importante, en especial en Perú y Colombia, brevemente en Chile, luego en América Central y en Venezuela, finalmente en Brasil, lo que mantuvo el interés de Eric en América Latina durante las décadas siguientes.

Como miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña [PCGB] desde sus días de estudiante en Cambridge, a finales de la década de 1930, el verano de 1960, Eric visitó Cuba invitado por Carlos Rafael Rodríguez, una figura relevante del Partido Comunista Cubano que se había unido al Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra y se había vuelto uno de los aliados más cercanos a Castro. Eric acababa de pasar tres meses en la Universidad de Stanford, y en La Habana hizo causa común con dos amigos de Estados Unidos, los economistas marxistas Paul Sweezy y Paul Baran, editores de Monthly Review. Fue, recordaría luego, «el año de irresistible luna de miel de la joven revolución».⁴ Al regresar a Londres en octubre, además de presentar un informe ante el Comité de Asuntos Internacionales del PCGB, escribió un artículo para New Statesman⁵ en el cual describió la revolución cubana como «un espécimen de laboratorio único en su tipo (un núcleo de intelectuales, un movimiento de masas de campesinos)»; algo «notablemente alentador y que se hace querer», que «excepto que los Estados Unidos intervengan militarmente» hará de Cuba, «muy pronto», «el primer país socialista en el hemisferio occidental».⁶

En abril de 1961, junto con Kenneth Tynan, el crítico de teatro, movilizaron a la crema y la nata para firmar una carta a The Times que denunciaba la agresión de los Estados Unidos contra Cuba. Ambos organizaron una manifestación en solidaridad con el pueblo cubano en Hyde Park, memorable, según recordó luego Eric, por haber sido «la mayor concentración de muchachas despampanantes —presumiblemente del teatro y las agencias de modelos— que vi en una manifestación política».⁷ Eric fue también miembro fundador del Comité Británico-Cubano y volvió a visitar Cuba entre diciembre de 1961 y enero de 1962 con «una delegación de la izquierda británica integrada, como era habitual, por: un diputado de la izquierda laborista; un grupo de activistas a favor del desarme nuclear unilateral; un tipo duro, normalmente un líder sindicalista de la línea del Partido, no exento de interés en echar un polvo con alguna extranjera; el singular conspirador radical; militantes del PC, etc.».⁸

Curiosamente, aparte de un puñado de observaciones en una crónica entretenida en el Times Literary Supplement [TLS] del Congreso Cultural de La Habana de 1968, una reunión heterogénea de quinientos intelectuales de la nueva izquierda internacional de setenta países, y unas pocas páginas en Historia del siglo XX,⁹ su relato del breve siglo XX, Eric escribió muy poco sobre el progreso de la revolución cubana en la década de 1960, o luego. En el TLS describió a Cuba como «un país asediado y heroico, y también notablemente atractivo aunque sea solo porque es de manera visible uno de los escasos Estados del mundo cuya población simpatiza con el gobierno y cree en él. Además, el estado actual de las actividades culturales, libre y floreciente, los admirables logros sociales y educativos y su encantadora excursión a la utopía antimaterialista difícilmente pudiera dejar de atraer a los intelectuales».¹⁰ Sin embargo, a pesar de todos sus logros, a finales de la década de 1960 Cuba no era exactamente una vidriera de revolución socialista exitosa en América Latina. Y pronto ya no sería cierto que «aquellos a quienes no les guste son libres de emigrar». Más aún, como veremos, Eric fue un crítico feroz de los movimientos guerrilleros que la revolución cubana inspiró en la región y más allá.

El 31 de octubre de 1962 Eric inició su primer viaje a América Latina continental, una visita de tres meses a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Colombia.¹¹ Había recibido una beca de viaje de la Fundación Rockefeller para investigar las formas «arcaicas» de revuelta social, el tema de su libro reciente Rebeldes primitivos,¹² que se ocupaba principalmente del sur de Europa. En su solicitud de beca había argumentado que en América Latina las élites locales habían aceptado hace tiempo las ideologías y los partidos políticos «modernos», sin que eso tuviera gran impacto, aparentemente, en las masas, cuya irrupción en la conciencia política había sucedido solo en décadas recientes. Por lo tanto, él esperaba encontrar en América Latina no solo «muchos movimientos arcaicos genuinos» sino también «combinaciones de lo superficialmente moderno con lo arcaico». Estas combinaciones eran, desde su perspectiva, malinterpretadas siempre:

[…] como cuando se describió el movimiento de Gaitán como «liberal» porque resultó que su líder operaba dentro de uno de los partidos colombianos tradicionales, o «fascista» en el caso de Perón [en Argentina], o muy probablemente «comunista» en el caso de los movimientos castristas […] Como demuestra la indeterminación ideológica de las élites intelectuales en las décadas recientes (por ejemplo, el cambio de etiquetas y la cooperación de elementos nominalmente trotskistas, peronistas, comunistas, etc., en Bolivia), la descripción en los términos de los elaborados movimientos europeos del siglo XX puede ser más engañosa que iluminadora.¹³

Tras regresar a Londres, entre abril y julio de 1963, Eric publicó una serie de artículos en Labour Monthly, New Society, Listener (los textos de dos emisiones para el Third Program de la BBC) y World Today (sobre la base de un texto académico que presentó en el seminario latinoamericano de Chatham House) en donde exploró el cambio demográfico, económico y social en América Latina desde la depresión de 1930 en el mundo, en particular la desintegración de las sociedades agrarias tradicionales (el colapso de «la vieja América Latina», «el final de la Edad Media») y el despertar político de las masas —la clase trabajadora urbana, los pobres de las ciudades y, sobre todo, los campesinos— en las décadas de 1940 y 1950. Eric había regresado de su primera visita a América Latina convencido de que estaba destinada a convertirse en «la región más explosiva del mundo»¹⁴ en la década siguiente. Varios países latinoamericanos, creía, estaban «maduros para la revuelta», por cierto, excepto quizá Argentina y Uruguay, maduros para la revolución social si esta se organizaba y dirigía de manera adecuada.

Le impresionaba en especial el potencial para la revolución de los movimientos campesinos en Perú y, principalmente, en Colombia, que eran «virtualmente desconocidos en el mundo exterior». Desde finales de la década de 1950 y con su punto máximo a comienzos de la de 1960, las sierras centrales y del sur de Perú habían sido testigos de la mayor insurrección y movilización política de los campesinos indígenas desde la rebelión de Túpac Amaru al final del período colonial. «Si existe un país que está listo para, y necesita, una revolución social», escribió Eric, «es Perú». En Colombia, de manera excepcional en América Latina, se había estado preparando una revolución social desde la década de 1920. «Lógicamente debería haber producido algo análogo al fidelismo, un régimen populista de izquierda que trabajaba en las inmediaciones de los comunistas.» El levantamiento en Bogotá en abril de 1948, el Bogotazo, fue «un fenómeno de proporciones revolucionarias». Pero sin alguien que lo dirigiera y organizara como una «revolución social clásica», fue abortado por el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, en la guerra civil y la anarquía que siguieron a continuación, los comienzos de lo que se ha denominado La Violencia, Colombia fue testigo de «la mayor movilización armada de campesinos (como guerrilleros, brigadistas de grupos de autodefensa [organizados por el Partido Comunista]) en la historia reciente del hemisferio occidental», acaso con la excepción de algunos períodos durante la revolución mexicana de 1910-1920. A comienzos de 1960 en Colombia continuaba una situación revolucionaria, argumentó Eric, y debido a su tamaño, su población, su «economía completa y equilibrada» y su ubicación estratégica entre el Caribe, América Central, Venezuela, las repúblicas andinas y Brasil, Colombia «puede marcar la diferencia en el futuro de América Latina, mientras que Cuba no parece tener muchas probabilidades de hacerlo».

En Brasil, Eric se había quedado conmocionado por el atraso económico y la pobreza que encontró en Recife, la primera ciudad que visitó en su viaje sudamericano. Pero también reconoció el potencial «inmenso» para la organización campesina del nordeste de Brasil, «esa vasta área de unos veinte millones de habitantes que le ha dado al país sus bandidos más famosos [y] sus revueltas campesinas». Las Ligas Campesinas, que encarnaron las primeras sacudidas de movilización política en el Brasil rural han estado activas desde 1955. El movimiento, sin embargo, «tenía poquísima presencia nacional» y, recordó luego, «que a todas luces ya había pasado su momento de gloria».¹⁵ A finales de la segunda guerra mundial, el Partido Comunista Brasileño (PCB) era el partido comunista más grande de América Latina. No obstante, fue declarado ilegal a comienzos de la guerra fría, en 1947. (Eric parecía no saber que el PCB estaba activo de todos modos, junto con los sacerdotes católicos progresistas, en la organización de los peones rurales en sindicatos en el nordeste.) En todo caso, en marzo de 1964, un año después de la visita de Eric, un golpe que condujo al establecimiento de una dictadura militar que duró veintiún años (1964-1985) destruyó la esperanza de una revolución social en Brasil.

Eric escribió relativamente poco sobre el potencial de revolución en Brasil. Por lo general, en cambio, se hizo tiempo para escribir un artículo agudo sobre la bossa nova, la novedad última de la música popular brasileña, para New Statesman. Era, escribió, «un cruce entre la música urbana brasileña y el jazz, criada en el mundo de playboys de la juventud dorada del Brasil […] [y] los músicos profesionales que tienen más ocasiones de rozarse con músicos visitantes llegados de Estados Unidos. […] Todo estudioso del jazz lo observa con temor reverencial y con un sentido de la ocasión histórica. Porque la bossa nova es la primera conquista importante de nuevos territorios por el jazz […] [significativamente,] en el único país latinoamericano que parece haber entrado de modo irreversible en la moderna civilización industrial». Y lo que es más, concluyó, «no solo va a durar, sino que se va a desarrollar».¹⁶

Desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la de 1970, las posibilidades de una revolución social (en Hispanoamérica, ya que no en Brasil) fueron el centro de la producción de Eric sobre América Latina. En un ensayo acerca del papel de los campesinos y los migrantes rurales en la política, argumentó que la clase trabajadora urbana y los pobres de las ciudades de América Latina, el «enorme proletariado y subproletariado, siempre en expansión» de «migrantes internos» y «campesinos desplazados», eran «una fuerza potencialmente explosiva» por su pobreza, su inseguridad y sus condiciones de vida espantosas. En su mayoría, sin embargo, eran políticamente «inmaduros», bastante pasivos y más fáciles de movilizar, desde arriba, por partidos y políticos populistas (Haya de la Torre y el APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, Perón en Argentina, Vargas en Brasil) que por la izquierda, comunista o no.¹⁷ Por lo tanto, Eric escribió llamativamente poco sobre los trabajadores urbanos de América Latina. Estaba más interesado en el papel potencialmente revolucionario de los movimientos campesinos organizados, en particular en los Andes.

En artículos académicos basados tanto en observaciones de primera mano como en las investigaciones publicadas en un libro colectivo editado en París, Les problèmes agraires des Amériques Latines (1967), en Journal of Latin American Studies (1969) y en Past and Present (1974), se concentró en la provincia de La Convención, en la región del Cuzco, en las sierras centrales del Perú, donde el sistema neofeudal de la hacienda colapsaba («ojalá que para siempre») ante las movilizaciones de campesinos, las invasiones y las ocupaciones de tierras. «Potencialmente, siempre desempeñó un papel decisivo en la vida nacional», concluyó, «aunque en la práctica por lo general contara poco». Las revoluciones campesinas solo tenían efecto, advirtió, «bien cuando unifican y movilizan a una cantidad suficientemente grande de áreas políticamente cruciales, mediante la organización y el liderazgo, probablemente revolucionario, o cuando la estructura y la crisis nacional es tal que algunos movimientos campesinos regionales estratégicamente ubicados pueden jugar un papel decisivo. Esto sucedió en México en 1910-1920 con los norteños de Pancho Villa […] y con los seguidores de Zapata […] en Morelos […] Ninguna de estas cosas sucedieron en Perú».¹⁸

En un ensayo sobre los movimientos campesinos en Colombia, escrito en 1969 pero publicado por primera vez en 1976, Eric argumentó que Colombia tenía «un récord de acciones armadas y violencia de los campesinos (es decir, guerra de guerrillas), acaso solo superado por México», pero hasta mediados del siglo XX relativamente pocos movimientos sociales del campesinado como clase. En este ensayo rastrea la historia de los movimientos campesinos colombianos, «atípicamente descentralizados y desestructurados, [pero] sin embargo extremadamente poderosos» desde la década de 1920 hasta el Bogotazo de 1948, con cierto énfasis en la influencia del Partido Comunista. (En 1935, recuerda, ¡el Partido colombiano se quejó ante el Comintern de que la mayoría de sus miembros eran indígenas y campesinos y no trabajadores urbanos!) Pero aunque la resistencia campesina perduró más allá de 1948, en 1969 Eric era menos optimista que lo que había sido en 1963 sobre las posibilidades de una revolución en Colombia. «En lugar de una revolución social, o un régimen populista, había anarquía y guerra civil. Las esperanzas de la izquierda quedaron sepultadas por La Violencia».¹⁹

Eric creía que en la década de 1960 y los comienzos de la de 1970 la elección en América Latina no era entre el cambio gradual y la revolución, sino entre la revolución y el estancamiento o el caos. Aunque fue una inspiración para todos los revolucionarios sociales, la revolución cubana no tenía muchas probabilidades de ser copiada en otros sitios de América Latina: «Sus condiciones fueron peculiares y nada fáciles de repetir», escribió.²⁰ Y en una serie de artículos en Socialist Register (1970), New York Review of Books (1971) y Latin American Review of Books (1974), Eric fue muy crítico con los movimientos inspirados en los cubanos durante la década de 1960 y comienzos de la de 1970 —por ejemplo— en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, como también en Uruguay y Brasil.²¹

La estrategia de los intelectuales jóvenes ultraizquierdistas de clase media que, inspirados por el ejemplo de Fidel Castro y Che Guevara (y los escritos del intelectual francés Régis Debray), creían que a lo largo y a lo ancho de América Latina las revoluciones se podían precipitar por la acción de pequeños grupos de militantes armados estaba, desde la perspectiva de Eric, «espectacularmente equivocada». Los numerosos focos guerrilleros estaban condenados al fracaso, como sucedió de manera unánime (excepto, como veremos, en Colombia). Si bien no había una receta única para una revolución latinoamericana, esta, creía él, no se realizaría por la sola voluntad. Para tener éxito necesitaría la combinación de varios factores: guerrillas rurales, con una base campesina sólida (los movimientos guerrilleros de finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, escribió luego, «no entendían ni querían entender lo que realmente podría impulsar a los campesinos latinoamericanos para que tomasen las armas»);²² una insurrección urbana («No se puede tomar muy seriamente», escribió en un ensayo para Socialist Register, a los «revolucionarios que no logran desarrollar un programa […] para hacerse con las capitales»); con toda probabilidad fuerzas armadas disidentes y, sin duda indispensable, un análisis, organización y liderazgo políticos. En una reseña de Revoluciones modernas,²³ de John Dunn, Eric comentó que aunque Dunn no creía que Marx arrojara mucha luz sobre las revoluciones del siglo XX o sus consecuencias «él reconoce sin reservas que Lenin sigue siendo de lejos la mejor guía al modo en que sucedieron y que las revoluciones comunistas han sido de lejos las más formidables y exitosas».²⁴

Acaso Cuba fue un espejismo, pero no era necesario ser exageradamente negativo sobre las posibilidades del cambio radical político y social en América Latina. Las revoluciones no estaban «a la vuelta de la esquina», como pensaban Debray y Guevara, pero tampoco estaban «fuera del alcance de la política realista», escribió Eric. América Latina seguía siendo un continente revolucionario. Si se reconocía que existía más de un camino a seguir, las perspectivas de la izquierda serían alentadoras. La izquierda marxista, incluida la izquierda comunista (excepto tal vez en Colombia), siempre había entendido mal a América Latina y, por lo tanto, siempre había sido insignificante en la política de la región. En lugar de mantenerse ideológicamente pura —e ineficaz— se vio obligada a sacar el mejor partido posible de situaciones desfavorables e improductivas y juntar fuerzas con otros movimientos progresistas. Como escribió Eric en el artículo para New York Review of Books:

Con las raras excepciones de Cuba y Chile [donde Allende había sido elegido presidente en septiembre de 1970], la izquierda latinoamericana ha debido elegir entre una pureza sectaria ineficiente y sacar el mejor partido posible de una serie de malos compañeros: populistas civiles o militares, burguesías nacionales, o lo que fuere. Muy a menudo, la izquierda ha deplorado su fracaso para hallar un entendimiento con esos gobiernos y movimientos antes de que los reemplazara algo mucho peor.

Eric tenía más esperanza en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con el general Juan Velasco Alvarado, que había asumido el poder en Perú en octubre de 1968, que en cualquiera de los movimientos guerrilleros latinoamericanos de ese momento. Perú era «un país cuya injusticia social y su indigencia sin atenuantes helaban la sangre», escribió en New York Review of Books, en una reseña de varios libros sobre Perú escritos antes de la toma de poder por parte de los militares. «Si había un país en el mundo que necesitara, y necesita, una revolución, era este. Pero no había ninguna a la vista.»²⁵ Los movimientos campesinos y las ocupaciones de tierras de finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 habían causado el colapso del sistema serrano de la hacienda pero, como él escribió en su artículo sobre las ocupaciones de terrenos que hicieron los campesinos en Perú, en Past and Present, que «a diferencia del proletariado de Marx, la fuerza espontánea del campesinado, aunque capaz de matar el latifundismo, fue incapaz de cavar su tumba». Hizo falta un golpe militar (en 1968), «luego de varios años de titubeos, para enterrar el cadáver de las haciendas de las tierras altas».

Eric simpatizó desde el comienzo con el régimen militar antioligárquico y antimperialista de Perú, aunque siempre con una pizca de escepticismo. Fue el primero en reconocer a una masa de peruanos, los indios que hablaban quechua y vivían o habían llegado de los Andes, como ciudadanos potenciales, y el primero en instituir una reforma agraria radical, aunque impuesta desde arriba, sin movilización campesina. Pero, sin cuadros revolucionarios vinculados a las masas de la población, «¿es esta una revolución?», se preguntó. Luego de que el régimen revolucionario militar estuviera tres años en el poder, fue un poco más crítico, más pesimista. Sin embargo, a diferencia de la izquierda peruana, no lo dio por perdido. No había una perspectiva previsible de reemplazarlo si se mantenía unido. Y por cierto no existía la alternativa de una revolución de masas marxista.²⁶ En un artículo en el cual comparó la experiencia de la revolución militar de, entre otros, Perú y Portugal, y reconoció sus limitaciones políticas e institucionales, Eric insistió en que el Perú era «fundamentalmente diferente» de lo que había sido en 1967 y que «los cambios eran irreversibles».²⁷

Mientras tanto, en Chile la elección de Salvador Allende en septiembre de 1970 había abierto ante Eric la «perspectiva excitante» de una transición al socialismo sin precedentes, pacífica, por vía democrática. En un artículo escrito como un suplemento especial de New York Review of Books, manifestó su esperanza en el éxito de la Unión Popular, una coalición de socialistas y comunistas firmemente basada en uno de los movimientos obreros más sólidos de América Latina.²⁸ En privado creía que las probabilidades estaban en contra: seis a cuatro, acaso dos a uno en contra si se tomaba en cuenta su simpatía por Allende. El socialista enfrentaba tres años difíciles; acaso no sobreviviera; existía el peligro real de que lo derrocara un golpe militar con el apoyo de la burguesía chilena. Cuando el golpe sucedió, en septiembre de 1973, Eric escribió: «Por trágica que sea la noticia […] era esperada y fue anticipada. No sorprendió a nadie».²⁹ El gobierno de Allende no se había suicidado: lo habían asesinado. Como la izquierda latinoamericana en general, había subestimado el miedo y el odio de la derecha, su decisión de salir de la legalidad cuando la legalidad y el constitucionalismo ya no funcionaban a su favor y de correr el riesgo de la guerra civil. A Eric siempre le impresionó la facilidad con que «hombres y mujeres bien vestidos» desarrollaban un paladar para la sangre y la ferocidad de la violencia que estaban preparados para desencadenar.

La dictadura militar en Chile no era singular en América del Sur. Brasil había estado bajo mando militar desde 1964, Argentina desde 1966. (El regreso de Perón en 1973 trajo un respiro breve, pero los militares tomaron el poder de nuevo en 1976, y resultaron ser incluso más asesinos que los chilenos.) Hubo golpes militares en Bolivia en 1971 y en Uruguay en 1972, ambos apoyados por las Fuerzas Armadas brasileñas (como el golpe en Chile). Y en agosto de 1975 terminó la fase radical del régimen militar en Perú con la expulsión de Velasco y su reemplazo por una junta militar más convencional. Estos regímenes militares de los años setenta, caracterizados por «ejecuciones o masacres, oficiales o pseudooficiales; tortura sistemática de los detenidos y exilio en masa de los opositores políticos», fueron consecuencia, creía Eric, del miedo de las oligarquías locales a las masas urbanas movilizadas por los políticos populistas y los movimientos de la guerrilla armada rural inspirados por Castro, junto con el temor de los Estados Unidos a la propagación del comunismo en América Latina debido a la revolución cubana y en el contexto de la guerra fría. Todos los golpes de Estado sudamericanos fueron «apoyados con fuerza, acaso organizados, por los Estados Unidos».³⁰

La dictadura a la antigua del general Alfredo Stroessner, que había estado en el poder en Paraguay desde 1954, fue una excepción. Eric fue allí en 1975 y escribió un artículo para New York Review of Books al que le pusieron el desafortunado título de «Dictadura con encanto».³¹ El stronato era «la dictadura más prolongada y más derechista de todas las de América Latina», pero no había sido la más represiva de la oposición política (a menos de los miembros que no estaban ya encarcelados o en el exilio) y mayormente estaba preparada para permitir que los campesinos, las dos terceras partes de la población, siguieran adelante con sus vidas. «Según los estándares miserablemente modestos de los pobres sudamericanos», concluyó Eric, «no les ha ido demasiado mal». Sin embargo, en Años interesantes, confesó que había sido excesivamente amable con Paraguay, en gran parte porque era el único Estado latinoamericano que reconocía oficialmente un lenguaje indígena, el guaraní, y también porque descubrió que lo conocía el editor de «la Revista Paraguaya de Sociología, publicación en cierto modo inesperada en ese país», como el autor de Rebeldes primitivos. «¿Qué estudioso —preguntó— se podía resistir a la fama en Paraguay?»³²

Eric se había «convertido para siempre a América Latina».³³ Había hecho viajes regulares durante las décadas de 1960 y 1970, incluida una visita de seis meses en 1971 con Marlene y los niños —el período continuo más largo que pasó fuera del Reino Unido desde que llegó de Berlín en 1933— a México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.³⁴ Y en las décadas siguientes continuó viajando a América Latina, en especial a Perú, México, Colombia, Chile y Brasil, para dar conferencias, para participar en seminarios, para promocionar sus libros —traducidos todos al español y al portugués—, para recibir homenajes de las autoridades (por ejemplo, de la Legislatura de Buenos Aires, en 1998, en una ceremonia en el teatro San Martín a la que asistieron mil quinientas personas además de las setecientas que la miraron en una pantalla en la calle) y títulos honorarios (por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires en noviembre de 1998 y de la Universidad de la República, en Montevideo, en julio de 1999). En Años interesantes aseguró que había visitado todos los países de la región, excepto Venezuela y Guyana.

Se mantuvo interesado principalmente en la economía, la sociedad, la política y, sobre todo, el potencial revolucionario de América Latina. Al mismo tiempo, escribió: «Ni siquiera intenté resistirme al dramatismo y el colorido de las zonas más vistosas de ese continente, aunque en él se dan también algunos de los paisajes más inhumanos del planeta —el altiplano andino, donde la tierra casi no puede cultivarse, o la zona semidesértica del norte de México, con sus cactus erizados de púas— y algunas de las grandes ciudades más invivibles del mundo, como Ciudad de México y São Paulo».³⁵ Se hizo amigo de muchas figuras prominentes de la Academia y la cultura: por ejemplo, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, cuyos primeros escritos influyeron notablemente en el pensamiento de Eric sobre los campesinos en los Andes y La Violencia en Colombia; el historiador peruano Pablo Macera; el politólogo José Nun, con quien hizo un largo viaje al Chaco argentino; el novelista mexicano Carlos Fuentes; su editor brasileño Fernando Gasparian (en realidad, toda la familia Gasparian). Por él varios estudiantes graduados latinoamericanos asistieron a Birkbeck. América Latina, escribió en Años interesantes, «es un continente donde tengo muchos amigos y alumnos, con el cual me he vinculado por muchos años y que, no sé bien por qué, ha sido muy amable conmigo». América Latina también fue la única parte del mundo en la que no me ha extrañado conocer a presidentes pasados, presentes y futuros. De hecho, el primero al que conocí en el ejercicio de su cargo, el astuto Víctor Paz Estenssoro, de Bolivia, me mostró la farola de la plaza de La Paz situada frente a su balcón en la que fue ahorcado su predecesor Gualberto Villarroel por una muchedumbre de indios amotinados en 1946».³⁶

A partir de mediados de la década de 1970 Eric escribió relativamente poco sobre los problemas contemporáneos y las perspectivas revolucionarias de América Latina. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, por no hablar de América Central, vivían en dictaduras militares. El único país del que Eric se siguió ocupando fue Colombia. Un movimiento guerrillero a la vieja usanza, dirigido por el Partido Comunista y sostenido por el apoyo de los campesinos y los peones rurales, las «formidables y destructivas» Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían sobrevivido a la década de 1960 y habían cobrado fuerza en la de 1970 y los comienzos de la de 1980. Además, se le habían sumado otros movimientos guerrilleros: el Ejército Popular de Liberación (EPL), maoísta; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de inspiración cubana, y el Movimiento 19 de Abril (M-19). Pero la lucha armada no había logrado que Colombia se acercara a la revolución social. Parecía que el «estado endémico y sin sentido de cuasi guerra civil» nunca iba a terminar, hasta que en 1984 el presidente Belisario Betancur inició una política de paz negociada, al menos con las FARC y el EPL (los ultras del ELN la rechazaron), que desde entonces ha continuado a intervalos. Eric conversó con Betancur sobre la situación en Colombia (y también en América Central) en la residencia presidencial, para un artículo publicado en The Guardian.³⁷ Y los treinta y cinco años de guerra de guerrillas en Colombia, así como los problemas de una nación con «una tendencia completamente excepcional al homicidio» fueron el tema de un largo ensayo para New York Review of Books.³⁸

Sin embargo, Brasil resultó ser el país que atrajo la atención, y el afecto, de Eric cada vez más. Como a la mayoría de la gente, parece, a Eric le gustaban los brasileños. Escribió en Años interesantes: «Nadie que descubra Sudamérica puede resistir el atractivo de la región, sobre todo si el primer contacto que se tiene es con los brasileños».³⁹ Y vaya si los brasileños lo admiraron y lo valoraron. En mayo de 1975, durante la dictadura militar, había visitado Brasil por primera vez desde 1962 para asistir a una conferencia internacional sobre historia y ciencias sociales en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Según informó una de las revistas de actualidad más importantes, Veja (4 de junio de 1975), fue «la primera señal de resurrección de las ciencias sociales en Brasil luego de once años de silencio» [desde el golpe de 1964]. La conferencia reunió a varias «estrellas» internacionales, «la mayor de ellas —al menos si se juzga por la admiración que mostró el público—, el historiador Eric Hobsbawm».⁴⁰ Eric, que habló sobre «Movimientos prepolíticos en áreas periféricas», impresionó profundamente a una generación entera de historiadores y científicos sociales brasileños, y la amplia cobertura que su conferencia recibió en la prensa llamó la atención del público general. Descubrió que el marxismo no era solo la etiqueta de una minoría académica, sino la ideología preponderante entre los intelectuales brasileños más jóvenes.

Tras el fin de la dictadura, Eric visitó Brasil en diciembre de 1985, de vacaciones con Marlene. Y en junio de 1988 regresó a Unicamp para una conferencia que recordó el centenario de la abolición de la esclavitud en Brasil, y en la que presentó dos artículos: «Sobre el concepto de ciudadanía» y «Sobre el concepto de raza». En diciembre de 1992 habló al aire libre ante públicos de cientos de personas en Porto Alegre y en la Universidad Federal Santa Catarina en Florianópolis, y conversó acerca de política con Luíz Inácio «Lula» da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, en un restaurante de São Paulo. En agosto de 1995, nuevamente con Marlene, estuvo en Angra dos Reis y en Paraty (de vacaciones), São Paulo (para una conferencia pública en el Museo de Arte), Río de Janeiro (para una conferencia pública ante una concurrencia de mil personas, con otras cientos que se quedaron fuera en la fila para entrar, organizada por O Globo, el conglomerado de medios) y Brasilia (para reunirse con el presidente Fernando Henrique Cardoso). Y en 2003, en el primer Festival Literario Internacional de Paraty, en la costa, al sur de Río —donde él y yo compartimos una tarima—, recibieron a Eric (que tenía ochenta y seis años), increíblemente, como a una estrella del rock de visita: la gente en la calle le gritaba «Eric, Eric» (pronunciado Eriky), algunas mujeres incluso le pedían un beso («Eriky, Dê-me um beijo»). Las librerías de São Paulo y Río de Janeiro estaban, y están, llenas de sus libros, que son prácticamente superventas. En una ocasión aseguró que vendía más libros en Brasil que en cualquier otro país fuera del Reino Unido. «En Brasil soy importante», solía decir.

A Eric le interesaba la historia brasileña, desde luego, pero también el arte, la arquitectura, el fútbol («Quién, habiendo visto al equipo brasileño en sus días de gloria [1970]», escribió en Historia del siglo XX, «le negará [al fútbol] el estatus de arte») y, sobre todo, la música de Brasil. Una vez me dijo que pensaba que existían dos genios de verdad en la música popular del siglo XX: Duke Ellington y Antônio Carlos (Tom) Jobim. Cuando lo visité en el hospital en 2012, Eric (a la edad de noventa y cinco años) me recibió con novedades sobre un joven rapero negro brasileño, radical, Criolo, de quien debí confesar que nunca había oído hablar (y eso que en ese momento yo vivía en Brasil). Pero, como siempre, su interés principal era político. Brasil, parecía, era la última oportunidad de América Latina, si no para la revolución social, al menos para una transformación social de importancia.

En «¿Se ha detenido la marcha hacia delante del trabajo?», su influyente conferencia de 1978 en la biblioteca Marx Memorial, luego publicada en Marxism Today, Eric había argumentado que los movimientos sindicales europeos ya no podían jugar un papel transformador y que, en consecuencia, la izquierda socialista y socialdemócrata perdía base en todo el mundo. Pero dos años más tarde, en 1980, en Brasil se formó el Partido Trabalhista (PT), el Partido de los Trabajadores. Eric reconoció al PT como un partido socialista clásico con sus raíces en la organización sindical tal como habían surgido en Europa antes de la primera guerra mundial. Y de manera única en América Latina, y casi en cualquier otro lugar del mundo, era un partido socialista basado en la organización sindical que se estableció tras el fin de la segunda guerra mundial. Incluso aún más interesante, su líder, Lula, era un trabajador industrial. A la luz de la historia y la cultura políticas, y el sistema político, de Brasil (y de la derrota de la izquierda socialista en casi todas partes del mundo en este período), el crecimiento del PT en la década de 1990 fue un hecho notable. Aunque perdió tres elecciones presidenciales, Lula aumentó sus votantes del 17 % en 1989 al 27 % en 1994 y al 32 % en 1998. Además, en cada elección el PT aumentaba sus bancas tanto en el Senado como en la Cámara de diputados, y la cantidad de estados y ciudades importantes que controlaba. El crecimiento sostenido del PT bajo la dirección de Lula era suficiente, escribió Eric en Años interesantes, para «el primero, que llenará de gozo el corazón a todos los viejos rojos del mundo».⁴¹

Al reflexionar sobre su relación de más de cuarenta años con América Latina en Años interesantes, Eric reconoció que «la revolución esperada y en muchos países necesaria no se ha producido, estrangulada por los ejércitos nacionales y Estados Unidos, pero también por las debilidades internas, las divisiones y la incapacidad de muchos». Es más, agregó: «Ya no va a suceder».⁴²

Eric sintió cierta simpatía por Hugo Chávez en Venezuela, pero más por su oposición a los Estados Unidos, y por el hecho de que lo apoyaban los remanentes del Partido Comunista Venezolano, que porque confiara en que construiría una sociedad socialista en ese país. Nunca visitó Venezuela en el período de Chávez, y del mismo modo que me preguntaba mucho sobre Brasil cuando nos encontrábamos, le preguntaba a nuestro común amigo Richard Gott, el autor de un estudio acerca de los movimientos guerrilleros en América Latina, una historia de Cuba y una biografía de Chávez, sobre Venezuela. Cuando Chávez regresó al poder en 2002 luego del golpe en su contra, Eric le envió a Richard una postal que simplemente decía: «¿La Bahía de Cochinos[/Playa Girón] de Chávez?».⁴³

Entonces todavía existía, sin embargo, alguna esperanza para Brasil, aunque en los años posteriores a su derrota en la elección presidencial de 1998 el PT se había movido ininterrumpidamente hacia el centro (incluso eliminó la palabra «socialismo» de su programa) y la izquierda marxista, trotskista y socialista había sido expulsada o aventajada. Aun así, en octubre de 2002 conduje mi automóvil desde Oxford para festejar con Eric, en el jardín de su casa en Nassington Road, al norte de Londres, la elección de Lula como presidente, en su cuarto intento. Cuando ya no quedaba champán, Eric —que fue largamente optimista y mantuvo la esperanza en una revolución social en América Latina, pero luego, como vimos, fue cada vez más pesimista sobre las posibilidades de lograrla— me miró y me dijo: «Ahora supongo que esperamos que nos decepcionen una vez más». Esperamos, y nos decepcionaron.

Como historiador profesional, Eric se interesó principalmente en la Europa moderna. Pero, a partir de sus vastas lecturas y sus conversaciones con amigos y colegas intelectuales y académicos, acumuló un conocimiento asombroso de la historia del resto del mundo, en particular del tercer mundo: África, la India, China y, en particular, América Latina. La veía como un «laboratorio del cambio histórico», «un continente hecho para desautorizar las verdades convencionales», cuyo estudio enriquecía y desafiaba su perspectiva sobre la historia global. Casi todo lo que Eric escribió sobre América Latina tuvo una dimensión histórica, aunque hizo sus aportes destacados a nuestro conocimiento y comprensión de América Latina como un observador contemporáneo, un analista del cambio social y político a mediados del siglo XX, y en particular durante el período crítico posterior a la revolución cubana, y no como un historiador profesional. Nunca trató de convertirse en un historiador de América Latina, y nunca se vio a sí mismo como tal.

Su primer libro, Rebeldes primitivos, un estudio sobre las formas arcaicas de la protesta social organizada, la reforma y la revolución en los siglos XIX y XX, publicado en 1959, se centraba en el sur de Italia. No se tomaban ejemplos de América Latina, aunque en el prefacio hay una referencia a una obra maestra literaria, Os Sertões (1902), de Euclídes da Cunha, un «estudio clásico de la rebelión social primitiva» sobre la guerra de Canudos (1896-1897) en el interior del estado de Bahía, en el nordeste de Brasil. Y tanto el epílogo a la primera edición en castellano, en 1968, como en el prefacio a la tercera edición en inglés, en 1971, cita la investigación hecha desde 1959 sobre los movimientos milenaristas y mesiánicos, principalmente fuera de Europa, y en particular el trabajo de Maria Isaura Pereira de Queiroz sobre Brasil.

Eric amplió el primer capítulo de Rebeldes primitivos («El bandolero social») e hizo un libro, Bandidos,⁴⁴ publicado en 1969, que incorporó estudios de varios cangaçeiros del sertão (las zonas semiáridas) del nordeste de Brasil entre la década de 1870 y la de 1930, en especial de Virgulino Ferreira da Silva, el famoso Lampião. Los bandidos, o al menos los «bandidos sociales», no eran, argumentó Eric, meros delincuentes: eran campesinos proscritos. Y el bandolerismo, o al menos el «bandolerismo social», era una manifestación del descontento campesino, una forma de acción campesina. Le interesaba el surgimiento de los bandidos sociales en las sociedades agrarias tradicionales, su ligazón con los movimientos rurales mesiánicos y con los movimientos campesinos organizados. Podían ser precursores de movimientos sociales de importancia, que los absorbían, pero dada su relación ambivalente con las estructuras del poder local y sus limitaciones ideológicas y militares, con más frecuencia resultaron un sustituto e incluso impidieron que se formaran. «La contribución de los bandidos a la revolución moderna ha sido, pues, ambigua, dudosa y de corta duración. Ésta ha sido su tragedia».⁴⁵

En La era de la revolución (1789-1848)⁴⁶ (1962 [edición en inglés]), el primero de los cuatro volúmenes de Eric sobre la historia del mundo moderno desde la Revolución Francesa hasta el final de la guerra fría, había solo dos referencias al pasar a América Latina. Se tratan brevemente las revoluciones independentistas latinoamericanas, básicamente como reacciones a los hechos que sucedían en Europa, y «obra de pequeños grupos de patricios, soldados y afrancesados, dejando pasiva a la masa de la población blanca, pobre y católica, y a la india, indiferente y hostil. Tan solo en México se consiguió la independencia por iniciativa de un movimiento popular agrario, es decir, indio».⁴⁷ En La era del capital (1848-1875)⁴⁸ (1975 [edición en inglés]) hay algunas páginas sobre América Latina en el capítulo titulado «Los perdedores», en el cual Eric concluye que, a pesar de cierta explotación capitalista extranjera, principalmente británica, de los recursos naturales de la región «hacia la década de 1870 muy poco habían cambiado en el fondo las cuestiones de la tierra en América Latina, salvo que en tanto se robustecía el poder de los hacendados, se enervaba el de los labradores».⁴⁹ En La era del imperio (1875-1914)⁵⁰ (1987 [edición en inglés]), América Latina aparece principalmente en comentarios sobre las consecuencias negativas de la inserción de la región en la economía internacional y sobre las élites locales como agentes subordinados (y colaboradores) de la explotación extranjera. No obstante, se dedican cuatro páginas a la revolución mexicana, un «gran levantamiento social […] la primera de las grandes revoluciones ocurridas en el mundo colonial y dependiente en la que la masa de los trabajadores desempeñó un papel protagonista». Aquí Eric se ve influido por la obra de Friedrich Katz sobre el papel de Pancho Villa en el norte, y la de John Womack sobre el papel de Emiliano Zapata en el centro-sur.

Solo en Historia del siglo XX⁵¹ (1994 [edición en inglés]) América Latina aparece en un lugar destacado como parte del surgimiento del tercer mundo en la política revolucionaria del «siglo XX corto».⁵² Se consideran un poco la revolución mexicana; el movimiento estudiantil revolucionario en Córdoba, Argentina, en 1918 que, sostuvo Eric, pronto «se difundieron por América Latina generando líderes y partidos marxistas revolucionarios locales»; la «larga marcha» de Luís Carlos Prestes, el futuro líder del Partido Comunista Brasileño y los tenientes rebeldes a finales de la década de 1920; la resistencia a los marines de los Estados Unidos en Nicaragua, liderada por César Augusto Sandino (1927-1933); la breve «república socialista» en Chile en 1932 bajo el liderazgo del coronel «de espléndido nombre» Marmaduke Grove; la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú; en Colombia, los liberales y la tribuna de Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato en 1948 provocó una insurrección popular, el Bogotazo; la movilización política de los trabajadores urbanos bajo líderes nacionalista-populares: Getúlio Vargas en Brasil; Perón en Argentina; el Movimiento Revolucionario Nacional (MNR) en Bolivia y la revolución de 1952, que nacionalizó las minas de estaño e introdujo una reforma agraria radical; y por fin la revolución cubana y la tragedia del Chile de Allende.

Mientras tanto, Eric había escrito un largo ensayo en el cual argumentó que el desarrollo de la economía capitalista moderna mundial «generaba o regeneraba, en varios lugares y en varios momentos, relaciones sociales de dependencia no capitalistas [sino] claramente feudales». En el caso de América Latina, el fenómeno del «nuevo feudalismo», aunque a la vez marginal y transitorio, merecía atención seria en el período desde finales del siglo XIX a la crisis mundial de 1930, cuando América Latina se terminó de integrar completamente en la economía mundial capitalista/imperialista en expansión, pero no luego de la década de 1930, «salvo en circunstancias bastante singulares, como las que se dieron en los valles amazónicos del Perú entre la década de 1930 y comienzos de la de 1960 (por ejemplo, La Convención)».⁵³

También se interesó mucho en el nacionalismo, sobre el cual tenía opiniones muy negativas. En su libro Naciones y nacionalismo desde 1780 ⁵⁴ (Cambridge, 1990 [edición en inglés]), basado en las Conferencias Wiles que impartió en Queen’s University de Belfast en mayo de 1985, nada había tenido que decir acerca de América Latina. Sin embargo, colaboró con un ensayo sobre «Nacionalismo y nacionalidad en América Latina» en un liber amicorum dedicado a Paul Bairoch,⁵⁵ que se publicó en Ginebra en 1995. El ensayo concluyó: «Por ahora, América Latina es afortunada»: había ido escapando, como escribió en Años interesantes, a «la epidemia mundial del nacionalismo lingüístico, étnico y confesional».

Por último siguió revisando y ampliando su libro Bandidos. En la posdata a la tercera edición (1981 [en inglés]) y en el prefacio y la posdata a la cuarta edición (2000 [en inglés]), tuvo en cuenta parte de la amplia investigación sobre el tema que se realizó desde que el libro se publicó por primera vez en 1969 y respondió a algunos de sus críticos más convincentes, quienes se preocupaban principalmente por sostener que, a pesar de los mitos que los rodeaban —y el análisis de Hobsbawm, argumentaron, se apoyaba demasiado en las fuentes literarias—, la mayor parte de los bandoleros no eran necesaria ni típicamente rebeldes sociales, mucho menos revolucionarios. En una reseña de Bandidos: The Variety of Latin American Banditry, de Richard Slatta, publicada en Hispanic American Historical Review (1988), Eric describió el libro, «el primer enfoque abarcador del tema en América Latina», como, «en esencia, una crítica a mis escritos sobre el bandolerismo». Se sentía orgulloso de haber fundado toda una rama de la historia».⁵⁶

I. Primeras impresiones

1

Los horizontes de Cuba

Si Estados Unidos no interviene militarmente la isla, Cuba será muy pronto el primer país socialista en el hemisferio occidental. Casi el 70 % de su pequeña industria, casi todos los ingenios azucareros y el 60 % de la agricultura cubana (incluyendo el azúcar) están bajo control del Estado o en manos de cooperativas, así como también el comercio exterior. Ya operan más de dos mil tiendas del pueblo, casi todas en áreas rurales, que venden bienes de consumo a los campesinos a poco más que el costo. En los últimos tiempos la velocidad de la transformación se ha acelerado, muy visiblemente, con la expropiación de la banca y de las compañías petroleras norteamericanas, la nacionalización de la industria del tabaco y la toma de ingenios azucareros, grandes tiendas y fábricas textiles.

En este proceso conviene señalar dos aspectos. El primero es el abrumador apoyo popular que el gobierno ha sabido mantener —y aun aumentar entre los trabajadores— en todo momento. Un sondeo de opinión no oficial llevado a cabo en junio arrojaba la pasmosa cifra de un 88 % de encuestados que le daba al gobierno su apoyo total o virtualmente incondicional; en el campo, la cifra subía a un 94 %; entre los jóvenes de veinte a treinta años, subía a un 91 %; en la clase trabajadora, a un 92 %. Como contrapartida, la provincia de la capital La Habana le dio «solamente» un 72 % de apoyo total y acrítico al gobierno, desglosado en un 73 % para los empleados administrativos y oficinistas (una caída fuerte desde 1959), y un 61 % para la clase urbana de pequeños propietarios, ejecutivos y profesionales.

Preguntados por cuáles eran los mayores logros del gobierno, un 49 % mencionó en su lista la reforma agraria, un 42 % la creación de más escuelas y la provisión de más docentes, el 37 % la construcción de nuevas viviendas, rutas, etc.; un 30 % la baja del costo de vida urbano (por medio de cortes del 50 % en los alquileres, rebajas en la electricidad, etc.), y un 57 % mencionó una combinación inextricable de cosas que se puede llamar «liberación», «beneficiar y ayudar a los pobres», «prestar atención a los campesinos», «democracia y libertad», «paz, seguridad, y felicidad para todos», «cuidar al pueblo», «gobernar bien», «hacer una revolución real, que quiebra con el pasado», «justicia revolucionaria», y así.

Cuando se les preguntaba qué consideraban lo peor que había hecho el gobierno, las únicas quejas repetidas por más del 1 % de las respuestas se referían a arbitrariedades e incapacidades en la administración de la reforma agraria (2,5 %) y el supuesto procomunismo (1,5 %). Cuando se les preguntaba qué no había hecho el gobierno, los ciudadanos formulaban una serie de sugerencias, pero una gran mayoría —34 %— respondía simplemente «todo está perfectamente encaminado». A todos los que no estuvieron en Cuba, estas cifras bien les pueden parecer fabulosas e increíbles. A todos los que han visitado esa revolución notablemente alentadora y que se hace querer, los números no harán más que confirmar impresiones de todos los días.

El segundo hecho es que el socialismo claramente no era el objetivo elegido y deliberado del movimiento del 26 de Julio. Como la mayoría de los intelectuales latinoamericanos, los castristas originales estaban empapados de marxismo, pero la «tesis económica» del movimiento (1957) no era de ningún modo un documento socialista. Como tampoco la propaganda de la revolución enfatiza el socialismo. Se deja resumir en esta oración: «Una Cuba libre y próspera debe estar libre de imperialismo, pobreza e ignorancia». Los eslóganes que dan el tono —todas las revoluciones producen aforismos públicos con una profusión increíble— son o bien simplemente patrióticos, como «Patria o Muerte», «Hasta la victoria total», o «Cuba sí, Yanquis no»; o vagamente propobres como «Quien traiciona a los pobres traiciona a Cristo», o antimperialistas. Sin duda los socialistas del movimiento castrista y el influyente Partido Comunista tienen en la mira y en la mente un objetivo socialista. Pero en los hechos lo que lo impuso fue la fuerza de la necesidad práctica.

Todos los planes de mejora del gobierno requerían de una acción planificada. Las revoluciones no pueden esperar. En efecto, una amplia sección del cuerpo de oficiales del Ejército Rebelde pronto se trasmutó a sí mismo en el INRA (Instituto Nacional para la Reforma Agraria), organizando cooperativas y unidades estatales de explotación agropecuaria, construyendo casas y escuelas, administrando fábricas, planificando la industrialización y abriendo negocios. Una vez que Castro hizo el descubrimiento crucial de que los campesinos sin tierra no quieren en realidad minifundios propios, sino que pueden ser integrados de inmediato en unidades de producción más grandes, las abrumadoras ventajas técnicas de la agricultura planificada clamaban ser utilizadas y puestas en práctica. No la doctrina, sino la empiria, está volviendo socialista a Cuba.

La velocidad y la suavidad con las que hasta ahora se ha vivido la transformación se debe a una combinación de la buena suerte histórica de Cuba con la naturaleza clásicamente pura de la revolución cubana. Cuba tiene la fortuna de poseer un suelo fabulosamente fértil, subpoblado y escasamente cultivado que hace que sean posibles grandes aumentos inmediatos en la producción; así como unas comunicaciones abundantes (en especial la televisión) que pueden producir algo parecido a una democracia directa. El catolicismo es nominal, y más allá de lo habitual solo el 10 % de las mujeres asiste a misa. El hecho de ser un país hispanófono le permite a Cuba recurrir con facilidad a expertos de otros países de América Latina: la mayoría de los asesores económicos más importantes parecen ser chilenos. Pero sobre todo, un siglo de monocultivo ha salvado a Cuba de los problemas campesinos más difíciles de encarar. En breve, las peculiaridades de la esclavitud económica se han convertido en sus opuestos revolucionarios.

Al mismo tiempo, la revolución cubana no fue solo un espécimen de laboratorio único en su tipo (un núcleo de intelectuales, un movimiento de masas de campesinos), sino también una revolución que no resultó nublada por nociones preconcebidas. Mientras que muchos socialistas aceptaban la imposibilidad de avanzar directamente del latifundio a la cooperativa, Castro miró de frente los hechos cubanos. Y si bien treinta años de complejidades internacionales habían emborronado el problema del Estado y la revolución, los hombres de la sierra redescubrieron espontáneamente la solución clásica. Hasta los camareros de un café o un restaurante nos explican que Fidel Castro vio que las antiguas Fuerzas Armadas debían ser desmanteladas por completo y que el pueblo debía ser armado, si se quería evitar la parálisis de Betencourt en Venezuela o la derrota de Arbenz en Guatemala. Y así se dispersó al viejo Ejército. Una amplia guerrilla urbana (quizá, a juzgar por su aspecto, no la más formidable fuerza de combate que se haya visto) y cuatrocientos campesinos armados salvaguardan a la revolución de los exiliados y los condottieri caribeños. ¿Qué no daría la mayor parte de los gobiernos a cambio de sentirse tan políticamente libres, tan celosamente apoyados por las masas populares?

Tan notable ha sido hasta ahora ese apoyo masivo que las dificultades van a ser cada vez más subestimadas, en un exceso de cubautopismo. Y las dificultades son tanto técnicas como políticas, aunque las técnicas se verán disminuidas gracias a la obvia prontitud actual de la Unión Soviética y de China por mantener a flote la pequeña economía cubana. Después de todo, no cuesta mucho y el rédito político es enorme. No obstante, gran parte de la administración cubana es todavía un entrevero ineficiente que va a llevar algún tiempo reordenar. Políticamente el gobierno enfrenta, con un crecimiento y una orientación al socialismo veloces y en aumento, no solo la disidencia de la pequeña clase media y de los empleados administrativos y oficinistas urbanos, sino también alguna oposición de trabajadores y productores rurales. Y el programa económico no abre grandes posibilidades de un aumento de los salarios urbanos en los próximos años, mientras que el bloqueo norteamericano (que afecta especialmente la adquisición de repuestos y de la mayoría de los bienes de consumo durables) se siente muy intensamente en las ciudades. Cuán rápido puede avanzar una revolución en estas circunstancias —en la medida que la situación internacional no determine sus movimientos— es el problema mayor que afrontan los revolucionarios. Aunque en todo grupo siempre hay cautos y siempre hay audaces, mi conjetura es que (paradójicamente) los castristas se inclinan por darle mayor velocidad a la revolución, y los comunistas a ser más prudentes.

Sin embargo, ninguno de estos problemas es insuperable, o demasiado serio. Ninguno de ellos tiene la capacidad para producir, en un futuro próximo, un cambio en la opinión de los cubanos en favor de una contrarrevolución, que las políticas norteamericanas han identificado exitosamente con quintacolumnismo. No existe una explicación razonable de por qué mi amigo Pepe, anglófilo, de la izquierda bevanita, refugiado español y protestante, no debiera continuar explicando a todos los que quieran oír: «Esta es una revolución buena. No hubo baños de sangre, como en España. Ya nadie es torturado, nunca más. Gozamos de la ley. Este es el primer gobierno que hace algo por nosotros y que no le miente al pueblo».

A menos que, desde luego, el mundo permita que los norteamericanos conviertan a Cuba en otro Suez.

Octubre de 1960

2

Viaje sudamericano

Brasil: Recife

Cualquiera que quiera saber qué es un área subdesarrollada podría empezar por Recife, capital del empobrecido nordeste brasileño: esa vasta área de unos veinte millones de habitantes que dio al país sus más famosos bandidos y rebeldes campesinos, y que aún le da un flujo imparable de migrantes internos desnutridos. Recife tiene más de ochenta mil habitantes, lo que duplica con creces la población que tenía en 1940; la mitad de ellos vive en los inenarrables ranchos y chozas que rodean cada gran ciudad de Sudamérica, entre el olor característico de esos arrabales: basura y materia vegetal en descomposición. Cómo es que viven, nadie puede saberlo. Al igual que en la mayoría de otras ciudades sudamericanas, no hay una industria suficiente que sea capaz de absorber esas oleadas de migrantes.

En todas partes la pobreza es desesperante. La población luce como si nadie hubiera ingerido una buena comida en diez generaciones: embrutecidos, encogidos de tamaño y enfermos. Al mismo tiempo no faltan signos de rebelión. Los kioscos de diarios y revistas están llenos de bibliografía de izquierda: Problemas de la paz y del socialismo, China se reconstruye, y el periódico de las Ligas Campesinas, que son fuertes en estas partes. (Pero también sobreabundan las Biblias.) El estado del cual Recife es la ciudad capital acaba de elegir un gobernador bastante a la izquierda, en buena medida gracias al voto de los trabajadores urbanos. La población rural —descendientes de los antiguos esclavos de las haciendas azucareras y algodoneras, pequeños campesinos en el interior del estado— es en su mayoría analfabeta y por lo tanto no vota. El vigor de las ligas agrarias es desigual y no da la impresión de que últimamente hayan hecho muchos progresos, pero el potencial de la organización campesina es inmenso.

Las ligas agrarias han aprendido a hablar a los campesinos en su propio lenguaje. Se valen de los guitarristas itinerantes que conciben sus propias canciones como propagandistas, y su periódico imprime un «almanaque campesino» semanal, con los días de los santos, con sus «jornadas festivas» religiosas y laicas (como los aniversarios de las revoluciones rusa y cubana), una balada semanal, el horóscopo, consejos médicos para la salud y proverbios o «dichos famosos». Esta semana están tomados de la Biblia —aquel sobre el camello y el ojo de la aguja—, de san Ambrosio y de Fidel Castro. San Ambrosio, nos recuerda la cita, dijo que Dios creó todas las cosas para que los hombres las poseyeran en común; Fidel Castro, que los trabajadores no deben luchar solo por mejoras sino para ganar el poder. Si algún lugar del mundo necesita de tales y tan útiles consejos es esta terrible región.

Brasil: São Paulo

Es asombroso pensar que estoy en el mismo país que Recife. Se elevan altos los rascacielos, brillan las luces de neón, avanzan veloces a miles por las calles los automóviles (en su mayoría de producción nacional) en una anarquía típicamente brasileña. Pero sobre todo existe una industria capaz de absorber a las ciento cincuenta mil personas que cada año confluyen en esta ciudad gigante: nordestinos, japoneses, italianos, árabes, griegos. São Paulo es una especie de Chicago del siglo XIX: dura y audaz, rápida, dinámica, moderna —cualquier cosa de más de veinte años es historia antigua— y corrupta. Un importante político local [Ademar de Barros], hoy muy querido por los norteamericanos gracias a su anticomunismo, solía hacer campaña bajo un eslogan encantador: «Robo pero hago». Al mismo tiempo, São Paulo es la capital brasileña del movimiento sindical militante, dentro del cual el Partido Comunista es poderoso, especialmente entre los obreros mejor organizados y más cualificados. Técnicamente, el partido es ilegal; no puede hacer su propia lista de candidatos, aunque en la práctica —tales son las complejidades de la política brasileña— algunos candidatos se promocionan diciendo que cuentan con el aval de Luís Carlos Prestes, el famoso líder partidario.

La industrialización de São Paulo —un caso único en Sudamérica— da grandes saltos hacia delante. Pero uno no puede dejar de impresionarse por la delgadez de su base. El mercado interno para la industria brasileña es desesperadamente pobre: hasta las camisas y los zapatos se venden en cuotas. No existe mercado externo. La inflación hace que la expansión continúe, pero mientras que vuelve más ricos a los ricos, empobrece a los pobres. Aquí en São Paulo, donde los obreros, para los estándares brasileños, están muy bien pagados, esto no es tan obvio, porque las grandes compañías buscan reforzar su monopolio concediendo aumentos de sueldo regulares que las firmas más pequeñas no pueden permitirse. Pero todo el mundo empresario tiene el aspecto de una pirámide invertida en equilibrio inestable. Un resultado definitivo que produjo la industrialización es una burguesía nacional confiada en el futuro de Brasil y en su capacidad para vencer a los terratenientes feudales y poder liberarse de Estados Unidos. Con este objetivo están incluso dispuestos a hacer causa común con los sindicatos y con los campesinos porque, entre todos los ricos de Sudamérica, los industriales brasileños son los únicos que no parecen temerle a la revolución social, o a Fidel Castro. Pueden ser demasiado optimistas, pero por ahora lo que les preocupa es el imperialismo y no la expropiación desde abajo. De algún modo, me recuerda a los viejos industriales radicales de la Gran Bretaña decimonónica, que vibraban con el mismo impulso de sentir que la Historia estaba de su lado. Hasta que esa independencia del imperialismo norteamericano no se alcance, todo hace pensar que esta alianza entre las burguesías nacionales y la izquierda va a durar; pero Brasil es un país demasiado extraño como para que los visitantes casuales podamos hacer predicciones válidas.

Perú: Cuzco

Ya se ha dicho antes pero hay que decirlo otra vez: si algún país está maduro para la revolución social que necesita, es Perú. Abajo, en la costa, en Lima, están los hoteles de lujo en medio de las villas miseria, y vive la aristocracia terrateniente peruana, que vuela al sur de Francia para tomarse unas breves vacaciones; aquí arriba, en la sierra, a doce mil pies de altura en el aire diáfano, los turistas llegan en vuelos diarios para admirar las catedrales construidas por esos rufianes heroicos, los conquistadores españoles, y las reliquias del imperio inca. La mitad de la población del Perú es de indios, como los que caminan por el Cuzco, vestidos con colorida ropa artesanal, apoyando las plantas de sus pies desnudos en el barro de las calles, las mujeres con sombreros de hombre sobre las dos trenzas negras obligatorias cargando a sus bebés en las espaldas. Las agencias de turismo los promocionan como pintorescos, pero son pobres como ningún otro pueblo que yo haya visto.

Hasta donde llega la memoria del hombre, los indios han sido siervos. Cualquier terrateniente les puede pegar, o puede quitarles a sus esposas e hijas; cualquiera vestido a la europea los trata como a perros; cualquier policía o funcionario es su enemigo. Pero ahora están reaccionando. Nada más impresionante que ver cada noche las largas filas de indios, hombres y mujeres, que en silencio esperan, dentro y fuera del edificio cuzqueño de la Confederación Campesina del Perú (CCP), que las oficinas reabran por la mañana. Son delegaciones llegadas desde lejanas haciendas y comunidades que vienen a pedir consejo, a informar de injusticias. Pocos días atrás trescientos de ellos —como ciudadanos y ciudadanas comunes en columnas compactas— invadieron la hacienda del doctor Frisancho para desviar los canales de riego que con razón debían llevar agua a todas las tierras en común. El terrateniente había movilizado a la policía, que usó gas lacrimógeno, pero los indios avanzaron, protegidos por máscaras improvisadas con harapos empapados en agua. La policía entonces disparó y mató a Clara Huaranca Puclla y a su bebé y al campesino Guillermo Huamán Huamantica. Tres policías fueron heridos, con piedras. Hay incidentes todos los días. La Confederación Campesina (ayudada por la poderosa y militante Federación Departamental de Trabajadores del Cuzco, FDTC) organizó a los indios, que por primera vez en la Historia han descubierto que la unión hace la fuerza. Los indios no están indefensos.

Unos doscientos kilómetros a lo largo del ferrocarril de vía angosta que los japoneses completan ahora, pasados los cañones y barrancos serranos hacia el largo y serpenteante valle subtropical que lleva hacia el río Amazonas, está el valle de La Convención, donde ciento diez de las ciento sesenta haciendas cuentan con filiales de los sindicatos; sus dueños han huido a Lima, dejando haciendas de hasta doscientas mil hectáreas en manos de sus intendentes. Quillabamba, la capital provincial, es amplia y polvorienta, una ciudad-mercado en estado de putrefacción unida con el mundo por los camiones que parten a las 4.30 cada mañana y regresan a la noche. Aquí tienen sus oficinas los verdaderos amos de La Convención: el Banco Gibson, Anderson, Clayton & Co., los compradores de café, etc. La policía detiene nuestro camión porque en la región hay unidades armadas de autodefensa campesina y las autoridades están tensas.

La mayoría de los campesinos no habla español, o lo habla de manera titubeante, desarticulada, con un silbante acento sibilino que hace difícil seguir lo que dicen. Por fortuna hay un carpintero local que puede ayudar con la traducción. Le pregunto: «¿Por qué han empezado a organizarse los campesinos?». «¿Porque son tratados injustamente, como animales.» «¿Por qué ahora?» «Porque el movimiento sindical está activo.» «¿No surgen problemas del hecho de que sea la primera vez que se organizan?» Un hombre tranquilo, de aspecto duro y rostro plano, interviene y explica con paciencia: «No, es muy simple. Fíjese, hay dos clases. Una no tiene nada, la otra lo tiene todo: dinero, poder. Lo único que puede hacer la clase trabajadora es unirse, y entonces eso es lo que hacen». Le pregunto: «Pero ¿no tienen miedo de la policía y de los soldados?». «No, ahora no», dice el carpintero. «Ya no.»

En el tren de Perú a Bolivia

Mi vecino es un joven perspicaz que lleva un portafolio. «Soy un agente de seguros; la ganadería es el principal negocio acá, así que me muevo bastante por el campo. Si usted me pregunta, esos hacendados se lo merecen. No invierten nada. Creen que porque son dueños de vida y hacienda no tienen de qué preocuparse. Ahora que los tiempos los golpean, corren a Lima llorando. Los indios caminan descalzos, incluso dentro de las casas de los hacendados, y duermen en el suelo, mientras que los dueños se gastan dos mil o tres mil soles por noche en una fiesta. Y ni siquiera se dan cuenta del contraste. Ahora están pagando sus errores. Ahora no hay nada que se interponga entre ellos y los indios, más que las cárceles y las tropas. Pero la situación no va a durar para siempre.»

No, no va a durar, por cierto. En toda Sudamérica los pobres y los oprimidos están reaccionando. Qué forma adoptará su despertar es algo que todavía no podemos decir. Pero a los amos les llega la hora en sus haciendas. Y cuando la hora suene habrá grandes cambios en Perú, y en toda Sudamérica.

Julio de 1963

3

Bossa nova

El barrio de São Paulo, Brasil, donde la industria de la música pop estableció su cuartel general resulta difícil de distinguir del barrio equivalente en Londres, salvo por los rascacielos. Idénticos personajes vivaces, sentimentales, con un aspecto ligeramente carroñero, se mueven por el mismo tipo de oficinas desbordantes de vinilos y de viejos ejemplares de Billboard y Cashbox. Pareja mezcolanza de letristas, pinchadiscos, periodistas y guitarristas llenan los bares, agarran sándwiches, hacen llamadas por teléfono y hablan del oficio. Enrique Lebendiger, el mandamás de la bossa nova, que ha dejado Brasil atrás en busca de los horizontes más amplios del éxito mundial en la música pop, podría ser trasplantado de la avenida Ipiranga a Londres sin que esto significara introducir en Charing Cross Road una nota que se destaque por latina.

Y en esto consiste el secreto del atractivo internacional del que goza la bossa nova. Es un cruce entre la música urbana brasileña y el jazz; se ha criado en el mundo de los playboys de la juventud dorada del Brasil y el milieu occidentalizado de la industria del entretenimiento de las grandes ciudades, donde los músicos profesionales tienen más oportunidades de rozarse con músicos que llegan de visita desde los Estados Unidos. Lo interesante del asunto es que, en su breve vida de cuatro o cinco años, la bossa nova ya ha cumplido al menos tres, y muy diferentes, funciones.

Los orígenes de la bossa nova se remontan a la guerra, cuando el descubrimiento de las grandes bandas de swing de la década de 1930, reforzado más tarde por el del jazz (en sus versiones progressive y cool), hizo conscientes por primera vez a muchos músicos locales de las limitaciones armónicas e instrumentales de sus propios grupos pop. La bossa nova empezó entonces en Brasil como un intento de dotar de un color más complejo y de mayor armonía a la música local: una de esas rachas de ambición musical que son tan características de la evolución de las comunidades de artesanos de la música que todo lo habían aprendido solos. En São Paulo, el mérito de la bossa nova no está simplemente en que tiene un acento novedoso (un nuevo sincopado y, en las formas comerciales, una sugerencia creciente de un compás nordestino que se impone sobre el ritmo de la samba, ventaja que lo hace más aceptable a los oídos gringos), sino en que, además, las progresiones de los acordes en el acompañamiento instrumental son más educadas que antes y precisan de mayor destreza por parte del ejecutante. Requieren estudio.

La nueva amalgama ganó alguna popularidad entre los bohemios de clase alta (una de las cantantes más importantes, Maysa Matarazzo, viene de familia millonaria, y uno de los compositores más destacados, Vinicius de Moraes, es un diplomáticopoeta), y también en aquellos círculos donde los músicos brasileños encontraban a sus pares norteamericanos. Dicen que el nombre mismo de bossa nova (significa «el nuevo estilo») fue inventado por un tal Joe Carioca, que trabajó primero con la difunta Carmen Miranda y después en Los Ángeles.

El mundo descubrió la bossa nova gracias a músicos de jazz vanguardistas de Estados Unidos que visitaron Brasil: el primero, Dizzy Gillespie. Es revelador que el jazz de vanguardia haya incursionado en este nuevo estilo pop, algo verdaderamente muy raro. El superventas Desafinado (un disco sobre el cual Lebendiger sostiene con sobria satisfacción que se grabaron veinticinco versiones) se vende en cifras tan fabulosas como Stan Getz y Charlie Byrd. Para la vanguardia del jazz, los atractivos del nuevo estilo eran dobles. En primer lugar proveía un notable interés y estímulo rítmico, y en segundo, este mismo interés rítmico le permitía a uno volver atrás, después de años de experimentación armónica cada vez menos remuneradora, a soplar en el instrumento una melodía arrasadoramente agradable sin sentirse por ello un filisteo. Y había sido lo suficientemente modificado por el jazz como para que los jazzistas pudieran usarlo sin problema. De aquí el placer sin afectación con el cual caudillos de la gran marcha hacia delante del jazz como Sonny Rollins han girado hacia la bossa nova. Que esta combinación de un ritmo poco familiar (sin ser por completo inusual) con buenas melodías atraiga al público es de por sí una consecuencia naturalmente bienvenida.

Y así llegamos a la sede de la industria musical pop en Nueva York y de ahí, al otro lado del Atlántico. Para ellos la bossa nova no significa un método para apretar con mejor técnica los tornillos de la música ni una claraboya en un pozo ciego musical. Aquí la bossa nova es una candidata a suceder al twist. Es la nueva música bailable en esta era de pop en la cual, por primera vez en una generación, el baile es el motor de la música que se pone de moda. Ahora bien, en Brasil la bossa nova no tiene nada que ver con la danza. Es una manera, un estilo de interpretar y de cantar. Cuando les mostré en São Paulo los esquemas de pasos de baile que las emisoras de radio han distribuido para ayudar a los oyentes a aprender el nuevo ritmo, los músicos locales estallaron en carcajadas. Para ellos, como baile, la bossa nova no tiene nada que la diferencie en especial del jazz.

Esto explica por qué la bossa nova en Brasil va a sobrevivir cuando la manía musical pierda todo frenesí en Estados Unidos y Europa, dado que la industria musical está entregada a la tarea habitual de matar por pura sobreexposición cada nueva moda que descubre. No solo va a durar, sino que se va a desarrollar. Y todo estudioso del jazz que esté de visita en Brasil observa el fenómeno con temor reverencial y con un sentido de momento histórico. Porque la bossa nova es la primera conquista importante de nuevos territorios por el jazz. Hasta ahora las regiones con una música popular fuertemente enraizada, poderosamente rítmica, urbanizada y expansionista —y más que cualquier otra, América Latina— habían resultado impermeables al jazz. En todo caso, el jazz había sido influido por ellas. La bossa nova marca la primera marcha atrás del jazz. Quizá sea significativo que esta reversión haya tenido que ocurrir en el único país latinoamericano que parece haber entrado de modo irreversible en la moderna civilización industrial.

Diciembre de 1962

4

América Latina: no hay región

más revolucionaria

En los años que siguieron a la segunda guerra mundial la región del mundo que presentaba mayores cambios políticos y sociales era Asia. En la década de 1950, todos estábamos preocupados por lo que ocurría en África y en el mundo árabe. Ninguna persona cuerda se empecina mucho en formular predicciones políticas, pero un pronóstico parece sin embargo razonablemente sensato. En las próximas décadas [1960 y 1970] es muy probable que la región más explosiva en el mundo sea América Latina. Las veinte repúblicas al sur de Estados Unidos —una francesa, otra portuguesa, y el resto de habla española— muy posiblemente son las partes del mundo que los británicos conocen peor. […] No obstante, cuando uno empieza a estudiar los asuntos latinoamericanos descubre de inmediato un obstáculo mayor que la simple ignorancia. Y es que para nuestros estándares —pero también para los estándares norteamericanos, y aun rusos— es una región cuya historia, simplemente, no tiene sentido.

Veamos qué tipo de cosas se le plantan por delante al desafortunado estudioso que encara América Latina. Creemos que sabemos muy bien cuáles son los intereses de los fascistas, hombres inspirados por Hitler y Mussolini. Pero en Bolivia una coalición formada por seguidores locales de los nazis, por otros nacionalistas menos fáciles de clasificar y por trotskistas hizo una revolución social que nacionalizó las minas, distribuyó la tierra a los campesinos y reemplazó a las Fuerzas Armadas por una milicia de obreros y campesinos armados. Pensamos que sabemos muy bien qué es un sistema parlamentario de liberales y conservadores. Pero en Colombia, donde un sistema de tales características es tradicionalmente fuerte —en comparación con los parámetros de la región hubo pocos golpes militares y dictaduras—, el Parlamento ha usado la masacre y el asesinato masivo como una herramienta política permanente, al menos en los últimos quince años. Hace tan poco como el último 22 de diciembre [de 1962], un día de mercado, un sicario conservador llamado Efraín González entró en un pequeño pueblo, buscó a catorce liberales locales y los mató a tiros. No llegó a cortarles las cabezas, aunque esa no sea tampoco una práctica infrecuente o una consecuencia poco común del disenso político.

También creemos saber de antemano qué tipo de ideología política tiene o puede tener un movimiento sindical sólido, con conciencia de clase, aunque no sea particularmente revolucionario. Sin embargo, en Argentina un movimiento de esas características es casi por completo peronista y, a la inversa, el peronismo está tan firmemente basado en los sindicatos como el Partido Laborista en Gran Bretaña. Pensamos que podemos reconocer qué separa a los socialistas de los comunistas. No obstante, en los países donde hay socialistas —apenas unos pocos—, si algo los distingue de los comunistas es que son mucho más revolucionarios, al menos en su vocabulario. Fidel Castro es un comunista y Cuba es la primera «democracia popular» del continente americano. Pero aun sus admiradores más ardientes concederán que ni su carrera política ni su conducta desde que llegó al poder es particularmente ortodoxa según los estándares comunistas tradicionales.

Es obvio que no podemos esperar que los movimientos políticos y las instituciones reconocidos de nuestra parte del mundo sean particularmente exitosos en América Latina; no lo han sido. Quizá no sorprenda que la democracia liberal occidental tenga allí un currículum muy poco impresionante, porque esta forma de gobierno nunca ha sido fácil de trasplantar. De hecho, en América Latina ha tenido en general un vigor muy escaso y una actuación muy poco lucida. Aun allí donde fue fuerte, ha sido, según nuestros estándares, un tanto extraña, como en Uruguay, donde, hasta la reciente victoria del Partido Blanco, los Colorados habían monopolizado el poder durante casi un siglo. Lo que resulta todavía más sorprendente es que los movimientos socialistas y comunistas hayan sido tan débiles. Si los movimientos comunistas de masas pudieron existir en países como China e Indonesia, que poco tienen en común en su estructura social con Europa, ¿por qué fuera de Chile, Cuba y acaso de Brasil, ningún partido comunista se ha establecido de manera permanente en países que son tierra fértil para los movimientos de revolución social? (Chile es casi el único país en América Latina cuya estructura política y sus partidos resultan razonablemente familiares al visitante europeo, aunque acaso esa familiaridad sea engañosa.) Más todavía, incluso el estudioso asiático o africano quedará perplejo e intrigado por la política latinoamericana. Por ejemplo, buscará en vano el «movimiento nacional» con el cual está familiarizado: el frente fuertemente organizado que procura la independencia nacional, por lo general bajo la conducción de un líder carismático que virtualmente abraza y reemplaza a toda la vida política en el país.

En contrapartida, el observador desprejuiciado observará pronto que, además de las periódicas dictaduras militares, existe una forma latinoamericana característica de movimiento político. Es lo que se podría llamar populismo: un movimiento de masas de los pobres contra los ricos, pero apoyado también por los militares y los intelectuales. El populismo es a la vez —pero los términos son engañosos— nacionalista y revolucionario en lo social. Muchas veces, su organización es deficiente, o prácticamente no cuenta como tal; en general el movimiento populista está construido o configurado alrededor de alguna figura de líder o de algún demagogo. En un sentido amplio, los movimientos populistas de este tipo existen o han existido en varios países. El peronismo en Argentina, el movimiento de Getúlio Vargas en Brasil, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en Bolivia, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú, la Acción Democrática (AD) en Venezuela y el movimiento del difunto Jorge Eliécer Gaitán en Colombia son o fueron fenómenos de este tipo. Acaso el movimiento de la revolución mexicana y el fidelismo tengan también algo en común con ellos. Su apogeo estuvo entre el fin de la década de 1930 y el comienzo de la de 1950, aunque algunos, como la APRA en Perú, se remontan a mucho más atrás. Hacia 1945-1950 es probable que los observadores imparciales hubieran llegado a la conclusión de que, para bien o para mal, tales movimientos representaban la tendencia que se impondría en la política latinoamericana. Hoy ni siquiera podemos estar seguros de eso porque todos estos movimientos populistas están en un obvio estado de estancamiento, declinación o desintegración, o bien han cambiado fundamentalmente su carácter anterior.

Por qué los términos europeos son inaplicables

Queda claro así que cualquier intento de analizar la política latinoamericana en términos de la europea crea confusión. Esta confusión se vuelve todavía más grave cuando juzgamos esa política no solo con nuestros términos sino a partir de nuestras preferencias. Por ejemplo, cuando evaluamos si hay elecciones libres o no, o si tal partido es pro o antinorteamericano. Para que los países entre el río Grande y el cabo de Hornos tengan sentido no debemos observarlos bajo nuestra luz sino iluminados por la de ellos.

Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos por qué los términos europeos resultan realmente inutilizables, por qué los movimientos e instituciones clásicas del mundo occidental han sido hasta ahora un fracaso en América Latina. Y la respuesta quizá nos aporte una pista valiosa para llegar a la solución del problema mayor. Si yo tuviera que resumirlo en una oración sola, diría que la política latinoamericana está determinada por el hecho de que la independencia nacional llegó al continente más de un siglo antes de que la gran mayoría de su población ingresara en la vida nacional. Hacia 1830 todas las ex colonias españolas y portuguesas, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, eran Estados independientes, aunque inmediatamente se convirtieran en dependencias económicas informales de Gran Bretaña. Sin embargo, las estructuras sociales y el estatus colonial del continente permanecieron virtualmente como eran y sin cambios. Las masas de sus esclavos o ex esclavos (es decir, la población negra), sus peones y siervos (es decir, la población india), sus comunidades interiores autosuficientes de campesinos medievales mestizos, sus artesanos y jornaleros urbanos, por lo común no tuvieron interés en la liberación nacional, y nadie les preguntó si les interesaba. Algunos de ellos —por ejemplo entre los indios del altiplano andino— posiblemente ni siquiera advirtieran hasta la década de 1950 que vivían en tal o en cual Estado nacional, porque la nacionalidad de los terratenientes y de los funcionarios que los explotaban resultaban irrelevantes para sus vidas. Conocí al menos a un señor mayor en el interior de Brasil que en 1953 todavía no se había enterado de que seis décadas antes su país había dejado de ser gobernado por un emperador.

La independencia, entonces, era la obra de un pequeño estrato occidentalizado y educado, es decir de los criollos ricos o, como podríamos decir ahora, de los colonos blancos («blanco» es un término relativo en un continente que siempre ha definido sus divisiones de color racial en términos sociales más que biológicos). Las ideas e instituciones liberales que América Latina adoptó a principios del siglo XIX no tenían sentido en una sociedad feudal y colonial; o más bien, eran meramente otra manera de enriquecer a los que ya eran ricos y de fortalecer a los que ya eran fuertes: por ejemplo, privando a los indios de tierras comunes, por la corrupción de los Parlamentos y los Gabinetes, y por las interminables postergaciones de una ley codificada en teoría al menos muy lúcida e ilustrada. Lo que tenían de liberal se volvió retórica, o una excusa para pleitos locales interminables. No sorprende entonces que cuando las masas latinoamericanas entraron en la política ya estaban inoculadas contra el liberalismo.

Una minoría poco representativa

Las ideas socialistas y comunistas han demostrado bastante influencia, pero los movimientos socialistas y comunistas han sufrido un desajuste temporal similar al del liberalismo. Porque incluso en su período formativo —digamos entre 1890 y 1920— la política latinoamericana seguía siendo, con la excepción de México y de otros casos especiales, asunto de una minoría poco representativa. Las ideas socialistas pertenecían a los inmigrantes europeos (como en Argentina), a las organizaciones de artesanos y obreros industriales —cuando las había— y a unos pocos intelectuales de familias ricas. Grosso modo, donde había lugar para sindicatos al estilo europeo había lugar para el socialismo, y donde no, no había. Y el «no había» incluye a la gran masa del campesinado latinoamericano, del que los socialistas y aun los comunistas tradicionales se ocuparon poco, y con el cual ni siquiera podían ponerse de acuerdo cuando lo intentaban. Para los artesanos anarquistas españoles o italianos —simples, racionalistas, laicos, que fueron los mayores agitadores socialistas del continente— no era fácil entenderse con, digamos, los campesinos del interior de Brasil cuyo universo intelectual era, sin entrar en detalles, el de los campesinos medievales europeos de la época de san Francisco de Asís. Cuando, a su vez, el éxodo rural llevó a los campesinos a las ciudades, empezaron a asociar el socialismo y el comunismo con las aristocracias laborales más ricas en comparación, esto es los obreros sindicalizados, que probablemente también eran migrantes europeos.

Todo esto cambió con la gran depresión de 1930, que marca el fin real de la Edad Media en América Latina. Si alguna vez existió una década crucial en la historia de algún continente, fue esta. En términos generales —y siempre dejando de lado casos especiales como México— solo hace unos veinticinco años que la gran masa de los latinoamericanos comenzaron a ser sujetos y no objetos de la historia de sus países. Sus propios movimientos de rebelión social tardaron en tomar forma, pero el colapso de las economías coloniales los llevó casi de inmediato a la formación de movimientos nacionalistas y antimperialistas conducidos por políticos, intelectuales o militares de clase media. Era gente que a veces tomaba ideas prestadas con libertad, y superficialmente, del fascismo, que en aquel momento era la ideología nacionalista-demagógica más influyente en Europa, aunque de hecho la tendencia general de sus propios movimientos fuera hacia la izquierda, porque su poder radicaba en movilizar a los pobres contra los ricos (a los que a su vez se asociaba con la economía colonial).

Movimientos populistas

Estos movimientos populistas fueron equivalentes a los de liberación nacional en Asia y África. Pero, inevitablemente, fueron fenómenos más complejos o, si se quiere, más enmarañados. Porque les faltaba el obvio propósito de independencia política nacional, que era el cemento que unía a aquellos movimientos y los dotaba de un programa fácilmente realizable. Los Estados latinoamericanos ya eran independientes, por lo menos sobre el papel. Solo los más pequeños, o los más cercanos a Estados Unidos, conocieron las tropas de ocupación militar, órganos extranjeros de invasores reales a modo de gobernantes auténticos, aunque acaso no oficiales, como en las repúblicas bananeras de América Central. No es casual que lo más parecido a un genuino movimiento nacional contra los extranjeros haya sido el de Fidel Castro en Cuba. Lo que impresiona mucho al observador acerca de estos movimientos es una especie de manoseo, de tocar de oído, en una búsqueda, con frecuencia torpe e ineficiente, de un programa político que hiciera realidad la independencia formal de estas naciones. Tal programa acarrearía reformas sociales, aunque solo fuera para satisfacer a las masas sin cuyo apoyo los nacionalistas estarían condenados al fracaso. También implicaría un desarrollo económico. Y, fueran cuales fueran las ideas personales de sus líderes, el programa tenía que ser contra los gringos, contra Estados Unidos, porque a nadie le gusta el Big Brother, y hasta la manía de decir «America» en lugar de Estados Unidos irrita a los latinoamericanos tanto como la costumbre de decir Inglaterra en lugar de Gran Bretaña saca de sus casillas a los galeses y los escoceses. Pero más allá de esto es poco claro adónde van o iban los populistas, y todavía menos claro si es que iban a llegar allí.

Sigue siendo poco claro. Solo tres cosas son claras. La primera es que en América Latina ha empezado el despertar del pueblo. Nadie puede retornar a los años previos a 1930, o incluso a los anteriores a la revolución cubana de 1959. La segunda es que casi ningún país latinoamericano ha encontrado todavía una forma razonable y permanente de organización social y política. Y la tercera es que América Latina atraviesa, en este mismo momento, cambios sociales y económicos notablemente rápidos.

Mayo de 1963

5

Cambio social en América Latina

He sugerido antes que es inútil, e incluso desorientador hasta lo peligroso, pensar el futuro de América Latina a partir de la terminología política de Europa y Estados Unidos. Quiero entrar a considerar aquí qué ocurre hoy [1963], realmente, en este continente. Algo que, según también he sugerido, no es en sí mismo inaudito. De hecho, al estudioso europeo ha de resultarle familiar en muchos aspectos, sobre todo si es un historiador de la Edad Media y si sabe algo sobre las economías coloniales modernas. Lo que en América Latina resulta original es una combinación peculiar de, como si fuera posible, diferentes épocas históricas: el marco institucional —este sí mucho más europeo que en la mayoría de las otras regiones subdesarrolladas del mundo— y el tiempo en la historia mundial, el actual, en el cual las cosas empiezan a moverse, y a moverse rápido.

Las primeras impresiones nunca son completas, pero tampoco son siempre, como se podría creer, insignificantes. La mayor parte de la gente, por ejemplo, debe viajar a través de América Latina por aire, ya que a menudo no hay otra opción. En Brasil cada media hora sale un avión desde Río rumbo a São Paulo, pero hay pocos ferrocarriles y todavía menos autopistas. La mayoría de esos viajes en avión empiezan en el aeropuerto de alguna gran ciudad, con sus rascacielos, luces de neón y embotellamientos de tránsito que surgen como un espejismo de entre las llanuras y los desiertos, las selvas y las cumbres salvajes y desnudas, de cuatro mil metros de altura, de los Andes. México, São Paulo, Río, Buenos Aires son más grandes que cualquier ciudad europea salvo Londres, Moscú y París. Pero entre una y otra megalópolis uno vuela sobre extensiones enormes y aparentemente deshabitadas. América Latina, con la excepción de unas pocas áreas como una parte de la región del Caribe, es en verdad un continente vacío, con comunicaciones increíblemente deficientes, puntuado por ciudades gigantes.

Pero no por completo: aunque vacío, se está llenando a una velocidad increíble, más rápido que cualquier otra parte del mundo. En el año 2000, a las tasas actuales, el número de latinoamericanos debería ser de unos seiscientos millones, lo que equivale a tres veces las cifras de la población actual. Hoy hay aproximadamente un norteamericano por cada latinoamericano. Mañana habrá dos personas al sur del río Grande por cada una que haya al norte, y ni los angloamericanos ni los latinoamericanos lo ignoran.

Esto es lo que nos dicen los estadísticos. Pero no hace falta ser un profesional de las encuestas para horrorizarse del aspecto más notable de esta revolución demográfica: el éxodo fantástico, temible, desde los pueblos y desde el interior hacia las ciudades. El 40 % de la población de Lima o de Río o la mitad de la población de Recife viven —si esta es la palabra adecuada— como refugiados que huyeran de un terremoto: en villas miseria, favelas y asentamientos precarios. En diez años las dimensiones de las ciudades, ya muy extendidas, pueden duplicarse. Hoy en día, en un continente abrumadoramente no industrial, en cinco países hay más habitantes urbanos que rurales: Argentina, Chile, Cuba, Uruguay y Venezuela. En 1970 se les habrán sumado Colombia, México y Perú. Producir una mayoría de población urbana le llevó a Gran Bretaña los setenta años de la revolución industrial y a la Unión Soviética los cuarenta años de la industrialización. Esta explosión urbana no ha producido todavía disturbios sociales en las ciudades que puedan distinguirse de los puramente demográficos. Aunque haya habido tumultos y levantamientos aquí y allá: en Buenos Aires con Perón; el Bogotazo de 1948; y ahora en Caracas, la capital de Venezuela. Aunque no genere otras consecuencias mayores, la población rural que invade las ciudades ha contribuido a asfixiar los pequeños núcleos de socialistas y comunistas urbanos. A pesar de las apariencias, los migrantes rurales en las villas miseria y en las poblaciones precarias viven mejor que en el interior medieval del país, porque el promedio de consumo per cápita en una ciudad latinoamericana puede ser varias veces mayor al del campo. Les llevará su tiempo calibrar la brecha entre lo que tienen —que es poco— y lo que podrían y deberían llegar a tener. Políticamente son ignorantes e inocentes, y comprar sus votos, donde pueden votar, cuesta poco. Pero no pasará mucho tiempo antes de que la pasión que hoy ponen en apoyar a su club de fútbol se politice.

En una sociedad tradicional no se drenan millones de campesinos desde el campo a menos que en sus vidas ocurran cambios profundos. Ese es el caso. En términos muy amplios, podemos distinguir dos tipos de América Latina rural: la de monocultivos coloniales cuyas cosechas se exportan enteras al mercado mundial, como café o bananas, y la de una economía anacrónica con grandes latifundios y campesinos en situación de servidumbre muy semejantes a los que existían en los siglos oscuros del medioevo europeo. Fuera de América Latina, los monocultivos son mejor conocidos que las estancias criollas, pero unos y otras atraviesan una crisis.

Calificar de medieval a una gran parte de la América Latina rural no es una metáfora sino la estricta verdad; en muchos casos pervive sustancialmente el mundo mental de la Edad Media europea, que, después de todo, es el que trajeron con ellos los conquistadores del siglo XVI. Un renacer religioso o una rebelión campesina en el interior de Brasil (un interior que empieza ya a unas pocas decenas de kilómetros de las grandes ciudades) son, a menudo, el equivalente de una herejía medieval, acaudillada por un profeta local que sigue el modelo de los frailes franciscanos. Los músicos ambulantes todavía recitan, acompañados de guitarras, poemas épicos cuyos versos narran a audiencias analfabetas las hazañas de Rolando y de Carlomagno. Pero aun sin esta herencia cultural no es desorientador llamar medieval a una sociedad donde los señores feudales administran latifundios ruinosos, muchas veces cultivados por siervos que pagan su existencia con trabajo obligatorio, en los cuales las comunidades campesinas viven en una economía de subsistencia en la que apenas si se usa el dinero, unidas entre sí por la dependencia feudal y por la ayuda mutua entre vecinos, que constituye su institución social básica.

Todo esto ha sufrido radicalmente por el crecimiento de una agricultura comercial que en parte provee de alimentos a las nuevas ciudades y en parte nos provee a los europeos de café, bananas y otros alimentos exóticos que queramos, de cuya exportación depende casi por completo el comercio exterior de varias repúblicas latinoamericanas. El surgimiento de la economía de mercado es un fenómeno relativamente reciente y sus efectos directos e indirectos son cataclísmicos. Algunos campesinos han aprovechado las nuevas oportunidades y se han convertido en pequeños productores agrícolas. Otros migran hacia las vastas fronteras sin colonos, donde los hombres libres todavía pueden ocupar tierra virgen. (Estos dos grupos son muy proclives a la rebelión y al comunismo.) La mayoría se resigna y migra a las ciudades. El resto vive bajo una inquietud creciente en un contexto social que se cae a pedazos a su alrededor: una masa que puede explotar en cualquier momento.

Pero aun la economía colonial de los monocultivos para la exportación (y la de la minería y el petróleo) tampoco es lo que era. La gran depresión de 1929 la quebró, al demostrar la inestabilidad del mercado mundial del que dependía. En casi todas las naciones latinoamericanas, el año 1930 —cuando colapsaron los precios de aquellas únicas materias primas de las que dependía su comercio— es un mojón tan visible como la fecha de su independencia de España o de Portugal. Desde entonces nunca se ha recuperado siquiera la ilusión de una estabilidad económica, aunque el período entre 1940 y el fin de la guerra de Corea produjo un boom efímero que aprovechó generosamente a una camada de dictadores contemporáneos. Desde 1930, la oligarquía terrateniente y los comerciantes intermediarios, que forman la típica clase gobernante en la mayoría de América Latina, podían ya gobernar sin que les disputaran o cuestionaran el poder. Hoy, cuando cambios que a nosotros nos parecen triviales, como la moda por el café instantáneo, pueden arrebatarles los ingresos a media docena de repúblicas latinoamericanas en números que ni préstamos astronómicos pueden reintegrarles, la conciencia de una crisis en las economías coloniales o semicoloniales —sea cual sea su denominación oficial— se vuelve cada vez mayor.

La vieja América Latina está viniéndose abajo. Algo radicalmente distinto toma su lugar. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido en muchos lugares. Para poner un ejemplo obvio: hay vastas ciudades pero hasta ahora muy poca industrialización, y la que hay todavía se concentra en los sectores típicos y anticuados de alimentos, bebidas y textiles. Un puñado de rascacielos y de hoteles de lujo, o incluso (tal como en el Oriente Medio) de plantas petrolíferas florecientes, no significa que un país se haya instalado económica o socialmente al siglo XX. Existe por lo tanto un sentimiento de tensión opresiva, un sentimiento de que las cosas no avanzan por su camino como deberían; todos lo sienten, en especial las clases más educadas y los intelectuales. Como tantas cosas en este continente, todo recuerda el estado de ánimo de Rusia antes de 1917. Por ejemplo, aunque solo uno de cada cinco estudiantes en la Universidad Nacional en Colombia es castrista, nueve de cada diez creen que debe haber «un cambio económico, social y político radical» en su país. Es un hecho que se trata de hombres y mujeres que personalmente son más bien optimistas acerca de las perspectivas futuras; quizá demasiado optimistas porque, como en muchos países subdesarrollados, las oportunidades para los profesionales son escasas. No, el descontento de estos estudiantes es simplemente una forma extrema e inusualmente explosiva del descontento que todos, excepto unos pocos entre los muy ricos, sienten en sus países acerca de la situación actual. Los más articulados y activos de estos rebeldes potenciales son estudiantes y a menudo también jóvenes oficiales del Ejército (que son una especie de clase media muy subempleada, porque pocas Fuerzas Armadas latinoamericanas han peleado alguna guerra en mucho tiempo, y no hay perspectivas de que lo hagan pronto). Entre el río Grande y el cabo de Hornos hay nasseristas y castristas.

No es solo un sentido de justicia social lo que crea la rebelión. Es también un sentido general de atraso y de dominación extranjera, que por informal no es menos real. Esto es algo que incluso sienten las nuevas y crecientes clases medias de América Latina, desgarradas entre este sentir y el miedo ubicuo, que se ha intensificado, de la expropiación. Estas clases se sienten a sí mismas constreñidas por las oligarquías terratenientes y por los intermediarios comerciales, que se interponen en la vía hacia el desarrollo industrial, porque sus intereses están en el régimen semicolonial de una economía exportadora de café o bananas, carne, cobre o petróleo. Pero las clases medias tampoco soportan a estas viejas clases gobernantes porque, aunque no son monarquías, pocas aristocracias hay hoy más orgullosas o más poderosas que las «familias tradicionales» de las repúblicas de América del Sur. Estas clases medias repudian el atraso y la ignorancia de sus países y se indignan de la imagen de opereta con sombreros, carnavales y charreteras que atrae al turismo norteamericano. No les hace falta una orientación hacia el comunismo para ser antinorteamericanos, como tampoco les hacía falta a los árabes para ser antibritánicos en los días en que nosotros éramos el Gran Hermano en aquella región.

¿Qué ilusiona a estos descontentos? En la medida en que piensan con claridad acerca de esto, todos ellos, con prescindencia de su orientación política, están convencidos de que se deben producir cuatro grandes cambios. Tiene que haber una reforma agraria; es decir, la expropiación y la división de los grandes latifundios que ocupan una parte tan vasta del continente. Se debe poner fin a la dependencia de estos países de uno o dos productos primarios; es decir, se debe acabar con a la economía semicolonial. Se debe planificar un desarrollo económico sistemático; es decir, en la práctica, la industrialización. Por último, simpaticen con ellas o no, se deben encarar reformas sociales integrales. No hay disenso sobre este programa. Los asesores del presidente Kennedy lo reclaman, de forma moderada, como antídoto del comunismo, a las oligarquías a veces recalcitrantes, al igual que los castristas lo exigen como parte de la revolución. Las Naciones Unidas también lo requieren a su modo. La única pregunta es quién puede hacer funcionar este programa y de qué manera se puede poner en marcha.

La experiencia de las repúblicas latinoamericanas es tan desalentadora como larga, y las perspectivas futuras para ellas siguen siendo oscuras. Pero algunas ya han hecho alguna clase de giro hacia el futuro, y el resto las observa con gran atención. Está Cuba, que ha elegido una vía abiertamente social-revolucionaria, con el presupuesto de que las clases medias latinoamericanas son muy débiles o están muy entrampadas por la dependencia económica como para resolver el problema del continente. (Está también Bolivia, que en 1952 condujo una revolución con un molde propio, pero desde entonces este país atrasado parece haber entrado en un callejón sin salida y ahora nadie lo considera seriamente un modelo revolucionario.) Por otro lado, dos grandes países han demostrado capacidad y habilidad gerencial en la economía en la tradición de la empresa privada: México y Brasil. Ninguno es una economía capitalista en el sentido clásico liberal. Ambos se apoyan en buena medida en la financiación del gobierno, en industrias nacionalizadas y en el control estatal. Las clases medias de estos países distan de ser conservadoras. México se apoya sobre la mayor revolución social llevada a cabo en América Latina antes de la cubana, una revolución que duró desde 1910 hasta 1938, y en Brasil los capitanes de la industria son también los movilizadores deliberados de la inquietud obrera y campesina en contra de la vieja oligarquía.

Por lo demás, aunque tanto Brasil como México no tienen simpatía por el comunismo, tampoco expresan una actitud que contente a Estados Unidos —Brasil en especial— con respecto a la cuestión cubana. Ninguna de estas naciones está exenta del peligro de una revolución social, y nadie que haya visto las horripilantes favelas de Brasil defendería a este país como un monumento a la justicia social. Es posible que [estos países] no puedan conservar su ritmo actual de desarrollo económico, o que incluso puedan estancarse y aun retroceder, como le ha ocurrido a Argentina, desde un nivel de desarrollo que en muchos aspectos era más avanzado que el que hubiera alcanzado cualquier otro país de América Latina. Todo lo que podemos decir hoy es que Cuba (por un lado) y Brasil y México (por el otro) proveen modelos de cambio que ellos mismos han creado. Ningún otro país los ofrece.

En este punto debemos resistirnos a formular preguntas proféticas y cargadas tales como: ¿prevalecerán en América Latina las instituciones liberales democráticas? ¿Cuáles son las oportunidades del comunismo? ¿Hay una nueva camada de dictadores pronta a tomar el poder? No es que tales preguntas no tengan respuesta, a pesar de que todos los pronósticos probablemente sean equivocados. Es que al formularlas casi inevitablemente proyectamos sobre América Latina nuestros propios deseos o rechazos acerca del orden internacional. Lo importante no es que los cambios en América Latina satisfagan nuestras preferencias políticas o sociales. Los deseos que deben satisfacer son los deseos de los latinoamericanos.

Mayo de 1963

6

La situación revolucionaria

en Colombia

La tesis de este artículo es que la historia de Colombia de los últimos quince años solo se puede comprender en los términos del fracaso, o más bien del aborto, de una revolución social clásica. Al menos desde 1930 en adelante, según un desarrollo histórico coherente, en Colombia se preparaba una revolución social que lógicamente debería haber producido algo análogo al castrismo, un régimen populista de izquierda en estrecha colaboración con los comunistas. De hecho, este movimiento alcanzó su clímax, una insurrección abiertamente revolucionaria, en un momento en que la toma del poder era factible. Más todavía: la insurrección estalló de manera espontánea en abril de 1948 y fue apoyada libremente por la policía de Bogotá. Pero no había nadie que la dirigiera, que la encauzara, que la organizara. El movimiento populista de Jorge Eliécer Gaitán, al que faltaba por completo una organización central, fue decapitado por el asesinato de su líder; y los comunistas no advirtieron qué estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. En consecuencia, el país se hundió en un estado de desorganización, guerra civil y anarquía local que prevaleció durante los últimos quince años.

La situación en Colombia es hoy, por lo tanto, mucho más importante de lo que supusieron muchos estudiosos de América Latina. No solo porque un avance en línea recta hacia una revolución social clásica es muy excepcional en ese continente y porque el grado de movilización de masas espontánea alcanzado en Colombia, en especial en los años desde 1948 hasta 1953, es mucho mayor que en cualquier otro país de América Latina, con la excepción de México. (El Bogotazo de 1948 fue, y todas las versiones coinciden, la insurrección espontánea más impresionante de los pobres urbanos, y la movilización de guerrillas campesinas —y virtualmente todas las guerrillas en Colombia fueron y son campesinas— ha sido incomparablemente más grande que en Cuba, por ejemplo.)¹ La razón principal por la cual la situación colombiana era y sigue siendo tan crucial es el hecho de que Colombia es un país que puede marcar una diferencia significativa para el futuro de América Latina, algo que posiblemente no pueda ocurrir con Cuba. Colombia es un gran país; en términos demográficos es el cuarto del continente; y con sus tasas de crecimiento actuales, pronto superará a Argentina para convertirse en el tercero. Es un país con una economía potencialmente completa y equilibrada. Su situación geográfica lo vuelve un nexo estratégico entre el Caribe y América Central, y por lo menos la masa andina de Sudamérica. Limita con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, es decir, con varios países que están listos para la agitación. Y sería mucho más difícil ejercer presión sobre una revolución colombiana que sobre una cubana.

En Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, con la posible excepción de Argentina y Uruguay, el problema no es descubrir la materia prima para una revolución social; es evidentemente obvia en el campesinado y en los pobres urbanos. Un material inflamable, sin embargo, no alcanza a explicar por qué aún no estalló en llamas, o —como en el caso colombiano— por qué se incendió espontáneamente y luego se volvió a asentar en una masa humeante que solo ocasionalmente mostraba un destello.

Antecedentes de la situación actual

Se puede decir que la historia moderna colombiana comienza con la depresión de 1929 y el regreso de los liberales al poder en 1930, que marcó la apertura de una nueva era política.

Colombia ha tenido una estructura política bastante especial, con una oligarquía estable de dos partidos, el liberal y el de los conservadores, que ha excluido en gran medida las formas habituales de caudillismo, y también tiene, y esto es excepcional, raíces profundas entre el campesinado rural. En términos colombianos, por lo tanto, la evolución política ha tendido a continuar no dejando a los partidos tradicionales como islas de los ricos, sino infiltrándose y transformándolos. Así, entre 1930 y 1948, el Partido Liberal se transformó en un partido popular, en parte a través de su adopción por el creciente sector medio urbano, industrial, «no comprador», de clase media, que, como de costumbre, se vio impulsada por el colapso de la economía, y en parte a través del esfuerzo deliberado realizado por un ala del «New Deal» de los liberales tradicionales para capturar el despertar político entre los sectores urbanos y, en menor medida, entre los pobres del campo.

Alfonso López, tal vez bajo la influencia rooseveltiana, siguió este camino con gran éxito en sus presidencias de los años 1934 a 1938 y, en menor grado, de 1942 a 1945. Más importante aún, el movimiento de masas populista independiente organizado por Gaitán retrocedió dentro de la órbita del liberalismo, de donde Gaitán mismo había emergido; de hecho, Gaitán terminó por capturar el Partido Liberal en 1946. El Partido Comunista, también fundado en 1930, tendió a operar bajo el ala general de los Liberal New Dealers. No fue, sin embargo, particularmente influido por Gaitán y sus partidarios. Por diversas razones trató al gaitanismo con profunda sospecha hasta que fue demasiado tarde y esto, como se vio después, resultó un error decisivo.

Esta tendencia en la política colombiana socavó toda la base de la oligarquía bipartidista, porque amenazaba con convertir a los partidos en los movimientos sociales y, lo que es más, transformar el Partido Liberal, con su llamamiento a los pobres, en una mayoría permanente y abrumadora respecto a los demás partidos.² Estos hechos pueden ser considerados como la causa raíz de las guerras civiles de 1949-1953. Frente a un eclipse virtual a largo plazo, los conservadores tuvieron que volver a luchar y, después de la insurrección de 1948, que les había mostrado el pleno peligro de su posición, lo hicieron mediante un ataque sistemático a las regiones liberales del país, combinado con una conversión intencional del aparato estatal investido de un interés conservador, sobre todo la policía y el ejército.

Las guerras civiles y la dictadura de Pinilla

En abril de 1948, Gaitán fue asesinado y casi de inmediato estalló una insurrección. Sucedió a consecuencia de una coalición nacional de las dos partes, es decir, por un cambio de los liberales moderados a los conservadores; a este movimiento se opusieron el ala izquierda del Partido Liberal y los gaitanistas, con la consecuencia de un disenso salvaje dentro del partido.

La coalición se rompió poco antes de las elecciones de 1949. Los conservadores intentaron aprovechar la oportunidad que les brindaba un Partido Liberal profundamente dividido para establecer su propio poder. Esto se podría hacer, sin embargo, solo por métodos extraelectorales, sobre todo porque los liberales todavía eran lo suficientemente fuertes, aunque de manera apretada, como para ganar las elecciones de 1949. El ejército fue purgado de liberales, y para ello se utilizaron todos los medios administrativos y militares. Detrás del candidato presidencial de derecha Laureano Gómez, los conservadores lograron hacer imposible la política liberal y aplastar las resistencias liberales en el campo. Este había sido considerablemente perturbado desde la muerte de Gaitán, y el ataque conservador había producido, en efecto, un movimiento de autodefensa liberal, que iba desde la formación espontánea de guerrillas campesinas contra el gobierno hasta la conscripción de fuerzas y escuadrones de mano dura contra la disidencia colectiva de regiones liberales enteras, como los Llanos Orientales. Pronto la guerra civil se desarrolló más allá de una simple lucha armada. En términos generales, en su apogeo involucró a todas las áreas habitadas del país, excepto las zonas costeras del océano Atlántico y del Pacífico. El régimen conservador se movió sin pausa hacia una dictadura semifascista.

En 1953, sin embargo, los militares, al mando de Rojas Pinilla, se hicieron cargo del gobierno con el fin de poner fin a una situación intolerable, ya que por entonces estaba claro que el experimento del gobierno derechista bajo Laureano Gómez había sido un fracaso total. La guerra civil terminó con una amnistía y la vida política volvió a ocupar —al menos formalmente— el centro, aunque solo como una especie de adjunto al mando militar.

Pero la dictadura de Rojas también falló. La violencia rural se reanudó después de 1954, aunque solo en un sector limitado del país, y quedó claro que el intento de Rojas de introducir un régimen modelado en una especie de peronismo no tenía la menor esperanza. Carecía de la base esencial del gobierno militar populista, es decir, el apoyo de las masas, que en Colombia no conformaban un terreno políticamente virgen sino tradicionalmente conservador, liberal o, en una minoría de casos, comunista. Rojas también carecía del otro activo común a los dictadores de América Latina de principios de la década de 1950 como Perón en Argentina y Odría en Perú, es decir, reservas de divisas o el apoyo de un boom en el precio del producto básico de exportación. Los precios del café (que representaba el 95 % de las divisas de Colombia) cayeron de 80 centavos por libra en 1954 a 45 centavos en 1958. Tampoco ayudó la mala gestión de la economía de Rojas. En 1957 hubo una crisis de cambio severa, e hicieron falta recortes importantes. La Iglesia retiró su apoyo a Rojas y los dos partidos formaron un sólido frente bipartidista en el exilio. La dictadura cayó en 1957 y se hizo cargo el régimen actual, una medida temporal a todas luces.

La conclusión de la guerra civil se puede explicar en términos muy similares a su comienzo. Corría el peligro de convertirse en una guerra social. En los Llanos Orientales, por ejemplo, comenzó como la autodefensa armada de una sólida región liberal contra el gobierno conservador, y contó con la organización de los rancheros, la dirección de los capataces del rancho y el combate de los vaqueros y la peonada. Pero al poco tiempo la división social dentro de la gente de las llanuras comenzó a originar problemas entre sus líderes: la guerra contra Bogotá mostró signos de convertirse en una guerra contra los hombres sin ganado, que favorecían a los que propiciaban cambios. Los magnates preferían, por lo tanto, hacer su paz con la capital, una vez que obtuvieron una garantía de no interferencia. Desde 1953 los Llanos han estado tranquilos, aunque ahora se dice que contienen un fuerte comunismo subterráneo.

Vale la pena agregar que, en el curso de la guerra, algunas áreas comunistas —sobre todo las ubicadas en la zona importante y estratégica de la llamada «República del Tequendama», a unas pocas docenas de millas de Bogotá— se hicieron virtualmente autónomas, aunque las más ortodoxas de ellas no intentaron siquiera hacer otra cosa que prevenir las incursiones de los agentes externos, gubernamentales u otros.

La dictadura de Rojas Pinilla puso fin a la guerra civil en 1953, pero la inquietud revivió. No obstante, en 1957 los dos partidos tradicionales acordaron una tregua de doce años bajo la cual todavía se gobierna Colombia. Solo liberales y conservadores pueden presentarse a las elecciones (aunque, en un acuerdo que evoca a Uruguay, grupos políticos organizados dentro de cada partido pueden presentar candidatos, y el Partido Comunista, aunque privado de derechos, es legalmente tolerado). Los liberales y los conservadores se alternan en la presidencia.

Esta tregua ha reducido en gran medida la violencia, si bien recientemente ha tendido una vez más a revivir, esta vez sin lealtades partidarias notablemente, aunque alentada por el mero hecho de las elecciones. Sin embargo, es bastante cierto que los liberales son y seguirán siendo el partido mayoritario —en 1960 obtuvieron alrededor de un millón y medio de votos contra un millón de los conservadores—, y que el equilibrio ahora se compone por el conservadurismo de los efectivos armados. Los elementos revolucionarios han pasado a apoyar a los llamados Liberales Revolucionarios bajo López Michelsen, el hijo del presidente del New Deal, y los miembros del extremo quedaron como fueron o son elegidos, como el líder campesino Juan de la Cruz Varela de Sumapaz, diputados del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL).

La situación hoy

¿Cuál ha sido la consecuencia de la guerra civil y la rural? ¿Cuál es la inquietud que ha persistido desde entonces? El efecto ha sido destruir el intento, hecho durante la era conservadora, de establecer una administración centralizada efectiva. En la actualidad, la única organización genuinamente colombiana con el poder de hacer cumplir sus órdenes centrales localmente y recaudar los ingresos de todo el país es la Iglesia (que, por supuesto, está investida de conservadurismo). Existe una apariencia de administración central, pero esta depende en gran medida de que el gobierno se retire de facto de ciertas funciones puramente locales, que quedan para la administración local, en algunos casos comunista, en la mayoría liberal o conservadora. Esta situación, que recuerda a los Estados feudales medievales, quizá no sea peor en Colombia que en varios otros países de América Latina, aunque la complejidad de Colombia hace que parezca más obvia.

¿Cuál es hoy, quince años después del Bogotazo, la situación, en términos de las fuerzas que se podría haber esperado que apoyaran una revolución social? En las ciudades —que han crecido de forma increíble: las cinco más grandes se han duplicado en población en las últimos diez años— todo está tranquilo. Gaitán está muerto y no surgió ningún líder capaz de movilizar a los pobres urbanos. El movimiento laboral metropolitano e industrial se ha dividido, a través de la desmoralización y las divisiones ideológicas o de guerra fría, en tres grupos principales: la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL); un cuerpo de inspiración católica, y una alianza de sindicatos comunistas e independientes que habían sobrevivido.

En el campo la situación es diferente, porque no se ha eliminado la violencia, que es endémica en cinco o seis departamentos: Valle, Tolima, Calda y las partes contiguas de Huila, Cauca y Cundinamarca, así como en secciones de Antioquia y Santander-Boyacá. En muchos otros lugares está inactiva. Quince años de anarquía la han convertido en una institución o negocio non sancto; a veces, como en las áreas de café de Caldas, llamativamente similar a la mafia siciliana, en la medida en que es una organización de la clase media rural que trabaja para el ascenso económico. Una institución que apunta a la revolución social no es eso. Recientemente, sin embargo, abandonados por los dos grandes partidos políticos, los grupos de bandidos sobrevivientes y los nuevos que constantemente se forman entre la segunda generación de hombres violentos han descubierto la misión de luchar por los pobres contra los ricos, y se dice que entre ellos aumentó la influencia comunista. No obstante, esto es verdad solo de una manera muy limitada. Al Partido Comunista no le entusiasman los bandidos, incluso cuando no son antirrojos, y muestra gran renuencia a establecer contacto con ellos.

Las áreas comunistas

Por otro lado, persisten los núcleos y las áreas comunistas cuasiautónomas. Son de tres tipos. Primero la «República del Tequendama», que es similar en estructura social al área vecina de violencia que se extiende de allí a Bogotá. Su población se compone de ex pequeños arrendatarios que obligaron a los propietarios a venderles sus parcelas antes de la guerra. Eso se ha convertido en una especie de Suiza al estilo del comunismo y de Guillermo Tell: hay «cantones» independientes, como Viotá, que dirige un admirable funcionario del partido y antiguo cervecero-trabajador, Víctor Merchán, y como Sumapaz, que dirige un líder campesino de base, Juan de la Cruz Varela, quien ha pasado sucesivamente por el liberalismo, el Partido Comunista, el gaitanismo, su propio movimiento agrario y el Partido Revolucionario Liberal, que en su caso parece ser un camuflaje para otras perspectivas futuras.

Esta área linda con el segundo tipo de fortaleza comunista hecha en los espacios vacíos que se extienden desde las montañas hacia las llanuras y la cuenca del Amazonas. En estos huecos se han ido instalando grupos independientes de pioneros campesinos, quienes, como hombres sin amo, simpatizan mucho con el comunismo. En estos territorios inaccesibles del Meta y el Caquetá hay bases de adiestramiento guerrillero y otros centros, como la base de entrenamiento para la gente de Sumapaz en el río Duda, en el área de El Pato del Meta, y en Belén (sudoeste de Florencia). También hay algunos centros comunistas en Tolima (Villarica, Icononzo, Chaparral) y, un poco menos activo que antes, en la zona india del Cauca. La tercera fortaleza comunista es el núcleo semiclandestino de los Llanos Orientales.

Las áreas comunistas están armadas, organizadas y disciplinadas; tienen un sistema estable de administración, educación y derecho. Se las puede reconocer sin error porque, incluso en zonas de derramamiento de sangre, están libres de violencia. Su principal ventaja radica en su atracción por el campesinado aledaño, debido a la evidente eficiencia y justicia de sus arreglos; el mejor experto en el tema, monseñor Germán Guzmán, considera que pueden volverse cada vez más atractivas. Su principal debilidad radica en la espontaneidad de su condición campesina que les da atractivo porque, de hecho, su horizonte político es completamente local. Por sí mismos se concentrarían en su propia región, y apenas si tratarían de superar sus niveles de administración y actividad económica. Viotá, por ejemplo, vive en un estado de coexistencia informal con el gobierno central.

Incautaciones de tierras

Con todo, una forma más directa de agitación agraria revivió la ocupación de la tierra. Este acontecimiento es sorprendentemente similar a lo que sucede en toda América Latina, y no tiene una correlación directa con la violencia. El movimiento para ocupar tierras, espontáneo u organizado por los comunistas, no se ha producido en gran medida en la zona cafetalera de pequeños arrendatarios, que es el centro de la violencia, sino en las zonas latifundistas del sur: Nariño, Cauca, Huila, parte de Tolima y —un fenómeno nuevo, o más bien uno resucitado— la costa atlántica de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Quienes realizan las incautaciones son menos los trabajadores sin tierra —que son, en el conjunto, una clase bastante pasiva en todo el continente— que los aparceros y los inquilinos.

La característica principal de esta actividad es que atraviesa la política. De ahí que a finales de 1961, en el área de Cunday —parte de la antigua zona de influencia del Tequendama y Juan de la Cruz— los conservadores, los liberales, los comunistas y los sacerdotes se hayan unido para invadir las propiedades, y los propietarios hayan preferido (como en situaciones muy parecidas en Perú) retirarse a la ciudad.

En términos generales, las áreas en las que hay ocupaciones de tierras activas son aquellas en las que el gobierno decidió implementar la reforma agraria. Con la excepción de una zona en Santander, los nueve proyectos de reforma agraria que se pusieron en marcha en 1962 —en parte colonización (como en Nariño y Antioquia), en parte división de fincas (como en Cunday)— afectan áreas como esas. Este hecho, por cierto, subraya la debilidad de los planes latinoamericanos de reforma agraria desde arriba; en general, los disturbios agrarios han sido el único medio para implementar realmente dichos planes.

La situación entre los estudiantes

En cuanto a la última de las clases insurreccionales, los estudiantes, su situación es tranquila actualmente. A diferencia de muchos otros países de América Latina, en Colombia no ha habido una huelga de la izquierda estudiantil en los últimos dos o tres años. La izquierda (incluido el LMR) es claramente una minoría en Bogotá, e incluso en la Universidad Libre, una institución laica y bastante marxista, los fidelistas forman menos de la mitad del cuerpo estudiantil, al igual que en la más politizada Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Nacional. El ánimo general de los intelectuales de izquierda parece sufrir de pesimismo y desorientación, aunque las huelgas estudiantiles, que se extienden de una universidad a otra como en 1962, son populares e influyentes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un hecho importante: entre 1948 y 1958 la cantidad de estudiantes universitarios y secundarios aumentó alrededor de un 140%. En 1958 hubo más de diecinueve mil estudiantes universitarios. Por otra parte, en varias ciudades se han fundado nuevas universidades, lo que ha creado otros nuevos centros de actividad revolucionaria potencial.

Los partidos políticos

¿Cuál es la situación actual de los partidos y los grupos políticos existentes? En primer lugar, es evidente que todos los partidos se han debilitado un poco. Así, en las elecciones de 1960 solo se registraron 4,4 millones de votantes sobre siete millones, y de ellos únicamente votó la mitad. En 1962, el porcentaje del electorado total que realmente participó en la votación fue también de apenas la mitad.

A grandes rasgos, el Partido Liberal se divide entre los liberales oficiales, de Lleras Restrepo, y el LMR, de López Michelsen, que en cierta medida —aunque con fuerte resistencia interna— es también el frente legal para la izquierda proscrita. ( Juan de la Cruz fue uno de sus primeros líderes y se sentó en la Cámara.) El LMR obtuvo un éxito inesperado en 1960, cuando ganó el 20 % del voto liberal, y un éxito aún mayor con el 36 % de los votos en 1962. Su fuerza radica en el campo y en las ciudades medianas con tradiciones liberales, y tal vez también en sus vínculos con las guerrillas y varios ex guerrilleros con un poder político local considerable. En 1962 fracasó penosamente en las grandes ciudades. Su atractivo es en su mayor parte gaitanista, a pesar de que la hija de Gaitán, quien ha tratado de revivir el movimiento, suele oponerse. Maniobra con cuidado entre la identificación con los fidelistas y los comunistas y la oposición a ellos, que podría causar la pérdida de su apoyo. Actualmente la tendencia es hacia la derecha. Es, entonces, una coalición de revolucionarios y reformadores; su líder, López Michelsen, se ubica quizá a la derecha de su padre, y por cierto no es revolucionario. Pero si la izquierda tiene una expresión masiva es a través del LMR.

Los conservadores cuentan con un activo importante, el apoyo de la Iglesia, aunque su lealtad real a cada político en específico es oficiosa y condicional. Además, el partido está fragmentado, principalmente entre los seguidores bipartidistas de Ospina Pérez y los derechistas laurenistas. El ex dictador Rojas es un factor de poder a considerar también. Quizá es engañoso atribuir demasiada importancia social al tipo de disputa dieciochesca entre los clanes políticos y sus conexiones, ya que probablemente las relaciones personales, las lealtades familiares y las alianzas tácticas entre los bloques locales tengan mayor influencia. En los tiempos recientes tendieron a combinarse.

Sin embargo, es probable que fuera del marco electoral se esté formando, en algún lugar dentro del conservadurismo, un ala socialmente consciente, compuesta quizá en buena medida por jóvenes falangistas intelectuales y oficiales. En las circunstancias de América Latina, una derecha cuasifascista puede fácilmente convertirse en una fuerza potencialmente social-revolucionaria, como sucedió en Bolivia, o lanzar una fuerte corriente nasserista, como en Perú. Es cierto que el ejército colombiano no tiene la tradición, común a varios otros países latinoamericanos, de golpes militares y caudillos, pero el colapso del sistema de partidos ya ha puesto una vez a un militar, aunque quizá bastante renuente, en el poder: Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Puede volver a pasar. La persistencia de la violencia milita más bien en contra de esta posibilidad, no obstante, ya que los intentos de controlarla mantienen ocupado al ejército.

El Partido Comunista, mucho más pequeño y más localizado que los otros, se debilita por el disenso interno y también por la falta de control central sobre los distritos periféricos. El liderazgo de Gilberto Vieira es de sello ortodoxo, pero el partido nunca ha alcanzado el nivel monolítico y permanece no demasiado lejos de la fase inicial, cuando los grupos se separan y reaparecen a medida que cambia la situación política. Hoy los principales disidentes son intelectuales que consideran que la política de partido es demasiado moderada, aunque hasta hace poco el maoísmo parecía tener muy poca influencia. Más allá están los fidelistas, cuyo nombre es en gran parte sinónimo de la oposición de izquierda a los comunistas. Ellos han formado un Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR), una coalición de varios grupos locales con el gaitanismo que resucitaron la hija y el yerno de Gaitán, fuerza que parece constituir su dirección. Es probable que fuera queden algunos grupos fidelistas. Pero todos intentan instigar la acción directa y vincularse con las guerrillas ya existentes. El FUAR está completamente compuesto por intelectuales, y hasta ahora sus actividades no son de gran visibilidad.

Perspectivas para el futuro

No se puede decir que alguno de los partidos o movimientos políticos que existen hoy pueda despertar a las masas, o que algún líder tenga una reputación nacional como fue el caso de Gaitán. (Los líderes que no son comunistas pertenecen a las familias políticas tradicionales, como Lleras o López u Ospina, con todas las ventajas y limitaciones que esto implica.) El LMR es lo más cercano a una masa de izquierda como movimiento, pero su esfera de influencia es limitada.

Sin embargo, es posible, e incluso probable, que el marco rígido del gobierno bipartidista se rompa por la deserción conjunta de conservadores y liberales descontentos, y que la agitación partidaria se reanude antes del final informal de la tregua. Otra posibilidad, en esta situación o en otra, es algún tipo de dictadura militar. Hay izquierdistas que cifran sus esperanzas en la reacción contra tal dictadura, pero esto es apenas otra forma de expresar su pesimismo ante la coyuntura actual.

Parece claro que el resultado final de la revolución social abortada de 1948 ha sido producir una anarquía desorganizada. En la superficie la situación parece estable, pero claramente se trata de un fenómeno ilusorio, porque por debajo el cambio social sucede a un ritmo asombroso. La población, como se mencionó arriba, aumenta rápidamente; en la última década ha aumentado en un 27 %. La población urbana crece aún más rápido. Hacia 1970, la población de Colombia será sobre todo urbana y, lo que es más inusual, dividida en varias ciudades gigantes: incluso hoy Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tienen cada una más de medio millón de habitantes. Las condiciones de vida de la clase trabajadora son pobres, como lo demuestra el hecho de que en Colombia los trabajadores urbanos gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos que los trabajadores brasileños, y una proporción bastante inferior en ropa que incluso sus vecinos de Ecuador. Hay pruebas de que en las grandes ciudades, y especialmente en Bogotá, el estándar de vida de la clase trabajadora se ha deteriorado. La capital tiene, por ejemplo, un consumo per cápita menor de proteínas y calorías que todas las principales ciudades del país, excepto una; y, después de Cali y Pasto (Nariño), posee la brecha más amplia entre el consumo de la clase media y el de la clase trabajadora.

Es inconcebible que esta situación tarde o temprano no lleve a un resurgimiento de los disturbios de masas en la capital y, en lo que a eso respecta, en las otras ciudades. La industrialización es modesta y relativamente lenta: el porcentaje de trabajadores industriales en Colombia, en comparación con el resto del continente sudamericano, es solo más alto que los de Bolivia, Paraguay y Ecuador.

La desintegración de la sociedad rural tradicional avanza a un ritmo acelerado, como demuestra la migración hacia las ciudades; y la estructura de la tenencia de la tierra y el estándar de la agricultura sigue siendo arcaico. Es demasiado pronto para juzgar el efecto posible de la reforma agraria, que por el momento se ha planificado para afectar sobre todo una o dos zonas particularmente críticas.

Por encima de todo esto, la convicción de que algo debe cambiar, y radicalmente, es universal. Aunque los estudiantes son relativamente pasivos, el 82 % (el 91 % después del primer año) están convencidos de la necesidad de tal cambio; y el 72 % sería gaitanista si Gaitán estuviera vivo.

Es difícil predecir la forma del cambio político y social que probablemente suceda, o sus consecuencias. Pero si un observador cree que Colombia atraviesa algo más que una pausa de agotamiento, es probable que tenga un despertar brusco.

Junio de 1963

7

La anatomía de La Violencia

en Colombia¹

Durante los últimos quince años, la república sudamericana de Colombia ha sido devastada por una combinación de guerra civil, acciones guerrilleras, bandidaje y simples matanzas no menos catastróficas por ser virtualmente desconocidas en el mundo exterior. Este fenómeno es conocido como La Violencia, a falta de un término mejor. En la cúspide del proceso, entre 1949 y 1953, este degeneró en una guerra civil que afectó aproximadamente a la mitad de la superficie del país y a la mayoría de su población. En su punto más bajo (1953-1954) se redujo probablemente a regiones de dos departamentos (las subdivisiones administrativas principales de Colombia). Actualmente, afecta a regiones de seis o siete departamentos que comprenden un 40 % de la población y persiste, probablemente adormecida, aunque sin extinguir, en varios más.

Los costos humanos totales de La Violencia son sobrecogedores. La última monografía publicada por la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá (Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, La Violencia en Colombia, vol. I, Bogotá, 1962) refuta el desatinado cálculo de unos trescientos mil muertos (en 1958 el gobierno conjeturaba unos doscientos ochenta mil), pero calcula no menos de doscientos mil. Sin embargo, se carece de fundamentos estadísticos seguros. Con base en las últimas (enero de 1963) cifras oficiales y provinciales, el total difícilmente puede ser inferior a cien mil pero puede muy bien ser más elevado. No se dan datos sobre heridos. Por otra parte, el efecto de La Violencia en áreas específicas puede evaluarse mediante estudios locales tales como el de R. Pineda Giraldo para El Líbano (departamento de Tolima). De las 452 familias entrevistadas en los barrios más pobres de esta ciudad, en 1960, 170 de ellas habían perdido a 333 parientes en las distintas matanzas. El efecto de La Violencia sobre la migración interior ha podido apreciarse también en una o dos encuestas. Este efecto es muy considerable y el reverendo Camilo Torres, que lo ha estudiado con relación a Bogotá, dice que «como en tiempos feudales, los campesinos acuden a la ciudad en busca de seguridad».

Pero lo más interesante sobre La Violencia es la luz que arroja sobre el problema de la inquietud y rebelión rurales. Si descartamos el período de guerra civil formal (1949-1953), La Violencia es un fenómeno totalmente rural, aunque en uno o dos casos (como sucede en los departamentos de Valle y Caldas) sus orígenes fuesen urbanos y algunos tipos de pistoleros reaccionarios o del gobierno —los «pájaros»— permaneciesen en las ciudades, de lo que nos da cuenta su utilización de transporte motorizado. Representa lo que constituye probablemente la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinadas fases de la revolución mexicana. Su número total para todo el período se ha estimado en treinta mil, a pesar de que estas estadísticas son muy poco fiables. De los que de hecho llevan armas, casi todos son campesinos, estando sus edades comprendidas entre los catorce y los treinta y cinco años y probablemente sobrepasan la media de analfabetismo. (Una muestra de cien guerrilleros en el departamento de Tolima incluía tan solo cinco que sabían leer y escribir.) No se ven obreros y solo figura algún que otro intelectual suelto o individuo procedente de la clase media. Con excepción de unos pocos indios (en localidades específicas) y de poquísimos —desproporcionadamente pocos— negros, encontramos el tipo corriente del campesino o pastor mestizo, esmirriado, chaparro, subalimentado pero sorprendentemente resistente que abunda por doquier fuera de las regiones costeras del país. Políticamente acusan la división propia del resto del país formando grupos liberales y conservadores —aunque de los últimos probablemente hay pocos— y un sector comunista todavía más pequeño no implicado en La Violencia misma y concentrado y armado en autodefensa contra irrupciones por parte del gobierno o grupos hostiles. Las áreas de La Violencia adormecida siguen probablemente el mismo patrón. La más importante de todas es la de los Llanos Orientales, una región de ganaderos sólidamente liberal, aunque incluye hoy un contingente comunista que depuso, pero no abandonó sus armas, en 1953, después de que el gobierno (conservador) diera fin a su intento de imponer el control central. No me ocuparé aquí de este escenario propio del Oeste.

En todos los países latinoamericanos se encuentran, fundamentalmente, dos tipos de zonas agrícolas: las agriculturas de subsistencia, muy atrasadas, que se hallan virtualmente fuera o solo marginalmente integradas en las actividades económicas, y las de producción de mercado, que en parte significa alimentos para las ciudades en rápido crecimiento, pero en su mayoría significa el aumento de cosechas remuneradoras en el mercado mundial, tales como el café. La producción sistemática de café (como la de plátanos y otras cosechas inferiores) empezó en Colombia hacia principios de siglo y hoy en día el país es el segundo productor mundial después del Brasil. Existen también dos tipos básicos de organización agrícola, las grandes fincas cultivadas por jornaleros o sistema similar y la unidad familiar campesina explotada por un propietario, arrendatario o aparcero. El patrón general de propiedad de la tierra no tiene relación directa con la estructura de la empresa agrícola, lo que puede explicar la ausencia de correlación significativa entre La Violencia y la distribución de la propiedad de la tierra. Dicho sea de paso, esta es latifundista como en muchos otros lugares de América Latina, pero con grandes retazos de pequeñas propiedades. La combinación de amplias propiedades y pequeñas posesiones campesinas afecta a la situación social colombiana de dos formas principales. Acentúa la desigualdad de la renta: el 4,6 % de la población recibe el 40 % de la renta nacional, y perpetúa asimismo una estructura social cuasifeudal en el campo.

El panorama general del campo colombiano está constituido por lo tanto por comunidades campesinas extraordinariamente atrasadas, aisladas, ignorantes y rutinarias, aherrojadas por propietarios feudales y por esbirros. Esta sociedad tradicional, fundamentada en una agricultura de semisubsistencia, se encuentra actualmente en rápida desintegración. Como en cualquier parte de América Latina, el principal agente de desintegración es una economía de cosechas remuneradoras engranada en el marco mundial. Su avance, preparado en los primeros treinta años de este siglo, se ha acentuado agudamente desde 1940.

Hasta que los partidos liberal y conservador no se retiraron formalmente de La Violencia en 1957, su configuración social estaba oscurecida en parte por los feudos políticos nacionales y locales. Sin embargo, en los últimos cinco años ha sido muy poco afectada por estos factores, por lo que pueden hacerse algunos intentos de generalización. En primer lugar, apenas si ha afectado la región de amplios fundos de cultivo. Como en toda América Latina los trabajadores rurales sin tierras figuran entre los elementos menos rebeldes del campo. En segundo lugar, ha adquirido un particular dominio en el área agrícola de creciente aumento de cosecha remuneradora de pequeños trabajadores, especialmente en las regiones en que se da el café. Actualmente está confinada a una extensión que comprende todos o partes de los departamentos de Tolima, Valle y Caldas, que son las tres comarcas que encabezan la producción de café del país. Caldas y Valle figuran entre los tres departamentos que presentan el mayor incremento de población y Tolima sobrepasa bastante a la media. Añádase a esto que algunas de las principales zonas comunistas, armadas aunque no violentas, son contiguas a esta zona y pertenecen económicamente a ella.

Debe mencionarse también una tercera zona armada, pero tranquila. Radica en las remotas e inhabitadas regiones que se extienden desde las montañas hasta la cuenca amazónica, en las que grupos de colonizadores pioneros independientes han establecido fuertes núcleos comunistas, proporcionando sectores para establecer bases de entrenamiento de guerrillas. Este fenómeno tiene también sus paralelos en otros países latinoamericanos. El pionero independiente, que rompe con los asentamientos tradicionales —con frecuencia de dominio feudal—, es uno de los elementos más militantes en potencia y —como en Perú y en algunas partes de Brasil— uno de los más accesibles a las organizaciones de izquierda.

Por otra parte, en sus centros principales, La Violencia no es un simple movimiento del pobre contra el rico, del desposeído por más tierras. En cierto modo, desde luego, se trata de una expresión de hambre de tierras, aunque se presente como campesinos conservadores asesinando y arrojando a los liberales de sus propiedades, o viceversa. Distintamente, en el curso de quince años de anarquía, ha sido utilizada por una clase media rural ascendente (que por otra parte difícilmente hubiese encontrado forma de ascensión social en una sociedad casi feudal) para adquirir riqueza y poderío. Este aspecto de La Violencia se ha desarrollado en formas que recuerdan extraordinariamente a la mafia siciliana, en especial en Caldas, el departamento productor del café por excelencia. Allí, como réplican los gabellieri sicilianos, los administradores de los fundos y los burgueses han llegado a establecer una organización formal para hacer chantaje a los propietarios y aterrorizar a los campesinos: la Cofradía de Mayordomos. En estas áreas, La Violencia se ha institucionalizado económicamente. Rebrota dos veces al año con la recolección del café y determina la redistribución de granjas y fincas, de las cosechas cafeteras y de su comercio. Es significativo que las perpetuas matanzas que se llevan a cabo en estos lugares no hayan afectado en nada el incremento del cultivo del café. Tan pronto como se expulsa a un campesino de su propiedad, cualquier otro toma a su cargo inmediatamente un bien tan lucrativo.

Por supuesto, La Violencia es frecuentemente revolucionaria con conciencia de clase en un sentido más amplio, sobre todo en años recientes en que los pistoleros, carentes de la justificación de luchar para los dos grandes partidos, han tendido cada vez más a ser considerados como defensores del pobre. Además, en estos casos, los pistoleros y forajidos suelen ser o jóvenes sin propiedades o lazos afectivos, o víctimas de matanzas y expropiaciones, sea por fuerzas estatales o por la oposición política. En la mayoría de los casos comprobados, la autodefensa o venganza (que suele ser lo mismo en estas sociedades) los impulsa a huir de la vida legal situándose fuera de la ley. Por otra parte, el mero hecho de que las bandas armadas de campesinos provienen no de una justa rebelión social, sino de una combinación de tradicional guerra civil de partidos y del terrorismo policial o armado, ha llevado a que sean menos precisos los elementos de lucha de clases. Para la guerrilla liberal, los chulavitas (originariamente soldados y policías del departamento de Bocayá que ganaron una triste fama por su ferocidad al servicio de los conservadores) son evidentemente más enemigos que los señores liberales locales, aunque en los Llanos Orientales los rancheros liberales llegaron a la conclusión, en el curso de la rebelión de 1949-1953, que los sin ganado y las huestes de boyeros representaban un peligro mucho más serio que el gobierno conservador. La guerrilla liberal «limpia» pasa más tiempo combatiendo a los comunes «sucios» o grupos comunistas que a los conservadores, basándose en que (afirmación que procede frecuentemente de campesinos pobres) «los que sostienen que todo es de todos y que las cosas no son propiedad de los amos sino que deben darse a los que tienen necesidad de ellas, son bandidos». No obstante la lealtad comunal tradicional de algunos pueblos a los liberales (o conservadores), los feudos tradicionales con áreas vecinas de diferente complexión política se han visto reforzados en lugar de debilitados en los años de la guerra civil. La mayor parte de guerrilleros y bandidos da expresión a la desorganización social rural y no a aspiraciones sociales.

Disponemos de algunos ejemplos representativos de lo que son las espontáneas aspiraciones sociales del campesinado, notablemente en el complejo de las localidades comunistas rurales semiautónomas, que se encuentran entre la capital y los grandes centros de La Violencia y que son conocidas (un poco en broma) como la «República de Tequendama». Aquí el movimiento campesino se remonta a muchos años atrás; en el caso de Viotá, una especie de Suiza a lo Guillermo Tell comunista de cosechadores de café, a fines de los años veinte y principios de los treinta. Mucho antes de la guerra, el inquilino local, dirigido por los comunistas, obligó a los propietarios a venderles sus parcelas. Desde entonces la región —o, mejor dicho, las casas solariegas y villorrios, ya que el centro urbano mercantil no es comunista— ha estado constituida por pequeños propietarios campesinos relativamente iguales. El comunismo de Viotá es absolutamente una cuestión de autonomía campesina, independencia y autogobierno a nivel local. Cuando el gobierno envió a los valles una expedición armada durante el período de la represión, los hombres de Viotá —todos armados y en situación de luchar— les tendieron una emboscada aniquilándolos. A partir de ahí el gobierno les dejó en paz, confirmando así su fanfarrón aserto de que «más allá se matan unos a otros; aquí no se persigue a nadie».

Tales islotes de autonomía campesina son escasos. Fuera de ellos el terror reina entre los hombres y en las almas. Pero el aspecto más impresionante y horrible de La Violencia es el salvajismo destructivo, cruel y sin objeto de sus hombres armados. A las víctimas de La Violencia no se las asesina simplemente, sino que se las tortura, cortándolas en trocitos (picados a tamal), decapitándolas en una variedad de horrorosos sistemas y desfigurándolas. Por encima de todo, los asesinos pretenden «no dejar ni semilla». Se asesina a familias enteras, incluidos los niños, arrancando los fetos del seno de las mujeres encinta, e incluso sobreviven hombres castrados. En Colombia, el genocidio local —se usa esta palabra para describir tales incidentes— ocurre constantemente. En los últimos cinco meses de 1962 se dieron siete de tales matanzas, con un promedio algo superior a diecinueve víctimas en cada una. Posteriormente parece existir (según las estadísticas gubernamentales de enero de 1963) una clara tendencia al aumento de tales genocidios.

Desde luego hay alguna razón funcional en la raíz de esta barbarie. Guerrilleros y bandidos dependen de la absoluta complicidad de la población local y allí donde la mitad de la población se les muestra hostil se obtiene fácilmente su silencio mediante el terror. Uno no puede sustraerse a la impresión de que estos asesinos saben que sus acciones —por ejemplo la extirpación de un feto mediante una brutal cesárea sustituyéndolo por un gallo (como sucedió en dos departamentos muy distantes)— no son simplemente salvajes, sino erróneas e inmorales según los cánones de su sociedad tradicional. Existen ejemplos aislados de rituales de iniciación deliberadamente antisociales y prácticas similares. Hay cabecillas a quienes observadores que les han visto actuar de cerca describen como desquiciados mentales, muchas de cuyas matanzas exceden de lejos aun lo que se considera normal en la proscripción, como por ejemplo Teófilo Rojas («Chispas»), muerto hace poco, a quien se considera responsable de un promedio de dos asesinatos diarios durante los últimos cinco años. No obstante, incluso sin testimonios tan directos, es muy difícil considerar el obtuso sadismo de tantas bandas como algo que no sea un síntoma de profunda desorganización social.

¿En qué medida representa esto un colapso general de los valores tradicionales en áreas sometidas a una transformación social excepcionalmente rápida o sujetas a tensión excepcional, o en qué medida representa tan solo las inquietudes excepcionales de hombres que han sido, como lo fueron, arrojados al vacío por el rápido girar de su antiguo y firme universo? A primera vista es, obviamente, lo último. Los guerrilleros o bandidos aventureros son gentes perdidas, especialmente juventud perdida; los hombres mayores, pasados los treinta o treinta y cinco años, tienden, si es que pueden, a retirarse de las montañas. El tristemente famoso «Chispas» se vio lanzado a la ilegalidad a la edad de trece años, asesinado su padre, ocultos su madre y sus hermanos, destrozada su vecindad.

Tales hombres, que carecen de sostén ideológico —ya que incluso los liberales y conservadores (es decir, la Iglesia) se han separado ahora de ellos—, se convierten fácilmente en asesinos profesionales o en ciegos y salvajes vengadores que hacen víctimas a cualquiera de su sino personal. A estos se han unido grupos de jóvenes perdidos que forman la generación más reciente (1958-1963) de reclutados por La Violencia, agrupándose en pandillas de alrededor de quince años de edad: muchachos cuyas familias enteras fueron asesinadas ante sus ojos, cuya diversión infantil fue delatar enemigos locales a los pistoleros, cuyas hermanas emigradas a las ciudades engrosan allí las filas de la prostitución. Quince años de La Violencia han levantado un mecanismo de autoperpetuación similar al de la guerra de los Treinta Años.

Sin embargo, no existe una distinción muy marcada entre estos casos extremos y las flaqueantes comunidades locales de que provienen. Hay muchísimos ejemplos, en América Latina y fuera de ella, de una violencia que supera la medida tradicional (ya de por sí bastante amplia) que se desarrolla en comunidades tradicionales, cuyo mundo se descoyunta. La profunda crisis inducida en la mentalidad de campesinos dedicados a cultivos de subsistencia por el crecimiento de una economía de mercado tal vez no ha sido estudiada tan adecuadamente en Colombia como en Brasil, en especial por un grupo de trabajadores en São Paulo, pero hay escasas razones para dudar que el origen de La Violencia pueda ser el mismo; quizá superior para Colombia, cuya todopoderosa Iglesia española del siglo XVI carece de la válvula de seguridad que el sectarismo apocalíptico ofrece con frecuencia a los andurriales brasileños. En su departamento de Colombia, el inefable Efraín González se ha convertido en héroe popular, como sucedió con el bandolero Lampião en el nordeste de Brasil: la crueldad forma parte de la imagen pública de ambos, en agudo contraste con la imagen casi universal del «noble bandido» de la tradición campesina, que invariablemente resaltaba su moderación en matar.

Puede sugerirse que, por razones peculiares a la historia de Colombia, la violencia latente de tales situaciones fue alimentada para emerger plenamente en el curso de una agria guerra civil, que a su vez reflejó la crisis económica social y política del país. El resultado fue La Violencia. No nos preocupamos aquí de las especiales circunstancias que la llevaron a desarrollarse en Colombia, y no por todas partes. Nos llevaría muy lejos analizar ahora la peculiar naturaleza del sistema colombiano de dos partidos, la crisis de la economía desde alrededor de 1930, la creciente conversión del partido liberal en un partido de masas del pobre, bajo el impulso de políticos al estilo New Deal y del carismático líder de masas Jorge Eliécer Gaitán, quien se hizo dueño de ellas; el asesinato de Gaitán en 1948 y la espontánea insurrección de masas en la capital que la siguió e inició la era de guerra civil y matanzas. Será suficiente concluir, con el profesor Orlando Fals Borda, que la Violencia procede de una revolución social frustrada. Esto es lo que puede suceder cuando las tensiones revolucionarias sociales no son disipadas por el pacífico desarrollo económico ni atajadas para crear estructuras sociales nuevas y revolucionarias. Los ejércitos de la muerte, los desarraigados, los mutilados físicos y mentales son el precio que paga Colombia por este fracaso.

Abril de 1963

II. Estructuras agrarias

8

Elementos feudales en

el desarrollo de América Latina

El feudalismo queda fuera del ámbito de interés de los historiadores que se especializan en los siglos XIX y XX, o en el mejor de los casos queda en uno de sus márgenes, nunca en el centro. Sin embargo, no podemos rehuir el tema.

En primer lugar, no podemos evitar atender al problema de la transición del feudalismo al capitalismo, que ha sido tema de considerables discusiones, en especial entre los marxistas. Aun aquellos que niegan que el sistema económico que en Occidente precedió a la revolución industrial pueda ser llamado feudal tendrían dificultades en refutar que el desarrollo específico de algunas economías y sociedades —por ejemplo la japonesa— no haya sido afectado por un currículum histórico que muy plausiblemente se puede describir como feudal.

En segundo lugar, el feudalismo es quizá el único sistema de relaciones socioeconómicas dentro de la sociedad de clases que podemos encontrar en todas partes del mundo, y (se podría añadir) a lo largo de una gran variedad de períodos históricos. Por lo tanto, el desarrollo de la economía mundial capitalista moderna, inevitablemente, tuvo que penetrar, y al conquistar transformó numerosas sociedades locales cuyas relaciones eran predominantemente feudales, como los rajputs de la India o los emiratos del norte de Nigeria. En tercer lugar, sin embargo, el mismo desarrollo del capitalismo en una escala mundial generó o regeneró en varios lugares y en diversos momentos históricos relaciones sociales dependientes que no son capitalistas. Algunas de estas relaciones se pueden reconocer como feudales, vale decir indiferenciables de aquellas que prevalecían en sociedades incuestionablemente feudales. Este ensayo tratará de este último fenómeno en América Latina.

Conviene empezar con algunas dilucidaciones. En primer lugar, el proceso por el cual alguna porción del globo, por fuera de los centros originales de desarrollo capitalista, fue conducida al mercado capitalista mundial debe distinguirse de la creación de estructuras y relaciones económicas características del capitalismo moderno. Este proceso fue prolongado y, teniendo en cuenta además las variaciones locales de velocidad, gradual. En otras palabras, durante mucho tiempo el «mercado mundial» estuvo lejos de ser global. En consecuencia, en cualquier momento de su historia entre el siglo XVI (o cuando sea que elijamos la fecha de comienzo del tal mercado mundial) y al menos el siglo XX, coexistieron distintos sectores alterados en grado diferente por el capitalismo. En casos extremos, enclaves ya transformados por entero por este mercado (como los pozos petrolíferos y las refinerías de hidrocarburos) podían coexistir con sectores virtualmente nunca afectados por factores económicos externos (como tribus cazadoras y recolectoras en junglas inaccesibles), aunque hoy en día resulta dudoso que se pueda sostener que cualquier parte de la población mundial, aun la que habita en las áreas más remotas, no haya sido afectada de algún modo por la economía moderna. Hasta este punto, todas las economías con las cuales el historiador debe enfrentarse aun entrado el siglo XIX por fuera de ciertos pocos países «desarrollados», son economías «múltiples» o, si elegimos poner todas las partes de la población afectadas en algún grado por la economía mundial capitalista en un único grupo, economías «duales». Aunque la distinción ha sido formulada y después calurosamente rechazada, el debate sobre esta cuestión es de un interés relativo. Lo que importa es (1) que el proceso por el cual el capitalismo mundial penetró en otras economías resultó ininterrumpido e irresistible y (2) que en todo momento histórico este proceso involucró grados y tipos diferentes de penetración y consecuentemente de transformación.

Estas transformaciones, planificadas o inconscientes, se pueden dividir en dos tipos mayores, según cómo afectaran las relaciones sociales de producción. Pueden utilizar o adaptar instituciones y relaciones preexistentes, o pueden establecer nuevas. Así, los conquistadores españoles del Perú utilizaron el sistema de prestaciones laborales del imperio inca, pero lo modificaron de maneras muy significativas. En primer lugar, eliminaron el elemento de reciprocidad y redistribución, que era esencial (al menos idealmente) en el sistema incaico. A partir de ahí el movimiento de bienes y servicios avanzó solo en una dirección, es decir, de los indios a los españoles, sin retornos o retribuciones en la dirección contraria. En segundo lugar, no solo pidieron trabajo, sino también bienes y mercancías. (Cuando los incas pedían la entrega de productos, como por ejemplo textiles, eran también en verdad meras demandas del resultado del trabajo porque el Estado proveía las materias primas.) En cuarto lugar [sic], en la medida en que la explotación del excedente de trabajo operaba directamente para un mercado mundial (como ocurría con la producción de metales preciosos) o indirectamente para un mercado más amplio, el sistema dejaba de ser coordinado esencialmente como uno de prestaciones laborales localizadas, como lo había sido anteriormente. En quinto lugar, esta apropiación obraba ahora ampliamente en términos de beneficios particulares para un conjunto de encomenderos españoles que formaban una clase explotadora sin precedentes. Por último, los requerimientos de los españoles precisaron de cambios en el equilibrio real de la producción —como en la sustitución forzada de la producción y manufactura de algodón por la de lana—, así como cambios en el ritmo del pago de tributos (varias veces al año en lugar de una única anualidad) y un aumento de las obligaciones. Sin embargo, al menos en lo que tocaba a los indios, estas modificaciones, aunque fueran para peor y privaran al sistema de su anterior legitimidad, eran todas modificaciones en el interior de las relaciones sociales de producción ya existentes. Como contrapartida, la introducción de una clase separada de señores individuales, muy probablemente cada uno de ellos con sus tierras en propiedad privada personal, y faltándoles cualquier relación orgánica con las comunidades campesinas, era una innovación en términos peruanos, aunque desde el punto de vista de los españoles podía ser considerado como una mera adaptación de familiares instituciones europeas precapitalistas.

Esta distinción que acabamos de hacer es, por supuesto, histórica antes que funcional. Si los españoles se hubieran visto frustrados en su uso del sistema preexistente de la mita,¹ indudablemente habrían pergeñado alguna otra forma que proveyera de trabajo forzado a las minas reales o a las necesidades de los encomenderos, como de hecho habían hecho en otras partes, y como se hizo en los siglos XIX y XX en África. Sin embargo, la disponibilidad histórica de algunas técnicas preestablecidas de explotación no carece de significación. Puede inclinar la elección de los explotadores hacia un tipo de explotación antes que otro, si ambos cumplen la misma función. Así (como Witold Kula demostró para Polonia), la elección de un sistema de corvée tendía a restringir el contacto de una parte permanentemente amplia de la producción agrícola —la que los campesinos producían en sus propios minifundios— con el mercado. Al revés, cuando se establece un sistema de trabajo forzado y una amplia oferta de trabajo se vuelve disponible, las demandas crecientes del mercado serán saciadas por una intensificación o extensión de los trabajos forzados antes que por otros medios, en la medida que sea posible. Todo lo cual puede a su vez afectar la estructura de la economía, al menos por un tiempo.

Otro ejemplo más reciente también sirve como ilustración. El café no es un cultivo tradicional en América Latina. Fuera de Brasil, no había sido cultivado en ninguna escala significativa antes de la década de 1880. En su producción, tal como fue desarrollada en los siglos XIX y XX, no había economías de escala que fueran decisivas. Más aún, muchas veces se daba el caso contrario. Tanto en Guatemala como en Brasil, y de hecho en la mayoría de los restantes países del continente, el cultivo de café tenía lugar esencialmente en grandes latifundios. En el primero de estos países, Guatemala, esta forma de explotación del café resultaba presumiblemente una adaptación de un antiguo tipo cuasifeudal de «hacienda tradicional», caracterizado por un terrateniente ausente, un gerente que administraba secundado por capataces que controlaban a los operarios permanentes a cargo de las tareas de todo el año, y mano de obra estacional que venía para la cosecha y que consistía principalmente en campesinos que migraban temporalmente de la agricultura de subsistencia del interior del país. En el segundo, Brasil, el café se cultivaba en las plantaciones esclavistas, y después de la abolición el cultivo creció por una combinación del trabajo de colonos (a veces poco diferente del trabajo servil), aparceros, y cada vez más, trabajo libre.

En Colombia, en cambio, segundo productor de café del continente, en 1960 el 80 % de la tierra cafetalera se ubicaba en unidades de explotación de menos de cincuenta hectáreas. El departamento de Caldas, con un 40 % de la producción total nacional, tenía en 1952 solo veintiocho fincas cafetaleras de más de sesenta hectáreas.² En este país, parte del cultivo del café también se había dado en grandes latifundios hasta que fue fragmentado por las presiones combinadas de la gran depresión de 1929 y de la rebelión campesina.

Sería a todas luces ilegítimo suponer que la actual estructura de la producción cafetalera se debe solamente a diferencias históricas, modificadas sin embargo después por la subsiguiente acción de la economía capitalista. Sin embargo, sería igualmente ilegítimo negar que estas diferencias históricas desempeñaran un papel de primer orden. El hecho de que, por ejemplo, el establecimiento de São Paulo fue organizado de modo tal que llevó al predominio de terratenientes con grandes latifundios, mientras que el de Antioquia en Colombia adoptó en su mayoría la forma de colonización campesina, influyó evidentemente sobre la estructura del cultivo del café en esos dos países. De hecho, existen áreas donde regiones geográficamente similares son colonizadas simultáneamente de modos diferentes, y bajo diferentes regímenes institucionales, aunque con objetivos económicos muy similares. Así ocurrió, por ejemplo, con parte de los valles subtropicales y tropicales al este de los Andes peruanos. Estas variaciones de la estructura económica debidas a factores «históricos» —como la existencia de una economía latifundaria en un caso, y su ausencia en el otro— pueden ser observadas aquí con particular claridad.

El segundo tipo de transformación no utiliza métodos de explotación preexistentes, o más bien su existencia les resulta irrelevante. Sin embargo, de ello no se sigue que el desarrollo de una economía capitalista mundial no haya procedido directamente, o hasta el siglo XX no haya ocurrido de ningún modo, por medio de las características relaciones sociales de la producción del capitalismo en todas partes. La única excepción a esto son las relaciones entre compradores y vendedores en un mercado supralocal. Esto se aplica con particular fuerza a la producción agraria, aunque también sea probablemente válido, hasta cierto punto, a la producción de bienes manufacturados, que también puede desarrollarse sustancialmente mientras que esté en manos de pequeños productores, es decir, aun sin más que una muy pequeña transformación en algún tipo de Verlagsystem. No hay duda, por supuesto, de que estas relaciones no capitalistas, locales o sectoriales, eran parte de un mercado capitalista en todos sus rasgos generales o de una economía capitalista mundial, a la que estaban subordinadas. Tampoco queda duda alguna de que tales productores se pueden considerar como económicamente racionales, aunque su racionalidad puede no haber sido capitalista, quizá porque una racionalidad capitalista quedaba fuera de su alcance por razones técnicas.

El ejemplo más dramático de una forma no capitalista de explotación, subordinada al desarrollo de un sistema capitalista mundial, es la esclavitud productiva, la cual, en el hemisferio occidental, significó lisa y llanamente una institución nueva. Mientras que el desarrollo de relaciones feudales en el contexto del desarrollo capitalista global son modificaciones o recreaciones de un tipo de relaciones de producción que puede y debe darse casi universalmente bajo ciertas circunstancias —al menos hasta el triunfo del moderno capitalismo industrial—, la esclavitud (excepto en la forma económicamente trivial de la esclavitud doméstica) ocurre solo ocasional o marginalmente en la Historia. Quizá el único ejemplo real de un sistema económico esencialmente basado en la esclavitud se da en el área del Caribe y en su hinterland, y en ciertas zonas costeras de América del Sur entre el siglo XVI y el XIX. Dado que la plantación esclavista, que fue su unidad característica de producción, estaba diseñada esencialmente para producir bienes con el fin de su exportación ultramarina, el sistema esclavista surgió claramente como una parte subordinada del desarrollo capitalista. Sin embargo, aunque el dueño de una plantación explotada con mano de obra esclava tiene que hacer cálculos económicos similares a los de cualquier otro productor inserto en el mercado mundial, no es posible identificarlo con un empresario capitalista, ni social ni económicamente. Este error vicia las investigaciones, muy sofisticadas desde el punto de vista técnico, de Robert Fogel y otros; al menos, las vicia para el historiador.

La plantación esclavista era una respuesta altamente específica a las demandas del mercado capitalista mundial bajo ciertas condiciones no menos específicas, que pueden ser resumidas como la explotación masiva de un monocultivo bastante estandarizado con destino a la exportación (el más notable, el azúcar de caña) ante la ausencia local de mano de obra disponible y también de inmigración voluntaria o que pudiera se generada por los terratenientes. La falta de mano de obra alternativa se puede deber a la mera falta de población (como en las Indias Occidentales después del exterminio de los nativos originarios), a la renuencia del trabajo libre de migrar sea cuales fueren los términos (o bien a la reluctancia a aceptar los términos ofrecidos), o a la negativa de la población local a trabajar en las plantaciones (cuando, por una razón u otra, la coerción física resultaba imposible en la práctica). De ahí la continuada importancia de los arreglos de cuasiesclavitud, tales como la importación de trabajadores contratada desde Asia u Oceanía para las antiguas áreas de plantación con trabajo esclavo tales como las islas azucareras del océano Índico, Trinidad, Guyana y Cuba en el Caribe, y los aislados oasis de plantaciones en Perú. Las discusiones sobre la inmigración en Perú a mediados del siglo XIX ilustran la importancia de la falta de mano de obra alternativa, porque se tomaban en consideración y sopesaban todas las fuentes posibles de brazos para las plantaciones de la costa, excepto aquella que en el siglo XX ha colmado naturalmente el volumen mayor de esa demanda, es decir, la emigración estacional, y eventualmente permanente, de los indios serranos.

Los acuerdos feudales y cuasifeudales son más complejos, dado que prácticamente en todos los casos son impuestos sobre una población preexistente con su propia estructura social y también, aunque esto en mucho menor medida, son pasibles de verse a su vez influidos por las tradiciones, instituciones y leyes que trajeron consigo los conquistadores desde la Europa feudal. La hacienda, en cambio, fue una innovación americana, no provista por el repertorio institucional de la conquista, que se desarrolló independientemente de las políticas del gobierno y en buena medida en contra de ellas, aunque finalmente fue reconocida por estos gobiernos, y después de la independencia los reemplazó ampliamente.³ El mismo nombre de hacienda, con este significado, ya era una novedad. Originariamente, la palabra indicaba cualquier tipo de activos líquidos, bienes muebles o inmuebles, sin especial referencia a los derechos sobre la tierra y los hombres.

Dos juicios pueden formularse sin temor a la contradicción acerca de las haciendas de la América colonial (y las repúblicas independientes). En primer lugar, sus relaciones externas no son feudales ni en un sentido institucional ni en un sentido económico. La propiedad haciendal no conllevaba ni implicaba un estatus nobiliario. Los latifundios (que a lo largo del tiempo rara vez disminuían sus dimensiones nominales)⁴ eran comprados y vendidos con toda libertad, a menudo sobre una base especulativa, por comerciantes y otros compradores. Según datos reunidos por H. Favre, de once haciendas de Huancavelica (Perú) documentadas para el período entre 1690 y 1760, solo una permaneció en manos de una única familia al menos por tres generaciones, mientras que siete fueron vendidas cada una por lo menos tres veces. Después de todo, el objetivo de la hacienda era producir para vender en un mercado supralocal y, en consecuencia, para obtener ganancias.

Muy paradójicamente, según las condiciones en América, este mismo propósito podía conducir a desviar la conducta empresaria hacia una dirección no capitalista; con la posible excepción de las grandes propiedades que eran administradas racionalmente por grandes instituciones, como los jesuitas. Esto se debía a la vez a las limitaciones del mercado y —más allá de los monocultivos producidos en plantaciones esclavistas para ser vendidos en el mercado mundial— a las enormes incertidumbres a las que se veían expuestos los productores, y sobre las cuales carecían de todo control. En los casos extremos, el mercado era tan físicamente despreciable que la maximización de las ganancias no era una opción en absoluto. De este modo, la hacienda del Monte en Michoacán (México) simplemente no tenía a su alcance una demanda adecuada para su carne y su cuero, y claramente nunca se volvió económicamente viable.⁵ Con más frecuencia la política de las haciendas tenía un doble fondo. Buscaba monopolizar todos los mercados que ya existían —fundamentalmente alrededor de las ciudades importantes y de las áreas mineras— excluyendo de ellos a los productores campesinos. Los hacendados lograban este objetivo expandiendo el área de la hacienda hasta el punto de que abarcara las mejores tierras; probablemente reducían así a los campesinos autosuficientes al estatus de consumidores, excluyéndolos por cierto de toda competencia posible. (El desarrollo de las haciendas en la vecindad de los mercados sacó naturalmente de la competencia a las haciendas que estaban en lugares remotos respecto a ellos.) También buscaban establecer un área lo suficientemente amplia y que contuviera una suficiente variedad de productos como para contrarrestar todas las fluctuaciones posibles. Así lo expresaba en México un hacendado del período del porfiriato:

Una buena hacienda debe tener de todo, agua, tierras de labor, tierras de pastoreo, explotación forestal, cactus, canteras, hornos de cal, etc. Así los productos se van a complementar los unos a los otros. Los ingresos del pulque producido por el cactus van a ayudar a pagar salarios y herramientas para los jornaleros. Los ingresos de las tierras de pastoreo van a ayudar con la cosecha. Lo que los indios carboneros producen en las montañas va a ayudar para pagar los impuestos. Algo de lo que proveen las otras cosechas, va a ayudar con los gastos extraordinarios. Y los ingresos generados por la venta de la cosecha principal podrán pagar por los gastos del año que viene y por lo menos dejar algo como ganancia. A la hacienda que no tiene todo algo le va a faltar. Para evitar la escasez, hay que tener de todo y la manera de tener de todo es agrandando la hacienda.⁶

Pero, como señala Enrique Florescano, también bajo estas circunstancias se sigue que la política más lógica para los terratenientes fuera «obtener un ingreso fijo y regular de sus haciendas más que grandes ganancias un año y grandes pérdidas el otro», dado que los beneficios no eran nunca tan importantes como para contrarrestar los riesgos del clima, las fluctuaciones en la producción y la limitación de los mercados. De aquí que la actitud del hacendado pudiera converger fácilmente con, o ser transformada en, la de una especie de rentista, que busca derivar de su hacienda ingresos tales como sean adecuados para solventar los gastos de su estatus social, y no se perturba mucho por cómo administra su propiedad en tanto y en cuanto pueda disfrutar de estos beneficios.⁷ O también, incluso, tornarse en la actitud cuasifeudal del hombre a quien no importa tanto la riqueza que sus tierras pueden darle sino el prestigio de ser dueño de grandes territorios y el control sobre las muchas personas que allí viven bajo su dominio. En las vastas áreas alejadas de mercados realmente rendidores (o durante períodos de recesión general) estas actitudes fueron las que predominaron más probablemente. En suma, lo primero que hay que decir es que las haciendas pueden estar dentro de una economía de mercado capitalista o en los márgenes, pero en sí mismas no eran, necesariamente, empresas capitalistas.

En segundo lugar, la organización interna y las relaciones de las haciendas solo se pueden describir como feudales. La similitud entre los servicios y las prestaciones que se requería a sus paisanos es tan cercana a los señores feudales al punto de no dejar espacio para la duda. Debería observarse, no obstante, que estas relaciones de vasallaje o de siervos no son meramente (o directamente no son) reliquias de un pasado tradicional, sino que bajo ciertas circunstancias se ven reforzadas y reelaboradas debido a la creciente producción para el mercado. El «feudalismo» estaba mucho más claramente desarrollado en La Convención en la década de 1950 que lo que había sido en 1917. Un fenómeno similar se ha observado en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, con el crecimiento del mercado exportador para el trigo.

Sin embargo, este tipo de «feudalización dependiente» tiene algunas características peculiares y algunos límites obvios. Como ya hemos sugerido, en algunos sentidos se vio realmente vigorizado por el triunfo del capitalismo mundial. Así, la tendencia de los hacendados a comportarse como magnates feudales, es decir, a ejercer un poder político-militar independiente, que en el período de la colonia había sido estrictamente controlado por la Corona, se vuelve mucho más frecuente en el período de la independencia, al menos hasta el muy tardío restablecimiento de un poder central estatal efectivo (en Perú, esto no ocurrirá antes de la era de Augusto Leguía, 1919-1930). Pablo Macera no puede recordar ningún caso en el Perú colonial donde «los peones hayan sido movilizados como soldados para satisfacer algún objetivo político de sus patrones».⁸ A la inversa, los patrones pudieron encontrar muy conveniente la expansión de la producción destinada al mercado mediante una explotación más sistemática de las prestaciones laborales de sus campesinos.

Las limitaciones a la feudalización fueron tanto económicas como sociales. Ya hemos observado los efectos de los mercados remotos, por ejemplo los costos excesivos del transporte. La producción de alimentos para las ciudades y las áreas mineras —dado que en su conjunto la población rural era autosuficiente— no invitaba a un desarrollo importante de la agricultura, salvo de algún tipo muy localizado. Desde el punto de vista práctico, los únicos productos que en toda América Latina tenían una salida al mercado eran los de la ganadería (por ejemplo, el cuero y quizá la lana), y el grueso de la economía señorial consistía en la cría de ganado en ranchos de un tipo que, todavía en 1962, ocupaba más de la mitad de la superficie «de utilización agropecuaria» en Colombia, con lo que en este país el ganado en pie sumaba diez millones mientras que la población humana era de quince millones.⁹ En términos de mano de obra, esta actividad tiene demandas muy bajas. Los principales productos de exportación (haciendo a un lado la minería) fueron, hasta mediados del siglo XIX, producidos por los esclavos antes que por los siervos: muy especialmente, el azúcar de caña.

Al considerar los límites de este método de explotación dentro del contexto del desarrollo capitalista, debemos, por supuesto, tener en cuenta dos cuestiones algo diferentes: el horizonte limitado que la situación ofrecía a cualquier producción a gran escala dirigida a un mercado capitalista y las limitaciones de una empresa agraria basada en prestaciones laborales de los siervos. Muy a menudo se pasa por alto la primera. Todavía en 1950 el área cafetalera en Colombia, que es el segundo productor mundial de café, que equivale al 80 % de sus exportaciones, ocupaba solo 650.000 hectáreas o un 0,5 % de todo el territorio nacional y a comienzos de la década de 1960, de manera más realista, el 5 % del área explotada para propósitos agrarios en las regiones más importantes del país (los Andes y el Caribe).¹⁰ En la pequeña república centroamericana de Honduras, en 1952 solo el 15 % del territorio estaba cultivado. De este porcentaje, el 70 % era explotado para economía campesina de subsistencia y solo el 30 % con propósitos comerciales.¹¹ A fortiori, el sector de la economía agraria orientado al mercado en el período precapitalista presentaba limitaciones parejas, cuando no más. También hay que tener en cuenta que buena parte de las necesidades alimentarias normales de las ciudades eran satisfechas con productos del entorno más inmediato y que los vecinos se proveían mediante los parientes, amigos y compadres.

Al mismo tiempo, un «régimen de señorío territorial», basado en la asignación de parcelas de subsistencia a los campesinos a cambio de servicios y prestaciones, removió automáticamente amplias porciones del suelo cultivable, que ya no podrían usarse sino muy marginalmente para una producción orientada al mercado. […] Todavía en 1959 en los principales departamentos habitados por indios en las tierras altas del sur del Perú, la tierra usada directamente por los hacendados se elevaba a un 12 % en el departamento del Cuzco, a un 7 % en Puno y a un 4 % tanto en Apurímac como en Ayacucho.¹²

Una gran parte de la tierra y de la población resultaban así irrelevantes para la explotación por medio de la empresa agrícola, aunque no bajo otras formas: por ejemplo, coerción directa de servicios no económicos (sin retribución), entregas forzosas de productos y explotación económica por comerciantes (blancos, mestizos o mulatos), usureros, traficantes de alcohol, etc. En casos extremos se podía desarrollar una economía puramente dual, como en la región de la Huasteca mexicana, donde comunidades indígenas autosuficientes en las montañas más pobladas coexistían casi sin ninguna interacción con haciendas de ganadería extensiva operadas por mano de obra no india en las llanuras costeras, hasta que los colonos no indios penetraron y explotaron las comunidades desde dentro, durante y después del siglo XVIII.¹³ Pero tampoco hay que subestimar la resistencia propia del campesinado, tanto más cuanto que su organización comunal, dentro de ciertos límites, estaba legalmente reconocida y mantenida por la legislación colonial. Existe abrumadora evidencia de que los comuneros, por más involucrados que estuvieran en la economía haciendal, valoraban su relativa independencia y se consideraban superiores a los colonos o a los campesinos de las haciendas. En las áreas indias, la comunidad, sea cual fuere su estatus legal o su función económica, es un instrumento que sirve para distanciar a los no indios y evitar la contraaculturación. Como observa Macera, durante el período de la colonia la multiplicación de los oficios religiosos y civiles en el interior de ella servía, y se buscaba que sirviera, como un medio para sacar a los indios de las obligaciones de servir a los españoles. Por la misma razón, los indios de Páez (en Colombia) consideran oprobioso vender en los mercados locales: es «una señal de sometimiento a los invasores blancos».¹⁴ Habría que agregar quizá que la resistencia a los amos no quedaba confinada a la clase de los campesinos independientes. Todos los indios, dentro o fuera de la hacienda, la consideraba una intrusión en tierra que creían propia. Como los viejos mujiks rusos, de quienes el observador europeo que llega a América se acuerda constantemente, la servidumbre de la hacienda andina no era tan impotente en la práctica como en la teoría. Disponían de la invalorable capacidad colectiva de trabajar a desgana. Más todavía: ellos estaban siempre allí y mucho de lo que hacían, especialmente en grandes latifundios administrados al modo tradicional, estaba más allá del control o aun del conocimiento del patrón. Desde fuera y desde dentro, siempre estaban poniendo a prueba e infiltrándose en la economía del hacendado. De ahí el curioso sentimiento compartido por los hacendados tradicionales y por sus campesinos de que cada uno explota al otro.

Lo que es cierto, al menos hasta donde podemos saberlo, es que la cantidad de campesinos que actuaban exclusivamente en el interior del sistema de la hacienda era una minoría.

[…]

Los campesinos independientes tampoco estaban, por supuesto, enteramente fuera de la economía de las haciendas, que contaban en las comunidades cercanas con la fuente de mucha de la mano de obra que empleaban. Más aún, si se pasara revista en alguna fecha específica, esa limitación ocultaría las considerables fluctuaciones de la relación a lo largo de cualquier período extenso. Por último, cualquier campesino, independiente o no, y en especial si era indio, subalterno a algún miembro de la clase (no india) de los terratenientes y sujeto a dominación no económica. Sin embargo, parece claro que el alcance de la economía de señorío era limitado.

El límite esencial del desarrollo de la agricultura a gran escala de cualquier tipo era por lo tanto un campesinado que en su mayoría ni necesitaba ni quería trabajar en un sector señorial o capitalista de la agricultura. La expropiación, de un tipo o de otro, era un método obvio para convertirlos en mano de obra. No obstante, aunque el proceso de expansión de las haciendas (muy abundantemente basado en la usurpación de tierras comunales) continuó a un ritmo variado durante algunos siglos, existen comparativamente solo muy pocos ejemplos de expropiación total, y estos generalmente nunca antes de hacia fines del siglo XIX. En algunos de ellos se hicieron claramente visibles las demandas del mercado, como en Yucatán, donde hacia 1910 el 90 % de los jefes de familia mayas habían sido despojados de sus tierras, y en las áreas azucareras de Morelos (México) bajo Porfirio Díaz. En otros casos, como el sistemático exterminio de las comunidades en Bolivia bajo el régimen de Melgarejo (1866-1871) y después, el papel del mercado es menos claro. Con todo, no parece sensato asumir que estos ejemplos sean representativos, y tampoco que la enorme extensión del latifundismo, o, más precisamente, la monopolización de la buena tierra por grandes latifundios, haya de por sí producido una población rural sin tierra o submarginal que se viera económicamente obligada a trabajar en ellos.

La existencia de un sistema en el cual los terratenientes (a) ejercen un considerable poder de coerción extraeconómica y (b) pueden asegurar derechos de propiedad sobre grandes extensiones de territorio, produce naturalmente un sesgo a favor de las formas de explotación económica que se valgan de estas ventajas; al menos, es así en las áreas de población relativamente densa donde la tierra sin colonizar no está suficientemente cerca.¹⁵ Sin embargo, de lo anterior no se sigue que aun así el desarrollo de la producción en las tierras solariegas con trabajo servil fuera necesariamente la forma más ventajosa de explotación. En verdad, se podría sugerir que, con ciertas excepciones, algún tipo de combinación de arrendamiento a aparceros y de cultivo por trabajadores con bajos salarios hubiera sido lo más conveniente. La aparcería (o arrendamiento pagado en especie) tiene la ventaja de que se pueden obtener excedentes comercializables de campesinos que no quieren trabajar en las tierras solariegas o en momentos cuando no hay mucho trabajo que hacer en los monocultivos de exportación. […] El trabajo asalariado tiene la enorme ventaja, sobre las prestaciones laborales obligadas, de ser más flexible, una consideración importante dadas las enormes variaciones estacionales en los requerimientos de mano de obra de muchos de estos cultivos comerciales destinados al mercado exportador. Además, parece haber pocas dudas de que el trabajo asalariado es más barato que el servicio laboral prestado por los siervos. Los cálculos que se han hecho sugieren esto, así como la evidencia más o menos general de que las condiciones de los siervos eran o son mejores que las de los campesinos sin tierra, y que la posición de los colonos era considerada como deseable, y de que a los siervos rebeldes se los amenazaba con expulsarlos de las tierras que estos cultivaban. Nada de todo esto implica, por supuesto, que la condición de los siervos fuera satisfactoria en ningún sentido.

[…]

El problema mayor del trabajo asalariado era el de toda mano de obra: cómo conseguirlo. Conviene recordar, sin embargo, una dificultad específica del período de la colonia. Durante mucho tiempo prevaleció una escasez absoluta de las pequeñas denominaciones de la moneda (los salarios de los trabajadores estaban muy por debajo de cualquier pago de los efectuados en plata o en oro). Esto alentó el uso de adelantos de crédito, es decir de fichas monetarias privadas al margen del ámbito público de la moneda, y el uso de «tiendas de raya», donde se podían gastar esas fichas, todo lo cual ayudaba a la permanencia del vínculo de la mano de obra con la hacienda a través de relaciones de deuda. También alentó, naturalmente, la remuneración no monetaria a través de la entrega de parcelas de terreno destinadas a la subsistencia.

Aun sin este factor especial parece probable que varias formas de servidumbre de deuda (peonaje) hayan sido utilizadas para reclutar y retener mano de obra. Si este era el método principal para encadenar a una mano de obra con la hacienda, según han sostenido autoridades eminentes como Chevalier y Macera, ha sido recientemente puesto en duda con diversos motivos, aunque al menos uno de los argumentos no niega que la deuda establece una permanencia de las relaciones laborales. La verdad es que sabemos poco de la deuda campesina con los señores en el período de la colonia, y prácticamente nada sobre ella en tiempos de la independencia. Probablemente sea un error buscar un favor único como responsable de encadenar a los campesinos a la tierra de la hacienda. En singular, puede mostrarse legítimamente que cada uno era demasiado débil como para poder cumplir por sí solo con este propósito. Es así que la tesis de que la expropiación de las tierras comunitarias fuera «el método principal» para asegurarse mano de obra resulte tan vulnerable a la crítica como la tesis de que ese método mayor fuera el de la deuda del peonaje. En una economía tan poco poblada, y tan relativamente subdesarrollada del lado de los terratenientes y tan relativamente autosuficiente del lado de los campesinos como era la de América Latina antes del período imperialista, tanto el horizonte del incentivo de ingresos futuros como el de las compulsiones a las que eran pasibles los campesinos resultaban más bien limitados. Como contrapartida, en una sociedad donde los terratenientes eran indudablemente la clase dominante (rural), con poderes extraeconómicos sustanciales de mando y dominación, su horizonte para establecer algún tipo u otro de dependencia campesina por un método u otro o por una combinación de varios, debía ser considerable, al menos en la medida en que los campesinos no podían escapar del universo de amos y patrones a través de la migración masiva. Y acaso se pueda demostrar que la migración en masa, a diferencia de la de los migrantes individuales, que tal vez traía como resultado pequeños asentamientos de colonos en tierras de frontera sin cultivar, no era practicable. En todo caso, los campesinos, que (con razón) consideraban la tierra en la que vivían como propia, aun si hubiera sido usurpada o expropiada por conquistadores extranjeros, no estaban tan dispuestos a abandonarla a la ligera. La historia de sus luchas centenarias y tenaces en pro de sus tierras así lo demuestra.

En pocas palabras, en tanto en cuanto que el incentivo económico para que los terratenientes modernizaran su economía permaneció (o se volvió intermitentemente) débil, la hacienda tradicional «típica» no presentó problemas irremontables de mano de obra. Podía establecer suficientes arrendatarios sobre sus tierras —lo que equivalía a un área más grande que la que habitualmente explotaba como terrateniente— para sus requerimientos, que eran habitualmente modestos. Podía solicitar o hacer arreglos con las comunidades vecinas para obtener mano de obra extra, posiblemente por coerción extraeconómica, probablemente a través de ofrecer el uso de recursos que de otro modo la hacienda monopolizaría. (Esto implican los argumentos de Martínez Alier).¹⁶ Podía contar con ingresos producto de lo extraído de una u otra manera por la mayoría de los campesinos dentro del rango de su poder. Y necesitaba poco más que esto. Las haciendas involucradas en una producción económicamente más avanzada, por ejemplo para el mercado exportador, indudablemente tenían problemas de mano de obra, en especial después de la abolición de la esclavitud. Pero fueron casos especiales.

La situación cambió drásticamente con la entrada real del interior del continente latinoamericano en la economía mundial desde mediados del siglo XIX hacia adelante; un cambio cuyo significado queda oculto por las aparentes similitudes que se pueden encontrar en el sistema de la hacienda antes y después, y por los intentos de demostrar que habían sido «esencialmente capitalistas» desde los tiempos de la conquista. Al menos por largos períodos, las viejas haciendas habían funcionado, para citar a John Womack, «más como símbolos que como empresas». Ahora el incentivo para volverse empresas se había vuelto más acuciante, aun cuando los latifundios no cayeran realmente en manos de capitalistas extranjeros.

Al considerar los problemas de mano de obra de haciendas crecientemente comercializadas, debemos retener no solo la cuestión de la demanda, sino también de la oferta. Porque el crecimiento demográfico (que generaba una presión creciente sobre la tierra) y el impacto del capitalismo dentro de las comunidades fueron altamente significativos. Así, el método típico de reclutar mano de obra migrante para las minas y plantaciones, el enganche, según el cual los jornaleros van pagando con sus trabajos los adelantos que les hicieron los contratistas de mano de obra, operados en su mayoría entre el pequeño campesinado —al menos en Perú—, y que asumía tanto que existía una «burguesía» ciudadana o aldeana, entre la cual se reclutaban los enganchadores, como que los adelantos en efectivo eran suficientes para que la mano de obra emigrara. La necesidad de efectivo surgió en los pueblos no solo por la pobreza y el requerimiento de pagos importantes por matrimonios, funerales o competencia de estatus y de fiestas para ganar cargos comunales, sino también por la creciente actividad de un mercado campesino territorial. Esto a su vez se veía estimulado —al menos en el centro de Perú, donde el tema ha sido bien estudiado— tanto por el crecimiento del mercado para pequeños productores como por la concentración de la empresa agropecuaria en gran escala por la cría extensiva de ganado en pie en establecimientos serranos, que llevó a la venta de pequeñas y medianas tierras de propietarios blancos como de tierra eclesiástica en los valles agrícolas. La importancia de los compradores de tierra y de otros bienes como los migrantes se ve en el grado sorprendentemente alto en que estos —en esta área— provenían del interior del campesinado que se encontraba en mejores condiciones.

Con todo, el elemento de coerción o (lo que viene a ser lo mismo) de dependencia personal retuvo su importancia, tanto porque resultaba siempre disponible como por la reluctancia de los campesinos a perder su independencia. Esto era más visible en las áreas donde no había una población local densa, es decir, donde faltaba un auténtico proletariado rural. El uso más advertido de las prestaciones de mano de obra —sea por el otorgamiento de arrendamientos de mano de obra o por otros métodos— ocurría en tales áreas. Es así que los latifundistas azucareros de Jujuy (Argentina) compraron los latifundios no económicamente rentables en las vecinas tierras altas de los Andes desde la década de 1920 en adelante para convertir las rentas de los arrendatarios indios, que pasaron de ser dinero a ser trabajo: es decir, para forzar el que tuvieran que trabajar en la zafra. Las tierras azucareras de Morelos (México), en tiempos de Porfirio Díaz, especialmente las áreas más remotas, habían preferido concentrar importantes poblaciones permanentes de campesinos expropiados en el conjunto de la hacienda, como una fuerza de siervos ya completamente dependientes y desprovistos de tierras, de modo tal de aliviar a los administradores de la «peligrosa y humillante dependencia de los trabajadores de los pueblos, que los odiaban, y que podían desertar de la hacienda en cualquier momento si fuera de ella les ofrecían mejores salarios». Cuando todavía necesitaban mano de obra extra, podían recurrir a contratar inmigrantes de Puebla y de Guerrero, cuyo endeudamiento también garantizaba dependencia.¹⁷ (A esta política no le faltó el éxito: los peones residentes de Tenango, amedrentados y asegurados por los patrones, no participaron en el levantamiento de Zapata).¹⁸ El incentivo para acrecentar las prestaciones laborales y, donde fuera posible, disminuir los bienes y las tenencias de los campesinos, resultaba obvio donde ya se habían establecido los arrendamientos de mano de obra, como era evidente en Chile. A la inversa, como señaló Martínez Alier, donde el campesinado local disponía de un uso de facto de los recursos de la hacienda, transferir la explotación a una mano de obra exterior contratada se podía volver difícil, si los hacendados desearan hacer eso.

La brecha más grande en el sistema de coerción y dependencia de la mano de obra se encuentra, por supuesto, en los momentos de alta demanda estacional, que en su mayoría ofrecen más prontamente los trabajadores rurales sin tierra o los campesinos minifundistas, a los cuales resultaría antieconómico ofrecerles a su vez arrendamientos permanentes de mano de obra. El enganche proveía un medio de adquirir mano de obra externa, allí donde no existía ningún «ejército de reserva». Precisamente por su condición de «forasteros» y por las coerciones que el endeudamiento les imponía, los enganchados se veían menoscabados cuando llegaba el pico de demanda estacional de mano de obra, que de otro modo les resultaría una posición negociadora mucho mejor ante los hacendados. Uno podría sugerir que el uso más duradero del sometimiento y de la coerción era mantener los salarios de la mano de obra reclutada por debajo de los niveles de mercado.

El «neofeudalismo» resultó así una respuesta a una situación económica que había cambiado en muchos de sus datos básicos. Puede plantearse que era más probable que esta respuesta se ensayara allí (a) donde el sistema de la hacienda estaba bien establecido; (b) donde para los campesinos no existía la disponibilidad inmediata de tierras alternativas que ocupar, o donde había quien no deseaba que esa ocupación se pudiera dar; (c) donde los terratenientes sufrían de algún nivel de escasez de mano de obra, y (d) donde la expansión de la producción comercial era extraordinariamente rápida. Allí donde existía la opción y donde los terratenientes visualizaban claramente las ventajas de los métodos alternativos de explotación de la hacienda (lo que no siempre tenía por qué ocurrir), se podían ver frustrados por el monopolio de los recursos del poder que hacía el patrón, o por las ventajas, más tradicionales y difíciles de cuantificar, del estatus social y la influencia derivados de la posesión de haciendas. Sin embargo, resulta claro que el neofeudalismo era (o es) tanto una respuesta marginal como transicional al desarrollo de una economía capitalista mundial, al menos en América Latina.

Marginal porque, a diferencia de la plantación esclavista en sus áreas características, y por los cultivos comerciales asociados con ella, la hacienda cultivada por campesinos siervos o arrendatarios que debían prestar su trabajo nunca se volvió una unidad universal de producción agraria para el mercado exterior. No existen razones convincentes a priori por las cuales esto no podría haber ocurrido, y evidentemente las tendencias a desarrollar aparcerías desde el siglo XVII y su utilización sistemática en la producción chilena de trigo en el siglo XIX sugieren que, bajo ciertas circunstancias, podría haber ocurrido.

Transicional, en parte, porque las ventajas económicas de contar con una importante mano de obra vinculada con la hacienda disminuyeron con el surgimiento de la explotación agraria intensiva y capitalista, con la disponibilidad de mano de obra reclutada en un amplio proletariado rural o un cuerpo de migrantes estacionales, y el acrecentamiento de la tierra utilizada y explotada por parte de la hacienda, y en parte porque el sistema de la hacienda, siempre impopular entre todos excepto entre los hacendados, se volvió cada vez más vulnerable a las presiones de sus competidores, de sus víctimas (y el campesinado no era la menor de ellas) y de aquellos que la consideraban un obstáculo al desarrollo económico general de su país.

De hecho, si alguna vez lo fue, el desarrollo de la agricultura de mercado en gran escala a mediados del siglo XX ya no se puede considerar neofeudal en ningún sentido. Así, en Colombia las aparcerías parecen ser de muy poca importancia al tiempo del sondeo del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA); en Guatemala las fincas investigadas dependen por completo de trabajo asalariado, y aun en Brasil, donde la prestación laboral exigida y obtenida parece haber tenido más peso —en parte como agregada a arrendamientos con convenios de aparcería, en parte en conexión con otras formas de arriendo de la tierra—, los rasgos de neofeudalismo remanentes constituyen, en una amplia proporción, solo un museo de reliquias históricas.¹⁹ Mencionamos estos tres países porque en ellos no hubo ningún tipo de reforma agraria al tiempo de esta investigación. Excepto en circunstancias poco frecuentes e inusuales, como las prevalecientes en los valles amazónicos de Perú entre la década de 1930 y comienzos de la de 1960 (por ejemplo, en La Convención), no necesitamos considerar seriamente al neofeudalismo en ninguna discusión del desarrollo agrario latinoamericano a mediados del siglo XX.

Se podría sugerir que, en la medida en que se debe tener en cuenta más seriamente, en este período América Latina se volvió parte de una economía mundial capitalista, vale decir, desde fines del siglo XIX hasta la crisis mundial de la década de 1930. El incentivo para continuar la expansión de la producción agraria mediante los recursos disponibles en la economía tradicional de la hacienda —expansión del latifundio, expropiación de tierras campesinas y comunitarias, coerción no económica, exigencia de prestaciones laborales, creación de peonaje por endeudamiento, etc.— llegó entonces a su clímax; el apoyo de los gobiernos a los dueños de plantaciones y haciendas, nacionales o extranjeros, fue casi ilimitado; la resistencia de la población rural tocó su punto más bajo y las tensiones que iban a hacerse sentir subsiguientemente en movimientos revolucionarios y de otros tipos estaban todavía acumulándose para explotar. Hasta cierto punto (tal como ocurrió en Brasil) se pudieron haber utilizado métodos neofeudales para completar las brechas que dejó la abolición de la esclavitud. Sin embargo, este período de América Latina es todavía muy poco conocido, especialmente en la medida en que cae en aquella que es la más oscura de todas las eras en la historia poscolombina del continente: el siglo XIX. Solo ulteriores investigaciones podrán descubrir y mostrar cuán importantes fueron durante este período las adaptaciones neofeudales, y en qué áreas o tipos de producción fueron más significativas.

1976

[Algunas notas y partes del texto de la versión original de este ensayo han sido omitidas por el editor/compilador de este volumen, Leslie Bethell. Aquí y en adelante se indica esta eventualidad con […], siempre y cuando aparezca fuera de una cita textual.]

9

Un caso de neofeudalismo:

La Convención, Perú

I

La provincia de La Convención, departamento de Cuzco, en el Perú, alcanzó familiaridad para los ciudadanos del mundo exterior a principios de la década de 1960, cuando fue el escenario del movimiento campesino más importante en ese país y probablemente en toda Sudamérica. Esto podría atraer legítimamente la atención del historiador social. Al mismo tiempo, La Convención es una versión especial de un fenómeno más general, que también debería interesar al historiador económico. Es territorio fronterizo en el sentido estadounidense de la palabra, es decir, pertenece a la gran zona de tierra no desarrollada en el extremo oriental de los Andes (el extremo occidental de la cuenca del Amazonas) que ha sido colonizada y cultivada en las últimas décadas, principalmente por los cultivos comerciales para el mercado mundial, pero también para otros fines económicos. A lo largo de las laderas de los Andes hay varias de esas regiones donde, en sus diferentes formas, están presentes los terratenientes y los empresarios en las haciendas y el comercio, los campesinos en busca de tierra y libertad. En su mayoría son campesinos indios de las tierras altas, y los antecedentes socioeconómicos de la sierra y el altiplano determinan en cierta medida las características de la nueva economía que toman forma en las laderas orientales semitropicales y tropicales.

En términos generales, estas zonas nos proporcionan ejemplos de colonización que cubren un amplio rango de posibilidades: penetración en territorio totalmente desocupado (es decir, sin dueño legal), en territorio parcialmente privado o que proporciona un alcance legal para pequeños asentamientos, y en territorio totalmente ocupado por haciendas; haciendas del tipo tradicional feudal o capitalista moderno, o intermedio; asentamientos de comunidades indias o colonos individuales; asentamientos con el fin de ampliar o recrear la economía de subsistencia del campesinado tradicional o una economía de mercado; el funcionamiento de una economía de mercado de este tipo mediante la servidumbre, la pequeña agricultura campesina, el cultivo compartido y/o los pequeños propietarios pioneros, las migraciones laborales estacionales o el trabajo forzado, e incluso el desarrollo mecanizado intensivo en capital y mano de obra moderno. El área de La Convención combina dos extremos: la penetración de colonos campesinos individuales, orientados al mercado —kulaks futuros, se ha dicho—, en un área dominada por grandes haciendas, cuya política era desarrollar la producción a través de arrendamiento laboral, es decir, servidumbre. Probablemente sea el conflicto de extremos lo que explique la inusual nitidez de las colisiones sociales allí. Trataré principalmente esta región tan interesante, observando las variaciones en otras áreas solo de manera incidental.¹

El estudio de una región así resulta esclarecedor por varias razones. Una de ellas se puede mencionar de inmediato. Es la total falta de fiabilidad de todas las estadísticas que le conciernen, un hecho que incluso el historiador debe recordar y que el economista nunca debe olvidar. Los datos más elementales, como los censos, o incluso las estimaciones del tamaño del área, son bastante inciertos. […] Los censos fluctuaban frenéticamente, y solían hacerse, en todo caso, a intervalos irregulares; las estimaciones intercensales difieren aún más ampliamente. El censo de 1940 solo agregó un tercio para permitir que la población selvática fuera del alcance de los enumeradores; por lo que sabemos, podrían haber agregado un 10% o un 40%. Las cifras para la producción total de la provincia se dan con confianza, pero si las comparamos con las estadísticas de las cantidades de diversos bienes transportados por el ferrocarril Cuzco-Santa Ana, que proporciona el único vínculo de la provincia con el resto del mundo, encontraríamos divergencias considerables. Y así sucesivamente. Por lo tanto,todas las cifras se pueden usar solo como órdenes de magnitud aproximados, y es posible que ni siquiera sean confiables para este propósito.

II

La provincia de La Convención, que ha existido como una unidad administrativa independiente desde 1857, es una vasta región al norte de Cuzco y a lo largo del sistema fluvial que finalmente se une al Amazonas. (Comienza justo después de las famosas ruinas incas de Machu Picchu.) Es una región de colinas subtropicales y bosques que se sumergen rápidamente hacia los trópicos, quizá desde dos mil metros en la cima hasta setecientos metros en el límite del cultivo. Por lo tanto, se funde en la selva tropical, y de hecho durante el auge del caucho de principios del siglo XX fue una de las puertas de entrada a la parte peruana de las áreas de caucho. Está aislada del resto del Perú por altas montañas, a través de las cuales se ha abierto un camino de herradura (construido por el gobierno peruano bajo la presión de las haciendas) desde 1890² y el ferrocarril desde Cuzco a Huadquiña desde la década de 1930. Sin embargo, incluso a principios de la década de 1960, la cabeza de la línea férrea seguía estando a tres o cuatro horas en camión de la capital provincial, Quillabamba (también fundada en la década de 1890), el único municipio real de la región. En 1959 el sistema entero de carreteras ascendía a solo 298 kilómetros. No es sorprendente que únicamente una pequeña fracción de la tierra —alrededor de once mil hectáreas— se haya cultivado realmente.

La población ha fluctuado considerablemente, aunque todas las estimaciones son un poco mejores que las conjeturas. Los censos (tomados de forma irregular) sugieren un aumento de aproximadamente 12.000 habitantes en 1862 a entre 27.000 y 40.000 en 1940, y se dice que hay unos 60.000 pobladores sin tierra a principios de los años sesenta. El único hecho incuestionable es que la población fue diezmada por una epidemia descrita como «malaria» que entró en los valles en 1932-1933.³ Esta catástrofe, que redujo grandes áreas de la provincia a un desierto humano, es de importancia crucial en su historia reciente. La situación fundamental de la provincia siempre ha sido la combinación de tierras abundantes, comunicaciones deficientes y una aguda escasez de mano de obra.

A efectos prácticos podemos considerar que La Convención permaneció fuera de la economía mundial hasta el siglo XX, y fuera de cualquier economía hasta bien entrado el siglo XIX, excepto en la medida en que partes de ella estaban involucradas en el mercado regional de las tierras altas de Cuzco. El área estaba lo suficientemente cerca de Cuzco, con sus potencialidades conocidas y explotadas de la manera en que lo hicieron naturalmente los españoles en climas cálidos: plantaciones de azúcar, de las cuales tenemos registros desde principios del siglo XVII, pero que, por obvias razones, se concentró por completo en la producción de aguardiente para la venta en el altiplano. El segundo cultivo estándar fue la coca, también para los indios de las tierras altas. De hecho, estas dos drogas constituían prácticamente los únicos bienes de consumo que compraban.

Hasta qué punto esta economía del azúcar y la coca se desarrolló en la época colonial es irrelevante. Estaba bajo constante amenaza de los indios amazónicos y parece que —tal vez en relación con el surgimiento de Túpac Amaru, tal vez en relación con las interrupciones del período de la independencia— hubo un retroceso de los asentamientos en la montaña a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Cuando lentamente se comenzaron a expandir de nuevo, se basaron en las antiguas bases del azúcar y la coca, junto con un poco de cacao, que se produjo para la fabricación del chocolate de Cuzco, un artículo de lujo muy conocido, y tal vez una cierta cantidad de ganado. Los viajeros de principios del siglo XX no se molestan en mencionar ningún otro producto agrario, y de hecho los costos de transporte excluían a cualquier otro. Tomó cinco días recorrer los ciento noventa kilómetros desde lo que hoy es Quillabamba hasta Cuzco, incluso después de la construcción de un sendero para mulas, y los costos de transporte de la coca variaron de una sexta parte a un tercio del costo de producción por arroba, dependiendo de la distancia del viaje, o el 25 % del precio de venta del aguardiente, el 10 % del de la coca, según otra fuente del mismo período. Por otro lado, el mercado se mantuvo estable o en expansión. Es bastante evidente […] que este tipo de economía arcaica aún prevalecía en la época de la primera guerra mundial.

Si bien la producción para el mercado mundial evidentemente había comenzado antes, se mantuvo en pequeña escala y hubo pocos monocultivos, excepto en una o dos haciendas que comenzaron a especializarse en té desde 1913. Parece que se dejó en gran parte para inquilinos campesinos, mientras que los propietarios de las tierras dependían de los artículos básicos más antiguos. Evidentemente (aunque las estadísticas son escasas) no se produjo un progreso sorprendente en la década de 1920, y casi con certeza se sufrió un revés bajo el doble impacto de la crisis y la catástrofe demográfica en la década de 1930. Es posible que el cultivo de la caña de azúcar ya estuviera en declive entre las guerras, pero esto no se puede establecer con certeza.

En las décadas de 1940 y 1950, por otro lado, la producción creció muy rápidamente, a excepción de los productos forestales, que aquí no conciernen a nuestro interés. El crecimiento principal se dio en el café, el cacao y el té. Entre ellos, el café se producía principalmente en fincas mixtas, aunque era evidente una tendencia al monocultivo (y la producción de las fincas mismas); el té siempre lo producían unas pocas haciendas de monocultivo de aspecto relativamente moderno (que, por cierto, pagaban salarios algo mejores que el resto); el cacao se cultivó sobre todo en varios cientos de monocultivos campesinos, pero también en algunos estados mixtos. Incluso la coca, el antiguo cultivo básico, continuó creciendo satisfactoriamente, aunque su superficie no parece haber aumentado y hasta puede haber comenzado a disminuir. […] Sin embargo, el azúcar disminuyó muy rápidamente a fines de la década de 1950.

[…]

El desarrollo inusualmente rápido de La Convención desde 1940 se debe a una combinación de circunstancias. La primera es la construcción de un ferrocarril (contratado en 1921, inaugurado no antes de 1933), cuya ausencia impidió cualquier gran desarrollo comercial. (Parecería que Quillabamba tuvo un crecimiento escaso entre los años 1917 y 1940.) La segunda es la catástrofe demográfica de la década de 1930, que retrasó el desarrollo, pero finalmente dio lugar a un crecimiento desproporcionadamente grande y rápido. En tercer lugar, y más importante, esta recuperación coincidió con el prolongado auge de las materias primas durante la segunda guerra mundial y el período de la guerra de Corea, que impulsó un desarrollo similar e igualmente sorprendente en otras partes del Perú y de América Latina. Vale la pena observar que esta expansión repentina sorprendió a muchos de los terratenientes de La Convención, por así decirlo. Durante décadas, de hecho durante generaciones, se habían adaptado a la economía tradicional del alcohol de coca. Ahora se les dio la oportunidad de explotar la lucrativa, pero también potencialmente más arriesgada, economía del café-técacao y otras exportaciones tropicales al mercado mundial.

III

Hacia 1960 había más de cien de estas haciendas en La Convención (y el valle de Lares, que, aunque administrativamente ubicado en otra provincia, pertenece económicamente a este vecino); cuarenta y seis de ellos habían existido un siglo antes, ochenta y siete se registraron a mediados de la década de 1950. Su tamaño oscilaba entre el gigante Huadquiña probablemente de unas 150.000 hectáreas, y ciertamente no menos de 80.000, la reliquia de una gigantesca finca de unas 500.000 hectáreas adquirida por un tal Mariano Vargas en 1865 y posteriormente dividida en varias porciones por la familia Romainville, en fincas casi igual de impresionantes, de 45.000, 35.000 o 30.000 hectáreas, y las propiedades relativamente modestas de 2.000 hectáreas.⁴ (Aun así, solo el 15 % del área total de la provincia era propiedad legal privada; el resto pertenecía al Estado.) Solo una pequeña proporción de estas fincas se cultivaba, tal vez entre el 8 y el 10% según CIDA: Perú (1966).⁵ Y una parte aún menor fue cultivada por los mismos propietarios. Evidentemente, esto se debió primero al problema perenne de las fincas de La Convención: la escasez de mano de obra, necesaria tanto para la producción como para el transporte.

Parece que al principio los terratenientes trataron de resolver el problema laboral por medio de la mano obra de indios amazónicos de la etnia machiguenga (Machiganga). Su conversión al cristianismo tuvo un precio: se vieron obligados a trabajar cada vez que visitaban las únicas iglesias disponibles, que estaban en las haciendas. Pero no fueron muy numerosos: alrededor de 1914, solo mil o mil quinientos. Hay indicios de que los terratenientes también probaron con el trabajo asalariado en forma de enganche: importaciones temporales de mano de obra por medio de contratistas, que parecen haber formado la principal fuerza de trabajo de las haciendas en las áreas comparables del centro de Perú. Evidentemente tuvieron poco éxito; tal vez porque La Convención era menos accesible desde áreas con excedente de mano de obra que el centro de Perú, o porque las haciendas de las tierras altas resistieron la competencia de los valles por su propia fuerza de trabajo; quizá también debido a la ineficiencia y la alta tasa de desperdicio de la mano de obra de las tierras altas en el ambiente semitropical, por no mencionar la renuencia de los propietarios de La Convención a pagar salarios de mercado libre. De hecho, como veremos, la esencia de sus servidumbres características no es obtener trabajo gratis, sino obtenerlo a un ritmo fijo por debajo del que se obtendría en el mercado abierto.

Dadas las circunstancias, es decir, en ausencia de suficiente mano de obra asalariada o de trabajo forzoso y esclavo, los estamentos tenían que depender de esos colonos campesinos que se filtraban en los valles o podían ser atraídos hacia ellos. De hecho, solo había dos opciones: compartir cultivos o alguna combinación de colonización campesina y trabajo servil en las tierras de los Estados. Por razones que no están del todo claras, el cultivo compartido se desarrolló muy poco. Uno puede quizá aventurar que la preferencia original de los terratenientes por una economía de plantación de la caña de azúcar determinó esta opción, ya que tales plantaciones tienen requerimientos pesados de mano de obra periódica que un sistema básicamente de cultivo compartido no puede satisfacer. (Es probable que la producción de azúcar sea siempre un privilegio señorial, ya que los contratos de arrendamiento en el siglo XX, cuando habían perdido importancia, todavía lo prohibían específicamente a los campesinos.) Ni la coca ni el cacao o el café imponen automáticamente un sistema de agricultura de heredad. En cualquier caso, el método que los señores de La Convención adoptaron fue una forma de servidumbre asombrosamente similar a la del vasallaje europeo medieval. Los arrendamientos que se pagan en servicios laborales son bastante comunes en el Perú bajo el nombre general de pongaje, pero este término no se usa en La Convención, donde los trabajadores atados a la tierra se conocen como arrendatarios y su derecho de residencia como el arriendo, una palabra incolora que puede sugerir que la servidumbre en la provincia no es tanto la hija de una tradición feudal como la respuesta de los terratenientes poderosos a una situación económica.

El clásico arriendo ha sido descrito por varios observadores, y más completamente por Cuadros (1949) y CIDA: Perú (1966). El siguiente detalle se basa principalmente en Cuadros, quien describió el sistema antes de la intervención de los sindicatos campesinos. La duración del arrendamiento varió, pero parece haber sido sobre todo de nueve a diez años, como era necesario si el arrendatario cultivara plantas como el café o el cacao, que comienzan a producir la primera cosecha a los cuatro o cinco años. Normalmente los pagos (el canon) se excusaban durante el primer año y, de hecho, los colonos pioneros, al menos durante el período del rozo (la limpieza del suelo virgen y su preparación para el cultivo), pudieron haber disfrutado de condiciones algo más favorables que aquellos con tierra ya cultivada. Sin embargo, después de que se estableciera el cultivo, el canon se podía incrementar a medida que la tierra alquilada se volviera más productiva. Alternativamente, los propietarios podrían deshacerse de los inquilinos para cultivar ellos mismos la tierra. Parece que no ha habido un límite convencional u oficial para tales aumentos en el pago.

El canon del arriendo consistía en rentas monetarias, que oscilaban entre ocho y diez soles y entre ochenta y cien soles al año, tal vez con un promedio de veinte a treinta, más un conjunto de servicios laborales más importantes, además de otras varias obligaciones. Los servicios universales o casi universales (las condiciones) fueron:

1. Una cierta cantidad de días de trabajo al año (no necesariamente consecutivos) con un salario fijo que parece haber sido de 0,40 soles por día desde al menos 1914 hasta mediados de la década de 1950. (Desde la revuelta agraria de 1961-1962, ha sido de 1-1,50 soles, lo que demuestra la divergencia entre el salario servil y el libre mercado.) La cantidad de este turno era de ocho a diez días al mes en promedio en 1942, y podría ser más alto, hasta doce días.

2. La palla, una obligación de proporcionar al menos una recolectora de hoja de coca para cada cosecha de coca, pagadera (desde al menos 1900 hasta mediados de la década de 1950) a 0,2 soles por día. Una hacienda en 1918 obligó a los inquilinos a enviar de una a cinco palladoras cuatro veces al año. […]

3. La huata faena (trabajo anual), una obligación de trabajar diez a quince días sin paga, a excepción de comida, bebida y posiblemente una gratificación convencional de un sol. Esta obligación podría incluir el trabajo de todos los dependientes del arrendire y los peones, a quienes se obligó a pagar de 0,5 a 1,2 soles por día más comida y chicha, la bebida fermentada local, como en la hacienda San Lorenzo en la década de 1940. También podría significar una obligación por separado de trabajar en la propiedad con todas sus manos cuando sea necesario durante tres a seis días con un salario fijo de 0,7 soles.

4. El deber de asumir comisiones de varios tipos para el señor cuando se requiera a un salario de 0,5 soles. Las siguientes obligaciones no son tan universales y se dan por orden de frecuencia según lo registrado por Cuadros (1949).

5. Fletas cosechas (obligación de transporte), una obligación de transportar una carga de seis arrobas (66 kilogramos) por cada animal de carga en posesión del inquilino hasta tres veces al año, a una tasa fija inferior a los costos de transporte en el mercado abierto.

6. El deber de proporcionar a los empleados de la casa para el trabajo no remunerado por un período determinado.

7. Trabajos de mantenimiento y carreteras, incluso en la casa del señor, por no más de dos semanas al año.

8. Herbaje, es decir, un pago de dinero (normalmente dos soles) por cada cabeza de ganado en posesión del inquilino por encima de un cierto mínimo.

9. Pago por madera y otras materias primas tomadas de la hacienda por el inquilino a un precio fijado por el propietario.

10. La prohibición de ciertos cultivos en la tierra del inquilino; y alternativamente, la obligación de plantar ciertos cultivos.

11. La obligación de consumir los bienes producidos en la hacienda y/o vender los cultivos del arrendatario exclusivamente a la hacienda o a través de ella.

Estas obligaciones eran claramente muy pesadas, y la escasez de mano de obra de los señores tendía a hacerlas aún más pesadas, en particular en el período posterior a la década de 1930, cuando la provincia estaba inusualmente despoblada y el auge en el mercado de productos primarios era inusualmente grande. De hecho, las raíces inmediatas de la revuelta campesina de 1958-1963 residen en el intento sistemático de los señores provinciales de reimponer el sistema de trabajo de siervos después de las epidemias de malaria (es decir, en una situación teóricamente extremadamente favorable para el obrero), y más tarde, apoderarse de la tierra traída a cultivo efectivo por los colonos campesinos pioneros. Los historiadores de la Edad Media europea pueden pensar casos paralelos. Además de la revuelta, el inquilino tenía la opción de dejar una parte de su tierra sin cultivar debido a su deber de trabajar en la propiedad o emplear mano de obra para cumplir con sus propias obligaciones, así como los requisitos laborales de su parcela. El desarrollo de dicha subcontratación es la particularidad de La Convención. El arrendatario dejaba parte de su parcela a uno o más allegados que podían (como en la hacienda Echarate) llevar a cabo a cambio un tercio o más de sus servicios laborales, y también atraía a un número creciente de trabajadores libres sin tierra (habilitados, peones, maquipuras, etc.). Esta novedad es reciente. En 1917 Rosell enumeró solamente arrendatarios, gente de rancho (es decir, sirvientes directos) y pequeños ocupantes ilegales o colonos independientes como los tres tipos de trabajo en La Convención, y las subtenencias están técnicamente prohibidas en la mayoría de los contratos, aunque se acepta el sistema de allegados en la práctica, si bien solo sea porque aumentaron el número de «sus» trabajadores que el inquilino estaba obligado a poner a disposición del propietario en las ocasiones requeridas. Por el contrario, los servicios laborales oficiales de los arrendatarios y sus dependientes se volvieron cada vez más inadecuados para la creciente economía de las haciendas y, en consecuencia, parece que se desarrollaron acuerdos intermedios entre los servicios laborales y el trabajo asalariado. Tal es el maquipura o extra, la obligación de trabajar un cierto número de días (hasta veinte) con todos los dependientes del inquilino, no por un salario fijo o consuetudinario, sino por un salario acordado antes de cada período de servicio. (Hoy podría ser dos soles por día.) De manera similar, el arrendatario próspero hoy podría contratar trabajadores para que realicen sus laborales, pagándoles un salario en efectivo.

La estructura laboral de La Convención, por lo tanto, consta de tres niveles: arrendatario, allegados y habilitados. No tenemos idea de cuántos de cada uno hay, ya que las cifras escasean o no son confiables, pero parece que el número de residentes (arrendatarios, allegados y otros con tenencias similares) es probablemente mucho menor que el número de jornaleros sin tierra.

IV

Quedará claro que esta situación fue inusualmente favorable para los propietarios de las haciendas, y de hecho lo fue cada vez más con la extensión de la producción del mercado y la creciente escasez de mano de obra, siempre y cuando los terratenientes pudieran mantener su poder tradicional. Por lo tanto, se suponía que el salario diario de 0,40 soles sería aproximadamente un 20% inferior al de mercado en 1918, pero a principios de la década de 1940 no era más de un tercio o un cuarto, y algunos años después un cuarto o un quinto, de los salarios libres de mercado. Esto se confirma por el repentino salto de las tarifas diarias a 1-1,50 soles, en el caso de maquipura, a dos después de la revuelta agraria de 1961-1962. En cuanto a los 0,20 de las trabajadoras, que se mantuvieron sin cambios durante cincuenta años, podemos imaginar la ganancia para el empleador de esta congelación salarial secular. Podemos agregar que los propietarios habían tenido el hábito de obtener los pagos en efectivo y los servicios laborales de los inquilinos en parte como una modesta renta en efectivo y en parte como herbaje, es decir, el impuesto principal sobre los animales de los inquilinos.

[…]

Kuczynski Godard (1946) estimó la tasa de rendimiento del capital en la hacienda San Lorenzo entre un 12 y un 16 %, sin contar los beneficios de sus productos. […] Si la hacienda Chancamayo se vendiera a 150.000 soles, calculó que el nuevo dueño tendría desde el primer día un retorno del 7 % de su inversión en la diferencia entre sus desembolsos reales por mano de obra (es decir, en este caso nada) y lo que habría tenido que pagar por la mano de obra en el mercado abierto. En realidad, cualquier hacendado experimentado esperaba un retorno de dos o tres veces su inversión. Esta situación puede explicar la notable lentitud de los propietarios a la hora de emprender mejoras. Cualquiera que contara con suficiente dinero para comprar una propiedad, y ni hablar con la buena fortuna de heredar una, una tasa de ganancia alta sin riesgo, o de hecho sin grandes desembolsos actuales, era casi segura. Incluso si los resultados netos caían temporariamente en algún mercado, no corría el riesgo de una pérdida real, sino que apenas resignaba su ganancia habitual. Pocos jugadores han tenido la suerte de lanzar monedas de dos caras iguales de manera tan estable.

Los únicos límites a la prosperidad del hacendado eran los del señor feudal tradicional: la incompetencia administrativa y financiera y una tendencia a tirar el dinero por la ventana con fines de lujo o por competencias de estatus. Estos límites eran reales. En las condiciones de La Convención, inevitablemente llevaban a que los propietarios de haciendas explotaran sus derechos feudales más intensamente cada vez que se encontraban bajo presión económica.

V

¿Por qué los residentes aceptaron términos tan desfavorables hasta el movimiento agrario de 1958-1963? Su posición de negociación era muy fuerte. Después de todo, la mano de obra era el factor que escaseaba para la producción, en tanto que la tierra abundaba. Incluso si (como es probable) los terratenientes pudieran haberse negado a competir entre ellos por la escasez del trabajo, en teoría los inquilinos podrían simplemente haber ido más allá de su alcance y haberse asentado en tierras desocupadas; o podrían (como en el centro del Perú) haberse ubicado en las áreas sin cultivar de las grandes fincas, desafiando a los señores a que los expulsaran.

La razón principal por la que no podían o no querían hacer nada de esto era que el arrendamiento laboral traía considerables ventajas potenciales para el campesino. Si es cierto que, desde el punto de vista del terrateniente, el latifundio tradicional de La Convención es una mera adaptación de la hacienda de las tierras altas a las condiciones de la selva, los campesinos-colonos ya no son campesinos tradicionales de las tierras altas. Eran y son principalmente pioneros individuales, modernizadores, con una valoración aguda de las posibilidades de la agricultura de mercado; indios que rápidamente aprendieron a entender o incluso hablar español, que adoptaron el disfraz del hombre blanco, abandonaron sus comunidades nativas y estaban preparados para explotar las ganancias y oportunidades de la nueva situación. Por lo menos eran hombres que apreciaban que en La Convención, mediante la servidumbre o el trabajo asalariado, podían alcanzar la tierra de manera inmediata o eventual. La Convención difiere de algunas regiones más septentrionales de la selva alta en que su hinterland no es la costa económicamente desarrollada, sino la sierra atrasada de Cuzco; pero parece diferir de otras regiones similares contiguas a la sierra en que su colonización campesina es individualista más que comunal, y apunta a la agricultura de mercado en lugar de la simple transferencia de la agricultura de subsistencia a una nueva área.

Parece que en las primeras etapas se filtraron algunos de los colonos tradicionales que llevaron la organización indígena comunal de las tierras altas a una zona marginal (Vilcabamba), pero esto pronto dejó de ser típico. A diferencia del Perú central, no encontramos ejemplos de comunidades de las tierras altas que envíen un cuerpo de colonos en bloque al territorio fronterizo. (Esto afectó la situación agraria de dos maneras: los comuneros de la sierra, que no estaban acostumbrados a trabajar en las haciendas y despreciaban a los colonos forzados a hacerlo, tienden a rechazar el arrendamiento del servicio laboral, obligando así a que los propietarios hicieran otros arreglos para el trabajo; y un gran bloque de indios que «invadieron» una hacienda —esto es, descubrieron que cultivaban un rincón desocupado— son mucho más difíciles de intimidar por las fuerzas a disposición de un Estado que los ocupantes ilegales individuales.) Los colonos de La Convención no son necesariamente hombres que buscan mejores oportunidades económicas, aunque es evidente que entre los candidatos a instalarse hay mejores kulaks potenciales y capitalistas agrarios que entre los hacendados, y la evidencia sugiere que (con la excepción del té) la vanguardia original de los cultivos del mercado mundial —el café y el cacao— se debe al menos tanto a los campesinos como a las tierras de cultivo, y probablemente más. El área también atrajo, por su combinación de cercanía e inaccesibilidad, una cantidad de elementos rebeldes o reacios a aceptar las limitaciones de la vida campesina en la hacienda de las tierras altas o en la comunidad de las tierras altas, que se movió hacia el interior y no hacia la costa remota e inaccesible.

La búsqueda del mejoramiento económico inevitablemente puso al campesino a merced de la hacienda, porque el único medio de comunicación con el mundo exterior pasaba por las haciendas o cerca de ellas. Ir al interior significaba intercambiar las perspectivas de una explotación próspera de unas pocas hectáreas de cultivos de exportación por la libertad y la pobreza como agricultor de subsistencia. Esto no era en sí muy atractivo, sobre todo porque los inmigrantes de las tierras altas podrían encontrar difícil incluso la agricultura de subsistencia, ya que podrían no adoptar sin problemas el tipo de alimento que podría cultivarse en el clima tropical y subtropical. Su preferencia por su dieta tradicional en las tierras altas, que los observadores han notado, tal vez también ayudaría a fijarlo más fácilmente en los alrededores de la hacienda grande. En cualquier caso, incluso, los posibles kulaks indios del altiplano peruano estaban demasiado acostumbrados a la explotación, la sumisión y la imposibilidad de hacer valer sus derechos. Podrían resentir el uso excesivo del poder de los señores sobre la vida, la muerte y las mujeres, y el poder de sus gamonales,⁶ pero a este respecto La Convención no era diferente de las tierras altas y ciertamente no era peor. En realidad, podría ser mejor. Si un campesino se quedaba dentro del radio de la hacienda, sabía que iba a ser explotado y que tenía que cumplir las órdenes del señor. Solo en La Convención también sabía que podría tener una buena oportunidad de obtener tierras y, según sus estándares, riquezas.

Escapar no era una solución, y en tanto el campesino permaneciera allí donde sus posibilidades de obtener ganancias fueran mayores, no podría usar demasiado su valor teórico derivado de la escasez de mano de obra. La única alternativa real era la organización colectiva, que solo podía venir del exterior. Llegó, desde la década de 1930, a Cuzco, por la propaganda organizada del Partido Comunista, y posiblemente más tarde también en forma de agitación protestante.⁷ A fines de la década de 1950, la explotación de los señores —temporalmente velada por los auges de la década de 1940 e iniciada a principios de la década de 1950, cuando claramente los arrendatarios también estuvieron bastante bien— parecería cada vez más intolerable. Los arrendamientos de las nuevas posesiones de la posguerra comenzarían a agotarse. La brecha creciente entre las tasas salariales forzadas y las gratuitas se volvería cada vez más molesta. Con el fin de la dictadura apoyada por el boom, mejoró la posibilidad política de organizar sindicatos campesinos. Las condiciones para las agitaciones masivas de los campesinos se produjeron a principios de la década de 1960. La era del neofeudalismo en La Convención estaba a punto de terminar. No es el propósito de este artículo tratar con la rebelión de los campesinos en sí.

VI

¿Podemos analizar las ventajas y las desventajas económicas de la forma de desarrollo agrícola que ilustra La Convención? No con cierto grado de realismo. Porque, aparte de nuestra falta de estadísticas adecuadas, el hecho principal sobre los latifundios de esta región es que no están diseñados para la maximización de la producción agrícola, o incluso del excedente comercializable de dicha producción. Como ya hemos observado, son abrumadoramente tradicionales, raramente incluso transitorios, virtualmente para nada modernos; además, las granjas comerciales de tamaño mediano de unas cincuenta hectáreas que, de acuerdo con CIDA: Perú (1966), parecen ser las unidades de producción más eficientes en la región de la selva, no tienen importancia numérica. Según CIDA: Perú (1966) la explotación familiar no es menos productiva que el latifundio en la producción de coca por hectárea, y es mucho más eficiente que el latifundio (o que el promedio nacional) en el cultivo del café. La parcela arrendada que se analiza en el mismo documento vende el 90 % de su producción en el mercado; el latifundio retiene hasta un 25 % para su propio consumo. Y esto a pesar del hecho de que las grandes propiedades prácticamente monopolizan la tierra de alta calidad para ellas. Claramente no podemos suponer que las grandes fincas de La Convención se propusieran buscar ganancias a partir del desarrollo más eficiente de sus recursos. Son esencialmente parásitos de sus siervos. En consecuencia, no tiene mucho sentido comparar las posibles eficiencias de la producción de tierras a gran escala y la producción campesina en esta región. En tanto que las haciendas conservaran sus poderes de coacción no económica, no estaban obligadas a volverse más eficientes. Por ejemplo, mientras un hacendado pueda obligar a sus campesinos a venderle su café a siete soles por kilo, y evitar que los guardias armados crucen el río para venderlo a once soles a los comerciantes, gana cuatro soles por kilo de beneficio sin siquiera levantar un dedo. En efecto, todo lo que se puede decir en general es que en tales regiones la principal forma de producción es la pequeña explotación campesina, que produce su propia subsistencia y un excedente comercializable de los cultivos de exportación que en gran parte de los latifundios queda en manos de dichos campesinos.

Estas consideraciones no nos permiten comparar fácilmente el desarrollo de La Convención, con su forma específica de neofeudalismo, con otras regiones de la selva alta que prefirieron métodos diferentes. Tal comparación es difícil y sus resultados son inciertos. Parecería que la tasa de aumento de la producción de café en La Convención (1950-1962) fue un poco más lenta que el promedio nacional para Perú, aunque posiblemente en la década de 1940 fue bastante más rápida. El aumento en la producción de cacao, que solo se puede estimar en un período mucho más corto (1956-1960 a 1962) fue mucho más lento; el del té, bastante más rápido que el promedio nacional. Pero todas estas cifras son poco confiables. La productividad del cultivo de café fue aparentemente más alta que en el centro de Perú (817 kilogramos por hectárea frente a 460 kilogramos), la de cacao mucho más baja (205 kilogramos frente a 660 kilogramos). El centro del Perú parece haber expandido el área de cultivo con más éxito, ya que las zonas climáticas equivalentes eran unas seis veces más grandes que en La Convención, pero las áreas de café, cacao y té eran diez veces más extensas. Lo único que parece bastante claro es que el método de La Convención derrochaba mano de obra. En seis áreas comparables del Perú central hay aproximadamente un habitante rural por cada hectárea de tierra cultivada; en La Convención, en las estimaciones más conservadoras, al menos 2,5 habitantes. A partir de esto, podemos concluir que, bajo diferentes condiciones de propiedad de la tierra, se podría haber esperado que tal aporte de trabajo trajera considerablemente más tierra cultivada, y que produjera un aumento mucho mayor en la producción o una mejora mucho más llamativa en la infraestructura de la vida social, como el transporte y la vivienda; o ambos.

Por lo tanto, podemos concluir, y esto no es sorprendente, que el neofeudalismo parece ser una forma bastante ineficiente de expandir la producción agrícola en las áreas fronterizas, aparte de sus desventajas sociales. Pero también debemos notar que ninguna de las áreas fronterizas de la ceja de la montaña o selva alta tiene un historial muy impresionante de desarrollo material. No porque los colonos pioneros mostraran renuencia a participar en la empresa económica. Muy por el contrario. Lo llamativo de estas áreas es la disposición de los colonos, provenientes de un campesinado tradicional, a convertirse en cultivadores comerciales. (Esto debería hacernos sospechar de aquellos que ven las disposiciones empresariales como algo que debe ser inyectado en una economía tradicional desde el exterior.) El verdadero cuello de botella en tales áreas está en la infraestructura económica y social, obviamente el transporte, pero también la organización sanitaria, la educación, etc. Sin inversión social y planificación, no se los obtiene. E incluso si fueran proporcionados en cierta medida con los beneficios de las grandes haciendas, aún tendrían que complementarse con la empresa pública y la planificación.

Podemos concluir que la experiencia de La Convención no nos dice mucho más de lo que ya sabemos sobre el problema del desarrollo agrario bajo el capitalismo. Sin embargo, por muy atípica que resulte, esta remota provincia del Perú sugiere algunas lecciones que los estudiantes de desarrollo económico no deben olvidar. En primer lugar, demuestra el peligro de aislar el análisis económico de su contexto social e histórico. Si La Convención no hubiera sido dividida en grandes fincas privadas, si los señores españoles en los trópicos no hubieran pensado automáticamente en términos de una economía de plantación, si los inmigrantes en los valles les hubieran traído sus instituciones comunales, la estructura agraria de La Convención hubiera sido bastante diferente, aunque probablemente también se hubiera desarrollado finalmente como un productor de los cultivos tropicales característicos de exportación del siglo XX. En segundo lugar, sin embargo, tampoco es prudente confiar demasiado en explicaciones históricas o sociológicas. Aunque puede ser tentador explicar el peculiar neofeudalismo de La Convención por los hechos históricos de la conquista española (la transferencia de instituciones, prácticas y valores medievales europeos), por las supervivencias del trabajo forzado precolombino, por el carácter de las relaciones sociales entre señores y campesinos dependientes, o en términos similares, no hay necesidad de tales explicaciones. Es perfectamente posible suponer que (dentro de un marco dado de la sociedad) el desarrollo de esta forma específica de agricultura neofeudal es una consecuencia necesaria de la decisión de emprender el cultivo de la heredad en condiciones de escasez de mano de obra y comunicaciones inadecuadas. En la medida en que La Convención nos permite observar el surgimiento de un sistema agrario sorprendentemente similar a algunos del feudalismo europeo, probablemente interesará más al historiador de la Edad Media europea que al historiador económico típico de nuestro siglo. Por otro lado, como descendencia de un matrimonio peculiar entre el siglo XX y (en términos de Europa occidental) del siglo XIII, ofrece una lección final que quizá sea familiar para el estudioso del desarrollo capitalista. Porque demuestra una vez más que el propio crecimiento del mercado mundial capitalista en ciertas etapas produce, o reproduce, formas arcaicas de dominación de clase en la frontera del desarrollo. Las sociedades esclavistas de los Estados Unidos de los siglos XVIII y XIX fueron producto del desarrollo capitalista, y eso, en una escala más modesta y localizada, es el neofeudalismo que prevaleció en La Convención, hasta que colapsó, podemos esperar que para siempre, bajo la revuelta de los campesinos.

1969

[Algunas notas, partes del texto y un Apéndice sobre Producción en La Convención 1862-1962 del ensayo original han sido omitidos por el editor/compilador, Leslie Bethell, en la versión que aparece en este volumen.]

III. Campesinos

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Cuando los campesinos

se vuelven bandidos

Los bandidos sociales son campesinos proscritos que el señor y el Estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por su pueblo como héroes, campeones, vengadores, luchadores por la justicia e incluso, quizá, líderes de la liberación, y en todo caso como hombres dignos de ser admirados, ayudados y apoyados. En los casos en que una sociedad tradicional resiste las invasiones y el avance histórico de los gobiernos centrales y los Estados, nativos o extranjeros, pueden ser ayudados y apoyados incluso por los señores locales. Esta relación entre el campesino común y el campesino rebelde, proscrito y ladrón es lo que hace que el bandolerismo social sea interesante y significativo. […]

Socialmente [el bandolerismo] parece ocurrir en todos los tipos de sociedad humana que se encuentran entre la fase evolutiva de la organización tribal y de parentesco y la sociedad capitalista e industrial moderna, pero que incluye las fases de desintegración de la sociedad de parentesco y la transición al capitalismo agrario. […] Los sistemas agrarios modernos, tanto capitalistas como poscapitalistas, no son ya los de la sociedad campesina tradicional y dejan de producir bandidos sociales, excepto en los países de lo que se ha llamado el «capitalismo de los colonos»: Estados Unidos, Australia y Argentina. […] El bandolerismo social se encuentra universalmente en las sociedades que se basan en la agricultura (incluidas las economías pastoriles), y en su gran parte son de campesinos y jornaleros sin tierra gobernados, oprimidos y explotados por otra persona: señores, pueblos, gobiernos, abogados o incluso bancos. Se encuentra en una u otra de tres formas principales: el ladrón noble o Robin Hood, el combatiente de la resistencia primitiva o la unidad de la guerrilla, y posiblemente el vengador terrorista.

[…]

El bandolerismo puede ser el precursor o el acompañante de los principales movimientos sociales, como las revoluciones campesinas. Alternativamente, puede cambiar por sí mismo al adaptarse a la nueva situación social y política, aunque al hacerlo casi seguramente dejará de ser bandidaje social. En el caso típico de los últimos dos siglos, la transformación social en el paso de una economía precapitalista a una capitalista puede destruir por completo el tipo de sociedad agraria que da a luz a los bandidos y el tipo de campesinado que los nutre, y de ese modo su historia concluye. Los siglos XIX y XX han constituido la gran era del bandolerismo social en muchas partes del mundo, del mismo modo que los siglos XVI al XVIII lo fueron en la mayoría de Europa. Sin embargo, ahora se ha extinguido en gran parte, excepto en algunas áreas.

[…]

En la medida en que los bandidos tienen un programa, basado en la defensa o restauración del orden tradicional de las cosas como debería ser (lo que en las sociedades tradicionales significa lo que se cree que fue en un pasado real o mítico), corrigen los errores, subsanan y vengan los casos de injusticia, y al hacerlo aplican un criterio más general de relaciones justas y equitativas entre los hombres en general, y en especial entre los ricos y los pobres, los fuertes y los débiles. Este es un objetivo modesto, que permite a los ricos explotar a los pobres (pero no más de lo que tradicionalmente se acepta como justo), a los fuertes oprimir a los débiles (pero dentro de los límites de lo que es equitativo, y conscientes de sus necesidades sociales y deberes morales). […] En este sentido, los bandidos sociales son reformistas, no revolucionarios.

Sin embargo, el bandolerismo reformista o revolucionario en sí mismo no constituye un movimiento social. Puede ser su suplente, como cuando los campesinos admiran a los Robin Hood como sus campeones, a falta de cualquier actividad positiva por sí mismos. Incluso puede ser su sustituto, como cuando el bandolerismo se institucionaliza entre algunos sectores duros y combativos del campesinado y en realidad inhibe el desarrollo de otros medios de lucha. No se ha establecido claramente si tales casos ocurren; no obstante, hay alguna evidencia de que pueden ocurrir. Así, en Perú, la presión del campesinado para la reforma agraria fue (y aún se mantuvo en 1971) notablemente más débil en los departamentos de Huánuco y Apurímac, donde los problemas agrarios no eran menos agudos, pero donde había (y hay) una gran tradición profundamente arraigada de robo de ganado y bandidaje. Sin embargo, la pregunta aguarda una investigación seria, como tantos otros aspectos del bandolerismo.

Dos cosas pueden, no obstante, convertir este modesto, aunque violento, objetivo social de los bandidos —y el campesinado al que pertenecen— en genuinos movimientos revolucionarios. El primero es cuando se transforma en el símbolo, incluso la punta de lanza, de la resistencia por parte del conjunto del orden tradicional contra las fuerzas que lo perturban y lo destruyen. Una revolución social no es menos revolucionaria porque tenga lugar en nombre de lo que el mundo exterior considera reacción contra lo que considera progreso. […] La segunda razón por la cual los bandidos se vuelven revolucionarios es inherente a la sociedad campesina. Incluso aquellos que aceptan la explotación, la opresión y el sometimiento como la norma de la vida humana sueñan con un mundo de igualdad, hermandad y libertad, un mundo totalmente nuevo sin maldad. Rara vez es más que un sueño. Rara vez es más que una expectativa apocalíptica. […] Sin embargo, hay momentos en los que el apocalipsis parece inminente; en los que toda la estructura del Estado y la sociedad existente, cuyo fin total el Apocalipsis simboliza y predice, en realidad parece a punto de colapsar, y la pequeña luz de esperanza se convierte en la luz de un posible amanecer.

En esos momentos los bandidos también son barridos, como todos los demás. […] De hecho, nada es más llamativo que esta coexistencia subordinada del bandolerismo con la gran revolución campesina, de la que a menudo sirve como precursor. […] El sertão¹ del nordeste de Brasil, que era el hogar clásico de los cangaçeiros, también era el de los santos, los líderes mesiánicos rurales. Ambos florecieron juntos, pero los santos fueron más grandes. El gran bandido Lampião, en una de las innumerables baladas que celebran sus hazañas,

juró vengarse de todos

diciendo en este mundo:

Respetaré al padre Cícero y a nadie más.²

Y fue, como veremos, del padre Cícero, el Mesías de Juazeiro, de quien la opinión pública obtuvo las credenciales oficiales de Lampião. El bandidaje social y el milenarismo, las formas más primitivas de reforma y revolución, se unen históricamente. Y cuando llegan los grandes momentos apocalípticos, las bandas de bandidos, sus números saturados porque es hora de tribulación y expectativa, pueden convertirse en otra cosa casi sin que se note. […]

Cuando el bandidaje se funde así en un gran movimiento, se convierte en parte de una fuerza que puede cambiar, y cambia, la sociedad. Como los horizontes de los bandidos sociales son estrechos y circunscritos, como los del propio campesinado, los resultados de sus intervenciones en la Historia pueden no ser los que esperaban. Pueden ser lo opuesto a lo que aguardaban. Pero esto no hace que el bandolerismo sea una fuerza histórica menos importante.

Entre los cangaçeiros del nordeste brasileño están aquellos, como el gran Antônio Silvino (1875-1944, que floreció como jefe de bandidos entre 1896 y 1914), que son principalmente recordados por sus buenas obras, y otros, como Rio Preto, sobre todo por su crueldad. Sin embargo, en términos generales, la imagen del cangaçeiro combina a ambos. Déjesenos ilustrar esto a partir del relato de uno de los bardos de la selva virgen del cangaçeiro más famoso, Virgulino Ferreira da Silva (¿1898?-1938), universalmente conocido como El Capitán o Lampião.

Nació, según dice la leyenda (y es la imagen más que la realidad lo que nos interesa por el momento), de respetables ganaderos y granjeros al pie de las montañas en el árido estado de Pernambuco «en esa época del pasado cuando el interior era bastante próspero», un intelectual —y por lo tanto en la leyenda no particularmente poderoso— muchacho. El débil debe ser capaz de identificarse con el gran bandido. Como escribió el poeta Zabele:

Donde vive Lampião,

el gusano se vuelve valiente,

el mono pelea con el jaguar,

la oveja se mantiene firme.

Su tío, Manoel Lopes, dijo que este joven debía convertirse en médico, lo que hizo sonreír a la gente:

Nunca se vio a un médico

en ese inmenso sertão;

allí los hombres solo conocían vaqueros,

bandas de cangaçeiros

o cantantes de baladas.

De todos modos, el joven Virgulino no quería ser médico sino vaqueiro o vaquero, aunque aprendió sus letras y el «algoritmo romano» después de solo tres meses en la escuela y era un poeta experto. Los Ferreira fueron expulsados por los Nogueira de su granja cuando él tenía diecisiete años, falsamente acusados de robo. Así comenzó la pelea que lo convertiría en un proscrito. «Virgulino», dijo alguien, «confía en el juez divino», pero él respondió: «El buen libro dice: honra a tu padre y a tu madre, y si yo no defendiera nuestro nombre, perdería mi hombría». Así,

Él compró un rifle y una daga

en la ciudad de San Francisco.

Y formaron una banda con sus hermanos y otros veintisiete luchadores (conocidos por el poeta como sus vecinos por apodos, a menudo tradicionales para aquellos que tomaron la carrera del bandido) para atacar a los Nogueira en la Serra Vermelha. De la disputa de sangre a la ilegalización era un paso lógico, en vista del poder superior de los Nogueira. Lampião se convirtió en un bandido ambulante, más famoso incluso que Antônio Silvino, cuya captura en 1914 había dejado un vacío en el panteón de la selva virgen:

Él perdonó la piel

al soldado o al civil,

su querida era la daga.

Su don era el arma…

Él dejó a los ricos como mendigos,

los valientes cayeron a sus pies,

mientras otros huyeron del país.

Pero durante todos los años (de hecho, alrededor de 1920-1938) en que fue el terror del nordeste, nunca dejó de deplorar su destino, dice el poeta, que lo había convertido en ladrón en lugar de un trabajador honesto, y lo destinó a una muerte segura, tolerable solo si tenía la suerte de morir en una pelea justa.

Él era y es un héroe para la gente, pero ambiguo. La precaución normal podría explicar por qué el poeta se inclina ante la moralidad formal y registra la «alegría del norte» a la muerte del gran bandido en 1938. (De ninguna manera todas las baladas toman esta visión.) La reacción de un hombre de la montaña en el municipio de Mosquito es probablemente más típica. Cuando llegaron los soldados con la cabeza de las víctimas en frascos de queroseno, para convencer a todos de que Lampião estaba realmente muerto, dijo: «Han matado al Capitán, porque la oración fuerte no sirve en el agua».³ Porque su último refugio estaba en el lecho seco de un arroyo, y ¿qué, sino el fracaso de su magia, podía explicar su caída? Sin embargo, aunque era un héroe, no era un buen héroe.

Es cierto que había hecho una peregrinación al famoso Mesías de Juazeiro, el padre Cícero,⁴ pidiendo su bendición antes de convertirse en bandido, y que el santo, aunque lo exhortó en vano a renunciar a la vida del forajido, le había entregado un documento que lo nombraba capitán, y a sus dos hermanos tenientes. Sin embargo, la balada de la que he sacado la mayor parte de este relato no menciona ninguna enmienda de errores (excepto los que se cometieron contra la banda misma), nada de tomar de los ricos para dar a los pobres ni hacer justicia. Registra batallas y heridas, incursiones en pueblos (o lo que se entendía por pueblos en los bosques de Brasil), secuestros, atracos a los ricos, aventuras con los soldados, con mujeres, el hambre y la sed, pero nada que recuerde a Robin Hood. Por el contrario, registra «horrores»: cómo Lampião asesinó a un prisionero aunque su esposa lo había rescatado, cómo masacró a trabajadores y torturó a una anciana que lo maldijo (sin saber a quién contemplaba) haciéndola bailar desnuda con un cactus hasta que ella murió, cómo mató sádicamente a uno de sus hombres que lo había ofendido haciéndole comer un kilo de sal, e incidentes similares. Ser terrorífico y despiadado es un atributo más importante de este bandido que ser amigo de los pobres.

[…]

Los ejemplos de crueldad genuinamente sin reserva, por otro lado, no suelen ser atributo de los bandidos característicos. Tal vez sea un error clasificar como bandolerismo la epidemia de sed de sangre que barrió el departamento peruano de Huánuco desde aproximadamente 1917 hasta fines de la década de 1920, porque aunque el robo formaba parte de ella, su motivo se describe como «no exactamente esto, sino odio y enemistad». De hecho, según la evidencia, una situación sangrienta que se salió de control y produjo esa «fiebre de la muerte entre los hombres» que los llevó a «quemar, violar, matar, saquear y destruir con frialdad» en todas partes, excepto en su comunidad o pueblo nativo. El espantoso fenómeno de la Violencia en Colombia de los años posteriores a 1948 va más allá del bandidaje social ordinario. En ninguna parte el elemento de la violencia patológica porque sí es más sorprendente que en esta revolución campesina abortada en la anarquía, aunque algunas de las prácticas más terroríficas, como la de cortar a los prisioneros en pequeños fragmentos «delante de y para el entretenimiento de los hombres combatientes enloquecidos por la barbarie» (que más tarde se conocería como picar a tamal) supuestamente ocurrieron en anteriores campañas guerrilleras en ese país sediento de sangre. El punto a tener en cuenta sobre estas epidemias de crueldad y masacre es que son inmorales incluso para los estándares de quienes participan en ellas. Si la matanza de autobuses enteros de pasajeros o aldeanos inofensivos es comprensible en el contexto de una guerra civil salvaje, incidentes (bien atestiguados) como arrancar el feto de una mujer embarazada y sustituir un pene solo pueden ser pecados conscientes. Y sin embargo, algunos de los hombres que perpetran estas monstruosidades son y siguen siendo héroes de la población local.

Sin lugar a dudas, la conciencia política puede hacer mucho para cambiar el carácter de los bandidos. Las guerrillas campesinas comunistas de Colombia contienen algunos combatientes (pero casi con certeza no son más que una modesta minoría) llegados de las antiguas guerrillas de bandidos bribones de la Violencia. «Cuando bandoleaba» (Cuando era un bandido) es una frase que se puede escuchar en las conversaciones y reminiscencias que llenan tanto tiempo de un guerrillero. La frase en sí misma indica la conciencia de la diferencia entre el pasado de un hombre y su presente.

Sin embargo, mientras que los bandidos individuales pueden integrarse fácilmente en unidades políticas, colectivamente, al menos en Colombia, han demostrado ser bastante inasequibles para los grupos guerrilleros de izquierda. En cualquier caso, como bandidos, su potencial militar era limitado, y su potencial político lo era aún más, como demuestran las guerras de bandidos en el sur de Italia. Su unidad ideal era menos de veinte hombres… En La Violencia colombiana después de 1948, las grandes unidades insurgentes eran casi invariablemente comunistas en lugar de rebeldes de base… Las grandes fuerzas estaban, como en la banda de Lampião, divididas en subunidades o coaliciones temporales de formaciones separadas. Tácticamente esto tenía sentido, pero indicaba una incapacidad básica de la mayoría de los jefes de base para equipar y suministrar unidades grandes o para manejar cuerpos de hombres más allá del control directo de una personalidad poderosa. Lo que es más, cada caudillo celosamente protegió su soberanía. Incluso el teniente más leal de Lampião, el Diablo Rubio Corisco, aunque permaneció sentimentalmente unido a su antiguo jefe, se peleó con él y se llevó a sus amigos y seguidores para formar una banda separada. […]

Políticamente, los bandidos eran, como hemos visto, incapaces de ofrecer una alternativa real a los campesinos. Además, su posición tradicionalmente ambigua entre los hombres del poder y los pobres, como hombres del pueblo, pero despreciativos de los débiles y pasivos, como una fuerza que en tiempos normales operaba dentro de la estructura social y política existente o en sus márgenes, más bien que en su contra, limita su potencial revolucionario. Podrían soñar con una sociedad de hermanos y libre, pero la perspectiva más obvia de un bandido revolucionario exitoso era convertirse en terrateniente, como la pequeña nobleza. Pancho Villa terminó como hacendado,⁵ la recompensa natural de un caudillo⁶ aspirante latinoamericano, aunque sin duda su origen y sus costumbres lo hicieron más popular que los aristócratas criollos de piel fina. Y, en cualquier caso, la vida heroica e indisciplinada del ladrón no les cuadraba demasiado, ya por la dureza y la urgencia de la organización de los luchadores revolucionarios o por la legalidad de la vida posrevolucionaria.

[…]

La contribución de los bandidos a las revoluciones modernas fue, por lo tanto, ambigua, dudosa y breve. Esa fue su tragedia. Como bandidos pudieron ver a lo lejos, en el mejor de los casos, al modo de Moisés, la tierra prometida. No pudieron alcanzarla. La revolución mexicana incluyó dos componentes campesinos fundamentales: en el norte, un movimiento bandolero típico, el de Pancho Villa; en Morelos, la agitación agraria de Emiliano Zapata, cuyo accionar excluía, en principio, el delito. Desde un punto de vista militar, el bandido Villa desempeñó un papel inconmensurablemente más importante en la escena nacional, aunque eso poco sirviera para que cambiaran las cosas en México, ya que ni siquiera variaron en el noroeste mexicano, es decir, la región de Villa. El movimiento de Zapata, en comparación, parecía completamente regional; su líder murió asesinado en 1919 y sus fuerzas militares tuvieron escasa importancia. Pero fue el movimiento zapatista el que inyectó la cuestión de la reforma agraria en la revolución mexicana. Los bandidos villistas produjeron un potencial caudillo. Y también una leyenda, no menos importante: la leyenda del único líder mexicano que en el siglo XX intentó invadir la tierra de los gringos.⁷ El movimiento campesino zapatista de Morelos produjo una revolución social; una de los tres que merecen ese nombre en la historia de América Latina.

[Permítasenos] concluir con algunas reflexiones sobre tres [países] en los que se puede comparar el itinerario muy diferente de la tradición nacional de sus bandidos: México, Brasil y Colombia. Los tres son países que se familiarizaron con el bandidismo social a gran escala en el transcurso de su historia.

Todos los viajeros estuvieron de acuerdo en que, si había un Estado latinoamericano donde medraran los bandidos, ese era el México del siglo XIX. Además, en los primeros sesenta años de independencia, el colapso del gobierno y la economía, la guerra y la guerra civil alentaron a todos los hombres armados que vivieran de y por la violencia a unirse al ejército o a las fuerzas policiales con sueldo del Estado (lo que por cierto no excluía extorsionar al gobierno para que les pagara); en caso contrario, les quedaba la opción de dedicarse al bandolerismo puro y simple. En sus guerras civiles, a falta de patrocinios más tradicionales, el Partido Liberal de Benito Juárez usó ampliamente de estas bandas armadas. Sin embargo, aquellos bandidos que se erigieron en mitos populares fueron los de la dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911), un período de estabilidad política que precedió a la revolución mexicana. Estos bandidos pudieron verse, incluso en ese momento, como desafiantes de la autoridad y del orden establecido. Más tarde, con una visión retrospectiva más abarcadora, pudieron aun figurar como precursores de la revolución mexicana. Gracias principalmente a Pancho Villa, el más eminente entre todos los bandidos convertidos en revolucionarios, el bandolerismo ganó un grado único de legitimidad en México. No fue así en Estados Unidos, donde en esos mismos años unos bandidos mexicanos violentos, crueles y codiciosos se convirtieron en los villanos estándar de Hollywood. Al menos hasta 1922, cuando el gobierno mexicano amenazó con prohibir la distribución de todas las películas con imágenes ofensivas para el país.⁸ De los otros bandidos que se hicieron famosos en vida, como Jesús Arriaga (Chucho El Roto) en el centro de México, Heraclio Bernal en Sinaloa y Santana Rodríguez Palafox (El Santanón) en Veracruz, al menos los dos primeros siguen gozando de popularidad a nivel nacional. Bernal, asesinado en 1889, quien había entrado y salido de la vida política de tanto en tanto, es probablemente el más famoso en la era de los medios: lo celebran trece canciones, cuatro poemas y cuatro películas, algunas adaptadas para televisión. Sin embargo, sospecho que aquel impúdico bandido católico (pero a la vez ingenioso anticlerical) llamado Chucho, muerto en 1885, que también llegó a las pantallas de televisión, permanece más cerca del corazón en las gentes.

A diferencia de México, Brasil pasó sin interrupción de ser una colonia a ser un imperio independiente. Fue la Primera República (1889-1930) la que produjo, al menos en las lúgubres regiones del nordeste, las condiciones sociales y políticas para el bandidaje epidémico: es decir, transformó los grupos armados vinculados a territorios particulares y familias de élite en operadores independientes que deambulaban por un área de tal vez cien mil kilómetros cuadrados cubriendo cuatro o cinco estados. Los grandes cangaçeiros del período 1890-1940 pronto se volvieron famosos a nivel regional y su reputación se difundió oralmente y en la literatura de cordel de poetas y cantores locales.⁹ La migración masiva a las ciudades del sur y la creciente alfabetización hicieron que más tarde esta literatura se difundiera por los talleres, las tiendas y los puestos de los mercados en las ciudades-monstruo como São Paulo. Los medios modernos llevaron a los cangaçeiros, un obvio equivalente local del Far West, a las pantallas del cine y la televisión: con tanta más facilidad que el más famoso entre ellos, Lampião, fue en realidad el primer gran bandido filmado en vivo en el campo. De los dos bandidos más célebres, Silvino adquirió en vida una aureola mítica como «ladrón noble», reforzada por periodistas y otros para contrastar con la gran, pero poco benevolente, reputación de Lampião, su sucesor como «rey de las tierras remotas».

Sin embargo, es la cooptación política e intelectual de los cangaçeiros dentro de la tradición nacional brasileña lo que resulta interesante. Pronto fueron idealizados por los escritores del nordeste y, en cualquier caso, era fácil convertirlos en prueba viviente de la corrupción e injusticia de la autoridad política. Cuando Lampião ejerció una gravitación propia en la política nacional, atrajeron una mayor atención. La Internacional Comunista pensó incluso en él como un posible paladín guerrillero revolucionario, tal vez a sugerencia del líder del Partido Comunista Brasileño, Luís Carlos Prestes, quien en su anterior carrera como cabecilla de la Larga Marcha de rebeldes militares entró en contacto con Lampião [en Ceará en 1926]. No obstante, los bandidos no parecen haber jugado un papel de peso en el importante intento de los intelectuales brasileños de la década de 1930 de construir un concepto de Brasil con ladrillos populares y sociales en vez de elitistas y políticos. Fue en las décadas de 1960 y 1970 cuando una nueva generación de intelectuales transformó al cangaçeiro en un símbolo de lo brasileño, de la lucha por la libertad y el poder de los oprimidos; en resumen, como «un símbolo nacional de resistencia e incluso revolución».¹⁰ Esto a su vez afecta la forma en que se lo presenta en los medios de comunicación, aunque la tradición oral y de literatura de cordel nordestina todavía seguía viva, al menos en la década de 1970.

La tradición colombiana ha seguido una trayectoria muy diferente. Por razones obvias, se ha visto completamente eclipsada por la sangrienta experiencia posterior a 1948 (o, como algunos historiadores prefieren, a 1946) conocida como La Violencia, y por sus consecuencias. Esencialmente este conflicto combinó la lucha de clases, el regionalismo y el sectarismo político de las poblaciones rurales, que se identificaron, como en las repúblicas del Río de la Plata, con uno u otro de los partidos tradicionales del país, en este caso los liberales y conservadores. En varias regiones, el conflicto se convirtió en guerra de guerrillas después de 1948, y finalmente (además de las regiones donde en la década de 1960 se desarrolló el ahora poderoso movimiento guerrillero comunista) en un conjunto mal articulado de grupos armados derrotados que solo podían confiar en alianzas locales con hombres de poder y en la simpatía de los campesinos, aunque también terminaron por perder esos apoyos y estas simpatías. Fueron barridos en la década de 1960. El recuerdo que queda de ellos ha sido bien descrito por los mejores especialistas en el tema:

Quizá, a excepción de la memoria idealizada que los campesinos todavía tienen en sus viejas zonas de apoyo, el «bandido social» también ha sido derrotado como un personaje mítico […] Lo que ocurrió en Colombia fue el proceso opuesto al del cangaço brasileño. Con el tiempo, el cangaço perdió gran parte de su ambigüedad característica y se desarrolló hacia la imagen del bandido social ideal. El cangaçeiro terminó como un símbolo nacional de las virtudes nativas y la encarnación de la independencia nacional […] En Colombia, por el contrario, el bandido personifica a un monstruo cruel e inhumano o, en el mejor de los casos, «el hijo de La Violencia», frustrado, desorientado y manipulado por los líderes locales. Esta ha sido la imagen aceptada por la opinión pública.¹¹

Cualesquiera que sean las imágenes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), desde 1964 la principal fuerza guerrillera en Colombia —guerrilleros, paramilitares y pistoleros del narcotráfico— que sobrevivirán hasta el siglo XXI, ya no tendrán nada en común con el viejo mito del bandido.

1969

11

Insurrección campesina

Mi título demanda algunas definiciones previas. Por «campesinos» entiendo hombres de campo de una riqueza nunca más que moderada (de acuerdo con los estándares sociales del tiempo y el lugar) que cultivan su tierra con su propio trabajo y el de sus familias, o que buscan tierra con este propósito, y para quienes esta actividad no es un mero negocio sino un modo de vida. Vale decir que el término excluye, además de a los «citadinos», a (a) terratenientes cuyas tierras son cultivadas en beneficio de ellos mediante el trabajo de otros, (b) proletarios rurales que no pueden o no desean volverse campesinos, y (c) empresarios rurales para quienes la agricultura es ante todo un negocio.

El número de casos fronterizos es considerable, pero creo que mi definición puede servir como guía. Por «sociedad campesina» entiendo la organización social de una economía agraria en la cual los campesinos desempeñan el papel principal; o bien la organización social de aquel sector de tal economía en el cual lo hacen: por ejemplo, la aldea rusa del siglo XIX, menos la superestructura de terratenientes y clases medias (la gentry).

Por «insurrección campesina» entiendo los movimientos sociales en los cuales los campesinos buscaron alcanzar fines que se veían determinados por su posición colectiva como tales. Así, la participación de los campesinos en las guerras civiles de los siglos XIX y XX en Colombia no constituye automáticamente de por sí un movimiento campesino, pero sí en cambio lo hacen los conflictos por la tierra en la década de 1930. Cualquier movimiento que coloque como uno de sus ejes la tierra, los derechos sobre ella, el arrendamiento o cuestiones similares, es un movimiento campesino si está liderado por campesinos o si el conflicto se presenta en una sociedad campesina, aunque no todas las insurrecciones o los movimientos campesinos deban tener móviles socioeconómicos en este sentido estricto.

Es una pregunta interesante en qué momento dejan de ser movimientos campesinos las insurrecciones a las que les falta un contenido central específicamente socioeconómico, pero aquí no hace falta ir muy lejos en busca de respuestas. Los movimientos rurales milenaristas, ¿son movimientos campesinos? Casi seguro que sí, al menos en muchos casos: por ejemplo, cuando nadie participa en ellos excepto campesinos o personas de origen campesino, como ocurrió en Palma Sola (República Dominicana, 1963). ¿Son movimientos campesinos los movimientos nativistas como la guerra de Castas de Yucatán [1847-1901]? Probablemente. ¿Son movimientos campesinos los movimientos nacionalistas y xenófobos con un fuerte apoyo en el campesinado, pero sin un contenido campesino programático como la Guardia de Hierro en Rumania? Es posible. En el examen para dirimir si lo son hay que considerar en primer lugar cuánta es la participación campesina, y hasta qué punto su programa se ve de hecho traducido en términos de intereses campesinos por sus partidarios del campesinado.

[…]

Por «insurrección campesina» entiendo cualquier movimiento en el cual participa simultáneamente un número significativo de campesinos y en el cual se valen de la coerción física o, en términos más generales, en el cual se niegan a desempeñar el papel social subalterno que normalmente se supone que ha de ser el suyo. Así, la insurrección excluye (a) pequeñas bandas marginales de fueras de la ley, como se pueden dar aun en los tiempos más pacíficos y pasivos y (b) movimientos campesinos tales como la formación de cooperativas rurales u otras que no implican un desafío a las convenciones sociales prevalecientes. Las insurrecciones pueden ser a la vez más modestas y más transitorias que las revoluciones, pueden ser exitosas o pueden no ser ninguna de estas cosas.

Permítanme empezar con una pregunta de calibre grueso. ¿Por qué las insurrecciones campesinas son mucho más comunes en algunos países que en otros? ¿Por qué en China más que en la India, por qué en Perú más que en Brasil? ¿Podemos decir que esta divergencia existe realmente? Pienso que sí. Aunque la historia de los campesinos es tan conocida en muchos países que ya casi nada nuevo se puede descubrir, basta con rascar la superficie de esa historia en, digamos, Perú, para que se nos revele una tendencia permanente a tales insurrecciones durante los últimos doscientos años, una propensión que, en cambio, en Colombia, digamos, no parece existir antes del siglo XX.

No tengo respuesta para esta pregunta, pero aprovecho para remitirles a Barrington Moore [Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, 1967]. Simplemente quiero plantearla, porque todas las otras preguntas que me preocupan en este ensayo se subordinan a ella. Permítanme distinguir esa pregunta, de paso, de otra diferente, con la cual no guarda conexión lógica: la pregunta por la eficacia de las insurrecciones campesinas. Históricamente, las insurrecciones campesinas chinas han sido extremadamente eficaces, y las insurrecciones campesinas peruanas extremadamente ineficaces en términos nacionales. Pero de estos resultados no podemos concluir que los campesinos chinos tuvieran mayor tendencia a la rebelión que los peruanos; aunque de hecho, por supuesto, tampoco nada impediría que eso fuera verdad. La capital siciliana de Palermo tiene el récord de insurrecciones urbanas entre las ciudades europeas; la rusa San Petersburgo ni se prestaba a la insurrección ni tenía ninguna tradición insurreccional antes de las revoluciones: los efectos de unas pocas rebeliones peterburguesas fueron más grandes que los de muchas de Palermo, por diversos motivos.

Quizá aquí valga la pena llamar la atención, al pasar, sobre un aspecto de todo este asunto. La respuesta no se encontrará individualizando algunos factores o «variables», económicos o de algún otro tipo, por más conveniente que eso fuera para quienes sueñan con que la Historia se convierta en una «ciencia conductista», o de las conductas humanas. Los hombres viven siempre en situaciones que por definición son diferentes a las de un laboratorio, y mientras que algunos factores pueden ser eliminados por el análisis comparativo, y otros resultar enfatizados, todos ellos actúan siempre en común. La pobreza misma no es una causa de rebelión en sociedades en las cuales todo paisano —y muchas veces toda persona— es más o menos pobre, como en el sertão nordestino de Brasil, y donde ningún campesino espera ser otra cosa que pobre. Y donde (como en muchas fronteras latinoamericanas en el siglo XIX) existe abundante tierra que colonizar, es poco probable que el hambre de tierras sea un factor mayor de descontento campesino. Pero supongamos que los okupas colonizan esta tierra en familias nucleares aisladas, como he visto en el Chaco. A menos que tal unidad cuente con la mano de obra de dos o tres adultos, es casi seguro que le falte lo indispensable para establecerse de modo permanente. En tales casos la estructura familiar inserta un mecanismo para generar descontento agrario en una situación de colonización totalmente libre con disposición ilimitada de tierra para colonizar. O bien, supongamos que descubrimos que la frontera abierta atrae a hombres que tienen que, o que aspiran a, alejarse del mundo reglado de la subordinación y de los terratenientes. En este caso, el estímulo que los puede mover a la acción puede ser mucho más mínimo que en otras partes. Aquí la estructura sociopolítica en general contrarresta los efectos de «laboratorio» de la tierra libre. Existen abundantes casos que se podrían citar, no solo en América Latina, sino en la frontera de las estepas de la Rusia zarista, donde los grandes levantamientos campesinos comenzaron en los siglos XVII y XVIII. Pero supongamos ahora, en cambio, que los colonos son una comunidad religiosa milenarista, que se considera a sí misma separada de la sociedad pecadora que no se arrepiente. Y supongamos además que —como muchas veces ocurre— los pioneros de esa comunidad resultan extraordinariamente exitosos como agricultores. Entonces pueden quedarse tranquilos, a menos que el Estado interfiera con ellos, y aun, en el caso de insurrecciones campesinas locales, pueden apoyar el statu quo en vez de sumarse a los rebeldes. Aquí entran al proscenio tanto la estructura política como los elementos socioculturales. A priori, lo único que podemos hacer es construir un modelo más o menos abstracto, con muy baja capacidad predictiva. Algunas de las sectas alemanas en el sur de Brasil tienen una historia de insurrecciones. ¿La tienen los menonitas y otros en Paraguay? No lo sé, pero nunca oí hablar de que la tuvieran.

Habiendo formulado mi gruesa pregunta, querría ser ahora un poco más concreto sobre una pregunta de calibre menor, pero que sin embargo es igual bastante ambiciosa. Existen, como podría sugerir una ojeada a la revolución mexicana, dos tipos diferentes de insurrección campesina, que llamaré «el tipo Pancho Villa» y «el tipo Emiliano Zapata». El tipo Zapata involucra a todo el campesinado local. Es una movilización de comunidades, incluso de sociedades regionales, mediante la estructura, las costumbres, etc., de las comunidades. Comparen cómo Zapata se encontró a sí mismo encabezando la marcha de su comunidad, y entonces vean cómo, por un proceso de ósmosis de todo su pueblo —o más bien de un consenso tácitamente movilizado—, se convirtió en líder «por cariño». El tipo Villa es una movilización de los marginales, de los fuera de la ley, de los hombres que tienen poco que perder y mucho que ganar: bandidos, vaqueros, peones, hombres sin compromisos, desertores, bandas armadas.

Esta división es muy general. Me dicen, por ejemplo, que el clásico movimiento campesino en China es del tipo Villa antes que del tipo Zapata: una versión ampliada de las bandas de los fuera de la ley, aumentada por los sin tierra, los hambrientos, los marginales. Los movimientos campesinos que a mí me resultan más familiares, por otro lado, como los fasci sicilianos de la década de 1890, los anarquistas en España, me parece que se adecuan mejor al tipo Zapata. Tendemos a esperar que sus líderes sean hombres bien considerados en sus comunidades, establecidos, casados, con familias y parientes (siempre de acuerdo con las divisiones sociales y con la estructura política de su área). Son de este tipo los movimientos que empezaron por la formación de una liga campesina, me parece. Movimientos de comunidades que casi por definición uno esperaría que fueran así. Esto no significa que no participen elementos socialmente marginales; más aún y al contrario: son esenciales desde un punto de vista militar. Pero, como en el caso de Zapata, lo único que se necesita aquí es que los líderes de los movimientos más amplios sean respetados por los «duros», como era respetado Zapata porque no era solamente un ranchero sino también un domador de caballos, un dandi, un mujeriego, etc.

Resulta claro que, en cada caso, las motivaciones serán diferentes. Pero ¿cuán diferentes? Aquí hay lugar para la investigación y la reflexión. ¿Por qué ocurre que un movimiento adopte la forma de Zapata y que otro adopte la forma de Villa? Obviamente en tierras de pastoreo, en las montañas, etc., un movimiento del tipo de Villa parece más probable, pero ¿solo allí? Como con muchas preguntas, también tengo que dejar esta abierta.

Lo que he dicho se vincula con ciertas teorías de las revueltas campesinas, muy notablemente la de Eric Wolf [Peasants, 1965 and Peasant Wars of the Twentieth Century, 1969], que me parecen ligeramente incompletas en la medida en que dejan la distinción entre Zapata y Villa de un mismo lado. La tesis principal de Wolf, con la cual estoy de acuerdo en general, es que la fuerza principal de las revoluciones campesinas se afinca en los sectores culturalmente más tradicionalistas de la sociedad campesina, y económica o socialmente en el «campesinado medio», es decir ni los pobres rurales ni los jornaleros sin tierra, ni tampoco los más ricos, los rancheros comerciales, como los kulaks. A sus ojos, es un movimiento para defender o restaurar la economía y la sociedad tradicionales contra la ruptura; pero es un movimiento cuyo vigor se debe, naturalmente, a quienes no han sido aún víctimas de la ruptura o, por otro lado, a quienes han descubierto que la nueva sociedad y la nueva economía ofrecen alternativas sugerentes. Por supuesto que aceptar este punto de vista general no significa excluir la participación, incluso la iniciativa, de los estratos más bajos o más altos de un pueblo o aldea. Los de abajo o los del margen puede concurrir con una veloz movilización […] los de arriba pueden proveer iniciativas y liderazgo, o sus propios descontentos, alrededor de los cuales puede cristalizar un movimiento más amplio, como alrededor de los arrendires en La Convención, en Perú.

Un punto sobre el que no creo que se puedan presentar controversias serias se refiere a los proletarios rurales. Si la moderna empresa agraria en gran escala y comercial —«la agroindustria»— se establece como plantaciones o formas similares, entonces el proletariado rural permanente dejará de ser campesinado. Va a actuar como proletariado en un medio rural específico, a través de sindicatos, partidos políticos, etc. (Esto no se aplica a los migrantes temporales o estacionales quienes, por decirlo así, al trabajar en la agroindustria están «con licencia» de su vida como campesinos.) […]

Así que permítanme eliminar al proletariado rural (en el sentido estricto de la palabra) de la discusión actual, aunque solo sea porque hay pocas plantaciones que a la vez no recurran a, o a las que no recurran, otros sectores: (a) jornaleros empleados no directamente sino a través de contratistas (patrones), lo que coloca a la mano de obra permanente en una posición mucho más débil que, por ejemplo, en las haciendas peruanas; (b) campesinos —a veces ocupantes ilegales— que abastecen de comida a la plantación; (c) indios. Es poco frecuente que se pueda aislar a las empresas agroindustriales de su contexto campesino.

Sin embargo, para nuestros propósitos, dejemos a un lado la agroindustria y consideremos la probabilidad de tipos particulares de complejos de campesinos que hoy se levantan como rebeldes en América Latina. Aparte de la insurrección peruana de 1960-1914, han existido pocas insurrecciones campesinas generales, por lo que no debería sorprendernos que el esquema general de Wolf resulte de poca ayuda y guía en concreto. Mirando a lo que ahora sé del área diría que los siguientes grupos, en diferentes situaciones, han sido los más explosivos (mi lista no sigue ningún orden en particular, y muchas veces estas categorías se superponen): (a) okupas (ocupantes ilegales o de hecho) y colonos campesinos; (b) kulaks potenciales en conflictos rurales que surgen sobre la extensión de las cosechas comerciales; (c) comunidades (aquí el hambre de más tierras desempeña un papel que puede ser crucial); (d) pioneros en zonas de frontera; (e) agitación campesina (principalmente, comunista).

El papel del okupa es particularmente explosivo, dado que sus conflictos surgen esencialmente de desafiar la ley del Estado y a los dueños de la tierra con su ocupación de hecho de tierras que sabe sin uso y de las que se siente, por lo tanto, «moralmente» el dueño. También porque tiende a ocurrir en zonas distantes de toda autoridad. De aquí la actividad inusualmente alta de este grupo numéricamente muy pequeño. Hay un elemento okupa virtualmente en cualquier agitación agraria: en áreas de frontera como La Convención o en el centro de Perú; en la famosa huelga de 1928 de los cultivadores independientes de bananas en conflicto con la United Fruit Company en Santa Marta, Colombia; en Goiás (Brasil) a comienzos de la década de 1950; a lo largo de la mayoría de las rebeliones colombianas; y en la Cuba prerrevolucionaria. Pero también se puede advertir, estoy seguro, en las actividades de los colonos en las haciendas peruanas que, de acuerdo con el antropólogo peruano Hugo Neira [Los Andes: tierra o muerte, 1968], están en el corazón del sindicalismo de las tierras altas serranas; o por lo mismo en las disputas sobre la tierra en las comunidades cada vez más pobladas y que cada vez tienen menos tierras.

El papel del campesino que trabaja en cultivos comerciales es igualmente evidente en las áreas cafetaleras de Colombia y de La Convención, en Perú, donde existe un conflicto entre un tipo de agricultura esencialmente adecuado para la producción a escala pequeña y mediana y un patrón de propiedad de la tierra que es esencialmente favorable a los latifundios.

Los alzamientos en las comunidades parecen surgir esencialmente de las estrecheces producidas por el crecimiento demográfico —por un lado— y por el agotamiento de las tierras comunales —por el otro—, agudizados políticamente por el proceso de apropiación muchas veces ilegal que protagonizan las haciendas en expansión.

La situación de frontera es conveniente para la agitación a causa de la relativa libertad económica de que gozan los pioneros que viven de su propia agricultura de subsistencia, y de los propios factores políticos y sociales que llevan a los hombres a la frontera y los vuelven más combativos.

Una historia de las insurrecciones y de la organización pasadas importa porque provee tanto los factores catalizadores como las fuerzas de liderazgo, organización, apoyo por parte de las clases o grupos letrados locales, etc., que tienen la capacidad de convertir el descontento en acción, y ligarlo con movimientos más amplios.

NOTA DE LESLIE BETHELL: En este ensayo inédito quedó inconclusa una sección final sobre el modo en que las mentalidades campesinas afectan las insurrecciones campesinas. Ver más abajo el capítulo 12: «Ideología y movimientos campesinos».

12

Ideología y movimientos

campesinos

Usaré el término «ideología» en este ensayo con dos sentidos diferentes: (a) como un sistema de creencias formulado y bien reconocido acerca de la sociedad (a menudo con un nombre de «marca» también bien reconocido, como liberalismo, nacionalismo, comunismo, etc.) del que se derivan o se pueden derivar programas de acción social y política; y (b) como un sistema de creencias que no está formulado o elaborado conscientemente, pero que cimienta o conforma la base de las acciones sociales y políticas de un grupo determinado de individuos. Es decir que el término «ideología», tal como se utiliza en este ensayo, incluye no solo las ideologías reconocidas y reconocibles como tales, cuyos significados resultan a veces entendidos y desplegados por un sector minoritario de la sociedad (el erudito o educado), sino todos los sistemas de ideas que existen sobre la sociedad que determinan acciones políticas y sociales. Esta distinción tiene importancia operativa en un continente como América del Sur donde las ideologías del tipo (a), al menos en su forma secularizada post-1789, acaso sean políticamente adecuadas y eficaces para un estrato restringido (por ejemplo el positivismo comteano en Brasil o en México) pero absolutamente desconocidas o incomprensibles para el resto de la población. Denomino a las del tipo (a) teorías sociopolíticas, y a las de tipo (b) sistemas de acciones. De esto se sigue que las teorías, en tanto confinadas a la élite o a otras minorías políticamente influyentes, se vuelven eficaces al imponer un patrón de acción sobre las masas, un sistema de acción que las moviliza.

[…]

Los cambios políticos más importantes («revoluciones») en la historia colombiana, por ejemplo, siempre le han debido una de sus motivaciones principales a la movilización de grupos de las élites —al menos durante un estadio crucial de sus carreras— por ideologías específicas [conservadurismo y liberalismo]. […] El comunismo jugó un rol análogo en la formación de las antiélites de la década de 1920, que posteriormente devinieron en la fuerza transformadora del Partido Liberal en las décadas de 1930 y 1940. Orlando Fals Borda sostiene en La subversión en Colombia (1967) que en la década de 1960 había llegado una vez más el tiempo para otra «subversión» de este tipo, y traza un bosquejo de la nueva antiélite a partir de Camilo Torres y los jóvenes revolucionarios castristas.

Saber hasta qué punto las ideologías movilizaron no solo cambios sociales potenciales, sino que determinaron el alcance de esos cambios, es una cuestión más compleja. Resulta evidente que las ideologías revolucionarias, cualquiera sea su contenido programático específico, predispongan a sus partidarios a exigir cambios sociales y políticos más radicales de los previstos, e incluso que crean en ellos como posibles de alcanzar, por parte de quienes operan dentro del statu quo, ya sea en tanto conservadores o reformistas. […] Pero ¿hasta qué punto la emergencia y el auge de las élites ideológicas refleja naturalmente la conciencia generalizada de los nuevos problemas que requieren soluciones nuevas y radicales? ¿Hasta qué punto los cambios debidos a estos grupos ideológicos son el resultado de sus teorías y programas, y qué tan lejos están los movimientos de revuelta masivos que inciden en algunos de los modos de acción política, en el terreno de la agenda nacional? La pregunta es compleja. Sin duda […], entre los años 1928-1948, la fuerza que transformó la política colombiana provino de los movimientos populares. Sin duda, los cambios institucionales que siguieron encontraron un vehículo más apropiado en el Partido Liberal, en parte debido a razones ideológicas, ya que este partido creía en el «progreso», en el «crecimiento económico» y «el pueblo» en lugar de hacerlo en «el orden», «la tradición» y «la jerarquía». Sin duda, los pequeños grupos de ideólogos radicales que proporcionaron el ímpetu del cambio (en términos de política y de ideas) contribuyeron en algo a forjar los cambios institucionales. Pero ¿qué y cuánto?

La cuestión se vuelve aún más compleja si tenemos en cuenta dos hechos generalmente característicos de la ideología latinoamericana: (a) su evidente deuda con los modelos extranjeros y (b) la sorprendente divergencia entre lo que esos modelos extranjeros significan en sus países de origen y en el contexto real de la política latinoamericana. La influencia —o la tendencia a copiar— de las ideologías europeas tales como el utilitarismo, el positivismo, el socialismo utópico, el marxismo, el fascismo, etc., es algo habitual. Igualmente sabido es que en Latinoamérica el significado de esas etiquetas ideológicas y las consecuencias prácticas de la adhesión a una ideología pueden sorprender al europeo o al norteamericano, como lo atestiguan las actividades políticas de grupos y hombres latinoamericanos inspirados en —o que afirman ser influidos por— el fascismo europeo de la década de 1930. En general, todas las ideologías tienen, en el contexto latinoamericano, uno o más de al menos tres objetivos principales: (a) transformar a los países atrasados en países avanzados; (b) transformar países (formal o informalmente) dependientes en países genuinamente independientes; y (c) construir un puente entre las pequeñas élites y la masa de la población empobrecida y atrasada. […] Normal y habitualmente [las ideologías latinoamericanas] han provenido de las ideologías más pertinentes, o más de moda o más prestigiosas que desplegaban los países «avanzados», en la medida en que estas no fueran obviamente incompatibles con los objetivos (a), (b) o (c). Las ideologías relativamente escasas que se desarrollaron de manera independiente en América Latina han tenido estos mismos objetivos fundamentales. Son, en general, combinaciones de «socialismo» e «indigenismo» (aunque en Colombia esas ideologías autóctonas han desempeñado hasta ahora un papel muy secundario).

En resumen, la mayoría de las ideologías prefabricadas y disponibles se diseñaron para otros fines que los que preocupaban a los latinoamericanos educados, y por lo tanto tienden, cuando se adaptan a sus propios propósitos, a volverse irreconocibles o inconsistentes. […] Como el caso de Jorge Eliécer Gaitán en las décadas de 1930 y 1940, en el cual era difícil establecer, como observó Raúl Andrade, «dónde terminó el simpatizante de Mussolini, dónde comenzó el jefe liberal y dónde tenía sus raíces el líder izquierdista». Es posible que las ideologías que tanto varían respecto a los modelos globales, y que se han adaptado específicamente a las circunstancias de América Latina, puedan haber comenzado a surgir en la década de 1950, aunque parece demasiado pronto para realizar un juicio tan firme.

[…]

Los movimientos sociales del período iniciado en la década de 1920 en Colombia se han vinculado y asociado a movimientos ideológicos y grupos que, en ocasiones, proporcionaron a las masas un marco de organización, liderazgo, programas y aspiraciones formuladas. Sin embargo, es probable que estos movimientos pertenecieran tanto a zonas vírgenes o impermeables a la acción comunicativa y a la organización de la izquierda, como a zonas donde esta sí resultaba influyente. No obstante, en la medida en que el liderazgo o la inspiración que provenía del ambiente tradicional en que se basaba la acción campesina proporcionó a los movimientos locales una política y un marco más efectivos y duraderos de lo que se hubiera esperado, el papel de la ideología resultó importante, significativo [como por ejemplo, y de manera notable], en Cundinamarca, en Tolima, entre los indios de Cauca y en la zona bananera de Magdalena. [Sin embargo], no resulta para nada clara la dinámica exacta en que los movimientos ideológicos externos penetraron en el campesinado, y en qué medida resultaron movilizadores para la acción.

[…]

Los movimientos de finales de la década de 1920 y de la década de 1930 estuvieron, indudablemente —o lo llegaron a estar cada vez más—, bajo el liderazgo de la izquierda ideológica, en parte comunista, en parte populista-liberal, en parte (como quizá en Sumapaz) organizadores campesinos de base influidos por ideologías socialistas o comunistas. Es un hecho curioso que el Partido Comunista Colombiano, oficialmente formado en 1930, se quejó a la Internacional en 1935 de que su membrecía no era suficientemente proletaria, y que estaba compuesta principalmente de campesinos e indios, más que de trabajadores. No puede haber dudas de que la institución de la reforma agraria —es decir, la venta forzada de fincas a los campesinos que las cultivan— a principios de la década de 1930, como ocurrió en zonas de Cundinamarca y Valle, se debió en gran parte a movimientos muy bien organizados. […] Una mirada al mapa también demuestra que las áreas donde en la década de 1950 se organizaron exitosamente las «autodefensas armadas» comunistas o de izquierda son mayoritariamente aquellas en las cuales los movimientos de comienzos de la década de 1930 habían sido más fuertes y mejor organizados (por ejemplo, Viotá, Sumapaz, Mariquita-Marquetalia), de modo que tenemos aquí una historia de más de treinta años de organización campesina.

¿Hasta qué punto indica esto que los campesinos aceptaran las ideologías de tipo moderno? La cuestión se puede tratar bajo dos encabezados: (a) liberalismo, (b) comunismo.

No hay dudas de que desde mediados del siglo XIX el liberalismo había echado raíces en las masas, de modo que decir que un campesino era liberal significaba que reconocía una lealtad política personal a la vez que clientelista con un patrón que, en ese caso, apoyaba al Partido Liberal. Al mismo tiempo, no sobran evidencias de que esa lealtad del campesino tuviera en sí o para él alguna implicación ideológica directa. Antes bien pareciera ser, según la expresión de Orlando Fals Borda, «un mecanismo de defensa colectivo», «dictado por un deseo de mutua defensa en tiempos de ataques externos», de modo que es irrelevante, salvo para el historiador, si resultaba que una vereda era liberal o conservadora, con tal de que, colectivamente, apoyara a un partido, o al otro. Y, por cierto, son raros los vecindarios políticamente partidos en dos. Las aspiraciones políticas más importantes del liberalismo decimonónico parecen haber sido poco relevantes al respecto.

En el segundo cuarto del siglo XX ingresa en el panorama un elemento nuevo, cuando comienza a emerger una conciencia política genuina en el campesinado. En este punto se hace sentir una tendencia para elegir al liberalismo como el partido «del pueblo», alentada por el desarrollo de fuerzas con conciencia social o «New Deal» dentro del Partido Liberal. Aunque el gaitanismo tenía una convocatoria más poderosa entre los pobres urbanos que en el campo, hay alguna evidencia de que el gran demagogo populista impactó significativamente en el campesinado.

[…]

Hoy nos encontramos en una posición mejor para poder decir qué significó el comunismo para los campesinos que lo apoyaron. En ese momento el comunismo no significaba en primer lugar (¿no significa hoy?) colectivismo económico. En Viotá, controlada largamente por el Partido Comunista, ni siquiera se instituyeron cooperativas; en Sumapaz la única actividad económica organizada en común fue la distribución del agua, que ya por tradición era una tarea que se planificaba colectivamente. La definición más simple de su significado real es que el comunismo representa:

a) Un movimiento de hombres que reclaman sus derechos; no tanto derechos «naturales» o nuevos derechos, sino los antiguos derechos garantizados por la ley.

b) La legitimación de una economía de campesinos independientes que opera como el campesinado está acostumbrado, y donde sea necesario, con sanción formal de esas maneras tradicionales.

c) El establecimiento de una autonomía campesina en el nivel subordinado que los campesinos consideraban como propio. Así, tanto en Viotá como en Sumapaz los pequeños delitos y las disputas entre vecinos se resolvían en la comunidad, mientras que los conflictos serios se dejaban —o entregaban— a la justicia oficial, excepto en los períodos de independencia obligada (como durante una guerra contra las fuerzas del gobierno) […] Las transacciones comerciales y crediticias estaban bajo el sistema estatal, y por cierto los centros comerciales a los cuales los campesinos llevaban sus productos no participaban en el sistema comunista de base.

d) Una estructura formal de organización social a través de la membrecía en el partido, al cual en la década de 1950 pertenecía la mayoría de los adultos de Sumapaz. Parecería que el partido sostenía el mantenimiento de la moral y las buenas costumbres, sea directamente o a través de cabildos locales. […] Sumapaz desalentaba las fiestas, aun si eran para recaudar fondos, porque las fiestas alimentan la ebriedad, el alcoholismo y las pendencias violentas, mientras que Viotá fue menos puritana.

e) Un sistema educativo: algo que siempre fue de la mayor importancia para los campesinos políticamente concienciados. Tanto en Viotá como en Sumapaz se dictaban cursos de educación política para adultos. Se fundaron escuelas independientes y se demandó con tenacidad el derecho de nombrar maestros adecuados en las escuelas estatales; los vecindarios campesinos con una larga historia de autonomía ejercían de hecho, informalmente, este derecho que reclamaban.

Podemos concluir que, en la medida en que se trata de un movimiento de base conformado por campesinos, el comunismo colombiano busca establecer o restablecer las normas y los valores tradicionales de la sociedad campesina. Es un movimiento de modernización principalmente en la medida que establece una posibilidad de acción campesina eficaz y organizada y une esta capacidad con una ideología de la modernización. Le confiere un ímpetu poderoso y un dispositivo de educación, y probablemente también le ofrece un método para reclutar y desarrollar líderes y cuadros en el campesinado. Podemos ir más allá en nuestras conclusiones y decir que, abandonados a sí mismos, los campesinos escogen del comunismo, que les llega desde el exterior, aquellos elementos —y probablemente solo aquellos elementos— que tienen sentido en relación con las aspiraciones que sostuvieron antes. Casi con completa prescindencia de la línea oficial del Partido Comunista. Así, de acuerdo con Juan Friede (Problemas sociales de los araucos, 1964), el análisis general de la situación de los araucos en la bibliografía comunista, o influida por el comunismo que circulaba por Sierra Nevada, resulta extremadamente distante de la realidad de estos indígenas. Las organizaciones sindicales locales y la Liga de Indígenas han mantenido no obstante una presencia permanente y han adquirido una influencia ocasional en tanto que eran las únicas a través de las cuales los indios pudieron hacer oír su protesta. Cuando, como ocurrió en Viotá, en algún punto esa protesta logró su objetivo bajo liderazgo comunista, se pudo desarrollar una relación más permanente entre el campesinado y el movimiento. Los campesinos «se hacen comunistas», y comunistas quedan. Sin embargo, más allá del interés sociológico y político que tienen, las comunidades comunistas campesinas en Colombia son cuantitativamente de una importancia muy limitada.

[…]

1977

13

Ocupaciones de tierras campesinas:

el caso de Perú

Quien estudia los movimientos campesinos está familiarizado con el fenómeno de la invasión masiva o la ocupación de la tierra. El presente trabajo intenta analizar esta forma de militancia campesina colectiva, principalmente a la luz de la evidencia peruana, aunque también con alguna referencia a otros países.¹ Su objetivo, sin embargo, no es estudiar un fenómeno específicamente peruano, sino ver en las acciones de los campesinos los supuestos sociales y políticos y el pensamiento estratégico que las sustenta. El propósito de este trabajo es arrojar luz sobre la cuestión de la actividad revolucionaria campesina. La medida en que la situación histórica específica de Perú y de otros países comparables determina la naturaleza y la forma de sus invasiones de tierras se considerará de manera incidental.

I

Tres tipos posibles de ocupación de la tierra existen en Perú, como en cualquier otro lugar, dependiendo de la situación legal de los terrenos a ocupar, tanto en términos del sistema legal oficial vigente como de las normas legales que el campesinado realmente acepta. Que no coinciden necesariamente.

La tierra a ocupar puede pertenecer a los campesinos pero se los ha sacado de ella, legalmente o de otra manera, de una forma que los campesinos no reconocen como válida. Por lo tanto, la invasión de tierras equivale a la recuperación de su propia tierra. Así, los campesinos de Oyón (en los Andes, al nordeste de Lima) negaron haber invadido la tierra de la Sociedad Agrícola y Ganadera Algolan en agosto de 1963, ya que la tierra en disputa —algunos pastizales a unos cinco mil metros de altitud— era y siempre había sido de ellos.

Segundo, la tierra ocupada puede no pertenecer a nadie, o en términos legales al gobierno como tierra pública. En este caso, el proceso de colonización o asentamiento campesino se convierte en una «invasión» solo cuando hay alguna disputa sobre el título legal. El caso más común es aquel en que los campesinos y los terratenientes reclaman simultáneamente la tierra, ninguno de los cuales tiene, o de hecho tendrá, en la mayoría de los casos, un derecho de propiedad válido bajo la ley oficial. Esta situación es común en las regiones fronterizas inestables de varios Estados sudamericanos, aunque no particularmente en Perú, excepto en las laderas amazónicas subtropicales de los Andes y, a veces, en rincones de las vastas extensiones de tierras sin cultivar que pertenecen a una gran hacienda que tienden a ser considerados, comprensiblemente, como tierra de nadie por los campesinos.

El argumento legal aquí es diferente, ya que no pueden apelar al título, ni siquiera a la costumbre y la prescripción. Más bien, la tierra pertenece a quien la cultiva por medio de su trabajo. Este argumento aceptado en la ley colonial española adjudicaba las tierras baldías a aquellos que las talaban, sembraban o cultivaban en un plazo determinado, fijando el tamaño de la explotación de acuerdo con la capacidad del cultivador para cultivarla. El Código Civil de Colombia, por ejemplo, reconoció este modo de posesión entre otros, y la Ley 200 de 1936, aprobada a consecuencia de la agitación agraria a gran escala, hizo de este el criterio principal de la propiedad de las tierras vacías. La apelación aquí no es a un título legal o su equivalente (por ejemplo, derecho prescriptivo), sino a un principio general. Así, en 1963, trescientos cincuenta ocupantes ilegales organizados en una Asociación de Nuevos Colonos ocuparon dos haciendas en la zona subtropical de Tingo María argumentando que «son improductivas, por lo que tenemos derecho a ellas».

En tercer lugar, la tierra puede incuestionablemente pertenecer a alguien que no sea los invasores, incluso por las doctrinas legales y los documentos que ellos mismos aceptan, como cuando los campesinos expropian tierras de propiedad de los terratenientes. Hay que distinguir esta situación de aquella en la cual los arrendatarios que pagan su alquiler con trabajo, dinero o bienes, afirman sus derechos de propiedad como dueños de la tierra que de hecho ocupan y cultivan, ya que esto en sí no cuestiona el derecho del propietario a la tierra que cultiva directamente o por medio de trabajo asalariado. Tampoco constituye una «invasión», ya que los campesinos están en las propiedades cuyo título legal desean cambiar. Claramente, la expropiación es la forma de ocupación de la tierra más conscientemente revolucionaria. En Perú, y más en general en América Latina, también es la más rara (excepto, por supuesto, en la forma históricamente común de la expropiación de los débiles por parte de los fuertes). Para ser precisos, la expropiación parece un acontecer muy inusual entre los movimientos campesinos que no están directamente influidos por las ideologías políticas modernas.

El presente trabajo tratará principalmente de las invasiones de tierras del primer tipo, que constituyen la abrumadora mayoría de las registradas en el Perú del siglo XX.² El movimiento característico de este tipo es la recuperación de las tierras comunales perdidas por las comunidades campesinas. […] Como dijo el doctor Saturnino Paredes, argumentando en contra de algunos miembros desviacionistas del pequeño Partido Comunista (maoísta) del Perú del que era entonces secretario general:

En Perú, el hecho es que los campesinos que viven en comunidades […] están convencidos de que las tierras que ahora están en posesión de los latifundistas pertenecen a los campesinos, porque ellos las han trabajado, y porque tienen título de propiedad en algunos casos y debido al derecho de posesión inmemorial en algunos otros.³

El derecho derivado del trabajo está claramente implícito en todos los demás reclamos de posesión, aunque (excepto en el caso de tierras recientemente colonizadas) no se distingue del derecho de posesión inmemorial, ya que esto simplemente significa que innumerables generaciones de campesinos han labrado un pedazo de tierra en particular, o alimentado a sus animales allí. Quizá por eso no he encontrado ninguna invasión terrestre justificada simplemente por el lema «la tierra para el que la trabaja», excepto cuando las ideologías políticas modernas entran en el asunto. Esto no quiere decir que se trate de algo insignificante. […] Para los campesinos, la posesión sin trabajo es impensable, ya que la tierra que tienen debe ser utilizada.

Pero si la posesión inmemorial es suficiente, dicha posesión validada por documentos reales es incluso mejor. Dada la naturaleza del sistema colonial español, hay muchas comunidades indias con esos documentos, y suelen citarlos para legitimar las invasiones de tierras. […] Los sectarios del Partido Comunista Maoísta consideraron esto como una aberración pequeñoburguesa, argumentando que lo único que tenían que hacer con los títulos de tierras del período feudal o burgués, quienes quisieran, era quemarlos; pero, como señaló el doctor Paredes justificadamente, y hablando de una amplia experiencia: «Todo esto revela que los liquidadores oportunistas de izquierda no tienen experiencia en el movimiento campesino y nada han tenido que ver con ninguna comunidad [campesina]».⁴

El legalismo arraigado en las invasiones de tierras campesinas es un hecho que tanto el estudiante como el agitador desatienden a su propio riesgo. Tener papelitos es muy importante para la comunidad campesina de América Latina. Ya sean reales o falsificados, son apreciados, preservados, escondidos de posibles ladrones, porque perderlos afectaría de alguna manera sus derechos, aunque uno difícilmente puede decir que debilitaría su sentimiento de que [las comunidades] existen. John Womack ha hecho un relato conmovedor de la preservación de los títulos de propiedad de Anenecuilco, el pueblo del gran Emiliano Zapata.⁵ Incluso hay, me dicen, casos de aldeas bolivianas que, habiendo recibido tierras por medio de la reforma agraria, acudieron al antiguo propietario solicitando un documento de transferencia para hacerlo legal. Como veremos, este legalismo no impide que esos campesinos hagan revoluciones. Por un lado, están inclinados a rechazar como leyes moralmente inválidas y «antinaturales», las Constituciones, por muy correctas que sean, que se lleven las tierras comunes.

En este punto se debe mencionar las peculiaridades de la situación en América Latina, ya que convierten el legalismo en el sentido más estricto en una fuerza social potente, si bien limitada, entre los campesinos. La conquista española garantizó el reconocimiento legal y las tierras comunales a las comunidades indígenas, bajo el control de la burocracia real, mientras simultáneamente intentaba un control estricto de los colonos conquistadores, aunque con poco éxito. La hacienda, la gran propiedad cuyos dueños se convirtieron en los poseedores de facto del poder, se desarrolló junto a las comunidades campesinas, y su expansión territorial legalmente se limitó ante los derechos de la Corona y de los indios, unos límites legales que no fueron completamente abolidos, aunque, a fines prácticos, fueron inoperantes en el período de la Independencia. En consecuencia, su expansión se produjo sobre todo por posesión brutal, en especial a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando grandes extensiones de tierra que anteriormente carecían de gran valor económico se volvieron potencialmente rentables y accesibles a los mercados. La típica hacienda grande de América Latina no se basa en la propiedad legal (en virtud de una «nueva ley» contra una «vieja ley»), sino simplemente en el hecho de que el poder del gran terrateniente era mayor que el del Estado, donde los dos no coincidieron realmente en su persona. Un viejo abogado y ex político en el altiplano central peruano ha llegado a argumentar que la reforma agraria había sido innecesaria, ya que todo lo que se requería para asegurar una redistribución efectiva de la tierra era pedir a los terratenientes —todos los terratenientes— que mostraran el título de sus propiedades, y devolver las tierras sin buen título que se habían tomado originariamente a los campesinos.⁶

Así, en Colombia, tras una agitación agraria, los títulos de tres latifundios pertenecientes a J. Otero Torres que cubrían cerca de 300.000 hectáreas fueron investigados oficialmente. El título original de la propiedad en 1823 se refería a 426 hectáreas. Y en la sierra central peruana, en 1887 la hacienda Tucle tenía un título de unas 12.000 hectáreas, aunque incluso esto no era indiscutible. Pero hacia 1915, de alguna manera había adquirido 103.000 hectáreas. […] Dado que los propietarios que así adquirieron la propiedad robada lo hicieron en la forma legal adecuada, esperaban, y normalmente obtenían, la protección de los tribunales; y si no tenían título alguno, su capacidad para intimidar a los indios y su influencia política sobre los jueces y policías locales normalmente era suficiente para evitar los desafíos.

Esto, por supuesto, simplifica en exceso una situación compleja. Las haciendas podían tener títulos legales de enormes territorios, pero en realidad usaban solo una pequeña parte y dejaban el resto a nadie, o a la ocupación de facto del campesinado, que naturalmente supondría que el hecho de trabajar realmente la tierra le daba el derecho de posesión o propiedad, en cualquier caso con legitimidad mayor a la de los propietarios inactivos. Las comunidades podían fortalecer su demanda moral sobre la tierra al forjar títulos o extender los antiguos. Además, como veremos, los requerimientos legales rivales sobre la tierra opusieron no solo a los campesinos contra las haciendas sino también a otras comunidades, especialmente cuando —como sucedió en el transcurso del tiempo— grupos de campesinos abandonaron el asentamiento original para establecerse en otra parte del territorio comunal (normalmente, en Perú, mudándose a otro nicho ecológico más alto o más bajo en las laderas andinas que se extienden desde la tundra en la parte superior a los subtrópicos y los trópicos en la parte inferior). Luego tratarían de formar comunidades separadas para labrar sus propias tierras comunales, cuyos límites estaban en disputa con el asentamiento madre.

Sin embargo, América Latina en general y las áreas de asentamientos sólidos indígenas en particular proporcionan un número inusualmente grande de comunidades campesinas con documentos legales de propiedad comunal de tierras enajenadas por robo directo o apenas disfrazado. En esta medida, el problema de la legitimación de los derechos de los campesinos es, en teoría, inusualmente simple. Por otro lado, muy frecuentemente la demanda de tierras, aunque objetivamente revolucionaria, no requiere un desafío ideológico a la legalidad existente.

II

Pasemos ahora a algunas invasiones reales de la tierra. Una invasión de tierras es por lo general un asunto bastante estandarizado, decidido y llevado a cabo por toda la comunidad como una entidad colectiva. Esto significa que normalmente se discute de antemano. […] La intención de invadir suele ser conocida por los terratenientes y las autoridades, que están en condiciones de tomar contramedidas, si la policía, las tropas o sus propios hombres armados pueden llegar a la frontera en disputa, que por supuesto puede ser bastante remota e inaccesible […]

La invasión en sí es una gran ocasión ceremonial. Tales eventos «ocurren en medio de un gran clamor. Los líderes aparecen a caballo tocando cuernos» (Cuzco, 1964), «a los sonidos de cuernos y tambores» (Cuzco), «al acompañamiento de vítores y cuernos» (Anta, Cuzco), «cantando y bailando al ritmo de una música regional» (Paruro, Cuzco), «sonando cuernos y disparando cohetes» (Potaca, Junín). En los últimos años parecen haber sido acompañados por una gran cantidad de banderas. […] Las banderas peruanas fueron universales en la década de 1960, pero en el departamento políticamente radicalizado del Cuzco fueron acompañadas por consignas castristas: «Tierra o muerte», «Venceremos», etc. […] Como en todos los grandes ceremoniales colectivos, tampoco es probable que los participantes estén demasiado borrachos, aunque la evidencia, que proviene abrumadoramente de los propietarios o funcionarios, tiende a insistir demasiado en este punto.

La movilización para una invasión se lleva a cabo por la noche, en general; la operación real, con sólidos principios militares, al amanecer, aunque esto no es invariable. Una masa más o menos grande de hombres, mujeres y niños —hasta cientos o incluso miles—, acompañada de ganado, implementos y materiales de construcción, ocupa el territorio en disputa, derriba vallas, muros y otras marcas de límites, y procede de inmediato a construir chozas simples u otras estructuras, generalmente a lo largo de la línea del límite reclamado como legítimo. Las familias se establecen inmediatamente allí, comienzan a apacentar sus rebaños (expulsando a los animales de los propietarios donde sea necesario), y a labrar y sembrar la tierra. En algunos casos se sigue una línea más cautelosa, infiltrándose una partida de reconocimiento que, si no hay signos de oposición masiva, va seguida de ocupación masiva. […]

Sin embargo, se debe señalar una importante distinción entre la clásica invasión comunal de tierras y las ocupaciones de tierras organizadas por movimientos políticos más actuales. La estrategia y la táctica de las ocupaciones modernas, ya sea de la tierra o del lugar de trabajo, son concebidas como demostraciones o como medios de presionar a las autoridades, es decir, como un medio con miras a un fin. Así, para tomar el ejemplo de un movimiento campesino organizado, el que encabezó Jacinto López en el estado de Sinaloa (México) en la década de 1950 utilizó invasiones de tierra de esta manera limitada. El congreso campesino de Los Mochis, Sinaloa, en 1957 amenazó con invadir si no se cumplían pronto las promesas de proporcionar una solución legal a los problemas de los peticionarios. Cuando nada sucedió, las ocupaciones de tierras se llevaron a cabo, a principios de 1958, pero la invasión de 20.000 hectáreas de regadío por parte de tres mil campesinos fue simbólica. «En las partes cultivadas consistía en la implantación de la bandera nacional en medio de esas tierras, mientras que la mayoría del campesinado se paraba o se sentaba en los caminos a lo largo de esos campos. Cuando las unidades del ejército llegaron para disolver las sentadas, los campesinos, intencionalmente desarmados, se marcharon de manera pacífica.⁷ Las ocupaciones masivas de tierras organizadas en la primavera de 1971 por la Asociación de Usuarios en Colombia también fueron deliberadamente efímeras. En resumen, a menos que sea parte de una verdadera revolución agraria o una insurrección, la ocupación de la tierra en los movimientos campesinos modernos organizados políticamente es un incidente en una campaña a largo plazo.

Pero para el movimiento comunal clásico es campaña, batalla y, con suerte, victoria final. No es el medio sino el fin mismo. En lo que concierne a los invasores, todo estaría bien si los terratenientes, el Estado u otras fuerzas externas se retiraran y dejaran a la comunidad vivir y trabajar en la tierra que justamente han recuperado. Con realismo, los campesinos pueden saber que esto es poco probable, aunque (como veremos) las invasiones de tierras tienden a realizarse solo cuando la situación parece favorable. Sin embargo, incluso si vuelven a ser expulsados por el señor o el gobierno, al menos han reafirmado tanto su derecho a la posesión por el trabajo como su capacidad para trabajar la tierra que reclaman como propia, un punto importante ya que su capacidad para hacerlo fue desafiada. Pero el objetivo de la operación no es táctico. Es recuperar la tierra y permanecer allí.

Ya se habrá observado que la invasión de tierra clásica no es específicamente peruana, ni siquiera indígena. En Chile, todas las invasiones de tierras (tomas de fundos) por pequeños agricultores, hasta 1968, fueron recuperaciones de tierras comunales enajenadas por indios mapuches, aunque en otros lugares las emprendieron campesinos no indios, como en Venezuela, donde se estima que hubo quinientos casos de invasiones de tierras expropiables al comienzo del proceso de reforma agraria a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. Las tierras invadidas eran frecuentemente las que antes se habían quitado a los campesinos. Pero también se encuentran casos similares europeos. […] Se puede hallar, en circunstancias muy diferentes a las de las tierras altas peruanas, algo muy parecido a la clásica invasión comunal de tierras. Ellas pertenecen a la historia, no de los indios peruanos o de América Latina, sino de las comunidades campesinas.

III

Para comprender la naturaleza de tales invasiones y el papel que desempeñan en la acción campesina, puede ser conveniente seguir un movimiento particular a través al menos de algunas de sus ramificaciones: la de la comunidad de Huasicancha, un asentamiento indio pequeño y abrumadoramente pastoril en las tierras altas centrales del Perú, aproximadamente cerca del punto donde se encuentran los departamentos de Junín, Lima y Huancavelica. Por fortuna podemos rastrear la lucha de esta comunidad por un área particular de pastos comunes hasta el siglo XVI, un ejemplo bastante raro de documentación continua. […]

Varios puntos de interés surgen de [una] historia de cuatro siglos de lucha por los pastos de Huasicancha. ¿Cómo mantuvo una comunidad de analfabetos el recuerdo exacto de las tierras que reclamaba, tan preciso que la «inspección ocular» de 1963 confirmó en cada particular los títulos de 1607? Porque, aunque tenían documentos, durante la mayor parte de su historia obviamente no pudieron leerlos; de hecho, incluso los abogados blancos a los que les incumbía el negocio tenían a veces que contratar paleógrafos para este fin. En la década de 1960, un testigo analfabeto de la comunidad, un tal Julián Paucarchuco Samaniego, de cincuenta y nueve años, respondió esta pregunta diciendo que conocía los límites desde 1922 porque «cuando era niño, su padre lo llevó y le mostró límites, y esa es la razón por la que los conoce».⁸ Es de suponer que en cada generación, desde el siglo XVI, los padres llevaron a los hijos a los altos pastos para mantener vivo el recuerdo de las tierras perdidas de la misma manera.

En segundo lugar, y quizá más importante, la historia de Huasicancha muestra cuán engañoso es el estereotipo del indio pasivo y sometido. Durante cuatro siglos Huasicancha, pequeño, remoto, aislado y obstinado, nunca dejó de luchar por su derecho.

Al no ser liberales occidentales ni insurgentes estudiantiles, los campesinos no lograron elegir en principio entre métodos pacíficos y violentos, legales y no legales, la fuerza «física» y la «moral», usando uno o ambos según la ocasión parecía exigir. Pero nunca abandonaron sus demandas.

En tercer lugar, está claro que la creencia de que el horizonte campesino está completamente circunscrito por factores locales es errónea. Huasicancha puede haber sabido poco sobre Lima y nada sobre Madrid, Roma o Egipto, pero era lo suficientemente sensible a los cambios en el resto del mundo que parecían sacudir los cimientos de la estructura de poder local. Sin embargo, el horizonte era local, en la medida en que la unidad de su acción era la comunidad y los sistemas de enclavamiento de fincas y comunidades se establecían en su parte de las tierras altas. Ellos se habían […] movilizado políticamente en términos nacionales y también habían producido cuadros para los movimientos nacionales. Y, no obstante, parece que para la comunidad esto fue o bien accesorio a sus propias luchas o un subproducto de su desarrollo en un contexto histórico particular. […] Su ambición no era cambiar el sistema sino sacar lo mejor de él cuando era fuerte, retroceder cuando parecía ceder.

IV

Sin embargo, la acción campesina y el cambio político interactuaron de maneras complejas. ¿Quién organizó y dirigió las invasiones de tierras? Como eran asuntos de la comunidad en su conjunto, debemos suponer que, de forma clásica, los dirigían sus dirigentes y funcionarios, cuyo liderazgo tan a menudo (como en la obschina rusa) requería la capacidad de identificar y expresar el consenso de la gente; aunque, a la inversa, la disposición de la gente para escuchar a los hombres de sabiduría y juicio, tal vez provenientes de familias con un historial de liderazgo en la comunidad, fue un elemento poderoso en la formulación de dicho consenso. Debemos recordar que la democracia comunal procede por «el sentido de la reunión» más que por el voto de la mayoría. Pero en el período en que nuestra documentación es mejor, la decisión de la comunidad fue más compleja que en el ejemplo descrito en el prólogo del brillante libro de John Womack sobre Zapata.

En primer lugar, no siempre se puede considerar la «Comunidad» en sí misma como antigua y tradicional. A menudo era nueva en dos sentidos: porque se había separado de una comunidad más antigua por razones demográficas o de otro tipo, y porque utilizaba un dispositivo jurídico específico que podía ser novedoso y ventajoso: por ejemplo, de la década de 1920 el procedimiento de «reconocimiento».⁹ Sin duda, las maneras en que los cuerpos de los nuevos colonos se organizaron y tomaron decisiones colectivas fueron las formas tradicionales de los campesinos con la experiencia milenaria de la acción comunitaria, pero no se debe pasar por alto el elemento de novedad.

En segundo lugar, cada comunidad peruana se estaba transformando por un proceso interno de diferenciación de clase, y también cada vez más por lo que podría llamarse «diferenciación externa», a saber, la formación de un grupo emigrante (relativamente más próspero) en la ciudad o ciudades, un grupo del que a menudo se eligen los hombres cuyas opiniones tienen peso, sobre todo debido a su presunto conocimiento político. Paradójicamente, la emigración del tipo de notables locales cuya familia solía monopolizar las oficinas de las aldeas bien puede dejar el camino al liderazgo político de la aldea abierto para otros, incluso para los recién llegados. El progreso desigual de la educación también introdujo un nuevo elemento en la política de la aldea. En resumen, la modernización trajo consigo contactos más amplios con el mundo exterior, inicialmente para algunos, cada vez más para muchos.

[…]

Su forma más obvia era la ayuda que la organización sindical y política proporcionaba en las ciudades locales (como Cuzco), o los intelectuales locales comprometidos políticamente, estudiantes y abogados, ya por iniciativa propia o de los campesinos conscientes de que tal ayuda estaba disponible. Se sabe muy poco de la microhistoria política de las comunidades como para generalizar, e incluso la difusión más fácilmente documentada de los sindicatos campesinos y las federaciones de comunidades, por ejemplo las que fueron poderosas durante un tiempo en las tierras altas centrales, solo se conoce de una manera bastante fragmentaria. Sin embargo, el papel de los movimientos políticos —la APRA hasta su transformación, y luego diversos movimientos marxistas— es claramente importante, como movilizadores de cuadros locales, catalizadores de la actividad campesina y quizá, sobre todo, como fuerzas que convierten las agitaciones locales en un movimiento más amplio. Menos obvio, pero igualmente importante, es el colapso de la creencia en la permanencia de la estructura de poder imperante, que liberó a los campesinos activistas que previamente habían elegido servir a los señores para nuevos puestos como líderes populares. […]

Por lo tanto, la invasión terrestre típica de los últimos años fue un asunto bastante complejo. Los representantes oficiales de la comunidad estuvieron casi siempre presentes, como tenía que ser; pero a su lado, a menudo o no, hubo «instigadores» o «agitadores». En la aldea se entremezclan viejas y nuevas estructuras sociales y de poder, los roles se transforman. Este carácter mixto del liderazgo se puede ilustrar a partir de uno de los raros estudios detallados del activismo de las aldeas. En Marcantuna (valle del Mantaro) los catorce hombres señalados como líderes comunales a mediados de la década de 1960 incluían dos de veinte años (un estudiante y un contable), uno de treinta (un agricultor-comerciante), cuatro de cuarenta (oficinista, agricultor-camionero, agricultor-trabajador, agricultor), cinco de cincuenta (tres agricultores-artesanos, dos agricultores) y dos mayores de sesenta (ambos agricultores). Siete de estos hombres tenían educación primaria incompleta o terminada, cinco educación secundaria parcial y uno educación superior, mientras que el estado educativo de uno es desconocido. Desafortunadamente no podemos confiar en las indicaciones de su política, ya que los informes de prensa tienden a presentar a todos los activistas uniformemente como bolcheviques.

V

Finalmente, ¿qué luz arrojan las invasiones sobre la cuestión del revolucionismo campesino? Parece evidente que un proceso masivo de invasión de tierras puede tener, objetivamente, consecuencias revolucionarias independientes de las intenciones subjetivas de los invasores si la proporción de tierras usurpadas en propiedades es lo suficientemente grande y la población de las comunidades que recuperan sus tierras ancestrales es suficientemente numerosa. Algo como esto ocurrió en grandes partes del Perú a principios de la década de 1960. La naturaleza de las estadísticas peruanas hace que las cifras sean poco más que cifras orales, lo que indica órdenes de magnitud generales. Pero no parece improbable que en 1961 (según el censo) hubiera algo así como cuatro mil quinientas «comunidades parcializadas o ayllus», es decir, comunidades campesinas, ya que 2.337 se habían reconocido «oficialmente» en 1969. Su membrecía total en 1961 puede haber consistido en, digamos, cuatrocientos mil cabezas de familia o dos millones de individuos de una población rural total en el altiplano de Perú de aproximadamente cuatro millones.¹⁰ […]

De estas comunidades al menos la mitad tienen disputas acerca de los límites, una cifra basada en una serie de muestras y encuestas regionales, y con toda seguridad esta cifra es un mínimo absoluto. […] Es obvio que, cuando todas o la mayoría de esas comunidades reclaman simultáneamente sus derechos, la estructura del latifundismo local se derrumba de manera automática (a menos que sea restaurada por la fuerza militar). Eso es lo que sucedió, hablando en términos generales, en la sierra central en la segunda mitad de 1963. Humpty Dumpty se cayó del muro: después de 1963 nadie podía volver a unirlo y las direcciones de las grandes haciendas —la Ganadera del Centro, la División Ganadera de la Corporación Cerro de Pasco, Algolan, Corpacancha y el resto— lo sabían perfectamente. Así, un año antes, la estructura del latifundismo en los valles de La Convención y Lares había colapsado bajo el rechazo masivo —que resultó ser permanente— de los siervos-arrendatarios a realizar sus servicios laborales. Para este momento, por razones que nos llevarían más allá del alcance de este documento, la fuerza militar no se usó para restaurar el viejo orden.

Al mismo tiempo debemos preguntarnos si subjetivamente este proceso equivale a una revolución campesina. Esto es mucho menos cierto. En términos generales, en las rebeliones primitivas por lo general se pueden distinguir movimientos «revolucionarios» y «reformistas», aunque no necesariamente por la cantidad de violencia involucrada en ninguno de ellos. Los primeros tienen subjetivamente ambiciones mucho mayores, expresadas ya sea en términos milenarios o quizá en el intento de restaurar alguna era dorada perdida del pasado, que es en Perú el imperio inca.¹¹ Henri Favre distingue perceptivamente —a propósito de las tierras altas de los mayas de Chiapas, México— entre los dos tipos de lo que él llama «rebelión» e «insurrección»: el primero tanto localizado como limitado en sus objetivos a la restauración del equilibrio consuetudinario, perturbado temporalmente; el segundo, un intento de reestructuración total de la situación de colonialismo.¹² […]

Hay movimientos campesinos que evidentemente desafían no solo el abuso del señorío sino el hecho mismo del señorío. […] Hay pocas pruebas (aparte de los casos conocidos de dirigentes comunistas o trotskistas) de campesinos peruanos que desafiaran al señorío como tal —por ejemplo, la propiedad de las tierras de dominio—, aunque hubo una reacción creciente y efectiva contra los servicios laborales. La tradicional relación patróncliente entre señores que se consideran «protectores de los indios a quienes llaman sus hijos (hijitos)» todavía se mantuvo en vigor en muchas partes, y los señores eran más conscientes de los cambios inminentes que los campesinos. La quema clásica de grandes casas, el asesinato de terratenientes y demás, están casi ausentes de las agitaciones de 1958-1964, que son notablemente pacíficas. Lo que tenemos aquí no es la sublevación indígena tradicional a gran escala, sino una afirmación masiva espontánea de derechos legales, estimulada por, pero no aparentemente —excepto en algunas áreas— imbuida de un revolucionarismo moderno o, para el caso antiguo, de una ideología revolucionaria. No hay signos de conversión masiva a alguna forma de comunismo, incluso en Cuzco. El marxismo siguió siendo la ideología de los cuadros, aunque cada vez más de cuadros campesinos, como el APRA lo era, al menos fuera del «Norte sólido» donde ese partido se estableció como un movimiento de masas.¹³

Como se ha señalado, esto no es incompatible con lo que equivale a una revolución social, o incluso con un sentido vago, aunque creciente, de que la vieja era está llegando y debe llegar a su fin. Tampoco es incompatible, en teoría, con la evolución de tales movimientos campesinos hacia una revolución campesina consciente en una situación revolucionaria nacional. Por otro lado, hay que señalar que en varias regiones de América Latina el sistema de patrimonio en sí mismo es una entidad fluctuante. En el curso de la historia poscolonial las haciendas se formaron, se expandieron, se dividieron y se reformaron según los cambios políticos y las especulaciones económicas. Las comunidades probablemente no siempre se beneficiaron de estas fluctuaciones, pero su presión permanente, que se volvía un poco más efectiva para las grandes propiedades en los períodos de recesión, no implica necesariamente creer que una de esas recesiones marcase por fin la extinción de todas las haciendas. En resumen, debemos tener en cuenta tanto la fuerza como las limitaciones de los movimientos campesinos tradicionales.

Estos se convierten en revoluciones campesinas cuando el conjunto de los «pequeños mundos» se pone en movimiento de modo simultáneo, casi invariablemente por algún acontecimiento o novedad en el «gran mundo» sobre el cual los campesinos no tienen control, pero que los mueve a la acción. (No se pueden discutir aquí los factores responsables de esta movilización en el Perú de 1958-1964.) Se convierten en revoluciones campesinas eficaces cuando se unifican y movilizan en un número suficientemente grande de áreas de importancia política crucial por la organización y el liderazgo modernos, probablemente revolucionarios, o cuando la estructura nacional y la crisis son tales que los movimientos campesinos regionales de ubicación estratégica pueden jugar un papel decisivo en sus asuntos. Esto sucedió en México de 1910 a 1920 con los norteños de Pancho Villa, debido a su movilidad armada, y con los seguidores de Zapata, el «gallo del sur», en Morelos, porque ese estado está al lado de la capital. Ninguna de estas cosas sucedió en Perú, excepto débilmente en la década de 1880, cuando Cáceres, que buscó el apoyo de los indios que él había organizado en guerrillas antichilenas durante la guerra del Pacífico, marchó con los hombres desde la sierra central hacia la capital, pero difícilmente como un líder revolucionario y por cierto sin consecuencias socialrevolucionarias. A principios de la década de 1960 las invasiones de tierras fueron de hecho lo suficientemente abrumadoras en las tierras altas centrales y en Cuzco y bastante graves en otras partes de las tierras altas como para provocar el colapso del sistema de haciendas de las tierras altas. No obstante, a diferencia del proletariado de Marx, la fuerza espontánea del campesinado, aunque capaz de matar el latifundismo, fue incapaz de cavar su tumba. Hizo la reforma agraria inevitable. Pero se necesitó un golpe militar, luego de varios años de titubeos, para enterrar el cadáver de las haciendas de las tierras altas.

1974

14

Un movimiento campesino

en Perú

El presente capítulo trata de describir y analizar una fase crucial del descontento campesino en la provincia de La Convención, en la región peruana de Cuzco. Este movimiento campesino, persistente, fuerte y difundido, ha sido poco estudiado, aunque muy comentado. Mis propias investigaciones eran superficiales por más que completé observaciones y testimonios locales con un estudio de la prensa peruana, tanto nacional como local, para 1961-1962. El presente es un estudio que dista mucho de ser todo lo serio que debiera. Sin embargo, tan inadecuada en Europa es la información acerca de los movimientos agrarios latinoamericanos, que aun un trabajo parcial y preliminar puede tener algún valor.

[…]

Aunque existen elementos evidentes de un conflicto de clases potencial en el seno del campesinado en La Convención —se decía que algunos arrendires eran más ricos que los pequeños hacendados—, el grueso de los arrendires seguía, al parecer, identificando sus intereses con la oposición a los latifundistas. Su interés propio en convertir el sistema neofeudal en una relación capitalista con los hacendados y crear un arriendo o hacer de él propiedad campesina era el mismo de los allegados. Una campaña localizada [en 1957-1958] de un conjunto limitado de campesinos que eran prácticamente kulaks se convirtió en un movimiento campesino sólido que abarcaría a la mayoría de los habitantes rurales de la provincia. Hacia fines de 1962 la Federación Campesina provincial tenía ciento diez sindicatos afiliados, de veinte a seiscientos miembros. […]

¿Cómo fue esto posible? La primera razón es desde luego que las divisiones en el seno del campesinado quedaban más que neutralizadas por los factores que pesaban en favor de la solidaridad. Aparte de su pobreza general, los campesinos de La Convención son hombres del campo y no de la ciudad, de origen indio y no criollos. Al mismo tiempo la indumentaria de los hombres (aunque no tanto la de las mujeres) tiende a ser más moderna que en las sierras, y por más que el quechua sigue siendo el idioma hablado en los mítines de los sindicatos, el castellano se entiende ampliamente y aun se habla bastante. Además, la mayoría de los sindicatos parecen tener su núcleo de hombres que han superado el analfabetismo. Una gran parte de esta modernización puede que se deba, como veremos, a la influencia de la organización comunista.

Más importante que esto es la condición común de los campesinos como sujetos feudales en una situación de dependencia a la que van unidas la incertidumbre y la falta de garantías. Aún los arrendires no eran propietarios; y lo que es más, tenían buenas razones para creer que tan pronto como su trabajo hubiese mejorado la condición de las tierras vírgenes cultivables o accesibles de las haciendas y las sembraran, los hacendados los expulsarían, y tomarían el control de las tierras mejoradas. La obligación común de cumplir con la servidumbre personal a que estaban sujetos (cualquiera que fuese la fórmula del contrato o la costumbre), la ausencia común de derechos económicos, así como la sujeción común al poder arbitrario del hacendado, unió al kulak más rico con el peón más pobre en una oposición constante a la injusticia. Algunos aspectos de esa injusticia golpearían a unos campesinos más que a otros; otros aspectos —y no necesariamente el económico— los afectarían a todos por igual.¹ En cambio, para jornaleros y braceros, que no tenían interés directo en las exigencias de arrendires y allegados, el hecho de que los campesions tuvieran movimientos de resistencia contra los dueños les brindaba la posibilidad de reclamar eficazmente sus derechos y hasta de reconocer la existencia misma de esos derechos. Les daba un ejemplo a seguir, era un movimiento al que unirse. Su situación mejoraría al igual que las de todos los demás tipos de campesinos.

Pero ¿cómo pudo una organización poderosa y amplia, dirigida por comunistas y otros marxistas revolucionarios, hacerse con una región tan remota? Esto se debe desde luego a la fuerza desacostumbrada y tradicional del Partido Comunista en la región de Cuzco, su principal bastión, y en la misma ciudad de Cuzco. En esta parte del Perú, y a pesar de su orientación en pro de los indios, el APRA nunca logró afianzar su poder del modo que lo hizo en el norte. (El principal aprista de La Convención, R. Sernaqué, que fue antes odriísta, era un conocido enemigo de los sindicatos obreros, y fue asesinado en 1962.) Los comunistas llegaron a La Convención en 1934, cuando se organizó un sindicato en Maranura, que todavía es un bastión de la ortodoxia del partido, aunque aquel sindicato se suprimiera después y, según parece, desapareciera temporalmente en la época de Odría. El Partido Comunista, sus cuadros y sus intelectuales, brindaron asistencia y organización a la Federación de Trabajadores de Cuzco (en cuyo edificio tendría sus oficinas la Federación de Campesinos); los intelectuales de Quillabamba (principalmente, según parece, abogados, empleados bancarios y maestros), prestaron servicios legales y de otra clase. Si una organización campesina se iba a instalar en La Convención, solo lo podría hacer mediante el tren desde Cuzco, es decir, con el apoyo del Partido Comunista local para su organización.

Cuando los comunistas llegaron por primera vez, parece que encontraron un terreno especialmente favorable entre los pioneros que se habían instalado en el borde de la selva, en terrenos despoblados: independientes, rebeldes, poco dispuestos a aceptar la servidumbre de la sierra. Un buen ejemplo de este tipo de hombre es Andrés González, uno de los jefes del movimiento de Hugo Blanco en Chaupimayo [en 1961-1962]. González nació en 1928 en Izcuchaca (provincia de Anta, entre Cuzco y La Convención). De niño trabajó en la hacienda Sullupuchyo, de la familia Luna; interesa apuntar que esta propiedad ha estado en permanente conflicto con la comunidad indígena vecina, en torno a tierras litigiosas. Se dice que fue azotado por haber desatendido el ganado y por permitir el robo de unas ovejas, y que como resultado pasó ocho días atado a una cama de resultas de ello, lo que revela un trato sumamente brutal. Para vengarse —y el incidente también es significativo— penetró en la hacienda con armas «robando los títulos legales de propiedad» que luego quemó. Escapó entonces a la tierra de nadie de La Convención, donde se estableció en Chaupimayo en 1946 y formó una familia de cuatro antes «de establecer contacto con los políticos». Hombres como este —y en las regiones fronterizas de la cuenca del Amazonas hay unos cuantos, porque están lejos de los señores y del Estado— se iban a convertir en comunistas y los líderes naturales de los movimientos campesinos.

El movimiento de La Convención, cuyos orígenes —según vimos— se remontan a la década de 1930, renació al caer la dictadura de Odría en 1956. Parece que empezó, como cabe esperar, como rebelión contra los Romainville,² de Huadquiña, donde en 1957 se fundó, o más bien se volvió a establecer, un sindicato. Parece que la causa inmediata fue que los hombres se indignaron al ver que Matías Villavicencio (hermano de Leónidas Carpio, un líder de Chaupimayo) era azotado. Los Romainville fueron acusados, además de otras hazañas, de haber usurpado tierras que no les pertenecían legalmente, al otro lado del río Yanamayo, acusación que se podría haber levantado contra muchas haciendas. En ese momento se creó un estado virtual de guerra entre los campesinos y los Romainville, que abandonaron el valle y dejaron sus propiedades en manos de sus administradores. Desde entonces no han podido regresar. No es imposible ni mucho menos que el descenso de los precios en el mercado mundial en esta época se vinculara de algún modo a la creciente militancia en la provincia. Hacia 1958 existían ya varios sindicatos (la cantidad se estimó en un 20 % de los que existían en 1962), incluidos Maranura, Huyro, Santa Rosa y Quellouno, y se organizó una federación campesina provincial a la que se unieron once sindicatos.

No se sabe mucho sobre el desarrollo del movimiento entre 1958 y 1962 […] En 1961 los arrendires organizaron una huelga que logró dar pruebas de eficacia, ya que no faltan las alusiones a los problemas para cosechar el café, el cacao y la fruta. Algunas fuentes aseguran que los arrendires permanecieron más de un año en huelga. A finales de 1961 se reportaron cuarenta y dos sindicatos con treinta mil miembros en huelga en La Convención.

En ese momento se fundó una Federación de Campesinos y Comunidades del Cuzco de alcance departamental, con 214 organizaciones afiliadas, y a comienzos de 1962 la federación convocó a una reunión masiva de campesinos en Quillabamba. El gobierno enfrentó lo que claramente era ahora un movimiento de masas al abolir, por un decreto con fecha del 24 de abril de 1962, «los servicios realizados gratuitamente o a cambio del usufructo de la tierra» en los valles de La Convención, Urubamba y Calca.

Claramente, esta victoria dio gran estímulo al movimiento y las exigencias se hicieron más ambiciosas. Se formuló una petición que sostenía que los campesinos ya habían «pagado por» sus tierras con el trabajo que habían realizado en ellas. Pronto se iniciaron las ocupaciones de tierras en masa. […] En la provincia de Calca, trescientos comuneros de Ipal expulsaron al hacendado Adriel Núñez del Prado y su familia de un fundo que, decían, había sido usurpado de una comunidad por una decisión jurídica injusta. Pero acciones comunales de este tipo no son corrientes en la provincia de La Convención, ya que allí existen pocas comunidades (aunque dos de las cuatro que hay están afiliadas a la Federación de Cuzco). En mayo, un grupo que llegó de Chaupimayo impidió que los empleados de la hacienda Alcuzama cortasen madera para traviesas de la prolongación del ferrocarril, y en agosto los campesinos armados de Quellomayo y de Huacapampa expulsaron a los leñadores de las tierras de la hacienda de Santa Rosa, asegurando que ya no pertenecían a los Romainville. […] A mediados de octubre se anunció que las disputas se habían sellado en treinta y seis haciendas […] pero pronto se reiteraron las ocupaciones. Entre las haciendas ocupadas estaban Huadquiña, Pavallo, Paltaybamba, San Lorenzo, Pavayoc, Versalles, Echarate, Granja Misión. Se decía que la mayoría de las haciendas en Lares y Calca estaban en manos de los campesinos, y que la mayor parte, si no todos, de los hacendados habían abandonado los valles o se preparaban para hacerlo. El 20 de octubre la prensa publicaba el texto de una Ley de Reforma Agraria recientemente promulgada.

La intensificación del movimiento en la primavera de 1962 coincidió con las primeras divisiones en su seno, principalmente entre los comunistas ortodoxos y los otros grupos de revolucionarios que los consideraban demasiado moderados y que favorecían insurrecciones guerrilleras de índole castrista. En el momento culminante de la agitación, Luis de la Puente, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo secesionista del APRA, apareció en Quillabamba en un mitin de treinta y seis sindicatos. Exigió hablar en calidad de delegado de las Federaciones Provinciales de Quillabamba y Lares pero, dada la debilidad del APRA en esa región, no hay evidencia ni probabilidad de que allí existiera un liderazgo anterior del MIR.

Los principales disidentes eran trotskistas cuyo dirigente era Hugo Blanco, un joven intelectual que había llegado a los valles procedente de Cuzco, de donde era oriundo, después del surgimiento del movimiento campesino en 1958. El movimiento había atraído a varios intelectuales, extranjeros algunos. Blanco pasó inadvertido hasta la primavera de 1962, cuando la prensa limeña empezó a convertirlo en una suerte de Fidel Castro peruano y a llamar la atención sobre sus relaciones con grupos de terroristas y profesionales de la insurrección que se formaban en otros lugares (aunque por entonces Blanco, cuyo principal bastión estaba en Chaupimayo, negó ser un jefe guerrillero).

La tensión interna del movimiento era bastante evidente: treinta y dos de los setenta sindicatos existentes exigieron la expulsión de Blanco del territorio de La Convención. […] En los valles y en Cuzco surgió una división entre los grupos pro-blanco y anti-Blanco (identificados los últimos con el liderazgo del Partido Comunista oficial). […] Desde luego, los partidarios de Blanco eran defensores de una política más radical y activista que los otros jefes de la Federación, pero no se puede afirmar si tenían el plan de organizar en La Convención una «zona de liberación» con apoyo guerrillero. No cabe duda de que se organizaron grupos armados, aunque incluso a finales de 1962 nadie en los valles había sostenido que fueran más que unidades de defensa. Es posible que Blanco tuviese pensada una revolución guerrillera, por más que después de su detención (el 30 de mayo de 1963 cerca de Quillabamba) dijera, aparentemente, que Perú no estaba maduro para una guerra de ese estilo. La objeción de los moderados […] era que esta política presentaba el riesgo de provocar la represión de las autoridades.

Es difícil estimar la magnitud de la influencia de Blanco en el movimiento campesino. Es evidente que el éxito de la huelga de los arrendires en 1961-1962 (huelga sin objetivos revolucionarios visibles) era de por sí suficiente para ensanchar y radicalizar el movimiento. La dirección que adoptó, es decir, la ocupación de tierras por la fuerza y la expulsión de sus propietarios, aunque no en general la de sus administradores, debía bastante a la iniciativa trotskista, aunque las ocupaciones de tierras eran aceptables para las tácticas comunistas ortodoxas y sucedían en otras partes sin influencia trotskista o del MIR. La formación de unidades armadas […] se debió casi con seguridad a la iniciativa de Blanco. Sin embargo, estas unidades no jugaron un papel de importancia en La Convención, aunque «los rebeldes» eran objeto de gran admiración. […] En la medida en que se puede afirmar, limitaron sus acciones a operaciones defensivas, actos de sabotaje e intentos de rescatar a los prisioneros, aunque no es imposible que hayan llevado a cabo una cantidad de asaltos, por ejemplo contra las patrullas policiales. De todas formas, la población local no estaba convencida. La detención de Blanco no produjo reacciones inmediatas.

Puede ser que la represión gubernamental sistemática hubiese llegado a crear un verdadero movimiento de guerrilla, pero el gobierno se cuidó de eso, en especial después del ascenso al poder de la junta militar en julio de 1962. […] El nuevo gobierno parece haber aceptado la inevitabilidad de la reforma agraria en La Convención y esperaba tranquilizar a la población con concesiones unidas a una demostración de fuerza cuidadosamente calculada para mantener el orden público. De hecho, habida cuenta de la intensidad del descontento, de la naturaleza del área y de los soldados y policías peruanos, las bajas que hubo en los valles fueron sorprendentes por lo reducidas: hubo muchos más muertos en las partes más elevadas de la región de Cuzco y en la capital misma.

El movimiento llegó a su punto culminante en los últimos meses de 1962, con la ocupación general de tierras de La Convención. Las autoridades aceptaron tácitamente su victoria y se concentraron en la persecución de los grupos armados de Blanco, que no gozaban del apoyo unánime del movimiento campesino organizado, y en evitar que el movimiento ganase terreno en el resto de la región, mucho más densamente poblada y en una situación social harto más explosiva. En diciembre y enero hubo arrestos sistemáticos de líderes y militantes locales (incluidos ochenta jefes de los noventa y seis sindicatos de los valles), se declaró el estado de sitio, etc. Sin embargo, la promesa de una reforma agraria quedaba hecha; el general Oscar Arteta sugirió específicamente que incluiría las fincas de Huadquiña, Echarate, Paltaybamba, Maranura y Chaullay, y llegó incluso a insinuar dudas acerca de la legitimidad de los derechos de propiedad de sus dueños. Los hacendados locales consideraron que la batalla estaba del todo perdida. Romainville anunció su cambio de táctica al pedir que el gobierno lo expropiase, es decir, que le pagase una compensación por las tierras que, en realidad, ya había perdido. El ministro de Agricultura recibió a los representantes de cuarenta y cinco sindicatos en Quillabamba, y el 5 de abril se proclamó el plan de expropiar veintitrés fincas en La Convención en beneficio de catorce mil campesinos.

[…] La Convención permaneció inquieta; pero desde entonces el objetivo ya no fue tanto ocupar la tierra como precipitar la implementación de las reformas prometidas, estudiar las modalidades de su aplicación y garantizar la liberación de varios líderes y militantes detenidos. El gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry [elegido en junio de 1963] sentía cierta simpatía por los dos primeros objetivos, […] pero se encontró con resistencia en el Congreso de la oposición unida del APRA y de Odría. En julio cuatrocientos campesinos recibieron 1.545 hectáreas de la hacienda El Potrero, de Luis González Willys —ni la finca ni el propietario habían jugado un papel importante durante la lucha—, y la crítica inmediata y acaso justificada señaló que los campesinos no sindicalizados recibían un trato prioritario en la distribución de la tierra. A finales de 1963 no se había hecho mucho más. Por otra parte, el gobierno parecía no tener intención de soltar a los líderes y militantes detenidos antes de las fechas previstas […] El renovado descontento, tanto económico como político, llevó a una huelga general en diciembre de 1963 en Cuzco y La Convención. […] Sin embargo, el problema ya no era exclusivo de La Convención sino nacional, con repercusiones en esa provincia particularmene beligerante.

Para concluir, vale la pena agregar un puñado de reflexiones sobre el movimiento campesino de La Convención en su apogeo, y sobre su significado más amplio.

En su núcleo, según vimos, había unos cien sindicatos de dimensiones muy variables. Se esperaba que eligieran juntas directivas de catorce o quince miembros, incluidos lugares para la representación de las mujeres, aunque la mayoría de ellas solo participaban por la mediación de sus maridos. Los miembros de los sindicatos fijaban ellos mismos las cuotas que habían de pagar: dado que la mayor parte de la gente era tan pobre, era imposible exigir una cuota obligatoria. Se reunían cada quince días o cada mes, y quien supiera escribir, hombres jóvenes en general, levantaba el acta; y cada uno de los sindicatos mandaba delegados regulares a una Asamblea de Delegados, los sábados por la noche, en Quillabamba. A veces en la capital se hacían reuniones masivas (diez mil personas o más) algo notable si se tiene en cuenta la dificultad del transporte. En Chaupimayo, y quizá en otras partes también, el sindicato empezó por levantar una escuela para ochenta alumnos de diversos pueblos, con un maestro de pago, y tenía planeado traer la electricidad, financiándola con impuestos que pagaría cada una de las doscientas familias de arrendires. No cabe duda de que el objetivo de los sindicatos no era solo la mejora económica y la modernización sino también la instrucción. Parece que hubo un fortalecimiento de la conciencia política, aunque algunos campesinos pensaban que Fidel Castro era un hombre que luchó contra los gamonales en otra provincia del Perú, y otros nunca habían oído hablar de él. Su sentimiento predominante era sin lugar a duda el odio hacia los hacendados y el empeño de no volver a someterse a sus abusos.

El debate acerca de Hugo Blanco, el papel del castrismo, etc., ha oscurecido la naturaleza real del movimiento campesino. Para un campesino común de La Convención, el problema de si la táctica de los sindicatos era revolucionaria o no apenas si tenía importancia. Su revolución consistía en expulsar a los hacendados y ocupar la tierra, y esto lo lograron, por más que la presencia de soldados y policías y las amenazas de los ricos mostraban que la victoría podía no durar mucho. Lo acontecido en el resto de Latinoamérica, en Lima, o aun en Cuzco, tenía una importancia inmediata muy inferior. En algunos casos (como en el del Chaupimayo de Blanco) […] hablé con —por lo menos— un militante «evangélico», que explicaba la rebelión social en términos bíblicos («Cristo estaba con los campesinos, como puede verse cuando se leen las Escrituras») y aseguraba que muchos otros pensaban como él. Fuera de estos casos —y solo puedo hablar fundándome en una impresión parcial y acaso equivocada—, el ambiente, en diciembre de 1962, parecía más de entusiasmo que de exaltación.

¿Cuál fue, al fin, el significado del movimiento de La Convención? Es independiente de los movimientos campesinos de las sierras de Cuzco o de otras partes de Perú. Esos fueron por lo general movimientos de las comunidades indias que ocupaban las que consideraban tierras comunes monopolizadas (hasta donde llegaba su memoria) por señores feudales. Eran también protestas contra las demandas normales de los hacendados y, al cabo, la afirmación de derechos humanos elementales de hombres que hasta entonces se habían considerado desprovistos de todo derecho. […] El de La Convención fue esencialmente, como vimos, un movimiento en una región de nuevas fronteras. Los colonos campesinos del altiplano, individualistas, con afán comercial y transformadores de una economía local de cultivos dedicados a la exportación hallaron que debían combatir una superestructura parasitaria de propiedad neofeudal que los privaba de lo que ellos consideraban los frutos de su trabajo.

Hay otras regiones parecidas en las fronteras de la cuenca del Amazonas, en Perú y en otros países, pero representan una ínfima minoría de la población rural de América del Sur, y por esta razón no puede considerarse que sus problemas sean típicos. No obstante, tienen interés por dos razones: primero, porque patentizan el potencial político de estos elementos no tradicionales y modernizadores del campesinado, incluidos también los campesinos indios de los Andes; y también porque muestran de modo palmario la relativa falta de iniciativa de los más pobres y más oprimidos: la clase de los trabajadores rurales que poseen poca o ninguna tierra, cosa que también se ve en otras partes. El hecho de que este movimiento campesino encontrase su expresión en la organización comunista se debe, en este caso, a factores locales. Sin embargo, no es casual que haya demostrado receptividad a la doctrina comunista, como sucedió con movimientos similares en otras zonas fronterizas. En sociedades como las latinoamericanas, el campesino carece de derechos, está oprimido y recibe un trato infrahumano, por lo que todo movimiento que afirma que es humano y sujeto de derechos va a tener éxito; eso es lo que ofrece el comunismo y, en general, es el único que lo hace. Cuando a los campesinos que nunca oyeron hablar de los comunistas se les pregunta quiénes son, tienden a responder que son «hombres que reclaman los derechos que les son propios».

La ubicación geográfica de La Convención —unida por unas horas de tren a una zona importante y explosiva del Perú, y corazón del viejo imperio inca a la vez que centro de la población india andina— ha contribuido desde luego a dar a sus movimientos mucha más resonancia que la corriente de agitaciones en la frontera remota de las zonas tropicales. Sin duda contribuyó a la explosión de descontento campesino, obrero y estudiantil de Perú a fines de 1962. Pero este movimiento local poco ayuda a comprender los otros movimientos campesinos más típicos del continente sudamericano.

1967

NOTA DE LESLIE BETHELL: En el debate que siguió a la presentación de este ensayo, en una conferencia internacional realizada en París en octubre de 1965, los argumentos principales que Eric desarrolló fueron los siguientes:

Cuando digo que La Convención no es un caso típico, no implico que no influya en la agitación campesina que se da en otras partes del Perú. Al contrario, esta influencia es crucial, y es evidente que en un momento determinado, digamos 1962, por ejemplo, y quizá desde entonces, La Convención fue algo parecido a una inspiración, no solo para los movimientos campesinos sino también para la politización general de Perú que resulta tan llamativa a cualquiera que visita este país. El hecho de que en La Convención se organizara un movimiento agrario poderoso que logró muchos éxitos de importancia ha tenido gran influencia en otras zonas. Pero en el altiplano, por ejemplo, la agitación, los sindicatos y las demandas no han sido iguales. Se trata de comunidades indígenas, campesinos con problemas diferentes, y con todo, es posible decir que la mayoria del campesinado peruano no tiene los mismos problemas de La Convención. […]

Antes que otra cosa el comunismo representa una demanda de derechos humanos. Eso es importante. Y no solo de derechos humanos, sino de derechos legales, escritos en negro sobre blanco. En segundo lugar, representa lecciones prácticas de organización. En mi opinión, sin la ayuda de la clase trabajadora de Cuzco y de los grupos —incluso los intelectuales— que movilizó el comunismo (como empleados bancarios, maestros de primaria y secundaria, etc.) es más que probable que no se hubiera concretado un movimiento de la magnitud, la fuerza y la dirección táctica y estratégica de La Convención. En tercer lugar, diría que el comunismo representa una cosmovisión, una que es ante todo la visión del mundo moderno, una vía para que el hombre tenga un lugar en el mundo, y no solo un pequeño lote de tierra, en el pequeño valle, que es el horizonte tradicional del campesino. […]

[…] Los diferentes tipos de movimientos campesinos, los movimientos estudiantiles, los movimientos de los sindicatos obreros y los movimientos de la gente de las barriadas se enriquecen entre sí […] tienden a reforzarse entre sí. Cada uno de estos sectores hace un aporte y, en el caso de La Convención, un aporte crucial […] El tiempo dirá si las fuerzas populares [en Perú] podrán obtener esos derechos que les corresponden totalmente. Pero podemos tener esperanzas.

15

Movimientos campesinos

en Colombia

I

La historiografía de los movimientos sociales en Colombia acaso resulte todavía más insatisfactoria que la de la mayoría de los restantes países latinoamericanos, y el estudioso no puede más que lamentar la ausencia de bibliografía secundaria y lo poco fiable que son las fuentes primarias estadísticas y cuantitativas. Por esta razón un repaso de los movimientos campesinos colombianos solo puede en el momento presente, y en todo caso hasta fines de la década de 1920, apoyarse en impresiones más que en hechos establecidos, y es enteramente posible que una investigación histórica seria pueda invalidar aquellas impresiones. Sin embargo, dado que por algún lado debemos empezar, que sea con la siguiente paradoja aparente. En Colombia hay relativamente muy poco registro de movimientos económicos y sociales poderosos del campesinado considerado como una clase antes de mediados del siglo XX. Al mismo tiempo, Colombia tiene un historial de acción armada y violencia por obra de los campesinos (como por ejemplo en la guerra de guerrillas) solo menos cuantioso, acaso, que el de México. Esto resulta particularmente evidente desde la segunda guerra mundial, pero también puede ser válido para períodos anteriores, como por ejemplo el último tercio del siglo XIX. El problema que tenemos delante es el de explicar esta combinación de hechos.

La historia de las rebeliones campesinas es tan escasamente conocida, que no sería imposible descubrir casos de importantes movimientos en el período colonial o en el siglo XIX de los que hoy lo ignoráramos todo. Sin embargo, mientras que ya la más superficial de las familiaridades con la historia de, digamos, Perú, Bolivia y Brasil sugiere la existencia de un descontento agrario endémico y de periódicas insurrecciones campesinas locales en los dos primeros, y de movimientos de agitación rural primitiva como bandidismo social y milenarismo en el tercero, la historia social colombiana no sugiere la existencia de tales períodos de disturbio y desasosiego. Orlando Fals Borda (La subversión en Colombia, 1967) llega incluso a construir una teoría completa del desarrollo de Colombia sobre el supuesto de que un breve período inicial de conflicto agudo (1537-1541) se vio sucedido por una aceptación inusualmente completa de la subordinación rural del indio, es decir, de la población rural, que llevó a una Pax Hispánica increíblemente exitosa, una «paz social casi sin precedentes en la historia universal». Es verdad que el movimiento de los comuneros de 1781 parece haber encontrado algún eco entre el campesinado de Choconta, en lo que fue único quiebre de una tranquilidad política que se prolongaba desde 1540, pero la comparación con el movimiento contemporáneo de Túpac Amaru [en Perú] demuestra su carácter relativamente modesto, y su fracaso duradero en convertirse en un movimiento de importancia para la restauración de la sociedad precolonial.

Los cambios políticos y económicos del siglo XIX […] y, más en general, la desintegración de la sociedad tradicional india […] produjeron tensiones sociales […] Sin embargo, la acción de los campesinos siguió siendo limitada. Aun en el período revolucionario de 1847-1853, las bandas activas en algunas áreas rurales, en la sabana de Bogotá, en Cauca y en el valle del Cauca, parecen haber sido principalmente de origen urbano (en las ciudades, la organización de masas entre los pobres era mucho más desarrollada) […]

Por otro lado, la movilización armada de campesinos sobre una base no clasista parece haber sido siempre sustancial. Un número considerable de estos seguía siempre a sus hacendados locales y gamonales en las numerosas guerras civiles asesinas del siglo XIX, y en algunos casos en particular —como por ejemplo en la guerra de guerrillas de Tolima de 1898-1901— suministraron a la mayoría de los combatientes, aunque no a todos. Tal vez sea significativo que las guerrillas de Tolima y sus líderes —con unas pocas excepciones, hombres del pueblo— llegaban desde las mismas áreas que en La Violencia de 1948 iban a proveer combatientes a los liberales y a las fuerzas de autodefensa comunistas, como por ejemplo Ibagué, Sumapaz o Viotá. En cuanto a la movilización armada durante La Violencia, que estuvo limitada casi por completo a los campesinos, las cifras, sea cual fuere el término de comparación adoptado, son impresionantes.

[…]

II

Tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista agrario, Colombia se divide en tres grandes zonas: el cinturón de la costa del Pacífico y del Caribe, el cinturón central de cadenas montañosas y de las cuencas del Cauca y del Magdalena, y el plexo de llanuras y selvas orientales que drenan en los valles del Orinoco y del Amazonas. De estas tres, la zona central siempre ha sido la más importante. Históricamente hablando, el río Magdalena ha sido el principal eje de Colombia como colonia y como república.

El cinturón de la costa no nos ocupará mucho aquí. Gran parte de esa zona está virtualmente sin desarrollar, escasamente poblada y por fuera de las mayores corrientes de la política y los movimientos sociales colombianos. Un área limitada en torno a la desembocadura del río Magdalena y cerca de los puertos de Cartagena y Barranquilla se encontraba más intensivamente desarrollada, principalmente según el esquema de las grandes plantaciones caribeñas. Pero aunque esta región había desempeñado un papel importante en la historia de los movimientos agrarios colombianos, aunque solo fuera como escenario de la gran huelga de 1928 de los productores bananeros de Santa Marta contra la United Fruit, tiene muy poco en común con el resto del país.

Tampoco vamos a ocuparnos mucho de las selvas y llanuras orientales. Hasta hace poco tiempo, las selvas eran virtualmente tierra de nadie, habitadas solo por los indios y por unos pocos campesinos libres que estaban como okupas en la región, infiltrándose o huyendo a través de la frontera hacia o desde el oeste, sin contar las incursiones periódicas de aventureros y jornaleros en busca de algún efímero producto boom, como el índigo, la corteza de quinina o el caucho. Más al norte, los Llanos Orientales, adyacentes a la región similar en lo que hoy es Venezuela, fueron y todavía son, hasta cierto punto, una región de economía pastoril, con llaneros ganaderos semiindependientes y seminómadas, y campesinos pastores que araban sus parcelas de subsistencia en emplazamientos que encontraban aptos para ello. Durante la mayor parte de esta historia, este Far West salvaje contaba con una muy escasa población de jinetes y atracadores armados, que había dotado a Bolívar con su mayor haber militar en las guerras de Independencia, pero que desde aquel entonces había sido abandonada a sus propios medios. Al este de Villavicencio, la puerta de las llanuras, nunca el gobierno de Colombia ni ningún otro habían tenido mucho que decir, y el uso económico de esta región, salvo para una economía pastoril primitiva, había comenzado recién a mediados del siglo XX. El Oriente colombiano había sido refugio para campesinos que buscaban evadirse de las guerras y de los amos del centro del país, de ese mundo de hombres armados y en combate, y de su propio patrón de lucha social, que abarcaba desde el bandidismo hasta una guerra de guerrillas librada contra los extranjeros y contra los grandes rancheros. Su conexión con el resto del país había sido marginal.

El área principal de la zona central de Colombia es a la vez más importante y más compleja. Esencialmente, consiste en franjas alternativas de cordillera, mesetas y valles que corren de sur a norte: la cordillera occidental, el valle del Cauca, la cordillera central, el valle del Magdalena, la cordillera oriental. (La región de Colombia al sur de aquel punto donde se originan el sistema de los ríos Magdalena y Cauca y la división de las cordilleras andinas forma el departamento de Nariño, que siempre ocupó una posición marginal, más cercana a Ecuador que al Estado al cual pertenece.) El corazón de la región central se afinca en lo que hoy integran parte de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Estaban formados por las altas sabanas y mesetas que se extendían entre el río Magdalena y la cordillera oriental donde los indios chibchas habían establecido su residencia y los conquistadores hispánicos su capital y sus mayores asentamientos urbanos. Era un área de población india bastante densa que practicaba una economía de subsistencia. Hasta el siglo XX continuó siendo la parte de Colombia más poblada, y la de mayor densidad demográfica.

Al oeste de este corazón central se extiende la región de Antioquia, mucho más atrasada y menos habitada por los indios, la mayoría de los cuales resultó prontamente diezmada por las demandas de la minería, actividad que atrajo a colonos blancos de clases bajas en números relativamente altos. Antioquia se volvió así una región escasamente habitada, poblada por blancos pobres, productores agrarios de subsistencia, cateadores y mineros, hasta que, con el agotamiento de las minas, los antioqueños iniciaron en el siglo XIX su carrera proverbialmente exitosa como emprendedores económicos y migrantes internos. Dejando por detrás de ellos una muy atrasada agricultura de subsistencia en la mayor parte de su tierra natal, un centro urbano floreciente de cultura empresarial, y echadas las bases de la moderna economía cafetalera, los colonos antioqueños enfilaron hacia el sur. Con respecto al viejo corazón de la tierra chibcha, Antioquia comenzó a ganar en población y riqueza.

Al sur de Antioquia y Cundinamarca (es decir, en los valles superiores del Magdalena y del Cauca y en las sierras vecinas), la colonización española había significado poco más que la división de la tierra en vastas haciendas atribuidas a señores laicos y eclesiásticos, el reconocimiento de las comunidades nativas y el establecimiento de modestas ciudades provincianas como Popayán que servían como centros sociales y administrativos de una región enorme y subutilizada. Económicamente, el «Cauca» […] era un vacío: aun en una fecha tan tardía como 1877, el 90 % de su territorio consistía en baldíos, es decir, tierras inapropiadamente cultivadas, o no cultivadas en absoluto. Demográficamente, seguía siendo, en su mayoría, india. Desde mediados del siglo XIX, la colonización de este espacio comenzó, principalmente, como hemos visto, desde Antioquia. Con el crecimiento de la economía cafetalera, el valle del Cauca (los actuales departamentos de Caldas y Valle) presenta algunas áreas de colonos ya bastante densamente pobladas y que en los últimos años se convirtieron en las partes de crecimiento más dinámico y veloz de la entera economía nacional.

En términos agrícolas, virtualmente toda Colombia en tiempos de la Colonia estaba dominada por una economía de subsistencia, produciendo apenas un excedente por encima de lo que precisaba para alimentar a las pocas y pequeñas ciudades —aun Bogotá en 1851 tenía solo treinta mil habitantes— y los requerimientos de una casta de señores blancos, orgullosos de su estatus, pero, para estándares europeos y aun latinoamericanos, no especialmente ricos ni de vida muy lujosa. Era una sociedad de explotación y de propiedades solariegas […] Como contrapartida, no existía un incentivo económico lo suficientemente fuerte como para intensificar la explotación, ya que las dificultades del flete virtualmente excluían por anticipado la exportación de productos agrícolas fuera de las fronteras (a excepción de la vecindad inmediata de algunas partes de la costa del Caribe) y la urbanización era muy poca. Aún hoy [1969], el centro tradicional de la Colombia provinciana satisface sus necesidades de alimento con la oferta de un radio de unas pocas decenas de kilómetros. Los principales cultivos de subsistencia eran maíz y trigo en las tierras altas templadas, y bananas, yuca, etc., en las tierras bajas tropicales. El campesinado indio, aunque rápido para adoptar tanto nuevos cultivos y otras innovaciones tecnológicas, permanecía técnicamente atrasado. Aún en 1960, el 65 % de todas las tierras agrícolas (91,5 % en la región del Caribe) estaban cultivadas a tracción de sangre humana, y el resto con arados de madera.

Los cambios agrarios que empezaron a tomar forma desde mediados del siglo XIX pueden ser agrupados bajo cinco encabezados: (a) la adopción de los productos de mercado criados o cultivados por métodos extensivos, principalmente ganado; (b) la difusión del cultivo intensivo a menor escala para los mercados de exportación —primero tabaco, después principalmente café—; (c) el desarrollo de las plantaciones con cultivos de exportación (fundamentalmente bananas); (d) el desarrollo de producción de alimentos para el mercado de las ciudades vecinas; y (e) la difusión de la colonización campesina con economía de subsistencia en áreas antes no colonizadas ni cultivadas.

Con la excepción de (a) la mayoría de esos desarrollos tuvo lugar a partir de 1890. En términos territoriales, todos excepto a) afectaban solo áreas relativamente pequeñas. Así en 1961-1962, el área principal de cultivos comerciales [maíz, café, arroz, trigo, algodón, papas, frijoles, mandioca, bananas y tabaco] sumaba unos 2,25 millones de hectáreas de un total de 114 millones, es decir, menos que el 2 % de la tierra cultivable, y cerca del 9 % de la tierra con algún tipo de uso agrícola o pastoril. El más importante de los cultivos comerciales, el café, utilizaba apenas el 0,5 % del total de la superficie del país, aunque producía el 80 % del valor de las exportaciones colombianas y su producción era superior a la de cualquier otra región cafetalera del mundo con la excepción de Brasil. Es importante, al discutir el problema del campesinado colombiano, tener presente que en general la tierra de este país enorme no está utilizada o, si lo está, conviene recordar que está subutilizada y que además es muy grande la proporción de la tierra dedicada al pastoreo, mientras que es más pequeña la dedicada a la agricultura. Así, en 1962-1963, el 13 % de la superficie total del país, o sea más del 50 % de la superficie total dedicada a alguna forma de agricultura o de pastoreo, consistía en tierras pastoriles, justamente, y en fechas anteriores la proporción de estas en el total era aún mayor.

Tal es el trasfondo económico de todo estudio de los movimientos campesinos en Colombia. Sin embargo, antes de aproximarnos de más cerca a nuestro tema, resulta esencial enumerar una serie de factores no económicos. El primero de estos es el grado notable en el cual la población india había sido incorporada a un patrón de modos de vida mestizo; el segundo, el grado inusual en el cual los campesinos colombianos habían estado involucrados en la vida política del país. Es posible que estos dos fenómenos no resulten inconexos.

Los datos censales describían a la población colombiana de la década de 1950 en estos términos: blancos, 20 %; mestizos (blanco/indio), 58 %; mulatos (blanco/negro), 14 %; negros, 4 %; zambos (negro/indio), 3 %; indios, 1 %. De estos grupos, los negros, mulatos y zambos estaban confinados por completo a las áreas de la costa y al interior vacío de los departamentos del norte. Sin embargo, en el centro del país y en el sur, los indios predominaban tanto como en los principales países andinos y en México, aunque quizá la densidad demográfica fuera menor, y en la región central, al mismo tiempo, era menor el asentamiento de colonos blancos. En Sauco, a unas decenas de kilómetros al nordeste de Bogotá por la autopista principal, hasta fines del siglo XVIII la población se consideraba a sí misma como india. Aún a fines del siglo XIX, el 30 % de Boyacá, el 15 % de Cundinamarca y el 15 % de Cauca eran todavía considerados indios, y aún un 8 % de Antioquia. De hecho, y a diferencia de Ecuador, Perú y Bolivia, la gran masa de los indios de Colombia, después de la disolución de los resguardos y de las comunidades en el siglo XIX, habían devenido mestizos, si no biológicos, sociales. El problema indio (incluyendo el problema de la tierra en los territorios indios) sigue siendo un problema marginal de esas comunidades indias que, en áreas hasta ahora subdesarrolladas o inaccesibles, mantienen su estructura comunitaria y se niegan a ser absorbidas en la economía blanca o mestiza. Vamos a considerar esto más abajo, pero este proceso rápido y a gran escala de lo que en el altiplano andino sería llamado cholificación, distingue a Colombia de otras áreas de densa población india.

La estructura política de Colombia ha sido también por largo tiempo —vale decir, desde mediados del siglo XIX— muy peculiar. Desde un comienzo, el país fue inusualmente inmune al caudillismo, y, por el contrario, la república ha sido gobernada por un eficaz sistema bipartidista (liberal y conservador), todavía más peculiar porque sus raíces llegaban hasta el campo y los pueblos del interior. Sean cuales fueren los orígenes de este sistema, el liberalismo y el conservadurismo desarrollaron, desde mediados del siglo XIX, lealtades comunitarias no solo de familias, sino de comunidades enteras, aceptadas como tales por todos los integrantes de la vereda o vecindario. «La mayoría de las veredas en Colombia pueden ser clasificadas de acuerdo con esta dicotomía política», escribe Fals Borda en Peasant Society in the Colombian Andes (1955). «Comunidades equilibradas en su número de conservadores y liberales son difíciles de encontrar. Cuando las familias rurales migran, tienden a migrar a veredas de la misma afiliación política, donde no sentirán el acoso de los vecinos, y donde pueden contar con la solidaridad del grupo entero en caso de emergencias».

La frecuencia y el salvajismo de las guerras civiles colombianas, y el alto grado en el cual campesinos y otras gentes del común pueden ser movilizados no solo en ejércitos liderados por terratenientes sino en formaciones de guerrillas independientes, resultan en buena medida un reflejo de esa división nacional en dos partidos. Conviene tener en cuenta que los conflictos políticos proveen una alternativa a los conflictos sociales: tendían a reemplazar la confrontación vertical de las clases bajas contra las dominantes por una confrontación horizontal de comunidades liberales contra comunidades conservadoras, y a sustituir la ocupación de las haciendas del terrateniente por la ocupación de las tierras de otro terrateniente asesinado o expulsado de una diferente filiación política.

III

Dirijamos ahora nuestra atención a los problemas sociales que surgen de los cambios agrarios esbozados arriba.

Agricultura de plantación

Dado que se encuentra en su mayoría concentrada en la costa, aislada del resto del país, puede ser tratada con provecho en primer término. La producción de bananas para la exportación comenzó en 1877 en Riofrío, al interior del puerto de Santa Marta, entre la Sierra Nevada de Santa Marta (de mayoría india) y el estuario del Magdalena. El ferrocarril de Santa Marta, de propiedad británica, abrió una entrada al territorio tropical de tierras bajas, y alcanzó Riofrío en 1891 cuando comenzó la exportación sistemática. Desde 1899 las plantaciones, de propiedad norteamericana, formaron parte del gigantesco grupo empresario de la United Fruit, que hizo que la superficie dedicada al cultivo de bananas subiera de 13.000 hectáreas en 1900 a 82.000 hectáreas en 1913. En 1932 había ya 55.000 hectáreas de cultivo bajo riego dominadas por la United Fruit, donde haciendas y empresas colombianas producían un 45 % del total. La producción creció de menos de 300.000 racimos en 1900 a 6,3 millones en 1913 y a 10,3 millones en el año pico de 1929 (cuando Colombia se ubicaba como tercer productor mundial de bananas después de Honduras con 28 millones de racimos y Jamaica con 22 millones).

La zona bananera de Colombia difería por tres razones de otras zonas bananeras en el área del Caribe: (a) ocupaba solo una muy pequeña parte de un Estado mucho mayor, lo que ya de por sí salvaba a Colombia del peligro de convertirse en una «república bananera» al limitar el poder político de la United Fruit; (b) una parte sustancial de la producción venía de agricultores locales, que desarrollaban sus propios conflictos con la United Fruit que dominaba la zona; y (c) como se trataba de un área próxima a otras de bastante alta densidad de población, la mano de obra de las plantaciones era de colombianos, en vez de consistir, por ejemplo, de negros importados del Caribe. De aquí que, por ejemplo, mientras que las huelgas en Costa Rica y Panamá de 1918-1919 se vieron a veces influidas por la ideología nacionalista negra del movimiento «Back to Africa» del jamaiquino Marcus Garvey, las primeras luchas agrarias en Colombia fueron no políticas o anarquistas, y las posteriores tuvieron un liderazgo marxista.

En la década de 1920 aumentó la fricción entre productores locales y la United Fruit […] y entre los jornaleros de la plantación y la compañía, sobre una serie de problemas habituales del trabajo, pero sobre todo en lo referente a la cuestión de las subcontrataciones. Porque la masa de los jornaleros no era contratada directamente por la empresa sino por contratistas (padrones), y la empresa declinaba toda responsabilidad por ellos. […] La protesta creció, alentada tanto por el pequeño Partido Socialista Revolucionario (PSR, fundado en 1926), en el cual actuaron los comunistas colombianos antes de la formación de su propio partido en 1930, como por diputados izquierdistas como Jorge Eliécer Gaitán. La gran huelga de noviembre de 1928 fue el resultado no tanto de su agitación —los comunistas tomaban posición, si es que tomaban alguna, por ser prudentes— sino de la espontánea militancia de los trabajadores enfrentados a las tácticas dilatorias de la empresa. Las demandas eran de contenido puramente sindical, pero la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM) que encabezaba la huelga tenía el apoyo no solo de toda la opinión pública, incluyendo no solo a los agricultores colombianos descontentos sino también a las cámaras de comercio de Santa Marta y Barranquilla, e incluso contaron con el apoyo de los soldados, muchos de los cuales se negaron a hacer fuego sobre los huelguistas.

Sin embargo, hubo suficientes soldados que obedecieron las órdenes como para generar una masacre que llevó a rebeliones masivas, que a su vez fueron reprimidas por fuerza militar. El número estimado de muertos varía entre cuarenta (la cifra ofrecida por los militares) y mil quinientos (la cifra ofrecida por el líder huelguista), pero no hay dudas de que la cifra fue al menos de varios centenares. La huelga, sin embargo, fue exitosa, aunque se argumentó que la empresa hizo un arreglo en términos ligeramente menos generosos de aquellos por los que estaba dispuesta a arreglar antes de las operaciones militares de represión.

La gran huelga bananera de 1928 tuvo dos tipos de consecuencias. En primer lugar, y en términos de la política colombiana, fue sistemáticamente aprovechada y explotada por la oposición liberal en contra del gobierno conservador, y desempeñó un papel significativo en la derrota de los conservadores en 1930, que terminaron cuarenta años de dominación política del partido y se abrió una era de populismo liberal que fue determinante para la fortuna de Colombia en los próximos veinte años. En segundo lugar, convirtió a la región bananera y a las áreas vecinas en centros de fuerte actividad sindical (y por cierto comunista), que se extendía más allá del cinturón de plantaciones hasta las ciudades en el norte y el oeste, y las montañas indias en el este, en parte debido a los líderes huelguistas victimizados que huyeron a las sierras y se establecieron allí, en parte debido a los indios que visitaron la zona bananera. El movimiento huelguista no murió […] y un movimiento campesino se desarrolló bajo el ala de los trabajadores. En el Congreso Nacional del Trabajo de 1938, la región estaba representada por varias ligas campesinas y por la Liga de Indígenas de la Sierra Nevada. La tradición permanecía viva. Sin embargo, los movimientos de la región de Santa Marta no son comparables con los de otras partes de Colombia en las cuales la revuelta agraria se vuelve importante, y por ello no hace falta decir nada más sobre esto en el momento presente.

Producción extensiva de mercado

Con mucho la mayor proporción de la tierra efectivamente ocupada por labores agropecuarias se dedica todavía, como hemos visto, a la ganadería. De acuerdo con la estimación de CEPAL de la década de 1950, llega a ser un 90 % de toda la tierra explotada. Una proporción muy sustancial de la tierra está todavía en manos relativamente de muy pocos dueños. De acuerdo con el censo agrario de 1960 (el primero de su tipo), unas quince mil quinientas propiedades clasificadas como «multifamiliar grande», que son el 1,2 % de todas las propiedades, con una dimensión promedio de 727 hectáreas, cubre el 45 % de la superficie total explotada, y unas 636 propiedades de más de dos mil hectáreas, con un promedio de once mil hectáreas que cubren no menos del 20,1 % del total de la superficie explotada. Estos latifundios forman también las mayores unidades de ganadería extensiva. […]

Uno podría añadir que estas son también las unidades en las cuales la ganadería colombiana, ineficiente y tradicional en grado sumo, era por lo menos intensiva. Así, en el departamento de Cundinamarca, donde la presencia de la gran ciudad de Bogotá y de alguna industrialización podría, uno habría pensado, alentar el desarrollo de una agricultura eficiente, algo así como el 45 % de la superficie agropecuariamente explotada consistía en «pasturas naturales» […]

Como es poca la investigación histórica que hasta ahora se ha desarrollado en este campo, no podemos rastrear con exactitud las fortunas cambiantes del latifundio colombiano […] Sabemos que en el período republicano tanto las tierras eclesiásticas como los resguardos indios fueron divididos, o usurpados por terratenientes o colonos vecinos. […] Resulta claro que las haciendas crecieron enormemente al ocupar tierras baldías sin ningún título legal. Podemos por lo tanto asumir que el sector latifundista aumentó, y que puede haberse vuelto más concentrado […] También podemos suponer que el surgimiento de una economía de mercado desde mediados del siglo XIX hizo que la mayoría de las haciendas se desarrollaran principalmente como ranchos dedicados a la cría de ganado, dado que esta era la manera más simple y barata de explotarlas, y una que, a pesar de su ineficiencia y bajos rendimientos, producía sustanciales ingresos brutos para quienes fueran propietarios de grandes latifundios. No falta alguna evidencia de que existiera un giro sistemático de las haciendas a la cría ganadera.

Sin embargo, existiera o no una concentración de la propiedad de la tierra, o se hubiera dado o no una extensión de la superficie dedicada a la ganadería extensiva, el efecto social de mantener una extensión tan vasta de territorio fuera de la agricultura tuvo que ser forzosamente de una magnitud considerable. Solo con la hipótesis más conservadora, ya hay que tener en cuenta que el crecimiento demográfico iba a generar escasez de tierra para los campesinos, lo que forzaría a los hombres a emigrar a territorios no desarrollados, o, más probablemente, a hacinarse más en el terreno accidentado de las laderas serranas, que no podía usarse para el pastoreo. Si asumimos además una transferencia real de antiguas tierras campesinas al pastoreo del ganado de las haciendas —lo que ciertamente sí ocurrió en algunas regiones— debemos suponer que los campesinos fueron realmente expulsados de su propiedad, y debieron convertirse en peones de las haciendas, colonos en las laderas serranas, o migrantes. El desarrollo de los cultivos comerciales para el mercado mundial apenas si afectó la situación, dado que el más importante entre estos (el café) florecía en tierras que no eran aptas para la ganadería y, en todo caso, según hemos visto, el área cubierta por esos cultivos aún hoy es relativamente modesta. […]

El mayor efecto del predominio de la economía ganadera ha sido así el de intensificar los problemas sociales y económicos del campesinado en los restantes sectores de la agricultura colombiana. En su conjunto, no ha provocado la erupción de muchos conflictos sociales en el interior de la región ganadera misma, excepto en los últimos veinte años en los Llanos Orientales, que son un acaso especial.

Colonización campesina

La migración campesina fue una respuesta obvia a la escasez de tierra en un país donde la tierra vacía es abundante. Ha tenido lugar en todo momento de la historia colombiana, aunque más intensamente en algunos tiempos que en otros: por ejemplo, durante y después de las sangrientas guerras civiles, que siempre acarrearon levas en masa de refugiados. La mayor parte de esta migración desemboca hoy en las ciudades, y por lo tanto queda fuera del tema de este ensayo. Una parte de esta migración es el mero desplazamiento de las tenencias o de los títulos de propiedad. Sin embargo, otra parte consiste en la simple ocupación de tierra vacía sin título legal, de tierras cuyo derecho a la propiedad está bajo discusión, y esto ha dado lugar a considerables conflictos sociales, como era de esperar.

La ocupación de la tierra, por supuesto, no se limita a los campesinos. Gran parte —incluso, la mayor parte— de las tierras baldías que estaban en el dominio público y que hoy son explotadas económicamente fueron ocupadas por personas más ricas, influyentes o poderosas, y por lo tanto no nos conciernen, excepto en la medida en la que en este conjunto se pueden contar enérgicos y emprendedores kulaks potenciales, o emprendedores rurales, que a menudo forman un grupo militante en un entorno cuasifeudal. Desafortunadamente, las estadísticas nos permiten separar claramente estos dos (o tres) tipos de ocupación. […] Por supuesto, las cifras del censo de 1960 tampoco nos proporcionan ninguna guía sobre la historia pasada. Esos números indican simplemente hasta dónde se ha extendido el fenómeno.

Sin embargo, resulta posible distinguir las diferentes situaciones de colonización y las fuentes de conflicto que hacen brotar la ocupación campesina. Son las siguientes:

A. Okupas puros: campesinos a quienes nadie opone «mejores derechos» sobre la tierra que ocupan, quizá por lo remoto de su ubicación; campesinos cuyos derechos están desafiados por terratenientes vecinos, capitalistas o políticos que codician la tierra que los campesinos han comenzado a cultivar; campesinos que ocupan tierra que nominalmente es propiedad privada de terceros, pero que está abandonada o sin utilizar por sus propietarios legales, que generalmente se apuran a ratificar sus derechos una vez que advierten que esa tierra tiene algún valor.

B. Semiokupas: campesinos a quienes se permite (en la mayoría de los casos por contrato verbal) cultivar tierra ajena y vacía a cambio de algún tipo de prestación laboral para el propietario en la parte que este sí explota de su propiedad. Esto puede incluir algunas formas especiales de arriendo, como la roza de los departamentos del Caribe, según la cual los campesinos en los márgenes de grandes ranchos ganaderos desbrozan la selva u otra forma de terreno, y retienen el derecho de cultivar esa tierra desbrozada por su cuenta por un período determinado (por ejemplo, dos años); otras formas de arriendo para pioneros; campesinos que cultivan tierras que están bajo disputa, como por ejemplo aquellas sujetas a inundaciones ocasionales en los valles fluviales, que ellos consideran «tierra de nadie» mientras que las haciendas reclaman derechos sobre ellas.

La historia de los movimientos agrarios que surgen de este tipo de colonización campesina todavía no puede ser escrita. Sabemos muy poco acerca de esto, acerca de todos los otros aspectos de la sociedad rural colombiana. Sin embargo, dos cosas son muy claras. En primer lugar, y a pesar de la relativamente pequeña proporción del campesinado que estos okupas representan, sus rebeliones han desempeñado un papel protagónico —quizá, con una excepción, el papel protagónico— en los movimientos sociales del campesinado no indio. En segundo, no hay por qué esperar que esos movimientos ocurrieran con ninguna frecuencia, salvo (a) en un período de bastante prolongada colonización campesina y (b) en aquellos enclaves donde la tierra colonizada por los campesinos tenía un valor económico significativo para sus propietarios o aquellos que alegan serlo.

Al parecer, existieron dos períodos de importante colonización campesina: en el tercer cuarto del siglo XVIII y el último cuarto del XIX y principios del XX. Es improbable que hubiera una gran competencia por las tierras en la segunda mitad del siglo XVIII. En cambio, cuando empezó a desarrollarse la producción orientada al mercado —sea de ganado, alimentos o cultivos comerciales— en el siglo XIX y especialmente en el XX, los motivos para el conflicto empezaron a multiplicarse, tanto más porque en el curso del siglo XIX los hacendados particulares empezaron a ocupar tierra que a todas luces era pública (lo que sin duda debe haber sido conocido por los campesinos, ya que veían que esas tierras antes no estaban ocupadas ni eran usadas) y a reclamarla como si fuera su propiedad privada. Para dar un solo ejemplo. Cuando, a consecuencia de un pleito entre colonos y terratenientes en el área donde colindan los departamentos de Cundinamarca y Tolima, se inició una investigación oficial en los latifundios de El Pilar, Paquilo y La Cascada, que pertenecían a Jenaro Otero Torres, como resultado, se descubrió que el título original de la propiedad en 1923 cubría 426 hectáreas, pero en 1932 el latifundio se extendía sobre 300.000 hectáreas.

La naturaleza de esos pleitos podía variar. Así, de las tierras reclamadas por la United Fruit en el departamento de Magdalena, de las cuales solo una parte relativamente pequeña era usada para la producción de bananas, un grupo de colonos había ocupado —o eso se alegaba— más de 9.000 de un total de 55.000 hectáreas, las que no destinaban a la producción de bananas, sino para asegurar su subsistencia, pero también, cada vez más, para producir alimentos que vendían en el creciente sector no agrícola de Santa Marta y también en la región bananera.

El problema más importante de los colonos era acceder al sistema de riego, que estaba bajo el control de la United Fruit, y limitado a las áreas bananeras. El problema ya era muy agudo a comienzos de la década de 1920, es decir, a una generación del inicio efectivo del cultivo de banana en la zona, y a una década de la mayor expansión de la superficie total cultivada por la United Fruit. Una comisión gubernamental sobre la asignación de las tierras baldías operó en la región desde 1924 y el descontento de los colonos se unió con la protesta de la gran huelga de la que ya hemos hablado.

Una vez más, como hemos visto antes, los rancheros dedicados a la ganadería extensiva alentaban a los colonos campesinos a desbrozar tierras en el borde de sus haciendas que ellos esperaban finalmente incorporar a sus propiedades. Así, sabemos que en Tolima la ganadería siguió a la colonización campesina hasta las laderas serranas en el siglo XX. Era inevitable que surgieran conflictos, en especial cuando los colonos campesinos podían afincar en las nuevas tierras el cultivo del café, una forma de explotación agrícola que, como veremos, conviene muy notablemente a los pequeños productores. Los intensos conflictos en la región de Sumapaz, y especialmente en los municipios de Cunday y de Icononzo, tenían este origen en su mayoría. Gran parte de la región había sido colonizada en los últimos tiempos —Icononzo fue fundada recién hacia 1900— y en Cunday el área ganadera continuaba expandiéndose todavía en la década de 1940, mientras que el municipio ya tenía por entonces una importante zona cafetalera (la cuarta del departamento por su superficie), una sustancial producción de yuca y, además, una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del departamento.

De hecho, tenemos alguna información sobre la prehistoria de la agitación y la protesta rural en la región de Sumapaz. En 1932, cuando el conflicto ya era abierto, los campesinos alegaban que trabajaban las tierras que ocupaban desde treinta años atrás, es decir, virtualmente desde la colonización original del área. Los pleitos habían ido creciendo, en especial después del boom de la década de 1920, que vio una masiva expansión de la producción cafetalera en la región. En 1928, como resultado de esos conflictos, el gobierno fue formalmente conminado a ratificar el derecho del Estado sobre una extensa zona que estaba en disputa y lo hizo bajo la categoría de «reserva territorial», mientras que los hacendados iniciaron una sistemática coacción y persecución de los colonos que iba a llevar a disturbios y muertes.

Parece entonces quedar más claro que los problemas de los colonos se volvieron agudos en la década de 1920. Si estos hubieran guiado el camino de sus demandas hasta engendrar movimientos agrarios de mayor importancia sin el cambio político decisivo de 1930, que puso fin a cuarenta años de hegemonía conservadora y dio inicio a veinte años de gobierno populista, no podemos decirlo. Tal vez no, porque bajo condiciones de relaciones políticas estables y tradicionales, la fuerza del Estado era virtualmente pareja con la de los terratenientes; la comisaría de policía y lo que hacía las veces de cárcel local estaban ubicadas en el edificio principal de la hacienda de Sumapaz, y, tal como la comisión enviada a investigar dejó en claro, los alcaldes locales, los agentes de policía y cuantos representantes de las altas autoridades llegaran a la región se identificaban totalmente con los poderosos locales. De todos modos, después de 1930, los campesinos se volvieron más militantes, organizados y, en grado considerable, triunfaron.

Como veremos, los colonos, en Sumapaz y en todas partes (y muy notablemente en la hacienda El Soche, más cercana a Bogotá, y en El Chocho y Fusagasugá, viejos centros de lucha), no eran el único factor en este cambio. Pero sí eran uno muy importante, y más todavía desde que la región de Sumapaz pasó a integrar más tarde, bajo el liderazgo de Juan de la Cruz Varela, lo que virtualmente era un «área liberada» conocida comúnmente como la República de Tequendama, que durante la Violencia mantuvo su paz y su independencia, bajo dirigencia comunista o cercana al comunismo, y se protegió con sus autodefensas armadas. Esto resulta particularmente interesante, en la medida en que su organización y liderazgo parecen haberse vuelto autóctonos y no haber estado, al menos inicialmente, bajo la influencia de los comunistas.

Agricultura campesina para exportación

Si hacemos a un lado el auge temporal de la producción de tabaco, que ha dejado una supervivencia relativamente modesta, principalmente en Santander, el cultivo de exportación característico de la agricultura colombiana es el café. Comenzó su expansión vertiginosa después de 1870, pero su progreso más trepidante ha sido después de la primera guerra mundial. En 1915 parece que hubo menos de 50.000 hectáreas de café; en 1929, 300.000; en 1950, unas 650.000; en 1960, 900.000 hectáreas. Este cultivo se concentró y se concentra casi enteramente en el Quindío, es decir, en Antioquia, al sur del antiguo corazón (Cundinamarca) y en las antiguas tierras subdesarrolladas del sur: Caldas, valle del Cauca, Tolima, Cauca. Las áreas de café del corazón del norte, que nunca han tenido una importancia comparable, han tendido a disminuir tanto de manera relativa como absoluta.

El café es una cosecha campesina tradicional. En 1960, más del 75 % del área cultivada con este cultivo estaba en unidades de menos de cincuenta hectáreas (que constituían más del 90 % del número de todas las explotaciones). Las pequeñas explotaciones de hasta cinco hectáreas formaban el 56 % de todas las explotaciones y cultivaban alrededor del 20 % de la superficie cultivada con café. Si las cifras son comparables, esto indica una disminución sustancial en los minifundios de este estilo, que se supone que han formado el 87 % de todas las explotaciones de café y que han cultivado el 49 % de la superficie en 1932. La concentración económica se dio bajo la forma del crecimiento de granjas comerciales medianas, y no de grandes plantaciones que no tienen una ventaja económica significativa. En 1960 había solo doscientas cinco plantaciones de café de más de cien hectáreas y probablemente no más de trescientas. Es claro que la unidad óptima de producción sigue siendo lo suficientemente pequeña para el cultivo familiar, complementada por mano de obra contratada (en gran parte de minifundistas) durante las cosechas.

Sin embargo, la estructura de la propiedad de la tierra difiere de la del cultivo. Hablando en general en Calda y Antioquia, dos tercios de los minifundios (0 a 5 hectáreas) están ocupados por sus propietarios, ocupados en un 30 % por inquilinos, principalmente en términos de aparcería, ocupados por un 1 % sin títulos legales y un 2 % por otros medios. Entre el 70 % y el 75 % de las explotaciones medianas (de 5 a 50 hectáreas) están ocupadas por sus propietarios, el 2 % de diversas maneras, mientras que la proporción de arrendamientos y ocupantes ilegales varía considerablemente: del 14 % al 28 % y del 1 al 10 % respectivamente. Cuanto mayor es la explotación, es menos probable que se mantenga sin título legal; esta correlación es válida hasta cien hectáreas. Las cifras son interesantes porque sugieren que los campesinos medios y los cultivadores constituyen una proporción mucho mayor de colonos que los campesinos pobres.

Resulta claro que problemas sustanciales surgen de la economía cafetalera. En primer lugar, de la relación entre los dueños de las tierras y los arrendatarios o aparceros, y en segundo lugar, de la relación entre cultivadores y mano de obra contratada para la cosecha. No es posible separar claramente estos dos problemas, ya que el típico cultivador minifundista, con un rendimiento promedio de quizá 250 kilogramos por hectárea, o menos, debe recurrir a otras fuentes de ingreso. No hace falta insistir en que la economía cafetalera también impulsa problemas que afectan a todos los productores (por ejemplo, el movimiento de los precios) y a aquellos que repercuten en todos los campesinos pobres (por ejemplo, por su dependencia económica y política de intermediarios, gente de pueblo y gente rica en general, por las dificultades del transporte, del crédito, etc.). Como de costumbre, estamos pobremente informados acerca de la historia anterior de estos problemas.

Sin embargo, parece ser que en varias regiones el desarrollo original de la producción de café, como la de tabaco durante el boom de 1850-1870, tomó la forma de plantaciones de gran escala, financiadas acaso por la nueva burguesía. Es significativo que donde esto ocurrió, como en Viotá, Fusagasugá, El Colegio (en la zona fronteriza de Cundinamarca y Tolima, que ya hemos tenido ocasión de observar), encontramos una confrontación inusualmente aguda entre las grandes haciendas cada vez más parasitarias y los cultivadores campesinos —que crecientemente se iban estableciendo a sí mismos como unas unidades de producción eficientes y dominantes— u otros arrendatarios que quisieran involucrarse en la producción de café.

El caso de Viotá, pionero desde 1870 en la introducción de este método de cultivo cafetalero, resulta particularmente relevante, porque el municipio generó la más avanzada de todas las rebeliones campesinas. Según parece, la tensión entre campesinos y dueños de la tierra creció (como era de esperar) en la década de 1920 y llegó a un punto de quiebre después de 1930, cuando los precios del café se vinieron abajo. Primero bajo el liderazgo de los socialistas revolucionarios, y después del Partido Comunista, los arrendatarios se negaron a pagar la renta —mantuvieron durante varios años su huelga— mientras que los esfuerzos por mitigar los efectos de la baja de los precios por medio de recortes a los salarios de la mano de obra llevaron a una serie de grandes huelgas de los peones. Se organizaron unidades de autodefensa armadas. Como resultado, a mediados de la década de 1930 las haciendas comenzaron a vender sus tierras a los combativos arrendatarios y Viotá se volvió, y ha permanecido así desde entonces, una república comunista independiente de campesinos cultivadores de café.

Es difícil dirimir cuán significativos fueron los movimientos agrarios en la economía cafetalera. En las fronteras entre Cundinamarca, Tolima y Caldas, donde alcanzaron sus mejores éxitos, no resulta fácil desentrañar a estos movimientos y su acción de otros fenómenos como las protestas de los colonos. En su conjunto, el movimiento campesino de la década de 1930 fue netamente débil en los principales departamentos cafetaleros —Caldas, Antioquia, Valle— y aquellos movimientos que sí fueron activos allí deben considerarse mayoritariamente como obra de colonos.

El problema de los indios

Aunque la población indígena de Colombia estaba siendo rápidamente absorbida por otros ajenos a la comunidad o dispersada, se mantuvo suficientemente autónoma en algunas partes del país como para presentar un problema agrario específico. Que surgió, como en otras partes de Indoamérica, como parte de la lucha para mantener las comunidades nativas y sus tierras contra la usurpación y la inadecuada y creciente partición de las tierras comunales, también erosionadas, subdivididas, etc., más el crecimiento de la población. La lucha de los indios fue más difícil por la necesidad de luchar en dos frentes: contra las usurpaciones de pobladores y campesinos blancos o mestizos, y contra las de las grandes haciendas o la nueva burguesía rural. Afortunadamente, las luchas indias del pasado han merecido más atención que las de otros campesinos colombianos, gracias a la dedicación de historiadores como Juan Friede, y en consecuencia, al menos, está documentada su resistencia sin esperanza. Aquí basta con señalar que en el momento del surgimiento de los movimientos campesinos modernos en Colombia, los indios todavía formaban sectores significativos de la población en el extremo norte del país (Guajira) y en el sudoeste escasamente poblado de los Andes (Cauca, Huila). Como veremos, ellos participaron en el movimiento general.

IV

En el actual estado de la investigación no es posible escribir la historia de los movimientos campesinos colombianos anteriores a la década de 1920, excepto, como ya hemos observado, en lo que toca a las luchas de los indios para preservar sus tierras comunales. Ya hemos sugerido que esto puede indicar que existían pocos movimientos campesinos de importancia, y esto por cierto no es improbable, pero por ahora hay que dejar abierta esta cuestión. Desde la década de 1920, las indicaciones de descontento agrario se multiplican, y a partir de 1928, o quizá más exactamente en la década de 1930, emerge un movimiento campesino significativo, cuya historia puede, al menos en parte, ser documentada, aun en el defectuoso estado actual de nuestros conocimientos. Nuestras fuentes principales son los datos sobre la organización de los sindicatos y los informes que emanan del movimiento sindical mismo.

La Reseña del movimiento sindical 1909-1937 registra todos los [noventa] sindicatos que existían en 1937 (en el clímax del malestar social de la década de 1930) y todos los que se habían registrado desde 1909 […] La reseña confirma que el movimiento campesino tenía su mayor fortaleza en Cundinamarca [treinta y un sindicatos] y Tolima [dieciséis sindicatos], con un considerable movimiento indio en el Cauca, y por supuesto en la zona bananera del Magdalena. Sin embargo, tampoco deja de sugerir que el movimiento sindical, bajo liderazgo izquierdista, era débil en Antioquia, Valle, Santander y Norte de Santander, Huila, Bolívar, Atlántico y Caldas, y virtualmente insignificante en Nariño y Boyacá.

Esto sugiere que el actual movimiento campesino no puede ser medido por la fortaleza de los sindicatos o ligas campesinas formales, y mucho menos por la fortaleza de las organizaciones de izquierda, que, como hemos visto, en algunas zonas eran influyentes. […] Esto es en verdad así. El movimiento campesino colombiano del período entre la década de 1920 y La Violencia fue inusualmente descentralizado y desestructurado. Era sin embargo extremadamente poderoso.

La tensión entre colonos y hacendados sobre los derechos de la tierra se había ido acrecentando gradualmente, como hemos visto antes, en el curso del gran boom imperialista de comienzos del siglo XX. A mediados de la década de 1920, aunque hay pocos signos de organización formal campesina, resulta evidente que se había abierto un amplio litigio entre los campesinos y los terratenientes sobre los derechos respectivos de unos y otros a las tierras públicas que ambos habían ocupado sin justo título. La decisión de 1926 de la Corte Suprema de Justicia según la cual la tierra debe revertir al Estado si el ocupante no puede presentar los documentos originales de propiedad fue una victoria de facto para los campesinos. El mero hecho de que tal decisión fuera tomada da la medida de la presión silenciosa que se hacía sentir en el campo. Es sobre este telón de fondo que deben proyectarse las agitaciones rurales de fines de la década de 1920. Fue en este momento cuando tanto los jóvenes grupos socialistas revolucionarios como políticos de miras populistas como Jorge Eliécer Gaitán irrumpieron en la escena agraria.

La depresión económica y el triunfo político del Partido Liberal en 1930 intensificaron la agitación [campesina] [y no solo en] las áreas de mayor actividad política que han sido ya mencionadas (en Cundinamarca, Tolima, etc.) […] En los casos más avanzados, la acción directa, a veces acción armada, ganó algo así como una reforma agraria. […] Varias haciendas se vendieron a los campesinos, otras al Departamento. […] En 1934 la situación se había vuelto tan extrema que la Corte Suprema, ahora bajo una atmósfera de agitación campesina organizada, volvió a su decisión de 1926. Entonces, la situación política también había cambiado. El gobierno del «New Deal» de López Pumarejo (1934-1938) entró en un período de reforma social sistemática basada en el apoyo popular.

El principal resultado de esto fue la famosa Ley 200 de 1936, que en efecto reconoció los derechos de los colonos. Esta ley establecía que la tierra que no se había explotado económicamente durante diez años debía pasar de la propiedad privada al Estado. La importancia de esta medida ha sido muy debatida. Se ha considerado virtualmente ineficaz y también como «uno de los mayores logros que a menudo se ignora» (Albert O. Hirschman) en la medida en que equivalía a una distribución parcial y no planificada de la tierra al menos entre una parte del campesinado, y un fuerte incentivo para que los terratenientes desarrollaran sus propiedades. Probablemente ambas opiniones sean ciertas. Allí donde no existió un movimiento campesino, la ley era letra muerta; donde sí existió, ello envalentonó tanto a los campesinos como a los terratenientes. Ciertamente, la ocupación de tierras por los colonos continuó incrementándose durante las décadas de 1930 y 1940, aunque al mismo tiempo alentó a los terratenientes a expulsar a aquellos campesinos que estaban en condiciones de convertirse en colonos. No existen estadísticas confiables sobre tales hechos.

Luego de 1938, el movimiento agrario perdió el apoyo del gobierno. López, reelegido en 1942, encontró una creciente presión de una coalición de terratenientes y empresarios, y en todo caso estaba ahora dispuesto a promover el incremento inmediato de la producción por todos los medios, a fin de aprovechar el boom de la guerra. La Ley 100 de 1944 revirtió la política de la Ley 200 de 1936, cuya aplicación demoró otros cinco años. Prohibió la plantación de árboles y otras plantas de larga vida por arrendatarios o aparceros sin el permiso explícito del propietario, con el fin de alentar a los terratenientes a encargarse de los inquilinos y aparceros sin el temor de que pudieran establecerse derechos de colono. A esto siguió una considerable radicalización de la política. Gaitán, que se había establecido como el político con más atractivo entre los pobres, dividió al Partido Liberal y ganó el 45 % de sus votos en las elecciones presidenciales de 1946, pero a costa de permitir que el candidato conservador ganara por primera vez desde el año 1930. Poco después se convirtió en el líder oficial del partido, con una posibilidad segurísima de alcanzar la presidencia y, por lo tanto, lograr un gobierno que retornara a una política populista. Su asesinato en 1948 impidió este desenlace y terminó una etapa en la historia de Colombia. En lugar de una revolución social o un régimen populista, hubo anarquía y guerra civil. Las esperanzas de la izquierda fueron enterradas en La Violencia.

Por lo tanto, desde 1948 los movimientos campesinos han quedado eclipsados por esta sangrienta guerra civil anárquica que afectó a la región cafetera de Colombia (Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, Tolima), el norte de Cauca, partes de Boyacá, los dos Santander y algunas regiones de los Llanos Orientales. Incluso dos años después de la conclusión oficial de la guerra civil [en 1953] todavía cubría el 40 % del país. Aunque no era un movimiento social, La Violencia proporcionaba un sustituto para el descontento agrario, en la medida en que permitía a los campesinos expulsarse mutuamente de sus propiedades; así, en Tolima (1958) treinta y cinco mil fincas —o la mitad de todas las propiedades enumeradas en el censo de 1960— habían sido abandonadas. Debe añadirse la liquidación de la economía ganadera, totalmente extirpada del sur y este de Tolima, en parte del Huila, el norte del Cauca y grandes regiones de Antioquia. En algunas áreas del Tolima, la relación con los movimientos agrarios resulta aún más ejemplar. Allí la movilización campesina de La Violencia apuntaba a la ocupación de la «tierra de nadie», es decir, de título legal incierto, o tomaba la forma de venganza campesina armada contra los terratenientes que habían desalojado a los inquilinos. La Violencia está en todo caso fuertemente correlacionada con la migración campesina y la colonización. Ocurrió muy especial y fuertemente en las zonas de colonización y ha sido más endémica en los departamentos en los que el porcentaje de inmigrantes en la población agrícola activa es, con mucho, el más alto: Valle (54,4 %), Caldas (31,9 %) y Tolima (24,2 %).

Los centros más fuertemente organizados del viejo movimiento campesino se mantuvieron fuera de La Violencia y se resistieron; desde 1950, cuando comenzó la autodefensa armada en Chaparral (Tolima), fue necesaria una acción militar. Las guerrillas dirigidas por los comunistas se han estimado en un 10 a 15 % del total. Monseñor Germán Guzmán, nuestra principal fuente, enumera tres de esas unidades en Cauca (el antiguo centro de agitación indígena), tres en Cundinamarca, cinco en Tolima y tres en los territorios de la frontera de Huila y Meta. En algunas áreas, este intento de mantener a raya a La Violencia fue exitoso, y se crearon y mantuvieron zonas virtualmente autónomas de administración campesina, por ejemplo en Sumapaz y Viotá. La extensión de la organización local la exhibe un documento ciclostilado, convocando a la XVIII Conferencia Regional de los Comunistas en el Tequendama (diciembre de 1962). Se previeron reuniones preparatorias al menos en treinta y tres municipios y localidades diferentes. Es significativo que incluyan los nombres de los lugares y las haciendas expropiadas a la fuerza, que resultan familiares para el estudiante de la agitación agraria de 1929-1934 en esta parte de Colombia. Quizá sea igualmente interesante que el primer proyecto de la impresionante Reforma Agraria de 1961 se enfocara en un área igualmente familiar para el estudiante de ese período ahora remoto: Cunday.

Llegados a este punto, podemos concluir nuestra encuesta sobre las agitaciones campesinas colombianas dejando los movimientos de la década de 1960, tal como están, para la atención de los estudiantes de los asuntos colombianos contemporáneos. ¿Qué conclusiones —tentativas y aun especulativas— podemos derivar de esto?

En primer lugar, que la mayor ola de movimientos campesinos en la historia de la República parece haber sido la de c. 1925-1948. Era un «tipo de iniciativa descentralizada […] una violencia descentralizada» (Hirschman), pero muy significativa en las limitadas, aunque sustanciales, regiones en las cuales operó. En una serie de lugares fue organizada, y después siguió siéndolo, por cuadros campesinos con conciencia política y por comunistas, aunque estos centros no tuvieran una gran importancia numérica. En 1960, el movimiento campesino no se había expandido más allá de los límites de su crecimiento en la década de 1930.

En segundo lugar, las dos situaciones mayores a partir de las cuales se desarrollaron las revueltas campesinas fueron (a) el conflicto de colonos y terratenientes por tierras a las cuales ninguno tenía una reclamación legal clara, principalmente en áreas de nuevos asentamientos y cultivos, y (b) el conflicto de productores campesinos y haciendas sobre el derecho a cultivar nuevos cultivos comerciales rentables, especialmente café. Estas dos situaciones se superponen en varias áreas, como Tequendama-Sumapaz. Tercero, La Violencia de los años posteriores a 1948 puede o no haber proporcionado una salida alternativa para el descontento agrario, pero indudablemente condujo a una recesión de los movimientos campesinos, que no han revivido con nada en relación con la etapa anterior.

1969

16

Campesinado y política

Consideremos la cuestión de si podría darse algo así como un movimiento campesino de alcance nacional, o al menos una revuelta, o un levantamiento, siempre, insistimos, de dimensiones nacionales. Yo lo dudo mucho. La norma establece que las acciones, a nivel local, o incluso regional, solo cobran mayor alcance si interviene alguna fuerza externa —sea esta de orden natural, económica, política o ideológica— y, además, solamente cuando un gran número de comunidades o pueblos se mueven simultáneamente en la misma dirección. Pero incluso si se da por caso una acción generalizada y extendida, raramente coincide con lo que ocurre en el sector estatal, aun en los Estados menos extensos: terminará siendo un movimiento general singular, un conglomerado de movimientos locales y regionales cuya unidad es momentánea y frágil. Existen diferencias, que hacen difícil concordar en los niveles más variados: las personas nacidas en la costa y los hombres de la montaña pueden ser muy diferentes el uno del otro para encontrarse más que brevemente en el mismo terreno.

Los más importantes movimientos campesinos son en general regionales o coaliciones de movimientos regionales. Incidentalmente, si los movimientos campesinos logran un alcance en todo el territorio de un Estado, a menos que sean patrocinados u organizados por las autoridades de ese Estado, no resultará muy probable que vayan a la par en sus demandas, o tengan las mismas características o reclamaciones políticas. En el peor de los casos, esta composición de grandes movimientos campesinos a partir de un mosaico de pequeños puede crear apenas una serie de enclaves dispersos que no afectan al resto del país. Así, en Colombia, movimientos agrarios bastante poderosos, mayormente organizados por el Partido Comunista, se desarrollaron en las décadas de 1920 y 1930 en ciertas zonas: en las extensiones cafetaleras, en áreas indias, que tenían sus problemas específicos, en la frontera o en los nuevos asentamientos que ocuparon los ilegales y los colonos, etc. Incluso la coordinación nacional del Partido Comunista no produjo ni un solo movimiento campesino, sino una dispersión de áreas campesinas «rojas» muy distantes entre sí; tampoco se ha desarrollado un movimiento nacional que haya nacido de esas regiones dispersas, aunque algunos han demostrado ser capaces de extender su influencia a nivel regional. Desde luego que los cuadros políticos o guerrilleros nacionales tienen capacidad como para surgir de esos pequeños núcleos aislados y, a menudo, duraderos, pero este es otro asunto.

En el mejor de los casos, estos movimientos campesinos pueden darse en una o dos regiones estratégicamente ubicadas donde su efecto sobre la política nacional es crucial, o en áreas capaces de producir poderosas fuerzas militares móviles. Este fue en gran medida el caso en la revolución mexicana. El grueso del campesinado de ese país no estuvo muy involucrado en la revolución de 1910-1920, aunque como resultado de la victoria de la revolución varias regiones se organizaron en conjunto. Sin embargo, la mayor movilización del campesinado mexicano relacionada con la revolución fue, ciertamente, y por así decirlo, un camino equivocado: como ha demostrado el movimiento de los cristeros, con Cristo Rey, en la década de 1920 orientado a la lucha en contra de los agraristas seculares. Desde las convicciones de quienes protagonizaron ese movimiento fue indudablemente una revolución campesina, aunque tanto su sincronización como su ideología la convirtieron objetivamente en contrarrevolucionaria. Sin embargo, entre 1910 y 1920, dos regiones tuvieron un enorme efecto político. Una era la región fronteriza del norte, con sus hombres armados, vaqueros, buscador de vetas, bandidos, etc., que conformaban el ejército de Pancho Villa con su capacidad de avanzar y cubrir rápidamente amplias extensiones de terreno: algo así como el equivalente mexicano de las tropas cosacas. La otra región fue en Morelos, donde se produjo la mucho más vigorosa y sólida revolución comunal de Emiliano Zapata, que, si bien aspiraba a cuestiones del todo domésticas, locales, gozó de la enorme ventaja de estar situada al lado de la ciudad capital de México. La influencia política del programa agrario de Zapata se deriva del hecho de que sus tropas, integradas por levas de campesinos, se hallaban lo suficientemente cerca de la capital mexicana como para entrar en ella y ocuparla. Los gobiernos de las repúblicas latinoamericanas de principios del siglo XX se resignaban a perder el control en las provincias periféricas ante eventuales insurrecciones, o de acciones de grupos disidentes. Pero lo que les preocupaba más bien era una insurrección en el patio trasero de la capital.

Allí donde los revolucionarios campesinos no cuentan con esta ventaja, las limitaciones para la acción resultan mucho más inmediatas. Un buen ejemplo de esto se dio en Perú, donde se dio un gran movimiento campesino a principios de la década de 1960, que fue probablemente la mayor movilización espontánea de este tipo en América Latina durante esa década. Hubo en este período disturbios en todo el país, que incluyeron a los sectores de los obreros y de los estudiantes. El movimiento agrario estuvo activo tanto en las plantaciones de la región de la costa, que no pueden ser clasificadas como pertenecientes a la economía campesina —se denominan allí «complejos agroindustriales», y en las tierras altas campesinas. Allí justamente, en las tierras altas, hubo también movimientos muy extensos —en las tierras altas del sur y del centro— y conflictos más modestos de ocupación de tierras, huelgas, sindicatos organizados de campesinos, etc. Detengámonos en dos aspectos. El primero es que los movimientos regionales, si bien eran más o menos simultáneos —alcanzaron su apogeo en 1962-1964 y su clímax a fines de 1963 en el centro y un poco más tarde en el sur—, no estaban realmente vinculados entre sí o, ciertamente, con los movimientos no campesinos. El segundo aspecto es que hubo ausencias, o lagunas curiosas. Por ejemplo, la zona tradicional de los «levantamientos nativos» en el sur, el departamento de Puno, se vio notablemente inactiva. El modo de movida tradicional había dejado de ser central, siquiera relevante, aunque, increíblemente, en 1910-1921 —increíble por lo reciente— había sido muy activo. En Puno, el movimiento campesino adoptó la forma del establishment de una máquina política de kulaks y de comerciantes locales, que poco después demostró ser una notable fuerza política. En tanto, en el contiguo departamento de Cuzco, hacia el norte, la acción directa de los campesinos que organizaban sindicatos y ocupaban la tierra, envalentonados por los éxitos logrados por los campesinos de zona de frontera en La Convención, iba creciendo hasta adquirir dimensiones masivas, aunque los propios hombres de La Convención, habiendo alcanzado sus principales objetivos, limitaron las acciones a la defensa de sus conquistas. El generalizado y masivo movimiento campesino peruano de entre los años 1962 y 1964 terminó produciendo choques y disturbios, pero no una revolución.

Por eso es que me inclino a pensar que la idea de un movimiento campesino generalizado es algo irreal, o ilusorio, a menos que se inspire desde afuera o, acaso mejor, desde arriba. […]

Esto de ninguna manera implica subestimar la fuerza de los movimientos que se vuelven conglomerados. Si un movimiento se une y unifica objetivos merced a una fuerza externa —una crisis o un colapso nacional, o por acción de un gobierno reformista o aun revolucionario, o un partido u organización estructurada y efectiva— es eso lo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una revolución que aspire a grandes cosas. Y hasta pueden hacer que un sistema agrario o la estructura que sostiene el gobierno de turno en el campo resulten inviables, como se dio con el «gran terror» en 1789 en Francia, pero también con la masiva ocupación de tierras en el Perú entre los años 1962-1964. Existe evidencia de que en algún momento entre el mes de junio de 1963 y los de febrero o marzo de 1964, los hacendados y los grandes señores de las tierras altas centrales y meridionales llegaron a la decisión de bajar costos, y a enfrentarse a una movilización campesina generalizada: comenzaron a liquidar sus activos y a pensar en términos de indemnización mediante la expropiación, bajo algún tipo de reforma agraria. Esto no hizo que la reforma agraria se haya dado automáticamente. Se debió aguardar otros cinco años, y un golpe militar, para imponerlo; pero lo que sí pasó es que se enterró el cadáver de una economía terrateniente que ya había sido muy bien asesinada por el movimiento campesino.

El poder potencial del campesinado tradicional es enorme, pero su poder e influencia reales resultan mucho más limitados. En cuanto a lo primero, las razones se deben al sentimiento constante, y en general bastante realista, de su propia debilidad e inferioridad. Una inferioridad que es efecto de la sociedad y la cultura, y que exhibe la tensión entre analfabetos versus «educados»: se deduce de esto la importancia, para los movimientos campesinos, de contar con «educados», con intelectuales provenientes de las mismas regiones que ellos, y en especial de los intelectuales aldeanos más adecuados y formidables para todo esto: los maestros de escuela primaria. En cuanto a lo segundo, al limitado poder de influencia, se trataría de una debilidad que no radica solo en la inferioridad social, y en la falta de una fuerza armada efectiva, sino en la mismísima naturaleza de la economía campesina. Por ejemplo, toda agitación campesina tiene una parada anual: en tiempos de cosechas, hay que trabajar, y la protesta se desactiva. Los campesinos militantes se ven atrapados a los días de ese ciclo de trabajos. […] Pero además, en un nivel más de fondo, los campesinos son y se ven a sí mismos subalternos. Con raras excepciones, conciben el cambio en la pirámide social pero no su destrucción, aunque esa destrucción les resulta fácil de llevarla a cabo. El anarquismo, es decir, el desmantelamiento de la superestructura del gobierno y de la explotación, deja al pueblo librado a una economía y a una sociedad viables. Pero para la mayoría no hay casi momentos, porque no los tienen, en que esa utopía pueda siquiera ser concebida, siquiera sentirla como necesaria.

En la práctica, por supuesto, puede que no exista una gran diferencia en que los campesinos peleen por una sociedad nueva, del todo diferente, o en reformar la anterior, lo que normalmente significa la defensa de la sociedad tradicional contra alguna amenaza o la restauración del viejo orden que, aunque incluso remota en el tiempo, sean la formulación tradicionalista de aspiraciones revolucionarias. Las revoluciones pueden ser hechas de facto por los campesinos que no impugnan la legitimidad de la estructura de poder existente, ni la ley, ni el Estado, siquiera los terratenientes. […] Un movimiento que solo pretende «recuperar» tierras comunales alienadas ilegalmente puede ser tan revolucionario en la práctica como legalista en la teoría. Tampoco es fácil trazar la línea entre lo legalista y lo revolucionario. El movimiento zapatista en Morelos comenzó oponiéndose a algunas haciendas, no a todas: se opuso a las haciendas nuevas, que habían sido introducidas en la época de Porfirio Díaz. […]

La principal diferencia no radica en las aspiraciones teóricas del campesinado, sino en la coyuntura política práctica en la que operan. Es la distancia y la diferencia que existe entre la desconfianza y la esperanza. Porque la estrategia habitual del campesinado tradicional es la pasividad. No es una estrategia ineficaz, ya que explota el más importante haber que ostenta el campesinado, su numerosidad, y el hecho de que sea imposible hacer las cosas por la fuerza, y en cualquier período de tiempo. Y además aprovecha una situación que resulta táctica y muy favorable, y que se basa en el hecho de que la ausencia de cambio es aquello a lo que mejor se adapta el campesinado tradicional.

Un campesinado tradicional organizado comunalmente, que se vigoriza apelando a una lentitud que es siempre funcional, por una impenetrabilidad y estupidez, sea aparente o real, resulta una fuerza formidable. La terquedad en comprender esto es otro modo de la lucha de clases, y en el siglo XIX tanto rusos como peruanos describieron esto de manera similar. Ser subalterno no es ser impotente. El campesinado más sumiso es capaz no solo de «hacer del sistema» una ventaja, o más bien que se vuelva mínima desventaja, sino también de resistir y, cuando corresponda, de contraatacar. El estereotipo que del mujik ruso tenían los rusos educados […] es muy similar al estereotipo del «indio» en los blancos andinos […] De hecho, se trata de un comportamiento que hace sistema.

La pasividad no es, por supuesto, universal. En áreas donde no hay señores o leyes, o en zonas fronterizas donde todos los hombres están armados, la actitud del campesinado bien puede ser muy diferente. Y puede estar al margen de los insumisos. Sin embargo, para la mayoría de los campesinos ligados a la tierra, el problema no es si ser normalmente pasivo o activo, sino cuándo se va a pasar de un estado de cosas a otro. Esto depende de una evaluación de la situación política. En términos generales, la pasividad es aconsejable cuando la estructura de poder, local o nacional, es firme, estable y «cerrada», cuando algo parece estar cambiando, cambiando o siendo «abierta».

Los campesinos están perfectamente capacitados para juzgar la situación política local, pero su verdadera dificultad radica en discernir los movimientos más amplios de la política que pueden determinarla. ¿Qué saben ellos de esto? Habitualmente se muestran conscientes de pertenecer a un marco político de más alcance: un reino, un imperio, una república. De hecho existe el mito campesino de un remoto rey o emperador que, si lo supiera, arreglaría las cosas y establecería o restablecería la justicia, lo que refleja y, en cierta medida, termina por ejercer la concepción de un marco más amplio de acción política. Al mismo tiempo, manifiesta la lejanía obvia entre el gobierno nacional y la estructura política local que, más allá de lo que quiera la teoría, en la práctica consiste en el ejercicio del poder y ley estatal que es ejercido por los hombres del poder local, sus familiares y súbditos, o aquellos a quienes pueden sobornar y atemorizar. Si los campesinos saben o pueden saber más de ello, varía ampliamente en relación con el sistema político existente. Por lo tanto, si existen tribunales nacionales, lo que de ninguna manera es siempre el caso, los litigios pueden llevar incluso a comunidades remotas a establecer cierto trato con el centro nacional, sin duda a través de una cadena de abogados urbanos intermediarios. La comunidad peruana de Huasicancha, a unos cuatro mil metros de altura en las montañas, difícilmente podría ser físicamente más remota, pero, desde que obtuvo su primer juicio en la corte virreinal de Lima contra un usurpador español en 1607, nunca dejó de ser consciente de ello, o al menos de algunas dimensiones de la política ancha y ajena.

A medida que nos acercamos al presente [1973], los detalles de política nacional se vuelven cada vez más importantes y conocidos, como por ejemplo si se producen elecciones, o qué partidos entran en escena, o cuando se da una intervención directa del Estado en cuestiones departamentales, locales, y ahí los individuos se dedican a saber cómo funcionan las instituciones. Además, con la emigración masiva es probable que el pueblo tenga vínculos directos con el centro, bajo el modo de colonias integradas por su propia gente en la capital o en otra ciudad, y que conozcan las formas de desenvolverse propias de las ciudades. Pero muy por detrás, mucho antes de todo esto que decimos, los campesinos son conscientes de los cambios dentro del sistema, incluso si no pueden describirlos o entenderlos con precisión. La guerra, la guerra civil, la derrota y la conquista pueden involucrar directamente a los campesinos y abrir, en suma, un arco de nuevas posibilidades cuando ponen en peligro a los gobernantes nacionales y estos se ven obligados a cambiar a las autoridades locales. Incluso eventos menores en la política de la clase dominante, tales como elecciones y golpes de Estado, que a ellos no afectan directamente, serán percibidos como alentadores o desalentadores. Puede que no sepan exactamente lo que está ocurriendo en la capital, pero si la familia A deja de servir al senador local mientras la rival familia B parece volverse más prestigiosa, habrá reevaluaciones locales considerables, primeramente desde luego entre los ciudadanos, pero también por los hombres de pueblo. La revolución mexicana —incluso en Morelos, con Zapata— comenzó menos como una revolución que como una ruptura del equilibrio político local establecido hacía mucho tiempo, que a su vez dependía del buen funcionamiento y la permanencia del sistema de gobierno nacional de Don Porfirio.

Si algún cambio nacional importante puede abrir nuevas posibilidades o cerrar viejas, entonces, a fortiori, las noticias de una reforma o cambio favorables movilizan a los campesinos. Así, cuando en 1945 en Lima el gobierno reformista apoyado por el partido APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) entró en funciones, las comunidades que habían operado por la supuesta estabilidad modificaron rápidamente sus acciones. […] No es como si las aldeas, siempre conscientes de la fuerza potencial incluso dentro de su condición subalterna, requirieran solo la seguridad de la buena voluntad o incluso la mera tolerancia de las más altas autoridades para erguirse. Por el contrario, ante la mínima insinuación de que el poder, una vez más, los pisoteará, eso los hace retirarse a sus caparazones. Es el caso del gobierno reformista de 1945, que promovió una ola de agitación y organización agrarias, si bien la llegada del gobierno militar en 1948 detuvo bruscamente las invasiones de tierras y las uniones campesinas, y luego, ya bajo un nuevo gobierno pos-1956 los campesinos se fueron dando cuenta de que, ahora, nuevamente, la situación se volvía bastante más abierta.

Esta sensación de constante enfrentamiento potencial o real de la fuerza puede tal vez derivarse de la propia exclusión del campesinado tradicional respecto del mecanismo oficial de la política o incluso del derecho. Las relaciones de fuerza, ya sean pruebas reales de fuerza o rituales, reemplazan las relaciones institucionalizadas. […] Si los campesinos buscan la atención de las autoridades, no habría forma eficaz de hacerlo sino desafiando a la autoridad a través de una acción directa, ya que no habría un mecanismo político para hacerse oír. Esto era algo muy arriesgado, ya que el castigo era algo de esperar, pero los campesinos, y probablemente incluso los señores y el propio gobierno, iban a calcular la dosis de violencia que ejercerían. En las tomas del año 1947, las comunidades que permanecieron allí eran inexpertas, por eso fueron masacradas cuando llegaron los soldados. Huasicancha, con siglos de experiencia en litigios y acciones directas alternas, evacuó silenciosamente el terreno ocupado cuando llegaron las tropas y, con el paso del tiempo, hizo lo mejor que la ley podía otorgarles.

La confrontación no parece revolucionaria: es un error pensar en que cada incidente de desafío campesino por la fuerza es un «levantamiento» o una «insurrección». Pero puede acaso, por efecto de la relación política de fuerzas, prestarse a la revolución. ¿Qué hubiera pasado si era evidente el fin del imperio de la pequeña nobleza? En este punto, nos vemos en el límite entre la evaluación política y la esperanza apocalíptica. Pocos campesinos esperarían que su propia región o su propio pueblo pudieran lograr la liberación permanente. Saben demasiado de eso. Pero ¿y si todo el reino, el mundo entero, estaba cambiando? El vasto movimiento del trienio bolchevista en España (1918-1920) se debió al doble impacto de la noticia del colapso sucesivo de los imperios, el ruso, seguido de los centroeuropeos, y de una verdadera revolución campesina. Y, sin embargo, cuanto más lejos estaban los centros de decisión de la estructura de poder local conocida y comprendida, más oscura era la línea entre el juicio real, la esperanza y el mito (tanto en el sentido coloquial como soreliano). Las señales por medio de las cuales los hombres predijeron el advenimiento del milenio fueron, en cierto sentido, empíricas, como aquellas por las cuales predijeron el clima; pero en otro sentido eran expresiones de sus sentimientos. ¿Quién podría decir si realmente se asistía a una «nueva ley» o un jinete que llevara el manifiesto del zar en letras de oro ofreciendo tierras a los cultivadores, o si simplemente debería ser así?

Uno podría llevar esta hipótesis a una etapa más allá y suponer que, por el contrario, la pérdida de la esperanza en una situación concretamente evaluable sería menos duradera que la de las esperanzas globales o apocalípticas. Cuando las tropas llegaron y expulsaron a la comunidad de las tierras que ocupaba, esta no se desmoralizaría, sino que esperaría el siguiente momento adecuado para la acción. Pero cuando la revolución que se esperaba falló, tomaría mucho trabajo restaurar la moral de los campesinos.

1973

[Las notas de la publicación original de este ensayo han sido suprimidas en la versión que figura en este volumen.]

17

Campesinos y migrantes rurales en la vida política latinoamericana

I

Para el historiador de la economía y de la sociedad, como para todo estudioso de la política contemporánea, las fechas cruciales en la historia de América Latina no se encuentran en el primer cuarto del siglo XIX, cuando la mayoría del continente ganó su independencia de España y Portugal: esto no alteró sustancialmente sus economías. Esas fechas cruciales hay que buscarlas a fines del siglo XIX, cuando esos países ingresaron en la economía mundial para desempeñar su papel, que ahora nos resulta familiar, de exportadores en masa de algunas materias primas básicas. Desde entonces, los balances comerciales de esos países dependieron en lo sustancial de esas exportaciones. Esta fase duró hasta 1930, cuando los monocultivos de exportación colapsaron y las sociedades basadas en ellos entraron en crisis, aunque las orientaciones básicas de la vida nacional permanecieron. A mediados de la década de 1930, todos los Estados latinoamericanos, con tres excepciones (México, Perú, Paraguay) dependían en más de un 50 % de sus exportaciones de uno, o a lo sumo de dos, de los siguientes productos: café, bananas, azúcar, algodón, carne, cereales, lana, estaño y petróleo. Ocho dependían del café y las bananas, otros dos del café y el azúcar o el algodón.

[…]

Con anterioridad a las últimas décadas del siglo XIX, gran parte del área rural de América Latina no estaba orientada seriamente hacia el mercado mundial, y muchas veces no estaba orientada hacia ningún otro mercado, solo hacia el mercado local. Otras regiones se basaron en alimentos básicos tradicionales y en decadencia respecto al mercado exterior (como el azúcar en el nordeste de Brasil) o en productos temporales que exhibían un boom. Las grandes áreas que ahora asociamos con los productos característicos de esos países, como las provincias cubanas de Oriente y Camagüey, tenían un aspecto económico bastante diferente. Según los estándares modernos, la mayoría de las regiones de América Latina ni siquiera eran economías coloniales o semicoloniales, sino simplemente áreas subdesarrolladas.

El surgimiento de una economía de exportación tendría efectos profundos en la sociedad y la política del continente. Sin embargo, mientras mantuviera la forma de una expansión vertiginosa, aunque fluctuante, en mercados aparentemente ilimitados de América del Norte y Europa, la magnitud total de estos efectos no se experimentó lo suficiente, ya que fueron ampliamente absorbidos y asimilados por las políticas sociales y las existentes en los sistemas de las repúblicas latinoamericanas, dominadas por una tradición de control, por los propietarios de grandes propiedades y los intereses creados de la administración y el comercio de exportación e importación de las capitales y su vinculación a los puertos. En los sectores urbanos y no agrícolas, el cambio fue muy notorio, especialmente en el Cono Sur latinoamericano (Argentina, Chile, Uruguay, sur de Brasil) en donde el desarrollo económico fue más acelerado. En el centro y sur de México, las consecuencias de la nueva economía agraria eran ya lo suficientemente notorias como para crear una situación revolucionaria, ya que en estas regiones la nueva hacienda, que se orientaba al mercado, no era solo una adaptación de la economía latifundista preexistente, sino que se abría a la densa población india que vivía en las comunidades de los pueblos autónomos.¹ Si hubo un cambio, y lo hubo, se produjo en los niveles que no eran los de la política. Lo que precipitó las cosas fue la depresión de 1929, es decir, el colapso repentino y casi total de los mercados mundiales en los que América Latina había confiado.

El efecto inmediato fue producir una crisis a nivel continental en las finanzas de los gobiernos, y las crisis políticas que se desencadenaron. En 1930-1931 los regímenes fueron derrocados, sea pacíficamente o por medio de un golpe militar, en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, la República Dominicana y un poco después en Cuba. Sin embargo, esta crisis a corto plazo habría sido de escaso interés local si no hubiera indicado un cambio más profundo y a largo plazo para los intereses del continente. Es cierto que ni la base de tantas economías latinoamericanas (el monocultivo de las exportaciones) ni la de su estructura social y política latinoamericanas (las oligarquías basadas en grandes propiedades, el comercio de importación y exportación y el gobierno) se vieron, de inmediato, fundamentalmente alteradas. Pero tampoco pudieron retornar a la vieja dispensación. La economía de las exportaciones primarias masivas y de las importaciones libres de capital y productos básicos ya no funcionaba automáticamente; lo uno tenía que reforzarse manipulando a lo otro, y detrás de los muros temporales de restricción y control, nuevos intereses económicos y políticos, especialmente los de los industriales latinoamericanos que esencialmente abastecían el mercado nativo, crecieron. […] Pero, sobre todo, las masas de latinoamericanos comenzaron a formar parte, y en su momento a dominar, la política de sus países. […]

II

La gran mayoría de estos nuevos integrantes de la sociedad nacional eran compatriotas, ya que en 1930 la población de la ciudad formaba solo una modesta minoría en todos los países excepto en Argentina, Chile, Uruguay y Cuba. Aquellos que tomaron los sectores más visibles de la política fueron desde entonces los millones de ciudadanos que colmaron las ciudades, y especialmente en las grandes ciudades. Vinieron abrumadoramente del campo y permanecieron, al menos por un tiempo, como campesinos desplazados. Los cambios políticos en las áreas rurales fueron, y en general han permanecido, menos llamativos que los de las ciudades. Son ellos sin embargo el tema principal de este ensayo.

La estructura económica del campo latinoamericano fue o bien la de la agricultura de exportación, o bien la propia de los cultivos de subsistencia. Desde la década de 1930, la expansión casi alucinante de las ciudades añadió a este cuadro un importante sector destinado a satisfacer la demanda que crecía con velocidad de los mercados nacionales urbanos. Grosso modo, podemos decir que estaba dominada por dos fenómenos: el de la transferencia de la tierra desde una economía de subsistencia o de explotación extensiva de baja intensidad hacia la producción destinada al mercado, y el del éxodo cada vez más precipitado de la mano de obra rural. La estructura legal o social era muy mayoritariamente latifundista, a veces flanqueada por un campesinado minifundista, o si no, había la coexistencia de grandes latifundios vecinos o cercanos a las comunidades independientes de pueblos y aldeas, como ocurría en las áreas densamente pobladas por indios. Las regiones de frontera más escasamente habitadas (principalmente en los límites de la cuenca del Amazonas), entre las cuales poco a poco empezó a filtrarse una población cada vez más grande, no eran una excepción a esto, porque en la medida en que no quedaran fuera del alcance de toda administración nacional, o aunque solo fuera del conocimiento de esta, también eran normalmente la propiedad, o eran reclamadas como propias, por algún latifundista.

El cambio a una economía de cultivos comerciales impuso una inevitable presión sobre la estructura latifundista, sea que adoptara la forma de una transformación del antiguo latifundio extensivo en una hacienda capitalista (para usar la conveniente distinción de los reformadores agrarios colombianos) o plantación, sea que atravesara varias formas de arriendo o aparcería, que sustituyera a los antiguos hacendados por empresarios urbanos o extranjeros, o que siguiera algún patrón de cambio diferente de estos. El cambio desde un antiguo a un nuevo producto básico, o la diversificación de la producción, tenía efectos igualmente disruptivos. El sector de subsistencia se veía menos afectado por tales cambios, pero a su vez sufría la presión creciente de una población que crecía rápidamente en tierras de extensión, que se iban deteriorando más y más, o a menudo también en tierras que veían disminuir su superficie por la usurpación de los grandes hacendados latifundistas.

En el campo, en América Latina, la estructura política se caracterizó (a excepción del México revolucionario) por el ejercicio del poder formal o informal que han desplegado familias locales de hacendados, a veces rivalizando con otras de su misma clase, pero cada una de ellas ubicadas en la cúspide de una pirámide de poder y mecenazgo local; controlando o queriendo controlar a los que estaban en situación de rivalidad, sea en la dimensión de la gestión de gobierno a nivel local como nacional. No existía […] en el campo ningún poder de gobierno, excepto el que terminaba siendo el resultado de acuerdos de los magnates y patrones. Si existían «partidos» políticos, eran […] apenas etiquetas que iban adheridas a familias locales y a su clientela, cuyo voto (si es que tenían alguno) era, al igual que el apoyo armado y la lealtad generalizada, al patrón o al señor.² En cuanto a las masas campesinas, allí no existió algo así como una política «nacional», sino una persistente política local que acaso podía —o no— coincidir con consignas o nombres nacionales, pero siempre vinculadas a los individuos que detentaban el poder local.

Esta estructura, en gran medida, ha persistido, debido en parte a la supervivencia de su base social, y en parte a la separación de la ciudad y el campo, tan característica de las regiones subdesarrolladas, y que excluyeron a muchos compatriotas del proceso político tal como se ha concebido en la ciudad, e hizo que las medidas y las políticas que provenían de la ciudad resultaran incomprensibles, irrelevantes o inaceptables. Por poner un solo ejemplo. En Brasil (y en otros países) los analfabetos no tienen derecho a votar, lo que implica, si hablamos de una región como la del nordeste brasileño, que el 75 % de los adultos, como mínimo, eran analfabetos todavía en el año 1950. Los partidos tradicionales titubearon en interferir entre los fazendeiros (terratenientes políticamente influyentes) y «su» gente, de modo que, a fines prácticos, solo la izquierda radical se interesaba por la opinión de los campesinos, y la Constitución, hay que decirlo, no ofrecía mucho margen para oír lo que decían opinar. Esto no implica que a las masas rurales no les interesara la política, o que, bajo determinadas circunstancias, no estuvieran bien preparadas para tomar alguna determinación en oposición al entonces statu quo político. Sin embargo, el modo en que llevaban a cabo las acciones hizo que a los hombres de la política en las ciudades les resultaran incomprensibles, algo similar a lo que ocurría también con los movimientos mesiánicos que encontraron un suelo fértil en el nordeste brasileño y en partes del sur entre 1890 y 1930, tanto más porque estos se jactaban ocasionalmente de ser monárquicos. Pero por supuesto eran movimientos políticos, en el sentido más estricto del término. El famoso profeta Padre Cícero de Juazeiro se convirtió en el jefe virtual del estado de Ceará desde 1914 hasta su muerte en 1934 y, como hombre de influencia, recibió la misma consideración del gobierno federal que cualquier otra gran personalidad política. Sin embargo, los movimientos que se mantuvieron al amparo de los hombres de su clase y que pudieron darles el equivalente a mecenazgo e influencia fueron en sí mismos incapaces de ingresar en la política oficial, o de cambiar, de adaptarse.

Los movimientos de base en la ciudad, que intentaban alcanzar a las capas del campesinado, fracasaban —o solo tenían éxito muy localizado— como los movimientos de trabajadores y los socialistas al estilo del modelo europeo. Por qué esto fue así no está del todo claro. Los anarquistas, cuya capacidad para movilizar a las masas rurales había conocido buen éxito en Europa, parecen haber tenido un éxito insignificante en sus actividades propagandísticas, excepto entre los trabajadores urbanos e industriales (como, por ejemplo, los mineros bolivianos). Los comunistas, carentes de fuerza en todas partes excepto en Chile, Cuba y Brasil, establecieron indudablemente focos de fuerza agraria aquí y allá —por ejemplo, en regiones de Cuba, o uno o dos lugares en Colombia— pero permanecieron esencialmente como un movimiento de trabajadores urbanos o industriales con simpatía y unión de algunos intelectuales. Los socialistas, insignificantes, excepto entre las comunidades inmigrantes de Europa, apenas parecen haber intentado algún vínculo. Puede ser que la brecha cultural entre la ciudad y el campo sea demasiado amplia, o que la izquierda no haya podido encontrar las consignas que movieran a los campesinos, o que no les formularan de una manera aceptable. Es verdad que la izquierda solo aprendió lentamente a buscar el lenguaje accesible a los campesinos, y las formas específicas de interpelación que eran más idóneas para movilizarlos, y probablemente, también, no hizo esto sistemáticamente sino recién en la década de 1950.

Existen excepciones evidentes a esta generalización. Las más obvias son las revoluciones de base rural de Bolivia (1952) y de Cuba (1959). La primera de estas es una excepción menos flagrante de lo que parece a primera vista, porque la revolución boliviana fue llevada adelante, esencialmente, por una combinación de oficiales disidentes, intelectuales urbanos, y uno de los pocos movimientos de mano de obra industrial realmente poderosos (el sindicato de los mineros), mientras que el movimiento campesino en su conjunto emergió justo después de la revolución propiamente dicha. (Existía, sin embargo, un significativo movimiento local en el valle de Cochabamba, entre un campesinado bastante menos tradicional y aislado, que se había visto expuesto a influencias marxistas y que tenía un líder en José Rojas, un campesino local que había visto algo del mundo.) El paso decisivo en la movilización de los campesinos lo habían dado más bien no campesinos, quienes (correctamente) habían decidido que el otorgamiento de derechos a los indios era condición indispensable para mantener un nuevo régimen.³ La revolución cubana estaba, todavía más obviamente, mucho menos basada en los campesinos, al menos en su fase guerrillera. Sin embargo, de un modo por lo menos curioso, el movimiento revolucionario encontró su centro no tanto en las áreas que ya se habían visto movilizadas en anteriores rebeliones comunistas, sino en la Sierra Maestra, donde había sido llevado por guerrillas urbanas.

Dos ejemplos menos exitosos de movilización campesina también pueden ser mencionados: Perú y Colombia. Quedan pocas dudas de que las bases de la APRA, especialmente en los departamentos del norte de Perú que son su plaza fuerte, son el reflejo del buen éxito del liderazgo del partido en apelar a los estratos rurales, principalmente en la zona de los proletarios rurales de la producción azucarera y algodonera. Hasta dónde llegaba este logro no se puede decir con precisión, porque los éxitos electorales pasados de la APRA son irrelevantes: el requisito de la alfabetización para poder votar excluía de las urnas a la gran masa de campesinos indígenas, de los cuales la APRA decía ser vocera. En sus días de gloria, tanto la estructura como el ethos de la APRA exhibían una proximidad mayor a los de un movimiento urbano o de trabajadores que a un movimiento campesino, aunque contó con un grado muy modesto de movilización política campesina en su momento. El caso de Colombia resulta más interesante, porque no resultó nada modesto en cuanto a la movilización campesina que, entre 1948 y 1963, logró reunir en total a unos treinta mil individuos, entre guerrilleros y bandidos —casi todos exclusivamente campesinos—, y llevarlos a la acción, lo que costó la vida de un número de colombianos estimativo, según los cálculos más conservadores, en seis dígitos. [Fue] el mayor movimiento agrario de toda América Latina si se excluye la revolución mexicana.

[…]

Grosso modo, podemos decir que, hasta el presente [1967], la creciente insatisfacción e inquietud del campesinado de América Latina no ha encontrado una expresión a la medida de su importancia, con la posible excepción de la enorme avalancha de migrantes rurales que han votado en contra del statu quo con el solo hecho de mover sus pies hasta los suburbios y arrabales de las ciudades. Sin embargo, y en especial desde la década de 1950, los signos de inquietud agraria y de movilización política agraria se han multiplicado, y puede ser útil echar sobre ellos una mirada de conjunto. Salvo en Colombia, ninguno de ellos ha sido organizado por los partidos tradicionales del continente (lo que no es en absoluto sorprendente), ni tampoco de manera considerable por los movimientos populistas que se volvieron tan característicos del continente a comienzos de la década de 1950.⁴ El liderazgo y la inspiración provenían en su mayor medida de la izquierda marxista (comunista, socialista, maoísta, trotskista, castrista, o sea cual sea la etiqueta) y esto puede dar cuenta de su localización comparativa.

Cuatro tipos de campesinos probaron ser los más susceptibles a esta forma de agitación. El primero, y el menos típico, consistía en campesinos pioneros independientes que buscaban evadir los avances de la economía de mercado y la creciente usurpación de los terratenientes y los latifundios, y lo hacían desplazándose hacia las regiones de frontera desconocidas y sin colonizar que rodean la cuenca del Amazonas. Núcleos comunistas de este tipo se conocieron en el interior de Brasil (Goiás y Mato Grosso) y en las regiones amazónicas de Colombia (Meta y Caquetá). La tierra, por lo común, no es un problema para estos hombres, porque existe en abundancia para ellos. Es la libertad lo que los empuja hacia el interior. Una libertad que asocian con la única ideología que se les acerca con el mensaje de que los campesinos son hombres que tienen derechos. En términos numéricos estos comunismos de frontera son insignificantes.

El segundo tipo, de una importancia numérica mucho mayor, consiste en comunidades campesinas (vale decir, generalmente indias) que reclaman, o más bien reivindican, sus tierras comunales desde fines de la década de 1950, y a menudo asientan la demanda con la directa ocupación de esas tierras. Estas ocupaciones de antiguas tierras comunales son importantes en la parte india del sur de Chile, en la región andina en general, y especialmente en Perú, donde alcanzaron una dimensión amplia y nacional en 1961-1963. Aquí, una vez más, el objetivo de los campesinos era regresar tan rápido como fuera posible a la agricultura de subsistencia propia de la comunidad, aunque el crecimiento demográfico y el deterioro de las tierras ya de por sí volverían esto imposible aun cuando recuperaran las tierras comunales alienadas. Sin embargo, sería un error considerar tales movimientos como un simple tradicionalismo navegando bajo una bandera roja a falta de otra. El mero hecho de la acción colectiva y positiva de los campesinos es prueba de un autodescubrimiento político y de un deseo de cambios. Es un acto revolucionario de los campesinos, especialmente de los indios, comportarse como si esos términos de acción fueran formas de libertad y de justicia que aplicaban a sí mismos como a los otros hombres, aun cuando es cuestión de algo tan obvio como el derecho legal a determinadas piezas específicas de tierra que les habían sido enajenadas, en un momento del que tenían memoria, por engaño o por fuerza. Más aún, existen evidencias de que este autodescubrimiento político recela un deseo ardiente por reclamar un lugar propio en la modernidad, lo que encuentra expresión en la apasionada y universal campaña en pro del acceso a la educación y el conocimiento. Casi la primera cosa que toda comunidad campesina hace apenas puede es construir una escuela. (Esto ha sido muy notable en Bolivia desde la revolución de 1952.)⁵

El tercer tipo de campesinado rebelde resulta todavía más interesante. Se conforma con los elementos más dinámicos, modernos y orientados al mercado —uno casi podría llamarlos los futuros kulaks de América Latina. Los movimientos campesinos de los contrafuertes orientales de los Andes peruanos (que incluye a la más militante y exitosa de las rebeliones comunistas, la de La Convención) son buenos ejemplos de esto. Consisten en productores indios que han migrado hasta territorios todavía no explotados que ahora se abren rápidamente a los cultivos comerciales (café, té, etc.). El movimiento de La Convención se basó por cierto en el levantamiento de un número limitado de colonos prósperos (arrendires) que reclamaron derechos de arrendatarios contra los latifundistas, derechos que en el clímax de la rebelión se volvieron naturalmente demanda de expropiación de los hacendados. Estos arrendires eran hombres que habían recibido arriendos inseguros en vastos latifundios pagaderos como rentas con su trabajo —tantos días de trabajo en las tierras solariegas del terrateniente—, pero ellos a su vez las subcontrataban a allegados, que eran quienes de hecho realizaban la mayor parte del servicio laboral que iba como pago en el arreglo. Es bastante evidente en áreas donde no es posible la colonización porque la tierra está parcelada ya entre los latifundistas, que existe una tendencia a producir una sociedad campesina estratificada, sin que ello signifique o implique una tendencia hacia la radicalización política colectiva. Lo que da surgimiento a un movimiento agrario revolucionario es la opresiva rigidez del chaleco de fuerza latifundista en el cual los nuevos productores se sienten encerrados.

Queda una masa de ocupantes y arrendatarios campesinos en conflicto con el sistema latifundista que los domina y con los riesgos impredecibles de la nueva o cambiante economía de mercado.

No es ni posible ni necesario analizar aquí todas las complejidades de los problemas agrarios de América Latina, pero pueden hacerse unas pocas observaciones generales. La primera es que el grupo realmente sin tierras, el proletariado rural, se cuenta normalmente entre los menos políticamente dinámicos o fácilmente organizables de los grupos agrarios, excepto quizá en regiones donde son mano de obra para plantaciones muy desarrolladas, donde se organizan con los métodos del sindicalismo urbano. Es el campesino —y no necesariamente el campesino que vive en tierra insuficiente— el que provee el elemento más inmediatamente explosivo. La segunda que el mero minifundismo o la pobreza no son suficientes para producir una rebelión agraria. Es normalmente la yuxtaposición del campesino y de la hacienda (especialmente la hacienda con funciones y estructura cambiante, por ejemplo de explotación extensiva a intensiva, o de plantación directa a explotación por arrendatarios o aparceros) lo que produce la mezcla políticamente inflamable. Así, en Colombia, el departamento de Boyacá, donde predominan pequeñas y medianas parcelas de tierra como unidades de explotación, ha permanecido políticamente conservador, mientras que el departamento del Valle del Cauca, donde coexisten grandes y pequeñas propiedades, ha sido notablemente más rebelde. La tercera es un creciente involucramiento en la economía monetaria y de mercado mundial lo cual, sea cual sea su forma, produce tensiones particulares que no se encuentran en la tradicional economía de subsistencia ni en las viejas e inmutables economías de mercado.

Todo esto provee una base amplia para el levantamiento político, o incluso para la revolución, del campo latinoamericano. La experiencia mexicana muestra que el mero hecho de que antes hubiera existido una reforma agraria no es un freno para los revolucionarios, en la medida en que el proceso de desarrollo económico en el campo haya continuado. Si la insurrección se ve postergada, esto es por el retraso político y cultural del campo con respecto a la ciudad, por su inaccesibilidad y por la habitual incapacidad de los campesinos para cargar sobre sus hombros algo más que iniciativas locales o tradicionales si no cuentan con un liderazgo externo. Es posible que en áreas de emigración masiva la bajada de la presión económica y la pérdida de los cuadros campesinos más dinámicos podía mantener también la temperatura social por debajo del punto de ebullición. Por otro lado, la creciente absorción de las zonas rurales en la política nacional tiende a obrar en la dirección contraria.

III

Sea cual sea el efecto del éxodo rural en el campo, es nada en comparación con su efecto en las ciudades, que se han visto inundadas —en verdad ahogadas— por un flujo de campesinos sin paralelo en la historia demográfica del planeta.

El crecimiento [de las principales ciudades latinoamericanas] no conoce precedentes y es extraordinario [entre 1940 y 1960, São Paulo, por ejemplo, creció de 1,8 millones a cuatro millones, Ciudad de México de 1,5 millones a 4,5 millones, Lima de medio millón a 1,7 millones]. Y otro tanto vale para la tasa general de urbanización. Hacia 1960 Argentina, Chile, Uruguay, Cuba y Venezuela ya tenían una población que era mayoritariamente urbana, y posiblemente otro tanto ocurría con México. Hacia 1970, de conservarse las tendencias actuales, se les sumarán Colombia, Perú e incluso Brasil.

Inevitablemente, tal flujo iba a destruir la vieja estructura social y política de las ciudades […] El proceso de dilución y cambio estructural puede ser ilustrado con el ejemplo de São Paulo. […] Los trabajadores extranjeros, que eran la mayoría hasta la segunda guerra mundial, representaban solamente un 10 % de la fuerza de trabajo veinticinco años después. Su lugar fue ocupado en parte por los nacidos en la ciudad (es decir, por los que en su mayoría eran los hijos de esos inmigrantes extranjeros), pero principalmente por migrantes internos, especialmente como obreros no cualificado […] Era evidente que esta migración masiva no solo probablemente haría estallar los límites de cualquier movimiento sindical preexistente, sino que también destruiría mucho de la unidad de orígenes y estilo de aquel más pequeño y antiguo proletariado. Y así ocurrió. En São Paulo, como en Buenos Aires, los viejos sindicatos fueron barridos por nuevos cuerpos gremiales avalados y financiados por los gobiernos y muchas veces controlados por ellos. Los tradicionales sindicatos socialistas, comunistas y anarquistas del proletariado temprano se veían desplazados a organizar a los obreros más cualificados o a centrarse en actividades marginales de la vida industrial.

Es posible —pero faltan estudios sobre este tema difícil— que el mismo proceso de dilución o despolitización también afectara a las actividades desorganizadas pero políticas de la mano de obra más pobre, como los tumultos y disturbios urbanos. En todo caso, es notable que pocos alborotos y motines —incluso alborotos y motines por pan o alimentos— hubo en las grandes ciudades latinoamericanas durante un período en que la masa de sus habitantes empobrecidos y económicamente marginales se multiplicaba, y la inflación, las más de las veces, estaba fuera de control. Es así que el último gran motín de los pobres que no recibían asistencia alguna ocurrió en Bogotá en 1948 (los motines iniciados por estudiantes son harina de otro costal), y desde entonces la población de la ciudad —y es legítimo decir que con ella la masa de miserables que contiene— aumentó de menos de 650.000 (en 1951) a más de un millón (en 1964). O más bien: hay inquietud y violencia social. Lo que falta, a menos que el liderazgo venga de los estudiantes, de los viejos núcleos de la dirigencia de izquierda (como ocurrió en Niterói, frente a Río de Janeiro), o directamente de arriba abajo desde el gobierno, es la anticuada «turba» del populacho urbano, con un conocimiento nacido de la experiencia acerca de cuáles son los puntos neurálgicos estratégicos y políticos de la ciudad: aquellos donde la turba tendría un efecto máximo.

No hace falta enfatizar que el éxodo rural también (y muy directamente) afecta el patrón de los partidos políticos y los votos. Puede argumentarse que los más característicos líderes y partidos populistas de las décadas de 1940 y 1950, sea cual haya sido su reclamación de interés nacional y rural, representaron en primer lugar a movimientos basados en los pobres urbanos, y, por lo tanto, se apoyaron crecientemente en los nuevos migrantes internos. Esto resulta particularmente claro en el caso de Argentina, donde Perón deliberadamente se convirtió en el vocero de los migrantes internos, los cabecitas negras, contra los habitantes nativos de Buenos Aires, urbanizados y europeizados.

Las posiciones políticas de los migrantes están dictadas naturalmente por su pobreza, por su inseguridad, por las atroces condiciones de vida, y por el odio a los ricos de un gigantesco y constantemente creciente proletariado y subproletariado. Sin embargo, esta es una población que no tenía ningún compromiso previo —ni siquiera un compromiso potencial— con ninguna versión de la política urbana o nacional, y tampoco tenía creencias que pudieran dar forma a esa política. A diferencia incluso de la mayoría de los inmigrantes transatlánticos del siglo XIX, a ellos les faltaba también un nacionalismo potencial, porque no eran extranjeros. A diferencia de los inmigrantes de Europa oriental o meridional llegados a comienzos del siglo XX, les faltaba una tradición nativa de movimientos anarquistas/ socialistas o sindicales que les pudiera dar un sentido colectivo y común en la nueva y extraña tierra que ahora habitaban. Lo que sí tenían, los hábitos y las reacciones del parentesco rural y de la vida comunal, sin duda los ayudó para hacerse un poco menos inconfortable la vida en la gran ciudad al habitar en grupos del mismo pueblo o de la misma provincia, para transferir los principios campesinos de ayuda recíproca al edificio o grupo de edificios hechos con desechos en la favela o en barrios modestos, y también los ayudó de otros modos, pero nunca, por decirlo así, se impuso o ascendió lo suficiente socialmente como para convertirse en una guía para la acción política. Solo entendían las relaciones del liderazgo personal y del patronazgo.⁶ Esto de por sí proveía un enlace entre los mundos políticos de tierra adentro y de la ciudad. Sin contacto con otras tradiciones, como las tradiciones anticaudillistas del liberalismo o del socialismo, los nuevos migrantes internos dirigieron muy naturalmente sus miradas al poderoso paladín, el salvador, el padre de la patria y de su pueblo.

Los políticos, con o sin partidos o movimientos, que han triunfado en ganar el apoyo de las masas varían mucho en sus personalidades y en sus actitudes políticas. Pueden ser oligarcas a la vieja usanza o generales, que se ganaron una reputación ayudando al pueblo con la prodigalidad de su clientelismo, o por la provisión de empleos, o por el tipo correcto de vivienda, y hubo también quienes tuvieron la suerte de coincidir con un período de excepcional prosperidad. En Lima, el general Manuel Odría […] había ganado el apoyo de las barriadas contra la competencia de la APRA, de Acción Popular (AP) y de varios partidos o grupos marxistas. Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina eran viejos oficiales o jefes oligárquicos que se habían dotado de un programa deliberadamente populista; Fulgencio Batista en Cuba (cuyo temprano populismo tiende a ser olvidado a causa de la tiranía en que degeneró) era en realidad algo más raro, un genuino hombre del pueblo —un sargento, no un oficial—. Todos estos, sin embargo, fueron líderes que se establecieron a sí mismos por su acción como gobernantes, pasada o presente, es decir, por la realización y no por la promesa. Esto es también verdad en figuras paternas como Víctor Paz Estenssoro en Bolivia o el mucho más grande Lázaro Cárdenas en México, cuyas reputaciones reposaban sobre sus logros reales como gobernantes. Claramente, el gobierno es el método más fácil para volverse un líder populista en América Latina.

Casos de líderes que hicieran su camino de la oposición a su primera vez en el poder gracias al apoyo de las masas urbanas son mucho más raros todavía, y no solo por la relativa rareza de los gobiernos que llegan al poder por el voto o por la insurrección popular. Jorge Eliécer Gaitán de Colombia es el caso más claro, aunque de hecho su crucial salto al poder —del que habría gozado si no hubiera sido asesinado— había sido hacerse con el liderazgo del Partido Liberal, lo que le habría valido ganar la presidencia en las elecciones nacionales. Esto es más fácil de lograr con un grupo poderoso, aunque sea menor, de seguidores, que lo que es ganar directamente la primera magistratura nacional.⁷ El ascenso de Jânio Quadros en Brasil parece haber sido un caso todavía más nítido, porque no le debía nada a ninguna maquinaria partidaria preexistente, pero desde que ascendió no se mostró simplemente como el adalid de los pobres sino también (al menos en São Paulo) como el abanderado del «gobierno limpio», lo que también protegía intereses de los ricos y de las clases medias: no era, así, el muchacho políticamente descalzo que a veces daba la impresión de ser. […]

Igualmente rara ha sido la forma más políticamente madura de populismo, la combinación de un líder con un movimiento u organización fuertes y permanentes que preceden su llegada al poder. Pueden encontrarse ejemplos —aunque estos hayan conocido muy variados grados de éxito— en los partidos del tipo de la APRA, en el Frente de Acción Popular (FRAP) chileno, acaso en los nuevos partidos de Democracia Cristiana (DC), pero no, muy curiosamente, en los partidos comunistas, cuya relativa falta de éxito puede deberse en parte al rechazo sistemático de aceptar este patrón de política popular. Sus líderes, a lo largo de América Latina, han sido normalmente funcionarios o intelectuales; y el único ejemplo obvio en contrario, Luís Carlos Prestes, es la excepción que confirma la regla convincentemente. Porque este hombre talentoso, que espontáneamente había adoptado el rol de un paladín del pueblo revolucionario de América Latina como un oficial insurrecto primero y después con las aventuras míticas y generadoras de mitos de la «Columna Prestes» que atravesó el interior de Brasil en la década de 1920, se esforzó, tan pronto como se volvió realmente un militante comunista, por adaptarse al estereotipo del Secretario de Partido tal como este acababa de ser establecido por la Internacional Comunista. Sin embargo, retuvo un carisma sustancial para el limitado sector del movimiento obrero.

Podemos concluir por lo tanto, en términos generales, que la experiencia del populismo refleja la relativa pasividad y falta de iniciativa de las masas urbanas, mucho más prontamente movilizadas por un poder existente y que buscara desde arriba la identificación con ellas (o por un dueño del poder que lo hubiera perdido y pretendiera gracias a ellas el recuperarlo) y mucho menos dispuestas o idóneas para elevar a un hombre o un movimiento hasta el máximo poder del Estado. El único caso claro en contrario es el de Colombia, donde el asesinato de Gaitán fue seguido por un incontenible y espontáneo levantamiento de los pobres de Bogotá. Pero la situación que se había desarrollado en Colombia entre 1934 y 1948 era tan claramente una potencial revolución social —y no meramente urbana— desde abajo que los criterios habituales apenas si se aplican a ella.

La inmadurez de las masas también se ve claramente reflejada en la inestabilidad de los «movimientos» que crecieron alrededor de los líderes populistas, cuya relación esencial con sus seguidores era la del orador enfrentando al pueblo en la plaza. […] También hay ejemplos de movimientos populares sólidos y permanentes. La APRA es uno. Sin embargo, el ejemplo más impresionante de un movimiento populista que sobrevivió a la desaparición de su líder es el peronismo, y esto es así porque se transformó en un típico movimiento de trabajadores organizado y basado en los sindicatos que el propio Perón financiaba y controlaba. No obstante, el desarrollo industrial que podría sustentar la base para una transferencia de estas características era raro en América Latina.

Un factor más reduce el potencial explosivo de los migrantes rurales llegados a las ciudades: la obvia superioridad de la vida urbana, aun en la más pestilente barriada o favela o villa miseria, con respecto a la vida en el campo. Esto no es meramente materia de verificación estadística: en ningún otro lugar del planeta es tan grande la brecha entre el ingreso promedio y el consumo promedio urbano y el rural como en América Latina. De acuerdo con un informe de 1964 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), los ingresos promedio en Caracas, por ejemplo, son diez veces más altos que en las áreas rurales, y esta proporción no es de ningún modo inusual en el continente. Tampoco es esta una ventaja de los trabajadores industriales o con empleos regulares, en el sentido estricto de la palabra, que tienden a formar una aristocracia entre los pobres no sin relación con su posicionamiento político en sus propios sindicatos, sean socialistas o de la orientación que sean. La ventaja urbana afecta a la masa de los migrantes. De los migrantes a Buenos Aires un quinto dice que de algún modo han lamentado a veces su decisión de migrar, pero dos tercios están satisfechos con haber migrado.

[…] Sin embargo, la pobreza, el hacinamiento, la inseguridad, la desorganización social y las otras aflicciones de la vida urbana son tales que las masas vastas y embrionarias que siguen derramándose sobre las grandes ciudades no pueden perder su potencial fuerza explosiva. […] Los gobiernos que operan desde los palacios presidenciales en medio de estos crecientes anillos o cordones de indigencia y odio no miran alrededor suyo sino con un sentimiento de intranquilidad y malestar. En los últimos tiempos ha habido pocas insurrecciones urbanas, pero los acontecimientos de la ciudad de Santo Domingo de mayo de 1965 demuestran que las masas urbanas acaso no hayan perdido nada de su potencial poder.

Ahora podemos resumir esta discusión acerca del impacto de las masas rurales y ex rurales sobre la política de América Latina. A primera vista, ese impacto ha sido comparativamente leve, aunque en las ciudades generó un nuevo electorado y nuevos clientes para los líderes y movimientos políticos — a menudo de tipo populista— que han transformado la escena política oficial en varias de las repúblicas. Uno podría ir tan lejos como hasta sugerir que, mientras que en los primeros estadios de los cambios sociales que siguieron a la crisis de 1930 —digamos, de 1930 a 1950— podría haberse generado una radicalización de la política latinoamericana, de la cual vemos un reflejo en varias revoluciones, exitosas o abortadas, y en cambios de régimen,⁸ en los estadios posteriores podrían haber llevado a una aparente disminución de la temperatura social. Esa disminución es solo aparente. El potencial explosivo del campo puede estar disminuyendo, a causa de su rápido despoblamiento relativo, pero no sus posibilidades como base para una acción guerrillera. El potencial explosivo de las ciudades disminuiría solo si la industrialización de las repúblicas fuera capaz de proveer empleo a la tasa de la migración, o si se volvieran disponibles otras fuentes alternativas de empleo. Hasta ahora, no es el caso ni de lo uno ni de lo otro.

Socialmente hablando, los países de América Latina forman una pirámide de base amplia, que rápidamente se adelgaza hacia arriba, excepcionalmente pobre en la base, excepcionalmente rica en la punta, y no muy rica en el medio. […] Parece poco probable que esta situación provea las bases de sistemas sociales y políticos estables. Es más que probable que la tregua en la política de masas —una tregua que incluso la revolución cubana hizo poco para perturbar— pruebe que es solo temporal. Cuando termine, el observador puede esperar fervientemente que produzca algún tipo de solución y no una de aquellas reincidencias en la anarquía que no son de ningún modo desconocidas en la historia latinoamericana y de las cuales Colombia es, desde 1948, un ejemplo de los más trágicos.

1967

[Las notas de la publicación original de este ensayo han sido suprimidas en la versión que figura en este volumen.]

IV. Revoluciones y revolucionarios

18

La revolución mexicana

La revolución que comenzó en México en 1910 atrajo poca atención extranjera fuera de los Estados Unidos, en parte porque diplomáticamente Centroamérica era exclusivo patio trasero de Washington («Pobre México», su dictador derrocado había exclamado, «tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos»), y en parte porque inicialmente las implicaciones de la revolución no estaban del todo claras. No parecía haber una distinción evidente de inmediato entre esto y los otros ciento catorce cambios violentos de gobierno en la América Latina del siglo XIX que todavía forman la clase más grande de eventos comúnmente conocidos como «revoluciones».¹ Además, para cuando la revolución mexicana había emergido como un importante trastorno, el primero de su tipo en un país campesino del tercer mundo, iba a ser eclipsado por los acontecimientos en Rusia.

Y, sin embargo, la revolución mexicana es significativa, porque nació directamente de las contradicciones dentro del mundo del imperio, y porque fue la primera de las grandes revoluciones en el mundo colonial y dependiente en el que las masas trabajadoras desempeñaron un papel principal. Porque si bien los movimientos antimperialistas y lo que luego se llamarían liberación colonial se desarrollaron dentro de los viejos y nuevos imperios coloniales de las metrópolis, aún no parecían amenazar seriamente el dominio imperial.

[…]

Donde el imperialismo global estaba en su punto más vulnerable era en la zona gris del imperio informal más que formal, o lo que después de la segunda guerra mundial se llamaría «neocolonialismo». México era ciertamente un país dependiente económica y políticamente de su gran vecino, pero técnicamente era un Estado soberano e independiente con sus propias instituciones y decisiones políticas. Era un Estado como Persia en lugar de una colonia como la India. Además, el imperialismo económico no era inaceptable para sus clases dominantes nativas, ya que era una potencial fuerza modernizadora. Para toda América Latina, los terratenientes, comerciantes, empresarios e intelectuales que constituían las élites y clases dominantes locales soñaban con lograr ese progreso que daría a sus países, que sabían que eran atrasados, débiles, sin respeto y al margen de la civilización occidental de la cual se vieron a sí mismos como parte integral, la oportunidad de cumplir su destino histórico. El progreso significó Gran Bretaña, Francia y, cada vez más claramente, Estados Unidos. Las clases dominantes de México, especialmente en el norte, donde la influencia de la economía estadounidense vecina era fuerte, no tenían objeción en integrarse en el mercado mundial y, por lo tanto, en el mundo del progreso y la ciencia, incluso despreciando la grosería poco caballeresca de los empresarios y políticos gringos. De hecho, después de la revolución iba a ser la «pandilla sonorense», jefes de la clase media agraria más avanzada económicamente de la zona más septentrional de los estados de México, la que surgió como el grupo político decisivo en el país. Por el contrario, el gran obstáculo para la modernización fue la gran masa de la población rural, inmóvil e inamovible, total o parcialmente india o negra, sumida en la ignorancia, la tradición y la superstición. Hubo momentos en que los gobernantes e intelectuales de América Latina, como los de Japón, perdieron la esperanza en su pueblo. Bajo la influencia del racismo universal del mundo burgués soñaron con una transformación biológica de sus poblaciones que les permitiría progresar: mediante la inmigración masiva de personas de origen europeo en Brasil y en el Cono Sur, mediante el mestizaje masivo con los blancos en Japón.

Los gobernantes mexicanos no se sentían particularmente atraídos por la inmigración masiva de blancos, que muy probablemente serían norteamericanos, y en su lucha para independizarse de España ya habían buscado la legitimación en un pasado prehispánico independiente y en gran parte ficticio identificado con los aztecas. Por lo tanto, la modernización mexicana dejó el sueño biológico a los demás y se concentró directamente en los beneficios, la ciencia y el progreso mediados por la inversión extranjera y la filosofía de Auguste Comte. El grupo de los llamados «científicos» se dedicó a estos objetivos. Su indiscutido jefe político desde la década de 1870, es decir, durante todo el período del gran avance de la economía imperialista mundial, fue el presidente Porfirio Díaz. Y, de hecho, el desarrollo económico de México bajo su presidencia había sido impresionante, por no mencionar la riqueza que algunos mexicanos derivaban de ella, especialmente aquellos que estaban en condiciones de jugar contra grupos rivales de empresarios europeos (como el petróleo británico y el magnate de la construcción Weetman Pearson) uno contra el otro y contra los norteamericanos cada vez más dominantes.

Entonces, como ahora, la estabilidad de los regímenes entre el río Grande y Panamá se vio comprometida por la pérdida de buena voluntad en Washington, que era militantemente imperialista y opinaba que «México ya no es más que una dependencia de la economía estadounidense».² Los intentos de Díaz de mantener a su país independiente jugando contra la capital europea y contra la norteamericana lo hicieron extremadamente impopular al norte de la frontera. El país era demasiado grande para la intervención militar, que Estados Unidos practicaba con entusiasmo en los Estados más pequeños de América Central, pero, en 1910, Washington no estaba de humor para desalentar a los que lo deseaban (como Standard Oil, irritada por la influencia británica en lo que ya era uno de los principales países productores de petróleo) y podrían ayudar al derrocamiento de Díaz. No hay duda de que los revolucionarios mexicanos se beneficiaron enormemente de una frontera norte amigable; y Díaz era aún más vulnerable porque, después de ganar el poder como líder militar, había permitido la atrofia del ejército, ya que, comprensiblemente, suponía que los golpes militares eran un peligro mayor que las insurrecciones populares. Fue su mala suerte que se viera enfrentado a una importante revolución popular armada que su ejército, a diferencia de la mayoría de las fuerzas latinoamericanas, no pudo aplastar.

Que se encontró frente a una revolución se debió precisamente a los sorprendentes desarrollos económicos que había presidido con tanto éxito. El régimen había favorecido a los propietarios de haciendas con mentalidad empresarial (hacendados), tanto más cuanto que el boom global y el desarrollo ferroviario sustancial convirtieron extensiones de tierra antes inaccesibles en tesoros potenciales. Las comunidades rurales libres, principalmente en el centro y sur del país, que habían sido preservadas bajo la ley real española, y probablemente reforzadas en las primeras generaciones tras la independencia, fueron sistemáticamente despojadas de sus tierras durante una generación. Debían ser el núcleo de la revolución agraria que encontró un líder y portavoz en Emiliano Zapata. Dio la casualidad de que dos de las áreas donde la agitación agraria era más intensa y se movilizaba fácilmente, los estados de Morelos y Guerrero, estaban a corta distancia de la capital y, por lo tanto, estaban en condiciones de influir en los asuntos nacionales.

La segunda área de disturbios fue en el norte, rápidamente transformada (especialmente después de la derrota de los indios apaches en 1885) de una frontera india a una región fronteriza que por su dinámica económica vivía en una especie de simbiosis dependiente con las áreas vecinas de los Estados Unidos. Contenía muchos descontentos potenciales: la lucha india de las antiguas comunidades ubicadas en las fronteras, ahora privadas de su tierra, los indios yaquis resentidos de su derrota, la nueva y creciente clase media, y el considerable número de hombres libres y seguros de sí mismos que a menudo poseen sus tierras, pistolas y caballos, que se podían encontrar en ranchos vacíos y en países mineros. Pancho Villa, bandido, ladrón y eventualmente general revolucionario, era un ejemplo típico de estos. También había grupos de propietarios poderosos y ricos como los Madero, quizá la familia más rica de México, que competían por el control de sus estados con el gobierno central o con los locales de los hacendados.

Muchos de estos grupos potencialmente disidentes eran de hecho beneficiarios de la era porfiriana de inversiones extranjeras masivas y crecimiento económico. Lo que los convirtió en disidentes, o más bien lo que transformó una lucha política contra la reelección o el posible retiro del presidente Díaz en una revolución, fue probablemente la creciente integración de la economía mexicana en la economía mundial (o más bien en la de los Estados Unidos). Como sucedió, la depresión económica estadounidense de 1907-1908 tuvo efectos desastrosos en México: directamente en el colapso de los mercados mexicanos y el aprieto financiero en la empresa mexicana, indirectamente en la avalancha de trabajadores mexicanos sin un sueldo que regresaban a casa después de perder sus empleos en los Estados Unidos. La crisis moderna y antigua coincidió: la depresión cíclica y las cosechas arruinadas, con los precios de los alimentos más allá del alcance de los pobres.

Fue en estas circunstancias que una campaña electoral se convirtió en un terremoto. Díaz, tras haber permitido equivocadamente las campañas públicas de la oposición, «ganó» con facilidad en las elecciones contra el principal opositor, Francisco Madero, pero la insurrección del candidato derrotado se convirtió, para sorpresa de todos, en una revuelta social y política en las zonas fronterizas del norte y los rebeldes del centro campesino que ya no pudo ser controlada. Díaz cayó. Madero, que ocupó la presidencia, pronto será asesinado. Estados Unidos buscó pero no logró encontrar entre los generales y políticos rivales a alguien que fuera suficientemente flexible o corrupto y capaz de establecer un régimen estable. Zapata redistribuyó la tierra a sus seguidores campesinos en el sur, Villa expropió haciendas en el norte cuando le convenía pagarle a su ejército revolucionario, y afirmó, como un hombre surgido de los pobres, que estaba cuidando el suyo. En 1914, nadie tenía la menor idea de lo que iba a suceder en México, pero no cabía duda de que el país estaba convulsionado por una revolución social. La forma del México posrevolucionario no se aclararía hasta fines de la década de 1930.

1987

NOTA DE LESLIE BETHELL: En La era de los extremos (1994) Eric Hobsbawm escribió: «El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) revivió este dinamismo original de la primera revolución mexicana, especialmente en materia de reforma agraria […] La reforma agraria más cercana al ideal campesino fue probablemente la mexicana de la década de 1930, que otorgó la tierra común de manera inalienable a las comunidades de las aldeas para organizarse como quisieran (ejidos), mientras que los campesinos asumidos se dedicaban a la agricultura de subsistencia» (pp. 105, 307).

19

La revolución cubana

y sus secuelas

Después de 1945, el primer y principal modo de lucha revolucionaria en el denominado tercer mundo, tanto para los adversarios de la revolución como para los revolucionarios, pareció haber sido la guerra de guerrillas. Una «cronología de las principales guerras de guerrilla» compilada a mediados de la década de 1970 contó treinta y dos desde el fin de la segunda guerra mundial. Solo tres (la guerra civil griega a finales de los cuarenta, la batalla de Chipre contra Gran Bretaña en la década de 1950 y el Ulster en 1969) fueron fuera de Europa y Estados Unidos.¹ Esta lista se podría haber ampliado fácilmente. […]

Durante el tercer cuarto del siglo XX todos los ojos estaban puestos en las guerrillas. Sus tácticas, sin embargo, fueron poderosamente difundidas por los ideólogos de la izquierda radical, críticos de las políticas soviéticas. Mao Tse-tung (después de su ruptura con la URSS) y, luego de 1959, Fidel Castro, o más bien su camarada, el apuesto y peripatético Che Guevara (1928-1967), inspiraron a estos activistas.

La década de 1950 rebosó de guerras de guerrillas en el tercer mundo, prácticamente en todos los países coloniales en los que, por una razón u otra, los ex poderes coloniales o los habitantes locales resistieron en paz la descolonización: Malasia, Kenia (el movimiento Mau Mau) y Chipre al desmantelar el imperio británico; las mucho más graves guerras en Argelia y Vietnam con el imperio francés. Curiosamente, fue un movimiento relativamente pequeño, atípico pero exitoso, el que puso la estrategia de la guerrilla en las primeras páginas del mundo: la revolución que se apoderó de la isla caribeña de Cuba el 1 de enero de 1959. Fidel Castro era una figura para nada común: un joven fuerte y carismático, de buena familia terrateniente, cuyo pensamiento político resultaba nebuloso pero que estaba decidido a demostrar su valentía personal y ser un héroe de cualquier causa en defensa de la libertad contra la tiranía, presentándose el momento adecuado. Incluso sus consignas («Patria o muerte» —originariamente «Victoria o muerte»— y «Venceremos») pertenecen a una época de liberación más antigua, y resultaban admirables pero faltas de precisión. Después de un período oscuro entre los llamados gánsteres de la política estudiantil de la Universidad de La Habana, optó por la rebelión contra el gobierno del general Fulgencio Batista (una figura familiar y tortuosa en la política cubana desde su debut con un golpe militar en 1933 como, en ese entonces, sargento Batista), quien había tomado el poder nuevamente en 1952 y derogado la Constitución.

El enfoque de Fidel fue el de un activista: un ataque contra un cuartel del ejército en 1953, la cárcel, el exilio y la invasión de Cuba por una fuerza guerrillera que, en su segundo intento, se estableció en las montañas de la provincia más remota. Esa avanzada débil y muy mal preparada valió la pena. En términos puramente militares, el cambio fue modesto. El Che Guevara, un médico argentino y líder guerrillero altamente dotado, se propuso conquistar el resto de Cuba con 148 hombres, llegando a trescientos en el momento en que prácticamente lo había logrado. Los propios guerrilleros de Fidel solo conquistaron su primer pueblo de mil habitantes en diciembre de 1958.² Lo máximo que demostró en 1958, aunque fue mucho, fue que una fuerza irregular podía controlar un gran «territorio liberado» y defenderlo contra una ofensiva de, hay que decirlo, un ejército más bien desmoralizado.

Fidel ganó porque el régimen de Batista era frágil, carecía de todo apoyo real (excepto que estaba motivado por la conveniencia y el interés propios) y estaba dirigido por un hombre que se había vuelto perezoso debido a la prolongada corrupción. Se vino abajo tan pronto como la oposición de todos los signos políticos en el interior de la burguesía democrática (en contra de los comunistas unidos en contra de él y de los agentes del propio dictador, de los soldados, los policías y torturadores) concluyeron que era tiempo de irse. Fidel demostró que todo se había acabado y, naturalmente, sus fuerzas heredaron el gobierno. Un mal régimen que pocos apoyaban había sido derrocado. La mayoría de los cubanos sintió la victoria del ejército rebelde genuinamente como un momento de liberación y de promesa infinita, encarnadas en su joven comandante. Probablemente ningún líder en el corto siglo XX, una era llena de figuras carismáticas que salían a los balcones y hablaban con micrófonos, idolatrados por las masas, tuvo menos oyentes escépticos u hostiles que este hombre grande, barbudo, impuntual, vestido con ropas arrugadas de soldado, y que hablaba durante horas, compartiendo sus pensamientos poco sistemáticos con las multitudes atentas e incondicionales (incluyéndome a mí). Por una vez la revolución se vivía como una luna de miel colectiva. ¿Adónde llevaría? Debía ser a algún lugar mejor.

Los rebeldes latinoamericanos de la década de 1950 se vieron atraídos inevitablemente no solo por la retórica de sus liberadores históricos, desde Bolívar hasta el propio José Martí de Cuba, sino por la tradición antimperialista y social-revolucionaria de la izquierda posterior a 1917. […] Aunque radical, ni Fidel ni ninguno de sus camaradas eran comunistas ni (con dos excepciones) afirmaron siquiera tener algún tipo de simpatías marxistas. De hecho, el Partido Comunista Cubano, el único partido de masas de ese tipo en América Latina además del chileno, fue notablemente antipático hasta que algunas de sus partes se unieron en la campaña, aunque bastante tarde. Las relaciones entre ellos fueron decididamente frías, si no heladas. Los diplomáticos y los asesores de política de los Estados Unidos debatieron constantemente si el movimiento era o no procomunista: si lo era, la CIA, que ya había derrocado a un gobierno reformista en Guatemala en 1954, sabía qué hacer, pero concluyó con claridad que no lo era.

Sin embargo, todo el movimiento fidelista se orientaba al comunismo, desde la ideología social-revolucionaria general de aquellos que probablemente emprenderían insurrecciones guerrilleras armadas hasta el anticomunismo apasionado de los Estados Unidos de la década del senador McCarthy, que automáticamente inclinó a los rebeldes latinoamericanos a considerar a Marx más amablemente. La guerra fría global hizo el resto. Si el nuevo régimen rivalizara con los Estados Unidos, lo que era casi seguro que haría, aunque solo fuera amenazando las inversiones estadounidenses, podría contar con la simpatía y el apoyo casi garantizado del gran antagonista de los Estados Unidos. Además, la forma de gobierno de Fidel, mediante monólogos informales ante miles de personas, no era la manera de ejecutar una revolución ni siquiera en un país pequeño o por un período prolongado. Incluso el populismo necesita organización. El Partido Comunista era el único cuerpo de bando revolucionario que podía proporcionársela. Los dos se necesitaban el uno al otro, y convergieron. No obstante, en marzo de 1960, mucho antes de que Fidel descubriera que Cuba iba a ser socialista y que él mismo era comunista, los Estados Unidos habían decidido tratarlo como tal, y la CIA fue autorizada a organizar su derrocamiento. Lo intentó en 1961 por medio de una invasión de exiliados en la bahía de Cochinos, y fracasó. Una Cuba comunista sobrevivió a solo setenta millas de Key West, aislada por el bloqueo de los Estados Unidos, y se volvió cada vez más dependiente de la URSS.

Ninguna revolución podría haber estado mejor diseñada para atraer a la izquierda del hemisferio occidental y los países desarrollados, al final de una década de conservadurismo global; o para hacer mejor publicidad de la estrategia guerrillera. La revolución cubana lo tenía todo: romance, heroísmo en las montañas, ex líderes estudiantiles con la generosidad desinteresada de su juventud —el mayor tenía apenas treinta años—, unas gentes jubilosas, en un paraíso turístico tropical que palpitaba con ritmos de rumba. Y así era: iba a ser aclamado por todos los revolucionarios de izquierda.

De hecho, era muy probable que fuera también aclamado por los críticos de Moscú, hartos ya desde hacía mucho por la política soviética de coexistencia pacífica entre ese régimen y el capitalismo. El ejemplo de Fidel inspiró a los intelectuales militantes en toda América Latina, un continente de triggers-fingers y un gusto por la valentía desinteresada, en especial respecto a poses heroicas. En poco tiempo Cuba comenzó a alentar la insurrección continental, impulsada por Guevara, el campeón de la revolución panamericana y la creación de «dos, tres, muchos Vietnam». Una ideología adecuada, aportada por un brillante joven izquierdista francés (Régis Debray), sistematizó la idea de que, en un continente maduro para la revolución, todo lo que se necesitaba era la importación de pequeños grupos de militantes armados a las montañas propicias que formaran focos para la lucha de liberación masiva.³

En toda América Latina, grupos entusiastas de jóvenes se lanzaron a hacer guerras de guerrillas conformadas bajo los mismos rasgos, con estandartes de Fidel, o Trotski o Mao Tse-tung. Excepto en América Central y en Colombia, donde ya existía una antigua base de apoyo campesino a los ejércitos irregulares, la mayoría de esos proyectos fracasaron casi de inmediato, dejando atrás los cadáveres de la fama —el Che Guevara en Bolivia; el igualmente apuesto y carismático sacerdote rebelde Camilo Torres en Colombia—, y lo desconocido. Fue una estrategia espectacularmente mal concebida, tanto más porque, dadas las condiciones adecuadas, los movimientos guerrilleros efectivos y duraderos eran posibles en muchos de estos países, como lo ha demostrado la (oficial comunista) FARC (Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana) en Colombia desde 1964, y el movimiento (maoísta) Sendero Luminoso en el Perú de los años ochenta.

1994

20

Un duro: el Che Guevara

El Che Guevara se volvió leyenda mucho más rápido que cualquier otro revolucionario de nuestra generación —acaso la excepción sea Patrice Lumumba—, y, por cierto, más espontáneamente que ningún otro. Esto se hizo evidente a los pocos días de su muerte. Esa rapidez muy poco común ofrece indudablemente a los historiadores y sociólogos mucho que pensar e investigar, pero más allá de las razones que expongan, una cosa es cierta: el mito del Che tiene puntos de contacto bastante escasos con la realidad. Hay consenso en que era un valiente, apuesto y relativamente joven intelectual y revolucionario que dio su vida por la liberación de los oprimidos. Y ahí se termina el consenso.

La imagen que surge y predomina entre los jóvenes con conciencia política es la del Che como modelo de rebelión que rechaza las convenciones burguesas, la doctrina del viejo comunismo y la burocracia, abandona la rutina para optar por la vida en la guerrilla, y la oficina ministerial por el campamento en la selva. Su pelo largo y su barba conquistaron el corazón de los hippies, adornado con arreglos art nouveau y luces de colores primarios. Podría decirse que esta imagen del Che corresponde a la del héroe de los revolucionarios posestalinistas y los disidentes si la nueva izquierda no fuera un conglomerado de tantos elementos ideológicos completamente distintos. Ciertamente, el Che apela a todos sus componentes, pero quizá con especial fuerza a ese sector romántico, libertario y de vanguardia que parece conformar una parte tan vasta de ese movimiento de jóvenes de clase media.

La imagen de Guevara debe mucho al halo romántico, por no decir byroniano: Camiri es el Missolonghi de la década de 1960. Y aquí radica el error. El Che fue realmente un revolucionario, pero su referencia mayor no fue Byron, ni los estudiantes de Berkeley, ni siquiera Bolívar: fue Lenin.

Todavía no podemos rastrear el camino de su conversión o convergencia con el «bolchevismo»: la palabra tiene la intención de etiquetar un enfoque político que está en el polo opuesto al de libertario. A pesar de las influencias marxistas que pudo haber absorbido en la universidad argentina o, más probablemente, en el ambiente trotskista de su primer matrimonio, no afirmó haber sido muy marxista cuando se unió a la expedición de Fidel; ni es probable que alguien profundamente involucrado en alguna organización comunista, ortodoxo o heterodoxo, se hubiera lanzado en ese momento con una resolución tan «espontánea y algo lírica» en lo que parecía una aventura a medio hacer. Sin embargo, parece haber sido algo más marxista que la mayoría de sus camaradas, tal vez por sus contactos guatemaltecos y sus experiencias, y de hecho salió de Sierra Maestra convencido, y desarrolló su conocimiento de la literatura marxista en los círculos de lectura a los que asistía muy diligentemente como ministro de Industria. Su convergencia con el bolchevismo es aún más sorprendente, ya que claramente no le impresionaban las diversas organizaciones comunistas con las que había entrado en contacto, y de cuyo potencial revolucionario dudaba. Acaso la explicación más probable es que fue la propia lógica de ser un revolucionario sistemático lo que condujo a similares conclusiones tanto en América Latina como en la Rusia zarista o en China.

La convergencia fue resultado de una estrategia —y aquí se encuentra más próxima a Mao que a Lenin— y la vez de lo que puede ser llamado «estilo». El estilo tradicional del bolchevismo fue sistemáticamente antirromántico y antirretórico: o más bien, soterró ese «gran sentimiento de amor», que el Che consideraba la principal motivación del (intelectual) revolucionario, por debajo de la «fría cerebralidad» y de la capacidad de «tomar decisiones dolorosas sin mover un músculo» del militante eficaz. Su ideal era el de un revolucionario profesional móvil («que cambia de países con más frecuencia que los zapatos», según decía Brecht), para quienes la revolución era una vocación, la disposición para darle a la vida parte de sus cualidades y la idea de que la lucha no es exaltación de heroísmo, sino la eficiencia práctica de las acciones, del trabajo. Un hombre miedoso no sirve para la guerrilla. Los Pasajes de la guerra revolucionaria¹ no pierden el tiempo con el problema del miedo. Por el contrario, tuvo, como él mismo denota, una debilidad por el heroico Camilo Cienfuegos, quien «no medía el peligro; era un juego para él, jugaba con él, lo manejó como un torero al toro: su personaje lo mató». Los Pasajes no dicen nada acerca de su propia valentía suicida, una concesión a la naturaleza humana latinoamericana no reconstruida: pero lamenta que nunca se volviera lo suficientemente meticuloso en el cuidado de sus armas.

El bolchevismo era un estilo duro, y Guevara se hizo un hombre duro. La rebelión es inútil sin disciplina, organización y liderazgo: el cuadro de la vanguardia revolucionaria. Resulta inútil a menos que sea eficiente y esté preparado para no reconocer límites a su deber, y no hay recompensas materiales por las acciones. Sus memorias son básicamente un conjunto de variaciones sobre el tema de que el entusiasmo no es suficiente y que las guerrillas no pueden subsistir sin disciplina (la pena por infracción es la muerte), conocimiento práctico del trabajo y un puritanismo voluntario, aunque también son una admisión de que estos conflictos son los motivos que en realidad llevaron a la mayoría de los combatientes al Ejército Rebelde.

La revolución era, por lo tanto, una vocación de tiempo completo, incompatible (excepto en raros momentos de ocio) con las mercedes de la vida. Guevara, joven baudelairiano, se convirtió en un puritano, y unió sus intereses de intelectual con los requisitos de la lucha. Quizá de manera excesiva y ostentosa, solo porque era un intelectual, con mente de primer nivel y a su vez, cuando se dejaba llevar, con estilo de emotividad poderosa y controlada. Podía escribir con prosa de poeta clásico. Sin embargo, sus opiniones extrañas y lapidarias sobre la cultura y las artes no muestran la más mínima simpatía por esa identificación del arte de vanguardia y la política de vanguardia que sostienen tantos jóvenes intelectuales rebeldes, o por la «libertad» como una alternativa al realismo socialista, sobre el cual era naturalmente desdeñoso. A lo sumo estaba dispuesto a admitir que la «recaída en la decadencia del siglo XX […] no es un error excesivamente serio, pero debemos superarlo, con el dolor de abrirle las puertas de par en par al revisionismo».

Para resumir el asunto brevemente, en el debate eterno que divide la izquierda revolucionaria en ortodoxa y heterodoxa, calvinista y anabaptista, jacobina y sans-culotte, marxista y bakuniniana, el Che estuvo firmemente del lado de la primera y en contra de la segunda. Esto está hasta tal punto oscurecido, no solo por el ambiente predominante del movimiento de jóvenes rebeldes y disidentes que han elegido al Che como uno de sus símbolos y que es en gran parte heterodoxo y libertario, sino también por la estrategia específica y táctica de la revolución por medio de la guerrilla voluntaria, esa acción con la que su nombre está principalmente asociado. Sin embargo, esto también refuerza el paralelismo con el bolchevismo. Sin duda, es cierto que una gran dosis de voluntarismo es un rasgo característico de la tradición libertaria, ansiosa por liberar al individuo de las cadenas de la Historia u otra predeterminación. Pero también es característico el estilo jacobino de los revolucionarios, que hacen hincapié en el papel de la iniciativa, en la organización, el liderazgo y el sentido estratégico, en contra de la acción paralizante y las certezas de la inevitabilidad histórica; especialmente cuando, como antes de 1914 y hoy, la inevitabilidad histórica no parece predecir el colapso inminente del enemigo. El Che creía estrictamente en el materialismo histórico, como Lenin, pero Lenin también fue criticado por favorecer golpes armados hechos por élites voluntarias.

Sería innecesario enfatizar esta afiliación del Che a la escuela de la revolución clásica en oposición a la romántica si no hubiera sido adoptado como un símbolo por parte de los románticos. Resulta engañoso infligirle a la cubierta de sus memorias su muy inusual peroración retórica. El tono general de sus escritos, y sus arengas, era duro y directo, de una claridad sistemática, incluso pedagógica, y logró una buena prosa debido a una admirable economía que combinó con una afortunada ausencia de jerga. Estas memorias, sin embargo, no son la más feliz introducción a su obra. No son Historia, sino una historia personal, un registro de acontecimientos pensados para alentar a otros a volcar sus propias experiencias antes de que la memoria se desvanezca y la materia prima disponible de la Historia se disipe. Por eso falta el cierre y el razonamiento sistemático, que es la fuerza de sus escritos más plenamente logrados.

Este volumen de memorias modestas y fragmentarias ha sido engrosado por el editor con un cierto número de piezas de diferente naturaleza, más o menos conectadas a la experiencia del combate de la guerrilla cubana, sin preocuparse por fecharlas, y no siempre traducidas de manera confiable. Resulta improbable que el Che hubiera deseado publicar un libro que ofreciera un relato tan imperfecto de la guerrilla cubana hasta el punto de ser en verdad desorientador, pero en todo caso este y no otro es el libro que ha sido publicado. Parece lamentable que los editores de esta colección no fijaran previamente algún tipo de criterio o perspectiva tanto en una introducción o incluyendo aquí alguno de los artículos donde el Che ofrece su propia síntesis de la revolución cubana: por ejemplo, las admirables «Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana».

Sin embargo, por más imperfecto que resulte este libro, provee algunas pistas para armar el rompecabezas: cómo fue que un revolucionario tan capaz, clarividente, práctico y poco proclive al suicidio pudo terminar de la manera que terminó. Estas Reminiscences revelan una situación inusualmente fácil para los rebeldes cubanos de fines de la década de 1950: un sistema al borde del colapso y preparado para aceptar cualquier forma alternativa de gobierno con tal de que fuera eficaz. A causa de razones técnicas que fueron mejor tratadas por el propio Che en su Guerra de guerrillas, las ciudades, dotadas de una organización mucho más fuerte, no podían derrocar a gobernantes que retuvieran el mando del ejército y de la policía. Como contrapartida resulta claro que por sí mismos unos pocos centenares de guerrilleros —por ejemplo las dos columnas de ochenta y ciento cuarenta hombres que encabezaron la expedición rumbo a Las Villas— no podían significar una amenaza militar decisiva para ningún régimen estable. Significaron una decisiva amenaza política tan pronto como supieron ubicarse a sí mismas como eje de un gobierno alternativo, con el cual todos se mostraron rápidamente bien dispuestos a pactar antes de que fuera demasiado tarde. Fidel, con mucha razón, se negó a negociar con el gobierno, al que no le dejó otra opción más que la capitulación, pero el viejo Estado cubano estaba listo para colapsar en sus brazos, y tanto más porque —equivocadamente— el castrismo no había sido por entonces reconocido como socio revolucionario. Bajo estas circunstancias, la elección táctica y estratégica de los revolucionarios podría haberse reducido a ubicarse en un punto entre la insurrección urbana y la guerra de guerrillas, entre la negociación y la intransigencia, y el objetivo de los guerrilleros podría haberse limitado a establecerse a sí mismos como vencedores potenciales del conflicto, y a demostrar que ninguna otra forma de oposición, fuera armada o pacífica, sería capaz de establecerse a sí misma como un régimen viable para Cuba.

De lo anterior no se sigue que en condiciones diferentes y políticamente más complejas (aun dejando de lado la determinación de los Estados Unidos de no participar nuevamente en un conflicto interno) una guerrilla revolucionaria sería igualmente exitosa siguiendo este método. Pero sí que las lecciones del movimiento de Fidel Castro tienen algunos valores de aplicación general. Tampoco se sigue que el modelo de la guerrilla cubana sea el único. Por ejemplo, como lo ha reconocido Régis Debray, es totalmente diferente del vietnamita. Así, es por lo menos defendible la posición de que en un país como Bolivia, donde una fuerza guerrillera podría llegar a ser esencial para el buen éxito de una segunda revolución, su rol muy posiblemente resultará subordinado a otros focos de insurrección y por lo tanto sería equivocado insistir aquí en igualar guerrilla y alto mando político. Y, como el mismo Guevara advirtió, «lo único que la Historia no admite es que los analistas y ejecutores de la política del proletariado se equivoquen».

Afortunadamente, su logro póstumo puede ser el haber demostrado el error de su propio axioma. Es verdad que la teoría táctica de la revolución o «teoría del gambito» (por la cual el planeado sacrificio de un Pearse o un Connolly es lo que hace posible la liberación de Irlanda) generalmente no hace mucho más que racionalizar ex post facto una derrota. Sin embargo, ni está siempre equivocada, ni es totalmente errónea, aunque no hay signos o rastros en los escritos de Guevara de que él la suscribiera. El Che muerto sigue siendo una fuerza política, aunque de un tipo diferente, y menor, que el Guevara vivo. Sigue siendo una imagen y modelo inspirador, y un luchador y pensador revolucionario cuyas palabras y acciones merecen ser estudiadas seriamente: lo que significa, incluso para aquellos que más simpatizan con su causa, un estudio crítico. Desafortunadamente, en la estela de su muerte está el riesgo de que la imagen oscurezca la realidad. Sería una pena si pasara esto.

Abril de 1968

21

La guerrilla en América Latina

El tema de la guerrilla de la década de 1960 en América Latina y el de las teorías que se asocian a los nombres de Régis Debray y el Che Guevara resultan controvertidos. Se trata de una cuestión oscura y confusa. Acaso las notas que siguen resulten útiles. Están formuladas de manera un tanto apodíctica, para privilegiar la brevedad. Las llamaremos así: Doce errores habituales acerca de la guerrilla en América Latina, o más exactamente en Sudamérica, ya que conozco muy poco acerca de la situación en América Central como para argumentar sustancialmente.

1. Que el campesinado en América Latina es «pasivo»

Existe muchísima evidencia que muestra lo contrario, aunque esto no implique que las poblaciones de agricultores pobres sean o hayan sido uniformes e igualmente activistas en todas partes. Geográficamente, existe una tradición de rebelión campesina endémica en algunas regiones de México y en una vasta zona de la región andina con densa población india, en especial en Perú. Más allá de muy excepcionales episodios como el levantamiento de Túpac Amaru hacia finales del siglo XVIII, la mayoría de esas rebeliones e insurrecciones son virtualmente desconocidas, pero esto se refleja en la historiografía de las tierras andinas y no en la de su campesinado. El más reciente ejemplo de generalizado (pero descentralizado) activismo campesino en Perú data de principios de la década de 1960. No obstante, puede ser cierto que algunos tipos de campesinado resulten particularmente bien dispuestos para la rebelión, por ejemplo (como dice bien Eric Wolf ) el tradicionalista «campesinado medio», nunca suficientemente vinculado a la economía de mercado del nuevo capitalismo, como el kulak, pero tampoco demasiado pobre, precario, oprimido y socialmente desorganizado. Los jornaleros sin tierra pero estables o los trabajadores de las plantaciones componen la base de los sindicatos rurales, no la de la rebelión campesina. Las organizaciones comunales que se ven amenazadas desde fuera tienden a ser potencialmente un tanto activistas. Lo mismo que los colonos individuales de frontera y los okupas. Desde luego, también los ganaderos socialmente ascendentes, activos y sobre todo armados, de tipo pandillero, etc., distan mucho de la pasividad, aunque ideológicamente son bastante impredecibles. Todos estos casos se encuentran en América Latina en grandes cantidades.

2. Que el movimiento guerrillero de Fidel Castro fue un fenómeno excepcional

Fue excepcional en la medida que (a) triunfó y (b) inauguró una revolución social. Pero qua guerrilla fue uno de una larga línea de movimientos de este tipo en la historia de América Latina y, cuantitativamente, uno de los más modestos. Aun si dejamos de lado los jinetes salvajes que con frecuencia infligen guerras locales y revoluciones con componente demótico, y el bandidaje social (los sufridos cangaçeiros del nordeste brasileño fueron clasificados como guerrilla campesina por la Internacional Comunista), todavía existen muchos de estos movimientos. Muchos de ellos son oscuros y han sido olvidados, pero otros han influido directamente en las revoluciones modernas o en la política mundial, por ejemplo la sistemática guerra de guerrillas de los mexicanos en la década de 1860, que derrotó a los franceses, los zapatistas de la revolución mexicana, la Columna Prestes en Brasil de mediados de la década de 1920. […] La guerra de guerrillas no nació en Sierra Maestra.

3. Que el movimiento guerrillero de Fidel Castro es un modelo general para la revolución latinoamericana en general o la guerra de guerrillas en particular

Su éxito fue y sigue siendo inspirador para los revolucionarios, pero las condiciones eran peculiares y no fácilmente repetibles, (a) porque Cuba es en muchos aspectos diferente a la mayoría de otras partes de América Latina, (b) porque la situación interna e internacional que, a fines de la década de 1950, permitió que una guerrilla muy heroica e inteligente, pero más bien pequeña y mal preparada, derrocara al régimen de Batista, no resulta probable que se repita, especialmente porque (c), como consecuencia de la victoria de Fidel, las fuerzas que ahora se movilizan contra las guerrillas latinoamericanas son inconmensurablemente más efectivas, determinadas y respaldadas por los Estados Unidos de lo que se creía necesario antes de 1959.

4. Que en la década de 1960 se produjo un estallido de guerrillas en América Latina

En 1960 hubo, dejando de lado algunas guerrillas peronistas posiblemente sobrevivientes en Argentina y el caso especial de las milicias armadas de campesinos y mineros en Bolivia, un ejemplo importante de la acción armada de los revolucionarios rurales: las «zonas de autodefensa» lideradas principalmente por el PC, en varias partes de Colombia, llamadas muy a menudo, e incorrectamente, «repúblicas independientes». La década de 1960 vio el desarrollo de otros dos movimientos, uno significativo, pero marginal en Venezuela, que nunca pareció ser una fuerza políticamente decisiva, y uno mucho más vigoroso en Guatemala, que casi con seguridad habría ganado si la certeza de la hostilidad total de los Estados Unidos no hubiera impedido el tipo de salto general que tanto ayudó a Fidel Castro. Estos tres movimientos todavía existen.

El movimiento colombiano (ahora unido a una fuerza «fidelista», el ELN, y una maoísta, el EPL) opera desde una guerrilla más clásica. El venezolano, abandonado primero por el PC local y luego (a juzgar por las recientes quejas del líder Douglas Bravo) también por los cubanos, ahora es mucho más limitado. El guatemalteco existe, pero sus perspectivas son oscuras.¹ En términos generales, la situación actual es comparable a lo que era en 1960. Varios otros intentos de establecer operaciones de guerrilla, como en Perú y Bolivia, para no mencionar otras áreas, nunca en verdad despegaron.

5. Que esta falla relativa indica una falta de potencial revolucionario en América Latina

Este punto de vista se está volviendo más popular como resultado del fracaso evidente de la revolución cubana a la hora de constatar una continuación de sus impulsos en otros lugares. Hay poca garantía para eso. Además de los casos ya mencionados en (4), la década de 1960 vio, entre otros, la mayor movilización campesina de los últimos ciento cincuenta años en Perú (1960-1963); una insurrección popular urbana clásica y completamente exitosa en Santo Domingo, detenida solo por la intervención directa y masiva de los Estados Unidos; un proceso de radicalización extremadamente interesante, aunque al final fallido, de izquierda populista en Brasil (1960-1964), detenido por un golpe militar; insurrecciones urbanas en Argentina (1969), y muchos otros fenómenos no usualmente asociados con la estabilidad social y política. Lo que está en cuestión no es la existencia de fuerzas sociales revolucionarias en este continente, sino la forma exacta en que encuentra la expresión práctica, sus medios de éxito o la forma de las políticas alternativas diseñadas para disiparlas o para satisfacer las necesidades que dan lugar a ellos.

6. Que el fracaso de los intentos de la guerrilla indica la impracticabilidad de tales operaciones en la actual América Latina

La supervivencia en Colombia de una efectiva acción campesina armada durante un período de (hasta ahora) unos veinte años, demuestra que esto no es así. La verdad es que la desaparición, promovida políticamente, de las guerrillas colombianas (lideradas por el PC) por parte de Régis Debray (que ahora admite que no tuvo un conocimiento de primera mano de ellas)² ha creado una impresión indebidamente sombría de las posibilidades de la guerrilla. Por el contrario, varios de los intentos guerrilleros que encajaron mejor en la tesis de Debray —especialmente los peruanos de 1965 y la propia aventura boliviana del Che Guevara— estaban condenados al fracaso antes de que comenzaran, por puro amateurismo: por ejemplo, el desconocimiento de los idiomas de los indios o las condiciones locales, por obsolescencia estratégica y táctica; por ejemplo, el hecho de no estar al tanto de las nuevas posibilidades y fuerzas de la «contrainsurgencia», por una impaciencia desacertada, pero sobre todo por un error político fundamental. Supusieron que debido a que varias de las condiciones objetivas para la revolución estaban presentes, el voluntarismo puro, la decisión de unos pocos, bastaría para comenzar, y sería decisivo. En consecuencia, pequeños, en algunos casos numéricamente bastante insuficientes, los grupos permanecieron aislados y víctimas relativamente fáciles de sus enemigos: cuando un guerrillero carece de la base social y política de «peces en el agua» que lo convierte en guerrillero, no es más que un guardabosque sin equipo, con poca fuerza, sin reservas ni refuerzos. Puede tener éxito en casos muy excepcionales, pero probablemente solo si las condiciones sobre las cuales no tiene ningún control son inusualmente favorables. Pero la teoría del foco de la guerra de guerrillas supone (a) que estas condiciones pueden ser influidas en mayor medida de lo que es probable y (b) que una posibilidad remota es razonable. No lo es. Sierra Maestra no justifica los tantos intentos de repetirla, como tampoco la invasión de Sicilia por Garibaldi en 1860, que fue exitosa, legitimó los diversos intentos, uniformemente infructuosos y desmoralizadores, de aventuras similares organizadas por Mazzini en la década de 1850. Y la crítica de los leales mazzinianos en 1858 se aplica igualmente a Debray y Guevara.

En nuestra opinión, es un error grave imponer la acción de unos pocos sobre la voluntad inerte y desprevenida de los muchos, cuando te conviene; creer que una rebelión, que es fácil de organizar, puede convertirse rápidamente en una insurrección a gran escala; importar la insurrección desde afuera, antes de que haya sido preparada adecuadamente desde adentro; hacer planes inmediatos solo para entrar en acción, mientras se deja el éxito de la acción para cuidar de sí mismo.³

7. Que la «autodefensa armada» es incompatible con la guerrilla

La «autodefensa armada» es una táctica peculiar que se da en situaciones de guerra civil endémica (como en Colombia después de 1948), en situaciones posrevolucionarias (como en Bolivia después de 1952) y en regiones donde el poder estatal resulta en suma intermitente o débil por lo remoto, y carece del monopolio de las armas, como en muchas regiones fronterizas de América del Sur. Esta táctica consiste en la creación de milicias armadas, usualmente nutridas de un cierto grado de autonomía local, por comunidades o movimientos políticos en áreas particulares, casi siempre para defenderse contra incursiones externas (a ellos), pero posiblemente también para intervenir en asuntos nacionales. La condena de esta táctica, que se vuelve notoria en el libro de Debray La révolution dans la révolution?, dice que fue utilizada con fines puramente defensivos, lo que es correcto, y que fue militarmente ineficaz, lo que es incorrecto. La «campaña de aniquilación» que el ejército colombiano libró entre 1964-1995 contra las principales zonas de «autodefensa armada» (contamos ahora con un relato espléndido de esa campaña, hecho desde el lado de la guerrilla)⁴ la transformó en una guerra de guerrillas común, pero no la eliminó. En la actualidad (o al menos, a fines de 1969) las guerrillas armadas bajo el mismo liderazgo existen en las mismas regiones, incluyendo la misma área en que la «autodefensa» unida (y armada) de Marquetalia aguardó el primer contacto con las tropas oficiales en 1964.

La crítica que deplora su (originario) carácter puramente defensivo confunde varias cuestiones. Puede ser defensivo (a) porque los movimientos que lo organizan no están interesados en la revolución, como muchos izquierdistas pensaban que eran los PC no ortodoxos; (b) porque la situación general en el país no es revolucionaria, como afirmaron los propios PC ortodoxos; o (c) porque los campesinos, a menos que sean atacados, no están dispuestos a lanzarse a la guerra de guerrillas o a la insurrección, o no comprenden la necesidad de hacerlo. El área característica de «autodefensa armada» es aquella en la que el movimiento campesino (o como en Bolivia, los mineros) ya ha logrado éxitos locales sustanciales sin pasar por una guerra civil, y que se preocupa por salvaguardar esas conquistas. El problema político es por lo tanto real, y todos los que realmente han organizado movimientos campesinos muy exitosos (locales o regionales), ya sea el del PC ortodoxo como sucedió en Colombia o el trotskista, como Hugo Blanco en La Convención (Perú), concuerdan que en tales circunstancias la organización armada autodefensiva —que puede pasar a la guerra de guerrillas en respuesta a un ataque externo— es el paso más común a llevar a cabo. Sin esto, la guerra de guerrillas carece de bases propicias. En Perú, Luis de la Puente constató esto con su propia vida, cuando decidió establecer su guerrilla principal de modo «absolutamente mecánico», para citar a Héctor Béjar, ⁵ en La Convención, y quedó aislado, y así combatió y murió.

La más importante, la más legítima crítica a la «autodefensa armada» es la de que cualquier movimiento campesino de base tiende a tener perspectivas del todo locales y, por eso mismo, debiera estar subordinado a una estrategia nacional y encarnado en una fuerza guerrillera nacional con horizontes más amplios. Un guerrillero revolucionario debe ser más que la suma de sus componentes locales. Pero si no se puede descansar en los cimientos de la construcción de las pocas bases locales listas para la acción armada, tampoco se las puede dejar de lado. Lo que las masas están preparadas o dispuestas para comprender y hacer es una consideración crucial para todo revolucionario que quiera ser serio; y especialmente lo que están dispuestas a hacer en los lugares que ocupan, y con el poder de las armas, seguras de sí mismas y listas para la acción, y de las cuales casi con seguridad saldrá una proporción sustancial de los combatientes y líderes postreros de la guerrilla nacional.

8. Que la «contrainsurgencia» y la intervención norteamericana hace de la eficacia de la guerrilla un imposible en América Latina

A excepción de República Dominicana no ha habido hasta ahora una intervención directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la década de 1960, aunque hubo una gran cantidad de apoyo directo e indirecto (finanzas, equipamientos, capacitación, «asesores», etc.) a los Estados latinoamericanos, o, de modo menos habitual, a fuerzas independientes, que han llevado a cabo las luchas antiguerrillas. Qué sucedería si los Estados Unidos intervinieran directamente es, por lo tanto, una pregunta hipotética, aunque Vietnam proporciona al menos una posible respuesta. Por ello mismo, debemos dejarlo de lado.

Por otro lado, las técnicas modernas de «contrainsurgencia» han sido probadas y confirmadas, y han producido importantes efectos. Llevaron a cabo la tarea de las guerrillas, pero de modo mucho más difícil, incluso en las condiciones políticas más favorables, a través de innovaciones de carácter tecnológico y estratégico-táctico. El helicóptero es un evidente ejemplo de lo primero. De lo segundo es ejemplo también obvio la estrategia del cerramiento sistemático y la de separar la guerrilla de su caudal y suministro, y de su base política (por ejemplo, por medio de la expulsión forzada de los campesinos a campos de concentración, a «aldeas estratégicas», etc.). De modo que las mayores ventajas de la guerrilla —movilidad, invisibilidad, fusión con la población local, etc.— han sido compensadas en gran medida. El objetivo de la contrainsurgencia ha sido, por lo tanto, aislar a las guerrillas dentro de un espacio rodeado, preferiblemente vacío, y luego revertir el procedimiento tradicional al rastrearlas y hostigarlas sistemáticamente con sus contraguerrillas especialmente entrenadas y equipadas (Rangers, etc.) hasta que sus unidades se rompan o acorralen, más aún cuando la tecnología moderna está a la altura de actuar contra ellos, con herramientas abrumadoras.

Es evidente que algunos de los guerrilleros de la década de 1960 cayeron directamente en manos de esa estrategia, por ejemplo en Perú, donde De la Puente no solo concentró a todos sus hombres y suministros en un macizo montañoso, remoto y supuestamente inexpugnable, sino que en realidad anunció su intención de usarlo como su base permanente. También es probable que la teoría del foco de la guerra de guerrillas, que prevé unidades guerrilleras que son casi por definición un grupo de extranjeros importados sin una base inicial firme entre los campesinos locales, se adapte muy bien a la contrainsurgencia. También es cierto que incluso las guerrillas latinoamericanas mejor preparadas fueron inicialmente sorprendidas por las nuevas técnicas y cometieron graves errores, como admiten los colombianos.

Sin embargo, las guerrillas colombianas han logrado mantener su actividad, a pesar de sus errores iniciales, a pesar de la grave desventaja de tener que organizar la evacuación, la dispersión y el reasentamiento de una población civil, a pesar de la fuerza y la prolongada experiencia irregular del ejército colombiano, y a pesar de las profundas divisiones políticas en el campo, que, después de una década y media de guerra civil, proporcionaron muchos más aliados locales potenciales para el ejército que las sólidas masas indias antiblancas de los Andes peruanos. Han triunfado no solo por ajustes tácticos y técnicos sino sobre todo por una profunda comprensión de la base política de la guerrilla.

La contrainsurgencia volvió esto más crucial ahora. Para considerar dos cuestiones obvias. Al hacer más dura y más exigente —desde el punto de vista de la resistencia física— la vida cotidiana de los combatientes, se volvía más importante y rentable la capacidad de la guerrilla de reclutar para sus filas a campesinos que podían soportarla con menos dificultad que intelectuales importados de las ciudades, e incluso que trabajadores y obreros industriales. Todas las guerrillas latinoamericanas que han perdurado en el tiempo están compuestas predominantemente de población rural: las FARC colombianas (es decir, en definitiva el PC), casi por completo; una unidad del ELN de la que tenemos referencias, en más de un 90 %; las unidades de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Douglas Ignacio Bravo Mora en Venezuela, hasta un 75 %.⁶ Además, los lazos con la población campesina en general se vuelven tanto más cruciales precisamente porque ahora esta se ve expuesta a riesgos y emergencias cada vez mayores, de los cuales las guerrillas también buscarían preservarla. El punto de vista de Debray de que «en su acción y organización militar [la guerrilla] es independiente de la población civil, y por lo tanto no es su vocación asumir la defensa directa de la población campesina»⁷ es una receta para el suicidio. Contrasta agudamente con la experiencia y la práctica colombiana, que insiste no solo en la importancia fundamental de mantener una organización civil, sino también en elaborar los más adecuados métodos para salvaguardar a la masa campesina. Esto vale tanto para la inteligencia como para las operaciones. Así que resulta (de acuerdo con la experiencia colombiana) crucial identificar y filtrar a todos los «forasteros» en una región, en especial a los que hayan llegado más recientemente, como arrieros, comerciantes y vendedores ambulantes, almaceneros, viajantes de comercio, profesionales de la salud y dentistas, maestros y otros empleados públicos, mendigos, prostitutas y otras mujeres «extrañas», etc. Resulta esencial contar con un aparato de contrapropaganda para frustrar las promesas del ejército contrainsurgente, incluso las tácticas inmediatas de ganarse la amistad de la población (como paseos gratis en helicóptero para los niños). Resulta esencial «educar al pueblo en el espíritu del partido» para evitar conductas irresponsables o accidentales que puedan ayudar al enemigo. Aun los partidarios conocidos nunca deben revelarse como tales, y por lo tanto hay que instruirlos para que le den al Ejército información correcta acerca de en qué dirección fueron los guerrilleros, le muestren exactamente cuánto dinero gastaron en repuestos o pertrechos.

Todo esto será puesto a prueba en la práctica. Tanto la guerrilla boliviana como la peruana fueron liquidadas en pocos meses, sin demasiado esfuerzo. La campaña de 1964-1965 contra Marquetalia (Colombia), en la que intervinieron dieciséis mil efectivos, duró 533 días, y llevó al establecimiento de una fuerza guerrillera (las FARC) que permanece activa en la misma región en la cual las milicias campesinas se habían establecido antes de 1964.

9. Que la revolución en América Latina depende esencialmente de las guerrillas rurales

Una forma simplona del maoísmo asume que las naciones latinoamericanas están formadas mayoritariamente por gente del campo. En América Latina, esto sigue siendo verdad solo en algunas pequeñas repúblicas, y la tasa de urbanización hará que el último gran país rural de la región, Brasil, se vuelva urbano. Resulta entonces claro que una estrategia basada en que los aldeanos primero rodeen y después tomen por asalto las ciudades es realista. Las guerrillas mejor preparadas, como la de Bravo en Venezuela, no tienen dudas acerca de que la revolución, para ser exitosa, debe combinar la guerrilla rural con la insurrección urbana, por no mencionar también a sectores disidentes entre los militares. Las guerrillas rurales tienen la ventaja de trabajar en un medio rural y a veces geográfico que las favorece, pero la desventaja de que pueden operar solo entre los que son grupos minoritarios de la población, y —lo que quizá sea más grave— en áreas remotas con respecto a los lugares donde se toman las decisiones políticas reales acerca del futuro político del Estado (la capital y las grandes ciudades) o incluso en áreas distantes de los centros clave de una economía nacional. Los revolucionarios que desistan de planificar los escenarios de una posible toma de las ciudades capitales no deben ser tenidos seriamente en cuenta. Especialmente en América Latina, donde los gobiernos se han acostumbrado a perder por largos períodos de tiempo todo control político, e incluso militar, de provincias alejadas, sin que por ello se vieran seriamente afectados. Más todavía, es posible que si no fuera por la histeria de Estados Unidos con Castro, el gobierno colombiano jamás hubiera puesto de manifiesto ninguna urgencia en «aniquilar» las zonas de «autodefensas» armadas, que no planteaban en aquel momento un problema político mayor.

10. Que las guerrillas urbanas pueden reemplazar a las guerrillas rurales o a la insurrección urbana

Las acciones de guerrilla urbana, o lo que plausiblemente pueda merecer ese nombre, en la década de 1960 se desplegaron tanto como las guerrillas rurales, por ejemplo en Venezuela, Guatemala, Brasil y Uruguay. Por razones que discute el Che en su libro La guerra de guerrillas (La Habana, 1960), las guerrillas urbanas no son comparables con las rurales ni en su formación ni en su potencial militar y deben ser consideradas como métodos esencialmente preparatorios y auxiliares de la lucha revolucionaria. Nadie puede opinar otra cosa con visos de seriedad. En Brasil, quienes son sus adalides las consideran un paso preliminar al establecimiento de las guerrillas rurales, aunque también son un valioso medio de agitación y propaganda. En el Uruguay, cuya población es mayoritariamente urbana, los tupamaros, la más formidable de las guerrillas urbanas de este continente, aparentemente ven su función como la de agudizar la atmósfera de la tensión social y política antes que la de buscar una transferencia real del poder, pero es difícil de dirimir si esta percepción es correcta. El equivalente urbano de la guerrilla rural es la insurrección, un arma potencialmente decisiva (al menos en la capital) pero una que dispara, por decirlo así, un tiro por vez, y que tiene un período de recarga desmesurada e imprevisiblemente largo. En las provincias esto es menos decisivo, como quedó demostrado en el verano de 1969 en Argentina, donde el fracaso de Buenos Aires en dar continuidad a la insurrección de Córdoba, Rosario, etc., salvó al régimen de Onganía. En la década de 1960 hubo una insurrección urbana exitosa, la de Santo Domingo en 1965, que fue espontánea, como la mayoría de los movimientos triunfantes de este tipo, que no suceden cuando la cuestión del poder del Estado ya ha sido virtualmente decidida, y también hubo un fracaso organizado de grandes proporciones, a comienzos del mismo decenio en Venezuela, donde actuaron conjuntamente guerrillas urbanas y rurales. Es improbable que en el momento actual muchos latinoamericanos subestimen la acción guerrillera urbana (o la acción de la guerrilla en el sector urbano), pero es útil distinguir entre aquellas acciones que tienen un propósito directamente político y aquellas que son operativas, como la «expropiación» de los bancos, etc., tan de moda, que provee a la guerrilla urbana de los fondos que necesita para mantenerse en acción. Aunque sean buenos para la moral de la tropa guerrillera, no necesariamente son favorables a la hora de ganar mayores apoyos entre la opinión pública. Conviene también recordar una característica política crucial de las acciones urbanas en períodos no insurreccionales: mientras que las guerrillas rurales reposan sobre la connivencia de sectores de la población rural, la guerrilla urbana cuenta en cambio con el anonimato de la gran ciudad, es decir, al revés, con la posibilidad de actuar sin la connivencia de la población.

11. Que existe una receta única para la revolución latinoamericana

Reaccionando quizá en contra de la pasividad que se les atribuye a los partidos comunistas locales, y ciertamente en contra de eslóganes internacionales aplicados mecánicamente acerca de la «vía pacífica al socialismo», gran parte de la izquierda latinoamericana adoptó el punto de vista contrario de que el socialismo solo llegaría por la vía de la insurrección armada en la forma de la guerra de guerrillas. Este punto de vista, que descuidaba todas las complejidades de la situación, nunca fue aplicado de hecho por completo en la práctica, solo en las polémicas ideológicas. (El uso de la acción armada es por supuesto aceptado por todos en un continente donde incluso cambios ordinarios de gobierno son asegurados por el uso de la fuerza. Pocos aun entre los más ortodoxos y moderados de los partidos comunistas han excluido la violencia del repertorio de métodos más viables: algunos PC, como en Venezuela, Guatemala o Colombia, han incluso mantenido temporal o permanentemente fuerzas guerrilleras.) Por ejemplo, la izquierda venezolana nunca desdeñó la posibilidad de ganar un apoyo activo entre elementos disidentes en las Fuerzas Armadas, y aun la notablemente poco realista izquierda peruana fue algunas veces lo suficientemente sabia como para no enemistarse con el Ejército atacando, por ejemplo, cuarteles.

La revolución en América Latina probablemente será una operación combinada, sea en una situación de crisis política interna dentro del régimen establecido, o, más raramente, el resultado de tal inestabilidad institucional permanente que haga que una crisis de aquellas características pueda desencadenarse. Probablemente combine fuerzas sociales (campesinos, obreros, pobres que viven marginados en las ciudades, estudiantes, sectores de los estratos medios), fuerzas institucionales y políticas (como disidentes del Ejército y de la Iglesia), fuerzas geográficas (como intereses regionales en las que normalmente son repúblicas ya de por sí muy divididas y heterogéneas, etc.).

Por desgracia, el cemento más efectivo para cohesionar esas combinaciones, la lucha contra el extranjero, y más específicamente la lucha contra la opresión y dominación extranjera, rara vez resulta aplicable, con la excepción de pequeñas naciones centroamericanas, donde Estados Unidos acostumbra intervenir habitualmente y con fuerzas potencialmente demoledoras; y también quizá, ay, por gobiernos o movimientos nacionalistas en contra de los propios vecinos latinoamericanos. América Latina ha sido colonial económicamente, pero sus repúblicas ya eran Estados políticamente soberanos desde comienzos del siglo XIX.

Por desgracia, también la izquierda marxista, que nunca fue una fuerza política importante fuera de unos pocos países, está hoy demasiado débil y dividida en la mayoría de las repúblicas como para proveer un marco nacional efectivo para la acción o una fuerza políticamente decisiva de liderazgo. Por una serie de razones, el balance neto de la década de 1960 ha sido debilitarla y fragmentarla más que nunca, y volver su unificación y aun su acción conjunta, una tarea extremadamente difícil.

Todo esto no excluye cambios sociales de la mayor importancia, pero vuelve probable que el liderazgo de esos cambios esté a cargo, al menos inicialmente, de otras fuerzas.

12. Que los movimientos revolucionarios pueden actuar sin organizaciones políticas

Los gobiernos pueden ser derrocados sin organización bajo ciertas circunstancias. Lenin predijo que el zarismo caería bajo el impacto de algún movimiento espontáneo, y así fue que cayó, aunque él no infirió de esto que el Partido no tuviera ningún papel que desempeñar. Cuando se encara una lucha prolongada (como en la teoría clásica de la guerrilla revolucionaria), la organización es más crucial que nunca y el análisis político se vuelve indispensable. Esto se aplica en todos los niveles. Manuel Marulanda, escribiendo como un comandante de la guerrilla colombiana, no tiene dudas de que la organización, el debate y la educación son esenciales para la moral de los guerrilleros. Aunque solo sea, para mantenerlos ocupados entre acción y acción. («Por eso es que en el campamento hay que tener un instructor político cueste lo que cueste. Tiene que haber entrenamiento político, entrenamiento militar, limpieza de las armas y aseo general del lugar.»)⁸ Hugo Blanco, el líder peruano campesino, descubrió que el obstáculo más importante para transformar un imponente movimiento sindical campesino en una «autodefensa armada» era su incapacidad para construir una adecuada estructura partidaria organizada a partir solamente de una serie de acciones de masas ad hoc y de concentraciones de masas.⁹ En el otro extremo, la elección, casi casual, por parte de Guevara, de Bolivia como foco revolucionario —antes, aparentemente había considerado las regiones vecinas en Argentina—, y la decisión de avanzar sin el apoyo de ninguna fuerza política boliviana significativa, demuestra una seria subestimación de la importancia de un análisis político de las condiciones de tal lucha. Bajo ciertas circunstancias es posible asumir que una población forma una masa única, relativamente homogénea, y explosiva, que basta levantar para que provea las condiciones de la guerra revolucionaria. De hecho, algunas franjas de la población india peruana procuran esas condiciones, y en 1965 marcharon en tropel para apoyar a las guerrillas de Lobatón y Béjar; después los indios fueron diezmados por el Ejército en retribución por estos esfuerzos. Los revolucionarios los expusieron y sacrificaron innecesariamente, siendo incapaces —por debilidad numérica, crasa ignorancia e inexperiencia, así como falta de análisis político— de tomar las precauciones necesarias o de dotarse de una organización adecuada, de cuadros y de liderazgos que pudieran haber formado una guerrilla campesina, fortalecida por el terror a las Fuerzas Armadas que seguiría. Pero si estas debilidades eran aún siempre evidentes en las más de las situaciones políticas locales, cuánto más importantes son en las situaciones, mucho más complejas, características de América Latina, continente complejo si los hay.

[Algunas notas del ensayo original han sido omitidas de la versión publicada en este volumen.]

22

Panorama de la guerrilla

en América Latina

En la historia de América Latina, los años posteriores a la revolución cubana pasaron tal como lo soñaron los guerrilleros. Fue un período extraño, ya que la desproporción entre el sueño y la realidad era enorme. Aunque el sueño fue lo suficientemente poderoso como para imponerse en todo el mundo a través del ícono del Che Guevara (quien inspiró insurrecciones rurales tan alejadas y remotas como, por ejemplo, en Ceilán), según los estándares mundiales, las guerrillas latinoamericanas ciertamente no eran las más importantes y eran las menos exitosas. Además, incluso en el contexto latinoamericano se percibía, en ellas, una extraña irrealidad. En un continente que ostenta una historia mucho más larga de guerra de guerrillas que en la mayor parte del mundo, se le prestó poca atención a la riqueza de su experiencia histórica. El ejemplo más exitoso de la verdadera guerra de guerrillas en la región (de las que precedieron y sobrevivieron a la etapa guevarista) no fueron en términos generales ni celebrados ni imitados, como por caso hizo el Partido Comunista Colombiano. Incluso las lecciones de ese caso bastante especial, y considerado como paradigmático, como el de Sierra Maestra, fueron descuidadas, o subestimadas, por las mismas personas que las habían formulado inicialmente.

Mientras duró el sueño, hubo muy poco interés, comparativamente hablando, sobre los movimientos guerrilleros del período 1960-1967, a excepción de algunas piezas de reportaje acrítico, publicaciones gubernamentales y de numerosas polémicas y escritos programáticos que pertenecen más al ámbito de la ideología que al de la historia de la izquierda revolucionaria. Si bien esto acaso pareciera algo natural, es de lamentar que ningún movimiento guerrillero latinoamericano gozara de un análisis periodístico con los alcances a los que llegó Basil Davidson, cuyos libros sobre la guerrilla y los guerrilleros de Guinea y Angola (allí él estuvo junto a ellos) resultan muy útiles para la literatura de y sobre los movimientos latinoamericanos en general. Por supuesto, Davidson tuvo la ventaja de haber luchado en movimientos guerrilleros genuinamente significativos durante la segunda guerra mundial.

Después del fracaso del movimiento guerrillero latinoamericano, llegaron la investigación y los estudios concienzudos. Los interrogantes podrían dividirse en dos, no siempre lo suficiente y claramente divididos: está el del tipo «qué salió mal» y el del «por qué nunca podría haber funcionado». El primero se aplica a los raros ejemplos en que la insurrección de la guerrilla rural (solo o junto a otras formas de acción) tenía una oportunidad seria, o formó parte de una opción política racional, como en Guatemala y Venezuela; o tal vez en ese lugar y hogar de bandas campesinas armadas indestructibles, es decir en Colombia. En Guatemala, seguramente las guerrillas habrían tenido éxito a mediados de los años sesenta, pero existió siempre una profunda convicción por parte de todos los altos funcionarios y políticos de esas pequeñas repúblicas centroamericanas de que Dios está demasiado lejos y la intervención de Estados Unidos demasiado cerca, una convicción que se vio fortalecida, en República Dominicana, en 1965.

En Venezuela, la llamada a las armas se llevó a cabo como parte de una estrategia política, y fue algo que sucedió, digamos, a puertas cerradas, en el propio país. En Colombia, casi con certeza no hubo condiciones favorables comparables a la situación de la década de 1960, y lo que tiene que ser explicado —y debe ser explicado en términos de la situación local— es el éxito de todos menos el de los guerrilleros amateurs, sea el del PC ortodoxo, castrista o maoísta, manteniéndose activos durante años, no meses, y, en el caso de las FARC comunistas ortodoxas, durante toda una generación.

En ningún otro lugar se llevaron a cabo insurrecciones rurales que revelaran análisis políticos serios, o perspectivas realistas de éxito. Eran en el mejor de los casos heroicamente fútiles (y, uno puede agregar, tan llenos de retórica vaga), parecidos a las variadas invasiones de Italia protagonizadas por devotos y mártires jóvenes mazzinianos en la década de 1850, que se parecen tanto a los movimientos guevaristas. Por lo tanto, no hay ningún misterio acerca de por qué no podrían haber tenido éxito. La razón general de esto la ofrece Luis Mercier Vega en un libro un tanto inconexo (compuesto junto a David Weissbort), Guerrillas en América Latina: la técnica del contra-estado (1969), que integra la legión de tantos otros textos antiguevaristas: la razón sería la desilusión producida después de la debacle de la insurrección boliviana en 1967. Y en resumen dicen esto: que las guerrillas fallaron porque contradicen todo lo que se sabe sobre la vida rural, y casi todo lo que se conoce respecto a cómo se hace, o se producen, las revoluciones. Solo podrían haber tenido éxito por casualidad. Se le oponían la mayor parte de los grupos marxistas organizados, y no solo los del PC ortodoxo, porque consideraban que sus apelaciones a Marx y Lenin eran superficiales y su descuido del contexto político, alarmante. El guevarismo, señala Mercier Vega, atrajo principalmente a intelectuales de clase media y (esto él no lo argumenta debidamente) a los jóvenes militares. Es un hecho curioso y para nada menor que algunos de los que más militaron en la guerrilla (Turcios Lima y Yon Sosa en Guatemala, Carlos Lamarca en Brasil) pasaron de la contrainsurgencia a la insurgencia.

Analizar las razones de la derrota resulta sin embargo menos arduo que establecer lo que realmente sucedió El intento más ambicioso de hacerlo continúa siendo el que Richard Gott compuso en Guerrilla Movements in Latin America (Londres, 1969). Un libro que acaso se ubica demasiado cerca del tema, tanto porque el autor simpatiza apasionadamente con los guevaristas como porque fue pionero en el esfuerzo de recolectar el material y darle una forma sistemática. Aun así, sigue siendo el trabajo narrativo básico en inglés, aunque inferior en análisis a Diez años de insurrección en América Latina (2 vols., Santiago de Chile, 1971), una colección de estudios editados por Vânia Bambirra. La obra de Gott perdió actualidad respecto a lo que tiene que ver con política internacional (es decir, las actitudes de Cuba, de la URSS, de China, etc., hacia esos movimientos), respecto a los países en donde la guerrilla continúa activa, y respecto a la literatura publicada en los últimos tiempos. No habla de la guerrilla urbana. Acaso diga algo sobre el curioso fenómeno de la guerrilla en el estado mexicano de Guerrero, tan renuente a la ley, donde —como se dice— la prosperidad económica se mide en revólveres nuevos, que los hombres prefieren comprarse antes que una radio nueva. El maestro de escuela Genaro Vásquez (asesinado en 1972) seguía estando activo en el año 1968, y el movimiento persiste.¹ No obstante esto, es un libro ineludible.

Más fecundas que las melancólicas historias narrativas de los movimientos rurales resultan las monografías sobre guerrillas individuales que emergieron progresivamente desde el interior de los movimientos, porque nos informan de su valor verdadero no solo en cuanto a los aspectos técnicos de los partisanos en la lucha, sino también sobre las relaciones entre la guerrilla y las poblaciones rurales. Perú produjo algunas obras provechosas, en especial la de Héctor Béjar, Perú, 1965: una experiencia libertadora en América (México, 1969), porque es a la vez humana y realista.² El libro de Hugo Blanco, Tierra o muerte: las luchas campesinas en Perú,³ exhibe el fracaso de un movimiento campesino de masas para desarrollarse con propiedad más allá de los modos rudimentarios de autodefensa armada —la base de las guerrillas colombianas, tan subestimadas por Debray— que se debió, según su entender, a la debilidad en la organización. Todo lo que escribió Blanco, un hombre muy dúctil, que cuenta con una experiencia directa de los movimientos campesinos en zonas remotas de América Latina, debe leerse con atención. La literatura más copiosa e interesante surgió sin embargo en Colombia. Y lo más valioso aquí son las obras de Germán Guzmán, La Violencia en Colombia (Cali, 1968), y la de Jacobo Arenas, Colombie, Guérillas du peuple (París, 1969), que contiene entrevistas notables a Manuel Marulanda, el comandante campesino de las FARC (mal descrito por Robert Moss en Urban Guerrillas, Londres, 1972, como «importante bandido rural»).

Con el colapso de la fase de guerrilla rural, la acción revolucionaria armada se desplazó más y más hacia las ciudades. Llamar «guerrilla urbana» a estos movimientos puede ser algo engañoso, porque no se basan en el apoyo o la complicidad de la población, como cualquier guerrilla rural viable debe hacerlo, sino en lo opuesto: el anonimato que ofrecen las grandes ciudades. Operacionalmente pueden por lo tanto ser autosuficientes, ya que lo único que necesitan para suministros es el dinero, que obtenían por lo general vía «expropiación» o peticiones de rescate. Por otra parte, aquí se debe descartar la típica progresión de la fuerza partidista maoísta o vietnamita hacia el ejército, que termina por cercar y tomar la ciudad. En consecuencia, se debe establecer una distinción clara entre guerrillas urbanas análogas a las rurales (por ejemplo, los grupos armados en las zonas católicas y protestante de Ulster) y aquellos que están, casi por definición, aislados de las masas urbanas. Sus perspectivas políticas (en la medida en que no degeneren en un conflicto ideológico de policías y ladrones) plantean entonces problemas serios. El Brasil —donde se dio una reacción a la derrota de los más grandes movimientos en 1964— se previó una eventual creación de una guerrilla, que finalmente nunca despegó. Las guerrillas en Argentina y Uruguay, menos tentadas por el sueño rural, parecen prever una radicalización de las masas, en el contexto general de crisis persistentes, económicas y políticas, con golpes dramáticos, y la provocación de la represión que aliena a la población. En Uruguay también es probable que exista (¿hoy?) la perspectiva de provocar intervenciones armadas de Argentina o Brasil, que luego formarían la base de una guerra popular más amplia de liberación.

La debilidad de estas perspectivas radica en una subestimación de los poderes del gobierno, una vez que decide movilizarse plenamente contra los grupos armados, abandonando limitaciones parlamentarias y legales. Como los eventos en Uruguay han demostrado, incluso los movimientos más poderosos, profundamente arraigados y políticamente atentos al contexto, son más vulnerables de lo que alguna vez parecía probable. Su fuerza radica en la inestabilidad endémica y en la crisis económica en la que los grupos armados del Río de la Plata operan. Estos, en lugar de los tecnicismos de la acción y organización de la guerrilla urbana, son la base de las esperanzas revolucionarias. Debería agregarse que los grupos armados del Cono Sur, aunque a veces (por ejemplo, los tupamaros) se vean inspirados directamente en el sueño guevarista, han sido lo suficientemente realistas como para reconocer que deben operar en un ambiente de política organizada, y no —al menos en la práctica— buscar eludir o reemplazar al movimiento sindical organizado. Por lo tanto, es probable que tengan un profundo significado político, como de hecho lo tienen los tupamaros. Si serán los principales beneficiarios de los cambios políticos que quieren precipitar, es otra pregunta.

En Urban Guerrillas, Robert Moss examina todo el fenómeno desde un punto de vista hostil a ellos. Mucho de lo que dice es sensato, aunque sus observaciones sobre la guerrilla rural de la década de 1960 no inspiran la menor confianza en su información. En cualquier caso, podemos estar de acuerdo con él en que la mera represión militar, por brutal y efectiva que sea, en Guatemala o Brasil, no elimina las bases de la agitación y la revolución. En ambos países, la reacción negativa de la derecha puede lograr que se pierda el control. De hecho, no hay duda de que en Brasil el movimiento urbano de 1968-1871 fracasó, y de que es poco probable que renazca y se encarne en algo parecido a lo que fue. João Quartim en su libro Dictadura y lucha armada en Brasil (Londres, 1971) prácticamente lo admite, aunque su insistencia en que «la lucha armada en Brasil no es la aventura de un puñado de radicales» hace que se borren las razones de ese fracaso. La mayor parte del libro consiste en una discusión concisa y útil del movimiento brasileño entre 1964 y 1969 desde un punto de vista de izquierdas, aunque las razones de la falla crucial de inicios de la década de 1960 no están discutidas adecuadamente.⁴

Robert Moss admite que los tupamaros uruguayos fueron de lejos el movimiento guerrillero más exitoso que ha habido hasta ahora, y los únicos con posibilidades reales de conquistar el poder, políticamente hablando. Su éxito ha generado muchísimas publicaciones periodísticas, que valen, principalmente, como documentos que ilustran (a menudo desde un punto de vista favorable) las cuestiones técnicas de las operaciones de los tupamaros, y la actitud de los uruguayos hacia ellos. También ponen a disposición documentos de los propios tupamaros y aun declaraciones. Esto, sin embargo, es todo lo que se puede esperar, ya que el éxito del movimiento se ha debido en gran medida a una rígida e inmutable organización en torno al secreto, y la discreción, tan rara en Latinoamérica. El libro de María Esther Gilio, La guerrilla tupamara,⁵ es un ejemplo de reportaje amigable; en francés, Nous les Tupamaros (París, 1972), una colección financiada por los tupamaros, ofrece informes de cómo eran los planes de acción, con detalles técnicos.⁶

El prefacio es del ubicuo Régis Debray, que desde luego sabe mucho más acerca del desarrollo del movimiento, desde sus comienzos en 1962, que Robert Moss, o de lo que está formado (hablando más apropiadamente) para contar. El largo posfacio del señor Debray carece de brío, de autoestima y de (lo que, ay, lo vuelve absolutamente inverosímil) la lucidez presente en su La révolution dans la révolution, ese manifiesto guevarista tan efectivo como desastroso. Su intención de confirmar que los tupamaros han aplicado el modelo guevarista no precisa, siquiera, que perdamos el tiempo en discutirlo; lo interesante sobre ellos radica en los cambios que han efectuado, y no en lo que han conservado de sus ideas originarias. Su tesis de que en Uruguay existe un «poder dual» («sans métaphore ni hyperbole ni tromperie») es errónea. Resulta difícil creer que su relato de la democracia política del movimiento es realista bajo condiciones de intensa clandestinidad y de represión, aunque es posible que, durante el período de virtual invulnerabilidad y represión, este movimiento de élite relativamente pequeño que operó en una única ciudad (Montevideo) haya organizado congresos (¿pero seguramente con riesgos para su seguridad?). Mucho de lo que encontró sobre los tupamaros ha sido ya conocido por los comunistas de la primera hora al menos desde 1917, pero se agradece que él esté dispuesto a decir que ahora reconoce el valor de «la fusión paradójica de la “línea de masas” y de la acción clandestina armada» que es lo que hizo a los tupamaros tan efectivos. Nos queda la duda de si Lenin hubiera encontrado paradójica la combinación.

De modo general, la reciente ola de textos sobre la guerrilla en América Latina continúa siendo periodística y provisional. El mayor valor radica en la acumulación de materia prima histórica y, en especial, en las descripciones de quienes participaron de primera mano en las experiencias de la guerrilla rural, que deben distinguirse de las entrevistas propagandísticas y de las polémicas abiertas o encubiertas entre los líderes de esas guerrillas, etc.⁷ Es por esto que el libro de Richard Gott, junto a un puñado de memorias breves en Colombia y Perú, sean probablemente las obras que tengan más utilidad y valor perdurable. Sobre los tupamaros y otros movimientos similares, actualmente solo se pueden o se deben escribir informes provisionales, en base a la información inadecuada y selectiva que existe. En cuanto a los movimientos del período guevarista, aún no se ha escrito un análisis histórico competente. Probablemente, no será escrito por bastante tiempo.

La literatura existente proporciona abundante material para nutrir argumentos de corte político, y desde luego, para manuales con recomendaciones para fines contrainsurgentes.⁸ Parece innecesario aclarar que el factor fundamental que vertebra las revoluciones latinoamericanas no radica en la disposición de unos grupos integrados por hombres y mujeres valientes a la hora de iniciar acciones armadas, rurales o urbanas, tampoco en sus competencias técnicas, sino en la situación socioeconómica y política en la que las acciones se llevan a cabo. Como me dijo una vez un ex guerrillero de Colombia: «En este país cualquiera puede crear una banda armada, compuesta de campesinos. El problema es lo que sucede después». Por supuesto que esta comprobación no tiene por qué desalentar a ningún revolucionario. Porque si estos últimos diez años indican que, en términos puramente técnicos, las fuerzas del gobierno están capacitadas para eliminar, controlar o desactivar prácticamente cualquier fuerza armada irregular, también indican que esos gobiernos rara vez se han mostrado a la altura de crear condiciones de estabilidad económica, social, política e institucional a largo plazo. Las revoluciones no están, como creían Debray y Guevara, a la vuelta de la esquina. Pero tampoco están más allá de conquistar y alcanzar políticas realistas: incluso, como han demostrado los tupamaros, en la que era llamada la «Suiza de América Latina».

1973

23

Imperialismo norteamericano

y revolución en América Latina

Ningún imperio en el siglo XX ha sido más poderoso e indiscutible, aparentemente, que el de los Estados Unidos en América Latina, y ningún imperialista ha elevado tanto sus exigencias, aunque por diversas razones a la mayoría de los norteamericanos no le gusta que los etiqueten como tales. Los británicos reconocieron hace mucho tiempo la fragilidad y eventual permanencia de su imperio en la India; los franceses, la incertidumbre de su imperio africano. Ambos sabían muy bien que, aun cuando la relación con sus colonias era informal y económica, la misma exigía un grado considerable de flexibilidad política. Solo Estados Unidos no ha tomado su supremacía permanente al sur de río Grande y Cayo Hueso simplemente por un hecho de la geografía, sino que la formuló en términos que excluyen la más mínima derogación.

Como señalan Jerome Levinson y Juan de Onís en su lúcido y valioso libro The Alliance That Lost Its Way (1970), el interés de seguridad de los Estados Unidos en América Latina, como se concibe tradicionalmente, consiste en tres proposiciones:

1. (que data de la doctrina Monroe a principios del siglo XIX): Estados Unidos debe mantener potencias extracontinentales potencialmente hostiles fuera del hemisferio para negarles una base geográficamente conveniente desde la cual atacar.

2. (que data de los días de Elihu Root a principios del siglo XX): Estados Unidos, convertida en una nación con superávit de capital, debe buscar salidas para este excedente, generalmente en el exterior y particularmente en América Latina. […]

3. (que data del comienzo de la guerra fría a fines de la década de 1940): la apostasía política de un país latinoamericano haría que los Estados Unidos perdieran prestigio, debilitaría su influencia en otras partes del mundo y socavaría la confianza de los países europeos importantes en la capacidad de los Estados Unidos para liderar la lucha del «mundo libre» contra el bloque comunista monolítico.

La datación, el fundamento y la formulación de estas proposiciones son cuestionables, pero no su contenido esencial, lo que implica que Estados Unidos no solo puede mantener el poder fuera del hemisferio sino también impedir que cualquier gobierno latinoamericano haga algo que Washington desapruebe. Ambas suposiciones se basan en la abrumadora dominación económica y político-militar del hemisferio. La segunda es anterior al siglo. La primera se hizo realidad cuando el capital y la empresa de Estados Unidos reemplazaron a los británicos como el factor dominante en esta parte del mundo, y se ha reforzado constantemente desde entonces. En todo lo demás, Estados Unidos reconoce a los rivales quizá más débiles, aunque no los reconoce en América Latina porque ninguno existe o, incluso, es visible.

Probablemente solo los latinoamericanos sean plenamente conscientes de los efectos de esta suposición de que Estados Unidos es supremo y que ellos son inferiores. Aunque a veces queda en el registro histórico. «No piensan como nosotros», dijo Thomas Mann, el hombre del Departamento de Estado de Lyndon B. Johnson en América Latina. «Sus razonamientos son diferentes. Tienes que ser firme con ellos.» Sin duda, este servidor público pensó que simplemente estaba afirmando «lo obvio», así como su reconocido apoyo a los negocios estadounidenses en América Latina simplemente reflejaba la actitud normal de sus compatriotas. Al sur del río Grande se ve diferente.

Sin embargo, lo que es quizá aún más significativo y mortificante es que la suposición que se sabe mejor de los Estados Unidos por su persistente subordinación de los intereses latinos a los suyos es la suposición de que a América Latina ni siquiera le vale la pena preocuparse, fuera de los ocasionales momentos de pánico que acentúan largos períodos de abandono. Lo que hace que esto sea aún más insultante para los latinoamericanos es la sensación de que estos momentos de pánico se deben menos a sus propias acciones que a las posibles reacciones de los Estados más importantes sobre los que el gobierno estadounidense está realmente preocupado y al efecto sobre su situación en otras partes del mundo, donde Estados Unidos es más vulnerable. El prestigio de Cuba, Fidel Castro y Che Guevara seguramente se debe mucho a que sean latinoamericanos, de los cuales el hermano mayor realmente tuvo que tomar nota.

La historia de la «ayuda» de los Estados Unidos ilustra vívidamente esta suposición de que «el patio trasero» de los Estados Unidos normalmente se puede dejar sin vigilancia. Dos excelentes libros nos permiten estudiar la política de los Estados Unidos en esta área durante los últimos cuarenta años: el estudio de David Green sobre el auge y caída de la política de «buen vecino» de Roosevelt La contención de América Latina (1971), y el análisis de Levinson y de Onís sobre la Alianza para el Progreso mencionado anteriormente. Ambos registran la constante tendencia a subordinar los asuntos latinos a los intereses más amplios de los Estados Unidos. Durante la década de 1930 y los años de guerra, el estímulo a la acción fue el fascismo. «A principios de los años treinta», escribió el asesor político del Departamento de Estado Laurence Duggan, «el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo menos incluso que las organizaciones privadas; no estaba haciendo nada en absoluto. A fines de la década de los años treinta, estaba al rojo vivo con entusiasmo, nacida del miedo a los nazis. Y ahí reside la debilidad de su nueva política». En 1941 se descubrió un complot supuestamente vinculado con Alemania en Bolivia. En cuestión de semanas, se envió una misión militar y se anunció un programa de ayuda de veinticinco millones de dólares. La guerra también hizo que los Estados Unidos estuvieran dispuestos a resolver la disputa sobre la nacionalización mexicana del petróleo, que se arrastraba desde 1937. La guerra, afirma Green, rescató a los nuevos comerciantes vacilantes, proporcionándoles el argumento de que el desarrollo económico en América Latina era esencial para la «defensa hemisférica» contra los nazis.

Por otro lado, cuando se hizo cada vez más claro que el desarrollo de los países latinoamericanos no contribuyó a la economía de guerra de los Estados Unidos (es decir, no sirvió para la movilización directa de las materias primas que Estados Unidos tenía que adquirir en el hemisferio) se sacrificó, y Estados Unidos aprovechó la oportunidad para congelar empresas europeas, especialmente británicas, para hacer que el continente dependiera por completo del mercado estadounidense. El hecho de que la mayoría de nosotros en ese momento estuviéramos de acuerdo con la escala de prioridades globales de Roosevelt, y probablemente aún lo hagamos, no debería oscurecer el resentimiento de los latinoamericanos, que no se sentían amenazados por Alemania y Japón, y que en cualquier caso no habían sido consultados. El único país que mantuvo cierta libertad de maniobra, Argentina, tuvo una visión muy diferente de sus intereses económicos y políticos en ese momento.

El peligro alemán fue de corta duración y, en cualquier caso, la pretensión estadounidense de un imperio global, aunque anticipada por Henry Luce en 1941, aún no se había establecido formalmente. De ahí que el período de «Alianza para el Progreso» demuestre aún más claramente la subordinación del continente a la política mundial de Washington. La Alianza fue una respuesta a Fidel Castro, el primer estadista cubano en la memoria para resistir el chantaje económico habitual del norte. Guevara, en la conferencia de Punta del Este de 1961, empujó a los Estados Unidos a compromisos duros. Fidel consiguió que se resignara a la firma del Acuerdo Internacional del Café de 1960, para detener la caída de los precios de este producto básico que ponía en riesgo a los gobiernos de Brasil, Colombia y varias repúblicas centroamericanas.

Por el contrario, la retirada soviética en la crisis de los misiles de 1962 hizo inmediatamente menos urgente la reforma social, la planificación aventurera y la subordinación de los intereses empresariales individuales a los intereses nacionales. En palabras de Levinson y Onís, «Estados Unidos dejó de sentir que faltaba un minuto para la medianoche en América Latina». Desde 1964 los hombres de negocios volvieron a estar en vigencia, desde 1965 Vietnam tuvo prioridad. «Quítenlo de la Alianza», dijo el administrador de AID cuando el Bureau de Presupuesto le preguntó dónde deberían hacerse los recortes. Hacia 1968, su punto de vista era que América Latina siempre había tenido más fondos de los que solía usar efectivamente. La verdad es que, como bromeó un funcionario en los primeros años de la Alianza:

Nosotros sabemos que hay solo tres categorías de préstamos en la Alianza para el Progreso: prioridad muy alta, histérica y si-no-se-hace-este-préstamo-los-comunistas-se-van-a-adueñar-del-país.

Después de que el impacto inicial de Castro hubiera sido absorbido, nunca pareció que los comunistas tomarían cualquier país.

Esta es sin duda la razón por la cual la gran cantidad de ayuda estadounidense a América Latina se mantuvo relativamente modesta en términos monetarios y muy pequeña en términos reales. Como señaló el director de la Oficina de Programación y Planificación de la AID en 1967, antes de 1960 el flujo neto de fondos oficiales allí era menos de la mitad del nivel per cápita para otras regiones. La Alianza llegó casi, pero no del todo, hasta este promedio, pero en opinión de Levinson y Onís, este es un porcentaje mucho menor de los gastos de desarrollo que en otras áreas […] Dado que más de la mitad de los préstamos extranjeros a largo plazo se compensan con la amortización de préstamos anteriores, la contribución neta de recursos del capital extranjero a América Latina ha sido relativamente pequeña. La Alianza mejoró el desastre económico en lugar de estimular el desarrollo económico.

Por lo tanto, la actitud de los Estados Unidos hacia América Latina se ha basado normalmente en la creencia de que, sin la intervención de factores globales, el poder de los Estados Unidos es virtualmente absoluto, y las fuerzas de América Latina son débiles hasta el punto de ser insignificantes. Sin embargo, un análisis más cuidadoso de las relaciones hemisféricas, y la ocasional experiencia amarga sugieren lo contrario. El poder de los Estados Unidos es limitado y cualquier intento de superar estos límites conduce a la derrota o al fracaso. Para ser más precisos, si bien el poder de la economía de los Estados Unidos es abrumador y sigue siendo decisivo, su poder político (y militar) no lo es. Además, incluso la inmensa fuerza del capital estadounidense está en cierta medida a merced de fuerzas políticas que Washington no puede anular.

Tanto el registro de la política del «buen vecino» como el de la Alianza para el Progreso demuestran estas limitaciones, la última más dramáticamente que la anterior, porque la megalomanía política estadounidense fue mucho mayor en la era de John F. Kennedy que en la de Franklin D. Roosevelt. De hecho, a pesar del argumento contrario de David Green, hay una marcada diferencia de tono entre los dos períodos, aunque existe cierta continuidad entre lo personal y la ideología. Podemos admitir que en cuanto los Estados Unidos antepuso sus intereses, vio el desarrollo latino a la luz de su propia ventaja, económica y política, y se opuso al «nacionalismo económico revolucionario militante». Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre los nuevos miembros de la frontera de la década de 1960 y los nuevos distribuidores de la década de 1930.

México resulta bien ilustrativo. Este fue un caso de prueba, ya que el resurgimiento del dinamismo revolucionario y antimperialista en ese país con Cárdenas coincidió con el New Deal y, a través de la nacionalización de las compañías petroleras, entró en conflicto con el capital estadounidense. Estados Unidos bien podría haber manejado el gran garrote, como lo había hecho en 1933 con Cuba, y debía volver a hacerlo (con resultados decepcionantes) con Argentina, ciertamente conmovido por el temor a la victoria nazi. (Si para Green los argumentos antifascistas no se tomaron en serio, su material sugiere lo contrario.)

De hecho, Washington manejó la situación mexicana, en general, con tacto y una marcada ausencia de histeria. Es difícil evitar la impresión de que los New Dealers influyentes, encabezados por el propio FDR, consideraban que, cualesquiera que fuesen los peligros para la posición de los Estados Unidos, difícilmente podrían culpar a los latinos por exigir lo que el New Deal exigía para los norteamericanos. Las compañías petroleras, escribió el embajador de Estados Unidos en México ante FDR, «están aquí tan en contra de los salarios justos como nuestros realistas económicos están en contra de la legislación progresista». El propio presidente iba a decir, en tonos que sin duda harían mella en los oídos de los latinos, pero expresaban una genuina, aunque paternalista, buena voluntad: «Denles una parte. Creen que son tan buenos como nosotros, y muchos lo son».

La política de Kennedy fue una reacción ante una amenaza inmediata, un complemento de la intervención militar. La política del «buen vecino» (sobre cuyos orígenes reales el señor Green no es comunicativo) no nació de una amenaza política comparable, y su objetivo era liquidar y reemplazar la intervención militar. De hecho, esto es lo que hizo. En consecuencia, la política de Roosevelt también era menos vulnerable a los cambios políticos de la década, a los que, con las excepciones ya señaladas, era relativamente indiferente. (El gobierno de los Estados Unidos no estaba significativamente preocupado por el comunismo, en parte porque, como escribió otro embajador de México en 1943, Estados Unidos tenía «una ventaja tan tremenda en muchos aspectos sobre Rusia», en parte quizá porque después de 1935 los partidos comunistas locales no fueron notablemente antinorteamericanos.)

El fracaso del «buen vecino» fue económico. El desarrollo latino tuvo poco que ver con la acción de los Estados Unidos, excepto en la medida en que el hambre del mercado alentaba la industrialización local para sustituir las importaciones por bienes producidos en el país, mientras que los balances acumulados en dólares de los latinos originariamente parecían «un préstamo de guerra sin intereses de mil millones de dólares», lo cual demostró ser extremadamente útil para los países latinos después de la guerra. Los numerosos planes para aumentar la capacidad del mercado latino para absorber productos estadounidenses mediante la industrialización, el aumento de los ingresos locales, etc., no llegaron muy lejos. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, la principal consecuencia del período Roosevelt fue eliminar otros imperialismos del hemisferio.

Gracias a la admirable claridad de Levinson y Onís, el balance de esa «década de máximo esfuerzo» que JFK anunció en 1961, es decir, la mayor concentración de las fuerzas de Washington en los asuntos latinos de la Historia, ahora puede pensarse. Durante este período, los Estados Unidos fracasaron en tratar de proporcionar una solución a los problemas económicos y sociales de América Latina. Por lo tanto, ha habido una «desaceleración real en las ofertas de trabajo durante el período de la Alianza; solo alrededor del 60 % de los solicitantes de empleo lo obtuvieron durante la década de 1960 en comparación con el 62,5 % durante la década de 1950». La industrialización sustancial no ha proporcionado nuevos puestos de trabajo importantes. Incluso si incluimos los empleos generados por la burocracia, ese conocido sistema de socorro para los estratos con educación para desempleados en los países subdesarrollados, la tasa de empleo en este sector ha aumentado solo del 23,5 % al 24,8 % del total. Cabe señalar que, como «el sistema corporativo de Estados Unidos incluye más de un millón de empleados locales de empresas estadounidenses y una gran estructura de subcontratistas, distribuidores y agentes de servicio», o el 20 % de todos los trabajadores industriales latinoamericanos, directamente. La responsabilidad de América del Norte en esta área no es insignificante. La comida anual representa entre el 12 y el 15 % de las inversiones, que representan el 12 % de todos los ingresos de exportación de América Latina. Para decirlo en una frase, América Latina está hoy más lejos de proporcionar una vida para la masa de sus ciudadanos que antes de la Alianza.

Estados Unidos también intentó proporcionar un marco de estabilidad política e institucional para el hemisferio. Los ideólogos del imperio, es decir, los estadounidenses por la acción democrática, los nuevos liberales de la frontera, pusieron su dinero, socialmente hablando, en esas «clases medias» que, como en los libros de historia pasados de moda, siempre aumentaban y, políticamente hablando, en una supuesta «izquierda democrática no comunista». Se suponía que sus pilares más firmes eran Rómulo Betancourt en Venezuela, la APRA peruana, y en buena medida José Figueres en la pequeña Costa Rica; complementado, desde 1964, por los democratacristianos de Frei en Chile.

Los imperialistas menos ideológicos estaban en teoría (según la «doctrina Mann» de la era LBJ) contentos con cualquiera que fomentara el crecimiento económico, protegiera las inversiones privadas estadounidenses y se opusiera al comunismo, independientemente de su actitud hacia la reforma social. De hecho, tendían a poner su dinero en algo así como una coalición de tecnócratas duros, preferiblemente deflacionarios, con los militares, lo que aseguraría la estabilidad política para sus operaciones. Brasil y Argentina, con sus respectivos regímenes generales, fueron los modelos de esta escuela de pensamiento. El nuevo pragmatismo se consolidó con la creencia de que la estabilidad y el crecimiento económico resolverían automáticamente los problemas sociales, mientras que un militar pagado, entrenado e inspirado por los Estados Unidos, debía ser, en algún sentido metafísico, «constitucional», si no realmente democrático.

Ambos fracasaron. Todo lo que queda hoy como una fuerza política efectiva de la «izquierda democrática» —escuchamos mucho menos sobre el ascenso de las clases medias liberales— es Venezuela, cuyos enormes ingresos petroleros hacen que únicamente ciertos tipos de reforma sean practicables. No necesitamos discutir aquí qué tan democrático es ese país. En cuanto a los «militares democráticos», los imperialistas pragmáticos podrían haber sobrevivido al descubrimiento de que los generales brasileños «constitucionales» introdujeron la tortura sistemática en una escala que incluso la administración Nixon no podía pasar por alto por completo, y ni siquiera introdujeron una reforma agraria simbólica. Les resultó mucho más difícil sobrevivir a la manifestación peruana donde los militares locales ya eran políticamente «confiables». Para decirlo brevemente, como lo resumieron Levinson y Onís, «al ingresar en el cargo en enero de 1969, el gobierno de Nixon encontró una pequeña cantidad de enfoques desacreditados sobre los dilemas del desarrollo de América Latina. Ha seguido buscando una política, pero apenas ha encontrado uno».

Levinson y Onís parecen tentados de argumentar, aunque nunca se comprometan con esta tesis, que estos fracasos son evitables. ¿En qué medida se debieron los errores, errores de cálculo, un rechazo a concentrar consistentemente el esfuerzo estadounidense en la tarea latina, la tentación de obtener ventajas a corto plazo, ceder a la presión empresarial, a la manía de poder de los militares, etc.? Es bastante fácil dar ejemplos de todo esto, y algunas veces son realmente flagrantes, como en el caso del Perú. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no hubiera prácticamente retenido la ayuda de ese país entre 1962 y 1968? Recibió solo 74,5 millones de dólares, en comparación con quinientos millones para Chile y los cuatrocientos cincuenta para Colombia, con objeto de forzar a los peruanos a llegar a un acuerdo con Standard Oil sobre la disputa petrolera La Brea-Pariñas y para comprar aviones a reacción estadounidenses en lugar de franceses. ¿Si —como los autores no enfatizan— la vieja mafia de ADA no hubiera mantenido su afición por ese imposible político, el APRA de Haya de la Torre, tan fuertemente arraigado en Belaúnde?

Levinson y Onís no tienen dudas de que la política de los Estados Unidos ayudó a llevar a los generales al poder en una plataforma directa de reforma nacional. Quizá. Pero, aparte del hecho de que todos los supuestos errores y cálculos erróneos de Estados Unidos son sistemáticos, tendientes a una sola dirección, la pregunta sigue siendo si la política de los Estados Unidos fue capaz de lograr los resultados que deseaba incluso en el mejor de los casos. La experiencia sugiere que no fue así. Chile, que recibió casi diez veces más ayuda per cápita que Perú, y (bajo Frei) disfrutó de buena voluntad casi ilimitada en Washington, hoy se rige por el Frente Popular del presidente Allende. El hecho es que, como reconocen Levinson y Onís, lo que sucede en América Latina es algo en lo que «Estados Unidos puede influir de manera menor pero no puede comenzar a dominar o dirigir»:

Incuestionablemente, el proceso de reajuste afectará a los Estados Unidos tanto en sus relaciones políticas como en sus propiedades en América Latina. Estos efectos son inevitables, en parte simplemente porque Estados Unidos tiene tales vínculos con una región que experimenta un cambio básico, y en parte porque las sociedades latinoamericanas, profundamente divididas de muchas maneras, a menudo encuentran un grado de unidad —real o espuria— en la agresividad nacionalista. […] La lección que la Alianza ha enseñado en esta área crítica es que los Estados Unidos deben aprender a vivir y esperar un cambio, y que su respuesta debe ser flexible y mesurada, en lugar de excesivamente rígida y dura.

Es una lección de fracaso y derrota, y el compromiso visible de los escritores de este pasaje con la primacía de los intereses estadounidenses hace que su admisión sea particularmente impresionante.

Por otro lado, la influencia económica continua y creciente de los Estados Unidos en América Latina priva a esa admisión de parte de su amargura. Porque la verdad es que, si bien la política de los Estados Unidos ha fallado de una manera bastante espectacular, el control económico de los Estados Unidos se ha fortalecido. En la década de 1960, América Latina ocupaba el segundo lugar después de Canadá como un mercado para los Estados Unidos, y luego del breve pánico poscastrista, la inversión privada reanudó su flujo hacia el sur hasta el punto en que se puede notar un «cambio en el énfasis de inversión de Canadá y Europa occidental hacia América Latina».

No es prudente suponer que el imperio no es atractivo o insignificante para la empresa corporativa estadounidense. De hecho, los resultados de la inversión de Estados Unidos han sido más útiles para los propios Estados Unidos que para América Latina. Entre 1961 y 1968 se invirtieron y reinvirtieron allí 3.300 millones de dólares, mientras que 7.100 fluyeron hacia el norte en ganancias y ganancias, y durante el mismo período la participación del comercio mundial en manos de las exportaciones latinoamericanas disminuyó del 7,5 al 5,6 %. Cualesquiera que sean los acontecimientos políticos, es extremadamente improbable que las relaciones con los Estados Unidos no sigan siendo el factor económico dominante para la mayoría de los países latinoamericanos. Aun así, es cada vez más evidente que el capital de Estados Unidos estará sujeto a estrictos controles y limitaciones políticas. Podrá hacer mucho, pero no lo que quiera.

Si ahora está claro que Estados Unidos no puede imponer sus propias ideas sobre el futuro en América Latina, incluso si supiera cómo hacerlo, no es en absoluto obvio hacia dónde va realmente el continente. Sus tendencias de desarrollo han sido oscurecidas aún más por escritores de la izquierda radical, que se han entregado a sus propias versiones del maximalismo político, una especie de imagen especular a Washington. De ahí el desaliento injustificado de buena parte de sus escritos. Paradójicamente, tanto la derecha como la izquierda miran hacia la década de 1960 sin placer.

Esta crítica se aplica incluso a un libro tan bueno como la colección de estudios de James Petras Política y estructura social en América Latina (1970). Proporciona encuestas convenientes, concisas e informadas de una variedad de temas importantes, como clase y política, la clase media, movimientos guerrilleros y movimientos revolucionarios, basados en un amplio conocimiento del área y la literatura, y de investigación de primera mano, especialmente en Chile, que el autor trata con mayor detalle en Políticas y fuerzas sociales en el desarrollo chileno (1969). Sin embargo, el tono, aunque no desaforado, parece indebidamente negativo. La impresión que crea una lectura de este libro es que se ha establecido un «nuevo equilibrio político» en la zona, y que, salvo una posible «nueva insurgencia urbana y rural», los «delicados arreglos de negociación que han impedido que algunos de los mayores países latinoamericanos experimenten cambios sociales y políticos profundos» continuarán en funcionamiento.

Parece haber dos razones para este toque de desencanto. La izquierda radical ha tendido a descartar cualquier cambio que no sea el de acercar visiblemente más revoluciones de tipo cubano, y (al menos hasta la elección de Allende en Chile) cualquier táctica política que no sea la insurgencia armada. (Esto no implica acuerdo con ninguna receta específica para la insurgencia, como la de Régis Debray, que Petras demuele bastante concluyentemente.) Pero la revolución cubana permanece aislada y, a pesar de sus maravillosos logros, está luchando con grandes problemas internos. La táctica de la insurgencia armada ha fracasado, en general.

En Down There (1970), José Yglesias, que ha buscado a la izquierda revolucionaria en Brasil, Perú y (antes de Allende) Chile, registra su valentía, determinación y devoción, pero también, involuntariamente, el aislamiento y la falta de eficacia de esas izquierdas al menos en el período que coincide con su viaje. Lo más que puede decir, bastante correctamente, es que la actividad revolucionaria y los sentimientos están vivos, a pesar de los reveses, y que Cuba sigue siendo una inspiración para la izquierda latinoamericana, por razones que su interesante capítulo «Cuba Under Twenty-Five» nos ayuda a entender. En la medida en que la izquierda está exclusivamente comprometida con un programa de máximos, cualquier cosa menor debe ser un fracaso.

Sin embargo, la decepción de la izquierda también se debe a lo que puede ser un error metodológico. Ha buscado una fuerza revolucionaria garantizada, que no pueda ser corrompida, asimilada o absorbida en un sistema no revolucionario en marcha, y lo ha hecho al recorrer la lista de las diversas clases y otros grupos sociales o institucionales, eliminando aquellos que no cumplen con los requisitos, es decir, todos. Petras descarta así al campesinado, la clase obrera industrial (un estrato minoritario favorecido que fácilmente se convirtió en reformista) y las clases medias, las empresarias y la burocracia. Como él no es el primero en señalar, no son una «burguesía nacional», ya que no se oponen ni a la oligarquía agraria, a la que aspiran unirse, ni al imperialismo estadounidense, del que buscan protección contra la revolución social y empleo en las dependencias de las corporaciones estadounidenses. De ninguna manera están comprometidos con el desarrollo económico y la «modernización». Por supuesto, esto todavía deja a los grupos descontentos, pero es de temer que estos también puedan ser decepcionados, ya que ninguno de ellos puede ser considerado como consistentemente revolucionario.

Pero en la política real (que no son las del macroanálisis del cambio social llevado a cabo en un nivel muy alto de generalidad, como por Marx), ninguna clase es permanente y bajo todas las circunstancias «revolucionaria» en este sentido. Buscar tal persona es escribir conclusiones pesimistas en las propias premisas. La pregunta importante no es sobre grupos o instituciones particulares dentro de una sociedad, sino sobre situaciones históricas. ¿Son potencialmente revolucionarias, para tener una visión amplia, como las de Europa del Este a fines del siglo XIX, o no lo son, ya que las de Europa occidental no se encontraban en el mismo período? Si no lo son, entonces las fuerzas de la revolución, por poderosas, cohibidas y organizadas que sean (a menos que se aprovechen efímeras ocasiones), serán absorbidas de algún modo por un sistema no revolucionario, aunque solo sea como grupos externos institucionalizados; o desviadas de su curso. Incluso las revueltas pueden asemejarse de facto a los «rituales de rebelión» de los antropólogos, si bien esto no implica que la situación de estabilidad básica deba permanecer permanente si son revolucionarios, pues lo opuesto tiende a ser el caso.

La mayor parte de Europa occidental desde la década de 1840 no ha sido revolucionaria en este sentido. El mecanismo de crecimiento capitalista funcionaba, aunque ocasionalmente se modificaba sustancialmente, y por lo tanto sufría no solo las fluctuaciones a corto plazo incorporadas en él, sino períodos de ajuste mayor. En un momento (1929-1933) parecía como si se estuviera descomponiendo. El marco social e institucional era lo suficientemente firme y estable como para sobrevivir incluso a los grandes impactos a los que se exponía periódicamente, como las guerras mundiales. En consecuencia, la historia de la izquierda revolucionaria ha sido una decepción persistente (como lo vieron los partidos de masas de Marx y luego los de Lenin convirtiéndose en movimientos reformistas o abstencionistas en la práctica), de autoengaño o de una búsqueda desesperada de algún tipo de estrategia realista para abrir o preservar las posibilidades revolucionarias en situaciones no revolucionarias. Ha habido momentos de esperanza, como después de la Revolución de Octubre y en el apogeo de la resistencia antifascista armada, que en realidad produjo lo más cercano que la Europa occidental ha conocido a la revolución desde 1848.

Puede haber esperanza una vez más, a medida que el capitalismo entra en una nueva fase de cambio estructural, cuyo resultado es difícil de prever. Pero incluso en 1971 se requiere una considerable suspensión de la incredulidad para ver el comunismo en la agenda inmediata, por ejemplo, en Italia.

Por otro lado, la situación en regiones como América Latina es potencialmente revolucionaria, porque incluso el «subdesarrollo» bastante dinámico no ha proporcionado un mecanismo para resolver los problemas económicos y sociales del continente. Estos, por el contrario, se vuelven algo más agudos, como nos llevaría a suponer un análisis de la naturaleza del «subdesarrollo». Sus estructuras sociales, tensas y cambiantes, hasta ahora no han encontrado un molde o patrón general comparable a los de los países capitalistas «desarrollados». Sus estructuras e instituciones políticas son lábiles, sensibles a estímulos relativamente leves como una racha de años de auge o una caída de los precios en los mercados internacionales de productos básicos.

En tales regiones, como en las zonas de terremotos, el suelo puede derrumbarse casi en cualquier parte. No tiene sentido buscar fuerzas garantizadas de «estabilidad» o «revolución». Todos saben que todas las soluciones existentes son provisionales. Todos están convencidos de la inevitabilidad de los cambios fundamentales, la mayoría de las personas de su necesidad, aunque no siempre de su conveniencia. Además, todas las soluciones posibles implican un antimperialismo, ya que la naturaleza de los problemas del mundo subdesarrollado se deriva de sus relaciones con el mundo desarrollado, en este caso de manera abrumadora con Estados Unidos. Ninguno de ellos sugiere que la simple «modernización», es decir, tratar de llegar a ser como las economías desarrolladas de Occidente, con su ayuda, sea un programa adecuado, o incluso en la mayoría de los casos, factible.

En estas condiciones, aparte de las fuerzas decrecientes del conservadurismo genuinamente tradicionalista, el cambio revolucionario puede surgir de los sectores menos probables. Los militares peruanos, cuyo equipo ideológico original parece haber sido extraído de una mezcla de catolicismo preconciliar y las políticas de contrainsurgencia desarrolladas por oficiales franceses en el curso de las guerras de Indochina y Argelia, han emergido como reformadores con un programa de gran importancia más aceptable para Fidel Castro y Allende que para Washington. Un anticuado frente electoral popular, del tipo que ciertamente no produjo grandes cambios en Francia en la década de 1930, y es apasionadamente rechazado por los jóvenes izquierdistas europeos hoy como el camino más importante hacia la cooptación, parece lanzar desarrollos revolucionarios en Chile; como lo hizo en España, otro país con condiciones revolucionarias. La misma Iglesia latina, notoria desde hace mucho tiempo por su conservadurismo casi medieval, ahora engendra no solo revolucionarios activos en cierta cantidad, sino que sectores de su jerarquía y organización intervienen activamente a favor del cambio fundamental en varios países. Si se trata de eso, nadie habría predicho o de hecho predijo en 1958 que el mismo Fidel Castro se convertiría en un marxista-leninista.

Tales acontecimientos pueden no satisfacer a los marxistas revolucionarios, especialmente si, como es claramente el caso en Perú, los gobiernos reformistas sospechan de la movilización de las masas y se oponen fuertemente al «comunismo», al menos en casa. Pero, aparte del hecho de que el carácter de los cambios sociales y políticos no puede juzgarse por las insignias que sus líderes se ponen en las solapas (y menos en América Latina), las grandes transformaciones no pueden descartarse como insignificantes porque no traigan inmediatamente los movimientos y la política que favorecemos. Tampoco pueden ser rechazados simplemente porque no es seguro si una fuerza política en lugar de otra se beneficiará finalmente de ellas.

Esa incertidumbre es el riesgo ocupacional de la política. Si la Revolución de Octubre no hubiera ocurrido —y Lenin sabía perfectamente que no era «inevitable»—, los bolcheviques podrían ser culpados por críticos revolucionarios por haber aceptado apoyar a su enemigo Kérenski contra la insurrección del general Kornilov en septiembre de 1917. Es cierto que el riesgo de que esta alianza beneficiara al tambaleante gobierno de Kérenski en ese momento era pequeño; la perspectiva del fortalecimiento de los bolcheviques, que ya tenían la iniciativa, fue sustancial. Pero la izquierda marxista en América Latina nunca ha estado en condiciones de apostar por el favorito. En todos los países, menos en uno o dos, sus fuerzas y apoyo de masas han sido relativamente insignificantes, y raramente, incluso en situaciones revolucionarias, ha podido establecer la iniciativa, y mucho menos la hegemonía, como un movimiento organizado.

Por lo tanto, en general se ha visto obligada a elegir entre mantenerse pura y no muy efectiva, y unirse a grandes movimientos políticos en los que no tomó la delantera y cuya forma no pudo determinar de manera incompleta. Si, durante el último medio siglo, aprovechó al máximo sus posibilidades, es una pregunta interesante, ya de por sí académica. Que rara vez estuvo, y está, en condiciones de tomar las decisiones no puede ser una duda seria.

Así, la izquierda marxista en América Latina está obligada a aprovechar las situaciones desfavorables e impredecibles. Su consuelo es negativo, pero sustancial. Hoy América Latina no es previsible, como Europa occidental después de 1848. No ha encontrado su camino. Sigue siendo un continente revolucionario.

No se puede predecir su futuro con certeza. Que esto tome la forma de una serie de copias de capitalismos occidentales estables es altamente improbable. Que esto tome la forma de una multiplicación de regímenes marxistas o comunistas en el ruso, chino, cubano, vietnamita o cualquier otro modelo también es improbable; pero esta nunca fue una perspectiva que pareciera muy seria. Nadie sabe adónde conducirá, entre estas dos posibilidades, la combinación de descontento masivo y militancia, antimperialismo, movimientos nacionalistas de reforma y desarrollo y una intelectualidad marxista. Suponer que no puede conducir a ninguna posición satisfactoria para la izquierda radical es llevar el escepticismo demasiado lejos. Por otro lado, es igualmente ilegítimo suponer que será o no será necesario.

De hecho, la década de 1960, que trajo a Estados Unidos más reveses que la de 1950, apenas autoriza tal escepticismo. Naturalmente, no es prudente juzgar los acontecimientos latinoamericanos por un momento particular de la política fluctuante de esta parte del mundo […] Pero, incluso si aceptamos que el balance en 1981 puede resultar bastante diferente, no podemos negar que en 1971 indica una radicalización del hemisferio. La mayoría de sus repúblicas no han cambiado mucho políticamente, aparte de pequeñas sustituciones de generales no representativos por civiles poco representativos o al revés. Un país importante ciertamente se ha desplazado a la derecha (Brasil), pero varios (Cuba, Chile, Perú, Bolivia) se han desviado hacia la izquierda; en la mayoría de los casos más a la izquierda que nunca antes en su historia. Los observadores en Washington son conscientes de esto. La izquierda podría prestar más atención a la sensación de fracaso que ellos sienten.

La lección que la década de 1960 enseñó al gobierno de Estados Unidos en relación con América Latina (como más dramáticamente en Vietnam) es que existen límites severos al poder incluso del gobernante imperial más grande, más rico y con más armas. Esto debería haber sido obvio, pero uno puede entender cómo, en la embriaguez del poder mundial, temporalmente se pasó por alto. La lección que esta década debería haber enseñado a la izquierda es aún más obvia, y nunca tendría que haber requerido de aprendizaje. Y es que en condiciones potencialmente revolucionarias hay más de una forma de avanzar; afortunadamente, porque la década también demostró que las revoluciones no pueden hacerse a voluntad.

Pero el precio de la educación ha sido alto. Se ha comprado a costa de la vida de muchos hombres y mujeres valientes, y de la fisión y el consiguiente debilitamiento de las fuerzas organizadas de izquierda en la mayor parte del hemisferio. Desafortunadamente, de ninguna manera es seguro que se haya pagado el precio total. Las perspectivas que enfrenta la izquierda en la década de 1970 son alentadoras. ¿Estará en una mejor posición para aprovechar sus oportunidades que la de diez años atrás? Nadie lo sabe.

Marzo de 1971

V. Revoluciones militares en Perú

24

Los militares

como revolucionarios

En 1965, el Ejército peruano arrasó una serie de aldeas en la sierra y masacró a una cantidad sustancial de campesinos que habían apoyado a las guerrillas porque estas les habían prometido la reforma agraria. Nadie sabe realmente cuántos murieron, porque las estadísticas en el hinterland peruano son, para decirlo diplomáticamente, aproximativas, pero no es un país donde las vidas campesinas cuenten ni se cuenten demasiado. A nadie sorprendieron estos hechos. Pero después, este verano boreal —para ser más precisos, el 24 de junio [de 1969]— el gobierno militar que había tomado el poder en Perú a fines de 1968 anunció súbitamente la que parecía ser la reforma agraria más radical de América Latina después de la de Fidel Castro.

Desde luego, la noticia sobresaltó a mucha gente preocupada por América Latina. No porque los programas de reforma agraria sean pocos. Probablemente no exista un gobierno en América Latina que no haya proclamado su adhesión teórica a la reforma de la tenencia de la tierra. Así como todos en la Europa decimonónica, incluyendo a los terratenientes, sabían que lo que quedaba todavía de la institución de los siervos de la gleba tenía los días contados, también las oligarquías rurales que todavía dominan en mucho de América Latina tienen en teoría pocos defensores y saben que su considerable poder político a lo sumo logrará posponer el fin de las servidumbres.

Pero ha sido muy poco frecuente que gobiernos militares comenzaran siquiera reformas agrarias mentirosas, e incluso ha sido del todo infrecuente que se iniciaran reformas agrarias, salvo como parte de una revolución, o bajo la presión inmediata de disturbios en áreas rurales o de algún tipo de movimiento de masas de izquierda. En Perú no existió una gran presión de las bases desde que la intensidad de la rebelión campesina bajó de su pico en 1963, y la izquierda revolucionaria es insignificante más allá de algunas universidades.

Sin embargo no se puede dudar de que la reforma actual empezó con intenciones serias. Comenzó con la expropiación de nueve haciendas gigantescas en los oasis fértiles de la costa; en otras palabras, expropiaron la mayor parte de la agroindustria azucarera peruana. Ahora la reforma tiene que llegar a la sierra, donde vive la masa campesina peruana. En algunas regiones no ha de empezar hasta 1972 o 1973, por la ausencia de una cartografía adecuada, o debido a problemas particularmente delicados como la fragmentación de minifundios campesinos (la peor pesadilla de toda reforma agraria, sea donde fuere).

A pesar de estas dificultades, se calcula que estará completa en todas partes del país ya en 1976 (o cinco años después del comienzo de la puesta en marcha del plan). La tierra será propiedad del campesinado pequeño o mediano por medio de cooperativas, o si no, por supuesto, la propiedad será comunal a través del empoderamiento inmueble de dos mil comunidades preexistentes (mayormente indígenas).

Estos son cambios de vasto alcance, y lo suficientemente profundos como para haber recibido el espaldarazo del propio Fidel Castro. Pero ¿qué ocurre en verdad en situaciones como esta? ¿Quién lleva adelante la reforma? ¿De qué modo se avanza con ella? ¿Qué piensan y qué hacen las personas más directamente afectadas? Unas semanas atrás yo estaba en Perú y pensé que lo averiguaría en la región de Chiclayo, unas cuatrocientas millas al norte de Lima.

En esta parte del país la reforma agraria afectaba los cuatro grandes ingenios azucareros de Tumán, Pomalca, Pucalá y Cayaltí, el más grande de los cuales mide unos 160.000 acres y es propiedad de familias nativas o peruanizadas. Estas grandes haciendas agroindustriales no tienen prácticamente nada en común con la agricultura campesina. Son empresas notablemente avanzadas, mecanizadas y eficientes, cada una de las cuales emplea entre 2.100 y 3.300 trabajadores asalariados regulares, sin contar un millar de trabajadores estacionales que los contratistas proveen para la zafra. (A estos nadie los tiene en cuenta. Su número tiende a verse persistentemente subestimado por la gente en la hacienda, y hasta ahora no se han visto afectados por la reforma.) El paralelo más cercano que se les puede encontrar es con las anticuadas empresas de minería que, en el aislamiento, gobiernan a sus propias ciudades mineras, aunque la actitud de los dueños de los ingenios para con sus haciendas combinaban las características de los industriales del siglo XX y del magnate feudal terrateniente.

Estas propiedades haciendales varían desde el paternalismo total, aunque benevolente, de Tumán, la más eficiente y próspera entre ellas, hasta la indigencia tropical y militante de Cayaltí, una especie de Rhondda rural y calurosa, que se mantiene en pie por la inmemorial hostilidad de un sindicato militante y omnipresente con una dirección industrial y comercial ineficiente e intransigente.

Las haciendas proveen salarios y subsidian la vivienda, los alimentos, los negocios, los mercados, los cines y las escuelas, y son el universo limitado pero real en el que se mueve la mayoría de sus habitantes.

Hasta ahora, muy poco ha cambiado materialmente en ese universo. En Tumán ha habido un aumento salarial. En Cayaltí se recontrató a algunos de los hombres cuyo despido fue la causa de la última huelga de la historia combativa del sindicato cuando todavía luchaba contra una empresa privada. (A las autoridades no les gusta pensar que la combinación de mecanización continua y resistencia militante de los sindicatos genera prácticamente en todas partes un exceso de mano de obra.)

Hay nuevos «administradores», que se esfuerzan por destruir la vieja imagen de la jerarquía feudal y por mantener felices a sus tecnócratas y sus mánagers. Cayaltí exigió —y consiguió— que algunos técnicos fueran despedidos «porque su sola presencia era un recordatorio del antiguo régimen», pero el administrador de Pomalca se felicita a sí mismo por el hecho de que los dueños de esta hacienda eran sus propios gerentes, y por ello habían desviado hacia ellos la hostilidad que podría haber afectado a sus ingenieros.

Hubo gestos democráticos como repintar y rebautizar las calles y las casas de la empresa; y una serie de discursos, discusiones, elecciones de los comités que organizarán a estas haciendas como cooperativas, con el auxilio de la única organización de base dedicada al aspecto humano de la reforma: la Oficina para el Desarrollo de Cooperativas.

Esta oficina había sido fundada con objetivos mucho más modernos, y su personal estaba compuesto de intelectuales urbanos celosos de su trabajo y sobrecargados de tareas para las que estaban poco cualificados, aunque procuraban hacerlas lo mejor que podían. Los mánagers tenían conocimiento práctico de los sindicatos y, con prudencia, celebraban que el partido opositor APRA aparentemente hubiera perdido su influjo sobre ellos. Pero nadie sabe qué hacer con las futuras cooperativas, y menos que nadie los futuros cooperativistas a cuyo largo e inconcluyente mitin asistí yo en Cayaltí. Los cooperativistas no están todavía ahí, como están en la costeña Talambo los okupas de una comunidad campesina que recuperaron de inmediato una tierra que habían «invadido» diez años antes, que ya tienen sus delegados en un «comité especial» de la hacienda, y a quienes las autoridades tratan con gran prudencia, por no decir miedo. De hecho, todos tocan de oído, como probablemente siempre haya sido el caso en las fases tempranas de todas las revoluciones.

Pero ¿es esta una revolución? Sí, en la medida que es súbita, virtualmente no planificada y potencialmente muy rica en consecuencias, al menos para la sociedad rural. No, en la medida que ha sido impuesta desde arriba a una población (hasta ahora) pasiva, por generales que ciertamente no quieren una movilización descontrolada de las masas y, probablemente, ninguna movilización. En las haciendas, después de la reforma agraria, hay consenso de que pronto vendrán cambios espectaculares para mejor, «cuando llegue la cooperativa».

Están seguros de que algo realmente grande va a ocurrir pronto. Hay una fe inmensa en el gobierno. Esto ocurre incluso en Tumán, donde la gente más vieja sostenía, y sostiene, al viejo dueño. La brecha entre la esperanza y la realidad que se entrevé en el horizonte es muy ancha.

Hay una gran disposición para formular demandas: vagas y utópicas en Tumán, donde la desaparición del paternalismo ha arrojado como resultado un conjunto de hombres y mujeres pobres e ignorantes; más precisas en Cayaltí y en los otros sitios donde el sindicato ha dado a la gente una voz, un espíritu y el sentido de pertenecer a una comunidad. Los sociólogos de visita con sus cuestionarios giran sus cabezas incrédulos, porque cuando les piden una opinión a los trabajadores, estos les dicen: «Pregúntenle al sindicato». Pero un hombre informado que ha pasado catorce años en relaciones industriales en las haciendas azucareras y arroceras ve las cosas de otro modo: «En Lima piensan que Tumán se va a sacar el primer premio en el podio de las cooperativas. Yo no lo creo. Es imposible explotar esa hacienda sin la participación de la gente, y en Tumán no tienen la menor experiencia en hacer las cosas solos. Siempre fueron como niños».

¿Dónde va a funcionar mejor la cooperativa? «En Pomalca. Tienen un sindicato activo, y el sentido común suficiente como para integrar el comité organizador con una mayoría de trabajadores, incluso una mujer. No solo con empleados administrativos y ejecutivos, como en las otras haciendas. Espere seis meses y ya va a ver.»

No sé si tiene razón, y en realidad a nadie fuera de Perú le importa si la tiene o no. Pero su argumento fundamental es válido, en todas partes. Los grandes cambios sociales no se pueden imponer desde arriba. La gente para la cual se ponen en marcha los debe hacer propios.

Para funcionar, una reforma agraria o cualquier otro tipo de reforma debe ser una operación política y no solo técnica y administrativa. Los militares que gobiernan Perú no son los únicos que todavía tiene que aprender esta lección fundamental.

Noviembre de 1969

25

¿Qué hay de nuevo en Perú?

Durante los años sesenta, una de las industrias editoriales que más medraron fue la de escribir sobre América Latina. El estímulo más inmediato para tal crecimiento fue Fidel Castro, que transformó el punto de vista gringo tradicional acerca de cómo tenía que ser una revolución latinoamericana y al mismo tiempo modificó el punto de vista europeo de que todo cuanto ocurriese al sur del río Grande resultaba políticamente indiferente para el resto del mundo. América Latina había dejado de ser un objeto de la Historia para convertirse en un sujeto. Como el subcontinente ya no entraba en combustión espontánea por una revolución social general, y como ya no planteaba problemas significativos de descolonización constitucional —en su mayoría era políticamente independiente aunque fuese económicamente colonia—, se tendía a asumir que siempre se trataba de una falsa alarma. John Mander llama a su nuevo libro The Unrevolutionary Society: The power of Latin American conservatism in a changing world (1969). Carlos A. Astiz concluye su estudio Pressure Groups and Power Elites in Peruvian Politics (1969) con la aserción de que «la actual distribución del poder en Perú muestra una tendencia notable a permanecer esencialmente tal cual es y tal cual ha sido por un largo tiempo. Ni la revolución desde arriba ni la revolución desde abajo le parecen estar a la vuelta de la esquina».

Un punto de vista que no modifica en un apresurado posfacio acerca de la actual Junta Militar.

Estos son los abismos en los que se cae cuando se escribe historia en la escala temporal del periodista (o del diplomático, del experto que pasó de visita, del oficial de inteligencia, del doctor en ciencias sociales). Las cuestiones que determinan el futuro de un continente no oscilan a la misma velocidad que nuestras cambiantes esperanzas cortoplacistas, que nuestros miedos y nuestros diagnósticos políticos. Sea lo que fuere que realmente esté pasando, una serie de hechos es innegable. La mayor parte de América Latina está cambiando a gran velocidad. Más específicamente, sus tasas de crecimiento demográfico y de urbanización son más altas que las de cualquier otra área comparable en el mundo. A menos de que ocurra algo inesperado, su tasa de crecimiento económico es más baja, o al menos no es más alta, que la del crecimiento de su población. En comparación con los países desarrollados, en su mayor parte la región se está volviendo relativamente más pobre y más atrasada, aunque probablemente en este respecto la brecha sea algo menos dramática que en otras áreas del tercer mundo. Por último, sus estructuras políticas permanecen llamativamente inestables. Nada de esto luce como la escenografía de una orquestada trama de inmovilismo conservador.

[…]

Pero ¿acaso tenemos que hablar en estos términos de América Latina? Desde un punto de vista histórico, por supuesto, tiene mucho sentido, advirtiendo los límites muy obvios de las generalizaciones amplias; tiene mucho más sentido que hablar de Europa. […] Después de todo, con la excepción de Brasil, durante tres siglos el continente fue colonizado por una única potencia, y se vio unificado lingüística, cultural y religiosamente, y también en lo que toca a otras instituciones, como nunca lo había sido antes ninguna otra región mundial de estas dimensiones. América Latina (incluyendo Brasil) se volvió colonia económica de otra potencia única —Gran Bretaña— durante otro siglo más, y después de entonces ha vivido bajo una relación similar con una tercera potencia, los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, el pan(latin)americanismo, basado en este pasado común y vigorizado dentro del área hispánica por la comunidad de lenguaje, es, en esta área, una fuerza ideológica más poderosa que otras creencias similares, con la posible excepción del panarabismo. […]

Por el otro lado, tal vez sea el momento de dejar reposar temporalmente la noción de América Latina como una unidad, salvo a los fines de un análisis económico global. La América Latina políticamente independiente nunca fue una unidad y ni siquiera pareció dirigirse a convertirse en una en el futuro. Además del hecho del subdesarrollo, común a todo el continente, y que afecta a sus diferentes partes de maneras muy variadas y diferentes entre sí, la unidad que configura y que ha configurado a América Latina viene impuesta desde fuera. Hoy se trata del miedo y el disgusto común a todos los países latinoamericanos ante la dominación de los Estados Unidos y, recíprocamente, el hábito de los Estados Unidos de considerar a todas estas repúblicas en su conjunto como el patio trasero de su imperio. El resto del mundo es el lugar donde incluso una potencia mundial tiene que negociar, trazar líneas de demarcación, hacer concesiones o librar guerras locales, porque existen otros intereses que debe tener en cuenta. América Latina no es asunto de nadie más, en términos políticos o militares, y los Estados Unidos se limitan a intervenir, si no andan espantando a las otras potencias con la amenaza de una guerra nuclear. Como lo sabe muy bien cualquier político asentado entre California y la Patagonia, Dios, Rusia y China (por no mencionar a Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón) están demasiado lejos. Solo los Estados Unidos están cerca.

[…]

Sin embargo, el común destino de victimización no agota las características de un continente y medio. Por fortuna, y por varias razones, hay signos de que las exposiciones generales sobre América Latina empiezan a verse complementadas por libros sobre los diferentes países en particular. Resulta una contingencia conveniente que varias de las obras de las que se ocupa esta reseña traten de Perú, aunque todas ellas hayan sido escritas antes del golpe de 1968 que, para sorpresa de todos, ubicó a este país en el centro del interés de la política.

En varios respectos, Perú ha sido un caso clásico de imperialismo informal (o, en términos más modernos, de neocolonialismo), es decir, de la simbiosis entre explotación local y capital foráneo. Desde la década de 1920, la explotación local ha estado en manos de la oligarquía, una combinación de especuladores costeños de bienes raíces, agentes locales de firmas extranjeras y otros estafadores involucrados en comercio exterior, injertados en el tronco más antiguo de los terratenientes que mantienen un poder casi feudal en la sierra. Todos han visto su estatus social y político asimilado al patriciado de los dueños de la tierra. En la actualidad, el capital extranjero es mayoritariamente norteamericano. Política y económicamente, el país se divide entre una franja costera relativamente modernizada, y el vasto hinterland indígena de las sierras, con sus haciendas, su servidumbre, sus comunidades, sus minas, su pobreza y su atraso.

Algo que distingue a la oligarquía peruana de las otras clases dominantes latinoamericanas es su apego apasionado al libre comercio y su repudio a la interferencia estatal en la economía. Esto se expresa no solo en su aguda repugnancia a pagar impuestos, sino también en su convicción de que el dominio del capital extranjero debe aceptarse como un hecho natural, como la corriente fría de Humboldt que baña sus costas. (Aun el APRA,¹ un partido político pionero y revolucionario, planeó sustituir el viejo orden cuasifeudal por un capitalismo de Estado modernizado a través de, y no en contra de, la inversión estadounidense.) En ningún otro país resulta tan estéril buscar una burguesía nacional o siquiera un sector significativo de manufacturas locales. Los extranjeros compraban las materias primas de Perú, y contruían y administraban las instalaciones necesarias para su explotación. Los extranjeros, cada vez más, explotaron el mercado interno de bienes manufacturados. A cambio, unos pocos centenares de familias criollas obtenían abultados ingresos que tradicionalmente gastaban en París y también el derecho de oprimir a sus indios como les viniera en gana, si vivían en la sierra, y si vivían en la costa, el derecho de gobernar el país como les viniera en gana. Un estrato medio más bien ancho, en la franja costeña, recibía su porción más modesta de la torta cocinada por la oligarquía.

Hasta hace poco, los resultados de esta colaboración no fueron muy vistosos, aunque por mucho tiempo permitieron que el centro de Lima permaneciera intacto como en sus tiempos de capital virreinal, hasta que fue sistemáticamente destruido por el boom inmobiliario de la década de 1960. Produjo algunos espectaculares ferrocarriles en los Andres —homenajes a la ingeniería británica victoriana—, un cierto número de haciendas algodoneras y azucareras notablemente eficientes ubicadas en oasis de la costa, un porcentaje más o menos modesto de la producción mundial de algunos metales, mucho pescado, pero, proporcionalmente a su tamaño y su población, sigue siendo el país más atrasado de América Latina. Salvo por unas pocas minas, los extranjeros tenían muy poco interés en la sierra indígena, donde vivían dos tercios de la población, pero tampoco los habitantes de la costa servían mucho como propaganda de los beneficios del desarrollo económico impulsado por capital foráneo. Perú era un país cuya injusticia social y su indigencia sin atenuantes helaban la sangre. Si había un país en el mundo que necesitara, y necesita, una revolución, era este. Pero no había ninguna a la vista.

La indignación, el desprecio por la élite del poder peruano, y el pesimismo, animan el libro de Carlos Astiz, un inteligente observador argentino. Como otros antes que él, le impresionaron por igual las enormes potencialidades del país, la modestia de sus logros, la dependencia de Estados Unidos y la aparente imposibilidad de impulsar algún cambio serio. Porque, ¿dónde se originaría? ¿En las débiles clases medias, satisfechas con remedar a los extranjeros y los oligarcas de quienes dependen, no menos que de los empleos en la expansiva burocracia civil y militar que, como en todos los países subdesarrollados, existe precisamente para asalariar a esas clases medias? ¿En el proletariado industrial y rural organizado, que sabe cómo negociar a su favor dentro del sistema? ¿En el APRA, que ya desde hace tiempo integra la partidocracia peruana, y está vendido a Estados Unidos? ¿En una izquierda revolucionaria débil, aislada y cada vez más atomizada?

Sin embargo, este pesimismo resultó manifiestamente equivocado, porque desde 1968 Perú vivió cambios dramáticos que este libro nunca nos habría hecho anticipar, ni siquiera esperar. Hasta ahora, sin duda, son cambios de estilo más que de sustancia. Es demasiado pronto como para celebrar los logros, que distinguir de las intenciones, de la reforma agraria. Pero también es demasiado pronto (conviene recordar a los escépticos) como para descreer del antimperialismo de los militares en el poder. Y sin embargo, ha habido cambios que llamaron la atención. ¿Quién hubiera esperado que algún gobierno peruano provocara una confrontación con Estados Unidos, aun cuando el único propósito de esta fuera negociar en mejores términos? (Carlos Astiz, por ejemplo, declara en su libro que no encontró ni una sola ocasión en todo el siglo XX en que la diplomacia de Lima disintiera con la de Washington.) ¿Quién hubiera esperado que el Ejército peruano expropiara las haciendas azucareras, no solo las de Grace y Gildenmeister, sino también las de las grandes familias de la oligarquía nacional? En la política interior del Perú, la nacionalización de la hacienda Tumán fue un hecho tan extraordinario como lo habría sido en la de Estados Unidos nacionalizar la fábrica de General Electric en Schenectady. ¿Quién hubiera esperado que un gobierno peruano les entregara la dirección de los periódicos a cooperativas y que sopesara con seriedad, como lo está haciendo el actual, ampliar los derechos políticos de la población analfabeta?

La novedad de la política peruana actual no es solo la conversión de los jefes de las Fuerzas Armadas a las doctrinas del nacionalismo antimperialista y del desarrollismo económico, porque esto ya no resulta infrecuente entre los oficiales de los ejércitos latinoamericanos, que hoy forman un sector de la clase media alejado de los viejos estereotipos del aristócrata o del caudillo curtido con ambiciones de poder. La novedad consiste en el acceso a la política de la mayoría olvidada de los peruanos: el campesinado indígena, en la sierra o migrado a la costa. Potencialmente, siempre desempeñó un papel decisivo en la vida nacional, aunque en la práctica por lo general contara poco. El punto débil del antiguo régimen peruano había estado en lo inestable de su dominio sobre las masas indias hoscas y frustradas, sometidas pero no vencidas, cuyas frecuentes rebeliones apenas si han sido registradas por los historiadores. Como la Rusia zarista, el Perú oligárquico vivía sobre un volcán. Solo garantizaban la perpetuación del régimen la falta de liderazgo, el carácter local, la brevedad y la irrelevancia política de las revueltas campesinas.

En el otro extremo, la izquierda siempre conoció la importancia de la población india, pero sus intentos de movilizarla efectivamente fracasaron. La primera mutación histórica en la economía colonial peruana —la victoria del sector costeño, pronorteamericano, sobre el sector cuasifeudal serrano, probritánico— ocurrió en el Oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) y causó la primera irrupción de las masas en la política peruana como un factor de importancia. Fue suficiente como para impulsar dos fenómenos únicos en América Latina: el marxismo autóctono (aunque con influencias italianas) de José Carlos Mariátegui, el pensador socialista más original del continente, y el primer partido de izquierda auténticamente masivo, el APRA de Víctor Haya de la Torre. Pero ni el APRA ni el más pequeño Partido Comunista de Mariátegui tuvieron éxito en abrirse camino entre las masas indígenas serranas, aunque el PC estableció algunas cabeceras de puente en el sur (especialmente en el bastión de la tradición india, el Cuzco), que después se volverían las bases de un movimiento campesino de mayor amplitud. Los indios estaban fuera de la nación, fuera de la ciudadanía: no solo eran olvidados, sino que políticamente eran invisibles.

Los terremotos sociales de las décadas de 1950 y 1960 proveyeron una base más firme para su movilización política. Por primera vez en la historia, la sociedad serrana se abría al mundo, como quedaba demostrado de manera patente por la migración india a las ciudades de la costa. En Lima, el número de habitantes de las callampas o villas de emergencia creció, entre 1956 y y 1961, desde aproximadamente 120.000 (10 %) hasta 400.000 (26 %). El fenómeno crucial de este período fue la insurrección de los campesinos de las sierras, principalmente por vía de una serie de ocupaciones de terrenos descentralizadas y no coordinadas entre sí, que comenzaron a fines de la década de 1950 y alcanzaron su pico en 1963-1964. En esta etapa, en todos los departamentos peruanos excepto uno, alrededor de 300.000 campesinos participaron en estas ocupaciones y protestas.

Menos espectacular, pero no menos significativa desde un punto de vista político, fue la emergencia de los cholos, una pequeña burguesía india diferente de la clase dominante tradicional compuesta por mestizos y un puñado de blancos. Los cholos proveyeron cuadros de líderes (o caudillos) políticos a los movimientos campesinos locales. Politics in the Altiplano: The dynamics of change in rural Peru (1969) [de Edward Dew] es un estudio notablemente interesante de este estrato cholo en el departamento de Puno, uno de los más investigados, y en especial de las carreras de los hermanos Cáceres, cuyo Frente Sindical Campesino obtuvo victorias abrumadoras en las elecciones municipales de la mayoría de las provincias de este departamento. El libro de Dew no es ambicioso, pero el autor tuvo la suerte de poder observar los movimientos políticos de base en una región donde, en el momento de su despertar a la acción social, los asentamienos de indios eran demográficamente densos, y podemos sacar provecho de sus observaciones.

Con la irrupción de los indios en la sociedad visible durante la década de 1960, los parámetros de la política peruana cambiaron para siempre. Por primera vez los rugidos del volcán debían ser considerados seriamente: había dado prueba de su capacidad de erupción. Al mismo tiempo, la posibilidad de ir más allá del actual sistema político era ahora real, y con ella la posibilidad de arrancar a Perú de su estado de atraso y dependencia, un objetivo con el que todos, salvo la oligarquía, simpatizaban. El régimen de Belaúnde (1962-1968) fracasó sobre todo porque permitió que lo paralizara un sistema del que no se atrevió a dejar de ser parte. Las Fuerzas Armadas, que lo habían colocado en el gobierno, fueron quienes finalmente tomaron el poder. Nadie más podía hacerlo.

A diferencia del golpe de los generales brasileños de 1964, el gobierno militar que se instauró en Perú no fue la respuesta a un peligro revolucionario inmediato, fuera este real o imaginario. El Ejército no tenía por cierto ningún temor del APRA, el más débil de los tigres de papel, que tantas veces amenazaba con ganar elecciones que después se veían invalidadas por el veto militar. No estaba atemorizado por la izquierda revolucionaria, que había demostrado su impotencia fuera de las universidades. En 1958-1964 la izquierda había sido incapaz de hacer más que encender y hacer estallar los movimientos campesinos que después no había tenido recursos como para controlar, y en 1965 había fracasado rotundamente en lanzar una guerrilla rural eficaz, como lo prueba trágicamente el pequeño libro de Héctor Béjar Peru 1965: Notes on a guerrilla experience (1970). Béjar, el líder de un pequeño movimiento guerrillero que participó en los abortados levantamientos de 1965, tuvo tiempo en prisión (donde todavía permanece) para reflexionar sobre el fracaso de la experiencia de 1965, y de proporcionar un relato invalorable de las desafortunadas experiencias de su propio grupo en una región de los Andes. Este libro es un agregado valioso a la bibliografía todavía exigua sobre experiencias concretas de guerrilla en este continente en la década de 1960, aunque debemos tener presente (si fuera posible, publicando una traducción al inglés del libro reciente de Jacobo Arenas, Colombie, Guérrillas du peuple, París, 1969) que no todos estos movimientos fueron tan poco profesionales y tan poco exitosos como el de Perú.

Los militares peruanos temieron y temen una revolución social que la izquierda pudiera impulsar alguna vez, porque —como también hace ver Béjar— el apoyo potencial de las masas campesinas es importante. Pero tuvieron y tienen tiempo como para hacer perder terreno a una insurrección de esas características a través de la reforma agraria que, como todo intelectual peruano sabe desde Mariátegui y Haya de la Torre, también destruiría el poder político de la oligarquía.

Los militares tomaron el poder en un período de calma relativa. Todavía gozan de esta tranquilidad, quizá afortunadamente para su propia cohesión política, aunque menos para el cumplimiento de sus objetivos. Hasta los generales más progresistas suelen estar contentos si los civiles se quedan tranquilos, pero los generales progresistas se pueden salvar de la revancha de los reaccionarios gracias a la prontitud de los civiles para salir a las calles en su defensa. Solo hace muy poco que los mineros de la gran corporación norteamericana de Cerro de Pasco empezaron a movilizarse en masa, con consecuencias todavía imprevisibles.

¿Qué están tratando de hacer los generales? Uno de ellos explicó sus prioridades en Le Monde (20 de febrero de 1970):

Descubrimos las razones profundas de la insurrección guerrillera de 1965: la pobreza, la explotación escandalosa de las masas, la injusticia social de las estructuras arcaicas… El comunismo no es la solución para el Perú. Así que nuestro objetivo es claro: debemos luchar contra la dependencia extranjera, que es la raíz del subdesarrollo. Esto implica que debemos confrontar los intereses foráneos, en especial los de Estados Unidos, que no se preocupan por cuál pueda ser el interés del Perú. Esto implica a su vez que debemos luchar contra la oligarquía local, cuyos lazos con el extranjero son estrechos.

En otras palabras, su finalidad negativa es evitar una explosión social por medio de una reforma oportuna y bien pautada, y de manera más inmediata y superficial quebrar a su antiguo antagonista, el APRA; su finalidad positiva es desarrollar los recursos nacionales a través de un capitalismo estatal planificado, buscando financiación extranjera pagadera en términos más favorables, y dirigida a propósitos más directamente útiles a la economía peruana que en el pasado.

Si ellos o alguien tiene una idea clara acerca de cómo alcanzar estos objetivos, es otra cuestión. Políticamente, jugaron una carta fuerte en la política interior peruana, y una más blanda en las relaciones internacionales. En el interior, dado que no existe una oposición ni alternativa eficaz, su mayor problema es hasta dónde pueden llegar sin necesidad de movilizar su potencial apoyo de masas, algo que hasta ahora no intentaron hacer ni construyendo el carisma de algún líder militar (lo que podría causar problemas con sus colegas) ni organizando un movimiento o partido de masas (lo que, al crearse amigos, les podría crear nuevos enemigos). En el plano internacional, son extremadamente vulnerables a la presión de Estados Unidos, por ejemplo a través de la cancelación del cupo importador de azúcar peruano, y tanto más dado que son renuentes a cualquier tipo de ruptura radical del orden económico. Pero, si los presionan mucho, probablemente sea esto lo que hagan, y la amenaza de girar más agudamente a la izquierda es su principal activo diplomático.

Estados Unidos no quiere ver grandes perturbaciones del orden en un país alejado de su área de intervención militar rápida y barata, y menos cuando muchos latinoamericanos están mirando a Lima como test del efecto inmediato del antimperialismo militante, como muchos influyentes oficiales de las Fuerzas Armadas en varios países, cuyas opiniones políticas no son hoy más incendiarias de lo que eran las de sus pares peruanos tres años atrás. ¿Quíén puede olvidar hasta qué extremos llegaron Castro y Nasser, cuando los presionaron demasiado? Es por ello que tanto Washington como la Junta Militar en Lima son prudentes. Están comprando tiempo. Los dos querrían encontrar una fórmula que evitara el conflicto.

¿Es posible una fórmula de esta naturaleza? En teoría, sí. Estados Unidos está dispuesto a dar por perdidos la oligarquía actual y el retardatario sistema económico rural de las sierras. Los generales peruanos, de modo patente, están a favor de la inversión noteamericana y del desarrollo técnico, en términos que, como prueba el acuerdo Cuajone por el cobre, no resultan inacaptables a los inversores de Estados Unidos. A nadie se le va a ocurrir enviar a los marines porque han ocupado alguna propiedad norteamericana en el Perú, especialmente cuando enviar a los marines no es tan fácil. Si la doctrina Kennedy (que fracasó) era incentivar líderes reformistas anticomunistas pero económicamente realistas al estilo de los del APRA o de la Democracia Cristiana, ¿por qué la política de la administración Nixon no podría ser incentivar gobiernos militares reformistas, lo que por lo menos es mejor publicidad que respaldar a los torturadores brasileños?

Ese horizonte debe resultarle aceptable a Washington. Pero no ofrece respuestas inmediatas a los problemas económicos, sociales, políticos del atraso peruano, que son inusualmente agudos. Lo que ofrece es tiempo, algo que necesita un régimen que todavía (e inevitablemente) está improvisando y tanteando su camino. Ofrece reforma agraria (o más bien la parcelación de los grandes latifundios de las haciendas serranas, la transferencia de la propiedad de las plantaciones de la agroindusria en la costa), pero en sí misma, aunque bienvenida, no es una solución adecuada para los problemas del Perú indio.

El problema agrario no es el único significativo del país, ni se puede separar de los otros problemas de la sociedad peruana con los cuales está entrelazado. Para esas cuestiones, esta fórmula meramente ofrecería una versión aggiornata de la teoría de que el imperialismo, de algún modo, puede ser la primera etapa de un capitalismo nacional en un país subdesarrollado. La historia peruana no ofrece motivos para confiar en esta teoría. Más bien sugiere que hay que terminar con la combinación de liberalismo económico y dependencia del extranjero, si no se quiere que un relativo subdesarrollo se regenere una y otra vez a perpetuidad.

Los reformadores peruanos, militares o civiles, lo saben de sobra. Los intereses de Estados Unidos y los del Perú no coinciden. Por más tacto que cada parte emplee en la confrontación, si los generales desarrollan el programa que se proponen se va a generar una dinámica interna que hará difíciles la mutua buena educación y las buenas maneras: la confrontación tendrá que ser una confrontación. Si no es así, el presidente Velasco Alvarado y sus colegas no lograrán alcanzar los logros que buscan. Y el Perú se verá obligado a clamar por una revolución social que, sea pacífica o sea violenta, hace ya mucho tiempo que necesita.

Mayo de 1970

26

La peculiar revolución

del Perú

I

Mientras que el gobierno marxista de Chile es prudente acerca de lo que ha conseguido hasta ahora, aunque lo sea menos sobre sus intenciones, el gobierno militar del Perú no tiene dudas sobre qué está haciendo. Está haciendo la revolución peruana. El gobierno peruano no se baja de esa definición, y se resiente ante cualquier sugerencia de que solo sea reformista. Cuando en una visita reciente le pregunté a un grupo de oficiales del COAP [Comité de Oficiales Asesores de la Presidencia], el think tank del gobierno, cuánto más pensaban extender el proceso de cambio, respondieron que hasta transformar lo fundamental de cada rasgo del país.

En tanto las revoluciones se pueden definir como transformaciones a la estructura económica, social e institucional, esta postura se puede defender. Los militares han cambiado Perú más profundamente de lo que, por ejemplo, los nazis transformaron a Alemania o Perón a la Argentina. (Estos paralelos no buscan sugerir ninguna similitud entre estos regímenes; antes bien, arrojan la sombra de una duda sobre la demasiado fácil profecía de que los militares peruanos se están moviendo hacia el fascismo, cualquier cosa que esto signifique.) Sin embargo, en tanto las revoluciones son movimientos de masas, el proceso peruano no es una revolución. Ni siquiera sería una revolución desde arriba como la colectivización de Stalin o la Revolución Cultural de Mao. No involucra una movilización de masas de las fuerzas populares por el gobierno, ni una lucha contra una resistencia masiva o adversarios atrincherados en sus posiciones. Las masas están simplemente fuera de la transformación que ha tenido lugar.

Durante la mayor parte de sus tres años en el poder, el régimen militar peruano ha obrado en un vacío político. En representación de un grupo articulado de oficiales de naturaleza confusa, pero que claramente representaba a las Fuerzas Armadas, el régimen tomó el poder en octubre de 1968, sin estruendo ni problemas, porque no tenía rival, y todo ocurrió para alivio y beneplácito de la población. La administración reformista de Fernando Belaúnde Terry, a quien el Ejército había colocado en el poder en 1962-1963 y al que habría preferido apoyar, rápidamente degeneró en impotencia e ineficacia. El principal partido, el APRA [Alianza Popular Revolucionaria Americana], no era una alternativa, y no lo habría sido incluso si existiera el conflicto, largo de décadas, entre las Fuerzas Armadas y esta formación política creada por Haya de la Torre. Estaba, además, en bancarrota, un hecho que hoy reconocen incluso los progresistas norteamericanos al estilo de Kennedy que durante largo tiempo lo apoyaron.¹ La izquierda marxista o castrista era insignificante como fuerza revolucionaria, tal como lo demostró la insurrección guerrillera de 1965, y relativamente muy poco importante aun como grupo minoritario de presión de clase trabajadora.

Nunca se habían hecho los cambios necesarios en el país, y dado que literalmente no existía otra fuerza con la voluntad o la capacidad de hacerlos, los militares tomaron el timón y el poder. Cerraron el Congreso, suspendieron las elecciones y abolieron la superestructura de la política partidaria, pero no ilegalizaron los partidos políticos. Pocos peruanos deploraron la desaparición de un sistema cuya mayor diferencia con un régimen militar pensaban que era el hecho de que fuese más corrupto. La oposición política simplemente se esfumó y hoy apenas si subsiste como un factor a tener en cuenta. El APRA se retiró a su habitual posición a la espera de tiempos mejores como el viejo Partido Social Demócrata Alemán, al que de algún modo se parece. Conserva muchos partidarios leales, pero en el paréntesis hace poco, dado que no puede hacer mucho.

A las sectas de la ultraizquierda les siguen faltando peso y gravitación propios, pero hoy tal vez se sienten menos inclinadas a saltar a la yugular de otras veces. El Partido Comunista (PC, moscovita) es la única organización política que mantiene una presencia independiente digna de consideración, en gran medida gracias a su influencia en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que no debe ser confundida con la aprista Confederación de los Trabajadores del Perú (CTP), que posiblemente ya ha iniciado su ocaso. Pero el PC apoya al gobierno militar, y en todo caso sería incapaz de proveer una alternativa realista. De hecho, mientras las Fuerzas Armadas permanezcan unidas, no existe perspectiva alguna de su reemplazo.

Esto ayuda a explicar una de las características más inesperadas de un gobierno militar que ya de por sí es muy sorprendente: el inusual grado de libertades civiles que mantiene. Los generales parecen genuinamente comprometidos con esta libertad y orgullosos con este grado de liberalismo político. No solo ha muerto mucha menos gente hasta ahora que en el Perú gobernado por los civiles, sino que la situación peruana actual es mejor a este respecto que la de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Sería demasiado esperar un balance perfectamente limpio. Quedan algunos presos políticos, antiguos y actuales, uno o dos exiliados y, aunque no hay censura de la prensa, los medios no gubernamentales, aunque menos amordazados que, por ejemplo, en México, eligen sus palabras con mucho cuidado, a excepción de la revista ilustrada Caretas, que cada semana imprime imágenes de chicas y de modas junto a notas y artículos políticos muy desinhibidos.

Cualquier insinuación de que Perú en 1971 es un Estado represivo es un disparate. Por supuesto, puede volverse represivo en cualquier momento. Nada podría impedirlo. Más aún, algún que otro general puede estar defendiendo incluso ahora mismo la posición de que si algunos sindicalistas y activistas de ultraizquierda problemáticos van a parar por un tiempo a la cárcel, el país de todos modos conservaría su buena reputación progresista. Pero hasta ahora el prontuario es asombrosamente bueno.

Si no existe una oposición organizada a los militares, estos tampoco cuentan con un apoyo real entre los civiles. El oficialismo ha incorporado a sus filas a algunos políticos de los partidos tradicionales, a numerosos cuadros de grupos más pequeños como el Movimiento Social Progresista (MSP), a un puñado de intelectuales de izquierda, incluyendo, como es casi inevitable, a ex trotskistas en un nuevo meandro de su posicionamiento ideológico, y a uno de los líderes guerrilleros de 1965, Héctor Béjar. Considerada en su conjunto, sin embargo, la izquierda marxista permanece en la oposición, con la excepción mayor del PC, cuya combinación de apoyo crítico e independencia organizativa hace que el gobierno no le dé la bienvenida. Los militantes estudiantiles menos sectarios, como aquellos que dos años atrás volcaron su activismo en alguna de las organizaciones de reforma agraria, por lo general se han apartado desilusionados. Las masas no comprometidas políticamente, rurales y urbanas, pueden considerar que este gobierno es mejor que sus predecesores y aceptarlo como el único que habrá por bastante tiempo, pero probablemente las expectativas de hoy son menos esperanzadas que hace dos años, en los primeros meses de la reforma agraria.

Esta situación no es muy sorprendente en Lima, donde vive el 20 % de los peruanos. En vísperas de la toma del poder por los militares, aproximadamente un 40 % de la población vivía desempleadas o subempleadas, y un porcentaje equivalente vivía entre refugios de paja y ranchos de adobe.² Desde entonces, como la migración masiva desde el campo a la ciudad ha continuado, el desempleo ha seguido creciendo mientras que los salarios reales ciertamente no. En los últimos tiempos, la repentina escasez o falta de algunos alimentos sumó a la vida una súbita dificultad. El déficit de vivienda, que no había hecho más que empeorar durante la década de 1960, es ahora de una gravedad extrema y, tal como lo demuestran las continuas invasiones masivas de predios urbanos y obras en construcción, explosivo. En 1971, lo más parecido a un problema político que tuvo que enfrentar el gobierno nació de un incidente de okupas urbanos. Esto llevó al breve arresto de un obispo militante social por un ministro del Interior que estaba probando sus músculos (y que muy pronto perdió el cargo) y a la provisión inmediata y muy publicitada de tierra donde construir, caminos, servicios urbanos y visitas presidenciales para el nuevo asentamiento de El Salvador.

Que el campesinado permanezca pasivo —quizá aún menos positivo y a la expectativa que dos años atrás, aunque con los indios peruanos nunca se sabe— es menos sorprendente de lo que parece. La reforma agraria es en verdad genuina y profunda, y está avanzando a paso firme rumbo a la expropiación de todos los latifundios hacia 1975. Aunque en promedio menos drástica que en Chile,³ no es por cierto menos radical y entusiasta en su ataque a la oligarquía terrateniente como clase, que va siendo barrida como fuerza social y política de la mayor parte del campo. Este es sin lugar a dudas un cambio mayor en la vida rural, como lo es la sustitución de varios tipos de cooperativas en lugar de las antiguas haciendas en las sierras y en la costa.

Se pueden sugerir tres razones para explicar la falta de entusiasmo del campesinado. En primer lugar, a la mayoría todavía no le ha tocado su tierra. Las 44.000 familias que se beneficiaron de la reforma agraria desde 1969, un número mayor que las 30.000 a las que se dieron tierras en los seis años de la Revolución en Libertad chilena, son solo una pequeña fracción de las 800.000, más o menos, que teóricamente, bajo la ley, tienen derecho a reclamar. En segundo lugar, lo que los campesinos entienden por reforma agraria es parcelar los latifundios existentes, pero las autoridades no ven las cosas de esta manera, y la política de erigir cooperativas despierta más sospechas que júbilo. Los campesinos prefieren mantenerse lo más lejos posible de cualquier gobierno, y a las cooperativas se las identifica con el gobierno.

Por último, para los trabajadores de las tierras expropiadas, ser mandoneados por tecnócratas que dependen del gobierno, o incluso, como en teoría deben ser las cosas, que dependen de alguna mesa directiva de los cooperativistas/accionistas que se reúne una vez por año, no es muy diferente a ser mandoneados por tecnócratas que dependen de un terrateniente ausente. El jefe sigue siendo el ingeniero Fulano; si no es el mismo que administraba antes esa hacienda, muy probablemente administraba otra. Le pregunté a un peón de una hacienda acerca de la cooperativa en la que aquella gran explotación ganadera se había convertido. «¿Qué cooperativa?», me respondió. Y aun en la misma Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS),⁴ considerada, no sin razón, como modelo y vitrina de los logros de la reforma agraria, la actitud de los antiguos trabajadores rurales es: «Bueno, dicen que ahora nosotros somos los jefes. Pero somos jefes que reciben órdenes y no dan ninguna».

Más inesperada es la pasividad de la clase que quizá sea la más clara beneficiaria del régimen actual, aunque también progresara razonablemente bien bajo Belaúnde: el estrato medio y modernizado de los cholos, indios urbanos.⁵ Los hijos de los kulaks y los empresarios aldeanos indios serranos llenan las grandes universidades, cuyos estudiantes se multiplicaron tal vez quince veces desde la década de 1940, proveyendo la base social para el maoísmo ultrarradical pero efímero de quienes después de graduarse se convierten rápidamente en ciudadanos respetables. Los country clubs, que se multiplicaron fuera de Lima según el modelo de las instituciones de la vieja clase media criolla y de los ejecutivos extranjeros que viven en el país, se llenan con estas familias cholas, que cada fin de semana saltan desde autos sobrecargados para pasar un domingo en un estilo que en muchos aspectos es demótico, como los restaurantes de los impresionistas sobre el Marne: pequeños empresarios, profesionales, quizá burócratas ante todo.

A diferencia de las generaciones anteriores de su tipo, los nuevos cholos no parecen despreciar o cortar los lazos con sus orígenes indios. Probablemente la mayoría de los adultos sigue hablando quechua junto al castellano, y sigue apreciando el pago serrano. El «matiz de desprecio y condescendencia» que François Bourricaud advertía en el uso de la palabra cholo en los años sesenta desaparece con rapidez. El régimen militar es activamente proindio (aunque hay solo un indio en los niveles más altos de la reforma agraria). Es tan proclive a idealizar a los incas como el México oficial a los aztecas, pero con mejores razones, y lo suficientemente afortunado como para encontrar un héroe cultural adecuado en el gran rebelde Túpac Amaru. Hay planes en desarrollo, incluso, de escolarización bilingüe.

Los estratos medios cholos no manifiestan un entusiasmo evidente por la revolución peruana, probablemente porque hasta ahora el régimen no ha hecho crecer, salvo para muy limitados grupos de profesionales técnicamente cualificados, las posibilidades de mejorar y mejorarse de las que ya disfrutaban. El grueso de los cholos, al menos en Lima, mantiene una vida de lucha contra los bajos salarios, las familias numerosas, los precios altos, las condiciones de vida deficientes, los prolongados viajes de ida y vuelta al trabajo, y, ocasionalmente, la incertidumbre sobre la provisión de bienes básicos en la ciudad. Como la mayoría de los peruanos (con la excepción de los agresivos movimientos estudiantiles), no están contra el gobierno pero tampoco lo apoyan activamente.

Los militares están cada vez más preocupados por el vacío político que los rodea. No es solo que un gobierno sinceramente dedicado a lograr que la vida sea humana para todos los peruanos, y que sin ir más lejos es en la memoria de todos la mejor administración que haya conocido el país, recibiría con gusto un poco más de aprecio. Es que saben que la falta de compromiso popular vuelve más difícil su tarea. ¿Puede avanzar una revolución e, incluso, una revolución peruana, por el solo hecho de tomar el timón del Estado y enfilar hacia la dirección deseada? En el Perú, un avance ordenado y pacífico de burócratas flanqueados por abogados y técnicos es una bendición para los historiadores futuros, por la amplia y sistemática documentación que generan. Pero el observador se pregunta, a medida que se abre un camino a través de los archivos seriados y ordenados de una Oficina Zonal de la Reforma Agraria, ¿si es así como se hace una revolución

De hecho, el gobierno militar sabe que no. La mera ausencia de cualquier ímpetu genuino desde abajo, o de cualquier base social, ha empujado a las Fuerzas Armadas al rol virtualmente único de no solo decirles a los civiles qué hacer, sino también de componer ellos mismos el gobierno y la administración. No solo todos los ministros son oficiales de alto rango, sino que en los escalafones más bajos las decisiones recaen en coroneles, capitanes y tenientes uniformados. Y en la medida en que no pueda confiarse en que los funcionarios de carrera de la administración pública, por leales y eficientes que sean, se hayan dotado del dinamismo requerido, esas funciones tienen que ser cumplidas por personal del Ejército.

Uno podría decir que en el Perú las Fuerzas Armadas modernas, una organización crecientemente mastodóntica, ha aceptado su destino y se ha vuelto realmente una burocracia. Pero no quería serlo. Los oficiales de la COAP dicen enfáticamente que los criterios de reclutamiento y promoción y del entrenamiento de los oficiales no se van a modificar a fin de que ellos cumplan los requisitos para las tareas administrativas que deberán realizar hasta el momento en que pueda ponerse la administración en manos civiles y el Ejército retornar a sus funciones militares puras y duras. De que esto sea lo que ellos quieren no tengo dudas. Pero no parece que por largo tiempo vayan a poder hacerlo.

Aun así necesitan del pueblo, y después de meses de una difícil discusión interna, el verano de 1971 se anunció finalmente un programa de «movilización social» (los detalles de este plan general quedan para después). Este esquema va a dar aire y lugar a varios civiles de la izquierda que se han unido al gobierno, pero será dirigido por un general, Leónidas Rodríguez, un oficial muy bien parecido, de quien se puede predecir sin temor a equivocarse que será más famoso todavía en el futuro, dado que combina sus nuevas funciones con el comando de la división de blindados de las Fuerzas Armadas peruanas. Ningún golpe militar tiene muchas probabilidades de ganar si se enfrenta a los tanques del Ejército. En qué consiste exactamente, y cómo va a funcionar en la práctica esta movilización popular anunciada por el gobierno, nadie lo sabe con precisión. No será ni un partido ni un movimiento.

Menos todavía va a operar a través de algún partido o partidos ya existentes, ni por medio de organizaciones independientes, sindicatos de obreros o campesinos, ni nada semejante. A falta de cualquier organización civil o de cuadros políticos propios, el gobierno es renuente a entregar la movilización social a fuerzas que no controle, y más especialmente, teme entregarla a enemigos como el APRA, lo más parecido que hay en Perú a un partido de masas, o a aliados de los que desconfía, como el PC. (El gobierno fue notablemente frío con los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, que el PC impulsó en un momento y que desde entonces poco a poco han ido despareciendo del panorama.)

Las declaraciones y comentarios oficiales son hasta ahora marcadamente vagos («Un largo y difícil proceso en el cuerpo del cual surgirán múltiples y complejos problemas», «contribuir a la creación de condiciones que estimularán la emergencia de organizaciones populares autónomas», etc.). Todo invita a anticipar que la movilización operará a través de los organismos creados o impulsados por el gobierno, como las cooperativas, las «comunidades industriales», las organizaciones sociales de las villas miseria bautizadas ahora «ciudades jóvenes», etc. En los hechos, nadie lo sabe. Algo, todos esperan, saldrá de este anuncio.

II

Qué saldrá o qué puede salir depende de la naturaleza del gobierno y de su revolución peruana, una cuestión muy debatida por la izquierda, que hasta ahora —con la excepción de Fidel Castro y de los comunistas ortodoxos— mira con ojos más bien negativos a los militares peruanos. La izquierda los ve como burgueses reformistas que han revelado (la fecha que dan a esta revelación personal varía según los comentaristas) que no evolucionarán hasta convertirse en un nacionalismo progresista de izquierda sino que buscan un nuevo tipo de nicho en una nueva versión de imperialismo global. Tales argumentos son planteados de una manera muy simple y directa, o en versiones más sofisticadas, pero finalmente igual de circulares por simpatizantes de la ultraizquierda peruana.⁶ Anibal Quijano los plantea con admirable lucidez e inteligencia en su Nationalism and Capitalism in Peru: a Study in Neo-Imperialism (1972), la mejor exposición de los argumentos de la oposición. El libro analiza las políticas económicas del régimen hasta la primavera de 1971.

Todos estos argumentos tienden a suponer (a) que los militares peruanos en el gobierno apoyan y prefieren el capitalismo porque no se pronuncian a favor de un giro hacia el socialismo, (b) que la situación internacional del Perú a la que aspiran los militares solo puede ser descrita como «neoimperialismo», y (c) que sí es posible una economía peruana basada en una burguesía nacional (dependiente). Estas presuposiciones simplifican en extremo una situación muy compleja y muy ambigua.

La mera existencia de estos argumentos e incertidumbres en la izquierda señala esa complejidad. Los militares peruanos son, innegablemente, reformistas genuinos. Al mismo tiempo es casi imposible creer en su programa. Sin embargo, ellos creen en él, y se han apegado a él con una notable consistencia que permite un alto grado de flexibilidad táctica. Aquellos que aseguran haber detectado en ellos un giro decisivo a la derecha (o, más raramente, a la izquierda) tienden a confundir los zigzags tácticos con cambios de dirección. Pero la ruta está lo suficientemente bien señalizada como para que sea claro adónde quiere ir el régimen militar.

La posición del régimen del presidente Juan Velasco Alvarado se deja resumir sumariamente.⁷ Hasta 1968 el Perú era capitalista, y era dependiente, subdesarrollado, pobre y atrasado porque eso engendra el capitalismo. Desde ese entonces, el régimen en el gobierno es anticapitalista y revolucionario, porque no tendría ningún sentido limitarse simplemente a modernizar y por lo tanto continuar el sistema que engendra todos estos males. El mecanismo que sometía al Perú era una combinación de una oligarquía local y de imperialismo extranjero. («¿No ha estado siempre Perú gobernado por un pequeño grupo de peruanos que se hicieron ricos sobre el lomo de nuestro pueblo y que hipotecaron al extranjero la riqueza nacional?») El régimen se opone a la oligarquía con una pasión obviamente sincera, no solo porque es económicamente ineficiente sino ante todo porque es el eslabón crucial en la cadena de explotación imperialista.

La novedad de la reforma agraria peruana no fue técnica sino política. La reforma de Belaúnde, además de quedarse en el papel, había exceptuado de antemano las haciendas azucareras modernas y eficientes que explotaban en la costa los máximos oligarcas nacionales y extranjeros. Los militares empezaron por expropiar esas haciendas porque representaban a los oligarcas más eficientes: es decir, a los más poderosos. Por otra parte, el nuevo Perú nunca será comunista, por las habituales razones antitotalitarias. Más todavía, hoy por hoy ninguno de los dos sistemas luce muy atractivo: «Ambos dan muestras hoy de síntomas inequívocos de debilitamiento y crisis».

La respuesta militar es menos fácil de describir en pocas palabras, salvo con el eslogan, que poco significa, de «Ni capitalistas ni comunistas». En la posición de la revolución peruana hay mucho que recuerda al catolicismo social de la juventud de los generales, en el período de entreguerras. Hay el sueño de armonizar el capital y el trabajo como partes mutuamente dependientes y funcionalmente necesarias de todo organismo social, y en consecuencia existe una profunda desconfianza de los órganos de la guerra de clases y de los grupos de presión sectoriales. Hay una búsqueda de formas de organización económica que eliminen o modifiquen la cruda relación entre empleadores y empleados, en particular en las grandes empresas. A esto se debe el entusiasmo por la organización cooperativa. El eslogan cooperativista sugiere todas esas cosas, pero es lo suficientemente vago y ambiguo como para abarcarlo todo desde un management tecnocrático e impuesto de facto hasta un kibbutz.

Sin embargo, el tradicionalismo antitecnológico que en el pasado muy frecuentemente fue de la mano con este tipo de ideología está por completo ausente aquí. La peculiaridad peruana de esta revolución no reside en convocar a la continuidad ni en evocar a la comunidad del pasado, en la cual hay muy poco que pueda inspirar al régimen, con la excepción posible del pueblo (indio) del Perú que, aun oprimido y explotado, nunca abandonó sus luchas. Sus simpatías populistas, no obstante, no se extienden hasta el tradicionalismo del campesinado.

El programa completo del régimen es demasiado vago o utópico e irrealizable. De ahí que la pregunta no es tanto qué quiere el régimen que ocurra en el futuro, sino qué es lo que puede llegar a configurarse a partir de sus esfuerzos, lo cual es algo diferente. Por lo demás, no existe una congruencia automática sino más bien una contradicción probable entre el objetivo de un Perú liberado del imperialismo y del subdesarrollo y el objetivo de un organismo social armonioso. Los críticos de izquierda suponen que dado que el régimen no es socialista ni comunista —aunque es difícil encontrar algún desmentido categórico de que sea socialista entre las declaraciones de los militares—, solo puede desarrollarse a través de alguna forma de capitalismo y está así condenado a perpetuar, de un modo u otro, la dependencia imperialista. Los voceros más ingenuos de esta posición, contra toda evidencia, consideran que los objetivos explícitos que el gobierno señala como propios son puro dorar la píldora, con el fin secreto de que las masas se traguen mejor esta nueva versión de capitalismo dependiente.

Los partidarios de izquierda más prudentes consideran que el antimperialismo es genuino, que hasta ahora las reformas son progresistas, o por lo menos no son incompatibles con lo que hubiera hecho un gobierno progresista, y que la lógica de la posición en la que se encuentra puede empujar al régimen hacia la izquierda. Por supuesto, tan posible como esto es que en la encrucijada, cuando los senderos se bifurquen, los generales elijan el camino equivocado, pero todavía no estamos en esa encrucijada.

Tales argumentos ilustran la dificultad de clasificar a un régimen que rehúsa adecuarse cualquiera de las categorías habituales, quizá porque esos casilleros no están disponibles hoy. Lo que es verdad es que el régimen intenta colmar un vacío. Difícilmente podría pasar por una burguesía peruana, o representarla, incluso si tuviera esa intención: en vez de ello debe ocupar ese lugar, porque en Perú no existe tal cosa como una burguesía nacional. Nada hay del fenómeno social reconocible como revolución, pero todavía menos de contrarrevolución o aun de freno o retraso de la revolución con un reformismo juicioso, aunque esto sí estuviera en las mentes de algunos generales.

El régimen ocupa el lugar de la revolución que no ocurrió en 1960-1963 pero dejó como legado la necesidad de ratificar y sistematizar algunos cambios, algo que nadie más que los militares podía hacer. Los levantamientos campesinos de comienzos de la década de 1960 no significaron políticamente más que la acumulación de descontento local. Mataron el latifundismo serrano económica y socialmente, tal como los propietarios advertían muy bien. Pero los campesinos eran incapaces de enterrar con sus propias manos ese cadáver en estado de putrefacción. Los militares tuvieron que ocupar el lugar de un sistema político en bancarrota, totalmente impotente, salvo para responder a las presiones de las empresas extranjeras y de la oligarquía local. Como hemos visto, tuvieron que asumir la administración pública. Lo único, o casi lo único, que los oficiales de las Fuerzas Armadas representan es gente como ellos mismos, esto es, profesionales que hacen carrera como empleados del Estado. Pero esto en sí mismo no nos lleva muy lejos.

Las únicas fuerzas políticas a las que el Ejército no vino a reemplazar, porque ya estaban allí ocupando activamente su lugar social, son las de las clases trabajadoras y el movimiento sindical; que son también las únicas (además de los estudiantes) que mantienen instituciones independientes bajo el nuevo régimen. De ahí proviene la sospecha del gobierno que afecta tanto al APRA como al PC, ambos con base esencialmente proletaria —los movimientos campesinos de los años sesenta ya se han desintegrado— y especialmente su profunda sospecha de los movimientos sindicales. Políticamente la pequeña clase trabajadora del Perú no es un problema serio. A diferencia de su contraparte en Chile, no provee la base para un gobierno alternativo. Sus componentes más poderosos, los mineros y los trabajadores en las haciendas agroindustriales de la costa, son aristócratas del mundo del trabajo, y suman en total unos 50.000 y 30.000 adultos respectivamente. A diferencia de los campesinos, sin embargo, no constituyen solo una fuerza de la naturaleza sino que, a través de los sindicatos, conforman una fuerza organizada y estructurada. Al menos tienen líderes a los que se les puede reprochar un fracaso.

Los militares que hoy gobiernan Perú no entienden a los sindicatos y preferirían que no existieran. Las relaciones que mantienen con ellos ilustran una de las mayores flaquezas de la revolución peruana y explican, aunque no justifican, algo de la hostilidad izquierdista contra los militares. El gobierno cometió grandes errores en su política sindical cuando prefirió controlar una situación directamente, como lo hizo en las haciendas azucareras de la costa, y probablemente cometerá errores similares con el trabajo en la industria si su malestar ante el comportamiento de los sindicatos lo tienta a intervenir también ahí y tomar el control directo.

Aunque el gobierno militar se niega a creerlo, los dirigentes sindicales no están conchabados en secreto, conspirando para sabotear la revolución peruana, o para que la revolución se vuelva comunista, salvo en aquellas localidades dispersas donde la ultraizquierda hace sentir una influencia que por lo general es, además, temporal. («Pocas veces pueden conservarla», me dijo un líder sindical. «El estilo universitario de acción no es como el estilo proletario.») La central sindical del APRA, como el propio partido, permanece sin actividad política propiamente dicha. La emergente CGTP comparte la actitud del PC para con el régimen, aunque se moviliza y hace campaña activamente para que haya más cambios en el Ministerio de Trabajo, cuya estructura la revolución apenas si tocó. No busca ciertamente causarle problemas a un gobierno al que, por otro lado, también apoya activamente.

Debe, no obstante, prestar atención a la militancia de sus afiliados, sobre todo si tiene en cuenta a sus rivales. En las ciudades salen a la calle porque los salarios reales caen por una pendiente, mientras que en las minas el propio antimperialismo del gobierno alienta la hostilidad permanente de los mineros con sus empleadores extranjeros, con lo cual su poder de negociación es más fuerte que nunca.⁸ Los líderes de los movimientos sindicales genuinos no pueden constreñir a sus miembros, y hasta cierto punto deben seguirlos, hoy en especial. Son totalmente diferentes a los oficiales del Ejército, aunque a los militares esto les resulta difícil de entender.

La incomprensión de los sindicatos ha sido particularmente contraproducente en las haciendas azucareras. Estas plazas fuertes, de sindicatos militantes, porque son relativamente jóvenes —varios no fueron reconocidos hasta el comienzo de la década de 1960—, eran también plazas fuertes del APRA en su principal bastión, el sólido Norte. En verdad el gobierno esperaba que las nuevas cooperativas también reemplazaran a los sindicatos. ¿Para qué necesitaban sindicatos los trabajadores si ahora eran los dueños de las empresas? Más todavía. Presumiblemente para prevenir que las cooperativas fueran dominadas por partidarios del APRA, se les fabricó un sistema electoral demasiado complejo y manipulable, y además se estableció que funcionarios y ex funcionarios de los sindicatos o de los partidos políticos eran inelegibles como delegados y funcionarios de las cooperativas. Una medida equivalente a proscribir a demócratas registrados o a activistas del sindicato United Automobile Workers de participar en la administración efectiva de una planta de Chrysler colectivizada. Se ha intentado privar a los líderes sindicales incluso de la membrecía cooperativa, pero esto causó huelgas que clamaron por la reincorporación.

Un sindicato poderoso y reconocido, independiente de su filiación política, tiene que negociar con los gerentes de la empresa, sea cual fuere el carácter o estatuto legal de esta; y viceversa, como los antiguos administradores de las haciendas habían aprendido muy bien. Si los hubieran dejado hacer, los viejos sindicatos y los nuevos mánagers hubieran hecho lo mismo: dejar que el complejo problema de los intereses duales de los miembros (como trabajadores y copropietarios) se resolviera por sí mismo en la práctica. Eso es lo que parecía estar sucediendo en los primeros meses después de la expropiación, cuando, incidentalmente, la influencia del APRA en los sindicatos retrocedía con rapidez, al menos en la región que yo visité.

El resultado de la política del gobierno ha sido exactamente lo contrario a lo que quería que ocurra. El management (es decir, los técnicos y los empleados administrativos que son los funcionarios de la cooperativa) está tan separado como antes de los trabajadores; los sindicatos han sido apartados y marginados, y por lo tanto ha crecido su militancia; la influencia del APRA ha revivido; y los militantes de ultraizquierda se han visto atraídos por el imán de las fricciones industriales endémicas. El año pasado hubo huelgas, manifestaciones bastante violentas y tumultuosas, renuncias de mánagers y de comités, e incluso la condena de líderes sindicales a penas leves de prisión y considerables multas por «sabotear la reforma agraria». Son acontecimientos un tanto extraños para lo que quería ser el podio de los éxitos de la revolución peruana. La respuesta a estos acontecimientos ha sido una intervención cada vez más directa de funcionarios militares y policiales en la administración de las cooperativas.

III

¿Adónde se dirigen los generales? Lo más simple de predecir son sus relaciones internacionales, porque aquí el conflicto entre intención y resultado es menos agudo. El objetivo del régimen es un Perú independiente, pero como el país es pobre, débil y atrasado, saber que no podrá serlo sin ayuda extranjera da prueba de un realismo adecuado. Para ser más precisos, el régimen cree que los costos de buscar esa independencia en solitario son prohibitivos, como muy probablemente lo son, en efecto. El objetivo máximo es quebrar el monopolio del poder de Estados Unidos sin caer por ello en la dependencia de ningún otro Estado en particular. Lo que más le convendría al gobierno peruano es que exista mucha rivalidad mundial entre numerosas superpotencias —Estados Unidos, la Unión Soviética, quizá el Mercado Común Europeo, quizá China— de modo tal que los pequeños países puedan diversificar su dependencia y gozar de mayor espacio de maniobra.

Perú también tiene la esperanza, más que la expectativa, de que la acción coordinada de los Estados del tercer mundo va a darle a cada país débil un poco más de poder. En la actualidad, con Estados Unidos en recesión política y económica, las perspectivas lucen prometedoras y Perú está negociando comercio y asistencia técnica en inversiones con todos, desde China hasta Japón y Alemania Occidental, así como con Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué ocurrirá si Estados Unidos se recupera? Los funcionarios, que conversan sobre todos estos asuntos con una muy agradable franqueza y sin ningún asomo de impostura, se encogen de hombros. Un país débil y atrasado tiene que sacar el mayor provecho posible del mundo tal cual es.

La flaqueza de esta posición es que un país débil del que se sabe que no está dispuesto a arriesgarlo todo tiene menos poder negociador que el que podría tener. Hay quienes, incluso empresarios extranjeros, piensan que Perú ha pactado con los inversores en términos más generosos que los necesarios. De hecho, de acuerdo con los estándares internacionales, los recientes contratos de petróleo y cobre con corporaciones extranjeras no son mezquinos, y la Ley de Minería de 1971 es totalmente aceptable para el empresariado extranjero. Sin embargo, una discusión sobre el porcentaje de regalías o de ganancias repatriables no debe confundirse con una discusión sobre cuestiones fundamentales. Describir la política peruana como «sin duda… proimperialista», como hace Ricardo Letts, es devaluar el lenguaje. En la minería, Perú ha dejado de lado deliberadamente la opción de nacionalizar (aunque la compañía estatal va a ser muy grande) y ha preferido, en cambio, retener el monopolio estatal del mercado minero y de la mayor parte de las refinerías, un punto de vista muy defendible. En petróleo optó por algo que equivale a un contrato de servicios más que a una concesión. Las políticas de los militares no son de ningún modo socialistas, pero decir esto, ya que no pretenden ser explícitamente socialistas, es más tautología que crítica. En contrapartida, su intención es llanamente antimperialista.

Y tal, sin duda, es su efecto. Las empresas norteamericanas no dudarán en resignarse aquí como en otras partes a hacer negocios en condiciones drásticamente menos favorables a lo que eran antaño y descubrirán que se puede hacer dinero de esta otra manera y que, incluso, dados los problemas actuales de la economía norteamericana, hay que hacer dinero así. A la inversa, se pueden consolar con la reflexión de que, si hasta la Unión Soviética contrata a empresas occidentales para construir plantas industriales, el Perú también seguirá encontrando ventajoso hacer negocios con ellos. Esto ocurrirá mientras los Estados capitalistas sean más ricos y tecnológicamente más avanzados que los socialistas y que el tercer mundo, excepto que las potencias socialistas retrocedan a su objetivo anterior de una autoridad justa, y se nieguen a sí mismas los productos de la tecnología de las naciones más ricas, algo que pocas de ellas parecen inclinadas a hacer, y que, salvo al precio de un aislamiento rígido, ninguna puede hacer. Pero decir que las empresas norteamericanas van a sobrevivir en Perú no implica decir que nada haya cambiado. Basta con mirar del otro lado de la frontera norte al vecino Ecuador, la más grande de todas las repúblicas bananeras, para advertir la diferencia.

Sin embargo, las políticas de los militares peruanos no quieren ir en contra de la empresa privada, a pesar de que colocan todas las industrias básicas en el sector público. Están por cierto a favor de un desarrollo capitalista nacional, sin duda bajo el control de un sector estatal dirigente, pero que también permita que el gobierno se beneficie de sus actividades. Tal simbiosis es hoy normal, y en América Latina incluso los dinámicos capitalismos locales de Brasil y México se apoyan ampliamente sobre ella. Pero el Perú no es Brasil ni México. No existe una burguesía nacional peruana efectiva, y es poco probable que las decisiones militares por sí solas basten para crear lo que varios siglos de Historia le han negado al país.

Es más probable que ocurra que la extrema debilidad de las empresas privadas nacionales y las restricciones a la participación en ellas de capital extranjero hagan crecer al sector público mucho más allá de lo que originariamente se proponía. Y tendrá que crecer, a menos que el Perú recaiga en su antiguo patrón de dependencia. Esto hace surgir interrogantes agudos, análogos a los que surgían en Europa oriental, acerca de la conveniencia de amplias burocracias estatales convertidas en emprendedores económicos en países atrasados, acerca del rol de los incentivos, de los tecnócratas, etc. Sin embargo, a menos que consideremos, digamos, a Bulgaria o a Rumania como capitalistas, estos problemas de por sí no bastan para caracterizar a un Estado como «reformista burgués». Ni tampoco son suficientes, por supuesto, para caracterizarlo como socialista.

La estrategia peruana de desarrollo es pues debatible, pero hasta ahora no es posible considerarla proimperialista o procapitalista. El principal peligro de que Perú pueda un día volver a la primera casilla radica en el hecho de que su transformación ha sido tan controlada y ordenada, y tan grande el miedo del régimen a la disrupción y el caos, y tan atractiva la esperanza de poder avanzar sin una confrontación crítica con Estados Unidos, que indudablemente el gobierno se va a ver tentado a hacer concesiones. La alternativa sería sumergirse en una de esas edades de hierro que han sido una parte normal de la historia de las revoluciones. La real debilidad de los militares peruanos puede ser su voluntad de combinar cambio revolucionario con paz y tranquilidad, volviéndose así vulnerables a chantajes desde el exterior. Pero es absurdo negar que quieran decir lo que dicen o que no estén apasionadamente determinados a asegurar la independencia de su país.

Uno tiene dudas más serias sobre los aspectos sociales que sobre los aspectos económicos del régimen. Aquí se advierten dos debilidades. En primer lugar los planificadores y administradores tienden a concentrarse en asuntos económicos duros, que ofrecen resultados mensurables, y no le prestan más que una atención puramente verbal y declarativa a los objetivos sociales del gobierno. No se podría deducir jamás de sus documentos sobre «el sector agrario» que en Perú está en marcha una reforma agraria en gran escala con objetivos y problemas específicos más allá de la esfera económica. La natural voluntad de mantener la producción en aumento favorece el que se preste a ese objetivo prioridad por sobre los otros y a que se mantenga la estructura de administración de las empresas tal como era.

Desde el punto de vista social, el mayor problema de las áreas rurales es que la reforma agraria dejará —y si busca proveer a las familias de minifundios explotables deberá resignarse a ello— a numerosas familias sin asignación de tierra: hasta un 80 % de acuerdo con una de las estimaciones que se han hecho.⁹ Pero los administradores de la producción agroindustrial están más preocupados por la ineficiencia y el alto costo de la mano de obra en aquellas unidades de explotación con exceso de recursos humanos, y prefieren esperanzarse con que los sin tierra simplemente migrarán a otro lado. Técnicamente es más fácil obtener resultados rápidos y positivos de la reforma en las haciendas de la costa. De modo que se ha pospuesto la faena ardua, cara pero esencial, de poner las bases de una explotación agropecuaria eficiente en la sierra.

En segundo lugar, los propios planes sociales del gobierno de crear «comunidades» en la industria, la minería, la pesca, etc., son inadecuados. En esencia son artificios para promover el consorcio de los trabajadores y la condivisión de las ganancias dentro de cada empresa, y para igualar los dividendos de las acciones (a través de la Comunidad de Compensación Minera) en empresas de rentabilidad variable. Los detalles financieros no tienen por qué detener ahora nuestra atención. También se está considerando la participación obrera en la gerencia de las empresas, pero en una escala más modesta que el Mittbestimmungsrecht germanooccidental, y excluyendo a los dirigentes sindicales. Obviamente, esto resulta insuficiente si se busca torcer el rumbo de la administración de empresas. El gobierno tiene muchas esperanzas colocadas en el futuro de las comunidades, incluyendo, sin duda, la esperanza de que vayan a superar y suplantar a los sindicatos. Esto es improbable. Como hasta ahora su existencia está mayormente limitada al papel, se puede decir poco en concreto acerca de su funcionamiento. Una opinión autorizada es que las comunidades no van a servir para mucho más que para darles a algunos trabajadores una perspectiva útil sobre la administración de las empresas. El punto de vista prevaleciente entre los empresarios es que las comunidades van a disminuir el incentivo de ganancia pero que probablemente se las pueda neutralizar.

Las intenciones del gobierno militar no están en duda. Hacer que la vida sea mejor y más humana para la mayoría de los peruanos, y hacer viable el acceso del pueblo, al que los gobiernos anteriores habían tratado apenas mejor que si fuera ganado, a los asuntos de la nación son los fines a los cuales acuerdan prioridad, al menos teóricamente.¹⁰ Mucho se ha debatido, de manera extensa e intensa, acerca de la reforma educativa. El sistema actual ha fracasado ampliamente, a pesar de su expansión, grande pero desequilibrada, en la década de 1960. El período promedio de asistencia escolar para todos los peruanos es de tres años; el 88 % abandona la escuela secundaria, y no se advierte una disminución en el núcleo duro de analfabetismo, cuya tasa oficial (y optimista) es del 30 % de la población, unos cuatro millones de personas.¹¹

Hay también unas cuantas ideas sensatas sobre el desarrollo de los asentamientos improvisados en los cuales vive quizá hasta un 40 % de la población urbana en el Perú, pero lo que se ha hecho hasta ahora es inadecuado para los objetivos económicos y sociales del régimen. Para no mencionar más que un ejemplo. Hay que hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora para convertir al 20 % de la población limeña, el fondo de la escala social, que en 1967 recibió solo el 1,3 % del total de los ingresos de la ciudad capital —en México, el número correlativo asciende al 6 %—, en ciudadanos genuinos o incluso en un mercado para la industria peruana. El 37 % de los limeños gana menos de cincuenta dólares al mes en la ciudad más cara de América Latina. El gobierno tomó de José Carlos Mariátegui, el fundador del PC peruano, el espléndido eslogan: «Peruanicemos el Perú». Para los indigentes limeños, esa realidad está todavía muy lejos.¹²

IV

«Si usted fuera peruano, ¿qué haría?» Es frecuente que jóvenes intelectuales todavía no enteramente comprometidos con una posición política le formulen esta pregunta al visitante extranjero, y es imposible saber cuál sería la respuesta más correcta. En primer lugar, el régimen peruano es uno de esos fenómenos sobre los que difieren las opiniones de la izquierda local y de la izquierda extranjera, aunque el tacto internacional y las lealtades pueden procurar esconder esas divergencias. Es fácil imaginar gobiernos que los socialistas aprobarían con mucho más entusiasmo, pero ninguno de ellos parece ni remotamente probable en el Perú, incluso al fin del actual, y la sucesión también parece de momento una contingencia poco verosímil.

En segundo lugar, la actitud en apariencia más razonable, un apoyo crítico al gobierno en el período actual, no es una que los militares aprecien mucho, en parte porque en realidad no confían en los civiles, pero sobre todo porque no confían en quien no les preste un apoyo pleno. Como la mayoría de los gobiernos, lo que quieren es un apoyo incondicional, pero a diferencia de muchos políticos en el poder, los militares no están acostumbrados, o resignados, a ese tipo de partidario que de tanto en tanto se muestra crítico.

Por otro lado, por más que uno pueda comprender las dificultades personales de los intelectuales peruanos, estas no se cuentan entre los problemas mayores del país, que son enormes, incluso cuando no interfiere ninguna circunstancia adversa. La agricultura peruana debe desarrollarse en unas pocas alfombras de tierra fértil, unas pocas franjas de suelo cultivable en valles serranos salpicados de tierras comunales indias del tamaño de un pañuelo, unas pocas entre la alta sierra y la selva amazónica, y un campo de pastoreo rudo y sin fin salpicado de algunos sembradíos de papa en la Puna. Desde los incas, nadie ha conseguido cultivar con eficacia en las tierras altas.

Perú no tiene una industria que pueda tolerar siquiera la competencia de Chile o Colombia. El boom de su ingente pesca depende, como su antecesor, del exitoso comercio del guano en el siglo XIX, de la cría de ganado en el mundo desarrollado, y más exactamente de los pollos y cerdos de corral que se alimentan de harina de pescado hasta que aparezca algún forraje más barato. La riqueza minera peruana es grande y diversificada, pero este es el tipo de recurso que requiere la clase de inversiones y tecnología que tiende a dejar al Perú a la merced de la empresa extranjera. Casi la única ventaja que el país tiene sobre otras economías subdesarrolladas es que no depende de la exportación de una única materia prima.

Es posible que el Perú ya no sea, como en el dicho del siglo XIX, «un mendigo sentado sobre una parva de oro», pero su población sigue siendo pobre y vive en un atraso desesperante. Los incas se fueron para siempre, pero sus descendientes se están reapoderando del país. Desde las sierras, hombres y mujeres bajos y gruesos, de tórax bien desarrollado, de piel del color de la tierra, inundan las costas y los valles subtropicales del país, llenan las villas miseria con sus nombres de pila curiosamente barrocos, con sus apellidos quechuas. Nada les han enseñado cuatrocientos cincuenta años de sujeción a estos mujiks en poncho excepto a aguantar y sobrevivir en sus comunidades campesinas, antes cerradas pero hoy en proceso de desintegración, a desconfiar y a no dejar traslucir qué pensaban a sus amos y patrones blancos. Estas enseñanzas no sirven para vivir mejor en la década de 1970, a pesar de la pasión por aprender y progresar que ha venido llenando las sierras con escuelas y las ciudades con familias en busca de una mejor educación para sus hijos.

¿Cuáles son sus perspectivas? Si dejamos de lado a los fuertes y sobrios que constituyen las clases medias cholas (el paralelo con la Rusia zarista acude inevitable a la mente de los estudiosos del Perú), cunden la desorganización social, el subempleo y la pobreza. El éxodo rural, el incontrolable desarrollo de los arrabales en la megalópolis limeña, que hoy Perú presencia a escala monumental, son versiones extremas de los cambios sociales familiares en la Europa del tardío siglo XIX, pero en aquellos días (y para aquellos países) el capitalismo funcionaba, por lo menos en la medida en que creaba suficiente empleo como para absorber a los nuevos inmigrantes en una vida con un estándar modesto pero en ascenso. Por lo tanto, fuera de períodos de depresión aguda y duradera, era plausible concentrarse en la tasa de crecimiento económico, dejando que el empleo (y la distribución de la nueva riqueza generada) se las arreglaran mayormente solos.

Pero esta política económica hoy no funciona, y menos que menos en países como Perú. Meramente produce un problema socio-agrario irresuelto en las sierras, sin las masivas remesas a casa de los migrantes a Birmingham y Turín que mantienen a flote áreas análogas en Irlanda o Italia meridional, y una explosión demográfica de nuevos habitantes urbanos con los cuales ni la economía ni la administración social saben qué hacer.

No hay que reprocharle al régimen militar que no sepa cómo resolver el problema de dar trabajo a la población, lo que implica una reconstrucción social desde los fundamentos. Con la posible excepción de China, ningún gobierno en un país subdesarrollado, socialista o de otro tipo, parece haberle otorgado una prioridad a la reconstrucción social sobre el crecimiento económico, y si incluso los chinos han tenido algún éxito en esto es oscuro, como tantas otras cosas en ese país. Pero sería profundamente insensato para los gobernantes del Perú descuidar la urgencia de la situación. Tal como ocurre, los años del boom de la década de 1960 y el colapso del antiguo orden rural cuasifeudal les han dado un poco de aire y una oportunidad.

En este momento Perú no está al borde de una explosión social, como parecía entre 1958 y 1963. Pero no hay razón para creer que la tensión va a permanecer permanentemente bajo control. El descontento campesino puede volver a encenderse en las sierras, el malcontento social ciertamente va a crecer en las gigantescas junglas urbanas, como ha ocurrido en Bogotá y en Caracas, donde ha resucitado la fortuna política de figuras tan desacreditadas como los ex dictadores Rojas Pinilla y Pérez Jiménez. (Pero no revivieron, podemos agregar para que se enteren los optimistas de extrema izquierda, a los líderes de los movimientos marxistas locales.) Hasta ahora, los militares peruanos han tenido la buena fortuna de poder planificar y actuar sin coerciones exteriores, salvo la propia debilidad y el atraso de su país. Ha llegado el momento de que evalúen si sus políticas son adecuadas para alcanzar los fines que se proponen.

Sería injusto e improductivo descartar sumariamente al gobierno militar del Perú, como tantos en la izquierda parecen inclinados a hacer. Injusto porque son hombres serios y aplicados, que intentan genuinamente revolucionar a su país y hacerlo independiente, por más razones que tengamos para disentir razonablemente con ellos. Para encontrar un término de comparación, hay que buscarlo en las mayores revoluciones sociales de América Latina: no en el México capitalista de los últimos treinta años, sino en las aspiraciones de la revolución mexicana. Se merecen que les tomemos la palabra.

Improductivo porque en el futuro que se avizora son la mejor oportunidad que tiene el Perú. Pueden ser víctimas del disenso dentro de las Fuerzas Armadas, bajo la presión de dificultades económicas o tensiones sociales, pero su sucesor más probable sería un régimen militar como el brasileño, lo que sería claramente peor. Es posible que no alcancen sus objetivos, y es importante señalar de qué maneras su ideología y la naturaleza y las limitaciones de sus políticas les dificultan, si no lo vuelven imposible, hacer lo que dicen que quieren hacer. Pero a la vista no hay nadie más que tenga hoy una oportunidad realista de acercarse a esos objetivos, y menos aún a los más avanzados de un Perú socialista. Nadie todavía puede ocupar ese lugar.

El argumento de la izquierda que repudia a los militares no es que ya hayan dado el giro equivocado o estén a punto de hacerlo (esta última sería una posición defendible), sino que existe una alternativa: un movimiento de masas marxista hegemónico como una posibilidad inmediata o por lo menos inminente. Desafortunadamente no hay buenas razones para esperar algo así. La historia de América Latina está llena de sustitutos para esa izquierda genuinamente popular, social y revolucionaria que tan pocas veces ha sido lo suficientemente fuerte como para determinar la forma de la historia de sus países.

Con las raras excepciones de Cuba y Chile, la izquierda latinoamericana ha debido elegir entre una pureza sectaria ineficiente y sacar el mejor partido posible de una serie de malos compañeros: populistas civiles o militares, burguesías nacionales, o lo que fuere. Muy a menudo, la izquierda ha deplorado su fracaso para hallar un entendimiento con esos gobiernos y movimientos antes de que los reemplazara algo mucho peor. Hoy la mayor parte de la izquierda argentina reconoce que debe trabajar con y por el peronismo, que es el movimiento de trabajo organizado. Veinte años atrás, casi nadie en la izquierda argentina lo hizo. Los militares peruanos, una variedad más bien peculiar de ese fenómeno de sustitución, pueden caer, fracasar o cambiar el carácter del régimen. Si hacen alguna de estas cosas, no será una ocasión como para felicitarse.

Diciembre de 1971

[Algunas de las notas de la publicación original de este ensayo han sido suprimidas en la versión que figura en este volumen.]

NOTA DE LESLIE BETHELL: En respuesta a una larga carta a los editores de la New York Review of Books de «Un antropólogo» (de nombre reservado) que argumentaba que ninguna de las reformas del así llamado gobierno revolucionario del Perú, «último en una larga lista de administraciones colonialistas», pretendía devolverles poder a los indios, los nativos americanos de las serranías andinas y de las tierras bajas del alto Amazonas, principalmente hablantes de quechua y de aymara, que son el 60 o 70 % de la población, Eric respondió (New York Review of Books, 15 de junio de 1972):

Resulta claro que el autor de esta carta y yo no hablamos el mismo idioma […] No puedo entender su uso del término «indio» que se mueve de un criterio posible a otro: en el sentido más amplio (es decir, uno como el que se usa para definir a los norteamericanos negros), probablemente más que su 60 o 70 % de peruanos sea indio; en el sentido de aquellos que viven bajo «instituciones indígenas» como las «comunidades campesinas [antes «indígenas»]» probablemente menos del 20 % de la población era india, aun diez años atrás […] Tratemos de establecer un universo discursivo común. Primero, acerca de la política del gobierno peruano, que es propagar con gran entusiasmo las glorias del pasado inca, de rebeldes incas como Túpac Amaru, y de las virtudes incas, y que aun encara planes de escolarización en quechua. Sea cual sea la brecha entre retórica y realidad y entre planes y realizaciones, el gobierno no está tratando de abolir a los indios como indios.

[…] Por mi parte yo no creo que una política de tratar a los indios como hombres y como ciudadanos iguales a cualquier otro sea de algún modo un complot neocolonialista, sean cuales fueran sus desventajas; pero la política peruana no puede ser definida, en estos términos, como asimilacionista.

En segundo lugar, en lo que respecta a las perspectivas futuras del modo tradicional de vida de los indios, que, dicho sea de paso, si hablamos económica y socialmente, es mucho más comparable al modo de vida de campesinos no indios que viven organizados comunalmente de lo que parece creer quien me escribe. Por cierto, retiene mucho más vigor en Perú que en, digamos, México, y sería deplorable si el futuro desarrollo del país, y especialmente de las tierras altas, fuera a pasarles de lado y a destruirlo en lugar de construir sobre él. Mucho más deplorable todavía, dado que la urbanización no es una solución satisfactoria para los problemas del tercer mundo.

Pero el hecho es que ese modo de vida ha ido cambiando y quebrándose rápidamente, y quizá en muchas regiones de modo irreversible, y que la mayoría de los peruanos pronto será o ya es urbana. La vía serrana tradicional de la vida campesina no es una guía adecuada para lo que ya es una realidad, y la simple preservación o reversión no es un programa adecuado. Por más poderosa que sea la influencia cultural de los indios en el Perú futuro, y por más eficaz que sea la fusión de su modo de vida característico y tradicional con el nuevo entorno social, no recreará el pasado […]

Sin embargo, estamos de acuerdo con quien me escribe —y ya lo había dicho así— en que «el loco afán por desarrollar» no resolverá el problema indio, y en que este problema precisa todavía una solución, y en que, hasta que el pueblo peruano, sean indios organizados en comunas o no, no tome una parte activa en la transformación de su país, no podremos decir que la revolución peruana ha tenido lugar.

VI. El camino chileno hacia el socialismo

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Chile: año uno

I

Desde que Marx lo hizo en 1872, los marxistas han admitido que en teoría son posibles la transferencia constitucional del poder y la transición pacífica al socialismo. La perspectiva futura de una transición de estas características, sin embargo, permanece en tinieblas; la bibliografía marxista sobre ella es escasa y más abstracta que concreta, probablemente porque para esta discusión falta casi por completo alguna experiencia práctica relevante. Hasta ahora ninguna economía socialista empezó a existir sino por transferencias de poder violentas y no constitucionales.

Esto viene al caso del Chile de hoy, más único que raro. Hasta noviembre de 1970, cuando Salvador Allende asumió el cargo de presidente, los ejemplos históricos que podían aspirar a presentarse como transiciones legales al socialismo pertenecían a tres tipos, todos ellos parejamente inútiles como precedentes. En primer lugar, hay numerosos ejemplos de transferencias del poder, pacífico o no tanto, a gobiernos socialdemócratas o laboristas. Desafortunadamente ninguno de ellos hizo intentos por introducir el socialismo y la mayoría de ellos ni siquiera quería hacerlo.

En segundo lugar, tenemos los frentes populares de la década de 1930, que a primera vista pueden parecer bastante similares a la Unidad Popular (UP) chilena, ya que eran esencialmente frentes unidos de socialistas y comunistas dentro de una alianza electoral más amplia de centro-izquierda. Esta alianza implicaba una teoría de las vías no insurreccionales al socialismo, al menos entre los comunistas, pero en la práctica este punto de vista resultaba académico.

De hecho, los fines políticos inmediatos de tales gobiernos eran defensivos —revertir la marea del fascismo— y pocas veces tenían la oportunidad de ir más allá. En todo caso, la configuración de las fuerzas políticas era tal que los comunistas, y muchos socialistas comprometidos, por lo general no estaban en una posición que les permitiera dominar la alianza, y por lo tanto no podrían haber llegado mucho más lejos, aun si la política de la Unión Soviética y de la Comintern los hubiera alentado siquiera a dar un paso más, algo que no ocurría. Así sucedió con el Frente Popular chileno de 1938, en el cual dominaban los radicales, una fuerza política de clase media.

En tercer lugar están los gobiernos de unión antifascista que emergieron en la lucha contra Alemania al fin de la segunda guerra mundial en varios países europeos. Estos pueden ser considerados la extensión lógica de la estrategia del frente popular, y hay pocas dudas de que una transición gradual y pacífica al socialismo estaba en las mentes de los comunistas y de muchos socialistas de la resistencia que participaron en ellos. Las discusiones sobre la naturaleza de la «democracia del pueblo» en los años 1943-1947 lo vuelven muy evidente.

Sin embargo, aun si dejamos pasar la lucha armada de la cual estos regímenes emergían en verdad, el rápido quiebre de los frentes antifascistas nacionales e internacionales dio fin muy velozmente a esta perspectiva. En Europa occidental a las fuerzas dominantes les faltaba por completo preparación como para permitir esa transición pacífica, mientras que en Europa Oriental la «democracia popular» se volvió un mero eufemismo para el gobierno comunista ortodoxo según el modelo soviético: en la jerga de la teoría, era redefinido como otra versión de la «dictadura del proletariado». En términos prácticos, a mediados de 1947 toda vía pacífica al socialismo estaba bloqueada. Este episodio de la segunda posguerra europea ofrece así muy poca orientación a los futuros intentos de abrir ese tipo de vías.

La situación del Chile de Allende carece pues de precedentes. No puede haber duda de que el objetivo del gobierno de la UP es el socialismo. Allende no se parece en nada a Léon Blum, Clement Attlee o Harold Wilson. La UP está dominada por los dos mayores partidos obreros, y ambos se reclaman como marxistas revolucionarios. El único otro partido de una importancia sustantiva en la coalición, el Radical, ya era débil y en las elecciones municipales de abril de 1971 había dado prueba de una mengua tal como para no significar ya un freno serio para los marxistas.

Resulta igualmente claro, por lo demás, que la UP se propone alcanzar sus objetivos gradualmente («la edificación progresiva de una nueva estructura de poder» es una frase usada por Allende en su primer mensaje al Congreso, el 21 de mayo de 1971)¹ y también constitucionalmente. La «vía chilena al socialismo» se recorta sobre el fondo de la dictadura del proletariado como una «vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada».

Esta vía pluralista no debe ser identificada con la democracia burguesa. Su legalidad no seguirá siendo necesariamente la del presente que «responde hoy a las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrá». El sistema institucional será modificado por los medios constitucionales existentes, por ejemplo convirtiendo en unicameral el Congreso bicameral.

Sin embargo,

esto no es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son consustanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el período de transición. El Gobierno Popular reconoce a la Oposición las libertades políticas y ajusta su actuación dentro de los límites institucionales. Las libertades políticas son una conquista de toda la sociedad chilena en cuanto Estado.

Hay algo más que cálculo político en el apego de Allende a la «vía chilena». A diferencia de la oposición de ultraizquierda fuera de la UP, y de algunos elementos dentro de su propio partido, el presidente no considera la situación existente como un mero ínterin sino que ve en ella el escenario potencialmente adecuado para una transformación a largo plazo. La violencia contrarrevolucionaria interna o externa puede golpear a la UP, pero si esto no ocurre, la política pluralista y la legalidad continuarán. En otras palabras, Chile es el primer país en el mundo que seriamente intenta una vía alternativa al socialismo.

Esta perspectiva es excitante y a la vez políticamente valiosa. Nada les gusta más a los países, en especial a los países pequeños, que dar ejemplo al mundo entero. En este caso probablemente la pretensión sea valedera.

Tal como hizo Rusia (en 1917), ahora Chile enfrenta la necesidad de iniciar una nueva vía de construir la sociedad socialista.

Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista […] Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no solo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.

La experiencia chilena es así mucho más que una pieza de exotismo político para observadores de países desarrollados. El socialismo nunca llegará a, digamos, Europa occidental, por la vía china o vietnamita, pero es por lo menos posible reconocer en Chile las tendencias de situaciones políticas que pueden darse en naciones industrializadas, como también las estrategias que podrían aplicarse allí, y aun los problemas y dificultades de la «vía pluralista». Esto no significa que esta vía deba fracasar, y ciertamente no significa que no deba ser intentada.

Aun el integrante más serio y riguroso de la izquierda insurreccional chilena, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se ha transformado ahora en un grupo de presión a la izquierda de la UP, que busca radicalizar sus medidas por medio de acciones masivas de las bases, pero esencialmente apoyando los esfuerzos de Allende. Sin embargo, mantiene su aparato bien organizado y prevé una confrontación armada futura. El MIR no parece compartir la tendencia suicida de la extrema izquierda que busca «agudizar la lucha de clases» para producir esa confrontación tan pronto como sea posible, porque después vendrá una revolución a la antigua usanza, o, lo que es más probable, una derrota total y muchos martirios heroicos.²

La simpatía natural que sentimos por el gobierno de Allende y la apasionada esperanza por su buen éxito no deberían cegarnos a las complejidades de su situación. Precisamente porque Chile puede en verdad llegar a ser un modelo para otros países debemos observar su experiencia todavía con más frialdad y realismo.

II

El turista-connoisseur de revoluciones que estos días llegue a Santiago extrañará la atmósfera, difícil de definir pero fácil de reconocer, que envuelve a las grandes liberaciones populares. Además de algunos estudiantes armados, que no dejan huella en la escena callejera, prácticamente no hay signos visibles de tumulto, excepto en los quioscos de diarios y revistas. No hay nada parecido a la bien conocida explosión de panfletos, volantes y pequeños periódicos: los contenidos de la librería santiaguina de ultraizquierda son austeros en comparación con sus equivalentes en París o los Estados Unidos. Las ocupaciones no oficiales de tierra, aunque se haya hablado mucho de ellas en la prensa, son insignificantes, al menos en cuanto a los números involucrados. Por lo común son sentadas de entre diez y veinte personas. En la ciudad tampoco hay una visible explosión visual de pósteres y banderas oficiales, y no mucho más que la cantidad habitual de grafitis políticos no oficiales. De hecho, a primera vista, Chile luce tal como lucía, digamos, en 1969. La explicación oficial de que los chilenos son poco demostrativos produce escasa convicción. No serán caribeños en su bulliciosa efervescencia, pero cuando lo sienten tampoco se quedan de brazos cruzados.

Lo más parecido al sentimiento y humor popular chileno hoy, tal como puede ser sentido por un visitante casual, es el sentimiento de los primeros meses (pero no las primeras semanas) después de la victoria del Frente Popular francés en 1936 o después de la victoria laborista en Gran Bretaña en 1945. Un sentimiento de sólida satisfacción entre la izquierda organizada, de expectativa ni intranquila ni mesiánica entre los pobres sin organización, y de histeria entre los ricos y los voceros de la derecha. La emoción inmediata de la victoria ya ha pasado, la fase de conflictos y de pérdida de la moral combatiente, aunque anticipable y anticipada, todavía no ha llegado. Las cosas están mejor para los pobres: hasta ahora, el gobierno de la UP pagó sus promesas, y ellos lo saben.

Por otro lado, con la posible excepción de algunas fábricas, minas y asentamientos rurales, altamente organizados y concienciados políticamente, la vida sigue mayormente como era antes. La antigua clase gobernante sabe, sin embargo, que ya no gobierna, y proyecta sus temores de aniquilación en profecías de totalitarismo y esclavitud que no son más que retórica al menudeo, en un país donde la discusión política y el electoralismo parlamentario son un deporte popular entre las clases medias, como en otras latitudes lo es el golf. En los márgenes más extremistas de la derecha —que es muy visible en quioscos de diarios y revistas— esta retórica llega a alturas de acusación ridícula y lunática: el terror ya da pasos agigantados por el país, la policía apoya grupos de sicarios de extrema izquierda, y así siguiendo.

Pero ¿qué es lo que ha ocurrido realmente?

Lo primero que debemos advertir es que la UP llegó al gobierno con dos graves hándicaps políticos. Apenas si obtuvo la mayoría simple, y además con un 3 % de votos menos que en la elección perdida de 1964. Y por ello le falta suficiente respaldo popular a la vez que tiene que gobernar con un Congreso controlado por la oposición, sin mencionar que las Fuerzas Armadas solo tienen el freno de que el estatus constitucional y legal de la UP es incuestionable. Tiene que operar exclusivamente con los poderes y las leyes de sus predecesores. Solo pueden aprobar nuevas leyes cuando cuentan con el apoyo de la oposición, o cuando la oposición no puede oponérseles: así ocurrió con la nacionalización del cobre, en contra de la cual ningún político chileno va a hablar en público, del mismo modo que en público nunca hablaría a favor de la legalización de la poligamia.

En realidad, en algunos aspectos las manos del gobierno están más atadas que antes por la enmienda constitucional de enero de 1971, que fue el precio que la UP pagó a la Democracia Cristiana para que esta la dejara gobernar. Este episodio ha sido descrito con claridad en el más útil de los libros que se han publicado sobre los antecedentes de la victoria de Allende, Al Chile Rojo (1971) de Eduardo Labarca Goddard.³ Entre las facultades con las que admitidamente cuenta el gobierno se encuentra la posibilidad de convocar un plebiscito para así superar a la oposición en el Congreso, pero la delgada mayoría simple del gobierno de Allende —aunque las elecciones municipales de 1971 demostraron que se había convertido en una delgada mayoría absoluta— vuelve a esta convocatoria en un artilugio de consecuencias algo impredecibles.

Tal situación no es inadecuada para los talentos de Salvador Allende quien, entre otras cosas, es un brillante y sofisticado político ortodoxo, totalmente compenetrado con las estrategias y tácticas de lo posible en el Congreso y en las internas partidarias. Además, tiene en sí mismo esa confianza propia del hombre que se ha hecho a sí mismo contra toda probabilidad y predicción —nadie creía que fuera a ganar y en un punto su propio partido intentó desprenderse de él como candidato—. Para una persona así no es un gran impedimento llegar al gobierno con las dos manos atadas a la espalda: una por la oposición que controla los poderes legislativo y judicial, la otra por las elaboradas fórmulas electorales, divergentes y sospechosas las unas de las otras, que integraron su propia coalición de gobierno. Hay mucho que puede hacerse dentro de las facultades con las que cuenta el Congreso.

La constitucionalidad y la legalidad dotan de un campo de acción notable, que incluye unas diecisiete mil leyes válidas en las que el ingenio jurídico puede encontrar muchas cosas útiles. De este modo, la UP se ha apoyado extensamente en un decreto, nunca derogado, sancionado por la «República Socialista» de 1932 —que duró dos semanas—: un breve interludio de izquierda durante el peor momento de la gran depresión con un gobierno liderado por un coronel que llevaba el llamativo nombre de Marmaduke Grove.⁴ Este estatuto permite al gobierno nacionalizar cualquier fábrica o industria que «fracasa en suministrar al pueblo» sus bienes y servicios. El decreto ha sido así usado para nacionalizar amplios sectores de la industria cuando fue necesario, después que los trabajadores hubieran ocupado las fábricas, y de este modo hubiese quedado asegurado que no pudieran «suministrar al pueblo». Aun sin autoridad legal, «los recursos de la civilización no están agotados» (como se dice que dijo el primer ministro británico Gladstone cuando encontró los medios de meter en la cárcel al líder irlandés Parnell).

La mayor parte del resto del sistema bancario que no estuviera ya bajo control público fue nacionalizado con el simple expediente, aparentemente no anticipado por la oposición, de que el gobierno comprara la mayoría de las acciones a precio de mercado, y que después, una vez dueño del paquete accionario, lo administrara como su nuevo propietario. (Este procedimiento desencadenó una furia irracional entre el empresariado, porque los empresarios juzgan que tácticas que ellos emplean se vuelven desleales en manos de un gobierno socialista.) De un modo u otro la UP ha avanzado así rápidamente hacia delante con su plan de acción sin todavía tener que apoyarse sobre la buena voluntad de la oposición.

Por supuesto, tan veloces progresos habrían sido imposibles sin las medidas de gobierno de los democratacristianos en 1964-1970. Es un error suponer que la UP se encontró ante el dilema de o bien «feudalismo» o bien una economía simple de competencia y libre empresa. Como sería un error suponer que cualquier gobierno progresista, en cualquier país, y especialmente en un gobierno subdesarrollado, se va a tener que enfrentar con lo mismo. Chile ya era un país que, en teoría, estaba dominado por su sector público, que proveía un 70 % de toda la inversión nacional, que era el empleador directo de una amplia proporción de los habitantes y que ya interfería, bastante drásticamente, en la propiedad privada nacional y extranjera.

La ruta hacia cualquier tipo de desarrollo económico en América Latina avanza a través de reformas sociales radicales, la gravitación creciente del gobierno en la economía y algún tipo de control sobre el capital extranjero: en sí mismas, estas acciones de gobierno no son socialistas. Fue así que la UP no precisó hacer sancionar por el Congreso una Ley de Reforma Agraria, sino que le bastó con acelerar el progreso, hasta ahora bastante titubeante, de las leyes preexistentes. El gobierno de la UP tiene a su disposición una reserva de facultades constitucionales, pero también cuenta con muchas leyes e instituciones específicas que puede adaptar a sus objetivos. Puede fijar y mantener un buen ritmo de acción, evitando —al menos por el tiempo crucial de un primer año en el poder— las mandíbulas afiladas de la oposición que controla el Congreso y los Tribunales.

El segundo hándicap político de la UP está íntimamente ligado al primero. Además de su apoyo electoral insuficiente, cuenta con inadecuadas reservas de lealtad política. Numéricamente, ahora puede contar aproximadamente con la mitad de los votantes, una mejora nítida con respecto a septiembre de 1970, pero un respaldo todavía estrecho para las crisis de una política constitucional revolucionaria. Tiene un núcleo sólido de partidarios: el proletariado urbano e industrial, especialmente los mineros, y los sindicatos organizados y ahora unificados. Solo con esto —a pesar de la existencia de unos pocos grupos sindical-empresarios moderados que cuestionan aspectos económicos más que políticos, como en las minas de cobre— puede contar Allende con esa reserva de compromiso y apoyo a largo plazo que los partidos y los gobernantes necesitan en los momentos aciagos de sus gobiernos. En Chile, el proletariado clásico de este tipo es más amplio y está mejor organizado que en la mayoría de los países de América Latina, lo suficientemente amplio incluso como para proveer la base de un gobierno; pero constituye una minoría de la población.

El apoyo de los otros tres sectores decisivos de la población es condicional, o no es confiable, o directamente le falta a la UP. El campo (aproximadamente un 30 % de la población) sigue siendo antiallendista en su mayoría a pesar de los triunfos sustanciales de la izquierda en los últimos años, especialmente entre proletarios rurales. El efecto político de una reforma agraria rápida sería casi sin ninguna duda el de profundizar las divisiones dentro de este sector. Sin embargo, el gobierno podría actuar sin contar con estos apoyos rurales.

Los bastante amplios estratos medios de la población, en su mayoría empleados administrativos, muchos de ellos funcionarios públicos —casi el 12 % de los chilenos trabaja en el Estado—, aceptarían un gobierno socialista tanto como cualquier otro. No hay en ellos un compromiso firme y determinado a favor de una sociedad fundada en la libre empresa privada, aunque probablemente sí obren en ellos fuertes prejuicios anticomunistas y carezcan de todo sentimiento de identidad con quienes son más pobres que ellos. Por lo demás, también hay que convencerlos de que un gobierno socialista puede durar en el poder, o por lo menos de que su periodicidad será comparable a la de los gobiernos no socialistas. Todavía no están convencidos de esto.

El grupo mayor de apoyo no movilizado en pro de la izquierda está conformado por aquella mano de obra miscelánea e inclasificable generada en números cada vez más grandes por un proceso de crecimiento económico y cambio social que no logra proveer empleo de una manera correlativa. La jerga de los politólogos y sociólogos tiende a definirlos como «semiproletarios» (a veces incluso como «lumpenproletariado») o meramente como «pobladores», remitiéndolos a las «poblaciones» o asentamientos improvisados y precarios en los cuales vive la mayoría de ellos. Pero no son marginales sino centrales en la sociedad latinoamericana, incluso en la chilena. Es un estrato que desconcierta a la izquierda tradicional, porque no resulta absorbido en un «proletariado» clásico por ningún proceso histórico espontáneo: no es posible organizarlo por los métodos clásicos de, por ejemplo, sindicatos de trabajadores, ni tampoco se sienten unidos por alguna ideología de conciencia de clase como el marxismo.

Para estas gentes, los sindicatos presentan una importancia marginal, porque sus condiciones de trabajo hacen que para ellos no sea fácil organizarse, y es por ello que no pertenecen a la aristocracia de los proletarios radicales, militantes, sindicalizados y relativamente bien remunerados como los mineros (ese 4 o 5 % de la población laboral cuyo papel en la política chilena de izquierda es tan desproporcionadamente importante). Su propio y embrionario populismo político, radical pero no democrático —salvo en la organización de determinadas comunidades locales—, ha sido en el pasado movilizado con facilidad por presidentes o ex presidentes demagógicos, preferentemente militares. Sería un error pensar que su política es puramente coyuntural y operativa, pero no caben dudas de que en las poblaciones un líder patronal con la capacidad de abrir calles, tender cañerías de agua potable o asegurar el pago de planes sociales, y de hacerlo con celeridad y algún brillo, se creará una clientela antes que un líder que no haga nada de esto.

Pero sea cual fuere la dificultad de movilizarlos por medio del movimiento socialista y sindical tradicional, los pobladores constituyen un electorado natural para la izquierda, porque son pobres y trabajan.⁵ Más aún, ahora que el campesinado es una fuerza en rápido declinar, forman cada vez más el sector decisivo de las masas latinoamericanas. Los Demócratas Cristianos tuvieron éxito en lograr algún predicamento entre ellos. A juzgar por las elecciones municipales de 1971, la UP no ha convertido aún en masse a los «pobladores».

III

¿Qué ha logrado hasta ahora el gobierno de Allende? ¿Qué ha tratado de hacer? Ha sido y agudamente consciente de los acuciantes límites de tiempo. En consecuencia, el gobierno reconcentra todo su pensar en ese período de entre seis meses y tres años dentro del cual, de acuerdo con varias evaluaciones exteriores, se decidirá su destino. Hasta ahora no se piensa mucho en concreto sobre qué pasará más allá de este punto, lo que es una lástima.

En primer lugar, la política de corto plazo está basada en el programa consensuado de seis partes de la UP, una elaborada plataforma negociada con gran dificultad antes de la elección que ahora es vinculante. Nadie sabe qué podría surgir de una nueva fase de discusión, y los políticos sensatos prefieren posponerla. Todos admiten que hoy dos de los seis partidos de la UP ya no cuentan, mientras que los radicales, que significan un 8 por ciento del voto, están disminuidos y como a la desbandada. Pero el elemento de ex democratacristianos de izquierda en la coalición de gobierno no es en absoluto insignificante, a pesar de la debilidad electoral de sus representantes en el interior de la UP, al menos porque representa muchos votos que precisaban ser atraídos. Además, mientras que Allende probablemente coincide en su punto de vista sobre los asuntos de mayor importancia con el poderoso PC, que es el núcleo de la UP y de lejos su componente más racional y eficaz, existen divergencias sustanciales entre varios sectores de su Partido Socialista y entre estos socialistas y los comunistas.

En segundo lugar, el presidente sabe perfectamente bien que la situación política favorable, tanto dentro de Chile como en la escena internacional, que le permitió acceder al poder y que desde entonces ha paralizado latamente a sus adversarios en Estados Unidos, probablemente no dure mucho. Hasta ahora, los ejércitos enemigos han hecho maniobras para ganar sus posiciones. Antes o después el gobierno deberá afrontarlo y batallar, aunque no sea necesariamente en la forma ingenua profetizada por los apocalípticos de extrema izquierda, por ejemplo un golpe militar contra la resistencia de las masas, o una intervención armada del exterior.⁶ En el corto plazo, se puede anticipar qué ocurrirá; ya en un plazo mediano nada es seguro.

En tercer lugar, aunque desde luego es esto lo más urgente, los problemas económicos de Chile se agudizarán como nunca en los próximos dos años. Estos problemas derivan de dos características de los países semicoloniales que por desgracia en Chile se ponen de manifiesto con un relieve gigantesco: la dependencia de la exportación de una única materia prima y la ineficiencia de la agricultura, que hace que (como le ocurre a otros países sudamericanos) cada vez tenga que importar mayores cantidades de productos que aseguren su alimentación básica. El 80 % de los ingresos de divisas extranjeras de Chile depende del precio del cobre. Casi un tercio del valor de sus importaciones consiste en comida, y como los chilenos bajo el gobierno de la UP comen espectacularmente mejor que nunca antes, este número va a aumentar.

No hay prácticamente nada que Chile pueda hacer en el corto plazo acerca del precio del cobre, que va a estar por encima de los cuarenta centavos si los cálculos de los planificadores se revelan acertados. Varios acontecimientos futuros impredecibles, incluyendo el fin de la guerra de Vietnam, pueden causar que el mercado caiga por un tiempo lo suficientemente largo como para que los efectos sean catastróficos. Sin embargo, incluso si el mercado sigue firme, Chile ciertamente enfrentará una crisis aguda de balanza de pagos comercial en 1972, que, no obstante, por una sumatoria de razones, se espera que en 1973 sea menos aguda.

Desafortunadamente, las dos acciones obvias para minimizar esta crisis, exportar más cobre e importar menos alimentos, son de ejecución muy dificultosa. La producción de cobre no se va a expandir tanto como es deseable ni como ha sido planeado. Con suerte, la producción agropecuaria permanecerá estable. El boom en el consumo doméstico hará subir la demanda de materias primas industriales, que es el otro ítem mayor en las importaciones. Los gobernantes chilenos son más bien optimistas en lo que toca a superar las dificultades transicionales en el cobre y en la producción agrícola, que son sus dos problemas económicos más apremiantes. Aun los políticos más prudentes calculan que esto no debería llevar más de tres años. Pero estos tres años serán difíciles y cruciales, y van a mantenerlos enteramente ocupados precisamente con estos problemas.

IV

En esta situación, el gobierno se ha propuesto cuatro objetivos:

El primero: ha buscado introducir «cambios estructurales irreversibles» en la economía dentro del primer año de su administración. La teoría detrás de esto parece ser un determinismo económico bastante simple. En palabras de un ministro: «Si privamos a la burguesía de su base económica, entonces no podrá regresar al poder». El método ha sido la expropiación, y, fuera de la agricultura, la nacionalización de actividades económicas clave. En su plataforma electoral consensuada, la UP se ha comprometido a una estructura tripartita de la economía: un sector público dominante, un sector mixto público-privado, principalmente en las áreas donde el progreso técnico y la inversión pesada en equipamiento y know-how (incluyendo las del extranjero) son esenciales, y un sector privado de —espera el gobierno— una dinámica pequeña y mediana empresa. Hasta ahora el cobre, los nitratos, el carbón, el hierro, la banca, el cemento, buena parte de los textiles y una cierta cantidad de otras empresas ha sido nacionalizado de una u otra manera, y presumiblemente también el comercio exterior tendrá que serlo.

Como segundo objetivo, el gobierno de Allende ha apuntado a impulsar la producción y por lo tanto el empleo, y al mismo tiempo a subir el estándar de vida, estimulando la demanda, es decir, combinando un aumento agudo en el valor monetario de los salarios con un congelamiento de precios. El gobierno ha asumido, y es una visión correcta en líneas generales, que la industria chilena trabajaba sin utilizar una parte de su capacidad productiva lo suficientemente grande como para que esto fuera posible sin una inversión nueva e inmediata, algo que la empresa privada obviamente no iba a emprender. Al dar más dinero a los pobres, se había argumentado en contra, el empleo se vería estimulado fuera de toda proporción, ya que los pobres entraban en el mercado para consumir mercancías producidas con mayor demanda de mano de obra que los bienes más sofisticados del mercado de la clase media. Nunca hay que olvidar, sin embargo, que no más de 300.000 de los nueve millones de chilenos podían contarse como consumidores efectivos de los bienes industriales.

El plan era arriesgado, y durante los primeros meses dramáticos que siguieron al 4 de septiembre, cuando la histeria burguesa condujo a fugas de capital y a un colapso temporal de la producción, no lucía prometedor. Sin embargo, en la primavera de 1971 esta política dio sus frutos y demostró que había funcionado, para enorme alivio del gobierno y para sorpresa de los observadores extranjeros, por no mencionar el decisivo beneficio que ganó el pueblo chileno. El desempleo era el más bajo de los últimos diez años y, con la excepción de algunas perturbaciones importantes que habían demorado el renacer de las industrias de la construcción, nunca había sido tan bajo en la historia de Chile. El estándar de vida de los pobres subió espectacularmente. Aun el consumo de harina (es decir: el consumo de pan) creció un 15%. Los críticos señalaron que con el crecimiento en la producción también había revivido la endémica inflación chilena. Por lo general este se encontraba entre un 25 y un 30% anual, y durante el último año de Frei había llegado a un 35 %. Sin embargo, este año no superará la mitad de esa cifra. Hasta ahora, la política interna ha sido el éxito más significativo del régimen de Allende.

Demostrar las ventajas materiales de un gobierno popular es indispensable para la UP, porque la coalición debe presentarse a elecciones libres. Aun si quisiera, Allende no podría imponer a su pueblo los sacrificios materiales que los cubanos han hecho durante varios de los años pasados. Esto impone límites estrechos a la acción de gobierno, aunque algunos de sus seguidores sean reacios a admitir este punto. Dado que son los más realistas, los comunistas adoptan el punto de vista de que durante esta presidencia el objetivo de una rápida industrialización pesada debe quedar subordinado a la industria liviana y a los bienes de consumo. Allende probablemente esté de acuerdo, pero el asunto se sigue debatiendo. Una cuestión totalmente diferente es determinar si elevar el nivel de vida alcanza para dotar al gobierno de un apoyo popular adecuado.

El tercer objetivo se deriva de este cálculo. El gobierno debe hacer que la producción aumente, especialmente la de cobre y la del campo, para mantener al menos estable la oferta de alimentos y de bienes de consumo. También aquí Allende y el Partido Comunista (PC) ven la misma prioridad. Como el racionamiento o un corte brusco e incontrolado a las importaciones sería un suicidio político, la «batalla por la producción» está antes que cualquier otro fin. Sin embargo, el cobre y la agricultura plantean problemas diferentes.

La mayor parte del cobre chileno viene de tres minas que antes eran propiedad de empresas norteamericanas: El Teniente, Chuquicamata y Salvador. Desde septiembre, la producción ha sido escasa, lo que preocupa al gobierno, y los costos han subido agudamente, lo que es menos grave.⁷ Hasta qué punto esta situación se debe al sabotaje de Kennecott y de Anaconda o, más plausiblemente, a la tentativa de estas mismas empresas de liquidar las vetas más ricas y de acceso más fácil, anticipándose a la expropiación, es materia de discusión. Lo seguro es que se debe a una gran quita de colaboración por parte de los ejecutivos y del personal supervisor —según la oposición, unos trescientos renunciaron a sus puestos de trabajo—, en especial aquellos acostumbrados a recibir sus sueldos en dólares, que después cambiaban en el entonces mercado libre, y hoy negro, de divisas, por cantidades cada vez más astronómicas de escudos. El efecto inevitable de cortar estos pagos de dólares a los chilenos ha sido bajar el ingreso real de los asalariados, a pesar de la prontitud poco entusiasta del gobierno a pagarles un salario tan alto como sea, siempre que fuera en escudos. (En el verano de 1971, el cambio no oficial del dólar era casi tres veces más alto que la cotización máxima fijada por el Estado.)

Pero las dificultades también surgen de los intereses colectivos de la pequeña aristocracia sindical que representan los mineros del cobre, quienes vivían bien en el enclave económico que representaban en Chile las empresas norteamericanas, y que probablemente, en términos relativos, no vivan tan bien en el futuro. Hayan o no apoyado realmente al gobierno demo-cristiano de Eduardo Frei Montalva (y en Chuquicamata la UP no llegó a obtener una mayoría en las elecciones presidenciales), el sindicalismo espontáneo de tales grupos tiende con facilidad a operar a expensas de los más amplios intereses populares. Las huelgas de obreros y técnicos que estallaron durante el pasado verano reflejan ambos factores.

El problema de la producción agropecuaria es mucho más complejo. En líneas generales, el gobierno de la Democracia Cristiana había subordinado la tarea de reforma agraria al crecimiento de la producción, algo que logró con éxitos sustanciales. Solo treinta mil familias entre las 250.000 sin tierra o minifundistas recibieron un terreno. Como consecuencia, al fin de la presidencia de Frei el descontento rural explotaba, y la explosión se traducía en ocupaciones de tierras y otros conflictos en el campo. Aun si Allende no hubiera ganado las elecciones, la reforma agraria tendría que haberse acelerado o en el campo habrían surgido conflictos de creciente magnitud. La UP aceleró la reforma agraria, pero con un costo inmediato en la producción, como es usual en tales casos.

Hasta qué punto se discontinuó la producción, es difícil de evaluar, en parte porque la caída no puede desbrozarse de los efectos de algunas catástrofes naturales que azotaron Chile durante la primera mitad de 1971, en parte porque esos cálculos en definitiva siempre son una conjetura. La discontinuidad se debió al sabotaje o a la liquidación de los activos por parte de quienes temían ser expropiados, especialmente durante el otoño de 1970, cuando una buena parte del ganado dedicado a la producción de leche y a la cría fue vendida como hacienda en pie para ser faenada, ante la incertidumbre de los medianos productores agropecuarios y la desmoralización de los trabajadores rurales en el sector donde tenía lugar la reforma agraria. Esto a su vez era causado por el fracaso de la UP para aplicar políticas claras y uniformes. Cuando cada reunión de funcionarios de la reforma agraria es proclive a convertirse en una discusión ideológico-programática entre tendencias rivales, la gente en el campo puede muy bien sentir que el gobierno anterior puede haber sido lento, pero que por lo menos se sabía quién tomaba las decisiones y qué era lo que se decidía.

Los elementos más utópicos o suicidas en la UP han exagerado el alcance de esta discontinuidad productiva hablando desaforadamente, y no solo de manera inverosímil sino sin evidencia alguna, de una caída de un 50 % en la producción de las áreas involucradas en la reforma agraria; que, argumentan, se verá sin embargo más que compensado por el progreso de la lucha de clases rural. La estimación más aproximada es que en efecto puede haber una caída en la producción, aunque la opinión oficial es que la siembra de esta primavera (austral) va a compensar la caída del otoño (austral) anterior, que se puede calcular en un 10 %. La reacción del gobierno ha sido hacer más lenta la expropiación, originariamente muy rápida, de los latifundios, para lograr que las más o menos setecientas haciendas que fueron efectivamente expropiadas empiecen a producir de acuerdo con las expectativas. El programa oficial de expropiaciones se ha detenido hasta después de abril de 1972. En cuanto a las ocupaciones de tierras no oficiales, el punto de vista del gobierno es el que Allende expresó en su Mensaje al Congreso Pleno:

[…] las ocupaciones indiscriminadas de latifundios y haciendas son innecesarias y perjudiciales, y lo que el gobierno de la UP ha dicho y hecho debería ser suficiente para que el pueblo tenga confianza en él. De ahí se sigue que los planes del gobierno, sus plazos y su implementación deben ser respetados.

En este punto Allende (apoyado por el PC) choca con la oposición del MIR y también con elementos en el ala izquierda de su propio partido.

El punto de vista de Allende asume que las ocupaciones de tierra son controlables. Probablemente lo sean, porque solo en pequeña medida son el producto de un malestar inmanejable de las masas. De las aproximadamente ciento cincuenta que se registran en un día tomado al azar en el verano de 1971,⁸ un 25 o 30 % fueron intentos de los indios mapuches por recuperar lo que consideran tierras comunales perdidas, algo que por cierto constituye la parte más espontánea de la agitación agraria en estos días, pero aún así no llega a conformar —o ya no conforma— un movimiento de masas. Todas estas sentadas sumadas involucraron quizá a unos setecientos u ochocientos individuos, y solo tres de ellas movilizaron a más de cien, lo que es insignificante si se tienen en cuenta los estándares latinoamericanos habituales de ocupación de tierras por campesinos.

Las otras fueron en parte ocupaciones por campesinos sin tierra que reclamaban expropiaciones en su beneficio, pero principalmente incidentes en disputas laborales rurales en las cuales la propiedad de la tierra no estaba en cuestión. Apenas un puñado de personas está habitualmente involucrado en una ocupación de cualquiera de estos tipos. Las tomas de fundos llegan a los titulares de la prensa extranjera, porque sugieren tumulto y anarquía y porque algunas figuras coloridas de los márgenes incontrolables de la extrema izquierda actúan en ellas, pero en la actualidad Chile está muy lejos de la insurrección rural.

El cuarto objetivo del gobierno es no ser derrocado. El peligro de un golpe militar, aunque presente, no parece inmediato. La principal razón no es el respeto por la Constitución que existe entre las filas del Ejército sino el conocimiento de que un golpe llevaría a la guerra civil. Una cosa es ocupar silenciosamente algunas calles y edificios y hacer un bulto con el presidente y subirlo al primer avión que se va del país, y otra muy distinta iniciar un conflicto armado de consecuencias impredecibles.

En esto quizá radique la ventaja principal de un gobierno marxista legal, diferente en esto de reformistas populistas y civilistas ordinarios, cuyas políticas a corto plazo seguramente no lucen muy diferentes. Tales populistas han debido por lo general abdicar del poder cuando llegó una no querida pero lógica confrontación con la derecha: en Brasil, Getúlio Vargas cometió suicidio [en 1954], Jânio Quadros se retiró [en 1961], João Goulart se exilió [como consecuencia de un golpe militar en 1964]. Los reformistas marxistas saben que la transformación social deberá afrontar esos desafíos, están preparados para enfrentarlos —al menos, eso esperamos— y en consecuencia disminuyen el riesgo de tales golpes.

No hay mucho que la UP puede hacer acerca de las Fuerzas Armadas, excepto colocar a la policía bajo un control políticamente confiable y rodear al presidente con una sólida guardia de corps reclutada de los cuadros políticos (principalmente, ex miristas) que podrían ganar unas pocas pero preciosas horas antes de que las masas sean movilizadas. Pero estas medidas han sido interpeladas con una animadversión histérica por parte de la derecha. Si, llegado el caso, la UP pudiera ganar una guerra civil, es otra cuestión por completo diferente, pero en el corto plazo su determinación evidente desanima cualquier intentona militarista.

La derecha, por su parte, preferiría entonces no regresar al poder por vía de la insurgencia de las Fuerzas Armadas; ciertamente, este es el punto de vista de la Democracia Cristiana. Los gobernantes han gozado en Chile durante demasiado tiempo de un constitucionalismo estable y pacífico como para tirarlo por la borda a la ligera. De hecho, en la actualidad se presenta una estrategia alternativa que les parece prometedora: reunir a las fuerzas antimarxistas, cuya división le dio a Allende su victoria electoral, y votar la reelección presidencial del formidable Frei en 1976. Esta posibilidad es realista. Si la UP no puede hacer crecer sustancialmente los sólidos apoyos con los que cuenta, y especialmente si sus apoyos marginales se ven erosionados por las predecibles turbulencias económicas de 1972-1973, entonces la derecha podría ganar con buenas armas la contienda electoral en 1973, perpetuando así su control del Congreso y su poder de dilación y sabotaje. En otras palabras, todo lo que tiene que hacer la oposición de acuerdo con este análisis es esperar que la UP pierda potencia. Es la estrategia clásica para derrumbar los frentes populares, y con anterioridad ha funcionado para estos fines.

El objetivo inmediato sería así una victoria antiizquierdista en 1973, seguida por un final de figura decorativa para la presidencia de Allende. Esto, antes que una confrontación en el corto plazo, es lo que preocupa a los realistas en la UP, aunque nadie olvida por entero la amenaza de una contrarrevolución hecha y derecha. Hay motivos de preocupación, aun cuando la derecha sobrevalora la probabilidad de una catástrofe económica, así como ha sobrevalorado las perturbaciones económicas desde 1970, y ha sido sorprendida con desagrado por los éxitos sustanciales del gobierno en la economía. ¿Qué puede hacer Allende acerca de la amenaza de la derecha? Más de lo que ha hecho hasta ahora.

V

Muchos de los problemas que afectan a la UP están fuera de las posibilidades de su control, pero hay tres cosas que están a su alcance.

La primera es su tempo. Las transformaciones revolucionarias dependen de conseguir la iniciativa y mantenerla. En esto las revoluciones constitucionales no son diferentes de las otras. Simplemente, como las ofensivas en una partida de ajedrez, deben mantener la iniciativa dentro de un sistema de reglas dado de antemano. A mí me parece que la UP todavía no ha sabido ganar este tempo. La campaña electoral generó su propio ímpetu, que se vio reforzado por la enorme e inesperada satisfacción de la victoria y el fracaso de los intentos para impedir que Allende asumiera la presidencia. A la inversa, una derrota inesperada y un genuino terror a una revolución inminente desmoralizaron y paralizaron temporalmente a la derecha chilena. Durante unos pocos meses no tuvo ninguna estrategia eficaz, e hizo muy poco más allá de correr a buscar refugio. Nuevamente, la UP tenía su plataforma electoral bien diseñada y la necesidad de hacerlo avanzar en su primer año en el poder fue lo que impulsó al gobierno en esos meses, al menos hasta que empezaron a surgir las dificultades en la aplicación del programa político.

Hasta ahora la UP ha rodado movida por este ímpetu inicial y, de algún modo, extrínseco. En la medida que se va agotando a sí mismo, debe ser reemplazado por una iniciativa estratégica intrínseca. Cualquier gobierno reformista tiende a comenzar siempre, al menos en potencia, con parejo estallido de velocidad. Las administraciones no revolucionarias no pueden reemplazarlo fácilmente una vez que se ha agotado, y algunas, como el gobierno laborista británico de 1945, simplemente se desembarazan de él. Al no poder fabricar tales ímpetus nuevamente, estos gobiernos se encuentran a sí mismos arrinconados en una posición defensiva por los adversarios internos y externos así como por los imprevisibles azares del mundo exterior, como las crisis en la balanza de pagos. Entonces están perdidos. Se desvanecen, como tantos de los viejos frentes populares, entre pleitos intestinos crecientes; o ellos mismos proveen las precondiciones para ser derrocados. En 1970 y 1971 la UP no necesitó generar la fuerza que la ponía en movimiento, pero a partir de ahora sí precisa hacerlo.

Esto se vuelve difícil por el hecho de que la UP es una coalición: esta es la segunda gran debilidad del gobierno. Para decirlo brutalmente, la UP es un vehículo mejor diseñado para frenar que para ponerse en movimiento. Con el propósito de prevenir que ningún partido de la coalición (léase: el PC) tome por sí solo el control de ningún departamento del gobierno, todos los empleos gubernamentales fueron distribuidos según un rígido sistema de cupos, de modo que ningún funcionario tiene ni un superior ni un subordinado directo de su propio partido. Con el propósito de prevenir que ningún partido de la coalición (léase, otra vez: el PC) domine la dirección de las políticas de gobierno, «la acción del presidente y de los movimientos que forman el gobierno serán coordinados por un comité político de todas estas fuerzas», el cual tendrá a su cargo considerar «la practicabilidad y operatividad de las medidas económicas y sociales del gobierno y las que conciernen al orden público y la política internacional así como más especialmente los medios por los que pueden realizarse».⁹

En la práctica, esto significa que cada departamento y agencia del Estado encarna una maquinaria partidaria entrelazada y rival. Cada funcionario debe su lealtad primaria a su partido, a través del cual procura operar, puenteando a los otros cada vez que sea posible y neutralizándolos donde esto es imposible. Las disputas se deben resolver por medio de la negociación interpartidaria, y las más importantes llegan hasta la cima del gobierno para dirimirse. Esto también significa, incidentalmente (a) que los pocos ministros o funcionarios independientes, apartidarios, se deben anexar a una u otra estructura partidaria si quieren poder cumplir con sus funciones, y (b) que es extremadamente difícil despedir de sus empleos a los funcionarios que resulten inútiles para su trabajo, porque todos los cargos son políticos y entonces están protegidos por la necesidad de mantener el equilibrio del sistema de cupos.

Sobre todo, significa que nada que no haya sido específicamente previsto en el pacto preelectoral es duro y lento de resolver, y que decisiones rápidas y nítidas son casi imposibles. El efecto de esta parálisis es desastroso, notablemente en la reforma de la agricultura. Cualquier gobierno que no puede tomar (y ejecutar) rápido sus decisiones está en problemas, pero un gobierno revolucionario que no puede hacerlo está en grandes problemas.

Se debe admitir que la confianza recíproca entre los partidos es hoy mayor que antes de la elección. Aun el MIR ha llegado a un entendimiento y establecido una relación operativa con el PC y el Partido Socialista (PS): una relación que, sin embargo, es mejor con los comunistas que con los socialistas, porque en la opinión del MIR (sin dudas verdadera) «es posible mantener relaciones orgánicas con el PC que llevan a acuerdos racionales». Tales relaciones no son fáciles de establecer con los socialistas, un partido que es poco más que un plexo de grupos rivales, sistemas de clientelismo y cupos de barones políticos, virtualmente incapaz de actuar como un partido. Su problema principal está hoy en su ala izquierda. A diferencia del MIR, pocos a la izquierda del PS son revolucionarios serios a pesar de su retórica guevarista y ultraizquierdista. Algunos dirían —cito a un progresista apartidario desilusionado— que «son gente que no se hace a la idea de que ahora el gobierno son ellos, porque ser la oposición era algo mucho más simple». Algunos observadores menos comprensivos añadirían que el izquierdismo es una escapatoria muy conveniente para todos los que descubren que no son buenos o no sirven en sus nuevos empleos en el Estado que consiguieron gracias a la coalición de gobierno.

Hasta qué punto es importante el ala izquierda dentro del PS es difícil de calcular. Es cierto que la izquierda fue la que en el partido eligió al nuevo secretario general a principios de este mismo año, aunque es poco probable que Carlos Altamirano, quien claramente aspira a ser el próximo candidato presidencial de la UP (la reelección inmediata para un próximo mandato consecutivo no es posible en Chile para el presidente), se identifique con alguna de las corrientes en pugna en especial. La izquierda socialista se verá fortalecida por su deseo de competir con el PC, que puede ser muy fácilmente superado en esa ala, y también por su forma familiar de reacción a las desilusiones e incertezas del gobierno popular. Si la izquierda, o cualquiera de sus grupos, fuese a ganar un control genuino del partido, esto podría ser, al menos, una solución para el perenne problema de la desunión partidaria. Es poco probable que esto ocurra, y entonces las mejores esperanzas están en Allende, cuya posición (al menos como verdadero captador de votos) le da un considerable poder de maniobra dentro de su partido. Por desgracia, hasta ahora ha sido demasiado lento en usar de este poder.

En pocas palabras: la UP sufre de la consabida debilidad de las alianzas partidarias y las coaliciones en una democracia parlamentaria. Resulta organizacionalmente incompetente para las tareas que ha aceptado. La «vía chilena al socialismo» no implica necesariamente un partido de izquierda único, ni mucho menos monolítico, y de todos modos esa posibilidad tampoco era realista. Pero sí implica dotar a la alianza existente de una mayor unidad de decisión y de acción.

Tercero, la UP ha fracasado en su intento de movilizar a las masas como un apoyo propio adecuado. En esto, una vez más, refleja una debilidad de sus padres históricos, la democracia parlamentaria burguesa y el movimiento sindical y obrero socialista clásico. Los políticos parlamentarios piensan de la movilización de masas esencialmente que es un medio para conseguir votos. Los líderes obreros tradicionales piensan que una movilización sucede cuando el partido o el sindicato sacan a los trabajadores de las minas o de las fábricas hacia las calles. (Uno podría agregar que el complemento histórico de democracia burguesa y democracia sindical es ese tipo de izquierdismo que repudia a la vez las elecciones y las movilizaciones ordenadas por organizaciones «burocráticas» y en cambio propone multiplicar las acciones masivas de las bases sin importarle las circunstancias.)

Ninguna de ellas es adecuada para alcanzar objetivos revolucionarios, y menos aún en países donde las elecciones nacionales pueden no ser parte de la cultura política popular o donde el proletariado industrial organizado no es la forma típica de los trabajadores pobres. Todas las tradiciones que provienen del liberalismo y del movimiento sindical socialista clásico han sido, además, sospechosas de estilo carismático, de política personalizada, de relación cara a cara, por no mencionar la demagogia sin freno, que normalmente han acompañado a la efectiva movilización de «los marginales».

En la UP se habla mucho de cómo conseguir más votos en las elecciones futuras o de cómo formular un plebiscito que gane una mayoría absoluta; hay incluso una tendencia a considerar contiendas electorales menores mucho más seriamente de lo que merecen. Mucha planificación se orienta a cómo movilizar a los trabajadores por medio de los sindicatos, a cómo instaurar del mejor modo posible consejos campesinos o comités fabriles diversos. En cambio, a la izquierda parece guiarla la creencia bastante simple de que todo va a estar bien con solo «transferir la lucha a las fábricas, las haciendas, las poblaciones, las escuelas secundarias y las universidades».

Pero el hecho es que, entre elecciones, hasta ahora los pobres no organizados no se involucran de modo continuo con el gobierno, y que el gobierno tampoco está presente para ellos de manera constante. En la UP no existe un equivalente del diálogo perpetuo, aunque unilateral, de Fidel Castro con su pueblo, ni de las charlas junto a la chimenea de Franklin Delano Roosevelt, transmitidas puntualmente por la radio. No se trata solo de una cuestión de oratoria. No hace falta, y puede que ni siquiera sea deseable, una técnica machacona para el mantenimiento de una conversación permanente de esta índole entre un gobierno popular y su pueblo. Lo que está en cuestión es un estilo de política más que de oratoria o de campaña.

Este problema concierne al presidente Allende como individuo más que a la UP, aunque también se deban superar los recelos por lo que sus camaradas y compañeros de coalición consideran un exceso de presidencialismo. (Bien podrían recordar que las masas que se hicieron demócratas en Estados Unidos por causa de Roosevelt nunca dejaron de ser demócratas después de su muerte: la política personalizada puede precipitar cambios de fidelidad a una organización que después resultan permanentes.)

Los trabajadores pobres y sin filiación sindical van a oír a Allende porque él detenta el prestigio, el poder y la función paternal de cualquier presidente, y porque representa un gobierno que ha dado pruebas de estar de su lado. Pueden ser movilizados por él con mayor prontitud como una fuerza nacional, permanente, y decisiva, que es lo que Perón logró en Argentina. Acaso él deba elegir un estilo personal diferente del de su amigo Fidel, pero conviene no olvidar una de las pocas lecciones de la revolución cubana aplicable en Chile, a saber, que un líder capaz de hablarle directamente a sus conciudadanos más pobres, remotos y políticamente menos comprometidos, es un valor de importancia máxima para cualquier revolución, y probablemente un valor indispensable para una que no puede obligar a la gente sino que debe persuadirla.

VI

¿Cómo podemos resumir el primer año de la «vía chilena al socialismo»? La UP ha demostrado algo que apenas si necesitaba probarse, y es que una alianza de izquierda puede ganar el poder a través del voto popular. Ha demostrado también algo más importante, a saber: que una vez en el gobierno esa alianza puede actuar con celeridad y decisión a pesar de faltarle el control de las Fuerzas Armadas y de partes cruciales de la maquinaria constitucional. Ha demostrado determinación para proceder con la construcción del socialismo, aunque su primer año no haya llevado a la UP más allá de los límites de la reforma no socialista.

Hasta ahora lo que ha hecho no ha sido cualitativamente muy diferente de lo que otros, varios, gobiernos latinoamericanos habían hecho, han hecho, están haciendo o podrían decidirse a hacer ahora. Pero a diferencia de otros gobiernos reformistas, está basado firmemente en un movimiento obrero, y su inspiración primaria no es el nacionalismo o la «modernización» sino la emancipación de los explotados, de los oprimidos, de los débiles y de los pobres. Ha demostrado considerable inteligencia y habilidad política. Por último, sus logros, en especial en el campo económico, son sustanciales.

Nada de todo esto garantiza su éxito. Para decirlo sin ambages: como la mayoría de los países semicoloniales sub o mal desarrollados, está a la merced de fuerzas más allá de su control, por ejemplo el mercado internacional del cobre, al cual resulta tanto más sensible porque Chile es, después de todo, según los estándares del tercer mundo, un país altamente urbanizado e industrializado, con una estructura social compleja y un patrón de consumo acendrado. Todavía no podemos saber si Chile será capaz de superar el peculiar estancamiento económico (combinado en este caso con un permanente porcentaje alto de inflación) que comparte con el resto del Cono Sur sudamericano, pero también, desde este punto de vista y en este momento, con Gran Bretaña, de cuya economía dependió esta área del planeta durante tanto tiempo. La experiencia muestra que esas debilidades resultan más difíciles de remediar de lo que creen los planificadores estatales. Tampoco se sabe todavía cómo la «vía chilena» puede superar el problema mayor de las economías subdesarrolladas: la brecha y el retraso entre el empleo y la población. Las dificultades a corto plazo de la producción, aunque serias, no son en sí mismo decisivas.

Políticamente, la «vía chilena» no ha mostrado todavía que un frente popular, muy dinámico y bien intencionado, sea una revolución, ni siquiera una revolución constitucional. La UP permanece encadenada no solo por las fuerzas exteriores sino también por el sistema político y por la situación de la que emergió y por las fuerzas políticas que se combinaron para formarla. Sin duda, todavía es muy pronto para emitir un juicio. Todavía no se ha probado en una crisis seria, ni en un desafío genuino, y no se debe subestimar la capacidad de la UP para superar su debilidad actual. El año próximo puede sacudirla, y puede también transformarla. Pero no se transformará espontáneamente.

[…] ¿Puede la UP superar [esas crisis y esos desafíos]? La oposición, que por cierto llega hasta incluir al gobierno de Estados Unidos, está convencida de que no puede. Los líderes del gobierno y varias figuras políticas son prudentemente optimistas o, quizá, no pesimistas, incluso en privado. De igual temple se muestran algunos chilenos con quienes he hablado, muy capaces y sin compromiso político. Un apostador que permitiera inclinar su juicio, apenas, a su natural simpatía por Allende, le daría una probabilidad de seis a favor y cuatro en contra, lo que no es desalentador. Si dejara de lado por completo su simpatía, diría una a que gana, dos a que pierde. Incluso así, es mucho más de lo que nadie hubiera apostado por los bolcheviques después de la Revolución de Octubre. O, ya que estamos, por la victoria de Allende trece meses atrás.

Septiembre de 1971

[Algunas notas del ensayo original han sido omitidas en la versión que se publica en este volumen.]

28

El asesinato de Chile

Hacía tanto tiempo que se esperaba el asesinato de Chile, y con tanta frecuencia se había informado ya en la prensa sobre la agonía que fueron los últimos meses de Allende, que todos los que viven de hacer que sus nombres figuren en los medios pudieron ofrecer obituarios públicos del difunto, con excepción de Washington, que (al momento que escribo) ha guardado un silencio elocuente. Incluso en el Partido Laborista británico, que le dedicó a la socialdemocracia chilena, mientras duró, tanta atención como la que normalmente dirige a los asuntos de Afganistán, saludó su muerte con lágrimas (ad hoc). Esto avergüenza momentáneamente a los asesinos, cuyo modelo era una contrarrevolución de perfil más bajo, menos publicitada, aunque incidentalmente produjo la mayor masacre de la que se tenga registro en la posguerra, el Yakartazo indonesio de 1965.

Antes del golpe, los jóvenes reaccionarios habían pintado «Yakarta» en las paredes de Santiago; y ahora mismo los militares chilenos les cuentan a los televidentes cuán exitosa ha sido desde entonces Indonesia para atraer inversiones extranjeras. Nadie sabrá cuántos chilenos cayeron víctimas de la venganza de su clase media, porque la mayoría de las víctimas será de ese tipo de chilenos de los que nadie había oído nada nunca fuera de su fábrica, «población» o pueblo. Después de todo, cien años después del fin de la Comuna de París, todavía no sabemos con precisión cuántos fueron masacrados tras su supresión.

El problema principal de los obituaristas es que pocos de ellos estuvieron nunca muy interesados en Chile. La tragedia de este país pequeño y remoto es que, como España en la década de 1930, su política era de impacto global, ejemplar y, por desgracia, desprotegida. Se volvió un caso testigo. Los estadounidenses sabían perfectamente bien que Chile era un caso testigo de algo mucho más simple que la cuestión de si el socialismo puede llegar al poder sin insurrección violenta o guerra civil. Para ellos la cuestión era, y es, el mantenimiento de su supremacía imperial en América Latina. Que había empezado a verse erosionada en los cinco años pasados por una variedad de regímenes políticos no solo en Chile, sino también en Perú, Panamá, México y, más recientemente, con el triunfo de Perón en Argentina. Más que Allende fue probablemente Perón el que finalmente inclinó la balanza a favor de un golpe militar. Estados Unidos descansaba, con cierta fe, en la hipótesis de que un lento estrangulamiento económico bastaría para acabar con Chile: un país con una deuda externa siempre agobiante, una factura cada vez más onerosa que pagar por sus importaciones que no hacían más que crecer y una única materia prima para exportar (el cobre) cuyo precio se vino abajo en 1970 y siguió bajo en los dos años siguientes. Pero los norteamericanos sintieron que ya no podían esperar. En todo caso, las continuas entregas de armamento a las Fuerzas Armadas chilenas mostraron que Estados Unidos siempre mantuvo en mente la posibilidad de un golpe.

Para el resto del mundo, Chile era un caso testigo acerca del futuro del socialismo. Tanto la derecha como la ultraizquierda estaban empeñadas en demostrar, para su propia satisfacción, que un socialismo democrático no podía funcionar. En sus obituarios se concentraron, ante todo, en demostrar cuánta razón tenían. Para unos y otros fue culpa de Allende.

Las debilidades y fracasos de la Unidad Popular (UP) de Allende fueron por cierto graves. De todos modos, antes de que las mitologías queden fijas en moldes de piedra y metal conviene dejar claras tres cosas.

La primera, y la más obvia, es que el gobierno de Allende no se suicidó sino que fue asesinado. Lo que acabó con él no fueron ni los errores políticos o económicos ni las crisis financieras, sino las armas y las bombas. Y a los comentaristas de la derecha, que se preguntan qué alternativas quedaban abiertas para los opositores a Allende que no fuera un golpe de Estado, la respuesta es simple: no hacer un golpe.

La segunda es que el gobierno de Allende no era una prueba piloto de socialismo democrático, sino a lo sumo un test de hasta dónde se extendería la buena voluntad de la burguesía para aceptar que la hicieran a un lado por medios legales, de hasta cuándo defendería la legalidad y el constitucionalismo cuando sintiera que la ley y la Constitución ya no jugaban de su lado. El gobierno de la UP no tenía el tipo de poder constitucional que los gobiernos laboristas británicos elegidos por el pueblo tuvieron, y desperdiciaron. Tenía un presidente elegido con todas las de la ley pero por una mayoría simple de los sufragios, enfrentado con un poder judicial hostil y con un Congreso controlado por sus enemigos, lo que volvía imposible sancionar nuevas leyes a menos que se contara con el permiso de la oposición. Allende no actuaba por merced de su poder constitucional, sino apenas con aquellos recursos que el ingenio podía hacer valer de su posición como presidente legal (aunque constitucionalmente minusválido). A menos que hubiera obtenido el control parlamentario en las elecciones legislativas de este año, no había modo de que la UP avanzara en su programa por medios constitucionales. Y no lo ganó.

Pero ¿y los medios inconstitucionales? Este es el tercer asunto que conviene tener en claro. Cambiar la opción «legalidad» por la opción «revolución» no estaba en los planes. Ni en términos militares ni en términos políticos estaba la UP en condiciones de ganar una prueba de fuerza física. Por cierto, Allende odiaba la guerra civil, como debe odiarla todo adulto con alguna experiencia histórica, por convencido que esté de que algunas veces es necesaria. Pero si Allende hizo todo lo que pudo para evitarla fue porque creía que su bando iba a ser derrotado en una guerra civil; sin duda, tenía razón. Fue el bando contrario el que buscó provocar esa prueba de fuerza, incidentalmente usando los métodos tradicionales de la clase obrera, y con un efecto devastador. Y las huelgas nacionales de las empresas de transporte no estuvieron dirigidas a paralizar la economía sino a obligar al gobierno a elegir entre coerción y abdicación, y por lo tanto a arrancar a las Fuerzas Armadas de su postura de neutralidad política. Porque los reaccionarios sabían que si las Fuerzas Armadas se veían forzadas a identificarse con la izquierda o con la derecha, se iban a identificar con la derecha. Las huelgas fracasaron en el otoño pasado, pero tuvieron éxito este verano.

En contra de esto, a Allende solo le quedaba amenazar con que iba a resistir. Le preguntó al otro bando si estaba preparado para la opción espantosa, y a la larga incontrolable, de la guerra civil. Probablemente calculó mal la renuencia de la derecha chilena a sumergirse en una guerra civil a sangre y fuego. Por lo general la izquierda ha subestimado el miedo y el odio de la derecha, la facilidad con la que hombres y mujeres bien vestidos le toman el gusto a la sangre. Aunque, como demostraron los hechos, la resistencia de la izquierda estaba organizada. Solo el tiempo dirá si lo estaba suficientemente. Quizá no. Pero, como la izquierda brasileña en 1964, la izquierda chilena se hunde al pelear. Y si el país entra ahora en un mundo de sombras, nadie puede tener dudas sobre quién fue que apagó la luz.

¿Qué podría haber hecho Allende? Es un momento difícil para conducir una investigación acerca de los posibles errores de hombres y mujeres valientes, muchos de los cuales ya están muertos o morirán pronto. Uno no quiere estar, de ningún modo, con todos aquellos que hoy están al lado de la tumba de Allende, posando con pósteres que dicen «Yo te avisé». Ni siquiera es fácil, en este momento, distinguir entre qué fue un error y qué no, entre asuntos más allá del control de los chilenos (como el mercado internacional del cobre), cosas que teóricamente podrían haberse dado de otro modo pero en la práctica resultaron inmodificables (por ejemplo, la parálisis de determinadas políticas debido a rivalidades dentro de la UP) y políticas que efectivamente podrían haber sido diferentes. No hay duda de que el juego económico del régimen de Allende —y fue siempre una apuesta que lucía como que llevaba todas las de perder— acabó en un fracaso.

Personalmente pienso que no había mucho que Allende pudiera haber hecho después de (digamos) los comienzos de 1972 salvo ganar tiempo, asegurar la irreversibilidad de algunos de los grandes cambios que ya se habían conseguido y con suerte mantener un sistema político que más tarde le podría haber dado a la UP una segunda oportunidad. Allende no podía, y ni siquiera se ofreció a hacerlo, construir el socialismo durante una segunda presidencia. En cuanto a los últimos meses, es bastante cierto que prácticamente no había nada que Allende pudiera hacer. Por trágica que sea la noticia del golpe, fue esperado y anticipado. No sorprendió a nadie.

Septiembre de 1973

NOTA DE LESLIE BETHELL: La parte final de este artículo había sido severamente recortada antes de su publicación en New Society. En una carta al editor, publicada en el número de la semana siguiente (27 de septiembre de 1973), Eric resumía los puntos centrales, «en pro de un equilibrio en la discusión»:

1. La UP fracasó en su propósito de mantener el apoyo de la clase media baja y de los pequeños empresarios y productores rurales, aunque logró extender su apoyo entre las clases trabajadoras y los pobres. Este fracaso le resultó fatal. Tanto Allende como el Partido Comunista eran conscientes de cuán importante iba a resultar eso.

2. Gracias a la resistencia armada continua del movimiento chileno no todo se ha perdido, ni se perderá, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil en 1964.

3. Parece improbable un regreso a la vieja democracia chilena. El patrón futuro muy probablemente seguirá (con modificaciones) la línea brasileña, que es ahora la favorita: guerrillas o escuadrones de la muerte de ultraderecha, tecnócratas y abundancia de capital extranjero. La próxima víctima puede ser el ala nasserista de las Fuerzas Armadas peruanas.

4. De aquí a diez años, Estados Unidos se va a sentir mucho menos feliz con América Latina que ahora.

VII. Reflexiones tardías

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Colombia te mata

Casi lo único que la mayoría de los no colombianos saben acerca del tercer país más grande de América Latina (y virtualmente el menos conocido de todos) es que de Colombia vienen la cocaína y las novelas de Gabriel García Márquez. Este novelista es realmente un guía maravilloso para este país extraordinario, pero no es la mejor introducción para un primer contacto. Solo quienes han visitado el país pueden saber cuánto de lo que leen como fantasía en verdad está muy cerca de la realidad colombiana. Desgraciadamente, el narcotráfico es un elemento importante en esa realidad, aunque los colombianos en posiciones de autoridad no hablen tanto acerca de él. Hay que admitir que se muestran mucho más relajados con el tema drogas que sus colegas en Estados Unidos. Probablemente esto se deba a que, con autoridad o sin ella, lo que más preocupa hoy a los colombianos es el crecimiento de la tasa de homicidios violentos.

Desde hace largo tiempo, el país ha sido conocido por una proclividad excepcional por el asesinato. El excelente informe de derechos humanos Americas Watch señaló en septiembre de 1986 que el homicidio era la causa de muerte más frecuente para los varones entre quince y cuarenta y cuatro años, y la cuarta causa de muerte para todos los varones, sin importar su edad. La muerte violenta no es simplemente uno entre tantos modos con los que la vida puede llegar a su fin en este país. Es, para citar un espléndido y aterrador ejercicio reciente en historia oral de Alfredo Molina, Los años del tropel: relatos de la violencia (Bogotá, 1985), «un personaje omnipresente». Pero los colombianos no le temen sencillamente a la muerte, sino a la recaída en una de esas pandemias de violencia que ocasionalmente han inundado el país, notablemente en los veinte años de 1946 a 1966, que son conocidos simplemente como La Violencia. Este período macabro ha sido estudiado recientemente con mucha seriedad por un grupo de historiadores locales. Entre ellos, el estudio de la región cafetalera de Quindío durante la década de 1950, Estado y subversión en Colombia, es notable por mostrar qué se puede lograr con una dosis sabia de investigación en archivos, historia oral y conocimiento local. Entre los proyectos de vincular de manera completa y sistemática los años de La Violencia con el presente, hay que mencionar el libro editado por Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y presente de La Violencia en Colombia (Bogotá, 1985) y El Bogotazo: la paz, la violencia de Arturo Alape (Bogotá, 1983), importante recopilación de hechos y de testimonios.

El miedo de una nueva marea alta de homicidios violentos —la última mató a unas doscientas mil personas— es tanto política como social. (La cifra de trescientos mil, que presenta el informe de Americas Watch, no está basada sobre evidencias verificables, y probablemente sea demasiado elevada.)¹ Durante la mayor parte de su historia, y aún hoy en un nivel sorprendentemente alto, Colombia fue una tierra de pioneros («el clásico colono con su machete, su escopeta y su perro rastreador», para citar una descripción de la década de 1970). El gobierno nacional y el imperio de la ley hasta el día de hoy solo hacen incursiones ocasionales desde las ciudades en el interior del país, que a su vez solo de manera vaga puede decirse que esté bajo el control de la capital.

Incluso la más antigua y poderosa de las instituciones nacionales —la Iglesia católica— resulta esquelética en su organización territorial en Colombia. […] El país era, y en cierta medida sigue siendo, algo así como una combinación de Far West, urbanización latinoamericana del siglo XX, e Inglaterra del siglo XVIII, en la cual una oligarquía constitucional de familias bien arraigadas, divididas en dos partidos rivales (liberales y conservadores), era todo lo que había como forma de gobierno. Colombia tuvo un sistema nacional de partidos antes de haber tenido un Estado nacional. La cohesión de esta oligarquía y su genuino apego a una Constitución electoralista han asegurado que el país en la práctica nunca fuera una segura víctima de las dictaduras latinoamericanas o de las juntas militares, pero el precio ha sido un derramamiento de sangre endémico, y muchas veces epidémico. Porque en Colombia el uso de las armas no es el monopolio de nadie, y por razones que hasta ahora han eludido a los historiadores, la gente común en algún momento del siglo XIX adoptó o bien al partido liberal o bien al conservador como dos religiones populares rivales. Como lo demuestra el libro de Alfredo Molano, nada puede ser más letal que esto.

[La transformación de la sociedad colombiana durante los últimos sesenta años] ha ejercido una tremenda presión sobre el orden político y social tradicional, y en ocasiones lo ha desgarrado. Cómo ese orden todavía hoy continúa existiendo es una gran pregunta abierta.

Inicialmente, la presión venía de abajo, y las masas urbanas y rurales eran movilizadas para luchar contra la oligarquía, como lo hizo más visiblemente que nadie el extraordinario líder populista Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato en una calle de Bogotá en 1948 desencadenó en pocas horas una insurrección espontánea en la capital colombiana, a la que se adhirió la policía, que se propagó a las provincias también a través de tomas espontáneas del poder por comités locales revolucionarios. Si Gaitán fue asesinado por la oligarquía, como asumieron automáticamente las clases populares, es algo que no puede saberse. Que a los oligarcas no les faltaban razones para temer a este hombre que había cautivado al Partido Liberal y estaba a punto de ser presidente, parece seguro. Después de todo, él por sí solo había puesto en movimiento, como por combustión espontánea, la única revolución nacional que hubiera conocido la historia de Colombia. […] Lo que podría haber sido una revolución social terminó siendo La Violencia, porque, quizá por última vez, el sistema oligárquico se las arregló para contener y apoderarse de la insurrección social convirtiéndola en un duelo entre partidos políticos. Pero esa batalla se escapó de control y se volvió avalancha de sangre, porque el enfrentamiento armado de liberales contra conservadores llevaba ahora un estigma adicional de odio y miedo social: el miedo de los conservadores a que su Partido se convirtiera en una minoría permanente contra un Partido Liberal que parecía cautivar a la nueva rebelión de las masas; y del otro lado, el odio de los pobres no solo a los adversarios hereditarios sino como opresores de los pobres, siempre más hábiles y eficaces cuando se trataba de ganar dinero.

El período más sangriento del conflicto (entre 1948 y 1953) reconcilió brevemente al establishment con una de las raras dictaduras militares que conoció Colombia, bajo el general Gustavo Rojas Pinilla (entre 1953 y 1957). Sin embargo, luego de su salida del poder, a riesgo de perder el control en el país y bajo la amenaza de la tropa de las Fuerzas Armadas y la revolución social en curso, la oligarquía decidió cerrar filas. Bajo el Frente Nacional, que a decir verdad recién concluyó en 1986, los partidos políticos suspendieron su competencia electoral por el poder, se turnaron en ejercer la presidencia y se distribuyeron equitativamente entre ellos los cargos de gobierno. La Violencia derivó entonces en bandidismo politizado, que acabó más o menos liquidado a mediados de la década de 1960. Este período fue analizado con mucha percepción por Gonzalo Sánchez y Donny Meertens en Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de La Violencia en Colombia (Bogotá, 1983). Por un momento pudo parecer que el Estado moderno podía estar realmente a punto de establecer sus reales en Colombia.

De hecho, el ritmo y el ímpetu del cambio social era, una vez más, demasiado para el sistema social; especialmente, para uno osificado por una clase dominante cuyo sentido de la necesidad y urgencia de la reforma social había quedado atrofiado por una historia de éxitos en matar o apartar a todos los elementos indeseables. En los veinticinco años que siguieron a 1950, la demografía colombiana, antes dos tercios rural, ahora se volvió un 70 % urbana. Entre tanto, La Violencia ingresó en otra espiral asesina, y una ola de hombres y mujeres, por la fuerza, por el miedo, o por su propio albedrío, se desplazó hacia uno u otro de los muchos lugares donde un marido y su esposa todavía podían desbrozar un terreno y sembrar en su suelo lo suficiente como para satisfacer sus necesidades, lejos del gobierno y de los ricos y poderosos. Nuevas industrias llegaron a Colombia, que ahora fabrica autos franceses y japoneses, camiones norteamericanos y jeeps soviéticos. También producciones más primarias, como la cocaína y la marihuana, y muchos turistas. Una riqueza de nuevo cuño e influencia socavó a la vieja oligarquía. Desde 1970, muchos hombres que no habían nacido de las viejas dinastías llegaron a la cumbre de la política colombiana: Misael Pastrana, César Turbay, Belisario Betancur. Las tensiones sociales que alguna vez estallaron en combustión revolucionaria espontánea son todavía tan tensas como siempre.

A esas tensiones hay que atribuir, en el interior del país, la ininterrumpida expansión hasta 1984 de los movimientos guerrilleros, que comenzó a mediados de la década de 1960 con unos pocos grupos armados de autodefensa que eran comunistas, en áreas remotas e inaccesibles, pero que el Ejército no pudo destruir. Ellos formaron el núcleo original del mayor movimiento armado de los últimos veinte años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, del Partido Comunista colombiano), que, al momento de la firma del armisticio de 1984, tenía veintisiete «frentes» o unidades regionales. El principal jefe político de las FARC, Jacobo Arenas, ha publicado ahora Cese el fuego (Bogotá, 1985), «una historia política» de esta fuerza guerrillera. Básicamente, es un movimiento campesino de colonos en zonas de frontera. Porque en un país con tierras de sobra la esencia del «problema agrario» no es el «hambre de tierra». Para decirlo de manera simple, se trata de la defensa de los derechos de los okupas en contra de terratenientes que tienen derechos igualmente vagos o inciertos sobre la propiedad de vastos e infrautilizados territorios, aunque los suyos contaran con el aval del poder político y también (hasta la acción de la guerrilla) del poder militar.²

Durante mucho tiempo, las FARC fueron subestimadas por todos menos por el Ejército, porque las tropas operaban en los territorios más alejados e inhóspitos del país y porque los intelectuales urbanos no tomaban en cuenta seriamente a esos «campesinitos». Nunca dejaron de crecer, y el número de sus combatientes suma aproximadamente tres cuartos del total de todas las guerrillas del país.³ Después de 1965 surgieron grupos guerrilleros más pequeños, rivales y hostiles. Al Ejército de Liberación Nacional (ELN), de inspiración cubana, le resultó fatal la lunática teoría foquista del Che Guevara y Régis Debray: el buscar insertar un «foco» guerrillero en el interior del país, que serviría de ejemplo y estímulo, y encendería el fuego revolucionario. El ELN atrajo a curas y estudiantes, pero su insensatez y su falta de objetivos políticos pronto se volvieron evidentes. Probablemente haya ejecutado un número mayor de sus propios combatientes y ex combatientes como «traidores» que de soldados del Ejército colombiano. Virtualmente inerradicable, como todas las guerrillas colombianas, se niega a firmar cualquier tregua. En el momento actual tiene pocos partidarios, pero también, gracias a que extorsiona a empresas petroleras multinacionales, mucho dinero.

Una secesión de clase media del PC formó el Ejército Popular de Liberación (EPL), maoísta. El último en formarse de todos los movimientos guerrilleros fue el muy publicitado Movimiento 19 de Abril (M-19), declaradamente formado en 1974 como respuesta a que en las elecciones presidenciales colombianas del 19 de abril de 1970 robaran con fraude la victoria al general Gustavo Rojas Pinilla, su legítimo vencedor. El ex dictador había organizado, cual Perón colombiano, un exitoso Operativo Retorno. Como un neo-Gaitán había apelado a la vasta población marginal de las ciudades con un programa populista, y con enorme éxito. Sin ninguna duda él había sido el ganador de la elección presidencial de 1970. Sin embargo, aunque esta nueva guerrilla contenía a algunos antiguos partidarios de Rojas, en realidad el M-19 estaba formado por ese característico fenómeno latinoamericano que son los hijos —y algunas hijas— de buena familia a quienes el PC no les resulta suficientemente revolucionario.⁴ Los principales líderes del M-19 habían integrado antes las filas de las FARC. La flamante guerrilla habitaba el mundo social de las clases medias altas colombianas y sus líderes conocían al dedillo las técnicas publicitarias más modernas. En este universo social, los padres no se muestran ni sorprendidos ni conmocionados porque hombres jóvenes y valientes den prueba del natural idealismo de la juventud por medio de actividades revolucionarias y demuestren su hombría por medio de lo que un ingenio local llamó machismo-leninismo […] Hasta que entre los años 1984 y 1986 demostró su bancarrota política, el M-19 había gozado de enormes simpatías en esos estratos.

La multiplicación de los movimientos guerrilleros era un signo de frustración. Dado el fermento social del pueblo colombiano y su potencial para el conflicto armado, ¿por qué la revolución social parecía tan remota? Sin embargo, aunque la guerrilla no significara una amenaza real para el sistema —la efímera movilización de las masas urbanas por el general Rojas había sido mucho más peligrosa—, tampoco podían ser eliminados los guerrilleros por el (sorprendentemente pequeño) Ejército colombiano de unos sesenta mil hombres. Los movimientos guerrilleros lucían como una parte permanente del paisaje en el cual grupos de hombres armados eran tan naturales como los ríos o las selvas. Pero mientras que los combates entre soldados y guerrilleros llegaban a una especie de empate en varias zonas rurales, los problemas sociales y políticos de los cuales las propias guerrillas eran un síntoma se volvían crecientemente más explosivos.

La única explosión social futura a la que prestaban atención tanto los guerrilleros como los militares (alentados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que habían entrenado a tantos oficiales colombianos) era una revolución comunista. Pero, como otros colombianos sabían mejor que nadie, existen formas de explosión social mucho más peligrosas, a fuer de ser negativas y de no saber en qué focalizarse.

Belisario Betancur (1982-1986) fue el primer presidente en reconocer que la solución de los problemas de Colombia requería de cambios mayores en todos los aspectos de la vida nacional, y, como una precondición, poner fin al estado endémico e inútil de subguerra civil. Se propuso lograr este objetivo en contra de la resistencia militar en todas partes. Como civilizado intelectual católico que era, un conservador disidente que apelaba al cuerpo cada vez más grande de compatriotas y ya no se identificaba por lazos sanguíneos con ninguno de los dos partidos, se dispuso a poder inaugurar una nueva era en la historia de Colombia. Alcanzó su punto más alto de popularidad en 1984 cuando echó a un ministro militar y así pudo firmar una tregua con todos los grandes movimientos guerrilleros salvo el ELN. Al finalizar su mandato, sin embargo, la mayoría de sus iniciativas estaban tambaleándose y su administración, como la de anteriores presidentes colombianos, parecía fracasar en medio de un renovado derramamiento de sangre.

Todas las guerrillas (excepto las FARC) estaban en guerra otra vez; Estados Unidos había hecho naufragar las posibilidades de encontrar la paz en América Central; el Consenso de Cartagena sobre la deuda externa de las naciones latinoamericanas —otra de las iniciativas favoritas de Betancur— demostró ser poco más que una noticia vistosa pero efímera en las cubiertas de los diarios, mientras que el narco mató a su ministro de Justicia (uno de los cincuenta y siete jueces asesinados durante su presidencia). La toma de la Corte Suprema de Justicia por el M-19, un golpe de teatro y publicidad que acabó mal, resultó en la masacre de un centenar de personas, en su mayoría jueces y otros civiles, que desacreditó al Ejército, a la guerrilla y al propio presidente.

A pesar de todo, Betancur puede haber abierto realmente una nueva era en Colombia. El país, que durante mucho tiempo fue el más sólido y leal de los apoyos latinoamericanos a las políticas de Estados Unidos, por primera vez en la historia se alineó con los No Alineados. El nuevo presidente, Virgilio Barco, es un liberal que obtuvo una victoria aplastante sobre su rival, un conservador ultraderechista. Deliberadamente, ha mantenido las políticas de Betancur, aun cuando los conservadores se hayan convertido en una oposición que retiró su colaboración. Las FARC todavía mantienen la tregua y han cambiado las armas por votos con mucho mejor éxito del que les auguraban, a través de la Unión Patriótica (UP), el nuevo partido de ultraizquierda que formaron. No deja de ser una paradoja que, para un movimiento cuyo mayor patrocinador es el partido del proletariado, la mayor parte de sus votos sean rurales. Probablemente sea el primer partido campesino de la historia colombiana. Como contrapartida, el apoyo que encuentran en las grandes ciudades es absurdamente bajo, aunque más alto que en el pasado: cuarenta y cuatro mil entre los cuatro millones de Bogotá, treinta y cuatro mil entre los dos millones y medio de Medellín. El presidente Barco ha demostrado su total compromiso en reconocer el nuevo pluralismo político y muy en especial el derecho de la UP a ocupar cargos en las provincias y municipios. Tras una medida silenciosa pero finalmente explosiva de la reforma democrática, los alcaldes —que hasta ahora son designados por los gobernadores de las regiones— pronto serán efectivamente elegidos por el voto ciudadano. Esta y otras reformas recientes desdramatizan la política colombiana a la vez que producen en ella cambios de la mayor importancia.

Estos cambios y estas incertidumbres, por no mencionar el período de transición entre presidencias, generaron un ambiente de tensión, estimulado por un aumento en la tasa de homicidios políticos y, lo que es más preocupante porque es más novedoso, en «desapariciones». Resulta imposible establecer si los homicidios no políticos, más escasamente cubiertos por la prensa, están también en alza, pero no hay razones para suponer que la industria de la cocaína, que no ha superado la etapa de inicial asesina del degüello (literal) de la competencia, requiera de muchos asesinatos, excepto los de los jueces bien dispuestos a aplicar el tratado de extradición de 1979 con los Estados Unidos. Las fronteras salvajes de la libre competencia, como el tráfico ilegal de esmeraldas, son mucho más letales —solo en 1986 arrojó ya el saldo de tres centenares de cadáveres—, pero esto siempre es así.⁵

El sector que realmente ha crecido es el terrorismo de derecha. Que adopta la forma de amenazas y asesinatos de líderes sindicales y activistas de la UP, quienes en septiembre de 1986 caían a razón de uno por día, un aumento empinado en la tasa de ataques a la izquierda, que dice haber perdido trescientos militantes en los últimos dos años de la era Betancur. Todavía más siniestros son los escuadrones de la muerte «desconocidos», que en defensa de la moral y del orden sociales los fines de semana hacen excursiones en ciudades como Cali y Medellín matando elementos «antisociales» como rateros, homosexuales y prostitutas, o indiscriminadamente simples mendigos y vagabundos. Los números de 1986 para estas matanzas en Cali (la tercera ciudad de Colombia) hablan por sí mismos: ochenta muertos en enero, ochenta y dos en febrero, ochenta y cuatro en marzo, noventa y uno en abril, noventa y ocho en mayo, ciento catorce en junio, cien en julio, ciento dos en agosto, y setenta y nueve en los primeros dieciocho días de septiembre. (El total de 1985 fue 763.)⁶

La sistemática campaña nacional de asesinatos de líderes de izquierda, en especial de aquellos que en las elecciones ganaron cargos públicos, sugiere que existe una coordinación general, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de presentar pruebas sólidas de ello. Por el otro lado, nadie duda de que los comandantes locales del Ejército y las fuerzas policiales están en estrecho contacto con las fuerzas paramilitares y los escuadrones de la muerte, que gozan del apoyo entusiasta de los terratenientes locales (lo que incluye a muchos ex oficiales) y de los industriales, por no mencionar del tipo de derecha radical que no distingue entre atracadores, líderes sindicales, habituales de los bares gay y la conspiración comunista mundial. En los círculos militares se oye decir que estos ataques son obra de guerrillas de ultraizquierda.

Los formen quienes los formen, los organice quien los organice, sea cual fuere el número de los «desaparecidos» hasta la fecha, el hecho más importante acerca de los escuadrones de la muerte y los paramilitares es que nadie, y menos que nadie personal asociado con las Fuerzas Armadas, ha sido hecho responsable, arrestado, juzgado, y mucho menos condenado.⁷ Un periodista bien informado lo formulaba en estos términos: «La única coordinación nacional que ha sido claramente establecida consiste en la decisión de no hacer nada con respecto a estas masacres». La precaución extrema con la cual tratan a los militares incluso los políticos más valientes de un país con una extensa tradición de hegemonía civil es el síntoma más preocupante de Colombia en su estado actual.

¿A qué podría deberse esta revancha violenta de la derecha salvaje? A juzgar por los datos básicos de la situación inmediata, en Colombia no hay justificación para la histeria. Se espera que la economía crezca. Los pobres están tan pobres como siempre, pero no más, y parecen más orgullosos que nunca de su capacidad para soportar las peores adversidades. Recientemente descubrieron a esos héroes populares cuyo heroísmo duro consiste en resistir todo hasta más allá de lo intolerable, en particular esos héroes deportivos que son los ciclistas de montaña. Gracias a la participación de sus héroes en el Tour de France, ahora los colombianos conocen mejor la orografía alpina que la andina.

Sea cual fuere el cálculo que se haga, la situación de la guerrilla es mejor. Los aproximadamente seis mil combatientes armados con que cuentan las FARC observan obstinadamente la tregua a pesar de sufrir provocaciones considerables. Invitan libremente a los periodistas a sus remotos cuarteles generales en la jungla, con excelentes resultados para la imagen de su caudillo envejecido y curtido, el legendario Manuel Marulanda, rodeado por otros hombres duros cuyos noms de guerre son un monumento a las esperanzas de su juventud: Timochenko, Iván, Fidel Labrador.⁸ La derecha se queja de que los medios públicos como la televisión no deberían darle publicidad a los rebeldes, pero los políticos racionales dan la bienvenida a estas oportunidades fotográficas que sustituyen a las emboscadas de antaño. En cualquier caso el futuro mejor para la UP, como para los partidos socialistas pre1914 en las naciones parlamentarias europeas, no es la toma revolucionaria del poder, sino un partido de campesinos sindicalizados con una base sólida en las regiones de frontera, que les dé la palanca suficiente como para negociar pactos con los liberales o, con suerte, para inclinar la balanza política a su favor.

En cuanto al millar de guerrilleros que todavía combaten armas en mano —ninguna estimación numérica llega a decir que sean tantos como dos mil—, unidos ahora en la así llamada Coordinación Guerrillera Simón Bolívar, su fracaso político se ha visto subrayado por el buen éxito de las FARC en aprovechar sus propias oportunidades. Su fracaso estratégico ha quedado expuesto por la división en varios grupos, por la pérdida virtual de todos los líderes del M-19 en sus últimos y desesperados golpes, y por las actividades al estilo camboyano del grupo Ricardo Franco, una rama estudiantil contraria al cese del fuego que se separó de las FARC y que masacró a ciento sesenta de sus propios militantes —es decir, a la mayoría— acusándolos de traidores y de infiltrados de la policía.

Hoy resulta muy difícil creer que las guerrillas, de acuerdo con sondeos de opinión que nunca fueron hechos públicos, gozaran en 1984 de un 75 % de aprobación, y que los guerrilleros del M-19 fueran el amor de las clases medias. Los mayores admiradores de la guerrilla se encuentran ahora en los suburbios y las villas de emergencia donde los niños valientes sueñan con volverse héroes. La única estrategia que se podría discernir por detrás de las salvajes avanzadas de la guerrilla en los últimos meses es probablemente la de aumentar el entusiasmo por la insurrección en esas áreas, que los militares solo podrían controlar al costo de un bombardeo indiscriminado. En el fondo, las maquinaciones del M-19 eran siempre lo mismo: estimular una situación potencialmente insurreccional, al punto de que se volviera real revolución, a través de alguna operación militar dramática y espectacular.⁹ No existen más probabilidades de que esto se dé ahora, si no se dio cuando el Ejército tenía que combatir a cuatro veces el número de los guerrilleros hoy alzados en armas. Militarmente las guerrillas no pudieron ganar entonces, como no pueden ganar ahora, por más satisfactorio que haya sido para ellas probar que los militares tampoco podían hacerlo.

¿Por qué, entonces, está nerviosa la derecha? Quizá se deba a la desintegración del sistema de partidos y a que el Estado (con excepción de las Fuerzas Armadas) ha desplazado el centro de gravedad, una vez más en la historia colombiana, desde la capital a las regiones, donde varias situaciones locales particularmente tensas no lucen mejor por el hecho de que la situación nacional sí se vea más calma. También porque quienes hoy se sienten amenazados ya no son tanto las viejas familias oligárquicas, que han enfrentado desafíos mucho peores sin perder la sangre fría, ni tampoco los realmente superricos, sino los terratenientes de rango medio, los empresarios y los políticos en ascenso. Estos grupos sociales se sienten abandonados: mientras que las guerrillas, en combate o en tregua, siguen bien asentadas en el interior del país, sin haber entregado sus armas, en Bogotá o Cali de noche ellos pasan todos los semáforos en rojo, por miedo a que los degüellen si se detienen en las esquinas. Para los presidentes de la Cámara de Comercio, del Rotary Club, de los clubes de Kiwanis y Leones y de la Asociación de Contadores (por citar solo a algunos de los agrios signatarios de un manifiesto anti-FARC proclamado en un departamento marginal)¹⁰ los únicos subversivos y antisociales buenos son los muertos; y en Colombia hay muchos hombres y algunas mujeres dispuestas a contratarse como sicarios si los honorarios les parecen razonables.

En las circunstancias actuales, los juicios más optimistas que uno puede oír en Colombia en estos días es que poco o nada va a cambiar. Los más pesimistas son los que ven al país como una nueva Argentina o un nuevo El Salvador: terrorismo de Estado o guerra civil. O quizá la extensión a todo el territorio de lo que ya ocurre en Cali o Medellín: la violencia y el caos a tres o cuatro bandas causados por las fuerzas oficiales, los parapolicías y paramilitares, los militantes y partidarios de la guerrilla, y el crimen no político. Probablemente los escenarios peores sean demasiado oscuros como para ser verosímiles. Colombia presenta una historia alentadora de violenta inmovilidad. Pero el presidente Barco está iniciando su mandato en un país seriamente preocupado.

En todo esto, ¿qué papel le asignan los colombianos al narcotráfico? Depende de dónde busquemos. Desde el punto de vista de los campesinos de áreas de frontera, sobre los cuales el libro más original que se haya escrito, por tres desprejuiciados investigadores de la Universidad Nacional, Jaime Jaramillo, Leónidas Mora y Fernando Cubides, es Colonización, coca y guerrilla, la coca es en primer lugar un cultivo especulativo e incierto pero que no tiene competencia en cuanto a las ganancias que genera o a los salarios que pueden cobrar los trabajadores rurales. Los costos de la producción cocalera están en alza, principalmente porque los soldados que nominalmente están ahí para combatir a las FARC, que actúa en esas áreas remotas como gobierno local, aumentan sin freno sus demandas por pagas que llegan a alturas cada vez más andinas, a la vez que a comienzos de la década de 1980 los precios de la cocaína bajaron. Por fortuna para los cocaleros, desde 1984 el gobierno nacional se endureció con el narcotráfico, lo que hizo que los precios de la cocaína nuevamente sean elevados y estables. En la frontera, el problema de la mafia del narcotráfico no existe como tal, porque en esas áreas todos los que hacen negocios lo hacen solo en términos aceptables para las autoridades locales. El problema real es que la desorganización social que trae consigo cualquier bonanza económica en regiones alejadas —los menores que abandonan la escuela para ganar diariamente sumas para ellos inauditas como cinco o diez dólares por día; los tipos duros que desde todas partes llegan movidos por la fiebre del oro de la coca— crean pequeñas ciudades con quinientas cabañas donde hay cuatrocientas prostitutas, y engendran todos los tipos de desorden familiar a todos los sheriffs de ficción. Acaso la consecuencia más seria sea la erosión de los simples valores sociales de acuerdo a los cuales vivían tanto los colonos agrícolas como los guerrilleros. ¿Quién podrá volver a creer que la buena vida es un terreno desbrozado en medio de la selva, un perro de caza, y algo de yuca y bananas?

Considerado desde una atalaya más alta, el narcotráfico resulta mucho más alarmante, aunque no —hasta ahora— por el tema de la adicción, que a los colombianos no parece conmover mucho. Nadie ha publicado en primera plana que la policía bogotana, durante los últimos seis meses, ha incautado, exactamente, quinientos gramos de cocaína («tantos como hay ahora mismo en este edificio, o en cualquier otro edificio de oficinas de estas dimensiones», me dice un informante en Bogotá). El auténtico motivo de preocupación es la corrupción universal que desparrama una industria que le da a Colombia más dividendos que la exportación del café¹¹ y a la vez, como la cantidad de personas que involucra el narcotráfico es en definitiva muy baja, alumbra a algunos de los hombres más ricos del país. (Dado que el dinero nuevo y el arte nuevo siempre van de la mano, las compras de los capos narcos han transformado, dicen, el mercado local de pintura contemporánea.) Corrupción de los jueces, que deben enfrentar la opción entre enriquecerse o morir. Corrupción de las Fuerzas Armadas, hasta el alto nivel de los generales, como admiten no sin amargura algunos oficiales honestos; nada es más útil para el narcotráfico que el sistema militar de transporte vial y aéreo. Corrupción, obviamente, de la policía y, menos obviamente, de las propias guerrillas. Paradójicamente, la única parte de la vida colombiana que hasta ahora se ha negado a hacer un lugar para los capos narcos es la política. Durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) hubo signos de que los capos narcos, desesperados por poder unirse al viejo establishment, estaban ingresando en la política nacional; pero mientras que los candidatos siempre toman dinero de quien quiera dárselo, los representantes bien conocidos se mantienen fuera.

La vida nacional está tan impregnada por esta corrupción que la legalización del tráfico de drogas ha sido sugerida amplia y seriamente como la única vía para eliminar las ganancias excepcionales y el incentivo a aceptar coimas. La cocaína es vista simplemente como una cosecha más en la historia de los países tropicales que producen esas materias primarias, desde el azúcar y el tabaco hasta el café. La exportación es un negocio como cualquier otro y en este caso uno que existe simplemente porque Estados Unidos insiste en esnifar o fumar esta sustancia en cantidades cada vez más astronómicas. Desde su perspectiva, y los principios de Adam Smith, los carteles de inversores de Medellín no se verían a sí mismos ni serían más criminales que los emprendedores holandeses o ingleses del comercio de Indias, que incluía el opio y que organizaban sus embarques especulativos más o menos de la misma forma. No sin motivos los traficantes se irritan si los llaman mafiosos. Ni estructural ni sociológicamente se parecen en nada a las mafias italianas o italoamericanas.

Su negocio es básicamente como cualquier otro que ha sido criminalizado —así lo ven los colombianos— por unos Estados Unidos que no saben o no pueden arreglar sus propios asuntos internos. En dos ocasiones durante los últimos dos años, los nombres más importantes del narco se ofrecieron a pagar la deuda externa del país y retirarse del tráfico de cocaína a cambio de amnistía y legitimidad. En todo caso, ahora algunos de los mayores operadores del rubro ya están fuera del narcotráfico y se dedican al negocio de las aseguradoras de embarques. Y si la cocaína fuera tan legal como el café, negocio con el cual, dicho sea de paso, los narcos tienen conexiones comerciales, la próxima generación de operadores no harían su fortuna tan fácilmente como la primera. Y en todo caso —es un punto de vista muchas veces expresado—, si los gringos fueran tan serios acerca del peligro de las drogas como dicen, ¿por qué no fumigan el condado de Mendocino en California con paraquat, como hacen en Guajira, o por qué no envían tropas a Georgia, como hacen en Bolivia? El presidente Barco habló virtualmente por todos los colombianos, incluso aquellos más firmemente a favor de la política exterior norteamericana, cuando anunció que en ninguna circunstancia se permitiría la presencia de tropas norteamericanas en Colombia.

Sin embargo, las drogas no ocupan los pensamientos centrales de la mayoría de los colombianos. Están dispuestos a abandonar los más escabrosos aspectos del tema a autores extranjeros como Charles Nicholl en The Fruit Palace (Londres, 1986), que no es más que una exposición al viejo estilo del periodismo amarillista de Fleet Street que finge ser una rapsodia a la manera de la revista Rolling Stone. Tienen cuestiones más acuciantes de las cuales ocuparse, en los cien primeros días del presidente Barco, que por esta «odisea a través del submundo de la cocaína colombiana». Y si nosotros estuviéramos en los zapatos de los colombianos, haríamos lo mismo.

Noviembre de 1986

[Algunas notas de la publicación original de este ensayo han sido suprimidas en la versión que figura en este volumen.]

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Nacionalismo y nacionalidad

en América Latina

En muchas partes del mundo, el nacionalismo es un tema de interés académico urgente porque también es un tema de interés político urgente. Este ensayo se ocupa de una parte del mundo que, en ambos aspectos, es si se quiere bastante anómala: América Latina. A primera vista eso es algo raro, pues Benedict Anderson sugirió seriamente en Comunidades imaginadas¹ que las ciudades criollas del siglo XVIII en Hispanoamérica fueron las verdaderas pioneras globales del nacionalismo moderno. Sin embargo, no habría que confundir el nacionalismo de las élites minoritarias con el nacionalismo que posee o desarrolla en los pueblos una base de masas bajo la forma de la conciencia nacional o un apego a los símbolos y las instituciones de la nacionalidad, aunque podrían existir vínculos históricos entre ambos. Mucho menos se lo debe identificar con las etnias o religiones características o demás formas exclusivistas de la conciencia nacional. De hecho, hasta hoy se ha mantenido casi del todo inmune al nacionalismo étnicocultural.

Permítaseme sobrevolar el período de la colonia y de las independencias tempranas. Crecían las tensiones entre los colonos, las metrópolis y los habitantes, al igual que la demanda de autonomía para esos colones más adelante en el siglo XVIII, tanto en los dominios de España como de Gran Bretaña. No es imposible detectar elementos potencialmente nacionalistas en algunos voceros de la autonomía de la élite criolla, en particular donde se podía, como en el virreinato de Nueva España, crear el mito según el cual los criollos y los mestizos locales representaban, de algún modo, una tradición autóctona no peninsular, aunque desde luego que una tradición cristianizada, una suerte de continuidad con los imperios precolombinos. El dejo fuertemente azteca del nacionalismo mexicano moderno es el resultado de esta «invención de la tradición» criolla de los siglos XVII y XVIII. Con todo, este nacionalismo en potencia chocaba con el límite de la profunda desconfianza que los criollos sentían por las masas americanas, y el temor a sus revoluciones sociales que mostraban ejemplos drásticos en la de Túpac Amaru en la década de 1780 y la de Toussaint Louverture en la de 1790. De hecho, como muestra Anderson, el nacionalismo criollo apuntaba en gran medida contra la política aparentemente proindigenista de la corona española, y la independencia de América Latina se mantenía a raya por el apoyo de las comunidades indígenas al poder colonial español. Además, tanto en la América hispana como en la británica la verdadera ideología de la emancipación era la del Iluminismo, en la cual la «nación» en ningún sentido era un concepto herderiano, sociológico y cultural. Al romper sus cadenas y elegir la libertad, «el pueblo» se constituía a sí mismo en «la nación», sin distingo de su composición anterior. Una nación, según Emmanuel-Joseph Sieyès, era simplemente «la totalidad de los individuos unidos bajo una ley común y representados por la misma asamblea legislativa». En los casos clásicos de los Estados Unidos y de Francia, no existían otros límites. «La nación» se abría como una invitación a ser parte de ella. En todo caso, «la decisión de rebelarse contra España no implicaba necesariamente un rechazo de lo español». […]

Pero esto me lleva a una cuestión central sobre América Latina, o al menos sobre la independencia de Hispanoamérica (la separación de Portugal que hizo Brasil fue del todo distinta). ¿Por qué sin dudas surgió una nación norteamericana, muy rápidamente, entre la Declaración de 1776, que hicieron trece colonias separadas, aunque aliadas, y el fin del siglo, mientras que nada por el estilo sucedió en Hispanoamérica? ¿Alcanza con decir que el imperio español era tan vasto y heterogéneo que era imposible una rebelión unánime y coordinada como la de las trece colonias? ¿Basta con señalar que importantes zonas dentro del imperio estaban en contra de la independencia: una oposición mucho más efectiva que cualquier otra en los futuros Estados Unidos? ¿Alcanza con que nos recordemos que la población blanca de las trece colonias, aunque era modesta en 1790 —algo menos de cuatro millones aproximadamente—, era por cierto más grande, absolutamente, y mucho más grande, relativamente, que el total de la población blanca en la superficie completa que va desde California al cabo de Hornos? Se ha estimado que esa población era de tres millones y medio hacia el final del período colonial (1825). Además, no habría que olvidar que las principales ciudades latinoamericanas eran mucho más grandes que sus equivalentes en los Estados Unidos. En el momento del primer censo en ese país (1790) ninguna ciudad norteamericana tenía más de 42.000 habitantes (Filadelfia), mientras que la ciudad de México iba rumbo a los 120.000, Lima a los 53.000 e incluso Caracas se aproximaba a los 40.000.² Pero la independencia acarreó la decadencia política de la élite urbana latinoamericana y el ascenso de los terratenientes y su soldadesca. Por consiguiente, se podría argüir, el electorado de la «nación política» en Hispanoamérica era más débil, dado que una independencia allí haría más probable que prevalecieran los intereses de los hacendados locales y regionales. Todo lo anterior corresponde. Sin embargo, sigue siendo un hecho que en las trece colonias la idea de una nación aparte, constituida por la totalidad de sus habitantes (blancos y libres), era parte de la conciencia colectiva aun antes de la declaración de independencia —quizá más ente la gente común que entre las élites— y el sentido de unidad entre ellos era innegable. Es difícil detectar algo similar en América Latina excepto en Brasil, donde la totalidad del imperio portugués se separó como un único Estado. Incluso fallaron, como sabemos, los intentos de formar unidades regionales más amplias (Gran Colombia, etc.).

Se deduce que los Estados que surgieron de las guerras de independencia en América Latina (o al menos en la hispana) no fueron naciones, o Estados-naciones, en un sentido realista, ni fueron el resultado de movimientos de liberación nacional. En buena parte de la región incluso las divisiones administrativas coloniales, que debían brindar (como en el África poscolonial) buena parte del marco para los nuevos Estados, eran nuevas en comparación. Eran el resultado de la reorganización colonial de la monarquía española del siglo XVII, y a veces de finales del siglo XVIII. Con la probable excepción de Chile (elegido para una vida nacional exitosa por el propio Bolívar), en cada uno de estos países las rivalidades locales y regionales eran mucho más evidentes que lo que compartían sus élites. De ahí la historia repetitiva de guerras civiles o intrarregionales en las primeras décadas tras la independencia, aun en zonas geográficamente congruentes como la cuenca del Plata. De ahí también la tendencia repetitiva a que los Estados latinoamericanos formasen federaciones oficiales u oficiosas, hasta que el poder estatal central comenzó a establecer un control serio del territorio, sobre todo durante el siglo XX. En los hechos, ni siquiera las élites tenían mucha homogeneidad o perspectiva. Vivían en Estados cuyos nombres mismos eran, con frecuencia, creaciones posteriores a la independencia. Eran ciudadanos solo en tanto las instituciones de esos Estados nuevos, y en particular sus Constituciones nominalmente liberales y representativas, les construían un escenario nacional en el cual representar sus mixturas y sus conflictos. Acaso los únicos cuerpos que tenían un interés genuino en lo nacional de estos Estados eran los ejércitos que creaban estas unidades o los caudillos que tomaban el poder en ellas. Una vez que no se cuestionaba la existencia de un nuevo Estado, y la separación regional no era ya parte de su política (lo cual, después de 1830, ocurrió solo ocasionalmente y bajo la influencia exterior, como en el Estado Independiente de Acre o en Panamá), los ejércitos eran prácticamente las únicas instituciones que se identificaban con el territorio entero de la república, y eso con independencia de que cambiaran de jefatura más frecuentemente o menos. El poder al que cualquier caudillo aspiraba era nacional. Si se considera cuán raramente en los últimos ciento cincuenta años los soldados de una república americana derramaron la sangre de los soldados de otra (con las excepciones notables de la guerra de la Triple Alianza, 1864-1870; la guerra del Pacífico, 1879-1884, y la guerra del Chaco, 1932-1935), la gloria militar juega un papel completamente desproporcionado en los mitos de América del Sur.

Podemos, por consenso, borrar a la gente común como vectores de la nueva conciencia nacional, acaso con las excepciones de Paraguay y del Uruguay de Artigas, donde la independencia se defendió menos contra los viejos poderes coloniales que contra Buenos Aires y Brasil. Por cierto, en algunas partes de México se desarrolló una fuerte conciencia popular genuina alrededor de la Virgen de Guadalupe, sucesora de la divinidad precolombina de Tonantzin. En los tiempos de Hidalgo y Morelos, los hombres se levantaron bajo su consigna. Sin embargo, mientras el guadalupismo sin dudas se integró en la conciencia nacional de las masas mexicanas, en los tiempos de Hidalgo la Virgen negra fue menos un símbolo de nacionalidad que una patrona protectora de los pobres, quienes eran o son ciudadanos solo por ser pobres mexicanos. La ideología popular andina, como milenarismo inca, que tan bien analizó A. Flores Galindo en Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes (1986), no tuvo conexión alguna con las nuevas repúblicas hasta la década de 1920.

Tampoco existe una razón por la cual deberíamos esperar que la gente común hubiera tenido mucho interés en la nación, o siquiera en el concepto de nación. A los hacedores de la ideología nacional en estos Estados no les interesaba el grueso de los habitantes del continente, o más probablemente lo consideraban el obstáculo principal para el progreso nacional, o de cualquier otra índole. Antônio Cândido comparó con agudeza a Domingo Faustino Sarmiento, quien luchó contra la tiranía bárbara de Rosas en Argentina, con Euclídes da Cunha, quien sesenta años más tarde intentó llegar a un acuerdo con el fenómeno de los habitantes del sertão bahiano en Brasil. El subtítulo del Facundo (1845) de Sarmiento, Civilización y barbarie, bien podría ser el subtítulo de Los sertones (1902) de Da Cunha.³ Por un lado estaba, para citar al argentino Esteban Echeverría (1829), el principio del progreso, el derecho de reunión y la libertad, que Sarmiento representaba en nombre de las ciudades; por otro, «el principio antisocial y anárquico del statu quo, ignorancia y tiranía» que representaba el campo. Y la ciudad, en tiempos de Sarmiento, aunque ya no en los de Da Cunha, no solo era una minoría, sino que estaba políticamente marginada.

En pocas palabras: los progresistas debían crear un sentimiento nacional que reemplazara a las antiguas, y poderosas, colectividades y autoridades —locales, profesionales, religiosas, étnicas, etc.— que constituían obstáculos tan perseverantes al progreso. Pero esto implicaba un ataque frontal contra todo lo que la masa de la gente latinoamericana común valoraba profundamente. Por eso a nadie sorprende que las élites locales se sintieran atraídas por una ideología internacionalista como el positivismo de Auguste Comte, como cortada a medida para la situación de una élite modernizadora con poder estatal a la que confrontaban las masas de fuerzas populares paralizadas y hostiles. La ideología nacional brasileña se volvió positivista y, si no hubiera sido por la revolución, acaso la de México también lo hubiera hecho.

Tanta fue la desesperanza de que alguna vez se pudiera movilizar a esas masas que, como sabemos, muchos de los creyentes en el progreso vieron que la única solución sería la inmigración masiva de «razas superiores», es decir europeas, y la marginación de los indios y los negros, o inclusive de los criollos locales corrompidos por la barbarie que los rodeaba. Solo en México esto no despertó entusiasmo, dado que la entrada de gringos se asociaba, comprensiblemente, con el traspaso a los Estados Unidos de amplias zonas del México decimonónico. No obstante, en otros aspectos se recibía de buen grado su impacto económico y cultural, como los de los británicos. El progresismo decimonónico y el nacionalismo de la clase media no apuntaban contra el imperialismo foráneo. Su predisposición a darle la bienvenida a la empresa extranjera y la inmigración era completamente compatible con su clase de nacionalismo. No hay razón para creer que la clase política dominante chilena se sentía y se siente chilena, aunque casi todos los nombres de sus miembros que vienen a la mente —a excepción de algunos de los omnipresentes vascos— tienen un origen evidentemente extranjero: Edwards, Pinochet, Frei, Allende Gossens, Alessandri, Marmaduke Grove, Foxley, etc. Por otro lado, este nacionalismo excluía la apelación a lo que se podría llamar nacionalismo populista étnico o histórico. Recordemos a Martín Fierro en el poema épico gauchesco del mismo nombre, de José Hernández, quien cantó:

Tiene el gaucho que aguantar

hasta que lo trague el hoyo.

O hasta que venga algún criollo

en esta tierra a mandar.⁴

Este sentimiento de rencor provinciano es el que una nueva fase de nacionalismo, bajo Perón, aprendió a movilizar con tanto éxito: la hostilidad de «la Argentina real» contra los porteños (de Buenos Aires) y los extranjeros a la vez. Sin embargo, la realidad del peronismo fue muy distinta. Más de la mitad de los generales del ejército de Perón eran hijos de inmigrantes, lo cual señalaba una disposición a asimilar, y una velocidad de asimilación, sin paralelo en el mundo fuera de América Latina.

Así que, hasta el siglo XX, grosso modo tenemos dos fases del nacionalismo latinoamericano: la posindependentista que, a pesar del chovinismo retórico y militar inspirado en la Revolución Francesa, no fue muy importante, y la época en la que prácticamente coincidió con el antitradicionalismo. Se identificaba a la «nación» con el progreso, esto es, con el desarrollo económico y el establecimiento de un poder estatal efectivo sobre el territorio nacional en toda su extensión. Solo se podía considerar miembros verdaderos de la nación a aquellos comprometidos con el progreso, o a aquellos que al menos lo aceptaban.

La tercera fase comienza, básicamente, con la revolución mexicana y los ecos de la revolución rusa. Se caracterizó no solo por una participación activa y positiva de los movimientos populares en la política nacional de los distintos países, sino también por el reconocimiento entre los intelectuales y los políticos de que la nación consistía en el pueblo: toda la gente excepto, quizá, los indios de la selva. Esto se puede ilustrar con tres ejemplos. El primero es el movimiento estudiantil que, tras comenzar en Córdoba (Argentina) en 1918, se extendió rápidamente por América Latina hacia Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, México y Cuba, y claramente inspiró nuevos movimientos populista-democráticos y nacionalistas como el futuro APRA en Perú y tal vez los futuros PRI en México, MNR en Bolivia y Acción Democrática en Venezuela, entre otros. Estos movimientos eran nacionalistas en el sentido en que eran, por primera vez, fundamentalmente antimperialistas y en que ponían al pueblo como el objetivo fundamental de la acción política de los intelectuales. El segundo ejemplo es el Perú en la década de 1920, cuando el indigenismo, es decir el reconocimiento de que los indios son el núcleo del pueblo peruano, constituyó el centro de la conciencia nacional peruana. Esta noción se expresó no solo por medio de los intelectuales opositores como Mariátegui y Haya de la Torre, sino también de políticas gubernamentales oficiales bajo Leguía, Prado y Sánchez Cerro. El tercer ejemplo es Brasil luego de la década de 1930. Los tres libros de ese decenio que moldearon el concepto de Brasil y los brasileños de los intelectuales modernos fueron, sin dudas, Casa-grande y senzala,⁵ de Gilberto Freyre; Raíces de Brasil,⁶ de Sérgio Buarque de Holanda, y Formaçao do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr. Y lo que los tres tienen en común es que denuncian el prejuicio racial: una integración del indio, el negro y los descendientes del mestizaje en la «nación» que hasta entonces se identificaba principalmente con los blancos nativos o inmigrantes. Para decirlo rápido: lo que tenían en común era que extendían el concepto de la «nación» a las masas de sus poblaciones.

Lo que hizo que esta extensión resultara más fácil que antes, al menos para los intelectuales revolucionarios, fue que ahora las masas mismas parecían listas para la acción revolucionaria, y se daba por sentado que la revolución tenía como objetivo crear precisamente esa sociedad dedicada a la ciencia, el progreso y la ilustración, en la cual las masas habían mostrado muy poco interés hasta el momento. Haya de la Torre fue un modernizador igualmente apasionado, como mínimo, que Sarmiento, y lo mismo se puede decir de Mariátegui. «El proletariado indígena espera su Lenin», escribió [Luis Eduardo] Valcárcel, [el historiador y antropólogo peruano].⁷ La revolución mexicana había probado que al menos podía producir un Zapata y un Villa. Además, por engañosa que fuera la creencia en que todas las masas rurales esperaban solo a su Lenin, desde ese momento era innegable que una izquierda más modesta podía movilizar a algunas partes importantes de ellas. En cualquier caso, los movimientos de masas de la izquierda podían surgir ahora no solo, como en el Cono Sur, entre la clase trabajadora en su mayoría compuesta por inmigrantes, sino también, como en Perú, entre el proletariado que no era blanco. El APRA se convirtió en un partido de masas trabajadoras, aunque su influencia en el corazón indio solo fue marginal. Desde la revolución mexicana en adelante, todas las ideologías nacionales al sur del río Bravo incluyeron a las masas.

Pero no pasemos por alto el otro aspecto del nuevo nacionalismo: su antimperialismo o xenofobia. Que convirtió la —novedosa— conjetura de que la tarea principal de la nación, es decir la modernización vía el desarrollo económico, se debía realizar contra Europa y los Estados Unidos, y no por medio de, básicamente, la inversión extranjera, las exportaciones de bienes primarios y en general la simbiosis con la empresa extranjera. Por razones obvias, el nacionalismo antimperialista, aunque había existido antes, en particular en las regiones expuestas a la diplomacia cañonera de Washington, entró en su apogeo durante la gran depresión. No hablamos apenas de una nueva conciencia nacionalista popular, que de inmediato adoptó la forma del mero odio a los extranjeros o los marginados como en México, donde aparentemente condujo a un aumento de los homicidios de extranjeros —curiosamente, asiáticos y turcos antes que gringos—, dato que al menos un autor, F. C. Turner, en The Dynamics of Mexican Nationalism (1968), usó como un índice del desarrollo del nacionalismo popular propiamente dicho. Más bien pienso en la clase de ideología desarrollista que hallamos en Brasil entre escritores como Hélio Jaguaribe, quien no repudió la etiqueta de «burguesía nacional». Para esa gente, «la nación» era, como en el pensamiento europeo del siglo XIX, una unidad de desarrollo económico basada en «la existencia de un territorio ininterrumpido [que] estimula la integración económica, que sucede aún más fácilmente en proporción a su unidad cultural ya existente». Sin embargo, el hecho de que Brasil se hubiera desarrollado como una economía exportadora de bienes primarios a Europa era un obstáculo para esa integración. Hasta hace poco, argumentó Jaguaribe en O nacionalismo na atualidade brasileira (1958), esto había privado a Brasil tanto de las condiciones como de los estímulos para lograrlo. Sin embargo, lo que se había desarrollado recientemente era un nacionalismo cultural, vinculado en las artes al movimiento modernista y otras corrientes innovadoras; seguido por un nacionalismo económico, que exigía el desarrollo estatal de los recursos minerales, y un nacionalismo político que se identificaba con la democracia, la justicia social y el fortalecimiento del poder tanto central como comunal contra el poder de los Estados.

«Desarrollista», antimperialista —es decir, antiestadounidense, popular, comprometida con la situación de las masas y políticamente inclinada a la izquierda—: así ha sido la corriente principal del nacionalismo latinoamericano desde la década de 1930. Brevemente durante ese decenio se tuvo la impresión de que una corriente derechista inspirada por el fascismo europeo podría haberle competido, pero el fin de Hitler y Mussolini eliminó esa alternativa. En todo caso, con frecuencia las bases sociales de esos movimientos latinoamericanos inspirados en el fascismo eran muy diferentes de sus originales europeos. El adversario principal de esta corriente nacionalista progresista es hoy, otra vez, el desarrollismo vía el neoliberalismo económico, ya sea bajo los auspicios civiles o militares. Actualmente la tendencia nacional-burguesa, la del capitalismo estatal desarrollista y la socialista se hallan en retirada, aunque probablemente estas ideologías son probablemente más fuertes en América Latina que en cualquier otra región del mundo.

Para concluir, se pueden formular otras dos preguntas. ¿Qué ha sucedido con la conciencia nacional de masas, y cuáles son las perspectivas para el nacionalismo latinoamericano en el resurgimiento actual de las tendencias nacionalistas en el mundo?

¿En qué momento las masas de mexicanos comunes llegaron a considerarse mexicanos, o las de hondureños, hondureños? No son preguntas fáciles. No alcanza con que a los hombres y las mujeres se los cuente, se los registre o se les impongan los impuestos de un gobierno para que sientan una identificación primaria, o de cualquier clase, con el país que ese gobierno dice representar. Si gozan de derechos ciudadanos, por ejemplo en un sistema de política democrática, más probablemente se identifiquen con su país, en particular si las presiones democráticas producen reformas sociales u otras ventajas que claramente los benefician. Podemos suponer casi con certeza que existen conciencias nacionales en Uruguay desde Batlle y en Argentina desde Sáenz Peña. Una vez más, grandes masas de inmigrantes, tratados como miembros de una nación extranjera específica, desarrollarán una conciencia nacional aun si no la tienen en su tierra […] Del mismo modo, si una fuerza que predica el nacionalismo moviliza a los pueblos, por medio de ella se identificarán con «la nación»: todos los apristas tendrán conciencia de su peruanidad, todos los peronistas se sentirán probablemente muy argentinos.

Sin embargo, se ha sugerido que, al menos en América Latina, identificarse con la nación por medio del fervor por una persona que representa la nación es más importante que cualquier otra forma de identificación política. No hay demasiada duda de que Getúlio Vargas inspiró a más brasileños pobres a que se sintieran brasileños que cualquiera antes o después. Hasta este punto la antigua tradición del caudillismo se ha inclinado a veces hacia el concepto moderno de nacionalismo, mientras que los caudillos han mutado en líderes revolucionarios o populistas, incluso candidatos tan poco prometedores como los generales Odría (Perú) y Rojas Pinilla (Colombia).

No obstante, la fuerza más decisiva para la creación de la conciencia nacional fue sin duda el desarrollo de la moderna cultura de masas, en especial a medida que la tecnología la robusteció. Desde la introducción de la Copa del Mundo es completamente seguro que todos los habitantes de cualquier país cerca de una radio o un televisor —¿y quién no lo ha estado desde la década de 1960?— ha desarrollado una forma de patriotismo, al menos si el país tiene un equipo de fútbol importante. La Copa del Mundo data de 1930 cuando, como cualquiera debería saber, Uruguay derrotó a la Argentina en la final. Por cierto, América Latina es el único continente en el cual el fanatismo futbolístico ha llevado a, o al menos colaboró con, una guerra real: la guerra del Fútbol de 1969 entre El Salvador y Honduras. El desarrollo de la radio ha sido igualmente crucial, y más que el de la televisión, porque ha convertido a ciertas clases de músicas, o incluso ciertas canciones —y no estamos hablando de himnos nacionales—, en símbolos de comprensión general de sus países, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y porque ha acercado las noticias de la actualidad nacional hasta áreas remotas e incluso a los analfabetos. A diferencia de la cultura impresa, la cultura oral y visual de las nuevas tecnologías no conoce límites educativos.

Además, la misma expansión del alfabetismo, a saber la escolarización, inevitablemente genera algo de conciencia nacional, dado que en todos los lugares buena parte de la escuela se dedica a inculcarla. Esto lo ilustra una comparación de dos estudios de departamentos peruanos que realizó Howard Handelman. Inclusive veinticinco años atrás solo el 8 % de los adultos en las comunidades de Cuzco tenía radios, menos del 30 % de los niños asistía a la escuela, el alfabetismo adulto estaba por debajo del 20 % y solo el 13 % viajaba a las ciudades cercanas. Aun así, en Junín más de la mitad de los niños iba a la escuela, el 45 % de los adultos tenía radios y el 30 % sabía leer y escribir. En el 60 % de las comunidades todos o la mayor parte de sus miembros sabían hablar castellano, mientras que en Cuzco la mayoría de la gente no hablaba castellano y prácticamente no existían comunidades bilingües.⁸ Sin forzar demasiado la tesis de Karl Deutsch según la cual el nacionalismo es una función de la comunicación, deberíamos esperar que la política rural en Junín fuera mucho más «nacional», y por cierto es el caso. Ya en 1930, en la comunidad militante de Huasicancha, adecuadamente descrita por Gavin Smith como un asentamiento particularmente aislado, las conversaciones sobre la situación política nacional «eran parte del discurso diario del pueblo».⁹ Con todo, nunca debemos olvidar que aun la conciencia de que la lucha tenía una dimensión nacional no significaba que Perú, en tanto tal, rondara las cabezas de los huasicanchinos, en comparación con su problema realmente importante: el conflicto por la tierra con la vecina hacienda Tucle. Sin embargo, hacia los años sesenta no queda duda alguna de que las banderas peruanas, el símbolo estándar de la nacional, se enarbolaban universalmente en las invasiones de las tierras campesinas, al punto de que en un lugar se informó que los campesinos confeccionaban banderas para las invasiones. Hasta donde sé, no fue así en el episodio previo de agitación agraria, en 1946-1948. No podemos sino sacar la conclusión de que en el intervalo hubo un desarrollo importante de alguna forma de conciencia nacional entre las masas; con toda probabilidad, como resultado adicional de la emigración masiva de las sierras en la década de 1950, que intensificó los contactos entre los aldeanos y el mundo urbano. Hoy probablemente a muy pocos, aun entre los hombres y las mujeres del campo remoto latinoamericano, les falte un sentido de identificación nacional con su república o su país de origen, aunque no queda claro qué significa esto, si acaso significa algo, en términos políticos concretos.

Una cosa, sin embargo, está clara. Aquellas revoluciones que se ven como revoluciones populares y aquellos gobiernos que se perciben como de legitimidad popular genuina alientan un apego positivo a la nación, como ilustra la comparación de Almond y Verba sobre las actitudes italianas y mexicanas en 1960.¹⁰ Ambos eran Estados semidesarrollados de historial católico. En Italia, solo el 3 % de los consultados se manifestaron orgullosos de algún aspecto político de su nación, pero en México lo hizo el 30%. Es más: casi dos tercios de la muestra mexicana dijo que podía nombrar algunos de los ideales y objetivos de la revolución mexicana, y lo hizo: democracia, libertad política, igualdad, reforma agraria y —significativamente— libertad nacional.

Pero ¿y el futuro? En otras partes del mundo la fase actual del nacionalismo tiene tres características: 1) se justifica con fuerza en los aspectos étnico-lingüísticos y/o religiosos; 2) es ampliamente separatista, en tanto que concibe la ruptura de Estados más grandes, como Canadá, España o Gran Bretaña, y 3) es fuertemente historicista ya que emplea el pasado, religioso o cultural o político, como un punto de referencia, y en casos extremos, para definir un programa con miras al porvenir, sobre todo de expansión territorial, como sucede entre los extremistas israelíes. Uno podría también decir que 4) se dirige principalmente contra enemigos internos (un gobierno central, inmigrantes, otras minorías, etc.) antes que contra otros Estados.

Esto ilustra la anomalía latinoamericana. Lingüísticamente la mayor parte de la región tiene como lengua escrita común el castellano o el portugués, y aunque se utilizan otros dialectos indígenas, que cada vez más reciben reconocimiento oficial, siguiendo el ejemplo del guaraní en Paraguay, en los hechos no se los percibe hoy como alternativas potenciales al castellano o al portugués, ni siquiera entre sus hablantes. Los antecedentes religiosos de todos los Estados continentales son católicos, y aunque existen los cultos nativistas y sincréticos, ningún país, con la probable excepción de Haití, los considera esenciales a su identidad, aunque no es inconcebible que alguna vez esto suceda en Brasil. Las inmigraciones masivas transoceánicas se han integrado extraordinariamente bien allí donde fueron importantes (Argentina, Uruguay, el sur de Brasil), excepto quizá la amplia colectividad judía de Argentina, a la vez excluida y recluida durante una generación o dos. Curiosamente, se aceptó más fácilmente a los inmigrantes árabes, que ascendieron hasta los puestos más altos en varias repúblicas (Menem en Argentina, Malouf en Brasil, Turbay en Colombia y otros en Bolivia, Ecuador, etc.).

En todas partes se han dado fricciones por las migraciones transfronterizas de trabajadores, como entre El Salvador y Honduras, y más recientemente Colombia y Venezuela, pero en su gran mayoría esas corrientes migratorias de Bolivia y Paraguay hacia la región del Plata no parecen haber causado muchos problemas, o al menos muchos menos que migraciones similares en Europa y América del Norte. En todo caso, la homogeneidad étnica, real o imaginaria, no ha sido parte de la conciencia nacional latinoamericana desde cuando la asumió completamente la clase alta criolla. En lo que respecta a la Historia, une más de lo que divide en grandes partes del continente, como indica la tendencia persistente, tanto entre los intelectuales regionales como los extranjeros, de tratar al continente como una unidad. Inclusive se puede escuchar hablar a los intelectuales brasileños de «o pensamento latino-americano». Europa no tiene un sentido de unidad comparable, a pesar de los esfuerzos de Bruselas. Es difícil de imaginar en Europa, aunque solo sea por razones lingüísticas, una trayectoria como la del Che Guevara, que lo llevó de Argentina, vía México y Cuba, a Bolivia. Pero no solo por razones lingüísticas. En el discurso de Fidel escuchamos un eco de un libertador continental, y es simbólico que, en el ocaso del sueño de Fidel, García Márquez escribiera sobre el fracaso y la muerte de Bolívar.¹¹

Por último, el separatismo tiene una importancia simplemente desdeñable en comparación con el Viejo Mundo, aunque no podemos excluir la posibilidad de que algún día se pueda desarrollar. Con todo, y aunque no se lo puede pasar por alto en el universo insular del Caribe, los ejemplos, escasos y por ahora temporales, en el continente —Santa Cruz en Bolivia, Rio Grande do Sul en Brasil— tienen poco que ver con el nacionalismo. Acaso la popularidad tradicional de las Constituciones federales y la mera debilidad e ineficacia de la maquinaria del Estado central hayan dejado mucho más espacio para la efectiva autonomía local que en Europa.

Es imposible vaticinar tendencias futuras. Mientras probablemente hay más espacio para las disputas tradicionales militares entre los ejércitos nacionales, como atestiguan los conflictos periódicos sobre las fronteras mal definidas, sobre todo alrededor de la cuenca del Amazonas, no es probable que haya guerras verdaderas entre las repúblicas. Sin duda los reclamos nacionales tendrán utilidad en la política interna, para reforzar a los demagogos locales y los líderes populistas, pero dado el bajo perfil de las migraciones en el área, la xenofobia popular generalizada de Europa occidental y América del Norte parece ausente. ¿Se puede esperar que el crisol de las nacionalidades latinoamericanas se fracture en comunidades mutuamente hostiles por raza, idioma o cualquier cosa? No es algo inconcebible en los Estados andinos, con una cantidad importante de población indígena y donde existe un sustrato indudable de resentimiento indio contra los criollos y los cholos, como certifica el 45 % de los votos que el candidato no blanco (japonés) Alberto Fujimori obtuvo contra el novelista Mario Vargas Llosa, algunos de ellos sin duda porque el Chinito, visiblemente, no era blanco. Puede que en algunas partes de México haya tendencias similares. Pero son especulaciones. En la mayoría de las demás partes del mundo, y por cierto en Eurasia, el ascenso de los movimientos nacionalistas es una realidad inmediata. En América Latina es tema de conjetura. Qué suerte tiene, por ahora, América Latina.

1995

[Algunas notas de la publicación original de este ensayo han sido suprimidas en la versión que figura en este volumen.]

31

Una relación de cuarenta años

con América Latina

Cuando visité América Latina por primera vez en 1962,¹ el continente se hallaba en uno de sus característicos períodos de expansiva confianza sobre su economía, articulado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. CEPAL era un grupo de expertos reclutados en todo el hemisferio, bajo la dirección del ex banquero central argentino Alberto Prebisch, que recomendaba políticas estatales planificadas de crecimiento económico y de industrialización (con industrias que frecuentemente eran propiedad del propio Estado) apoyadas por la sustitución de importaciones a la que a su vez conducían. El modelo parecía funcionar bien, al menos para el gigantesco, inflacionario, pero floreciente Brasil. Era la época en que Juscelino Kubitschek, un presidente de apellido checo, había lanzado la conquista del vasto interior de Brasil con el método de fundar en su centro una nueva capital para el país. Brasilia fue en su mayoría diseñada por el arquitecto más famoso del país, Oscar Niemeyer, un conocido afiliado al poderoso, aunque ilegal Partido Comunista, quien me contó que siempre diseñaba teniendo en mente a Engels.

La mayor parte de los países latinoamericanos vivían por entonces en una de sus ocasionales fases de gobiernos civiles y constitucionales: una fase que iba a terminar pronto. Sin embargo, el caudillo al viejo estilo estaba desapareciendo; al menos, fuera del Caribe. Los regímenes de los torturadores se convirtieron en colectivos de oficiales en su mayoría sin rostro e incoloros. En América del Sur, el único país bajo dictadura militar en ese momento era el Paraguay, inusualmente anticuado bajo el eterno general Stroessner, un régimen desagradable, amable con los expatriados nazis, y que desarmó la atracción y encanto del país, que vivía fundamentalmente del contrabando. La conmovedora novela de Graham Greene Viajes con mi tía es una excelente introducción a este país y ese régimen.

[…]

Lo que era más obvio de inmediato en los países [sudamericanos] no era tanto la espectacular desigualdad económica, que no ha dejado de aumentar, sino la enorme brecha entre las clases dirigentes e intelectuales (con las que los académicos visitantes tenían contacto) y la gente común. Los intelectuales, en su mayoría de «buenas» familias acomodadas, abrumadoramente blancas, eran sofisticados, viajaban mucho, hablaban inglés y (aun) francés. Como tantas veces en el tercer mundo (al que los argentinos se negaron vociferantemente a pertenecer), formaron la capa social más delgada de todo el continente. […] Si estaban en política, es casi seguro que hubieran pasado un tiempo exiliados en otro país latinoamericano o en un viaje a la Cuba de Castro; si eran académicos, en algún emprendimiento multinacional en Santiago, Río o Ciudad de México. Como integraban una delgada capa social, se conocían los unos a los otros. […] Pero el solo hecho de que tales personas se movieran en un mundo igualmente familiar con París, Nueva York y cinco o seis capitales latinas los separaba del mundo en el que vivían los latinoamericanos de piel más oscura y de menores contactos.

Fuera del Cono Sur ya urbanizado (Argentina, Uruguay y Chile), estas personas inundaban desde el campo los barrios marginales de las ciudades en explosión, trayendo sus caminos rurales con ellos. São Paulo había duplicado su tamaño en los diez años anteriores a mi llegada. Se asentaron en las laderas de las ciudades del país donde en el campo habían ocupado los bordes y los ángulos desocupados de las grandes propiedades rurales y construido refugios y chozas, para convertirse finalmente en casas adecuadas, tal como se hizo en el pueblo, con la ayuda mutua de vecinos y parientes, recompensados con una fiesta. En los mercados callejeros de São Paulo, eclipsados por los nuevos edificios de gran altura, procedentes de las áridas tierras interiores del nordeste, compraban camisas y pantalones vaqueros a plazos y los folletos ilustrados y baratos de versos sobre los grandes bandidos de su región. En Lima, Perú, había emisoras de radio transmitiendo en quechua a los migrantes indios de las sierras, ahora lo suficientemente numerosos como para constituir un mercado, a pesar de su pobreza. El gran escritor, folclorista e indianista José María Arguedas me llevó a uno de los salones de música donde, los domingos por la mañana, los serranos venían a escuchar canciones y bromas sobre su «patria chica» («¿Hay alguien aquí de Ancash? ¡Escuchemos a los muchachos y muchachas de Huánuco!»). En 1962 parecía casi impensable que treinta años después supervisara yo al hijo de uno de ellos para un doctorado en la New School de Nueva York. Es una experiencia extraordinaria haber vivido con la primera generación registrada en la Historia en la que un niño pobre con una esposa analfabeta de un pueblo de habla quechua en los Andes altos podría convertirse en chofer sindicalizado de hospital sindicalizado al adquirir las habilidades de conducir un camión y, por lo tanto, abrir el mundo a sus hijos. […]

Las personas que llegaron a la ciudad fueron al menos visibles en las calles. La gente en el campo estaba doblemente alejada de las clases medias, incluidos los revolucionarios como el Che Guevara, por la distancia geográfica y social. Incluso aquellos con el mayor interés en tener los contactos más cercanos con ellos encontraron como obstáculo prohibido las diferencias en el estilo de vida, sin mencionar los estándares de vida esperados. Pocos expertos externos vivían realmente entre los campesinos, aunque muchos tenían contactos bastante buenos en el campo, incluidos, como de costumbre, los investigadores omnipresentes de varias organizaciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas. […]

Cuando fui por primera vez a América del Sur, la principal historia de «campesinos», en la medida en que había una, era sobre las Ligas Campesinas en Brasil, un movimiento establecido en 1955 bajo la dirección de Francisco Julião, un abogado y político local del nordeste, que había atraído la atención de los periodistas estadounidenses por sus expresiones de apoyo a Fidel Castro y Mao. (Lo conocí diez años después, pequeño, triste y desorientado en su exilio del régimen militar brasileño, cuando vivía bajo la protección del histriónico ideólogo centroeuropeo Iván Illich en Cuernavaca, México.) Algunas horas en sus oficinas en Río a fines de 1962 me permitieron ver que el movimiento tenía poca presencia nacional, y que claramente ya había pasado su apogeo. Por otro lado, las dos principales agitaciones campesinas o rurales de América del Sur, que ningún observador con los ojos abiertos podría dejar de ver a los pocos días de llegar a esos países, prácticamente no estaban documentadas y eran desconocidas para el mundo exterior a fines de 1962. Estos fueron los grandes movimientos campesinos en la sierra y la frontera del Perú y el «estado de desorganización, guerra civil y anarquía local» en el que Colombia había caído desde la implosión de lo que había sido, en efecto, una potencial revolución social de combustión espontánea, en 1948, por el asesinato de una tribuna del pueblo de fama nacional, Jorge Eliécer Gaitán.

Y, sin embargo, estas cosas no siempre fueron completamente remotas del mundo exterior. El vasto movimiento de ocupaciones de tierras campesinas estaba en su apogeo en Cuzco, donde incluso los turistas que no leían periódicos locales podían, al caminar alrededor de los muros incas en el aire frío y delgado de las noches altas, observar las columnas interminables y silenciosas de hombres indios y mujeres fuera de las oficinas de la Federación Campesina. El caso más dramático de una revuelta campesina exitosa en la época, en los valles de La Convención, ocurrió aguas abajo de las maravillas de Machu Picchu, conocido incluso entonces por todos los turistas en América del Sur. A solo unas pocas docenas de kilómetros en tren desde el gran sitio del Inca hasta el final de la línea de ferrocarril y luego de unas cuantas horas más en la parte trasera de un camión, llegué a la capital de la provincia, Quillabamba. Fui uno de los primeros extranjeros que escribió dando cuenta sobre esto.² Para un historiador que mantuvo los ojos abiertos, especialmente un historiador social, incluso estas primeras impresiones casi casuales fueron una revelación repentina. […] ¿Cómo podría uno no explorar este planeta desconocido pero históricamente familiar? Mi conversión se completó, una semana o dos más tarde, entre las interminables pendientes donde estaban los puestos atendidos por campesinas aymaras achaparradas, trenzadas y con sombrero hongo en los enormes mercados de Bolivia. […]

Colombia era un país de cuya existencia casi nadie fuera de América Latina parecía estar al tanto. Este fue mi segundo gran descubrimiento. Sobre el papel, un modelo de democracia constitucional representativa bipartidista, casi completamente inmune a los golpes militares y la dictadura, en la práctica después de 1948 se convirtió en el campo de exterminio de Sudamérica. En este período, Colombia alcanzó una cruda tasa de homicidios de más de cincuenta por cien mil, aunque incluso esto palidece junto al celo colombiano por matar a fines del siglo XX.³ […] Los periodistas colombianos usaron el término genocidio para describir las pequeñas masacres en asentamientos agrícolas y de pasajeros de autobuses: dieciséis muertos aquí, dieciocho allí, veinticuatro en otro lugar. ¿Quiénes fueron los asesinos y los asesinados? «Un portavoz del Ministerio de Guerra dijo que no se podía dar ninguna información categórica sobre los perpetradores, porque los distritos (veredas) de esa zona [de Santander] se veían regularmente afectados por una serie de vendette entre los partidarios de las afiliaciones políticas tradicionales». Es decir, los partidos Liberal y Conservador: a uno de ellos, como saben los lectores de Gabriel García Márquez, pertenece cada bebé colombiano, la familia y la lealtad local. La ola de guerra civil conocida como La Violencia, que comenzó en 1948. finalizada oficialmente, mató a casi diecinueve mil personas en ese «año tranquilo». Colombia fue, y continúa siendo, una prueba de que la reforma gradual en el marco de la democracia liberal no es la alternativa única, ni siquiera la más plausible, a las revoluciones sociales y políticas, incluidas las que fracasan o son abortadas. Descubrí un país en el que la incapacidad de hacer una revolución social había convertido a la violencia en el núcleo constante, universal y omnipresente de la vida pública.

No estaba claro qué era La Violencia exactamente ni de qué se había tratado, aunque tuve la suerte de llegar justo cuando salía el primer estudio importante donde participaba el sociólogo Orlando Fals Borda, mi amigo, que fue mi primera introducción a los problemas colombianos. Pude haber prestado más atención en ese momento al hecho de que el estudio del jefe de La Violencia era de un obispo católico, Germán Guzmán, y que algunas investigaciones pioneras sobre sus consecuencias sociales acababan de ser publicadas por un joven sacerdote espectacularmente apuesto de uno de los clanes fundadores del país, un gran rompedor de corazones, se decía, entre las jóvenes de la oligarquía, el padre Camilo Torres. No fue un accidente que la conferencia de los obispos latinoamericanos que inició la teología de la liberación social radicalizada unos años más tarde se celebrara en la montañosa ciudad colombiana de Medellín, entonces conocida por los empresarios de textiles y aún no por las drogas. Tuve algunas conversaciones con Camilo y, a juzgar por mis notas en ese momento, tomé sus argumentos muy en serio, pero todavía estaba muy lejos del radicalismo social que lo llevó tres años más tarde a unirse a las nuevas guerrillas fidelistas del Ejército de Liberación Nacional, que aún sobrevive.

En plena época de La Violencia, el Partido Comunista había formado zonas de «autodefensa armada» o «repúblicas independientes», como lugares de refugio para los campesinos que querían o debían mantenerse fuera del camino conservador, o en ocasiones también de las bandas liberales de asesinos. Finalmente se convirtieron en las bases del formidable movimiento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las áreas «liberadas» de este tipo que se conocían mejor, Tequendama y Sumapaz, se encontraban sorprendentemente cerca de Bogotá en línea recta, pero, al ser un país de montaña, es un camino largo y difícil a caballo y en mula. Viotá, un distrito de haciendas de café expropiadas por los campesinos en la década reformadora de los años treinta, de las cuales se habían retirado los terratenientes, no necesitaba luchar en absoluto. Incluso los soldados se mantuvieron alejados, mientras dirigían todos sus asuntos bajo la mirada del cuadro político enviado allí por el Partido, un antiguo trabajador de la fábrica de cerveza, y vendían su café en el mercado mundial pacíficamente a través de los comerciantes habituales. Las montañas de Sumapaz, terreno fronterizo para hombres y mujeres libres, estaban bajo el dominio de un líder rural de su propia cosecha, uno de esos pocos talentos campesinos que escaparon al destino que el poeta Gray les auguró con condescendencia en su famosa elegía: el de ser «algún Milton silencioso, sin gloria… algún Cromwell sin culpa de la sangre de su país». Porque Juan de la Cruz Varela estaba lejos de ser mudo o pacífico. En el curso de su carrera cambiante como jefe de Sumapaz, fue prominente liberal, seguidor de Gaitán, comunista, jefe de su propio movimiento agrario y liberal-revolucionario, pero siempre se mantuvo firmemente del lado del pueblo. Lo descubrió uno de esos maravillosos maestros de aldea que fueron los verdaderos agentes de la emancipación de la mayoría de la raza humana en los siglos XIX y XX; se convirtió tanto en un lector como en un pensador práctico […] Adquirió su educación política de Los miserables de Víctor Hugo, que llevaba consigo a todas partes, marcando los pasajes que le parecían particularmente propios de la situación política de la época. Adquirió su marxismo, o lo que entendía de él, más tarde, a través de los escritos de un entusiasta clerical inglés olvidado de la URSS, el difunto Hewlett Johnson, decano de Canterbury, que tal vez le hicieron leer los comunistas colombianos, atraído por su creencia en la revolución agraria. Durante mucho tiempo aceptado como una persona de poder e influencia, cuya región estaba fuera del alcance de las tropas del gobierno, se sentó en el Congreso.

Las primeras negociaciones para un armisticio entre el gobierno colombiano y las FARC debían realizarse en el interior de su territorio. Las FARC en sí, que se convertirían en el movimiento guerrillero latinoamericano más formidable y de larga duración, aún no se habían fundado cuando llegué por primera vez a Colombia, aunque su líder militar desde hace mucho tiempo Pedro Antonio Marín («Manuel Marulanda»), otro campesino de cosecha propia, ya estaba activo en las montañas contiguas al antiguo bastión de la agitación comunista y la autodefensa en el sur del Tolima. Solo emergió cuando el gobierno de Colombia, probando por primera vez las nuevas técnicas antiguerrilla de los expertos militares de Estados Unidos contra los comunistas, llevó a los combatientes a su fortaleza en Marquetalia. Varios años más tarde, a mediados de los ochenta, cuando pasé unos días en la cuna de la actividad de la guerrilla comunista en el municipio cafetalero de Chaparral, en la casa de mi amigo Pierre Gilhodes, que se había casado en la localidad, las FARC, más fuertes que nunca, todavía se encontraban en las montañas sobre el municipio. […]

Colombia, como escribí después de mi regreso [en 1963], experimentaba «la mayor movilización armada de campesinos (como guerrilleros, bandidos o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de algunos períodos durante la revolución mexicana».⁴ Curiosamente, la ultraizquierda contemporánea dentro y fuera de América del Sur (cuyos intentos guevaristas de insurrección guerrillera, todos, fueron fallos espectaculares) ignoró o minimizó esto sobre la base aparente de los vínculos con el Partido Comunista ortodoxo, pero de hecho fue porque aquellos inspirados por la revolución cubana no entendieron ni quisieron entender qué podría mover realmente a los campesinos latinoamericanos a tomar las armas.

No fue difícil convertirse en un experto latinoamericano a principios de la década de 1960. El triunfo de Fidel despertó un enorme interés en la región, que fue mal cubierta por la prensa y las universidades fuera de los Estados Unidos. No tenía la intención de interesarme en la región como un especialista, aunque también me encontré dando conferencias y escribiendo sobre ello en la década de 1960 y principios de 1970 en la New York Review of Books y en otros lugares […] [Y] continué allí mi viaje, reincidiendo varias veces cada década. […]

Sin embargo, nunca intenté convertirme en latinoamericanista, ni me vi como uno. Tanto como para el biólogo Darwin, para mí, como historiador, la revelación de América Latina no fue de carácter regional sino de índole general. Era un laboratorio del cambio histórico, en su mayoría diferente de lo que podría haberse esperado, un continente hecho para socavar las verdades convencionales. Era una región donde la evolución histórica se producía a gran velocidad y para observarla bastaba la mitad de la vida de una persona, desde el primer desmonte de bosques para fincas o ranchos hasta la muerte del campesinado, del aumento y la disminución de las exportaciones de cultivos para el mercado mundial a la explosión de las superciudades gigantes como la megalópolis de São Paulo, donde uno podía encontrar una mezcla de población inmigrante más inverosímil incluso que en Nueva York: japoneses y okinawenses, calabreses, sirios, psicoanalistas argentinos y un restaurante con orgullo etiquetado «churrasco típico norcoreano». Un lugar, la Ciudad de México, duplicó su tamaño en diez años; la escena callejera del Cuzco, dominada por los indios en traje tradicional, se transformó con personas que llevan ropas cholas modernas.

Inevitablemente, mi perspectiva sobre la historia del resto del mundo cambió, aunque solo disolviendo la frontera entre el mundo «desarrollado» y el «tercero», el presente y el pasado histórico. […] Me obligó a comprender lo que a primera vista era inverosímil. Me brindó lo que las especulaciones contrafácticas nunca pueden, es decir una gama real de resultados alternativos a situaciones históricas: jefes de derecha que se inspiran en los movimientos sindicales (Argentina, Brasil), ideólogos fascistas que se unen a los mineros de izquierda en una revolución para dar la tierra a los campesinos (Bolivia), el único Estado en el mundo que realmente ha abolido su ejército (Costa Rica), un Estado de partido único de notoria corrupción cuyo Partido Revolucionario Institucional (PRI) recluta sistemáticamente personal entre sus estudiantes universitarios más revolucionarios (México), una región donde los inmigrantes de primera generación del tercer mundo pueden convertirse en presidentes y los árabes («turcos») tienden a ser más exitosos que los judíos.

Lo que hizo que este extraordinario continente fuera mucho más accesible para los europeos fue un aire inesperado de familiaridad, como las fresas silvestres que se encuentran en el camino detrás de Machu Picchu. No era simplemente que alguien de mi edad que conocía el Mediterráneo pudiera reconocer a las poblaciones alrededor de la interminable superficie parda del estuario del Río de la Plata, ya que los italianos se habían alimentado durante dos o tres generaciones con enormes trozos de carne; o que conociera de Europa los valores criollos predominantes como el honor machista, la vergüenza, el coraje y la lealtad a los amigos, o las sociedades oligárquicas. (No hasta que las batallas entre los jóvenes revolucionarios de élite y los gobiernos militares en la década de 1970 como distinción social básica, tan claramente formulada en la novela de Graham Greene Nuestro hombre en La Habana, se abandonó, al menos en varios países, por la que discriminaba los «torturados» de las clases bajas y los «no torturados» de las clases altas.) Para los europeos, aquellos aspectos del continente más remotos de nuestra propia experiencia estaban integrados y entrelazados con instituciones que a los historiadores nos resultaban familiares, como la Iglesia católica, el sistema colonial español o ideologías del siglo XIX como el socialismo utópico y la religión de la Humanidad de Augusto Comte. Esto de alguna manera enfatizó, incluso dramatizó, tanto la peculiaridad de sus transmutaciones latinoamericanas como lo que tenían en común con otras partes del mundo. América Latina fue un sueño para los historiadores comparativos.

Cuando descubrí el continente por primera vez, estaba por ingresar con el período más oscuro de su historia del siglo XX, la era de las dictaduras militares, el terror estatal y la tortura. Los generales se hicieron cargo en Brasil en 1964, y a mediados de los años setenta los militares gobernaban en toda Sudamérica excepto los Estados alrededor del Caribe. Las repúblicas centroamericanas, aparte de México y Cuba, se habían mantenido a salvo de la democracia desde la década de 1950, gracias a la CIA y la amenaza o la realidad de la intervención estadounidense. Una diáspora de refugiados políticos latinoamericanos se concentró en los pocos países del hemisferio que proporcionaban refugio —México y, hasta 1973, Chile— y se dispersó por América del Norte y Europa: los brasileños a Francia y Gran Bretaña, los argentinos a España, los chilenos en todas partes. (Aunque muchos intelectuales latinoamericanos siguieron visitando Cuba, muy pocos lo eligieron como su lugar de exilio.) Esencialmente, la «era de los gorilas» (para usar una frase argentina) fue el producto de una coincidencia triple. Las oligarquías gobernantes locales no sabían qué hacer con la amenaza de sus órdenes inferiores cada vez más movilizadas en la ciudad y el campo y los políticos radicales populistas que les atraían con evidente éxito. La joven izquierda de clase media, inspirada por el ejemplo de Fidel Castro, pensó que el continente estaba listo para la revolución si la acción guerrillera armada la precipitaba. Y el miedo obsesivo de Washington al comunismo, confirmado por la revolución cubana, se intensificó por los reveses internacionales de los Estados Unidos en los años setenta: la derrota de Vietnam, las crisis del petróleo, las revoluciones africanas que se volvieron hacia la URSS.

Me encontré involucrado en estos asuntos como un visitante marxista intermitente del continente, simpatizante de sus revolucionarios —después de todo, a diferencia de Europa, las revoluciones eran necesarias y posibles—, pero cuestionador de gran parte de su ultraizquierda. Totalmente crítico con los desesperados sueños guerrilleros inspirados en la Cuba de 1960-1967,⁵ me encontré defendiendo el segundo mejor frente a las críticas de los insurreccionales universitarios. […] Estaba pensando en la junta militarista reformista del general Velasco Alvarado en Perú (1969-1976) que proclamó la «revolución peruana», sobre la cual informé con simpatía pero también con escepticismo.⁶ Nacionalizó las grandes haciendas del país y también fue el primer régimen peruano que reconoció a la masa de peruanos, los indios quechuas de los Andes que ahora inundan la costa, la ciudad y la modernidad, como ciudadanos potenciales. Todos los demás en ese país lastimosamente pobre e indefenso habían fracasado, sobre todo los propios campesinos, cuya ocupación masiva de tierras en 1958-1963 había cavado la tumba de la oligarquía de los terratenientes. No sabían cómo enterrarlos. Los generales peruanos actuaron porque nadie más quería o podía. (Estoy obligado a agregar que también fallaron, aunque sus sucesores han sido peores.)

No era música para los oídos dentro o fuera de América Latina, en un momento en que el sueño suicida de Guevara de provocar la revolución por la acción de pequeños grupos en las áreas fronterizas tropicales todavía estaba muy vivo. Puede ayudar a explicar por qué mi aparición ante los estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima […] no cayó del todo bien. Para el maoísmo en una u otra de sus numerosas subvariantes estaba la ideología de los hijos e hijas de la nueva clase media chola (india hispanizada) de inmigrantes de las tierras altas, al menos hasta que se graduaran.

Pero ¿no había esperanza en Chile? […] Estuve en Chile en 1971, en un viaje paralelo desde Perú para informar sobre el primer año del primer gobierno socialista elegido democráticamente para sorpresa de todos, incluido Allende.⁷ A pesar de mi apasionado deseo de que pudiera tener éxito, no pude dejar de pensar que las probabilidades estaban en contra. Manteniendo mis «simpatías completamente fuera de la transacción» los estimé en dos contra uno.

[…]

Los debates sobre la izquierda latinoamericana se volvieron académicos en la década de 1970 con el triunfo de los torturadores, incluso más académicos en la década de 1980 con la era de la guerra civil respaldada por Estados Unidos en América Central y la retirada de los gobiernos militares en América del Sur, y totalmente irreal con la decadencia de los partidos comunistas y el fin de la Unión Soviética. Probablemente, el único intento significativo de revolución guerrillera armada al estilo antiguo fue Sendero Luminoso, creación de un profesor maoísta de la Universidad de Ayacucho que aún no había tomado las armas cuando visité esa ciudad a fines de los años setenta. Demostró lo que los soñadores cubanos de la década de 1960 no lograron mostrar, espectacularmente: a saber, que era posible una política armada seria en el campo peruano, pero también —al menos para algunos de nosotros— que esa causa no debería tener éxito. De hecho, el ejército lo eliminó de la manera brutal habitual, con la ayuda de aquellas partes del campesinado con quienes los senderistas se habían enemistado.

Sin embargo, la guerrilla rural más formidable e indestructible, las FARC colombianas, floreció y creció, aunque en ese país empapado de sangre tuvo que lidiar no solo con las fuerzas oficiales del Estado sino con los pistoleros bien armados de la industria de las drogas y los paramilitares salvajes de los terratenientes. El presidente Belisario Betancur (1982-1986), un intelectual conservador con mentalidad social y gran cultura, que no está en los bolsillos de Estados Unidos —al menos en la conversación que me dio esa impresión—, inició una política de negociar la paz con la guerrilla que ha continuado a intervalos. Sus intenciones eran buenas, y logró pacificar al menos uno de los movimientos guerrilleros, el llamado M-19, favorito de los intelectuales. […] De hecho, las FARC estaban preparadas para jugar el juego constitucional creando una «Unión Patriótica» destinada a funcionar como el partido electoral de la izquierda que nunca había logrado emerger en el espacio entre los liberales y los conservadores. Tuvo poco éxito en las grandes ciudades, y después de que alrededor de dos mil quinientos de sus alcaldes locales, concejales y activistas, que hubieran dejado de lado sus armas, hubieran sido asesinados en el campo, las FARC desarrollaron una incomprensible reticencia a cambiar el arma por la urna. […]

¿Qué le ha sucedido a América Latina en los cuarenta o más años desde que aterricé en sus aeródromos? La revolución tan esperada, y en tantos países necesaria, no sucedió, asfixiada por los militares indígenas y los Estados Unidos, pero no menos por la debilidad interna, la división y la incapacidad. No va a suceder ahora. Ninguno de los experimentos políticos que he visto, de cerca o de lejos, desde la revolución cubana, ha marcado una diferencia duradera.

Solo dos parecían poder, pero ambos son demasiado recientes para juzgarlos. El primero, que debe tocar la fibra de los viejos corazones rojos, es el ascenso nacional, desde su fundación en 1980, del Partido Trabalhista (PT) en Brasil, cuyo líder y candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva es probablemente el único trabajador industrial a la cabeza de cualquier partido laborista en el mundo. Es un ejemplo tardío de un clásico movimiento y un partido socialista, de trabajadores y de masas, como surgieron en Europa antes de 1914. Llevo su placa en mi llavero para recordarme las simpatías antiguas y las contemporáneas, y las remembranzas de mi época con el PT y con Lula […] El otro punto de referencia, más dramático, fue el final en el año 2000 de los setenta años de inquebrantable gobierno del PRI en México. Por desgracia, uno duda si esto producirá una alternativa política mejor.

De modo que la política en América Latina se mantiene tal como ha sido durante mucho tiempo, al igual que su vida cultural (a excepción de la gran explosión global en la educación superior que compartieron sus repúblicas). En la escena económica mundial, incluso cuando no se vio sacudida por las grandes crisis de los últimos veinte años, América Latina juega solo un papel pequeño. Políticamente, se ha mantenido tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos como siempre. […] Durante medio siglo, los periodistas y los académicos han leído las transformaciones seculares en tendencias políticas temporales, pero la región sigue siendo lo que ha sido durante casi un siglo: rebosante de Constituciones y juristas, pero inestable en su práctica política. Históricamente, y aún hoy, a sus gobiernos nacionales les ha resultado difícil controlar lo que sucede en su territorio. Sus gobernantes han tratado de evitar la lógica de la democracia electoral en las poblaciones donde no se puede garantizar que se vote como desearían sus superiores, mediante una variedad de métodos que van desde el control de los poderosos locales, el mecenazgo, la corrupción general y ocasionales padres demagógicos. Esos métodos continúan disponibles.

Y sin embargo, durante estos últimos cuarenta años he observado que la sociedad se ha transformado completamente. La población de América Latina casi se ha triplicado; un continente esencialmente agrario, y hasta vacío en gran parte, ha perdido a la mayoría de sus campesinos, que se han mudado a las ciudades gigantes (y desde América Central, a los Estados Unidos) en una escala comparable solo con las migraciones irlandesas y escandinavas en el siglo XIX, o incluso al igual que los ecuatorianos que trabajan en las cosechas andaluzas al otro lado del océano. Las remesas de los emigrantes han reemplazado las grandes esperanzas de modernización. Los viajes aéreos baratos y la comunicación telefónica han abolido la ubicación en los ámbitos locales. Los patrones de vida que observé en la década de 1990 eran inimaginables en 1960: el taxista neoyorquino de Guayaquil vivía la mitad del tiempo en los Estados Unidos y la mitad en Ecuador, donde su esposa dirigía una imprenta local; las camionetas cargadas de inmigrantes mexicanos (legales o clandestinos) regresan de California o Texas para que pasen las vacaciones en Jalisco o Oaxaca; Los Ángeles se convirtió en una ciudad de políticos y líderes sindicales de inmigrantes centroamericanos. Es cierto que la mayoría de los latinoamericanos siguen siendo pobres. De hecho, en 2001 casi con certeza eran relativamente más pobres que a principios de la década de 1960, incluso si dejamos de lado los estragos de las crisis económicas de los últimos veinte años, ya que la desigualdad dentro de estos países no solo se disparó, sino que el continente ha perdido suelo internacionalmente. Brasil puede ser la octava economía del mundo por el tamaño de su PIB y México la decimosexta, pero per cápita se hallan respectivamente en los lugares cincuenta y dos y sesenta. En la tabla de la injusticia social de la liga mundial, Brasil sigue en la cima. Y, sin embargo, si uno pidiera a los pobres de América Latina que compararan su vida al comienzo del nuevo milenio con la de sus padres —y qué decir con de la de sus abuelos— la mayoría probablemente diría que, fuera de unos pocos puntos negros, es mejor. Pero en la mayoría de los países también podrían decir: es más impredecible y más peligrosa.

No me corresponde estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Después de todo, son esa América Latina que fui a buscar y que descubrí hace cuarenta años […].

2002

Fechas y fuentes

de las ediciones originales

1. Los horizontes de Cuba

New Statesman, 22 de octubre de 1960.

2. Viaje sudamericano

Extractos de un artículo publicado en Labour Monthly, julio de 1963.

3. Bossa Nova

New Statesman, 21 de diciembre de 1962.

4. América Latina: no hay región más revolucionaria

The Listener, 2 de mayo de 1963. Basado en la primera de las dos entrevistas del «Third Programme» de la BBC.

5. Cambio social en América Latina

The Listener, 9 de mayo de 1963. Basado en la segunda de las dos entrevistas del «Third Programme» de la BBC.

6. La situación revolucionaria en Colombia

The World Today, junio de 1963. Basado en una transcripción del seminario «Latin American» del Royal Institute of International Affairs (Chatham House).

7. La anatomía de la Violencia en Colombia

New Society, 11 de abril de 1963. Reeditado como «La anatomía de la violencia: La Violencia en Colombia»en Rebeldes Primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX (Barcelona: Crítica, 2001).

8. Elementos feudales en el desarrollo de América Latina

Transcripción de una reunión en Polonia en homenaje a Witold Kula. Publicada en Witold Kula (ed.), Miedzy Feudalizmem a Kapitalizmem. Studia z dziejów, gospodarczych i spoùecznych (Wroçlaw: Zazùad Narodowy Imienia Ossolínskich –Wydawnictwo, 1976), pp. 57-74.

9. Un caso de neofeudalismo: La Convención, Perú

Journal of Latin American Studies, I (1) (mayo de 1969), pp. 31-50.

Basado en una transcripción de la conferencia de Roma de abril de 1968.

10. Cuando los campesinos se vuelven bandidos

Extracto de Bandidos (Barcelona: Crítica, 2001).

11. Insurrección campesina

Extractos de un artículo no publicado «The Motives of Peasant Insurrection».

12. Ideología y movimientos campesinos

Extractos de un ensayo, «Ideology and Social Change in Colombia», publicado en June Nash, Juan Corradi and Hobart Spalding Jr (eds), Ideology and Social Change in Latin America (New York: Gordon & Breach, 1977), pp. 185-199.

13. Ocupaciones de tierras campesinas: el caso de Perú

Extractos de un artículo publicado en Past & Present, 62/1 (febrero de 1974). Reeditado en Gente poco corriente (Barcelona: Crítica, 1999).

14. Un movimiento campesino en Perú

Ensayo basado en una transcripción de una conferencia internacional celebrada en París en octubre de 1965. Publicado como «Problèmes agraires à la Convention» en Les Problèmes agraires des Amériques Latines (París: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, 1967), pp. 385-93. Reeditado como «Un movimiento campesino en el Perú» en Rebeldes primitivos (Barcelona: Crítica, 2001).

15. Movimientos campesinos en Colombia

Ensayo escrito en 1969. Publicado en la Commission Internationale d’Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Les Mouvements Paysans dans le Monde Contemporain, 3 vols (Ginebra: Librairie Droz, 1976), vol. III, pp. 166-86.

16. Campesinado y política

Extractos de un artículo publicado en Journal of Peasant Studies, I (1) (1973). Reeditado en Gente poco corriente (Barcelona: Crítica, 1999).

17. Campesinos y migrantes rurales en la vida política latinoamericana

Extractos de un ensayo publicado en Claudio Veliz (ed.), The Politics of Conformity in Latin America (London: Oxford University Press for the Royal Institute of International Affairs, 1967), pp.43-65.

18. La Revolución Mexicana

Extracto del capítulo 12, «Hacia la revolución», de La era del imperio 1875-1914 (Barcelona: Crítica, 1998).

19. La Revolución Cubana y sus secuelas

Extracto del capítulo 15, «El tercer mundo y la revolución», en Historia del siglo XX, 1914-1991 (Barcelona: Crítica, 1995).

20. Un duro: el Che Guevara

New Society, 4 April 1968. Review of Che Guevara, Reminiscences of the Cuban Revolutionary War.

21. La guerrilla en América Latina

Artículo publicado en Ralph Miliband y John Saville (eds), The Socialist Register 1970 (London: The Merlin Press, 1970), pp. 51-63.

22. Panorama de la guerrilla en América Latina

Artículo de Colin Harding y Christopher Roper (eds) publicado en Latin American Review of Books, 1 (1973), pp. 79-88.

23. Imperialismo norteamericano y revolución en América Latina

Artículo, «Latin America as US Empire Cracks», publicado en New York Review of Books, 25 de marzo de 1971.

24. Los militares como revolucionarios

Extractos de un artículo de New Society, 20 de noviembre de 1969.

25. ¿Qué hay de nuevo en Perú?

Artículo publicado en New York Review of Books, 21 de mayo de 1970.

26. La peculiar revolución del Perú

New York Review of Books, 16 de diciembre de 1971.

27. Chile: año uno

New York Review of Books, 23 de septiembre de 1971.

28. El asesinato de Chile

New Society, 20 de septiembre de 1973.

29. Colombia te mata

New York Review of Books, 20 de noviembre de 1986.

30. Nacionalismo y nacionalidad en América Latina

Ensayo publicado en Bouda Etemad, Jean Batou y Thomas David (eds), Pour une histoire économique et sociale internationale. Mélanges offerts à Paul Bairoch (Ginebra: Éditions Passé-Présent, 1995), pp. 313–23.

31. Una relación de cuarenta años con América Latina

Extractos del capítulo 21, «El Tercer Mundo», en Años interesantes. Una vida en el siglo XX (Barcelona: Crítica, 2003).

Notas

1. Leslie Bethell es profesor emérito de Historia Latinomericana en la Universidad de Londres e investigador emérito del St. Antony’s College, en Oxford. Dirigió el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres (1987-1992) y el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Oxford (1997-2007), editó los doce volúmenes de Cambridge History of Latin America (1984-2008) y fue amigo de Eric durante más de cincuenta años.

2. Crítica, Barcelona, 2003, traducción de Juan Rabasseda-Gascón.

3. Años interesantes, pp. 331-332.

4. Ibid., p. 238.

5. Capítulo 1: «Los horizontes de Cuba».

6. Fue en Londres, en octubre de 1960, poco después de su regreso de Cuba, que conocí a Eric. Ambos vivíamos en [el edificio de] Gordon Mansions, en la calle Huntely, en [el barrio de] Bloomsbury, cerca de la universidad. Yo era un estudiante graduado de Historia en University College y tutor de la rama londinense de la Asociación de Trabajadores de la Educación (WEA). Acababa de regresar de mi primera visita a Brasil, donde investigué para mi tesis de doctorado sobre la abolición del tráfico de esclavos brasileño. Con veinte años más que yo, Eric era un profesor de Historia en Birkbeck College y, lo que me impresionaba todavía más, el crítico de jazz en New Statesman (con el pseudónimo de Francis Newton).

7. Carta a Andrew Weale, 21 de abril de 1984. Weale le había consultado sobre Tynan y Cuba en nombre de la biógrafa de Tynan, su viuda Kathleen. (Archivo Hobsbawm, Universidad de Warwick, Caja 1.) Actualmente está disponible en línea un catálogo de los papeles de Eric Hobsbawm (https://mrc.epexio.com/records/EJH).

8. Años interesantes, p. 239.

9. Crítica, Barcelona, 2012, traducción de Carme Castells Auleda y otros. [The Age of Extremes (1914-1991), 1994.]

10. Times Literary Supplement, 25 de enero de 1968.

11. Eric se había casado con Marlene pocos días antes de partir hacia América del Sur, y le dijo que si la crisis de los misiles se agravaba debía comprar un pasaje a Buenos Aires y encontrarse allí con él.

12. Crítica, Barcelona, 2014, traducción de Joaquín Romero Maura. [Primitive Rebels, 1959.]

13. La visita de Eric a América Latina, como sabemos, despertó las sospechas del Servicio de Seguridad Británico, más conocido como MI5, que había estado vigilando cada uno de sus movimientos —y su correspondencia y sus llamadas telefónicas— durante años. Ver el artículo de Frances Stonor Saunders en la London Review of Books (9 de abril de 2015) sobre el archivo de Eric en el MI5, que se hizo público a finales de 2014 (hasta diciembre de 1963, y aun así con muchas páginas faltantes). Saunders, sin embargo, se equivoca al afirmar que el MI5, al alertar a la CIA y al FBI, trató de obstaculizar la beca Rockefeller de viaje, y fracasó. Su incompetencia fue tal que solo se enteró (mediante «una fuente extremadamente delicada») que Eric, «un comunista de línea dura», estaba «a punto de partir» por «doce meses» a «escribir un libro sobre revoluciones sudamericanas» financiado por «una fundación no identificada», cuando él ya llevaba en América Latina más de un mes. Y solo involucró a las autoridades estadounidenses primero cuando él estaba por partir de América Latina y luego algunos meses después de su regreso.

14. Capítulos 2: «Viaje sudamericano»; 4: «América Latina: no hay región más revolucionaria»; 5: «Cambio social en América Latina»; 6: «La situación revolucionaria en Colombia» y 7: «La anatomía de La Violencia en Colombia».

15. Años interesantes, p. 339.

16. Capítulo 3: «Bossa nova».

17. Capítulo 17: «Campesinos y migrantes rurales en la vida política latinoamericana».

18. Capítulo 13: «Ocupaciones de tierras campesinas: el caso de Perú». También capítulos 9: «Un caso de neofeudalismo: La Convención, Perú» y 14: «Un movimiento campesino en Perú».

19. Capítulo 15: «Movimientos campesinos en Colombia».

20. Reseña de Obstacles to Change in Latin America, de Claudio Véliz, en New Society, 29 de octubre de 1965.

21. Capítulos 21, «La guerrilla en América Latina»; 22, «Panorama de la guerrilla en América Latina», y 23, «Imperialismo norteamericano y revolución en América Latina», a continuación.

22. Historia del siglo XX.

23. Tecnos, Madrid, 2014, traducción de Santiago Díaz-Hellín Sepúlveda. [Modern Revolutions.]

24. The Guardian, 16 de marzo de 1972.

25. Capítulo 25: «¿Qué hay de nuevo en Perú?».

26. Capítulos 24: «Los militares como revolucionarios», y 26, «La peculiar revolución del Perú».

27. New Society, 22 de mayo de 1975.

28. Capítulo 27: «Chile: año uno».

29. Capítulo 28: «El asesinato de Chile».

30. Historia del siglo XX.

31. New York Review of Books, 2 de octubre de 1975.

32. Años interesantes, p. 337.

33. Ibid, p. 343.

34. Eric tenía vínculos familiares lejanos en Chile. El hermano de su padre, el tío Berkwood (Berk, Ike o don Isidro), un experto en minería, había emigrado a Chile con su esposa galesa y sus cinco hijos durante la primera guerra mundial. En 1939, cuando estalló la segunda guerra mundial, también su tío Sydney había emigrado a Chile, y se había llevado a la hermana de Eric, Nancy, y al primo Peter. Sydney se quedó en Chile, pero Nancy y Peter se fueron cuando terminó la guerra.

35. Ibid, p. 343.

36. Ibid, p. 331.

37. The Guardian, 27 de julio de 1984.

38. Capítulo 29: «Colombia te mata».

39. Años interesantes, p. 337.

40. Veja, 4 de junio de 1984. Veja comentó además el amor de Eric por el jazz, pero entonces, de manera extraña, lo criticó por una «megalomanía intelectual» sobre la base de que el nombre con el que firmaba como crítico de jazz, Francis Newton, ¡era una amalgama de Francis Bacon e Isaac Newton! En realidad, el nombre era un homenaje a Frankie Newton, el trompetista negro que había acompañado a Bessie Smith en sus últimas grabaciones y a Billie Holiday en los registros originales de Strange Fruit, quien además era comunista.

41. Años interesantes, p. 347.

42. Ibid.

43. Comunicación personal de Richard Gott.

44. Crítica, Barcelona, 2001, traducción de María Dolores Folch, Joaquim Sempere y Jordi Beltrán.

45. Bandidos, p. 131.

46. Crítica, Barcelona, 2011, traducción de Felipe Ximénez de Sandoval.

47. La era de la revolución (1789-1848), p. 148.

48. Crítica, Barcelona, 2011, traducción de Carlo Caranci y Ángel García Fluixá.

49. La era del capital (1848-1875), p. 132.

50. Crítica, Buenos Aires, 2007, traducción de Juan Faci Lacasta.

51. Crítica, Buenos Aires, 1998, traducción de Juan Fací, Jordi Einaud y Carmen Castells.

52. Paulo Drinot, un historiador de América Latina en University College London, escribió un artículo sobre el tratamiento que Eric dio a América Latina en su gran tetralogía, para la conferencia «La historia después de Hobsbawm» que se realizó en Birkbeck en abril de 2014. En La era de las revoluciones, concluyó Drinot, América Latina apenas aparece. En La era del capital las referencias a América Latina son «escasas e incidentales». En La era del imperio América Latina «aparece fugazmente». Pero en Historia del siglo XX América Latina recibe, por fin, un «tratamiento más extenso».

53. Capítulo 8: «Elementos feudales en el desarrollo de América Latina».

54. Crítica, Barcelona, 1991, revisada en 1998, traducción de Jordi Beltrán.

55. Capítulo 30: «Nacionalismo y nacionalidad en América Latina».

56. Prólogo a Bandidos, p. 8.

1. No hay una base estadística sólida para las estimaciones de monseñor Guzmán en su libro La Violencia en Colombia (Bogotá, 1962) respecto al número de hasta treinta mil guerrilleros armados en acción en el país. Pero es un hecho que, durante apenas cinco días de 1953 al final de la guerra civil, 6.500 rebeldes depusieron las armas; esta es una cifra considerable para fuerzas irregulares.

2. La Iglesia y ciertas áreas tradicionalmente conservadoras, como Boyacá, mantuvieron un cierto seguimiento entre los campesinos, aunque probablemente no sucedió igual en las ciudades.

1. Fuentes: Monseñor G. Guzmán, O. Fals Borda y E. Umaña Luna, La Violencia en Colombia, Monografías Sociológicas, 12, Facultad de Sociología, Universidad Nacional, Bogotá, 1962; R. Pineda Giraldo, El impacto de La Violencia en el Tolima: el caso de El Líbano, Monografías Sociológicas, 6, Universidad Nacional, Bogotá, 1960; Departamento del Tolima, Secretaría de Agricultura, La Violencia en el Tolima, Ibagué, 1958.

1. En el imperio inca, la mit’a era una forma de intercambio recíproco de prestaciones laborales. Bajo el dominio español, la mita se convirtió en el trabajo obligatorio que debían prestar los indios por un número prescrito de días en obras públicas.

2. Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola: Colombia (Washington, 1966), p. 46; Ernesto Guhl, «El aspecto económico-social del cultivo del café en Antioquia», Revista Colombiana de Antropología, I (1953), pp. 197 y ss.

3. El análisis más completo de su génesis se encuentra en François Chevalier,La formation des grands domaines au Mexique (París,1952); versión inglesa abreviada, Land and Society in colonial Mexico: The Great Hacienda (Berkeley y Los Ángeles, 1963); traducción castellana completa, Formación de los latifundios en México: tierra y sociedad en los siglos XVI y XVII (México, 1976, 2.ª ed., con nueva introducción del autor, 1976, 3.ª ed., 1999).

4. Por razones que se discuten más abajo, hay que establecer una distinción nítida entre el área nominal que es propiedad de una hacienda —hasta donde esto podía ser bien conocido— y la superficie real que en un momento dado era explotada.

5. Luis González,Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia (México, 1968), pp. 52, 56 y ss., 91 y ss.

6. Citado en Enrique Florescano, Estructuras y problemas agrarios de México (1500-1821), México, 1971, p. 142.

7. Ibid., p. 141.

8. Pablo Macera, «Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas peruanas», en Acta Universitatis Szegediensis: Acta Histórica, XXXV (Szeged, 1971), p. 4.

9. CIDA, Tenencia de la tierra… Colombia, p. 18.

10. Ibid., p. 45.

11. Longino Becerra, El problema agrario en Honduras (La Habana, 1964), pp. 14-15.

12. Plan Regional del Desarrollo del Sur del Perú II, citado en Rodrigo Montoya,A propósito del carácter predominantemente capitalista de la economía peruana actual (1960-1970) (Lima, 1970), p. 105.

13. Guy Stresser-Péan, «Problèmes agraires de la Huasteca ou région de Tampico (Mexique)», en el volumen del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Les problèmes agraires des Amériques Latines (París, 1967), p. 202.

14. Pablo Macera, «Feudalismo», p. 17.

15. No se debe olvidar la baja proporción hombre-tierra en gran parte de América Latina y la disponibilidad, durante largos períodos, de tierra sin ocupar por fuera —y a veces también por dentro— del sistema de la hacienda.

16. Juan Martínez Alier, «Relations of production in Andean haciendas: Perú», en Kenneth Duncan y Ian Rutledge (eds.), Land and Labour in Latin America (Cambridge, 1977).

17. John Womack, Zapata and the Mexican Revolution (Nueva York, 1969), p. 47; hay traducción castellana: Zapata y la Revolución Mexicana (México, 1969).

18. Arturo Warman (ed.), Los campesinos de la tierra de Zapata I: Adaptación, cambio y rebelión (México, 1974), pp. 108-109.

19. CIDA, Tenencia de la tierra… Colombia, p. 130; … Guatemala, p. 74, … Brasil, pp. 198-199, 221, 227. Así, en el nordeste brasileño, de acuerdo con un antiguo líder de ligas campesinas, «los días requeridos de (servicio laboral compulsivo) representaban muy poco en el año; lo que el campesino resentía no era el trabajo real en sí, sino la humillación de trabajar compulsivamente y sin paga para un terrateniente al cual le pagaba la renta (alquiler) de la tierra que arrendaba», Francisco Julião, Cambão (París, 1968), p. 75.

1. Las fuentes principales sobre el desarrollo económico de La Convención que se utilizarán ampliamente a continuación son: Unión Panamericana, Tenencia de tierra y desaceleración económica del sector agrícola: Perú (Washington, 1966) (citado como CIDA: Perú [1966]), especialmente el capítulo VII, «Características generales de los sistemas de tenencia en la selva con referencia especial al valle de La Convención». D. D. Enrique Rosell, «Fragmentos de las Monografías de la provincia de La Convención», Revista Universitaria, VI (Cuzco, 1917) (citado como Rosell [1917]). F. Ponce de León, «Formas del arrendamiento de los terrenos de cultivo en el Departamento de Cuzco, y el problema de la distribución», Revista Universitaria, VII (Cuzco, 1918) (citado como Ponce de León [1918]). Isaac Tupayachi, «Un ensayo de econometría en La Convención»,Revista Universitaria (Cuzco, 1959) (citado como Tupayachi [1959]). C. F. Cuadros y Villena, «El “Arriendo” y la Reforma Agraria en la provincia de La Convención», Revista Universitaria, XXVIII (Cuzco, 1949) (citado como Cuadros [1949]). J. Kuon Cabello, «Industrias alimenticias en el Cuzco», Revista Universitaria, LI-LII (Cuzco, 1965) (citado como Kuon [1965]). Kuczynski Godard, A propósito del saneamiento de los Valles Yungas del Cuzco (citado como Kuczynski Godard [1946]).

2. H. Bingham, Inca Land (1922), p. 324. Ver también I. Bowman, Los Andes del Sur de Perú (1920). La expedición de 1911, que descubrió Machu Picchu, nos proporcionó algunos datos útiles sobre La Convención en este momento. Afortunadamente, la parte superior de estos valles fue visitada por varios viajeros europeos primitivos, gracias a su proximidad con el Cuzco, por lo que tenemos descripciones de dos de las grandes haciendas, Huadquiña y Echarate, que datan al menos de la década de 1830.

3. Entre 1933 y 1945 en una hacienda, de la cual tenemos cifras, se mató o se forzó a la emigración: 65,5%, 87% y 83,4%, de varias clases de inquilinos. Kuczynski Godard (1946), p. 32; CIDA: Perú (1966), p. 209.

4. Para las cifras, ver CIDA: Perú (1966), p. 208; Guerra a muerte al latifundio: Proyecto de ley de Reforma Agraria del MIR. Estudio del ingeniero Carlos Malpica S. S. (Lima, s/d.), pp. 221-223.

5. Esto parecería ser una exageración considerable, incluso si el área cultivada ha aumentado sustancialmente desde 1954; o acaso las cifras de los años cincuenta subestiman demasiado el área cultivada. Como suele suceder, parece haber un toque de fantasía en las estadísticas relacionadas con La Convención.

6. Caciques.

7. Wesley W. Craig, El movimiento campesino de La Convención, Universidad de Cornell, 1966, mimeo, señala que el primer secretario general de la Federación Provincial de Campesinos en 1958 era protestante, posteriormente encarcelado como «comunista»; y tengo por cierto que se encontraban militantes campesinos protestantes en La Convención. Qué tan temprano apareció este fenómeno, no lo sé. La primera unión campesina parece haber sido la de Maranura en 1934, que durante mucho tiempo siguió siendo una fortaleza del Partido Comunista.

1. Zona rural remota en el nordeste de Brasil, más allá de las fronteras del asentamiento concentrado.

2. R. Rowland, «Cantadores del nordeste brasileño», en Aportes, 3 de enero de 1967, p. 138. Para las relaciones reales entre este bandido y el hombre santo, que eran bastante más matizadas, cf. E. de Lima, O mundo estranho dos cangaçeiros (Salvador, Bahia, 1965), pp. 113-114, y O. Anselmo, Padre Cícero (1968).

3. Nertan Macedo, Capitão Virgulino Ferreira da Silva: Lampião, 2.ª ed. (1968), p. 183.

4. El jefe político efectivo del estado nororiental de Ceará.

5. Gran terrateniente, dueño de una hacienda.

6. Jefe militar que establece el poder político, figura tristemente familiar en la historia de América Latina.

7. La evidencia más dramática de esto proviene del pueblo de San José de Gracia en las tierras altas de Michoacán, que —como otros tantos pueblos mexicanos— expresó sus aspiraciones movilizándose contra la revolución bajo la insignia de Cristo Rey (como parte del movimiento cristero, mejor conocido a través de la novela de Graham Greene El poder y la gloria). Un excelente historiador de esta localidad señaló que el pueblo, muy naturalmente, aborreció a «las grandes figuras de la revolución», con dos excepciones, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), por la distribución de la tierra y el final de la persecución religiosa, y Pancho Villa. «Los dos se habían vuelto ídolos populares»: Luis González, Pueblo en vilo (1968), p. 251. Aún en 1971, el almacén general en un villorio semejante en la misma área, un lugar que evidentemente no estaba muy dado al gusto literario, ofrecía a la venta Las memorias de Pancho Villa.

8. Allen L. Woll, «Hollywood Bandits 1910-1981», en Richard W. Slatta (ed.),Bandidos: The Varieties of Latin American Banditry (1987), pp. 171-180.

9. Linda Lewin, «Oral Tradition and Elite Myth: The Legend of Antônio Silvino in Brazilian Popular Culture», Journal of Latin American Lore, 5/2 (1979), pp. 57-204.

10. Gonzalo Sánchez, prólogo a Maria Isaura Pereira de Queiroz, Os cangaçeiros: La epopeya bandolera del Nordeste de Brasil (Bogotá, 1992), pp. 15-16.

11. Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de La Violencia en Colombia (1987), p. 168.

1. Las principales fuentes utilizadas, además de la prensa y un número sustancial de publicaciones oficiales y semioficiales peruanas, son los documentos de la Zona X de Reforma Agraria (Oficina Huancayo) y el Juzgado de Tierras de Huancayo, y el archivo de varias propiedades anteriores, especialmente la antigua Sociedad Ganadera del Centro, la Sociedad Ganadera Tucle y la Compañía Ganadera Antapongo. Todas estas fincas se encuentran en el altiplano central peruano.

2. Se informó acerca de ciento tres invasiones en la Prensa de Lima de 1959 a 1966, incluyendo setenta y seis en el período de máxima agitación agraria, agosto-diciembre de 1963, la abrumadora mayoría de las recuperaciones de tierras. Sin embargo, el informe es extremadamente defectuoso.

3. En torno a la práctica revolucionaria y la lucha interna II, Pleno del Comité Central del Partido Comunista Peruano. Informe Político (Lima, 1970, mimeo), p. 12. El doctor Paredes es un abogado con larga experiencia en el trabajo campesino.

4. Ibid..

5. John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana (1969), Epílogo, pp. 371 ff.

6. Entrevista con el señor Oscar Bernuy Gómez, Huancayo, junio de 1971.

7. Gerrit Huizer, Informe sobre el estudio del papel de las organizaciones campesinas en el proceso de reforma agraria en América Latina (OIT-ACDI, Ginebra, 1969, mimeo), pp. 241, 243.

8. Juzgado de Tierras, Huancayo, Exp. 69.831, fj. 35.

9. Dado que para los campesinos tales dispositivos no tenían una conexión orgánica con la comunidad «real», sino que pertenecían al mundo del Estado, la ley estatal y la política, podían ser tratados de manera bastante pragmática. Por lo tanto, en el pico de la agitación social de principios de la década de 1960 muchas comunidades se organizaron como sindicatos porque esto parecía ser útil en sus luchas. Entiendo que en la actualidad (1973), algunos en el centro de Perú piden el estatus de pueblos jóvenes, que el gobierno militar diseñó para los barrios urbanos de chabolas, porque esto promete ventajas en la obtención de acceso a electricidad, caminos, etc.

10. Rodrigo Montoya Rojas, Una propuesta del carácter predominantemente capitalista de la economía peruana actual (Lima, 1970), pp. 110-111.

11. Las insurrecciones locales para restaurar el régimen inca o expresar un apoyo específico para los incas no son infrecuentes en el Perú de los siglos XIX y XX, hasta la década de 1930. Para el mito inca, ver A. Flores Galindo,Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes (La Habana,1986).

12. Henri Favre, Cambio y continuidad en los mayas del México (París, 1971), p. 269 y ss.

13. La naturaleza y el alcance del apoyo masivo de APRA fuera de la clase trabajadora permanece oscuro. Actualmente se acepta en general que en los últimos veinte años o más su apoyo e interés por los campesinos indios ha sido mucho más pequeño de lo que la mitología partidista ha afirmado. […] Pero la historia del APRA en las bases durante el período en que fue, o fue visto como, un movimiento revolucionario, aún no se ha investigado seriamente.

1. La queja más corriente que oí contra un gran terrateniente era la de que había quebrantado la costumbre al no dar instrucción a los hijos ilegítimos que había tenido de mujeres indias. Esto pesaba tanto en su contra como las «matanzas y torturas».

2. El hacendado más importante e impopular de La Convención fue Alfredo de Romainville, cabeza de la familia cuya hacienda original, adquirida por Mariano Vargas en 1865 y estimada en unas quinientas mil hectáreas, se dividió luego entre los miembros de la familia en unidades menores (aunque de más de cien mil hectáreas cada una de todos modos), por ejemplo las de Carmen Vargas de Romainville (hacienda Huadquiña) y María Romainville de la Torre (hacienda Huyro).

1. Las regiones andinas, en las que las fincas y comunidades coexistieron de manera similar, se mostraron mucho más lentas para penetrar en la economía del mercado mundial, excepto a través de los productos más bien especializados de la minería.

2. En aras de la simplicidad, descuidaremos las excepciones a esta generalización, que desde luego ya habían comenzado a desarrollarse en la década de 1930, especialmente en el extremo sur del continente, pero también en Colombia, donde el «conservadurismo» y el «liberalismo» impregnaban, bajo un carácter tan genuino como un tanto «antimoderno», a las masas; también en Perú, donde la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) había comenzado a ganar apoyo entre las masas independientes, y no solo entre ellas.

3. Tenían razón. Luego de 1952, Bolivia, que contaba hasta allí con una vastísima prehistoria de golpes militares, logró durante doce años una estabilidad política que no tenía precedentes, si bien el régimen cayó en noviembre de 1964.

4. El papel que jugó la APRA en los muy amplios disturbios campesinos del Perú en 1961-1963 fue pequeño y se confinó a sus feudos norteños tradicionales.

5. Un organizador campesino comunista lo dice de este modo: «Hay tres cosas que hay que hacer si uno quiere llegar a algún lado con los campesinos. La primera, uno tiene que vivir exactamente como viven ellos. El que no puede tragar su comida, no puede organizar a los campesinos. La segunda, no hay que hablarles acerca de la tierra, sino acerca de esta tierra, que antes les pertenecía en los tiempos de sus abuelos pero de la que ahora fueron usurpados por la hacienda X. La tercera, uno siempre tiene que estar enseñándoles algo. Yo no soy un intelectual, así que les enseño fútbol. Pero algo tienen que aprender siempre —insisten en eso».

6. En América Latina a menudo se sostiene que los nuevos migrantes internos transfirieron el tipo de lealtad que prestaban a sus superiores feudales a cualquier persona de poder e influencia que pudiera darles beneficios en retorno de su apoyo. Hay en esto una simplificación brutal, pero también hay algo de verdad. Existen razones más profundas, tanto en la tradición rural de políticos y en la situación social de las masas urbanas, que dan cuenta de esta tendencia natural al caudillismo. Aun en Europa pudo advertirse esta tendencia, que emergió claramente en los primeros movimientos sindicales, de transformar en héroes y líderes carismáticos a determinados individuos, y esto a pesar de que los primeros partidos socialistas desalentaban expresamente tal tendencia, y a pesar también de que aquellos que hacían figura de líderes estaban muchas veces muy pobremente dotados de todo carisma.

7. Gaitán, un liberal por su origen partidario, formó su propia Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) en la década de 1930, pero tenía sentido común suficiente como para volver a trabajar en el interior de su viejo Partido Liberal, al que en 1946 le demostró que le podía hacer perder cualquier elección presidencial con solo retirarle su propio y determinante voto personal.

8. La revolución cubana de 1933, el revival de la revolución mexicana en la década de 1930, la revolución boliviana (cuyas raíces se hunden en un período muy anterior a 1952), el notable avance de Colombia hacia la combustión espontánea, el surgimiento de Acción Democrática en Venezuela, de Vargas en Brasil y de Perón en Argentina son algunos ejemplos, como lo son la «República Socialista» de 1932 y el gobierno del Frente Popular de 1938 en Chile.

1. Edwin Lieuwen, Arms and Politics in Latin America (1961), p. 21.

2. Friedrich Katz,The Secret War in Mexico: Europe, the United States and the Mexican Revolution (1981), p. 22.

1. Walter Laqueur,Guerrilla: a historical and critical study (1977), p. 442.

2. Hugh Thomas, Cuba or the Pursuit of Freedom (1971), pp. 997, 1.020, 1.024.

3. Régis Debray, La révolution dans la révolution? (1965).

1. Uno de los libros autobiográficos del Che Guevara, que él mismo revisó para la primera edición y su hija Aleida Guevara prologó en la edición definitiva de 2011. Hobsbawm analiza aquí la edición Reminiscences of The Revolutionary War, de 1968. (N. del t.)

1. Por razones de brevedad y conveniencia, he descuidado varias divisiones políticas en estos movimientos, y utilicé términos como «fidelista» y «maoísta» en el sentido coloquial, en lugar de entrar en mordaces disputas sectarias sobre su significado.

2. Régis Debray, respuesta a Paul Sweezy y Leo Hubermann, Monthly Review, edición italiana, 11, 1-2, 1969.

3. Citado en D. Mack Smith, Il Risorgimento Italiano (Bari, 1968), p. 426.

4. Jacobo Arenas, Colombie, guérrillas du peuple (París, 1969).

5. Héctor Béjar, Les guérrillas péruviennes de 1965 (París, 1969), p. 71.

6. Avec Douglas Bravo dans les maquis vénézuéliens (París, 1968), p. 54.

7. R. Debray, La révolution dans la révolution? (París, 1967), p. 40.

8. Arenas, op. cit., p. 118.

9. Hugo Blanco, El camino de nuestra revolución (Lima, 1964), p. 63.

1. Cf. Orlando Ortiz, Genaro Vásquez (México, 1972).

2. Sara Beatriz Guardia, en Proceso a campesinos de la guerrilla «Túpac Amaru» (Lima, 1972), publica en forma de libro las actas de los procesos judiciales seguidos a un conjunto de campesinos y militantes de base en un juicio en el año 1969. Los registros son trágicos e iluminadores.

3. El libro original fue publicado en México en 1971; Hobsbawm se refiere aquí a la edición en inglés Land or Death: The Peasant Struggle in Peru (Nueva York, 1972). (N. del t.)

4. Sobre este tema, el capítulo de Ruy Mauro Marini en Vânia Bambirra (ed.), Diez años de insurrección, resulta extraordinariamente inteligente.

5. El libro de la periodista uruguaya fue originariamente publicado por Casa de las Américas en 1970. Hobsbawm se refiere a la edición en inglés, The Tupamaros (Londres, 1972). (N. del t.)

6. Ver también Alain Labrousse, Les Tupamaros (París, 1972).

7. Existen muchos de este tipo. A menudo proveen interesante información incidental. De entre los que estoy al tanto, se cuentan: Avec Douglas Bravo dans les maquis vénézuéliens (París, 1968); Ricardo Ramírez, Autobiografia di una guerriglia, Guatemala, 1960-1968 (Milán, 1969); Mario Menéndez, Intervista con Fabio Vasquez, Capo Esercito de Liberazione Nazionale di Colombia (Milán, 1968); Robinson Rojas, Colombia, surge el primer Vietnam en la América Latina (Montevideo, 1971) y numerosas publicaciones de la década de 1960 desde La Habana.

8. Para un panorama de esto, resulta recomendable el libro de Jay Mallin (ed.), Terror and Urban Guerrillas: A Study of Tactics and Documents (Coral Gables, 1972).

1. Alianza Popular Revolucionaria Americana.

1. Ver Grant Hilliker, The Politics of Reform in Peru, Baltimore, 1971. El autor demuestra tanto los límites de la influencia del APRA como su fracaso en años recientes.

2. Jaime Gianella, Marginalidad en Lima metropolitana (Una investigación exploratoria), Lima, 1970, mimeo. Los datos de este muestreo muy completo fueron reunidos en 1967.

3. El máximo del paquete empresario que pueden retener los propietarios expropiados es probablemente más amplio, aunque las disposiciones de ambas reformas son demasiado complejas como para una comparación simple. Para más detalles, ver Luis Dongo Denegri, Compendio agrario: comentario, legislación, jurisprudencia, 2 vols., Lima, 1971, que registra cambios hasta mediados de febrero de 1971.

4. El SAIS es una forma especial de cooperativa que transfiere la tierra de grandes latifundios o grupos de latifundios no meramente a sus anteriores arrendatarios o peones contratados (que pueden ser muy pocos, como en las vastas haciendas ganaderas) sino también a las comunidades campesinas vecinas, «compensando así las desigualdades económicas de un área y distribuyendo las ganancias de la empresa colectiva de acuerdo con las necesidades de desarrollo de cada uno de los grupos de campesinos que son sus copropietarios».

5. François Bourricaud, que ha construido una interpretación sociológica completa del Perú sobre el concepto de cholificación, define a los cholos como aquellos «que por su origen de clase son indios, pero que poseen algunos atributos culturales y sociales que les permiten mejorar y mejorarse y alcanzar así un estatus más elevado»,Power and Society in Contemporary Peru (1970), p. 22. Este libro inteligente, publicado originariamente en 1967, resume la situación en la década de 1960 e ilustra los espectaculares cambios que han tenido lugar desde entonces.

6. Para un ejemplo de lo primero, G. Lessink, «Le cas du Pérou», Politique aujourd’hui, París, 1971; y de lo segundo, Ricardo Letts, Perú: ¿revolución socialista o caricatura de revolución?, México, 1971, mimeo.

7. Virtualmente, cada discurso público repite con variaciones este núcleo doctrinario, pero yo he atendido de forma especial el Discurso Presidencial del Día de la Independencia, de 1970, y el del Segundo Aniversario de la Reforma Agraria, en 1971.

8. Según su muy idóneo secretario general, Gustavo Espinosa, la CGTP está preocupada por la tendencia de poderosos aristócratas del trabajo, como los mineros y los empleados de las petroleras, a conseguir ventajas sectoriales que los dejan muy por delante de la mayoría debilitada; por otra parte, en esto consiste el poder diferencial de esos sectores. Los otros dos problemas que le preocupan son la debilidad organizativa y el bajo nivel ideológico de los afiliados (julio de 1971).

9. Cf. Aspectos sociales y financieros de un programa de reforma agraria 1968-1975, Lima, 1970, mimeo.

10. Cf. ítems 1 a 4 de los Objetivos de Largo Plazo, definidos por el general Velasco Alvarado en el Mensaje del 5 de diciembre de 1968. Está reimpreso en R. R. Marett, Peru, 1969, pp. 275-276.

11. Reforma de la educación peruana: Informe General, Lima, 1970, p. 16.

12. Una traducción de los Siete ensayos de Mariátequi (Seven Interpretive Essays on Peruvian Reality, Austin, 1971) fue publicada con una introducción del decano de los historiadores peruanos, Jorge Basadre. Es una bienvenida introducción a la obra del más original pensador marxista que hasta ahora haya producido América Latina.

1. La vía chilena, del primer mensaje del presidente Allende al Congreso en pleno, el 21 de mayo de 1971 (Santiago, 1971).

2. Cf. la declaración del MIR desmintiendo el asesinato del ex ministro democristiano del interior por la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), un pequeño grupo terrorista. Punto Final, 22 de junio de 1971.

3. Labarca, periodista del semanario comunista El Siglo, ha sido criticado por su tratamiento de la ultraizquierda (ver Manuel Cabieses Donoso, «Puntualizando la Historia»,Punto Final, 25 de mayo de 1971), pero el libro rebosa de información valiosa sobre la formación de la UP, los complots militares, y otros asuntos. Grosso modo, un pacto preelectoral cuidadosamente redactado entre Allende y el candidato (izquierdista) democratacristiano Radomiro Tomic iba a regir sus relaciones después de la elección. El pacto disponía que (a) si el candidato de derecha [el ex presidente Jorge Alessandri] saliera tercero, la UP y la DC iban a aceptar como ganador a cualquier candidato que hubiera obtenido la mayoría simple, con tal de que el margen de diferencia superara los treinta mil votos; (b) si Alessandri ganaba, tanto la UP como la DC iban a aceptar su victoria dentro de las veinticuatro horas siguientes con tal de que la mayoría simple de Alessandri superara los cien mil votos; (c) si Alessandri salía segundo, el candidato que saliera tercero —en los hechos, fue Tomic— concedería de inmediato la victoria del primero, con tal de que el ganador tuviera una mayoría simple al menos de cinco mil votos sobre Alessandri (de hecho, la mayoría simple de Allende fue de treinta y nueve mil votos). Sin embargo, después de la elección, la dirigencia de la DC, bajo la influencia del ex presidente Frei, quien, incidentalmente, parece no haber desalentado los complots militares de los cuales estaba enterado, condicionó el apoyo del Congreso para la asunción presidencial de Allende a la promesa de una enmienda constitucional que garantizara formalmente «la supervivencia del régimen democrático». Después de algunas negociaciones y modificaciones, finalmente se aprobó esa enmienda. Ver Fernando Silva Sánchez, Primeras reformas constitucionales del Presidente Allende (Valparaíso, 1971).

4. El papel en la vida pública chilena de la comunidad, relativamente pequeña, de los descendientes de inmigrantes es completamente desproporcionado. De ahí la alta frecuencia de apellidos no hispánicos en la vida política de Chile, empezando con el libertador Bernardo de O’Higgins: Frei, Tomic, Pérez Zujovic en la Democracia Cristiana (DC), Allende Gossens, Toha en el Partido Socialista (PS), Chonchol en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Teitelboim en el PC (PC), Schneider y Viaux [y Pinochet] en las Fuerzas Armadas. La ausencia de xenofobia [contra los europeos septentrionales] es una de las características más agradables de este país.

5. Por lo demás, si otra experiencia latinoamericana puede servir como guía, los eslóganes de la izquierda les resultan cada vez más atractivos. El más grande de los movimientos de masas actuales, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) colombiana, es alimentado con grandes dosis de retórica izquierdista —Che Guevara, Camilo Torres y tutti quanti— por líderes que sin duda habrían preferido limitarse a generalidades demagógicas si no hubieran olfateado entre el ánimo de sus seguidores.

6. Cuando este artículo va a imprenta, parece tomar cuerpo una confrontación con Estados Unidos en torno a la compensación por las minas de cobre nacionalizadas. Las dos partes están bajo presión para no bajarse de sus posiciones y dar pelea: Washington, porque se trata de mucho dinero y porque se estaría asentando, por la confiscación, un precedente peligroso; Santiago, porque sería un alivio considerable para una balanza de pagos negativa el no pagar todos esos dólares. Además, «Compensación Cero» es un eslogan popular y la confrontación entre una pequeña nación y el gigante imperialista de Estados Unidos ofrece ventajas políticas internas para el gobierno de la UP. Como contrapartida, unos y otros tienen buenas razones para evitar un choque abierto y directo. Dado el rol clave del cobre tanto en la economía chilena como en las relaciones chileno-norteamericanas será difícil evitar algún tipo de crisis, pero sus repercusiones, más allá de un diferendo puramente económico entre los dos países, por ahora resultan imposibles de predecir.

7. En principio, dado que los costos son en moneda local y la facturación de lo exportado es en dólares, el comercio exterior seguirá siendo rentable en la medida en que se venda el suficiente cobre a un precio adecuado.

8. Mi fuente es el informe policial confidencial diario sobre estas cuestiones, que gentilmente me autorizaron a consultar.

9. Labarca Goddard, Al Chile Rojo, p. 235.

1. Tras una carta de Aryeh Neier de Americas Watch publicada en el número del 26 de febrero de 1987 de la New York Review of Books, Eric se disculpó por haber atribuido a Americas Watch en su informe «Human Rights in Colombia as President Barca Begins», septiembre de 1986, el número de trescientos mil muertos durante La Violencia. Un informe anterior, «The Central Americanization of Colombia», enero de 1986, se había referido a «más de doscientas mil muertes durante La Violencia. (N. del e.)

2. La causa de las rebeliones campesinas más habitual en otras regiones de América Latina, la lucha por recuperar tierras comunales que les fueron enajenadas, en Colombia se ve confinada a comunidades indias antiguas, que constituyen un caso especial. El primer alcalde comunista legalmente elegido en Colombia (1986) administra Coyaima, un típico «resguardo» indio y, por esta misma razón, uno altamente politizado.

3. Enrique Santos Calderón,La guerra por la paz (Bogotá, 1985), p. 108.

4. Sin embargo, durante el breve período de la tregua, entre 1984 y 1985, el M-19 reclutó un número significativo de mujeres: un 30% de la guerrilla, según Laura Restrepo,Colombia: historia de una traición (Bogotá, 1986), p. 233.

5. El Tiempo, 28 de septiembre de 1986.

6. El Espectador, 20 de septiembre de 1986.

7. El prestigioso periodista Antonio Caballero, escribiendo acerca de los trescientos activistas de la UP asesinados, expresó: «Ninguno de estos casos ha sido investigado, y si lo ha sido, no sabemos con qué resultados. Ni una sola persona está arrestada. Ni una sola persona ha sido condenada». (El Espectador, 28 de septiembre de 1986.) El número de soldados condenados por homicidio o violación en los últimos seis años es, exactamente, dieciocho.

8. Ver Santos Calderón, La guerra por la paz, p. 303. Es verdad que no todos los «frentes» de las FARC están igualmente disciplinados. Sin embargo, los 336 hombres del XI Frente (en pleno valle del Magdalena) probablemente sean típicos y representativos. Un desertor los describió como personas que pasan su tiempo (1) cobrándoles un tributo a agricultores y terratenientes para reunir fondos, (2) castigando a los narcotraficantes y los ladrones de ganado, y (3) organizando a los campesinos, con la esperanza de una futura toma del poder (El Tiempo, 19 de septiembre de 1986).

9. Para un análisis útil de lo que solían ser las perspectivas del M-19 (por el hermano de uno de sus comandantes), ver Eduardo Pizarro, «La guerrilla revolucionaria en Colombia», en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (eds.), Pasado y presente de La Violencia en Colombia, pp. 391-411.

10. «Clima de inseguridad azota al departamento del Huila» (La República, 25 de septiembre de 1986).

11. Mario Arango y Jorge Child,Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín, 1987), el mejor informado de los libros colombianos sobre el tema, contiene estimaciones numéricas muy útiles.

1. Fondo de Cultura Económica, México, 1993. [Imagined Communities.]

2. Ver W. D. Harris Jr., The Growth of Latin American Cities (1971); P. Bairoch, De Jericho à Mexico. Villes et économie dans l’histoire (1985).

3. A. Cândido, Introducción a Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, vigésima edición, 1988, p. 43.

4. Citado en J. L. Romero, A History of Argentine Political Thought (1963), p. 163.

5. Marcial Pons, Madrid, 2010. [Casa Grande e Senzala.]

6. Corregidor, Buenos Aires, 2016. [Raices do Brasil.]

7. Citado en F. Bourricaud, Power and Society in Contemporary Peru (1970), pp. 146-148.

8. Ver H. Handelman, Struggle in the Andes. Peasant Political Mobilization in Peru (1975).

9. G. Smith, Livelyhood and Resistance. Peasants and the Politics of Land in Peru (1989), p. 174.

10. S. Verba y G. A. Almond, «National Revolutions and Political Commitment», en H. Eckstein (ed.), Internal War (1964).

11. Gabriel García Márquez, El general en su laberinto (1989).

1. América Latina continental. Eric había visitado Cuba en 1960. (N. del ed.)

2. Ver capítulo 14: «Un movimiento campesino en Perú».

3. Ver capítulo 29: «Colombia te mata».

4. Ver capítulos 6: «La situación revolucionaria en Colombia», y 7: «La anatomía de La Violencia en Colombia».

5. Ver capítulos 21: «La guerrilla en América Latina» (1970) y 22: «Panorama de la guerrilla en América Latina» (1973).

6. Ver capítulos 24: «Los militares como revolucionarios»; 25: «¿Qué hay de nuevo en Perú?» y 26: «La peculiar revolución del Perú».

7. Ver capítulo 27: «Chile: año uno».

¡Viva la revolución! Sobre América Latina

Eric Hobsbawm

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Título original: Viva la revolución. On Latin America

© 2016 The Trustees of the Eric Hobsbawm Literary Estate

© de la introducción, Leslie Bethell

© de la traducción, Alfredo Grieco y Bavio, 2018

Edición de la traducción: Gabriela Esquivada

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