Son pocos los libros que han mostrado la represión ejercida sobre las mujeres republicanas. Ellas fueron víctimas de abusos institucionalizados y sistemáticos que tenían como objetivo demonizar el estereotipo de feminidad que había comenzado a extenderse durante la Segunda República que permitía un cierto escape respecto a la rigidez previa y, aun más, respecto a la que vino después. Mientras que ellos habían caído en el frente, habían sido ejecutados o huían ante la llegada de los sublevados, ellas permanecían en los pueblos, a cargo de sus familias, en miseria, y eran, muchas de las veces, juzgadas en tribunales militares en los que se decidía qué mujeres debían ser vejadas y marcadas por haber contribuido al derrumbe de la moral. Así se extendió el corte de pelo al rape y la ingesta de aceite de ricino para provocarles diarreas y pasearlas por las principales calles de las poblaciones «liberadas», acompañadas por bandas de música. No se trataba tanto de apartar o perseguir al enemigo, sino, más bien, de exhibir a una especie de «deformidad» generada en la República. Era algo más que un abuso ejercido sobre las mujeres, fue un ataque a un modelo de mujer libre e independiente.

Enrique González Duro

Las rapadas

El franquismo contra la mujer

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Titivillus 08.03.18

Título original: Las rapadas

Enrique González Duro, 2012

Editor digital: Titivillus

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A Mercé Bartolomé Lluch, por lo bien vivido

I. La nebulosa represión franquista

I. LA NEBULOSA REPRESIÓN FRANQUISTA

Tal vez la primera víctima de la insurrección militar del 18 de julio de 1936 en Pamplona —«el secretario» Mola ha recomendado extender el terror y dar la sensación de dominio absoluto— fue el magistrado Luis Elio, de familia muy acomodada y de mentalidad liberal. El domingo día 19 oyó desde su casa los «vivas» y los «mueras», y poco después fue detenido por una patrulla de falangistas, carlistas y policías: «Venga con nosotros; queda usted detenido a disposición del general Mola». Sin haberse despedido de la familia, fue llevado por la calle a la comisaría de Policía, que estaba llena a rebosar. Lo recibió el comisario-jefe, al que conocía de antes: «Los que le han detenido son mozos de los pueblos, para que no se les conozca. Nosotros no podemos hacer nada; no debemos hacer nada. Son órdenes recibidas que no tenemos más remedio que acatar. Ahora han salido a la búsqueda de más detenidos. Usted ha tenido suerte de que le detuvieran el primero: cuando los tengan a todos los meterán en el camión que espera en la puerta y se los llevarán con rumbo desconocido para matarlos en el recodo de un camino o detrás de las primeras tapias que encuentren»[1]. El comisario, agobiado por la situación y tal vez apiadado, quiso y pudo facilitarle la huida: «Desde luego, usted y yo no hemos hablado».

En la calle, el juez no sabía qué hacer ni adónde ir. Volver a casa o ir a la de algunos parientes o amigos era inútil: lo irían a buscar de nuevo. Se sentía desamparado, le apremiaba librarse de aquellos golpes de unos mozos irresponsables y desconocía, aunque la veía difícil, la escapatoria. Debía apresurarse para salir de aquel laberinto de calles que se iba poblando de miradas insistentes e inquisitoriales. Caminaba hacia las afueras de la ciudad, precavido y pensando, hasta que se le ocurrió pedir refugio en casa de un antiguo administrador de las fincas de su familia y de reconocida significación carlista. Aquella casa, única en su entorno, sería para él como una fortaleza inexpugnable. Se atrevió a llamar y le abrió el dueño, al que habló atropellada y angustiosamente de su situación. Con calma, éste le dijo: «Si no escuché mal, usted pretende, ¡nada menos!, que yo le dé asilo en mi casa, traicionado la confianza que el partido tiene depositada en mí». Y siguió perorando: «Tampoco está usted tan exento de culpa. El mal ejemplo es el peor de todos los pecados. Precisamente usted, que pertenece a una de las familias más nobles y distinguidas de Navarra, pero que tiene a gala el presumir de su falta de religiosidad. Se ha entregado al capricho de los obreros actuando al dictado de ellos […] A usted, que es el primer terrateniente de este territorio, le ha dado últimamente por repartir entre sus colonos sus casas y sus tierras. ¡Si esto no es comunismo, dígame qué cosa es!»[2].

El juez le recordó que era muy conocida la religiosidad de su familia, dándole toda clase de explicaciones. El «amo» anduvo pensativo, paseándose por el despacho, hasta que llamó a una vieja sirvienta, Fermina: «Llévalo al lavadero, cierra y tráeme la llave». Así comenzó su encierro, que se prolongó hasta algo después del fin de la guerra, en severo aislamiento social, sin poder salir de aquel lugar y sin poder hablar sino con la vieja Fermina, que le hacía y le servía la comida, le limpiaba la habitación y le lavaba la ropa. Fue su única interlocutora posible, la que le daba un mínimo toque de realidad y mitigaba las fantasías psicóticas que inevitablemente le surgían. A medida que transcurría el tiempo, se acentuaba la soledad y él perdía el sentido de la realidad.

Se oyen los silencios de la casa y de la ciudad. No faltan, como todas las noches, los trallazos que los quiebran. Son secos, distantes, sin ecos que los aproximen. Son los tiros de los cazadores al acecho. Son los odios resguardados en los quicios de las puertas, en las esquinas, detrás de los árboles[3].

Siente que la muerte se le va acercando: el suicidio lo inunda, o el odio, la venganza que paladea, la amenaza que le tensa los nervios, el temblor, la tristeza, la nostalgia, la ausencia del mismo vivir. El magistrado está triste, angustiado y, aun soñando, se siente perseguido y cree que le van a matar. Siempre al borde del delirio, trata de no inquietarse demasiado por sus «ensoñaciones».

Fuera, continuaban los fusilamientos despertando el día, aunque ahora la autoridad militar ha prohibido la «publicidad» de los primeros días. Un día, el magistrado se despierta sobresaltado, de presagio.

El rumor llega desde lejos; unas voces que suenan como el repuntar de una marea tormentosa que comienza, de una turbonada; predomina en él la agudeza de la voz femenina formando un todo que no admite la conversación ni el diálogo; es una voz orquestada al unísono, que siempre dice lo mismo. Sus avanzadas deben estar pasando frente a la casa; en dirección a los fosos de la Ciudadela: se percibe con toda claridad el tono mujeril, que es de curiosidad, de injuria, de reniego[4].

Por la noche lo confirma Fermina: no dice nada de los fusilamientos, que no entiende; lo que no admite ni se explica es que haya mujeres tan desalmadas que vayan a presenciarlos. En Pamplona se fusilaba a los rojos en la Ciudadela, a los pies del Fuerte de San Cristóbal, y eran públicos.

El espectáculo, quizá por lo ejemplarizante, se extendía por los territorios que los «nacionales» iban ocupando, superando la primera etapa de «terror caliente», en la que los fusilamientos consecuentes a los llamados «paseos» se hacían en cualquier parte y a cualquier hora. Luego, los fusilamientos, producto de los consejos de guerra sumarísimos, se efectuaban periódicamente y de un modo más o menos organizado. En Valladolid, las ejecuciones se efectuaban en el Campo de San Isidro, situado en las afueras de la ciudad, adonde los condenados a muerte eran trasladados desde las abarrotadas cárceles, de tal manera que se instalaron puestos de churros para satisfacción de los espectadores que se desplazaban para contemplar el espectáculo. La pradera de San Isidro llegó a convertirse en una especie de animada feria para una parte de la «buena sociedad» vallisoletana. Mientras presenciaban los fusilamientos, muchos jóvenes, entre los que se encontraban bellas señoritas de Valladolid, tomaban churros y copas de anís de las que se despachaba en cercanos aguaduchos, entreteniéndose en insultar a los condenados que no morían en el acto[5]. El propio gobernador civil de Valladolid quiso intervenir en el asunto: «En estos días en que la justicia militar cumple la triste misión de dar cumplimiento a sus fallos, de dar satisfacción a una vindicta pública, se ha podido observar una inusitada concurrencia de personas al lugar en que se verifican esos actos, viéndose entre aquéllos niños de corta edad, muchachas jóvenes y hasta señoras»[6].

La nota se publicó el 24 de septiembre de 1936, pero no implicaba una orden o prohibición, sino sólo una recomendación. Porque los fusilamientos, al parecer, debían seguir siendo públicos, por su presunta ejemplaridad o para la amenaza que suponían para toda la población. Y se sabe que, durante un tiempo bastante prolongado, fueron públicos. Se conoce, ciertamente, que eso ocurrió en Burgos y en Segovia, donde los señores de «orden» asistían con sus esposas y celebraban con vítores la ejecución de los condenados. Y en algunos pueblos andaluces o aragoneses los fusilamientos tenían que ser presenciados obligatoriamente por todos los habitantes. Lo que, con toda lógica, no ocurría cuando los asesinatos habían sido extrajudiciales o consecuencia del denominado «bando de guerra», como eufemísticamente se decía. También fueron públicos en Huelva capital y en otras ciudades diversas «reconquistadas» por los militares rebeldes. Y, sin embargo, no siempre se permitía a los familiares la recogida de los cadáveres, que eran enterrados en fosas comunes dentro o fuera de los cementerios, prohibiéndose incluso la visita a éstos en los días de difuntos, y hasta cualquier manifestación de luto por los parientes muertos.

LAS MILICIANAS REPUBLICANAS

Y mientras las «señoritas y señoras de orden» de la retaguardia franquista asistían, con cánticos religiosos, con regocijo o insultando, a los fusilamientos de rojos, a muchas mujeres rojas se las acusaba genéricamente, entre otras cosas, de inducir, participar en o presenciar con gozo los fusilamientos de «personas de orden» efectuados por los «marxistas», profanando posteriormente sus cadáveres. En numerosos consejos de guerra, cuyos sumarios han podido ser estudiados recientemente por los historiadores, figuraban esas acusaciones como «hechos probados», incluso en casos en los que no pudo probarse la presencia de esas mujeres en las ejecuciones públicas efectuadas en zona republicana. Entre cientos de casos podrían citarse los de Margarita García Millán y Brígida Urbano Millán, presumiblemente primas y residentes en Siles (Jaén). Margarita ingresó en prisión recién acabada la Guerra Española, acusada de haber buscado y encontrado, durante «la dominación roja», a un religioso que estaba escondido y que poco después fue ejecutado por milicianos republicanos. La sentencia del consejo de guerra se fundamentó en los informes emitidos por el jefe local de Falange y el comandante de puesto de la Guardia Civil, que la calificaban de «persona de malos antecedentes, roja, anticlerical y negadora pública de la existencia de Dios… opresiva y amenazante de jóvenes falangistas y de derechas, alentadora de los desmanes de todo género de los rojos». Se confirmaba, además, el rumor público de que, en unión de la que debía ser su prima, en el año 1936 «sacaron» a un religioso… llevándoselo al río y el cual resultó asesinado. Margarita estaba casada, tenía sesenta años de edad y era madre de cuatro hijos. Dada su gran peligrosidad social y la gravísima trascendencia de los hechos, fue acusada de un delito de rebelión militar, condenada a muerte y ejecutada en noviembre de 1939, siendo enterrada en una fosa común junto a las tapias del cementerio de Úbeda. Su prima Brígida Urbano fue acusada de acompañar a Margarita cuando fueron a buscar al religioso. En la sentencia se decía: «La encausada, con gran regocijo, acompañó a las milicias hacia las afueras del pueblo, ignorándose si presenció el crimen y, aún más, si tomó parte en él». No obstante la ignorancia confesada, se la condenó a muerte, pena que luego se le conmutó por la pena inmediatamente inferior. En 1945 Brígida estaba ingresada en la Clínica Psiquiátrica de Mujeres de Madrid: tenía cincuenta años de edad y no sabía leer ni escribir[7].

A la mayoría de las mujeres rojas juzgadas en consejo de guerra se les tenía muy en cuenta el haber «promovido» el fusilamiento de «personas de orden», el haberse mofado de sus cadáveres, alegrarse ostentosamente de sus muertes, considerando todo eso como «hechos probados». María Huertas fue condenada a muerte y ejecutada por su supuesta participación en el asesinato de un «señorito» de Écija (Sevilla), junto a los dos hijos mayores de éste y en la terraza de su casa. La hija contó luego que fueron varios hombres los que mataron a su padre y a sus hermanos, y que después saquearon la casa, pero no pudo identificarlos, aunque sí identificó a María Huertas. Aseguró haberla visto «observando los cadáveres con satisfacción y exclamaba que habían pagado lo que se merecían». Sin embargo, no pudo identificar a nadie en las ruedas de reconocimiento. Lo que no impidió que en la sentencia se dijera «que para vengar resentimientos antiguos que tenía con la familia, había sido una de las principales inductoras del crimen y la que, al ver los cadáveres, exteriorizó la gran satisfacción que ello le produjo e inmediatamente penetró en las habitaciones, saqueando y llevándose todo lo que de valor encontró a su mano». Fue condenada a muerte en noviembre de 1937 por delito de rebelión militar, con el agravante de «la perversidad de la delincuente, la trascendencia del delito y la peligrosidad social de su autor». Y añadía el tribunal militar: «Hiela de espanto la ferocidad de la mujer que, haciendo una excepción de lo que representa su sexo, se gozaba grandemente ante las víctimas y luego, con desprecio a sus cadáveres, registró y saqueó sus habitaciones»[8]. Un año después se le conmutó la pena de muerte por la de treinta años de reclusión. Tenía cuarenta y ocho años y era viuda. Lo que de verdad se había sancionado en esta mujer, con la acusación genérica de rebelión militar, eran acciones que había cometido y que iban en contra de lo que tradicionalmente se consideraban extravíos sociales propios de mujeres.

Estas mujeres, al traspasar el umbral del hogar y «echarse a la calle», invadían el espacio público, que tradicionalmente estaba reservado a los varones. Era una acusación especialmente significativa, porque, para los jueces militares, evidenciaba que las rojas habían cambiado su papel tradicional femenino «al vestirse de milicianas». Simbolizaban la oposición frontal al modelo de mujer que el nuevo régimen quería implantar a toda costa. Carmen Lujano era una joven de veinticuatro años a la que un vecino de su pueblo, Martos (Jaén), acusó de haberse tirado a la calle vestida con un mono y provista de pistola y carabina. Según el vecino, «actuó de forma desmesurada en todas cuantas ocasiones tuvo, viéndosele armada convenientemente y vestida de miliciana». La sentencia recogía que había distribuido propaganda del Partido Comunista y «que se vistió de miliciana, que fue responsable del taller colectivo de costura y que actuó en alguna requisa»[9]. Eso le valió doce años de prisión. H. G. B. fue calificada de «destacada revolucionaria durante el dominio marxista que en la Dehesa de la Villa presenciaba los fusilamientos de las víctimas de la “horda roja”, profanando después los cadáveres sobre los que bailaba, llegando a vaciarles los ojos, echando granos de uva en las órbitas»[10]. No contaba con ningún otro tipo de hecho probado, pero se la condenó a treinta años de reclusión. La ferocidad de las mujeres rojas, a las que rara vez se las acusaba de algún delito de sangre, era un estereotipo que se fue configurando en los territorios progresivamente ocupados por los militares rebeldes. Era como la expresión del vandalismo de la llamada «horda roja», que implicaba delitos cometidos en tropel, como el saqueo de las iglesias, la destrucción de las imágenes y la profanación de los cadáveres de «personas de orden», aunque en la mayoría de los casos no era cierto.

Pero, de hecho, muchas mujeres fueron implicadas en los «delitos colectivos», propios del vandalismo marxista y de la violación del modelo cristiano que debía imperar en la Nueva España. Así se deduce, por ejemplo, de los calificativos aplicados en el expediente de G. F. G., de treinta y un años de edad y afiliada a la UGT:

Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional actuó como miliciana armada en todos los actos de vandalismo que el pueblo de Consuegra pródigamente aportó al común acerbo de la salvajada roja, y así se distinguió en el saqueo y profanación de iglesias, de las cuales se llevaban a sus casas los objetos que les parecía bien, como reclinatorios, floreros, etc. […] Formó parte del grupo de asesinos que sacó de la cárcel de Consuegra a don J. G. R., al que condujera al cementerio del pueblo y allí le diera muerte, llevando su ensañamiento la procesada hasta el extremo de tirar de los pelos del bigote del cadáver[11].

Por tanto, se la condenó a treinta años de reclusión, tras la conmutación de la pena de muerte, por robar un reclinatorio y un florero de la iglesia. Pero lo verdaderamente importante era que una mujer se había mofado de un cadáver y de la Iglesia católica. El haber sido miliciana era el máximo exponente de la degeneración desarrollada por la mujer como consecuencia de las ideas propagadas por la Segunda República, por haber atentado contra la moral pública, por salirse de los moldes establecidos, por colaborar con los hombres o inducirlos a defender al legítimo gobierno republicano, atribuyéndosele, a menudo, la máxima responsabilidad en unos asesinatos que no habían cometido. Genéricamente, las rojas habían subvertido el orden natural, atentando contra la moral pública, faltando el respeto a la misma muerte. Los calificativos que les atribuían ratificaban la imagen degradante aplicada de manera indiscriminada a todas las mujeres integrantes del bando perdedor en la guerra, que debían haber permanecido en el espacio privado que supuestamente les era propio. Pero lo más escandaloso era el haber «combatido» como miliciana, aunque sólo hubiera sido haciendo tareas de vigilancia o control.

Pero, en cualquier caso, se les acusaba de delitos contra el orden establecido o, como los militares sublevados decían, de rebelión militar. A una mujer de treinta y un años se la condenó a muerte, pena conmutada posteriormente por treinta años de reclusión, por sus pésimos antecedentes, como el de haber participado en la destrucción de la iglesia del pueblo y de las imágenes religiosas, por inducir, en unión de su esposo, a milicianos forasteros para que realizasen sacas de presos derechistas y, finalmente, porque «se alegraba públicamente cuando se enteraba de los asesinatos de las personas de orden»[12]. En otros expedientes judiciales aparecían agravantes completamente pueriles, como era el hecho de saber conducir o haber dado sangre para los combatientes del bando republicano. Los delitos colectivos potenciaban esa imagen de amoralidad que los tribunales militares describían con todo lujo de detalles. J. U. G., de treinta y seis años de edad, fue condenada a muerte por sus pésimos antecedentes políticos antes del Glorioso Movimiento Nacional y porque

durante la dominación marxista en Ciudad Real, fue miliciana armada, vistiendo mono, correaje y pistola; tomó parte en las manifestaciones callejeras que celebraron los rojos; instigaba a que se cometieran asesinatos y diciendo en sus charlas radiadas que de las entrañas de las madres fascistas había que sacar a sus hijos para extirparlos y con los corazones de los fascistas había que hacer un cerro como el de Guadarrama; como miliciana fue al frente de Miajadas, cometiendo desmanes en los pueblos del trayecto; intervino en los saqueos de los conventos, apoderándose de gran cantidad de ropas y de objetos de culto; la acusada animaba a los piquetes de ejecución y comentaba jocosamente las caídas de las víctimas y que ella siempre estaba dispuesta a matar a treinta o cuarenta personas.

A pesar de la acumulación de agravios, se le redujo la condena a veinte años de reclusión: la ejecución a muerte habría sido una crueldad difícilmente justificable hasta para los propios tribunales militares. A menudo, las condenas no eran consecuentes con delitos cometidos directamente por ellas mismas, sino por no haber impedido que se cometieran o porque, supuestamente, habían inducido a cometerlos. Ni siquiera se las consideraba capacitadas para luchar en los frentes, donde algunas temporalmente prestaron tareas auxiliares, ni para cometer directamente delitos de sangre. Su papel siempre había sido, aun en la guerra, el de simples comparsas que estaban con los hombres, a los que instigaban a cometer desmanes. En definitiva, se las castigaba simplemente por haber transgredido los límites de la feminidad tradicional.

DE LAS MILICIANAS A LAS MADRES COMBATIENTES

El estereotipo de las rojas que iban fabricando los militares sublevados, las nuevas autoridades, los tribunales militares, los falangistas, los grandes propietarios, los católicos integristas, los requetés, los clérigos, etc., contó con el aval científico del ínclito psiquiatra militar Antonio Vallejo Nágera, que supuestamente estudió el caso de 50 presas de la cárcel de Málaga, todas con penas de muerte conmutadas. Previamente, y tras la ocupación de la ciudad en febrero de 1937, se había publicado un informe sobre los asesinatos y otros desmanes cometidos por las hordas marxistas en la ciudad de Málaga. «La bestia roja —engendro de todos los monstruos apocalípticos— mantiene en su perversidad el mismo brío hostil, la misma acometividad feroz que en sus comienzos, en los cuales aterró a propios y a extraños, que, como movidos en guerra santa, se aprestaron a estrangularla en defensa de la civilización»[13]. Se decía que todo afán criminal era extraño a lo español y más propio de la barbarie oriental que había invadido taimadamente la Patria. Lo que sirvió de justificación para la feroz represión contra los rojos, tras la toma de Málaga y gran parte de su provincia: había que purificar España de esos «cuerpos enfermos», de los «organismos morbosos». El enemigo no era sino un germen patógeno que arraigaba en los hogares, de los que había que hacerle salir para exterminarlo. No se especificaba la represión necesaria según los sexos, pero no había que fiarse mucho de la mujer, ni siquiera de la mujer tradicionalmente española.

Hacía tiempo que los obispos y los periódicos «nacionales» lo venían advirtiendo. Y así, por ejemplo, El Pensamiento Navarro del 25 de agosto de 1936 editorializaba:

Cubre tus carnes, mujer. Estamos en la guerra. La guerra es un castigo de Dios por nuestros pecados. Los hombres hemos pecado, señor, pero ahí tienes la sangre de nuestros varones. ¡Cuántos jóvenes que por ti pecaron, mujer, han muerto! Por tu causa, por tus carnes desnudas, por los brazos sin ropa, por tus pechos descubiertos […] Mientras tus hijos, carne de tu carne y sangre de tu sangre, mueren allá, lejos de ti, mujer, cara al sol, en la soledad infinita de los campos castellanos, tú sales, mujer, a la calle desnuda porque te molesta el vestido […] Sé modesta, mujer, te lo pide Dios. Te lo exige la sangre de tus hermanos, tal vez de otros amigos, de tanto español muerto en el campo. Muertos por ti, por tu culpa. Imita a las jóvenes de Navarra. No creas que empuñan ellas un fusil y van al frente y van al campo de batalla. No, pero están en el frente. En primera línea […] Arregla los vestidos indecentes, quémalos si puedes hacerte con otros. Así destruirás parte del escándalo que has sido. No se te pide sangre, como sí les pide a los hombres la Patria. ¡Adelante, mujer, no quieras pecar más. No sea que te suceda otra cosa peor[14]!

Si para la mujer «nacional» se exigía modestia, para la roja, que se había saltado la obligada domesticidad, sí se pedía sangre, castigo, cárcel y hasta la muerte. Porque no había sido inofensiva en la mayoría de los casos, sino todo lo contrario, según afirmaba Vallejo Nágera al final de la guerra, en mayo de 1939:

Coméntase vivamente el hecho de que en la revolución comunista española el sexo femenino se ha mostrado con entusiasmo y ferocidad inusitados, no dudando muchas jóvenes en alistarse como «milicianas» en los frentes, imitando ventajosamente a la famosa Luisa Michel, pues bastantes murieron en los parapetos.

Se refería el psiquiatra a la famosa revolucionaria francesa que luchó en las barricadas, aunque se le olvidó citar a Agustina de Aragón, que había ido mucho más lejos que la francesa en el sitio de Zaragoza y que fue objeto de numerosas loas patrióticas. No quería enterarse Vallejo de que la mítica «miliciana» española había sido sobre todo un símbolo, difundido inicialmente en innumerables carteles, de la resistencia antifascista española contra el violento levantamiento de los militares sublevados. La figura de la miliciana representaba un caso paradigmático en el juego de cambio y continuidades de género en el contexto de la guerra. La retórica y el imaginario colectivo consideraban la figura innovadora de la miliciana vestida con el mono y armada como un mito movilizador. Proyectaba una imagen que simbolizaba el valor, el coraje de un pueblo en lucha contra el fascismo, apareciendo también como un nuevo papel para las mujeres en una sociedad en guerra. Era una retórica heroica que, inicialmente, ignoraba las discrepancias entre el discurso revolucionario y la realidad social, aunque implicaba un cambio importante con respecto al arquetipo del «ángel de la paz», confinado en casa, consagrado a la familia e identificado con la ideología conservadora de la Iglesia[15]. En el verano de 1936, la figura heroica de la miliciana se convirtió en el símbolo de la movilización del pueblo español contra el fascismo.

Pero en la realidad fueron pocas las mujeres que vestían el mono e iban al frente como milicianas. Incluso las organizaciones femeninas de entonces no fomentaron la adopción del mono miliciano por parte de las mujeres, ni apoyaron su presencia en la trinchera. Ciertamente, la miliciana no constituía un nuevo modelo para la mujer republicana. En octubre de 1936, el nuevo gobierno de Largo Caballero preconizó su retirada de los frentes, para irse convirtiendo en una figura más o menos desprestigiada, que obstruía el desarrollo de los esfuerzos bélicos y que tenía mala prensa en la opinión pública extranjera. Al asumir el papel del soldado en armas, las milicianas ponían en evidencia la masculinidad de los hombres, al tiempo que se contraponían a la imagen de la «madre necesaria», dedicada a la causa de la guerra desde la retaguardia, una imagen que en la publicidad mostraba a mujeres maduras, madres y esposas que trabajaban en importantes tareas de apoyo y movilización de la solidaridad, pero que no iban a la guerra. La guerra necesitaba la vuelta a una imagen femenina más tradicional, para lograr el apoyo en el esfuerzo de la contienda y la solidaridad internacional. Lo más importante era ahora la resistencia civil, la acogida de los refugiados de la guerra, la atención de los niños en guarderías, albergues y colonias, la organización de talleres costura para el Ejército republicano. Sobre todo en las ciudades, muchas mujeres desarrollaban su actividad en la esfera pública, realizando tareas de mayor o menor relevancia social, que redefinían las fronteras de la domesticidad. Tal vez por primera vez, bastantes mujeres accedieron a ciertos ámbitos de la vida política, aunque, por lo general, seguían subordinadas a las decisiones de los varones, cuyas tareas a veces reemplazaban. Aun sin cambiar el sistema de género, el dinamismo femenino fue potente durante la guerra, emprendiendo nuevas actividades sociales, económicas y auxiliares, creando organizaciones femeninas específicas para combatir el fascismo en los pueblos y ciudades de la España republicana. Su nueva actitud colectiva en la lucha antifascista conformó en muchos casos un fuerte compromiso político. Muchas mujeres jóvenes que residían en territorio republicano se politizaron, aunque en distinta cuantía e intensidad, siempre inferior en las zonas rurales.

Lo cierto era que la condición social de las mujeres había mejorado considerablemente durante la Segunda República. Se eliminó una parte importante de la legislación discriminatoria que, secularmente, había mantenido la subordinación femenina en la política, en el trabajo y en la familia. La concesión del sufragio universal y la mejora de los derechos laborales, familiares y educativos habían modificado notoriamente la situación de la mujer española, aunque todavía tendía a seguir bastante arraigada al pasado. Persistía aún un modelo de feminidad que consideraba a las mujeres ante todo como madres y amas de casa, lo que seguía dificultando la entrada de la mujer en la esfera pública, en el terreno de la política, en la cultura y en el trabajo. Ciertamente, la mayor visibilidad de las mujeres en la Guerra Española no era necesariamente el reflejo de una nueva realidad social, pero la rápida modificación de la imagen femenina implicaba algún cambio en las relaciones de fondo entre los sexos[16]. La movilización femenina que supuso la guerra produjo un reajuste de las actitudes hacia las mujeres y su función social, con nuevos discursos, no necesariamente revolucionarios. Los propios partidos republicanos reclamaban de ellas una mayor participación en la lucha antifascista en la retaguardia. Por primera vez, tenían una visibilidad pública y colectiva, por minoritaria que ésta fuera.

Esa ruptura se produjo en toda la España republicana: fue más patente en las grandes ciudades, pero en las zonas rurales también hubieron de cambiar, implicándose económica y laboralmente en la subsistencia de los familiares, con el apoyo de los sectores más progresistas de la sociedad. Pero se establecía una clara escisión: «El hombre al frente; las mujeres a la retaguardia». La imagen propagandística más eficaz en la zona republicana fue la «madre combatiente» que había incitado a los hijos a convertirse en milicianos republicanos voluntarios, al tiempo que participaba en las tareas auxiliares de la retaguardia. Lo que no fue incompatible con la función de las milicianas armadas, que, sobre todo en los pueblos, hacían tareas de vigilancia y control, sustituyendo a los hombres que faltaban incluso en los frentes. Entre estas últimas, destacó Lina Odena, una gran activista que combatía en los frentes de Granada y que se suicidó en septiembre de 1936, cuando estaba a punto de ser capturada por las tropas franquistas. Pero, salvo excepciones, las milicianas, siempre minoritarias, no constituyeron un nuevo modelo de mujer asociado a la lucha antifascista. Su figura de militante agresiva, vestida con un mono azul y armada, sólo fue representada por una pequeña minoría y en un periodo breve, aunque se mantuvieran más tiempo en determinadas zonas rurales. Ya en diciembre de 1936 eran pocos los carteles propagandísticos republicanos que reflejaban el icono de la miliciana, siendo sustituido por el de la «madre combatiente», activa defensora de una república de trabajadores. Sin embargo, el arquetipo de la miliciana fue mantenido y exagerado por el franquismo, dándole una entidad salvaje y casi diabólica.

II. las feroces —y torturadas— rojas

II. LAS FEROCES —Y TORTURADAS— ROJAS

Si en la zona republicana, y sobre todo en los primeros meses de la Guerra Española, las milicianas simbolizaban el heroísmo de la resistencia popular frente a los militares sublevados, en los territorios ocupados por éstos eran tomadas como mujeres feroces, monstruosas y escasamente femeninas, rasgos que aplicaban a todas las mujeres que no habían mostrado una «afección» al Glorioso Movimiento Nacional o que simpatizaban con la Segunda República. Vallejo Nágera lo confirmaba, denominándolas «delincuentes marxistas femeninos», como queriendo negarles su naturaleza y condición de mujeres. Reconocía, en su estudio, que estas mujeres eran milicianas, y que, además de las que habían combatido en los frentes. «Mucho mayor ha sido el número de mujeres que unidas a las hordas perpetraron asesinatos, incendiaron y saquearon, además de animar a los hombres para que cometiesen toda clase de desmanes». Para explicar mejor la activa participación del «sexo femenino en la revolución marxista», Vallejo recurría a una retrógrada y misógina concepción de la mujer, a su «característica» labilidad psíquica, a la debilidad de su equilibrio mental, a su menor resistencia a lo ambiental, a la insuficiencia del control de su personalidad, a su supuesta tendencia a la impulsividad y a su escasa sociabilidad, cualidades, todas ellas, que en circunstancias excepcionales acarreaban anormalidades en su conducta social y sumían a las mujeres en estados psicopatológicos.

Si la mujer —decía Vallejo— es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadoso, se debe a los frenos que operan sobre ella; pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarles las inhibiciones inteligentes y lógicas.

La falta de esas inhibiciones, de los controles y de una rígida adhesión religiosa favorecía la conducta «extraviada», transgresora y descontrolada de las mujeres, tanto en el terreno político, como en el meramente delictivo y en la prostitución: todo era atribuible al régimen republicano, que había reconocido a la mujer el derecho a ser libre, libre incluso de las restricciones religiosas[1].

Por eso, en las cárceles franquistas coexistían presas por actividades políticas discordantes o socialmente transgresoras con las prostitutas, las estraperlistas al menudeo y las delincuentes comunes. Las mujeres rojas o desafectas al nuevo régimen eran culpables de haber entrado y permanecido en el espacio sociopolítico, de salirse del ámbito familiar que les estaba secularmente asignado y no ajustarse al modelo tradicional de la mujer de su casa, sumisa, sacrificada, guardiana del hogar familiar y guiada por el sacerdote católico. Entre las rojas se incluían también las que simplemente eran «mujeres de rojos» (esposas, madres, hermanas o hijas) que no habían evitado la nefasta actuación social o política de los hombres, situándose junto a las prostitutas y las delincuentes comunes, y constituyendo todas la antítesis de la nueva-vieja mujer española, cuyo modelo quería imponer el nuevo régimen de la España «liberada». La mujer «antiespañola» durante la guerra había desbordado los límites de la criminalidad femenina habitual, participando en los pillajes, en los incendios, en la quema de las iglesias y conventos, en el robo o destrucción de imágenes religiosas, así como en las matanzas, con un carácter marcadamente sádico, que escandalizaba al «investigador» Vallejo. Aunque la mujer siempre se había desentendido de la política, en la revolución comunista española se mezcló activamente en ella, aprovechando la ocasión para satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Y acababa el patriota psiquiatra la introducción de su estudio afirmando que cuando las mujeres se lanzaban a la política no lo hacían por sus ideas, sino por sus sentimientos, que alcanzaban proporciones inadecuadas e incluso patológicas, debido a la inestabilidad propia de la personalidad femenina. Las influencias del medio ambiente familiar y social eran para él muy claras en la exaltación pasional y política de las mujeres. Con ello Vallejo desnaturalizaba toda vinculación entre el género femenino y la acción sociopolítica, presentándola como algo provocado artificialmente por el entorno democrático o revolucionario.

El estudio lo había realizado Vallejo con 50 internas en la cárcel de Málaga, desde quince hasta sesenta años de edad, que participaron en los «desmanes de la horda» durante la «dominación roja» y que, acusadas de rebelión militar, fueron condenadas a muerte, habiéndoseles conmutado esa pena por la inferior. No se les había probado ningún delito concreto, aunque acompañaron a las patrullas de milicianos y participaron de sus asesinatos, saqueos e incendios. Algunas se distinguieron por su «necrofagia», ensañándose con los cadáveres de los fusilados o befándose de ellos, luego de haber presenciado el asesinato «con delectación». Había milicianas, «hembras marxistas», que, vestidas con el clásico mono y amazonas de arma corta o larga, fueron alguna vez al frente y tomaron parte directa en los crímenes urbanos. Muchas se habían dedicado a la denuncia de «personas de orden», ocultas o emboscadas, con las que tenían resentimientos por rencillas o agravios, generalmente banales. Y, por último, gran parte de las «marxistas» habían tenido una «actuación libertaria destacada», incitando a las turbas contra el fascismo, generalmente mediante la propaganda oral. Como era de esperar, mostraban en su mayoría «temperamentos degenerativos», eran de escasa inteligencia y de poca o nula instrucción educativa. Todas tenían antecedentes familiares de anormalidad psíquica (enfermos mentales, psicópatas, alcohólicos, suicidas, etc.) o «antecedentes revolucionarios familiares o matrimoniales» (padres, hermanos, esposos o hijos con actividades «revolucionarias»). No tenían formación política alguna, por lo que habían actuado por motivaciones no ideológicas. En unos casos, la actividad política se había debido a influencias ambientales: eran unas exaltadas por sentimientos pasionales, o las «aprovechadas» que se lanzaban al saqueo y a la violencia para satisfacer impunemente rencores y venganzas personales, como para hacerse con los bienes de los señores y de sus convecinos, o porque creían en la realidad del reparto. «La coquetería de alguna belleza de dieciséis años, atraída por sus continuas exhibiciones en público y la exaltación narcisista de su vestimenta, con mono y pañuelo rojo al cuello, y las amorales que por su hipersexualidad encontraban ocasión de prostituirse fueron la minoría del grupo».

Otro subgrupo lo formaban las «psicópatas antisociales» que, por su hegemonía de mando entre sus convecinos, o falso espíritu de reivindicación social, por mera exaltación del espíritu de crueldad, por descontento económico, por anestesia sentimental y afectiva, o por adaptación a cualquier clase de vida de perversión, liberaron sus tendencias psicopáticas durante la época roja. Otras eran «libertarias congénitas», revolucionarias natas, que, impulsadas por sus tendencias biopsíquicas constitucionales, desplegaron una intensa actividad asociada a la horda roja masculina. Paradójicamente, más de la mitad de las personas estudiadas manifestaron una buena opinión sobre la España nacional: «La buena opinión que se tiene de esta España Nacional se debe a que cuida de los niños, aunque sean hijos del enemigo, protege al pobre y hay trabajo, no siendo lo que decía la propaganda roja». Comparan estas mujeres la disciplina y el orden social nacionales con la orgía y el desorden rojo, y de tal comparación surgía un sentimiento admirativo hacia los «nacionales»… ¿Era Vallejo un ingenuo fanático o un cínico sectario? Lo que quedaba claro era que su «estudio» no era nada científico, aunque él se felicitaba porque podría controlarse y contribuir a evitar en el futuro el acceso de la mujer a la política, debiendo limitarse a la acción social femenina, a la asistencia social y benéfica.

El hecho fue que el Régimen había elaborado un discurso moral que involucraba a la mujer «desafecta» en una serie de delitos directamente relacionados con su condición sexual y que la había llevado a la cárcel o al paredón. O, más bien, transgresiones morales que los vencedores consideraban delictivas y por ello penalizables. A partir de 1937 esos delitos o transgresiones fueron enjuiciados por los tribunales militares en consejos de guerra sumarísimos, que frecuentemente dictaban la pena máxima. Aunque estaban tipificados como delitos de rebelión militar en sus distintas versiones, de hecho lo que se condenaba eran conductas sociomorales. Y cuando en la zona republicana se había desechado el icono de la miliciana como prototipo heroico de la mujer resistente al fascismo, en la zona «liberada» de la dominación marxista, ese icono, en negativo, retrataba casi esencialmente a la mujer republicana, o simplemente desafecta o mujer de republicano. En las sentencias condenatorias, los rasgos iconográficos de la miliciana, exagerados o imaginados, aparecían claramente como resultados sobre los que justificar las condenas a las mujeres que se habían significado de un modo u otro en la retaguardia republicana. Muchas, ciertamente, habían vestido el mono azul que tanto irritaba a los «nacionales», o habían participado en la formación de algunas infraestructuras de apoyo al Ejército republicano, aun sin mucha conciencia política. Pero estas tareas eran consideradas como sospechosas de haber sido «marxistizadas», simplemente por el hecho de ser parientes de combatientes o militantes republicanos, o porque habían huido de los lugares que iban «liberando» las tropas «nacionales», temerosas de los desmanes que cometían con las mujeres los moros y los legionarios, refugiándose en las ciudades aún en poder de los republicanos.

Tal ocurrió, con tintes trágicos, cuando en Málaga se supo que avanzaban sobre la ciudad las tropas norteafricanas e italianas, y numerosas familias, muchas de ellas antes refugiadas en la ciudad andaluza, huyeron masivamente por la carretera de Almería, tratando de alcanzar la zona republicana y siendo bombardeadas por la aviación nacional y cañoneadas sin piedad por la armada franquista. Además del miedo a ser violadas, siéndolo de hecho en numerosas ocasiones, muchas mujeres fueron también rapadas, recibiendo con ello un castigo ejemplarizante y público que siempre ha sido silenciado, pero no por ello olvidado por quienes lo padecieron y por los muchos que lo presenciaron. Cuando eran detenidas, a muchas rojas se las golpeaba y se las pelaba, y peladas eran paseadas por la vía pública, para mayor escarnio entre los vecinos y para ser diferenciadas del resto de la población. A menudo, era un castigo en sí mismo, y no tenía que estar asociado al cumplimiento de cualquier otra pena, pero sí fue frecuente que las «rapadas» quedaran a disposición gubernativa.

MUJERES DE DESPUÉS O DE ANTES DE LA GUERRA

En acusado contraste, la imagen de la mujer ejemplar encaraba los valores de la nueva sociedad española. Era también una imagen estereotipada, que, sobre todo, era difundida por las publicaciones de la Sección Femenina de Falange, y especialmente por la revista Y, cuyo número inicial se imprimió en febrero de 1938. En ese su primer número se hacía un «retrato ejemplar de la raza», afirmándose que, por la bendición de Dios, había tocado a España una espléndida raza de mujeres, sin igual en nación alguna. La mujer española era una amalgama de pueblos en el nivel imperial de la latinidad y católico de la cruz:

Por ello las madres de nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras madres y nuestras hijas son el producto de una raza en la que sólo hay memorias memorables —valga el pleonasmo— de mujeres que son ejemplo. Que son la continuación en el presente —en nuestra guerra para y por la España nacionalsindicalista— de una raza en la que no hay ni un solo caso de monstruosidad, de aberración o degeneración[2].

Era una figura maternal a la que la España nueva nada exigía, como sí sucedía con las mujeres oprimidas por el marxismo, que se convirtieron, como en una pesadilla, en mecánicos, electricistas o químicos, con lamentables características masculinas. La escritora Carmen de Ycaza pensaba entonces:

España quiere que sus mujeres le sirvan únicamente como mujeres. Que hagan patria únicamente como mujeres, que su esfuerzo y su trabajo respondan exactos a sus posibilidades mentales y físicas. Pero, al reconocer todas las prerrogativas de su sexo, exige de ellas también implacable conciencia de la hora que atravesamos. Les exige un máximo rendimiento en servicio y sacrificio. Les exige conocimiento y renunciamiento: conocimiento de sus deberes y renunciamiento a sus egoísmos, frivolidades, ambiciones personales y pequeñas[3].

La mujer nacionalsindicalista debía tener un sentido social profundamente cristiano, anónimo, disciplinado, exaltado de fe y de voluntad de servicio, sin más aspiración que la del deber cumplido.

Sin embargo, este tipo de mujer no era el que los jóvenes españoles, culturizados y de derechas, habían conocido en los años republicanos, especialmente en las grandes ciudades. Así lo describió el comediógrafo y conocido humorista Enrique Jardiel Poncela, según publicara en las páginas de la ya citada revista Y. A las mujeres que había conocido, en contraposición al posterior modelo nacionalsindicalista, Jardiel las dividía por colores: las mujeres verdes, las rojas, las lilas y las grises. El primer grupo de «mujeres verdes» eran fatales en toda la extensión de la palabra: las viajeras, rubias, de trasatlánticos y expresos; divorciadas de maridos desconocidos, pebitas, protagonistas reales de tangos argentinos imaginarios; mujeres de teatro, de cine y estrellas de variedades, con sus honrosas, naturales y múltiples excepciones; viudas sin partida de defunción de su esposo, pensionistas que no cobran pensión oficial alguna; doncellas que no podían demostrarlo y criadas de servir que no servían; huérfanas de personajes ilustres que nunca existieron; muchachas tristes de vida alegre; muchachas alegres de vida triste. Al segundo grupo de «mujeres rojas» pertenecían las agitadoras políticas, propagandistas, oradoras de mítines, periodistas, entrevistadoras y reporteras tendenciosas; lectoras de los rusos con indigestión moscovita crónica; feas conscientes de serlo; contrahechas, patizambas, bizcas y amargadas de la vida; afiliadas a las juventudes comunistas, las juventudes libertarias, las juventudes socialistas y demás juventudes sin juventud; esnobs pertenecientes a las más diversas clases sociales; partidarias de Moscú por moda, como si Moscú hubiera sido un modelo de sombrero o un específico recién aparecido para regular el funcionamiento del hígado; mujeres familiares de hombres rojos; provistas de ideas políticas transmitidas por ósmosis.

A las «mujeres lilas» pertenecían las estudiantes de la FUE; muchachas que hablaban de «querer vivir sus vidas»; republicanas por admiración al talento y la belleza física de Azaña; aspirantes a «estrellas de cine»; lectoras de Freud y preocupadas por el psicoanálisis; feministas, pedantes y marisabidillas de la ciencia y de la filosofía; entusiastas del divorcio por creer que iban a encontrar un marido mejor; admiradoras sin saber por qué de Alberti, Dalí, de todo aquello que estuviera torcido o fuera decididamente inferior; deportistas por aburrimiento; muchachas que encontraban cursi todo lo español y distinguido todo lo extranjero, etc. A las «mujeres grises», el último grupo, pertenecían las lectoras de novelas rosa; muchachas asfixiadas en el interior de una casa de barrio o de provincias; bailadoras de danza clásica, fracasadas en cosas emprendidas sin fe en el éxito; coleccionistas de fotos de artistas de cine; jóvenes obstinadas en vestir como se pudiera y en aparentar lo que no eran; apáticas fatalistas, resignadas con su insignificancia; mujeres sin pensamiento, etcétera[4].

Al final, Jardiel Poncela se preguntaba cómo tratar y convivir con semejantes mujeres. De las rojas no había más que huir, porque no se las podía aguantar. Tampoco se podía hacerse otra cosa que huir de las lilas, muchas de las cuales se volvían rojas con el tiempo. Y las grises aburrían. Sólo podía esperarse —opinaba Jardiel Poncela— que las españolas cambiasen algún día. «Y, de pronto, amanece el día especial en que las españolas cambian. Todos los colores del iris, al girar vertiginosamente, volteados por las fuerzas inmensas de la raza, en lugar de dar el color blanco que nos enseñó la física, dan un color azul. Surge ese día la mujer azul»[5]. Es la que es femenina sin ser feminista. La que reza y razona. La que sabe estar en casa y andar por la calle. La que conoce sus horizontes y no ignora sus límites. La que no busca convertir la simple amistad en amor ni cree que el amor sea una simple amistad. La que ha comprendido que la verdadera independencia es vivir pendiente de todo. La que llama libertad a la felicidad para proceder bien. La que medita lo que va a decir. La que se mejora cuando sufre y goza cuando se mejora. La que puede ser alegre sin ser ligera. La que es justa sin pedir justicia. La que no tiene pasado y cuida en todo instante de su presente, porque sabe que lleva dentro de sí misma el porvenir. Es decir, la que ha hecho real lo ideal. «Un único grupo de mujeres, las azules, se ha extendido como un novio en la España que amanece y ellas van a hacer el mediodía de España. Y el hombre deja de vagar desamparado y depravado, con el alma aterida y la acción atrofiada por la falta de apoyo de la mujer»[6].

Ciertamente, Jardiel no se equivocaba, y en los años cuarenta se evidenció que había desaparecido por completo del paisaje la circulación de mujeres rojas, lilas y verdes. Sólo sobrevivían las mujeres grises, y naturalmente, la mujer de su casa, la abnegada madre, cumplidora esposa, hogareña, sacrificada, católica integrista y a menudo nacionalsindicalista. El resto, la mayoría, pertenecía al bando de las «vencidas», no alcanzaba el nivel del modelo preconizado, y subsistían como podían en la exclusión perpetua y con el control social permanente.

Para los vencedores, los rojos —hombres y mujeres— eran difícilmente redimibles, y sólo con sus hijos podía hacerse algo: «desmarxistizarlos» y evitar en algunos de ellos las malas influencias de sus padres, más o menos irresponsables, reeducarlos y recatolizarlos. Pocas veces lo conseguían, y sólo en apariencia. Aunque hubo casos en que las propias familias «vencidas», desorganizadas y sin recursos de ningún tipo, solicitaron el internamiento de los hijos en centros religiosos de Auxilio Social o de la Sección Femenina. La experiencia, por lo general, resultaba fallida, aunque no siempre, al menos aparentemente, tal como lo ha contado la andaluza Matilde Donaire Pozo en su libro Raíces de la esperanza, publicado en 1995 y posteriormente comentado por la profesora Pura Sánchez[7].

Estuve enclaustrada desde los siete a los once años. Mi made se quedó sola con nosotros, con mi hermano y conmigo, y estaba en el punto de mira porque, claro, mi padre estaba en la guerra, luego pasó a Francia, estuvo encarcelado en Barcelona y en Madrid, y finalmente aquí, en la cárcel del Ave María. Yo era una niña rebelde, muy abierta… Mi madre tenía miedo por mí.

En su pueblo, donde sus padres ejercieron de maestros, no pasó nada. Mas, cuando entraron los «nacionales», fueron a por el maestro, y al no hallarlo, porque había huido a zona republicana, su madre fue molestada continuamente. En 1936 los «nacionales» ocuparon su pueblo, Villanueva del Río (Córdoba), y no encontraron al padre: «Yo les vi bajar con la pistola apuntando a mi madre y a mi abuela… Mientras, de mi padre no sabíamos nada, mi madre me oía hablar y me pide siempre que salga de la calle…, cerrábamos la puerta muy temprano». Como hablaba mucho y estaba siempre en la calle, porque era un pueblo muy pequeño, la madre tenía miedo por ella. La abuela hizo valer un título de nobleza y consiguió una beca para Matilde en el Colegio de Niñas Nobles del Espíritu Santo, donde ingresó interna en 1939.

Allí estuve durante cinco años, hasta que mi padre salió de la cárcel y la situación se normalizó algo… Porque mi padre estuvo expedientado y nunca pudo ejercer de maestro, ni en la enseñanza pública ni en la privada… Mi madre era la que sostenía a la familia […] Cuando aparece mi padre y encuentra trabajo, mi padre quiere que vivamos en familia. Mi madre solicita traslado a la escuela de Brenes, por la provincia de Sevilla. Así volvimos a vivir juntos en Sevilla [en dos habitaciones en una casa de vecinos]. Tuve que empezar por adaptarme a vivir en un mundo que yo no conocía[8].

Al salir del convento, Matilde empezó a estudiar Bachillerato con matrícula gratuita, por ser hija de maestra, en el instituto Murillo de Sevilla. «Había allí muchos profesores represaliados… algunos profesores en la Institución Libre de Enseñanza», que debían ir «voluntariamente» y a diario a misa. El miedo seguía atenazando a la familia, incluso a lo largo de los años cincuenta. Cuando Matilde comenzó a estudiar en la Universidad, su ficha del sindicato obligatorio, el SEU, decía: «Hija de rojo. Tiene espíritu de líder. Sería conveniente atraerla al partido». Era el año 1952, y ese verano le ofrecieron hacer un curso en el Castillo de la Mota para formarse como futuro mando de la Sección Femenina. «Naturalmente, rehusé». Sin embargo, no pudo sustraerse a la obligación de hacer el llamado Servicio Social en dos veranos de campamento, los de 1952 y 1953. Como las demás compañeras, iba de uniforme falangista, realizaba grandes caminatas, largas y duras, recitaba los textos de José Antonio, cantaba el Cara al sol, izaba y arriaba la bandera, etc. «Entre las de la Sección Femenina había algunas que eran muy varoniles, que decían que parecéis mujeres. “Tenéis que caminar con aire más marcial” [nos decían]». Después de finalizar el Servicio Social y los estudios de Derecho, en 1958 consiguió un puesto en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Ése era el cargo más alto al que entonces podía acceder una mujer que fuera licenciada en Derecho. Y, sin embargo, su madre le seguía diciendo: «No hables, no nombres a tu padre… Tú, muda, que no se te olvide»[9]. Matilde, excepcionalmente, ha podido hacer una vida normal en el sentido profesional y familiar, pero siempre debió guardar su pasado en su «armario», hasta que en 1995 decidió publicar sus memorias. Durante muchos años se mantuvo en el silencio, el silencio que se le había impuesto desde niña, un silencio pacientemente aniquilador, pero que le permitió sobrevivir conservando su dignidad, hasta poder salir del mismo con orgullo y con la integridad intacta. Lo que no se dio en la mayoría de los casos, en los que el silencio fue sumiso e incluso culpabilizante o cómplice.

Por contraste, las mujeres «nacionales», que pasaron gran parte de la guerra en la retaguardia roja, fueron luego ensalzadas:

Porque, prescindiendo, como es lógico, de las arpías que superaron sacrilegios masculinos y que hicieron de la emulación hombruna y de la blasfemia marxista un constante ejercicio, la mujer, la esposa del perseguido, la esposa del encarcelado, la hermana del que estuvo escondido, como síntesis de una gran parcela humana, de una colectividad integrada en nuestra gran coyuntura, ha sido, en rigor, el coeficiente más elevado de todas las aportaciones a la Causa, en su sentido de lucha y en su carácter de aflictiva prueba[10].

Se exaltaba su heroísmo anónimo, pequeño, cotidiano, sin desmayo ni queja, siempre en silencio, sólo atentas para levantar la moral en los momentos más difíciles:

La mujer que ha sufrido el rigor de presencia y de convivencia en estas grandes ciudades, sojuzgadas por el poder marxista, ha evidenciado para siempre —para la Historia— la posesión de ese factor moral que es el silencio; ha sabido vivir en silencio […] y ha aprendido a rezar, para dentro, ni siquiera en voz baja. Pero no ha dejado de rezar.

Era la imagen idealizada de la abnegada esposa, de la madre callada, cuyo velado sufrimiento fue siempre glorificado, en la guerra y también en la paz.

La otra cara, la de la maldad del marxismo, la encarnaban las mujeres republicanas, como Margarita Nelken, según el perfil que de ella describiera Edgar Neville, también en la referida revista Y. Según este dramaturgo madrileño, en agosto de 1936 las «arpías de los barrios se unieron a las rondas de la muerte y comenzaron a caer finas mujeres de la burguesía, blancas y espigadas madrileñas, en plena juventud. Aquello se convertía en la venganza, en suspenso durante siglos, de las feas contra las guapas». Aquellas mujeres que fusilaban eran «las feas en celo, las contrahechas en rebelión, supurando odio y envidia, vengando en aquellas víctimas un daño del que eran inocentes, vengando el desaire perpetuo de los hombres hacia ellas»[11]. La fealdad resentida era el atributo de la maldad, como en Margarita Nelken, la conocida diputada socialista: «Había mujeres más feas y de peor figura, pero saboreadas por la gracia. En ella era todo repulsión. Tenía una cursilería emponzoñada que le quitaba ese indudable atractivo físico que tienen muchas cursis; al verla encaramada en sus impertinentes, se presentía su carne cruda, prensada con varices y una ropa interior violeta». Rechazada por las finas gentes de Madrid, «su rencor la llevó a los pueblos, a predicar el robo y el asesinato, quería quitarse de en medio a toda la gente que le recordara su condición y, cuando comenzó la orgía, de pronto se dio cuenta de que podrían salvarse las mujeres bonitas»[12]. E invitaba a los rojos a que las fusilasen. Pasada la guerra, no podía olvidarse ni perdonar a los asesinos, pero tampoco a quienes, pudiendo salvar, escarnecieron por el contrario, acusaron, denunciaron, llevando la muerte a inocentes. Y Margarita Nelken —concluía Edgar Neville— era un tipo representativo, azuzadora del odio, promotora de la muerte, mereciendo el castigo eterno e inexorable.

La imagen de la mujer roja, política como la Nelken, o la de la miliciana anónima, fue demonizada y ridiculizada. Fue despojada de su condición de mujer porque vestía el sempiterno mono o por su comportamiento licencioso, presentándola como una suerte de marimacho, como un ser socialmente peligroso y políticamente subversivo. La mujer revolucionaria era brutalizada y, por tanto, tras la victoria franquista, podía y debía ser represaliada implacablemente con total impunidad.

MUJERES RAPADAS: ESCARNIO PÚBLICO

Retomando el relato de Luis Elio, el magistrado pamplonica recordaba que la sirvienta Fermina le dijo después:

Y lo peor son los domingos, cuando la Plaza del Castillo se llena de gente después de la salida de misa de doce y todos están tomando el aperitivo. Es cuando aprovechaban para pasear en fila a las mujeres que pasaban por rojas, desaliñadas del todo, cortado el pelo al rape y afeitadas las cejas. ¡Hay que ver cómo las insultan y qué cosas no se les dice[13]!

Y no sólo en Pamplona ocurrían estos terribles desfiles, sino en toda la provincia. En Cintruénigo, un pueblo de la ribera navarra, el 12 de agosto de 1936 detuvieron por la mañana a ocho o diez mujeres y les dieron de desayunar medio litro de aceite de ricino, llevándolas después dos o tres horas por todo el pueblo antes de ingresarlas en la cárcel. Iban hechas una lástima, con el pelo cortado al cero y llorando todas[14]. Santarguda, de 1000 habitantes, fue conocido como el pueblo de las viudas, porque habían fusilado a ochenta y cuatro hombres. El pueblo se había visto sorprendido por la aparición de una veintena de requetés que, con la Guardia Civil, se hicieron muy pronto dueños de la situación. El 20 de julio se produjeron las primeras detenciones, que se sucedieron durante todo el mes de agosto, comenzando también el apresamiento de mujeres, a las que sistemáticamente se les cortaba el pelo. Dos barberos se encargaron de la tarea, y uno de ellos les cobraba por raparlas. Las bromas y las burlas completaban el escarnio, que aumentó al obligarlas a desfilar, conminándolas a que gritaran «¡Abajo las putas! ¡Viva la Guardia Civil!»[15]. Y a las viudas les saquearon sus casas, las insultaron y les incautaron tierras y alimentos.

Otro hecho estremecedor sucedió en Laguno (Navarra), donde el 15 de agosto de 1936 los sublevados fusilaron a Vicente Lamberto y violaron también a su hija Maravillas, que contaba sólo con catorce años de edad y cuyo cadáver nunca se encontró. Sus bienes fueron incautados, y el resto de la familia —la esposa y dos hijos más— quedó en la miseria. Se fueron a vivir a Pamplona, donde los tres tuvieron que ponerse a trabajar. Como a duras penas podían mantenerse, la hija mayor se hizo monja, permaneciendo en el convento desde los veintiuno hasta los sesenta y siete años. Fue entonces cuando decidió salir de la orden, «por la incomprensión. Siempre fui para ellas la “hija de”… y me trataron con desprecio, no sé cómo no desperté antes»[16].

Lo que Luis Elio o Fermina no podían saber era que las violaciones y el espectáculo de «pasear» a las mujeres rojas rapadas y bajo los efectos purgantes del aceite de ricino se estaban generalizando en todos los territorios «liberados» por los militares sublevados. Nadie parecía haberlo ordenado por escrito, y apenas se han encontrado documentos sobre esta peculiar práctica, aunque los testimonios han abundado en los últimos años. Era una forma de escarnio público para el escarmiento ejemplarizante de la población, impuesto a muchas mujeres republicanas que de este modo eran marcadas socialmente, cuyas imágenes debieron de quedar grabadas en el imaginario colectivo de la población. Dicha práctica las realizaban patrullas paramilitares (falangistas, requetés, guardias civiles, guardias cívicos, etc.), con muy probable consentimiento de las autoridades militares, que lo controlaban absolutamente todo. Y durante mucho tiempo nadie habló de lo que había sido un espectáculo público generalizado que padecieron muchas mujeres y que debió de contemplar mucha gente, pues en muchos lugares era obligado presenciarlo o se presenciaba por miedo a parecer «desafecto»: la amnesia histórica funcionaba perfectamente y desde el principio.

¿Cómo se vivió aquel escarnio público? En modo alguno como un fenómeno descontextualizado y aislado, como ha sido presentado en los últimos años, aunque ya se ha comenzado a hablar de ello, porque, aunque inexplicado, no podía ser inexplicable o anecdótico. Fue una historiadora francesa, Maud Joly, la primera que propuso estudiar sistemáticamente y a fondo este fenómeno sin duda colectivo[17]. Comenzaba su trabajo con una frase de Alain Brossat:

Matar está escrito en el código de la guerra. Rapar, en cambio, produce un receptáculo de la degradación de la mujer como mujer, no está escrito en ningún código civilizado que nos sea familiar y dibuja bajo los pasos de nuestros contemporáneos un abismo represivo que lo llenamos de espanto[18].

Al enfrentarse con este acontecimiento colectivo, Maud Joly encontró un evidente hiato entre una realidad histórica de dimensión cierta y una ausencia dentro de la historiografía española y extranjera, que había olvidado el «camino memorialístico» referido al periodo de la Guerra Civil y del primer franquismo de la sociedad española. Quiso entonces recuperar la memoria sobre este procedimiento represivo específico contra la mujer republicana, rellenar este «espacio muerto» de la historia española e integrarlo con las «experiencias colectivas» de la represión franquista. Al concentrarse en la «lectura» de esta violencia, se evidenciaba su «dimensión sexual», visual, y su integración en el arsenal represivo de un determinado régimen, el franquista. Los múltiples y dantescos desfiles de mujeres rapadas correspondían a imágenes «integradas en el paisaje» de la Guerra Civil y la posguerra en numerosos pueblos y ciudades españoles. Estaba también claro que el «corte de pelo» causaba detrimento a la integridad física y moral de las víctimas, públicamente exhibidas, al tiempo que suscitaba numerosos interrogantes como una nueva experiencia femenina que debía ser conocida, comprendida e integrada en un periodo de guerra y de posguerra, con enfrentamientos ideológicos que rompían las líneas tradicionales de género y se fusionaban. Para ello era preciso estimular las fuentes memorialísticas —escritas y orales—, en contra del silencio largo tiempo interiorizado, para entender y describir esta violencia «particular», evitando en lo posible el riesgo de caer en generalizaciones abusivas. De lo que no había duda era de la «estigmatización» que vivieron aquellas mujeres durante un periodo de crisis social prolongada y de silencio impuesto, lo que explicaba, al menos en parte, aquella respuesta represiva. Se trataba de destruir o descontextualizar la condición femenina de la mujer republicana, de humillarla y vejarla, para lo cual la dimensión visual del fenómeno era un aspecto esencial. Era, pues, una violencia visible, porque tenía que ser observada por todos y a escala nacional.

En la Guerra Civil Española, la frontera ideológica cruzaba la de los sexos. El corte de pelo a las mujeres era una práctica heterogénea, puesto que afectaba a personas de diversas clases sociales, edades y diferentes compromisos políticos, pero ese «corte» las homogeneizaba socialmente, visualmente, considerándolas con el común denominador de «mujeres desafectas» al nuevo régimen. Por otra parte, este método represivo se producía por lo general en el lugar de la retaguardia, en el lugar de mayor visibilidad de las mujeres, y después en el espacio vinculado al concepto de posguerra, en el que los vencedores querían paralizar y eliminar al enemigo vencido, pero no convencido, represaliándolo, vengándose de él, humillándolo de un modo u otro, reprimiéndolo con total impunidad. Efectivamente, la aparición y extensión del «corte de pelo» no podía disociarse del contexto sociopolítico impuesto por el régimen franquista, incluyendo un léxico estigmatizante para las mujeres «desafectas»: putas, rojas, rapadas, peladas, pelonas, sucias, feas, etc. Y, desde luego, tenía una dimensión catártica, exhibicionista, que generaba humillación en las víctimas, con muy previsibles secuelas traumáticas. A través de los relatos memorialísticos que han ido apareciendo y publicándose, se confirma una y otra vez que el «corte de pelo» se incluía en las «experiencias colectivas de las mujeres republicanas», y tal vez también de los que presenciaban los «desfiles», obligadamente o no, y de los que los organizaban: las mujeres rapadas formaban parte del paisaje urbano de las ciudades y pueblos de España, y en ese paisaje se incluían de un modo u otro todos los españoles.

Se señalaba el simbolismo de la cabellera femenina, «cuyo corte significaba un gesto represivo de género, de castigo por el pecado de insubordinación cometido contra el nuevo régimen», aunque no conformaba la figura de la mujer rapada, en tanto que las víctimas fueron social e ideológicamente heterogéneas: eran sólo «mujeres rojas» en sentido amplio. La especificidad de esta violencia represiva residía en el hecho de que las víctimas eran exclusivamente mujeres pertenecientes al bando de los vencidos. Según Maud Joly, la realidad de la mujer rapada habría que contextualizarla no en sí misma, ni por sí misma, sino en la construcción de la mujer roja dentro del imaginario franquista. Y la imagen de la mujer roja se construía como expresión de máxima transgresión de los valores que pretendía representar el nuevo Estado, dando sentido a la represión de género de la España franquista. Había que captar también la dimensión de un régimen que tenía un componente patriarcal, así como la reacción contra cualquier transgresión de las opciones tradicionales de las mujeres[19]. El que se haya pretendido olvidar el corte de pelo sistemático de las mujeres republicanas, que fue un espectáculo de exhibición público, sólo puede entenderse como parte de un consenso político y social de la Transición española, por el que no convenía hablar del pasado inmediato de los españoles, ni tan siquiera conocerlo. Pero en absoluto fue un fenómeno marginal y anecdótico.

III. Corte de pelo: el contexto…

III. CORTE DE PELO: EL CONTEXTO…

El hecho fue que el corte de pelo de la mujer roja se fue extendiendo por toda la zona que iba siendo ocupada militarmente por los sublevados, y en todo el territorio español ya en la posguerra. La reconstrucción del pasado de las mujeres republicanas está poniendo de manifiesto, cada vez más, la existencia latente, en tanto que no olvidada del todo, de este importante y significativo método represivo de género, pese al desinterés que aún le prestan muchos historiadores, tal vez por considerarlo un fenómeno escasamente relevante. Así, por ejemplo, un historiador que recientemente ha publicado un minucioso estudio sobre la Segunda República y sobre la represión franquista en Calatayud (Zaragoza) reconoce no haber encontrado ningún caso de mujer rapada, lo que resulta chocante, tratándose de un espectáculo público en una ciudad pequeña. ¿Lo había buscado suficientemente[1]? Y, con respecto a La Rioja, María Cristina Rivero Noval publicó hace unos años un completo estudio sobre la represión franquista en aquella provincia, resaltando que las ejecuciones de mujeres republicanas habían sido escasas, atribuyéndolo a que tal vez se habían utilizado con ellas otros métodos represivos, tal como el rapado de pelo, pero no citaba ni un solo caso[2]. Sin embargo, Pablo Escobal, en sus memorias carcelarias, había contado antes que presas republicanas estaban hacinadas en una prisión habilitada en Logroño, aunque rígidamente separadas de los hombres. Muchas habían sido «paseadas» por las calles de los pueblos cercanos, con la cabeza rapada y tras haber ingerido una elevada cantidad de aceite de ricino[3]. En los pueblos, muchas mujeres detenidas fueron conducidas a los calabozos de los respectivos ayuntamientos, entre insultos, escupitajos y algunas pedradas lanzadas por los requetés, cuya crueldad era estimulada por las nuevas autoridades militares. Eran rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino y a desfilar por las calles, hasta su traslado a una prisión habilitada de Logroño. En el pueblo riojano de Cenicero, entre otras mujeres, fueron detenidas María Luisa Garabina Olmedo, de cuarenta y cinco años, casada con un militar que no se había sumado a la sublevación y que por ello fue fusilado; Enriqueta Santamaría, cuyo marido, militante de la CNT, se había fugado, acusándola de rebelión militar; y María Agustina García Tarazona, que había vivido en París y que se había significado políticamente tras su casamiento con un destacado izquierdista del pueblo, que también se había fugado del mismo. Las tres habían realizado tareas educativas y formativas con gente joven. Según la hija de la referida en tercer lugar, «hicieron teatro, les enseñaron a leer, hicieron una obra, y a todas las que hicieron la obra les cortaron el pelo al cero, les dieron aceite de ricino y las pasearon por el pueblo»[4]. A finales de julio de 1936, las tres fueron fusiladas.

La toma de muchos pueblos riojanos significó, ante la amenaza de requetés, falangistas, guardias civiles, etc., la huida al campo de numerosos republicanos que podían haberse significado políticamente; muchos regresaron cuando se les garantizó que no les pasaría nada si no habían cometido delitos de sangre. La noche más trágica para los vecinos de Fuenmayor en toda la guerra fue la del 26 al 27 de septiembre de 1936, la noche de los veintisiete fusilados. Según el testimonio de José de Marcos Villuendas, los hombres se encontraban más seguros en el campo que en casa, donde podían ser detenidos de un momento a otro. Pero de poco les sirvió, porque, si los maridos no estaban en el domicilio cuando iban a buscarlos, detenían a sus mujeres. Y claro, cuando ellos se enteraban se venían a casa con los hijos, siendo de inmediato detenidos. Después, a las mujeres se les cortaba el pelo y las mandaban de nuevo a casa:

Mi padre estuvo en el campo, pero, al anochecido, el padre de un compañero fue a buscarlos y les dijo que los hijos estaban solos, que estaban sus madres detenidas, que ellos verían lo que harían. Pero ya vieron qué hacer, venían a casa. Y al anochecido mi padre estaba con nosotros y le detuvieron la noche de los veintisiete, de los veintisiete que detuvieron. Los llevaron a todos al Ayuntamiento.

A la mañana siguiente, sus hijos pequeños fueron a llevarle café, y volvieron llorando. «Y nos mandaron para casa, y allí estaba la madre con el pelo… sin pelo, con el pelo cortado, y a llorar»[5]. El padre, y otros veintiséis hombres más, fueron fusilados.

Es conocido el «calvario» sufrido en los pueblos riojanos por las mujeres «marcadas» por ser esposas, madres o hijas de rojos declarados, el escarnio público que sufrieron, la humillación «paseada» delante de toda la gente y la rabia contenida durante mucho tiempo debajo del silencio prudente o miedoso, las lágrimas de puertas adentro. Blanca Ramírez López estaba con su madre, Eustaquia, cuando fueron a buscarla a su casa de San Vicente de Sonsierra. Y no se separó de ella. Vio cómo le cortaban el pelo junto a otras dos mujeres. No fueron las únicas, «raparon el pelo a muchas. Las llamaron al cuartel, donde está el asilo. A mi tía Ignacia le dieron aceite de ricino y bajaba desde allí… Pues la pobre mujer iba cagándose por la calle. Y salían mujeres de las de derechas riéndose de ella también». Con motivo de la ocupación de una ciudad importante, se pretendió sacar a la calle a todas las mujeres a las que se les había cortado el pelo y ponerlas a la cabeza de una manifestación. Una escena similar presenció Jesús Galín, quien, con catorce años, era incapaz de entender por qué le cortaban el pelo a su madre:

Mi madre, Concha, le cortaron el pelo. Aquí hubo una señora, la Ignacia, que le mataron dos hijos, y parece que la estoy viendo: de aquella barbería la vi salir con el pelo cortado, y le habían matado dos hijos. Aquí se lo cortaron a muchas, a mi madre también se lo cortaron. Fíjate qué cosa, yo esto se han pasado los años y no lo puedo contar sin conmoverme[6].

En Haro, después de cortarles el pelo, obligaban a las mujeres a ir a la iglesia, a escuchar misa. En Alfaro, una enfermera de veintidós años, que meses antes se había graduado y trabajaba en el hospital del pueblo, poniendo inyecciones en sus ratos libres, fue asesinada, porque las damas de la catequesis determinaron que no tenía perdón —al poner inyecciones en las nalgas de los hombres—, era indefectiblemente una puta. Según cuenta su tía,

el 20 de julio de 1936, por la mañana, la arrancaron de su casa un grupo de beatas que le dieron una paliza de miedo, dejándola medio muerta en un callejón, en las afueras de Alfaro. Allí unos vecinos la recogieron y, al decirles que era una enfermera del hospital, la llevaron a su lugar de trabajo, hasta que, al cabo de unos días, cuando su hermana iba a verla, como cada día, se encontró con que se la habían llevado. Resulta que las beatas se enteraron de dónde estaba y la denunciaron. Del hospital la raptaron unos falangistas, que se la llevaron a una casa abandonada. Donde la violaron, le cortaron el pelo y luego la mataron[7].

Y se ha sabido de muchos testimonios recogidos en otros pueblos de La Rioja: San Asensio, Briones, etcétera.

En Álava, en cuya provincia casi por entero triunfó la sublevación militar desde el primer momento, hubo también «rapaduras» a las mujeres republicanas. En la capital, Vitoria, se habilitó de inmediato una cárcel de mujeres en el Colegio del Sagrado Corazón, donde las monjas carmelitas atendían a 100 mujeres internadas allí. Las presas eran exhibidas, después de haber sido rapadas y purgadas con aceite de ricino, cada cierto tiempo, «paseadas» por las calles céntricas de la ciudad, que luego también tenían que limpiar… Y el corte de pelo, como método represivo de género, se había extendido como una mancha de aceite en toda la zona nacional, controlada por el general Mola hasta su muerte: las mujeres que habían transgredido con su comportamiento en tiempos anteriores el modelo tradicional de mujer debían ser castigadas por ello, para ejemplaridad de todos. Cuando alguna se había significado por su firmeza de juicio, por su combatividad político-social o por lo llamativo de sus actitudes, era vista como algo fuera de lo común por la gente bienpensante, debiendo ser públicamente corregida para que se arrepintiera. «No es costumbre que las señoras ostenten cargos públicos», dijo el párroco de un pueblo burgalés refiriéndose al caso de alguna mujer que debió de aspirar a una concejalía en su pueblo. Hay una casuística muy numerosa, aunque dispersa, de mujeres rapadas y purgadas en Navarra, Logroño y Álava, como ya se ha dicho, como también la hubo en Valladolid, Burgos, León, Segovia, Soria, Salamanca, Zamora y Ávila.

ROJAS POR TRANSGRESORAS

El rapado público del pelo tenía la virtualidad de hacer que las mujeres trasgresoras del orden tradicional, siguiendo los dictados de la Segunda República, volvieran al ámbito privado del hogar, avergonzadas y «marcadas» para siempre. Si durante la República algunas mujeres habían podido legalmente «soltarse el pelo», ahora se las pelaba para castigar su insumisión al orden social tradicional que los que iban venciendo en la Guerra Española querían imponer a toda costa, para retraerlas socialmente a sus hogares, hogares que en muchos casos la guerra había destruido, devolviéndolas a sus reductos domésticos, de los que nunca debieron haber salido. Se consideraba que la mujer republicana se había rebelado contra la esencialidad de su ser femenino, que por naturaleza debía estar enclaustrado en el hogar. Pese a la presunta inferioridad intelectual de la mujer republicana, se la podía considerar responsable incluso de la conducta política y combatiente de los hombres de su casa (maridos, hijos, hermanos, padres). Pese a que la sublevación militar tenía como principal y prioritaria motivación política la eliminación de los representantes del Frente Popular, las autoridades republicanas, los dirigentes sindicales y los militantes de los partidos de izquierda, la represión se dirigió también contra sus mujeres, tomándolas a menudo como rehenes, e incluso como responsables de lo ocurrido en los pueblos que se mantenían algún tiempo en manos de la República, cuando los hombres habían huido antes de la entrada de los «nacionales». Así, el fiscal del consejo de guerra que juzgó a varios miembros del Ayuntamiento de Miranda de Ebro defendió el castigo, «por derecho de representación», a cinco mujeres, que eran las esposas de los principales responsables políticos. Varias de ellas fueron sentenciadas a muerte, condenas conmutadas por las penas inmediatamente inferiores. Fueron encarceladas en la prisión de Burgos, donde permanecieron largos años[8].

Miranda de Ebro, importante núcleo ferroviario y la zona más industrializada de la provincia de Burgos, había opuesto una tenaz resistencia a la toma del poder por parte de los militares sublevados, manteniéndose bajo el control republicano durante algún tiempo. Cuando finalmente la ciudad fue tomada por los «nacionales» la represión fue dura y prolongada, siendo justificada como venganza de los «desmanes» que habían cometido los rojos. Una jovencita, hija del vicepresidente de la Agrupación Socialista y de notable nivel cultural, fue paseada por las calles del pueblo, pelada al cero y medio desnuda, con un guardia civil a cada lado, y llevada a la escalinata de una iglesia que había sido quemada por los rojos. Su padre fue encarcelado y fusilado, y a la familia se le incautaron todos sus bienes, teniendo que sobrevivir en condiciones de extrema penuria, hasta que por fin pudo emigrar a Argentina[9]. En Aranda de Duero, otro pueblo importante de la provincia, los falangistas «pasearon» a un grupo de unas 30 mujeres rapadas y purgadas, y a veces lo hacían acompañados de bandas de música. En algún caso, las mujeres ofendidas ofrecieron cierta resistencia a estas humillaciones, pero la represalia podía ser aún peor: una mujer de cincuenta y tres años, viuda y madre de cinco hijos, fue fusilada por negarse a ser rapada[10].

La gran mayoría de estos casos, especialmente abundantes en la provincia de Burgos, sólo han podido ser conocidos por los testimonios particulares de personas, siendo niños o no, que los presenciaron, dada la inexistencia de textos escritos que ordenasen el castigo. Casi nunca solían ser reflejados en ninguna nota oficial u oficiosa. El miedo de las víctimas, obligadas a un silencio vergonzante, y el miedo de los muchos que los presenciaron impidieron que nada de esto se dijera, aunque se mantuviera muy guardado en la memoria, hasta que muy tardíamente pudiera ser contado. Como ejemplo, el caso de las «peladas y humilladas» de Villadiego, partido judicial de Burgos, donde la represión franquista fue considerable desde el mismo 18 de julio de 1936. El testimonio consistía en una relación nominal de 31 mujeres —entre las cuales se encontraba una niña de catorce años de edad—, que sufrieron repetidamente esta violencia represiva:

Al menos hubo en tres ocasiones procesiones de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús por no ser buenas españolas, según decían. La primera fue la peor, por el miedo que pasaron y porque realmente pensaron que las iban a matar, como se rumoreaba que había pasado en otros pueblos de alrededor. Todas fueron peladas y obligadas a tomar aceite de ricino, desde un vaso hasta media botella, lo que les provocaba instantáneas diarreas y vómitos, como mínimo, mientras las paseaban por el pueblo. A alguna le pintaron el culo de rojo […] Todas las procesiones de peladas fueron el lunes feriado, aprovechando la afluencia de labriegos que acudían al mercado a vender sus productos y la concentración de fascistas […] que acudían a la compra normal y a traer a las prisioneras, a la vez que mostraban su poderío con sus correajes y pistolas[11].

Y proseguía este informe, que había sido elaborado con el testimonio directo de varias de las afectadas:

Hubo humillaciones en cuatro días diferentes: las sacaban en fila de a dos desde la Casa del Pueblo, obligándolas a cantar el Cara al sol al unísono con los falangistas que las flanqueaban. La mayoría de ellas eran familiares de hombres encarcelados o asesinados.

Se buscaba con ello la humillación pública, que quedaba firmemente arraigada en la memoria de las víctimas, aunque parecieran haberla olvidado, al igual que mucha gente que la había presenciado, forzadamente o no, y aquellos que habían organizado las procesiones. Y las víctimas quedaban marcadas indefiniblemente, aunque no tuvieran secuelas físicas, pero sí quedaron grabadas en el imaginario colectivo de toda la población, probablemente para siempre. Pero nunca apareció referencia alguna a estos hechos en los expedientes de los tribunales militares, aunque algunas mujeres pretendieron dar testimonio de lo que había sucedido, sin que se les tolerara y no se les diera la menor credibilidad. No tenían credibilidad quienes eran consideradas rojas feroces, ordinarias, sucias y propensas al vicio y a la mentira.

En Valladolid, los fascistas ejercieron una violencia específica contra la mujer: la violación, el abuso de todo tipo, la violencia, el secuestro de sus hijos. La violación fue, como en la mayoría de los conflictos bélicos, un arma de guerra con la que se amenazaba y que se utilizaba como una forma de extender el terror entre la población. El silencio siempre la acompañaba, porque la violación era un tabú social y la mujer prefería negarla, evitando así su estigmatización definitiva. Quedaba el rumor, que también tenía su eficacia social. El fenómeno se dio sobre todo en la provincia de Valladolid, según viene estudiando Orosia Castán, que ha hablado confidencialmente con numerosas mujeres violadas durante la guerra[12]. Según parece, las violaciones las efectuaban los falangistas vallisoletanos, numerosos y particularmente feroces y aguerridos, pero existen pocos testimonios sobre el fenómeno de las mujeres rapadas en esta provincia castellana.

En León, donde hubo también poca resistencia popular, la represión de los sublevados fue bastante intensa y extensa, y las rapaduras de pelo y las violaciones de mujeres fueron frecuentes, aunque estas últimas apenas se publicitasen. Y contra los guerrilleros hubo una guerra sin cuartel, en la que todo parecía estar permitido: ley de fugas, violaciones y corte de pelo de los enlaces y parientes de los echados al monte. En Segovia, los militares sublevados controlaron la situación desde el principio, iniciándose rápidamente una represión preventiva. Nuria Jiménez era de familia acomodada, aunque de convicciones republicanas. Sus propiedades le fueron requisadas, pero no fue directamente represaliada. Sí fue testigo del trato vejatorio que se les dio a algunas mujeres: «Las rapaban el pelo al cero, dejándoles libre un pequeño mechón en lo alto de la cabeza y del que colgaban banderitas, que llevaban escritas la frase “¡Arriba España!”»[13].

La totalidad del territorio zamorano fue dominado por las tropas franquistas a finales de julio de 1936. No hubo en la capital resistencia armada y organizada a la declaración del estado de guerra por parte de los militares sublevados. Durante el conflicto, Zamora fue siempre retaguardia, aunque al principio hubo unos pequeños focos de resistencia en Toro y Villalpando. No hay testimonios fehacientes sobre casos de represión específica contra la mujer (cortes de pelo, violaciones, etc.), aunque cabe pensar que los hubo. En Salamanca capital había triunfado con facilidad la sublevación militar, sin apenas resistencia republicana. Parecida suerte corrieron los núcleos urbanos más importantes de la provincia, tales como Ciudad Rodrigo, Ledesma y Béjar. En esta última población, único núcleo industrial de la provincia, la Guardia Civil no se atrevió a pronunciarse a favor de la rebelión militar, hasta que llegó una columna de falangistas y tropas mercenarias norteafricanas procedentes de la capital. 400 personas fueron arrestadas y a 12 mujeres les raparon la cabeza y les hicieron desfilar por las calles. Para entonces, todos los pueblos de la provincia habían sido controlados, habiéndose apagado el menor foco de resistencia. En la oleada represiva que se desencadenó destacó la cuadrilla de caballistas del beligerante terrateniente Diego Martín Valor, compuesta por falangistas y guardias civiles que sembraron el terror en los diversos pueblos que asaltaban, en los que muchos hombres fueron ejecutados y muchas mujeres violadas. Después, a las mujeres rojas les rapaban la cabeza, les daban aceite de ricino y las hacían desfilar por las calles. Concretamente, el 24 de agosto de 1936, 22 personas fueron asesinadas en Cantalpino, donde también se cometieron numerosas violaciones, y casi un centenar de mujeres fueron obligadas a desfilar por el pueblo con las cabezas rapadas[14].

Ávila, la provincia castellana menos poblada y escasamente conflictiva, fue ocupada por los militares en los primeros días del alzamiento militar, aunque no parece que hubiera una represión severa. La situación se volvió más problemática en algunos municipios aislados: en Navalperal, Peguerinos y Las Navas del Marqués hubo cierta resistencia durante algunas semanas, hasta que finalmente las localidades fueron ocupadas también por los «nacionales», que iniciaron una represión más dura. La localidad de Peguerinos fue tomada el 30 de agosto de 1936 por un tabor de regulares, conjuntamente con falangistas. Dos enfermeras republicanas insistieron en quedarse para seguir atendiendo a los heridos alojados en un hospital improvisado en la iglesia del pueblo. El hospital fue bombardeado, los heridos rematados a la bayoneta, y las enfermeras y otras mujeres fueron rapadas, después de haber sido violadas[15].

EN LA ZONA NACIONAL…

El movimiento nacional triunfó también en Cáceres, cuya provincia fue ocupada casi en su totalidad. Cayeron en poder de los militares sublevados las ciudades más importantes: Plasencia, los municipios fronterizos con Portugal y próximos al río Tajo, controlando también los núcleos de población de la sierra, aunque las tropas de Mola no ocupaban una posición muy sólida, dada la carencia de armas suficientes. Y, al sur, los republicanos seguían controlando prácticamente la provincia entera de Badajoz.

Dada la debilidad de los ocupantes sublevados en la provincia de Cáceres, la represión fue similar a las de otras provincias, pero mucho más dura, por la necesidad de mostrar mayor potencia militar de la que realmente tenían. Sistemáticamente, se actuó también, como en otras partes de la zona nacional, contra las mujeres tomadas por republicanas, o que no se habían posicionado claramente a favor de la rebelión. Las vejaciones de aquellas mujeres iban desde hacer burla y escarnio de su aspecto externo, hasta raparles la cabeza y «pasearlas» por las calles, mostrando deliberadamente su suciedad o impureza, en gran parte provocadas por la ingestión forzada del aceite de ricino, lo que causaba la burla del público participante de aquellos rituales de humillación.

En realidad, la represión en la retaguardia franquista no podía estar rígidamente normativizada para todos los pueblos y ciudades por la inestabilidad de la situación bélica, sobre todo durante las primeras semanas siguientes al golpe militar. Se dejaba hacer a los terratenientes, a los señoritos y a los caciques locales, que, orientando las represalias contra los que no habían mostrado una clara adhesión al movimiento militar, se vengaban de los problemas que les habían creado las reivindicaciones de los trabajadores y campesinos en los años republicanos. Para ello utilizaban a falangistas, guardias civiles y otros grupos paramilitares. Esto se dio especialmente en las cuatro provincias gallegas, que desde el primer momento cayeron en poder de los sublevados. La represión fue enormemente desproporcionada a la resistencia encontrada, que sólo existió, y por poco tiempo, en algunos barrios obreros de Vigo, La Coruña y Ferrol, ciudades que terminaron prácticamente arrasadas a finales de julio de 1936. Enseguida, comenzó una represión más o menos sistematizada en toda Galicia, demostrándose por la vía de los hechos que el objetivo de los sublevados no era solamente desmantelar las estructuras republicanas y a la izquierda en su conjunto, destituyendo a las autoridades locales y sustituyéndolas por personas afines, sino, además, erradicar las ideas disolventes y nefastas de la mente de la sociedad. La represión de los militares se encauzaba en perseguir a los muchos que huían del terror implantado y, paralelamente, en reclutar por la fuerza a jóvenes gallegos para formar parte del Ejército Nacional. La huida de los sospechosos de republicanismo era tan elevada que la represión, en muchos casos, se cebaba en las mujeres, que fueron masivamente rapadas, cuando menos. Castelao representó en algunos de sus dibujos a la «mujer rapada» con el pecho desnudo y viendo cómo asesinaban a sus hombres.

Al gobernador civil republicano de La Coruña lo fusilaron, aunque oficialmente murió de «hemorragia interna», como también fueron fusilados los militares profesionales que no se habían sumado a la sublevación y diversos personajes políticos de la provincia. La mujer del gobernador, Juana Capdevielle, bibliotecaria y reconocida intelectual feminista, era odiada por la derecha aburguesada de la región, porque creía que había inoculado al marido ideas socialmente peligrosas. Como estaba embarazada, el gobernador la había alojado de incógnito en casa de un amigo farmacéutico. Fue persistentemente perseguida por los golpistas, que pensaban que había instigado al marido para que distribuyese armas a los obreros y contribuyese a organizar la resistencia. Hasta mediados de agosto no pudo ser detenida por la Guardia Civil, siendo trasladada a La Coruña, donde el marido ya había sido ejecutado, y entregada a un escuadrón falangista. Al día siguiente fue fusilada. Corrieron entonces rumores que decían que la Capdevielle, antes de su ejecución, había sido rapada y violada. Fueron muchas las mujeres gallegas detenidas, apaleadas, rapadas, violadas, vejadas, encarceladas, y hasta ejecutadas. En toda Galicia fue muy frecuente el desfile callejero de mujeres rapadas y purgadas, ante el regocijo de los que se sentían vencedores y la rabia contenida y disimulada de los que nada podían hacer. Aquellos desfiles los organizaban los falangistas, que detenían a las mujeres que les parecían y las conducían al cuartel de la Falange, donde eran peladas y purgadas con aceite de ricino, siendo luego «devueltas» a la vida pública.

En el proyecto auspiciado por la Universidad de Santiago de Compostela para investigar la represión de género en Galicia, todas las mujeres investigadas habían sufrido semejante vejación[16]. Rapándolas, trataban de humillar visualmente a las víctimas, privándolas de su significativo símbolo de belleza y cuidado personal, y marcándolas emocionalmente a ellas y, por extensión, a sus familias. Con el mayor sadismo, a veces los propios familiares eran obligados a pelarlas al cero. Sin embargo, algunas mujeres se opusieron en la medida de sus fuerzas a ser rapadas. En Ponteáreas aún se recuerda cómo una anciana sufrió una tentativa de «rapa», purga y detención por haber protestado públicamente por las vejaciones sexuales que estaban sufriendo muchas jóvenes del pueblo. Y hubo mujeres que pudieron mantener su dignidad, no encubriendo la cabeza pelada con un pañuelo, no ocultándose ni escondiéndose de la gente, sino enfrentándose a la mirada culpabilizante de los que presenciaban su paso. Lo que resultaba notorio, teniendo en cuenta que en Galicia, donde prácticamente no hubo Guerra Civil, se hizo toda la «limpieza necesaria». Y aún existen las huellas: Galicia sigue horadada por multitud de pequeñas fosas comunes, no todas localizadas.

***

Al rapado se añadían las insidias sobre la inmoralidad de aquellas mujeres a las que se forzaba a la introspección y al silencio para sí y para sus hijos. La vergüenza provocaba el silencio, el «cállate, porque tú no puedes hablar». Aquello determinaba una imagen de tristeza y desmoralización que se prolongaba por tiempo indefinido, aunque nadie hablase del porqué de ese deterioro psíquico, pues el recuerdo de lo sucedido se guardaba dentro. Lo que se complementaba haciendo prestaciones al servicio de los vencedores: barrer las iglesias, las casas de los señoritos, los cuarteles de las fuerzas represivas, las calles céntricas de la ciudad, contribuyendo de esta manera a la pérdida de identidad y a la persistencia de una humillación que no tenía fin. Para siempre, aquellas mujeres habían dejado de ser el ángel asexuado del hogar, para convertirse en el demonio libidinoso fuera del mismo, ahora sometido, castigado y controlado indefinidamente. Habían pecado política y moralmente al haber asumido un comportamiento no concordante con la moral católica, por lo que debían ser sancionadas, al tiempo que devueltas al hogar tradicional, redimidas y reeducadas. El problema consistía en que aquellas mujeres ya no tenían hogar y sus familias habían sido más o menos destruidas, por lo que se veían obligadas a sobrevivir como fuese, saliendo de sus casas para buscarse la vida y sostener a los miembros que quedaban de sus familias, teniendo con ello que abandonar a los hijos. De modo que la redención era prácticamente imposible. Debían cumplir la función proveedora de la familia, por la frecuente ausencia, encarcelamiento, muerte o desaparición del marido, convirtiendo su vida en una lucha difícil y azarosa por la mera supervivencia. Las rojas eran el eje central para la desprogramación política de la nación. Tenían que callar, olvidar su identidad política anterior, someterse a las arbitrariedades del nuevo régimen y, además, trabajar en lo que fuera y como fuera, lo que les llevaba a la despolitización completa. Estas mujeres estaban vencidas definitivamente, o lo parecía. Servían como primer escalón para la desmemoria, llevando a sus hogares el silencio, la pérdida de la identidad y la vergüenza, que era justamente lo que el nuevo régimen quería que pesara sobre sus verdaderos o potenciales enemigos.

Cuantitativamente, las mujeres republicanas fueron menos reprimidas (ejecuciones, prisiones, trabajos forzados, etc.) que los varones, pero adquirieron un mayor protagonismo en la «otra represión», que respondía a la estrategia de una violencia menos normativizada, ejercida con mayor arbitrariedad y sobre la base de las coacciones morales, humillaciones, vejaciones, violencias ocultas, amenazas latentes y degradación social, cuyo objetivo final era el aislamiento social de las supervivientes. Su silencio dentro de su grupo de pertenencia, un silencio que implicaba incomunicación y la imposibilidad práctica de organizarse de un modo colectivo. Y, sobre todo, el olvido inmediato del pasado, de un pasado que habían vivido y sufrido muchas de aquellas mujeres en sus experiencias individuales y que difícilmente podía colectivizarse. Para ello, las republicanas debían ser rojas, o presentar la imagen de la mujer del rojo, lo que implicaba el ocultamiento de la identidad adquirida y la primacía absoluta de la supervivencia vital. Y, sin embargo, muchas de estas mujeres siguieron luchando en la clandestinidad y pudieron contribuir decisivamente a la reorganización de la resistencia antifranquista.

IV. El terror de Queipo de Llano

IV. EL TERROR DE QUEIPO DE LLANO

Tras el triunfo de la sublevación militar en el norte de África, el 17 de julio de 1936, el general Franco se había puesto al mando del ejército colonial sublevado, pero con las miras puestas en Sevilla y, sobre todo, en Cádiz, plaza esencial para poder desembarcar a sus tropas en la península. En la madrugada del 18 de julio de 1936, el gobernador militar de Cádiz se levantó en favor de los sublevados e impuso el estado de guerra en toda la provincia, contando con el entusiasta apoyo de los terratenientes, que podían recuperar las fincas que habían sido colectivizadas, de los falangistas y de los regulares marroquíes recién llegados en barco al puerto de la ciudad. Cádiz no opuso resistencia a los franquistas, o, si la opuso, fue débil y fácilmente superable. E igualmente pasó en las principales ciudades de la provincia: San Fernando (donde fue liberado el coronel Varela, preso tras el golpe militar fallido de 1932), Jerez de la Frontera, San Roque, Algeciras, La Línea, Puerto Real, Puerto de Santamaría, Rota, Tarifa, etc. Quedaban aún en manos de los republicanos numerosos pueblos pequeños, próximos a la sierra o en plena sierra del nordeste de Cádiz, fronteriza a la Serranía de Ronda (Málaga).

Simultáneamente, Queipo de Llano se había levantado en Sevilla, aunque tenía serias dificultades para apoderarse de toda la ciudad por la dura resistencia que encontró en zonas y barrios obreros. Tuvo que esperar refuerzos que Franco le envió desde el norte de África para arrasar las unidades legionarias toda resistencia obrera, con la consiguiente matanza de todo aquel que hubiera portado un arma. La anarquista Carmen Luna salió, junto con otras muchas personas, en manifestación contra el golpe militar, enarbolando una bandera republicana. Cuando la resistencia acabó en la capital, esta mujer fue detenida e ingresada en prisión: le raparon la mitad de la cabeza, colgándole de la otra mitad banderitas rojas y gualdas. La exhibieron por la calle montada en un caballo, acabando por ser fusilada y enterrada en una fosa común[1]. Al mismo tiempo, Queipo tomaba pueblos tan importantes como Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, con lo que dejaba expedita la carretera de Sevilla a Cádiz. El 22 de julio, los sublevados tomaron el pueblo de Carmona, lo que mejoró mucho la comunicación entre Sevilla y Córdoba, capital que también había caído en manos de los militares sublevados.

Écija fue controlada por el movimiento militar el mismo día 19 de julio de 1936. Tenía un considerable valor estratégico, pues estaba en la carretera de Madrid, ya muy próxima a la provincia de Córdoba. Pese a la nula resistencia republicana encontrada, los sublevados comenzaron rápidamente con la «limpieza» de la ciudad, fusilando por «orden del bando militar» a los republicanos más significados o sospechosos de serlo, con las detenciones que no cesaban, con los encarcelamientos en cárceles improvisadas, las «sacas», los «paseos», etc. Las calles ecijanas se convirtieron en depósitos de cadáveres empapados de sangre. Para escarnio público, un amplio grupo de mujeres fueron expuestas en las puertas del convento de Santa Inés, rapadas y con un escapulario sobre sus bocas. Pastora Soto Valderrama fue fusilada en su propia casa. Delante de sus nietos y con la cabeza pelada: su delito fue el de haber bordado una bandera republicana[2]. Según se ha contabilizado a la baja, hubo más de 500 muertes violentas en las primeras semanas subsiguientes al golpe militar. Había prisa por limpiar Écija, una ciudad estratégica por su excelente posición en la comunicación entre Córdoba y Sevilla.

Utrera, otra importante ciudad de la provincia, situada al sur de la capital, también había caído desde el principio, siendo utilizada para lanzar expediciones o razias, para perseguir, castigar y en su caso tomar todos los pueblos de su comarca que seguían siendo republicanos. Atemorizados por las amenazas que Queipo de Llano lanzaba desde Radio Sevilla, a menudo los responsables republicanos o los milicianos más significados huían de los pueblos próximos, mientras que las mujeres y los niños esperaban ansiosamente la entrada de los «nacionales». Se diría, incluso, que éstos trataron con mayor saña a las mujeres, considerando que las rojas o las mujeres de los rojos habían traicionado su ser esencial, al tiempo que los rojos actuaban mal pero como hombres, como lo que eran esencialmente. La represión o limpieza la hacían los guardias civiles, los falangistas y otros grupos paramilitares, siendo cuantitativamente superior en los varones. Pero las mujeres sufrieron muchas más humillaciones y vejaciones. Los sucesos ocurridos en Fuentes de Andalucía, una pequeña población del este de Sevilla, indican hasta qué punto los sublevados consideraban legítimos los abusos sexuales contra las mujeres. La población se rindió sin resistencia el 19 de julio a los guardias civiles de Écija y de otras ciudades cercanas. Con la ayuda de falangistas y de los propietarios del pueblo, se constituyó una Guardia Cívica para controlar a los izquierdistas. Se saquearon las viviendas y los bienes de los detenidos, y el 24 de julio comenzó la matanza. Controlaron a los hombres dentro del pueblo, y a varias mujeres las trasladaron a una finca de las afueras. Entre ellas había varias muchachas de entre catorce y dieciocho años de edad. Les obligaron a hacerles la comida, antes de violarlas y fusilarlas, arrojando sus cadáveres a una fosa común. A su regreso al pueblo, la Guardia Civil desfiló por las calles con los fusiles decorados con la ropa interior de las mujeres asesinadas.

Marchena, una ciudad grande, de 20 000 habitantes, y situada en la campiña de Sevilla, estuvo ocupada por los «nacionales» desde el 20 de julio de 1936, pero la represión no comenzó hasta diez días después: las fuerzas represivas necesitaban también reorganizarse para estos menesteres. Rosario Pliego García, La Próspera, era la mujer de un destacado sindicalista, y ella misma fue una activa defensora de la resistencia antifranquista: acusada de ir con una escopeta al hombro junto a su esposo y de «estar en la calle y alentar a los hombres a la lucha», fue detenida, «paseada» por los falangistas, procesada y condenada a reclusión perpetua, aunque siete años más tarde pudo salir en libertad provisional[3]. Como en casi todos los pueblos sevillanos ocupados por los militares sublevados, se hizo desfilar a innumerables mujeres peladas al cero y purgadas con aceite de ricino. Les dieron banderas republicanas o de los partidos republicanos para que se limpiasen con ellas[4] y de ese modo les «sirviesen de verdad». Casi todas las muchachas calificadas o tomadas por republicanas fueron sistemáticamente humilladas sin cesar. Isabel Soler y María Jesús Rodríguez pudieron escapar de la primera oleada represiva, después de haber perdido a sus maridos, sus hogares y sus pertenencias. Se refugiaron en Sevilla, creyendo que allí pasarían desapercibidas, pero no tardaron en ser localizadas, detenidas y devueltas a Marchena, donde fueron vejadas, peladas al cero y paseadas por las calles cercanas a sus antiguos hogares, que les habían sido requisados, para ser finalmente asesinadas. Aquel control represivo resultó para la mayoría de las mujeres que lo sufrieron una experiencia insoportable que, además, debieron olvidar y permanecer siempre calladas. Antonia Moreno, que ya había vivido la experiencia del desfile callejero con la cabeza rapada, no pudo soportar el saber que de nuevo iba a ser detenida: optó por tirarse a un pozo.

Cuando la ciudad de Sevilla no había sido enteramente «pacificada», las fuerzas llegadas de Marruecos ya estaban actuando contra las poblaciones más cercanas a la capital. En Alcalá del Río, una localidad al este de Sevilla, donde ningún miembro de la derecha había sufrido daño alguno, los ocupantes fusilaron a 75 vecinos, reconociendo haber usado las mismas técnicas empleadas en las aldeas marroquíes. Con la entrada en combate de las fuerzas mercenarias que no cesaban de llegar desde Marruecos, Queipo de Llano se lanzó a la reconquista de las zonas de Sevilla y de otras provincias andaluzas que aún se encontraban en manos republicanas, tratando siempre de dejar expedito y limpio de enemigos el camino hacia Madrid. Alcalá de Guadaira fue la primera población que tomó el comandante Castejón: su cronista oficial, Cándido Ortiz de Villajos, describía a los soldados recién llegados de Marruecos «como si hubieran traído consigo, además del afán de luchar por la soberanía de España, el espíritu impregnado de los principios fatales, terribles y fieros de la justicia coránica»[5]. Los desmanes producidos durante los cuatro días de «dominación roja» fueron utilizados para justificar la tremenda represalia efectuada por la columna de Castejón. A pesar de los esfuerzos del Comité Revolucionario, la CNT formó una milicia, quemó dos iglesias, un convento y un seminario, destruyendo todas las imágenes religiosas, efectuando repartos de tierras y deteniendo a 38 derechistas del pueblo. Cuando Castejón llegó a Alcalá de Guadaira, la Guardia Civil se pasó a los sublevados. Tras bombardearlo, la columna tomó el pueblo: 137 republicanos perdieron la vida y otros 350 fueron encarcelados.

Carmona, en la carretera a Madrid y un poco más al norte de Sevilla, fue el siguiente objetivo de Queipo, al que amenazó desde la radio: «En Carmona se han producido hechos que merecen castigos ejemplares, y yo he de ser implacable, de tal modo que Carmona se acuerde por mucho tiempo de los regulares». En el pueblo se había constituido un Comité de Defensa, con el apoyo de la Guardia Civil, que distribuyó armas entre los milicianos. El 21 de julio de 1936, una compañía de regulares intentó tomar el pueblo, pero hubo de desistir por la gran resistencia popular encontrada. La columna de Castejón se replegó sobre Sevilla, llevándose consigo a 16 rehenes a los que utilizó como escudos humanos, y el Comité de Defensa encarceló a 18 derechistas. Aquella noche Queipo bramaba por la radio:

Debo garantizar que Carmona será pronto castigada como merece la traición de ese grupo de ciudadanos… Ciertas salvajadas se han cometido con los hombres y las mujeres de derechas… tienen que ser severamente castigados… Que Carmona se acuerde por mucho tiempo de los regulares[6].

Al día siguiente, después de tres bombardeos, dos columnas de regulares, legionarios, guardias civiles y falangistas atacaron el pueblo, y 200 republicanos huyeron con sus armas. En los cuatro meses siguientes se ordenó la ejecución de 201 varones (entre los que había viejos y niños) y 16 mujeres. Un gran número de jóvenes fueron obligados a enrolarse en las filas rebeldes.

La noche del 23 de julio, Queipo de Llano lanzó su incitación más explícita a la violación de las mujeres republicanas por parte de las tropas «nacionales» que se aproximaban a El Arahal. El Comité de Defensa republicano había encarcelado a todas las personas de derechas en el Ayuntamiento, al que algunos milicianos prendieron fuego. La matanza fue atroz: un capitán de la Legión, el 22 de julio de 1936, enloqueció cuando vio en llamas el calabozo del Ayuntamiento, lleno de presos simpatizantes de la rebelión militar, y mandó a sus hombres que apresasen a cuantos paisanos encontrasen, que los reuniesen y los fusilasen en la calle principal. Fue una verdadera carnicería, y aquella noche Queipo dijo desde Radio Sevilla: «A El Arahal fue enviada una columna formada por elementos del Tercio y regulares, que han hecho allí una razia espantosa, sancionando con ejemplares castigos los excesos salvajes irremediables que se han cometido en aquel pueblo». Nunca se habló públicamente de aquello, hasta el año 1978, en que la revista Interviú contó las historias de Dolores Fernández, La Zorronda, y Antoñita Téllez, La Tella[7]. Antoñita, de dieciocho años y militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, era una persona vital y convencida de su ideología. «La detuvieron sacándola en varias ocasiones de la cárcel para llevársela al campo, donde la violaron hasta que se cansaron y decidieron fusilarla». La otra mujer era La Zorronda, militante de UGT, a la que se atribuía el delito de haberse «marcado unos pasos de baile» ante el cadáver de un derechista recién asesinado por los milicianos. Días antes había entrado en el pueblo una columna rebelde con la intención de extremar «la energía en la represión» sobre aquellos individuos que se considerasen peligrosos y de acción, y que hubiesen empleado las armas contra las fuerzas públicas. Para los golpistas, aquellas dos mujeres debían de formar parte de «esos individuos peligrosos y de acción», a juzgar por el castigo que recibieron: «A esta mujer, como a tantas otras mujeres, y hombres, antes de matarla le dieron aceite de ricino»[8]. Después de purgarla con un litro entero del repugnante líquido, fue montada en un burro y paseada por las calles del pueblo hasta que el cuerpo del animal brilló intensamente por el efecto de los excrementos de la desquiciada amazona. La banda de música de la localidad acompañaba con algunas notas a la infame comitiva[9].

Por el momento, no había que matar a todas las rojas, bastaba con algunas. Pero la muerte no era suficiente, sino que había que exponerlas a la vergüenza pública, mostrando su cuerpo en estado de incontinencia debido al aceite de ricino. En el caso de La Zorranda, había que procurar que fuese vista por mucha gente, por lo que su «paseo» en burro produjo como efecto estupefacción y casi una parálisis social. Fue utilizado como un símbolo tanto de lo que se podía ser como de lo que los vencedores podían hacer con total impunidad. Se verificaba que el enemigo era un ser repugnante que había que apartar de la circulación social. Tras la toma de El Arahal, la misma columna marchó a Morón de la Frontera, población de 23 000 habitantes. Los milicianos republicanos se habían atrincherado bien y ofrecieron una fuerte resistencia: días antes habían asesinado a 23 detenidos de derechas, incluyendo a dos sacerdotes. Queipo, desde la radio, atizaba el fuego: «Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser un hombre, de paso también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fuerza, han conocido al hombre de verdad, y no invertidos milicianos»[10]. El 25 de julio se dirigió directamente al pueblo de Morón:

Saben mis oyentes que allí ayer tarde y con una fuerza escasa se pretendía infringir un castigo a Morón, donde se habían cometido atrocidades con la Guardia Civil. Marchó una pequeña columna y parapetados los de Morón en el castillo y otras partes dominantes hacían un poco difícil el avance de la fuerza, no difícil, porque para nuestros legionarios, regulares, falangistas y requetés no hay nada difícil, pero yo mismo, para evitar que hubiese bajas, ordené que se suspendiese el avance y se quedasen con las primeras casas de Morón. Con objeto de que el castigo sea ejemplar, ya ha ido una columna del Tercio para allá, y se ha tomado inmediatamente, y es seguro que a estas horas la justicia será satisfecha[11].

Y terminaba:

En cuanto a Morón, consumatum est. Se hizo justicia, justicia que impresionará a varios pueblos que se encuentran en el mismo caso. Ya conocen mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré diez extremistas por lo menos, y los dirigentes que huyan no crean que se librarán por ello; los sacaré de debajo de la tierra si hace falta y, si están muertos, los volveré a matar[12].

Además, amenazaba de la misma manera, con terribles venganzas, a los habitantes de Mairena, La Rinconada, Viso del Alcor, Brenes, La Algaba, Alcalá del Río y otros más.

En la próspera localidad de Cantillana, al sudeste de Sevilla, apenas se habían registrado tensiones sociales. Fueron pocos los conflictos habidos sobre la propiedad de la tierra y el pago de los jornaleros. Tras el golpe militar, el municipio organizó un Comité Antifascista de Defensa, bajo el mando del alcalde socialista. Se requisaron las armas a los terratenientes, y se multó a quienes no querían dar trabajo a los jornaleros, requisándoseles además trigo y ganado. No obstante, las autoridades republicanas habían logrado impedir los saqueos y la destrucción de las imágenes religiosas, aunque un grupo de milicianos descontrolados prendió fuego a la iglesia. Una poderosa columna de legionarios, requetés y falangistas, enviada por Queipo de Llano, avanzaba por el Valle del Guadalquivir, tomando pueblo por pueblo. Llegó a Cantillana a mediodía del 30 de julio. Tras el bombardeo habitual, los soldados tomaron el pueblo sin encontrar resistencia, encontrándose con que los dirigentes más significados habían huido. No obstante, el número de ejecuciones extrajudiciales superó a las 200 personas fusiladas. Y dado que no se había producido ninguna muerte durante la «dominación marxista», la feroz represión resulta inexplicable, como no fuese derivada de la propia «acometividad» de los mercenarios norteafricanos.

OPERACIONES DE LIMPIEZA

Cuando el 28 de julio de 1936 Franco se entrevistó en Sevilla con Queipo de Llano, se mostró preocupado porque el grueso de las tropas africanas que él enviaba las estaba utilizando Queipo para ocupar Andalucía: para esas fechas, los militares sublevados se habían hecho con el control de la casi totalidad de los pueblos pertenecientes a los partidos judiciales de Sevilla y de la provincia de Cádiz, y habían ocupado Huelva, controlando toda la costa atlántica y la frontera portuguesa. La columna de Castejón seguía liquidando los focos de resistencia de las proximidades de Estepa, ocupando La Roda y, finalmente, Puente Genil (Córdoba), despejando la situación de agobio que sufría la capital cordobesa por la proximidad de las tropas republicanas. Tras la toma de Puente Genil, Castejón volvió a Sevilla, donde debía preparar una expedición hacia Madrid. Simultáneamente, pequeñas unidades móviles despejaban la línea de avance para el Ejército del Norte de África, que pretendía penetrar en Extremadura, para conectar con las columnas enviadas desde el norte de España por el general Mola a la provincia de Cáceres.

En Sevilla, los «desmanes» cometidos por los rojos se habían exagerado hasta extremos delirantes, inverosímiles, para justificar el exterminio que era preciso hacer. A las mujeres de los rojos, a quienes difícilmente se les podían adjudicar actuaciones cruentas o gravemente delictivas, se les iba a someter a un ritual que las degradaría públicamente, para convertirlas en gente malvada, en «sujetas de dudosa moral», además de que muchas de ellas iban a ser violadas por las avanzadas norteafricanas. Ese ritual iba a ser similar al utilizado en todos los territorios que los «nacionales» iban ocupando o «liberando»: el escarnio público de aquellas mujeres se pretendía fundamentar en los valores inherentes a la familia tradicional, que debían transmitir a sus hijos, renunciando a cualquier adherencia al pasado inmediato. También se buscaba la elaboración del sometimiento integrador de la gente que presenciaba aquellos rituales: eran muchos los que querían o necesitaban participar de las humillaciones públicas de las mujeres republicanas, aunque ellos mismos fuesen también combatientes «vencidos».

El citado ritual quizá fuera más frecuente en la provincia de Cádiz, cuyas principales ciudades cayeron pronto en manos de los militares sublevados, que contaban con el apoyo de las tropas norteafricanas, las cuales llegaban en constante intermitencia y cuya cultura de guerra era el botín, el saqueo y la violación de las mujeres, para lo cual contaban con la autorización tácita de los oficiales españoles. Pelada o violada, o ambas cosas a la vez, la roja había perdido la dignidad y aparecía como una trasgresora de la moral pública y privada, según la normativa católica tradicional del nuevo orden establecido por los vencedores, significando un baldón para toda la familia, que, por si fuera poco, quedaba desestructurada y en situación de extrema penuria. En muchos casos era acusada de un delito de rebelión militar, a lo que se añadía el pecado moral, al haberse comportado de un modo que no concordaba con la moral católica, y el pecado social, como trasgresora de lo tradicionalmente establecido. El corte de pelo era un castigo preventivo que se aplicaba a muchas mujeres, aunque los delitos supuestamente cometidos fueran insignificantes. El mensaje que se lanzaba era el de su vuelta a casa, por la vergüenza sufrida o por una culpa silenciosa y silenciada, pero, contradictoriamente, para las mujeres de los vencidos eso era algo menos que imposible, pues, empobrecidas y sin trabajo, estaban forzadas a salir a la calle para encontrar trabajo y buscarse la vida como pudieran: debían sacar adelante a la familia, dada la frecuente «ausencia» del cabeza de familia. Lo que, además, les suponía correr más riesgos, con mayores penurias. En el caso de los maridos «huidos», sus mujeres eran, además, insistentemente coaccionadas, interrogadas, amenazadas o incluso detenidas, o también tomadas como rehenes y, por ello, encarceladas.

Como ya se ha dicho, los golpistas del 18 de julio de 1936 se hicieron en pocos días dueños de la situación en las ciudades más importantes de toda la costa atlántica de la península. Se hicieron inmediatamente con Cádiz, San Fernando, Algeciras y Jerez de la Frontera, esenciales para sus planes porque habían de ser las cabezas de puente para el traslado del Ejército del Norte de África. De ellas partieron las fuerzas que ocuparon o consolidaron el dominio de localidades estratégicamente tan importantes como San Roque, La Línea, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Rota, etc. Más de un tercio de los municipios gaditanos estaban en su poder cuarenta y ocho horas después del 18 de julio, y sólo algunas poblaciones serranas y del campo de Gibraltar, lindantes con la provincia de Málaga, permanecían bajo control republicano en el mes de agosto[13]. Jerez fue una de las más importantes ciudades del sur que primero cayeron en manos franquistas, tras Ceuta, Cádiz, El Puerto de Santamaría y, casi al mismo tiempo, Sevilla. Desde el primer momento de la guerra, muchos jerezanos sufrieron la violencia ejercida por el bando fascista: eliminación de alcaldes y concejales democráticos, de líderes políticos y sindicales, masones, militares leales a la república, funcionarios municipales, maestros nacionales partidarios de la enseñanza laica, periodistas de izquierdas, homosexuales, presos comunes, afiliados a los partidos integrantes del Frente Popular o a los sindicatos, personas ateas o fieles de otras religiones: en definitiva, cualquier persona que fuera sospechosa de no haber apoyado el golpe de Estado[14]. Por supuesto, la represión jerezana produjo la huida, con dirección a Málaga, de miles de personas temerosas de ser represaliadas. Conill de la Frontera, un pueblo gaditano de la costa no especialmente conflictivo y en el que los enfrentamientos habían sido escasos, vio cómo el 21 de julio un grupo de falangistas y soldados regulares tomó el Ayuntamiento y comenzó a detener a todos aquellos «señalados» que encontró en su búsqueda. No hubo resistencia, pero sí huida, miedo y alarma ante las noticias que llegaban de Vejer, que aumentaron cuando comenzaron los fusilamientos, coincidentes, por lo general, con los días considerados festivos[15].

El Puerto de Santamaría fue un pueblo en el que no hubo Guerra Civil. Los sublevados se hicieron con el control de la población a las veinticuatro horas del golpe. Desde Cádiz, en un remolcador, desembarcó una sección de regulares de Ceuta, que se dirigieron al Ayuntamiento y detuvieron a toda la corporación municipal, requisaron todas las armas que encontraron y en la Prisión Central liberaron a todos los presos de derechas que había en ella. Entre ellos estaban los hermanos Fernando y Domingo Zamacola, que habrían de tener una intervención decisiva en las represalias. Los golpistas también se impusieron en Rota, ciudad muy conservadora, que fue tomada por falangistas y guardias civiles procedentes de El Puerto de Santamaría, deteniendo a todos los izquierdistas. E igual ocurrió en Chipiona, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, donde hubo fusilamientos ejecutados por falangistas con el visto bueno de los recién nombrados comandantes militares. La Falange organizó una milicia armada, integrando la centuria denominada Los Leones de Rota, en la que también se integraron expresos de El Puerto de Santamaría, al tiempo que el terrateniente falangista Mora-Figueroa organizaba una potente columna en Jerez de la Frontera.

La centuria de Zamacola fue una mezcolanza de falangistas, camisas viejas, gentes de filiación política derechista, expresos comunes y también militantes de organizaciones de izquierdas que creyeron que vistiendo la camisa azul podían salvar sus vidas. El primer destacamento de Los Leones de Rota partió para el frente, ubicado en la Sierra, el 13 de agosto de 1936. Inicialmente, estuvieron integrados en la Columna Mora-Figueroa, pero después de la toma de Casares (Málaga) fueron separados de ella a petición del jefe de la misma. Actuaron a su aire, combatiendo, saqueando y participando activamente en la represión, dejando a su paso un reguero permanente de sangre y muerte. Pero Zamacola aumentaba su fama de bandido generoso, obteniendo incluso la Medalla Militar por su actuación, en septiembre de 1936, en la conquista de Grazalema (Málaga), donde la columna del comandante Salvador Auzón había quedado sitiada por los republicanos, logrando romper el cerco. En enero de 1937 tuvo una destacada actuación en la ocupación de Estepona (Málaga), y Fernando Zamacola fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando. El dictamen fue desfavorable, en lo que pudo influir una denuncia anónima que se recibió en Burgos —capital de la zona nacional— sobre la situación anómala creada en El Puerto de Santamaría, ciudad de la que se había apoderado Zamacola, rodeado siempre de pistoleros falangistas que campaban por sus respetos y por las frecuentes irregularidades cometidas en las requisas de guerra efectuadas. El juez instructor no pudo indagar a fondo, hasta que en 1940 el sumario fue archivado[16].

La columna o el Tercio de Mora-Figueroa, organizado en Jerez por él mismo junto a otros terratenientes falangistas que sobre todo querían recuperar cuanto antes sus latifundios colectivizados por los jornaleros con el apoyo de secciones de la Guardia Civil y de regulares, partió hacia Arcos de la Frontera, donde su familia tenía importantes explotaciones agrarias. Aunque el pueblo había caído ya en manos de la derecha sin ninguna resistencia en contra, la salvaje intervención del Tercio Mora-Figueroa causó la muerte de 86 republicanos. Desde Arcos, la columna continuó su avance por la serranía hasta Algodonales y Olvera, para infligir un nuevo castigo, y logrando recuperar muchas de las fincas ocupadas por los jornaleros en Bornos, Villamartín, Puerto Serrano, Prado del Rey, El Bosque, Zahara de la Sierra y Algar. El 13 de agosto llegó a Villamartín, que estaba ya bajo control de la Guardia Civil desde el 19 de julio, pero los terratenientes de la comarca estaban dispuestos a acabar vengativamente con todos los izquierdistas. Se detuvo a hombres y a mujeres, y se los fusiló sin juicio alguno, teniendo en cuenta que las personas más significadas políticamente estaban ya «huidas». A Cristóbal Aza y a su mujer los detuvieron, les raparon la cabeza y les dieron aceite de ricino. Además de las 129 ejecuciones habidas en Villamartín, se fusiló también en Bornos, Puerto Serrano, Arcos de la Frontera y Olvera. A finales de julio de 1936 cayeron Ubrique, Torre Alháquime y Benaocar[17].

Torre Alháquime, una pequeña comunidad rural en la zona norte gaditana, que apenas superaba los 1000 habitantes, fue duramente golpeada durante la guerra. La represión fascista comenzó el 31 de julio, el mismo día que el pueblo fue ocupado por el Tercio Mora-Figueroa, que había llegado desde Olvera sin encontrar resistencia a su paso, y se intensificó a partir del 11 de septiembre, una vez conquistada Ronda (Málaga), Setenil, Alcalá del Valle y demás municipios de la comarca que habían permanecido hasta entonces bajo control republicano. El pueblo quedó convertido en un sembrado de cadáveres. El 20 de septiembre asesinaron a Francisca Márquez, La Rubia: estaba embarazada y en el momento del fusilamiento dio a luz a un niño que murió dos horas después. Fueron expresamente a buscar a Ana Valle Valencia, pero se encontraron con que ya había huido a casa de sus padres en Morón de la Frontera. Según cuenta la familia, fue torturada, violada durante toda una noche y fusilada por unos falangistas que antes habían sido amigos de la familia. Otras mujeres no perdieron la vida, pero fueron víctimas del ritual del rapado, del ricino y del desfile público[18].

El 4 de agosto de 1936 Queipo de Llano escribió al general López Pinto, nuevo comandante militar de Cádiz, para que urgiera la eliminación de la izquierda en toda la provincia, teniendo en cuenta que, al haber partido ya desde Sevilla las primeras columnas norteafricanas hacia Madrid, no convenía dejar atrás personas potencialmente hostiles. Había, pues, que incrementar la represión, considerando que buena parte de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Almería estaban aún en poder de las autoridades republicanas. Y hubo otras oleadas represivas en Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santamaría, etc. Se incrementó la presión militar en la sierra del nordeste de Cádiz, sobre todo en las localidades situadas entre Villamartín y Ubrique, tales como Benamahoma y Benaocar, asignando mayores atribuciones a las nuevas autoridades afines al régimen que se pretendía implantar. La Columna Mora-Figueroa ponía orden, pero la represión posterior en toda aquella zona serrana corría a cargo de la centuria de Los Leones de Rota, bajo el mando del ya citado Fernando Zamacola: a los asesinatos a discreción se añadieron los saqueos, los robos de propiedades y los abusos sexuales a las mujeres de los que habían sido fusilados o habían huido, incluyendo el corte de pelo, el aceite de ricino y el desfile.

Una vez establecido el orden y la limpieza en la zona, la Columna Mora-Figueroa realizaba expediciones diarias de limpieza a los núcleos rurales próximos, siguiendo a las tropas que continuaban conquistando las poblaciones del nordeste de la sierra gaditana, tales como Ubrique, Alcalá del Valle y Setenil, entre otras. Muchos milicianos y jornaleros se habían escondido en los montes, pero volvían ingenuamente a sus pueblos, creyendo que, puesto que no tenían delitos de sangre, nada habían de temer, pues no se ejercerían represalias contra ellos o sus familiares. A finales de agosto de 1936 cayó Castellar, y durante la segunda decena de septiembre tomaron Grazalema, Villaluenga, El Gastor, Alcalá del Valle, etc. Jimena de la Frontera, el último pueblo importante del campo de Gibraltar, cayó el 28 de septiembre, con lo que prácticamente estaba concluida la ocupación militar de toda la provincia: en ese tiempo no puede decirse que hubiese guerra, pero sí una creciente represión, que se incrementó en la posguerra con la vuelta forzada de los huidos de sus pueblos. En esa represión las mujeres no escaparon. Sobre ellas recayó una violencia específica y no específica: como los hombres, fueron encarceladas, torturadas, sometidas a consejos de guerra y asesinadas, pero además sufrieron las típicas humillaciones y vejaciones sexuales. Las mujeres eran también enemigas, a las que había que deshumanizar de otra manera. Las que habían trasgredido las normas sociales y morales tenían que ser doblemente castigadas, pues ni social ni moralmente habían hecho lo que cabía esperar de ellas[19].

El acceso a la vida pública que habían conseguido durante la Segunda República se incrementó cuando el golpe militar del 18 de julio de 1936 amenazó con suprimir los derechos civiles alcanzados. Se puso claramente de manifiesto en Paterna de La Ribera (Cádiz), durante los seis días en que el pueblo permaneció leal a la República: la presencia de las mujeres en las calles fue numerosa, especialmente escuchando los aparatos de radio que transmitían noticias de las emisoras leales; las calles estaban dominadas por la población, era una tensa explosión colectiva que terminó la noche del jueves 23 de julio. Según la versión de los testigos, grupos de milicianos intentaron asaltar el cuartel de la Guardia Civil y la central de teléfonos. Muchas mujeres, incluso con niños de pecho, formaban parte de estos grupos y parecían capaces de sumarse activamente en la defensa de la población… Las mujeres de Paterna que se habían atrevido a mantenerse firmes en su defensa de la colectividad sufrieron, luego de la ocupación de los militares sublevados, toda clase de represalias. María Álvarez Pantoja, de manifiestas ideas anticlericales, fue detenida, torturada, purgada y rapada. Terminó por perder la cabeza y, no obstante, fue asesinada. La misma noche de la ocupación del pueblo, la gran mayoría de los hombres lo abandonaron, mientras las mujeres en su mayor parte se quedaron en sus casas, aunque, al percatarse de la magnitud de la represión, algunas también huyeron. Entre las que se quedaron, muchas de las cuales eran de ideología anarquista, hubieron de bautizar a sus hijos y cambiarles el nombre, porque las nuevas autoridades designadas y los clérigos que volvieron les obligaron a ello. El caso del que más se ha hablado fue el de Ana Castejón Cote, viuda de un destacado cenetista de la localidad. Tenía treinta y nueve años y, tras el asesinato de su compañero, huyó a Málaga, donde permaneció hasta que la ciudad fue también ocupada por las tropas franquistas en febrero de 1937. Como otros muchos huidos, hubo de volver al pueblo, donde se le hizo la vida muy difícil, casi infernal. Fue llamada al cuartel de la Falange, donde le raparon toda la cabeza, salvo dos moñitos en los que colocaron cintas con la bandera monárquica y falangista. A continuación la pasearon por las calles hasta que llegaron a la iglesia. Los vecinos se fueron aglomerando ante el denigrante espectáculo, gritando a la víctima cada vez más fuerte. En el templo la esperaba el párroco, que la exorcizó y la devolvió a su encierro. El 3 de marzo declaró ante el juez militar instructor, en causa abierta contra ella y 10 mujeres más de Paterna. Compareció ante un consejo de guerra que la condenó a largos años de cárcel, siendo trasladada al penal del Puerto de Santamaría. La habían agredido, violado físicamente y ahora la hacían desaparecer del pueblo, con el pretexto de haberse «adherido» a la rebelión militar.

La ocupación de El Gastor por los golpistas ocurrió el 17 de septiembre de 1936, tras la huida masiva de los izquierdistas, aterrorizados por la represión que se avecinaba y que iba a ser efectuada por el sargento de la Guardia Civil Pedro Fernández y por los falangistas de Fernando Zamacola, que había instalado su cuartel general en un cortijo de la comarca. Como tantas veces ocurrió, los huidos volvieron en su mayoría, comenzando entonces una represión sistematizada: detenciones, fusilamientos, requisas, saqueos, etc. El rapado de pelo, la ingesta de aceite de ricino y el paseo por las calles para escarnio público fue el castigo más frecuente ejercido sobre las rojas o las mujeres de los rojos. Todavía se recuerdan en el pueblo las «procesiones» de peladas, rapadas y bajo los efectos de la ingesta del aceite de ricino:

«¡Ya las traen! ¡Ya las traen!», decían mis primas detrás de los visillos de las ventanas […] Vi una gran fila de mujeres con extrañas ropas, y hombres que les gritaban empujándolas. Ninguna tenía pelo, llevaban las cabezas rapadas. Muchas iban vomitando y casi sin poder hablar[20].

MUJERES, BOTÍN DE GUERRA

Las frecuentes violaciones de mujeres que ocurrieron sobre todo en los primeros meses de la guerra, tanto en la provincia de Cádiz como en otras provincias andaluzas, no salían por lo general a la luz pública. Aunque eran mucho menos silenciadas que en otras zonas: todo el mundo estaba interesado en negarlas u ocultarlas, lo que no siempre era fácil, porque los rumores aparecían de un modo u otro, aunque, si alguien trataba de denunciar esas violaciones, sus palabras no solían ser tomadas en consideración, e incluso podrían resultar contraproducentes. Y los testimonios, incluso escritos, fueron relativamente frecuentes, siendo conocidos cuando los expedientes de los tribunales militares territoriales se han hecho más accesibles a los investigadores, evidenciando que, ciertamente, hubo casos comprobados de violación. Podría decirse que en sus inicios la violación formaba parte de la cultura de la guerra que se iniciaba, siendo incluso permitida a las tropas mercenarias del norte de África, aunque entre los violadores hubo también guardias civiles, falangistas, requetés, etcétera.

Una hija muy joven de Carmen Bru, enfermera fusilada en San Roque (Cádiz) el 5 de agosto de 1936, ha contado:

Una mañana, recién muerta mi madre, iba yo sola para la tienda y, yendo por la calle Málaga, vienen dos guardias civiles. Uno de ellos, muy alto, se arrimó a mí y me pegó contra la pared, me frotó el pene en mi vientre. Para mí, aquello fue la muerte […] Una vecina me vio, me llevó a su casa, me limpió y me dijo: «Nunca salgas sola».

Aquello la marcó toda su vida, porque por donde metió Franco todas las tropas fue por Algeciras. «Por Algeciras, las mujeres no podían salir a la calle, aquello era un desbarajuste»[21]. Se violó a las rojas, a la mujer del rojo, a la hija o a la hermana, como un método de castigo, tratando de demostrar el desposeimiento al que había que someter a la enemiga, considerándola un instrumento de goce, un botín de guerra. Las nuevas autoridades hacían la vista gorda, porque suponían que con ello las mujeres perdían identidad personal y se las podía reeducar como «desafectas». Algunos casos, por contradicciones entre los propios vencedores, fueron investigados por tribunales militares, lo que ha podido ser estudiado posteriormente.

El 4 de marzo de 1940, el juez de la zona recibió un extenso escrito de un alférez provisional desde El Bosque (Cádiz), haciéndose eco de los insistentes rumores que corrían en esa villa y en la aldea de Benamahoma sobre la mala actuación del cabo de la Guardia Civil Juan Vadillo durante las primeras semanas del Glorioso Movimiento Nacional; sobre los asesinatos que había perpetrado en personas menores de edad e incluso de «buena ideología», sobre las violaciones de mujeres y sobre las incautaciones que había efectuado en beneficio propio[22]. Esos rumores corrieron desde 1937, pero entonces el asunto apenas se investigó. Más tarde se reabrió el sumario: el primero en declarar fue el comandante del puesto de la Guardia Civil de El Bosque, el cabo García Galván, que recordó que el cabo Vadillo estuvo de comandante de puesto en Benamahoma entre septiembre y diciembre de 1936, que oyó que había cometido violaciones de mujeres y que estuvieron en el pueblo los falangistas de Rota, al mando del ya referido Fernando Zamacola, «cuya actuación se dice que fue mala». La primera testigo, M. M. G., de treinta años y viuda de un miliciano fusilado en septiembre de 1936, junto a otras mujeres fue obligada a «servir» al cabo Vadillo y a los falangistas; un día el cabo le propuso efectuar el acto carnal, a lo que ella se negó, naturalmente, saliendo del despacho llorando. Días después, Vadillo le dijo que le permitía volver a su casa, ya saqueada, y la acompañó, aprovechando la situación para violarla, prohibiéndole chillar o gritar, por lo que ella se dejó hacer. El guardia civil quiso darle algunos duros, pero ella los rechazó; luego hubo sucesivas violaciones.

Isabel Sierra, viuda de sesenta y cinco años, dijo que, en septiembre de 1936, su marido estaba huido y que varios falangistas se llevaron a su hija Inés y que la fusilaron en Ubrique, después de haber rapado su cabeza. Antonia Jarillo, viuda de treinta y dos años, fue destinada también a trabajar al servicio de Vadillo y de la Falange. Estaba un día arreglando la habitación del cabo cuando éste la acosó sexualmente, pero pudo librarse. Declaró que M. M. G. tuvo un hijo del cabo y que otra mujer, Y. J. C., sufrió también abusos por parte de Vadillo y de Zamacola. Antonia Mateo Domínguez, viuda de cuarenta y siete años, declaró que su marido y su hijo fueron detenidos e interrogados en el cuartel de la Falange, siendo fusilados días después en las inmediaciones del cementerio de El Bosque. Y. J. C., de veintitrés años, recordó que, a mediados de septiembre de 1936, Vadillo y Zamacola estuvieron en su casa y la amenazaron con fusilarla o pelarla si su prometido se encontraba entre los huidos y recogía provisiones por las noches. Días después fue reclamada por Zamacola para interrogarla. Camino del cuartel se le presentó el propio Zamacola, que la obligó a entrar en el matadero y allí la violó. Quiso darle dinero, pero ella lo rechazó. El padre de la «dicente» no denunció el hecho entonces, porque todo el pueblo estaba aterrorizado y creía que no iba a servir de nada. Después, Isabel González Jarillo, de veintidós años, declaró que, estando su novio en la sierra de Grazalema, sufrió el acoso de Zamacola, que la amenazó con quitarle la vida si no cedía. Junto con otras dos mujeres la obligaban a asistir a los bailes organizados en el cuartel de Falange. Según el alcalde pedáneo de Benamahoma, todas las tardes los falangistas de Rota organizaban también bailes, a los que eran obligadas a asistir las mujeres de los huidos y de los fusilados. También prestó declaración Aurelio Chacón, dueño del bar situado junto al cuartel, diciendo que los falangistas le dejaron a deber 900 pesetas y que le hicieron firmar bajo amenaza de muerte un recibo que no había cobrado. El guardia civil Francisco Espiel no recordaba las violaciones, pero sí que las mujeres fueron rapadas y que se les dio un purgante.

Tras la declaración de todos los testigos, en mayo de 1940 se ordenó la detención del cabo Vadillo, a la sazón destinado en Barcelona, y su ingreso en el castillo de Santa Catalina de Cádiz. Fue interrogado, afirmando que en agosto de 1936 fue designado jefe del puesto de Benamahoma, con dos guardias civiles y 33 falangistas, los llamados Leones de Rota —«gente indeseable»—, incorporándose después tres guardias civiles más y unos 40 falangistas procedentes de Jerez de la Frontera. Negó ser el responsable de la represión en la aldea. Recordaba a las «criadas» del cuartel, pero desmintió todo lo relativo a los abusos sexuales y violaciones, reconociendo que no pudo evitar los desmanes cometidos por los «Leones de Rota». Aportó algunos certificados favorables sobre su actuación en aquel pueblo, procedentes sobre todo del párroco. Pero no pudo impedir que el consejo de guerra, celebrado en julio de 1941, lo condenase a 17 años de reclusión. Consiguió un indulto y en 1953 fue puesto en libertad.

Bien distinto fue el resultado de otra denuncia efectuada por un cabo de la guarnición de Sevilla, escrita y dirigida al mismísimo general Queipo de Llano. De entrada, avalaba al cabo su activa participación en los sucesos del 18 de julio de 1936, aunque no obtuvo permiso para ver a su familia hasta el verano de 1937. Al llegar a su pueblo, le informaron de la muerte de sus dos hermanos mayores, huidos al ser ocupada la población por «las fuerzas de Nuestro Glorioso Ejército» y que, al cabo de unos meses, se habían entregado, creyendo la promesa de que nada les pasaría. El cabo añadió en su denuncia que, mientras sus hermanos estaban en la sierra, sus dos cuñadas fueron acosadas por dos individuos del pueblo, hasta el punto de que una de ellas fue violada por su falta de agilidad al estar embarazada, mientras que la otra pudo huir:

Un inexplicable temor a las represalias y sus desconocimientos de los fundamentales principios de la Justicia de Nuestro Glorioso Movimiento, de los que por desgracia se duda entre las clases inferiores de mi pueblo, la ha hecho callar. Pero yo le he afeado ese silencio y esta desconfianza impuestos y he soportado todo mi dolor y mi rabia; prefiero a la venganza que haya justicia, estricta Justicia en nombre de España[23].

El cabo prestó declaración ante el juez instructor y luego lo hizo la mujer violada, que tenía entonces veintiséis años. Recordó que, al poco de ser tomado el pueblo por los nacionales, ella y otras mujeres fueron llamadas al cuartel de la Guardia Civil para responder del paradero de sus maridos. Para efectuar un registro a fondo en la casa, el comandante del puesto les dijo que se fueran del pueblo durante veinticuatro horas, ordenando que las separasen de los hombres. Al día siguiente un grupo de mujeres se encontraba en un huerto próximo, donde se presentaron dos individuos algo bebidos, diciéndoles que muchas de ellas deberían ser fusiladas, porque eran las verdaderas culpables de todo lo que estaba pasando, y que estaban convencidos de que sus maridos los hubieron querido matar a ellos. Se marcharon, pero luego volvieron, y se llevaron a las dos cuñadas del cabo a un chozo, quedándose sólo una de ellas, que no pudo escapar, y teniendo lugar la agresión sexual. El violador le exigió que no contara nada a nadie, pero ella se lo dijo a su suegra. A las preguntas del instructor, la mujer declaró que convivía hacía tres años con «el que dice que es su marido», del que tenía dos hijos. Al preguntarle que si cedió a tener relaciones sexuales con el acusado, dijo que «de principio se negó», a lo que más tarde accedió ante el temor de las amenazas, llegando a consumar el acto.

La comandancia militar de la localidad desmintió todas las acusaciones el 23 de agosto de 1937. Y el violador pasó a ser considerado como un inocente solicitador, «demostrándose» que todo se hizo «por propia voluntad de la mujer». Además, «las mujeres no eran cuñadas del denunciante», puesto que una y otra habían vivido amancebadas con sus hermanos. El acompañante del violador consideró que la acusación toda era una calumnia, porque una de las mujeres no le había perdonado su intervención cuando las habían pelado. El violador mantuvo que «para conseguir que la mujer accediera a sus deseos no se valió de amenazas que le produjeran temor, sino que voluntariamente cedió ella, sin insistencia por parte del declarante». En noviembre de 1937, el juez instructor decidió realizar un careo entre el violador y la víctima en la propia localidad. Tras el careo, el juez

deduce de la impresión personal del acto que el acusado, por la actitud con la que procedía y condición de persona de orden y de buena conducta observada por él mismo, es de opinar que cuando consumó el hecho iba borracho, y seguramente si hubiera estado en su estado normal no sería capaz de consumar el acto, ni siquiera capaz de levantarle la vista[24].

Faltan las páginas finales del sumario, ignorándose si se dictó o no sentencia o fue archivado por falta de pruebas, o que se sancionara levemente al agresor, como ocurrió en otros casos.

Por ese tiempo, un industrial de Brenes (Sevilla) denunció al sargento de la Guardia Civil Cuevas, que desde el golpe militar se había hecho con el control del pueblo, siendo designado comandante militar de la plaza a últimos de julio de 1936. El industrial lo denunció al año siguiente por su prepotencia con las mujeres y por el acoso al que sometía a la esposa del denunciante. Se iniciaron diligencias que quedaron en nada, pero cuando, en junio de 1937, el brigada Cuevas, recién ascendido, abandonó el pueblo por su nuevo destino, un miembro de la brigada especial de la Guardia Civil se desplazó a Brenes para realizar una nueva investigación sobre el sargento Cuevas. Declaró el teniente de alcalde, que contó que en los días anteriores al alzamiento militar el sargento Cuevas detuvo a varias jóvenes de izquierdas, poniéndolas en libertad a los pocos días, pero siendo llamadas continuamente por el sargento para que acudieran al cuartel, «en donde las empleaba para la limpieza del mismo, fregando suelos y barriendo». Añadió que el sargento acudía a ciertas horas a casa de una de ellas, con el consiguiente escándalo del pueblo; el sargento reaccionó a los rumores resaltando públicamente, en tono jactancioso, que las estaba «fusilando», e incluso mostraba fotografías de algunas de ellas. La declaración del teniente de alcalde terminaba así:

A los tres meses aproximadamente, las tres jóvenes fueron otra vez detenidas por el sargento e ingresadas en la cárcel, en donde a la una de la madrugada de todas las noches hacía varias visitas, y siempre mortificándolas y diciéndoles que tenía el coche preparado para darles el «paseo», por cuya circunstancia ellas se le abrazaban pidiéndole clemencia, que él aprovechaba para que se le rindieran, tocándoles entonces inmoralmente; les hacía promesas de que por ser tan guapas, y si le favorecían con halagos cariñosos, haría lo posible por salvarlas; por estas ideas y ofrecimientos llegaron ellas a tener la confianza de que se salvarían[25].

Sin embargo, finalmente fueron conducidas a Sevilla y allí fusiladas.

Con las hermanas Sánchez Jiménez también hizo algo similar: también fueron detenidas y poco después puestas en libertad, trasladándose a vivir a Lora del Río. Pero en enero de 1937 fueron nuevamente detenidas y trasladadas a la cárcel de Brenes; en la prisión, el sargento se comportó con ellas igual que con las otras detenidas, hasta que las liberó y pudieron volver a su lugar de residencia, a pesar de que eran consideradas las principales propagandistas del comunismo, que habían dado mítines, que habían portado la bandera republicana en las manifestaciones, que habían alentado a los hombres a quemar a los santos, etc. De esta manera, el sargento se estaba pasando de blando en la represión y, además, había cometido irregularidades relacionadas con las requisas efectuadas en el pueblo. En toda la localidad se sabía lo que había ocurrido, y había testigos de casi todo, incluso de la violación de Encarnación Rodríguez en su casa, ya que ella se encontraba allí con su madre, su hermana y su cuñado, a los que el sargento les dijo al marcharse que se abstuviesen de denunciar el hecho, porque haría uso de su pistola. Según otras informaciones, el sargento Cuevas, con el jefe de Falange y otros falangistas y guardias civiles, estuvo en Real de la Jara, dando batidas en su comarca para «limpiarla» de los huidos, cometiendo diversos atropellos, saqueos y actos deshonestos con mujeres, ocupándose más de la relación que mantenía con la joven Amadora Conesa que de combatir a los fugitivos. En los últimos días de agosto de 1936, unos falangistas detuvieron a una mujer de Cazalla de la Sierra conocida como La Trufa, y se la entregaron al sargento Cuevas en un cortijo. Allí se hizo cargo de ella, junto a otros dos subordinados:

[…] simultáneamente, los tres le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto del citado cortijo, donde la intimidaron a tumbarse en el suelo, obligándola a remangarse y exhibir sus partes sexuales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció a un falangista para que pelara con ellas las partes genitales de la detenida, a lo que éste se negó.

Al final, tomó las tijeras el jefe de Falange de Brenes, que terminó la operación. Éste y el sargento terminaron pelándole la cabeza[26].

Finalmente, el 24 de julio de 1937 el miembro de la brigada especial dio por terminado su informe y lo remitió a la auditoría de guerra, donde pocos días después se decidió su paso a causa y el nombramiento de un juez instructor. Testificaron de nuevo todos los informantes, y el sargento Cuevas negó casi todo, justificando el trato dado a La Trufa porque había llevado comida a los huidos y porque pocos días después había sido fusilada. Simplemente se trataba de una «roja» que había sido castigada y eliminada, lo cual estaba dentro de sus atribuciones como comandante militar, aunque no admitía que se hubiesen cometido abusos sexuales. Pero poco a poco se llegó al consejo de guerra, que entendió que el sargento Cuevas había dañado la imagen del cuerpo y merecía ser condenado por auxilio a la rebelión:

No es digno de vestir el uniforme que hasta ahora había llevado, por cuanto el jefe de una fuerza militar no puede permitirse, por prestigio del cuerpo que representa, esas camaraderías con desgraciadas personas que iban a responder de su gravísima actuación en el movimiento revolucionario[27].

Aquello justificaba una pena de veinte años de prisión. Pero el caso del sargento Cuevas, como el del cabo Vadillo, fueron poco menos que excepcionales, explicándose por las tensiones intestinas y las rivalidades existentes entre las propias fuerzas ocupantes. En realidad, raro fue el pueblo en que no hubo un sargento Cuevas o un sargento Vadillo, si bien sólo un reducido número se vio involucrado en investigaciones que sacaron a la luz algo del submundo sobre el que se estaba edificando la nueva España. El franquismo amparaba a todo tipo de militares rebeldes y paramilitares asesinos, saqueadores y violadores, siempre que no se saltasen las cadenas de mando y no provocasen situaciones vergonzantes, que pudieran ser escandalosas.

V. La interminable represalia

V. LA INTERMINABLE REPRESALIA

El día 2 de agosto de 1936, Franco ordenó al comandante Castejón que se sumara con su columna norteafricana al avance de las tropas del teniente coronel Asensio, que poco antes había salido de Sevilla en dirección Madrid, procediendo a la «limpieza de los marxistas» que encontrase en su camino. La preparación de esta marcha hacia Madrid se había iniciado pronto, con la caída el último día de julio de pueblos como La Pajarera, Burguillos, El Algarrobo, etc. Cuando los militares rebeldes llegaron a Guillena, un pueblito perdido de la sierra sevillana, lo encontraron casi vacío de hombres. En represalia, detuvieron a 19 mujeres del pueblo y las encerraron en el depósito municipal, siendo peladas y haciéndoles recorrer las calles del pueblo con la cabeza rapada y bajo los efectos de la diarrea producida por el aceite de ricino. Las llevaron a la iglesia para oír misa, y pocos días después a 17 de ellas las trasladaron a las tapias del cementerio de Gerena, donde fueron fusiladas y arrojadas a una fosa común.

Para garantizar aún más la seguridad de las columnas norteafricanas, el 3 de agosto se envió una potente columna mandada por el comandante Santiago Garrigós contra Castilblanco de los Arroyos, que cayó de inmediato. El fortalecimiento de los flancos de la ruta que debía seguir la Columna Madrid se completó entre el 5 y el 27 de agosto con la ocupación en la provincia de Sevilla de diversos pueblos que aún controlaban los republicanos, tales como El Pedroso, Constantina, Cazalla de la Sierra, Alanís, Guadalcanal y Fuente del Arco, cerca de Llerena, ya en la provincia de Badajoz. El 11 de agosto los rebeldes tomaron Constantina, donde la venganza por los «desmanes» rojos se cobró la vida de 300 vecinos, el 10 por 100 de la totalidad de la población. Poco después tomaban Cazalla de la Sierra, donde una potente columna franquista arrasó el pueblo que, hasta entonces, había estado controlado por los milicianos anarquistas, ejecutando a buena parte de ellos y violando a las mujeres que se iban quedando viudas[1]. De acuerdo con la desapasionada crónica de J. M. Lozano Nieto, hijo de uno de los militares sublevados y que luego se hizo cura, entre 600 y 1000 personas fueron acusadas de rebelión militar, incluyendo a jóvenes, viejos, mujeres y niños. Algunas familias fueron eliminadas por completo y a otras las dejaron en la más completa miseria. El pueblo estaba lleno de huérfanos abandonados, y las mujeres que quedaban fueron abusadas y humilladas con el habitual rapado de pelo, tan del gusto de los militares sublevados[2].

Mientras tanto, la Columna Asensio tomó el 3 de agosto de 1936 El Ronquillo, el último pueblo de la provincia de Sevilla, y ese mismo día, por la noche, la Columna Castejón entró en Santa Olalla (Huelva). Castejón se quedó en este pueblo, tratando de asegurar los flancos de Asensio, que, tras una escaramuza con milicianos llegados de Badajoz, entró en Monesterio (Badajoz) el 4 de agosto, procediendo a las previstas tareas de «limpieza». Al tiempo Castejón limpiaba Cala y Real de la Jara, pueblos en que la vanguardia de regulares tuvo una brutal entrada, con el pretexto de que se les había impedido el paso con barricadas[3]. Ya en la madrugada del 4 de agosto, dividió sus fuerzas en dos pequeñas columnas: la primera siguió hacia Monesterio, donde ya había llegado Asensio, y la segunda fue desviada hasta Llerena. Las dos columnas norteafricanas estaban ya pisando suelo extremeño, mientras que otras unidades franquistas trataban de consolidar las posiciones conquistadas en la provincia de Huelva, donde la cuenca minera de Riotinto y la sierra del norte de la provincia seguían en poder de los republicanos.

La ciudad de Huelva resistió más de 10 días el golpe militar, haciendo frente a los que se habían sublevado. Entre tanto, las columnas organizadas en Sevilla por Queipo de Llano y financiadas por voluntarios adinerados, falangistas o requetés, y bien dotadas de armamento, artillería y vehículos, salían por la carretera general en dirección a Huelva. Esa columna iba mandada por Ramón de Carranza Gómez, designado alcalde de Sevilla por Queipo de Llano, y contaba con un importante refuerzo de artillería y de nutridas secciones de legionarios y regulares. Ante el acopio de medios de los golpistas, la resistencia popular fue poco menos que imposible y los pueblos situados en la carretera Sevilla-Huelva fueron cayendo sucesivamente. Y así fue hasta el 29 de julio, en que fue ocupada la ciudad de Huelva, donde los militares sublevados, muy poco antes, habían recibido con inmensa alegría a la columna que llegaba desde Sevilla. Tras la caída de la capital, todo el sur de la provincia quedaba en manos de las fuerzas franquistas, que se posicionaron frente a Valverde del Camino, población importante y vía de entrada a la temida cuenca minera, que de antemano había sido reforzada. Salvo algunas operaciones militares a finales de julio, todo sucedió durante dos semanas[4]. Previamente, la columna de Ramón de Carranza había ocupado todos los pueblos sevillanos situados al este de la capital y que aún estaban en manos republicanas: Camas, Valencina, Analcazar, Aznacállar, Aljarafe, Escacena, etc. No fue casualidad que en muchas de estas localidades se encontraran las grandes fincas de Carranza, hijo del gran cacique de Cádiz Ramón de Carranza, y Fernández de la Reguera, marqués de Villapradillo y gran latifundista, así como las de otros integrantes de la columna, como Rafael Medina, prometido de la hija del duque de Medinaceli, y el comandante retirado Luis Recondo, que mandaba un destacamento de requetés. Toda la zona estaba constituida por grandes latifundios dedicados al cultivo del trigo y de la aceituna, además de extensas praderas donde pastaban ovejas, cabras y cerdos. Los comités obreros de defensa republicana habían organizado la distribución del alimento y del ganado, colectivizando algunas grandes fincas, deteniendo a los simpatizantes de los militares rebeldes y confiscando sus armas. Pero no pudieron resistir el avance incesante de aquella potente columna.

Ya en la provincia de Huelva, y por la carretera que conducía a la capital, los sublevados tomaron Palma del Condado y Bollullos Par del Condado. En este último pueblo los rebeldes detuvieron a numerosas mujeres, acusadas de salir en manifestaciones en apoyo de la Reforma Agraria republicana, de su ideología izquierdista, de haberse ilusionado con el cambio social, laboral y político que propiciaba la República, de escasa religiosidad y de anticlericalismo. Entre agosto de 1936 y octubre del mismo año, muchas de ellas fueron «sacadas» de las cárceles y ejecutadas. Manuela Cano Iglesias no pertenecía a ningún partido o sindicato, sólo salía a las manifestaciones, y por ese motivo fue detenida, insultada y abucheada por las calles hasta su llegada a la cárcel, donde sólo permaneció unos días. Poco después fue detenida por segunda vez y purgada con medio litro de aceite de ricino[5]. Dolores López Martín, de «profesión sus labores» y persona de izquierdas, tampoco pertenecía a ningún partido político. Firme en sus ideas, expresaba libremente su opinión, indisponía a las criadas contra las señoras y participaba en los entierros civiles de la localidad. Detenida sin explicación, estuvo retenida en los Altos del Ayuntamiento durante cerca de un mes, en el que recibió palizas y sufrió varios intentos de violación. Finalmente, fue fusilada en Almonte, y su cadáver fue despojado de la ropa para el regocijo de los asesinos: tenía entonces veinticinco años de edad.

En La Palma del Condado, en agosto de 1936 ya habían comenzado a detener a las mujeres consideradas rojas, fusilándolas o bien sometiéndolas al ritual del rapado. El caso más notorio fue el de una mujer muy joven, que fue trasladada por varios falangistas forasteros a la plaza pública, donde hombres y mujeres de derechas esperaban, jaleando, el espectáculo público que iban a presenciar. Sentada en una silla, se obligó a que un barbero le rapara el pelo, mientras que el público la insultaba. Cuando la dejaron ir, un hombre, a cuya hija también habían rapado la cabeza, se le acercó y le dio un sombrero. «De los meses siguientes le quedó la impresión de tener la cabeza fría, helada. Lloró por primera vez a los 10 días de los hechos, cuando adquirió conciencia de la vejación a la que fue sometida. El paso del tiempo sólo hizo aumentar el sufrimiento»[6].

El 25 de julio de 1936 la columna rebelde había llegado a Almonte. A medida que los pueblos caían, Carranza destituía a las autoridades locales con gran arrogancia y las detenía, nombraba una comisión gestora en el Ayuntamiento con «personas de orden», fusilaba a los más significados y cargaba a los prisioneros en camiones que salían para Sevilla, donde se llevaba a cabo el grueso de las ejecuciones. El 27 de julio la Columna Carranza llegó al municipio de Rociana, donde los republicanos habían cometido algunos excesos: habían destruido los símbolos religiosos y quemado la iglesia y la casa rectoral, de donde el párroco y su sobrina fueron sacados literalmente por el alcalde y otros izquierdistas. Tras la «liberación», el cura dio un sermón incendiario desde el balcón del Ayuntamiento: «¡Guerra contra ellos, hasta que no quede ni la última raíz!». Se detuvo entonces a numerosos hombres y mujeres. A las mujeres les raparon la cabeza, y a una de ellas, la Maestra Herrera, la acusaron de haber salido a pasear por los alrededores de la iglesia cubierta con un manto quitado a una imagen religiosa[7]. Esta mujer fue rapada, le pusieron una túnica, la ataron a un burro y la pasearon por el pueblo, ante la mofa y el escarnio del público. Sobre el animal iba un chico dando avisos con una corneta, llamando a presenciar la ejecución, efectuada al día siguiente. Después, la furia represiva se calmó en el pueblo, pero el 17 de enero de 1937 el párroco escribió al delegado de orden público de Sevilla quejándose de la «condescendencia injustificada y la falta de celo en la represión», ofreciéndose para acabar con «tanta lenidad».

Cayeron Bonares, Niebla, San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y La Rábida, donde la represión fue extrema, y el 29 de julio llegó el grueso de la Columna Carranza para consolidar la posición de los que se habían sublevado y eran dueños de la ciudad. Sucesivamente fueron ocupadas las localidades de Isla Cristina, Lepe y Ayamonte, llegando hasta la frontera portuguesa. El avance prosiguió hasta Valverde del Camino, importante nudo ferroviario y puerta de entrada a la cuenca minera, repleta de milicianos y de refugiados armados y muy combativos. La represalia en el territorio ya ocupado fue desproporcionada y creciente. Aunque la mayoría de los milicianos habían huido ante la entrada inminente de los «nacionales», no por ello las represalias fueron menores, ensañándose con hombres y mujeres, muchos de los cuales fueron fusilados de inmediato. En esos días los sublevados dedicaron sus esfuerzos a conquistar los pueblos de Sevilla que aún estaban en manos republicanas y penetrar por la carretera general en Badajoz.

Por otra parte, los mineros se plantearon la recuperación de Valverde. En la madrugada del 7 de agosto se enfrentaron durante cinco horas en el empalme entre Valverde y Zalamea varios centenares de mineros y un nutrido contingente de fuerzas sublevadas, soldados y guardias civiles, con el apoyo de la aviación y de la artillería. Tras esta fracasada contraofensiva, los mineros, conscientes de sus limitaciones, se plantearon la salida de la cuenca minera. Una columna de milicianos salió de Nerva a mediados de agosto y llegó a Madrid en los últimos días de ese mes, aunque la cuenca minera seguía estando superpoblada de «huidos» de toda la provincia de Huelva y de trabajadores de la cuenca. A mediados de agosto, tras la caída de Badajoz, las fuerzas de Queipo iniciaron una ofensiva definitiva sobre Huelva. Fueron enviadas tres columnas, dos desde Sevilla, mandadas por el comandante Álvarez de Rementería y por el militar retirado tradicionalista Luis Redondo, y otra procedente de Huelva, que por caminos diferentes debían confluir en la cuenca minera. La columna de Luis Recondo debió de ser reforzada de inmediato tras el recibimiento que se le hizo en Higuera de la Sierra, donde la columna pudo ser aumentada con unidades de regulares, infantería, caballería, carabineros, ametralladoras y Guardia Civil, además, como ya era habitual, de los aviones procedentes de Tablada. Esta columna alternaba, al llegar a cada pueblo, las ejecuciones ejemplarizantes con las ostentosas celebraciones de misas de campaña, dirigidas por el jesuita Bernabé Copado, provocando la huida masiva de numerosos milicianos hacia el norte de la provincia, Las Umbres y el sur de Badajoz. En días sucesivos, los nacionales tomaron Zufre, Aracena, Alojar, Cortegana, Galaruza, El Cerro del Andévalo, Jabugo, etc. El 9 de agosto, a las nueve de la mañana, los aviones de Tablada dejaron caer bombas sobre Riotinto y Nerva, destruyendo 27 vidas, la mayoría de mujeres.

La fase final de la operación, al mando de Álvarez de Rementería, dio comienzo el 24 de agosto. Mientras Luis Recondo ocupaba Campofrío, otras fuerzas se dirigieron a Zalamea la Real, pueblo al que también encontraron medio vacío, aunque no tanto como para no poder ejercer la consiguiente represalia. Ana Rodríguez Bolaño era una mujer casada, con tres hijos, que fue detenida sin que ella nunca supiera por qué, y, como a miles de mujeres españolas, le raparon el pelo y le hicieron tragar aceite de ricino para que se le descompusiera el vientre, para que se cagara por las patas abajo. «Toma, que te has cagado delante de la gente». De lo que se trataba era de humillarla. La familia nunca comprendió aquel ensañamiento, porque Ana no pertenecía a ningún partido o sindicato, aunque se rebelase en su vida cotidiana, como cuando le dijo a la maestra de sus hijas: «Menos rezar y más darle de leer, que es lo que le hace falta». O cuando se negó a que su hija Encarna trabajara de criada en la casa de un «señorito» del pueblo. Al parecer, todo eso bastó para «señalarla». Según sus nietos, el espectáculo fue completamente denigrante: «Mientras una banda de falangistas tocaba las trompetas y los tambores para que la gente acudiera a verla, se les ponían batas blancas de locas, se las pelaba y se les daba aceite de ricino para que se fueran haciendo de vientre. Normalmente eran familia de alguno que ya habían matado». A la familia la situación se le volvió insoportable, hasta el punto de que, cuando pudo, fijó su residencia en Sevilla, aunque Ana Rodríguez apenas salía de su casa y se mantuvo siempre en silencio hasta su muerte.

Después de tomar Zalamea y otros pueblos, las mismas fuerzas entraron en El Campillo (antes llamado Salvoechea). Los mineros sufrieron muchísimas bajas, aunque en la noche del 25 al 26 de agosto un numeroso grupo de vecinos de Nerva y Riotinto, encabezado por el alcalde de Nerva, se había refugiado en la sierra. El 26 de agosto, la cuenca minera estaba completamente tomada por las tres columnas militares confluyentes. Aunque no había habido lucha, se produjo la inmediata depuración de la población civil allí residente. Después de la ocupación de los pueblos mineros, las fuerzas de Recondo siguieron su recorrido hasta Aroche y Real de la Fuente, tras lo cual retornaron a Sevilla. Los restantes pueblos que quedaban por tomar eran pequeñas aldeas aisladas, cuya «liberación» fue encargada a las patrullas de la Guardia Civil.

La caída de los pueblos mineros onubenses supuso un enorme salto cualitativo en la violencia, haciéndose una suerte de criba que «peinaba» el territorio serrano; falangistas, guardias civiles, requetés, militares y propietarios agrícolas iban eliminando todos los elementos que consideraban hostiles. Daba igual que en aquellas pequeñas aldeas no hubiese habido violencia republicana o que no se encontrasen milicianos armados: pagarían sus culpas los padres, las mujeres o los niños, ocurriendo numerosos fusilamientos y violaciones. En Aroche, pueblecito de la sierra onubense, fueron asesinadas 175 personas por ser sospechosas de republicanismo, y, naturalmente, hubo mujeres rapadas y paseadas «desnudas» por el pueblo[8]. Sin embargo, sobrevivían en la provincia importantes partidas de «huidos» armados que, de un modo u otro, desestabilizaban el orden impuesto en la provincia. De tal manera que en enero de 1937 media provincia hubo de ser declarada zona de guerra, porque se había consolidado una suerte de guerra de guerrillas que no paraba de crecer. La lucha fue encarnizada, y las represalias aumentaron considerablemente.

LA PÉRDIDA DE MÁLAGA

Las noticias del golpe que comenzaron a emitirse desde Sevilla el mismo 18 de julio eran contrapesadas con otras procedentes de Málaga, donde el golpe militar había fracasado y la ciudad y prácticamente toda la provincia seguían bajo control republicano y en manos de las milicias obreras, en su mayoría anarquistas. Sin embargo, las ocupaciones de los militares rebeldes se fueron extendiendo con rapidez en la provincia de Sevilla, consiguiéndose en pocas semanas grandes avances: el día 20 de agosto las únicas poblaciones sevillanas que permanecían en poder de los republicanos eran escasas, aisladas y estaban situadas en la zona serrana que lindaba con la provincia de Málaga. Justamente, la proximidad de Málaga hacía que aquella comarca tuviera un importante valor estratégico. Osuna fue el punto de partida de las tropas de Queipo de Llano para la toma de aquella zona, lo que podría abrirles el camino en dirección a Ronda y, a más largo plazo, a Málaga. Y, efectivamente, se produjo la toma de Ronda y de todos los pueblos de su serranía, y se siguió avanzando hacia Archidona y Antequera, donde se incorporaron tropas italianas. Al mismo tiempo, se preparaba una ofensiva desde Algeciras para la toma de todos los pueblos costeros de la provincia, con el objetivo final de tomar la capital. La ofensiva, pues, debía partir de tres puntos diferentes: el primero correspondía a la columna de Recondo, que saldría de la zona montañosa del sur de Sevilla. El segundo saldría de Antequera —en poder de los sublevados desde el 12 de agosto y bajo el mando del general Varela—, y tomaría Campillos y Almargen, para unirse finalmente a la primera columna. El tercero partiría de la zona montañosa del nordeste de Cádiz, organizándose las tropas en Arcos de la Frontera y Ubrique. Cayeron El Saucejo, Los Corrales, La Zara y Campillos, entre otras poblaciones de los alrededores. En Campillos, donde había muchos refugiados republicanos, la represión fue especialmente terrible: muchos milicianos, o simplemente varones acusados de ser republicanos, fueron fusilados, al tiempo que varias mujeres fueron bárbaramente vejadas. Con respecto a esas jóvenes milicianas, el diario ABC de Sevilla decía: «Ante aquellas tres mujeres sin feminidad, ante aquellas tres futuras parideras de seres desgraciados para la sociedad que Moscú quería crear en España, sentimos una gran sensación de lástima»[9].

El 16 de septiembre, el camino a Ronda estaba ya despejado. A la altura del cruce de Cañete se unieron las tres columnas intervinientes. El cura Bernabé Copado llegó a Ronda el 25 de septiembre para confesar a los soldados, recoger los objetos de culto y preparar las ceremonias de posibles victorias. La ofensiva contra Málaga, cuya provincia casi por completo aún estaba en manos republicanas, comenzó a finales de enero de 1937, con dos líneas de frente: desde Estepona, por la costa, y desde Antequera hacia Málaga capital. Tras sufrir los continuos bombardeos de la aviación italiana y el constante acoso de las tropas rebeldes, la ciudad, que estaba llena a rebosar de miles de refugiados, se encontraba a punto de caer en manos de las columnas nacionales y de las tropas italianas. Queipo, desde Sevilla, llevaba varios meses amenazando a través de la radio y de octavillas con infligir a la ciudad un durísimo castigo, y sus amenazas iban siendo confirmadas por los escalofriantes relatos de los refugiados que habían llegado a la ciudad huyendo, asustados, de los destrozos ocasionados por los legionarios y los regulares en los pueblos de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada. Las caídas previas de Antequera, el 12 de agoto, y de Ronda, el 17 de septiembre, habían producido una tremenda avalancha de mujeres, ancianos y niños que andaban desamparados y hambrientos por las calles de la capital malagueña. Muchos de los refugiados fueron alojados en la catedral o en las iglesias, lo que fue calificado por los franquistas como un nuevo acto de profanación de las hordas rojas. Pese a la escasa resistencia que se le ofrecía, Queipo no mostraba la menor clemencia con la población, que empezaba a vivir aterrorizada. La ciudad fue tomada el 8 de febrero de 1937 por las tropas «nacionales» de italianos, que apenas encontraron oposición entre los combatientes republicanos. De inmediato hubo millares de detenciones, debiendo habilitarse nuevas prisiones y campos de concentración en Torremolinos y Alhaurín el Grande, y comenzaron las ejecuciones extrajudiciales, mientras se instalaban los tribunales militares y se ponían en marcha los consejos de guerra.

Y, sin embargo, antes de la entrada de los «nacionales», la ciudad se había quedado medio vacía por la desesperada huida de miles de refugiados por la única vía de escape posible, lanzándose a la carretera que unía Málaga con Almería. El éxodo fue espontáneo, sin ningún plan de evacuación y sin ninguna protección militar: por el contrario, los fugitivos fueron bombardeados por el camino desde el mar, por la artillería naval de la armada «nacional», y desde el aire por la aviación italiana, y abatidos por las ametralladoras de las tropas italianas, que les seguían los pasos. Sólo el miedo podía explicar todos los riesgos que corrieron los muchos que pretendieron huir de la ciudad. Bastantes de ellos fueron detenidos cuando iniciaban la huida, y otros volvieron espontáneamente a Málaga o a los pueblos de los alrededores. Carmen Gómez, militante comunista, fue delatada y apresada en un palacete ocupado por la Falange; allí se pelaba y se obligaba a tomar aceite de ricino, y posteriormente se fusilaba. Carmen, que tenía entonces veintinueve años, fue asimismo ejecutada[10]. Luisa Huete era casi una niña de quince años que fue detenida cuando iba a salir de Málaga con su familia. Dijeron que era una miliciana y la encerraron en una prisión improvisada en la fábrica de tabacos: «Nos ficharon, nos dieron aceite de ricino, con el sargento Vega dando golpes con el vergajo». En el consejo de guerra la condenaron a 16 años de reclusión[11]. Era muy común que las mujeres que se habían quedado solas en la carretera tras la muerte de sus familiares, o que vagaban sin rumbo fijo por las calles malagueñas, fueran delatadas por cualquier persona que las conociera, detenidas, golpeadas y rapadas; el rapado, aparte de constituir un castigo preventivo, significaba sobre todo un distintivo que diferenciaba a las mujeres rojas de las mujeres «de orden». De cualquier forma, el hecho en sí era muy angustioso para las víctimas, algunas de las cuales pensaron en suicidarse o se suicidaron, de hecho. Juan Carrera Luque había pertenecido al Comité de Defensa de Almogía (Málaga) y fue uno de los muchos que corrió con su familia por la carretera de Almería, pero que se volvieron desde Motril, creyendo que no les pasaría nada porque no tenían delitos de sangre. No obstante, a su vuelta al pueblo, él se escondió, pero detuvieron a su mujer y a su hija, por lo que se presentó a las nuevas autoridades, siendo ejecutado de inmediato. Continuó el acoso a su mujer, Francisca Luque Muñoz:

Estábamos en casa de una tía en Almogía, y llegó un barbero con una pareja de civiles. Y a mi madre la pelaron y a otras que había allí. Yo lloraba […]. La sentaron y la pelaron. Ella, con el susto y el miedo, se lió a llorar. Fue el barbero. Cuando la pelaron, le dieron un cuarto de litro de aceite de ricino y le dijeron: «¡Toma, para que te crezca el pelo!». Y ella comenzó a gritar: «¡Ay, pegadme un tiro!». Hasta intentó suicidarse.

La hija de Francisca contó esta historia en 1988: su familia fue detenida en la carretera de Almería. Recordaba a los falangistas que se llevaban a su madre y a sus hermanos junto a tres mujeres, las pelaban y las hacían salir a la calle: «Mi madre llegó llorando a la casa; sin dejar de llorar, se metía en la cama […] Un día la obligaron a que llevara un cubo y trapos para limpiar el cementerio; otro, la iglesia, el paseo, un local abandonado, y finalmente la acusaron de rebelión militar»[12].

GENOCIDIO EN CÓRDOBA

Córdoba y gran parte de su provincia cayeron en manos de los militares sublevados y de los terratenientes falangistas, que los apoyaron a los pocos días, aunque la represión sistematizada tardó un tiempo en iniciarse, haciéndose después cada vez más extensa y generalizada. En la capital, la visita del general Queipo de Llano el 5 de agosto de 1936 intensificó la represión y aceleró el ritmo de las ejecuciones extrajudiciales, siendo el comandante de la Guardia Civil Bruno Ibáñez el que directamente dirigía las tareas represivas y perseguía a los restos de oposición. El panorama que ofrecía la provincia de Córdoba era bastante irregular en la mañana del 19 de julio de 1936, pero claramente favorable a los insurrectos: de 40 a 75 municipios se adhirieron al golpe militar, 15 en la sierra y 13 en la campiña. Prácticamente toda la campiña sufrió el estallido rebelde, quedando las grandes poblaciones fuera del control del gobierno republicano, con la excepción del núcleo de Bujalance, Cañete y Valenzuela, feudos de la CNT y con la Guardia Civil concentrada en Bujalance, pero sin atreverse a posicionarse en contra del gobierno republicano. Lo mismo pasó en Villa del Río, donde la Guardia Civil estuvo temerosa por la proximidad de Jaén y de sus potentes milicias republicanas. Otras poblaciones cercanas a Córdoba se mostraron leales al gobierno: Nueva Carteya, Santaella, Montalbán, La Victoria, Doña Mencía, Zuheros y Fuente Tejos. En algunas localidades la conspiración triunfó efímeramente, volviendo pronto a tomar el poder las autoridades republicanas: Pedro Abad, Almodóvar del Río, Palma del Río, Espejo y Castro del Río, principalmente[13]. En la sierra, la zona más importante que permaneció leal a la República fue la cuenca minera Peñarroya-Pueblo Nuevo, así como la zona del nordeste de la provincia: Fuenteobejuna, Belmes, Espiel, Valsequillo, La Granjuela, Los Blázquez, Villanueva del Rey, Villamarta, Ovejo, Villaviciosa y Hornachuelos. En cuanto a la comarca de Los Pedroches, inicialmente cundió el desconcierto, aunque en poco tiempo el golpe militar fue controlado y la situación permaneció más o menos estabilizada y en manos del gobierno republicano.

En los primeros días, en el pueblo de Montoro, muy cercano a Villa del Río, la situación política fue inicialmente muy cambiante. El 19 de julio, a primera hora de la mañana, la Guardia Civil, contando con una potente organización falangista y con el apoyo de algunos militares retirados, terratenientes y olivareros, se hizo en poco tiempo con el control del pueblo, aprovechándose de que la mayoría de los jornaleros estaban dedicados por entero a la recolección. Pero la rápida llegada de unidades de milicianos procedentes de Jaén dio fin a la sublevación, quedando asegurada la lealtad del pueblo a la República, hasta el punto de que el general Miaja, al frente de una columna republicana, estableció allí su cuartel general, al tiempo que los milicianos de Jaén se acantonaron en el cercano pueblo de Villa del Río. Tras haber aplastado la sublevación en Montoro, los republicanos comenzaron con los registros de rigor, las detenciones de personas de derechas, la incautación de sus bienes, etc., constituyéndose un comité de guerra que gobernaba el pueblo. El 22 de julio, fascistas de Córdoba hicieron una incursión en el pueblo cercano de Pedro Abad, asesinando a 10 personas en dos horas. Cuando esto se supo en Montoro, cundió la airada indignación de la población: una multitud se dirigió a la plaza principal del pueblo, donde estaba la cárcel, que fue asaltada. Fue una masacre horrible, muriendo 43 de los 53 detenidos. Ocho lograron escapar, pero fueron finalmente abatidos. A la multitud exaltada no le bastó con esto, sino que, además, asaltó la iglesia, destruyó las imágenes y parte de los retablos, y asesinó a varios miembros del clero… El carmelita padre Besalduch haría luego el martirologio:

[…] en aquel abigarrado motín de energúmenos que corrían y se dirigían a la cárcel iban también… ¡mujeres! Mujeres mozas y mujeres maduras. Baldón y afrenta de la mujer andaluza, de la mujer española, de la mujer católica. Eran mujerucas rojas, más malas que los hombres malos, porque si el hombre es para el hombre un lobo… la mujer mala nos atreveríamos a decir es ¡una leona[14]!

La Iglesia católica comparaba al pueblo llano con los judíos, que pedían a Pilatos que la sangre del Justo cayese sobre las cabezas de sus hijos.

Porque allí estaban reunidos en agitación febril los bajos fondos de la sociedad: el vicio, el crimen, el rencor, la vesania, la desesperación… Allí estaba la gente desgraciada, desgreñada y colérica, vociferante. Allí, los hombres, con alardes de valentía y matonismo. Allí, mujeres leonas con pujos perversos de superación a los hombres. Allí, mozalbetes criados en el arroyo y al amparo de sus insanos instintos, sin formación moral.

El 29 de julio se intensificó aún más en Montoro la ira anticlerical. Se penetró en la iglesia de San Bartolomé, se destruyeron los objetos de culto y se arrojaron las imágenes religiosas al río Guadalquivir. Luego, como medida de «igualación social», se puso a trabajar a bastantes señores y señoras. Y hubo ejecuciones… Los excesos comenzaron a ser erradicados con la llegada de la columna del general republicano Miaja. Se dispuso vigilancia para terminar con los «paseos» y se ordenó el traslado de los presos de derechas a Jaén, a disposición del gobierno, que juzgaría sus responsabilidades en la rebelión militar, aunque los «excesos» no desaparecieron del todo.

En la Navidad de 1936, cuando el pueblo cayó en manos franquistas, las represalias adquirieron un tono tanto o más dramático. Antes de evacuar el pueblo, los milicianos combatientes ejecutaron a 33 personas de derechas. En la Nochebuena, los franquistas se apoderaron de Montoro. Los requetés, con una pistola en una mano y el rosario en la otra, organizaron la Misa del Gallo. Al día siguiente celebraron una ostentosa misa de campaña en la plaza principal de Montoro, «para purificarla de las hordas». Dos días después, comenzaron las detenciones y los fusilamientos. Simultáneamente, se había producido la toma de Villa del Río, con similares consecuencias.

En el pueblo de Fernán Núñez, 40 kilómetros al sur de la capital, triunfó desde el principio el Glorioso Movimiento Nacional, pero la represión antirrepublicana no comenzó hasta el 25 de julio, cuando los rebeldes acabaron con toda la resistencia encontrada y el Comité de Defensa se rindió a los facciosos. Hubo entonces detenciones, encarcelamientos, ejecuciones, desfiles de mujeres «peladas» por las calles del pueblo y otras vejaciones en represalia por las ejecuciones efectuadas por los milicianos mientras dominaron el pueblo, entre las que se incluyeron las de tres curas. Se ordenó una redada general en el pueblo y se llevó a cabo un registro domiciliario exhaustivo. Pero no fue aplastado el vecindario menos pacífico, porque muchos habían huido al campo, siendo perseguidos y «cazados» en constantes incursiones de falangistas y similares por los alrededores. El 25 de julio hubo en la plaza del pueblo un fusilamiento masivo: 70 personas fueron acribilladas a balazos, para ser enterradas en fosas abiertas en las afueras[15].

Algo más al sur, en Montilla, la represión se inició desde el principio de la rebelión y fue especialmente violenta por la intensa actividad de los militares rebeldes de la guarnición, que, junto a grupos de caballistas voluntarios, hacían expediciones de «limpieza», persiguiendo a los muchos jóvenes que habían huido, y expediciones de castigo a los pueblos más cercanos. En la ciudad fusilaron a hombres y mujeres, tomándolos por rojos, y otras muchas más mujeres fueron rapadas: luego de haber ingerido ricino, haber sido peladas, a excepción de un mechoncito en la cabeza, las hacían desfilar por las calles más céntricas, con el brazo en alto y cantando el Cara al sol, siendo el hazmerreír de la «buena gente de derechas», de los falangistas y de los señoritos del casino. Solían ir acompañadas por el director de la banda municipal de música, también rapado hasta las cejas y purgado, y estos grotescos desfiles de rojas iban separados de otros compuestos de mujeres de «orden», viudas y madres de «caídos» en el frente. En cambio, a los rojos no se les permitía visitar el cementerio, ni siquiera llevar luto. A las viudas de los rojos fusilados se les obligaba a limpiar las casas de los señoritos, los cuarteles militarizados y las iglesias[16].

En Lucena, como en Montilla, Cabra y Rute, triunfó el golpe militar la noche del 18 de julio de 1936, con el apoyo de todas las «personas de orden», del abundante clero existente y de la prensa católica. Se extendió la teoría de que había sido la protección divina la que había salvado la ciudad de las hordas rojas. Un mes después, cuando ya se habían producido múltiples fusilamientos y se había implantado una política de terror entre la mayoría de la baja población, el periódico Ideales aún escribía sobre «la protección de la Santísima Virgen, que ha extendido una vez más su manto protector sobre su pueblo, inspirándole a sus autoridades, en los días de mayor peligro, los medios de previsión y de defensa que nos han librado de los errores que han sufrido otros pueblos inmediatos y que, como ellos, estábamos destinados a sufrir»[17]. Se impuso al pueblo un hondo fervor religioso, católico, por el que la mujer era considerada depositaria de las creencias religiosas y de los valores patrióticos. Frente a la igualdad con el varón que había instaurado legalmente el régimen republicano, ahora se ensalzaba a la mujer discreta y callada, sumisa al esposo y dedicada a las labores propias de su sexo. Mientras, muchas mujeres rojas sufrían la vergüenza de ser «paseadas» por el pueblo, rapadas, sucias y semidesnudas. En Lucena, se las encerraba en el convento de San Francisco, donde los abusos sexuales de los guardianes y falangistas eran frecuentes. El 3 de agosto de 1936, el periódico Ideales informaba de la «detención de varias mujeres marxistas» y publicaba la siguiente reflexión:

[…] porque la mujer lucentina tiene un corazón lleno de amor y fe y no obra con los odios y las crueldades; esas desgraciadas, que, al ultrajar el nombre de María Santísima de Araceli, nuestra madre y protectora, y hacen en sus pechos tanto rencor y tanto odio para alistarse en las milicias rojas, no son lucentinas[18].

A mediados de agosto, en Lucena se formó, promovido por un teniente sublevado, el Escuadrón de Caballeros Aracelitanos, con la finalidad de defender la propiedad y de ayudar a la Guardia Civil a perseguir a las personas que habían huido al campo durante los primeros días de la sublevación[19]. Los caballistas se hicieron famosos por las violaciones de mujeres, su crueldad y sus rapiñas, por el gran número de prisioneros que hacían y que encerraban en la plaza de toros; allí también eran llevados los detenidos en el pueblo: eran retirados de las cárceles y de las prisiones habilitadas en el centro de la ciudad. Allí se les podía torturar con mayor impunidad. Varias mujeres se vieron forzadas a entregarse a algún falangista o militar para salvar la vida del marido o de algún familiar. Como ya se ha dicho, los sublevados de Lucena extendieron su actuación a los pueblos de los alrededores, para lo cual se habían formado también otras compañías de Voluntarios Lucentinos, se había militarizado a la Falange y se había creado el ya citado Escuadrón de Caballeros Aracelitanos, y el 20 de julio de 1936 guardias civiles y falangistas se presentaron en la pedanía de Las Navas del Sequillar, donde, con toda facilidad, apresaron a todos los vecinos sospechosos de republicanismo y los llevaron a la cárcel habilitada de Moriles. Al secretario del Centro Obrero lo obligaron a pelar a siete mujeres, y después lo raparon a él, afeitándole incluso las cejas. Y, naturalmente, fusilaron al alcalde y a otros izquierdistas más.

El 13 de agosto, patrullas falangistas de Lucena irrumpieron en la aldea de Jauja sin encontrar ninguna resistencia. La represión fue muy dura, a pesar de que en la aldea no se había causado ningún daño a persona alguna de derechas en las semanas anteriores. Muchos campesinos fueron detenidos y encarcelados en la Casa del Pueblo. Y más de 20 personas fueron asesinadas por las «personas de orden». Fue trágico el caso de Ricarda Corbacho Cañete: era una persona culta, de treinta y seis años, socialista, como toda su familia. Tenía una tienda de comestibles y en los ratos libres era maestra particular que enseñaba a gente analfabeta. Con cuatro hijos menores, era una mujer agraciada que llevaba una vida feliz. Al estallar la sublevación militar de 1936, un guardia civil, que la había amenazado en diversas ocasiones porque ella defendía que se construyera una escuela en lugar de un cuartel, fue designado comandante militar. Cuando los falangistas ocuparon el pueblo, Jauja fue un peligro para Ricardita, que debió alojarse en una pensión de Córdoba, dejando a los niños al cuidado de su marido. A finales de octubre de 1936, volvió, en mala hora, a Jauja. El guardia Velázquez vio llegada la ocasión de su venganza y la hizo detener de inmediato, junto a su madre y a un hermano, además de a una amiga de la familia. A las tres mujeres las pelaron y las torturaron durante cuatro días en el cuartel. El 5 de noviembre el guardia civil se llevó a Ricardita, sometiéndole a un verdadero calvario, torturándola en casa de un amigo, en la que la mantuvo encerrada. A los pocos días apareció su cuerpo en un arroyo, semidesnudo y destrozado[20].

Y de Lucena siguieron haciéndose incursiones de grupos falangistas y de caballistas lucentinos, persiguiendo a los refugiados y huidos, y ocupando diversos pueblecitos cercanos que aún estaban en manos republicanas, tales como Cuevas Bajas y Cuevas Altas. El batallón de caballistas del capitán López Tienda tuvo mucho trabajo en los últimos meses de 1936. Durante sus desplazamientos, descansaba en los pueblos, donde tenía por misión practicar detenciones, registros, etc. Cierta noche de septiembre dos de sus hombres decidieron mirar en varias casas de Cuevas Altas, «por si había armas». Buscaron sobre todo en una casa habitada por una mujer y su hija, de diecisiete años: uno de los hombres le dijo a la madre que se quedara abajo, en la puerta, con su compañero, mientras la hija subía con él arriba para alumbrarle en la búsqueda. Y arriba violó a la joven, amenazándola con un cuchillo para que no opusiera resistencia y no dijera nada a nadie porque la mataría. Pero enseguida la noticia corrió por todo el pueblo, creándose tal tensión que obligó a los mandos militares a localizar y detener a aquellos dos hombres por delito «contra el derecho de gentes». En una rueda de reconocimiento, la madre y la muchacha reconocieron al violador… Pero el juez militar mostró un talante patriótico en las preguntas que hizo a las dos mujeres: a la muchacha le preguntó si no conocía ya al caballista, y a la madre que por qué dejó subir a la hija con aquel hombre y que dónde estaba su marido. Se supo entonces que el marido había salido del pueblo el día que llegaron las tropas nacionales y que no había vuelto.

El consejo de guerra dictó sentencia antes de acabarse el año 1936: el caballista violador fue condenado a 14 años de reclusión y «a dotar a la ofendida con la cantidad de dos mil pesetas». Pero el texto de la sentencia, firmado por el propio Queipo de Llano, mostraba que «la pena quedará extinguida si, además del perdón de la víctima, ya otorgado, obtenía el de la autoridad paterna». Como el padre no apareció, fue la madre la que otorgó el perdón al violador, firmando un papel sin que supiera leer ni escribir. Y la pena fue anulada[21]. Mientras tanto, Córdoba capital había ya adquirido una posición segura y sólida en manos de los militares sublevados, tras haberse mantenido expedita la comunicación por carretera con Sevilla, lo que posibilitaba la llegada de refuerzos enviados por Queipo de Llano. Con ese refuerzo de tropas norteafricanas, los sublevados pudieron ir ocupando poblaciones cercanas, tales como La Carlota, Guadalcázar, La Victoria y San Sebastián de los Caballeros. A pesar de que hasta el momento no había habido víctimas, la ocupación de La Carlota supuso un inexplicable baño de sangre, que alcanzó también a los pueblos más cercanos. Un gran número de mujeres fueron rapadas, sometidas al aceite de ricino y humilladas públicamente en la vía pública, mientras muchos de los varones se habían pasado a la zona republicana. Se trataba de una medida ejemplar, que se justificaba por la importancia estratégica del pueblo y para el escarmiento general de la población. Los fusilamientos comenzaron el mismo 20 de julio, llegándose a más de un centenar de víctimas. En cuanto a los pueblos de Guadalcázar, La Victoria y San Sebastián de los Caballeros, se adhirieron a la sublevación desde el primer momento y de manera prácticamente definitiva. El 25 de julio las tropas nacionales entraron en Fernán Núñez, donde se produjo la primera masacre de la guerra en la provincia de Córdoba. Y seguían llegando secciones de legionarios y de regulares marroquíes…

Hicieron su aparición también partidas formadas por falangistas locales y voluntarios caballistas, formando batallones en los que se integraron los elementos más jóvenes de la gran burguesía cordobesa. Numerosos estudiantes, hijos de la oligarquía provinciana, requetés, falangistas y un nutrido plantel de gente de mayor edad. Por otra parte, los caballistas de la capital, entre los que abundaban los capataces y los asalariados de los grandes latifundistas y señoritos acostumbrados a correr toros a caballo, se pusieron bajo el mando de un conocido rejoneador llamado Antonio Cañero, formando el Escuadrón Cañero. Desde el 27 de julio, esta patrulla de caballistas hacía incursiones frecuentes en la sierra próxima a la capital, «limpiando la zona de marxistas» y evitando la fuga de la capital de numerosas personas de ideología izquierdista, acobardadas por el terror imperante en la ciudad. Por otra parte, los nuevos jerarcas de la ciudad estaban obsesionados por la cercanía de las tropas regulares republicanas, que podían invadir en cualquier momento la capital. Por eso extremaban cada vez más su celo represivo.

En la madrugada del 21 de julio se organizó en Córdoba una columna con falangistas, fuerzas norteafricanas y una buena dotación de artillería, que enfiló la carretera de Espejo y Castro del Río, donde la Guardia Civil permanecía encastillada en su cuartel. A los que venían de fuera les fue imposible llegar a ese cuartel y liberar a los guardias de su supuesto asedio, por lo que decidieron replegarse. Optaron por tomar Espejo, pueblo considerado un feudo de los anarquistas, mataron a 26 campesinos, pero también hubieron de retirarse ante la llegada de fuerzas republicanas procedentes de Castro. Ninguna de las operaciones iniciadas en esos días tuvo mejor resultado, por lo que los pretendidos ocupantes debieron volver a Córdoba. Y llegó desde Sevilla una sección de la Legión, bien pertrechada y con artillería, que al día siguiente salió para Fernán Núñez, arrasando una población que ya estaba tomada por los nacionales. Por último, llegó a Córdoba el comandante Sáenz de Buruaga, al frente de sus tropas de regulares marroquíes. El 26 de julio, los moros entraron en acción en Villafranca, expulsando a los republicanos y matando a 50 personas. A su regreso a la capital, ocuparon el puesto defensivo republicano de Alcolea y otras zonas de importancia estratégica situadas en las proximidades de la capital.

El 28 de julio se inició una gran expedición contra Baena, al mando del mismo Sáenz de Buruaga, y esa misma tarde llegó a las puertas del pueblo, que ocuparon casi en su totalidad en hora y media, tras poner en fuga a una gran masa de campesinos, en su mayoría anarquistas, pero desorganizados y mal armados. Un núcleo de milicianos se hizo fuerte en el asilo de San Francisco, que era su cuartel general y la cárcel donde mantenían presas a personas de derechas. Las tropas de Buruaga se entretuvieron organizando una matanza en la plaza principal del pueblo, dejando para el día siguiente la toma del cuartel de los milicianos y la liberación de las personas de derechas que se encontraban en la cárcel. Al día siguiente se repitió la matanza en la plaza del pueblo, lo que aprovecharon los milicianos para preparar su evacuación, no sin antes asesinar a unos 80 derechistas que estaban presos. La venganza, con los consiguientes fusilamientos, comenzó de inmediato y se mantuvo día a día, hasta finales de 1936. A las mujeres rojas las pelaron y les dieron el consabido ricino, haciéndoles vivir en humillación constante, lo que incluía toda suerte de abusos sexuales. En agosto de 1937 se abriría una causa contra un brigada de la Guardia Civil, por denuncia del jefe de la Falange de Baena, «por haber forzado la voluntad de las mujeres de fusilados y haber tenido un trato varonil con ellas». El expediente acabó en el auditor de Guerra de Sevilla, que solía sobreseer los casos de violación que le llegaban. Y llegó la victoria de 1939, y miles de hombres tuvieron obligatoriamente que volver a Baena: les esperaba la cárcel, la tortura, el consejo de guerra, la condena e incluso el fusilamiento[22].

En Córdoba, toda la preocupación se centraba en la columna republicana de Miaja, que finalmente no se decidió a entrar en la ciudad y que dejó de producir miedo entre sus antagonistas. Con lo que las fuerzas franquistas se dedicaron a limpiar de marxistas el territorio ya ocupado, permaneciendo estabilizados los frentes durante una o dos semanas. Estratégicamente, a Queipo de Llano le interesaba sobre todo la toma de Palma del Río, situada a mitad de camino entre Córdoba y Sevilla y santuario del anarquismo del bajo Guadalquivir, por lo que se dispuso a ocuparla lo más pronto posible. En Palma del Río la intentona golpista del 18 de julio de 1936 había fracasado, y dos días después el Comité de Defensa ordenó el asalto del cuartel de la Guardia Civil, en lo que emplearon casi todo el día numerosos campesinos. Finalmente, el cuartel tuvo que rendirse y sus moradores —el sargento, seis guardias civiles y una veintena de derechistas— salieron en calidad de detenidos, siendo encerrados en el Ayuntamiento. Hubo en el pueblo una cierta colectivización de los latifundios, reparto de tierras y de comida, cuestión muy necesaria, dada la ingente cantidad existente de refugiados procedentes de zonas ocupadas por los militares sublevados. Y hubo también un despliegue de las iras anticlericales existentes desde hacía tiempo en gran parte de la población, que se había percatado de la beligerancia de la Iglesia a favor de los militares sublevados. Era lo mismo que estaba ocurriendo en otros pueblos aún republicanos: Hornachuelos, Paradas, Fuente Palmera, Lora del Río, etcétera.

Avanzaba el mes de agosto, aumentando la tensión del pueblo con la continua llegada de los refugiados y con los asesinatos cometidos por grupos descontrolados de milicianos republicanos, a lo que se añadía que recientemente los nacionales habían ocupado Santaella, Matallana y Nueva Carteya, todas ellas poblaciones situadas al este de la capital. Desde Peñarroya, capital provisional de la Córdoba republicana, aconsejaron al Comité de Defensa la evacuación sin demora. Pero el Comité abogó por una resistencia a ultranza, difundiéndose las instrucciones para la mejor defensa de Palma del Río. La temida ocupación franquista ocurrió el 26 de agosto, efectuándose por tropas de la provincia al mando del comandante Baturone, que trató de cerrar las salidas del pueblo para evitar las fugas de los milicianos republicanos, prendiendo fuego a todas las cabañas y chozas de gente humilde que abundaban por los alrededores. La resistencia de los palmeños fue verdaderamente numantina, debiendo los franquistas pedir refuerzos a Écija, con los que ocuparon definitivamente la población. Se encontraron con una ciudad casi fantasmal, pues gran parte de la población había sido evacuada. Sólo quedaban los que creían no haber tenido nada que ver con la resistencia en la defensa del pueblo, lo que no les valió de mucho, pues las represalias de los franquistas fueron arbitrarias e interminables: los grandes terratenientes de la ciudad, que habían huido de Palma mucho antes del frustrado levantamiento militar, volvieron tras la llegada de las tropas africanistas, dispuestos a hacer «justicia». Se dio una primera orden, mandando a todos los hombres que había en el pueblo a presentarse, sin excusas, en la plaza del Ayuntamiento, y los terratenientes o sus capataces iban separando a los significados a favor de la República y los partidarios del nuevo régimen. En la plaza se quedaron bloqueados los tomados por republicanos, que de inmediato fueron obligados a tumbarse en el suelo, para ser ametrallados a continuación. Se calcula que murieron en aquel fatídico día casi 500 campesinos, y la represión siguió en Palma durante días, semanas y meses, en forma de detenciones, arrestos, fusilamientos, incautaciones, violaciones, aceite de ricino y corte de la cabellera, como era habitual en todos los pueblos ocupados por los franquistas[23].

Hasta el 1 de septiembre de 1936 no hubo nuevas operaciones militares de importancia, tomándose entonces Doña Mencía, pueblo en el que el movimiento de insurrección militar había fracasado en un primer momento al no sumarse a ella la Guardia Civil, que preventivamente había sido concentrada en la ciudad de Cabra, siguiendo órdenes superiores. Se había nombrado un Comité de Defensa, que evitó en lo posible los desmanes contra las gentes de derechas, aunque provisionalmente las encarceló en el convento de Cristo Rey y en la Iglesia Nueva, e inició algunas medidas colectivizadoras, tales como el reparto de artículos alimenticios y de ganado. No hubo, por tanto, ninguna víctima. Sin embargo, poco después cundió el desaliento, cuando se supieron los terribles sucesos de Baena. Mucha gente comenzó a marcharse del pueblo, temiendo la próxima llegada de los nacionales, que, efectivamente, ocuparon el pueblo el 4 de septiembre de 1936. En principio no eran de temer graves represalias, puesto que el pueblo, bajo mandato republicano, había permanecido relativamente tranquilo, y sin embargo la represión fue inesperada y arbitraria, como solía ocurrir siempre, independientemente de la violencia que se hubiera producido durante la «dominación roja». Pero fue mucho mayor la represión en Bujalance, considerado santuario anarquista, lo que sí era de esperar, dada la tensión que se había producido por los conflictos sociales preexistentes entre los latifundistas y los jornaleros, por las desigualdades sociales y por el paro estacional que ya venía de antiguo. El 18 de julio la Guardia Civil del pueblo no tomó partido por los sublevados, y se limitó a concentrarse en su cuartel. La noche del 22 de julio se iniciaron las violencias, comenzando por la quema de algunas iglesias, archivos e imágenes religiosas. La Guardia Civil se puso a disposición del Comité del Frente Popular, y acto seguido fue enviada a Jaén y a Madrid. Se declaró el comunismo libertario, que duró unos tres meses, sin desligarse de la Segunda República, y se hizo una escabechina terrorífica entre las personas «de orden», de la que tampoco se libró el clero. El desastre represivo de Bujalance tuvo una segunda fase, cuando se dio la orden de evacuación en torno al 20 de diciembre de 1936 y ante el avance de las columnas franquistas: los anarquistas disparaban contra todo aquel que se negaba a ser evacuado. Cuando los sublevados entraron en Bujalance, fue un auténtico «paseo militar» y no tuvieron el menor empacho en arrasar el pueblo de manera un tanto indiscriminada. Torturaron, raparon y fusilaron a mansalva. Fue una verdadera catástrofe humanitaria, que se repetiría acentuadamente tras la victoria franquista y la forzada vuelta al pueblo de los milicianos vencidos[24].

VI. Andalucía republicana

VI. ANDALUCÍA REPUBLICANA

Tropas republicanas seguían ocupando parte de la provincia de Córdoba, que permanecía leal al gobierno legítimo tras el fracaso de la intentona golpista, especialmente en la zona norte, que comprendía la cuenca minera y la Sierra Morena, a lo que había contribuido el acuartelamiento de la Guardia Civil en Peñarroya. En Villaviciosa, feudo tradicional de la CNT y cuya Guardia Civil también había sido concentrada en Peñarroya, se aprovechó la ocasión para implantar un cierto comunismo libertario; sus dirigentes fusilaron a todas las personas de derechas, al tiempo que acogían a numerosos refugiados procedentes de la zona franquista y planteaban un posible ataque a Córdoba, que finalmente no llegó a organizarse. En muchos pueblos de la comarca de Los Pedroches, en la zona de Villaviciosa de Córdoba, se reorganizaron sus habitantes en defensa de la República, solicitando ayuda a los mineros de Almadén, Puertollano, Peñarroya y La Carolina. A su vez, desde Córdoba capital, temiendo un ataque republicano el 20 de agosto, el general Varela, que había tomado el mando militar, pensó en contraatacar para neutralizar el posible avance enemigo, penetrando en la sierra de Córdoba y tomando la aldea de Cerro Muriano. Inició la ofensiva en la madrugada del 5 de septiembre de 1936, encontrando una fuerte resistencia de las tropas republicanas, cuyo cuartel general estaba próximo, concretamente en Montoro. Se mandó evacuar a la población de la aldea y se dejó que la tomaran los nacionales. Pero cuando el 9 de septiembre los sublevados pretendieron seguir avanzando, las tropas republicanas y las milicias obreras se habían fortificado y no sólo frenaron a los franquistas, sino que los hicieron retroceder. Desplegados en ambos flancos del castillo del Vacar, las tropas republicanas causaron muchas bajas al enemigo e incluso hicieron huir a la caballería mora. Durante todo el mes de septiembre, el frente quedó fijado en el citado castillo. Aunque las fuerzas gubernamentales perdieron terreno a lo largo del mes de septiembre de 1936, se mantuvieron firmes y neutralizaron el ataque desencadenado por el general Varela.

Alternativamente, los franquistas iniciaron el 22 de septiembre un fuerte ataque contra Espejo, que era la posición más cercana a Córdoba del ejército republicano. Se organizaron dos columnas, al mando del comandante Sáenz de Buruaga. Ambas convergieron hacia Espejo, donde encontraron una firme resistencia, de tal modo que, cuando finalmente lo tomaron, el pueblo estaba reducido a escombros. Aunque el grueso de las tropas republicanas había sido evacuado, no se logró evitar que muchos de sus habitantes fueran fusilados por los jefes franquistas. En total, las bajas republicanas fueron considerables y se perdió mucho material bélico. Después de la pérdida de Espejo, la defensa de Castro del Río no tenía ninguna posibilidad. Se inició desde este pueblo un éxodo masivo e impresionante en dirección a Bujalance[1]. De un modo inevitable, las fuerzas republicanas estaban cada vez más mermadas, aunque no por ello perdían combatividad.

A finales de septiembre y comienzos de octubre de 1936, los franquistas lanzaron una ofensiva múltiple de carácter envolvente, con la actuación de cuatro columnas combinadas. De Llerena (Badajoz) salió la columna de Gómez Cobián, y de Guadalcanal (Sevilla) la columna de Figuerola, las cuales confluyeron en Azuaga, y de allí prosiguieron hasta La Granja de Torrehermosa, para caer finalmente sobre Fuenteobejuna el 1 de octubre. Desde Córdoba salió la columna de Sáenz de Buruaga, que de nuevo se estrelló en El Vacar, encontrándose una resistencia republicana a prueba de bombas. Entonces se planeó la operación envolvente por Posadas y Villaviciosa, que emprendió la columna de Álvarez de Rementería, para acabar en la retaguardia de El Vacar, lo que contribuyó decisivamente al éxito de la operación franquista. Las líneas republicanas sufrieron un importante revés con la pérdida, el 26 de septiembre, de Fuenteobejuna, que abría el camino hacia la cuenca minera de Peñarroya, a la que semanas antes había llegado una impresionante riada humana de evacuados desde los pueblos que ya habían sido tomados por las tropas nacionales. Con la ocupación de Fuenteobejuna acababa la primera fase de la operación, mientras el alcalde de Peñarroya, gobernador interino de la Córdoba republicana, se afanaba por evitar la desbandada general.

La segunda fase de la ofensiva franquista se inició el 30 de septiembre de 1936 desde el Cerro Muriano y por parte de la columna de Sáenz de Buruaga, que se frenó de nuevo al encontrarse con el castillo de El Vacar y que quedó prácticamente paralizada por la inesperada y durísima resistencia que opusieron las líneas republicanas. Ante el fracaso del último intento de Buruaga por disolver el flanco derecho de los republicanos, se pensó entonces en una operación envolvente, que inició la columna de Álvarez de Rementería, notablemente reforzada por tropas norteafricanas llegadas de Sevilla, desde Posadas, y con el objetivo de ocupar ese mismo día el pueblo de Villaviciosa de Córdoba, otro feudo anarquista. Durante toda la jornada del 8 de octubre de 1936, los alrededores del pueblo se convirtieron en el escenario de una intensa batalla, que acabó con la evacuación rápida de las fuerzas republicanas, inferiores en número y armamento, y con la inmediata entrada de los «nacionales» por las calles de Villaviciosa de manera extremadamente violenta, ávida de saqueos, pillajes y violaciones. El teniente coronel Álvarez de Rementería dejó en el pueblo a una pequeña guarnición arropada por los grupos derechistas, con la misión de «limpiarlo» de elementos marxistas, y prosiguió su avance hacia Villaharta, dispersando a las fuerzas republicanas, haciendo numerosos prisioneros, que no dejaba vivos, y dejando expedita la vía hacia la cuenca minera de Peñarroya. En la madrugada del domingo 11 de octubre prosiguió el avance de las columnas franquistas, tomando sucesivamente los importantes pueblos de Espiel, Belmez y Peñarroya-Pueblo Nuevo. La represión fue desproporcionada y feroz, pese a que el grueso de la población había sido previamente evacuado, y como venganza de los asesinatos de las personas derechistas efectuados por los milicianos rojos. Varios miles de familias, cargadas con los enseres imprescindibles, arribaron a Villanueva del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, etc., ya en Sierra Morena. La cuenca minera había quedado totalmente en manos de los franquistas, que desencadenaron una aparatosa represión en los citados pueblos y en las aldeas de los alrededores. Antes se había producido la represión en Fuenteobejuna, que causó asombro por la gran cantidad de mujeres fusiladas y porque se mantuvo incesante hasta el fin de la guerra, y aun después de ella, cuando apareció el fenómeno de la guerrilla antifranquista.

El 16 de octubre, Queipo de Llano hizo un viaje triunfal por la cuenca minera, que, por la evacuación de las poblaciones y por las represalias efectuadas, se había quedado prácticamente sin mano de obra, y, no obstante, prosiguió con las represalias. El empobrecimiento y la miseria que se produjeron en toda la cuenca minera fueron atroces. Tras la toma de esta cuenca, los frentes abiertos en la provincia de Córdoba se estabilizaron durante dos meses: eran los meses en que los franquistas centraron toda su atención en la toma de Madrid, que creyeron inminente. No obstante, siguió habiendo escaramuzas con los republicanos y, en diciembre de 1936, los franquistas iniciaron una operación contra Bujalance y Montoro. El 15 de diciembre las tropas nacionales comenzaron otra ofensiva, que supuso finalmente que casi la totalidad de la campiña quedara en poder de los que se habían sublevado, sobre todo tras la caída de Baena, El Carpio, Valenzuela, Bujalance, etc., quedándose los republicanos con el control de la ya citada zona de Los Pedroches. Tras la desbandada general de los soldados republicanos, el 23 de diciembre se retiraron también de Montoro, que había sido un núcleo importante en la estrategia cordobesa del ejército republicano, intentando mantener por todos los medios la línea Adamuz-Villa del Río-Lopera-Porcuna, las dos últimas ya en la provincia de Jaén. Sin embargo, el 24 de diciembre perdieron los pueblos de Montoro y Villa del Río, a pesar de la intervención de un batallón de las Brigadas Internacionales, cuyos miembros fueron fusilados uno a uno. Cayeron los pueblos jienenses de Porcuna y Lopera, aunque fueron rápidamente recuperados por los republicanos. Y a finales del año 1936 los frentes quedaban de nuevo estabilizados.

EL NORTE DE CÓRDOBA

Una vez ocupadas las partes sur y central de la provincia de Córdoba, los franquistas centraron su atención en la zona norte, donde el principal objetivo era la toma de Pozoblanco y de la amplia zona de Los Pedroches. En Pozoblanco había triunfado el movimiento insurreccional del 18 de julio por la sublevación de la Guardia Civil. La Guardia Civil patrullaba por el pueblo, apoyaba a los núcleos de falangistas y a otros grupos derechistas y evitaba que se concentrasen los simpatizantes y militantes republicanos. Los sindicatos y los partidos del Frente Popular advertían a todas las personas «significadas» que se saliesen a las afueras del pueblo y que, desde allí, presionaran sobre el casco urbano. Tras la llegada de las unidades republicanas al mando del general Miaja, que del 5 al 15 de agosto de 1936 habían ido reconquistando sucesivamente las poblaciones de Adamuz, Velalcázar, Alcazarejo, Villanueva del Duque, Hinojosa del Duque y, finalmente, Pozoblanco, aún resistían numerosos derechistas y guardias civiles[2], que inevitablemente se rindieron. Su rendición se celebró en el pueblo con una eclosión de violencia popular: se quemaron iglesias, y ermitas, se destruyeron imágenes religiosas, se hicieron numerosas detenciones y se fusiló a los que juzgaron responsables máximos de la sublevación habida. Asimismo se constituyó el VII cuerpo del ejército republicano, que se encargó de la defensa organizada de toda la zona norte de Córdoba. Queipo de Llano reaccionó contraatacando desde Peñarroya, Espiel y Villaharta. El 10 de marzo de 1937 los franquistas lograron entrar en Villanueva del Duque, y poco después en Alcazarejo, obligando a las avanzadas republicanas a replegarse sobre Pozoblanco, que estaba recibiendo importantes refuerzos de la República: los pequeños carros blindados, recién enviados a la zona, tomaron la iniciativa y recuperaron todo el territorio perdido en el mes de marzo. Durante el resto del año se recrudecieron los combates entre franquistas y republicanos, pero los frentes se mantuvieron más o menos estables. Aunque Queipo de Llano, tras la toma de Málaga en febrero de 1937, había pensado que debía repetir la operación sobre Los Pedroches, enviando más tropas desde Posadas. Franquistas y republicanos se enfrentaron en una dura y prolongada batalla, en la que los reiterados ataques de las tropas nacionales se estrellaban una y otra vez frente a las trincheras hábilmente organizadas por el eficiente comandante republicano Pérez Salas[3]. En su última tentativa, también fracasó Queipo de Llano, que hubo de retroceder a sus primitivas posiciones: por vez primera, Queipo sufría el amargo sabor de la derrota. Sólo conseguiría uno de los objetivos de su plan de operaciones: la ocupación de Villanueva del Duque y Alcazarejo, aunque no en la fecha prevista. Como el peculiar Queipo no se resignaba, poco tiempo después reiteraba la ofensiva, encontrándose con una resistencia republicana que, con el refuerzo de algunos batallones de las Brigadas Internacionales, respondió con firmeza. Y las batallas prosiguieron durante todo el mes de marzo y el de abril.

El 15 de marzo la operación había cambiado de signo: los franquistas ocuparon Alcazarejo, y los republicanos tuvieron que retroceder hasta Pozoblanco, que estaba a un kilómetro de distancia, y a 10 de Villaharta, también en poder de los republicanos. Todo parecía perdido, aunque no se decidió por el momento la evacuación de la población: aquella noche nadie pudo dormir en el pueblo. La evacuación se produjo días después, y muchas familias enteras huyeron por todos los medios disponibles hacia los pueblos más cercanos o incluso a comarcas de otras regiones (Badajoz y Ciudad Real). Pero las tropas nacionales estaban agotadas y decidieron no penetrar en Pozoblanco, limitándose a tomar las primeras casas y la plaza de toros, porque los soldados republicanos parecían mostrarse firmes en la defensa de su pueblo, que ya había sido abandonado por la población civil y que estaba semidestruido por los disparos de la artillería enemiga. Todo estaba perdido cuando en la mañana del 18 de abril de 1937 hicieron su entrada en Pozoblanco los poderosos tanques republicanos, que levantaron la moral de los combatientes populares, reforzados, además, con la llegada de voluntarios de las Brigadas Internacionales procedentes de Puertollano. Con todo ello comenzó la contraofensiva republicana en ese mismo mes de abril. Las columnas franquistas se vieron sorprendidas y hubieron de abandonar precipitadamente los dos pueblos que mantenían ocupados (Villanueva del Duque y Alcazarejos), con el inusitado espectáculo de la huida de la caballería mora[4].

La moral republicana iba en aumento, y hasta pareció que Queipo había desistido de tomar Pozoblanco. Se entró en una fase de guerra de desgaste, sin que las posiciones de ambos bandos se modificasen esencialmente. La batalla de Pozoblanco aparentaba haber terminado en tablas, al tiempo que se iniciaba una novedosa estrategia republicana: la guerra de guerrillas, protagonizada en su mayoría por los huidos o los llamados «echados al monte». Sin embargo, en 1938 la comarca de Los Pedroches fue regularmente bombardeada desde el aire, siendo Pozoblanco la población más afectada, sobre todo por las bombas arrojadas en noviembre y diciembre de 1938. Pozoblanco siguió siendo el centro de la resistencia republicana en el valle de Los Pedroches hasta el final de la guerra, y hasta en la posguerra, en la que se incrementó la guerra de guerrillas, favorecida por la estructura montañosa de la zona. Consecuentemente, sufrió una represión implacable: fusilamientos masivos, aplicación de la ley de fugas, detenciones, encarcelamientos, consejos de guerra, etc. Llama la atención que la represión en esta zona fuera proporcionalmente más elevada en las mujeres que en otras regiones españolas, ya que aquí la movilización popular de la mujer republicana duró prácticamente toda la guerra. Una zona, por otra parte, en la que aún abundan fosas comunes de cadáveres no identificados[5]. La zona de Los Pedroches, cuyos pueblos estuvieron en pie de guerra casi de un modo permanente, fue un importante semillero para el desarrollo de la guerrilla antifranquista, que fue implacablemente reprimida en la posguerra. Su población se mantuvo siempre muy politizada, antes y después de la Guerra Civil. Las mujeres adquirieron un alto grado de emancipación, cooperando con los esfuerzos de la guerra, organizando estructuras de resistencia y realizando tareas de propaganda política. Probablemente fue la zona en que hubo más mujeres vestidas de milicianas, que no combatían en los frentes, pero que realizaban funciones de vigilancia y de control, lo que les sería luego muy tenido en cuenta en los numerosos consejos de guerra efectuados contra ellas.

Tras la victoria franquista, la represión se convirtió casi en una práctica cotidiana, que afectó especialmente a las mujeres republicanas, que durante años fueron consideradas sospechosas. Fueron torturadas e incluso violadas en los cuartelillos de Falange o de la Guardia Civil, y, desde luego, también fueron purgadas, rapadas y «paseadas» por las calles, lo que no era incompatible con las frecuentes condenas a muerte dictadas por los consejos de guerra. La mayoría eran consideradas mujeres de moral dudosa, pues en los informes de conducta emitidos por los vencedores se resaltaba el hecho de haberse vestido como hombres y de haber permanecido «amancebadas» con sus parejas. Delatadas por sus propios vecinos, se les podía someter a las mayores vejaciones con total impunidad. El primer consejo de guerra del que se conservan documentos se celebró en Córdoba el 19 de marzo de 1939, y el último en 1944, con un porcentaje significativo de mujeres. Pero sólo seis de ellas habían participado en la guerra como milicianas armadas, y el resto sólo habían tenido mayor o menor actividad política en defensa de la República o habían mostrado alguna conducta amoral, según la nueva escala de valores impuesta por el nuevo régimen. Otras fueron condenadas por haber realizado tareas de enlace o de apoyo a las guerrillas, siendo la mayoría de ellas familiares de los guerrilleros.

GRANADA: NO TODO FUE GARCÍA LORCA

Las noticias de la sublevación militar de Marruecos se difundieron en la capital de Granada al anochecer del 17 de julio de 1936. El gobernador republicano no pudo tener fáciles relaciones con otras plazas, y quedó relativamente desinformado. Tenía una comunicación privilegiada con la comandancia militar, donde el general Campins —designado pocos días antes para el cargo— le iba facilitando datos sobre la insurrección habida, porque éste disponía de las informaciones que le llegaban desde el cuartel de la Guardia Civil y desde el aeródromo militar de Armilla. Sin embargo, los oficiales al mando de esos servicios, y hasta sus propios ayudantes, eran decididos partidarios de la sublevación, presionando hasta minar la resistencia del general, que en principio no estaba dispuesto a sumarse al golpe militar, aunque finalmente accediera a firmar y publicar el «bando de guerra» que llamaba a la rebelión. Mientras tanto, el gobernador civil pudo comunicar con el gobierno republicano de Madrid, que se mostró no partidario de adoptar medidas extremas que provocasen desórdenes civiles, creyéndose ingenuamente que la rebelión iba a fracasar. En el Gobierno Civil de Granada se constituyó un consejo permanente con las autoridades locales y provinciales para analizar la situación, aunque no llegó a ningún acuerdo para adoptar medidas que pudiesen evitar lo que se avecinaba, dejando que el tiempo corriese hasta que se supo que el general Campins, aunque forzadamente, se había sumado a la rebelión.

La comandancia militar proclamó el estado de guerra, contribuyendo a la desorganización de la resistencia popular y abandonándose la idea de hacer una huelga general. La pronunciación y la llamada a la rebelión de los oficiales sublevados fueron suficientes para neutralizar toda posible resistencia de los ciudadanos, ya que la resistencia armada era prácticamente imposible, y más tras la detención de los dirigentes de los partidos del Frente Popular. Sólo hubo un episodio de resistencia en el barrio obrero del Albaycín, organizándose algunos grupos que quisieron ser armados sin disponer de las armas necesarias: «Era poco menos que un suicidio colectivo»[6]. El desequilibrio de fuerzas era notorio, y no hubo que disparar un solo tiro para que, el 21 de julio, se hubiera acabado con cualquier conato de resistencia. El Albaycín tuvo que rendirse en masa al ser bombardeado continuamente por la aviación y por la artillería de los sublevados, iniciándose casi de inmediato las detenciones masivas y los asesinatos sin juicio previo. El 27 de julio la normalidad era completa en la ciudad.

Controlada la capital el 20 de julio por las fuerzas sublevadas, el nuevo gobernador civil designado declaró el estado de guerra en toda la provincia y ordenó que se exhibiera en todos los pueblos el correspondiente bando, al tiempo que encomendaba a la Guardia Civil que requisase todas las armas en posesión de la población y que clausurara todos los locales de los partidos republicanos. Los guardias civiles fueron concentrados en las cabeceras de línea, quedando los pueblos en manos de personas «civiles», pero faltas de autoridad y sin medios para mantener el orden. La medida no tuvo la eficacia deseada por los sublevados, porque los pueblos más importantes de la provincia siguieron controlados por los republicanos, muy apoyados por los milicianos populares. En Guadix, cabecera de la primera línea de la Guardia Civil, 35 números y 22 civiles se hicieron fuertes en la casa cuartel frente a la creciente hostilidad popular. El 22 de julio la comandancia militar de Granada decidió mandar otros 40 guardias civiles, que se sumaron a los ya sublevados. Pero la situación se tornó dramática cuando en la madrugada del 23 de julio llegó a la ciudad una columna de milicianos procedentes de Almería, entre los que destacaba un grupo muy activo de comunistas, que incluía a la conocida líder de las Juventudes Comunistas Lina Odena. Asaltaron el cuartel, provocando la rendición de los que estaban allí sublevados, lo que supuso el fusilamiento de 19 guardias y 13 personas de derechas. Tras la recuperación para la República de Guadix, quedaron en poder de los gubernamentales hasta 26 pueblos de los alrededores de Granada, con vía directa hacia la capital. Por otra parte, los milicianos obreros que ocuparon Guadix se desplazaron a Baza, donde el 25 de julio provocaron la rendición de la Guardia Civil, que se había mantenido acuartelada y en abierta rebelión contra el orden republicano. En procesos similares al anteriormente descrito, los republicanos recuperaron el control de importantes pueblos de la provincia, tales como Iznallor, Motril, Salobreña, Almuñécar, etc. Otros pueblos menos importantes quedaron en manos de los sublevados, tales como Lanjarón, Órgiva, Ugifar y Dúrcal, controlando la entrada en los valles de la Alpujarra granadina.

Además, todas las vías de comunicación de Granada con Almería, Jaén y Murcia estaban controladas por los gubernamentales, lo que hacía sentirse a los sublevados de Granada agobiados por la situación de aislamiento y cerco, hecho que preocupaba grandemente a Queipo de Llano, que en el mes de agosto envió tropas a Puente Genil (Córdoba) y Loja, cuya toma supuso un importante alivio para la capital sublevada. La llegada a Granada de tropas norteafricanas dio solidez a la posición de Granada, que nadie se planteó invadir[7]. El objetivo era ganar tiempo, mientras el ejército del sur, comandado por Queipo, se reforzaba con la continua llegada de mercenarios del norte de África. Mientras tanto, se había iniciado la represión en la capital, de la que no estuvieron exentas las mujeres. En el convento de San Gregorio se habilitó una cárcel de mujeres, desde donde eran enviadas al Gobierno Civil para ser interrogadas y decidir su destino, que en muchos casos fue la muerte. Entre ellas destacaba Antonia Molina Pérez, una niña de trece años, y Agustina López, La Zapatera, que siempre había sido considerada una mujer extravagante en la ciudad. Tenía entonces treinta y cinco años y siempre había permanecido soltera. Vivía con sus padres, que regentaban una zapatería. Desde niña, la lectura fue su campo de aventuras, siendo una apasionada de los libros de ciencia. Su pasión por la astrología le llevó a creer en la existencia de seres en otros planetas. Pero fue una «avanzada» pionera de un feminismo solitario, que luchaba por los derechos de la mujer, siendo considerada por la gente una loca, una chiflada. Era una mujer libre, que se ganaba la vida ayudando en el negocio familiar y que, para muchos, defendía la condición de la mujer por sus pretensiones de conseguir su independencia y su igualdad con los hombres. Se presentaba como una mujer de una sola pieza, con ademanes hombrunos, estrafalaria en el vestir y con atuendos varoniles. A pesar de sus escasos estudios, se convirtió en una intelectual interesada por la política, que se atrevía a acudir a las tertulias de hombres. Su presencia pública y política la hizo popular, sobre todo después de haber publicado diversos trabajos y opúsculos, destacando su «Reglamento-ideario del entero humanitario internacional». Durante la Segunda República se presentó a las elecciones a las Cortes Constituyentes, publicando entonces un manifiesto muy sugerente. Tras el golpe militar, fue detenida y llevada a la cárcel para ser fusilada junto a sus adeptos ideológicos. Los sublevados no querían convivir con personas tan excéntricas y extravagantes como La Zapatera o Federico García Lorca.

La situación política de Granada se mantuvo casi idéntica hasta el final de la guerra, al igual que en Jaén y Almería, donde la totalidad de sus provincias estuvo en poder del gobierno republicano. Por eso, en esas provincias la represión franquista se inició ya en la posguerra, aunque con las mismas características que las efectuadas en otras provincias durante la guerra. Persistieron los rasgos diferenciales en la represión de las mujeres republicanas o tomadas por ello. Según Ángeles Morente, de Andújar (Jaén):

El pelar era muy frecuente, que lo hicieron en los primeros años de acabar la guerra. Les cortaban el pelo y les daban aceite de ricino y las paseaban por el pueblo. Mi madre me decía que no saliese a la calle para que no me lo hicieran a mí. Pero era igual. Todo es muy triste. Tenía mucho miedo[8].

Isabel Clavijo, de Navas de San Juan (Jaén), decía:

Lo peor nos vino después de la guerra, cuando nos acosaron tanto que tuvimos que irnos del pueblo […] Los señoritos, a las muchachas guapas, después de la guerra, cuando se veían con alas, se dedicaban a pasearlas por el pueblo, las pelaron y las humillaron […] Yo era pequeña y cuando [iba] a las colas de la comida me echaban y me ponían la última. Cuando íbamos a la doctrina allá en el pueblo, las señoritas nos mandaban detrás, porque delante se ponían las ricas del pueblo.

Su familia hubo de marcharse a la capital de Jaén, donde ella, al fin, pudo encontrar trabajo, lo que debía completar vendiendo tabaco de contrabando o estraperlo[9]. En Almería, que había asumido una gran cantidad de refugiados, la represión fue desproporcionada, extensa e indiscriminada. La provincia se tiñó de viudas o parientes cuyos maridos estaban en la cárcel. Las mujeres de los rojos recibían ataques físicos (violaciones, rapados de cabello, etc.) y psíquicos (insultos, desdén, menosprecio, etc.), pero lograron sobrevivir en un tiempo enormemente difícil. Josefa Collado dejó escrito que estuvo tres años en prisión, entre 1939 y 1942, en los que perdió la menstruación y casi no pudo dormir en la colchoneta por la paliza que le daban periódicamente. Al salir de la cárcel, siguió su calvario: «Los falangistas rodeaban nuestra casa cada día y, cuando salíamos, nos insultaban»[10].

EL ANTICLERICALISMO DE LAS MUJERES

En Málaga y su provincia la represión se recrudeció en la posguerra, cuando todos los que habían huido al entrar los «nacionales» debieron regresar a sus lugares de residencia. De nuevo reaparecieron los tribunales militares, con una serie inacabable de consejos sumarísimos de guerra, que incluían también a mujeres y a las que juzgaban, por lo general, por hechos supuestamente delictivos en los primeros años de la Guerra Civil. Y no sólo en Málaga capital, sino en toda la provincia. En Marbella, tras la ocupación de los militares sublevados en enero de 1937, fueron procesadas por la justicia militar un total de 30 mujeres, lo que suponía el 10 por 100 sobre el total de los hombres, entre la primavera de 1937 y 1939. El estudio, realizado por Lucía Prieto Borrego sobre trece mujeres procesadas y condenadas, ha confirmado la desproporción entre los cargos imputados y las terribles sentencias emitidas, teniendo en cuenta que el mismo delito de rebelión militar era aplicado también a los hombres por su implicación directa en la represión de las personas «de orden», en la que las mujeres no habían estado implicadas directamente. Esa desproporción iba definiendo el modelo —o contramodelo— de la mujer republicana, la iba representando como la «feroz roja», ordinaria, sucia, poco femenina, inclinada al ocio, al vicio o a la violencia. Los sumarios estudiados Lucía Prieto correspondían a mujeres de entre diecinueve y sesenta y cinco años, todas casadas y pertenecientes a la clase trabajadora, pobres y, por lo general, carentes de instrucción. Todas se dedicaban a «sus labores», aunque algunas de ellas realizaban trabajos extradomésticos, como asistentas en casas de familias pudientes. En todos los casos la justicia militar procedió contra ellas a partir de delaciones o denuncias de particulares, casi siempre de mujeres con las que habían mantenido alguna relación laboral o que eran víctimas del llamado «terror rojo»[11].

La mayoría de las mujeres procesadas por la justicia militar lo fueron al terminar la guerra; los combatientes atrapados en los frentes desmoronados debían volver a sus lugares de residencia y también las mujeres republicanas que habían huido al entrar los «nacionales» en su ciudad o en su pueblo: al volver a Marbella, casi todos fueron denunciados y muchos de ellos procesados. Otras personas que no habían querido escapar y que no se sentían culpables de nada fueron sometidas a juicio a lo largo de 1937. Para ello bastó con una simple denuncia y ninguna prueba: una denuncia que era particular y que casi siempre procedía de otras mujeres, aunque de derechas. Todas las mujeres que fueron procesadas en Marbella por la justicia castrense fueron acusadas de supuestos delitos relacionados con la violencia anticlerical: una violencia ejercida tras el fracaso de la sublevación militar de forma tumultuaria y dirigida contra los bienes materiales de la Iglesia y contra sus ministros, y en la que había sido visible el protagonismo femenino, sin que eso implicase la represión física y real contra algunos ministros de la Iglesia. En Marbella, el estallido de la violencia clerical se dirigió contra los edificios y las imágenes, totalmente destruidas el 19 de julio de 1936, así como contra el párroco de la ciudad, don José Vera, y sus familiares. El hecho de que el hermano del párroco disparara desde la ventana de la casa rectoral contra una manifestación popular provocó una violentísima reacción, que a punto estuvo de acabar con la vida de la familia Vera… Hasta que entraron en el pueblo los «nacionales», no se hizo nada al respecto, pero el 24 de septiembre de 1937 el tribunal militar franquista actuó contra siete personas acusadas de participar en aquellos sucesos, a raíz de las denuncias interpuestas por una mujer, víctima directa de aquel episodio, aunque la mayoría de los cargos y acusaciones que presentó los había conocido de oídas y con posterioridad. Fue, consecuentemente, interrogada.

Los cargos más importantes estaban relacionados con el ejercicio de la violencia contra el sacerdote y con las injurias y burlas de las que éste había sido objeto por parte de las personas participantes en el motín. Estos hechos tuvieron lugar durante el saqueo de la casa rectoral y de la iglesia, pero la denunciante no los había presenciado, puesto que logró escapar y permaneció escondida. De la principal acusada, una mujer de cuarenta y cuatro años llamada Juana Fernández, añadió que era «público en el pueblo que la acusada venía de darle un bocado» al sacerdote. La primera testigo, que era la esposa del sacristán, afirmó que no había permanecido ni en el registro ni en el saqueo de la iglesia, ni tampoco había oído directamente a Juana informar que mordió al cura, como se decía en el pueblo. La segunda testigo, una antigua patrona de la acusada, hizo revelaciones distintas, declarando «que en uno de los primeros días del dominio rojo, en que se cometieron los primeros desmanes […] la declarante tuvo que permanecer sin salir de su domicilio, no habiendo presenciado, por tanto, la intervención de estas mujeres en la estancia del señor cura párroco»[12]. Dijo, además, que había despedido a la principal acusada como sirvienta cuando, tras las elecciones generales de febrero de 1936 y alentada por las organizaciones obreras (CNT principalmente), aquélla se atrevió a interponer reclamaciones y a insultar a los patrones en la calle, y que en la manifestación del Primero de Mayo había portado una bandera comunista. Fue cuando volvió a Marbella, siete meses después de haber sido tomada por los «nacionales», que se enteró que en el pueblo se decía con insistencia que la acusada propagaba ella misma que había mordido al cura. Más interesante fue la declaración de la vecina del cura, pues, según ella, había presenciado directamente, desde su balcón, la actuación de la acusada, que, jaleada por otras muchas mujeres, contaba que en el saqueo de la iglesia había encontrado, junto a muchas prendas íntimas de mujer, una fotografía comprometida del sacerdote, haciéndose eco además del rumor de que Juana había mordido al cura. Juana, que negó los cargos, no pudo presentar a nadie para su defensa, porque sus vecinos habían huido de la ciudad.

La denuncia incluía, además, a otras 20 personas, entre ellas al alcalde comunista de Marbella y a conocidos militantes anarquistas, que se habían pasado a zona republicana. Otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron acusadas de agredir violentamente a la familia Vera cuando, a rastras, era conducida a la cárcel; aunque la denunciante no los vio, afirmaba que unos familiares del cura los habían visto entre la multitud. Ellos negaban haber estado en ese lugar, aportando el testimonio de personas influyentes que lo veían a él incapaz de cometer ningún delito y que lo consideraban muy buena persona. Pese a todo, aquel joven fue condenado a muerte y ejecutado, como también le ocurrió a la principal acusada, Juana Fernández. Más afortunada fue la mujer que lo acompañaba, pues, aunque también había sido condenada a muerte, la pena le fue conmutada. La denunciante había incluido en la misma denuncia a otras dos mujeres, a las que acusaba de proferir amenazas contra la familia del sacerdote, lo que había confirmado la testigo primeramente presentada por la denunciante. También fue acusada una mujer muy conocida en el pueblo, Ana, quien supuestamente había estado al frente del grupo de mujeres que se presentó en casa de la denunciante buscando imágenes religiosas, aunque no las encontrara. Afirmó también que la misma Ana registró varias casas de familias católicas, y que otra mujer llamada Cándida —que fue inmediatamente detenida— robó durante el saqueo de la casa rectoral objetos personales de la familia Vera, apoyándolo en la declaración de numerosos testigos.

La sentencia se dictó en noviembre de 1937, considerando como «hechos probados» que una de las mujeres había apedreado al cura, aunque sólo una testigo la había reconocido entre la multitud; que Juana Fernández había mordido al sacerdote, aunque esto no lo presenció nadie, ni ningún testigo lo oyó de boca de la acusada, a quien también se le imputaba la participación en el saqueo de la iglesia, donde, según dijo ella misma, había encontrado fotografías del sacerdote, lo que luego resultó cierto. Igualmente consideraba probadas las amenazas proferidas por dos de las encausadas, contra las que sólo existió el testimonio de la denunciante. En la sentencia de la mujer acusada de realizar registros —lo que no pudo probarse— aparecieron otros cargos relacionados con comentarios contra el ejército. La sentencia contemplaba la pena de muerte para el varón ya referido y cuatro de las mujeres, a una de las cuales le fue conmutada la pena. Las tres restantes fueron condenadas a 30 años de reclusión. Sólo dos de los sentenciados, Juana Fernández y el joven Salvador Muñoz, fueron fusilados en febrero de 1938. En todos los casos, la monstruosidad de los castigos contrastaba con unos comportamientos relacionados más con los rumores que con los hechos probados. Juana Fernández fue ejecutada por el «gravísimo» delito de haber mostrado la sexualidad del sacerdote, a raíz del hallazgo de una fotografía que encontró en la sacristía[13].

En los procesos militares habidos en Marbella después de la victoria franquista, el delito de rebelión militar se impuso a mujeres con cargos algo más graves. La naturaleza de los cargos atribuidos a dos mujeres —ambas del Sindicato de Mujeres del Servicio Doméstico—, retornadas a la ciudad en 1939, estaba igualmente relacionada con el saqueo de la iglesia parroquial, si bien en estos casos contaron con un mayor número de testigos «favorables» y las denuncias pretendieron ser comprobadas. La primera de las dos mujeres, denunciada por el dueño de una casa a quien, siguiendo la consigna de la CNT, no había pagado el alquiler, fue también acusada de instigadora del motín contra el sacerdote. La segunda de las acusadas había sido vista por una vecina que vivía frente a la iglesia y que declaró que el día del saqueo entró y salió del templo, portando bancos e imágenes y dejándolos en la plaza: a las dos se les condenó a reclusión de 30 años por un delito de rebelión militar[14]. Frente a la consideración del varón como responsable de actos claramente delictivos, la casi total desvinculación de la mujer del ejercicio de la represión física, aunque a veces fuese acusada de instigadora, era compatible con su mayor visibilidad en las acciones de carácter colectivo, tales como manifestaciones de protesta o quema de iglesias y conventos. Fue un hecho cierto que muchas mujeres de los sectores populares, especialmente las más próximas a círculos socialistas o anarquistas, participaban de la muy arraigada clerofobia, focalizada en la figura del cura, habitualmente más cercano a las señoras, a las damas. Tradicionalmente, el ceremonial religioso (la misa, la confesión, el rezo del rosario, etc.) había conformado una especie de sociabilidad femenina que excluía a las mujeres que no pertenecían a familias acomodadas, al tiempo que la Iglesia católica consideraba legítima la sumisión semiesclavista de las sirvientas y de las mujeres de los jornaleros. Muchas de estas mujeres, de mentalidad más a la izquierda, se hacían socialmente muy visibles en las acciones y manifestaciones colectivas, poniendo en cuestión el inmovilismo dominante de las familias pudientes.

VII. Individuas de dudosa moral

VII. INDIVIDUAS DE DUDOSA MORAL

Recientemente, la profesora Pura Sánchez ha publicado una excelente monografía sobre las «individuas de moral dudosa», con específica referencia a las mujeres republicanas andaluzas, basándose en el estudio de los documentos encontrados en el tribunal militar territorial II de Sevilla, del que se han conservado los expedientes por rebelión militar desde el golpe del 18 de julio de 1936 hasta el año 1950. Como todos los tribunales militares, éste ya empezó a funcionar durante la Guerra Española en la retaguardia nacional, orientando sus actuaciones en función de las necesidades de la represión y de la «limpieza ideológica» que las operaciones militares iban demandando. Formaban consejos de guerra sumarísimos, en cuyas sentencias desempeñaban un papel importante, entre otras cosas, los llamados «informes de conducta», emitidos por el comandante de puesto de la Guardia Civil, el alcalde y el jefe local de Falange, que se reflejaban casi literalmente en las sentencias dictadas en su ámbito jurisdiccional: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, con la zona limítrofe de Badajoz y Andalucía oriental[1]. La profesora Sánchez hizo una selección aleatoria de las fichas encontradas, correspondientes a las encausadas cuyos juicios se celebraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1949. Y seleccionó 641 causas contra mujeres: más de la mitad de estas causas se instruyeron entre abril de 1939 y diciembre de 1940, es decir, inmediatamente después del final de la guerra. Si bien al principio los delitos por los que fueron condenadas eran principalmente por rebelión militar en sus distintas variantes (adhesión a la rebelión, inducción a la rebelión, incitación, auxilio, etc.), a lo largo de los años aparecieron otros delitos que difícilmente podrían ser tipificables como rebelión militar, tales como el estraperlo al menudeo, los delitos contra la propiedad, los pequeños hurtos, que tenían más que ver con la situación de hambre o miseria. Solían ser cometidos por mujeres socialmente marginadas, a menudo solas o viudas con hijos, que sobrevivían como podían, debiendo, además sacar a sus hijos adelante. En definitiva, los tribunales militares en la segunda mitad de los años cuarenta actuaban en la comisión de delitos que normalmente deberían haber sido considerados comunes. Estos delitos, al ser juzgados por los tribunales militares, adquirían una gravedad desproporcionada y reflejaban claramente el carácter de su verdadera misión: juzgar a individuas cuya miseria o pobreza eran como la consecuencia de una especie de determinismo biológico que las hacía vagas por naturaleza, poco dadas a trabajar y viciosas. De ese modo los tribunales velaban por las personas «de orden», para que disfrutaran tranquilamente el sabor de la victoria. En cuanto a la geografía de los delitos que más a menudo se juzgaban, correspondían en su mayoría a la zona recientemente liberada, siendo mayoritarios durante 1939 los delitos supuestamente cometidos en las provincias de Córdoba y Jaén[2].

Una vez conquistado todo el territorio, la represión franquista se extendió a todo el país, concentrándose en las provincias recientemente ocupadas: Barcelona, Tarragona, Gerona, Madrid, Guadalajara, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Jaén, Almería, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Las mujeres, cuyos expedientes ha estudiado Pura Sánchez, tenían en común el mismo oficio: sus labores, su casa, las labores propias de su sexo, etc. Sin embargo, en el transcurso de sus declaraciones, aquellas mujeres aludían a que eran alpargateras, jornaleras, vendedoras de carbón, sirvientas, costureras, peinadoras, etc. Se hablaba de «sus labores» porque se trataba no sólo de llevar el trabajo propio de la casa, sino de realizar otras labores complementarias, generalmente relacionadas con lo doméstico, y que servían de suplemento necesario a la maltratada economía familiar. Eran escasas las mujeres que declaraban un oficio diferenciado: matronas, maestras de escuela, prostitutas. En su mayoría eran mujeres de las clases populares, que a menudo habían establecido relaciones laborales muy conflictivas con las familias acomodadas a las que atendían, relaciones que, por cierto, estaban a menudo en el origen de las posteriores denuncias y escarmientos. No en vano en muchos expedientes se denominaba «señoras» a las denunciantes, mientras que las acusadas eran denominadas «individuas» o «sujetas».

En Huelva, una mujer de sesenta años, Dolores Zaragoza, fue acusada por un capitán de proferir frases injuriosas contra el ejército. En su denuncia, el militar señalaba que ni él ni su mujer habían querido acceder a «una petición injustificada» de Dolores en relación con su hija, sirvienta en la casa hasta el día anterior. La mujer exteriorizó su rabia pronunciando frases injuriosas contra los militares. Como consecuencia, Dolores se pasó dos días en la cárcel, declarando que su hija se había quemado una mano trabajando en la cocina de la casa del capitán, y que tuvo que ir a que la curaran. Cuando volvió, la señora la despidió, diciendo que no podía trabajar con la mano vendada, pero que, mientras estuviese sin trabajo, su madre podía ir a por la comida de la chica diariamente. Cuando al día siguiente se presentó Dolores Zaragoza, la señora le dijo que tenía ya dos criadas, que no quedaba comida, y le cerró la puerta. Ella volvió a llamar, y entonces salió el capitán, con el que tuvo un enfrentamiento. Afortunadamente, el juez no vio nada punible en todo ello[3].

Hubo casos en que el ejercicio de las labores propias de su sexo era el delito mismo, que establecía claramente la diferencia entre individuas o sujetas y señoras o señoritas. En agosto de 1940 fue detenida en Adamuz (Córdoba) Máxima Cejudo, soltera de veinticinco años y a punto de dar a luz. Se la acusaba de «haber llevado a trabajar a una señora de derechas» al matadero público durante la guerra, «haciendo revoltillo, congratulándose porque era un trabajo de personal pobre». Lo que confirmaban los «informes de conducta»: «Fue propagandista y alentaba a los grupos para cometer actos delictivos, obligando a ir a trabajar a las mujeres de derechas en los trabajos recomendados por el Comité». Por tanto, las «individuas» ejercían trabajos del hogar en sus propias casas y en las de las demás, pero las señoras y señoritas jamás lo hacían fuera de sus domicilios, ni aun dentro de los mismos, donde contaban con la ayuda de las sirvientas. Lo que ocurrió fue que, iniciada la guerra y en ausencia de los hombres, las mujeres tuvieron que asumir casi en exclusiva, además de las labores domésticas, las tareas estacionales del campo o las labores que representaban una contribución a la comunidad: costura de ropa militar, trabajos en el matadero público, etc. Las que creyeron, como Máxima Cejudo, que se podía hacer trabajar a las señoras en labores «impropias de su sexo y condición» lo pagaron caro. En realidad, las tareas propias del sexo implicaban la pertenencia a una clase social u otra como elemento determinante. Se podía afirmar que las mujeres de clase baja eran las únicas que hacían las labores propias de su sexo. Las otras, señoras o señoritas, podían permitirse que otras lo hiciesen por ellas, porque ellas, al menos en Andalucía, eran las propietarias de los bienes terrenales.

En Santa Eufemia, un pueblo al norte de la provincia de Córdoba, 14 días después de terminada la guerra, comparecieron «espontáneamente» ante el juez militar instructor dos chicas jóvenes para denunciar a otras seis chicas del pueblo, «para facilitar la acción de la justicia». Las seis chicas denunciadas fueron detenidas e ingresadas en prisión. Se les acusaba de haber participado en actividades políticas, pero lo peor era que habían ordenado «a las muchachas del pueblo consideradas de ideas derechistas y religiosas de ir a trabajar, firmando las papeletas de citación… Además, todas ellas durante el dominio rojo insultaban y trataban violentamente a todas las mujeres que no participaban de sus ideales, tratándolas con desdén cuando las llevaban a las faenas de la siega»[4]. Las encausadas reconocían sus actividades políticas y haber llevado a segar a las «mujeres de orden», pero ellas también segaban, porque, dado que los hombres estaban en la guerra, tenían que hacerlo ellas si no querían que la cosecha se perdiera, todas ellas, incluidas las señoritas. Se dictó sentencia en febrero de 1942, recogiendo la cuestión del trabajo de las señoras y señoritas y condenando a las seis encartadas a diversos años de reclusión. Fueron internadas en la prisión de Córdoba por el delito de rebelión militar. Y otro caso similar ha citado Pura Sánchez: la denuncia contra la «significada y peligrosa extremista» María Josefa Rodríguez Cabezas, una mujer de cincuenta y nueve años, casada y sin instrucción, que había ejercido la vigilancia de un grupo de derechistas, hombres y mujeres presos en el convento de San Francisco de Baena (Córdoba). El denunciante, que había estado preso, decía que «la sujeta estaba sentada en una silla como una señora y dirigente», y que se encargaba de registrar a las mujeres que iban a llevarles la comida a los presos. Ciertamente, las mujeres de la clase jornalera podían desempeñar las labores propias de su sexo, pero hacer que otras, las señoras, las desempeñasen, o usurpar el papel de una señora, eso era una transgresión grave y punible.

Los expedientes estudiados proporcionan otros datos de interés sobre las vidas de aquellas mujeres. Se trataba de «individuas», en su mayoría casadas o viudas, con hijos a su cargo y de escasa instrucción. A menudo, sus maridos estaban presos, eran fugitivos, se habían exiliado o habían «desaparecido», lo que las había llevado a una mayor pobreza, al hambre. Probablemente, habían defendido la República por las expectativas de cambio que podía haber traído a sus vidas y a las de sus familiares, y para defenderla habían salido a la calle. Por tanto, habían trasgredido un precepto no escrito, pero grabado en el inconsciente colectivo de la población, el de permanecer en el propio hogar y no ocuparse de los asuntos sociopolíticos. Se habían salido del estricto marco de la moral pública, y privada, establecido con rigidez, y por ello eran ahora descalificadas moralmente. Y se las juzgaba por una doble transgresión, la social y la moral, ambas unidas y reforzadas entre sí.

En los nueve primeros meses transcurridos desde la victoria franquista, hasta el final de 1940, se celebraron numerosísimos consejos de guerra, condenando a las mujeres republicanas por el delito de rebelión militar, que a menudo encubría una simple transgresión de orden social o moral. Aquellas mujeres eran acusadas de haber oprimido y amenazado a los falangistas, de haber alentado los desmanes de los rojos, de haber sido rojas, anticlericales, de haber negado la existencia de Dios, de haber insultado a los vecinos por sus creencias religiosas, de haber andado entre milicianos, de haberse alegrado de la muerte de un fascista, de vestirse de milicianas, etc. No se trataba de delitos de sangre, sino más bien de actuaciones que iban en contra de lo que tradicionalmente se consideraba la función esencial de la mujer. Ése fue el caso de las hermanas Dolores, Esperanza y Manuela Castillo Navas, que a primeros de abril de 1939 fueron denunciadas en Jaén por un cabo de la Guardia Civil, un cura y un particular. Declararon que las tres hermanas «asistieron a cuantos fusilamientos de personas de derechas se llegaban a efectuar en esta… que tienen detenidos a dos hermanos, por imputársele a uno de ellos la muerte de un fraile, y que por todo concepto eran personas peligrosísimas». Una testigo de cargo confirmó todos los extremos de las denuncias, «por haberlo visto mucha gente». El cura se ratificó en sus declaraciones, afirmando que todo lo había visto y oído desde el sitio donde estaba escondido… El consejo de guerra se celebró en mayo de 1939: Dolores, de cincuenta y siete años, viuda y con siete hijos, fue absuelta. Esperanza, de cincuenta y cuatro años, casada y con siete hijos, y Manuela, con cuarenta y nueve años y cuatro hijos, fueron condenadas a cadena perpetua[5].

INMORALES Y RAPADAS

En la mentalidad de los militares represores, estas mujeres habían invadido el espacio público, haciéndose socialmente visibles, aunque en sus actuaciones sólo hubieran desempeñado un papel subalterno, de apoyo y potenciación del ejercicio de rebeldía realizado por los varones. Fueron incitadoras, alentadoras, anticlericales, propagandistas de sus ideas, habladoras incontinentes, todo ello en contradicción con su papel tradicional de dependencia y subordinación al hombre, al que, aunque fuese rojo, se le reconocía ser un sujeto histórico. Pero la necesidad de castigar a las rojas era indudable: su condición de subalternas nunca fue considerada eximente o atenuante, sino más bien lo contrario, puesto que su «ferocidad» no controlada coincidía con su natural idiosincrasia, que, no frenada, era terrible. Por otra parte, nadie se preguntaba qué significaba eso de ser persona de dudosa moral pública y privada; ni siquiera era necesario, porque «todo el mundo» sabía que la pureza moral era aquella que se dejaba guiar por los preceptos de la moral cristiana. En lo que a la mujer se refería, se trataba de ser buena esposa y madre, que educara a sus hijos en los principios del cristianismo, que vistiera con pudor y discreción, que no llamara la atención, que no tuviera una opinión diferente a la del padre o marido, que no saliese de casa sola, que supiera poco, que no fuera al cine ni al baile, que no leyera libros desaconsejados por el confesor, que luchara denodadamente contra las tentaciones del Diablo. La mujer, según el modelo franquista, en definitiva, era una menor de edad crónica, silenciosa y silenciada, socialmente invisible y recluida en el hogar. Ése era el modelo de mujer que tenían interiorizado los vencedores represores, los jueces militares, los militares, los falangistas y, por supuesto, los sacerdotes, partidarios todos de reprimir a las mujeres que no hubieran seguido ni siguieran ese modelo.

La expresión «mujeres de dudosa moral pública y privada» se refería a los preceptos cristianos, y los tribunales militares la aplicaban con frecuencia a las mujeres del bando vencido en la guerra. Era básicamente un juicio moral, que se convertía en un juicio penal, con su correspondiente castigo público y ejemplarizante. Los vencedores habían asumido la condición de jueces morales y penales de los vencidos, con el absoluto aval de la Iglesia católica. Constituidos en defensores de la civilización cristiana, de la moral cristiana, enemigos del laicismo, del republicanismo, del anarquismo y del socialismo, y de todo aquel que profesara esas ideas, los militares, los alcaldes, los guardias civiles, los falangistas, los requetés emitían «informes de conducta» a petición de los jueces militares instructores, en los que calificaban la moral de las mujeres republicanas o sospechosas de serlo. En El Puerto de Santamaría (Cádiz), Dolores Pérez Jiménez fue acusada en 1937 por un vecino, policía jubilado, de ocultar armas en un pozo. Decía que la denunciada, «aunque en el orden político nada en su contra se puede manifestar, sí deja mucho que desear en su vida privada, regresando a altas horas de la noche, al parecer en estado de embriaguez, lo que da lugar a que insulte y moleste a los vecinos de la misma casa». Y, además, el mismo testigo añadía que «su conducta es tan reprobable que a los veinte meses de quedar viuda, tuvo un hijo». Era de notar la estrecha vigilancia a la que este policía jubilado tenía sometida a su vecina, viuda de un militante comunista al que se le aplicó el «bando de guerra» en 1936. Dolores tenía treinta y siete años y se dedicaba a «servir» en las casas de la gente «de orden». Como no pudo comprobarse que escondiese armas en un pozo, la condena de reclusión hubo de sustentarse exclusivamente en su mal comportamiento moral[6].

Si los casos de dudosa moral pública y privada estaban inevitablemente ligados al supuesto hecho de ser roja, lo contrario, es decir, el ser de buena conducta y simpatizante con los vencedores, también era definitivo a la hora de lograr la absolución de un tribunal militar. En la roja, la transgresión moral se unía a la político-social, agravando el delito supuestamente cometido. El delito podía ser más o menos el mismo —el consabido de rebelión militar—, pero los elementos constitutivos de ese delito fueron cambiando, de modo que primero se criminalizó la transgresión sociopolítica por su actuación en el espacio público, y más tarde se criminalizó la transgresión moral: el amancebamiento, el atentado contra la iglesia, sus pertenencias y sus ministros. De modo que las mujeres republicanas, además de comportarse de un modo inadecuado a su condición femenina, eran en general poco religiosas, llevaban una vida licenciosa y coexistían con los hombres o estaban amancebadas con ellos, lo que a su vez tenía consecuencias sociales. Todo ello justificaba el discurso de la Iglesia católica de la necesaria represión y escarmiento de las mujeres trasgresoras, así como la adecuada reeducación de sus hijos, a los que no habían sabido defender de sus propios padres, sujetos socialmente peligrosos y moralmente abominables. Con otras premisas, decían lo mismo «científicos», como el ya citado Antonio Vallejo Nágera, y la Sección Femenina de Falange.

Al iniciarse los años cuarenta, los procesos judiciales militares seguían el mismo método que en años anteriores, sustentándose igualmente en los informes de conducta que daban cuenta de las transgresiones sociales —y morales— de las acusadas. Pero a medida que pasaba el tiempo, aquellos informes de conducta ponían mayor énfasis en las supuestas transgresiones morales o en los saqueos de las iglesias, destacando, además, la condición de pobreza en que vivían aquellas mujeres. La heterodoxia religiosa, como era de esperar, también fue perseguida y denunciada. Josefa Ruiz, Pepica la Protestante, tenía por religión la luterana, a la que consagró siempre sus actividades. Según un informe de conducta de la Falange, había que encerrarla y tenerla largo tiempo en la cárcel, aunque tuviera entonces setenta y dos años de edad. Finalmente se sobreseyó, al no estar probada la comisión de hechos delictivos: aunque fuera por una vez, el tribunal militar se mostraba más juicioso que los demás vencedores. Todavía en 1942 y 1943 aparecieron informes de conducta que se referían a la moral pública o privada de las acusadas, aunque los tribunales militares lo iban teniendo cada vez en menor consideración, como tampoco tenían ya muy en cuenta las referencias a los «malvados instintos marxistas». Aparecían nuevos rasgos y adjetivos descalificatorios de las mujeres acusadas, como los que había utilizado Vallejo Nágera o como el de «estraperlista», aplicado sobre todo, casi exclusivamente, a la mujer pobre que apenas podía ganarse la vida y que había pertenecido al bando de los vencidos. En la segunda mitad de los años cincuenta, perdió vigor la expresión «de dudosa moralidad pública y privada» en los informes de conducta requeridos por los tribunales militares, en la medida en que ya casi no se podía fundamentar en las actividades o actitudes mantenidas durante la guerra y que se iba imponiendo la necesidad de «olvidar lo que había pasado», especialmente tras la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.

Los instrumentos utilizados para efectuar la represión sobre las mujeres andaluzas no se distinguían en general de los utilizados contra los hombres, aunque continuaba habiendo rasgos específicos en el uso de esos instrumentos. Había claros hechos diferenciales en los casos de mujeres que ingresaban en prisión embarazadas y parían allí, o en los más frecuentes de mujeres que permanecían en la cárcel con sus hijos pequeños, lo que aumentaba sus dificultades y su sufrimiento. Se seguían produciendo violaciones y no era infrecuente la persistencia de los dantescos desfiles de mujeres rapadas y purgadas. Por otra parte, con las mujeres los represores utilizaron un lenguaje mucho más despectivo que con los hombres. Dolores Torres y Francisco de la Torre fueron detenidos en diciembre de 1940 y conducidos a la prisión de Úbeda (Jaén), acusados de inducción a la rebelión y rebelión militar, respectivamente. El informe de conducta del sargento de la Guardia Civil decía de él: «Es un individuo significadísimo como elemento marxista e integrante del Frente Popular, tomó parte en saqueos y registros y condujo a la iglesia parroquial para que fuera asesinado don Blas González». A Dolores se refería en los siguientes términos:

Extremista peligrosa, que siempre se distinguió por sus malos instintos consistentes en asesinar, induciendo a su marido a llevar a cabo el monstruoso crimen de las ancianas señoras Montoso, cuyo extremo fue comprobado en la reconstrucción del hecho por el marido[7].

Por tanto, las acusaciones que se habían vertido sobre el marido, sin dejar de ser graves, habían sido moduladas por la responsabilidad de la mujer en la inducción de los crímenes cometidos.

El lenguaje de los vencedores represores fue configurando el estereotipo de las vencidas como mujeres malas, mujeres asociales, no-mujeres. Un retrato tan despreciativo que operaba maniatando, paralizando y silenciando a varias generaciones de mujeres de origen republicano. A lo que se añadía la violencia sexual, la humillación, la vergüenza pública y ajena. Miguel Torres Matut pasó toda la guerra en su pueblo, Sorihuela del Guadalimar (Jaén), siendo luego represaliado en la posguerra y marchándose después del pueblo para siempre. Seguía recordando cómo a las muchachas jóvenes las raparon y les dejaron un moñito en lo alto de la cabeza, atado a una banderita nacional, y cómo así se las hacía barrer las calle a diario[8]. La vejación sexual de las mujeres «vencidas» prosiguió durante bastante tiempo, sobre todo si eran pobres, que lo eran en su mayoría. Pura Sánchez ha encontrado algún documento que prueba cómo los «pelados» fueron usados por la Guardia Civil todavía a principios de los años cincuenta, a modo de «castigo preventivo», en cuanto se arrestaba a una mujer, aunque su delito fuera insignificante o no estuviese probado. Cuando en mayo de 1950 Carmen Carmona y cinco chicas más, de entre doce y dieciséis años, fueron detenidas por robar fruta, la Guardia Civil las peló a todas, menos a la propia Carmen, «porque estaba embarazada»[9]. Sin embargo, el rapado público y callejero de las mujeres parecía algo que iba siendo olvidado, practicado ocasionalmente y referido de un modo anecdótico incluso por los propios historiadores. Quizá los vencedores tardaron en percatarse de que aquello era un espectáculo medieval que degradaba incluso a quienes lo presenciaban y, por supuesto, a quienes lo promovían, hasta que optaron por olvidarlo para siempre y no hablar de ello. Las víctimas tampoco quisieron hablar, por miedo y tal vez por no querer revivir tan vergonzosa experiencia. Sin embargo, el recuerdo era imborrable.

Cuando, recientemente, a finales de noviembre de 2010, la Junta de Andalucía decidió conceder una subvención de 1800 euros a todas las mujeres andaluzas que hubiesen sido vejadas por el franquismo y que aún sobrevivían, aquella cuestión «olvidada» ha saltado a la luz pública como una práctica represiva que fue generalizada en la Guerra Civil y durante la posguerra. Más de 120 mujeres optaron por esa subvención, que era más una reparación moral que económica, por lo menos un reconocimiento. Casi todas ellas han contado que, entre otras vejaciones, habían sido rapadas al cero y purgadas con aceite de ricino. Una de esas supervivientes, que tenía ciento dos años, había nacido y residía en Montellano (Sevilla) y se llamaba Luisa Rodríguez: aún podía contar las penosas peripecias de su vida. En Montellano, la guerra duró cinco días, lo que tardaron las tropas sublevadas en tomar el pueblo: «Como entran los moros, aún no saben qué iban a hacer. Así que mi madre me escondió debajo del colchón, en un hueco». Allí pasó varios días. Recuerda que el silencio de la noche era sobrecogedor, cuando los falangistas buscaban casa por casa a rojos para ser fusilados, entre otros a su «compañero», al que no pudieron encontrar. También preguntaron por ella, que además estaba embarazada, pero su madre los pudo engañar. Al día siguiente, las dos mujeres se echaron al monte: «Estuvimos andando por el bosque mucho tiempo. Pasamos hambre y miedo. Llegamos a un pueblo de Málaga y me puse de parto, pero el niño estaba asustado y se murió». Gracias a la leche de su maternidad, pudo luego encontrar trabajo en Málaga como ama de cría de un militar franquista, y en su casa pasó el resto de la guerra. Tras la victoria de los insurrectos, las dos mujeres volvieron a Montellano. «El militar me dio un salvoconducto y me dijo que me presentase en el cuartel de la Guardia Civil, que no me pasaría nada», pero sí le pasó: le pelaron la cabeza, le dieron aceite de ricino y, junto a otras vecinas, fue exhibida por las calles del pueblo. Rapar a las mujeres se había convertido en la inmediata posguerra en un ritual para someter a las mujeres republicanas, aunque no se las pudiese acusar de nada. Cuando eran jóvenes y se mostraban rebeldes, hasta los propios familiares las pelaban, para evitarles males mayores si salían a la calle[10].

Otra de las que han podido testimoniar ha sido María González Cortés, cuyo expediente ha encontrado Pura Sánchez en el tribunal militar territorial II de Sevilla. María había nacido en el seno de una familia jornalera y había pasado casi toda su vida en Escañuela (Jaén). Cuando finalizó la Guerra Civil tenía sólo quince años, y ha podido recordar con tristeza lo mal que lo pasó su familia: su hermano Nicolás fue fusilado sin juicio previo en noviembre de 1939. Otro hermano fue encarcelado en Jaén y a su madre la pelaron los falangistas dos veces.

A mi madre y a dos mujeres más las pelaron; a mi madre no la pasearon, pero a las otras sí, con tambores por las calles, a últimos de abril de 1939. Se echaron a la calle los falangistas, que eran del pueblo… en la cárcel y en la casa de Falange las pelaron y les dieron aceite de ricino. La gente, los de la derecha, iban a mirar, los niños y los que iban detrás.

María acudía con su madre a ver a su hermano Adrián a la cárcel de Jaén, conociendo allí a un compañero de éste, Joaquín, con el que luego llegó a casarse. Después de casi tres años de cárcel, Joaquín salió en libertad y, al poco tiempo, se fueron a vivir juntos. María y Joaquín vivieron unos años en Escañuela, y allí tuvieron su primer hijo. En 1947 se fueron a Madrid en busca de trabajo y de mejor vida.

Al poco tiempo un guardia civil de Escañuela se presentó en su casa, en el barrio de Tetuán, y se llevó detenido al marido, como para forzar la entrega de Adrián, el hermano de María, que desde que había salido de la cárcel andaba por la sierra, en la partida guerrillera de «El Cencerro». Al día siguiente María fue a buscar al marido al cuartel de la Guardia Civil de la calle Vallehermoso, llevándole ropa y comida. Iba con su niño de diecisiete meses y estando embarazada de su segundo hijo. Pero no la dejaron salir del cuartel. Le pegaron varias veces con un vergajo, pero ella no consintió que se llevasen a su hijo, por miedo a perderlo. Con éste fue trasladada a la cárcel de Jaén, a donde también habían llevado a su madre, Juliana Cortés, a la que, con sesenta y cuatro años, pegaron y metieron en una poza con el agua hasta las rodillas. Llegaron a estar encarcelados cuatro miembros de la familia por «encubrimiento de huidos». A Adrián no lo prendieron vivo, pues al ser detenido fue fusilado. Estando en la cárcel, María tuvo su segundo hijo, al que pudo cuidar con la ayuda de la abuela: no iba a consentir que se los llevaran al hospicio, antes se ahorcaría. Finalmente se celebró el consejo de guerra, en abril de 1948, en una sala enorme, «como en un pabellón de deportes», en el que juzgaron a más de 300 personas. A María, su madre y su marido los condenaron a diversas penas de prisión. María y Joaquín salieron de la cárcel en 1959. Volvieron a Escañuela, donde ya nadie les molestó. Pero las perspectivas de futuro eran escasas, por lo que el matrimonio y los dos hijos retornaron a Madrid[11].

POR EXTREMADURA A MADRID

Habiendo salido de Sevilla, y ya en la provincia de Badajoz, la columna africana del teniente coronel Asensio seguía avanzando por la carretera general que llevaba a Mérida y se proponía ocupar Fuente de Cantos, donde el golpe militar había fracasado, la iglesia había sido quemada, pereciendo en el incendio 12 personas, se había fusilado a varias personas de derechas, se había registrado y saqueado sus domicilios, etc. Luego la situación había sido controlada por un Comité del Frente Popular, que ordenó detener a personas de derechas, protegiéndolas. Cuando se supo que las tropas sublevadas se aproximaban, se produjo un gran desconcierto en el pueblo, que fue bombardeado, lo que determinó la evacuación masiva de la población. El 5 de agosto, Asensio entró en Fuente de Cantos, que estaba casi despoblada, y al día siguiente comenzó el desenfreno de la venganza, el circo de las delaciones, la busca y captura de los republicanos más «significados», incluso algunos que sólo habían participado en alguna manifestación o a quienes alguien los había visto en las inmediaciones de la iglesia el día en que fue quemada. Y se hizo un llamamiento para que volviesen los que habían huido, prometiéndoles que no les pasaría nada si no estaban implicados en delitos de sangre, pero cuando volvieron detuvieron a 29 personas y comenzaron los fusilamientos, los saqueos, las vejaciones a las mujeres, todas las cuales fueron rapadas, purgadas y exhibidas públicamente por las calles[12]. Navarrete Acal, que luego se convertiría en uno de los verdugos más conocidos en Extremadura, fue nombrado comandante militar de la villa, encargándose de efectuar la subsiguiente «limpia» de elementos subversivos del pueblo y de los pueblos que se habían quedado aislados: fue una continua oleada de terror que duraría por lo menos hasta diciembre de 1936.

En Fuente de Cantos, donde se prohibió salir del pueblo sin permiso a las mujeres, se violó también a muchas de ellas y algunas fueron fusiladas. Teresa Álvarez Berjano, de treinta años, «soltera» y con tres hijos, murió fusilada porque era la compañera de un huido «perseguido». Primeramente fue detenida, pelada y purgada con aceite de ricino y puesta en libertad, pero pocos días después fue otra vez detenida, para ser fusilada, luego de haberla desnudado, según el testimonio de su propio hijo[13]. Muchas otras mujeres fueron rapadas, purgadas y «paseadas» por las calles del pueblo, por no haberse comportado según el estereotipo idealizado de la mujer y para dar de ellas una imagen ridiculizada y repulsiva. Mientras tanto, la columna de Asensio proseguía avanzando en dirección a Los Santos de Maimona, hacia donde también se dirigía una desorganizada columna republicana enviada desde Badajoz. Las dos columnas se enfrentaron a dos kilómetros del pueblo, siendo el resultado catastrófico para los republicanos, que tuvieron unas 300 bajas y perdieron abundante material de guerra. Ese mismo día fue ocupado el pueblo por las fuerzas de Asensio, llegando después la columna de Castejón, que prosiguió su marcha hacia Zafra, donde los republicanos más significados se disponían a evacuar a gran parte de la población, tras los bombardeos de que había sido objeto. El pueblo fue tomado el 7 de agosto, iniciándose una feroz represión. Además de violar a las mujeres y saquear las casas, los hombres de Castejón eliminaron a todos los hombres del Frente Popular que encontraron a su paso, dejando un siniestro reguero de sangre[14]. Muchas de las violadas, que lo fueron poco después de haber sido asesinados sus maridos, hubieron de desfilar por la calle Sevilla de Zafra, «peladas» al cero y con un cartel colgado del cuello que decía: «Por roja». La viuda de un guardia municipal fusilado por izquierdista tuvo que ganarse la vida vendiendo sus favores a alguno de los ricachones del pueblo. Determinados días a la semana dejaba a su hijo, de corta edad, a las puertas de una de las casas principales del pueblo, mientras ella satisfacía los deseos sexuales del propietario. Al poco tiempo salía con unas monedas, con las que podía comprar comida para sus hijos[15].

Asensio siguió avanzando y tomó Villafranca de los Barros, expulsando a varios centenares de milicianos hacia Almendralejo. Cuando la gente se percató de que su columna había pasado de largo, comenzó a volver, en la creencia de que no tenían nada que temer, pese a que los milicianos del pueblo habían prendido fuego a la prisión con 54 detenidos dentro. Dos días después volvieron las fuerzas de Asensio para realizar sus tareas habituales de registro, detenciones, fusilamientos y violaciones. Cuando ya se había detenido a varios centenares de personas, se apartó a 56 para que fueran conducidas, atadas de dos en dos, al cementerio, donde fueron asesinadas. Pero el grueso de su columna siguió adelante y llegó a Almendralejo. Bombardeó por tierra y aire y en pocas horas las defensas republicanas se vinieron abajo: la resistencia se concentró en la torre de la iglesia y allí se hizo fuerte, después de haber prendido fuego a la cárcel y al convento, asesinando a 28 personas de derechas. Las tropas irrumpieron en la población ya pasado el mediodía del 7 de agosto, aporreando las puertas con las culatas de los fusiles, deteniendo a quienes les parecía y llevándoselos a la plaza de toros, saqueando las casas deshabitadas, etc. 50 milicianos, bien pertrechados de armas y alimentos, resistían en la torre de la iglesia, convirtiéndose en un problema para los militares africanistas, que sólo pudieron resolver al cabo de varios días, cuando se colocó una carga de trilita en la iglesia. Antes de eso, Franco había ordenado al comandante Castejón que uniera sus fuerzas a las de Asensio, que aún permanecía en Almendralejo. Castejón fue tomando pueblos de las cercanías, como Ribera del Fresno, Puebla del Prior, Hornachos, Torremejía, etc. Ya para entonces Franco había dispuesto la creación de otra columna al mando del teniente coronel Heli de Tella.

Tomado Torremejía, Castejón, ahora a las órdenes de Asensio, siguió su marcha hasta Mérida para preparar su próxima ocupación: mientras llegaban las fuerzas de Asensio, empezó a cañonear la ciudad, al tiempo que también atacaba la aviación alemana. Molesto por el retraso que producía la resistencia de Almendralejo, Franco decidió acelerar el avance de la Columna de Extremadura, otorgando el mando de la misma al teniente coronel Yagüe. La operación sobre Mérida comenzó en la madrugada del 15 de agosto, con el bombardeo de la aviación y la irrupción a sangre y fuego de legionarios y regulares, siendo ocupada toda la ciudad al caer ese mismo día. Recién ocupada Mérida, por iniciativa del centenar de mujeres que habían estado presas, se celebró una procesión de desagravio que recorrió toda la ciudad: «Iban descalzas y con los brazos en cruz las mujeres, y los hombres con sagrada unción, bendiciendo el favor de Dios y el nombre de Franco»[16]. La caída de Mérida acarreó la de los pueblos de su entorno, como fue el caso de Valverde de Mérida, que, tras la huida de los izquierdistas, fue ocupado por las fuerzas de Heli de Tella.

El 12 de agosto llegó a Mérida Yagüe, para hacerse cargo del mando de las tres columnas africanas, que constituían la denominada Agrupación Madrid. Al día siguiente, solicitó a Franco que la aviación alemana no cesase de bombardear Badajoz, dejando a la columna de Heli de Tella en Mérida, donde se temía un posible ataque republicano. El resto de las fuerzas sublevadas se dirigió a Badajoz, ocupando en el camino las poblaciones de Lobón, Montijo, Talavera la Real, Puebla de la Calzada y Torremayor. En Puebla de la Calzada, los nacionales incendiaron la Casa del Pueblo y fusilaron a 30 personas. Antes de ser ejecutada, María Concepción Gastón fue conducida a la plaza del pueblo en compañía de otras mujeres. Les habían obligado a tomarse un litro de aceite de ricino y les habían hecho recorrer las calles del pueblo mientras la purga les hacía efecto. Como siempre, la represión y la «limpieza» de elementos marxistas continuó durante varias semanas más, corriendo a cargo de las nuevas autoridades locales, los falangistas y los guardias civiles. El 28 de agosto de 1936 hubo en Montijo una importante procesión religiosa, que concluyó con la pública exhibición de los exlíderes izquierdistas, a quienes obligaron a punta de pistola a pedir perdón por los graves pecados cometidos. Al día siguiente de la procesión, y pese a que en el pueblo no había resultado dañada ninguna persona de derechas, 14 prisioneros fueron fusilados[17]. En toda la campaña extremeña, el uso del terror por parte de las columnas africanas, que no actuaban de un modo espontáneo o descontrolado, sino con una previa autorización de los oficiales para matar, violar, saquear, etc., fue la tónica habitual: no era raro que no se hiciesen prisioneros, que se rematase a los heridos, que se les cortasen las orejas, los genitales e incluso las cabezas, para exhibirlas después como botín de guerra. En el fondo, no hacían otra cosa que seguir las recomendaciones del general Mola, cuando indicaba la necesidad de extender el terror entre la población civil.

Las tropas comandadas por Yagüe se dirigieron aceleradamente a Badajoz, que estaba llena de refugiados y que no cesaba de ser bombardeada por la aviación alemana. Desde las primeras horas del día 14 de agosto de 1936 sufría un durísimo castigo por parte de la artillería, al tiempo que muchos de los oficiales encargados de las defensas republicanas las boicoteaban o, simplemente, desertaban, facilitando la entrada de las tropas franquistas. Alrededor del mediodía, los feroces ataques de las unidades de Castejón lograron horadar una parte de las murallas de la ciudad, por donde penetraron moros y legionarios, disparando a todo aquel que encontraban a su paso y alcanzando en poco tiempo el centro de la ciudad. Un grupo de milicianos republicanos pretendió hacerse fuerte en la catedral, pero fue fulminantemente arrasado. Las tropas ocupantes y los falangistas emboscados hasta entonces en la ciudad se lanzaron a una orgía de saqueo de comercios y viviendas, en su mayoría pertenecientes a los mismos derechistas que habían «liberado». Arrasaron con todo lo que pudieron llevarse (joyas, relojes, radios, máquinas de escribir) y cargaron con el botín por unas calles sembradas de cadáveres y cubiertas de sangre. Cientos de prisioneros fueron conducidos a la plaza de toros para ir siendo ejecutados. Al caer la noche, bandas de soldados moros, legionarios y falangistas siguieron saqueando las viviendas de los trabajadores, violando a las mujeres, deteniendo a todos los hombres. Y en la plaza de toros siguió la matanza indiscriminada, mientras aumentaba el número de prisioneros en días sucesivos, habiendo de habilitarse improvisadamente varios campos de concentración. A las mujeres, aparte de encarcelarlas y fusilarlas en algún caso, se las sometió al ritual del corte de pelo en público.

Cuando, a los tres días, Yagüe abandonó Badajoz para instalar su cuartel general en Mérida, la ciudad se encontraba en buena medida «pacificada», pero durante semanas y meses continuaron las delaciones, las detenciones y los fusilamientos, que pasaron a hacerse directamente en el cementerio. Badajoz quedó muy postrada tras su «liberación», tal como comunicaba a Franco el nuevo comandante militar de la plaza: «La moral pública estaba abatida. Para levantarla he organizado un desfile, unas manifestaciones y gran propaganda, pero son poco sensibles y el susto no se les acaba de salir del cuerpo»[18]. Simultáneamente, se organizaban batidas por los alrededores de la ciudad, para la caza y captura de los muchos huidos que merodeaban por los campos, muchos de los cuales habían sido reenviados desde Portugal.

Por otra parte, tras la caída de Mérida y Badajoz se habían producido dos grandes «bolsas» de población republicana por encima y por debajo de la carretera que unía ambas ciudades: una hacia Cáceres, cuya provincia estaba casi por entero en manos de los sublevados, y otra, mucho más extensa, que comprendía casi todos los pueblos situados al sur de Badajoz y al norte de Huelva, con la frontera de Portugal a un lado y la carretera general a otro. Entre el 17 y el 19 de agosto Yagüe organizó pequeñas unidades compuestas por derechistas, propietarios agrícolas y sus empleados, falangistas, requetés y guardias civiles, al mando de un oficial; estas unidades se desplegaban desde Badajoz hacia las poblaciones circundantes, repletas de refugiados. Al mismo tiempo, había partido una pequeña pero eficiente columna para ocupar las poblaciones más importantes de la zona norte de la provincia. Y, así, el 17 de agosto, cayó Alburquerque, siendo ocupado por fuerzas de la Guardia Civil, que, con algunos señoritos del pueblo, «realizaron una terrible represión entre el campesinado de los pueblos de la comarca». Al día siguiente fue tomado San Vicente de Alcántara, de lo que existe el testimonio de Enrique Santos, El Secretario:

La mayoría de los heridos capturados eran fusilados en el mismo lugar que eran encontrados. Mujeres y niños padecieron también aquella furia. A estas mujeres y niños se les aplicaban castigos más suaves: se les rapaba la cabeza, dejándoles sólo en lo alto un mechoncito para adornarlos con lazos rojos. Así se les paseaba por la calle, haciéndoles levantar el puño como señal de la ideología extremista de izquierdas. Otro de los leves castigos fue el de las purgas con aceite de ricino… Los desfiles procesionales de mujeres y niños pudo contemplarlos el narrador en Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara y Alburquerque. En la primera de dichas localidades, uno de los muchos desfiles que se celebraron fue el siguiente: anudada fuertemente a una larga soga, caminaba una hilera de mujeres con alguna de sus hijas —no mayores de cinco o seis años— luciendo sus cabezas afeitadas, sus lazos rojos, sus vestiduras rasgadas. A uno y otro lado, los verdugos con látigos, fustas y palos, propinándoles constantes golpes y obligándolas a decir en voz alta: ¡Somos comunistas! Si aquellos gritos no se pronunciaban con suficiente energía, los látigos se encargaban de que lo fueran… Se inician las detenciones, las purgas, los malos tratos, los paseos. Ningún detenido es sometido a procedimiento. No se estila. Se persigue indiscriminadamente, sin interrogatorio, sin declaraciones, sin derechos humanos. A algunas jóvenes se las violaba, se les robaban sus alhajas, después se las fusilaba… Una especie de comisión de limpieza determina quiénes deben desaparecer de entre los que no han huido… Algunos detenidos pasan por la sacristía, convertida en sala de torturas[19].

Al sur de la carretera Mérida-Badajoz, Olivenza fue ocupado el 17 de agosto, y el 18 La Albuera y Aceuchal. Y sucesivamente Almendral, Torre de Miguel Sesmero, Feria, Fuente del Monte, Santa Marta de los Barros, Villalba de los Barros, Fuente del Arco, Cheles, Valverde de Leganés, Cortes de Peleas, La Morera, Nogales, Alconchel, Barcarrota, Táliga, Higueras de Vargas, Villanueva del Fresno y otros más, todos ellos «liberados» entre el 17 y 19 de agosto de 1936. El correlato represivo era siempre similar: designación de nuevas autoridades, prohibición de los partidos del Frente Popular y de los sindicatos, formación de una suerte de guardia cívica, detenciones, fusilamientos, violaciones de mujeres, vejaciones sexuales, el corte de pelo, etc. En Fuente del Maestre, tomada por legionarios y regulares el 20 de agosto, tras un mes de «dominio rojo», que había convertido la iglesia en cárcel para derechistas —posteriormente fue incendiada— y que había fusilado a tres frailes, 335 personas fueron ejecutadas como represalia:

Estuvieron varios días sin molestar a nadie, por lo que la gente, confiada, comenzó a regresar del campo a sus casas —yo entre ellos—. Fue entonces cuando empezaron a detener a muchas personas de las que tomaban declaración y les daban libertad. Con la confianza de «a mí ya no me molestan», los volvían a detener y los fusilaban. Fusilaron a unas trescientas treinta y cinco, entre ellas a unas quince o veinte mujeres, y también a algunos menores de edad. Mucha de esta gente, cuando la mataban, iba completamente destrozada y violadas[20].

La mayoría de las mujeres detenidas eran rapadas y obligadas a tomar aceite de ricino. Según testimonio de Paula Blanco Zambrano:

Una vez que entraron las tropas nacionales en las Fuentes, me detuvieron y me llevaron al convento de los frailes. Estuve cuatro o cinco días encerrada en una celda individual, incomunicada, que anteriormente había sido ocupada por la pobre Pilar, a quien torturaron y cortaron los pechos. Posteriormente me trasladaron, de noche, a casa de la Marquesa, donde me enteré de la muerte de mis hermanos […] Una vez que me dieron larga, a los pocos días se presentó por mí un tal Calamonte con la idea de llevarme a pelar, por lo que recurrí a mi padrino y no me molestaron más. Pelaron a casi todo el barrio, las pelaban y purgaban para que fuesen sucias y ridiculizadas a misa de once[21].

Durante larguísimos años las mujeres extremeñas no pudieron contar lo que les había pasado en la guerra y durante la posguerra, aunque, cuando pudieron, la mayoría habían muerto. No fue infrecuente que a menudo las rojas fueran reunidas y obligadas por la Guardia Civil a caminar de pueblo en pueblo para exhibirlas en las plazas, sucias, deshidratadas, desfallecidas y con las moscas pegadas a ellas, y a veces las desnudaban en público para que todos las vieran y se burlaran de ellas, para que las insultaran y las apedrearan. El que no lo hiciera podía despertar sospechas de no ser adicto al nuevo régimen[22]. Hubo un paréntesis de dos semanas, entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre, porque la atención se concentraba entonces en lo que se estimaba como próxima entrada en Madrid. En efecto, el 22 de agosto el teniente coronel Asensio, al frente de sus columnas, había salido de Badajoz, para ocupar algunos pueblos rojos y, sobre todo, para penetrar en la provincia de Cáceres, reforzando las posiciones nacionales en la capital y en Trujillo. Luego se dirigió a Logrosán, donde permaneció varios días, al cabo de los cuales prosiguió su marcha hasta el puente de Almaraz. El 26 de agosto llegó a Almaraz, donde al día siguiente se le unieron fuerzas procedentes de Trujillo. Por la tarde, partieron hacia Navalmoral de la Mata, donde se le unió la columna de Heli de Tella, tomando las dos el pueblo de Calzada de Oropesa. En esta operación los republicanos perdieron 300 soldados y muchos más fueron hechos prisioneros.

Y en los días siguientes tuvo lugar una operación sobre Lagartera, Oropesa y Fuente del Arzobispo, ya en la provincia de Toledo. La columna de Castejón le seguía los pasos, tras consolidar la situación militar de Mérida y avanzando hacia Madrid. Las tres columnas africanas se habían convertido en la gran Columna Madrid, mandada por Yagüe. El 27 de agosto esa columna llegó a Talavera de la Reina, población que no pudo tomar hasta el 3 de septiembre. La ocupación de Talavera fue seguida de una gran masacre, aunque menos difundida que la de Badajoz: «¡Qué contentos se van a poner los regulares!», había dicho Queipo de Llano desde Sevilla. El periodista americano John Whitaker, que acompañaba a las columnas africanas, alquiló una habitación en Talavera, donde se instaló como observador de los frentes. Allí presenció todos los fusilamientos que se producían a diario y, sobre todo, una terrible escena: «Estos regeneradores de España rara vez negaban que hubieran dado mujeres a los moros». En cierta ocasión el periodista se encontraba con un oficial marroquí, el teniente El Mizziam, cuando trajeron a su presencia a dos muchachas republicanas que aún no habían cumplido los veinte años.

Tras ser interrogadas con el propósito de obtener información militar, El Mizziam las llevó a una escuela donde estaban descansando alrededor de cuarenta soldados, que estallaron en alaridos al verlas llegar. Me quedé horrorizado, lleno de rabia e impotencia. Cuando le manifesté a El Mizziam mi protesta, me respondió con mucha risa: «¡No vivirán más de cuatro horas!»[23].

La marcha de la Columna Madrid fue deliberadamente enlentecida, hasta el punto de que el próximo pueblo de Santa Olalla no fue ocupado hasta el 27 de septiembre de 1936, llegando pocos días después a Maqueda, un importante cruce que bifurcaba la carretera en dos direcciones, hacia el nordeste, en dirección a Madrid, y hacia el sudeste, en dirección a Toledo. Inexplicablemente, Franco destituyó a Yagüe, sustituyéndole primero por el coronel Asensio y luego por el coronel Valera Iglesias. Y el avance de la Columna Madrid estuvo frenado hasta que se dirigió a Toledo, que fue tomado el 27 de septiembre, en un auténtico baño de sangre. Unos días antes, había finalizado la segunda fase de la operación de limpieza de casi toda la provincia de Badajoz, que aún se mantenía en zona republicana, con la toma de Zahínos. La campaña había comenzado el 12 de septiembre, con la sucesiva ocupación de Alconera, Alatalaya, Alange, Burguillos del Cerro, Segura de León, Fuentes de León, Valverde de Burguillo, Puebla de la Reina, Palomas, Valencia del Ventoso, Higuera la Real, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Olivas de la Frontera, etc. Como era habitual, cada ocupación de un pueblo iba seguida de la correspondiente represión. En Fuentes de León vivía, con su padre, Ramona García Rey, una niña de once años. El 14 de septiembre de 1936 llegaron los falangistas a su pueblo. Ese mismo día, su padre, asustado por los comentarios que se hacían en la zona, por la represión de las tropas rebeldes sublevadas, huyó al monte. Cuando los ocupantes llegaron a casa de Ramona saquearon las pocas cosas que había en ella y se fueron. La niña acudía cada noche al escondite de su padre para llevarle comida. A la semana fue descubierto. Y, para hacerle confesar a la niña, se le rapó la cabeza. Después fue violentamente azotada y finalmente enterrada hasta el cuello en una tumba abierta en el cementerio, mientras fusilaban a otras mujeres. Jamás delató a su padre, que finalmente fue encontrado y al poco tiempo fusilado[24].

Con la toma de estos pueblos, se ponía fin a esta operación, que aseguraba la retaguardia franquista de Badajoz un día después de que la Columna Madrid hubiese tomado Maqueda. Y tras la toma de Toledo las columnas franquistas se dirigieron a Madrid, confluyendo con las columnas enviadas por Mola desde el norte. Madrid sufrió un durísimo asedio que, con diversas alternativas, duró hasta el final de la guerra. Tras la batalla en tablas del Jarama, los frentes del centro se estabilizaron y los militares franquistas, junto con tropas italianas, decidieron ocupar Málaga, lo que sucedió efectivamente el 8 de febrero de 1937.

LA GUERRA DEL NORTE

La guerra se llevó entonces al norte de España, donde las tropas de Mola ya se habían apoderado de Álava y Guipúzcoa, aislando la zona republicana del norte del resto de la península. La sublevación militar en una provincia tan conservadora como Álava había triunfado fácilmente, sin encontrar resistencia salvo en la parte norte, lindando a Vizcaya: la izquierda era minoritaria y la represión no fue dura. A principios de agosto de 1936, Mola había iniciado una campaña para aislar el País Vasco de la frontera francesa: sus tropas atacaron y ocuparon Irún y Fuenterrabía, al tiempo que se bombardeaba San Sebastián por tierra y aire. Los milicianos republicanos que defendían Irún, pobremente armados y con escasa preparación militar, lucharon con arrojo, pero acabaron siendo arrollados el 3 de septiembre. Miles de refugiados huyeron a Francia por el Puente Internacional de Irún. Los últimos defensores, en su mayoría anarquistas enfurecidos, ejecutaron a varios prisioneros derechistas e incendiaron una parte de la ciudad. Las tropas sublevadas ocuparon San Sebastián el 13 de septiembre de 1936 y, al final de ese mes, prácticamente toda Guipúzcoa estaba bajo el control de Mola. Continuaba el éxodo de los refugiados, bien a Vizcaya, por tierra, o a Francia, por mar; probablemente la mitad de la población había huido antes de que entraran los «nacionales». Además de huir, otros habitantes de la ciudad se habían suicidado, y sobre la ciudad se abatió una extensa represión: se calcula que hasta comienzos de 1937 hubo unos 400 fusilamientos, al tiempo que todas las cárceles, incluso las improvisadas, estaban abarrotadas[25].

En marzo se preparaba la ofensiva contra Vizcaya: la Legión Cóndor alemana bombardeó Durango, y el mes siguiente Guernica, que no eran objetivos militares, causando centenares de muertos. Se trataba sobre todo de aterrorizar a la población vizcaína, lo que se acentuó cuando comenzaron los continuos bombardeos sobre Bilbao. Sin embargo, la obstinada defensa de los soldados vascos en las montañas consiguió retrasar el avance del enemigo. A medida que las tropas sublevadas iban ocupando un mayor número de pueblos, la represión se iba extendiendo. El temor a los bombardeos aéreos y a los continuos disparos de la artillería de Mola, así como la división entre las filas republicanas, contribuyeron al desmoronamiento de la resistencia vasca. El Ejército Norte, a las órdenes de Fidel Dávila, tras la muerte de Mola en accidente aéreo, continuó su avance hacia Bilbao. Cuando la ciudad cayó el 19 de junio de 1937, unas 200 000 personas fueron evacuadas a la provincia de Santander, pese a los constantes bombardeos de la aviación alemana. En el mes de diciembre comenzaron las primeras ejecuciones en Bilbao de un modo organizado, es decir, dictadas por los tribunales militares, al tiempo que se habilitaban numerosas cárceles y campos de concentración en toda la provincia y se organizaban los primeros batallones de trabajo con los soldados republicanos apresados. Las mujeres republicanas también fueron vejadas. En una población vizcaína, para celebrar la toma de Toledo, cortaron el pelo y pasearon por las calles a tres mujeres que se habían significado en la defensa antifranquista, mostrando el poder de los que ahora mandaban.

El ejército vasco se había retirado a Santander, estabilizando el frente desde la costa hasta el sur, durante el tiempo que Franco había llevado el grueso de sus tropas a frenar la ofensiva que los republicanos habían desencadenado en Brunete (Madrid), lo que consiguió tras una cruenta batalla. En Cantabria, el golpe militar del 18 de julio había fracasado, pese a que la población, a excepción de los núcleos industriales existentes (Torrelavega, Artillero, Reinosa, Castrourdiales, etc.), era bastante conservadora. Mientras la provincia estuvo bajo control republicano, cerca de 1300 personas de derechas fueron detenidas. Cuando los bombarderos alemanes se cebaron sobre el barrio obrero de la capital, la multitud asaltó el barco-prisión, que estaba anclado en el puerto, y muchos presos fueron asesinados. La tensión creció en la ciudad cuando fueron llegando los 170 000 refugiados vascos, produciéndose incluso enfrentamientos entre soldados republicanos y vascos. El 14 de agosto de 1937, el ejército franquista, bien pertrechado y apoyado por tropas italianas, inició la ofensiva, obteniendo una victoria fácil sobre las desorganizadas fuerzas republicanas y los restos del ejército vasco. La ciudad de Santoña cayó el 24 de agosto, envolviendo en una bolsa al ejército vasco, que pretendió pactar la rendición. Y después cayeron Reinosa, Torrelavega y, finalmente, el 26 de agosto, Santander. Se hicieron miles de prisioneros republicanos, para los que se improvisaron varios campos de concentración. La represión franquista se volcó sobre todo en aquellos que no habían podido huir al monte o al exilio: ejecuciones, cárceles, depuraciones, incautaciones, etc. El llamado «pacto de Santoña», firmado entre el gobierno vasco, a punto de exiliarse, y el comandante jefe de las tropas italianas, hizo creer que muchos dirigentes políticos y militares vascos serían evacuados a países extranjeros. Pero los jefes franquistas bloquearon el pacto y el 4 de septiembre de 1937 los italianos cedieron la custodia de los soldados vascos a los «nacionales», que, por supuesto, no respetaron las condiciones de ese acuerdo.

De inmediato, se iniciaron los consejos de guerra, que dictaron cientos de condenas a muerte. A finales de ese mes los prisioneros de Santoña fueron enviados a Bilbao, a un campo de concentración instalado en la Universidad de Deusto, comenzando las ejecuciones[26]. En Cantabria, muchas mujeres, tras la entrada de los «nacionales», fueron represaliadas: detenciones, encarcelamientos, fusilamientos, vejaciones, etc. En el Salón Olimpia de Torrelavega, habilitado como cárcel, estuvieron presas Antolina Materranz y

una joven muy guapa, de unos diecisiete años, que se llamaba Fidelita, que era casi una niña, una muchacha encantadora, pero cuyo delito fue ser hija de unos padres de izquierdas y recitar poesía en el teatro […] A Fidelita las carceleras le cortaron el pelo al cero y, para ridiculizarla aún más, le dejaron un mechón largo atrás, para amarrarle un lazo rojo […] Visitaron la cárcel cinco falangistas y acordaron, junto a las guardianas, sacarla aquella noche. Las compañeras quedaron horrorizadas cuando, a las pocas horas, vieron llegar a la Fidelita hecha una piltrafa humana. Cayó de bruces y las compañeras no fueron capaces de que ella contara qué habían hecho con ella aquellos asesinos. Sólo podía decir: «Fueron cinco, fueron cinco»[27].

A veces, el autor de la vejación era un anónimo y tenía miedo a ser descubierto:

En la cárcel nos vigilaba un requeté más malo que la rabia. A una la violó un día; y al día siguiente la corrió con un palo a un lado y otro de la espalda. Ella dijo: «Verás como no vuelve a entrar este tío». Se puso en cueros, tumbada en la puerta, con un lazo colgado en medio de… eso. Entró el tío, abrió la puerta, la vio, la cerró y no volvió a entrar[28].

Una joven de quince años, Laura Contreras, fue violada en el cuartel de la Guardia Civil por uno de sus guardianes. Guardias civiles, falangistas, requetés y guardias cívicos aplicaban arbitraria y discrecionalmente el corte de pelo y la ingesta de aceite de ricino, como un método de castigo más o menos visible. A veces se pasaban con el ricino —hasta un litro ingerido a través de un embudo— y las víctimas se morían a las pocas horas, entre los vómitos sanguíneos y fecales, con lesiones intestinales irreversibles. Las torturas, las palizas y las vejaciones eran continuas, y la única manera de evitarlas era huir al monte o al exilio. En Asturias, la represión se vio acentuada por el recuerdo de los sucesos de octubre de 1934. Al principio del conflicto, el golpe militar fracasó, salvo en los dos puntos de avanzada que los rebeldes tenían en el cuartel Simancas, en Gijón, y en la ciudad de Oviedo, tomada por la duplicidad del coronel Aranda, que, tras declararse leal a la República, se sumó al golpe, resistiendo al frente de esta plaza el asedio de las milicias republicanas. Oviedo aguantó el cerco, que finalmente fue roto por la llegada de varias columnas enviadas desde Galicia. Los 370 prisioneros republicanos que los golpistas tenían como rehenes fueron ejecutados sin juicio previo. Por otra parte, Franco había lanzado un ataque por tres flancos diferentes contra la Asturias republicana. La acometida de los nacionales se vio favorecida por la carencia de cobertura antiaérea de los asturianos, bombardeados sin piedad desde el aire y bloqueados por la flota rebelde.

En un avance hacia Gijón, una unidad de la Brigada Navarra se detuvo en Valdediós, un antiguo convento que los republicanos habían reconvertido en hospital psiquiátrico en un prado al sur de Villaviciosa: detuvieron a tres sindicalistas, y las enfermeras, tras haberse visto obligadas a participar en una fiesta y ser violadas, fueron fusiladas y enterradas en una fosa común[29]. Tras la ruptura del frente el 21 de octubre, gran parte de la población se trasladó, como pudo, al puerto del Musel (Gijón), donde algunos pudieron escapar en barcos pesqueros. Pocos llegaron a su destino francés, porque la mayoría fue interceptada por la flota rebelde y obligada a atracar en Galicia, siendo sus ocupantes internados en campos de concentración. En Gijón la represión fue implacablemente dura: la ciudad fue arrasada. Los legionarios y regulares saqueaban y violaban a su antojo. Los quintacolumnistas salieron a la calle con gran avidez de venganza. Hubo muchos fusilados y muchos más fueron encarcelados. Aparte de las que fueron internadas en la cárcel, a las mujeres republicanas se les cortó el pelo, se les hizo beber aceite de ricino y se las vejó sin reparo. Según testimonios recogidos por Yannick Ripa, el rapado de pelo era vivido por aquellas mujeres como algo incluso peor que la violación[30]. En la cuenca minera la represión fue inmisericorde.

LA IMPLACABLE OFENSIVA FRANQUISTA

Tras la campaña del norte, el 1 de octubre de 1937 se celebró en la España nacional el aniversario de la designación de Franco como caudillo de España y jefe del Estado. Previniendo una iniciativa de Franco de atacar de nuevo Madrid, el alto mando republicano emprendió un asalto preventivo contra Teruel, ciudad que estaba prácticamente rodeada por fuerzas republicanas. Bajo un clima gélido, una lucha casa por casa permitió a los soldados republicanos capturar la plaza el 8 de enero de 1938. El Caudillo respondió con un ataque feroz, que obligó a sus enemigos a retirarse en el mes de febrero, y a principios de marzo los «nacionales» lanzaron una gran ofensiva hacia el este. A mediados de abril habían llegado al Mediterráneo, dividiendo en dos la zona republicana y ocupando todo Aragón: de hecho, una buena parte de la región aragonesa estaba ya en manos de los sublevados y había sufrido una brutal represión[31]. En Zaragoza había triunfado desde el primer momento el golpe militar, desencadenándose una ola de terror que había de durar hasta 1942, con un resultado global de 3551 fusilados[32]. En una aldea de la provincia de Zaragoza, Uncastillo, la represión fue particularmente brutal. Dos mujeres, por el «crimen» de haber bordado una bandera republicana, fueron violadas y después asesinadas, siendo quemados sus cadáveres.

En Teruel, la más pequeña provincia aragonesa, los militares sublevados se hicieron con facilidad con el poder, comenzando muy pronto las represalias. Uno de los incidentes más cruentos se dio en Calanda, donde alrededor de 50 personas fueron ejecutadas, y, al final de la guerra, los que debían volver al pueblo fueron de inmediato apresados, torturados y fusilados. Entre los 1000 asesinatos cometidos por los franquistas durante la guerra en Teruel, uno de los episodios más trágicos ocurrió en la plaza del Torico el 26 de agosto de 1936: dos camiones llegaron a la plaza. Del primero bajó una banda de música y comenzó a tocar. Cuando alrededor de la orquesta se había reunido la gente, los falangistas cerraron las salidas de la plaza y sacaron del segundo camión a 13 prisioneros. Los hicieron desfilar, insultándolos y ridiculizándolos, y después los ejecutaron. Luego prosiguió el baile[33].

Tras la segunda toma de Teruel, la ofensiva del ejército sublevado, mandado por Yagüe, llegó en marzo de 1938 hasta el Mediterráneo e hizo un significativo avance en Cataluña. El 3 de abril fue ocupada Lérida, hallándose la ciudad medio desierta, y, por el sur, la ofensiva franquista se dirigió hacia el Ebro, tomando Gandesa cuatro días después. La represión de los nuevos territorios ocupados fue de una extrema dureza, en buena parte debido al clima anticatalán que se había creado en la España de Franco: los soldados republicanos eran fusilados al rendirse, se produjeron saqueos, actos vandálicos, etc. Las operaciones militares se realizaban con un ensañamiento que sorprendía incluso a los que esperaban ansiosamente la llegada de los franquistas[34]. Cualquiera que hablara en catalán corría el riesgo de acabar en la cárcel. Las ejecuciones que se llevaron a cabo inmediatamente después de la ocupación de la zona oriental de Lérida no quedaron registradas, con lo que la cuantificación de «desaparecidos» entre el 5 de abril y el 31 de mayo de 1938 ha sido una tarea prácticamente imposible. Entre las víctimas identificadas había 18 mujeres, dos de ellas embarazadas, y por lo menos otras dos habían sido violadas.

En todo el frente del río Segre y hacia el norte se produjeron numerosos asesinatos de hombres y violaciones de mujeres, como en Balaguer, Tremp, etc. El carácter salvaje de la represión cristalizó sobre todo en Pobla de Segur, cerca de los Pirineos, en la comarca de Pallars de Sobirá, donde estableció su cuartel general el coronel Sagardía, que creó un servicio de vigilancia y limpieza con la excusa de la proximidad del frente: se ejecutó, sin juicio previo, a 69 civiles de la comarca, y tres mujeres fueron asesinadas porque sus maridos habían huido. Una mujer, cuya hija pidió permiso para hacer de intérprete porque ella no hablaba castellano, fue violada y ejecutada en presencia de la joven[35]. Sobre todo en el sur de Cataluña, los marroquíes del conocido coronel El Mizziam conquistaron varios pueblos, ejecutando a todos los prisioneros, saqueando sus casas y violando a sus mujeres. Pero la ofensiva se detuvo, porque Franco no deseaba la caída abrupta de las fuerzas republicanas, que habría dejado a gran cantidad de enemigos armados en el centro y sur de España. Entonces dirigió sus tropas a la conquista de Valencia, que, por el momento, no pudo ocupar.

Cuando las tropas franquistas se encontraban a 40 kilómetros de Valencia, un poderoso ejército republicano de 80 000 hombres cruzó sorpresivamente el río Ebro desde Cataluña, rompiendo las líneas nacionales y avanzando 40 kilómetros en una semana. Fue una dura y prolongada batalla, que duró desde abril de 1938 hasta noviembre del mismo año y en la que los republicanos acabaron siendo ampliamente derrotados. Las tropas franquistas se tomaron un descanso, se reorganizaron, y en la Navidad de 1938 iniciaron la verdadera ofensiva contra Cataluña, sin apenas encontrar resistencia en el ejército enemigo, desorganizado y desmoralizado. Aquello supuso la caída de Tarragona primero y luego la de Barcelona a finales de enero de 1939. Barcelona no ofreció resistencia alguna y estaba medio despoblada, después de haberse iniciado un éxodo de casi medio millón de personas hacia la frontera francesa, entre el que había multitud de mujeres, niños, viejos, heridos y supervivientes del ejército republicano. Aunque a regañadientes, el gobierno francés permitió que cientos de miles de exiliados españoles atravesasen la frontera, siendo hostigados por el camino por la aviación nacional y por las tropas franquistas, que iban pisándoles los talones. El 10 de febrero de 1939 los franquistas alcanzaron la frontera francesa, ocupando todo el territorio catalán.

En Cataluña, al igual que en otros territorios ya ocupados por los sublevados, la represión adoptó muchas formas, y el mero hecho de seguir con vida era ya un éxito para muchos republicanos que no se habían exiliado. Los que no fueron ejecutados o encarcelados debían sobrevivir en perpetuo terror: cotidianamente tenían que combatir el hambre, la enfermedad y el miedo a ser delatados y arrestados, y aumentó considerablemente el índice de suicidios. Las mujeres fueron objeto de actos de considerable crueldad bajo la máscara de la retórica franquista de una represión reeducativa: confiscación de bienes, prisión o represalias por la huida del marido, del padre o del hijo. Muchas habían de vivir en la más absoluta pobreza, cayendo a veces en la prostitución o en el estraperlo para seguir sobreviviendo. El aumento de la prostitución benefició a los franquistas en un doble sentido, pues al tiempo que aplacaba su lujuria, los afirmaba en su creencia de que las rojas eran sucias, corruptas y putas[36]. También para ellas hubo corte de pelo y ricino. En muchos barrios sabían el significado de las palabras «peladas», «presas» y «paseadas». Todavía se recuerda que a algunas fábricas textiles muchas trabajadoras acudían peladas…

Tras la ocupación de Cataluña, cerca del 30 por 100 del territorio español seguía en manos del legítimo gobierno republicano, que aún contaba con un ejército numeroso, aunque no tanto como el franquista. Pero el 4 de marzo de 1939 el coronel Casado dio un golpe de Estado en Madrid, formando una Junta de Defensa, presidida por el general Miaja y con el apoyo de las tropas controladas por los anarquistas. Tenía Casado la pretensión de pactar con Franco una rendición en honrosas condiciones, lo que de entrada implicaba otra suerte de Guerra Civil interna entre anarquistas y comunistas, muchos de los cuales fueron fusilados o encarcelados, o incluso entregados al nuevo poder franquista por ser partidarios de continuar la guerra, al igual que el jefe del gobierno republicano, Juan Negrín. No hubo negociación con Franco, que exigía una rendición incondicional: los frentes que aún mantenían las tropas republicanas se vinieron abajo precipitada y desorganizadamente. El 26 de marzo, el Caudillo lanzó una operación gigantesca que abarcaba un frente amplísimo, que prácticamente no encontró resistencia. Las tropas nacionales entraron en Madrid sin disparar un solo tiro, e igual pasó en Albacete, Murcia, Almería, Jaén, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Valencia, Alicante, etc., dispuestas a establecer de inmediato un nuevo orden político. El 1 de abril numerosos dirigentes republicanos, miembros del ejército popular, y sus familias cayeron en una angustiosa trampa en el puerto de Alicante, esperando unos barcos que no podían llegar. Franco firmó el último parte de guerra dando cuenta de su total victoria. Comenzó la última y sostenida fase de la represión antirrepublicana, con total impunidad.

VIII. Comienza la victoria

VIII. COMIENZA LA VICTORIA…

Al final de la guerra, se dio la orden de que todo aquel que no hubiera residido en cualquier ciudad recién «liberada» desde antes del golpe militar del 18 de julio de 1936 debía forzosamente volver a su lugar de origen, donde podría ser fácilmente identificado, controlado y detenido si había sido rojo. La búsqueda, caza y captura era mucho más eficaz en las pequeñas ciudades y en los pueblos. Para las grandes ciudades ya tenían previstos nuevos instrumentos identificatorios y represivos, como se evidenció en el primer momento en Madrid. El 28 de marzo de 1939 las primeras tropas nacionales entraron en la capital de España, ante el desmoronamiento de los soldados republicanos, que huían o se ocultaban como podían, o eran internados en campos de concentración. La desinformación y el silencio reinaban entre la población. Pero la incertidumbre inicial se transformó rápidamente en el entusiasmo de los que habían sido «cautivos» de los rojos, de los quintacolumnistas y de buena parte de la población que sólo deseaba el fin de la guerra, mientras que los que más se habían significado del bando republicano se escondían o trataban de huir hacia los puertos de Valencia y Alicante. Vicenta González tenía once años cuando los nacionales entraron en Madrid. Aún recuerda los momentos tan difíciles que pasó entonces: difícil de olvidar a los falangistas que paseaban por la calle y que la obligaban a saludar con el brazo en alto, o cuando la detuvieron junto a su madre y las raparon las cabezas por rojas[1].

Carmen Machado, joven militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, fue detenida al terminar la guerra y, después de pasar por algunos centros de detención, fue trasladada a la prisión de Ventas, donde se encontró con muchas de sus compañeras de militancia. Junto a tres de ellas fue llamada a «diligencias», a la Jefatura de la Policía Urbana, sita en la calle Jorge Juan, al frente de la cual se encontraba el comisario Aureliano Fontenla, del que se decía que era alcohólico. Se comentaba de aquel fatídico centro que toda mujer que entraba salía violada. En sesiones casi continuas, las cuatro compañeras fueron interrogadas, pero no respondían nada porque nada sabían. Fueron rapadas al cero: «Me cortaron el pelo a tijera, con unos trasquilones hermosísimos, pero salí mejor que las otras tres: se metieron a cortárselo con maquinilla, y entre que no sabían manejarla y porque los dientes estaban rotos, los tirones y los pellizcos fueron espantosos»[2]. Permanecieron en comisaría, incomunicadas, unos 20 días.

Un día, el comisario Fontenla tuvo una sesión con Carmen:

[…] sin más ni más, me cogió y me besó. Mi reacción fue la de echarme a llorar amargamente, con una sensación de asco, de impotencia. Y él, fríamente, me dijo: «Oye, no te pongas tonta, ¿eh?, ni ñoña, porque, si a mí me da la gana, cuando yo quiera te saco a mi casa por la noche y luego te devuelvo o no te devuelvo, así que no te pongas tonta».

Ése era un detalle más de la catadura de este hombre. Otro día las sacaron a las cuatro, las cuatro con un aspecto infantil, con el pelo al cero, con zapatos bajos y calcetines.

En la habitación donde me metieron para esperar había dos policías; uno de ellos se había echado en un sofá y tenía una pistola en el costado, al aire. Nosotras, muy acobardadas, estábamos las cuatro en un rinconcito, esperando a ver qué iba a pasar. Y en esto entró Fontenla, le pegó una patada al que estaba durmiendo y le dijo literalmente: «¡Cabrón!, te has dormido delante de estas cuatro tías, que lo mismo te quitan la pistola que te dejan en calzoncillos».

Pese a su aspecto casi infantil, eran tratadas como putas rojas. Como ha dicho la psicoanalista María José Palma Borrego en un sugerente trabajo sobre el duelo y la melancolía de las mujeres durante la Guerra Española y la posguerra, «el daño psíquico producido por la violencia física, llevada a cabo por falangistas y franquistas, contra rojas o contra cualquiera que se hubiera significado o no políticamente va a tener como objetivo principal la deshumanización o cosificación de éstas»[3]. Se trataba de devastar la dimensión personal, como la intimidad de aquellas mujeres. El interés del agresor por su víctima tenía que ver con sentirse el poseedor de la misma: «Tú eres mía y puedo hacer contigo lo que me dé la gana». Era el discurso del torturador institucionalizado por el franquismo en su total impunidad.

Carmen Machado, ingresada en agosto de 1939 en la cárcel de Ventas, se encontraba en el departamento de las «menores», junto a las denominadas «trece rosas», que en ese mismo mes serían juzgadas en consejo de guerra sumarísimo, condenadas a muerte y rápidamente ejecutadas. Tres de las «trece rosas» —Virtudes, Victoria y Anita— habían pasado por la comisaría de la calle Jorge Juan. Se las había interrogado continuamente, impidiéndoles dormir. Los gritos de los otros torturados habían minado su moral, y a eso se añadían los baños de agua helada, las anillas eléctricas, el aceite de ricino y el corte de pelo al cero[4]. Al terror «caliente» y beligerante de los primeros tiempos de la Guerra Española le sucedió posteriormente el terror frío y mejor planificado, sobre todo en la posguerra, en que los vencidos estaban completamente a merced de los vencedores, temerosos siempre de la recuperación y reorganización de los adversarios, vencidos pero no convencidos.

Durante el primer franquismo se instauró una violencia intensa, generalizada y sistematizada, a nivel simbólico, físico o psíquico contra los que habían perdido la guerra: la ejecución, la detención, la tortura, la cárcel y la constante vejación, que cualitativamente afectaban sobre todo a la «mujer rebelde» para que se arrepintiese, para que sirviese de escarmiento público, para que se la utilizase de contraejemplo para las demás mujeres. De buen grado, o por la fuerza represiva, había que aceptar la supremacía de un «Estado viril», en el que la mujer debía mostrarse sumisa, dócil, callada y hogareña. A la que había sido o era rebelde, a la roja, había que someterla por medio de la tortura principalmente. A través del sufrimiento de la víctima, el torturador institucionalizado del nuevo Estado —el policía, el falangista, el requeté, el guardia civil o, incluso, el cura— obtenía un placer efímero por el poder omnímodo que mostraba. Lo efímero de ese placer le llevaba a la repetición compulsiva de los golpes, que solían comenzar en la cara, que rápidamente quedaba hinchada, desfigurada y desidentificada, lo que hacía más fácil seguir golpeando, ahora todo el cuerpo. La repetición compulsiva de los golpes podía ser creciente, incluso hasta la muerte de la víctima, pues a veces «se le iba de las manos». Golpeando con rabia, insultando, humillando, vejando, desplazando a la víctima de un lado a otro, tumbándola, desnudándola, se buscaba su completa deshumanización, su destrucción como persona, la deformación física, la cosificación. Pero, frente a la pretensión de reducirla a cosa-mierda, a veces aparecía en la víctima la resistencia, la negativa a declarar lo que se quería, a delatar a otros, a confesar, y el propósito de no olvidar jamás, pese al obligado silencio posterior.

En primer lugar, los torturadores —pues solían ser varios— insultaban rabiosamente y golpeaban ciegamente a la mujer detenida e interrogada en la más completa indefensión. Al mismo tiempo, se la obligaba a desnudarse violentamente. Los torturadores se convertían en voyeurs ante la presencia de la víctima desnuda e indefensa. Inevitablemente se producía el desencuentro, que se basaba en la total desigualdad, por la que la víctima se sentía desprotegida y sola ante el poder absoluto de los torturadores, como un animal acorralado, aunque con capacidad para mantener la dignidad e incluso el orgullo, en una situación agobiante, de la que sólo podía escapar con el desvanecimiento y el consiguiente descanso de los torturadores, que volvían a la carga, que repetían, y ella no olvidaba.

Según ha contado la superviviente María Salvo al historiador Ricard Vinyés, fue detenida en una redada policial en Barcelona, después de su vuelta forzada del exilio, y trasladada a la siniestra Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid. Cuando subió, desde las celdas de los sótanos, «a diligencias», entró en una sala semidesierta: una mesa, una silla, mucha luz y siete hombres hablando de lo suyo, de cualquier cosa. El más cercano dio media vuelta y le soltó un golpe en los dientes que le hizo perder el equilibrio. Le llamó la atención un hombre callado, como fornido, rubio, con los ojos muy azules, y separado del resto; más tarde reflexionó en la celda si sería alemán, alguien de la Gestapo; todos sabían que merodeaban por la comisaría y que aleccionaban sobre cómo debían golpear los cuerpos. Desde un extremo de la sala se acercó el hombre callado, con su pelo rubio y su mirada azul. Vio cómo levantaba la mano y señalaba sus muslos, las piernas, los pies; vio brazos alcanzando vergajos y sólo sintió ya los golpes en sus pies, muslos y piernas, y las preguntas… «A una señal del hombre callado giraron mi cuerpo y comenzaron de nuevo a golpearme piernas, pies, muslos, nalgas. Sentían fatiga en los brazos; descansaron y hablaron de sus cosas, de cigarros, copas y obscenidades, de cualquier cosa, indiferentes a la mujer desnuda»[5].

Descansaron y comenzaron de nuevo. «Recuerdo su ensañamiento, y recuerdo cuando el hombre callado señaló mi jersey sin decir nada, podían hacer conmigo lo que quisieran, cualquier cosa». Intentaron desnudarla, rompieron los botones de su jersey y ella comenzó a mover los brazos, a patalear en todas direcciones, y le dijeron que exageraba, porque sabían que se había acostado con muchos hombres, con medio mundo. La dejaron y ella sólo quedó en combinación, rieron, comenzaron de nuevo los golpes y las preguntas. Seguían golpeando por turnos, y el hombre callado señalaba aquí y allí. A punto estuvo de caerse un policía que se había montado encima de ella, y otro le mantuvo en equilibrio para que pudiese pegar mejor. Se turnaron en una rueda de golpes, menos uno de ellos, que utilizaba palabras suaves de vez en cuando y que hacía el papel de «policía bueno», mientras el hombre callado observaba sin levantar jamás sus brazos de ella. Querían hacerla declarar: «Yo me sentía en blanco, tan fuerte era el dolor». Siguieron girando su cuerpo, golpeando siempre desde los muslos hacia abajo. «Me sentía hasta cierto punto tranquila, porque no tenía nada que contar». Al amanecer, la bajaron a la celda, destrozada. Los periodos de espera expandían el terror invisible de la incertidumbre. ¿Habrá un nuevo interrogatorio? Siguieron los interrogatorios, y María Salvo continuó negando todo. Su cuerpo, bajo los golpes, rodaba por el suelo para protegerse el vientre, el vientre que le pateaban. La pusieron de pie, recostada en una mesa maciza, pero la fuerza de un golpe la derribó de nuevo sobre el suelo. «Los tenía encima, eran fornidos y rechonchos, desarreglados. Durante muchos años tuve presentes sus rostros, mirándome desde lo alto… Y el hombre rubio y silencioso que dirigía la operación»[6]. Se tomaron un descanso y uno de ellos alzó un botijo y escanció sobre el cuerpo de María el débil chorro de agua, por las piernas, por el vientre, por el pecho… Todo un alarde de poder y dominio, más allá de los golpes y del dolor. «Me sentí profundamente humillada, porque comprendí el sentido de aquel acto. Intentaban decirme que yo era suya en términos absolutos». Y de nuevo comenzaron los golpes en el vientre. Estas torturas eran infligidas a mujeres que seguían militando contra el franquismo en la posguerra.

LA TRAMA POLICIAL

Para Madrid, los ocupantes habían preparado minuciosamente sus planes e instrumentos represivos. Los elementos de la quinta columna y de la Falange clandestina habían realizado un gran trabajo en los días previos, bajo las indicaciones del Servicio de Información y de la Policía militar. El 29 de marzo de 1939 se declaró en Madrid y provincia el estado de guerra, al tiempo que las nuevas autoridades designadas tomaban posesión de sus cargos. El día 30 comenzó una frenética actividad represiva, la mayoría de los juzgados militares ya se habían instalado en los lugares asignados, y el auditor de Guerra pidió la colaboración expresa de todos los ciudadanos: debían presentarse en los juzgados en los dos días siguientes todos los funcionarios estatales o paraestatales, los militares profesionales del ejército republicano y los miembros de los cuerpos policiales republicanos, pues iban a ser «depurados», cuando no encarcelados o procesados en consejo de guerra. A continuación se exigía la presentación de los inquilinos más antiguos, siempre que no hubieran pertenecido a ningún partido izquierdista, de cada edificio de la capital, así como los vigilantes nocturnos o cualquier persona que tuviese conocimiento de hechos delictivos o que poseyera documentos del enemigo[7].

La convocatoria de dos vecinos de cada edificio madrileño para presentar declaración estaba relacionada con un juzgado especial, el Juzgado Especial de Porteros, que ya se había creado en 1937 a raíz de la ocupación de Bilbao. Los jueces militares debían investigar e interrogar a todos los porteros y porteras de la ciudad, y, de inmediato, se contrastaban sus declaraciones con las de los vecinos más afines a la causa. En caso de no tener el edificio portero, la declaración correspondía en exclusiva a los dos vecinos. Cuarenta y ocho horas era el plazo máximo para entregar el correspondiente impreso ante el juzgado militar. En caso de extravío o de declaración posterior, el infractor incurría en el delito de rebelión, por el que podía ser condenado a muerte. El primer cuestionario debía ser rellenado por los porteros, primeros sospechosos para las nuevas autoridades militares, y, de hecho, muchos porteros y porteras fueron encarcelados e incluso condenados a muerte. Fueron sustituidos por otros afines a la causa, que durante la dictadura franquista fueron confidentes de la Policía que informaban de las «extrañas actividades» de los vecinos, de los criados y de las asistentas. Asimismo debían rellenar los cuestionarios correspondientes los dos inquilinos más antiguos de la casa y, si resultaban afectos al Movimiento, se convertían también en informadores de lo que los demás vecinos hacían o decían. El celo por vigilar, así como aislar y denunciar a los enemigos o disidentes durante la posguerra, se mantuvo vigente durante años, y la justicia militar siguió siendo el instrumento para la vigilancia necesaria, porque el enemigo no estaba muerto, sino agazapado.

No se sabe con certeza el número de porteros y porteras supuestamente republicanos que fueron represaliados durante el franquismo, pero debió de ser elevado. Según el historiador Hernández Holgado, de un total de 165 expedientes de reclusas fusiladas tras su ingreso en la prisión madrileña de Ventas hasta 1945, 13 aparecieron registradas como porteras, algunas de edad avanzada. Muy probablemente la cifra fuese más elevada, porque muchas disimularían su condición de porteras a la hora de abrir el expediente. Casi todas fueron ejecutadas en 1939, acusadas de haber denunciado durante el «dominio rojo» a inquilinos de ideología derechista[8]. Algo parecido ocurrió en Barcelona con reclusas de la prisión habilitada de mujeres en Les Corts: entre las 10 primeras mujeres fusiladas figuraban tres porteras. Elionor Valich, de sesenta años y portera de oficio desde hacía tiempo, fue considerada como una mujer «extremista» y de moralidad muy dudosa por haber convivido con un hombre sin estar casada, y fue fusilada en El Campo de la Bota. Como le pasó también a Cristina Fernández, portera de treinta y nueve años, que había sido denunciada por el dueño del edificio donde trabajaba por haber delatado a las milicias a los vecinos fascistas. Ella respondió que «no es cierto y que precisamente por su protección vive el dueño, aunque, cumpliendo con mi obligación de portera, dijese dónde vivía y si estaba o no en casa cuando le fueron a buscar para registrarle, en cuyo registro le encontraron una pistola». Nada de eso le valdría contra la confirmación de la denuncia efectuada por siete convecinos. Fue condenada a muerte y ejecutada el 15 de mayo de 1939[9]. Aun sin fusilamiento, el gremio de porteras fue el que más sufrió la represión carcelaria, apareciendo 108 porteras en el libro de entrada de Les Corts durante 1939[10].

En Barcelona y, sobre todo, en Madrid se procedió a una concienzuda caza del rojo, casa por casa, calle por calle. Los vecinos estaban judicialmente obligados a delatar a los y las que se habían distinguido de alguna manera durante la guerra. En cuanto a las mujeres, las perseguidas eran las que habían militado en algún partido del Frente Popular, las que habían sido activistas políticas, las que habían participado en tropel en «delitos colectivos», las que habían trabajado en tareas auxiliares y organizativas de la resistencia antifascista, las que habían defendido a la República, sobre todo si se habían vestido de milicianas. Y no era fácil escapar y evitar ser detenidas, porque abundaban las delaciones de los confidentes de la Policía, de los vecinos, de los propios amigos o familiares y de antiguos compañeros rojos reconvertidos en colaboracionistas. Con todo, era menos difícil ocultarse en los recovecos de la gran ciudad que en el lugar de origen, en el pueblo.

Rosario la Dinamitera durante la guerra había sido un icono republicano, cantado por el poeta Miguel Hernández, elogiado por Ortega y Gasset, etc. Cuando el coronel republicano Casado dio el golpe de Estado en Madrid, en marzo de 1939, Rosario no sabía qué hacer, y de su marido no tenía noticias desde hacía meses. Su padre estaba en Valencia y continuar en Madrid era demasiado arriesgado. Decidió huir dejando a su hija pequeña con su madre: tenía que ir a Valencia a buscar a su padre y escapar de España con él. Los vencedores paseaban ya por las calles madrileñas, aunque aún no habían establecido controles. En un camión repleto de milicianos republicanos llegó a la capital levantina y encontró a su padre, pero era ya imposible embarcar en el puerto. Así que se fueron al puerto de Alicante, donde los últimos republicanos que esperaban la llegada de los barcos redentores cayeron prisioneros de los italianos. Varios miles de republicanos, hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron conducidos al campo de concentración de Los Almendros, donde apenas podían comer y beber. Al poco tiempo, tras separar a los hombres de las mujeres, Rosario, junto a otras muchas, fue llevada a un cine-cárcel y luego a la Prisión Provincial de Alicante, sin que nadie la identificara, pese a ser una mujer muy conocida. A la semana, los presos que habían dicho ser de Madrid fueron llevados a la estación de ferrocarril, donde les esperaba un tren de mercancías que iba a llevarles a la capital de España. Tardaron en llegar siete días, pero en Madrid fueron dejados en libertad. Se refugió en casa de una compañera que vivía con sus padres en una portería. Rosario pudo saber que su hija Elena estaba en Madrid con su suegra, y que su madre se había trasladado a su pueblo, Villarejo de Salvanés. Durante un corto tiempo, fue feliz con su hija[11].

Supo que su madre, Josefa, estaba en la minúscula cárcel de su pueblo, acusada, junto a otras milicianas, de haber profanado la iglesia y de haber quemado la imagen de los santos durante los primeros días de la guerra. Vivían sometidas a un escarnio permanente. Con las cabezas rapadas, eran obligadas a tomar aceite de ricino y las paseaban por el pueblo manchadas por sus propios excrementos por las diarreas. Los vecinos se reían, unos con satisfacción y otros con el gesto fingido, para no disgustar a quienes las apremiaban a caminar. A Josefa la habían interrogado una y otra vez sobre el paradero de su marido y de su hija, de la que no tenía noticias. Y no era la única represaliada de la familia: un hermano estaba también encarcelado, y su cuñado había sido fusilado sin juicio precio. Su hermana permanecía todo el día sentada en el poyo de su casa, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras emitía un gemido[12].

Un vecino del pueblo, que había sido liberado de una prisión madrileña el mismo día en que las tropas nacionales entraron en la capital, vio a Rosario en Madrid y la denunció. No olvidaba que por culpa de tres muchachas del pueblo, Juliana, María y Rosario, él había pasado un año en prisión. Aun sin conocer el paradero de Rosario, ya había presentado una denuncia en el cuartelillo de la Guardia Civil de Villarejo de Salvanés. Ajena a la situación de su madre, Rosario dudaba si instalarse en la casa de su suegra cuando una noche llamaron a la puerta de la casa en la que se escondía: eran dos falangistas de su pueblo. La llevaron a un centro de detención de la Falange, y uno de ellos comenzó a registrarla haciendo que buscaba algo. Pasó sus manos por sus muslos, recorrió sus nalgas y subió hasta los pechos, esbozando una sonrisa tímida. Rosario comenzó a gritar y el guardián se dio por satisfecho. Poco después fue conducida a Villarejo e ingresada en prisión, donde encontró a su madre en un estado lamentable, compartiendo el encierro con 300 mujeres más. Allí conoció el caso de muchas muchachas que habían sido violadas por varios hombres y luego asesinadas o devueltas a la prisión con la mirada perdida. Rosario fue llevada a la prisión de Getafe, para hombres y mujeres, aunque estaban rígidamente separados: era el mes de mayo de 1940. Allí estuvo cinco meses, al cabo de los cuales se celebró el consejo de guerra, siendo condenada a 30 años de reclusión por un delito de adhesión a la rebelión militar. Luego, como tantas otras presas políticas, inició un largo peregrinaje por las cárceles españolas: Ventas, Durango (Vizcaya), Orúe-Bilbao, Santander, Amorabieta, Saturrarán (Guipúzcoa), etcétera.

A Tomasa Cuevas, militante muy activa de las Juventudes Socialistas Unificadas de Guadalajara, el fin de la guerra la sorprendió en Madrid y se volvió a casa de sus padres, donde vivía habitualmente: al verla aparecer, su madre, angustiadísima, le dijo que habían venido a detenerla, que había un montón de chicas detenidas y también muchos hombres encarcelados o en campos de concentración, que se marchara cuanto antes, porque volverían a buscarla. Se fue con la mujer de su primo, que había estado viviendo en su casa durante la guerra porque el marido estaba en el frente, y que tenía su casa en La Solana (Ciudad Real).

Sería medianoche cuando me despertaron los gritos. Iban a detener a la gente a esa hora y la fusilaban a las afueras del pueblo, y, a menudo, le daban palizas de muerte antes de llevarla a las cárceles. Era horrible oír cómo se quejaban los hombres cuando les pegaban, y era horrible oír a las mujeres cuando gritaban en auxilio de sus maridos o de sus padres o hermanos[13].

En Madrid se dirigió a casa de una tía de su madre, que se comportó bien con ella, pese a que estaba muy asustada, porque además tenía escondido en casa a su propio hijo, carabinero republicano. Tomasa tuvo que marcharse rápidamente, y tampoco pudo alojarse en casa de una compañera: todas las casas estaban muy vigiladas.

Rodé por Madrid de un sitio para otro, no sabía dónde ir, intenté ponerme a servir. Fui a varias casas, pero me pidieron un aval de buena conducta. Ese aval no podía sacármelo de la manga. Comprendí que en tales circunstancias era inútil seguir buscando y continué rodando por Madrid. Era algo asqueroso ir por aquellas calles, llenas de extranjeros, de moros y legionarios que se metían con las chicas. Algunas jóvenes más tarde cayeron en manos de los vencedores. Tenían carta blanca para hacer lo que les diera la gana. Yo les miraba con odio, con rabia y con asco […] No sabía qué hacer y, ante el panorama que se me ofrecía, pensé que, antes de caer en manos de un sinvergüenza, prefería marcharme a casa. No me importaba la cárcel ni me importaba nada. Lo que sí me importaba era la moral. Estaba cansada, no tenía dinero y, en esas condiciones, cuando se es joven —tenía entonces veintidós años— no es tan difícil caer. Así que decidí marcharme a mi casa[14].

Así que Tomasa se fue a pie a Guadalajara y, al llegar a la casa donde habían vivido sus padres, se encontró con que habían sido expulsados y que vivían ahora en un alojamiento muy reducido de un compañero de su padre. Sus padres la acogieron con miedo, porque sabían que a Tomasa la seguían buscando. Se fue entonces a la estación de ferrocarril y cogió un tren, sin billete, que iba a Barcelona. Casi de inmediato fue denunciada a la Guardia Civil por un vecino que la conocía. La llevaron precipitadamente a la cárcel de Guadalajara: «Me dieron cuatro golpes y me llevaron a la habitación de la sarna, una masa de seres humanos, todos con sarna». Varias veces la llamaron a declarar, pero ella no dijo nada. La pegaron, pero al final la dejaron por imposible, después de haberla golpeado con mucha rabia. La bajaron a un pequeño patio de la cárcel, anejo a una pequeña escuela, donde tenían a 70 mujeres, algunas con hijos pequeños. A menudo llegaban expediciones de mujeres desde las cárceles o depósitos de los pueblos cercanos. Una de ellas, una chiquilla joven de diecisiete años, Soledad Villa, venía con la cabeza rapada y escritas con alquitrán las letras «UHP» sobre el cráneo.

A María Valés después de la guerra la detuvieron en Madrid, pero había nacido y residido en El Atazar (Guadalajara), lo que ocultó por temor a los fascistas que habían tomado el poder en su pueblo: supo que a su madre le habían saqueado la casa y que la pegaban y se reían de ella cuando bajaba al río a lavar la ropa, porque no decía dónde estaban sus «hijos criminales». Por no saber de qué denunciarla, María fue puesta en libertad y se fue a su pueblo. Su madre se puso como una loca, diciéndole que no sabía lo que hacía y que no quería quedarse sin ningún hijo. De inmediato, la llamaron para que fuese al Ayuntamiento para ser interrogada. Con su niño en los brazos, la obligaron a pasear por las calles del pueblo, llevando banderas nacionales y fascistas y poniéndola al frente de una manifestación patriótica. Antes de que la detuviera la Guardia Civil, María se marchó con su hijo a la capital de España, viviendo en una especie de pensión clandestina que, previo pago, daba refugio a rojos huidos o escondidos. No tardó mucho en ser detenida por la Policía, que la llevó a los sótanos del edificio de Gobernación, en la Puerta del Sol. Lo primero que hacían allí era abofetear incesantemente a las mujeres, tratando de desfigurar la identidad más visible de su persona y tratando de convertir su cara en una máscara privada de mirada. De esta forma aumentaba el desaliento. Así, a María Valés la golpearon de tal modo que tuvieron que llevarla a la celda en un fardo. Pero ella seguía eludiendo o negando las preguntas que se le hacían:

Me desnudaron cinco tíos, el que hacía de bueno decía: «Pues habla, hija mía, porque, si no, te matarán». Me pegaron por todo el cuerpo. Lo tenía negro […] Como yo ponía los brazos para taparme los pechos, los tenía llenos de sangre, y no se conformaron con ello, pues luego me pusieron atravesada en una silla con los pechos colgando. Me bajaron al calabozo y estuve con cuarenta de fiebre[15].

María Valés pasó tres meses en Gobernación, y luego la llevaron a la cárcel de Ventas, esperando el consejo de guerra.

LAS VIOLACIONES EN LA POSGUERRA

Deliberadamente o no, los interrogatorios policiales a las mujeres rojas tenían un claro componente sexual, libidinoso, a menudo rayano en la violación, en la vejación o, cuando menos, en el sadismo. Petra Cuevas, que había sido secretaria provincial de la UGT madrileña, anduvo a salto de mata por la ciudad, hasta que fue detenida por la Policía y conducida a Gobernación. Estuvo allí un mes, y fue a la primera que le pusieron las «corrientes»: se las ponían a todo voltaje, o sea, un enchufe cualquiera conectado a los cables que iban a diversas partes del cuerpo. Petra creía que se las había puesto Carlos Arias Navarro, apodado el Carnicerito de Málaga, luego director general de Seguridad, alcalde de Madrid, ministro de Gobernación y presidente del gobierno con Franco y con el rey Juan Carlos.

Cuatro cables me ató a las muñecas, que también tengo la señal…, ¿ves? La que más se nota es ésta, que fue la que peor estuvo, este dedo fue también el peor, porque en los dedos me enroscaron los cables como si fueran anillos, y dijo el so cabrón que eso lo había aprendido de nosotros. Yo me enloquecía, me rebelaba, les decía que eran unos embusteros […] Se ponían furiosos porque les contestaba. Me enchufaban y me volvían a enchufar con las manos empapadas de gasolina para que la corriente diese más fuerte. Me tuvieron que soltar porque por ese procedimiento no conseguían nada. Me cogió uno de los pies, no colgada, sino teniéndome ellos por los pies, que por eso tengo estas vértebras, según dice el médico, hechas polvo, y entonces le dijo a Arias que me mirase cómo estaba y dijo: «No quiero mirarla, me da asco mirar la carne de las rojas». Por suerte para mí, porque si al señor no le llega a dar asco la carne de las rojas, fíjate lo que me hubiera hecho. Con todo, hubo un guardia que un día me llamó para hacer lo que le diera la gana, me sacó, y no hizo nada porque no pudo[16].

De Gobernación pasó a la comisaría de Fomento, que era un auténtico infierno. Después de otro mes más allí, la trasladaron a la cárcel de Ventas, donde ya había unas 14 000 internas que carecían de agua y de comida suficientes. Fue puesta en libertad provisional, pues no se le pudo demostrar ningún delito. La detuvieron por segunda vez estando embarazada. En la cárcel dio a luz, pero su hijo murió al poco tiempo, y ella casi enloqueció. Como tantas otras, pasó de una cárcel a otra. Media vida en la cárcel…

Los interrogatorios policiales solían ser humillantes, mucho más que humillantes. Esperanza Martínez fue enlace durante un tiempo de la guerrilla antifranquista, por lo que a menudo atravesaba clandestinamente la frontera francesa, hasta que un día fue detenida, interrogada y encarcelada en Burgos, para pasar finalmente a la Dirección General de Seguridad, ubicada en la Puerta del Sol, para ser «tratada» por la temida Brigada Político-Social.

Te ponían en el centro de un corro y jugaban al «tieso» conmigo y te daban toda la leña que podían. A las siete de la mañana me llenaron la boca de trapos, unos trapos sucios. La boca toda apretada para que no pudiera gritar […] Entonces me dijeron que me tumbara en el suelo. Yo me negaba a tumbarme y entonces me tumbaron a tortazos. Me pusieron boca debajo después de haberme tapado yo, me levantaban las faldas y me quitaron las bragas […] Y me daba uno, y otro me daba, y cuando vieron que los latigazos ya no me dolían, pues yo estaba adormecida, me dejaron descansar, y cuando me había enfriado volvieron a las mismas, pero siempre de la misma manera. Que me echara al suelo, que me tumbara. Yo me negaba a todo y entonces ellos, a puñetazo limpio, te daban por un lado y por otro, y te dejaban medio tarumba[17].

Con el tiempo, los métodos de represión policiales se fueron haciendo más refinados y eficaces.

Y, sin embargo, la violación a veces era vivida por la mujer de un modo menos traumático que el rapado de pelo. La violación podía vivirse frente al torturador-violador como algo ineludible, impuesto y desculpabilizante, que podía generar resistencia, activa o pasiva, en la mujer, odio, sentimiento de venganza, agresión con la mirada y culpabilización creciente del otro. Por el contrario, el rapado conllevaba vergüenza, autoculpabilidad frente a la mirada ajena, que se rehuía, al tiempo que se ocultaba bajando la cabeza. En cambio, la mujer violada en una comisaría, frente a quienes mostraban un poder omnímodo, podía ser una mártir, podía afrontar la tremenda experiencia vivida guardándola en la memoria, exponiéndola públicamente cuando ello fuera posible y señalando críticamente a sus torturadores. Éste pudo ser el caso de Carmen Chicharro, militante comunista y trabajadora de la Compañía Metropolitana de Madrid desde años antes de la guerra. Cuando fracasó la sublevación militar el 18 de julio en Madrid, en el Metro se organizó una milicia ferroviaria a la que ella se alistó junto a otras compañeras. En el cuartel aprendió el manejo de las armas y la cura de heridos. Cuando las fuerzas franquistas amenazaban con el asalto a Madrid, se fue organizando el nuevo ejército republicano, del que fueron excluidas las milicianas. Carmen volvió a trabajar en el Metro, participando en su autogestión y supliendo las tareas de otros compañeros que estaban en el frente de guerra. Terminó la guerra y todos los trabajadores del Metro fueron militarizados. Carmen superó el «expediente de depuración» al que había sido sometida, por lo que siguió trabajando en la compañía, aunque vigilada muy de cerca por la Policía.

Unas compañeras del Metro la delataron, acusándola de haber sido miliciana, de haber desfilado por las calles de Madrid, de llevar el mono puesto y vestir con pantalones, etc. Fue despedida del trabajo y, tras pasar tres meses en la Dirección General de Seguridad, fue encarcelada y procesada. En consejo de guerra sumarísimo, en noviembre de 1939, fue condenada a 12 años de reclusión, siendo trasladada a la cárcel habilitada de Predicadores de Zaragoza, y luego a Amorebieta (Durango), y otra vez a Zaragoza, donde fue puesta en libertad condicional en 1942. Volvió a Madrid, donde tenía que presentarse periódicamente en la comisaría de Policía. Sin embargo, le permitieron irse a vivir con su hermana a Galicia, donde trabajó como sirvienta y utilizó su tiempo libre para reunirse con otros comunistas y tratar de reorganizar el partido en esa región. No pasó mucho tiempo hasta que cayera en una gran redada policial.

Y a mí me cogió una mujer, parece que la estoy viendo, que me registró, era alemana la que estaba entonces, la Policía estaba a su merced, todo lo que aprendió la Policía española fue de la Gestapo […] Me bajaron a los sótanos y sacaron de los cajones de la mesa del despacho unos látigos, y haciendo «caricias» con el látigo me pusieron en cueros; me dieron en este riñón, que lo tengo hecho polvo, y luego, como comencé a chillar, me pusieron una mordaza; la mujer alemana me cogió por los brazos y me sujetó, y los otros me cogieron las piernas y me las pusieron así, como un tocólogo en un reconocimiento. La alemana me ató los brazos y las piernas y se marchó. Entonces uno se quitaba y otro se ponía, así hasta que me dejaron sin conocimiento, no sé el tiempo que me tuvieron allí, por lo menos tres o cuatro días. Yo no podía andar cuando me llevaban al palacio de justicia[18].

Estaba destrozada, hecha un monstruo, y un guardia de la Policía armada le dijo: «Pues sí, te han puesto buena, ¿no? Si vosotras las rojas sois unas putas, si a ti esto no te habrá hecho mella, ni nada». La llevaron a la cárcel, donde pasó cinco meses a disposición de la Dirección General de Seguridad, hasta que le llegó la libertad vigilada. Estuvo en Galicia, presentándose periódicamente a la Guardia Civil y a la Falange, y trabajando como sirvienta para subsistir, hasta el año 1947, en que se pudo venir a Madrid. En 1950 fue readmitida en el Metro. Trabajaba y seguía militando en la clandestinidad.

Las violaciones de la posguerra fueron muy frecuentes, pero adquirieron un sesgo diferente a las efectuadas durante la guerra, que debían ser silenciadas por las propias víctimas y sus familiares. Pero eran más o menos sabidas por la gente, sobre todo en los pueblos pequeños. A veces se sabían porque los propios violadores alardeaban de sus «hazañas», mostrando incluso las prendas íntimas de las mujeres que violaban como si fueran un trofeo. Aunque en la zona republicana también hubo violaciones, en la zona nacional la violación de las mujeres rojas era parte del botín de guerra de las avanzadas de las columnas franquistas, o bien se presentaban como el ejercicio del viejo derecho de pernada. Ante estas frecuentes y numerosas agresiones sexuales, las autoridades militares y los oficiales españoles hacían la vista gorda, miraban a otro lado, o incluso eran estimuladas, como hiciera Queipo de Llano en sus brutales arengas por Radio Sevilla. Tampoco se sabe de ningún cura o capellán militar que objetase alguna vez esta práctica que todo el mundo sabía que existía. Sobre todo en los primeros tiempos de la Guerra Española se incitó a las tropas mercenarias norteafricanas a la violación de las mujeres del enemigo. A los legionarios y regulares —tropas típicamente coloniales— se les decía que las mujeres rojas que encontrasen en sus despliegues y razias formaban parte del botín de guerra prometido, al que tenían derecho y que podían ejercitarlo, aun dejando huella del mancillamiento de aquellas mujeres, que ocasionalmente quedaban embarazadas y que podían dar a luz algún «negrito». Las columnas africanas se cebaban en las mujeres andaluzas, extremeñas, gallegas o catalanas, las que encontraran y no dieran signos objetivos de ser personas «de orden» y católicas.

Pero también violaron los falangistas, los guardias civiles, los requetés, etc., que eran los que quedaban dueños de la situación de cada pueblo una vez había sido tomado por las tropas militares. Algunos casos fueron denunciados e investigados, como cuando la denuncia surgía de las propias contradicciones internas de los que se presentaban como vencedores. Pero en la práctica hubo bastante permisividad con las violaciones, en general, con todas las violencias sexuales ejercidas contra las mujeres rojas. Formaban parte de una cultura de guerra que los militares sublevados, en su mayoría africanistas, habían adquirido en la pasada Guerra de Marruecos y que ya habían puesto en práctica en el territorio colonial marroquí y en la revolución de Asturias de 1934, donde los mineros asturianos fueron tratados como nativos proletarios. De igual modo fueron tratadas las mujeres republicanas en la Guerra Española, consideradas como personas social y moralmente desacreditadas, que tal vez consentían el ultraje, incluso lo provocaban: tal decía Queipo de Llano reiteradamente.

Con la violencia sexual se evidenciaba que los que se presentaban como vencedores podían y debían enseñorearse del cuerpo de las mujeres «desafectas» al nuevo régimen que se pretendía; era la antítesis del modelo de mujer que habían idealizado desde hacía siglos. A menudo, la violación tenía menos que ver con el deseo y goce sexuales y más con el sadismo de tener debajo del macho un cuerpo que se quería desgarrar violentamente. A la mujer roja había que demostrarle que los vencedores eran dueños y señores de su cuerpos, y lo demostraban actuando violentamente, dejándola asustada, paralizada, avergonzada y hasta culpabilizada. Violando impunemente, el vencedor se reafirmaba en su sadismo mucho más que en su goce[19]. La violación formaba parte del discurso de la virilidad rampante, tan gráficamente explicada por los altos jefes militares. Siempre era la demostración del poder del macho vencedor, que incluso la practicaba delante de la familia de la mujer roja, contribuyendo a desconcertarla y a desestructurarla. Formaba parte del desposeimiento de los vencidos, de su humillación permanente y de su progresiva despersonalización, lo que implicaba a menudo una brutal ruptura en toda la familia. Mediante la «represión sexuada» con efectos retroactivos, el nuevo régimen explicitaba una importante regresión en la situación social, política, cultural y jurídica de la mujer española, condenada al perpetuo enclaustramiento en el hogar familiar[20]. Éste era el mejor preventivo contra la violación: si la mujer española no quería ser violada, debía quedarse en casa y no salir sola a la calle. Lo que no había hecho la roja.

Si durante la Guerra Civil la violación se dio en el frente de combate, en un frente múltiple, cambiante y con una retaguardia fragmentada, cercana y potencialmente muy conflictiva, donde circulaban los rumores, los miedos y las tensiones sociales más o menos soterradas, en la posguerra se dio en un escenario que se fue haciendo muy diferente. Ahora tenía lugar en una sociedad violentamente «pacificada», vigilada y controlada, y sin conflictos sociales abiertos. Sólo se podía ejercer en espacios institucionalmente cerrados, como las comisarías de Policía, los cuartelillos de la Guardia Civil o los centros de detención de la Falange. Lo que indirectamente significaba que el «Estado viril» autorizaba a sus funcionarios la práctica de la violación de un modo similar a como autorizaba la tortura.

Paradójicamente, a cambio de su mayor dolor y sufrimiento, la mujer, que se confrontaba dentro de una institución oficial con el poder omnímodo, podía mantener en muchos casos su dignidad a través del silencio, la resistencia pasiva, la mirada, el deseo de venganza, el interés de no olvidar y la amenaza de un testimonio posible en el futuro. Resulta significativo que, en la posguerra, las mujeres republicanas que mantuvieron una mayor conciencia política y mostraron una fuerte personalidad no fueron por lo general violadas. Y viene a cuento el caso de la admirable Trinidad Gallego, recientemente fallecida después de haber rebasado los noventa años de edad, y mártir laica de la causa republicana. Trinidad nació en Madrid en 1913, en el seno de una familia trabajadora, instalada en una portería que regentaba su abuela materna en un edificio del barrio de Salamanca. Se crió junto a su abuela, sin formación política pero con clara conciencia social, pues la madre se pasaba el día trabajando fuera de la casa para el sostenimiento de la familia, de la que el padre no se responsabilizaba porque vivía fuera. De niña, despierta y simpática, los vecinos la trataban afectuosamente, pero cuando la veían en la calle ni la saludaban por la diferencia de clase: sólo era la nieta de la portera. A los cuatro años comenzó a ir a la escuela municipal que había en el mismo edificio en el que vivía y en la que estudió hasta los catorce años. Mientras tanto, seguía ayudando a su abuela y hacía de niñera de los niños del piso de arriba: jugaba con ellos y podía comer bien. Luego asistió a una academia del Ayuntamiento para aprender mecanografía[21]. Muy pronto comenzó a trabajar de secretaria en la Cámara de Comercio inglesa. Así contribuía al mantenimiento del hogar familiar y empezaba a ganarse la vida y a lograr su independencia económica. Trabajó más tarde en un lujoso y aristocrático salón de té, que cerró con el advenimiento de la República. Quería ser comadrona, pero no tenía los estudios de Bachiller suficientes, por lo que se limitó a hacer unos cursos de enfermería, con las correspondientes prácticas en el hospital. La dificultad para encontrar trabajo en una profesión que monopolizaban las monjas en los hospitales le hizo adquirir una progresiva concienciación política, que abocó en su afiliación en 1935 al Partido Comunista, creando con sus compañeras el Comité de Enfermeras Laicas. Cuando se dio el golpe militar del 18 de julio de 1936, Trinidad era una mujer de veintitrés años, pero lúcida, coherente y muy sensata, por lo que fue enviada al Hospital Clínico de San Carlos, que estaba en una situación caótica por la dimisión de algunos médicos, para que organizase un comité autogestionario y lo convirtiera en un hospital de sangre, lo que logró con la colaboración de la mayoría de los médicos y de los demás trabajadores. Durante toda la guerra trabajó muy activamente en la organización de hospitales madrileños, siempre con discreción y sin apenas hacerse notar.

Al acabar la guerra, sin embargo, dos jóvenes falangistas se presentaron en la portería y se llevaron detenidas a Trinidad, a su madre y a su abuela, que entonces tenía casi ochenta y siete años. Tras prestar declaración en las Salesas, fueron internadas en Ventas, donde Trinidad se prestó a trabajar en la enfermería, dada la carencia de personal especializado y las pésimas condiciones higiénicas de la prisión. La acusación era la de haber denunciado a un vecino fascista, al que se llevaron los milicianos y lo fusilaron; al acabar la guerra, un hermano del que habían ejecutado las acusaba de haberlo entregado a una patrulla de vigilancia. Excepcionalmente, ninguna de las tres fue interrogada ni, mucho menos, torturada. En junio de 1940 fueron llevadas a consejo de guerra, siendo condenadas las tres a 30 años de reclusión. Una vez sentenciadas, a Trinidad la llevaron a trabajar como enfermera a una sección nueva de presas que estaban en la cárcel con sus hijos pequeños, aunque poco tiempo después las tres fueron incluidas en una expedición con destino a la prisión de Amorabieta (Guipúzcoa). Dada la excesiva congestión de las cárceles, salió indultada en 1941, aunque desterrada a Murcia. Reincidió en su militancia política, por lo que en febrero de 1942 fue otra vez detenida en una redada policial efectuada en Alicante, siendo internada de nuevo en la prisión de Ventas de Madrid, para ser trasladada después a una prisión maternal recién inaugurada en Carabanchel, dirigida por la funesta María Topete. Allí pasó dos años y medio, al cabo de los cuales salió en libertad provisional, y a través del Partido, en el que seguía militando clandestinamente, consiguió trabajar en una clínica recién instalada en Baena (Córdoba), aunque oficialmente no podía actuar como enfermera ni como matrona, pues había sido inhabilitada, depurada.

Este doctor abusó de mí en la clínica muchas veces. ¡Yo no tenía a quién quejarme! ¿Quién iba a creer a una expresa y no a un doctor de familia de derechas? ¡A quién denunciaba! Yo no estaba colegiada y no podía trabajar. Aguanté tres años metiéndome luego la cucharilla cuando hacía falta, odiándole, preguntándome dónde ir y sin tener a quién contárselo. Acabé con una anemia perniciosa[22].

A pesar de todo, logró colegiarse en Jaén, obteniendo un puesto de trabajo en Alcaudete, un pueblo de aquella provincia. Como seguía vinculada al Partido, fue recabada para que auxiliase a un guerrillero herido que operaba en la partida de El Cencerro. Fue detenida, encarcelada en Jaén y luego trasladada a Madrid. De allí salió finalmente en julio de 1949: para entonces, su abuela y su madre habían muerto. Dejaba atrás tres estancias en prisión por un total de más de siete años, repartidos en 16 cárceles. A sus treinta y seis años decidió empezar una nueva vida en Barcelona, pasando serias dificultades económicas que no impidieron la continuación de su militancia política. Hasta 1969 no le fueron reconocidos oficialmente los títulos de comadrona y enfermera, y ella seguía militando en la clandestinidad.

IX. La resistencia carcelaria

IX. LA RESISTENCIA CARCELARIA

Pese a la marginación impuesta, «el silencio solidario» funcionaba subterráneamente, incluso en las cárceles, y se iba sabiendo que en los territorios ocupados por los «nacionales» las mujeres calificadas de rojas eran o habían sido obligadas a desfilar por las calles de los pueblos y ciudades con el pelo cortado al cero y bajo los efectos de un purgante tan fuerte y repugnante como el aceite de ricino. En la prisión, contradictoriamente, era muy fácil el contacto entre las muchas reclusas de distintas provincias, que se intercambiaban información, comprobando, entre otras muchas cosas, que el rapado y el ricino eran prácticas generalizadas en toda la España «nacional», incluso en la posguerra. Aunque en la calle pocos se atrevieran a hablar en voz alta de aquello que todos veían o habían visto. Después de la muerte de Franco, la tenaz militante Tomasa Cuevas, que había pasado muchos años de encierro en diversas cárceles españolas y en la clandestinidad, recorrió por sus propios medios media España para reencontrar a las muchas compañeras que había conocido y tratado en prisión: la mayoría de ellas accedió a contar sus experiencias vividas en la guerra y en la dura posguerra, que fueron recogidas en tres libros que, inicialmente, fueron publicados en ediciones reducidas y escasamente difundidas, pero que han sido considerados como una obra clásica, de consulta imprescindible para los interesados por la memoria histórica. Numerosos de los testimonios recogidos hacían alguna referencia a lo mucho que las mujeres republicanas habían sufrido en la calle, en las comisarías, en los cuartelillos de la Guardia Civil o de Falange, y hasta en sus propias casas y ante sí mismas[1].

A Salvadora Luque la detuvieron, al final de la guerra, en su pueblo, Illana (Guadalajara), y la condujeron al depósito municipal, repleto de sospechosos de republicanismo. Como a muchas otras mujeres, la raparon y la trasladaron a la prisión provincial de Guadalajara: «Cuando nos subían al camión para el traslado, aquello fue horrible, nos querían linchar, llamándonos asesinas, putas rojas». En la prisión, comieron con hambre el rancho, y por la noche tuvieron retortijones de tripas y diarrea, lo que les agobiaba extraordinariamente, por la escasez de retretes: «No había más que un retrete, y todas nos queríamos poner porque nos cagábamos, pues estábamos bien malitas»[2]. La cagalera era la consecuencia del aceite de ricino que les habían hecho ingerir antes. Tras prestar declaración, a Salvadora la dejaron en libertad: «Son cosas de pueblos». En los pueblos, la realidad era muy difícil:

A mi madre, como a todas, le hacían la vida imposible. Además de tener a cuatro hijos en la cárcel y a un hermano nueve meses con la pena de muerte, lo que le mató [al hermano] fueron las palizas, una tras de otra. Murió a los cincuenta y tres años. Los médicos no le encontraban ninguna enfermedad. Me llevaron al hospital y me preguntaron si yo sabía lo que le pasaba, porque tenía temor a todo el que se le acercaba. Yo al médico le dije la verdad, y ya se explicaron la reacción de mi hermano.

La cárcel central de Guadalajara era tremenda: «Nos hicieron sufrir de una manera horrorosa humillaciones y vejaciones que no olvidamos nunca»[3]. El mayor padecimiento era la falta de agua, que traían del río en tanques de gasolina: sabía mucho, pero se la bebían. En el patio, muchas mujeres, sobre todo jóvenes, tenían la cabeza rapada: venían así de los pueblos.

Las de Guadalajara teníamos nuestra cabellera. Un día llegó una expedición de un pueblo y todas venían rapadas. Los falangistas, muy guasones, dijeron que eso era la ley del embudo, que o todas pelonas o todas con pelo […] Empezaron a llamar a varias, cogieron a los barberos…

Y todas quedaron peladas. En la prisión de Guadalajara, Tomasa Cuevas conoció y compartió celda, junto a otras, con una vieja de ochenta y dos años que se llamaba Manuela Letón, La Letona. Se pasaba el día con un pañuelo sobre la cara y un rosario en la mano, todo el tiempo rezando, y, además, estaba muy sola. En la cárcel no era la única vieja que allí estaba, pues la mayoría tenía más de cuarenta años.

Estas mujeres, ya mayores, que habían vivido la guerra sin haberse comprometido en política, sólo estaban allí o porque sus hijos habían estado en el frente, o sus maridos, o porque alguna de ellas, cuando pasaban los aviones alemanes descargando sus bombas, había mirado hacia el cielo, llamándolos asesinos. Y alguien las denunció poco después.

La vieja Letona era una pobre mujer también de pueblo. Sus hijos se habían ido voluntarios a la guerra, y ella siguió con sus tareas. Su pueblo fue ocupado por los fascistas, y ella fue evacuada con su borriquillo, con lo que pudo coger de su casa y con su marido, que parece ser que murió en la retirada. Pasó toda la guerra en Guadalajara y, al terminar, volvió a su pueblo con el borriquillo. Antes de llegar, la detuvieron en la carretera unos falangistas que le preguntaron por sus hijos. Ella les dijo que no sabía dónde estaban y que iba al pueblo a ver si allí los encontraba. En la misma carretera le cortaron el pelo al rape y le dieron un litro de aceite de ricino. Se lo tuvieron que introducir con un embudo, porque ella no podía tragar más. Al borriquillo lo mataron a palos, y a la Letona la llevaron a prisión. Como consecuencia del ricino tenía con mucha frecuencia descomposiciones intestinales. Por eso, su lugar preferido era lo que hacía de váter, donde siempre estaba sentada, levantándose únicamente cuando alguien precisaba de hacer sus necesidades. La vieja Letona fue a consejo de guerra el mismo día que Tomasa. Cuando lo supo, se sintió mal, no podía acostarse y permanecía todo el tiempo en aquel agujero. El día que fueron a juicio le pusieron unas enaguas amarradas entre las piernas y cogidas con un imperdible. En conjunto, el consejo de guerra juzgó a 27 personas y, durante el transcurso del mismo, a la vieja Letona se le desarregló el vientre y hubo que sacarla de la sala por el mal olor que desprendía. Lo que no impidió que se la condenara a 12 años de reclusión, acusada de haber puesto unos huevos fritos a unos oficiales republicanos. A Tomasa Cuevas, acusada de organizar talleres para confeccionar ropa para el ejército republicano y de haber dado mítines alentando a los jóvenes a alistarse en el ejército, la condenaron a 30 años. Siguió en la prisión de Guadalajara hasta que, en diciembre, salió en una expedición, que incluía también a la vieja Letona, con destino a la prisión de Durango (Vizcaya). De allí pasó a Santander, etcétera.

Otra joven militante de las Juventudes Socialista Unificadas que había pasado toda la guerra en Madrid, Flor Cernuda, optó por volver a su pueblo de origen, Quintanar de la Orden (Toledo). Antes de acabar la contienda, la habían mandado como delegada del Socorro Rojo Internacional a Cuenca. Allí la cogió el golpe del coronel Casado y allí encontró al anarquista Cipriano Mera, jefe del IV Cuerpo del Ejército republicano, que apoyaba a la Junta de Defensa. Volvió a Madrid, donde asistió al desmoronamiento de la República y a la entrada en la capital de las fuerzas franquistas. Flor decidió irse al pueblo, donde el mismo 28 de marzo de 1939 la detuvieron los falangistas, al igual que a otras muchas jóvenes del pueblo.

Nos meten en la cárcel del pueblo, y lo primero que hacen es recoger a todos los que ellos quisieron: chicos, chicas, mujeres ya mayores… Y lo primero que hicieron fue cortarnos el pelo, insultarnos; y no había calificativo que no recibiéramos.

Dos o tres días después, entraron en la cárcel diciéndoles que las iban a sacar a asistir a misa, y que después las quemarían en una hoguera en la plaza. Las hicieron oír misa a punta de pistola; las insultaron todo lo que quisieron el cura y los fascistas de allí. «Nosotras, con el pelo rapado y con dignidad, lo soportamos con dignidad»[4]. Otro día, a las jóvenes las llevaron a la iglesia entre malos tratos e insultos. Finalmente, las trasladaron a la cárcel del partido judicial de Lillo (Toledo), a la que también llevaban a mujeres de los pueblos de la comarca. Una de ellas se llamaba Magdalena Frontín, de la que habían abusado los falangistas: «Abusaron de la manera más asquerosa; sujetándola entre cuatro y alumbrando con una linterna el otro»… Estando en Lillo, murió la madre de Flor, y el padre quedó abandonado. Según decía el certificado médico, su madre había muerto de «afección moral», que había sufrido mucho y hasta la habían pegado. A finales de aquel fatídico año de 1939, a Flor la trasladaron al penal de Ocaña, que contaba con una sección de mujeres, tan llena que apenas podía moverse. Allí conoció el caso de Luisa Álvarez, condenada a muerte y a la que sacaban con frecuencia: salía y volvía por la tarde o a la hora que dispusieran, pero no se sabía más. Tenía sólo diecisiete años y estaba condenada a muerte. Un día se la llevaron, con otra persona, en un carro, para ser fusilada: «El cura le dijo a Luisa que si se sentaba en sus rodillas procuraría que le hicieran el menor daño posible, o sea, que moriría inmediatamente». El cura de Ocaña era famoso por su sadismo y crueldad:

Más negro, más que la noche;

menos negro que su alma

el cura verdugo de Ocaña […].

Flor Cernuda fue juzgada en consejo de guerra y condenada a 30 años de reclusión. Cuando la trasladaron a la prisión de Durango, estaba muy mal de los pies y apenas podía desenvolverse por sí misma, pero ningún médico la vio. Allí conoció y trató a una chica de la provincia de Ciudad Real, María Fernández, que traía rota la columna vertebral por las palizas que le habían dado y que se fue quedando sin poder andar. De Durango fue al chalet-cárcel de Orúe (Vizcaya). Con los primeros indultos que se dieron, Flor fue puesta en libertad provisional y desterrada a Portugalete (Vizcaya). Por lo demás, en las cárceles del primer franquismo se rapaban las cabezas de las presas díscolas, si es que no se lo habían hecho antes. Agustina Sánchez Sariñena, en mayo de 1939, fue llevada desde la comisaría —«nos dieron todos los palos que quisieron»— hasta la madrileña cárcel de Ventas, que seguía estando abarrotada de presas, en su mayoría políticas:

Nos encontramos con los niños de Falange, que nos afeitaron las cejas y nos cortaron el pelo. A mí las cejas no me han salido más, el pelo muy poco, porque esto que llevo no es mío. Siempre tengo que llevar postizos. A las primeras que se lo cortaron no les salió más[5].

En las cárceles de la posguerra, sobre todo en los primeros años, se violaba a algunas reclusas, se abusaba sexualmente de ellas: los guardianes y falangistas iban a «visitarlas» con mayor o menor frecuencia, y eso casi siempre era tolerado por parte de las autoridades.

Domingo Zamora fue un honesto funcionario de prisiones bajo la dictadura de Primo de Rivera, durante la Guerra Civil y en la posguerra. Al fin de la contienda, era el director de la pequeña cárcel municipal de Huete (Cuenca) y, como era un hombre con mentalidad de derechas, de firmes creencias religiosas y una profesionalidad pragmática y eficiente, fue mantenido en el cargo por las nuevas autoridades. La cárcel de Huete, programada para un máximo de 100 personas, sufría una avalancha de presos y presas republicanos. Las incursiones periódicas de los falangistas del pueblo en la prisión para divertirse apaleando, torturando y violando a las mujeres se hicieron frecuentes, especialmente cuando el director estaba ausente. Como éste se opusiera a tales «visitas», los falangistas consiguieron una autorización del juez militar para seguir realizándolas, de modo que las torturas y vejaciones a las presas continuaron, siendo una práctica habitual en aquella prisión. Una de las presas, Luisa Calluyg, fue reclamada por el sargento Gutierro, auxiliar del juzgado militar, para interrogarla. La paliza fue tan grande que la reclusa comenzó a vomitar sangre por la boca. A continuación, Gutierro, con ella en el suelo, comenzó a cortarle el pelo, entre los desesperados gritos de la víctima, a la que también violó. Al director de la prisión, que habría querido impedir todo aquello, se le apartó temporalmente del cargo y más tarde pidió el traslado, para ser finalmente expulsado del cuerpo de prisiones. La cárcel de Huete, incapaz de asimilar más presos, fue sustituida por la prisión habilitada en el monasterio-fortaleza de Uclés, también en la provincia de Cuenca. El centro se mantuvo como prisión hasta 1943: unos 300 reclusos habían muerto en su interior por malos tratos, ejecuciones, falta de alimentación, enfermedades, etcétera[6].

El carácter represor de las nuevas cárceles habilitadas por el franquismo era evidente en todo. Según el testimonio de José Cortés, recogido por Fuensanta Escudero, en la cárcel de Murcia «se sacaba a las mujeres y abusaban de ellas hasta seis o siete tíos». Hubo una presa que estaba embarazada y de la que abusaron siete guardianes, haciéndole después abortar, para fusilarla más tarde. En las cárceles no se hablaba apenas de los frecuentes abusos sexuales que se cometieron especialmente con las presas jóvenes, y hubo muy pocos funcionarios o guardianes que fueron expedientados por ello. En la mayoría de los casos se toleraba, se les restaba importancia o finalizaban con traslado del funcionario en los pocos casos que fueron denunciados. En la prisión de Albacete, algunos funcionarios utilizaban su poder indiscutible para «relacionarse» con las presas jóvenes, que día a día, y de dos en dos, eran sacadas a un cuarto que había debajo de la escalera principal para ser abusadas sexualmente. En Ocaña, a dos muchachas adolescentes de apenas diecisiete años «cada dos por tres las llamaban y las sacaban durante un cierto tiempo, pero, al volver, nunca decían qué les habían hecho». Excepcionalmente, hubo sanciones en algunos de los casos denunciados. El guardia Ramón Ripio fue relevado de su cargo en la prisión de Colmenar Viejo (Madrid), acusado de violación y malversación. Abusaba sexualmente de las presas y de las mujeres de los presos, «vanagloriándose ante los reclusos de los favores obtenidos de las mujeres»[7]. En 1941 también fue apartado del servicio el guardia de la prisión de Pamplona Tomás Ganuza, que «a su salida del servicio se dedicaba a perseguir a mujeres familiares de los presos»[8].

MUJERES CAÍDAS

En las cárceles franquistas, las presas políticas eran consideradas «mujeres caídas», al mismo nivel que las prostitutas, las delincuentes comunes y las estraperlistas, con la resistencia y tenaz oposición de las más concienciadas, que no cesaban de reivindicar su identidad política. En lo que respecta a las prostitutas, podían adoptar con ellas posiciones muy rígidas y distanciadoras: ciertamente, las llamadas «quincenarias» se manifestaban en sus modos y maneras de una forma muy diferenciada, pero casi todas eran originarias del bando vencido en la guerra. La mayoría eran mujeres como Emiliana, La Miradas, fichada por ejercer la prostitución en la vía pública a altas horas de la madrugada. Tenía veinte años y era huérfana de padre y madre, ambos fusilados por su militancia marxista. Tenía tres hermanas menores que ella, internadas en orfelinatos, puesto que ella no había podido mantenerlas. Se puso a servir durante un mes en una casa de Madrid, pero ganaba tan poco que se fue a Barcelona, donde se dedicó a la prostitución porque «no tenía otro medio de vida».

Con el tiempo y con la lucha, las presas políticas lograron ir siendo respetadas por las monjas y las funcionarias, pero sobre todo en los primeros tiempos debieron soportar toda suerte de abusos. Milagros Sánchez, reclusa en Ventas, en su consejo de guerra denunció a la patrulla falangista que la había detenido en abril de 1939. La habían obligado a beber aceite de ricino y anís; la habían violado y golpeado hasta perder el sentido. Nada de eso se tuvo en cuenta, ya que fue condenada a 12 años de reclusión por «auxilio a la rebelión», resaltándose en la sentencia su «mala conducta moral y sus ideas izquierdistas, que con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional trabajaba en un cabaré, y había ingresado en el V Regimiento como visitadora de hospitales, alternando con frecuencia con oficiales rojos»[9]. Se la castigaba, en definitiva, por ser asimilable a la anti-España, y por responder al prototipo de miliciana roja: exaltada, extremista, sempiterna perseguidora de las personas «de orden», cabaretera, torbellino de pasión, amiga de la mala vida y enemiga de la patria española, alterando el orden natural de las cosas al tratar de equipararse con el varón. ¿Acaso no era justificable que hubiera sido violada? Ciertamente, podía maltratarse a las presas políticas en las cárceles de una u otra manera. Los malos tratos, oficialmente prohibidos, eran justificados con el diagnóstico de locura colectiva o histerismo con tendencia al fingimiento, llegando en algunos casos al traslado de la presa a la Clínica Psiquiátrica Penitenciaria de la calle Quiñones de Madrid, sobre todo por su excesivo celo reivindicativo.

Malos tratos, abusos sexuales, condiciones nada higiénicas, alimentación muy deficiente, riesgos de enfermedad, etc. Las presas vivían continuamente tensionadas. El único factor favorable para aquella multitud atemorizada fue su propio volumen, que colapsó la administración, forzando al Estado franquista a descongestionar las cárceles en sucesivos indultos, que facilitaron la excarcelación de numerosas reclusas en régimen de libertad condicional, aunque también muchas dejaron la vida en ellas. Sin embargo, la presencia de las llamadas presas «posteriores», detenidas por delitos políticos cometidos después de la guerra —todos los derechos civiles habían sido suprimidos indefinidamente—, constituía una realidad diferenciada. Su vinculación a partidos o sindicatos era explícita: habían organizado una resistencia elemental contra el terrible régimen penitenciario, poseían una experiencia militante, estaban dispuestas para la acción y preparadas para resistir lo peor, y, de hecho, no podían reclamar los escasos beneficios penitenciarios existentes. «Anteriores» y «posteriores» coincidían en las mismas cárceles, pero las «posteriores» adquirieron prestigio y mayor autoridad derivados de su actividad reciente. No obstante se ganaron la hostilidad de las presas «arrepentidas» y colaboracionistas, que también existían[10]. Sin embargo, demostraban que algo se movía, creaban elementales estrategias de autodefensa y hacían posible la esperanza.

Regina García, diputada socialista encarcelada muy tempranamente en Ventas y reconvertida enseguida a la «verdad» de la ideología franquista, escribió un libro —Yo he sido marxista— demonizando a las que durante la guerra habían sido «marxistas». «Diariamente aparecían en las carreteras del extrarradio cadáveres que el populacho iba a contemplar y, en muchos casos, a escarnecer con saña mezclada, distinguiéndose en el deporte las mujeres, que a veces se convertían en verdaderas arpías contra los pobres muertos, a los que bárbaramente llamaban “besugos”». El calificativo de «arpías de barrio» daba cuenta del carácter monstruoso con el que Regina pintaba a las mujeres republicanas, con un sesgo claramente clasista, como cuando contaba que sus criadas la habían abandonado durante la guerra: «… se habían ido de milicianas, en busca de mejor sueldo, menos trabajo y mayor libertad, como habían hecho la mayoría de las fregonas»[11]. Mostraba, además, su animadversión contra las enfermeras laicas y republicanas, que, como ella, también estaban encarceladas en Ventas, ayudando cuanto podían a las demás reclusas. Del mismo modo que hacía con las milicianas, las calificaba de prostitutas:

De las milicianas y enfermeras, entre las que figuraban las pobres mujeres que en otros tiempos ofrecían sus favores en las calles, a altas horas de la madrugada, se decía que causaban más bajas entre los combatientes que las balas de los soldados nacionales, por falta de vigilancia nocturna y de carencia de toda moral.

Regina García ingresó en la cárcel de Ventas el 28 de mayo de 1939, reconociendo que aquello era un «almacén de mujeres» superpoblado. Pasó 21 días de aislamiento preventivo, y se abatió de tal modo que «hubo» de ser instalada en la enfermería, donde pasó todo el tiempo de su estancia carcelaria. Enseguida se posicionó entre las presas comunes y en contra de las presas «recalcitrantes» que controlaban su situación. Desengañada de «nuestros errores», Regina, junto a otras conversas, se dedicó a cortar el paso a los abusos y preponderancia de las internas «marxistas». Lo primero que hizo fue hablar con la directora de la prisión, Carmen de Castro, denunciando el dominio que las jóvenes comunistas ejercían en la cárcel, aunque no se le hizo mucho caso. Recurrió en sus denuncias a más altas estancias, con lo que aumentó el número de funcionarias y las comunistas fueron desplazadas de sus «destinos» en la prisión. En poco tiempo se reorganizó la vida en la cárcel, y Regina comenzó a impartir clases en la enfermería para una minoría de reclusas, con las que a veces se reunía también en la capilla del centro. Y allí desarrolló la tarea de su arrepentimiento, entrando en contacto con el capellán y con las damas de Acción Católica, que ejercían en la institución su apostolado, al tiempo que colaboraba en la revista oficial Redención. Hablaba con frecuencia con el capellán, que la convenció de que debía confesar y comulgar. Fue entonces cuando se produjo su «conversión» a la fe católica: «Señor Dios dentro de mí». En mayo de 1940 fue a consejo de guerra, que la condenó a 12 años de reclusión. Intensificó su vida religiosa, fue indultada y salió en libertad condicional el 14 de diciembre de 1940. Aun libre, su situación económica era de extrema penuria. No podía trabajar ni como maestra ni como periodista, pues antes había sido «depurada», inhabilitada. Comenzó entonces la segunda fase de su conversión religiosa, guiada por su director espiritual. Se retractó públicamente de los errores de su ideología pasada, y la felicidad entró, por fin, en su vida, volviendo a trabajar como periodista, esta vez al servicio del bien.

Regina García, ciertamente, había asumido plenamente la ideología de los vencedores, el discurso franquista[12]. Todo lo contrario de lo sucedido a Matilde Landa, con la que Regina coincidió en la cárcel, aunque era dirigente del Partido Comunista. Poseedora de una elevada formación cultural, Matilde organizó en Ventas una suerte de oficina en defensa jurídica de las reclusas. Fue condenada a muerte, pero le fue conmutada la pena, siendo trasladada después a la prisión de Palma de Mallorca. Allí fue presionada insistentemente por influyentes catequistas de Palma, que la visitaban con frecuencia para que se retractase públicamente de sus errores, a cambio de mejorar las condiciones de vida de sus compañeras reclusas. Matilde era una republicana laica por convicción y no se la podía calificar de «puta roja», por lo que se prefería su conversión: fue chantajeada constantemente, alternando el palo con la zanahoria, y el día anterior a la ceremonia que se había preparado para su bautizo público optó por suicidarse. Naturalmente, aquello se ocultó, explicándose oficialmente su muerte por una caída consecuente con una inexistente crisis epiléptica[13].

Aquellas catequistas mallorquinas no podían entender, no querían aceptar que una «persona de orden», de familia acomodada y de elevado nivel cultural, fuese comunista —no respondía al estereotipo fabricado de la roja— y se mostrase solidaria con el sufrimiento de los vencidos. Debían de creer que la causa de todo eso era el laicismo, el agnosticismo, y por eso estaban empeñadas en que fuese bautizada como primer paso para su completa reinserción social. La presión era tan terrible, que ella, coherentemente, resolvió suicidarse. De la misma textura hubo en las cárceles franquistas muchas presas políticas que quisieron y pudieron mantener su dignidad, fueron sumamente solidarias y lucharon cuanto pudieron contra el aparato penitenciario, manteniendo, e incluso aumentando, su legítimo orgullo. Pueden referirse multitud de casos paradigmáticos entre las enfermeras laicas y republicanas que, perseguidas implacablemente por el nuevo régimen y recluidas en las cárceles, suplieron con enorme eficacia las escandalosas deficiencias sanitarias en que todas ellas vivían. Siendo objeto de un trato duro, trabajaron contra la adversidad, militaron en el anonimato, pero se hicieron respetar por todos, o por casi todos.

LA OTRA REPRESIÓN

La obligada sumisión de la población vencida en la posguerra se llevó a cabo mediante el exterminio, la neutralización carcelaria o el exilio de centenares de miles de «desafectos» al nuevo régimen, y a través de la «otra represión» de las mujeres rojas o de las mujeres de los rojos. Dentro del marco de la doctrina nacionalcatolicista que se imponía —la Guerra Española había sido una cruzada bendecida por la jerarquía católica—, el espacio de la mujer se reducía al seno de la familia, donde había de cumplir con la imprescindible misión de garantizar la armonía del hogar y de «proporcionar hijos a la patria». Se diseñó un prototipo de mujer, siguiendo el modelo impuesto desde la escuela, por la propia Iglesia y por los medios de comunicación: la mujer debía ir convenientemente vestida, es decir, con mangas largas o al codo, sin escote, sin faldas largas, con vestidos amplios, de tal modo que no se señalara ni transparentara la anatomía corporal. Las mujeres jóvenes no debían ir acompañadas de hombres que no fueran de la familia y habían de abstenerse de las tentaciones del «mundo moderno»: el cine, el baile, la playa, etcétera.

La catequesis católica y la Sección Femenina de Falange tenían que formarlas en los supremos valores del pudor, la modestia, la entrega y la subordinación. La dictadura franquista pudo y quiso imponer un modelo de sociedad orgánica con una política de género regulada por una legislación civil que negaba a las mujeres cualquier forma de autonomía individual, al tiempo que las convertía en garantes de la moralidad familiar y social. Las mujeres quedaban relegadas al ámbito de lo doméstico. Desde el principio, el nuevo Estado se propuso restringir el acceso al trabajo de las mujeres, prohibiéndoles el trabajo nocturno, regulando el trabajo a domicilio y «liberando» a las casadas del taller y de la fábrica. Si el conjunto de la población carecía de derechos civiles, las mujeres debían vivir de un modo aún más restringido. A finales de 1939 se prohibió a la mujer inscribirse como trabajadora en la Oficina de Colocación, salvo que fuera cabeza de familia y mantuviera a ésta con su trabajo, si la familia se encontraba en apuros o si el marido estaba incapacitado; o si era soltera, sin medios de vida, y poseía un título que le permitiera ejercer una profesión concreta: farmacéutica, enfermera, profesora, maestra, secretaria, telefonista, taquimecanógrafa, dependienta, etc. Si estaba casada, el marido debía autorizar el que trabajase y tenía que ser el administrador de lo que ella ingresaba económicamente[14].

Se comprenderá que las grandes penurias y amenazas de la posguerra se cebaran especialmente en las mujeres de las clases trabajadoras y con antecedentes de desafección al nuevo régimen, muchas de las cuales eran viudas o sus maridos estaban ausentes o encarcelados, por lo que tenían que sacar a la familia adelante solas, contando con escasísimos medios y casi sin posibilidades de trabajar legalmente. De ahí que no pudieran adoptar el modelo de mujer oficialmente preconizado: debían buscarse la vida realizando tareas que a menudo bordeaban o se salían de la legalidad vigente. En muchísimos casos tenían que seguir siendo transgresoras de la moralidad pública y podían ser delatadas y detenidas por sus antecedentes políticos, lo que acentuaba su inseguridad y su marginalidad. Tenían que seguir siendo las rojas, transgresoras sociales o morales, lo que las hacía difícilmente redimibles para la nueva sociedad que se pretendía. Por ello estaban visiblemente vigiladas o controladas, y sus casas podían ser registradas en cualquier momento por la menor denuncia que la Policía recibiese.

Por no poder adoptar el modelo de mujer preconizado por el régimen, eran consideradas mujeres irredentas, pese a tener que vivir al límite de la supervivencia, calladas, resignadas y sin protestar nunca, aunque, quizá, nostálgicas de un pasado más prometedor, una nostalgia que debían guardarse muy dentro. El estricto modelo de la mujer española idealizada contribuía, por contraste, al mantenimiento del estereotipo de la mujer roja, ligado a una identidad desviada, antinatural e impura, que merecía las restricciones y los castigos que sufría, porque, «evidentemente», era incorregible. Por consiguiente, el estricto control de la conducta de la prototípica mujer española —virgen de soltera y casta de casada— hacía que muchos de los vencedores siguieran descalificando a las rojas o a las hijas de las rojas, aunque trataban en muchos casos de seducirlas y de obtener sus favores sexuales. Algunas de ellas, a quienes les habían incautado sus pertenencias, estaban en una situación límite, y a menudo recurrían al estraperlo a pequeña escala o, incluso, a la prostitución como meras estrategias de subsistencia. Porque, además, muchas tenían encarcelados a sus maridos, debiendo ser ellas las encargadas del mantenimiento de la familia, además de ayudar, enviar comida y visitar al marido preso (o padre o hijo), lo que hacía todavía más difícil sus vidas, pues necesitaban ganar aún más dinero. Aquellas mujeres debían sacrificarse sin fin, eran las putas rojas, porque su propio medio de vivir a menudo las colocaba fuera de la ley, en la marginalidad. El hecho de tener a un familiar cercano sufriendo prisión por delitos políticos las encasillaba en el amplio sector de la sociedad que el franquismo trataba de erradicar. La ausencia del marido las obligaba a asumir todas las responsabilidades de la familia, a encargarse del mantenimiento económico de la misma, y a cuidar a los hijos, lo que a veces resultaba prácticamente imposible. Llevaban razón los vencedores cuando afirmaban que las mujeres rojas tenían abandonados a sus hijos, por lo que éstos debían ser reeducados en centros y orfelinatos de carácter religioso o nacionalsindicalista. Debían llevar una vida que, por sí misma, ponía en cuestión las restricciones impuestas por el nuevo régimen al trabajo asalariado de la mujer. Cristóbal Escalona ha recordado el caso de una anciana de su pueblo:

Una mujer de Torremolinos iba todos los días andando a la prisión de Málaga, donde estaban presos sus tres hijos; los veía en el locutorio y les llevaba lo poco que podía. Llega un día que se encuentra con el petate de ellos, ya los habían fusilado. Esa mujer se fue al cementerio, al Batatar, y se encontró con que aún no los habían metido en la fosa general. Cogió las zamarras, las correas de los tres llenas de sangre, se las metió en el pecho, se vino andando, se encerró en su cuarto. No consintió aquella mujer tomar un solo buche de agua. Se murió[15]…

La ayuda de las mujeres a sus hombres encarcelados terminó llevándolas a la creación de redes de solidaridad, más o menos politizadas, y, desde luego, clandestinas. Según el testimonio de Carmen Casas:

No todas eran mujeres de partido, pero todas supieron qué hacer a la hora de apoyar al preso y, a su vez, hacerse cargo del peso de la casa, por el simple hecho de ser mujer de republicano que contaba con una familia extensa […] Se las trataba de cualquier manera: interrogatorios, indagaciones, registros domiciliarios […] La mujer estaba sometida a una vigilancia, porque esta mujer estaba viviendo una situación crítica, tanto económica como en el resto de los aspectos de la vida. ¿De dónde sacaba los medios? Querían saberlo para boicotearla. Si se sospechaba que esta mujer podía dedicarse al estraperlo iban a por ella […]. Constantemente la Policía o la Guardia Civil las ponía en su punto de mira para ver cómo cazarlas. Consideraban que la mujer de preso era una presa fácil, porque «si tú nos ayudas, tu marido puede salir antes de la cárcel»[16].

Carmen Muñoz Caraballo tenía veintisiete años cuando su marido fue asesinado el 27 de agosto de 1936, dejándola con una niña de trece meses. El primer problema que tuvo que afrontar fue encontrar dónde vivir, pues había quedado viuda, sin casa y sin nada. Hubo de irse a vivir a casa de la suegra y después se puso a trabajar. Trabajaba en el campo, pero al volver los hombres del frente después de la guerra ya no le daban «peonadas» y tuvo que dedicarse al estraperlo. Cuando comenzó a dedicarse al mercado negro, pasaba todo el día fuera de casa y no tenía tiempo de cuidar a su hija, que tampoco pudo asistir al colegio:

Era muy mala estudiante, porque, claro, mi madre no estaba nunca. Porque ella salía por la mañana en el tren de las ocho o de las diez, según el tren que cogía. Yo tenía que llevarle a Carrión [de los Céspedes], cargada de aceite, los garbanzos, lo que llevaba para vender.

La hija iba muy poco a la escuela, y la madre, cuando volvía, venía destrozada, pues había tenido que sortear la vigilancia de la Guardia Civil, y, además, ganaba poco, muy poco: «Comer para ir tirando, para ir tirando hasta que le dieran lo suficiente y otras veces para atrás. Ése era el plan. No ha sido muy buena la vida. Lo pasaba mal. Pasó la vida, pero la vida es así de pena». Cuando la cogían, la madre no tenía para pagar la multa y entonces la castigaban, estando tres veces en la cárcel y dejando a la hija abandonada[17].

La madre de Isabel Alba sufrió un acoso constante. Su esposo había sido encarcelado y fusilado al comienzo de la Guerra Civil, dejando a su mujer y a sus tres hijos en casa de su madre. La mujer, por tener al esposo encarcelado, sufrió la vergüenza pública de hacerse sus necesidades encima, tras haber sido obligada a ingerir aceite de ricino. Luego no tuvo más opción que dedicarse al estraperlo para alimentar a su familia y para llevarle algo a su marido a la cárcel. Como el estraperlo era una actividad prohibida, aunque tolerada cuando había grandes capitales de por medio, vivía en la tensión constante de poder ser detenida en cualquier momento[18]. La represión ejercida en este periodo iba también a poner en práctica el discurso de género promulgado por el franquismo, que exaltaba a la mujer española, hogareña y entregada a la familia, que destruía la imagen femenina de la mujer republicana, la cual ahora debía sobrevivir en los márgenes de la nueva sociedad, que no podía atender adecuadamente a sus hijos y que, a veces, debía recurrir al aborto clandestino, que estaba severamente penalizado: si era descubierta, la roja quedaba doblemente criminalizada.

La exaltación política de la maternidad excluía a la mujer roja, o a la mujer del rojo, que no podía garantizar la aceptabilidad socio-política de sus hijos por su forzada vida en la disidencia social. Esta disidencia, junto a la necesidad de ayudar a los maridos encarcelados o emboscados, llevó a algunas de ellas a formar redes de solidaridad con los presos, a organizarse clandestinamente, a politizarse en mayor o menor medida, como, por otra parte, hacían las que ya estaban recluidas en las cárceles. Naturalmente, esta politización era clandestina e implicaba altos riesgos represivos. Porque la única posibilidad legal que las mujeres españolas tenían de realizar alguna actividad político-social era a través de la Sección Femenina de Falange, que, instrumentalizada por el nuevo régimen, también proporcionaba «unas condiciones idóneas para el crecimiento y expansión de la red de organizaciones católicas femeninas que potenciasen actividades piadosas, cristianas y de carácter sacralizador»[19]. Todas esas organizaciones pretendían encuadrar, formar y movilizar a las mujeres españolas que no fueran manifiestamente desafectas al régimen, pero excluían, de hecho, a las que simplemente fueron mujeres de rojos, quienes, entre otras cosas, no podían asumir la política natalista del nuevo orden. No había, por tanto, problema por vejarlas, colocarlas en situación de extrema penuria económica, en torturarlas, violarlas, detenerlas, encarcelarlas, incluso en fusilarlas aunque estuviesen embarazadas. No podían ser buenas madres, porque, subalimentadas, no daban buena leche a sus hijos, porque eran portadoras del «virus marxista», que podían transmitir a su descendencia. Los hijos debían ser educados o reeducados internándolos en instituciones públicas, en colegios religiosos o en centros del Auxilio Social. Lo que significaba que la «represión sexuada» se extendía[20].

EL ARBITRARIO Y DISCRECIONAL RAPADO

La «represión sexuada» de las mujeres que eran o habían sido rojas continuó en la posguerra, incluyendo el rapado de pelo, la ingestión de aceite de ricino, el ritual del desfile callejero, especialmente en las últimas provincias en ser «liberadas» de la «dominación roja». En un pueblo de Castilla-La Mancha, los «jarritas», peluqueros de postín, cortaron el pelo a las mujeres consideradas rojas para que sirvieran de escarmiento público, dejándoles un mechón de pelo en el que les ponían un lazo rojo, lo que, al parecer, aumentaba la mofa; no se desaprovechó la ocasión de abusar sexualmente de algunas de las detenidas, especialmente si eran muchachas jóvenes que se habían señalado durante la guerra como milicianas en defensa de la legalidad republicana. El hecho más penoso lo sufrió Antonia Felipe: la exhibieron en un paseo público con los pechos al aire y cencerros colgados al cuello[21]. Hace años, Fernanda Romeu recogió el relato vivido de una joven que, al final de la guerra, tenía sólo quince años y que seguía viviendo en una aldea de la provincia de Ciudad Real. Su padre había sido combatiente republicano en Almagro, de donde se vino andando a su casa. Al día siguiente de su llegada, se presentó en el Ayuntamiento, como estaba ordenado, y allí lo dejaron, encerrado con otros. Los tuvieron bastante tiempo en una bodega: los falangistas los visitaban con frecuencia y los pegaban, les amenazaban con arrancarles el pelo a tirones, etc., y sus mujeres eran obligadas a limpiar todo lo que habían hecho los presos o les habían hecho.

Cogieron a ochenta mujeres del pueblo, entre jóvenes y viejas; mi abuela, por ejemplo, tenía setenta años. A mí me cogieron también por este cabrito que ya te he contado, se echó a correr detrás de mí cuando me vio pasar y empezó a gritar: «¡A ésa!, ¡a ésa!». Yo no paraba de correr, con lo canalla que era, hasta que me dijo que me iba a tirar con el fusil[22].

Era cosa de tener miedo. La cogieron y la llevaron a un salón que llamaban «La Pianola», donde había otras muchas mujeres:

Nos pelaron a todas y nos metieron allí juntas, y después nos dijeron que nos iban a dar aceite de ricino, y es verdad, porque yo vi las dos bombonas de once arrobas. Nos tuvieron el tiempo que les dio la gana y luego nos mandaron a casa. Al día siguiente teníamos que bajar al mismo sitio y nos tuvieron durante una semana peladas, dando vueltas al pueblo durante una hora y pico. A mí me cortaron el pelo sólo porque era hija de un rojo, así lo decían ellos. Y claro, todo viene por ello, porque te llamaban «las del rabo negro» […] Yo tenía miedo de bajar al pueblo al estar pelada, aunque te ponías un pañuelo en la cabeza. Y, claro, como yo era jovencita, si iba al baile, ¡pues fíjate! Además, si llevaba el pañuelo, los fachas del pueblo lo rompían delante de nuestra cara. Aquello fue verdaderamente para mí una tragedia, porque yo era muy joven, y entonces era un palo…

En la Guerra Española y durante la tenebrosa posguerra, las mujeres republicanas sufrieron humillaciones, violencias sexuales o no sexuales y marginalizaciones. Eran «humillaciones al margen de la legalidad», de la propia legalidad que se había implantado, convirtiendo los cuerpos de esas mujeres en verdaderos «campos de batalla», de batallas tanto físicas como simbólicas. Rapadas, purgadas, paseadas burlescamente por las calles, torturadas, violadas, la experiencia debió de ser brutal, por mucho que fuese luego silenciada, y, sin duda, contribuyó al proceso de fabricación de «la enemiga». La construcción de la figura de la enemiga republicana se hacía asociándola con arquetipos feminoides perversos, simbolizando alternativamente la desviación sexual y la degeneración, la transgresión del modelo idealizado de mujer, la virago, la hereje y la viciosa, la que permitía que la violasen, la que pertenecía a un grupo o colectivo subversivo[23]. Su cuerpo en la guerra y en la posguerra se convirtió en el receptáculo de la punición de delitos que tenían una dimensión sexuada y que podrían desencadenar una revolución político-social. Rapar, purgar, violar, vejar se añadieron al arsenal represivo utilizado contra todos los republicanos. Incluso aumentaron durante la posguerra, porque el fin de la guerra no era sino la explotación de la victoria sobre los vencidos: el enemigo había sido vencido, pero seguía existiendo, y no había que dejar que levantase cabeza.

El francés Fabrice Virgili ha subrayado que «el rapado es un acto de violencia entre semejantes que se desarrolla muy a menudo en el estado tejido de la comunidad rural o urbana, una violencia de proximidad, cuyo protagonismo se reconoce y de la que todos conservan en su memoria el quién es quién de los acontecimientos»[24]. Requiere el consenso social, que en España fue forzado, más que realmente consensuado, y el obligado silencio de la víctima, a menudo culpabilizada y hasta arrepentida y con la que nadie se atreve a solidarizarse. Entre el espectáculo de un escenario de impacto y el silencio de la mujer, que persiste mucho tiempo después e incluso para siempre, se sitúa, se construye y se conserva la memoria de aquella actuación, una memoria que en España no será nunca colectiva, porque se impondrá el olvido para siempre y para todos. ¿Pero se pudo olvidar? El rapado fue una violencia punitiva y sexuada, que atentaba contra la integridad de la mujer roja o republicana y que suprimía rasgos importantes de la identidad femenina: la belleza, la limpieza. La rapada aparecía a la vista de todos los que, con su presencia y jaleamiento, habían «consensuado» el castigo. De alguna manera, el público era cómplice de los verdugos, los cuales, por fervor o miedo, nunca eran denunciados o criticados, y mucho menos por los teledirigidos medios de comunicación. En el fondo, toda la colectividad lavaba su culpa soterrada con el silencio, olvidándose relativamente pronto de lo que, a simple vista, parecía que no había existido nunca.

En España, numerosas mujeres siguieron siendo rapadas en la posguerra, dentro y fuera de las comisarías, en los centros de detención, en las cárceles, o en la plaza pública. Los degradantes «desfiles de peladas» continuaban en las calles de los pueblos y ciudades de la nueva España como una forma de «marcar», degradar y deformar grotescamente a las consideradas enemigas reales o potenciales de la patria: una marca que, real y simbólicamente, las identificaba en la comunidad y las excluía, al tiempo que las integraba, por lo que de negativo mostraba en público. Los desfiles, en cierto modo, resultaban socialmente integradores, como también integraba en el nuevo orden el obligar a aquellas mujeres a presenciar, a veces, los fusilamientos de los condenados a muerte en consejos de guerra sumarísimos. Para los vencedores, eran, una vez más, las putas rojas, con las que estaba justificado cualquier abuso que se pudiese cometer con ellas, además de contribuir a mantener el miedo persistente entre los vencidos, tanto mayor cuanto más arbitraria fuera la violencia ejercida contra ellas.

Aunque las rapadas constituían un conjunto heteróclito de personas, el hecho de haber sido peladas tenía efectos similares en todas ellas: mostrarlas rapadas significaba desposeerlas de su integridad identitaria, desfigurándolas como una forma de exclusión violenta, de exclusión de la comunidad de las mujeres dignas de integrarse «gozosamente» en el nuevo orden establecido. Las rojas no eran auténticas mujeres, y muchas de ellas, por la difícil vida que habían de llevar, no lo serían nunca en el sentido que pretendía el nuevo régimen. Por eso, en el «dantesco desfile», la roja, que además iba medio desnuda, con el vestido desgarrado e inevitablemente sucia, daba una imagen de obscenidad que remitía a una sexualidad fantaseada, perversa y estigmatizada, con un cuerpo sucio, impuro y pecaminoso. La nueva-vieja sociedad se construía estableciendo estrictas codificaciones de identidades sexuales, la supremacía del varón-vencedor y el poder que tenía sobre el cuerpo de las mujeres-vencidas, destruidas simbólicamente y destinadas a sobrevivir día a día como pudieran: así se «mataba» cualquier disidencia femenina posible. Como ha dicho Maud Joly, castigarlas en un escenario público solía implicar una mayor desorganización de la familia, cuestión importante, considerando que en la ideología de los vencedores la familia cristiana constituía un elemento clave en la concepción organicista de la sociedad, cuyo eje fundamental debía ser la mujer, la madre abnegada, la santa esposa y la guardiana del hogar[25]. El discurso nacionalcatolicista sublimaba la centralidad de la madre en la transmisión de los valores tradicionales a los hijos, e implicaba realmente la obligada declinación, a veces violenta, de la mujer roja, reducida a la pobreza irredenta y a la incapacidad de educar adecuadamente a los hijos.

Aquella horrenda práctica servía también para legitimar el nuevo poder viril, que exigía el consenso oficial contra la mujer roja e idealizaba su contraimagen. Ante el dantesco desfile, el público se reía de la roja, se mofaba de ella, podía insultarla, amenazarla o apedrearla, tal si fuera un chivo expiatorio, por lo que de alguna manera se purificaba con ello. La exhibición punitiva de la «cabeza visible» del enemigo permitía, además, desacreditar a su hombre, justificándose su ausencia, su encarcelamiento y su ejecución. Por si fuera poco, la aniquilación psíquica de la mujer vencida significaba su obligada subordinación al nuevo orden sociopolítico, del que a menudo dependía económicamente a través de la asistencia benéfico-caritativa. La parálisis por el terror sufrido y la necesidad de subsistir al límite en una sociedad hostil anulaba en aquella mujer casi toda su potencialidad y, en consecuencia, aconsejaba el silencio a sus hijos, a los que transmitía su propio silencio autodestructivo: que no se metieran en política, que sólo se ocuparan de lo suyo, que respetasen la autoridad, que no cuestionasen al poderoso. De otro modo, todo le iría mal en la vida, como a ella misma. El castigo era retroactivo y trataba de lograr, y a menudo lo conseguía, la renuncia a los comportamientos transgresores y a los ideales del inmediato pasado, así como su completa sumisión al poder y al cumplimiento de la nueva normativa: casarse por la Iglesia, bautizar a los hijos, rezar el rosario, ir a misa, etc. Lo que, si no era suficiente, sí podía contribuir al logro de una mayor cohesión social. Todo lo contrario de lo que hacían las «recalcitrantes» que pasaban años en las cárceles y que resistían toda tentativa de degradación, humillación y vejación por parte de sus guardianes. Su silencio era solidario, se oponía a las normas establecidas, se rebelaba siempre que era posible, se autoorganizaba para poder seguir luchando y la mujer siempre ganaba en dignidad.

X. El retorno de lo reprimido

X. EL RETORNO DE LO REPRIMIDO

Maud Joly ha analizado en profundidad, y más allá de la casuística anecdótica, las violencias ejercidas sobre las mujeres republicanas durante la Guerra Española y la posguerra, violencias que implicaban la mutilación, la degradación, la vejación y la humillación de la identidad sexual de los cuerpos femeninos. Y ha prestado especial atención a las experiencias vividas por aquellas mujeres, consecuentes a la existencia de prácticas de violencia sexual inéditas, ejercidas en el territorio ocupado por los militares sublevados contra la Segunda República. Formaban parte de la «cultura de guerra» que aquellos militares desencadenaron para resolver, a través de la violencia y el sometimiento de sus antagonistas, el profundo y prolongado conflicto social que desde hacía tiempo enfrentaba a los españoles; una cultura violenta que, además de los métodos propios de cualquier guerra, mostraba resonancias de las prácticas surgidas en la guerra colonial de decenios anteriores, habida en territorio marroquí, de la memoria cercana de los acontecimientos revolucionarios de la Asturias de 1934, y tal vez también una huella del arsenal represivo del fascismo italiano de los años veinte o de la ultraderecha alemana. La «fabricación» del enemigo remitía a la existencia de una «cultura de confrontación» que se basaba en la necesidad del exterminio y degradación de todo lo antagónico, y que implicaba una singular dimensión sexuada, materializada en el castigo y el escarnio público de las mujeres que, al defender todo lo que parecía un progreso en la Segunda República española, eran consideradas «desafectas» al movimiento militar que pretendía un régimen políticamente autoritario y viril, con importantes connotaciones fascistas.

Sobre todo en la posguerra, el cuerpo de la mujer republicana representaba un verdadero frente, un frente político y también sexuado, en tanto era considerada desviada, violenta y amenazante para el nuevo orden sociopolítico y sexual que los militares sublevados pretendían imponer, retornando a la supremacía tradicional del varón y al sometimiento represivo de la mujer. Si inicialmente siempre fue una cuestión marginal, con el tiempo, el cúmulo de informaciones aparecidas en un sinfín de monografías locales sobre la represión franquista la han convertido en un tema esencial para la comprensión de la confrontación civil. Ahora se pueden explicar mejor las razones que llevaron a los militares sublevados a practicar de una manera generalizada la llamada «represión sexuada» contra las mujeres del bando enemigo. De tal manera que, ocasionalmente, pareció que esos militares luchaban contra un grupo de mujeres porque, conceptualmente, se oponían a lo que ellos pretendían conseguir con las armas. Y enseguida se percataron de que lo más vulnerable de aquellas mujeres eran sus cuerpos, unos cuerpos que podían degradar y deformar, desprendiéndolos de cualquier atractivo. Por eso los convertían en el receptáculo para el castigo de supuestos delitos, de unos delitos que eran más bien imaginadas transgresiones sociales y morales y que rara vez se fundamentaban en hechos probados. La punición tenía efectos retroactivos, coaccionaba preventivamente e inducía el uso de un comportamiento normativizado al modo tradicional, para escarmiento general y ejemplo de toda la población femenina. Las republicanas simbolizaban la desviación sexual y se presentaban con un potencial subversivo o revolucionario, por lo que debían ser vigiladas, neutralizadas y arrojadas al ostracismo más o menos represivo. Agredirlas suponía luchar indirectamente contra el grupo enemigo en su conjunto, sobre todo cuando sus hombres estaban ausentes, encarcelados o desaparecidos. Y precisamente por eso se las agredía, se las humillaba, se las silenciaba, se las torturaba, etcétera.

El rapar a la mujer republicana no era simplemente un epifenómeno, sino una experiencia vivida por la víctima, una intensa experiencia de género explicable en el marco de la represión franquista. La mutilación de un atributo físico tan grandemente sexuado como el cabello, que a menudo se acompañaba del afeitado de las cejas, era un ritual expiatorio visible para todos, aunque luego fuera negado u olvidado. El rapado apuntaba a la visible sumisión del cuerpo de la enemiga, reconquistado por medio de una violencia total, degradante, ritual y pública. Esta violencia espectacular se asociaba a la degradación pública del adversario en la inversión de la relación de fuerza. La mujer era rapada y luego paseada por las calles, exhibida en la plaza pública, delante de la iglesia, etc. La reapropiación pasaba por el recorrido visible del espacio público y por la demostración del dominio sobre el enemigo o la enemiga, representando simbólicamente las mujeres el grupo humillado. Y la «procesión dantesca» participaba en la implantación del terror a escala de una comunidad, significando el retroceso a un orden pasado: orden público y orden sexuado. Por otra parte, la ingesta forzada de aceite de ricino hacía que las mujeres perdieran totalmente el dominio del cuerpo, que se «ensuciaba» frente a la mirada del enemigo. A veces la exhibición de las mujeres rapadas se hacía ante la iglesia o en la misa, significando entonces una vuelta al orden moral, indicando la voluntad de recuperación de las mujeres, destinadas a plegarse a las nuevas normas dictadas por el nuevo régimen nacional. Con esta violencia se redefinían las fronteras entre la desviación y la norma, entre lo normativo y lo transgresor, entre la exclusión y la integración, entre el dominio y el sometimiento, en el seno de la nueva sociedad.

Estas mujeres también eran rapadas y purgadas en los cuarteles de Falange y de la Guardia Civil, territorios de la autoridad militar. Y algunas rapadas eran convocadas a un consejo de guerra. Frente a la justicia castrense impuesta por el enemigo, estas mujeres llevaban impresas en el cuerpo la falta, el estigma de la exclusión. Su presencia ante los tribunales militares hacía suponer que esta violencia era aceptada entonces como un procedimiento extralegal de represión de los civiles. Tampoco era infrecuente la presencia de las rapadas en el mundo carcelario. Pero la práctica de «marcación» de las mujeres se inscribía en una cultura de guerra más amplia: el radical desprecio por el adversario. Las mujeres del Otro eran excluidas temporalmente de la comunidad, sin posible rehabilitación[1]. La humillación de las mujeres republicanas encontraba sus dimensiones paroxísticas en la «reacción» de sus cuerpos tatuados, cuerpos afeados, cuerpos con carteles, con lazos para colgar banderitas de uno u otro color: era como una politización del carnaval.

Un informe publicado por la Cruz Roja Internacional en octubre de 1936 definió el rapado, la purga con aceite de ricino y las procesiones públicas como «estados de vejación personal a las mujeres», subrayando la percepción del empleo de prácticas singulares destinadas a la humillación de la identidad sexuada de las víctimas. En este documento, la degradación sexual de los cuerpos femeninos se entendía como una deshumanización y una anomia asociada a las prácticas de guerra. Se condenaba la construcción de un enemigo bárbaro y cruel; sobre todo se presentaban las escenas de rapado y purga como «verdaderas orgías colectivas». Explorar el sufrimiento de la población femenina era mostrar el carácter total del enfrentamiento, alentar a la opinión pública internacional, rechazar la consideración deshumanizada del enemigo[2]. Pese al referido informe de la Cruz Roja Internacional, los militares sublevados en España seguían rapando a las mujeres republicanas: raparlas era desposeerlas de su integridad identitaria, desfigurarlas, deformarlas, marcarlas y excluirlas real y virtualmente de la «buena sociedad» que se estaba construyendo. Daban una imagen degradada física y psicológicamente, una imagen de repugnante lubricidad, con los vestidos desgarrados y, a menudo, con los pechos al aire, así como de suciedad, por los efectos del aceite de ricino: se mostraban con el cuerpo semidesnudo, impuro y sucio. En esa sociedad, que se caracterizaba por el pudor de los cuerpos femeninos y por la estricta codificación cultural de los roles sexuales, el rapado público era un gesto que revelaba la voluntad de «matar» simbólicamente a la mujer del enemigo, castigando también a toda la familia y humillando a los hombres, que, aunque ausentes, recibían el relato de esos procedimientos. La dependencia psíquica y física de la víctima significaba para las mujeres vencidas su incorporación y su subordinación al nuevo orden puesto en marcha. La parálisis y el temor provocados por la agresión del rapado privaba de toda potencialidad de rebelión a unas mujeres que habían sido consideradas osadamente atrevidas, activistas. La punición era retroactiva, pero apuntaba a la corrección de los comportamientos transgresores, a la subordinación y al silencio. El rapado público era un ritual de sumisión social.

En algunos documentos se calificaba de «arma falangista» sobre todo la ingestión forzada de aceite de ricino, que limpiaba la impureza, que depuraba. Pero ¿quién rapaba a aquellas mujeres? Los testimonios han sido coincidentes: falangistas, guardias civiles, guardias de caciques locales, etc., aunque no lo hacían en cumplimiento de ninguna sanción penal, sino arbitraria y discrecionalmente, porque sólo era un castigo adicional. ¿Quién ordenaba hacerlo? Según Maud Joly, algunos documentos hacen referencia a directivas de las autoridades locales, con el natural consentimiento de las autoridades militares, dueñas de la situación en cada pueblo y ciudad. Sin embargo, los documentos son escasos: o no existían o se los ha hecho desaparecer. Espinosa Maestre ha presentado un documento que en determinadas circunstancias ordenaba el rapado de las mujeres rojas: el 20 de agosto de 1936, el alcalde de Moguer dio un bando mandando a todas las personas que, desde la «dominación roja», tuviesen en su poder objetos producto del saqueo de las iglesias, se presentaran en el Ayuntamiento en el plazo de 24 horas, «pues pasadas las cuales y teniendo en cuenta las confidencias recibidas y las denuncias presentadas contra algunos vecinos, se procederá a verificar registros domiciliarios con todas sus consecuencias, que serán para las mujeres el corte de cabello y la exposición a la vergüenza pública, y para los hombres el ser pasados por las armas»[3]. Estos castigos fueron en la guerra de abundante uso, llegándose en 1941 a la aberración de establecer como norma para todas las detenidas en la provincia de Huelva una fusión de las habituales medidas punitivas y las normas higiénicas recomendadas, ante la mala situación de la salud pública. La orden fue dada por el gobernador civil para que se aplicase el pelado y el purgante con aceite de ricino por indicación médica, como medida general, a cuantas detenidas incurriesen en actos de delincuencia contra la propiedad. La concreta especificidad de esta directiva gubernativa hace pensar que, aunque la práctica del rapado se estaba generalizando en todo el territorio nacional, su aplicación podía ser diferente según las situaciones que en cada localidad llegasen a presentarse y según el discrecional criterio de la autoridad gubernativa. Las variantes locales fueron numerosas, como en el caso de algún pueblo en que los hombres republicanos fueron obligados a rapar a las mujeres de sus propias familias o del mismo bando. De esta manera se humillaba doblemente al enemigo.

El rapado de pelo constituía un medio de reapropiación del cuerpo femenino por parte de los vencedores, tanto en el espacio público como en el carcelario. Considerado relativamente una práctica fascista y con antecedentes en la Alemania prenazi, desembocó en España en la creación de un suplicio sexual sin precedentes: se pretendía que la mujer roja diera una imagen de fealdad, descuido, suciedad y escasa feminidad. Con eso se conseguía su sumisión, operada por medio de una «combinación de toros, espectáculo y fiesta», la reconquista de los cuerpos de las mujeres rojas y la reapropiación de los «lugares simbólicos», convertidos en lugares de violencia represiva[4]. La exhibición pública de la mujer rapada situaba a ésta en el terreno de lo grotesco, de lo ridículo, de lo extravagante y de lo sucio, sin poder sustraerse a la mirada curiosa o inquisitiva de los otros, de los que contemplaban el espectáculo. Era un «aviso para navegantes», además de una práctica de represión sexuada, a través de la semiótica corporal, con una función doble: un castigo ejemplar y necesario para los vencedores y un modo de exclusión de la comunidad local o emocional para la mujer republicana. El suplicio de la humillación y exclusión se prolongaba para ésta, a la que a menudo se le prohibía cubrirse la cabeza, a la que se le forzaba a ir a misa, a barrer la iglesia, a limpiar las calles, etcétera.

Ángeles Carazo Cabezas residía desde antes de la guerra en Langa de Duero (Burgos). Con sus padres y ocho hermanos, vivía en una casita cercana a las vías del tren, de las que tenía RENFE para sus empleados. Su padre trabajaba en una cuadrilla de obreros en el mantenimiento de las vías, pero su temprano fallecimiento vino a empeorar la situación económica de la familia, ya de por sí precaria. Ángeles era la mayor, y la RENFE les proporcionó a ella y a su madre un trabajo de guardagujas, que compartían por turnos. No tenía militancia política alguna, aunque había participado en algunas manifestaciones a favor de la República, y por eso en plena guerra fueron a buscarla y la subieron cuesta arriba hacia el portal de un barbero, primo suyo. Iban cuatro o cinco chicas más: «Aún no nos conocíamos, pero después nos hicimos amigas. No sabíamos nada». No sabían lo que estaba pasando. Cuando volvieron a pasar por la misma calle, de vuelta, con sus cabezas rapadas, las casas estaban cerradas y las mujeres dentro, pero en cuanto pasaban salían a verlas de espaldas. Al día siguiente, Ángeles, que tenía que hacer un turno de guardabarrera, se puso un pañuelo a la cabeza, pero «unas chicas me denunciaron y me dijeron que tenía que ir a la iglesia». Allí se presentó; el cura le echó en cara que no llevara medias, pero la dejó ir… Pensaba con rabia que tenía que ir a trabajar todos los días con la cabeza pelona, y que, cuando daba paso a los trenes llenos de militares, debía esconderse detrás de la empalizada que había en el paso a nivel y esquivar desde allí las burlas y los insultos que le dirigirían desde el tren. Con frecuencia, llegaba un coche falangista desde otro pueblo, con sus camisas azules, y se llevaban a unos cuantos. No sabía si a ella la llevarían algún día. De momento, se limitaban a gritarles: «¡Rojas, putas! ¡Os tenemos que matar a todas!». Cuando comenzó a crecerle el pelo, se puso una gorra negra, pero de nuevo las muchachas volvieron e hicieron que se la quitara. Y cada día debía pasearse con la cabeza descubierta, porque tenía que ir a diario a cobrar el jornal. Nunca supo por qué se la trataba de aquella manera, hasta que un día recordó que el cura del pueblo, que era el que mandaba junto al alcalde, le reprochaba que no fuera a confesarse y que tampoco fuera a misa. Ángeles creía que tenía que ver con su pelado. Negada como mujer, la roja servía, por contraste, para la exaltación de la mujer nacionalcatolicista, que encarnaba el estereotipo idealizado. El público contribuía como antítesis a una construcción de una nueva identidad femenina que constituía el eje fundamental de la nueva-vieja familia española y del orden asocial del yugo y las flechas. No era un simple arreglo de cuentas, porque tenía un alto valor simbólico, el valor de un castigo expiatorio que favorecía la adhesión social al nuevo régimen político impuesto.

De entrada, el modo más simple de humillar a las mujeres consideradas republicanas, o a las mujeres de los republicanos, consistía en señalarlas con menosprecio y prepotencia, calificándolas de «putas rojas» y de inferior condición, mostrándose incapacitadas para la autodefensa. Se habían atrevido a subvertir el orden natural de las cosas, habían querido ser más que madres y esposas, y, lo que era aún peor, se habían puesto el mono miliciano, se habían vestido de hombres y habían usado armas, queriendo ser como los varones. Al insulto, al menosprecio y al estigma marginador se había añadido, agravando su situación, el corte de pelo, la purga con aceite de ricino, el paseo público, arriesgándose además a ser torturadas, violadas, encarceladas e incluso ejecutadas. Y casi siempre la expropiación de sus pertenencias y propiedades, la falta de trabajo, la ausencia del marido, el tradicional proveedor de la familia, y el forzado abandono de los hijos las llevaban hasta el límite de la supervivencia. En la España nacional, junto al rapado del pelo, el aceite de ricino hecho ingerir a las mujeres se fue convirtiendo en un suplicio sexual, un suplicio que las escarnecía públicamente, recordando de alguna manera los viejos desfiles inquisitoriales. En este sentido, Maud Joly ha dicho que aquella sumisión de la mujer que el nuevo régimen estaba intentando era como una especie de carnaval en el que todos se divertían, como en una fiesta, a costa de la vejación de las mujeres estigmatizadas. Era una peculiar manera de reapropiarse de sus cuerpos femeninos, de los que los vencedores estaban empeñados en eliminar cualquier idea progresista inducida por la Segunda República. El rapado y la purga apuntaban a la miseria visible de la mujer «enemiga», a la que se pretendía destruir, ya que no cambiar, por medio de una violencia total, degradante y ritualizada públicamente. La sublevación militar buscaba desde el primer momento el monopolio de la violencia y de la autoridad sobre un pueblo de hombres y mujeres que querían ser libres y convertirse en ciudadanos de una república de trabajadores, apoyándose para ello en los poderes políticos y eclesiales tradicionalmente dominantes.

En los pueblos y ciudades de la España «liberada» por los militares sublevados, bendecidos por la Iglesia como caballeros cristianos, las mujeres «infieles» podían ser fácilmente rapadas y exhibidas para escarnio público; también podían ser vejadas, pero ya como «delincuentes marxistas femeninos». Si las seguían sacando en aquellas «dantescas procesiones» era para provocar el terror entre la comunidad que estaba obligada a presenciarlas; pero no sólo eso, sino, además, para provocar la burla en los espectadores, al verlas como mujeres «caídas», desfiguradas y desgraciadas. Los rapados también se efectuaban dentro de las comisarías, en los cuartelillos de Falange o de la Guardia Civil y en las propias cárceles, contribuyendo a mostrar el poder que ostentaban los nuevos dueños de la situación sobre unas mujeres vencidas, indefensas, aparentemente sumisas y rehenes de ese nuevo orden público y sexuado. Los nuevos caballeros cristianos, salvadores de la civilización occidental, se cebaban con las esposas y madres de los milicianos republicanos, que aún podían combatirles e incluso matarles en la guerra o en las posteriores guerrillas, y por ello disfrutaban convirtiéndolas en víctimas de las experiencias más degradantes y humillantes. Las utilizaban sin escrúpulos y, sin duda, las hacían sufrir, aunque oficialmente dijeran que sólo trataban de redimirlas a través del sacrificio del dolor y de la práctica forzada de la religión, así como reeducarlas políticamente, con la imposición de las nuevas ideas. Dentro o fuera de la cárcel, las mujeres rapadas estaban obligadas a cantar el Cara al sol, a hacer el saludo fascista, a homenajear la bandera monárquica o falangista y casi a venerar el retrato del caudillo Franco, que estaba presente en todas partes. Así se daba una tosca cobertura ideológica de lo que realmente era una burla, una fiesta represiva. El suplicio, a veces, se prolongaba por tiempo indefinido: a algunas mujeres se les prohibía cubrirse la cabeza pelada, o se las pelaba de nuevo cuando el pelo comenzaba a crecer y, desde luego, el rapado y la purga con aceite de ricino continuaron durante la posguerra, aunque ya algunos ideólogos franquistas advertían del desprestigio internacional que esas repelentes prácticas podían suponer. Ya no eran las tropas de asalto legionarias o marroquíes las que agredían indiscriminadamente a toda mujer que encontraban a su paso, violándolas si venía al caso. Habían desaparecido de los frentes de batalla y ya no había botines de guerra que obtener. La violencia no era ya un arma de la soldadesca de las tropas mercenarias, sino algo más sistematizado y programado con la ayuda de los asesores de la Gestapo, como se ha visto en algunos casos. Pero se seguía violando en la Dirección General de Seguridad, en las comisarías de Policía, en los centros de detención falangistas, en los cuarteles de la Guardia Civil, e incluso en las cárceles, con tanta o mayor impunidad que antes. Los nuevos dueños del poder sabían que toda estructura jurídica del orden público estaba en sus manos y a su servicio: las rojas, a menudo rapadas, podían seguir siendo violadas sin ningún problema, aunque a veces la violación formaba parte de la tortura científicamente aplicada.

Una noche, hacia las dos, va a aparecer una señora de treinta años y muy bonita. Va a salir por la ventana y se va a ver casi desnuda. Nos va a pedir socorro. Cuando abrió la puerta me di cuenta de que era la mujer del exalcalde republicano de Estés (Lérida). Su marido estaba encarcelado y condenado a muerte… Resulta que un falangista la había violado. Mi madre, que le hacía la comida a su marido y a algún preso —por estas fechas la decían «La Roja»—, la va a vestir con su ropa y le recomienda que se vaya del pueblo. Se fue a Lérida y no fue molestada más[5].

Probablemente, la violación había sido el desahogo festivo de algunos policías, sin pretensiones de obtener de ella confesiones o delaciones.

¿ROJAS O DISIDENTES?

Las autoridades franquistas mostraron variadas actuaciones y actitudes represivas: detenciones individualizadas, cárceles, castigos, consejos de guerra, vejaciones, fusilamientos, etc. Fueron realizadas, a menudo, sin distinción de género, pero en las mujeres hubo unas connotaciones específicas y diferenciadas con respecto a los varones por haber transgredido el modelo de mujer católica, tradicional, dócil y casera que pretendía el nuevo régimen, producto de una cultura machista que otorgaba a la mujer un papel secundario, meramente instrumental, en la familia[6]. Para ella, como ya se ha citado con reiteración, se inventaron castigos ejemplarizantes. Por lo general, eran mujeres anónimas, sencillas, poco instruidas y, sin embargo, eran calificadas de marxistas, peligrosas extremistas, de moral dudosa o que se habían manifestado simplemente en contra de los que se habían sublevado. Sin embargo, sólo eran las esposas, madres o hermanas de quienes habían combatido en la guerra en el bando republicano. En su mayoría se dedicaban a las tareas domésticas, así como a las tareas estacionales en la agricultura, y la edad, por elevada que fuere, nunca constituyó atenuante o eximente alguno por los delitos de los que habían sido acusadas.

Una mujer de Granada, de sesenta años, simplemente no pudo cometer los crímenes o delitos por los que había sido condenada a muerte porque no estaba en Granada cuando ocurrieron esos sucesos, sino en su pueblo de origen, donde varias personas «de orden» avalaron su buena conducta pública y privada. Y así lo reconocía la sentencia: «No fue probada su participación en el asalto y saqueo del cuartel de la Guardia Civil». Y, sin embargo, fue condenada a muerte, aunque la pena luego le fue conmutada. De cualquier modo, pasó demasiado tiempo en diferentes prisiones, sin enterarse jamás de los delitos que supuestamente había cometido[7]. Más escandaloso fue el caso de Águeda Rodríguez, La Niña del Disloque, residente en un pueblo de la provincia de Sevilla y que con veinte años de edad fue condenada a muerte por el delito de rebelión militar, aunque luego le fuera conmutada la pena por la inmediatamente inferior. En la sentencia se insistía en que la joven portaba armas, vestía de miliciana e incitaba a los jóvenes milicianos para que detuvieran y fusilasen a personas «de orden». Estuvo condenada a muerte desde abril de 1937 hasta enero de 1938, cuando se le conmutó la pena de muerte, avalada por numerosos informes que la presentaban como persona de muy buena familia y que siempre había dado muestras de una profunda religiosidad. Sólo la arbitrariedad podía explicar estas divergentes actitudes de los tribunales militares, cuyas sentencias solían ser inapelables. En muchos casos, sobrevivir era una cuestión de suerte, sobre todo en el caso de las mujeres, ya que se tenían en cuenta, más que los propios hechos, los juicios de valor que habían efectuado los que inicialmente las habían delatado.

Por el contrario, las mujeres que eran rapadas, incluso sin ser condenadas, lo eran por ser consideradas rojas o mujeres de rojos, pero ni siquiera era preciso acusarlas de nada, ni probar nada, en la mayoría de los casos: no habían sido penadas por ningún tribunal militar ni acusadas por nadie, sino que simplemente habían sido reclutadas en la calle o en sus casas por bandas de falangistas o guardias civiles que ni siquiera se molestaban en tomarles declaración. Simplemente se trataba de dar un escarmiento público, aun sin que nadie las hubiese denunciado y sin que ningún tribunal las hubiera condenado: el parecer roja era suficiente para divertirse, al tiempo que las degradaban. No era demasiado raro que aquellos jovencitos falangistas disfrutasen con vejar sexualmente a unas mujeres que, en algunos casos, podían haber sido sus madres, o que en condiciones normales habrían sido por completo inaccesibles. En definitiva, era el mero disfrute del poder por parte de quienes creían ostentarlo con todos los apoyos institucionales. Las mujeres podían ser rapadas, pero no por ello perdían necesariamente su libertad, aunque la vergüenza sufrida les hacía permanecer encerradas en sus propias casas. Cuando salían, la marca las identificaba y seguían siendo objeto de burlas y mofas por parte de un público que se divertía con la desgracia ajena o que, simplemente, quería demostrar que era afecto al régimen, aunque hasta entonces hubiera parecido todo lo contrario. La reacción psicológica de la rapada era la de una cierta parálisis psíquica, entreverada de paranoia: se imaginaba que todo el mundo sabía lo que le había pasado, que todo el mundo hablaba de ella y que ni siquiera podía fiarse de la propia familia. No siempre era cierto, aunque, en el fondo, la experiencia había sido compartida por mucha gente y, de un modo u otro, había quedado grabada en el inconsciente colectivo de toda la población. Entonces lo mejor era callar, no hablar de aquella desagradable experiencia, retraerse sobre sí misma.

Si se conseguía «olvidar», era el método más sencillo de invalidación social. De hecho, las rapadas quedaban marcadas en la memoria de mucha gente, que, conscientemente o no, las presionaba negativamente. Esa marca señalaba la diferencia entre los vencedores y las vencidas, y quedaba establecida por mucho tiempo en la mente de mucha gente, aunque casi nadie se quisiera acordar después de aquellos actos de barbarie casi medieval. Los verdugos, que al principio alardeaban en público de lo que hacían, se sentían después agobiados y decidieron callar para siempre. Afortunadamente para ellos, no han quedado huellas de aquella experiencia: nadie se había muerto de aquello, no hacían falta fosas comunes para enterrar las huellas, que eran sobre todo de orden psicológico. Y, sin embargo, la diferencia entre las vencidas —con el recuerdo de la cabeza rapada y una imagen obsesiva y sucia— y los vencedores —beneficiados de la victoria en la guerra— seguía existiendo, porque nadie consiguió «olvidar» lo que había pasado en este país durante la guerra y en la posguerra. Aún se sigue glorificando a los golpistas, y los curas siguen elevando a los altares a los mártires de la patria mientras más de 100 000 españoles continúan desaparecidos y sus cadáveres, no identificados, permanecen esparcidos en fosas comunes, no todas localizadas, dispersas por el territorio nacional. Esta total diferencia, que aún se da entre muchos de los descendientes biológicos e ideológicos de los combatientes de ambos bandos, hace pensar que aquellos «dantescos desfiles», que visualizaban negativamente la imagen de las «sucias y putas rojas» frente a la imagen arrogante de los vencedores-verdugos, no han sido realmente olvidados, puesto que continúan interiorizados en el imaginario colectivo de una población que, sobre todo durante la guerra, fue radicalmente escindida para satisfacción de los limpios y «santos» vencedores. Los rojos quedaron por mucho tiempo con la semilla de la disidencia, una disidencia frenada y resignada por tiempo indefinido.

Persistía la marca psíquica de la disidente roja, heredera de aquella otra física que la había visualizado como una mujer fea y repulsiva, escarnecida públicamente, sucia, desarrapada y medio desnuda. Perpetuaba la diferencia la triunfante imagen de los que habían ganado la guerra, una diferencia entreverada por la desigualdad —económica, política, moral y religiosa— entre unas y otros. El discurso franquista exhortaba una y otra vez a la forzada unión de todos los españoles, pero mantuvo siempre la diferencia entre buenos y malos, entre españoles y antiespañoles, unos antiespañoles que debían ser buenos si querían ser aceptados plenamente por los demás. Era un discurso patriarcal que pretendía proteger a toda la población civil, sobre la base del sometimiento y la invisibilidad social de las mujeres, incluidas las pertenecientes al bando vencedor, las cuales fueron paulatinamente disintiendo con el papel subalterno que les habían adjudicado y que las situaba eternamente en la inmovilidad del hogar, en el vano romanticismo amoroso, en la renuncia a todos los placeres de la vida, en el rancio rezo del santo rosario. Para lograr el propósito franquista de que la mujer fuese la simple guardiana del hogar, al cuidado de todos, había que reducirla violentamente al silencio, especialmente si era o había sido roja, reprimiéndola de un modo persistente y con rigor.

Pero no sólo a ellas; también había que constreñir la vida de la chica perteneciente a una familia «de orden», restringir su libertad, reglamentar sus costumbres, formarla espiritualmente, educarla en los principios de la Sección Femenina y de la Acción Católica. Si se la preparaba para ser virgen hasta el matrimonio, un matrimonio que había de ser casto e interminablemente monótono, era necesario acallar todo afán de rebeldía y de vivir su propia vida, sometiéndola al poder del padre, del marido e incluso del hermano mayor, con la inestimable guía espiritual del confesor. Para el nuevo régimen, el papel de la mujer tradicional era imprescindible para el logro de una mujer que supiese dar armonía al hogar y que fuera la base para una nueva familia cristiana, que, junto al Sindicato Vertical y el municipio, debía ser un pilar principal en la construcción del nuevo Estado. En definitiva, tanto por la forzada reeducación de la roja, siempre díscola, sobre la base del sobreesfuerzo y el sufrimiento impuesto, como para formar adecuadamente a una nueva mujer española, de familia acomodada y de derechas, que debía saber sacrificarse por los demás y olvidarse de sí misma, hacía falta miedo, mucho miedo: miedo al castigo político para unas, y miedo al Demonio en las buenas muchachas de derechas. De modo que, para someter permanentemente a gran parte de la población española, el Estado franquista debía producir miedo, sin bajar la guardia nunca y con la interminable ayuda de la jerarquía católica, que por ello obtenía sustanciosos privilegios. De conseguirlo, la Ciudad de Dios de san Agustín podría reconstruirse en España, hija predilecta del papa.

Por el contrario, muchas mujeres republicanas realizaron un reaprendizaje, con la consiguiente y aparente corrección de sus malas costumbres, y en muchos casos para ello hubieron de ingresar en las cárceles, donde eran reeducadas políticamente y donde aprendían la doctrina cristiana, aunque de un modo obligado y fingido: antes de obtener la libertad condicional, por ejemplo, debían saber los fundamentos de la religión católica, y, por lo menos, tendrían que repetir el Padrenuestro siempre que fuera requerida a ello. Lo que siempre hacían, pues París bien valía una misa. El ingreso en aquellas infectas prisiones no impedía que pudiesen ser «rapadas», sobre todo en los primeros tiempos: también en la cárcel debían llevar el estigma del pecado como indicativo del castigo expiatorio que habían merecido. Lo que no aceptaron las presas políticas, ni aun en las primeras cárceles, era la suciedad y la uniformidad de imagen que había que respetar obligatoriamente. La administración de la cárcel, donde a menudo faltaba agua para el lavado de tan elevado número de personas, a las que tampoco se les facilitaban los medios mínimos para mantener la higiene íntima, no pudo impedir que ellas se duchasen a diario, incluso con agua fría y tras interminables colas.

Para ellas, la limpieza corporal era una condición primordial para no perder su condición de personas, para evitar que se siguiesen mofando de ellas. Además, desde el primer momento se autoorganizaron, se repartían la comida de que disponían, se reunían para hablar de política, para discutir sobre temas culturales, y hasta representaban obras de teatro. Muchas de ellas aprendieron a leer y a escribir, estableciendo redes de solidaridad y de comunicación con los que estaban fuera, a través de intercambios de comida, de ropa y de información. Hubo incluso cárceles en las que, de un modo artesanal, producían y distribuían sus revistas de contenido político, sin que los responsables de las cárceles fueran capaces de neutralizar toda aquella estructura organizativa que funcionaba subrepticiamente y por debajo. Mantenerse limpias, escrupulosamente limpias, y bien vestidas dentro de su natural modestia, era un principio importante, con el que sentían neutralizar la brutalidad del régimen penitenciario. A menudo, las consideraban rebeldes, «recalcitrantes» e incluso más temibles que los hombres, pero con el tiempo se fueron haciendo necesarias para apuntalar las deficientes estructuras carcelarias y para lograr que aquellas cárceles funcionaran medianamente bien, porque ellas, desde «sus destinos», controlaban los puntos clave de dichas estructuras. De modo que se ganaron la admiración y el afecto del común de las presas, incluso el respeto de las funcionarias y de las monjas, neutralizando eficazmente la labor de zapa de las colaboracionistas y de las infiltradas por la Policía.

A mediados de los años cuarenta, las autoridades penitenciarias se empeñaron a toda costa en uniformizar al máximo a todas las reclusas, como un modo de destruir su individualidad, homogeneizando la vestimenta y eliminando cualquier adorno o detalle personalizado. Cuando en 1947 llegaron a la cárcel de Segovia los nuevos uniformes para todas las reclusas, fueron aceptados a regañadientes, porque además estaban mal confeccionados, las tallas no eran las adecuadas y los repartieron discrecionalmente las monjas. No obstante, ellas, mediante habilidosos arreglos, lograron que aquellos uniformes no les impidieran mostrar su fuerte personalidad, y aparecieron pendientes, cinturones, pañuelos, etcétera.

No éramos un número, éramos personas y queríamos demostrarlo. Éramos presas políticas y no queríamos perder nuestra personalidad. Ir bien arregladas, diferentes, era una obsesión para nosotras, una consigna que cuidábamos[8].

Precisamente, la transgresión en el modo de vestir trató de ser controlada y castigada. En el penal de Segovia se escribieron en el Libro de Órdenes unas disposiciones destinadas a la liquidación de cualquier signo que pudiera expresar la identidad de las presas políticas a través del vestido, del peinado o de cualquier otro complemento del atuendo. A tal fin, el director ordenaba a todas las funcionarias del centro penitenciario adoptar las «medidas precisas» para

imponer a la población reclusa la más absoluta sencillez en el vestuario y en el peinado; prohibiendo, sin excepción, el uso de prendas como blusas, jerseys, etc., cuando sean de colores chillones o llamativos, debiendo procurar que tales prendas sean blancas o de tonos poco diferenciados del blanco. Las cintas y lazos que se usen para sujetar el pelo habrán de ser de color negro, prefiriéndose el cordón a la cinta. Los collares y pendientes excesivamente largos o de tamaño exagerado serán igualmente prohibidos. En resumen, es preciso que la presentación exterior de todas las reclusas esté en perfecta armonía con la seriedad exigida por un establecimiento penitenciario[9].

Por otra parte, afectaba igualmente a cabellos o peinados, haciéndose una significativa distinción según las edades:

A todas las mujeres que ingresan en prisión, si son menores de cuarenta y cinco años, se les cortará el pelo, dejando media melena al objeto de combatir con mayor eficacia la presencia de parásitos. Iguales medidas se adoptarán con las internas a las que se les imponga el correctivo de reclusión en celda.

El argumento antiparasitario era de risa, pues carecía de razón alguna: ¿acaso las mayores de cuarenta y cinco años estaban inmunizadas contra pulgas y piojos? Se trataba de algo distinto y acorde con todo el sistema de sumisión penitenciario: una mujer joven debía ser desposeída de cualquier atractivo, no se pertenecía a sí misma, sino al cautiverio, a la cárcel. Si las presas jóvenes amoldaron vestidos y guardapolvos a sus cuerpos para realzarlos, fue tras largas tensiones y humillaciones aparentemente poco importantes, pero que en el mundo pequeño de la prisión adquirían un significado relevante: amonestaciones y ridiculizaciones públicas, o sanciones que en un momento determinado podían acarrear graves consecuencias.

Aunque nunca perdieron su condición humana, las presas se hallaban desposeídas de todos sus derechos y, por el contrario, estaban expuestas a todo tipo de humillación por cualquier actitud o gesto insignificante, y aun la enfermedad o la muerte podían advenirles en cualquier momento, dadas las pésimas condiciones higiénicas de las prisiones. Sin embargo, estaban en posesión de una cierta agresividad, de una potencialidad que podía ser muy eficaz: la facultad de no coincidir con el objetivo y los medios del poder carcelario, lo que les daba la libertad de no aceptar la situación, a no ser a la fuerza; de no consentir la estructura moral penitenciaria, de no permitir la destrucción de la identidad ética que les había llevado al encierro. Muchas defendían esa facultad con energía, pero también muchas no pudieron resistir más la presión y se dieron por vencidas[10]. Su fuerte era recurrir al propio reglamento instituido por las autoridades penitenciarias, que frecuentemente incurrían en arbitrariedades y contradicciones, que las presas no estaban dispuestas a pasar por alto: eran las primeras en exigir que se cumpliera estrictamente ese reglamento penitenciario, lo cual les daba una fuerza que chocaba a menudo con los planteamientos de los funcionarios, cuyos comportamientos eran a menudo más arbitrarios que normativos.

De manera que, paradójicamente, las reclusas políticas estaban bien organizadas en las cárceles, se sentían fuertes y con la sensación de cumplir una misión de solidaridad, dentro y fuera de las prisiones. Por el contrario, las que no estaban en la cárcel o habían permanecido poco tiempo en ella podían sentirse mucho peor, viviendo en una libertad condicional que implicaba periódicas presentaciones en las comisarías, registros domiciliarios, molestos interrogatorios sobre sus familiares, preguntas sobre la educación de los hijos y, lo que era el colmo, indagaciones sobre cómo podían sobrevivir con tan escasos medios económicos. Se sentían solas, aisladas, en una sociedad que les era hostil y en la que no se podían fiar ni de sus propios vecinos. Les faltaba el apoyo solidario, la conciencia de algo que tenía sentido político y, además, tenían la responsabilidad de sacar sus casas adelante, unas casas en las que solía faltar el varón. Como debían buscarse la vida como fuese, andaban todo el día fuera de casa, por lo que, por muy «reformadas» que hubieran salido de la cárcel, volvían a ser individuas de moral dudosa y malas madres, incapaces de criar y educar a sus hijos de manera adecuada. No es que no quisieran, es que realmente no podían, hasta el punto de que algunas de ellas hubieron de solicitar el internamiento de sus hijos más pequeños en los orfelinatos que, sin cortapisas, les ofrecía el nuevo régimen, en colegios del Auxilio Social, de Falange o religiosos. Y se llegaba, a veces, a la tremenda paradoja de que esos hijos que habían permanecido lejos de sus madres y educados de manera opuesta perdían todo vínculo afectivo con sus familias.

De nuevo, aquellas mujeres se mostraban socialmente inmorales, aunque no se podía negar que el ambiente de la calle, con una población en su mayoría hambrienta y sin trabajo, era en sí mismo inmoral. Aunque aquellas mujeres habían salido de las cárceles reeducadas y recatolizadas, no podían adoptar el modelo de mujer políticamente impuesto y habían de seguir viviendo como siempre habían vivido, o peor que antes, dado que la situación económica era bastante más precaria. En marzo de 1942, una Junta de Saneamiento Moral, de las muchas que se crearon en toda España para combatir la inmoralidad pública, emitía su primer informe:

El aspecto moral del municipio, en términos generales, es deficitario, por la anulación de las buenas costumbres familiares y de convivencia social; por falta de arraigo de sentimientos católicos, que alcanzaban su cumbre en la costumbre de blasfemar y en la existencia de algún amancebamiento; consecuencia, en gran parte, de la doctrina materialista que en los tiempos de la República de dominación marxista se produjo absolutamente y prendió en este vecindario[11].

En este mismo escrito se informaba de que los peores actos de inmoralidad se cometían en las fábricas donde las mujeres se reunían para trabajar y, posiblemente, para demostrar las disconformidades —por sus vidas como mano de obra— con el nuevo régimen, que restringía la libertad de expresión, de denuncia y de asociación. Y es que, pese a las restricciones que se imponían al trabajo de las mujeres fuera del hogar, éstas debían trabajar porque lo necesitaban realmente, ellas y sus familiares.

Pero si el control moral de la sociedad (modestia en el vestir, evitación de las tentaciones del cine, del teatro, del baile o de la playa, culto a la virginidad, castidad matrimonial, etc.) afectaba a todas las mujeres, se sobreañadían factores aún más negativos en las mujeres, que, además, debían seguir soportando la violencia institucionalizada por sus antecedentes políticos, el acoso continuado, la vejación cotidiana, el menosprecio de las gentes y, sobre todo, la pobreza; pudiendo ser en cualquier momento detenidas, arrestadas, rapadas y hasta encarceladas, aun sin haber realizado ningún acto que pudiera ser considerado un delito, o simplemente por haber cogido la fruta de un árbol. Y, sin embargo, trataban algunas de ellas de superar el sufrimiento cotidiano saliendo de su aislamiento social, reuniéndose con otras mujeres en su misma situación, formando redes de solidaridad y de ayuda a los presos, e incluso militando en algún grupo o partido clandestino, con el consiguiente riesgo, y eso a pesar de estar en la mayoría de los casos en libertad condicional, es decir, vigiladas por la Policía. Dorotea Sánchez Gijón era una mujer vitalista, abierta de carácter y con un lenguaje muy castizo. Ingresó en la cárcel a los dieciocho años, acusada de un delito de auxilio a la rebelión, de haber sido enfermera en el batallón de una brigada republicana y de haberse casado con un capitán del ejército popular. Recordaba muy bien cómo había sido denunciada:

Muy joven me quedé sin madre. Y mi tía nos puso a servir. Y entré en casa de un militar. El señor intenta entrar, pero yo no le dejo. A los pocos días comentó que yo era una mujer roja en un sitio público, y un falangista me denuncia[12].

Estuvo 17 días en las Salesas, pero tuvo suerte, porque «no me tocaron». Sin embargo, fue condenada a 20 años de reclusión, por el único hecho probado de haberse vestido de miliciana y de ser la esposa de un capitán del ejército enemigo.

A medida que avanzaba la década de los años cuarenta, los «informes de conducta» que emitía la Falange, la Guardia Civil y el alcalde de la ciudad donde residía la estigmatizada como roja se referían cada vez menos a la inmoralidad pública, que aparecía ligada siempre a las mujeres, a unas mujeres que llevaban una vida de pobreza, casi de miseria, claro indicador de su original condición de «vencidas», aunque difícilmente se las podía acusar de un delito de rebelión militar, aunque sí de injurias a la autoridad. En una causa seguida en Córdoba, a finales de 1942, contra Teodora Cobo y Juliana González por injurias a unos guardias civiles, se hizo constar que la primera era madre de un fusilado en los primeros días del Movimiento y que también su hermano y un cuñado habían sido asesinados. De Teodora se decía en el «informe de conducta» que se comportaba mal en general, que su vida era completamente opuesta a los principios de moralidad, «ya que a sus propias hijas incita y aconseja a que se busquen la vida de la forma más oscura a fin de llevar dinero, careciendo de antecedentes en lo que respecta a su actuación en el Glorioso Movimiento Nacional»[13]. No era posible condenarla por rebelión militar, y, de hecho, las dos no salieron muy mal paradas.

Tanta represión era ya anacrónica para el mismo régimen, que se negaba a evolucionar. Y, con el paso del tiempo, aquellos informes apenas hacían referencia a hechos sucedidos en la pasada Guerra Civil, al tiempo que se aludía mucho más a comportamientos propios de mujeres de baja extracción social —«gentuza»— que mostraba un modo de vivir propio de pequeñas contrabandistas y estraperlistas de poca monta, vendedoras ambulantes, gitanas y prostitutas ocasionales. Eran mujeres que, en todo caso, había que vigilar, controlar y sancionar si procedía, para que no inquietasen a las personas «de orden». Y, sin embargo, había muchas mujeres que aún seguían con la «marca psíquica» de rojas, que eran militantes que luchaban sacrificadamente, que eran detenidas con frecuencia, pero que ya no pasaban por los tribunales militares, sino por otros, como el llamado Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. De un modo u otro, la vigilancia se mantenía siempre, perpetuando la sumisión de gran parte de la población que había sido vencida, para tranquilidad de los vencedores, que tenían asegurados los beneficios de la victoria franquista y que reaccionaban con extrema violencia contra todo aquel que luchara para arrebatarles el poder.

PUNTO Y SEGUIDO

En 1962, especialmente en los meses de abril y mayo, una ola ininterrumpida de huelgas se extendió por gran parte del país, dando lugar a la mayor explosión de conflictividad a la que se había enfrentado el régimen franquista desde el fin de la Guerra Civil. La minería asturiana fue la que llevó la iniciativa en un movimiento que se difundió pronto por gran parte del territorio nacional y que afectó a miles de trabajadores. Los conflictos de 1962 comenzaron por unas reivindicaciones laborales en la mina Nicolasa, donde varios trabajadores pretendieron trabajar a jornal y no a destajo. Fueron sometidos a expediente por su bajo rendimiento, y ese expediente dio lugar al despido. Prendida la llama del conflicto, tuvo lugar un enorme movimiento de solidaridad con los despedidos, que se extendió rápidamente por toda la cuenca minera asturiana y que saltó a otras provincias españolas. El día 17 de abril fueron los mineros de la cuenca del Nalón, el 18 la huelga se extendió al valle del Aller, y el día 23 se sumó la mina gijonesa de La Camocha. En el mes de mayo fueron rebasados los límites de la minería, y la huelga se expandió a numerosas fábricas y talleres de la industria siderúrgica, a los astilleros y a muchas empresas de la industria auxiliar[14]. El movimiento parecía imparable.

Desde el momento en que se iniciaron las huelgas, las mujeres de los mineros y demás trabajadores intervinieron activamente en ellas, de tal manera que, por su actuación, los conflictos duraron hasta el mes de junio. La Policía ya había actuado, al mando de un comandante de la Legión, con una extraordinaria dureza represiva, no consiguiendo otra cosa que extender el movimiento de solidaridad. Al final, el gobierno tuvo que enviar a su ministro más sonriente, José Solís, que demagógicamente pactó con los mineros una elevación exagerada de los salarios, sin tener en cuenta la inflación que después se iba a producir. Pero, de momento, la paz volvió a las cuencas mineras y desaparecieron las huelgas, aunque no por ello la Policía dejó de actuar buscando a los responsables, deteniéndolos, torturándolos e incluso deportándolos fuera de sus regiones de origen. La situación volvió a ser cada vez más tensa y el movimiento huelguístico reapareció en la misma zona al año siguiente. Lo que inicialmente había sido una protesta aislada de carácter social se transformó en un conflicto político de gran envergadura que, alentado y propagado por el PCE, llegó a socavar los cimientos del régimen. La marea huelguística y las manifestaciones y concentraciones de protesta se fueron extendiendo por toda España. Entre abril y mayo de 1963, hubo 356 detenciones de mineros, muchos de los cuales fueron encarcelados durante varios meses, deportados, sus domicilios registrados y sus mujeres acosadas policialmente.

Dada la rígida censura de la prensa española, controlada y dirigida por el gobierno franquista, los españoles nunca supieron con certeza, salvo por emisoras extranjeras, lo que estaba sucediendo en Asturias, más que muy a posteriori, por rumores o por notas oficiosas publicadas en los periódicos por completo afectos al gobierno. La huelga afectaba a más de 100 000 trabajadores y comenzó a inquietar a algunos intelectuales que, ingenuamente, pretendieron dialogar con miembros del gobierno para enterarse de lo que estaba sucediendo y hacer de mediadores para la resolución del conflicto: entre ellos se encontraba Camilo José Cela, que, después de contactar con algunos ministros, hizo mutis y no volvió a aparecer en cuestiones relacionadas con el conflicto minero. Hubo nuevos contactos de otros intelectuales con el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que actuaba como portavoz del gobierno y que alardeaba de cierto aperturismo dialogante. Pero no se supo nada del resultado de aquellos diálogos. En octubre de 1963, un amplio grupo de intelectuales españoles, preocupados por las noticias llegadas a Madrid por diversos conductos sobre las torturas y las brutalidades que se estaban produciendo en las personas de varios mineros detenidos y sus esposas, intentó contactar con el ministro. Fraga puso en conocimiento del Consejo de Ministros el estado de la situación de la cuenca asturiana y la creciente preocupación de muchos intelectuales españoles. No se sabe qué se decidió en torno a aquel asunto en el Consejo de Ministros, pero sí que, como consecuencia del mismo, fue retirado del servicio el capitán legionario que dirigía la represión.

Ante este hecho, que parecía constituir una cierta comprensión del gobierno y, tal vez, el cese de las brutalidades policiales, ese grupo de 102 intelectuales, de variadas tendencias democráticas, decidió, el 2 de octubre, por propia iniciativa, dirigir un escrito al ministro Fraga Iribarne, rogándole les informara de las presuntas actividades del referido capitán de la Legión en tierras asturianas. Entre los firmantes estaban los intelectuales de mayor prestigio en la España de entonces: Vicente Aleixandre, Pedro Laín Entralgo, José Luis de Aranguren, Enrique Tierno Galván, Manuel Sacristán, Josep Fontana, Fernando Chueca, José Bergamín, Pablo Serrano, Joaquín Molas, Alfonso Carlos Comín, Gabriel Celaya, Carlos Barral, Ángel González, Jesús López Pacheco, Manuel Caballero Bonald, Leopoldo de Luis, Jordi Carbonell, Jaime Gil de Biedma, Salvador Espriú, Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Martín Patino, Joan Oliver, Juan Goytisolo, Juan García Hortelano, Juan Marsé, Daniel Sueiro, Alfonso Grosso, Ignacio Aldecoa, Antonio Saura, Manuel Millares, Faustino Cordón, etc. El escrito llamaba de nuevo la atención de V. E., trasladándole el testimonio de espontáneos corresponsales asturianos sobre los hechos producidos en Asturias, y refiriéndose en detalle a 10 casos concretos. Entre ellos, la muerte del minero Rafael González, de treinta y seis años, a consecuencia de los malos tratos recibidos en la inspección de Policía de Sama de Langreo; la castración del minero Silvino Zapico, que tuvo que ser hospitalizado, y el corte de pelo al cero a su esposa; el maltrato y corte de pelo de Anita Braña y Constantina Pérez Martín, cuyo marido estaba siendo torturado en la misma comisaría que ella.

Son hechos, excelencia, que, de ser comprobados, cubrirían de ignominia a sus autores, ignominia que también nos cubriría a nosotros en la medida que no interviniéramos para impedir que tales vergonzosos actos se produzcan[15].

La carta terminaba pidiendo a Fraga que se investigaran los hechos denunciados.

Con fecha de 3 de octubre, Fraga Iribarne respondió al anterior escrito con otra carta, dirigida a uno solo de los 102 firmantes, concretamente a José Bergamín, vuelto del exilio no mucho tiempo antes. Después de referirse a las orquestaciones propagandísticas puestas en marcha por el comunismo internacional y descalificar a los corresponsales espontáneos, Fraga desmentía rotundamente la veracidad de los casos que se le habían expuesto. Y terminaba con el siguiente párrafo:

Parece, por otra parte, posible que se cometiese esa arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y a Anita Braña, acto que de ser cierto sería realmente discutible, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable, pero cuya ingenuidad no dejo de señalarle, pues es claro que la atención que dicha circunstancia provocó en torno a su persona en manera alguna puede justificar una campaña de truculencia como la que se orquestó. Vea, por tanto, cómo dos cortes de pelo pueden ser la única apoyatura real para el montaje de toda una «leyenda negra» o «tomadura de pelo», según se mire[16].

Por cierto, que Fraga no estaba entonces muy bien informado al nombrar a las dos mujeres que habían sido «peladas» en Asturias: Constantina Pérez y Anita Braña, que era realmente Anita Sirgo, cuyo esposo, Alfonso Braña, fue bárbaramente torturado en la misma inspección de Policía en que a ella se le golpeó y se le cortó el pelo. Y resulta que Anita Sirgo aún vive; tiene ochenta y dos años y manifiesta su indignación cuando ha escuchado los elogios póstumos al exministro de Franco, y refundador del Partido Popular, tras su reciente muerte:

Que ahora quieren ser muy demócratas. Cuando oigo en la tele lo bueno que fue, digo: «Madre mía del alma, que digan que fue una buena persona, tanto como hizo, tantos palos que nos llevamos simplemente por defender nuestros derechos, los de los mineros, y nuestra libertad»[17].

Anita Sirgo tiene muy buena memoria histórica. Ha contado muy vivamente su experiencia en aquella fatídica noche en que fue «rapada» a la fuerza. Con su amiga Constantina, estaban en los calabozos de Sama. «Primero llamaron a Tina, y después vinieron a buscarme a mí. No la vi, la guardaron porque venía hecha un Cristo». Cuando entró en el despacho del capitán de la Legión, le enseñó la foto del líder comunista Horacio Fernández Inguanzo. Le preguntaron si lo conocía y ella lo negó. Ante cada negativa, «hostia que va y hostia viene». También negó conocer a otros camaradas: «Cuanto más decía que no, más palos». El interrogatorio no cesaba. Después la amenazaron con «cortarme el pelo y la lengua al rape». Le cortaron el pelo con una navaja mientras seguían preguntando, «y me iban arrancando mechones, lo que me obligaba a levantarme del asiento por lo que me dolía». De vuelta al calabozo, se reencontró con Tina, «que no podía ni hablar». A ella y a su compañera les ofrecieron «salir con una pañoleta sobre la cabeza para que no se viera el pelao, pero nos negamos a que el pueblo no supiese lo que nos habían hecho». Ante esta negativa, Anita fue trasladada al gobierno civil de Oviedo y, desde allí, a la cárcel. Así ha contado Anita Sirgo las torturas que sufrió, a las que Fraga restó toda importancia, encontrándolas más que explicables.

El mismo 2 de octubre de 1963, Salvador de Madariaga, Dionisio Ridruejo y Julián Gorkin enviaron al ministro de Información español un telegrama, manifestando su adhesión al escrito firmado por los 102 intelectuales. Asimismo, 46 intelectuales, escritores y artistas españoles residentes en el extranjero envían otro escrito en que

[…] se niegan a aceptar las tendenciosas y falaces explicaciones dadas por el ministro de Información y Turismo en forma de carta dirigida a uno de los firmantes y llaman una vez más la atención sobre la absoluta falta de objetividad y de decoro que reviste la información en España, impidiendo que los españoles puedan conocer hechos de suma gravedad y violando constantemente los derechos humanos fundamentales.

Entre los firmantes figuraban: Rafael Alberti, María Teresa León, Max Aub, Fernando Arrabal, Ignacio Fernández de Castro, Nicolás Sánchez de Albornoz, Manuel Tuñón de Lara, Xavier Oteyza y Aquilino Duque. Extrañado José Bergamín de que Fraga le hubiese escrito sólo a él, como si fuera el representante de los 102 firmantes, le escribió otra carta personal al ministro:

[…] de todas sus afirmaciones, digo que confieso que me sorprende la que usted hace tratando de justificar el hecho posible de que la fuerza pública maltratara a una mujer trabajadora, infringiéndoles esa atroz afrenta de señalarlas cortándoles el pelo, que es un infamante atentado a la dignidad moral humana. Su comentario humorístico a este hecho para desvirtuarlo, suponiéndolo cierto, a mí me espanta.

Con fecha de 31 de octubre, un grupo más amplio de intelectuales, entre los que figuraban la mayoría de los que firmaron la primera carta, más otros nuevos, envían al ministro de Información un nuevo escrito, mostrándole su extrañeza por el hecho de que únicamente le hubiera respondido al señor Bergamín.

En su respuesta, V. E. reconoce como posible que se cometiese la arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y Anita Braña, agregando que, de resultar cierto semejante acto, sería realmente discutible, aunque la sistemática provocación de estas damas a la fuerza pública hacía más que explicable, pero cuya ingenuidad no deja V. E. de señalar. Es evidente que el hecho de cortar el pelo a dos mujeres difícilmente puede conciliarse con el calificativo de ingenuidad que V. E. añade a guisa de comentario. Un acto de tal naturaleza nos parece a todas luces infamante y motivo suficiente para que en cualquier país civilizado y libre se exijan responsabilidades criminales a sus autores. Por otra parte, parece muy poco probable que este acto de violencia física y moral no fuera precedido o acompañado de otros malos tratos o coacciones[18].

Y también señalaba la carta, como prueba de la falta de libre información existente en España, que gracias a diversos «corresponsales espontáneos» y servicios informativos extranjeros, se había tenido noticia de la reciente detención y procesamiento de varios intelectuales por motivos políticos, entre ellos los señores Pradera Cortázar, Sánchez-Mazas Ferlosio, Sánchez Dragó, Ferrer Sama, Matesanz, Sánchez Gijón y De Lucas Matilla. A los 102 intelectuales firmantes de la primera carta se añadía en la segunda gente muy prestigiosa: Ana María Matute, Juan Antonio Bardem, Francisco Fernández Santos, Antonio Tàpies, Eugenio de Nora, Rafael Santos Torraella, Joan Fuster, Ángel Fernández Santos, Xavier Rubert de Ventós, Cirici Pellicer, Alfredo Mañas, Ernest Lluch, José Luis Abellán, Pío Caro Baroja, Víctor Erice, Aguilera Cerni, Maurici Serrahima, Josep Benet, Eusebio Sempere, Jaime Salinas, etc. El 30 de octubre, un grupo de miembros de la autotitulada «izquierda falangista», encabezada por Luis González Vicen, envió un escrito a José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, refiriéndose a la famosa polémica entre los 102 intelectuales y el señor Fraga. En ese escrito se decía, entre otras cosas:

[…] estamos perfectamente de acuerdo en que, si unos españoles conocen o creen saber de la existencia de ciertos actos delictivos, deben denunciarlo al margen de su condición de intelectuales, y deben hacerlo porque el silencio en este caso derivaría en complicidad y ocultación intolerable… Sin poderlo evitar y por decisión superior, han sido publicadas tanto la denuncia como la contestación. Si las denuncias son falsas, si no ha habido tales muertos u ofensas a la dignidad humana, ¿cómo lo puede saber el pueblo español? En estos momentos habrá en el país quien dé crédito a la enorme acusación encabezada por el señor Bergamín, o habrá quien se la dé al señor ministro de Información… Entre tanto, se han dicho cosas terribles. Se ha acusado a unos miembros concretos de la Fuerza Pública de asesinar, de castrar, de maltratar física y moralmente a unos trabajadores españoles, cuyas filiaciones políticas nunca servirán de justificación a los atropellos. Si la denuncia es falsa, suponemos que se dará cuenta de las medidas adoptadas contra los denunciantes, pero, hasta ahora, lo único sabido es que a unas pobres mujeres que no dudamos puedan ser hirientes, molestas y hasta incitadoras a la rebeldía, se les ha hecho cortar el pelo. Pensamos que este acto, reconocido expresamente por el señor ministro de Información, resulta un claro atentado contra la dignidad humana, nada a propósito para que haga sobre él comentarios jocosos quien ostenta autoridad.

El 10 de noviembre, el Consejo Federal Español, que representaba al Movimiento Europeo, y que presidía Salvador de Madariaga, hizo otra declaración en París en solidaridad con los intelectuales, escritores y artistas españoles que habían interrogado al gobierno español sobre las violencias y malos tratos que habían acompañado la represión de las recientes huelgas mineras de Asturias, haciendo un llamamiento a la opinión pública europea sobre el comportamiento agresivo y despótico del gobierno, que había respondido a la correcta y justificada pregunta de los intelectuales con una campaña de prensa insultante y amenazadora y con diversos actos de coacción y persecución, entre otros la apertura de diligencias para procesar a los firmantes como reos de un delito de propaganda ilegal. A su vez, a mediados de noviembre de 1963, 110 escritores, universitarios y artistas franceses firman una declaración en apoyo de los intelectuales españoles: Michel Leiris, Christianne de Rochefor, Maurice Nadeau, Margarite Duras, Robert Marrast, Claude Couffon, Michel Butor, Francis Jeanson, Andrè Breton, Colette Audry, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Roy, Pierre Emmanuelle, Pierre Henry Simon, Simone Signoret, Jean Cassou, Alain Resnais, Robert Gallimard, Claude Lefort, Nathalie Sarraute, Luc Estang, Theodore Monod, Louis Aragon, Elsa Triolet y Jean Marie Le Clezio. Asimismo, un grupo de 60 destacados profesores, escritores, artistas, sindicalistas, etc. norteamericanos, hispanoamericanos y españoles, en carta pública, solicitaban la investigación de los malos tratos y torturas inflingidos a los mineros asturianos: Pablo Casals, Arthur Miller, Walter P. Reuther, Federico de Onís, Robert Alexandre, Sidney Hook, Ramón J. Sender, etc. Y, finalmente, 42 profesores, escritores y artistas ingleses mostraron el 19 de noviembre su apoyo a los intelectuales españoles: A. J. Ayer, Angus Wilson, J. B. Priestley, Fred Hoyle, Frank Pierce, Michael Olangy, Peter Shafer, Arnold Wesker, Herbert Read, etc. Pocos días antes, Fraga Iribarne había escrito una carta a José Luis Aranguren, dando fin a la polémica y mostrándose cerrado a cualquier nuevo diálogo con los intelectuales españoles. Poco tiempo después, José Bergamín volvía, de nuevo, al exilio.

Dado lo anteriormente expuesto, cabe la siguiente pregunta: ¿es que los vencedores de la Guerra Civil Española seguían mandando despóticamente en España? Es más, sus descendientes biológicos e ideológicos aún hoy pretenden ostentar el monopolio interpretativo de aquella guerra, impiden por todos los medios la recuperación de la memoria histórica y no parece importarles que todavía haya más de 100 000 republicanos «desaparecidos», cuyos cadáveres, aún sin identificar, yacen en fosas comunes, no todas localizadas y esparcidas a lo largo y ancho del suelo de la que siguen considerando su España. De este modo, las heridas de la Guerra Española, 73 años después, siguen estando abiertas.

Enrique González Duro

1 de febrero de 2012

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Notas

[1] L. Elio, Soledad de ausencia. Entre las nubes de la muerte, Pamplona, Pamiela, 2002, pp. 27 ss. <<

[2] Ibidem, p. 37. <<

[3] Ibidem, p. 45. <<

[4] Ibidem, p. 81. <<

[5] D. Sueiro y B. Díaz Nosty, Historia del franquismo, t. I, Madrid, Sarpe, 1992, p. 234. <<

[6] Nota citada por I. Martín Jiménez, La guerra civil en Valladolid (1936-1939), Valladolid, Ámbito, 2000, p. 223. <<

[7] P. Sánchez, Individuas de moral dudosa, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 91-95. <<

[8] Ibidem, pp. 94-95. <<

[9] Ibidem, p. 99. <<

[10] Á. Egido León, El perdón de Franco, Madrid, Catarata, 2009, p. 185. <<

[11] Ibidem, p. 124. <<

[12] Ibidem, p. 127. <<

[13] F. Sevillano Calero, Rojos, Madrid, Alianza 2007, p. 53. <<

[14] Citado por T. Flores e I. Gil Basterra, Araba en 1936: guerra y represión, Vitoria, Arabera Kultur Taldea, 2006, pp. 285-286. <<

[15] A. Vallejo Nágera, «Investigaciones psicológicas en marxistas delincuentes femeninos», serie «Psiquismo del fanatismo marxista», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra 2 (mayo 1939). <<

[16] M. Nash, Rojas, Madrid, Taurus, 2006, pp. 90-91. <<

[1] A. Vallejo Nágera, art. cit. <<

[2] «Retrato ejemplar de una raza», editorial de Y, Revista de la Mujer Nacionalsindicalista (febrero 1938). <<

[3] C. de Ycaza, «Quehaceres de María y de Marta en la España Nueva», Y, Revista de la Mujer Nacionalsindicalista (marzo 1938). <<

[4] Trabajo de E. Jardiel Poncela, recogido en F. Sevillano Calero, op. cit., pp. 109-112. <<

[5] Citado por F. Sevillano Calero, Rojos, op. cit., p. 112. <<

[6] Ibidem, p. 112. <<

[7] M. Donaire Pozo, Raíces de la esperanza, Sevilla, Fundación del Monte, 1995, libro ampliamente comentado por P. Sánchez, op. cit., p. 250. <<

[8] Caso citado por P. Sánchez, op. cit., p. 255. <<

[9] Caso citado por P. Sánchez, op. cit., pp. 252-255. <<

[10] F. Casares, «Las mujeres nacionales en la retaguardia roja», Y, Revista Nacionalsindicalista para la Mujer (junio 1939). <<

[11] E. Neville, «Margarita Nelken o la maldad», Y, Revista Nacionalsindicalista para la Mujer (octubre 1938). <<

[12] Ibidem. <<

[13] L. Elio, op. cit., p. 82. <<

[14] Testimonio de J. Pérez Yagüe, «Cintruénigo», que estuvo disponible en www.labezmorro.info/afan1936 (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[15] A. Domingo, Retaguardia, Madrid, Oberon, 2004, pp. 248-254. <<

[16] L. Cabasés, Noticias de Navarra, 15 de agosto de 2010. <<

[17] M. Joly, Represión «sexuada» y memoria: las republicanas rapadas por los franquistas durante la guerra civil y el primer franquismo, Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. <<

[18] A. Brossat, Les tendues; un carnaval moche, París, Manya, 1992, p. 205. <<

[19] M. Joly, «Represión sexuada y memoria: las republicanas rapadas por los franquistas durante la guerra civil y el primer franquismo», en www.historiacritica.org. <<

[1] N. Moreno Medina, La ciudad silenciosa: II República y represión franquista en Calatayud (1931-1939), Calatayud, 14 de Abril, 2008, p. 126. <<

[2] M. C. Rivero Noval, Política y sociedad en La Rioja durante el primer franquismo (1936-1945), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002. <<

[3] P. Escobal, Las sacas, Vigo, Ediciones do Castro, 2005, pp. 137 ss. <<

[4] C. Gil Andrés, Lejos del frente. La guerra civil en La Rioja alta, Barcelona, Crítica, 2002, p. 217. <<

[5] Testimonio de José de Marcos Villuendas, recogido por C. Gil Andrés, op. cit., pp. 202-203. <<

[6] Caso recogido por C. Gil Andrés, op. cit., pp. 117-118. <<

[7] Caso recogido por E. Pons Prades, Las escuadras de la muerte, Barcelona, Flor del Viento, 2006, pp. 109-110. <<

[8] A. Ruiz de Vilaplana, Doy fe…, Barcelona, Epidauro, 1977, p. 199. <<

[9] P. Laguna Guinea, «Represión, exilio y olvido de una familia republicana», Historia de la memoria, en www.todoslosnombres.org. <<

[10] L. Castro, Capital de cruzada. Burgos durante la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2002, p. 257. <<

[11] Informe de M. Torres, recogido por L. Castro, del curso de verano «Mujeres republicanas en la memoria», Universidad de Salamanca, julio de 2008. <<

[12] O. Castán, «Violencia de guerra», en www.represionfranquistavalladolid.org/?_Orosia-Castan-3 (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[13] L. Castro, Capital de cruzada. Burgos durante la guerra civil, cit. <<

[14] Á. Montoto, «Salamanca: así fue el terror franquista», Interviú 127 (octubre 1977). <<

[15] P. Preston, Holocausto español, Barcelona, Debate, 2010, pp. 289-290. <<

[16] A. Domínguez et al., «La mujer en el vórtice del terror: golpe de Estado, represión y guerra (Galicia, 1936-1939)», en www.nomesevoces.net/web/media/documento/texto_conferencia_perpignan.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[1] N. Jorquera, El País (Andalucía), 11 de marzo de 2010. <<

[2] C. C. Jiménez Aguilera, «Represión franquista en Écija. 1936-1945», La represión franquista en Andalucía, Memoria del Baix-Llobregat, edición extraordinaria, año 7, n.º 11 (2011), en www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento525_0.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[3] J. Gavira Gil, En busca de una historia oculta: la guerra civil en Marchena, Sevilla, Asociación Dignidad y Memoria, 2007, p. 76. <<

[4] J. Gavira Gil, «Las mujeres víctimas del tsunami sucedido en Marchena, durante el verano de 1936», en www.todoslosnombres.org. <<

[5] C. G. Ortiz de Villajos, De Sevilla a Madrid: ruta libertadora de la columna Castejón, Granada, Librería Prieto, 21-9-37, pp. 45-46. <<

[6] Citado por P. Preston, op. cit., p. 223. <<

[7] C. Muñoz, «Masacre fascista en El Arahal (Sevilla)», Interviú 91 (julio 1978). <<

[8] C. Muñoz, art. cit. <<

[9] R. García Galego, El hombre del saco, Sevilla, Diputación Provincial, 1998; citado por P. Sánchez, op. cit., p. 208. <<

[10] ABC de Sevilla, 25 de julio de 1936, recogido por I. Gibson, Queipo de Llano. Sevilla, verano 1936, Barcelona, Grijalbo, 1986, p. 175. <<

[11] ABC de Sevilla, 26 de agosto de 1936, recogido por I. Gibson, op. cit., p. 185. <<

[12] Recogido por M. Barrios, El último virrey: Queipo de Llano, Sevilla, Castillejo, 1990, pp. 180 ss. <<

[13] F. Romero Romero, «La represión fascista en la provincia de Cádiz», en La represión franquista en Andalucía, en www.memoria-antifranquista.com año 7, núm. 11, edición extraordinaria, 2011. <<

[14] J. Caballero Ragel, «Represión y fusilamientos en Jerez (1936-1939)», en https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/03/represic3b3n-y-fusilamientos-en-jerez-2.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[15] M. González, «Un nuevo significado para los viejos tiempos. Interpretación de la guerra civil y el primer franquismo en Conil de la Frontera», en www.todoslosnombres.org. <<

[16] F. Romero Romero, «Falangistas, leones y motines», Cuadernos para el diálogo (septiembre 2008). <<

[17] P. Preston, op. cit., pp. 206-208. <<

[18] F. Romero Romero, «Mujeres represaliadas en Torre Alháquime», en www.todoslosnombres.org. <<

[19] J. L. Gutiérrez Molina, «Carilanteras. Mujeres y franquismo en un pueblo andaluz», en www.todoslosnombres.org. <<

[20] Testimonio recogido por F. Romero Romero y P. Zambrano, «La represión fascista en El Gastor», en www.todoslosnombres.org. <<

[21] Testimonio recogido por A. Domingo, op. cit., pp. 40-41. <<

[22] F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo, Barcelona, Crítica, pp. 228 ss. <<

[23] Ibidem, p. 223. <<

[24] Ibidem, p. 225. <<

[25] J. M. García Márquez, trabajo en el libro editado por F. Espinosa Maestre et al., Violencia roja y azul, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 100 ss. <<

[26] J. M. García Márquez, La represión militar en La Puebla de Calzada (1936-1943), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007, p. 115. <<

[27] Ibidem, p. 117. <<

[1] P. Preston, op. cit., pp. 232-234. <<

[2] J. M. Lozano Nieto, A sangre y fuego, Sevilla, Almazura, 2006, pp. 220, 233-235. <<

[3] F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, Barcelona, Crítica, 2003, p. 24. <<

[4] F. Espinosa Maestre, «Golpe militar en Huelva», en La represión franquista en Andalucía, en www.memoria-antifranqusta.com año 7, núm. 11, ediciò extraordinària, 2011. <<

[5] L. Martín, «Mujeres represaliadas en Bollullos Par del Condado», en www.todoslosnombres.org. <<

[6] F. Espinosa Maestre, La guerra civil en Huelva, Huelva, Diputación Provincial, 31-9-97, pp. 437-438. <<

[7] F. Espinosa Maestre, Contra el olvido, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 4-6. <<

[8] A. Marín, J. Bernal y N. Nieto, La noche silenciada. Víctimas de la represión franquista en Aroche, Ayuntamiento de Aroche, Huelva, 2007, p. 112. <<

[9] Recogido por M. Velasco Haro, «Consecuencias de un espacio militar en la sierra sur de Sevilla y el noroeste malagueño», en La represión franquista en Andalucía, en www.memoria-antifranquista.com, año 7, núm. 11, ediciò extraordinària, 2011. <<

[10] E. Barranquero Texeira, «Malagueñas en la represión franquista», Historia actual on-line 12, 2007. <<

[11] Testimonio de Dolores, recogido por E. Barranquero Texeira, op. cit. <<

[12] Ibidem. <<

[13] F. Moreno Gómez, 1936: el genocidio en Córdoba, Barcelona, Crítica, 2008, p. 82. <<

[14] Ibidem, pp. 321-327. <<

[15] Ibidem, p. 231. <<

[16] A. Bedmar González, «El nacionalcatolicismo en Lucena y Montilla durante la guerra», en www.todoslosnombres.org. <<

[17] A. Bedmar González, República, guerra y represión. Lucena 1931-1939, Lucena (Córdoba), Ayuntamiento, 2010, p. 158. <<

[18] Ibidem, p. 156. <<

[19] Ibidem, p. 168. <<

[20] F. Moreno Gómez, op. cit., p. 278. <<

[21] F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo, cit., pp. 226-228. <<

[22] F. Moreno Gómez, op. cit., pp. 363-400. <<

[23] A. Martín, Martín, «Palma la roja: revolución y represión», en La represión franquista en Andalucía, Memoria del Baix-Llobregat, edición extraordinaria, año 7, n.º 11 (2011), en www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento525_0.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[24] F. Moreno Gómez, op. cit., pp. 211-219. <<

[1] F. Moreno Gómez, op. cit., pp. 623 ss. <<

[2] «Guerra Civil española en la provincia de Córdoba», extraído de Wikipedia. <<

[3] L. López Romero, «Joaquín Pérez Salas y la batalla de Pozoblanco», editado por Consejo Local de Izquierda Unida de Pozoblanco (Córdoba), en http://www.geocities.ws/pozobatalla/batallapozoblanco.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[4] Ibidem, p. 57. <<

[5] «Fosa de Pozoblanco. Córdoba», en Mapas de fosas de víctimas de la guerra civil y la posguerra en Andalucía, en www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/memoria-democratica/fosas/mapas-fosas.html (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[6] R. Gil Bracero, Revolucionarios sin revolución, Granada, Universidad de Granada, 1998, p. 28. <<

[7] Ibidem, p. 40. <<

[8] Testimonio recogido por C. Rueda Parras, Del tiempo del silencio al tiempo de la palabra. Mujeres republicanas de Jaén, Jaén, Instituto de Estudios Jienenses, Diputación Provincial, 2008. Puede consultarse en www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion96_1.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[9] Ibidem. <<

[10] M. Sala, «Mujeres de rojos, vidas silenciadas», El País, 23 de octubre de 2011. <<

[11] L. Prieto Borrego, «Mujeres y anticlericalismo. La justicia militar en Marbella, 1937-1940», Historia actual on-line 12 (2007). <<

[12] Ibidem. <<

[13] Ibidem. <<

[14] Ibidem. <<

[1] P. Sánchez, op. cit., pp. 50-60. <<

[2] Ibidem, pp. 65-66. <<

[3] Ibidem, pp. 67-68. <<

[4] Ibidem, pp. 70-71. <<

[5] Ibidem, p. 96. <<

[6] Ibidem, pp. 130-131. <<

[7] Ibidem, pp. 212-213. <<

[8] Ibidem, pp. 223-226. <<

[9] Ibidem, p. 227. <<

[10] Reportaje de Interviu.es, 30 de noviembre de 2010. <<

[11] P. Sánchez, op. cit., pp. 188-192. <<

[12] C. Ibarra, La otra mitad de la historia que nos contaron. Fuente de Cantos, República y guerra, 1931-1939, Badajoz, Diputación Provincial, 2005, p. 284. <<

[13] F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, cit., pp. 18 ss. <<

[14] Ibidem, pp. 29-30. <<

[15] J. M. Lama Hernández, La amargura de la memoria. República y guerra en Zafra (1931-1939), Badajoz, Diputación Provincial, 2002, p. 426. <<

[16] Citado por F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, cit., pp. 53-54. <<

[17] P. Preston, op. cit., pp. 426-427. <<

[18] Citado por A. Reig Tapia, La cruzada de 1936, Madrid, Alianza, 2006, p. 167. <<

[19] Testimonio recogido por F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, cit., pp. 148-149. <<

[20] Testimonio recogido por F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, cit., p. 156. <<

[21] Testimonio recogido por M. Almoril, tesis doctoral citada por F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, cit., p. 158. <<

[22] A. Salvador Villanueva, «Las mujeres durante el franquismo. Extremadura franquista», en www.extremaduraprogresista.com (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[23] J. Whitaker, We cannot scape. History, Nueva York, MacMillan, 1943, pp. 119-122. <<

[24] Testimonio de Faustino Cordón recogido por J. Figuero, Memoria de una locura, Barcelona, Planeta, 1986. <<

[25] P. Barruso Bares, Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiru, 2005. <<

[26] P. Preston, op. cit., pp. 377-378. <<

[27] Testimonio recogido por J. R. Sáiz Viadero, «Mujer, guerra civil y represión franquista en Cantabria». Declaraciones de Antolina Matarranz en ¡Camaradas, Viva la República!, León, 2006. <<

[28] Declaraciones de Dolores López, en V. Andrés Gómez, Historia y memoria colectiva. La vida en el valle Camargo durante la II República y el primer franquismo, Ayuntamiento de Camargo, seminario de fuentes orales, ICE, Santander, Universidad de Cantabria, 1993. <<

[29] M. Capín, El valle de Dios, Madrid, Ediciones 63, 2009, pp. 178-182. <<

[30] Y. Ripa, «Les femmes espagnole pendant la guerre civil», conferencia pronunciada en el Colegio de España de París, 8 de marzo de 2006, comentada por M. J. Paloma Borrego, «Violencia y cuerpos traumatizados», en http://nuevomundo.revues.org/56118 (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[31] P. Preston, op. cit., p. 587. <<

[32] J. Cifuentes y P. Maluenda, El asalto a la República (1936-1939), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009. <<

[33] P. Preston, op. cit., p. 593. <<

[34] J. M. Solé y Sabaté y J. Vilarrosa, trabajo incluido en el libro Víctimas de la guerra civil, Santos Juliá (coord.), Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp. 226-227. <<

[35] P. Preston, op. cit., p. 602. <<

[36] P. Preston, op. cit., p. 606. <<

[1] R. Quílez, «Vicenta González: la vida en torno a una celda de Burgos», en www.elmundo.es/especiales. <<

[2] Testimonio recogido por T. Cuevas, Mujeres en las cárceles, Barcelona, RBA, 2005, p. 122. <<

[3] M. J. Palma Borrego, «Violencia y cuerpos traumatizados», en http://nuevomundo.revues.org/56118 (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[4] J. García Blanco-Cicerón, «Las trece rosas», Historia 16, año 10, núm. 106. <<

[5] R. Vinyés, El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo, Barcelona, Plaza y Janés, 2002, pp. 84-85. <<

[6] Ibidem, p. 87. <<

[7] G. Gómez Bravo y J. Marco, La obra del miedo, Barcelona, Península, 2011, pp. 186-188. <<

[8] F. Hernández Holgado, Mujeres encarceladas, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 118-119. <<

[9] «Memoria de presó de dones en Les Corts, Balance año 0: el año de entrada de 1939», en www.presodelescorts.org/es. <<

[10] Ibidem. <<

[11] C. Fonseca, Rosario la Dinamitera. Una mujer en el frente, Madrid, Temas de Hoy, 2007, pp. 176-180. <<

[12] Ibidem, pp. 183-184. <<

[13] T. Cuevas, op. cit., pp. 51-52. <<

[14] Ibidem, pp. 53-54. <<

[15] Testimonio de María Valés, recogido por T. Cuevas, Presas en las Ventas, Segovia y Les Corts, Barcelona, RBA, 2006, pp. 42-49. <<

[16] Testimonio de Petra Cuevas, recogido por T. Cuevas, Presas en las Ventas, Segovia y Les Corts, cit., pp. 107 ss. <<

[17] Testimonio de Esperanza Martínez, recogido por T. Cuevas, Mujeres en la resistencia, Barcelona, RBA, 2006, pp. 23-24. <<

[18] Testimonio de Carmen Chicharro, recogido por T. Cuevas, Mujeres en la resistencia, cit., pp. 145-152. <<

[19] J. Doña, Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas, Madrid, Ediciones de La Torre, 1966, p. 152. <<

[20] I. Abad, «Las dimensiones de la represión sexuada durante la dictadura franquista», dossier Guerra Civil: «Las representaciones de la violencia». Puede consultarse en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/60/05abad.pdf (fecha de la última consulta: octubre de 2017). <<

[21] F. Hernández Holgado, «Trinidad, una dona del 36», en Leoné y Mendiola (coords.), Voces e imágenes en la historia. Fuentes orales y símbolos, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005. <<

[22] T. Gallego, «Enfermera laica», en www.flickr.com/photos, 17 de junio de 2007. <<

[1] T. Cuevas, Mujeres en las cárceles, cit. <<

[2] Testimonio de Salvadora Luque, recogido por T. Cuevas, Mujeres en las cárceles, p. 8. <<

[3] Ibidem., p. 95. <<

[4] Testimonio de Flor Cernuda, recogido por T. Cuevas, ibidem, pp. 143 ss. <<

[5] Testimonio de Agustina Sánchez Sariñena, recogido por T. Cuevas, ibidem., pp. 221-222. <<

[6] G. Gómez Bravo y J. Marco, op. cit., p. 215. <<

[7] Caso recogido por G. Gómez Bravo, El exilio interior, Madrid, Taurus, 2009, p. 162. <<

[8] Ibidem, p. 166. <<

[9] Caso recogido por G. Gómez Bravo, op. cit., p. 166. <<

[10] R. Vinyes, Irredentas, Madrid, Temas de Hoy, 2002, p. 22. <<

[11] R. García, Yo he sido marxista, Madrid, Editora Nacional, 1946, p. 91. <<

[12] G. Gómez Bravo y J. Marco, op. cit., p. 280. <<

[13] D. Ginard i Ferron, Matilde Landa, Barcelona, Flor del Viento, 2005. <<

[14] M. Ortiz Heras, «Mujer y dictadura franquista», Revista de Ciencias Sociales 28 (agosto 2008). <<

[15] Testimonio recogido por E. Barranquero, op. cit. <<

[16] Entrevista con Carmen Casas, realizada en Huesca el 3 de septiembre de 2003, y recogida por I. Abad Buil, «Las mujeres de presos republicanos: movilización política nacida de la represión franquista», Fundación Primero de Mayo, doc. 2/2004. <<

[17] Testimonio de Carmen Muñoz Caraballo, recogido por I. Abad Buil, «Las mujeres de presos republicanos: movilización política nacida de la represión franquista», Fundación Primero de Mayo, doc. 2/2004. <<

[18] Testimonio de Isabel Alba, recogida por I. Abad Buil, ibidem. <<

[19] Testimonio de Inmaculada Blasco, recogido por I. Abad Buil, ibidem. <<

[20] M. Joly, op. cit. <<

[21] Caso recogido por P. Torres, Los años oscuros de Miguel Esteban. Represión y fascismo en Castilla-La Mancha (1931-1952), edición del autor. <<

[22] F. Romeu, El silencio roto, Oviedo, edición de la autora, 1994, p. 140. <<

[23] M. Joly, «Violencias sexuales en la guerra española: paradigma para una construcción social del conflicto», Historia social 61 (2008), pp. 89-107. <<

[24] F. Virgili, «Víctimas culpables y silenciosas», trabajo incluido en el libro Guerra civil: mito y memoria, J. Aróstegui y F. Godicheau (eds.), Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 362. <<

[25] M. Jolye, «Violencias sexuales en la guerra española…», art. cit. <<

[1] M. Joly, «Violencias sexuales en la guerra española…», art. cit. <<

[2] Informe de la Cruz Roja Internacional, redactado en 1936 y comentado por M. Joly, «Violencias sexuales en la guerra española…», art. cit. <<

[3] F. Espinosa Maestre, La guerra civil en Huelva, cit., pp. 436-437. <<

[4] M. Joly, «Violencias sexuales en la guerra española…», art. cit. <<

[5] G. Gómez Bravo y J. Marco, op. cit., p. 215. <<

[6] F. Moya, «Represión y revisión de condenas durante el primer franquismo en Andaludía. Una visión de género», en www.todoslosnombres.org. <<

[7] Ibidem. <<

[8] R. Vinyes, Irredentas, cit., pp. 127-128. <<

[9] Ibidem. <<

[10] Ibidem, p. 129. <<

[11] Ibidem, p. 129. <<

[12] Caso recogido por M. Núñez Díaz-Balart y A. Rojas Friend, Consejo de guerra, Madrid, Compañía Literaria, 1997, p. 85. <<

[13] Caso recogido por P. Sánchez, op. cit., pp. 149-150. <<

[14] R. Vega García, Las huelgas de 1962 en Asturias, Gijón, Fundación Juan Muñiz Zapico / Trea, 2002, p. 259. <<

[15] Ibidem. <<

[16] Carta de Manuel Fraga Iribarne a José Bergamín, recogida íntegramente en el boletín informativo del Centro de Documentación y Estudios de París, núm. 19, noviembre de 1963. <<

[17] «Fui torturada cuando Fraga era ministro», J. M. Huerga, La Voz de Asturias, 25 de enero de 2012. <<

[18] Ibidem. <<