La Guerra de la Independencia (1808-1814)

Claves españolas en una crisis europea

Enrique Martínez Ruiz

ISBN: 978-84-15930-34-1

© Enrique Martínez Ruiz, 2014

© Punto de Vista Editores, 2014

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Índice

El autor

Introducción

El preludio

Unos precedentes introductorios

La diplomacia y las guerras de revancha

Rumbo a 1808

El comienzo de la crisis

En el pórtico de la guerra

La precipitación de los hechos y la organización militar española

Distribución de la fuerza

Características de la crisis

Características de la guerra

Guerra de liberación/guerra nacional

La guerra convencional

La guerra no convencional

La guerrilla

Guerrilla, ejército y guerra

División de la ideología política española

Desarrollo de la guerra

El inicio de las operaciones

Incorporación de Inglaterra a la guerra peninsular

Napoleón en España

El plan napoleónico de conquista peninsular

La consolidación francesa en Aragón y en el Este

Las operaciones para la conquista del Sur

Campañas para la conquista de Portugal

La guerrilla en la guerra

Del predominio francés a la victoria aliada

La España josefina

La llegada de José I a España

El marco institucional del régimen josefino

Los afrancesados

El Gobierno de José I

El “Rey de Madrid”

El rey José I y la guerra

Dinámica y consecuencias de la guerra para la España josefina

La España fernandina y la Revolución Liberal

La quiebra institucional del Antiguo Régimen

Los primeros pasos del Nuevo Régimen

La Constitución y el marco constitucional

Civiles y militares, una relación compleja

Autoridades políticas y autoridades militares: tendencias y actitudes en el umbral de 1808

El comienzo de la guerra y el afloramiento de las rivalidades

Preponderancia civil versus preponderancia real/militar: claves prácticas e ideológicas del conflicto

En la hora del balance

Las destrucciones. El legado y el mito

Los desastres de la guerra

La “inútil” reacción

Los Cien Mil Hijos de San Luis (1823): ¿La Guerra de la Independencia rediviva?

El legado y el mito

Orientación bibliográfica

El autor

Enrique Martínez Ruiz (Madrid, 1962), Catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid, Profesor invitado en numerosas universidades extranjeras, como la Paul Valéry de Montpellier (Francia), la Poznan (Polonia) o la de Coimbra (Portugal) entre ellas y centros de investigación como el Instituto Ravignani en Buenos Aires. Además de haber participado en congresos, seminarios y reuniones científicas nacionales e internacionales, es director de una treintena de Memorias de Licenciatura y una veintena de Tesis Doctorales, y autor de más de doscientas publicaciones de su especialidad, en las que se ha consagrado como gran especialista en Historia Militar e Institucional. Entre sus libros están La Seguridad Pública en el Madrid de la Ilustración, La España de Carlos IV... y entre las obras que ha coordinado o dirigido recientemente destacan Felipe II y las ciudades de la Monarquía (3 vols.) y El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España. Su actividad académica e investigadora ha sido reconocida con los nombramientos de Comendador de la Orden de la Estrella Polar (Suecia) y correspondiente de la Sociedad de Historiadores Argentinos, así como la concesión del Premio Nacional de Historia de España, la Gran Cruz de Plata al Mérito (distintivo blanco) del Ejército y la Medalla de la Facultad de Derecho de la UNED.

Introducción

La Guerra de la Independencia es uno de los episodios de la historia de España que constituye un referente generalizado por su dimensión popular, por su trascendencia política y por sus novedades militares, significativas tanto en el plano estrictamente peninsular como en el internacional. Tales circunstancias han hecho de este conflicto armado un suceso especialmente recordado a lo largo del siglo xix, pese a su dramatismo y violencia, pues todos los partidos políticos buscan en ella sus orígenes tratando de basarlos en el ideario y la conducta de unos u otros de los diputados de las Cortes de Cádiz, de la misma forma que la recuerdan con complacencia las clases populares por su heroica y abnegada participación, al tiempo que en lo militar se acentúa la flexibilización de la estructura del Ejército, anunciando la llegada de unas escalas más abiertas. Todo ello hace de esta guerra algo muy presente en la vida española decimonónica y explica el proceso de mitificación que ha ido experimentando con el paso de los años.

Sin embargo, es muy frecuente considerar esta guerra fuera de su contexto internacional, lo que constituye una gran limitación en su percepción, ya que se tiende a verla como una especie de antesala del siglo xix con una gran carga potencial en todos los sentidos, carga que se malogra por la incompetencia de nuestra clase política. Pero la Guerra de la Independencia no es un mero preludio decimonónico, es mucho más. En efecto, España en los años precedentes al conflicto era la tercera potencia mundial, temible por su Imperio y codiciada por Francia como aliada por su potente flota, que le permitiría enfrentarse con algunas posibilidades de éxito a Inglaterra en el mar. En consecuencia, nuestra Guerra de la Independencia hay que insertarla en la dinámica internacional de fines del siglo xviii y comienzos del xix, que es desde nuestro punto de vista la manera correcta de plantearla y abordarla.

Lo sucedido entre 1808 y 1814 aquí en la Península Ibérica y los hechos coetáneos que se inician en las colonias españolas de Ultramar van a marcar un gran giro en la situación internacional de España, de manera que si en 1808 todavía tiene rango de gran potencia –aunque no sea de primera fila–, después de 1814 encontramos una monarquía que ha conseguido un gran prestigio en Europa por el comportamiento heroico de su pueblo, pero hay evidencias de que posiblemente al coloso se le hayan convertido los pies en barro, pues no es capaz de controlar la sublevación de sus colonias americanas. En los años siguientes, la situación internacional española se deteriora: pierde el prestigio en nuestro continente al dar una nota disonante en la Europa de la Restauración (los súbditos se sublevan contra Fernando VII, que sólo podrá mantener el absolutismo de su Corona con ayuda extranjera) al tiempo que se consuma la independencia de las colonias españolas en América, dejando a España reducida a su mera extensión metropolitana con algunos enclaves isleños en el Atlántico y en el Pacífico.

¿Cómo es posible que, prácticamente, en una década –de 1814 a 1824– se produzca semejante mutación? Ése es el gran interrogante y esa mutación es la que va a darle a la Guerra de la Independencia la significación que posee en el recuerdo del pueblo español y en el tratamiento historiográfico predominante recibido hasta el momento, pues la variedad de su desarrollo, la cantidad de elementos implicados y las múltiples facetas que ofrece le dan una enorme proyección de futuro, además de generar valores, recuerdos y mitos.

Nuestro objetivo va a ser situar la Guerra de la Independencia en su contexto internacional, desentrañar aquellas dimensiones que resultan especialmente significativas y mostrar cuáles son las facetas que van a mantenerse “activas” en el siglo xix.

El preludio

De 1808 a 1814 la Península Ibérica va a convertirse en un campo de batalla donde van a enfrentarse cuatro países: Francia, por un lado, y Portugal, Inglaterra y España, por otro. De los cuatro, tres nos interesan espacialmente y tienen una larga tradición de enfrentamientos y alianzas, cuya dinámica viene determinada por el desarrollo diplomático y bélico del siglo xviii.

Unos precedentes introductorios

España e Inglaterra llegan a 1808 siguiendo un camino con ciertas similitudes y no pocas rivalidades: a principios del siglo xviii las dos estrenan dinastía (los Hannover en Inglaterra, los Borbón en España) y las dos rivalizaban en el ámbito colonial, pues la posición predominante española en Ultramar empezaba a ser un obstáculo para Inglaterra, que se había lanzado con decisión a la aventura colonial desde la paz de Utrecht (1713) y va cimentando su expansión a costa de Francia, sobre todo, aprovechando las paces de los diferentes conflictos en los que se enfrentan a lo largo del siglo, además de su propia proyección colonizadora, lo que le llevará finalmente al choque directo con España, un enfrentamiento que se venía gestando desde mucho tiempo atrás y que habían reverdecido en los lustros iniciales del siglo.

Por su parte, Francia ha experimentado un cambio interno trepidante a consecuencia de la revolución que estalla en 1789. Sin embargo, sus planteamientos internacionales no han cambiado, aunque respondan a motivaciones diferentes, pues si en tiempos de la Monarquía Borbónica el enemigo a batir era Inglaterra (contra la que abrigaba deseos de desquite, prácticamente, desde después de Utrecht, deseos estimulados por la paz de 1763, que ponía fin a la Guerra de los Siete Años y en la que prácticamente pierde su imperio ultramarino), Inglaterra seguiría siendo para la Francia revolucionaria y napoleónica el rival irreductible, el alma de la resistencia a los planes franceses, ya que al abrigo de su situación insular, su potente flota la protegía de un ataque directo y sus tropas podían luchar en el continente junto a las de sus aliados.

De esta forma, Inglaterra era el enemigo a batir para Francia y España, cuya aproximación se ve facilitada al estar ambas monarquías dirigidas desde principios del siglo xviii por miembros de la misma familia y coincidir sus intereses ultramarinos al compartir idéntica amenaza. Esta realidad, que queda enmascarada inicialmente por el predominio del principio del equilibrio o de la balanza de poderes, se reajusta en los conflictos que jalonan las primeras décadas del siglo xviii hasta quedar claramente manifiesta en los dos grandes conflictos centrales de esa centuria: la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748) y la Guerra de los Siete Años (1756-1763).

A lo largo de esos enfrentamientos, Inglaterra, Francia y España constituyen una especie de trípode en torno al cual giran las demás potencias: algunas como Austria, Prusia y Rusia con protagonismo propio; otras, las más, como comparsas, aunque ocasionalmente no carezcan de protagonismo estelar. No nos interesa en esta ocasión pormenorizar en las alianzas y sus cambios, pues nos apartaría de nuestro objetivo primordial, pero sí haremos una llamada de atención sobre los dos conflictos que acabamos de citar –Guerra de Sucesión Austriaca y Guerra de los Siete Años–, separados por un sorprendente y espectacular giro diplomático conocido gráficamente como la Reversión de Alianzas o la Revolución Diplomática de 1756, por la que Inglaterra, aliada de Austria, abandonaba la alianza austriaca y se aliaba con Prusia, que rompe sus lazos con Francia, quien, además de conservar su alianza con España, se ve en la necesidad de aproximarse a Austria, una aproximación aceptada por ésta para no quedarse sóla ante Prusia e Inglaterra.

Ahora bien, lo que realmente nos interesa de esos conflictos y del referido giro diplomático es que dejan claro con toda nitidez el diferente planteamiento en los objetivos que mueven a Inglaterra y a Francia: mientras ésta prioriza sus preocupaciones europeas a costa de su situación en Ultramar, Inglaterra tiene sus miras preferenciales en las colonias, como muestra sin paliativos, sobre todo, el Tratado de París de 1763, en el que Inglaterra prácticamente barre de Ultramar a Francia, consumando así la consecución de un objetivo y la eficacia de unos planteamientos diplomáticos, pues salvo Gran Bretaña, las demás potencias se han implicado en los conflictos con objetivos europeos casi en exclusiva, mientras que ella ha optado decididamente por el ámbito colonial. A sus rivales los ha enzarzado en las guerras europeas y ella se ha dedicado a Ultramar, donde ha derrotado a Francia y rivaliza con España. El descontento y el deseo de desquite hacían presumir que la paz de 1763 sería revisada, pero la situación no presentaba muchos resquicios para ello, pues todo indicaba que Inglaterra había alcanzado la cima de su hegemonía y gozaba de un prestigio indiscutido e indiscutible.

La diplomacia y las guerras de revancha

Pero el triunfo inglés había sido demasiado rotundo como para que sus rivales lo aceptaran sin más, pues la paz de 1763 causó profundas heridas que Francia y España no sólo querían restañar, sino también vengar, que es lo que buscarán al socaire de los conflictos que en el futuro puedan surgir; por otra parte, a las acciones hostiles de sus rivales, responderán en el mismo lenguaje en cuanto tenga oportunidad, por eso no andamos muy desencaminados si a las décadas que siguen a 1763 las denominamos como la “Era de la diplomacia y de las guerras de revancha”.

Si nos fijamos en los años siguientes a 1763, la historia diplomática europea registra cuatro cuestiones conflictivas de entidad: la rivalidad colonial anglo-franco-hispana, la rivalidad austro-prusiana, la cuestión polaca –que acaba con los repartos de este país, incapaz de resistir la presión conjunta de prusianos, rusos y austriacos– y las complejas relaciones turco-rusas. Pues bien, no deja de ser significativo que ninguno de estos conflictos se desarrollara en la Europa occidental y que tres de ellos se sitúen en la oriental: el interés de la política europea se desplazaba hacia el Este. Por lo que respecta a la Europa occidental, es muy interesante la afirmación de Francia, que prepara su desquite desde 1765 dirigida por Choiseul, quien impulsa un considerable esfuerzo de rearme en su Ejército y Armada, modificando sus planteamientos de acción exterior al no querer mezclarse en ningún conflicto continental europeo y preparando el enfrentamiento con Inglaterra en los ámbitos coloniales.

En cambio, la diplomacia inglesa parece perder su capacidad de acción; no acierta a valorar las nuevas directrices de sus rivales franceses y calcula mal las posibilidades de contar con sus antiguos aliados continentales, pues ninguno está interesado en un nuevo enfrentamiento, por lo menos en función de los supuestos británicos, de forma que su posición internacional se deteriora insensiblemente en estos años mientras se refuerza la de Francia, al tiempo que el mal clima de las relaciones con España no remite. Los resultados de semejante cambio quedan de manifiesto al producirse la sublevación de las trece colonias inglesas de Norteamérica y la subsiguiente guerra por conseguir su independencia, en donde intervendrá Francia ayudándolas y también España, aunque ésta lo hará con bastante reticencia y la relación entre ella y la potencia emergente acabaría enrareciéndose1 al enfrentarse con los sublevados en una guerra abierta al otro lado del Atlántico, Inglaterra va comprobar su auténtica situación: la de un completo aislamiento internacional; hasta los neutrales –hartos de los abusos ingleses sobre sus navíos y de los “derechos marítimos” que aplicaban los británicos– se unen formando la Liga de la Neutralidad Armada, promovida por Catalina II de Rusia y a la que se suman la mayor parte de los estados ribereños europeos. No obstante, la paz firmada en Versalles en 1783, aunque reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, no se cerró tan desfavorablemente para los ingleses como era presumible: cedió a Francia Santa Lucía y Tobago en América, Senegal y Gorea en África, mientras España recuperaba Menorca y la Florida; pero los ingleses retuvieron Gibraltar y no dieron satisfacción ninguna a los franceses en India, resultado que puede explicarse como consecuencia del cambio experimentado en sus planteamientos coloniales, ya que Vergennes y sus colegas no aspiraban a recuperar extensos territorios, pues entendían que el nuevo Imperio colonial francés debería basarse en pequeños enclaves territoriales para fomentar su comercio y contrarrestar de esa forma el poderío británico.

Sin embargo, el nuevo rumbo adquirido por la política internacional iba a cambiar con rapidez. La tormenta interior que se barruntaba en Francia acaba por estallar y vuelve a concentrar el interés de la historia en la Europa occidental. La revolución y su desarrollo incidirán directamente en las relaciones internacionales, pues van a convertir a Francia en la enemiga de Europa en los años finales del siglo xviii y primeros del xix. Las distintas fases de la Revolución Francesa y, sobre todo, el posterior Imperio Napoleónico amenazan al continente con la implantación de un nuevo orden presidido por una Francia europea, imperial y hegemónica. Un proyecto que los europeos rechazan, incluidos –y especialmente– los ingleses, que han aprendido la lección y ven llegado el momento de recuperar su posición en el concierto internacional y tomarse la revancha sobre Francia, por el comportamiento de ésta en la sublevación de sus colonias americanas2.

Por lo pronto, Europa asiste expectante y sorprendida a los sucesos revolucionarios que se desencadenan en el país galo y que, de momento, no impulsan a la acción a los europeos, pero en 1791 la situación empieza a cambiar, pues Prusia y Austria firman la Declaración de Pilnitz, donde se llamaba a la unión a todos los soberanos para restablecer el orden en Francia. En abril del año siguiente, Francia declara la guerra a Austria, como reacción contra las amenazas de las dos firmantes de la Declaración; con esta decisión se pretendía, además, desviar la atención de los graves problemas internos y abortar la agitación de los emigrados, que estaban siendo apoyados por Prusia y Austria.

Y es que si la Convención se mantuvo en Francia con la guillotina, el Directorio para mantenerse recurrirá a la guerra, sin reparar en que de esas campañas, si eran victoriosas, podía salir el general que amenazara la existencia de la nueva República Francesa, cuyos objetivos eran acabar con el absolutismo y el feudalismo en Europa y conseguir las fronteras naturales para la nación. En cualquier caso, el Directorio es heredero de la Convención en lo relativo a la doctrina de las fronteras naturales, pues se habían formulado también los Derechos de las Naciones para ser libres e integrarse dentro de unos límites geográficos determinados e históricos y en esta convicción declararon en 1792 que los franceses se mantendrían con las armas empuñadas hasta echar al otro lado del Rin a los enemigos de su república. Semejante declaración significaba que Francia anexionaría la actual Bélgica, incluida Amberes, además de los territorios del Imperio dependientes de Austria que estaban en la orilla izquierda del Rin. La ocupación del espacio belga provocaría la reacción tanto de Austria como de Inglaterra, que se opondrían durante el Directorio, el Consulado y el Imperio napoleónico a toda pretensión francesa de alcanzar sus fronteras naturales.

En julio de 1792, comienza la Guerra de la Primera Coalición cuando las tropas austriacas y prusianas invaden Francia. Ante el peligro exterior, el sentimiento patrio de los franceses se exalta y el 29 de septiembre vencen a los invasores en Valmy, una victoria decisiva y emblemática que provoca la retirada prusiana; una nueva victoria en Jemmapes permite la invasión francesa de Bélgica, a la que sigue la anexión de Saboya. Éxitos que mantienen la exaltación interior y estimulan el proceso revolucionario hasta que el 21 de enero de 1793 Luis XVI es guillotinado, rompiendo todos los posibles lazos de entendimiento entre la Francia revolucionaria y la Europa legitimista.

Francia, incorpora a Inglaterra a la Primera Coalición, respondiendo a los viejos antagonismos coloniales y a la amenaza de la alteración del equilibrio europeo que a ella le interesaba conservar, declarándose la guerra entre ambas potencias el 1 de febrero de 1793.

Por su parte, España no tardaría en entrar en guerra contra Francia también en el marco de las hostilidades desarrolladas por la Primera Coalición y no lo iba a hacer en las mejores circunstancias en lo que refiere a la institución monárquica, ya que el primer plano de la política española iba a ser ocupado por Manuel Godoy, a quien el rey entrega la responsabilidad del Gobierno: ser amante de la reina iba a restar al nuevo ministro credibilidad y honorabilidad, al tiempo de suscitar una fuerte oposición en ambientes cortesanos, que buscarían el apoyo del príncipe Fernando, heredero de la Corona y enemigo del favorito. La actitud de los revolucionarios galos hacia la familia real francesa, hicieron que Carlos IV y su primer ministro Godoy intervinieran en varias ocasiones para que los regios cautivos fueran liberados sin conseguirlo. Una realidad que enfrenta a los dirigentes españoles con un dilema: se atendían los vínculos familiares y el legitimismo dinástico (lo que llevaría a un enfrentamiento con Francia y a una alianza con Inglaterra) o se prolongaban las alianzas que propiciaban la defensa de los intereses coloniales (lo que entrañaba respetar lo establecido en el Tercer Pacto de Familia –pese a la Francia regicida– y mantener el enfrentamiento contra Inglaterra).

En 1793, España optó por la primera opción y el 7 de marzo, la Convención le declaraba la guerra, replicando Carlos IV con un manifiesto: así comenzaba la llamada Guerra de los Pirineos o de la Convención, que se prolongaría hasta el 22 de julio de 1795, momento en que se firmaba la paz de Basilea, por la que dábamos a Francia la parte española de Santo Domingo y la autorización para sacar ganado lanar y caballar de Andalucía durante seis años.

La derrota militar provoca un giro en los planteamientos diplomáticos españoles, abandonando la Primera Coalición y alineándose con Francia, pues se renuncia a las afinidades dinásticas y se vuelven a aceptar los imperativos estratégicos, ante el convencimiento de que la alianza inglesa no va a reportar nada positivo y tener un poderoso enemigo al otro lado de los Pirineos era un peligro demasiado amenazante, como el resultado de la guerra había mostrado. Tal giro se concreta el 18 de agosto de 1796, en el primer tratado de San Ildefonso, que, en apariencia, es una alianza perpetua entre España y el Directorio dirigida principalmente contra Inglaterra, pero tras él hay significados inequívocos, en los que radica su importancia e interés.

En efecto, Godoy sentía gran inquietud por la conducta de Inglaterra, inquietud provocada por la falta de sinceridad en las relaciones amistosas recientes, a lo que se unía el resquemor de los viejos agravios: contrabando, agresiones territoriales en América, imposiciones navales… y de peticiones y demandas desatendidas a lo largo del siglo. La inquietud de nuestro primer ministro sería determinante en el juego diplomático que planeaba para evitar quedar aislado ante Inglaterra, un juego de largo alcance en el que incluía, además de la alianza con Francia, la posibilidad de una confederación italiana que movilizara los pequeños estados de la Península para acabar con el predominio austriaco y la probable participación de Prusia, Turquía, la república Bátava y los recién constituidos Estados Unidos de Norteamérica, potencias con las que ya se habían iniciado los oportunos contactos diplomáticos.

La alianza con los Estados Unidos tenía por objeto consolidar la ventajosa posición española en América del Norte lograda a raíz de la paz de Versalles de 1783, preservar nuestras colonias del sur y entorpecer la aproximación e influencia inglesa sobre sus antiguos colonos. Tan prometedoras perspectivas quedaron frustradas por la firma del acuerdo secreto angloamericano del 19 de noviembre de 1794; sus efectos no pudieron ser neutralizados por el posterior acuerdo hispano-norteamericano, firmado el 27 de octubre de 1795 –el denominado tratado de San Lorenzo–, un tratado de amistad, pero no una alianza como quería Godoy, quien tuvo que transigir con algunas exigencias comerciales americanas para no empeorar las cosas y que Inglaterra resultara más favorecida con la ruptura de las conversaciones sin acuerdo. El tratado fue el precio que se consideró necesario pagar para protegernos en América de la oposición inglesa y de la misma forma se consideró la alianza francesa para nuestra posición en Europa.

Estas realidades empujaban en 1796 a revitalizar la alianza “natural” desde 1700: la alianza con Francia, con la que se habían firmado tres “pactos de familia”. Pero el Directorio no va a ser tan generoso y complaciente en la negociación como lo fuera la Monarquía francesa, pues muestra su inequívoca aspiración sobre Luisiana y evidencia el claro propósito de utilizar los recursos navales españoles al servicio de sus intereses, de forma que lo que ocurrirá en 1805 en Trafalgar, se está fraguando desde 1796, desde el 18 de agosto, cuando queda estipulado el contenido del tratado de San Ildefonso, en el que los objetivos del Directorio estaban claros: mejorar en su beneficio las relaciones económicas bilaterales y conseguir cobertura naval en el Mediterráneo para impulsar con seguridad sus acciones en él.

La guerra con Inglaterra se desata inmediatamente. Las operaciones no son afortunadas para España. El 14 de febrero de 1797 una flota española mandada por Córdova es derrotada en el cabo de San Vicente por la inglesa dirigida por Jerwis y en ese mismo mes, Harvey se apodera de la isla de Trinidad, aunque es rechazado en abril en Puerto Rico. Nelson amenaza directamente los territorios españoles atacando Cádiz, primero y Santa Cruz de Tenerife, después, si Napoleón Bonaparte (Ajaccio, 1769-Santa Helena, 1821) bien no se adueña de ninguno de los lugares, perdiendo un brazo en el último. Sin embargo, en 1799, los ingleses conquistaron de nuevo Menorca.

Rumbo a 1808

Para entonces, un general revolucionario, Napoleón Bonaparte, se ha labrado un sólido prestigio con dos campañas afortunadas, que ponen de relieve sus excepcionales cualidades militares. La campaña de Italia (1796-1797) es un éxito arrollador de las armas francesas, ratificado en unos acuerdos que culminan el 17 de octubre de 1797 con la paz de Campoformio, por la que Austria cede a Francia la orilla izquierda del Rin, Bélgica y el Milanesado, siendo compensada con Venecia, que desaparece como república independiente. Un éxito rotundo que permite, además, la extensión del “sistema francés de Estados vasallos” al crear nuevas repúblicas hermanas: la Cisalpina (Milanesado) y la Ligur (Génova), ambas creadas en 1797 y un año después se constituirían la República Helvética (Suiza) y la República Romana (favorecida por la conquista de Roma y la detención de Pío VI, siendo desmantelados los Estados Pontificios). Se proclama la República Partenopea (Nápoles) en 1799. El mapa italiano había sido cambiado radicalmente por obra de la Francia revolucionaria.

La otra campaña de Napoleón –afortunada en sus inicios, pero inconclusa y desencadenante a la postre de la Segunda Coalición– es la de Egipto (1798-1799), que se inicia cuando el general recibe el mando supremo de las operaciones contra Inglaterra, decidiendo atacarla en el Mediterráneo, en Egipto, para desde allí amenazarla en India, donde los ingleses luchaban contra una sublevación. Napoleón empieza por ocupar Malta, desde donde salta a Egipto desembarcando en Alejandría para dirigirse al Sur derrotando a los mamelucos y ocupando El Cairo. Tan brillantes perspectivas empiezan a empañarse cuando la flota inglesa vuelve a mostrar su superioridad y vence en Abukir, dejando aislado al Ejército francés, cuya penetración en Siria es detenida en San Juan de Acre. Tras la victoria en Abukir, Pitt logra la alianza con Austria, con el Gran Maestre de la Orden de Malta y con el zar Pablo I, cuya alianza con Turquía le permitirá disponer de sus puertos y estrechos: Inglaterra conseguía así que el Mediterráneo quedará bajo su control.

Por su parte, Napoleón deja a su ejército en Egipto en agosto de 1799 volviendo a Francia, donde derriba el Directorio e impone una dictadura militar, el Consulado, del que no tardaría en ser primer cónsul. Napoleón toma el mando supremo de las tropas en Italia, cruza sorprendentemente los Alpes y destroza a las tropas imperiales en la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800.

Mientras tanto, la “cuestión portuguesa” había quedado orillada y era preciso retomarla, pues no en vano Portugal, el reino vecino de España, estaba muy próximo a Londres y había desairado a Carlos IV rechazando un tratado de paz con Francia del que el soberano español había sido mediador. Pero sobre esa cuestión había una clara diferencia: mientras nuestro rey pensaba en un conflicto corto que separara a Portugal de Inglaterra, Napoleón deseaba una guerra en toda regla cuyo resultado fuera la desaparición de la monarquía lusitana. A principios de 1801, Francia y España firmaban un convenio donde se estipulaban las condiciones que Portugal debía aceptar en un plazo determinado –muy breve– para evitar el choque: ruptura con Inglaterra, ocupación de parte del territorio por tropas españolas y la utilización de sus puertos. El 6 de febrero se presentó al Gobierno lusitano el ultimátum de rigor; el día 18, Luis Pinto hacía saber su negativa a aceptarlo y el 27 llegaba a Lisboa la declaración de guerra por parte de España, que contaría con un refuerzo francés de unos 20.000 hombres, junto a los 34.000 españoles: Godoy, nombrado generalísimo el 9 de enero, sería el máximo responsable de la campaña.

No merece la pena detenernos en los pormenores de tan breve conflicto –que por un gesto de Godoy hacia sus reyes se conoce como la Guerra de las Naranjas– iniciado el 20 de mayo y concluido el 8 de junio en el tratado de Badajoz. Por la brevedad y sus resultados, la guerra fue un éxito indudable de Carlos IV, pero Napoleón interpretó lo sucedido como un agravio para él y para Francia, lanzando descalificaciones contra su hermano Luciano Bonaparte –su hombre en la Corte española– y entrando en agrias controversias con Godoy hasta que, por fin, el acuerdo es ratificado el 29 de septiembre por Luciano en el tratado de Madrid. La tensión acumulada parecía, por fin, disolverse.

Mientras tanto, la guerra en Europa continuaba. Marengo había sido el comienzo del fin para la Segunda Coalición: Austria tuvo que aceptar lo establecido en Campoformio por la paz de Luneville en febrero de 1801. Rusia, Suecia, Dinamarca y Prusia se alían para defender la navegación neutral, con gran disgusto de Inglaterra, que bombardea Copenhague, pues sabía que esa alianza significaba volver a quedar aislada. En Gran Bretaña se pide la paz, demanda de la que es portavoz Charles J. Fox, jefe de la oposición whig, logrando la caída de Pitt el 8 de febrero de 1801, sustituido por Addlington y alcanzándose la paz en marzo de 1802, firmada en Amiens de acuerdo con los preliminares acordados en Londres el 1 de octubre anterior: Inglaterra devolvía sus conquistas en las colonias, menos Ceilán y Trinidad –lo que le permitía a España recuperar Menorca definitivamente– y Francia abandonaba Egipto y Malta y evacuaba Roma y Nápoles. Considerada como el primer gran éxito napoleónico, en realidad la paz recién firmada sería tan sólo una tregua, un episodio más de los que se suceden en este complejo periodo de la historia europea, al que la Monarquía española no podía ser ajena.

El colofón de la paz es la reorganización de Italia que lleva a cabo Napoleón, restableciendo los Estados Pontificios y el Reino borbónico napolitano, erigiendo en la Toscana el Reino de Etruria, como hemos visto y cambiando de nombre a la República Cisalpina, que pasa a llamarse República Italiana con Napoleón como primer cónsul, y Parma y Piamonte quedaban bajo la administración militar francesa. Los ideales republicanos parecían dejar paso a otros más en consonancia con la mentalidad napoleónica, próxima ya al sueño imperial. La simplificación territorial que se produce en los países de la Confederación del Rin es otro buen exponente: se hace a costa de obispados y ciudades imperiales libres y resultó especialmente beneficiosa para Baviera y Württemberg –que recibieron el título de reino–, Hesse-Darmstadt y Baden.

A principios de septiembre de 1803 Francia e Inglaterra habían vuelto a la guerra. Era la consecuencia de los intentos franceses por recuperar el terreno perdido en Ultramar, Carlos IV se ofreció sin éxito a Londres como mediador, mientras que para implicarlo en el conflicto Napoleón lo presionaba por medio de Herman, un enviado especial que a la postre no consigue de España más que una aportación económica anual de 72.000.000 de libras, como estipula el tratado de Subsidios (firmado el 22 de octubre de 1803): es el precio que Napoleón impone a España por una neutralidad que no duraría demasiado.

En 1804 la tensión no cesó. Napoleón –que se había proclamado emperador el 18 de mayo– empezó los preparativos para invadir Inglaterra. Pitt, que había vuelto al poder, concluyó con el zar Alejandro I una alianza, a la que se unieron Austria, Suecia y Nápoles, de modo que en 1805 ya estaba organizada la Tercera Coalición. Napoleón se puso en campaña y con 200.000 hombres cruzó el Rin, venció a los austriacos en Ulm y entró en Viena. Un poco antes se produjo la ruptura española con Inglaterra, el 14 de diciembre de 1804, consecuencia del ataque de una flotilla inglesa en el cabo de Santa María a tres navíos españoles, de los que uno fue hundido y los otros dos capturados. A raíz de la declaración de guerra a los ingleses cesó el pago del subsidio a Francia, estableciéndose una nueva alianza, firmada en París el 4 de enero de 1805, siendo el representante español el almirante Gravina, que regresó seguidamente a España y con su vuelta empiezan los preparativos para la guerra naval en pro de los planes napoleónicos.

Napoleón tenía un proyecto demasiado sencillo para invadir Inglaterra, consistente en que las flotas francesa y española con maniobras de diversión sacarían a la inglesa de sus puertos, aprovechando su ausencia para trasladar a la isla los 100.000 hombres acantonados en Boulogne, con los que se proponía conquistar Londres. Un plan demasiado simple, que como dijo Nelson “no tomaba en consideración el tiempo ni la brisa”. El proyecto avanzaba lentamente entre retrasos y vacilaciones, lo que le permitió reaccionar con acierto al inicialmente desorientado almirante inglés, logrando desbaratar el plan, pues su realización sería inviable después de la batalla de Trafalgar, a la que se llega tras la maniobra de distracción de la Martinica y el combate del cabo Finisterre (22 de julio de 1805), victoria inglesa que constituyó una especie de premonición y tras el cual, Villeneuve –almirante francés a quien Napoleón había dado el mando supremo de las operaciones– puso proa al sur para refugiarse en Cádiz, donde entró el 20 de agosto y allí quedó bloqueado con la escuadra española.

La flota aliada salió de Cádiz –en una decisión equivocada– con el propósito de seguir los “modos tradicionales” de la lucha naval, por lo que adoptó una formación en línea entre el estrecho y la costa. La flota inglesa atacó formada en dos columnas –una mandada por Nelson y la otra por Collingwood– que avanzaban verticalmente contra el enemigo y que se vieron favorecidas en sus intenciones por la maniobra ordenada por Villeneuve. Dicha maniobra, motivada por el deseo del francés de no perder el contacto con Cádiz, consistió en ordenar que toda la flota virase en redondo, lo que perturbó más aún el orden de la formación, provocando unos espacios entre los navíos, facilitando el objetivo de Nelson de fragmentar la línea enemiga y cargar sucesivamente sobre los diferentes grupos de navíos aislados, de forma que el grueso de su flota combatía con una parte de la contraria, consiguiendo la superioridad necesaria en los diferentes combates parciales para alcanzar la victoria definitiva. Podemos decir en una simplificación extrema que gracias a la táctica de Nelson, la batalla de Trafalgar vino a ser la suma de una serie de combates simultáneos que se producen en el mismo escenario de forma “aislada” y que se conectan entre sí porque los navíos vencedores van en busca de una nueva presa o ayudan a los compañeros en los ataques que ya tienen trabados.

Unas horas más tarde, el resultado de la batalla estaba claro: los aliados habían sido destrozados y sus pérdidas fueron cuantiosas. Villeneuve, hecho prisionero, devuelto a Francia más tarde, se suicidó en Rennes, incapaz de aguantar el peso de la derrota y las censuras que llovieron sobre él, empezando por las del mismo Napoleón. En la batalla murieron destacados jefes, como el francés Magon y los españoles Alcalá Galiano (en el Bahama) y Churruca (en el San Juan); Cayetano Valdés fue gravemente herido en el Neptuno; el mismo Gravina resultó herido y murió más tarde. En el otro bando, lo más sensible fue la muerte de Nelson, en el Victory.

La derrota de Trafalgar daba al traste con los planes napoleónicos de invasión de Inglaterra y sus consecuencias fueron grandes. Por lo pronto, España sin flota dejaba de ser aliada importante para el emperador francés, quien iba a preparar otra de sus fulgurantes alardes terrestres en Europa, provocando la formación de una nueva coalición continental contra él: el arma que va a emplear contra Inglaterra es el bloqueo continental, es decir cerrar los puertos europeos a los productos y relaciones ingleses, un proyecto más laborioso que la invasión y de realización más compleja y problemática.

En España, Godoy –en creciente desprestigio– temía las consecuencias que el cambio de la situación pudiera reportarle y dudaba sobre qué actitud adoptar, resolviendo hacer una proclama de llamamiento al país a las armas sin decir contra quién iba dirigida tal iniciativa, lo que no impidió que fuera acogida en medio de una gran popularidad y que los preparativos se hicieran con ritmo febril. Una situación que cambia bruscamente cuando llegan noticias a Madrid de las victorias napoleónicas en Jena y Auerstedt. La actitud de Godoy hacia Napoleón cambió bruscamente y volvió al mayor servilismo. El francés acepta sus protestas de sincera amistad, finge creerle y le impone la aceptación de unas duras realidades, como fueron: el reconocimiento del hermano de Napoleón, José, como rey de Nápoles –reino del que había sido desposeído Fernando IV, hermano del rey español y padre de María Antonia, esposa del heredero español, el futuro Fernando VII–; la incorporación de España al bloqueo continental y el envío de 15.000 hombres a Hannover para reforzar la acción de las tropas napoleónicas en el continente. El contingente español iría al mando del marqués de la Romana. El bloqueo continental era una realidad desde 1806 y a él se adhirió España el 19 de febrero de 1807. Napoleón pensaba que Portugal se adheriría también, pero se equivocó y entonces decidió utilizar a España de nuevo para sus planes, sin que Godoy acertara a oponerse.

El 27 de octubre de 1807 se firmaba el tratado de Fontainebleau entre España y Francia para acabar con la independencia de Portugal, que sería dividido en tres partes: el norte –convertido en Reino de Lusitania con capitalidad en Oporto– se entregaría a los desposeídos por Napoleón reyes de Etruria; el centro –la región del Duero y el Tajo– se cambiaría por territorios españoles ocupados por los ingleses –Gibraltar, entre ellos–; el resto, el Algarbe y el Alentejo se convertiría en un nuevo reino para Godoy.

El mismo día que se firmaba el tratado de Fontainebleau, se descubría en El Escorial una conspiración en la que estaba implicado el príncipe Fernando y se encaminaba a derribar al todopoderoso ministro. La conjura constituye la primera evidencia de la entidad de la oposición que están llevando a cabo los enemigos del valido, cuyos planes quedaron al descubierto al ser recogidos unos papeles que el príncipe heredero guardaba en su habitación de El Escorial, cuando ésta fue registrada con el consentimiento del rey en un momento en que Carlos IV había mandado llamar a su presencia a su hijo, cuya falta de carácter quedó patente al delatar a sus compañeros de conspiración y solicitar su propio perdón en una carta de 5 de noviembre que fue dada a conocer y calificada de cobarde. Al parecer, los confidentes de Godoy le habían avisado de lo que se fraguaba en la habitación de Fernando y entre los papeles recogidos había una colección de acuarelas con representaciones procaces del matrimonio regio y Godoy, ilustraciones que habían sido repartidas por las tabernas de Madrid. Entre los detenidos estaban Escoiquiz, preceptor del príncipe, el duque del Infantado, el conde de Orgaz y el marqués de Ayerbe, entre otros, pero el Consejo de Castilla los absolvió de culpa por falta de pruebas en un proceso que no aclara lo sucedido y cuya resolución absolutoria fue hecha pública en los primeros días de enero de 1808. Para entonces sonaban múltiples voces desde los púlpitos que clamaban contra Godoy considerado única causa de los males presentes a fin de incrementar la impopularidad del “Choricero”, como se apodaba al favorito, entre otras lindezas por el estilo.

En definitiva, en los albores de 1808 habían confluido en España de manera dramática una crisis internacional y una crisis interna, en unos momentos en los que la Monarquía no era más que un peón de la gran partida que se jugaba, sobre todo, en Europa. Evidentemente, no eran las mejores condiciones para afrontar algo que iba a convertirse en una dura prueba.

La negativa de Portugal a incorporarse al bloqueo continental decretado por Napoleón es el pretexto esgrimido para la invasión y conquista del reino luso. Con esa finalidad empiezan a llegar tropas francesas que atraviesan la Península camino de Portugal; el 17 de octubre Junot cruza la frontera al mando de 40.000 hombres y después de pasar por Vitoria, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alcántara entra en Portugal y en una campaña fulgurante se apodera de Lisboa y del resto del reino –entre el 19 y el 30 de noviembre de 1807– pero no puede impedir que la familia real lusa escape a Brasil. Sin embargo, las tropas francesas no sólo no se retiraron, sino que siguieron entrando en España, sin que nadie acertara a entender su proceder. En efecto, después llegaron 130.000 hombres más con el pretexto de proteger los restos de la escuadra vencida en Trafalgar y anclada en Cádiz: Dupont con 45.000 soldados se situó en Vitoria y, luego, en Valladolid; Moncey con 35.000 se colocó entre Vitoria y Burgos y Duhesme controlaba la frontera catalana. El avance de Murat hacia Madrid fue la señal de alarma definitiva. Por iniciativa de Godoy, la Corte se trasladó a Aranjuez, pensando en salir hacia el sur y, llegado el caso, pasar a América, como hicieron los reyes portugueses.

Pero el viaje no llegaría a realizarse, pues Fernando decidió aprovechar el malestar imperante, ya que la opinión pública consideraba que dicho viaje a Andalucía no era más que otra artimaña del extremeño para aumentar su poder y anular más aún a los reyes. En consecuencia, Fernando culpa al favorito de traición y ordena a sus seguidores evitar la salida de los carros hacía Andalucía, salida que al parecer estaba prevista para la noche del 17 al 18 de marzo de 1808. Esa noche empezó el denominado motín de Aranjuez, delante de la casa de Godoy, asaltada y saqueada, si bien el favorito logró ocultarse. A las 7 de la mañana del día 18, Carlos IV firmaba un decreto por el que exoneraba a su ministro, que apareció a las 36 horas, muerto de sed y no fue linchado por la turba porque la guardia de Corps lo protegió. El día 19 los tumultos rebrotaron; Fernando los apaciguó momentáneamente, pero el rumor de que Godoy salía para Granada renovó la agitación callejera, exigiendo la abdicación del rey, que completamente abandonado de todos cedió a la presión y abdicó a favor de su hijo Fernando, noticia que al difundirse transformó en manifestaciones de gozo y alegría la agitación y los desórdenes, que ya habían repercutido también en Madrid, con asaltos a las casas de los más conspicuos seguidores del ministro caído en desgracia… El día 21 un bando del rey “revolucionariamente” exaltado al trono, restablecía la calma; el 23 entraban en Madrid las tropas francesas al mando de Murat y al día siguiente llegaba el nuevo rey español en medio de un recibimiento delirante.

No tardó en producirse el enfrentamiento entre Murat y Fernando VII, pues el mariscal declaró que no le incumbía reconocer al monarca y ofreció su protección a los reyes padres y a Godoy. Es el momento en que la crisis interna se conecta con la crisis internacional, ya que Napoleón tenía decidido dar el trono español a su hermano José, para lo que tendría que estar fuera de España toda la familia real borbónica, un designio que se vio favorecido cuando Carlos IV declaró nula su abdicación por haberla hecho presionado por las circunstancias y pensó en Napoleón como árbitro de la situación, acudiendo a Bayona, donde se encontraba el emperador de los franceses para pedirle su intervención.

1 La sublevación de las trece colonias inglesas de América del Norte colocó a España en una difícil situación, pues si ayudarlas a lograr la independencia podría ser una forma de debilitar la presencia inglesa en la zona y aminorar su presión sobre los territorios españoles, también sería la manera de mostrar un camino que las colonias españolas podrían emprender en cualquier momento. Incluso descartando este peligro, España no podría respirar tranquila, pues la nueva potencia sería la heredera de la posición inglesa, de forma que los problemas habidos con Inglaterra podrían repetirse con la nueva república, como de hecho sucedió.

2 La Revolución Francesa iniciada en 1789 es uno de los grandes hitos de la Historia Universal, alcanzando en muchos aspectos la categoría de mito (A. Gerad, La Révolution française; Mythes et réalités, (1789-1790), París, 1970). Así se explica el interés suscitado entre intelectuales de todo tipo y procedencia. De entre la numerosa bibliografía existente, sólo citaremos unas obras significativas. Conservan su interés los “clásicos” de J. Godechot, Las Revoluciones (1770-1799), Barcelona, 1974 y Europa y América en la época napoleónica, Barcelona, 1975. Véanse también M. Vovelle, Introducción a la historia de la Revolución Francesa, Barcelona, 1984 y La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, 1979. Soboul, A., Histoire de la Révolution française, 2 vols. París, 1968 y Tulard, J., Napoléon et l’Empire, París, 1969.

El comienzo de la crisis

Los meses de marzo a septiembre de 1808 constituyen un periodo especialmente intenso para España, pues en muy pocos días se derrumba la organización institucional propia de lo que denominamos Antiguo Régimen, organización añorada por un sector de los españoles, mientras que el resto deberá elegir entre dos opciones de nueva creación: la que se propone por los españoles que tratan de dirigir la oposición suscitada contra Napoleón y la que ofrecen los Bonaparte y sus seguidores “afrancesados”. Tres procesos distintos que se desarrollan simultáneamente, con el telón de fondo de las primeras operaciones militares.

En el pórtico de la guerra

¿Cómo era la España que iba a soportar la Guerra de la Independencia? Lo primero que percibiría un observador que se aproximara a la España de 1808 es la existencia de una sociedad fragmentada y golpeada por la crisis, situación a la que llega con su propia dinámica interna y al verse afectada, de una parte, por un proceso general perceptible en todo el continente de forma más o menos aguda en cada zona y, de otra, por factores específicos que afectan a nuestra economía.

La dinámica social española apunta en el cambio de siglo unas tendencias claras, pues hay un descenso de la nobleza, del clero y de los labradores, al tiempo que repuntan los sectores burgueses, pero no se produce ninguna modificación en las bases jurídicas de la sociedad, que sigue siendo estamental y basada en el privilegio, por lo que las fuentes del dominio social están reservadas a la nobleza, mientras el clero conserva un gran ascendiente entre la población, pese a que ambos grupos han sufrido una larga e intensa contestación en estos años, sin que su prestigio haya sido minado de manera significativa. La nobleza, tildada de inútil e innecesaria, es envidiada e imitada por la burguesía. La Iglesia, criticada por sus tierras y riquezas, conservaba su influencia social, aunque crecía el anticlericalismo en ciertos sectores cultivados.

En el tercer estado apuntaba un grupo especial, llamado a tener un gran predicamento posterior, las denominadas clases medias, cuya consolidación vendría a demostrar que el nivel cultural y el bienestar económico fragmentan la homogeneidad del estamento. Propietarios de tierras, industriales, comerciantes y profesionales de carreras liberales y literarias miran hacia nuevos horizontes, cuya mentalidad característica empieza a configurarse gracias al reformismo estatal, al apoyo real a sus actividades y a su incorporación a la Administración, pero estaban aún muy lejos de alcanzar la significación que tendrían con posterioridad y numéricamente carecían de significado en un conjunto dominado mayoritariamente por los sectores más desfavorecidos: jornaleros, obreros, mineros, aparceros y pequeños propietarios, que eran los principales reductos del descontento, cada vez más propicios al conflicto. Pero también ellos distaban de concienciarse de la manera que lo harían décadas después.

El proceso general europeo al que aludíamos es manifiesto desde 1760, cuando el crecimiento demográfico –España pasa de algo menos de 6.700.000 almas en 1768 a más de 10.500.000 en 1797, cifras significativas del fenómeno, aunque en su precisión sean algo aleatorias– adquiere un ritmo progresivo superior al de la producción de alimentos, desfase que propicia el descenso del nivel de vida de los trabajadores con sus secuelas de aumento de la pobreza y de la conflictividad social, conflictividad que aflora en una variada gama de manifestaciones de muy diversa índole, desde los motines antifiscales hasta los contrarios a las quintas, pasando por los de defensa de los bienes comunales y los provocados por los rigores del régimen señorial, constituyendo un variado muestrario, cuyas primeras manifestaciones se producen a principios de siglo y desde entonces se mantienen, poniendo en tela de juicio la idílica imagen del siglo xviii que con frecuencia nos ha transmitido la historiografía acerca de un pueblo pacífico identificado con sus amantes y paternales reyes. Tales conflictos socavan las relaciones sociales tradicionales y provocan el desprestigio de las autoridades, que se ven desbordadas con frecuencia y se muestran incapaces de mantener el control popular.

Tal panorama se ve acentuado y empeorado por los factores negativos que padece nuestra economía, en particular la agricultura, cuya incidencia social es innegable y muy superior a la de los otros sectores económicos. En efecto, el crecimiento demográfico aludido y la desequilibrada estructura de la propiedad malogran los objetivos perseguidos en este terreno, que quedan fuera de cualquier posibilidad de alcance a causa de una serie de malas cosechas y crisis de subsistencia que se encadenan desde 1789 hasta 1805, siendo especialmente duras las de 1793 a 1796 y, sobre todo, la que se anuncia en 1803, que vive su peor momento en 1804 y se arrastra hasta la cosecha del año siguiente. Una crisis que resultó especialmente dramática por cuanto los españoles de aquellos años pudieron comprobar que los sufrimientos de mitad de los años noventa fueron superados ampliamente por los que se presentaron a principios del siglo xix, de una dureza tal como no quedaban otros en la memoria y que no pudieron ser paliados, pues la crisis también golpeaba a la industria y al comercio, no ofreciendo alternativas ni perspectivas prometedoras.

La incidencia negativa de estos factores no fue la misma en las diversas regiones españolas, pues había claras diferencias entre ellas, tanto en el nivel económico como en la estructura de la propiedad y en la dinámica social, desigualdades originadas por las condiciones físicas y las heredadas de siglos atrás, perpetuando modos de vida y relaciones sociales, dando pábulo a una conflictividad más o menos soterrada, que tiene su elemento referencial más significativo en el campesinado, en los jornaleros –estimados en el censo de 1787 en 961.571–, a los que hay que añadir los aparceros y pequeños propietarios –907.197, según el mismo censo–, cuyas condiciones de vida eran, por lo general, difíciles.

En el caso de Andalucía, aunque existían zonas montañosas con pastos pobres y pequeña propiedad, así como vegas (Granada) y llanuras feraces (Córdoba, Jerez) susceptibles de un trabajo intensivo, lo más característico era el latifundio cerealista y olivarero, fundamentalmente, fortalecido por la Desamortización de las propiedades eclesiásticas y comunales a partir de la segunda mitad de la década de los treinta del siglo xix, convirtiéndose en la piedra de toque de una reforma agraria anunciada con reiteración, pero siempre irrealizada por las grandes dificultades que creaban los secanos, por la pervivencia de los intereses seculares y por la debilidad del Estado liberal para abordar los costos de las colonizaciones basadas en la familia como unidad de asentamiento. Su edificación específica, el cortijo, estaba habitado por un corto número de empleados permanentes y por un abundante grupo de jornaleros en las épocas de recolección, miembros potenciales de una clase revolucionaria futura, cuyos elementos más audaces buscaban salida en el contrabando o en el bandolerismo, males endémicos durante mucho tiempo.

Las tierras de la Castilla la Vieja más meridional, La Mancha y Extremadura son los mejores exponentes del escenario donde se desarrolla durante más tiempo el antagonismo entre labradores y pastores, que tarda mucho en resolverse, aunque desde la Guerra de la Independencia, que redujo sensiblemente la cabaña, el ganado quedó relegado. En los tres ámbitos se percibe la misma falta de horizontes en la vida del campesinado; es cierto que, al norte del Tajo, el campesino vive mejor que en Andalucía, pero en zonas pedregosas, como Ávila, las rentas abusivas, los impuestos y los diezmos empujan fuera a los más emprendedores y animosos y mantienen a los que se quedan en una vida mísera, contra la que se sublevan en motines esporádicos; en La Mancha y Extremadura la propiedad está más concentrada y a medida que descendemos hacia el Sur el latifundio se va imponiendo junto con niveles de pobreza que crean territorios propensos al bandolerismo.

Más al norte, en la Castilla septentrional y León el panorama es diferente, pues en estas tierras el labrador ha sufrido como en ninguna otra las duras consecuencias de un arriendo a corto plazo estipulado en metálico y al margen de la cuantía de la cosecha, una práctica que pervive después de la Guerra de la Independencia sin mayores consecuencias, sobre todo gracias a la facilidad relativa para la obtención de préstamos, que hace del campesinado de estas tierras una clase estable y apegada a los valores religiosos.

Valencia era tierra de contrastes entre las montañas, barrancos y desiertos del Norte y Occidente, sin mejor perspectiva que el artesanado de la lana y la costa, poblada y rica –viñedos y hortalizas–, donde la huerta en torno a la capital se convierte en una de las zonas más pobladas del continente en el tránsito del siglo xviii al xix.

Más al nordeste, Cataluña ofrece un dualismo entre un campo conservador y un prometedor sector industrial, que encontraba la mano de obra en las zonas agrarias pobres del interior montañoso. Un dualismo que explica, por un lado, la pervivencia de un bandolerismo endémico en los pobres valles pirenaicos, tan perdurable como las diferencias familiares y por otro, la progresiva consolidación de un campesinado propietario y acomodado, que edifica su estabilidad en los trigales de las llanuras, en los viñedos centrales y en los cultivos de la costa, un campesinado que tendrá como base de su estabilidad la demanda alimenticia de las ciudades, particularmente de Barcelona. Pero si el campo catalán gana una estabilidad envidiable, el proletariado industrial, andando el siglo xix, será una creciente fuente de conflictos por el afán de mejorar sus condiciones de vida, que le llevará a una progresiva concienciación de clase.

Contrastes encontramos también en el Aragón de aquellos años; en las tierras altas no había más destacable que una ganadería trashumante, pues el suelo era miserable –delgado y pedregoso con población diseminada en Teruel y Huesca–; en el bajo Aragón (Maestrazgo) se encontraba una economía deprimida, contrastando con los ricos secanos centrales y los regadíos del valle del Ebro, diferencias que tenían repercusión social, pues las condiciones de vida eran más fáciles en zonas próximas a Zaragoza o Jaca, por ejemplo, que en las grandes propiedades de los secanos, más parecidas a las andaluzas.

Y ya al borde del Cantábrico, en Asturias nos encontramos con una zona montañosa y otra litoral; en aquélla, pobre, de tierras altas y pastizales, existía una sociedad estable y muy autónoma, en la que la nobleza desempeñaba un destacado papel con núcleos significativos en Gijón y Oviedo; de escasos propietarios, los arrendamientos se hacían en buenas condiciones, aunque no tanto como en Vascongadas y Cataluña. Pero en cualquier caso, la zona costera ofrecía mejores posibilidades, si bien toda Asturias dependía de los trigos leoneses y si nos desplazamos hacia el oeste del territorio, veremos la propiedad tan dividida como lo estaba en Galicia.

En efecto, las tierras gallegas eran el ámbito minifundista por excelencia, con una economía muy pobre y con la Iglesia y la nobleza como poseedores mayoritarios de la tierra (foristas), trabajada por arrendatarios (foreros) mediante el pago de un canon. En la pugna que se suscita entre estos y aquellos, la Corona interviene a favor de los foreros, lo que unido a las consecuencias de la Desamortización –que permite a los foreros convertirse en propietarios– da origen a la burguesía rural gallega, cuyos elementos más representativos son el comerciante, el abogado comprador de foros y el indiano, es decir el emigrante a América, donde hace fortuna y regresa para establecerse, un tipo social que encontramos también en otros espacios del norte peninsular.

En Santander existían desde tiempo atrás campesinos supeditados a extensas propiedades municipales que no resultaban beneficiosas para los campesinos más pobres y eran codiciadas por los más ricos. En conjunto no tenían un mal pasar, pero estaban en un nivel claramente inferior a los vascos.

A fines del siglo xviii y comienzos del xix, las provincias vascas gozaban de una óptima consideración por la prosperidad que evidenciaban, basada en el ganado vacuno, el bosque, el maíz y el trigo, con una rotación de cultivos acertada y que se atribuía a la granja familiar, que mantiene una gran estabilidad por el sistema hereditario previsto en el derecho vasco, pues permitía heredar a cualquiera de los hijos, no quedando para los demás otra salida que vivir a la sombra del heredero o emigrar como los indianos. De esta manera la presión demográfica no fue especialmente grave en unas tierras, en las que los prohombres del campo eran mejor considerados que los comerciantes y abogados, máxime si tenemos en cuenta que el papel de la nobleza se había debilitado; el campesino vivía con una cierta seguridad por los bajos valores de los arriendos. Pero también aquí hay matices, por cuanto Álava contaba con muchas zonas similares a las castellanas en cultivos y modos de vida y, en conjunto, estaba más atrasada que Guipúzcoa y Vizcaya.

Navarra, por su parte, tenía una sociedad rural conservadora y estable, mientras Pamplona se había configurado como un centro eclesiástico y administrativo3.

En definitiva, como podemos ver, el territorio peninsular español constituía un mosaico con pocas piezas realmente estables social y económicamente; en las más, los desequilibrios eran patentes y la conflictividad social más o menos larvada afloraba en cuanto la propiciaban condiciones adversas. Las tendencias generales del país en vísperas de la Guerra de la Independencia no favorecían la integración de las zonas más deprimidas ni la homogeneización del conjunto. En el aspecto económico, a pesar del claro progreso agrícola respecto del periodo austriaco, el secano seguía siendo un lastre y su estancamiento se imputaba a la torpeza del labrador, mientras que el latifundio resistía todos los embates, de manera que cuantos adelantos se hacen en este sector hasta 1850 cuando menos no se deben a cambios básicos, sino a reajustes del sistema tradicional. La industria no suponía en la renta nacional más que una exigua parte y ni siquiera despuntaba con brío entonces en Cataluña, donde mejores perspectivas tenía y donde se advertía claramente el fenómeno que se da en todas las regiones industrializadas: jornales altos que atraen la fuerza de trabajo sobrante en zonas agrícolas, provocando una inmigración que se mantiene a lo largo del siglo xix y parte del xx. Pero la competencia extranjera y la guerra contra Inglaterra cortan un despegue prometedor; para colmo, entre 1808 y 1814 debe competir con la entrada de textiles franceses, empujando tales circunstancias a los productores naturales hacia el proteccionismo, criterio que sostendrán durante el Ochocientos. También se incrementan a fines del siglo xviii los intercambios comerciales, pero el contrabando y los “intrusos” habían limitado las ventajas y beneficios del libre comercio; situación que se agrava durante la guerra, pues los puertos americanos se abrieron a los abastecedores no afectados por el conflicto, mientras que en la Península no se había avanzado gran cosa en la integración de un mercado nacional y los territorios castellanos, con excedentes agrícolas, permanecían de espaldas a los de la Corona aragonesa, donde la industria textil catalana tenía capacidad para cubrir nuevos mercados, buscando unos y otros en la importación los productos en que son deficitarios, en lugar de complementarse mutuamente.

La precipitación de los hechos y la organización militar española

Mientras en Madrid se iniciaba difícilmente el reinado de Fernando VII con las reticencias y obstaculizaciones de Murat, Carlos IV y su esposa María Luisa se habían encaminado a Bayona (Francia), donde también acudiría Godoy. El viaje real tenía como objetivo exponer a Napoleón las quejas por lo sucedido en el motín y recurrir a su arbitraje, pues el monarca español había mostrado su repulsa a la forma en que se produjo la abdicación a favor de su hijo, cuya validez negaba. Pero el emperador galo tenía otros planes y para llevarlos a cabo era necesario que Fernando VII saliera de España, tarea que encomienda a Savary y que resulta más fácil de lo previsible por la precipitación y torpe proceder del rey, quien desde Madrid se encamina a Francia el 10 de abril. Antes de partir, Fernando VII constituyó una Junta Suprema de Gobierno, presidida por el infante don Antonio, tío del soberano y formada por Gil y Lemus, ministro de Marina, Piñuela, de Justicia, Azanza, de Hacienda y O’Farrill, de Guerra y a la que Murat comunicó que no reconocía otro rey que Carlos IV.

Ya en Bayona, Carlos IV siguió con sus reclamaciones y Napoleón reunió a Cevallos, Escoiquiz y a los duques del Infantado y de San Carlos para notificarles las reclamaciones del rey destronado en Aranjuez. Esta especie de Consejo allí reunido accedió de inmediato a que la Corona le fuera devuelta. Por su parte, Fernando se presentó también en Bayona, pese a que en el camino no había recibido más que noticias contradictorias, algo que hizo recelar a Urquijo, que inútilmente quiso disuadirlo de continuar el viaje. Cuando llegó a Bayona, Fernando fue alojado de manera relativamente modesta y al notificarle el emperador sus planes comprendió el gran error cometido. Él y sus colaboradores quisieron que Napoleón ratificara lo sucedido en Aranjuez y mantuvieron una conducta firme e intachable desde el punto de vista jurídico, pero la abandonaron pronto. Carlos IV sólo se moverá por el resentimiento hacia su hijo, hasta el punto de que cedió a Napoleón sus derechos al trono español. Unos días después, Fernando devolvía la realeza a su padre y renunciaba a sus derechos como Príncipe de Asturias, renuncia a la que se unirían también los infantes Carlos y Antonio: se ha dicho que estos sucesos constituyen “la crisis más trascendental de nuestra Historia Moderna”. Bayona se convirtió en una trampa en la que cayó la familia real española al intentar anular o ratificar los sucesos de Aranjuez. Su proceder en las abdicaciones es injustificable desde cualquier punto de vista o planteamiento político que se considere.

Cuando el 2 de mayo se disponen a partir los carros que debían llevar al resto de la familia real española a Francia, el pueblo madrileño se amotina, dando comienzo a lo que conocemos como Guerra de la Independencia, declarada al día siguiente por el alcalde de Móstoles a los franceses. Ya se barruntaba lo que iba a suceder desde las primeras horas del día 2, cuando la gente se arremolinaba delante de palacio, expectante ante el anuncio de la salida de los infantes hacia Francia y muy pronto se produjeron los primeros enfrentamientos con las tropas del general Lagrange y del lugarteniente de Murat, Rucher: ante el Palacio Real, en la Puerta del Sol, en el Rastro, en la plaza de La Cebada, en el barrio de La Paloma… luchaban fuerzas desiguales: por un lado, los madrileños –que no seguían las órdenes de las autoridades colaboracionistas para que depusieran su actitud violenta–; por otro, los franceses; aquéllos sin orden, sin un plan previo, sin nadie que coordine las diversas manifestaciones de la revuelta, mal armados, anárquicos en su actuación; éstos, disciplinados, de infantería y caballería, con unidad de mando, expertos militares y curtidos en mil situaciones de peligro. En tales circunstancias, la ciudad se convirtió en el escenario de múltiples combates parciales.

En el Parque de Artillería de Monteleón tuvo lugar uno de ellos, con sus correspondientes héroes: en él se reunieron el capitán Pedro Velarde y los tenientes Jacinto Ruiz y Luis Daoiz; éste último, allí destinado, dejó pasar a los paisanos y organizó la defensa con sus compañeros de armas. Resistieron durante unas horas, luego los franceses entraron en el parque, convertido ya en ruinas: muchos de sus defensores habían muerto (entre ellos, Velarde); otros estaban heridos y murieron después (Ruiz trasladado a Extremadura, falleció a los pocos días; la misma suerte corrió Daoiz, en su casa de Madrid); otros fueron apresados y fusilados en la madrugada siguiente. Entre los héroes no podían faltar mujeres, como demuestran los casos siguientes: Clara del Rey, muerta también en el Parque de Artillería; Manuela Malasaña y Oñoro, avecindada en la calle del Barco; Josefa Méndez, Catalina Caro y un largo etc. Si nos fijamos en la profesión de los muertos, encontramos esquiladores, botilleros, presbíteros, mozos de mulas, arrieros, cerrajeros… Todas las profesiones del pueblo madrileño, demostración palpable de lo generalizada que estaba la implicación en la lucha. Hasta pordioseros figuran en la relación.

Finalmente, se impuso el Ejército invasor; la resistencia fue sofocada y llegó la represión y el entierro de los muertos, dando lugar a nuevas escenas dramáticas que volvieron a magnificar las dimensiones de la tragedia en todos los sentidos, ofreciéndonos detalles que han perdurado al ser motivo de atención de literatos y, sobre todo, de artistas, cuyas obras favorecieron el camino para la mitificación de aquellos sucesos4. Por lo pronto, con los muertos se formó una comitiva de carros con destino a los cementerios; mientras, de los grupos de prisioneros se sacaban los que iban a ser fusilados en la noche del 2 al 3 de mayo, para que su muerte sirviera de escarmiento y ejemplo disuasorio.

Era el primer acto de una guerra que duraría seis largos y dramáticos años, que se iniciaba de manera un tanto especial, pues se enfrentan dos países aliados y donde la transición de la paz a la lucha armada se hacía con sorprendente rapidez y de manera directa, sin que las chancillerías o los gobiernos declarasen previamente la guerra. Por otra parte, en el inicio de las operaciones no hay movilizaciones ni aproximaciones fronterizas, sino que los españoles han de enfrentarse a unos ejércitos que ya están en la Península Ibérica repartidos por varios puntos de su geografía. No deja de ser sorprendente, pues, que de una situación de alianza y amistad, que explica la presencia de ejércitos franceses en España, se pase a un enfrentamiento bélico.

En los inicios de la Guerra de la Independencia, nuestro ejército tenía en la cúspide un generalísimo, cinco capitanes generales, 87 tenientes generales, 127 mariscales de campo y 212 brigadieres; todos ellos componían un Estado Mayor General excesivo para los 198 batallones que componían el Ejército, número que también era excesivo, lo que explica que hayamos calificado tal situación de “macrocefalia”, circunstancia que también se refleja en la proporción existente entre la oficialidad y las clases de tropa5.

Por aquellas mismas fechas, la organización militar territorial se articulaba en Capitanías Generales y Comandancias Generales. Las primeras eran once: Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, Cataluña, Mallorca, Valencia, Murcia, Aragón, Castilla la Nueva, Andalucía y el Reino y Costa de Granada; las Comandancias Generales eran de la Costa de Asturias y Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Menorca, Campo de Gibraltar, Ceuta y Canarias. El cargo de capitán general lo cubrían habitualmente tenientes generales. Los comandantes generales solían ser mariscales de campo o brigadieres. Los capitanes generales gozaban de facultades amplísimas en el territorio de su capitanía –no olvidemos que eran los sustitutos de los virreyes, de los que sólo el de Navarra mantenía tal dignidad–: poseían atribuciones militares, civiles, gubernativas y judiciales –tanto en relación con el fuero militar como con la jurisdicción civil–. Salvo los Comandantes Generales de Canarias y del Campo de Gibraltar, que gozaban de total autonomía, los demás mantenían un cierta dependencia del capitán general del territorio donde estaba situada su comandancia, es decir los de Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas del capitán de la Costa y Reino de Granada, el de Ceuta del de Andalucía, los de Vizcaya y Guipúzcoa del de Navarra, el de Asturias y Santander del de Castilla la Vieja y el de Menorca del de Baleares.

Por otra parte, cuando se formaba un ejército de operaciones, el designado para encabezarlo adquiría todas las atribuciones y competencias de un capitán general, pero estaba subordinado al del territorio donde se formaba la fuerza, a quien debía tener al corriente de cuanto hacía, salvo de lo que el rey le hubiera ordenado como confidencial. Tales situaciones eran potencialmente conflictivas, de manera que frecuentemente se nombraba al capitán general del territorio como capitán general del Ejército que se formara en su jurisdicción.

Pues bien, de todo este entramado jerárquico y territorial, la nota más sorprendente por entonces era la existencia de un generalísimo, cargo que ocupaba Godoy a raíz de la guerra con Portugal en medio de una aquiescencia bastante generalizada entre los miembros de la milicia, una designación que no sólo iba a añadir honores al todopoderoso ministro, sino que también significaría un intento de mejorar el ramo, pues se le encomendaba:

— Establecer las bases para que la nobleza que se incorporara a la milicia recibiera la formación adecuada.

— Adaptar los efectivos del Ejército a las posibilidades económicas y demográficas de la Monarquía.

— Comprobar y adecuar el estado de las plazas militares y lugares estratégicos.

— Fijar un patrón común para los distintos cuerpos, disciplinarlos por igual e instruirlos en una misma táctica.

Tales facultades fueron miradas con cierto recelo y reticencia por la cúpula militar, de forma que Godoy logró que el soberano definiera sus atribuciones clara y taxativamente (y eran tan amplias, que lo colocaban inmediatamente por debajo de él, en un escalón superior al mismo Gobierno), imponiéndole a cualquier militar la más completa subordinación al nuevo generalísimo. Y por si ello no bastaba, el 9 de abril de 1802, una Real Orden determinaba que Godoy tomara el mando de todas las tropas y plazas donde estuviera, como jefe supremo del Ejército que era. Una ascensión ratificada aún más cuando recibe los nombramientos de “generalísimo de la Mar, o sea almirante general de España e Indias” (lo que en la práctica, además, significaba seguir en precedencia a los Infantes) y Decano del Consejo de Estado.

Godoy no va a perder el tiempo y en marzo de 1802 tiene elaborados los Reglamentos Constitucionales para una nueva organización, división y gobierno del Ejército, aprobados por S.M. a propuesta del generalísimo de todas sus Armas y unas bases por las que discurriría la reforma de la Armada, aunque ésta no empezaría a ser una realidad hasta febrero de 1807. Los referidos reglamentos equivalían, de hecho, a una nueva Constitución militar, que vendría a sustituir a la de 1766.

Las tropas de la Casa Real, que eran las unidades de élite de nuestro Ejército, estaban compuestas por el cuerpo de Guardias de Corps (formado por cuatro compañías de caballería, mandadas cada una de ellas por un teniente general y donde servían además otros cuatro jefes de ese mismo rango; los puestos de subalternos los desempeñaban mariscales de campo y brigadieres y todos sus componentes tenían la categoría de oficiales), la compañía de alabarderos (que cubría el servicio en el interior del palacio, bajo el mando también de un teniente general), un regimiento de infantería española y otro de infantería valona (ambos con tres batallones cada uno, como los regimientos de línea, con mandos del mismo rango que los ya señalados) y una brigada de caballería de carabineros (formada por cuatro escuadrones de línea y los dos que constituían la guardia del generalísimo).

De las novedades registradas, las relativas a la infantería pueden resumirse así:

“En definitiva, los 87 regimientos de 1780 suben a 104 –35 de línea, 10 extranjeros, 12 ligeros, cuatro divisiones de granaderos de milicias y 43 regimientos provinciales– y este aumento resulta aún más acusado si de contemplar la cifra de cuerpos pasamos a fijar nuestra atención en la de batallones. Efectivamente, los regimientos de 1780 eran todos de dos batallones en tanto que a partir de 1791 tendrían tres, salvos los ligeros y provinciales, que sólo eran de uno, y los suizos que únicamente disponían de dos, aunque compuestos de seis compañías en vez de cuatro, que era el volumen de los batallones normales. De esta manera los 130 batallones de 1780 suben a 192 a principios del siglo xix, un importante incremento que no era indicativo de un proporcional aumento de potencia real. Independientemente de esta numerosa infantería…, existían las milicias urbanas que coadyuvaban a la defensa de sus localidades y a cuidar del orden público. Estas eran en 1780, 126 compañías peninsulares, tres que cuidaban del orden en los Presidios Menores –Melilla, Peñón y Alhucemas–, una fija en el Campo de Gibraltar y dos de caballería (una de lanzas en Ceuta y otra de moros Almogataces en Orán), en total 134 compañías, que aumentaron a 136 al constituirse dos de escopeteros de Andalucía, establecidas respectivamente en Sevilla y Granada y se redujeron a 131 al disolverse cinco de los nueve que había en Cartagena. La de moros Almogataces de Orán pasó a Ceuta”6.

Los cambios en la caballería fueron de menor entidad, pero también los hubo:

“En 1780 existían catorce regimientos de caballería de línea y ocho de dragones, todos ellos a cuatro escuadrones. Cuando alboreaba el siglo xix los regimientos de línea habían disminuido a doce, los de dragones seguían siendo ocho y nacían dos de cazadores –Olivenza y Voluntarios de España, que sustituían a los desaparecidos de línea Costa de Granada y Voluntarios– y dos de Húsares –María Luisa y Españoles–, creados en 1793 y 1795. La diferencia esencial es que mientras antes los regimientos estaban constituidos por cuatro escuadrones después eran todos de cinco con lo que el número de estos subía de 88 a 120”.

A estas fuerzas de infantería y caballería hay que sumar 41 compañías de inválidos que servían en plazas y fortalezas y los llamados Tercios Españoles de Texas –uno de cada arma–, constituidos en 1804 para ser enviados al territorio que les daba su nombre, pero que en 1808 aún permanecían en la Península.

Lo más destacable de la labor de Godoy como generalísimo se polariza especialmente en la reforma de la artillería y de los ingenieros. La reforma de aquélla se realiza en 1803; antes, el arma –con 272 oficiales en todas sus categorías– estaba compuesta por la compañía de cadetes del Colegio Militar de Segovia, la Academia de Matemáticas, también en Segovia y un regimiento de cinco batallones. La reforma consistió en poner a la cabeza un jefe de Estado Mayor y elevar a cuatro los regimientos, de diez compañías cada uno, lo que hacía un total de cuarenta, de las que seis serían de artillería a caballo. Por otra parte, había 62 compañías fijas de artilleros veteranos, otras 74 de milicias disciplinadas y cinco compañías de obreros de las maestranzas, de forma que la oficialidad artillera alcanzaba las 675 plazas, lo que suponía un incremento sensible respecto a la plantilla de dos décadas atrás. Los establecimientos que mantenía el personal del arma eran: las fundiciones de cañones de bronce de Sevilla, las fábricas de municiones de hierro colado de Sargadelos, Trubia y Orbaiceta, la de fusiles de Plasencia y Oviedo, de hierro tirado en Villafranca del Bierzo, las de pólvora de Murcia, Lima y Filipinas y las de armas blancas de Toledo.

Por lo que respecta a los ingenieros militares (compuestos por 150 oficiales, cuya misión era proyectar obras y fortificaciones que realizaban los artilleros, además de dirigir las Academias de Matemáticas de Barcelona, Ceuta y Orán, así como la formación de los oficiales de lasArmas Generales), con la reforma de Godoy el número de oficiales se incrementa a 174, mandados por un jefe de Estado Mayor y formarían el regimiento de zapadores minadores, encargado de construir las obras que decidiera el generalísimo tras consultar la Junta de Fortificaciones y Defensas. El cuerpo conservó sólamente la dirección de la Escuela Militar de Zamora –la única que quedó destinada a formar la oficialidad de las Armas Generales– y la de Alcalá de Henares –donde se formaban sus oficiales.

Distribución de la fuerza

Toda la fuerza enumerada7 en el momento de la invasión napoleónica estaba distribuida en función de unos objetivos fundamentales:

— Colaborar con las fuerzas francesas de Junot sobre Portugal.

— Participar en las operaciones continentales de Napoleón.

— Vigilar los movimientos enemigos que se produjeran en Gibraltar.

— Proteger las costas mediterráneas.

Con Junot colaboraban tres divisiones: la del teniente general Taranco, capitán general de Galicia; la del también teniente general Carrafa, capitán general de Extremadura y la del igualmente teniente general Solano, marqués del Socorro y, así mismo, capitán general de Andalucía, que totalizaban 23.755 hombres, 2.314 caballos y 44 piezas de artillería, si bien buena parte de estos efectivos ya había regresado a sus distritos de partida.

En el norte de Alemania había un cuerpo expedicionario español, constituido por una división a las órdenes del teniente general marqués de la Romana, a donde había acudido a requerimiento de Napoleón y cuyos efectivos estaban en torno a los 40.000 hombres.

En el Mediterráneo estaban distribuidas las siguientes fuerzas. En Baleares había 10.445 hombres, repartidos en trece batallones de infantería –el 6,56 por ciento del total de la infantería– y cinco escuadrones de caballería –el 3,97 por ciento del total del arma. En el territorio de la capitanía general de Valencia y Murcia había una fuerza algo menor, compuesta por 9.345 hombres pertenecientes a quince batallones de infantería –el 7,57 por ciento de la infantería– y cinco escuadrones de caballería –el mismo porcentaje, 3,97, que en Baleares. En el Reino y Costa de Granada la fuerza se limitaba a seis batallones de línea, un provincial y dos extranjeros –el 4,55 por ciento de la infantería– y diez escuadrones de caballería –el 7,93 por ciento, que en conjunto sumaban 6.809 hombres.

En la capitanía general de Andalucía, incluida la comandancia general del campo de Gibraltar, se repartían 47 batallones de infantes –el 23,74 por ciento del total de la Infantería– y 24 escuadrones montados –el 20 por ciento–, alcanzado los efectivos de ambas armas 28.874 hombres, más unos 2.500 de los Tercios de Texas. En las guarniciones de las plazas del norte de África tenemos diez batallones de infantes, compuestos por 4.104 plazas –en torno al 5 por ciento del arma.

El resto de la frontera portuguesa lo cubrían en Extremadura 2.798 hombres, repartidos en tres batallones y medio de infantes –el 1,77 por ciento de la infantería española– y cinco escuadrones montados –el 3,97 por ciento de la caballería– y en Galicia, la guarnición era 39 batallones de infantería –lo que hace un 19,70 del total. Más al este, en Asturias y Santander encontramos tres batallones, una fuerza reducida que supone el 1,51 por ciento de la infantería española. La frontera con Francia estaba muy poco guarnecida: en Cataluña había diez batallones –el 5,05 por ciento del arma– y cinco escuadrones montados –un 3,97 por ciento–. En Aragón estaba la mitad del primer batallón de voluntarios de Aragón, que era de infantería ligera y una compañía de artilleros. Y en Navarra dos batallones y medio de infantería –1,51 por ciento. Estas cifras suponían que desde Navarra hasta la desembocadura del Ebro sólo hubiera 8.512 hombres, equivalentes al 6,19 por ciento de la fuerza total del Ejército.

Parece como si las tropas estuvieran distribuidas por la periferia de la Monarquía, formando un largo cordón, cuyo trozo más grueso es el de la frontera portuguesa y zona meridional, mientras que su menor consistencia la presenta por el lado de la frontera francesa. Una distribución que no tenía nada que ver con la existente en los inicios de la Guerra contra la Convención (1793-1795), que obligó a concentrar en la frontera pirenaica la mayor parte de los efectivos disponibles, concentración muy desigual, pues aunque se incrementaría posteriormente con más hombres, no se corregiría el desequilibrio, toda vez que las operaciones principales se plantearon en el lado oriental de la frontera: inicialmente el grueso de las tropas, a las órdenes de Ricardos para la recuperación del Rosellón, superaba los 22.000 hombres (16.000 de infantería, 6.000 de caballería y los servidores de cien piezas de artillería), mientras que el Ejército destinado a proteger el Pirineo occidental, encomendado a Ventura Caro, reunía a unos 18.000 hombres y el tercero, el que en Aragón debía cubrir esa zona y enlazar los otros dos, estaba en torno a los 4.000, a las órdenes del príncipe de Castell-Franco. En total, unos 45.000 hombres. Al año siguiente había 20.000 hombres más sobre las armas, sin contar los artilleros, la legión de emigrados, los 5.000 componentes de la División Portuguesa, las tropas procedentes de las Islas Canarias y los paisanos que actuaban en su mayor parte dentro del recién restaurado somatén.

Pero desde que empezara la Guerra de los Pirineos hasta 1808, las circunstancias habían cambiado mucho. Por eso, la distribución de fuerzas que señalábamos existía en ese año resultaba perfectamente lógica, dado el clima imperante en las relaciones hispano-francesas marcado por una alianza contra Inglaterra y sus aliados, entre los que se contaba Portugal. Con semejante planteamiento, el enemigo no iba a entrar nunca en España por los Pirineos –por eso no necesitaban ninguna atención, prácticamente–, sino que podría llegar desde el mar y preferentemente desde el sur, pues Gibraltar ofrecía a los ingleses una buena cabeza de puente –de ahí la creación de la Compañía de Escopeteros de Getares (a poco de comenzar la Guerra de Sucesión, cuya misión era vigilar el Peñón y que se mantiene a lo largo de todo el siglo xviii) y la concentración de tropas en Andalucía– y, además, podían contar los británicos con la amplia base de operaciones que le ofrecía Portugal, si optaban por abrir un frente en la retaguardia de los dos aliados, posibilidad que inducía a proteger la frontera portuguesa. Y es que Gibraltar y Portugal ofrecían a los ingleses mejores posibilidades para actuar en la Península que las que podían encontrar en otras zonas litorales, como las gallegas y cantábricas.

Por eso, no puede sorprender la distribución de fuerzas que comentamos, que deja las zonas “no amenazadas” con pocas tropas. En el centro de la Península apenas sí quedaba algo más que las fuerzas de la Guardia, la guarnición de Madrid, las de protección de los Sitios Reales y algunas otras guarniciones urbanas de contados efectivos. Por esta razón, cuando se produjo la sublevación madrileña contra las tropas francesas, no pudo articularse un frente definido, pues no había con qué y los militares que pueden escapar buscan dónde reunirse con sus compañeros de armas. Fueron días en los que mientras la protesta española se canalizaba a través de las Juntas que se iban formando en capitales de provincia, sólo hubo lugar para algunas acciones más o menos localizadas (como el rechazo de las tropas francesas en el Bruch o las resistencias de Zaragoza y Gerona).

En buena ley, tampoco puede sorprender que la reacción armada más importante –y afortunada– contra el invasor se produjera en Andalucía, una de las zonas donde había más tropas españolas, en la que la presencia francesa no se había hecho notar aún y cuyo control interesaba a los invasores por alcanzar uno de los confines del territorio y controlar las comunicaciones con América: el éxito obtenido por los españoles en Bailén –donde como en otros lugares que resistían o luchaban no faltó la colaboración del paisanaje– obliga a los franceses a una retirada generalizada, a partir de la cual se produce, por un lado, un replanteamiento total por parte napoleónica de la “aventura” peninsular, que el propio emperador se propone conducir personalmente y por otro, la vertebración de la resistencia española con la creación de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino.

3 Para todas estas cuestiones conservan su valor dos libros clásicos: R. Herr, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1971 y A.Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1976.

4 Para el proceso mitificador, véase C. Demange, El Dos de Mayo. Mito y fiesta nacional (1808-1958), Madrid, 2004

5 Según una estimación –que hicimos hace tiempo y que puede ser precisada–, en nuestro ejército había por aquellas fechas un general o brigadier por cada 309 hombres y un jefe u oficial por cada 18 ó 19 soldados. En cualquier caso, una de las proporciones de oficiales más alta de Europa.

6 R. Salas Larrazábal, “Los ejércitos reales en 1808”, en Temas de Historia Militar, vol. i, Madrid, 1983, pp. 424-425.

7 Un magnífico instrumento para ver su composición y conocer sus uniformes lo tenemos en J.J.Ordovás, Estado del Exercito y Armada de S.M.C., por el teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros encargado del Museo Militar, don… o la edición reciente realizada por J.M. Alía Plana, J.M. y J.M. Guerrero Acosta, El Estado del Ejército y la Armada de Ordovás. Un ejército en el ocaso de la Ilustración, Madrid, 2002.

Características de la crisis

Con la sublevación del pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808 empezaba, en rigor, nuestra Guerra de la Independencia, cuyo nombre no sugiere la complejidad de los fenómenos que se desarrollan en los años de su duración, ya que esta guerra es una crisis bastante más amplia que el mero conflicto militar, cuya complicación sí se apunta en una de las grandes obras dedicadas a historiar lo sucedido durante este conflicto armado. En efecto, en el título del libro del conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, se alude a las tres dimensiones fundamentales de la vida española por entonces y además se hace en el orden en que esos fenómenos aparecen en la crisis desatada hasta convertirse en simultáneos y mutuamente influyentes, particularmente los dos últimos, ya que el levantamiento es el primero en producirse y con el tiempo deja paso a unos procesos organizativos que van a incidir tanto en la guerra como en el proceso revolucionario.

Características de la guerra

Las ideas político-militares de Napoleón le iban a hacer enfocar erróneamente la guerra en la Península Ibérica, pues pensaba que iba a ser una “guerra dinástica” más, como otras que él ya había solventado en Europa. Por eso confiaba en que la escasa superioridad de fuerzas imperiales bastaría para resolver el conflicto. Con ellas podía ocupar y controlar las capitales y los principales núcleos de comunicaciones, así como los puertos y enclaves estratégicos, partiendo de la base de que el país permanecería tranquilo la mayoría del tiempo, aunque se produjeran algunos levantamientos, que con esa distribución de fuerzas podrían ser sofocados fácilmente y si, pese a todo, la agitación continuaba, unas columnas móviles restablecerían la calma anulando a los revoltosos y aplicando castigos ejemplares para que tuvieran un efecto disuasorio sobre el resto de la población, que al ver como eran reprimidas tales tentativas desistiría de emprender aventuras semejantes y aceptaría de grado o por fuerza la nueva situación política y militar.

En la penetración de las tropas francesas en España y en sus primeros movimientos sobre nuestra geografía es fácil ver que procedían siguiendo las directrices de ese plan, lo mismo que en las campañas que siguieron al levantamiento, en las que se evidencia la gran superioridad francesa en caballería, una caballería ligera de efectivos muy superiores a la española, muy bien entrenada y con un alto nivel de profesionalidad que la hacen incontenible para sus enemigos y en la que los mandos franceses hacen descansar gran parte de los éxitos que obtienen, lo mismo que en la artillería, también más numerosa que la hispana y manejada con maestría en las fases preparatorias de las batallas.

Sin embargo, los planes políticos y militares de Napoleón iban a resultar inviables y fracasarían porque nunca imaginó que la reacción mayoritaria de los españoles sería como realmente fue: la de un rechazo total al nuevo orden que se había programado y a los procedimientos con los que se pretendía establecerlo en el país. Un rechazo que les hizo empuñar las armas para abortar el plan o morir en el intento. Tal actitud colectiva complicaría imprevisiblemente los planes iniciales napoleónicos y supondría darle a la empresa un nivel de dificultad insospechado, hasta el punto de que lo que empieza siendo una cosa va a convertirse en otra muy diferente, lo que el emperador pensaba que iba a ser una guerra más de aquéllas a las que ya estaba acostumbrado, iba a convertirse en una guerra nueva y muy diferente al estilo militar imperante aquellos años, cuya novedad se ha destacado en dos niveles: en el estrictamente español y en el europeo en general, pues en el continente –en Rusia y en Alemania– surgirán después otros dos conflictos de características similares al español.

En efecto. Se ha repetido con frecuencia que la Guerra de la Independencia es la “primera empresa auténticamente nacional” de los españoles. Una afirmación que se basa sobre todo en la unanimidad del sentimiento patrio –o de rechazo al invasor–, en la vigencia y operatividad de los sentimientos monárquico y religioso –que Napoleón nunca llegó a entender– y en la amenaza generalizada sobre todo el territorio nacional impulsando a sus habitantes a la colaboración en acciones conjuntas.

Como hemos visto, cuando comienza la Guerra de la Independencia tenemos una sociedad a flor de piel en bastantes regiones españolas, una institución monárquica desprestigiada, una clase dirigente contestada y una nación inerme a causa de las derrotas en la Guerra de los Pirineos –muestra las grandes deficiencias de las fuerzas armadas españolas– y de Trafalgar (acaba con la escuadra). En estas condiciones, difícilmente un Estado y un gobierno pueden afrontar un conflicto armado. España no iba a ser una excepción, pero además tendría que afrontarlo en unas condiciones nada usuales para ella: las derivadas de ser campo de batalla; si en conflictos anteriores la lucha se había mantenido en regiones más o menos cercanas a la frontera, en esta ocasión todo el territorio peninsular sería un gigantesco tablero de operaciones. El país entero se va a ver afectado por la guerra; ninguna zona, por recóndita que sea, escapa al ciclón demoledor que entonces se desata. Y éste es el primer rasgo a destacar de una guerra que ha sido valorada de muchas formas, sin que ninguna de tales valoraciones comprenda todas sus dimensiones y vertientes; incluso, si las sumamos, tampoco están abarcadas todas las aristas del conflicto.

Se ha dicho –en una síntesis matizable, pero expresiva de tendencias historiográficas clásicas– que para los historiadores franceses la guerra de España es una guerra napoleónica más, convertida en guerra de liberación nacional, de independencia por la decisión del pueblo español. Los historiadores ingleses hablan de la guerra peninsular como un episodio del enfrentamiento entre tácticas, técnicas e ideas estratégicas diferentes encarnadas por Wellington y los suyos, por un lado y los mariscales franceses, por otro; todo lo demás para ellos tiene una importancia secundaria solamente. Por lo que respecta a los historiadores españoles, hablan en conjunto de una guerra entusiasta y tenaz por recobrar la independencia, pero se ha distinguido que los que son profesionales de la milicia prefieren hacer un relato dentro del contexto militar internacional y los historiadores universitarios, sin descuidar los aspectos militares, prefieren la incidencia social e ideológica del conflicto8.

La verdad es que en los planos militar y político se registran las mayores novedades y los hechos de mayor incidencia, empezando por el fenómeno de la guerrilla y continuando por la fragmentación irreversible del pensamiento político de los españoles, cuyas diferencias en este terreno se dirimirán violentamente en las décadas siguientes. En el caso de la guerrilla, el recuerdo ha idealizado el fenómeno y sus resultados y ha distorsionado la vida cotidiana –nada fácil– de los guerrilleros. En el caso de la ideología política, el proceso revolucionario que se vive paralelamente al conflicto militar hace que determinadas posturas sean anatemizadas y otras consideradas la panacea salvadora.

Sin embargo, por muy empresa nacional que sea, por muchos que sean los sentimientos compartidos entonces y por demasiados los sufrimientos padecidos y generalizados por toda la geografía española, la guerra contiene muchas variantes regionales que le confieren una gran diversidad y complican al máximo los intentos de sintetizarla. No obstante, sí se pueden establecer unas grandes áreas o zonas aglutinadas por el predominio de determinadas tendencias y realidades:

La zona comprendida entre los Pirineos y el río Ebro: es en donde el dominio napoleónico resulta más sólido, hasta el punto de que el emperador francés pretendió incorporarla a Francia.

La zona andaluza: hacia la que se desplaza la Junta Central y donde se mantiene firme el último reducto de los sublevados. Ha sido definida como un espacio de “resistencia”.

La zona oeste compuesta por Galicia y Portugal: utilizada como cabeza de puente por las tropas inglesas, desde allí partirá la ofensiva final que llevará a las tropas aliadas al otro lado de los Pirineos.

La zona centro: donde José I se esfuerza en desarrollar su labor gubernamental, tropezando con la acción de las guerrillas, la ambición de los mariscales franceses y la escasez de recursos financieros.

Por otro lado, la guerra pasó por unas alternativas que nos permiten intentar una sistematización cronológica de acuerdo con la preponderancia de los combatientes. En consecuencia, podemos hablar de una primera etapa, la de ocupación, que sería la más breve y que hemos de enmarcar en el conjunto de la Península Ibérica, consistente en el plan napoleónico de ocupar España y Portugal, por lo que en su sentido más amplio esta etapa podría empezar en el otoño de 1807, con la llegada de los primeros contingentes franceses camino de Portugal y en su sentido más restrictivo el comienzo podríamos situarlo en las consecuencias del motín de Aranjuez, en marzo y abril de 1808. Tomemos un punto de partida u otro, la fase de ocupación terminaría en la batalla de Bailén (julio, 1808) donde los franceses sufrieron una inesperada derrota que les hace replegarse hasta los Pirineos. Al comienzo de este periodo existe una gran dispersión de efectivos por una y otra parte, de forma que a principios de junio de 1808, ambos contendientes tienen sus tropas muy repartidas por la geografía peninsular, hasta el extremo de que muchas de ellas conviven en un mismo territorio. Además en el bando español, sobre todo, no existe un centro político que unifique los esfuerzos y los canalice en un sentido y objetivo común.

La siguiente etapa discurre entre la llegada de Napoleón (otoño, 1808) y la batalla de los Arapiles (julio, 1812) y es de claro predominio francés, pues encerraron a los españoles en Cádiz y redujeron a los portugueses y británicos a una exigua porción de tierra en las proximidades de la capital lusa. Una tercera etapa sería la que marca el cambio de signo en la guerra; se desarrollaría desde el verano de 1812 a la primavera de 1813, coincidiendo con la dramática campaña de Napoleón en Rusia, traduciéndose en España en el avance aliado sobre Castilla la Vieja y el repliegue francés hacia Valencia. Por último, la etapa final, de claro predomino aliado, se inicia con la gran ofensiva emprendida en mayo de 1813 que empuja a los franceses hacia el Norte obligándoles a repasar los Pirineos, y penetrando en tierras francesas concluyendo las operaciones en 1814.

Guerra de liberación/guerra nacional

El verdadero alcance, la novedad de la Guerra de la Independencia hemos de buscarla no en sus repercusiones, sino en su condición de “guerra de liberación” o “guerra nacional”, que junto con las otras dos contiendas de esta naturaleza –la rusa y la alemana– constituyen para algunos el verdadero comienzo del siglo xix, pues en esas tres guerras encontramos la inserción de una postura nacional en una planificación mundial, una revolución social que encarna la pujante burguesía y una participación de las clases populares que les da su carácter nacional y por ello tienen la doble condición de “guerra” y “revolución”9 9.

En esencia, el planteamiento estratégico de las guerras de liberación es semejante en las tres, pero tiene mecanismos diferentes en cada una de ellas. Nuestra Guerra de la Independencia se inició como respuesta a un proyecto a gran escala: el bloqueo económico a Inglaterra, en el que eran piezas claves los puertos y los barcos. Con esta visión tejió Napoleón su estrategia en España y lo demuestra la importancia que como objetivos tuvieron para Francia los puertos de Barcelona, Cádiz y Lisboa y los movimientos matemáticos de las fuerzas imperiales ocupando los nudos de comunicaciones, los puntos estratégicos y las ciudades más importantes. Pero los españoles movilizaron un factor inesperado para los franceses que complicará hasta el máximo el proyecto imperial. Tal factor es el paisaje como elemento activo, recurso que sorprendió la estrategia napoleónica y contra el que no pudieron nada los principios de la lógica militar imperante en la época. Así, una campaña precisa y matemática se transformó en una guerra de seis años en la que no cabía la previsión. Por otra parte, la Guerra de la Independencia rompió el proyecto imperial napoleónico al abrir los puertos españoles a los ingleses y será un factor primordial en el hundimiento del emperador francés tanto directa –por ser réplica armada– como indirectamente –su ejemplo cundió en Europa–, circunstancias que le confieren un significado inigualado por las otras dos guerras semejantes, que empezaron después que la nuestra y su duración es bastante menor.

Las guerras de liberación reciben su carácter nacional no sólo por la participación de las clases burguesas, sino por la intervención en su desarrollo de los sectores populares como una nueva fuerza configuradora, además del influjo que la contienda ejerció en la evolución de la conciencia nacional del pueblo que la realizó. Los núcleos conservadores idealizaron el sentido legitimista y sufrido de las clases populares que hacen la guerra; los reformadores vieron en ellas la afirmación del pueblo como fuerza histórica en los años en que moría el Antiguo Régimen; para el pueblo, los hechos quedaron como recuerdo de una gran acción.

Cargadas de sentido nacionalista, las guerras nacionales o de liberación son un elemento disgregador de Europa, una muestra más del espíritu que caracteriza al Viejo Continente y que le hace repeler cualquier ordenación de índole superior. Pronto muestra su operatividad la nueva ordenación de tipo liberal y nacional surgida de la revolución, pero el pueblo español se muestra escasamente permeable a la doctrina revolucionaria, de forma que puede decirse que mientras la burguesía formula las nuevas concepciones bélicas, el pueblo las vive.

El carácter nacional de nuestra Guerra de la Independencia se reduce a tres postulados: el levantamiento espontáneo al que alude el conde de Toreno, propio de los sectores urbanos y de los comienzos de la contienda; la formación de un ejército nacional que da cabida en él a la nación en armas; y la guerrilla, forma específica de los medios rurales para intervenir en la lucha.

El alzamiento espontáneo está obscuramente enraizado en la crisis política del reinado de Carlos IV, aunque lo desencadena la invasión francesa.

El segundo de los postulados, el paso del Ejército real tradicional al novel Ejército nacional se produce mediante un proceso que consta de los siguientes componentes, aunque hay un fuerte debate parlamentario que muestra el cambio ideológico experimentado, como tendremos oportunidad de ver más adelante. La materialización práctica del cambio se realiza mediante los siguientes elementos:

— Constitución de las “milicias honradas” para mantener el orden en las poblaciones (18 de noviembre de 1808).

— Reglamentación de las partidas y guerrillas (28 de diciembre de 1808).

— Autorización del corso terrestre (17 de abril de 1809).

— Conversión de las antiguas milicias provinciales en tropas de línea (1 de mayo de 1810).

— Creación de una milicia nacional que actuaría en caso de emergencia.

Conjunto de normas que no hace más que regular una realidad social previa, pues marca la progresiva incorporación de la población civil a la lucha y la esperanza de disciplinar su actuación para que redundara en provecho del Ejército regular. Sin embargo, la proyección futura de tal normativa es escasa, por no decir nula –que sería bastante más preciso–, ya que ninguno de sus componentes queda vigente una vez concluida la guerra. Los avatares políticos subsiguientes los sentencian definitivamente, pues la restauración absolutista de Fernando VII en 1814 anula todo lo hecho y legislado por las Cortes gaditanas y el Gobierno liberal, que son los promulgadores de las normas y reglamentaciones citadas y que ya nunca volverían a gozar de vigencia, al menos oficialmente y así queda de manifiesto en 1820, cuando se pone en marcha la restauración liberal con la consiguiente reacción absolutista, que se ve favorecida por el apoyo de la Europa de la Restauración: la llegada en 1823 de los Cien Mil Hijos de San Luis –tan franceses como los napoleónicos– no provocaron reacción alguna entre la aplastante mayoría de la población civil; en seis meses, prácticamente, liberaron a Fernando VII, derrocaron el régimen liberal y permanecieron varios años después sin experimentar el menor rechazo o repulsa por parte de la población.

Pero el que no hubiera una renovación de la normativa antes aludida, no significa que las realidades que ella pretendía regular desaparecieran. Más o menos clara e intensamente se reproducen en los conflictos internos siguientes y, en particular, la Primera Guerra Carlista (1833-1840) nos ofrece un muestrario muy variado de tales manifestaciones a escala más reducida que en la Guerra de la Independencia, pero de gran intensidad. En cualquier caso, estamos ante el intento de regularizar la actuación incontrolada de grupos populares que practican una guerra de guerrillas altamente perturbadora para los planes de los cuarteles generales y de las autoridades civiles territoriales.

Pero junto a ese carácter “nacional”, hay que situar también el de “popular”, tanto porque las clases populares participan activamente en ella, como porque la lucha goza de su beneplácito, por eso se implican haciendo todos los sacrificios y llegando hasta la muerte cuando así lo exigen las circunstancias. Desde que los mismos generales franceses destacaran la leal y generosa actitud del pueblo español innominado en defensa de su rey y sus ideales, se ha venido considerando dicha actitud como general y “unánime”, pese a que ya se levantaron voces que pedían cautela en la aceptación de tal realidad a fin de distinguir entre “el sacrificio libremente consentido y la contribución forzosa”. En particular, las villas y lugares de las tierras ocupadas por los franceses y recorridas por la guerrilla sufren un doble “castigo”: a los guerrilleros deben abastecerlos de cuanto necesitan, incluidos hombres útiles con los que reponer las bajas o abandonos y cuando se presentan en ellas los franceses, si quieren escapar al pillaje deben satisfacer fuertes cargas financieras, a lo que hay que añadir las pérdidas humanas y las destrucciones causadas por la guerra:

“El esfuerzo de guerra al que hemos aludido hasta aquí es el resultado de la coacción. Va acompañado de una actitud atávica de resignación cristiana y de la tradicional obediencia a las autoridades superiores. Pero sería insultar al pueblo español silenciar la lucha multiforme a la que se lanzó voluntariamente. Desde el escarnio hasta el asesinato de los escoltas, pasando por los secuestros, los envenenamientos y la ayuda a los guerrilleros, todas las actitudes que expresan el odio y la resistencia son posibles. Una vez mas se volvería maraña de anécdotas la Historia de la Guerra de la Independencia ni tratáramos de evocar al pueblo español en guerra. En las memorias de Blaze, Rocca, Thiébault, Feé, a las que remitiremos al lector, abundan los detalles sobre esta acción de los partisanos, acción que no procede de estrategia alguna, pero que va agotando sin remedio al adversario. Los españoles, en su voluntad de acosar a los franceses, actúan de mil formas distintas: les sirven de guía para mejor extraviarles, espían sus movimientos, hacen el vacío a su llegada, maltratan a los prisioneros, liberan a los rehenes, asaltan a los solitarios. Frente a tal derroche de astucia y maldad, Feé concluye, en plena desorientación literaria: «Cette guerre ne ressemblait à aucune autre»” [Esta guerra no se parecía a ninguna otra]10.

Fácilmente se comprende que situaciones como las que acabamos de destacar no están exentas de violencia y esa violencia en muchísimas ocasiones es de una enorme crueldad. Los testimonios gráficos de Goya, entre otros muchos, ponen descarnadamente de manifiesto los desastres de la guerra, entre los que la crueldad es un componente en el que siempre se ha reparado, pero ha quedado en un segundo plano, ya que es un “tema” nada heroico, inhumano y poco apropiado para una epopeya épica de héroes con nombre y anónimos.

En un primer momento, la reacción antiimperial se notó por igual en la ciudad y en el campo, pero ocupada la ciudad –Madrid, Zaragoza y Gerona, incluidas– sus habitantes aceptaron la presencia del invasor, cosa que no ocurrió en el campo, razón por la que se ha dicho que la guerra fue eminentemente campesina, por recaer en ese ámbito con mayor dureza los abusos e injurias del invasor, a los que respondieron con un deseo de venganza propio de la espontaneidad de su vida y así aparece esa crueldad a la que aludíamos, en una especie de juego dramático de violencias crecientes entre unos y otros, donde revancha y represalia se suceden.

Violencia y crueldad. Esos dos parámetros encierran unas dimensiones de las que sólo tenemos referencias muy generales y detalles particulares que ilustran esas referencias; nos falta conocer su verdadera incidencia en las comunidades rurales y en las ciudades, algo que resultará complejo, pues son dimensiones difícilmente ponderables y los relatos de que disponemos no son muy explícitos al respecto: hablan de muertes y aunque algunos relatos son sobrecogedores, no nos describen siempre cómo esas muertes se producen ni las circunstancias que las rodean y tampoco pormenorizan en su número o cuantía.

Por eso, además de la forma convencional –propia de los ejércitos regulares– en nuestra Guerra de la Independencia encontramos otras formas de lucha en donde la participación popular tiene mayor cabida, como son las sublevaciones urbanas, los asedios de ciudades y la guerrilla. Manifestaciones diferentes de concebir la guerra y de luchar que provocan disensiones entre los mandos militares y las autoridades civiles11, unas disensiones bajo las que subyacen las diversas maneras de entender la esencia y la finalidad del Ejército y el afán de conservar el protagonismo –o la responsabilidad– de dirigir la guerra.

La guerra convencional

De todas las imágenes generadas por la Guerra de la Independencia, la de la guerrilla es la que probablemente más ha contribuido a deslucir la del Ejército regular español: ordenancista, sin flexibilidad ni recursos, mal mandado y peor instruido, fue derrotado casi siempre. Pero se mantiene y lucha. En 1808 se formaron una serie de ejércitos de los que sólo pervive el primero hasta 1814, que se organiza en Cataluña con las tropas que había allí, las que arribaron desde Menorca y los migueletes movilizado por la Junta del Principado; su trayectoria no tiene nada de heroica ni gratificante: pierde todas las ciudades de importancia y las plazas fuertes y es mandado sucesivamente por trece generales.

Los otros ejércitos españoles de aquellos años, más efímeros que el primero, pudieron tener en algún caso mejor suerte frente al formidable enemigo que tenían enfrente. Y es que en la guerra convencional es donde los ejércitos napoleónicos se encuentran realmente cómodos, pues constituye una forma de lucha que dominan y en la que están siendo invencibles en el continente: batallas campales, marchas, contramarchas, movimientos tácticos y estratégicos… son situaciones con las que los ejércitos franceses se han familiarizado desde varios lustros atrás y bajo la dirección de Napoleón parecen incontenibles. Cuantas fuerzas se le han opuesto no han podido vencerlos. Sin embargo, mientras en Europa la victoria significaba el control del territorio y la aceptación resignada del triunfo francés, en la Península Ibérica las cosas van a ser más difíciles, pues la resistencia no desaparece y los invasores van a tener que destinar un crecido número de efectivos a asegurar las comunicaciones e intentar neutralizar los efectos de unas partidas incontroladas y anárquicas que hacen la guerra por su cuenta y se mantienen irreductibles.

La rápida y fulgurante campaña de Napoleón desde los Pirineos hasta Madrid en el otoño de 1808 y la inmediata victoria sobre las tropas inglesas de Moore empujadas hasta La Coruña, constituyeron el duro despertar nacional ante la relación de las fuerzas enfrentadas: ni el Ejército español ni el británico estaban en condiciones de frenar al vencedor de Europa, que en lo que podemos considerar la guerra convencional de la época era un auténtico maestro, dejando constancia en la Península de una realidad que ya había puesto de relieve reiteradamente en el continente. La movilidad de las tropas francesas y los éxitos que obtienen en las campañas que siguen inmediatamente al levantamiento –donde la conjunción de la caballería ligera, la artillería y duros castigos con ejecuciones de paisanos sorprendidos con armas fueron claves en el éxito en no pocos casos– parecían anunciar que los planes napoleónicos se cumplirían.

Fue la primera evidencia de que en este terreno las cosas iban a marchar como en Europa. Una evidencia que tenía como punto de partida la superioridad de efectivos napoleónicos –ha sido cifrada en torno a un cincuenta por ciento–, superioridad que se hacía aún más patente por la mayor movilidad que esas tropas eran capaces, muy superior a la de cualquier otra fuerza armada de la época. El Ejército napoleónico había encontrado en la división la unidad táctica y orgánica que le proporcionó la superioridad nacida de la autonomía que disfrutaban las grandes unidades al reunir en un conjunto los diversos elementos que necesitaban para el combate y los desplazamientos. Por otra parte, desde el primer momento de la guerra, los ejércitos franceses aplicaron en España otro gran principio napoleónico: vivir sobre el terreno, con lo que además de ganar en rapidez de movimientos (las tropas napoleónicas se desplazaban a 120 pasos por minuto, casi el doble de los setenta tradicionales), se liberaban de las exigencias y condicionamientos logísticos que mediatizaban y entorpecían a otros ejércitos de la época. Todos estos factores repercutirán en proporcionar a los ejércitos imperiales una movilidad superior, que Napoleón utilizará como una de las claves de su estrategia, basada en gran manera en la rápida concentración de los efectivos que van a combatir, lo que le va a permitir convertir la inferioridad numérica territorial en superioridad numérica en el campo de batalla.

De acuerdo con este planteamiento y en contraste con la estrategia defensiva de los españoles y de los ingleses, se comprende que la ofensiva sea la acción preferida por los ejércitos de Napoleón: además no le quedaba otro remedio, pues no podía dejar de atacar, tanto para pacificar el país, como para derrotar al enemigo en una batalla campal que le diera el triunfo definitivo, como había sucedido en otros lugares de Europa. Acorde con todo esto, la fórmula táctica preferida por los generales franceses era la columna de asalto, que integraba un batallón, un regimiento y, más raramente, una brigada; columna que en el ataque iba precedida y flanqueada por un nutrido cuerpo de tiradores y frente a la que no se conocía otro recurso que la línea de combate, una disposición táctica en la que sobresaldrían los ingleses de Wellington, que por su alta disciplina eran capaces de mantenerse impávidos sobre el terreno en cualquier circunstancia, con lo que conseguían una gran superioridad de fuego: por parte de los franceses, sólo las dos primeras líneas de un batallón –entre 80 y 160 hombres– podían abrir fuego simultáneamente, mientras que un batallón inglés de efectivos similares formado en doble fila podía emplear al mismo tiempo sus 800 mosquetes, siempre y cuando se mantuviera solidamente, pues si se desmoronaba al entrar en contacto con el enemigo era aniquilado por su falta de movilidad o dispersado, suerte esta última que corrieron muchas tropas españolas en los combates que libraron durante las campañas de los dos primeros años de la guerra.

Por otra parte, hay dos factores que van a tener una gran incidencia en las operaciones a lo largo de la guerra y que quedan de manifiesto muy pronto. Se trata, por un lado, la insuficiencia logística española, que deja sin sus raciones diarias a los soldados en muchas ocasiones; y por otro, la dispersión de nuestras tropas, que disuelve a los ejércitos. En este sentido, una buena muestra la tenemos en el ejército de Blake, en la campaña que se saldó con la derrota española en Espinosa de los Monteros: el general español, al inicio de la batalla, contaba con unos 22.000 hombres, poco más o menos; en Espinosa sufrió unas 3.000 bajas y en las dos semanas siguientes perdió los dos tercios de la fuerza por el abandono de las filas.

La guerra no convencional

En este tipo de guerra hemos de destacar de entrada dos formas de lucha que no son nada habituales para las tropas napoleónicas: la sublevación urbana y los asedios de ciudades. Ninguna posibilita las maniobras arriesgadas y brillantes ni los choques campales victoriosos merced a una magistral preparación estratégica y táctica, terrenos en los que se cimentaba la gloria de los ejércitos napoleónicos y sobre los que Napoleón edificaba su fama de invencible.

En el asedio de ciudades, los ejércitos napoleónicos tuvieron en la Península Ibérica un duro banco de pruebas. A la postre, la sublevación urbana fue vencida y reprimida. De las ciudades asediadas, alguna resistió –Cádiz, por ejemplo–; en otros casos, su conquista tuvo mucho de simbólico en el sentido de que había que enmendar un fracaso anterior. En este particular, los casos de Zaragoza y Gerona, a la postre rendidas, son casos emblemáticos, pues reúnen la totalidad de los ingredientes para que la guerra mantuviera su condición de popular: se implicaron todos los habitantes, resistieron hasta el límite y aparecieron héroes de todo tipo: paisanos y militares, hombres y mujeres.

Una variante en este orden de cosas viene determinada por la necesidad francesa de colocar guarniciones en ciudades importantes, bien por su emplazamiento estratégico, bien como apoyo de las tropas en campaña, bien para el mantenimiento de las comunicaciones… En cualquier caso, el mantenimiento de esas guarniciones va a ser un elemento reductor de efectivos franceses disponibles en las campañas, pues el modelo de ocupación utilizado por los franceses consistió en conservar las ciudades de mayor importancia dejando en ellas una crecida guarnición, renunciando al control del territorio circundante. Napoleón no pensó nunca en el error de percepción que significaba este planteamiento.

Por otra parte, siempre las sublevaciones urbanas y los asedios vinieron a perturbar los planes napoleónicos de manera más o menos duradera y en grado de diversa gravedad. Tanto en unos casos como en otros las clases populares jugaron un destacado papel y en el transcurso de tales episodios se produjeron actos destacados de abnegación y sacrificio que caen dentro de la heroicidad, generando unos referentes modélicos, pronto magnificados, cuyas luces ensombrecen otras dimensiones de la realidad en las que no se repara –o no interesa reparar. Y es que las sublevaciones urbanas y las resistencias de las ciudades sitiadas fueron escenarios muy propicios para crear imágenes impactantes y exaltadoras de quienes las protagonizaron. Casas destruidas, monumentos arruinados, obras de arte perdidas, cuerpos famélicos, personas heridas y moribundas, muertos… Un pesado tributo que recayó en gran medida sobre los componentes de las clases populares, haciendo bueno ese calificativo de popular entendido en las dos dimensiones que le asignábamos al comienzo. Numerosos cuadros y grabados, además de relatos más o menos extensos –que aparecen a los pocos años de concluida la guerra– han dejado testimonios duraderos de lo sucedido.

La guerrilla

El termino “guerrilla” se lo debemos, en realidad, a los franceses, que fueron los primeros en emplear la expresión petit guerre para referirse a una organización encaminada a combatir a los brigands o bandidos. La traducción literal fue la de guerrilla y de ahí salió guerrillero, pero fueron términos que no se generalizaron hasta el final de la guerra. La primera denominación, la que legalmente era aceptada fue la de partilla o cuadrilla, empleada para designar a la unidad destinada a conseguir objetivos secundarios y molestar en todo lo posible al enemigo.

Entre los efectos derivados de la Guerra de la Independencia que se han señalado, está el cambio experimentado por nuestro ejército, en el sentido de “modernización” o “renovación” de sus estructuras. A ello contribuye en no poca medida el fenómeno de la guerrilla y la carrera que hacen algunos de los guerrilleros dentro del Ejército, al compensarles sus servicios con la integración en la vida castrense y concederles grados militares. Pero este fenómeno ha sido magnificado en sus consecuencias, pues si bien los guerrilleros fueron muchos y la acción guerrillera fundamental en determinados momentos para entorpecer a los invasores y ayudar a las tropas regulares, lo cierto es que fueron pocos en términos relativos y absolutos los que procedentes de la guerrilla se integraron en el Ejército, tan pocos que no significaron nada con vistas al cambio y las estructuras de la oficialidad los absorbieron sin resentirse ni alterar los supuestos en que se basaban las condiciones para la admisión de sus miembros.

En el decepcionante panorama militar para los aliados, surge un elemento que tampoco encaja en los parámetros de la guerra convencional y altera por completo los planes napoleónicos en España, toda vez que las victorias sobre los ejércitos español e inglés no se habían traducido en un dominio incontestable del territorio, pues los paisanos también en este ámbito irrumpen en primer plano, impelidos a luchar movidos por sentimientos rotundos y categóricos que Napoleón nunca llegó a valorar adecuadamente: los sentimientos monárquico y religioso. Empujados por estos motores, muchos paisanos van a convertirse en resistentes activos, contribuyendo con su acción a resaltar otro rasgo significativo de la contienda: su dimensión romántica, pues se desarrolla en un momento en que la nueva corriente vital –que se asentaría lustros después– empezaba a penetrar en los ánimos y en los sentimientos.

Por eso, ya lo hemos dicho, no debemos sorprendernos de que la tipología popular española encuentre algunos de sus más aquilatados exponentes en los protagonistas de la guerra o de sus derivaciones. Por lo general, son héroes innominados, que sólo en contadas excepciones salen de ese anonimato para dar constancia de su presencia: nos referimos, entre otros, al garrochista y al guerrillero; ambos dejan un fuerte impacto en la mentalidad popular, si bien el garrochista no alcanza ni con mucho la relevancia y el eco del guerrillero, porque el garrochista no es un hombre de guerra, ni siquiera un hombre de acción; su vida transcurre en un marco rural y en sus previsiones vitales no entra en ningún caso protagonizar episodios bélicos o armados. A ello se debe que su respuesta generalizada a la llamada para luchar contra el invasor y su presencia destacada en la batalla de Bailén como efectivos de la caballería española causaran tanto impacto en la mente popular: ver marchar a los garrochistas al lado de las unidades militares era algo insólito y su pronta reacción no deja de ser significativa.

La victoria de Bailén hizo el resto: era la primera vez que las fuerzas napoleónicas sufrían una derrota a campo abierto; el escenario de la batalla resultaba apropiado para magnificar una figura que tenía ese mismo campo –u otro parecido– como ámbito natural. La adaptación al medio, la utilización de ese paisaje a que antes nos referíamos cobra así un protagonismo principal, que tiene su envés en la imagen de un ejército francés vencido, perdido entre olivares y muerto de sed en el abrasador julio jiennense.

Todos estos factores son ampliamente superados por el fenómeno de la guerrilla. Bastante más generalizado que el del “garrochismo”, pues la práctica totalidad de la geografía española cuenta con la presencia de tan singulares manifestaciones bélicas; sus perfiles característicos son los que han situado al guerrillero a caballo entre la historia y la leyenda, porque la guerrilla no es sólo una táctica militar, constituye también un género de vida, ya que sus componentes “viven” la guerra de manera implacable, tenaz, sin aceptar que una medida política pudiera resolverla, sin objetivos definidos, salvo causar el mayor daño posible al enemigo; conciben la guerra de manera “elástica” en el tiempo y el espacio, sin grandes maniobras, buscando la insegura retaguardia enemiga y provocar el desgaste material y moral del adversario.

Las características de la guerrilla son su espontánea organización, el carácter no profesional y defensivo, la importancia del jefe como líder indiscutible, autonomía completa en la acción, actividad constante en la retaguardia enemiga e ignorancia de los procedimientos habituales en el Ejército regular. Así se genera una forma de combatir que no es nueva en la Península, pues tiene claros antecedentes en la guerra de Sucesión española (1702-1713) y –para algunos– aún antes, pues en este sentido ven similitud entre el concursator celtibérico y el guerrillero de la Guerra de la Independencia y también pueden considerarse precedentes suyos –en sentido amplio– las instituciones medievales del apellido y el somatén, este último disuelto en 1713 y revivido con motivo de la Guerra del Rosellón (1793-1795), pues en definitiva no son sino organizaciones de paisanos para acudir a remediar un peligro o una calamidad. No deja de ser sintomático que los primeros en lanzarse al campo en la guerra de la Independencia fueran los somatenes catalanes.

En el guerrillero desaparecen todos los convencionalismos que posibilitan la vida colectiva. La ley es sustituida por la entrega total a unos grandes ideales vividos plenamente y por los que se combate; el componente de la guerrilla es un elemento humano con virtudes y defectos, dotado de un sentimiento especial que le une estrechamente al jefe, con una fidelidad basada en principios muy empíricos y elementales. El guerrillero es un hombre “completo”, con sus cimas y sus abismos, movido por la ambición, el amor, el odio, el resentimiento, el individualismo, el ingenio, la dureza… con su moralidad propia, sin matices ni distinciones y, por lo general, con una razón personal para actuar contra los franceses.

Pero en la guerrilla, aparte del valor heroico sobre el que no es necesario insistir, hay un germen negativo, ya que el guerrillero se da cuenta de que su acción individual puede prevalecer sobre la ley, además de provocar una falta de adaptación vital a los tiempos de paz, provocando el denominado “bandolerismo de retorno”, al que se dedican cuantos vuelven de la guerra y no se adaptan a vivir en la paz.

Pues bien, ante la imposibilidad de resistir la acometida francesa, el Ejército español se retira o dispersa y esta dispersión constituye el arranque de la acción de la mayoría de los guerrilleros conocidos. Es entonces cuando se pone nueva y decididamente en marcha un antiguo sistema de lucha muy empleado en nuestra Península, revivido –según las explicaciones más usuales y reiteradas– gracias al sentido individualista hispano, a la falta de medios bélicos y a la carencia de una organización superior reconocida y capaz de aglutinar todas las iniciativas. De esta forma, como hemos dicho, se emprende una lucha de poca envergadura, sin frentes definidos, cruel, constante, despiadada y de descalificación del adversario, simultánea a lo que denominamos “guerra formal o convencional”, que llevan a cabo los ejércitos regulares.

De cuantas explicaciones se han dado sobre el origen y la realidad de la guerrilla, hay tres factores que se repiten con reiteración: el eco y apoyo que los guerrilleros encuentran en la población civil, la clara superioridad del Ejército francés en efectivos y armamento que hace imposible cualquier resistencia formal y la agitada geografía española, conocida a la perfección por las partidas guerrilleras. Pero hay otros condicionantes que contribuyen decisivamente a explicar la realidad guerrillera, como son las represalias francesas y las perturbaciones en los modos de vida seculares, que se producen como consecuencia de la guerra y que se imputan al invasor, cuando no son provocadas por la acción de los mismos guerrilleros, pero avivando siempre el incremento de la hostilidad hacia el enemigo, dificultando aún más la acción pacificadora de los ejércitos ocupantes.

Para el guerrillero, la guerra es una actividad permanente; el asesinato de soldados enemigos rezagados o dispersos será práctica habitual; el apoyo que encuentra en sus paisanos y convecinos convierte el territorio en un elemento favorable a sus intereses y hostil a los enemigos, un territorio que el guerrillero no quiere conservar, pues de esa forma mantiene su capacidad de acción y el control de todos los espacios que los franceses no dominan físicamente. El ataque al enemigo se produce sólo cuando hay certeza del triunfo o de infringirle un duro golpe, en los que la magnitud del éxito se mide por las bajas causadas y las pérdidas materiales originadas, no por los convencionalismos clásicos de la conquista de banderas o la toma de prisioneros conservando el campo donde se ha producido el choque. Además, la retirada y la dispersión cuando las circunstancias lo aconsejan o exigen, permiten a la guerrilla el mantenimiento de su capacidad ofensiva, pues no busca la victoria en la guerra con la derrota del adversario, sino en la destrucción de sus recursos, como corresponde a la guerra de desgaste que desarrolla.

Uno de los beneficiosos efectos de la guerrilla para los aliados fue el resultado de su principal función táctica: fijar elevados contingentes franceses en escenarios alejados de los frentes o en funciones de guarnición y de mantenimiento de comunicaciones. Los efectivos imperiales hasta 1813 nunca bajaron de 250.000 hombres y en ocasiones se elevaron hasta los 350.000 mientras que los contingentes aliados estaban en torno a los 160.000, de los que un tercio poco más o menos eran británicos; si sumamos los efectivos guerrilleros, tendremos por parte aliada una cifra en torno a los 200.000. Sin embargo, los efectivos comprometidos en las batallas muestran una clara desproporción respecto al total de los hombres movilizados, pues un elevado número de ellos por el lado francés –más de las cuatro quintas partes– están destinados en misiones de protección y en guarniciones (por ejemplo, Espoz y Mina mantuvo inmovilizados en Navarra más de 38.000 durante los tres meses clave del asalto francés en Portugal a las posiciones de Torres Vedras).

En tales circunstancias, Napoleón no pudo atender adecuadamente los frentes simultáneos español y ruso, de manera que en cuanto sacó unos miles de hombres de la Península con destino al frente oriental, los ejércitos aliados tomaron la ofensiva y la situación francesa se volvió crítica. Desde entonces el signo de la guerra sería claramente anglo-español.

Pero no todos apoyaban totalmente ese tipo de lucha ni los procedimientos de los guerrilleros –que en muchas ocasiones padecían los paisanos–, particularmente los militares. Castaños, por ejemplo, era partidario de su exterminio en atención a los grandes perjuicios que causaban a los pueblos, si bien distinguía entre guerrilleros buenos y malos (a estos últimos los identificaba con los bandidos). Pero por más intentos que se hicieron, la guerrilla nunca pudo ser controlada ni regulada; los intentos de la Junta Central fracasaron, ya que nada práctico se consiguió con el Reglamento de Partidas y Cuadrillas, emitido el 28 de diciembre de 1808.

El guerrillero nutre sus efectivos de todos los grupos sociales y de todas las situaciones civiles, pero las clases populares son las que más hombres aportan, por lo que no debe sorprendernos que ellas se apropien del prototipo y que lo tengan como modelo, en una categoría muy próxima al mito. Normalmente, el guerrillero se lanza a la acción por alguna motivación personal: vengar una afrenta en su familia, desquitarse de una humillación, etc., por lo que le dan a su conducta una dimensión visceral que es fácilmente percibida por los de su clase y con la que muchos se identifican al haber pasado por una situación parecida.

El guerrillero, además, es un hombre “de la tierra”: actúa en un marco geográfico que conoce a la perfección; nadie como él para “animar” el paisaje y se presenta como un personaje profundamente humano, capaz de los más sublimes heroísmos y de las peores bajezas. También, la galería de personajes que ofrece es muy variada, pero cuatro prototipos destacan sobre los demás, ofreciendo puntos de referencia con los que resulta fácil identificarse, pues cada cual encuentra en alguno de ellos afinidades gratificantes. Ellos son:

Espoz y Mina, un militar sin ejército.

Julián Sánchez el Charro, un licenciado que trabaja en su tierra.

Juan Martín Díaz el Empecinado, que salta a primer plano súbitamente y hace “carrera” dentro del sistema.

El cura Merino, irreductible y huraño clérigo.

Parten de un denominador común, su resistencia al invasor, pero las vicisitudes posteriores de su vida en muchos casos difuminan el recuerdo de aquellas míticas hazañas por las que saltaron a la fama. la suerte diferente que corren hace que también sea distinto el eco posterior de sus figuras: el pronunciado, el retirado, el ajusticiado y el denostado, respectivamente.

Guerrilla, ejército y guerra

La clasificación de las guerrillas, en cuanto a su importancia en la acción y envergadura, puede ser la siguiente: un grupo de guerrillas de abundantes efectivos con un jefe de renombre nacional: como las de Juan Martín Díaz el Empecinado (actúa en torno a la capital y controla las comunicaciones con Zaragoza), Espoz y Mina (mantiene en jaque en Navarra a todo un ejército) el cura Merino (entorpece gravemente las comunicaciones entre Madrid y Bayona) y Julián Sánchez (actúa sobre el Duero, cerca de la raya con Portugal). Les sigue un grupo de guerrilleros regionales: Jáuregui (en el País Vasco), Porlier (en el Cantábrico), Renovales (Aragón), Manso y Sola (Cataluña), las partidas de somatenes (que tienen un cierto aire militar por la presencia de algunos oficiales a su frente, como Lacy, Eroles y Milans del Bosch), etc. Después encontramos multitud de partidas de menor entidad y vida intermitente, con jefes poco conocidos; de algunos de ellos sólo sabemos su apodo: el Abuelo, el Fraile, el Chaleco, Calzones, el Cocinero, el Mantequero, etc.

Determinar el número de guerrillas y guerrilleros es bastante aleatorio, pues faltan muchos datos. No obstante se han aventurado cifras, que van desde las cien que dice haber en un informe de 1811 enviado por Charles Stuart a Wellesley hasta las 650 de que habla Horta Rodríguez. También es muy aleatorio el número de guerrilleros, pues Arteche habla de 50.000, Canga Argüelles los rebaja a 36.000 y el referido informe a 28.000. Por lo que respecta a su reparto geográfico, Horta Rodríguez las distribuye así: cien guerrillas en Andalucía, dieciséis en Extremadura, 42 en el antiguo Reino leonés, 116 en Galicia, nueve en Asturias, cuarenta en Castilla la Vieja, veinticuatro en Vascongadas, veinticinco en Navarra, 128 en Cataluña, 56 en Aragón, 35 en el antiguo reino toledano, 34 en la Mancha y veintiuna en tierras murcianas y valencianas12.

“Gran parte de estas partidas contaban con 50 hombres, otras con 100 y 1.000, y las mayores con 3.000 o más, como las partidas del Empecinado, Porlier, o Merino. La de Isidro Mir reunió a 500 infantes y un millar de jinetes; la de Porlier pasó de tener 1.500 hombres en 1809 a más de 4.000 en 1811; la del fraile Inocencio Nebot llego a tener cerca de 5.000 hombres en el Maestrazgo castellonense; el “Empecinado” contaba con 10.000 hombres cuando acudió en socorro de la sitiada Tarragona; las partidas de Jáuregui (el Pastor), encuadradas en tres batallones de Voluntarios de Guipúzcoa, sumaban en 1812 3.400 hombres; y la División de Navarra comandada por Francisco Espoz y Mina pasó de 3.000 hombres en 1810 a unos 5.000 en mayo de 1811, 7.000 en enero de 1812 y en torno a 8.000 en junio de este año”13.

Pues bien, la vigencia del fenómeno guerrillero está muy relacionada con las alternativas de la guerra convencional, en el sentido de que mientras los ejércitos napoleónicos no tienen rivales en el campo de batalla, los guerrilleros viven su “época dorada”, pero luego cuando las tornas empiezan a cambiar, la estrella de la guerrilla palidece y son los ejércitos aliados (español, inglés y portugués) los que se van imponiendo sobre los napoleónicos, que en su retirada van dejando libre el territorio y la acción guerrillera pierde su razón de ser. En consecuencia, podemos distinguir cuatro periodos en la proyección de la guerrilla sobre la marcha de la guerra: el primero, el inicial, de formación, es una etapa que concluye cuando la Junta Central llega a Sevilla y en la que predomina la guerra regular. Pero la guerrilla “despertaría” tras las victorias de Napoleón, al abrirse la guerra sin cuartel. El segundo periodo (fines de diciembre de 1808-mediados de noviembre de 1809) lo cierra la batalla de Ocaña y durante él la guerrilla tampoco se manifiesta plenamente y no había alcanzado su importancia definitiva; en este tiempo conviven la guerra regular y el asedio de ciudades. El tercer periodo (desde la batalla de Ocaña a la de Arapiles, a mediados de 1812) es la época de oro de la guerrilla, pues coincide con el periodo de máximo predominio militar francés: en esta etapa cumplió una doble función, acosar al enemigo y cortar el colaboracionismo de la población. Después, en el cuarto periodo, la guerrilla irá decayendo a medida que las tropas aliadas van progresando hacia los Pirineos, ya que la recuperación militar aliada y la progresiva retirada francesa cambiaron el signo de la contienda con la consiguiente decadencia de la guerrilla.

En el flujo y reflujo de los ejércitos, vemos la colaboración de ciertas organizaciones guerrilleras con los planes trazados por los Estados mayores, como sucede por ejemplo con ocasión de la campaña de los Arapiles y los movimientos siguientes de Wellington, quien encarga al Empecinado el control de Toledo y Guadalajara. Pero estas colaboraciones no dejan de ser ocasionales. En ese mismo caso, cuando el inglés regresa a Portugal, el guerrillero recupera su iniciativa y libertad de acción, para continuar actuando como lo hacían habitualmente las partidas guerrilleras: sus armas esenciales eran rapidez de movimientos, información exacta y precisa, ataque fulminante y breve cuando se tenía la certeza del éxito, dispersión inmediata y concentración posterior.

Será en 1813, a raíz de la marcha incontenible de los aliados hacia la frontera francesa, tras la salida de José I de Madrid, cuando la guerrilla remita de manera clara en su acción hasta disolverse o desaparecer, dejando la impresión de que su lucha es la que había permitido a los ejércitos regulares aguantar la presión francesa, pues los efectivos napoleónicos destinados a proteger las comunicaciones y luchar contra las partidas equilibran las fuerzas y hacen que la presión sobre los ejércitos regulares no sea tan asfixiante como lo hubiera sido de no ser por la guerrilla. Y ahora, llegado el momento del triunfo, el guerrillero regresa a su casa y se pierde nuevamente en el anonimato de donde había salido, un anonimato protector que permite a muchos individuos convertirse en guerrilleros “ocasionales” o “temporales”, pues mantienen una aparente vida pacífica que abandonan en un momento dado para descargar un golpe y regresar de inmediato a su vida normal. Así se cierra el círculo: un desconocido lucha como un héroe por ideales seculares y defensa del rey legítimo y cuando la victoria se consigue, regresa a su casa para continuar la monotonía de su existencia alterada por los años de la guerra.

La brillantez de las imágenes derivadas de este enfoque generalizado sobre la guerrilla, contrasta con la visión tan prosaica que rodea todo lo relacionado con el Ejército regular. En el fondo, queda la sensación de que si no es por el Ejército inglés, el español hubiera sido desarbolado y disuelto por el francés; si aguantó fue gracias a la ayuda inglesa, considerada como decisiva en la guerra, pues si el Ejército español no despierta entusiasmo alguno entre sus compatriotas, el Ejército portugués es para los españoles tan ignorado como desconocido. El reconocimiento de la jefatura de Wellington y sus victorias consolidaron esta percepción de los otros contingentes militares.

Tal disparidad en las estimaciones deja muchos espacios en sombra e ilumina otros de manera tan cegadora, que en ambos sentidos se impone una ponderación de la realidad y unas estimaciones más serenas de los auténticos papeles jugados por los diversos protagonistas, pues se ha generado un debate historiográfico sobre quién resultó más decisivo en la guerra, si el Ejército o la guerrilla. En realidad, es un debate que viene de mucho tiempo atrás, pues no podían pasar desapercibidas y no ser cuestionadas afirmaciones tan categóricas como la siguiente: “si las pérdidas de Napoleón en España, según fuentes de la época, ascendieron a 500.000 hombres, 300.000 fueron por acción de la guerrilla. Es decir unas tres quintas partes de las bajas francesas”14. Afirmaciones que se justifican por lo que contaron propios y extraños, en particular los franceses y por hechos incuestionables, como el que las comunicaciones entre Madrid y Bayona tuvieran que ser protegidas por un cuerpo de ejército y sin mucho éxito: esa ruta se cubría en circunstancias normales en tres días, pero los convoyes tardaban ahora de once a 36 jornadas dependiendo de las circunstancias y con una escolta entre 3.000 y 4.000 hombres; Saint Chaman decía que por España no se podía viajar si no se llevaba una escolta de 300 o 400 hombres y Grivel afirmaba que cuando su convoy estuvo completo, llevaba más de 1.200 hombres15.

Del fenómeno guerrillero lo primero que trascendió fueron los casos particulares, los guerrilleros famosos que con su partida consiguieron pronto renombre nacional y más recientemente se ha pasado a analizar la guerrilla como manifestación social y militar, en vez de como muestra de individualismo. Un enfoque distante de la épica y la leyenda que va centrando el conocimiento de la guerrilla y sus componentes. Por el contrario, en el estudio del Ejército se tendió primero a establecer un marco general del mismo, con tres referentes fundamentales: organización, efectivos y medios, en el más amplio sentido del término. Tal circunstancia pospuso durante muchas décadas el acercamiento a los diversos cuerpos y a su actuación contra el francés, algo que también está cambiando actualmente, pues ya contamos con trabajos que siguen la trayectoria y la actuación de las fuerzas destinadas en determinados espacios. De esta forma estaremos en condiciones de valorar la verdadera participación de nuestras fuerzas armadas en la contienda en relación directa con sus oponentes franceses, de la misma forma que la guerrilla será mejor definida en sus perfiles “humanos”, al margen de los “legendarios”, dando respuesta –tal vez– al debate aludido, respuesta que no va alterar los hechos acaecidos ni el resultado del conflicto, razón que hace que para algunos sea tal discusión una cuestión de menor importancia.

Pero la guerrilla también ha tenido detractores, que han puesto de relieve los procedimientos criminales que aplicaron muchos de sus componentes, en un proceder que asemeja su comportamiento al de los facinerosos y malhechores, con su correspondiente repercusión en el orden público, en el que la guerra dejó sentir sus efectos a corto y medio plazo, insertándose después sus consecuencias en una dimensión de la vida española presente en el siglo xix y parte del siglo xx: nos referimos al bandolerismo, dimensión de la vida española bastante activa, que por entonces parece adquirir caracteres endémicos en algunas regiones, como Cataluña, Andalucía o Extremadura. La Guerra de la Independencia fue una especie de manto protector de sus actividades fuera de la ley, que encontraron en españoles y franceses el blanco de sus delitos. Cuando la guerra acaba, muchos de los combatientes, sobre todo guerrilleros, van a encontrarse con el problema de la adaptación a la normalidad, un reto que no todos superan y entre los problemas que origina la vuelta a la paz se encuentra el llamado bandolerismo de retorno, nutrido por cuantos prefieren seguir con su vida agreste y montaraz por encima de toda norma, con su voluntad como único rumbo. Este bandolerismo va a robustecer el ya habitual en algunas regiones, en momentos en que se perfila uno de los tipos humanos más singulares de nuestra España contemporánea e ingrediente básico de la España de la pandereta: el bandolero romántico, cuyos perfiles son muy nítidos e identificables. De modo que la mente popular encuentra en ellos unos puntos de referencia, gracias a los cuales estas figuras se posesionan muy pronto de su sensibilidad y entran a formar parte de su mitología cotidiana, hasta el punto de que ni siquiera la muerte es capaz de acabar con la vida de tales personajes, pues cuando mueren a manos de la ley, los rumores sobre su fuga o sobre la equivocada identificación hecha por los agentes corren por doquier, fomentando otras versiones para el final de sus días: se oculta, lo redime el amor de una mujer, alcanza el indulto secreto, huye al extranjero, etc.

Justamente, en la Guerra de la Independencia transcurre la infancia o una parte de la vida de los últimos bandoleros románticos: Jaime el Barbudo, los Siete Niños de Écija, el barquero de Cantillana, José María el Tempranillo, Miguelito Caparrota, Juan Caballero, el Lero, etc., tipos representativos de un espíritu y sentir populares, con los que de alguna forma resulta fácil identificarse y constituyen un legado para la posteridad, difuminándose sus contornos al conectarse con otros símbolos representativos de una época: la hembra de rompe y rasga con la navaja en la liga, la gitana bailaora, el torero desgraciado y valiente, el señorito rico, el toro, el caballo y tantos otros que configuran la llamada España de la pandereta, de la que abominan intelectuales y políticos, pero de indudable raigambre popular y folklórica.

Pues bien, este bandolerismo romántico –que se define y caracteriza sobe todo por sus procedimientos de actuación– pervive hasta la década de 1840; a partir de entonces una serie de factores –dispersión por la geografía española de los efectivos de la Guardia Civil, creada en 1844; progreso del tendido férreo y mejora de la red caminera, nueva distribución de la propiedad como consecuencia de las desamortizaciones…– va a hacer que el bandolerismo se “replantee” sus métodos en lo que podemos considerar un periodo de “transición”, que para 1870 parece estar concluido al configurarse un nuevo tipo de bandolerismo, el bandolerismo organizado16, bastante más prosaico que el romántico, cuyos componentes se articulan en una escala que va desde los simples soplones e informadores hasta los poderosos que encubren sus fechorías pasando por los realizadores materiales de los delitos, cuyos procedimientos son más canallas –usan con frecuencia el secuestro y la tortura, por ejemplo, algo impensable para un Tempranillo o un Diego Corrientes–, esforzándose en conservar el anonimato, pues no desean fama ninguna a fin de mantener mejor su impunidad.

Cuando hablamos de bandolerismo de retorno no nos referimos a otro tipo de esta forma de delinquir, ya que cuando tal bandolerismo surge adopta el comportamiento y las actitudes del tipo de bandolerismo existente en los momentos de su aparición. Cuando hablamos de un bandolerismo de retorno aludimos a un fenómeno de posguerra muy generalizado, ya que se manifiesta después de un conflicto bélico –no importa dónde se produzca–, al volver los contendientes a sus casas para retomar la vida anterior, pues es entonces cuando muchos de ellos perciben su inadaptación a la vida pacífica –ya sea por pérdida de su familia, por destrucción de su propiedad o por cualquier otra razón– y deciden continuar con sus comportamientos agrestes y montaraces sin más límites que su voluntad.

La Guerra de la Independencia no iba a ser una excepción y el bandolerismo de retorno apareció antes, incluso, de que concluyera, si nos atenemos a los testimonios que nos ofrecen los diputados a las Cortes liberales de 1820, donde hablan de cómo los problemas de orden público ya aparecen en 1813 y 1814, cuando las tropas francesas se retiran empujadas por las mandadas por Wellington, dejando libres muchos territorios hasta entonces ocupados y escenarios de la actuación de la guerrilla, cuyos componentes regresan a casa al no ser ya necesarios sus servicios. Además, según algunas fuentes absolutistas, después del regreso de Fernando VII en 1814, se mantuvieron en el campo partidas de bandoleros que identifican como militantes liberales que rechazan el restablecimiento del absolutismo impuesto por el rey. En consecuencia, en el bandolerismo de retorno de 1814 podemos encontrar antiguos bandoleros que al terminar la guerra vuelven a las andadas, guerrilleros inadaptados a una vida pacífica y activistas que se manifiestan violentamente contra el Nuevo Régimen.

En cuanto al orden político, hay que destacar el hecho de que las partidas fueron una realidad sin que nadie hubiera podido prever su aparición, por eso los hombres de Cádiz tuvieron que aceptar su existencia y no se definieron a favor o en contra de una manera clara por su novedad misma. Y estos hombres echados al monte, en general, aceptaron los sucesos gaditanos y una de sus preocupaciones sería la publicación y defensa de la Constitución. Fernando VII a su vuelta proclamaría el absolutismo con el apoyo de una parte del generalato, mientras guerrilleros distinguidos se inclinarán por el bando liberal.

Respecto al orden económico, la intendencia francesa basaba en gran medida la alimentación de sus hombres en vivir sobre el terreno, algo que advirtieron los guerrilleros de inmediato y trataron de impedirlo por todos los procedimientos: tierra quemada, presiones sobre la población civil, saqueos, destrucciones, etc. Una práctica que no hacía muchos distingos y que al aplicarla causó bastantes daños en sus compatriotas y en sus propiedades.

Pues bien, el más famoso de todos los guerrilleros, posiblemente, fue Juan Martín Díaz el Empecinado, combatiente en el Rosellón y asaltante de los correos franceses incluso antes de que se levantara el pueblo madrileño el 2 de mayo. Las provincias de Soria, Segovia y Burgos eran recorridas por sus hombres atacando convoyes, destacamentos y correos. Los pliegos que interceptaba eran entregados a los mandos militares, que se aprovechaban así de una privilegiada información. Su actuación en la batalla de Talavera le valió el reconocimiento de parte del Gobierno y le encargaron la misión de interrumpir las relaciones entre Madrid y Aragón, algo que hizo tan eficazmente que le valió el grado de brigadier del Ejército. Los franceses que fueron contra él nada consiguieron, incluido José Leopoldo Hugo, famosos por haber vencido a Fra Diavolo. Decidido partidario de las ideas liberales, murió ajusticiado en Roa.

Por su parte, Jerónimo Merino, párroco de Villoviado, se lanzó al campo al ser obligado por los franceses a transportar efectos militares –un bombo de una banda de música–. Lleno de odio, inició una venganza tan larga como sangrienta. Los quince o veinte hombres reunidos inicialmente en el Pinar de Quintanar, se convirtieron pronto en una fuerza de más de trecientos hombres, que sorprendían cuantos movimientos imperiales se producían, sobre todo en la provincia de Burgos. Los generales Dorsenne, Kellermann y Roquet lo combatieron, pero fueron incapaces de acabar con él. Huraño y desconfiado –no se fiaba ni de sus hombres, hasta el punto de que se apartaba de ellos y se escondía para dormir por temor a ser sorprendido durante el sueño–, actuaba con una dureza, muchas veces transformada en ferocidad.

Francisco Espoz y Mina era llamado por los franceses el Rey Chico de Navarra. Su partida aumentó con la de su sobrino, apodado el Estudiante, y con los de su rival Echevarría. Recibió el nombramiento de comandante en jefe de las guerrillas navarras por la Junta de Aragón. Su astucia y maestría en este tipo de lucha lo convirtió en el terror de sus oponentes, esquivando la persecución de Dorsenne, Claussel, Arizpe y Cafarelli, entre otros. De sus acciones destacan las ocurridas en Rocafort, Sangüesa y Arlabán, así como la campaña del Roncal, para escapar de los 40.000 franceses que lo perseguían. Sus servicios fueron recompensados hasta nombrarlo mariscal y convertirlo en segundo jefe del Séptimo Ejército a la órdenes de Mendizábal.

Julián Sánchez actuó en Salamanca como vengador de ultrajes y atropellos cometidos en su familia. De labrador se convirtió en interceptor de correos, asaltante de destacamentos y cazador de bastimentos. Su escuadrón de lanceros llamó la atención de los ingleses y les arrancó elogios por su organización y disciplina. Será el azote de la retaguardia de Massena cuando entre en Portugal persiguiendo a Wellington. Luego, se unirá al Ejército hispano-inglés.

División de la ideología política española

Como hemos apuntado más atrás, la otra gran característica de la crisis es la fragmentación del pensamiento político de los españoles, realidad que se origina como consecuencia de la situación en que queda España tras la salida hacia Bayona de la familia real española y de los sucesos acaecidos en aquella ciudad francesa.

Fernando VII responsabilizó de los negocios a una Junta de Gobierno mientras durara su ausencia. Tras los sucesos del 2 de mayo en Madrid y los fusilamientos de vecinos la víspera del 2 al 3, el ambiente de la capital se había enrarecido sobremanera y el miedo flotaba en el aire. El día 3, el alcalde de Móstoles declaraba la guerra a los franceses y el 4 de mayo, el infante Antonio abandonaba la Junta que presidía para marchar también a Francia; en esa misma fecha, Carlos IV designaba a Murat como lugarteniente general y gobernador del reino, posición desde la que le fue fácil acceder a la presidencia de la Junta.

El 5 de mayo empiezan las llamadas abdicaciones de Bayona, un juego de cesiones que lleva la Corona española a las sienes de Napoleón, primero y de su hermano, nuestro José I, después: En efecto, Escóiquiz rubricó en nombre de Fernando VII la renuncia total de éste a la Corona española y Carlos IV la cedió a Napoleón, quien le pasaría una pensión. Tres días después, el 8 de mayo, Fernando VII extendía su renuncia a cualquier derecho sucesorio como príncipe de Asturias, renuncia a la que se sumaron los infantes Carlos y Antonio y desde Burdeos se emitía un manifiesto, firmado también por ambos infantes, recomendando a los españoles obedecer a Napoleón. Cuando las noticias de lo sucedido llegaron a España y se difundieron con las de lo ocurrido en los inicios del mes de mayo en Madrid, empezaron las reacciones contrarias sin que pudieran impedirlo las tropas napoleónicas, cuyo plan de ocupación de la Península estaba progresando sin obstáculo: el 9 de mayo empezaron en Oviedo los disturbios que culminarían el 24 en la formación de una Junta revolucionaria, que declaró la guerra a Francia el día 25; a la Junta de Oviedo siguieron en fechas próximas las de Zaragoza, León, Santander, Sevilla, La Coruña, Valencia, Valladolid, Badajoz, Cataluña, Granada, etc., resultado de los levantamientos producidos en esos núcleos urbanos y representativas de las aspiraciones de los sublevados: son las Juntas provinciales, cuyos emisarios animaron a otros lugares a sublevarse. El 4 de junio se hacía pública una proclama –inútil en cuanto a su eficacia– por parte de la Junta de Gobierno animando a las gentes a someterse y aceptar la nueva situación, pues ella la había admitido. Para entonces ya era patente la división ideológica de los españoles, motivada por las abdicaciones: los que las aceptan son llamados poco después afrancesados. Los que no los aceptan son los partidarios del sistema político vigente hasta entonces, es decir los absolutistas y los que propugnan una solución nueva diferente, o sea los de ideología liberal más o menos avanzada. En cualquier caso, estamos ante el detonante que hace saltar el hervidero ideológico que se percibe en el reinado de Carlos IV y que de forma más o menos soterrada se ha venido manteniendo hasta 1808 sin graves quebrantos del orden, pues las alteraciones fueron controladas a la postre17.

El 7 de junio llega a Bayona José Bonaparte, procedente de Nápoles –donde su hermano lo había entronizado como en rey–, y fue reconocido inmediatamente rey de España por los diputados que ya habían empezado a reunirse allí a instancias de Napoleón, para formar unas Cortes españolas –cuya preparación se inició en mayo– a fin de legitimar las abdicaciones y trazar las líneas maestras del nuevo Gobierno de España. Bajo la presidencia de Miguel José de Azanza, comenzaron sus sesiones el 15 de junio y el 6 de julio aprobraron la denominada Constitución de Bayona, el marco político de la Monarquía impuesta por el emperador francés; tres días más tarde José I salía rumbo a España, siendo proclamado solemnemente rey en Madrid y Toledo el 25 de julio; al día siguiente se promulgaba la Constitución de Bayona y se comenzaba a organizar el Consejo de Estado.

Por su parte, las Juntas Provinciales no permanecían inactivas y el 25 de septiembre aúnan sus esfuerzos y constituyen la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, cuya presidencia recae en Floridablanca y se le encomienda el objetivo primordial de dirigir la guerra contra el invasor y defender los derechos de Fernando VII.

De esta forma se delimitaban los marcos institucionales y políticos que iban a sustentar a cada uno de los bandos en pugna, ya que José I, apoyándose en el edificio político trazado por la Constitución de Bayona, va a pretender levantar una nueva monarquía con instituciones y órganos nuevos, adecuados a los fines que se esperaba de ellos y que no eran otros que los encaminados al establecimiento y la consolidación del nuevo rey en el trono español, mientras que la Junta Suprema va a encarnar la primera forma institucional nacional de cuantos desean expulsar de España a los franceses y al rey intruso para que vuelva Fernando VII, a quien consideran soberano legítimo.

En ambos casos, ya se trate de josefinos o de fernandinos, el gobierno que se pretende instaurar responde a una concepción de Estado muy diferente de la que hasta entonces imperaba, pues el absolutismo monárquico como tal quedaba arrinconado y se ofrecían dos soluciones nuevas para España y diferentes entre sí, sobre todo por su procedencia. Al margen de lo que esas soluciones puedan significar y de las estimaciones que de ellas se hagan, lo que estaba claro es que se estaba produciendo la crisis del Antiguo Régimen.

8 “No resulta fácil reunir las tres perspectivas. Pero es posible establecer algunas coincidencias. Para las tres interpretaciones está claro que su visión no agota la realidad. La más simple, que es la inglesa, aunque desconoce el fenómeno del “afrancesado” español, toma buena nota de la actividad guerrillera hispana y del apoyo portugués ofrecido con generosidad. La más compleja, que es la francesa, oscila entre lo que pudo ser: una guerra civil discretamente internacionalizada desde el Pirineo, y lo que fue: una expresión de imperialismo replicada por un levantamiento popular. La más sincera, que es la española, habla de riesgos supremos de supervivencia y sienta las bases para la ordenación por periodos o fases de los acontecimientos en cada uno de los cuales se hace más o menos patente la presencia de ideas estratégicas procedentes de las otras definiciones de la guerra: la “civil o interna”, que buscan los franceses, o la simplemente “internacional”, propuesta por los ingleses”. Alonso Baquer, M., “Las ideas estratégicas en la guerra de la Independencia”, en Historia social de las fuerzas armadas españolas, 2 vols., Madrid, 1986, p. 226.

9 Vease J.M. Jover Zamora, “La Guerra de la Independencia española en el marco de las Guerras Europeas de Liberación (1808-1814)”, en La Guerra de la Independencia española y los sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1958, pp. 41-166.

10 Aymes, J.R., La guerra de la Independencia en España (1808-1814), Madrid, 1990, p. 47.

11 He aquí una muestra de lo que se ha escrito en relación con este problema: “Chocan las concepciones de la dirección de la guerra: “la manía de dar batallas” y la defensa estática de las ciudades, con la de una guerra “fabiana” de pequeñas unidades y somatenes; las ideas de reforzar los Regimientos regulares con nuevos reclutas y los deseos de formar Tercios de Migueletes, Compañías de Corregimiento y somatenes.

No hay dinero y los tributos dan cada vez menos fruto como consecuencia de la reducción del territorio. Tampoco los ejércitos disponen de una red de almacenes propia o de medios de transporte. Así las tropas viven sobre el terreno, sobre los pueblos y sus habitantes, que han de compartir con ellas, no sin resistencia, sus menguados recursos. Por las mismas razones disminuyen las posibilidades del reclutamiento.

También se hace preciso considerar la defensa de las plazas fuertes y las ciudades. Unas veces heroica y otras no tanto, pero siempre a costa de elevadísimas pérdidas de efectivos entre bajas en combate, por enfermedad y los hechos prisioneros”, Cassinello Pérez, A., “El primer Ejército”, en Congreso Ocupación y resistencia en la Guerra de la Independencia (1808-1814), Barcelona, 2005, vol. II, p. 672.

12 Horta Rodríguez, N., “Sociología del movimiento guerrillero”, en Las fuerzas armadas españolas, vol. II, Madrid, 1986, pp. 273-314.

13 A. Moliner Prada, La guerrilla en la Guerra de la Independencia, Madrid, 2004, p. 123.

14 E. Rodríguez Solis, Los Guerrilleros de 1808, vol. II, Madrid, 1867, cuaderno XI.

15 Véase S. Saiz Bayo, “El levantamiento guerrillero en la Guerra de la Independencia”, Revista de Historia Militar, t. XXXII, n.º 65, 1988; pp. 120-121.

16 Tocamos estas cuestiones más detenidamente en Martínez Ruiz, E., Creación de la Guardia Civil, Madrid, 1976 y La delincuencia contemporánea. Aproximación a la delincuencia isabelina, Granada, 1983.

17 Para estas cuestiones conservan su utilidad los libros de C. Corona, Las ideas políticas en el reinado de Carlos IV, Madrid, 1954 y Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, 1957.

Desarrollo de la guerra

La Guerra de la Independencia, según los planes napoleónicos, nunca debiera haber existido, pues la familia real tenía que salir de España sin ruidos ni problemas, la entronización de José I debería hacerse con todos los requisitos legales posibles y el pueblo español debería aceptar esos cambios animado por unos proyectos de reforma de cuya aceptación no dudaba el emperador francés. Pero esos planes y previsiones fracasaron, desencadenando un proceso que de la alianza inicial llevaría a la ocupación, de la ocupación al levantamiento y del levantamiento a la guerra, a una guerra de seis años de operaciones constantes: el conflicto más largo y sangriento de todos los que Napoleón tuvo que afrontar.

El inicio de las operaciones

Al generalizarse el levantamiento popular por la geografía española, el fracaso se cernía sobre las maniobras de sometimiento, por lo que el mando francés decidió aplastarlo con toda la rapidez posible a fin de que los sublevados no cobraran alas y tuvieran conciencia clara de cuáles eran sus grandes limitaciones para enfrentarse a una máquina de guerra como la imperial napoleónica.

Cuando comienza la contienda, las fuerzas francesas están compuestas de unos 110.000 hombres, cuyo jefe supremo es Murat y están repartidos en cinco cuerpos de ejército, que todavía son denominados Cuerpos de Observación. El Primer Cuerpo de la Gironda estaba en Lisboa a las órdenes de Junot; el Segundo se había estacionado en Toledo al mando de Dupont; Moncey mandaba el de las Costas del Océano y había llegado casi a Madrid. Bessières se situaba en torno a Vitoria con el de los Pirineos Occidentales, mientras que el de los Pirineos Orientales mandado por Duhesme se ubicaba en Barcelona. Los componentes de estos cuerpos eran reclutas que se habían reunido como consecuencia del llamamiento anticipado de los reemplazos de 1809 y 1810. Varios miles de estos hombres fueron encuadrados en unas legiones de reserva cuya finalidad era guarnecer las plazas del Atlántico; 16.000 hombres, que componían siete de esas legiones, fueron enviados a España formando la mayor parte de la infantería de Dupont, mientras que de los depósitos del sur de Francia se sacaron otros 30.000 hombres formando veinte regimientos provisionales, que pasaron a servir mayoritariamente en las divisiones de Moncey y Bessières. Los demás depósitos franceses reunieron seis regimientos de marcha, que fueron bastante menos eficaces. Por otra parte, el Ejército imperial lo componían efectivos franceses y diecinueve batallones de ocho nacionalidades diferentes, que suponían 14.000 hombres de a pie repartidos por los cinco cuerpos de ejército.

Para conseguir aplastar el levantamiento –que cuando se produjo dejó aislados los cuerpos de ejército de Junot en Portugal y de Duhesme en Barcelona, mientras que las tropas de Moncey y Dupont situadas en torno a la capital española podían mantener sus contactos con Francia gracias a que Bessières, en Vitoria, protegía las comunicaciones–, las tropas invasoras se movieron con rapidez a fin de alcanzar unos objetivos que se consideraban imprescindibles. Murat ordenó a Dupont ocupar Andalucía, controlando los restos de la Armada anclada en Cádiz: Dupont se puso en marcha el 24 de mayo. El 4 de junio Moncey se encaminaba a Valencia, en cuya conquista contaría con Chabran, quien saldría desde Barcelona y a su paso hacia el Sur se apoderaría de Tarragona y Tortosa; de acuerdo con las órdenes imperiales, las tropas de combate de Bessières se desplegarían en dos grupos para avanzar sobre Zaragoza y Valladolid. Envió a Lefebvre-Desnouettes hacia Zaragoza desde Pamplona por Tudela y a Lassalle y Merle a ocupar Valladolid, quienes tuvieron que derrotar el 10 de junio en Cabezón al general Cuesta, quien pretendió cerrarle el paso con el ejército de Castilla, constituido por 4.000 ó 5.000 hombres voluntarios de infantería que apenas si habían entrado en filas dos semanas atrás, unos trescientos jinetes veteranos y cuatro piezas de artillería; tras el choque, el general español se retira a Medina de Rioseco, mientras sus vencedores entraron en Valladolid, desde donde Lassalle continuó hacia Palencia y Merle se encaminaba a Santander, que ocupó el 23 de junio para reunirse con el brigadier Ducos, quien se dirigía hacia la plaza cantábrica desde Miranda de Ebro, después de haber ocupado el puerto del Escudo, defendido por unos quinientos hombres de un batallón de milicias con 6.000 ó 7.000 voluntarios, que se desbandaron al oír los primeros disparos. Tras estos éxitos iniciales, Bessières establece su cuartel general en Burgos y reúne fuerzas haciendo que Merle regresase con su división desde Santander, que queda bajo el control de una pequeña guarnición. Pero como estas victorias tácticas no han modificado la situación estratégica y el camino de Madrid podía quedar interrumpido por una victoria española, es enviada a España para apoyo de Bessières la división de Mouton, compuesta por veteranos curtidos.

Este despliegue de tropas respondía a las instrucciones de Napoleón, que consideraba que la guerra en la Península iba a ser una guerra dinástica más. De ser así, la escasa superioridad de fuerzas imperiales bastaría para imponerse sofocando los levantamientos que pudieran producirse, pues controlando las capitales, el país estaría tranquilo y si la agitación seguía, unas columnas móviles restablecerían la calma destrozando a los revoltosos y aplicando castigos ejemplares para que tuvieran fuerza disuasoria. En ese control al que aspiraba Napoleón, Madrid iba a jugar un papel fundamental, no sólo por el prestigio de ser la capital de la Monarquía, sino también –y sobre todo– por la escasez de caminos de rueda, cuya disposición radial (desde Madrid a la periferia) hacía imprescindible el dominio de la capital para desarrollar la maniobra por las líneas interiores, que es la que proporcionaría la superioridad estratégica: así se explica el interés del mando francés por conservar la posesión de Madrid, que mantuvo desde el comienzo de la guerra hasta 1813, salvo los breves paréntesis provocados por las victorias en Bailén y los Arapiles, que obligaron a su evacuación temporal.

Al ver el despliegue francés, Cuesta pidió ayuda a Galicia y a Asturias, reticentes en principio a prestar sus fuerzas por considerar que podían serles de necesidad, pero el Ejército de Galicia se movería y sus movimientos alarmaron a Napoleón, decidiéndole a enviar a Mouton con sus tropas, como hemos dicho. En efecto. La Junta de Galicia sustituyó al capitán general Filangieri –que luego sería asesinado– por el entonces coronel Joaquín Blake, quien recibió el mando de unos 39 batallones regulares de infantería y trece de milicias, 150 jinetes y treinta piezas de artillería, a los que se fueron agregando los voluntarios que llegaban. El Ejército de Galicia –unos 25.000 hombres– estaba concentrado en Lugo y se dividió en cuatro divisiones que ocuparon los pasos que daban acceso a aquellas tierras. Por su parte, la Junta de Asturias disponía de unos 15.000 efectivos dispersos para cubrir los accesos al Principado y se negó a acudir en ayuda de Cuesta. Blake recibió órdenes de unirse a Cuesta en Castilla –la reunión tiene lugar en Villalpando el 10 de julio– y ya juntos presentaron batalla a Bessières en Medina de Rioseco para recibir una nueva derrota, pues el general francés decidió utilizar la superioridad de su caballería ligera al mando de Lasalle, quien trabó contacto con los españoles la noche del 13 de julio y al día siguiente se generalizaba la batalla, en la que Cuesta distribuyó sus fuerzas con una gran separación entre sí, lo que le permite a Bessières batir primero a Blake y luego al mismo Cuesta: la batalla de Rioseco les proporciona a los imperiales la ansiada seguridad de la ruta de Madrid, un objetivo que había sido el referente de todos los movimientos de Bessières. José I, que permanecía detenido en Burgos, pudo continuar su marcha hacia Madrid, donde entró el 20 de julio.

Tras la derrota, Cuesta se repliega sobre León y Blake –que había sufrido 3.000 bajas y había perdido toda la artillería– lo hace hacia Astorga en busca de las demás tropas del Ejército de Galicia y de proteger los accesos a Galicia sin escuchar las ofertas de soborno que recibía de parte del vencedor. Sin embargo, los éxitos en Castilla no tuvieron repercusión ni influencias en otras zonas. Además, Moncey no pudo entrar en Valencia.

En cuanto a la penetración por el valle del Ebro, se hizo necesaria para los franceses porque la sublevación de Zaragoza se había extendido a otros lugares como Burgo de Osma y Logroño, amenazando por el Este el camino hacia la capital de España. Para controlar el valle, el ala izquierda de Bessières avanzó en dos columnas paralelas. Una, de algo más de 3.000 hombres, al mando de Verdier se dirigió sobre Logroño, donde entró el 6 de junio tras una breve escaramuza. La otra, de 4.500 hombres a las órdenes de Lefevbre-Desnouettes, derrotó al marqués de Lazán, hermano de Palafox, en Tudela, defendida por 2.000 voluntarios apoyados por 3.000 ó 4.000 vecinos de la ciudad. Esta victoria dejaba el camino expedito hacia Zaragoza por la orilla derecha del Ebro. Palafox no pudo cerrar el paso hacia la capital aragonesa, pero los franceses encontraron una resistencia inesperada en la ciudad de Zaragoza, cuyas débiles defensas hicieron que el general francés ordenara el asalto sin conseguir otra cosa que encontrar una férrea defensa de los naturales, cuya resistencia pensó vencer el asaltante mediante un riguroso cerco: así se iniciaba el primer sitio de Zaragoza, una ciudad en la llanura, abierta a los cuatro puntos cardinales, por lo que sus habitantes han de emplear con profusión la fortificación de campaña, realizada de acuerdo con los planos de Antonio Bangenis. Los zaragozanos descubrieron en la barricada una forma de nivelar las fuerzas, pues resultaba muy fácil de defender y dada la configuración del callejero, neutralizaba dos elementos en los que los franceses tenían clara superioridad: la acción de la caballería ligera y la acción de la artillería. Además, el combate en la defensa de una ciudad asediada no requiere preparación militar previa como en el caso de batallas campales, por lo que los paisanos pueden incorporarse a la lucha directamente.

La intención de los sitiados era mantener libre el Arrabal, clave en la lucha que se avecinaba. La Aljafería, el monte Torrero y el convento de San José se convirtieron en los puntos esenciales de la defensa; una muralla de ladrillo apoyada en las tapias y paredes de los conventos de la periferia rodeó la ciudad, sin fortificaciones ni fosos, salvo en el entorno de la Aljafería. Un tren de artillería de sesenta piezas –inferior al número del tren francés– debería mantener lejos a los asaltantes. José de Rebolledo Palafox y Melci será el director de la resistencia zaragozana y se define a sí mismo en sus Memorias de la siguiente forma:

“Militar desde mi cuna… he procurado marchar por la senda del honor; ha sido siempre mi divisa. Si algún tantote ha favorecido la suerte en mis empresas bélicas, no se puede lícitamente disputar la gloria de haberlas consagrado todas al logro de la independencia de mi rey y de mi patria, cabiéndome la gloria de que el suelo mismo que me vio nacer fuese el testigo de mis esfuerzos y el único tribunal que debe juzgarme a la faz de toda Europa”.

La ciudad aguantó las primeras acometidas y, como hemos dicho, lo que pretendía ser un asalto tuvo que convertirse en un asedio en toda regla, dando lugar a una heroica resistencia. En un primer momento, Palafox salió de la ciudad pensando en la imposibilidad de resistir, encomendando la defensa al sacerdote Santiago Sas, al coronel Renovales y a Luciano Tornos, un oficial retirado. Al ver el fracaso francés y las escasas posibilidades de encontrar refuerzos, Palafox regresó a la ciudad, cuya resistencia superaba las posibilidades de las tropas de Lefebvre-Desnouettes para conquistarla, por lo que el general francés se vio en la necesidad de pedir ayuda a Pamplona, donde permanecía un elevado contingente galo. Con parte de esos efectivos –unos 3.000 o 3.500 hombres– Verdier se presentó ante la ciudad aragonesa asumiendo el mando de los sitiadores y conquistó el monte Torrero para reducir la defensa al estricto espacio amurallado. La preparación artillera precursora del asalto alcanzó su punto culminante el 2 de julio, fecha en la que los asaltantes cargaron en avalancha sobre los sitiados.

En efecto. Lefebvre-Desnouettes se lanzó contra la Puerta del Carmen, Santa Engracia y San José, un convento en el que lograron entrar brevemente, pues fueron expulsados de inmediato. Tampoco Frère en su acometida por la izquierda tuvo mayor fortuna, pues si bien durante unos momentos la victoria parecía tenerla a su alcance, especialmente cuando los franceses cerraron filas para penetrar por la brecha donde un cañón de los defensores había enmudecido y cuya dotación estaba muerta: cuando los asaltantes estaban a punto de penetrar por la brecha, el cañón disparó encendido por una de las heroínas de la defensa, Agustina de Aragón y su detonación produjo un doble efecto al detener a los franceses y dar tiempo a la llegada de nuevos defensores que cubrieron las bajas de los paisanos superando un momento difícil y haciendo que Verdier decidiera reforzar el cerco.

Un mes después, los zaragozanos van a vivir una de las peores jornadas, la del 4 de agosto, pues el ataque francés fue de gran violencia y abrieron brechas en Santa Engracia, Puerta del Carmen y el Portillo; su infantería llegaba hasta el Coso mientras el combate se generalizaba en las calles con gran violencia. Al anochecer, Verdier tenía más de 2.000 bajas; entre los heridos estaban los generales Lefebvre-Desnouettes y Bazancourt. Por parte de los zaragozanos, la labor de la condesa de Bureta, Concepción de Azlor y Villavicencio, resultó meritoria y destacada, dada la ayuda que venía prestando a los heridos en su improvisado hospital de sangre. Pero después de tan sangriento día nada había cambiado, salvo la merma sufrida por los efectivos de sitiadores y sitiados, cuyas bajas no se conocen con exactitud.

Pero los efectos del cerco ya se dejaban sentir angustiosamente dentro de la ciudad. Un alivio fueron los víveres introducidos por Lazán, mientras que Palafox, en otra salida logró reunir 5.000 hombres en Villamayor y con ellos reforzó la guarnición de Zaragoza, que respiró aliviada cuando Verdier levantó el cerco y se retiraba para no quedar aislado al producirse la retirada generalizada de las tropas francesas en la Península como consecuencia de la derrota en Bailén.

“El balance de la empresa de Zaragoza era revelador del carácter que iba a tener la guerra española. La guerra nacional tenía en ella su más patente manifestación, por cuanto a pesar de la superioridad numérica y en material de los combatientes franceses –la guarnición española no tenía sino 13.000 hombres al terminar el asedio– Verdier había sido derrotado en definitiva por la carencia de un dominio eficaz del espacio geográfico. Es esta carencia la que de hecho impidió convertir el bloqueo de la ciudad en sitio formal y la que impuso a Verdier una total concentración de sus efectivos, permitiendo que los defensores mantuviesen, a pesar de todo, una línea de comunicación con el exterior”18.

Por otra parte, mientras la lucha discurría en torno a Zaragoza, la resistencia catalana se había organizado. Duhesme había recibido orden de enviar dos columnas en apoyo de las operaciones en Zaragoza y Valencia. Cada una de esas columnas tenía unos 3.000 hombres, cantidad similar a la que conserva Duhesme en Barcelona y para mantener el camino de Francia. Plan que demostraba el convencimiento napoleónico de la escasa entidad del levantamiento español.

La empresa contra Manresa y Lérida se encomienda a la columna que mandaba Schwartz, cuyos efectivos en su mayor parte eran italianos y suizos; el 4 de junio se puso en marcha y los somatenes de Manresa –que no eran más de cuatrocientos y muchos de ellos sin armas de fuego– el 6 de junio en el Bruch, sorprendieron a los franceses, trabándose una escaramuza, cuyo tiroteo amplificado por los ecos del desfiladero, lo mismo que el redoble de un tambor ejecutado por un muchachito, constituyó un buen punto de referencia para la progresiva incorporación a la lucha de nuevos somatenes movilizados. La llegada de estos contingentes hace que el general francés rompa la formación en línea y forme un gran cuadro con sus tropas, coloque en el centro la artillería y la caballería y empiece la retirada hacia Barcelona, que se mantiene ordenada hasta Esparraguera, donde las tropas francesas se dividen para flanquearla al ver que los vecinos se habían aprestado a la defensa; la maniobra desorganizó la retirada, que llegó a Martorell en la mayor confusión.

Duhesme consideró acertada la retirada de Schwartz, cuya derrota no fue importante, pero descompuso los planes que se habían hecho para ocupar la zona catalana y levantina, pues Chabran recibió orden de replegarse cuando marchaba hacia Valencia y después de haber ocupado Tarragona con toda facilidad; la retirada la hizo bajo la hostilidad de los somatenes de la zona costera. Una vez que hubo reunido nuevamente el Ejército de los Pirineos orientales, Duhesme intentó otra vez pasar el Bruch, pero cuando llegó lo encontró defendido por varios centenares de hombres de tropas regulares y unos miles de somatenistas, que rechazaron a los franceses con facilidad el 14 de junio. Cuando Duhesme regresó a Barcelona, supo que la sublevación de Gerona y Figueras había cortado sus comunicaciones con Francia y restablecerlas fue de absoluta prioridad, por lo que siguiendo la ruta de la costa –más segura que la del interior, aunque también en ésta hubo de soportar el ataque de los somatenes– el 20 de junio llegaba con su columna a Gerona, ya aprestada para la defensa. Duhesme lanzó un ataque decidido contra la Puerta del Carmen por la que pasaba el camino de Barcelona y que no estaba protegida por las defensas, situadas en la zona del norte de la plaza. Los asaltantes fueron rechazados, como sucedió en las dos tentativas siguientes, contra el bastión Santa Clara y contra otros bastiones. Fracasado, Duhesme regresó a Barcelona, tras haber sufrido setecientas bajas.

La situación en la ciudad condal había cambiado, pues los españoles fortificaron la línea del Llobregat y se aprestaban a bloquearla con las piezas de artillería que habían desmontado de las baterías costeras. Pero como la línea era muy larga, Duhesme pudo franquearla el 30 de junio, haciendo que los españoles abandonaran las trincheras y la artillería. Sin embargo, el general francés no había conseguido restablecer sus comunicaciones con Francia y pidió ayuda a Napoleón, quien creó en Perpiñán un nuevo ejército de 8.000 hombres que puso a las órdenes del general Reille y lo envió a Cataluña.

La primera acción de Reille fue levantar el cerco de Figueras el 5 de julio. En cambio, fracasó en el intento de apoderarse de Rosas una semana más tarde y continuó hacia el sur hasta que el 24 se reunió con Duhesme ante Gerona: los efectivos franceses estaban en torno a los 13.000 hombres y disponían de un fuerte tren de artillería; los de la plaza sitiada nuevamente no pasaban de 1.700 soldados veteranos. Los preparativos del cerco se hicieron muy lentamente, de manera que hasta el 12 de agosto no empezaron a batir la ciudadela de Montjuich, al norte de la ciudad, cuya conquista se deseaba en primer lugar. Para entonces, lo sucedido en Bailén ya se conocía en Gerona y los 3.200 hombres enviados en socorro de los sitiados estaban cerca. A las órdenes del marqués de Palacio, nuevo capitán general de Cataluña, las tropas avanzaron desde Tarragona y a su paso, ocuparon la línea del Llobregat ocuparon el fuerte de Mongat, entre Mataró y Barcelona, dejando a los franceses reducidos a lo que era el perímetro de la capital. El 6 de agosto, cuando ésta estaba cercada, fue enviado un refuerzo de varios miles de hombres en socorro de Gerona, que fue liberada el día 16 de ese mes. Reille se retiró sin mucha dificultad a Figueras, pero la retirada de Duhesme a Barcelona fue un suplicio, hostigado por los barcos que sitiaban la capital por mar al mando de lord Cochrane y por el joven Milans del Bosch en la zona montañosa: tuvo que destruir sus bagajes y arrojar al mar la artillería para que no cayeran en manos enemigas. Así concluía la primera campaña en Cataluña: un auténtico desastre para los franceses, que no podían mantenerse más que en Barcelona; en todos sus demás objetivos habían fracasado.

En cuanto a la acción de Moncey contra Valencia, inicialmente pensada como una simple operación de policía militar, la rapidez era un facto primordial; para ello eligió la ruta del Norte, mas corta, por Cuenca y el paso de las Cabrillas, pese a que era un camino más abrupto; marchaba con 9.000 hombres, de los que una brigada eran de caballería y dieciséis piezas de artillería. El 4 de junio iniciaba el camino, el 11 estaba en Cuenca y el 18 continúa su marcha hacia Valencia sin encontrar grandes dificultades de las mal distribuidas fuerzas españolas al mando del conde de Cervellón, que esperaba a los franceses por la ruta del Sur, por Albacete. El 24 de junio Moncey desbarataba la resistencia montada por los españoles en el paso de las Cabrillas y dos días más tarde estaba ante Valencia. Sin embargo, el general francés se estrelló con las viejas murallas de la ciudad y sus improvisadas defensas y barricadas: su primer asalto fue detenido, prácticamente, por la artillería española; el segundo le causó aún más bajas que el primero –en torno a las seiscientos, en conjunto. Al fracasar en su intento de conquistar la ciudad en un asalto directo y careciendo de artillería para batir, Moncey hubo de descartar el asedio y ante el temor del Ejército español que había quedado a su retaguardia y que podía aislarlo, decidió regresar favoreciendo su retirada la decisión de hacerla por el camino sur, mientras Cervellón había concentrado sus efectivos en la ruta norte, pensando que los franceses retrocederían por el camino de ida. El 15 de julio Moncey estaba en el lugar de donde había partido.

Más al sur y de acuerdo con el plan previsto, desde sus posiciones de Toledo, Dupont se había encaminado el 24 de mayo hacia Andalucía con 14.000 hombres; franqueó Despeñaperros sin oposición y ocupó Andújar el 2 de junio; Dupont dejó una división en La Carolina y continuó hacia Córdoba. Mientras, el levantamiento de Andalucía se había iniciado en Sevilla el 26 de mayo, adquiriendo una situación preponderante la Junta sevillana, cuya autoridad fue reconocida por el general Castaños, gobernador del Campo de Gibraltar, que se instaló en Carmona con sus tropas. Los emisarios sevillanos animaron a Córdoba a consolidar su levantamiento y organizar la resistencia, que se encomendó al teniente coronel Echevarri y a 15.000 voluntarios y 1.400 veteranos llegados en tres batallones desde Ronda. Esas fuerzas se establecieron en el puente de Alcolea y sus accesos, considerando que era el lugar idóneo para la defensa de la ciudad. Pero el 7 de junio, los franceses ocuparon el puente y los españoles se dispersaron para evitar una maniobra de flanqueo que los copara.

Dupont entró en Córdoba sin dificultad y la saqueó, pero interrumpió su marcha al tener noticias de que se aproximaba un Ejército español de 25.000 hombres apoyado por los ingleses de Gibraltar. Dupont abandonó Córdoba el 16 de junio y decidió retirarse a Andujar, donde llegó 3 días después. El Ejército que había alarmado a los franceses había sido organizado por las Juntas de Sevilla y Granada y puesto bajo el mando del general Castaños, entre cuyos mandos estaban el marqués de Coupigny y el suizo Reding. Reunido su cuartel general en Porcuna, con 33.000 hombres a sus órdenes, de los que 2.600 eran de caballería, Castaños –que recibe el mando supremo de la fuerza pese a la presencia de Escalante, capitán general de Granada y de más antigüedad que él– reorganizó las tropas en cuatro divisiones comandadas por Reding, Coupigny, Jones y La Peña.

A Dupont se unió Vedel, enviado con 6.000 hombres en su ayuda por Savary –sucesor de Murat, duque de Berg en el mando de las tropas francesas en la Península–, quien también envía a Gubert con su división para proteger la retirada de Dupont e inexplicablemente pasó Despeñaperros, de manera que las tropas francesas, más de 23.000 hombres; estaban distribuidas entre Andújar 10.000 hombres, Bailén 6.000 y La Carolina 3.000: una dispersión de efectivos que resultaría decisiva en el resultado de la batalla que se avecinaba.

Castaños decidió atacar a Dupont por el frente mientras Reding le cortaría la retirada; de acuerdo con el plan trazado, al tiempo que Castaños se preparaba para la batalla en Andújar, Reding y Coupigny cruzaron el Guadalquivir y se situaron en Bailén, que había sido abandonada poco antes por Vedel, la vanguardia de los franceses en su retirada hacia Madrid. Con estos movimientos, un cuerpo del Ejército español se colocó en medio de los dos cuerpos franceses. Al abandonar Dupont su posición en Andújar, encontró el camino cortado por Reding y Coupigny sin más posibilidad para abrirse paso que aceptar la batalla o quedarse aislado totalmente.

La lucha se generalizó de inmediato y pronto el general francés resultó herido; los suizos que iban en el Ejército francés desertaron para unirse a sus compatriotas del Ejército español, al tiempo que llegaba Castaños por el sur y cerraba el cerco. Viendo las escasas posibilidades de salir con éxito de su posición, Dupont optó por rendirse. Mientras, Vedel había tenido noticias de lo que sucedía a sus espaldas y regresó, pero ya fue tarde y Dupont le obligó a rendirse: bajo el duro sol de mediados de julio, unos 18.000 franceses depusieron las armas y en calidad de prisioneros fueron enviados a la isla de Cabrera, donde pasaron penalidades sin cuento y donde murieron bastantes de ellos al no ser atendidos mínimamente. Dupont permaneció preso hasta 1814 en Francia. Napoleón estalló de ira ante la derrota de Bailén y calificó la capitulación de infame.

Por otro lado, la victoria española tuvo unas repercusiones extraordinarias al producirse en un momento psicológico clave y se puede afirmar que Bailén marcó el momento en que el levantamiento se convirtió en guerra y sirvió además para decidir a muchos vacilantes. Sorprendidos por la derrota inesperada, los franceses se retiraron hacia el Norte. El mismo rey José I hubo de abandonar Madrid y replegarse con sus tropas, pues la desaparición del Ejército del Sur dejaba a la capital sin cobertura desde esa dirección; ya hemos dicho que Verdier ha de levantar el cerco de Zaragoza; Duhesme quedó aislado en Barcelona, cercada por el general Vives; el Ejército de Blake, por la izquierda, llegó hasta Zornoza en Vizcaya; el Ejército del centro, el de Castaños, cubre el espacio entre Tudela y Logroño; las tropas extremeñas se establecieron en Burgos; Palafox con su gente se estableció en Sangüesa, en Navarra. Pero lo sucedido en Bailén fue mucho más allá de los Pirineos y en Europa se supo que Napoleón podía ser vencido a campo abierto. Así pues, en los primeros días de octubre de 1808, unos 110.000 hombres se habían reunido, repartidos en los diversos contingentes mencionados. Pero entre ellos no existe una auténtica unidad, salvo la que proporciona el sentirse en el mismo bando y una posible coordinación que depende de las relaciones existentes entre los mandos de los diversos grupos. La falta de un centro director único, reconocido por todos y el que la autoridad de la Junta Central constituida el 25 de septiembre no pudiera hacerse efectiva de inmediato, sería la causa de que el Ejército español se mantuviera con su estructura dispersa, dependientes las tropas en gran medida de las Juntas Provinciales que las habían levantado. Situación que resultaría decisiva en las derrotas que Napoleón iba a infringirles en los meses siguientes.

El Ejército que a las órdenes del marqués de la Romana había salido de España para colaborar con las tropas napoleónicas en el norte de Europa, también conoció los sucesos españoles y cuando se produjo el alzamiento estaba disperso en Langelund, Fionia, Jutlandia y Finlandia. Rafael Lobo, un emisario enviado desde la Península en un barco inglés, les puso al corriente y prepararon la evasión para regresar a España. Sin embargo, el éxito de la operación no fue total, pues Kindelán delató el plan a Bernadotte, general en jefe de todas las tropas allí reunidas, gracias a cuyas órdenes algunos regimientos españoles quedaron copados allí: fueron desarmados y serían incorporados a las tropas francesas de la campaña de Rusia, en la que se pasaron al otro bando. Una parte importante de los españoles se reunió en Langelund y se encaminó hacia España, donde llegaron el 9 de octubre, a Santander, para incorporarse al Ejército de la izquierda. Sin embargo, los movimientos del marqués no fueron afortunados y sus hombres se desgastarían en marchas y contramarchas inútiles, por lo que fueron poco eficaces.

Incorporación de Inglaterra a la guerra peninsular

También en estas semanas se consuma la internacionalización del conflicto peninsular, ya que desde el primer momento en que se generaliza la rebelión, los españoles vieron la conveniencia de recibir ayuda para que su iniciativa tuviera éxito. Por eso se piensa en llegar a una alianza con Inglaterra, permanente enemiga de Francia y con tal fin, la Junta de Oviedo envía a Londres al vizconde de Catarrosa y a Andrés de la Vega Infanzón, que llegan a Londres a primeros de junio de 1808 y se entrevistan con Canning, quien recibió las noticias españolas con gran alegría, al ver el giro que cobraban los asuntos peninsulares, pues eso suponía el fracaso del bloqueo continental y la apertura de un nuevo frente contra Napoleón al convertirse la Península por la insurrección española en el mejor escenario para luchar contra el francés.

Es cierto que la intervención inglesa no era tanto para ayudar al pueblo español –aunque se presentó así– como para defender a Portugal, su aliado, al que querían liberar de los franceses, objetivo para el que sus medios parecían adecuados. En consecuencia, hasta 1809 todos los movimientos militares ingleses estuvieron en esta línea. En marzo de ese año, sir Arthur Wellesley, lord Wellington, presentó una memoria sobre la actuación de las tropas británicas en la Península, Memorándum sobre la defensa de Portugal, donde sostenía que este reino podía ser defendido independientemente de lo que sucediera en España, de la misma forma que cuanto se hiciera en tierras lusas contra los franceses iría en beneficio de los españoles. Castlereagh y el Gobierno inglés le encargaron la puesta en marcha de su propuesta.

No obstante, Inglaterra escuchó la petición de los emisarios de la Junta asturiana y empezó a enviar embajadores a España. De octubre de 1808 a julio de 1809 estuvo John Hooaklam Frere, quien firmó un tratado de alianza anglo-español y era partidario de que las tropas inglesas en la Península actuaran bajo mando español, opinión a la que se oponía Moore. Le sucedió como embajador el marqués de Wellesley, cuya breve estancia –de julio a diciembre de 1809– no fue óbice para que ejerciera una gran influencia sobre la Junta Central en pro de la convocatoria de Cortes y la unificación del mando de todas las tropas que se oponían a los franceses, unificación que aspiraba a realizar bajo mando inglés. Su sucesor fue Bartholomew Frere, hermano de John, que tuvo una estancia aún más corta, desde diciembre de 1809 a marzo de 1810, para dejar el puesto a un hermano de Wellesley, Henry, quien permanecerá en España hasta 1812, ejerciendo una gran influencia en Cádiz, además de ser el director de la política inglesa mientras estuvo en España.

Los contactos iniciales entre españoles e ingleses dieron como resultado la firma del tratado aludido y en cumplimiento del mismo, el 1 de agosto de 1808, Wellesley desembarcó con sus 8.000 hombres en la desembocadura del Mondego y algo después llegaba cerca de Cádiz el general Spencer con otros 4.000. El 10 de agosto ya estaban los ingleses en movimiento trabando contacto con los franceses en unos choques victoriosos para los recién llegados –los combates de Roliça y Vimiero–, pero de escasa o nula importancia, aunque preludiaron la capitulación de Sintra, del 30 de agosto, por la que los franceses se comprometían a abandonar Portugal.

Napoleón en España

La favorable situación bélica para los sublevados producida por la victoria de Bailén no iba a durar. Los ejércitos españoles, que habían seguido a los franceses en su retirada, formaban un gran arco en el norte de la Península, pero se movían con lentitud, muy al contrario que Napoleón, decidido a lavar la mancha que había caído en su uniforme con toda rapidez, por lo que se decidió a venir a la Península Ibérica al frente de su Grande Armée, pues fracasada la ocupación, era necesaria la conquista: una avalancha francesa recorrería incontenible las tierras hispanas.

Por lo pronto, Napoleón reorganizó las fuerzas destinadas en España, a las que iba a reforzar hasta alcanzar los 250.000 hombres, a los que una orden de 7 de septiembre los distribuyó en siete cuerpos de ejército, que puso a las órdenes de Victor (el 1.º), Bessières (el 2.º), Moncey (el 3.º), Lefebvre (el 4.º), Mortier (el 5.º), Ney (el 6.º) y Saint-Cyr (el 7.º).

El emperador ordenó a Bessières que ocupara Burgos, a Marchand que se asentara en Tolosa y a Soult que asumiera el mando del Segundo Cuerpo. Poco después, Napoleón cruzó personalmente el Bidasoa y se presentó en Vitoria, donde estaba José I. El plan del emperador era llegar a Burgos, desde allí inundar Castilla con su caballería y conseguir una gran batalla decisiva, como a él le gustaba terminar las campañas, cuyo punto final sería la derrota de Blake y la conquista de Zaragoza. Sin embargo, las fuerzas francesas estaban distribuidas en un amplio arco desde Bilbao a Pamplona sostenido por líneas demasiado débiles, lo que retrasó la realización del plan, pues Moncey apenas si había penetrado en Aragón, Ney no controlaba la línea del Ebro y Lefebvre, que deseaba un triunfo personal, se dirigió contra Blake, al que derrotó en Espinosa de los Monteros: un éxito indudable, pero dejaba al español fuera del alcance de los planes proyectados por Napoleón.

En efecto. El mariscal Lefebvre rompió la marcha en la vanguardia y en contra de las órdenes imperiales, decide atacar a Blake en Zornoza (31 de octubre), apuntándose una ligera victoria, pues el español decidió retirarse y después de escaramuzas diversas pensó en crear una línea defensiva en Espinosa de los Monteros, a donde había llegado perseguido muy de cerca por Victor y allí ha de enfrentarse el 9 de noviembre a los franceses con la totalidad de sus fuerzas. La batalla se dirimió con dos ataques en los dos días siguientes contra las alas españolas; el ala derecha formada por la división asturiana fue derrotada y puesta en fuga, teniendo Blake que ordenar la retirada hacia Reinosa, donde no reúne más de 12.000 hombres.

Al mismo tiempo que la izquierda de las tropas españolas se retiraba, como hemos visto, Napoleón se lanza sobre la ruta de Madrid con 70.000 hombres, en su mayor parte veteranos, a las órdenes de Soult y Ney, con Bessières en la retaguardia al frente de cinco divisiones de caballería y Napoleón dirigiéndolo todo. El 10 de noviembre, Soult con la vanguardia –en torno a los 25.000 hombres– encuentra al Ejército de Extremadura desplegado a campo abierto a la salida de Gamonal, donde fueron desarticuladas en un rápido ataque; las bajas sufridas sumadas a las causadas por la persecución posterior que sufrieron dan una cifra muy alta en comparación con otras operaciones, pues superaban las 2.500. La reorganización de las fuerzas españolas no se produjo hasta Lerma gracias al apoyo de la 3.ª división del ejército de Extremadura, por lo que los franceses pudieron saquear a placer Burgos, incluidas la Cartuja de Miraflores y Las Huelgas.

Por su parte, Napoleón, que estaba deseoso de destruir las fuerzas de Blake, había enviado contra él a Soult antes de saber lo sucedido en Espinosa de los Monteros. Al no poder retirarse por Aguilar de Campoo, Blake se decide a cruzar la cordillera con los 10.000 hombres que le quedaban de momento, pues sus tropas menguaban por horas, así que por Santillana y San Vicente de la Barquera llega a Potes. Tras él marchaba Soult, que pasó por Reinosa, llegó a Santander y la brigada de Sarrut alcanzó a parte de los efectivos supervivientes de Blake derrotándolos en San Vicente de la Barquera, lo que motivó la dimisión del general español y su sustitución por el marqués de la Romana. Soult dejó como guarnición en Santander a la división de Bonnet y cruzó la cordillera para instalarse en Saldaña y cubrir con Lefebvre, asentado en Carrión, aquel flanco del dispositivo francés. Por lo demás, la actividad de Soult fue muy dinámica: dominó León y cerró La Coruña a los barcos ingleses en menos de dos semanas. El norte quedaba asegurado.

La preocupación imperial ahora fue Castaños y sus 40.000 hombres, que interrumpían el avance hacia Madrid y que contó en algunos momentos con el apoyo de Palafox. Napoleón encargó a Lannes con 27.000 efectivos de a pie y 4.500 jinetes paralizar al general español hasta la llegada de Ney, que con sus 9.000 hombres se situaría a sus espaldas. Castaños retrocedió hasta la línea Tudela-Tarazona. Lannes, responsable máximo de las tropas francesas, entraba sin dificultad el 22 de noviembre en Alfaro y al día siguiente atacaba a Castaños en Tudela, que tenía sus efectivos repartidos a lo largo de una línea de veinte kilómetros en previsión de un ataque convergente de Lannes desde Alfaro y Ney desde Ágreda, pero esa distribución lo que hizo fue facilitar la concentración de los franceses en un punto convirtiendo en superioridad numérica la inferioridad en que estaban inicialmente. El choque se produjo en Tudela y fue otra victoria francesa. Castaños reunió a sus fuerzas dispersas en Calatayud con vistas a posteriores encuentros y se retiró hacia Guadalajara, donde le llegó la destitución de su puesto ordenada por la Junta. Mientras, Lannes enfermó y recibió el mando Moncey con el encargo de conquistar Zaragoza, a donde se habían retirado otros contingentes vencidos en Tudela.

Mientras se producían estos hechos, Napoleón había reunido a sus órdenes directas a 45.000 hombres y prepara la llegada a España de otros 40.000, el 5.º y el 8.º cuerpos de ejército mandados por Mortier y Junot. El emperador decidió, por fin, encaminarse desde Burgos hacia Madrid. El 23 de noviembre llegó a Aranda y allí permaneció hasta que tuvo noticias de la victoria de sus tropas en Tudela, poniéndose en marcha hacia la capital por el camino más directo, ruta que pasaba por Somosierra, mientras Lefebvre le flanqueaba por Segovia.

Con todo, el balance de las operaciones que Napoleón podía hacer a finales de noviembre no era nada halagüeño, pues las tropas españolas no habían sido destruidas en la batalla campal decisiva que él deseaba. Los ejércitos españoles estaban vencidos y dispersados, pero no destruidos, por lo que podrían reagruparse al tiempo que empezaban las primeras manifestaciones de la guerrilla: en suma, el país conservaba su capacidad de resistencia.

En Somosierra, Napoleón se encontró con los 12.000 hombres que el general Benito San Juan tenía a sus órdenes para proteger el paso; estos efectivos eran mayoritariamente tropas regulares, entre las que estaban nueve batallones de la división de Reding, vencedores en Bailén. Pero las disposiciones defensivas de San Juan no fueron acertadas, ya que sus inferiores fuerzas frente a las francesas se debilitan más al colocar unos 3.500 veteranos en Sepúlveda, que si bien podían amenazar de flanco al emperador, perdían el contacto con el grueso español, reducido a algo más de 8.000 hombres. El emperador decidió solventar la situación por la vía rápida, así que sometió al Ejército español a una operación de flanqueo, en la que la infantería francesa ocupó pronto las alturas desde donde se dominaba el paso y ordenó a Kozietulski cargar con su caballería polaca, que fue diezmada, aunque la carga tuvo el efecto de desalojar a los españoles de sus posiciones, pues el temor de éstos a ser envueltos y quedar copados, les hizo retirarse a pesar de que sólo habían tenido cien bajas. En la acción, Bessières fue herido, como San Juan, quien fue transportado a Segovia y asesinado por sus propios hombres, que se desmandaron cometiendo toda clase de tropelías, completamente desarticulados.

Los trabajos de fortificación de Madrid no habían comenzado, en realidad, nada más que unos días antes de lo sucedido en Somosierra. La Junta Central encargó esas tareas al capitán general de Castilla la Nueva, marqués de Castelar, y al general Morla, que se convencieron de inmediato de la imposibilidad de aguantar a los franceses en una plaza carente de defensas. Sólo cuando llegaron noticias del desastre de Somosierra, los trabajos se aceleraron; el 1 de diciembre se formó bajo la presidencia del duque del Infantado una Junta de Defensa, que sólo contaba con 3.000 soldados, aunque había muchos paisanos disponibles, pero sin armas suficientes –hasta se repartieron entre ellos las picas de la armería de palacio–. Los dos primeros días de diciembre estuvieron dominados por trabajos intensos de construcción de defensas y el emplazamiento en los accesos a la ciudad de las piezas de artillería disponibles, sin que mejorara gran cosa la situación defensiva de la capital.

Ante la inminente e imparable llegada de los franceses, la Junta Central que se había establecido en Madrid se trasladó a Aranjuez. Dos días después, el 2 de diciembre de 1808, Napoleón se establecía en Chamartín y solicitó la entrega de la ciudad, a lo que la Junta no accedió. La amenaza volvió a planear sobre la capital española. Napoleón se apoderó esa misma noche de las alturas del Retiro desde donde al día siguiente atacó y tomó el paseo del Prado y el palacio de Medinaceli, tras lo cual la Junta pidió negociar, pues los madrileños eran conscientes de la imposibilidad de resistir al ver como la artillería derribaba con facilidad las defensas que habían preparado –o mejor, improvisado–. Cuando recibieron el ultimátum napoleónico, Tomás de Morla y Bernardo de Iriarte acudieron a parlamentar; conocida la oferta napoleónica, se firmó la capitulación de la ciudad y franquearon la entrada a las tropas imperiales, posibilitando el restablecimiento de José I, con lo que el objetivo político de Napoleón era alcanzado en plenitud, pero no sucedía lo mismo con los objetivos militares, conseguidos sólo en parte, pese al encadenamiento de victorias que en sus avances habían logrado los cuerpos de Ejército imperiales. El éxito político no garantizaba el éxito final, ni mucho menos, pues la Junta Central no mostró la menor intención de negociar y sí su disposición a continuar la guerra: una situación nueva para Napoleón que no supo solventar, pues desde el momento en que entró en Madrid consideró que España era uno más de los países que había conquistado en Europa. Su firma figura en los decretos emitidos por aquellos días, entre los que estaba el de 7 de diciembre, que ofrecía a los españoles la implantación de una monarquía constitucional, propuesta rechazada como todo lo que venía del invasor.

Por aquellas fechas el emperador había agrupado en torno a la capital las diversas columnas en que había dividido las fuerzas que tenía bajo su mando directo: unos 75.000 hombres que protegían Madrid por el Sur y el Este. Soult en Saldaña y Lannes ante Zaragoza mandaban de manera independiente los flancos, de forma que Napoleón podía optar si continuar hacia el Sur, hasta Sevilla y Cádiz o dirigirse contra Lisboa, pues el Ejército español, que en enero de 1809 todavía contaba con 135.000 hombres, no era una amenaza.

Unos días después, el día 17 de ese mes, Napoleón recibió noticias de que el general inglés John Moore con su ejército amenazaba cortar sus comunicaciones con Francia. Moore había desembarcado en Portugal y su misión era situarse en el centro del dispositivo español en la línea del Ebro, frente a Vitoria, pero se moverá con una enorme lentitud y bastante incoherencia en sus movimientos. Envió la artillería con Hope por Talavera en un gran rodeo una vez había cruzado la frontera por Salamanca para reunirse con una división que había desembarcado en La Coruña al comenzar el mes de octubre. Cuando comenzaba su marcha, le llegaron noticias de lo sucedido en Espinosa de los Monteros, en Burgos y en Tudela, por lo que pensó retroceder a la espera de una mejor oportunidad. Moore recuperará su artillería el 5 de diciembre y hasta el 20 de ese mes no tendrá reunidos bajo su mando los 33.000 efectivos de su Ejército, tiempo en el que Napoleón ha desbaratado el sistema defensivo español. Hasta entonces, los ingleses no habían intervenido en ningún momento contra Napoleón.

Mientras tanto, la Junta Central y Frere, representante inglés ante ella, acuciaban a Moore para que actuara, decidiéndose éste a cortar las comunicaciones francesas con Francia, es decir, cortar la ruta de Madrid, lo que significaba abandonar el plan inicial de atacar Valladolid, dirigiéndose hacia Toro y Sahagún. Pero al ver la ofensiva francesa por el norte, se replegó sobre Astorga sin que Soult lo inquietara seriamente. Sin embargo, Napoleón decidió ir en ayuda de su general, por lo que sale de Madrid, atraviesa el Guadarrama, Ney se le une en Tordesillas y con estas tropas realiza unas marchas sensacionales: Guadarrama-Duero, Duero-Medina de Rioseco, Esla-Benavente, que sorprendieron por su rapidez, aunque no culminaron en nada positivo porque no encontraba a los ingleses, que prefirieron salir de Astorga en vez de resistir allí, como proponía el marqués de la Romana. Finalmente, Soult tuvo noticias fidedignas del paradero del enemigo, enviando contra él por delante a Lefebvre con la caballería, pero el francés sería derrotado y hecho prisionero al situarse en retaguardia cubriendo la retirada.

El emperador estaba decidido a terminar con la amenaza británica, así que pasó el Esla y por Benavente llegó a Astorga, donde le encontraron los correos enviados desde París advirtiéndole que Austria se rearmaba de nuevo, por lo que decidió regresar a Francia para afrontar los problemas continentales, encargando a Soult que persiguiera y desarticulara a los ingleses, que proseguían su retirada hacia La Coruña, donde esperaban ser recogidos por barcos de su país. La retaguardia la dirigía el propio Moore y cuando llegaron a la ciudad gallega pudieron comprobar con desagrado que los barcos que debían esperarles no habían aparecido, lo que significaba quedar atrapados entre el mar y los franceses.

De inmediato, los soldados y el paisanaje se aprestaron a la defensa con la improvisación de trincheras y parapetos. Soult se presentó en la ciudad casi simultáneamente a los navíos que se esperaban. Una vez atracados en el puerto, Moore ordenó el reembarco y los franceses lanzaron un duro ataque, iniciándose una sangrienta batalla que concluyó el 18 de enero de 1809 con la conquista de La Coruña por los franceses, la muerte del general inglés y el reembarco de sus tropas con grandes pérdidas. Por su parte, Soult concluyó la campaña en tierras gallegas enviando a Mermet y Lorge a Ferrol y a Franceschi a Santiago, para presentarse él en Tui por Orense: todo el noroeste peninsular quedó para los imperiales, mientras los británicos cosechaban otro fracaso.

Desde allí Soult se encaminó hacia Portugal. En Braga hubo de sostener un fuerte combate cuya dureza fue superada por el encarnizamiento de la toma de Oporto, de donde ha de retirarse por la acometida de ingleses, portugueses y españoles. Wellington pensaba en la liberación del norte peninsular, para lo que necesitaba la colaboración de Cuesta, que estaba en Extremadura e impuso como condiciones para una acción conjunta que Cádiz aceptara una guarnición inglesa y que el Ejército español se pusiera a sus órdenes. Las Cortes se negaron de plano a la primera y sólo después de la victoria de los Arapiles en 1812 transigieron en lo segundo.

En su retirada, Soult llegó a Lugo y preparó conjuntamente con Ney una ofensiva sobre el marqués de la Romana, que se movía entre Galicia y Asturias. Pero la coordinación entre ambos jefes napoleónicos falló y el resultado fue que perdieron Galicia. Expulsado Soult de Galicia, el jefe inglés se encamino hacia España para empezar las operaciones conjuntas con Cuesta: su objetivo era destruir las fuerzas de Victor, situado entre el Tajo y el Guadiana; para los españoles, la ofensiva tenía como fin abrir el camino hacia Madrid. Tales planes se cruzarían con los que Napoleón había dejado trazados antes de su marcha.

El plan napoleónico de conquista peninsular

La derrota de Moore cierra el ciclo de campañas dirigidas directamente por Napoleón en España, cuyo resultado ha sido restablecer la situación como estaba antes de que se produjera la retirada francesa tras Bailén. Pero el problema ahora como entonces será conquistar las zonas que aún se mantenían en rebeldía y como la ocupación no implicaba el reconocimiento por la población de la nueva situación impuesta, combatida activamente por la guerrilla, los franceses tendrán que dispersar sus efectivos para hacer efectiva la ocupación, lo que llevará a una distensión que alcanzará su punto extremo con el debilitamiento de las fuerzas, lo que le permitirá a Wellington en Portugal combatir cómodamente con ejércitos que han visto mermados sus efectivos por la guerrilla, la distancia y las bajas, pues no en vano entre 1809 y 1811 la fase de ocupación francesa supone una dura guerra de desgaste.

El plan de conquista y ocupación de los territorios aún no controlados implicaba el desarrollo de tres momentos, correspondientes a otras tantas vías de penetración que van a fijar las zonas de lucha: Levante, Andalucía y Portugal. En el primero de esos espacios era necesaria la unión de los ejércitos que actuaban en el valle del Ebro –el 3.º y 5.º– con el enviado a socorrer Barcelona –el 7.º. Tal unión sólo sería posible tras la conquista de Zaragoza y Lérida, tierra adentro y de Tortosa y Tarragona en el litoral, pasando después a ocupar Valencia, el punto más meridional que podría alcanzar Suchet. La ocupación de Andalucía va a fijar en ese territorio grandes contingentes franceses, unos 100.000 hombres, como consecuencia de las guarniciones colocadas en las ciudades y las fuerzas que formaban el asedio de Cádiz. En Portugal, los intentos imperiales de echar a los ingleses al mar se saldarán con fracasos, lo que hace de ese territorio a partir de 1810 una magnífica base de operaciones: es segura y permite atacar las posiciones fronterizas francesas a ambos lados del Tajo.

La consolidación francesa en Aragón y en el Este

Pues bien, en el este de la Península, como hemos visto, seguía vivo el deseo de los franceses de dominar Aragón para enlazar las dos vías de penetración, la de Cataluña y la de Navarra y proseguir con el plan de ocupación del oeste, lo que les llevó de nuevo a enfrentarse con la posición de Zaragoza. Tras la victoria de Tudela del 23 de noviembre, los franceses no pudieron reunir antes de un mes las fuerzas que necesitaban para dominar Zaragoza, misión que había sido confiada a Moncey y su 3.º Ejército y a Mortier con el suyo, el 5.º: en total unos 35.000 hombres. Ese tiempo fue aprovechado por Palafox para fortificar precipitadamente la ciudad, donde el coronel San Genis realizó una eficaz circunvalación amurallada de la plaza, aunque el punto débil seguía siendo la altura del monte Torrero, donde había un reducto con cuatro piezas de artillería. Los habitantes de la ciudad volvieron a parapetarse, dispuestos a soportar un nuevo asedio, que comenzó el 20 de diciembre y concluiría dos meses después. Los defensores eran unos 32.000 hombres, incluidos los contingentes recibidos de Murcia y Valencia. Palafox se había refugiado allí con la reserva del Ejército derrotado en Tudela y volverá a ser el alma de la defensa con una táctica que puede ser discutible, pero cuyos gestos de valor y energía galvanizaban a los defensores, quienes contaban con figuras como las del tío Jorge, siempre sonriente en los lugares de mayor peligro, aunque pasaron por momentos y trances muy difíciles.

De nuevo los atacantes fracasaron en la conquista y tuvieron que formalizar el cerco con todo rigor. Los lugares de mayor intensidad en la lucha fueron el Arrabal y el Torrero. Con la esperanza de que el asedio no fuera tan difícil como el anterior, Mortier recibió orden de asentarse en Calatayud, desde donde podría acudir a otros puntos si fuera necesario, además de cubrir una zona estratégica de gran importancia. Entre diciembre de 1808 y febrero de 1809 los imperiales no recibieron más que fracasos y en rápida sucesión desfilaron sus generales por delante de las murallas. Junot sucedió a Moncey y él fue sustituido por Lannes, quien escribió a Napoleón: “Es una guerra que da horror; la ciudad arde por tres o cuatro sitios, está acribillada a bombas, pero esto no intimida a nuestros enemigos”. En algunos momentos los franceses parecieron capaces de conquistar la plaza, llegando a luchar dentro del recinto urbano, pero los defensores conseguían rehacerse y rechazarlos. Al no poder entrar por las murallas, los sitiadores intentaron conseguirlo por medio de la construcción de minas, de cuya existencia supieron los zaragozanos al ver cómo saltaban por los aires algunos edificios, obligándoles a neutralizar esos ataques por medio de contraminas: de esta manera la lucha se generalizó en la superficie y bajo tierra; se disputaba cada casa, cada terraplén, cada tabique… de día y de noche.

Pronto los franceses contaron con dos ayudas inesperadas y demoledoras: la peste y el hambre, que fueron quienes determinaron el colofón de aquella resistencia en el centro del valle del Ebro. El mismo Palafox enfermó, después de rechazar varias propuestas de rendición. La junta que le sustituyó en el mando de la defensa vio la necesidad de aceptar una nueva oferta de rendición, ya que la ciudad estaba al límite de su resistencia. La capitulación fue honrosa y las tropas imperiales rindieron honores a los defensores de aquel montón de ruinas que era Zaragoza, en cuya defensa encontramos la acción, el sacrificio y la entrega de numerosos personajes, como el máximo responsable de la ciudad, Palafox, que sirvió de ejemplo a sus subordinados, capturado y enviado a Francia como prisionero –primero a Bayona y luego a Vincennes–, de donde regresaría en 1814; el sacerdote Santiago Sas y el padre Basilio fueron detenidos y asesinados, pese a lo estipulado en la capitulación; otros personajes destacados en la defensa fueron el oficial retirado Luciano de Tornos, el coronel en activo Renovales, el brigadier Cardo, el duque de Villahermosa, el teniente general O’Neille y Barcla… Y en el anonimato, prácticamente, todos los habitantes de la ciudad, que además de los ataques enemigos padece, como hemos dicho, una epidemia y el hambre: en total, Zaragoza perdió la mitad de su población y dos tercios de las fuerzas que la guarnecían19.

Las bajas francesas fueron cuantiosas y de calidad como numerosos los generales derrotados: por sus muros pasaron en el primer asedio el ya citado Lefebvre-Desnouettes –herido–, Frere, Verdier –herido también–, Bazancourt –herido igualmente– y en el segundo Moncey –sustituido por Junot, quien fue sustituido a su vez por Lannes–, Mortier, Wathier, Gazán, Suchet, Habert, Dudon y Lacoste –que murió.20 20

La desproporción de medios y efectivos entre sitiadores y sitiados fue un elemento que favorecía los ecos de la defensa en relatos y manifestaciones artísticas, de la misma forma que la categoría de los generales muertos, heridos y derrotados hablaba de los tonos épicos de aquella gesta, contribuyendo a su recuerdo entre los protagonistas y sus descendientes. No menos impactante fue que Lannes exigiera el pago inmediato de 800.000 piastras como contribución de guerra y que la ciudad, agotada y sin recursos, tuviera que pagarlas con el tesoro de la Virgen del Pilar21 .

La conquista de Zaragoza acarreó la de otras plazas: el 23 de marzo Jaca se entregaba sin resistencia y Mortier y Gazán podían ocupar la línea del Cinca sin mayores dificultades, entrando en Barbastro, Monzón y Fraga. Pero a mediados de abril, el 5.º Ejército es trasladado a Valladolid, asumiendo su jefe Mortier el mando en las provincias septentrionales y eso dejaba al ejército de Junot en Aragón obligado a adoptar una postura defensiva que le impedirá durante un año tomar contacto con otros contingentes para acciones conjuntas, ofensivas o de apoyo. A principios de abril de 1809, Napoleón sustituía a Junot por Suchet.

En Cataluña, los franceses estaban reducidos a Figueras y Barcelona, cuyas guarniciones mandaban Reille y Duhesme, respectivamente; el primero mantenía mal que bien las comunicaciones con Francia y el segundo sufría las consecuencias del asedio en que le tenía el marqués de Palacio. A finales de octubre de 1809, el general Vives decidió transformar el bloqueo de Barcelona –su guarnición la constituían 10.000 hombres– en un asedio formal, pretensión que coincidió con la entrada en la Península de 25.000 hombres del 7.º Ejército a las órdenes de Saint-Cyr. Por parte española los efectivos estaban entre 25.000 y 30.000 hombres. En su marcha, Saint-Cyr se apoderó de Rosas el 5 de diciembre y desmanteló los intentos de evitar su llegada a Barcelona, donde entraba el 17 de diciembre. A la entrada en la capital del Principado siguieron una serie de choques y batallas sin mayor trascendencia, muriendo Reding de resultas de las heridas recibidas en uno de ellos: su desaparición hace que Blake reciba el mando de todas las fuerzas que actuaban en la antigua Corona de Aragón.

El restablecimiento de las comunicaciones con Francia exigía la conquista de Gerona, donde los franceses tuvieron que enfrentarse con hechos parecidos a los de Zaragoza; la ciudad catalana entre mayo y diciembre de 1809 iba a soportar su tercer asedio, el más duro de los tres. A poco de comenzar se supo que Saint-Cyr iba a ser relevado por Augereau y Reille por Verdier, un relevo que en el caso de Saint-Cyr no se produciría hasta varios meses después por enfermedad del sustituto, lo que hizo que Verdier no viera en Saint-Cyr al comandante supremo de aquellas fuerzas, por lo que actuará con gran autonomía.

Verdier será el iniciador de las operaciones de sitio, comenzadas el 24 de mayo; al mando de 20.000 hombres se enfrentaba a una ciudad guarnecida por unos 6.000 soldados a las órdenes del mariscal de campo Mariano Álvarez de Castro, cuya tenacidad secundada por la población hace fracasar el ataque; un refuerzo de 30.000 franceses más no consiguen rendir la plaza y también fracasa el nuevo responsable del mando francés, el general Augereau. Blake intentó en tres ocasiones socorrer a los sitiados, pero sólo logró meter en la plaza en una ocasión 2.000 hombres, que no fueron suficientes para equilibrar las fuerzas. Los franceses consiguieron apoderarse de los fuertes de San Narciso, San Daniel y San Luis y del castillo de Montjuich, si bien los sitiados prolongaron la resistencia hasta lo inverosímil. Las ofertas de capitulación hechas por Saint-Cyr fueron rechazadas por Álvarez de Castro. La llegada de Augereau para dirigir el asedio se vio favorecida por el hambre y las enfermedades, que como en Zaragoza minaban a la población. Álvarez de Castro enfermó como tantos otros y el 11 de diciembre los gerundenses solicitaron la rendición, de forma que los 1.500 defensores que habían resistido a los 50.000 asaltantes salieron por la brecha con todos los honores. En cualquier caso otra gesta para recordar y exaltar a sus protagonistas22. La caída de Gerona restablecía el camino de Francia.

Mientras en Aragón, las fuerzas de Suchet y Blake habían mantenido una serie de encuentros que, salvo el de Alcañiz de 23 de mayo, se saldaron con clara ventaja francesa, particularmente en María (15 de junio) y Belchite (18 del mismo mes), tras el cual los españoles se dispersaron concluyendo la invasión de Aragón por parte de Blake, con lo que la resistencia en el territorio quedó cifrada en las guerrillas. Suchet dedicó los meses siguientes a afirmar su control sobre el territorio, de manera que hasta la primavera de 1810 no podrá pensar en atacar las plazas de Lérida, Tortosa y Tarragona, que eran las bases y refugios de las tropas españolas que le separaban de Cataluña.

Por otra parte, la ocupación de Aragón y la toma de Gerona le permitían a los franceses una libertad de acción estratégica que no habían tenido anteriormente, por eso en sus campañas de 1810 Suchet marcharía a la conquista de Valencia siguiendo órdenes del rey José I, mientras Augereau se dirigía contra Tarragona. La campaña de Suchet se limitó a unos días en la primera decena de marzo y a la exigencia de la entrega de la ciudad sin mayor convencimiento. Augereau tampoco tuvo más éxito, pues Enrique O’Donnell, defensor de Tarragona, dispuso una fuerza que cortó las comunicaciones del francés con Barcelona y mediante tácticas guerrilleras le hizo retroceder reuniendo 25.000 hombres entre Gerona y Hostalrich, aún en poder español, aunque poco después sería tomada, si bien parte de la guarnición logró salir. Así se esfumaba la posibilidad de acabar la campaña con un ataque directo al centro de la resistencia española.

Los escasos resultados obtenidos por los franceses hicieron que Napoleón enviara a MacDonald para asumir el mando en Cataluña a fin de que procediera de la única manera posible para culminar ambos objetivos: ocupar las plazas que en retaguardia aún quedaban en manos de los españoles, lo que condicionará las campañas de los años 1810 y 1811 para culminar en la conquista de Valencia en los inicios de 1812.

En marzo de 1810, Suchet recibió el mando independiente de Aragón y jugará un papel fundamental en la campaña francesa siguiente, que tenía Lérida como objetivo, pues su conquista restablecería las comunicaciones con Cataluña y dejaría a los españoles sin una base excelente. Suchet dejó las guarniciones imprescindibles en la región sur de Daroca y otras plazas, concentrando las divisiones de Musnier y Habert ante Lérida. El 19 de abril, Suchet iniciaba el asedio de la plaza, en un momento en que Augereau se retiraba hacia el norte y Enrique O’Donnell pudo acudir con sus fuerzas en auxilio de los sitiados, pero no consiguió gran cosa y la plaza finalmente capitulará el 13 de mayo.

El objetivo siguiente fue la plaza de Tortosa, cuyo sitio tuvo un desenlace rápido, el 16 de diciembre de 1810 al 2 de enero de 1811, por la eficaz colaboración entre las fuerzas francesas. Tras conocer esta feliz noticia, Napoleón ordenó a Suchet la conquista de Tarragona y para facilitarle la empresa reorganizó las fuerzas en Cataluña agregándolas al ejército de Aragón, reforzado con 15.000 hombres procedentes del Ejército de MacDonald, con lo que sus efectivos se elevaron a los 43.000 hombres, que fueron distribuidos en cinco divisiones. Las operaciones en torno a Tarragona discurrieron a lo largo de mayo y junio. El marqués de Campoverde, responsable de la defensa, concentró todas sus fuerzas en la plaza para resistir el ataque francés, pero cuando el 30 de mayo los sitiadores se apoderaron del fuerte del Olivo, decidió abandonarla y utilizar las fuerzas de que disponía para hostigar a los atacantes y obligarles a abandonar el cerco. Pero Suchet se apoderó de la ciudad baja el 21 de junio y siete días después tomaba al asalto la ciudad alta, siguiendo un saqueo sistemático de Tarragona. Las pérdidas españolas fueron elevadas en demasía –entre 14.000 y 15.000 hombres–, el triple de las sufridas por los atacantes.

El balance que se puede hacer cuando comenzaba el verano de 1811 no podía ser más decepcionante para los españoles: habían perdido todas las plazas de Cataluña y habían quedado en poder de los franceses varias decenas de miles de prisioneros: era el resultado de confiar en un planteamiento estratégico reiteradamente mantenido: conservar las plazas fuertes y ciudades esperando que el abrigo de sus murallas sería la salvación, pero había conducido a su pérdida y a la aniquilación del Ejército español, que el 1 de julio abandonó el Principado para evitar que la deserción acabara por dispersar el resto de la fuerza. El general Lacy asumirá el mando en Cataluña de los 3.000 hombres que apenas le quedaban: impondrá a la guerra un giro revolucionario, que recuerda los primeros momentos del conflicto y en el otoño de 1811 logra los primeros éxitos: ocupa Igualada, Cervera y Belpuig, con lo que interrumpía las comunicaciones de Barcelona y Lérida, además de hacer que los franceses abandonaran Montserrat, que habían ocupado el 25 de julio: afines de octubre se produjo un relevo en el mando francés, pues MacDonald era sustituido por Decaen, quien ya no conoció en aquella zona otra guerra que la de desgaste, a la que le somete el Ejército español, cuyos efectivos nunca superaron los 14.000 hombres. La situación de los beligerantes en Cataluña parecía equilibrarse.

Ascendido a mariscal, Suchet prepara la conquista de Valencia, para lo que dispuso sus 30.000 hombres, poco más o menos en tres columnas y el 15 de septiembre se ponía en marcha. Blake, con una fuerza similar, estableció una línea defensiva con el castillo de Sagunto como pieza fundamental para cerrar el camino hacia Valencia, donde apresuró la construcción de fuertes y murallas y esperó la llegada del francés, que el 23 estaba ante Sagunto sin haber tenido hasta entonces contratiempo de importancia y sitiando a la guarnición, que supo mantenerse. Blake decidió pasar a la ofensiva y atacó a los franceses la mañana del 25 de octubre, generándose una batalla que concluyó cuando los españoles se retiraron hacia Valencia. El francés atacó un campo atrincherado en Sagunto, en cuyo auxilio acudió Blake con toda su fuerza, arriesgando un combate que perdió y que le hizo regresar precipitadamente a la capital valenciana, donde fue cercado. El día 27 capitulaba el castillo saguntino y Suchet continuó hacia la capital, recibiendo como refuerzo las tropas de Reille, con lo que sus efectivos se elevaron en varios miles de hombres: unos 33.000 frente a unos 20.000 defensores, cuyo número se reduciría a la mitad por una acertada maniobra de los franceses que cortan la comunicación con la ciudad y aíslan a una parte de los defensores, que deciden retirarse dejando solos a los del interior del recinto urbano.

El 5 de enero de 1812 empezaba el bombardeo de la ciudad y cuatro días después capitulaba la plaza y unos 16.000 defensores fueron hechos prisioneros, con lo que se evitaba cualquier posible reacción española a corto plazo. Al conquistador, Napoleón le concedió el título de duque de la Albufera. Blake fue conducido prisionero a Francia y pasó dos años recluido en Vincennes.

En realidad, la expansión francesa por este sector había alcanzado su punto culminante: la prosecución del avance sobre Játiva y Gandía fue consecuencia de la inercia en el ataque a Valencia, que la retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia dejó inconcluso y comprometido; la expedición contra Alicante de Montbrun no culminó con éxito y retrocedió y la ocupación de Murcia resultó efímera.

Las operaciones para la conquista del Sur

Cuando Napoleón abandonó España, las fuerzas francesas del Centro –efectivos de los incompletos 1.º y 4.º cuerpos de ejército– formaban unos arcos –con Madrid en el centro que les servía de unión– para proteger la capital por el sur formando la línea interior tropas de infantería situadas en Talavera, Aranjuez y Guadalajara y por delante, la caballería había formado una línea de protección en profundidad. La división de Latour-Maubourg cubría las rutas manchegas desde Tarancón, Ocaña y Madridejos y la caballería ligera de Lasalle había alcanzado el puente de Almaraz. Napoleón había dado a su hermano José el mando supremo de todas estas tropas.

Por parte española se estaba intentando reorganizar en Extremadura, Andalucía y Cuenca a las fuerzas supervivientes de las derrotas anteriores, tomando como elementos aglutinantes de la reorganización las tropas que habían combatido en Guadarrama, Madrid y Tudela; el número de voluntarios y reclutas que se consiguieron permitió que los efectivos españoles alcanzaran una cifra aproximadamente igual a la que tenían en el otoño de 1808, aunque su calidad se había reducido bastante.

De todos esos contingentes, el más importante era el del Centro, bajo el mando del duque del Infantado, que había sucedido a La Peña: sus efectivos en torno a Cuenca alcanzaban los 21.000 hombres, con los que en la última decena del mes de diciembre de 1808 intentó un ataque sobre Madrid, que no progresó por la mala coordinación entre las fuerzas atacantes. La detención de la ofensiva le permitió a Victor concentrar 15.000 franceses y derrotar a la vanguardia española en Uclés el 13 de enero de 1809. José I pudo regresar a Madrid con seguridad, donde entró el 22 de enero. Infantado abandonó Cuenca –ocupada de inmediato por los franceses– y acabaría en La Carolina, donde es relevado del mando y sus tropas sumadas al ejército de Andalucía.

Liberado de enemigos por esta parte, Victor reorganizó sus tropas para cumplir el encargo hecho por Napoleón antes de abandonar España, que no era otro que avanzar hacia Extremadura para apoyar a Soult en su avance por Portugal. Tras unos primeros momentos de desconcierto y ataques de tanteo por ambas partes, Victor con 22.000 hombres se dispone a enfrentarse con los 15.000 de Cuesta, para lo que cruza el Tajo por Talavera el 15 de marzo con su vanguardia, mientras el grueso lo hace por Puente del Arzobispo. El general español por temor a verse flanqueado se retiró hasta Villanueva, donde se le unen los refuerzos del duque de Alburquerque que le enviaba la Junta Central. Tras la reunión de ambos contingentes, Cuesta se decide a atacar el 28 de marzo en Medellín, fiándose de su ligera ventaja numérica (22.000 españoles frente a 18.000 galos): el resultado fue un fracaso más de los españoles, que sufren 10.000 bajas, la gran mayoría muertos y heridos en la desordenada retirada que siguió al choque. No obstante, antes de que pasara un mes, Cuesta volvía a tener a sus órdenes 20.000 infantes y 3.000 caballos, al reunir a los supervivientes y recibir nuevos refuerzos de la Junta Central. Por su parte, los franceses, en vez de explotar el éxito, se limitaron a fortificar Medellín y Mérida, pues carecían de noticias sobre lo que ocurría con la campaña de Soult en Portugal y no se atrevieron a atacar Badajoz.

Al fracasar la ofensiva de Soult sobre el reino portugués, de la que no tenían noticias por la interceptación de los correos que realizaban los guerrilleros y la recuperación de Cuesta, dejaban a Victor en una situación muy comprometida en Extremadura, sobre todo por la dificultad de encontrar vituallas para el abastecimiento de los hombres al retirarse toda la población de esa zona tras las líneas del general español y destruir antes de retirarse cuanto pudiera ser de utilidad a los franceses. Cuando se supo en Madrid el fracaso de Soult en Portugal y la derrota de Suchet en Alcañiz, José decidió concentrar sus efectivos en torno a Madrid, para evitar un nuevo ataque sobre la capital. Eso suponía dejar la iniciativa a Wellington, que disponía de 23.000 hombres, quien decide en lugar de marchar sobre la capital, atacar al 1º Ejército en Extremadura, pero en Abrantes pierde tres semanas que aprovechan las tropas francesas de Soult, Ney, Sebastiani y las de José I para converger sobre Talavera y aunque todas ellas no participaron directamente en las acciones que iban a producirse allí, su proximidad influirá estratégicamente en la campaña.

Wellington pasa la frontera el 3 de julio y el 10 se entrevista con Cuesta en el puerto de Miravete y, sin tener en cuenta la participación de las tropas de Soult y Ney, decidieron lanzar los 56.000 españoles y los 20.000 ingleses que mandaban contra los 35.000 de Victor y José I, mientras el ejército de Venegas, en las cercanías de Ciudad Real, en una maniobra simultánea trataría de destruir o bloquear el 4.º Ejército a las órdenes de Sebastiani. Pero el desarrollo de la batalla dictó mucho de lo planeado por los generales aliados, pues los franceses contaron con la gran ventaja de operar contando con líneas interiores que le permitió concentrar todos los efectivos en el centro para un combate que querían fueran decisivo: el 27 y 28 de julio de 1809 se desarrollaron una serie de choques que en conjunto se conocen como la batalla de Talavera, en la que los intentos franceses de romper las líneas aliadas fracasaron. La batalla se resolvió de forma inesperada, ya que después de cuatro días de lucha favorable, Wellington decidió retirarse hacia Portugal por temor a quedar aislado por Soult y Ney, sin que los aliados tuvieran deseos de perseguir a los imperiales después, limitándose a permanecer en el campo que abandonaban aquellos: el número de bajas fue muy elevado –7.000 por bando; en el aliado, la mayor parte ingleses– y contribuyó a que ambas partes aceptaran el resultado del choque, a la postre indeciso.

También fue sangriento el combate de Almonacid, del 11 de agosto, en que Sebastiani le inflingió una dura derrota a Venegas –perdió 5.000 hombres entre muertos, prisioneros y heridos, el doble de las bajas sufridas por el francés–, estableciéndose el 4.º Ejército en Toledo, restableciendo las comunicaciones con Madrid, mientras Victor con su 1.º Ejército controlaba los accesos de los desfiladeros en La Mancha. José I regresó a Madrid. Para Cuesta, la batalla de Talavera constituyó el final de su vida militar; el achacoso y anciano jefe español fue relevado por Francisco Eguía, quien se estableció en Trujillo, a la espera de nuevas acciones y dos tercios de sus hombres reforzarían después el ejército de La Mancha. Soult tomó posiciones en el Tajo para proteger Toledo y Madrid de un nuevo ataque aliado. Wellesley volvía a dar prioridad a la defensa de Portugal, lo que permitía a los franceses recuperar la iniciativa y la superioridad numérica.

Cuando comenzaba el otoño de 1809, los españoles habían cosechado espectaculares derrotas en los choques campales, pero los efectivos de sus ejércitos se habían incrementado espectacularmente, como consecuencia de la decisión de la Junta Central –que se había establecido en Sevilla– de hacer una guerra permanente y total con todos los medios disponibles, por lo que nada más terminar la batalla de Talavera hizo planes para el empleo simultáneo contra los franceses de todos los recursos disponibles en el país, planteamiento muy distinto del de Wellington, donde no entraban los supuestos de guerra permanente de la Junta, cuyo objetivo más inmediato era lanzar el Ejército de La Mancha, de 50.000 hombres, contra Madrid.

Por entonces llegaron a la capital de España las noticias referentes al tratado de Viena, firmado el 14 de octubre de 1809: un nuevo triunfo de Napoleón sobre sus enemigos europeos, que daba confianza y seguridad a José I, renovando inútilmente sus intentos de atracción de españoles importantes para que colaboraran con su régimen.

El sustituto de Eguía fue Areizaga, sobre quien recaerá la responsabilidad de culminar con éxito el plan que había trazado la Central. Por parte francesa, la línea del Tajo constituía la posición más extrema alcanzada y estaba bien protegida con Soult en Plasencia, Mortier en Talavera, Sebastiani en Toledo, Victor en La Mancha y Desoyes con la Guardia Real en Madrid. Atacar posiciones tan fuertes exigía fijar las demás tropas francesas para que no pudieran acudir en ayuda de los puntos atacados. La ofensiva española se articuló sobre dos movimientos independientes, que los franceses neutralizarán sin modificar gran cosa sus posiciones. La maniobra de distracción, que dirigía el duque de Alburquerque fue descubierta muy pronto y los 10.000 hombres del ejército de Extremadura fueron contenidos por el 2.º Cuerpo de Ejército, mandado ahora por Heudelet, en ausencia de Soult, nombrado jefe del Estado Mayor del rey. Por su parte, Areizaga con un numeroso ejército –más de 50.000 hombres–, no tenía más posibilidad que batir por separado los ejércitos que estaban en torno a Madrid y para ello era imprescindible la rapidez, sin embargo el 8 de noviembre llegaba a La Guardia, a treinta kilómetros de Aranjuez y se detuvo allí tres días, dificultando los movimientos españoles las lluvias que cayeron ininterrumpidamente en los días siguientes.

Por último, Areizaga desistió del ataque sobre Madrid y se retiró y el 18 de noviembre se produjo el combate de caballería más importante de la guerra, pues se enfrentaban 7.000 jinetes por bando; los españoles se retiraron, siendo perseguidos hasta Ocaña, donde tuvieron el apoyo de la infantería, que acaba de ocupar el lugar. Allí contactaron los dos ejércitos y Areizaga se decidió a combatir. La batalla discurrió en la forma planeada por Soult y significó la total destrucción del Ejército español: 14.000 prisioneros, 4.000 bajas y varios miles de dispersos que ya no se incorporarían a sus filas. Lo peor es que el gran esfuerzo realizado meses atrás por la Junta Central ya no podría repetirse a corto plazo, Andalucía quedaba sin protección frente al invasor y el desprestigio de la Junta Central aumentó gravemente. Areizaga conservó el mando de las tropas salvadas del desastre, unos 20.000 hombres, con el cuartel general en La Carolina. Sin embargo, la explotación del éxito por los franceses se demoraría dos meses, que invirtieron en concentrar masivamente fuerzas en Madrid y Ciudad Real.

Los efectivos imperiales en la Península al comenzar 1810 alcanzaban los 325.000 hombres, y en los 9 meses siguientes llegarían otros 138.000 de manera escalonada para cubrir bajas y como apoyo de las guarniciones y operaciones en marcha. Un poderoso contingente destinado a conseguir tres misiones fundamentales: mantenimiento de las comunicaciones de Aragón y Cataluña (80.000 hombres), ocupación de Castilla la Vieja y León y cobertura del camino de Madrid (125.000) y preparación de la invasión de Andalucía (más de 100.000).

Soult había elaborado dos planes posibles para llevar a cabo la conquista de Andalucía: uno consistía en la realización previa de dos maniobras envolventes que exigía la conquista de Valencia y Badajoz; el otro era un avance directo por el camino de Sevilla. Se decidió esta última opción, que se realizaría mediante dos columnas para envolver al ejército de Areizaga. El 12 de enero de 1810 las fuerzas de Victor emprendían la marcha forzando sin dificultad los pasos hacia Andalucía. El 23 el general español fracasó en el intento de cerrarles el paso hacia Jaén con los 7.000 u 8.000 hombres que le quedaban, pero fue derrotado y sus hombres se dispersaron por la sierra desentendiéndose de la penetración francesa. Los franceses reanudaron la marcha y ambas columnas se reagruparon en Andújar, donde permanecieron tres días, al cabo de los cuales, Sebastiani recibió orden de ocupar Granada con 10.000 y el resto, unos 50.000, marcharía sobre Sevilla. Mientras tanto, Alburquerque –que no había sido hostigado hasta ese momento– tiene noticias de lo sucedido y con el ejército de Extremadura emprende una rápida marcha hacia el Sur; el 24 de enero recibió orden de la Junta Central de que se aproximara a Sevilla, pero al saber la realidad de la situación militar, prosiguió hasta Cádiz para refugiarse allí, dadas su mejores condiciones defensivas. El 3 de febrero entraba en la plaza para consolidar su defensa.

Por su parte, José I había decidido viajar a Andalucía. Así que salió de Madrid a principios de enero con tres de sus ministros –Azanza, O’Farril y Urquijo– y avanzó hacia el Sur con tres columnas que cruzaron sierra Morena por un paso cada una –Villamanrique, Despeñaperros y Puertorrubio. En la del centro, mandada por Mortier, iba José I. En Sevilla, los acontecimientos se precipitaron. Una Junta Revolucionaria torpedeó a la Central, instando a la formación de una regencia. El 27 de enero Victor entraba en Écija, el 28 ocupaba Carmona y dos días más tarde estaba ante Sevilla, donde la Junta Revolucionaria se había desvanecido. El 1 de febrero la ciudad capitula y abre sus puertas, encontrando una voluminosa existencia de armas, pertrechos y mercancías diversas.

Por otra parte, esta campaña iba a constituir uno de los momentos más gratos del rey intruso en España, que fue recibido en Córdoba de manera entusiasta, como en ninguna otra ciudad española hasta entonces. Estando José en Sevilla con Soult, Victor recibió la orden de conquistar Cádiz.

Esta población andaluza era prácticamente inconquistable por un ejército que no controlara el mar, tanto por su posición estratégica como porque su gobernador militar entonces, Venegas, había volado el puente Zuazo convirtiendo el río de Sancti Petri en un foso natural y había llevado a Cádiz gran parte de las embarcaciones disponibles, destruyendo el resto. El predominio naval español en la bahía y la superioridad inglesa en el mar descartaba cualquier ataque francés a la ciudad por este medio. Mientras Victor era detenido en Cádiz, concluía la conquista del resto de Andalucía, pues Sebastiani se había apoderado de Jaén el 23 de enero, dispersaba cinco días después a los fugitivos del ejército de Areizaga y a la caballería de Freire y el 29 de enero Granada capitulaba. Sebastiani dejó una guarnición en la Alhambra, continuó hacia Málaga, donde entró después de superar una ligera oposición y por la costa, ocupando VélezMálaga y Motril de regreso a Granada: las tres capitales andaluzas, Málaga, Jaén y Granada fueron visitadas por José I, siendo recibido también con cierto calor.

De esta forma toda Andalucía quedaba en su poder salvo Cádiz, pues al producirse la derrota de Ocaña, la Junta Central concentró las fuerzas que le quedaban operativas en una sola línea, que cuando fue desarbolada por los franceses dejo el sur sin posibilidad de defensa, razón por la que en algo más de un mes ocuparon la región andaluza, lo que constituyó el mayor éxito militar francés en todo el proceso de la conquista peninsular. En función de cómo estaba la situación en la Península en aquellos momentos, sólo faltaba por cumplir uno de los objetivos, la conquista de Portugal, que cuando se consiguiera la conquista quedaría terminada. Pero había problemas encubiertos que incidirían en el desarrollo de los acontecimientos. Por lo pronto, la conquista de Andalucía ampliaba las misiones que debía atender el Ejército francés sobre territorio tan dilatado, en lo que emplearía 70.000 hombres, que suman 90.000 en julio de 1811, al reagruparse otros efectivos en el llamado Ejército del Sur, que es la agrupación de fuerzas más grande de la Península con la excepción del Ejército del Norte –100.000 soldados– empleado también en funciones relacionadas con la ocupación. En definitiva lo que han conseguido los franceses ha sido el dominio de la cuenca del Guadalquivir y las ciudades más importantes del reino granadino. Las campañas extremeñas de Soult y las murcianas de Sebastiani no modificaron gran cosa este dispositivo estratégico, que fijaba los contingentes franceses hasta el punto de no dejar libres más que unos 15.000 hombres y eso poniendo en riesgo las guarniciones y las comunicaciones. En cambio, por parte española hay mayor libertad de movimientos. Por lo pronto, las tropas que guarnecen Cádiz en poco tiempo superan el número necesario para ello, de forma que parte de los 18.000 españoles y 8.000 ingleses y portugueses podrán ser utilizados en ataques a otros puntos de la costa dada la superioridad naval aliada. En los dos años que los franceses ocuparon Andalucía existió un cierto equilibrio de fuerzas, pero aunque no hay grandes batallas, en ese tiempo los imperiales estuvieron sometidos a un desgaste permanente para mantener el territorio controlado y procurar neutralizar las partidas que actuaban en las zonas montañosas. La sublevación de las Alpujarras, por ejemplo, hizo regresar a Sebastiani de su incursión murciana, en la que llegó a ocupar la capital durante 48 horas, sometiéndola a un brutal saqueo.

En la primavera de 1810, Massena emprendió una expedición a Portugal para expulsar a los ingleses. Las dificultades que encontró al realizarla, decidieron a Napoleón a enviarle apoyos, encargando a Soult con más de 10.000 hombres que fijara las fuerzas que habían detenido el avance de Massena. La composición de las fuerzas francesas vino determinada por la orografía portuguesa a la altura de Extremadura y la existencia de seis ciudades importantes fortificadas (Badajoz, Olivenza, Elvas, Campo Mayor, Alburquerque y Jorumeña): de ese contingente, 4.000 eran plazas montadas y 2.000 artilleros e ingenieros, una composición poco frecuente en la época con la que el general francés esperaba conseguir velocidad en la llanura y contundencia ante las fortificaciones.

El avance se hizo en dos columnas. La que mandaba Latour-Maubourg progresó sin dificultad hasta Almendralejo, donde esperó nuevas órdenes. La otra columna al mando de Soult avanzó más lentamente por la heterogeneidad de fuerzas que llevaba y la retrasó aún más la aparición de la división de Ballesteros por el flanco, ya que Soult se detuvo hasta que la división de Gazán hizo desaparecer esta amenaza, en lo que discurrieron los últimos quince días de enero de 1811. En tanto se incorporaba la parte de la artillería que se había retrasado, el general francés decidió emplear las fuerzas que tenía contra Olivenza y antes de que terminara enero se le entregó, pues el general Herck capituló en cuanto se abrieron brechas en las murallas, quedando prisionera la guarnición (más de 4.000 hombres).

Sin esperar a que se le uniera Gazán, Soult decidió proseguir hacia Badajoz, emplazada en una loma con el castillo Rivilla por cimera y amurallada con ocho bastiones de apoyo y dos fuertes exteriores, guarnecida por 5.000 hombres. Cuando iniciaba las operaciones, llegó la división de Gazán y ello le permitió a Soult fortalecer bastante su situación. En socorro de la ciudad acudió el 6 de febrero un ejército de 15.000 efectivos mandado por el general Mendizábal, pues el marqués de la Romana había muerto poco antes. Durante unos días se produjeron roces y movimientos para buscar mejores posiciones, hasta que la batalla del arroyo de Gévora descompuso las fuerzas españolas, una parte de las cuales pudo entrar en Badajoz y el resto se retiró hacia Portugal. Soult pudo así centrarse exclusivamente en el cerco de la plaza extremeña, que se entregó el 10 de marzo, pese a tener vituallas para un mes.

Por otra parte, la salida de Soult hacia Extremadura redujo los efectivos que cercaban Cádiz, permitiendo a los sitiados unas operaciones y golpes de mano que complicaron la situación de los franceses, como también se complicó la situación de Massena en Portugal por su fracaso en Torres Vedras, permitiéndole nuevamente a Wellington pensar en recuperar la iniciativa. Tal cambio de la situación confiere una gran importancia a Badajoz, donde Soult dejó una fuerte guarnición de 11.000 hombres con una buena parte de la artillería antes de retirarse hacia Andalucía, encargándole al mariscal Mortier que conquistara las plazas de menor importancia españolas y portuguesas, lo que hizo con rapidez apoderándose de Campo Mayor, Alburquerque y Valencia de Alcántara.

Antes de saber la rendición de Badajoz, Wellington envió tropas en socorro de la plaza, 18.000 hombres al mando de Beresford, que se presentó ante Campo Mayor cuando los franceses la desmantelaban haciendo que se retiraran a toda prisa hacia Badajoz. Luego se dirigió contra Olivenza, que resistió durante una semana. Cuando Wellington llegó a Elvas empezó el plan de reconquista de Badajoz, por considerarla una buena base para emprender el ataque de Andalucía, empezando una serie de movimientos combinados de las tropas españolas e inglesas que conducirán a la batalla de Albuera, de 16 de mayo de 1811.

Las noticias que llegaron a Soult de todos estos movimientos hicieron que preparara una segunda campaña en Extremadura, para lo que reunió 25.000 hombres reduciendo incluso las guarniciones de Córdoba y Sevilla y el 10 de mayo emprende una marcha veloz que le lleva ante Albuera, donde pensando que sólo estaban los españoles emprende un ataque de flanco que esperaba le permitiera romper la línea anglo-española. Pero la resistencia de la división Zayas, reforzada por seis batallones españoles, resultaría decisiva en el curso de la batalla, ya que sobre ese punto de resistencia empezaron a confluir tropas de los dos bandos hasta producirse tal concentración en tan reducido espacio como en ninguna otra batalla de la guerra y Soult, al saber la llegada de Blake y sus tropas, decidió abandonar la ofensiva y conservar las posiciones adquiridas, con lo que la iniciativa pasaría a los aliados, continuando los choques hasta que el francés se retirase sin que los enemigos le persiguieran. Los dos bandos salieron duramente afectados: unas 7.000 bajas por cada lado.

Badajoz sufriría en mayo y junio un segundo asedio, dirigido por Wellington, establecido en Elvas. Pero la plaza resistió. El inglés se retiro a la línea de Caya y durante los dos meses siguientes permaneció allí ofreciendo una batalla que los franceses no aceptaron, empleándose en el abastecimiento de Badajoz.

El resto del año no hubo grandes operaciones en Andalucía. Se registraron pequeñas acciones para facilitar el cerco de Cádiz y entorpecer o anular la acción de algunas tropas que animaban a la resistencia con su actividad, como la orden dada a Victor de conquistar Tarifa para acabar con la amenaza que suponía la existencia en aquella zona de un ejército de 10.000 efectivos al mando de Ballesteros. La resistencia de la guarnición y unas condiciones climatológicas adversas frustraron los planes de Victor, que se retiró el 4 de enero de 1812.

Campañas para la conquista de Portugal

Como ya sabemos, Portugal era el tercer escenario que los franceses tenían que conquistar para concluir la ocupación de la Península y también se registraron aquí numerosas operaciones entre 1809 y 1811. Sin embargo, los planes de los franceses se desarrollarían de forma muy diferente a como habían previsto. Por lo pronto, Soult no pudo culminar con éxito su campaña tras la batalla de La Coruña, momento –fines del 1809– en que Andalucía y Portugal eran los objetivos más importantes para la estrategia francesa. En la invasión de Portugal se producirán batallas campales, pero hay otros elementos que influyen directamente en el curso de las operaciones. La invasión de Andalucía exige una gran cantidad de efectivos que quedan allí fijados, reduciendo el número que Massena podría utilizar en Portugal; además, tendrán que destinar un gran número de hombres a proteger las comunicaciones en unas tierras controladas por la guerrilla, reduciendo el número de gente con la que atacar a los ingleses, quienes practican la “tierra quemada” para dificultar al máximo las posibilidades de abastecimiento de los franceses, cuya permanencia allí acabará siendo imposible.

Cuando termina la persecución de Moore, en Galicia tenían los franceses los ejércitos 2.º, 6.º y 8.º. Este último fue disuelto a principios de 1809 y sus hombres incorporados a los que tenía Soult bajo su mando, que de esta forma superan los 40.000 hombres, a los que Napoleón encarga la conquista de Portugal, mientras encomienda a los 16.000 o 18.000 efectivos de Ney ocupar el resto de Galicia para proteger la retaguardia de Soult y mantener las comunicaciones. La capitulación de El Ferrol –por pasarse su comandante a las filas josefinas– el 26 de enero, hacía desaparecer una grave amenaza para la retaguardia francesa y le daba a los invasores de Portugal una gran cantidad de armas y vituallas: este hecho y la inactividad de la Romana, que trataba de reorganizar su pequeño ejército –los franceses pensaban que lo habían aniquilado en la campaña precedente– hizo creer a los franceses que Galicia estaba conquistada, así que Soult, duque de Dalmacia, pasa el mando a Ney y él se dispone a cruzar el Miño; al no poder hacerlo cerca de la desembocadura, retrocede hasta Orense buscando un paso mejor provocando con su retirada una progresiva floración de guerrillas en el territorio que iba dejando a sus espaldas, que interrumpió las comunicaciones entre estos contingentes y Madrid y entre las mismas tropas de Soult.

Desde Orense, el 4 de marzo, el mariscal francés se dispuso a entrar en Portugal, pese a que Ney le sugirió que esperase a que toda Galicia estuviera realmente controlada y sometida. El primer choque con las tropas portuguesas se produjo en Chaves, donde el general Silveira no pudo mantenerse y se retiró hacia Vila Real. Soult convirtió Chaves en base de operaciones y se dirigió contra Braga, para cuya defensa Freire contaba con 25.000 hombres, que se dispersaron al recibir un ataque frontal de los franceses. El objetivo siguiente fue Oporto, que Soult conquistó sin dificultad el 29 de marzo, pues las fortificaciones que ofrecía se habían levantado con premura y la mayor parte de la guarnición –en torno a 30.000 hombres– no tenía experiencia ni instrucción militar. La plaza fue duramente saqueada por los conquistadores.

Pero para entonces, el ejército de Soult estaba al límite de sus posibilidades de distensión: el avance lo había hecho a costa de no mantener las comunicaciones, por lo que ignoraba lo que estaba sucediendo en otros escenarios y con los hombres que tenía bajo su mando no era seguro seguir avanzando, pues los 40.000 hombres de comienzos de la campaña ya no pasaban de la mitad al tener que dejar guarniciones en los lugares conquistados. Como una nueva conquista significaría una nueva guarnición, y eso estaba fuera de sus posibilidades, se acantona en Oporto, donde su aislamiento es prácticamente completo. Las ventajas de los otros contingentes fueron limitadas y temporales (Lapisse, en Tras Os Montes, no pasará de Amarante y Heudelet abandonará Tui y Vigo para proteger la zona al norte de Oporto).

Mientras tanto, los 10.000 ingleses que quedaban en la Península después del desastre de Moore, engrosaron las filas bajo el mando de Wellesley, que ya con 25.000 efectivos se movió en busca de Soult. La progresión hacia Oporto se realizó en medio de pequeños combates trabados desde el 10 de mayo y que culminaron con la conquista de Oporto –en un sorprendente golpe de mano que desconcertó a Soult– y en la persecución de las tropas francesas hasta su regreso a España: el 19 de mayo entraban completamente agotadas en Orense. La campaña había supuesto la pérdida de 5.000 hombres.

Mientras, el 6.º Ejército de Ney no había tenido mejor suerte. De los 21.000 efectivos que tenía, 4.000 se quedaron como guarniciones de La Coruña y El Ferrol, con el resto debía pacificar Galicia y conquistar Asturias; la empresa parecía viable, ya que las únicas fuerzas regulares que había en el Principado, las del marqués de la Romana, lo habían abandonado al iniciarse la marcha de Soult. Ney colocó guarniciones también en Lugo, Mondoñedo, Tuy y Vigo, situando un batallón en Villafranca del Bierzo con la esperanza de mantener las comunicaciones con León. Cuando Soult entró en Portugal, todas las guarniciones del Sur quedaron bloqueadas por fuerzas irregulares, mientras las columnas francesas recorrían el país con ánimo de destruirlas sin más resultado que saqueos e incendios de pequeños núcleos urbanos. Por su parte, el marqués de la Romana rindió al batallón francés de Villafranca, dejando incomunicado a Ney y su gente en Galicia y tras encargar a Mahy que mantuviera la posición recién adquirida, marchó a Oviedo. Las tropas francesas se replegaron sobre La Coruña para no quedar prisioneras, una vez que perdieron el sur de Galicia. Desde Madrid, a donde no llegaban noticias de este escenario bélico, salió una columna de 7.000 u 8.000 hombres al mando de Kellermann con la misión de restablecer las comunicaciones con Soult y Ney.

Ney por el este y Kellermann entrando por el puerto de Pajares emprendieron conjuntamente la conquista de Asturias sin que la Romana –cuyas fuerzas estaban repartidas por el territorio para su defensa– pudiera hacer nada, ya que en los choques con el invasor va a estar siempre en inferioridad. El 19 de mayo Ney ocupaba Oviedo y el 20, Gijón, donde se apoderó de gran cantidad de armas y municiones que habían desembarcado allí los ingleses. Poco después las fuerzas francesas podían dar por concluida la conquista, pero sin lograr acabar con las tropas españolas de Mahy y Ballesteros, que habían evitado el choque con los invasores, motivo por el que la conquista de Asturias resultó comprometida para los lugares de donde habían salido las fuerzas ocupantes: Lugo fue bloqueada por Mahy; el general Carrera, al frente de un heterogéneo e irregular contingente, se apoderó de Santiago y sólo el inesperado regreso de Soult evitó la rendición de Lugo. La conquista de Santander por Ballesteros el 10 de junio de 1809 conmocionó las guarniciones francesas del País Vasco, que han de recuperar la ciudad. Kellermann quedó prácticamente sólo en Oviedo, por lo que decidió evacuar la ciudad y retirarse. La ocupación francesa de Asturias había durado un mes, poco más o menos.

El 30 de mayo, Soult y Ney habían decidido intentar la reconquista de Galicia, pero no sólo no progresaron, sino que encontraron tales dificultades, que a finales de junio Ney se había replegado hasta Astorga y Soult a Puebla de Sanabria, abandonando las tierras gallegas. El fracaso de la primera campaña portuguesa no podía ser mayor para los franceses.

Mientras tanto en Europa, el emperador había conseguido éxitos claros, como la victoria de Wagram y la paz con Austria, que permitían a Napoleón liberar muchas fuerzas de las que empleaba en Centroeuropa y enviarlas a España para tratar de concluir la guerra aquí. En efecto, pensó que en el verano de 1809 podía repetirse el éxito obtenido en el otoño del año anterior, de forma que ordena la detención de todas las operaciones hasta que el nuevo ejército que preparaba para la ocasión alcanzara los 100.000 hombres, que dirigiría él personalmente, proyecto que fue modificado por el divorcio de Napoleón. La victoria en Ocaña y la invasión de Andalucía dejaban a Portugal en el primer plano de los objetivos franceses y así lo evidencia la creación del Ejército de Portugal por decreto de 17 de abril 1810, un ejército en el que se reunían los cuerpos 2.º (Reyner), 6.º (Ney), 8.º (Junot) y el recién creado 9.º (Drouet d’Erlon). El mando de esta fuerza se concedía al mariscal Massena, duque de Rívoli, a quien Napoleón encargó expulsar a los ingleses de la Península.

La orden no fue del agrado de su receptor, pues se sentía cansado y no muy animado, pero aceptó el encargo disciplinadamente. Iba a tener a sus órdenes 130.000 hombres, pero de ellos sólo eran fuerzas realmente operativas unas 86.000, número que descendería aún más antes de empezar la campaña, por lo que para la invasión van a quedar unos 65.000 efectivos. En Salamanca, Burgos y Mérida estaban los puestos de mando de los cuerpos implicados en la empresa. Massena estableció su cuartel general en Salamanca y empezó a preparar la ofensiva. En las operaciones preliminares buscó consolidar el dominio de la tierra leonesa para protegerla de cualquier ataque desde Galicia o Asturias: la acción contra ésta última en los primeros meses de 1810 constituyó una serie de ataques y repliegues (Oviedo fue conquistado hasta cuatro veces) que no tuvo más resultado que fijar a los franceses en el terreno sin que el Principado lo hubieran ocupado realmente. En cuanto a la acción sobre Galicia, la conquista de Astorga cerraría la posibilidad de una invasión desde aquella región, pero esa empresa resultó bastante más costosa de lo esperado por la resistencia de la guarnición, que causó un número de bajas desproporcionado a su número y armamento.

En cuanto a Portugal, la apertura de la marcha exigía la conquista de Ciudad Rodrigo y Almeida. Ney se dirigió contra Ciudad Rodrigo y el 30 de mayo empezó el asedio, defendida por el general Andrés de Herraste al frente de 5.500 soldados; pero la resistencia de los defensores fue inútil y al no recibir ayuda de Wellington, tuvieron que capitular el 9 de julio: en esos días, los sitiadores perdieron un número de efectivos similar al de los defensores y consumieron casi todas sus municiones de artillería. Después, el 21 de julio, los franceses entraron en Portugal y se dirigieron contra Almeida, en cuyas proximidades se libra la batalla del Coa contra los ingleses, que sufren una severa carnicería, aunque la batalla careció de importancia estratégica, pero Almeida quedó librada a su suerte y a lo que resistieran sus 4.000 hombres de la guarnición y sus recientes murallas. El día 26 comenzó el bombardeo y la plaza se rindió el 29, pues la suerte hizo que un proyectil alcanzara una vieja torre donde estaban depositados los víveres y las municiones, cuya explosión dejó a los defensores, según Cox, jefe inglés de la guarnición, sin posibilidades de resistencia.

Massena no reanudó la marcha hasta el 16 de septiembre, tras sufrir en las operaciones anteriores unas 3.500 bajas. Los ingleses se retiraban hacia Torres Vedras practicando la táctica de tierra quemada, de forma que si bien dejaba abierto el camino hacia el interior a los franceses, éstos van a tener que enfrentarse con un cúmulo de dificultades: pésimos caminos, retirada de los habitantes, carencia de alimentos, perdida de contacto con las bases de partida…, que van socavando su moral. Wellington estableció a sus 52.000 hombres en unas sólidas posiciones en Busaco, esperando a los franceses para presentarles batalla, que Massena inició el 26 de septiembre con un ataque frontal y posteriores maniobras de uno y otro contendiente, fracasando el intento de forzar la línea inglesa. El general imperial decidió entonces una maniobra envolvente siguiendo un camino que llevaba a la ruta Oporto-Coimbra, movimiento que adivinó Wellington, abandonando Busaco para acogerse a Torres Vedras, dejándole el territorio al enemigo.

En la retirada, 40.000 habitantes de Coimbra fueron sacados de la ciudad por las tropas inglesas, entrando en ella inmediatamente los franceses, que la saquearon y prosiguieron la persecución de los ingleses, pese a que las bajas ya habían reducido el contingente a 57.000 hombres. Por último, el 10 de octubre, las tropas francesas llegaban ante Torres Vedras, cerca del mar, donde Wellington se había hecho fuerte. Mientras, los portugueses recuperaron Coimbra, donde apresaron a varios miles de heridos franceses.

La posición inglesa de Torres Vedras era bastante sólida, formada por dos líneas de fortificaciones paralelas en un tramo de 40 kilómetros entre el Tajo y el mar, dejando en la retaguardia un reducto entre Belén y Cascais, que podría servir de refugio y de zona de reembarque, llegado el caso. Massena ocupó Santarem para asegurarse una línea de retirada más corta que la seguida en la penetración y durante un mes se mantuvo frente a las posiciones inglesas, si bien a mediados de noviembre, falto de refuerzos, modificó el frente y situó su cuartel general en Torres Novas, 35 kilómetros al norte de Santarem. Así transcurrió el invierno, hasta que el francés, falto de recursos, decidió regresar a España, pues su situación era por entonces insostenible: el 4 de marzo de 1811 emprendieron la retirada por la misma ruta de entrada, algo que los ingleses no descubrieron hasta varios días después.

La retirada francesa resultó una especie de calvario. Se hizo precipitadamente sin orden y bajo la persecución inglesa. El 22 de marzo la retirada pudo darse por concluida al establecerse en las posiciones de Celorico y Guarda y restablecer las comunicaciones con Almeida y Ciudad Rodrigo. Así concluía una campaña en la que los franceses sufrieron 20.000 bajas. Massena trató de recuperar la iniciativa trasladando sus fuerzas a la cuenca del Tajo –algo con lo que no estuvo de acuerdo Ney por la dificultad de la empresa, lo que provocó su destitución. Tras el choque de Sabugal –que se produjo el 3 de abril sin más pretensiones que las meramente tácticas–, Massena se retiró hacia Fuentes de Oñoro, donde también llegó Wellington y se trabó una batalla en la que el francés se enfrentaba a portugueses, ingleses y españoles. El choque se desarrolló en dos fases separadas por un día, entre el 3 y el 5 de mayo de 1811. Pero el combate, muy sangriento para ambas partes, resultó indeciso. En cualquier caso, la victoria no hubiera mejorado la suerte de Massena, pues Napoleón ya lo había destituido y nombrado a Marmont para sucederle. La segunda campaña contra Portugal había concluido sin ninguna ventaja.

La guerrilla en la guerra

Al no poder resistir los ataques napoleónicos en la zona del Ebro, los ejércitos españoles se disgregaron y gracias a ello el número de bajas fue bastante reducido y no llegaron a perder su capacidad combativa. La dispersión, reconocimiento de la inferioridad ante los enemigos y muy cercana a la deserción, es un factor nuevo que confiere a las tropas españolas una cierta elasticidad, aunque en muchos casos los dispersos no se reintegrarían a sus unidades, bien porque desertaran definitivamente, bien porque se dedicaran a actuaciones guerrilleras, que como actividad bélica aparece, en rigor, a principios de 1809; antes fueron meses preparatorios, de gestación del fenómeno, de casos aislados, como Juan Martín Díaz, el Empecinado, que por razones personales empezó a asaltar correos franceses antes de la sublevación madrileña de primeros de mayo.

En realidad, los guerrilleros que alcanzaron mayor prestigio empezaron sus actividades en fechas próximas a las campañas napoleónicas: el cura Merino empezó a actuar en enero de 1809 en Castilla la Vieja y León, donde ya actuaba el Empecinado y donde muy pronto tuvieron “compañía”: los famosos Julián Sánchez, que recibió el empleo de capitán y fray Lucas Rafael comenzaron sus andanzas tras la derrota de los ejércitos españoles; Renovales fue uno de los prisioneros tras la capitulación de Zaragoza, pero se fugó a su paso por Navarra y en el valle del Roncal reunió una cuadrilla de fugados como él. La rendición de Jaca el 21 de marzo marcó la incorporación de Sarasa y de Espoz y Mina, aunque Javier Mina ya había empezado su actividad tras la caída de Zaragoza. Gayán, coronel, se dedicó a la guerrilla tras el fracaso de Blake en María (15 de junio), que significó el fracaso de la invasión española de Aragón. Villacampa, brigadier, se convirtió en jefe de una partida por orden de su jefe Blake en el verano de 1809, teniendo el monasterio del Tremedal como centro de sus operaciones. En Cataluña, guerrilla y somatén se confundían; muchos jefes de estos últimos eran militares, con casos tan relevantes como el del teniente coronel –en situación de media paga– Milans del Bosch, el primer jefe de los somatenes que en unos cuantos meses van a transformarse en soldados permanentes. Hasta en la remota Galicia la guerrilla no empezó hasta la llegada de los ejércitos franceses finalizando 1808.

Precisamente por entonces, la Junta Central y alguna que otra junta provincial empezaban a preocuparse por la actividad de estas partidas y aspiraban a regularla con unas disposiciones o reglamentos que sometieran tal actividad a los intereses políticos y militares generales. A nivel provincial, una de las disposiciones primeras es la emitida por la Junta del Principado de Cataluña el 28 de febrero de 1809, un reglamento para los somatenes. Ya antes, el 28 de diciembre de 1808 la Junta Central había emitido el Reglamento de partidas y cuadrillas23, complementado el 17 de abril de 1809 con el Decreto Regulador del Corso Terrestre24 24. Las misiones que se encargaban a las guerrillas eran

“evitar la llegada de subsistencias [a los enemigos], hacerles difícil vivir en el país, destruir o apoderarse de su ganado, interrumpir sus correos, observar el movimiento de sus ejércitos, destruir sus depósitos, fatigarles con alarmas continuas, sugerir toda clase de rumores contrarios, en fin, hacerles todo el mal posible”.

Los supuestos básicos, fundamentales, para la aparición y actuación de la guerrilla son: la clara superioridad militar del enemigo y la actitud generalizada de rechazo del invasor entre la población civil que proporciona al guerrillero cobertura y apoyo social. En la dinámica que se genera a partir de estas realidades radica la aparición de las condiciones que permiten la duración del fenómeno guerrillero, ya que la conquista de un territorio exige luego su pacificación, que entraña actuaciones policiales en muchos casos de gran violencia, como las represalias y castigos colectivos, que fomentan el odio al invasor y el apoyo a todas las iniciativas que puedan derrotarlo o destruirlo.

En el plano estratégico, las realidades imperantes en la guerrilla son:

— El mantenimiento de una ofensiva incesante y permanente, que se manifiesta en los momentos más oportunos y favorables, a fin de causar el mayor daño con las menores bajas.

— La rapidez de movimientos, con una doble consecuencia: posibilita compensar la inferioridad numérica e impide el incremento excesivo de efectivos, pues más allá de cierto número esa rapidez de movimientos se limitaría y reduciría.

— El rechazo y evitación de todos los combates donde no se ve claro el éxito, lo que hace de la sorpresa y de la dispersión dos recursos habituales en el proceder de cualquier partida.

— No busca ni el control del territorio ni mantener una línea definida de frente, pero utiliza la geografía para sus fines y a la población que la habita como refugio, ya que al mezclarse con ella dificulta su identificación como guerrilleros por los franceses25.

— No le interesa la derrota del enemigo –cosa que en la mayoría de los casos excede a sus posibilidades militares–, sino el mantenimiento de una guerra de desgaste que vaya minando la capacidad de resistencia del adversario: por eso la de guerrillas es una guerra larga y de objetivos reducidos.

— Utilización en beneficio propio de todos los efectos arrebatados al enemigo, particularmente las armas y municiones.

Los resultados de la aplicación de tales principios han sido ampliamente debatidos, por cuanto la suerte final de la guerra suele vincularse al veredicto dictaminado sobre tales resultados, existiendo una amplia línea historiográfica que vincula la victoria final sobre los ejércitos napoleónicos a la actividad guerrillera, pues sin ésta el triunfo hubiera sido imposible para los ejércitos aliados. Quienes destacan la importancia clave de la guerrilla para la victoria en la guerra se refieren a la labor que realiza al obligar a los franceses a destinar elevados contingentes –en alguna ocasión hasta por encima de los 4/5 del total– a servicios de protección y guarnición y se apoyan en los hombres utilizados en batallas importantes, de lo que es muy ilustrativo el cuadro siguiente:

BATALLA

EFECTIVOS FRANCESES EN LA BATALLA

EFECTIVOS TOTALES FRANCESES EN LA PENÍNSULA

Talavera (28-7-1809)

46.138 al mando de Victor

288.552 (datos de febrero)

Busaco (27-2-1810)

59.000 al mando de Victor

324.996 (datos de enero)

Albuera (16-5-1811)

23.000 al mando de Soult

354.461 (datos de julio)

Arapiles (22-7-1812)

42.000 al mando de Marmon

258.898 (datos de octubre)

Vitoria (21-7-1813)

65.000 bajo José I

98.970 (datos de julio)

Evidentemente, estas cifras muestran la desproporción existente entre los efectivos utilizados en las batallas y el número total de hombres que los ejércitos franceses tenían en la Península. Desproporción que se explica por la necesidad de destinar un alto número de unidades a mantener las comunicaciones entre los diversos contingentes, entre ellos y Madrid y entre Madrid y Francia; a perseguir a las partidas que actuaban en los diversos territorios; a controlar las principales poblaciones y pueblos y a garantizar la llegada de correos, refuerzos, armas y abastecimientos. Y como estas funciones las atienden con frecuencia sin saber lo que ocurre en el resto del país en bastantes momentos por carecer de noticias, los soldados franceses han de enfrentarse también a una desmoralizadora sensación de aislamiento, que se hace tanto más aguda cuanto van conociendo las bajas que la guerrilla produce en sus golpes de mano contra los contingentes en los que están encuadrados, reduciendo los efectivos disponibles, tanto por bajas directas como por la atención a los heridos y enfermos. Algunos cálculos elevan a un centenar de muertos los causados diariamente por las guerrillas, lo que en cinco años supone un total de 180.000 bajas, frente a las escasas 25.000 que los guerrilleros sufrieron.

La ponderación de todos estos elementos es difícil y no exenta de riesgo. Evidentemente, la importancia de la guerrilla es incuestionable. Otra cosa es que resulte tan decisiva como algunos quieren (en su fervor guerrillero llegan a afirmar que la actuación de la guerrilla en España favoreció la evolución internacional en contra de Napoleón al fijar tantos efectivos imperiales en la Península, que permitió mayor libertad de movimientos a los enemigos europeos del emperador francés). La guerra también es susceptible de enfocarse de otra manera –en la que se está insistiendo bastante últimamente–, en el sentido de que los ejércitos regulares españoles al mantenerse sobre el campo con la utilización de la dispersión y la reunión, al no rendirse en ningún momento y persistir en la lucha, obligan a los franceses a una permanente actividad que hace muy vulnerable su retaguardia pudiendo aprovecharse de ello la guerrilla, algo que no hubiera sucedido si los franceses no hubieran tenido que ocuparse de los ejércitos regulares enemigos, que a la postre fueron los que los empujaron al otro lado de los Pirineos.

Del predominio francés a la victoria aliada

La segunda mitad de 1811 no registra ningún movimiento ni acción importante en el frente occidental de la Península, pues Wellington se repliega al lado portugués de la frontera, tras fracasar en su segundo sitio de Badajoz, mientras los franceses permanecen en el lado español, de manera que la línea del frente coincide en gran manera con la raya fronteriza. Pero la situación cambia cuando Napoleón ordena entre el 15 de diciembre de 1811 y el 15 de enero de 1812 la retirada de la Península con destino al frente oriental europeo de 30.000 hombres veteranos, lo que obligará a Marmont a prescindir de 6.000 soldados de élite a poco de haber recibido el mando supremo de los territorios entre Ávila y Asturias.

Por su parte, Wellington decide pasar a la ofensiva en los primeros días de 1812, empezando el día 8 de enero a reunir las divisiones de su mando para cargar contra Ciudad Rodrigo, acelerando las operaciones de sitio para evitar ser sorprendido por el regreso del Ejército francés y aprovechar la debilidad de una guarnición que estaba en torno a los 2.000 efectivos. Las brechas abiertas en la muralla parecían propicias para el asalto, que se produce el día 19 dando como resultado la conquista de la plaza y un brutal saqueo –como serán los saqueos de las ciudades españolas por las tropas inglesas. La operación le vale al inglés el título de duque de Ciudad Rodrigo.

El objetivo siguiente de la ofensiva británica fue Badajoz. Establecido su puesto de mando en Elvas, Wellington empezó el 16 de marzo el cerco de la ciudad extremeña con 15.000 hombres, destinando a las operaciones de cobertura dos columnas cuyos efectivos conjuntos alcanzaban los 33.000 y dejaba como reserva otros 12.000. Un contingente total que no podían igualar los tres ejércitos franceses de la zona, el del norte, el del sur y el de Portugal, posiblemente tal fue la razón de que el asedio no fuera alterado ni siquiera por noticias de posible llegada de franceses, por lo que a los 5.000 defensores a las órdenes de Philippon no les quedó más opción que la resistencia, que mantuvieron hasta el 6 de abril, en que la ciudad fue tomada al asalto y luego concienzudamente saqueada.

Las tropas francesas nada pudieron hacer por socorrer a Badajoz. Marmont, en Guarda, se empleó en acciones y movimientos nada significativos para la campaña y Soult que debía ayudar a la penetración de Marmont en Portugal, desistió de la empresa incluso antes de conocer la caída de Badajoz al saber que se cernían amenazas de unidades españolas sobre Sevilla.

En realidad, esta situación ya había sido adelantada por Jourdan, jefe del Estado Mayor de José I, que al ver como en la preparación de la campaña de Rusia se sacaban de la Península unos contingentes que dejaban los efectivos reducidos a 230.000 hombres, distribuidos en cuatro cuerpos de ejército, cuyos efectivos iban desde los 48.000 de Dorsenne hasta los 60.000 de Marmont, advirtió que las exigencias de la ocupación del territorio hacían que cualquier maniobra ofensiva quedara fuera de sus posibilidades. Pero Wellington no aprovechó de inmediato las ventajas que la nueva situación le ofrecía, siempre retenido por sus excesivas precauciones estratégicas.

Por fin, en la segunda quincena de mayo, Wellington se decide a penetrar en España a la altura de Salamanca, lo que provocaría un enfrentamiento con los franceses si querían mantener abiertas las comunicaciones con Madrid. Tras provocar una serie de movimientos de distracción para fijar las fuerzas francesas y que no pudieran prestar ayuda a las que él tenía delante, Wellington avanzó el 13 de junio con sus 50.000 hombres –más o menos la misma cantidad que tenía su oponente– organizados en tres columnas en busca del ejército de Portugal, que Marmont había reunido en Villares de la Reina, abandonando Salamanca, que quedó librada a su guarnición. En las dos semanas siguientes hay movimientos de tanteo por una y otra parte con ligeros choques hasta concluir en el río Tormes la noche del 20 de julio. Al día siguiente tomaron posiciones enfrentadas en los dos Arapiles y dos días más tarde, el 22, los franceses sufrieron una severa derrota en ese lugar, pues tuvieron 14.000 bajas, por algo más de 4.000 por parte de los ingleses; tal diferencia colocaba en clara inferioridad al Ejército de Portugal, que se retiraba hacia Valladolid, al que Wellington perseguía y que no llegó a reunirse con las fuerzas que al mando de José I –unos 14.000– habían salido de Madrid y a donde regresaron para proteger la corte. De resultas de la batalla, Wellington recibió como premio el Toisón de Oro y el mando supremo de los ejércitos aliados.

El 30 de julio las tropas de Wellington entraban en Valladolid, donde decidió dejar la explotación del éxito de la batalla de los Arapiles y se dirigió hacia Madrid, permitiendo que la división de Clausel reorganizara y consolidara la defensa de Burgos, cuya posición estratégica era básica para mantener abierto el camino de Madrid y restablecer las comunicaciones entre los ejércitos franceses. Pese a todo, las posibilidades de José I radicaban realmente en las que podían ofrecerle los ejércitos de Andalucía y Levante, por eso ordenó a Soult que se replegara hacia la capital el 29 de julio, pero el general francés demoró el cumplimiento de la orden hasta fines de agosto, por lo que José salió hacia Valencia al no poder mantenerse en Madrid, donde entró Wellington el 12 de agosto y a los pocos días, el Empecinado ocupaba Guadalajara y Toledo.

Cuando Soult decidió ponerse en marcha, iba a avanzar por rutas secundarias buscando la unión con su rey y con el ejército de Suchet en Valencia. Wellington contaba entonces con 70.000 hombres, contingente que los franceses sólo podían alcanzar si reunían los ejércitos de Soult, Suchet y José I y ello implicaba abandonar Valencia después de haberlo hecho en Andalucía. Wellington no supo aprovechar adecuadamente su ventaja, pues dueño por primera vez de una extensa zona en España, no tiene claro qué hacer. Dejando a Hill con una guarnición en Madrid, él reemprende el 31 de agosto la persecución del Ejército de Portugal, al que no alcanza, de manera que cuando llega a Quintanavides, detiene su avance y decide sitiar el castillo de Burgos, con una guarnición de 2.000 hombres que iban a inmovilizar durante un mes al británico que mandaba 28.000 anglo-portugueses y 11.000 españoles, aunque no todos participaron en el asedio, que no llegaron a culminar con éxito.

Desde la victoria de los Arapiles hasta el tercer asalto al castillo burgalés transcurren tres meses, durante los cuales los aliados no atacaron a ninguno de los ejércitos franceses en España, por lo que el único éxito que logran, la liberación de Madrid, resulta muy decepcionante, dadas las perspectivas abiertas en tierras salmantinas. Tal pasividad permitirá a los franceses reorganizarse y preparar un movimiento conjunto sobre el centro peninsular, empezando por la unión de los ejércitos de Levante, Sur y Centro, que una vez reunidos, en Fuente la Higuera, el 3 de octubre, José I y sus mariscales deciden la permanencia de Suchet en Valencia y el avance de los otros dos ejércitos hacia Madrid –unos 60.000 hombres–, marcha que inicia Soult el 15 de octubre, seguido poco después por José I. Wellington había perdido un tiempo precioso asediando el castillo de Burgos, hábilmente defendido por Dubreton y al tener noticia de que un ejército francés avanzaba desde Pancorbo para socorrer a los sitiados, el inglés decide abandonar el cerco el 22 de octubre.

El movimiento de concentración francés hará que los aliados abandonen todo el terreno conquistado tras los Arapiles, en una retirada que afecta las posibilidades de combate de los ejércitos aliados, pues pierden buena parte de las tropas españolas que habían incorporado antes y sufren un gran descenso de su moral. En un primer momento, la retirada de las alas aliadas es completamente independiente, pero en Arévalo, Wellington reúne a todas sus fuerzas, aunque en ningún momento se plantea una nueva batalla de importancia, limitándose a los choques de retaguardia sin mayor trascendencia durante una retirada que les lleva a las posiciones ocupadas en julio, antes de los Arapiles. El 8 de noviembre, José I se reúne con el ejército de Portugal alcanzando la suma de 60.000 soldados. Finalmente, el 18 de noviembre Wellington establece sus cuarteles de invierno protegidos por Ciudad Rodrigo y Almeida, mientras el Ejército del Norte establece un sistema defensivo que descansa sobre el camino de Madrid, el Ejército de Andalucía se sitúa sobre el Tajo y mantiene a través de Béjar la comunicación con el Ejército de Portugal que vuelve a sus acantonamientos habituales en Castilla la Vieja y León, asegurando las comunicaciones de Francia con Madrid, donde regresa José I.

A lo largo del invierno los dos ejércitos apenas mostraron alguna actividad. Con frecuencia estaban interrumpidas las comunicaciones de los imperiales con Francia y en cierta ocasión lo estuvieron de forma continua más de un mes y ello hizo que en España se supiera con mucho retraso la derrota de Napoleón en Moscú y su dramática retirada, así como su necesidad de levantar un nuevo ejército para contener la ofensiva en Europa, una necesidad que le hace pedir contingentes a su hermano y el traslado de su corte a Valladolid, abandonando la capital española, pues la misión de los contingentes franceses en España –unos 200.000 hombres solamente– ya no iba a ser mantener la Península, sino evitar que los ejércitos aliados que operaban en ella penetraran en Francia. Cumpliendo con las órdenes de su hermano, José I abandonaba Madrid el 23 de marzo de 1813, sin que su situación mejorara, pues si bien es cierto que el territorio que tenían que controlar había disminuido, era precisamente ese territorio el que registraba mayor actividad guerrillera y frente a los ejércitos del Centro y de Portugal, muy mermados, Wellington oponía 80.000 hombres.

Cuando el británico ordenó el avance de las columnas de su ejército –distribuidas en un gran arco desde La Bañeza a Béjar–, los franceses tuvieron que retroceder para evitar ser flanqueados y cuando el 3 de junio Wellington completaba su movimiento reuniendo todos sus efectivos en Toro, José I ya había abandonado Valladolid unas horas antes. A partir de este momento, los movimientos aliados consistieron en flanquear por el norte la posición francesa y el objetivo de José I era conseguir la unión de sus cuatro ejércitos (Norte, Centro, Andalucía y Portugal), procurando en su retirada que disminuyera la distancia entre ellos. A medida que pasaban los días, el desconcierto de José I crecía y sólo le preocupaba incrementar sus efectivos, por lo que las tropas de los generales Leval y Drouet salieron de Madrid, seguidas poco después por las de Hugo, que escoltaba un gran convoy con un rico botín, en el que figuraba una cuantiosa cantidad de obras de arte y de afrancesados con destino a Vitoria. El 12 de junio los franceses abandonaban Burgos y se establecían en Miranda, pero la posición no pudieron mantenerla porque los aliados habían pasado el Ebro más al norte, antes incluso de que lo hicieran los franceses por su ruta, de modo que ante el temor de ser flanqueados continuaron la retirada hacia Vitoria, en cuya llanura se libraría la batalla de ese nombre el 21 de junio de 1813, iniciada con gran ímpetu por el español Morillo.

Wellington había concebido la batalla articulada en dos movimientos, básicamente: un gran ataque frontal a la línea francesa, que debería ser apoyado por un remoto flanqueo que amenazaba el conjunto del dispositivo imperial. Y así se inició el choque. Cuando José I temió que podía ser copado al ver rebasada su línea por los flancos, ordenó la retirada a Zuazo, en un momento en que se disputaba la posición de Ariñez, que perdieron los franceses, retirándose por líneas paralelas al camino principal, por el que pudieron progresar los aliados y ello resultó decisivo para la victoria aliada. La retirada francesa continuó a costa de perder toda la impedimenta y los bagajes con el rico botín que llevaban y la artillería. El resultado fue desastroso para los franceses, puesto que supuso la derrota final. José logró salvarse al galope en dirección a Pamplona. Las bajas por ambas partes fueron muy reducidas en relación con la importancia de la batalla, demostración de que el combate estaba ya decidido en función de la situación estratégica general.

Desde este momento, José sólo podía aspirar a que los aliados no entraran en Francia, para lo que se apoya en las bases de Pancorbo, Santoña, San Sebastián y Pamplona. Instaló su cuartel general en San Juan de Luz en las postrimerías de su reinado. Al recibir las noticias que le llegaban de España, Napoleón destituyó a su hermano, aunque aún quedaban en poder francés Valencia, Aragón y Cataluña bajo el gobierno de Suchet. El 1 de junio de 1813, Soult cubrió la baja de José con el título de lugarteniente general: su designación significaba el abandono de la idea de establecer a José en España y se le encomendaba la misión de defender el territorio francés de la invasión aliada. El inglés Graham cercó San Sebastián y rechazó a los franceses que pretendían socorrerla. El asedió se cerró más y se resolvió el 31 de agosto, en que los ingleses entraron en San Sebastián y la saquearon bárbaramente, día en que tuvo lugar el combate de San Marcial, una nueva victoria española. La caída de San Sebastián y el fracaso en San Marcial marcan el final de la intervención francesa en esta parte de España, acabando con los planes de Soult.

El 7 de octubre, Wellington ordenó un movimiento simultáneo de todas las fuerzas a su mando para penetrar en Francia por varios puntos. Pamplona estaba en poder de los franceses y su guarnición resistía sin excesivos problemas, ya que Wellington sólo había dejado las fuerzas suficientes para mantener el bloqueo, pero a fines de septiembre los víveres escaseaban y en el mes siguiente, las deserciones de los elementos no franceses de la guarnición aumentaron, de modo que el 31 de ese mes, el general Cassan entregaba la ciudad a los generales Carlos de España, responsable del bloqueo y Anglona, poniendo fin a la guerra en este sector. Soult retrocedió hasta las trincheras de Bayona. El avance aliado y la invasión del territorio francés consagraron la superioridad de las armas aliadas, acentuando la inminencia de la crisis napoleónica. Con el deseo de evitar el desastre total, Napoleón había entrado en tratos con Fernando VII a fin de desembarazarse de los asuntos españoles y concentrar su atención en los problemas que le planteaban los demás enemigos. Las conversaciones cristalizaron en el tratado de Valençay, firmado el 11 de diciembre de 1813, cuya negociación fue llevada por el duque de San Carlos y por el conde La Forest. Por él, Fernando conseguía la libertad y podía regresar a España.

En Cataluña quedaba aún un fuerte núcleo francés al mando de Suchet, retirado de Valencia al conocer la derrota de Vitoria para concentrarse en Aragón. Las tropas españolas le siguieron en el repliegue y al comenzar el año 1814 recibió avisos de Napoleón de que preparase la retirada: retrocedió hasta Gerona, dejando 5.000 hombres en Barcelona al mando de Habert. El avance español prosiguió, sitiando Barcelona y ocupando Mequinenza, Lérida y Monzón. Finalmente, ante la necesidad de soldados, Napoleón autorizó a Suchet a negociar con el capitán general de Cataluña, Francisco Copóns y se firmó la evacuación por los franceses de todas las plazas catalanas excepto Figueras, a la que Suchet se retiró el 10 de marzo y desde allí pasó a Francia poco después.

Wellington cercó Bayona con parte de sus tropas y se lanzó con el resto sobre Soult, al que acometió en Orthez y le obligó a retirarse con grandes pérdidas hacia Tarbes. Cuando Soult abandonó Burdeos, tan pronto como sus habitantes supieron que se aproximaba Beresford, se produjo un estallido a favor de los Borbones franceses. Luego un vigoroso ataque de Wellington con Freire, Morillo, Carlos de España y Julián Sánchez obligó el 12 de abril a Soult a abandonar Tolosa, ciudad que tributó un caluroso recibimiento a los vencedores.

En tal situación conocieron los beligerantes la entrada de los ejércitos aliados del norte en París y la abdicación de Napoleón, hechos que dejaron sin razón de ser la resistencia de Soult y Suchet, por lo que ambos firmaron, separadamente, con el generalísimo aliado el fin de las hostilidades y la evacuación total francesa. Para entonces ya estaba Fernando VII en España, autorizado a volver el 7 de marzo de 1814, realizando su entrada en tierra hispana el 22 de ese mismo mes.

Como las capitulaciones entre franceses y aliados se firmaron el 18 y 19 de abril de 1814, la Guerra de la Independencia terminaba casi a los seis años justos de comenzar, seis años que resultaron muy largos y cuajados de sufrimientos y cambios, que Fernando VII desconocía y encauzaron nuestro siglo xix. Al otro lado del Atlántico, las colonias españolas habían emprendido también la lucha, transformando lo que fue inicialmente un movimiento en defensa de los derechos de Fernando VII en una guerra por su independencia y el conflicto se mantenía abierto: su desenlace diez años después dejaría a España casi sin colonias ultramarinas, con tan sólo algunas posiciones insulares.

“Si, vista desde lejos, la pérdida del Imperio americano fue la principal secuela aislada de la crisis de 1808, el legado de la Guerra de la Independencia moldeó la historia posterior de la propia España. Al liberalismo le dotó de un programa y de una técnica revolucionaria. Definió el patriotismo español dotándolo de un mito duradero. Unció el liberalismo con el problema de los generales en la política y con la mística de la guerrilla. Pero el problema más complicado y menos digerible que dejó tras de sí fue el de los afrancesados. Doce mil familias españolas que habían servido al rey francés siguieron a José al cruzar éste los Pirineos tras la batalla de Vitoria. Durante una generación, estos exiliados, entre los que se encontraban los hombres más capacitados de España, serían vistos con desconfianza tanto por liberales como por reaccionarios”.

Simultáneamente a la guerra se habían producido acontecimientos políticos de primera magnitud, pues las medidas tomadas por las Cortes reunidas en Cádiz tendían a minar el Antiguo Régimen y con la Constitución de 1812 aspiraban a edificar un Estado español sobre nuevos cimientos y supuestos. Esa realidad es la que iba a encontrar Fernando VII a su llegada a España, ignorante en gran medida de cuanto había sucedido y contrario a todo lo que fuera la pérdida de su capacidad absoluta en el ejercicio del poder.

18 M. Artola, “La España de Fernando VII”, en Menéndez Pidal, Historia de España, vol. 26, Madrid, 1968, pp. 115-116.

19 Toreno cifra los muertos zaragozanos en los dos asedios en 53.873 personas y en 12.000 los prisioneros –los que quedaban de una guarnición de 32.000 hombres. Véase p. 172 de la edición de la BAE, Madrid, 1953.

20 Para los asedios de Zaragoza es útil la obra La Guerra de la Independencia española y los sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1998, donde la mayoría de los trabajos en ella reunidos se refieren a diversos aspectos de la Zaragoza asediada.

21 El general francés Foy escribió sobre el asedio: “La defensa de Zaragoza, que tan alto ejemplo dio a España, resonará en todos los siglos… La fuerza de los españoles comenzó en la ciudad y se acrecentó a compás de los progresos del sitiador… Ese fervor religioso que abrasa el presente y el porvenir, la cuna y la tumba y que se hace más santo cuando se defiende a la patria contra la presión extranjera, allí, en Zaragoza brotó. Esa sublime indiferencia a los bienes terrenos y a la muerte misma, incapaz de inquietarse por otra cosa que no fuera seguir el ejemplo de una pasión nobilísima, allí se hizo patente a todos. Allí, en aquella ciudad, la naturaleza moral consiguió triunfar de la física”.

22 Véase, por ejemplo, los relatos que en los Episodios Nacionales dedica B. Pérez Galdós, a Zaragoza y a Gerona, cuyas ediciones y reediciones se han sucedido.

23 Con él trataba de regularizar las situaciones que se habían originado después de la derrota y la dispersión, denominaba cuadrillas a las formadas por contrabandistas y similares y aspiraba a que las guerrillas no redujesen los efectivos con los que podían contar las unidades del Ejército regular.

24 Regulaba jurídicamente la actuación de las guerrillas, responsabilizando a los franceses de la situación, declarando soldados a todos los españoles aunque no llevasen uniforme y estableciendo los cauces de relación entre los guerrilleros y las autoridades civiles –a las que exigía colaboración– y militares.

25 Miot de Mélito escribió: “Un ejército invisible se extendió sobre casi toda España como una red de la cual no se escapaba ningún soldado francés que se alejara un momento de su columna o de su guarnición. Sin uniforme y en apariencia sin armas, los guerrilleros escapaban fácilmente a las columnas que los perseguían y, muchas veces, las tropas que iban a combatirlos pasaban por medio de ellos sin saberlo”.

La España josefina

El permanente estado de guerra existente entre 1808 y 1814 va a impedir que la vida discurra con normalidad en la mayor parte de la geografía española, una parte de la cual –la central– es la que más directamente vive el régimen político contenido en la Constitución de Bayona y su aplicación práctica: es la zona que podemos considerar la España josefina por antonomasia, si bien José I será objeto de los recibimientos más entusiastas en Andalucía.

La llegada de José I a España

La llegada de José Bonaparte no fue a través de un camino muy directo, ya que Napoleón pensó primero en Luis –otro de sus hermanos– que no quiso dejar el trono holandés, adonde había llegado de manos del emperador. Ante tal negativa, José apareció como candidato, quien no tuvo reparo en abandonar su Reino de Nápoles, pensando en la mayor importancia de la Monarquía española26. Su entronización en España –pensaba Napoleón– requería una adecuada propaganda y las reformas necesarias para el cambio dinástico, lo que esperaba conseguir fácilmente mediante la reunión de Cortes, un texto constitucional y unas reformas, que no dudaba serían bien recibidas por los españoles. Sin embargo, la elección del nuevo candidato al trono disgustó al máximo responsable en ese momento de las tropas francesas en España, Murat, el duque de Berg, quien abrigaba la esperanza de ser el elegido para reinar sobre los españoles. A él se le ocurrió convocar las Cortes, pues con una representación bien controlada el cambio dinástico no tendría dificultad.

Tras hacerse públicas las abdicaciones de Bayona por medio de La Gaceta de Madrid, Murat recibe la misión de plantear a la Junta Suprema, al Consejo de Castilla y al Ayuntamiento madrileño la cuestión sucesoria y organizar la asistencia de españoles a la asamblea que Napoleón quiere reunir en Bayona para legalizar todo el proceso. El general francés logra que los tres organismos se pronuncien a favor de la aceptación de José I (Murat por sus buenos servicios sería recompensado con el Reino de Nápoles), facilitando mucho las cosas a Napoleón, puesto que no tiene más que ratificar su decisión. Seguía faltando el beneplácito de una institución representativa del país y eso es lo que quiere conseguir Napoleón convocando una asamblea en Bayona, aunque Miguel José de Azanza prefería la concurrencia en España de unas Cortes tradicionales, parecer que Napoleón desestimó pensando que la reunión de Bayona las supliría ventajosamente. Azanza era uno de los más conspicuos y madrugadores partidarios de los Bonaparte: consejero de Estado y subsecretario de Despacho Universal de Hacienda de España e Indias, era un antiguo fernandino al que recientes avatares convirtieron en simpatizante de la causa francesa; por su decidida actitud, se convierte en uno de los hombres que Napoleón necesitaba en Bayona para que informara sobre el estado de la Hacienda española.

El 24 de mayo se publicaba la convocatoria de una especie de diputación general, que poco tenía que ver con las Cortes tradicionales y las instrucciones para el nombramiento de los diputados, redactadas por Caballero27; Murat será también el encargado de organizar la elección de los diputados que acudirían a la convocatoria napoleónica, reservándose la designación de 15 de las 150 plazas previstas. Se reunirían en Bayona el 15 de junio. Unos días antes el 6 de ese mes, José I era proclamado rey de España y sus Indias. Los diputados deberían reconstruir con su presencia la representación tradicional, por eso saldrían tanto de la nobleza, del clero y de ámbitos ciudadanos, como de instituciones administrativas, universidades y comercio, sin olvidarse de los americanos; según las condiciones de la convocatoria, por la nobleza deberían asistir diez grandes, diez títulos de Castilla y diez caballeros; el clero se representaría por medio de 44 de sus miembros, repartidos así: dos arzobispos, seis obispos, dieciséis canónigos y veinte párrocos, a los que hay que sumar los generales de las órdenes de San Agustín, Carmelitas Descalzas, Mercedarios Calzados, Santo Domingo, San Benito y San Francisco; Navarra tendría dos diputados designados por su diputación y uno por cada una de las tres provincias vascas, al igual que Canarias, Asturias y Baleares, que tendrían uno cada una de ellas; el Consejo de Castilla dispondría de cuatro plazas, dos los de Guerra e Indias y uno el de Órdenes, el de Hacienda y el de la Inquisición; como representantes de la Armada acudirían dos y siete por el Ejército; un doctor elegido por sus respectivos claustros representaría a las universidades de Alcalá, Valladolid y Salamanca; la representación comercial correría a cargo de catorce diputados designados por los consulados, el Banco de San Carlos, la Compañía de Filipinas y los Cinco Gremios Mayores de Madrid; el tercer estado se representaría a través de los diputados de las ciudades con voto en Cortes.

Por otra parte, como el mayor interés de España para Napoleón radicaba en sus numerosas y ricas colonias, puso especial interés en que éstas permanecieran unidas a la metrópoli, para lo que pide consejo sobre el particular a un tal Du Pons, famoso viajero francés. El emperador envía informes y armamentos, nombra nuevas autoridades y concede a los virreinatos el envío de representantes a Bayona, siendo la primera vez que los diputados coloniales intervienen en asuntos metropolitanos, lo que hace a Francisco A. Zea mostrar su gratitud a los Bonaparte “por el primer acto solemne de aprecio y justicia que la América ha obtenido de su metrópoli”. Zea sería luego nombrado por José I director general del Ministerio del Interior.

Sin embargo, las sesiones de la Asamblea de Bayona carecieron de esplendor. Muchos de los diputados no pudieron llegar y otros se negaron a acudir, siguiendo el ejemplo de Pedro de Quevedo y Quintana, obispo de Orense, cuya negativa se extendió rápidamente por España haciendo del obispo uno de los héroes de la resistencia contra los franceses. En la apertura sólo había 65 diputados y 95 en la clausura, el momento de máxima concurrencia. No constituyeron más que un conjunto de individuos elegidos al azar y enviados por Murat, carentes del prestigio necesario para que su actuación tuviera eco entre los españoles; algunos, incluso, habían sido reclutados de entre los que vivían en Francia. Su misión sería aprobar las abdicaciones, reconocer a José I y aprobar la constitución, es decir, sentar las bases sobre las que actuaría la dinastía Bonaparte en España tras legalizar su llegada al trono.

El 15 de junio, según lo previsto, se abrieron las sesiones del Congreso, en el que sólo los diputados vascos y navarros ostentaban una representación genuina y directa. Napoleón comunicó a los reunidos la proclamación como rey de España de su hermano José I, que llegó a Bayona desde Nápoles y allí recibió la felicitación de los reunidos y de la familia real española, sin que importara que una gran parte de ellos ignorara quién era.

La autoría del texto constitucional se ha atribuido a Napoleón –aunque parece que fue elaborada por un tal Esmenard–; el emperador y Murat revisaron, retocaron y modificaron el texto para adaptarlo a las sugerencias recibidas por los españoles colaboracionistas o afrancesados, como se les llamaría. El 7 de julio la Asamblea, bajo la presidencia de Azanza, aprobó la versión definitiva de la llamada desde entonces Constitución de Bayona.

El contenido de la Constitución de Bayona es una mezcla de las instituciones españolas tradicionales y del senatus consultus de 18 de mayo de 1804, por el que Napoleón recibió el titulo de emperador. En su contenido hay una parte de carácter institucional –inspirada en el modelo constitucional vigente en Francia, de corte autoritario– y otra donde se recogen una serie de derechos y reformas de progresiva aplicación. La mezcla de principios franceses y españoles que constituía el resultado final del texto aprobado –equivalente, en definitiva, a una carta otorgada– respondía al deseo de que no resultara demasiado ajeno al carácter del pueblo sobre el que se iba a aplicar.

Empezó a debatirse el 22 de junio, presentada a la asamblea por el mismo José I. La Constitución declara al país monarquía hereditaria y católica, cuyo titular era el hermano del emperador francés y pieza clave en el régimen autoritario que establecía, presentado en tono moderado; regulaba extremos como la sucesión a la Corona, la regencia, el juramento del monarca, atribuía a las Cortes la facultad de fijar los impuestos. En lo relativo a los derechos y reformas, se establecía la supresión de los privilegios, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimientos, la abolición del tormento y la tortura, la admisibilidad a los empleos públicos, la unidad de códigos, la consolidación de la deuda pública, la supresión de las aduanas interiores, la separación entre el Tesoro de la Corona y el Tesoro Público, la reducción de los mayorazgos y la revisión de los Fueros Vascos.

Distribuida en 146 artículos repartidos en 13 títulos, el primero de ellos con un solo artículo decía: “La religión católica, apostólica y romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del rey y de la nación, y no se permitirá ninguna otra”. La sucesión a la Corona se regulaba en el segundo título por el derecho de primogenitura y exclusión de las hembras; el tercer título regulaba la regencia y el cuarto, la dotación de títulos de la Corona; el quinto establecía los oficios de la Casa Real; el sexto creaba nueve ministerios y determinaba las relaciones entre sus titulares y el monarca; la institución del Senado era el tenor del séptimo título y el Consejo de Estado se delimitaba en el octavo; las Cortes eran el contenido del título noveno; el décimo se refería a los reinos y provincias españolas y ultramarinas; el undécimo se refería al orden judicial, el duodécimo a la administración de hacienda y el decimotercero contenía unas normas de carácter general.

El programa político y reformista se iría aplicando progresivamente a lo largo de cuatro años, para concluir dos años después con la libertad de imprenta, que sería la culminación del régimen de Bayona. Aunque el texto poseía una cierto aire reformista, no lograría el apoyo de apenas unos cuantos intelectuales.

El abandono de la Corte por José I, retirándose de Madrid para escapar a las consecuencias de la derrota de Bailén, parece amenazar la viabilidad del régimen perfilado en Bayona. La llegada de Napoleón a España con lo más selecto de sus tropas, restableciendo su predominio militar en la Península, le permite a José regresar a Madrid (en enero de 1809) y proseguir la puesta en marcha de las instituciones previstas en la Constitución. Es entonces cuando se reglamentan realmente las competencias de los diferentes ministerios y demás extremos institucionales previstos en la nueva situación.

El marco institucional del régimen josefino

En suma, la Constitución de Bayona establecía un régimen autoritario presentado moderadamente, en el que el rey era el eje del sistema, apropiado para una acción rápida y enérgica en la Administración. Pero las circunstancias para su aplicación y desarrollo no fueron nada propicias, incluso, en América fracasaron los intentos de reconocimiento de José I por algunas autoridades coloniales.

Pues bien, el mismo día del juramento de la Constitución, José designó su gobierno integrado por afrancesados: Urquijo (Estado), Cevallos (Negocios Extranjeros), Azanza (Indias), Mazarredo (Marina), Cabarrús (Hacienda), Sebastián Piñuela (Gracia y Justicia), O’Farrill (Guerra) y Jovellanos (Interior). No obstante haberse negado a asumir la cartera que se le encomendaba, el nombramiento de Jovellanos fue publicado con los demás en la Gaceta de Madrid, lo que molestó profundamente al interesado28.

En la primera parte de la Constitución se regulan los cuerpos colegiados vértices del sistema sin coordinación entre ellos: el Senado, el Consejo de Estado y las Cortes. Los miembros de los dos primeros son designados por el rey; el procedimiento administrativo lo inician los ministros, sigue por el Consejo de Estado y se presenta para su aprobación a las Cortes, a las que no se les reconoce la facultad de presentar enmiendas y cuyos diputados provinciales son elegidos por los decanos de los regidores y los sacerdotes de los pueblos más importantes; al Senado le corresponde velar por las libertades y puede suspender la vigencia de la Constitución, si lo solicita el monarca.

De acuerdo con las previsiones para el futuro de la nueva planta de la Monarquía española y en lo que respecta a la Administración central, en el rey residía el poder de hecho y de derecho, pero lo iban a ejercer nueve ministros de los ramos siguientes:

Negocios Extranjeros, Interior, Negocios Eclesiásticos, Hacienda, Guerra, Marina, Justicia, Indias, Policía General. Habría también un secretario de Estado, con categoría de ministro, que refrendaría todos los decretos reales; un cargo sacado del derecho político napoleónico, que ocuparía en primer lugar Mariano Luis de Urquijo. Los ministros no constituían cuerpo y trabajarían por separado, siendo cada uno de ellos responsable del ramo que se le encomendaba, si bien su responsabilidad no quedaba bien definida, como tampoco lo estaba su reprobación, cuyo proceso podía iniciarse por las Cortes mediante la presentación de quejas graves contra la conducta de alguno de los ministros. En definitiva, la diferencia en este particular con lo existente en España bajo Carlos IV se cifraba, sobre todo, en el número de ministerios, muy superior el de José I y, algo, en relación con el secretario de Estado.

El rey solía reunirse una vez a la semana con sus ministros para despachar, dedicando media hora a cada uno de ellos. El lunes despachaba con Mazarredo (Marina), Arribas (Policía General), Romero (Justicia), Almenara (Interior) y Campo-Alange (Negocios Extranjeros), al que sustituiría interinamente Azanza; los martes era el turno de O’Farrill (Guerra), los miércoles el de Azanza (Indias y Negocios eclesiásticos) y Cabarrús, al que sucedió Angulo (Hacienda). No obstante, también hubo reuniones conjuntas del equipo gubernamental, previamente convocadas por José I y a manera de Consejo Privado, que se reunió sin periodicidad y muy irregularmente, asistiendo a sus reuniones, a veces, otros dignatarios estatales además de los ministros.

En cuanto a las funciones de los ministerios, el mismo José I comunicó a cada uno de sus titulares las funciones concretas que tendrían que desempeñar, permitiéndoles hacer las observaciones que estimaran oportunas y luego publicó un decreto el 7 de febrero de 1809 –pero firmado el día anterior–, estableciendo definitivamente la organización y atribuciones ministeriales. En líneas generales eran las siguientes:

La cartera de Negocios Extranjeros se correspondía básicamente con la antigua Primera Secretaría de Estado, al asumir la política exterior, pero también se le concedían facultades sobre otros ramos: correos, caminos reales, etc. para consolidar su establecimiento. En un primer momento se pensó en Pedro Cevallos como titular, pero al pasarse a la España insurgente, fue designado el duque de Campo-Alange, tan fiel como anciano y que la desempeñará hasta 1811, en que ocupa la embajada española en París, siendo sustituido interinamente por Miguel José de Azanza, duque de Santa Fe, sin que éste abandone Indias y Negocios Eclesiásticos.

El Ministerio del Interior, en realidad, no se pone en marcha hasta después del 6 de febrero de 1809 y ha sido calificado por Mercader Riba como “una de las innovaciones más importantes del reinado” del Rey Intruso y a él concernía todo lo relativo al gobierno interno. Inicialmente, Jovellanos fue nominado para ocuparlo, pero se negó, por lo que hubo que buscar un sustituto: el primero fue Cabarrús, pero por la retirada de los franceses tras Bailén, no llegó a ejercer; luego le sucede interinamente en 1809 Manuel Romero, titular de Justicia y el 21 de diciembre de ese año le sustituye el marqués de Almenara, José Martínez Hervás, que se mantendría como ministro de este ramo hasta el final del reinado y cuya llegada al ministerio se tradujo en una amplia e inmediata remodelación.

El de Negocios Eclesiásticos fue el que más tardó en cubrirse, pues hasta principios de 1809 no tuvo titular, que fue, como hemos dicho, Azanza y a él correspondía entender en los asuntos relacionados con la religión: práctica religiosa, examen de los escritos pontificios antes de ser publicados, distribución y organización de las parroquias, asuntos relativos a los seminarios, casas de caridad y comunidades religiosas, fábricas y fundaciones pías, etc.

El Ministerio de Hacienda fue uno de los ministerios josefinos más activos y significados y a su frente, en julio de 1808, Francisco Cabarrús sustituyó a Azanza, conservando la titularidad del mismo hasta su muerte en Sevilla en 1810. De él dependían organismos tan significativos como: la Dirección del Tesoro Público, Dirección General de Bienes Nacionales, Comisaría General de Cruzada –a cuyo frente estaba Juan Antonio Llorente–, etc.

El Ministerio de Guerra se encargaría de todo lo relacionado con esa actividad: formación y organización de las tropas, administración, disciplina, material, abastecimientos, enseñanza militar, normativa, etc. El primer titular fue O’Farrill, antiguo fernandino, uno de los más fieles ministros del rey José, que con Azanza sintió la necesidad de justificar su conducta.

Las mismas funciones que cubría la cartera de Guerra respecto al Ejército, atendía la de Marina en relación con la Armada. Su responsable fue el almirante José de Mazarredo y su gestión resultó bastante anodina.

Para el Ministerio de Justicia fue designado Sebastián Peñuela, por poco tiempo, pues solicitó retirarse a un convento y en agosto de 1808 le sucedió Manuel Romero, que ya ocupaba Interior y que conservó durante todo 1809. Las facultades del ministerio se limitaban al funcionamiento estricto del ramo, relacionándose con audiencias y tribunales de lo civil y criminal, ratificando la independencia judicial que establecía la Constitución.

Al nuevo Ministerio de Indias se le concedía el gobierno completo sobre los dominios de Ultramar, asumiendo las funciones que antes desempeñaba el Consejo del mismo nombre. Azanza, que no quiso Hacienda, prefiere dirigir el nuevo ministerio y como pronto se evidenció que América iba a quedar fuera de la órbita española, aceptó el de Negocios Eclesiásticos.

El Ministerio de Policía General era otra de las novedades y de las que más recelaba José I, pues ignoraba qué efectos tendría su implantación entre los españoles, aunque sabía de la importancia y necesidad de la nueva cartera. Pablo Arribas, fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, fue designado para ocuparla. Sus funciones eran atender a la seguridad del Estado, disposiciones de alta policía, reglamentos para la seguridad y el orden, pasaportes, censura de la prensa y custodia de las prisiones.

Entre las novedades institucionales introducidas en España por la Constitución de Bayona hemos de hacer mención especial del Senado y el Consejo de Estado, antes aludidos. A aquél –que era la primera vez que se instauraba en España, similar al Senado Imperial Napoleónico, al del Reino de Italia y al del Gran Ducado de Varsovia– se consideraba una especie de alto organismo de seguridad, al que se encomendaba como finalidad más importante la protección de la Constitución y asegurar su normal funcionamiento contra extralimitaciones y abusos. Lo compondrían los infantes mayores de 18 años y 24 personajes importantes, de más de cuarenta años, designados por el soberano. Pero dadas las azarosas circunstancias por las que pasaba el país, en las que no podía regir la constitución con normalidad, su puesta en marcha se aplazó en favor del Consejo de Estado y el Senado como tal no llegó a funcionar realmente durante la monarquía josefina.

El Consejo de Estado josefino –muy diferente del Consejo homónimo del Antiguo Régimen– va a ser una de las instituciones más operativas del régimen de Bayona; lo constituirían de treinta a sesenta consejeros divididos en secciones para asesorar a los ministros. Las secciones eran: Justicia y Negocios Eclesiásticos, Interior y Policía General, Guerra, Marina e Indias. Como órgano colegiado, su cometido principal era preparar y entender en los proyectos de leyes, así como en los reglamentos de la Administración, además de recibir las competencias de jurisdicción contenciosa de la Administración pública. En realidad, hasta la segunda etapa del reinado no va a ponerse en marcha.

Otro vínculo con la tradición española del Antiguo Régimen que presentaba el nuevo orden josefino eran las Cortes, que se preveían organizadas por estamentos con inclusión de representantes americanos; entre sus atribuciones figuraba la exclusividad a la hora de fijar la cuota trienal presupuestaria del Estado, que sería regulada por una ley que formalizaría el Consejo de Estado. Pero las Cortes no llegaron a reunirse, pues aunque en 1810 se anunciaría una convocatoria, lo mismo que en 1811 y 1812, ninguna culminaría.

Por lo demás, cuando José I, en los inicios de 1809, se propone organizar las rentas, la Administración y la economía, decide el envío de unos comisarios regios a las provincias dominadas, pese a que algunos consejeros consideraban inapropiada la medida por prematura. La misión de los comisarios –el enlace entre la Administración central y la territorial– era la de informar y vigilar, así como influir en la opinión de las gentes para que cesaran las hostilidades y volvieran a sus casas, cometidos que van intentar desempeñar –más bien con escasa fortuna– personajes tan significados como Mazarredo, José Garriga, Francisco Amorós, Suchet, Sebastiani, etc.

En cuanto a la Administración territorial, el punto de partida josefino son las 38 provincias existentes en la España peninsular, de las que 31 eran intendencias; esta estructura es la que José I va a utilizar antes de organizar el territorio en prefecturas. Durante 1808 no hay ningún vestigio de organización basada en intendencias, que empieza a aplicarse en 1809, aunque con lentitud y dificultad. En 1810 se publicaría la división territorial en prefecturas, que al menos sobre el papel perduraría hasta 1813, con prefectos como Joaquín de Aldabar, Domingo Badía –Aly Bey El Abbassi–, Javier de Burgos y Joaquín Leandro de Solís, por citar algunos de los más destacados.

Como hemos dicho, la derrota de Bailén y la consecuente retirada francesa hacia los Pirineos, interrumpió la aplicación del contenido de la Constitución de Bayona y cuestionó seriamente la viabilidad del régimen, pero la llegada de Napoleón restableciendo la superioridad militar francesa, permitiría la prosecución de su puesta en marcha a partir de principios de 1809. Sin embargo, José I tendrá que atender, sobre todo, a los problemas causados por el estado de guerra permanente en que se encontraba España, lo que iba en perjuicio de la “normalización” del sistema político, cuya cabeza era él. Ya hemos señalado que instituciones importantes no llegaron a funcionar con normalidad –algunas nunca– y que la guerra exigió sacrificios institucionales que limitaban el alcance del entramado estatal de la Monarquía josefina, máxime si pensamos que el grupo que la sostiene, el de los afrancesados, era el más reducido numéricamente, aunque de gran calidad intelectual y profesional.

En cualquier caso, los elementos de que dispone José I para reinar no bastaban. El Ejército francés y las tropas españolas que le apoyaron sólo podían atender las exigencias bélicas y los afrancesados, por más cualificación y valía que tuvieran, no daban al régimen la base social que necesitaba para su estabilidad y consolidación, una base que el monarca ha de buscar por otros medios, implicando a los habitantes de las zonas ocupadas en el mantenimiento del orden y la seguridad y en apoyar a lo que él representaba. Tal implicación trata de conseguirla por medio de unas instituciones de seguridad, que ya hemos analizado en otra ocasión, pero situándolas en un contexto más amplio, por lo que nos limitaremos ahora a destacar los rasgos que nos interesan desde el enfoque que mantenemos en esta ocasión.

Por aquellos años, desde el Estado se percibía la existencia de una “delincuencia política”, distinta de la delincuencia común, pero aún no se habían diferenciado con claridad los instrumentos para combatir a una y otra, aunque ya estaba claro que para la estabilidad de una situación determinada era más amenazante la delincuencia política que la común. Por eso, las instituciones de seguridad que se crean por entonces no sólo con el fin de combatir la delincuencia, sino también fuerza disuasoria e instrumento para implicar a parte de la población en el mantenimiento y defensa de la situación establecida, sobre todo cuando esta ha surgido “revolucionariamente” y ha de evitar el “retroceso”. Es decir, algo similar a lo que estaba ocurriendo con la monarquía josefina, que también es a partir de 1809 cuando da los primeros pasos en este sentido.

Y así, el 16 de febrero de 1809 se pone en marcha la policía de Madrid, cuya jefatura superior ocuparía un intendente general, al que se dotaba de un cierto personal para atender las necesidades de los diez barrios en que se había dividido la capital. En gran medida recuerda las funciones de la Superintendencia General de Policía, creada por Floridablanca en 1782, disuelta en 1792 y recreada sin futuro por Godoy poco antes de su caída. En esa misma fecha, 16 de febrero de 1809, se creaba el Batallón de Policía para “mantener la tranquilidad pública, cuidar de la seguridad interior de los moradores de esta capital, y apoyar la execución de las órdenes que diesen en ella las autoridades civiles”; organizado en cuatro compañías, mandadas por oficiales españoles y compuestas por dos sargentos, cuatro cabos y treinta soldados, sus misiones eran hacer las guardias de las puertas, las rondas y las patrullas y darían ayuda a las autoridades que los requirieran.

Más interés tiene la iniciativa puesta en marcha el 29 de abril de 1809, con la que José I quiere “dar una prueba de nuestra confianza y aprecio a los habitantes de las provincias de Toledo y la Mancha por el celo y fidelidad que nos han mostrado”. Esa iniciativa se desarrollaría de acuerdo con el contenido de los cinco artículos del decreto, en el primero de los cuales leemos:

“Los propietarios, negociantes, maestros de cualesquiera oficios que fueren con tienda abierta, y los hijos de los mismos, viviendo en su casa, se organizarán en Milicias Urbanas en los pueblos de las provincias de Toledo y de la Mancha, que nos propongan sus comandantes y sus intendentes”.

En los restantes artículos se determinaba que el alistamiento se haría voluntariamente, que los componentes de dicha milicia serían los únicos en llevar armas y que el Ministerio de la Guerra se encargaría de llevar a la práctica el proyecto. El 28 de julio, otro decreto determinaba la extensión de esta medida a las demás provincias, donde debía levantarse una milicia urbana acorde con su vecindario y necesidades, también formada por individuos de características y circunstancias parecidas a las exigidas en Toledo y La Mancha, lo que significaba implicar en la defensa del régimen y de la situación existente a grupos muy significados de la sociedad: individuos acomodados y con algunos recursos, algo así como las “fuerzas burguesas” del momento.

Estas milicias urbanas van a servir de base para la organización de una Guardia o Milicia Cívica, objeto de una serie de medidas que van perfilándola, entre ellas figuran las condiciones de sus componentes, condiciones en la línea que ya conocemos, pues deberían ser propietarios, sus hijos, individuos con profesión u oficio conocido, bien considerados entre sus convecinos por su buena conducta, sin defecto físico, de estatura superior a los cinco pies y entre los diecisiete y los cincuenta años de edad. Por lo demás, su eficacia fue nula, prácticamente.

El otro gran proyecto de José I es la creación de una Gendarmería Española, que no pasó del papel y a la que ya se alude a fines de marzo de 1810, pero cuya creación no se anuncia hasta el 22 de enero del año siguiente. Pero ni el tiempo ni las circunstancias jugaron a su favor, pues no hubo oportunidad de que el proyecto fructificara.

Dada la efímera y azarosa existencia de estas instituciones, podemos decir que el régimen josefino fracasó en su intento de crear unos organismos que encuadraran a la parte más activa y “conservadora” de la población de las provincias dominadas para conseguir el grupo social que le proporcionara la base necesaria entre la población española que garantizara su futuro.

De acuerdo con el análisis geográfico que hemos hecho páginas atrás de la incidencia de la guerra en la Península, la zona centro, la comprendida entre el Ebro y la frontera portuguesa, la cordillera cantábrica y Sierra Morena es la zona que en rigor podemos considerar la España josefina, el territorio donde José I intenta desarrollar su gobierno de acuerdo con la Constitución de Bayona, la primera escrita vigente en España que, de entrada, ofrecía garantías contra el despotismo ministerial como no existían en época anterior.

Los afrancesados

En la aplicación de este programa, José I va a contar con la colaboración de un grupo de españoles –los afrancesados– que jura al nuevo soberano. Constituyen el sector que acepta las abdicaciones de Bayona y no tiene inconveniente en servir a la nueva dinastía. Sobre el número de afrancesados –como se denominan desde 1811 a cuantos secundan y colaboran con los franceses– se han dado cifras diversas29 y se han hecho ciertas distinciones entre ellos30 , siendo los más irrelevantes desde el punto de vista político –pero los más numerosos– el grupo que forman funcionarios, pequeños propietarios, miembros de profesiones liberales y similares, que se limitaron a aceptar las órdenes que recibían y la nueva situación sin cuestionarse la legitimidad de su origen por miedo a ser objeto de represalias y por instinto de supervivencia.

En cambio, el otro sector de los afrancesados, el que acepta a José I por convencimiento ideológico y político es más reducido numéricamente, pero bastante más operativo al apoyar decididamente el proyecto político que encarnaba el Rey Intruso, en función de unas ideas que algunos han visto similares a las de los liberales, similitud que responde más bien al reflejo de la Ilustración en la ideología de ambos. En efecto, se ha dicho de ellos que eran los mismos que defendían el Despotismo Ilustrado en tiempos de Carlos III. Son en su mayoría funcionarios y empleados de mediano y alto nivel, movidos por razones ideológicas y cálculos prácticos, pues por un lado son herederos del espíritu y del programa de la Ilustración, convencidos de la conveniencia de un poder fuerte, monárquico, que impida hechos como los revolucionarios ocurridos en Francia y, por otro, optan por el lado francés convencidos de que en la guerra contra Napoleón, España sería derrotada, además de acarrear la posible emancipación de las colonias americanas, convencidos de que una contienda arruinaría a las gentes y a los campos y convertiría a España “en un desierto”, algo en lo que no andaban descaminados, como demostró el estado en que quedó el país cuando acabó la contienda.

Situados ideológicamente entre los absolutistas y los liberales, se le han atribuido como principios doctrinales básicos: el monarquismo, en el sentido de fidelidad a la monarquía, no a una dinastía; la oposición a los avances revolucionarios y la necesidad de reformas políticas y sociales, pero no de forma revolucionaria, sino de acuerdo con las tendencias del momento, es decir, de acuerdo con la razón, el poder y la justicia; la sublevación de los españoles los dejó sin justificación moral y la llegada de Napoleón y el comportamiento de los mariscales franceses imposibilitaron su gestión.

En el plano político, los afrancesados van a ser descalificados por los absolutistas y los liberales. Los primeros le reprochan la fidelidad al Estado, que anteponen a todo hasta el extremo de desentenderse de la suerte de la dinastía borbónica, pues la consideran perjudicial para el bienestar de país, dados sus métodos de gobierno. Justamente por esa falta de apego al rey desposeído de su corona, Fernando VII los perseguirá con el mismo empeño que a los liberales, quienes, por su parte, descalifican también a los afrancesados por considerarlos un tanto reaccionarios y, sobre todo, enemigos del emergente Estado liberal que levantan en Cádiz, al que los afrancesados miran con recelo, pues les parecía algo equivalente a la anarquía, el peor de los males según ellos. Los argumentos de los afrancesados en este sentido se suceden. Amorós, por ejemplo, explica su vinculación a José I porque con el gobierno de éste “la hidra de la anarquía estaba refrenada”. Azanza afirmaba que la anarquía “es el mayor de todos los males”. Ceballos confesaba su temor a las Juntas Provinciales, a las que consideraba comités populares revolucionarios.

Sin embargo, hay que decir en su descargo que no le faltaban motivos para actuar como lo hicieron, pues sobre ellos pesaban realidades como las siguientes: el gran prestigio entre la burguesía que había adquirido Napoleón por ser quien frenó la revolución; la nobleza y el clero lo consideraban como el restaurador del orden; veían gran similitud entre el advenimiento de los Borbón y los Bonaparte; las abdicaciones eran impecables desde el punto de vista jurídico; el cambio de dinastía carecía de importancia para la burguesía ilustrada; la Constitución de Bayona les garantizaba la imposibilidad del retorno del despotismo ministerial. Además, había razones de política internacional que podían explicar su vinculación al rey José y es el hecho de que la amistad con Francia había sido una realidad –y una necesidad– a lo largo del siglo xviii y de los primeros años del xix –salvo el breve paréntesis de la Guerra del Rosellón (1793-1795)– para afrontar mejor la enemistad con Inglaterra. De acuerdo con tal trayectoria diplomática, la aceptación de la Monarquía josefina significaba la continuidad de una alianza secular.

Pero su posición iba en contra de la actitud mayoritaria de los españoles: Jovellanos los llamó “cismáticos de la patria”. Sin embargo, los afrancesados no son unos meros colaboracionistas. Sienten el mismo rechazo que liberales y absolutistas ante la invasión, tan ultrajante para unos como para otros, pero su temor a soluciones violentas que acabaran con las formas tradicionales de gobierno y llevaran a la anarquía les hace vincularse a la nueva situación acatando el sistema napoleónico en “bien de la nación”, pero sin renunciar a su idea de patria ni admitir la desmembración del país ni la intervención extranjera. A este respecto hay que señalar la gran sensibilidad que mostraron ante la posible independencia de las colonias americanas, responsabilizando al Gobierno liberal de ser el causante de la pérdida de aquellos territorios al fomentar la insurrección contra los franceses, insurrección que se emprende al otro lado del Atlántico con una dinámica que evoluciona desde la defensa de los derechos de Fernando VII a la proclamación de su libertad y el deseo de adueñarse de sus propios destinos. Considerada la cuestión así, se ha defendido que los afrancesados no fueron colaboracionistas, sino mediadores en un conflicto que ellos esperaban resolver acabando con los males tradicionales de la política española, estableciendo un Gobierno español de consenso general y logrando la independencia completa respecto a la política imperial napoleónica.

La derrota francesa dio al traste con todos sus planes y aspiraciones. Llegados a este punto nadie iba a ver en su actitud “mediación”, sino sólo “colaboración”, lo que les puso en la tesitura de abandonar España o quedarse y sufrir las consecuencias de su conducta, que nadie iba no ya a justificar, sino ni siquiera a explicar: unas 12.000 o 15.000 familias se decidieron por la primera opción y se exiliaron a Francia.

El Gobierno de José I

Pero si en la práctica los gobernantes josefinos poco o nada consiguieron, al menos el régimen de José I puede poner en su haber una interesante labor legislativa, que tiene más importancia doctrinal que influencia en la vida española. Por ejemplo, la Inquisición hubiera desaparecido, abolida; las aduanas se hubieran trasladado a las fronteras de la nación, se hubiera reformado el clero regular con la reducción de conventos, se hubiera instaurado una división territorial de 83 prefecturas y 15 divisiones militares; a lo que hay que añadir la pretensión de acabar con la deuda pública. Hasta hubiera existido un escudo real diferente del existente, ya que Napoleón cambió por decreto de 12 de julio de 1808 el escudo real vigente por uno nuevo:

“Las armas de la Corona, en adelante, constarán de un escudo dividido en seis cuarteles: el primero de los cuales será el de Castilla; el segundo el de León; el tercero el de Aragón; el cuarto el de Navarra; el quinto el de Granada, y el sexto el de las Indias, representado éste, según la antigua costumbre, por los dos globos y dos columnas; y en el centro de todos estos cuarteles se sobrepondrá por escudete el águila que distingue a nuestra imperial y real familia”.

El componente ilustrado del gobierno se percibe, sobre todo, en relación con la instrucción pública y el impulso cultural: se crean liceos dotados económicamente y con una clara reglamentación para la selección del profesorado; se fundan colegios para niños; se organizan escuelas técnicas como la de agricultura o el Conservatorio de las Artes. En 1811 se pone en pie una Junta Consultiva de Instrucción Pública. En cuanto a la administración de justicia, el deseo de uniformar la legislación civil se plasma en una traducción del Código Napoleónico y se abolieron las penas infamantes y aflictivas de acuerdo con lo propugnado por Beccaria.

En esta línea hay que situar dos medidas relacionadas con el Ejército, de signo muy diferente, con un componente humanitario y deseando dignificar la fuerza armada. La primera es ordenada por decreto de 21 de junio de 1809, donde el legislador dice:

“Considerando que el servicio militar es uno de los empleos más honrosos y distinguidos de la sociedad, y atendiendo a que no pueden conservarse en los ejércitos las virtudes que deben adornar al soldado destinándose a tan noble profesión los reos procesados y condenados por delitos;

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:

Artículo I.

Todas las leyes y Reales órdenes que autorizaban a los jueces y Tribunales para imponer a los reos en calidad de pena el servicio de las armas, quedan enteramente derogadas y sin observancia.

Artículo II.

No condenarán en los sucesivo los jueces y tribunales al servicio militar reo alguno por cualquier exceso o delito que haya cometido, y en su lugar le impondrán las otras penas prevenidas por las leyes”.

La otra medida, decretada en la misma fecha que la anterior, suprimía el castigo de baquetas en nuestro ejército, una pena de afrenta pública del soldado ante sus compañeros de armas, que eran quienes aplicaban el castigo impuesto, alineados en dos filas por en medio de las cuales pasaba el sentenciado siendo golpeado a su paso por la baqueta, la grupera o el portafusil:

“Debiendo componerse las tropas de nuestro ejército de gente que no tenga en su conducta y que no conozca mayor estímulo para su buen proceder que el honor; visto el informe de nuestro ministro de la Guerra y oído nuestro Consejo de Estado,

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:

Artículo I.

La pena de baquetas, impuesta por algunos delitos a los individuos militares, queda enteramente suprimida.

Artículo II.

En los artículos de las leyes penales de las Reales Ordenanzas del Ejército y órdenes adicionales en que se impongan dos carreras de baquetas, se sustituirá a esta pena la de un año de recargo a presidio u obras públicas, y en los que impusieren cuatro o seis se sustituirá el recargo de dos años”.

Otra novedad penal, en la línea de lo que venimos considerando, es el cambio en la aplicación de la pena de muerte, pues el 19 de octubre de 1809 se decretó lo siguiente:

“Artículo I.

La pena de horca queda abolida en todos nuestros reinos.

Artículo. II.

En su lugar se sustituirá y usará la de garrote para todo reo de muerte, sin distinción alguna de clase, estado, calidad, sexo ni delito.

Artículo III.

Los reos no permanecerán en la capilla más que por el término preciso de veinticuatro horas.

Artículo IV.

Si el reo condenado a la pena capital tuviese algún carácter o distinción eclesiástica, civil o militar, de cualquier género que sea, se entenderá de grado por sola la declaración de la sentencia”.

Dadas las circunstancias imperantes en el país, aplicar tal programa de Gobierno era una pretensión imposible, pues ni siquiera en la zona central, la que José I controlaba mejor entre 1809 y 1812, esa pretensión era viable. Atendiendo a la forma en que se desarrollaron los hechos y a la actividad del soberano como tal, podemos distinguir dos periodos en el corto tiempo que fue titular del trono español. El primero discurre entre su llegada a Madrid y su viaje a Francia en abril de 1811. El segundo, desde su vuelta en julio de ese mismo año hasta su marcha definitiva en juniode 1813. En el primero nos vamos a encontrar al rey “político”; en el segundo, al rey “militar”31.

En efecto. El principal objetivo de José en España será hacerse aceptar como rey y sus primeras impresiones no fueron halagüeñas. Nada más entrar en suelo español reclama para sí mayor consideración y autoridad y lo hace cuando se le presenta una delegación de Santander para pedirle que se le exima del pago de doce millones de reales que se le exigían como contribución especial; en esa ocasión ya dice el nuevo rey que no se deberían imponer más contribuciones sin consentimiento y orden suya. A medida que avanza hacia Madrid comprueba la frialdad de la población, cuando no la hostilidad soterrada de que hace gala, como sucede por ejemplo con los campesinos, que no facilitaban ninguna información sobre las tropas españolas y hasta rompían las ruedas de los carros para evitar colaborar en los transportes de la impedimenta de los franceses y sus acompañantes. La entrada en Madrid y su acogida por los habitantes de la capital están en la misma línea de desinterés y frialdad.

Para entonces ya tiene José I algunas ideas de la vertiente militar de los sucesos de la Península, pues algunos afrancesados –O’Farrill, Urquijo, Azanza, Mazarredo, Cabarrús, el duque de Frías…– le habían expuesto que para someter a los sublevados y controlar España serían precisos unos 100.000 hombres: la mitad para mantener las comunicaciones expeditas y los otros, distribuidos en tres cuerpos de ejército, para las operaciones de pacificación de los sublevados y derrota de sus tropas.

La capitulación de Bailén fue un revés inesperado, como también lo fue para Napoleón el que su hermano abandonara Madrid por temor a ser apresado, dado que todo el dispositivo francés de ocupación se desmoronaba. Pensando en lo importante que era recuperar la capital de la Monarquía, de donde según Napoleón nunca debió salir su hermano, el emperador decide venir a España quedando de manifiesto la escasa confianza que tenía en José, pues no le inspiraba ninguna garantía su capacidad como gobernante ni como militar, de manera que Napoleón mantenía un contacto y entendimiento directo con sus generales y éstos no hacían movimiento alguno sin el beneplácito del emperador, lo que en la práctica se tradujo en la desconsideración de José I por los mandos militares que debían defender y sostener su causa; en este sentido las protestas del nuevo rey de España fueron claras: se quejó a su hermano de que Berthier no lo tratara como rey y de que el emperador lo hubiera desautorizado al escribir directamente a los también generales Bessieres, Monthion y Belliard diciéndoles que desaprobaba las operaciones del Ejército ordenadas por José.

Completaba tan deprimente panorama la falta de dinero, que resultaba agobiante para el régimen intruso, ya que lo recaudado en las zonas sometidas, que no era mucho, no bastaba para cubrir las necesidades de las tropas francesas ni del Gobierno y el rey. Sus peticiones de ayuda económica a Francia fueron desestimadas por completo. Mientras tanto, la impaciencia de Napoleón crecía, las censuras por como iban los asuntos en España aparecieron en la prensa gala y cada general francés tomaba sus iniciativas consultando directamente a Napoleón. José seguía con sus quejas y Napoleón decidió venir a España para “poner orden”. En cuanto llega, asume la dirección militar y, como ya sabemos, en una rápida progresión destroza la resistencia de los españoles en Somosierra y el 3 de diciembre de 1808 entra en Madrid sin mayores dificultades con 60.000 hombres y 130 piezas de artillería.

Poco después llegó José al Pardo, pero el día 4 ya había expedido Napoleón varios decretos de corte administrativo para reorganizar el ramo en España, además del que contenía la reducción de conventos y eclesiásticos españoles a la tercera parte. Al enterarse, José I decidió abandonar y cuatro días después le presentaba a su hermano la renuncia al trono español, pero Napoleón logró convencerlo para que continuara, regresando él después a Francia.

“La situación financiera del Rey Intruso iba cada vez de mal en peor. Confiesa José en sus cartas que las aduanas de la frontera de Francia no ingresan fondos; que los contrabandistas inundan el reino; que en Madrid hay abundancia de víveres, pero escasea la carne, aconsejando, por lo tanto, a su hermano que autorice la introducción de bueyes franceses; que el dinero se va haciendo raro en la corte; que ha escrito a su mujer para que venga a España, pero que carecía de dinero para enviárselo a París; que en tal estado de angustia, proponía al emperador le anticipase dos millones de francos sobre los derechos de la salida de lanas, un millón que se le entregaría a la reina… y otro que necesitaba José aquí, pues tenía que instalar su corte, formar un Ejército español y mantener el Ejército francés”.

José volvió a establecerse en la capital de España el 22 de enero de 1809. En esta ocasión, la recepción de los madrileños fue algo mejor, tal vez por la esperanza de que se normalizara la situación, pues las circunstancias de la ciudad eran lamentables: muchos propietarios se habían marchado, el campo del entorno estaba prácticamente abandonado y esperaban que la llegada del rey trajera una sustancial mejora económica; las noticias que venían de Castilla eran deprimentes, pues se decía que la falta de carne había obligado a sacrificar el ganado para paliar el hambre. En los meses siguientes continuó el “doble juego” de Napoleón con su hermano José, de cuya conducta sabía a través de diversos informadores, contra los que clamaba su hermano, quejándose de que las noticias que le daban eran tendenciosas o falsas y reclamando mayor capacidad de acción y autonomía. La verdad es que los motivos de fricción entre el rey y los generales napoleónicos no faltaban, molestando a José los abusos y expolios que se cometían, como sucedió con quien debía ser su hombre de confianza en Madrid, el general Belliard, nombrado por Napoleón gobernador Militar de la capital, quien hacía la vista gorda respecto a los desmanes de sus soldados y toleraba una gran casa de juego abierta en la ciudad.

El resultado de la batalla de Talavera contribuyó a complicar más la situación, con el consiguiente enojo del emperador, que había recibido unas primeras informaciones muy halagüeñas, mientras José seguía descubriendo irregularidades: falseamiento de más de dos decenas de miles de raciones en la guarnición, introducción de contrabando por los correos franceses… Además, Napoleón prefirió entenderse con el general Clark para los asuntos militares, recomendándole que aleccionara al rey sobre cómo proceder, lo que molestó aún más a José, quien en enero de 1810 va a realizar un viaje hasta Andalucía –ya nos hemos referido a él–, de donde regresó a mediados de mayo, siendo estas jornadas de las más gratas de su reinado. Nada más regresar, siguieron los agobios económicos y los desaires, pues nunca fue el responsable último de las fuerzas francesas en la Península. Cuestiones que quiere tratar personalmente con Napoleón, a quien solicita en París. La ocasión de la entrevista será el apadrinamiento por José del hijo de Napoleón, el rey de Roma, a quien la emperatriz había dado a luz. El 23 de abril de 1811, José I salía hacia París.

De esta forma iba a concluir la primera de las dos etapas que hemos distinguido en su reinado, en la que hemos podido comprobar que sus posibilidades como gobernante estaban bastante limitadas y poco o nada pudo hacer más allá de la Corte.

El “Rey de Madrid”

No obstante, la acción del soberano intruso en Madrid sí se dejó sentir, hasta el punto de que si Carlos III ha sido considerado el mejor alcalde de Madrid, José I puede ser muy bien el segundo y el sobrenombre de rey plazuelas ya apunta a su influencia en el urbanismo de la capital, en cuya vida cotidiana llega a insertarse, lo que le reporta las facetas más populares de su persona32.

En efecto, su conducta en algunas ocasiones será un claro contraste con la de Carlos IV, que no sentía ninguna atracción por los espectáculos y no iba a los teatros, cosa que sí hacía José I, quien recibió una gran acogida en el teatro de Los Caños, cuando acudió a la función del 2 de febrero de 1809, que había preparado el ayuntamiento de la capital en su honor, aunque como la entrada era gratis, tal vez había más aprovechados y curiosos que entusiastas del nuevo rey, quien financió con generosidad algún teatro –como el Coliseo del Príncipe– y actores –donó 5.000 reales a Isidoro Máiquez.

Por otra parte, como las obras originales escaseaban y los repertorios repetían una y otra vez las representaciones, creó una comisión presidida por Moratín y compuesta, entre otros, por Meléndez Valdés y González Arnao para decidir cuál sería el repertorio que se representaría en los teatros madrileños, revisando las obras disponibles, ya fueran de autores españoles o traducidas. También favoreció José I el espectáculo taurino, pues rehabilitó la deteriorada plaza madrileña, situada extramuros de la Puerta de Alcalá y durante el tiempo que estuvo en el trono español se celebraron muchas corridas de toros.

Igualmente se intentó poner orden en la “circulación” por las calles madrileñas, con un bando de 7 de agosto de 1809, firmado por el gobernador militar de Madrid, el general Belliard, que decía:

“Está prohibido galopar en la calle o en las plazas y paseos públicos.. Toda persona que galopara será arrestada y pagará doce francos, a saber: seis francos para los hospitales y seis francos para la guardia que lo haya detenido”.

Por entonces, Madrid estaba dividido en diez cuarteles y su ayuntamiento lo componían un corregidor, dieciséis regidores, un procurador del común y un secretario escribano. Como en los demás ayuntamientos, los asuntos judiciales se encomendaron a magistrados o jueces, separándolos de la jurisdicción de los corregidores y el intendente de la provincia será el jefe de la Administración civil. También procuró José I resolver el complicado problema originado por las sisas, un impuesto sobre algunos artículos recaudado para cubrir las necesidades del Estado, quien había responsabilizado de su recaudación y de su pago al Ayuntamiento; pero abolida la sisa, quedó la obligación del pago, con las consiguientes discusiones y confusiones entre la Hacienda real y la municipal, determinando José I en 18 de mayo de 1809 que todos los derechos de las sisas se sumaran a los demás derechos que pagaba la villa madrileña y convirtiendo a los acreedores de Madrid en acreedores del Estado, abonando el Ministerio del Interior semanalmente a la tesorería de la ciudad las cantidades necesarias para el gasto municipal. Pero esta fue una decisión que no pasó del papel, pues los departamentos ministeriales carecían de recursos.

Otra cuestión planteada años atrás y no resuelta fue la de los cementerios, que desde 1783 en un informe de la Academia de la Historia, firmado por Jovellanos, Casimiro Ortega y otros académicos, se proponía fueran construidos en el extrarradio de las poblaciones por razones de higiene que no contravenían los preceptos eclesiásticos. En el caso de Madrid, se recomendaba la instalación de cuatro: uno, en el camino del Pardo a Fuencarral para los muertos de las parroquias de San Martín, Santiago, San Juan, Santa María y San Pedro; otro entre los portillos de Embajadores y Valencia para los de las parroquias de Santa Cruz, San Justo, San Andrés, San Nicolás, San Salvador y San Miguel; el tercero entre el camino de Vallecas y el Canal, por la dehesa de la Arganzuela; y el cuarto, en la actual glorieta de Bilbao, entre las puertas de Santa Bárbara y de los Pozos para los parroquianos de San Ginés. Pero por la oposición de los párrocos nada se hizo, hasta que José I prohibió por decreto de 4 de marzo de 1809 que se enterraran muertos en las iglesias, ordenando la construcción de tres cementerios: uno, en el camino de Extremadura; otro, en el de Leganés y el tercero, en el de Alcalá, más allá de la tapia del Buen Retiro, aunque de los tres sólo se construyeron dos: el de la proximidad al Puente de Toledo y el de las afueras más allá de la puerta de San Bernardo.

El mantenimiento de la seguridad y el orden en Madrid, cuestión preocupante para José y su gobierno, se encargó a la Intendencia General de Policía de la capital, creada en 1809 y compuesta por un intendente y diez comisarios, cada uno de los cuales mandaba un cabo y seis agentes para vigilar los establecimientos públicos de su distrito. Un batallón de infantería ligera con destino en Madrid, se ocupaba de mantener la calma y hacer cumplir los bandos de buen gobierno.

En cuanto a la Biblioteca Nacional, José I la trasladó de sitio dándole un emplazamiento mejor. Estaba situada cerca de palacio, en el centro, más o menos, de lo que hoy es la Plaza de Oriente; el rey ordenó la demolición de una serie de manzanas que formaban un dédalo de callejas estrechas y miserables –lo que dio lugar a la citada plaza– con objeto de comunicar con facilidad palacio y la Puerta del Sol; la reforma afectaba a la Biblioteca, que es trasladada el 26 de agosto de 1809 al extinguido convento de los Trinitarios de la calle Atocha, esquina a la de Relatores.

Todavía podemos dejar constancia de otra novedad significativa introducida por José I: la creación de la Bolsa por decreto de 14 de octubre de 1809, siendo su primera ubicación el convento de San Felipe el Real y cuya actividad empezó a normalizarse a principios de 1811.

El rey José I y la guerra

Hasta 1811, la relación de José I con la guerra había sido para él mas bien decepcionante, pues siempre estuvo postergado por Napoleón y los generales franceses, algo que pudo comprobar fehacientemente desde el momento en que el emperador decidió venir a España después de la derrota francesa en Bailén, asumiendo no sólo la dirección de las tropas y la marcha sobre Madrid, sino también el Gobierno; para eso vino a la Península desde Francia forzando la marcha y presentándose inesperadamente el 5 de noviembre de 1808 en el alojamiento de José en Vitoria, donde éste aguardaba después de su retirada de la capital española. Desde entonces, José estuvo en un permanente segundo plano; llegó a Madrid varias jornadas después que su hermano, pero no entró en ella y se alojó en El Pardo, desde donde asistió a la profusa actividad del emperador que, como ya hemos señalado, decreto tras decreto intentaba someter a los madrileños y a los españoles para allanar la aceptación de su hermano y cerrar un frente.

Iniciada la segunda mitad del mes de diciembre, Napoleón recibió noticias del general Dumas, desde Burgos, advirtiéndole de que los ingleses se estaban moviendo y que al mando del general Moore habían cruzado la frontera entre Almeida y Ciudad Rodrigo el 11 de noviembre con la idea de cortar las comunicaciones de Madrid con Francia, pero recelando de la viabilidad del camino, el general inglés decidió enviar la artillería por Talavera. Como ya hemos visto, cuando le llegaron noticias de las derrotas españolas de Espinosa de los Monteros, Burgos y Tudela, Moore empezó a dudar, aunque decidió continuar con 30.000 ingleses y esperando que se le unieran los españoles del general marqués de la Romana. Napoleón se movió con rapidez en busca de la batalla decisiva contra los ingleses, al ver que éstos habían salido de sus posesiones defensivas portuguesas.

En las proximidades de Benavente se produjeron una serie de choques de menor importancia, sin la ansiada victoria que esperaba Napoleón, mientras su hermano seguía los movimientos de ambos ejércitos desde Madrid. Cuando estaba en Astorga, Napoleón recibió unos despachos de Cambaceres desde París, avisándole de que los austriacos se rearmaban de nuevo, por lo que el emperador decide regresar con toda rapidez para conjurar la nueva amenaza, encargando a Soult arrojar a los ingleses al mar y dando a Ney el mando de Galicia; mientras, el mariscal Victor bajaría hacia el Sur, consiguiendo una afortunada victoria en Uclés, el 13 de enero, que permite a José establecerse nuevamente en Madrid, abandonando El Pardo.

Parece que éste fue el momento en que José I decidió hacer efectivo su papel de rey y viendo la suerte de las armas francesas, intentó buscar un acuerdo con la Junta en Sevilla y el Ejército rebelde, pero estos intentos se podían dar por fracasados en la primavera de 1809. Es más, la Junta Central publicó el 17 de abril de ese año un decreto que autorizaba a armar a la gente en las provincias sometidas por los franceses, dándole a las acciones de las guerrillas la consideración de servicios a la nación.

Viendo que Victor permanecía inmóvil sobre el Tajo y que Sebastiani tampoco avanzaba sobre el Guadiana, José I decide ponerse al frente de sus tropas y el 22 de junio sale hacia Toledo, llegando hasta Talavera, donde al tener noticias de que los españoles se rearmaban y de que las tropas de Wellesley –el futuro lord Wellington– avanzaban por el valle del Tajo, decidió regresar a Madrid y preparar su defensa. Por entonces, los franceses perdían también Galicia, lo que acentuó los temores de José, viendo que Madrid estaba doblemente amenazada por los ingleses y por los españoles de Venegas unidos a las tropas de Cuesta, así que decide seguir el consejo de Victor y sale nuevamente al frente de sus tropas, pasando el Guadarrama el 26 de julio al encuentro de Wellington, que estaba en Talavera de la Reina, donde se produjo un choque –al que ya hemos aludido– que no fue decisivo para nadie, pero sí muy sangriento por ambas partes; el inglés, ante el temor de quedar aislado de Portugal, decide regresar a tierras lusas, lo que le permite a las tropas francesas dirigirse contra las españolas de Venegas que estaban en Almonacid, donde fueron derrotadas. El 8 de agosto, desde Puente del Arzobispo, José I decide regresar a Madrid y tomar medidas para asegurar su estabilidad en el trono, exigiendo que los españoles se definieran claramente, para lo que publica unos decretos de contenido muy radical y diverso.

En el plano administrativo, suprime los Consejos, suspende a todos los funcionarios que no le presten juramento, disuelve las juntas administrativas y benéficas; anula todos los títulos de la Deuda que no se validaran ante las nuevas autoridades; suprimía las aduanas interiores. Directamente relacionados con la guerra y la búsqueda de la fidelidad de los españoles están los decretos que determinan que toda familia que tenga un hijo en el Ejército español, tendrá que dar otro a las tropas josefinas o pagar una fuerte multa; los que posean un título nobiliario tendrían que solicitarlo de nuevo ante las autoridades nombradas por el nuevo gobierno; se ordena la abolición de las Órdenes Militares y de las condecoraciones españolas y, ya en otro plano, se ordena el establecimiento de liceos en los conventos desocupados o suprimidos y se hacen ensayos muy diversos en materia económica buscando la mejoría de los fondos del Tesoro, siempre en precario y sin que Cabarrús ni Llorente logren sacarlo de sus agobios, debidos en parte a la generosidad de José que reparte donativos jugosos entre generales y ministros.

Una nueva amenaza para el intruso llegó desde el Sur, desde donde avanzaba Eguía con 60.000 hombres y sin querer arriesgar una batalla campal, lo que le costó el relevo, sustituido por Juan Carlos Aréizaga, quien se proponía cruzar el Tajo, evitando el choque con los franceses y aproximarse a Madrid, donde pensaba que podría entrar fácilmente y poner en fuga a José I, pero el Estado Mayor de este consideró que no había que esperar y que convenía salir en busca del Ejército español: se encontraron en Ocaña, donde Aréizaga fue, como sabemos, derrotado, perdiendo la mitad de sus efectivos (19 de noviembre de 1809). Poco después llegaba a Madrid la noticia de la firma del tratado de Viena (14 de octubre de 1809), en el que el emperador de Austria reconocía a José como rey de España, lo que supuso para él una inyección de moral e intentó de nuevo una postura de atracción y con el deseo de impedir la reunión de las Cortes convocadas por los insurrectos preparó el viaje a Andalucía: entonces la España interior parecía segura, pues Ney estaba en Salamanca, Suchet desde Aragón aseguraba el este, Bélliard guarnecía la capital y sobre el Tajo aguardaba Reymer. José I llegó a Córdoba donde recibió un caluroso recibimiento, el mayor posiblemente de los tributados por los españoles. Luego pasó a Sevilla, donde se demoró en exceso, permitiendo que Alburquerque descendiera por Extremadura y reforzara las defensas de Cádiz. El viaje regio continuó por Granada, Málaga y Jaén, donde el soberano fue recibido también gratamente, como ya sabemos.

Pero la euforia josefina duró poco; el viaje no consiguió acabar con la resistencia de Cádiz, aunque deparó gratos momentos a José I, que seguía preocupado por los apuros económicos ante la falta de dinero y por las medidas de su hermano para incorporar Aragón, Cataluña, Vizcaya y Navarra a Francia, al ponerlas bajo un gobernador asesorado por un consejero de Estado de París y unirlas a Francia como compensación por los gastos de la guerra. Medidas que José I quiere contrarrestar enviando a París a Azanza y al marqués de Almenara a fin de que disuadieran al emperador de tamaña injusticia.

Al no conseguir nada positivo, José pensó en abdicar y luego en llegar a un acuerdo con los rebeldes, iniciativas igualmente baldías, como también lo fueron las perseguidas con su decreto de 17 de abril de 1810, previo a una reunión de Cortes y que contenía una organización civil de España. Con sus esperanzas frustradas, José regresó a Madrid el 13 de mayo de 1810.

En los meses siguientes, el rey siguió enterándose de nuevos abusos, como los cometidos por Ney en Ávila, que se incautó de todo el dinero de las contribuciones, con la consiguiente protesta de las autoridades y las quejas del rey a su hermano, manifestándole que esas extorsiones de los generales eran una gran incitación a la rebeldía para quienes las padecían. La aspiración de Napoleón a que las tropas se costearan en España hacía que no pusiese ningún tipo de limitación a tales extorsiones y para colmo, el emperador le releva en el mando del Ejército de Andalucía, lo que significaba para José I una clara pérdida de categoría e influencia, como pudo comprobar cuando manifestó sus deseos de volver a las provincias del Sur, pues Soult y Berthier se lo impidieron con objeto de que no pudiera intervenir las contribuciones ni originar gastos extraordinarios, pues los fondos en su totalidad debían destinarse al Ejército, según las órdenes del emperador, cuyos generales seguían con determinación, convencidos del apoyo imperial, sin importarles el enojo real y mirando por su propio beneficio (en Valladolid se descubrió una “agencia” que liberaba a los prisioneros previo pago de un rescate).

A cambio del mando del Ejército de Andalucía, recibió José el del Ejército del Centro, cuyo jefe de Estado Mayor era Belliard, con el que no congeniaba hasta el punto de que lo destituyó, pero tuvo que dejar sin vigor la orden porque Napoleón ordenó sus restitución en el puesto a comienzos del 1811, alegando que las tropas francesas deben estar mandadas por sus jefes. Un cambio que no era suficiente para el nuevo rey español, que reclama a su hermano tener la responsabilidad suprema de todas las fuerzas francesas en España y la capacidad de sancionar a aquellos jefes y oficiales que no obedecieran sus órdenes, ofreciendo a cambio la pacificación del país rápidamente y convertirlo en un aliado seguro, eso sí, recibiendo puntualmente los dos millones de francos mensuales prometidos por Napoleón. Supremacia que no tuvo éxito. Por eso escribe a su mujer: “Con mi sistema creo que se podría pacificar España en un año. Si se continúa con el sistema de los gobiernos militares, España se convertirá pronto en un horno calcinado, donde todos pereceremos”. Al fin, sus demandas de acudir a hablar personalmente de la situación española son atendidas con motivo de su apadrinamiento del hijo de Napoleón y en abril de 1811 se encamina a París.

Pero el viaje no sirvió para otra cosa que para recibir nuevos desaires por lo que decide volver a España: el 17 de julio ya está en Madrid y una de sus primeras medidas fue la imposición de una nueva carga, ahora de 40.000 fanegas de granos, de los que la mitad se recaudarían en agosto y la otra mitad en septiembre para lo que tuvo que utilizar la fuerza armada a fin de acallar las protestas. Decidido por su buena fe o para salirse de la órbita de su poderoso hermano, José I ofreció someterse a la Cortes reunidas en Cádiz a cambio de que lo admitiera como rey. Tampoco consiguió que se aceptara su absurda propuesta al mantenerse irreductible el parlamento español. Todo ello sucedía en unos momentos en que el subsidio mensual de 1.000.000 de francos prometido por Napoleón comenzaba a retrasarse más que nunca.

Otro revés para su intento de arreglo económico fue la contribución extraordinaria de 4.000.000 millones de reales que Marmont impuso en Toledo. Como el dinero no era suficiente, ordenó fundir los bronces inútiles de la Academia de Artillería de Segovia y tampoco bastó: la situación económica seguía siendo angustiosa: de los 500.000 francos que se le enviaron desde París a principios de 1812, sólo recibió

350.000, el resto cuando el convoy pasó por Burgos lo retuvo el gobernador militar para pagar la fuerza de su mando. Tan penosa situación empezó a dejarse sentir gravemente entre la población, pues la falta de recursos se estaba traduciendo en la disminución de las raciones, en las que ya se había suprimido las legumbres secas y el pan empleado en la sopa; la comida consistía en libra y media de pan de munición y media libra de carne en pésimas condiciones, por lo general. La desnutrición dejó paso a las enfermedades y estás provocaron el enorme aumento de los ingresos hospitalarios.

En cuanto a la guerra, después de la expedición a Andalucía, discurrió entre operaciones y movimientos de poca trascendencia pero costosos, que se desarrollan desde abril de 1810 hasta mediados del año siguiente: si los éxitos en Cataluña y Levante fueron para los franceses, en occidente estaban detenidos en Ciudad Rodrigo y Badajoz, sin decidirse a invadir Portugal después de la fracasada expedición de Massena. A principios de 1812 Wellington se puso en movimiento y conquistó ambas plazas: eran los preludios de una ofensiva que culminaría en la victoria de los Arapiles.

Para entonces, Napoleón había decidido dar el mando supremo de las tropas francesas en la Península a su hermano José, con el mariscal Jourdan como jefe de Estado Mayor. Su nueva situación le permite conocer las serias tintas de la situación y comprobar que los generales y mariscales franceses se mantienen reacios a seguir sus órdenes.

Cuando José tuvo noticias de los movimientos de Wellington, salió de Madrid en ayuda de Marmont, pero la noticia de la derrota francesa le sorprendió de camino, así que decidió regresar a Madrid por el Guadarrama. El 30 de julio el inglés entraba en Valladolid, abandonando la persecución de Marmont y encaminándose a Madrid, de donde salió José hacia Aranjuez, desde aquí se encaminó a Valencia y se unía en Almansa el 29 de septiembre a Soult, que había levantado el cerco de Cádiz y se replegaba hacia el Norte. La ofensiva inglesa se iba a detener en Burgos, defendida por Dubreton y cuya toma estaba intentando Wellington, quien al saber que desde Pancorbo llegaban tropas para ayudar a la guarnición de la plaza, se retira y regresa a Portugal (18 de noviembre). La retirada inglesa permite a José volver a Madrid.

A estos reveses en España hay que sumar los sufridos en Rusia, síntomas de que la estrella napoleónica palidecía. José I tenía por entonces 86.000 hombres divididos en tres ejércitos –el de Portugal al mando de Reille; el del Centro a las órdenes de Drouet y el de Mediodía a las de Gazán–; las fuerzas de Wellington eran algo superiores –48.000 ingleses, 26.000 españoles y 28.000 portugueses. En previsión de movimientos posteriores, Napoleón ordenó a su hermano trasladarse con su Cuartel General a Valladolid (23 de marzo de 1813) y reforzar las guarniciones repartidas por las provincias del Norte para mantener seguras las comunicaciones con Francia.

Wellington salió de sus posiciones en mayo y avanzó hacia Salamanca. Cruzó el Duero y avanzó hacia el Esla para unirse con los ejércitos de Asturias y Galicia que descendían hacia el Sur, reuniéndose todos en Villalpando (Zamora) a principios de junio y desde allí tomaron posiciones en las provincias de Palencia y Valladolid. La desorientación dominaba en el bando josefino, que buscaban reunir más efectivos, mientras su disposición cerraba el paso a sus enemigos. El 27 de ese mismo mes de mayo salieron de Madrid los efectivos franceses de Drouet y Leval, a los que siguieron los del general Hugo. José decidió retirarse y estableció su cuartel general en Burgos el 9 de junio y desde allí salieron los convoyes hacia Vitoria, donde se produciría –como ya hemos visto– una de las batallas más importantes de la guerra, que acabó en derrota francesa, preludio de la retirada general francesa al otro lado de los Pirineos.

Cuando se ve en perspectiva el Gobierno y la posición de José I se comprueba fácilmente las dificultades con las que tuvo que enfrentarse. Los mariscales y generales franceses no deseaban más que ser fieles cumplidores de las órdenes de Napoleón para hacer méritos y no caer en desgracia con la esperanza de ser recompensados con una gran prebenda. Por eso ignoran a José I, toman decisiones y emprenden iniciativas sin contar con el rey, cometen abusos y exacciones múltiples para conseguir que el Ejército francés se financie en España con recursos españoles, tal como deseaba Napoleón.

Esta actitud de los militares franceses enrarecía el ambiente entre la población civil y José I sabía que en ese ambiente no podría ser aceptado por los españoles, razón por la que trata de poner coto a las actividades de los jefes militares, que lo desconsideraban hasta el punto de impedirle un segundo viaje a Andalucía, para que no gastara los escasos fondos disponibles que deseaban destinar a las tropas francesas. En consecuencia, las medidas de gobierno josefinas no podían asentarse ni consolidarse sólidamente.

El cambio de signo de la guerra muestra la fragilidad de su posición: abandonado por su hermano, que ha sacado de España las últimas tropas francesas de auténtica élite que quedaban, responsabilizado al fin del mando supremo militar en un momento en que no parecía muy viable cambiar el curso de la guerra, la derrota fue el colofón y el preludio de una vida errante y poco afortunada hasta el fin de sus días.

Dinámica y consecuencias de la guerra para la España josefina

Por lo que respecta a la España del interior, Madrid tiene un papel central en la dinámica de la guerra. En realidad, Madrid es importante para toda España, pero para la zona josefina es determinante, tanto por su posición central, como por su valor simbólico. En efecto, controlar Madrid con fuerzas suficientes era estar en disposición de poder acudir con prontitud donde las operaciones militares lo exigieran: no en vano se controlaba el centro neurálgico de las comunicaciones terrestres, merced a la disposición radial que había adquirido con la política caminera de los Borbones del siglo xviii, una estructura que se completaba en sus líneas básicas con la que corría paralela a la costa desde los Pirineos hasta Andalucía y con la que recordaba a la calzada de la plata, al correr de Sur a Norte desde Andalucía por Extremadura hasta los enlaces con Galicia y Asturias. Además, Madrid era imprescindible si se querían mantener las comunicaciones de las zonas periféricas con Francia, particularmente las más meridionales. Sin embargo, su posición central va a constituir también una servidumbre por cuanto obliga a tener expeditas las comunicaciones con Francia y eso será una empresa muy costosa en hombres tanto por las pérdidas que sufren los invasores como por la cantidad de efectivos que se inmovilizan en tareas de guarnición, vigilancia y protección. Un factor que explica la dinámica de las operaciones en la zona.

En efecto, Francia y el mayor control que ejercen los franceses en la zona próxima a la frontera (Cataluña, Aragón, Navarra) descartan cualquier peligro amenazante sobre Madrid procedente desde el Norte. Al contrario de lo que sucede en el Oeste, donde la presencia inglesa dinamiza la resistencia portuguesa y constituye en la estimación de Napoleón la gran amenaza a neutralizar, convencido de que desaparecería si los ingleses eran arrojados al mar. Y los ingleses sabían que una buena baza para decidir la partida en la Península podía ser aislar a Madrid de sus comunicaciones con Francia, pues supondría aislar también a las fuerzas enemigas existentes más al sur de la capital, por eso la dinámica de las operaciones va a venir determinada por los “corredores habituales”, pues la penetración inglesa va a seguir los precedentes anteriores en caso bélicos: por Extremadura, con Badajoz y Talavera como puntos canalizadores de la penetración y de las posiciones defensivas, según los casos. Lo mismo sucede con Ciudad Rodrigo, más al norte, que es la entrada a España desde Portugal que a través de Salamanca, Tordesillas, Valladolid y Burgos conduce directamente a Francia. La entrada por Extremadura es la que más amenaza Madrid; la entrada salmantina, en cambio, es la que, si no se ataja, puede aislar Madrid. La campaña de Napoleón y Soult contra Moore y las dos campañas de Wellington, la de los Arapiles y la de Vitoria, con la alarma que crearon en Madrid son demostración fehaciente de lo que importaba a los franceses conservar las comunicaciones de Madrid con Francia.

Por otra parte, poseer la capital era un referente moral de gran trascendencia: si estaba en poder de los franceses y con el rey José I allí, los españoles podían considerar que la causa fernandina tenía poco futuro; si los franceses la evacuaban o la ocupaban los aliados, serían los invasores quienes podían temer por su porvenir. Por eso Napoleón se enoja cuando sabe que su hermano la había abandonado después de Bailén y de ahí, el empeño en recuperarla de manera fulminante y fulgurante. Las idas y venidas de José I y los aliados en torno a ella en la fase final de la guerra, responden a esta realidad.

Otro elemento a tener en cuenta para el desarrollo de las operaciones y las posiciones de las tropas es la actividad de las guerrillas, irreductibles, incontrolables, imprevisibles. En la meseta norte tenemos tres de las partidas de mayor relieve, a las que ya nos hemos referido páginas atrás, pero que retomamos ahora porque nos parece que son magníficos exponentes de lo que supone para los franceses su actividad en orden a tener que incrementar las escoltas para mantener las comunicaciones y garantizar los envíos:

— La de Juan Martín Díaz el Empecinado, que actuaba en las provincias de Burgos, Segovia y Soria, al acecho de correos, soldados rezagados o sueltos, partidas confiadas, convoyes de armas, de pertrechos o de víveres; participó en operaciones importantes, como la batalla de Talavera (27-28 de julio de 1809), recibiendo también el encargo de interrumpir las comunicaciones entre Madrid y Aragón cuando actuaba en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

— La de Julián Sánchez, que tiene la provincia de Salamanca como centro de operaciones que, con un grupo de lanceros desarrollaba una actividad similar a la del Empecinado y en 1810, cuando Massena invadió Portugal, se le encomendó impedir los abastecimientos e interrumpir las comunicaciones de las tropas acampadas frente a Torres Vedras. Más tarde se uniría a Wellington.

— La de Jerónimo Merino, cura de Villoviado (Burgos); reunió un grupo de algo más de una docena de paisanos y emprende una intensa actividad antifrancesa; se le van sumando hombres hasta reunir a sus órdenes varios centenares; duro y cruel, mantuvo en jaque a las tropas de Dorsenne, Kellermann y Roquet.

Para tener un cuadro más aproximado a la realidad en este sector de España hemos de incluir otros elementos que hasta hoy han sido poco tenidos en cuenta, posiblemente por la dificultad de ponderarlos. Me refiero a la estimación de lo que suponen los tránsitos en relación con las operaciones bélicas y a las consecuencias de la guerra a corto y medio plazo.

Una simple cuestión como era la circulación por Europa de correos y pequeños destacamentos franceses, que transitaban sin miedo ni peligro, en España se convierte en una cuestión complejísima, sobre todo por la acción de la guerrilla, porque si circulaban solos o en número reducido, tenían muchas posibilidades de ser atacados y sufrir numerosas bajas, aparte de que la información no llegara a su destino. Para garantizar la recepción por el destinatario requerirán una fuerte escolta y toda clase de previsiones. Una escolta y unas previsiones que están en relación directa con la importancia y calidad del envío.

Como muestran valga un ejemplo: el 5 de septiembre de 1811 salió de Madrid un convoy para Andalucía: iba protegido por 4.000 soldados; al día siguiente salió otro con 300 carros protegidos con igual número de fuerza. Los efectivos de las escoltas eran sustraídos a los disponibles para las operaciones militares; si los sumáramos a las bajas por muertes, heridos y enfermos nos resultaría una cifra considerable, que podría explicar cómo una superioridad numérica sobre el papel no lo era tanto en la práctica y cómo la atención a los tránsitos y a las bajas podía generar entorpecedoras obligaciones, hasta el punto de invertir las disponibilidades de fuerzas en un momento dado.

Otra consecuencia de los tránsitos es que estos se hacían a costa de los pueblos, a los que esquilmaban a su paso al exigirles cuanto necesitaban en vituallas y medios de transporte, con lo que agravaban los males que padecía la población civil, siempre con los recursos al límite, pues casas, aldeas, lugares y campos eran la despensa de cuantos luchaban en sus proximidades o pasaban por ellos, ya fueran tropas españolas, tropas francesas o guerrillas.

Esto nos pone en la pista de otro de los problemas que requiere un complejo y difícil estudio, que es el de las destrucciones que dejaron las operaciones militares y movimientos de los ejércitos, destrucciones que padecían las personas33, los campos con los arrasamientos de cosechas y arbolado, que sufrían las ciudades con saqueos, incendios y voladuras de edificios y que destrozaban las infraestructuras. Burgos, por ejemplo, fue uno de los núcleos urbanos más castigados: en noviembre de 1808, los franceses la saquearon, incluyendo las iglesias, la Cartuja de Miraflores y Las Huelgas, donde profanaron las tumbas y requisaron la lana de los ganaderos españoles que se había reunido en la ciudad; luego, cuando se retiraron en 1813 destruyeron el castillo. Por lo que se refiere a los destrozos causados por los ejércitos en campaña, el caso de la retirada de Moore es un buen exponente: sus tropas se retiraban hacia Galicia dejando tras de sí campos destrozados, caminos levantados y puentes rotos. En cualquier caso, se tardarían varios lustros en recuperar el nivel perdido en todos los órdenes a causa de la guerra.

Por lo demás, el paso de José I por el trono español no iba dejar huella, como no fuera en el urbanismo de Madrid y algunas otras ciudades. Pero siempre permanecerá el interrogante de qué hubiera hecho si los españoles lo hubieran aceptado sin sublevarse. En cualquier caso, no todos los juicios o veredictos le fueron desfavorables, aunque algunos llegaran tarde. Para terminar recordaremos el que le dedicó un ilustre español, Ferrer del Río, cuando se enteró de su muerte:

“España no hubiera atravesado por tan prolijos desastres como señalan el curso de sus tristes años de haber sido regida por un monarca de tan insignes prendas como las que distinguían a José Bonaparte; no hubiéramos sido víctimas de la violencia revolucionaria ni del encono reaccionario, y se hubieran planteado pacíficamente útiles e importantes mejoras. José ejercía una potestad usurpada con malas artes, y los españoles, al combatirla, al pelear por su independencia y por la libertad de su legítimo monarca, cumplieron con el más sagrado de los deberes; dieron cima a la más ínclita de las hazañas, a la más noble de las empresas. Cuando transcurran más años y aprecie la historia los sacrificios de España, mientras tuvo por lema en sus pendones Fernando e independencia, la admirará por su heroísmo; cuando vea por documentos auténticos que el corazón del monarca querido palpitó de ingratitud, la compadecerá por su infortunio”34.

26 Gran coincidencia la de que el rey Carlos III llegara al trono español procedente del reino napolitano.

27 Un día después, Napoleón se dirigía a los españoles a través del mismo medio, con un manifiesto donde decía: “Españoles: después de una larga agonía, vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males y voy a remediarlos… Vuestra monarquía es vieja; mi misión es renovarla; mejoraré vuestras instituciones y os haré gozar, si me ayudáis, de los beneficios de la reforma, sin que experimentéis quebrantos, desórdenes y convulsiones… Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las Diputaciones de las provincias y ciudades. Quiero asegurarme por mí mismo de vuestros deseos y necesidades. Entonces depondré todos mis derechos y colocaré vuestra gloriosa corona en las sienes de otro Yo, garantizándoos al propio tiempo una Constitución que concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo”.

28 “Recibí mi nombramiento –escribe Jovellanos– con otros despachos y una carta confidencial y muy expresiva de don Mariano Luis de Urquijo, y aunque yo contesté… renunciando decididamente al ministerio y devolviendo los despachos, con todo, el nombramiento se publicó en la Gaceta de Madrid con el de los demás ministros, y yo hube de pasar por el grave sentimiento de que los que no me conocían ni estaban enterados de mi repulsa, pudiesen dudar algunos días de mi fidelidad”.

29 “Si los afrancesados eran una minoría, resulta grotesco querer averiguar su cifra según el número de los que, al acabar la guerra, buscaron su salvación en la huida a Francia. Esta cifra es, además, poco segura en sí. Llorente habla de 12.000 y más familias españolas, Reinoso sólo de 10.000 a 12.000 prófugos. Otros investigadores, como Deleito y Artola… dan datos similares sin ofrecer hecho ciertas distinciones entre ellos nuevos documentos para una determinación más exacta. A emigrar se decidieron, por lo general, sólo aquellos que se consideraban forzados a este paso. Ciertamente fue el número de los partidarios mucho más elevado durante los años centrales de la guerra… Por otra parte, no cabe calificarlos únicamente, lo que a menudo se hace, como víctimas de la situación”. H. Juretschke, Los afrancesados en la guerra de la Independencia, Madrid, 1962, pp. 196-197.

30 Se han distinguido seis grandes categorías en atención a su profesión y extracción social: políticos y funcionarios civiles, negociantes y propietarios, militares, eclesiásticos, aristócratas y hombres de letras.

31 La guerra siempre estuvo en las preocupaciones de José I, evidentemente. Sin embargo en la primera etapa él trata de neutralizar los malos efectos que causaban los excesos franceses con medidas que pudieran consolidar su posición y desde ella poner coto a la actividad de los mariscales a los que quería meter en cintura. En la segunda parte, José I recibe de su hermano el mando supremo de las tropas francesas en España. La situación bélica había empeorado hasta el punto de que ya había poco espacio para el Gobierno y la política. Por eso creemos que la distinción que hacemos es aceptable en líneas generales.

32 La verdad es que en las ciudades ocupadas por los franceses quedaron huellas en el urbanismo que perviven hasta hoy y se promulgaron bandos de buen gobierno reguladores de la vida urbana. Véase lo señalado por D.J. Buesa Conde, “Repercusiones del domino francés en el urbanismo aragonés”, en Armillas Vicente, J.A. (coord.), La guerra de la independencia. Estudios, t. I, Zaragoza, 2001, pp. 327-344 y A. Martínez Ruiz, El reino de Granada en la Guerra de la Independencia, Granada, 1977.

33 Es difícil calcular las pérdidas humanas: “Ningún balance humano preciso ha podido ser elaborado para la Guerra de la Independencia española. Es necesario poder contabilizar los muertos en combate, las víctimas de la represión francesa y las pérdidas civiles debidas a las difíciles condiciones de vida (malnutrición y epidemias). Su magnitud se situaría en torno a los 500.000 muertos, estimación que hay que relacionar con los once millones de españoles peninsulares en 1808”, véase R. Hocquellet, Résistance et révolution durant l’occupation napoléonienne en Espagne 1808-1812, París, 2001, p. 198.

34 El texto pertenece a la necrológica que Ferrer del Río publicó en la revista ilustrada El Laberinto, el 1 de septiembre de 1844, cuando se conoció en España la muerte de José I, ocurrida en Florencia el 28 de julio de ese año. A. Ferrer del Río tiene una historia del reinado de Carlos III de indudable trascendencia historiográfica titulada Historia del reinado de Carlos III en España, Madrid, 1856, 4 vols.

La España fernandina y la Revolución Liberal

La España y los españoles que no aceptaron las abdicaciones de Bayona constituyen la que podemos llamar la España fernandina, que si ofrece una postura unánime en lo que respecta al rechazo de los franceses y su orden, no sucede lo mismo en cuanto a la “solución” política deseada para cuando el peligro francés desaparezca, pues mientras un grupo quiere la continuidad tal cual del absolutismo, otro se propone realizar una reforma, discrepando en su alcance revolucionario.

La quiebra institucional del Antiguo Régimen

Cuando Fernando VII salió hacia Bayona, dejaba tras sí un entramado institucional elaborado a lo largo del siglo xviii, que tenía en las Secretarías de Estado y Despacho sus instrumentos principales y cuyo establecimiento redundó en perjuicio de los Consejos Supremos, los órganos colegiados que habían sido la base del régimen polisinodial, existente en los siglos xvi y xvii.

Por lo que respecta al régimen de secretarías establecido en el siglo xviii, experimentó su última remodelación de importancia en 1790, determinada por la poca operatividad de la reforma instituida en 1787, que, a su vez, vino determinada por la poca viabilidad de la establecida en 1754. En efecto, en este año de 1754, la Administración central se articuló en seis secretarías:

Estado

Guerra

Marina

Hacienda

Justicia

Indias

Esta última era la gran novedad, ya que por primera vez se establecía una cartera independiente para Ultramar, pero el volumen de los asuntos indianos era tal, que su gestión resultaba difícil, compleja y lenta, por lo que fue necesario buscar una solución, barajándose tres posibilidades: dividir el gobierno por materias, dividirlo por espacios geográficos o distribuir los asuntos en las demás carteras, de acuerdo con su naturaleza. La reforma de 1787 es la aplicación del primer criterio, de forma que las secretarías resultantes fueron siete: las cinco encargadas de los asuntos españoles, ya existentes y dos de nueva creación, las dos en que se dividía la de Indias y que eran:

Gracia y Justicia de Indias

Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación de Indias

Pero tal solución no fue muy operativa y pronto se comprobó que no era la más adecuada, por lo que se cambió de criterio para optar por distribuir los asuntos de Indias entre las carteras peninsulares, con lo que las Secretarías se redujeron a cinco, las que existían cuando se produjo la invasión napoleónica y las que perduraron hasta las reformas que las Cortes reunidas en Cádiz introdujeron en la Administración central.

Por otra parte, desde principios del siglo xviii y pese a algunas tentativas en contrario, los secretarios de Estado despachaban por separado, celebrando en contadas ocasiones algunas reuniones conjuntas, auténticamente excepcionales. En 8 de julio de 1787 se ordena la formación de una especie de asamblea a la que concurrían los distintos secretarios y solamente ellos, es la denominada Junta Suprema de Estado, considerada como el primer consejo de ministros en España y fruto de una iniciativa de Floridablanca, que la define como “ordinaria y perpetua” y que debería reunirse semanalmente para tratar los asuntos de alcance general bajo la presidencia de facto del Secretario del Despacho de Estado. La junta funcionó sin problemas y con regularidad hasta 1792, en que fue suprimida tras la caída en desgracia de Floridablanca.

En cuanto a los Consejos, el establecimiento de las secretarías redundó claramente en su perjuicio, pues se dotó a éstas con atribuciones que antes correspondían a aquéllos, una pérdida de importancia que los Consejos sufrieron porque algunos de ellos se suprimieron (los que funcionaban en los reinos “rebeldes” españoles como consecuencia de los Decretos de Nueva Planta y los que existían en los territorios europeos de la Monarquía por no ser necesarios tras su pérdida en la paz de Utrecht de 1713) y otros fueron superados por sus secretarías homónimas, además de por la implantación de la denominada vía reservada, que es como se designaba al procedimiento por el cual unos asuntos se sustraían a la consideración de los Consejos para pasar directamente a las secretarías con el pretexto de que debían ser conocidos directamente por el rey y que, en realidad, eran despachados por los titulares de las secretarías correspondientes.

De esta manera, en el siglo xviii asistimos a dos procesos opuestos: las secretarías van consolidando su papel en el gobierno de la Monarquía, al mismo tiempo que se apaga la significación e importancia de los Consejos. Una decadencia de la que no se libra ni siquiera la más poderosa de tales instituciones: el Consejo de Estado, apartado en tiempos de Felipe V, inactivo con Fernando VI, sin funciones con Carlos III y paralizado con Carlos IV mientras funcionó la Junta Suprema, tiempo en el que no se reunió. Sólo a finales de siglo se advierte una cierta tendencia a revitalizar los consejos, pues el de Estado, por ejemplo, en 1792 recupera su pulso y vuelve a sus reuniones habituales y los de Guerra y Hacienda son reformados en 1803 con idea de fortalecerlos. Pero tales iniciativas no fueron suficientes para invertir la tendencia secular.

Por lo que se refiere a la administración territorial, el otro plano que nos interesa para nuestro análisis, su configuración y práctica vino determinada por los Decretos de Nueva Planta, que significó la generalización del sistema castellano y que se tradujo en un aumento de las provincias y de las Audiencias al ser suprimidos los virreinatos y sustituidos los virreyes por los capitanes generales, suprema autoridad política y militar en el territorio de su mando y, como presidentes de las Audiencias, claves en el funcionamiento en la Corona de Aragón del denominado Real Acuerdo, forma de gobierno en “armonía” entre un tribunal de justicia y la suprema autoridad gubernativa y militar.

Pues bien, en este dispositivo institucional, a su cabeza, se sitúa el organismo creado por Fernando VII antes de salir para Bayona, la ya aludida Junta Suprema de Gobierno, que tanto en el nombre como en su composición recuerda a la creada por Floridablanca dos décadas antes; la junta estaba presidida por un infante, Antonio, como representante real y compuesta por los titulares de las secretarías, que eran Sebastián Piñuela, Miguel de Azanza, O’Farril y Gil de Lemus. Al producirse las abdicaciones en Bayona –considerada por Artola la crisis más trascendental de la España Moderna, en la que los reyes abandonan la soberanía al despojarse de sus atribuciones–, la junta se convierte en la máxima institución española y en la receptora de esa soberanía abandonada; pero no recibe más que órdenes verbales, se le recomienda defender posturas de armonía con los invasores y quedaba obligada a consultar los problemas a través de Cevallos; sometida a Murat, para compartir responsabilidades incluye en sus deliberaciones a los gobernadores y decanos de los Consejos. El 5 de mayo Fernando VII firmó los últimos decretos de la primera etapa de su reinado, en los que cedía el poder a la junta y ordenaba el comienzo de la lucha contra las tropas napoleónicas en cuanto lo internaran en Francia, así como la convocatoria de Cortes por el Consejo de Castilla para que se ocuparan en exclusividad de reunir los subsidios necesarios para la guerra. Pero cuando llegó la abdicación de Fernando VII, se produjo automáticamente la anulación de los poderes de la junta.

Pasaba entonces a primer plano el Consejo de Castilla, que tampoco estuvo a la altura ni como legislador ni como gobernante, pues se prestó a dar forma legal a los deseos e intenciones de los invasores y cifró su interés en el mantenimiento del orden, por lo que colaboraría con la junta para restablecerlo después del 2 de mayo, anunciando severas penas –incluso la de muerte– para los que conservaran armas. Un proceder que lo descalificó, lo que unido a su incapacidad para ser el verdadero rector de la nación, le impidió asumir con dignidad el ejercicio de la soberanía, que siguió su camino de degradación. Y así, ante el nulo compromiso de la junta y el Consejo de Castilla, corresponderá el ejercicio de la soberanía a los capitanes generales, las autoridades que poseían más experiencia en la movilización de hombres y recursos a finales del Antiguo Régimen y que se encontraron en una difícil encrucijada, ya que debíanadoptar una actitud ante la apatía y dejadez de la junta y del Consejo para asumir la soberanía y también tendrán que definirse ante las demandas populares de declarar la guerra al invasor y dirigirla; sin embargo, su proceder es igualmente decepcionante, ya que piden instrucciones al Consejo sobre cómo actuar e, incluso, tropas para mantener el orden. Ante semejante proceder, la soberanía sigue su caída en picado y llega a las autoridades provinciales, cuya actuación, en general, es tan cobarde y acomodaticia como la de las instancias superiores a las que acabamos de referirnos, percibiéndose de inmediato el vacío que queda ante la ausencia o dejación de todo poder legítimo: la soberanía completa así su caída y el único que puede recogerla es el pueblo, cosa que efectivamente hace, empezando la reconstrucción de un orden nuevo, pues los disconformes con las abdicaciones se lanzan a la calle, apoderándose de las armas que pueden, deponiendo a las autoridades existentes y legalizando su proceder mediante la constitución de una junta que los represente y apoye su patriotismo.

Napoleón se equivocó al pensar que la familia real española estaba desprestigiada en España y no pudo calibrar el verdadero alcance de la revuelta. Incapaz de entender la fuerza de los sentimientos monárquico y religioso, las prevenciones que hace a sus hombres sobre curas y frailes junto con las frases, muy duras en ocasiones, que dirige al clero español, en general, son muestra evidente de la importancia que concede al clero en el mantenimiento de la postura rebelde española.

Cuando empiezan a difundirse por el país las abdicaciones de Bayona y la sublevación madrileña, se produjeron en diversos lugares otros levantamientos, algunos de los cuales no los conocemos bien. En Oviedo, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Valencia, Cataluña y Zaragoza se produjeron alzamientos autónomos que culminaron con la formación de las juntas respectivas. En relación con estos núcleos y mediante el envío de emisarios se produjeron movimientos rebeldes en otras ciudades, que se iniciaban casi siempre con desórdenes –en los que Valencia se llevó la palma– y asesinatos, incluso, de simpatizantes con el invasor.

En Oviedo, la Audiencia fue apedreada por los paisanos cuando la institución hizo pública la versión del Consejo sobre los sucesos madrileños y en Gijón, los naturales ni siquiera dejaron a las autoridades leer los documentos. La tarde del 9 de mayo se celebraba una reunión de la Junta General del Principado a la que asistían representantes de las autoridades, de los gremios, de la universidad y del cabildo, quienes decidieron conservar la monarquía y defender la nación, separándose por completo de las jerarquías constituidas, comprometiéndose a mantener el orden por medio de patrullas armadas. Al día siguiente, el pueblo pidió que se nombrara capitán general al marqués de Santa Cruz de Marcenado y una jornada más tarde Flórez Estrada fue designado procurador del Principado y encauzará revolucionariamente la orientación política de aquellos sucesos.

Mientras, la tensión con la Audiencia persistía, hasta que el día 21 el pueblo asaltó la fábrica de armas y obligó a una convocatoria de la que sería la primera junta surgida en España a raíz de la invasión francesa y de la que Argüelles Toral sería secretario. De esta manera se creaba un poder revolucionario tanto en la forma de constituirse (en oposición a las autoridades gobernantes), como por la potestad que se autoconcedía (el ejercicio de la soberanía), lo que le enfrentará más adelante con el Consejo de Castilla, que reclamaba el ejercicio de la misma.

Por otra parte, la Junta General del Principado comunicó su postura y decisión a las ciudades de Santander, León y Galicia, cuyos levantamientos están relacionados con el asturiano, si bien es cierto que la misión de los emisarios ovetenses no tuvo éxito claro más que en tierras gallegas, donde La Coruña y toda Galicia adoptaron la misma postura que Asturias. Pero en las demás capitales citadas también se formaron juntas revolucionarias.

El segundo foco de resistencia fue Valladolid, donde la Audiencia y las patrullas de vecinos armados lograron mantener la calma en las primeras jornadas. Sin embargo, el crecimiento de las actitudes alarmantes entre el vecindario, que levantaba patíbulos para castigar a los traidores, hizo que el capitán general, Cuesta, viera la conveniencia de crear una Junta de Armamento y Defensa limitada sólo a fines militares y autorizó igualmente que en las ciudades de su distrito se crearan otras juntas similares: tal fue el origen de la de Ávila.

En Zamora, el alzamiento se inició el 31 de mayo, cuando la gente pidió armas al gobernador Pignatelli y solicitó la formación de una junta parecida a la vallisoletana, a lo que el militar accedió. En Badajoz, el capitán general interino convocó una junta cuando recibió noticias de la declaración de guerra a los franceses realizada por Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, lo que unido a las noticias llegadas de Sevilla, produjo el levantamiento.

El Manifiesto de Andrés Torrejón tuvo una de sus acogidas más calurosas y efectistas en Sevilla, pues toda la ciudad se sublevó, pese a que las autoridades tenían órdenes del Consejo de mantener la tranquilidad pública. Los vecinos iniciaron una revuelta que finalizó con la elección de una de las juntas más populares que jugará posteriormente un destacado papel.

En territorio andaluz se encontraban los dos mejores ejércitos nacionales, el de Castaños ante Gibraltar y el de Solano en Cádiz; ambos serían eficaces mantenedores del levantamiento. En realidad, Castaños fue el único jefe militar que en 1808 tomó iniciativas por su cuenta entre las que figuraba ponerse en contacto con el gobernador de Gibraltar. Pues bien, el pueblo gaditano se mostraba muy receptivo a la agitación que promovían los emisarios sevillanos, buscando que la ciudad secundara la conducta de Sevilla, cuyos representantes en Córdoba, Jaén y Granada chocaron en principio con la indecisión de los capitanes generales, pero la multitud logró su propósito de alzarse en rebeldía.

Por lo que respecta a Murcia, la pauta la marcó Cartagena, que fue la primera en iniciar la revuelta y constituir una junta: sus enviados a la capital amotinaron al pueblo y de Murcia salieron emisarios para Albacete, que obedeció sin reparos las directrices recibidas y creó también su junta.

En cuanto a Valencia, su levantamiento es uno de los que mejor se conocen y ofrece los caracteres típicos. Al difundirse las abdicaciones de Bayona se formaron grupos de descontentos en favor de Fernando VII. El malestar fue en aumento, los patriotas se apoderaron de las armas y con toda rapidez procedieron a legitimar su situación mediante la elección de una junta para que fuera su representante. Mientras eso se conseguía, en la ciudad se asesinaron a 143 franceses que residían desde antiguo allí; asesinatos que fueron animados y aprobados por el canónigo Calvo y a los que siguió la matanza de otro grupo de franceses residentes. Posteriormente, tan viles actos tuvieron su castigo, pues la junta ordenó la muerte de Calvo y más de doscientos de sus seguidores. El alzamiento valenciano se notificó a Mallorca, aunque en las Baleares se habían tomado medidas para mantener la calma. La influencia valenciana llegaría hasta Tortosa.

En Cataluña, con Barcelona ocupada por los franceses, la revuelta empieza en la provincia, con un origen similar al que hemos visto en los demás lugares, es decir la discrepancia popular con el planteamiento de las autoridades, si bien hubo menos intensidad. En Lérida, Manresa, Tortosa, Villafranca del Penedés –donde fueron asesinados los gobernadores– y Gerona, los gremios presionaron para que fueran creadas unas juntas locales que a finales de junio ya estaban reunidas en la llamada Junta General del Principado, con sede en Lérida.

El comienzo de la agitación zaragozana se debió a unos pasquines, ya que las autoridades civiles y militares no mostraron su opinión ante los sucesos de Bayona y de Madrid. La llegada de Palafox les dio a los aragoneses el líder que necesitaban y el general conseguirá tras superar varios incidentes la convocatoria de Cortes para legitimar el levantamiento y ser ratificado en el mando, lo que sucedió el 9 de junio.

Y así, a principios del mes de junio la situación que encontramos en la España rebelde es la siguiente: las operaciones militares iniciadas han consagrado el mando de dos capitanes generales, Cuesta y Palafox; la acción de los patriotas en provincias ha cristalizado en la formación de trece juntas supremas y otras muchas de menor importancia dependientes de ellas y la pérdida completa de la antigua Administración, con la que se ha desmoronado el Antiguo Régimen y el pueblo es el receptor de la soberanía, algo que se señala con reiteración en numerosos escritos de aquellas fechas y que hace que se vea normal el que las nuevas autoridades legítimas sean las nombradas por ese pueblo que se ha sublevado en defensa de los derechos de Fernando VII. Sin embargo, la naturaleza y proceder de esas nuevas autoridades abrían una incógnita que los hechos despejarían en los meses siguientes, momento en que aflorarían las discrepancias en torno a los distintos sectores de opinión35.

Los que rechazaron las abdicaciones y optaron por la resistencia no tenían unanimidad de pensamiento. Por lo pronto, las clases populares lucharon por instinto de supervivencia, rechazo al invasor y animadas por sentimientos monárquicos y religiosos, mientras que las clases medias, de donde procedían mayoritariamente los grupos intelectuales del país van a teorizar sobre el levantamiento, señalando que no había continuidad entre el poder real y el de las juntas, pues el de estas últimas emanaba del pueblo al ser éste quien reasumía la soberanía, hasta entonces propia del rey, pero a la que había renunciado en Bayona. Nacía de esta forma la operatividad política del concepto soberanía nacional. Como estos grupos deseaban que no pudiera volver el despotismo godoísta, buscaron cimentar el nuevo poder en un principio anterior y superior a la voluntad del rey, pero el grupo se dividió cuando buscaron precisar cuál era ese principio.

Para algunos residía en las leyes y costumbres seculares españolas, que habían quedado enterradas desde hacía siglos por el absolutismo, ya que pensaban que la nación es una formación histórica y ninguna generación puede partir de cero y establecer el plan definitivo al que debería ajustarse siempre la vida del Estado, pues si todas y cada una de las generaciones procediera así, se produciría el caos y la inestabilidad; ahora bien, la soberanía corresponde a los organismos en los que radica la continuidad histórica de los españoles, es decir, conjuntamente en el rey y en las Cortes. Pensamiento en el que el influjo inglés es claro y su influencia se notaba hasta en Prusia, donde Von Stein reformaba el Estado con ideas semejantes. Pero había otro sector de intelectuales influidos por la Francia revolucionaria y sostenían que la solución pasaba por la redacción de una Constitución nueva, dentro de la línea gala por considerar que entre los principios revolucionarios y el espíritu popular español había una clara semejanza, además de considerar que los derechos de los españoles estarían mejor garantizados si estaban recogidos por escrito.

Al primer grupo se le denomina por el nombre del personaje más significativo que sostenía esa postura: Jovellanos. Entre los jovellanistas estaban Pérez Villamil y Capmany, entre otros, mientras que en el segundo grupo –denominado doceañista– se alineaban Muñoz Torrero, Argüelles y Martínez Marina, como elementos más destacados. Ambos grupos discrepaban también en la forma en que se debían convocar las Cortes, pues aquéllos deseaban que se hiciera por estamentos y que la asamblea se reuniera en las dos Cámaras tradicionales, mientras que los segundos –enemigos de la nobleza e influidos por el anticlericalismo revolucionario francés–, deseaban una reunión en Cámara única y sin estamentos. De esta forma, los doceañistas se configuraban como la vanguardia de la revolución liberal en España y con la forma en que pretendían convocar las Cortes identificaban a toda la nación con las clases medias, lo que constituía un claro desenfoque de la realidad nacional española en aquellos años. En un primer momento, las Cortes fueron convocadas por la Junta Central como querían los jovellanistas, pero la Regencia seguirá los ideales doceañistas y reunirán la asamblea conforme a ellos.

Las clases populares, que eran contrarias a las abdicaciones, se mantenían ajenas a todas estas elucubraciones y elaboraciones doctrinales. No sabían lo que era una Constitución y confiaban más en el rey y en la forma tradicional del poder que en las propuestas liberales y en las minorías intelectuales: eran absolutistas y en su levantamiento perseguían expulsar a los franceses y recuperar al deseado rey Fernando VII en plenitud de sus facultades gubernativas.

Así se completaban los grupos en que se dividieron los españoles en aquellos momentos: afrancesados, jovellanistas, doceañistas y absolutistas. Los afrancesados fracasaron por completo a causa de la guerra. Los seguidores de Jovellanos fueron superados por los doceañistas, que intentaron realizar una revolución de acuerdo con sus ideas, pero la burguesía española era débil y escasa, de forma que no contaban con una base sólida. La falta de comunicación entre los intelectuales –una minoría que desconsideraba al pueblo– y las clases populares –que desconfiaban de las intenciones de esa minoría– permitiría a Fernando VII a su regreso de Francia volver a restablecer el absolutismo. Los afrancesados desaparecieron de inmediato de la realidad política española, pero el resultado de la convulsión desatada en 1808 va a delimitar dos grandes grupos de opinión y acción política, cuya presencia será una constante en la vida española e irán perfilando sus posturas en las décadas siguientes: se trata de los absolutistas y de los liberales, cuyo primer enfrentamiento tendrá lugar en los debates de las Cortes de Cádiz.

Los primeros pasos del Nuevo Régimen

Que el pueblo es el receptor de la soberanía ante la debacle ocurrida es algo que podemos comprobar en numerosos escritos de entonces, en un clima de opinión generalizada a favor de las nuevas autoridades que ese pueblo crea para que dirijan la defensa de los derechos de Fernando VII y cuya primera manifestación fueron las juntas provinciales, de las que en junio de 1808 existían trece con la consideración de “supremas” y otras muchas de menor importancia.

Por lo pronto, Artola36 considera que la existencia de las juntas es la negación del Antiguo Régimen y el contenido de la correspondencia que cruzan con el Consejo de Castilla –en la que se niegan a obedecerle– muestra claramente el divorcio del Antiguo y el Nuevo Régimen que ellas encarnaban. Promovidas, generalmente, por las clases inferiores (que carecían de cabezas rectoras, lo que explica el éxito de demagogos como el padre Rico o el canónigo Calvo), las juntas van a tener entre sus componentes a personajes de las clases superiores, que a veces eran las mismas autoridades derrocadas, pero ahora actuaban como representantes de los promotores de la emergente situación política. Las nuevas instituciones discurrían por derroteros muy diferentes a los marcados por los cauces y principios del Gobierno anterior, ya totalmente alterados.

Las juntas se denominan supremas porque se sienten tales por decisión de la voluntad popular que las ha creado y porque van a ejercer una tarea gubernativa; al sentirse supremas no dudan en enfrentarse a las instituciones del viejo orden en un choque que se resuelve a su favor. El choque de las juntas con las Audiencias provinciales no fue violento, ya que casi no se produjeron resistencias por parte de éstas, pero el enfrentamiento con el Consejo de Castilla sí será decisivo, pues estaba muy generalizada en los medios españoles la idea de que sus componentes eran “traidores”, por lo que las juntas se resisten a aceptar sus órdenes y así lo manifiestan abiertamente en la correspondencia que cruzan entre una y otra parte. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, el Consejo se vio tan desbordado como aislado, incapaz de dar con las medidas adecuadas, aunque nunca cambió de actitud, así que desde julio a agosto, el Consejo se percató de que no gozaba de prestigio alguno y de que le era imposible hacerse con la dirección del país; en consecuencia, el día 27 de agosto renunció a sus pretensiones gubernativas proponiendo la convocatoria de Cortes o la formación de una Junta Central. Una vez que ésta fue creada y se inclinó por las juntas provinciales, el Consejo volvió a la oposición con idea de frenar los progresos revolucionarios.

Por otra parte, en toda España flotaba un sentimiento nacional común y generalizado, que se había originado como consecuencia de tantos acontecimientos en precipitada sucesión: la creación en poco tiempo de un poder nacional, la amenaza común a todo el territorio y la manifestación de una voluntad corporativa son los mejores testimonios de su existencia. Es cierto que este último factor ha sido muy discutido, pero en 1808 quien se sublevó fue la nación, por más que las juntas provinciales hagan pensar que fueron las provincias quienes se sublevaron: el contenido de las proclamas y manifiestos que circularon por entonces lo testimonian sin lugar a dudas.

El deseo de canalizar los esfuerzos dispersos de las juntas provinciales, tanto para aunar energías como para darle una dirección común en la guerra, se manifiesta primeramente en la Junta de Galicia, que en pos de un gobierno central envía representantes a las juntas andaluzas, aragonesas y valencianas. Casi al mismo tiempo, la de Asturias y la de Murcia se movían en el mismo sentido conectando con algunas de las más próximas a ellas. En las andaluzas cobra cuerpo en seguida el llamamiento de la de Valencia y en agosto empieza a percibirse lo que será una realidad en septiembre. El deseo unificador cristaliza muy pronto, si bien no había unanimidad en cuanto a la forma que debía darse al esfuerzo conjunto, pues mientras unos sostenían con fervor la fidelidad a la soberanía de las juntas, otros –como el obispo de Orense– hablaban de regencia y no faltaban los sostenedores de una solución intermedia –la Junta de Valencia y el Consejo–, en la que un organismo de nueva creación integrara la representación del régimen caído y del régimen que se levantaba. Además del debate sobre los distintos pareceres, se plantearon también otros temas en litigio, como eran cuántos debían componer la nueva junta, cuáles iban a ser sus poderes, de quién los recibiría y cuál iba a ser su cometido.

Los representantes de las juntas se reunieron en Aranjuez, comenzando una discusión, en la que Jovellanos hablaba de una regencia y de una Junta Central preparatoria de las Cortes sin que su propuesta fuera tenida en cuenta, ya que los representantes de las juntas meridionales y Floridablanca tomaron la iniciativa, propugnaron una solución revolucionaria y sin esperar a que todos los presentes regularizaran su situación con las acreditaciones pertinentes, aunque sin negarles tal condición, lograron que el 25 de septiembre de 1808 se constituyera la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, con lo que se consolidaba el triunfo de la postura revolucionaria aflorada en mayo.

La junta se autoconcede el título de majestad, para afirmarse frente a las tradiciones del Antiguo Régimen y levantando toda clase de ironías entre sus detractores y adversarios. Con la Junta Central nacía un nuevo Estado español, basado esencialmente en el sentimiento de nacionalidad y en la innovación política, culminando el proceso político iniciado unos meses antes en un sentido inverso al que se había seguido en la Francia revolucionaria, ya que en ésta fue París, la capital, la que marcó la pauta que se seguiría en toda la nación, mientras que en España el inicial carácter regional o provincial culminó en la creación de una institución superior para que dirigiera a todo el país: en definitiva de un poder regional o provincial se había recorrido un proceso ascendente hasta culminar en el establecimiento de un poder central.

Componían la Junta Central 35 miembros, de los que algo más de la mitad eran nobles –en los que dominaban los titulados–, ocho eran juristas, seis pertenecían al clero y los tres restantes procedían del tercer estado; todos ellos eran iguales en atribuciones y no muy conocidos, salvo Floridablanca, Jovellanos y Valdés. Estos hombres se vieron impulsados a establecer una organización tan nueva como su poder a fin de realizar un programa de gobierno acorde con sus aspiraciones. A tal objeto elaboraron y publicaron un reglamento que distribuía a los miembros de la junta en cinco grupos semejantes a los ministerios borbónicos y constituyeron un gobierno colegiado, que reunía todos los poderes –pese a la oposición de Jovellanos–, bajo la presidencia de Floridablanca y cuya secretaría general fue atribuida a Quintana. La tendencia innovadora de la junta quedó ratificada al dar a sus vocales la condición de iguales, inmunes y nacionales.

Y si la batalla de Bailén había significado la retirada de José I permitiendo que la acción insurgente de las juntas cristalizara en la formación de la Junta Central, la llegada de Napoleón posibilitó la vuelta de su hermano a Madrid y la retirada de la junta hacia el Sur, cuestionando su futuro. Establecida en Sevilla, la junta publicó el Reglamento para el régimen de las juntas supremas, documento de tipo centralizador porque convertía a las provinciales en ejecutoras de las disposiciones de la Central y porque contenía algunas medidas retrógradas, como eran las encaminadas a restablecer los privilegios y atribuciones anteriores de los Consejos y tribunales, provocando el descontento de las juntas andaluzas hasta llegar a la ruptura con la Central. Tales diferencias fueron la grieta de la unidad, que se agrandó al publicar ésta unas medidas contrarrevolucionarias.

En su programa político, la Junta Central se hizo eco de los deseos de reforma y prometió llevarlos a la práctica, pero sin concretar cómo ni cuándo, aunque de esta forma el sentir nacional y el programa de gobierno coincidían en distinguir las dos direcciones que tenía el levantamiento y que la Central señaló en sus escritos en numerosas ocasiones: guerra y revolución. Para su expresión editó un periódico donde se trazaban las directrices de su programa y hablaba de libertad de imprenta, reforma agraria, petición de Cortes, críticas al reparto injusto de la propiedad, censuras a mayorazgos y vinculaciones, etc.

Pero si teóricamente llegaba de este modo a asentar unos principios reformistas, en la práctica nunca llevó a cabo ninguna alteración importante. Además, no tuvo muchas opciones para realizar el programa que proyectaba, pues las oposiciones suscitadas contra ella entorpecían su gestión, facilitando el camino al Consejo de Castilla, que negaba la capacidad de las juntas, era partidario de una regencia y demandaba convocar Cortes. Tras la derrota española en Ocaña, la Central se traslada a la Isla de León y se disuelve37 después de constituir una regencia (31 de enero de 1810) y dejar flotando en el ambiente una demanda en aumento de convocatoria de Cortes. En resumen, su obra se caracterizó por la moderación e, incluso, por la reacción contra ciertas reformas borbónicas.

A partir de ese momento, empieza una pugna entre los partidarios de dos posturas antagónicas: los que defienden la convocatoria de Cortes al estilo tradicional, es decir por estamentos y en dos Cámaras –del que Jovellanos era el principal abanderado– y los que preferían una reunión de auténtica representación nacional, como propugnaban Caro y Riquelme.

Pues bien, si reflexionamos sobre lo que acabamos de exponer, comprobaremos que a finales de 1809 se ha producido el derrumbamiento del Antiguo Régimen y aunque de él quedan escasos e inoperantes residuos, no desaparece por completo en un grupo numeroso de españoles, que aspiraran a restaurarlo cuando concluyan las azarosas circunstancias por las que cruza la Monarquía. Pero de momento, el Antiguo Régimen deja un vacío institucional que va a cubrirse con dos propuestas diferentes: la que encarna el hermano de Napoleón, José I, que es la primera en formularse en su conjunto, la que antes empieza a funcionar, si bien no alcanza la normalidad prevista y con su futuro vinculado al de la suerte militar de la guerra: si sus tropas se imponían, su régimen sería el que acabaría imponiéndose en España; pero si el Ejército josefino perdía la guerra, la suerte de su soberano y de su proyecto de monarquía quedaría arruinado –como ocurrió– y el régimen triunfante sería el de los insurrectos, que como hemos podido comprobar, en estos meses aún no habían decidido el camino a seguir: sería el debate de los años inmediatos y acabaría planteando la oposición entre absolutismo y liberalismo, que iba a animar y a ensombrecer las cuatro primeras décadas de nuestro siglo xix.

El incontenible avance napoleónico provocó el desplazamiento de la Junta Central hacia el Sur, estableciéndose en Sevilla, primero y en la Isla de León, luego, para disolverse poco después al encontrar numerosas oposiciones. Por lo pronto, el Consejo de Castilla decidió esperar a que se constituyera la Central al ver que las juntas provinciales no le secundaban y frustradas sus esperanzas de poder influir en la Junta Central, se convirtió en uno de sus más decididos opositores; los errores de aquélla le permitieron seguir funcionando con toda su importancia y evolucionó hasta ser decidido partidario de la formación de una regencia, al tiempo que negaba la capacidad política de las juntas y pedía la convocatoria de Cortes. A la oposición del Consejo se sumaron las de las juntas provinciales y locales. La oposición de las juntas se originó al discrepar sobre los derechos, prerrogativas y deberes que correspondían a cada cual.

En otros niveles no faltaron problemas para la Central, como sucedió con Palafox, que denunció un “golpe de Estado” de las juntas andaluzas al formar la Central cuando se estaba pidiendo la formación de una regencia, alegando que cuando recibió el nombramiento de representante en la reunión se le dieron instrucciones en ese sentido y no para la instauración de un organismo como el presidido por Floridablanca. El escrito de Palafox transcendió de inmediato y originó una división interna, pues mientras unos se mostraron partidarios de llevar a la práctica lo que él defendía, otros se inclinaron por mantener lo hecho, apoyando a los andaluces. La Junta Central tuvo que soportar también la oposición de los embajadores ingleses, pese a las instrucciones que tenían de no inmiscuirse.

Finalmente, los éxitos de las juntas provinciales y errores de la Central provocaron su caída en el descrédito popular y cuando su Ejército fue derrotado en Ocaña, su desaparición parecía inminente. El avance francés hacía el Sur favoreció su retirada, hasta que se refugió en la Isla de León, en un momento en que la Junta de Sevilla declaraba que asumía la soberanía: la Central formó una regencia y decidió disolverse, como hemos dicho.

Mientras tanto, la demanda de la reunión de Cortes había ido en aumento, pero esa casi unánime petición encubría un equívoco, pues la solicitud que formulaban los absolutistas se hacía en el sentido tradicional, mientras que los revolucionarios querían una institución nueva: representativa, racionalmente estructurada, que elaborara una constitución escrita y sirviera de freno al poder real. Jovellanos propuso consultar al país para que se manifestara sobre el particular, según un proyecto que se encuentra expuesto en un borrador que Quintana presentó a la Junta Central para su consideración. La junta ordenó la formación de la Comisión de Cortes para que asumiera la realización de la consulta. Al mismo tiempo, dentro de la Central se formaron juntas o comisiones para estudiar y programar aspectos concretos, pero de sus tareas sabemos muy poco, aunque tenemos los suficientes datos para ver cómo se concentraron en la preparación de un programa completo, reformista y de carácter revolucionario.

La convocatoria de Cortes ya estaba en marcha; Jovellanos y tres miembros de la comisión adoptaron el criterio tradicional –reunión en tres estamentos y dos Cámaras–, que se impuso inicialmente, aunque otros dos miembros, Caro y Riquelme, votaron por una auténtica representación nacional. A Riquelme se debió también la aceptación del principio de suplencia con el que se pretendía estuvieran representadas América y las provincias ocupadas por medio de naturales de las mismas que viviesen en territorio libre.

La consulta al país se distribuyó en dos partes; una era de carácter político y trataba sobre la soberanía, los límites del poder, los derechos individuales, las leyes, fueros personales y regionales, codificación, Cortes y Constitución; la otra era de contenido social, sobre la configuración de la propia sociedad, reformas necesarias en la hacienda pública, en la Administración y en la justicia, régimen de propiedad y situación eclesiástica. La amplitud de la consulta y las respuestas dadas mostraban la influencia ilustrada en el campo doctrinal, propugnando un nuevo orden social que los hombres de 1809 iban a adoptar. En el aspecto político, las respuestas nos muestran la total ineficacia del viejo orden para canalizar las nuevas realidades.

Por fin, el 31 de enero de 1810 la regencia se constituyó: era un producto revolucionario –nacía de la Junta Central– y heredera de la nueva legitimidad. El Consejo de Regencia lo componían Castaños, Escaño, Lardizábal, Saavedra y el obispo de Orense, el paladín más decidido y representativo del absolutismo. La nueva institución se apresuró a comunicar su existencia, cuya autoridad fue reconocida por las juntas, pero a los dos meses de su nacimiento ya se habían generado descontentos hacia ella, a la que culpaban de los mismos defectos y errores que la Central, especialmente en la dirección de la guerra, pues seguían faltando victorias. Su gestión estuvo llena de errores a causa de la falta de programa, preparación y capacidad. Incluso, algunos contemporáneos al ver su proceder pensaban que trabajaban contra la reunión de Cortes.

Hasta junio la Regencia no inició los trabajos ordenados por la Junta Central antes de disolverse y a este respecto, la labor de la Junta de Cádiz fue fundamental para la convocatoria de las Cortes al ejercer sobre la Regencia una gran presión basándose en la seguridad que le daba disponer de los fondos donados por los mercaderes gaditanos, tanto más generosos cuanto más de acuerdo estaban con la gestión de la Regencia.

En Cádiz, la Regencia limitó mucho la libertad de prensa, que no fue realmente sistematizada hasta 1812, pero a mediados de junio de 1810 se ordenó la activación de las elecciones de diputados, lo que dará lugar a la circulación de una serie de escritos, que pueden ser considerados como las primeras muestras de propaganda electoral en nuestro país. Finalmente, el 24 de septiembre de 1810 las Cortes abrieron sus sesiones en plenitud de sus atribuciones.

Hasta el momento no sabemos gran cosa de las instrucciones que recibieron los diputados para acudir a la reunión de las Cortes, pues tan sólo se conocen las de los diputados catalanes. Ahora bien, por la condición social de los allí reunidos podemos deducir que la revolución gaditana fue obra de la burguesía intelectual, pues los escaños se los repartían 97 eclesiásticos, 60 abogados, 55 funcionarios, 37 militares, 16 catedráticos, 15 propietarios, 9 marinos, 8 títulos, 5 comerciantes, 4 escritores y 2 médicos: en total 308 diputados, si bien su número no fue siempre constante en las diferentes sesiones: el acta de apertura la firmaron 104 y luego su número fue creciendo, pero no llegaron nunca al total.

Respecto a su situación, los diputados se dividían en dos clases: propietarios y suplentes. Estos últimos eran quienes habían sustituido a los que no pudieron acudir; numéricamente no significaban mucho, pues no pasaban de cincuenta, de los que treinta representaban a los territorios americanos; sin embargo, ejercieron una gran influencia gracias a individualidades muy destacadas, como Argüelles o García Herreros. En cuanto a la ideología política, se distinguían también dos grupos básicamente: los liberales y los absolutistas, a los que muy pronto se les denominó serviles en un doble sentido: “ser vil” y “servir”. En orden a la representación, como escribiera Tierno Galván en el orden jurídico-político, “al pueblo… no lo representaba ningún diputado, y a la nación, en el sentido romántico del término, todos”. Como quiera que fuera, lo cierto es que con las Cortes de Cádiz se iniciaba en España el régimen constitucional e inauguraban la que iba a ser la primera etapa de la revolución liberal en nuestro país, que concluiría en 1814, con la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo.

Antes de continuar conviene hacer un par de consideraciones. La primera es que el constitucionalismo va a ser el régimen político de la burguesía de las clases medias, pero en España, el constitucionalismo tiene importancia en el siglo xix no como rasgo dominante de aquellos años –en estimación de Sánchez Agesta–, sino como síntoma externo de otros problemas subyacentes; porque lo que caracteriza al siglo xix y lo diferencia del siglo xviii, del siglo de la Ilustración, es el conjunto de sus preocupaciones y problemas políticos. Es cierto que en su transcurso sigue presente una desasosiego clave del siglo anterior, la decadencia española, pero la originalidad decimonónica se manifiesta en el dictamen que hace sobre ella, al concluir que su causa no son los hombres, sino el sistema político, lo que significaba que respondía a motivaciones políticas y la reforma encaminada a superarla debía ser igualmente política.

La segunda peculiaridad de nuestro siglo xix es la profundidad con que se plantea la reforma constitucional y en este sentido, lo que se realiza en los años que nos ocupan aspira a presentarse como una reforma tradicional, una pretensión que tiene una fácil explicación: si la decadencia se atribuye al absolutismo, se mira al pasado para encontrar un matiz liberal en las tradiciones y constituciones seculares españolas, a través de las cuales se explicarían los años de auge hispano. Ahora bien, de la confluencia de pensamientos políticos dispares en una visión tradicional van a surgir dos explicaciones diferentes, pues son dos posturas distintas con su propio punto de vista: la liberal y la absolutista. Dos posturas que además de diferentes ideas políticas, tienen una visión muy distinta sobre el sentido de la historia de España, lo que hará que desemboquen en un enfrentamiento abierto y directo. La vehemencia con que la discrepancia ideológica separa a unos españoles de otros en el siglo xix, no es una constante de nuestro pasado histórico; la realidad y operatividad de esta polémica, así como los intentos de reconciliación que se suceden desde los Borbones a Cánovas, son uno de los rasgos de nuestro siglo decimonónico, algo que se va a poner en marcha en las Cortes de Cádiz y se prolongará con toda intensidad en el siglo xx, lo que demuestra la importancia que va a tener en el inicio del proceso la reunión parlamentaria iniciada en 1810.

La Constitución y el marco constitucional

Si en el terreno militar, en 1812 se consiguieron éxitos, también fue importante la dimensión política, pues la Monarquía absoluta entró en descomposición cediendo el paso a la Monarquía constitucional que avanzó en pos de la consolidación de la revolución socioeconómica iniciada en el siglo xviii. En gran medida, las responsables de esos cambios fueron las Cortes de Cádiz, que elaboraron un texto constitucional de gran originalidad, basado en la tradición española –a la que se llegaba a través de muchas fuentes– e influido por el molde europeo que radicalizaba el movimiento y convertía en revolución lo que pudo ser evolución. Un estímulo eficiente en la confección de dicho texto constitucional fue la Constitución de Bayona, a la que ahora se contestaba con la gaditana de 1812.

En la primera sesión que celebraron, las Cortes se definieron como un poder revolucionario, en el que residía la soberanía popular, a la que se llegó, entre otras razones, por la espontaneidad del alzamiento. La tesis defendida por el conde de Toreno, Gallego y Muñoz Torrero vinculaba en mayor o menor amplitud la definición de la soberanía popular a la justificación de la Guerra de la Independencia, pues de lo contrario, la nación tendría que seguir los dictados de Bayona. En este sentido, parece que la guerra concienció al pueblo de su independencia externa y despertó en él la idea de soberanía popular frente a la soberanía real.

En Cádiz iban a confluir dos orientaciones políticas diferentes: las instituciones y doctrinas tradicionales y los principios y propuestas de los revolucionarios franceses y de los enciclopedistas. Los defensores de la una y la otra esgrimían razones y testimonios en las que apoyarse, pero ignoraban los argumentos del contrario. Jovellanos fue quien inició la defensa de una solución tradicional que quería adecuar el espíritu revolucionario con un sentido reformista dentro de la tradición. Entre los que le seguían estaba Martínez Marina, quien defendía que la doctrina de la soberanía nacional se encontraba en los escritos de Vitoria, fray Luis de León, Báñez, Suárez, Molina y Saavedra Fajardo, en los que se apoyaba con citas precisas, aunque en su argumentación hubiera errores al no percatarse de que identificaba instituciones y doctrinas que partían de principios diversos.

El espíritu reformador se percibía en muchos hombres de Cádiz, por influencia de Rousseau, que tenía gran predicamento entre las clases rectoras, una influencia que donde mejor se aprecia es en el mismo texto constitucional, cuyo artículo tercero refleja la tesis del Contrato Social al fundamentar la soberanía popular. De la misma forma, en la supresión de los señoríos vemos las ideas vertidas en el Discurso sobre el origen de la desigualdad en la sociedad, aunque en la supresión del régimen señorial hay una vena tradicional. La idea de que la ley es voluntad general está presente también en la Constitución y en las diferentes intervenciones de los procuradores.

Pero la influencia rusoniana quedó contrarrestada por el espíritu religioso y tradicional que declaraba a Dios como supremo legislador, enraizando la ley en el orden divino. Por este motivo, por esa mezcla de elementos tradicionales y revolucionarios, la revolución gaditana no fue una ruptura total de la continuidad histórica, sino más bien la culminación de un proceso que arranca en los siglos xvi y xvii y se consolida en el xviii.

Dividida en artículos y títulos, la Constitución de 1812 es la primera novedad que dan al siglo xix los hombres reunidos en la Isla de León y luego, desde el 24 de febrero de 1811, en la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz. Por muy fieles y apegados a la tradición que hubieran sido los diputados allí reunidos, el deseo constituyente y de codificación era algo revolucionario que desembocaba en una novedad: una constitución minuciosa, ordenada, proyectada para ser la base de una revolución políticosocial, pero también tenía sus deficiencias al estar elaborada por un grupo inexperto, dado a elucubraciones abstractas.

Los 384 artículos de la Constitución se distribuían en diez títulos con sus respectivos capítulos. El título primero trataba sobre la nación y los españoles, la soberanía nacional y la protección a la libertad civil, propiedad y derechos legítimos. El título segundo se refería al territorio nacional, religión, gobierno y ciudadanía. Los títulos tercero, cuarto y quinto precisaban que las Cortes eran el poder legislativo, el rey y sus secretarios, el ejecutivo y los tribunales, el judicial. Establecían restricciones a la autoridad real, un programa de organización judicial y un procedimiento civil y criminal. El título sexto versaba sobre la nueva Administración local y el séptimo acerca de la organización fiscal. El octavo determinaba el ordenamiento jerárquico del Ejército y reglamentaba la milicia. El noveno trataba de la instrucción pública, donde se proclamaba la libre expresión del pensamiento. El décimo consagraba la inviolabilidad de la Constitución.

El artículo tercero reconocía la soberanía popular y atribuía a la nación exclusivamente el poder de dar leyes, lo que suponía una afirmación revolucionaria e inauguraba una de las polémicas fundamentales del siglo xix. La primera réplica a su espíritu la encontramos en el Manifiesto de los Persas, presentado a Fernando VII a su regreso de Francia, en el que los diputados disidentes en Cádiz consideraban el contenido del artículo una enorme equivocación. La división de poderes –continua reclamación de los pensadores del siglo xviii– fue otro de los principios aprobados gracias a la difusión conseguida en España por la obra de Montesquieu y también porque el procurador de Cortes era muy diferente del diputado de 1812.

La Nación es una nueva figura en la historia política de España, el exponente más claro de la gran transformación que se estaba realizando. Y no es eso todo, pues se declaraba que todos los varones con más de 25 años serían electores y se elegiría un diputado por cada 75.000 habitantes o fracción superior a 35.000, con lo que consumaban la revolución social apuntada en el siglo anterior. La crítica de la nobleza y de los privilegios tradicionales se desató en esta revolución por la igualdad que pretendía la democracia que surgiría de las Cortes en uno de sus más revolucionarios decretos: la supresión de los señoríos, medida tomada porque la estructuración de la sociedad partía ahora de un hombre nuevo, el ciudadano, que tiene unos derechos –libertad, igualdad, propiedad y seguridad– cuya realización chocaba con los privilegios y señoríos. En las discusiones del régimen señorial se puso de manifiesto el deseo de acabar con los mayorazgos, vínculos y manos muertas, pero quedó sin resolver definitivamente hasta 1820, en que fueron de hecho reducidos estos títulos a la condición de bienes libres, al tiempo que se prohibía cualquier otro vínculo. El régimen gremial quedaba igualmente extinguido. Otra medida que tendría que esperar mejor ocasión fue la que proponía Canga Argüelles, ministro de Hacienda, presionado por el incremento de la deuda pública, que producía la desvalorización de los vales reales, emitidos en tiempos de Carlos III y Carlos IV: Argüelles propuso a las Cortes las bases del crédito público y un programa de desamortización que no pasará de proyecto y se llevará a cabo a la muerte de Fernando VII.

El punto más vidrioso de los debatidos en Cádiz fue el religioso y abrió una acalorada polémica en los dos sectores de pensamiento. Esta tensión no nacía del texto constitucional, ya que los procuradores ponían su obra bajo el nombre de Dios y declaraban a España totalmente católica, sino que era como una consecuencia de la libertad de imprenta reconocida en la Constitución, pero como una función de la opinión pública, no como un derecho individual. La discusión sobre el particular llegó a su punto culminante en el debate sobre la Inquisición, mera sombra de lo que fue y sin el vigor de antaño, debate que alcanzó un claro tono realista. La mayoría que decretó la supresión era católica, mantenedora de la unidad religiosa y de considerar la herejía como un delito. El núcleo de la discusión estaba en los impedimentos y limitaciones que la Inquisición suponía para la libertad de pensamiento y ciencia, acusación ésta que tiene favorable acogida en la mentalidad española del siglo xix, precisándose ahora con claridad algo que se apuntaba tibiamente en el siglo xviii: la decadencia española radicaba en la represión intelectual, y públicamente el Santo Oficio era la encarnación de la intolerancia y la opresión.

El proceso que va desde el paso gaditano a Mendizábal –que decretaría la desamortización de los bienes eclesiásticos en 1836– y el anticlericalismo progresista, demócrata y radical es fácil de ver. La concepción liberal tiende a edificar un Estado y una sociedad nuevos, configurados sobre un fundamento antropológico cuya gestación la encontraríamos en Leibniz y los empiristas, con sus teorías sobre el hombre y la vida. El fenómeno que inicia el mundo moderno es la pérdida de conciencia del pecado original. El hombre nuevo no considera el trabajo como pena o castigo y posee tres principios activos que le mueven: la razón, el interés –positivo– y las pasiones –negativo. El objeto de la razón es precisar los auténticos intereses del hombre, identificados por él con el bienestar o la felicidad y este bienestar o dicha natural no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades materiales. Con tal idea de hombre nuevo como base se va a construir una sociedad de manera racional. Explicar la sociedad por medio del ser sociable por naturaleza es, a sus ojos, desviar la cuestión porque encuentran en la voluntad humana para satisfacer sus necesidades el impulso más eficaz de la sociedad, de lo que concluirán la identidad de fines particulares y colectivos, que la felicidad del cuerpo social es la suma de las felicidades particulares de todos y cada uno de los integrantes de dicho cuerpo.

Constituida así la sociedad, se plantea la necesidad de crear un organismo o institución que la dirija. Los liberales empiezan por garantiza los derechos del hombre: igualdad –que lleva al equilibrio de las condiciones civiles del ciudadano–, propiedad –base de la felicidad y meta del individuo en toda su proyección práctica e intelectual, su origen está en el trabajo y la declaran inviolable y sagrada– y seguridad –el individuo debe estar al abrigo de peligros y amenazas.

Frente a esta concepción liberal que se abre camino, se delimita la postura absolutista. El punto central de la discusión es el de la soberanía, en la que se impone el criterio liberal, que en estos años y sobre este punto tiene un valor dogmático. La discusión continúa con todos los problemas que la aceptación de la soberanía nacional impone: determinación de la voluntad general y medios para hacerla realidad; distribución de poderes, control de funciones públicas, etc. Este antagonismo político se delimita aún más cuando se tratan los problemas económicos y la reforma eclesiástica, discusión en la que se tocan los puntos siguientes y que se adaptan a los moldes liberales: hacienda, crédito, diezmos y desamortización. Pese a todo, la revolución encuentra una serie de resistencias que no logra vencer la radicalización que el absolutismo va mostrando, preludia la guerra civil y, sobre todo, la reacción absolutista, que no se haría esperar.

Pero, por el momento, todo este contenido ideológico que ha trascendido de la Constitución de 1812 es el que da forma a la realidad que se opone a lo determinado en Bayona.

Se ha señalado como una de las características más acusadas de la Constitución gaditana una vena ética y religiosa, la afirmación de la soberanía nacional, un radicalismo de inspiración francesa y la considerable irradiación exterior, en Portugal, Italia y los países hispanoamericanos. Sin embargo, la Constitución de 1812, técnicamente perfecta, podía ser apropiada para una sociedad más preparada para el ejercicio de la soberanía y con un mayor índice cultural, pero no para la española de entonces, lo que viene a testimoniar el divorcio existente entre una clase media intelectual que ignora a su pueblo y un pueblo, poco habituado a la ciudadanía, que no confía ni respeta a su clase intelectual.

Por lo demás, la Constitución era promulgada el día de san José y fue recibida con entusiasmo y aclamada por el pueblo –que no comprendía claramente su alcance– al grito de “¡Viva la Pepa!”.

Civiles y militares, una relación compleja

Como ya hemos señalado y visto, entre 1808 y 1814 en España se desarrollan dos procesos simultáneos: una reforma del Estado que impulsa el grupo de la política española que se muestra más dinámico y emprendedor al tratar de levantar un nuevo orden, al mismo tiempo que el Ejército se esfuerza en contener la marea napoleónica. En tal situación ambos grupos tendrán que relacionarse entre sí y mientras el grupo político supone una gran novedad –tanto por sus aspiraciones como por su procedencia, ya que sale básicamente de las filas de la burguesía– el Ejército es el mismo que se ha ido configurando a lo largo del siglo xviii y había sido regulado por las Ordenanzas de 1768.

En este sentido, si el grupo político encarnaba la “novedad”, el militar representaba la “tradición”: dos entidades muy distanciadas, que tendrían su reflejo al relacionarse mutuamente.

Lugar común en la historiografía sobre nuestro siglo xix ha sido durante mucho tiempo la consideración del militarismo como un fenómeno nacido de las específicas condiciones y circunstancias de ese periodo, originando una dinámica muy especial en las relaciones de la clase política y la clase militar con inevitables repercusiones en los gobiernos y en el mismo Estado. Militarismo y civilismo constituyen una dualidad a veces antagónica, a veces aliada, que dio pie a los contemporáneos a teorizar sobre la preponderancia de uno u otro, en un debate que ha llegado hasta nosotros.

Sin embargo, cuando realmente empezamos a estudiar en profundidad el Ejército español de la Ilustración pronto nos dimos cuenta de que el militarismo decimonónico no tuvo su origen en esa época y que la relación –conflictiva, a veces– entre civiles y militares en el plano político puede rastrearse con bastante antelación, propiciada o favorecida en ocasiones por la misma Monarquía. Y en este sentido nos hemos manifestado con reiteración. En nuestro caso concreto, ya hemos mostrado que las últimas características del Ejército organizado en el siglo xviii no desaparecen hasta bien entrado el siglo xix, lo que nos ha dado pie a hablar del “largo ocaso” del Ejército de la Ilustración38.

Por la entidad del tema y por estar directamente relacionado con el proceso político y militar desarrollado entre 1808 y 1814, que hemos visto páginas atrás, merece la pena que nos detengamos en una de las primeras manifestaciones en que aflora abiertamente el problema y lo hace en unos niveles nunca antes alcanzados, con planteamientos auténticamente revolucionarios, como no podía ser menos, pues el escenario principal no es otro que las Cortes de Cádiz en la ocasión propiciada por el desquiciamiento institucional que originan los sucesos de 1808. Pero el afloramiento del problema no lo podemos considerar una novedad, sino un episodio más de un proceso que tiene unos antecedentes y que tendrá unos consecuentes, un proceso que nos remonta a los inicios del siglo xviii y ocupa en su desarrollo no sólo el siglo xix, sino también buena parte del siglo xx.

Por otro lado, el episodio que nosotros vamos a considerar es de indudable interés, pues al comienzo del periodo nos encontramos, por un lado, con un Ejército que –por lo menos en apariencia, por lo que ofrece su imagen– es la institución mejor organizada y cohesionada del Estado y, por otro, una clase política con aspiraciones muy diferentes a las que tenían cabida en el modelo de monarquía existente, un modelo de monarquía que desean cambiar, por lo que cuestionan el papel del rey, al que quieren, entre otras cosas, limitar –o quitar– la capacidad que tenía de dirigir sin trabas el Ejército, para consagrar con tal limitación la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. La variante –imprevisible y omnipresente– será la guerra, que dificultará las relaciones entre políticos y militares e impondrá la búsqueda de soluciones más o menos urgentes, más o menos parciales o generales. Pues bien, toda la magnitud y entidad de la cuestión aflora con fuerza entre 1808 y 1810, sentándose sus directrices predominantes en 1811 y 1812, especialmente. Empecemos, pues, por considerar como se posicionan los dos elementos en juego.

Autoridades políticas y autoridades militares: tendencias y actitudes en el umbral de 1808

Una de las imágenes historiográficas de nuestro siglo xviii más difundidas es la de una época de claro progreso, merced al desarrollo de unas actividades económicas impulsadas por círculos burgueses y poco acordes con la mentalidad aristocrática, por más que nuestros Borbones del Setecientos, particularmente Carlos III, se esforzaran en resaltar la dignidad de ciertas prácticas denostadas por la nobleza. Esa valoración, que destacaba el papel de la burguesía, desembocó en el planteamiento de un debate sobre la existencia –o no– de la denominada revolución burguesa en nuestro país durante la última fase de la Ilustración. Evidentemente, se llegaba a ese debate como consecuencia de una “moda” historiográfica y metodológica, pues al desarrollarlo no se hacía más que seguir las pautas que ya se habían marcado por historiadores de países que figuraron a la cabeza del progreso económico y de la revolución burguesa-liberal. De manera que los años sesenta del siglo xx fueron muy intensos historiográficamente a este respecto, toda vez que se buscaron con ahínco las manifestaciones de nuestra burguesía que permitieran esclarecer el origen de la revolución burguesa en nuestro país y mientras algunos encontraron elementos que les permitieron hablar en sentido afirmativo de su existencia –o por lo menos de una mentalidad burguesa–, otros negaron abiertamente que nuestra burguesía tuviera ni la entidad ni la capacidad o conciencia para protagonizar un proceso revolucionario en época tan temprana.

Sin embargo y desde nuestra perspectiva, ese debate –que a la postre no esclareció nada– tuvo una consecuencia tan imprevista como positiva: el replanteamiento y la profundización en el estudio de nuestra burguesía, pues en muchas ocasiones la discusión se planteó en un terreno abstracto y teórico que evidenciaba en muchas ocasiones la falta de estudios pormenorizados sobre los núcleos burgueses españoles en concreto y sobre ese grupo social en general, de manera que la discusión no pasaba de ser en gran medida un mero ejercicio intelectual. Y así, las décadas de los años setenta y ochenta del siglo xx resultaron muy fructíferas para los estudios sobre nuestra burguesía, gracias a los cuales la conocemos bastante mejor, tanto en ambientes concretos y sectores determinados como en su conjunto, por lo que al margen de que admitamos o no la existencia de una revolución burguesa en nuestro país en el siglo xviii, de lo que no podemos dudar es de que desde el reinado de Fernando VI la nueva actitud intelectual empieza a cristalizar y en la segunda mitad del siglo, la Ilustración avanza favorecida por el espíritu reformista de la Monarquía y por hechos tan significativos como la reforma educativa –particularmente la de las universidades–, la creación y proliferación de las Sociedades Económicas de Amigos del País –entre las que encontramos algunos de los núcleos más interesados en los temas económicos y en la mejora de la economía nacional– y la difusión activa y constante –aunque fuera minoritaria– del nuevo pensamiento por medio de la prensa, pues de forma más o menos intensa este tipo de publicaciones se hace eco del progreso.

Es cierto que hubo un sector “tradicionalista”, enemigo de las reformas, cerrado a las innovaciones, contrario a cuanto supusiera cualquier novedad y partidario cerril de la censura que evitara la propagación de la nueva ideología. Pero su lucha resultó baldía, pues las nuevas ideas no pudieron ser controladas y su difusión continuaría hasta completar el ciclo que llevaría a la revolución, ya en el siglo xix. Pues bien, tal es el ambiente en el que cristaliza el pensamiento liberal español, sus portavoces son hombres nacidos, poco más o menos, entre 1745 y 1760, de procedencia generalmente burguesa, quienes tendrán en la Guerra de la Independencia las primeras posibilidades de actuación desde el Gobierno para tratar de establecer el sistema político, social y económico en el que creían39.

Desde esta perspectiva, es posible hablar de “ascensión burguesa” en el siglo xviii, por más que esa ascensión la maticemos en alcance y contenido. Sin embargo, podemos ver cómo tras conseguir inicialmente una significación económica, la burguesía refuerza su significación social para acabar pidiendo participación en la dirección política, una dirección que las circunstancias ponen en sus manos y que a partir de 1808 quiere asumir decididamente, aunque le falte el peso y la fuerza necesaria para ello. Administrativos, gobernantes, togados y demás titulados universitarios son los grupos que aportan los efectivos más numerosos al sector burgués que ahora nos interesa, ese sector que será el protagonista principal de los hechos que se desencadenan a partir de mayo de 1808 y que serán los interlocutores de los jefes militares, pues ellos son los que encarnan la “nueva autoridad” que la milicia debe respetar y obedecer.

Pero no sólo van a ser los burgueses los que tendrán posibilidades de actuar en 1808. Hay otro grupo en la España de ese momento con un gran protagonismo y que llega a la ocasión con una nutrida y eficaz ejecutoria. El hecho de que la nueva monarquía borbónica tenga que consolidar su instauración en el trono español con una guerra –la Guerra de Sucesión española (1702-1713)–, ya resulta determinante en la importancia que el Ejército va a tener en esos años, un Ejército que muestra su fidelidad y que se convierte en el instrumento más seguro y eficaz de la Monarquía recién instaurada y así se manifiesta en los territorios de la Corona de Aragón, sublevados contra el nuevo rey. Precisamente porque necesita un instrumento eficaz y leal, Felipe V no duda en hacer concesiones a los militares y utilizarlos en el control de los territorios sometidos.

De esta forma se iniciaba una “ampliación” de facultades de los militares que irán adquiriendo un protagonismo creciente al servicio del Estado. La figura del militar-administrador empieza a ser sobradamente conocida, encarnada por los capitanes generales y muchos corregidores de la Corona de Aragón, entre otros profesionales de las armas. Particularmente importante es la significación de los capitanes generales por el papel que van a jugar en 1808, toda vez que desde comienzos del siglo xviii adquieren una importancia40 que ya no perderán.

Y como esa importancia no sólo la van a conservar en todo momento, sino que se irá acentuando, de la misma forma que se ha hablado de una ascensión burguesa, se puede hablar con tanta precisión o más de una ascensión militar, en un proceso que tiene semejanzas con el que protagoniza la burguesía, ya que ambas fuerzas sociales tienen un elemento que constituye la base de su fuerza inicial: la economía y el servicio al Estado en el caso del elemento burgués, la administración y la guerra en el del militar; conseguida esa base, se consolida la significación social del grupo y luego afloran sus aspiraciones políticas; además, las circunstancias nacionales parecen actuar de modo que empujan un elemento hacia el otro, toda vez que la burguesía carece de fuerza en sí misma y la buscará en el Ejército para imponerse en el poder y desde allí establecer el régimen político que quiere. Y el Ejército, que ya se ha familiarizado con el manejo y funcionamiento administrativo y que se ha visto inmerso en cuestionamientos que no le eran favorables cuyas repeticiones deseaba evitar –unos cuestionamientos vinculados directamente con actitudes sostenidas desde el poder–, puede pensar con lógica que si se requería su ayuda para un cambio político es porque se reconocía su importancia y, por ende, puede aspirar a dirigir o canalizar ese cambio para conservar el poder, bien por considerarse a sí mismo –es decir, al jefe con mayor capacidad de liderazgo en el momento– como la solución más idónea a la crisis política presentada, bien por evitar que la acción gubernamental de los civiles pudiera volverse contra ellos. A este respecto, nuestro siglo xix es un tejer y destejer constante, como el velo de Penélope, siempre inacabado y tantas veces comenzado.

En los inicios de su ascensión, la burguesía vive bajo el señuelo aristocrático –se ha hablado de la “traición de la burguesía”–, que puede aspirar a hacer realidad con la bonanza económica o desde los puestos del poder, generándose una relación controvertida entre burgueses y nobles con celos, colaboraciones y rivalidades, siendo el Ejército uno de los motivos de fricción, pues no en vano la oficialidad seguía siendo mayoritariamente aristocrática: limitar el Ejército, reducir su significación, confinarlo en las colonias… era la mejor manera de demostrarle a los privilegiados que su hora estaba pasando y que llegaba el momento de los burgueses, de los técnicos, de los expertos, que deberían asumir el compromiso de dirigir la Monarquía sin interferencias de “pasadas glorias”. Ese enfrentamiento, más o menos soterrado a lo largo del siglo, tiene uno de sus mejores exponentes en el que protagonizan Floridablanca y Aranda, pues mientras aquel quiere enviar al Ejército profesional a Ultramar y dejar en la Península a las Milicias Provinciales, el aristócrata y profesional de las armas aragonés reclamaba la consideración y el puesto que, a su juicio, merecían sus iguales sociales y sus compañeros de armas. Esta radical discrepancia en el enfoque de un problema básico es demostración palpable de que el enfrentamiento estaba servido y que no se necesitaban más que unas circunstancias propias para que se manifestara. Pero de momento, la situación se mantiene sin alteraciones. Cuando la Guerra de la Independencia estalle, las cosas cambiarán y habrá llegado el momento de abordar la cuestión con toda intensidad.

El comienzo de la guerra y el afloramiento de las rivalidades

Tras las abdicaciones de Bayona y el levantamiento del 2 de mayo de 1808, civiles y militares han de tomar posiciones respecto a la situación generada por esos hechos. Para los civiles –tuvieran o no vínculos profesionales con la Administración en cualquiera de sus niveles–, la decisión podía responder de manera más clara a motivaciones personales, pues era muy difícil que el aparato institucional condicionara su conducta de manera determinante. No sucedía lo mismo con los militares, cuya disciplina y subordinación, así como el propio espíritu de la institución, favorecían la obediencia a los jefes y la adopción de posturas que superaban la decisión individual para situarse en un plano corporativo o colectivo, como se pudo comprobar en los diversos lugares de la España de aquel año41 sin que faltaran casos en que actuaban al unísono autoridades civiles y oficiales, si bien es cierto que no se trataba de los de más alta graduación.

El desmoronamiento institucional que se produce a raíz de las abdicaciones de Bayona y sus consecuencias, provoca –ya lo hemos visto– una floración de juntas por la geografía española, considerándose todas ellas soberanas y dotadas con un poder supremo. Pues bien, en algunos casos, tales juntas tenían por presidente a un militar, como sucede con Palafox en Aragón, con Blake en Galicia y con el marqués de Santa Cruz de Marcenado en Asturias. De igual manera, cada junta en la medida que pudo trató de organizar su propio Ejército y surgieron milicias de ciudadanos bajo el mando de personas de muy diversa índole.

Como sabemos, tal multiplicación de juntas exigió un proceso de unificación para coordinar esfuerzos y mantener los buenos resultados obtenidos con los éxitos iniciales, llegándose a la constitución de la Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias (25 de septiembre de 1808), aceptada como el único órgano legítimo de la Monarquía y como tal actuó hasta el 29 de enero de 1810, en que se disolvió y dejó sus poderes a un Consejo de Regencia, que asumió la responsabilidad de convocar las Cortes Generales y Extraordinarias, que iniciaron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810.

Mientras se desarrollaba el proceso político que acabamos de esbozar en sus líneas maestras y que hemos visto más detenidamente páginas atrás, aparecieron las tensiones entre las nuevas autoridades y los mandos militares, empezando por las juntas, donde ya disputaron unos y otros por hacerse con los máximos poderes y la representación del rey. Castaños, por ejemplo, se había enfrentado a la Junta de Sevilla. Cuesta, por su parte, apoyado en varias juntas de Castilla la Vieja y León que controlaba, rechazó tanto la autoridad del Consejo como la de la Junta Central y formó una especie de proconsulado militar; Palafox concentraba en Aragón la Administración militar y civil, los miembros de la junta eran militares nombrados por él y mostró abiertamente su descontento en un manifiesto contra la Central ampliamente difundido; el marqués de la Romana llegó al extremo de disolver la Junta de Asturias, dado el nivel que alcanzaron los desacuerdos entre ambas partes. Por otro lado, la Junta Central no quiso nombrar en ningún momento un general que fuera el comandante único o supremo de todas las fuerzas militares y a quien correspondiera la planificación de las operaciones, porque temía que ese jefe militar adquiriera tanto poder que la misma Junta Central quedara supeditada a él en un momento indudablemente crítico tanto para la nación en general, como para el Ejército en particular.

Las tensiones continuaron en el preludio de la convocatoria de Cortes, favorecida por una decisión de la Central, al crear la Comisión de Cortes, que secundó una iniciativa de Lorenzo Calvo de Rozas, intendente del Ejército y vocal de la Junta Central como representante de la de Aragón, quien en su circular de 15 de abril propuso que antes de convocar las Cortes, se abriese un plazo de dos meses para que todo el que tuviera algo que decir por su experiencia o conocimiento sobre la Constitución y las materias del Gobierno pudiera hacerlo elevando sus escritos a la junta. La Comisión de Cortes, siguiendo esta línea, solicitó unas informaciones en su circular de 24 de junio de 1809. En efecto, a fin de que la Junta Central pudiera tener el asesoramiento adecuado y necesario, se consultaba “a los consejos, juntas superiores de las provincias, tribunales, ayuntamientos, cabildos, obispos y universidades, y oír a los sabios y personas ilustradas”.

El cuestionario circulado se componía de ocho temas, dos de los cuales trataban específicamente de cuestiones militares, que también afectaban al Ejército, aunque no de modo tan directo: el relativo a los medios y recursos para sostener la guerra, el referente a los medios de observar las leyes fundamentales y el de mejorar la legislación; sin embargo en estos temas se iban a tocar cuestiones –poder real, igualdad de todos ante la ley, eliminación de jurisdicciones específicas, etc.– en las que la milicia no iba a quedar al margen. En definitiva, el Ejército iba a tener una auténtica piedra de toque en las respuestas a la consulta, motivo por el que no deja de ser sorprendente que entre las ausencias de especialistas que no fueran consultados se encontraran los militares y marinos.

En las respuestas hay actitudes muy diferentes: en unos casos se abstienen de entrar en el tema militar, en otros acuden a los expertos, recurren a antecedentes, cuentan con los militares que tienen en la institución o hacen suyo el plan elaborado por un miembro de la milicia. En cualquier caso, en las respuestas ya encontramos un avance de los temas que luego se debatirán en las Cortes y que van a afectar al Ejército como institución y al uso que de él se pueda hacer, por lo que una de las cuestiones fundamentales que se abordarán será la relación del rey absoluto y el Ejército, al que se considera uno de sus instrumentos clave.

En general, en las respuestas hay una convicción generalizada de que el Ejército necesita una gran transformación, aunque en los momentos que se están viviendo, tal cambio no era pertinente, pues la guerra exigía total atención; por ello, la reforma se abordaría después, si bien se daba por sentado que se necesitaría un Ejército y una Marina permanentes en tiempo de paz y de guerra.

En los escritos recibidos hay propuestas muy variadas, que se refieren en ocasiones a cuestiones internas de las fuerzas armadas, como su organización, reclutamiento, oficialidad, etc., aunque tienen más interés y son más explícitas las que abordan temas de mayor actualidad en el momento, pues la reforma política ya se avistaba en el horizonte y la nueva naturaleza del poder real y los instrumentos a su alcance no iban a quedar al margen de tan trascendente debate, con su correspondiente repercusión en el Ejército como institución nacional e instrumento del Estado.

En cuanto a las dimensiones internas de las fuerzas armadas, se consideraba necesario potenciar la disciplina y, de acuerdo con el principio de que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, convenía acabar con los fueros privilegiados y jurisdicciones especiales, así como abrir los cuadros de mando eliminando las pruebas de nobleza de sangre y aplicando una mejor selección en los ascensos, además de poner fin a las numerosas exenciones sin fundamento en quintas y levas y redefinir la jurisdicción castrense.

Por lo que se refiere a las cuestiones que podían afectar al Ejército institucionalmente considerado, se percibe en las respuestas una convicción muy generalizada de que los ejércitos tienen gran repercusión en la vida política y para evitar que ocurra lo que en tiempos de Carlos IV –pues, según el ayuntamiento gaditano, él y su favorito Godoy habían dilapidado las rentas en mantener un estado militar para asegurar su despotismo– era aconsejable limitar las facultades del monarca en materia militar y, por el contrario, que esas facultades las asumieran las Cortes y los órganos representativos de la nación, ya que si se transigía con la existencia de un ejército permanente era, sobre todo, porque las circunstancias internacionales así lo exigían; como consecuencia de abrigar semejantes reservas, se consideraba que el Ejército profesional permanente –el Ejército de línea, como se le denominaba por lo general en los informes– debería ser muy reducido, mientras que las milicias provinciales, no profesionales, auténtico Ejército de reserva, deberían aumentarse al máximo: compuestas por ciudadanos instruidos periódicamente, que no abandonaban sus ocupaciones u oficios habituales, se consideraba que eran las más apropiadas para la defensa del territorio nacional; sus ventajas eran destacadas en los informes –con algunas excepciones, que se inclinaban por un Ejército reducido, pero bien instruido–, recordando la actuación de éstas en la Guerra de los Pirineos (1793-1795) y apuntando la intuición de que las milicias podrían ser el instrumento para la formación de un Ejército radicalmente diferente al que existía, pues se hablaba ya de la “nación española armada en masa”, de que “toda la Nación debe ser soldado en caso necesario de levantarse en masa” entre otras expresiones y afirmaciones en el mismo sentido. Además, el Ejército no debería servir sólo para su finalidad específicamente militar o castrense; sus efectivos en tiempos de paz podrían utilizarse en obras públicas y otras ocupaciones útiles, de la misma forma que se atribuía una amplísima variedad de prestaciones a la armada.

Con tal bagaje de ideas e informes por lo que a nuestro interés respecta, las Cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 y entre sus urgencias más perentorias figura la necesidad de atender las exigencias de la guerra, por lo que tendrán que plantearse cuáles iban a ser las bases sobre las que se asentarían los ejércitos para que estuvieran acordes con las exigencias del momento, tanto en lo que se refiere a la marcha de la contienda como en el papel que jugarán en el futuro. En esa tarea, las Cortes van a contar con el concurso del grupo de diputados que eran militares y desde el 4 de octubre con la Comisión de Guerra, compuesta por militares42 y nombrada para estudiar los escritos que sobre materia militar llegaran a las Cortes desde cualquier procedencia.

Por lo demás, desde que iniciaron su funcionamiento, las Cortes dejaron muy claro su afán por controlar el ejecutivo encarnado por el Consejo de Regencia que acaba de constituirse, cuyas facultades determinan en el Reglamento Provisional que le atribuyen en 16 de enero de 1811 y sus competencias en el terreno militar van a quedar claramente definidas en las disposiciones emitidas por la asamblea gaditana en los meses siguientes.

Preponderancia civil versus preponderancia real/militar: claves prácticas e ideológicas del conflicto

La actividad legislativa de las Cortes en el plano militar va a mostrar claramente las dos dimensiones que advertíamos en las respuestas a la consulta formulada por la Comisión de Cortes, ya que veremos disposiciones que se refieren a cuestiones orgánicas y otras relacionadas directamente con la dirección y utilización de las fuerzas armadas.

Por lo que hace a las dimensiones internas del Ejército, unas disposiciones enlazan con iniciativas anteriores que no tuvieron proyección posterior, como sucede con la aprobación en 7 de julio de 1811 de la creación –recreación, sería más exacto– del Cuerpo de Estado Mayor y su reglamento, iniciativa que en realidad hay que atribuir al Consejo de Regencia. En otros casos, la novedad legislativa de las Cortes es palpable, como ocurre con la abolición de las pruebas de nobleza para ser admitido en los colegios militares, según el decreto de 17 de agosto de 1811, de muy difícil aceptación, por lo que en 1813 se tuvo que volver sobre la cuestión. En medidas como ésta se puede comprobar cómo la asamblea gaditana acepta propuestas que aparecen en las contestaciones a la consulta de la Comisión de Cortes. Es el caso también de la Orden de 17 de agosto de 1811, que regula los ascensos y prohíbe la concesión de grados militares. Lo mismo cabe decir de la creación de la Orden Nacional de San Fernando con el objetivo de sanear la concesión de recompensas militares –decreto de 31 de agosto–, del mantenimiento de la disciplina –otro decreto de esa misma fecha–, de la posibilidad de eximirse del servicio militar mediante un donativo en metálico –decreto de 9 de septiembre de 1811– y de la reducción de las competencias de la jurisdicción castrense –decretos de 18 de febrero, 25 de agosto y 6 de octubre.

La actividad legislativa de las Cortes, de la que acabamos de destacar lo más significativo en relación al Ejército, corre pareja con los trabajos de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución que debatiría la asamblea reunida en Cádiz, uno de cuyos títulos estaba dedicado a la fuerza militar. Como también se abordaron cuestiones de la entidad de la guerrilla y del corso terrestre, por ejemplo, en las Cortes fue cristalizando la creencia de que era necesaria la reforma completa de las fuerzas armadas, conclusión a la que se llegó tras un proceso iniciado el 28 de diciembre de 1810, con la propuesta global de reformas castrenses que hizo Manuel de Llano y Nájera, diputado y coronel de Artillería; proceso en el que se implicó el Consejo de Regencia y que dio lugar –tras superar no pocos desacuerdos y dificultades– a la constitución de una junta a la que se encargaría la elaboración de la Constitución militar, junta compuesta por profesionales de las armas –que representaban todos los grados desde brigadier a subteniente– y por diputados, uno de los cuales la presidiría. La formación de la junta abrió el debate público y no faltaron proyectos de particulares, que fueron remitidos a las Cortes o publicados; pero los trabajos de la junta avanzaron con tanta lentitud que la guerra concluyó antes de que culminara la tarea para la que había sido designada.

A lo largo de todo este tiempo, la relación entre la autoridad civil y la militar ha sido intensa. En líneas generales, podemos decir que esa relación se ha mantenido sobre todo en la práctica y que hay coincidencia y colaboración en la consecución de algunos objetivos, aunque no falten reticencias militares en aceptar ciertas órdenes o planteamientos civiles, pues los profesionales de la milicia consideraban que en cuestiones bélicas debería prevalecer su opinión. En cambio, en el plano ideológico, en los debates de fondo, los jefes militares con mando de tropas prácticamente no intervienen; lo harían los militares diputados en Cortes, pero en este foro predominan las voces de los civiles, que son los que imponen sus criterios revolucionarios.

Como ilustración de tales realidades hemos seleccionado dos grandes temas: la guerrilla y la organización del Ejército y milicia nacional, temas ambos conectados directamente entre sí y de indudable proyección posterior43.

La guerrilla es uno de los temas que más ha atraído la atención en el plano historiográfico, además de entrar en el mito, en la leyenda y en la literatura. Cuando en septiembre de 1808 se constituye el gobierno de los insurgentes, éste no tardó en percibir las ventajas que las partidas de guerrilleros podían proporcionar a la causa nacional, pero también percibió muy pronto las reticencias de bastantes mandos del Ejército hacia las partidas, que consideraban indisciplinadas y anárquicas. La manera en que se percibía la existencia y actuación de las guerrillas la resume con acierto el conde de Toreno, miembro de la comisión militar, en una de las sesiones dedicadas a debatir sobre la vigencia del reglamento de las guerrillas, dado el curso que llevaba la guerra:

“Persuadida la comisión de… examinar las bases de este plan… no ha podido ni puede menos que aprobarlas; a saber, primera, exceptuar del arreglo las grandes partidas, como son las del Empecinado, Espoz, Sánchez y otras, que verdaderamente han hecho y hacen servicios importantes; y en atención a esto, considerándolas como cuerpos o divisiones de los ejércitos de los respectivos distritos, que obran separadas, no son incluidas en este reglamento, como equivocadamente han dicho algunos señores preopinantes; segunda, que las otras partidas no están constituidas de manera que sean un abrigo de desertores y un cebo para atraerse los soldados y disminuir la fuerza del Ejército, cosa que no puede omitirse de modo alguno, pues si bien las partidas son muy útiles, a nadie que raciocina se le oculta que sólo con ellas difícil es que nos salvemos, y que con un buen ejército es un axioma, a lo menos para mí, la pronta evacuación de nuestro territorio; tercera, arreglar la hacienda o parte económica de las partidas, para que sean la defensa y consuelo de los pueblos, y no su desolación, como lo son muchas compuestas solamente por bandoleros…

Por lo demás, la comisión sabe los servicios extraordinarios de las partidas, desea su conservación y su aumento, mas lo desea de manera que se concilie en lo posible con la existencia y disciplina de los ejércitos y el bienestar de los pueblos”44.

A estas alturas del conflicto, las guerrillas no han podido ser “controladas”, como podemos deducir de la intervención de Toreno, quien admite la existencia de grandes partidas perfectamente organizadas como unidades militares –no olvidemos que las partidas a las que se refiere el conde tienen mandos que son militares, en unos casos o, en otros, con el prestigio suficiente sobre sus hombres para exigirles el respeto de un comportamiento determinado en el combate; además, sus acciones se le recompensan con grados militares–; pero las que verdaderamente preocupan son las partidas incontroladas, que actúan con procedimientos propios de bandoleros y para cuyo arreglo considera que debe proporcionárseles recursos con los que sobrevivir y evitar así que esquilmen a los pueblos. Pero en cualquier caso, Toreno deja de manifiesto que la clave de la victoria está en el Ejército, en un ejército bien organizado, que no debe ser debilitado por las guerrillas. Y en esto coincide con la visión y la opinión de los mandos militares.

Al parecer, el Reglamento de Partidas y Cuadrillas, publicado por la Junta Central en 28 de diciembre de 1808, no había sido muy eficaz. Sus 34 artículos constituyen un todo bastante coherente en las pretensiones organizadoras de la guerrilla, buscando una organización estructurada con el Ejército como referente, cuyo alistamiento lo gestionarían las juntas provinciales o los capitanes generales de los distritos donde se presenten los que quieran alistarse en ellas, aunque se contemplaban singularidades específicas, pues de las partidas no se esperaban acciones de la entidad de las que podían llevar a cabo las fuerzas regulares. Los artículos XXII y XXIII, lo dejan bien claro:

“El ejercicio de los partidarios será interceptar las partidas del enemigo, contener sus correrías, impedir que entre en los pueblos para saquearlos, o para imponer contribuciones, o requisiciones de víveres; e incomodarlo en sus marchas con tiroteos desde los parajes proporcionados.

Cuando se crea conveniente, se reunirán dos o tres o más partidas, para impedir, o disputar cuando menos al enemigo los pasos dificultosos, e interceptar los convoyes, o alarmarlo con ataques falsos, con especialidad por las noches, con el fin de no dejarlo sosegar”.

Estamos, pues, ante una de las dimensiones principales del problema, que las autoridades civiles abordan con unos planteamientos y criterios que merecen el beneplácito de los responsables militares, pero sin gran éxito45. La otra va ser la derivada del trato que los franceses dan a los guerrilleros, a los que no les conceden la condición de soldados y los tratan con toda dureza y crueldad para que sirvieran de ejemplo disuasorio, una situación que la Junta Central trata de solucionar mediante la publicación de la Instrucción para el corso terrestre contra los ejércitos franceses, publicada el 17 de abril de 1809, con la que confirmaba y extremaba la acción de las partidas guerrilleras, autorizándolas a practicar contra los invasores las represalias adecuadas y aconsejando a las autoridades civiles y vecinos que les proporcionaran víveres, armas y monturas, pues recomendaba la formación de partidas de a pie y montadas, así como de francotiradores. Con el paso de la guerra, el criterio de integrarlas en el Ejército regular se ratifica, ya que el Reglamento para los cuerpos francos o partidas de guerrilla, publicado el 28 de julio de 1814, es el último y aborda la difícil cuestión de su disolución, por supuesto con miras a su integración en el Ejército regular.

El tema de las guerrillas, pues, evidencia con claridad dos realidades: una, el interés de las autoridades civiles en que todas las unidades de combatientes quedaran bajo su control, y otra, que para conseguirlo van a arbitrar soluciones inspiradas en el Ejército regular, al que toman como último referente, contribuyendo así a facilitar las aspiraciones de los jefes militares, que desconfiaban de la eficacia de tales partidas. En la práctica de la guerra, los puntos de vista civil y militar parecían moverse en parámetros próximos. En el fondo, no se debatía nada relacionado con la esencia, la función y el empleo del Ejército. Esa será una de las derivaciones que tendrá el debate planteado en la onda de la naturaleza del poder y, por tanto, de las facultades del soberano. Como el mando del Ejército en plenitud era competencia exclusiva del rey en el Antiguo Régimen, al ocuparse de la organización del Ejército el tema saltará a primer plano.

En efecto. Eso queda plenamente manifiesto al debatir el título VIII de la Constitución, denominado “De la fuerza militar nacional”, distribuido en dos capítulos, el primero (artículos 354 a 359) se refiere a las “tropas de continuo servicio”, es decir al Ejército propiamente dicho; el segundo (artículos 360 a 363) trata de las milicias nacionales. Ambos van a enfocarse en el debate a partir del contenido de lo decidido en el artículo segundo de la Constitución, donde se establecía que la nación española “no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”, lo que de manera indirecta cuestionaba ya la existencia de ejércitos reales al servicio privativo del rey.

En el debate del artículo 354, el conde de Toreno hace unas consideraciones y tras referirse a que el Ejército y las milicias constituyen la totalidad de las fuerzas armadas de la nación, discrepa del planteamiento de la comisión y matiza:

“El primero debe estar, en consecuencia, a disposición de la potestad ejecutiva, y las segundas, en una absoluta independencia de ella. El Ejército, porque siendo quien ha de presentar la resistencia a una invasión extranjera, pagado como es inmediatamente por el rey, necesariamente dependerá de éste, el cual, por su naturaleza debe dirigir la guerra; las milicias estarán independientes, porque, consistiendo su principal obligación en sostener la Constitución y las leyes, no han de quedar a las órdenes de aquella potestad, la cual, componiéndose de un solo individuo que perpetúa su autoridad en su familia… tiene un influjo mayor… y, en fin, es la potestad del Estado más propensa a acabar con la libertad, y el obstáculo que debe ofrecérsele es la nación toda ella armada, amante de sus instituciones y pronta a defenderlas. Es cierto que la potestad ejecutiva esté encargada no sólo de poner a la nación al abrigo de una invasión enemiga, sino también de mantener la tranquilidad en lo interior; pero no por eso necesita usar del Ejército para conservar la quietud y tranquilidad dentro del país”46.

De esta forma se ponían sobre el tapete las cuestiones determinantes del problema: por un lado, de quién debía depender el Ejército, quién debía mandarlo y con qué facultades; por otro, qué misiones tendría la milicia, de quién debía depender y en qué términos; y, por último, preservar la nación de la utilización abusiva del Ejército contra ella. Es algo que el diputado Aner resumió con precisión al decir que “uno de los objetos que deben proponerse las Cortes es asegurar de un modo estable la libertad nacional para que no desaparezca por la fuerza de las bayonetas”, pero no se le ocultaba que la dificultad que entrañaban ciertas situaciones le movieron a considerar el papel y la función del ejecutivo, apoyando el parecer de la comisión igualmente con matices:

“Mal podría el rey o poder ejecutivo responder de la seguridad y tranquilidad del Estado si no se le dejasen a su disposición los medios necesarios para ello. Una rebelión, un tumulto (que por lo regular son cosas repentinas), comprometen grandemente la seguridad del Estado, y por los males que causan es preciso atajarlas en el momento que se manifiestan, y mal podría verificarse si el rey no pudiese usar libremente de la fuerza armada en esos lances. Es preciso, pues, convenir con la comisión en que la fuerza armada permanente debe estar a disposición del Gobierno para la defensa exterior del Estado y para la conservación del orden interior… El objeto que se han propuesto muchas naciones en el establecimiento de las milicias ha sido el de disminuir el Ejército permanente y con él los gastos, supliendo sus faltas por medio de las milicias.

Esta idea produce muchas ventajas a la nación, pues además de que siempre cuenta con una fuerza efectiva dispuesta a contener a los enemigos exteriores, no se arranca de la agricultura, artes y comercio millares de brazos que, de otro modo, deberían estar en los ejércitos. Sirven además, como se ha dicho, para proteger la libertad nacional”.

Poco después intervino el diputado Llano, que vuelve a plantear el auténtico problema de fondo, cuando advierte:

“La experiencia de siglos hace ver que las naciones sucumben en el despotismo por el abuso que los reyes han hecho de la fuerza militar destinada y mantenida a tanta costa y sacrificios heroicos para asegurar su libertad, conservando en su seno la tranquilidad. Así, pues, uno de los problemas políticos más difíciles e importantes es fijar la permanencia de una fuerza armada para la defensa exterior, sin que ésta jamás pueda obrar contra sus mismos ciudadanos”.

Cuestión en la que también entra García Herreros, ofreciendo una nueva vertiente en los intentos de solución del problema, que radicaría en una adecuada formación de la oficialidad y tropa, pues dice:

“Parece que se trata de hacer que los medios de defensa del Estado no se conviertan en medios de opresión. A esto, según entiendo, se dirige la formación de estos cuerpos, que habrán de ser un contrarresto al abuso que se quisiese hacer de la fuerza armada permanente. Pero yo creo que lo que se propone no basta para evitar este mal, pudiendo hacerlo únicamente la educación que reciban en adelante los militares”.

La dignificación de la condición de soldado, la eliminación de las exenciones y el que no se obligue a la tropa a la realización de trabajos que la envilezcan son condiciones que facilitarán que todos se presten “gustosos a servir, sin que suceda lo que ha sucedido hasta aquí, que la familia de donde salía uno para soldado ya le lloraba como perdido. De esta manera se formarán soldados ciudadanos, que nunca podrán contribuir a la opresión de su patria”. La intervención de García Herreros sirve para abordar la cuestión siempre espinosa del reclutamiento, en el que la milicia podía tener un papel destacado, como pone de manifiesto Argüelles:

“Una sabia constitución de la milicia nacional podrá proporcionar al Ejército permanente un aumento útil siempre que lo requieran las circunstancias, sin perjudicar a las diferentes ocupaciones de la vida civil. En esta parte podrá considerarse la milicia nacional como el plantel de los ejércitos, y en algunos casos como tropa auxiliar, siempre que obre en cuerpos de milicias organizados; esto es, podrá considerarse en los movimientos de apuro como un suplemento a la fuerza de línea… La necesidad de conservar en tiempo de paz un Ejército en pie más o menos numeroso no hay duda que pone en conocido riesgo la libertad de la nación. El soldado, por el rigor de la disciplina, queda sujeto a la más exacta subordinación: su obligación es obedecer; y este principio… es cabalmente el que tiene una tendencia al abuso por parte de los jefes o de la autoridad que manda la fuerza…

El derecho exclusivo que se reservan las Cortes de otorgar contribuciones y levantamientos de tropas, la reunión anual con las demás precauciones tomadas en la Constitución, pueden, hasta cierto punto, evitar los inconvenientes de un Ejército permanente. Para afianzar estas precauciones se ha ideado la milicia nacional”.

Pero no todos los diputados muestran desconfianza respecto a las facultades del rey sobre el empleo abusivo de la fuerza armada. También los hay partidarios de que el monarca siga siendo el máximo jefe del Ejército permanente, pues mudanzas demasiado grandes podían producir cambios irreversibles. Así lo manifiesta Oliveros, cuando dice:

“Considérese la inmensidad de los países españoles, y no podrá negarse que al rey se le debe conceder, en cuanto convenga, la facultad de disponer de las fuerzas militares permanentes que sean necesarias para la conservación del orden interior en tanto número de provincias.

Se sustituye al plan de la comisión por… otro que destina las milicias al objeto expresado, añadiendo que el rey no pueda usar de ellas sin licencia de las Cortes; esto es lo mismo que decir que las Cortes cuiden del orden público y que el rey sea el agente o general de las Cortes, medida que trastornaría la Monarquía y establecería en la nación otra clase de gobierno; y yo creo que el resultado sería la disolución del Estado”.

Tampoco faltan opiniones discrepantes del espíritu predominante en la discusión, que acepta la existencia de un Ejército permanente y de las milicias. Voces discrepantes que invocan el principio de igualdad que el liberalismo revolucionario proclama. Tal es, por ejemplo, el caso del diputado Borrull, que dice:

“Me opongo a la formación de los cuerpos de milicias provinciales, pues considero que no se debe limitar la profesión de las armas a un corto número de sujetos, sino que todos han de instruirse en la misma para estar prontos y en disposición de acudir desde luego a la defensa de la patria”.

Consideramos suficiente el muestrario de opiniones que acabamos de recoger para mostrar lo encontrado de algunos pareceres, pues frente a los que proponen una clara limitación de las facultades reales en lo que al Ejército se refiere, otros sostienen la conveniencia de que el rey siga siendo el responsable de la utilización de la fuerza armada; en medio de ambos extremos, caben todos los matices en lo que podemos considerar palpable evidencia de que las opiniones no eran unánimes y que los liberales trataban de garantizar la pervivencia del régimen que estaban levantando, en el que el Ejército permanente debería ser más bien de proporciones reducidas, para emplearlo contra un enemigo exterior y procurando que su utilización ofreciese todas las garantías, por eso piensan como contrapunto en la milicia nacional.

A tenor de lo sucedido posteriormente –triunfo militar sobre los franceses, regreso de Fernando VII, restauración del absolutismo anulando todo lo realizado por las Cortes de Cádiz, pronunciamientos militares, restablecimiento del liberalismo en 1820, etc.–, poco importan en la práctica los resultados del debate que acabamos de resumir en su esencia, pues no fueron duraderos de momento. Pero sí es importante para considerar que el tema debatido era de tal entidad que las instancias militares no podían permanecer ajenas al mismo y por lo ocurrido con posterioridad podemos considerar que la cúpula militar también se divide entre los que permanecen leales al rey absoluto restablecido y los que han optado decididamente por las nuevas ideas.

En definitiva, la Guerra de la Independencia precipitó una cuestión de gran entidad que permanecía soterrada y que fue realidad recurrente a lo largo del siglo xix.

35 Todavía conserva su utilidad el “clásico” trabajo del conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, 1835-1837, 5 vols; como lo demuestran las numerosas reediciones que ha tenido desde que apareciera hace más de siglo y medio.

36 M. Artola, Los orígenes de la España Contemporánea, 2 vols., Madrid, 1975, especialmente el vol. i.

37 Jovellanos salió paladinamente en su defensa con su Memoria en defensa de la Junta Central, Oviedo, 1811, reeditada en 1992, 2 vols. Junta Central, Regencia y Cortes.

38 E. Martínez Ruiz, “El largo ocaso del ejército español de la Ilustración: reflexiones en torno a una secuencia temporal”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 22 (2004), pp. 453-486.

39 Para todas estas cuestiones y las que siguen, así como los diferentes cauces por donde discurre el proceso que culmina en 1808, remitimos a E. Martínez Ruiz, “La vertiente política de la crisis del reinado de Carlos IV (1788-1808). Intento de valoración bibliográfica”, en P. Molas Ribalta, (ed.): La España de Carlos IV, Madrid, 1989, pp. 141-167; el lector encontrará en esas páginas referencias bibliográficas complementarias.

40 41 Véase E. Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808): los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, Alicante, 1990 y “Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de los capitanes generales sobre los togados en los primeros años de la nueva planta”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 22, 2004, pp. 251-270. En esta misma revista, F. Andújar Castillo, “Capitanes Generales y Capitanías Generales en el siglo xviii”, pp. 291-320.

41 Sobre el panorama que trazara el conde de Toreno en su clásica obra Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, tantas veces editada, A. García Gallo ha resumido así la situación en lo que se refiere a los militares: “Dado el espíritu de obediencia ciega a las autoridades superiores característico de la Monarquía del Antiguo Régimen cabía temer que esta obediencia les llevaría a oponerse a toda perturbación de la legalidad formal. El temor no era infundado. Sólo en Mallorca, y en algún otro punto, fue el capitán general de la Isla quien convocó a las otras autoridades para organizar un gobierno en nombre de Fernando VII. En otras partes la iniciativa la tomó el pueblo y las autoridades le secundaron fácilmente, como en Sevilla y en León; o contra su voluntad, el pueblo tuvo que imponerse, destituir a las autoridades y nombrar otras nuevas, como en Oviedo, en La Coruña o en Zaragoza; o incluso dar muerte a las que se oponían a él, como en Cádiz y Badajoz. Sólo allí donde las tropas francesas eran considerables –Madrid, Barcelona o Vascongadas–, no pudo organizarse el alzamiento”, “Aspectos jurídicos en la Guerra de la Independencia”, en Estudios de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 1965; p. 97.

42 Estaba formada por: el teniente general Francisco Ramón Eguía, los mariscales de campo Francisco Álvarez de Toledo y Gregorio de Laguna, el brigadier Antonio Zuazo, los coroneles Manuel de Llano y Francisco Fernández Golfín, el teniente coronel Ramón Sanz Sánchez, el capitán de fragata Ramón Power Girat, el teniente de navío José Álvarez de Toledo y el alférez de fragata José Alonso López.

43 “Las Cortes tenían una concepción del Ejército que descansaba esencialmente en la idea de que fuera de los actos de servicio el militar tenía la misma categoría y condición que el civil. Esta idea, por extraño que en principio parezca, estaba estimulada por la participación directa del pueblo en la guerra, que, en cierto modo, nivelaba en una misma condición a ambas actividades, la bélica y la cívica… García Herreros, diputado por Soria, con su acostumbrada perspicacia, definió concisamente otro aspecto de la cuestión que a los legisladores no se les había pasado por alto: la posibilidad de los pronunciamientos militares. “Se trata de hacer –dijo– que los medios de defensa del Estado no se conviertan en medios de opresión”. “No hay duda, a mi juicio, que esta idea llevó a la formación de una milicia nacional, imitada de la francesa, que organizada por provincias garantizaría en último extremo la libertad e independencia nacionales. El lector no ignorará el activo papel que desempeñó más tarde en la vida pública la Milicia Nacional, uno de los tópicos literarios, por otra parte, de los novelistas decimonónicos”. Así escribía E. Tierno Galván (dir.), Actas de las Cortes de Cádiz. Antología, Madrid, 1964; vol. 1, p. 473, 2 vols.

44 Intervención del conde de Toreno en la sesión del 9 de agosto de 1811, una de las que darían lugar a la Orden de 15 de septiembre de ese año “con varias prevenciones para las partidas de guerrillas”.

45 Así los señala G.H. Lovett: “A lo largo de toda la guerra, el Gobierno, ya se tratase de la Junta o de la Regencia de Cádiz, hizo cuanto estuvo a su alcance para mantener su autoridad entre las partidas guerrilleras, para subordinarlas en el combate al Ejército regular y para dotarlas de organización militar regular. En este particular sólo logró contados éxitos. Muchas de las partidas eran refractarias a todo tipo de autoridad y sólo estaban dispuestas a escuchar a sus jefes. Por otro lado, el Gobierno quedaba muy lejos…”, en La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España Contemporánea, vol. ii. La lucha dentro y fuera del país, Barcelona, 1975, p. 239

46 Éste y todos los entrecomillados que siguen pertenecen a las intervenciones de los diputados que participaron en el debate de la sesión del día 16 de enero de 1812, dedicado al Título VIII de la Constitución, relativo a la fuerza militar nacional.

En la hora del balance

Las destrucciones. El legado y el mito

Hacer un balance de la Guerra de la Independencia resulta un tanto complejo, pues puede ofrecer muchas vertientes y no todas gratificantes. Desde nuestra perspectiva actual –y en la onda del aniversario que se avecina–, tal vez merezca la pena centrarnos en los aspectos que se señalan en el título: las destrucciones originadas por el conflicto y cómo pervive en el recuerdo de las generaciones posteriores.

Y así, de entrada, podemos señalar que en el plano demográfico, la sangría es grande y puede comprobarse su incidencia en cualquier pirámide o gráfico de población, advirtiéndose en esos años la interrupción de la tendencia procedente del siglo xviii, una tendencia que no vuelve a consolidarse hasta varias décadas después. Los cambios económicos tuvieron importantes consecuencias. De manera general, podemos considerar que el desarrollo perceptible en el reinado de Carlos III se ralentiza bajo el de su sucesor y queda interrumpido completamente por la guerra. Las reformas económicas de los diputados gaditanos, la destrucción de medios seculares de vida, la sublevación y posterior pérdida de nuestras colonias continentales americanas van a obligar a un reajuste de todo el dispositivo económico español que tardará lustros, igualmente, en adaptarse a las nuevas circunstancias, lo que tiene otro inconveniente añadido no sólo en la detención de la construcción de caminos, sino también en los daños causados por la guerra a la infraestructura viaria, en particular la destrucción de puentes y el taponamiento de desfiladeros o pasos difíciles con el fin de obstaculizar o impedir los movimientos de los ejércitos regulares y entorpecer las comunicaciones.

Los desastres de la guerra

Para cualquiera que repase la ingente cantidad de testimonios gráficos que nos han quedado de la Guerra de la Independencia, la primera evidencia que saltará a sus ojos es el gran número de destrucciones en edificios, obras de arte, instalaciones de todo tipo e infraestructuras. Protagonistas del conflicto, coetáneos, viajeros… todos coinciden en señalar la gran perdida que sufrió el país como consecuencia de la guerra.

Uno de los sectores más dañados fue la red caminera española, que había experimentado pocos cambios desde el impulso constructor de los primeros Borbones del siglo xviii. El hecho de que los caminos con capacidad de admitir una cierta intensidad de circulación rodada fueran pocos y de estructura radial, les confirió una gran importancia militar y les impuso un alto nivel de utilización, lo que provocó que sufrieran frecuentes deterioros, cuya reparación exigiría un respuesta pronta, aunque fuera provisional, pues el Ejército que se retira perseguido por el enemigo destruye puentes, provoca interrupciones en el trazado y utiliza cualquier medio para impedir la progresión del contrario. Esos mismos males se advierte en la red caminera secundaria y en los caminos comarcales y locales, donde las reparaciones son bastante más lentas, si es que se producen.

Evaluar estas destrucciones es muy difícil, pero por los datos fragmentarios que poseemos y las noticias que ofrecen repertorios como el Diccionario de Madoz, se puede apuntar –con algunas reservas– que los daños en la infraestructura caminera española fueron de tal entidad que se necesitaron varias décadas para devolverla al estado anterior a la guerra, de forma que hasta el reinado de Isabel II no se advertirá claramente la mejora en el sector, una mejora significativa por el esfuerzo constructor que se desarrolló en la era isabelina.

Y con las comunicaciones, los diversos sectores económicos van a verse seriamente afectados por la guerra, particularmente el sector primario, pues agricultura y ganadería son especialmente valiosas para un Ejército en campaña, ya que la primera le va a proporcionar alimentos a él y a los animales que lleva y la segunda le suministrará carne y le permitirá reponer las bajas en la caballería y en las acémilas que transportan los bagajes. Más graves son las destrucciones que los soldados causan: la aplicación de la táctica de tierra quemada provocó que comarcas enteras fueran asoladas y arruinadas, cosechas destruidas y campos y bosques arrasados. De esta forma se comprenden las numerosas peticiones de moratorias en el pago de las rentas de la tierra que formulan los vecinos y las quejas de los propietarios que denuncian que dichas rentas han sido cobradas, pero no por ellos, sino por los ejércitos o los guerrilleros. En otras ocasiones, las rentas son confiscadas y las contribuciones impuestas son tan excesivas que las rentas no las cubren, con gran malestar de los propietarios. Con semejante panorama no puede sorprender que se produjeran numerosas peticiones para la venta de pequeños mayorazgos y salir así los vendedores de la “penuria y pobreza que en el día cunde a los individuos de todas clases”.

Pero en numerosas ocasiones las ventas son imposibles por la desmonetarización imperante, desmonetarización que provoca, además, la ruina de numerosos negocios y empresas de los sectores secundario y terciario e impide el pago en metálico de las rentas de las tierras a los propietarios.

Uno de los mejores exponentes de la ruina del sector secundario es lo sucedido en Cataluña, el principal núcleo industrial español por aquellas fechas, particularmente la barcelonesa, de la que sólo se salvan algunas industrias de indianas, ya que el resto es anulado y busca la supervivencia estableciéndose en pequeñas unidades en la periferia de la ciudad. En conjunto, la Cataluña litoral salió peor librada que la del interior, pero en general la población ha sido reducida a una pobreza extrema por las exacciones a las que ha estado sometida, de manera que ha pagado a Francia diez veces más dinero que al gobierno español anterior, manifestación de una dura ocupación que han sufrido otras villas catalanas, más o menos próximas a Barcelona, como Gerona –devastada por completo– y Tarragona –bombardeada e incendiada por los franceses en 1811 y por los ingleses en 1813–, buenos testimonios de la incidencia de la guerra en la ciudad, aunque en este particular el caso más significativo es, sin lugar a dudas, Zaragoza, reducida a un montón de escombros después de los dos asedios.

Tampoco escapan a la ruina los elementos más “modernos” del sector industrial. Por ejemplo, la Compañía de Lonjistas de Madrid en septiembre de 1810 ya había consumido sus efectivos dinerarios para pagar los intereses a sus clientes y los Cinco Gremios Mayores de Madrid se quejaban de que les habían embargado y puesto a la venta sus manufacturas y efectos. Otras compañías financieras, saneadas antes de la guerra, habían colocado inversiones en fábricas diversas, inversiones que se malogran como consecuencia de la descapitalización, viendo que la producción se detiene y sus productos son embargados y vendidos.

Pero la cadena de ruinas no se para ahí. El poco dinero líquido existente y la obligatoriedad de cubrir con él las contribuciones de una y otra parte va a causar la decadencia de muchos pequeños comercios afectando tanto a los propietarios como a sus trabajadores, argumentando aquéllos la conveniencia de encontrar una solución menos gravosa, pues de exigirse en su totalidad, muchos dependientes irían al paro y eso podía empujarles a convertirse en vagos y maleantes o, lo que podía ser peor, en guerrilleros.

Y no digamos de lo mal parados que salen los inversores y ahorradores, no importa el bando donde se encuentren. Por ejemplo, en octubre de 1812, un real decreto de José I autorizaba al Banco Nacional de San Carlos, a los Cinco Gremios Mayores de Madrid y demás establecimientos públicos comerciales de la Corte a retener las escrituras, imposiciones, pagarés, rentas vitalicias y sus intereses durante la guerra, lo que impedirá retirar sus fondos a cuantos los tenían allí depositados. Por otra parte, la desvalorización del papel moneda y de los vales reales desde su primera emisión en 1772 hasta 1811 había alcanzado el 92 por ciento de su valor al convertirlos en metálico. Tal desbarajuste financiero se dejaría sentir con dureza a la hora de pagar a jubilados civiles y militares y a funcionarios del Estado, entre otros, cuya situación se complica aún más por la división política imperante.

Como ya hemos adelantado, la escasez de recursos provoca la miseria, el hambre y la desnutrición con unas consecuencias tan demoledoras entre la población que, posiblemente, las epidemias y el hambre hayan causado más muertes que las armas de fuego. En efecto, azotes apocalípticos fueron el tifus, la disentería, la llamada fiebre de las prisiones y la dura crisis de subsistencias de 1812, que diezman a la población mal alimentada y muy debilitada: la consecuencia demográfica general fue la inversión en 1809-1810 y en 1812 de la tendencia alcista iniciada en el siglo anterior.

Valgan estas breves e incompletas notas para mostrar algunas incidencias sociales y demográficas de las consecuencias económicas de la Guerra de la Independencia. Pero sus repercusiones negativas se perciben también en otras dimensiones, como la destrucción del patrimonio artístico, que padecen sobre todo las ciudades sitiadas y conquistadas. Por ejemplo, los franceses en sus asedios bombardean los edificios para desmoralizar a los habitantes y debilitar la resistencia y no hacen distinciones entre lo que pueden ser edificios de valor artístico e histórico reconocido y las casas de los vecinos; de la misma forma, cuando se retiran y abandonan una fortificación o una ciudad van a destruir cuanto pueda ser utilizado por el enemigo al ocupar la plaza abandonada y así son reducidos a escombros conventos, castillos, palacios, ciudadelas, fortalezas, murallas… Ahora bien, a las destrucciones de los franceses hay que añadir las de los ingleses y españoles. Los saqueos ingleses de las ciudades españolas que conquistaban eran proverbiales y los mismos españoles, en sus golpes de mano o en sus retiradas, también demolían aquellos edificios susceptibles de ser utilizados por el enemigo, de forma que los tres ejércitos o combatientes de las tres nacionalidades van a contribuir a la destrucción del patrimonio artístico español, que queda duramente afectado por el conflicto con muchas pérdidas tan valiosas como irreparables.

Pero si la guerra causa destrucciones en la ciudad, también provocará modificaciones en su fisonomía: unas veces para prepararlas mejor para su defensa (reforzamiento y elevación de las murallas, construcción de baluartes o ciudadelas, profundización de los fosos, etc.) y otras –las menos– para embellecerlas, como sucede con Madrid, Burgos y Granada, por citar unos casos.

La “inútil” reacción

Los años de nuestra guerra contra Napoleón constituyen la primera etapa de la revolución liberal en España. La transición del absolutismo al liberalismo exigió en nuestro país tres etapas que se suceden en las primeras cuatro décadas del siglo xix: la segunda etapa la constituye el Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823) y la tercera y definitiva se inicia con la elevación al trono de Isabel II en 1833 y la derrota de los carlistas en la Primera Guerra Carlista o Guerra de los Siete Años (1833-1840).

A la vista de tal proceso, resaltan dos evidencias: una, que la reacción contra todo el proceso revolucionario auspiciado por las Cortes de Cádiz la encarna el rey Fernando VII; otra, que la reacción fernandina a la postre no hace más que retrasar el establecimiento del liberalismo, razón por lo que podemos considerarla “inútil”, en el sentido de que no anuló sino que pospuso.

Pero la reacción se produjo. Nada más regresar a España, Fernando VII restableció el absolutismo. Cuando finalizando el año 1813 firmaba con Napoleón el tratado de Valençay, ignoraba prácticamente todo lo que había sucedido en España y creía que volvía a la situación existente en la primavera de 1808. Pero nada más cruzar la frontera y en su lenta marcha hacia Madrid, no tardará en percibir que se han producido cambios, aunque de momento no pueda hacerse idea de su magnitud y se convertirá doblemente en el Deseado, desbordando la dimensión popular de ese apelativo creado durante la guerra como consecuencia de ser el soberano añorado por su pueblo defensor denodado de sus derechos dinásticos. En 1814, una vez en libertad y en España, será el deseado por la clase política: los liberales esperaban su regreso porque aspiraban a que el rey ratificara la labor modernizadora y revolucionaria que había puesto en marcha en los años precedentes; los absolutistas y una parte significativa de la cúpula militar añoraba su regreso para que acabara de un plumazo con la labor de las Cortes gaditanas y restableciera el absolutismo y los cauces tradicionales de la vida política, económica y social española.

El carácter del rey y la concepción que tenía de su poder como soberano hicieron el resto. Fernando había nacido en 1782 y desde niño mostró una gran reserva y frialdad de carácter, de lo que en parte se ha responsabilizado a su preceptor Juan de Escoiquiz, del círculo de Godoy: él sería el causante del primer roce serio del príncipe con su padre Carlos IV, cuando aquél manifestó su deseo –instigado por Escoiquiz– de asistir a las reuniones del Consejo y al despacho del rey, algo que no consintió el monarca, quien desterró al preceptor como arcediano de Alcaraz.

Posiblemente, lo único que se pueda decir –que no es poco– en descargo de Fernando sea que los años en que se moldeó su carácter como hombre no fueron fáciles para él: la relación con su madre y el favorito nunca fue buena y ello salpicaría la estima por su padre, de la misma forma que dificultaba su posición en la Corte, siempre temeroso de la omnipotencia de Godoy, al que odiaba mortalmente. Tales condicionantes no favorecían un carácter abierto, sino todo lo contrario, ayudando su inclinación a la doblez y a la intriga, actitudes que se ven reforzadas por su primera esposa, la princesa napolitana María Antonia de Borbón, su prima, con la que casa en 1802. Educada en un ambiente antinapoleónico, cuando la princesa llega a Madrid advierte la relación existente entre Godoy y el francés, de manera que se muestra claramente enemiga del favorito español y se inmiscuye en la política cortesana con intrigas que favorecen la aparición del partido fernandino con una importante facción cortesana enemiga de Godoy por cabeza (Escoiquiz, los duques del Infantado, de Montemar y de San Carlos, los marqueses de Ayerbe y de Valmediano y los condes de Teba, de Orgaz, de Villariezo y de Montijo). María Antonia murió en 1806 y su desaparición significó un cambio de rumbo en el partido fernandino, ya que al desaparecer la principal –y única– instigadora contra Napoleón, el grupo buscó el acercamiento al emperador francés, con quien Fernando buscó sin éxito enlazar familiarmente mediante su segundo matrimonio con una de sus sobrinas.

El motín de Aranjuez, el endurecimiento de las relaciones con sus padres, su falta de entereza en Bayona, las condiciones de su cautiverio, el servilismo mostrado a Napoleón y el afán de sobrevivir y superar tan adversas circunstancias por todos los medios no contribuyeron a que el carácter de Fernando mejorara, es más se acentuaron sus tendencias infantiles y juveniles favoreciendo el incremento de la tendencia a la malicia, la reserva y la intriga, rasgos de su carácter que son claramente percibidos por quienes lo trataron durante su exilio forzoso. El embajador La Forest hablaba de él en 1814 en sentido muy poco favorable y ya señalaba defectos y vaticinaba comportamientos con una visión que podemos calificar de premonitoria. En efecto, el embajador empezaba por señalar que el rey español, de presencia imponente, era buen conversador en su círculo íntimo, pero no en público –era capaz de “charlar”, pero no de “hablar”–; expresaba con claridad las ideas simples, pero no salía bien librado cuando tenía que desenvolverse con ideas más complejas y lo peor de todo es que en Bayona se habituó a escuchar a sus criados –en realidad, continuó con esa costumbre que ya tenía en Madrid cuando era príncipe–. Por eso La Forest advertía que si no perdía esa costumbre, se desencadenarían muchas intrigas a su alrededor y serían los mejores ministros quienes las sufrieran. La aparición de la Camarilla en el entorno del rey poco después de su regreso a España, confirmaría puntualmente tan aguda observación.

Pues bien, con estos antecedentes, en una España libre de ingleses y franceses, considerándose seguro en el trono, animado por los absolutistas que salen a su encuentro convenciéndole de que su vuelta y el retorno a la situación anterior a 1808 eran la salvación de la nación, de la población y de la Monarquía, Fernando no tuvo necesidad de más y decidió anular todo lo realizado por las Cortes liberales. Éstas, que ya estaban establecidas en Madrid, con el consentimiento del Consejo de Estado declararon el 2 de febrero de 1814 que antes de ejercer como rey, Fernando VII tendría que jurar la Constitución y determinaron el itinerario que debería seguir desde la frontera catalana por Valencia hasta Madrid. Sin embargo, Fernando desde Figueras se desvió a Zaragoza y de aquí fue a Valencia, comprobando que contaba con apoyos militares y políticos para firmar los famosos decretos del 4 de mayo declarando “nulos y de ningún valor” los decretos de las Cortes y la Constitución de 1812.

No faltaron hechos que parecían aprobar con entusiasmo la decisión del rey. Por ejemplo, los recibimientos tributados en las poblaciones de tránsito fueron apoteósicos; las gentes desenganchaban los animales de su carroza y ellas eran quienes la arrastraban, coreando vivas al soberano y a la Inquisición; en Valencia, la gente arrancó la placa que titulaba la plaza ante la Virgen de los Desamparados como plaza de la Constitución y la sustituyó por otra donde ponía plaza del rey Fernando VII. Ejemplares de la Constitución fueron quemados públicamente en Vitoria, Zaragoza, Badajoz, Murcia… Parecía como si el pueblo que había luchado por su rey no deseaba que su poder sufriera ninguna restricción. Incluso algunos liberales abdicaron de su postura para no ir contra corriente o por un oportunismo ocasional, como el mismo Espoz y Mina, que encerró un volumen de la Constitución en una caja y lo hizo fusilar por un pelotón. En definitiva, parecía como si el sentimiento monárquico –ese sentimiento que Napoleón no pudo entender– se manifestara en plenitud y diera sentido a los años pasados de sufrimientos y penalidades, un sentimiento que impulsaba a someterse a un soberano con todo su poder intacto.

Y si el sentimiento monárquico había sido un motor y ahora se manifestaba con entusiasmo, lo mismo sucedía con el sentimiento religioso, no en vano el clero había sido uno de los principales instigadores contra Napoleón y sus hordas racionalistas, masónicas y ateas. Desde los púlpitos se predica contra el invasor, causa de todos los males de la Patria; se justifica la resistencia activa y la violencia contra el francés, como se comprueba en los textos de los numerosos sermones y catecismos que circularon por entonces. Curas y frailes empuñaron las armas contra los imperiales y fueron componentes de bastantes guerrillas, como la iconografía de la época demuestra, además de las numerosas referencias que aparecen en las fuentes y en la historiografía. El apoyo clerical a la insurrección la eleva al nivel de cruzada contra el ateísmo y el anticlericalismo, al tiempo que estimula la religiosidad en el contexto de la renovada alianza entre el Altar y el Trono. Por eso veremos aumentar el número de misas de difuntos, los actos de acción de gracias, las oraciones religioso-patrióticas, las procesiones, las rogativas, etc. en lo que es una revitalización del espíritu religioso, pues al fin y al cabo se ha luchado por la defensa de la religión verdadera de la misma forma que se ha combatido por el soberano legítimo. Con la victoria había motivos para congratularse por ambas cosas y agradecer a Dios su protección.

Semejante ambiente –religioso, absolutista y reaccionario– era fomentado por medio de una literatura editada y recomendada a los españoles de la inmediata posguerra, buscando la instalación del régimen absolutista en medio de una aquiescencia general con el consiguiente anatema sobre todo lo que oliera a liberalismo o reforma. Por ello, se incitaba a la lectura de obras edificantes, de sermones, de escritos antiafrancesados, de himnos patrióticos, de escritos políticos críticos de la Revolución Francesa…, se minimizaba la significación de la Constitución, si no se la denigraba y con mucha frecuencia en himnos, canciones y poemas se cambiaban los nombres por el de quien no ha tenido ninguna parte activa en los seis años anteriores: Fernando VII.

Pero los liberales mayoritariamente no aceptaron esta vuelta atrás y los que no emigran, conspirarán contra el absolutismo en el interior de España. Empezaba así una dinámica, cuyo resultado final haría inútil la reacción fernandina, pero lo que podía haberse consolidado en 1814 sufrió un “aplazamiento” de dos décadas. El liberalismo iniciado en Cádiz acaba, por fin, de abrirse paso en la política y la sociedad españolas.

Los Cien Mil Hijos de San Luis (1823): ¿La Guerra de la Independencia rediviva?

En el proceso que va desde 1814 hasta la muerte de Fernando VII en 1833, hay una fecha en la que merece la pena reparar: 1823, porque en ese año se produce una nueva invasión francesa, de nuevo conectada con la trayectoria de la política internacional europea, aunque de signo muy diferente a la de 1808.

En efecto. Derrotado Napoleón, sus vencedores reunidos en el Congreso de Viena (1815) –en el que llevan la voz cantante Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña– se proponen restablecer en Europa el orden existente antes de producirse la oleada revolucionaria francesa: se inauguraba así el periodo de la historia continental conocido como la Restauración, pues se pretendía restaurar la situación existente antes de la marea revolucionaria y napoleónica, restauración que se busca realizar teniendo en cuenta, sobre todo, el legitimismo dinástico. Tras el Imperio de los Cien Días –la última tentativa napoleónica por recuperar el papel perdido–, el zar Alejandro I logra construir con Austria y Prusia la Santa Alianza, un acuerdo de los soberanos para defender sus derechos legítimos incluso contra sus propios súbditos y garantizar la paz internacional. Gran Bretaña, por su parte, firma con Rusia, Prusia y Austria el tratado de la Cuádruple Alianza para evitar cualquier nueva perturbación continental causada por Francia. Para reprimir el liberalismo en el interior de los Estados, el canciller austriaco Metternich supo unir el espíritu de la Santa Alianza con las reuniones periódicas que preveía la Cuádruple: nace así la Europa de los Congresos (Aquisgrán, 1818; Troppeau, 1820; Laibach, 1821 y Verona, 1822). En el de Aquisgrán, Francia es admitida en la Cuádruple y se constituye así la Europa de la Pentarquía; en los demás se trataba de poner coto –con éxito– a las revueltas liberales de los inicios de la década de 1820.

Una de esas revueltas tuvo lugar en España, como consecuencia de los trabajos conspiradores de los liberales, descontentos con la política absolutista de Fernando VII, contra la que protestaron mediante pronunciamientos militares, uno de los cuales, el de Riego y Quiroga en Cabezas de San Juan en 1820, consiguió el derrocamiento del absolutismo y que el rey –al menos externamente– admitiera la vuelta al régimen constitucional: se abría el Trienio Liberal (1820-1823). En esos años fueron los absolutistas quienes trabajaron para derrocar el régimen establecido que se desenvuelve en medio de la desaprobación y hostilidad del ambiente internacional existente en la Europa de la Pentarquía. Será la intervención extranjera, precisamente, el elemento decisivo en la caída del régimen liberal, cuya pervivencia iba en contra del espíritu de la Santa Alianza. El pronunciamiento de Riego, por ser la primera acometida victoriosa contra el sistema de la Restauración había adquirido tal popularidad que los revolucionarios de Portugal, Nápoles, Roma, Lucca, Elba y Piamonte lo tomaron como modelo. En el congreso de Verona se decidió la intervención en España de una fuerza francesa –los Cien Mil Hijos de San Luis– para reponer a Fernando VII en el trono español en la plenitud de sus derechos absolutistas.

En cumplimiento de tal acuerdo, la Francia de Luis XVIII prepara un Ejército que entraría en España a los nueve años de haberse retirado derrotadas las tropas napoleónicas. ¿Qué reacción se iba a producir entre los españoles ante la nueva invasión? Es cierto que las circunstancias eran muy diferentes, pero el recuerdo de la gesta de la Independencia permanecía vivo, algo que no pasa desapercibido a los franceses, que quieren evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento con el pueblo español, cuestión clave a la que supeditarán todo el planteamiento y desarrollo de la intervención.

Por lo pronto dejan muy claro que no se trata de una acción antiespañola, sino que va dirigida contra la revolución y el liberalismo, un mensaje cuando menos tranquilizador para la gran mayoría de la población, en la que aún no habían arraigado las ideas liberales: quedaba claro que no iban a atacar al rey ni a la nación y que no había ninguna intención conquistadora. Como además entre los españoles ya había surgido la división política, si se producía alguna reacción ante la presencia de las tropas francesas ésta no iba a ser tan unánimemente hostil como lo fuera en 1808. Con esa idea de no dar el menor motivo para que se produjera la sublevación, el duque de Angulema puso especial cuidado en que se nombraran de inmediato autoridades españolas para administrar los territorios que fueran quedando libres de los liberales y controlados por los absolutistas o los mismos franceses a fin de que el trato directo de los naturales con los invasores fuera mínimo y se creara la imagen tranquilizadora de un mando francés militar exclusivamente y unas autoridades españolas representantes del poder civil supremo del reino.

La intervención francesa se presentaba como una acción contra la revolución y cuyo fin último era la liberación del rey. En su realización, el mando francés puso especial atención en el control de la fuerza para que no se produjeran choques y enfrentamientos con los habitantes de los lugares por donde pasaban, de modo que cuidaron especialmente el avituallamiento para que el abastecimiento de los soldados no resultara oneroso a las poblaciones: el financiero Ouvrard fue el encargado de asegurar el buen funcionamiento de un sistema de intendencia que garantizó bastante eficazmente el aprovisionamiento, pues contaba con los suministros sobre el terreno –favorecía la movilidad de las tropas– y pagaba en metálico –evitaba las protestas de las poblaciones, podía prescindir de las requisiciones, de los embargos y de los bagajes.

En el trasfondo de estas prevenciones está, sobre todo, el recuerdo de la guerrilla: si aparecían partidas de guerrilleros, la intervención en España podría convertirse en un calvario para los franceses y además podría provocar un efecto contagioso de insurrección que entorpecería hasta el limite lo que se deseaba fuera una acción rápida y contundente contra el liberalismo hispano, que concluyera con una victoria que diera a la Francia de la Restauración, borbónica y legitimista un éxito militar destacado, pues obtendría un triunfo donde el “gran” Napoleón había cosechado el mayor de sus fracasos.

Además, con la restauración absolutista de Fernando VII podría conseguir el reconocimiento de la Europa de la Pentarquía, ante la que exculparía su inmediato pasado revolucionario al hacer fracasar una revolución en el continente, la que más estaba durando de las surgidas en los inicios de la década de 1820. El gobierno francés insistió reiteradamente en sus declaraciones previas al paso de los Pirineos por su Ejército que esta campaña no tenía nada que ver con la de 1793 ni con la de 1808.

No obstante, el encono entre liberales y absolutistas era tal que ambos bandos buscaron en ocasiones provocar una movilización general en apoyo de sus opciones políticas, lo que en el caso de los liberales, en principio, entrañaba también el rechazo al francés. Los primeros en recurrir a este medio fueron los liberales, que buscaron la repetición del estallido patriótico de 1808 y luego fomentaron el sentimiento antigalo perceptible en la población española desde 1793, como se pudo comprobar por la popularidad de la Guerra del Rosellón entre la población española y por las movilizaciones de paisanos voluntarios que se aprestaron a luchar contra el francés en aquella ocasión. En realidad, desde el primer momento, los liberales fueron conscientes de la importancia que para ellos tenía el apoyo de la población, por lo que vincularon su suerte a la de la nación a fin de que en la opinión pública se produjera la identificación entre liberalismo e independencia, de modo que la presencia francesa no sólo era una amenaza para la Constitución, sino también para la nación misma, que podía volver a quedar en una situación de dependencia de un poder extranjero. Pero aunque los mensajes liberales se sucedieron con frecuencia en este sentido, no calaron en las gentes y no se produjo la tan deseada reacción popular contra el francés. Las expectativas que despertaron algunas guerrillas pronto se frustraron, pues tampoco fueron el revulsivo esperado.

Por su parte, los absolutistas aceptaron de inmediato colaborar con los franceses, pues les proporcionaban el medio de acabar con el liberalismo y restaurar el absolutismo regio, algo que parecía exceder sus propias fuerzas; por eso, en los primeros momentos colaboraron con ellos presentando la operación como encaminada a liberar al rey, pero pronto comprobaron que estos invasores llegados del otro lado de los Pirineos entendían que la restauración no podía ser pura y simplemente una vuelta atrás sin más, que convenía tener en cuenta los cambios habidos desde 1808. Cuando los realistas comprobaron que la presencia de las tropas francesas –que se prolonga hasta 1828 costeadas por la Hacienda española, lo que a ojos de los liberales constituye un auténtico Ejército invasor al servicio de un rey desnaturalizado– les impide llevar la reacción a los extremos deseados por los más recalcitrantes conservadores, también van a invocar el espíritu popular manifestado durante la Guerra de la Independencia y el sentimiento antifrancés.

Pero fallaron los liberales en sus propósitos y fallaron también los absolutistas, pues en ningún momento se produjo la temida reacción española para tranquilidad de los franceses, que apenas si encontraron resistencia en su progresión militar, provocando nuevamente la retirada del Gobierno liberal a Cádiz, con lo que éste buscaba; que todos vieran la similitud de los hechos sucedidos en torno a aquella ciudad durante la Guerra de la Independencia con los que ahora tenían lugar: sin embargo, hubo dificultades para encontrar voluntarios que trabajaran en las tareas de fortificación o se alistaran para la defensa, tampoco hubo donativos, por lo que fue necesario crear contribuciones extraordinarias… En suma, a Cádiz llegaron los franceses… y no se produjo ninguna reacción en su contra. Como tampoco se produciría en los años en que permanecieron en España, por más que la propaganda liberal presentara la situación como una intrusión de Francia en la política interna española.

Definitivamente, la Guerra de la Independencia estaba en el recuerdo de los españoles, como una categoría romántica más, pero en ese recuerdo no sólo estaban los actos heroicos, sino también los sufrimientos y penalidades soportadas. Revivir ese recuerdo hasta el punto de poderlo llevar a la realidad para lograr una repetición de lo sucedido antaño tendría que hacerse por unos motivos y unas razones bastante más claras y directas que las que la mayoría de la gente percibía en la pugna liberalismo-absolutismo, donde predominaban cuestionamientos de partidos, afanes “sólo” políticos.

El legado y el mito

Tierno Galván, en su edición de una antología de las sesiones de las Cortes de Cádiz, afirmaba que en aquella reunión se elaboró un texto constitucional revolucionario sin revolución, pues no existía una minoría radical convencida de que estaba haciendo la revolución; allí sólo había conservadores que creían en la revolución sin violencias, no había revolucionarios; la Constitución sólo tendía, pues, a minar el Antiguo Régimen y sentar las bases de un nuevo Estado y concluía el profesor que “de la onda cuyo centro está en las Cortes que promulgaron la Constitución de 1812 no hemos salido todavía”. Esta afirmación fue escrita hace unos 35 ó 40 años y con independencia de que estemos de acuerdo o no con su contenido, nos va a permitir hablar de las consecuencias dilatadas de la Guerra de la Independencia, de la “larga” posguerra, pues el conflicto perdura mucho tiempo en la memoria y deja huella indeleble en la mentalidad nacional y en la economía peninsular.

El hecho de haber vencido a Napoleón y recuperar al soberano por el que se había luchado tantos años constituyó un timbre de gloria que todos los españoles sintieron como propio. Por eso, la Guerra de la Independencia se mitifica y se idealiza en seguida, como se mitifica a Fernando VII el Deseado. Una mitificación bastante desafortunada, por cuanto los vaivenes políticos que siguieron mostraron a un soberano incapaz de estar a la altura de las circunstancias. Pero ni la incapacidad real ni las luchas entre absolutistas y liberales que se suceden durante lustros mancillan un recuerdo gratificante para todos. El pueblo español vivió el conflicto con la nueva sensibilidad romántica que se difundía por entonces y que es perceptible claramente hasta 1840; nuestras clases populares sintieron la guerra como quehacer y la aceptaron como modo de vida, haciendo que el romanticismo español inicialmente fuera un comportamiento colectivo en vez de una manifestación cultural minoritaria. De manera que en la mente popular perduran aquellos años como tiempo de gestas constantes, donde el sentimiento se impone por encima de cualquier otra consideración.

La Guerra de la Independencia, pues, se instala plenamente en el recuerdo popular: es una gesta que se considera propia y está refrendada por una victoria sin paliativos; además, permite la consagración de tipos representativos de un espíritu y sentir populares, con los que resulta fácil identificarse de alguna forma; unos tipos que salen de la esencia misma del pueblo y constituyen un legado para la posteridad, difuminándose sus contornos al conectarse con otros símbolos más folklóricos representativos de una época y que se incorporan –tras la pertinente evolución y transformación– a lo que festivamente se ha denominado la España de la pandereta.

Cuando la vida política se asienta de forma más estable, sucediéndose el juego de los partidos, todas las facciones van a buscar sus raíces en las actitudes e ideas de los parlamentarios gaditanos, para mostrar a la sociedad cuán digno es su origen y la legitimidad de sus aspiraciones. Hasta en los demócratas, que se constituyen en 1849, encontramos miradas retrospectivas hacia las Cortes gaditanas.

Semejante actitud colectiva, unida a los bandazos políticos del reinado de Fernando VII, impiden una valoración seria de las duras consecuencias de la guerra. Por otra parte, la Guerra de la Independencia es el primer embate serio que sufre la sociedad estamental, cuyo fin desde ese momento es presumible y a no muy largo plazo. En efecto, con la Guerra pasan a primer plano los efectivos burgueses, que buscan con la revolución el cambio que les permita tener en política la misma significación que en la vida económica, una significación que ya han puesto de relieve en el siglo xviii; las clases medias se singularizarán en las décadas siguientes y la sociedad de clases sustituirá a la caduca sociedad estamental.

Pero en los años inmediatamente siguientes al conflicto, la burguesía carece de fuerza y por sí sola no puede hacerse con el poder, por lo que recurre a la ayuda del Ejército, otra fuerza que también ha protagonizado una clara ascensión social y administrativa en la España del siglo xviii y que ve como su papel se restablece en la fase final de la guerra, permitiéndole la victoria recuperar el prestigio que había perdido –o por lo menos que había quedado en entredicho– desde los primeros años del conflicto. Se produce así un maridaje entre burgueses y militares que tiene como consecuencia más visible no el aburguesamiento de la política, sino su militarización. Nuestro militarismo decimonónico no es algo que surja más o menos espontáneamente en el siglo xix a impulsos de los reclamos burgueses; ese militarismo hunde sus raíces en el siglo xviii, donde podemos hablar, como hemos señalado, de una ascensión burguesa y de una ascensión militar que van a concurrir conjuntamente por el poder en el siglo xix.

Y hay más. Durante la Guerra de la Independencia sabemos que paisanos no nobles ascienden en los escalafones castrenses como consecuencia de su actividad guerrillera o en los cuadros del Ejército regular; vemos cómo algunos héroes se visten de uniforme y democratizan la oficialidad, pero hay indicios de que esa democratización se inicia con antelación a 1808 y es inevitable después de 1814, por lo que los decretos que en los años treinta del siglo xix derriban las barreras de acceso a la oficialidad están constatando lo irreversible de la tendencia que se advierte en el Ejército español, un ejército que por esas fechas recibe un cambio sustantivo: de Ejército real, al servicio dinástico y formado por vasallos, se trasforma en un Ejército nacional nutrido por ciudadanos y patriotas, convirtiéndose en un agente de movilidad social.

La repercusión social de la Guerra de la Independencia se extiende también a otras dimensiones, pues acostumbra a amplios sectores de la población a una vida agreste y montaraz, por encima de cualquier norma y con una indudable carga de violencia, viniendo a incidir directamente sobre un fenómeno de la vida española: el bandolerismo. Ya hemos hablado de ese bandolerismo de retorno.

La repercusión internacional que tuvo la guerra contribuyó a cambiar, en cierto modo, la opinión que se tenía en Europa de los españoles y a la mitificación de algunos de sus aspectos. Sin ir más lejos, en la misma Francia una abundante literatura que tiene a la guerra como fuente de inspiración no incluye más que raramente juicios peyorativos contra los españoles, pues quienes vivieron aquella contienda se encontraron con un pueblo viril, con coraje y fiereza en defensa de su patria y de su rey, lo que lo hacía digno de estima y consideración. Pero la gran fascinación para los contemporáneos fue la guerrilla, considerada por unos como despreciable por ser la manifestación de una cruzada fanática y admirada por los más por su eficacia, pues se le atribuye el éxito sobre el Ejército napoleónico y se teoriza sobre los ideales que la mueven –sentimientos religiosos, patrióticos, políticos…–, hasta el punto de considerarlos más operativos para vincular al individuo a la defensa de la causa pública como si fuera la propia con mayor intensidad y eficacia que el Ejército profesional.

Podíamos aludir a otras dimensiones donde el recuerdo de la Guerra de la Independencia es igualmente constatable, pero creemos que tanto el recuerdo como la distorsión de ese recuerdo han quedado suficientemente de manifiesto. Pero ignoramos muchos de los itinerarios que llevan del recuerdo a la distorsión, de la realidad a la idealización, pues también hay bastantes incógnitas que despejar, cuyo conocimiento podría ayudarnos a esclarecer muchas penumbras que aún perduran. Por ejemplo, sabemos que existieron los afrancesados, los colaboracionistas por excelencia, pero lo ignoramos casi todo del desarrollo cotidiano de la vida en los pequeños lugares ocupados más o menos tiempo por el invasor; conocemos las fatigas y privaciones de muchos lugares, pero se nos escapan las consecuencias que a nivel local tuvieron tantos y tantos días de necesidades y escasez; nos consta la ruina económica de muchas zonas de la Península, pero lo desconocemos todo sobre las implicaciones de la pérdida de cosechas, de las interrupciones de los ciclos agrarios, de las destrucciones de infraestructuras, etc. Tampoco se nos alcanza la forma en que discurría la vida en las poblaciones y lugares más o menos próximos a los frentes, en los territorios ocupados o en las zonas arrasadas: ¿Qué hacían los vecinos? ¿En qué medida desaparecían o se potenciaban rencillas seculares? ¿Qué papel jugaba el invasor? ¿Cómo influía su presencia en planteamientos tradicionales de la vida?…

Las cuestiones citadas no son más que unas cuantas ilustraciones de lo mucho que nos queda por conocer de una guerra variada y multiforme, en la que individuos, grupos e instituciones podían encontrar hechos que recordar e idealizar, pues todas las energías se vieron comprometidas en la defensa de una empresa digna, cuyo resultado eleva a la nación española a unas cotas de consideración internacional realmente únicas. Decía Ortega y Gasset en su Meditación de El Escorial, que la hermana de Nietzsche atribuyó a éste las siguientes exclamaciones: “¡Los españoles! ¡Los españoles! ¡He aquí hombres que han querido ser demasiado!”. A mí me gusta pensar que entre los hechos que el filosofo alemán tendría en la cabeza cuando dijo esas frases estaba la Guerra de la Independencia, una guerra en la que muchos españoles tuvieron motivos para pensar que rozaban la gloria, por eso la recordaron y la distorsionaron en su recuerdo. Luego, en la posguerra tendrían que enfrentarse con la dureza de un presente no tan sangriento, pero convulso.

Orientación bibliográfica

La Guerra de la Independencia española es uno de los episodios de la historia europea que ha generado mayor cantidad de bibliografía, pues se ha escrito con profusión sobre sus diversos aspectos desde el mismo momento en que concluye, ya que muchos de sus protagonistas –tanto españoles como extranjeros– nos dejaron unas memorias en las que relataban sus vivencias o apreciaciones sobre los hechos que contemplaron y desde entonces no han cesado de aparecer libros sobre tal o cual aspecto, que hace que la historiografía sobre nuestra guerra contra Napoleón sea casi inabarcable, aunque no han faltado intentos de recopilación de la misma, como… Diccionario bibliográfico de la Guerra de la Independencia, Madrid, 1944-1952, 3 vols.

Mercader Riba, J., “La historiografía de la Guerra de la Independencia y su época desde 1952 a 1964”, en Índice Histórico Español, vol. 9, 1956. En el momento en que aparece este libro estamos en el umbral del 2008, segundo centenario del comienzo de la guerra, motivo por el que ya han comenzado las conmemoraciones. Según las iniciativas emprendidas y los planes existentes, los próximos seis años van a ser pletóricos en este sentido, a lo largo de los cuales van a celebrarse congresos, seminarios, exposiciones, ciclos de conferencias, etc., lo que inevitablemente dará lugar a una producción historiográfica bastante desigual, pues junto a obras de indudable valía se publicarán otras de carácter ocasional que no lo serán tanto. En cualquier caso, toda esa producción vendrá a sumarse a la existente incrementando significativamente el volumen de trabajos ya editados.

De todas las iniciativas emprendidas, hay dos que me parecen las más “reposadas” y las menos ocasionales, pues empezaron muy tempranamente y al margen de los fastos oficiales que se están poniendo en marcha recientemente. Me refiero a la actividad de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza y a la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia. La primera viene convocando desde hace varios lustros el premio Los Sitios de Zaragoza, una actividad que la Institución Fernando el Católico publica regularmente. Su labor se verá incrementada al hilo de la Exposición Universal que la ciudad prepara para el 2008, en cuyo programa figuran varias actividades relacionadas con la Guerra de la Independencia, particularmente un magno congreso internacional. La segunda se constituyó hace unos quince años con el único objeto de profundizar en el estudio de nuestra guerra apartándose de los cauces historiográficos al uso y proponiéndose una revisión del conflicto a fin de renovar enfoques y ofrece al estudioso y al gran público nuevos elementos de juicio. Asociación con vocación internacional y punto de encuentro de gran parte de profesores universitarios y de profesionales de las más diversas procedencias, sigue abierta a cuantos quieran formar parte de ella y contribuir con sus aportaciones a los fines de la Asociación.

La labor que viene realizando desde entonces es destacable. Celebrado su primer seminario en Montpellier, en la Universidad Paul Valéry, en 1993, su actividad no ha hecho más que ampliarse, pues a ese primer seminario siguieron otros celebrados en diversos lugares de la geografía española (Madrid, Zaragoza, Málaga, Bailén…), cuyas actas van siendo publicadas puntualmente. Como también se están publicando las de los Seminarios que la Asociación celebra en colaboración con otras instituciones, dimensión de la que es un buen exponente los cinco Seminarios desarrollados en la sede del Instituto de Historia y Cultura Militar, que han dado lugar a la publicación de otros tantos volúmenes como números extraordinarios de la Revista de Historia Militar.

De tan amplia actividad podemos citar dos muestras que reflejan con precisión la labor que esta Asociación viene realizando:

Armillas Vicente, J.A. (coord.), La Guerra de la Independencia, Zaragoza, 2001, 2 vols.

Reder Gadow, M. y Mendoza García, E. (coords.), La Guerra de la Independencia en Málaga y su provincia (1808-1814), Málaga 2005.

Por otra parte, la Asociación está procurando ofrecer útiles instrumentos de trabajo a la comunidad intelectual para facilitar sus tareas y también en esta dimensión se han hecho valiosas publicaciones, como las de:

Pascual Martínez, P. (coord.), La Guerra de la Independencia en los Archivos Españoles, Madrid, 2003.

Miranda Rubio, F. (coord.), Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la Independencia, Pamplona, 2002.

Seguir la actividad de la Asociación y la de sus miembros en las próximas convocatorias anunciadas y por anunciar puede ser un buen indicativo de las iniciativas más interesantes y, en principio, de mayor fundamento científico.

En cualquier caso, si la producción historiográfica ya era ingente, con lo que se avecina va ser desbordante. En las páginas que siguen vamos a ofrecer una sucinta selección de títulos en los que el lector podrá encontrar las aportaciones más significativas y útiles para quien desee profundizar en el estudio de la guerra y del desarrollo político que se produce simultáneamente a ella. Una selección que completa los títulos que aparecen citados en las escuetas notas a pie de página que hemos puesto en los diferentes capítulos porque nos han parecido especialmente significativos y útiles para el contexto en el que son citados. Con esta relación –en la que incluimos algunos de los citados en el texto– aspiramos a que el lector pueda moverse con una cierta seguridad y tenga referencias claras en un tema de gran complejidad y diversidad de aportaciones.

Evidentemente, nuestra selección puede ser matizada y complementada si se aplican otros criterios a la hora de confeccionarla y con toda seguridad muchos lectores buscarán en ella títulos que conocen y que no han sido incluidos, por la sencilla razón de que no es momento y ocasión de recopilarlos “todos”: la naturaleza de esta obra y razones de espacio nos exigen la aplicación de un criterio muy restrictivo.

Por otra parte, en lugar de una mera relación bibliográfica clasificada por orden alfabético, hemos preferido ofrecer nuestra selección en bloques temáticos, que en gran medida responden al orden de la exposición que hemos seguido en las páginas precedentes, bloques en los que hemos incluido algunas obras “clásicas” que no han perdido su valor e interés –por lo menos para mí– y que el paso de los años no las ha “inutilizado”.

Por lo pronto, obras útiles para profundizar en los planteamientos nacionales e internacionales del siglo xviii que van a desembocar en la Guerra de la Independencia, pueden ser los siguientes:

Anes, G., El Antiguo Régimen: los Borbones, Madrid, 1975.

—, Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, Barcelona, 1969. Beerman, E., España y la independencia de los Estados Unidos, Madrid, 1992.

Black, J.M., Natural and Necessary Enemies: Anglo-French Relations in the Eighteenth Century, Londres, 1986.

Black, J.M. y Woodfine, P. (eds.), The British Navy and the Use of Naval Power in the Eighteenth Century, Londres, 1988.

Desdevises du Dézert, G., La España del Antiguo Régimen, Madrid, 1989. Domínguez Ortiz, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1976.

Fernández, R. (ed.), España en el siglo XVIII: Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985.

Fieldhouse, D.K., Los imperios coloniales desde el siglo XVII, Madrid, 1984.

Ford, F.L., Europa 1780-1830, Madrid, 1970.

Herr, R., España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1971.

Juan Vidal, J. y Martínez Ruiz, E., Política interior y exterior de los Borbones, Madrid, 2001.

Martínez Ruiz, E., Pi Corrales, M. de P. y Torrejón Chaves, J., (coords.), Los Ejércitos y las Armadas de España y Suecia en una época de cambios (1750-1870), Ciudad Real, 2001. (Hay traducción inglesa: Ciudad Real, 2001).

Mauro, F., La expansión europea (1600-1870), Barcelona, 1973.

Pérez Cantó, P., De colonias a república: los orígenes de los Estados Unidos de América, Madrid, 1995.

Preclin, E. y Tapie, V.L., Le XVIIIe siècle. T.I, La France et le monde, Paris, 1952.

Para los acontecimientos ocurridos a finales del siglo xviii y en los primeros años del siglo xix, tanto en el contexto europeo como en relación directa con la Monarquía española, podemos acudir a:

Alía Plana, J.M. y Guerrero Acosta, J.M., El Estado del Ejército y la Armada de Ordovás. Un ejército en el ocaso de la Ilustración, Madrid, 2002.

Aymes, J.R. (coord.), España y la Revolución Francesa, Barcelona, 1993.

Cayuela Fernández, J. y Pozuelo Reina, A., Trafalgar. Hombres y naves entre dos épocas, Barcelona, 2004.

Corona, C., Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, 1957.

Giménez López, E., El fin del Antiguo Régimen. El reinado de Carlos IV, Madrid, 1996.

Godechot, J., Las Revoluciones (1770-1799), Barcelona, 1974.

—Europa y América en la época napoleónica, Barcelona, 1975.

La Parra, E., Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, 2002. Martínez Ruiz, E., La España de Carlos IV (1788-1808), Madrid, 1999.

—“El ejército español de la Ilustración: Caracteres y pervivencia de un modelo militar”, en Guimera, A. y Peralta, V. (coords.): El equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar, Madrid, 2005, pp. 419-445.

—“El largo ocaso del ejército español de la Ilustración: reflexiones en torno a una secuencia temporal”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, vol. 22, 2004, pp. 431-452.

—“La vertiente política de la crisis del reinado de Carlos IV”, en Molas Ribalta, P. (ed.), La España de Carlos IV, Madrid, 1991, pp. 141-168.

O’Donnell y Duque de Estrada, H., La campaña de Trafalgar. Tres naciones en pugna por el dominio del mar (1805), Madrid, 2005.

Rodríguez González, A.R., Trafalgar y el conflicto naval Anglo-Español del siglo XVIII, Madrid, 2005.

Rude, G.: La Europa revolucionaria, 1783-1815, Madrid, 1980. Sperber, J.: Revolutionary Europe, 1780-1815, Harlow, 2000.

Visiones de conjunto de la Guerra de la Independencia hay muchas que van desde la divulgación –cuyo contenido, por lo general– es una colección de los tópicos al uso, donde se busca más entretener que informar con rigor, hasta obras voluminosas útiles para el especialista. Aquí descartamos las de divulgación y recogemos una muestra de diversos “tamaños”, donde podemos seguir el desarrollo del conflicto en sus diversos aspectos, aunque con mayor referencia a las cuestiones militares: Artola, M., La España de Fernando VII, vol. XXVI de la Historia de España, fundada por Menéndez Pidal, Madrid, 1968.

Aymes, J.R., La guerre d’indépendance espagnole (1808-1814), París, 1973.

Hay numerosísimas ediciones en español, además de la citada en el texto.

Cuenca Toribio, J.M., La Guerra de la Independencia, Madrid, 2006.

Delgado, S. (ed.), Guerra de la Independencia. Proclamas, bandos y combatientes, Madrid, 1979.

Dufour, G., La Guerra de la Independencia, Madrid, 1989. Fraser, R., La maldita guerra de España, Madrid, 2006.

García Cárcel, R., El sueño de la nación indomable, Madrid, 2007. Gómez de Arteche y Moro, J., Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814, 1868-1903, 14 vols.

Hocquellet, R., Résistance et révolution durant l’occupation napoléonienne en Espagne 1808-1812, París, 2001.

Jover Zamora, J.M, “La Guerra de la Independencia española en el marco de las Guerras Europeas de Liberación (1808-1814)”, en La Guerra de la Independencia española y los sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1958, pp. 41-166.

Lovett, G.H., La Guerra de la Independencia y el nacionalismo de la España contemporánea, 2 vols., Barcelona, 1975.

Moreno Aonso, M., Napoleón: la aventura de España, Madrid, 2004. Priego López, J. y Priego Fernández del Campo, J., Guerra de la Independencia (1808-1814), Madrid, 1972-2005, 8 ts. en 11 vols.

Toreno, conde de, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, (BAE) 1953.

La guerrilla ha sido siempre una cuestión muy atractiva para teóricos y estudiosos, aparte de constituir uno de los temas estrella en las obras de divulgación. Las que siguen –antiguas y modernas– son muy representativas y ofrecen una buena muestra de los enfoques que se han aplicado en el análisis de este fenómeno:

Artola, M., “La guerra de guerrillas. Planteamientos estratégicos en la Guerra de la Independencia”, en Revista de Occidente, (2ª época), nº.

10, 1964, pp. 12-43.

Arzadun, J., Los guerrilleros en la Guerra de la Independencia, Madrid, 1910. Cassinello Pérez, A., “El movimiento guerrillero”, en Historia de la Infantería española. Entre la Ilustración y el Romanticismo, t. II, Madrid, 1995, pp. 175-124.

Guirao Larrañaga, R., Guerrilleros y patriotas en el Alto Aragón, Huesca, 2000.

Martín Mas, M. A., Los guerrilleros. La pesadilla española de Napoleón, Madrid, 2005.

Miranda Rubio, F., La guerrilla en la Guerra de la Independencia, Pamplona, 1982.

Moliner Prada, A., La guerrilla en la Guerra de la Independencia, Madrid, 2004.

Pascual, P., Curas y frailes guerrilleros en la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 2000.

Rodríguez Solís, E., Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de la Independencia, 2 vols., Madrid, 1887.

Roura i Aulinas, L., “ ‘Guerra pequeña’ y formas de movilización armada en la Guerra de la Independencia ¿tradición o innovación”, en Armillas Vicente, J.A. (coord.), La Guerra de la Independencia, vol. I. Estudios, Zaragoza, 2001, pp. 275-300.

Sánchez Fernandez, J., La guerrilla vallisoletana (1808-1814), Valladolid, 1997.

Sobre aspectos, acontecimientos concretos y dimensiones locales de la guerra se ha escrito una verdadera catarata de trabajos, cuyos autores en muchos casos son eruditos locales deseosos de dar a conocer las “hazañas” de sus paisanos. Actualmente se está produciendo una renovación en este particular debido a los trabajos y dedicación de universitarios que están exhumando documentación nueva y aportan una visión remozada de las fuentes locales. También vamos a citar “clásicos” y recientes:

Alcaide Ibieca, A., Historia de los sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón, Madrid, 1830-1831, 3 vols.

Artola, M., Los orígenes de la España Contemporánea, Madrid, 1975, 2 vols.

—, Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, 1978.

Belmas, J., Journaux des sièges faits ou soutenus par les français dans la Péninsule, de 1807 à 1814, 1836-1837, 5 vols. Blond, G., La Grade Armée (1804-1815), París, 1979.

Casamayor, Diario de… los sitios de Zaragoza (ed. de J. Valenzuela de la Rosa), Zaragoza, 1908.

Castel, J., La Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias. Su creación, organización y funcionamiento, Madrid, 1950.

García Mercadal, J., Palafox, duque de Zaragoza (1775-1847), Madrid, 1948.

Guirao, R. y Sorando, L., El Alto Aragón en la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 1995.

Grasset, A., Málaga provincia francesa, Málaga, 1996.

Martinez Ruiz, A., El reino de Granada en la Guerra de la Independencia, Granada, 1977.

Martínez de Velasco, A., La formación de la Junta Central, Pamplona, 1972.

Moliner Prada, A., El movimiento juntero en España (1808-1868), Barcelona, 1997.

Montón, J.C., La revolución armada del Dos de Mayo en Madrid, Madrid, 1983.

Moreno Alonso, M., La Junta Suprema de Sevilla, Sevilla, 2001.—, Sevilla napoleónica, Sevilla, 1995.

Muñoz Bustillo Romero, C., Bayona en Andalucía: el Estado Bonapartista en la prefectura de Xerez, Madrid, 1991.

Pano y Ruata, M. de, La condesa de Bureta y el regente, 2 vols., Zaragoza, 1908-1947.

Pérez de Guzman y Gallo, J., El dos de mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908.

El régimen josefino, así como la figura de José I y su gestión política y militar también ha sido objeto de estudio, si bien en proporción menor que otros aspectos. Pero ello no ha impedido que contemos con algunas aportaciones meritorias, como las que siguen:

Cambronero, C., El Rey Intruso: apuntes históricos referentes a José Bonaparte y a su gobierno en España, Madrid, 1909.

Conard, P., La Constitution de Bayonne. Essai d’edition critique, Lyón, 1909.

Espadas Burgos, M., Dufour G. y Luna, J.J., La España de José Bonaparte, Madrid, 1996.

Girod de L’ain, G., Joseph Bonaparte, le Roi malgré lui, París, 1970. Martin, C., José Napoleón I. “Rey Intruso” de España, Madrid, 1969.

Martínez Ruiz, E., “El desmoronamiento del Antiguo Régimen y las opciones institucionales de los Españoles”, en Revista de Historia Militar. Vol. Extra “Entre el Dos de Mayo y Napoleón en Chamartín: los avatares de la guerra peninsular y la intervención británica”, 2005, pp. 35-58.

Mercader Riba, J., José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Historia externa del reinado, Madrid, 1971.

—José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista, Madrid, 1983.

Narbonne, B., Joseph Bonaparte, le roi philosophe, París, 1949. Sanz Cid, C., La Constitución de Bayona, Madrid, 1922. Villaurrutia, marqués de, El rey José Napoleón, Madrid, 1927.

Dentro del régimen francés en España, ha atraído especialmente la atención el grupo que colaboró con él, el que fue denominado afrancesado. Posiblemente, las obras más significativas sobre él sean las siguientes:

Artola, M., Los afrancesados, Madrid, 1989.

Barbastro Gil, L., Los afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820), Madrid, 1993.

Juretschke, H.: Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, Madrid, 1962.

López Tabas, J., Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, 2001.

Mendez Bejarano, M., Historia Política de los afrancesados, Madrid, 1912. Muriel, A., Los afrancesados. Cuestión política, Madrid, 1920.

Riera y Estrada, E., El afrancesamiento, Palma de Mallorca, 1944.

La reforma política ha tenido un referente de primer orden en la Constitución gaditana de 1812, tanto por su novedad como por su irradiación exterior y su gran valor simbólico al ser nuestro primer texto constitucional, su vigencia en diversos momentos posteriores a 1814 y una cierta “ingenuidad” y “amplitud” que todos los partidos, teóricos y políticos miran con buenos ojos. Para esta dimensión, contamos con los trabajos siguientes, en los que incluimos visiones de conjunto de nuestro constitucionalismo para que pueda valorarse la Constitución de 1812 en el conjunto de la experiencia constitucional española:

Fernández Almagro, M., Orígenes del régimen constitucional español, Madrid, 1928.

Fernández Sagrado, F., Las constituciones históricas españolas. Un análisis histórico-jurídico, Madrid, 1982.

Jiménez de Gregorio, F., La convocatoria de Cortes Constituyentes en España en 1810. Estado de la opinión española en punto a la reforma constitucional, Madrid, 1955.

Martínez Ruiz, E., Torres Aguilar, M. y Pi Corrales, M. de P. (coords.), Codificación y Constitucionalismo, Córdoba, 2003.

Martínez Sospedra, M., La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, Valencia, 1978.

Montero, J., Constituciones y códigos políticos españoles (1808-1978), Madrid, 2002.

Morán Ortí, M., Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Pamplona, 1986.

Portillo Valdés, J.M, Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, 2000.

Sánchez Agesta, L., Historia del constitucionalismo español, Madrid, 1955.

Suarez Verdeguer, F., Informes oficiales sobre las Cortes de Cádiz, 3 vols.

Pamplona, 1967-74.

—El proceso de la convocatoria a Cortes 1808-1810, Pamplona, 1982.

Tomás y Valiente, F., “Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes a una sola constitución”, en Anuario de Historia del Derecho Español, n.º 65, 1996, pp. 13-125.

Para el tema del militarismo en nuestra España contemporánea, así como para la búsqueda de sus orígenes, vigencia y proyección política con sus interferencias profesionales y sociales, sus vinculaciones al orden público y su planteamiento en las Cortes de Cádiz, pueden servir de estudios introductorios los siguientes, que constituyen el último bloque bibliográfico que incluimos:

Ballbé, M., Militarismo y orden público en la España constitucional (1812-1983), Madrid, 1983.

Blanco Valdés, R.L., Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, Madrid, 1988.

Giménez López, E., “El debate civilismo-militarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo xviii”, en Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999, pp. 13-47.

Lleixá, M., Cien años de militarismo, Barcelona, 1986

Martínez Ruiz, E., “Relación e interdependencia entre ejército y orden público (1700-1850)”, en Balaguer, E. y Giménez López, E. (eds.), Ejército, Ciencia y Sociedad, Alicante, 1995, pp. 191-252

Pérez Samper, M.A. “Magistrados y Capitanes Generales. Civilismo frente a militarismo en Cataluña a fines del siglo xviii” en Castellano, J.L. (ed.), Sociedad, Administración y Poder en la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, pp. 315-353.

Seco Serrano, C., Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, 1984.