Tal como sostiene el autor, la sombra del dictador sigue siendo muy alargada, y así se desprende del recorrido que realiza la obra por el poso franquista que aún sobrevive en la España actual. González analiza distintas costumbres, actitudes y expresiones que componen un residuo psicológico, una estructura mental profundamente arraigada y que aflora en los tics de algunos políticos y eclesiásticos, o en determinadas percepciones de la homosexualidad, el erotismo o el trato a la mujer.

Enrique González Duro

La sombra del general

Qué queda del franquismo en España

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Titivillus 23.09.18

Título original: La sombra del general

Enrique González Duro, 2005

Editor digital: Titivillus

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Prefacio

Prefacio

No es del todo improbable que hoy, treinta años después de la muerte del dictador, haya gente que no sepa quién fue el general Franco: el protagonista indiscutible de una cruenta guerra civil que él provocó y ganó sin condiciones, represaliando implacablemente a todos los vencidos y a sus herederos ideológicos, privando de las libertades civiles a todos los españoles durante casi cuarenta años y ejerciendo ostensiblemente el poder de un modo absoluto.

Su sistema de control social, de represión generalizada y vigilancia permanente impregnó la vida —incluso la vida interior— y el quehacer de varias generaciones desinformadas, silenciadas y silenciosas. Franco murió en la cama con todo el poder en sus manos y se le enterró en el monumental Valle de los Caídos, que han visitado y aún visitan decenas de miles de turistas nacionales. Hubo demasiada prisa por olvidarlo por parte de los políticos que efectuaron la transición a la democracia y que quisieron sobre todo obtener las mayores cuotas de poder, ignorando la pesada herencia que dejaba. Y ello en aras de una reconciliación que todavía no ha llegado, precisamente porque no se puede superar lo que la memoria colectiva ha reprimido. Se sigue diciendo que no hay que remover un pasado desconocido pero vivo, que no hay que reabrir las heridas aún no cicatrizadas.

Hay demasiados miedos para retirar del paisaje colectivo las abundantes huellas visibles, la iconografía, de Franco y del franquismo residual. Pero además de lo visible, sobre todo queda una sombra invisible que aún se cierne sobre el imaginario colectivo de la población. Fueron muchos los años de franquismo puro y duro como para que no dejaran huella, una huella fundamentalmente fantasmática pero también real. Es ahora cuando están resucitando, después de casi sesenta años, con suma dificultad y con «incomprensibles» obstáculos, los miles de «desaparecidos» del franquismo que estaban y siguen estando enterrados en centenares de fosas comunes dispersas por toda la geografía española. Y es ahora cuando los obispos remedan iniciar una nueva cruzada contra un supuesto gobierno «rojo», que ha osado legalizar el matrimonio de homosexuales y no hacer obligatoria la enseñanza de la religión, y contra el laicismo de la sociedad española tal y como hicieron contra la Segunda República. De todo esto y de otras cosas más trata este libro, que rastrea la sombra del general que aún persiste desde su muerte hasta el momento actual, lo cual implica una tarea compleja y dificultosa, ya que esa sombra no se explicita casi nunca, sino más bien lo contrario, porque es fantasmática y aun inconsciente, aunque en ocasiones emerge a la conciencia, como viene sucediendo en los últimos años. Por ello ha sido preciso retrotraerse a tiempos pasados, hasta la muerte de Franco e incluso antes.

Puesto que Franco impuso y dispuso de un poder prácticamente ilimitado, debió de servir como modelo de identificación y de contraidentificación —identificación con el agresor— para los que después ejercieron ese poder, aunque fuese de un modo mucho más limitado y democráticamente validado. Empezando por Juan Carlos I, el sucesor a título de rey y por la gracia del Caudillo: un rey constitucional y políticamente irresponsable, que «salvó» a España en los nunca desentrañados sucesos del 23 de Febrero. Educado desde los diez años en un entorno rígidamente franquista, vigilado muy de cerca por el propio Franco y desconectado por completo de la realidad de la España silenciosa, habría sido un milagro que la huella del franquismo no hubiese hecho mella en él, aunque sólo fuese apaciguando a los generales franquistas, sus compañeros de armas. Nunca se ha aclarado por qué dimitió Adolfo Suárez, el único presidente democrático que pudo ejercer de antifranquista sin complejos, precisamente porque habiendo sido franquista declarado fue legitimado por las urnas. Quiso poner firme a los generales y no pudo: fue dimitido-cesado para que Armada, persona de la mayor confianza del rey, pudiese regresar a Madrid y tratase de dar un «golpe de timón», que fracasó por ser demasiado chapucero y porque el franquismo sin Franco era menos fuerte de lo que parecía. A Suárez no se le retiró de la política, sino que se desprendió del partido que le habían fabricado con restos del aparato franquista y quiso acceder de nuevo al poder limpio de su oscuro pasado franquista, siendo elegido democráticamente y sin la tutela de nadie. Pero no pudo, o no le dejaron, y se calló para siempre. ¿Por qué no habló? ¿Por lealtad al rey de todos los españoles?

Le sucedió Felipe González, al que se le fabricó un pasado republicano y quiso emular a Franco por la izquierda, heredando un carisma del que mucha gente, aun desde el antifranquismo, estaba necesitada. No tuvo que ganar ninguna guerra, pero sedujo a las masas en grandes concentraciones mitineras y a través de la televisión, lanzando un mensaje de salvación o regeneración. No permitió que España saliese de la OTAN «por cojones», se montó en el yate Azor, consintió por lo menos el terrorismo de Estado, permitió que muchos se enriquecieran más o menos fraudulentamente y envió a miles de trabajadores al paro: tres millones de parados, el mismo número de emigrantes que con las divisas que enviaban facilitaron el desarrollo económico de los últimos tiempos de Franco. Actualmente se halla muy molesto porque los del Partido Popular le reprochan que tampoco él quiso retirar las estatuas y demás símbolos franquistas. La corrupción del felipismo posibilitó la llegada del honesto y nada carismático Aznar, que mamó el franquismo desde su infancia, aunque al principio no se le notara, porque lo encubrió con un neoliberalismo a la usanza y porque no tenía la mayoría absoluta. Cuando la tuvo, recuperó el autoritarismo que llevaba dentro, presentándose como un cruzado de la unidad y de la grandeza de España, campeón de la lucha antiterrorista y único intérprete de la Constitución que antes había denigrado. Quiso mandar después de «suicidarse» pero no pudo, porque mucha gente se percató de que mentía y su sucesor designado por él perdió las elecciones. Como Felipe, veía conspiraciones en los medios de comunicación: un problema que Franco nunca tuvo, porque la prensa no era libre y estaba dirigida por él.

Este libro ha pretendido buscar la etérea sombra de Franco, que como tal es intangible, por lo que necesariamente es disperso en su buceo longitudinal y transversal. No puede ser unidireccional, no confirma ninguna tesis previamente establecida y no quiere ser exhaustivo ni cerrado. Maneja muchos datos y opiniones diversas, tratando de ordenarlas, situándolas cronológicamente y contextualizándolas, como si de articular un rompecabezas se tratara. No hay afirmaciones rotundas ni interpretaciones arriesgadas porque se trata de un libro expositivo, que aspira a ser clarificador y sugerente. Lo que no quiere decir que sea apolítico, porque se muestra abiertamente contrario a toda forma de dictadura o autoritarismo. El que el autor haya vivido el franquismo puro lo hace susceptible al respecto.

El autor quiere manifestar asimismo su agradecimiento a la ardua labor de documentación efectuada por Ana Useros. Sin ella este libro no hubiera sido posible.

1. La muerte de Franco

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La muerte de Franco

Tras una larga y penosa agonía, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la gracia de Dios, muere a los ochenta y dos años de edad en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. A las cinco de la mañana se publica oficialmente que el Generalísimo ha entrado en el «período final»: todas las emisoras se mantienen conectadas a Radio Nacional de España, que sólo transmite música clásica. Poco después de las seis, el ministro de Información y Turismo anuncia su muerte: «Las casas Civil y Militar informan, a las 5 y 25 horas, que, según comunican los médicos de turno, su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca, como final del curso de un shock tóxico por peritonitis». El portavoz del gobierno, con la voz quebrada por la emoción, continúa: «Desde la inmensa tristeza de esta España, a la que Franco entregó sin reservas toda su vida, yo pido una oración por su alma, un sentimiento de gratitud por su obra ingente y un recuerdo muy respetuoso y muy entrañable para su familia». Los poderes del Estado han sido asumidos, en nombre de su Alteza Real, el príncipe de España, por el Consejo de Regencia, formado por el presidente de las Cortes, el arzobispo de Zaragoza y un teniente general del Aire.

Los españoles se despiertan con la noticia de una muerte largamente anunciada, entre sobrecogidos y alborozados. Muchos optan por no salir a la calle, donde reina la tranquilidad más absoluta. A primeras horas de la mañana se reúne el Consejo de Regencia y, paralelamente, el Consejo de Ministros, que aprueba un decreto por el que se declara un mes de luto oficial, con un paréntesis en la mañana del día 27 de noviembre, «con motivo de celebrarse el acto de juramento y proclamación del rey»[1]. A las diez de la mañana habla por radio y televisión el presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro: «Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y significado servicio a España, ha entregado su vida, quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental». Arias Navarro no puede contener las lágrimas: «Es natural. Es el llanto de España, que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento y la desesperación. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro Caudillo, ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, nos lega el mandato histórico de inexorable cumplimiento».

Y a continuación lee el «testamento político de Franco», que él mismo había escrito después de haber sufrido su primer infarto de miocardio: «Españoles: al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y de comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico […]. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se aproxima». Esa había sido su implacable lógica: a todos los que se\le opusieron los consideró como enemigos de la verdadera España que él creía encarnar y a los que había que exterminar como la cizaña. «Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que permanezcáis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis mostrado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo que de vosotros he tenido». Y terminaba haciendo una llamada de alerta: «No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros…». Era un claro mensaje para los que debían mantener inalterable el régimen que él había creado, con el sacrificio de tantos y tantos españoles.

A las 11.25 de aquella mañana del 20 de noviembre el cadáver de Franco, minuciosamente embalsamado en el hospital en el que ha muerto, llega al palacio de El Pardo, donde el presidente de la Conferencia Episcopal celebra una misa de corpore in sepulto. El cardenal Tarancón, abiertamente posconciliar, pronuncia una homilía que gusta poco a su gente más próxima: «No debéis esperar de mí un juicio histórico ni tampoco un elogio fúnebre». Prefiere mirar más al futuro que puede abrirse que al pasado que se ha cerrado: «Todos somos responsables de que España viva en paz, de que todos los españoles gocen de la libertad y de los medios suficientes para desarrollar su propia personalidad». Quedará excluido de las siguientes exequias oficiales… A las ocho de la gélida mañana del 21 de noviembre el féretro está ya instalado en el Salón de Columnas del palacio de Oriente. Se abren las puertas y hay una enorme cola de quienes esperan, desde lloras antes, ver de cerca el cadáver del invicto Caudillo. Un desfile interminable y silencioso, que la mayoría de los españoles ve por televisión, se prolonga hasta las últimas horas del domingo día 23. El día anterior don Juan Carlos de Borbón es proclamado rey tras jurar en las Cortes Españolas «cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional».

Juan Carlos había preparado minuciosamente el discurso que debía pronunciar, con la ayuda de las personas de su mayor confianza (Torcuato Fernández-Miranda, el marqués de Mondéjar y el general Armada). El discurso, que tenía que tranquilizar a los diversos sectores que integraban el régimen franquista, es deliberadamente ambiguo: «Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón en el acontecer español y un hito al que será imposible no referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria». Trataba de contrapesar levemente su gratitud a Franco con el reconocimiento a la figura de su padre, tan encarnizadamente opuesto al Caudillo: «… el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia, que ha querido servir a España con todas sus fuerzas». Afirmaba que «un gran pueblo como el nuestro» pedía «profundos perfeccionamientos», pero para nada aludía a la necesidad de reformas democratizadoras del sistema. Sólo decía que «el rey quiere serlo de todos los españoles», declarándose primer soldado de la nación, profundamente católico y plenamente creyente de las virtudes de la familia española.

El solemne acto es cerrado por el presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel: «Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo de Franco, admiración ¡Viva el Rey! ¡Viva España!». Después, desfile militar, breve visita al cadáver de Franco y una oración por su alma. Y regreso al palacio de la Zarzuela, donde el nuevo rey se muestra más que satisfecho, porque ha logrado lo largamente esperado y porque, en las Cortes, ha convencido a lo más aguerrido del régimen[2]. Y lo estaría para siempre, según le contó José Luis de Vilallonga años más tarde: «Todo lo que hice en cuanto tuve las manos Ubres pude hacerlo porque antes habíamos tenido cuarenta años de paz […]. Una paz, estoy de acuerdo, que no era del gusto de todo el mundo […] pero que, de todos modos, fue una paz que me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar»[3]. El mismo día 22 de noviembre dirigió su primer mensaje a las Fuerzas Armadas, principal sostén del franquismo: «Soy depositario de los más altos ideales de la patria y la salvaguardia y garantía de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo». Una frase inequívocamente continuista, que se completaba con esta otra: «Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad». Presentándose como digno sucesor de Franco, trataba de ganarse la adhesión de los militares: «Como español, como soldado y como rey, me siento orgulloso de vuestra adhesión y lealtad»[4]. La necesitaba, si quería seguir reinando: «Cuando ocupé el trono tenía dos bazas importantes en la mano. La primera era el apoyo incontestable del Ejército. En los días que siguieron a la muerte de Franco, el Ejército hubiera podido hacer lo que le diera la gana. Pero obedeció al rey. Y seamos claros, le obedeció porque yo había sido nombrado por Franco, y en el Ejército las órdenes de Franco incluso después de muerto no se discutían». La segunda baza era la «sabiduría de los españoles», que supieron esperar[5].

LA LOSA DE CUELGAMUROS

Hacia las ocho de la mañana del domingo 23 de noviembre, se cierra el féretro de Franco, y a las diez comienza el solemne funeral en la misma plaza de Oriente, presidido por los nuevos reyes de España. Asisten el gobierno en pleno, las altas instituciones y diversas personalidades extranjeras que han venido expresamente al entierro del Caudillo: el dictador chileno Augusto Pinochet, el vicepresidente norteamericano Nelson Rockefeller, el rey Husein de Jordania, los príncipes de Mónaco, etcétera. Y ocupa un lugar preferente la familia de Franco. En la homilía el cardenal primado González Martín elogia al dictador difunto, al que llama «padre de la patria», resalta el hermanamiento entre la espada y la cruz durante el régimen de Franco, y termina pidiendo «que la patria perdone también a sus hijos, a lodos cuantos lo merezcan»[6]. Finalizada la misa, el féretro de Franco es colocado en un camión del ejército para ser trasladado al Valle de los Caídos escoltado por el escuadrón de lanceros de la guardia. El rey de España, Juan Carlos I, preside el cortejo, de una longitud de casi dos kilómetros y que llega a la una del mediodía a la entrada de Cuelgamuros, donde le están esperando varios miles de excombatientes, falangistas de camisa azul y requetés de boinas rojas, que cantan himnos patrióticos y gritan «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!». Se rumorea que el capitoste Girón piensa abordar al rey en la escalinata de la basílica para exigirle un juramento público de lealtad a Franco, lo que no se realiza cuando le prometen que la primera audiencia de Juan Carlos será concedida a la Hermandad Nacional de Excombatientes. Dentro de la basílica se celebra otra ceremonia religiosa, que finaliza con el enterramiento del Caudillo. Sus restos son depositados en su tumba definitiva, que se cubre con una pesada losa de cuatro toneladas con el nombre de Francisco Franco grabado. Son las 14.20 de la tarde.

La inmensa mayoría de los españoles han seguido por televisión todos los detalles de la ceremonia fúnebre, fríamente imponente. Hay alivio, temor, sobrecogimiento y sobre todo incertidumbre: ¿qué va a pasar ahora? La muerte del padre colectivo, tanto de sus seguidores como de sus opositores, ha dejado un enorme vacío, imposible de llenar por su joven sucesor, falto de todo carisma, y cuyo duelo no será fácil de elaborar. El régimen político se enfrenta al dilema entre la supervivencia de un aparato político decapitado que ha perdido su principal elemento de cohesión y la conversión en un sistema político de corte democrático. La muerte del Caudillo será, a un tiempo, momento de epitafio y de refundación. La «continuidad sublimada» se ha de superponer al inevitable acabamiento del régimen. El «destino de la nación» ha sido definido en relación con modelos del pasado, y ha de ser el resultado del mandato de un muerto. Simultáneamente, la oposición forjada extramuros del sistema y que va surgiendo de la clandestinidad, del exilio e incluso de la cárcel, pretende la «ruptura democrática», nada fácil y casi imposible cuando el omnímodo dictador ha muerto en la cama y no ha sido previamente revocado. El continuismo hará uso del espectáculo de la muerte del Caudillo, prolongada durante dos meses, como «foco de posesión», medio último de sujeción del aparato franquista y de fijación de una guía de inexorable obediencia al padre muerto[7].

Y sin embargo, el franquismo sin Franco entra en un proceso inevitable de descomposición y los franquistas recalcitrantes han de hacer todo lo posible para «salvar los muebles», incluso evolucionar hacia un reformismo suave que les permita sobrevivir y recuperar la validez de unas estrategias que han durado casi cuarenta años. Desde el principio y por la fuerza de una victoria siempre renovada, el franquismo hizo uso de una determinada retórica de la nostalgia como medio de reconstrucción nacional tras la Guerra Civil, de recuperación de un pasado supuestamente glorioso y mítico (el Cid, los Reyes Católicos, Felipe II y el Imperio en el que no se ponía el sol), de una retórica de la obediencia como fundamento de la vida política[8]. La historiografía franquista había planteado una identificación infantil y narcisista con el pasado perdido, frente a un hipotético duelo en el que el recuerdo de lo perdido se fundamentase en el reconocimiento adusto de su radical alteridad, de su irregularidad[9]. A la muerte de franco, prevalecía esa identificación infantil y narcisista con el pasado, lo que hacía muy dificultosa la elaboración del duelo, porque, como había dicho el propio Franco, «nuestra obra era el mandato de nuestros muertos». Por eso el propio rey ha de mostrar su agradecimiento al Caudillo, identificándose infantilmente con él y conservar en todo lo posible su legado, al sentirse en deuda con él. La deuda con el muerto le funcionaba como vehículo de «mala conciencia», como instrumento de una ley en su acción retroactiva, como la eterna repetición de lo mismo. La otra alternativa era la destrucción de la obra del padre, posible en tanto que la normativa del franquismo había perdido validez desde tiempos atrás, y resultaba inaceptable para muchos españoles, que deseaban la mayoría de edad.

Pero la muerte del padre no era el momento para la liberación y el inmediato acceso a la mayoría, porque de algún modo Franco podría resucitar y su espíritu todavía podía traspasar la pesada losa de Cuelgamuros, impregnando el presente y pudiendo determinar retroactivamente el futuro, ya que el Caudillo había dejado «todo atado y bien atado», según se había dicho por doquier. La nostalgia producida por su muerte podría servir como preámbulo de la «posesión» de los españoles por el muerto, de su identificación infantil con el padre de la patria, pues ya en su testamento político había advertido contra los enemigos de España, siempre al acecho. En el Valle de los Caídos su cadáver ha quedado petrificado con un aura político-religiosa que disemina su culto. Hay deseo, necesidad de cambio, pero también miedo a la evolución, y el fantasma de una nueva guerra Matricida rebrota en el imaginario colectivo de la población. No obstante, muchos se atreven a pensar en el futuro. En una encuesta realizada años después de la muerte de Franco, se le preguntó a los entrevistados lo que entonces habían pensado que podía ocurrir. Sólo un 21 por ciento creyó en la continuidad del régimen militar franquista; el 20 por ciento pensó en un régimen monárquico preferentemente parlamentario; otro 20 por ciento esperó el advenimiento de un sistema democrático, y el 10 por ciento restante vio posible un cambio a otro sistema político distinto, sin especificar cuál[10]. El propio rey tenía asimilado que el régimen tendría que evolucionar hacia la democracia, si pretendía que la monarquía persistiese, pero debía caminar con extremada cautela, con parsimoniosa lentitud, buscando la simpatía del pueblo y el apoyo de las potencias occidentales, que nunca habían aceptado de buen grado el franquismo, aunque lo hubiesen utilizado.

En cualquier caso, el rey tenía claro que la monarquía «reinstaurada» no podía ser una mera continuidad del franquismo, pues, sin la férrea autoridad de un Franco vencedor de una cruenta guerra civil, eso podría escindir aún más a los españoles. Él quería ser el «rey de todos los españoles», incluyendo a los herederos de los republicanos vencidos y por supuesto a los franquistas ortodoxos, que aún eran muchos, controlaban el aparato de poder y creían que Franco simplemente había sido sustituido. Pero el propio presidente del gobierno, designado por el Generalísimo dos años antes y por un período de cinco años, parecía negarle el pan y la sal. El mismo día de su proclamación como rey, lo visitó en la Zarzuela y le insinuó que pensaba dimitir, pues se consideraba como el depositario del legado de Franco, su albacea testamentario. Incluso le negó la posibilidad de conceder un generoso indulto, pues el Consejo de Ministros había acordado un indulto minúsculo, y Juan Carlos hubo de firmar el correspondiente decreto: «Deseo comenzar mi reinado haciendo uso de las prerrogativas de gracia que me confiere el artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado […] la promulgación de este indulto general constituye así mismo un homenaje a la memoria de la egregia figura del Generalísimo Franco (q. e. p. d.), artífice del progresivo desarrollo en la paz que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas, durante las cuales otorgó once indultos generales e innumerables indultos particulares»[11]. Realmente no fue un indulto general, sino una simple reducción de penas, que favoreció a unos cuatro mil presos, de los cuales tan sólo doscientos fueron presos políticos de los dos mil existentes. Aunque supuso la excarcelación de los dirigentes de las clandestinas Comisiones Obreras: «Nuestra alegría no es completa, porque dentro quedan muchos compañeros. El indulto es estrechísimo. Hay que conseguir la amnistía para todos», dijo uno de los liberados[12].

Sin embargo, el rey logró un pequeña pero significativa victoria, aplazando la ceremonia de su coronación en la iglesia de los Jerónimos y distanciándola nítidamente del homenaje fúnebre a Franco. Fue el 27 de noviembre de 1975, a las diez y media de la mañana, y contó con la asistencia de setenta y una delegaciones extranjeras, entre los que destacaban el presidente de la República francesa, el presidente de la República Federal Alemana, el vicepresidente de Estados Unidos, el esposo de la reina de Inglaterra, etcétera. La ceremonia fue oficiada por el cardenal Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que pronunció una significativa homilía: «Tenéis las riendas del Estado en una hora de tránsito, después de muchos años en que una figura excepcional, ya histórica, asumió el poder de forma y en circunstancias extraordinarias […]. Pido que seáis el rey de todos los españoles […]. Pido para vos acierto y discreción para abrir camino del futuro de la patria para que, de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios, las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país»[13]. A la salida del templo, los reyes se encontraron con el clamor popular —aunque no faltaban voces disidentes—, que les iba a seguir por todo el recorrido hasta el palacio de Oriente. Después de un desfile militar, los reyes recibieron en palacio a todas la delegaciones extranjeras y a los representantes de altas instituciones del Estado. Departieron con todos sus invitados en un amplio salón donde aún lucía un enorme retrato del general Franco. Fuera un enorme gentío pedía que los reyes salieran a saludar al balcón principal de palacio, lo que hicieron tres veces consecutivas, entre el entusiasmo de la multitud. Con un banquete de gala se cerró la histórica jornada, en la que quedó claro el apoyo de los gobiernos occidentales al nuevo monarca, así como su incipiente popularidad.

LA EDUCACIÓN DE UN PRÍNCIPE

¿Quién era el nuevo rey de España? Don Juan Carlos de Borbón y Borbón había nacido en Roma el 5 de enero de 1938, siendo el primogénito de don Juan de Borbón y Battenberg, en quien, dos años después, abdicaría Alfonso XIII poco antes de morir en el exilio. Desde entonces, para los monárquicos españoles su padre era el rey de España, y Juan Carlos su heredero. Cuando Juanito —como se le conocía familiarmente— tenía cuatro años la familia se trasladó a Lausana, donde residía la abuela paterna, doña Victoria Eugenia de Battenberg, viuda de Alfonso XIII. Al año siguiente comenzó su educación al cuidado de su preceptor Eugenio Vegas Latapié, por entonces principal consejero de don Juan. Posteriormente fue internado en un colegio de marianistas en Friburgo, lo que significó para él el adiós a la niñez. En febrero de 1946 la familia se estableció en Estoril (Portugal), pero Juanito siguió interno en Suiza, sólo en contacto con su abuela, que lo visitaba los fines de semana. «Al principio fui bastante desgraciado allí, tenía la impresión de que mis padres me habían abandonado, de que mi padre y mi madre se habían olvidado de mí […]. Todos los días esperaba que mi madre me llamase por teléfono, llamada que no llegaba. Más tarde supe que mi padre le impedía que me telefoneara. María —le decía—, tienes que ayudarle a que se endurezca. No era crueldad por su parte, y menos todavía falta de sensibilidad. Pero mi padre sabía, como yo mismo lo supe más tarde, que los príncipes deben ser educados a las duras si se quiere hacer de ellos hombres responsables capaces de soportar algún día el peso del Estado. Mi padre tenía un profundo sentido de la realeza. Veía en mí no sólo a un hijo, sino al heredero de una dinastía, y como tal debía yo prepararme para hacer frente a mis responsabilidades. No quería ceder a sus impulsos de ternura por miedo a hacer de mí un niño mimado. Era muy severo y muy exigente conmigo, pero al mismo tiempo me tenía mucho afecto […]. En Friburgo aprendí que la soledad es un fardo duro de llevar»[14].

Su tristeza se intensificó en Friburgo por la rígida disciplina del colegio. Sus profesores le recordarían como un niño de ocho años, guapo pero algo indisciplinado, mimado por unas institutrices bastante indulgentes: «Estas le habían permitido prácticamente todo, de modo que se consideraba dueño y señor allí donde caía. Era de inteligencia normal y con buen sentido del humor, pero sus resultados escolares eran malos»[15]. En vacaciones de Semana Santa Juanito viajó con su abuela a Portugal, pero su estancia allí se prolongó, por diversos problemas de salud, hasta noviembre de 1947. En Estoril le asignaron de nuevo a Vegas Latapié como preceptor. Increíblemente, Vegas le daba algún cachete cuando se portaba mal, pero entre ellos surgió una relación afectiva: «Eugenio, que se encontraba al frente del secretariado de mi padre, era un hombre maravilloso […]. Sus enemigos (todos los hombres rectos los tienen) han dicho que vivía en el pasado. Quizá sea verdad, porque el rigor moral ya no es una virtud en nuestro tiempo. También él creía que el heredero de una dinastía tenía que ser educado sin ninguna concesión a las debilidades que parecen normales a la gente común. Por eso me educaba de forma que comprendiera que yo era un ser aparte, con muchos más deberes y responsabilidades que los demás»[16]. A Juanito le pusieron casa aparte, donde profesores especiales le daban clases y donde pasaba casi todo el tiempo estudiando y apartado de la familia.

Juan Carlos mostraba gran interés por las cosas de España. En enero de 1947, poco después de su primera comunión, don Juan había propuesto a uno de los monárquicos que habían llegado de España que hiciera al príncipe una breve exposición sobre la Guerra Civil. Juan Carlos reaccionó preguntando: «¿Y por qué Franco, que ha sido tan bueno en la guerra, se mete ahora con nosotros?»[17]. En efecto, don Juan de Borbón contaba con toda la enemistad de Franco, especialmente desde que en 1945 había publicado el Manifiesto de Lausana, pidiendo al Caudillo que abandonase el poder y restaurase la monarquía borbónica en un marco democrático. En diciembre de 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió excluir a España de todas sus organizaciones dependientes, pidió al Consejo de Seguridad que estudiase las medidas a aplicar si, en un plazo razonable, España seguía teniendo un régimen carente de refrendo popular y pidió a los países miembros que retirasen sus embajadores de Madrid. El Caudillo no cedía, pero quiso hacer su régimen más aceptable a las democracias occidentales, y en marzo de 1947 publicó la Ley de Sucesión, por la que España se convertía en un reino, aunque la jefatura del Estado seguía correspondiendo a Franco, con capacidad para nombrar su propio sucesor. De inmediato replicó don Juan publicando el llamado Manifiesto de Estoril, en el que anunciaba la ilegalidad de la Ley de Sucesión franquista, dado que se proponía alterar el carácter de la monarquía española sin consultar al heredero de la Corona ni al pueblo. Aquel manifiesto desató una feroz campaña de la prensa española contra don Juan, que fue acusado de ser un instrumento de la masonería y del comunismo internacional, al tiempo que Franco hizo aprobar por referéndum su Ley de Sucesión en julio de 1947. En diciembre de ese mismo año Juan Carlos partió de nuevo al colegio de Friburgo, bajo la vigilancia de su preceptor Eugenio Vegas Latapié.

En enero de 1948, don Juan de Borbón estaba ya convencido de que las potencias occidentales no le iban a ayudar para que ocupase el trono de España. Fue entonces cuando Pedro Sainz Rodríguez, exministro de Franco y uno de sus principales consejeros, le sugirió que jugara la baza de su hijo Juan Carlos: «Vuestra Majestad tiene una baza en las manos, vital para Franco: don Juanito, juéguela a fondo. A Vuestra Majestad y a la institución le conviene que el príncipe estudie en España. Un príncipe que se educa fuera de su país lo tiene muy difícil para reinar en él. Para franquito, que el príncipe estudie en España significa decir a los Aliados: ¿no queríais monarquía? España es ya un reino y el hijo del pretendiente está aquí estudiando a mi lado y preparándose para ser rey»[18]. Don Juan quedó convencido y, sin prisas, jugó a la carta del príncipe, aunque no dio por perdida la restauración que deseaba: Franco podía morirse antes de que el príncipe cumpliera los treinta años, requisito que la Ley de Sucesión exigía para ser sucesor del Caudillo. Y encargó a Julio Danvila, monárquico y franquista, que le consiguiera una entrevista con el Generalísimo.

Mientras tanto, Juan Carlos seguía en Suiza bajo el peso de la soledad, con un creciente sentimiento de abandono cuando, en febrero de 1948, sus padres emprendieron un viaje a Cuba. Se puso enfermo y le diagnosticaron una fuerte otitis, que le obligó a permanecer diez días hospitalizado en una clínica suiza, con la sola compañía de Vegas Latapié y alguna visita de la abuela… A lo largo de 1948 Danvila y Sotomayor, representante de don Juan en España, mantuvieron contacto con Franco, para convencerle de las innumerables ventajas que se derivarían de que el príncipe estudiase en España. Hasta que Franco se dignó a encontrarse con don Juan en su yate aquel verano. La entrevista se realizó el 25 de agosto de 1948 en el Azor, y no estuvo exenta de roces y dificultades. Pero, al final, Franco expresó su enorme interés en que el príncipe Juan Carlos finalizase sus estudios en España: su presencia daría un barniz regio a su régimen y demostraría que las cosas estaban efectivamente cambiando en este país. A cambio, Franco aceptó de antemano los profesores que don Juan eligiera para la educación de su hijo y se comprometió a que cesara la propaganda antimonárquica en la prensa española. Pero no se llegó a ningún acuerdo en firme.

Juanito, ajeno a todo esto, disfrutaba alegremente de sus vacaciones en Estoril y estaba encantado con no tener que volver de momento a Suiza. Pero a su padre no le gustaba nada el maltrato que su figura seguía recibiendo en los periódicos españoles, y de repente decidió que su hijo volviese en el mes de octubre a Suiza, inevitablemente acompañado de Vegas Latapié. Semanas después cesó la campaña de prensa y Franco filtró la noticia de que el príncipe iba a educarse en España. De inmediato, don Juan ordenó a Vegas que viajase rápidamente a Lisboa con el príncipe. En Estoril supo éste que debía trasladarse a España, aunque sin su preceptor, pues Vegas Latapié era persona poco grata a Franco. Y así, el 8 de noviembre de 1948, Juan Carlos viajó a Madrid, acompañado por el duque de Sotomayor. En la estación de Villaverde, próxima a la capital, le esperaba, entre otros, Julio Danvila, su nuevo preceptor. Lo llevaron directamente al Cerro de los Ángeles, símbolo de la victoria franquista sobre la «barbarie roja», donde hubo misa, comunión y ofrenda al Sagrado Corazón. De allí fue a Las Jarillas, una casa de campo cercana a Madrid, que había puesto a su disposición un amigo de su padre.

Quince días después, el 24 de noviembre de 1948, visitó por vez primera al Caudillo: «Danvila y sus amigos habían acordado llevarme directamente al palacio de El Pardo para presentarme al general. Pero tuvieron que abandonar ese proyecto porque aquel día Madrid estaba en plena efervescencia. Enterraban en el cementerio de la Almudena a Carlos Méndez, un estudiante monárquico que había muerto en la cárcel a resultas de una paliza administrada por sus guardianes. Las fuerzas de seguridad estaban alerta y millares de personas habían invadido el cementerio y sus alrededores. Ciertamente no era la jornada ideal para presentarme al jefe del Estado […]. Mi padre temía mucho este primer encuentro con Franco. A menudo se hablaba de él en casa y no siempre en términos afectuosos. El niño de once años que yo era no comprendía gran cosa de todo lo que se tramaba, pero sabía muy bien que Franco era ese hombre que causaba graves preocupaciones a mi padre, que le impedía regresar a España y que permitía que se hablara tan mal de él en los periódicos. Al principio yo no tenía nada de simpatía por él. Antes de mi salida hacia Madrid, mi padre me había hecho todo tipo de recomendaciones: “Cuando te encuentres con Franco, escucha bien lo que te diga, pero habla lo menos posible. Sé cortés y responde con brevedad a sus preguntas. En boca cerrada no entran moscas” […]. El palacio de El Pardo me impresionó mucho, con la guardia mora, custodiando todas las entradas. El palacio estaba lleno de gente de uniforme, ayudantes de campo supongo, que hablaban entre ellos en voz baja, como si estuvieran en una iglesia. Me hicieron recorrer toda una serie de salones inmersos en la penumbra. Y, de repente, me encontré delante de Franco. Me pareció más bajito que en las fotos que había visto de él, tenía barriga y me sonreía de una forma que me pareció poco natural. Dicho esto, fue amable conmigo y me pidió noticias de su Alteza Real el conde de Barcelona. La palabra “alteza” refiriéndose a mi padre me sorprendió, porque para todos los españoles que venían a Estoril, mi padre era el rey. Franco se interesó por mis estudios y me preguntó en qué disciplina encontraba mayor dificultad. Creo que le dije en matemáticas […]. A decir verdad, no presté mucha atención a lo que me decía Franco, porque desde el comienzo de la visita había descubierto yo un ratón que se paseaba ante las patas del sillón en que estaba sentado el general, como si tuviera la costumbre de hacerlo hacía tiempo. Para un niño como yo, un ratón tan valiente era mucho más interesante que aquel señor demasiado amable que me preguntaba por la lista de los reyes godos»[19]. Franco le regaló una escopeta y a continuación Juan Carlos se despidió.

En Las Jarillas se había improvisado un colegio, con escogidos profesores y otros niños de la edad del príncipe que habían dejado su colegio para estudiar con él: «Entre ellos, y con gran alegría por mi parte, porque le quería mucho, estaba mi primo hermano Carlos Borbón-Sicilias, casado hoy con Ana Francia, una de las hijas del conde de París. Felizmente me permitieron compartir habitación con él, ya que si no me hubiera sentido demasiado solo los primeros días. Porque no creas que nos trataban a cuerpo de rey. De hecho, nos hacían estudiar más que en un colegio ordinario. El hombre que se ocupaba de todo en Las Jarillas era don José Garrido Carmona […]. Me gustaba mucho don José Garrido Carmona, y a veces, cuando tengo que tomar determinadas decisiones, todavía me pregunto lo que él me hubiera aconsejado hacer». También se entendía muy bien con Heliodoro Ruiz Arias, profesor de educación física, y con su hijo, también llamado Heliodoro, que se ocupaba de la salud de los alumnos. En cambio «el padre Zulueta, que nos visitaba tres veces por semana para hablarnos de religión y de moral, era un personaje al que había que coger con pinzas»; representaba una de las corrientes más conservadoras del franquismo, y era muy puntilloso en el protocolo[20].

Acostumbrado a vivir alejado de su familia, Juanito se adaptó pronto al colegio y a sus compañeros, y disfrutaba, además, con su afición preferida, la caza, en los amplios terrenos que rodeaban la casa. Sin embargo, algunas de sus obligaciones debían resultarle penosas, tales como las tediosas audiencias que debía conceder a numerosos miembros de la nobleza que acudían a conocerlo, responder a las cartas que recibía, etcétera. Cuando finalizó el primer semestre, Juan Carlos regresó a Estoril para pasar las vacaciones de Navidad. Gil Robles, por entonces consejero de don Juan, se quedó impresionado por la actitud algo apagada y taciturna que mostraba: «Sigue siendo un verdadero niño en todas esas simpáticas reacciones, pero lo encontré prematuramente serio y hasta levemente triste. Parece como si se diera cuenta de la batalla que en torno a él se está librando. Cuando pienso en su futuro me produce compasión. ¿Qué reservará el porvenir a esta criatura que a los diez años es ya objeto de aguda pugna?»[21]. En enero de 1949 Juanito regresó a Las Jarillas, donde pudo acabar el curso, para volverse a Portugal en el mes de mayo. Su padre no se sentía satisfecho de los resultados políticos obtenidos, y a finales del mes de septiembre envió una nota a Franco informándole que, puesto que los acuerdos tomados en el Azor no se habían cumplido, su hijo no iba a volver a España. Franco le respondió al mes siguiente, diciendo que él no había prometido nada…

El curso 1949-1950 debió de ser deprimente para Juan Carlos, que seguía viendo poco a su padre —siempre de viaje o de cacería—, y que echaba de menos a sus compañeros de Las Jarillas. Tuvo que conformarse con las frecuentes visitas que le hacían don Vicente Garrido y el padre Zulueta para ocuparse de sus estudios. Pero dentro del juego de la política él importaba poco, no interesaba cómo podía afectarle la ausencia de una sólida figura paterna. Resultaría llamativo cómo luego se referiría a personas que fueron para él como un «segundo padre»: Eugenio Vegas Latapié, José Garrido, el marqués de Mondéjar y hasta el propio Franco. Su padre debió de cambiar de planes cuando supo que en diciembre de 1949 don Jaime de Borbón, su hermano mayor, reafirmó inesperadamente sus derechos al trono de España, alegando que su renuncia de 1932 carecía de validez legal. Era algo que afectaba a su propio hijo, Alfonso de Borbón Dampierre, que ya había sido postulado por ciertos sectores falangistas como posible sucesor de Franco.

UNA FORMACIÓN ESPAÑOLA, RELIGIOSA Y MILITAR

En otoño de 1950 don Juan de Borbón recapacitó y decidió que su hijo Juan Carlos volviese a estudiar a España, acompañado esta vez por su hermano menor Alfonsito. A tal efecto se había habilitado un nuevo colegio en el palacio de Miramar, antigua residencia de verano de la familia real en San Sebastián. Allí se trasladaron otros dieciséis chicos que se dividieron en dos grupos, para acompañar a Juanito y Alfonsito, respectivamente. De nuevo, el director del colegio era don José Garrido. El severo padre Zulueta enseñaba latín y religión, decía misa y organizaba la salida del fin de semana. Había también un profesor de literatura e historia, y una mujer era la profesora de francés, además de ejercer de enfermera y de gobernanta de la casa. Se incorporaron también varios profesores no residentes, que enseñaban tísica, matemáticas, inglés, gimnasia y música. Y más tarde el profesor Ángel López Amo, profesor de historia de la filosofía y destacado miembro del Opus Dei. Durante cuatro años estudiaron los dos hermanos en Miramar, aunque pasando las vacaciones en Estoril. En julio de 1954 Juan Carlos pasó el último examen del bachillerato, celebrado en el Instituto San Isidro de Madrid. Luego, junto con su hermano Alfonso hizo una visita de cortesía a El Pardo, para agradecer a Franco el haberle facilitado su estancia en España, y volvió a Portugal. Poco después, don Juan de Borbón recibió dos evaluaciones sobre el carácter del príncipe. La más interesante era la del marqués de Fontanar, padre del compañero de habitación de Juan Carlos en Miramar: había observado en él cierto grado de indisciplina, escaso interés por la cultura y por la lectura en general, y que en ocasiones parecía egoísta, desatento y superficial. Hacía falta inducirle cierto sentido de la obligación[22].

El fin de los estudios de bachiller del príncipe planteó la cuestión de dónde y cómo continuar los estudios superiores, acentuando la pugna entre su padre y Franco. El 16 de junio de 1954, don Juan de Borbón comunicaba al Caudillo su decisión de enviar a su hijo a la Universidad Católica de Lovaina, a lo que Franco respondió reclamando para sí la responsabilidad de la formación del príncipe, que «cabe proponerme para poder responder un día a los deberes y obligaciones que la dirección de una nación entraña». El plan de Franco incluía, en primer lugar, una formación filosófica y moral, que estaría asegurada gracias a la constante compañía de «una persona piadosa, prudente, exenta de ambiciones». Para la disciplina y la formación del carácter, no podía haber «nada más patriótico, pedagógico y ejemplar que su formación de soldado en un establecimiento militar», lo cual significaba dos años en la Academia General Militar de Zaragoza, seguidos de un período de seis meses en la Escuela Naval y en la Academia de Aviación, después pasaría otros dos años en la universidad, seguido de tres meses en cada una de las Escuelas de Ingenieros Agrónomos, Industriales y de Minas. «Durante el desarrollo de todo este programa, el contacto más frecuente será con el Caudillo y en su caso la orientación directa, lo considero fundamental», siendo muy importante que el príncipe se identificase con los principios del Movimiento. Además, «considero necesaria mi vigilancia y contacto con el príncipe, que me permita conocerle, observar su evolución y, en su caso, enmendar lo que pretenda torcer». Y era muy conveniente que «el pueblo se acostumbre a ver al príncipe cerca del Caudillo»[23]. Todo lo cual implicaba que su padre no tenía nada que hacer.

El conde de Barcelona necesitaba una baza que jugar para que los términos de un posible acuerdo fueran más los suyos que los de Franco. Aunque mucho de lo que planteaba Franco le parecía sensato, corría el riesgo, si lo aceptaba, de que el príncipe se distanciara definitivamente de él y tuviera una formación franco-falangista. En cualquier caso, don Juan se tomó su tiempo en responder, alegando que la propuesta de Franco estaba siendo cuidadosamente examinada por su Consejo Privado, muchos de cuyos miembros eran detestados por el Generalísimo. No le respondió hasta el 23 de septiembre de 1954, después de haber efectuado con su familia un crucero por las islas griegas, invitado por la reina Federica, y en el que Juan Carlos conoció a la princesa Sofía. Le decía a Franco que en lo esencial estaba de acuerdo con él, con respecto a la conveniencia de que el príncipe tuviese una formación española, religiosa, militar. De forma deliberada Franco aplazó dos meses más su contestación, mientras negociaba un nuevo encuentro con don Juan.

El encuentro se fijó para el 29 de diciembre de 1954, en la finca cacereña de Las Cabezas, propiedad del conde de Ruiseñada. El conde de Barcelona no tuvo otra opción que aceptar las propuestas de Franco, con la salvedad de que eso no significaba una renuncia a sus derechos dinásticos. Y pidió al general Martínez Campos, duque de la Torre —persona de absoluta lealtad al Caudillo—, que fuese el jefe de la Casa del Príncipe en España y que se encargase de la educación militar de su hijo. Aunque el duque no acogió con entusiasmo la misión encomendada: «Es un honor, incómodo, lleno de responsabilidades, sobre todo, largándomelo a mí cuando soy viejo y nunca he sabido educar a mis hijos», dijo al comandante Armada, al que nombró su ayudante[24]. También incorporó a la «residencia» —instalada en el palacio cedido por los duques de Montellano— a un equipo de tres comandantes militares, entre los que figuraban Nicolás de Cotoner, futuro marqués de Mondéjar, un capellán, y el profesor de historia López Amo. El príncipe, que llegó de Lisboa acompañado por el duque de la Torre, fue recibido por el alcalde de Madrid y el capitán general de la Primera Región Militar, y por cientos de monárquicos, enfrentados a otros tantos falangistas radicales. De inmediato, se instaló en la «residencia» que tenía ya organizada, e inició su preparación para el examen de ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, sometiéndose a un horario rígidamente planificado, sin apenas tiempo libre a su disposición. De vez en cuando acudía a El Pardo, donde el Caudillo le daba interminables lecciones sobre los errores cometidos por diversos reyes de España o le aconsejaba sentenciosamente. Sólo le permitieron tener un amigo, Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de la Falange, lo que no impidió la hostilidad de los falangistas, que le abucheaban en todos los sitios que visitaba.

En mayo de 1955 Juan Carlos aprobó el examen de ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, adonde volvió como cadete en el otoño de ese mismo año, tras pasar las vacaciones con su familia. Al principio muchos de sus condiscípulos no sentían simpatía alguna por lo que él representaba. Otros le imaginaban como un niño mimado o como una especie de extraterrestre. Pero pronto logró ser considerado como un alumno más: «… me interesaba mucho ser un cadete más. Confundirse con la masa, como suele decirse, evita muchos problemas. Todo el mundo sabía quién era yo, pero hacían como si no lo supieran, aunque no siempre con éxito. Para los más íntimos yo era Juan o Juan Carlos; para otros, yo era Borbón, y para los demás yo era SAR, pero sin ningún énfasis de las siglas». Pero hasta allí llegaba la campaña de cierta prensa contra la monarquía borbónica y contra su padre, al que se acusaba de masón, bebedor, mujeriego, etcétera. «En varias ocasiones me peleé con compañeros que habían emitido en mi presencia opiniones sobre mi padre que no me gustaban. Nos dábamos cita, de noche, en el picadero de la Academia, y allí ajustábamos cuentas a puñetazos»[25]. No sucedía muy a menudo, porque sus compañeros sabían que se encontraba en una situación difícil y evitaban tocar el tema en su presencia.

Sus privilegios consistían en tener un cuarto para él solo, donde a menudo estudiaba con sus instructores particulares; montar su propio caballo, que todos le envidiaban porque era el mejor, y disponer de un automóvil con chófer. Como contrapartida el príncipe, con sus profesores adosados, tenía menos tiempo y libertad. Con las chicas, por ejemplo, tenía un éxito evidente, pero disponía de poco tiempo y debía ser discreto. El duque de la Torre solía acudir a Zaragoza los fines de semana para vigilar su educación: «El duque de la Torre, que había tomado parte activa en mi educación premilitar, venía a visitarme los sábados. Después de haber tomado nota sobre la buena marcha de mis estudios, me invitaba a comer al Grand Hotel, que era entonces donde se reunía la buena sociedad de Zaragoza […]. Mis comidas a solas con el duque eran bastante siniestras, porque en general estaba lejos de ser un tipo divertido. Era un militar a la antigua usanza, de maneras exquisitas pero extremadamente afectadas. Siempre me trataba con un respeto que me paralizaba. Su Alteza Real por aquí, su Alteza Real por allá»[26]. Pese a todo, en la academia se sentía feliz y llegó a hacerse popular como un «compañero» abierto, cordial, generoso, especialmente dotado para los deportes y con una memoria muy especial. En rendimiento académico era considerado como de «inteligencia normal», pensamiento táctico y ética militar, y persona bastante religiosa. Pero el franquismo que lo envolvía hacía inevitable su contaminación: «A menudo, cuando iba de permiso a Estoril y hablábamos de tal o cual cosa, mi padre se irritaba: “¡Demonio!, ¡no me hables desde el punto de vista de Franco!”. Pero ¿qué cosa podía hacer? Yo vivía en la España de Franco. Y cuando Franco me hablaba de España, hablaba de una España que yo conocía y cuya existencia admitía sólo difícilmente»[27]. El 18 de julio de 1957 Juan Carlos se había licenciado como segundo teniente en Zaragoza. Después de lucir el uniforme en Estoril, se fue a visitar a su abuela a Lausana.

El 20 de agosto de 1957 Juan Carlos ingresó en la Escuela Naval de Marina, en la Ría de Pontevedra. Tras enfrentarse a la hostilidad de algunos cadetes, su trato afable y su capacidad para soportar las pruebas físicas más duras le permitieron integrarse bien. En mayo de 1958 se embarcó como guarda marina en el Juan Sebastián Elcano, que iba a cruzar el Atlántico, haciendo escala en varios puertos de Estados Unidos. Allí coincidió con su padre, que había llegado con su barco El Saltillo, y la presencia de ambos, rodeados de una gran publicidad, se convirtió casi en una visita de Estado. En su discurso de Fin de Año franco denunció los defectos de la monarquía borbónica en términos de la/«futilidad, la imprevisión, el abandono, la torpeza y la ligereza». Desde el 15 de septiembre de 1958, Juan Carlos estaba ya en la Academia de Aviación de San Javier de Murcia. Y siendo cadete en aquella academia, tomó parte en el desfile de la Victoria, que conmemoraba el fin de la Guerra Civil: fue abucheado por algunos grupos de falangistas que gritaban «No queremos reyes imbéciles».

El 12 de septiembre de 1959 finalizó la formación militar de Juan Carlos, que se licenció con el grado de teniente de las tres armas. Tenía veintidós años y había madurado considerablemente, aunque sus gustos eran los mismos que los de cualquier joven aristócrata de su edad: chicas, baile, música, coches deportivos, etcétera. Franco estaba satisfecho con el príncipe, pero se mostraba receloso con su padre. Así se lo decía a su primo Pacón, a comienzos de 1960: «Ante la imposibilidad de que don Juan pueda gobernar por su liberalismo o por otro motivo, se ha preparado la educación de su hijo, el príncipe don Juan Carlos, quien por su esfuerzo e interés ha logrado alcanzar las dos estrellas de oficial de los tres Ejércitos y ahora irá a la universidad»[28]. Pensaba incluso que el padre podía abdicar sus derechos en el príncipe. «Durante ese tiempo el duque de la Torre preparaba con mi padre el programa de mis estudios universitarios. En contra de la opinión de los miembros de su Consejo Privado, el duque había convencido a mi padre de que había de enviarme a la Universidad de Salamanca, pues la idea principal del duque era mantenerme lo más alejado posible de Madrid, para que no me influyeran la ideas permisivas de la capital y las intrigas de los tiburones del poder que nadaban entre dos capas. Creo también que quería evitar una proximidad demasiado estrecha con Franco, con quien el duque no se llevaba bien». El general Franco no quería que fuese a la Universidad de Salamanca porque uno de los profesores era Enrique Tierno Galván, «el viejo profesor». Al duque aquellas razones le parecían ridículas. Para él, la Universidad de Salamanca era la más antigua y las más prestigiosa de las universidades españolas, cargada de historia y tradición, y por tanto ideal para el futuro rey de España.

A finales de 1959 don Juan comenzó a tener dudas sobre el proyecto de Salamanca. El duque de la Torre había viajado a Estoril el 18 de diciembre para ultimar detalles y se entrevistó con el conde de Barcelona. «Mi padre, apoyándose en la opinión de Franco y en la de los miembros de su Consejo Privado, puso fin a la controversia, anunciando que me quedaría en Madrid. Entonces el duque de la Torre, que no era un hombre flexible, se despidió. “Me habéis dado vuestra confianza para la educación del príncipe —le dijo a mi padre—, y ahora Vuestra Alteza, de acuerdo con el general Franco, ha decidido retirarla. Así las cosas, vuelvo a mi casa”. Y el duque se fue dando un portazo. La marcha del duque me apenó mucho pero no podía hacer nada por él. Nadie había pedido mi opinión. Yo estaba como sobre un campo de fútbol. El balón estaba en el cielo y yo no sabía de qué lado iba a caer»[29].

Hubo un intercambio epistolar entre don Juan y Franco y un principio de acuerdo, pero todo quedó en suspenso hasta un posible nuevo encuentro entre los dos. El tercer encuentro se produjo también en la finca de Las Cabezas el 29 de marzo de 1960, y llegaron a un acuerdo en casi todo. Juan Carlos residiría en la Casita de Arriba de El Escorial, mientras se acondicionaba el palacio de la Zarzuela, y haría unos cursos especiales apoyado por un equipo de profesores dirigido por el catedrático Torcuato Fernández-Miranda y entre los que figuraban Jesús Pabón, Antonio Fontán, García Valdecasas, Federico Suárez, Martín de Riquer, Laureano López Rodó y Enrique Fuentes Quintana. Franco firmó un comunicado conjunto con el conde de Barcelona, especificando que la estancia del príncipe en España no tenía implicaciones para la sucesión del trono, pero cuando llegó a El Pardo corrigió unilateralmente el comunicado y lo dio a la prensa para que lo publicara, con el consiguiente disgusto de don Juan.

Juan Carlos regresó a España en abril de 1960, y estableció su residencia, tal como se había acordado, en la Casita de Arriba, una especie de pequeño búnker construido por Franco durante la Segunda Guerra Mundial. No tardó en ser recibido por el Generalísimo: «“Debéis estudiar —me dijo— en paz y tranquilidad” […]. Franco había ganado en toda la línea. Me tenía cerca y me alejó de las influencias que hubieran podido ejercer sobre mí los hombres del Consejo Privado de mi padre, hombres que no le gustaban por ser demasiado liberales». Iba a la universidad todos los días a las nueve de la mañana y volvía para comer, y tenía muchas tardes libres para hacer deporte. El jefe de su Casa era el duque de Frías, pero quien permanecía más tiempo a su lado era el marqués de Mondéjar, Nicolás de Cotoner. Su más asiduo visitante era Torcuato Fernández-Miranda: «… fue un hombre que contribuyó mucho a mi formación de futuro rey. Venía todas las mañanas a la Casita para darme lecciones de derecho político. Se sentaba delante de mí, sin papeles, sin notas, y me hablaba durante horas. Era un hombre de inteligencia fascinante, teníamos unas conversaciones totalmente surrealistas. Torcuato tenía un sentido del humor frío que a veces era muy difícil de coger, porque sonreía muy escasas veces. Pero me enseñó a tener paciencia, serenidad y, sobre todo, a ver las cosas tal como eran, sin hacerme ilusiones y sin fiarme de las especulaciones […]. Torcuato estuvo a mi lado prácticamente desde los años sesenta. Yo puse toda mi confianza en él. Hasta su muerte, fue de una lealtad total, perfecta»[30].

El 19 de octubre de 1960 saltaron chispas cuando el príncipe, acompañado por el marqués de Mondéjar y una escolta policial, entró por vez primera en la Facultad de Derecho de Madrid. «¡Fuera el príncipe de Sissi! ¡Abajo el príncipe tonto! ¡Viva el rey Javier!», gritaba un numeroso grupo de estudiantes carlistas y falangistas. Durante varios días se mantuvo la misma tónica, hasta que la situación se fue normalizando, tras un pacto de un grupo de estudiantes monárquicos y de otras tendencias. Con el tiempo, Juan Carlos se fue ganando la simpatía de la mayoría de los estudiantes, aunque siempre hubo quien se salía cuando él entraba en clase. Iba sobre todo a las clases de López Rodó, que se convirtió en decidido partidario suyo. Franco, por su parte, trataba de ganarse al príncipe, pero se fiaba cada vez menos de su padre, al que no quería excluir públicamente de las posibilidades de reinar algún día por temor a que Juan Carlos se pusiese de su lado. En marzo de 1961, en la misa de réquiem por los reyes de España celebrada en El Escorial, al príncipe se le asignó el asiento reservado a la familia real, cerca aunque detrás del Caudillo. Este pretendió educarlo a su modo y manera, dándole frecuentes consejos: no perder el hábito de estudiar durante las vacaciones, leer los periódicos con alguien que los anotara, leer el Kempís, los Episodios Nacionales, los Evangelios, los hechos gloriosos del Movimiento Nacional[31].

LA BODA DEL PRÍNCIPE

Desde el verano de 1961 el príncipe Juan Carlos había formalizado sus relaciones con la princesa Sofía de Grecia, a quien había conocido en 1954 y vuelto a ver en el pasado mes de junio con motivo de la boda del duque de Kent. A Franco no se le comunicó nada, por expreso deseo de don Juan de Borbón, que quería hacerle entender que el compromiso de su hijo no era cosa suya. Por eso le sorprendió desagradablemente el anuncio oficial del compromiso matrimonial de Juan Carlos y Sofía, hecho público en Lausana el 12 de septiembre de 1961. Si bien ese mismo día don Juan le informó a Franco, que se encontraba pescando en el yate Azor, y se lo confirmó después por carta. Durante algún tiempo Franco se mostró irritado, porque ni siquiera había sido consultado antes del anuncio oficial del compromiso. En la primera ocasión en que Juan Carlos lo visitó tras el anuncio de boda, Franco le preguntó si estaba contento con su compromiso y sin esperar respuesta añadió: «Ya sabe que no tiene por qué casarse con una princesa»[32]. El 13 de noviembre coincidieron ambos en una cacería y Franco le preguntó qué pensaba hacer después de casarse. Demostrando cuánto había aprendido de él, Juan Carlos respondió: «Hasta ahora, todo se ha hecho de acuerdo entre usted y mi padre». A lo que Franco replicó: «Ya va siendo hora de que Vuestra Alteza se haga mayor de edad».

A lo largo del invierno de 1961-1962 las visitas a Estoril, Londres y París y la preparación de la boda dejaron a Juan Carlos poco tiempo para proseguir sus estudios universitarios, que se consideraron oficialmente terminados en febrero de 1962. El 1 de marzo el príncipe visitó a Franco para invitarle a su boda, que se había fijado para el día 14 de mayo, y que éste declinó, diciéndole que estaría dignamente representado por el ministro de Marina, que viajaría a Atenas a bordo del buque insignia de la Armada española, el Canarias. Luego le indicó que el fin de sus estudios no significaba el término de su formación intelectual y política; debía seguir en contacto con los españoles, residir en España, interesarse por sus problemas y prepararse para el futuro, «pues os aseguro, Alteza, que tenéis muchas más posibilidades de ser rey de España que vuestro padre»[33].

Como le comentó más tarde a su primo Pacón, este tema le tenía muy preocupado y amargado. Aunque el asunto de la boda había confundido a Franco, persistía su afecto por Juan Carlos, lo que le movió a realizar una serie de gestiones que facilitaron su organización: nombró embajador de España en Grecia al conocido monárquico Juan Ignacio Luca de Tena, agilizó los trámites con el Vaticano para que se pudiera realizar el matrimonio mixto, concedió a los príncipes el Gran Collar y Lazo de Brillantes de la Orden de Carlos III, la más alta condecoración del gobierno español. Cinco mil personas asistieron a la ceremonia llegadas de España, haciendo alarde de su entusiasmo por el rey Juan III, que por cierto, a su llegada a Atenas, había sido recibido con honores reales. La boda se celebró, efectivamente, el 14 de mayo de 1962, en doble ceremonia católica y ortodoxa, y constituyó un brillante espectáculo, que los españoles contemplaron por televisión, que redujo al mínimo la participación de don Juan de Borbón. Después de la boda, la pareja inició la primera etapa de su larga luna de miel. Se detuvieron especialmente en la isla de Corfú, donde el 31 de mayo la princesa Sofía fue recibida en la Iglesia católica en una ceremonia casi privada. Luego volaron a Roma, para darle las gracias al papa Juan XXIII por la dispensa eclesiástica concedida para su matrimonio, y desde Roma fueron a Madrid, con permiso de la reina Victoria Eugenia y de la reina Federica, para agradecer a Franco las atenciones y los regalos recibidos con motivo de su boda. Sofía quiso jugar la carta del Generalísimo, que quedó gratamente impresionado por la buenas actitudes de ella, con fuerte disgusto de don Juan, que sustituyó al duque de Frías como jefe de la Casa de su hijo. En cuanto a doña Sofía, que probablemente esperaba encontrarse frente a un personaje seco y distante, le sorprendió agradablemente que Franco fuese «un señor bastante mayor, bastante tímido, que hizo grandes esfuerzos por caerme simpático»[34].

Los príncipes, en su viaje de novios, llegaron hasta la India, y prácticamente dieron la vuelta al mundo antes de regresar a Estoril. Desde allí viajaron a Cataluña para visitar a los damnificados por unas desastrosas inundaciones, en representación de don Juan de Borbón. Lo que molestó bastante a Franco, según confesó a su primo Pacón: «A mí me parece que lo natural era que fuesen después de venirme yo de Barcelona, y que su visita fuese personal y no en nombre de su padre, que no tiene popularidad en el país, y la visita pudo dar lugar a algún incidente desagradable y no faltó mucho para que lo provocaran elementos falangistas»[35]. Luego, los príncipes pasaron una larga temporada en Atenas… Finalizadas ya las obras de remodelación de la Zarzuela, Franco estaba cada vez más receloso de la ausencia de Juan Carlos, que estaba fuertemente presionado por su padre para que el matrimonio se instalase en Estoril, en contra de lo que ellos deseaban realmente hacer. Don juan ordenaba paciencia y aguantar hasta que Franco cediese y tuviese una entrevista con él. Pero Franco se mostraba aparentemente impenetrable. «El príncipe puede venir cuando quiera y lo recibiré como siempre, pero no moveré un solo dedo para que venga antes o después», le había dicho a Fraga a mediados de enero de 1963[36]. Pero el 4 de febrero revelaba su irritación a su primo: «No comprendo por qué el infante don Juan Carlos continúa supeditado a la política de su padre, que se ha declarado incompatible con los principios del Movimiento Nacional, y que no autoriza que su hijo vuelva a España a completar su formación política, y a estar al tanto de nuestras actividades de toda clase y a la vida del pueblo español […]. El heredero legal de la Corona, una vez descartado el príncipe don Juan de Borbón, es su hijo don Juan Carlos, que puede muy bien hacer la unión de los monárquicos. Quedan otros príncipes como el Infante don Alfonso de Borbón Dampierre, que es culto y patriota y que podría ser la solución si no se arregla lo de don Juan Carlos»[37]. Conocidos estos comentarios, cada vez más malhumorados, el jefe de la Casa Militar del Generalísimo envió un aviso urgente a Juan Carlos. Y José María Pemán, jefe de su Consejo Privado, apremió a don Juan para que escribiese a Franco explicándole la ausencia del príncipe e insinuándole que su retorno era inminente. Y don Juan, temiendo que su hijo se le escapase, escribió a Franco en tonos conciliatorios: «Creo que debe evitarse que la vida de la joven pareja se convierta en algo ocioso y frívolo. Un enorme peligro de la residencia permanente211 Madrid es que los príncipes frecuenten ciertos medios sociales caracterizados por un género de vida que, practicados por ellos, acarreen su desprestigio popular ante la opinión pública […]. También creo que deberíamos empezar una política de confianza mutua, encaminada a asegurar la continuidad del régimen, y para eso pienso que unos cuantos viajes hechos por el príncipe y por mí mismo, por determinados países, incluso a la América española, preparados políticamente con discreción, podrían ser muy útiles en España»[38]. Pero el general no tragó, y dio por sentado que don Juan había decidido la vuelta de los príncipes a Madrid.

A finales de febrero de 1963, los recién casados habían ya establecido su residencia permanente en la Zarzuela, muy próxima a Madrid y a El Pardo. Rápidamente mejoraron sus relaciones con Franco, pues la pareja fue muy atenta y considerada tanto con él como con su esposa, y ambos estaban encantados. Sin embargo, ellos en la Zarzuela se encontraban como inquilinos en casa ajena: «No teníamos un estatus, no sabíamos muy bien quiénes éramos —ha contado la reina—. Oficialmente no sabíamos cuál era nuestro puesto, cuál era nuestro rango. Incluso en el protocolo… Era todo tan nuevo que no había nada escrito. No podíamos exigir ningún derecho. Teníamos que adivinar, con sentido común y con instinto político, qué nos correspondía hacer, dónde convenía que estuviéramos y en qué posiciones estábamos. Ah, y Franco no marcaba la pauta. Él no decía nada»[39]. Pero dependían de Franco, eran sus huéspedes, a los que tenía sometidos a vigilancia permanente. El personal de la Casa estaba puesto por el Patrimonio Nacional: «Nosotros sabíamos, notábamos, que a veces algunos estaban vigilando, espiando, para contar después en El Pardo qué hacíamos, quién venía, adonde íbamos. No nos preocupaba, porque no teníamos nada que ocultar y nada que temer. Sin embargo, nos sentíamos vigilados en nuestra casa. Y eso era incómodo. Pero salíamos mucho, viajábamos mucho. Fueron años de conocer España y de darnos a conocer. Franco se lo decía al principio: “Viaje, Alteza, salga por ahí para que le conozcan”».

El staff de la Zarzuela lo constituían principalmente el marqués de Mondéjar y Armada, nombrados por Franco, que además mantenía como enlace permanente al ministro del Ejército, Castañón de Mena, que iba y venía. Y un alto funcionario de la presidencia del gobierno, José María Gamazo, fue destinado a la Zarzuela, para mantener permanentemente informado a Carrero Blanco de todo lo que sucedía en palacio. Se imponía precaución, y seguirle el juego a Carrero Blanco y a López Rodó, que les visitaban con frecuencia y elaboraban un plan para que el príncipe fuese nombrado oficialmente el sucesor de Franco. Todo ello hacía muy pesada la vida del joven matrimonio, que se sentían vigilados y tenían motivos para desconfiar de todos. Sin embargo, «nos sentíamos libres, aunque no lo éramos del todo. Tampoco teníamos obligaciones tasadas, ni nada impuesto […]. La gente pensaba que estábamos padeciendo un humillante sometimiento, que estábamos bajo la bota de Franco; pero Franco no mandaba sobre el príncipe, ni trataba de tenderle trampas. Mi marido tomaba las iniciativas, y le proponía, le consultaba lo que iba a hacer, lo que él pensaba que debía hacer. Le ponía un programa, pero no le aconsejó. Y Franco nunca le dijo nada. Claro que el príncipe planteaba cosas que se podían hacer. Pero Franco le dejaba hacer, le quería como a un hijo, es verdad»[40]. El príncipe, a su vez, tenía un gran instinto para moverse con Franco. Además, conocía muy bien la situación y a los personajes, porque estaba allí desde niño: «En cuanto a mí, no me humillaba estar bajo Franco. No me sentía dominada por él. Al contrario, siempre me sentí respetada y tratada como quien yo era». El futuro era esperanzador, y la tarea de restaurar la monarquía merecía la pena.

ESPERANDO LA SUCESIÓN

El alborozo fue grande cuando la princesa se quedó embarazada: se les veía muy unidos; iban juntos a todas partes, a visitar hospitales, hacer obras de caridad, incluso a la Semana Santa de Sevilla. Aunque el príncipe pasaba muchas tardes en diversos ministerios aprendiendo su funcionamiento, su principal preocupación, a medida que transcurría el año 1963, era el nacimiento de su primer hijo. Animó a su padre para que escribiera una carta a Franco, solicitándole permiso para asistir al bautizo con su esposa y con su madre. Franco esperó hasta el último momento para responderle: «Me decido a escribiros para mostraros mi complacencia de que podáis estar con vuestros hijos en tan señalado acto, que no debe perder el carácter íntimo y familiar y evitar que vuestra presencia en España pueda ser explotada por alguno de vuestros adictos con fines partidistas»[41]. El día 20 de diciembre la princesa Sofía daba a luz a una niña, Elena, y seis días después don Juan, su esposa y sus dos hijas partían para Madrid. Era la primera vez que Franco les permitía acercarse al centro de España, aunque debieron alojarse en la casa del duque de Alburquerque, en las afueras de Madrid. Al día siguiente se celebró el bautizo en la Zarzuela, en estricta intimidad familiar, aunque con la presencia del matrimonio de Franco y de algunos ministros. Todo terminó con normalidad, aunque el príncipe pudo contar a su padre el acoso que sufría por parte de quienes pretendían acercársele. Creía que su presencia en España ora como un arma de doble filo.

A partir de 1964 Juan Carlos aparecería siempre con el Caudillo en el desfile de la Victoria, un paso atrás y a su derecha. Y también en el palacio de Oriente, en solemnes actos religiosos, en algunas inauguraciones, etcétera, lo que podía desprestigiar su figura como futuro rey de «todos los españoles» que pretendía ser. «Entonces —ha contado la reina—, eso se veía normal. Él había venido aquí desde niño para educarse en la realidad española. Vivía en el franquismo. No pensábamos que eso pudiera perjudicarle más que no estar. Al contrario, si actuábamos con talento y con prudencia ésa era la puerta, la única puerta abierta para poder llegar a ser rey. Él iba a todos los desfiles de la Victoria»[42]. Pero abrir esa puerta significaba cerrársela al padre, que no asistió al bautizo de la segunda hija de los príncipes, Cristina, nacida el 15 de junio de 1965. Juan Carlos seguía siendo profundamente leal a su padre, pero tampoco toleraba que delante de él se hablase mal de Franco: «No quería que la Zarzuela fuese un nido de habladurías, de conspiración contra el régimen de Franco —ha contado doña Sofía—. Nosotros no estábamos aquí para conspirar»[43]. Estaban allí para entrar por la puerta: «Es que si no, ¿qué hacíamos aquí?, ¿para qué había venido de pequeño a prepararse y a estudiar?, ¿por qué vivíamos en este palacio?». Pero debían esperar, y seguir sin ser nadie, interpretando los gestos de Franco, que tenía el reloj y decidía la hora. A falta de cometidos concretos, el príncipe seguía visitando los ministerios, reuniéndose con los ministros, subsecretarios y directores generales, con el permiso de Franco y siempre en plan de aprendizaje. Y muchos altos funcionarios y ministros eran invitados a la Zarzuela, Juan Vigón, Vicente Mortes, Silva Muñoz, López Rodó, etcétera. Y los príncipes viajaban por toda España, donde no siempre eran bien recibidos.

Carrero Blanco, López Rodó y Fraga Iribarne hacían todo lo posible para que Juan Carlos fuese considerado popularmente como el sucesor de Franco. A finales de noviembre Fraga, a la sazón ministro de Información y Turismo, declaró al Times que «está cada vez más aceptado que cuando termine el régimen de Franco, don Juan Carlos será rey de España»[44]. Don Juan de Borbón se indignó, comunicando que no tenía ninguna intención de abdicar y que Juan Carlos estaba totalmente a sus órdenes. El príncipe se quejó a Franco de que el ministro le había puesto en un aprieto, y se apresuró a tranquilizar a su padre, concediendo una entrevista a la revista Times, en la que afirmaba: «Yo nunca, jamás aceptaré la Corona en tanto mi padre viva»[45]. Realmente la situación del príncipe era bastante difícil, pero su padre no parecía percatarse de ello. Lo seguía tratando como a un niño, Juanito, pese a que ya era un hombre casado de veintiocho años y con dos hijas. Para conmemorar el vigesimoquinto aniversario de la muerte de Alfonso XIII, se decidió celebrar en Estoril un acto, mostrando la lealtad a don Juan con un documento firmado por todos los consejeros y encabezado por el príncipe Juan Carlos. El acto estaba fijado para el 5 de marzo de 1966, y el día anterior Pemán y el duque de Alba acudieron a la Zarzuela para asegurarse la presencia en aquel acto del príncipe, que les enseñó el billete de avión, al tiempo que desde el entorno de Carrero se le presionaba para que no acudiera.

Al día siguiente, se esperaba la llegada a Estoril de Juan Carlos, que finalmente no llegó y se limitó a llamar por teléfono a su padre. El padre le dijo cosas terribles, le gritó y le insultó; después contó lo sucedido a sus consejeros: «El príncipe ha salido hoy de mi autoridad y ha desobedecido una orden mía. Debo decir que tiene veintiocho años y en muchas cosas su criterio no coincide con el que yo tengo. No quiero hacer críticas, como os podéis imaginar. Pero sí poner los pies en la nueva realidad que se veía venir desde que se casó, y yo, por complacerle, acepté que se metiera en la Zarzuela. La unidad de la dinastía, queridos míos, está rota»[46]. Sin disimular su regocijo, Franco le contó luego a su primo Pacón: «Hace diez días se negó a asistir al Consejo que tuvo lugar en Estoril bajo las presiones de su padre, tomando como pretexto una ligera afección de vientre que padecía y que no le impidió visitarme acompañado de la princesa»[47]. Indudablemente, el príncipe se estaba acercando al Caudillo, al tiempo que se distanciaba del padre, aun siendo muy consciente de que debía esperar: «No se puede esperar si no hay esperanza. Y yo tenía una gran esperanza: traer de vuelta la monarquía. Esperanza también de la voluntad de Franco y esperanza en mi capacidad de tener paciencia»[48]. Un paso en falso, y la monarquía se perdería para siempre.

Por su parte, en noviembre de aquel año Franco hizo que las Corles aprobasen la Ley Orgánica del Estado, que trataba de «constitucionalizar» su régimen y que facilitaba los trámites para su sucesión. El 14 de diciembre de 1966 esa ley fue sometida a referéndum, y obtuvo el voto afirmativo de una gran mayoría de españoles, consolidando la posición del Caudillo. Dos días después, Juan Carlos era entrevistado por el diario Pueblo, mostrando su «sincera admiración por el Caudillo» y respeto y cariño por su padre. Aunque seguía dividido, dio a entender que aceptaría ser el sucesor de Franco «a título de rey». En enero de 1967 los príncipes de España emprendieron un largo viaje de carácter privado a Estados Unidos, tratando de dar mayor relieve a su imagen. Y luego hicieron otro a Grecia, poco antes del golpe de los coroneles. En sus declaraciones públicas el príncipe tenía mucho cuidado en decir siempre lo que Franco quería oír, pero en la Zarzuela, en sus frecuentes conversaciones privadas con Torcuato Fernández-Miranda, hablaba de la no imposible democratización de la futura monarquía. Porque a Franco se le veía ya enfermo de parkinson y bastante desgastado, y se sentía obligado a delegar funciones en un vicepresidente del gobierno, cargo para el que en septiembre de 1967 designó a Carrero Blanco, importante valedor del príncipe para una monarquía autoritaria, franquista. Aunque el príncipe seguía sin ser «nadie»: «Yo no era nadie porque no tenía una situación claramente definida»[49].

El 5 de enero de 1968, el príncipe Juan Carlos cumplía treinta años de edad, con lo que de acuerdo con la Ley de Sucesión, ya podía jurar como rey o como sucesor a la jefatura del Estado. Y el día 30 fue padre de un niño varón, y se apremió a dar la noticia a Franco, evitando así que nadie se le adelantase. Dos días después acudió a El Pardo, y le habló a Franco de la fecha del bautizo, de la venida de la reina Victoria Eugenia y de una posible entrevista con su padre: «Ya se lo tengo dicho todo»[50]. El 7 de febrero llegaron a Madrid los condes de Barcelona, y por la tarde doña Victoria Eugenia aterrizó en Barajas, donde esperaban su hijo Juan, el ministro del Aire en representación del Caudillo y varios miles de personas que vitoreaban a la reina madre… y a don Juan el rey. Se adelantaron el conde de Barcelona, y la reina, antes de abrazarlo, le hizo la reverencia protocolaria como jefe de la Casa Real. La multitud se desbordó y aplaudió con delirio al rey Juan. «Lo vimos por televisión, en diferido —ha contado doña Sofía—. Me pareció que era muy poca gente. Sólo monárquicos. Como si el monarquismo fuese un partido. Vi también un poco de excitación, de histerismo… Entiendo que en tiempos de Franco había que tener valor para ir a manifestarse y decir que se estaba con la monarquía…»[51]. Al día siguiente el arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, bautizó al infante don Felipe, apadrinado por el conde de Barcelona y la reina Victoria Eugenia, y en presencia del matrimonio de Franco y de otros altos personajes. A los tres días, la reina Victoria Eugenia regresó a Suiza y los condes de Barcelona a Portugal. Pero don Juan aprovechó su breve estancia en Madrid para visitar la capilla de la Virgen de la Paloma, el monasterio de El Escorial y el Valle de los Caídos, y para recibir a personas ideológicamente diversas.

Después del bautizo de don Felipe, las relaciones entre el príncipe y Franco entraron en un clima de bonanza, pero pasaba el tiempo y Juan Carlos seguía sin saber a qué atenerse con respecto a su futuro: «Yo le pongo, mi general, todas las cartas boca arriba, y usted las tiene tapadas; juega con ventaja porque sabe que, si me nombra sucesor, aceptaré. Los legitimistas a ultranza se mostrarán disconformes pero ¡que esto no le haga estancar lo que ha de hacer!», le dijo el príncipe el 4 de mayo, pero Franco no soltó prenda. El 2 de junio tuvo una larga entrevista con él, en la que le habló sobre la difícil relación con su padre porque su situación no estaba definida: «Designe usted, mi general, de una vez, un sucesor». A lo que respondió el Caudillo: «Lo haré»[52]. El príncipe, sin duda malhumorado, se marchó de vacaciones a Estoril con su familia… Franco seguía sin definirse, y Juan Carlos se temía que el retraso en la designación del sucesor favoreciera las maniobras de Estoril o las intenciones de Alfonso de Borbón. Para tranquilizarle, López Rodó le explicó que se había iniciado una serie de actuaciones de algunos ministros para convencer a Franco de que le nombrase heredero. El 24 de octubre Carrero Blanco entregó al Generalísimo un extenso memorial, con pruebas que demostraban la identificación del príncipe con el régimen, apremiándole para que su designación se hiciese cuanto antes. Franco escuchó en silencio, y luego le dijo que estaba conforme con todo. Desde ese día, Juan Carlos era el sucesor in pectore, aunque sin fecha fijada.

Pero surgió un contratiempo: el 22 de noviembre de 1968 la revista francesa Points de Vue publicó un reportaje sobre el príncipe, en el que éste decía: «Jamás aceptaré reinar mientras viva mi padre: él es el rey. Si estoy aquí es para que haya una representación viva de la dinastía española, toda vez que mi padre está en Portugal». Juan Carlos negó categóricamente haber hecho esa declaración, aunque era cierto que en el reportaje se citaba un comentario suyo idéntico hecho en la revista Times tres años antes. Se lo explicó a Franco, que le dijo: «Las familias reales no deben discutir sus asuntos en la prensa. Hay que salir al paso inmediatamente». Entonces Fraga Iribarne propuso que el príncipe hiciese unas declaraciones a la prensa española: la entrevista, previamente pactada, la firmó el director de la Agencia Efe y la divulgaron el 7 de enero de 1969 todos los medios de comunicación. «Yo soy español y como tal debo respetar las leyes e instituciones de mi país, y en mi caso especialmente […]. He dicho varias veces que el año que juré la bandera prometí entregarme al servicio de España con todas mis fuerzas. Cumpliré con mi promesa de servirla en el puesto en que pueda ser más útil, aunque esto pueda costarme sacrificios. Puede usted comprender que, de lo contrario, no estaría donde estoy. Es cuestión de honor»[53]. En sus respuestas podía apreciarse entre líneas que iba a ser designado sucesor y que él lo aceptaría.

El 15 de enero de 1969 Franco le comunicó personalmente su decisión de nombrarle sucesor en el curso de aquel mismo año, y Juan Carlos le contestó que estaba dispuesto a declarar solemnemente su aceptación. Le pidió, no obstante, que contase con su padre. «No comprendo la actitud de vuestro padre; no se hace cargo de las cosas —dijo Franco—. Tenga mucha tranquilidad, Alteza. No se deje alterar por nada. Todo está hecho». A lo que replicó el príncipe: «No se preocupe, mi general, yo ya he aprendido mucho de su galleguismo»[54]. Sin embargo, el proceso sucesorio hubo de aplazarse cuando el 25 de enero, ante la creciente «subversión» en la universidad y en el País Vasco, el gobierno declaró el estado de excepción en todo el país por tres meses. En marzo el príncipe rehusó encontrarse con su padre en Niza, donde la reina Victoria Eugenia estaba hospitalizada. Ese mismo mes, el gobierno levantó el estado de excepción. Pero el proceso sucesorio siguió paralizado: «¿Es que usted, mi general, no se fía de mí?», le preguntó el príncipe a Franco el 10 de abril.

Sin decírselo a nadie, Franco esperaba que la reina Victoria Eugenia, gravemente enferma, muriera, por temor a que hiciese una declaración a favor de su hijo Juan. Murió efectivamente el 15 de abril, rodeada de todos sus familiares. En esos días el príncipe tuvo un enfrentamiento muy desagradable con su padre, que le criticó con dureza sus declaraciones a la Agencia Efe. El príncipe le contestó que si estaba en España era para aceptar lo que se le ofreciera, a lo que don Juan objetó de inmediato: «Si, pero no para suplantarme a mí». Después los príncipes pasaron unos días en Estoril, tras asistir al funeral de la reina madre celebrado en Madrid y presidido por el jefe de Estado. El 21 de abril se leyó el testamento de la reina: «Encarezco a mi hijo Juan que, si la Providencia le otorgase la posesión efectiva de la (lasa Real de España, entregue su vida y desvelos a provocar en su pueblo el mejor bien posible». En Estoril se habló de la situación de España, haciendo una exposición previa el general Armada, que dejó bien claro que Franco estaba bien dispuesto a nombrar sucesor a Juan Carlos. Don Juan se mostró reacio a creer lo que allí se decía: «Juanito, no te preocupes, puedes aceptar; pero puedes estar seguro de que eso no sucederá»[55].

Pero se equivocaba, porque ante la presión de diversos ministros el día 23 de mayo Franco le dijo a Carrero que nombraría sucesor a Juan Carlos antes del verano: «Ya parió —comentó el fiel almirante—. Hay que ver lo lento que es de parir este hombre»[56]. Pero el Caudillo seguía aplazando su decisión final, lo que causaba a Juan Carlos una terrible angustia, tanto más cuanto que llevaba dos meses sin ser recibido. De nuevo, los príncipes fueron a Estoril a pasar la fiesta del santo de su padre, y antes de la partida Juan Carlos fue a despedirse de Franco, que le dijo: «Venid a verme cuando regreséis, porque tengo algo que deciros». En Estoril tuvo un nuevo enfrentamiento con su padre, que le recordó que el derecho a la Corona española era de él y que se reservaba el derecho a revocar cualquier decisión de Franco. El príncipe le respondió exasperado: «Tienes toda la razón: fui y estoy en España por decisión tuya. Y si tú me dices que me marche o me prohíbes que acepte, hago la maleta, tomo a la Sofi y a los niños, y me voy. No puedo seguir en la Zarzuela si en el momento decisivo se me llama y no acepto. Yo no he intrigado para que la decisión recaiga en mí. Estoy de acuerdo en que sería mejor que el rey fueras tú; pero si la decisión está tomada, ¡qué le vamos hacer! […]. Y si, como yo creo se me invita a aceptar, ¿qué harás tú?, ¿es que hay otra solución posible, distinta de la que Franco decida? ¿Eres tú capaz de traer la monarquía?»[57]. Pero don Juan seguía creyendo que el general en modo alguno iba a designar sucesor en vida.

Cuando regresó de Portugal, el Generalísimo no recibió al príncipe hasta dos meses después, concretamente hasta el día 12 de junio, en que le dijo que, con su designación, pretendía garantizar la continuidad del régimen. Juan Carlos se emocionó y le preguntó: «Mi general, ¿por qué no me ha dicho nada sabiendo que iba a ver a mi padre? El ahora puede creer que yo sabía la noticia y que no he querido decirla». Franco respondió en tono mojigato: «Porque le hubiera pedido palabra de honor de guardarla en secreto. Y si su padre le hubiera preguntado le habría tenido que mentir. Y preferí que no mintiera a su padre»[58]. El Caudillo insistió en que le diese una respuesta inmediata. Juan Carlos aceptó y Franco le dio un abrazo de despedida. Pero el príncipe sentía una profunda inquietud respecto al modo en que iba a comunicarle la noticia al padre, que muy probablemente lo consideraría como una traición. Optó por llamar a su madre, y escribió una carta a su padre, que llevó directamente a Estoril el marqués de Mondéjar: «Queridísimo papá: acabo de volver de El Pardo, adonde he sido llamado por el Generalísimo […]. El momento que tantas veces te había repetido que podía llegar, ha llegado y comprenderás mi enorme impresión al comunicarme su decisión de proponerme a las Cortes como sucesor a título de rey […]. Te quiero muchísimo y he recibido de ti las mejores lecciones de servicio y amor a España. Estas lecciones son las que me obligan como español y como miembro de la dinastía a hacer el mayor sacrificio de mi vida y, cumpliendo un deber de conciencia y realizando con ello lo que creo que es un servicio a la patria, aceptar el nombramiento para que a España vuelva la monarquía»[59]. Fechada el día anterior, Franco había enviado, a través del embajador de España en Lisboa, otra carta a don Juan: «En los momentos en que el cumplimiento del artículo VI de la Ley de Sucesión tomo la decisión de proponer a las Cortes mi sucesor en la jefatura del Estado, a favor de vuestro hijo don Juan Carlos, quiero comunicárselo y expresaros mis sentimientos de desilusión que pueda causaros, y mi confianza en que sabréis aceptarlo, con la grandeza de ánimo heredada de vuestro augusto padre don Alfonso XIII […]. Yo desearía que comprendierais que no se trata de una restauración, sino de la instauración de la monarquía como culminación del proceso político del régimen, que exige la identificación más completa con el mismo»[60]. Hasta el día 16 de julio don Juan no leyó las cartas, primero la de su hijo y luego la de Franco, y no pudo evitar el sentirse fracasado y traicionado. Al día siguiente emitió un comunicado, reiterando su deseo de que el rey lo fuera de todos los españoles, presidiendo un Estado de derecho. Disolvió el Consejo Privado y su Secretariado Político, y el día 21 de junio, el mismo día que Franco comunicaba al Consejo de Ministros su decisión, se hizo a la mar después de haber roto las relaciones con su hijo. «Fue entonces cuando más vi sufrir a mi marido —ha contado la reina—. La alegría de la designación tenía el lado oscuro de una pena, de esa sombra… Porque la verdad es que a don Juan le costó muchísimo ceder, aceptar que él no iba a reinar»[61].

EL JURAMENTO DE JUAN CARLOS

«Ya sé que mi padre lo pasó muy mal en aquellos momentos para él tan frustrantes y desagradables —ha contado el rey Juan Carlos—, pero son muy pocos los que hablan de lo mal que lo pasé yo antes de prestar juramento de fidelidad a unos principios que yo sabía que no podía respetar. Aquello que me decía Torcuato de que toda ley lleva en sí misma el principio de su reforma y que todo puede cambiar por la vía de la legalidad sonaba muy bonito, pero una cosa es hablar de ello y otra es hacerlo. Si a eso le añades el dolor que me producía tener que, en cierto modo, enfrentarme a mi padre, comprenderás que todo aquello fue para mí algo parecido a una pérdida»[62]. El príncipe había llamado a su antiguo profesor Torcuato Fernández-Miranda para que le ayudase a redactar el discurso de aceptación como heredero de Franco. «La cuestión fundamental —contó Torcuato en su dietario— se planteó en relación con una pregunta del príncipe, que no era la primera vez que hacía: “Tú sabes que con toda sinceridad acepto las Leyes Fundamentales que voy a jurar. ¿Cuál es la exacta responsabilidad que asumo con ello? Está claro que la monarquía tendrá que plantear las cosas de otro modo. No podrá ser sin más el régimen actual, desde el que parto. ¿Quedo encadenado por la situación actual que acepto como punto de partida? Para establecer la monarquía de todos los españoles, ¿no me veré obligado a las reformas necesarias? […]. Si, yo tengo el conocimiento —dijo el príncipe— de que la monarquía exige reformas incluso profundas. Pero al jurar los Principios y Leyes Fundamentales, ¿no estoy adoptando una actitud falsa o al menos de dudosa imagen?”». Torcuato dijo que al jurar las Leyes Fundamentales, las juraba en su totalidad; por lo tanto, juraba también el artículo X de la Ley de Sucesión, que decía que las leyes podían ser derogadas y modificadas, por más que los principios hubiesen sido declarados inmutables[63]. Pero Juan Carlos no se quedaba del todo convencido…

La ceremonia se celebró el 22 de julio de 1969. Franco pronunció en las Cortes un emotivo discurso: «Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que emanan de la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido perfectamente preparado para la alta misión a que podría ser llamado y que, por otra parte, reúne las condiciones que determina el artículo VI de la Ley de Sucesión a la jefatura del Estado, he decidido proponerlo a la Nación como mi sucesor»[64]. La votación arrojó 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 abstenciones. A la mañana siguiente tuvo lugar en el palacio de la Zarzuela el acto de aceptación del príncipe: «Estoy profundamente emocionado por la gran confianza que ha depositado en mí Su Excelencia el jefe del Estado, al proponer a las Cortes, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo VI de la Ley de Sucesión, mi nombramiento como sucesor a título de rey, así como el altísimo honor que me ha hecho el supremo órgano legislativo del país al aprobar la propuesta […]. Mi aceptación incluye una promesa firme, que formulo ante Vuestras Excelencias, para el día que deseo tarde mucho, en que tenga que desempeñar las altas misiones para las que me designan, dedicando todas mis fuerzas, no sólo al cumplimiento del deber, velando porque los principios de nuestro Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del reino sean observados, sino también para que, dentro de las normas jurídicas, los españoles vivan en paz»[65].

Por la tarde, el príncipe Juan Carlos acompañó al Generalísimo a las Cortes, donde juró lealtad y fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás leyes del reino. Y pronunció un discurso enteramente franquista: «España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la dirección de Vuestra Excelencia. La paz que hemos vivido, los grandes progresos que en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento de los fundamentos de una política social son cimientos para el futuro. El haber encontrado el camino auténtico y enmarcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido y siga siendo por muchos años el rector de nuestra política […]. Mi general: desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuese preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar»[66]. Cerró el solemne acto el Generalísimo, que al día siguiente emitió un decreto nombrando a su sucesor general de brigada de los tres ejércitos. Don Alfonso de Borbón Dampierre fue designado embajador de España en Suecia.

Tras su juramento, las relaciones del príncipe con Franco variaron sustancialmente, pues ahora lo veía con mayor frecuencia, aunque sólo en los primeros meses. Cuando le pedía consejo para el futuro, la respuesta era siempre la misma: «¿Para qué quiere Vuestra Alteza que le diga algo? ¡Si no va a poder gobernar como yo!»[67]. Por su parte, Juan Carlos tendía a callarse, tal como él mismo comentó posteriormente: «¿Por qué quedaba siempre en silencio? ¿Por qué nunca decía nada? Porque era una época en que nadie, ni siquiera yo, se atrevía a hablar. La autocensura —la prudencia si prefiere— era general. Personalmente, yo no sabía cómo iban a ir las cosas»[68]. Y seguía necesitando el apoyo de su padre, tal como llegó a decirle a finales de 1969 cuando se encontraron en Lausana: «Yo siempre he sido un mandado. Objetivamente, yo tengo más posibilidades de reinar que tú. Lo que sí te puedo decir es que nos necesitamos los dos. Yo desde dentro, y tú desde fuera. Porque yo, dentro, estoy completamente rodeado y vigilado, y no puedo tener contacto con la oposición. Y tú, fuera, sí puedes. Y sólo de esta manera puede hacerse la monarquía democrática, para todos los españoles, piensen de una manera o de la otra»[69].

2. El heredero de Franco

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El heredero de Franco

Tras su designación como sucesor, comenzó para el príncipe un período difícil, en el que creció la hostilidad en contra de su figura de los sectores más «azules» del régimen, de los carlistas y de la oposición clandestina. Pero le favoreció el caso Matesa, que estalló a mediados de agosto de 1969, el cual provocó una prolongada campaña de la prensa del Movimiento contra los ministros tecnócratas, más o menos vinculados al Opus Dei. Se produjo un amplio reajuste del gobierno, dominado ahora por Carrero y por los ministros partidarios de Juan Carlos, que a menudo eran recibidos en la Zarzuela. El 4 de febrero de 1970 el New York Times publicó un artículo titulado «Don Juan Carlos quiere una España democrática», con párrafos muy significativos: «El príncipe sabe que los españoles le llaman Juan Carlos el Breve porque dudan de que el sucesor de Franco pueda permanecer en el trono cuando falte el general y por ello insiste en que sólo con un régimen democrático tendría la posibilidad de seguir siendo rey de España. Juan Carlos subraya la diferencia entre el sistema político que España ha podido seguir después de la Guerra Civil y el que necesitará en el futuro […]. Los que le han visto recientemente aseguran que Juan Carlos trata de que se difunda que llevará a cabo la apertura de la vida política española […]. Espera que le dejen viajar dentro y fuera de España, hablar con el pueblo, mostrarse interesado con sus problemas, empezar a hablar con voz propia y conocer a los españoles, que es algo más que una póliza de seguro que el general Franco ha suscrito […]. Depende mucho del gobierno en sus movimientos. Es poco probable que la prensa dé mucha publicidad a la imagen independiente que quiere dar mientras quiera suprimirla. Por último, el general Franco puede, si le disgusta, revocar su designación. Hasta ahora los únicos medios que don Juan Carlos ha encontrado de romper su aislamiento es un círculo cada vez más amplio que van al palacio de la Zarzuela»[1]. Para calmar los ánimos de los sectores más conservadores del régimen, indignados con aquel reportaje, Juan Carlos asistió a la clausura de una reunión de la Guardia de Franco, uno de los grupos más duros del régimen. Y durante varios meses se mantuvo en silencio. Se sentía continuamente vigilado y más le valía no salirse del camino trazado. La Zarzuela era una jaula de oro, por cuyas puertas no entraba ni salía nadie sin que se enteraran en El Pardo. Cada día recibía más audiencias, la mayoría de miembros de las diversas familias franquistas, que pretendían posicionarse de cara al futuro.

Comenzó a sentir la soledad del poder: «La autoridad, incluso cuando se vive a su sombra (como fue mi caso cuando Franco vivió), hace que la gente le trate a uno de una forma poco natural, por no decir completamente artificial […]. He sentido el peso de esa soledad cuando fui nombrado príncipe de España y Franco pensó en mí para sucederle a título de rey. Se abrió entonces un período en el que se sabía que yo iba a ser rey sin que nadie estuviese completamente seguro de ello. Franco podía cambiar de idea en cualquier momento y nombrar a otro en mi lugar. Por lo tanto, era obligado ser amable conmigo, pero no demasiado. Me encontraba solo, pero al mismo tiempo rodeado […]. La soledad comienza con el silencio que es necesario saber guardar. He pasado años sabiendo que cada una de la palabras que yo pronunciara iban a ser repetidas en las altas esferas después de haber sido matizadas por gente que no deseaba mi bien»[2]. Debió aprender a fingir, a disimular, a no decir lo que pensaba d las cosas, por miedo a ser mal interpretado. No se fiaba de casi nadie, y debió aprender a manejarse solo, sabiendo que todos sus movimientos eran observados con detalle. Debía tener cuidado de con quién hablaba y lo que decía: «Siendo príncipe de España debía recibir a mucha gente que estaba abiertamente al lado de Franco y contra el Borbón que era yo, pero me visitaban por si las moscas. Otros se jactaban de estar contra Franco y creían que eso les daba derecho a escuchar mis confidencias. No podía fiarme ni de unos ni de otros. Y como yo hablaba muy pocas veces, mucha gente creía que me callaba porque no tenía nada que decir. Era todo lo contrario: tenía muchas cosas que decir, pero prefería callarme porque la menor frase, la más mínima palabra pocha ser interpretada de un modo negativo. A veces tenía incluso que vigilar mis gestos. Ha sonreído, luego está a favor; no ha sonreído, luego está en contra».

El Caudillo, que iba a cumplir setenta y ocho años en 1970, parecía ajeno al hecho de que en el régimen se estaban tomando posiciones para después de su fallecimiento y que, dentro del Movimiento, se estaban formando diversas tendencias divergentes, desde los ultraderechistas de Girón y de Blas Piñar, hasta los aperturistas como Fraga, pasando por los tecnócratas desarrollistas y los democristianos evolucionados. Las tensiones internas se intensificaban con la actividad terrorista de ETA, que estaba destruyendo el mito de la invulnerabilidad del régimen. Los generales «azules» convencieron a Franco de que debía hacer una demostración de fuerza, a través del llamado «Proceso de Burgos». Fue un consejo de guerra sumarísimo contra once etarras, en el que se pedía la pena de muerte para la mayoría de ellos. Hubo violentos choques entre la policía y los manifestantes en numerosas ciudades españolas que ocasionaron la declaración del estado de excepción en toda España. El 17 de diciembre los príncipes de España debieron acompañar a Franco en el balcón central del palacio de Oriente para saludar a la inmensa multitud que se había convocado en apoyo al régimen. El proceso terminó con la condena a muerte de tres etarras, quienes ante las crecientes presiones internacionales fueron también indultados. Pese a todo, la imagen del régimen se deterioró considerablemente, afectando también a la del joven príncipe: «El príncipe de España ha seguido su vacilante avance hacia lo que tiene aspecto de ser un trono muy inestable», informó el embajador inglés a su gobierno[3].

Para distanciarse del problema, el 25 de enero de 1971 los príncipes viajaron a Estados Unidos. Juan Carlos recibió el respaldo de Nixon, que le recomendó que no pensase en reformar el sistema mientras no estuviese garantizada la estabilidad del país y que sobre lodo explotase su juventud, el cambio generacional. Y días después el Chicago Tribune publicaba un artículo en el que citaban palabras del príncipe: «Franco nunca, nunca ha interferido en mi vida. Me dejó completamente libre. Creo que el pueblo quiere más libertades. Todo es cuestión de saber con qué velocidad». El comentario que acompañaba esta cita decía que Juan Carlos parecía estar haciendo un discreto discurso para ir dejando atrás la larga sombra de Franco. A su regreso a España y temiendo que Franco estuviese disgustado por sus declaraciones, se apresuró a visitarle en El Pardo. Pero Franco se mostró comprensivo aunque sibilino: «Hay cosas que su Alteza puede y debe decir fuera de España y cosas que no puede decir en España. Lo que se dice fuera puede ser menos conveniente que lo que se dice, aquí. Y, a veces, lo que se dice aquí mejor sería que no se supiera fuera»[4]. En opinión de Franco, España no estaba preparada para una democracia a la americana, o a la francesa, o a la inglesa. Esto lo repetía muchas veces… Franco se fiaba de los príncipes, pero una cosa e Franco y otra todo el sistema del régimen: «¡Aquí, dentro de nuestra casa, delante de nuestras narices, nos espiaban! Todas las personas que pasaban por aquí, quedaban fichadas. Había un conserje que todos los días enviaba a El Pardo una nota poniendo quiénes habían venido, a qué hora entraron, a qué hora salían… Muchas veces sorprendimos al personal de servicio escuchando detrás de las puertas. Ah, cuando quisimos aclararlo, nos enteramos de que lo hacían porque se lo habían mandado desde arriba y tenían que cumplir con su deber. Vimos que ellos lo hacían porque tenían que hacerlo. Pero ¿qué iba hacer? Vivías con ello. Viajábamos mucho, salíamos mucho […] Bueno… Había que dar la imagen de que lo que vendría sería muy diferente de lo que había. Pero no lo podíamos decir con discurso ni con declaraciones. Teníamos que salir, estar en la calle, ir por las ciudades, dejarnos ver, hablar con todos»[5]. Y para reforzar la posición del príncipe, el 25 de febrero de 1971 Nixon envió al general Vernon A. Walters, jefe adjunto de la CIA, que se entrevistó con el Caudillo; éste le aseguró que la sucesión del príncipe no produciría desórdenes de ninguna clase, explicando su confianza en la capacidad de don Juan Carlos para controlar la situación después de su muerte y que no tenía otra alternativa mejor[6].

Pero Franco se negaba, de hecho, a permitir la menor apertura del régimen, y así se lo dijo claro al príncipe aquel verano, en el Pazo de Meirás. De modo que el príncipe tenía que ser muy cauto en sus movimientos, aunque sentía un creciente afecto por Franco, que teñía con él una relación abuelo-nieto, según contaba José María Pemán. Fue precisamente por eso, y por la creciente fragilidad del Caudillo, por lo que su entorno familiar sentía una creciente antipatía por el príncipe, de quien creía que seguía vinculado a su padre y a la ideología democrática que éste representaba. Pero Franco ya no podía dar marcha atrás, y por eso se mostraba cada vez más retraído, apático y aparentemente desinteresado por todo, aunque no le gustaba que el príncipe viajase tanto: «Mientras usted, mi general, no me sujete imponiéndome unas tareas como sucesor, me aprovecho»[7]. Se tenía la impresión de que Torcuato Fernández-Miranda se estaba ganando al príncipe, mientras que la «camarilla» de El Pardo conspiraba contra él, sobre todo después de que el 20 de noviembre de 1971 el duque de Segovia, hermano de don Juan de Borbón, anunciase el compromiso su hijo Alfonso de Borbón y Dampierre con María del Carmen Martínez-Bordiú, la nieta mayor de Franco. Casi simultáneamente, se inició una campaña para el reconocimiento de don Alfonso de Borbón como príncipe con todo derecho, con el objetivo de que se le nombrase candidato al trono de España, sustituyendo a Juan Carlos. La maniobra estaba respaldada por la familia Franco y por ciertos sectores «azules» del régimen que temían en Juan Carlos la fuerte influencia liberal de su padre. Al propio Franco le ilusionaba que su hija mayor fuese la futura reina de España, y dejó actuar a su propia hija, que pretendía recabar un informe favorable del Consejo del Reino y que las Cortes aprobasen ese matrimonio, como si se tratase de un enlace regio. Era una pretensión vana y fuera de lugar, como así se lo dijo Juan Carlos a Franco, que descartó esos trámites.

Con toda fastuosidad, la boda se celebró el 24 de marzo de 1972. Doña Carmen Polo y todo el clan de los Villaverde abrigaron la esperanza de que el Caudillo alterase su elección como sucesor. Así, alentaron el deseo de don Alfonso de Borbón de ser designado príncipe de Borbón, y con ello tener derecho al tratamiento de alteza real, lo que encontró la firme oposición de don Juan de Borbón, jefe de la Casa Real, y de los ministros más influyentes partidarios de Juan Carlos. Franco se quejó al ministro de Justicia: «Quisiera saber de dónde viene la medida. Don Alfonso usa el título de príncipe, y ahora que se casa con mi nieta, se lo quieren quitar». A lo que el ministro respondió: «No se lo quieren quitar, es que él lo ha pedido y no pueden concedérselo». Don Juan Carlos se había opuesto también a que su primo ostentase aquel título, y convenció a su padre para que le concediese el título de duque de Cádiz.

FRANCO, ENFERMO

De todos modos, la lucha y la intriga provocadas por la cuestión del título perjudicó la posición de Juan Carlos ante Franco. Para recuperar su imagen buscó apoyo exterior y viajó a diversos países extranjeros. Y así en Semana Santa estuvo en Inglaterra, donde mantuvo una larga entrevista con el primer ministro laborista Harold Wilson y el 24 de junio acudió a Estoril a la fiesta de su padre, que de nuevo había emitido un comunicado de talante liberal. Lo que confundió a Franco, hasta el punto de que prohibió al ministro de Obras Públicas que invitase a Juan Carlos a las inauguraciones previstas. Pero el príncipe volvió de nuevo a ver a su padre en octubre de 1972 con motivo de la boda de su hermana, la infanta Margarita, con el médico Carlos Zurita en Estoril, y más tarde se reencontró con él en unas regatas celebradas en Kiel (Alemania). El 14 de diciembre Franco cumplió ochenta años, y estaba cada vez más decrépito, lo que hacía que circulasen especulaciones de todo tipo, entre ellas la de que pronto cedería el mando a Juan Carlos. A tal respecto le dijo a Torcuato Fernández-Miranda: «Tú sabes como yo que debo ser rey no para lavar la Secretaría ni el Movimiento-organización. La monarquía del 18 de julio carece de sentido. La monarquía no puede ser azul, ni falangista, ni siquiera puede ser franquista. La monarquía viene de atrás, de otros reyes, de la historia y no se puede convertir en instituciones excesivamente parciales. La monarquía tiene que ser democrática. Es la única manera de que pueda ser aceptada por Europa y por el mundo y de que pueda subsistir»[8]. Inevitablemente y pese a la cautela del príncipe, en El Pardo aumentaban las sospechas sobre sus Intenciones.

Tras unos meses de relativa calma, hubo crecientes tensiones sociales y políticas, protestas, huelgas, conatos de manifestación. El gobierno parecía perder el control de la situación y el propio Carrero Blanco fomentaba la formación encubierta de bandas parapoliciales para enfrentarse con los izquierdistas, que cada vez emergían con mayor frecuencia. El día 1 de mayo un subinspector de policía fue asesinado a navajazos por miembros del FRAP, una organización nueva de extrema izquierda, y en el funeral policías y excombatientes falangistas pidieron más medidas represivas. Dimitió el ministro de la Gobernación, y poco después Franco nombró presidente del gobierno a Carrero Blanco, que formó un nuevo gabinete en el que Fernández-Miranda figuraba como vicepresidente y secretario general del Movimiento. Carrero asumía plenamente el legado franquista, garantizando la continuidad del régimen, escorándose a la derecha y acentuando la represión de la creciente agitación obrera en Cataluña, Asturias y el País Vasco. Pero no tuvo la oportunidad de sacar adelante su plan de acción represiva, porque el 20 de diciembre de 1973 saltó por los aires en un mortal atentado terrorista, minuciosamente preparado por ETA. Franco estaba abatido y no asistió a la misa de corpore in sepulto, que, oficiada por el cardenal Enrique y Tarancón —abucheado por los ultras—, fue presidida por el príncipe don Juan Carlos, que también presidió a pecho descubierto el cortejo fúnebre.

Torcuato Fernández-Miranda estaba convencido de que iba a ser el próximo presidente del gobierno, porque en esos días ejerció la presidencia en funciones con eficiencia, pero fue descartado por Franco desde el primer momento. A Juan Carlos le resultó muy preocupante que nadie le consultara quién debía ser el nuevo presidente. En principio, parecía ser que Franco se inclinaba hacia su amigo de la infancia y exministro de Marina, Nieto Antúnez, lo que dejó desolada a doña Carmen Polo y al resto de la «camarilla» de El Pardo, porque temían que el viejo almirante careciera de la firmeza necesaria en el difícil momento, y pasaron unas sombrías Navidades pensando en el modo de encontrar que el Caudillo cambiase de opinión. En teoría, Franco no podía nombrar simplemente a Nieto Antúnez, sino que debía elegir al nuevo presidente entre la terna que le presentara el Consejo del Reino. Pero no había posibilidad real de que en ese consejo no se incluyese el nombre de quien él deseaba. El 24 de diciembre el Caudillo le pidió su opinión a Juan Carlos, que le sugirió a Manuel Fraga o a Torcuato Fernández-Miranda, pero no le hizo el menor caso, pues él seguía pensando en Nieto Antúnez. Sin embargo, «la camarilla» intrigó de tal manera en los días sucesivos, que le hizo cambiar de opinión a favor de Carlos Arias Navarro: «Tiene que ser Arias, no hay otro», le había insistido reiteradamente doña Carmen Polo, y se salió con la suya.

El duro falangista Carlos Arias, que en la Guerra Civil se había ganado el apodo de «Carnicerito de Málaga», era toda una garantía para el futuro de la familia Franco, pero no sentía la menor simpatía por el príncipe de España. «Era un hombre duro y oscuro —ha contado la reina—. ¡No quería la democracia!»[9]. Todos los ministros partidarios de don Juan Carlos (López de Letona, López Rodó, José María Gamazo, etcétera) fueron sustituidos. «Ahora no podrá decir nadie que soy el rey de Carrero, de Torcuato Fernández-Miranda o de Laureano —ha recordado Juan Carlos—. En la formación del nuevo gobierno ha intervenido mi primo Alfonso. Ahora resulta que los que me van a proclamar rey son los que no me querían»[10]. Juan Carlos no había sido consultado en la formación del nuevo gobierno y, además se le había privado de un valioso consejero, Laureano López Rodó que fue designado embajador de España en Viena, e incluso se le dificultó el acceso directo a Franco. Y sin embargo, Carlos Arias creyó que, para defender la esencia del franquismo, era preciso lavar su imagen. Y el 12 de febrero de 1974 el nuevo presidente del gobierno presentó su programa al pleno de las Cortes: «No es lícito por más tiempo continuar transfiriendo sobre los hombros del jefe del Estado la responsabilidad de la innovación política. Él lo ha hecho todo y sostenido hasta aquí. Asumimos conscientemente nuestras cuotas de responsabilidad comunitaria, cuotas a las que queremos invitar a treinta y cuatro millones de españoles. No excluimos sino aquellos que se autoexcluyan, con maximalismos de uno u otro signo». Su discurso fue favorablemente acogido por la prensa, que acuñó el eslogan del «espíritu del 12 de febrero».

Pronto hubo pruebas de lo que cabría esperar de aquel «espíritu». El 12 de marzo de 1974 fue ejecutado el anarquista catalán Puig Antich, y Carlos Arias fue amenazado de excomunión por pretender expulsar de España al obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, por una homilía en que defendía la identidad vasca, asunto en el que tuvo que intervenir el Vaticano para impedirlo. Y Juan Carlos quedaba al margen de todo: «No toco pelota», le dijo a López Rodó[11]. La caída de la dictadura portuguesa, el 25 de abril, hizo estremecerse al entorno franquista. Don Juan de Borbón se declaró amigo del general Spínola, lo que intensificó sus recelos hacia el príncipe. A don Juan le pareció que a su hijo podía pasarle lo que a Marcelo Caetano, sucesor del dictador portugués Oliveira Salazar. Diversos líderes de la oposición a Franco comenzaban a organizarse en París, y entre ellos Santiago Carrillo, secretario general del PCE. El abogado García Trevijano, visitante frecuente en Estoril, trataba de convencer al conde de Barcelona para que fuese la cabeza visible de lo que posteriormente, en junio de 1974, fue la Junta Democrática. Y su hijo creía que algunos (Trevijano, Tierno Galván, Santiago Nadal, etcétera) le estaban haciendo un «lavado de cerebro», con el argumento de que estaba aislado y le faltaba apoyo. El conde de Barcelona le escribió diciéndole que quería verle, y el príncipe le contestó que, por razones de seguridad, no le dejaban salir de España. Por fin, se entrevistaron ambos en Palma de Mallorca, y don Juan abandonó sus contactos con la incipiente Junta Democrática.

Franco, inesperadamente, tuvo una tromboflebitis y fue hospitalizado en la Ciudad Sanitaria que llevaba su nombre (hoy Hospital General Gregorio Marañón). La noticia se difundió ampliamente por la prensa, radio y televisión, conmoviendo a todo el país, especialmente a «la clase política». El 19 de julio y como consecuencia del tratamiento anticoagulante, Franco sufrió una intensa hemorragia digestiva. Lo que motivó que el príncipe tuviera que asumir interinamente la jefatura del Estado, a lo que se había resistido cuanto había podido: «Usted, mi general, conserva plenas sus facultades mentales. Yo no quisiera dar la impresión de que tengo prisa. Cuando sea el momento oportuno espero sucederle a título de rey, y usted que lo verá»[12]. No quería exponerse al desgaste de la interinidad, especialmente si se prolongaba. El 20 de julio el estado de Franco se agravó, y el príncipe tuvo que aceptar la transmisión de poderes. Cuatro días después Franco experimentó una mejoría inesperada, y el 30 de julio pudo; ser dado de alta, para proseguir su rehabilitación en El Pardo. Doce días después se trasladó a Galicia para sus vacaciones anuales, y simultáneamente los príncipes de España se marcharon a Palma de Mallorca.

Entretanto, se había constituido en París la Junta Democrática, formada por el PCE, el PSP de Tierno Galván, los carlistas de Carlos Hugo, el Partido del Trabajo y personalidades independientes como Rafael Calvo Serer y Pepín Vidal Beneyto. Y el 25 de julio había hecho una declaración de doce puntos, exigiendo la amnistía política, libertad de prensa, opinión e información, libertad de reunión, libertad sindical, derecho de huelga, libertad de partidos políticos sin exclusiones, reconocimiento de la personalidad regional, independencia de la función judicial, profesionalidad y neutralidad del ejército ante la política interior, separación de la Iglesia y el Estado, formación de un gobierno provisional, consulta popular para establecer la forma definitiva del Estado e integración en la Comunidad Europea. Clandestinamente se fueron creando delegaciones de la junta por todo el país.

El 27 de agosto de 1974 llegó don Juan Carlos al Pazo de Meirás, donde se hospedó: «He venido aquí para estar con el Generalísimo quiero ver cómo se encuentra, ir con él al golf y al Azor y acompañarle»[13]. Tres días después presidió un Consejo de Ministros a la sombra de Franco, con el que habló ampliamente el día 31 de agosto: «“Estoy encantado, mi general, de constatar que está mucho mejor. Pronto podrá usted reanudar sus actividades y yo retirarme”. Franco me miraba, sentado en una butaca, con las piernas envueltas en una manta. “No, Alteza, proseguid vuestra tarea. Lo estáis haciendo muy bien”. No sé por qué, pero aquel cumplido me sonó a falso […]. Como seguía sentado sin decir nada, fui más explícito: “No me importa ser príncipe de España, o rey. Pero me niego a cumplir las funciones reservadas a usted, mi general”. Franco repitió por toda respuesta: “Alteza, creedme, lo estáis haciendo muy bien. Continuad…”. En el Pazo de Meirás confirmé mi impresión de que algo se tramaba entre bastidores. Todo el mundo era demasiado amable conmigo. Aquella misma noche tomé el avión hacia Palma de Mallorca»[14].

Lo sorprendente fue que el 3 de septiembre Franco llamó por teléfono al príncipe para decirle que los médicos le habían encontrado en buen estado, y que había decidido reasumir todos los poderes a partir del día siguiente: «Acababa de cesarme de repente de mis funciones de jefe de Estado. Entonces me ofendí». En Palma el príncipe se había reencontrado con su padre, lo que pudo haber influido para que Franco retomase el poder apresuradamente. Franco volvió a Madrid el 9 de septiembre, y dos días después lo hacían los príncipes. Pronto el llamado «búnker» acentuó su presión contra el ministro más liberal del gobierno, Pío Cabanillas, presentando a Franco un dossier con lo que por entonces se publicaba en España, sobre todo el «destape» iniciado en algunos medios de comunicación y una entrevista publicada en el Correo de Andalucía con «Isidoro», o sea, Felipe González, elegido meses antes en Suresnes nuevo secretario general de un PSOE renovado: «Creo que la clase trabajadora es la gran protagonista del momento actual». Franco ordenó el cese de Pío Cabanillas, lo que provocó que dimitieran por solidaridad el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo, y varios directores generales. Era el fin del «espíritu del 12 de febrero», y el escoramiento del gobierno hacia un falangismo antiborbónico. La perspectiva era especialmente sombría para el príncipe Juan Carlos, pero el régimen zozobraba y se cuarteaba por Indas partes.

Juan Carlos trataba de ampliar su círculo de contactos, encargando al diplomático Joaquín Puig de la Bellacasa, recién incorporado a su Casa, que mantuviese comunicación con la prensa extranjera y que le facilitase encuentros con políticos de la oposición moderada. Su amigo de la infancia, Nicolás Franco Pascual de Pobil, sobrino del Caudillo, le entregó un informe con las entrevistas que había mantenido con diversos líderes de la oposición clandestina: Felipe González, Santiago Carrillo, etcétera. El gobierno replicó logrando que Franco «desatascase» el Estatuto de Asociaciones Política dentro del Movimiento. Y que fue aprobado por el Consejo Nacional el 16 de diciembre de 1974. Algunos ministros trataban de desprestigiar al príncipe, como el ministro secretario general del Movimiento, Utrera Molina, que confió a Franco su sospecha de que Juan Carlos no tenía propósito de representar la continuidad del régimen. Indignado, el Caudillo le respondió bruscamente: «Eso no es cierto y es muy grave lo que me dices… Sé que cuando yo muera todo será distinto, pero existen juramentos que obligan y principios que han de permanecer»[15]. Además, en público Franco mantendría hasta el final su confianza en el príncipe, ignorando, por otra parte, que todo su entorno se estaba fragmentando.

MORIR MATANDO

El año 1975 fue un tiempo agónico para el régimen, que respondió con la represión más dura a los problemas derivados de su propia descomposición. Arias Navarro, mostrándose como instrumento de la «camarilla», logró que Franco le autorizase a remodelar el gabinete. Eliminó a los elementos más ultras, entre ellos el «azul» Utrera Molina, que fue sustituido en la Secretaría General del Movimiento por Fernando Herrero Tejedor, de talante liberal, partidario del príncipe y que nombró a Adolfo Suárez como su segundo de a bordo. El 31 de mayo llegó a España el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, que tras mantener una conversación con el príncipe más larga que con el propio Franco, pareció que lo respaldaba. La situación política del país era cada vez más inestable, a lo que contribuía la dura represión policial, la violenta actuación de los grupos ultraderechistas, la agitación social, la emergencia de la oposición política, etcétera. A la Junta Democrática se habría de unir la Plataforma de Convergencia Democrática, creada por el PSOE, Izquierda Democrática, el Movimiento Comunista y la Unión Social Demócrata de Dionisio Ridruejo.

Por si fuera poco, don Juan de Borbón echó más fuego al asador diciendo que se aproximaba el fin de una etapa de poder personal absoluto, reafirmando su derecho a la Corona de España y la necesidad de que el pueblo español tomase la soberanía nacional: «Concibo la monarquía como salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades públicas y sociales fundamentales, como instrumento de concordia de los españoles y como vehículo para nuestra plena integración en la Comunidad Europea»[16]. Lo que suponía una desautorización de la posición de su hijo, que igualmente se sentía herido mando la prensa del Movimiento lanzaba violentos ataques contra don Juan. El príncipe protestó ante el Caudillo, que quitó importancia al asunto, lo que le alivió considerablemente, y abrazó a Franco y le besó en la mejilla. Sin embargo, al día siguiente, Franco, a petición de Carlos Arias, firmó una orden que prohibía a don Juan pisar territorio español, en el preciso momento en que solía recalar en los puertos españoles. Pocos días antes había muerto en un accidente automovilístico Herrero Tejedor, acabando con todas las esperanzas que se habían depositado en él, tanto más cuanto que Franco impuso el nombramiento del «azul» Solís como nuevo secretario general del Movimiento. Adolfo Suárez quedó cesante, por lo que Juan Carlos rogó a Solís que le nombrase presidente de la Unión del Pueblo Español, asociación política que Herrero Tejedor había estado preparando.

La camarilla de El Pardo estaba inculcando los miedos del búnker en Franco, que, por otra parte, se mostraba como un auténtico abuelo con los hijos de los príncipes de España cuando éstos pasaron unos días en el Pazo de Meirás en junio de 1975. Un mes después recibió a un grupo de alféreces provisionales en La Coruña, ante quienes lloró: «¡Quieren destrozar a España!». Y en Consejo de Ministros hizo aprobar una nueva ley antiterrorista de feroz desmesura y con efecto retroactivo: «Ningún ciudadano honrado y patriota va a sentirse afectado por la circunstancial disminución de sus garantías constitucionales que los preceptos del presente decreto-ley implican. En cualquier caso, ese pequeño sacrificio está ciertamente impulsado por la tranquilidad y seguridad que ha de proporcionar a toda la comunidad nacional el propósito severo, firme y jurídicamente centrado de no consentir en nuestra patria la insignia del azote terrorista que hoy amenaza la paz social de la gran mayoría de los países del mundo»[17]. Como consecuencia de este decreto-ley, el 28 de agosto, un consejo de guerra celebrado en Burgos sentenció a muerte a dos etarras; otros dos consejos de guerra celebrados el 11 y el 17 de septiembre, en un campamento militar situado en las proximidades de Madrid, condenaron a muerte a ocho hombres del FRAP, y el día 18 otro tribunal militar sentenció a muerte a otro etarra. La oleada de protestas que se produjo en todo el mundo indignó a Franco: quince gobiernos europeos retiraron a sus embajadores en Madrid; el papa Pablo VI reiteradamente pidió clemencia, junto a todos los obispos españoles; don Juan de Borbón, que también apeló al Caudillo, solicitó el indulto, etcétera. Pero Franco hizo caso omiso y en Consejo de Ministros del 28 de septiembre confirmó cinco penas de muerte: «Creía que la mera debilidad de un punto (para muchos hombres la clemencia es una debilidad) socavaría su autoridad y precipitaría la degradación del régimen»[18]. Así que al amanecer del 29 de septiembre fueron ejecutados los cinco condenados a muerte. Lo que intensificó las protestas internacionales, la embajada española en Lisboa fue asaltada, hubo manifestaciones masivas en todas las capitales europeas, la Comunidad Europea congeló las negociaciones con España, etcétera. Como réplica, el 1 de octubre de 1975, en el trigésimo aniversario de su exaltación al caudillaje, hizo su última aparición pública ante una inmensa multitud concentrada en la plaza de Oriente. Acompañado por los príncipes de España, visiblemente incómodos, Franco hizo un breve, discurso: «Todo obedece a una conspiración masónica-izquierdista de la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista». Cuando regresó a El Pardo, supo que cuatro policías habían sido asesinados por una nueva sigla terrorista, el GRAPO. «Su mirada tenía un brillo especial»[19].

El 12 de octubre de 1975 el Caudillo acudió al Instituto de Cultura Hispánica, que precisamente presidía el duque de Cádiz, para celebrar la Fiesta de la Hispanidad. Allí cogió un gran resfriado, y a las tres de la madrugada del día 14 un médico fue llamado de urgencia, el cual encontró a Franco en un estado de gran angustia. Lo sedó, pero al día siguiente se empeñó en realizar sus actividades normales, y por la tarde un electrocardiograma confirmó que había tenido un infarto de miocardio. Los cardiólogos le recomendaron reposo absoluto, pero él no hizo caso porque estaba muy preocupado por la «marcha verde» sobre el Sahara español que Hasan II de Marruecos había anunciado. El 18 de octubre se obstinó en presidir un Consejo de Ministros —monitorizado y controlado por los médicos en el salón de al lado—, que Arias Navarro procuró que fuera breve. Más tarde aceptó acostarse y el equipo médico emitió un informe que no se publicó, confirmando la existencia de una insuficiencia coronaria. Al día siguiente, se levantó y redactó su «testamento político», que entregó a su hija Carmen. El día 19 Arias Navarro comunicó al príncipe que había de aceptar de nuevo la transmisión de poderes, pero éste se negó a que esta vez fuera como la anterior. Al día siguiente lo fue a visitar a El Pardo, previa entrevista con Torcuato Fernández-Miranda, a quien había dicho: «Creo que no podré seguir con Arias y mi candidato eres tú. Pero me temo que no va a ser posible. Sabes que la confianza la tengo en ti, como en nadie. Yo te necesito. No sé ni dónde ni cómo, pero te necesito. Nadie me ha hablado como tú y nadie me ha sabido callar como tú»[20].

A última hora de la noche del día 20 Franco sufrió otro infarto, y al día siguiente se publicó el primer comunicado médico sobre el estado de su salud. El príncipe se negó a asumir el poder: «El asunto del Sahara puede estallar en cualquier momento y sólo aceptaré las responsabilidades de jefe de Estado a condición de tener las manos libres para actuar como si fuera el rey». El 22 de octubre el estado de franco empeoró considerablemente, y los médicos que lo atendían firmaron un escrito: «Deseamos exponer nuestro convencimiento de que la actitud negativista del Generalísimo ante los consejos médicos se debe exclusivamente al elevadísimo concepto del deber que tiene el jefe de Estado». En contra del criterio médico, se levantó y habló con el presidente del gobierno sobre la crisis del Sahara. Don Juan Carlos habló telefónicamente con su padre, diciéndole que todos le presionaban para que se le hiciera la transmisión de poder. De nuevo consultó con Fernández-Miranda, preguntándole si prefería ser presidente del gobierno o de las Cortes. Éste le contestó que prefería: el gobierno, pero que le sería más útil en las Cortes, y además, no veía claro que en un primer momento pudiera cesar a Arias, que se tenía como hombre de Franco y albacea del franquismo: «Veo en el príncipe aprecio muy claro, estima y confianza. En nadie de los políticos confía como en mí, pero en cierto modo soy incómodo. Es como si viese en mí demasiado a su profesor y que le puedo»[21].

Entretanto, el 23 de octubre Franco sufrió un tercer infarto de miocardio, y su estado se fue agravando paulatinamente. El 25 aumentó la insuficiencia cardíaca, mostrando signos de edema pulmonar, y el 26 tuvo una parada cardíaca, tras una intensa hemorragia gástrica, que exigió una transfusión sanguínea. «Es indudable la confianza del príncipe —escribe Torcuato—; me necesita, pero creo que en el fondo me prefiere en un sitio que no le condicione. El príncipe busca un hombre clave, de confianza, para actuar y sin duda alguna me destaca a mí […]. En la presidencia de las Cortes es donde mejor le serviría y le condicionaría menos. Me acepta como consejero, pero no me soportaría como tutor»[22]. El día 27 de octubre aumentó la insuficiencia cardíaca y la hemorragia digestiva del Caudillo, y el riñón comenzó a fallarle, y le tuvieron que hacer una transfusión de sangre. El 30 comenzó a presentar síntomas de peritonitis y el propio Franco ordenó la transmisión de poderes. Juan Carlos fue a verle y los médicos le informaron de que no tenía posibilidad alguna de recuperarse, por lo que había de aceptar el traspaso del poder. Al día siguiente, el príncipe presidió un Consejo de Ministros en la Zarzuela, en el que se trató sobre todo la cuestión del Sahara. Juan Carlos determinó ponerse al frente de la situación y decidió viajar al Aaiún. «Vamos a retirarnos del Sahara pero en buen orden. No por que hallamos sido vencidos, sino porque el ejército español no puede disparar sobre una muchedumbre de mujeres y niños desarmados»[23]. Lo que no dijo es que había enviado a una persona de confianza a Washington para solicitar ayuda a Henry Kissinger, que habló con Hasan II para que no hubiera derramamiento de sangre.

En la noche del 1 al 2 de noviembre Franco tuvo una fuerte hemorragia gástrica, que obligó a operarle de urgencia en la enfermería de El Pardo. En la habitación contigua estaba Juan Carlos, que ese mismo día había hecho un viaje relámpago al Aaiún. Allí habló con los jefes militares españoles, y les explicó, para alivio de todos, que no habría matanzas de inocentes ni retirada deshonrosa, sino una retirada negociada. Este gesto elevó la moral de las tropas, y aumentó el prestigio del príncipe entre los militares. Una semana después, Hasan II suspendió la «marcha verde». Mientras, el estado de Franco se agravaba, lo cual obligó a trasladarle a la Ciudad Sanitaria La Paz el día 5 de noviembre, donde otra intervención quirúrgica le salvó milagrosamente la vida. Su entorno familiar, dirigido por el marqués de Villaverde, se empeñó en mantenerlo vivo como fuera, tal vez para que pudiera llegar al 26 de noviembre, en que había de renovarse o no el mandato de Rodríguez de Valcárcel, reconocido franquista, como presidente de las Cortes. Conociendo estas opciones del clan Villaverde, Juan Carlos habló de nuevo con Torcuato; tras manifestarle su deseo de que fuera él el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, les dijo que su candidato favorito para la presidencia del gobierno era el exministro López de Letona, liberal y con buenas relaciones con el mundo financiero. Torcuato no le dijo nada, pero desconfiaba de la viabilidad de que Arias Navarro pudiese ser sustituido, lo que se puso de manifiesto el 13 de noviembre, cuando Juan Carlos se reunió con los tres ministros militares. Cuando lo supo el presidente del gobierno, se irritó considerablemente y presentó de malos modos la dimisión: «Si Vuestra Alteza quiere una dictadura militar nombre ahora mismo presidente del gobierno a Pita Da Veiga y que tenga mucha suerte Vuestra Alteza». El príncipe se disculpó por no haberle informado previamente, pero Arias, percatándose de su vulnerabilidad, se mantuvo firme, resuelto a humillarle. Juan Carlos dijo: «No puedes dejarme solo en estos momentos», pero Arias no transigió. Luego le mandó al marqués de Mondéjar, que pudo convencerlo para que retirase la dimisión, lo que hizo telefoneando al príncipe. Este llamó a Tórcuato, muy preocupado, para contarle la reunión con los ministros militares, la dimisión de Carlos Arias, la posterior visita de Mondéjar para que reconsiderase su dimisión: «Aquí —escribía Torcuato Fernández-Miranda— hubo un grave error explotado por Carlos. Los ministros militares fueron a verle; Carlos entiende que al hacerlo sin su conocimiento, la desautorización es intolerable […]. C A. se crece y tiene la desfachatez de decirle a Mondéjar con intenciones evidentes que al Caudillo lo tienen hibernado a 33.° C; Carlos pretende alargar lo más una existencia inexistente. Juego de Arias para tomar la dirección del Poder»[24]. El futuro rey había demostrado gran debilidad política como jefe de Estado en funciones, al rogar a Arias su continuidad. Pero la situación era difícil, con el espectro de Franco aún vivo, conservando todo el poder, administrado por su entorno más íntimo y por Arias, seguro de su fuerza.

El día 15 de noviembre el estado del Caudillo volvió a empeorar y el equipo médico le operó de nuevo. Inicialmente, la intervención quirúrgica tuvo éxito, y parecía incluso que el Caudillo mejoraba. Pero a los tres días su salud empeoró otra vez. La crisis final comenzó a las primeras horas del 20 de noviembre y las tres y media de la mañana estaba muerto. La hora oficial de su muerte se dio a las 5.25. Un día antes, el príncipe telefoneó para protestar de que nadie le había informado oficialmente. La conversación terminó a gritos[25]. Al día siguiente, don Juan de Borbón hizo una declaración en París como hijo y heredero de Alfonso XIII y depositario de un trono secular. Consideraba el mandato de Franco como «poder personal, absoluto», e informaba de que ahora el deber de la monarquía era superar la Guerra Civil, imponer una profunda justicia social, eliminar la corrupción, consolidar la auténtica democracia y formar un plan de integración de España en la Comunidad Económica Europea. A Juan Carlos se refería únicamente como «príncipe y heredero», lo que implicaba que don Juan no le reconocía como rey. Pero el 28 de noviembre de 1975, don Juan envió a Antonio Fontán a la Zarzuela con un mensaje secreto y que reconocía a su hijo como rey de España y jefe de la dinastía. Su intención era abdicar oficialmente en cuanto tuviera la convicción de que se produciría una marcha hacia la democracia.

EL REY, CERCADO

La presión que tuvo que afrontar Juan Carlos en los comienzos de su reinado fue considerable. Había esperanza, pero los obstáculos que se presentaban para democratizar el país eran enormes, podían parecer casi insalvables. La oposición democrática, que abogaba por la «ruptura» con el régimen, no se fiaba de Juan Carlos. Después de todo, había aparecido siempre al lado de Franco en los últimos quince años y no se pronunciaba públicamente contra la dictadura franquista. Quizá no había tenido otra opción, pero eso le comprometía. Cierto que había tenido algún contacto con la izquierda clandestina, pero el búnker seguía estando ahí, inmovilista, y poderoso, controlando el ejército, la policía y la guardia civil. Corría el riesgo de hipotecar ese futuro y enajenarse la confianza de buena parte del país, que, aunque había constituido el franquismo sociológico, esperaba algo de la monarquía recién restaurada.

El rey confiaba plenamente en Torcuato Fernández-Miranda, en quien pensó para ser presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, al tiempo que desistió de López de Letona como presidente del gobierno, dada la resistencia de Arias Navarro. El 28 de noviembre de 1975 habló largo y tendido con Torcuato: «Estoy fastidiado, nervioso… Y los de la casa (Armada, etcétera) no me ayudan, me dicen que no puedo gastarme… Pero así no se puede hacer nada… Yo no lo veo así… Va a venir a verme Carlos»[26]. Había decidido confirmar a Carlos Arias como presidente de gobierno, tragándose un sapo, puesto que no se veía capacitado para cambiar las cosas: «Estaba lejos de ser tonto, pero no tenía visión alguna de los problemas de España»[27]. Juan Carlos habría preferido que hubiese dimitido, pero creía que cambiar al presidente de las Cortes y al del gobierno era un riesgo enorme, mientras perdurasen los recelos de los franquistas más integristas. Prefería confirmarlo en el puesto, al pedirle apoyo para incluir en la terna del Consejo del Reino a Torcuato. Carlos Arias, al ver reconocida su autoridad, trató de halagarle: «Confíe Vuestra Majestad en mí. Yo haré las gestiones. Vuestra Majestad no tiene por qué intervenir ni gastarse. Yo hablaré con Lora y con quien haga falta o sea necesario. Me parece que Torcuato es la persona indicada»[28]. Con ello Carlos Arias creyó conseguir del rey su confirmación como presidente del gobierno. El rey informó a Rodríguez de Valcárcel que no deseaba su permanencia al frente de las Cortes, y habló también con Lora Tamayo, presidente del Consejo del Reino en funciones y con Girón de Velasco, al que podía considerar como uno de sus principales enemigos. Girón, tras su agresiva apariencia, había sentido siempre una verdadera idolatría hacía Franco; ahora la autoridad del rey la reactivaba.

El 1 de diciembre de 1975 se reunió el Consejo del Reino bajo la presidencia de Lora Tamayo para elaborar la terna de tres miembros, entre los que el rey debía elegir. La reunión fue tensa y larga. Los consejeros del Reino, acostumbrados a obedecer las órdenes de Franco, no estaban dispuestos a seguir las sugerencias de la Zarzuela, sobre todo si aquello suponía una disminución de poder personal y de sus intereses comprometidos con el régimen. Pero, finalmente, confeccionaron una terna que incluía a Torcuato Fernández-Miranda, a quién el rey eligió como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, convirtiéndose en pieza clave para el cambio. Al día siguiente, confirmó como presidente del gobierno a Carlos Arias, pese a saber que no era hombre suyo y con el que no tenía ninguna afinidad política, pero Arias había puesto de relieve que era él quien finalmente mandaba y controlaba la situación, haciendo valer su condición de hombre imprescindible. Tomaba al pie de la letra sus cinco años de mandato, se erigía en albacea del franquismo, y no creyó necesario presentar la dimisión al rey. A éste le disgustó que no tuviese la deferencia de presentársela, pues eso significaba negarle su capacidad de maniobra. La autoridad del presidente del gobierno era apoyada por el marqués de Mondéjar y por el general Armada, mientras que la ponía en cuestión Torcuato Fernández-Miranda, que no creía en su voluntad reformista, y que le convenció para que presentara su dimisión al rey y para que aceptase un cambio de gobierno. Fue entonces cuando el rey le confirmó oficialmente como presidente del gobierno, pidiéndole que lo hiciera público.

El 5 de diciembre el rey telefoneó a Carlos Arias, que salió del Consejo de Ministros que presidía en ese momento. Juan Carlos le recordó que debía hacer pública su confirmación y Arias Navarro se disculpó alegando que lo había olvidado. Volvió a la sala del consejo y comentó con desparpajo: «El rey me ha llamado por teléfono para confirmarme». Luego el ministro de Información y Turismo publicó la noticia: «En el curso del Consejo de Ministros, S. M. el rey ha comunicado al presidente del gobierno su deseo de que continúe al frente del mismo […]. Carlos Arias había puesto el cargo a disposición del rey»[29]. Ello demostraba la tensión existente entre el rey y el último presidente del gobierno de Franco. A su vez, el rey, mostrando a los militares que él también había sido designado por Franco, dispuso mediante un decreto-ley que «en todos los escalafones de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire figurará a la cabeza, en lo sucesivo y a perpetuidad el Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde, capitán general de los Ejércitos, seguido de la frase Caudillo de España»[30]. El nuevo gobierno de Arias Navarro reflejaba sus inclinaciones franquistas, pero al mismo tiempo se veía que el rey también había impuesto sus preferencias: entraban en el mismo Manuel Fraga Iribarne (Gobernación), Antonio Garrigues Díaz-Cañabate (Justicia), José María de Areilza (Asuntos Exteriores), Alfonso Osorio (Presidencia del Gobierno) y sobre todo Adolfo Suárez (secretario general del Movimiento), hombre de total confianza de Torcuato, a quien mantendría informado de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Se trataba de un gobierno poco homogéneo que nunca funcionó de un modo coherente.

En el primer Consejo de Ministros Arias Navarro dijo: «Se nos llama, nos apoyamos para perseverar y continuar la gigantesca obra de Francisco Franco». Torcuato Fernández-Miranda quedó consternado por la ausencia de referencias a objetivos reformadores y al cambio de circunstancias. Y en su dietario escribió: «¿Cabe mayor ceguera de planteamiento? ¡Y el rey qué!»[31]. El nuevo gobierno ofrecía escasa credibilidad y, además, estaba muy dividido, porque Fraga y Areilza, por ejemplo, tenían proyectos propios y diferentes a los del mismo presidente del gobierno. Y por si fuera poco, en el discurso navideño del 24 de diciembre de 1975 el rey creyó necesario hacer profesión de fe franquista: «El año que finaliza nos ha dejado un sello de historia que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro Generalísimo»[32]. Igualmente ambiguo fue su discurso a las Fuerzas Armadas del 6 de enero de 1976: «Mi recuerdo hacia el Generalísimo, que tantos años persiguió esta Pascua Militar y tanta satisfacción sentía al reunirse con sus compañeros de armas»[33].

La posición política del nuevo gabinete era confusa, y el presidente, atormentado entre la lealtad al pasado y sus deseos de protagonizar el futuro, no podía o no quería imponer una actividad coherente a los ministros, que actuaban por su cuenta. El 28 de enero de 1976 Arias Navarro presentó su programa televisado ante las Cortes, haciendo constantes alusiones al Caudillo e insistiendo en el orden público frente a las movilizaciones de la izquierda. Parecía resistirse a reconocer que la muerte de Franco pudiese dar paso a una situación nueva; a lo único que se podía aspirar era a un mínimo de apertura democrática para neutralizar a la izquierda y sin inquietar al búnker. De la elaboración de esa apertura se encargó una comisión mixta de ministros y miembros del Consejo Nacional del Movimiento, bajo la presidencia de Arias, que fijó los límites de la apertura en algunas modificaciones del código penal, la Ley de Asociaciones Políticas y un ulterior referéndum. Y dio su verdadera opinión sobre el cambio: «Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí o actúe en la vida pública no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos los aspectos, y lucharé contra los enemigos de España que han empezado a asomar su cabeza y su miseria agazapada y clandestina en el país». Habló como si le fueran a llamar de Cuelgamuros para pedirle cuentas[34]. Sólo quería actualizar el sistema, «vigorizar el franquismo». La comisión mixta siguió reuniéndose a lo largo de tres meses, y sirvió sólo para rebajar el contenido de los proyectos que algunos ministros habían presentado. El obstruccionismo de los consejeros era total, agrupados como estaban en torno a uno de los líderes del búnker, José Antonio Girón.

Los siete meses del gobierno de Arias Navarro fueron un tiempo perdido en el camino hacia la democracia, una mera continuación del pasado en muchos aspectos, con los mismos problemas, las mismas respuestas y las mismas incertidumbres. Pero había una diferencia: ya no estaba Franco y mucha gente había perdido parte del miedo que había ido asimilando a lo largo de cuarenta años de paz y orden dirigido. Desde comienzos de 1976 creció de manera impresionante la movilización popular en toda España, así como la violencia en el País Vasco, lo que despertó los instintos franquistas de Arias Navarro y de Fraga Iribarne, manifiestos en la brutalidad de las cargas policiales para dispersar a los manifestantes y a los huelguistas. Pero la represión no frenaba la movilización popular, sino más bien lo contrario, acentuaba el deseo de cambio de una opinión pública cada vez mejor informada por los medios de comunicación. El inmovilismo político ponía en peligro la permanencia de la monarquía reinstaurada, deteriorando la imagen del rey, que cada vez era más consciente de la conveniencia de un cambio democrático, al igual que los ministros más liberales del propio gobierno. Los militares, en su mayoría franquistas, tenían fuerza suficiente para intervenir del modo más terrible, pero estaban faltos de liderazgo y se sentían aislados del resto de la sociedad. Como los demás españoles, no sabían si realmente todo había quedado «atado y bien atado».

El nuevo gobierno mostraba escaso espíritu de reconciliación, manteniendo a la mayoría de los presos políticos en la cárcel y provocando una creciente demanda de amnistía política y una creciente protesta. Las primeras manifestaciones comenzaron en diciembre de 1975, y fueron duramente reprimidas. Según el ministro de la Gobernación, Fraga, que se presentaba como un reformista, la política debía hacerse en los despachos, porque la calle era suya. La policía era la misma de antes y actuaba de un modo igualmente contundente, con la impunidad de siempre y amparando la violencia de los grupos «ultras» oficialmente fomentados. Pero el miedo no era el de antes, y las protestas crecían gradualmente en las calles, en la universidad, en las fabricas, etcétera, aunque no llegaron a amenazar el statu quo político. El gobierno controlaba la situación, pero las pequeñas o grandes manifestaciones deterioraban día a día su credibilidad[35].

Mayor dimensión tuvo la protesta en el País Vasco. La lucha por la amnistía y por la ikurriña, la durísima represión policial, la sistemática tortura, la renovada actuación de ETA —en aquellos momentos justificada por muchos— y la ridícula oferta de un régimen especial por parte del gobierno, situaron frente a éste a la mayoría de los vascos. En Cataluña la protesta era menos radical, pero bastante extensa: el 30 de diciembre de 1975 nació el Consell de Forces Polítiques, que agrupaba a toda la oposición, y junto a la Assemblea de Catalunya hizo un frente socialmente unido en la lucha por la Libertad, la amnistía y el Estatuto de Cataluña… Pero quizá fueron los conflictos laborales los que demostraron que era imposible gobernar como si nada hubiese pasado. Un momento culminante se alcanzó en Madrid a mediados de enero de 1976, impulsado por las ilegales Comisiones Obreras, que se habían infiltrado en los sindicatos verticales. Se logró la paralización de importantes servicios públicos —metro, Renfe, correos, etcétera—, alguno de los cuales fueron militarizados. Las reivindicaciones eran inicialmente laborales, pero iban politizando a sectores muy amplios de trabajadores, incrementando la militancia de izquierdas[36]. Durante meses estuvieron en huelga algunas de las más importantes empresas de Madrid, Barcelona, Vizcaya, etcétera. Y el malestar social aumentaba en una coyuntura económica desfavorable, con creciente inflación y aumento del paro. El PCE se estaba ganando la calle, y se produjo una dinámica favorable a la movilización de las izquierdas tras la creación de Coordinación Democrática o Platajunta, formada por la unidad de acción de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática.

Al tiempo que crecía la tensión política, aumentaba la alarma del rey, que no se entendía con Arias Navarro, que a su vez lo consideraba como «un joven inexperto a quien había que mantener al margen de los asuntos serios del gobierno»[37]. El 16 de febrero de 1976 los reyes iniciaron una visita a Cataluña en contra de los consejos del gobierno y del gobernador civil de Barcelona, preocupado por la intensidad de los conflictos obreros. En Barcelona el rey habló en catalán y quiso reunirse con la oposición política, pero Fraga se opuso rotundamente. Sin embargo, visitó el Baix Llobregat, una zona industrializada que acababa de salir de una huelga general. Y dijo en Cornellá: «Estad seguros de que os reconocerán y pondrán en aplicación: todos los derechos, como ciudadanos y como trabajadores»[38]. Fue una visita que indudablemente incrementó la popularidad de Juan Carlos, que comprendía la necesidad de tolerar la oposición política, aunque no podía soliviantar al búnker. Y debía soportar la absurda situación de tener un presidente del gobierno para el que ninguna de las pretensiones de la oposición (amnistía política, legalización de los partidos políticos, sindicatos libres, elecciones generales, etcétera) eran ni siquiera negociables.

El 3 de marzo una huelga general en Vitoria culminó en una multitudinaria manifestación. Tras salir numerosos trabajadores de una asamblea celebrada en una iglesia, la policía cargó contra ellos y los tiroteó. Hubo tres muertos y veinte heridos graves, dos de los cuales murieron dos días después. La noticia se extendió por toda la ciudad, donde reinó el caos: se rompieron farolas y semáforos, se volcaron automóviles, se formaron barricadas, etcétera. En Madrid Arias Navarro quería declarar el estado de excepción, pero los ministros Osorio, Adolfo Suárez y Martín Villa se opusieron, y se decidió enviar a Vitoria abundantes fuerzas antidisturbios, que lograron controlar la situación. Pero la muerte de uno de los heridos paralizó de nuevo la ciudad, y la huelga se extendió a gran parte del País Vasco, donde hubo algún muerto más y numerosos heridos. Hasta el día 16 no se pudo restablecer por completo el orden, pero los sucesos de Vitoria habían hecho perder credibilidad al gobierno en el País Vasco, al tiempo que se había intensificado el apoyo popular a ETA.

EL IMPOSIBLE CESE DE ARIAS NAVARRO

A finales de marzo de 1976 la oposición se había unido en la Platajunta, que si bien contribuyó a la desmovilización popular, abrió el camino para la negociación con los reformistas del sistema, abogando por una «ruptura pactada». Sin embargo, Fraga anunció que no habría más tolerancia con la oposición, y de hecho detuvo a varios dirigentes de la Platajunta (Marcelino Camacho, García Trevijano, etcétera) tras una reunión para elaborar un manifiesto programático, lo que trataba de contrarrestar el rey con su viaje a Sevilla. «El gobierno vive del oxígeno que le presta el entusiasmo popular que despierta el monarca en sus viajes», escribió Areilza[39]. Sin embargo, el rey no era Franco y no debía reproducir los hábitos y comportamientos del anterior jefe del Estado, si no quería reforzar el continuismo. Su impotencia política se hizo patente cuando presidió un Consejo de Ministros en la capital sevillana. Seis ministros defendían la liberación de los dirigentes opositores que habían sido detenidos. «No les suelto —dijo Fraga—. Los tendré en la cárcel hasta el primero de mayo». Arias Navarro lo aprobó y el rey ni siquiera llegó a pronunciarse[40]. Fraga había perdido crédito político como reformista, pero vacilaba. Y así el 15 de abril autorizó el congreso de una ilegal UGT, aunque disfrazado de seminario para el estudio de cuestiones laborales. Y se entrevistó en secreto con Felipe González: «Recuerde que yo soy el poder, y usted no es nada», le dijo.

El 26 de abril se publicó una entrevista con el rey en Newsweek, en la que decía que el presidente del gobierno era un «desastre sin paliativos, porque se ha convertido en abanderado de la poderosa banda de leales franquistas conocida como el búnker». Arias Navarro, por su cuenta, desmintió la noticia. Y dos días después, aprovechando la finalización de los trabajos de la comisión mixta, leyó un discurso por televisión, salpicado de referencias a Franco y a los enemigos de España: «Estamos en el camino de la reforma», y señaló el envío a las Cortes de «tres proyectos de innegable importancia» para regular el derecho de asociación política, el de reunión y el de manifestación y una «revisión del código penal». Aparentaba seguridad y firmeza, porque había sido nombrado por Franco y no estaba dispuesto a abandonar el puesto. Cuando días después Osorio y Adolfo Suárez le reprocharon no haber mostrado previamente su discurso al rey, respondió: «Claro que no le enseño mi discurso al rey, tampoco él los suyos a mí […]. ¿Cómo voy a hablar con él? Es como si paseara con un niño de cinco años. A los cinco minutos no podría con mi aburrimiento. Él no dice más que tonterías»[41]. Juan Carlos estaba cada vez más convencido de que Arias Navarro no llevaría a cabo los proyectos de la Corona y que debía relevarlo. Aunque, por razones de «prudencia política», no lo consideraba posible por el momento: en su Casa Alfonso Armada insistía en mantenerlo en su puesto. Y él se confiaba frecuentemente a Torcuato Fernández-Miranda: «Me habla de Armada, cada vez más absorbente y agobiante. El rey vive en un ambiente muy malo y el tema Arias es ya preocupante. Hay que sacarle de ese ambiente […], ayudarle a decidir». La situación era insostenible: «No sé cómo tratar a Arias, he pretendido crear confianza y no lo he conseguido. No oye y en realidad no me deja hablar, no quiere o no sabe escuchar y me da la sensación de que no necesita estar conmigo; es como si creyera que está absolutamente seguro, que es presidente por cinco años, que yo no puedo más que mantenerle. Creo que a veces llega a creer que es más fuerte que yo y en el fondo no me acepta como rey. No me informa, habla y habla, y lo único que dice es que gracias a él las cosas se mantienen, que sin él todo sería un caos. “Sin mí —dice— el país estaría arrojado a la calle”. Torcuato me decía que le pidiera la dimisión: “Estoy de acuerdo —dice el rey—. Pero no sé cómo hacerlo”. Continuamente dice que él es el presidente porque así lo quiso el Caudillo, que él pensó dejarlo y que yo he sido quien le ha comprometido en una tarea que ahora ha de concluir, ha de llevarla hasta el final […]. Estoy convencido de que no puedo seguir con Carlos, pero cómo se plantea… Todo esto me cabrea, no veo nada claro. Tú dices que tengo que planteársela dura y directamente. ¿Cómo?»[42].

No sabía cómo decirle que quería prescindir de él: cesarle era como cesar a quien siempre se había jactado ante él de su absoluto control del poder. Juan Carlos estaba viviendo un infierno, estaba lleno de dudas y sólo con Torcuato podía desahogarse: «Estoy con una tensión terrible, dominado por una irritación creciente. No duermo —me dijo— […]. El otro día grité a la reina delante de Mondéjar y Armada, y es que estoy dominado por una irritación terrible, no duermo. Por las noches me paseo todo el palacio, parezco un fantasma […]. Esto no puede seguir así. Y creo que lo que más me irrita es que pienso que Arias me puede. Y esto, cojones, no es así, tú lo sabes. Además, la Casa se opone…»[43]. Torcuato le decía que tenía que esperar y reservarse para poder ser más explícito con el presidente del gobierno, pues la entrevista concedida a Newsweek no había sido suficiente para que dimitiera. Y había prisa, porque surgían alarmantes síntomas de involucionismo. Tal hecho sucedió en Montejurra, la montaña sagrada de los carlistas, en mayo de 1976. El día 9 se inició la tradicional subida de los carlistas, partidarios de Carlos Hugo, al citado monte, y cuando la cabecera de la marcha llegaba a la cima, fue recibida con ráfagas de ametralladora y disparos de pistola. Un joven cayó muerto y otros fueron heridos. Se produjeron carreras y enfrentamientos con los ultras partidarios de Sixto de Borbón, hermano de Carlos Hugo, y otro carlista cayó muerto por disparos a sangre fría del «hombre de la gabardina». Se trataba de «la reconquista de Montejurra», preparada con antelación, auspiciada por altos cargos del régimen y con la connivencia de la Guardia Civil, que en todo momento se mantuvo pasiva.

Era un aviso para Juan Carlos, que el 24 de mayo recibió la visita de sus padres y hermanas. Don Juan y su hijo pudieron hablar largo y tendido sobre cuestiones políticas. Según la opinión generalizada, fue don Juan quien instó a Juan Carlos a que sustituyera a Arias Navarro, que se reuniera con mayor frecuencia con miembros de la oposición moderada y que buscara apoyo en el exterior. A comienzos de junio de 1976 los reyes fueron a Estados Unidos. El día 2 Juan Carlos fue recibido por el presidente Ford, y después pronunció un discurso en una sesión conjunta del Senado y del Congreso, con todos los escaños ocupados y las tribunas abarrotadas: «Ningún obstáculo se opondrá decisivamente a que nuestra comunidad española siga adelante trabajando por la consecución de una sociedad cada vez más preparada, más justa y más propiamente libre […]. La monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantenga en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de diversas alternativas de gobierno». Su inconfundible compromiso con la democracia fue recibido por una cerrada ovación. Los principales diarios americanos calificaron al rey de motor del cambio. La calurosa recepción de que fue objeto durante su estancia en Estados Unidos supuso un gran incentivo para él, y fortaleció su confianza y firmeza. Su determinación de destituir al presidente del gobierno muy probablemente se intensificó con la noticia de que Rafael Calvo Serer, consejero de su padre, había sido detenido al regresar a España. Tres días después de su regreso de Estados Unidos, Juan Carlos asistió a unas maniobras francoespañolas, confraternizando con los oficiales españoles, muchos de los cuales habían sido compañeros suyos en la Academia de Zaragoza.

La incapacidad de Arias Navarro para que las Cortes aprobasen los proyectos políticos bastante «tibios» que su gobierno había presentado, convenció definitivamente a Juan Carlos de que con él era prácticamente imposible la transición a la democracia.

3. La reforma política

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La reforma política

El rey había decidido en firme la destitución de Arias Navarro y estaba bien dispuesto a afrontar sus posibles consecuencias. Torcuato Fernández-Miranda le garantizó que tanto las Cortes como el Consejo del Reino estaban controlados o eran controlables, y que si no había dimisión, no habría obstáculos para su cese. Se preparó todo minuciosamente, y se buscó al personaje que habría de sustituir a Arias, cuyo perfil exigía lealtad al proyecto de democratizar la Corona, ausencia de proyecto político propio aunque careciera de gran prestigio político, gran capacidad de diálogo y aun de seducción para convencer al franquismo sociológico e integrar a la oposición, falta de beligerancia política, firmeza de carácter, sana ambición, etcétera. Durante varias semanas, Juan Carlos y Torcuato barajaron varios nombres, dentro de las familias franquistas. El candidato de Torcuato era Adolfo Suárez, desde su tesis de «presidente disponible», pero al rey le parecía débil, aunque le resultaba simpático. Finalmente se impuso Adolfo Suárez, por su «disponibilidad» y lealtad a la Corona, por su juventud y dinamismo, por su condición de hombre del Movimiento no adscrito a ninguna facción, por conocer el franquismo desde dentro y por su capacidad para efectuar «la reforma de la ley a la ley»[1].

A demanda del rey, el 1 de julio de 1976 Carlos Arias Navarro acudió al palacio de Oriente, donde Juan Carlos acababa de recibir las credenciales de varios diplomáticos extranjeros. Arias encontró al rey serio y circunspecto, con ojeras y visiblemente nervioso: Juan Carlos le habló de los servicios prestados a la monarquía, de la atascada reforma política y de la gravedad de la situación económica, y Arias comprendió que le estaba pidiendo la dimisión: «Comprendo lo que quiere V. M. Motivos importantes y suficientes tendrá». Por la tarde, los doce consejeros del reino dieron su «oído» preceptivo a la dimisión del presidente del gobierno. A las ocho de la tarde se celebró un Consejo de Ministros extraordinario, en el que Arias Navarro comunicó su dimisión en términos patéticos y se despidió de todos los ministros en la sala todavía presidida por un enorme retrato de Franco. El gabinete redactó un comunicado de prensa. Al día siguiente volvió a reunirse el Consejo del Reino, a fin de elaborar una terna para que el rey pudiera elegir un nuevo presidente del gobierno. Cada uno de sus miembros fue invitado a incluir tres candidatos en una papelera, uno por cada una de las tres familias ideológicas del régimen: democristianos colaboradores del franquismo, tecnócratas próximos al Opus Dei, y «azules» de la Falange. El trabajo de pasillos hizo el resto: Fernández-Miranda y Miguel Primo de Rivera, amigo del rey, lograron que Adolfo Suárez figurase en la lista final, junto a López Bravo y Silva Muñoz, como si de un insignificante «relleno» se tratase. Al término de la reunión del 3 de julio, Torcuato dijo a los periodistas: «Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido».

A las seis de la tarde del 3 de julio Adolfo Suárez recibió una llamada para que acudiera a la Zarzuela. Habló dos horas con el rey y a las ocho y media RTVE dio la noticia: Adolfo Suárez era el nuevo presidente del gobierno. Sorpresa general, confusión y gran decepción en la oposición democrática, que se horrorizó ante los antecedentes franquistas del nuevo presidente. La izquierda respondió con la convocatoria de una manifestación a favor de las libertades políticas y de la amnistía en la segunda semana de julio: su éxito puso de manifiesto la necesidad de pactar la reforma política. El rey concedió a Suárez plena libertad de movimientos, aunque sabía que el nuevo presidente no actuaría por libre, porque disponía de dos muletas: Juan Carlos y Torcuato Fernández-Miranda. Su tarea inmediata era conformar un nuevo equipo ministerial, del que Fraga y Areilza se habían desmarcado de antemano. Alfonso Osorio fue nombrado vicepresidente del gobierno y ministro de la Presidencia, y convenció a miembros del grupo democristiano Tácito para que aceptasen algunos ministerios. El rey le pidió que mantuviera a los tres ministros militares y al vicepresidente para Asuntos de la Defensa, el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, franquista recalcitrante y monárquico en la medida en que Juan Carlos garantizara la continuidad del régimen. El único ministro designado por Suárez fue su amigo el ingeniero Abril Martorell, nuevo ministro de Agricultura, y más adelante, su hombre de confianza. El anuncio de la lista definitiva, el 8 de julio, no pudo tener peor acogida por parte de la prensa y de los medios políticos, que la consideraron como una colección de tecnócratas de segunda fila y moderados. Aunque dos días antes Adolfo Suárez había dicho por televisión que era un ejecutor de la voluntad del rey: «La Corona tiene una voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna en España».

Suárez estuvo conforme con su gobierno en que la estrategia a seguir se basaría en que la introducción de medidas específicas se hiciera con tal celeridad que no diera tiempo a reaccionar a los franquistas más inmovilistas. Así, el 14 de julio hizo que las Cortes, cada vez mejor controladas por Fernández-Miranda, aprobasen los cambios en el código penal necesarios para la legalización de los partidos políticos. Dos días después anunciaba su programa de gobierno: reconocimiento de que la soberanía residía en el pueblo, con el objetivo de alcanzar un sistema democrático; la promesa de una reforma política que debía ser aprobada por referéndum y la convocatoria de elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. Mientras Suárez perfilaba los detalles de la reforma política, el rey recorría diversas provincias españolas, elevando sus cuotas de popularidad. Sin embargo, el terrorismo seguía actuando, y la policía seguía reprimiendo las manifestaciones, bajo la dirección del ministro Martín Villa y con la ayuda oficiosa de los «guerrilleros de Cristo Rey» y otros grupos ultras El 31 de julio el Consejo de Ministros, presidido por el rey, concedía una amplia amnistía política, excluyendo a los condenados por delitos de sangre.

La oposición de izquierdas no tardó en hacer saber que entendí la «ruptura pactada» como una negociación con el gobierno para abrir un período constituyente. Pero Suárez tomó la iniciativa, y se entrevistó en secreto con algunos líderes opositores, aunque por separado y a nivel individual, mientras la Platajunta pretendía una negociación en bloque. También recibió en su despacho a destacados franquistas, con la intención de tranquilizar al búnker. Con ello, el gobierno iba ganando tiempo y logrando que algunos partidos moderados pasasen por el aro de la legalización, presentando sus documentos en la ventanilla del Ministerio de la Gobernación, cosa que no aceptaba la Platajunta, que pretendía que se legalizasen todos los partidos con garantías de no excluir a nadie.

El 23 de agosto Fernández-Miranda entregó a Suárez un borrador para la Ley de Reforma Política, una vía por la que el rey podría cumplir su juramento de lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento sin renunciar a su propósito expreso de traer la democracia a España. El gobierno lo aceptó como propio, y una comisión comenzó a trabajar sobre el texto que se presentaría al país. Debía pasar luego a través del aparato franquista y del ejército. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos gozaba de cierto respeto general, pero seguía inspirando recelo a muchos generales importantes, sobre todo a los que habían luchado en la guerra al lado de Franco: «No querían a ningún precio que los vencedores de la Guerra Civil fueran los vencidos de la democracia»[2]. A tal fin, el 8 de septiembre presentó Suárez el proyecto de reforma a miembros de la cúpula militar, apelando a su «apoyo patriótico». Les prometía mucho: no habría revolución, separatismo o desórdenes públicos, pero también les dijo que se legalizarían los sindicatos y más tarde los partidos políticos. Y les tranquilizó diciendo que las lealtades internacionales del partido comunista no permitirían su legalización. Los planes de Suárez, expuestos de un modo persuasivo, fueron aceptados por la mayoría, en gran medida porque estaban respaldados por el rey. Es probable que la reacción hubiera sido diferente si el presidente les hubiera dicho que, a través de sus contactos secretos con Carrillo, sabía que el PCE estaba pensando en reformar sus estatutos con vistas a su ulterior legalización[3].

Dos días después de esa reunión, el gobierno aprobó el proyecto de Reforma Política sin la oposición de los cuatro ministros militares. Pero unos días después, el vicepresidente para Asuntos de la Defensa se indignó enormemente cuando el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, introdujo un proyecto de reforma sindical, porque consideraba a los sindicatos los responsables de los «desmadres de los años treinta». El 21 de septiembre el presidente Suárez le obligó a dimitir, sustituyéndolo por el general Gutiérrez Mellado, de tendencia liberal y que no era del agrado de muchos militares. El general De Santiago envió una carta a sus compañeros de armas, que circuló profusamente en todos los cuarteles: «La evolución política de nuestra patria está discurriendo por unos cauces y con un planteamiento con el que no me identifico […]. El gobierno prepara una disposición, probablemente con el rango de decreto-ley, a la que me he opuesto infructuosamente, por la que se autoriza la libertad sindical, lo que supone, a mi juicio, la legalidad de las Centrales Sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las Comisiones Obreras, organización del partido comunista». El búnker militar, a través del general Iniesta Cano, escribió una carta de solidaridad, que se publicó en el diario ultraderechista El Alcázar el 27 de septiembre: «Tu lección es impagable»[4].

Simultáneamente aparecía Alianza Popular, un consolidado partido de derechas en clara oposición a Suárez, creado por los «Siete Magníficos», todos exministros de Franco: Fraga, López Rodó, Fernández de la Mora, Silva Muñoz, Licinio de la Fuente y Cruz Martínez. A los partidos de la oposición, pese a no estar legalizados, no se les ponían trabas en su funcionamiento, a excepción del PCE, aun que también se le dejaba operar relativamente. Pero a la oposición ante los progresos de Suárez, casi no le quedaba otra opción que la aquiescencia. El 15 de octubre se envió a las Cortes, para su tramitación por el procedimiento de urgencia, el proyecto de Ley de Reforma Política. Fernández-Miranda eligió a los procuradores que habían de elaborar el correspondiente dictamen y explicó a la prensa que 11 la votación sería oral «porque la opinión pública debía conocer la postura de los procuradores ante la reforma». Una semana después, la Platajunta abrió sus puertas a cinco organizaciones nacionalistas, para crear la Plataforma de Organizaciones Democráticas (POD), que adoptó la consigna de «negociación y movilización» y acordó después rechazar el referéndum que planeaba Suárez. Hubo una oleada de huelgas e noviembre, pero fracasó la convocatoria de huelga general para el día 12, lo que fortaleció la posición del gobierno.

Los promotores de la reforma política planearon minuciosamente la estrategia necesaria para su aprobación por las Cortes. Se exigía la mayoría cualificada de dos tercios de los procuradores existentes y la mayoría absoluta de la cámara. Se trabajó durante semanas a los procuradores más tibios o renuentes, utilizando el palo y la zanahoria. La reforma tenía que ser aprobada por las buenas o por las malas. Torcuato recordó que las Cortes podían ser disueltas mediante la suspensión de la prolongación de la legislatura acordada meses antes, si la ley era rechazada, y que podía convocarse un referéndum prospectivo. Pero la clave estuvo en manos de los procuradores pertenecientes a Alianza Popular, que votaron afirmativamente. La ley se debatió en las Cortes del 16 al 18 de noviembre, y finalmente fue aprobada por una amplía mayoría. En general, el voto favorable fue un suicidio colectivo debido al inveterado hábito de obediencia a la autoridad, a un inflamado voto patriótico y, sobre todo, a tentadoras ofertas susurradas al oído de los procuradores[5].

¿SUICIDIO FRANQUISTA?

El 20 de noviembre de 1976, primer aniversario de la muerte de Franco, el rey presidió un solemne funeral en la basílica del Valle de los Caídos, organizado por la Casa Real. Se trataba de un gesto cuidadosamente calculado para aliviar la desesperanza de los franquistas, pues el legado de Franco estaba siendo desmontado. Con los reyes, asistió el gobierno en pleno, el Consejo del Reino, el presidente de las Cortes, el Consejo Nacional del Movimiento, y en un lugar preferente, la viuda de Franco y toda su familia. Simultáneamente, en la plaza de Oriente hubo una imponente concentración en la que cientos de indignados franquistas coreaban: «¡Suárez, dimite, el pueblo no te admite!», «¡Gobierno, atiende, España no se vende!», «¡Juan Carlos, Sofía, el pueblo no se fía!», «¡Ejército al poder!». Dos días después Juan Carlos recibía en la Zarzuela a los jefes de los tres ejércitos para celebrar el primer aniversario de su reinado. El jefe del Alto Estado Mayor habló de la «lealtad inquebrantable hacia la Corona de las Fuerzas Armadas».

Por su parte, el POD fue adoptando actitudes más pactistas y me nos maximalistas, dejando el camino abierto para que un «comité de personalidades» negociara con el gobierno. El 5 de diciembre de 1976 el PSOE abrió a bombo y platillo las puertas de su XXVIII Congreso Federal, en presencia de los principales líderes de la socialdemocracia europea y con una retórica rupturista y republicana, que en cubría lo moderado de sus propuestas. A raíz del éxito del Congreso socialista, los comunistas comenzaron a preocuparse seriamente de su futuro político, y poco después Santiago Carrillo dio una rueda de prensa clandestina en Madrid, lo que obligó al gobierno a ponerlo e busca y captura. Los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente cuatro días antes del referéndum de la reforma política los GRAPO secuestraron a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, exministro de Franco e importante financiero. El 15 de diciembre de 1976, pese a los llamamientos de la oposición a la abstención y del búnker al voto negativo —«Franco hubiera votad no»—, se aprobó en referéndum la Ley de Reforma Política por 94 por ciento de los votos y con una participación del 77 por ciento del electorado. Dos días después cientos de policías y guardias civil se manifestaron contra el gobierno en el centro de Madrid, y altos jefes policiales fueron sustituidos. El 22 de diciembre fue detenido por la policía Santiago Carrillo, que desde hacía tiempo vivía clandestinamente en Madrid, y ocho días después fue puesto en libertad por el juez, lo que fue interpretado como un primer paso para legalización del PCE, provocando las iras del búnker, con los nervios ya de punta a causa del terrorismo.

A comienzos de 1977 la oposición democrática estaba claramente decidida a negociar con el gobierno, y a tal efecto nombró una subcomisión, que el 11 de enero acudió a la Moncloa, donde se acababa de instalar Adolfo Suárez. Su reivindicación más urgente fue pactar la legalización de todos los partidos políticos: Suárez dijo que desearía la participación de todos los partidos en las próximas elecciones generales, sustituyendo el trámite de la ventanilla por el simple registro, pero no quiso entrar en detalle sobre la legalización de los comunistas. Mientras, el búnker iniciaba una campaña contra la ley de Reforma Política. Y el rey, informado por Armada del malestar creciente en la cúpula militar, recibía todos los lunes a los más significados generales, con los que departía amistosamente. Armada se esforzaba para que el rey hiciera alguna referencia laudatoria a Franco, advirtiéndole de los peligros que acarreaba el avance hacia la democracia y del descontento de los generales de mayor antigüedad[6]. De cualquier modo, el clima político era cada vez más tenso: el 23 de cuero un manifestante proamnistía, el estudiante Arturo Ruiz, fue asesinado a sangre fría y por la espalda por un grupo de ultraderechistas. Ese mismo día se supo que los GRAPO habían secuestrado al teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Adolfo Suárez se pronunció con la escueta frase de: «Alguien está tratando de provocar un golpe de Estado».

El 24 de enero la policía reprimió brutalmente una manifestación de protesta por la muerte del joven estudiante, e hirió de muerte a la joven María Luz Nájera[7]. En la noche de ese mismo día un grupo ultraderechista asesinó a cinco personas en un despacho laboralista de Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid, e hirió gravemente a otros siete. El PCE se negó a responder a tamaña provocación y no hubo ninguna manifestación de protesta. El 26 de enero, y tras unas dificilísimas conversaciones con el gobierno, se instaló la capilla ardiente de los abogados asesinados en el Colegio de Abogados de Madrid, la cual se abrió al público. El entierro fue una masiva e imponente manifestación de duelo en la que el PCE dio una imagen de potencia, serenidad y dolor que sobrecogió el ánimo de millones de ciudadanos y generó un clima propicio a su legalización. Pero hubo más, porque el día 28 los GRAPO asesinaron a dos policías armados y a un guardia civil. En sus funerales se oyeron muchos gritos de «¡Gobierno, dimisión!», «¡Ejército al poder!»[8]. Cuando, por fin la policía liberó el 12 de febrero a los secuestrados del GRAPO, Oriol y Villaescusa, terminaron los dos meses más arriesgados de la transición. Dos días antes el gobierno había abolido la «ventanilla» por decreto, y todos los partidos se preparaban para registrarse legalmente, lo que debilitó la cohesión de la oposición. El 20 de febrero el rey rendía tributo a Franco en una alocución pronunciada en la Academia General Militar de Zaragoza. Y el 27 Adolfo Suárez tuvo un encuentro secreto con Santiago Carrillo, que a cambio de una posible legalización de su partido se comprometió a cambiar los estatutos, reconocer la monarquía, adoptar la bandera roja y gualda, aparte de ofrecer su colaboración para un futuro pacto social. El rey quedó perfectamente informado de ello y dio su aprobación, y Carrillo pudo celebrar el 2 de marzo de 1977 la Cumbre Eurocomunista de Madrid, con la participación de Enrico Berlinger y Georges Marchais.

El PCE solicitó su inscripción en el registro de asociaciones políticas. El gobierno remitió su solicitud al Tribunal Supremo, cuya junta de fiscales declaró el día 8 de abril que no había nada en los nuevos estatutos del partido que impidiera su inclusión en el registro de asociaciones políticas. Ese día el rey se encontraba en Francia, en una visita de veinticuatro horas, pero antes de marcharse había sido puesto al tanto de la situación por Suárez: había que legalizar al PCE porque estaba en juego la credibilidad democrática de España y porque las próximas elecciones generales debían ser libres. Suárez publicó la noticia el día 9 de abril, sábado de gloria, cuando gran parte de la élite política y militar estaba de vacaciones. Ese día se reunió en la Zarzuela con el rey, en presencia del marqués de Mondéjar y del general Armada. Armada se creyó en el derecho de reprochar al presidente la legalización del partido comunista, acusándolo de poner en peligro la Corona. Los días de Armada en la Zarzuela estaban contados, al tiempo que Suárez se convertía para la derecha franquista en traidor a la causa por la que se había combatido en la guerra. El día 11 de abril dimitió el ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, y estuvieron a punto de hacerlo otros ministros civiles, que se retractaron para evitar que el rey cayera en un «gravísimo aprieto»[9].

Mientras el rey trataba de calmar por teléfono a los altos jefes militares, Suárez se reunió el 11 de abril con la cúpula militar para intentar explicar lo sucedido: fue en vano. El martes día 12 se reunió el Consejo Superior del Ejército, en un ambiente de ultrajada indignación. Se habló ampliamente, y se emitió un comunicado en el que se manifestaba que la legalización del PCE había producido una repulsa generalizada en todas las unidades del ejército, aunque se admitía disciplinadamente el hecho consumado. El ejército, unánimemente unido, consideraba como una obligación indeclinable la defensa de la unidad de la patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas[10]. El día 14 el jefe del Alto Estado Mayor, el general Vega Rodríguez, acudió al palacio de la Zarzuela. Ese mismo día el Comité Central del PCE aceptó la bandera nacional y la monarquía como forma de gobierno, lo que impuso un sedante para el presidente Suárez y para buena parte del ejército. Para cubrir la baja del ministro de Marina, cargo que rechazaron todos los almirantes en activo, se recurrió al almirante Pery, que estaba en la reserva. Pero la legalización del PCE, sin embargo, fue un regalo para el búnker, que intensificó su actividad propagandística en los cuarteles en contra de la «traición de Suárez», alentando vagamente a la subversión.

ELECCIONES CONSTITUYENTES

El 15 de abril de 1977 se convocaron elecciones generales para el próximo día 6 de junio: se eligirían 350 escaños para el Congreso de los Diputados y 297 para el Senado, que debía completarse con otros 41 nombres designados por el rey. Prudentemente había dejado de existir la Secretaría General del Movimiento, y la propiedad de todos sus símbolos y emblemas pasaba a la FET y de las JONS, partido político legalmente reconocido. Simultáneamente, también se había reconocido por decreto el derecho de huelga y el de libre asociación sindical, permitiendo la legalización de los sindicatos de clase. Los partidos políticos se disponían a iniciar la carrera electoral, cuando Adolfo Suárez carecía de partido propio, aunque muchos de sus ministros pertenecían al Centro Democrático, formado por una coalición de varios grupos democristianos, liberales y socialdemócratas. Adolfo Suárez confiaba más en sí mismo, en su carisma televisivo, que en la base sustentadora de una organización política. «Estábamos aún —ha escrito Leopoldo Calvo Sotelo— muy cerca del caudillismo y la decidida opción democrática de Adolfo Suárez no era incompatible con su inclinación a una especie de democracia directa, con los modos antiguos de persuasión política que vinculaba a los ciudadanos con un líder sin utilizar necesariamente el cauce de un partido»[11]. Suárez sentía en aquel tiempo el apoyo directo de los ciudadanos, y quizá en su inconsciente persistía el talante antipartidista de su pasado franquista. No obstante, cuando al Centro Democrático se adhirió un grupo de «azules» reformistas, liderado por Martín Villa, y el 3 de mayo de 1977 se constituyó la Unión de Centro Democrático, Adolfo Suárez aceptó presidirla. Tenían el tiempo justo para confeccionar las listas de candidatos, que habían de presentarse antes del 9 de mayo.

Alarmado por la situación en que se iban a celebrar las elecciones, sobre todo en el País Vasco, donde habían reverdecido el terrorismo etarra y la agitación social, el gobierno negoció en secreto con ETA una tregua de dos meses, a cambio de la promesa de amnistía total para todos los presos que aún quedaban en las cárceles. El proyecto de amnistía se publicó el 20 de mayo, lo que fue interpreta por el búnker como una concesión ante la violencia vasca. El rey hubo de intensificar sus esfuerzos para conservar la lealtad de los militares, extendiendo el indulto a todos los condenados por delitos militares, a excepción de los oficiales que habían formado la UMD antes de la muerte de Franco. Y vio reforzada su posición el 29 mayo, cuando su padre, en una ceremonia casi privada, abdicó en todos sus derechos a la Corona de España. Al día siguiente se conoció la dimisión de Torcuato Fernández-Miranda como presidente las Cortes, tal vez por considerar que su misión había terminado, aunque siguiera en funciones. Sus relaciones con Adolfo Suárez se habían deteriorado progresivamente tras el referéndum de la reforma, cuando el presidente del gobierno consideró que podía caminar sin su apoyo.

La campaña electoral comenzó el 24 de mayo: a pesar de la sopa de letras que constituían la relación de partidos y coaliciones, el verdadero debate se planteaba entre AP, UCD, PSOE, PCE y los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Alianza Popular contaba con abundante financiación, pero en sus listas iban demasiados franquistas más o menos conocidos, y eso le perjudicó, pues la opinión pública deseaba cambios. A los comunistas les perjudicó el recuerdo de la guerra, y a los socialistas les benefició la imagen de juventud y sinceridad que daba Felipe González y el respaldo de la socialdemocracia europea. Suárez, que evitó toda confrontación con sus oponentes, partía de la considerable ventaja institucional y de la asociación de su figura con la del rey, además de contar con una considerable financiación. Así pues, la UCD ganó las elecciones con el 34,3 por ciento de los votos, seguida por el PSOE, con el 28,5, el PCE, con el 9,3 por ciento, y Alianza Popular, con el 6,3 por ciento. Adolfo Suárez, aunque no por mayoría absoluta, tenía los suficientes escaños para gobernar.

El triunfo electoral de Suárez le dio valor suficiente para solicitar del rey el apartamiento del general Armada, personaje influyente en la Casa Real, del que no se fiaba por considerarlo peligrosamente franquista. A finales de junio de 1977 el general debió solicitar su cese como secretario general de la Casa y su vuelta al servicio general activo, y fue sustituido por el general Sabino Fernández Campo, de probada lealtad monárquica y de talante más diplomático y liberal. El rey se había quedado sin sus dos muletas (Torcuato y Armada), pero Armada se fue convencido de que Juan Carlos compartía todas sus ideas[12]. El 22 de julio los reyes presidieron la primera reunión de las Cortes Constituyentes: «La democracia ha comenzado. Ahora hemos de continuarla», dijo Juan Carlos. Y Adolfo Suárez remodeló su gabinete, nombrando tres vicepresidentes: Gutiérrez Mellado (Asuntos de la Defensa), Abril Martorell (Asuntos Políticos) y Fuentes Quintana (Asuntos Económicos). El socialdemócrata Fernández Ordóñez fue el ministro de Justicia; el abogado Jiménez de Parga, ministro de Trabajo; el liberal Joaquín Garrigues, ministro de Obras Públicas, etcétera. Los problemas que se anunciaban deberían ser ahora asuntos del gobierno del rey y no del rey propiamente dicho, aunque de hecho Juan Carlos debió seguir apaciguando el creciente problema de la insubordinación militar, aun corriendo el riesgo de convertirse en blanco de las injurias de la extrema derecha.

Los ataques de Fuerza Nueva, acaudillada por Blas Piñar, se hacían cada vez más agresivos, y encendían tanto la subversión militar con la violencia etarra; a sus ojos, las posiciones franquistas por parte del rey, convertía a éste en un traidor a Franco por haber violado sus anteriores juramentos. Y se trataba de dar la alarma entre los militares por el auge de los nacionalismos periféricos. El tema era preocupante en Cataluña, donde la UCD había sido desbordada electoralmete por el PSC, el PSUC y el Front Democratic de Jordi Pujol. Diversos diputados catalanes formaron la asamblea de parlamentarios catalanes, a fin de tener fuerza para conseguir el Estatuto de Autonomía y la restauración de la Generalitat. El 20 de junio de 1977 una delegación catalana, presidida por el socialista Joan Raventós, mantuvo un conflictivo encuentro con Adolfo Suárez, que tuvo que atenuar el rey día siguiente. Suárez aceptó la posibilidad de utilizar la figura dejos Tarradellas, el president de la Generalitat en el exilio, con el que había mantenido contactos secretos. El 27 de julio Tarradellas fu Madrid, donde tuvo un contacto muy tortuoso con Adolfo Suárez dejándole claro que no aceptaría otra cosa que el restablecimiento la Generalitat. Suárez, que pretendía una solución más tibia, dijo en tono amenazante: «No olvide que soy el jefe del gobierno de un país de treinta y seis millones de habitantes y que usted es el jefe de la Generalitat que perdió la Guerra Civil». A lo que Tarradellas respondió con sequedad: «Y usted no olvide que un jefe de gobierno que no sepa solucionar el problema de Cataluña pone en peligro a la monarquía». Dos días después el rey recibió al «honorable» con toda afabilidad, y facilitó un nuevo encuentro con Suárez mucho más positivo. Fue el comienzo de unas negociaciones que culminaron a primeros octubre de 1977, cuando Juan Carlos firmó un decreto anunciando el restablecimiento de la Generalitat. Dicho restablecimiento y el regreso de Tarradellas a Barcelona fue un rotundo éxito popular, pese al descontento del ejército. El rey tuvo que esforzarse para aplacar a Coloma Gallegos, capitán general de Cataluña, y convencerle para que rindiese honores militares a Tarradellas[13].

A primeros de agosto la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados eligió la «ponencia» que debía elaborar el borrador de la nueva Constitución española: Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros y Pérez Llorca por UCD; Gregorio Peces Barba por el PSOE; Jordi Solé-Tura por el PCE; Fraga Iribarne por AP, y Miquel Roca por la minoría catalana. La ponencia discutió el primer borrador constitucional entre agosto y diciembre de 1977, decidiéndose por posterior mayoría que la monarquía parlamentaria sería la forma de Estado, con el voto particular en contra del PSOE, que seguía manteniendo su posición a favor de la República. En cambio, el PCE no había presentado ninguna enmienda republicana. Al tiempo que trabajaba la ponencia constitucional, el segundo gobierno de Suárez debió afrontar muchas dificultades, comenzando por la creciente crisis económica. Esta le llevó a iniciar con los diversos partidos parlamentarios negociaciones, unas negociaciones que culminaron en octubre de 1977 con la firma de los Pactos de la Moncloa, elaborados por el ministro Enrique Fuentes Quintana. Los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones patronales se comprometieron con una política gubernamental de austeridad, a cambio de una serie de contrapartidas como el inicio de una nueva política fiscal, el establecimiento del impuesto sobre el patrimonio y la extensión de las prestaciones de la Seguridad Social. Tuvo un efecto inmediato: la economía comenzó a mejorar, pero los trabajadores fueron desmovilizados[14].

No obstante, proseguían los conflictos de orden público y el terrorismo, lo que aumentaba las tensiones involucionistas. Era evidente que ETA iba a ser un serio problema para el desarrollo de la demoraría. Y sin embargo, Suárez apenas prestaba atención al problema vasco, que consideraba una cuestión de orden público, que debía resolver Martín Villa, ministro del Interior, aumentando la represión policial. Pero ETA, iniciando una espiral de violencia, quiso provocar a los militares con su lucha armada, comenzando a asesinar a altos jefes militares. Entre los generales de mayor graduación, que ya estaban recelosos desde la legalización del PCE, había cada vez mayor incomodidad, la cual se puso de manifiesto en la reunión convocada a mediados de septiembre en Játiva (Valencia) por el teniente general Fernández de Santiago, y a la que habían asistido tres exministros del Ejército de tiempos de Franco y los generales Iniesta Cano, Ángel Campano y Jaime Milans del Bosch. Redactaron un memorando destinado al rey Juan Carlos, pidiéndole que impusiera «el espíritu de orden, disciplina y seguridad nacional» y que nombrara un gobierno de salvación nacional bajo la presidencia del general De Santiago, o que al menos cesara a Suárez y lo suspendiera del Parlamento durante dos años. El memorando contenía una clara amenaza de intervención militar directa, «incluso contra la Corona»[15]. La respuesta del gobierno, fue bastante tímida, limitándose a nombrar al general Quintana Lacaci capitán general de Madrid y a desplazar a Milans del Bosch como jefe de la División Acorazada Brunete, clave para cualquier intento de golpe, aunque ascendiéndolo a capitán general de la Tercera Región Militar, con sede en Valencia. Fue un signo de debilidad que no pasó desapercibido a los militares. A finales de año corrían rumores de subversión militar, apoyada por sectores civiles del búnker (Blas Piñar, Girón de Velasco, García Carrés, Utrera Molina, etcétera).

AVATARES CONSTITUCIONALES

A principios de 1978 la atmósfera militar era muy tensa. El día de la Pascua Militar, el rey, sabedor de las dudas que la elaboración de la Constitución despertaba en muchos militares, apeló a la lealtad de las Fuerzas Armadas y pidió comprensión: «El inmovilismo sería absurdo y suicida», advirtió a los que intentaban politizar al ejército. Y citó las palabras de Franco con ocasión de un discurso de despedida de la Academia General Militar de Zaragoza en 1931: la disciplina «reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebelión, cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando». Y terminó diciendo: «Hay que demostrar que somos capaces de vivir en paz, en la democracia y en la libertad»[16]. Dos días antes se había constituido el Consejo General Vasco, compuesto por representantes parlamentarios del PNV, el PSOE y la UCD. Puesto que los abertzales habían sido excluidos del proceso preautonómico, habían reaccionado con recelo y hostilidad, pidiendo, entre otras cosas, la incorporación a Euskadi de Navarra, considerada como un bastión de la unidad española por los militares y la derecha en general.

Simultáneamente, el borrador de la provincia fue presentado a la Comisión Constitucional del Congreso, donde continuó siendo debatido. Una vez más la enmienda republicana fue derrotada el 11 de mayo de 1978, por lo que los socialistas dejaron a partir de entonces de votar contra la monarquía[17]. El texto constitucional otorgaba al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, a la vez que encomendaba a éstas la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Ello probablemente alimentaba en algunos sectores militares el convencimiento de que la cadena de mando militar procedía directamente del rey, a pesar de que la Constitución otorgaba al gobierno de la nación la dirección de la administración y la defensa del Estado. En junio de 1978 el texto constitucional fue presentado al pleno del Congreso de los Diputados y del Senado, lo que venía a significar que la monarquía iba a ser consolidada como forma de Estado. Ése sería el punto culminante de la carrera política de Adolfo Suárez. En su contra, la prensa más conservadora utilizó el asunto del terrorismo político y el aumento de los índices de criminalidad. Con ello se erosionaba la credibilidad del gobierno Suárez, por el que las altas jerarquías del ejército sentían una hostilidad creciente. Los recelos de las Fuerzas Armadas se habían ido intensificando a lo largo de 1978, por la aparente debilidad de la respuesta gubernamental a ETA, y más aún, por la política de ascensos militares como el de Gutiérrez Mellado. En el mes de julio sucedieron diversos actos de insubordinación militar, que no fueron debidamente reprimidos por el gobierno de Adolfo Suárez, que demostraba así debilidad frente a los militares, a los que el rey trataba siempre de tranquilizar y halagar. El 18 de julio de 1978 el Cuarto Militar de la Casa del rey publicó el siguiente aviso: «Hoy se conmemora el Aniversario del Movimiento Nacional, que dio a España la victoria contra el odio y la miseria para llevar la paz y el bienestar de todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración en España»[18].

En la segunda mitad del año 1978 ETA incrementó su actividad terrorista, como si pretendiera impedir la aprobación definitiva de la Constitución y provocar a los militares, que tampoco estaban muy conformes con el texto constitucional. A finales del mes de agosto el luego famoso teniente coronel Tejero publicó en el diario El Imparcial una carta al rey, en la que denunciaba con vehemencia la Constitución, tachándola de impía. En su lugar, Tejero le recomendaba «una buena y ágil ley antiterrorista, con facilidades para los actuantes y castigo rápido y ejemplar para los asesinos y una campaña de prensa contra los terroristas». Y añadía: «Se necesita acabar con los apologistas de esto de forma sangrienta, aunque sean parlamentarios»[19]. El primero de octubre varios etarras atacaron un jeep de la policía en Basauri (Vizcaya), mataron a dos agentes e hirieron gravemente a otro En el funeral del día siguiente, altos mandos policiales tuvieron que refugiarse en el cuartel del pueblo por los insultos que recibían contra ellos y contra el régimen democrático[20]. En un clima de gran tensión, el 31 de octubre las Cortes aprobaron por abrumadora mayoría la Constitución, que precisaba ser refrendada popularmente para entrar en vigor, lo que provocó una furibunda reacción de los ultras. La portada de la revista Fuerza Nueva presentaba la fotografía del rey sobre la cual se decía: «Intocable, ¿por cuánto tiempo? Con el Frente Popular esperando»[21]. Para el 17 de noviembre se preparó un golpe militar cuyo eje central sería la toma del palacio de la Moncloa. El golpe lo habían urdido cinco días antes en la cafetería Galaxia de Madrid Tejero y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, pero fue abortado por la policía. Y el gobierno restó importancia al asunto.

El día 19 de noviembre la Hermandad Nacional de Excombatientes de Girón de Velasco celebró una concentración en la plaza Oriente de Madrid, en la que se insultó al rey, a Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado y en la que tanto Girón como Blas Piñar llamaron subrepticiamente, a la sublevación militar. Al día siguiente, el 20 noviembre, quinientos oficiales militares asistieron a una ceremonia fúnebre ante la tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos. Ese mismo día, los reyes de España visitaban en México a la viuda de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española. Y el 6 de diciembre de 1978 el pueblo español aprobó en referéndum la Constitución española, aunque con un alto porcentaje de abstenciones. El rey afirmó que «al ser una Constitución de todos y para todos, es también la Constitución del rey de los españoles», aunque se abstuvo de jurarla. El 29 de diciembre Adolfo Suárez reapareció en televisión para anunciar que habría nuevas elecciones generales el primero de marzo de 1979, y que un mes después se celebrarían las primeras elecciones municipales democráticas.

El 2 de enero de 1979 ETA asesinó al ayudante del gobernador militar de Vizcaya, y al día siguiente al gobernador militar de Madrid, el general Ortín Gil, cercano al vicepresidente Gutiérrez Mellado. Éste presidió el funeral celebrado el día 5, donde fue insultado y hasta agredido. Con el apoyo del general Iniesta Cano, el coche fúnebre fue detenido y el ataúd sacado por un grupo de oficiales ultras, que lo llevaron a hombros hasta el cementerio, franqueado por simpatizantes franquistas que gritaban «¡Gobierno asesino!», «¡Ejército al poder!». En el día de la Pascua Militar, un sobrio Juan Carlos tuvo expresiones de adhesión a la sensibilidad militar y de condena a la indisciplina: «Los peligros de la indisciplina son superiores que los del error. El error se puede corregir, pero un militar, un ejército que ha perdido la disciplina no puede salvarse». Era evidente que el rey utilizaba expresiones franquistas para someter a militares también franquistas. Por eso, pocos días después el general Cabeza Calahorra le pidió, en una carta abierta a la prensa, que tomara el mando directo de las Fuerzas Armadas[22].

Poco después comenzaba de nuevo la campaña electoral. Los resultados dieron alguna sorpresa, la coalición abertzale Herri Batasuna obtuvo varios escaños, así como el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar. No ganó el PSOE, como habían pronosticado las encuestas (aunque pasó de 118 a 121 diputados), sino otra vez la UCD, que pasó de 165 a 168 diputados: la clave tal vez estuvo en el carisma televisivo de Suárez, que atacó duramente al PSOE acusándolo de ser un partido marxista. El PCE obtuvo tres escaños más y fracasó rotundamente Coalición Democrática (Alianza Popular con el apoyo de personalidades independientes como Areilza y Alfonso Osorio). Sin embargo, las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 supusieron el principio del fin para la UCD, al perder el control de importante ciudades españolas y diputaciones provinciales. Dos días después, Suárez anunció la composición de su nuevo gabinete, en el que dominaba la figura de Abril Martorell, vicepresidente segundo para Asuntos Económicos. Seguía como vicepresidente primero Gutiérrez Mellado, aunque la cartera de Defensa la ocupó un civil, Agustín Rodríguez Sahagún. En principio, el nuevo gobierno parecía más sólido que el anterior, aunque debía enfrentarse a muy graves problemas: la creciente insubordinación militar, el aumento del terrorismo y de la criminalidad. Y el presidente parecía un hombre cansado, falto de impulso y carente de iniciativas, mientras que los militares más intransigentes se envalentonaron con Rodríguez Sahagún, que carecía de experiencia en cuestiones militares.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Liniers Pidal —que en un viaje a Buenos Aires había manifestado su simpatía con la Junta Militar argentina— se jubiló y fue designado como sustituto el general Gabeiras, para lo que hubo de ser ascendido a teniente general y pasar por encima de otros cinco tenientes generales, lo que exacerbó sentimiento de ultraje de muchos altos mandos; Suárez reaccionó con un silencio hermético. El 25 de mayo de 1979 el teniente general Gómez Hortigüela, dos coroneles y el conductor de su coche fueron acribillados a balazos por un comando etarra. La tensión no podía ser mayor, y en el funeral celebrado al día siguiente los ultras provocar graves incidentes, profiriendo insultos al rey y a la democracia. La ausencia de Suárez y el hecho de que no apareciera por el Congreso durante unos días, dieron la impresión de que en España no había gobierno. Y los rumores de golpe de Estado eran alarmantes, sobre todo después de que los GRAPO hicieran estallar una bomba en la cafetería Goya de Madrid, causando la muerte de ocho personas.

El recelo de los militares aumentó con las negociaciones del gobierno para conceder las autonomías vasca y catalana. Se trabajaba por entonces en la redacción de los borradores de los estatutos de Cataluña y Euskadi. La situación era muy difícil, sobre todo en Euskadi, donde incluso los representantes de la UCD estaban divididos con respecto al estatuto. ETA inició una campaña poniendo bombas en diversas playas españolas, e intentó secuestrar al diputado de la UCD Gabriel Cisneros, hiriéndolo gravemente. La extrema derecha entendió como transigencia del gobierno con la violencia que, en la simbólica fecha del 18 de julio de 1979, Suárez llegara a un acuerdo sobre el Estatuto de Guernika con el lehendakari Carlos Garaicoechea. Se extendió la idea de que España estaba a punto de ser desgarrada por el separatismo. Los capitanes generales Milans del Bosch (Valencia), Perry Gordon (Sevilla) y González del Yierro (Canarias) hicieron explosivas declaraciones, y ETA respondió el 23 de septiembre asesinando al gobernador militar de Guipúzcoa. El general Torres Rojas, que desde el mes de junio mandaba la División Acorazada Brunete, manifestó apasionadamente su rabia por las acciones de ETA y declaró que las fuerzas a su mando estaban dispuestas a derramar sangre para defender la unidad de España. Luego se supo que existía un plan para que la Brigada Paracaidista ocupase el palacio de la Moncloa el 21 de octubre, apenas días antes de que se celebrasen los respectivos referendos sobre la autonomía vasca y catalana, que serían aprobados. Pero el golpe estuvo entonces fuera del alcance de los conspiradores.

A finales de 1979 Adolfo Suárez permanecía recluido en la Moncloa, habiéndose distanciado mucho del rey. Era considerado como un traidor por los militares y por los falangistas más recalcitrantes. El mundo financiero tampoco le era favorable, dada la mala situación económica, y por si fuera poco era cuestionado dentro de su propio partido, en el que tendían a escindirse los grupos democristianos liberales. Sólo reaccionó ante los rumores de golpe militar, ordenando el cese del jefe de la División Acorazada Brunete, el general Torres Rojas, y su nombramiento como gobernador militar de La Coruña, y designando al general Armada gobernador militar de Lérida. El rey quiso acabar el año en su discurso de Nochebuena con un mensaje de optimismo: «… frente a las dudas y las incertidumbres, no permitamos que el temor ahogue la esperanza o que la desconfianza frustre nuestros empeños, porque no deja de ser cierto que a veces las apariencias son más negativas que la propia realidad». Y exhortó al de españoles: «Abandonemos la obsesión del pasado próximo para atribuirle todos los males o todos los bienes; el complejo de haber vivido en la colaboración o en la disparidad; la crítica de lo que ya está superado o el afán de resucitarlo; el deseo de revancha destructiva o la conservación a ultranza de lo que no es sustancial y oportuno, y pensemos unidos en construir el mejor de los futuros venciendo las diferencias, coincidentes en lo fundamental y tratando de estar de acuerdo en la determinación de lo que es fundamental verdadero». Lo malo era que el pasado reciente aún pesaba demasiado en la mayoría de los españoles, de una manera u otra[23].

RUIDO DE SABLES

Pero los militares, por franquistas que fuesen, no se iban a sumar alegremente a un asalto al régimen democrático. A ellos se dirigió el rey el día 6 de enero de 1980 en tono conciliador: «Sabéis de sobra que no me siento extraño entre vosotros, soy vuestro compañero y no por ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas, sino porque mi juramento me ha formado como el vuestro y junto a muchos de vosotros en unas academias militares donde se rinde culto a unas virtudes y se imprime un estilo que no se modifica por el transcurso del tiempo ni por los cambios que en la sociedad puedan producirse […]. He sentido el dolor más intenso, con vosotros compartido, cuando compañeros nuestros han caído violentamente asesinados […]. Pero que nadie utilice vuestra noble actitud como instrumento a emplear en el sentido que a cada uno convenga; que nadie os identifique con sus propios intenses y os cite a protagonismos inoportunos»[24]. No obstante, la prensa ultraderechista siguió invitando a la intervención militar. Pero la conspiración que se fraguaba acabó bruscamente cuando el general liberal Justo Fernández se hizo cargo de la División Acorazada el 24 de enero, pese a lo mal que fue acogido en muchas de sus unidades.

Tal vez para tranquilizar a los militares, el gobierno decidió ralentizar el proceso de las restantes autonomías, empezando por la de Andalucía. Y el 15 de enero convocó un referéndum en esa región, proponiendo la ralentización de su proceso autonómico. El referéndum, que se celebró el 28 de febrero, obtuvo un claro «No» a la críptica pregunta planteada por el gobierno, que quedó así desacreditado. Y lo mismo ocurrió en las elecciones vascas del 9 de marzo, con resultados desastrosos para el partido del gobierno, o en las elecciones catalanas del 23 de marzo. Todo eso debilitó la posición del gobierno central y alimentó la escisión latente en la UCD, cuyos «barones» estaban cada vez más distanciados del gabinete. Las corrientes de opinión iban volviéndose en contra de Suárez, que daba la impresión de decadencia, de inhibición. Pese a la mala situación económica, estaba sobre todo abrumado por el constante problema del terrorismo etarra, por el caótico avance del proceso autonómico y por la actitud de los militares ante la política. Se decía que el gobierno estaba en manos de Abril Martorell, que incluso a veces presidía los consejos de ministros, y que Suárez se sentía aislado.

Así, optó por remodelar el gobierno el 2 de mayo de 1980, prescindiendo de los ministros liberales y de algunos socialdemócratas, y girando hacia la derecha. Su nerviosismo aumentó con el resultado del juicio de los conspiradores de la Operación Galaxia: Tejero y el recientemente ascendido comandante Sáenz de Ynestrillas fueron condenados a seis y siete meses de cárcel, respectivamente, lo que supuso su inmediata puesta en libertad porque esos meses ya los habían pasado en prisión. Lo que contrastaba con el caso de los oficiales de la UMD, que aún no habían sido rehabilitados, y alimentaba el sentimiento de la impunidad de que gozaban los conspiradores. Tejero comenzó a urdir otro golpe de mano con Milans del Bosch, con el que había estado en contacto a través del sindicalista «vertical» García Carrés. Al mismo tiempo, la prensa ultra fomentaba abiertamente el descontento militar, al tiempo que el gobierno se mostraba cada vez más débil. El 28 de mayo el PSOE presentó una moción de censura al gobierno, y Felipe González lanzó un ataque devastador contra todas sus deficiencias. El presidente sobrevivió gracias a la abstención de Coalición Popular y Convergéncia i Unió, la coalición de Jordi Pujol. Pero la imagen de Suárez, que había delegado la réplica en Abril Martorell, quedó muy deteriorada, al tiempo que ascendió enormemente la popularidad de Felipe González.

A comienzos del verano surgieron crecientes rumores de que el PSOE estaba dispuesto a participar en un «gobierno de gestión» bajo la presidencia de un general. Y Josep Tarradellas, haciéndose eco de la preocupación general, sugirió que hacía falta un «golpe de timón», y muchos se lo pidieron al rey. El PSOE trataba de fomentar la escisión de la UCD, e incluso se proponía formar una coalición con el partido centrista para gobernar sin Suárez. El 7 de julio de 1980 se reunió en un pueblo cercano a Madrid la comisión permanente de la UCD, que, después de cuestionarle duramente, emitió un comunicado de apoyo a Suárez, aunque sus poderes en el partido fueron recortados. Para esa fecha se habían enfriado también las relaciones entre el presidente del gobierno y el vicepresidente Abril Martorell, que acabó dimitiendo el 27 de julio. La situación económica era mala, la política autonómica estaba estancada y la organización terrorista ETA recrudecía su actividad. A la vuelta de las vacaciones de verano, el 9 de septiembre Suárez anunció la composición del nuevo gobierno que iba a formar y en el que destacaba Leopoldo Calvo Sotelo como vicepresidente para Asuntos Económicos. Simultáneamente, Landelino Lavilla, presidente de las Cortes, reorganizaba el sector crítico del partido.

Pero la situación militar era cada vez peor. El 7 de agosto de 1980 la revista derechista Heraldo Español había publicado en su portada la foto de un caballo blanco bajo el titular de «Se busca un general». En sus páginas interiores se insinuaba que el rey no confiaba ya en su presidente, y se enumeraban los nombres de una serie de candidatos apropiados para presidir el gobierno, todos ellos generales: Lacalle Leloup, Armada, Torres Rojas y Prieto López[25]. Los socialistas, por su parte, comenzaron a pensar en la posibilidad de formar un gobierno de salvación nacional presidido por una personalidad independiente e incluso por un general, idea que, por su cuenta, también tenía el general Armada. El 17 de octubre veintiséis miembros prominentes del búnker se reunieron en Madrid para hablar de la financiación y organización de la infraestructura de un proyecto de golpe de Estado. En los corrillos se hacían velados comentarios sobre la llamada «Operación De Gaulle», lo que parecía referirse a las actividades del general Armada, que admiraba mucho al general francés y que en el verano anterior había entregado al rey un informe, elaborado por un anónimo especialista en derecho constitucional, en el que examinaba todos los medios legales para formar un gobierno de coalición posiblemente presidido por un general[26].

El 22 de octubre de 1980 el diputado socialista Enrique Múgica comió en la casa del alcalde de Lérida, con Joan Raventós, presidente del Parlamento catalán, y con el general Armada, gobernador militar de la provincia. De lo hablado en aquella reunión, Múgica redactó un informe confidencial para Felipe González, que lo envió a la Zarzuela. Según testimonios del propio diputado, «al llegar a Lérida y teniendo en cuenta mi interés por mantener contactos con miembros de las Fuerzas Armadas, Ciurana organizó una comida con Armada. Armada era un hombre importante y con prestigio en el Ejército, y había sido secretario de la Casa Real de Madrid. Él planteó la preocupación existente en el Ejército por la propuesta de amnistiar a los militares de la UMD, a lo que yo contesté comentándole la benignidad de la sentencia por la Operación Galaxia en relación con hechos probados […]. También se mostró tremendamente preocupado por las autonomías y el terrorismo, así como por el crecimiento del desempleo y la falta de iniciativa. Él pensaba que la situación política podía empeorar si no se establecía un cambio de clima político y para ello propuso que todos arrimaran el hombro; en concreto un gobierno UCD-PSOE presidido por un independiente»[27]. Múgica insistió en que Armada se postuló como presidente del gobierno y que en su planteamiento la formación de ese gobierno no se haría al margen de los procedimientos constitucionales. Adolfo Suárez tuvo conocimiento de aquella carta de Múgica a través de la Zarzuela, y desde Lima, donde se encontraba entonces, comentó: «Conozco la iniciativa del PSOE de colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es descabellado!»[28]. El ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, pidió una copia de aquel informe, pero no la obtuvo.

Suárez daba la impresión de estar cercado en la Moncloa por un PSOE cada vez más agresivo. Su imagen pública recibió un duro golpe el 23 de octubre, en que cuarenta y ocho niños y tres adultos murieron por una explosión accidental de gas propano en un colegio de Ortuella (Vizcaya) y en que ETA asesinó a tres miembros vascos de la UCD. Suárez no hizo declaración alguna, no fue a Ortuella y no asistió a los funerales de sus compañeros de partido. Siguieron los asesinatos de ETA, y el 3 de noviembre murieron ametrallados en un barrio de Zarauz cuatro guardias civiles y un militante del PNV Y Suárez permaneció en silencio… Juan Carlos recibió en la Zarzuela a varios generales que se quejaron amargamente de la situación y de la pasividad del gobierno. El rey sabía guardar silencio: «Yo recibía las expresiones de los que deseaban exponerme en privado su punto de vista de la situación, como siempre lo he hecho a demanda suya. Los escuchaba atentamente y, cuando me parecía que sus argumentos se alejaban demasiado de la realidad, hacía cuanto podía para que entraran en razón. Pero les daba a entender claramente que en ningún caso debían contar conmigo para cubrir la menor decisión contra un gobierno constitucional como el nuestro»[29].

El 5 de noviembre, en una fiesta privada, cincuenta oficiales hablaron de la posibilidad de emular el golpe militar turco realizado a mediados del septiembre pasado, convenciendo al rey de que creara un junta militar para acabar con ETA. Uno de los oficiales más diligentes fue el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada, que difundió un informe elaborado por el agregado militar de la embajada española en Turquía, el coronel Quintero, que estaba en contacto con el ayudante de Milans del Bosch, el coronel Diego Ibáñez Inglés[30]. Según el CESID, en un informe elevado a la superioridad, en aquel noviembre había varias operaciones militares en marcha para provocar la caída del gobierno de Adolfo Suárez. A este informe se sumaban otros de la policía que hablaban de diversas reuniones militares sospechosas. Todo ello era conocido por Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, Rodríguez Sahagún, y probable mente el rey.

Pero, al parecer, no se tomaron las necesarias medidas preventivas. Sin embargo, lo que decía el CESID, organismo creado por Gutiérrez Mellado, tenía mucho que ver con lo que estaba sucediendo en la realidad. Una de las operaciones que se planeaban consistía en un golpe de mano sobre «centros neurálgicos» del país, tales como el palacio de la Moncloa y algunos ministerios; una vez conseguidos sus objetivos, los autores se pondrían a las órdenes de altos mandos militares, «que comandarían definitivamente»; en tal sentido, el teniente coronel Tejero se mantenía en contacto con el general Iniesta Cano y con el teniente coronel Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch[31]. Por otra parte, se proyectaba la llamada Operación De Gaulle, concebida como una «salida blanda» a la crisis sin violación formal a la Constitución, o como un golpe palaciego, en el sentido que precisaba el consenso cierto o aparente del rey para garantizar el nombramiento de un nuevo presidente del gobierno, «un general con respaldo del resto de la estructura militar». Los promotores de esta operación contemplaban dos supuestos: o las fuerzas políticas se avenían de buen grado a esta solución, por patriotismo, ante el deterioro de la situación política, o serían sometidas a la fuerza. La reunión de Armada y Múgica en Lérida había demostrado que esa «solución blanda» podía ser viable.

El 11 de noviembre de 1980 el diario El Alcázar publicó en su primera página un escrito sin firma: «La traducción made in Spain de la Operación De Gaulle sólo tendría una relación con aquélla: recabar la figura de un general para la presidencia del gobierno. No serian los paras (paracaidistas) quienes clamasen por el general. Serían los políticos: unos pocos-muchos del PSOE, otros muchos-pocos de UCD, quienes formarían una nueva mayoría para llevar al palacio de la Moncloa una espada y un poco de serenidad con que sofocar la incandescente vida política española». Pero tal solución no era tan ambiciosa como otras: «Eso estaría aquí más cerca del primoriverísimo que de otra cosa […]. Mientras algunos dicen: “¿Y por qué no inventarán una operación que se llame España?”. Así de sencillo»[32]. Otra operación podía estar siendo preparada por un grupo de coroneles y tenientes coroneles, cuyo núcleo principal estaba constituido por hombres de confianza del coronel José Ignacio San Martín, en aquellos momentos jefe del Estado Mayor de la División Acorazada y bien relacionado con los antiguos agentes secretos de Carrero Blanco; todos ellos estaban animados por el éxito del golpe a la turca, aunque todavía tenían mucho camino por recorrer.

El 17 de noviembre de 1980 el general Armada visitó privadamente al capitán general de la Tercera Región Militar, Milans del Bosch, ambos fervientes monárquicos pero con fuerte arraigo franquista. Armada le dijo que hablaba en nombre del rey: «El rey está preocupado por la situación de España. Esto no va bien. El terrorismo hace sangre en las Fuerzas Armadas y las autonomías son la destrucción de la unidad nacional». Como monárquico que era, estas insinuaciones le bastaron a Armada para implicarle en una intervención militar[33]. Milans era también el hombre que quería como líder el grupo de los coroneles, que utilizó como plataforma el diario El Alcázar, de la Federación de Combatientes y presidido por una junta encabezada por el propio Milans. De su simbiosis con un grupo de redactores y colaboradores ultras de este diario, surgieron una serie de artículos que, con la firma Almendros, intentaría justificar ideológicamente la intervención militar en política.

El primer artículo del colectivo Almendros se publicó el 17 de diciembre con el título de «Análisis de la situación política», que contenía una crítica al gobierno por haber relegado a los militares a «ciertos niveles de la administración» y haber dejado a su arbitrio los nombramientos y destinos de los militares, así como por los mitos seudodemocráticos que no eran sino palabras y más palabras que no resistían el contraste con la realidad cotidiana: «Si bien entendemos que la toma de conciencia crítica de los militares va mucho más allá del mero desagrado por la labor del gobierno, acentuando sus temores por España como nación; ante lo cual la dignidad y el honor, valores sustanciales del arma militar, estarían llamados a entrar constitucionalmente en el juego […]. El sucesor debería reunir las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre los militares, que ante todo y sobre todo apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio de la patria»[34].

Había, pues, motivos más que suficientes para preocupar al rey, que, no obstante, mantenía relaciones cordiales con el general Armada, lo que permitió creer a Milans del Bosch y a otros que los rumores de un gobierno de coalición con el beneplácito del rey estaban bien fundados. El 18 de diciembre Armada fue a la Zarzuela, donde habló con Juan Carlos sobre el texto del mensaje de Navidad al pueblo español: «Al recapacitar hoy sobre todas nuestras conductas, debemos preguntarnos si verdaderamente hemos hecho, en todo momento y desde la misión que cada uno tiene en la sociedad, lo necesario para sentirnos orgullosos […]. Es urgente, por tanto, que hagamos todos un especial esfuerzo de sinceridad, que examinemos nuestro comportamiento en el ámbito de la responsabilidad que a cada uno es propia, sin la evasión que siempre supone buscar culpas ajenas […]. Quiero invitar a reflexionar: a los que tienen en sus manos la gobernación del país, a los que forman parte de todas las instituciones del Estado; a los partidos políticos que desde el poder o desde la oposición han de pensar en la defensa de la democracia y el bien de España, por encima de limitados y transitorios intereses personales, de grupo o de partido»[35].

4. El 23-F y sus consecuencias

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El 23-F y sus consecuencias

El 3 de enero de 1981 el general Armada visitó a la familia real, que pasaba sus vacaciones esquiando en Baqueira-Beret. Una vez más dijo al rey que todo el espectro político era favorable a un gobierno de coalición presidido por un general. Juan Carlos se limitó a escuchar, sugiriendo a Armada que hiciera lo posible por serenar a Milans. Al día siguiente también visitó Baqueira Adolfo Suárez, que al parecer fue advertido por el rey de la posibilidad de un golpe militar cruento, y de la conveniencia de evitarlo mediante un gobierno de coalición. Peligraba la Corona, pues el ejército estaba crispado por el terrorismo, el separatismo, la pérdida de protagonismo y la sensación de que el presidente Suárez estaba invirtiendo el signo de la victoria franquista de 1939[1]. El 6 de enero el rey habló a los militares con motivo de la Pascua Militar: «Y yo os deseo a todos la felicidad que supone la confirmación en la seguridad de nuestro destino nacional; la certeza absoluta en el mantenimiento de la unidad de España, que es norma fundamental en nuestra Constitución de nuestra misión y de nuestras vidas […]. Felicidad es entregarse al cumplimiento del deber con entusiasmo y dedicación, sin afán de mezclarse ni sentir que os mezclen en actividades políticas distintas de una política clara que a todos interesa: la gran política de la grandeza de España y de la vigilancia permanente por su seguridad»[2].

El día 10 de enero Armada volvió a visitar al capitán general Milans del Bosch, para anunciarle que venía con un mensaje del rey, excediéndose en mucho de lo que éste le había dicho. Según dijo luego Milans en el juicio, Armada le había dicho que estaba a punto de lograr un alto cargo en Madrid, en el Estado Mayor, desde el cual dirigiría todo el proceso golpista, insinuándole que contaba con la aprobación del rey. Armada le alentaba veladamente a dar un golpe, que el mismo «reconduciría» en beneficio propio. Y Milans quedaba convencido de que debía servir de enlace con el «grupo de los activos» en Madrid, para persuadirlos de que dejaran sus planes en compás de espera[3]. Como consecuencia de ello el 18 de enero Milans convocó en Madrid a un grupo de conspiradores, en casa de su ayudante Mas Oliver: los generales Carlos Iniesta, Cabeza Calahorra y Torres Rojas; los tenientes coroneles Mas Oliver y Tejero, y el «sindicalista» García Carrés. Milans exhortó a sus compañeros para que dejaran margen para consolidar el Plan Armada. Finalmente, se decidió que todo quedase en suspenso durante un mes. Después, si Armada no era nombrado presidente del gobierno, Tejero tomaría como rehén al gobierno y a todos los diputados en una sesión plenaria del Congreso. Milans tomaría la Región Militar de Valencia y Torres Rojas vendría de La Coruña para hacerse cargo de la División Acorazada y ocupar puntos clave de Madrid. Armada, con la aprobación del rey, asumiría el poder desde la Zarzuela. Al día siguiente, el coronel Diego Ibáñez Inglés se desplazó desde Valencia a Lérida para entregar un informe sobre lo acordado en Madrid al general Armada.

El hecho de que Juan Carlos estuviese empeñado en que Armada fuese trasladado a Madrid daba credibilidad a todo lo que éste había dicho a Milans. El 22 de enero el colectivo Almendros publicó un segundo escrito en El Alcázar mostrándose abiertamente contrario ala Constitución: «La Constitución, tal como está, no funciona. Hace ingobernable la Nación, suministra excesivas ambigüedades, se convierte en un arca de subterfugios ilegales para ser utilizados según las razones coyunturales y los pactos —a la larga fratricidas— en cada momento de apuro […]. Ahora bien, cuando nadie en el Estado parece poder desarrollar esta función, quizá sea la hora, no de apelar a congresos, partidos, gobierno, de los que nada decisivo ya puede salir, sino a las restantes instituciones del Estado»[4]. Es decir, al ejército. Ese mismo día Juan Carlos propuso el nombramiento de Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército a Adolfo Suárez, y surgió una discusión entre ambos. Debido a los rumores de la Operación De Gaulle, Suárez se opuso a ese nombramiento, pero prevaleció la opinión del rey, que defendía con vehemencia la presencia de su amigo Armada. Quizá Juan Carlos quería una persona de confianza en Madrid, o prefería la «solución blanda» al golpe a la turca que se preparaba.

De cualquier modo, la situación era insostenible para Adolfo Suárez. El ansiado Congreso de la UCD en Palma de Mallorca para finales de mes se presentaba como muy conflictivo, y se hablaba de un asalto de Landelino Lavilla a la presidencia del partido. Suárez pensó en dimitir como presidente de la UCD, creyendo que eso le proporcionaría un respiro como presidente del gobierno, pero estaba física y psicológicamente agotado, apenas sin ánimos para seguir adelante. Y pensó en dimitir de todo, porque la discusión con el rey le había desmoralizado por completo. Le había llegado la información, de parte de los servicios secretos, de que dieciséis generales habían hablado de la parálisis del gobierno y de su voluntad de provocar una intervención militar. Por otra parte, la jerarquía eclesiástica se estaba movilizando en contra de la Ley del Divorcio y El Alcázar seguía publicando comentarios golpistas. Tras varias conversaciones telefónicas con el rey, Adolfo Suárez decidió anunciar su dimisión en el próximo congreso del partido.

LA DIMISIÓN DE ADOLFO SUÁREZ

El lunes 26 de enero, Suárez comentó su decisión de dimitir con destacados miembros del gobierno y del partido: «Yo he sufrido una importante erosión emocional. La clase dirigente de este país no me respeta. Los poderes fácticos —salvo el ejército— me han ganado la batalla»[5]. Al final el plan se frustró por la huelga de controladores aéreos, que obligó a aplazar el congreso por unos días más. El día 27 Suárez fue a hablar con el rey a la Zarzuela. Antes de entrar en el despacho, informó de su decisión al general Fernández Campo, pues no quería que se pensara que iba a dimitir a sugerencia del rey: «Quiero que siempre, pase lo que pase, seas testigo y puedas decir que a mí no me echó nadie». Juan Carlos se limitó a aceptar protocolariamente la dimisión. Al día siguiente Suárez volvió a la Zarzuela para hablar del candidato que debía sucederle en la presidencia del gobierno, y para pedirle que no aceptase el «trato». Según su propio testimonio, era su obligación «defender al rey de sí mismo»[6].

El día 29 de enero el presidente Suárez apareció en las pantallas de televisión anunciando públicamente su dimisión, «sin que nadie me lo haya pedido». Mencionó el importante desgaste que había sufrido como precio pagado por el restablecimiento de un sistema de libertades. «La continuidad en la obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Reafirmaba su «lealtad a la Corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos, por entender que en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles, una patria para todos»[7]. La extrema derecha estaba feliz, jactándose de que Suárez fuera obligado a dimitir por la acción conjunta del rey y los militares[8]. La bomba de la dimisión del presidente del gobierno dio lugar a toda suerte de especulaciones, predominando las que decían que se iba por presión de los militares. Pero en cualquier caso, parecía claro que éstos habían influido en que Suárez hubiese perdido la confianza del rey.

Lo cierto era que la «solución Armada» aumentaba las posibilidades de los militares, siendo promocionada por los sectores más autoritarios. Así lo sugirió el periodista Emilio Romero desde las páginas de ABC, mostrándose partidario de un golpe de timón y considerando la «vía de un hombre ajeno y políticamente bendecido»; «Estimulé entonces la imaginación y me encontré al general Armada»[9]. Pero el colectivo Almendros fue mucho más expeditivo: «Se ha alcanzado el punto crítico de no retorno, de la decisiva crisis institucional del sistema que se ha precipitado, sin diseño previo […]. Hemos entrado en un tiempo protagónico para las altas instituciones; el rey y las Fuerzas Armadas, pero también de catarsis personal y social para remontar la mediocre tibieza o la autojustificación de la duda de arriesgarse con decisión en la elección de lo que el imperativo patriótico reclama. Los acontecimientos recientes han venido a corroborar con plenitud nuestro diagnóstico. Estamos en el punto crítico, se inicia la cuenta atrás Se ha emplazado a la Corona ante la oportunidad histórica de iniciar una sustancial corrección de rumbo, el reiterado golpe de timón que posibilita la formación de un gobierno de regeneración nacional asistido de toda la autoridad que precisan unas circunstancias tan excepcionales como las que vivimos»[10]. Tras las primeras consultas a los dirigentes políticos, Juan Carlos decidió que, puesto que era inminente el congreso de la UCD, debía aplazar la decisión de proponer un nuevo presidente del gobierno.

Aunque Armada sabía desde mediados de enero que iba a ser nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, no lo supo oficialmente hasta el 3 de febrero, cuando el rey desde Barajas lo llamó por teléfono para felicitarle efusivamente por su nombramiento. Se sintió tan animado que le dijo al coronel Ibáñez Inglés, que le visitó en Lérida, que sus planes seguían adelante. La dimisión de Adolfo Suárez había dejado a los militares involucionistas sin su principal justificación. Sin embargo, la búsqueda de pretextos para un golpe no resultó difícil: surgieron a propuesta del viaje que los reyes hicieron a Euskadi del 3 al 5 de febrero de 1981. El día 4, cuando el rey pronunciaba su discurso en la Casa de Juntas de Guernika, fue interrumpido por un grupo de diputados de Herri Batasuna, que cantaban puño en alto el «Eusko Guadariak», hasta que fueron expulsados de la sala, con el aplauso del resto de los asistentes. Todo fue contemplado en directo por la mayoría de los españoles a través de la televisión, pero los militares se sintieron ultrajados por lo que consideraron como una ofensa al Estado español. Simultáneamente, el ingeniero Ryan fue secuestrado por ETA, que amenazó con asesinarlo si no se destruía la central nuclear de Lemoniz. Y el 6 de febrero fue asesinado.

Ese día los reyes estaban de nuevo en Baqueira-Beret, cenando con Armada, que todavía era gobernador militar de Lérida. Doña Sofía tuvo que volver precipitadamente a Madrid, donde su madre, la reina Federica, se había puesto gravemente enferma. Pero Juan Carlos y Armada mantuvieron en Baqueira una larga conversación de sobremesa. Armada había aumentado sus expectativas, porque la muerte de Ryan había disparado la escalada antidemocrática en el ejército. El mismo día 8 de febrero El Alcázar había publicado un artículo del teniente general De Santiago, exvicepresidente del gobierno: «El espectáculo de Guernika es la muestra del estado de descomposición en que se encuentra España. Es intolerable y vejatorio todo lo que está pasando. En Guernika se insultó a España y al rey, que ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, y, por lo tanto, se ofendió a quienes nos honramos con su uniforme, y el acto de Guernika no se convirtió en una auténtica tragedia, gracias a la prudencia, talante y serenidad de Su Majestad. No podemos continuar impasibles ante tanto caos. Acaban de asesinar al ingeniero Ryan […]. Pienso que las cosas han llegado demasiado lejos. No podemos encogernos de hombros y desahogarnos con lamentaciones de palabra o por escrito. Hay que salvar a España si tenemos conciencia de españoles y de creyentes»[11]. De hecho, la mayor parte de la cúpula militar y de los capitanes generales participaban o colaboraban en el plan golpista que se preparaba para el 2 de mayo de 1981. Contaban con un aparato político muy vinculado al anterior régimen y con un aparato periodístico de propaganda, compuesto por quienes escribían en El Alcázar, El Imparcial, Fuerza Nueva, etcétera[12].

El mismo 8 de febrero el Congreso de la UCD eligió a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del gobierno, y a Rodríguez Sahagún, como presidente del partido. A su regreso de Atenas, donde los reyes habían acudido a los funerales de la reina Federica, Juan Carlos pasó los días siguientes en la Zarzuela, y Armada confiaba en que la decisión final favorecería sus planes, y siguió confiando después del 10 de febrero, cuando el rey anunció que iba a proponer a Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. El día 11 Armada hizo un viaje rápido a Madrid, para asistir al funeral de la reina Federica, aunque apenas pudo hablar con el rey, que le dijo que hablaría con él lo más pronto posible[13]. Y el día 12 acudió a Barajas a la despedida de los restos de la reina Federica, y a hablar con los reyes.

El día 12 de febrero, a la vuelta de Barajas, se presentó en el Cuartel General del Ejército, donde tomó posesión como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. El 13 acudió a la Zarzuela, con la pretensión de convencer al rey para que se retractase de su decisión de proponer el nombramiento de Calvo Sotelo. Juan Carlos se limitó a decirle que informase al vicepresidente Gutiérrez Mellado. Con semejante respuesta, Armada se percató de que su plan inicial había fracasado. Pero fue a visitar a Gutiérrez Mellado, que lo recordaría posteriormente como lleno de ira, insistiendo en el error que cometía el rey al aplicar mecánicamente la Constitución. A causa de sus negativos resultados con el rey, Armada se vio en una situación relativamente difícil en relación con Milans del Bosch y Tejero, a los que no dijo nada de lo sucedido. El día 16 recibió al coronel Ibáñez Martín, enviado por Milans. El 17 acudió a un acto celebrado en la Escuela Superior del Ejército con la asistencia del rey: «Habló un momento con Su Majestad en un aparte»[14]. Fue la última vez que vio al rey.

EL GOLPE

El 18 de febrero de 1981 el coronel Ibáñez Inglés habló por teléfono con Tejero y le dio el visto bueno para entrar en acción el 20, día en que Calvo Sotelo iba a someterse al voto de investidura en el Congreso. Pero había poco tiempo para efectuar los preparativos, y la acción se aplazó hasta el día 23 de febrero, pues posiblemente Calvo Sotelo no obtendría los votos suficientes en la primera sesión plenaria del Congreso. El día anterior el comandante Pardo Zancada, jefe de operaciones de la División Acorazada Brunete, hizo un viaje relámpago a Valencia para entrevistarse con Milans del Bosch, que le dijo que el general Torres Rojas se haría cargo de la División Acorazada en ausencia de su jefe, el general Juste. El general Armada estaría en la Zarzuela dirigiendo las operaciones. El día 23 Pardo Zancada logró ponerse en contacto con el general Torres Rojas, que de inmediato se puso en camino hacia Madrid para tomar el cuartel de la División Acorazada: el jefe de la misma, el general Juste, viajaba a Zaragoza, acompañado del coronel San Martín. Mientras, Tejero reclutaba el grueso de sus fuerzas en el Parque Automovilista de la Guardia Civil, con la colaboración del coronel Manchado y de los capitanes de las distintas unidades.

San Martín había quedado con Pardo Zancada en que usaría cualquier excusa para volver a Madrid, a fin de seguir de cerca los acontecimientos. En Santa María de Huerta llamó San Martín al cuartel general de la División Acorazada Brunete y supo que, siguiendo el plan trazado, Torres Rojas había llegado ya. Por tanto, San Martín dijo a Juste que había ocurrido algo importante y que debían volver a Madrid. Cuando llegaron alrededor de las cinco y media de la tarde Juste se sorprendió de la presencia de Torres Rojas y de que Pardo Zancada hubiese convocado una reunión de oficiales. En esa reunión, Pardo Zancada y San Martín anunciaron que la División Acorazada tenía que participar en una gran operación patriótica que iba a salvar la situación política, «por órdenes del rey». Y Juste no puso la menor objeción, al saber que la operación estaba preparada por Milans del Bosch, ante un acontecimiento que se iba a producir en Madrid y que el general Armada estaría en la Zarzuela a partir de las seis de la tarde. Aunque Juste no entendía nada de lo que estaba pasando, dejó que Pardo Zancada redactase las órdenes para poner en marcha la Operación Diana, por la que se ocuparía los principales centros neurálgicos de Madrid.

Mientras tanto Tejero salió con sus fuerzas al Congreso de los Diputados, y a las 6.25 de la tarde lo asaltaron, penetrando sus hombres en el hemiciclo, cuando se estaba celebrando la votación de investidura. El gobierno en pleno y todos los diputados quedaron como rehenes en manos de Tejero. Veinte minutos después, Milans del Bosch declaró el estado de guerra en Valencia: «Ante los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden de la región de mi mando en tanto se reciben las correspondientes instrucciones que dicte Su Majestad el rey». En consecuencia dispuso: la militarización de todo el personal afecto a los servicios públicos; la prohibición del contacto con las unidades armadas por parte de la población civil; el sometimiento a la jurisdicción militar por procedimientos sumarísimos de toda agresión contra las unidades militares, y toda agresión contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte, servicio de agua, luz y electricidad, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los agentes de la autoridad, la tenencia ilícita de armas o cualquier objeto de agresión; la prohibición de lock-out y de toda huelga; la prohibición de toda actividad política, así como las reuniones de más de cuatro personas; la prohibición de todas las actividades públicas o privadas de todos los partidos políticos; el toque de queda desde las nueve de la noche a las siete de la mañana, pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios, etcétera[15]. Los tanques tomaron posiciones junto a los edificios públicos más importantes, y en las sedes de sindicatos y partidos políticos se destruían frenéticamente los archivos de los afiliados y otros documentos.

Desde el primer momento el rey fue informado del asalto al Congreso de los Diputados. ¿Y qué hizo? De inmediato, llamó a Armada, que estaba en el Cuartel General del Ejército despachando con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Gabeiras, y le pidió que le informase de todo lo que estaba pasando. Armada respondió diciendo que recogía unos documentos y que partía enseguida a la Zarzuela para informarle de todo. En ese momento entró en el despacho del rey el general Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa Real, y le hizo señales de que tapase el teléfono. Y en un aparte le convenció de que no era aconsejable que Armada fuese a la Zarzuela, en medio de tanta confusión. Entonces Juan Carlos le dijo a Armada que permaneciera en el Cuartel General del Ejército, junto a Gabeiras. Se puso en estado de alerta a la Guardia Real, ordenándosele que a toda costa impidiese la entrada del general Armada. «Si Armada —le dijo el rey a Sabino— está más o menos implicado en este asunto, la lógica pide que venga aquí y que se ofrezca a tomar contacto en mi nombre con los capitanes generales de las diferentes regiones, ahorrándome todas las comunicaciones que podrían resultarme desagradables. ¿Y qué significaría eso? Que el rey está al tanto de todo y que deja hacer»[16]. No era raro que el rey desconfiara de Armada en los primeros momentos y que no quisiera recibirle, teniendo en cuenta lo que le había dicho en días anteriores.

Mientras tanto las unidades de la DAC se preparaban para salir de Brunete, pero el general Juste se sentía muy inquieto por cuanto sucedía, aunque temía que si se oponía a lo planeado por Torres Rojas y Pardo Zancada podía ser hecho prisionero. Con todo, se las arregló para llamar por teléfono a la Zarzuela y después al capitán general de Madrid, que le aseguró que en modo alguno estaba en contacto con Milans del Bosch. Cuando comunicó con la Zarzuela, habló con Sabino Fernández Campo y le preguntó si estaba en palacio el general Armada, a lo que Sabino le respondió sorprendido: «Ni está, ni se le espera». Juste comprendió todo, y obedeció las órdenes del capitán general Quintana Lacaci de que todas las unidades de la DAC se replegasen, lo que cumplieron todas excepto la que había ocupada RTVE. Torres Rojas recibió la orden de abandonar Madrid y volverse a La Coruña. Pero ¿qué motivó el cambio de actitud del rey con respecto a su fiel Armada? Ese cambio era comprensible desde «el conocimiento real previo, siquiera parcial, del papel del general Armada en los acontecimientos que habían comenzado a desarrollarse en el país y desde el interés de quedar al margen de la locura de Tejero»[17]. La explicación que luego daría a Vilallonga resultaría escasamente convincente: «… de pronto, sin que me diera ninguna coincidencia, el rey tuvo la intuición de un peligro relacionado con la presencia de Armada en la Zarzuela. La voz de éste, demasiado serena, indiferente casi, era la voz de alguien que no parecía sorprendido por lo que sucedía en las Cortes. Esa voz fue la que le puso al rey en estado de alerta. Por ella supo que no podía recibir a Alfonso Armada en la Zarzuela. Y entonces, en aquel mismo momento, Sabino Fernández Campo entró en el despacho del rey y le hizo señales de tapar el teléfono con la mano. Don Juan Carlos enseguida supo lo que iba a decir»[18]. Lo cierto fue que Sabino había hablado previamente con Juste, y es verosímil que éste le hubiese contado la explicación que le había dado Torres Rojas, que había órdenes del rey de mover la División Acorazada, que Armada estaba en la Zarzuela dirigiendo las operaciones, etcétera, lo que debió de poner en guardia a Sabino.

Tres cuartos de hora después de que se produjera el asalto de Tejero al Congreso, donde esperaba la llegada de fuerzas militares de apoyo, todo parecía estar en marcha para comenzar el golpe. Quintana Lacaci se convirtió en el hombre clave de la situación, dando órdenes por teléfono para que las unidades de la DAC, que ya habían salido o estaban a punto de salir, se replegasen. «De poco hubiera servido la voluntad del rey de oponerse al acto de fuerza si Quintana no hubiese reaccionado para aislar el Cuartel General de la División de El Pardo, del que prácticamente se habían adueñado los golpistas»[19]. Pero ¿por qué el rey no reaccionó de un modo tan fulminante como Quintana Lacaci cuando era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Fue Quintana y no el rey quien mandó a Torres Rojas que abandonara El Pardo y volviese a Galicia. La mayor parte del país estaba con el alma en vilo, y millones de españoles esperaban que el rey apareciese por televisión o por radio en defensa de la democracia. Pero no lo hizo hasta la 1.20 de la noche. ¿Por qué no lo hizo antes? Es cierto que desde las siete y media de la tarde las instalaciones de RTVE estaban tomadas por fuerzas sublevadas de la DAC, pero pudo haber hablado a través de la radio o de la prensa. No bastaba con el comunicado que a las diez de la noche dio la Junta de Jefes de Estado Mayor: «Se han tomado los medios necesarios para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina». Y mucho menos lo que Francisco Laína, designado presidente de un gobierno provisional formado por subsecretarios y directores generales, había dicho por la radio a las siete de la tarde: «Quienes en estos momentos asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y la actividad de Su Majestad el rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea, y que se plasma en el texto de la Constitución, a la que civiles y militares han jurado protección»[20].

Faltaba la aparición del rey para que el pueblo se tranquilizase… Pero, al parecer, lo prioritario para el rey era contactar con las capitanías generales y sondear a sus mandos, juntamente con Sabino Fernández Campo. Contactó en primer lugar con el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, que le manifestó rotundamente su lealtad y tuvo un comportamiento claramente antigolpista. Cuando años después Vilallonga preguntó a Juan Carlos sobre el comportamiento de los capitanes generales éste le respondió que no le correspondía a él emitir opiniones sobre hechos que habían sido juzgados. Pero Villallonga apuntó por su cuenta: «Yo sé, por ejemplo, que cuando llamó por teléfono a todos los capitanes generales, uno tras otro, para preguntarles cuál era su situación con respecto al golpe de Estado todos le respondieron lo mismo: “Estoy a las órdenes de Vuestra Majestad para lo que sea”. Ese “para lo que sea” equivalía a responder al rey con toda franqueza: “Si apoya la acción de Milans y de Tejero, estamos con Vuestra Majestad, pero si está en contra, ayudaremos a frenar los ímpetus de esos hombres”». Lo que abrió paso a esa pregunta que se plantearon aquella noche muchos españoles durante las horas que precedieron a la aparición del monarca en las pantallas de televisión: «¿Estaba el rey a favor o en contra de los militares rebeldes?»[21].

Sabino había llamado a Tejero para ordenarle que abandonara su actitud, pero éste no había querido ponerse al teléfono, porque, según había dicho a los diputados, sólo recibía órdenes de Milans del Bosch. A las ocho de la tarde de aquel día el rey habló con Milans, que le respondió: «Majestad, esto lo hago por salvar la monarquía. Aquí lo que pasa, Majestad, es que algunos no tienen lo que hay que tener para llegar hasta el final». Milans hizo oídos sordos y continuó impartiendo órdenes, contactando con los restantes capitanes generales y extendiendo su autoridad a toda la Comunidad Valenciana. Paulatinamente, el rey fue logrando que los capitanes generales le mostrasen su lealtad. Los primeros fueron los de Madrid, Burgos, Granada y Galicia. Algunos tuvieron dudas y vacilaron, para finalmente mantenerse fieles al rey y a la Constitución: los de Cataluña, Canarias, Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Baleares. Fue entonces cuando habló por televisión: «Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he mandado la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso y para evitar confusiones, confirmo que he ordenado a todas las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente […]. La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna algunas actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de un referéndum»[22].

LA RESOLUCIÓN DEL GOLPE

La aparición del rey por televisión alivió a la inmensa mayoría de los españoles, que pudieron irse a la cama relativamente tranquilos. Aunque el problema no estaba resuelto del todo: quedaba la insubordinación de Milans, el secuestro del gobierno y de gran parte de los diputados y la ambigua actitud de Armada. Sobre las nueve de la noche del 23-F Armada se había comunicado con el general Aranburu Topete, que mandaba las fuerzas policiales que rodeaban el Congreso de los Diputados, ofreciéndose para hablar con Tejero. Y media hora después había recibido la llamada de Milans, deseoso de saber por qué no estaba en la Zarzuela y requiriéndole que se desplazase al Congreso para intentar formar allí un gobierno de coalición. «Al recibir noticia desde Valencia de que en el Congreso pudiese ocurrir un incidente sangriento, y como el general Aramburu recabase de nuevo mi presencia en el Congreso, hablé con la Zarzuela y expliqué mi grave preocupación ante la eventualidad de un hecho grave e irreparable. Hablé también con los generales Alfaro y Gabeiras. Insistí en que era necesario buscar alguna fórmula para evitar este peligroso problema, y pedí que me autorizara a ir al Congreso, como pedía Aramburu. Así lo hicieron, aunque advirtiendo que fuese a título personal»[23].

Efectivamente, Armada había llamado a la Zarzuela y había hablado con el rey, quien le interrumpió diciéndole que se había vuelto loco, y le pasó con Sabino, a quien la solución de postularse como presidente a los diputados secuestrados le parecía un disparate. Poco después de las nueve y media de la noche, Gabeiras, que había asistido a la reunión de la junta de Jefes de Estado Mayor, volvió al Cuartel General del Ejército. «Allí, y ante un numeroso grupo de generales, le expuse otra vez mi profunda preocupación ante la situación creada […]. Entonces, y después de hablar el jefe del Estado Mayor del Ejército con la Zarzuela, me ordenó que fuera al Congreso a solucionar el problema. Pude ofrecer a Tejero un avión para salir de España. La propuesta que yo pensaba presentar a Tejero estaba fundamentalmente en que se retirasen los guardias y que fuera el propio Congreso el que deliberase y acordase la fórmula para la formación de un gobierno que resolviese la situación creada y tratara de volver a la normalidad. No había situación más anticonstitucional que la existente en aquel momento»[24].

Armada llegó a las Cortes a las doce y media de la noche y habló con Tejero casi una hora. Le explicó que pretendía dirigirse a los diputados y ofrecerles la solución de un gobierno de salvación formado por representantes de todos los partidos, incluido el comunista, y presidido por él mismo, a la vez que le ofrecía un avión para que los guardias civiles salieran de España. Tejero se indignó, comprendiendo que la oferta de un salvoconducto para el extranjero significaba que iba a ser el chivo expiatorio para justificar la «solución Armada». La discusión fue acalorada: «Llamamos a Valencia, pues yo pretendía liberar a los diputados y que no hubiera un episodio sangriento. El general Milans del Bosch dijo a Tejero que me hiciera caso. Tejero no aceptó. Llegué a la conclusión de que estaba decidido a no ceder. Se consideraba muy fuerte y creyó que iba a conseguir sus objetivos. No pude convencerle, pero lo que sí me aseguró es que no habría víctimas, salvo si se intentaba el asalto por la fuerza»[25]. Luego, Armada fue llevado al Ministerio del Interior, donde habló con Laína, que estuvo a punto de detenerlo, y a las dos y media de la madrugada volvió al Cuartel General del Ejército.

Mientras tanto, a la 1.45 de la madrugada del 24 de febrero el rey le había enviado un télex a Milans, con un mensaje inequívoco: «1) Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volver atrás. 2) Cualquier golpe de Estado no podrá ampararse en el rey, es contra el rey. 3) Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento de la bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. 4) Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y sería responsable de ello, una nueva guerra civil. No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero y por la Corona después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho»[26].

Poco después, Gabeiras ordenó al gobernador militar de Valencia, Luis Caruana, que arrestara a Milans del Bosch, que amenazó con fusilarlo si intentaba hacerlo. Pasaba el tiempo, y el rey hizo otra llamada a Milans, en la que le repitió lo que ya le había dicho, advirtiéndole que cualquier retraso en retirar sus tropas lo consideraría un motín. Milans respondió que cumpliría sus órdenes, pero que no tenía control alguno sobre Tejero. Así pues, dio órdenes a sus hombres para que se retiraran a sus cuarteles. Hubo otra llamada del rey a las cinco de la mañana, exigiéndole explicaciones de por qué aún no habían sido obedecidas todas sus órdenes, y una hora después Milans hizo público un nuevo bando anulando el anterior y subrayando su lealtad al rey; lo envió por télex a la Zarzuela, desde donde fue remitido a todas las capitanías generales. Y Milans se retiró a descansar a su residencia, desentendiéndose de la suerte de Tejero.

Después de la intervención televisiva del rey, el comandante Pardo Zancada había llegado con una columna de la policía militar al Congreso para sumarse a Tejero. Su llegada prolongó la crisis, pero tal vez evitó un derramamiento de sangre. A las nueve de la mañana, con permiso de la Zarzuela y de Gabeiras, el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, amigo de Pardo Zancada, acudió al Congreso a negociar su entrega: Pardo insistió en entregarse en su unidad y pidió la inmunidad para sus subordinados, lo que fue aceptado. Tejero también aceptó la responsabilidad de sus actos, pero exigió las mis mas condiciones concedidas a Pardo y que viniera Armada para firmar su rendición, quizá para mostrarle del modo más humillante que había perdido. Armada recibió la orden de volver al Congreso a las diez de la mañana del día 24 de febrero. Tras leerle a Tejero sus condiciones de rendición, Armada consultó con la Zarzuela y se le dio la conformidad para firmarlas. Pardo Zancada, Tejero y algunos de sus oficiales salieron detenidos del Congreso sobre las doce del mediodía, y poco después salieron libres todos los ministros y diputados secuestrados. Sucesivamente, fueron arrestados los generales Milans del Bosch, Armada, Torres Rojas y León Pizarra. Doce años después, el rey comentaba la deslealtad de Armada: «Es infinitamente triste comprobar que un hombre en el que había depositado toda mi confianza durante largos años pudiera traicionarme con tanta perfidia»[27].

En la tarde del 24 de febrero de 1981 Juan Carlos recibió en la Zarzuela a los principales líderes políticos: Adolfo Suárez, Felipe González, Agustín Rodríguez Sahagún, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Después de departir amistosamente con ellos, les leyó un escrito: «Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las Fuerzas políticas contra los que cometieron actos de subversión en las últimas horas, pero aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción, con carácter de generalidad, a las Fuerzas Armadas y a las de Seguridad […]. Mantenido el orden democrático, invito a todos a la reflexión y a la reconsideración de posiciones que conduzcan a la mayor unidad de España y de los españoles»[28]. Y les advirtió que el rey no gobernaba y no debería confrontar reiteradamente, con su responsabilidad directa, circunstancias de tan considerable tensión y gravedad.

Poco después de su puesta en libertad, los diputados volvieron al Congreso y, tras una prolongada ovación al rey, aprobaron la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. El día 26 de febrero Calvo Sotelo juró el cargo ante el rey en la Zarzuela, y pocas horas después hizo pública la lista de su gobierno, con muy pocos cambios con respecto a la anterior. El 27 de febrero tres millones de españoles se manifestaron en favor de la democracia. La figura del rey Juan Carlos se había prestigiado enormemente ante la población española, aunque no se sabía si también entre los militares. El día 28 asistió al acto de celebración del vigesimoquinto aniversario de la XIV Promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, a la que él mismo había pertenecido. Sin rodeos, les dijo a los militares presentes: «No se contribuye a la seguridad de la patria con acciones irreflexivas». Pidió a los políticos que se cuidasen de «no propiciar un ambiente de incomodidad, disgusto o preocupación en las Fuerzas Armadas». Y exhortó a los medios de comunicación a «no encender la ambición o la sanción moral de colectividades enteras por el hecho de que pertenecieran a ella quienes pensaran erróneamente que sus impulsos precipitados les convertían en salvadores de la patria». En el transcurso de esta ceremonia, y por primera vez, el rey hizo solemne juramento de respetar la Constitución, que en 1978 simplemente había firmado[29].

DEL SÍ AL NO DE LA OTAN

Tras la crisis del 23-F, el problema militar distaba mucho de haber sido resuelto. Ni siquiera los altos mandos militares, que en todo momento habían permanecido leales a la Corona, eran partidarios de la Constitución, y sólo habían actuado por la debida obediencia al rey. Otros muchos militares se sentían decepcionados, engañados e incluso traicionados por Juan Carlos, y en algunos se incrementaron los impulsos golpistas o los simplemente corporativistas. Por tanto, el nuevo gobierno debía ser prudente y andarse con cuidado. Calvo Sotelo hubo de tomar su primera decisión importante antes de formar gobierno, cuando tuvo que resistir vehementemente las presiones para situar a un general en el Ministerio de Defensa. Y presentó al rey un gobierno sin militares, el primero desde 1939, para dejar clara la supremacía del poder civil. La pesada herencia del golpe militar recayó en el liberal Alberto Oliart, el nuevo ministro de Defensa, que logró hacerse respetar relativamente por la mayoría de los militares, de ideología manifiestamente conservadora. Cuando Oliart llamó a los capitanes generales para conocer su versión sobre los recientes acontecimientos, el primero en hablar fue Quintana Lacaci. El capitán general de Madrid, que había sido pieza clave en la neutralización del golpe, dijo: «Ministro, antes de sentarme tengo que decir que soy un franquista, que admiro la memoria del general Franco, he sido ocho años coronel de su regimiento, llevo esta medalla militar que gané en Rusia, hice la Guerra Civil, por tanto, ya te puedes figurar lo que pienso. Pero el Caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor, y el rey me ordenó parar el golpe del 23-F y lo paré; si me hubiera mandado asaltar las Cortes, las asalto»[30].

Desde el primer día Oliart pretendió reducir a términos de normalidad el problema castrense, consiguiéndolo sólo a medias. El nuevo director del CESID, el teniente coronel Alonso Manglano, dio información puntual, suficiente y tranquilizadora. Simultáneamente mejoraron los dispositivos antiterroristas, al crearse un mando único antiterrorista dirigido por el ministro del Interior, Juan José Rosón. ETA Político-Militar había anunciado una tregua indefinida, empezaba a mejorar la situación política y los partidos actuaron consensuadamente, durante unos pocos meses. Pero la reaparición de los GRAPO, uno de cuyos comandos asesinó al general González de Suso el 4 de mayo, vino a exacerbar el golpismo latente, cuyo objetivo principal era ahora el propio rey. Tres días después, ETA Militar colocó una bomba en el coche del general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, que murió, así como su ayudante y el chófer. La extrema derecha salió a la calle para pedir la intervención militar y la libertad para Milans del Bosch y Tejero, que eran visitados asiduamente por numerosas personas. Los militares involucionistas estaban ahora sembrando la confusión y organizándose en tramas clandestinas o semiclandestinas, con lanzamiento de octavillas y hojas ilegales. Era una lucha subterránea, que trataba de deteriorar la figura del rey, filtrando las declaraciones de Tejero y de otros procesados por la causa del 23-F, en las que se afirmaba que había estado implicado en la tentativa del golpe.

El 21 de junio una serie de detenciones reveló que varios coroneles habían intentado organizar otro golpe, con la participación del comandante Sáenz de Ynestrillas. La conspiración descubierta pretendía crear una estrategia de tensión mediante una serie de explosiones de bombas, que culminaría en Barcelona el 23 de junio, concretamente en el Nou Camp, donde iba a celebrarse una concentración catalanista. Simultáneamente, el rey sería obligado a abdicar y se formaría un gobierno militar[31]. La indagación policial se extendió a miembros de Fuerza Nueva y de la Hermandad Nacional de Excombatientes, pero todos los detenidos fueron puestos en libertad, por supuesta falta de pruebas, por el juez Varón Cobos, de reconocidas tendencias ultraderechistas. Los rumores de conspiración militar eran interminables. Y el 25 de julio el capitán general de Galicia, Fernández Posse, se mostró como un nostálgico franquista en su ofrenda al apóstol Santiago. Por otra parte, Calvo Sotelo tenía que hacer frente a las tensiones fragmentadoras de su partido. La UCD estaba desmoronándose y el PSOE se configuraba como una irresistible alternativa de gobierno. Felipe González aparecía en todas las encuestas como el líder político más popular, frente a la imagen sombría de Calvo Sotelo, deteriorada además por el escándalo del «síndrome tóxico», a consecuencia del cual habían muerto ciento quince personas y muchas más quedaron con secuelas más o menos irreversibles.

Como en ocasiones anteriores, los reyes buscaron apoyo externo para la democracia española, visitando oficialmente Estados Unidos en septiembre de 1981. La principal cuestión tratada allí fue la integración de España en la OTAN, que estaba en el programa de gobierno de Calvo Sotelo y que Juan Carlos consideraba clave para la ulterior entrada de España en la Comunidad Económica Europea e incluso para desplazar «la obsesión» de los militares españoles por la política exterior, lo que provocó la protesta de los partidos de izquierda. A su vuelta a España, el rey se encontró con el imparable declive de la UCD, lo que significaba el progresivo debilitamiento del gobierno. Los democristianos Herrero de Miñón y Oscar Alzaga se aproximaban cada vez más a Alianza Popular, mientras que el PSOE trataba de atraerse a los socialdemócratas de Fernández Ordóñez. Todos ellos rechazaron cargos en el reajuste gubernamental del 1 de diciembre de 1981. Martín Villa ocupó la primera vicepresidencia, pero se encargó fundamentalmente de reorganizar el partido para las próximas elecciones generales. Una tarea poco menos que imposible…

Decepcionó que en el nuevo gabinete prosiguiera como ministro de Defensa Alberto Oliart, porque se creía que no había demostrado suficiente autoridad frente a los militares: había ascendido al general Caruana, cuyo comportamiento durante el 23-F en Valencia había sido más que dudoso; había concedido la «medalla del sufrimiento por la Patria» a Milans del Bosch, etcétera[32]. El 5 de diciembre se dio a conocer una organización clandestina denominada Unión Militar Patriótica, y se publicó el «manifiesto de los cien» firmado por cien oficiales y suboficiales destinados en Madrid. Tras acusar a los medios de comunicación de calumnias y elogiar a los militares que «poseen un brillante historial y están pendientes de la sentencia de un Consejo de Guerra», los firmantes del manifiesto denunciaban «la politización partidista y antinacional de los grandes temas de Defensa —como nuestro ingreso en la OTAN— o la injerencia, también partidista, en temas propios e internos de las Fuerzas Armadas»[33].

Se trataba de fortalecer, un tanto agresivamente, el respaldo a los conspiradores del 23-F antes de que fueran sometidos ajuicio, pero el manifiesto guardaba también relación con el golpe latente que estaba preparando un grupo de coroneles. Cinco de los firmantes —entre ellos el capitán Blas Piñar, hijo del presidente de Fuerza Nueva— fueron arrestados, y se hizo saber a todas las unidades que quedaba totalmente prohibido a los oficiales hacer cualquier declaración política. Aunque el ministro Oliart comentó que no había motivo de gran preocupación[34]. Pero el rey se reunió con la Junta de Jefes de Estado Mayor, y llamó a la disciplina a las Fuerzas Armadas. En su discurso del 6 de enero de 1982 pronunció una alocución particularmente enérgica en la que condenó la campaña de difamación y exhortó a las Fuerzas Armadas a adaptarse al cambio: «Que nadie pretenda erigirse en salvador de sus compatriotas contra la voluntad de éstos». Demonizó, por primera vez, la campaña contra su persona, diciendo que tenía «la mentira como lema, la confusión como método y la afrenta como objetivo […]. Pero permitidme que hoy, en esta reunión nuestra, cuando estoy hablando a generales compañeros de armas en mi tono de confianza y sinceridad, deje una breve pero profunda constancia de mi dolor por los lamentables procedimientos que algunos utilizan, como del agradecimiento a cuantos han sabido rechazar la propaganda insidiosa y mendaz». A continuación, expresó una absoluta confianza en que la verdad del 23-F emergería al fin en el juicio y su fe en la democracia[35].

Días después, la Junta de Jefes de Estado Mayor fue relevada, dándose como explicación oficial que, al estar muchos de sus miembros cercanos a la jubilación, la renovación era la única forma de lograr un equipo cohesionado para supervisar la entrada de España en la OTAN. Otra explicación era que los miembros de la junta habían quedado un tanto maltrechos después del 23-F y que hacía falta un equipo nuevo para restaurar la disciplina, sobre todo estando próximo el juicio de los conspiradores. El nuevo presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor era el general Álvaro Lacalle Leloup, destacado constitucionalista[36]. Mientras, la inquietud por la persistencia del golpismo se exacerbaba por la reactivación del terrorismo etarra, sobre todo porque durante 1982 se fue acelerando la desintegración de la UCD. Pero fue el proceso contra los golpistas del 23-F, comenzado en el mes de febrero, lo que dominó la política española hasta bien entrada la primavera, con declaraciones de los procesados que pretendían ensombrecer la imagen del rey. El juicio estimuló los debates en los cuartos de bandera de los cuarteles sobre las declaraciones de los procesados, que eran tan exageradas que hicieron dudar a muchos. Después del juicio, la defensa de la Constitución fue objeto de menor desaprobación en las filas militares. Los golpistas comenzaron a retirarse a las sombras, donde siguieron tramando para resucitar el golpe. Pero el grueso de los oficiales se había hecho más «prudente». Además, la política de ascensos iniciada por Gutiérrez Mellado y retomada con decisión por Álvaro Lacalle empezaba a dar su fruto. Con el paso del tiempo, la estrategia de acelerar el paso a la reserva de los generales franquistas, pasando el mando de las unidades decisivas a manos de sinceros constitucionalistas y concediendo el ascenso por méritos y no por antigüedad empezaba a dar resultado.

El 19 de mayo de 1982 el rey firmó el documento que confirmaba la entrada de España en la OTAN, aprobada días antes por las Cortes, con la oposición de socialistas y comunistas. El inequívoco apoyo del rey a la integración de España en la OTAN daba aliento a las esperanzas del gobierno de que los militares salieran del ámbito político interno. Pero contribuyó poco a impedir el desmoronamiento continuo de la UCD. Los constantes recordatorios del 23-F: y la aparentemente interminable acción de ETA Militar —ETA Político-Militar había abandonado las armas pactando con el ministro Rosón— deterioraban imparablemente la imagen del gobierno. Prueba de ello había sido la estrepitosa pérdida de la UCD en las elecciones gallegas del otoño de 1981, y en las elecciones andaluzas de mayo de 1982. Aunque Milans del Bosch y Tejero fueron condenados a las penas máximas de treinta años, Armada, Torres Rojas y Pardo Zancada fueron condenados sólo a seis años de prisión. El gobierno apeló al Tribunal Supremo y algunas sentencias serían sustancialmente incrementadas en 1983, de modo muy notable en los casos de Armada (de seis a treinta años) y de Torres Rojas (de seis a doce años).

Ante el constante ascenso del PSOE y AP, Calvo Sotelo anunció el 30 de julio de 1982 que no sería candidato presidencial de la UCD para las próximas elecciones generales. La UCD se fragmentó, e incluso Adolfo Suárez abandonó el partido, para formar uno nuevo, el Centro Democrático y Social (CDS). Tal vez para impedir que Suárez tuviese tiempo suficiente para consolidar su nuevo partido, el 27 de agosto Calvo Sotelo convocó elecciones generales, que debían celebrarse en el plazo máximo de dos meses. El PSOE, rápidamente, presentó un programa moderado para restaurar la industria española, fomentar el empleo, reformar la administración del Estado y salir de la OTAN. Su único contrincante serio era Alianza Popular, con un programa mucho más moderado. Pero en octubre de 1982 el CESID encontró en el maletín del coronel Luis Muñoz una serie de documentos que detallaban un completo proyecto de golpe de Estado, que habría de darse el 27 de octubre, el día de antes de las elecciones generales. Como implicados, fueron detenidos el citado Luis Muñoz, el coronel José Crespo Cuspinera y su hermano el teniente coronel Crespo Cuspinera. Consiguientemente, el golpe, que tenía como objetivo principal el rey y que se haría con derramamiento de sangre, fue abortado, pero no se quiso detener a todos los implicados[37].

El 28 de octubre de 1982 la ciudadanía dio al PSOE una considerable mayoría parlamentaria: 202 escaños, que representaba el 47, 26 por ciento de los votos, frente a los 107 obtenidos por Alianza Popular, que representaba el 25, 81 por ciento de los votos. El holgado triunfo socialista supuso la alternancia de poder, que significaba la consolidación de la democracia… El 25 de noviembre de 1982 Felipe González fue investido nuevo presidente del gobierno y desde entonces Juan Carlos fue un rey constitucional, sin apenas intervenir en las cuestiones políticas del país. Como don Juan de Borbón había dicho a su hijo, su labor habría terminado cuando pudiese reinar con los socialistas en el poder. El rey, por fin, pudo relajarse, aunque no del todo, y dedicarse al cultivo de sus aficiones favoritas, el esquí, la vela, los coches deportivos, etcétera.

OLVIDAR A FRANCO

Nadie podría afirmar de modo tajante que en Juan Carlos, en calidad de rey constitucional, haya persistido la huella de Franco. Entre otras muchas cosas, porque, según la Constitución, su persona ha sido consagrada como inviolable. Pero, de hecho, siempre ha tenido muy en cuenta el último consejo que le hizo Franco cuando agonizaba: «Alteza, la única cosa que os pido es que mantengáis la unidad de España». Y efectivamente, siempre se ha tomado muy en serio la función institucional de la Corona que él ha encarnado, como «símbolo de unidad y permanencia» del Estado español. Insistiendo en dicha unidad, conseguía la lealtad de las Fuerzas Armadas, aunque también provocaba la disidencia de muchos nacionalistas periféricos. Su determinación de defender la unidad española frente al nacionalismo vasco radical se ha seguido manifestando siempre, tal como hizo el día de la Pascua Militar en 1994: «La diversidad que nos caracteriza debe unirnos más que separarnos»[38]. A lo que replicó el diputado nacionalista Iñaki Anasagasti: «Como jefe de Estado no tiene sólo que apoyarse en las bayonetas». No puede extrañar que durante algunos años fuese objetivo principal de ETA. Pero, en general, durante los últimos veinte años, se ha dedicado preferentemente a disfrutar de los deportes que practica, a viajar frecuentemente al extranjero, a desempeñar funciones de representación y de alta diplomacia. Y su papel de rey, con el paso del tiempo, se ha hecho más representativo y simbólico.

Pero el legado de Franco ha debido de seguir pesándole, pues su educación, la formación de su personalidad y los acontecimientos más importantes de su vida estuvieron siempre ligados a la figura del general. Nunca ha hablado mal de él, y siempre lo ha recordado con afecto, con sincero cariño. En 1993 José Luis Vilallonga le preguntó había aprendido de Franco, y el rey, sin dudarlo, le respondió: «Aprendí a mirar, a escuchar y a callarme», algo que tuvo que practicar durante mucho tiempo, hasta que la democracia se consolidó en España: «Franco me hablaba muy pocas veces de política —contó— nunca me daba consejos, a veces, cuando le preguntaba qué debía hacer, lo que yo había de hacer en tal o cual situación, me respondía: “… no lo sé, Alteza. En todo caso no podréis hacer lo que yo hubiera hecho. Cuando seáis rey los tiempos habrán cambiado mucho y la gente ya no será la de hoy”. Cuando no quería responder a una pregunta, hacía como que no me había oído y cambiaba de conversación […]. Franco no hablaba mucho y detestaba las explicaciones. Cuando las daba, su sentido común era desconcertante»[39]. Juan Carlos tenía una buena escuela, porque cuando decidía no responder a la pregunta, tomaba sutilmente un aire ausente. Pero parecía entenderse bien con el Caudillo: «Entre Franco y yo —me dijo el rey— funcionaba a veces una especie de telepatía. Bastaba con que yo pensase hacer tal o cual cosa, para que Franco me empujara a hacerla»[40]. Jamás le hablaba de cosas importantes: «Franco siempre se interesaba por lo que yo estuviera haciendo en aquel momento. Hablábamos de ello y nada más. Conmigo, aunque estuvieran pasando cosas, siempre fue muy cordial e incluso cariñoso. Pero le costaba exteriorizar sus sentimientos. Nunca me enteré por él de algo que no tuviera que ver con lo que yo estaba haciendo en aquel momento. Dado el hombre frio y misterioso que era, mis relaciones con Franco fueron más bien buenas. Era amable, muy amable, afectuoso, y siempre muy respetuoso con lo que yo representaba a sus ojos». Era como un hijo para él: «Quizá sí. No dejaba de ser un hombre extraño. Cuando regresé a España después de casarme con Sofía, en 1963, no sabía en qué ocupar mi tiempo. A pesar de mi formación militar, yo sabía que Franco no iba a permitir que me encerrara en un cuartel o que viviera en un barco de guerra. Entonces fui a verle y le dije: “Mi general, tengo que ocuparme en algo. Soy demasiado joven para estar sin hacer nada”. Me miró en silencio durante largo rato. Cuando tenía que responder a una pregunta que le parecía importante, Franco siempre guardaba silencio. Finalmente, me dijo: “Haced que los españoles os conozcan, Alteza”. No dijo una palabra más»[41].

«Pensándolo bien, mis relaciones con Franco nunca fueron banales. Yo siempre fui perfectamente sincero con él. Cuando algo no me gustaba, iba a decírselo […]. Creo que me apreciaba por mi modo franco de hablar. En todo caso, sabía que yo nunca le doraba la píldora». Reconocería que Franco había ejercido una gran influencia sobre él: «Pues sí, me influyó, por ejemplo en la manera de ver las cosas con tranquilidad, tomando distancia, un cierto desapego. Pero sobre temas importantes no creo que haya intentado influirme nunca. Nunca iba más allá de una insinuación, de un consejo apenas velado. Siempre me dejó actuar con perfecta libertad. Dicho esto, no se preocupaba de facilitarme mucho las cosas […]. Mis problemas parecían divertirle. Tenía la impresión de que me ponía continuamente a prueba para percibir mejor mi carácter, para detectar mis posibles fallos»[42]. La filosofía del general era muy simple. Tenía gran confianza en aquello de dejar pasar el tiempo. Y era verdad: el tiempo arreglaba las cosas que parecían no tener solución inmediata. Franco creía en el buen fundamento de los dichos y refranes de la sabiduría popular. Pero Juan Carlos creía que su padre había influido en él mucho más que Franco: «Nunca dudé de la sinceridad de mi padre cuando me aconsejaba sobre esto o lo de más allá. Con Franco, era muy diferente. Yo siempre tenía que hacer lo que mi padre me aconsejaba, mientras que a menudo me costaba seguir el camino que me marcaba el general. Por lo demás, aunque hubiese querido, no hubiese podido […]. Si pienso, si actúo, si a veces hablo como lo hubiera hecho mi padre, ello no se debe únicamente al resultado de una influencia, sino también al simple hecho de alguien a quien admiro y quiero: mi padre. Con Franco sobre todo aprendí a saber todo lo que no había que hacen»[43]. Pero sí aceptó ser sucesor «a título de rey», e hizo siempre lo que Franco le dijo, que a menudo era lo contrario de lo que su padre le había aconsejado, en definitiva, ésa era la única forma para llegar a ser lo que siempre había deseado ser, el rey de España.

El rey quería la democracia para España, pero en la medida en que la democracia era la mejor garantía para la supervivencia de la Corona, y eso prueba que el reconocimiento de los opositores de Franco le importaron poco para su lucha: «La idea de la ruptura era ya en sí una insensatez. No se podía romper drásticamente con un reciente pasado de cuarenta años de paz y tranquilidad sin provocar reacciones de extrema violencia. Yo recibí a la muerte de Franco un Estado que, para la satisfacción de la mayoría de los españoles, funcionaba, no a la perfección, pero funcionaba. Había que hacer, eso sí, grandes e importantes reformas, pero yendo siempre de ley a ley, y también con el tiempo necesario para no hacer sangrar de nuevo las viejas heridas […]. Yo he tenido la suerte de heredar un país que había conocido muchos años de tranquilidad, con una Administración Pública que funcionaba y las Fuerzas Armadas que me respaldaban al cien por cien. Pocos reyes ha habido en la historia que podrían decir lo mismo. Así que no era cuestión de echarlo todo a perder por andar con excesivas prisas»[44].

De lo que no se había percatado nunca era de que fue la lucha por la democracia la que había transformado a un rey llamado a suceder a Franco y a gobernar con sus mismos principios. Y así lo hizo durante los primeros seis u ocho meses, cuando mantuvo como presidente del gobierno al mismo que había designado Franco. Fue la movilización popular de los antifranquistas, reclamando amnistía y libertad, la que volvió inviable el primer gobierno de la monarquía e hizo imperativa la opción democrática y que Juan Carlos pudiese distanciarse cada vez más del legado de Franco. No obstante, durante los primeros años debió aparecer como franquista para ganarse a los generales, que nunca le respaldaron al cien por cien, como él se había creído. Así se demostró el 23-F. Sólo el apabullante triunfo electoral de los socialistas, con más de once millones de votos a su favor, hizo que los militares se retirasen a los cuarteles, al percatarse de que no podían seguir corriendo en contra de la historia. Debían olvidarse de Franco; por fin se dieron cuenta de que era imposible resucitarlo.

Aunque su figura se convirtió para muchos, incluido el propio rey, en un viejo entrañable, pero con tendencias autoritarias. Así lo decía en 1996, con pasmosa tranquilidad no exenta de lucidez, la reina, al opinar sobre la dictadura franquista: «En cuanto que faltaban las libertades personales, de expresión, de reunión, de asociación, de manifestación… era un dictador. En cuanto estaban prohibidos los partidos políticos y los sindicatos, era un dictador. Y en cuanto que se hacía lo que mandaba Franco, y que él tenía todos los poderes, era una dictadura. Pero cuando yo vine, en 1963, no vi purgas, ni represiones brutales. Excepto, y muy subrayado, las penas de muerte de septiembre de 1975. Claro que, ley en mano, aquí había pena de muerte. A mí me parece horrible, inhumana, me repugna. Y mi marido trató de que no los fusilaran […]. Franco era un dictador pero no un tirano. Entre otras cosas, ya no necesitaba serlo. Y no se había producido un cambio político, sino un cambio social y económico: el franquismo favoreció la subida de las clases medias. Ya no había aquellas tremendas diferencias entre la aristocracia y la gente del pueblo. Había mucha clase media, de pequeños empresarios, de profesionales, de funcionarios. Ellos eran entonces los que estaban al frente de la política: eran procuradores, alcaldes, o gobernadores, o incluso ministros. Y ahí empezaba a haber ideas progresistas. Bueno… Así lo veía yo»[45]. Sin embargo, Juan Carlos estaba en España desde los diez años, desde el año 1948, cuando la represión de Franco, rayana en el exterminio, estaba en su apogeo.

EL MITO DE LA TRANSICIÓN

Para que no hubiese solución de continuidad en la transición desde el régimen franquista a la democracia, para que el sumiso y silencioso sucesor del dictador se convirtiese en el rey de todos los españoles —los vencedores y los vencidos y en la guerra y posguerra civil—, en un monarca constitucional, capaz de reinar con un gobierno socialista, fue preciso olvidar que Franco había existido, pese a que su iconografía persistía por doquier (estatuas, retratos, monumentos, etcétera). Los españoles tuvieron que negar su reciente y ominoso pasado histórico, por miedo a una guerra civil poco conocida pero latente en la sociedad, a través de diversas generaciones. El miedo hacia todo lo pasado se traducía en un anhelo de alcanzar un planteamiento político de las cosas, que desde arriba se acertase en dar el cambio necesario. En función de un futuro hipotéticamente mejor, había que perder la memoria histórica de cuanto había sucedido en España durante los últimos cincuenta años: el hecho de que los monárquicos se habían opuesto frontalmente a la Segunda República, que hubo un golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido, que hubo una guerra cruenta e inmisericorde, que su vencedor estableció una dictadura implacable, asentada sobre una feroz represión de los que se le habían opuesto y se le oponían, y se convirtió en un rey, absoluto y omnipotente, sin corona.

Había que olvidar todo eso, cuando sus huellas habían impregnado a varias generaciones y aún estaban vivas. Y el régimen franquista pronto quedó reducido a una simple «dictablanda», que ya no estaba vigente y que convenía no tener en cuenta. Las heridas eran aún tan vivas que podían reabrirse y herir a los generales que habían ganado una guerra y podían ganar otra. Era como si se quisiera el comienzo de una nueva etapa en la historia de España sin conexión con el pasado. La transición a la democracia era el nacimiento de un nuevo mundo, cuyas raíces se pretendían ignorar como si fuera posible el borrón y cuenta nueva: «Apartémonos todos de la funesta manía de recordar». El mito fundacional de la democracia era la propia transición, que se presentaba como modélica, aunque en el camino había dejado algunos centenares de muertos[46]. Lo social, lo histórico e incluso lo personal enmarcado en lo colectivo, había que dejarlo aparte. Apelar a la memoria histórica podía considerarse asocial, como revanchismo, resentimiento y afán de venganza, como algo imposible para una democracia frágil, en buena parte controlada por neofranquistas profesos y vigilada por unos militares nostálgicos de un pasado irredento.

Muchos franquistas querían olvidar su pasado, porque se habían convertido en demócratas de nuevo cuño, pero también los demócratas consecuentes que habían luchado contra el franquismo debían ser rigurosamente desmemoriados, hasta el punto de no poder mostrar por qué ni para qué habían luchado, reduciendo su inmediato pasado en algo meramente «privado», añorante, juvenil, residual[47]. De este modo la ruptura tenía que ser imposible: la oposición democrática debió conformarse con negociar con los neofranquistas si quería participar en el nuevo reparto del poder que se estaba haciendo, porque la memoria le dificultaba el abrirse camino hacia el futuro. Ni siquiera hubo reparación, sino mera conversión a la reforma política que se había planificado desde arriba: los demócratas conversaron tanto con los neofranquistas o demócratas conversos, que incluso a veces se confundían con ellos. Hasta el punto que sus programas electorales se diferenciaban poco entre sí. La renuncia de un pasado al que referirse crítica y autocráticamente los igualaba más de lo que ellos mismos querían creer: todos querían conseguir el poder, siguiendo las normas y las pautas establecidas. Y hasta los socialistas y los comunistas, rompiendo con su tradición, tuvieron que hacerse monárquicos, porque la monarquía era algo constitucionalmente incuestionable, pese a que al pueblo nunca se le preguntó la forma de gobierno que hubiera preferido. A los pequeños partidos republicanos no se les dejó participar en las primeras elecciones democráticas, y no hubo nadie que se rasgase las vestiduras por ello.

La pérdida de la memoria histórica, o su renuncia a ella, era también una forma de conjurar el miedo de volver a las catacumbas, a las que pretendió mandarlos Tejero. Cuando los diputados secuestrados pudieron salir libres del Congreso, se lo agradecieron fervorosamente al rey sin saber bien lo que había pasado, sin pararse a pensar que el golpe había fracasado porque los generales no habían logrado ponerse de acuerdo, porque las circunstancias eran bien distintas a las del 18 de julio de 1936 y porque el franquismo se había prácticamente agotado tras la muerte del dictador. Y así quedó consolidada la democracia creada, que nadie o casi nadie osaría cuestionar. Y sin embargo, el propio Adolfo Suárez había perdido la confianza en el rey, que no la del electorado, y se tuvo que marchar. Y se entró en la OTAN como un regalo que el rey hizo a los militares golpistas, a los que quiso hacer europeístas o proamericanos. Y los poderes fácticos siguieron siendo los mismos, incluyendo los policiales.

El prescindir de la experiencia histórica en el discurso de los partidos políticos trajo enseguida, demasiado pronto, el llamado «desencanto popular». Porque ahora todos, los que habían perdido la guerra y la posguerra y los que habían disfrutado de la victoria y de la dictadura, parecían ir en el mismo barco, mientras la mayoría de la gente seguía viviendo como antes. ¿De qué había servido luchar contra Franco? Casi parecía un estorbo de cara al futuro[48]. Había que olvidar aquello que había dado sentido colectivo a sus vidas, y el riesgo que habían corrido luchando contra el franquismo entonces parecía inútil. Se ha dicho que el «desencanto» fue la enfermedad de la transición, y que tuvo un comienzo precoz, cuando se empezó a sospechar que las concesiones que hacían los líderes de la oposición a cambio del reconocimiento de la propia existencia habían supuesto la pérdida de una oportunidad histórica. Los exiliados regresaron a España, los jóvenes rebeldes que ambicionaban un mundo mejor, al seguir las pautas marcadas por los herederos de Franco, se percataron de que habían sido incapaces de llevar a cabo la «ruptura» largo tiempo deseada. La muerte del padre había funcionado de un modo perverso, como un ejercicio de posesión. El espíritu de Franco, en su ubicuidad, se había posesionado no sólo de sus antiguos partidarios, sino también de sus combativos opositores. Como el Cid, Franco había ganado la batalla después de muerto. Como hubiera dicho Freud, la muerte del «padre de la horda» no se había tornado en significante de emancipación de los hijos, sino en un peligroso indicio de una fuerte permanencia en la sombra. El desencanto supuso un nuevo proceso melancólico sobre el que se edificó la transición. La transición no sólo se fundamentaría en el duelo o en la celebración por la pérdida del Caudillo o su tutela, sino además en la casi inmediatez de otra pérdida, la de la «catártica emancipación» que hubiese roto definitivamente las ligaduras de esa tutela. Pero ese nuevo paradigma melancólico obedecía a razones que iban más allá de la herencia histórica. Para los españoles «desencantados», el pasado franquista era solo un elemento más dentro de un mapa trazado por el enfrentamiento de una serie de expectativas modernas que se autodefinían por su oposición al franquismo y un contexto en el que, repentinamente, entró la posmodernidad[49]. Y del desencanto se pasó al «pasotismo»…

Y se olvidó o tergiversó la historia. Según el sociólogo Víctor Pérez Díaz, mientras se producía el «esfuerzo constitucional» de los diputados, se hacía «un esfuerzo paralelo, una parte consciente y una parte inconsciente, en olvidar algunos fragmentos de nuestra historia… El pasado franquista no había sido tanto dominado, como silenciado»[50]. Y hasta la monarquía fue huérfana del pasado, al ignorar la beligerancia de Alfonso XIII contra la República, los intentos de su hijo don Juan de Borbón de combatir en el bando de Franco durante la Guerra Civil y la designación hecha por Franco de Juan Carlos como «sucesor a título de rey». Pero como el pasado no existía, todo estaba permitido: la transición pretendió y logró hacer de la inmensa mayoría de los ciudadanos unos ingenuos creyentes de la inteligente madurez de sus líderes. Y así, cuando los esforzados militantes comunistas reconocieron la bandera roja y gualda, la aceptaron sin cuestionar nada, sin saber ni preguntar a qué extraño pacto se debía aquello.

Cancelar el pasado fue institucionalizado como una pretendida reconciliación de los españoles divididos desde la Guerra Civil y la posguerra. Pero la guerra y la posguerra no estaban realmente superadas, sino latentes en el imaginario colectivo de la población. Por eso, aun reprimido o silenciado, «el pasado que no quería pasar» era bien perceptible en los golpistas militares, enemigos a muerte de los comunistas y de los separatistas desde la Guerra Civil. La Guerra Civil fue presentada a las generaciones jóvenes como una «tragedia inevitable», cuya culpa y responsabilidad debía repartirse por igual entre los dos bandos combatientes, por lo que el reproche debía alcanzar a todos los que participaron en ella, aunque el enorme botín de guerra sólo había beneficiado a los vencedores a costa de los vencidos. Pero durante la transición la Guerra Civil siguió siendo un referente moral para la mayoría de los españoles, aunque un referente in absentia. Se negaba así el sentido de la Guerra Civil, pero perpetuaba las posiciones antagónicas, haciendo ininteligible el franquismo, así como la posterior política de los socialistas tras su victoria electoral de 1982. La paz del franquismo se oponía a la supuesta violencia de la democracia. Era un chantaje permanente que hizo que los socialistas no actuasen nunca contra los poderes fácticos y sí contra su propio electorado. Por eso, estando en la oposición, se opusieron a la entrada de España en la OTAN, y cuando estuvieron en el poder hicieron lo imposible para que siguiera permaneciendo en la misma. El futuro estaba en el atlantismo, propiciado por Estados Unidos, que tanto había hecho para sostener la posición del príncipe de España, y posteriormente del rey de España.

Cuando los políticos que protagonizaron la transición democrática —Fernández-Miranda, Fraga Iribarne, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Santiago Carrillo, etcétera— se fueron quemando, emergieron los socialistas, que renovados en Suresnes en 1974, se presentaban distanciados de cuanto fuera su atrabiliario pasado patrimonial, como jóvenes voluntariosos y políticamente bisoños. Su pasado no les afectaba demasiado, pues habían estado prácticamente ausentes en la lucha antifranquista, y no tenían por qué borrarlo. Como nuevos ricos se fabricaron un nuevo linaje, aunque no desaprovecharon su árbol genealógico para ampliar su electorado, que también podría ser extendido al franquismo sociológico de las clases medias. Como el rey, Felipe González aspiraba a ser el presidente de todos los españoles, y su imagen de joven honesto resultaba atractiva para mucha gente, incluso para muchos de los que años antes se habían «desencantado». Ofrecía el «cambio pacífico» que tantos deseaban, y su pasado parecía no estar contaminado por la Guerra Civil. Era el nuevo líder que España necesitaba, una España que quería olvidar su pasado y vivir mayoritariamente en democracia. Y además, congeniaba con el rey.

5. Caudillo Felipe

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Caudillo Felipe

Tras la Cruzada de Liberación, el invicto Caudillo se convirtió en el padre de la nueva patria, en el fundador de un nuevo orden. Asumió la cura quirúrgica de los españoles, porque decía saber la medicina que necesitaba una España enferma de siglos. Era el padre que curaba implacablemente, vigilaba siempre e iluminaba el camino que los españoles debían seguir, castigando sin compasión a quienes no querían seguir ese camino. Su victoria, siempre renovada, le dio un carisma ensangrentado que galvanizaba a todos, incluidos sus enemigos, desencadenando pasiones contradictorias de amor y odio, admiración o repulsión. Durante casi cuarenta años mantuvo a los españoles en un puño, aun estando moribundo. Por eso, su muerte dejó a los españoles huérfanos de un padre omnipotente, amado, temido y odiado. Dejó un enorme vacío de poder, que los franquistas más recalcitrantes trataron vanamente de llenar con un franquismo sin Franco. El rey era un sucesor sin apenas carisma, y el duro Arias Navarro no servía sino para reprimir al más viejo estilo a los que empezaban a perder el miedo. Todo eso podía llevar al caos o a la anarquía, pese a que el aparato franquista, carente de liderazgo, estaba intacto.

De modo que la monarquía del 18 de julio sólo podría sobrevivir abriéndose a la democracia, apertura que llevó a cabo Adolfo Suárez, bajo la inspiración de Torcuato Fernández-Miranda y la autoridad emanada de Franco del rey Juan Carlos. Mientras Suárez despejaba el horizonte democrático, quemándose en el empeño, esperaba impaciente Felipe González, un joven abogado sevillano de sucinta biografía política, recién elegido secretario general de un PSOE renovado, que acababa de salir de una clandestinidad liviana. Se presentaba como un joven dinámico, con muchas ganas de agradar a todo el mundo cordialmente convincente y deseoso de calmar toda inquietud entre las clases política, financiera y cultural. Era también el líder de los «descamisados». Aunque por dos veces había perdido las elecciones generales, crecía en popularidad con su pretensión de encauzar la ansiada modernidad democrática, con un ligero toque izquierdista. Tras el 23-F y la efímera presidencia de Calvo Sotelo, Felipe tocaba el poder. En sólo seis años parecía haberse convertido en la contrafigura de Franco, capaz de dar un contenido ilusionante al vacío dejado por el Caudillo. Venía con nuevos aires y dispuesto a mejorar la fachada de la España democrática, con el esperanzado apoyo de millones de españoles. Experimentado y seguro de sí mismo por los baños de multitudes recibidos en sus mítines y por su «veracidad televisiva», aparecía como un nuevo líder carismático para quienes, aun sin percatarse de ello, seguían sintiéndose huérfanos de Franco y precisaban el caudillaje del hermano mayor, del compañero Felipe, que, aun habiendo luchado contra Franco ma non troppo, podía ser amado por casi todos, sin ser odiado por casi nadie. Con Felipe González se podía olvidar o compensar el pasado histórico guerracivilista, e instalarse en un eternizante proyecto de futuro, socialista o neoliberal, en contra de la OTAN o dentro de ella, solidaria o competitivamente, según conviniese. Y Felipe accedió a la Moncloa después de haber abandonado el marxismo, y allí quedó anclado durante muchos años[1].

Sin impactar mucho a los franquistas residuales, Felipe González entusiasmó a los antifranquistas, a los intelectuales de izquierdas y, por supuesto, a los socialistas de viejo o nuevo cuño. Había llegado a la Moncloa tras haber ganado las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, en las que Felipe partió como claro favorito: su simple nombre parecía transmitir al país una imagen serena, tranquila, amistosa y familiar, al tiempo que moderadamente progresista. Así lo presentaba el libro de Víctor Márquez Reviriego, para quien Felipe era un hombre casi providencial, el hermanastro bueno de Adolfo Suárez: «Dentro de la imaginación subconsciente del Adolfato, Suárez y Felipe actuaron como hermanastros. El primero procedía del negocio familiar, en el que trabajó siempre, y pasó a regirlo en un momento grave. Cuando murió el abuelo Franco, que llevó la empresa durante años, fracasó el tío Carlos en la gestión por ser incapaz de mantener lo anterior y por ser incapaz de hacer reformas […]. Adolfo fue el hermano mayor, simpático y servicial, buen conocedor de la casa y el negocio, donde comenzó por las partes más humildes. Felipe era el hermano menor, criado fuera de la casa e influido por el otro abuelo previsto (el abuelo Iglesias propiamente dicho), y que venía con ánimos de cambiar totalmente el negocio, con ideas nuevas y no sólo de pequeñas reformas»[2]. La fábula era muy acertada, salvo que el abuelo Franco era el principal referente, pues el abuelo Pablo Iglesias fue sacado artificialmente del olvido o de lo ignorado. Felipe contaba, además, con el padrinazgo de los líderes socialdemócratas europeos, mientras que los únicos padrinos que Suárez había tenido (Herrero Tejedor y Torcuato Fernández-Miranda) llevaban varios años muertos.

Durante algún tiempo, quizá Felipe González había sido el patito feo de la casa, y por eso ahora despertaba la simpatía de todos, o de casi todos. Y hacía esfuerzos por ganarse a los demás, sobre todo a las personas con posibilidades de transmitir públicamente la imagen que él quería dar de sí mismo. Al experimentado seductor José Luis de Vilallonga también logró ganárselo: padre republicano (?), crianza en una barriada sevillana, la refundación del partido socialista en Sevilla, en España, en Suresnes. Consideraba que la educación franquista había sido un excelente fermento para la rebelión de los jóvenes socialistas, mucho más lúcidos que los de la época republicana, según Felipe. «Si el franquismo hubiera sido de mano blanda, es probable que hoy no hubiese tanto socialista en España». Tal vez le fuese fácil decir aquello, cuando ni él mismo ni su familia habían sufrido la represión franquista. Por otra parte, confirmaba que a medida que sentía que tocaba el poder, crecían sus inquietudes, pues el poder tenía efectos «curiosos» sobre quienes lo ejercían, transformando incluso a quienes antes lo habían combatido. Lo más peligroso era el uso del poder como realización de la propia persona, pues eso provocaba la pérdida de la propia sensibilidad ante los problemas inmediatos y reales de la sociedad, la pérdida del sentir con la gente sus problemas cotidianos. Esto sucedía cuando se quería el poder por el poder, y no para cambiar las cosas, como a él mismo le sucedía[3].

En septiembre de 1982 inició Felipe González su carrera triunfal hacia la Moncloa. Su programa electoral era bastante moderado, salvo por el error de ofrecer ochocientos mil puestos de trabajo, impuesto por Alfonso Guerra. Hacia mediados de mes hizo unas extensas declaraciones a una revista de gran tirada, afirmando que era preciso reforzar el poder de la presidencia del gobierno, que estaba seguro de que las Fuerzas Armadas respetarían la soberanía nacional, que las relaciones de la Iglesia con un posible gobierno socialista no serían especialmente tensas y que no habría nacionalizaciones en el sector bancario. Su gobierno sacaría el país adelante, consideraría muy importante el cambio de posición de Francia con respecto al terrorismo y no sería prioritario el salir de la OTAN[4]. Semanas después, declaraba al periodista José Luis Gutiérrez que, de llegar al gobierno, hablaría al pueblo español de austeridad y que los socialistas darían ejemplo: «¿Cómo voy a pedir a los ciudadanos un esfuerzo, si ese impulso no estamos dispuestos a darlo la gente que estamos en el escaparate? ¿Qué es lo que hace falta en esta sociedad? Un impulso moral, un imperativo ético». Había que recuperar el pulso de la vida española: «Constituimos una esperanza para millones de españoles, y una sensación de vértigo para algunos indecisos». Y dejaba bien claro un mensaje patriótico: «La unidad de España no tiene nada de incompatible con nuestro proyecto de articulación de los distintos poderes del Estado. Pero ¿puede haber alguien más capaz que yo de garantizar la articulación de la unidad social, política, histórica, que se llama España? Más que yo nadie. Igual muchos, pero más, repito, nadie». Por último Felipe se mostraba confiado en su partido: «Creo que tenemos un cierto contenido de ingenuidad, un alto contenido de utopía que nunca llegará al pragmatismo del reparto de prebendas del que es capaz la derecha»[5].

Su primer mitin lo dio en Almería el 1 de octubre de 1982 en el Palacio de los Deportes, y marcó la pauta para toda la campaña: «Una vez más empiezo por Almería una larga carrera que me conducirá a sesenta actos políticos por todos los rincones de España, pero ésta es una buena puerta para decir algunas cosas. Ya saben ustedes que a mí no me gusta la demagogia, me cuesta trabajo el insulto y me irrita la mentira, por consiguiente, voy a intentar darle a toda esta campaña electoral un sentido positivo, y ante las dificultades, si fuera posible, manteniendo también el sentido del humor». Iba a ser un mensaje de naturalidad y modernización, sin insultos y diciendo la verdad. Con respecto a la seguridad: «Hay inquietud en la policía porque hay quien está infiltrando la idea de que va a haber depuraciones por aquí, depuraciones por allí: cuánta maldad hace falta creando la inquietud debajo de la mesa, cuánta chapucería. Nosotros vamos a pedirle a la policía, al igual que vamos a pedirles a los empresarios y a los trabajadores, profesionalidad, dedicación, defensa de España y de la libertad». Lo que Felipe mandaba era patriotismo, seriedad, esfuerzo, honestidad: «A España no se la sacará de la crisis si no somos capaces de acabar con las chapuzas, el enchufe y el agujero permanente. Se la saca con el esfuerzo de todos […]. Queremos que España funcione, tenemos que hacer un esfuerzo serio de reconstrucción de España, un esfuerzo con la ayuda de todos». Le importaba mucho dejar claras algunas cosas: «Si ganamos las elecciones, explicaré por qué hago las cosas, y cuando no pueda hacerlo, explicaré por qué no lo hago, para que se entere todo el mundo, cuando un ministro falle se irá a su trabajo, a su empleo. Yo sé que eso no es cambiar mucho, es cambiar todo, es cambiar la historia de España, es empezar a hacer una sociedad nueva y una España nueva». Felipe convocaba a todos, a la inmensa mayoría de los españoles para sacar adelante a España: «El cambio lo tendremos que hacer entre todos, responsablemente, recuperando la moral de España». Por tanto, moral de trabajo, esfuerzo de todos los españoles, ánimo y adelante con Felipe. Aquello parecía casi una arenga patriótica: «Hay que sudar la camiseta para sacar a España adelante. Pero para hacer una España nueva hay que destruir los restos de la España franquista»[6].

Felipe siguió su ruta mitinera, Granada, Málaga, Cádiz y Madrid, y de Madrid a Valladolid, Miranda de Ebro y Palencia, donde habló de «un programa que, en palabras de Antonio Machado, será el cambio que se produce en la España de la rabia y de la idea». Lo que no explicaba era en qué consistiría ese cambio. Bastaba con la rotundidad con que lo decía, con el tono enfático y persuasivo que empleaba. El camino era otra manera de hacer las cosas, otro estilo, tal vez como hubiera dicho José Antonio. Luego, sería Teruel, Valencia, Palma de Mallorca, Reus, Lérida, Gerona, Toledo y Galicia. Más que un programa socialista, defendía un programa nacional de democratización del Estado, de las instituciones, de la sociedad: «Un montón de cosas de las que decimos que tenemos que hacer las podría hacer igual la burguesía progresista, pero no las hace». Felipe no era partidario de las nacionalizaciones bancarias y no se aliaría con los comunistas, y nunca se había opuesto a la OTAN: «Lo que estamos es en contra de que España se integre en la OTAN. No solamente somos nosotros, sino duda la Internacional Socialista, quien está a favor de la descomposición de los bloques militares […]. Nuestro partido se ha comprometido a celebrar un referéndum sobre la pertenencia a la OTAN»[7].

Y la caravana seguía por Vigo, La Coruña, Oviedo y León. Luego, Zamora, Salamanca, escala en Madrid y Las Palmas: «El estadio se derrumba sobre Felipe en una catarata de emotividad. Una niña —obviamente programada— sube sobre el escenario con un clavel rojo para entregarlo al orador. Le tironea el jersey mientras éste habla. Al final la coge en sus brazos y continúa su perorata naturalmente […]. Después recorre el campo de fútbol donde ha hablado, arrojando claveles por encima de las verjas de seguridad»[8]. La conexión del líder carismático con el público era instantánea. La Cruz Roja retiraba a los que se desmayaban, a los paralíticos que se caían de la silla de ruedas, etcétera. Después, la vuelta a Madrid, y de allí, a Cieza, Hellín, a San Sebastián: «No os dejéis engañar ni por los tiros, ni por la infamia, tenemos que construir con nuestra inteligencia y con vuestras manos un futuro mejor, y lo vamos a hacer, yo os lo aseguro esta noche, lo vamos a hacer entre todos»[9].

Siguió por Santander, Vitoria, Bilbao y Valencia, y luego por Soria, Huesca y Zaragoza. El 22 de octubre hubo un gran mitin en la plaza de toros de Barcelona, con millares de personas en la calle: «Y esta noche, una vez más, quiero decir ante ustedes: yo soy socialista, y como soy socialista no estoy conforme con la injusticia; y seré socialista, y seguiré luchando contra la injusticia y la desigualdad, mientras haya minusválidos abandonados, obreros sin trabajo, pensionistas sin pensión, gitanos discriminados, mientras haya alguien en la sociedad que esté pidiendo solidaridad, que esté pidiendo igualdad, yo estaré en la lucha socialista, y eso significa que dentro de cuatro años seguiré pidiendo que haya más cambios, y dentro de ocho años que haya más cambios, y dentro de diez años y de veinte, que seguimos cambiando, para ser cada día más libres y más solidarios, más justos, más igualitarios, para hacer que esta sociedad pueda ser una sociedad feliz»[10]. Inevitablemente, Felipe era creído por la multitud que le aclamaba y por los periodistas que le acompañaban. Era un hombre que decía siempre lo mismo, porque tenía credibilidad, o viceversa. Pero no explicaba lo que decía, ni cómo iba a hacer los cambios que prometía. De vez en cuando emergía el «síndrome militar», como en el mitin dado en Badajoz: «Que dejemos a nuestros hijos cuando tengan esa edad una España mejor y una España en paz, donde no haya tiros en la nuca, por eso lo pido tantas veces, que cesen los tiros en la nuca; donde no haya gente que trate de aprovechar el fanatismo de muy pocas personas para instigarlas a dar un golpe contra la libertad y la dignidad de este pueblo»[11]. El día 26 fue el último de la campaña electoral. Por la tarde hubo un gran mitin en la Ciudad Universitaria de Madrid, al que asistieron más de cuatrocientas mil personas.

Cantaron Paco Ibáñez, Serrat, Georges Moustaki, Miguel Ríos, y cerró el mitin Felipe González: «¿Qué necesita el pueblo español hoy? Necesita sobre todo un gobierno capaz de gobernar mirando al pueblo y no hipotecado por los intereses de un grupo minoritario e insolidario […]. Necesita un gobierno capaz de hacer respetar la Constitución y de respetarla, capaz de ofrecer al pueblo el ejemplo de querer y promover un defensor del pueblo y una reforma de la administración que la ponga al servicio del pueblo […]. Hemos querido ofrecer a nuestro pueblo un proyecto histórico, algo que trasciende de un mero programa electoral y de un mero programa de gobierno, hemos querido llamar a la juventud, hemos querido llamar a las personas mayores, hemos querido llamar a las mujeres, y a los hombres de todos los pueblos de España para que se unan a este proyecto histórico, que no sólo es para hoy, que es para mañana y para que se una, no sólo en el cambio y en la renovación, sino también en la recuperación de una España que sí es la España de siempre». El proyecto socialista englobaba todo, el cambio y la tradición, la modernidad y la España eterna, y era válido para todos los españoles: «El futuro es nuestro, de nuestra voluntad libre y consciente, el futuro es de la mayoría que quiere el cambio. ¡Adelante! Conquistemos el futuro en paz, conquistando libertad, conquistemos la justicia y la solidaridad, dejemos a nuestros hijos una España mejor, entre todos, construida con nuestra inteligencia y con nuestras manos. ¡Adelante! A ganar España y el futuro. Son de la mayoría, España y el futuro es nuestro, está en nuestras manos. ¡Adelante! ¡Adelante!»[12]. La campaña se cerró esa misma noche en Sevilla, con un público enfervorizado que aplaudía cuando Alfonso Guerra abrazaba a Felipe González: «Cuando alguien dice que somos las dos caras del socialismo, yo les quiero decir que somos la misma cara del socialismo, la cara de la justicia, la cara de la solidaridad, la cara de la libertad». Nada menos.

Las elecciones se celebraron el 28 de octubre, y el PSOE arrasó, obteniendo 202 diputados, frente a los 107 de Alianza Popular, 12 de la UCD, 4 del PCE, y 2 del CDS. La mayoría parlamentaria socialista era absoluta, y contaba con una oposición débil y fragmentada —Santiago Carrillo dimitió—. Felipe González podía descansar seguro, y preparar el «gobierno del cambio».

LOS COSTES DEL PROYECTO SOCIALISTA

El 30 de noviembre de 1982 el candidato propuesto por el rey, Felipe González, expuso su programa de gobierno en el Congreso de los Diputados, y al día siguiente fue investido nuevo presidente del gobierno, con 207 votos a favor, 106 en contra, 27 abstenciones y 5 ausencias. El día 2 «prometió» su nuevo cargo ante el rey, y poco después tomó posesión del palacio de la Moncloa, su nueva residencia. Había sido construida por Carlos IV, destruida en la Guerra Civil y reconstruida por Franco, según constaba en una placa que había en la puerta principal. Una placa que Felipe no quiso eliminar porque formaba parte de la historia de España y él acababa de entrar en ella. Al día siguiente se anunció su primer Consejo de Ministros, en el que destacaba Alfonso Guerra (vicepresidente), Fernando Moran (Asuntos Exteriores), Narcís Serra (Defensa), Miguel Boyer (Economía y Hacienda) y José Barrionuevo (Interior). En pocos días el gobierno tomó sus primeras medidas: la devaluación de la peseta para detener la sangría de divisas, y la subida de la gasolina.

En un reportaje firmado por Jaime Peñafiel, Felipe González se refirió con pesadumbre al ama de casa: «Ese saneamiento de la economía es siempre bastante costoso y quisiera que comprendiera todo el mundo que a quien más le duele esa medida de saneamiento, evidentemente, es al presidente del gobierno. A quien más le duele. Porque sufre, digamos, un poco por todo, o por lo menos a mí me ocurre. No soy capaz de hacer política sin sufrir»[13]. Sin embargo, su primer gesto político fue hacia los militares, asistiendo el día 8 de diciembre a la fiesta celebrada en la División Acorazada Brunete, donde afirmó: «Es una verdad histórica y actual que el Ejército es la columna vertebral del Estado». Con la palabra Patria en lugar de Estado, era una conocidísima frase que Franco había pronunciado en diversas ocasiones. Sin embargo, él creía que estaba iniciando un cambio, no sólo de la agenda política, sino un cambio de actitud ante la crisis del país: el convencimiento de que la operación dependía, en gran medida, de un cambio de actitudes personales de todo el conjunto de los ciudadanos. Había surgido un brioso nacionalismo: «De mi generación hacia abajo, donde está ya el 75 por ciento de la sociedad, empieza a renacer una cosa que tiene mucha importancia y que es la recuperación del concepto de España como Nación»[14]. Una recuperación de España para todos.

Esa recuperación nacional consistía en la conciencia clara del destino común de treinta y ocho millones de españoles, que se articulaba sobre la base de sacrosantas señas de identidad de lo que significaba ser español. A la vieja cuestión de si existía o no una personalidad española, Felipe respondía: «Estamos llegando a una conciencia clara de que existe una personalidad española, dentro de una pluralidad de personalidades de las comunidades que integran España». Su fiebre españolista retomaba, tal vez inconscientemente, la línea del pensamiento tradicionalista y se entroncaba con la búsqueda emprendida hacía menos de un siglo por cierta intelectualidad regeneracionista: «Llevamos ciento cincuenta años en permanente búsqueda de lo que sea el elemento de identificación». Probablemente Felipe pensaba en Ángel Ganivet, aunque en su cuenta histórica le sobraban más de cincuenta años… Pero él insistía en la recuperación del «sentimiento español», que debía ser tarea de toda la opinión pública, conformada por los intelectuales, los medios de comunicación, los dirigentes de los movimientos sociales, etcétera. Gran pena debió de ser la suya cuando se percató de que los muchos intelectuales «orgánicos» que se iban aproximando al felipismo no emprendían esa tarea, entre otras cosas, porque eran gente que se reputaba de filiación izquierdista y desconocía o no conectaba con el pensamiento tradicionalista español, reverdecido en los años cuarenta por ciertos intelectuales falangistas o franquistas.

En los años ochenta Felipe estaba convencido de que se vivía una situación de crisis, en el sentido etimológico de la palabra: «… Y la misión histórica de cualquier partido con conciencia de la crisis es la de aglutinar esfuerzos para buscar una salida que sea útil para todos. Si eso lo hace un partido como el socialista, tendrá siempre en perspectiva histórica la idea de la solidaridad y de la igualdad, en mayor medida que si lo hace un partido conservador». Su partido, y su gobierno, tenía una misión histórica, un proyecto que necesitaría unos veinticino años para realizarse. Y la primera fase de ese proyecto histórico sería un tiempo fundamentalmente de ajuste y puesta en marcha, pues de otro modo se corría el riesgo de que la sociedad se despedazase. Como el caudillo que ambicionaba ser, Felipe González quería liderar una tarea colectiva, una empresa de todos y para todos los españoles: «Por eso a veces tengo la tendencia a hacer un discurso que parece un sermón, pero es que, desgraciadamente, tendrá que parecerse, porque se trata de recuperación y actitudes morales, valores éticos, etcétera. Y eso no se arregla con leyes o unas medidas económicas por muy bien que estén ideadas o técnicamente ajustadas. Es que no salimos adelante como no sea con una apelación permanente a la sociedad»[15]. Felipe no debía saber, o lo había olvidado, que la conciencia de misión histórica la habían repetido hasta la saciedad los ideólogos falangistas, que en la posguerra pretendieron justificar la sublevación militar de 1936 contra la Segunda República.

El proyecto histórico del que habló Felipe González se había iniciado, en la práctica, con unas severas medidas de austeridad, de congelación salarial, y con la perspectiva de una próxima «reconversión industrial», que iba a mandar al paro a miles de trabajadores. Era lo prioritario, y lo del «proyecto socialista» iba para largo. El 21 de enero de 1983 el presidente del gobierno compareció en televisión, proponiendo un rearme moral para salir de la crisis económica y anunciando severas medidas de austeridad. Cuatro días después, Gijón quedó paralizado por una huelga general. El 27 de enero el gobierno presentaba al Congreso un plan de «ajuste duro», que había sido elaborado por Miguel Boyer, con el visto bueno de los directivos de las empresas públicas, empresarios nacionales y extranjeros, dirigentes políticos, etcétera, con los que Felipe se entrevistaba casi a diario, Arreciaron las protestas de los sindicatos, y a mediados de febrero comenzaron en Sagunto las movilizaciones de todo tipo contra el anuncio del cierre de Altos Hornos del Mediterráneo. Pero Felipe se había embalado, haciendo públicas sus ideas de grandeza, de la grandeza del futuro de España, que ya empezaba a «funcionar» aunque eso no se notaría hasta pasado el año 2000. Pero el acontecimiento más espectacular se produjo el 23 de febrero, cuando el Consejo de Ministros decidió la expropiación de Rumasa, el primer holding privado de España, para garantizar los depósitos de sus bancos, los puestos de los trabajadores y los derechos patrimoniales de terceros, y considerando la expropiación como de utilidad pública. La primera reacción popular fue de simpatía hacia el gobierno socialista, capaz de actuar contundentemente contra un imperio en situación económica anómala. Alfonso Guerra, el vicepresidente «oyente» del gobierno, dijo aquello de «to pa el pueblo», aunque el día 25 el presidente recibió al presidente de la Patronal Bancaria y le garantizo que los bancos del holding serían reprivatizados, una vez que hubiesen sido saneados. El saneamiento de Rumasa costaría al Estado un billón de pesetas. Y su posterior reprivatización daría lugar a una interminable lista de irregularidades y arbitrariedades muy costosas para el erario público[16].

El mes de marzo fue bastante conflictivo: concentración de más de cien mil personas en contra de la proyectada Ley del Aborto en Madrid, encierro de jornaleros andaluces exigiendo un nuevo sistema de empleo comunitario, múltiples huelgas para presionar la negociación de los convenios colectivos, movilizaciones en Sagunto, protestas por la pretensión gubernamental de instalar un campo de tiro en Cabañeros (Ciudad Real), escalada del terrorismo etarra, etcétera. Los medios de comunicación criticaban al gobierno, y Felipe se lamentaba que no recogieran lo mucho bueno que se estaba haciendo. En abril, con serios conflictos en Sagunto y en la comarca de Vigo por la «reconversión industrial», comenzó la campaña para las elecciones municipales y algunas autonómicas, en las que Felipe apenas participó, aprovechando el tiempo para viajar por diversos países extranjeros. Las elecciones se celebraron el 8 de mayo con un resultado arrollador para el PSOE, que obtuvo el 43 por ciento de los votos y el gobierno de las principales ciudades españolas, entre ellas Sagunto, Gijón y Vigo, donde se habían producido grandes movilizaciones en contra del gobierno socialista. Asimismo, los socialistas tenían ya el gobierno de la mayoría de las comunidades autónomas. Por tanto, los socialistas seguían contando con el respaldo de la mayoría de los españoles, al tiempo que se había incrementado la popularidad de Felipe González, que se mostraba pletórico ante la prensa. El poder para él, era, sobre todo una responsabilidad. Así que el 9 de junio el ministro de Industria, Carlos Solchaga, propuso en el Congreso una nueva reconversión industrial, que supondría la pérdida de doscientos mil puestos de trabajo. Y el presidente viajó a Estados Unidos y se entrevistó con el presidente Reagan, para tratar la cuestión de la OTAN. A su regreso, Felipe comunicó que el referéndum sobre la OTAN se celebraría en el primer trimestre de 1985 y que el gobierno se mantendría neutral. En días sucesivos Alfonso Guerra y los ministros Javier Solana, Lluch y Maravall declaraban que España no debería permanecer en la OTAN.

GUERRA SUCIA CONTRA ETA

La llegada de los socialistas al poder no había supuesto el cese ni la disminución de la actividad terrorista de los etarras. El 5 de octubre de 1983 el capitán de farmacia Martín Barrios fue secuestrado por ETA Político-Militar (VIII Asamblea), que para liberarlo exigía emitir por televisión un comunicado. El gobierno se encontraba en una situación incómoda: la imagen del hermano del secuestrado viajando toda la noche desde Bilbao y plantándose en Madrid, para gritar, llorar y suplicar que se hiciese caso a ETA, impactó considerablemente a la opinión pública. No podía ceder al chantaje, pero algo se debía hacer. El 16 de octubre los dos refugiados vascos Lasa y Zabala desaparecieron de la ciudad francesa de Bayona, y nadie supo más de ellos. Se pensó que habían sido secuestrados por la policía española para averiguar el paradero de Martín Barrios[17]. Dos días después, un inspector español de policía y cuatro «geos» intentaron secuestrar en Bayona a un presunto etarra, pero no lo lograron y fueron detenidos por los gendarmes franceses, escandalizando a la opinión pública francesa. Poco después el cadáver de Martín Barrios aparecería en las proximidades de Bilbao.

Lleno de indignación, el 3 de noviembre de 1983 Felipe González anunciaba en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas antiterroristas. En tono dramático, enumeró alguna de estas medidas: petición al gobierno francés de que suprimiese la condición de refugiados políticos a algunos miembros de las bandas terroristas, prolongación de la prisión preventiva, alargamiento del tiempo de detención policial, concentración de presos etarras en cárceles de máxima seguridad, mejoras de las dotaciones policiales, negar cualquier posibilidad de diálogo o negociación, etcétera. Le replicó Juan María Bandrés, diputado por Euskadiko Ezkerra: «Un no terminante a cualquier maltrato en las detenciones prolongadas y sujetas a incomunicación […]. No caigan —y espero que no caerán— en la tentación de la guerra sucia; la ilegalidad es patrimonio del delincuente. El Estado democrático se mueve dentro de los límites que no hay que traspasar y que hay que respetar». Santiago Carrillo insistió en lo mismo: «De todas estas medidas nos preocupa que no haya habido alguna alusión concreta de condena contra la guerra sucia; la guerra sucia sería un peligro que aumentaría todavía más el terrorismo». Respondió Fraga Iribarne, el líder de la oposición: «Guerra sucia, ¿quién la hace? Es el terrorismo quien la hace; la más sucia de todas, la más cobarde de todas, la más criminal de todas, la que dispara por la espalda, la que dispara contra los inocentes con tal de llamar la atención sobre su causa, la que recurre a todos los medios de presión o de coacción sobre las pobres mujeres de los guardias civiles, sobre sus hijos en el colegio, donde sea. No se puede hablar de guerra sucia, cuando de lo que se trata es del ejercicio más natural, del más elemental de los derechos, que es el derecho de una legítima defensa que tiene toda persona y toda sociedad»[18]. Como réplica, el 5 de noviembre hubo en Bilbao una concentración convocada por Herri Batasuna en «defensa de la ikurriña». Y ETA siguió atentando.

Casi un mes después, el 4 de diciembre de 1983, se reanudaba la «guerra sucia» contra ETA en territorio francés: el ciudadano francés de origen español, Segundo Marey, era secuestrado en Hendaya, y durante diez días no se supo nada de él. Cuando se temía lo peor, fue liberado, al tiempo que en una emisora de San Sebastián se recibía un comunicado de los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En su comunicado se decía que los GAL se proponían responder contundentemente a cada asesinato de ETA y atacar a los intereses franceses en España, pues el gobierno francés era responsable de que los etarras actuaran en territorio español. En señal de buena voluntad y convencidos de la valoración de ese gesto por parte del gobierno francés, liberaban a Segundo Marey[19]. Pero el secuestro de Marey había sido un doble error, porque éste no tenía la menor relación con ETA y porque la policía francesa que detuvo al mercenario Pedro Sánchez, jefe del comando que lo había secuestrado y, encontró en su poder documentos que implicaban a las autoridades policiales españolas… El 19 de diciembre otro comando de los GAL asesinó en un bar de Bayona al presunto etarra Ramón Oñaederra. Al día siguiente Felipe González viajaba a París, donde mantuvo una larga entrevista con el presidente Mitterrand. Pero la guerra sucia continuó y el 28 de diciembre otro mercenario de los GAL mató en San Juan de Luz al histórico de ETA Txapela. Dos días después, Julio Feo, secretario de Felipe González, salía para Panamá y Venezuela, para conseguir que los gobiernos de esos países aceptasen la deportación de doce etarras.

El gobierno entró con buen pie en 1984: la situación política y social del país parecía tranquila y habían cesado los atentados de ETA. Miembros de ETA Político-Militar acudían a la Audiencia Nacional para acogerse al plan de reinserción social, negociado por el gobierno con Juan María Bandrés. Pero el día 22 de enero un comando etarra asesinaba en Madrid al teniente general Quintana Lacaci… En el viaje a Venezuela Felipe habló largo y tendido con su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, que luego escribió: «Me explicó que en la época actual era inevitable una cierta personalización del poder. Estábamos en una sociedad mediática y la relación esencial con el pueblo, saturado con los mass media, era la del líder». Seguía la teoría de ciertos sociólogos y psicoanalistas, en el sentido de que las condiciones sociales modernas acentuaban la pasividad y la soledad de los miembros de la multitud, al reducir su potencial de participación comunitaria, y aumentaban su necesidad de identificarse con un líder carismático. Un líder con cualidad «camaleónica» capaz de encajar errores y con fluidos cambios de identidad, un líder que se mostrase capaz de hacer cualquier cosa y de solucionar todos los problemas y que tratase de convencerse a sí mismo y a su público de su poder y de su gran confianza en sí mismo[20]. «Cuanto más invertebrado estaba el país —y el nuestro, pese a tantos avances integradores, seguía respondiendo al análisis orteguiano—, mayor era el papel a desempeñar por el líder». Eso tenía cierto riesgo autoritario, pero no cesaba el autoritarismo, imperante durante siglos en este país, adoptando formas correspondientes a la larga evolución democrática británica o sueca. Felipe creía que simplemente el mantenimiento de un gobierno de centro-izquierda durante un plazo razonablemente largo significaría una verdadera revolución, que rompería el autoritarismo secular de la derecha. Pero no había que incurrir en la demagogia, en la anarquía o en el desorden. Sabía que lo que decía podía ser calificado de populismo, como un deslizamiento liberal-progresista, pero no le importaba demasiado. E insistía en que los sindicatos estaban atravesando una grave crisis, de la que no saldrían hasta que no existieran las condiciones de una verdadera sociedad industrial[21].

A su vuelta de Caracas, Felipe se encontró el país en pleno conflicto social, con constantes movilizaciones obreras contra la segunda reconversión industrial, aprobada por el Congreso el 30 de noviembre del año anterior, en Sagunto, Vigo, Euskadi, etcétera. González se sentía distanciado de aquella problemática, porque estaba convencido de que la reconversión acabaría por imponerse. Le importaba mucho más el problema del terrorismo, a pesar de que las autoridades francesas seguían colaborando, confinando etarras o expulsándolos a diversos países, aunque muy lentamente. El día 8 de febrero los GAL acuchillaban en Hendaya a otros dos etarras, y el 23 caía en San Sebastián el senador Enrique Casas, lo que afectó mucho a Felipe y a todos los socialistas vascos: dos días después se vengaban los GAL, asesinando en Francia a otro etarra.

Felipe González se entrevistó con el líder de la oposición, Fraga Iribarne. Según gente próxima a ambos dirigentes, Felipe dijo que «ETA se ha pasado de la raya, y hay que acabar con ella como sea. No me importa que sean los GAL, Francia, la policía o quien sea, pero no podemos permitir que siga asesinando». Fraga reiteró su total apoyo en la lucha antiterrorista: «Nosotros jamás le plantearemos un problema, una cuestión en el Parlamento, por un asunto antiterrorista. Pero, cuidado, porque las cosas hay que hacerlas bien»[22]. La guerra sucia proseguía: en marzo de 1984 ETA mataba en Vitoria a un policía jubilado, mientras que en Hendaya caía un joven francés por los disparos de unos mercenarios, que fueron detenidos al tratar de pasar la frontera española. Dijeron que eran de los GAL y que se habían equivocado de victima. Como consecuencia de ello las relaciones hispanofrancesas se hicieron más tensas que nunca, a lo que también contribuyeron las resistencias francesas a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. El 23 de marzo un mercenario de los GAL daba muerte en Biarritz al cuñado de Txomin Iturbe Abasólo, considerado como el número uno de ETA, y días después la policía francesa, en una espectacular redada, detenía a ocho mercenarios de los GAL. Y la guerra proseguía… Hubo una oferta de mediación por parte de tres sacerdotes, y el gobierno español propuso a Txomin que si ETA dejaba de matar y entregaba las armas, estaba dispuesto a ser generoso y a facilitar la reinserción social de los etarras, la vuelta de los refugiados y la liberación de los presos. La cúpula etarra se tomó su tiempo, para luego responder negativamente. De modo que la guerra continuaba…

El 29 de junio llegó a Madrid el presidente Mitterrand, para entrevistarse con el rey y con el presidente del gobierno: les dijo que se había dado luz verde para la negociación final de la entrada de España y Portugal en la Comunidad Europea. Le acompañaba el ministro del Interior, que acordaría con su homólogo español acciones comunes en la lucha antiterrorista, aunque España debía dialogar políticamente con los etarras. A tal fin, Felipe convocó el 5 de julio al jesuita José María Patino, para que se entrevistase con la cúpula etarra en nombre del gobierno español: ETA debía declarar una tregua de un año, y en ese tiempo el ejecutivo y los etarras buscarían una fórmula «digna de acuerdo para ambas partes». Patino aceptó el encargo de mediador, y semanas después se entrevistaba en París con Txomin Iturbe. Hablaron más de siete horas, pero el jesuita no logró convencerlo, pues el dirigente etarra insistía en pedir garantías de que finalmente se llegaría a un acuerdo tras unas auténticas negociaciones políticas[23]. Algo inaceptable para el gobierno español, que, tras dos nuevos atentados de ETA, logró que Francia retirase la carta de refugiado a dieciocho etarras y que detuviese a Antxon Etxeveste, el número dos de la organización, para trasladarlo luego a Ecuador. Durante un tiempo las armas quedaron inactivas.

EN EL LUGAR DE FRANCO

En julio de 1984 se rumoreaba insistentemente un posible ajuste ministerial. El problema era sobre todo Fernando Moran, cuyos planteamientos neutralistas disgustaban cada vez más a Felipe González, claramente reconvertido en prooccidentalista. Divergían especialmente en la cuestión de la OTAN, en la que Felipe ya pensaba que España debía permanecer. Y pensaba deshacerse de Morán, aunque no le decía nada. Por otra parte, Miguel Boyer trataba de presionar para que determinados ministros que interferían en sus competencias de Economía y Hacienda fueran sustituidos por hombres de su confianza. Pretendía, además, que se le promocionase a la categoría de vicepresidente del gobierno, para eludir la constante e hiriente vigilancia de Alfonso Guerra, al que no reconocía ninguna autoridad en materia económica. Felipe González estaba identificado con la política neoliberal de Boyer, pero no por ello estaba dispuesto a acceder a su deseo. De modo que optó para aplazar indefinidamente la crisis del Gobierno, y se marchó con su familia de vacaciones a Sudamérica.

En septiembre comenzó a funcionar la cooperación hispano-francesa, y el ejecutivo galo concedió la primera extradición de un etarra a España, y deportó a otros cuatro a Togo. De modo que aquel otoño Felipe parecía gobernar cómodamente, con una oposición débil y fragmentada, superando con relativa facilidad los dos primeros escándalos —él caso Sellberg y el caso Flick— que parecían implicar a los socialistas. Sin embargo, en el mes de noviembre se reactivó la conflictividad social, con violentos enfrentamientos entre la policías y los trabajadores de Euskalduna, que iba a ser cerrada. ETA y los GAL volvieron a actuar, y el 20 de noviembre Santiago Brouard, dirigente dialogante de Herri Batasuna, fue asesinado en su consulta pediátrica de Bilbao. En una infernal espiral de violencia, al día siguiente un comando etarra asesinaba al general Rosón… El 13 de diciembre de 1984 se inaguró el XXX Congreso Federal del PSOE, en el que el 70 por ciento de los delegados eran cargos públicos, con un discurso del secretario general en que dejó clara su posición a favor de la permanencia de España en la OTAN y su animadversión contra determinados periodistas críticos. El escritor Rafael Sánchez Ferlosio, que asistió al congreso, glosó aquel discurso: «El secretario general valoró positivamente en casi todo su gestión y la de su gobierno en la administración del Estado, y sólo accedió a reconocer defectos y carencias en no haber logrado transmitir la realidad de lo que estamos haciendo, hacer el proyecto visible, creíble; un autorreproche que se repitió muchas veces, como para dar la impresión de no andar racaneando en autocríticas por el recurso de hacer pasar por muchas una sola. De manera que el único fallo reconocido se reducía, en realidad, al del apartado de relaciones públicas». Dijo que la política económica era lo instrumental y la política social lo finalístico, lo que no era sino una engañifa o máscara que permitía llamar instrumental a lo que venía antes y finalístico a lo que venía después, camuflando la aviesa realidad del orden de prioridades de toda economía capitalista y dorando la píldora para inducir a los trabajadores a la paciencia. Y en cuanto a lo internacional, Felipe logró ser absolutamente contundente sin esgrimir una sola razón: «Todo el discurso se redujo a un desarrollo de variaciones sobre el único tema, puramente asertivo, de que hay que entrar en la OTAN porque es lo conveniente. La irrebatible potencia de su autoridad oratoria no es retórica, sino esencialmente acústica; reside en el dominio del sonido, en su magistral manejo de la tecla del volumen de voz. Ruge como un león, controlando el volumen del rugido, que calculado, moduladamente, asciende desde los bajos decibelios del tolerante amago hasta el altísimo, estruendoso estrépito en que se afirma por señor de la selva. Y es que, además, resulta que lo es. Tiene el partido en un puño»[24]. El congreso demostró que el PSOE estaba sometido a la dirección y que se había convertido en un sello de caucho de la política gubernamental, y por ello respaldó el giro copernicano dado a la posición sobre la OTAN. Felipe era el líder indiscutible y carismático en el que depositaban todos los militantes la realidad de sus propios proyectos o «destinos».

La cuestión de la OTAN debía examinarse a la luz de nuevos da tos, unos datos que sólo poseía el gobierno y que justificaban el cambio de posición con respecto a esa alianza. Felipe González sabía Lo que había que hacer y cómo hacerlo, «racionalizando» su cambio de posición y manipulando a la opinión pública, mostrándole como ventajoso lo que antes era inconveniente, y convenciéndola. Para ello había de tener tiempo suficiente, aplazando el prometido referéndum cuanto fuese posible dentro de su primera legislatura. No creía Felipe que llegara a perder ese referéndum: «Yo pienso que presto un servicio a este país con esta decisión —el sí a la OTAN— y cuando se lo diga a los ciudadanos el último día de la campaña esto tendrá un peso psicológico»[25]. Así que podía estar tranquilo, porque todo iba bien… lodo menos la eterna cuestión del terrorismo, pues ETA seguía actuando. Así que en marzo de 1985 reaparecieron los GAL, con una actividad periódica. El día 4 una misteriosa dama vestida de negro disparaba en un bar de Bayona y hería gravemente a dos refugiados vascos. El 13 la misma «dama» lanzó una granada en un bar de Bayona, hiriendo a tres ciudadanos franceses, y el 26 hería gravemente a dos etarras en un bar de Ciboure. Tres días después un mercenario de los GAL entró en un bar de Bayona, mató a un ciudadano francés e hirió gravemente a otro, siendo inmediatamente detenido. El 30 el responsable de Egin en el País Vasco francés fue abatido a tiros por tres mercenarios, que también fueron detenidos[26]. Tales crímenes pasaron casi desapercibidos a la opinión pública española, que prefería mirar a otro lado y que estaba eufórica por el acuerdo logrado para la integración de España en la Comunidad Económica Europea.

La fecha fijada para la celebración de la integración de Portugal y España en la Comunidad Económica Europea era el 12 de junio de 1985, con ceremonias sucesivas en Lisboa y Madrid. La firma se efectuó primero en la capital portuguesa, y por la tarde del mismo día en Palacio Real de Madrid, en presencia del rey de España. Pero casi todo fue hábilmente capitalizado por el presidente del gobierno de España, que al día siguiente anunció en rueda de prensa un próximo ajuste de su gabinete ministerial, lo que produjo una creciente marejada de comentarios, rumores y conjeturas. Durante varias semanas no dijo nada a nadie o a casi nadie. Por fin, el 3 de julio convocó a sus ministros a un consejo y a una cena posterior en la Moncloa, pero no les dijo nada de sus proyectos. A todos les extrañó mucho el silencio del presidente, cuando se sabía que al día siguiente debía presentar al rey la nueva lista, aunque todos lo sabían o lo presentían. Miguel Boyer había condicionado su continuidad a su nombramiento como vicepresidente, pero Felipe no había aceptado. Ello pudo parecer un triunfo de Alfonso Guerra, pero no lo fue, por cuanto Boyer fue sustituido por Carlos Solchaga, que iba a seguir la misma política económica que su antecesor. Francisco Fernández Ordóñez sustituyó a Fernando Morán en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y Javier Solana, que siguió en el Ministerio de Cultura, asumió, además, la portavocía del gobierno. Claramente satisfecho, semanas después Felipe González tuvo la «ocurrencia» de embarcarse en el yate Azor, que estaba fondeado en Galicia.

El Azor había sido utilizado con mucha frecuencia y durante bastantes años por el Generalísimo, de tal modo que en el imaginario colectivo de la población formaba parte de la simbología del régimen anterior. Desde la muerte del Caudillo no había sido utilizado por nadie, pero Felipe, ni corto ni perezoso, embarcó en el yate el día 25 de julio, día de Santiago, y costeando llegó hasta Lisboa, donde visitó a Mário Soares, y luego hasta un pequeño pueblo del Algarbe donde se le unieron su esposa Carmen Romero, su hermana Lola y su cuñado Palomino. Cuando a los pocos días desembarcaron en Ayamonte, la noticia había corrido como la pólvora y las críticas le llovían por todas partes. Su «gesto» no había gustado a nadie, ni por la izquierda ni por la derecha. Su respuesta fue de ingenua extrañeza: no utilizar el barco hubiera sido un despilfarro, pues era un bien público que costaba mucho mantener —y mucho más utilizarlo, obviamente—. España tenía demasiados complejos históricos, pero él no tenía ninguno. Curiosamente, el gesto felipista había sucedido poco tiempo después de que González hubiese pactado con Fraga Iribarne «no hablar del pasado», lo que daría pie a un incisivo comentario por parte del catalán Miquel Roca: «Felipe no quiere hablar del pasado para poder integrarse en él»[27].

No se comprendió aquel gesto de Felipe. ¿Por qué lo hizo? Ocupando el lugar del amado-odiado padre Franco, tal vez Felipe pretendía, aun inconscientemente, acabar su etapa de líder encantador de serpientes y pasar a la de líder-padre, seguro, ponderado, experto e incluso severo: tenía ya cuarenta y tres años. Ocupar el sitio de Franco podía significar ser como alguien que gobernó en España en paz durante casi cuarenta años, manteniendo siempre el rumbo fijo y firme; convertirse en el «padre» noble, sustituir la seducción por el prestigio de la consolidación en el poder. Pero aquello fue un error, porque el carisma adquirido por Felipe en sus «baños de multitudes» y en la televisión no casaba bien con el carisma de un caudillo victorioso de una guerra de exterminio, porque eran justamente contrapuestos. El cambio de imagen no fue posible: cuando Felipe se montó en el Azor, símbolo del difunto Caudillo, «heroico y eterno», todo el mundo pensó que había perdido los papeles[28]. Por esa vía, se quedaba sólo en un caudillo frustrado.

Pero Felipe González, terco como él solo, insistió en lo mismo. Y durante el mes de agosto volvió a navegar en el Azor por aguas mallorquínas: «El Azor es un barco viejo, con muchos defectos, pero es muy agradable viajar en él […]. Lo voy a seguir utilizando siempre que lo estime conveniente, como otros bienes que son propiedad del Estado, como la Moncloa y el palacio de El Pardo»[29]. Por lo menos demostraba que era él quien mandaba y que el Estado era suyo. Días después, el flamante portavoz del gobierno y ministro de Cultura, Javier Solana, daba una original explicación: «El Partido Socialista está actuando de psiquiatra en una sociedad que tiene muchos tótems y tabúes […]. Nadie dejará de reconocer lo saludable que es que, de frente, actúe de psiquiatra, que haga que todo el pasado se aparte de nosotros»[30]. ¿Era apartarse del pasado subirse en el Azor y colocarlo de nuevo en un primer plano? Más bien, Felipe venía a recordar que Franco formaba parte de la historia de España y que era patrimonio de todos los españoles. O, tal vez, quería reencarnarse en Franco.

Meses más tarde, él mismo explicaría que no había identificado la cama de Franco cuando durmió en ella, que no había sentido nada especial —¿y qué hubiera querido sentir?—, como tampoco sentía nada cuando estaba en El Pardo. No iba a sentir nada porque él no tenía «demonios psicológicos en la cabeza, como otros». En realidad, Felipe no tenía una percepción negativa de Franco, «salvo el juicio negativo de que nos tuvo cuarenta años sometidos a una dictadura después de una guerra civil». Pero «en su comportamiento como gobernante me parece que hizo una combinación inteligente para su permanencia de distintos factores políticos. Él sabía que tenía que hacer una política de amortiguamiento entre los intereses enfrentados en las élites del poder. Desde el punto de vista de su permanencia en el poder, eso fue acertado»[31]. Ciertamente, Franco ofrecía un buen modelo de identificación para quien pretendiese permanecer mucho tiempo en el poder, y el propio González lo había imitado en la resolución de su reciente crisis de gobierno: el amortiguamiento de intereses enfrentados.

Con respecto a Franco, él no había tenido ningún afán vindicativo ni rencores, tal vez porque apenas había sufrido la represión franquista, ni él ni su familia. Y, por ejemplo, le parecía inútil o estúpido derribar una estatua de Franco: «Yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo tenía que haberlo hecho cuando él estaba vivo». Debía de ignorar que en vida de Franco muchos quisieron derrocarlo y pagaron muy cara su osadía, aunque sólo fuese en relación con su estatua, una estatua que simbolizaba la opresión de millones de españoles vencidos en la Guerra Civil y en la posguerra. Por contra, a Felipe le parecía mal que hubiese muchos retratos de Franco en numerosas dependencias militares: «El jefe de las Fuerzas Armadas en este momento y responsable de su conducción soy yo, y el único retrato que debe estar es el del rey». Enorme lapsus freudiano, porque el jefe de las Fuerzas Armadas no era él sino el rey. De todos modos, lo del Azor debió de dejarle un regusto amargo, pues un año después aún trataba de justificarse: «A veces me habían sugerido que lo utilizara. A mí no me apetecía porque para pescar lo paso mejor en un barco de pesca. Pero era importante identificar símbolos. El Azor, como el palacio de El Pardo, como este mismo edificio (la Moncloa), es un bien patrimonial del Estado. Haciendo una apuesta, seguramente equivocada, yo quería desmitificar ese símbolo […]. Estaba convencido de que no se iba a criticar que a cualquier otra persona utilizara el Azor y tenía dudas sobre si se iba a criticar que lo utilizara yo»[32]. Sin embargo, cuando a un funcionario de Cáceres se le ocurrió solicitar, por conducto reglamentario, que se le pusiera en la lista de espera para usar el yate Azor durante sus vacaciones, sufrió un traslado forzoso a Barcelona.

En lo que Felipe no se parecía nada a Franco era en lo de viajar extranjero. En septiembre de 1985 estuvo en China, Japón, México, Nueva York y Bonn. En octubre, en Viena, etcétera. No tenía tiempo para deprimirse, y su sentimiento predominante era de triunfo, de reconocimiento público. En una entrevista con Juan Luis Cebrián, Felipe hablaba de la soledad del poder, aunque él no tenía ninguna sensación de aislamiento, no creía que estuviese socialmente aislado. Pero reconocía que con el ejercicio del poder se había distanciado de la gente: «Soy menos accesible ahora, pero tal vez he ganado en otro nivel de respetabilidad. En la medida en que mi imagen se ha distanciado del pueblo por una parte, por otra parte se ha asimilado a los ojos de algunos sectores que soy una persona capaz de defender al Estado»[33].

EL NO-SI A LA OTAN

A un año del final de la primera legislatura socialista, la cuestión de la OTAN comenzaba a ser preocupante para el gobierno. Las encuestas daban una considerable ventaja a los que querían salir de la Alianza Atlántica, y aumentaban las movilizaciones en su contra. Felipe González no tenía el menor empacho en descalificarlas de un modo un tanto cínico: «La herencia del franquismo juega un papel muy importante en la oposición a la integración a la OTAN»[34]. Ignoraba, tal vez, que desde 1953 Franco tenía como principal aliado a los Estados Unidos, el adalid de la OTAN. Pero estaba convencido de que lo que él defendía ahora era lo más conveniente para España que lograría convencer a la opinión pública. «Aunque todavía la mayor parte de la opinión pública si se le preguntara si quiere o no quiere estar en la alianza (el verbo querer forma parte del mundo de los sentimientos, y no de la convicción racional), individuo a individuo, dice yo no quiero. Esa es la ambivalencia en la que estamos viviendo todos los ciudadanos españoles. En mi caso ha triunfado la razón el sentimiento y, por tanto, la responsabilidad que tengo a mi cargo. Por su responsabilidad, debía convencer a todos los ciudadanos de que estuviesen con la razón y no con el sentimiento». El 26 diciembre de 1985 explicaba el proceso que él mismo había sufrido en su mente. Se había equivocado y estaba dispuesto a corregir: «Nosotros queremos conocer, no sólo compartir, el destino de los europeos». El 27 el Congreso de los Diputados aprobaba por amplísima mayoría la permanencia de España en la OTAN.

Comenzó el año 1986 con el ingreso oficial de España en la Comunidad Europea y con la expectativa del referéndum sobre la cuestión de la OTAN. Mientras Fraga, el líder de la oposición, decía que se abstendría en el referéndum, se creaba una plataforma cívica para el «No a la OTAN», compuesta por intelectuales, políticos de izquierda, sindicalistas, artistas, etcétera. Las encuestas seguían dando ventajas a los partidarios del «No», aunque con un alto porcentaje de abstenciones. El referéndum se convocó para el 12 de marzo, con una pregunta que trataba de amortiguar la permanencia oficialmente defendida, no incluyendo la integración en la estructura militar de la alianza, prohibiendo el paso de armas nucleares sobre el territorio español, prometiendo la retirada parcial de los americanos de las bases españolas, etcétera. Felipe utilizaba el voto del miedo: «Romper nuestras relaciones con la Alianza Atlántica supondría un drama cuyas consecuencias no puedo prever». Él se había equivocado, pero puesto que España le había votado, España debía ayudarle a reparar su error. El PSOE se movilizó al máximo y se gastó un dinero que no tenía en inducir al voto afirmativo «en interés de España»[35]. Contaba a su favor con todos los medios de comunicación, sobre todo con el monopolio televisivo, y con el apoyo de líderes extranjeros, intelectuales (orgánicos) y figuras populares.

En contra, las manifestaciones a favor del No fueron frecuentes y masivas en las más importantes ciudades españolas. Las encuestas seguían dando la victoria a esta opción, al tiempo que RTVE manipulaba cuanto podía, y Felipe González —locutor interino de televisión, según dijo Vázquez Montalbán— declaraba dramáticamente que España debía permanecer en la OTAN «para no dar un paso que nos retrase otros dos siglos»[36]. A los que pedían el No los acusaba de no dar ninguna razón de peso, de aislacionistas, marginales, demagogos, etcétera. Tres días antes de la votación intervino de nuevo en televisión de un modo tremendamente eficaz: «¿Quién gestionará el No si a mí y ami gobierno nos desautorizan? […]. Si desean castigarme, háganlo en las próximas elecciones generales». Felipe manejó magistralmente el arte de la comunicación televisiva, presentando una sola opción: o él o el vacío, el caos. Aquello cambió el signo de las encuestas, y el 52,53 por ciento de los votos fueron favorables al Si, y el 39,80 por ciento al No. Felipe había ganado.

Se sintió plebiscitado: era el único líder capaz de convencer al pueblo de una cosa, y poco después de la contraria. En plena euforia y con una situación económica que comenzaba a mejorar, el gobierno anticipó las elecciones generales al 22 de junio de 1986. Las encuestas daban al PSOE como claro ganador, aunque faltaba por ver la fuerza electoral de Izquierda Unida, que pretendía agrupar a todas la fuerzas que habían participado en la Plataforma Anti-OTAN, nucleándolas en torno al PCE y a otros partidos menores. Felipe González hizo una campaña electoral tranquila y «por el buen camino», presentándose como un saldo positivo para la historia de España, haciendo lo que tenía que hacer «dentro de un proyecto»… Como estaba previsto, ganó el PSOE por mayoría absoluta, aunque con 17 diputados menos que en las elecciones anteriores. Continuaba muy por encima de otros partidos o coaliciones. Coalición Popular de Fraga no pasaba de 105 escaños: el CDS de Adolfo Suárez subía de 2 a 19; Izquierda Unida, de 4 a 7, y la UCD ya no existía. Así pues, la posición de Felipe seguía siendo muy sólida, sin ninguna alternativa a su izquierda ni a su derecha. Sin embargo, aumentaba el paro y el problema terrorista distaba mucho de haber sido solucionado. En julio ETA hacía explotar un autobús de la Guardia Civil, ocasionando la muerte de nueve agentes, y atacaba con lanzagranadas el Ministerio de Defensa.

El 23 de julio Felipe era investido por segunda vez presidente del gobierno, anunciando un gabinete con pocas novedades, y se fue al coto de Doñana para pasar las vacaciones. A mediados de octubre de 1786 concedió una entrevista a Pedro J. Ramírez, que lo encontró muy seguro y con grandes fuerzas. Felipe creía que la dosis de cambio lograda era suficiente, y se mostraba muy satisfecho: «Más que caudillismo, a uno se le puede acusar de mesianismo cuando dice que se siente sacrificado en aras de lo que sea. Desde luego, no tengo ninguna sensación victimista»[37]. Sin embargo, y como siempre, seguía insistiendo en que había perdido libertad y tiempo para el cultivo de su intimidad. Con respecto a ETA, declaraba que la negociación era una vía ciega, aunque después se supo que Txomin Iturbe estaba en Argel, esperando la visita de algún delegado del gobierno. Poco después, la policía francesa desmantelaba gran parte de la infraestructura de ETA en Sokoa (Francia).

Las cosas parecían ir bien para los socialistas cuando el 17 de diciembre de 1986 un millón de estudiantes de enseñanza media y formación profesional se manifestaron en toda España. Antes de las vacaciones navideñas, el Sindicato de Estudiantes amenazó con una huelga indefinida a partir del 27 de enero de 1987, si el Ministerio de Educación no daba respuesta a sus reivindicaciones: derogación de la selectividad universitaria, bajada de las tasas académicas, salario mínimo para los estudiantes de familia con bajos ingresos. Como si el problema no tuviese nada que ver con él, el presidente del gobierno emprendió un viaje a Túnez y Turquía, retornando una semana después. La crispación de los estudiantes, cuando el ministerio anunció que no pensaba atender sus reivindicaciones, fue en aumento. Y el día 27 de enero el 80 por ciento de los centros públicos de enseñanza media entraba en paro indefinido, proliferando las manifestaciones y concentraciones, con graves enfrentamientos con la policía que conmovieron a la opinión pública. Era como si de repente un volcán, que la policía no podía controlar, hubiese estallado, obligando al ministro Maravall a negociar con los estudiantes. El proceso negociador finalizó a últimos de febrero de 1987, con importantes concesiones económicas a los estudiantes, aumento del número y de la cuantía de las becas, etcétera. Quedaba claro que el gobierno socialista sólo se doblegaba ante las propuestas multitudinarias.

Por otra parte, UGT, que había perdido fuerza electoral por su política de concertación y diálogo con el gobierno, trataba de desengancharse del poder político e iniciaba una política de unidad de acción con Comisiones Obreras. Consecuentemente, iba a aumentar la hostilidad sindical hacia la política neoliberal del ministro Solchaga, incrementándose la tensión laboral en amplias zonas y sectores del país. La tensión culminaría con los gravísimos enfrentamientos de los trabajadores de Reinosa (Santander) y la Guardia Civil, que en el mes de abril tuvo que retirarse tras la muerte de un obrero. En ese mismo mes hubo también huelgas y protestas de médicos, ferroviarios, transportistas, etcétera, al tiempo que los españoles sufrían la pésima calidad de los servicios públicos, teléfonos, correos y sanidad. Entre unas cosas y otras, los socialistas iban perdiendo credibilidad ante la opinión pública, tal como se puso de manifiesto en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 10 de junio de 1987, en las que el PSOE sufrió un importante descenso electoral, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas industrializadas. No obstante, el PSOE seguía siendo el partido más fuerte.

6. El ocaso felipista

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El ocaso felipista

El 19 de junio de 1987 todo el país quedó impactado por el atentado de ETA en Hipercor, con un balance de quince muertos y treinta y siete heridos; el aviso previo de la banda había sido desatendido por la dirección de los grandes almacenes y el gobernador civil de la provincia. El ministro Barrionuevo quiso dimitir, pero el presidente del gobierno no le aceptó la dimisión. Meses antes se habían interrumpido los contactos en Argel de los delegados del gobierno con Txomin Iturbe, tras la muerte accidental de éste. Tras el atentado de Hipercor y a instancias de las autoridades españolas, Antxon Etxeveste, miembro de la dirección de ETA, fue trasladado de Ecuador a Argel, donde se puso en contacto con el comisario Ballesteros en el mes de agosto.

Por entonces la prensa española se había hecho eco de las informaciones del semanario portugués Expresso, según las cuales el subcomisario Amedo, que dejaba «huellas» de su paso por los casinos del juego, había reclutado en Lisboa mercenarios portugueses para los GAL, lo que estaba siendo investigado por un juez portugués. El 20 de agosto el presidente González abandonó súbitamente el Coto de Doñana para entrevistarse en secreto con el presidente Mitterrand, que le aconsejó que negociase con ETA, y Felipe se mostró dispuesto a dialogar para que la organización terrorista dejase las armas. Un mes después el comisario Ballesteros se entrevistó de nuevo con Etxeveste, que ya contaba con la representación de ETA y exigía la presencia de un interlocutor político para seguir dialogando. A mediados de octubre hubo un encuentro en Argel entre Julen Elorriaga, delegado del gobierno en el País Vasco, y Antxon Etxeveste. Elorriaga insistió en la oferta gubernamental de una «salida» para los etarras que dejaran las armas y la progresiva liberación de los presos, y Etxeveste reiteró la convicción de una negociación sobre las bases de la alternativa KAS: amnistía, retirada del ejército español de Euskadi y autodeterminación del pueblo vasco. Un mes después fue Rafael Vera, el nuevo secretario de Estado para la Seguridad, quien viajó a Argel a fin de pedir a Etxeveste un alto el fuego para proseguir las conversaciones. Días después la dirección de ETA emitía un comunicado dando cuenta de sus contactos con el gobierno español, que parecía dispuesto a discutir sobre cuestiones políticas, lo que fue desmentido oficialmente. El 11 de diciembre de 1987 un comando etarra colocó un coche bomba frente al cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, lo que provocó la muerte de once personas, de las cuales cinco eran niños. El presidente del gobierno declaró que no se mantendrían más contactos con la organización terrorista y que jamás habría negociación[1]. El problema de ETA parecía irresoluble, y sin embargo poco después Vera regresaba a Argel para decir que, si ETA iniciaba una tregua indefinida, podrían volver a negociar.

Mientras tanto, periodistas de Diario 16 habían venido investigando tenazmente las pistas de los GAL. Gracias a una confidencia, Melchor Miralles y Ricardo Arqués encontraron un zulo de los GAL en el sur de Francia, con una maleta que contenía explosivos, una pistola, una peluca rubia de mujer y un importante legajo de documentos. Con tales documentos, lograron pacientemente establecer sólidos nexos entre las tramas francesas y portuguesas de los GAL. Y a finales del mes de noviembre publicaron una serie de reportajes sobre las presuntas actividades ilícitas del subcomisario Amedo y el inspector Michel Domínguez, responsabilizándolos del reclutamiento de mercenarios, del secuestro de Segundo Marey, de la desaparición de Lasa y Zabala, etcétera[2]. A primeros de diciembre varios miembros de los GAL, que estaban siendo juzgados en Francia, confirmaron lo relatado por el periódico español, lo que provocó que un juez francés abriese diligencias al subcomisario Amedo, diligencias que fueron enviadas a Castro Meije, juez de la Audiencia Nacional. Felipe González se enrabietó tanto que perdió los nervios, y al encontrarse en los pasillos del Congreso con Pedro J. Ramírez, le echó una monumental bronca: «Haced el favor de no decirme cómo tengo que resolver el problema de ETA, que yo ya sé muy bien lo que tengo que hacer […]. Lo único que tenemos que negociar con ETA es que si ella deja de matarnos a nosotros, dejaremos de matarlos a ellos»[3]. Poco tiempo después el juez Castro Meije envió un escrito a la sala segunda desde la Audiencia Nacional, preguntando si debía procederse al procesamiento de los dos policías.

DE LOS GAL A LA HUELGA GENERAL

El PSOE iba perdiendo parte de su electorado de izquierdas, decepcionado por la política económica del gobierno. Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, se mostraba abiertamente en contra de esa política y convergía con Antonio Gutiérrez, recién elegido secretario general de Comisiones Obreras. Pero Felipe no cedía a la demanda de la UGT para que remodelase el gobierno, y esperaba apuntalar su posición en el XXXI Congreso General del PSOE, convocado para el 22 de enero de 1988. En su discurso de apertura, Felipe exaltó la tarea realizada en los últimos catorce años, de la que todos debían sentirse orgullosos. A la clausura acudió Nicolás Redondo, que dijo: «La política de ajustes no ha conllevado una mejoría de los indicadores sociales básicos, y por el contrario, hay más paro, se ha acentuado la desigualdad en la distribución de rentas y hay menos protección pública en algunas áreas fundamentales, como el desempleo o la invalidez […]. El partido tendrá que reflexionar si la política seguida hasta ahora ha beneficiado a los pobres o a los ricos», Le replicó de inmediato Felipe González: «Mi problema no es que haya ricos, sino que no haya pobres». Pero lo más llamativo en su discurso de clausura fue su referencia a la prensa, que criticaba la corrupción, el tráfico de influencias y los GAL: «Atención a ese gusano goebbelsiano que a veces vemos reflejado con una insistencia sospechosa y que intenta sembrar la desconfianza ante los ciudadanos»[4].

Ahora ya no se hablaba de «cambio», sino del futuro proyecto socialista, algo perfectamente compatible con la llamada «cultura del pelotazo», con los enriquecimientos súbitos, el tráfico de influencias, el cobro de comisiones millonarias, etcétera. El propio ministro de Economía, Carlos Solchaga, decía que España era el país donde más fácil resultaba enriquecerse, aunque crecía el malestar social por el desempleo, la inseguridad ciudadana y el mal funcionamiento de los servicios públicos. Felipe González hacía la vista gorda y se irritaba cuando le hablaban de negocios ilícitos e irregularidades financieras cometidas por gentes próximas al partido. Lo atribuía a las críticas falsas de la prensa canallesca y de conspiradores interesados en desprestigiar al gobierno y hacer tambalear la unidad del partido, o bien a personas que procedían de «sectores añorantes del pasado».

Simultáneamente proseguía la instrucción del caso Amedo, que en marzo de 1988 la sala segunda de la Audiencia Nacional había encargado al juez Garzón, que acababa de sustituir a Castro Meije. Garzón trató de ampliar la investigación a las instituciones estatales, y el abogado Argote, que trabajaba para el Ministerio del Interior y defendía entonces a Amedo y Domínguez, presentó un recurso contra él, acusándolo de favorecer más las actuaciones judiciales contra policías que las abiertas contra etarras, y solicitando además la desaparición de la «acusación popular» en el caso. El juez desestimó el recurso, viajó a Francia y a Portugal, donde obtuvo importantes testimonios de los mercenarios encarcelados. Pero el director general de la policía y el propio ministro Barrionuevo le denegaron información sobre el uso de los fondos reservados por parte de Amedo y Domínguez, que se sabían respaldados por el presidente del gobierno. Así las cosas, el 10 de julio Felipe González remodeló el gobierno, y Barrionuevo pasó a desempeñar la cartera de Transportes, Turismo y Comunicaciones, sustituyéndole en Interior el duro sindicalista José Luis Corcuera. Javier Solana pasó al Ministerio de Educación, dejando Cultura al escritor hispanofrancés Jorge Semprún. Seguían Alfonso Guerra, Narcís Serra, Carlos Solchaga, etcétera. Tres días después de constituirse el nuevo gobierno, Garzón decretó el ingreso en prisión de los policías Amedo y Domínguez, acusados de ser los responsables de los GAL, y el 21 de julio solicitaba el procesamiento de ambos a la sala tercera de la Audiencia Nacional, enviando un minucioso informe en el que se adjuntaba un posible organigrama de los GAL, culminado con una misteriosa X que parecía implicar a elevadas responsabilidades políticas. Como Diario 16 continuaba dando informaciones sobre el caso, el 29 de julio el presidente del gobierno celebró una rueda de prensa, íntegramente dedicada a los GAL. Aunque decía no conocer las actividades de Amedo y Domínguez, les reconocía el derecho de sentirse respaldados por el Estado: «Sigo creyendo que, pese al esfuerzo de algunos, no va a haber demostración de implicaciones del aparato funcionarial o del Estado en actividades de esa naturaleza». Y terminó diciendo que «la democracia se defiende también en los desagües»[5].

La remodelación ministerial de julio de 1988 no implicaba cambio alguno en la política económica del gobierno. Y durante aquel verano aumentó el descontento social y la oposición sindical, sobre todo a propósito del proyecto de ley sobre Empleo Juvenil. UGT y Comisiones Obreras amenazaron con la huelga general, con el consiguiente menosprecio de Felipe: «Ya volverán de vacaciones y se calmarán». En septiembre el presidente volvía de sus vacaciones tras un verano relativamente tranquilo: ETA llevaba más de dos meses sin actuar. En aquel otoño los periodistas lo encontraron en buena forma física y psíquica, pese a que los sindicatos habían aumentado su hostilidad hacia el gobierno y convocaron una huelga general para el próximo 14 de diciembre. A primeros de diciembre el periodista Joaquín Estefanía encontró al presidente del gobierno algo inquieto por la situación social y por el anuncio de la huelga: «Uno de los elementos más preocupantes de la situación actual es que casi nadie sabe dónde está nadie, ni por qué razones los que somos motores de esta historia hacemos unas cosas o las otras. Lo que más me preocupa es el estado de confusión en que todo el mundo se halla»[6]. Consideraba que una huelga general era algo que no se daba en países de nuestro entorno y un acontecimiento de extremada gravedad para la vida de un país. Trataba de invalidar todas las razones dadas por los sindicalistas, a los que el gobierno respetaba, aunque daba a entender su irresponsabilidad. Negaba la prepotencia de la que se le acusaba, y se atrevió a definir lo que en aquellos momentos significaba ser de izquierdas: «entre otras cosas asumir las responsabilidades que asumo, tener el coraje, desde un proyecto y desde una convicción, hacer el esfuerzo de gobernar una situación en la que ha habido una severa crisis, de la que se ha salido mejorando la situación inicial. De gobernar en un momento en el que uno tiene que estar entre inventar el futuro para evitar que la derecha gobierne el presente, o gobernar el presente para cambiar el futuro. Yo creo que hay que tener coraje político de gobernar y de tomar decisiones, y no refugiarse en cómo sería el futuro mientras la derecha gobierna el presente. Esto me parece que es ser de izquierdas». Es decir, ser de izquierdas era hacer lo que él estaba haciendo, con tal de que no gobernase la derecha y aunque todo el país se le enfrentase en una huelga general.

El 12 de diciembre Felipe decía, desde Bruselas, que la huelga no ayudaría nada a la imagen internacional de España. Pero, pese a todos los obstáculos y dificultades, la huelga de 14-D fue un completo éxito: todo el país quedó paralizado, empezando por la televisión. Ese día Felipe González redactó él mismo un comunicado que sería hecho público al día siguiente y en el que reconocía que la huelga había supuesto un «duro golpe» para el gobierno, al tiempo que se ofrecía para negociar con los sindicatos. Además de la retirada del Plan de Empleo Juvenil y de la recuperación del nivel adquisitivo que la inflación había destruido perjudicando a pensionistas y funcionarios, la plataforma sindical incluía la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo, el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios y la obtención del seguro de desempleo al 48 por ciento de los parados. Pasadas las fiestas navideñas comenzaron las negociaciones de los sindicatos con el ejecutivo, que a mediados de febrero de 1989 se dieron por definitivamente rotas, aunque el gobierno hizo algunas concesiones, aprobando un fondo de doscientos millones de pesetas para gastos sociales.

Poco después del 14-D, Felipe González confió a Narcís Serra que estaba harto, que debería dejar el gobierno y que había pensado en él para sustituirle. Aunque se le veía desmoralizado, su deseo de retirarse no debía de ser muy fuerte, porque el 7 de enero de 1989 asumió con entusiasmo la presidencia de la Comunidad Europea para los seis meses siguientes. El día 8 ETA anunciaba una tregua de quince días, y poco después la policía francesa detenía a Yosu Ternera, considerado entonces como el número uno de ETA. No obstante, Rafael Vera y Juan Manuel Eguiagaray se entrevistaron en Argel con Antxon Etxeveste y con otros dos etarras deportados. Fue un simple intercambio de opiniones, en el que se acordó la prolongación de la tregua y una próxima reunión para el 14 de febrero. En la segunda reunión no se llegó a ninguna conclusión, y lo mismo pasó con la tercera, celebrada el 20 de febrero. El 8 de marzo Antxon declaraba al diario Egin que la «Mesa de Argel» era el reconocimiento implícito de que ETA era una opción representativa en el pueblo vasco, lo que produjo gran inquietud en las esferas militares españolas. Sin embargo, una semana después continuó el diálogo en Argel: Etxeveste planteó que el gobierno español reconociese el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, a lo que respondieron sus interlocutores que eso exigiría una reforma de la Constitución, lo que tal vez podría hacerse más adelante. E insistió en que se reconociera el carácter político de las conversaciones de Argel, a las que deberían incorporarse tres dirigentes etarras, entonces encarcelados en Francia, a cambio de la prolongación de la tregua.

El 22 de marzo Vera y Eguiagaray retornaron a Argel, donde Antxon les sugirió la elaboración conjunta de un comunicado, logrando un principio de acuerdo: las reuniones de Argel se definirían como conversaciones «políticas», se anunciaría la prolongación de la tregua y el inicio de una segunda fase en la que se buscaría la mejor solución negociada. Además, el ejecutivo español trataría de que Francia excarcelara a los tres dirigentes propuestos. El 27 de marzo Egin publicaba un comunicado de ETA que no se ajustaba enteramente a lo pactado. Hubo una reunión en la Moncloa, y al día siguiente el Ministerio del Interior publicó otro comunicado que difería del emitido por ETA, aunque no lo desmentía. Sin embargo, el día 29 ETA daba un plazo de veinticuatro horas al gobierno para que rectificase el comunicado del ministerio, plazo que luego se amplió para que el gobierno demostrase su voluntad efectiva de evitar el «enfrentamiento armado»[7]. El tiempo volaba: el 1 de abril Felipe viajó a París y consiguió la excarcelación de los etarras requeridos y telefoneó al presidente argelino para que la tregua no cesase, pero el Ministerio del Interior no rectificó su comunicado. Y el 4 de abril la cúpula etarra anunció la ruptura de la tregua, quedando abiertos todos sus frentes: demostró esto al hacer estallar once artefactos en la vía férrea de Pamplona a Vitoria. Tres días después, el gobierno español declaró públicamente que daba por definitivamente terminado el «diálogo» con ETA…

EL DIVORCIO CON A. GUERRA

El desgaste político del PSOE era ya patente, pero no parecía existir otra alternativa de poder. Las elecciones al Parlamento Europeo del 15 de junio de 1989 fueron ganadas por los que se abstuvieron, que alcanzaron casi la mitad del electorado. Con todo, los resultados fueron sorprendentemente buenos para los socialistas, que obtuvieron el 10 por ciento de los votos y veintiocho escaños, muy por encima de los diecisiete del refundado Partido Popular y de los tres de Izquierda Unida. Sin duda, influyó la apatía del electorado y la presidencia europea de Felipe González. El procesamiento de los policías Amedo y Domínguez aún no había salpicado judicialmente al gobierno socialista, y el director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, había sido cesado por su editor. Así que Felipe González pudo marcharse tranquilamente de vacaciones.

Aprovechando el tirón de las elecciones europeas, se adelantaron las próximas elecciones generales, convocándolas para el 27 de octubre de 1989 y cogiendo de improviso a los demás partidos políticos: el PP, por ejemplo, tuvo que improvisar un nuevo candidato, José María Aznar, a la sazón presidente de Castilla-León. Aquellas elecciones despertaron escaso interés, aunque el PSOE aspiraba a renovar la mayoría absoluta, porque creía que era la única opción para garantizar la estabilidad política del país. Y, en efecto, el PSOE ganó las elecciones, pero no con la mayoría absoluta que esperaba, pues sólo obtuvo ciento setenta y cinco escaños, aunque suficientes para seguir gobernando en solitario por la previsible ausencia o expulsión de los parlamentarios de Herri Batasuna. De modo que el 5 de diciembre de 1989 Felipe González fue investido por tercera vez como presidente del gobierno, manteniendo el mismo gabinete anterior.

El año 1990 comenzó con el primer estallido de lo que luego sería el célebre «caso Juan Guerra», hermano del vicepresidente del gobierno. En mayo del año anterior la revista Época había publicado varios reportajes dedicados a Juan Guerra, que desde hacía años estaba enriqueciéndose, aprovechándose de su apellido y utilizando un despacho de las dependencias de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Pero aquello había pasado casi desapercibido, hasta que fue retomado en los primeros días del año por el diario ABC, que denunció una gran operación urbanística en Barbate de Cádiz, en la que Juan Guerra, como intermediario o socio, había tratado de influir para que el ayuntamiento recalificara los terrenos necesarios. Y días después, el diario El Mundo, que recientemente había puesto en circulación Pedro J. Ramírez, entrevistaba al alcalde de Barbate, socialista de filiación guerrista, que aseguraba haber recibido presiones de Juan Guerra para que recalificara los consabidos terrenos. El escándalo fue aumentando y extendiéndose tras sucesivas informaciones periodísticas sobre los negocios sucios del hermano del vicepresidente del gobierno, que en poco tiempo había pasado del paro a ser millonario. En algunos de esos negocios aparecía, retrospectivamente, implicado el Consejo de Ministros.

El 1 de febrero compareció ante el pleno del Congreso el vicepresidente Alfonso Guerra para dar las explicaciones pertinentes «en nombre del gobierno». Pero casi nada de lo que dijo resultaba verosímil, negó todo lo que parecía evidente y amenazó con divulgar los dossiers que decía poseer acerca de muchos diputados. Jorge Semprún, entonces ministro de Cultura, lo narraría así: «Hizo una declaración preliminar bastante breve, bastante sombría y totalmente falsa. Porque pretendió no saber nada de la vida de su hermano, ni ser para nada responsable de la atribución a éste de un despacho oficial en la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla». Pero «lo peor fue cuando Alfonso Guerra volvió a tomar la palabra en el turno de réplicas a las observaciones y preguntas de los portavoces de los diversos grupos parlamentarios. Entonces se reveló la verdadera naturaleza del personaje; largamente, con un tono arrogante o insinuante, sectario siempre, y olvidándose de que él era el acusado y no el fiscal, comenzó a sacar trapos sucios, o que presentaba como tales, de unos y otros, y citó o hizo veladas alusiones a expedientes confidenciales. Se refirió a correspondencias privadas, de las que uno podía preguntarse cómo habían llegado a sus manos. En una palabra, replicó salpicando de lodo a toda la clase política, utilizando expresiones a veces al borde del chantaje»[8].

La ciénaga de su discurso se reflejaba en el rostro de Felipe González: malestar, asombro, desaprobación e incluso indignación. Pero no por ello Alfonso dejaba de ser su álter ego político. Lo demostró al levantarse la sesión y ser acosado por los periodistas: «Parece como si algunos quisieran imponer la dimisión al vicepresidente. Pero que quede claro: si el vicepresidente se ve obligado a dimitir, yo dimitiré con él […]. Habrá dos dimisiones por el precio de una». Y pasó la barrera de los periodistas, para alejarse. «La declaración del vicepresidente del gobierno, totalmente absurda en su total sinceridad, era sin duda una huida hacia delante. Defraudado por su álter ego, por su incapacidad para convencer a los diputados, consciente de que el caso Juan Guerra iba a seguir envenenando la vida política del país, Felipe González arrojaba todo el peso de su prestigio y su autoridad en la balanza para intentar interrumpir el carro de la historia»[9].

Fue un gesto psicológicamente explicable, pero políticamente inútil, incluso nefasto a corto, a medio y a largo plazo. Alfonso Guerra le había decepcionado, indignado incluso, pero era como si Felipe se sintiera perdido sin él. Estaba desconcertado por el «derrumbe personal» de su segundo, que tantos problemas le había resuelto, que tan de hierro pareciera en otras ocasiones. Pero le seguía pareciendo imprescindible, o bien no sabía cómo prescindir de él. El hecho fue que no le aceptó la dimisión que varias veces le había presentado. Por otra parte, al gobierno le preocupaba que el caso Juan Guerra hubiera calado tan hondo en la opinión pública. Aunque Felipe esperaba que el paso del tiempo diluyese las cosas: «Llueve menos y escampará». Era preciso aguantar los temporales y los vendavales antidemocráticos, y por ello reiteraba su apoyo a su «número dos», del que por el momento no estaba dispuesto a prescindir, por terquedad o por miedo. Porque, salvo en los primeros momentos, no había indicios de que el vicepresidente estuviese en baja forma.

El 5 de abril el gobierno socialista se daba un respiro al ganar en el Congreso una moción de confianza con la que pretendía dejar atrás el caso Juan Guerra. Y contaba, además, con el oportuno surgimiento del caso Naseiro: los encargados de finanzas del PP aparecieron implicados en prácticas de financiación ilegal del partido, aunque luego fueron absueltos judicialmente, al invalidarse las pruebas, que no habían sido obtenidas legalmente. De todos modos, el caso Juan Guerra contribuyó a que se acentuaran las diferencias en el seno del gobierno socialista, en el que Alfonso Guerra se encontraba cada vez más aislado y en total desacuerdo con Carlos Solchaga, cuya política económica contaba con todo el apoyo de Felipe. Por eso Guerra se dedicó más al partido, cuyo aparato tenía bien controlado: su actuación fue clave para que los socialistas ganasen de nuevo las elecciones andaluzas del 23 de junio de 1990.

Felipe González estaba en la Moncloa cuando el 2 de agosto los ejércitos de Sadam Husein invadieron y ocuparon Kuwait, acción que fue públicamente condenada por el gobierno al día siguiente. Formó un gabinete de crisis —con Rosa Conde, Fernández Ordóñez y Narcís Serra—, que mantuvo su enérgica condena a Irak, apoyó las medidas de embargo dictadas por la ONU, dio facilidades a Estados Unidos para el despegue de sus aviones desde sus bases españolas. El 20 de agosto decidió enviar una fragata y dos corbetas para participar en el bloqueo a Irak, lo que provocó toda clase de críticas por parte de determinadas fuerzas políticas, algunos periódicos y diversas organizaciones ciudadanas y pacifistas. Aunque el 11 de septiembre obtuvo el apoyo mayoritario en el Parlamento, lo que sirvió a Felipe para atacar a la prensa más crítica, acusándola de defender intereses bastardos y espurios[10]. O sea, que la libertad de información debería someterse al imperio de la mayoría parlamentaria.

Con respecto al partido, Felipe sabía que era bastante difícil cambiar sus anquilosadas estructuras, como creían algunos socialistas de los llamados «renovadores» (Carlos Solchaga, Joaquín Leguina, Almunia, etcétera). Ni siquiera lo intentó en el XXXII Congreso Federal del PSOE, celebrado en noviembre de 1990. Su discurso de apertura fue autocomplaciente al máximo: «También se puede morir de éxito». Algo parecido al sentimiento oceánico de Freud, consistente en una negación narcisista con fondo autodestructivo. La política económica, el proyecto socialista, todo era bueno, y lo malo estaba fuera, en los partidos políticos que no podían tolerar que el partido socialista siguiese gobernando, en los «tertulianos» y «plumíferos» que no entendían el comportamiento de una sociedad democrática, en los intereses de quienes estaban detrás de los periódicos. El líder estaba obsesionado por su personal visión de las cosas, y toda opinión contraria le parecía errónea, falsa o malintencionada. Y para sus seguidores, lo que él dijera era siempre correcto, indiscutible, aunque fuese contradictorio, porque sabía inflamarlos y arrastrarlos a su mundo imaginario de poder absoluto.

Pero se iba produciendo un progresivo distanciamiento de Felipe con respecto a Alfonso Guerra. Estaba convencido de que seguía siendo el dueño y señor de la situación, de su autoridad sobre el partido, aunque lo sabía dividido, y no creía que Alfonso pudiera enfrentarse a él[11]. Sin embargo, Alfonso Guerra actuaba a su aire y mantenía una postura díscola con respecto a la política del gobierno. En diciembre organizó en Sevilla unas jornadas socialistas, que debían ser clausuradas por Felipe González. Guerra dijo que había llegado el momento de «pensar en la posibilidad de formular una ley de hierro para los beneficios empresariales, pues no siempre los trabajadores iban a ser los que pagasen las consecuencias de los reajustes económicos». Y Felipe, desde Parma, le replicó con cierta acritud: «No lo entiendo, no sé qué ha querido decir con una ley de hierro». A su regreso a España, no quiso ir a Sevilla alegando tener una gripe, aunque cedió finalmente ante la insistencia de Guerra, pero se mostró frío y distante. Días después lo llamaba a la Moncloa para hablar de su cese o destitución como vicepresidente del gobierno[12]. Poco antes de las Navidades Felipe parecía cansado y gobernaba con desgana.

Estaba al final de un laberinto del que no sabía si quería o no salir. Como si estuviera atrapado: «Intelectualmente me sigue interesando la peripecia de nuestro país. Esa es la paradoja. España es ahora una Nación respetada. Ha pasado el tiempo histórico suficiente como para que hayamos superado el complejo de liquidación del imperio español. Y en ese juego se cumple el papel europeo e internacional de España. Me compensa de otras cosas comprobar que se están cumpliendo los ideales de la generación del 98 y de la generación del 27, pero también me tentaría verlo desde fuera». El ser o sentirse protagonista de grandes cambios históricos le compensaba suficientemente de otras menudencias personales. También le ataba el que en los mítines había gente que le pedía que no se fuera, porque lo necesitaba: «Yo no sé si me iré mañana, dentro de tres años, si terminaré la legislatura o si estaré otros veinticinco años, pero lo que no haré es irme en un momento de tensión o de una forma que provoque tensión»[13]. Él no podía abandonar el país en una situación de crisis, pues sería una gran irresponsabilidad irse cuando más le necesitaba la gente.

FELIPE CICLOTÍMICO

Cuando la opinión pública española estaba pendiente del inminente comienzo de la guerra del Golfo, el 12 de enero de 1991 Alfonso Guerra dijo en la clausura del Congreso de los Socialistas Extremeños que dejaba de ser vicepresidente del gobierno, para dedicarse íntegramente al Partido Socialista. El día 6 la aviación norteamericana bombardeaba Bagdad por primera vez: el cese de Guerra pasó a un segundo plano. Faltaba ver cómo «sobreviviría» Felipe sin su fiel «segundo», que, actuando como una esponja que absorbía toda el agua sucia, lo había mantenido siempre limpio. Se había desprendido de Guerra forzadamente, porque no estaba dispuesto a hundirse políticamente con él. Pero no quería o no podría sustituirle por nadie.

Durante la guerra del Golfo, Felipe González permaneció todo el tiempo en la Moncloa, con un gabinete de crisis, decidiendo el apoyo logístico de España a los bombardeos de Irak. Aunque tuvo que soportar duras críticas, contó con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación y de ciertos intelectuales «orgánicos»: Javier Pradera, Fernando Savater, Juan Luis Cebrián, Francisco Ayala, Ludolfo Paramio, etcétera. La guerra duró poco: el 23 de febrero comenzó la ofensiva terrestre de las tropas aliadas en Kuwait e Irak, y cuatro días después el presidente George Bush anunció el alto el fuego y el fin del enfrentamiento armado, antes de llegar a Bagdad. Poco después Felipe González daba cuenta en el Congreso de los Diputados de la participación de España en la guerra, obteniendo la aprobación de la mayoría de los diputados. Luego, satisfechísimo, atacó por televisión a los que habían criticado la guerra. Y procedió a la aplazada remodelación ministerial. A Narcís Serra lo ascendió a vicepresidente del gobierno, pasando a Defensa el ministro de Sanidad, Julián Vargas. Carlos Solchaga seguía en Economía y Hacienda, pero había participado en el nombramiento de los ministros de su área (Claudio Aranzadi, Josep Borrell y Pedro Solbes). Salieron Barrionuevo, Enrique Múgica y Jorge Semprún, entre otros. El nuevo gobierno suponía un giro a la derecha, con el predominio del neoliberalismo económico de Solchaga y el «delfinato» de Narcís Serra.

Pero las elecciones municipales, celebradas el 26 de mayo de 1991, supusieron un claro descenso del PSOE, que perdió ayuntamientos emblemáticos como los de Madrid, Valencia y Sevilla. Pero lo peor fue que dos días después el diario El Mundo denunció el caso Filesa: «Sociedades ligadas al PSOE cobran millones por asesorar a empresas y bancos con informes inexistentes»[14]. Tras la trama de sociedades ficticias —Filesa, Macosa y Time Sport— se resaltaba todo el montaje organizado para la financiación ilegal del Partido Socialista, con responsabilidades políticas que alcanzaban a la cúpula dirigente. De entrada, los socialistas lo negaron todo y lo atribuyeron, otra vez, a una campaña orquestada por la derecha conservadora, en connivencia con ciertos medios de comunicación. Felipe se mostró silencioso por un tiempo, tal vez esperando que «escampara». Luego diría que se había enterado del tema por los periódicos. Pero como el escándalo iba a más, pronto comenzaron a rodar cabezas: el 20 de junio José María Benegas presentó un informe sobre el caso Filesa a la ejecutiva federal del partido, comunicando la dimisión irrevocable del diputado Carlos Navarro, y a continuación presentó directamente la dimisión Guillermo Galeote, secretario de Finanzas del PSOE, según se había acordado previamente con Felipe González, que finalmente habló de los errores cometidos, que habían dañado la buena imagen del partido y que era preciso recomponer esa imagen, pidiendo que se acabara con los «encargos» y con los «caraduras» que iban pidiendo dinero en nombre del partido[15]. Y con ello se dio por cerrado el caso Filesa, lo que no sería posible al entrar éste en la vía judicial. Por si fuera poco, el mes de julio comenzó el juicio de Amedo y Domínguez, que duraría mes y medio. Se produjo una sentencia condenatoria de ciento ocho años de cárcel para los dos.

Felipe comenzaba a estar cansado de un partido que se le escapaba de las manos y cuyo aparato no podía controlar. Por su mente pasaba la idea de un partido nuevo, pero de hecho no fue más allá de pedir a los «barones» que acabasen con la división interna del PSOE, quejándose de la falta de colaboración del Alfonso Guerra. Por otra parte, le preocupaban los indicadores negativos que daba la economía española desde la pasada guerra del Golfo, pese a lo cual el gobierno estaba empeñado en un gigantesco proyecto de marketing para vender la imagen del país en todo el mundo, con la Exposición Mundial de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Mientras el déficit público crecía de un modo alarmante. Pero durante el otoño de aquel año ganó popularidad, cuando inaguró en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Próximo, con la presencia de George Bush y Mijaíl Gorbachov, retransmitida en todo el mundo. Y terminaba el año 1991, triunfal para Felipe González, pese al caso Filesa y a que Alfonso Guerra había dejado de ser su «álter ego».

Pero el año 1992 comenzó mal, cuando el ministro de Sanidad, García Valverde, tuvo que dimitir por otro escándalo de corrupción. Cuando el 20 de enero el Tribunal de Cuentas daba un informe preliminar exculpando al PSOE de toda financiación irregular, Felipe pasó a la ofensiva y arremetió contra todos los que generalizaban la corrupción existente en el país. Si bien dos días después el Tribunal Supremo iniciaba sus actuaciones en el caso Filesa, con Marino Barbero como juez instructor. Como pidiendo árnica, a primeros de febrero González llamó a la Moncloa a Alfonso Guerra y a Txiqui Benegas: «He decidido irme, y hacerlo cuanto antes. Este mismo año, antes del verano», aunque seguiría como secretario general del partido. Quería irse en pleno éxito, antes de que se agravasen las tensiones internas del partido[16]. Ni Guerra ni Benegas lograron hacerle cambiar de opinión, pero acordaron seguir discutiendo en las semanas sucesivas, lo que no ocurriría.

El 12 de febrero, de nuevo El Mundo denunció que el financiero Manuel de la Concha había falsificado la lista de accionistas de Ibercorp, el banco de gestión de capitales privados que regentaba, para proteger el nombre de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, de Miguel Boyer y de Jaime Soto, entre otros miembros de la beautiful people. Frente al asombro de la calle, la reacción oficial fue la de esconder la cabeza. Mariano Rubio negó a González que las informaciones periodísticas fuesen ciertas, y el presidente del gobierno se lo creyó, acusando a los medios de comunicación de «violentar la esencia del Estado de derecho»[17]. Pero durante semanas, meses incluso, el caso Ibercorp fue destilando noticias en los medios de comunicación, hasta que en mayo una jueza admitió a trámite la querella de los pequeños accionistas de Ibercorp contra Mariano Rubio y otros miembros.

Volvieron los rumores de una próxima dimisión de Felipe González, que acababa de cumplir cincuenta años. El carro del que tenía que tirar era cada vez más pesado, y él parecía bastante cansado. Le aburrían las largas jornadas parlamentarias, y en el Debate de la Nación, celebrado el 24 de marzo, fue vapuleado por el joven líder de la oposición, José María Aznar, que le atacó duramente por la corrupción y la falta de autoridad en su partido, por la ocupación socialista de las instituciones, por su incapacidad para resolver la crisis económica, etcétera. La falta de reflejos y el enorme cansancio que reflejaba el rostro de González explicaron su «espantada» el segundo día del debate, dejando la trinchera del gobierno en manos del vicepresidente Serra y refugiándose en la Moncloa aquejado de un «estado de fiebre». Allí, cuatro días después recibía una gran noticia: la policía francesa había detenido en Bidart a la cúpula etarra, incluido Paquito, el número uno. Parecía el principio del fin de ETA… Se reunió de nuevo con Alfonso Guerra y ambos dieron un mitin en Sevilla: «Hace diez años os pedí veinte o veinticinco años para cambiar este país; han pasado diez años y hay que seguir trabajando […]. Haré lo posible para que el 97 lo ganemos, y el que no quiera arrimar el hombro que lo diga, hay que seguir trabajando. Me enfrentaré a lo que sea y a quien sea, incluso con gente que me merece cariño y respeto», en clara alusión a Nicolás Redondo[18]. No obstante, el 28 de mayo hubo una huelga general en Euskadi, y durante cuatro horas en el resto del territorio español. Los sindicalistas dijeron que fue un gran éxito, pero el impacto social fue mucho menor que el del 14-D. Felipe volvía a decir a su gente más próxima que pensaba dimitir pasados los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero lo que él buscaba era mantener todo tranquilo hasta la llegada del otoño.

A finales de junio de 1992 tuvo que sustituir al ministro de Asuntos Exteriores Fernández Ordóñez, gravemente enfermo, por Javier Solana, que dejó en Educación a su segundo, Pérez Rubalcaba. A primeros de julio nombró a Luis Ángel Rojo nuevo gobernador del Banco de España. La situación económica era cada vez más preocupante, pero la mayoría de la gente estaba pendiente de la Exposición Universal de Sevilla, inaugurada en el mes de abril, y de los Juegos Olímpicos de Barcelona, inaugurados el 27 de julio. Y otra vez, pasado el verano, Felipe se sentía fresco, fuerte y con ganas de pelear. El 25 de octubre renovó su carisma con un gran mitin celebrado en la plaza de toros de Madrid, en conexión directa con TVE. E hizo pública su decisión de presentarse a las próximas elecciones generales. Pero «no voy a estar en el cargo a cualquier precio. Aceptaré lo que me diga la mayoría de un partido democrático como el nuestro, pero si estoy en la minoría no me pidáis que tire del carro de la mayoría, ya que no sabría hacerlo, y lo haría mal». Exigía, por tanto, la entrega total del partido: Felipe quería recuperar prestigio y popularidad, pero la realidad del presente era desagradablemente rebelde: en noviembre siguieron los escándalos, los viejos y los nuevos; la crisis económica, la devaluación de la peseta, las huelgas, el aumento del paro, etcétera. Pero él debía luchar y ganar siempre. Su precio, el sufrimiento, un sufrimiento que aumentaba su carisma. Y sin embargo, seguía atrapado en una ciclotimia y obligado a seguir tirando del carro.

LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA

A comienzos de 1993, tras los fastos del 92, se había de desvanecer todo ante la crisis económica y el ambiente de corrupción que impregnaba la vida política del país. Felipe eludía responsabilidades, y buscaba el chivo expiatorio en su propio partido, sectario, endogámico y cerrado a la sociedad. Había decidido entrar en el partido y poner orden, y sobre todo unidad. Porque, según creía, los españoles seguían confiando en él y aprobaban su gestión de gobierno, contaba, además, con los magnates de la comunicación —Jesús de Polanco, el conde de Godó y Mario Conde—, que pensaban que sus intereses estaban mejor garantizados con los socialistas en el poder… El 23 de marzo los peritos del caso Filesa daban a conocer un informe, confirmando la veracidad de todo lo investigado hasta entonces por el juez Barbero. Dos días después Felipe fue abucheado en la Universidad Autónoma de Madrid por los estudiantes: aguantó el tipo y se comprometió públicamente a asumir toda la responsabilidad en el caso Filesa, incluyendo la dimisión. En la mañana del 30 llamó a la Moncloa a Alfonso Guerra, a Benegas y a Fernández Marugán, y les dijo que no bastaba con las dimisiones de Carlos Navarro y de Galeote para atajar la avalancha que se cernía sobre el partido a propósito de Filesa. Le parecía que toda la ejecutiva federal debía dimitir, quedando en funciones y con el apoyo de un nuevo Comité de Estrategia Electoral hasta después de las elecciones. Pero no se llegó a ninguna conclusión, y el 14 de abril Benegas hacía pública una dura carta de dimisión, atacando a los «renovadores de la nada».

En la reunión de la ejecutiva del día 10 de abril no se discutió mucho: no se aceptaba la dimisión de Benegas, las responsabilidades políticas se quedaban en los ya dimitidos Navarro y Galeote, y sólo se admitiría, además, las que derivasen del proceso penal. Felipe González sería el único responsable del Comité de Estrategia Electoral y de la Comisión de Listas, y el único rostro que aparecería en los carteles. Se daría una imagen de unidad en el partido, y se fijaba la fecha de las elecciones para el próximo 6 de junio. Felipe se sentía fuerte y dispuesto a ganar la batalla. La crisis del PSOE se aplazaba para más adelante, y los socialistas se unirían sin matices para atacar al PP.

Pronto «saltó» Felipe a conectar con su público: pensionistas, estudiantes, empresarios, etcétera. Hablaba con todos los periodistas, concedía todas las entrevistas y buscaba candidatos independientes. Inesperadamente, logró captar al juez Garzón, con fama de juez implacable contra el terrorismo y el narcotráfico, y que le había inquietado mucho al instruir el caso Amedo. Dos o tres conversaciones breves bastaron para que el juez aceptase ir como número dos en las listas del PSOE por Madrid. En la campaña electoral Felipe González fue eficazmente asesorado por el sociólogo José María Maravall trabajó a fondo para que nunca diese imagen de cansancio y para mostrar «el mejor Felipe», convenciéndole para que nunca hablase del socialismo ni del partido, para que se refiriese poco a la política económica y para que se explayase en las políticas sectoriales. Debe ría reconocer algunos errores sin importancia y proclamar el gran esfuerzo realizado y la necesidad de un nuevo impulso para proseguir el «proyecto socialista». Con un mensaje de regeneración social, el presidente debía presentarse como un abanderado de la democracia y del progreso europeísta, frente al PP, que supuestamente representaba el revanchismo, el aislacionismo, la crispación y la derecha pura y dura. Y había que convencer al electorado de que estas elecciones eran importantísimas, pues decidirían el ser y el destino de los españoles[19]. Apelaría al voto de los independientes o críticos, pues la victoria de los populares supondría la vuelta al pasado, a los fantasmas de la Guerra Civil. Nadie debería ser neutral, y optar por Izquierda Unida era inútil o inoperante.

El mensaje caló en los electores de izquierdas, de los que habían sido antifranquistas o herederos de ellos, de los que se habían sentido decepcionados por los socialistas al hacerles creer que José María Aznar ir era la reencarnación de Franco, o poco menos… La campaña electoral propiamente dicha comenzó el 11 de mayo: «Vota futuro. Vota PSOE. Por el progreso de la mayoría». Los socialistas olvidaron sus diferencias internas y apoyaron sin fisuras a su carismático líder. Los sondeos daban una ligera ventaja al PP, aunque con un alto porcentaje de indecisos. Para estos indecisos fueron determinantes los dos debates televisivos entre Aznar, que ganó el primero, y Felipe, que ganó el abrumadoramente el segundo. Julio Anguita, candidato por Izquierda Unida, tuvo que retirarse tras sufrir un infarto de miocardio. González se había embalado y casi tocaba la victoria: «Hacer de nuestro país un país europeo de primera fila. Esto es lo que me da fuerzas, sin duda alguna, después de diez años y medio»[20]. En la noche del 4 de junio cerró la campaña electoral en Sevilla, ante un público enfervorizado: «¡Felipe!, ¡Felipe!, ¡Felipe!», era el grito de rendición al líder. Simultaneamente conectado con TVE, González identificaba al PP con la dictadura franquista. Y el día 6 de junio de 1993 el PSOE ganó por última vez, aunque sin lograr la mayoría absoluta. Con ciento cincuenta y nueve diputados, Felipe González estaba muy lejos de poder gobernar en solitario. Lo que le obligaba a pactar, en un horizonte que se presentaba poco claro.

El precario triunfo socialista agudizó las distensiones entre guerristas y renovadores. El mismo día 7 de junio se reunió la comisión ejecutiva del partido, que, en ausencia de González, presidió Alfonso Guerra. Guerra dijo que el triunfo lo había dado el electorado de izquierdas y que la organización debería reformarse en función de ese dato. Felipe, que pasaba unos días meditando en Sierra Morena, pensaba todo lo contrario, que la victoria era un triunfo personal suyo. La aceptación popular de su «proyecto de futuro» le situaba por encima de los partidos, incluido el suyo. Era preciso reformar el PSOE, convertirlo en un partido a imagen y semejanza suya, en un partido felipista. Pero lo más inmediato era conseguirlos apoyos políticos necesarios para seguir gobernando, buscándolos en los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Pronto entabló contacto con Jordi Pujol y con Xavier Arzallus, llegando a ofrecerles formar parte del nuevo gobierno, lo que ambos rechazaron, si bien se mostraron dispuestos a colaborar en la gobernabilidad de España, a cambio de determinadas contrapartidas para sus respectivas comunidades autónomas. Tuvo que prometer el 15 por ciento del IRPF, pero Felipe fue investido otra vez presidente del gobierno, con 181 votos a favor (PSOE, CiU y PNV) y 165 en contra (PP, IU y Grupo Mixto), el 24 de julio de 1993. Diez días después formaba un nuevo gabinete sin ministros guerristas y con independientes. El vicepresidente Narcís Serra se encargaba de la coordinación de la política económica, y de Economía y Hacienda se hacía cargo Pedro Solbes, antes ministro de Agricultura. Pérez Rubalcaba pasaba de Educación a la presidencia del gobierno, convirtiéndose en el brazo ejecutor del presidente. Por otra parte, Carlos Solchaga pasaba a presidir el Grupo Parlamentario Socialista, con la oposición de los diputados guerristas.

Mientras Felipe González viajaba a Brasil y efectuaba declaraciones sobre la situación política española —su éxito consistía en haber desideologizado la política—, aquí seguía la recesión económica, aumentaba el paro y se producían recortes en los gastos sociales, con las lógicas resistencias sindicales. Vascos y catalanes exigían cambios en la política económica, y los sindicatos rechazaban la idea de un pacto social. Septiembre fue un mes duro para Felipe González, que parecía falto de iniciativa y que ya no contaba con el «rodillo socialista» en el Congreso de los Diputados, e incluso los guerristas criticaban el pacto con vascos y catalanes, por el riesgo de derechización del gobierno. Aunque Guerra evitaba siempre el enfrentamiento directo con Felipe, y nadie quería la ruptura del partido, a la espera del XXXIII Congreso Federal del PSOE. En noviembre Felipe quiso recuperar su imagen televisiva y se hizo entrevistar en TVE por tres periodistas independientes. Una de esas periodistas, Pilar Cernuda, contaba días después que con un líder tan carismático había que hacer un gran esfuerzo de autocontrol para no caer en el «síndrome de Estocolmo» y no ser inevitablemente seducida[21]. El presidente tuvo otro éxito televisivo, en el que transmitió confianza y esperanza en el futuro, e indujo a olvidar el pasado y aceptar sumisamente la crisis presente. Con su espontaneidad, hacía como que decía la verdad, que sabía lo que quería y que era más eficiente que nadie. Sin duda, González seguía siendo un seductor de masas, que se daba a los demás con ilusión, que satisfacía el deseo de ilusionarse por y con alguien, pero que desviaba al televidente de su propia verdad y de toda visión crítica. Un juego recíproco, gratificante y efímero, que, mostrado repetidamente en público, podía llegar a ser obsceno, parecer casi perverso. Felipe corría el riesgo del histrionismo, y para muchos era ya un histrión[22].

Pero el histrionismo felipista no valía para tapar las irregularidades del gobierno y los escándalos que se descubrían en sus aledaños. El 19 de diciembre el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional varios artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, que llevaba casi dos años vigente. Su principal valedor, el ministro Corcuera, tuvo que dimitir, para ser sustituido por Antoni Asunción. Días después, el director de la Guardia Civil, Luis Roldan, era denunciado por el Diario 16: «El patrimonio de Roldan se incrementó en cuatrocientos millones desde que era jefe de la Guardia Civil», lo que no podía justificarse por sus ingresos oficiales. Fue algo escandaloso, que Roldán negó, aunque manifestó su deseo de dejar el cargo. Poco después, cuando se supo que Roldán había empleado los fondos reservados del Ministerio del Interior en beneficio propio, el escándalo fue clamoroso. El 30 de noviembre los sindicatos convocaron una nueva huelga general contra la política económica del gobierno, y en concreto contra la Reforma del Mercado de Trabajo que se pretendía. Y la guinda para acabar aquel año: el 28 de diciembre el Banco de España intervino Banesto al haber detectado un agujero de quinientos millones de pesetas, Mario Conde y todo su consejo de administración fueron destituidos.

LA AGONÍA DE FELIPE

La huelga general del 27 de enero de 1994 no fue tan importante como la del 14-D, aunque buena parte de los trabajadores la secundaron y hubo ciento setenta detenidos. Pero el gobierno hizo caso omiso de la huelga, y el 3 de febrero se aprobaba la Reforma del Mercado de Trabajo —con sus «contratos basura»— por el Congreso de los Diputados. Prosiguieron las pesquisas del caso Roldán, al tiempo que se iniciaron las correspondientes diligencias judiciales. En el mes de marzo El Mundo informaba de que una parte importante de los fondos reservados del Ministerio del Interior se había destinado al pago de cuantiosos sobresueldos a altos cargos. Y poco después, el mismo periódico denunciaba, con pruebas documentales, que el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, tuvo una cuenta de dinero negro en Ibercorp con más de ciento cincuenta millones de pesetas… Felipe González se lamentaba de que dos años antes Mariano Rubio le hubiese mentido: «Estaba convencido de su inocencia, como casi todo el mundo que le conocía, pero a pesar de ello cumplí con mi obligación y aun creyendo que era un hombre intachable le pregunté si estaba absolutamente tranquilo, porque, si era así, yo estaba dispuesto a defenderlo». Y así lo hizo efectivamente, poniendo por él la mano en el fuego. Pero ahora le resultaba incomprensible que hubiese gente capaz de traicionar su proyecto por dinero. «No indagué más porque me parecía inaudito, imposible, que Mariano Rubio pusiera en juego por unos millones todo el prestigio del Banco, todo su prestigio personal, toda una vida de trabajo»[23]. Mientras tanto, el destituido Luis Roldán estaba refugiado en un pueblo de la provincia de Zamora y en contacto permanente con el Ministerio del Interior, pero cuando el 30 de abril la jueza ordenó su detención, la policía ya no lo encontró. Su fuga dejó helado a Felipe González, que dijo que no dimitiría, porque eso sería perjudicial para el país. Quien sí dimitió irrevocablemente fue el ministro Asunción. Por si fuera poco, el 5 de mayo también tuvo que dimitir el ministro de Agricultura, Vicente Albero, al descubrirse que había defraudado a Hacienda.

En la tarde de ese mismo 5 de mayo, la policía detuvo espectacularmente a Mariano Rubio y a Manuel de la Concha, que fueron encarcelados en Alcalá-Meco, acusados de delito fiscal y de falsedad de documento público. Al día siguiente, el presidente del gobierno reconoció en el Congreso de los Diputados que había sido engañado y traicionado por gente en quien había depositado su confianza, pero proclamaba su honestidad y su firme propósito de liderar la lucha contra la corrupción, al tiempo que acusaba a la oposición de crispar a la opinión pública. Practicaba cierto «angelismo neurótico», por el que se sentía por encima del bien y del mal, o por el que creía que los malos eran siempre los otros. Aunque se mostraba dispuesto a sacrificarse por los demás, ofreciendo el simulacro de su propio sacrificio, de un inmenso sacrificio por los demás, de una lenta agonía política. Pero, de momento, bastaba con el sacrificio-dimisión de Carlos Solchaga por el caso Rubio y el de Antoni Asunción y del diputado Corcuera por el caso Roldán.

De modo que la crisis gubernamental se resolvió pronto, con el Nombramiento de un nuevo ministro de Agricultura y convirtiendo a Belloch en «biministro» de Justicia e Interior. De inmediato, surgió otro problema por la presencia en el Ministerio del Interior de Baltasar Garzón, que desde meses antes era el comisario del Plan Sobre Drogas y que el 7 de mayo presentó la dimisión de su cargo y el abandono de su escaño parlamentario. «Felipe me ha utilizado como un muñeco», declaró a la prensa. Diez días después, se reincorporaba a su despacho de la Audiencia Nacional, tras poco más de ocho meses de excedencia[24]. A mediados del año 1994 la situación política de Felipe González no podía ser peor, como mostraban los sondeos electorales. Y ni siquiera había logrado hacerse con el pleno control de su partido, pues el XXXIII Congreso Federal del PSOE, celebrado en el mes de marzo, se había cerrado en falso, conservando los guerristas puestos clave con la excepción de Benegas, que había sido sustituido por el renovador valenciano Ciprià Ciscar. A Felipe nadie le cuestionaba su liderazgo, pero su partido quedaba políticamente neutro, desprovisto de ideologías, dividido y sin otra opción que la de apoyar al gobierno. La única cohesión de los socialistas se la daba su líder y la necesidad de seguir en el poder. Por eso se unieron como una piña para ganar las elecciones europeas y andaluzas del 12 de junio de 1994, pero perdieron dos millones de votos en las europeas y tuvieron un importante descenso en Andalucía, aunque pudieron seguir gobernando en minoría. Pero Felipe seguía parapetado en la Moncloa, con el apoyo de Jordi Pujol.

A la vuelta de sus vacaciones, Felipe convocó una rueda de prensa para dar cuenta del «nuevo estilo» que pensaba adoptar en política: mayor acercamiento a los problemas de la calle, viajar por distintas ciudades españolas, más comparecencias en el Congreso de los Diputados, mayor accesibilidad a los medios de comunicación, etcétera. En aquel otoño Felipe pretendía pasar a la ofensiva, una vez que habían cesado los trabajos de las comisiones parlamentarias sobre los casos Roldán y Rubio, y creyendo que ya se daba por pasado todo lo relativo a la corrupción política. Pero su excesivo optimismo tendió a diluirse por la fuerza de los acontecimientos: el 22 de octubre el PSOE se daba otro batacazo en las elecciones vascas, pasando de 22 escaños a 12, al tiempo que el PP subía de 6 a 11. Una semana después, El Mundo informaba de las irregularidades de Francisco Palomino, cuñado del presidente, que en 1988 había vendido una pequeña empresa, en situación de quiebra, a la empresa CAE, participada por Dragados y Construcciones. Por lo que prácticamente no valía nada, Palomino había obtenido 342 millones y un puesto directivo en CAE, que después obtendría contratos en la Expo-92. Desde Casablanca, Felipe González reaccionó con tremenda ira, denunciando la campaña de desprestigio contra su persona y contra las instituciones, con falsedades deliberadas y cobardía moral. El gobierno desmintió rotundamente la información periodística, y continuó desmintiendo casi a diario lo que el periódico seguía publicando sobre el «caso Palomino». El presidente se quejaba de que a Palomino se le estaba haciendo un auto de fe, ignorando que la Inquisición fue una institución que siempre estuvo al servicio del poder político. Felipe se sentía víctima de una conspiración, organizada por jueces, periodistas del llamado «sindicato del crimen», opositores políticos y sedicentes «republicanos». Su delirio de grandeza —«morir de éxito»— se estaba convirtiendo en manía persecutoria…

A su vuelta a la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón tuvo que ocuparse del sumario por el secuestro de Segundo Marey, abierto en 1993 a instancias del fiscal por considerar que había indicios de la participación de Amedo y Domínguez. El 10 de diciembre los dos comparecieron en el juzgado e implicaron a la cúpula policial en tiempos de José Barrionuevo. El juez decretó entonces prisión incondicional para Julián Sancristóbal, antiguo secretario de Estado para la Seguridad; para el comisario Planchuelo, exjefe de la lucha antiterrorista, y para dos policías más, por presunta detención ilegal, tentativa de asesinato y malversación de fondos. Todo ello conmocionó a la opinión pública, al tiempo que Felipe afirmaba públicamente que era y sería imposible demostrar la implicación del Ministerio del Interior en el caso de los GAL, negándose a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. El 9 de enero de 1995 compareció en TVE para afirmar que no pensaba en su retirada y para disipar las dudas que podía haber sobre su gobierno, a raíz del encarcelamiento de los altos cargos citados. Expuso su palabra de presidente del gobierno contra la de dos policías condenados, olvidándose de que años antes los había respaldado políticamente. Por lo demás, él no sabía nada de los GAL: «Yo sé lo mismo que usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho […]. Y mi gobierno tiene suficiente aliento para seguir adelante»[25]. Pero en el mes de febrero el juez Garzón decretó el ingreso en prisión de Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad; de Ricardo García Damborenea, antiguo secretario general de los socialistas vizcaínos, y de dos policías más, mientras Felipe, en un amplio regate, recorría algunos países centroamericanos. Días después, fue capturado en Bangkok Luis Roldán, tras una rocambolesca peripecia jamás aclarada, y algo más tarde la sala del Tribunal Supremo denegó la petición de un suplicatorio para Guerra, solicitado por el juez Barbero. Eran motivos de alegría para el gobierno, pero le contrarió que Luis Roldán «tirase de la manta» ante el juez, implicando al vicepresidente del gobierno Narcís Serra y al ministro de Defensa García Vargas, por haberle encargado un informe secreto sobre Mario Conde, así como a los exministros Barrionuevo y Corcuera, por haber pagado sobresueldos a altos cargos de su departamento con fondos reservados. Simultáneamente, Juan Guerra fue condenado a un año y medio de prisión en el primero de los cinco juicios por los que estaba procesado.

El 20 de marzo de 1995 fueron encontrados en un paraje de la provincia de Alicante los cadáveres, con señales de tortura y con dos tiros en la nuca, de los presuntos terroristas Lasa y Zabala, desaparecidos en Francia dos años antes. Pero Felipe González permanecía impertérrito, ajeno a la realidad, como si nada de lo que sucedía tuviera algo que ver con él, y creyendo que la iniciada recuperación económica y su próxima presidencia de la Unión Europea resolverían todos los problemas. Pero la realidad se hizo cada vez más contraria a estos planteamientos, y el 18 de abril Garzón dictó un auto de procesamiento contra Julián Sancristóbal, Ricardo García Damborenea, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Rafael Vera y otros más, por pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos. Al día siguiente, el presidente del PP, José María Aznar, salió milagrosamente ileso de un atentado etarra… Y por si fuera poco, el juez Barbero, al cabo de cuatro años de laboriosas y dificultosas investigaciones, inculpó a treinta y nueve personas relacionadas con el caso Filesa, si bien meses después abandonaría la carrera judicial sin haber finalizado la instrucción del caso.

En tal clima de tensión política, los partidos hacían campaña para las elecciones municipales y autonómicas —en trece comunidades autónomas— que el PSOE pretendía que no fueran consideradas como unas elecciones primarias. Las elecciones se celebraron el 28 de mayo de 1995 con un alto índice de participación, y el PSOE obtuvo un millón de votos menos que el PP Los populares se hicieron con el poder en cuarenta y cuatro capitales españolas, y en las autonómicas los socialistas consiguieron el gobierno sólo en Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. Y sin embargo, Felipe se sentía satisfecho: «A todos los que nos han apoyado les digo que vamos a seguir luchando por la justicia, la libertad y la igualdad, y que tenemos voluntad de ganar las próximas elecciones generales de 1997»[26]. Inevitablemente, el resultado de estas elecciones trajo consigo un rebrote de las especulaciones sobre la continuidad de Felipe González. Y mientras tanto, los escándalos no cesaban, tras conocerse las escuchas realizadas por el CESID a numerosos personajes de la vida española, incluido el propio rey. El escándalo era de tal magnitud que provocó la dimisión del director de los servicios secretos, el general Alonso Manglano, y sucesivamente la del vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, y la del ministro de Defensa, García Vargas. Como conclusión, Felipe González contraatacó verbalmente: «Espero que a estas alturas nadie dude de que estamos ante un pulso al Estado». Se trataba de una clara inversión paranoide: no era el Estado a través de sus servicios secretos quien espiaba a significados personajes, sino que el problema residía en quién lo denunciaba, en «quienes piensan en echar un pulso al Estado».

El 31 de julio hizo un mínimo reajuste ministerial, pues se trataba de ir tirando mientras Felipe ocupaba la presidencia de la Unión Europea durante el segundo semestre de 1995. Entretanto, la política se iba judicializando: Luis Roldán fue encarcelado en la prisión de mujeres de Ávila, procesado por la comisión de seis delitos. Y salieron en libertad bajo fianza los procesados en el caso de Segundo Marey, fianza que pagó el PSOE sólo en el caso de Rafael Vera. Los restantes, poco después, comparecieron voluntariamente ante el juez Garzón para inculparse e inculpar a Vera, a Barrionuevo, y a «alguien especial» en actividades relacionadas con los GAL. De inmediato, se dio por aludido el presidente del gobierno, quien a través de Radio Nacional afirmó que en la «guerra sucia» contra ETA, así como en la financiación irregular de su partido, su conciencia estaba tranquila y que eso constituía su mayor fortaleza[27]. Posteriormente, García Damborenea inculpó abiertamente a Felipe González en la creación y organización de los GAL, a lo que Felipe replicó: «Es absolutamente falso lo que dice ese hombre». Habló con desprecio de Damborenea y negó haber tenido una estrecha relación con él. De cualquier modo, él tenía la conciencia tranquila. En el Congreso de los Diputados se negó a dimitir, aunque se comprometió a convocar elecciones generales para el mes de marzo del año siguiente. Y si no conseguía el apoyo parlamentario suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado, se plantearía la posibilidad de convocarlas en el próximo otoño.

A primeros de agosto, el gobierno ascendió a general a Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), a quien se había puesto en cuestión por las investigaciones policiales y judiciales sobre la muerte de Lasa y Zabala. Cuando Felipe estaba de vacaciones en el Coto de Doñana, el día 18 de Agosto la sala segunda del Tribunal Supremo asumió la «exposición motivada» del juez Garzón, referente a la implicación de cuatro altos cargos relacionados con los GAL, exposición que días después reprodujo el diario El Mundo, y en la que Felipe estaba incluido. El presidente del gobierno declaró a la prensa que seguía tranquilo: «No he cometido nada ilegal en la lucha antiterrorista, y nadie podrá demostrar lo contrario»… En el otoño de 1995 viviría un auténtico calvario.

DULCE DERROTA

El 4 de septiembre Felipe inició un viaje en dos etapas, como presidente de la Unión Europea. Eran visitas de escaso contenido político, pero que le sirvieron para robustecer su imagen televisiva de gran estadista y para compensar, en cierta medida, el deterioro que sufría por los continuos escándalos internos, que no cesaban de aparecer en la prensa. A su vuelta a España, Felipe se encontró con que Jordi Pujol le advirtió que su grupo no le daría apoyo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, rompiendo así la colaboración de gobernabilidad entre CiU y el PSOE. «Hace muchos meses vengo diciendo que hay una operación política clarísima contra el gobierno y cuyos contornos no han sido sólo éstos y que utiliza todos los instrumentos»[28]. Se acentuaron los rumores de que no iba a presentarse a las próximas elecciones, y él mantuvo la incertidumbre. Pero no cesaba de atacar a sus opositores: en una sesión de control parlamentario del 4 de octubre dividió a los diputados entre buenos, los que estaban de parte del Estado, y malos, los que se alineaban con los conspiradores. «¿De qué parte están ustedes? Díganlo de una vez, díganlo ya»[29].

Sintiéndose acosado en el interior, Felipe reactivó la presidencia de la Unión Europea. Pero allí donde iba le seguía el espectro de los GAL. Así, en Brasilia recibió la mala noticia de que en el Senado, con mayoría popular, se había formado una comisión de investigación sobre los GAL: «Me parece una cosa de principiantes, es decir, de gente que no tiene sentido de la responsabilidad de lo que es el funcionamiento del Estado». No quiso hablar de elecciones, pero aclaró que no pensaba dejar de luchar por lo que venía luchando desde hacía tiempo. El 21 de octubre, recién llegado a Nueva York, recibió otra mala noticia de España: el magistrado Eduardo Moner, del Tribunal Supremo, había solicitado el suplicatorio «para proceder con todas las consecuencias legales» contra el diputado Barrionuevo. Reaccionó con aparente tranquilidad, manifestando su apoyo al exministro del Interior.

El 25 de octubre Felipe sufrió en el Congreso el mayor revolcón parlamentario en sus trece años de gobierno, al ser rechazado el proyecto de presupuestos del Estado por 185 votos en contra. Pese a ello, salió del Congreso tranquilo y sonriente: no iba a dimitir porque no se sentía «agónico». Y por la tarde salió de viaje a Túnez. Allí se enteró de que una jueza había imputado un presunto delito de malversación de caudales públicos al exministro Corcuera, a Rafael Vera y a Julián Sancristóbal. Felipe ya no sabía qué decir… El 9 de noviembre dos periodistas de Diario 16 divulgaron las insinuaciones del financiero Javier de la Rosa, que trataba de involucrar al rey en el cobro de grandes sumas de dinero procedente del holding KIO y que el propio Javier de la Rosa había entregado a Manuel Prado y Colón de Carvajal con motivo de la pasada guerra del Golfo: Manuel Prado pasaba por amigo del rey y administrador de sus bienes. Lo que parecía a un litigio entre dos financieros que antes habían sido socios, trató de ser utilizado por el gobierno para reforzar la teoría felipista de la conspiración, que implicaba incluso al rey.

En las elecciones catalanas del 19 de noviembre de 1995, el PSOE tuvo unos resultados mejores de los esperados, lo que pareció dar fuerza a Felipe, que seguía viajando. Mientras tanto, el 23 de noviembre el Congreso concedió por mayoría el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar judicialmente al diputado Barrionuevo. Y poco después, el socialista Gabriel Urralburu, expresidente de la Comunidad Autónoma de Navarra, ingresó en prisión acusado de enriquecimiento ilícito. Aunque a primeros de diciembre se produjeron noticias gratas para Felipe González: la Comisión GAL del Senado había quedado disuelta a instancias del propio PP, que la había promovido, y Javier Solana fue designado secretario general de la OTAN.

El presidente del gobierno seguía viajando, al tiempo que deshojaba la margarita: «Ni yo mismo sé si voy a ser candidato, tengo las mismas dudas que vosotros», dijo a los periodistas durante la recepción del día de la Constitución. El 18 de diciembre se dejó convencer por la ejecutiva federal del PSOE para ser candidato por el partido a la presidencia del gobierno. Por la noche y por TVE, Felipe González se mostró muy ilusionado, pues decía tener un proyecto muy claro para la España del año 2000: «Sé lo que quiero para el horizonte del año 2000, lo que necesita España, tengo los conocimientos suficientes para hacer frente a los desafíos tan importantes que nos plantea una Europa unida»[30]. Y el 28 de diciembre anunció la convocatoria de elecciones generales para el 3 de marzo de 1996, autoproclamándose el mejor candidato posible. Tras una semana de vacaciones en Doñana, volvió pleno de optimismo, sin esperar nuevos escándalos. Sin embargo, el 12 de enero de 1996 el juez Móner dictó acto inculpatorio contra José Barrionuevo por su presunta participación en el secuestro de Segundo Marey, decretando su libertad condicional bajo fianza, fianza que fue pagada inmediatamente por el PSOE. Consecuentemente, el presidente del gobierno en funciones comenzó a inquietarse, y el día 13 alertó a los ciudadanos de que los responsables de la conspiración iban a intentar que hubiera de nuevo «una descalificación e hipocresía». Se refería a la «triple A», compuesta por Anson, Aznar y Julio Anguita, que, en colaboración con Pedro J. Ramírez, funcionaba a la perfección. Por otra parte mostró su total apoyo a Barrionuevo, que sería candidato en las listas socialistas[31].

Frente a la supuesta conspiración, Felipe González adoptó, otra vez, una posición autodefensiva, no exenta de agresividad. Los supuestos conspiradores no provocarían una crisis: «Sé que lo que se proponen es cambiar el gobierno, pero no lo conseguirán». Porque, pese a los errores cometidos durante su mandato, pagados a un altísimo precio, debía prevalecer el profundo cambio producido en el país desde 1982[32]. Pero las circunstancias se le pusieron claramente en contra: el 24 de enero el juez Móner dictó auto de procesamiento contra José Barrionuevo. De inmediato, Felipe salió a la palestra haciendo una encendida defensa de su exministro y de su inclusión en las listas del PSOE: «Creo en su inocencia y en su firme defensa de los valores democráticos». Si las listas fueran abiertas, «Barrionuevo tendría mucho más respaldo del que imagina, mucho más, porque hay mucha gente que está de acuerdo con su compromiso contra el terrorismo de ETA, muchísima gente»[33]. Las encuestas, sin embargo, daban claro perdedor a Felipe González. Él sabía que lo tenía difícil, casi imposible, pero estaba muy decidido a librar la batalla final: «Pido excusas por la corrupción y prometo que no volverá a ocurrir»[34].

Entró en tromba en la campaña electoral, recuperando su viejo carisma en el baño de multitudes de los mítines. Haría la campaña más intensa y agresiva desde que llegó al poder, recorriendo once comunidades autónomas en diecinueve días, además de aparecer en los medios de comunicación. Sería una campaña muy personalizada: la imagen de un Felipe maduro, con una media sonrisa en el rostro, estaría omnipresente en vallas, carteles y banderolas, junto al lema «España en positivo», y un tímido «Vote PSOE». El 3 de febrero los cabezas de las listas socialistas acudieron a Sevilla para aplaudir al líder carismático, al igual que miles de simpatizantes de toda Andalucía. Felipe apeló al voto útil de la izquierda y descalificó a Julio Anguita de acólito de José María Aznar, su principal rival: un robot que repetía lo que le decían los banqueros y grandes empresarios. Porque el PP pretendía que hubiera una sociedad para ricos y otra para pobres, concebía la educación como un negocio, rechazaba el sistema de pensiones y quería terminar con la Seguridad Social. Y de la corrupción y de los GAL, nada de nada. Días después en Madrid pidió a miles de mujeres que impidieran que el PP ganase o se impondría un «retroceso en todos los avances conquistados», y en Getafe, gente molesta estalló en aplausos cuando dijo que los sindicatos habían contribuido a la creación de empleo. Pidió a sus seguidores que arrimasen el hombro, que trabajasen duro, que sudasen la camiseta para ganar a «pulso» a las desfavorables encuestas, con el esfuerzo «boca a boca» de los militantes. Porque él estaba solo y tenía en contra a los medios; al parecer se olvidaba de la TVE, la SER, El País, etcétera.

El día 7 de febrero ETA asesinó al socialista Fernando Múgica de un tiro en la nuca, y Felipe declaró en Canal + que «si vuelve a crecer la tensión terrorista, volverá a haber formas de respuesta incontrolada», como tratando de justificar a posteriori los GAL. Y el 15 de febrero ETA mató en la Universidad Autónoma de Madrid a Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. Felipe ganó muchos puntos, acudiendo a la multitudinaria manifestación de duelo. Iba a por todas, utilizando todo tipo de maniobras y marrullerías sin escrúpulos. Aparecía como el dirigente que el PSOE mostraba reiteradamente en sus espacios televisivos, en los que el PP era identificado con la intolerancia, la represión y el holocausto nuclear, en contraste con una España idílica que ofrecían los socialistas. Se buscaba el voto del miedo, sin reparo alguno.

A los pensionistas y jubilados, Felipe les prometió las subidas de las pensiones, mejoras sanitarias y viajes turísticos, pidiéndoles que se movilizasen para lograr los diez millones de votos que precisaban para ganar a Aznar, como hizo con los diez mil sindicalistas con los que cenó en Cornellá (Barcelona). También consiguió el apoyo de «dos cientos intelectuales y artistas leales», preocupados porque, con Aznar, la cultura se convertiría en un mercado… Felipe apretó el paso y se mostró convencido de ganar. El último día de la campaña hizo un apasionado llamamiento a los votantes de Izquierda Unida, al tiempo que se ensañó con Julio Anguita. Pidió el voto a diestro y siniestro, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, a los desempleados, a todos los que no querían que ganase la derecha. Y el 3 de marzo de 1996 estuvo a punto de dar la sorpresa, pero perdió. Su partido consiguió 141 diputados, 15 menos que el PP, que tampoco logró una mayoría suficiente para gobernar sin apoyo. El presidente en funciones, en plena euforia, declaró que debía gobernar el partido más votado. Aunque si Aznar no conseguía formar gobierno se abrirían otras posibilidades, incluso la convocatoria de nuevas elecciones generales, su derrota había sido «dulce».

7. El extraño José María Aznar

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El extraño José María Aznar

A José María Aznar el franquismo le había sido inoculado desde su infancia, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su abuelo paterno, Manuel Aznar, tuvo un pasado liberal y azañista como director de El Sol de Madrid, pero desde la Guerra Civil se convirtió en un significado personaje del régimen franquista: fue embajador de España durante muchos años, director de La Vanguardia Española de Barcelona y de la Agencia Efe, «maestro de periodistas» y hagiógrafo de Franco, de quien fue amigo personal. José María conoció al Generalísimo cuando tenía quince años; lo visitaba con frecuencia y leyó su libro Historia militar de la guerra española, publicado por vez primera en 1940. «Para un joven como yo, era un privilegio y una delicia escuchar retazos de historias narradas por quien fue su protagonista y, siempre, un cronista fuera de serie»[1]. Don Manuel Aznar murió un día antes que Franco, y después se publicó su libro póstumo, que finalizaba así: «Nos queda un modo de misterioso llamamiento, de esperanza y también de inquietudes. Va a ponerse a prueba el pronóstico de Franco. El pueblo confía en que, efectivamente, todo quedó nado, muy bien atado»[2].

El padre de Aznar fue falangista de siempre y había combatido con Franco en la guerra, como alférez provisional. Al acabar la contienda se dedicó al periodismo, y fue designado profesor de la Escuela Oficial de Periodismo, que dirigía el muy franquista Juan Aparicio. Luego, durante veinte años, fue director de programas de la cadena SER, y en 1963 fue nombrado por Fraga director de RNE. Después ocupó un alto cargo en el Ministerio de Información y Turismo. Fundó la Escuela de Radio y Televisión, de la que fue director hasta que recibió una tentadora oferta de Telefónica, donde trabajó hasta su jubilación. «En cualquier caso, yo aprendí de mi padre, además del sentido de la familia, que para él era fundamental, el valor de la rectitud, de la seriedad y de la honradez»[3]. No puede extrañar que en su juventud José María Aznar fuese un voluntarioso falangista, admirador incondicional de José Antonio. Así se manifestó en la carta que en julio de 1969 escribió a la revista falangista SP: «Cuando a las manos de un joven como yo —dieciséis años— llega un ejemplar de las Obras completas de José Antonio y […] siente la imperiosa necesidad de hacer rápidamente algo útil. El primero consiste en llevar una vida cómoda o fácil y sin complicaciones, alistado o apostado en una organización del Movimiento. En el segundo, se trata de tomar una misión tan compleja como intensa. Es la del militar al lado de los falangistas auténticos […]. Estar a su lado no es, de ningún modo, vivir como asimilados, sino todo lo contrario, en palabras de José Antonio es vivir la vida de monje y soldado […]. ¿No cree usted que teniendo un apellido de gran fuerza política como el que tengo; teniendo familiares como tengo en los más altos cargos políticos de la nación prácticamente; teniendo un historial falangista en la familia, como el que poseo; no cree usted que para mí hubiese sido más fácil irme al Movimiento y estar de asimilado, que estar al lado de los falangistas independientes?»[4].

No se conoce mucho de la militancia falangista del joven Aznar. Se sabe que estudió derecho, sin que destacara demasiado, y que al final de su carrera se hizo novio de una compañera de clase, Ana Botella. Y que ambos prepararon oposiciones para poderse casar pronto. Ana comenzó a preparar el concurso para técnico de administración del Estado, y las aprobó en la primera convocatoria. Él sacó un poco más tarde, y también en primera convocatoria, una plaza de inspector fiscal del Estado. Se casaron en 1977, dos años y medio después de haberse conocido. El primer destino de ambos fue La Rioja, y en Logroño vivieron dos años y medio de felicidad. También en Logroño José María Aznar comenzó su actividad política, porque en su infancia y adolescencia había vivido con intensidad las peripecias familiares de la política española. Se afilió a Alianza Popular cuando se preparaban las elecciones generales del primero de marzo de 1979, trabajando mucho para el partido como simple militante de base. El 18 de febrero escribió su primer artículo en la Nueva Rioja. Después de resaltar las obligaciones y deberes cívicos de los miembros de una sociedad democrática, el joven articulista arremetía contra la «política del consenso», inspirada por el presidente Suárez: «… han bastado dos años de política llamada de consenso para que nuestra productividad sea la más baja de Europa, para que hayamos batido auténticas marcas mundiales de horas de trabajo perdido, para tener una administración semiparalizada, para que nadie invierta y cree nuevas empresas y mejores puestos de trabajo. Se diría, y no faltará razón para ello, que la transición de un régimen autoritario a un sistema democrático es un sendero lleno de dificultades, que se han ganado libertades, que se ha elaborado la Constitución por todos los grupos políticos, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ¿a qué precio? Hay una enorme masa de españoles que, esperanzados ante el cambio político, se sienten decepcionados y defraudados, existen zonas del territorio nacional cuyos habitantes viven amedrentados por terroristas sin control y, en cuanto a la Constitución, ¿cuántos artículos fueron debatidos realmente en el Parlamento, que cabalmente existe para ello? ¿Es éste el precio de la democracia? ¿No será más bien una mala gestión de los asuntos públicos? […]. Todas estas cosas y el desarrollo de la Constitución entera, en términos como el de la organización territorial de España, la familia, la enseñanza y tantos otros, deben hacernos pensar a quienes afrontamos la vida desde una concepción cristiana y humanista de la misma que el próximo primero de marzo no sólo debemos ejercitar un derecho, sino cumplir un inexorable deber. El deber de votar»[5].

En el siguiente artículo, publicado el 23 de febrero de 1979, Aznar insistía en la necesidad de votar de la población conservadora, precisamente porque en los dos últimos años no había habido un fundamento que mereciese tal consideración y porque tampoco había habido verdadera oposición que crease una sensación garantizada de independencia. «Ocurre, sin embargo, que en las próximas elecciones nos jugamos mucho más que el nombre del presidente del gobierno […]. En esta ocasión, la abstención puede ser catastrófica para la democracia y para la sociedad española entera y verdadera. Piénsese en las elecciones de febrero de 1936, que con un índice de abstención del 30 por ciento, propiciaron lo que más tarde se llamó la primavera trágica, que no fue, a su vez, sino el preludio de una gran tragedia civil. Piensen aquellos que se sienten atraídos por ideales nuevos y por soluciones moderadas y reformistas, en los demócratas cristianos chilenos descansando en Viña del Mar, mientras la izquierda, como por otra parte nunca dejó de hacer, votaba en masa y aupaba al poder a Salvador Allende. ¿Cuántas desventuras podría haberse ahorrado el pueblo chileno si en aquella ocasión quienes no lo hicieron hubieran cumplido con su deber?»[6].

Sin embargo, AP fracasó en las elecciones, tanto en La Rioja como en todo el territorio español. Los resultados tampoco fueron mejores en las elecciones municipales de abril de 1979, por lo que el tono de Aznar en su tercer artículo, publicado el 9 de mayo de 1979, se hizo más sombrío, casi catastrofista: «Una generalizada sensación de temor existe no sólo en las grandes capitales, sino en otras muchas poblaciones españolas. Piquetes violentos impiden el ejercicio del derecho al trabajo e imponen su ley allí donde se produce una huelga». Se refería al número de muertes ocasionadas por el terrorismo, y a los desagradables vientos que soplaban en las tierras de España: «Vientos de revancha son los que parecen tener los ayuntamientos recientemente constituidos. El de Guernika aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior jefe de Estado, que aunque moleste mucho gobernó durante cuarenta años y se llamaba Francisco Franco […]. En Coslada (Madrid) las calles dedicadas a Franco y a José Antonio lo estarán, a partir de ahora a la Constitución. En Valencia la plaza del Caudillo pasará a llamarse del País Valencià. Y no hemos hecho más que comenzar». Y terminaba haciendo una llamada al logro de un golpe de timón: «España se merece algo mejor, y no es callando la realidad como a ello se contribuye. Hoy son los vientos que destruyen los que nos acosan. Ojalá que muy pronto comiencen a arreciar los vientos que prometen»[7]. El día 30 de mayo de 1979 Aznar publicaba otro artículo en el que arremetía contra las autonomías: «En muy pocos meses hemos superado descentralizaciones, autonomías, autogobiernos, para terminar hablando de autodeterminación e independencia […]. No olvidemos, entonces, que la ley de la grandeza de España pasa por su unidad»[8]. La Constitución era ambigua en exceso.

Aznar trabajó sin descanso, y consiguió que su partido se convirtiera en el segundo de la región. Lo que le dio fuerza para escribir el 25 de julio de 1979 otro artículo titulado «El Parlamento, hazmerreír de nuestra democracia», refiriéndose especialmente a que el estatuto vasco se había elaborado al margen del Parlamento: «Al paso que vamos, lo que se va a conseguir es que la labor parlamentaria no interese a nadie, aunque por lo demás ya está logrado, y que el Parlamento se convierta en el hazmerreír de nuestra democracia. El parlamento tiene una función y debe cumplirla. Es pieza fundamentalísima y si se le hurtan sus funciones, en otra parte se tendrá que hacer. Téngase en cuenta para que luego no vengan los lamentos». Y el 30 de septiembre de 1979 insistía en que las autonomías eran «el principal problema de España en estos momentos y no por otra cosa sino porque el ser y la concepción de España están en juego»[9].

EL ASCENSO IRRESISTIBLE

El 6 de octubre de 1979 se clausuró el II Congreso de Alianza Popular en La Rioja, presidido por Fraga Iribarne, que convirtió a Aznar en secretario general, en el segundo hombre del partido en la región: le había gustado su discurso, en el que había resaltado la unidad de España y había defendido La Rioja como comunidad autónoma, cuyo estatuto Aznar contribuiría a elaborar. Dio un fuerte impulso al partido en la región, hasta que en diciembre de 1980 trasladó su residencia a Madrid, donde había conseguido una plaza en la Delegación de Hacienda y su mujer otra, en el Ministerio del Interior. Trasladó su ficha de militante a la capital de España, donde frecuentaba la sede central de Alianza Popular y trabajaba esforzadamente en ella. En 1982 Fraga le propuso como candidato «cunero» por Ávila, y fue elegido diputado en las elecciones del 28 de octubre de aquel año, por lo que ocupó un escaño en un parlamento mayoritariamente formado por socialistas. «Enfrente teníamos al partido socialista, un bloque de doscientos diputados, en medio, unas personas de UCD, casi unos náufragos en aquellos meses. Arriba, Adolfo Suárez, y nosotros arrimados, a la derecha de la derecha en el grupo popular, en aquel grupo tan variado y heterogéneo. Aquello no podía ser, no correspondía a lo que yo creía que era la sociedad española»[10]. Alianza Popular contaba con ciento seis diputados y aspiraba a hacerse con el antiguo electorado de la UCD.

Aznar se dedicó íntegramente a la política y además de diputado, trabajó en la sede de Alianza Popular, protegido por el portavoz parlamentario del grupo popular Miguel Herrero, tránsfuga que había abandonado la UCD. Fueron para Aznar años de aprendizaje político, de su conversión al neoliberalismo, de adquisición de habilidades para sortear con éxito las dificultades, rivalidades e intrigas en el seno del partido. En febrero de 1986 fue nombrado secretario para las autonomías, adjunto a Jorge Verstrynge, secretario general del partido, pese a sus afinidades con el grupo de los liberales, liderados por Herrero de Miñón. Fue un año de estancamiento de Alianza Popular, que no había aumentado el número de diputados en las elecciones generales del 22 de junio, en las que Aznar había renovado su acta de diputado. Además era, desde junio del año anterior, presidente del partido de Castilla-León.

Las derrotas de las elecciones vascas, donde se formó un gobierno de coalición PNV-PSOE, acentuó la crisis en Alianza Popular. A la vuelta del verano, Fraga sustituyó a Jorge Verstrynge por Alberto Ruiz Gallardón en la secretaría del partido, y él mismo dimitió el primero de diciembre de 1986. La dimisión de Fraga provocó la convocatoria de un congreso extraordinario en febrero de 1987, en el que la candidatura encabezada por Miguel Herrero de Miñón, apoyada por Aznar entre otros, fue derrotada por la encabezada por Antonio Hernández Mancha, que fue proclamado nuevo presidente del partido. Y Hernández Mancha propuso a Aznar como candidato para la presidencia de Castilla-León. El 10 de junio de 1987 AP ganó las elecciones autonómicas de Castilla-León, aunque obtuvo el mismo número de procuradores que el PSOE, 32, frente a 19 del CDS. Otro diputado más apoyó a AP, y José María Aznar pudo ser investido presidente, aunque con una exigua minoría. Su gobierno comenzó con gestos muy significativos, tales como la drástica reducción de gastos de representación y de otros dispendios políticos, fomentó el empleo juvenil, etcétera, aumentando con ello su popularidad. Luego logró pactar con el CDS, por lo que dio mayor estabilidad a su gobierno, eficacia y mejoró la administración. Lo que no le evitaría problemas con la dirección del partido, a la que Aznar criticaba veladamente por su ineficacia e incapacidad para constituirse en una verdadera alternativa de poder.

A finales de febrero de 1988 se fue organizando una ofensiva contra Hernández Mancha, conducida por Herrero de Miñón y Aznar principalmente. Fueron creciendo las peticiones para que Fraga Iribarne retomase el control del partido por parte de los miembros de la vieja guardia, Isabel Tocino, Miguel Herrero y los «jóvenes» (Rato, Luis Tamayo, Federico Trillo, Ruiz Gallardón y José María Aznar). Y el 26 de octubre Fraga anunció su decisión de volver al puesto de mando del partido, y los «manchistas» se quedaron en minoría. El primer mitin de reconquista se celebró precisamente en Valladolid el 16 de octubre de 1988, en un polideportivo repleto de agricultores traídos de toda la vieja Castilla. Fraga se encontró con el calor de los suyos, y Aznar le antecedió en el uso de la palabra: «Iniciamos un nuevo camino». La megafonía resaltó los gritos de la multitud: «¡Fraga-Aznar!, ¡Fraga-Aznar!». La segunda parte de su triunfo se celebró el 7 de enero de 1989 en Murcia, donde también acudió Aznar para apoyar la vuelta de Fraga. Mancha se resistió a retirarse, pero al final arrojó la toalla. Los días 28 y 29 de enero el Congreso de la Refundación devolvió el poder a Fraga, con José María Aznar como nuevo vicepresidente del partido. El congreso había resultado un éxito para Fraga, pero las elecciones europeas fueron un fracaso para el refundado partido.

Felipe González aprovechó el momento para adelantar las elecciones generales, que debían celebrarse en junio de 1990, al 29 de Octubre de 1989. Hubo que designar apresuradamente un candidato para el partido a la presidencia del gobierno: José María Aznar. El 5 de octubre de 1989 Aznar dimitió como presidente de Castilla-León, y le sustituyó en el cargo Jesús Posadas. En las elecciones generales Aznar obtuvo un resultado mejor de lo esperado, 107 diputados, lo que significaba rebasar ligeramente «el techo electoral alcanzado por Fraga». Aquello reanimó al partido y sirvió para que Fraga se refugiase en Galicia, ganando claramente las elecciones a la Xunta… En abril de 1990 el PP celebró su X Congreso en Sevilla, y José María Aznar fue elegido presidente del partido, dejando claro que quería asumir toda la responsabilidad y reorganizar por completo todo el partido. Unos meses antes, el 9 de noviembre de 1989, los alemanes del Este habían derrumbado el muro de Berlín, lo que le sirvió a Aznar para establecer un paralelismo: en el Este se había venido abajo el socialismo real, y en España había ya una alternativa al partido socialista. Ya no había hegemonía ideológica socialista, como la que había existido en la década de 1990. La situación social había cambiado, y en consecuencia había una demanda social para que el poder político cambiase de signo: «Ya no podíamos seguir una política de resistencia, como habíamos hecho hasta entonces. Teníamos que infundir un estilo nuevo a la política, teníamos que promover una sociedad libre sin tutelas ni dirigismos, teníamos que promover un estado eficaz. Por eso necesitábamos un Partido Popular distinto, que dejase de estar ensimismado en sus problemas internos»[11]. Había que construir un partido con un programa y una mentalidad de centro, y había que disciplinar al partido para que no siguiera siendo un conjunto de grupitos y banderías. Por ello formó en torno suyo un equipo de hombres jóvenes, abiertamente leales y coherentes. Se procuró integrar paulatinamente a los miembros del CDS, el partido centrista de Suárez. Fraga Iribarne asumía la presidencia de honor del partido refundido, pero toda su actividad política se iba a reducir al ámbito gallego.

José María Aznar no se distinguía por una personalidad de perfiles muy precisos, ni por una oratoria brillante, pero logró estructurar un partido nuevo y disciplinado que en cierto modo rompía con su pasado neofranquista. Y el propio Aznar, paulatinamente, se fue convirtiendo en una alternativa de poder viable a Felipe González, gracias a su tenacidad y capacidad de resistencia. Aunque los socialistas no se lo tomaran en serio, Aznar consiguió dar un aire nuevo a su partido, que desde el principio llevó a cabo una política de confraternización, con sus múltiples errores en sus concepciones. Cierto que desde el principio tuvo problemas de corrupción (caso Naseiro, caso Cañellas, etcétera), pero Aznar tuvo más reflejos que Felipe y supo neutralizarlos con rapidez y mayor eficacia. Este extraño líder, frío, distante y escasamente simpático, pero tenaz y muy trabajador, se convirtió en el líder indiscutible de su partido, sobre todo a partir de 1993, cuando el PSOE se desprestigiaba por la incesante corrupción y por su incapacidad para resolver la crisis económica. Así, en las elecciones de 1993 subió espectacularmente en el número de votos, pasando de 107 a 147 diputados, al tiempo que el PSOE bajaba de 175 a 148. Este ascenso electoral, que ya no se frenaría en las sucesivas elecciones, absorbiendo casi todo el electorado de centro-derecha, sobre todo después de la caída de Adolfo Suárez, coincidía con el imparable descenso del PSOE.

Convertido ya en personaje político nacional durante los años noventa, José María Aznar fue autor de significados libros que reflejaban de alguna manera su pensamiento político. El primero se tituló Libertad y solidaridad. Citaba allí a dos pensadores clásicos del neoliberalismo, Jean-François Revel y Karl Popper, e identificaba la mayoría socialista con el término «control» (estatal o gubernamental). Entendía que los socialistas estaban a la defensiva después de la caída del muro de Berlín, al tiempo que los describía como los «nietos de Franco», en cuanto que estaban lastrados por la oposición a aquella dictadura[12]. El segundo —España, la segunda transición— era un libro más ceñido a lo concreto y también más centrado, y se refería al fin de la transición democrática, haciéndolo coincidir con el fin de la etapa socialista. «¿Eran [los socialistas] los continuadores de la tradición progresista, o más bien un grupo de visionarios forjado en los ideales de mayo del 68, heredero de la dictadura franquista en su formación intelectual y en sus experiencias políticas?»[13]. A su parecer, Aznar estaba libre del legado franquista, y ahora se mostraba firmemente partidario de la Constitución de 1978, como un marco estable de convivencia y de progreso, y corrector de los excesos autonómicos. Defendía una democracia articulada por los partidos políticos fuertes y desideologizados, pero con valores o principios jerarquizados de referencia: libertad, tolerancia, autoridad, igualdad, prestigio de la ley, etcétera. «Me preocupa que algunos de esos valores, que han conformado nuestra civilización, que la han hecho progresar, que han acompañado a nuestros contemporáneos a ir forjando una sociedad mejor y más humana, no tengan hoy el espacio que se merecen […]. ¿Por qué nuestro país ha alcanzado cotas tan altas de delincuencia? ¿Por qué una descabellada actitud de complacencia que, incluso en algunos casos llegó a convertirse en irresponsable aliento, contribuyó a hacer que nuestra sociedad fuera una de la más azotadas por el drama de la droga? […]. La primera tarea es devolver el prestigio a la ley».

El ascenso del PP no representaba una ruptura con el pasado, sino únicamente el distanciamiento de sus jóvenes dirigentes de los políticos que habían hecho la transición. No habían participado en la transición, pero de hecho significaban la continuidad, una continuidad que querían y podían corregir hacia la derecha, o cada vez más hacia el centro, superando consciente o inconscientemente una buena parte del ordenancismo franquista y el desarrollismo de los últimos tiempos, que quisieran o no habían heredado de sus padres, en su gran mayoría, partidarios de Franco. Y como no habían tenido que consensuar nada, podrían hacer una oposición frontal y eficaz al PSOE, que, al cabo del tiempo, había perdido su aparente faz izquierdista y su inicial prestigio político. Por eso se hicieron liberales, porque el neoliberalismo encubría su franquismo residual, les daba un aire más moderno o posmoderno y les permitía mostrar una oposición frontal al socialismo. Se postulaban como políticos profesionales, aunque con una ideología conservadora y aparentemente desideologizada. Desde el principio, Aznar dirigió el Partido Popular con un sentido neto del poder, con guante suave y mano de hierro, lo contrario de Manuel Fraga, pero con mejores resultados. Apartó a los que pudieran estorbarle, siendo capaz de evitar las enemistades y redistribuir a los miembros de su equipo, sin satisfacer en todo a todos, pero dejando siempre claro que los cargos se los debían a él y que le debían lealtad personal por ello.

¡ESPAÑA VA BIEN!

En las semanas anteriores a las elecciones al Parlamento Europeo de 1994 algunas encuestas señalaban que un 80 por ciento de los electores consideraba que la corrupción tendría una importancia decisiva a la hora de emitir su voto. Hasta un 45 por ciento pensaba que la etapa del PSOE había concluido, pero sólo el 11 por ciento lo atribuía a los méritos de la oposición, mientras que el 81 por ciento culpaba a los fallos del PSOE. De hecho, la victoria del PP fue aplastante, al igual que en las elecciones municipales y autonómicas celebradas un año después. Sin embargo, en los comicios generales celebrados en marzo de 1996 se produjo la victoria del PP, con una mayoría mucho más estrecha de la esperada, al obtener 156 escaños frente a 141 del PSOE. La diferencia absoluta entre los dos partidos fue sólo de trescientos mil votos. El resto de las formaciones políticas no vieron modificadas esencialmente su situación parlamentaria, aunque Izquierda Unida consiguió 21 diputados, 3 menos que en el Parlamento anterior, y el CDS, sin Suárez, se volatizó[14].

La victoria electoral del nacionalista español Aznar no le permitió contar con una mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno. Los pactos con los nacionalismos periféricos —catalán, vasco y canario— parecían muy difíciles, y muchas personas no los creían posibles. El futuro se presentaba como una incógnita, por lo que Aznar tuvo que moderar su españolismo, y los catalanistas, que no querían repetir elecciones, parecieron dispuestos a un pacto de legislatura. La negociación fue ardua y duró dos meses, al cabo de los cuales se llegó a un acuerdo final, que se refirió sobre todo a cuestiones económicas. El contenido fundamental del pacto, que fue por escrito, consistía en mantener una política económica para conseguir la convergencia europea, dando prioridad a la reducción del déficit público, a la liberalización de la economía, a contener la inflación y a mantener el Estado de bienestar. Además, se profundizaba en la fórmula del Estado de las Autonomías, proponiendo un modelo de financiación nueva, basado en la cesión del 30 por ciento del IRPF; se reducía el servicio militar, desaparecían los gobernadores de las provincias y se financiaba la organización de la policía autonómica, a cuya responsabilidad pasaba el tráfico de carreteras. A cambio, CiU se comprometía a hacer posible la gobernabilidad del país. Paralelamente, el PP firmó un acuerdo parecido con los nacionalistas canarios y con el PNV eludiendo cualquier mención a la cuestión antiterrorista. Nada de esto tenía que ver con lo que el PP había dicho en la campaña electoral.

El 4 de mayo de 1996 José María Aznar fue investido presidente del gobierno, y a continuación constituyó un gabinete que no parecía corresponder a las promesas del centrismo. En una de las primeras sesiones del nuevo Consejo de Ministros, el presidente dijo que su primer propósito era «durar», conseguir la estabilidad y mostrar prudencia. Se presentaba como la contrafigura, nada carismática, de Felipe González, y no despertaba la hostilidad de la opinión pública, harta de los excesos del caudillo narcisista. Aunque su modestia inicial se iría transformando con el uso del poder, con su presencia efervescente… El nuevo gobierno abrió un «diálogo permanente» con los sindicatos sobre el empleo y el bienestar social, con el objetivo de mantener la paz social, e inició una política de privatización de las empresas públicas, que pronto se vio que favorecía en exceso a sus afines. Y se fue poniendo de manifiesto una política intervencionista en los medios de comunicación, que trataba de controlarlos o neutralizarlos de algún modo. Dio el primer paso para la plena integración de España en la estructura militar de la OTAN, y se lanzó abiertamente a la lucha policial contra ETA, que aún se mantenía muy activa. Y el día 10 de mayo anunció que «ningún español nacido después de enero de 1984 tendría que hacer la mili». La mili, por tanto, iba a desaparecer en pocos años, y sería reemplazada por un ejército profesional.

Pronto se pudo comprobar la recuperación económica del país, iniciada en 1994 y que alcanzaba índices de crecimiento superiores a la media europea, tras reducir los gastos sociales y congelar los sueldos de los funcionarios. La extensión de los contratos basura hizo bajar aceleradamente las tasas del paro, y al final de 1996 las expectativas de mejora de la economía española eran bien claras, proyectándose hacia la convergencia europea. Durante el año 1997 fue elevándose el nivel de vida de los españoles, y la reforma laboral pactada por los sindicatos en la primavera de aquel año flexibilizó el mercado de trabajo, fomentó la estabilidad en el empleo y disminuyó el paro, aunque esto último se debiera sobre todo a la extensión de los contratos temporales. Simultáneamente, se extendieron las pensiones no contributivas a todos los indigentes. De modo que disminuyó considerablemente la conflictividad social. «España va bien», diría frecuentemente Aznar, cuya popularidad crecía. Mientras, Felipe González no se presentó a la reelección del secretario general del PSOE, siendo reemplazado por Joaquín Almunia, con una ejecutiva federal en la que ya no figuraba Alfonso Guerra. Y España se integró en la estructura militar de la OTAN, con el apoyo explícito del rey.

Una política de transferencias fue completando el Estado de las Autonomías, favoreciendo sobre todo a Cataluña, Euskadi y Galicia, donde el 20 de octubre de 1997 Fraga renovaba su tercer mandato al frente de la Xunta. En Cataluña las relaciones del gobierno con la Generalitat, gobernada por CiU, fue complicada pero duradera: Jordi Pujol contribuía a la gobernabilidad del país y Aznar propiciaba ventajas económicas para Cataluña. No obstante, se levantaron importantes voces, como las contrarias al proyecto de ley de Humanidades, presentado por la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que estaba convencida de que la enseñanza secundaria impartida en las comunidades autónomas regidas por los nacionalistas atentaban contra a la unidad e identidad de España; tuvo que retirarlo a finales de 1997.

La colaboración del gobierno con el lehendakari Ardanza, que gobernaba en Euskadi en coalición con los socialistas, fue turbulenta porque el terrorismo etarra se mantenía bastante activo. El ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, hizo inicialmente una política conciliadora, comenzando por la reinserción individualizada de los presos etarras. Pero el terrorismo era motivo de continuos desacuerdos entre el gobierno de Aznar y el PNV, cuyo presidente Xavier Arzallus amenazó en septiembre de 1997 con la ruptura del pacto con el PP. Se incrementó la eficacia policial, pero no por ello ETA dejó de matar, incluso mató más que en el año anterior, y apareció el fenómeno de la kale borroka. El 12 de julio de 1997 la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones Ortega Lara, tras 532 días de secuestro, y horas después de que ETA hubiese puesto en libertad, tras haber recibido un cuantioso rescate, a Cosme Delclaux. Nueve días más tarde la banda secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, amenazando con matarlo si el gobierno no propiciaba el acercamiento de los presos vascos. Y el 13 de julio cumplió su amenaza y asesinó al concejal. Treinta y tres millones de españoles protagonizaron dos días después una histórica jornada de condena al terrorismo etarra. Y el gobierno propuso una reforma del código penal, que incluía el cumplimiento íntegro de las penas y el endurecimiento por delito de apología del terrorismo. Pero ETA seguía atentando contra los concejales del PP y del PSOE, con la diferencia de que ahora gran parte del pueblo vasco condenaba masivamente el terrorismo. En noviembre de 1997 los miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna ingresaron en prisión por haber difundido un vídeo de ETA, castigo que posteriormente sería levantado por el Tribunal Constitucional.

Durante el año 1998 el principal problema del gobierno siguió siendo ETA, que tenía amenazados a todos los cargos del PP en Euskadi, obligándolos a llevar la protección de los guardaespaldas. La intensificación de la acción policial hizo que en los primeros meses del año se detuviera al mismo número de etarras que entre 1995 y 1997. Los jueces comenzaron a investigar las bases políticas y financieras del terrorismo. En mayo de 1998 el juez Garzón desmanteló una red de empresas que constituían un entramado de apoyo a la organización etarra, y el mes siguiente cerró el diario Egin, cuyo director había recibido instrucciones de la banda terrorista, por lo que fue encarcelado. No obstante, continuaron los asesinatos, que fueron cada vez más rechazados popularmente. Mientras tanto en el mes de marzo el lehendakari Ardanza había elaborado un documento o plan en el que, partiendo de que el conflicto vasco existía fundamentalmente entre los vascos, reconocía los avances producidos gracias al Estatuto, al tiempo que pedía un cese ilimitado de la violencia y un diálogo sin condiciones ni límites para un nuevo marco institucional. Los contactos entre el PNV y ETA se dieron en el verano de 1998, estimulados por el abandono del gobierno vasco por parte del PSOE. ETA puso como condición para el cese de la violencia la ruptura entre el PNV y Eusko AIkartasuna (EA) con los partidos de ámbito español, y exigió la creación de una institución que sirviera para iniciar el camino soberanista en el conjunto de los territorios de Euskal Herria. Ese fue el origen del Pacto de Estella (o de Lizarra), que contenía un reconocimiento de la pluralidad vasca y un principio de resolución política del proyecto nacional vasco, situándolo fuera del marco constitucional, pacto, que fue rechazado por los principales partidos de ámbito nacional, pretendió ser una «pista de aterrizaje» para ETA en la legalidad, pero también el despegue de la tradición autonomista del PNV hacia la autodeterminación. El pacto se firmó en septiembre de 1998.

ETA anunció entonces una tregua indefinida, que fue muy bien recibida por la sociedad vasca: tres de cuatro vascos eran partidarios en aquel momento de tratar con Herri Batasuna si ETA dejaba de matar[15]. En tal situación, en octubre de 1998 se celebraban las elecciones autonómicas vascas, que mantuvieron la misma correlación de fuerzas entre los nacionalistas y los no nacionalistas: Euskal Herritarrok, la nueva marca de Herri Batasuna, obtuvo 14 escaños, multiplicando así considerablemente su presencia en la cámara vasca; el PP también creció, obteniendo 16 escaños, el PNV alcanzó los 21, que se debían sumar a los 6 obtenidos por EA: en total, el nacionalismo moderado había perdido 3 escaños; el PSOE se quedó con 14, IU con 2, Unidad Alavesa con otros 2. Lo importante fue que la política de frentes se había impuesto: los nacionalistas lograron 682 000 votos frente a 567 000 de los no nacionalistas[16].

Juan José Ibarretxe, candidato a lehendakari nacionalista, estableció conversaciones iniciales con los socialistas en diciembre, pero finalmente accedió a la presidencia con los votos de Euskal Herritarrok, convertido en árbitro de la política vasca. Sin embargo, hasta mayo de 1999 no se firmó un acuerdo de gobierno entre PNV-EA y HR, que adolecía de imprecisión y expresaba sólo un genérico deseo de desaparición de todas las formas de violencia. Mientras tanto, se había formado la Udalbitza o asamblea de municipios del País Vasco, con una representación mínima de los navarros y franceses, y que tendría una existencia lánguida, pese a que debía ser el arranque hacia un proceso de soberanía. En cuanto al gobierno central, la tregua de ETA produjo posiciones encontradas. El ministro de Interior, Mayor Oreja, no creyó que la tregua se produjera efectivamente y siempre la consideró como una «trampa». Aznar tuvo una posición más abierta, aunque nunca desautorizó a su ministro, pero lo desplazó del centro de cualquier posible negociación. El 3 de enero de 1998 la Agencia Efe distribuyó un despacho en el que se afirmaba que el presidente Aznar había autorizado el contacto con el entorno de la banda terrorista ETA. Según fuentes del gobierno, los contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) tenían como objetivo «acreditar» la voluntad de la organización terrorista a «dar los pasos necesarios para abrir un proceso de paz mediante el cese definitivo de la violencia». Al día siguiente, en una rueda de prensa conjunta con Yasir Arafat, Aznar fue preguntado por esa información: «Yo he querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el gobierno, y yo personalmente, ha organizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación […]. Cuantos pasos tengamos que dar en este camino serán conocidos por la opinión pública española, que los podrá juzgar y los podrá valorar. Evidentemente, otra cosa distinta es, si ha lugar a un proceso de reuniones o conversaciones, la materialización, lo concreto, el detalle, de eso que tiene que estar sujeto al principio, como es lógico, de la discreción y de la reserva […], Y, naturalmente, si se llega al final de un cese definitivo de la violencia, eso será por todos y para todos; no será de unos contra otros, será de todos y para todos, y todos, naturalmente, habrán contribuido a ello y todos participarán del mismo. El gobierno tiene responsabilidades, y en esta situación, como en todas, hay una responsabilidad intransferible del gobierno y del presidente del gobierno; y hay responsabilidades compartidas […]. La sociedad española deseaba fervientemente que el gobierno diese este paso y que lo diese amparado en la razón, y en este caso, en la razón de los hechos y en la razón de las urnas»[17]. El día 5 de noviembre Aznar anunciaba que estaba dispuesto «al perdón y a la generosidad» si ETA aceptaba el resultado de las elecciones vascas y renunciaba definitivamente a la violencia.

Una semana después de que Aznar autorizara los contactos con ETA, el 10 de noviembre el Congreso aprobó por unanimidad una resolución en la que empujaba al gobierno al «más amplio diálogo en todos los partidos» para desarrollar «una nueva orientación coordinada y flexible de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia». Un mes después, el gobierno de Aznar hizo un primer acercamiento de los presos de ETA más alejados de Euskadi, poco después de que una delegación suya se reuniese secretamente en Burgos con otra de Batasuna. Y en mayo de 1996 una delegación del gobierno formada por el secretario de Estado de Seguridad, Martí Fluxá, el secretario general de la presidencia, Francisco Javier Zarzalejos, y Pedro Arriola, asesor personal del presidente, se reunió en Suiza con otra delegación de ETA, encabezada por su líder Mikel Antza, acompañado de Vicente Garaitxea y Belén González Peñalba; actuaba como mediador el obispo de San Sebastián monseñor Uriarte. No hubo acuerdo, porque las posiciones eran demasiado distantes, aunque la delegación gubernamental mostró su disposición a seguir dialogando. No hubo más encuentros, y no obstante, silenciosa y muy lentamente, el gobierno practicó una política penitenciaria que parecía indicar su deseo de llegar a un posible acuerdo con ETA desde su propia estrategia del «paz por presos». Unos ciento treinta y cinco presos etarras fueron trasladados a prisiones cercanas al País Vasco. En noviembre de 1999 ETA rompió la tregua, acusando al PNV y a EA por «no avanzar en los objetivos de la construcción nacional» que la banda quiso compaginar con las conversaciones con el gobierno. El presidente Aznar reaccionó de forma muy virulenta contra el nacionalismo democrático y anunció, en términos nada reflexivos, que la tesis de la «tregua trampa», tal y como la había definido el ministro del Interior, había finalizado. El obispo Uriarte atribuiría el fracaso de la negociación «a la impaciencia de unos y al inmovilismo de otros»[18].

VAMOS A MÁS

En cuanto a sus promesas electorales, Aznar había cumplido con la rebaja del IRPF de 1998, aunque a costa de aumentar la imposición indirecta. Y por otro lado, España consiguió que en la Cumbre de Berlín, la Unión Europea le aumentase la concesión de fondos estructurales y de cohesión, Lo que tendría efectos claramente positivos en los próximos cinco años. Los pactos con CiU obligaron al gobierno a la profesionalización del ejército: en mayo de 1998 se aprobó «la plena voluntariedad y profesionalidad de las Fuerzas Armadas, sin discriminación de sexo». Y a continuación trató de llevarse a la práctica, lo que de momento significaba un aumento de los gastos militares, sobre todo cuando el ejército español debió intervenir como fuerza pacificadora en diversos países. Sin embargo, en Cataluña aumentaba la insatisfacción por los pactos de gobernabilidad de Jordi Pujol, mientras las fuerzas independentistas se extendían y se radicalizaban. En las elecciones autonómicas de 1999 CiU perdió votos, y Jordi Pujol necesitó el apoyo de los doce diputados del PP para ser investido de nuevo president de la Generalitat. Se vio obligado a «olvidarse» de la reforma del Estatuto de Cataluña, al contrario del lehendakari Ibarretxe, cada vez más enfrentado a socialistas y populares, y por supuesto al gobierno central, que cada vez identificaba más el nacionalismo vasco con el terrorismo, pese a que en el año 2000 el PNV rompió el pacto con Euskal Herritarrok.

Paulatinamente el gobierno de Aznar se había ido consolidando en su posición, gracias a la mejora de la situación económica, a la paz social y a la disciplina de su partido. Las encuestas y los sondeos electorales le eran cada vez más favorables, aunque la capacidad de algunos de sus ministros era más que dudosa. En coherencia con su política de «durar», Aznar sólo introdujo cambios políticos en su gobierno a la mitad de la legislatura. Fue entonces, en julio de 1998, cuando sustituyó al polémico portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, que había sido protagonista principal de la política de comunicación y había hecho declaraciones muy inconvenientes sobre los catalanes. Aznar insistió en la necesidad de hacer una renovación del gobierno hacia el centro, especialmente a finales de ese año, cuando ya había sido proclamada la tregua de ETA. Álvarez Cascos, vicepresidente del gobierno y secretario general del partido, que había sido otro protagonista en la batalla por los medios de comunicación y se había enfrentado con poco éxito el grupo mediático PRISA, ya no tenía solvencia en la dirección del PP. Pero Aznar no quería sustituirlo porque temía que se produjesen desequilibrios y perder la capacidad de arbitraje entre los suyos. En eso, en su manera de actuar con ponderación y oportunidad, se parecía mucho a Franco, según dijo Pío Cabanillas padre. Se produjo entonces una confrontación entre el vicepresidente político del gobierno, Álvarez Cascos, y Sergio Márquez, presidente del Principado de Asturias, por menudencias de deuda política local, que si no desencadenó una grave crisis en el PP, sí facilitó poco después que el PSOE se hiciera con el gobierno de dicha Comunidad Autónoma. Y por eso Arenas fue apartando a Álvarez Cascos de la primera línea en la dirección del partido.

A principios de 1999, en congreso del PP, Aznar llevó a cabo una remodelación ministerial: Javier Arenas dejó la cartera de Trabajo para encargarse de la secretaría general del partido, siendo sustituido en el ministerio por Manuel Pimentel, uno de sus colaboradores más fieles. Además, Mariano Rajoy sustituyó en el Ministerio de Educación y Cultura a Esperanza Aguirre, cuya labor había sido bastante deficiente. Meses después, Juan Posada sustituyó en el Ministerio de Agricultura a Loyola de Palacio, designada para encabezar la lista popular en las elecciones europeas, tal vez para sustraerla de las corruptelas que se habían producido en la cartera que desempeñaba (el caso del lino). El gobierno, y el partido, parecían ahora dar una imagen más «centrada», y Aznar se mostraba cada vez más complacido.

En el verano de 1999 se celebraron elecciones municipales y muchas autonómicas. El PP mantuvo su ventaja y hegemonía en las grandes ciudades, pero sufrió un sustancial retroceso en las ciudades medianas (de 100 000 a 300 000 habitantes), muchas de las cuales quedaron en manos de los socialistas, gracias a los pactos posyelectorales con Izquierda Unida o con el BNG en Galicia. En las elecciones regionales, el PP perdió Aragón, Asturias y Baleares, que pasaron a ser gobernadas por fuerzas de izquierdas. Parecía que los populares no obtendrían la mayoría absoluta en las elecciones generales del año siguiente, pero la «lluvia fina» de la prosperidad económica iba haciendo su efecto… Cuando se llegó al final de la primera legislatura, el gobierno popular tenía motivos para sentirse satisfecho. Había abierto una etapa de resultados económicos francamente buena: la sensación de prosperidad general y de optimismo respecto al futuro jugaban un importante papel en la sociedad española. En los últimos cuatro años no había habido huelgas, y la paz social parecía increíble con un gobierno de derechas y en minoría. Así pues, todo parecía indicar una previsible victoria popular, aunque seguía siendo dudoso que consiguiese la mayoría absoluta, porque el 25 por ciento del electorado permanecía indeciso. Durante la campaña electoral, el PP tuvo una situación bastante cómoda: no necesitaba defenderse de ninguna acusación grave y podía presentar los buenos resultados económicos y sociales de su gestión, proponía nuevas iniciativas y, además, podía remitirse a las incoherencias del PSOE, cuyo candidato, Joaquín Almunia, había pactado a última hora con Izquierda Unida, de una manera sorprendente e improvisada[19]. El pacto no respondía a ninguna demanda social clara y, además, podía movilizar el voto derechista, por lo que el resultado fue pésimo.

Por su parte, Aznar se envolvió en la bandera nacional y en la Constitución, empleando toda su artillería contra unos socialistas supuestamente izquierdosos. De este modo se alejaba del centro, pero transmitía convicción y confianza al voto de la derecha tradicional, Subrayaba sus realizaciones («hechos») y la posibilidad de que el futuro fuera a mejor («Vamos a más»). Por eso, su éxito en las elecciones generales de marzo de 2000 apenas sorprendió a nadie. El PP con el 45, 5 por ciento de los votos, obtuvo 183 diputados, 8 más de los que precisaba para obtener la mayoría absoluta. El PSOE logró 125 diputados, 13 menos de los conseguidos en las elecciones anteriores, e IU 8, 13 menos de los logrados anteriormente. Podía formar un nuevo gobierno holgadamente y sin precisar del apoyo parlamentario de ningún otro grupo político.

25 AÑOS SIN FRANCO

¿Se había producido la segunda transición en la sociedad española? ¿Qué quedaba del franquismo? Era como si Aznar hubiera conseguido que la gente se hubiese olvidado de Franco. Una encuesta realizada por Demoscopia a finales del año 2000 indicaba que una amplia mayoría de españoles (el 59 por ciento) consideraba que el franquismo era cosa del pasado, al tiempo que sólo el 5 por ciento pensaba que continuaba influyendo mucho sobre la sociedad actual. La memoria del nombre de Franco producía indiferencia para el 42 por ciento de los encuestados; para el 78 por ciento provocaba sentimientos negativos (miedo, depresión, rabia), y a un 17 por ciento evocaba sentimientos contradictorios. El rechazo se daba en mayor porcentaje entre los jóvenes; un 78 por ciento pensaba que la democracia era preferible a otras formas de gobierno, y un 55 por ciento creía que la democracia estaba consolidada en España. Para la mayoría de los encuestados, la democracia había mejorado la cultura, la sanidad, la educación y el papel de España en el mundo[20]. Como Aznar había dicho, era el «final de la guerra fría».

Los resultados de otra encuesta realizada por Sigma-2 eran algo distintos. Sólo el 38,1 por ciento de los encuestados decían tener una imagen mala o muy mala de Franco; el 22,5 por ciento consideraba que su imagen era positiva, y el 13 por ciento restante ni admiraba ni rechazaba a Franco. El paso del tiempo parecía haber beneficiado al general, pues un cuarto de siglo después de su muerte era juzgado con mayor indulgencia de lo esperado, y ello a pesar de que la mayoría sabía que había llegado al poder tras un golpe de Estado y que había sido un dictador. Aunque más de la mitad de los encuestados pensaba que el juicio de la historia sería negativo. En conjunto abundaban las respuestas contradictorias, lo que revelaba una desinformación sobre la figura de Franco que estaba bastante generalizada, lo que no podía extrañar, pues desde la muerte del dictador los políticos habían consensuado olvidar el pasado. Así, por ejemplo, el 37,8 de los entrevistados decía que Franco había querido que el rey instaurara la democracia, lo que tenía su lógica, sabiendo que Juan Carlos había sido su sucesor. Y para un 73 por ciento algo del franquismo quedaba en España[21].

Otra encuesta sobre actitudes y opiniones realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) era algo más precisa. El juicio que merecía a los españoles del año 2000 la etapa histórica dominada por la figura del general Franco cabía calificarlo globalmente de negativo, pero a la vez se apreciaban en el franquismo ciertas dosis de prudencia y moderación. En efecto, algo menos de la mitad de los ciudadanos entrevistados (el 41 por ciento) consideraba que fue una etapa que tuvo «cosas buenas y cosas malas»; el 37 por ciento dijo que constituía un pasado negativo para España, y el 10 por ciento restante lo veía como un pasado positivo; otro 7 por ciento no sabía o no contestaba. Dado que se trataba de un indicador que se había repetido con cierta asiduidad en las encuestas realizadas por el CIS en los últimos veinte años, se podría deducir la evolución que habían registrado las opiniones de los españoles sobre esta cuestión. Lo que se advertía era un lento pero ininterrumpido crecimiento de la proporción de entrevistados que veía el pasado franquista como algo negativo, que pasaba del 25 por ciento de 1985 al 37 por ciento del 2000, y que resultaba simétrico al descenso en el porcentaje de los que juzgaban positivo el balance de esa etapa, que se reducía del 18 al 10 por ciento. Pero se mantenía constante el porcentaje (46 por ciento) de los que creían que aquel período tuvo «cosas buenas y cosas malas». La tendencia a una percepción negativa del régimen del general Franco tenía que ver con el cambio generacional, de tal modo que el juicio negativo era porcentualmente mayor entre los entrevistados de edades comprendidas entre los 18 y los 48 años; los nacidos en los años del «desarrollismo» económico, y que tenían entre 30 y 40 años, eran los que más críticamente juzgaban el pasado franquista. También los entrevistados más jóvenes, nacidos a partir de 1970, juzgaban negativamente ese pasado, pero no tan críticamente como los anteriores. Las generaciones de más edad eran las que se mostraban más propicias a justificar el régimen franquista[22].

Según los datos de estas encuestas, la consideración del franquismo como un pasado negativo era ampliamente mayoritaria entre los votantes de izquierda, los nacionalistas e incluso entre los abstencionistas. Los votantes del PP, por el contrario, se inclinaban mayor mayoritariamente a percibir el franquismo como algo que tuvo «cosas buenas y cosas malas»: así opinaba el 62 por ciento, mientras que el resto se dividía entre un 18 por ciento, que lo consideraban como un pasado negativo, y un 16 por ciento, que lo valoraba positivamente. Así pues, los votantes populares eran o habían sido profranquistas. Por lo que se refería a la influencia de ese pasado en la sociedad española, era evidente que existía alguna huella que hacía que ese pasado siguiera de alguna manera vivo. Aunque las opiniones estaban divididas al respecto. Pues más de la mitad de los españoles (el 51 por ciento) no creía que se hubieran olvidado las divisiones y rencores del pasado que provocaron la Guerra Civil, frente a un 43 por ciento, que pensaba que sí se habían olvidado. A ello se añadía que dos de cada tres entrevistados decían que todavía se notaba la huella que había dejado la época de Franco. Sin embargo, la conciencia del peso que el pasado seguía ejerciendo sobre el presente era compatible con la convicción de que la sociedad actual española era en realidad completamente distinta, con que la forma de ser y de pensar de la gente tenía muy poco que ver con el pasado, idea con la que estaban de acuerdo casi las tres cuartas partes de los españoles. Se observaba cierta relación entre estas opiniones y la ideología política, traducida por el voto emitido a favor de una fuerza política concreta, como en el caso de Izquierda Unida. De manera que eran los votantes de esta formación los que consideraban que el pasado estaba más presente en la España actual, y creían que aún no se habían olvidado las divisiones y rencores de la Guerra Civil y que todavía se notaba la huella del franquismo.

A los veinticinco años de la muerte de Franco, la imagen que quedaba de él en los españoles del año 2000 tenía claras connotaciones negativas: nueve de cada diez entrevistados lo consideraban autoritario, y tres de cada cuatro lo calificaban directamente de fascista; el 60 por ciento lo tenía por un personaje cruel, y más de la mitad lo tildaba de reaccionario. Los atributos positivos abundaban mucho menos entre los entrevistados, de modo que algo menos de la mitad lo consideraba inteligente, mientras que sólo algunos lo calificaban de honrado (29 por ciento), justo (15 por ciento) o compasivo (14 por ciento). En lo que sí había un acuerdo ampliamente mayoritario (el 70 por ciento) era en atribuirle las características de religiosidad y patriotismo. De cualquier manera, la imagen de Franco se había ido deteriorando con el paso de los años, disminuyendo paulatinamente la proporción de españoles que le atribuían características positivas, mientras aumentaba la de los que le atribuían características negativas. De las actitudes que se habían propuesto en las distintas encuestas realizadas a lo largo de los últimos quince años a los entrevistados, destacaba la percepción cada vez más rotunda de la crueldad como característica peculiar de Franco. También crecía de manera muy significativa el porcentaje de españoles que calificaban al anterior jefe de Estado de fascista, reaccionario o autoritario. Si a ello se le añadía una notable disminución de la proporción de españoles que atribuían a Franco cualidades positivas, como la honradez, la inteligencia, el sentido de la justicia y la compasión, entonces quedaba claro el paulatino deterioro que la imagen del Caudillo había sufrido entre los españoles desde su muerte. La ideología política era reveladora, hasta el punto de que podía pensarse que la actitud hacia Franco era uno de los ejes significativos de la posición política de los españoles, de manera que era difícil saber si era la ubicación política la que influía en la valoración que se hacía de Franco, o era al contrario. Las cualidades positivas de Franco eran reconocidas en mayor proporción entre los encuestados de derechas, y las negativas en los de izquierda. Por lo que se refería a la edad, era indudable su importancia, porque el componente generacional determinaba la evolución que se venía produciendo hacia la negativización de la figura de Franco.

De modo que al final de la primera legislatura dominada por el PP la población española podría estar desinformada sobre Franco, e incluso tenerlo más o menos olvidado, pero su imagen no había muerto. Lo ponía de manifiesto la persistente presencia de la iconografía y simbología franquista en todo el territorio español. En Ferrol, por ejemplo, que pronto dejó de llamarse del Caudillo (allí había nacido), se conservaba en el año 2000 una apabullante estatua ecuestre del dictador, que sobrepasaba las seis toneladas de bronce y que había sido levantada en 1967. Allí permanecía, sobrecogiendo al visitante, desde su imponente pedestal. Nadie se había atrevido a quitarla, por que, como decía con razón el alcalde del Bloque Nacionalista Gallego, «pesaba mucho y era difícil quitarla o dinamitarla». Se preguntó a los ferrolanos si debía mantenerse la estatua en su actual emplazamiento (la plaza de España), o si, por el contrario, convendría reemplazarla por otro monumento. Pero el resultado del sondeo no despejó la duda, porque el 46 por ciento de los encuestados apoyó la eliminación de tan incómoda reliquia, mientras que el 40 por ciento se mostró partidario de no perturbar a su ecuestre paisano. El plan del alcalde de remodelar la plaza, construir un aparcamiento subterráneo y aprovechar la ocasión para deshacerse de su estatua, no se llevó a cabo, y la estatua siguió donde estaba, cubierta por las inmundicias que le arrojaban anarquistas, feministas, nacionalistas e izquierdistas en general[23].

8. Apoteosis y tragedia de Aznar

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Apoteosis y tragedia de Aznar

La victoria del PP en las elecciones de marzo de 2000 fue plena e irrebatible, frente al descalabro de las izquierdas. Con el principal partido de oposición desarbolado por la dimisión del Almunia y sin dirección clara, el PP tenía un desierto parlamentario enfrente. Ello se manifestó claramente en el debate de investidura del presidente Aznar, en el que no sólo el PSOE estaba en una penosa situación, sino también IU, que, bajo la dirección de Gaspar Llamazares, contaba sólo con ocho diputados, no del todo unidos. Tampoco encontró muchas dificultades entre los nacionalistas; al margen de los vascos, los catalanes y los canarios dependían del apoyo del PP para mantener la estabilidad de sus propios gobiernos. José María no ocultaba su satisfacción en público, tanto más cuanto nadie había previsto una victoria tan abrumadora, y en su investidura contó con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. El presidente presentó una política «centrista, reformista y dialogante», adoptando un tono conciliador. Aunque su propósito era «mantener la estabilidad institucional y constitucional de una nación plural como España», acabar con el terrorismo y continuar las políticas económicas de estabilidad. Prometió un proyecto de reforma de la financiación económica y un pacto de Estado por la Justicia. Sin embargo, el PP invocó muy pronto su mayoría absoluta para indicar que cambiaría el Consejo General del Poder Judicial; según sus intereses, y promover sus propuestas antiguas, como el estudio de las humanidades.

Aznar no se presentó como un líder carismático, sino como el hombre adecuado para la gestión de los asuntos públicos, apoyado en el sentido común, en la moderación y en el cumplimiento de su palabra, tal como había hecho en su primer mandato… «Soy el mismo con ciento cincuenta diputados y el mismo carisma», dijo aludiendo a su criticada falta de carisma. Añadió que su situación había sido como un triunfo plebiscitario: «El peligro reside en que en el presidente Aznar puede surgir con el paso de los años un caudillaje al estilo de Fujimori»[1]. La comparación no era del todo válida, porque desde el primer momento Aznar afirmó que no se presentaría a las próximas elecciones generales. Desde la «prensa adicta», Federico Jiménez Losantos le hizo una crítica no menos severa: «No puede decirse que el PP tenga ideas, algunas tiene, pero son esencialmente administrativas, las únicas que encajan en ese centrismo que es la ideología de la nada, de la nada oportuna, si no queremos llamarla oportunista». Ese vacío de ideas podía afectar a la forma de gobernar. «Cuando no hay ideas, la lucha por el poder se hace más reservada y la admiración al césar José María alcanzará niveles inimaginables»[2]. No se atrevió a calificar a Aznar de caudillo, pero reconocía que reunía tres cualidades extraordinarias: la inteligencia particular, el riesgo personal y el «toque dorado» de la fortuna[3]. Le pesaba no tener el carisma de Felipe González, pero se forzaba sobremanera por demostrar que algún don sí tenía: el autoritarismo, el no compartir las decisiones, el silencio como respuesta o el saber que podía ser temido si no había sido obedecido, la exigencia de absoluta lealtad a sus colaboradores, su hieratismo televisivo.

Como era previsible, Aznar demostró su habilidad en la «política de personal». En primer lugar nombró al mejor «segundo» que tenía a mano, a Mariano Rajoy, que había ejercido de apagafuegos en conflictos que el partido había tenido incluso en tiempos de oposición con ocasión del caso Naseiro o el caso Cañellas; también había apaciguado las numerosas heridas abiertas por Esperanza Aguirre en materias educativas. Fue nombrado vicepresidente político del gobierno, al tiempo que Rodrigo Rato seguía como vicepresidente económico, con el añadido de Montoro para el Ministerio de Hacienda. Jaime Mayor Oreja continuó en el Ministerio del Interior, con la intención de convertirse luego en candidato a lehendakari por el PP. Aznar situó a Federico Trillo en el Ministerio de Defensa. Álvarez Cascos, representante de la vieja guardia del partido, fue destinado a un ministerio técnico: el de Fomento. Josep Piqué, de portavoz del gobierno fue ascendido al Ministerio de Asuntos Exteriores, y Pilar del Castillo fue destinada a la cartera de Educación y Cultura. Ángel Acebes, del que no se sabía nada excepto su fidelidad a Aznar, fue el nuevo ministro de Justicia.

Con el apoyo de doscientos dos diputados, a finales de abril se formó el nuevo gobierno. A las pocas semanas se olvidó el talante dialogante, y apareció como recambio un ambicioso designio político y un talante intemperante e implacable. El propio presidente protagonizó principalmente esta actitud, renegando del consenso, pues si todo se hacía por consenso, no había gobierno, y no había gobierno tampoco sin la exigida lealtad a quien los había designado. En mayo de 2000, Luis Algorri afirmaba que Aznar se había lanzado al «culto de la personalidad por parte de sus fieles, pasando a un escalón inmensamente superior»[4]. Resucitaba en él una ambición nacionalista, una creciente egolatría y un desprecio por la oposición, en especial la socialista. En unas declaraciones al diario El Mundo, afirmó que «el objetivo de España debía consistir en dar un gran salto en la primera de cada del siglo XXI» y no tuvo ningún reparo en decir de sí mismo: «Yo soy como los poetas, que no tienen biografía, porque mi biografía son los hechos». El PP era «la única realidad política estable y sólida», porque el PSOE carecía de una auténtica experiencia nacional. Con respecto al País Vasco, era precisa una «alternativa democrática de libertad», porque «cada vez que ETA ha estado bajo las cuerdas, han venido a socorrerle»[5]. Ya en el verano de 2000 la relación entre el PP y el PNV se había ido crispando progresivamente. Por otra parte, su decisión de consumir sólo dos mandatos presidenciales tuvo un efecto paradójico, porque inauguraba una etapa que consideraba crucial para dejar una huella en la próxima década, sin ningún temor a los vaivenes de la opinión pública. Nació de este modo su peculiar manera de responsabilidad política: puesto que no iba a presentarse de nuevo, no tenía por qué convencer a nadie. Y Aznar se convirtió en una especie de reformador moralista, dogmático y profeta que actuaba con independencia de las condiciones sociales existentes y de las consecuencias.

EL POLVORÍN VASCO

Su principal preocupación era el problema de Euskadi, donde por un lado el gobierno Ibarretxe carecía de la mayoría parlamentaria sin el apoyo de los abertzales radicales y, por otro, el terrorismo reverdecía. Los atentados convirtieron el verano de 2000 en el más sangriento de los últimos años, con once muertos hasta el 21 de agosto, y el número de políticos amenazados era infinitamente superior que en años interiores. Los asesinados no sólo eran cargos o militantes del PP, sino también personalidades de la izquierda, que a menudo mostraban una actitud en absoluto contraria a la colaboración con los nacionalistas moderados. Aznar pretendía allí una lucha sin complejos contra los etarras y los nacionalista (incluso los moderados), con absoluta convicción personal. E Ibarretxe tardaba en cambiar de postura con respecto a los abertzales, aun cuando su propio deseo era echarlos. Se mantuvo el programa de Lizarra, pero aquel pacto no era ya sino una especie de fetiche inútil, puesto que una parte de sus firmantes no condenaba la violencia; instituciones como la Idalbitza quedaron en suspenso. Y la situación parlamentaria del gobierno era ya insostenible. Los socialistas se habían desmarcado por completo de los nacionalistas, desde que Ibarretxe había hablado de la posibilidad de ir a una consulta popular.

Juan José Ibarretxe afirmó que hasta que ETA no dejara de matar, cualquier acuerdo con la izquierda vasca era imposible. Pero, al mismo tiempo, se resistió a la convocatoria de elecciones, aludiendo que el panorama político no cambiaría nada. Propuso, además, un foro de partidos, pero sin excluir a Euskal Herritarrok. Surgieron voces en el PNV que propugnaban la ruptura inmediata con EH. Pero la posición mayoritaria del PNV se estaba decantando a favor del llamado «ámbito vasco de decisión», y Arzallus lo complicó aún más al afirmar que bastaba con el 61 por ciento de los votos para conseguir una Euskadi independiente. El gobierno de José María Aznar quiso sepultar el PNV en un pozo. El PP rechazó el foro propuesto por el lehendakari, e Ibarretxe acusó a Aznar de provocar una fractura social en Euskadi. El gobierno consideraba que ETA estaba marcando la agenda del lehendakari, lo que no hizo cambiar de opinión al PNV que amenazó con seguir buscando el diálogo con la izquierda abertzale. El lenguaje gubernamental se expresaba con dureza, y encontraba eco entre los socialistas[6].

En septiembre de 2000 el gobierno propuso la reforma de varios artículos del código penal para impedir la impunidad con que actuaba el entorno de ETA, como la creación del delito de apología del terrorismo o la sanción de la lucha callejera, incluyendo en la misma a «los que sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista y con la finalidad de subvertir el orden constitucional, de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estar atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo, cometieren homicidios, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o crímenes contra las personas, o llevaron a cabo cualquiera de los delitos de inocular estigmas»[7]. Dichas reformas serían aprobadas por el Congreso en diciembre del 2000[8]. Las medidas de sanción y endurecimiento de la lucha antiterrorista se complementaron con medidas judiciales, deteniéndose a los dirigentes de EKIN. En octubre el gobierno vasco se enfrentaba a la posibilidad de quedarse solo, a causa de la oposición popular y socialista, lo que le llevó a convocar elecciones autonómicas. El PP quiso lograr un acuerdo preelectoral con el PSOE, para desplazar al PNV del poder. La inminencia de la campaña electoral era tan patente que Aznar pidió a Mayor Oreja que dejara el Ministerio del Interior y actuase como candidato propiamente dicho. En una encuesta de finales del 2000, el 80 por ciento de los ciudadanos culpaba a los partidos del estancamiento político, pero lo hacía de forma característica. Pues por un lado, el lehendakari era la institución más aceptada y el repudio a la violencia, el sentimiento más generalizado. Por primera vez, los sondeos apuntaban la posibilidad de una alternancia considerando el descenso de EH, que en el mes de septiembre se había retirado del Parlamento vasco.

En febrero de 2001 comenzó la campaña electoral, y Jaime Mayor Oreja abandonó el Ministerio del Interior para presentarse a lehendakari en las listas del PP Mayor Oreja y José María Aznar hicieron una crítica durísima al gobierno vasco y al partido nacionalista: El PNV era «una casa aislada y nada más». Ibarretxe actuó de forma más moderada, pero se beneficiaba de su posición institucional. Presentó la autodeterminación como un programa que no dañaría a nadie y aseguró un retroceso si ganaba el PP, prefiriendo una alianza con los socialistas y descartándola con EH. Pero importantes sectores socialistas preferían coaligarse con los populares… El 15 de marzo Aznar mantuvo una entrevista radiofónica con Luis del Olmo: «ETA será derrotada, aunque no se pueda poner fecha a ese momento. Hay que tener perseverancia»[9]. El presidente utilizó al máximo los medios de titularidad pública, de tal modo que hasta lo criticó Jiménez Losantos, considerado amigo suyo: «La política de Aznar con los medios de comunicación públicos es sencillamente infame. Es un escándalo de dilapidación de los fondos públicos, de arbitrariedad y de manipulación. Es la continuidad del felipismo y por los mismos medios. Es bochornoso, es el espejo de un despotismo que utiliza el mandato de los más para pervertir la opinión pública… Mayoría absoluta, decepción relativa»[10]. Mientras Mayor Oreja hablaba para Euskadi, Aznar lo hacía para toda España: el 25 de abril respondió otra vez a Luis del Olmo que en Euskadi podía ganar «la alternativa de la libertad», de acuerdo con el Partido Socialista. En el caso de que se produjera la nueva mayoría, lo primero que haría sería «desinvertir todo lo que se ha invadido de odio en las escuelas vascas. Y luego, dar instrucciones a la Policía Autónoma para perseguir a los terroristas. Si ganan el PNV y EA, ganará el pacto de Lizarra. Será indeseable una política de exclusión. Pero no van a ganar. En ningún caso los terroristas o sus cómplices van a conseguir sus objetivos»[11].

El panorama estaba muy confuso en las elecciones vascas, que finalmente se celebraron el 23 de mayo de 2001. Aunque para muchos fuera una sorpresa, la ganaron el PNV-EA en detrimento de EH. Para el PP supusieron una doble amargura: «Nos matan y perdemos»[12]. Con respecto a las autonómicas de 1998 las fuerzas nacionalistas pasaron de 679 000 votos a 742 000 votos, y las no nacionalistas de 556 000 votos a 653 000. Pero, aunque la victoria de los nacionalistas era clara, el peso específico de cada bloque electoral se acentuaba sensiblemente. La coalición PNV-EA, con 33 escaños, cumplió todos sus objetivos imaginables: la movilización del electorado nacionalista; la concentración del voto nacionalista conseguía una mejora parcial de 6,5 puntos y 7 parlamentarios más. En cambio, EH padeció las consecuencias de la ruptura de la tregua de ETA: perdió la mitad de sus escaños y se quedó sólo con 7. Por su parte, en el bloque no nacionalista, el PP ratificó su posición como segunda fuerza política con 19 escaños, 3 más que en las elecciones anteriores; mientras que el PSOE bajó de 14 a 13 escaños, porque no había movilizado a su electorado. En definitiva, había triunfado la estrategia de Ibarretxe, al tiempo que la estrategia futurible del PP-PSOE había resultado un fracaso. E Ibarretxe pudo formar gobierno con el grupo de diputados del PNV, EA e IU. El gran perdedor fue Mayor Oreja, que había dejado el Ministerio del Interior y que luego tendría que refugiarse en el Parlamento Europeo.

Pero a nivel nacional el perdedor de las elecciones vascas fue José María Aznar, que había apostado muy fuerte por propia convicción y que no había tenido en cuenta la fuerte identidad nacional de la mayoría del pueblo vasco. Una gran parte de los vascos había entendido que la opción PNV-EA era un voto de llamamiento para salvar la patria vasca, contra el temor a la involución españolista. Como escribió Joseba Arregui, había fracasado la pretensión del PP de dominar el nacionalismo vasco: «Cánovas creó el nacionalismo vasco. Franco lo enraizó hasta límites insospechados. Aznar está en camino de dotarle de unidad y de apuntalarlo»[13]. Hasta el punto que, a comienzos de junio, Xavier Arzallus arengó a sus partidarios: «Nuestra victoria electoral está apoyada en la autodeterminación, a la que no vamos a renunciar». La ofensiva antinacionalista se había entendido como una agresión al pueblo vasco.

De todo ello no se había dado cuenta José María Aznar, cada vez más omnipotente, atento sólo a lo que su «responsabilidad le dicta en cada momento», e instalado en el soberbio distanciamiento de la Moncloa. Algunos de sus subordinados se habían quejado de que el jefe disponía mal de la enorme desmesura de su inteligencia. No se debatían los grandes problemas, y sólo se recibían instrucciones de lo que había que decir o hacer. Nadie se atrevía a llevarle la contraria, porque había personalizado la presidencia del gobierno y la dirección del partido. Tras el fracaso del PP en las elecciones vascas, que Aznar nunca reconocería, la prensa, incluso la más adicta, se mostró muy crítica con él. Llamó sobre todo la atención el artículo firmado por José Antonio Zarzalejos, a la sazón director del ABC, el 8 de julio de 2001. Era una lista de los rasgos negativos que había encontrado en el presidente del gobierno:

Malhumor entre prepotente e indolente.

Postración política.

Equipo (gubernamental) sin cohesión.

Indecisión en la asunción de responsabilidades.

Prepotencia verbal, gestos adustos y antipáticos.

Intolerancia a la crítica.

Ajado comportamiento que reincide en alucinaciones.

Decisiones ajenas al calor, la simpatía y la complicidad.

Animo deprimido y receloso.

Tozudez y soberbia.

Altanería ensoberbecida y antipática.

Indudablemente, Aznar causaba irritación a la prensa, incluso a la prensa más adicta a su persona[14]. En cualquier caso, Aznar siempre tenía conciencia de que el país le necesitaba, como le pasaba a Felipe o a Franco.

AÑO AZNAR

José María Aznar, que pretendía estar por encima del bien y del mal, aparentemente no se inquietaba por nada. Tampoco se inmutó cuando en julio de 2001 estalló el caso Gescartera, una sociedad de valores presidida por Pilar Giménez Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda. Gescartera no había acreditado el paradero de trece mil millones de pesetas, sin que Pilar Valiente, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se percatara de ello. Se produjo gran escándalo en los medios, y Pilar Valiente tuvo que denunciar el caso en un juzgado de la Audiencia Nacional, cuyo titular ordenó el ingreso en prisión del propietario de la sociedad, Antonio Corredor, y tomó declaración a Pilar Giménez Reyna. La agencia quedó intervenida, y apareció un rosario de irregularidades que llenaron las páginas de los periódicos durante algún tiempo y que implicaban a personas relacionadas con el PP. Ante la inhibición inicial del gobierno, el PSOE reclamó la formación de una comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas, que finalmente fue aceptada por el PP. Con la dimisión del secretario de Estado de Hacienda y de Pilar Valiente, quedó resuelto el problema político. El 25 de agosto, Aznar, estando en Menorca, declaró que su partido era incompatible con la corrupción: «Ante un asunto turbio —Gescartera— hay quien intenta entorpecer y revolver, frente a quien intenta hacer la luz y exigir responsabilidades. En el gobierno y en el PP tenemos claro de qué lado de la raya estamos: estamos donde está la mayoría de la gente que no soporta las trapacerías de nadie y que quiere la luz y taquígrafos, caiga quien caiga»[15].

José Luis Rodríguez Zapatero era entonces el nuevo secretario general del PSOE, desde que fue elegido en el congreso extraordinario del partido celebrado en junio de 2000, tras la dimisión de Joaquín Almunia. Había sido un joven diputado socialista de León, poco conocido hasta entonces, pero que de alguna manera representaba el deseo de cambio de las bases del partido y que no estaba vinculado al «aparato». De apariencia poco brillante, no parecía ser un dirigente de ruptura, sino que se presentaba como un apaciguador, situándose en el justo medio entre la continuidad y el cambio. Venía a remozar el partido, sin grandes traumas, y desde el inicio supo rodearse de colaboradores también jóvenes, poco o nada «contaminados» por la experiencia felipista. Se proponía hacer una oposición útil y dialogante al gobierno popular. Con él, en poco tiempo el PSOE fue recuperando expectativas electorales, pues contaba con un nuevo líder que caía bien a la opinión pública por su talante sencillo, apacible y poco agresivo. En el Debate de la Nación, celebrado en julio de 2001, Rodríguez Zapatero mostró sensibilidad por los problemas cotidianos de la gente y capacidad para conectar con el hombre de la calle, frente a un Aznar experimentado, pero frío y distante. Aunque Zapatero no preocupaba mucho a los populares, porque su programa era ambiguo y poco claro, y además pretendía hacer pactos con el gobierno.

En otoño de 2000 Zapatero ofreció llegar a un acuerdo contra el terrorismo: fue el llamado «Pacto por las libertades y contra el terrorismo», elaborado en común con el gobierno y hecho público el 8 de diciembre de 2000. Tras la finalización de la tregua de ETA y el posterior freno del Pacto de Estella, los dos partidos pretendían la recuperación de la unidad para luchar contra el terrorismo, dentro del marco de la Constitución y del Estatuto de Guernika y utilizando todos los medios posibles en un Estado de derecho. «Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo». Preveía prestar especial atención a las victimes del terrorismo, así como la reinserción de aquellos que abandonasen la organización terrorista con muestras inequívocas de arrepentimiento. Pretendía el intercambio de información y la acción concertada, y demandaba el compromiso activo de todos, instituciones, ciudadanos y medios de comunicación. Aunque se formó una comisión de seguimiento, en realidad los pactos tenían un exceso de virtualidad y no supusieron en la práctica más que la posibilidad de que los dos partidos intercambiasen información sobre la acción policial, y no fueron firmados por otros partidos u organizaciones. A primeros de mayo de 2001 se firmó el Pacto por la Justicia, también entre el PSOE y el PP, que introdujo algunas mejoras en el funcionamiento de la justicia pero que puso el nombramiento de los órganos del poder judicial en manos de las asociaciones profesionales de las magistraturas, lo que favorecía a los populares. Así pues, la política de pactos tuvo resultados muy limitados, cuando no contraproducentes. El último que se firmó en el año 2002 dio lugar a la Ley de Partidos, que permitiría la ilegalización de Batasuna y de todas las organizaciones de su entorno.

En enero de 2002 se celebró en Madrid el XIV Congreso Nacional del Partido Popular: fue una gran fiesta que culminó con la apoteosis de Aznar, en el punto culminante de su carrera política. La asistencia de militantes fue multitudinaria, y el congreso estaba presidido por Eduardo Zaplana, presidente entonces de la Comunidad Valenciana. Las ponencias, que habían sido elaboradas en comisiones, fueron aprobadas por unanimidad en las sesiones plenarias y en un clima de júbilo. Diversos oradores se dirigieron al público, aludiendo todos a los seiscientos treinta mil militantes del partido, cuyo espíritu estaba presente en el auditorio, y a las víctimas del terrorismo que habían sido militantes populares. La definición ideológica del PP que más se repitió fue la de «partido de centro reformista», cuyo concepto nunca quedó claro. La mayoría de los discursos se refirieron a los «valores de nuestro partido», que venían a ser los mismos de la Constitución; el nombre de España: «No tenemos ningún complejo de hablar de España»; la mención a los adversarios difusos, socialistas y nacionalistas varios. Los aplausos fueron monocordes. «Es un ámbito característico desproporcionado —describió Amando de Miguel—. Sólo faltaba que el público se hubiera puesto de rodillas para dar las gracias a los señores del partido»[16].

La sesión vespertina del segundo día del congreso supuso la culminación, con el esperado discurso de Aznar. La gran sala se llenó hasta la bandera, y José María Aznar bajó al podio de oradores. La emoción expectante y silenciosa fue enorme. Su discurso fue rotundamente españolista: lo que le envolvía era «la gran ambición de España». E iba a comunicar «una decisión difícil para mí, pero la mejor para mi partido y para mi país». Todos la esperaban, algunos la temían y todavía los más fieles no la querían creer. Y anunció su renuncia a la futura candidatura a la presidencia del gobierno y del Partido Popular. «Pero donde me toque… No voy a dejar de trabajar en otra cosa que en hacer de nuestro país una de las mejores democracias del mundo». Se descabalgaba del poder, no por conveniencia personal, sino por convicción. Hasta llegar a la catarata de aplausos, en la sala no se oía ni la respiración. Pero no dijo, no sabía o no quería decir quién iba a ser su sucesor. En su momento, sería la persona que estuviera mejor situada: Rajoy, Rato o Mayor Oreja.

Todavía quedaba el último discurso de Aznar en la sesión de clausura. Fue un discurso pragmático: «Somos el centro de la vida española», y la lucha contra el terrorismo era la tarea principal del partido. Y propuso un programa para el futuro, a modo de testamento político. Es decir, le marcó al hipotético sucesor lo que también debía hacer a partir de 2004. Y todos de pie aplaudieron con entusiasmo. Cerró el congreso el presidente de honor del partido, Manuel Fraga, con una exposición muy culta. Pero había sido el congreso de José María Aznar, que había convertido al partido en una comunión, cuyo objeto final sería la sociedad del pleno empleo, lo que suponía sustituir el pesimismo, el desaliento y la dispersión de antaño, por el optimismo y la confianza en la persona, en la familia y en «nuestras posibilidades». Pero, antes que nada, el terrorismo debía ser derrotado…

Se lo dijo así a Luis Herrero en una larga entrevista radiofónica por la COPE: «En el País Vasco hay un problema de terror, de libertades y de democracia. Con el resultado electoral último las cosas no han mejorado […]. El PP quiere que haya democracia en el País Vasco. Para eso los terroristas deben ser derrotados. El gobierno vasco se empeña en un imposible: tener representación directa en los Consejos de Ministros de la Unión Europea… Es una estrategia de confrontación, lo que significa reeditar Estella [el pacto con los nacionalistas radicales]. Para ello el gobierno vasco se propone neutralizar al partido socialista de Euskadi y conseguir que la organización terrorista declare de nuevo el cese de la violencia»[17]. Consideraba que el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, «es un hecho más importante que la caída del muro de Berlín. El terrorismo es ahora el principal problema del mundo, no sólo de algunos países; Estados Unidos no va a permanecer pasivo».

Sin embargo, las relaciones del PSOE con el PP se habían deteriorado en el País Vasco. Tras el fracaso de los socialistas en las elecciones vascas de octubre de 2001, se había producido una crisis importante en el seno del PSOE-PSE. La dimisión de Nicolás Redondo Terreros como secretario general de los socialistas vascos, dejó constancia de la división existente dentro del partido. Los que se oponían a seguir al PP fueron calificados de traidores por la prensa española y por el propio PP, para el cual el rechazo de Nicolás Redondo Terreros colocaba al partido socialista vasco «bajo el gran poder nacionalista». José María Aznar, que creía ver partidarios de ETA por todas partes, afirmó que «el PNV quiere reeditar el Pacto de Estella y por eso neutraliza al partido socialista». Cuando se supo que Redondo había sido recibido en la Moncloa por el presidente, éste advirtió que era «una vileza extraordinaria eliminar a un político como Redondo por las comidas que celebra»[18]. En la siguiente semana, las interferencias del PP en los problemas del socialismo vasco fueron tan llamativas que Rodríguez Zapatero llegó a pedirle a Aznar que abandonase esa estrategia. Se abrió un proceso para elegir al nuevo secretario general del PSOE-PSE, que culminó en marzo de 2002, resultando elegido Patxi López, que, como Zapatero, se mostraba propicio a una política diferenciada del PP y más abierto a una posible evolución.

Mientras tanto, el gobierno vasco mantenía su actitud de confrontación permanente con el gobierno de Madrid. Juan José Ibarretxe había reclamado intensamente las competencias del Estatuto que aún no se habían transferido. Tuvo problemas también con la negociación del concierto, que el gobierno no condicionó a la presencia de Euskadi en las instituciones europeas, aunque finalmente en la tercera semana de febrero se llegó a un acuerdo respecto al concierto. Desde el gobierno de Madrid se propugnaba una nueva legislación sobre los partidos políticos: el objetivo era formalizar una ley que permitiera la ilegalización de Herri Batasuna y sus aledaños. El 23 de marzo el Consejo de Ministros aprobó ese proyecto de ley. «Ese impulso fue personal —ha escrito José María Aznar—, pedí opiniones a diversas personas, y en su mayoría se mostraron contrarias, me parecía una decisión vital […]. Se le comunicó al partido socialista, y aunque no se sumó Convergéncia i Unió, sí se sumó el PSOE, con lo que acabó aprobándose»[19]. En principio pareció que el gobierno no se detenía ante nada y que aprobaría la ley sin ningún tipo de modificaciones. En abril el proyecto fue dictaminado por el Consejo General del Poder Judicial favorablemente, y por el Consejo de Estado, que, pidió la revisión de la retroactividad. Se negoció con la oposición socialista, lo que favoreció la eliminación de esa retroactividad y que la, ilegalización de un partido fuese decidida por una sala del Tribunal Supremo. Finalmente, en la tercera semana de mayo se aprobó definitivamente la ley por amplia mayoría y con dieciséis votos en contra (PNV, EA, IU y BNG). A finales de mayo los obispos vascos mostraron su inquietud por esta medida, ya inminente, y en una pastoral se opusieron a la ilegalización de Batasuna. Finalmente, la ley fue declarada vigente por el Tribunal Supremo.

A comienzos de agosto de 2002 tuvo lugar un atentado en Santa Pola (Alicante). Fue el primero tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. Batasuna no lo condenó, y eso bastó para que el gobierno propiciase su ilegalización en el Congreso de los Diputados, donde fue ampliamente debatida y finalmente aprobada, con 10 votos en contra (PNV, EA y RC) y 27 abstenciones. De cualquier modo, el juez había ya iniciado la tramitación de la suspensión de Batasuna por pertenencia a ETA. Aznar despertó expectativas exageradas: «Se acabó el santuario institucional de ETA […]; a partir de mañana comienza la cuenta atrás para el brazo político de ETA»[20]. En septiembre Ibarretxe hizo pública una propuesta relacionada con la soberanía: un estatus de Estado libre asociado, condición que debería someterse a ratificación mediante referéndum en un escenario de ausencia de violencia. El contenido de la propuesta estaba fuera de la Constitución española de 1978 y del Estatuto de Guernika.

¿PAZ IDÍLICA?

Entretanto, en el mes de mayo había surgido otro problema para Aznar, que desde el primero de enero de 2002 ejercía la presidencia trimestral de la Unión Europea. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, seguro de la nueva marcha del euro y del Pacto de Estabilidad Europea, propuso una reforma laboral que afectaba al seguro de desempleo, y el gobierno lo puso en marcha por un decreto-ley, el llamado «decretazo», publicado a finales de abril. Era un riesgo para el mantenimiento de la paz social y una provocación para los sindicatos, que efectivamente habían convocado una huelga general. Rato no cedía, apoyado por Aznar —«A mí no me da vértigo la huelga general, pero sí se lo debe dar a quienes han hablado de ella»—, aunque el ministro de Trabajo, Aparicio, negociaba con los sindicatos. Las negociaciones no avanzaban, e incluso el presidente Aznar echaba leña al fuego, acusando de «vagancia» a los parados, que vivían a costa de los trabajadores activos, y amenazando a los sindicatos convocantes. Aznar estaba dispuesto a sacrificarse por el bien del partido y el «interés de España». Lo dijo el 6 de julio: «No estamos dispuestos a retroceder. Lo más fácil hubiera sido replegarse y buscar el empate. De eso nada. Vamos a ganar el partido»[21]. Quería dar una lección de autoridad a los sindicatos y a los socialistas, que apoyaban la huelga.

El día 29 de junio, un día antes de celebrarse en Sevilla la Cumbre Europea, el país vivió un paro laboral de desarrollo desigual, pero políticamente significativo. En las industrias y en las zonas urbanas se registró un seguimiento generalizado de la huelga, aunque no en los servicios. El propio vicepresidente político, Mariano Rajoy, tuvo que reconocerlo a finales de la jornada: «Hay huelga, aunque no es general». Y pese a que Aznar nunca reconoció el éxito de la huelga, el 9 de junio hizo una remodelación de su gobierno, tratando de rodearse de pesos pesados. Despidió a Celia Villalobos, Juan Posada y Juan Carlos Aparicio, que se había opuesto a la huelga, y a Pío Cabanillas hijo, portavoz del gobierno. Recuperó a Javier Arenas, llamó a Ana Palacio (hermana de Loyola de Palacio) para ser ministra de Asuntos Exteriores, ascendió a ministro de Justicia a Michavila, y Acebes pasó a Interior, descargando al vicepresidente político, Mariano Rajoy, que ocupaba el ministerio. Eduardo Zaplana fue nombrado ministro de Trabajo, y Ana Pastor de Sanidad. Una semana después, el Debate de la Nación lo ganó Rodríguez Zapatero. Las encuestas de intención de voto se iban desplazando lentamente hacia los socialistas, que parecían haber superado la larga crisis de su partido.

El gobierno parecía haber perdido el pulso político, y su presidente ya no presentaba la imagen de hombre honrado, austero y trabajador, e iba distanciándose cada vez más de la «gente normal». Así se reflejó gráficamente en la fastuosa boda de su hija Ana con el joven gestor Alejandro Agag, celebrada en septiembre en el monasterio de El Escorial. Fue una verdadera boda de Estado, a la que la popular revista ¡Hola! dedicó 57 páginas de un número extraordinario y que la opinión pública criticó largamente. El propio Federico Jiménez Losantos calificó el evento de «políticamente lamentable y estéticamente detestable». Por lo demás, la economía se había desacelerado, al tiempo que había aumentado la inseguridad ciudadana: «Vamos a barrer, con la ley en la mano, a los pequeños delincuentes de las calles españolas», dijo entonces José María Aznar[22]. Y los estudiantes comenzaban a movilizarse en contra de la nueva Ley de Calidad de la Enseñanza, que proyectaba la ministra Pilar del Castillo.

La sociedad española, en noviembre de 2002, estaba pendiente del desastre ecológico provocado por el hundimiento en las costas gallegas del petrolero Prestige, y sorprendida por la falta de reacción de un gobierno y de un partido que habían alcanzado el poder por su determinación para afrontar los problemas. La desesperación y la impotencia de los gallegos ante la pasividad de las autoridades conmovieron a todo el mundo. El chapapote inundaba arenales, rías y mar, y los habitantes de las costas pedían socorro ante las cámaras televisivas, sin apenas obtener respuestas[23]. El 13 de noviembre el Prestige (cargado con veintidós mil toneladas de fueloil) había sufrido una enorme vía de agua en uno de sus tanques, cuando navegaba a veintisiete millas de las costas gallegas de Finisterre. El capitán había pedido la salvación de los tripulantes, porque la nave estaba muy escorada y amenazaba con hundirse. Durante el salvamento se pudo apreciar que el barco estaba vertiendo fuel al mar. El Ministerio de Fomento se hizo cargo de la situación, y el día 14 dio órdenes de alejar al petrolero de la costa para evitar que encallase, maniobra que se hacía difícil por el mal estado del mar. Las autoridades de las Xunta se atuvieron a las ordenes dadas desde Fomento, y ese mismo día Fraga se marchó de cacería a Madrid; el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, se marchó a los Pirineos. Hasta el domingo no fue informado el presidente Aznar, que optó por mandar al vicepresidente, Rajoy, para que se enterase de lo sucedido.

Rajoy constituyó una comisión interministerial, pero el día 19 ocurrió lo inevitable: el petrolero se partió en dos y se hundió en alta mar. Rajoy viajó a Galicia y sobrevoló en helicóptero la amplia zona afectada por la «marea negra», mientras el BNG pedía la adopción de medidas para prevenir y paliar los efectos del accidente, así como compensaciones económicas a pescadores, mariscadores, etcétera. Esas compensaciones se aprobaron a los pocos días por el Consejo de Ministros. Pero los gallegos seguían sintiéndose huérfanos y recibían escasas informaciones de las autoridades. Hombres y mujeres del mar mostraban su ira ante los medios de comunicación. El jueves se celebró de forma casi espontánea una enorme manifestación de protesta, a la que acudieron los principales líderes de la oposición, mientras los dirigentes populares sufrían los abucheos de los ciudadanos. El 20 de noviembre el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, compareció en el Congreso de los Diputados, y en el debate se hizo patente la carencia de medios para hacer frente a la situación, la contradicción de los distintos informes, la ineficacia de los bancos de contención. Sin embargo, en Galicia nadie daba la cara y la población tenía la sensación de enfrentarse en solitario y con las manos vacías a las consecuencias de la catástrofe. Mariano Rajoy se instaló en La Coruña el fin de semana del 23 al 24 de noviembre, constatando que el panorama era desolador: los servicios no funcionaban, estaban subcontratados o dispersos, o dependían de administraciones distintas que no se coordinaban entre sí. El desastre ecológico aparecía en todos los telediarios, y los españoles seguían muy de cerca cuanto ocurría a cada instante, presenciando cómo la marea negra cubría las costas gallegas. Voluntarios de toda España acudieron a Galicia a frenar los efectos del desastre en un movimiento solidario espontáneo sin precedentes. Pero la impresión fue de desbarajuste total.

El 25 de noviembre Aznar reunió al comité ejecutivo de su partido y aseguró que la crisis del Prestige se estaba gestionando bien, aunque «no se están transmitiendo adecuadamente los esfuerzos que hace el gobierno». Culpó a la oposición y llamó «carroñeros» a los socialistas, acusándolos de pretender sacar tajada de la tragedia. Mientras, los gallegos se preguntaban dónde estaba el presidente del gobierno y por qué no acudía a comprobar personalmente los efectos del de sastre. El 30 de noviembre se encontraba en la isla griega de Corfú, participando en una cumbre internacional, y desde allí prometió visitar Galicia con socorros, al tiempo que criticó a los que buscaban «fotos demagógicas», en clara alusión a Zapatero. El caos reinaba en Galicia, adonde no paraban de llegar voluntarios para retirar el chapapote, mientras el petróleo seguía saliendo del barco hundido. El rey visitó las costas gallegas, y poco después el ejército comenzó a colaborar en la retirada del chapapote, tres semanas después de que hubiera comenzado la llegada de los voluntarios.

La manifestaciones convocadas por la plataforma cívica Nunca Máis proseguían y se iban haciendo masivas, mientras Fraga, presidente de la Xunta, se sentía algo perdido. A cambio, aumentó el prestigio de Rajoy, que al menos estaba dando la cara… La crisis del Prestige supuso un importante punto de inflexión en el gobierno: Aznar tardó un mes en visitar Galicia y se negó a cualquier diálogo con la oposición, a la que calificó de «desleal». El problema duró meses, durante los cuales el gobierno no dejó de ser criticado, incluso por los militantes populares, hasta que, comenzado ya el verano de 2003, los portavoces de la Moncloa pudieron declarar que las playas gallegas estaban esplendorosas. Aunque Aznar no se había «quebrado» en ningún momento y pensaba «recuperar Galicia», su partido, deprimido y desorientado por la crisis, frente a un PSOE crecido, se volvió muy activo, multiplicando sus intervenciones y decisiones a favor de los damnificados. El 8 de abril Aznar declaró por televisión: «El gobierno está preparado para todo»[24]. Trató de mostrarse seguro y conciliador, admitiendo haber cometido algunos errores, pero atacó sin contemplaciones a Zapatero. Luego reunió a la junta nacional del PP para decirles que había que apretar los dientes y coger la pala: «Estamos ante la más grave catástrofe ecológica de la historia […]. Aceptamos las críticas con humildad, aunque a algunos puedan parecerles injustas, excesivas o descarnadas»[25]. Creía que terminaría por hacer pagar a los socialistas la utilización de la desgracia, mientras que los ciudadanos acabarían valorando los resultados de su gestión y volverían a dar el voto a los candidatos populares en los comicios autonómicos y municipales.

NO A LA GUERRA

Mientras crecía la crisis del Prestige, el gobierno trataba de recuperarse de los efectos de la huelga general del 20 de junio de 2002, mostrándose a primeros de octubre dispuesto a rectificar algunos de los puntos más duros del «Decretazo». Eduardo Zaplana, nuevo ministro de Trabajo, era el encargado de negociar con los sindicatos. Pronto anunció «que él corregía en lo esencial la disposición» (endurecimiento de las condiciones para el desempleo, la eliminación de los salarios de tramitación de los despidos improcedentes) y admitía la mayoría de las exigencias obreras. Aun así, los líderes sindicales mantuvieron el enfrentamiento con el objetivo de recuperar el subsidio agrario, última toma de fuerza del gobierno. El pugilato se mantuvo vivo durante bastante tiempo, incluso con manifestaciones y amenazas de huelga agraria, hasta que el gobierno cedió finalmente al terminar el año. «Todavía tenemos tiempo de recuperarnos, siempre que no haya otro Prestige», dijo Aznar a comienzos del 2003[26].

En su propósito de recuperarse, Aznar decidió en solitario el reconocimiento internacional, y en concreto el reconocimiento del «amigo americano», empeñado entonces en la guerra contra el terrorismo y en la invasión de Irak. El presidente Bush había visitado España en junio de 2001 y había hablado ampliamente con Aznar: «Bush estaba al tanto de la política que el gobierno del Partido Popular había estado llevando a cabo en España, y deseaba que todo el mundo supiera claramente que consideraba a nuestro país un aliado y un amigo muy especial. Me demostró que estaba convencido de que íbamos a poder trabajar juntos con mucha frecuencia […]. Bush conocía muy bien los estragos del terrorismo en España y me aseguró que iba a realizar una declaración pública, con un compromiso inequívoco de apoyo a la lucha contra el terrorismo»[27], lo que efectivamente hizo en una rueda de prensa en la Moncloa. En devolución de la visita, Aznar viajó a Washington en noviembre de aquel año y se entrevistó con su amigo el presidente americano: «Para entonces ya habíamos realizado en España numerosas actuaciones policiales que resultaron sumamente útiles para los norteamericanos», después de los atentados del 11-S. Volvió a ver a Bush en mayo de 2002 en Camp David, y le visitó de nuevo en Washington en diciembre de 2002. Antes de regresar a España, Aznar convocó una rueda de prensa en la que mostró su plena identificación con las posiciones estadounidenses en la crisis de Irak, rechazando, sin mirarlo, el extenso informe sobre armas de destrucción masiva que Sadam Husein había enviado a la ONU. Con ello, Aznar se creyó uno de los grandes del mundo, lo que significaba que debía apoyar plenamente a Estados Unidos en su inminente guerra contra Irak, aun en contra del criterio de Francia y Alemania. Sin embargo, en enero de 2003 las encuestas anunciaban tormenta en el caso de que España interviniera en la guerra de Irak. Un 67 por ciento de los españoles mostraba su rechazo total a la participación en esa guerra, y un 24 por ciento la apoyaba en caso de que fuese auspiciada por la ONU. Con el paso del tiempo aumentó el rechazo a la guerra: los españoles que decían «No a la guerra» llegaron a ser el 92 por ciento.

Sin embargo, pronto se vio que Aznar, por convicción personal, estaba dispuesto a implicarse en ella. ¿Por qué? Quizá un factor decisivo en él fue su nacionalismo basado en una España grande, una España sólo posible si superaba cierto complejo histórico y se creaba una «nueva leyenda en el mundo», situándose al lado del país más poderoso de la tierra y empeñándose en una guerra contra el terrorismo internacional, de igual modo que su gobierno combatía el terrorismo etarra. Esperando que la resistencia francoalemana en el Consejo de Seguridad de la ONU fuera efímera, que la guerra durara poco y que la victoria norteamericana fuese abrumadora, Aznar debió de autoconvencerse de que España podía dar un gran salto hacia delante en el mundo, contando siempre con el apoyo de Estados Unidos. Estaba en lo que se ha llamado «una burbuja reputacional», consistente en desear —en lo personal y en lo que representa— una consideración mayor de la que a uno le corresponde[28].

Durante gran parte del mes de enero de 2003, José María Aznar desplegó una intensa actividad a favor de su tesis proamericana sobre el conflicto de Irak, preparando a la opinión pública para una inmediata guerra: «Pido que me comprendan y que me crean cuando digo que no tengo más interés que el de los españoles», dijo Aznar ante las cámaras de Antena 3. No pensaba en ganar votos: «Estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva, tiene vínculos con grupos terroristas y ha mostrado a lo largo de su historia que es una amenaza para todos». Pero a medida que crecía su servilismo a la política belicista de Bush, aumentaba el rechazo a la guerra de la opinión pública. Mientras Francia y Alemania plantaban cara a Estados Unidos y se negaban a votar la intervención en Irak hasta que los expertos de la ONU no comprobasen la existencia de las armas de destrucción masiva, Bush estaba decidido a intervenir militarmente por su cuenta y con el apoyo de Gran Bretaña y España. A finales del mes de enero, Aznar envió una carta a Wall Street Journal a favor de la guerra, a la que se adhirieron Tony Blair y otros mandatarios de Italia, Portugal, Dinamarca, Hungría, Croacia, etcétera.

El primero de febrero Aznar llamó a Zapatero a la Moncloa para exigirle el apoyo de su partido a la acción del gobierno, y Zapatero arguyó un «No a la guerra», por una cuestión de principios y por coincidir con la opinión de la mayoría de los españoles. Por primera vez, el PSOE superó al PP en intención de voto, aunque no creció mucho más. Era cierto que la gran mayoría de los españoles no se sentían amenazados por Irak y creían que la participación en el conflicto empeoraría las relaciones con los países árabes. Pero Aznar se desentendió de la opinión pública española, y, a través de la ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, anunció que en caso de guerra el gobierno autorizaría el uso de las bases españolas a las fuerzas aéreas americanas, El 5 de febrero el presidente Aznar obtuvo el respaldo parlamentario a su posición mediante el voto unánime de los diputados populares: «Yo me sentía respaldado por el gobierno y por el Partido Popular. Estaba seguro de que el PP respondería al reto. Pero la presión llegó a ser tan fuerte que había razones para preguntarse por cuánto tiempo la gente podría seguir aguantando todo aquello. Me reconfortó ver que el trabajo de tantos años había dado su fruto. Personalmente significó una expresión de respeto y confianza, porque sin duda había muchas personas que no estaban completamente convencidas de nuestras decisiones, pero en ese momento tan difícil demostraron que confiaban en nuestras razones para adoptarlas y mantenerlas […]. Nunca he intentado provocar el entusiasmo ni la admiración de la gente con mis discursos. Lo que hay que hacer es trasladar a la realidad un proyecto y una convicción. Es la mejor pedagogía que se puede realizar»[29].

El 15 de febrero de 2003 millones de españoles salieron a la calle para manifestarse masivamente y decir «No a la guerra»… Mientras, Aznar hacía la guerra por su cuenta, o por cuenta del presidente americano, y viajó a México, por entonces miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, como España y Chile. No fue bien recibido, porque su intención de conseguir el voto mexicano para la guerra fue interpretado como injerencia en los asuntos internos de aquel país. Pero el día 20 visitó a su «amigo» Bush, en su rancho de Texas, donde se alojó: «España es un asidero firme en el que tenemos mucha confianza —dijo el presidente americano—. Mi amigo Ansar [sic] es un combatiente firme en la lucha contra el terrorismo y yo valoro enormemente sus consejos, y respeto y agradezco su liderazgo»[30]. Sus elogios fortalecieron la imagen de Aznar en el mundo, o al menos eso creía el presidente español, y quizá también su liderazgo en España. Pero no consideró los efectos negativos que tendrían sobre la opinión pública española, divertida por el peculiar acento «texano» que Aznar mostró a su vuelta a España.

En España se atrincheró en su partido, unido como una piña en torno a su figura, pese a las dudas de muchos de sus militantes, preocupados por las declaraciones que el Papa había hecho en contra de la guerra. Pese a todo, todos los parlamentarios populares votarían en secreto en el Parlamento a favor de la posición de su líder. Y luego Aznar hizo un viaje a Roma y visitó a Berlusconi y al Papa. Sobre el 10 de marzo tenía una idea aproximada de las posibilidades que existían para que el Consejo de Seguridad aprobase una resolución propuesta por Estados Unidos, Gran Bretaña y España para invadir Irak, posibilidades que eran nulas por el veto de Francia y Alemania. Entonces los tres aliados decidieron reunirse en las islas Azores el 16 de marzo para lanzar un ultimátum a Sadam Husein y a la ONU: «Mañana será el momento de la verdad para el mundo, si Sadam no se rinde», dijo el presidente Bush. Era toda una declaración de guerra, en la que Aznar no aclaró cuál sería la participación española. El gabinete de crisis, que se creó en la Moncloa, se decidió por la tesis de «la ayuda humanitaria» con participación militar, lo que se dio a conocer al Parlamento, sin debate ni votación alguna.

El 20 de marzo de 2003 George Bush llamó por teléfono a José María Aznar para comunicarle que el bombardeo masivo sobre Bagdad había comenzado… Las manifestaciones de protesta contra la guerra se extendieron por toda España y por todo el mundo, asombrando a los propios organizadores. En España las manifestaciones fueron masivas, y hubo brotes de violencia que la policía reprimió con contundencia, asaltos a algunas sedes del PP, insultos a los militantes de este partido, etcétera. Por televisión la gente contemplaba con indignación los constantes bombardeos sobre la población civil de Bagdad, y no podía hacer otra cosa sino manifestarse, al margen de los partidos y de las organizaciones sindicales, y mostrar su rechazo a la guerra a través de sus actos. Sin embargo, en el mes de abril, cuando la guerra estaba a punto de terminar, la intención del voto al PSOE comenzó lentamente a descender. El final de la guerra —otra cosa sería la posguerra— contribuyó a bajar los ánimos de la gente y las tensiones entre los políticos. En el horizonte aparecían las próximas elecciones municipales y autonómicas.

LA SORPRESA ELECTORAL

El presidente Aznar estaba muy crecido por la rápida victoria de los «aliados» sobre Irak, y en la sociedad española los ecos del conflicto bélico se iban apagando paulatinamente. Y el Partido Popular volvió a adquirir protagonismo, movilizado por su líder: «Nosotros no tenemos nada que ocultar, nada de que avergonzarnos ni por qué pedir perdón». Y acusó a la oposición de haber intentado sobrepasar al gobierno, no en las urnas, sino con la presión en la calle. «Somos un partido serio. Caeremos más o menos simpático, pero nadie nos puede decir que no cumplimos con nuestros compromisos»[31]. Y disipó la duda de por dónde iba a discurrir la próxima campaña electoral: «En estas elecciones algunos estamos vestidos, y otros van en pelotas Estoy seguro de que el 25 de mayo, como ha pasado más de una, dos y tres veces, algunos profetas volverán a equivocarse». Criticó la «alianza Llamazares-Zapatero», que, de gobernar, aplicarían una educación peligrosa y pondrían en riesgo el sistema social y las pensiones. Siendo únicamente el último de la lista en la candidatura popular por Bilbao, José María iba a participar muy activamente en esta su última confrontación electoral. Su exacerbado protagonismo no estaba sólo en la asombrosa cantidad de mítines y actos políticos que celebraba, sino también en su manera de hablar. Y así en un mitin celebrado en Tudela el 14 de mayo dijo que: «A Navarra no le va a quitar nadie nunca su identidad», advirtiendo que si algún día alguien lo intentaba, «con el primero que se iba a encontrar de frente y de bruces era con uno que se llama José María Aznar»; su peculiar campaña fue creciendo en agresividad contra la oposición, tratando de identificar al joven líder socialista con Izquierda Unida, para arrinconar al PSOE en la izquierda del electorado y facilitar la ocupación del centro político.

Ya antes de la campaña electoral, José María Aznar había ganado popularidad con la visita del Papa a España y con su viaje a Estados Unidos, donde visitó a Bush en Washington y pronunció una conferencia en Nueva York, en el Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad. Logró que el Departamento de Estado incluyese en su lisia de organizaciones terroristas a Batasuna: «Esta es la primera consecuencia de nuestra relación con Estados Unidos»[32]. A su vuelta a España supo de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizaba definitivamente a Batasuna, interfiriendo el proceso electoral vasco. En ese clima, hubo un atentado de terroristas islámicos en la Casa de España en Casablanca (Marruecos) y Rodríguez Zapatero dijo que ese atentado, en el que varias personas habían muerto, demostraba que España estaba entre los objetivos del terrorismo internacional por su participación en la guerra de Irak, que el terrorismo no se combatía con «guerra ilegítima» y que la peor arma de destrucción masiva en el futuro era el fanatismo. Sus palabras fueron desautorizadas por Aznar, que en un mitin en Palma de Mallorca dijo: «Quiero decir a los españoles que estáis en el punto de mira de los terroristas, que no sigáis los consejos letales del señor Zapatero […]. Se ha retratado»[33].

A medida que se acercaba la jornada electoral del 25 de mayo, en el PP aumentaban las esperanzas de «salvar los muebles», a la vista de las encuestas que recibía. A mediados del mes de mayo el partido del gobierno ya aparecía empatado con los socialistas en porcentaje de voto municipal. Por si fuera poco, en aquellos días el Congreso de Estados Unidos había concedido a Aznar la medalla de oro, que sólo habían recibido personajes de la categoría de Winston Churchill o la madre Teresa de Calcuta. A pesar de todo, la incertidumbre electoral era grande. Las elecciones se celebraron el 25 de mayo de 2003, con una alta participación electoral. Dadas sus expectativas, el PP no obtuvo malos resultados, y el PSOE logró menos de lo que esperaba. En el ámbito municipal los socialistas tuvieron entre cien y doscientos mil votos más que los populares, pero éstos conservaron casi todas las capitales que habían obtenido en las elecciones anteriores. La victoria más espectacular le correspondió a Alberto Ruiz Gallardón, que obtuvo para los populares 147 000 votos más que en los anteriores comicios.

En el conjunto de las comunidades autónomas que estaban en juego ganó el PP, concentrando el voto sólo en cinco. En Cataluña bajó el PSC-PSOE, pero creció ERC a costa de CiU, por lo que pudo formarse un gobierno «tripartito» de izquierdas. En la Comunidad Valenciana se consolidó el gobierno del PP. En Baleares, con sólo veinte mil votos de diferencia, el PP recuperó una comunidad que siempre había sido suya. En Asturias el gobierno de la comunidad pasó a manos de los socialistas. Y en la Comunidad de Madrid ganó una coalición preelectoral del PSOE e IU, pero su gobierno se hizo imposible por la deserción de dos diputados socialistas: el escándalo fue mayúsculo, perjudicando la imagen pública del PSOE madrileño y beneficiando, de hecho, al PP. Se decidió repetir las elecciones el próximo mes de octubre, tiempo suficiente para que, a través de una comisión de investigación dominada por los populares y televisada en directo, el electorado se percatara de que la Asociación Socialista Madrileña la componían diferentes clanes que se disputaban ferozmente el poder y que pactaban las listas.

Con todo, aquellas elecciones fueron consideradas para Aznar como un triunfo personal suyo y de su partido: «Esto es un clarísimo fracaso de la izquierda», fue su primer comentario. Después del Debate de la Nación y plenamente satisfecho, se fue de vacaciones, enfrascándose en la lectura de los libros de Pío Moa, que, desde el franquismo reinventaba la investigación historiográfica sobre la Guerra Civil. Lejos estaban los tiempos en que, a mediados de los años noventa, hiciera la presentación de un libro sobre Azaña, o se mostrara entusiasta del novelista republicano Max Aub o del poeta Luis Cernuda, sevillano y homosexual. A la vuelta del verano, la cuestión vasca seguía siendo la principal preocupación del presidente Aznar, que pretendía cerrar el Estado de las Autonomías, tomando como eje la Constitución y el Estatuto de Guernika. Por eso identificaba el Plan Ibarretxe con el 23-F, y denunciaba cada vez más al PNV, calificándolo de ser un partido no democrático, afín al nacionalismo radical e incluso a ETA. Una ETA que seguía poniendo bombas, pero avisando previamente y sin producir víctimas mortales…

En octubre de 2003 se celebraron las elecciones autonómicas en Madrid, que ganó holgadamente el PP, dando aires al triunfalismo del gobierno de Aznar, que ya no dudaba sobre quién ganaría las próximas elecciones generales previstas para el año siguiente. Puesto que Aznar ya no se iba a presentar como candidato era preciso que designase a su futuro sucesor. Como político profesional experimentado y seguro de sí mismo, llevó a cabo el proceso sucesorio con bastante habilidad, designando como hombre oportuno en el momento oportuno a Mariano Rajoy, con la plena aceptación de todos los militantes. El haber designado al hombre adecuado para sucederle en la presidencia del gobierno y del partido, y el dejarle como herencia un partido unido y cohesionado para llevar adelante su proyecto, le dejó plenamente complacido: dado el caos organizativo de la oposición y la insuficiencia de su principal líder, su legado quedaría incólume por mucho tiempo. Y así lo decían los sondeos electorales, y así lo creía con toda convicción. Como Franco, iba a dejar todo atado y bien atado. Al margen del régimen constitucional, Aznar se asemejaba cada vez más a Franco. «Por su hermetismo, su frialdad, su sentido del tiempo, su capacidad de arbitraje entre los adictos y por su aparente inmunidad, que le hacía ser desdeñado por el adversario pero ocultaba una poderosa ambición y un habilidad insuperable en el regate corto intrapartidista, el paralelismo entre los dos personajes es mucho mayor de lo que pueda parecer a simple vista»[34]. Como a tantos otros, Franco le había dejado una huella indeleble.

A primeros del año 2004 todo parecía transcurrir según los planes trazados por Aznar. Todas las encuestas y sondeos daban al PP como ganador en las próximas elecciones generales, aunque paulatinamente la distancia con los socialistas se iba acortando… Las últimas elecciones generales del 14 de marzo de 2004 han sido las más dramáticas realizadas nunca en España, tras el atentado terrorista más brutal cometido jamás en Europa y que no podía haber sido previsto por el gobierno de Aznar. Sin duda, los 192 muertos en los atentados de Atocha de Madrid, tres días antes de la prevista jornada electoral, causaron una gran conmoción general y tuvieron repercusiones políticas. Pero la inesperada derrota del PP no debe atribuirse sin más al estado emocional de los electores, porque desde hacía tiempo el partido del gobierno había ido perdiendo credibilidad. La sucesión de crisis mal resueltas (el Decretazo, la huelga general, el Prestige, etcétera) y las muestras de prepotencia habían hecho perder la confianza en el gobierno a muchos españoles, con excepción de los militantes y simpatizantes del PP. De modo especial, la participación española en la guerra de Irak no había sido aceptada por la inmensa mayoría de los españoles. Pero tampoco había un gran entusiasmo por la oposición socialista, especialmente tras la crisis padecida en la Comunidad de Madrid y la ineficacia mostrada por la dirección del partido al enfrentarse a ella.

La campaña electoral propiamente dicha, aunque siempre concedió ventaja al PP, aumentó sensiblemente las expectativas de la oposición. La campaña del Partido Popular fue mala, porque se pareció mucho a una simple proyección programática del que ya no era candidato, porque se centró en un exasperado unitarismo españolista y rechazó la confrontación con el adversario para evitar sorpresas. El PSOE insistió en el valor de su candidato, al que presentó rodeado de personas de reconocido valor y hablando de los problemas de la gente. Zapatero prometió un nuevo clima político basado en el diálogo y no en la confrontación, e invocó el voto útil… El atentado de Atocha no tenía por qué haber favorecido a la oposición, pues nadie culpó al gobierno por lo sucedido. Pero el gobierno actuó de un modo que a muchos les pareció intolerable: su empeño en atribuir el atentado a ETA a toda costa, la ocultación o manipulación de la verdad, la reacción excesiva contra el adversario, su incapacidad para invocar el consenso. Todo eso influyó probablemente para que muchos ciudadanos que se iban a abstener votasen y lo hiciesen a favor de la oposición. El 14 de marzo se produjo la sorpresa: el PSOE obtuvo 11 022 163 votos, el 42,6 por ciento de los votantes y 164 escaños. Los populares lograron 9 763 144 votos y 148 escaños. ERC obtuvo 9 escaños, CiU, 10, IU, 5, etcétera. El hecho fue que José Luis Rodríguez Zapatero pudo contar con los apoyos necesarios para gobernar. Y fue investido nuevo presidente del gobierno: su primera decisión fue retirar las tropas españolas de Irak.

9. Vuelta a la Cruzada

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Vuelta a la Cruzada

El domingo 12 de marzo de 2000 el pontífice Juan Pablo II, en solemne acto celebrado en la Basílica del Vaticano, pidió perdón por las culpas acumuladas por la Iglesia a lo largo de veinte siglos. El Papa exhortó a la Iglesia católica a arrepentirse, desde los pecados «cometidos al servicio de la verdad» y contra el «Cuerpo de Cristo» —intolerancia y violencia contra los disidentes, las cruzadas, las guerras de religión, la Inquisición, las excomuniones, persecuciones y escisiones en el seno del cristianismo—, hasta los pecados cometidos contra el amor, la paz, los derechos de los pueblos, el respeto debido a otras religiones, etcétera[1]. Tanto el documento como el acto del perdón habían sido anunciados ya en 1992, cuando Juan Pablo II resumió sus ideas al respecto: «Reconocer las debilidades del pasado es un acto de lealtad y coraje». Pero las intercesiones del Papa no han constituido ex cathedra digno ejemplo para la Iglesia católica española, que ha decidido no sentirse concernida por acción u omisión a lo largo de su historia.

Tres meses antes del perdón pedido por el Papa, la Conferencia Episcopal Española hizo público un documento en el que, bajo el título «La fidelidad de Dios dura siempre», lanzaba las campanas al vuelo por la gozosa cifra de mártires alcanzados en el milenio. Se refería también a la «confesión de los pecados y petición del perdón», asumiendo sin miedo y con verdad «nuestras faltas», es decir, los pecados de los hijos de la Iglesia y los de todos sus contemporáneos. Pero la Iglesia como institución no pedía perdón por nada, ni siquiera por su participación en la Guerra Civil española al lado de Franco: «No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre españoles. Deseamos pedir perdón a Dios por todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en un bando u otro bando de los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos ciudadanos muertos derramada como consecuencia de odios y venganzas siempre injustificables, y en el caso de muchos hermanos y hermanas como ofrenda martirial de la fe, sigue clamando al cielo para pedir la reconciliación y la paz»[2]. La Iglesia española, por tanto, no pedía perdón como institución, aunque ofrecía la sangre derramada por sus mártires para pedir la reconciliación y la paz. ¿Y la sangre derramada por los que no fueron hermanos y hermanas? La Iglesia optaba por una miopía doble sobre lo realmente sucedido en la sangrienta Guerra Civil, y ni siquiera se planteaba lo sucedido en la durísima posguerra. Se autoexcluía y se limitaba a pedir perdón por los pecados cometidos genéricamente en uno u otro bando.

El 13 de abril de 2000 se inauguró la LXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, cuyo portavoz comentó la iniciativa de clasificar y agilizar los procesos de beatificación de los mártires de una guerra civil en la que «la Iglesia fue sujeto paciente, es decir, víctima». Se declaraba paciente o víctima a una institución que, a través de su jerarquía, había llamado Cruzada a la sublevación militar que provocó la guerra. En el discurso de apertura, el presidente de la conferencia, el cardenal Rouco, planteó la beatificación de unos diez mil mártires, «que dieron su vida por Cristo en los trágicos acontecimientos de la Guerra Civil», como unas honras canónicas que «no deben inducir a nadie a reabrir viejas heridas ni a justificar la violencia como arma política». Rouco explicó que la Iglesia española no quería hacerse prisionera del pasado y que adoptaba una posición neutral: «Algunos hubieran querido escuchar de nosotros una justificación, si no una glorificación de aquellos hechos. Otros han echado en falta una autoinculpación de la Iglesia como causante de la ruptura de la paz y como sostenedora del régimen implantado por los vencedores». Pues bien, la jerarquía católica no había querido hacer ni lo uno ni lo otro[3].

Simultáneamente, en un encuentro con jóvenes universitarios, el cardenal Rouco debió responder a las preguntas sobre la discrepancia entre las peticiones de perdón del Papa y la actitud de la Iglesia española sobre su propio pasado: «Nos unimos de corazón a la iniciativa del Santo Padre, y pedimos perdón con él por lo que atañe a España y a sus hijos en el último milenio». Como se le insistió en que la Iglesia española había bendecido la guerra hecha por Franco, al que había dado todo su apoyo, tuvo que extenderse: «Se ha pecado por ambos bandos y dar un paso más en la delincuencia de esos bandos es históricamente imposible. Por tanto, no se puede declarar a la Iglesia en su conjunto culpable de la evolución de la Guerra Civil, sin herir a muchos y, por tanto, no se puede entrar en esos juicios ni implícita ni explícitamente. Se trata de pedir perdón a Dios y eso conlleva la promesa de que la Iglesia y los católicos serán gente de paz, a pesar de que en la actualidad sigue habiendo una semilla de guerra y un resto dramático y trágico»[4]. De manera que seguía habiendo una semilla de guerra y un resto trágico, lo que significaba que la transición, la primera y la segunda, no había conseguido un modelo de convivencia entre los españoles. ¿Quién sembraba la semilla de guerra? ¿Quién padecía el resto trágico? Para responder a esas preguntas, había que replantearse el pasado.

Olvidar lo sucedido y tener la lucidez necesaria para que no se volviera en España a la guerra y a la violencia era sumamente contradictorio. ¿Cómo hacerlo? ¿Se puede olvidar la guerra cuando se sigue beatificando a los mártires? ¿Eso no hiere a nadie? ¿Fiará en cambio recordar a los «desaparecidos» del franquismo? Josep Maria Margenat situaba de otro modo el contexto histórico del perdón en la petición «más radical, honesta y abierta que quepa por no haber contribuido a la reconciliación, por haber legitimado una guerra incivil como cruzada […]. No hay falsedad más grande que decir que todos fuimos víctimas o que todos fuimos culpables […]. La razón de las heridas no vale. Se trata de curar unas heridas realmente existentes, aunque sea asumiendo con dolor de pecadores nuestra responsabilidad institucional, como responsables de la cobardía, de la tibieza o del silencio cómplice. Todos no fueron culpables, pero todos sí somos responsables de la memoria»[5].

En cualquier caso, para olvidar, perdonar, restañar heridas, recuperar un pasado aún latente, hay que saber la verdad de lo que pasó hace ya más de sesenta años. Y la verdad fue que en los primeros meses de la contienda la mayoría de los obispos españoles se habían pronunciado en pastorales y homilías a favor de la insurrección armada de Franco, pese a que éste había fusilado a sacerdotes y católicos vascos, y en contra del gobierno republicano democráticamente elegido. La pastoral más enjundiosa tal vez fue la de Pla y Deniel, arzobispo de Salamanca, titulada «Las dos ciudades» y publicada el 30 de septiembre de 1936: «… en el suelo de España luchan hoy constantemente dos concepciones de vida, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la tierra: las dos ciudades que el genio del águila de Hipona, padre de la Filosofía de la Historia, san Agustín, describió maravillosamente en su inmortal Ciudad de Dios: “Dos amores hicieron sus ciudades: la terrena, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios; la celeste, hasta el desprecio propio”»[6]. Esas dos fuerzas enfrentadas, que personificaban el mal y el bien, representaban la percepción ideal de dos principios antagónicos, cuya naturaleza consistía en su permanente y recíproca destrucción, y que debía conducir a la victoria del bien.

Frente a la maldad que en aquellos tiempos había tomado forma de comunismo y anarquismo —«los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín»—, se alzaban las fuerzas del bien. «Frente a tanta dependencia humana de la ciudad terrena de los sin Dios florece la ciudad celeste de los hijos de Dios, cuyo amor divino los eleva hasta las sublimidades del heroísmo y del martirio». Las fuerzas del mal eran ciertamente las que se mantenían leales y defendían el gobierno de la República. Por supuesto que la jerarquía católica no permaneció pasiva en aquella lucha, sino que se incorporó a ella; en la vanguardia actuante estaban los capellanes que enfervorizaban a los combatientes de Dios, y también se hallaban en la retaguardia, con colaboraciones culturales, con gestos de apoyo a Franco: «… entonces ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia por que haya abierta y oficialmente permanecido a favor del orden contra la anarquía, a favor de la implantación de un orden jerárquico contra el disolvente comunista, a favor de la defensa de la civilización cristiana y de sus fundamentos religiosos, patria y familia contra los sin Dios».

Con argumentos teológicos, Pla y Deniel consideraba que la República había incurrido en tiranía, por cuanto no protegía la religión, la familia, las costumbres y el bien público, y consiguientemente levantarse contra ella y apoyar la rebelión militar era lícito. Y también era lícita la guerra que vino a continuación, a causa de la resistencia que ofrecieron las organizaciones republicanas. «Pero la guerra, como el dolor, es una gran escuela de hombres… Quienes valientemente han expuesto su vida por Dios y por España, ¿no serán mejor cumplidores en sus deberes religiosos y ciudadanos, que representan un sacrificio mucho mayor que la vida?»[7]. Era una cruzada: «Reviste, sí, las formas externas de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada… Fue una sublevación, pero no para conseguir bienes particulares, sino para restablecer el orden». Por eso la había bendecido el papa Pío XI: era una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización, contra el comunismo. Hubo otros muchos obispos españoles que calificaron de cruzada el alzamiento militar del 18 de julio. Y en julio de 1937 el episcopado español, con la excepción de cinco de sus miembros, firmó una carta colectiva en defensa de los nacionales: «Siendo la guerra uno de los azotes más terribles de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único, para poner las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por eso la Iglesia, aun siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado órdenes militares y ha emprendido cruzadas contra el enemigo de la fe». Calificaba la guerra española como un «plebiscito armado» y apoyaba entusiásticamente al Caudillo: «… le agradecemos el amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdurar, estamos dispuestos a colaborar, como obispos españoles, con quienes se esfuerzan en restaurar en España un reino de paz y de justicia». Porque «hoy por hoy no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz… que el triunfo del Movimiento Nacional […]. Dentro del Movimiento Nacional se ha producido el fenómeno maravilloso del martirio»[8].

Después de la guerra, el cardenal Pla y Deniel publicó otra importante pastoral, «El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España», a modo de recapitulación: «En la cruzada que acaba de culminar con la victoria, ha sido ésta posible, aparte de la protección divina, por la unión de todos los que sentían los ideales supremos que da Dios y la Patria. En la paz debe proseguir esta unión. La pide el sacrificio de tantos millares de muertos […]. Hora es de que acaben para siempre las luchas de clases, después de que se ha palpado cómo el liberalismo nos lleva a la revolución comunista […]. Los desmanes tumultuarios de la imagen del Frente Popular y su acercamiento al comunismo fueron consecuencia lógica del laicismo y la persecución legalista de la Segunda República, como ésta fue el fruto natural del liberalismo practicado durante un siglo, con la libertad dada a la propaganda de socialismo y comunismo entre las masas y de la lección demoledora de la Institución Libre de Enseñanza»[9].

LOS «DESAPARECIDOS DE FRANCO»

Si ahora la jerarquía católica española prosigue su tarea de beatificar los «mártires de la fe», perseguidos y muertos por los republicanos en la guerra española, no se entiende bien por qué no ha dicho nada de los cientos de millares de «desaparecidos» del franquismo, a no ser que piense que la sangre de éstos no puede intrínsecamente contribuir a la reconciliación de los españoles. El experto Vicente Orti Cárcel dijo en abril de 2004 que dentro de los «mártires cristianos» no hubo banderías políticas ni ideológicas: sólo había fe en Dios y amor al prójimo. De este modo quedaba descontextualizado el martirio de los sacerdotes y religiosos asesinados en la Guerra Civil, honrados como mártires, mientras que la «desaparición» de tantos y tantos republicanos debe seguir en el silencio degradante de cientos de «fosas comunes» simplemente por el hecho de que se les considera no católicos. La represión horizontal de la izquierda vencida pero no convencida fue el eje fundamental del verticalismo político-religioso-cultural del primer franquismo, pero sus devastadores efectos han seguido vigentes incluso en tiempos de la democracia establecida. Para eso se hizo la guerra, para dejar «limpio el solar para nuestro edificio» y construir el nuevo Estado sobre una tierra sacralizada por la sangre de los mártires y caídos nacionales, y putrefacta por los miles y miles de cadáveres de los vencidos. Porque el exterminio de los represaliados había sido previamente planificado por los que se sublevaron el 18 de julio de 1936, tal como afirmó el general Mola: «Hay que extender el terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensen como nosotros»[10]. Tras ser exterminados o exiliados, los republicanos debieron ser ignorados y olvidados «para no reavivar viejas heridas», aunque la represión se diera durante los primeros triunfos de los sublevados desde el primer momento, o ya en la posguerra. Así lo manifestó Queipo de Llano por el micrófono de Radio Sevilla: «Después del triunfo será preciso hacer una limpia y extirpar de España todos los brotes marxistas. Pero salvaremos a España y pronto hemos de ver enterrados hasta estos últimos brotes»[11].

El 14 de agosto de 1936 las tropas franquistas, al mando del coronel Yagüe, entraron en Badajoz a sangre y fuego, y reprimieron ferozmente a todos los sospechosos de militancia republicana. De cuatro a ocho mil personas fueron concentradas en la plaza de toros y sucesivamente ametralladas sin ningún tipo de juicio. No es que esos hechos fueran más terribles que los ocurridos en Sevilla, Cádiz, Algeciras o Villarrobledo (Albacete), donde los sublevados pudieron actuar sin testigos, sino que en Badajoz había periodistas extranjeros que vieron lo que allí sucedió y lo contaron a todo el mundo, incluso con pruebas gráficas. «El coronel Yagüe, que mandaba las tropas de Franco en Badajoz, se reía al oír los desmentidos relativos a la matanza. “Naturalmente que los hemos fusilado —me dijo—. ¿Qué se podría esperar? ¿Pensaban que me llevaría conmigo a cuatro mil rojos mientras mi columna avanzaba luchando contrarreloj? ¿Debería dejarles en libertad a mis espaldas, permitiéndoles que hicieran nuevamente de Badajoz una ciudad roja?”»[12]. La columna de Yagüe partió de Badajoz y siguió su camino hacia el norte, dejando un reguero de cadáveres enterrados sin identificar en un sinfín de fosas comunes.

Pero la matanza de Badajoz había dado la vuelta al mundo y se había convertido en un escándalo que ponía en entredicho que la guerra que hacía Franco fuera una cruzada. La lección se aprendió: los archivos fueron purgados y ni siquiera hoy se puede saber la gente que fue enterrada en la inmensa fosa común del cementerio de Badajoz. Las cosas cambiaron, la represión seguía siendo cruel e indiscriminada, tal como había sido diseñada, pero se actuaba más cuidadosamente, tratando de no dejar rastro, fusilando a la gente sin testigos y enterrándola con mayor prudencia, fuera de los pueblos, o en parajes aislados, en fosas comunes que no fueran fácilmente identificables, de manera que no fuera posible saber el número de fusilados ni dónde estaban enterrados, al tiempo que las víctimas del «terror rojo» iban siendo perfectamente identificadas, homenajeadas y glorificadas: en todos los pueblos liberados se colocaban placas, cruces o monumentos con los nombres de los «caídos por Dios y por España». La llamada causa general fue quizá el intento de probar y demostrar el «terror rojo», con la pretensión propagandística de justificar o excusar «los excesos» de los nacionales. El antecedente de los seis mil religiosos asesinados por los republicanos en los primeros tiempos de la guerra les había dado un excelente resultado. El origen de la causa general estuvo precisamente en la matanza de Badajoz, que muy pronto se pretendió justificar por las «barbaridades» cometidas por los rojos, registradas minuciosamente en todos los pueblos y ciudades que iban siendo liberadas. Entre septiembre y octubre de 1936 ya fue posible publicar los primeros «avances» del informe que luego se habría de llamar causa general. Se eligieron preferentemente los pueblos donde efectivamente había habido «violencia revolucionaria»: se expusieron unas fotos bárbaras y se redactaron unos informes durísimos donde se recogía lo que había ocurrido en cada pueblo elegido. De este modo se fue creando un estado de opinión que justificaba la represión franquista, y mucha gente acabó creyendo que a los «rojos» no les había dado tiempo y que si los sublevados no se hubieran anticipado con contundencia, los rojos lo hubieran hecho con mayor violencia. Y sin embargo, una vez acabada la guerra, Franco prosiguió su política de exterminio del enemigo, que ahora ya no era un adversario en el campo de batalla, sino un vencido.

En abril de 1940 Franco ordenó al Ministerio de Justicia que instruyera una causa general informativa de los hechos delictivos cometidos en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación, atribuyendo responsabilidades, identificando a las víctimas y valorando todos los daños causados. Sin embargo, aquella investigación, que se pretendía exhaustiva, tuvo una consecuencia inesperada: la represión contra la gente de derechas quedaba absolutamente clara, pero había sido muy inferior a lo que se había esperado. En la mayoría de los casos los informes eran negativos: en pueblos que habían pasado toda la guerra bajo la «dominación roja» no se habían producido víctimas mortales, y en muchos otros, al hacer las listas de los republicanos asesinados, se encontraban con que muchos estaban desaparecidos, en paradero desconocido o se les había aplicado «el bando de guerra». A menudo se comprobaba que las únicas víctimas de la guerra en tal o cual pueblo eran del bando republicano, pero estaban ilocalizadas o no podían ser identificadas. Recién acabada la guerra, con las heridas y los odios muy vivos, y a pesar de los méritos que comportaba delatar a un vecino y presentarse como víctima del «terror rojo», en muchos pueblos fue difícil o imposible registrar un solo acto de violencia contra las personas por parte de los republicanos. Y resultaba espeluznante comparar el vacío de aquellas páginas con el número de víctimas que causó la represión franquista. De manera que el resultado de aquella investigación se volvió en contra de lo que se quería demostrar: dejar constancia de manera irrefutable y explícita la violencia del enemigo, y justificar, de manera implícita, la propia. Así pues, la causa general no llegó a publicarse, porque la violencia revolucionaria había sido mucho menor de lo que los franquistas habían pensado: unas cincuenta y seis mil víctimas del terror rojo durante toda la Guerra Civil, según Julián Casanova[13]. Sin embargo, la instrucción de la causa general señaló muy claramente la división social entre vencedores y vencidos, entre «caídos por la patria» y parias que no merecían que se les enterrase con dignidad, pasando en muchos casos por «desaparecidos». Los vencedores podían inscribir a sus muertos, que tendrían todos sus privilegios; los vencidos no podían, con frecuencia, ni saber qué había pasado con sus allegados, si habían muerto realmente o no, ni dónde ni cómo habían sido enterrados. Había «caídos por Dios y por la Patria» y caídos de los que nunca se sabía nada. El miedo hacía que mucha gente no inscribiera a sus muertos, porque eran de los «otros», y tampoco les resultaba fácil. Y los «otros» no sólo se fueron al exilio o a la tumba, sino que muchos familiares tuvieron que tragarse su propia historia, callando y olvidando para poder sobrevivir. ¿Cómo se podía inscribir a un familiar muerto cuando había sido víctima de los nacionales? Era mejor el olvido de los desaparecidos o fingir que estaban huidos y que no sabían dónde estaban[14].

Hubo en la guerra una primera fase, que fue de julio de 1936 a los primeros meses de 1937, en la que se eliminó a mucha gente por el llamado «bando de guerra». Ese bando significaba que aquel que fuese cogido con un arma en la mano podía ser fusilado en el momento de ser detenido, pero de hecho cualquier falangista o guardia civil podía eliminar a quien le pareciera sospechoso de ser de filiación izquierdista, aun sin llevar ninguna arma y sin necesidad de inscribirlo en parte alguna. Miles de personas fueron ejecutadas sin juicio previo, y sus cadáveres desaparecieron en cualquier descampado o paraje apartado, en una cuneta de la carretera o en alguna fosa previamente excavada incluso por las propias víctimas. Si esa muerte se inscribía en algún juzgado, se hacía bajo la fórmula de «en aplicación del bando de guerra», bando que originalmente había sido redactado por el general Mola el 19 de julio de 1936. Fue una fase de «terror caliente» que comenzó a descender en noviembre de 1936, iniciándose otra fase de progresivo protagonismo de los tribunales militares, que funcionaron con mayor intensidad a partir de la primavera de 1937. Se entró en un período, que se prolongó en muchos lugares hasta 1945, de fusilamientos precedidos de consejos de guerra sumarísimos: fue un «terror frío» o legal, que condenaba a muerte a innumerables acusados por los menores indicios, y sin que contaran con las mínimas garantías jurídicas, aunque de la ejecución en estos casos sí quedaba constancia. Sin embargo, cada vez que el ejército de Franco entraba en un pueblo o ciudad había un brote de «terror caliente», como ocurrió por ejemplo tras la toma de Málaga o de tantos otros sitios.

LAS FOSAS DEL SILENCIO

Fueron sobre todo las víctimas del «terror caliente», las ejecutadas sin juicio previo, las que fueron enterradas en fosas comunes, dentro o fuera de los cementerios, y sin ningún signo exterior que las identificara. Por supuesto los cadáveres también quedaban sin identificar. Desde el principio se supo de la existencia de esas fosas, pero durante muchos años nadie habló o preguntó por ellas y menos aún los familiares de las víctimas represaliadas. Oficialmente no se reconocía su existencia, pese a que eran muy numerosas y estaban diseminadas por todo el país. La muerte del dictador en 1975 supuso para muchos la posibilidad de buscar y tal vez encontrar a sus familiares desaparecidos. Algunos perdieron el miedo y el hábito del olvido silencioso, y se atrevieron a buscar pistas sobre el paradero de sus seres queridos. Pero no encontraron apoyo ni facilidades por parte de entidades públicas o partidarias, sino más bien lo contrario, porque muchos documentos y archivos fueron destruidos, y tal vez en ellos se hubiera podido encontrar informaciones más o menos válidas sobre los desaparecidos. La Ley de Amnistía de 1977 tuvo también efectos negativos, puesto que supuso la ausencia o desaparición de muchos antecedentes. Sólo las elecciones municipales de 1979 y la consiguiente formación de los ayuntamientos democráticos —muchos gobernados por la izquierda— permitieron vislumbrar algún cambio, posibilitando que en algunos lugares de Extremadura, Navarra, La Rioja, Soria o Asturias se localizaran bastantes fosas comunes y que algunos cadáveres pudieran ser exhumados. En agosto de 1979, en Torrevieja (Badajoz), unas mil personas se arremolinaban en el cementerio viejo cuando comenzó la excavación de un terreno señalado por diversos testigos. Y el 14 de septiembre aparecieron los restos de treinta y tres vecinos que habían sido fusilados en la guerra: la presión de los familiares consiguió que los cadáveres encontrados fueran trasladados al nuevo camposanto del pueblo. Pero el alcalde, que estimuló y apoyó todo el proceso, fue denunciado por malversación de fondos públicos, por haber utilizado a trabajadores del empleo comunitario en la exhumación de los cadáveres. Fue multado con cincuenta mil pesetas, procesado y absuelto por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito de exhumación ilegal.

Una de las zonas más activas entre 1979-1980 en la exhumación de fosas comunes fue La Rioja. En los pueblos de Alfaro y Calahorra se exhumaron decenas de cadáveres de personas fusiladas, y los familiares tuvieron que movilizarse y manifestarse para que fueran legalizadas y enterradas dignamente. Una comisión gestora de las víctimas riojanas de la Guerra Civil encontró que en los terrenos próximos a La Barranca, Lardero, reposaban casi dos mil represaliados entre los meses de septiembre y de diciembre de 1936. En aquellos meses los camiones repletos de víctimas republicanas se paraban en un puente próximo a La Barranca, y los fusilaban al pie de unas zanjas que habían sido previamente excavadas por campesinos de la zona. La cifra de los ejecutados, procedentes de diversos pueblos de la provincia, se fue elevando, y allí quedaron por mucho tiempo: los familiares apenas podían acercarse, pues eran dispersados por la Guardia Civil. Pero en 1977 se lograron delimitar las tres zanjas existentes, y surgió el empeño por adecentar la zona y colocar una escultura conmemorativa, lo que se consiguió a finales de 1979. Otras iniciativas similares recuperaron los restos de los fusilados de 1936 en diversas cunetas, caminos y montes de toda la provincia, los identificaron y los enterraron en los distintos cementerios de procedencia. Prosiguió el proceso de localización de fosas comunes y de exhumación de cadáveres previamente identificados por la Cruz Roja de Logroño. Y cuando la identificación no fue posible, se dignificaron los lugares donde habían sido localizadas las fosas, aunque en algunos casos los cadáveres fueron trasladados a los cementerios municipales[15].

El proceso fue similar en Navarra, donde muchas víctimas de comienzos de la Guerra Civil fueron rápidamente exhumadas, porque mucha gente sabía dónde estaban enterradas. Más difícil fue la recuperación de los cadáveres que yacían en las numerosas fosas improvisadas en los alrededores de la carretera que ascendía a la fortaleza de San Cristóbal, donde durante la guerra fueron encarcelados miles de republicanos detenidos en esta y en otras provincias limítrofes. Hasta 1984 la Asociación de Familiares de Asesinados de Navarra no pudo identificar a las 2789 personas que se sabía que habían sido ejecutadas en dicha provincia, aunque faltaban muchas por contabilizar, enterradas en fosas aún no localizadas. En el año 2003 se logró que el Parlamento navarro votase una declaración de reparación moral para los tres mil republicanos fusilados, «no sólo con el beneplácito de la jerarquía católica, manifestada públicamente a favor del Alzamiento, sino con, en algunos casos, su participación activa». El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, había tratado de impedir la votación, amenazando con una denuncia por injurias. Luego pidió perdón por la connivencia de la Iglesia navarra con el franquismo, pero matizando que en sentido literal la afirmación de que la jerarquía había sido corresponsable de las matanzas «no es verdadera y resulta ofensiva para el obispo, los sacerdotes y los fieles católicos de entonces y de ahora»[16].

Otro grupo que ha sido particularmente activo es la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo, que pronto comenzó a contabilizar las víctimas enterradas en la inmensa fosa común del cementerio de Oviedo desde la caída del frente del norte en 1937 hasta el fin de la guerrilla en 1952. Llegó a contabilizar 1679 cadáveres, de los cuales 1316 fueron identificados con nombres y apellidos. El 13 de abril de 1986 se inauguró un monumento en el centro del enorme espacio que ocupa la fosa; en el 2001 se instalaron placas de mármol con los nombres, apellidos, profesiones y procedencia de muchas de las víctimas allí enterradas, siendo necesaria la intervención del defensor del pueblo, porque el ayuntamiento no daba la licencia necesaria de obras. Toda la geografía asturiana estaba y aún está salpicada de fosas comunes, destacando la del cementerio de Cases en Gijón, con 1330 personas inhumadas; las de Aviles, Navas de Narcea, Luarca, Pozo del Fontanar de Fitero, etcétera, etcétera.

Tras el 23-F la exhumación de fosas comunes del franquismo se interrumpió, al menos de forma pública, y ninguna de las personas que habían participado en ella quiso hablar más del tema. El recuerdo del miedo pasado durante el franquismo se había reactivado en muchos españoles, un miedo latente que aún era fácil de encontrar en las poblaciones pequeñas. La victoria del PSOE no cambió mucho las cosas, tal vez porque era un partido renovado que no deseaba que se le identificara con su pasado republicano y combatiente de la Guerra Civil. Los gobiernos de Felipe González no hicieron mucho y ni siquiera quisieron referirse a la cuestión de los desaparecidos, muchos de los cuales fueron socialistas: políticamente era conveniente olvidarlos. No obstante, en 1982 se supo que muy cerca de Teruel, en los llamados Pozos del Caudé, fueron enterradas cientos de personas ejecutadas extrajudicialmente. Algunos sindicalistas pensaron que había que hacer algo en aquel tétrico paraje, adecentándolo, levantando un monolito y colocando unas cuantas lápidas con los nombres de algunas de las 1050 personas allí inhumadas. Hasta que un grupo de familiares constituyó la Fundación Pozos del Caudé, que además de dignificar el lugar, se ha dedicado a localizar varias de las muchas fosas comunes diseminadas por toda la provincia.

Pero el tema de los desaparecidos siguió siendo tabú. Veinticinco años después de la muerte de Franco, aún no se había ofrecido ningún tipo de apoyo o información a la mayoría de los familiares sobre el paradero de sus «desaparecidos». Todo quedaba a expensas de iniciativas individuales de gente con muy escasos recursos para la investigación, localización, excavación y exhumación de las fosas comunes, en las que seguían enterrados sus deudos. Nadie se había ocupado de organizar un registro o fichero de los miles y miles de desaparecidos durante la Guerra Civil. En octubre de 2000, por la iniciativa de algún familiar y la colaboración voluntaria de arqueólogos, antropólogos y forenses, una retroexcavadora facilitó la exhumación de trece cadáveres de una fosa común situada al borde de la carretera de entrada a Priaranza del Bierzo (León). La pista inicial la había dado el alcalde del pueblo, a quien su padre le contó cómo había visto que enterraban a los fusilados durante la guerra; fue ese mismo alcalde quien contribuyó a que la exhumación se autorizase. El 20 de noviembre la revista Interviú publicó un reportaje sobre los «13 de Priaranza», incluyendo un teléfono que muy pronto comenzó a recibir llamadas de diversas partes de España. La magnitud del problema había sido puesta de manifiesto en un número anterior de la misma revista, que recogía las declaraciones de Emilio Silva, nieto de uno de los fusilados de Priaranza y principal impulsor de la investigación, aportando otros testimonios, entre ellos el de un hijo de fusilado el 31 de agosto de 1936 y enterrado en una enorme fosa común, con más de tres mil cadáveres. Cuando lo supo, trató de rehabilitar la memoria de su padre: «Escribí al presidente del gobierno y me contestaron que España estaba compuesta de comunidades y municipios y que las resoluciones que tomasen tenían que pasar por los tribunales de justicia».

Emilio Silva y el periodista Santiago Macías, que llevaba algún tiempo investigando sobre las fosas comunes del franquismo, decidieron crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que comenzó a tener relevancia en los medios de comunicación. Como tal asociación, el 8 de septiembre de 2001 llevaron a cabo la siguiente exhumación en Fresnedo (León), donde se encontraron los restos de tres hombres y una mujer en presencia de periodistas nacionales y extranjeros. La noticia fue ampliamente difundida, mientras la asociación tenía ya un listado de fosas comunes en el Bierzo y de personas que esperaban su oportunidad para recuperar los restos de sus desaparecidos. En enero la asociación puso en marcha una página de internet, que comenzó a ser visitada por un progresivo número de personas, que enviaban sus «correos» en demanda de ayuda. Mientras, los restos de los «13 de Priaranza» depositados en el ayuntamiento esperaban a algún especialista que les hiciera las pruebas del ADN para su completa identificación: fue el profesor Llorente, de la Universidad de Granada, quien tomó las muestras y pudo devolverles su identidad. La plena identificación de los desaparecidos era posible… Luego la asociación contactó con el Servicio Internacional Civil, instalado en Zurich, que organizó un campo internacional de trabajo en la provincia de León para la apertura de varias fosas comunes. Mientras los medios de comunicación difundían el problema de las fosas comunes del franquismo con un efecto multiplicador sobre la demanda de los familiares desaparecidos, el Estado y las comunidades autónomas rechazaban hacerse cargo de las exhumaciones y las identificaciones pendientes. La respuesta oficial era siempre el silencio.

A principios de junio de 2002 llegaron los voluntarios del campo internacional de trabajo establecido en Cabrillanes de Babia (León), mientras el diario El País publicaba un reportaje titulado «La tierra descubre a sus muertos», que causó impacto[17]. Muy pronto comenzó la primera excavación en Piedrafita de Babia, presenciada por numerosos periodistas y varias cámaras de televisión nacionales y extranjeras, y aparecieron siete cadáveres de soldados republicanos asesinados en 1938. Mientras los dos arqueólogos voluntarios levantaban los restos, el grupo de trabajo se dedicó a la apertura de varias fosas más. Se pretendía, además, que el poder judicial investigase lo que estaba sucediendo y que el Estado se hiciera cargo, al menos, de las identificaciones. La jueza de Villablino prometió que se harían las pruebas de ADN a los siete cadáveres encontrados en Piedrafita[18]. Y se quiso implicar a los políticos. El día 16 de julio el grupo parlamentario de Izquierda Unida planteó una «pregunta» al gobierno: «Se calculan que quedan por enterrar más de treinta y cinco mil personas, que, asesinadas por el bando nacional, siguen desaparecidas en fosas comunes. Porque una vez finalizada la Guerra Civil la dictadura franquista costeó la exhumación y el traslado de los cadáveres de su bando […]. Ahora, tras cuarenta años de dictadura y veinticinco años de democracia, se está intentando descubrir la identidad de aquellos hombres y mujeres que fueron asesinados y desaparecieron por defender un orden legítimamente establecido […]. Por ello el gobierno español debería poner los medios necesarios para la excavación de todas las fosas comunes del territorio español, proceder a la identificación de los restos de esas personas y poder devolver así sus restos a sus familiares. De esta forma se rescataría del olvido a los miles de desaparecidos y se devolvería la dignidad a su memoria y a sus familiares»[19]. Pero esta pregunta tardaría meses en responderse, y no se aclaraba nada sobre la posible implicación del gobierno en el problema.

El 6 de septiembre de 2002 la asociación llevó a cabo su primera exhumación fuera de la provincia de León, pero no daba abasto para atender las peticiones que le llegaban de toda España y, además, carecía de recursos económicos. Por eso propició en el mes de octubre la creación de secciones en Gijón, Valladolid y Extremadura[20]. La Asociación Extremeña se enfrentaba con graves problemas, como la fosa común aún sin localizar en el cementerio de Mérida y que podía albergar a unos tres mil quinientos cuerpos, y al terrorífico campo de concentración de Castuera, cuyos numerosos muertos habían «desaparecido» en fosas comunes o habían sido arrojados en los hornos de unas antiguas minas. La cuestión de los desaparecidos saltó en aquel mes de octubre al Congreso de los Diputados, concretamente en el Debate de la Nación, y en la voz de dos diputados. La respuesta del presidente del gobierno, José María Aznar, fue que había que dejar atrás los fantasmas del pasado, porque los españoles querían mirar hacia el futuro. Por lo visto, los que todavía miraban al pasado y se obstinaban cada vez más en recuperar a sus «desaparecidos» no debían de ser españoles, sino enemigos de la España eterna, como habría dicho Franco. Sin embargo, los corresponsales de los periódicos más importantes del mundo sí se interesaron por el problema de los «desaparecidos» españoles. El 11 de noviembre de 2002 el New York Times publicó a toda página un reportaje titulado «España se enfrenta al fantasma de Franco», refiriéndose al proceso que había comenzado en España para revisar la historia del franquismo. «Pero el gobierno no se ha sumado a la nueva era de la franqueza. Quizá no es sorprendente teniendo en cuenta que el Partido Popular conservador del presidente José María Aznar ha crecido en parte desde raíces franquistas y veteranos políticos relacionados con la era de Franco siguen cerca del gobierno»[21].

Quizá ese juicio influyera para que el 20 de noviembre el PP votara, con los demás partidos, una resolución de la Comisión Constitucional del Congreso que condenaba el franquismo: «El Congreso de los Diputados reafirma, una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática a proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas en la Guerra Civil española; así como de cuantos padecieron de la dictadura franquista. Instamos a cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, y sobre todo en el ámbito local recabar todo el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirvan para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil»[22]. Menos era nada, porque el gobierno seguía sin implicarse en el imparable proceso de la recuperación de la memoria histórica. Porque cada vez más surgían grupos o asociaciones para la recuperación de esa memoria, así como libros, reportajes periodísticos, documentales cinematográficos o televisivos, etcétera. Y entre ellos el Foro para la Memoria Histórica, que pronto comenzó a localizar fosas comunes, a señalizarlas y a realizar exhumaciones.

En 2003 se habían localizado cientos de fosas comunes en casi todas las provincias españolas. «Metafóricamente, el silencio sobre el franquismo yo lo veo como una especie de globo que va creciendo y que en algún momento tenía que explotar. Entonces, yo creo que nosotros estamos reivindicando algo más que la historia familiar de miles y miles de personas. El hecho de que hayamos emergido los nietos reivindicando la memoria de nuestros abuelos desaparecidos ha sido algo tan inesperado para ciertos políticos, porque representa que teníamos que estar contentos porque España ha tenido una transición estable […]. Hay gran necesidad de saber»[23]. Tan numerosas y tan extendidas están las fosas comunes, que algunas son descubiertas casualmente, a propósito de cualquier obra de reforma o movimiento de tierras. Tal ocurrió en 2003 en el barranco del Carrizal, en la carretera de Oijiva a Lanjarón, en plena Alpujarra granadina, cuando los obreros que trabajaban en la construcción de un muro de contención se encontraron numerosos restos humanos. Por el pueblo de Oijiva corrió la voz, y la gente se indignó, porque se sabía que en ese barranco existía un segundo cementerio con innumerables cadáveres de fusilados en la Guerra Civil[24].

La recuperación de los desaparecidos ha ido contribuyendo a la creación de numerosos grupos o asociaciones dedicados a esta tarea, multiplicando los descubrimientos y frustrando a sus miembros por la falta de recursos propios y la ayuda de entidades oficiales, que sólo muy recientemente comienzan a ocuparse del problema. Y así, en diciembre de 2003 la Junta de Extremadura presupuestó treinta mil euros para comenzar la construcción de un «memorial» en el antiguo campo de concentración de Castuera (Badajoz), salpicado de fosas comunes, además de los numerosos cadáveres que se arrojaban a las bocas de las minas[25]. Era un fenómeno relativamente habitual arrojar los cadáveres en lugares donde fuera imposible localizarlos o recuperarlos. Tal ocurrió con todos los canarios que fueron arrojados en la Sima de Jinamar o los que fueron tirados al mar en Palma de Mallorca, Castellón y otras ciudades costeras.

En enero de 2004 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica informaba de que la Guerra Civil había dejado unos treinta mil desaparecidos que hasta entonces se hallaban en paradero desconocido. La asociación reclamaba al gobierno un mayor compromiso en la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como la exhumación de los cuerpos que aún se hallaban en las fosas comunes desde la Guerra Civil. Exigía la identificación de los cuerpos mediante las pruebas del ADN, la sepultura de aquellos cuya identificación fuera imposible, así como la localización y la dignificación de los lugares donde se sabía que había gente «desaparecida». Naturalmente, el gobierno hizo oídos sordos a lo que se demandaba, tal vez porque tenía más interés en otros asuntos. Lo que no impidió que la localización, excavación y exhumación de las fosas comunes prosiguiese a un ritmo imparable. Así a comienzos del 2004 se informó que la provincia de Palencia podría albergar hasta mil quinientas personas fusiladas y enterradas en fosas comunes dentro y fuera de los cementerios[26]. En el mismo mes de enero aparecieron en unas obras en el cementerio de El Bosque (Cádiz) restos humanos. Un testigo ocular, un viejo de noventa y un años, que presenciaba las obras, dijo que allí él había excavado a la fuerza las fosas para enterrar a los fusilados de la guerra: era algo que no había contado nunca a nadie. Con su testimonio, la Asociación Andaluza de la Memoria Histórica se acogió al decreto del 2 de diciembre de 2003 de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que por primera vez regulaba el protocolo de las excavaciones de la fosa de la Guerra Civil, logrando así la primera exhumación que se hacía con el respaldo de la administración y con todas las garantías jurídicas. Los trece cadáveres hallados procedían de Ubrique (Cádiz), en cuyo cementerio pudieron ser enterrados, una vez que hubieron sido identificados, año y medio después[27]. Aquella excavación mostró que en aquel cementerio había más fosas comunes, con cadáveres probablemente procedentes de otros pueblos cercanos, de las que por el momento se han exhumado ya otros ocho cadáveres.

En abril de 2004 un estudio encargado por el ayuntamiento de Villafranca del Penedés (Barcelona) permitía identificar a sesenta y ocho víctimas de la Guerra Civil enterradas en una fosa común del cementerio. El ayuntamiento se propuso dignificar el espacio ocupado por la fosa, rodeándolo de una valla y colocando una placa con el nombre de los restos de todos los que allí se encontraban. Era un hito de salida para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña. De alguna manera, se percibía que el nuevo gobierno socialista era mucho más sensible a estas cuestiones. En efecto, el 1 de junio de 2004 se había aprobado por acuerdo unánime en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al gobierno a la recuperación de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, recibiendo por ello el aliento de la prestigiosa Amnistía Internacional. En junio de 2004 la Asociación de Burgos solicitaba ayuda al gobierno socialista, «porque el PP no ha querido saber nada en la anterior legislatura», al tiempo que anunciaba para el próximo mes de julio el comienzo de los trabajos de exhumación de la fosa denominada «Alto de Ventas», en la que se suponía que habría de treinta a sesenta cadáveres. Por su lado, el Foro por la Memoria Histórica exhumó dos fosas en los dos cementerios de Santaella (Córdoba), desenterrando veintidós cadáveres, once menos de los esperados. Sin embargo, la jueza de Montilla dijo no encontrar en los restos óseos indicios de violencia física… Posteriormente los cadáveres pudieron ser identificados e inhumados de nuevo, mucho más dignamente. El proceso fue parecido en otra fosa común exhumada en Sepúlveda (Segovia), culminando un trabajo iniciado quince meses antes, en diciembre de 2004.

En ese mismo mes se dio a conocer un proyecto para la recuperación de la memoria histórica en la provincia de Cáceres, asesorado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la universidad, estimándose la represión franquista bastante inferior a la efectuada en Badajoz: 1770 fusilados extrajudicialmente, a los que se añadían 540 sentenciados a muerte en consejos sumarísimos militares. En enero de 2004 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunciaba que estaba recogiendo datos históricos que se desconocían hasta entonces, confirmando la extensión de fosas comunes, campos de concentración, campos de trabajo, etcétera. Su proyecto inicial se había ampliado, en el sentido en que trabajaba la Comisión Interministerial sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, creada en septiembre de 2004 y presidida por la vicepresidenta del gobierno. La asociación, que en sus cuatro años de existencia había exhumado ochenta fosas comunes, estaba recogiendo datos de los nombres y apellidos de aquellos que fueron fusilados sin que sus familiares supieran dónde estaban enterrados… En definitiva, el proceso parece imparable e irreversible, y aumenta la presión social para que los organismos públicos se impliquen en la localización, señalamiento y exhumación de muchas de las fosas comunes aún existentes en España, en León, Burgos, Cantabria, Murcia, Toledo, San Roque, Puerto Real, Osuna, Lérida, Castellón, Jaén, Zamora, etcétera. Lo que ha puesto de manifiesto que la transición democrática no supuso la reconciliación de los españoles, sino que simplemente olvidaron, por lo que se hace necesario recuperar la memoria de lo que pasó. Mientras sigan existiendo «desaparecidos» no podrá afirmarse que la Guerra Civil entre españoles ha sido completamente superada. El desconocimiento del lugar donde están enterrados muchos de los españoles que fueron vencidos en la guerra y en la posguerra impedirá a sus herederos, familiares o ideológicos, cerrar el duelo por su pérdida, recuperar la memoria olvidada. Si la pérdida fue dolorosa en sí misma, la ingrata ausencia de la memoria y del recuerdo físico la ha hecho aún peor: una especie de castigo añadido y perpetuado por el tiempo. Aun los españoles que ya no se sienten «vencidos», tienen derecho a recuperar su pasado, el pasado de sus antepasados, porque forma parte de sus señas de identidad. Y se debe hablar de quienes se ensañaron con los vencidos, actitud bendecida por la jerarquía eclesiástica.

LOS OBISPOS EN GUERRA

En junio de 2004 el nuevo gobierno socialista expuso una serie de propuestas parlamentarias (la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa, la liberalización de las leyes del divorcio y del aborto, la legalización de la eutanasia, el matrimonio de homosexuales, etcétera), que crispó al principal partido de la oposición y puso a los obispos españoles en pie de guerra. El 5 de julio de 2004 el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española se apresuró a publicar una nota a favor del «verdadero matrimonio», siete días antes de que el Congreso aprobara una proposición no de ley que solicitaba la equiparación de las uniones de personas del mismo sexo con el matrimonio y de que el gobierno amenazara en el mes de septiembre con presentar a la Cámara un proyecto en ese sentido. La nota de la Conferencia Episcopal reconocía que las personas homosexuales están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde a cualquier ser humano, juzgando inaceptable que se les persiguiese o se les maltratase. «Con todo, ante la insólita innovación legal anunciada, tenemos el deber de recordar algo tan obvio y natural como que el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón». Partía de las recientes orientaciones dadas por el Papa al respecto: el significado místico y procreativo de la sexualidad, fundamentado en la fecundidad. Establecida la realidad antropológica de la diferencia sexual y del amor que nace de ella, la relación del único y verdadero matrimonio era tal para la vida de los pueblos que difícilmente se podían encontrar razones sociales que obligasen al Estado al reconocimiento, tutela y protección de las uniones de personas del mismo sexo. «De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ello, del justo orden social […]. No es justo que dos personas del mismo sexo pretendan casarse. Que las leyes lo prohíban no supone discriminación alguna; sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matrimonio fuese tratado igual que la unión de personas del mismo sexo, que ni tienen ni pueden tener el mismo significado social»[28].

Era ciertamente una proposición dogmática, y como tal indiscutible para los creyentes, pero que confundía el derecho de los homosexuales a casarse libre y contractualmente con la obligación de casarse con personas del mismo sexo. Si la Iglesia no discriminaba a los homosexuales y admitía la unión entre ellos, ¿por qué negarles las ventajas contractuales del matrimonio? Pero no cabía la discusión, porque, lo que la Iglesia afirma dogmáticamente, nunca es negociable. Puestas así las cosas, o el gobierno cedía o entraba en conflicto con la Iglesia, demasiado acostumbrada a que su verdad sea admitida por todo el mundo. Previniendo el conflicto, el gobierno no quiso echar más leña al fuego, y el 4 de agosto anunció que no acometería la reforma de la ley del aborto hasta el año 2006 y que probablemente se acompañaría de una ley de salud sexual y reproductiva. Pero la ofensiva de los obispos contra el matrimonio de homosexuales debía ser inaplazable y de comienzo inminente. Y así, el 24 de agosto de 2004 el obispo de Mondoñedo advertía que los parlamentarios que votasen a favor de ese proyecto de ley «no podrán recibir la comunión si previamente no han confesado». Ningún cristiano coherente puede votar esa ley, porque sería un pecado público. Y aprovechaba la ocasión para afirmar que una escuela en la que no se dan «las virtudes cristianas» será causante de la «degradación moral de la sociedad española» y que el aborto y la eutanasia son como un asesinato, un homicidio o un suicidio[29].

El 2 de octubre de 2004 el cardenal Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española, afirmaba que las medidas legislativas que se pretendían adoptar iban a tener efectos muy negativos. «Porque no se trata de reconocer un pretendido derecho de algunas personas que en nada perjudican a los demás. Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo ocurrirá lo mismo que cuando se fabrica moneda falsa: se devalúa la moneda verdadera y pone en peligro todo el sistema económico»[30]. En ese mismo mes de octubre se pronunciaba el obispo de Málaga-Melilla, diciendo que el matrimonio entre «gays» y lesbianas «contradice los derechos humanos», y que los matrimonios entre personas del mismo sexo no son los más propicios para educar a los niños, cuestionando también la posibilidad de que se apruebe la eutanasia, la reproducción asistida y la fecundación con embriones: «Me parece muy grave, porque es la muerte de seres humanos, y lo mismo que lamentamos el 11-M, el actuar y negociar con embriones es trabajar con la muerte de seres humanos»[31]. Y también se pronuncia monseñor Cañizares, arzobispo primado de Toledo, manifestando que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo va «contra la naturaleza». El obispo de Sigüenza-Guadalajara iba más lejos, al afirmar que «para un cristiano, por encima de las normas humanas de la soberanía popular está el Evangelio» y que «por encima de todo proyecto político está el poder de Dios». Con lo que, tal vez inconscientemente, se acercaba a las posiciones de los obispos españoles de los años treinta contra determinadas disposiciones de la Segunda República: «Sabemos que en la sociedad democrática el poder temporal reside en el pueblo y que el ejercicio de ese poder se controla por medio del voto libremente emitido, aunque más allá de todo esto, los conceptos positivos de todo poder vienen de Dios». Los obispos hablan no para dictar a los políticos, legítimos representantes del pueblo en su derecho y obligación a legislar y gobernar, sino para que lo hagan bien y sirvan al «bien común». Y aclara que «no añoramos los tiempos del Estado confesional, ni queremos volver a los sistemas autoritarios o absolutos», pero «no vamos a consentir cambiar de credo ni de evangelio ni de Señor […]. Nos queda la palabra para decir al poderoso de turno, llegado el caso, como el Bautista a Herodes, que no le es lícito»[32]. Y como Herodes le cortó la cabeza al Bautista, el símil con el martirio eclesiástico y con la Iglesia perseguida está bastante claro.

El arzobispo de Pamplona, monseñor Sebastián, cree que el poder político tiende, con excesiva frecuencia, a mover actitudes que persiguen intelectual y políticamente a los creyentes. Lo atribuye a la democracia, destacando que, «aunque oficialmente la transición política se hizo en forma de reconciliación, los años de vida democrática han permitido el desarrollo de una mentalidad revanchista según la cual los vencedores de la Guerra Civil son injustos y corruptos, mientras que la justicia y la solidaridad estaba toda y sólo en el campo de los vencidos». Esa mentalidad revanchista de los vencidos se debía a que, después de sesenta y cinco años del fin de la Guerra Civil, había gente que aún se sentía vencida y su «revanchismo» había sido siempre silenciado. «Está bien que los obispos nos posicionemos en contra del aborto o de la reproducción de embriones humanos —sigue diciendo el obispo Sebastián—. Pero esto vale poco si luego no hay cristianos que mantengan la vigencia y el prestigio de estas enseñanzas en los ambientes concretos de las relaciones humanas y de la vida de cada día y exijan de los gobernantes el respeto a sus principios morales y castiguen políticamente a los programas que favorecen legislaciones y comportamientos contrarios a la ley de Dios y a la moral de la razón humana desarrollada a lo largo de la historia, iluminada, profunda y fortalecida por la revelación de Dios»[33]. ¿Está llamando don Sebastián a una nueva cruzada? ¿O es un simple llamamiento a la movilización de los cristianos contra un gobierno rojo? Rouco se mostrará al respecto casi apocalíptico: «Si, llegará el día ardiente como un horno, en que los malvados y los perversos serán la forja, en el que no quedarán de ellos ni rastro; pero en cambio, los que honraron el nombre de Dios los iluminarán con sol de justicia que lleva la salud en las alas»[34]. En otras palabras, los iluminados de Dios estarán sanos y salvos, y los demás, los que no están iluminados por Dios, serán destruidos, sin que quede rastro de ellos. Lo que revela un arrogante fundamentalismo, motivado por la errónea percepción de que la Iglesia, como en los tiempos republicanos, hoy está perseguida por un gobierno socialista que, en el desarrollo de su mandato electoral y respaldado por la opinión pública, trata de realizar algunas reformas, que reciben el rechazo antagónico de la Iglesia.

En su confrontación con el gobierno, la jerarquía católica muestra su peculiar concepción de la democracia, tal como lo explica el arzobispo de Pamplona, monseñor Sebastián: «No podrán ser la mayoría los últimos criterios para decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino los criterios mucho más objetivos, aceptados y aplicados por la conciencia recta, juntamente con la prudencia presente en las circunstancias actuales, los que deciden el sentido, los caracteres de las leyes y los objetivos de la acción del gobierno»[35]. Sebastián explica que la Iglesia es la autoridad delegada por Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo, en la búsqueda de la verdad: «Si esta búsqueda moral o histórica de la verdad, apoyándonos en la capacidad, en la razón y la revelación divina […], la democracia resulta insostenible, y puede defender fácilmente a una imposición de las mayorías, precisamente fabricada por quienes controlan y manejan los medios de comunicación». Aunque ahora moleste que se trate de recordar aquella realidad franquista de vencidos y vencedores a las nuevas generaciones. Que se sepan que sus mártires, que se obstinan aún en honrar, murieron en una guerra que los obispos de entonces calificaron de cruzada contra el laicismo de la Segunda República, probable antecedente de la sociedad actual española, que ya no es presa, como en tiempos pasados, del anticlericalismo. Pero la Iglesia actual, como la que le precedió hace decenios, no puede mirar impasible este modo de gobernar.

El gobierno dice, a través de sus ministros, que no está contra la Iglesia y a tal respecto el obispo de Mondoñedo le escribe una carta abierta al ministro Bono el 6 del diciembre del 2004: «En primer lugar, opino como usted que no hay declaración de guerra del gobierno a la Iglesia, pero se parece bastante. ¿Es normal que entre las promesas que ha hecho el gobierno esté la ampliación de los supuestos para abortar, autorizar la eutanasia, equiparar el matrimonio con las uniones homosexuales, incluso el derecho a adoptar niños, la facilidad para divorciarse, intentar que la clase de religión no sea una asignatura fundamental? Me felicito de que no haya declaración de guerra, pero… Todo ello va en contra de las pautas fundamentales de la fe cristiana. ¿Es casualidad?»[36]. Y siete días más tarde el obispo de Valencia insistía en que a muchos católicos, por su fe, se les ridiculiza, insulta o se les induce miedo desde el poder político gobernante en España: «O los cristianos os calláis, o tomaremos represalias económicas respecto a la familia de la Iglesia, y abriremos campañas de desprestigio contra la Iglesia y sus hombres y mujeres. Ese es el inseguro mensaje que desde el poder político se está lanzando desde los medios de comunicación que crean confusión en la sociedad»[37].

Y la Iglesia busca las oportunas alianzas. El 17 de enero de 2005 el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco, tuvo una cena privada con unos sesenta dirigentes, diputados y cargos públicos del Partido Popular, que a instancias de la cúpula eclesiástica habían acudido a trabajar por su «mayor compromiso» contra el laicismo del gobierno y de alguna de sus reformas legislativas. Porque España afrontaba el «envite anticlerical» más importante de la democracia[38]. Y el día 25 numerosos obispos españoles fueron recibidos por el papa Juan Pablo II, que les dijo que no podían arrancarse las «vivas raíces cristianas españolas», sin merma de la libertad religiosa: «En España se va difundiendo una mentalidad inspirada por el laicismo, ideología que lleva gradualmente de forma más o menos consciente a la situación de la libertad religiosa hasta promover el desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su opinión pública. Este laicismo no forma parte de la tradición española más noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida y la cultura de los españoles es muy profunda para que se ceda a la tentación de silenciarla»[39]. Denunció que las nuevas generaciones de españoles estaban demasiado influidas por el «indiferentismo religioso», la ignorancia de la teodicea cristiana y dispuestos a la tolerancia de la permisividad moral. Y dijo que el sistema educativo español era uno de los temas clave de las relaciones entre el Vaticano y el Estado español. El ministro de Justicia, López de Aguilar, respondió que el Estado español subvencionaba a la Iglesia con unos quince mil millones con cargo a su presupuesto.

El 26 de enero se hizo público un comunicado del llamado Foro para la Familia, compuesto por unas doscientas organizaciones católicas españolas (Confederación Católica de Padres, Hazte Oír, Asociación Católica de Propagandistas, Federación Española de Asociaciones Pro-Vida, Instituto de Política Familiar, Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar Natural, etcétera). Era un manifiesto que se dirigía a toda la sociedad española, al presidente del gobierno, al gobierno y a todas las autoridades que intervenían en la aplicación de las leyes: «El gobierno español, a pesar de todas las reiteradas manifestaciones por el diálogo, no lo practica con las organizaciones que representan a los católicos y aquellas otras entidades que coinciden con nosotros en dos verdades fundamentales de la vida y la sociedad, que constituimos una parte muy importante de la sociedad civil». Por ello, los firmantes se consideraban «ciudadanos excluidos, algo que por razones de dignidad no aceptaremos», por lo que exigían una mesa de diálogo con el gobierno para tratar del supuesto a la vida desde su iniciación en la familia hasta su fin natural, el aborto, el intento de legalizar como matrimonios las uniones homosexuales, la reducción de la pobreza en España, el derecho de la familia a que sus hijos reciban una formación ético-religiosa con carácter obligatorio y evaluable. Y consideraban su decisión de manifestarse «en defensa de los derechos humanos y en particular de los relativos a la dignidad de la persona, el matrimonio, la familia, la justicia social y el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza y religiosa»[40].

Y en febrero de 2005 los obispos españoles volvieron a la carga. El arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Sebastián, dijo en la COPE que el pacto entre católicos y no católicos de la transición se había roto, y que se estaba desarrollando un fundamentalismo laicista, mucho mayor que en los tiempos de Felipe González, que tenía más tacto con la Iglesia por la proximidad de la Guerra Civil[41]. El cardenal Rouco afirmó que, desde los años de la Segunda República, la Iglesia no había pasado por tiempos tan sombríos, a causa del fundamentalismo laicista del gobierno, y por tener enemigos por todas partes en la sociedad. Y los obispos de Santiago, el País Vasco y Ávila hicieron también declaraciones catastrofistas: «Sólo en los momentos del golpe de Estado hubo tantos cambios sobre la moralidad de un pueblo», etcétera. Con la no reelección de Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal Española, en marzo de 2005, el catastrofismo de la Iglesia española disminuyó considerablemente, aunque no abandonaron esencialmente sus posiciones ante el gobierno socialista. El nuevo presidente, monseñor Ricardo Blázquez, empleaba un tono menos beligerante: «La familia, si se mantiene saludablemente, ganamos todos, y si se disemina perdemos todos, pierden los esposos, pierden los hijos, pierde la sociedad actual, pierde la Iglesia»[42]. Sin embargo, Rouco seguía empeñado en su guerra particular con el gobierno: «Si se entiende por laicismo la represión de la libertad de la Iglesia, tratar de imponer una cultura, una ética pública en la que expresamente se prescinde de Dios y se hace militantemente, pues es evidente que ese laicismo va en contra del hombre, de la dignidad de las personas y del bien común; que en la sociedad actual española se dan posiciones […] en las que el laicismo quiere recortar la libertad de la Iglesia, la posición de lo cristiano, la presencia de Dios, pues está a la vista».

A últimos del mes de marzo la Conferencia Episcopal Española iniciaba otra campaña contra la propuesta socialista de legalizar las investigaciones de embriones o células madre con fines terapéuticos. El portavoz de los obispos presentaría esta campaña como «la ciencia sin conciencia». Aunque al episcopado le preocupaba sobre todo que la nueva Ley de Educación que proponía el gobierno no considerara la religión como materia básica en la enseñanza secundaria, y el matrimonio de homosexuales, que ya había sido aprobado en el Congreso de los Diputados y esperaba su ratificación en el Senado. El papa Juan Pablo II murió en el mes de abril y cuando la delegación del gobierno español acudió a la coronación del nuevo Papa, Benedicto XVI, en una cena oficial y en presencia de los reyes de España, un cardenal les dijo que: «No se puede ir contra el derecho natural y la moral de la persona». Días después los obispos de Segorbe-Castellón, Soria y Alcalá de Henares instaron a los funcionarios españoles, a los alcaldes, a que hicieran objeción de conciencia y practicasen la desobediencia civil a la hora de casar a homosexuales, al tiempo que se mostrasen contrarios a la investigación con embriones humanos, al aborto y al uso del preservativo.

El 1 de mayo de 2005 el cardenal Rouco se entrevistó largamente con el nuevo papa Benedicto XVI, recordándole que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo estaba a punto de reconocerse en España, «como si Dios no existiera»: «España reclama impacientemente que alguien le recuerde con una fortaleza inquebrantable que las relaciones humanas emanan del amor y no del poder»[43]. Y prosiguieron las declaraciones de los obispos españoles en la misma línea: el matrimonio de homosexuales era la provocación más importante que había sufrido la fe cristiana, pues alteraba el orden de la creación. Y una nota del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, publicada el 5 de mayo de 2005, insistía en la degradación que supondría el matrimonio entre personas del mismo sexo: «Pensemos con dolor en el perjuicio que se causaría a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultarán o impedirán una educación adecuada para el nuevo matrimonio. Pensemos también en las escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión entre un hombre y una mujer»[44]. Todos estos son daños que no han podido ser científicamente probados, y las pocas investigaciones que se han realizado al respecto indican que los niños adoptados por homosexuales demuestran que no son esencialmente diferentes de los demás.

Sin embargo, prosiguieron las pastorales y las declaraciones de los obispos españoles en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo durante todo el mes de mayo. El día 16 el obispo de Huelva hizo un llamamiento a todos los romeros del Rocío, para que lucharan «contra el laicismo creciente bajo el que vive nuestra sociedad», que para verlo bastaba con observar cómo no se encontraba un cristiano que no fuera objeto de ridiculización, situación en la que vivieron los gentiles, cohibidos y con las puertas cerradas por miedo a los judíos[45]. Ese mismo día el cardenal Rouco anunciaba que la Iglesia pediría a los fieles que acudieran a la manifestación convocada en Madrid por el Foro de la Familia para el día 18 de junio, para mostrar su opinión al proyecto de regular los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y los portavoces de dicho foro declararon contar con el respaldo implícito —o explícito— de todos los obispos españoles, para quienes se estaba jugando el alma de España: «El alma y el futuro de España serán cristianas en plenitud, es decir, católicas, o no serán», diría Rouco en Zaragoza el 21 de mayo del 2005, porque si España perdía sus raíces, «no por ello dejará de ser cristiana católica, sino que dejará de ser España»[46].

El 2 de junio el Foro Español de la Familia publicaba el manifiesto-convocatoria de la concentración que iba a celebrarse dieciséis días después, comunicando que el gobierno promovía iniciativas que estaban contra los fundamentos de la familia, como espacio ecológico de la vida y parte de la solidaridad más eficaz. «En esto pretende equiparar la unión de personas del mismo sexo con el matrimonio, permitiendo además la adopción de niños». Y además, la banalización del compromiso matrimonial mediante el divorcio unilateral y sin causas, el progresivo menoscabo del derecho a la vida, la limitación del derecho de los padres a decidir solos la educación de los hijos y la exclusión de las expresiones religiosas de la vida política. En consecuencia, pide al gobierno y a todas las fuerzas políticas: a) la retirada del proyecto de ley que equipara la unión de personas del mismo sexo con el matrimonio; b) una política integral de protección a la familia; c) el respeto y apoyo a la decisión de los padres para decidir sobre la educación de los hijos; d) un ordenamiento jurídico que garantice el respeto a las vidas humanas en su integridad, y e) la valoración positiva del hecho religioso en libertad. «Porque la familia sí importa»[47]. La Conferencia Episcopal Española se sumaba abiertamente al manifiesto, llamando a manifestarse para dar respuesta clara e incisiva «contra la reforma socialista». No convocaba la manifestación, pero la apoyaba: «Los fieles laicos responden adecuadamente al desafío planteado cuando hacen uso de uno de sus derechos democráticos a expresar su acuerdo a manifestarse pacíficamente. Es un modo legítimo de cumplir con su deber al servicio del bien común»[48]. Poco después, el PP daba un amplio respaldo a la manifestación convocada por el Foro de la Familia, proporcionándole, además, las infraestructuras necesarias. Su secretario general, Ángel Acebes, pidió a todos los militantes y simpatizantes que acudieran a la manifestación «a favor de la familia y de la libertad de educación», porque coincidía absolutamente con el contenido de su programa[49].

El 18 de julio de 2005 unas ciento ochenta mil personas, llegadas de toda España, se manifestaban en Madrid en defensa del modelo de la familia tradicional, aunque los organizadores de la manifestación hablan de un millón y medio de personas. Había una amplia representación del PP, a título oficial y personal: Eduardo Zaplana, Ana Pastor, Miguel Arias Cañete, Ana Botella, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Gabriel Cisneros, etcétera. También estaba presente el cardenal Rouco y todos sus obispos auxiliares, el arzobispo primado de Toledo, los obispos de Málaga, Granada, Tarazona, Teruel, Huelva, Mondoñedo, Castellón, Getafe, Alcalá de Henares, rodeados de banderas españolas y del Vaticano. Sin embargo, más del 60 por ciento de los españoles, según las encuestas, estaban a favor del matrimonio de homosexuales… Pero la ley aún estaba siendo debatida en el Senado, adonde el día 20 de junio acudió, como experto y a instancias del PP, el catedrático de psicopatología Aquilino Polaino. Dijo tal cantidad de disparates en contra de los homosexuales, considerándolos como enfermos a los que él podía curar, que hasta los portavoces populares lo criticaron y no se identifican con sus extravagantes afirmaciones. La ley volvió al Congreso de los Diputados, donde el 30 de junio del 2005 fue definitivamente aprobada por mayoría. Se conjuraba definitivamente el fantasma de la vieja Ley de Peligrosidad Social, por la que desde 1970 a 1979 fueron «tratados» a la fuerza cientos de homosexuales, con métodos similares a los seguramente preconizados por Aquilino Polaino… Un día antes, el 29 de junio, el Congreso había aprobado también la nueva ley del divorcio, sin que curiosamente produjera ningún escándalo.

10. ¿Se va Franco?

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¿Se va Franco?

Queda aún mucha iconografía del franquismo, real o simbólica, más o menos dispersa por todo el territorio español. En lugar principal destaca, incluso como centro de importante atracción turística, el Valle de los Caídos, que Franco, sin ser arquitecto, diseñó desde el primer momento en sus líneas iniciales, supervisó personalmente su construcción y eligió personalmente cada uno de los grandiosos detalles que componen el conjunto monumental. Según Diego Méndez, arquitecto de la gran cruz que preside el monumento, «Franco sintió la necesidad moral, podíamos decir que hasta física, de honrar lo que ellos nos hicieron a nosotros». Según la leyenda, durante la contienda estuvo madurando la idea, buscando un lugar apropiado para la obra que pretendía, hasta que acabó la guerra el primero de abril de 1939. Tenía necesidad de reunir a los «mejores», a los héroes y mártires que se inmolaron para salvar a la patria en distintos momentos de la Cruzada. Y no por casualidad eligió un lugar situado en el centro geográfico de la península, un espacio denominado Cuelgamuros, próximo a El Escorial, para construir un monumento faraónico, destinado a conservar la memoria de los caídos, como una atalaya, como un faro visible desde muy lejos en los días claros.

Muy temprano se elaboró un decreto para su construcción, firmado por Francisco Franco el primero de abril de 1940, primer aniversario de su victoria. En su preámbulo se decía que un acontecimiento tan grandioso como el acontecido no podía ser perpetuado «por sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos sobresalientes de nuestra historia. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafían al tiempo y al olvido, y que constituyan lugar de meditación y de reposo entre las generaciones futuras y siendo tributo de admiración a los que les legaron una España mejor»[1]. Franco pretendía elevar un grandioso monumento a los «caídos en la guerra», pero sobre todo uno que lo inmortalizase a él por los siglos de los siglos, aunque quizá no pensase en que podía ser su propia tumba.

Tras el desfile de la Victoria, el 30 de mayo de 1940, Franco, con su esposa, el gobierno y el cuerpo diplomático, se trasladó a Cuelgamuros. Allí se leyó el proyecto de la Fundación del Valle de los Caídos, y se explicó la magnitud de la obra que se iba a realizar y que tenía como punto de arranque el horadamiento en el corazón de la montaña de una inmensa gruta o cripta, que debería ser una basílica que acogiese a los caídos, y sobre la que erigiría una cruz de grandiosas dimensiones. La explosión del primer barreno fue el comienzo simbólico de la grandiosa obra, que debía asombrar a las generaciones futuras y que habría de realizarse en el menor tiempo posible, proyectándose la finalización del conjunto monumental en 1945. Pero las obras no pudieron ser iniciadas hasta el año siguiente y presentaron tales dificultades en su construcción que el monumento no pudo ser inaugurado hasta el año 1959. Con lo que el proyecto inicial se fue modificando sucesivamente, entre otras cosas porque el Caudillo lo fue supervisando personalmente y no siempre estaba seguro de lo que quería y cómo lo quería. En su construcción participaron varias empresas, que a lo largo de los años utilizaron a unos veinte mil presos políticos, que trabajaron allí en condiciones infrahumanas, aunque «voluntariamente», porque se sobrevivía mejor trabajando al aire libre y se ganaba un mísero salario, parte del cual era remitido a los familiares. Aunque los franquistas siempre han tratado de restar importancia a estos «trabajadores voluntarios», su aportación fue fundamental, según reconoció el propio arquitecto Diego Méndez, afirmando que sin ellos no hubiera sido posible la excavación de la montaña: «Estos hombres, en su mayoría condenados por delitos estremecedores, por su misma índole carecían de miedo, no les importaba arrostrar los mayores peligros. Ellos horadaron el granito, se subieron a andamios inverosímiles, manejaron la dinamita… Han jugado día a día con la muerte […]. Sin ellos, la obra hubiera durado muchos más años, con empleo de máquinas con dispendios terribles»[2].

A lo largo del tiempo el sentido funerario del monumento y de su grandiosidad fue cambiando. El 17 de junio de 1955 el primo y confidente de Franco, el general Franco Araujo-Salgado contó en su diario lo siguiente: «Yo respeto lo que hizo el Generalísimo gastando muchos millones en el Valle de los Caídos para conmemorar la Cruzada, pero considero que hubiera sido más práctico haber hecho una gran fundación para recoger en ella a los hijos de las víctimas de la guerra, sin distinción de blancos o rojos; si eran blancos, en premio del sacrificio de sus padres; si eran hijos de rojos para demostrar la falta de rencor con los hijos sin culpa de los que a nuestro juicio estaban equivocados»[3]. La visita a España de Ángelo Roncalli, que años después sería el papa Juan XXIII, influyó en Franco, en el sentido de destinar el Valle de los Caídos, no sólo a los caídos por Dios y por España, sino también a los caídos republicanos, siempre que éstos fueran católicos, para evitar que se perpetuaran los odios y la división entre los españoles. Sin embargo, eso tampoco convencía a su primo Pacón, que en 1957 escribía: «En España no hay ambiente para ese monumento, pues aunque dure el miedo a otra guerra civil, gran parte de la población tiende a perdonar y a olvidar. No creo que miles de familias de los blancos ni de los rojos sientan deseo de que sus deudos vayan a la cripta, que si sólo fuera para los blancos establecería para siempre una eterna división entre españoles»[4]. En 1958 Pacón informó a Franco de que en algunos sectores había sentado mal que se pudieran enterrar en la cripta los mismos que cayeron defendiendo la Cruz que los rojos, que para eso estaban bien donde estaban, pero que también había habido elogios, aunque diciendo que la idea estaba inspirada por la Iglesia católica. A lo que el Caudillo respondió: «Me parece muy bien, porque hubo muchos que lucharon porque querían cumplir su deber con la República, y otros por haber sido movilizados forzosamente. El monumento no se hizo para seguir dividiendo a los españoles en bandos irreconciliables. Se hizo, y ésa fue siempre mi intención, como recuerdo de una victoria sobre el comunismo que trataba de dominar España. Así se justifican mis deseos de que pueda contener a los caídos católicos de los dos bandos»[5]. De modo que ahora se hacía una nueva división entre los españoles: los católicos (en su mayoría vencedores) y los no católicos (en su mayoría republicanos), lo que tal vez estaba más de acuerdo con la Iglesia y con determinados mandatarios occidentales.

Así que la cripta del Valle de los Caídos —la mayor cripta de Europa— fue acogiendo los restos de numerosos caídos «nacionales», con el consentimiento de los familiares, y de «republicanos buenos», probablemente extraídos de fosas comunes y probablemente sin el consentimiento de los familiares. La prueba fue que muchos de estos republicanos enterrados en el Valle de los Caídos han sido reclamados por los familiares después de la muerte de Franco. Se sabe que hubo discusiones al respecto del arquitecto con Franco. Este quería que a la derecha y a la izquierda de la cripta se pusieran unos bajorrelieves que reflejasen episodios de la guerra, mediante un desfile de héroes mártires. A Méndez le parecía un disparate, porque dichos motivos no resistirían «al tiempo y al olvido», y que además servirían para incrementar el odio e impedir la reconciliación. Medió el obispo Eijo-Garay diciendo que eso era «materializar demasiado los odios, materializar dentro de la Iglesia la lucha, y dentro de una iglesia no se debe materializar una lucha de hombres, ni de guerra, y menos de hermanos»[6]. Al final se colocaron allí unos tapices del Apocalipsis de san Juan.

El conjunto monumental del Valle de los Caídos fue inaugurado el primero de, abril de 1959, veinte años después del fin de la Guerra Civil, y aunque se suponía que iba a simbolizar la reconciliación de los españoles católicos, resultaba claro que sobre todo exaltaba la victoria de unos sobre otros. Al inaugurarlo, Franco dijo ante una concentración de casi cincuenta mil falangistas y alféreces provisionales en la explanada de Cuelgamuros: «Nuestra guerra no fue una guerra civil, sino una verdadera Cruzada. La epopeya de nuestra Liberación ha costado demasiada sangre a España para que pueda ser olvidada… La lucha entre el Bien y el Mal no ha terminado». Y dio una voz de alerta: «No es época en que se puedan reconciliar los espíritus después de la batalla, ya que el enemigo no descansa y gasta sumas ingentes para minar y dañar nuestros objetivos… Los enemigos de España están derrotados, pero no muertos»[7].

El Valle de los Caídos no era un monumento a la reconciliación, sino todo lo contrario. Así lo reconoció Carrero Blanco, el «cerebro gris» de Franco, en enero de 1964, cuando lo visitó el secretario de Estado del Vaticano: «La guerra que los españoles hubieron de mantener de 1936 a 1939 no fue en modo alguno una guerra civil, sino una guerra de Liberación del suelo patrio del dominio de un poder extranjero y, a su vez, una cruzada en defensa de la fe católica que ese poder quería desarraigar por ser actualmente ateo». Se trataba de perpetuar en el Valle de los Caídos «el hombre más trascendente de nuestra historia, no de la forma pasiva del recuerdo sino en la permanente actividad mucho más eficaz y constructiva de la oración y del estudio». Se pretendía «perpetuar la memoria de los caídos; que viniese a honrar a quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria y que sirvieron de ejemplo a las generaciones venideras». Sin embargo, había una precaria magnanimidad en el discurso de Carrero, en abierta contradicción con lo anteriormente dicho: «El Caudillo quiso que una gigantesca cruz, la más grande que podría construirse, coronara, como un símbolo de nuestra fe, el enterramiento de todos los caídos sin distinción de bandos»[8].

Desde su inauguración, el Valle de los Caídos permanece incólume, aunque ya no exista el Centro de Estudios Sociales que antes albergaba. Se ha convertido en el tercer monumento más visitado del Patrimonio Nacional, después del palacio de Oriente y el monasterio de El Escorial, pese a lo más que discutible de su estética. En su cripta, en lugar preferente y detrás del altar mayor, se encuentra la tumba de Franco, junto a la de José Antonio, rodeados por unos 33 700 cadáveres registrados de nacionales y republicanos. En no pocos de ellos consta, en el fichero, el lugar de procedencia con sus nombres y apellidos, pero en otros muchos en la línea para el nombre sólo figura la palabra desconocido, es decir, desaparecido, sin señas de identidad, lo que hace suponer que son cadáveres de combatientes republicanos. No es extraño que la Comisión Interministerial para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, creada en septiembre de 2004, lo haya querido convertir en un recordatorio de las víctimas de la dictadura. «Lo que quieren es volarlo», dice en la actualidad el secretario general de la Plataforma 2003, ligada a la Hermandad del Valle de los Caídos, de neta ideología franquista. «No estamos ante un panteón de hombres ilustres, ni ante la obra de unos esclavos como dicen miserablemente. Franco quiso un monumento a los caídos de ambas trincheras para la reconciliación más allá de la muerte y le salió el tiro por la culata, porque una parte no la quiere»[9]. Más beatífica es la visión del abad de la comunidad de benedictinos que cuida la basílica y reza por los muertos: «Los monjes de la basílica pedimos cada día por la reconciliación, la unidad y la paz», pero insiste en «no inventar la historia de España», no amputar sus raíces. «La cruz es el lugar por excelencia para la reconciliación […]. El símbolo con que se ha querido sellar aquella obra de España fue una Cruz y un Altar. Siguen en pie para que desde ellos se extienda por todos los ángulos de España la sangre del sacrificio que redime y la Nación que pide reconciliación. Que lo que ha unido la sangre de Dios, no lo separe el hombre»[10]. Lo que ocurre es que el Valle de los Caídos no es un monumento que se hiciera para reconciliar a los españoles, sino para conmemorar una victoria. ¿Podría recoger los restos de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República española? Lo que ofende a muchos es que representa la memoria de los vencedores sobre los vencidos. Por eso la Comisión Interministerial, que busca un difícil consenso, quisiera convertirlo en un museo sobre el pasado franquista, que incluso podría albergar los símbolos que se están retirando de las calles. Tendría un sentido pedagógico. Pero ¿qué hacer con los allí enterrados? Muchos, los «republicanos católicos», ni siquiera están identificados.

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha recordado que, en relación con la posible reforma del Valle de los Caídos para convertirlo en un «recordatorio» del franquismo, todas las obras que se realicen deben contar con la autorización del gobierno regional en Madrid. Lo que, dada su obviedad, suena a amenaza o discordia[11].

El problema del Valle de los Caídos lo planteó por vez primera el senador y vicepresidente de ICV (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), Jaime Bosch, que en septiembre de 2004 pidió al gobierno que el monumento dejase de ser un instrumento de apología del franquismo y se convirtiese en un monumento de denuncia del golpe de Estado del 36, la Guerra Civil y la posterior dictadura[12]. A finales de marzo de 2005, ICV propuso empezar buscando toda información disponible sobre los trabajos forzados realizados por presos republicanos para levantar el colosal monumento erigido en Cuelgamuros, para convertirlo después en un «centro de interpretación del franquismo», para explicar a la sociedad qué significó la dictadura y los «horrores» que se cometieron. La iniciativa fue recogida por la citada Comisión Interministerial, que prometió tomar decisiones antes del 30 de junio de 2005, lo que no ha sucedido. Sin embargo, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, había asegurado que no existía «ningún proyecto formal encima de mi mesa» para transformar el Valle de los Caídos en un centro de interpretación franquista. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera prioritario que se identifiquen los cadáveres y se haga público el nombre de los allí enterrados, y que se logre el mapa de las fosas comunes que, sin duda, las autoridades franquistas debieron conocer para saber de dónde debían sacar los cadáveres de los «republicanos católicos»; y que también se diseñe una exposición permanente que recuerde cómo se llevó a cabo y explique las consecuencias de la represión franquista, y que saquen de allí los restos de Franco: «Que se los lleven las familias, como a otros dictadores». Y el Foro por la Memoria Histórica propone la transformación del Valle de los Caídos en un Memorial Democrático que sirva para perpetuar el conocimiento de la brutal represión franquista.

Pero como el Valle de los Caídos pertenece al patrimonio nacional, es el Estado el que debe tomar la iniciativa, estudiando la mejor posible. Desde una perspectiva democrática, por lo menos se han de modificar algunas prácticas que han existido hasta ahora: no es competencia del Estado el cuidado de las tumbas de Franco y José Antonio ni del resto de los cadáveres allí enterrados, y no se debe permitir que los religiosos que dicen misa el 20 de noviembre se dediquen a exaltar a los victoriosos personajes históricos, ni lanzar diatribas contra la democracia. La hospedería podría albergar fácilmente un museo de la Guerra Civil y el franquismo, etcétera. Con todo ello, el conjunto monumental de Cuelgamuros seguirá siendo un engendro, pero al menos dejaría de ofender la memoria de los presos políticos que contribuyeron a levantarlo y de todos aquellos vencidos en la Guerra Civil y sus herederos ideológicos, que no se sienten en absoluto representados por un monumento que no ha alimentado la reconciliación, sino la discordia. Resulta insólito que una de las principales dictaduras del siglo pasado disponga de un mausoleo funerario cuya custodia corre a cargo de las arcas del mismo Estado cuyos poderes usurpó de forma ilegal[13]. Una solución sería privatizarlo, pues cabe suponer que muchos nostálgicos del franquismo podrían comprarlo, conservarlo, mantenerlo y hasta beneficiarse de los ingresos que aún proporciona. ¿Habría comprador?

Otra cuestión diferente sería el destino de la infinidad de recordatorios (monumentos, cruces, placas dentro y fuera de las iglesias, monolitos, etcétera) que perduran en la mayoría de los pueblos y ciudades españolas. Son los restos de los homenajes que la España vencedora hizo a sus «caídos por Dios y por la Patria». Lo lógico sería que estuvieran en las iglesias o en los cementerios, donde seguramente no ofenderían a nadie. Si la Iglesia persiste en honrarlos como héroes o mártires, podría sufragar los gastos que ésos le ocasionasen. Pero lo que no tiene sentido es que dichos monumentos, cruces, monolitos o placas conmemorativas sigan exhibiéndose estratégicamente en vías públicas, plazas o significados parajes, donde todos los ciudadanos, quieran o no, han de seguir contemplándolos. Tal sucede en la avenida Diagonal de Barcelona (el conjunto arquitectónico ha sido recientemente demolido), en Cáceres, en Castrojeriz, Totana (Murcia), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Alcorcón (Madrid), Fuente del Pico (Ávila), Consuegra (Toledo), Villacarrillo (Jaén), Pamplona, El Palmar (Murcia), etcétera.

LAS ESTATUAS DE FRANCO

Tal vez la estatua ecuestre del Caudillo más grandiosa fue la que se mantuvo firmemente implantada en la plaza de España de Ferrol, su ciudad natal: tenía seis metros de altura y había sido fundida en bronce. Tras diversas peripecias, no pudo ser retirada por el ayuntamiento hasta julio del año 2002, en que fue acogida en el museo naval de la ciudad. Pero en Ferrol quedaba otro busto del Caudillo, colocado sobre un pedestal y que quizá fuera el más antiguo existente en España. Estaba situado en el barrio de Narona, hasta que en diciembre de 2003 fue decapitado por una asociación privada que actuó clandestinamente: la cabeza fue bajada del pedestal, arrojada a una acequia y la policía no pudo encontrarla. De este modo, Ferrol, que hacía tiempo que había perdido la denominación del Caudillo, se quedaba sin ninguna referencia ecuestre de su «ilustre hijo», sin que nadie protestara por ello.

En general no ha sido fácil la retirada de las estatuas de Franco existentes en diversas ciudades y en emplazamientos públicos españoles, y fue prácticamente imposible hacerlo cuando, ya muerto el Caudillo, los municipios seguían siendo controlados por las viejas autoridades franquistas. Las primeras elecciones municipales democráticas, celebradas en abril de 1979, cambiaron la situación, permitiendo que paulatinamente fueran desapareciendo unas estatuas o bustos por decisión de sus respectivos ayuntamientos. Algunas fueron trasladadas de lugar: así, la estatua ecuestre erigida en la plaza mayor de Guadalajara fue trasladada a otra plaza mucho más apartada; la estatua de Valencia fue reubicada en el patio central de la capitanía general, donde aún puede ser visitada; la estatua ecuestre del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid fue trasladada a mediados de los años ochenta a la Academia de Infantería de Toledo, donde está expuesta en la avenida principal, y la ya citada de Ferrol fue llevada al Museo Naval y rodeada de un parque para su mejor exposición. Otras pudieron ser enteramente retiradas: la de Lupión (Jaén) fue retirada en 1980; la de Puente Genil (Córdoba) en 1981; la de Puerto Real (Cádiz) en 1982; el busto situado en la plaza del ayuntamiento de Marbella fue sustituido por otro del rey en 1983; la estatua de Jaén se quitó en 1986; la de Barcelona a finales de los años ochenta; la de Castrourdiales (Cantabria) en 2000; la de Albol (Valencia) se retiró en 2002, y la de Ponte Areas (Pontevedra) en 2003[14]. Curiosamente, cuando los respectivos ayuntamientos optaron por retirar definitivamente las estatuas, a pesar del riesgo político que podían correr, las tensiones y las confrontaciones políticas desaparecieron totalmente: lo que era una memoria política «hacia el franquismo» pasó a la «política del olvido», sin que se reavivase ninguna herida de la Guerra Civil, como alegaban los franquistas. Se demostraba así que las dudas que se habían tenido no eran sino una política de homenaje, reconocimiento y gratitud hacia Franco y su régimen.

Por el contrario, cuando las estatuas fueron simplemente trasladadas, el problema se desactivó sólo parcialmente, porque las estatuas eran públicamente menos visibles, pero seguían las protestas de colectivos y de fuerzas contrarias a su desaparición; las estatuas conservaban su simbolismo, seguían a la vista de la ciudadanía y ocupaban un espacio público, generalmente de las Fuerzas Armadas. En aquellos casos en que las estatuas o efigies se conservan en su lugar de origen, la confrontación no ha cedido: partidarios y detractores se manifiestan frente a ellas, siendo homenajeadas o repetidamente pintadas, o mutiladas, y las protestas, las interpelaciones y las discusiones en los ayuntamientos se suceden. Tal ha sucedido en el caso de las efigies de Franco que han permanecido en la vía pública hasta la llegada del PSOE al poder en abril de 2004: el escudo-medallón de la plaza mayor de Salamanca, el busto de Pobla de Vallbona (Valencia), los monumentos alegóricos de Santander, Tenerife, Oviedo y Orihuela, la estatua de Melilla y las estatuas ecuestres de Zaragoza (delante de la Academia General Militar), Madrid, Santander y Guadalajara[15].

El 13 de noviembre de 2004 la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados aprobó, con la abstención del PP, una proposición no de ley por la que se instaba al gobierno a que procediese a la retirada, en el plazo más breve posible a lo largo de la presente legislatura, de todos los símbolos procedentes de la victoria franquista que todavía perduraban en los edificios de titularidad pública. Tal proposición estimulaba la petición de la retirada de las estatuas o monumentos franquistas de todos los que eran propicios a ello. En efecto, el primero de noviembre la portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Madrid instó al alcalde a la rápida retirada de la estatua ecuestre de Franco existente delante de los Nuevos Ministerios. Ruiz Gallardón se disculpó hábilmente, diciendo que la estatua no era propiedad municipal, sino del antiguo Ministerio de la Vivienda, a cuyas puertas estaba situada. Sin embargo, el 19 de noviembre el alcalde de Orihuela aprovechaba la oportunidad para atender la petición que desde hacía tiempo le venían haciendo los concejales de la oposición, y ordenó retirar el obelisco del emplazamiento que ocupaba desde 1976, «cumpliendo así un acuerdo de la Comisión de gobierno del PP». La decisión de trasladar de madrugada el monolito al almacén municipal fue para evitar las disputas entre los detractores y los defensores del monumento, aunque en los últimos dos años sólo había habido manifestaciones y simulacros de derribo por parte de los grupos izquierdistas.

Pero no cesaba la insistencia en retirar las estatuas que aún quedaban. El 9 de febrero de 2005 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó, con la abstención del PP y Coalición Canaria, una proposición no de ley instando al gobierno a que «con carácter prioritario y urgente, contemple a la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, la retirada de la estatua ecuestre del general Franco situada en la Academia General Militar de Zaragoza, con el objetivo de que la misma se ejecute durante el presente curso académico-militar». El curso académico ha acabado, la estatua sigue en pie y nadie ha dicho nada. Si ha desaparecido la estatua ecuestre de Franco existente en Madrid, que fue retirada sin previo aviso en la noche del 16 de marzo de 2005, hecho que fue divulgado con gran despliegue de los medios de comunicación, generando las más airadas protestas de los grupos ultras: durante dos días decenas de falangistas, brazo en alto, cantaron el «Cara al sol» y dieron vivas a Franco ante un pedestal vacío. La orden había sido dada por el Ministerio de Fomento, aprovechando las obras de una supuesta remodelación de los alrededores convocada al efecto. La retirada de la estatua fue duramente criticada por altos dirigentes del PP. El presidente del partido, Mariano Rajoy, acusó al presidente del gobierno de «romper el espíritu de la transición» y de «revolver el pasado treinta años después», lo que consideraba «una enorme irresponsabilidad y una gran frivolidad». Y el portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, acusó a Zapatero de hacer «lecturas parciales de nuestra historia», calificando al gobierno socialista de ser «el más radical de la historia democrática». Dijo coincidir en este asunto con el expresidente socialista Felipe González, que en su tiempo aseguró que, para retirar la estatua de Franco, «había que haber tenido el valor de hacerlo en vida, y no a estas alturas». ¿Trataba el PP de aprovechar la ocasión de atacar al gobierno o estaba realmente molesto por la desaparición de la estatua? ¿O las dos cosas? Zapatero le respondió adecuadamente, afirmando que «es impensable que en un país democrático existan recuerdos en ámbitos públicos, colectivos, de dictadores». Y la vicepresidenta del gobierno comentó que el gobierno no pretendía «anular la historia» sino pasar de una vez página al franquismo y retirar de los espacios públicos los símbolos que «en vez de unir enfrentan a los españoles». El ministro Bono se desmarcó de sus compañeros de gabinete afirmando que «los enemigos de hoy no son los muertos». Y evitó también pronunciarse sobre si la estatua que Franco tenía en la Academia General Militar de Zaragoza sería finalmente retirada.

¿Por qué tanta tibieza o tanta ira por bajar del pedestal a un general que instauró por la fuerza un régimen que durante cuarenta años prohibió las libertades públicas y reprimió a tantos españoles? Mantenerlo es seguir homenajeándole, sin riesgo de que luego nadie se tome la revancha. En realidad no es porque los titubeantes políticos lo decidieron, sino porque la mayoría de los españoles lo quería y lo sigue queriendo, para que de una vez por todas desaparezca la división entre los vencedores y los vencidos, para que desaparezcan las semillas del enfrentamiento que, según el cardenal Rouco, aún son frecuentes en el país. Mariano Rajoy sigue empeñado en verlo al revés, y acusa a Zapatero de «decir frases absurdas y dividir a los españoles». ¿Acaso sabe quién fue Franco y Lo que representó? Decir, por ejemplo, que la retirada de la estatua de Franco hiere la sensibilidad de los españoles es una frase absurda y bastante frívola. ¿De qué españoles? ¿De los que aún dicen que con Franco se vivía mejor? No, ciertamente, se refiere a los muchos españoles que lo sufrieron, a los que seguir viendo la efigie del Caudillo les sigue produciendo escalofríos, porque simplemente verla les recuerda su condición de vencidos, o de herederos de los vencidos, con o sin memoria histórica. Como ha dicho Haro Tecglen, estos españoles pasaron toda su vida y la de sus padres viendo la cochina estatua, asaltados en sus creencias, obligados a la fuerza a ser católicos, a actos políticos, escuchando las amenazas del infierno y callados, y nadie se ha preocupado por su sensibilidad[16]. Sigue importando mucho más la sensibilidad de los herederos de Franco, de los que siempre han mandado, de los que hipotéticamente temen perder su posición actual de ventajistas de siempre, de los que se sienten molestos cuando desmontan al jinete del Apocalipsis que trajo muerte, destrucción, fascismo y terror para muchos.

Hay muchos españoles que sí saben quién fue realmente Franco. Y piden que sus estatuas desaparezcan para siempre, ya que no pudieron hacerlas desaparecer cuando él estaba vivo. Por eso el 19 de marzo de 2005 en Pobla de Vallbona el busto de Franco apareció pintado de rojo y negro y con una peluca blanca. No era la primera vez que el busto sufría los ataques anónimos de algunos vecinos, y en más de una ocasión había sido robado y arrojado en alguna zona de escombros, siendo siempre recuperado por la policía con prontitud. Pero en esta ocasión el alcalde, socialista por más señas, ha renunciado a investigar los hechos, anunciando que el busto del dictador no volverá a ser colocado en su pedestal y que la nomenclatura franquista que aún queda en el pueblo será eliminada del callejero. Simultáneamente, el alcalde de Santander anunciaba la inmediata retirada de la estatua de Franco al Museo Naval, a un museo que todavía no ha sido construido.

Persistía aún la estatua de Franco en Guadalajara, inaugurada en 1976 y reubicada después en una diminuta plazoleta, rodeada de una valla para evitar los ataques vandálicos que sufría y que había convertido el lugar que ocupaba en un auténtico basurero. Pero el 23 de marzo de 2005 el ayuntamiento la ha retirado, juntamente con otra de José Antonio Primo de Rivera que también existía en la ciudad. Ambas estatuas fueron trasladadas a los depósitos municipales, en espera de que el Museo del Ejército se hiciera cargo de ellas. A lo que el ministro Bono replicó, esta vez con mejores reflejos: «Nosotros no somos el refugio del dictador». Con la retirada de las citadas estatuas, la ciudad de Guadalajara se quedaba prácticamente libre de toda iconografía o simbología franquista, lo que no ha impedido que veintitrés pueblos de su provincia tengan calles dedicadas al generalísimo Franco[17]. Y aún quedan estatuas o bustos del Caudillo en Santa Cruz de Tenerife, en una esquina de la Rambla del Generalísimo. En la plaza de España de Oviedo existe un monumento dedicado a Franco, y en la plaza mayor de Salamanca un medallón con la efigie del dictador. El Caudillo se resiste a desaparecer, sobre todo en Melilla, donde se inició el Movimiento Nacional.

Y su nombre figura en el callejero de numerosas ciudades y poblaciones de España: Madrid, Ávila o Villaviciosa de Odón, entre otras. Pero su nombre va desapareciendo paulatinamente, especialmente en los últimos meses: en Sevilla, en Plasencia, en Belchite (Zaragoza), Lalín (Pontevedra), Pozuelo de Alarcón (Madrid), etcétera. Ciertamente aún hay muchos empeñados en defender el nombre de Franco. Pero, quiérase o no, el movimiento por la «desfranquización» de la sociedad española es imparable, por muchos símbolos franquistas que persistan, en escuelas, en comisarías de policías, en cuarteles de la Guardia Civil, edificios de correos, etcétera. Algún día habrá desaparecido del todo, incluso de los nueve pueblos que todavía llevan en su nombre el apellido el Caudillo, si Franco no resucita, lo que parece harto imposible, como lo demostró el 23-F. Es hora ya de recuperar la memoria histórica de este país, y que nadie se escandalice por ello y que no se reabran sus heridas, si es que realmente las tenía.

MÁS ALLÁ DE LA APARIENCIA

Pero la sombra del general no se extiende solamente a través de los muchos monumentos, placas, callejeros municipales, escudos preconstitucionales que aún oscurecen el panorama de lo que pretende ser una sociedad democrática y abierta, sino que sigue alargándose sobre los que fueron sus víctimas o sus herederos, y que aún no han sido reparados por los muchos daños que sufrieron. Resultaba paradójico, por ejemplo, que el juez que se hizo mundialmente famoso por atreverse a ordenar la captura de Pinochet en Inglaterra, y que encausó a los miembros de diversas juntas militares latinoamericanas, no dijese nada en relación con el proceso de recuperación de la memoria histórica emprendido desde hace pocos años en España. Finalmente, en febrero de 2005, Garzón declaró públicamente que era partidario de que en España se formase una «comisión de la verdad», similar a la que funcionó en su día en Argentina, Chile o Guatemala. Se trataba de investigar los «crímenes contra la humanidad» que se cometieron en la época franquista: «Creo que el Parlamento debería tomar una decisión firme. Después de todo este tiempo, será difícil encontrar responsabilidad penal, pero intentemos establecer, al menos, un juicio histórico sobre la violencia masiva de los derechos fundamentales con la dictadura. Con cerrar los ojos no se olvidan los ciudadanos españoles que fueron asesinados, masacrados, marginados y perseguidos»[18].

Al mes siguiente el fiscal general del Estado, Conde Pompidu, pidió los correspondientes informes para determinar qué jurisdicción sería competente para la revisión de los juicios militares sumarísimos que concluyeron en miles de condenas a muerte o ejecuciones, y qué reforma legal sería precisa para posibilitar que se realizasen las citadas revisiones. La sala militar del Tribunal Supremo dictaminó que sería ella la responsable de examinar las condenas producidas por los tribunales franquistas, lo que supondría un paso atrás, «reabrir las heridas de la Guerra Civil que no estaban totalmente cicatrizadas»… En el mes de abril la vicepresidenta del gobierno declaró, a tal respecto, que el gobierno proyectaba la rehabilitación «moral, simbólica y solemne» de las víctimas de la represión de ambos bandos en la Guerra Civil y de las víctimas del general Franco a través de lo que estaba elaborando una Comisión Interministerial presidida por ella misma. La rehabilitación no incluiría la revisión de sentencia de los consejos de guerra, para evitar efectos perturbadores y discriminatorios y porque consideraba esas sentencias irreversibles. La Constitución había denegado las normas vigentes incompatibles con ella, pero no la totalidad del ordenamiento ni sus efectos jurídicos. Por tanto, aquellas sentencias seguían siendo válidas, y únicamente podrían ser atendibles las rehabilitaciones específicas e individualizadas. Consecuentemente, Cándido Conde Pompidu manifestó, a través de un comunicado, que no tenía intención de promover la revisión individual de los procesos militares celebrados durante el franquismo. La Fiscalía General ni quiere ni puede llevar a cabo con carácter general la revisión de todos los juicios presididos por militares, celebrados con un pasado de cuarenta años[19]. Era lo contrario a lo manifestado días antes por el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que basándose en las resoluciones ya dadas a las peticiones fundadas de rehabilitación en algunos casos de condenados a muerte, afirmaba que «el derecho a la tutela judicial efectiva frente a los tribunales franquistas ha sido completamente estéril. Pero, mientras tanto, continúan conservando validez jurídica los procesos y las sentencias que condenaron, como si de delincuentes se tratara, a millares de demócratas. Es hora ya, en pleno proceso de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, de que el reconocimiento y satisfacción moral incluyan la declaración de nulidad de todas aquellas sentencias porque eran nulas de pleno derecho»[20]. El gobierno debería corresponder a ese derecho histórico de las víctimas, arbitrando la fórmula jurídica para declarar, de oficio, la nulidad de esas sentencias.

No basta con las buenas intenciones. El 6 de mayo de 2005 Amnistía Internacional escribió al presidente del gobierno, lamentando, aunque reconociendo que se habían producido algunos avances, la ausencia de medidas concretas en relación con importantes violaciones de los derechos humanos cometidos en España. Le importaba que en el ya prolongado proceso de elaboración de la Comisión Interministerial se hicieran anuncios de medidas limitadas a reconocimientos simbólicos y morales hacia las víctimas, considerando que el anteproyecto de ley que presentarían, sería un conjunto de normas morales relativas a los derechos de las víctimas y teniendo en cuenta la responsabilidad unitaria del Estado en materia de derechos humanos. En concreto Amnistía Internacional pedía «medidas para garantizar la memoria colectiva respecto de los crímenes y abusos graves cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista», afirmando el derecho y el deber de no olvidar como patrimonio de las actuales y nuevas generaciones[21]. Y el 20 de julio de 2005 Amnistía Internacional ha hecho público un informe titulado «España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista»[22]. Aunque en este informe se reconocen algunos avances en terrenos parciales, el balance es considerablemente crítico. Porque España no es un país diferente de otros países del mundo. Hace recomendaciones concretas, a las que seguramente las entidades públicas no harán demasiado caso. Como suele ocurrir.

Posfacio

Posfacio

Al final, se ha podido constatar que la sombra del general Franco persiste en la sociedad española actual, incluso en un grado superior al que cabía esperar, como lo han probado los sucesos ocurridos en los últimos meses. No obstante, la cuestión queda abierta y es susceptible de ser ampliada y profundizada. Y como problema dista mucho de poder ser resuelto a corto plazo. Es cierto que muchas autoridades han tomado conciencia y se muestran más comprensivas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Pero con respecto a los hechos y a su solución, sus esfuerzos, hasta ahora, han sido escasos y tibios, quizá porque no los consideren prioritarios o más bien porque tengan miedo a remover el pasado. Se trata de algo propio de muchos políticos, que huyen del pasado, eluden el presente problemático y miran demasiado al futuro. Sin embargo, sigue siendo muy importante que los españoles puedan conocer su pasado inmediato, asumirlo plenamente y repararlo en lo posible. Les va mucho en ello: la conservación y aun el enriquecimiento de la propia identidad. Así lo vienen demostrando las crecientes y ya imparables iniciativas de asociaciones, grupos y particulares para recuperar la memoria histórica, aunque ello pueda parecer doloroso, que no lo es. Se está abriendo el camino hacia un pasado que es preciso conocer, para entender mejor el presente y abrir mejores perspectivas de futuro.

En este sentido, se puede suscribir el reciente informe de Amnistía Internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, cuyas recomendaciones se reproducen a continuación.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL GOBIERNO ESPAÑOL PARA QUE HAGA JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO

España tiene en sus manos la oportunidad de saldar su deuda con el pasado, y en particular la deuda pendiente con aquellas víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista que fueron privadas de sus derechos a recursos efectivos para encontrar verdad, justicia y reparación. Amnistía Internacional reconoce que durante la actual legislatura se han dado pasos en dicha dirección y alienta a que se formulen y concreten los programas, medidas y actuaciones para resolver la prolongada injusticia padecida por las víctimas y sus familiares.

Para que la actual y las siguientes generaciones se reconozcan en una sociedad que cerró sus heridas y dejó de ver la verdad sobre los crímenes del pasado como una amenaza, la respuesta del Estado debe ser lo más completa posible con vistas a asegurar la memoria colectiva, dignificar a las víctimas y remediar los daños y sufrimientos padecidos. En esta línea, lejos de limitarse a reconocimientos o reparaciones simbólicas, en la mayor medida posible, habrá de comprender todos los componentes en materia de los derechos de las víctimas, tomando altamente en cuenta los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril de 2005.

Teniendo presente la responsabilidad unitaria del Estado, éste deberá adoptar todas las medidas necesarias que permitan superar una respuesta fragmentada con relación a la memoria histórica, o que por razones geográficas puedan conllevar marcadas situaciones de desigualdad en menoscabo de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

La organización pide al Estado español asumir las siguientes recomendaciones:

1. Amnistía Internacional recomienda al gobierno español que la respuesta a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo sea una ocasión para iniciar el proceso para adherirse a la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Memoria colectiva: derecho a la verdad y deber de no olvidar:

1. Adoptar todas las medidas para preservar los archivos y otras pruebas relativas a crímenes contra el derecho internacional, perpetrados durante la Guerra Civil española y el régimen franquista. A tal efecto se dispondrán medidas técnicas y de otra índole para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o falsificación de los archivos. Se deberá proceder a un inventario, catalogación y reorganización, de ser el caso, con medios adecuados a la tecnología actual de los diversos archivos que contengan información relevante para la recuperación de la memoria colectiva y para que las víctimas de abusos graves puedan ejercer sus derechos.

2. Para el esclarecimiento de la memoria histórica y preservar del olvido los crímenes del pasado, se deberá estudiar la creación de un órgano oficial temporal de carácter no judicial, con el mandato de investigar los abusos graves, según el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista. Su objetivo será garantizar el reconocimiento de los hechos que anteriormente se negaban. De decidirse la creación de un órgano de esta naturaleza deberá tomarse en cuenta lo indicado al respecto por el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Tal mecanismo tendrá como propósito contribuir al esclarecimiento de la verdad y no sustituye el derecho de las víctimas a la justicia.

3. Introducir en la ley de Educación, en el marco del programa mundial para la Educación en Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2004, una asignatura en materia de derechos humanos en los planes de estudio de enseñanza primaria y secundaria; garantizar la formación del profesorado al respecto. Los textos para la enseñanza de derechos humanos, al igual que el resto de los textos de todos los niveles, incorporarán la memoria histórica de España durante la Guerra Civil y el régimen franquista, con una exposición que aborde la dignificación de las víctimas y el deber de no olvidar los crímenes del pasado.

Derecho de las víctimas a recursos efectivos para hacer valer sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

1. El Estado español debe reconocer públicamente que privó de recursos efectivos a ciertas víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. Debe comprometerse a la rehabilitación de sus derechos, en la mayor medida posible, de acuerdo con los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril de 2005.

2. En su legislación, políticas, programas y medidas de reparación, el Estado español deberá ocuparse de manera expresa de reconocer a las víctimas de persecución, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles degradantes e inhumanos que padecieron tales abusos en el marco de la represión franquista. En esta línea deberá arbitrar medidas en relación a las víctimas de abusos por razones políticas, religiosas, étnico raciales, o por orientación sexual real o presunta. Al hacerlo incluirá medidas generales de orden preventivo en contra de la tortura y los malos tratos, la intolerancia política y religiosa, el racismo y la homofobia.

3. Igualmente, la respuesta del Estado deberá abordar el impacto que la Guerra Civil y el régimen franquista ocasionaron sobre las mujeres, sus derechos y libertades fundamentales; y arbitrará los medios apropiados para que las mujeres víctimas de graves abusos, incluidos aquellos basados en el género, accedan a reparación en condiciones de igualdad. Amnistía Internacional ofrece las siguientes recomendaciones en relación a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y respecto a las ejecuciones por sentencias en el marco de la represión franquista.

Con relación a desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales:

1. Dictar la legislación y normas reglamentarias necesarias para las actuaciones en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familias para su inhumación de acuerdo con la voluntad presunta de la persona fallecida o en su defecto de acuerdo con lo que la familia disponga.

2. Establecer una Fiscalía Especializada a través de la cual se asegure la colaboración activa de todas las instituciones públicas para impulsar la investigación de los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra civil española y el régimen franquista, localizar las fosas comunes. Llevar adelante todas las actuaciones de su competencia que contribuyan a esclarecer la suerte que corrió la persona desaparecida forzosamente.

3. Asegurar que la administración de justicia, a través de sus juzgados y tribunales, adopte las medidas necesarias para que se proceda a la exhumación de las fosas, se identifiquen los restos mortales y se devuelvan a sus familiares. Para ello se deberán dictar las disposiciones legislativas y reglamentarias relacionadas con la intervención judicial, y se proporcionarán, con presupuesto del gobierno central, los medios y recursos para la realización de todas las pericias y actuaciones.

4. Elaborar un Protocolo para la actuación de dicha Fiscalía Especializada y de otros funcionarios implicados en las obligaciones hacia las víctimas de desaparición forzada. Dicho protocolo deberá ajustarse a los «Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias», recomendados por Naciones Unidas a los Estados mediante la Resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989, y tendrá presente el Manual para la Prevención Efectiva y la investigación de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, incluido el Protocolo Modelo para una investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias («Protocolo de Minnesota»).

5. Cooperar con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a fin de esclarecer los casos de desapariciones pendientes, aportando información sustancial.

6. Garantizar el derecho a la reparación a las víctimas y familias.

Con relación a las personas ejecutadas por sentencias dictadas en el marco de la represión franquista:

1. Adoptar las medidas legislativas necesarias dirigidas a la nulidad de tales sentencias.

2. Garantizar el derecho a reparación a las víctimas y sus familiares.

Amnistía Internacional, finalmente, urge al Estado español a garantizar que los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario son incorporados, conocidos y aplicados por los poderes públicos. En concreto, la organización pide:

1. Adoptar todas las medidas con relación a la formación de la administración de justicia respecto de las normas internacionales de derechos humanos y su correcta aplicación.

2. Dar pública difusión a los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril de 2005.

La respuesta está en el Estado, y en toda la conciencia ciudadana.

Madrid, septiembre de 2005

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Notas

[1] «Diez años que cambiaron a España: 1973-1983», Historia de la transición española, capítulos 1 y 2, Diario 16, 1982-1983. <<

[2] Alfonso Armada, Al servicio de la corona, Planeta, Barcelona, 1983. <<

[3] José Luis de Vilallonga, El rey, Plaza & Janés, Barcelona, 1993. <<

[4] Historia de la transición española, capítulo 14, Diario 16. <<

[5] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[6] Carmelo Cabellos, Historia de la transición española, capítulo 12, Diario 16. <<

[7] Alberto Medina Domínguez, Teatro de la posesión: política de la melancolía en la España franquista, www.herreros.com.ar/melancolía. <<

[8] David K. Herzberger, Narrating the Past, Durham Duke U. P., 1996. <<

[9] Sigmund Freud, Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. <<

[10] «El franquismo ya tiene pocos seguidores», El País-Extra, 20 de noviembre de 1985. <<

[11] Historia de la transición española, capítulo 14, Diario 16. <<

[12] Marcelino Camacho, Historia de la transición, capítulo 14, Diario 16. <<

[13] Carmelo Cabellos, Historia de la transición, capítulo 14, Diario 16. <<

[14] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[15] Cambio 16, 3 de noviembre de 1980. <<

[16] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[17] J. M. Pérez Mateos, Juan Carlos. La infancia desconocida de un rey, Planeta, Barcelona, 1980. <<

[18] Luis María Anson, Don Juan, Plaza & Janés, Barcelona, 1994. <<

[19] José Luis de Vilallonga, Franco y el rey, Debolsillo, Barcelona, 2004. <<

[20] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[21] José María Gil Robles, La monarquía por la que yo luché, Taurus, Madrid, 1976. <<

[22] Javier Tusell, Juan Carlos. La restauración de la monarquía, Temas de Hoy, Madrid, 1995. <<

[23] Correspondencia entre don Juan de Borbón y Franco, recogida por Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Planeta, Barcelona, 1982. <<

[24] Alfonso Armada, op. cit. <<

[25] José Luis de Vilallonga op. cit. <<

[26] José Luis de Vilallonga op. cit. <<

[27] José Luis de Vilallonga op. cit. <<

[28] F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1977. <<

[29] José Luis de Vilallonga1 Franco y el rey. <<

[30] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[31] Paul Preston Juan Carlos. El rey de un pueblo, Plaza & Janés, Barcelona, 2003. <<

[32] Stanley Payne, El régimen de Franco, Alianza Editorial, Madrid, 1978. <<

[33] Rafael Borras, El rey de los rojos, Planeta, Barcelona, 1996. <<

[34] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[35] F. Franco Salgado-Araujo, op. cit. <<

[36] Javier Tusell, op. cit. <<

[37] F. Franco Salgado-Araujo, op. cit. <<

[38] José Luis de Vilallonga, Franco y el rey. <<

[39] Pilar Urbano, La reina, Plaza & Janés, Barcelona, 1996. <<

[40] Ibidem. <<

[41] Cartas de Franco a don Juan, 14 de noviembre de 1963, recogidas por Pedro Sainz Rodríguez, op. cit. <<

[42] Pilar Urbano, op. cit. <<

[43] Ibidem. <<

[44] Citado por Paul Preston, op. cit. <<

[45] Laureano López Rodó, Memorias: años decisivos, Plaza & Janés, Barcelona, 1991. <<

[46] Luis María Anson, op. cit. <<

[47] F. Franco Salgado-Araujo, op. cit. <<

[48] José Luis de Vilallonga, Franco y el rey. <<

[49] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[50] Laureano López Rodó, Memorias: años decisivos, Plaza & Janés, 1991. <<

[51] Pilar Urbano, op. cit. <<

[52] Laureano López Rodó, op. cit. <<

[53] Laureano López Rodó, La larga marcha de la monarquía, Noguer, Barcelona, 1978. <<

[54] Laureano López Rodó, op. cit. <<

[55] Laureano López Rodó, op. cit. <<

[56] Laureano López Rodó, Memorias: años decisivos. <<

[57] Pilar Urbano, op. cit. <<

[58] Joaquín Bardavío, Los silencios del rey, Strips, 1979. <<

[59] José Luis de Vilallonga, Franco y el rey. <<

[60] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[61] Pilar Urbano, op. cit. <<

[62] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[63] P. A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, Plaza & Janés, Barcelona, 1995. <<

[64] Paul Preston, op. cit. <<

[65] Laureano López Rodó, Memorias: años decisivos. <<

[66] Laureano López Rodó, op. cit. <<

[67] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[68] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[69] Pilar Urbano, op. cit. <<

[1] Laureano López Rodó, Memorias: el principio del fin, Plaza & Janés, Barcelona, 1992. <<

[2] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[3] Paul Preston, Juan Carlos. El rey de un pueblo. <<

[4] F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco. <<

[5] Pilar Urbano, La reina. <<

[6] Vernon A. Walters, Misiones secretas, Planeta, Barcelona, 1977. <<

[7] Laureano López Rodó, Memorias: años decisivos. <<

[8] T. P. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido. <<

[9] Pilar Urbano, op. cit. <<

[10] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[11] Laureano López Rodó, op. cit. <<

[12] Laureano López Rodó, Memorias: las claves de la transición, Plaza & Janés, Barcelona, 1993. <<

[13] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[14] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[15] M. Utrera Molina, Sin cambiar, Planeta, Barcelona, 1983. <<

[16] Laureano López Rodó, La larga marcha de la monarquía. <<

[17] BOE, 27 de agosto de 1975, número 225. <<

[18] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[19] Vicente Pozuelo, Los últimos 476 días de Franco, Planeta, Barcelona, 1987. <<

[20] T. y P. Fernández-Miranda, op. cit. <<

[21] Ibidem. <<

[22] Ibidem. <<

[23] Laureano López Rodó, La larga marcha de la monarquía. <<

[24] T. y P. Fernández-Miranda, op. cit. <<

[25] Javier Figuero y Luis Herrero, La muerte de Franco jamás contada, Planeta, Barcelona, 1981. <<

[26] T. y P. Fernández-Miranda, op. cit. <<

[27] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[28] T. y P. Fernández-Miranda, op. cit. <<

[29] Ibidem. <<

[30] Laureano López Rodó, Memorias: claves de la transición. <<

[31] T. y P. Fernández Miranda, op. cit. <<

[32] Laureano López Rodó, op. cit. <<

[33] Charles T. Powell, El piloto del cambio, Planeta, Barcelona, 1991. <<

[34] José María Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Planeta, Barcelona, 1981. <<

[35] Carlos Elordi, Memorias de la transición, serie publicada en El País. <<

[36] Víctor Díaz-Cardiel y otros, Madrid en huelga, Ayuso, 1976. <<

[37] Cambio 16, 6 de diciembre de 1976. <<

[38] Paul Preston, op. cit. <<

[39] José María Areilza, op. cit. <<

[40] Ibidem. <<

[41] T. y P. Fernández-Miranda, op. cit. <<

[42] Ibidem. <<

[43] Ibidem. <<

[1] T. y P. Fernández-Miranda, op. cit. <<

[2] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[3] Paul Preston, Juan Carlos. El rey del pueblo. <<

[4] Josep Carles Clemente, Historia de la transición española, capítulo 20, Diario 16. <<

[5] Emilio Attard, La Constitución por dentro, Argos-Vergara, Barcelona, 1983. <<

[6] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983. <<

[7] Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la transición, Oberon, Madrid, 2005. <<

[8] Victoria Prego, «La dialéctica de las pistolas, memorias de la transición», El País. <<

[9] Joaquín Bardavío, Historia de la transición española, capítulo 29, Diario 16. <<

[10] Laureano López Rodó, Memorias: las claves de la transición. <<

[11] Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, Plaza & Janés, Barcelona, 1990. <<

[12] Paul Preston, op. cit. <<

[13] Ibidem. <<

[14] Javier Tusell, Dictadura franquista y democracia. <<

[15] Amadeo Martínez Inglés, La democracia vigilada, Temas de Hoy, Madrid, 1994. <<

[16] El País, 1 de enero de 1978. <<

[17] S. Díaz-Gallego y Bonifacio de la Cuadra, Crónica secreta de la Constitución, Tecnos, Madrid, 1981. <<

[18] El Alcázar, 22 de julio de 1978. <<

[19] El Imparcial, 28 de agosto de 1978. <<

[20] Cambio 16, 2 de septiembre de 1978. <<

[21] El País, 7de noviembre de 1978. <<

[22] El Alcázar, 4 y 11 de marzo de 1979. <<

[23] El País, 22 de diciembre de 1979. <<

[24] El País, 1 de enero de 1980. <<

[25] Santiago Segura y Julio Merino, Vísperas del 23-F, Plaza & Janés, Barcelona, 1989. <<

[26] Declaraciones de Enrique Múgica, El País, 13 de marzo de 1982. <<

[27] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[28] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del elefante. La conspiración del 23-F, El País, Aguilar, Madrid, 1991. <<

[29] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[30] José Luis Morales y Juan Celada, La alternativa militar, revolución, Madrid, 1981. <<

[31] José Luis Rodríguez, La extrema derecha en España, CSIC, Madrid, 1994. <<

[32] El Alcázar, 12 de noviembre de 1980. <<

[33] Paul Preston, op. cit. <<

[34] El Alcázar, 1 de diciembre de 1980. <<

[35] Paul Preston, op. cit. <<

[1] Paul Preston, Juan Carlos. El rey del pueblo. <<

[2] S. Segura y J. Merino, Jaque al rey, Planeta, Barcelona, 1983. <<

[3] Ibidem. <<

[4] El Alcázar, 23 de enero de 1981. <<

[5] Josep Meliá, Así cayó Adolfo Suárez, Planeta, Barcelona, 1981. <<

[6] Ibidem. <<

[7] ABC, 31 de enero de 1981. <<

[8] El Alcázar, 30 de enero de 1981. <<

[9] ABC, 1 de febrero de 1981. <<

[10] El Alcázar, 1 de febrero de 1981. <<

[11] El Alcázar, 8 de febrero de 1981. <<

[12] Amadeo Martínez Inglés, La democracia vigilada. <<

[13] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona. <<

[14] Ibidem. <<

[15] Recogida íntegramente en el libro Todos al suelo, de Ricardo Cid Cañaveral, Punto Crítico, Madrid, 1981. <<

[16] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[17] Amadeo Martínez Inglés, op. cit. <<

[18] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[19] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[20] R. Cid Cañaveral et al., Todos al suelo. <<

[21] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[22] Recogido en el libro Todos al suelo. <<

[23] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona. <<

[24] Ibidem. <<

[25] Ibidem. <<

[26] Patricia Sverlo, El rey golpe a golpe, Kalegorría, Navarra, 2000. <<

[27] José Luis de Vilallonga, Le roi, Fixo, París, 1993. <<

[28] Ricardo Cid Cañaveral et al., Todos al suelo. <<

[29] El País, 1 de marzo de 1981. <<

[30] Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición. <<

[31] Álvaro Castrillo, La derrota del centro. Historia de UCD, Alianza Editorial, 1996. <<

[32] Femando Reinlein, Capitanes rebeldes. Los militares durante la transición, La Esfera de los Libros, Madrid, 2002. <<

[33] Texto íntegro recogido por J. Prieto y J. L. Barbería, op. cit. <<

[34] El País, 19 de diciembre de 1981. <<

[35] El País, 1 de enero de 1982. <<

[36] El País, 15 de enero de 1982. <<

[37] Paul Preston, op. cit. <<

[38] El País, 1 de enero de 1994. <<

[39] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[40] José Luis de Vilallonga, Franco y el rey. <<

[41] José Luis de Vilallonga, El rey. <<

[42] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[43] José Luis de Vilallonga, op. cit. <<

[44] José Luis de Vilallonga, Franco y el rey. <<

[45] Pilar Urbano, La reina. <<

[46] Alfredo Grimaldos, op. cit. <<

[47] Gregorio Morán, El precio de la transición, Planeta, Barcelona, 1991. <<

[48] Ibidem. <<

[49] Alberto Medina Domínguez, El teatro de la posesión, www.herreros.com. <<

[50] Víctor Pérez Díaz, «La monarquía en la España democrática», Claves de la Razón Práctica, n.º 13, julio de 1986. <<

[1] Enrique González Duro, Biografía psicológica de Felipe González, Temas de Hoy, Madrid, 1996. <<

[2] Víctor Márquez Reviriego, Felipe González. Un estilo ético, Argos Vergara, Barcelona, 1982. <<

[3] José Luis de Vilallonga, Encuentros y encontronazos, El País, Aguilar, Madrid, 1995. <<

[4] Entrevista de Alfonso S. Palomares con Felipe González, Interviú, 15 de septiembre de 1982. <<

[5] Entrevista de José Luis Gutiérrez con Felipe González, Diario 16, 5 de octubre de 1982. <<

[6] Declaración de Felipe González a la revista Time. <<

[7] Julio Feo, Aquellos años, Ediciones B, Barcelona, 1993. <<

[8] J. L. Martín Prieto, El País, 18 de octubre de 1982. <<

[9] Julio Feo, op. cit. <<

[10] Ibidem. <<

[11] Ibidem. <<

[12] Ibidem. <<

[13] Entrevista del nuevo presidente del gobierno con Jaime Peñafiel, Hola, 15 de diciembre de 1982. <<

[14] Entrevista de José Manuel Arija con Felipe González, Cambio 16, 13 de enero de 1983. <<

[15] Ibidem. <<

[16] José Luis Gutiérrez, Miguel Boyer, «El hombre que sabía demasiado», Temas de Hoy, Madrid, 1991. <<

[17] Manuel Vázquez Montalbán, El País, 3 de enero de 1995. <<

[18] Boletín Oficial de las Cortes, 3 de noviembre de 1983. <<

[19] Melchor Miralles y Ricardo Arqués, Amedo: el Estado contra ETA, Plaza & Janés, Barcelona, 1989. <<

[20] Otto F. Kernberg, Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, El Manual Médico, México, 1988. <<

[21] Femado Morán, España en su sitio, Plaza &Janés, Barcelona, 1990. <<

[22] Melchor Miralles y Ricardo Arqués, op. cit. <<

[23] José María Irujo y Ricardo Arqués, ETA: la derrota de las armas, Plaza & Janés, Barcelona, 1993. <<

[24] Rafael Sánchez Ferlosio, Crónica del congreso del PSOE, Cambio 16, 24 de diciembre de 1984. <<

[25] Declaraciones de Felipe González al grupo Tertulia, Diario 16, 3 de agosto de 1985. <<

[26] Miguel González, «El silencio después de 1983», El País, 5 de septiembre de 1985. <<

[27] Pedro J. Ramírez, La rosa y el capullo, Planeta, Barcelona, 1989. <<

[28] Ignacio Gómez de Liaño, La mentira social, Tecnos, Madrid, 1989. <<

[29] Diario 16, 14 de agosto de 1985. <<

[30] Diario 16, 8 de agosto de 1985. <<

[31] Entrevista de Juan Luis Cebrián a Felipe González, El País, 2 de octubre de 1986. <<

[32] Entrevista de Pedro J. Ramírez a Felipe González, Diario 16, 19 de octubre de 1986. <<

[33] Entrevista de Juan Luis Cebrián a Felipe González, El País, 17 de noviembre de 1985. <<

[34] ABC, 19 de noviembre de 1985. <<

[35] Para la campaña se crearon sociedades ficticias a fin de recabar fondos irregulares o ilegales, tales como Filesa, Macosa y Time Sport. <<

[36] Diario 16, 15 de febrero de 1985. <<

[37] Entrevista de Pedro J. Ramírez a Felipe González, Diario 16, 15 de octubre de 1986. <<

[1] José María Irujo y Ricardo Arques, ETA: la derrota de las armas. <<

[2] Melchor Miralles y Ricardo Arques, Amedo: el Estado contra ETA. <<

[3] Pedro J. Ramírez, La rosa y el capullo. <<

[4] Ibidem. <<

[5] Melchor Miralles y Ricardo Arques, op. cit. <<

[6] Entrevista de Joaquin Estefanía a Felipe González, El País, 4 de diciembre de 1988. <<

[7] José María Irujo y Ricardo Arqués, op. cit. <<

[8] Jorge Semprún, Federico Sánchez se despide de ustedes, Tusquets, Barcelona, 1993. <<

[9] Ibidem. <<

[10] José María Cavero, El PSOE contra la prensa, Temas de Hoy, Madrid, 1991. <<

[11] Jorge Semprún, op. cit. <<

[12] Pilar Cernuda, El presidente, Temas de Hoy, Madrid, 1994. <<

[13] Ibidem. <<

[14] El Mundo, 25 de mayo de 1991. <<

[15] Raúl Heras, La guerra de las rosas, Temas de Hoy, Madrid 1994. <<

[16] Fernando Jáuregui, La metamorfosis, Temas de Hoy, Madrid, 1993. <<

[17] Jesús Cacho y C. García Abadillo, La estafa: Ibercorp y el fin de una era, Temas de Hoy, Madrid, 1992. <<

[18] Raúl Heras, op. cit. <<

[19] Justino Sinova, Un millón de muertos, Temas de Hoy, Madrid, 1993. <<

[20] El País, 4 de junio de 1993. <<

[21] Pilar Cernuda, op. cit. <<

[22] Enrique González Duro, «Felipe el seductor», El Mundo, 6 de diciembre de 1993. <<

[23] Testimonio recogido por Pilar Cernuda, op. cit. <<

[24] Pilar Cernuda, op. cit. <<

[25] El País, 10 de agosto de 1995. <<

[26] Declaraciones de Felipe González a Diario 16, 29 de mayo de 1995. <<

[27] El Mundo, 19 de agosto de 1995. <<

[28] El País, 10 de septiembre de 1995. <<

[29] El Mundo, 15 de octubre de 1995 <<

[30] El Mundo, 19 de diciembre de 1995. <<

[31] El Mundo, 4 de enero de 1996. <<

[32] El Mundo, 25 de enero de 1996. <<

[33] Entrevista de Juan Luis Cebrián a Felipe González, El País, 29 de enero de 1999. <<

[34] El Mundo, 15 de enero de 1996. <<

[1] José María Aznar, Retratos y perfiles, Planeta, Barcelona, 2005. <<

[2] Manuel Aznar, Franco, Prensa Española, Madrid, 1975. <<

[3] José María Aznar, op. cit. <<

[4] www.aznar.net. <<

[5] www.aznar.net. <<

[6] www.aznar.net. <<

[7] www.aznar.net. <<

[8] www.aznar.net. <<

[9] www.aznar.net. <<

[10] José María Aznar, Ocho años de gobierno, Planeta, Barcelona, 2004. <<

[11] José María Aznar, op. cit. <<

[12] José María Aznar, Libertad y solidaridad. <<

[13] José María Aznar, España, la segunda transición, Espasa Calpe, Madrid, 2004. <<

[14] Javier Tusell, El aznarato, Santillana, Madrid, 2004. <<

[15] Ibidem. <<

[16] Ibidem. <<

[17] www.losgenoveses.net: La noticia del día. <<

[18] Javier Tusell, Dictadura franquista y democracia, Crítica, Barcelona, 2005. <<

[19] Javier Tusell, El aznarato. <<

[20] www.elpais.es. <<

[21] Documento 20-N: 25 años después, El Mundo, 20 de noviembre de 2000. <<

[22] Félix Moral, 25 años después, CIS, 2001. <<

[23] Documento 20-N: las huellas del franquismo, El Mundo, 20 de noviembre de 2000. <<

[1] Enrique Gil Calvo, «Presidente», El País, 20 de marzo de 2000. <<

[2] Federico Jiménez Losantos, «Las sucesiones», Época, 20 de marzo de 2000. <<

[3] Federico Jiménez Losantos, «La gota fría», Época, 21 de marzo de 2000. <<

[4] Luis Algorri, Aznar, Diario 16, 9 de mayo de 2000. <<

[5] Javier Tusell, El aznarato. <<

[6] Ibidem. <<

[7] Ibidem. <<

[8] Boletín Oficial de las Cortes, Senado, VII Legislatura, 1 de diciembre de 2000. <<

[9] Citado por Amando de Miguel, Retrato de Aznar. <<

[10] Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, 26 de abril de 2001. <<

[11] Citado por Amando de Miguel, op. cit. <<

[12] Javier Tusell, op. cit. <<

[13] Ibidem. <<

[14] José Antonio Zarzalejos, «Un gobierno con esperanza», ABC, 8 de julio de 2001. <<

[15] Las ocurrencias más ocurrentes de Aznar, www.losgenoveses.net. <<

[16] Amando de Miguel, op. cit. <<

[17] Entrevista de Luis Herrero con José María Aznar, 12 de diciembre de 2002. <<

[18] Javier Tusell, op. cit. <<

[19] José María Aznar, Ocho años de gobierno. <<

[20] Javier Tusell, op. cit. <<

[21] Magis Iglesias, La sucesión, Temas de Hoy, Madrid, 2003. <<

[22] www.losgenoveses.net. <<

[23] Magis Iglesias, op. cit. <<

[24] Ibidem. <<

[25] Ibidem. <<

[26] Ibidem. <<

[27] José María Aznar, Retratos y perfiles. <<

[28] Javier Tusell, op. cit. <<

[29] José María Aznar, Ocho años de gobierno. <<

[30] Magis Iglesias, op. cit. <<

[31] Ibidem. <<

[32] Ibidem. <<

[33] Ibidem. <<

[34] Javier Tusell, Dictadura franquista y democracia. <<

[1] Eduardo Chamorro, 25 años sin Franco, Planeta, Barcelona, 2000. <<

[2] Asamblea plenaria de la LXXIII Conferencia Episcopal Española «La fidelidad de Dios siempre dura». <<

[3] Juan G. Bedoya, El País, 13 de octubre de 2000. <<

[4] Citado por Eduardo Chamorro, op. cit. <<

[5] Josep Maria Margenat, citado por Eduardo Chamorro, op. cit. <<

[6] Enrique Pla y Deniel, Las dos ciudades, en Obras completas. <<

[7] Ibidem. <<

[8] Citado por Bernardino B. Hernando, Delirios de cruzada, Ediciones 99, Madrid, 1977. <<

[9] Enrique Pla y Deniel, El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España, en Obras completas. <<

[10] Citado por Montse Armengou y Ricard Belis, Las fosas del silencio, Plaza & Janés, Barcelona, 2004. <<

[11] ABC de Sevilla, 22 de julio de 1936. <<

[12] John Whitaeker, New York Herald Tribune, 14 de agosto de 1936. <<

[13] Citado por Montse Armengou y Ricard Belis, op. cit. <<

[14] Ibidem. <<

[15] Emilio Silva y Santiago Macías, Las fosas de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2003. <<

[16] El País, 20 de marzo de 2003. <<

[17] Emilio Silva y Santiago Macías, op. cit. <<

[18] Ibidem. <<

[19] Ibidem. <<

[20] El País, 21 de noviembre de 2002. <<

[21] Entrevista a Emilio Silva, 3 de enero de 2003, ATVC. <<

[22] www.nodo50.org/foroporlamemoria, noticia del 18 de enero de 2004. <<

[23] Ibidem. <<

[24] Ibidem. <<

[25] El Mundo, 2 de abril de 2004. <<

[26] www.nodo50.org/foroparlamentario. <<

[27] Diario de Cádiz, 1 de enero de 2005. <<

[28] Nota de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española «A favor del matrimonio», 15 de julio de 2004. <<

[29] Diario Sur, 4 de octubre de 2004. <<

[30] www.analisisdigital.com-noticias. <<

[31] Análisis Digital, 13 de noviembre de 2004, www.analisisdigital.com. <<

[32] El País, 15 de octubre de 2004. <<

[33] Análisis Digital, 16 de noviembre de 2004. <<

[34] Análisis Digital, 19 de diciembre de 2004. <<

[35] Análisis Digital, 6 de enero de 2005. <<

[36] El Mundo, 18 de enero de 2005. <<

[37] Análisis Digital, 25 de enero de 2005. <<

[38] Análisis Digital, 28 de enero de 2005. <<

[39] Análisis Digital, 2 de febrero de 2005. <<

[40] Análisis Digital, 11 de marzo de 2005. <<

[41] Análisis Digital, 1 de mayo de 2005. <<

[42] Análisis Digital, 5 de mayo de 2005. <<

[43] Análisis Digital, 10 de mayo de 2005. <<

[44] Análisis Digital, 25 de mayo de 2005. <<

[45] Ibidem. <<

[46] Análisis Digital, 25 de mayo de 2005. <<

[47] El País, 14 de julio de 2005. <<

[48] El País, 14 de junio de 2005. <<

[49] Ibidem. <<

[1] Citado por Daniel Sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos, Sedmay, Madrid, 1976. <<

[2] Citado por Tomás Borrás, «Nueva maravilla: el Valle de los Caídos», ABC, 27 de marzo de 1951. <<

[3] F. Franco Salgado Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco. <<

[4] Ibidem. <<

[5] Ibidem. <<

[6] Citado por Daniel Sueiro, op. cit. <<

[7] Citado por Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la guerra civil, Alianza Editorial, Madrid, 1996. <<

[8] Ibidem. <<

[9] Semana, del 30 de marzo al 5 de abril de 2005. <<

[10] Virginia Rodenas, debate sobre el Valle de los Caídos, página web de la ARMH. <<

[11] Teletipos del Valle de los Caídos, www.nodo50org/foroporlamemoria. <<

[12] Ibidem. <<

[13] Paloma Aguilar Fernández, op. cit. <<

[14] Jesús Andrés Sanz, informe solicitado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara sobre la posible retirada de la estatua del general Franco, febrero de 2005. <<

[15] Jesús Andrés Sanz, op. cit. <<

[16] Eduardo Haro Tecglen, El País, 19 de marzo de 2005. <<

[17] Resistencia Digital, www.ideasyaccion org. <<

[18] Noticia del 27 de febrero de 2005, www.20minutos.es. <<

[19] El Mundo, 22 de abril de 2005. <<

[20] Carlos Jiménez Villarejo, El Periódico, 21 de abril de 2005. <<

[21] Carta de Amnistía Internacional al presidente del gobierno, 6 de mayo de 2005. <<

[22] Amnistía Internacional, «España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista», 19 de julio de 2005. <<