Después de cuarenta años de dictadura, la Transición ha sido representada y explicada como el triunfo de la democracia. Unos líderes moderados e inteligentes, un pueblo maduro y responsable, la oportunidad de un cambio político, pero sin riesgos, ni aventuras; fuera del consenso apenas quedaba espacio para las amenazas del extremismo terrorista y la involución. Esta es la imagen repetida en documentales, libros y prensa, que hasta hace bien poco ha servido de pilar ideológico de la democracia española.

En este libro se prueba una interpretación distinta y rompedora. El cambio político no se explica a partir de la acción de un puñado de grandes personajes, tampoco como resultado de un amplio consenso en torno a la democracia posible, ni siquiera como la consecuencia de los acuerdos entre élites las de la izquierda y el reformismo franquista en los que se encalla la crítica corriente. La Transición, y el cambio político consecuente, se explican como respuesta a una vasta crisis económica, política y social que se despliega a partir de las contradicciones que generaron las fuerzas movilizadas durante el último franquismo. Bajo esta perspectiva, el centro de la explicación devuelve el protagonismo a las luchas de fábrica, el movimiento vecinal, los nuevos movimientos sociales y, en general, la ola de cambio democrático que experimentó el país en aquellos años. Enfrentado a estas poderosas fuerzas, el problema de la Transición fue el de cómo integrarlas y así neutralizarlas. El resultado fue un régimen de nuevo cuño, la democracia liberal, que si bien satisfacía algunas de las nuevas demandas, las encuadraba en un marco político que apuntalaba y reproducía los intereses de viejas y nuevas oligarquías. En esto consistió el fracaso de la democracia en la Transición española.

Emmanuel Rodríguez

Por qué fracasó la democracia en España

La Transición y el régimen del 78

historia - Omnia sunt communia - 15

ePub r1.5

Primo 08.08.2017

Título original: Por qué fracasó la democracia en España

Emmanuel Rodríguez, 2015

Diseño cubierta: Traficantes de Sueños

Editor digital: Primo

ePub base r1.2

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y solo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

Omnia sunt communia! o «Todo es común» fue el grito colectivista de los campesinos anabaptistas, alzados de igual modo contra los príncipes protestantes y el emperador católico. Barridos de la faz de la tierra por sus enemigos, su historia fue la de un posible truncado, la de una alternativa a su tiempo que quedó encallada en la guerra y la derrota, pero que en el principio de su exigencias permanece profundamente actual.

En esta colección, que recoge tanto novelas históricas como rigurosos estudios científicos, se pretende reconstruir un mapa mínimo de estas alternativas imposibles: los rastros de viejas batallas que sin llegar a definir completamente nuestro tiempo, nos han dejado la vitalidad de un anhelo tan actual como el del grito anabaptista.

Omnia sunt communia!

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© del texto, Emmanuel Rodríguez, 2015

© de la edición, Traficantes de Sueños, 2015

Introducción

La Transición y sus críticos

La Transición «vende». Los expositores de las librerías, los tertulianos, el discurso político se han llenado de referencias a la Transición. En un país que en las últimas décadas ha destacado por su voluntad de olvido, la razón de este repentino interés tiene que ver con la coyuntura que atraviesa. Como suele ocurrir en las épocas de crisis políticas, la historia se ha convertido —de nuevo— en un combate. Se trata de un proceso parecido al que se produjo cuando, tras más de dos décadas de represión y silencio, se revivió el interés por la otra gran bisagra del siglo XX, la República y la Guerra civil. Corrían entonces los años sesenta y setenta, las movilizaciones pujaban al alza y la salida del franquismo estimulaba la imaginación y los proyectos de cambio.

La nueva insistencia en la historia se produce pasados cuarenta años de la muerte de Franco. Al menos dos generaciones han alcanzado la mayoría de edad sin experimentar la Transición en primera persona, y esto aun cuando solo han conocido el marco político que esta dejó como herencia. Durante más de una década, la lista de monografías y estudios críticos no ha parado de crecer, añadiendo título tras otro. Para aquellos que consideran estos años como el final de un periodo histórico resulta obligado volver a sus orígenes, estudiar la Transición, momento fundacional del actual régimen político.

Dentro de esta corriente de revisión histórica, las posiciones de este libro casi se podrían explicar por su título; o más bien por las propuestas que no alcanzaron a ser su epígrafe definitivo. España no es una democracia podría haber sido casi —y el matiz es importante— un título excelente a condición de que se acompañara de un añadido del tipo Una explicación histórica. Los ecos que resuenan detrás de estas dos simples oraciones, la idea de un cambio insuficiente que corresponde con una democracia incompleta, el «retraso democrático» frente a las democracias europeas, incluso la traición de las izquierdas —concretamente de los partidos de izquierda— a un proyecto político que no supieron o quisieron profundizar, son algunas de las muchas razones que se hubieran inclinado a favor de este título. Pero justamente porque este libro pretende cuestionar los lugares comunes de la crítica de la Transición, este no era el más adecuado.

España no es una excepción en Europa, y esto no solo porque la Transición española coincida con los procesos de cambio político en Portugal y en Grecia. El final de una dictadura que en los tres países —Grecia como un episodio tardío, propio ya de la era de la Guerra Fría— tenía su origen en la crisis de la democracia liberal europea y en la tajante oposición entre fascismo y comunismo que se abrió en los años veinte y treinta del pasado siglo. Durante la década de 1970, la inestabilidad del «flanco sur» del continente, que entonces preocupaba a las cancillerías europeas y sobre todo a la potencia estadounidense, se reconoce en una cierta unidad regional, Europa sur. Esta región política, que incluye a Italia, comparte una historia que, a pesar de las idiosincrasias, corresponde con formaciones sociales relativamente periféricas respecto del «núcleo central» del occidente europeo.

Pero es que España tampoco es una democracia menos avanzada o más limitada que la de sus actuales socios del centro y el norte de Europa. De acuerdo con la crítica común a la Transición española, el cambio político entre 1975 y 1982 condujo a un sistema de democracia liberal y representativa, que a su vez funcionó de marco de regulación de una estructura de poder que, según autores, se juzga atrasada, periférica, autoritaria o incompleta. El problema de esta crítica reside en que no es específica del régimen político español. La democracia española es en lo fundamental homologable a la de Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. Desde los años sesenta y setenta, la historia de estos países ha seguido una dirección no tan distinta de la del río ibérico. En las décadas de 1960 y 1970, en todos estos países se produjo un conflicto entre distintos modelos de democracia; un conflicto que se saldó de una forma nítidamente oligárquica con la imposición de formas de democracia representativa de sesgo autoritario y tendente a una creciente desigualdad. ¿O acaso el cesarismo francés de De Gaulle a Sarkozy no ha conducido a Francia a una democracia prácticamente tan limitada como la española, la poliarquía italiana y la preponderancia de la Democracia Cristiana a otro tanto en el caso italiano, el autoritarismo y el ordoliberalismo alemán a una situación similar en la Alemania de la Guerra Fría, y el retorno del ultraliberalismo inglés y su correspondiente naturalización de las desigualdades en las «dos naciones» de Thatcher a otro tanto en Gran Bretaña?

En todos estos países, al igual que en España, los años setenta fueron cruciales en la determinación de la naturaleza política de sus respectivas democracias, y en todos ellos la decantación se produjo de una forma limitadora de la participación popular y la igualdad social, o por decirlo en la inequívoca tipología de los clásicos, en una forma oligárquica. Las especificidades españolas, que son muchas, que se tratan de explicar en este libro y que podríamos resumir en el viejo título costista Oligarquía y caciquismo[1] no se pueden remitir al aislamiento caracterológico de la hispanidad o a la degradación secular de la democracia española, según una cierta caricatura de la historia del país. La diferencia principal es que estos países venían de la victoria del antifascismo y del constitucionalismo progresista de la postguerra europea, mientras que España salía de una dictadura de orígenes fascistas que encontró el respaldo de esos mismos Estados durante los años duros de la Guerra Fría. España es, por eso, un capítulo de la lucha que se produjo a caballo del fenómeno «revolucionario» llamado ‘68, y que en todos los casos se resolvió de una manera parecida. Reconocido este curso común, en este trabajo no trataremos la relación entre España y los países de su entorno más que en lo que sea estrictamente necesario a fin de explicar las decisiones de los actores locales y de los procesos de cambio en el país.

También en la lista de los lugares comunes de la crítica a la Transición, el tópico de la «traición de la izquierda» resulta más acertado. Compartida en una u otra medida por casi toda la izquierda honesta que venía de los años sesenta, esta posición arranca del resentimiento legítimo de las oportunidades perdidas, del recuerdo y el contraste entre lo que fue la ola de movilización más importante de la segunda mitad del siglo XX y unos resultados políticos y sociales más bien parcos, al menos si se compara con las expectativas abiertas. No obstante, y aun cuando la memoria histórica siempre debe tener algo que invoque «reparación de daños», lo cierto es que durante los años setenta no hubo traición de la izquierda, no al menos de las ejecutivas de los partidos y de lo que luego fueron las «cúpulas» sindicales. Antes bien, estas respondieron a diagnósticos y posiciones públicas, que se habían elaborado mucho antes de la muerte de Franco, de acuerdo con una relación de fuerzas en la que seguramente jugaron sin la inteligencia y el coraje suficientes pero que, desde una perspectiva centrada en el acceso al gobierno, no les era favorable más que a costa de determinados peajes. El curso y las fases de las «transiciones» dentro de la izquierda —que incluye muchos más actores que el PSOE y el PCE— son objeto de atención preferente a lo largo de este libro.

Volviendo sobre la cuestión del título, España no es una democracia, por obvio, redundante y por las ideas que implícitamente transporta no resulta apropiado. Otra propuesta podría haber sido La Segunda Restauración, seguido de algo así como La instauración del régimen del ‘78. Con este título se hace un guiño muy del gusto de los historiadores. La referencia compara la actual democracia española con lo que en la historia del país se conoce simplemente como Restauración; un largo periodo que comprende medio siglo de pasado reciente que va de 1874 a 1923. Resumiendo mucho, la Restauración siguió al llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874) y al primer experimento propiamente democrático de la Primera República. Que haya que hacer este recordatorio debiera sonrojar a todos los responsables de la política educativa del país, pero resulta casi obligado ante el desconocimiento de la historia reciente, incluso entre el público más cultivado. Se conozca o no, el paralelismo con el actual régimen político es algo más que pertinente. Parece que los hilos de continuidad histórica son tan resistentes y potentes como los cables de alta tensión.

La Restauración fue un régimen político basado en el turnismo entre los dos grandes partidos de la época: el conservador y el liberal. Aparentemente fue un régimen liberal. La autoría de este sistema político se debe a Cánovas del Castillo. El que fue seguramente el principal líder conservador de la historia del país, diseñó la Restauración de acuerdo con el viejo principio elitista del «gobierno de la inteligencia». Pero aunque las elecciones se regularon en principio por un sistema censitario, muy pronto se aceptó, si bien falsificado, la ampliación del sufragio. El método de trampeo funcionó gracias a un complejo sistema de clientelas conocido como caciquismo: una organización piramidal que arrancaba del cabeza de partido en el gobierno y del partido en la oposición y se extendía a las provincias a través de un complicado sistema de notables provinciales y locales.

Sometido a este esquema, el ritual electoral era pura pantomima y la corrupción sistémica, estructural. Cada cacique, con la ayuda del gobernador civil de su provincia, conseguía imponer en su colegio electoral la victoria del partido señalado. Agotada la acción de gobierno de un partido, desgastado por el ejercicio del poder, era el turno de la oposición. El rey disolvía las Cortes y convocaba elecciones que invariablemente ganaba quien había sido previamente señalado. El cambio tenía un efecto inmediato en la administración. Con el nuevo gobierno cesaban la gran mayoría de los funcionarios públicos para ser sustituidos por los del partido en el gobierno. Última característica fundamental del régimen de la Restauración es que las clases populares, así como el incipiente movimiento obrero, fueron sistemáticamente apartadas de la vida política. La marginación del poder instituido no les impidió crear sindicatos y un amplio espacio social con una vida cultural y política rica y autónoma. Paradójicamente, la marginación de estos segmentos populares —republicanos, anarcosindicalistas, socialistas— acabó por convertirse en uno de los principales factores de la posterior crisis de la Restauración, que condujo primero a la Dictadura de Primo de Rivera y luego a la II República.

Del sistema de la Primera Restauración se han dicho, hasta fechas muy recientes, demasiadas cosas buenas. Se ha alabado, por ejemplo, su capacidad para crear una «zona de coexistencia» entre las dos grandes corrientes ideológicas que durante el siglo XIX mantuvieron al país en una virtual guerra civil: los progresistas y los conservadores. Se ha elogiado también su «voluntad de consenso», que el propio Cánovas definió como un sistema en el que colaboraran «el mayor número de fuerzas, sin mirar los principios y las personas». Se ha destacado, especialmente, la capacidad de este régimen para garantizar la estabilidad política.

¿No suena todo esto a lo que hasta hace bien poco se decía de la democracia española? Si sustituimos Restauración por Transición se obtienen resultados demasiado parecidos. No es casual. La Restauración fue el gran referente de los políticos del reformismo franquista. A esta remitieron una y otra vez aquellos que tenían estudios y cultura suficiente: Manuel Fraga, José María Areilza, Torcuato Fernández-Miranda; y fue incluso el referente de algunas de las cabezas de la oposición como Enrique Tierno Galván. Todos ellos sabían que el arreglo consistía, sobre todo, en un pacto entre élites, una solución oligárquica, establecida tal y como quería Cánovas por el acuerdo entre los grandes partidos políticos, enfrentados en lo accesorio y conformes en lo fundamental.

Referirse, no obstante, a la democracia española como «Segunda Restauración» suena todavía demasiado esotérico e historicista como para que comunique bien el propósito de este libro. Puede que en un futuro, sobre todo si la crisis política da lugar a una solución progresiva —¿un proceso constituyente, una nueva República?—, la Segunda Restauración sea la etiqueta convenida para referirse a este periodo. Pero hoy está todavía en juego el futuro de la democracia española y con este la lectura histórica de los años setenta. La historia es siempre en y para el tiempo presente y habrá todavía que esperar a los resultados de este tiempo para saber si es viable un nombre tan connotado. Descartados estos títulos, que hubieran sido quizás los más obvios, se ha preferido el impreso en las tapas.

***

Tragedia, comedia, drama, la historia se ha narrado —a veces con similitudes sorprendentes— como una obra de teatro. Este trabajo tiene una estructura parecida, sin pretenderlo, a la de la tragedia griega. Como en los viejos relatos narra una historia épica: la historia de un «héroe», personificación a su vez de las grandezas y las pasiones humanas frente a los grandes poderes ordenadores de los dioses y del destino.

La tragedia fue un género eminentemente político dedicado a la educación de la polis, al ensayo de la prudencia y la autolimitación colectiva (phronesis). Según los cánones de Sófocles y Eurípides, la estructura de la tragedia seguía una secuencia en varias partes. El prólogo y los coros cantaban las gestas y glorias del héroe así como de los personajes principales. En los episodios, el héroe desafiaba a los dioses dominado por sus pasiones y guiado por sus virtudes. Finalmente en el éxodo se producía la caída o muerte del héroe desencadenando una reacción afectiva y purificadora en el público, la catarsis.

En este libro y como ocurre en los procesos históricos, nuestro héroe es colectivo, no está personificado ni en organizaciones, ni en sujetos claramente identificables. El término más preciso para referirse al mismo es el de un malestar generalizado y una aspiración de cambio que arrancaba fundamentalmente de las fábricas y de los barrios, pero que se reconoce también en las universidades, entre los profesionales e incluso en segmentos de la Iglesia. Como en las tragedias griegas, su exceso o desmesura (hybris) condujo a ese ciclo político cuya culminación se produjo en los años centrales de la década: estruendosas huelgas, movilizaciones masivas, rápidos aumentos salariales, demandas de libertades, izquierda, extrema izquierda, autonomía obrera. Nuestro héroe fue tanto el principal factor de la crisis política de la dictadura, como de la crisis económica que llevó al traste la belle époque franquista, el «desarrollismo».

De nuevo de acuerdo con la metáfora de la tragedia, en el primer capítulo de este libro se canta la historia del héroe, su pasado y sus gestas, para llevarlo al punto culminante donde empieza la parte central del relato: «1976, el año de la Transición». En los dos capítulos siguientes se narra la historia de otros dos actores principales, aquellos que hasta ayer conservaban el monopolio de la explicación: el reformismo franquista —la respuesta de las viejas élites políticas a la crisis de la dictadura— y la izquierda política, personificada en una pléyade de organizaciones entre las que destacan fundamentalmente dos, el PCE y el PSOE. La historia de estas organizaciones se separa explícitamente de la historia de nuestro héroe, porque sencillamente solo en parte —a veces muy pequeña— fueron lo mismo.

Tras estas presentaciones comienzan los episodios de la tragedia. A partir de entonces, se sigue el curso convencional de la narrativa histórica, la secuencia de los acontecimientos. Así van apareciendo muchos otros actores que han querido pasar por principales sin serlo: el involucionismo franquista, las cancillerías extranjeras, el terrorismo. En los episodios se descubre también la tesis principal de este libro.

La Transición fue no tanto el resultado de la debilidad de la movilización social, tal y como muchas veces se quiere hacer creer, como de la izquierda política. Sencillamente, entre la magnitud de un conflicto muchas veces desbordante y unas organizaciones que solo en el caso del PCE podía contar con un par de decenas de miles de militantes existió una evidente asimetría. Se trata de una evidencia que para el PSOE resulta tan afilada como una cuchilla de afeitar: en 1974 el partido socialista apenas contaba con 2000 afiliados en el interior, quizás los mismos que cualquiera de los grandes partidos de la extrema izquierda.

Como señalara con ironía Manuel Vázquez Montalbán, sobre la base de esta «correlación de debilidades» se escenificó la Transición. De ahí surgió el acuerdo entre un reformismo franquista carente de legitimidad y unos partidos de izquierda que casi solo contaban con legitimidad. La cláusula subyacente de los pactos se escribió a fin de estabilizar por vía de urgencia el nuevo marco político —el régimen constitucional—: había que acabar con la desmesura, la hybris, de una sociedad, o de al menos unos segmentos sociales, cuyas expectativas resultaban excesivas, peligrosas.

El problema de la Transición es, por tanto, el problema de la crisis, a un tiempo política, económica y social, y de cómo se logró desactivar esa fuerza oscura y heroica, pero a la vez desmesurada y excesiva, que durante unos años empujó más allá los elementos de crisis[2]. En torno a este problema se explican todos los grandes actos de la Transición: la urgencia con la que se emprendió el proceso constituyente, que este se pusiera en marcha sobre la base de los resultados de unas elecciones casi provisionales, la renuncia a celebrar un amplio debate constitucional, la aún más rápida firma de los Pactos de la Moncloa, la escenificación de los consensos, el rápido cierre del 23F, etc. Se trataba, y cuanto antes, de limitar el número de actores políticos, de crear rápidamente los marcos de estabilidad electoral para garantizar las posiciones conquistadas, lo que solo se podía lograr caso de controlar y encauzar la conflictividad social. Por eso, también, se acometió en primer lugar la parte económica y social del proceso constituyente (los Pactos de la Moncloa) y luego la jurídica (la propia Constitución).

Las comparaciones con la tragedia griega no van, sin embargo, más allá. El éxodo del héroe, el reconocimiento de sus errores y su castigo, que debía conducir a la catarsis, la purificación y el aprendizaje del espectador colectivo (la polis) no se reconoce en esta historia. Y sin embargo, las correspondencias entre el final canónico de la tragedia y la explicación oficial de la Transición resultan sorprendentes. ¿Qué otra cosa, si no, han sido las continuas alabanzas a la contención del «pueblo», a su moderación, a su responsabilidad, a su delegación en actores reconocidos, frente a los excesos inmoderados del radicalismo y el peligro siempre presente del guerracivilismo?

Vueltos sobre el análisis, metidos en la explicación del proceso, interrumpida la máquina de producción ideológica, la historia deja de ser un teatro y nosotros sus espectadores. De la Transición no quedó más que un final ambivalente, a medias positivo y a medias trágico, pero sin efecto pedagógico: la conquista de las libertades civiles y de un régimen representativo se hizo a costa de la liquidación de un vasto ciclo de movilización social. Los costes se pagaron en forma de apatía y desinterés en la política —el llamado «desencanto»—, una democracia mediocre y la desesperación ante una crisis económica que duró más de una década. El régimen de la Transición apenas ha podido ocultar este modesto balance. Su historia posterior se ha construido sobre la construcción de su propio mito: la glorificación de los pactos, la responsabilidad del pueblo, la grandeza y el sentido de Estado de los protagonistas. Único elemento de consolación, especialmente para aquellos que creyeron en las posibilidades de la época, fue aquella letanía del «no se pudo ir más allá pero se hizo lo que se pudo, nuestra democracia es como la de los demás». Paradójicamente, el antifranquismo y la izquierda sirvieron para rodear y completar en términos culturales lo que no se logró en términos políticos, económicos y sociales.

Conviene hacer una última aclaración. La historia de la Transición es principalmente una historia política y como tal tiene que ser narrada. Sin embargo nada sería más erróneo que explicar esta historia a partir de la autonomía de lo político. Al contrario de las explicaciones convencionales, la autonomía del ámbito institucional, los sucesivos gobiernos y las organizaciones formales, resulta tan previsible como estrecha cuando se abstrae del complejo juego de fuerzas que determinaron los cambios reales. No se trata solo de que los actos aparentemente volitivos, las declaraciones, los grandes gestos, los liderazgos con los que se entiende la política convencional aparezcan, en la distancia, disueltos en las corrientes de fondo que operaron en el proceso histórico. La comprensión histórica requiere situar a los actores políticos en el marco de relaciones sociales, culturales y económicas, que condicionaron su capacidad de acción y sobre las que a la postre se jugaron sus aciertos y fracasos. Así, por ejemplo, el gran error de la izquierda, y principalmente del PCE, fue desconsiderar estas fuerzas en favor de una sorprendente sobrestimación de la inteligencia y la capacidad de maniobra de su dirección, y concretamente de un personaje tan ambivalente como Carrillo. Al considerar el cambio político de acuerdo con su capacidad para representar electoralmente a los sectores populares, el PCE se dispuso a sacrificar las mismas fuerzas —el movimiento obrero y vecinal— que le habían aupado. Con ello destruyó su soporte y por ende su oportunidad.

De un modo parecido, el gran error de la derecha, que pensó y diseñó la Transición a partir del marco moderado del franquismo sociológico —por resumirlo mucho, de la expansión de las clases medias en el tardofranquismo—, consistió en hacerlo a partir del desgastado franquismo político, que coincidía con la clase política que había sostenido a la dictadura y que era precisamente uno de los elementos más erosionados de la misma. Ese doble fracaso, del mayor partido de la izquierda y del franquismo político, concluyó en la situación de empate en la que acabó la liza política de la Transición. Y explica también que fueran primero Suárez, y luego el PSOE, quienes condujeran el cambio, sencillamente por el mero hecho de galoparlo sin dirigirlo, de montarse en una ola que entendieron no debía ir más allá de los pactos, implícitos y explícitos, resultantes de esa «correlación de debilidades».

¿Quiere esto decir que la Transición estuvo completamente determinada en sus resultados, que no pudo conducir más que a esa «democracia incompleta» tal y como tantas veces se señala? Ciertamente no, fue una época repleta de posibilidades, alternativas, bifurcaciones. Uno de los propósitos de este libro consiste en analizar algunas de ellas, las principales —también en relación con sus resultados en Cataluña y el País Vasco— a fin de considerar sus potencias y sus límites, sus victorias y sus fracasos. De hecho, es en ese terreno donde la política, a diferencia de lo político, se convierte en el espacio de apertura de lo posible, el lugar donde se forjan los héroes.

***

Este libro se ha escrito a caballo de dos épocas. La primera corresponde con el final de la década de 1990 y principios de los 2000. Por aquel entonces, trabajaba en una tesis doctoral sobre la historia del movimiento obrero durante los años sesenta y setenta. Una investigación que se proyectaba hacia atrás, hacia las nuevas formas de organización y lucha de fábrica que se conformaron a finales de los años cincuenta; y hacia delante, hacia la década de 1980, cuando la reconversión y la desindustrialización acabaron por disolver al movimiento obrero, tal y como este se había configurado en los años anteriores. El resultado fue un trabajo escolar de título excesivamente pretencioso como para reproducirlo aquí. El propósito era, no obstante, valioso. Se trataba de recuperar la memoria del ciclo de luchas que empujó la crisis de la dictadura y abrió el terreno hacia formas de democracia que se practicaban directamente en las fábricas y en los barrios. Entonces resultaba estratégico desplazar el centro de gravedad de la crítica a la Transición en torno a la idea de la derrota y la traición, para situarlo en lo que fueron las potencias y las alternativas de aquel periodo.

La segunda se sitúa en plena crisis del régimen político de la Transición, en el periodo que abrió el 15 de mayo de 2011. Desde entonces la urgencia por pensar el cambio político se ha combinado con la necesidad de revisar el origen de la Transición, en tanto momento fundacional y marca genética de la actual democracia. Si durante la primera parte de la investigación, que dio lugar a este libro, fueron las entrevistas a militantes obreros lo que sirvió de fuente principal, en la segunda lo han sido las memorias de los políticos de la época. De bucear en los archivos de fábrica, los pasquines de los grupos de izquierda y los debates sindicales pasé a la política hecha en cenas, pasillos ministeriales y conciliábulos con los grandes poderes del país. Esta doble perspectiva y casi 20 años de trabajo, por discontinuo que fuera, han servido —en mi opinión— para recoger los registros principales de la época y con ello ofrecer una interpretación global del periodo.

Como siempre ocurre, este libro se debe literalmente a centenares de conversaciones, aportaciones individuales y colaboraciones más o menos intencionadas y casi siempre desinteresadas. Resultaría inexcusable no mencionar a Pablo Carmona Pascual, compañero en diferentes iniciativas durante más de dos décadas y que realizó un trabajo —también en origen una tesis doctoral— del cual este bebe y se puede considerar complementario, Libertarios y contraculturales. El asalto a la sociedad disciplinaria. Esta investigación que esperamos sea publicada en esta misma colección aparece abundantemente citada en las siguientes páginas. También es preciso aquí referirme a los compañeros de Traficantes de Sueños que han financiado una parte importante de las horas dedicadas a la redacción del libro en este último año. De igual modo, quiero agradecer a los compañeros y compañeras de la Fundación de los Comunes que han leído el borrador y cuyas sugerencias aparecen aquí y allá desperdigadas por todo el texto. Por último, creo necesario hacer una mención a mis padres, más allá de la colaboración a la escritura de estas páginas, lo mejor y lo peor de la actividad política de su generación es, en última instancia, el objeto de esta obra. A ellos, por eso, está dedicada.

1. La democracia antes de la democracia

I

Un chico espera en las verjas de la fábrica. La «culebra», una larga fila de trabajadores recorre cada uno de los puestos de trabajo, no hay nadie a quien convencer. Al fin salen. Están todos. Varios cientos marchan en dirección a la parroquia de San Francisco. Es tres de marzo de 1976 y es día de huelga general en Vitoria.

El conflicto había comenzado con el invierno. En las grandes empresas los convenios terminaron a finales de año, constreñidos por un nuevo decreto de congelación salarial con fecha de 14 de noviembre. Contra los topes salariales, contra la ofensiva patronal, los obreros de las principales fábricas acordaron una plataforma unitaria, común a todas las empresas, a todos los trabajadores. La tabla no era muy distinta a las que por esas fechas se decidía en otros rincones de la geografía peninsular: subidas lineales de 6000 pesetas mensuales, jornada laboral de 40 horas, jubilación a los 60 años, 100% del salario en caso de accidente, reducción de los escalones salariales, Seguridad Social a cargo de la empresa[3]… La plataforma era la conclusión de un complejo proceso de asambleas de fábrica y sección. Una tarea ardua y laboriosa en la que de una u otra manera habían participado casi todos los obreros de la ciudad.

El año comenzó con los primeros paros. El 9 de enero, Forjas Alavesas se declaró en huelga. En apenas unas horas, el conflicto se había extendido a las principales fábricas: Mevosa, Aranzabal, Gabilondo, Ugo, Orbegozo… Gasteiz, en euskera, o Vitoria, en la lengua de sus fundadores, correspondía entonces con la imagen de una ciudad-fábrica típicamente fordista. En 1960 tenía poco más de 70 000 habitantes. En 1976 había alcanzado la cifra de 170000. Pertenecía a la categoría de los nuevos núcleos industriales que se confirmaron durante el tardofranquismo: Pamplona, Burgos, Valladolid, Sagunto, Vigo, Cádiz, Getafe, también Madrid. En aquellos años, se produjo el reclutamiento en masa para trabajar en las fábricas gobernadas por el ritmo de las cadenas de montaje. Se estaba formando una nueva clase obrera, sin cualificación, sin los legados y tradiciones de oficio, sin apenas experiencia industrial.

En Vitoria, el primer conflicto de cierta entidad se produjo tan tarde como en 1972. Explotó en la fábrica Michelín, la multinacional del neumático. Tan reciente era entonces la Gasteiz industrial que apenas dio tiempo para que cuajara la organización obrera local. El Partido Comunista, el de mayor implantación en España, casi no tenía cuadros, un puñado de militantes dispersos por las fábricas de la ciudad. Comisiones Obreras, vehículo principal del movimiento obrero, carecía del esqueleto organizado para dirigir y «ordenar» semejante conflicto.

La organización de la huelga del invierno de 1976 bebió, no obstante, de las mismas fuentes que habían dado origen a comisiones en otros tantos puntos del país. Desde el mes de enero, las asambleas eligieron «comisiones representativas». El primer punto del conflicto estaba en el reconocimiento de estos organismos por parte de la patronal. La afirmación de la organización asamblearia debía quebrar la legalidad del sindicato vertical. A la plataforma reivindicativa se añadió pronto la dimisión de los jurados de empresa.

Los trabajadores pelearon desde el principio por encontrar un órgano de coordinación y este fue a coincidir con la llamada «asamblea de conjunto». Se intentaba con ello que la dirección del movimiento no dejara a nadie fuera. La asamblea reunía a los trabajadores de todos los centros en huelga y se convocaba dos veces por semana.

A finales de enero, los paros rebasaron los márgenes de la industria. Paró la banca, se formaron comités de estudiantes y asambleas de mujeres. También el comercio empezó a colaborar con los huelguistas. En los días de huelga, manifestaciones y piquetes recorrían calles y avenidas que se encogían ante aquellas concentraciones. El 9 de febrero comenzaron las detenciones y con ellas los primeros despidos. El 16, la «asamblea de conjunto» decidió su respuesta: una huelga general por la libertad de los detenidos y la readmisión de los despedidos. La represión se radicalizó —«politizó», se decía entonces— el conflicto. Los detenidos fueron liberados rápidamente, pero la intransigencia patronal motivó otro día de huelga general; esta vez, para el 26 de febrero.

Convocadas con regularidad, las asambleas analizaban la evolución de la coyuntura, preparaban cada movimiento, avanzaban hasta las mínimas transiciones de fase en el enfrentamiento. Su masividad y la importancia de sus decisiones las estaban convirtiendo en contrapoderes reales. La gramática del momento expresó así la gravedad del envite: «Lo que estaba en juego era un problema de poder a poder, el poder obrero frente al poder burgués[4]».

Dos de marzo, las asambleas de fábrica preparan otra huelga general. Se convoca para el día siguiente. La beligerancia de la policía con los piquetes apunta un salto de escala en el enfrentamiento. Durante la madrugada, los paros vienen seguidos de enfrentamientos, cargas policiales, nuevas detenciones. En Zaramaga, barrio que todavía hace las veces de símbolo obrero, se convoca de nuevo asamblea general. Se decide la continuidad de la huelga, las nuevas acciones 5000 personas son muchas para la iglesia de San Francisco, está abarrotada. Fuera, la policía rodea el edificio. Disparan sobre las ventanas. Caen los cristales. Los botes de humo envenenan el aire. Los obreros salen de la iglesia, despavoridos. En la puerta los guardias golpean. Se escuchan disparos. Es fuego real. Más de cien heridos. Cinco muertos. Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, José Castillo, Romualdo Barroso Chaparro, Bienvenido Pereda. Ninguno supera los 33 años. Todos obreros industriales[5].

¿Nervios? ¿Sin órdenes claras? Es lo que dijo la prensa y también Manuel Fraga. Los «peores días» de su carrera política como ministro de Gobernación, los pasó en la República Federal de Alemania. Estaba en viaje diplomático, anunciaba el programa de reforma de la Transición[6]. Se jugaba el prestigio como líder del reformismo franquista. Pero un error de la policía había amenazado con echarlo todo por tierra. Dijeran lo que dijeran, la mayor matanza tras la muerte del dictador resultó demasiado estridente y exagerada como para dejarse a la arbitrariedad de una policía que actuaba sin instrucciones. Había órdenes de acabar con el «sóviet de Vitoria». Fueron palabras de Fraga[7]. Y así se hizo.

La noche del 3, en realidad toda la semana, fue una sucesión de gestos de reconciliación y combates callejeros. Enfrentados a la amenaza de una nueva huelga, la patronal cedió a las «demandas sindicales». Fraga y Martín Villa, quienes debieron pasar por responsables de la carnicería, visitaron a los enfermos, dieron a los medios de comunicación escenas de condolencia. Mientras, las detenciones continuaron implacables. Ningún perdón a los «actos de violencia callejera». Poco a poco, se consiguió la vuelta al trabajo. En unos pocos días, las asambleas, el «soviet» de Fraga, el «contrapoder obrero» había sido erradicado.

El dramatismo de los hechos de Vitoria dio curso a un amplio movimiento de solidaridad: medio millón de trabajadores en País Vasco y Navarra, y una cifra indeterminada en el resto del país. Allí donde el movimiento amenazó con desbordarse la policía se empleó con violencia. Así ocurrió en Pamplona donde la huelga del día 4 acabó en fuertes enfrentamientos[8]; o en Basauri (Vizcaya), donde el movimiento asambleario iniciado el día 5 concluyó, como en Vitoria, con la muerte de un joven obrero. Otro «resultado trágico» de los disparos de las Fuerzas de Orden Público[9].

II

Vitoria fue mucho más que Vitoria. Fue el capítulo más avanzado de la mayor oleada de huelgas del franquismo. Durante el invierno de 1976, más de un millón de trabajadores participaron en distintos conflictos de extensión y duración variable. El Baix Llobregat, Sabadell, las cuencas mineras de Asturias, los astilleros de Gijón, Málaga, Sevilla, el cinturón industrial de Madrid y los principales servicios de la capital, la construcción y el metal de Barcelona, la construcción de Valladolid, el metal de Valencia… Quizás en ningún otro momento se estuvo tan cerca de una situación de huelga general: masiva, prolongada, de salida incierta.

Cuando se considera la extensión y la radicalidad del movimiento, este parece coincidir casi —y el matiz es importante— con una idea largamente acariciada por la izquierda: la huelga general política. Desde los años cincuenta, el PCE, y con él todos los grupos de vocación obrerista, se habían arremolinado ante una particular alegoría del final del franquismo. El Minotauro, se decía, acabará rendido ante el ímpetu de una gigantesca huelga general. La imagen exaltaba la fuerza unánime del pueblo trabajador: un movimiento de rechazo general que había de entregar los edificios del Estado, todavía caldeados por la actividad del día anterior, a los representantes legítimos del nuevo régimen, democrático o socialista, según las preferencias de quien se tratase.

En el invierno de 1976, las correspondencias entre imagen y realidad fueron quizá demasiadas. Incluso Fraga, enfrentado a las huelgas, entonces responsable máximo del curso ordenado de los acontecimientos, lo consideró como una vasta y maquiavélica maniobra de las izquierdas para derrotar al régimen, esto es, a la clase política a la cual pertenecía y a la cual representaba. Solo tras las manifestaciones del Primero de Mayo, agotado ya el movimiento, aliviado por el fin de la angustia, al tiempo que impulsado por su caracterológica prepotencia, nos dio aquella célebre frase suya: «La calle es mía»[10].

Sin embargo, solo forzando la representación de las huelgas del invierno de 1976 se las puede hacer coincidir con estas imágenes. El movimiento de 1976 no resultó en la anhelada huelga general política, por mucho que se le pareciera. De hecho, lo primero que salta a la vista es la escasa coordinación de los paros. Más allá del nivel de comarca o ciudad, apenas hubo comunicación. Al estudiar las huelgas, al entrevistar a sus protagonistas, se observa una coincidencia sistemática. Había, qué duda cabe, una intuición política más o menos compartida. Los grupos militantes empujaban en la misma dirección, sabían que muerto el dictador en noviembre de 1975, el régimen estaba en sus estertores, que las huelgas podían tener importantes consecuencias políticas. Pero el movimiento de 1976 no fue en absoluto una huelga general política. Su fuerza respondió al mismo patrón de conflictividad que llevaba madurándose desde hacía más de una década.

En un comunicado de las Comisiones Obreras de Madrid de finales de los años sesenta, se recogían las dificultades para encontrar la solución a la ecuación, que a un lado ponía la huelga general política y al otro los modos concretos, de extensión del conflicto:

Nuestro camino es la huelga general […] pero resulta muy difícil llegar a la huelga general en una fecha ligada de antemano en una convocatoria de huelga. Concebimos la huelga general como la extensión y generalización de una serie de conflictos parciales, que pueden empezar en una empresa, rama o localidad e irse extendiendo como una mancha de aceite por todo el país[11].

La «mancha de aceite», metáfora industrial para un tiempo presidido por la centralidad obrera, servía para describir un patrón común a casi todos los conflictos. Desde los años sesenta, el movimiento obrero había iniciado su reconstrucción sobre la base del contagio y la imitación. En el lenguaje de la época, «la solidaridad hacía las huelgas». Pero este término dista mucho de encajar en su acepción hoy corriente. Solidaridad quería decir que lo que provoca un conflicto en una empresa, era básicamente lo mismo que aquello que podía provocarlo en otra; «solidario» consistía en hacer coincidir en el tiempo y en el espacio movimientos antes separados. Por eso solidaridad era también el nombre de la clase obrera que aparecía de nuevo como sujeto político en el tardofranquismo. Desde 1962, año de la gigantesca huelga que encabezó la minería asturiana y que marcó el comienzo del nuevo ciclo de movilización laboral, el movimiento obrero se «hizo» a partir de estos contagios solidarios. Y tal y como se esperaría leer en cualquier manual de sindicalismo revolucionario, era este mecanismo de extensión del conflicto lo que le otorgaba su eficacia.

Al romper el aislamiento en una fábrica, el desbordamiento del conflicto a todas las empresas de un sector o de una localidad reducía las defensas de la patronal, la empujaba a ceder o a acudir al expediente de la represión. Si este era el caso, el conflicto se «radicalizaba», por lo general, dando curso a una nueva oleada de protestas. Así ocurrió desde los primeros años setenta en las huelgas generales de ciudad y comarca que a cada golpe aumentaron en extensión y radicalidad. Algunos de estos conflictos todavía merecen un recuerdo, como la huelga de la construcción de Granada de 1970 que acabó en la muerte de tres albañiles; el movimiento de Barcelona de 1971 apuntalado por la ocupación de la SEAT y la prolongada huelga de la Harry Walker; las huelgas generales de Ferrol de marzo de 1972 y de Vigo en el mes de septiembre; la huelga de Pamplona de 1973, seguida dos años después por otra huelga general; la del Baix Llobregat de 1974; las de Alcoy de 1974 y 1975, etc. Estos conflictos se prolongaron a veces durante semanas, movilizando a ciudades enteras y dando lugar a paros totales, asambleas multitudinarias, manifestaciones y toda clase de muestras de solidaridad civil. Normalmente acabaron con la imposición, a veces sin paliativos, de las reivindicaciones obreras.

El movimiento del invierno de 1976 constituyó el último de estos grandes episodios de huelgas en «mancha de aceite». Su detonante fue antes el nuevo decreto de congelación salarial del 14 de noviembre que la muerte de Franco. Con un golpe en la mesa, Arias Navarro quiso poner freno al desgobierno, a la amenaza que sobre el crecimiento económico suponía el juego al alza de la movilización obrera. Por eso conviene recordar algo que la historiografía normalmente pasa por alto: el impacto económico y no solo de orden público que estaba provocando la creciente combatividad obrera.

En 1964, las remuneraciones totales de los asalariados incluidas las cotizaciones a la seguridad social no sumaban la mitad de la riqueza producida en un año, el 47,5% de la Renta Nacional. El Excedente Bruto de Explotación (EBE), esto es, la parte destinada a compras de materias y reinversiones, además de beneficios e impuestos, era entonces del 52,5%. En 1970, las cifras se habían invertido, los salarios eran ya el 52% frente al 48% del EBE. En 1976, la presión obrera había arrancado otros cinco puntos más sobre el total de la Renta Nacional, sumaba el 57%. Los aumentos salariales se habían despegado definitivamente de los límites impuestos por los convenios. De 1970 a 1976 los salarios reales medios acumularon un crecimiento de casi el 40%, la productividad solo creció un 23,7%.[12] Por primera vez desde los años treinta, las luchas de fábrica estaban recortando las rentas del capital, presionando por encima de las posibilidades de reparto de los excedentes de capital.

Las estadísticas laborales confirman el paso fuerte del movimiento obrero. En 1966 —año por lo demás bastante conflictivo— se contabilizaron 205 huelgas, participaron 100 000 trabajadores y se perdieron casi dos millones de horas. En 1970 el número de huelgas se cuadruplicó hasta sumar 817, implicaron a más de 300 000 huelguistas y se llevaron por delante cerca de siete millones de horas. En 1976 se contabilizaron 1568 conflictos, en los que participaron 3,5 millones de trabajadores y en los que se perdieron 110 millones de horas[13].

La ofensiva obrera, las huelgas, la revuelta de los salarios, asustaban, en primer lugar y con toda la razón, a los empresarios. Pero también amedrentaban al Estado. La dictadura estaba perdiendo el suelo bajo sus pies: el fuerte crecimiento económico que le había servido de tabla de salvación. Por eso, de cara al nuevo movimiento obrero no dudaron en hacer uso de todo el arsenal disponible: la represión, la negociación, la asimilación y cuando todo falló, la guerra monetaria.

Ya antes de la crisis del petróleo (1973), la inflación inició una peligrosa trayectoria ascendente: en 1971 alcanzó dos dígitos. En 1974 superó el 20%. Los decretos de congelación salarial, como el del gobierno Arias en noviembre de 1975, tenían un propósito claro: había que detener el avance obrero, había que acabar con la revuelta de los salarios. El salario, convertido en «variable independiente», estaba destruyendo el sueño desarrollista.

Primera conclusión: la crisis económica no es el trasfondo de la Transición, es el problema de la Transición. El franquismo estaba quebrando en el único lugar donde no podía hacerlo.

III

«Sancionaron a siete picadores»; «despidieron a siete de la Nicolasa». El 6 de abril de 1962, como una corriente eléctrica, gritos en forma de rumores recorrían el mercado y las calles de Mieres, la villa hundida en el centro de la cuenca del Nalón. Al día siguiente, no se trabajó en el pozo. Los mineros acudieron a la bocamina, se miraron, se contaron y confirmaron su determinación. El 9 apagaron los hornos de la Fábrica de Mieres, 3300 trabajadores en huelga[14]. La escena se repitió los días siguientes: los obreros concentrados en los pozos, a la hora de su turno, se sostenían con la mirada, se comunicaban con ojos brillantes y decididos, y se volvían por donde habían venido. El ritual recibió el sobrenombre de «huelga de silencio».

Pocos días después, los paros se habían extendido a la cuenca contigua del Caudal, luego a Gijón, a los pozos más lejanos del otro lado de la Montaña, a León. Las noticias llegaban cada vez de más lejos: huelgas de solidaridad en Vizcaya, Gipuzkoa, Barcelona, Madrid. El 15 de mayo, el mismísimo ministro secretario del Movimiento y de Relaciones Sindicales, José Solís Ruiz, se personó en Oviedo. Autorizaba las asambleas en los centros para que eligieran comisiones y representantes legítimos. Lo insólito: el gobierno estaba dispuesto a negociar. Conviene recordar: la huelga era entonces «delito de sedición». Con una situación que se deslizaba por derroteros inciertos, Franco dictó una importante subida del precio de la hulla. En la práctica daba cumplimiento a las reivindicaciones salariales. El incremento del jornal medio era del 100%.

Las huelgas de 1962 fueron la bisagra entre las dos grandes épocas del franquismo. La primera marcada por la postguerra, la represión, la liquidación de la cultura y las organizaciones obreras, fue un periodo de estancamiento y depresión. Hasta diecisiete años de postguerra se sumaron en el «debe» de Franco; solo en 1956 se recuperaron los niveles de renta per cápita de 1936. La segunda etapa fueron los años dorados del franquismo. Se abrió con una tibia liberalización de la economía marcada por el Plan de Estabilización Económica de 1959. Se la conoce también con un término nítidamente ideológico, «desarrollismo», y se corresponde con 15 años de crecimiento ininterrumpido, que la dictadura publicitó como el «milagro español». En una década y media el país creció a un ritmo medio del 7% anual, el más vertiginoso de todas las naciones de la OCDE, solo por detrás de Japón.

Las huelgas de 1962 fueron el primer movimiento de protesta en esa nueva etapa histórica. Desencadenadas en respuesta a la congelación salarial impuesta por el Plan de Estabilización de 1959, confirmaron la existencia de un nuevo movimiento obrero que exigía su parte en las rentas de crecimiento. Nuevo porque progresivamente incorporaba a una clase obrera distinta de la de la primera mitad del siglo. Nuevo también porque a pesar de la presencia de comunistas e incluso de socialistas, las huelgas de los mineros no fueron protagonizadas ni por las organizaciones ni por la generación de la Guerra Civil[15].

Durante ese periodo, el alimento de la industria siguió el curso del flujo migratorio que acabó por recibir el nombre de éxodo rural y que entre 1960 y 1973 llevó a nueve millones de personas de los pueblos y aldeas a las ciudades, del trabajo en el campo a la industria y los servicios. Según se decía entonces, la clase se «homogeneiza» en la medida en que comparte una misma experiencia de marginación y explotación. Las condiciones de trabajo pésimas, la vida en barriadas periféricas mal construidas y aún peor equipadas y el trabajo en masa en las nuevas cadenas de montaje reducían rápidamente las diferencias sociales y de origen. Las huelgas y los conflictos acabaron por dar textura a la nueva clase obrera.

Para la dictadura, el desarrollismo, al igual que la creciente oposición obrera, representaban un reto. Si el desarrollismo salvó al régimen del desastre de la autarquía, el largo periodo de crecimiento no podía sino empujarlo más allá de sus estrechos marcos institucionales. La dictadura había nacido en los agitados años treinta. Más allá de las disquisiciones acerca de su naturaleza —autoritaria o totalitaria[16]— o de la interpretación posterior con la que la historiografía de izquierdas ha tratado de condenarla, a partir de la oposición fascismo/democracia, el franquismo nunca escondió sus orígenes. Se justificó y se construyó como una respuesta a la amenaza revolucionaria, al «comunismo, el marxismo y la masonería».

Durante su primera época ejerció su dominio de forma transparente: puro terror. En su condición de «régimen de clase», se impuso brutalmente sobre una mano de obra sometida y que solo accedía a unos mínimos alimentarios por medio de la política de racionamiento y de precios controlados, únicamente aplicados a los pequeños campesinos. El enriquecimiento de latifundistas, funcionarios y militares por la vía rápida del mercado negro (el estraperlo) correspondía con una política autárquica, que reforzaba las posiciones de oligopolio de los industriales españoles, aun cuando fuera sobre un empobrecido mercado interior. La dictadura no solo sometió al gran enemigo de clase de la oligarquía, también reforzó sus posiciones de dominio sobre el conjunto de la economía. Pero lo que resultaba válido en los años cuarenta, aun con increíbles costes políticos y económicos, ya no podía serlo en los cincuenta y sesenta.

Canónicamente atribuida a la sucesión de gobiernos tecnócratas desde 1956, la adaptación del franquismo a la nueva coyuntura pasó por la apertura exterior, la retirada de algunas trabas a la inversión extranjera, la liberalización del mercado interno y la apuesta por el turismo como fuente de divisas. Todas ellas medidas parciales, que a la postre reforzaron las estructuras oligopólicas y el fuerte sesgo financiero del capitalismo español, órgano principal de la oligarquía, pero que al menos incorporaron la economía del país a esa época dorada de crecimiento regulado, que en el resto de Europa se conoció como los «treinta gloriosos», la era keynesiano-fordista. La paradoja de la nueva fase de crecimiento estaba en que invalidaba los viejos métodos represivos de gestión de la fuerza de trabajo. El núcleo del problema residía en cuál debía ser el nuevo marco de regulación de las relaciones verticales que enfrentaban, y al mismo tiempo hacían colaborar, al capital y al trabajo. Obviamente la dictadura no podía seguir un modelo «europeo» de integración sindical, capaz de absorber los incrementos salariales en el crecimiento económico[17]. Pero podía tratar de emular el mecanismo a partir de su propio estilo, una tarea que correspondió a los gobiernos tecnócratas.

En 1958 se publicó la Ley de Convenios Colectivos. Por primera vez, la dictadura aceptaba un marco mínimo de negociación dentro de las empresas, aunque fuera dentro de las estructuras del sindicato vertical. Casi al mismo tiempo, se trataron de recuperar los mecanismos de representación obrera a través de las desprestigiadas elecciones sindicales. El propósito de los convenios y de la elección de vocales y jurados era transparente: a cambio de mayor rendimiento se permitía negociar condiciones relativas a salarios, primas y cualificación laboral, además de las condiciones de trabajo y los sistemas de asistencia de la empresa. El intercambio debía garantizar la colaboración obrera en los aumentos de productividad que requería el ciclo industrial. Desde entonces, y siempre y cuando el conflicto no se convirtiese en un problema de «orden público», se aceptaba un estrecho margen de conflictividad laboral. Una apertura limitada que la nueva organización obrera no dejó de abrir, hasta el punto de convertirla en la principal vía de agua del franquismo.

Pero ¿en qué consistía esa «nueva organización obrera»? En poca cosa, menos aún si se compara con las viejas estructuras de la CNT o la UGT. Desde mediados de los años cincuenta, a veces directamente elegidos por sus compañeros, otras aprovechando los cauces legales, se habían formado pequeños grupos de trabajadores con el único propósito de llevar a la dirección de las empresas las demandas que prácticamente resultaban de sentido común para los trabajadores. Estos grupos fueron el embrión de las comisiones obreras, poco más de lo que literalmente designaba el nombre[18]. Participaron y empujaron en la creación de comisiones, los confesionales integrados en las organizaciones de acción católica (HOAC y JOC) y en las organizaciones específicas de los jesuitas. También colaboró la entonces mermada militancia comunista en las fábricas, al igual que una multitud de trabajadores sin adscripción alguna o con afiliaciones diversas —hubo incluso, y en buen número, falangistas de izquierda—. El aprovechamiento de los cauces establecidos por la nueva ley de convenios y las elecciones sindicales ofrecieron a estos grupos una primera cobertura legal para el trabajo sindical. Las huelgas de 1962 fueron, en parte, el resultado de estas formas precarias de organización.

La liberalización económica y la extensión paulatina de la negociación ofrecieron un medio de oposición limitado, apolítico, sindical pero suficiente. La liberalización no suprimió las viejas tentaciones criminales de la dictadura. La brutal reacción a la declaración del Congreso Europeo a favor de la democracia en España, que terminó por malograr la petición de ingreso en las comunidades europeas —el llamado «contubernio de Munich» de 1962—, y las ejecuciones en 1963 del comunista Julián Grimau y posteriormente de los libertarios Francisco Granados y Juan Delgado son capítulos principales de una serie que no acabaría siquiera con la muerte del dictador.

En las empresas, el desarrollismo supuso un cambio significativo. La pretendida flexibilidad del franquismo tuvo que probarse con una emergente oposición obrera que, en una economía que crecía al 7% anual, ya no se podía suprimir por el simple expediente de la represión. A este fin, se implementó la Ley de Convenios Colectivos y se probó una serie de reformas que en la mayor parte de los casos quedó en borrador. El reformismo institucional pretendió organizar los medios de integración y colaboración de los «productores»[19]. La mayor audacia vino de la mano de la «sonrisa del régimen», José Solís Ruiz, todavía ministro de Relaciones Sindicales y del Movimiento. En un alarde de aperturismo, Solís abrió las elecciones sindicales de 1966 a una participación real. Lo hizo con el lema de «votar al mejor»[20]. Se renovaron 200 000 cargos sindicales. El resultado fue sorprendente: las emergentes comisiones obreras se colocaron dentro del vertical en un número tan excesivo que la integración de la nueva oposición acabó por resultar inviable.

Tras las elecciones de 1966 y enfrentado a una nueva oleada de huelgas y de manifestaciones obreras, el gobierno se dejó arrastrar por la fuerza de sus orígenes. En marzo de 1967, los tribunales confirmaron la ilegalidad de Comisiones Obreras. Aquella primavera siguió con una nueva carrera de detenciones y la recusación de los enlaces y vocales sindicales que habían salido de las elecciones de 1966. Ya sin trabas, la patronal ordenó el despido, empresa a empresa, de los militantes más destacados. El Consejo de Ministros remachó el vuelco represivo en noviembre con un decreto de congelación salarial. Por si cupieran dudas, el giro terminó por confirmarse con la declaración del estado de excepción para la provincia de Gipuzkoa, un recurso que no se había empleado desde 1962. Respondió con ello a la prolongada huelga de seis meses que sostuvieron los trabajadores de Laminación de Bandas en Frío de Basauri. El conflicto de los obreros vascos se siguió de un movimiento masivo de solidaridad en forma de colectas, manifestaciones y paros de protesta[21]. En apenas unos meses, el experimento de 1966 había fracasado apenas probado.

Desde entonces, el aperturismo se hizo cada vez más tibio e inconstante. Agitada por las sucesivas oleadas de protesta, la dictadura respondió con más represión. Los estados de excepción se sucedieron uno tras otro[22]. En 1968 se aplicó a las provincias vascas tras el asesinato del torturador Melitón Manzanas, bautismo de sangre de ETA. En 1969, se decretó en todo el territorio después de la defenestración policial en Madrid del estudiante Enrique Ruano[23], al que también siguió un poderoso movimiento de protesta. En 1970, el estado de emergencia comenzó en Gipuzkoa y en diciembre se generalizó a todo el país, dejando un saldo de 1189 detenidos[24].

El Tribunal de Orden Público se encargó de aplicar la parte gruesa de las condenas, sin restar por ello protagonismo a los tribunales militares. Creado por ley en diciembre de 1963, se pensó como un instrumento de modernización de la dictadura. El crecimiento geométrico del número de causas da cuenta de la creciente incapacidad de la dictadura para enfrentarse a la oposición: 267 en 1964, 617 en 1967, 1000 en 1970, más de 2000 en 1973, 4000 en 1975[25]. Entre los casos, se contó el célebre 1001/72, el proceso que acabó el 30 de diciembre con condenas de entre 12 y 20 años para los diez encausados por formar parte de la «cúpula» de Comisiones Obreras. Prueba de que los apoyos a la dictadura parecían disminuir tan rápido como sus días es que entre los abogados defensores de los sindicalistas estuviera José María Gil Robles, fundador de la CEDA, viejo conspirador monárquico ahora al lado de una organización que era presentada como un apéndice de los comunistas.

La represión no logró su objetivo. Si la apertura intentó la integración de una oposición obrera emergente, el giro represivo posterior apenas consiguió mantener las aguas tranquilas. A partir de 1970, el ciclo huelguístico se abrió al alza[26]. Desde entonces, los golpes de la dictadura solo consiguieron acrecentar la politización y radicalización de los conflictos. Las huelgas de ciudad y comarca «en mancha de aceite» se sucedieron a ritmo constante: Granada, Vigo, Ferrol, Alcoy, Pamplona. En 1974, el año más conflictivo de toda la serie en vida de Franco, el Ministerio de Trabajo registró más de 2000 huelgas con la participación de cerca de 700 000 trabajadores y la pérdida de 14 millones de horas de trabajo[27]. Empujados por las movilizaciones, los convenios caducaban al mismo ritmo que se sucedían las huelgas. Los crecimientos salariales negociados en aquellos años se dispararon hasta alcanzar techos inasumibles. Un 15, un 20 o incluso un 30% de incremento anual fueron cifras corrientes del periodo. ¿Se podía decir todavía que el vertical y los viejos instrumentos de negociación colectiva sirvieran a su propósito? Las elecciones sindicales de 1971 fueron boicoteadas allí donde la organización obrera estaba más desarrollada. Las elecciones de 1975 fueron la primera prueba de una oposición sindical organizada. En la mayor parte de los centros industriales, las Candidaturas Unitarias y Democráticas coparon los niveles inmediatos de representación. El marco de relaciones laborales de la dictadura había sido destrozado por las luchas de fábrica antes de la muerte de Franco.

IV

Pasados casi 25 años de los sucesos de Vitoria, uno de los participantes explicaba así el presupuesto que animó aquellas huelgas:

La plataforma que presentábamos estaba envuelta en dos ingenuidades: no al vertical y, por lo tanto, comisiones representativas elegidas por la asamblea, porque la primera ingenuidad era todo el poder a la asamblea, por tanto, rechazo de todas las formas de organización que había hasta entonces; y la segunda ingenuidad era la centralidad de la clase obrera, nos sentíamos orgullosos, creíamos que la clase obrera iba a transformar la sociedad, en aquel entonces partíamos de esa ingenuidad y, como lo creíamos, desarrollábamos toda esa teoría que después se manifestó en las asambleas[28].

Hasta 250 asambleas se sucedieron en los dos meses que duraron los «Sucesos de Vitoria»[29]. La «democracia obrera» —expresión de la militancia del momento— fue la gran conquista de las luchas de fábrica del tardofranquismo. Incluso en una ciudad como Vitoria, donde el movimiento era demasiado joven como para tener una larga tradición de lucha, el desarrollo de un conflicto como el del invierno de 1976 solo fue posible por las formas de organización y decisión asamblearias. Las asambleas empujaron las huelgas; y estas recorrieron, en pocas semanas, un camino que en otros lugares llevó casi una década.

En un panfleto escrito a raíz de los trágicos sucesos se intentó representar ese proceso con una fórmula épica: «La larga marcha del movimiento obrero hacia su autonomía»[30]. La autonomía, entendida como independencia respecto al sindicato, pero también progresivamente respecto de toda forma de mediación y subordinación a la relación salarial, fue una característica de época, seña de identidad del movimiento obrero que se desarrolló durante la década de 1960 y que condujo a la radicalidad de la década siguiente. Se trata de una marca que se puede encontrar de una forma u otra detrás de casi todas las huelgas, pero también en el propio origen y constitución de Comisiones Obreras. En una de sus primeras hojas volantes se lee:

Las Comisiones Obreras son una forma de oposición unida de todos los trabajadores, sin distinción de creencias o compromisos religiosos o políticos a unas estructuras sindicales que no nos sirven […] Luchamos por la conquista de unas libertades básicas que permitan a los trabajadores reunidos en Asambleas democráticas, decidir sobre su propio futuro, creando su propia organización sindical como lo estime la mayoría.

Las CCOO son un movimiento independiente de la clase obrera para la defensa de los intereses de la clase obrera. Rechazamos por ello cualquier clase de verticalismo o de jerarquía de cualquier grupo político.

El principio democrático, tanto para tomar decisiones como para elegir a nuestros representantes, es la regla de actuación de las CCOO[31].

En el lenguaje militante, la participación de «todos los trabajadores» se nombraba con la palabra «unitario». Las luchas era «unitarias» en la medida en que comprendían a todos o la mayor parte de los obreros, lo que incluía a todas las organizaciones, segmentos o facciones. La historia temprana de Comisiones Obreras reflejó tanto la potencia del contenido de ese principio, como sus ambigüedades —debilidades más bien—, frente a otras concepciones que también operaron en su seno. Por eso a la hora de valorar la trayectoria de estas formas de organización asamblearia conviene rehuir de las lecturas ideológicas. Bajo la pátina de la democracia obrera subyacía una contradicción de fondo. En cierta forma, era la misma que se recogía en las dos «ingenuidades» que el participante de las huelgas de Vitoria resumió en los lemas de «todo el poder a la asamblea» y «centralidad obrera». Los lemas eran ingenuos por su rotundidad, pero también por su carácter parcial e incompleto, al menos si querían dar cuenta de una realidad mucho más compleja.

La posibilidad, de una parte, de que el movimiento fuera unitario, y con ello la realidad de las asambleas como poder real, dependía de una consideración particular, compartida por todos los credos obreristas: la clase obrera tenía de por sí unos intereses propios, inmediatos. La presunción era correcta en el sentido de que solo sobre las demandas concretas y sobre la experiencia de unidad en las fábricas se podían articular conflictos de masas capaces de arrancar conquistas materiales. O dicho de otro modo, solo las reivindicaciones concretas constituían el movimiento y con ello al propio sujeto obrero. A partir de este punto, sin embargo, surgían dos cuestiones que tendían a hacer mucho más matizadas tanto la práctica como la teoría del «principio unitario».

En primer lugar, las asambleas eran espacios difíciles. En condiciones marcadas por la clandestinidad y una represión que a veces se aplicaba hasta en el último rincón de cada fábrica, solo en algunas empresas grandes y en situaciones de conflicto era posible garantizar la continuidad. En la mayor parte de los casos, la comunicación obrera quedaba «resumida» a las reuniones fugaces a la hora del bocadillo, a la entrada y salida del trabajo, a los contactos informales, a las citas secretas de la comisión. Sin la suficiente fuerza como para arrancar un verdadero espacio de democracia obrera dentro de la fábrica, la organización quedó muchas veces delegada en pequeños grupos, a veces liderazgos carismáticos concentrados en unas pocas figuras reconocidas. Esta situación siquiera fue del todo superada en los años centrales de la década, cuando el movimiento era tan masivo que las asambleas se imponían en casi todos los centros de trabajo.

De otra parte, ni Comisiones Obreras, ni ninguna de las grandes organizaciones asamblearias que surgieron en conflictos como los de Vitoria, llegaron a alcanzar una definición ideológica. La clandestinidad, el pobre debate existente, la ruptura con las viejas tradiciones obreras impidieron articular un proyecto preciso. Aquí reside el núcleo «ingenuo» de la centralidad obrera. Esta remitía a que el único —o al menos el principal— sujeto del cambio era la clase obrera, pero ¿podía esta decir algo sustantivo sobre los contenidos de ese cambio? Las más de las veces la línea de los contenidos quedaba reducida a declaraciones imprecisas, como la de un vago anticapitalismo, muchas veces convertido en pura retórica.

La debilidad de la democracia obrera para proyectarse en un proyecto político, en sentido amplio, no debe negar sin embargo las intuiciones y las poderosas imágenes que arrastraba. Si el movimiento obrero era capaz de inspirar un proyecto político propio, este, más allá de los clichés ideológicos, solo podía arrancar de la experiencia concreta: de la elevación a principios generales de organización social de aquellos presupuestos democráticos —comunistas, se podría decir— que en todo momento empujaron el conflicto. Estos presupuestos pasaban por un igualitarismo radical, experimentado en primer lugar en la «homogeneidad» de las condiciones de explotación y expresado en la tendencia a la equiparación de los salarios; una cierta forma de democracia, también radical, que se encontraba en la continuidad de la práctica asamblearia; y una cierta idea de «fraternidad» resultado del ejercicio de la solidaridad activa en los conflictos. El límite residía en que cuando este sentido compartido se quería expresar en forma de programa político se volvía de nuevo a las generalidades de la «centralidad obrera», es decir, a «la clase obrera como sujeto que transforma la sociedad», por sí misma, a partir de sus propios intereses, sin apenas pautas para organizar la transición o una imaginación institucional que fuera más allá de la autogestión obrera.

Se explica así que la vieja división leninista entre lucha política y lucha sindical se colara de lleno en el movimiento obrero. Y con ello que la existencia y promoción de la democracia directa en Comisiones Obreras fuera de la mano de grupos militantes muchas veces rígida y jerárquicamente organizados. La contradicción apareció desde el principio como «lucha por el aparato» y «lucha de aparatos».

La historia del movimiento obrero de aquellas décadas está trufada de la competencia partidaria por la hegemonía interna. A mediados de los años cincuenta —oficialmente desde 1948—, el Partido Comunista decidió aprovechar los cauces legales del sindicato vertical para fomentar la organización obrera. Militantes comunistas participaron en la organización de las primeras comisiones obreras al lado de católicos, independientes y otros muchos trabajadores con adscripciones diversas.

Desde muy pronto, Comisiones se convirtió para el PCE en el vehículo para desgastar al franquismo y obtener una creciente visibilidad pública[32]. La lucha por la hegemonía de los comunistas en Comisiones y la exposición a la represión que suponía muchas veces esta política de oposición abierta provocaron tensiones, que también en fecha temprana empujaron a buena parte de los católicos fuera de la organización. En 1961, los confesionales constituyeron su propio sindicato, la Unión Sindical Obrera. En 1967 la USO abandonó Comisiones[33].

El giro represivo de 1967 hizo retroceder rápidamente las posibilidades de organización pública, acentuando con ello la tendencia a la radicalización y al burocratismo. Al tiempo que se hacía más difícil organizar la contestación dentro de las fábricas, la militancia más joven, influida por el radicalismo estudiantil, optaba por un nuevo tipo de activismo. El enfrentamiento con la policía, la organización de comandos y de los llamados «saltos» —ya fuera como medios de propaganda, ya como acciones rápidas de asalto a entidades bancarias o instituciones oficiales— empezaron a informar un nuevo ideal revolucionario[34].

El fenómeno de los grupos se alimentó de este radicalismo. No era algo nuevo. La constitución de los nuevos partidos había empezado hacia finales de los años cincuenta con la aparición del Frente de Liberación Popular y de ETA en el País Vasco. Pero no fue hasta finales de la década de 1960 cuando se confirmó con la apertura de toda clase de sucursales de las versiones más radicales de la izquierda comunista: maoísmo, trostkismo, guevarismo… En apenas unos años, la galaxia radical acabó por dotarse de un espacio político propio bajo el paraguas del leninismo. Los nuevos partidos no salieron, no obstante, de la nada. Fueron el resultado de la evolución de los espacios organizados del antifranquismo. Algunos nacieron como escisiones del PCE y de ETA, otros resultaron de la condensación de los sectores radicalizados del medio estudiantil, otros de la decantación de las organizaciones obreras católicas. Por ejemplo, el PC(i) surgió de una escisión pro-China del PCE en 1967, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores se formó a partir de grupos católicos radicalizados, Komunistak nació en 1969 como evolución de ETA-Berri separada del tronco principal de ETA en 1966, la Liga Comunista Revolucionaria fue el producto de la disolución del FLP[35]. La moderación del PCE, ya patente entonces, y su política orientada a probar una alianza interclasista dirigida a imponer la democracia en el país, tuvieron desde entonces una contraparte a su izquierda, que impulsaba y a la vez trataba de dirigir las luchas de fábrica en una dirección propiamente revolucionaria.

Pero ¿qué significaba todo esto para Comisiones Obreras y para las bases «unitarias» sobre las que se levantaban las asambleas? Al menos durante el periodo que se extiende entre 1967 y ya bien entrada la década siguiente, la represión combinada con el radicalismo y la fragmentación de las minorías militantes resultó cada vez más problemática. Solo si la discusión política dentro del movimiento se conseguía abstraer de la luchas internas por el poder y se devolvía a sus términos más inteligentes, se desvelaba uno de los puntos más importantes de la ambigüedad latente en Comisiones. La debilidad de los contenidos —que los izquierdistas querían revolucionarios y el PCE moderados— y de los medios —principalmente la legitimidad y eficacia de la infiltración del aparato del vertical— se mostró sumamente problemática en relación con la pretensión de los grupos de hegemonizar una organización, que solo podía crecer sobre bases democráticas. En el marco de una coyuntura hostil marcada por la represión patronal y los continuos estados de excepción, Comisiones se convirtió en la arena principal de la lucha por la hegemonía dentro de la izquierda. En algunos lugares, la situación amenazó con degenerar en un proceso de autoaniquilación y empobrecimiento de la organización. Especialmente en Barcelona y en el País Vasco, donde el movimiento había alcanzado un grado de desarrollo muy superior al de otras partes, los enfrentamientos acabaron por dividir los espacios organizados en distintas coordinadoras, a veces incluso en diferentes proyectos organizativos.

Así por ejemplo, las CCOO de Barcelona transitaron el final de la década de 1960 y los primeros años de la de 1970 a través de una larga serie de escisiones y posteriores recomposiciones. Las primeras tensiones se produjeron a raíz del golpe represivo de 1966-1967. El crecimiento de la organización se articuló entonces por medio de la creación de comisiones de ramo (metal, agua, textil, construcción, etc.) que juntas formaron la Comisión Obrera de Barcelona, la «Local». Desde las elecciones de 1966, la intensa lucha por el control de Comisiones fue protagonizada por las dos organizaciones más importantes tras la marcha de USO, el PCE y el Front Obrer de Catalunya (el FLP catalán). Para asegurar su hegemonía, el PSUC creó un nuevo organismo bajo el nombre de Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC). En esta coordinadora se concentraba la mayor parte de los poderes que antes disponía la Local. Empujado al aislamiento y a la radicalización por su sector más joven, el FOC se desmoronó como partido[36]. La fragmentación se volvió a repetir, no obstante, cuando en 1971, el nuevo grupo Bandera Roja creó las Comisiones Obreras de sectores, al tiempo que poco después se constituía una coordinadora ligada a la LCR y al MC, con implantación exclusiva en el metal[37], y surgían nuevas iniciativas, como las Plataformas Anticapitalistas, separadas tanto de las Comisiones Obreras del PCE como de las de la izquierda comunista. Solo a partir de 1974-1975 la práctica totalidad de los grupos de izquierda acabó reintegrándose en CCOO.

En el País Vasco, la dirección comunista también fue disputada por los grupos de la izquierda comunista y la militancia católica. El procedimiento pasó aquí por la recuperación del viejo espíritu unitario, pero con otro nombre y otra organización. A mediados de 1968, los católicos de USO lanzaron la iniciativa «Hagamos Comités de Empresa»; un llamamiento a constituir una organización articulada sobre asambleas de fábrica y comisiones representativas. La práctica totalidad de los grupos de la izquierda revolucionaria impulsaron la iniciativa. Su debilidad se manifestó muy pronto. Dentro de los Comités se volvió a reproducir la tendencia a convertir la organización en correa de transmisión de los partidos políticos. Con las mismas tensiones que Comisiones, los Comités acabaron por desaparecer a principios de la década de 1970. Su agotamiento devolvió al interior de la misma casa a la mayor parte de la militancia radical. La reintegración del MC, ORT o ETA-VI fue, sin embargo, en paralelo a un considerable crecimiento de su influencia. Enfrentado a la crisis de hegemonía en las fábricas, el PCE trató de repetir la misma estrategia que en Barcelona. En septiembre de 1974 impulsó un órgano de coordinación nacional bajo su entero control, la Comisión Obrera Nacional de Euskadi (CONE). Allí donde la izquierda comunista era mayoritaria, esta impuso su propio órgano de coordinación, la CECO (Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras) fundada en abril de 1975. Por si fuera poca la fragmentación, ETA acabó por crear su propia alternativa sindical casi sobre premisas idénticas: las Comisiones de Obreros Abertzales, Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB).

Pero como muestran los casos de Barcelona y Euskadi, las disputas por representar al movimiento no consiguieron imponerse al mismo. Desde 1970-1971, el movimiento crecía de nuevo con fuerza. Y aun cuando en multitud de ocasiones la presunción de que «la dirección de las Comisiones correspondía única y exclusivamente a los trabajadores que en libres asambleas de fábrica sean elegidos por sus compañeros» quedó desmentida en la práctica, las asambleas siguieron extendiéndose, al igual que la conflictividad[38]. La razón residió precisamente en que el movimiento nunca llegó a coincidir con una forma orgánica claramente establecida. El patrón de la conflictividad obrera estuvo siempre atado a la fortaleza de la organización local de cada fábrica y al empuje de las reivindicaciones concretas, principalmente el salario. La propia estructura de Comisiones Obreras facilitaba una suerte de doble autonomía, a la postre virtuosa: de las coordinadoras, por un lado, y de la organización de fábrica, por otro. Las peleas internas dentro de las coordinadoras —de ramo o sector, locales o provinciales—, precisamente por su escasa representatividad, tuvieron una repercusión limitada en las comisiones o asambleas de empresa. Y al mismo tiempo, la autonomía de la organización en la empresa y la prioridad de todos los grupos militantes de derrumbar la organización vertical y aprovechar las reivindicaciones inmediatas hicieron que los conflictos siguieran una trayectoria de creciente intensidad, al menos hasta 1976.

Se descubre así el principal motor de la Transición: la existencia de un movimiento cada vez más radicalizado y masivo y que solo en parte era gobernado o dirigido por los grupos de izquierda[39]. Casi toda la militancia de la época entendió y empujó al movimiento fundamentalmente como el ariete para otra «cosa». Esta otra «cosa» correspondía —de nuevo en la vieja lengua militante— con los distintos «objetivos estratégicos» de las vanguardias: democráticos, revolucionarios, socialistas, comunistas. Aunque estos objetivos podían tener toda clase de variantes y diferencias, los grupos coincidían en su obediencia a la misma matriz leninista. En otras palabras, la lucha sindical estaba subordinada a un proyecto de orden superior, para el que el movimiento obrero, aunque fuera la prueba de toda verdad, ni servía ni estaba capacitado. Este proyecto era la materia del partido. Y según el mismo patrón leninista, era la inteligencia del partido la que representaba la conciencia política del movimiento obrero. La separación entre lucha política y lucha económica se reproducía en la separación entre partido y movimiento.

Frente la hegemonía del leninismo, ¿podía ese mismo principio «unitario» que se condensó en las primeras comisiones obreras y en la «democracia obrera», estirarse hasta el punto de constituirse como un proyecto político propio? ¿Podían, en definitiva, las asambleas obreras ser el germen de otra forma de democracia? Esta fue la intuición de algunos segmentos militantes que desde finales de los años sesenta trataron, una y otra vez, de defender la «autonomía obrera» frente al vanguardismo de los grupos y del PCE. La propia lógica y el curso del conflicto terminó por condensarse, de hecho, en «otra» cultura militante. Con nombres distintos, según momentos y contextos, «sindicalistas[40]», «independientes», «autónomos», «consejistas[41]», este espacio político formó una amplia galaxia de iniciativas que tenían en común su apuesta por un autodidactismo de masas y la idea de que el movimiento obrero tenía que ser capaz de encontrar su propio proyecto político y de cambio social.

¿Podía el movimiento obrero construir instrumentos teóricos propios y adecuados a su práctica, sin necesidad de recurrir y de delegar en una dirección política, a veces muy alejada de sus intereses inmediatos y que en buena medida procedía de otros segmentos sociales[42]? La importancia de estos grupos, generalmente olvidados por la historiografía, radicó pues no en su presencia cuantitativa, determinante en un buen número de conflictos, como en que acabaron por ser la apuesta más acabada de la autonomía obrera que se había construido en las primeras comisiones, en las prácticas asamblearias y en la «democracia obrera». Ciertamente la experiencia de la autonomía obrera en España no pasó de ser uno de los principales medios y motores de la autoorganización obrera y de impulsar un interesante proceso de autoformación política. La constitución de una línea estratégica propia y por ende de un proyecto distinto al del partido comunista, así como al de la mayor parte de los grupos de la extrema izquierda, apenas pasó del nivel de tentativa[43].

Al volver sobre las palabras del participante en las huelgas de Vitoria leemos: «La segunda ingenuidad era la centralidad de la clase obrera, nos sentíamos orgullosos, creíamos que la clase obrera iba a transformar la sociedad». Cuando se analizan los acontecimientos posteriores, quizás la ingenuidad no estaba tanto en hacer pasar la lucha obrera por el motor del cambio social —¿qué si no produjo la doble crisis económica y política del franquismo?— como en aquella «primera ingenuidad asamblearia» que nunca llegó a hacer corresponder la forma de lucha (la «asamblea») con un proyecto político propiamente dicho.

V

«Insólito», «inaudito», una «huelga salvaje» del Metro, los trenes parados, la ciudad bloqueada. Así se levantó Madrid el 6 de enero de 1976, ¡el día de Reyes! Convocada en la madrugada del 5, la asamblea de trabajadores había decidido no trabajar. Los paros del suburbano eran la culminación de un largo calentamiento que arrancaba medio año atrás: la rotunda victoria de las Candidaturas Unitarias y Democráticas en junio, la huelga de los cuatro centros de la Standard-ITT de diciembre, la posterior extensión de los paros a las empresas del metal del sur de Madrid, la toma de Getafe por las manifestaciones obreras el 18 de diciembre… ¿Y ahora el Metro? Solo un día después, el ejemplo de los paros en el suburbano se había contagiado a la Telefónica, a las empresas del metal de Villaverde, al sector industrial de Getafe, a la monstruosa fábrica de la Chrysler de 1000 trabajadores.

El golpe de efecto fue brutal, la ciudad caminaba hacia la huelga general. Y Fraga, ministro de Gobernación, se decidió por las medidas excepcionales. Antes de que acabara la semana, el viernes 9, ordenó la militarización del Metro. Al menos así operarían algunas líneas. Pero por muy rápido que fuera ya era tarde, la huelga no se detuvo. En la semana del 12 al 17 de enero, el movimiento alcanzó el punto de ebullición: cerca de 350 000 trabajadores. La huelga se había extendido a casi todo el tejido industrial de la ciudad, los transportes, la construcción, las artes gráficas, parte de la banca, Correos, Telefónica e incluso la Administración Pública. Prácticamente nada funcionaba, la situación, como nunca antes, se parecía a la de una gigantesca huelga general[44].

Entre los trabajadores y los grupos militantes la tensión había adquirido tal densidad que prácticamente se podía masticar. La huelga no había sido convocada ni por los partidos, ni por los sindicatos. Su objetivo inmediato era resolver los convenios, responder al decreto de congelación salarial de noviembre de 1975. El momento político era tan propicio como delicado. Coincidía con las primeras semanas de la muerte de Franco, también con los acercamientos de la Junta Democrática liderada por el PCE a Convergència Democràtica promovida por el PSOE. Ambos partidos querían ofrecer una alternativa política a un régimen que muchos consideraban en ruina. Ambas plataformas habían firmado un escrito «moderado y responsable» el día 20 de noviembre, el día de la muerte del dictador. Y ambas habían compartido gestos como la manifestación proamnistía del 7 de diciembre ante las puertas de la cárcel de Carabanchel.

Pero la magnitud y la radicalidad de la huelga de Madrid se escapaba a cualquier contabilidad. Las asambleas y el patrón de extensión «en mancha de aceite» habían llevado la huelga más allá de todo control. Al menos hasta el día 14 cada nueva asamblea se siguió de la decisión de llevar la huelga más lejos. Los grupos habían dado el paso: era el momento de formar un Comité de Huelga, de convocar la tan ansiada huelga general que terminara con la dictadura.

Para el PCE, la situación se había tornado peligrosa, discurría por derroteros demasiado inciertos. En un documento publicado el 14 de enero, con el pomposo nombre de «Declaración política del Partido Comunista de España[45]» dejaba ya ver lo que consideraba la línea política adecuada. Más allá de las condenas rituales al régimen, se hacía evidente la voluntad de conciliación: guiños apenas disimulados a la neutralidad del Estado y a la posibilidad de que el Movimiento —no el de la huelga, sino el Nacional— tuviera su propio organismo político de participación. El temor de los sectores moderados, que en la prensa apareció con la recurrente acusación de «huelga salvaje» e incluso de «sabotaje a la democracia», fue rápidamente recogido por el PCE. Consciente como nadie de que la ola que rompía en las fábricas carecía de una dirección política «responsable», capaz de traducir la presión en la «calle» en oportunidades de negociación política, se había decidido a organizar una «salida ordenada».

¿Pero acaso esto no suponía detener la mayor huelga hasta el momento? Entre los comunistas y los grupos, el conflicto estaba servido. Frente a la pretensión del PCE de imponer lo que luego tomaría el nombre de Comisión Negociadora —y que formó con los representantes salidos de las elecciones sindicales del verano anterior—, los grupos de la izquierda comunista, así como los católicos y una multitud de independientes, optaron por crear un Comité de Huelga; un comité elegido directamente en cada centro de trabajo. Al fin y al cabo, ORT, PTE y LCR, al lado de USO, autónomos y autogestionarios tenían ya mayoría en buena parte de las fábricas. Finalmente, el día 14 se formó el comité. Lo integraron delegados de los principales centros de trabajo. El día 15 se llamó a reunión.

Casi tan puntualmente como los miembros del Comité, la policía entró en los locales de la HOAC donde se celebraba la reunión. Fueron detenidos 120 representantes de empresa. Otros ochenta, todos ellos de adscripción comunista, alegaron «retraso»[46]. La movilización había sido descabezada. Aprovechando el vacío, y sin que en las fábricas se pudiera nombrar un nuevo comité, el PCE promovió la vuelta al trabajo, cediendo el control a la Comisión Negociadora. Con la única condición de readmitir a los despedidos y de la aceptación de los convenios, la Comisión logró la prometida «salida ordenada» a la huelga. En los últimos días de enero, las empresas más combativas, aisladas, cedieron una tras otra[47]. Con un lenguaje que llegaría a ser común durante la Transición, la madurez de los trabajadores había permitido una solución razonable a la mayor huelga de la historia de la ciudad.

El día 20 de enero, de nuevo unidos, Junta y Plataforma, PCE y PSOE, encabezaron en Madrid una gran manifestación en favor de la democracia.

2. Reformistas, reformismo, la Reforma

I

Hasta 34 millones de turistas extranjeros llegaron a España en el año de la crisis del petróleo, 1973. La red de aeropuertos se había construido a buen ritmo durante la década anterior, al tiempo que Iberia, la compañía estrella del país, se encargaba de conectar cada nodo en una malla cada vez más densa de vuelos domésticos. Por vía aérea llegó Don José María Areilza, conde de Motrico, a Santiago de Compostela el 16 de agosto de 1976. Viajaba para reunirse nada menos que con Manuel Fraga Iribarne y Pío Cabanillas[48]. Entre los tres podían poner detrás suyo lo mejor de la intelligentsia reformista del país. Y cuando se dice Reforma, se debe entender la de aquellos que detentaban el poder, esto es, el propio franquismo.

Los tres prebostes acababan de quedar fuera del gobierno, era la segunda vez. La primera fue en vida de Franco. José María de Areilza, teórico del falangismo español y primer alcalde de Bilbao, después de su caída a manos de los nacionales, había evolucionado desde su temprano fascismo hacia posiciones más moderadas ligadas al monarquismo de Don Juan de Borbón. Su cercanía con el aspirante al reino, que desde postguerra coqueteaba con la «conspiración liberal», llevó a Areilza a romper con el régimen como rompe alguien que siempre ha pertenecido al mismo, a medias. Manuel Fraga Iribarne, intitulado el «mejor opositor de España», comenzó su carrera como joven presidente de una de las principales instituciones de la intelectualidad franquista, el Instituto de Estudios Políticos, un think tank —diríamos ahora— específicamente diseñado para limpiar la imagen política de la dictadura. Desde 1962 como ministro de Información y Turismo, Fraga fue tanto el campeón público de la represión[49] como de la apertura. A él se debe la Ley de Prensa de 1966 que relajaba notablemente la censura. Su caída se produjo a raíz del escándalo de Matesa y de su enfrentamiento con los tecnócratas. Por último, Pío Cabanillas, integrado en el equipo ministerial de Fraga, colaboró en la redacción de la Ley de Prensa, que posteriormente amplió como ministro del ramo en 1974. Fue expulsado del gobierno por el giro «inmovilista» del mismo en octubre de ese mismo año. Los tres provenían del franquismo y los tres habían coincidido en que la excepción española tenía fecha de caducidad a medida que el país se aproximaba a los estándares de crecimiento y consumo de los países del entorno[50].

La segunda vez que estos tres hombres fueron desplazados del poder fue a comienzos del verano de 1976. A primeros del mes de julio, el rey, heredero y depositario del régimen por la ley de sucesión de 1947 y su nombramiento en 1969, había otorgado la presidencia del gobierno a Adolfo Suárez, el menos significado de la terna que le había presentado el apolillado Consejo del Reino. La operación había sido muñida por otro cerebro de franquismo reformista, Torcuato Fernández-Miranda, vicepresidente del gobierno con Carrero Blanco y tutor del futuro monarca. Para Fraga, segundo en el gobierno Arias, el nombramiento de Suárez tuvo la velocidad de un golpe. Escribió sendas cartas al rey y al nuevo presidente y se marchó. No quería ser ministro de quien consideraba poco menos que un pelele provisorio de Fernández-Miranda y un enano político e intelectual. Areilza, menos rotundo, y más próximo a la monarquía, dejó quererse demasiado con invitaciones repetidas a formar parte del gobierno, para finalmente quedarse fuera. Al fin y al cabo, tanto Fraga como Areilza se consideraban casi imprescindibles en la guía reformista. Habían sido ministros del primer gobierno de la monarquía y habían pensado hasta el último detalle cómo debía articularse el proceso de «reforma constitucional». ¿Acaso los podían dejar mucho tiempo fuera del gobierno?

Aquella reunión entre Fraga, Areilza y Cabanillas tuvo un tono especial. Se trataba de recomponer las fuerzas y las alianzas después del nombramiento de Suárez. El camino a la reforma parecía despejado. Ya con los platos enfriándose, Areilza, empujado por la insistencia de Fraga, desplegó un amplio informe de la situación. Los puntos de la reforma eran claros y tenían poco que ver con el antiguo «aperturismo»: «Proceso constituyente, programa económico de modelo posfranquista, reforma sindical y límites al regionalismo»[51]. En el centro pivotaba la idea de un gran pacto social que integrara a la oposición, incluidos los comunistas, aunque estos solo serían legalizados posteriormente. La legalización no era un asunto escandaloso entre las bambalinas de estos hombres de Estado: Areilza se había reunido con Carrillo el día 2 de ese mismo mes en París; y Fraga, para disgusto de los intransigentes, unas semanas antes había pasado un fin de semana de pesca con el periodista del New York Times, Cyrus Sulzberger. Entre trucha y trucha le había dicho que el gobierno tendrá que reconocer al Partido Comunista, si bien «no será posible antes de las próximas elecciones»[52]. El Pacto, la Transición, era el gran objetivo de estos animales de Estado.

Tras más de cuatro horas, y sin dejar de ser puntilloso en cada uno de los aspectos, Fraga despidió a sus compañeros con «habrá que llegar a un entendimiento». Todavía las tres torres del reformismo se pensaban imprescindibles en el proceso de reforma. Suárez debía recibir a estos hombres con ideas.

II

La reunión de los exministros terminó, como era habitual, con un «el tiempo apremia», todavía se puede salvar la situación pero la oportunidad se agota. El material que servía de soporte a esa oportunidad y que entonces concentraba las máximas atenciones recibió por aquel entonces el nombre de «franquismo sociológico». El concepto había nacido de la mano de uno de los sociólogos —por no decir el sociólogo— de la época, Amando de Miguel[53]. Con rango de disciplina, la sociología apenas acababa de nacer en España y antes de que acabara especializándose en lo que serían sus principales nichos de «aplicación», los pronósticos electorales y los estudios de mercado, parecía que podía ser un campo de estudios poderoso y crítico, capaz de servir tanto al orden como al cambio social.

Con la acuñación del término, «franquismo sociológico», De Miguel intervenía en una de las grandes polémicas intelectuales de la década, aquella sobre la naturaleza del franquismo, que inaugurara Juan José Linz, el «mejor discípulo» de Fraga. La argumentación de Linz giraba en torno a la afirmación de que la dictadura, especialmente en su segunda fase, había sido un régimen de «pluralismo limitado». El franquismo parecía encajar mejor en la etiqueta de «autoritario» que de «totalitario»[54]. La perspectiva, obvia a todas luces, era quitarle hierro a la dictadura, purgándola de los rasgos «fascistas». Más allá de su intención, la rebaja de la carga política tiene, no obstante, un interés analítico.

Si el régimen de Franco resultó un experimento fascista, ciertamente solo pudo ser un fascismo fallido. Incluso durante las décadas de 1940 y 1950, los medios de encuadramiento «popular» apenas alcanzaron a movilizar a segmentos sociales minoritarios[55]. Los «desafectos» y los «indiferentes» fueron la inmensa mayoría entre las clases trabajadoras urbanas, así como entre los jornaleros del Sur. Pasada la guerra, el revanchismo y el oportunismo, en combinaciones diferentes, acabaron por convertir el aparato del Movimiento, primero en el instrumento para organizar el reparto del botín en forma de cargos y puestos, y luego en una suerte de extensión administrativa del Estado que permitía organizar la promoción personal y las carreras políticas.

De hecho, durante la larga postguerra, el catolicismo se mostró mucho más exitoso en el terreno de movilización popular que el falangismo. Al fin y al cabo, el catolicismo se alimentó de una ola sincera de recristianización y desde muy pronto se demostró como un medio más eficaz de expresión afectiva, ya en términos de adhesión, ya de sublimación —e incluso de oposición, aunque en principio «interior»—, que los aparatos de Falange de las JONS. Antes, pues, que como una variante española del nazismo, por mucho que recurriera al terror y a la violencia, el franquismo se comprende mejor como un régimen propiamente de clase, entiéndase un marco político funcional a la oligarquía que ganó la guerra con el apoyo de una parte sustancial de las clases medias[56].

El franquismo prolongó la vieja coalición de las derechas de la República. El arbitrio de Franco y el privilegio del estamento militar apenas modificaron los componentes de esta alianza[57]. Durante los primeros años, el pluralismo «realmente existente» correspondió así con las diferencias entre las élites de los segmentos políticos que vencieron en la guerra. El único elemento, propiamente de derechas, purgado fue aquel que provenía del liberalismo. En su rechazo del parlamentarismo y en la exacerbación de los principios de unidad nacional y gobierno fuerte, la dictadura renunció a la forma tradicional de la competencia entre partidos. La unificación política en la FE de las JONS no impidió, sin embargo, la existencia de diferencias internas entre las distintas corrientes políticas de los vencedores; estas tomaron una forma y un nombre mucho menos orgánicos. Se constituyeron como las «familias del régimen».

Se ha dicho, y con razón, que las «familias» del régimen y el régimen de familias vertebraron la vida política del Estado durante los casi cuarenta años de la dictadura. Cada una de estas constelaciones familiares correspondía con tradiciones políticas e ideológicas más o menos definidas: carlistas, monárquicos, católicos, falangistas… Se trataba pues de las mismas ideologías y tramas clientelares transmutadas en clanes políticos de la nación unificada por Franco.

No obstante, el valor de este pluralismo interno no estaba únicamente en su capacidad para contentar y a la vez gobernar a las distintas corrientes de la derecha española. Antes bien, la pluralidad interna demostró ser una de las claves de la pervivencia del franquismo, de su capacidad para mutar y adaptarse a un contexto cambiante. Así, la familia nacionalcatólica respondió durante los primeros años de la dictadura con los cuadros de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP). La ACP preparó la adaptación del franquismo a las nuevas condiciones de la postguerra europea. Proporcionó la teoría y los elementos institucionales —la democracia orgánica— con los que superó su primera definición de naturaleza parafascista. En el otro extremo, los falangistas, conocidos como los «azules», depositarios del sentido último de la victoria y preponderantes hasta la derrota de las potencias del eje en 1945, encontraron un nuevo encaje a partir de esa fecha. Se encargaron del ala «izquierda» del régimen, las políticas «sociales».

A mediados de los años cincuenta, el pluralismo interno sirvió de nuevo para renovar las políticas y la imagen del régimen. Los Propagandistas perdieron protagonismo frente a los tecnócratas, también de origen católico pero encuadrados en ese aparato de formación y reproducción de élites que fue el Opus Dei. Estos capitanearon el desarrollismo, confiando en que el crecimiento del PIB y de la renta per cápita apuntalaran la «despolitización» de la sociedad española. Por su parte, dentro de Falange, cada vez más asimilada a la administración del Estado, los nuevos «azules» evolucionaron hacia posiciones cada vez más alejadas de aquellos que hicieron la guerra. La «generación de los cincuenta», de la que Fraga despuntó como su mejor retoño, resultó más parecida a la de un cuerpo de altos funcionarios del Estado que a los agitadores de masas de los años treinta. De ella salieron los primeros aperturistas, los predecesores del reformismo, como Solís o el propio Fraga. Considerada desde la perspectiva del recambio ideológico y político, el régimen de las familias se presentó como un medio de reparto del poder entre los viejos grupos ideológicos de las derechas, pero también como un «tesoro ecológico» para la adaptación del franquismo. El pragmatismo y la razón de Estado estuvieron siempre por encima de las ideologías.

La metáfora «familiar» ofrece algunas indicaciones más. En línea con su particular «apoliticismo», y como en las viejas monarquías, Franco imaginó España como una «gran familia», y la acción de gobierno como una prolongación de las relaciones paterno-filiales. Se trataba de una forma de privatización, apenas edulcorada, de la actividad política. La política reducida a los intercambios familiares correspondía con la endogamia de las élites. Se rehuía así de cualquier imagen de la política como espacio de conflicto entre intereses privados, al tiempo que estos se escondían en una pantalla de relaciones paterno-filiales. El único conflicto de la política española era el que enfrentaba la verdadera España —la de Franco, la de la gran familia del Estado— con la anti-España; contra la cual, y ya en términos de amigo / enemigo, el régimen se blindaba en aras de la unidad de la patria y de la comunión de intereses.

Para acabar de perfilar el tono político del franquismo, «familiar» era también el aire de «mesa camilla» que siempre tuvieron los gobiernos franquistas; expresión de un modo de ejercer el poder reducido a canales jerárquicos y secretos, y que en última instancia dependían de Franco. De hecho, el epítome del «franquismo sociológico» analizado por De Miguel fue «su clase política», la casta profesional especializada en la dirección del país. Reclutada en el espacio más bien estrecho de las clases medias afectas al régimen, las mismas que también proveyeron la mayor parte de los cuadros del ejército y de la Iglesia, esta clase terminó por representar al conjunto del país[58]. Su conformismo, su apoliticismo casi congénito, en cierta forma su mediocridad, correspondían con el mismo material cultural que marcó con fuego frío la mentalidad de esas clases medias hechas de pequeños industriales, comerciantes, profesionales liberales, rentistas, funcionarios y militares, a las que siempre se debió la dictadura.

Si el franquismo fue democrático en algo, resultó ser en la «medianía» de sus élites. España nunca contó con escuelas de élites al modo francés o anglosajón. Los colegios de los jesuitas o del Opus Dei no podían compararse con las Public School británicas, al igual que la Universidad de Comillas nada tenía que ver con las Écoles Normales Supérieures francesas o las Cambridge u Oxford británicas. Por eso la dictadura subvencionó la universidad pública, principal instrumento de promoción social de la clase media, al tiempo que reclutaba sus mandos en las carreras más destacadas por su irrelevancia teórica: el derecho y las ingenierías. La «escuela» de la clase política resultó, en definitiva, del propio ejercicio en el cargo. Paradójicamente, esta enseñanza por y en el gobierno estimuló, entre aquellos reptiles del franquismo, una notable inteligencia práctica y un robusto instinto de supervivencia.

No menos importante cuando se considera la composición social de la clase política es que esta misma «medianía» contribuyera a dotar de una enorme flexibilidad táctica a la dictadura. El franquismo, rígido como fue para integrar el conflicto obrero, no lo fue tanto a la hora de expresar políticamente las demandas de cambio de ese mismo bloque social de «clase media» que decía representar. A la contra de las representaciones al uso que muestran a la clase política franquista como una caricatura animal, un engendro hecho de inmovilismo, caspa y represión, la clase política franquista diseñó y ejecutó el proyecto reformista que acabó por dirigir la Transición[59]. Paradójicamente en este logro tuvo especial relevancia su propia mediocridad en orígenes e intenciones.

III

Areilza, Fraga, Cabanillas eran políticos y lo suficientemente experimentados como para ver algo más que su propia imagen en el espejo de las clases medias. Cuando hablaban de «franquismo sociológico» lo hacían en referencia a otra cosa, probablemente de mayor calado que el «franquismo político» que reunía a la clase dirigente. «Su» franquismo sociológico se refería a las bases que habían permitido levantar la legitimidad social de la dictadura durante las dos últimas décadas. El «franquismo sociológico» correspondía con lo que ellos consideraban la «mayoría natural» del país, incluía a los segmentos sociales tradicionalmente conservadores, pero sobre todo a las nuevas clases medias que crecieron al calor del desarrollismo. Estas quizás ya no se reconocían en las viejas instituciones franquistas, pero tampoco parecían dispuestas a una salida que arriesgara lo conquistado. El metal de la reforma era la mayoría partidaria del cambio, pero sin traumas, rupturas o aventuras inciertas. Era la mayoría que podía dar su aval a estos hombres.

Las clases medias que se cocinaron en los años del desarrollismo eran bastante distintas de las viejas clases medias que apoyaron el primer franquismo. El éxito del alzamiento del 18 de julio tuvo un potente motor, el miedo. La adhesión de las clases medias tradicionales vino empujada por el pánico a la revolución. Y estas, que al fin y al cabo fueron el pienso de la dictadura, nunca dejaron de proyectar una imagen de reforma social que se reducía a una idealización de sí misma. La arcadia franquista quiso responder a este ideal con una idea de sociedad jerárquicamente organizada y armoniosamente compuesta: la superación de la lucha de clases por mor de la aceptación de cada cual de su lugar, el conformismo de los de «abajo» con las migajas que produjera «una vida honrada y de trabajo». Aquellas imágenes bebían del regeneracionismo de principios de siglo, impuestas por el franquismo con la disciplina y el terror para con los adversarios, en cualquier caso, justificadas con la ideas de orden y progreso.

La larga postguerra trajo consigo hambre, proyectos hidráulicos y dos largas décadas de crecimiento lento. En veinte años apenas se recuperaron los niveles de vida de 1930. A partir, sin embargo, de la década de 1950, el papel geoestratégico de la Península en la Guerra Fría proporcionó, además de la promesa de crecimiento, una apertura a EE. UU. y con ella a su cultura. De una forma que no se puede minusvalorar, el cine de Hollywood empujó la imaginación social hacia la opulencia estadounidense, purgándola rápidamente de los viejos residuos orgánicos del conservadurismo español. Abonada ya con estos patrones culturales, la expansión de las clases medias encontró su oportunidad en el desarrollismo. Y así fue como el crecimiento económico acabó por oficiar ese conjuro de seguridad y estabilidad que las viejas clases medias, al igual que la dictadura, venían largo tiempo propiciando.

Este proceso se produjo, no obstante, de una forma no prevista, caótica, no exenta de contradicciones. Desde mediados de la década de 1950, la urbanización y la industrialización empujaron un cambio radical en la estructura social del país. Todavía en 1960, el Censo describía un país de base agrícola con una mayoría social despojada y subordinada. El número de peones agrícolas era de dos millones, y todavía algo mayor el de los campesinos; juntos hacían el 38% de la población activa. La suma de los obreros de la industria y la construcción (con o sin cualificación) alcanzaba la cifra de 3,7 millones de trabajadores, un 32% del total. Lo que podemos llamar sin muchas complicaciones las clases subalternas españolas sumaban el 70% de la fuerza de trabajo[60].

La «clase media» apenas había dejado atrás su tradicional fisonomía pequeño burguesa: «pequeña producción, pequeña propiedad». Los microempresarios de la industria, el comercio y la agricultura no alcanzaban el medio millón. Si a esto añadimos los artesanos y tenderos sin asalariados, el resultado total no dejaba de ser parco: el conjunto de las clases medias «tradicionales» —siempre sobre fuentes estadísticas y por ende poco complejas— ni siquiera reunía el millón de trabajadores, el 8,5% de la población ocupada[61]. Era relevante que lo que en la tipología de la época se agrupaba bajo la rúbrica de «oficinistas, empleados y vendedores», contara con 1,4 millones de personas. Pero la debilidad de este nuevo «sector medio» venía sobre todo destacada por lo escuálido de su ápice. Las llamadas «profesiones liberales» y los «cuadros superiores», que incluían al grueso de los titulados universitarios del país, apenas sumaban 240 000 trabajadores.

Veinte años después, las cifras del Censo de 1981 daban cuenta de una realidad por completo diferente. Los cambios más significativos se habían producido principalmente en la parte «baja» y en el segmento «medio» de la estructura ocupacional. Los peones agrícolas habían quedado reducidos a poco más de un cuarto, 600 000; una evolución parecida a la de los campesinos y los labradores independientes. Los obreros, cualificados o no, de la construcción y la industria, con 3,9 millones de trabajadores, habían empezado a disminuir debido a la grave crisis del país y a la primera oleada de desindustrialización y cierre de fábricas. El conjunto de la «vieja clase obrera y campesina» sumaba aproximadamente una cifra radicalmente inferior a la de 1960, un 46% de la población ocupada. En cambio, en los «sectores medios» se había producido una auténtica revolución que los equiparaba numéricamente a la «clase obrera»; al mismo tiempo, los desplazamientos de su composición interna los hacían prácticamente irreconocibles dentro de los viejos patrones de la pequeña burguesía. El cambio no estaba, obviamente, en las llamadas «clases medias tradicionales». El crecimiento se había producido en lo que en la literatura de la época recibía el nombre de las «nuevas clases medias». En 1981, el segmento de «técnicos y profesionales» contaba con más de un millón de ocupados —el 10% del total—. Por su parte, los «administrativos, comerciantes y vendedores» suponían el 20% de los trabajadores. En ambos casos, pero especialmente en el primero, se trataba de un cuerpo laboral joven, dominado por los menores de 35 años, e instruido, casi todos eran bachilleres y universitarios.

Era el resultado social más sobresaliente de las transformaciones económicas del país: la expansión del empleo público, el desarrollo de los aparatos técnicos y de administración de las grandes empresas, la creación de un nuevo cuerpo de profesores de enseñanzas medias y de Universidad, la expansión de los servicios sanitarios, la aparición y posterior crecimiento de las nuevas profesiones ligadas a la comunicación, los servicios a las empresas, las finanzas. Grosso modo, a mediados de los años setenta, el peso demográfico de las «nuevas clases medias», al que se podía añadir la «vieja clase media», resultaba similar al del tradicional segmento «obrero y campesino». Su peso simbólico, cultural y político era, sin embargo, mucho mayor[62].

El desarrollismo había dado fuerza de realidad, por primera vez, a la pretensión franquista de haber constituido una sociedad de clases medias. El medio más importante de esta transformación, en tanto ascensor social privilegiado, fue la generalización de la educación, especialmente de los estudios superiores. En los quince años que resultan aquí decisivos, la evolución resultó espectacular. En el curso 1959-1960, el número de alumnos de secundaria no alcanzaba los 200 000 y los universitarios apenas rebasaban la cifra de 70000. En el curso 1975-1976 el número de estudiantes de secundaria —incluida la Formación Profesional— había superado de largo la cifra del millón, al tiempo que los estudiantes universitarios se acercaban al medio millón[63]. La formación se había convertido en un requisito para la expansión del nuevo aparato productivo, al igual que para el desarrollo de la administración y de los nuevos servicios del Estado. Si la ampliación de las clases medias tenía su fórmula en la igualación del estudio y la promoción social, la «democratización» de la enseñanza avanzaba a tal velocidad que amenazaba, aunque fuera solo en apariencia, con borrar el origen de clase de una importante parte del cuerpo social, ¡y en tan solo una generación! Los estudios sobre movilidad social[64] muestran este desplazamiento de masas, aun cuando tuviera su techo en los estratos medios. Nadie podía pretender «saltar» de jornalero a ministro, pero si al menos a empleado de oficina.

Añadida a la educación, la «desproletarización» de la sociedad española vino reforzada por la consecución, por precaria que fuera, de una de las principales demandas históricas del movimiento obrero: los seguros sociales. La condición proletaria «pura», por así decir, no solo tiene que ver con una desposesión radical, un «tener nada que no sea la propia prole», sino con una relación con el tiempo dominada por la inmediatez. «Vivir al día», este era y es el tempo del proletario. Durante los siglos XIX y XX, los seguros sociales han representado la principal garantía de no morir «de necesidad» frente a los grandes quebrantos de la vida: la vejez, la enfermedad, la invalidez.

La Seguridad Social, en la forma que hoy la conocemos, fue creada en 1963, justo un año después de las grandes huelgas de 1962, y ratificada por ley general en 1966. Ambas leyes unificaron casi todos los seguros obligatorios de carácter parcial como el subsidio de vejez, el seguro de enfermedad, el de paro forzoso, accidentes y maternidad. Su éxito fue inmediato: a los pocos meses de su creación la Seguridad Social cubría ya a más del 50% de la población. La cobertura alcanzó al 80% en 1975 y al 85% en 1980. Por supuesto, el sistema adolecía de déficit muy graves. No era universal, escapaban a su cobertura los trabajadores por cuenta propia, un número indeterminado de inactivos como jubilados sin cotización reconocida, así como las amas de casa y los estudiantes que no dependían de un cotizante[65]. Su base se nutría de las contribuciones del trabajo y su función no se disimulaba: los bajos salarios percibidos por los hombres tenían una correspondencia en la producción doméstica realizada «gratuitamente» por las mujeres. De hecho, el bajo coste del Estado de bienestar español —por debajo del 10% del PIB— tenía su apoyo último en la continua activación de este trabajo familiar que cubría, prácticamente en exclusiva, las tareas de crianza y cuidado de enfermos y ancianos. Al fin y al cabo, la Seguridad Social fue diseñada como una gran mutualidad obrera regida por el Estado y sometida a su gobierno. Durante la dictadura, el 90% de su financiación procedió de las cotizaciones de los asalariados y en no pocas ocasiones sirvió para enjuagar los gastos generales del Estado. Sea como fuere, si se tiene en cuenta la paupérrima situación de partida y la brutal explotación de la fuerza de trabajo en los años cuarenta y cincuenta, el rápido desarrollo de la Seguridad Social tuvo el efecto de garantizar, por primera vez, derechos amplios a la salud, el retiro y la renta por motivos de paro forzoso. El movimiento obrero de la época pudo reconocer en la Seguridad Social una de sus principales conquistas[66].

Si la movilidad social y la aseguración colectiva funcionaron como mecanismos «objetivos» de desproletarización, donde la sociedad de las clases medias se jugó y donde acabó por definirse como forma cultural hegemónica resultó ser en la expansión del consumo. El consumo tuvo una importante función en la regulación del crecimiento económico de los últimos años del franquismo. Fue el correlato imprescindible de la producción en masa, un medio, típicamente fordista, de reabsorción del salario en la acumulación: la llamada «norma de consumo obrero»[67]. No obstante, su interés, al menos para la emergente hegemonía social de las clases medias, es mucho mayor en relación con su potencia de «subjetivación». Más que de consumo, es por ello mejor hablar de la rápida difusión de las pautas de lo que habitualmente se conoce como sociedad de consumo[68]. Bajo esta perspectiva, el consumo se convirtió en el criterio determinante de «pertenencia» a la sociedad en sentido lato —y no a una clase particular, como la clase obrera—. El consumo de masas acabó por ser, en definitiva, la clave de bóveda de la gran arquitectura social de las clases medias españolas.

La rápida penetración de la sociedad de consumo se explica también por el hecho de que no hubo una resistencia significativa, no al menos hasta la «segunda oleada» de penetración del «consumismo», ya entrada la Transición. La zona social en la que esta crítica pudo haber tomado tierra, la cultura obrera, no estaba en condiciones de ofrecer resistencia. Los ciclos de lucha obrera de los años sesenta y setenta se articularon sobre bases culturales inmediatas, adquiridas de forma acelerada en la experiencia cotidiana en la fábrica, el tajo o el barrio, o por medio de la importación de lecturas traducidas de otras lenguas, asimiladas de forma rápida y a veces indigesta. Su centro era el salario y por ello el acceso al consumo. Solo en contadísimas comarcas y regiones de larga tradición obrera —las cuencas mineras de Asturias y en menor medida el cinturón industrial de Barcelona, la margen izquierda de Bilbao o las campiñas andaluzas— se podía verificar una pervivencia significativa de las viejas culturas proletarias.

La expansión de la sociedad de consumo se mostró, por eso, rápida, profunda, y antes en el terreno simbólico o imaginario que en el material. La televisión, la radio, el cine y la importación de productos culturales estadounidenses abonaron el terreno antes de que a los hogares llegaran los principales bienes de consumo de masas. La expansión de estos bienes evolucionó en paralelo al crecimiento del PIB. Artículos exclusivos y muy minoritarios en 1960 se habían convertido en bienes casi universales a la muerte de Franco. Así el frigorífico pasó de estar presente en el 4% de los hogares en 1960 al 87% en 1974, la televisión del 1 al 90% y la lavadora del 20 al 60%. Incluso el automóvil, un artículo de lujo durante los años sesenta, estaba a disposición de la mitad de las familias hacia mediados de la década de 1970[69]. La dotación de los equipamientos domésticos servía además de «relleno» de lo que se puede considerar el objetivo prioritario de la orientación social de la dictadura, la política de vivienda. Principal obra de ingeniería del conservadurismo español fue al mismo tiempo la principal particularidad del modelo social español. Su propósito resultó evidente desde el principio.

«Queremos un país de propietarios no de proletarios», gritó el falangista J. J. Arrese en su discurso de investidura como ministro de la Vivienda en 1956. La vivienda en propiedad era la garantía de que el trabajador acabaría por formar una familia, un hogar, un espacio de reproducción estable que le alejara de «hábitos peligrosos». Por eso, antes incluso de los seguros sociales y del esfuerzo educativo, la dictadura empleó sus parcos recursos en la subvención a la construcción de vivienda social y protegida. Resultó el mayor de sus éxitos: en 1975, el 68% de los hogares disponía de una vivienda en propiedad; hacia mediados de 1950 esa cifra era inferior a la mitad y en las grandes ciudades el porcentaje bajaba al 20%. A pesar de las enormes bolsas de chabolismo que nunca llegó a absorber y del crecimiento desordenado, la rápida urbanización del país se produjo sobre un modelo de generalización de la propiedad.

Los efectos que se buscaban no solo eran materiales. A fin de dar cuenta de una necesidad, que en la mayor parte de Europa occidental se resolvió con la creación de parques municipales de vivienda en alquiler, el franquismo promocionó la vivienda en propiedad con una función moralizante, cultural. Pobremente construidos, en barrios sin dotaciones, aquellos «pisitos» traían el significante «modernidad» escrito en cada puerta. La vida urbana, que connotaba la vivienda vertical —lo contrario de lo que ocurriría después—, venía asociada a la idea de ascenso social. De igual modo, los servicios básicos, como agua corriente, baño privado, cocina de gas, eran el signo de privacidad y confort de una vida familiar que en nada tenía que ver con el hacinamiento de las corralas y cuarteles obreros de las primeras décadas de siglo o con el pauperismo y la miseria cuasi feudales de los jornaleros agrícolas. La capacidad de la «sociedad de consumo» para convertirse en la carcasa cultural de una sociedad declarada de «clases medias» empezó justamente cuando los bienes se transformaron en «signos», y no en meros satisfactores de necesidades; y cuando estos mismos signos comenzaron a ser la vía principal de expresión cultural y el medio preponderante de sociabilidad.

La formación de la sociedad de consumo se produjo repentinamente. De la generalización de las cartillas de crédito y los seguros privados (de vida, hogar, etc.) a la imposición de la televisión como medio de información general y de soporte publicitario apenas discurrieron unos pocos años. En ese periodo (1960-1975), la renta per cápita real de los españoles más que se duplicó. La generalización de los hábitos de ahorro, propios de las clases medias tradicionales, casi no tuvieron tiempo de respirar antes de que se generalizase la compra a crédito y se diera rienda suelta al potlacht característico de la «sociedad de consumo». Hacia 1975 el proceso estaba ya iniciado, y esto aun cuando la crisis lo interrumpiera de cuajo. Los signos se habían multiplicado hasta el último rincón de la mentalidad de la época horadando poco a poco las viejas pautas de la sociedad tradicional. Los desarrollistas, que opusieron crecimiento y «consumo» al disolvente antagonismo de clases, no se equivocaron, al menos a medio plazo.

A pesar de que el cambio social se acompañó con un periodo de fuerte agitación obrera, la nueva sociedad de clases medias había generado una poderosa base para el acuerdo social. La prosperidad, la generalización de la educación, la movilidad social ascendente, la ampliación del Estado del bienestar, el acceso paulatino al consumo de masas; el desarrollismo franquista dejó todo eso in nuce como una de sus mejores herencias. Los reformistas lo consideraron como su principal baza política, pilar de un nuevo bloque social.

IV

Golpes arrastrados, decenas, centenares de botas que intentan alcanzar el suelo casi al unísono. La voz de José «Zeca» Afonso se impone:

Grândola, vila morena

Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena

Dentro de ti, ó cidade.

Dentro de ti, ó cidade

O povo é quem mais ordena

Terra da fraternidade

Grândola, vila morena.

Em cada esquina um amigo

Em cada rosto igualdade

Grândola, vila morena

Terra da fraternidade[70].

Pasaba la media noche. La emisora católica, Rádio Renascença, emitía Grândola a todo el país. Era la señal para que el Movimento das Forças Armadas tomara los aeropuertos, los ministerios, los gobiernos civiles. En unas horas, el Estado Novo que había sobrevivido desde 1933, caía sin apenas violencia, cortejado, y a un tiempo repudiado, por gigantescas manifestaciones populares.

A Revoluçao dos Cravos fue cubierta por un equipo de Televisión Española. Respondía a una orden expresa de Pío Cabanillas. Apenas unos días después de la caída de Marcelo Caetano, el reportaje sobre el Abril portugués fue proyectado en privado al Consejo de Ministros. El entonces encargado de Información, recogió así la respuesta de uno de los miembros del gabinete: «Esto se hubiese resuelto con una compañía de la Guardia Civil»[71]. La reacción, «muy propia de la época» a juicio de Cabanillas, acabó por enterrar al último gobierno del franquismo.

El 20 de diciembre de 1973, el pesado Dodge 3700 del presidente del gobierno voló por los aires apenas iniciaba su recorrido diario. La fuerza de la explosión lo propulsó a la azotea del número 131 de la calle Claudio Coello. La Operación Ogro de ETA había terminado en un pasmoso éxito[72]. La «liquidación» de Carrero Blanco, el que fuera el delfín de Franco, dio un vuelco a la política franquista. Poco después Arias Navarro fue nombrado jefe de gobierno.

La elección de Franco, y según parece de su mujer, apenas se podía decir que obedeciera a un mayor aperturismo. Fiscal en Málaga en 1937, Arias organizó la represión sobre los «vencidos» de la provincia, más de 4000 vidas por las que recibió el merecido sobrenombre de «el carnicerito de Málaga». Tras ser nombrado gobernador civil en distintos destinos, en 1957 se le ofreció el cargo de Director General de Seguridad, o dicho de otro modo, jefe de la «contrainsurgencia» franquista, un puesto que le valió el trofeo de Julián Grimau. Incondicional a las esencias del régimen no parecía el mejor mensajero del cambio.

De todos modos, la dictadura llevaba tiempo preparándose para una serie de retos que consideraba inevitables, aunque solo fuera por la condición mortal del dictador. La obsesión de la continuidad del «franquismo sin Franco» había perseguido al caudillo desde principios de los años sesenta. Basta recordar sus célebres palabras en el discurso de 1969 con motivo de la investidura de Juan Carlos: «[Para] cuando por ley natural, mi capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día […] todo quede atado y bien atado para el futuro»[73]. Conscientes de que la premonición se cumpliría, y que la labor de «atar» es siempre compleja si no se sabe lo que hay que reunir, algunos políticos del régimen optaron por un término contradictorio, algo también muy del franquismo. El concepto elegido fue «institucionalización», incluso «constitucionalización». Con ello se reconocía implícitamente que los años anteriores habían sido una larga situación de excepción.

La pieza central de este proceso conducente a la «normalización política» fue la Ley Orgánica del Estado, discutida en 1966 y aprobada el 1 de enero de 1967. Los objetivos de la ley eran modestos: separó las figuras del jefe de Estado (Franco) y del gobierno, aumentó el número de procuradores en Cortes, a fin de completar el edificio de la «democracia orgánica», y abrió la posibilidad a la creación de asociaciones políticas, un proyecto que luego fue reducido a la insignificancia. Las medidas se completaron con la jura de Juan Carlos como sucesor a título de rey en julio de 1969.

Sea como fuere, parecía imposible esconder que la llamada «institucionalización» había venido empujada por la necesidad de responder tanto a la explosividad de los cambios sociales, como a la creciente laminación de los apoyos de la dictadura. A pesar del considerable crecimiento económico, resultaba evidente que las estructuras políticas tenían que cambiar si querían sobrevivir. El presupuesto de los tecnócratas, de que el incremento del PIB acallaría las voces críticas, no se correspondía con la realidad, al menos no del todo. En las fábricas, la organización obrera y la creciente radicalidad de los conflictos entregaba cada año un número creciente de trabajadores a ese titán amenazante que empezaba a ser la oposición. El sindicato vertical era ya a finales de la década una carcasa vacía. En los campus universitarios el primer despertar de los sucesos de 1956 se prolongó en los años sesenta. Tras las huelgas de 1965 y 1966, el SEU perdió las universidades más importantes frente a los sindicatos democráticos y las asambleas de estudiantes. De la mano de «obreros y estudiantes», desde las huelgas de 1962, un número cada vez más amplio de intelectuales expresó su rechazo a la represión gubernamental principalmente por medio de cartas públicas enviadas a ministros y altos cargos[74]. Incluso dentro de la Iglesia, especialmente entre el «bajo clero», que decidió ejercer su evangelio en las parroquias de los barrios obreros, o que incluso se puso a trabajar en las fábricas, apareció un impensable fenómeno de disidencia antifranquista. Los efectos en la legitimidad de un Estado, que siempre se declaró visceralmente católico, resultaban perturbadores[75]. Frente a tales retos, a la dictadura solo le quedaba o evolucionar o reprimir. Y según un estilo muy franquista pareció elegir las dos cosas.

Llamados «aperturistas», cuna a la postre del reformismo, los impulsores del proceso de institucionalización se movieron por objetivos conservadores. Su presupuesto, optimista y en última instancia irreal, no se desmarcaba del 18 de julio: la crisis del franquismo se experimentaba como una crisis de crecimiento, como si los éxitos del régimen le obligaran a ampliar la posibilidad de participación popular y a solicitar un nuevo consenso. Su clave era la sucesión dentro de la continuidad institucional. Esto debía ser suficiente para garantizar la monarquía y la supervivencia de la vieja clase política. Los eslóganes de la época reflejaron bien estas intenciones: «evolución sin revolución» y «después de Franco las instituciones». Pero para que el régimen pudiera sobrevivir, esas «instituciones» tenían que existir. Se requería un esfuerzo de adaptación dirigido a recuperar a aquellos sectores sociales que cada vez se reconocían menos en el franquismo. La tímida Ley de Prensa de 1966, que eliminó la censura previa, las batallas dentro del régimen por definir el Estatuto de Bases Asociativas de 1969, y los tibios y sucesivos intentos de reforma sindical fueron el resultado de la presión del aperturismo.

Pero volvamos a 1973. Carrero representaba entonces el continuismo. Arias quizás fuera lo mismo, de hecho conservó a lo más retrógrado del anterior gobierno. Su gobierno, sin embargo, se inició con una promesa imprevista. En su primera declaración política, el 12 de febrero de 1974, anunció un programa de reformas que incluía la elección directa de alcaldes, apertura sindical y otro impulso a las «asociaciones políticas». La elección de un aperturista sincero como Pío Cabanillas al frente del Ministerio de Información y Turismo, que inmediatamente se encargó de emitir señales relajando la censura y ampliando notablemente la libertad de prensa, daban al llamado «Espíritu 12 de febrero» algo más de fuste que el de una mera operación retórica. El primer gobierno Arias resultó ser la última oportunidad para el aperturismo «evolucionista», quiso ser el pistoletazo de salida para la vía reformista que ya pronunciaban algunos de los que se habían quedado fuera del gobierno —recuérdense Fraga y Areilza—. Todo quedó en un ensayo pero dio paso a los tiempos de la reforma.

El signo de la crisis marcó a fuego el último gobierno del franquismo. Doce, tan solo doce días después del discurso del 12 de febrero, el gobierno condenó al destierro a Antonio Añoveros. El obispo de Bilbao había reivindicado la identidad del pueblo vasco y el derecho a «conservar su patrimonio espiritual». Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal primado de España, amenazó a Franco de excomunión, caso de no retractarse[76]. Y aquel, lloroso, obedeció. Apenas unos días después, el dos de marzo, fue ejecutado por el brutal medio del garrote vil, el militante del MIL, Puig Antich. El gobierno quería mostrar su mano más firme contra los terroristas. Tras el atentado contra Carrero, apenas se disimuló el carácter revanchista de la pena. Las condenas internacionales llovieron a miles contra Franco.

La Revolución de los Claveles terminó por despertar a la bestia dormida del franquismo. Una momia azul, tambaleante pero todavía imponente, Girón de Velasco, escribió el 28 de abril en el diario Arriba: «Proclamamos el derecho de esgrimir, frente a las banderas rojas, las banderas de esperanza y las realidades que esgrimimos el 18 de julio de 1936, aunque a ello se opongan los falsos liberales o quienes, infiltrados en la Administración o en las esferas de poder sueñan con que suene vergonzante la campanilla para la liquidación en almoneda del Régimen de Francisco Franco»[77]. El viejo ministro de Trabajo, reciclado como empresario y especulador inmobiliario en la Costa del Sol, reaparecía en la escena política con un serio aviso para el gobierno.

El «gironazo» fue el punto de condensación de lo que la prensa dio a conocer como el «Búnker». Desde la primavera de 1974, la retórica del espíritu del 18 de julio contra el gobierno y los aperturistas volvió una y otra vez sobre las páginas de El Alcázar, Arriba y la revista Fuerza Nueva, esta última encabezada por el irredento Blas Piñar. Mítines, discursos, homenajes, protagonizados por Girón, el también falangista Fernández Cuesta, Blas Piñar y muchos otros dieron al grupo una imagen ofensiva y arrolladora. Su apuesta más sonada, la más desafiante, la puesta a punto en otoño de la Confederación Nacional de Excombatientes que reunía a los veteranos de la guerra. Su aire revanchista y guerracivilista servía tanto de aviso para navegantes como de recordatorio de las esencias del régimen.

La constitución de un grupo decidido a defender los principios invariables de la dictadura tuvo efectos contradictorios para la misma. De una parte contribuyó a su desestabilización, objetivo evidente de los ultras. De otra, abrió una fisura más importante, rompió la unidad de las familias que hasta entonces el dictador había sostenido[78]. El «pluralismo familiar» daba paso a la fractura política del régimen, todavía en vida de Franco. El Búnker no solo fue el acta de nacimiento de la ultraderecha, sino de la ruptura del franquismo[79]. Con ella vinieron también los primeros equipos armados dispuestos a ejercer violencia al margen de la ley, aunque fuera en connivencia con la policía[80].

La oposición de los inmovilistas se cobró rápidamente sus víctimas. Después del verano y tras un breve y ansioso ínterin en el que Franco padeció su primer ataque de flebitis, Pío Cabanillas fue obligado a dimitir. También se aprobó el esperado Estatuto de Derecho de Asociaciones Políticas con fecha de 21 de diciembre. Pero la versión publicada, redactada por el falangista Utrera Molina, había quedado tan descafeinada que apenas se podía hablar de tal «derecho». Los requisitos eran excesivos, se pedía un número gigantesco de firmas (25 000) y la presencia de personalidades reconocidas. Además el control y la legalización de las asociaciones quedó como una prerrogativa del Consejo Nacional del Movimiento. Al retirar este poder al gobierno se impedía de facto el pluralismo más allá del régimen: las asociaciones solo podían ser la expresión del Movimiento[81].

El primer gobierno, que se había planteado seriamente la apertura, había acabado en un rotundo fracaso. El último año de la vida de Franco fue una crisis continua que se derramó en todas direcciones. En «casa», continuaron los ataques del Búnker, alimentados por la escalada de las formaciones armadas de la extrema izquierda, principalmente ETA y FRAP. En el frente externo, la presentación en París (julio de 1974) de la Junta Democrática, nucleada en torno al PCE, se completó en junio de 1975 con la creación de la Plataforma de Convergència Democràtica. Formaron este espacio el PSOE, la ORT, el MCE e Izquierda Democrática, el principal grupo democristiano no integrado en el franquismo. Incluso dentro del ejército, apareció el fantasma de la disidencia. En junio de 1975 salió a la luz pública la existencia de la Unión Militar Democrática (UMD), un grupo de militares inspirados en la Revolución de los Claveles, y que tenían el deshonroso propósito de restablecer las libertades democráticas e impulsar una asamblea constituyente. Los «úmedos» fueron la prueba de que también en el ejército se estaban rompiendo las filas.

Por si todo ello fuera poco, la crisis empezó a descuadrar las cuentas macroeconómicas. En 1974, mientras el PIB perdía impulso, el creciente déficit exterior y la reducción de la entrada de pisas pusieron en aprietos a la hacienda pública. La principal falla estaba en el frente obrero. La presión salarial combinada con la subida de los precios del petróleo había disparado tanto las quejas de los empresarios como los precios. Las medidas fueron insuficientes. La Ley de Huelga de mayo de 1975 que trataba de devolver los conflictos al cauce de la negociación laboral, lejos de contener su crecimiento los multiplicó. Así las cosas, el 14 de noviembre de 1975 se publicó el Decreto Ley de contención salarial, rápidamente echado a perder por las huelgas del siguiente invierno.

Atenazado por la presión de los inmovilistas y la creciente oposición, al gobierno solo le quedó el único recurso de presentarse como el punto de equilibrio entre la emergente ultraderecha y el igualmente emergente terrorismo de izquierdas. Una apuesta delicada que le llevó de nuevo al exceso. Los últimos meses del franquismo se resolvieron con un balance dramático: el espectacular aumento de las causas del TOP, que en 1975 superaron la cifra de 4000; la represión sobre manifestaciones, huelgas y asambleas, que entre 1974 y 1975 se llevó la vida de 37 personas a manos de las Fuerzas de Orden Público[82]; el brutal estado de excepción de la primavera de 1975 en las provincias vascas, que convirtió la plaza de toros de Bilbao en un tétrico centro de detención temporal; el Decreto Ley de Prevención de Terrorismo de 27 de agosto, que suspendió las débiles garantías del Fuero de los Españoles; las 11 condenas a muerte contra militantes del FRAP y ETA y la ejecución de cinco de ellas el 27 de septiembre. Todo ello acompañado del incontenible impulso de la oposición.

En un alarde de afirmación final, el 1 de octubre de 1975, el régimen convocó la última gran concentración de propaganda en la Plaza de Oriente. Un cuerpo demacrado y lacerado, apenas capaz de sostener la mano en alto, volvió a repetir los clichés de la «conspiración masónica» y el «contubernio» para referirse a las críticas de dentro y fuera del país. Ya hospitalizado, pero todavía vivo, quizás pudo enterarse de la última crisis de su largo reinado. El 6 de noviembre, Hassan II había anunciado la marcha patriótica sobre el Sahara Occidental. Iniciada el 9 con apoyo de EE. UU., Arias ordenó el abandono de la colonia y de paso de los saharauis. Once días después el dictador moría en su lecho.

V

Frente a los procesos revolucionarios, están las reformas. Hablamos, claro es, de las verdaderas reformas; no de los parcheos de fachada, más o menos hipócritas. Una verdadera reforma supone también transferencias de poder y de riqueza. La reforma por lo tanto es cosa seria, y no es tarea fácil. Ha de luchar en dos frentes: el de los conservadores, que no desean ceder posiciones, y el de los radicales, que no aceptan más que el clásico «todo o nada». [Para la reforma] hacen falta políticos más capaces y más hábiles[83].

De forma más explícita:

Entre el inmovilismo, al que lleva una combinación de integrismo intelectual y de tecnocracia administrativa, y el aventurismo de cierto tipo de ideologías, está la necesidad de buscar un camino de verdadera y creadora acción política a la altura de las grandes necesidades de nuestro tiempo[84].

Son citas de Fraga. El año es 1971, fecha temprana. Fraga había sido derrotado tras la crisis política que se desató con el escándalo Matesa en 1969, una empresa de exportación que cobró gran cantidad de subvenciones indebidas y en la que se vieron implicados altos cargos del gobierno. Entregado, tras su expulsión del gobierno, a «clarificar [sus] ideas en torno a tres conceptos clave: desarrollo político, legitimidad y representación[85]», el resultado de su trabajo fue el acta de constitución de la reforma política.

El título del libro del que se extraen estas citas, El desarrollo político, es un desvío intencionado de otra de las obras de referencia del tardofranquismo, Política y desarrollo de Laureano López Rodó[86]. El superministro tecnócrata había atravesado los últimos veinte años del franquismo en cargos de alta responsabilidad. A él se debía la política de planificación española, así como la modernización de la administración según criterios exclusivamente técnicos. Por eso, desde su salida del gobierno, el enemigo principal de Fraga, ya no fue la izquierda, sino sobre todo la tecnocracia. Para el nuevo teórico de la reforma, la tecnocracia y el desarrollismo apenas servían ya como cobertura amable y tranquilizadora de la crisis política a la que se enfrentaba el régimen. La miopía política de los gobiernos de Carrero residía en haber delegado la paz social en el desarrollo económico. La idea de una política como simple proceso de racionalización, mera administración, se le aparecía al nuevo teórico de la reforma como una suerte de adormidera[87]. Desde 1971, lo tiene claro: el reto del franquismo es político, no asumirlo supone condenarlo a la extinción.

En sus primeros borradores, la arquitectura de la reforma fraguista no fue mucho más allá de la definición de un esquema de tres posiciones: derecha, izquierda y un concepto nuevo, el «centro». Dejadas a su suerte, las dos primeras degeneraban en inmovilismo y aventurismo; condenadas a enfrentarse en un terreno sin mediaciones seguramente la balanza se inclinaría hacia la segunda. Frente a ellos, «el centro», que en España no era sino «la línea de lo posible entre la derecha inmovilista y la izquierda utópica[88]», se presentaba como la posibilidad de una «transición» (sic). Esta para Fraga no debería llevar más de tres años, un periodo que ya en 1971 le parecía crítico.

Con escaso error de cálculo, el político pasó los cuatro años siguientes, hasta la muerte del dictador, pensando en esa reforma «posible». Su separación del gobierno en 1970, su posterior experiencia como embajador en Londres (1974-1975), así como sus continuos contactos con personalidades, tanto del gobierno como de la oposición, empujaron rápidamente su modelo de reforma. El proyecto político acabó por quedar definido como una suerte de democracia atemperada, un canovismo adaptado, en sus propias palabras, «una Segunda Restauración»: dos grandes partidos políticos, uno a derecha y otro a la izquierda pero siempre galvanizados en torno al centro como eje de equilibrio de la política española. La sucesión pacífica de uno y otro, el «turnismo» como en la vieja monarquía, serviría de salvaguarda frente a todo exceso, todo cambio traumático.

Convencido de que este era el único camino posible, desde 1970, Fraga no cejó en preparativos, actos públicos y operaciones de altos vuelos: la más ambiciosa un proyecto de diario, El País. De este, fue promotor, accionista y uno de sus inspiradores durante todo el tránsito que el periódico pasó en estado embrionario hasta su salida pública en 1976. En lo que se refiere a su capacidad para organizar un equipo político puramente fraguista más éxito tuvo sin duda el Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA). Este primer experimento de organización política rechazó la fórmula del Estatuto de Asociaciones de 1974, para acogerse al derecho mercantil. GODSA fue el primer think tank de la derecha reformista. Del Gabinete salieron los informes más detallados acerca de los distintos aspectos de la reforma «posible»: elecciones, «reforma constitucional», modelo territorial[89].

Fraga era Fraga, sin duda, pero ni Fraga ni los fraguistas agotaban el campo reformista. La combinación del inmovilismo de Carrero y el privilegio de los tecnócratas empujó a un número creciente de personalidades del aperturismo franquista hacia posiciones más o menos reformistas. Además del monárquico Areilza y el propagandista Silva Muñoz, que junto con el primero y el propio Fraga mantuvieron conversaciones para formar un frente común por la reforma, hubo también un «reformismo azul» así como un catolicismo reformista, que poco a poco se fue adueñando de la etiqueta de la «democracia cristiana». Fue de hecho dentro del ámbito católico donde surgieron los proyectos reformistas más consistentes, a veces rayanos en ese oxímoron de la época a lo que se llamó «oposición interna»[90]. Quizás la experiencia más significativa fue la del Grupo Tácito formado en 1973. Lo integraba un amplio grupo de notables, periodistas y altos cargos de la administración, como Landelino Lavilla, Calvo Sotelo o el propio Pío Cabanillas. Su medio de expresión privilegiado fue el diario católico Ya, que junto a La Vanguardia, el monárquico ABC y sobre todo la revista Cambio 16 sirvieron a las voces de la reforma.

Bastante antes, por tanto, de la muerte de Franco, el reformismo había ido penetrando en la clase política franquista hasta el punto de ganarse a buena parte de esta. Hacia 1975, entre los monárquicos eran mayoría los reformistas, quizás también entre los católicos. Había un importante grupo de reformistas entre los altos funcionarios. Incluso había reformistas dentro del Movimiento. Todos compartían lo que había sido la matriz de la escuela política del franquismo, la afirmación de un Estado fuerte y la necesidad de articular los cambios de acuerdo con una estricta continuidad institucional, que solo podía garantizarse por la permanencia de la monarquía y de la jefatura de Estado transferida por Franco a Juan Carlos I. En cuanto a los tiempos y ritmos del cambio, los métodos y los liderazgos las diferencias eran, no obstante, grandes. Conscientes de las dificultades que esto podría suponer, poco antes de morir Franco, buena parte de las altas personalidades reformistas, se agruparon en torno a la Federación de Estudios Independientes (Fedisa). Entre los 72 promotores originales de Fedisa estaban los principales cuadros de la derecha posterior: Fraga, Areilza, Cabanillas, Calvo Sotelo y un largo etcétera. Fedisa, como GODSA, concentró sus trabajos en el diseño de las principales reformas de la Transición: ley electoral, sucesión, modelo regional, educación, reforma sindical, «reforma constitucional».

En 1975, la reforma tenía personalidades, medios y programa.

VI

Muerto Franco, el 20 de noviembre de 1975, el reformismo tuvo su oportunidad. La jura y posterior proclamación de Juan Carlos abrió una fase política completamente nueva. Todavía incapaz de desafiar al sector inmovilista, el rey confirmó a Arias Navarro. La novedad estaba en que el acto de confirmación obligaba a la formación de un nuevo gobierno. Fue el primer gobierno de la reforma. Entraron seis ministros de Fedisa, encabezados por sus pesos pesados, Areilza, Fraga y Antonio Garrigues. También se incorporó otro reformista por los «azules», Martín Villa[91], al lado del viejo aperturista José Solís y de Adolfo Suárez. Y para acabar, se incluyó a otro ministro católico también reformista, Alfonso Osorio. El inmovilismo quedó reducido únicamente a las cuatro carteras militares. De una forma que también se pudo leer como un gesto de buena voluntad, el reinado comenzó con una ambivalente concesión a la oposición. No era una amnistía sino un indulto; se excarceló a casi un tercio de los 1800 presos políticos que había en las cárceles franquistas[92].

Antes de seguir, conviene destacar las prioridades del nuevo monarca. La principal de todas ellas, la supervivencia de la monarquía, que entendió rápidamente pasaba por reconocer su función como pieza central de la reforma, fulcro entre la vieja legitimidad franquista y la nueva por crear como «rey de todos los españoles». Todavía no se podía determinar con precisión cuál sería la forma y la profundidad «democrática» de tal legitimidad. No obstante, para diseñar este tránsito contaba con dos buenos asesores: de un lado, el propio Areilza; y de otro, una figura central de la Transición, Torcuato Fernández-Miranda, vicepresidente con Carrero, tutor del monarca y desde finales de año presidente de las Cortes.

El monarca contaba también con apoyos importantes en el ejército. Casi se puede decir que Juan Carlos fue un producto de los militares franquistas que tutorizaron una parte importante de su formación. Para el alto mando militar español, así como para la clase política franquista, el rey simbolizaba no solo la continuidad institucional, sino la persistencia del ejército. En los ambientes de la burguesía reformista, y también de la oligarquía financiera, Juan Carlos era considerado el vehículo más apropiado para conducir un cambio sin traumas. Por último, el rey recibió el importante aval estadounidense. La administración Ford, y de un modo directo Henry Kissinger, prestaron una especial atención al curso de los acontecimientos en España. La preocupación principal residía en el peligro de que también en este país se reprodujera la incierta situación que siguió en Portugal tras la Revolución de los Claveles. Las reuniones entre el embajador, el rey y los políticos de la reforma fueron continuas durante el periodo. EE. UU. aprobó el modelo de reformas graduales que marcó la pauta de la Transición española[93].

Acogido a este guión marcado por otros, la figura del rey debía limitarse a ser eso, una figura. Un símbolo de la continuidad institucional, encarnación de la forma del Estado decidida por Franco, y por ello bisagra entre el pasado y el porvenir, cauterizando las heridas más violentas que ello provocara en los sectores más retrógrados del régimen, los militares en primer lugar. Al despojarle de toda el aura que los apologetas de la Transición le han otorgado, el rey se nos aparece como un actor desnudo, alguien más bien corto de entendederas, que dependió siempre de los cerebros de la reforma, especialmente de Fernández-Miranda.

La reforma no se inició con facilidad, ni tampoco con celeridad. La esperanza y la atención estaba puesta en Fraga, que a pesar de Arias, era el hombre fuerte del gobierno. Fraga quedó al mando de la cartera de Gobernación ante lo que se prometía un periodo agitado. Su apuesta, como era de esperar, fue fuerte: propuso iniciar las reformas cuanto antes y mejor tras unas elecciones. A su parecer si el gobierno se iniciaba con la convocatoria de las municipales, donde los cuadros locales del Movimiento y la experiencia electoral del tercio familiar le daban ventaja, tendría un notable margen de maniobra y la legitimidad necesaria para afrontar la reforma. La iniciativa fue, paradójicamente, tumbada por los ministros del Movimiento (Suárez y Martín Villa). Y lo mismo sucedió con su temprano informe al Consejo de Ministros (2 de enero) sobre la reforma política, que pretendía legalizar los partidos políticos, con la sola exclusión de los comunistas. El ministro del ramo, Adolfo Suárez, presentó el «contrainforme» que neutralizó el primer proyecto de reforma[94].

Paralizado el primer ímpetu fraguista por las fuerzas del Movimiento, se acudió a un viejo expediente: constituir una Comisión Mixta entre gobierno y Consejo Nacional. Confirmada el 11 de febrero de 1976, los gubernamentales se veían obligados a negociar las reformas con reformistas azules como Fernández-Miranda, y lo que es peor con los viejos irredentos del franquismo como Girón. En el marco de un programa de reformas que se pensaba a plazos y articulado en piezas —Ley de Derecho de Reunión y Asociación, «Proyecto Constitucional», reforma del Código Penal, Asociaciones Políticas—, el camino resultó exasperante, penoso y lento, con el agravante de que las negociaciones se produjeran a puerta cerrada, no solo de cara al público, sino al conjunto del gobierno. Si el objetivo era evitar a toda costa desembarcar en un proceso constituyente y al mismo tiempo salvar a la clase política franquista en pleno, el método (lento) y la forma (torpedeada por las rivalidades de liderazgo) no parecían los mejores.

La ausencia de una línea clara se hizo aún más patente frente a la oleada de huelgas y manifestaciones de aquel invierno. La situación de paro total en Madrid, Baix Llobregat, Ferrol, Sabadell y así hasta llegar a los sucesos de Vitoria restaron rápidamente crédito reformista al gobierno, sin que este hubiera dado todavía ningún paso significativo. Como ya le avisaran sus compañeros de GODSA, Fraga se convirtió en el principal pagano de mantener el orden público durante más de medio año. Su contraparte, la izquierda política aprovechó los repetidos fracasos del gobierno presentándose como una alternativa cada vez más creíble. Coordinación Democrática o Platajunta, reunión de la Junta y la Plataforma, se constituyó en marzo de 1976. Frente a la parálisis de los reformistas la oposición democrática aparecía por primera vez como un frente unido.

Pero las cosas tampoco eran sencillas para la oposición. Después de Vitoria, una huelga desbordante y potencialmente explosiva, que Fraga definió según la referencia de «Petrogrado en 1917[95]», la situación parecía tan compleja para la izquierda política como para la vía reformista. Enfrentada a los sucesos de Vitoria, la primera se había mostrado incapaz de capitalizar políticamente una movilización que se desbordó en un movimiento casi insurreccional. El contraste resultó brutal con los modestos resultados de las «convocatorias controladas» y a fecha fija de Comisiones y del PCE. Por su parte, el franquismo reformista estaba sometido, de nuevo, a la parálisis de vencer las inercias y la falta de liderazgos entre sus propias filas. Así fue como Vitoria provocó el primer intento de acercamiento entre los dos actores mayores de la Transición: el reformismo franquista y la izquierda política.

Así se explica también la rapidez con la que se conjugó la Platajunta y el creciente eco, que dentro de la izquierda adquirió la idea de acelerar un pacto con los reformistas. En una clave semejante, se deben interpretar los acercamientos de Fraga a la oposición, que si de un lado afirmaba «no estamos dispuestos a someter a la contestación callejera los fundamentos del sistema que pretendemos modernizar», de otro, no dejó de hacer gestos de apertura a la familia socialista, si bien mantenía la mano cerrada a los comunistas[96]. Al fin y al cabo, la solución «canovista» pasaba por el turnismo con un partido de «izquierdas», que apuntalara el nuevo sistema, y los mejores candidatos eran los socialistas. A finales de abril, Fraga se reunió con ellos: Felipe González, Luis Gómez Llorente y Miguel Boyer. Sus palabras a González no dejan lugar a dudas: «Mi mayor éxito político sería crear un sistema en el que usted pudiera llegar a presidente del gobierno, tal vez dentro de unos cinco años»[97].

Pero a la altura de mayo, el tiempo pasaba demasiado rápido como para que no diera lugar a los cambios. «Demasiado tarde» titulaba la revista Triunfo, portavoz también de las voces reformistas y de la oposición moderada. El retraso de las leyes de reforma y el coste de la represión de la oleada de huelgas parecían haber dictado sentencia sobre el primer gobierno de la monarquía. De otra parte, la estrategia de la tensión de los sectores involucionistas había vuelto a llevar al gobierno a la crisis. El 9 de mayo, el enfrentamiento entre las distintas facciones del carlismo, en la tradicional romería de Montejurra, acabó con la vida de dos militantes de la izquierda. Poco después, se destapó la doble participación en la matanza de las Fuerzas de Orden Público y de mercenarios de la ultraderecha italiana.

La presión de la oposición, el creciente descrédito del gobierno y de Fraga, el hieratismo de Arias, la parálisis del gabinete, todo presionaba al rey para que eligiera un nuevo jefe de gobierno capaz de impulsar la reforma. La maquinaria de las cenas, los apoyos y los contactos informales llevaba tiempo en marcha. Torcuato Fernández-Miranda, con la astucia que otorga haber estado durante años en las azoteas del Estado, había ya confirmado un candidato con los máximos avales[98]. Antes, sin embargo, de que se cursara el cambio de gobierno, se presentó la ley estrella de la reforma. Pergeñada en lo fundamental por Fraga, el 9 de junio, el joven Adolfo Suárez, por encargo de Arias y en demérito del veterano del reformismo, presentó el proyecto de Ley de Derecho de Asociación Política. Fue el discurso en el que Suárez se dio a conocer con algunas de sus más célebres frases: «Es posible la concordia» y «Vamos a elevar a normal lo que es normal en la calle». La nueva ley fue aprobada por las cortes franquistas: 339 votos afirmativos contra 91 negativos. Prueba de que aquellos tiempos eran bizarros, y que la reforma todavía no estaba asentada, fue que una votación posterior no permitió la reforma del Código Penal que despenalizaba la libertad de asociación y reunión.

La contradicción era demasiado flagrante como para permitir que la reforma siguiera un curso tan incierto. El primero de julio, el rey llamó al jefe de gobierno. Pocos minutos después, Arias presentó su dimisión. Al día siguiente, Torcuato Fernández-Miranda ofició en el vetusto Consejo del Reino el proceso de selección de la terna que había de presentarse al monarca. Los candidatos: el católico Federico Silva Muñoz, el tecnócrata opusdeíno Gregorio López Bravo y por último el ministro secretario del Movimiento, Adolfo Suárez. En lo que no dejaba de ser una proyección de su propia decisión, Torcuato cumplió con «lo que el rey me ha pedido»[99]. Y este último no dudó. Todo estaba ya decidido.

VII

Apenas había pasado un mes desde la reunión del 16 de agosto. Era 13 de septiembre de 1976 y como acordaron la vez pasada, Areilza, Fraga y Cabanillas se reunieron para comer —como hace la gente de bien— y resolver —como hacen quienes se sienten llamados a grandes misiones—.[100] Los tres habían quedado fuera del segundo gobierno de la monarquía. Fraga se había reunido con Suárez apenas cinco días antes[101]—; este último le había explicado que la reforma se haría de una forma sencilla, con una sola ley. Sin ambages, y como quien se sabe vencedor, también le ofreció un retiro modesto, casi de insulto, la presidencia del Tribunal de la Competencia.

La reunión trató de orientar de nuevo las posiciones de los hasta entonces líderes de la reforma. Cabanillas, mejor conectado con el gobierno que los otros dos, les expuso que la presidencia de Suárez no iba a ser temporal y que la reforma era buena y «sobre todo viable». Areilza dudaba, acariciaba la idea de un gran partido de centro que jugara la baza electoral del gobierno. Pero Fraga, siempre decidido y al borde de lo temerario, tenía ya pensada su propia jugada. Había estado hablando con los «descolgados», los capitanes de las asociaciones políticas del Estatuto de Asociaciones de 1974 y que no entraron en ninguno de los dos últimos gobiernos, los franquistas Silva Muñoz, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Martínez Esteruelas, e incluso su viejo adversario López Rodó. Su proyecto era crear un gran partido conservador que concurriese a las elecciones al margen de las operaciones del gobierno. Su nombre: Alianza Popular. Aquella reunión con Cabanillas y Areilza solo tenía un propósito de cortesía. Los tres hombres tardarían más de una década en volver a coincidir en la misma formación política.

La Ley de Reforma Política, que se debiera conocer como ley Fernández-Miranda, o sencillamente ley Torcuato, se había presentado públicamente dos días antes de la reunión de los tres exministros. Según el axioma de la reforma, que por aquel entonces resumió relamidamente su autor intelectual en el «de la ley a la ley y a través de la ley», la norma fue numerada como la octava ley fundamental del régimen. Estaba diseñada para aligerar definitivamente el proceso de transición. Otorgaba la iniciativa a un gobierno que ya no tendría que someterse a los controles del Movimiento. La ratificación solo dependería de unas Cortes controladas. Con apenas cinco artículos, el tercero decía así: «El Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter el proyecto al referéndum de la nación». Con semejante instrumento, incluso un «gobierno de PNN[102]», presidido por Adolfo Suárez y solo con Alfonso Osorio y Martín Villa como figuras de relevancia, podría llevar a cabo la reforma.

Para Fraga resultaba meridiano que había perdido la partida por liderar el proceso de reforma y con ello también el «centro político». Su nueva apuesta solo podía dar réditos a medio plazo. Aprovechando la ley de junio, que él mismo había elaborado, empujó su propia asociación, Reforma Democrática, y toda su operación centrista, hacia la derecha de Alianza Popular. El nuevo partido se presentó en público el 9 de octubre de 1976, lo avalaban «siete magníficos»: La Fuente, López Rodó, Thomas Carranza, González de la Mora, Martínez Esteruelas, Silva Muñoz y él mismo. Demasiado olor y tinte franquista como para que todavía pudiera pasar por la «derecha moderna» que Fraga pretendía. Perdida la batalla por capitalizar el franquismo sociológico que quedaba en manos del gobierno, Fraga al menos quería hacerse con el franquismo político.

La última operación de Fraga dio, sin embargo, un importante impulso a la reforma: los 180 diputados de AP en el Congreso apoyaron la ley. Y gracias a eso, el proyecto legislativo, discutido en ese simulacro de representación que eran las Cortes franquistas, obtuvo 425 votos a favor, contra únicamente 59. Solo el Búnker se opuso con sus principales cabezas al frente: Blas Piñar, Girón y Fernández Cuesta. El texto aprobado diseñaba el embrión de un futuro régimen «pluralista»: reivindicaba sobre el papel el principio de soberanía popular, establecía un sistema bicameral y promulgaba una nueva ley electoral. Además otorgaba al gobierno el poder de promover la «reforma constitucional» y, por consiguiente, de derogar las Leyes Fundamentales del Estado. Si la ley fue el «harakiri» de las Cortes franquistas, según la fórmula que gustó a la prensa de la época, la clase política franquista se sintió lo suficientemente segura de sí misma como para no importarle ese sacrificio.

De acuerdo con el guión de Torcuato, el siguiente paso era ir a un referéndum. Fue convocado con celeridad, para diciembre. En apenas tres meses, la parálisis del gabinete Arias / Fraga había dado paso a la agilidad de Suárez / Fernández-Miranda. La iniciativa política se había puesto del lado del gobierno.

Para la izquierda el pacto con el reformismo resultó desde entonces inevitable. En la primavera la Platajunta acuñó otro oxímoron de la época: la «ruptura pactada». Tras el nuevo intento de una huelga general con objetivos generales, pero sin una alternativa política clara, el 12 noviembre, la izquierda solo se atrevió a pedir la abstención[103]. Y como predijera Fernández-Miranda, el referéndum confirmó la solución del gobierno: con una participación del 77%, el 94% de los votos fue afirmativo. Solo en Gipuzkoa y en Vizcaya la abstención rozó el 50%.

La coyuntura había dado un vuelco de más de 180 grados. No solo las Cortes habían otorgado al gobierno un gigantesco «cheque en blanco», sino que este había hecho acuse de recibo de un poderoso aval popular. Por supuesto, el referéndum no tenía nada que ver con una consulta democrática, tal y como se infiere por el uso de la televisión, cerrada a todo aquello que no fuera un «sí», o de que la oposición quedara marginada de toda discusión pública. El recurso plebiscitario, que tantos réditos ha dado a los experimentos bonapartistas, confirmó el protagonismo de Suárez, que apareció durante la campaña como «subordinado a los deseos y la voluntad del pueblo». El cambio en el discurso era sustantivo, pero la «credibilidad» del gobierno, una vez tomada la iniciativa, no podía prescindir completamente de su reconocimiento por la oposición.

La consulta de diciembre dio el triunfo a la reforma y al mismo tiempo activó la dinámica prevista en la misma: la consecución de un gran pacto con una oposición que entraba en la negociación completamente subordinada. Pasada una semana del referéndum, la Platajunta nombró una comisión negociadora destinada a tratar formalmente con Suárez.

En apenas un año, los actores de la Transición habían quedado repartidos en un juego de reconocimientos recíprocos. El «cambio político» promovido por el reformismo había adquirido su forma: la negociación entre élites, con estricta exclusión de unas movilizaciones sociales imprevistas y tendentes al descontrol. El gran triunfador, Suárez, figura hasta entonces menor, dependiente de Torcuato y el rey, cobró por primera vez verdadero rango de protagonista. Al fin y al cabo, el esquema del guión reformista —la parte gruesa y teórica— estaba ya terminado. Apenas quedaba la ejecución de la obra. Sabedor de que era la estrella del momento, Suárez podía prescindir de todos sus mentores. Desde entonces, solo tenía que representar el «centro» que apenas cinco años antes Fraga dibujara, y que ahora además le regalaba con su escorzo a la derecha. Quizás carecía de competencias intelectuales o de una sofisticada inteligencia estratégica, pero no cabe duda de que Suárez era un gran actor.

> Vitoria, 1976.

3. Las izquierdas: franquismo y antifranquismo

I

Suspendidos en los gruesos muros de piedra, trofeos de animales centenarios parecían augurar lo que allí iba a suceder. Con movimientos precisos, manos enfundadas en guantes de hilo recogían bandejas y platos sucios. En un tráfico incesante, pero siempre armonioso, se iban sirviendo exquisitas presentaciones de entremeses, pescados, asados. Un gigantesco salón abovedado servía de escenario al banquete. La sala era solo una de tantas del castillo de la República Socialista de Checoslovaquia. En los años sesenta era improbable que esa escena correspondiera con una casa aristocrática de Centroeuropa y sin embargo…

El último «almuerzo fraternal» de la reunión plenaria del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España se produjo en los primeros días de la primavera de 1964[104]. Allí acudieron algunas de las viejas glorias de la Guerra Civil: el célebre militar Enrique Líster, fiel hasta sus últimos días a la gloria de la Unión Soviética; Dolores Ibárruri, ya casi rozando la setentena, pero todavía enérgica y vehemente; el siempre estalinista Eduardo García López, de la generación de las Juventudes Socialistas Unificadas; Santiago Carrillo, oficialmente secretario general del partido desde 1960, pero ya desde 1956 al mando de la organización. Asistieron también dos «incordios»: Federico Sánchez, alias clandestino de Jorge Semprún, y Fernando Claudín, también de la generación de Carrillo.

A pesar de la conversación animada, el humor forzado y lo que no dejaba de ser un opulento banquete, más propio de la aristocracia de Bohemia que de quienes se proponían encabezar la revolución comunista en el extremo occidental del continente, nadie podía esconder que aquel era el final de la camaradería de los allí reunidos. La reunión había sido convocada para estudiar las ideas de Fernando Claudín, quizás el único en todo el partido que podía tener aspiraciones teóricas legítimas. Su Informe, escrito apresuradamente en marzo de 1964, es una de esas raras joyas del pensamiento político aplicado a una coyuntura crítica[105]. La cuestión que ocupaba el medio centenar de páginas era el nuevo rumbo económico, y a la postre político, de España. Analizaba el desarrollismo, la emergente tendencia a la «liberalización» dentro y fuera del régimen, la formación de una sociedad de clases medias.

Claudín ponía su dedazo en un asunto que no solo era teórico. Su Informe era una crítica al «subjetivismo» del Partido, la presunción del aislamiento de la dictadura, la inminencia de la derrota del franquismo, la revolución siempre anunciada pero nunca efectuada. El intelectual comunista consideraba el «subjetivismo», «el hilo rojo de la actividad del PCE» y la «enfermedad específica del comunismo español»[106]. El doble fracaso de la Jornada de Reconciliación Nacional (1958) y de la Huelga Nacional Pacífica (1959), jamás reconocidos por la dirección comunista, eran una muestra especialmente peligrosa de ese «mal».

Si el Partido quería ejercer una influencia determinante, decía entonces Claudín, tenía que analizar y comprender el cambio de fase del capitalismo español. Su opinión era tajante: no había una situación revolucionaria que se asemejase ni por asomo a las condiciones explosivas de los años treinta. El fuerte despegue del capital monopolista había dejado atrás la autarquía, encajando a España en la misma trayectoria económica de los países de Europa occidental. En esta convergencia, se había producido un profundo cambio en la sociedad española: la incorporación de generaciones jóvenes de trabajadores que no venían con la experiencia de la guerra, el crecimiento de nuevos centros industriales, la emergencia de una nueva clase media. La estrategia del partido debía orientarse a partir del hecho de que el crecimiento económico había abierto «la posibilidad de dar cierta satisfacción a la lucha de la principal fuerza social y política del país[107]». Y esta posibilidad promocionaba las reivindicaciones de «carácter económico» —la lucha sindical frente a la conciencia política—, lo que hacía extremadamente difícil organizar una huelga general política.

El tiempo político —seguía Claudín— estaba marcado por las transformaciones graduales, dirigidas por el sector más avanzado del capital monopolista. La flexibilización y modernización del Estado apuntaban a la postre a la democratización del país. Para los grupos más dinámicos de la burguesía, el fascismo parecía ahora un obstáculo a su desarrollo. La situación no desprendía una crisis revolucionaria, sino un «cambio en las formas de dominación del capital monopolista» y por lo tanto la apertura de una fase democrática. El partido debía explotar las posibilidades de esta fase. Se trataba básicamente de imponer la presencia de la clase obrera en el cambio político, radicalizándolo, para preparar un segundo asalto contra el capital monopolista sobre la base de un régimen democrático similar al del resto de los países occidentales.

Carrillo recogió el guante de lo que entendía una provocación. El cuestionamiento de la línea estratégica era también el cuestionamiento de la dirección: el subjetivismo, el rígido dirigismo, el estalinismo apenas encubierto. Y como era de esperar, la reacción fue visceral. Unos tras otros, los dirigentes del comunismo español arremetieron con acusaciones variadas y previsibles: «objetivismo», «reformismo pequeño burgués», «revisionismo», «capitulación». La contestación definitiva se expuso en la revista teórica del partido Nuestra Bandera con el título «Notas críticas al Documento Plataforma fraccional de Fernando Claudín»[108]. El texto era una reiteración de las tesis oficiales del partido: la inminencia de la revolución democrática, la huelga general política como consigna principal, la insistencia en la creciente politización del proletariado, la asociación del momento de crisis política con la posibilidad socialista, la crisis terminal del franquismo, etc. La acusación de fraccionalismo, obviamente falsa, era un severo recordatorio de que la desestalinización apenas había descongelado las capas más superficiales de la organización. El partido seguía siendo «todo», la «dirección política» y el «criterio de verdad». Su unidad era la parte inviolable, indiscutible. Tras el banquete de Bohemia, Claudín y Semprún fueron cesados del Comité Ejecutivo, al año siguiente fueron expulsados del partido[109].

II

8000 personas. No cabía ni una más en el Palau dels Esports de Barcelona. «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia» retumbaban sobre unas paredes de hormigón que se reblandecían ante el estruendo. Aquí y allá aparecían caras conocidas del antifranquismo catalán: los líderes del Consell de Forces Polítiques, los dirigentes de los partidos de izquierda, del catalanismo político, artistas, famosos, jóvenes. Habían acudido a escuchar a Lluís Llach ocho meses después de la última prohibición. Ante la multitud, el cantautor entonó las canciones prohibidas durante años y regaló a su audiencia una cadena interminable de bises. Era 15 de enero de 1975 se había levantado, aunque fuera tímidamente, la censura contra el principal vehículo sentimental de la militancia antifranquista.

Si hubo una expresión cultural que marcara la política de los últimos años del régimen esta fue la canción protesta. Los nombres y los estilos son multitud: los sainetes de Chicho Fernández Ferlosio, las adaptaciones musicales de la generación del ‘27 y de la poesía social de Paco Ibáñez, la reivindicación de la memoria republicana de Carlos Cano, la recreación de la euskal kantagintza de Benito Lertxundi y Mikel Laboa, y sobre todo la nova cançó catalana representada por Raimon, Lluís Llach y Joan Manuel Serrat. El éxito del género estaba, en parte, en los escasos medios que requería: una guitarra y una letra de tintes irónicos, ácidos o desgarradores según el autor, pero siempre líricos. Como todo estilo en el que lo amateur y lo profesional apenas se distinguían, la canción protesta era un ritual transportable. Tan parcos eran los recursos necesarios que esta podía contagiarse como un virus conspirativo en toda clase de ocasiones: cenas de amigos, pequeños encuentros, reuniones universitarias. La canción protesta era peligrosa porque cada recital podía acabar en una manifestación de protesta.

Tras varias décadas de clandestinidad, de obligado underground, de falta de medios de expresión, el «antifranquismo» encontró en la canción protesta su propia atmósfera cultural. Pero el «antifranquismo» es un término equívoco. Se trata naturalmente de algo bastante distinto del antifascismo de los años treinta y cuarenta. El término está más asociado a la quiebra del bloque social que elevó y luego sostuvo a la dictadura, que al crecimiento del movimiento obrero que creció a partir de los años sesenta y cuyo antifranquismo venía «de fábrica» en línea de continuidad con los vencidos. Por el contrario, el antifranquismo, en tanto espacio político y cultural, arrancó de otro lugar: nació entre las élites y las clases medias. Se alimentó primero de los desertores del franquismo, concretamente de sus hijos, en el marco de las universidades que empezaron a politizarse a partir de los años cincuenta. Solo a partir de estos orígenes nada humildes, pudo crecer a caballo del principal fenómeno social del desarrollismo, la expansión de las universidades y de las clases medias.

Por dar una fecha, casi se podría decir que todo comenzó en 1956. En febrero de ese año, un grupito de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid convocó un particular Congreso Nacional de Jóvenes Escritores. Entre los autoconvocados estaban algunas figuras que luego serían relevantes: Ramón Tamames, Enrique Múgica, Javier Pradera. Apenas iniciado el encuentro los participantes fueron perseguidos y apaleados por grupos de falangistas. Los enfrentamientos se extendieron a los barrios colindantes de Ciudad Universitaria[110]. Por primera vez, el SEU, el Sindicato de Estudiantes Universitarios, había visto seriamente quebrado su monopolio ideológico. A los pocos días, los sucesos de Madrid se replicaron en la Universidad de Barcelona.

La importancia de los sucesos de 1956 no residió principalmente en su magnitud, aunque la violencia de los enfrentamientos a punto estuvo de cobrarse la vida de un estudiante, tampoco en el desafío al SEU. Su importancia radicó en la condición de sus protagonistas. Para la alta clase política franquista los acontecimientos más que una sorpresa fueron una bofetada: ¿por qué los hijos de los vencedores, de las élites, de la burguesía, de las clases medias profesionales, mostraban tal ingratitud con el régimen que solo había querido promocionarlos? En línea con lo que había sido la dictadura, Franco respondió con la purga interna: cesó al ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, y con ello provocó la dimisión del rector de la Universidad Complutense de Madrid, el falangista Pedro Laín Entralgo.

Los sucesos de 1956 fueron la obertura del movimiento estudiantil, de la radicalidad juvenil y de los nuevos medios de expresión cultural de la protesta. Si se consideran las fechas clave, el despertar de la abulia y la molicie falangista en las universidades corrió en paralelo a las luchas de fábrica. Como estas, solo a partir de 1962, el movimiento estudiantil adquirió velocidad. La mínima organización estudiantil que se probó en los años cincuenta desembocó en 1965 en una auténtica oleada, que alcanzó incluso al profesorado. En esta ocasión, la reacción no fue tibia. Además de los expedientes a estudiantes, fueron expulsados un buen número de cátedros y profesores, entre ellos José Luís López Aranguren, Enrique Tierno Galván y el singular Agustín García Calvo[111].

Las huelgas de 1965 fueron cruciales en varios aspectos. Dieron al traste con las tentativas del SEU de «sindicalizar» la universidad[112], y expresaron una radicalidad y masividad que ya no se detuvo hasta los años ochenta. De hecho a partir de ese año, el SEU dejó realmente de «encuadrar» a todo aquello que no fueran sus incondicionales. Los estudiantes crearon sus propias organizaciones. En marzo de 1966, se formó el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Su constitución en el Convento de los Capuchinos fue interrumpida por la policía que detuvo a todos los asistentes. La «capuchinada» se repitió con menos traumas al año siguiente, esta vez en Madrid, con la constitución del Sindicato Democrático de la Universidad Complutense. En esta ocasión, en las asambleas, toleradas, los estudiantes se contaron por miles. El curso siguiente fue todavía más agitado, los nuevos sindicatos y las asambleas convocaron paros y estos concluyeron en el cierre de algunos cursos. En 1969, año culminante de las movilizaciones, el asesinato por parte de la policía del estudiante madrileño Enrique Ruano[113], provocó una gigantesca respuesta con manifestaciones, asambleas y huelgas en las principales universidades. El movimiento desencadenó el estado de excepción de ese año y la detención de centenares de estudiantes. Desde entonces, la dictadura solo pudo responder con represión; una violencia calculada y menor que la que entonces se empleaba con los obreros[114], pero que produjo las imágenes que llegaron a dominar la memoria del antifranquismo: la entrada de los «grises» (la policía armada) en los campus, las cargas a caballo, el apaleamiento de jóvenes.

Como ocurría en las fábricas, la rigidez del régimen para integrar las protestas y modificar sus instituciones y el omnipresente recurso a la represión como único medio de contención, acabó por llevar al movimiento estudiantil a una creciente radicalidad. Desde finales de los años sesenta, la Universidad se convirtió, no solo en la escuela de cuadros de los aparatos administrativos del desarrollismo, también de una emergente izquierda «revolucionaria». El ‘68 español cabalgó sobre el antifranquismo y el movimiento estudiantil. Pero el camino que llevó al nacimiento de la nueva radicalidad juvenil no fue lineal. Requiere de una cierta atención al detalle.

III

a vosotros pecadores

como yo, que me avergüenzo

de los palos que no me han dado,

señoritos de nacimiento

por mala conciencia escritores de poesía social

dedico también un recuerdo

y a la afición en general[115].

Así escribía a comienzos de la década de 1960 el poeta Gil de Biedma. Hasta el estallido del movimiento estudiantil de mediados de la década, apenas la lectura, la escritura y quizás una militancia clandestina e idealizada en el Partido Comunista, proporcionaron a la nueva generación de descontentos un alivio, siquiera un medio de expresión. Como escribiera sin ambages Gil de Biedma, la tonalidad subjetiva de la época era la mala conciencia. Para esos chicos y chicas comprendidos en la escasísima clase media del momento, sólidamente identificada con la élite política, el oficio o la vocación literaria acabó por identificarse con un servicio político. Este movimiento entre literario y crítico tomó el nombre de realismo social. Realismo era sinónimo de una escritura asimilada al reportaje fotográfico, informada por un compromiso moralizante y más bien simplista con la «realidad social». Por eso, el movimiento no dio lugar a grandes obras, a excepción quizás de un par de novelas y de una poesía que por ser menos realista y mucho más desgarrada resultaba algo mejor[116]. Influía en esta generación la corriente neorrealista de origen italiano.

En sus novelas, en sus poemas, estaba ya presente una de las premisas de la militancia de la época, al menos de aquella propia de los «intelectuales», la obligación —antes que la necesidad— de ser útil al verdadero sujeto social y político: los vencidos, los pobres, los proletarios. La «generación del Cincuenta», en tanto movimiento literario, siguió una trayectoria que en la mayoría de los casos fue del fervoroso compromiso militante al desencanto posterior; una evolución que quizás muestre también el elemento biográfico más destacable de los límites a la politización de la clase media[117]. Con su mala conciencia, su tendencia a la idealización de la política, su idea casi apostólica de la militancia y su obvia fragilidad subjetiva, aquellos jóvenes terminaron por conformar la figura del intelectual de izquierdas predominante en el antifranquismo. Ciertamente, a medida que avanzaron los años y con ellos la sucesión de generaciones, este compromiso fue desprendiéndose de dramatismo. Al fin y al cabo, la clase media estaba dejando de ser un segmento minoritario y privilegiado, para convertirse en el nuevo patrón social en el que se podía reconocer la mayor parte de la sociedad. No obstante, estos rasgos de la intelectualidad antifranquista siguieron siendo predominantes hasta bien entrados los años setenta.

Enfrentados a una evidente falta de opciones políticas, la militancia de estos intelectuales, a veces simples estudiantes, tendió primero a orientarse hacia el Partido Comunista. Ya entonces este se había propuesto la integración de aquellos, refuerzo y complemento de la política de reconciliación nacional, y objeto prioritario de figuras como Claudín y Semprún. Muy pronto, sin embargo, algunos de estos jóvenes acabaron por encontrar otras formas de organización y compromiso temporal. Los sucesos de 1956 abrieron, y de hecho probaron, un ejercicio político por fuera y más allá del PCE. En su práctica estudiantil y luego en una serie de grupos políticos más o menos radicalizados, esa generación inventó su particular versión de la «izquierda revolucionaria». Incluso en la España relativamente aislada de los años cincuenta y primeros sesenta, la imaginación política se empezó a alimentar de otras fuentes distintas a las de los años treinta: la Revolución Húngara de 1956, la Revolución Cubana de 1957-1959, los movimientos de liberación nacional y finalmente la Revolución Cultural China de 1966-1969.

El primero y más importante de estos nuevos experimentos políticos se fundó en Madrid, en 1958. Incorporaba a una parte importante de los estudiantes más activos en los sucesos de 1956. Recibió el nombre de Frente de Liberación Popular o, simplemente «El Felipe[118]». Los fundadores optaron por el término «frente», por voluntad explícita de rehuir del «dogmatismo» y de la «línea» asociada a la palabra partido. En una atmósfera de incipiente politización, dominada por un vago socialismo, apenas recorrido por lecturas apresuradas del marxismo y del catolicismo progresista, El Felipe nació y creció con una vocación unitaria e incluyente. Su trayectoria fue relevante no solo porque marcó el comienzo en política de una enorme cantidad de intelectuales y políticos[119], también inauguró un patrón militante que después se repitió en muchas otras experiencias: el romanticismo revolucionario, la ética sacrificial de la entrega, a veces bruscamente interrumpida por el comienzo de una carrera profesional, la centralidad obrera y por ende la búsqueda desesperada de la conexión con el mundo fabril, la necesidad de construir el partido de los revolucionarios, la tentación del aventurismo armado. El Felipe, demasiado ecléctico y original, llevó esta andadura a su modo, y solo en Barcelona, donde tenía el nombre de Front Obrer de Catalunya (FOC), llegó a tener implantación en las fábricas y a jugar un papel relevante en Comisiones Obreras. Fue allí donde se disolvió a finales de la década.

De todos modos, si lo que se trata es de considerar cómo se formó esta nueva militancia, qué y cómo pensaba, cuáles eran sus referentes, sus obsesiones y sus objetivos, es preciso reconocer que los medios en los que esta podía discutir, estudiar y producir eran realmente escasos. Hasta mediados de la década de 1960, la libertad de expresión era prácticamente inexistente y estaba ceñida en exclusiva a los medios del régimen. Solo después, con el tibio aperturismo y la ley de prensa de 1966 mejoraron las cosas.

En 1963, el que fuera ministro de Educación hasta los sucesos de 1956, Ruiz-Giménez fundó la que sería la revista señera del encuentro entre aperturistas y opositores: Cuadernos para el diálogo[120]. Su línea no dejaba de ser tibia, ligada a la «democracia cristiana», a un régimen de libertades «ordenado» y de preponderancia católica. También por estas fechas se verificó el giro definitivo de otra importante publicación, Triunfo, que de los reportajes de deporte y espectáculo pasó al análisis político. En sus páginas escribió otro de los ensayistas de excepción de ese tiempo, Haro Tecglen. Más crítica, pero ya en Francia, entre París y Toulouse, se puso en marcha en 1965 la que debe considerarse como la revista de mayor importancia teórica y política de la oposición, Cuadernos de Ruedo Ibérico[121]. Hubo algunas más (Destino, Ínsula) pero sin duda estas fueron las más importantes.

Junto a las publicaciones periódicas, la provisión de materiales «teóricos» empezó a ampliarse a partir de mediados de la década. El panorama editorial crítico vino protagonizado por las editoras de Cuadernos para el diálogo (Edicusa) y de Ruedo Ibérico, y por aquellas que habían sido señeras en la difusión de la Generación del Cincuenta como Barral. En esos años se fundaron ZYX (1964), Península (1964) y Siglo XXI España (1965), a las que habrían de sumarse bastantes más a finales de la década (Fundamentos, Anagrama, Castellote, etc.). Los nuevos sellos se encargaron tanto de publicar las expresiones de la primera literatura y ensayo disidente de «producción local», como de devolver a los lectores del país al torrente del pensamiento social y político europeo. Si bien, la timidez y el miedo a la censura fueron al principio la nota dominante, a medida que avanzó la década, la disposición de textos, tanto de aquellos clásicos como de los que jalonaron la revolución intelectual que entonces barría las universidades europeas y norteamericanas, llegó a ser amplia y variada. En especial para los de carácter «teórico», que no se consideraban directamente atentatorios contra el régimen, la tolerancia acabó por ser prácticamente total. Con ello, por fin, se abrió un campo de reflexión política que, si bien no era muy original ni tampoco especialmente potente, sirvió de instrumento de educación política para la nueva militancia.

IV

En la guerra y en la política, la frontera entre la audacia y la temeridad está en ocasiones tan desdibujada, que hasta que no se conocen todas las consecuencias de una decisión, resulta difícil decantarse por uno u otro término. En febrero de 1976, Santiago Carrillo cruzó la frontera francesa por primera vez desde el final de la guerra. Había hecho el viaje en el Mercedes de Teodulfo Lagunero, miembro de esa contradictoria especie de empresarios que se declaraban comunistas. Se trata de uno de los episodios más folclóricos de la Transición, aquel conocido por la peluca con la que Carrillo trató de disfrazar su identidad. La iniciativa había sido solo suya y así es como habría de tomar las decisiones fundamentales en el partido hasta 1981.

Poco antes de su viaje, mientras se desarrollaba la huelga del Metro de Madrid, la Junta Democrática había lanzado un nuevo comunicado a favor de la ruptura política; el último en esta dirección. Carrillo llevaba algún tiempo buscando apoyos de los socialistas y los democristianos reunidos en la Plataforma de Convergència Democràtica, a la vez que trataba de cortejar a cualquiera que se le pusiera a mano y dijera representar a los poderes fácticos: la Iglesia, la alta burguesía, el ejército o el propio rey. Con este se había entrevistado de forma indirecta a través de Nicolás Franco a mediados de 1974.

Durante aquellos años, la evolución del Partido Comunista de España discurre por un curso de complicados límites y meandros, que explican su papel ambivalente, y a la postre tendente al autosabotaje. El PCE nació como una sección de la Tercera Internacional, una rama modesta del macropartido comunista. A diferencia de Italia y de Alemania, donde los socialdemócratas de izquierda tenían suficiente prestigio teórico y político como para tener una posición propia frente a los bolcheviques, los líderes del comunismo español, marginales hasta la guerra, incluso dentro de su propio país, apenas destacaron dentro del movimiento comunista internacional[122]. Su posición en la Guerra Civil, condicionada a la ayuda soviética y aún más subordinada durante el exilio, reforzó las ya estrictas condiciones de obediencia al PCUS.

El estalinismo de los tiempos de guerra, las checas, la persecución de quintacolumnistas, dirigentes del POUM y otros adversarios, continuó en la postguerra marcada por el estalinismo. Durante los años cuarenta se sucedieron así algunos de los capítulos más negros de su historia: las delaciones a la policía contra compañeros y líderes díscolos, las «misiones» especiales cuando estas fallaban, los duros interrogatorios —casi siempre presididos por Carrillo— a los militantes del comunismo español que regresaban de los campos de concentración. Esta triste labor se realizó bajo la consigna de la «vigilancia revolucionaria», que hacía de los presos del nazismo sospechosos de infiltración trostkista o incluso de espionaje fascista (¡sic!)[123].

Pero el estalinismo no se limitó a esta serie de «errores» especialmente terroríficos. Para los PC de la época fue un estilo, una marca que impregnó hasta el último poro de la militancia del partido. Quizás por eso el mejor eufemismo del estalinismo era lo que se conocía como «espíritu de partido»: sacrificio, obediencia, unidad, pero también un servilismo que solo se electrificaba con el pensamiento correcto impuesto por la dirección y con la «revisión de vida» —herencia jesuítica— que cada militante debía realizar en los ejercicios de expiación conocidos como «autocrítica». Frente al pensamiento correcto, la crítica o el pensamiento autónomo corría siempre el riesgo de recaer en los peores delitos políticos: el desviacionismo, el revisionismo, el fraccionalismo.

Como suele ocurrir en las organizaciones piramidales, cuya legitimidad se construye en torno a principios de carácter casi escolástico, las batallas por el poder interno se dirimían en torno a este código criminal interno en el que el comunismo español mostró una enorme creatividad a partir del patrón soviético. Así el «quiñonismo» fue el delito derivado de la obra y persona de Heriberto Quiñones, alias en clandestinidad de Yefin Granodwdiski, comunista moldavo, destinado a España por el Komintern durante los años treinta y que en 1941 regresó a Madrid. Con un trabajo entre heroico y suicida reconstruyó la organización solo para ser arrestado y ejecutado un año después. Su delito consistía en haber realizado esta inmensa tarea de reconstrucción del partido en el interior sin rendir cuentas a la dirección[124]. Delito fue también el «comorerismo», cuya acuñación se debió a la política de acoso contra el también ultraestalinista Joan Comorera, secretario del PSUC. El partido aprovechó la desafección yugoslava del bloque soviético, para elevar al «comorerismo» a la condición de crimen específico similar al «titismo»; en este caso, dirigido a arruinar la tibia autonomía del PSUC.

Confundido como estaba el estalinismo con la propia naturaleza del partido, poco sorprende que el proceso de desestalinización que, entre 1954 y 1956, llevó a la dirección a Carrillo no fuera profundo y menos sincero. A juicio de uno de sus biógrafos, Carrillo sencillamente representó un «espíritu de reforma dentro del partido que nunca se aplicaría a sí mismo»[125]. Por supuesto, no hubo condena de la ocupación soviética de Hungría en 1956. Y lo que es un mérito propio, Carrillo consiguió imponer una dirección aún más monolítica y centralizada que la de las etapas de José Díaz, Uribe y La Pasionaria. La expulsión de Claudín y Semprún en 1964 dejó claros los límites de la disidencia interna y de la libertad de discusión, que por otra parte fue una de las banderas del leninismo y del centralismo democrático al menos en los periodos previos a la toma de decisiones.

Cuando Carrillo, no obstante, cruzó la frontera francesa en 1976, la herencia de postguerra y el pasado estalinista debían pesar bien poco en su mochila. Desde mediados de los años sesenta el partido había ido cambiando de rostro. El PCE supo tomar posiciones en la oleada de movilización que se inició en 1962. Las nuevas generaciones militantes eran también diferentes. Prácticamente aisladas de la dirección en el exterior, desprovistas de la memoria comunista de la Guerra y la postguerra, apenas reconocieron en la organización comunista un instrumento eficaz para la lucha antifranquista. El partido creció, a veces de forma significativa, en las fábricas y en las universidades. Integró a un emergente sector profesional e intelectual, procedente del antifranquismo. El partido del interior era, por tanto, otro partido. En la práctica, las ideas de Claudín y Semprún venían informando la nueva estrategia política desde 1964. Como suele ocurrir en las organizaciones rígidamente jerarquizadas, los presupuestos de los críticos fueron asumidos por la dirección una vez estos fueron liquidados.

El proceso no ocurrió de improviso, y tampoco a través de ningún sistema teórico novedoso. Todo siguió una línea muy propia del estalinismo matricial y que respondía a la infabilidad del partido, esto es, de Carrillo. Los bandazos de la orientación estratégica —lo que Carrillo solía resumir en su famosa «flexibilidad táctica»— exigieron una continua reescritura de la historia reciente. Y los cambios se produjeron uno tras otro y en casi todas las direcciones. A partir de la expulsión de los críticos en 1964, Carrillo acuñó una nueva generación de consignas para sustituir las viejas: la tradición comunista siempre ha tratado de resumir su cambiante línea política por medio de eslóganes sintéticos y concentrados. La primera, la «alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura», estaba dirigida a renovar la caducada «alianza de los obreros y campesinos». La nueva «alianza» trataba de reconocer los cambios en la composición social del país, se trataba de orientar el crecimiento de la militancia entre los estudiantes y profesionales. En 1969, la vieja consigna de «reconciliación nacional» fue sustituida por el «Pacto por la Libertad», mucho más moderna. Con esta se suscribía la alianza interclasista como línea política del partido. Finalmente en 1975, se produjo el relevo de la «Huelga Nacional Política» por la «Acción Democrática Nacional», aséptica y desprovista de los resabios insurreccionales que todavía resonaban en la idea de huelga general.

La nueva estrategia comunista pasaba por promover la alianza entre la burguesía reformista, que incluía a los segmentos profesionales, y la clase obrera con el objetivo de instaurar un régimen democrático similar al de los países de Europa occidental. Desde finales de la década, la dirección del partido se plegó a esa alianza con una moderación que seguramente ni el propio Claudín hubiera defendido. La urgencia por romper el aislamiento de los comunistas y adquirir una imagen de respetabilidad y seriedad ante esa misma «burguesía» que se había imaginado como interlocutor privilegiado, estuvo en la base de la condena de la ocupación de Praga por los tanques soviéticos en 1968. Tuvo un carácter más cosmético que real, pero la ruptura con la Unión Soviética llevó a la expulsión del partido de los estalinistas irredentos como Enrique Líster y Eduardo García.

La década se abrió pues con una nueva prioridad: la promoción de frentes «interclasistas» de oposición democrática, espacios de coordinación de la oposición en los que el PCE pudiera jugar un papel del liderazgo. El modelo nació en Cataluña, donde el PSUC se postuló como el principal impulsor de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas en diciembre de 1969 y finalmente de la Assemblea de Catalunya en 1971. Esta reunió a casi todos los partidos políticos catalanes, pero también a asociaciones profesionales, de vecinos, de estudiantes, a CCOO, asambleas comarcales, etc. El «Pacto por la Libertad» se resumió en un programa tan moderado como para incluir a los segmentos progresistas de la burguesía. Basta recordar la consigna de la Assemblea repetida en todas las manifestaciones de la época: Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia.

A partir de estos ensayos, que se trataron de reproducir en Baleares, Valencia, Canarias, Galicia, en julio de 1974, el PCE pudo presentar una plataforma a nivel de Estado, la Junta Democrática. Reivindicaba así la vieja tradición juntera del liberalismo democrático, pero lejos de agrupar, como en Cataluña, a todas las fuerzas de la oposición, la Junta quedó reducida al PCE y a un reducido número de agrupaciones y notables. A falta de otros apoyos, la legitimidad democrática y el carácter amplio de la Junta se trató de escenificar con el protagonismo de una variopinta constelación de personalidades públicas como el monárquico Rafael Calvo Serer, antes director del importante Diario Madrid, el republicano Antonio García Trevijano o el sociólogo José Vidal-Beneyto. Entre los grupos políticos solo eran relevantes el Partido Socialista Popular de Tierno Galván y el Partido del Trabajo de España, una de las escisiones del PCE de finales de los sesenta[126].

El programa de la Junta incluía las libertades democráticas fundamentales, el reconocimiento específico de los pueblos y algunos de los principios democráticos que debería cumplir el nuevo Estado. Su primer punto era la formación de un gobierno provisional. El núcleo de la ruptura democrática se sostenía en la idea de una cesión del poder por parte de las fuerzas del régimen, obligadas a su vez por un movimiento de masas. De acuerdo con este esquema, la consigna de la «Acción Democrática Nacional» se desplegó en las semanas que siguieron a la muerte de Franco, con una serie de acciones de masas que se produjeron casi en paralelo a las huelgas de Madrid y de Vitoria. La sustitución de la vieja consigna de la «Huelga General Política» quería barrer todo residuo insurreccional justo en el momento en el que se estaba produciendo algo muy parecido a una insurrección generalizada. El desbordamiento masivo del invierno de 1976 puso finalmente al PCE en la disposición de abrazar el proyecto reformista.

Al poco de los sucesos de Vitoria, empujada por el movimiento de huelgas, la Junta confluyó con el órgano simétrico del PSOE, la Plataforma de Convergència Democràtica. Las condiciones impuestas por esta y los acuerdos firmados entre ambas plataformas confirmaron al PCE en su decisión de abandonar la estrategia de movilización como medio de presión sobre el gobierno. De forma consecuente, el derecho de admisión al órgano resultante, Coordinación Democrática, quedó reservado a partidos políticos. Quedaron fuera las asociaciones de vecinos, las organizaciones sindicales, los organismos profesionales. Tampoco hubo hueco para personalidades como Trevijano o Serer[127]. La estrategia de extensión territorial que tanto la Junta como la Assemblea compartían a fin de empujar un movimiento democrático y de masas fue también sacrificada[128]. Coordinación Democrática se comprometió, desde el principio, como organismo de negociación con el reformismo franquista. La nueva consigna de la «ruptura pactada» no tardó en caminar hacia la «reforma pactada».

V

En la brutal contestación al desafío de Claudín, las páginas de Nuestra Bandera plantearon las opciones que se podrían derivar de la aceptación de sus tesis. Llegado el caso, al Partido Comunista no le habría de quedar más que cuatro opciones: postergar la lucha por la revolución a un futuro lejano, adaptarse a las soluciones del capital monopolista, «encogerse» al papel de un grupo sectario o «transformarse en un partido reformista»[129]. Desde finales de los años sesenta, para una parte cada vez mayor de la militancia juvenil radicalizada no cabía duda de que el PCE había terminado por dirigir su rumbo hacia el puerto de la reforma. Su estilo moderado, sus continuos llamamientos al interclasismo, su «claudicación» ante la burguesía liberal, eran síntomas suficientes de otro delito: «reformismo». En la atmósfera electrizada del último antifranquismo, el reformismo no parecía la opción más atractiva.

El fenómeno de la izquierda revolucionaria, izquierda comunista o izquierda radical, según sus defensores, o de los «grupúsculos» según el PCE y el PSOE, fue desde esos años la experiencia de politización más intensa del antifranquismo. Esta se consolidó como opción política en una multitud de partidos de mayor o menor entidad. La extrema izquierda no tuvo ni una causa única ni tampoco un solo tronco, fue el resultado de la confluencia de muchos y diferentes vectores: el aumento de intensidad de las luchas estudiantiles, la creciente politización de los movimientos empujada por la represión, la espiral alcista del movimiento obrero y, por supuesto, la influencia del Mayo francés y los movimientos de liberación nacional. El movimiento estudiantil, la militancia comunista de los años cincuenta y sesenta, el primer experimento del Felipe, el crecimiento de ETA y la evolución de un catolicismo radicalizado acabaron por dar lugar, de este modo, a un ecosistema rico, complejo y también fragmentado.

La lista de los grupos de la izquierda revolucionaria apenas se puede resumir en unos párrafos. Por solo atender a los más importantes, la salida de los maoístas del PCE dio lugar al PCE (m-l) en 1964 y la de un sector del PSUC en 1967 al PCE (internacional). Contra el revisionismo del PCE, un grupo de inmigrados en Bruselas fundó en 1968 la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE). En 1970, otra escisión del PSUC se constituyó como partido propio con el nombre de Bandera Roja. Algunos de los grupos salidos del Felipe acabaron a su vez por crear las primeras formaciones trostkistas de Barcelona, que más tarde constituyeron la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y su fracción posterior la Liga Comunista. Por su parte, los sectores «obreristas» de ETA dieron cuerpo en la V Asamblea de 1967 a ETA Berri, luego Movimiento Comunista; y en la VI Asamblea a ETA VI, que evolucionó hacia el trostkismo hasta acabar formando la rama vasca de la Liga Comunista Revolucionaria (LKI). Algunos sectores del apostolado obrero también fundaron un partido marxista revolucionario, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT). Y quedan todavía algunos más como los consejistas o «sindicalistas», próximos a la autonomía, Acción Comunista y la Organización de Izquierda Comunista (OIC), y una multitud de partidos comunistas de carácter nacional o regional en Galicia, Valencia y Canarias[130].

La cultura política de estos grupos no operó, sin embargo, a partir de ninguna innovación sustantiva respecto a la matriz «reformista» que en la mayoría de los casos fue su referente. Con pequeñas diferencias, casi todas estas formaciones recurrieron a un marxismo antes doctrinario que propiamente teórico, así como a modelos de organización de marchamo rígidamente leninista. De hecho, la proliferación de «ismos» (leninismo, maoísmo, trostkismo, guevarismo) fue tanto el motor ideológico, como el criterio estético diferencial de los nuevos grupos. La apuesta radical pasaba por la reivindicación de la esencia genuinamente revolucionaria frente a su «degeneración» o «revisión». Sorprende poco que en un medio sometido a la clandestinidad, con escasa o nula capacidad para mantener una discusión pública, y todavía fuertemente impregnado por el provincianismo cultural del franquismo, este «marxismo revolucionario» apenas pudiera superar el nivel puramente ideológico, aterrizar en el análisis concreto de la realidad y producir una línea política consecuente. Aquí residió la distancia, a la postre insalvable, entre el intelectualismo implícito en la idea de vanguardia del partido leninista —«ninguna revolución sin teoría revolucionaria»— y el marxismo de manual que en su mayoría fue lo único que alcanzaron a sostener.

Hasta bien entrados los años setenta, la inmadurez de los grupos fue la nota dominante. La izquierda revolucionaria nació en los medios estudiantiles y durante largo tiempo estos fueron su principal escenario. Sus primeros pasos estuvieron marcados por este origen. Por ejemplo, la fundación del Partido Comunista (internacional)[131] estuvo en la decisión del comité universitario del PSUC que, enfrentado a la dirección del partido por su posición política limitada a la «instauración de las libertades democráticas», decidió constituirse en partido revolucionario. Los estudiantes, que en 1967 rompieron con la dirección y se dieron el nombre de «grupo Unidad», apenas arrastraron tras de sí a algunos militantes de fábrica.

Si el origen y la fuerza de la «izquierda revolucionaria» residía principalmente en los medios estudiantiles, la «verdad política» solo se encontraba en las fábricas. Según un patrón que bebía del antifranquismo estudiantil, el marxismo, transmutado en escolástica y doctrina, hacía del comunismo una suerte de teleología histórica. La clase obrera aparecía como el único sujeto revolucionario. De acuerdo con una expresión de la época, la «caza del obrero» se convirtió en la única prueba de autenticidad para la constitución del partido revolucionario. En un medio casi exclusivamente poblado por estudiantes, la centralidad obrera llevó de forma natural a la vía muerta de la «proletarización». El ingreso en la fábrica de los jóvenes estudiantes radicalizados cumplía una función organizativa esencial, «llevaba» la organización allí donde se suponía que esta debía arraigar, la clase obrera[132]. Como era de esperar, los resultados de la proletarización rara vez fueron satisfactorios: el abandono temprano y la distancia cultural y de lenguajes con los trabajadores corrientes encallaron la experiencia de una forma frustrante y definitiva, especialmente si se considera el notable esfuerzo que suponía. Probado en las primeras fases, casi todos los partidos acabaron por abandonar este método de desarrollo de la organización.

La hegemonía del leninismo en la izquierda radical llegó a ser tan grande que también se verificó en la dirección contraria: de la fábrica al partido. Cuando lo que se tenía era fundamentalmente una base obrera, por sólida y amplia que fuera, esta debía dotarse del otro elemento ausente, la vanguardia intelectual. El caso más notorio fue la constitución de la ORT. El mayor partido de la izquierda radical fue resultado de la evolución de una parte del apostolado obrero organizado, concretamente de la Acción Sindical de Trabajadores (AST), creada en 1964. La AST se formó como una coordinadora de militantes cristianos en el tejido industrial madrileño, promesa para muchos de lo que podría haber sido una organización autónoma de trabajadores[133]. A finales de la década, tomó la decisión de sumarse a la corriente política de la época, constituyéndose en partido revolucionario[134]. Concluidas las necesarias «depuraciones» de los más recelosos con la nueva matriz «autoritaria», la ORT caminó desde entonces en la dirección de un creciente dogmatismo, exacerbado por la adopción de posiciones maoístas y un particular análisis antiimperialista. Desde principios de los años setenta, su rígido esquema maoísta, resumido en la consigna «alianza democrática y popular», quedó finalmente completado con un extraño culto al líder, en la figura de su secretario general, el joven José Sanromá.

En unos pocos años el antifranquismo, radicalizado, había acabado por construir una cultura política propia bajo un techo pintado de marxismo revolucionario y, de acuerdo, con un modelo de partido que también servía de instrumento de formación y legitimación de una nueva generación de élites políticas. Pero a la hora de afrontar la fase crítica del cambio político que supuso la Transición, la izquierda radical se encontró con una serie de límites que hicieron de esos años tanto la época de su apogeo, como el inicio de su declive.

En cierta forma, su suerte fue pareja a la del PCE. Como ocurriera con este, el aspecto más interesante de las organizaciones de la extrema izquierda radicaba en que su diseño tenía un único motivo: la movilización. Superada la fase inicial de tanteos y casi siempre inevitable sectarismo, la articulación de «células» en las fábricas, barrios y algunos sectores profesionales, dotó a los grupos de un fuerte impulso para promover y extender las luchas sociales. Su capacidad de empujar los procesos de movilización operó, sin embargo, sobre las mismas contradicciones que el PCE. Su autoproclamación como «vanguardias revolucionarias» llevó a los partidos a competir con los «reformistas» por el control de las Comisiones Obreras, las asambleas vecinales y las luchas profesionales, con métodos que no se distinguían en nada de los de los comunistas ortodoxos. Los sectores sindicalistas, autónomos y consejistas denunciaron la manipulación, el «aparateo» sobre el movimiento y el dirigismo autoritario, tantas veces ciego[135]. No obstante, empujaron las movilizaciones desde una posición que al menos públicamente reclamaba el unitarismo asambleario.

La izquierda radical llevó además al extremo otro de los elementos definitorios del antifranquismo, a la postre responsable de su principal error político: la identificación de la dictadura con el capitalismo y por ende de la resistencia al franquismo con un anticapitalismo más o menos consciente. Para el izquierdismo, la politización de los conflictos y su radicalización social apenas tenían otro instrumento que el que representaba el Partido. Frente a la hegemonía del leninismo y de la cadena de simplificaciones que venían asociadas, poco podían hacer el consejismo, el luxemburguismo o cualquier otra de forma de «espontaneísmo». En términos estratégicos, el fin de la dictadura venía asociado a la inminente posibilidad de la revolución socialista y esta a la dirección del Partido. Al igual que en el PCE, antes de que iniciara el camino hacia la «reforma pactada», la Huelga General Política, apellidada ya en algunas opciones «Revolucionaria», se consideraba al mismo tiempo el acta de defunción de la dictadura y la apertura de la revolución socialista.

Como era previsible, la inminencia de la «lucha final» se aderezó, en ocasiones, con la impaciencia que empujaba a la vía armada. Si en el caso de ETA, la opción insurreccional se había tomado a finales de los años sesenta y con presupuestos por completo diferentes a los de la revolución socialista, en algunos de estos grupos la decisión de tomar las armas no se produjo hasta el último momento. Fue el caso de las organizaciones más desenganchadas de las luchas concretas y más influidas por el esquema tercermundista, principalmente la efímera experiencia del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) ligado al PCE (m-l), que hacia finales de 1975 ya estaba prácticamente desarticulado; y de los más persistentes Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) del PCE(r) que mantuvieron una intensa actividad durante los años centrales de la Transición[136].

El «insurreccionalismo» pecó del mismo «subjetivismo» que durante tanto tiempo animó a la dirección del PCE. El subjetivismo, fundamento del vanguardismo, impidió ver la complejidad de un movimiento social en el que la «revolución socialista» apenas saltaba de los panfletos a las imágenes concretas de sus protagonistas. Tras las huelgas del invierno de 1976, la izquierda radical se enfrentó al rápido cambio de situación, dominado por la iniciativa del reformismo franquista, completamente desnuda, enfrentada a una posición que no había previsto y para la que no tenía otro instrumento político que su ideología revolucionaria. En aquellos meses críticos, la izquierda comunista mostró su principal debilidad: su incapacidad para construir un proyecto político a partir de los contenidos de las luchas concretas, de las líneas de tendencia de la sociedad española, del análisis de los actores políticos en relación con el ciclo de acumulación, de una teoría analítica y propiamente marxista. La izquierda solo tenía la voluntad y una matriz ideológica, un atajo intelectual, que cada grupo había elegido como fundamento. En este punto se resumía la perplejidad que produjo la fuerte combatividad del movimiento obrero y su «atrasada» conciencia política[137].

Por último, el «autenticismo» que, como «marca de cada casa», acompañó a la extrema izquierda desde el principio y que tantas veces se tradujo en formas sectariamente antagónicas, acabó por favorecer la fragmentación —el «fraccionalismo» en lenguaje de la época— de un espacio político que en definitiva era común. La arraigada «cultura de la diferencia», lejos de aproximar proyectos políticos de orígenes casi similares acabó por separarles hasta muy avanzado el proceso de Transición, perdiendo la posibilidad de articular una posición política coherente. Encorsetada en matrices ideológicas excluyentes, organizada en estructuras partidarias rígidas, según un modelo ideológico antes que analítico, vanguardista hasta la ceguera, la izquierda comunista entró en la Transición siendo un actor de movilización, pero sin un proyecto viable y propio. Aun cuando algunos grupos participaran en las plataformas antifranquistas, su posición se vio pronto subordinada a la clave de la reforma y el pacto. La izquierda revolucionaria no sobrevivió al periodo, bifurcándose en los caminos incompatibles de la autoabolición armada, el oportunismo político y la asimilación a los nuevos movimientos sociales.

VI

Debía de estar rojo de ira. Rodolfo Llopis, secretario general del partido desde 1944, fundador de la poderosa Federación de Trabajadores de Enseñanza de la UGT, presidente del gobierno de la República en el exilio, estaba sentado justo encima de la sala donde se reunía el Congreso de la escisión, el número XII en el exilio. ¿Había que tratar de nuevo con los comunistas? ¿Había que hacerlo después de sus traiciones en la guerra y en la postguerra?

La convocatoria había arrancado de la comisión ejecutiva de abril de 1972. En esa reunión se había planteado la renovación de la línea del partido, acercar a los socialistas al radicalismo juvenil del antifranquismo, prepararlo para la situación de transición que inevitablemente se avecinaba y para ello, al menos en ocasiones, era necesaria la colaboración con el Partido Comunista. La renovación estaba en la línea que había llevado a dar prioridad a los militantes del interior; estos se habían impuesto en la ejecutiva del partido en el Congreso de 1970 y también en el de la UGT de 1971. La central sindical se había inclinado a la formación de plataformas comunes; lógicamente el PSOE debía incorporarse a las mesas democráticas que ya animaba el PCE-PSUC[138].

A principios de los años setenta, la situación del PSOE no era óptima. Dominado por el exilio y atenazado por el prejuicio anticomunista, su papel en la oposición antifranquista había sido marginal[139]. En el Congreso de 1972 estuvieron representados dos mil militantes del interior, de los que como mínimo dos tercios procedían de los bastiones del Norte: Asturias y el País Vasco. En estos puntos, los socialistas resistían e incluso crecían de forma suficiente como para tener algo de presencia en los conflictos, aunque fuera demasiado pequeña para imponerse a CCOO e incluso a las plataformas que de cuando en cuando organizaba la extrema izquierda para disputarle el control al PCE.

De otra parte, el monopolio del socialismo era ya un recuerdo. Desde finales de la década habían surgido agrupaciones que reivindicaban su herencia, pero sin necesidad de subordinarse a sus legítimos herederos. La más importante, seguramente, se reunía en torno al profesor Enrique Tierno Galván, antiguo monárquico que había evolucionado hacia un marxismo particular de la mano del movimiento estudiantil y de la rebelión de los intelectuales contra el franquismo. El Partido Socialista del Interior (PSI), liderado por Tierno, se dio ese nombre bajo el supuesto de que no merecía la pena tener una dependencia orgánica de los viejos de Llopis. Entre sus propósitos estaba el de que «quedase abierta cualquier posible relación con el exterior», lo que apuntalaba con la afirmación de que «no tenía ningún fin que le distanciara del partido tradicional». No obstante, resultaba evidente que el PSI propugnaba abrirse un importante hueco en el nuevo socialismo español[140].

Enfrentado a estos retos, la organización histórica del socialismo había ido cambiando desde finales de los años sesenta. El movimiento estudiantil le había ofrecido una nueva generación de militantes, que aunque no fueran de extracción obrera, llevaron la organización a lugares donde esta parecía extinguida. La nueva red de bufetes laboralistas jugó en este terreno un papel importante. Y aunque la organización de los nuevos socialistas era incipiente y muchas veces caótica había sido suficiente como para imponerse sobre el exilio. El núcleo vasco, el más organizado, y que contaba con la militancia más experimentada —Nicolás Redondo, Enrique Múgica y Ramón Rubial entre otros— había decidido apoyarse en estos jóvenes para levantar al partido, aunque fuera a expensas del exilio. El detonante de la separación de Llopis con los organizadores del Congreso de agosto de 1972 resultó ser un artículo de uno de estos nuevos militantes, precisamente de la federación mejor organizada (la de Sevilla). Con un título pomposo y a la vez ingenuo, «Los enfoques de la praxis», un jovencísimo y vitriólico Alfonso Guerra, que no se atrevió a presentarse con su propia firma, arremetió contra la osificación de la organización en el exilio. Reivindicaba todo el protagonismo para aquellos que arriesgaban en la «lucha física» frente a los que se limitaban a hablar y discutir.

El cinismo del reproche, por parte de alguien que apenas conoció en sus carnes la represión, dirigido contra una generación que vivió la guerra, los campos de concentración y en muchas ocasiones la dura represión del primer franquismo, resultó demasiado para Llopis. Su negativa a bajar a la sala que se alcanzaba desde su despacho bajando unas escaleras terminó en la escisión del PSOE. Los «históricos» convocaron su Congreso en diciembre, aunque la representación era aún más magra que la de los renovadores, resultaba evidente que la aplastante mayoría de militantes del exilio y la edad media, más elevada, no les concedían la condición más elemental en política, futuro.

Durante los dos años que siguieron a los Congresos de 1972, la cuestión mayor del socialismo fue su unificación. Se intentó entre renovadores e históricos, y no se consiguió. Se intentó también con los distintos grupos socialistas independientes a través de la convocatoria de una Conferencia Socialista Ibérica durante la primavera de 1974. Con el objetivo explícito de crear una organización federal a partir de las agrupaciones locales, el resultado de la conferencia fue justo el contrario al esperado. Los grupos regionales crearon su propia federación de espaldas al PSOE. En ello influyó la central católica USO, con la que ya UGT había intentado la fusión en 1965-1967. En esa ocasión la unión se frustró por el radicalismo de los católicos, que entonces ensayaban su alternativa «Poder Obrero»[141]. En 1974, el problema ya no era el radicalismo, las nuevas federaciones del PSOE en el interior, especialmente la sevillana, habían asimilado bien el nuevo aire de los tiempos. La cuestión consistía en determinar quién llevaría la bandera mayor del socialismo. Una incógnita que Fraga formuló más tarde como uno de los grandes problemas de la Reforma, «cómo se llega a la socialdemocracia en España».

Así de incierta era la situación, cuando los «renovados» convocaron el decimotercer Congreso en el exilio, el numero 26 en la lista total. Tuvo lugar en Suresnes, muy cerca de París, entre los días 11 y 13 de octubre de 1974. Previamente los motores de la nueva organización, las potentes federaciones vascas y el emergente núcleo sevillano, se habían reunido en los acantilados de Jaizkibel en la frontera con Francia, donde redactaron una nueva declaración política contra el régimen de Franco. El principal objetivo del Congreso era renovar la dirección y preparar la estrategia ante la inminente muerte del dictador. Respecto a la elección del nuevo secretario general no había unanimidad.

La figura de consenso y las más prestigiada, Nicolás Redondo rehusó reiteradamente la secretaria. Su interés estaba volcado en la UGT, a la que quería dedicar todos sus esfuerzos. Al fin y al cabo, el sindicato estaba entonces unido al partido y era mucho más importante que este tanto en términos financieros como de estructura. El segundo en las quinielas, Enrique Múgica, quedó también descartado por su pasado comunista; y lo mismo le pasó por otras razones a Pablo Castellano, a quien se debía el éxito internacional del partido. Los vascos propusieron entonces al abogado sevillano Felipe González, con solo cinco años de militancia. Y este sencillamente aceptó. González parecía encarnar la imagen de renovación del socialismo. Hijo de la clase media, el joven Felipe parecía integrar en una misma persona las dos almas del partido: la moderada, con un realismo siempre apegado a las necesidades de la situación, y la revolucionaria, ahora impregnada de la retórica anticapitalista del antifranquismo[142]. Sobra decir que esta última resultaba extremadamente urgente si se quería crecer dentro de la atmósfera dominante en la izquierda. El Congreso se caracterizó por un radicalismo que en nada desmerecía a la extrema izquierda. Además de la defensa de todas las libertades, se incluyó el derecho de autodeterminación de las «nacionalidades ibéricas», la constitución de una República federal y el rechazo de «todo imperialismo». El nombramiento de González fue, sin embargo, tibio: «primer secretario», no «secretario general», una figura que le obligaba a compartir casi todas sus decisiones con la ejecutiva.

El Congreso trajo consigo otra buena noticia la competencia por el liderazgo socialista. Entre los invitados se contaron algunas de las principales figuras del socialismo europeo y latinoamericano: el futuro presidente François Mitterrand, el sueco Olof Palme, el chileno Carlos Altamirano y también Mario Suares, recién regresado a Portugal tras la Revolución de Abril. Aunque el partido apenas había crecido en esos dos años —de dos mil militantes se había pasado a 2500—, la renovación, y sobre todo el apoyo de la Internacional Socialista, lo había colocado a la cabeza del socialismo español. Su reto inmediato consistía en confirmar esa posición, absorber a sus rivales y presentarse como el heredero legítimo del principal partido de la izquierda española, el propio PSOE.

Para esta última tarea, y en comparación con el Partido Comunista, el PSOE de 1974 era realmente poca cosa. En julio de ese año, los comunistas habían presentado la Junta Democrática en París, en la que los socialistas rehusaron participar. No obstante, en uno de esos giros históricos memorables, lo que pudo pasar por un gesto de sectarismo terminó por ser un acierto. Un año después, el PSOE creó otro organismo de oposición, la Plataforma de Convergència Democràtica. Reunió a buena parte del anticomunismo democrático: el principal equipo de la democracia cristiana dirigido por el exministro Ruiz Jiménez, los nacionalistas vascos, dos partidos de la izquierda comunista (la ORT y el MCE), los carlistas de izquierda y un buen número de agrupaciones socialistas de base regional. Que el PSOE fuera capaz de encabezar este proyecto, todavía antes de la muerte de Franco, le colocaba, aunque solo fuera en el plano de la interlocución política en términos de igualdad con el PCE.

El programa de la Plataforma parecía también distinto al de la Junta. Compartía la lista de exigencias comunes a la oposición democrática (libertades, amnistía, autodeterminación), pero la diferencia principal residía en el método. La apuesta por la ruptura, de acuerdo con la liturgia de la época, no se dirimía en una exigencia de disolución de las instituciones franquistas y la entrega del gobierno a una coalición provisional de la oposición. De una forma mucho más modesta, se limitaba a pedir la apertura de un proceso constituyente, que entendía debería iniciarse tras la convocatoria de elecciones libres. La razón de esta prudencia residía en la propia posición del PSOE que carecía de fuerza social y de presencia significativa en los conflictos. El tamaño de su cuerpo militante era más parecido al de los grupos más desarrollados de la extrema izquierda que a la poderosa máquina de agitación del Partido Comunista. Consecuentemente, no podía recurrir a una movilización para la que carecía de palancas. Pero fue paradójicamente esta conciencia de su debilidad lo que le situó en una posición privilegiada a la hora de entender y aprovechar el desarrollo de la reforma franquista.

Durante el año crítico de 1976, el PSOE se dedicó a explicar su estrategia a través de la consigna de la «conquista de parcelas de libertad». La idea de una democracia que se obtenía «a trozos», aunque fuera por abajo, estaba en las antípodas de la ruptura a través de una huelga general, el lugar común de la militancia de izquierda. El acuerdo entre la Junta y la Plataforma, la constitución de Coordinación Democrática en marzo de 1976, fue de hecho concebida por la dirección socialista en términos puramente tácticos. En todas sus declaraciones, el PSOE se cuidó mucho de que su posición pudiera, siquiera vagamente, asimilarse a la del Frente Popular de 1936.

Al gobierno Arias y luego al primer gobierno Suárez, los socialistas ofrecieron básicamente lo mismo. Sin cuestionar radicalmente al gobierno o siquiera su protagonismo en el proceso de reforma —frente al cual no tenían, por otra parte, ninguna alternativa—, la posición socialista se hacía depender de la propia iniciativa del reformismo franquista[143]. En el verano de 1976, ya en los tiempos de la reforma pactada, la dirección del PSOE se resistió de nuevo a la propuesta comunista de promover un gobierno de concentración o de «amplio consenso democrático». El papel de Coordinación Democrática, y luego de la Plataforma de Organismos Democráticos, se limitaba a presionar al gobierno para que convocara elecciones a Cortes constituyentes.

Aun cuando se adornara con una retórica maximalista, esta posición convirtió al PSOE en el alterego de la reforma. Y de acuerdo con ella aceptó, sin mucho sonrojo, la ventaja que le ofrecía el reformismo franquista como interlocutor privilegiado. Al tiempo que Fraga encarcelaba a los miembros de la Junta y a los comunistas, una UGT con menos de 7000 afiliados pudo celebrar su primer congreso en Madrid en abril de 1976. Aunque para el PSOE era crucial que la legitimidad del proceso se amparase en la legalización de todos los partidos, incluidos los comunistas, su libertad de acción, comparada con estos y la extrema izquierda, fue aprovechada sin reparos para recortar la distancia perdida en casi cuarenta años de ausencia en la oposición.

Aprobada ya la Ley de Reforma Política en las Cortes, el PSOE realizó su primer Congreso en España. Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1976, en los salones de un gran hotel de Madrid, se reunieron los delegados de apenas 10 000 militantes socialistas[144]. A pesar de la menguada representación, el acto contó con el apoyo de todos los pesos pesados de la Internacional Socialista: Willy Brandt de Alemania, Olof Palme de Suecia, Pietro Nenni de la izquierda socialista italiana, además de los presidentes de los partidos socialdemócratas de Austria y Dinamarca. El Congreso confirmó la estrategia del partido: moderación y pragmatismo demostrados en los hechos, acompañado de un maximalismo retórico que hablaba de «socialismo autogestionario», «república federal» y antiimperialismo sin consecuencias prácticas. Fue en ese Congreso donde el partido adquirió su conocida definición como partido «de masas, marxista y democrático». Se trataba de navegar entre la moderación, impuesta por la propia falta de fuerza, y la radicalidad del antifranquismo, que había que atraer al campo socialista en competencia con el PCE y la extrema izquierda. La fórmula González, sostenida en afirmaciones de principios sin que estos necesariamente informaran la práctica volcada a la oportunidad política, empezaba a rendir resultados. Con ellos quedó confirmado como secretario general.

4. La constituyente
(junio de 1977 / diciembre de 1978)

I

Ignacio de Otto[145], un joven constitucionalista apenas conocido, publicaba en el verano de 1977 un opúsculo titulado Qué son la constitución y el proceso constituyente[146]. Editado en una colección de bolsillo, el texto es uno de esos raros documentos en los que se recogen las contradicciones de la época. Con treinta años, el socialista —sin que tal cosa significara lo que luego sería— definía las condiciones que requería una constitución democrática; en los términos del momento, un texto no signado por la continuidad institucional, que empujaba el reformismo franquista. La cuestión era fundamentalmente de método y se comprendía por la amplitud y radicalidad del término «proceso constituyente». Este, en sus propias palabras, «implica no reconocer ningún vínculo jurídico con el pasado, negar toda validez a las anteriores leyes y constituciones. Se trata, por tanto, de la más radical expresión de ruptura de la continuidad»[147].

La quiebra jurídica se le aparecía a Otto un principio inexcusable del proceso democrático, que se abrió a partir del verano de 1977. La dictadura carecía de lo que propiamente podía pasar por una «norma constitucional», las leyes fundamentales no eran una Constitución. De ahí, la imposibilidad de una reforma institucional como vía a la democracia que el reformismo franquista pretendió imponer. Y de ahí también la insistencia de este último sobre el elemento innegociable de la reforma: la pervivencia de la monarquía y del jefe de Estado impuesto por Franco, Juan Carlos de Borbón.

Otro apunte interesante para la coyuntura en la que escribe Otto: su consideración acerca del principal elemento de garantía democrática radicaba en que la Constitución «no establezca un orden político concreto, cuanto el marco jurídico en el que son posibles diversos órdenes políticos»[148]. La diferencia, sutil pero de calado, residía en que el texto constitucional, si se quería democrático, no debía consagrar las realidades de poder preexistentes, sino «juridificar» el marco en el que habían de negociar dichas fuerzas. Tal principio supone la posibilidad de una inversión de la relación de fuerzas sobre el fondo neutro de la democracia. «Democrática» era para Otto aquella constitución en la que sus elementos formales permitían evoluciones no previstas en las relaciones materiales que en su momento dirigieran el proceso constituyente.

La contradicción «de época» que Otto reflejó en su opúsculo y que se expresó en el proceso constituyente posterior reside precisamente en este punto. Si la garantía democrática de la Constitución reside en que esta no sancione un determinado régimen político, en que esta sea el simple marco en el que puedan jugar distintas fuerzas sociales, un terreno neutro y abierto a la voluntad del juego soberano de los ciudadanos, la Constitución debe ser «abierta», esto es, susceptible de modificación y enmienda. Resuena aquí el célebre art. 28 de la Declaración de Derechos que sirvió de preámbulo a la Constitución francesa de 1793: «Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras». La idea de «Constitución abierta y democrática» era el mejor marco jurídico para la libre competencia de ideas que pudiera llevar a la victoria del socialismo por una vía electoral y democrática.

Para Otto, no obstante, al igual que para la mayoría de los políticos de 1977, el mejor medio para que el proceso constituyente resultase en ese texto neutro pasaba por la negociación constitucional entre las fuerzas políticas realmente existentes. La palabra de orden, que ya en 1976 empezó a definir ese acuerdo, era «consenso». El proceso constituyente español, que se desarrolló entre el verano de 1977 y el otoño del siguiente año, fue el resultado de un acuerdo entre las fuerzas políticas, que alcanzaron la condición de «representativas» tras las elecciones de 1977. La neutralidad del arreglo constitucional al que se llegó por estos acuerdos, la condición democrática de Otto acerca de una Constitución que «no establezca un régimen político concreto», es sin embargo mucho más dudosa.

II

La Transición se hizo comiendo. La cena política fue el medio privilegiado que viejas y nuevas élites, franquismo y oposición, titulares y aspirantes, encontraron para conocerse, hablar lo fundamental, definir posiciones ante futuros pactos y llegar a los primeros arreglos. En restaurantes, bajo la cortesía de grandes figuras, a través de intermediarios privilegiados… Las modalidades fueron muchas, pero el esquema no sufrió grandes modificaciones: amables presentaciones, primeros platos y una conversación que más o menos rápido evolucionaba hasta entrar en materia. Una de esas cenas, reconocida como de las más importantes, tuvo lugar el 28 de noviembre de 1976. Presidía y hacía nuevamente de anfitrión, el conde de Motrico, Mutriku en la lengua madre de Areilza.

Entre los invitados estaban los que todas las apuestas daban como los principales líderes del país. Asistió Ruiz-Giménez, destacado de la democracia cristiana no encuadrada en el franquismo; el viejo militante de ERC, Josep Andreu, promotor de la Assemblea de Catalunya y desde poco tiempo antes militante en el nuevo socialismo catalán; Julio de Jáuregui, histórico del PNV; y las tres cabezas de la izquierda, Tierno Galván del PSP, Felipe González del PSOE y el siempre calculador Santiago Carrillo. En palabras de Areilza, aquella reunión respondió a un «tipo de conversación entre derecha e izquierda que hubiera resultado impensable en los años republicanos de 1931-1936»[149]. La discusión discurrió en torno a un solo tema: la legalización de los partidos, concretamente del Partido Comunista, la gran incógnita de la reforma. Circulaban ya entonces dos posibles fechas electorales, marzo o junio, pero todavía no se había dado ningún paso en firme. Quedaba por saber los resultados del plebiscito de la Ley de Reforma Política.

Las posiciones de los invitados eran dispares. Todos coincidían en que la legalización del PC no estaba prevista, al menos en la primera fase de la reforma. Desde agosto, el jefe de gobierno se había reunido con casi todos los líderes de la oposición y les había garantizado su legalización, pero no se había pronunciado sobre la legalidad de los comunistas y, cuando lo hizo, fue con una disposición poco alentadora. El 8 de septiembre Suárez convocó a la cúpula del ejército, 29 generales y coroneles incluidos los ministros militares. Les prometió, con lo que la «palabra» implica para el estamento militar y sus rancios códigos de honor, que la legalización de los partidos tendría su límite en el Partido Comunista[150]. Durante la cena, Ruiz-Giménez propuso dejar el asunto a la justicia, sin comprometer al gobierno. Más expeditos, González y Tierno compartieron opinión: «No convenía poner condiciones imposibles al gobierno»; ya se vería más adelante.

Prueba de que las cosas pintaban mal para los comunistas, al menos de cara a esas primeras elecciones, es que en la comisión negociadora nombrada por la oposición, Carrillo había tenido que delegar, a su pesar, en Simón Sánchez Montero. Por eso era tan importante la opinión de aquel cuyo nombre se deletreaba como un desafío para el gobierno, y que todos los líderes políticos mantuvieran una posición común. En aquella cena en casa de Areilza, las palabras del líder comunista fueron rotundas. La legitimidad de la reforma se jugaba en la legalización de los comunistas. Caso de quedarse fuera se cerraría toda posibilidad de pacto, peligraría el precario equilibrio de la monarquía. Los comunistas, obligados, empujarían en la dirección de una república democrática, los acuerdos que se requerían para salvar la grave situación de crisis serían imposibles. «O todos o no se contaría con la imprescindible colaboración del Partido Comunista». Carrillo había lanzado su farol, y con este lo que podía ofrecer al éxito de la reforma.

Cada uno de los allí reunidos siguió con sus planes en los días siguientes. El dos de diciembre, Areilza presidió un masivo acto del flamante Partido Popular, la formación que había impulsado con Pío Cabanillas. El 6, Felipe González abrió el primer Congreso del PSOE en Madrid tras cuarenta años de exilio. Y el 22, Carrillo fue detenido para ser recluido de urgencia en la Modelo de Carabanchel.

Desde que Carrillo llegó a Madrid en febrero había estado pensando en toda clase de gestos y pruebas de fuerza para conseguir si no su legalización, sí al menos mayor margen de actuación pública. Desde la primavera, era un secreto a voces que residía en Madrid. Era también conocido que su familia se había instalado en uno de los «mejores» barrios de la ciudad. Por si esto fuera poco, en noviembre, el partido organizó una larga serie de actos públicos repartiendo carnets en los barrios obreros. Aún unos pocos días antes de su detención, el dirigente comunista presidió una rueda de prensa clandestina ante los principales medios del país. La detención era solo un eslabón más en el regate corto de Carrillo con el gobierno.

En casa de Areilza, el órdago del comunista se acompañó también de una advertencia: «llevo meses en contacto con Suárez». Ciertamente, desde septiembre ambos líderes habían estado en contacto continuo, al menos de forma indirecta, a través de otro de los intermediarios de lujo de la Transición, el presidente de la agencia Europa Press, José Mario Armero. Con tales precedentes solo cabe pensar que la detención fue negociada hasta el más mínimo detalle. Su impacto resultó el esperado, Madrid amaneció lleno de pintadas exigiendo la libertad de Carrillo. Concentraciones masivas en la Puerta del Sol se sucedieron día tras día. Aparentemente como consecuencia de semejante esfuerzo escenográfico, el secretario general del Partido Comunista de España fue liberado un día antes de acabar el año.

En la aceleración de los acontecimientos de aquellas semanas, jugó también la estrategia de la tensión convertida ya en apuesta política por parte de los sectores más decididos del involucionismo franquista. Poco antes del referéndum, los GRAPO secuestraron al empresario José María Oriol, destacado miembro del capitalismo familiar español; días después repitieron con el general Emilio Villaescusa. Casi en las mismas fechas, un fascista y la policía asesinaron a dos militantes de la izquierda. El día 23 de enero, un grupo de paramilitares vinculados a Fuerza Nueva y FE de las JONS entró en el local del despacho laboralista de CCOO de la calle Atocha número 55 (Madrid).[151] Dispararon a quemarropa sobre todos los que encontraron en el lugar. El fatal resultado fue de cinco muertos y otros cinco heridos graves[152]. La matanza se mostró como un error decisivo del involucionismo. Al día siguiente, entre 50 000 y 300 000 personas, según las distintas fuentes, recorrieron las calles de Génova y Colón. Decenas de miles de puños en alto y miles de banderas rojas dibujaron la imagen de una contundente demostración de fuerza, que discurrió disciplinada, tranquila, en orden completo. Tras los atentados la cuestión no fue ya tanto si se podía excluir al PCE de las futuras elecciones, sino en qué condiciones debía aceptarse su legalización.

La primera entrevista directa entre Suárez y Carrillo tuvo lugar el 27 de febrero. Se hizo a iniciativa del presidente y de nuevo por mediación de Armero. La necesidad de tener un contacto directo había sido discutida por el rey, Torcuato y el presidente. Pero Suárez, con los resultados del 15 de diciembre, estaba ya decidido a ir por su cuenta. Unas semanas antes del encuentro se aprobó un decreto ley para la legalización de los partidos: desde el día 11 de febrero, los papeles del PCE aguardaban una resolución que desde el registro había sido remitida a los tribunales. El gobierno se tomaba su tiempo. Casi en paralelo, el 9 de ese mismo mes, se había publicado otra nueva amnistía que se añadía a la de julio de 1976. Aunque esta no era la excarcelación que la oposición exigía, demostraba la buena disposición del gobierno. La reunión del 27 no tenía otra finalidad que valorar las condiciones de la legalización del PCE.

Los argumentos de Carrillo resultaban sencillos. Su baza principal era la paz social, el elemento imprescindible para la salida legítima de la reforma. Postergar la legalización, o aún peor, la vía de la República Federal Alemana hasta 1968, resultaba demasiado arriesgado en un país en el que los comunistas habían sido la principal fuerza de oposición y por ende de la vuelta de la democracia al país. Las razones de Suárez también eran claras, básicamente exigía lo mismo que había pedido el rey antes que él: la aceptación pública de la monarquía y la bandera, los elementos de continuidad institucional, la aquiescencia de la reforma. Como dos grandes bloques inclinados uno contra el otro, la presión que ambos líderes recibían les empujaba inevitablemente a entenderse. Ambos cumplieron lo pactado.

El 9 de abril de 1977 fue legalizado el Partido Comunista de España. El enemigo número uno de la dictadura concurriría a las elecciones sin mayores trabas. Como cabía esperar, la reacción del franquismo político y especialmente del estamento militar fue abrupta. Fraga, cínico a la luz de sus palabras al periodista Cyrus Sulzberger apenas unos meses antes, le dijo a Calvo Sotelo con un dramatismo entre grave e impostado: «Habéis contraído una gravísima responsabilidad legalizando al Partido Comunista: la historia os pedirá cuentas»[153]. Los militares emitieron un duro comunicado mostrando literalmente su «repulsa»: tenían la promesa de septiembre de boca del propio Suárez. El protegido de Franco, Pita de Veiga, ministro de Marina, presentó su dimisión irrevocable. Incluso los viejos mentores de Suárez, Torcuato y el rey, apenas estaban enterados, ambos eran contrarios a hacerlo tan pronto[154].

Frente a la lluvia de gota gruesa que cayó sobre el presidente, Carrillo parece que lo tuvo mejor. Simplemente convocó al Comité Central del Partido para los días 14 y 15 abril de 1977. Allí les expuso la consigna con la que se levantó poco después el resto de la organización: «hoy la opción no está entre monarquía o república, está entre dictadura o democracia»[155]. Con las únicas voces críticas de vascos y catalanes, el órgano comunista aceptó la bandera «bicolor» y la monarquía. Ya parecía haberlo dicho Mundo Obrero en una de sus cabeceras unas semanas antes: «Nuestra bandera es la reconciliación nacional[156]» y esta parecía corresponder mucho mejor con la rojigualda de la reforma, que con la tricolor que fuera el santo y seña del exilio y de todo el antifranquismo. La decisión parecía el resultado natural de la evolución del partido en el último año y medio. La posición moderada y «responsable» ante las huelgas «descontroladas», su guiño a los pactos con el resto de la oposición y sobre todo con los interlocutores del gobierno; en definitiva, un cálculo político dirigido a convertirse en el gran partido de la izquierda democrática.

Y sin embargo, lo que los primeros críticos dieron el nombre de «claudicación de abril» tuvo también una pretensión teórica. Los días 2 y 3 de marzo, los secretarios de los dos grandes partidos comunistas de Occidente, Georges Marchais y Enrico Berlinguer aterrizaron en Madrid con el propósito de apoyar al PCE en su nueva andadura. La llamada conferencia tripartita, que no se resolvió en ningún acto público por prohibición gubernamental, pudo concluir con una enorme rueda de prensa y la asistencia de 400 periodistas[157]. Fue el acta de constitución del «eurocomunismo», un término que Carrillo había rechazado unos meses antes, pero que venía rodando por Francia e Italia desde hacía un tiempo. El eurocomunismo pretendía ser la sistematización teórica de lo que había sido la práctica de los partidos comunistas occidentales durante la última década. La matización geográfica implícita en el prefijo confirmaba la aceptación del marco de la democracia liberal como vía de acceso al poder. Para ello se acuñó la nueva consigna: «Socialismo en la democracia y la libertad». Además de la declaración de independencia, definitiva y completa respecto de la URSS, la renuncia a una parte importante del equipaje leninista —el insurreccionalismo revolucionario, la concepción de la «dictadura del proletariado»— se expresaba como una opción táctica en las sociedades industriales avanzadas. No dejaba de ser una recuperación del viejo Gramsci y la teoría de la hegemonía, de la larga guerra de posiciones en los Estados con sociedades civiles desarrolladas. Por superficial que fuera, el baño eurocomunista vino que ni pintado para los intereses de Carrillo.

Los cambios dentro del PCE distaron, no obstante, de ser teóricos o simplemente retóricos. Prepararse para la inminente contienda electoral y dar a esta toda la prioridad implicaba una modificación radical de la naturaleza del partido, que había crecido en condiciones de clandestinidad y que estaba volcado fundamentalmente en la intervención en los conflictos de fábrica, en las luchas vecinales y en la organización de los profesionales. La «revolución interna» llevaba ya un tiempo preparándose. Desde la vuelta de Carrillo a España, este había tenido un propósito obsesivo: asentar su autoridad sobre una organización que apenas conocía por los informes que le llegaban a París. El Partido Comunista se había hecho y rehecho en la atmósfera cultural del antifranquismo. Y aun cuando las consignas y la dirección venían del exterior, la organización clandestina sobre la base de células de empresa, facultad o sector permitía una autonomía casi completa sobre aquellos asuntos que más interesaban a la militancia de base: la organización de tal o cual comisión, una huelga, una declaración pública, etc. Casi recién aterrizado en el país, Carrillo inició una carrera frenética por el control de la organización, asistiendo a todas las reuniones de comités y plenarios provinciales que pudo. Disciplinada por la matriz estalinista, especializada antes en la revolución y la organización clandestina que en la política y las luchas de partido y, desde luego, sin la imaginación y la ambición suficiente para emplazarse a la lucha por el poder con la dirección de París, la militancia comunista del interior facilitó en casi todo la toma de la organización por parte de Carrillo y el aparato del exterior. De este modo, al tiempo que los del exilio se hacían con las riendas del partido, este fue cambiando a fin de orientarse a las tareas que ahora tenían prioridad: la validación de los líderes públicos y la organización de elecciones.

El primer gesto de importancia se centró en el desmantelamiento del aparato clandestino de propaganda: 200 «permanentes» solo en Madrid, con multicopistas, imprentas y toda clase de maquinaria. El expediente de cierre fue tan sencillo como dejar de dar instrucciones y de enviar el dinero para sueldos y material[158]. Aún más importante resultó el anuncio, en el pleno de Roma de julio de 1976, de que el partido se iba a organizar sobre la base de agrupaciones territoriales. La decisión tardó un tiempo en efectuarse, empezó hacia marzo de 1977 cuando la legalización parecía inminente, pero suponía algo más que un simple cambio en la estructura. La liquidación de las células y de los comités de sector equivalía a desmontar la máquina de guerra que hasta entonces había sido el PCE. Los militantes de fábrica, o de universidad, o de cualquier sector profesional, que se reunían en sus células correspondientes, que conocían hasta el último palmo del territorio en el que actuaban, que sabían cómo quebrar los resortes del poder empresarial o institucional, generar alianzas y conflictos, tenían ahora que renunciar a esa experiencia conquistada durante años. La alternativa consistía en confluir, más bien organizarse de nuevo, en las agrupaciones territoriales, anodinas e inanes políticamente, donde apenas se conocía nadie y cuyo objetivo era preparar la campaña electoral, construir candidaturas, hacer actos públicos. Por esta vía, el Partido se vació de los «vocacionales» del conflicto; y al mismo tiempo se llenó de otro tipo de militancia, la misma que llegaba ahora en condiciones legales por el prestigio de lo que los comunistas habían sido. En aquellos meses, el PCE alcanzó sus máximos de afiliación, 150 000 en abril y 200 000 en junio cuando fueron las elecciones[159]. Paradójicamente este fue también el momento en el que comenzó la deserción del comunismo español.

Enfrentado a la contienda electoral, el PCE era, no obstante, el único partido con un base de masas y con cuadros experimentados en casi todos los ámbitos. Al fin, parecía que el sueño de Carrillo de igualar al partido español con sus homólogos francés o italiano estaba al alcance de la mano. La aceptación de la monarquía y los trapicheos con Suárez parecían un justo peaje por trasladar la posición hegemónica, que se decía tener en la sociedad, al corazón de las instituciones. Pero como suele pasar con todas las organizaciones que fundamentalmente han ganado su legitimidad gracias a una militancia activa, en los juegos de la política representativa no se podía mover de la misma manera. En 1977, el partido de Carrillo decidió a apostar la peana que le sostenía y la perdió.

III

La cena en casa de Areilza representó con exactitud lo que iba a ser la izquierda democrática. Los tres líderes allí presentes lo fueron de las tres fuerzas de izquierda con representación en las elecciones que se celebraron en junio de 1977. Ninguno, sin embargo, de los que allí quisieron encabezar la operación del centro reformista llegó a sentarse en las Cámaras que salieron de 1977. Según una metáfora bélica que se ha repetido innumerables veces, la Transición fue una carnicería que dejó tras de sí una inmensa cantidad de cadáveres. Y aunque hubo bajas a uno y a otro lado, seguramente las más notorias fueron de «fuego amigo» dentro del campo reformista.

La premonición de que se corría el riesgo de volverse «a casita» resultó seguramente la gran intuición de Fraga cuando le dijo a Pío Cabanillas y al conde vasco que no apoyaría la operación de construcción del centro político que encabezara el gobierno. Prefirió la derecha, «moderna», «europea», pero derecha al fin y al cabo, y que solo se podía construir sobre bases neofranquistas. Cuando Fraga se subió a Alianza Popular, esta venía impulsada por las cabezas de las viejas asociaciones políticas. Alianza Popular obedecía a la voluntad de conquistar la mayoría social franquista, y explícitamente a la necesidad de poner un límite al proceso de cambio político. Pero lo fundamental es que se hizo al margen del gobierno, incluso contra él, y al mismo tiempo con lo más granado del franquismo político. El partido contaba con más de 180 procuradores en Cortes.

Sin mucho tiempo que perder, Alianza Popular se presentó en octubre de 1976. Fue el primer partido de masas del postfranquismo. En febrero del siguiente año celebró su congreso constituyente. Fraga había roto en dos el campo reformista, pero las consecuencias no eran del todo inoportunas para el gobierno. El olor a régimen que desprendía AP era demasiado fuerte. Respecto de quien fuera la cabeza del reformismo, apenas se podía esconder que se había enfangado como ministro de Gobernación en los sucesos de Vitoria y Montejurra. Así fue como la constitución de la derecha fraguista dejó el campo abierto al «centro», esa gran innovación teórica que el propio Fraga elaborara a principios de la década. La gran incógnita consistía en cómo se iba a organizar.

Para Areilza, Cabanillas y en general para todas las grandes figuras de la Reforma era evidente que «centro» y «gobierno» debían confluir en algún momento. Tras la espantada de Fraga, el punto de partida no podía ser otro que el de «¿cómo iba a presentarse el gobierno a las elecciones?»[160].

El reto estaba en aunar en una plataforma electoral dos cosas muy difíciles de conciliar: el máximo aprovechamiento político de la red institucional y territorial del viejo aparato del Movimiento y la imagen de apertura a todos aquellos sectores comprometidos con un proceso de cambio político real y a la vez ordenado. Desde hacía algún tiempo, Cabanillas y Areilza venían trabajando en la hipótesis de un partido que pudiera servir a ese propósito, pero que creciera al margen del gobierno. Conviene recordar que si bien Suárez, bajo supervisión de Torcuato, había asumido el liderazgo público de la primera etapa de la reforma, todavía no era el hombre de la Reforma. Su posición era demasiado frágil como para ser considerado más que como un peón provisorio. Trabajar al margen del gobierno pero en estrecha conexión con él, se podía considerar como una opción viable, máxime si tenía los avales de los que podían ser, muy probablemente, los líderes de la siguiente fase.

El 11 de noviembre de 1976, en una reunión a la que el acceso a la prensa solo se permitió después de terminada, quedó constituido el Partido Popular. En la misma participaron «personas independientes y de inspiración liberal, democristiana y socialdemócrata. […] Quedó así perfilado el centrismo como una nueva fuerza o tendencia de la política futura. También quedó claro que entre la derecha neofranquista y la izquierda existía un amplísimo terreno que era preciso organizar y ocupar rápidamente»[161]. A las pocas semanas, y según lo que sería el desarrollo de la nueva política «democrática» que se construía en aquellos meses, el nuevo partido organizó un gran número de actos públicos, mítines y ruedas de prensa que concluyeron en el congreso convocado para el 7 de febrero.

Pero la operación Areilza-Cabanillas no fue la única. Dentro del campo católico, y especialmente de la mano de los Tácitos se llevaba tiempo barajando la necesidad de organizar un partido que encuadrara a la democracia cristiana según el modelo italiano: un partido que pudiera convertirse en el partido del gobierno. Contaban para ello con tres importantes ministros en el gabinete Suárez: Landelino Lavilla, Leopoldo Calvo Sotelo y especialmente Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia. Desde julio, los contactos promovidos por los nuevos ministros se habían intensificado a fin de incluir a aquellos sectores de la democracia cristiana que no procedían del franquismo o que incluso participaban en las plataformas de oposición, especialmente los grupos de Fernando Álvarez de Miranda, el veterano líder cedista José María Gil Robles y el exministro Joaquín Ruiz-Giménez. Aunque el primero aceptó participar en la operación, las reticencias de Gil Robles a colaborar con lo que no dejaba de ser una iniciativa de un gobierno franquista hicieron imposible la unidad. Entre los que quedaron —casi todos ligados al gobierno—, el proceso de unificación acabó por confluir ya avanzado el invierno en la constitución del Partido Demócrata Cristiano[162].

La competencia entre ambas hipótesis, multiplicada por decenas de bifurcaciones de carácter menor y escala regional, obedecía a una de las características dominantes entre la clase política posfranquista: la ausencia de unidad y de disciplina interna. En esos meses, se trataba de determinar quien encabezaría la formación política del centro reformista: sus legítimos dueños, Areilza y Cabanillas; o el gobierno de Suárez y sus «PNN», una plétora de figuras de «segunda fila» ligadas al ámbito democristiano. La competencia parecía impensable más allá de esta fase inicial. No podía haber dos partidos que compartieran al mismo tiempo el centro y el gobierno. El proceso solo podía avanzar por medio de la unificación de todas las fuerzas políticas que se reconocieran en esa oportunidad y en ese mismo espacio político. La confluencia resultaba obligada. Y acabó por conducir a la formación del Centro Democrático articulado en torno a los pilares de los demócrata cristianos y el Partido Popular, con la inclusión también de las agrupaciones liberales de Oswaldo Nieto, Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues, así como de los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez.

Corría entonces, y a qué velocidad, el mes de marzo de 1977. Decidido a hacerse cargo del nuevo partido y a la vez inquieto por la creciente popularidad de Areilza, Suárez hablaba casi a diario con su ministro de confianza, Alfonso Osorio. Por encargo del jefe de gobierno, en otra de las cenas históricas de la Transición, el 19 de marzo de 1977, Osorio presentó a la plana mayor de la operación centrista la necesidad de resolver el «problema de José María Areilza». Neutralizados por vía gubernativa los apoyos del viejo aspirante monárquico, el día 22, Suárez llamó a capítulo a Areilza y Cabanillas. Mientras el primero aceptaba ir de cabeza de lista por Orense, el segundo esperó dos días antes de responder a un mensaje que había entendido muy bien: «O te sometes o te vas»[163]. Optó por lo segundo.

El deseo de Suárez era «un partido sin fisuras, ni competidores fuertes». Ese partido se constituyó, al menos de puertas afuera, el 3 de mayo de 1977, por el simple expediente de añadir al Centro Democrático, el término «Unión»: Unión de Centro Democrático. El nominativo trataba de ocultar el carácter precario y frágil de esa alianza de políticos franquistas y altos funcionarios de la «oposición interna». Hasta dieciséis formaciones, encabezadas con el notable eufemismo de «partidos», fueron reunidas bajo las siglas de UCD. Dependientes de la financiación y el apoyo gubernamental, la coalición no pasaba de ser una alianza de «notables» presidida por Suárez. Gracias a la colaboración de los democristianos y a sus intrigas, el «centro» había caído del lado de Suárez y con ello se completaba la segunda gran operación del reformismo franquista de cara a las elecciones de junio de 1977.

La opción política de UCD se había formado con el propósito de ser la de menor riesgo en cualquiera de los aspectos que se considerase. Frente a la derecha de AP, demasiado marcada por el franquismo de sus dirigentes, UCD quería representar el voto del cambio. Frente a la izquierda y el maximalismo de la «lucha de clases» y la «ruptura», UCD pretendía ser lo suficientemente atractiva y moderada como para reunir al «franquismo sociológico». Provista de una vertiente socialdemócrata, la diferencia respecto a la oposición se presentaba en los «métodos», no en los «objetivos». En lo sustancial el antiguo jefe del Movimiento decía pretender lo mismo que los partidos de izquierda, la democracia. Pero Suárez garantizaba su promesa sin los riesgos del cambio de manos en el gobierno.

Un último apunte: en ese trepidante año, en el que Suárez consiguió tomar las bridas del reformismo, empujando fuera a Fraga y luego a Areilza, el jefe de gobierno acabó también por deshacerse de su mentor, Torcuato Fernández-Miranda. A Suárez la mayoría de edad le llegó seguramente tras conocer los resultados del referéndum de la Ley de Reforma Política. Desde entonces, fue únicamente él quien estableció los contactos con los partidos y quien tomó las decisiones fundamentales, especialmente la amnistía y la legalización del PCE. El 23 de mayo, Torcuato, desairado y probablemente sin ningún as bajo la manga, que había trabajado a la sombra de las grandes autoridades del franquismo —el propio dictador, Carrero Blanco y siempre el rey— decidió presentar la dimisión como presidente de las Cortes[164]. No se hizo pública hasta pasadas las elecciones. El principal hacedor de la Reforma resultó ser uno de sus cadáveres más exquisitos.

IV

Creo modestamente tener el derecho y al mismo tiempo el deber de identificarme públicamente y no a escondidas con aquellos grupos o personas que desde una posición de centro pretenden ofrecer a los electores lo que ha sido una constante de mi gobierno: una alternativa política que tienda a evitar peligrosos enfrentamientos, ofreciendo al mismo tiempo una plataforma de colaboración para un entendimiento duradero entre los españoles.

[…] Mi decisión puede causar recelo en algunos grupos. Ante ellos he de decir que concurro sin privilegio alguno de organización, sin apoyo de los órganos de gobierno y, por supuesto, sin ningún apoyo de la Corona, que está por encima de las opciones y contiendas[165].

Era 3 de mayo. Con evidente cinismo, estas palabras de Suárez se emitían en televisión, en horario de máxima audiencia y durante más de media hora. El exdirector de Radio Televisión Española —lo había sido entre 1969 y 1973— sabía bien cómo utilizar este monopolio del Estado. Había levantado su popularidad gracias a su indudable capacidad para multiplicar su magnetismo a través de la pantalla catódica. En el cóctel de su éxito, hecho de dotes personales, intuición política y una capacidad de empatía que hizo de Suárez el «representante de una generación», contaba sin duda el ingrediente principal de la ventaja del monopolio televisivo y la colaboración de Rafael Ansón, entonces directivo de la entidad.

Suárez apostó toda la campaña a su presencia en televisión. Confiaba en que sería el elemento decisivo, muy por encima de la «calle», los actos públicos y la presencia social. Una confianza quizás excesiva, que su inmediato asesor Alfonso Osorio le manifestó en las semanas previas a los comicios ante unas encuestas que daban ya muy buenos resultados a los socialistas, al tiempo que una previsible derrota de UCD en Cataluña y el País Vasco[166]. Las listas definitivas del partido debían reflejar el difícil equilibrio entre sus partes; las había confeccionado Calvo Sotelo bajo la supervisión del propio Osorio.

En el giro del centro hacia el gobierno, la estrategia de movilización pública del Partido Popular había quedado completamente plegada al protagonismo de Suárez. Quizás fue el factor que en las elecciones del 15 de junio de 1977 más contribuyó a dar el triunfo a la izquierda. A pesar de contar con toda la iniciativa y el aparato del Estado, la UCD no obtuvo los resultados arrolladores que sin duda Suárez y su equipo esperaban. Ganó el reformismo franquista, pero «solo» con el 34% de los votos. La derecha «recalcitrante» de Alianza Popular se quedó en el 8%. El protagonismo de la oposición quedó del lado del PSOE que rozó el 30%. Y el PCE no alcanzó el 10%. La otra opción socialista, el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, con casi un millón de votos, se quedó en el 4,5%. Sumadas las fuerzas del reformismo franquista estas hubieran perdido las elecciones (7,8 millones de votos) frente a las izquierdas (8,5 millones). ¿Era tan irreal la ruptura[167]?

La magia de la ley d’Hondt convirtió los votos a favor de la izquierda en una cámara dominada por las «derechas». Meses antes, la «proporcionalidad corregida», sobre la base de circunscripciones uniprovinciales que garantizaban la sobrerrepresentación de las provincias de menor población, impuesta por el reformismo, había sido aceptada con aplausos por la comisión negociadora[168]. Tras el día 14, el 34,4% de los votos de UCD se convirtió en el 47,4% de los escaños, 166 que sumados a los 16 de AP hicieron la famosa «mayoría mecánica». Ese mismo sistema electoral relegó el millón y medio largo de votos del PCE a únicamente 19 diputados, al tiempo que redujo a un partido (el PSP) con amplia implantación y casi el 5% de los votos a una mera anécdota parlamentaria: 1,7% de los escaños, seis diputados, sin grupo parlamentario.

La panorámica, recién descubierta, sobre el paisaje político del país ofrecía bastantes sorpresas. La más evidente fue el giro de las izquierdas a favor del PSOE, que triplicó en votos a los comunistas. Jugaron aquí un conjunto de elementos señalados repetidas veces, como la juventud de los líderes socialistas desprovistos del lastre de la guerra —evidente y redundante en Carrillo y La Pasionaria— o los importantes apoyos y reconocimientos internacionales que recibiera el PSOE. Hay, no obstante, una correspondencia entre los resultados electorales y la propia posición de los partidos en la primera fase de la Transición, que no requiere explicaciones sofisticadas. El PSOE decidió entrar en liza con una retórica que no escondía la radicalidad del antifranquismo. Supo competir en el mismo terreno del «marxismo revolucionario» del PCE y de la extrema izquierda, ocupando así un espacio al que prácticamente no había contribuido.

El PCE, en cambio, hizo una campaña responsable y moderada dirigida a confirmar su legitimidad democrática según el guión que mantendría durante toda la Transición. La elección de Alianza Popular —la gran derecha— como enemigo principal remachó su condición subalterna. En su fracaso pesó, antes que nada, la pretensión de ser una opción legítima y preocupada por la involución posible. Frente a la oposición principal, reformismo/izquierda, el PCE eligió ser el guardián de la moderación y la responsabilidad. Renunció a presentarse como un opción fuerte, propiamente de gobierno, que consideraba impedida por una alianza tan amplia de fuerzas como para incluir desde EE. UU. hasta el ejército. De hecho, desde su legalización, Carrillo trató de otorgar entidad teórica a su inclinación al consenso por medio de otra consigna de la época, la «política de concentración democrática». Justificaba así que para consolidar la democracia se requería de la formación de una gran coalición, un gran pacto, que incluyera al centro reformista y a toda la izquierda. Solo de este modo se bloquearía la involución prevista por los «poderes fácticos», y esto aunque sumadas sus fuerzas electorales —las de AP y la extrema derecha— apenas llegaran al 10%.[169] La traducción concreta de esta política no pudo ser menos provechosa para su propio partido, el guiño continuo al gobierno acabó por dirigir el voto de la izquierda hacia un PSOE encarado con la UCD y el propio Suárez.

Por el contrario, la posición socialista se diseñó explícitamente para evitar el pacto con los comunistas, primero so pretexto de evitar el espectro de un nuevo Frente Popular; después, de forma explícita, según la fórmula de la «vía nórdica» al poder. En otras palabras, los socialistas acudían solos a las elecciones y, caso de gobernar, lo harían también solos, como en Alemania y los países escandinavos, donde los partidos comunistas no eran fuertes. El modelo se oponía al de Carrillo, inspirado en la preponderancia de los comunistas en los países meridionales (Francia e Italia) donde los socialistas no podían prescindir de los PC. Casi un 30% de los votos, a los que se podrían añadir los del PSP, dieron también aquí la razón a los socialistas.

Del otro lado, en el amplio espacio del «centro» se confirmó que no había más opción que la avalada por el gobierno. Así lo demostraron los resultados del Equipo de la Democracia Cristiana liderado por el prestigioso Ruiz-Giménez, apenas 200 000 votos seguido de la subsiguiente evaporación política. La excepción la constituyeron el País Vasco y Cataluña donde el PNV y el Pacte Democràtic per Catalunya —agrupación de socialdemócratas catalanistas y los nacionalistas de la Convergència de Jordi Pujol— obtuvieron 300 000 y medio millón de votos respectivamente, por encima de UCD en el primer caso e igual en el segundo. En Cataluña, a los votos del Pacte habría que sumar los cerca de 200 000 votos a la Unió de Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya. En ambos casos, el recuerdo y la realidad de una clase política local y diferenciada, simétrica a la de sus respectivas burguesías, jugó a favor de la recuperación temprana del PNV y a la reinvención pujolista de la derecha —entonces centro— nacionalista catalana. Por su parte, y ya en el espacio político de la derecha-derecha, la opción Fraga, aunque no pudo disputar protagonismo a Suárez, apenas dejó escapar 200 000 votos hacia otras opciones más extremas como las distintas Falanges y la coalición encabezada por Fuerza Nueva.

V

Aunque ajustada, la victoria había sido para el partido del gobierno. En el proyecto inicial del reformismo, aquel que diseñara Fernández-Miranda y que compartía también Fraga, estaba previsto que el «proceso constituyente» quedara desdibujado, por no decir neutralizado, en un procedimiento que no debía ir más allá de la reforma constitucional, una suerte de nuevo encargo en la misma línea de montaje que la Ley de la Reforma Política. En su versión más estrecha, se imaginaba como una serie de pactos parciales —relativos a la cuestión sindical, la crisis económica, el modelo territorial, la reforma fiscal, la organización del Estado, etc.—, presididos por el gobierno triunfante del reformismo; antes pues la Reforma que una «constituyente» propiamente dicha.

Incluso cuando Suárez ordenó los preparativos para la convocatoria de elecciones, no se pensaron mucho más allá de una repetición ampliada del plebiscito de la reforma política. Aquel que pasara luego como padre de la democracia en la hagiografía oficial de la Transición bailaba entonces en el tira y afloja de la velocidad y la profundidad del cambio político. Y lo mismo ocurría con un monarca, moneda de la continuidad, que se siguió arrogando el derecho a nombrar hasta un quinto de los senadores sin ni siquiera esperar al resultado de las elecciones. En definitiva, en el primer semestre de 1977, entre los «autores de la Transición», los significados y los sentidos de la «democratización» estaban sujetos a la acepción de la misma dentro del alambicado espectro del reformismo franquista. Solo el desarrollo de la campaña electoral, y sobre todo unos resultados que confirmaron las tablas electorales entre el reformismo y la oposición, empujaron la «reforma constitucional» hacia una solución pactada, es decir, a un amago de proceso constituyente resuelto por el pacto entre las élites de uno y otro lado.

Conviene recordar una obviedad, en 1977 nadie votó explícitamente a una asamblea constituyente. Más allá de los aspirantes a político profesional, pocos podían pensar que se estaba votando a uno u otro proyecto de constitución. Los lemas electorales así lo confirman: «Socialismo en libertad» (comunistas), «La libertad está en tu mano» (socialistas), «Votar centro es votar Suárez» (¡sic!), «España, lo único importante» (Alianza Popular). Se votaba a la izquierda o a la derecha, se votaba al nuevo gobierno; las elecciones, todo lo más, se podían considerar como un primer recuento de fuerzas entre los partidarios de la «continuidad» y de la «ruptura». Y esto justo en el momento en el que el acuerdo y el compromiso entre ambas élites, las del reformismo franquista y las de los partidos de izquierda, ya habían quedado sellados por la experiencia de negociación previa.

Sin embargo, y por paradójico que parezca, tampoco nadie se sorprendió de que esas primeras Cortes, constituidas de forma tan precaria, en las que el único partido de masas e implantación real (el PCE) fue aceptado tarde y con poco tiempo, en las que la extrema izquierda —incluida Esquerra Republicana— solo pudo participar bajo el expediente de las agrupaciones de electores y en las que ni por asomo se pensó en un segundo «recuento» —por ejemplo unas municipales—, hicieran suya de inmediato la necesidad de abordar un proyecto constituyente. La fase de los pactos, lo que se conoció como la «era del consenso» alcanzó en la negociación del proyecto constitucional su capítulo principal. Al fin y al cabo, la pretensión de crear una Constitución neutra que anhelaba el constitucionalismo democrático radicaba en el pacto.

El proceso se inició muy rápido. Apenas constituidas las nuevas cámaras, se iniciaron los trabajos constituyentes. Quebrado el primer intento de protagonizar el proceso por parte del gobierno, el Congreso dio curso a la formación de una Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. En términos técnicos debía elegir a los redactores de una Ponencia constitucional. En un primer momento, el gobierno pretendió imponer el monopolio constitucional, pero las amenazas de la oposición abrieron la puerta al acuerdo entre los dos grandes partidos. En la formación de la ponencia, UCD y PSOE trataron de limitar los trabajos a cinco miembros: tres para el primero y dos para el segundo. Las quejas del resto de grupos fueron, como corresponde, airadas. Sin el PCE, sin los de Fraga, ¿qué legitimidad tendría la nueva Constitución? Cedieron los partidos mayoritarios. Y se incorporaron dos nuevos ponentes, uno para Alianza y otro para el PCE. La decisión del PSOE de traspasar otro ponente a la Minoría Catalana debía completar el arco del «consenso». Naturalmente no era el deseo de acuerdo, sino los recelos de perder una situación electoral, que se consideraba temporal y que podía escorarse hacia los «extremos» —de Fraga y Carrillo— lo que aconsejó su incorporación. Sea como fuere, el partidismo no dejó de cobrarse sus presas: el PSOE impidió la casi obligada inclusión del PSP y su líder Tierno Galván, uno de los pocos constitucionalistas reconocidos en la cámara. El PNV, por su parte, tampoco se reconoció en la Minoría Catalana, que debía representarle, dando pie a una historia de enajenación constitucional, que habría de tener un largo desarrollo.

La Ponencia quedó constituida con siete miembros. Entre ellos había tres abogados cuya militancia y compromiso profesional habían estado indudablemente del lado de la oposición y otros cuatro cuya labor profesional se había desarrollado dentro de la administración franquista, en el caso de Fraga con una relevancia política excepcional[170]. Determinados los pivotes de la redacción del primer borrador, la discusión comenzó por determinar qué tipo de Constitución se pretendía. En la medida en que el «consenso» dependía de la propia «flexibilidad» del texto, las derechas optaron, desde el principio, por la «solución anglosajona», esto es, un texto mínimo y reducido a grandes principios. Fraga defendió esta opción sin descanso frente a una solución que consideraba más reglamentista, detallista y, por supuesto, más propia de la izquierda.

Es interesante observar que los puntos extremos de la ponencia, los comunistas y los aliancistas, habían acordado desde muy pronto todo en lo que cederían, sin imponer grandes líneas rojas. En concordancia con las nuevas posiciones conciliadoras y moderadas, los comunistas aceptaron aquello a lo que ya se habían comprometido: la monarquía parlamentaria, la bandera y el respeto a la vieja administración[171]. Sus preocupaciones iban más bien por el articulado de las libertades, de los derechos políticos y civiles y el reconocimiento de los «derechos de los pueblos», tratando de recuperar en lo posible la vieja fórmula de los estatutos de autonomía. En esto coincidían básicamente con los socialistas y con la minoría catalana. UCD, por su parte, estaba dispuesta a transigir en todo lo demás. En el otro extremo, Fraga planteó lo que eran las exigencias fuertes por parte de la derecha y que la oposición también estaba dispuesta a aceptar, gobiernos fuertes y flexibilidad legal, además de que el desarrollo concreto de la Constitución —lo que realmente importa— se hiciera descansar en las «leyes orgánicas», esto es, en la voluntad del legislador de turno. Quedaban también algunas cuestiones relativas a los «poderes fácticos»: la monarquía, los intereses de la Iglesia, la intangibilidad del ejército y las prerrogativas de la patronal.

Constituida la Ponencia a principios del verano, sus integrantes fueron egresados de lujo en el panteón de la Transición: elevados a la condición de «padres» de la Constitución según la vieja tradición castiza y patriarcal, que caracteriza a las funciones de Estado. Durante los meses siguientes trabajaron a puerta cerrada, en secreto, obedientes en exclusiva a sus respectivas cúpulas políticas. Signo de los tiempos, el silencio no se consideró en ningún momento motivo de déficit democrático.

Si el verano discurrió sofocante en Madrid, la vuelta de las vacaciones apenas dejó tiempo para aclimatarse al trabajo de la Ponencia. Iniciado en octubre, pero por un procedimiento mucho más urgente, los representantes de las mayores formaciones políticas se reunieron para alcanzar el «acuerdo social» que debía servir de respiradero para la democracia frente a la grave crisis social que producía la agitación laboral y la inflación. Los Pactos de la Moncloa no interrumpieron el trabajo de los ponentes. Pocas semanas después de firmados, se publicó en la prensa un borrador de la Constitución. Se filtró en Cuadernos para el Diálogo. El silencio de los ponentes se había roto. Parecía que la filtración podía dar pie, ¡al fin!, a una discusión pública. Pero no fue lo que ocurrió. El debate de las siguientes semanas no se concentró tanto en la forma del Estado, sobre la que ya había un considerable consenso, o sobre el mayor o menor grado de «democracia», que delegada en los partidos poco más había que discutir, cuanto sobre aquellos artículos que afectaban a los intereses corporativos.

La polémica gravitó en torno al reconocimiento de la Iglesia. El conflicto no estaba realmente en la declaración de la «aconfesionalidad del Estado», de acuerdo con una representación más bien folclórica del enfrentamiento entre el inveterado laicismo de la izquierda y el confesionalismo de la derecha. El nudo gordiano tenía que ver con lo que era el principal «negocio» de la Iglesia: la educación. La Iglesia «dulcificada» de Tarancón lanzó en aquellos meses una poderosa campaña por la «libertad de enseñanza», y a punto estuvo de forzar un artículo que sancionaba la subvención de la educación por parte del Estado. Apenas presentable, el texto final estableció en su art. 27 el «derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Las leyes orgánicas ya se encargarían después de seguir regulando uno de los pocos sistemas de educación dual de todo el planeta, en el que la educación privada se nutre de fondos públicos bajo el rótulo de «concertada».

También la patronal presionó con sus propios medios. La discusión coincidió por aquellas fechas con enormes gestos de fuerza por parte de una joven CEOE. Con el lema «Reaccionemos», fue capaz de reunir, a principios de febrero, a 13 000 empresarios en el Palacio de los Deportes de Madrid. La discusión giraba en torno a los límites al derecho de huelga y al reconocimiento tanto del despido libre como del derecho al lock out patronal. El resultado final, regulado luego en el art. 28, remitió de nuevo al desarrollo normativo de las leyes orgánicas: «La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Y seguidamente en el art. 37, además de sancionar la regulación colectiva, en su segundo párrafo reconocía «el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo»[172].

Mientras los trabajos constitucionales avanzaban, la pulcritud modernizante y aséptica del texto constitucional quedaba a años luz de la radicalidad verbal de las izquierdas del momento. Baste aquí comparar la Constitución española con su coetánea portuguesa. En su primera redacción de 1976, esta última se abría con el siguiente artículo: «[Portugal es] una República soberana, basada en la dignidad de las personas, la voluntad popular y empeñada en su transformación en una sociedad sin clases». Y en su artículo segundo recogía: «[La República] tiene por objetivo asegurar la transición al socialismo mediante la creación de las condiciones para el ejercicio democrático del poder por las clases trabajadoras». Con un «radicalismo exacerbado» para los legisladores españoles, el texto luso preveía la expropiación de latifundios, grandes bancos y empresas estratégicas, al tiempo que reconocía la propiedad cooperativa de los medios de producción en pie de igualdad con la propiedad pública y la propiedad privada[173]. Como han apuntado ya numerosos constitucionalistas, tanto la redacción final de la Constitución de 1978, como sus primeros borradores, se deben entender como textos modestos en términos sociales, de transición entre las constituciones progresistas de la postguerra europea y el nuevo marco de hegemonía (neo)liberal que entonces empezaba a ganar terreno[174].

Resumiendo, bajo la presión no tanto de una ciudadanía organizada y preocupada por la organización de la democracia en el país, como de los lobbies corporativos, los trabajos de la Ponencia acabaron el 16 de febrero de 1978. El borrador resultante, más bien deslavazado y jurídicamente incongruente, características que nunca se llegaron a eliminar del todo, pasó entonces a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Diez semanas más de trabajo y esta dejó listo un nuevo borrador destinado a ser discutido en las Cortes. Hasta 3000 enmiendas fueron presentadas por los congresistas y sus grupos parlamentarios. Semejante volumen de propuestas resultó técnicamente indigesto y también ajeno a cualquier debate social que se produjera más allá del Congreso y de la presión de entidades como la Iglesia y la patronal[175]. Lejos de la imagen de «consenso», que habitualmente se tiene del proceso, la discusión fue en estos meses abroncada y claramente partidista.

La urgencia por tener un «algo» definitivo favoreció entonces el expediente de la «mayoría mecánica» que formaba la suma de UCD y AP. La respuesta del PSOE se formuló como una amenaza: o se le incluía en la redacción final o en las siguientes elecciones llevaría la «reforma constitucional» en su programa. Sin el PSOE, la situación naufragaba. A finales de mayo se alumbró un nuevo acuerdo entre los dos grandes partidos. Durante las siguientes semanas, Alfonso Abril, por parte de la UCD, y Alfonso Guerra, por los socialistas, cerraron por paquetes los artículos más conflictivos. La Constitución cultivó una amistad que duraría años pero que entonces se engordó a cena diaria en uno de los restaurantes más caros de la ciudad[176].

Por fin, el 21 de julio, el Congreso votó el texto casi definitivo. No obstante, las discrepancias con el articulado votado en el Senado requirieron de la redacción de un nuevo borrador. Ya a la vuelta del verano, el 31 de octubre, el Congreso aprobó el texto definitivo con 325 votos a favor, 14 abstenciones y 6 votos en contra. PNV, al igual que ERC y una parte de AP se abstuvieron. Entre los votos contrarios estaban los de Euskadiko Esquerra, Blas Piñar y algunos aliancistas, incluidos dos de los «magníficos» del franquismo político, Federico Silva y Gonzalo Fernández de la Mora. No tardaron en abandonar el invento de Fraga[177].

VI

La Constitución de 1978, el más bello edificio del «consenso» político de la Transición, había sido apoyada en bloque por el PSOE, los socialistas catalanes, la UCD, el PCE, la minoría catalana y la mayoría de los aliancistas de Fraga. Apenas quedó fuera ninguna de las fuerzas representadas —la izquierda vasca— y los que no la apoyaron explícitamente se decantaron por una abstención sin convicción (el PNV). Un artículo del jefe de los socialistas catalanes, Joan Reventós, expresó así la naturaleza del consenso, su conquista y la amenaza subrepticia: «Con la Constitución, por fin sí, la guerra ha terminado»[178].

Reventós acertaba: la Constitución representó el consenso y el fin de las dos Españas. En esa imagen se emplearon los partidos, la prensa y el nuevo estamento intelectual. La Constitución estableció el marco de una democracia hecha de instituciones y procedimientos capaces de asegurar la neutralidad y la competencia electoral justa. Por eso, adquirió rápidamente un rango de sacralidad indiscutible que caía a la vez del lado del liberalismo político y del progresismo. Al decir de Suárez, hemos hecho «una de las constituciones más progresivas del mundo». Considerada, sin embargo, a la luz de sus resultados y, sobre todo, del empleo ideológico que se le dio posteriormente, las preguntas del constitucionalista Otto siguen siendo del todo pertinentes: ¿fue la Constitución de 1978 una garantía de ese juego políticamente neutro que no establece ningún régimen político particular?

Hay partes del texto de 1978 que obedecieron fielmente al movimiento de conquistas sociales, que durante casi dos décadas laminó por abajo los soportes de la dictadura. La más notable fueron los casi cincuenta artículos de la parte doctrinal que regulaban los «derechos y deberes fundamentales». En el título referido a las «libertades públicas», quedaron recogidos y detallados las libertades de creencia e ideología, las garantías jurídicas, la libertad de prensa y expresión y los derechos de reunión, manifestación y asociación. El detalle y la precisión respondieron a la lucha antifranquista, esos artículos «constitucionalizaron», de hecho, unas libertades que, en su ejercicio clandestino y arriesgado, habían llevado a la crisis a las instituciones franquistas. A medida, sin embargo, que nos alejamos de los derechos fundamentales, los artículos se van haciendo alternativamente, o más abigarrados y precisos, o más ambiguos y polisémicos. Así el referido a materia fiscal es una mera declaración de principios (art. 31): «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». En ese momento estaba en juego la reforma fiscal que elaboró Fuentes Quintana y que acompañó a los Pactos de la Moncloa; la reforma se resolvió de una manera mucho menos progresiva que en su primera formulación. Lo mismo se puede decir, pero por otras razones, sobre la vivienda (art. 47): «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». En esta dirección presionaba el movimiento vecinal, extensión territorial del movimiento obrero a los barrios. No obstante aquí, y al igual que ocurre con muchos de los artículos referidos a derechos sociales y a la política económica —todos los del capítulo tercero—, los derechos y las normas progresivas quedaron reducidos a la función de simples principios informadores («rectores») y por lo tanto no susceptibles de alegarse ante los tribunales.

En otros casos, como ocurre con el art. 27 sobre la educación, la ambigüedad desapareció por la voluntad expresa de defender las prerrogativas corporativas de la Iglesia, especialmente la «libertad de creación de centros docentes» y «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Sobra decir que en la Constitución apenas se reflejaron los elementos sustantivos de la democracia social y económica que avanzaron los movimientos del momento, como el reconocimiento de la autogestión como principio de regulación económica —que recogía el PSOE en su programa— o la expropiación por iniciativa popular democrática —como además de recogerlo el PSOE, es materia constitucional en muchos de los textos europeos de postguerra—. El hecho de que en 1978 no se constitucionalizara ninguna solución política o social, pero tampoco ninguno de los derechos sociales fundamentales de forma clara y precisa, y que el mismo Otto consideró una ventaja[179], debe ponerse antes entre los paréntesis de una democracia limitada que la de una generosa, amplia y garantista.

También es reveladora la parte orgánica del texto: los títulos y artículos que se encargaron de establecer y regular las instituciones del Estado[180]. La idea, no exenta de miedo, que presidió esta parte del texto consistió en asegurar la gobernabilidad. La Constitución estableció la primacía de un ejecutivo fuerte frente a un Parlamento débil y una iniciativa ciudadana aún más débil. Se limitaron los poderes del Parlamento, al tiempo que se le otorgó al gobierno la «reserva negativa de ley». No se establecieron criterios de responsabilidad de los ministros ante las cámaras, que quedaron únicamente a cargo del presidente. Los elementos más restrictivos estaban, sin embargo, en la regulación de la representación: la Constitución confirmó a los partidos políticos como instancias de representación casi en exclusiva y receló de cualquier mecanismo de participación. Los canales de democracia directa o semidirecta fueron, o bien sencillamente excluidos, o bien tan despotenciados que quedaron reducidos a la inanidad. Este fue el caso de la Iniciativa Legislativa Popular, sometida a unas condiciones draconianas; y también del referéndum que quedó en un mecanismo meramente consultivo —plebiscitario sería la palabra adecuada— a iniciativa únicamente del gobierno[181].

Quizás la parte más compleja y peor cerrada residió en el mecanismo de descentralización y reconocimiento de las aspiraciones de autogobierno de las regiones o naciones. Desde el principio, la discusión acerca de un federalismo sincero quedó arrinconada por la presión de UCD y AP, y por la incapacidad de PSOE y PCE de presentar alguna modalidad de democracia popular, en la que la descentralización no fuera tanto un mecanismo de reconocimiento «nacional» como de articulación democrática. Se dejó sentir la presión del ejército y de los sectores involucionistas para los que el mero recuerdo de los estatutos de autonomía de la II República olía a separatismo y traición a la patria. Era algo previsto en los acuerdos preconstituyentes. En la Memoria que Solé Tura envió en el verano de 1977 a la dirección del partido, estaba contenida la renuncia al federalismo y la aceptación de la monarquía. En sus propias palabras, el modelo federal «no es un punto de partida, sino un punto de llegada[182]» que, se entiende, permitiría el Estado autonómico.

Los compromisos entre las distintas fuerzas políticas resultaron finalmente en un engendro político. En su art. 2, la Constitución declaraba «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», al tiempo que reconocía «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». A caballo de la distinción entre la «nación española» —se entiende de primer grado—, las «nacionalidades» —se entiende de segundo— y las regiones —ya de tercero— se recuperaba la idea rectora de los viejos estatutos de autonomía de la II República y se le añadía el término «comunidad», luego denostado por muchos nacionalistas de uno y otro lado, pero que recordaba un bello origen en las Comunidades de Castilla, revueltas urbanas contra la formación del Estado moderno.

El Estado de las autonomías quedó establecido según la fórmula del «café para todos», atribuida al ministro —adjunto para las Regiones— Manuel F. Clavero. Todas las regiones tendrían su propio estatuto de autonomía. Se pretendía así corregir las «envidias» respecto a los territorios con «derechos históricos», pero con el propósito de significar el «hecho diferencial» se concedía a estos últimos el premio de la velocidad. El sistema de acceso a la autonomía tuvo así un carácter asimétrico, distinto para cada territorio según su condición. Las nacionalidades —País Vasco, Galicia y Cataluña, a los que se añade la «foralidad» de Navarra— accedieron rápidamente a sus estatutos. El resto padeció otros ritmos, que solo en Andalucía se aceleraron con un refrendo celebrado en 1981 de acuerdo con lo establecido en el art. 151.

En definitiva, el Estado autonómico, regulado a trazo grueso en la Constitución, no respondió a un modelo de Estado plurinacional formado por cuatro o cinco «nacionalidades», con relaciones estables (federales) dentro de un mismo marco estatal, algo que la izquierda así como las «minorías» vasca y catalana habían defendido sobre la base del derecho de autodeterminación. Pero tampoco se articuló, de una forma que hubiera sido mucho más consecuente, según un modelo federal democrático, en el que el territorio se considerara el «instrumento inmediato» de organización de la vida política y por el que la descentralización concluye con un mecanismo de construcción de las decisiones de «abajo a arriba». Durante la última mitad del siglo XIX, este había sido el proyecto político de la tradición federal española; la única en el país que podría representar una opción política radicalmente democrática[183]. El resultado fue una chapuza política y jurídica.

Para cada una de las comunidades se estableció un procedimiento de regulación institucional de competencias y órganos de gobierno a través de un Estatuto de autonomía. Debía incluir una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno, un Presidente, un Tribunal Superior de Justicia, en definitiva, una reproducción en miniatura del mismo «centralismo» partidocrático que la Constitución elaboró a escala del conjunto del Estado. La redacción de los estatutos se realizó de acuerdo con la doble vía establecida en la Constitución, rápido para las nacionalidades históricas y más lento para las demás. De hecho, las asambleas de los parlamentarios vascos y catalanes concluyeron casi en paralelo a los trabajos constitucionales los primeros borradores de sus propios estatutos de autonomía. Aprobados en 1979, por medio de sendas negociaciones con el gobierno de UCD, sirvieron de modelo para todos los demás.

Más allá, sin embargo, de las nacionalidades históricas y de las comunidades insulares, las fronteras del mapa autonómico no resultaron ni fáciles ni evidentes. Las presiones políticas, los intereses de los grupos de interés local y a veces la simple arbitrariedad acabaron por definir los límites de las comunidades de una forma que no correspondía con el mapa regional previo. Algunas regiones históricas desaparecieron, como fue el caso de León, para la que no se dispuso una autonomía uniprovincial o al menos su incorporación a Asturias. A su vez, otras como La Rioja y Cantabria fueron desgajadas de Castilla, región histórica, al tiempo que se impidió la incorporación de Navarra a Euskadi. Para Madrid se definió también una comunidad uniprovincial separada de la nueva autonomía de Castilla-La Mancha, antes Castilla La Nueva. Y por último, la región de Murcia cedió Albacete a Castilla-La Mancha.

Los últimos dos títulos de la Constitución, el IX y el X se dedicaron respectivamente a regular las funciones del Tribunal Constitucional y a establecer las condiciones para la reforma constitucional. Se determinaba aquí cuán abierta iba a ser la Constitución. Finalmente, y de acuerdo con el espíritu del texto, las condiciones para la reforma fueron tan estrechas que quedaron prácticamente reducidas a lo improbable. La iniciativa de la reforma quedó en manos de los partidos políticos. Esta requeriría de amplias mayorías en las cámaras; tres quintos o dos tercios según la importancia de los títulos a modificar. Sencillamente el texto constitucional había sido blindado a la reforma.

La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1977. La pregunta parca, lacónica, al borde de la ironía fue «¿aprueba el proyecto de Constitución?».

VII

En ese mismo librito sobre la Constitución y el proceso constituyente que abre este capítulo, Ignacio de Otto hacía una reflexión pertinente en relación con el referéndum constitucional. Escribía: «La intervención popular mediante el referéndum solo tiene pleno sentido democrático, además de la función legitimadora que cumple, si es el colofón de un proceso de intervención popular, directa e indirecta, en todas las fases del proceso y, muy especialmente, en la propia actividad y composición de la Asamblea Constituyente»[184].

Puede que casi improvisadamente, tras unas elecciones que solo de forma algo forzada acabaron por ser «constituyentes», la «intervención popular» pareciera decisiva en la «composición» de la asamblea que redactó el texto constitucional. En lo que seguro no lo resultó tanto fue en la «actividad». La Constitución de 1978 fue escrita por la nueva clase política, que salió de los restos renovados del franquismo político y de una oposición democrática cuya relación con el espacio social de movilización ya empezaba a cuartearse. Por mucho que se celebrase posteriormente, y por mucho que el propio Otto apuntase a la Constitución de 1978 el enorme mérito de separar claramente constitutio y régimen, lo cierto es que aquella acabó por determinar la forma de un nuevo régimen político que ya estaba in nuce en aquellos años. La Constitución selló la partidocracia que dominaría los siguientes treinta años sin ninguna integración sustantiva de nuevas formaciones partidarias, al tiempo que fijó unos débiles instrumentos de participación directa y de reforma interna. Dejó los derechos sociales como un asunto meramente «informativo». Y blindó la reforma a cualquier iniciativa que no contara con el apoyo de los dos grandes partidos. En cierta forma, la caducidad de la Constitución estaba destinada a coincidir con la del propio régimen que finalmente sancionó.

Una de las grandes paradojas de la constituyente de 1978 es que la ausencia de un debate amplio y general sobre el texto produjo un enmudecimiento de las críticas y finalmente un retraimiento del interés sobre el mismo. El chantaje de la involución y el fantasma de la Guerra Civil sirvieron de pegamento a un consenso social amplio, que aceptó el texto por abrumadora mayoría, casi el 88% de los votantes y el 59% del censo. Solo en Vizcaya y Gipuzkoa, la abstención y los votos negativos fueron superiores a los afirmativos.

Al bucear en los estudios realizados en la época, encontramos una encuesta realizada en el verano de 1978. Había pasado ya un año desde las «elecciones libres» de 1977 y se conocía, salvo en algunos detalles, lo que sería el texto final de la Constitución. En disonancia con el clima celebratorio de la época, en esa encuesta tan solo el 46% de la población pensaba que «España es una democracia», el 44% opinaba lo contrario[185].

> Manifestación en apoyo a los trabajadores de la SEAT, Barcelona, 1979.

5. El pacto social
(octubre 1977 / enero de 1980)

I

Los trabajadores de Tarabusi, a pesar de haber luchado valientemente hemos sido derrotados. Nos hemos visto obligados a entrar al trabajo con 18 despedidos. […] Pensamos que después de luchar tres meses por defender nuestro puesto de trabajo, esta derrota no ha sido fruto de la casualidad. [… ]

Toda la responsabilidad recae en los aparatos burocráticos que tenemos en nuestras filas, en las centrales sindicales que solamente se preocupan de buscar un lugar privilegiado en esa democracia burguesa que están negociando con la Patronal y su Gobierno. [… ]

Nosotros afirmamos, desde nuestra propia experiencia, que estas alternativas sindicales favorecen a los patrones y no a los obreros, y que solamente se podrá llamar Organización de los trabajadores a aquella que nosotros levantemos desde las asambleas de cada fábrica, y que luche decididamente uniendo a todo el Pueblo Trabajador contra los capitalistas[186].

La fábrica de Tarabusi era un punto relativamente modesto en el mapa industrial de Vizcaya. Los extractos de este manifiesto de febrero de 1977 muestran un panorama radicalmente distinto al del año previo. Vibraban entonces las huelgas de Vitoria, de Levante, del área metropolitana de Barcelona. La denuncia de los de Tarabusi era rotunda: la lucha se perdió por una política de aislamiento premeditado y por las ambiciones políticas de las nuevas organizaciones sindicales. Las «burocracias» eran, para estos obreros radicalizados, la causa de una nueva situación marcada por el retroceso, por la derrota.

Acabado el agitado invierno de 1976, el acercamiento entre el reformismo franquista y la oposición tuvo una particular traducción en el ámbito sindical. Al tiempo que los partidos aceleraban el paso para ser reconocidos como interlocutores políticos, las minorías sindicales integradas en el hasta entonces magmático movimiento obrero iniciaron una rápida carrera por crear los nuevos sindicatos democráticos. Para esas minorías, así como para la gran mayoría de los trabajadores, que participaban en las asambleas, secundaban las huelgas o acudían a las manifestaciones, la institucionalización significaba algo probablemente más ambiguo y difícil que la anhelada conquista de la libertad sindical. Hasta ese momento, y en buena medida también después, las movilizaciones de fábrica habían sido animadas por cualquier cosa antes que por sindicatos en sentido estricto. Sin estructuras formales estables, el movimiento obrero se articuló sobre la base de un conjunto difuso de organizaciones precarias y coaliciones temporales, que se armaban y desarmaban en coordinadoras, asambleas y medios de acción que tenían en el conflicto su único germen proteico. El unitarismo o el asamblearismo, que animó al movimiento desde la formación de Comisiones, no respondía a formas sindicales propiamente dichas.

Pero aún sin una estructuración formal, clara y estable, el movimiento obrero había sido extremadamente eficaz en la consecución de sus objetivos, la creación de un amplio espacio de movilización al margen del sindicato vertical. No en vano fueron las asambleas y las huelgas descontroladas las que llevaron a la pulverización de la CNS —el sindicato vertical—, incapaz de contener y encauzar las sucesivas oleadas de conflictos de fábrica. Y fue también con las huelgas del invierno de 1976, cómo el movimiento obrero saboteó el último proyecto de reforma sindical diseñado por Martín Villa. Tanto es así, que la siguiente reforma tuvo que partir de la siguiente asunción: la organización sindical ya no existía. La OSE fue reconvertida en un simple aparato de administración social sobre la base de la AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales), creada unos meses antes.

En definitiva, en el terreno laboral se había acumulado una potencia suficiente como para producir una auténtica ruptura con la dictadura. A nivel laboral, no había necesidad alguna de pactos con las viejas burocracias. Probablemente no había necesidad siquiera de una nueva burocracia sindical, por moderna y democrática que esta fuera. Pero ¿podía acometerse el pacto político sin su necesario correlato social, sin la necesaria pacificación del hasta entonces bronco movimiento obrero?

La transición sindical se mostró como uno de los problemas mayores de la Transición. El pacto social requería de la creación de interlocutores sindicales subordinados al pacto político. La cuestión residía en cómo y de qué forma se debía acometer este proceso. Había, sin duda, resistencias… enormes.

La incógnita principal dependía de la evolución de Comisiones Obreras. Habían sido el paraguas principal del movimiento obrero durante más de una década, con un prestigio apenas cuestionable. Hacia 1974 o 1975, Comisiones había vuelto a reunir a buena parte de la izquierda comunista. La flexibilidad de sus estructuras de coordinación hacían de ella un órgano altamente descentralizado, de densidades y lealtades variables, según las singularidades locales, orientada antes a la movilización que a la representación. En la mayor parte de lugares, Comisiones Obreras no eran mucho más que las asambleas de fábrica, la organización realmente existente de los trabajadores. Todavía respondían al viejo principio unitario sobre el que se había cimentado su legitimidad y sobre el que se apoyaba la práctica mayoritaria del movimiento. El unitarismo y el asamblearismo seguían siendo marca de la casa[187].

Para el PCE, que tenía una considerable preponderancia en Comisiones, las urgencias corrían, en cambio, parejas a los ritmos de cambio político. Desde muy temprano, la dirección comunista proyectó en Comisiones una alternativa posible a la CNS. La constitución en 1975 de las Candidaturas Unitarias y Democráticas, promovidas principalmente por Comisiones, se presentaron como un ensayo de lo que podría ser el futuro sindicato democrático y unitario. Carrillo lo expresó sin ambages con su célebre consigna de «tomar el Vertical con los ascensores en marcha».

Para los comunistas, la transición sindical debía conducir a la formación de un sindicato único cuyo embrión natural debían ser las Comisiones Obreras y cuyo horizonte inmediato consistía en sustituir al sindicato vertical. El camino se imaginaba a partir de la convocatoria de un gran Congreso Constituyente; una gigantesca reunión de delegados de asambleas de fábrica que debía dar curso a los órganos de representación de toda o, al menos, de la gran mayoría de la clase trabajadora.

No era difícil prever que un modelo sindical «unitario» otorgaría la hegemonía a los comunistas. Y por eso fue rechazado por todos aquellos sectores capaces de crear una alternativa sindical propia. La USO, escarmentada por su participación en Comisiones al lado de los comunistas, rechazó la propuesta. De igual modo, las perspectivas de crecimiento del sindicato socialista, animadas por la aún más rápida proyección del PSOE, tampoco inclinaron a la UGT a lo que se anunciaba como su disolución en unas Comisiones ampliadas. Durante la primavera de 1976, justo después de las huelgas del invierno, el debate que las élites sindicales trataron de escenificar con los términos de «unidad sindical» y «pluralidad sindical» acabó así por decantarse a favor de este último[188].

Cada vez más temeroso de perder terreno frente a la UGT, el PCE se decidió entonces a abandonar la idea de un gran sindicato unitario, impulsando la formalización de CCOO[189]. Convocada para el mes de julio de 1976, la asamblea estatal celebrada en Barcelona fue el acta de constitución de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. La formalización del sindicato implicaba la elección de una dirección, la instauración de la afiliación y la creación de organismos estables de coordinación y representación territorial y sectorial. El cambio produjo un notable vuelco respecto de lo que había sido Comisiones hasta entonces. La transición entre la clandestinidad épica y dura y la institucionalización sindical trató de facilitarse con fórmulas de compromiso. Se acuñó así la idea de CCOO como «sindicato de nuevo tipo», que definía la organización como «un movimiento sociopolítico» o la de que Comisiones era «el movimiento más el carnet»[190]. Eufemismos que apenas pudieron esconder que se había elegido un Secretariado de los que entre 26 miembros, 24 eran militantes del PCE.

Sometida Comisiones al PCE, la batalla interna se saldó con el abandono de los dos principales partidos de la extrema izquierda, el PTE y la ORT. Pocas semanas después de la Asamblea estatal, ambas formaciones fundaron sus propios sindicatos, la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) y el Sindicato Unitario. Apenas resistía bajo aquellos rótulos el viejo proyecto de crear un «sindicato unitario de todos los trabajadores»[191].

A diferencia del conflictivo proceso de formalización de Comisiones, la reconstrucción de UGT resultó más sencilla. Su fulgurante éxito, paralelo al del PSOE, permanece todavía como una de las operaciones mejor acabadas de construcción de un aparato de representación. A la altura de 1974-1975 se puede decir que la UGT simplemente no existía. Aparte de un pequeño núcleo en las cuencas mineras asturianas, y otra pequeña agrupación en la margen izquierda de la ría de Bilbao —por otra parte incapaz de iniciativa en las asambleas de fábrica—, la organización era solo un recuerdo en las cabezas de los veteranos de la guerra. Y sin embargo a principios de 1978, el sindicato socialista se había convertido en la segunda fuerza laboral en número de afiliados y representantes[192].

La presentación pública de la UGT se realizó en abril de 1976. La convocatoria del XXX Congreso había sido toda una declaración de favoritismo por parte de Fraga y el reformismo franquista. Como ocurriera con el PSOE, al Congreso acudieron representantes de los principales sindicatos socialdemócratas europeos. Y como pasó con el partido, el apoyo externo, y en especial de los sindicatos alemanes, resultó ser el principal soporte para la reconstrucción de la organización. La socialdemocracia aportó un plus de credibilidad política, al tiempo que ofreció la capacidad financiera para organizar su expansión posterior. Evidentemente a la socialdemocracia europea le interesaba asegurar la posición de un sindicato socialista fuerte que sirviera de contrapeso al enorme prestigio y casi segura hegemonía de CCOO.

El principal problema de la UGT, en aquellos meses, era no obstante su patente debilidad en los niveles inferiores de fábrica y taller. Sencillamente no disponía de cuadros. Las campañas de afiliación de la UGT trataron de atraer indiscriminadamente a todos aquellos que pudieran servir a la construcción del sindicato: católicos, independientes, comunistas, sin hacer tampoco remilgos a los vocales del antiguo vertical. Se consiguió así un crecimiento notable pero que se nutrió principalmente de los sectores menos combativos de la fuerza de trabajo y que tuvo que promover una formación militante rápida —casi siempre precaria— sostenida principalmente gracias a la subvención de la socialdemocracia europea[193].

CCOO y UGT no agotaban, sin embargo, el panorama sindical que se abrió en aquellos meses. En 1976 se fundaron un buen número de sindicatos pequeños y medianos: a los ya mencionados SU y CSUT, se sumó una renacida CNT y la central católica USO. El sindicato de origen confesional fue probablemente, después de CCOO, la organización obrera más importante del antifranquismo. A pesar de ello, no experimentó un crecimiento similar al de otros grupos durante los últimos años de la dictadura. Su relativa atonía se debió a la postura más bien moderada en el momento alcista del ciclo de luchas y a las prioridades de su dirección, más preocupada por el reconocimiento internacional que por potenciar su presencia en los centros de trabajo. En octubre de 1976, se celebró en Barcelona la I Asamblea de Delegados de Secciones Sindicales: nacía así la tercera central sindical del país[194]. La posterior trayectoria de esta organización resultó, no obstante, paradigmática de las posiciones moderadas con aspiraciones mayoritarias pero sin apoyo político. En el siguiente Congreso de 1977, una parte del sindicato decidió su paso a la UGT. Posteriormente la fracción más activa, la corriente autogestionaria, ingresó en CCOO. En 1980, la vieja Unión había perdido la representación y capacidad negociadora de unos años antes.

En apenas unos meses había surgido un abigarrado ecosistema de especies sindicales y este aún se podía enriquecer con los sindicatos de las «nacionalidades históricas»: la reconstrucción de ELA-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos), la consolidación de LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) fundado en 1974[195], la Solidaritat d’Obrers Catalans y los grupos sindicales que más tarde formarían la Intersindical Nacional Galega. El despliegue de la «pluralidad sindical» había creado una amplia paleta de colores ideológicos y opciones estratégicas. A pesar de esta pluralidad, la transformación, que exigía el cambio de época, no dejaba de ser contradictoria con la trayectoria del movimiento durante los años previos.

La escenificación de la unidad construida por arriba, y sellada por las directivas de Comisiones, USO y UGT, en la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), apuntaba al hecho principal que marcó la transición sindical: los tiempos del asamblearismo y del viejo unitarismo debían quedar atrás[196]. Presionados por la urgencia, los sindicatos estaban luchando por consolidar sus propias estructuras. Las nuevas organizaciones eran competitivas y tenían aspiraciones de hegemonía. Operaban al margen de las asambleas de fábrica con direcciones y orientaciones estratégicas diferenciadas. En la pendiente burocrática que implicaba la institucionalización, de poco servía que en los estatutos de prácticamente todas las centrales se mantuvieran aquellos viejos principios que invariablemente rezaban: este es un sindicato «de clase», «democrático», «unitario», autónomo y revolucionario[197]. El nuevo sindicalismo entraba en contradicción con la autonomía de las asambleas.

De otro lado, desde la perspectiva de la militancia de fábrica, la nueva coyuntura abría una serie de opciones para los que la inmensa mayoría no estaba preparada. Más allá de la evidente tentación de hacer «carrera» —sindical o política— con la idea de que esta se pudiera compaginar con la célebre «contribución sindical a la democracia», las opciones no eran muchas. Quedaba desde luego el recurso de mantener las viejas posiciones asamblearias dentro de los nuevos sindicatos[198]. También se podía asumir el reto de la militancia en alguna de las nuevas organizaciones más radicalizadas. Pero frente al crecimiento de los sindicatos, de sus campañas de afiliación y de su creciente protagonismo público, el riesgo de caer en la marginalidad, dentro de un marco contradictorio con los viejos hábitos de movilización, era grande.

¿Cómo fue posible que las prácticas asamblearias, probadas durante más de una década cedieran tan rápido el protagonismo a los sindicatos? ¿No pudo haber cuajado esa realidad hecha de coordinadoras y asambleas en otras opciones distintas de las centrales sindicales convencionales? Ciertamente hubo algunos ensayos dirigidos a probar otro modelo de organización obrera. El más importante fueron las Coordinadoras de Fábrica, constituidas a partir del otoño de 1976, fundamentalmente en Barcelona y el País Vasco. Ninguna, sin embargo, llegó a prefigurar un modelo lo suficientemente consistente como para servir de alternativa a la transición sindical[199].

La mayor de todas ellas, la de Vizcaya, se constituyó en septiembre de 1976 a raíz de una huelga política en protesta por el asesinato de Josu Zabala. La Coordinadora de Vizcaya llegó a reunir delegados de más de 180 empresas, en su mayoría de la margen izquierda de la ría de Bilbao, el Duranguesado, Munguía y Basauri. En este experimento participaron los trabajadores de Tirabusi que en el febrero siguiente dieron a conocer el manifiesto antisindical con el que empezaba este capítulo. Con la fuerza suficiente como para convocar asambleas de hasta 40 000 trabajadores, firmó varios manifiestos contra la represión, por la amnistía y el derecho de autodeterminación. Fue seguramente el desarrollo orgánico más acabado de las formas reivindicativas del igualitarismo salarial y de una larga década de asamblearismo obrero. Sin embargo, no llegó a construir un patrón de organización alternativo a los nuevos sindicatos. La Coordinadora de Fábricas de Vizcaya, al igual que otras experiencias menores, languideció a los pocos meses de nacer. Boicoteada por la COS y los grandes sindicatos, fue luego progresivamente abandonada por los militantes de los partidos y de esos mismos sindicatos. Atrapados estos últimos en la contradicción de mantener la disciplina interna, que imponían los aparatos, y la fascinación por una expresión de democracia obrera de tales magnitudes, acabaron por ser obedientes a las emergentes direcciones sindicales.

En un año —el que transcurre entre las huelgas del invierno de 1976 y las primeras elecciones de 1977—, se dio por concluido el proceso de consolidación de los nuevos sindicatos. La celeridad y la urgencia por formalizar las siglas, por estabilizar las burocracias orgánicas, transformó radicalmente la organización de un movimiento que durante casi dos décadas se había construido sobre la base de la prioridad de la organización local, el asamblearismo y el principio unitario. El cambio no solo respondió a las nuevas condiciones de libertad sindical, que acabaron por ratificarse con la Ley de Asociación Sindical de abril de 1977, sino a un contexto marcado por la solución pactada a la crisis política. La transición sindical fue la operación principal en la quiebra de la cadena de equivalencias que había dotado de consistencia al antifranquismo y que hacía coincidir la lucha contra la dictadura con la lucha anticapitalista. El pacto político incluía en sus términos el pacto social.

II

Apenas se había formado el gobierno, se habían constituido las Cortes y se había nombrado la Ponencia constitucional. El 8 de julio en horario de máxima audiencia, el recién elegido vicepresidente segundo y ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana se dirigió al país con el propósito de tratar un «enojoso asunto»: la crisis. La clave del proyecto reformista, y en todo momento su urgencia, descansaba sobre un gran acuerdo social tanto o más importante que el acuerdo político. La presión y la velocidad venían impresas por una conflictividad que no cedía y que desde 1972 había hecho crecer los salarios por encima del 20%: un 26% para ser exactos en 1977[200]. En ese año, el número de horas perdidas por huelgas fue todavía mayor que en el año anterior, a lo que hubo que añadir el creciente absentismo laboral. Durante esos años la pérdida de jornadas de trabajo por ausencia laboral seguramente multiplicaron por cinco o por seis las jornadas perdidas por conflictos laborales[201]. La insubordinación se había instalado en el corazón de las empresas de la mano de las nuevas generaciones, menos dispuestas a aceptar los ritmos extenuantes que exigía el trabajo en los talleres y en las cadenas de montaje. El desgobierno en las fábricas parecía haber alcanzado un punto crítico.

Incapaz de recortar más sus beneficios, acosada por la crisis internacional y el aumento del coste de los factores —fundamentalmente el petróleo—, la patronal estaba ensayando un viejo mecanismo: trasladar la factura a los consumidores. En 1973, el crecimiento de los precios alcanzó por primera vez las dos cifras, en 1977 superó el 25%.[202] En términos de opinión pública, la inflación, al lado del emergente problema del paro —todavía contenido por debajo del 5%—, fueron los dos grandes problemas de la época. En ningún otro aspecto, resultaba más urgente el ejercicio del «consenso».

A medias profesoral, a medias paternalista, el doctor Quintana explicaba todo esto al país a primeros de julio de 1977. El nuevo ministro era un académico, un técnico de excepción, director del Instituto de Estudios Fiscales, de prestigiosas revistas económicas, de formación vagamente keynesiana, reformista por todo ello. Su gran obra, sin embargo, no fue tanto económica como política. Resumida en unas pocas decenas de páginas esta llevó el siguiente título: Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía.

Los llamados Pactos de la Moncloa fueron la primera escenificación del consenso: por primera vez todas las fuerzas políticas se comprometieron en un gran acuerdo de Estado. Todas, incluidas la minoría catalana y el PNV, firmaron sus actas. Solo Fraga decidió ausentar su garabato, y solo de la parte política que constituye un importante avance constitucional. En los Pactos, se reconocieron las libertades sindicales, los derechos de asociación y prensa, y se liquidó la estructura política del Movimiento. Sus bases y su intención fueron, no obstante, de materia fundamentalmente social. Los Pactos definieron el marco constituyente de los aspectos sociales y económicos de la Transición y en especial, la regulación del principal conflicto de la época: las luchas de fábrica. Su propósito consistía en restaurar lo antes posible la paz en las empresas, controlar los salarios y ofrecer un marco de recuperación a los deprimidos beneficios industriales, en otras palabras, devolver a la economía su orden, para luego entregar a la política —la parlamentaria, la de los partidos— sus verdaderas prerrogativas.

De ahí la urgencia con la que se firmaron. Redactados después de iniciados los trabajos constitucionales, que habrían de durar todavía un año más, los Acuerdos de la Moncloa se publicaron apenas se regresó del verano: el 25 de octubre. En su parte económica, finalmente conocida como Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, se incluyeron las líneas fundamentales de ampliación del Estado de bienestar: la reforma fiscal, el incremento del gasto social y toda una serie de cláusulas relativas al control de la especulación urbanística[203]. Lógicamente, el punto crucial tenía que ver con las relaciones capital / trabajo.

Al igual que sucedía en otras partes de Europa, el instrumento político que protagonizó los Acuerdos de la Moncloa fue la política de rentas. El diagnóstico de esta certificó que la causa de la inflación estaba en el aumento de las rentas salariales en detrimento de los márgenes empresariales. La clave de bóveda de esta política residía en el compromiso de las fuerzas políticas, y especialmente de los aparatos sindicales, con un nuevo marco de negociación, que permitiera limitar los incrementos salariales sobre la inflación prevista, y no sobre la inflación real. Hasta entonces esta última había servido de referencia en las negociaciones de empresa. Se esperaba así que la moderación salarial fuera empujando hacia abajo la inflación, al tiempo que la recuperación de los beneficios animara la inversión. En 1977, prueba a un tiempo de la fuerza del movimiento obrero y de la gravedad de la situación económica, el tope salarial se estableció en un increíble 22%.

En términos políticos, el éxito de los Acuerdos de la Moncloa fue rotundo. Carrillo, fiel a sus promesas de moderación, valoró entusiastamente los pactos: el «acuerdo progresista más serio que se ha realizado en nuestro país desde los años treinta entre fuerzas obreras y burguesas»[204]. Los confirmó tan ávidamente que llevó a CCOO a la extraña situación de convertirse en el principal garante del cumplimiento de los mismos, aún en contra de buena parte del sindicato. Carrillo se convirtió, así, en valedor de los acuerdos sociales, y con ello en la contraparte necesaria de Suárez.

Sin consultar a la organización, la dirección del PSOE también los firmó. Se ahorró de este modo un áspero debate interno sobre el modelo social del país. Estaban temerosos de quedar desplazados del Compromesso Storico[205] en el que Suárez y Carrillo hacían las veces de prima donna. En una época marcada por la radicalidad y en plena pugna por conquistar la mayoría sindical contra CCOO, la ejecutiva del sindicato socialista fue reacia de cara a la galería, para pasar luego por el aro en todos los convenios. Incluso, las asociaciones patronales, entonces en proceso de unificación, dieron un comedido placet a la parte económica de los Acuerdos.

La política de pacto social era indisociable del buen curso del proceso de institucionalización sindical. Requería de este en todo y para todo: el cumplimiento de los pactos y de los máximos salariales solo se podía garantizar por medio del compromiso de unos interlocutores legítimos. La política de rentas confirmaba uno de los elementos principales del nuevo modelo económico y social: la negociación se arrancaba del ámbito de la empresa para situarse a escala de industria, de sector e incluso de Estado. El escalamiento hacia arriba de la negociación rompía con uno de los principales motivos de conflicto durante los años previos: la negociación en los niveles inmediatos de fábrica, donde los trabajadores se podían organizar directamente sin mediación de estructuras de representación complejas. El problema residía en que la capacidad de los sindicatos para ocupar esa posición de interlocutores privilegiados no estaba todavía establecida de una forma clara, legal y sobre todo rutinaria. Apenas se había previsto la celebración de elecciones sindicales libres para el año siguiente. Y aún así, el cambio de tendencia se dejaba ver en multitud de signos.

Quizás uno de los episodios más significativos fue el de la huelga de Roca en Gavà, en el sur del área metropolitana de Barcelona. Roca era la segunda fábrica de la ciudad después de la SEAT, casi 5000 trabajadores. Los paros comenzaron en octubre de 1976. Las reivindicaciones fueron las comunes del periodo —subidas lineales, Seguridad Social a cargo de la empresa, etc.—, el conflicto se desarrolló bajo el completo protagonismo de la gigantesca asamblea de la empresa. Como en tantas otras ocasiones, se eligieron delegados propios, se acordaron las reivindicaciones y se decidieron los paros, sustituyendo de facto a la CNS y al Jurado[206].

El conflicto de Roca mostró, sin embargo, los límites del asamblearismo frente al modelo emergente de negociación y gestión laboral. Enfrentada a la huelga, la patronal decidió mantener en esta fábrica una visceral intransigencia, mientras cedía a las demandas de otros centros. Más sorprendente fue aún que los sindicatos abandonaran a la asamblea a su suerte. Lejos de promover huelgas de solidaridad en otros centros, votaron contra la extensión de los paros. Sobre los de Roca se extendió un eficaz cordón sanitario. Aun cuando el conflicto se mantuvo durante más de tres meses, la asamblea quedó aislada. Después de 95 días de huelga, solo se consiguió la readmisión de los despedidos.

El conflicto de Roca, así como otros muchos durante ese periodo, supuso un giro de casi 180 grados en la capacidad de generar conquistas a través de conflictos masivos y radicalizados. Desde entonces, las huelgas de solidaridad fueron la excepción y no la regla. En el nuevo espacio del concierto sindical, la ejemplaridad —la «mancha de aceite»— que había sido la principal arma del movimiento, quebró frente al emergente principio de «sensatez» sindical. Responsabilidad, negociación legal, «representatividad» y supervivencia económica de la empresa, se convirtieron en las palabras de orden.

Para los trabajadores de a pie, el efecto combinado de los Pactos y de la rápida institucionalización sindical fue, sobre todo, de perplejidad. Fueron tiempos de confusión. Según una encuesta, apenas iniciada la primavera de 1978, solo un 25% consideraba razonables los Pactos de la Moncloa, un 36% era claramente hostil y un 40% no sabía muy bien qué opinar[207]. Sin embargo, la pedagogía de los partidos de izquierda, especialmente el PCE, y de sus sindicatos consiguió pasar los Pactos como inevitables: incluso entre los hostiles la mitad consideraba que no había otra alternativa. La sentencia de un viejo militante comunista de que «los Pactos de la Moncloa supusieron en aquellos momentos el mayor espacio posible de intervención de la izquierda» se convirtió en la consigna del momento[208]. No había otra opción. Por eso, y todavía durante unos meses, se mantuvo incólume la confianza en los partidos y sindicatos de izquierda. En las elecciones de 1977, PSOE y PCE contaron con el 77% del voto obrero[209]. En 1978, los sindicatos llegaron a afiliar a casi el 60% de la población asalariada, un porcentaje que todavía resiste como máximo histórico de la democracia.

Los Pactos de la Moncloa tuvieron un considerable éxito. No solo se consiguió implicar a los partidos de izquierda y a los sindicatos, sino que su colaboración se tradujo en una repentina contracción de la espiral salarial. Al comparar los incrementos nominales negociados por convenio entre el IV trimestre de 1977 y el IV trimestre del año siguiente, se observa una disminución de hasta 6 puntos.

¿Corroboraba todo esto la imagen de una clase obrera apenas dispuesta a ir más allá del cambio político y de las libertades sindicales? Quizás solo aparentemente. La aceptación de los pactos no llegó a ser uniforme, como muestra la encuesta. A pesar de la colaboración de los sindicatos, no se pudo evitar que su firma desencadenara una oleada de protestas. En 1978, los conflictos, secundados por los grupos más radicales, empujaron los topes salariales más allá de lo permitido. En diciembre de ese mismo año, el gobierno decretó por su cuenta un tope salarial ¡de solo el 13%! Incluso para las CCOO que a regañadientes firmaron los pactos, el decreto fue visto como un abuso. 1979 fue el año más conflictivo de la década. Todavía llevó dos años más hacer efectiva la política de rentas fijada por primera vez en los Pactos de la Moncloa.

III

«Reaccionemos», «Unidad, libre empresa y prosperidad». Debió ser uno de los espectáculos más atronadores y bizarros de la emergente democracia española. Nada menos que 13 000 empresarios se dieron cita el 5 de febrero de 1978 en el Palacio de los Deportes de Madrid. La estrategia de la recién estrenada Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) probó aquel invierno los mismos métodos que sus oponentes de izquierda: actos masivos, públicos y desafiantes[210].

La constitución de la patronal española se había iniciado apenas un par de años antes. En noviembre de 1976, se fundó la Asociación para el Estudio y la Acción Empresarial. Su objetivo era preparar el camino para levantar una organización patronal, amén de rehabilitar la imagen de un empresariado «deprimido y acosado» por la abrumadora hegemonía de la izquierda. Meses después, se creó el Círculo de Empresarios. Lo presidieron dos constructores, Santiago Foncillas y José María Letona, ambos bien conectados con la alta clase política. Y por fin, poco antes de la firma de los Pactos de la Moncloa, se fundó la CEOE.

Confluía en esta un largo proceso de creación de patronales de rama y sector, federaciones regionales y recuperación de viejas instituciones industriales como el Fomento del Trabajo Nacional, la histórica asociación empresarial catalana. El esfuerzo por dar a luz a la nueva patronal obedecía al doble reto de afrontar la quiebra del sindicato vertical, con la consiguiente liberalización de la negociación laboral y de ofrecer un frente común a los grandes sindicatos. Al igual que estos, la patronal tenía que dotarse de una voz legítima y representativa si quería entrar como protagonista en el pacto social. Los acuerdos a alto nivel exigían, también a los empresarios, asumir las formalidades de la representación.

En sus primeros años, la CEOE emprendió una política activa, casi frenética. Victimista y «huérfana políticamente» frente a la presión de la izquierda, que en aquellos meses parecía incluso haber abducido al propio Suárez, la patronal se había propuesto no perder el paso de los grandes pactos. De hecho, su campaña contra la excesiva injerencia estatal en la economía estuvo a punto de conseguir el reconocimiento constitucional de los derechos empresariales al despido libre y el lock out, el cierre patronal en caso de huelga. Para ejercer como lobby, la CEOE buscó un presidente hábil, alguien que sirviera de espejo al empresariado moderno y demócrata. Eligieron a Carlos Ferrer Salat, barceloní y deportista, fundador del Cercle d’Economia en 1958.

La historia del Cercle es representativa de la formación de la nueva patronal española. Fue la primera organización corporativa del empresariado que creció al calor del desarrollismo. Frente a las posiciones tradicionalmente conservadoras de los industriales y terratenientes del primer franquismo[211], la nueva clase empresarial tenía una amplia formación técnica y de gestión[212]. Disponía también de un proyecto económico modernizante, liberal y «democrático»[213]. De hecho, las «posiciones de clase» que quería representar Salat empujaban al empresariado a asumir el liderazgo económico del reformismo. Incubadora de posteriores ideas, el Cercle tuvo significadas y continuas conexiones con personajes políticos tan variopintos como Jordi Pujol, Fraga o el propio Fuentes Quintana.

Con Ferrer Salat, el empresariado reformista se había hecho con la dirección de la CEOE, pero apenas se podía decir que fuera el ápice moderno y cualificado de un segmento social que tenía posiciones y sensibilidades, por así decir, dispares. El rasgo predominante del empresariado español seguía siendo, efectivamente, el minifundismo, una miríada de pequeños establecimientos de escasa base tecnológica, de carácter familiar y gobernados por empresarios de mentalidad todavía tradicional y generalmente conservadora. Por encima de ellos, reinaba —por reproducir la mentalidad aristocratizante que siempre conservó la oligarquía española— el capitalismo familiar español.

Aquí es preciso hacer un inciso para explicar a qué nos referimos con «capitalismo familiar». En la literatura crítica de la época, el poder de clase y el modelo de acumulación asociado se trató de representar con el concepto de Capitalismo Monopolista de Estado (CME)[214]. La tesis central del CME afirmaba que el rasgo principal del capitalismo de postguerra se resumía en un fuerte proceso de concentración, tanto de la propiedad como del gobierno de la producción, en manos de los grandes grupos financieros. Ese enorme poder del capital financiero tenía a su vez importantes repercusiones políticas. Con la expansión del capital monopolista, el Estado acababa por ser un espejo de esos intereses, lo que implicaba no solo costes políticos sino también económicos. El capital monopolista impedía el crecimiento adecuado del país y hacía de la planificación un dispositivo de rendimientos mediocres.

Más allá de las críticas que se puedan hacer a este marco conceptual, la España del desarrollismo se ajustó bastante al modelo de Capitalismo Monopolista de Estado[215]. Central, Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular, en definitiva, siete grandes bancos concentraban en 1975, el 75% de los depósitos y activos del sistema bancario español, incluidas las cajas de ahorro. En un estudio realizado poco antes de que se publicara la ley de incompatibilidad de cargos de 1968, 51 de los 68 consejos de las mayores sociedades no financieras del país tenían asientos reservados para uno o más consejeros de estos grandes bancos[216]. Baste decir que esta ley vino motivada por la visible y escandalosa concentración de poder económico en manos de los grupos financieros.[217]

El extraordinario poder económico de los bancos no era nuevo. Tenía sólidas raíces en la historia económica de un país marcado por la debilidad de su capital industrial y de las burguesías asociadas, que salvo en Cataluña resultaban indistinguibles de la oligarquía financiera. En esta línea histórica, mientras duró la dictadura, la banca consiguió una legislación extraordinariamente favorable a sus intereses. Así lo hizo durante los años cuarenta y también durante los años sesenta[218]. La banca se convirtió, de hecho, en el gran actor de la industrialización, reforzando su posición de poder y a la postre confirmando su condición de núcleo duro del capitalismo familiar español. Hacia 1975, dos centenares de familias, con presencia en los consejos de los grandes bancos y las grandes empresas españolas, controlaban más de un tercio de las acciones cotizadas en bolsa.

Se ha discutido mucho sobre la influencia política de este bloque oligárquico durante el franquismo. Desde una posición «liberal», se ha dicho que la posición del empresariado fue la de unos «marginales privilegiados»[219]. Un Estado dirigido por militares, políticos profesionales y funcionarios, un régimen intervencionista y antiliberal, las escasas conexiones orgánicas entre Franco y los empresarios, apenas un puñado de fortunas labradas por el favor político, parecen ser los argumentos a favor de esta tesis. Esta posición no atiende, sin embargo, a los mecanismos informales, «familiares», en los que tradicionalmente se han cocinado las relaciones entre capital y Estado en la historia del país[220]. De otra parte, a la continua promiscuidad política y empresarial se superpuso, en el tardofranquismo, la consolidación de un auténtico lobbismo empresarial organizado por los distintos consejos, asociaciones y federaciones de sector.

La historia económica del desarrollismo creó así un rico entramado de asociaciones empresariales, cada una de las cuales representaba intereses oligopólicos precisos, con capacidad para hacerse oír ante el gobierno. La más importante, el Consejo Superior Bancario, salón principal de los grandes bancos, fue el órgano consultivo oficial de Hacienda. Unesa, que agrupaba a las grandes empresas eléctricas y el 80% de la producción, tuvo siempre la última palabra en materia de política energética. Y en contra de todo lo que se había previsto con el desarrollo de la siderurgia pública, la patronal del sector (UNSID), con Altos de Hornos de Vizcaya a la cabeza, llegó a convertir al INI y a la gigantesca ENSIDESA en un apéndice de sus necesidades de producción[221]. Se trataba de las mismas asociaciones que luego fueron la columna vertebral de la CEOE.

El franquismo fue siempre un régimen de privilegio y oportunidad para la oligarquía. No obstante, hacia mediados de la década de 1970 las necesidades eran otras. El desarrollismo había empujado la industrialización y una relativa apertura exterior. Y el régimen era cada vez más incapaz de contener las reivindicaciones obreras. Aun sin posiciones homogéneas, la oligarquía y la emergente clase empresarial fueron partidarias de la reforma y por eso del proceso de Transición tal y como fue.

La CEOE se configuró como el proyecto más ambicioso de la oligarquía empresarial. Su objetivo era nada menos que construir un actor político capaz de hacer frente a la liberalización de las relaciones sindicales y a la presión obrera. La CEOE trató de orientar el marco de concertación apoyándose en aquellas organizaciones obreras que tenían posiciones moderadas. Frente a unas Comisiones todavía excesivamente radicalizadas y poco disciplinadas a nivel interno, la apuesta patronal pasó por dar prioridad a la UGT. Durante los convenios de 1978 y 1979, las distintas asociaciones patronales de rama y sector trataron de buscar el entendimiento con el sindicato socialista. Este se logró finalmente en otoño de 1979, cuando la UGT rompió la unidad de acción con CCOO[222]. En julio del año siguiente, CEOE y UGT firmaron el documento que sirvió de base a las negociaciones posteriores, el llamado Acuerdo Básico Interconfederal[223], precedente a su vez del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), que se suscribió a principios del año siguiente, de nuevo sin el concurso de CCOO.

Los objetivos del AMI, no muy distintos de los Pactos de la Moncloa, pretendían cerrar el repunte de la movilización sindical de 1979, imponiendo una nueva banda de negociación salarial. Y ciertamente lo consiguieron. El éxito del AMI fue el éxito de la UGT, que había obtenido de la CEOE un régimen de negociación privilegiado. Convertida en el sujeto principal de las parcas conquistas salariales, consiguió poner a remolque a unas CCOO desconcertadas, marginadas de la negociación salarial y sin más alternativa estratégica que la propia concertación. La apuesta patronal rindió sus frutos. En las elecciones sindicales de 1980, la UGT estuvo a punto de superar a CCOO.

Pero el juego político de la CEOE no se limitó a las relaciones sindicales. La patronal y su secretario, Ferrer Salat, quisieron influir también en el gobierno. Descontentos con la pulsión progresista de Suárez, desde 1979, la CEOE empezó a jugar un papel desestabilizador dentro de UCD, favoreciendo al sector democristiano frente al socialdemócrata. Trataba así de limitar aquellos aspectos progresivos del pacto social, que a grandes líneas se habían trazado en los Acuerdos de la Moncloa y en la Constitución. Su ataque estuvo abiertamente dirigido contra la política social, justo en el punto en el que resultaba más delicado para sus propios intereses: la reforma fiscal.

Fiel a su vocación clasista, la dictadura había dejado en herencia el sistema fiscal menos desarrollado y más regresivo de los países de la OCDE. Quizás en ningún otro aspecto mostró mejor el régimen su naturaleza genéticamente oligárquica. Todavía en los años finales del franquismo la distribución de la renta mostraba una estructura fuertemente dual. En 1974, el 10% más rico acumulaba casi el 40% de la renta total, al tiempo que el 50% más pobre no alcanzaba a sumar el 20%.[224] Durante más de una década, las luchas de fábrica consiguieron limar las diferencias por la vía del incremento salarial, pero su impacto sobre el sistema fiscal no fue más allá del desarrollo de los seguros sociales. El sistema fiscal siguió siendo fuertemente regresivo, hasta el punto de que en términos reales la presión fiscal resultaba mayor sobre los segmentos de renta más baja que sobre los de renta más alta. En 1978, de la recaudación del Estado, que apenas superaba el 24% del PIB, casi cuatro quintas partes correspondían a impuestos indirectos y cotizaciones sociales. Estas últimas suponían por sí solas el 50% del total. Había que añadir los elevados índices de fraude fiscal, concentrados en los segmentos de mayor renta, y el hecho de que las grandes fortunas respondieron a la crisis con una creciente evasión de capitales. La posibilidad de establecer una política real de redistribución social pasaba por una profunda reforma fiscal.

Los Acuerdos de la Moncloa diseñaron las líneas maestras de esta reforma: progresividad fiscal e incremento de los impuestos directos sobre la renta y los beneficios empresariales. Se trataba de promover la homologación con los sistemas fiscales de los países de la OCDE. A ello se opuso con fuerza la patronal. El bloqueo de la reforma fiscal fue seguramente la mayor victoria de la CEOE y su mayor legado a la democracia española. Tras la dimisión de Fuentes Quintana en febrero de 1978, pero sobre todo a partir de 1980, consiguieron anular los efectos progresivos de la reforma. Un paquete de subvenciones a la inversión, a las compras patrimoniales y a la adquisición de deuda pública, combinado con la laxitud ante el fraude fiscal y el trabajo negro, devolvieron de nuevo la presión económica sobre el gasto público y los asalariados. Hacia 1982, la situación no resultaba muy distinta a la de 1978. El débil aumento de la fiscalidad se había consolidado sobre las rentas de los asalariados y las cotizaciones sociales. El aumento del gasto público se había compensado con el recurso a la emisión de deuda[225]. El Estado siguió siendo barato, muy barato, para el capitalismo familiar español.

IV

Sí, había sindicatos, libertades, derechos reconocidos pero ¿cuáles iban a ser los criterios de representatividad, los instrumentos de concertación? ¿Qué modelo de relaciones laborales habría de acompañar a la nueva democracia? A finales de 1977 se había establecido el patrón básico del pacto social y su objetivo marco —la política de rentas—, se habían confirmado los principales interlocutores —la patronal y los sindicatos—, incluso se conocían las líneas generales del proyecto constitucional en materia económica y social. Sin embargo, todavía no se había avanzado gran cosa en el marco de regulación de las relaciones sindicales. La CNS estaba en quiebra total, técnica y política. Existía, al mismo tiempo, un amplio consenso en que el primer paso debía ser la convocatoria de elecciones libres en las empresas. Las elecciones fueron reguladas por una norma provisoria[226] que sustituía los comicios para la formación de jurados.

En la discusión en torno al carácter que debían tener los nuevos órganos de representación y las formas de elección, se jugaban las condiciones y el carácter del nuevo marco de relaciones laborales. La confrontación de las distintas propuestas de representación —cuyo carácter democrático no era ni mucho menos homogéneo—, decantaría la hegemonía sindical a favor de una u otra central. Aunque a finales de 1977 eran pocos los que se podían permitir no invocar a las asambleas como el órgano político supremo en las fábricas, la opción por un sistema de representación electoral tendía a desplazarlas al igual que a los modos de delegación basados en la revocabilidad y el mandato. La convocatoria de elecciones avanzaba en la misma línea de la institucionalización sindical, pero dentro de un marco de representación que paradójicamente provenía de los sindicatos verticales del franquismo[227].

Al lado de las asambleas, que eran la conquista práctica de la democracia directa en las fábricas, el nuevo sistema de representación acabó por definirse en torno a dos elementos: las secciones sindicales y los comités de empresa. En torno a estas figuras se definieron las opciones de los distintos sindicatos. La apuesta de la UGT se concentró en favorecer a las secciones sindicales. Debido a la escasez de sus fuerzas en las plantillas, prefería un modelo basado en el predominio sindical, al tiempo que desplazaba la representación unitaria de los comités, en principio poco controlables. Justo lo contrario quería CCOO, cuya fuerza residía en su larga trayectoria en las grandes fábricas. De forma parecida, la UGT apostó por las listas cerradas, postura congruente con el refuerzo de las secciones sindicales, al tiempo que CCOO optó por las listas abiertas. Por encima del nivel de empresa, ambos sindicatos estaban de acuerdo en lo fundamental: la negociación correspondía exclusivamente a las centrales sindicales.

En 1978, al fin, se convocaron las primeras elecciones sindicales en democracia. Dieron el triunfo a Comisiones Obreras. Obtuvo el 34,5% de los más de 190 000 delegados elegidos. UGT quedó bastante por detrás con el 21,6%, al tiempo que USO solo consiguió el 3,7% y la fuerza combinada de los dos sindicatos de la extrema izquierda, SU y CSUT, el 4,5%. La campaña imitó la espectacularidad de los actos y declaraciones de las campañas legislativas. No obstante, las elecciones de 1978 no resultaron en un éxito sindical. Apenas votaron cuatro millones de trabajadores, la mitad de los convocados. Además, la suma de independientes y otros sindicatos obtuvo lo mismo que CCOO, un 35%. Las plataformas alternativas fueron en conjunto mayoritarias en las grandes y medianas empresas, donde había mayor tradición de lucha. La rivalidad CCOO-UGT no se había consolidado todavía como el eje central del marco sindical. Y lo más importante: el nuevo sistema de representatividad sindical estaba lejos de haber sido plenamente asimilado.

En una encuesta realizada casi al mismo tiempo que los comicios sindicales, todavía el 95% de los obreros consideraban fundamental la existencia de asambleas, al tiempo que el 78% decía asistir regularmente a las mismas. Con cifras cercanas al 60%, los trabajadores preferían las listas abiertas en la elección de representantes y el protagonismo de las asambleas en la negociación[228]. Las cifras resultaban elocuentes: el espacio de participación real de los trabajadores seguían siendo los talleres, las reuniones con los compañeros, las asambleas.

A pesar de todo ello, la mayor parte de los trabajadores aceptaron y participaron con interés en los nuevos sindicatos. Realmente, los Pactos de la Moncloa y las elecciones de 1978 marcaron el punto culminante de confianza en las nuevas centrales sindicales. No obstante, la oleada de huelgas de 1979 y la colaboración de las centrales en la política de rentas dio curso primero a la desconfianza y luego a la desafección. En 1980, año en el que el sistema se podía dar por consolidado, solo algo más de dos millones de trabajadores seguían sindicados —el 38% de los asalariados—, en tanto que todavía cerca de un 10% se mantuvo en sindicatos radicales o asamblearios[229]. El abandono de los trabajadores contrastaba con las ridículas cuotas que suponía la afiliación e incluso con las ventajas de ser delegado, que suponía una notable «liberación» de horas de trabajo. De todos modos, una vez establecida la máquina representativa importaba ya poco que los trabajadores participaran más o menos en los sindicatos. Así, aun cuando en las elecciones sindicales de 1980, el número de votos y representantes cayó en un 20%, UGT y CCOO consiguieron consolidarse con el 60% de los delegados. Prueba de la creciente importancia de las elecciones, es que los 50 000 delegados que obtuvieron cada una de las centrales representaba el 10% de su afiliación.

En marzo de 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. El nuevo código laboral dio el último empujón al proceso de institucionalización. Fue apoyado tanto por la UGT como por el PSOE. El documento pretendía ser, a la vez, una reforma del mercado de trabajo y la norma fundamental del sistema de representación sindical[230]. En líneas generales, el Estatuto reconoció por primera vez las nuevas figuras de contratación temporal, confirmó la figura unitaria del Comité de Empresa como instancia máxima de representación en la empresa y estableció los reglamentos del sistema electoral. Se optó por las listas cerradas y se introdujo el requisito del 5% de los votos como barrera de entrada para acceder al comité. La reforma reforzaba la burocratización de los sindicatos, como la elaboración de las listas electorales por parte de las direcciones sindicales sin contar con las asambleas de afiliados.

El Estatuto estableció también la figura de los «sindicatos más representativos». Estos adquirieron prerrogativas exclusivas para la negociación de los convenios de ámbito superior a la empresa. Desde entonces, el criterio de «representatividad» pasó por obtener más del 10% de los delegados o de los miembros de los comités en todo el país o del 15% en las Comunidades Autónomas[231]. Por último, reguló el derecho de asamblea de un modo inequívocamente conservador. Las asambleas solo podrían ser convocadas por el comité de empresa o por un tercio de la plantilla, y quedó establecido que las decisiones se alcanzaran por medio del voto personal y secreto, lo que resultaba ajeno a la tradición asamblearia.

En apenas dos años, el modelo sindical había evolucionado hacia una suerte de «reverticalización».

V

Miles de pañuelos rojinegros llenaban las Ramblas de Barcelona, miríadas de jóvenes subían o bajaban por el bulevar. Andaban con desenfado, poca ropa, pelos largos, barbas. Como en julio de 1936, la ciudad parecía inundada de anarquistas, y sin embargo ¡habían pasado 41 años!

Las Jornadas Libertarias Internacionales se celebraron entre los días 22 y 25 de julio de 1977. Se estima que en los conciertos, debates y obras de teatro participaron más de medio millón de personas. Aquellos encuentros fueron los más masivos de la Transición.

Aun convocadas por la CNT, y organizadas por el sindicato de espectáculos, durante aquellos días, Barcelona fue el escenario de algo muy distinto a un encuentro sindical. Antimilitarismo, autogestión, ecología, libertad sexual, feminismo fueron los temas de la mayor parte de las discusiones que se encadenaron en los ateneos libertarios. En el último año y medio, estos espacios se habían extendido por la ciudad hasta sumar más de una veintena, lo mismo había sucedido en Madrid, en Valencia, en Zaragoza… En la reconstrucción del sindicato participaron una multiplicidad de sujetos que solo tangencialmente se reconocían en el sindicalismo de fábrica. Grupos de teatro independiente, cantautores, un emergente underground juvenil y una cierta bohemia politizada se habían topado con las viejas siglas y las habían hecho suyas. Por aquel entonces las principales revistas libertarias como Bicicleta en Madrid o Ajoblanco en Barcelona[232] se convirtieron en la referencia de la emergente contracultura peninsular. Tras la muerte de Franco esta había salido a la luz de sus pequeños reductos subterráneos para convertirse en un hecho de masas[233].

Entre aquellas nuevas temáticas, estaban también las llamadas luchas antidisciplinarias y «de deseo». Hubo reuniones, seminarios, charlas y un sinfín de otros actos inclasificables sobre antipsiquiatría, pedagogías alternativas, homosexualidad, cárceles. Las jornadas discurrieron muy atentas a las noticias que venían de la Modelo de Carabanchel (Madrid), donde por aquellos días estalló el primer gran motín de la Coordinadora de Presos en Lucha (la COPEL). En medio de la creciente politización de la época, los presos comunes, olvidados en las sucesivas amnistías de los gobiernos de Suárez, habían desarrollado sus propias formas de organización y protesta[234]. Reconocida como parte del mismo caldo que la crítica a las instituciones manicomiales y educativas, la COPEL encontró el interés y la solidaridad de los grupos libertarios y autónomos, que basculaban entre las asambleas de fábrica y la emergente contracultura del momento. Fue su único apoyo real entre toda la izquierda de la época.

Más que rescatada del baúl de la historia, la CNT de 1977 parecía pues un extraña alianza de colectivos asamblearios, marginales, artistas, contraculturales, distinguidos miembros de la farándula y finalmente ancianos anarquistas, que por fin podían recuperar las viejas siglas. La reconstrucción se había iniciado dos inviernos antes[235]. En diciembre de 1975, se convocó en Madrid una asamblea constituyente, que desde entonces se encargó de las tareas de coordinación a nivel estatal. En el febrero siguiente, una reunión de 600 militantes en la iglesia de San Medir fundó el sindicato en Barcelona. Desde entonces y hasta 1978, la CNT se convirtió en un referente en permanente expansión, tanto en los conflictos de fábrica[236], como para las nuevas inquietudes sociales comprendidas en el vasto campo de experimentación que siguió al ‘68 europeo. La creciente magnitud de los actos de masas sirve de indicador de su expansión: 4000 personas en el mitin de Mataró en octubre de 1976, 30 000 en el de San Sebastián de los Reyes (Madrid) de marzo de 1977, más de 100 000 en el mitin de Montjuic del 2 de julio de ese año y más de medio millón en las jornadas internacionales. Legalizada en abril de 1977, el Pleno Nacional de Regionales de septiembre contó con cerca de 130 000 afiliados cotizantes. La CNT era entonces la segunda fuerza sindical de Cataluña (con 70 000 afiliados) y estaba muy cerca de serlo en Levante y en Andalucía[237]. Además tenía núcleos importantes en Madrid y en Asturias. A finales de año, el Secretariado Permanente lanzó una nueva cifra: 250 000 afiliados en todo el país.

En tanto sindicato, herramienta de organización obrera, la CNT no solo se recompuso con los viejos anarcosindicalistas. Estos participaron, desde luego, y fueron determinantes a través de los comités del interior y del exterior. Sin embargo, el músculo sindical de la organización se formó con otros tejidos. El principal aporte provino de los sectores autónomos y consejistas. Eran los mismos que se habían forjado en el ciclo de luchas obreras abierto en 1962, en las primeras Comisiones Obreras, que procedían de la cultura asamblearia de fábrica y que se habían enfrentado al leninismo tanto del PCE como de la izquierda comunista. Para autónomos y consejistas[238], el reparto de los ámbitos de lucha —la lucha económica para el sindicato / la lucha política para el partido— obedecía a un modelo caduco, que invariablemente tendía a la burocratización e impedía el impulso «autónomo» de la clase. Las luchas obreras debían ser, ya eran desde su óptica, luchas integrales, síntesis política, económica y social del antagonismo obrero, única práctica posible para la consolidación y expansión de la autonomía obrera.

Desde esta perspectiva, el anarcosindicalismo representaba una opción viable: una tradición integral que rechazaba la especialización orgánica de las luchas en el marco único del sindicalismo revolucionario. Por eso y frente al rápido avance de la institucionalización sindical decidieron apostar por la reconstrucción de la anarcosindical. Salvo la autonomía vasca[239] y los grupos que decidieron mantener la batalla dentro de Comisiones Obreras, la gran mayoría del sector «autónomo» acabó por vertebrar los sindicatos de la CNT. Se hablaba entonces de la «autoorganización de la clase como línea política de la clase[240]» y se pensaba que, una vez reconocido el retroceso de las asambleas, se requería de una organización propia que recogiera la voluntad unitaria y democrática que se había expresado durante década y media de luchas.

La CNT representó la opción de un sindicalismo de otro tipo, a un tiempo económico y político, alianza también entre distintas luchas sociales. La CNT se opuso al pacto social. No asumió los Acuerdos de la Moncloa y tampoco la política de topes salariales. Se opuso también a las elecciones sindicales. Pero la CNT no fue capaz de superar la prueba de integrar en una única organización a los sectores contraculturales, las luchas antidisciplinarias, la militancia consejista y autónoma de fábrica y las viejas corrientes anarquistas y anarcosindicalistas.

Las tensiones dentro de este conglomerado de culturas políticas, y en cierto modo de subjetividades antagónicas, empezaron tan pronto se consolidaron los sindicatos. La atmósfera común se deterioró a marchas forzadas. Desde 1978, empezó una larga serie de acusaciones y expulsiones, a la vez que se formaban organizaciones paralelas, desde una renacida FAI hasta otras nuevas que trataron de reinterpretar el oneroso papel de «policía del pensamiento»[241].

En el declive de la Confederación colaboró también la estrategia policial urdida por el gobierno y dirigida explícitamente a reventar la organización. El capítulo más importante fue el llamado caso Scala. Los hechos se produjeron a raíz de la convocatoria de una manifestación contra los Pactos de la Moncloa, el 15 de enero de 1978. La manifestación acabó con el lanzamiento de varios cócteles molotov a una sala de fiestas. En el atentado murieron cuatro trabajadores. La prensa y Delegación del Gobierno acusaron inmediatamente a varios militantes de la CNT, pero el análisis del sumario desprendió otra conclusión. Parece probado que el atentado se debió a la actuación de infiltrados policiales[242].

La criminalización, la excesiva diversidad interna, las luchas entre facciones… la suma de factores provocó una crisis para la que no se encontró solución. Desde mediados de 1978, la Confederación perdió presencia en los conflictos obreros y sociales, deslizándose por una imparable espiral de desafiliación. El V Congreso, convocado en diciembre de 1979, fue el punto crítico de su supervivencia. Tan solo acudió la representación de 30 000 afiliados. En un clima de fuerte enfrentamiento, el debate se rompió en torno a la cuestión de la estrategia sindical. La disyuntiva: o el rechazo plano y purista de las elecciones sindicales, o la presentación de candidaturas controladas por el sindicato y las asambleas allá donde se pudiera. La falta de acuerdo, las peticiones de expulsión y las impugnaciones provocaron finalmente la escisión. La mitad de los sindicatos abandonó los locales donde se reunía el Congreso. Promovida por los «desfederados», la convocatoria de un nuevo Congreso en Valencia certificó la creación de una nueva organización, la CNT-V Congreso, más tarde CGT. Por el camino quedaron un buen número de grupos y asambleas de fábrica, que decidieron organizarse al margen de la CNT, así como una gran cantidad de colectivos ecologistas y antimilitaristas que estuvieron en el origen de los nuevos movimientos sociales.

> Federica Montseny interviene en un mitin de la CNT, Montjuic, Barcelona, 2 de julio de 1977.

> Primero de Mayo, Madrid, 1977.

6. La normalización democrática
(final de una década)

I

Cerrado el periodo constituyente, el que fuera líder del PSP ofrecía en sus Memorias esta imagen, a un tiempo reveladora y desencantada, de la Transición:

Yo pensaba que había ocurrido algo semejante a lo que aconteció en el tiempo de Cánovas, cuando los liberales de todos los sectores hicieron posible la existencia de una clase política cuyos miembros se entendieran entre sí. Quizá hubiera entonces demasiada veleidad y corrupción, pero existía la clase política y esto evitaba los gravísimos percances de las luchas internas en este sector de la clase dirigente, que define el ámbito de lo que la política es en la práctica[243].

Un poco antes, Tierno definía su propio concepto de clase política:

La clase política la integran, en los países desarrollados, personas de parecida educación y origen, que proceden de la vida profesional activa […] como economistas que trabajan en las grandes empresas, sociólogos, abogados, que unen a su formación y actividad profesional el conocimiento necesario de los problemas globales; médicos y políticos de las diferentes franjas del espectro comunitario; en resumen, un grupo, al que se suele llamar clase, que define lo que ha de ser el proyecto político nacional, discutido y compartido por todos, sin necesidad de que esté escrito punto por punto.

Los recuerdos de Tierno Galván se mezclan con una larga lamentación acerca de por qué no se constituyó esa «clase política» que, siempre a su parecer, el país tanto necesitaba. Lo atribuía a la fragmentación de la izquierda, a su cainismo. Su letanía apenas escondía la frustración de quien aspiró a ser monarca del socialismo español, luego desplazado por unos jovencitos de Sevilla apenas formados en «primeras letras», incompetentes en toda materia propia del elevado ejercicio del Estado. Unos jovencitos que, sin embargo, supieron aprovechar al máximo la primera ley política, «quien no gana, no cuenta». Tierno se retiró de la carrera por el poder, pero no fue del todo maltratado por aquellos «iletrados», que tras absorber su partido (el PSP) y todas sus deudas, todavía le dejaron escribir el preámbulo de la Constitución, le nombraron presidente honorífico del PSOE y le ofrecieron un retiro dorado como alcalde, a un tiempo popular y populista, de la ciudad de Madrid.

El testimonio de Tierno tiene, sin embargo, algo que va más allá de la anécdota de un fracaso. No deja de ser chocante, al menos en alguien que presumía de marxismo, que su visión de la política fuera tan castiza y tradicional como para remitirse a la vieja noción del «gobierno de la inteligencia» de Cánovas del Castillo, teórico y práctico de la Restauración. En esto, de nuevo, la repetición de la historia se convirtió en Tierno en una justificación de la Transición como «Segunda Restauración», pero sin la «elevación intelectual y moral» del liberalismo español del último tercio del XIX (¡sic!).

Sin los «cultismos», que solo algunos «profesores» como Tierno o Fraga estaban en condiciones de proferir entre los miembros de una clase política, vieja o nueva, pero desde luego sin la altura de miras que el socialista exigía, la idea de la nueva democracia remitía a una minoría «profesional». Su confirmación como «clase política» fue sujeto y resultado del modesto proceso constituyente español y el cemento de los futuros consensos. La cuestión radicaba en cómo se iba a conjugar este «elitismo» implícito con la exigencia originaria del concepto de democracia, que siempre requiere algo de «popular», de participación directa de la población, de apertura al amateurismo político de las masas.

La consolidación de la nueva clase política comenzó con los contactos entre el reformismo franquista y la oposición, siguió con la aceptación por parte de la izquierda de la ley de reforma política y la participación en las elecciones prefabricadas de 1977; y terminó por hacerse carne institucional durante el desarrollo del proceso constituyente. Los «cafés» en el Congreso, los paseos por los jardines de la Moncloa en el otoño de 1977, la participación en docenas de comisiones mixtas y una multitud de episodios de mayor o menor importancia fueron acercando las posiciones y creando un clima, que acabó por formar una cierta idea compartida de lo que era el «sentido de Estado».

Las memorias de los políticos de la época cuentan esta incesante actividad de encuentros, comidas, actos públicos. Reuniones en las que invariablemente se reflejaba una misma cultura burguesa y patriarcal: «Fui a casa de fulano y de su encantadora y maravillosa mujer». También algunas anécdotas grabadas en la memoria colectiva recogen a fogonazos el curso de este cambio, que fue algo más, o por lo menos muy distinto, de la famosa «reconciliación nacional». Valga como ejemplo, la presentación de Carrillo por Fraga en el muy conservador club Siglo XXI con aquellas palabras, aquí «un comunista de pura cepa y… de mucho cuidado»[244]. O el viaje que la comandita política formada por Fraga, Juan Luis Cebrián y Pilar Miró, entre muchos otros, realizó a la Universidad de Nashville (EE. UU.) en 1979. En una de las muchas reuniones con distintas autoridades académicas, la falta de sillas fue suplida por el ofrecimiento por parte de Fraga de sus más que robustas piernas a la socialista Pilar Miró. Esta, solícita, se sentó en su regazo para ser así inmortalizada en la foto[245].

La «clase política», a la que Tierno negaba existencia, fue una de las consecuencias notorias, y menos estudiadas de la Transición. La nueva clase se hizo, no obstante, con elementos que no se pueden reducir a la anécdota, la cotidianidad parlamentaria o la cordialidad.

II

El gran equívoco en que se mueven estas elecciones es, a mi entender, que so pretexto de un lenguaje moderado y apelando al centro sociológico del país se quieran introducir o bien posiciones ideológicas que contradicen el sistema de vida occidental o bien, por otra parte, mantener situaciones anacrónicas. […]

Es perfectamente respetable en una democracia la existencia de partidos que defiendan las posiciones marxistas, pero pienso que no es correcto que traten de ocultarlas durante la campaña electoral.

De que el desarrollo de la Constitución y la consolidación de la democracia se haga desde la perspectiva del humanismo cristiano que inspira a UCD o se acometa desde el materialismo de los partidos marxistas, sean socialistas o comunistas, depende que España sea un país occidental o que emprenda el camino hacia una sociedad colectivista. [… ]

Difícilmente podemos creer en la moderación centrista de que hace gala en la propaganda electoral el PSOE, porque ahí están los hechos, con obstinada terquedad, que contradicen claramente, esa pretendida moderación. El programa del XXVII Congreso del POSE, por ejemplo, defiende el aborto libre y además subvencionado por el contribuyente; la desaparición de la enseñanza religiosa; y propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionaria[246].

Fue el discurso de Suárez durante su tercera comparecencia en Radio Televisión Española. Lo dio el 27 de febrero de 1979, dos días antes de las primeras elecciones legislativas tras ser aprobada la Constitución. Sorprende el uso partidario y descarado de la televisión. Para Suárez el rival no era otro que el PSOE y en lo que se refiere a los medios valían casi todos. Las cuentas de 1977 no le resultaron del todo favorables, sumados el PSP y el PSOE igualaron a la UCD. En 1979 contaba, sin embargo, con la ventaja de haber sido el piloto del cambio. La Transición y la Constitución parecían llevar el sello de Suárez. Y el mismo día en que se publicó la Carta en el Boletín Oficial del Estado, el presidente anunció, también por televisión, la convocatoria de generales para marzo y municipales para abril. El orden era importante, la ventaja de Suárez en las primeras esperaba prolongarse con el triunfo de UCD en las segundas[247].

El partido, si se puede emplear este término para designar la alianza de 16 agrupaciones hechas de los retazos de la clase política reformista y los moderados de la oposición, había vivido un simulacro de refundación unos meses antes. A mediados de octubre se celebró el Congreso Constituyente de la UCD sin mayores conclusiones que la confirmación de que Suárez estaría al frente del mismo y de que las aspiraciones de las distintas familias seguirían siendo las mismas, cada una por su cuenta, con sus propios intereses y tramas conspirativas. A pesar de los repetidos contactos entre el ala socialdemócrata de Fernández Ordóñez con el PSOE y de los democristianos con la Coalición Demócrata, marca de los conservadores de Fraga en 1979, UCD se presentó a los comicios aparentemente sin fisuras.

Los resultados fueron favorables al partido del gobierno. La ventaja respecto del PSOE no alcanzó el millón de votos, pero con el 35% del electorado sumó dos diputados más que en 1977. El PSOE se había atascado en el 30%. La advertencia televisiva a todo el país de «que viene el marxismo» sentó fatal a la dirección socialista. El PCE mejoró algo sus resultados; superó el 10% de los votos, casi dos millones. Justo lo contrario, fue el movimiento de la Coalición Democrática de Fraga que desgastada por los repetidos ataques contra su «neofranquismo», apenas superó el millón. Por su parte, el PNV consolidó su posición mayoritaria en Gipuzkoa y Vizcaya, al tiempo que la recién estrenada Convergència i Unió de Pujol no solo no alcanzó las cifras del Pacte, sino que perdió 200 000 votos respecto a la suma de este con Unió. Otro dato interesante, la abstención creció en más de 10 puntos, del 21% al 32%. ¿Se había agotado el efecto de la novedad democrática?

El gran triunfador había sido Suárez, pero no como le hubiera gustado. La mayoría absoluta quedó lejos. En la investidura se tuvo que servir de los votos de los andalucistas y los regionalistas aragoneses, amén de los diputados de Fraga, que obtuvieron por ello el grupo parlamentario. Los democristianos del partido concluyeron que la búsqueda de las mayorías necesarias tenía que mirar a su derecha. Suárez, más realista, creía que el peso del centro izquierda era lo único que podía mantenerle en el gobierno frente al PSOE. En 1979, se abrió paso a una nueva época. Los grandes triunfos del principio cedieron ante el embate cotidiano de la oposición y la disidencia interna en sus filas. Así lo dijo Alfonso Guerra: «Tras la Constitución termina el consenso y comienza la oposición». Pero tampoco para la dirección socialista los resultados fueron óptimos. No solo no se había obtenido el triunfo: la incorporación del partido de Tierno Galván lejos de elevar la suma la había dejado en el 30%, como en 1977, con el PSOE en solitario.

Las generales de 1979 —al igual que las municipales— asentaron el nuevo reparto de poderes. Confirmaron las condiciones futuras del sistema de partidos español: la tendencia al bipartidismo, la continuidad entre partidos y Estado y, en cierto modo, la incipiente cartelización de la política representativa en el país. La Constitución había establecido que la representación política era monopolio de los aparatos partidarios. No solo los instrumentos de democracia directa o semidirecta —como la Iniciativa Legislativa Popular o el referéndum— apenas tuvieron desarrollo normativo y con ello relevancia política, sino que todos los instrumentos de control y los consejos de orden superior quedaron en manos de los partidos.

La tendencia al bipartidismo, que en 1977 quedó garantizada gracias a la Ley d’Hondt y a las circunscripciones uniprovinciales, sencillamente se confirmó. No tanto por la vía de la concentración de voto, en 1979 PSOE y UCD apenas superaron el umbral del 64% que sumaron en 1977, como por la rápida absorción de las opciones minoritarias. El proceso resultó especialmente rápido dentro de la familia socialista. En un año agotador (1978), el PSOE se hizo con las deudas y el nombre del Partido Socialista Popular de Tierno Galván[248], reforzó la integración de los socialistas catalanes y engulló a algunos grupos regionales como el Partido Socialista de Aragón. Para casi todas las formaciones, la presión electoral, transmitida por la concentración del voto estuvo en el origen de la crisis general que atravesaron a partir de ese año, y que acabó por producir efectos fatales en la UCD y en el PCE.

Con las particularidades nacionales de Cataluña y País Vasco, el nuevo sistema de partidos se completó con un generoso sistema de subvenciones a cargo del Estado. El régimen de financiación quedó regulado por medio de una fórmula que convertía automáticamente el número de votos y representantes en dinero contante y sonante, con la sola exclusión de aquellas formaciones sin representación. La financiación del Estado alcanzó, en 1979, la considerable cifra de 1651 millones de pesetas[249]. Pero como la orden de transferencia solo se daba una vez verificados los resultados, el endeudamiento se convirtió en un resultado obligado, al menos si se querían mantener las burocracias partidarias y acometer unas campañas electorales cada vez más espectaculares. Aquí está la razón de la cordialidad de los grandes partidos hacia el oligopolio bancario que en esos momentos empezaba a sufrir los primeros síntomas de la fuerte gripe que padecería durante los primeros ochenta[250]. El régimen de subvenciones se extendía tanto a los grupos parlamentarios, como por abajo a las escalas autonómicas y locales. Y convirtió la obtención de diputados nacionales, autonómicos y concejales en la principal fuente de financiación partidaria a cargo de las haciendas competentes. De ser el «instrumento fundamental para la participación política», los partidos se estaban convirtiendo a velocidad de vértigo en meras prolongaciones del Estado, instrumentos de un pluralismo moderado a cargo de las haciendas públicas. Su escasa afiliación[251] y sus aún más escasos recursos internos dejaron de importar.

La abstención de 1979 fue también el primer signo de un fenómeno que a partir de entonces no dejó de crecer. El «desencanto[252]» daba nombre a la creciente apatía con respecto de la política institucional, los resultados del cambio político y unos cauces de participación que parecían copados por sindicatos y partidos; unos cauces que para muchos avanzaban hacia la verticalización y la burocratización. Fue un proceso lento y demasiado complejo como para resumirlo en unas pocas líneas. El desencanto fue la imagen especular del consenso social que cimentó la Transición; su desengaño. Se alimentó de la incapacidad de la izquierda, y del vasto movimiento social que la aupó, para construir un proyecto democrático alternativo al del reformismo franquista. Pesaron también la inercia del «franquismo sociológico» y su moderación, el cheque en blanco otorgado a las organizaciones políticas y sindicales —la ingenuidad política que hacía coincidir democracia con competencia partidista— y la lógica reacción contra el antiliberalismo franquista y su rechazo explícito del parlamentarismo y de los partidos políticos. La nueva coyuntura vino marcada por la crisis económica y el paro creciente, la rápida disolución de las expectativas laborales y con ello de proyecto de vida de las generaciones más jóvenes. En 1979, apenas aparecían los primeros signos de una devastadora crisis social, que tuvo su principal protagonista en la juventud.

III

«Aquí construyeron las casas y nada más». Era la sentencia de uno de los vecinos de Rekaldeberri, en el sur profundo de Bilbao, 60 000 habitantes, auténtica ciudad obrera[253]. Podían haber sido las palabras de cualquier otro residente en los barrios obreros levantados con urgencia entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta.

Rekalde «el nuevo» fue uno de los muchos espacios caóticos construidos por la superposición de pequeñas iniciativas de vivienda pública y grandes polígonos de viviendas de protección oficial. Se construyó para alojar a una población mayoritariamente migrante, carne de trabajo descualificado en la industria y en la construcción. Para marcar mejor su condición, el barrio estaba separado de la ciudad por las vías férreas. El llamado Distrito 2 de Bilbao se distinguía también del Distrito 1 por el paisaje: bloques idénticos de ladrillo y hormigón, contiguos o en construcción abierta, viviendas de tamaños reducidos, calles sin asfaltar y sin alumbrado, que se convertían en colectores de agua y lodo en época de lluvia. El barrio estaba a un tiempo cercado y aislado por la maraña de autopistas y vías férreas, que se había construido en sus márgenes. Ni colegios, ni servicios públicos, ni zonas verdes… Por todo esto los vecinos se habían ido organizando desde finales de los años sesenta.

Otro ejemplo: Santa Coloma de Gramenet, población obrera de más de 80 000 habitantes de la metrópoli catalana. En 1970, los vecinos constituyeron una plataforma pública a favor de la creación de un hospital[254]. La lucha barrial parecía reproducir los conflictos de fábrica: manifestaciones con miles de participantes, asambleas masivas, enfrentamientos, detenciones, palizas y finalmente la «politización». Desde 1969-1970, grupos militantes de las más variadas tendencias iban regularmente a Santa Coloma, algunos incluso acabaron por vivir allí y formaron parte de los comités y comisiones de barrio. Además de la organización de asambleas, encuentros y luchas de distinto tipo, las nuevas organizaciones publicaron boletines, hojas y pasquines que se repartían entre conocidos o se dejaban en las plazas, los mercados y las paradas de autobús[255]. En Santa Coloma surgió el primer gran conflicto vecinal de Barcelona.

Un último barrio: Meseta de Orcasitas, barriada de autoconstrucción del Gran Sur madrileño. Desde que se levantaran las primeras chabolas en los años cuarenta y cincuenta fue un ejemplo paradigmático del abandono de la masa inmigrante a su miseria. En el imaginario vecinal esta pobreza se representó en el inmenso barrizal que se formaba con las primeras lluvias. Sin el asfalto, las arcillas expansivas se dilataban hasta impedir el tráfico rodado, alcanzando las entradas de la gran mayoría de las pésimas viviendas, sin apenas cimientos. Las primeras acciones colectivas, y con ellas la constitución de la Asociación de Cabezas de Familia, se iniciaron hacia 1970 en torno a la traída de aguas y la pavimentación de algunos viarios[256]. También en esos años se produjeron los primeros conflictos y la construcción por medio del esfuerzo voluntario del primer local de la Asociación de Vecinos. La Asociación además de servir de centro político del barrio, lo fue de las primeras duchas públicas para un poblado en el que el agua corriente resultaba un lujo reservado a unos pocos. En 1971, se inició la espiral de movilización. Gracias a un periódico extraviado, los vecinos supieron que se había dado curso al Plan Parcial de Orcasitas, una operación especulativa sobre los terrenos del poblado, que no garantizaba la permanencia de los vecinos en el mismo. La lucha por permanecer se convirtió desde entonces en la matriz de las acciones vecinales, el punto visible de agregación y el motivo rector de la autoorganización vecinal.

El número de casos podría seguirse hasta contar varios cientos de poblaciones y barrios repartidos por la reciente geografía urbana que había producido el desarrollismo. La lista de problemas de las ciudades de la época iba desde la persistencia del chabolismo[257], las pésimas calidades constructivas de muchos de estos bloques levantados con urgencia, un urbanismo las más de las veces improvisado, un sistema de transporte público ineficaz o inexistente, la ausencia de servicios elementales como el alumbrado o el asfaltado, hasta la ausencia de equipamientos elementales como escuelas o centros de salud, además de la contaminación industrial, la congestión, etc. Desde principios de la década de 1970, el nombre común empleado para referirse a esta constelación de problemas fue el de «crisis urbana».

La dictadura había hecho descansar el pilar de su política social en la vivienda. Para combatir la «carestía», los gobiernos franquistas pusieron todo por delante con tal de que se levantaran grandes bloques de viviendas. Los constructores disfrutaron de subvenciones y acceso al crédito en condiciones ventajosas. La planificación urbana fue subordinada a sus intereses más inmediatos. No hubo restricciones en materia de planificación, transporte urbano, servicios y cuestiones ambientales. Desde finales de los años cincuenta, la ciudad fue comiendo así grandes cantidades de terreno a las huertas y secanos del alfoz de las ciudades del país. El beneficio de los promotores y la provisión de viviendas parecían coincidir con la construcción de ciudad a cualquier precio.

La política productivista en materia de vivienda no se acompañó de una inversión pública siquiera modesta: ni equipamientos, ni transportes, en ocasiones ni la urbanización propiamente dicha de los nuevos barrios. A principios de los años setenta, las periferias de las grandes ciudades eran un espacio caótico, resultado de la superposición de piezas apenas sometidas a una planificación decente. Convertidos en barrios «conejera», el problema de las periferias en rápida expansión consistía en que había déficit de casi todo.

Hacia finales de la década de 1960, el malestar urbano se empezó a decantar en formas de autoorganización vecinal. La lucha en las fábricas aterrizó en los barrios, animada en ocasiones por las mismas personas con compromiso sindical en los centros de trabajo. A los barrios llegaron todas las especies de la militancia antifranquista. Primero los católicos, en ocasiones capitaneados por los curas obreros, algunos de ellos tan célebres como el padre Llanos, antiguo falangista que acabó por residir en el barrio chabolista del Pozo del Tío Raimundo de Madrid. Este prestó la parroquia y sus recursos a la organización vecinal, y al final acabó por hacerse comunista. También los propios comunistas, que desde finales de la década de 1960, tuvieron una presencia destacada en algunas zonas. Y por supuesto, las distintas familias de la extrema izquierda que organizaron sus propias células en los barrios. Los procesos de autoorganización vecinal acabaron por cuajar en asambleas y comités o comisiones de barrio. Amparados en la débil legalidad franquista y el paraguas del movimiento, las parroquias, se formaron las Asociaciones de Vecinos. Eran asociaciones legales, en las que se podía disponer de cierto margen de reunión y acción, y que antes de que muriera Franco ya habían protagonizado conflictos de importancia en algunos barrios.

La Transición elevó, al igual que en las fábricas, la temperatura de las luchas en los barrios. Hacia 1976, el movimiento vecinal se había convertido en el más poderoso actor político en las principales ciudades del país. Solo en Madrid, la recién creada Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos contaba con 60 000 socios y más de 100 Asociaciones de Vecinos a principios de 1977[258]. Las AA. VV. exigían asfaltado, alumbrado, mejoras en las viviendas, colegios, ambulatorios. Y a medida que se extendían sobre el territorio ampliaban sus demandas sobre aspectos generales que tenían que ver con los efectos de la inflación —las campañas contra la carestía de la vida— y el modelo de ciudad. Tanta fue su fuerza en esos años, que el proceso de organización vecinal acabó por desbordar la simple actividad de denuncia frente a la negligencia o el abandono de las administraciones públicas, para crear un espacio comunitario novedoso.

La vida cultural —cívica sería una palabra más adecuada— de los barrios experimentó, gracias al movimiento vecinal, una verdadera revitalización. La autoorganización se derramó en casi todas las direcciones: desde las fiestas locales, hasta experiencias mucho más elaboradas, que especialmente en el terreno educativo condujeron a la creación de centros culturales, bibliotecas de barrio, escuelas[259] e incluso «Universidades Populares»[260]. Colaboraron también asociaciones profesionales, que en ocasiones crearon cooperativas educativas inspiradas por las ideas de la reforma pedagógica. Mención especial merece el movimiento de ikastolas del País Vasco y Navarra, experimento de autogestión de una escuela nacida a partir de otra carencia, la del idioma. Aparte de una vocación nacionalista más o menos clara, este experimento pedagógico de masas fue directamente organizado por profesores y asambleas de padres.

En apenas unos años, había tomado cuerpo una nueva capa de la sociedad civil marcada por su carácter democrático y su fuerte raíz popular. La formaban las Asociaciones de Amas de Casa, quizás el primer ensayo, si bien muy limitado, de visibilización del trabajo doméstico y de acceso a la esfera pública de las mujeres de los barrios obreros; las Asociaciones de Padres de Alumnos (APA), instrumentos democráticos de intervención y control sobre la escuela; las asociaciones de pequeños comerciantes que nacieron en respuesta a los procesos de concentración promovidos por las grandes cadenas de distribución; las asociaciones de jubilados que reunían a los viejos militantes obreros; las asambleas y plataformas de parados, autoorganización de los primeros excluidos por las nuevas formas de gestión de la crisis, etc.

Los «ayuntamientos democráticos» que salieron de las elecciones del 3 abril de 1979 hubieran generado muchas menos expectativas de no haber cabalgado sobre estas experiencias ligadas al movimiento vecinal. La formación de los primeros ayuntamientos elegidos había tenido que esperar casi tres años. El primer reformismo franquista consideró los ayuntamientos como un primer posible ensayo electoral —recuérdense las invectivas de Fraga—. Su aplazamiento tuvo, no obstante, importantes efectos. Tras las elecciones generales de 1977, las direcciones de los partidos concentraron un poder que no tuvieron que compartir con sus organizaciones territoriales. Caso de que las municipales se hubieran celebrado antes, las agrupaciones y secciones locales de los partidos hubieran salido fuertemente afianzadas, con una legitimidad propia y conquistada sobre el terreno.

La postergación de las elecciones otorgó, además, un mayor tiempo de maduración al movimiento vecinal. Quizás por eso, la izquierda decidió pactar los gobiernos municipales, en contradicción con la lógica de enfrentamiento a nivel de Estado, en el que el PCE aseguraba la gobernabilidad de Suárez, al tiempo que el PSOE se presentaba como alternativa electoral. En calidad de representantes de uno y otro partido, Alfonso Guerra y Nicolás Sartorius acabaron por cerrar un acuerdo que les otorgó las alcaldías de la mayoría de las ciudades de importancia.

Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia, Gijón tuvieron alcaldes socialistas, algunos tan conocidos como Tierno Galván en Madrid o Narcís Serra en Barcelona. Incluso el PCE se hizo con Córdoba o Algeciras, al tiempo que mejoró sus resultados respecto a las generales, con el 13% de los votos. Especialmente rotunda fue la victoria en Madrid y su área metropolitana, donde la izquierda se hizo con todas las poblaciones de entidad y consiguió el 56,6% de los votos, casi el 60% si se añadía el escaso pero significativo 3% de la ORT. En esta victoria, resultó primordial el apoyo de esa trama civil y popular de los barrios. Las Asociaciones de Vecinos apoyaron a sus representantes y de las mismas salieron un buen número de los concejales y alcaldes que dieron la victoria a las izquierdas. También los cuerpos técnicos y profesionales, asesores del movimiento vecinal, fueron integrados en los equipos municipales. Durante un tiempo pareció incluso que se iba hacia un nuevo modelo de democracia municipal en el que las instituciones y los gobiernos locales operarían en paralelo y en obediencia a una organización territorial extensa, autónoma y de carácter democrático.

Y sin embargo, este movimiento, que se ensayó con éxito en las elecciones de 1979, no llegó a probarse en otras fórmulas de democracia local. Es cierto que el problema no se planteó más allá de algunas minorías. Las elecciones fueron aceptadas como un mecanismo suficiente de democratización. Aun cuando abundaron las experiencias de tipo asambleario y el principio unitario se mantuvo bajo el paraguas de las asambleas y asociaciones de vecinos, estas fueron el escenario de las luchas por la hegemonía dentro de la izquierda. Ya fuera el PCE, o los partidos de la extrema izquierda, o luego el PSOE, los partidos reprodujeron en los barrios la misma división de papeles que en el movimiento sindical: la representación se reservaba a las organizaciones políticas, a la vez que las asociaciones quedaban reducidas a una función exclusivamente demandante. La formación de los ayuntamientos democráticos operó de este modo como un mecanismo de desmovilización y cooptación de cuadros. Líderes y técnicos entraron en la administración de un día para otro, vaciando al movimiento de sus elementos más capaces y con más experiencia.

Quizás en ninguna otra parte como en el movimiento vecinal quedó recogida una de las principales paradojas —por no decir la principal— de la Transición: los límites a una profundización democrática para la que se habían creado medios oportunos, pero para la que se carecía de una imaginación que fuera más allá de los clichés ideológicos —como un vago socialismo—, apenas compensados por la extensión real del Estado de bienestar. Ningún otro movimiento resultó tan eficaz en la conquista concreta, molecular, barrio a barrio, de los equipamientos elementales. Los colegios, los ambulatorios, los institutos, los polideportivos construidos en aquellos años estuvieron, casi invariablemente, asociados a campañas de protesta y grandes acciones ciudadanas. La expansión del Estado de bienestar entre la firma de los Pactos de la Moncloa y el final de la primera legislatura socialista (1977-1986) vino empujada principalmente por el movimiento vecinal.

Ejemplo sobresaliente de estas conquistas fue la Operación de Remodelación de Barrios de Madrid que se inició en 1979[261]. Coincidieron aquí las demandas de los barrios chabolistas del arco sur y este de la ciudad, además de las de los poblados de promoción pública cuyas viviendas apenas se sostenían en pie por las pésimas calidades constructivas. En total 28 barrios, 38 000 viviendas y 150 000 personas beneficiadas. La mayor operación de construcción de vivienda pública en la Europa de postguerra fue cogestionada por las Asociaciones de Vecinos y por el nuevo Ayuntamiento de la ciudad con abrumadora mayoría de la izquierda. Las asambleas vecinales mantuvieron el control sobre las decisiones fundamentales relativas a la construcción de los nuevos barrios: la disposición de las viviendas, los materiales, los plazos, incluso los viarios y los nombres de las calles[262].

Pero a pesar de la intensa participación en procesos como este, las asociaciones de vecinos acabaron por asumir un papel subalterno de las nuevas administraciones democráticas. Salvo excepciones, se convirtieron en meras correas de transmisión de los gobiernos municipales, en canales cuasi institucionales de tramitación de demandas concretas. En la época se habló de «una política de farolas y de baches». El movimiento perdió empuje y vitalidad tan pronto como se formaron los primeros concejos electos. Se dejó sentir también la desilusión, la crisis de expectativas respecto de las nuevas autoridades locales. La maquinaria burocrática de los ayuntamientos resultó más lenta y menos maleable de lo que se pensaba. Los consistorios municipales se convirtieron en la arena de una política partidaria cada vez más rígidamente organizada, por la que empezaron a circular beneficios y prebendas que a la larga minaron su imagen[263]. Inevitablemente, los municipios se convirtieron en la principal agencia de colocación de la militancia. Los algo más de 12 000 concejales que obtuvo el PSOE en 1979 —una cifra que doblaría en 1983— representaban una proporción de uno por cada ocho afiliados al partido. Aunque la mitad no fueran cargos remunerados, el número parece muy inferior a la enorme cantidad de técnicos y asesores que luego fueron contratados.

El éxito relativo del movimiento vecinal generó también una serie de efectos no previstos en su programa. Los equipamientos y el transporte público integraron esos fragmentos urbanos —los «barrios»— en las emergentes metrópolis de una forma que tendía a hacer estallar la vida comunitaria. Las comunidades de barrio, que habían cuajado en el periodo de luchas y al mismo tiempo eran su base, habían sido el resultado del aislamiento físico y cultural de esos barrios. La ruptura implicaba la asimilación al resto de la ciudad; fue, sobre todo, un cambio generacional. La vida de los más jóvenes ya no se desarrollaba, como la de sus mayores, entre el trabajo y el barrio. Estos iban a estudiar, a trabajar, a hacer amistades e incluso a divertirse fuera del «barrio». La vida de barrio, desarrollada en condiciones de práctico aislamiento del resto de la ciudad —una colección de pequeños pueblos— empezó a languidecer, mientras estas piezas urbanas eran poco a poco absorbidas en las metrópolis y sus complejos sistemas de intercambios[264].

La crisis económica trajo también la descomposición interna de la vida de los barrios. El movimiento vecinal nació a caballo de la crisis urbana en una época de rápida y caótica urbanización, que se logró salvar con un nivel de movilización sin precedentes. Pero esta crisis se vio seguida por una crisis económica y social de proporciones aún mayores. Al mismo tiempo que las asociaciones de vecinos conseguían firmar acuerdos, como los que dieron lugar a la Operación de Remodelación, una nueva plaga se extendió por muchos barrios convirtiendo a algunos de sus jóvenes en auténticos zombis.

La heroína aterrizó en las ciudades españolas a finales de los años setenta, síntoma acusado de la creciente desestructuración de las relaciones sociales que estaba produciendo la crisis. El paro juvenil, la falta de expectativas, el cierre político de la situación, llevó a muchos jóvenes a tomar un camino autodestructivo y nihilista. Un camino de efectos parecidos, si bien distintos, al que fue dejando en la cuneta a parte de la vieja generación, a veces en paro, a veces alcoholizada y a veces resentida con sus viejos compañeros «colocados» en la administración[265]. La pequeña criminalidad, asociada a la heroína, extendió la sensación de desconfianza y de inseguridad, frente a la cual las asociaciones de vecinos muchas veces no fueron capaces de responder.

Durante los primeros años de la década de 1980, esta compleja combinación de factores vació las asociaciones de vecinos de sus mejores activos. Lentamente los nodos del otrora poderoso movimiento vecinal languidecieron, envejecieron; finalmente habían desaparecido.

IV

Sin consultar con nadie —¿no era un gran líder al fin y al cabo?— a primeros de mayo de 1978, Felipe González declaró a la prensa que la etiqueta de «marxismo» no era buena para el partido, que convendría retirarla en un futuro, que fueron muchas las «chorradas» que dijo el maestro (¡sic!). Los agraviados por el allanamiento de la cámara sagrada del antifranquismo añadieron a su considerable indignación los guiños que el presidente lanzara a la socialdemocracia. Por aquel entonces, para la izquierda todavía caliente por los rescoldos de la lucha contra la dictadura, la diferencia entre socialismo y socialdemocracia era similar a la de la mantequilla y la margarina.

Pero González no fue ni el primero ni el único en anunciar cambios. Su «renuncia» era continuación de la que había hecho Carrillo poco antes. En diciembre de 1977, también sin consultar con nadie, Carrillo había anunciado que el PCE habría de renunciar al leninismo. Lo había hecho en el marco más apropiado, aprovechando su viaje al corazón del imperio (EE. UU.), prueba impagable de que el partido estaba por completo comprometido con la democracia[266]. En abril de 1978, el IX Congreso del PCE, obediente a su jefe, había decido retirar el término «leninismo» de su marchamo genético, por lo que era el sustituto del momento, el «eurocomunismo». Decía entonces la dirección comunista que se trataba de una diferencia de estrategias no de objetivos: el abandono del insurreccionalismo revolucionario no se podía hacer equivalente a la renuncia del comunismo.

Las razones de los dos principales líderes de la izquierda se parecían. La prueba electoral de 1977, confirmada luego en 1979, había situado el eje político del país antes en la moderación y el centro, que en la revolución y la ruptura. En una rápida cuenta electoral, si el PSOE aspiraba al gobierno tenía que hacerse con ese espacio del centro izquierda (la socialdemocracia) o incluso del «centro-centro» que con desparpajo acuñó Suárez por aquellos años. ¿No era esta la premonición del reformismo franquista? Si los socialistas querían gobernar, debían desprenderse de las señas de radicalismo que habían sido esenciales para hacerse con la hegemonía dentro de la izquierda. En tiempos de «normalización democrática», las viejas marcas se habían vuelto un lastre cada vez más pesado. La derecha se lo recordaba con insistencia, y el propio Suárez lo había aprovechado a dos días de las elecciones. Acaso su ventaja en 1979 no tuvo que ver, sobre todo, con la agitación del espantajo del miedo al marxismo.

La «bomba de Felipe» fue recibida —seguramente así lo tenía previsto— como una provocación dentro de las filas del partido. Las declaraciones encendidas parecían entonces la máxima de las presentaciones públicas de los socialistas. Todavía era un partido que axiomáticamente se declaraba «de clase, de masas, marxista y democrático», que se quería autogestionario —aunque no participara en el movimiento de autogestión de las fábricas abandonadas por sus patrones[267]— y que hacía un constante alarde de antiimperialismo. El radicalismo había servido para bloquear la crítica por la izquierda dentro de un campo político empapado por el líquido ideológico del antifranquismo. Pero en 1979, la moderación práctica que distinguió al partido durante toda la Transición empezaba a contar. Una vez absorbido el PSP, tampoco había ya que temer la presencia de nuevos competidores dentro del campo socialista.

El XVIII Congreso fue convocado para el mes de mayo. Venía calentado por la discusión ideológica en torno a marxismo sí o marxismo no. Pero como suele ocurrir con las discusiones terminológicas, esta ocultaba otras cuestiones en juego. De acuerdo con la dirección, la estructura interna del partido debía disciplinarse, adquirir digamos la «madurez necesaria» para ser alternativa de gobierno. Se trataba de la misma «madurez» empleada en la elaboración de las listas de candidatos para las dobles elecciones de 1979, y donde los procedimientos democráticos, dejados al albedrío caótico de las agrupaciones, hubieran dado resultados mucho menos «fiables».

Inaugurado el día 17 de mayo, el Congreso comenzó como estaba previsto con la discusión sobre la ponencia ideológica[268]. Felipe, en un órdago tan memorable como predecible, anunció que no seguiría en el partido caso de que «su» ponencia no fuera aceptada. Sin mucha convicción, encargó la defensa a un tibio Joaquín Almunia, frente a un enardecido Francisco Bustelo, que destacaba por ser uno de los nuevos «críticos». Sin mucha coherencia, se reunían entonces bajo esa rúbrica una mezcla heterogénea de personalidades. Los críticos eran antes una alianza extemporánea que una corriente propiamente dicha. Confluían el propio Bustelo, histórico de las luchas estudiantiles y luego cátedro universitario, el más conciliador Luis Gómez Llorente también profesor[269], el abogado Pablo Castellano y más alejado de este grupo el antiguo líder del PSP, Tierno Galván. Sus críticas no eran únicamente ideológicas. Las acusaciones de mayor interés tenían que ver con la orientación del partido, que tendía a primar el electoralismo, y presentarse como alternativa de gobierno por encima de cualquier cosa; también estaba en cuestión el creciente dirigismo y la falta de democracia interna.

En medio de la exaltación ideológica, la ponencia oficial perdió frente a los «marxistas» por una relación 70 / 30. Acto seguido, con una calculada teatralidad de dolor y obligación moral, abundantemente elogiada por los medios, Felipe abandonó la secretaria[270]. Con un «hay que ser socialistas antes que marxistas» dejó el partido en cuadros. Los críticos no habían previsto el vacío en la dirección y los mismos delegados del Congreso, que antes habían votado en contra de la ponencia oficial, clamaron al día siguiente «Felipe, Felipe, Felipe». Se había optado por un modelo de liderazgo carismático[271]. El clímax afectivo había seguido a una discusión ideológica antes que política. La formación de una candidatura alternativa, presidida por Tierno Galván, fue rápidamente abandonada. El mismo Tierno hizo uno de los discursos más bizarros de toda su carrera, destacando la imposible presidencia de González frente a los poderes fácticos y la socialdemocracia internacional.

Así las cosas, se clausuró la asamblea de delegados, se creó una comisión gestora encargada de mantener la organización y se propuso una siguiente convocatoria. La organización experimentó, no obstante, un importante vuelco. Entre los acuerdos de mayo se prohibieron las corrientes de opinión y las tendencias organizadas; se modificó el sistema de elección de delegados que no serían ya elegidos por las agrupaciones locales sino por los niveles superiores de provincia y región; y se estableció el sistema de voto único por federación, algo que se había ensayado en Andalucía dejando a Alfonso Guerra como único mandatario. Por último, se liquidaron los mecanismos de proporcionalidad en la elección de la ejecutiva; una vez elegida una lista esta sería única. Minorías y voces críticas no tendrían ya ninguna oportunidad.

El Congreso Extraordinario, el llamado «18 y medio», celebrado entre el 28 y el 29 de mayo de 1978, siguió al pie de la letra el guión previsto. La candidatura oficial, con Felipe al frente, obtuvo una abrumadora mayoría. La alternativa presentada por los «críticos» Bustelo, Llorente y Castellano quedó reducida a un 7% de los votos. La resolución final sobre el asunto del marxismo se resolvió en una fórmula de compromiso: «El marxismo [se conservaba] como un instrumento teórico, crítico y no dogmático para el análisis y la transformación de la realidad social». Las agrupaciones, la base del partido, que antes tenían la capacidad para elegir sus delegados y proponer sus candidatos a diputados y concejales, fueron subordinadas al Comité Federal. La democracia interna, ya muy desestabilizada, fue definitivamente suprimida. A partir de aquel Congreso, los críticos fueron o bien expulsados o bien aislados hasta forzar el abandono. Ninguno de ellos tuvo funciones relevantes en los órganos de dirección.

¿Traicionaba la izquierda sus orígenes? La explicación es algo más compleja. La evolución a un tiempo ideológica y orgánica del PSOE no se podría explicar sin el extraordinario crecimiento de su afiliación, y sin tener en cuenta la línea de continuidad del partido que nunca le llevó más allá de posiciones rabiosamente pragmáticas. La composición interna del PSOE de 1978 no era ya la de 1976. En esos años había pasado de tener menos de 10 000 afiliados a poco más de 100000. La nueva militancia no tenía ni el perfil del activista antifranquista, ni tampoco el de los viejos militantes socialistas. En un estudio sobre el socialismo español, el nuevo militante socialista parecía corresponder con el «español medio»: de mediana edad, con predominio de las personas sin estudios o con estudios medios, muchos de ellos católicos no practicantes y hasta entrada la Transición poco o nada implicados en política[272]. Entre estos nuevos militantes, además de seducidos y bienintencionados, se incluían un buen número de oportunistas, políticos profesionales y emigrados de otras regiones ideológicas —fundamentalmente el PCE y la extrema izquierda— que observaron con acierto la enorme necesidad de cuadros y cargos técnicos, que requería la expansión electoral de los socialistas.

Se explica así que tanto el proceso de burocratización como la propia evolución ideológica del PSOE apenas produjera protestas internas más allá de los sectores vocacionales y de mayor trayectoria dentro de la organización. En apenas unos meses, el tiempo transcurrido entre los dos Congresos, la crisis del PSOE había sido resuelta con precisión casi quirúrgica por una dirección decidida y que supo jugar sus cartas. A finales de 1979, era con mucho la fuerza política más disciplinada del arco electoral. La «vía nórdica» al poder que, desde 1976, González esgrimiera como la estrategia de la organización, se encontraba ya cerca del centro. El camino hacia la moderación concluiría en los dos años siguientes.

Frente a la creciente disciplina y control del aparato de la dirección socialista, el PCE se desplazó sobre una pendiente semejante pero en dirección contraria. El IX Congreso de los comunistas, celebrado entre el 19 y el 23 de abril de 1978, se saldó con apenas algunas críticas suaves y discretas al abandono del leninismo. Sus viejos líderes, Carrillo, La Pasionaria, la dirección del exilio, fueron ratificados sin discusión. No había empezado todavía el borboteo de la crítica interna, y solo las voces de antiguos compañeros de Carrillo, como Jorge Semprún[273], fuera del partido, avisaron de los inconvenientes y de los lastres que arrastraba el pasado estalinista de la vieja dirección. Se podía decir que en 1978, el autor de Eurocomunismo y Estado[274] se encontraba en la cima de su prestigio.

En términos puramente teóricos, que nunca fueron los más sinceros, el abandono del leninismo resultó ser congruente con la estrategia eurocomunista[275]. El «socialismo en libertad», la síntesis eurocomunista, respondía, sin embargo, a un difícil equilibrio de elementos. En términos políticos, lo que estaba en juego era la posición de un partido que quería aparecer como responsable y comprometido con la democracia. El abandono del leninismo fue la consecuencia «intelectual» de la contradictoria política de «concentración democrática» que había llevado a la dirección comunista a defender los Pactos de la Moncloa y a colaborar activamente en el desarrollo constitucional. En términos más abstractos —digamos «estratégicos»—, el eurocomunismo implicaba la aceptación del marco de la democracia liberal como plataforma de la lucha por el socialismo. Al dejar de lado la tradición insurreccional bolchevique y aceptar formalmente el pluralismo, se daba también paso a una crítica del modelo soviético. El eurocomunismo parecía, en definitiva, una estrategia funcional con lo que había sido la posición del PCE desde finales de los años sesenta, el pacto interclasista y democrático, la «alianza de las fuerzas de la cultura y el trabajo». Pasada ya por el tamiz de la Transición, la estrategia tuvo su continuidad en las políticas de consenso y de «concentración democrática». Los críticos a la izquierda del PCE consideraron esa posición como el resultado natural de la claudicación ante el viejo problema de la revolución en Occidente. Pero en 1978 la confianza en la dirección se mantuvo prácticamente incólume.

Como ocurrió en el PSOE, la discusión ideológica representó el papel de «tapado» de otros problemas, que llevaban tiempo larvándose, al menos hasta 1978. A la desafortunada apuesta por la llamada «territorialización» que había destruido las células de fábrica y las agrupaciones profesionales del partido[276], se había sumado un creciente malestar por el curso de la política comunista. Todavía de forma difusa y apenas verbalizada, el estado de desasosiego e inquietud tenía causas y sujetos múltiples, a veces contradictorios. Se reconocían las posiciones reactivas a una norma eurocomunista que no dejaba de violentar la vocación prosoviética, tradicional en el partido, pero también aquellas posiciones que no acababan de creer en la consistencia del eurocomunismo. Se añadía el problema de las organizaciones nacionales, manifiesto en sus crecientes demandas de independencia.

Protagonizadas fundamentalmente por el PSUC catalán, estas demandas acabaron por tensar la rígida estructura política del PCE. Poco antes de la convocatoria del IX Congreso y en contra de Carrillo, el PSUC decidió celebrar su propia asamblea. Era su IV Congreso, en ella se tomó la decisión de mantener el «leninismo» como bandera de la organización. En el Partido Comunista de Euskadi se manifestaron también tensiones entre la corriente «obrerista» de Ramón Ormazabal y la encabezada por Benito Lertxundi, antiguo militante de ETA, y favorable a pactos electorales con Euskadiko Ezkerra.

Cuarteado, tironeado desde distintos lugares, la demanda común se resumía en la exigencia de mayor democracia interna, animada por un creciente descontento y escepticismo respecto de la política de «concentración democrática». Especialmente fuerte era el malestar con la aceptación oficial de los Pactos de la Moncloa, que muchos vivieron como una claudicación.

El IX Congreso acabó, sin embargo, con pocas novedades. Se ratificó la secretaría de Carrillo, que salió con poderes reforzados, según un modelo que algunos no dudaron en calificar de «presidencialista». También se multiplicaron los miembros del Comité Ejecutivo hasta un número de 45, lo que al tiempo que ofrecía una imagen de mayor pluralidad, lo hacía inoperante como dirección colegiada. De este modo, el IX Congreso consiguió conjurar, al menos durante un año más, cualquier fantasma de crisis interna. Pero se trató de un cierre en falso, un error a la postre fatal.

La crisis estalló tras las elecciones de 1979. Los resultados del PCE apenas fueron mejores que los de 1977. La ligera caída en votos del PSUC sirvió a Carrillo para lanzar una andanada de duras críticas a la línea política de los catalanes. Según el patrón común a las izquierdas, la polémica ideológica fue solo la pantalla de una discusión cuyo origen estaba en las cuestiones orgánicas y de cuota: en este caso la autonomía del PSUC y la democracia interna.

A finales de año, se abrió una nueva polémica, esta vez con motivo de la política internacional comunista. La invasión soviética de Afganistán fue saludada públicamente por amplios sectores del partido como una guerra, literalmente, «antiimperialista». La matriz tercerinternacionalista del PCE y su tradicional adhesión a Moscú, apenas evolucionada por el empujón eurocomunista, se agrupaba ahora en torno a un motivo aparentemente visceral: la defensa de la URSS. El perfil de los entonces llamados «afganos» o «prosoviéticos» quedó todavía más definido en el verano siguiente cuando se produjo la gran huelga de Solidarność en los astilleros del Báltico. El tibio apoyo de Carrillo al sindicato polaco mostró tanto la superficialidad del giro eurocomunista, como el guiño táctico del secretario hacia los «afganos».

La razón de estos vaivenes estaba en la creciente soledad de Carrillo. Al mismo tiempo que se conformaba el sector prosoviético, entre algunos cuadros del partido, y en general entre los sectores profesionales, la exigencia de democracia interna se empezó a articular como corriente o tendencia. En este caso, la línea ideológica se dirigía en dirección contraria. Se trataba de profundizar en la línea «eurocomunista» de una forma más sincera y consistente. La equivalencia «nueva política, nuevo partido» recogía la mejor tradición comunista del intercambio entre dos términos que se consideraban recíprocos.

La dirección comunista se enfrentaba a un problema nuevo. No eran los nostálgicos del «sovietismo», ni los desajustes con las organizaciones nacionales. Entre los nuevos críticos estaban algunas de las figuras más importantes del partido como el economista Ramón Tamames, vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, el histórico Manuel Azcárate[277], director de la revista teórica del partido Nuestra Bandera, o Pilar Bravo que había sido mano derecha de Carrillo hasta entonces.

En el verano de 1980, los críticos plantearon al secretario la necesidad de promover una rápida y decidida reforma frente a la pérdida de pulso social, el aislamiento político y el creciente malestar interno[278]. Narcisista hasta lo patológico y fiel a lo que había sido su modo de operar durante años, Carrillo se cerró en banda. En la amplia reunión del Comité Central preparatoria del siguiente Congreso[279], a primeros de noviembre, se escenificaron con virulencia las diferencias entre Carrillo y los que hasta entonces habían sido sus mejores colaboradores. Los críticos presentaron un programa completo de cambio: democracia interna, mayor vinculación a los movimientos sociales y «profundizar en el eurocomunismo». La reacción cobró rasgos paranoicos, más propios de los tiempos estalinianos y de la conspiración anticomunista que de la democracia de la «ruptura pactada». Carrillo no tuvo otra respuesta que «más aparato, más centralismo».

Dividido en «fracciones», entre el «aparato» de Carrillo, los prosoviéticos y los que entonces se autodenominaron «renovadores», a finales de 1980 el PCE entró en un proceso de centrifugado incontenible dentro de los muros de la organización. Las declaraciones cruzadas, la filtración de informes, las polémicas tanto en los órganos del partido como en la prensa llevaron la discusión a toda la izquierda. La crisis se agravó por el desarrollo de los acontecimientos dentro del PSUC. En enero de 1981 la organización catalana celebró su V Congreso. Se declaró en abierta rebeldía con el PCE. Su declaración final comenzaba con una enardecida defensa del leninismo, para seguir con el abandono del eurocomunismo. La crisis del PSUC era a la vez grave y contradictoria. El PSUC era la organización comunista más numerosa y probablemente la de mayor democracia interna. En esta ocasión, los eurocomunistas habían quedado desplazados por los prosoviéticos y los sectores tradicionales del partido, los llamados «leninistas».

El V Congreso del PSUC sentó un mal precedente para el X Congreso del PCE que comenzó el 28 de julio de 1981. El objetivo de Carrillo consistió en afianzar su liderazgo y acallar la crisis con los medios de siempre. Su largo informe, de cerca de cuatro horas, no dejó lugar a dudas. Además de justificar hasta el absurdo la política de «concentración democrática», apenas reforzada por el peligro de involución que verificó el golpe de Estado del 23F, siguió con lo que había de ser su gran objetivo, «homogeneizar el partido». La expresión era un eufemismo para referirse al viejo principio del centralismo democrático que hacía obligatorio el acatamiento de las decisiones después del Congreso. No obstante, la X asamblea de los comunistas mostró un notable avance de los «renovadores», que lograron reunir a un tercio de los delegados. La resolución final se resolvió con la prohibición expresa de fracciones y tendencias. Fue el punto de no retorno en la crisis del partido, para muchos quedó claro que el bloqueo era sinónimo de carrillismo. Ya antes, la deserción de militantes y afiliados, especialmente entre los segmentos profesionales, había dejado al partido en cuadro. En 1980, la secretaría general reconocía 132 069 militantes, frente a los 171 332 de 1978 y los más de 200 000 de 1977.

Pero el desencadenante de la crisis terminal fue la escisión del Partido Comunista de Euskadi (EPK) en el siguiente otoño. La búsqueda por parte de los renovadores de la alianza con Euskadiko Eskerra, que ya se había tratado de probar en las municipales, se resolvió con la expulsión de «los de Lertxundi». El partido vasco quedó reducido a una raquítica organización dirigida por Ormazabal y apegada a la vieja historia de las huelgas de los años treinta en la montaña de hierro —las minas de mineral de la bocana de la Ría de Bilbao—. Debido a la poca relevancia del EPK, poco hubiera pasado si la expulsión de los vascos se hubiera ceñido a su área territorial, pero la convocatoria de sucesivos actos de solidaridad con Lertxundi y la exigencia de un debate público por parte de los renovadores, se siguió de una larga serie de expulsiones que incluyó a la mitad del grupo municipal madrileño, varios renovadores del Comité Central, el comité provincial de Valladolid y un largo etcétera. En estos meses, Carrillo jugó fuerte con la amenaza de la dimisión caso de que los órganos de dirección no golpearan con mano dura contra el «fraccionalismo» de los renovadores. No obstante, las diferencias con Carrillo se habían extendido incluso a miembros tan significados como Marcelino Camacho, secretario de CCOO, y que desde hacía tiempo mostraba una posición favorable a los renovadores, o Nicolás Sartorius que muchos veían como posible sustituto del que fuera secretario del partido desde finales de la década de 1950.

V

Entrado el verano, el 24 de julio de 1979, el PTE y la ORT festejaron su unificación en la Casa de Campo de Madrid. Parecía, al fin, que la izquierda revolucionaria era capaz de dar curso a la construcción de un único partido. En las elecciones legislativas de ese mismo año, la extrema izquierda había obtenido unos resultados que podían leerse de diversas maneras. Los partidos con vocación estatal (PTE, ORT, MC, LCR, PCT) habían sumado más de medio millón de votos, pero su fragmentación les había impedido obtener un solo escaño. Las formaciones vascas, Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra, sumaron por su cuenta 250 000 votos, que concentrados en Gipuzkoa y Vizcaya les proporcionaron cuatro diputados. El resto de formaciones nacionalistas de extrema izquierda (en Galicia, Canarias y otras comunidades) se quedaron también sin representación.

Si el PTE y la ORT hubieran acudido juntos en 1979 habrían obtenido 320 000 papeletas, casi el 2% de los votos, y al menos un diputado por Madrid. En las municipales y gracias a la implantación local de ambos partidos y a su acuerdo previo de promocionar la lista más votada, el resultado fue algo mejor: 20 alcaldías, algunas de entidad, y más de 400 concejales. ¿Podía existir una formación política, electoralmente viable, más allá del PCE? Ese era el parecer de las directivas que Eladio García y José Sanromá representaban. El PTE y la ORT eran los dos grandes partidos de la izquierda comunista; en el momento de su unificación contaban con una fuerza organizada nada desdeñable, 18 000 militantes[280].

Desde 1975, la evolución política de ambas formaciones había ido en una dirección de creciente moderación. Entre la muerte de Franco y las primeras elecciones, y a pesar de estar presentes en los organismos unitarios de la oposición (Junta y Plataforma), quedaron marginados de la política de pactos. Postergada su legalización a julio de 1977, concurrieron a los comicios bajo la fórmula de agrupaciones de electores. Convencidos, sin embargo, de que la moderación y la «insuficiente conciencia política de las masas» eran los elementos determinantes de la fase política, ambas formaciones tomaron la decisión de apoyar la Constitución. La aceptación descansaba sobre los elementos más progresistas del texto. El propósito era forzar las contradicciones internas de la nueva democracia: la incapacidad —se decía— de los «poderes fácticos» para llevar a cabo las reformas.

Enfrentados a la institucionalización sindical, contaron con la suficiente capacidad de reacción, además de enormes dosis de sectarismo, como para crear dos sindicatos propios (el SU y la CSUT) en lugar de uno, oponerse a los Pactos de la Moncloa y presentarse a las elecciones sindicales de 1978 donde obtuvieron el 4% de los delegados. En términos de cálculo político, sus bases no parecían tan estrechas como para no poder ser un actor político con un pie dentro de las instituciones y otro en una crítica radical al cambio político. Eran muchos los que compartían la crítica a los límites de la Transición en aspectos clave como el pacto social o la permanencia de elementos franquistas —«fascistas»— dentro de los aparatos del Estado. Aparentemente existía una base social y electoral crítica. Ambos partidos optaron así por aprovechar el marco democrático. Su decisión terminó por convertir los resultados electorales en el factor determinante de su supervivencia.

La unificación de ORT y PTE fue congruente con este análisis y, al mismo tiempo, un desastre político. Durante el siguiente año se conservó la dualidad orgánica y los recelos entre las militancias de ambas formaciones. La descoordinación favoreció los malos resultados en las elecciones catalanas de marzo de 1980. Aquellos comicios fueron considerados como una prueba general de lo que podía ser la unidad de la extrema izquierda en el resto del país. Unitat pel Socialisme reunió en una única candidatura a casi todas las agrupaciones de importancia en Cataluña (el PTC, Bandera Roja, MC y LCR). Pero los votos obtenidos (apenas 30 000) resultaron ridículos respecto a la capacidad de movilización de cada uno de los partidos por separado y el centro catalanista de Pujol (CiU) se hizo con la mayoría electoral frente a unas izquierdas (el PSUC y el PSC) en rápido retroceso. Como cabía esperar, las catalanas confirmaron el deterioro de la vida interna del partido, empujándolo a la disolución. En mayo de ese mismo año, los militantes del PTE levantaron acta de que el partido unificado ya no existía[281]. Poco después lo haría la ORT.

Seguramente era ya tarde. En el fracaso de la unificación, la extrema izquierda mostró la debilidad de casi todos los materiales que habían servido a su construcción[282]. Pesó de nuevo la cultura de la diferencia que hizo imposible la convivencia entre dos organizaciones ideológicamente semejantes, pero con orígenes culturales diferentes: el «psuquismo» primordial del PTE y el catolicismo de la ORT. Colaboró también el creciente desánimo y perplejidad ante la evolución de la Transición y del contexto político internacional. Los tiempos marcados por la subida al gobierno de Thatcher y Reagan no señalaban precisamente los mojones del camino al socialismo. Además, la opción electoral que el PTE y la ORT impulsaron requería construir un espacio político al margen de la moderación del PCE y del PSOE, pero con la seriedad suficiente para presentarse con apariencia de alternativa electoral. La conjunción de los factores señalados colocó a la dirección del partido ante un callejón sin salida. No fueron pocos, especialmente entre la militancia de la ORT, los que después de la disolución ingresaron en el PSOE, que frente a la crisis del PCE, todavía podía imaginarse como la casa común de la izquierda posible[283].

El cambio de coyuntura impuso el retroceso de la movilización social y política de los años previos. El deterioro de las luchas obreras combinado con la institucionalización política y sindical estaba destruyendo la hegemonía ideológica de la izquierda —razón de ser del antifranquismo—, empujándola a una reinvención teórica y práctica. Pero ¿podía una extrema izquierda hecha de opciones fragmentadas, pobremente dotada de recursos teóricos, con una reiterada inclinación a resumir sus posiciones en formulaciones ideológicas —cuando no sectarias— asumir un reto de tal envergadura?

El nuevo espacio político no se situaba ya sobre los parámetros obreristas de la izquierda revolucionaria que había surgido una década antes, tampoco sobre las viejas lecciones del leninismo y sus tajantes separaciones dentro del trabajo militante: teoría y práctica, lucha política y lucha económica. En esos años, la izquierda de uno y otro signo había empezado a observar con atención la emergencia de lo que en la época se llamó «nuevos movimientos sociales». Este concepto, de origen sociológico antes que político, agrupaba una nueva constelación de grupos, prácticas y actividades vinculados al feminismo, el ecologismo y el antimilitarismo. El desarrollo de estos movimientos en Europa estaba animando otros discursos y otras prácticas. También en España, una parte de la extrema izquierda se introdujo en estas realidades a la búsqueda de una nueva política, si no revolucionaria en unos tiempos en los que el significante revolución parecía disiparse, sí al menos radical.

El MCE y la LCR[284] fueron los dos únicos partidos que sobrevivieron a la crisis de la izquierda revolucionaria durante la Transición. Su persistencia no residió tanto en el número de afiliados y militantes, menor que los del PTE-ORT, o en su peso institucional casi insignificante, como en su capacidad para mutar, cambiar, seguir los tiempos. Contribuyó su posición respecto a la Constitución, que nunca aceptaron, y su conexión con la izquierda vasca, de la que bebía una parte importante de sus posicionamientos y en la que ambas formaciones tenían una presencia poco discutible. De hecho, por muchas que fueran sus diferencias con HB-ETA, la «síntesis vasca», en la que la persistencia de las luchas obreras y los nuevos movimientos sociales acabaron por confluir en una suerte de nacionalismo radical, sirvió a estas formaciones como un modelo posible y alternativo al cierre de la Transición. Al no conceder ninguna centralidad a las convocatorias electorales —en 1982 ni siquiera presentaron candidaturas—, la política de ambos partidos se dedicó desde entonces a organizar las posiciones críticas dentro de Comisiones Obreras y sobre todo a operar dentro de los movimientos sociales como un factor de consolidación y radicalización. Pero ¿qué eran y qué había de diferente en estos movimientos sociales?

VI

Entre los recientes territorios de movilización social, el feminismo fue el más importante y el de mayor impacto social en aquella época. El franquismo había dejado un legado de conservadurismo y desigualdad, que se sostenía en la cultura oficial y en una legislación que rozaba lo aberrante, al menos en comparación con el resto de los países de Europa occidental. Debido al peso de la Iglesia, estaban prohibidos los anticonceptivos y el aborto, el adulterio era un delito reconocido en el código penal y el divorcio seguía sin tener encaje legal alguno. La dependencia de la mujer respecto del varón estaba sólidamente apuntalada con los fuertes remaches de la institución matrimonial.

La «modernización social» empujada por el desarrollismo había producido, no obstante, cambios sociales significativos. Entre la emergente clase media profesional, había por primera vez una importante presencia de trabajo femenino, joven y cualificado, que hacia finales de la década suponía un tercio del total de este segmento laboral[285]. A su vez, la rápida industrialización del país, había impulsado la incorporación al trabajo asalariado de las mujeres, que en algunas ramas, como el textil o el calzado, eran mayoría. Aunque la participación femenina apenas sumaba uno de cada cuatro activos en 1975, ambos segmentos laborales con importante presencia de mujeres empujaron transformaciones, muchas veces cruciales, en lo que se refiere a la participación pública de las mujeres, así como en sus particulares experiencias de politización.

Entre las profesionales de clase media formadas en la Universidad, la participación en la cultura del antifranquismo e incluso la militancia en la izquierda política, se había vuelto moneda corriente desde finales de la década de 1960. Fueron estas profesionales quienes levantaron los primeros grupos de estudio sobre la condición de la mujer[286], embrión a su vez de los grupos feministas. Empujados también por la participación creciente de las mujeres que militaban en organizaciones políticas, como el PCE y los partidos de la extrema izquierda, se crearon agrupaciones específicas vinculadas a estos partidos. La más importante, el Movimiento Democrático de Mujeres, formalmente autónomo pero estrechamente ligado a los comunistas, acabó por convertirse en uno de los principales caladeros de activistas feministas.

De un modo parecido, en las fábricas y talleres con mayoría de trabajo femenino, la experiencia de lucha, la organización asamblearia y el protagonismo en las luchas favorecieron una militancia obrera diferenciada de la cultura sindical masculina. No solo se trataba de una lucha por la equiparación, según el lema «a igual trabajo igual salario», sino que las exigencias de género relativas a la discriminación salarial y los abusos de los mandos, acabaron creando una cultura política específica, «de clase» y feminista[287].

Los cambios sociales, la experiencia de estas recientes formas de politización y la recepción de las corrientes del feminismo europeo y estadounidense, confluyeron en una posición compartida que acabó por desbordar los marcos tradicionales de los partidos para derramarse en un conjunto amplio de iniciativas y campañas. Así nació el movimiento feminista hispano. Este se formó, creció y maduró a través de instrumentos diversos: las grandes jornadas y encuentros que se realizaron a partir de 1975 y que condujeron a las Jornadas Estatales de la Mujer de finales de 1979; la generación de librerías, revistas y editoriales feministas como la publicación Vindicación Feminista o la colección Tribuna Feminista; la formación de espacios como la Coordinadora Feminista de Barcelona y la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, ambas constituidas en 1976. A diferencia de las estructuras partidarias, a medida que crecía el interés y la atención por el feminismo, el movimiento se bifurcaba en distintas corrientes y proyectos, como el fallido intento de crear un Partido Feminista bajo la consigna de la «mujer como clase», los colectivos feministas ligados a la extrema izquierda o aquellos otros de vocación radical pero de carácter antiautoritario[288].

La lucha contra los aspectos discriminatorios de la legislación heredada empujó a esta constelación de grupos a reunirse en torno a campañas concretas, casi siempre masivas. Así a raíz de las denuncias por adulterio contra algunas mujeres, y con el lema «Yo también soy adúltera», desde 1976, el movimiento empujó la despenalización del adulterio y el derecho al divorcio. Los resultados no se alcanzaron inmediatamente pero llevaron a la legalización de los métodos anticonceptivos y la retirada del «delito» de adulterio en 1978. De igual modo, las campañas por el derecho al divorcio consiguieron finalmente el cambio legal en 1981.

El retraso de las reformas del gobierno, dilatadas por la división interna de UCD, resultó uno de los más poderosos acicates del feminismo. Desde 1977, algunos colectivos, animados por la colaboración de profesionales, empezaron a abrir asesorías de planificación familiar, o como se acabarían llamando «centros de autoconocimiento corporal». El desarrollo de estas asesorías fue tan rápido y exitoso que el gobierno tuvo que desarrollar su propia red de Centros de Orientación Familiar a partir de 1979.

Pero la lucha más encarnizada del feminismo fue el aborto, a su vez una de las grandes líneas rojas de UCD. Durante aquellos años, las denuncias, las penas e incluso los encarcelamientos de mujeres siguieron su pesado curso. En torno a una de estas imputaciones, conocida como las «11 de Bilbao», se articuló el casus belli de finales de la década. Campañas a favor de la despenalización, autoinculpaciones en los juzgados, propuestas de ley para el reconocimiento del derecho al aborto, las movilizaciones fueron tan masivas que aplazaron el juicio en dos ocasiones. «Nosotras parimos, nosotras decidimos», el grito que galvanizó a las feministas fue también el caballo de batalla de una movilización que tardaría en ceder.

En la misma estela que el feminismo, echó a andar el movimiento gay en España. Los primeros grupos se formaron hacia principios de la década de 1970. Pero no fue hasta la muerte de Franco cuando la bandera del arco iris pudo lanzar las primeras movilizaciones públicas. La batalla estuvo centrada en la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, una suerte de aberración legislativa, que hacía amasijo de fenómenos completamente dispares pero que el tardofranquismo pretendía criminalizar en bloque. En la ley se incluyó desde el vandalismo hasta la inmigración ilegal. Su objetivo prioritario se centró, sin embargo, en el tráfico y consumo de drogas, la prostitución, la pornografía y la homosexualidad. Los presos condenados por esta ley no fueron incluidos en las sucesivas amnistías. La presión de los colectivos gays logró excluir la homosexualidad como delito en 1979 y más tarde el escándalo público. La aceptación social de la homosexualidad discurrió por un camino mucho más largo.

Mientras duró la dictadura, el antimilitarismo tuvo su mejor expresión en la objeción de conciencia al servicio militar. Los primeros insumisos, generalmente testigos de Jehová, a los que luego se sumarían pacifistas y libertarios, fueron brutalmente juzgados por los tribunales militares, ingresando por decenas en las cárceles franquistas[289]. Aunque estos presos fueron incluidos en la amnistía, el único cambio de relevancia durante finales de los años setenta fue la mayor benevolencia por parte de los tribunales. La objeción de conciencia, luego insumisión, se convirtió a la larga en uno de los movimientos sociales recurrentes de las décadas siguientes, su ejemplo tuvo una fuerte resonancia en las acciones contra el ingreso en la OTAN. Las negociaciones para el ingreso en la Alianza Atlántica, por parte de la UCD, reunieron a toda la izquierda bajo una bandera común. La convocatoria para el 25 de enero de 1981 de la primera marcha a la base de Torrejón, en Madrid, fue el acta de nacimiento del movimiento anti-OTAN y una verdadera máquina de renovación para muchos militantes de la extrema izquierda.

Las posibilidades del ecologismo tardaron en verse. Sus comienzos estuvieron asociados al conservacionismo surgido hacia principios de la década de 1970[290]. La más importante de las primeras organizaciones ecologistas fue la Asociación Española para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente. AEOTMA avanzó algunas de las luchas que acabaron por concentrar los esfuerzos del ecologismo posterior como la defensa de especies y espacios naturales, la crítica a los planes de infraestructuras y especialmente la denuncia de la construcción de las centrales nucleares. La lucha antinuclear catapultó, de hecho, al movimiento ecologista.

Desde principios de la década de 1960, los gobiernos desarrollistas habían propugnado ambiciosos proyectos de expansión nuclear. Fruto de la colaboración y el asesoramiento estadounidense en 1968 se inauguró la primera central nuclear, Zorita, a la que siguieron Santa María de Garoña (1972), Vandellós I (1973) y posteriormente Almaraz, Ascó, etc. Lejos de que el primer golpe del petróleo de 1973 rebajara las expectativas de producción eléctrica, la revisión del Plan Energético Nacional en 1975 se realizó sobre la previsión de un ambicioso programa nuclear: la construcción de un parque de 37 grupos que debía llevar la generación eléctrica de origen nuclear a cubrir más de la mitad de las necesidades del país. En dirección contraria, los accidentes y pequeñas fisuras de las centrales existentes, además de la redacción de nuevos informes sobre los impactos territoriales de esta forma de energía[291], pusieron sobre aviso a buena parte de la población afectada por los nuevos proyectos.

Desde 1976, la escalada de las movilizaciones creció sin descanso. En ese mismo año, se formó la Comisión por una Costa Vasca No Nuclear con el objetivo de frenar la implantación de siete reactores nucleares en esa zona. En la primavera siguiente se produjo la primera manifestación importante contra Valdecaballeros en Cáceres, a la que siguieron movilizaciones contra otras instalaciones en Galicia, Gipuzkoa, Valencia y Guadalajara. En mayo de 1977 se creó la Coordinadora Antinuclear del Estado Español. El movimiento había alcanzado una implantación especialmente significativa en el País Vasco, donde además de las grandes manifestaciones, ETA ocupó el papel de actor protagonista con sucesivos atentados contra las instalaciones y los trabajadores de la central de Lemóniz.

La lucha antinuclear se cargó de nuevas razones cuando se produjo el accidente nuclear de la Central Nuclear de Three Mile Island en la Costa Este de EE. UU… Acosado por las críticas, en julio de 1979, el gobierno publicó un nuevo Plan Energético Nacional. Renunciaba a la megalomanía previa y abandonaba la mayor parte de los proyectos. Solo mantuvo aquellos que ya estaban iniciados, especialmente dos de los más conflictivos: Lemóniz y Valdecaballeros.

La oposición al programa nuclear no defendía únicamente razones medioambientales. Se enfrentaba a las políticas anticíclicas y a uno de los puntos estratégicos que se había marcado la UCD en respuesta a las demandas de los intereses oligárquicos. El programa nuclear otorgaba condiciones de financiación y mercado extremadamente ventajosas al oligopolio eléctrico, al tiempo que beneficiaba a los grandes bancos y a las constructoras encargadas de levantar las gigantescas infraestructuras. Era el mismo terreno en el que se desarrollaba otra de las grandes luchas ecologistas del momento, la rápida expansión de la red de vías rápidas, especialmente a través de la fórmula de concesión privada, las autopistas de peaje. Como ocurrió con las centrales nucleares, la oposición a las autopistas acusaba la destrucción ambiental, la segmentación del territorio y unos beneficios sociales dudosos. Pero también apuntaba a la subordinación de los presupuestos públicos a los intereses del oligopolio bancario y las grandes constructoras[292].

El ecologismo, al igual que el feminismo, y en general los llamados «movimientos sociales» ofrecían un terreno novedoso para el desarrollo de una política de transformación, una vez cerrado el ciclo político con los pactos de la Transición y comprobado que las luchas de fábrica se deslizaban por la pendiente del desgaste y la sujeción a la política de rentas. La emergencia de los movimientos sociales implicaba notables desafíos. Era algo más que un arañazo sobre los supuestos clásicos del marxismo convencional y el modelo orgánico del centralismo democrático. El ecologismo y el feminismo cuestionaban la forma partido, su cultura disciplinada y autoritaria, al tiempo que implicaban una severa crítica del supuesto productivista y la centralidad obrera que habían informado las estrategias de la mayor parte de la izquierda. El impacto de los movimientos sociales, combinado con el curso de la Transición, arrancaron a la izquierda una auténtica declaración de crisis. En el terreno teórico-intelectual, la integración de los elementos ecologistas y feministas requirió más que una síntesis por medio de la superposición de colores —rojo, violeta, verde—. El marxismo, que había sido la bandera del antifranquismo, entró en revisión. En muchos casos eso significó su abandono, y en otros una aventura intelectual que casi siempre terminó por crear cierta distancia con las estructuras partidarias tradicionales[293].

En términos prácticos, la fragmentación en la que crecieron los movimientos, vertebrados en nodos y colectivos de base local, con niveles de coordinación laxos y organizados en torno a campañas y conflictos concretos exigió de la militancia izquierdista respuestas más complejas que la delegación y observancia de las directrices del partido. La confusión y la desorientación por la crisis interna de los partidos, las nuevas formas de movilización y la rápida transformación de las condiciones políticas terminó en demasiadas ocasiones en crisis subjetivas. En este delta en el que desembocó la extrema izquierda, los cursos fueron múltiples: desde la militancia social hasta el desencanto, desde el retiro profesional hasta el nihilismo, desde la continuidad política en el PSOE hasta el más radical cinismo. En cualquier caso, hacia finales de la década, la izquierda revolucionaria, que había nacido y se había nutrido del antifranquismo de los años sesenta, acabó por desaparecer como espacio político propiamente dicho.

> Pactos de la Moncloa, octubre de 1977. Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep María Triginer (por la Federación Catalana del PSOE), Joan Reventós (por Convergència Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico.

7. La última crisis
(marzo de 1979 / octubre de 1982)

I

Consomé de primero, filete de ternera y por último helado de pistacho. Nadie diría que este es un gran menú. Se servía al menos tres veces al mes desde finales de 1976. Por esas fechas, Luis María Ansón ordenó instalar un amplio comedor en el edificio de la Agencia Efe, entonces la mayor firma de noticias en lengua castellana, nada menos que la cuarta del mundo. La empresa estaba participada en un tercio por el Estado, y la frugalidad era obligada si se quería mantener una imagen de calculada seriedad y de buen uso de unos recursos en parte públicos.

Durante años, por los comedores de Efe pasaron políticos, militares, periodistas, intelectuales, miembros de los servicios secretos, financieros, empresarios. Fue el lugar predilecto de los conciliábulos de la clase dirigente española. Allí se cocinaban las noticias, se intercambiaban ideas, se discutía de política, se compartían los malestares, pero sobre todo se pergeñaban los planes generales y las líneas tácticas del reformismo posfranquista[294]. Los hermanos Ansón, Rafael y Luis María, jugaron un papel crucial en el aupamiento de Suárez. Al frente de Radio Televisión Española, Rafael diseñó los aspectos mediáticos de sus éxitos: el referéndum de la Ley de Reforma Política y las elecciones de 1977. Luego siguió de asesor del presidente. Luis María, más correoso, colaboraba con Suárez al tiempo que conspiraba contra él.

En el verano de 1980, las comidas en Efe subieron de tono. En el comedor o tête à tête con Ansón —recuérdese que la cena política o en su caso el «almuerzo» fue la verdadera fábrica de la Transición— el tema recurrente era quejarse del gobierno, de su debilidad, de la incapacidad de Suárez. Las tramas conspirativas contra quien representó el carácter paranoico, que imprime el poder[295], se calentaron a la misma velocidad que los mercurios durante ese agosto.

1980 fue el año de los poderes fácticos —la Iglesia, el ejército, la patronal—, expresión oscura que siempre se ofrece a las teorías de la conspiración que gustan al amarillismo periodístico y a determinados sectores de la izquierda, pero que en aquellos meses tuvieron un protagonismo real, no disimulado. Ciertamente, no se puede decir que estos «poderes de hecho» dejaran de operar durante todo el proceso de cambio político. Pero si hasta 1979 habían delegado sin conflicto en la clase política reformista, terminada la fase de pactos y ante un gobierno titubeante y encabezado por lo que consideraban un «advenedizo», el malestar y las operaciones para su relevo se multiplicaron.

La Iglesia andaba agitada, pendiente de la confirmación de sus prerrogativas en educación y de los «ataques contra la familia» de la izquierda, o por decirlo de una forma más exacta, de una sociedad que definitivamente se le escapaba. La patronal estaba preocupada por el curso de la crisis, acorralada por la oleada de huelgas (1979) que se produjo justo con el segundo choque petrolífero. Desconfiaban de Suárez por su talante «progresista», por la aplicación de la reforma fiscal, por la ausencia de una política claramente propatronal. Las clases pudientes repudiaban, en general, el deslizamiento hacia la izquierda de UCD y a su vez temían la alternativa socialista. Lo mismo sucedía con todos los segmentos claramente conservadores que a la «crisis de la familia», la «descristianización», el avance de la izquierda, añadieron la consolidación del proceso autonómico y de los nacionalismos periféricos. Pero entre los «poderes de hecho», el más importante y desde luego el más amenazante era el ejército. El gran pilar del franquismo había resistido sin quiebras —a diferencia de la Iglesia— a la crisis de la dictadura con una total fidelidad a la misma.

El ejército, o más concretamente los altos mandos del mismo, pasaron de ser el sector de mayor privilegio durante la dictadura al más agraviado por el curso de la Transición. Su tradicional protagonismo había cedido ante el franquismo político, la alta clase funcionarial y la oposición moderada. Ningún militar ocupó cargos relevantes desde el segundo gobierno Arias. Desde entonces, su lugar quedó subordinado a la clase política y su representación únicamente a los ministerios del ramo (Tierra, Mar y Aire).

Aunque las opiniones del generalato distaban de ser uniformes, la homogeneidad de origen —todos ellos herederos del 18 de julio— los marcaba con el santo y seña del régimen en el que fueron promocionados. El recuerdo de los buenos días con el dictador, uno de los suyos, los inclinaba hacia una peligrosa nostalgia. Solo una minoría, al menos de coronel para arriba, aceptó la reforma con entusiasmo. Ni siquiera hubo unanimidad en la aceptación de la autoridad de Juan Carlos, por otra parte capitán general, jefe de todos ellos y heredero legítimo del generalísimo. Es cierto, no obstante, que en los cuerpos medios, con predominio de jóvenes educados en las academias militares, la fidelidad franquista era mucho más débil, y esto aun cuando muchos de ellos provinieran de familia castrense —la endogamia persistió en la casta militar—. Fue en este medio, en las academias y entre los tenientes y capitanes, en el que se formó la Unión Militar Democrática. Inspirada en la Revolución de los Claveles resultó ser el único segmento del ejército que trabajó por la democracia[296]. Pero incluso esta revuelta de los mandos medios acabó confirmando la inercia conservadora del ejército. Los nueve «úmedos» condenados en marzo de 1976 no fueron incluidos en ninguna de las sucesivas amnistías. La presión del alto mando militar consiguió que fueran reincorporados a sus antiguos cargos.

Entre los altos mandos militares, empapados de una mentalidad hecha de retórica de honor y sentido patrio, con un nivel cultural parco, el sentimiento de agravio se alimentó de la marginación política de la que fueron objeto. Episodio crucial, que marcó el cruz y raya con Suárez, fue la ruptura de la «promesa» de septiembre de 1976. En el mes de abril el presidente legalizó la quimera comunista sin siquiera consultarles. La posterior dimisión de Pita de Veiga y la misiva del 13 de abril firmada por los mandos militares avisaron de su grado de malestar. Inquietó también que la cúpula, los generales del Estado Mayor del Ejército, pasaran la noche del 15 al 16 de junio reunidos en el Palacio de Buenavista de Madrid. Revisaron y evaluaron la marcha de los escrutinios a partir de los informes que llegaban de todas las provincias[297]. Los resultados de aquellas elecciones, que Suárez salvó por los pelos, preocuparon al ejército y también a una parte de los sectores conservadores que consideraron seriamente la amenaza de un desbordamiento por la izquierda.

En ese verano de 1977, y de nuevo en la agencia Efe, empezó a circular la consigna de una posible Operación De Gaulle, en referencia al amago de golpe de Estado que se produjo en mayo de 1958 en el país vecino. En esos días un grupo de generales se levantó en Argelia con la amenaza de caer sobre París si no se aceptaba la vuelta del viejo héroe de guerra. En un giro político todavía discutido, De Gaulle se postuló como candidato a la presidencia, cabalgando el chantaje que unos militares de ideología claramente facciosa habían lanzado a la Asamblea Nacional. La crisis acabó con la investidura de De Gaulle reforzado con nuevos poderes y al frente de un gobierno de unidad nacional. La fundación de la V República francesa, previa reforma constitucional, inclinó la balanza hacia el presidencialismo y apartó del poder a los comunistas y a la izquierda en general. Fue la culminación de una larga crisis política asociada también a la liquidación del imperio colonial francés en Argelia e Indochina[298].

Frente al ruido de sables, la pieza clave del triunfo de la reforma en asuntos militares se apoyaba en el general Manuel Gutiérrez Mellado. Hombre de prestigio, militar del 18 de julio, quintacolumnista después, jefe de los servicios de inteligencia de Franco en Madrid, tras los 40 años de franquismo fue sin embargo de los primeros en llamar al ejército a respetar la legalidad. Promocionado por el rey, fue elevado a la condición de jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y en septiembre de 1976 a la de vicepresidente para Asuntos de Defensa, un cargo que conservaría hasta 1981. «El Guti», como despectivamente le llamaban muchos de sus antiguos compañeros de armas, impulsó una rápida reforma del ejército. El ministro limitó las competencias de la justicia militar, promovió la creación del Ministerio de Defensa, centralizó el alto mando en la Junta de Jefes del Estado Mayor y se encargó de controlar a los sectores involucionistas del ejército.

Pero en el verano de 1980 el malestar en el ejército ya no solo se refería a la «traición» de Suárez, los «tejemanejes del Guti» o la posibilidad de un gobierno socialista. La organización «separatista» ETA se había convertido en una amenaza directa, física, letal. La escalada militar de las dos formaciones de ETA —los milis y los polimilis— había saltado de los 12 muertos de 1977, a los 65 de 1978, los 86 de 1979 y los 93 de 1980. Entre los asesinados, además de guardias civiles y suboficiales, había 20 altos mandos del ejército, 12 de los cuales fueron en 1980[299]. La ETA había acabado con más generales del ejército español que los muertos en combate desde julio de 1936.

II

Desatada en 1980 y concluida tras el fracaso del golpe de Estado de febrero del año siguiente, la última gran crisis política de la Transición tuvo un curso complicado, determinado por un complejo juego de fuerzas y actores. El año, que comenzó tras el doblete electoral de febrero y marzo, transcurrió de hecho bastante tranquilo. En cierto modo, fue una prórroga de la fase de consenso previo. Esta no resultó, sin embargo, tanto de la voluntad de colaboración, como de la crisis interna que atravesaron los partidos. Tras el periodo constituyente y las elecciones de 1979, las grandes formaciones experimentaron una mala resaca. El PSOE pasó buena parte de ese año entretenido en los preparativos y las posteriores consecuencias del XVIII Congreso. Solo avanzado el otoño, y con el liderazgo recuperado de Felipe González pudo ocupar plenamente su lugar como cabeza de la oposición. El PCE consiguió aplazar su crisis que no empezaría hasta el año siguiente, pero esta acabó por ser mucho más profunda que la del PSOE. Arrinconado por los resultados de 1979, realmente sin un lugar propio, plegado a la estrategia de concentración democrática, el PCE no suponía ninguna amenaza para Suárez. Alianza Popular, por su parte, había quedado destrozada tras las elecciones, y 1979 transcurrió con su total ausencia.

Fraga había acudido a las elecciones bajo el nombre de Coalición Democrática (CD). La nueva marca electoral buscaba recuperar las clientelas y allegados de dos grandes figuras de las etapas previas: Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia del primer gobierno Suárez, y su viejo compañero, José María Areilza. Tras la aprobación de la Constitución, liberado de los más derechistas del partido, que marcharon a casa o a las lejanas tierras de la ultraderecha, Fraga no escapó al arrinconamiento. Su estigma como «neofranquista» fue explotado por las izquierdas, El País y el propio Suárez, que renunció a cualquier pacto con él.

Esto explica en parte que los resultados electorales de la Coalición fueran tan desastrosos. En 1979, no alcanzó el 5%, ni en las generales, ni en las municipales. En la particular percepción política de Fraga, aquello fue la «noche de las lágrimas». Consideró seriamente abandonar el proyecto de organizar un partido coherente de centro-derecha, y a principios de marzo decidió retirarse de la vida orgánica de la formación. Una decisión como él mismo dijo «a medias». La bestezuela política no dejó el grupo parlamentario[300].

Según pasaban los meses y a medida que AP se animaba a aprovechar los huecos políticos que dejaba UCD, el punto bajo de aquella primavera fue quedando atrás. Decidido a actuar en el terreno de los poderes fácticos, el partido de Fraga trazó las líneas rojas que sirvieron de síntesis política del nuevo conservadurismo: la unidad de España, guiño obvio al ejército y garantía de la pervivencia política del nacionalismo español en su versión franquista; la «libertad de enseñanza» traducida en la subvención y pago a «todos los colegios de educación obligatoria»; la protección «de la familia» y la libre empresa, o lo que es lo mismo, una política decididamente propatronal. La conjunción conservadora fue resumida por Fraga en su reiterado eslogan «España, lo único importante». Concluida la crisis hacia otoño y decidido don Manuel a volver al ruedo político, el II Congreso Nacional de AP, celebrado en diciembre de 1979, le devolvió el liderazgo de la formación y una organización mucho más cohesionada y disciplinada.

Frente a la recuperación de la derecha, UCD pareció resistir un tiempo para luego decaer de una forma rápida. El primer aviso serio de que la formación de Suárez y de que su capital político como conductor de la Transición empezaba a sufrir desgaste se produjo en relación con la «cuestión autonómica»[301]. Confluían aquí fuerzas contrarias, en las que el «centro», que Suárez quería representar, no supo mantener ni construir una hegemonía duradera. El proceso tomó formas diversas de acuerdo con la relación de fuerzas en las distintas «nacionalidades».

En el País Vasco, el lugar obviamente más difícil, el Partido Nacionalista Vasco había desplazado a la UCD como solución de consenso en 1977, solo en Álava había conseguido ser la fuerza mayoritaria. En 1978, tanto en las generales, como sobre todo en las municipales, la UCD había sido jibarizada, reducida a ser la tercera fuerza política con el 17% de los votos. Peor aún, el avance de la izquierda vasca, especialmente de Herri Batasuna, puso definitivamente entre paréntesis la solución negociada de la Transición. La combinación de una oleada de movilizaciones sociales más fuertes y persistentes que en el resto del Estado, representadas por fuerzas políticas propias, junto a la incapacidad de Suárez y su equipo para integrar a los nacionalistas vascos en la redacción constitucional, convirtió al País Vasco, y por extensión a Navarra, en territorios políticamente enajenados del resto del país. Y esto aun cuando la redacción del Estatuto de Gernika por la asamblea de parlamentarios vascos, aprobada finalmente en 1979, permitió un cierto encaje y unas condiciones de acuerdo con los nacionalistas vascos. En las elecciones vascas de marzo de 1980, la UCD apenas obtuvo el 8,5% de los votos, el PNV casi el 40%.

La «solución catalana», que bien podría llamarse «solución Tarradellas» resultó más acertada en términos de integración en el Estado, pero igualmente desafortunada para la UCD. Además de los continuos contactos con Pujol en los órganos de oposición democrática, Suárez, mejor aconsejado que en el caso vasco, tuvo el acierto de permitir la vuelta de Josep Tarradellas, el histórico presidente de la Generalitat. La recuperación de la institución a cargo del viejo exiliado, además de la participación de Miquel Roca en la redacción constitucional, crearon los mimbres para la integración de los nacionalistas catalanes. La hegemonía de socialistas y comunistas en Cataluña en las elecciones de 1977 y 1979 empujó a los nacionalistas conservadores a la colaboración con UCD. Lejos, sin embargo, de que esta redundara en provecho de Suárez, UCD acabó por ser sustituida como eje moderado de la vida política catalana por el «centrismo» de Pujol y su Convergència. En marzo de 1980, de forma inesperada para las izquierdas, CiU obtuvo su primera victoria electoral en las autonómicas, casi el 30% de los votos. UCD perdió algo más de la mitad de los votos que había recibido un año antes.

El calvario autonómico todavía se redobló con otro error de bulto de los estrategas «ucedeos». La presión de socialistas y comunistas por equiparar a Andalucía a las comunidades históricas por la vía rápida acabó por empujar al gobierno a la convocatoria de un referéndum según la complicada vía establecida en el artículo 151 de la Constitución. Era el último paso previsto después de que las ocho diputaciones y la práctica totalidad de los ayuntamientos hubieran apostado por la autonomía. Celebrado el 28 de febrero de 1980, resultó en un nuevo descalabro para Suárez. UCD promovió el voto en blanco, frente al «sí» de las izquierdas. Solo votó en contra el 3,41% del censo y en blanco el 4,5%. El voto a favor superó el 55%.

Incluso en Galicia, donde la UCD tenía todas las de ganar, el proceso autonómico terminó girando en su contra, inclinándose en este caso hacia la derecha. Redactado fundamentalmente por UCD, que había obtenido casi el 50% de los votos, el Estatuto gallego acabó en un texto considerado unánimemente «de segunda», en comparación con el catalán y el vasco. Mucho más parco y limitado en sus atribuciones de gobierno, el llamado «Estatuto de los 16» fue impugnado por todos los partidos políticos. También Fraga, tirando de oportunismo, decidió aprovechar la ocasión con una campaña contra el borrador, que finalmente tuvo que ser retirado por Suárez. Con ello se labró la imagen de galeguista —en sus propias palabras «regionalista español»— que acabaría por otorgarle el triunfo en las primeras elecciones autonómicas de octubre de 1981.

El proceso autonómico no pudo resultar peor para Suárez. Las autonomías habían puesto bajo presión al «centro» empujando a la UCD hacia la minorización en cuatro regiones cruciales. El error: un viaje autonómico de ida y vuelta que comenzó con el «café para todos» de Clavero y que luego se trató de cerrar con el camino «largo» del artículo 143, en todas aquellas comunidades que en 1979 no habían cerrado su estatuto. Pero el debate autonómico hizo mella en el partido de otra manera, acentuó las tensiones entre su «izquierda» y su «derecha».

La batalla interna en UCD no era nueva. En estado larvario desde el comienzo de la formación, se había mantenido bloqueada por el fuerte liderazgo de Suárez. Tras las elecciones de 1979, saltó a la luz pública protagonizada de un lado por los socialdemócratas, conocidos popularmente como los «rabanitos[302]», y del otro por los democristianos, progresivamente escorados hacia un conservadurismo poco disimulado. En marzo de 1979, los socialdemócratas «ucedeos», apostados con Fernández Ordóñez en Hacienda, publicaron la lista de contribuyentes. El objetivo apuntaba a acorralar el fraude fiscal, evidente en las menguadas declaraciones de las fortunas del capitalismo familiar español. Este gesto tibio provocó, de todos modos, una respuesta exagerada. Los aliancistas llegaron a acusar a Ordóñez de dar una valiosa información a los terroristas.

La revancha de la derecha no se produjo hasta entrado el verano, cuando se discutían los temas clave de la Iglesia, el divorcio y sobre todo la educación. El debate parlamentario se incendió entonces con el Estatuto de Centro Escolares que hacía una interpretación lo más conservadora posible del ya conservador artículo 27 de la Constitución sobre la «libertad de enseñanza». Obligados por Suárez, los socialdemócratas tuvieron que plegarse a la derecha del partido.

Ciertamente el problema de UCD no estaba en sus divisiones ideológicas, ni tampoco en la competencia de los otros partidos. Su mayor debilidad residía en su heterogeneidad y fragilidad interna; una argamasa de notables, clientelas grandes y pequeñas, altos funcionarios franquistas y políticos de distinto pelaje, que se había aglutinado en torno al gobierno y la figura de Suárez. Mientras gobierno y liderazgo funcionaran, el partido seguiría unido, en cuanto fallaran empezarían las dificultades. Suárez era del todo consciente de ello pero, preso de su natural autocomplacencia, tendió a exagerar el presidencialismo predominante en sus formas de hacer y gobernar. Tras las elecciones de febrero de 1979 cometió dos errores graves. Renunció al debate de investidura, lo que fue aprovechado por la oposición, al tiempo que irritó a sus compañeros de partido[303]. Y decidió hacer un gobierno a su medida que, formado a primeros de mayo, prescindió de las grandes figuras del partido: del quemado Martín Villa antes en Interior, del superviviente Pío Cabanillas y también del «rabanito» Fernández Ordóñez que salió tras su fallido ensayo de democracia fiscal.

Suárez no podía suprimir completamente la pluralidad interna. El «centro» era un pastiche de posiciones, que se sostenía electoralmente porque comprendía desde la derecha conservadora hasta la misma frontera interna al PSOE entre socialdemocracia y socialismo. En esa contradicción, trabada entre el protagonismo innegociable del presidente y la imagen obligada de pluralismo en la gran coalición de centro, encontraban su lugar los «barones» del partido: Ordóñez por los socialdemócratas, Garrigues por los liberales, Herrero de Miñón y Landelino Lavilla por los democristianos.

De acuerdo con un guión que se podía haber escrito meses antes, la revuelta de los barones siguió el ritmo del desgaste interno de UCD. Desde el mes de febrero de 1980, los prebostes del partido manifestaron su malestar con quejas respecto del autoritarismo de Martorell —mano derecha del presidente—, el dirigismo de Suárez y la ausencia de democracia interna. Las cosas empeoraron para Suárez cuando a finales de mayo los socialistas presentaron una moción de censura. Lo hicieron por sorpresa y cogieron totalmente in albis al gobierno, que precisamente estaba haciendo lo que no había hecho en mayo. Ante la formación de un nuevo gobierno, el segundo de la legislatura, Suárez abrió un debate parlamentario en el que presentó su programa de gobierno.

La moción había sido preparada como un pieza de teatro ante el público cautivo que otorgaban las cámaras de RTVE. La cúpula socialista tenía dos objetivos: desprestigiar a Suárez —de lo que se encargó Alfonso Guerra— y elevar al nuevo candidato —de lo que se hizo cargo el propio González[304]—. Más allá de la puesta en escena, la moción estaba destinada a perderse. Pero el episodio consiguió sus fines, confirmó a González como alternativa de gobierno. Sutilmente aupó también a Fraga como «alternativa de la alternativa». El discurso del conservador recibió encendidos aplausos de más de la mitad de los diputados ucedeos y le valió el conocido elogio de González: «Esa cabeza en la que cabe el Estado». Eran ya tiempos de política de gestos. Fue también en ese debate televisado en el que González prometió el referéndum, caso de entrar en la OTAN. Con un Suárez tibio, casi reacio, un mes después, el 25 de junio, el presidente Carter invitó formalmente a España a que entrara en la Alianza Atlántica.

Llegaba el verano de 1980: el verano de las conspiraciones. El desgaste personal de Suárez se había extendido hacia dentro y hacia fuera, golpeado por la crítica interna de sus compañeros y por la presión renovada del PSOE recuperado de su izquierdismo y de su «democratismo». Desde la moción de censura, los democristianos encabezados por el muy conservador Herrero de Miñón, habían iniciado contactos con Fraga. La consigna era clara: «Hay que echarlo». Fraga había pergeñado su famosa idea de la «mayoría natural», versión actualizada del «franquismo sociológico». Desde 1979 había tendido la mano a UCD y a su ala derecha para confirmar alianzas electorales y mayorías de gobierno, ahora tenía que adaptar su estrategia al rápido desgaste de Suárez. Había que esperar y recoger la escoria que produjera la erosión de la UCD.

Por aquel entonces, la patronal, con Ferrer Salat a la cabeza, empezó a disparar contra Suárez[305]. Sus reuniones continuas y agitadas con Fraga, los democristianos, Ansón y otras decenas de personajes oscuros y coriáceos, apuntaban a la búsqueda de un sucesor. La entrevista entre Suárez y Salat del 23 de julio convenció a este último de que no había más opción que una «gran derecha» y que esta, obvio, no podía incluir al presidente[306]. Otro capítulo inquietante del aislamiento de Suárez, se produjo el 19 de junio tras el fallecimiento de Torcuato Fernández Miranda. En su entierro, presidido por el rey, quedó vacante la silla del presidente. El desencuentro entre las dos figuras, que habían protagonizado el cambio político, se escenificó delante del cadáver del que había sido su autor intelectual[307].

Al tiempo que se producían abandonos en los aledaños del partido del presidente, estos también se multiplicaban dentro. El siete de julio de 1980, la Comisión Permanente de UCD, creada hacía unos meses con la participación de los principales líderes ucedeos, se reunió con el propósito de preparar el próximo congreso del partido. Lo hizo en una casita a las afueras de Manzanares El Real, en la Sierra de Madrid. La prensa la bautizó con el sobrenombre de la Casa de la Pradera, en honor a la serie que RTVE «echaba» por aquellos meses y cuya trama discurría alrededor del patriarca de una familia de colonos en el Oeste estadounidense. Como el personaje de ficción, Suárez tuvo que hacer frente a la rebelión de sus hermanos. Todos los barones de UCD, Joaquín Garrigues Walker, Martín Villa, Fernández Ordóñez, Pío Cabanillas, incluso Abril Martorell, le manifestaron a la cara su malestar y la urgencia de que el presidente compartiera el poder y cambiara de estilo.

Sin una respuesta concluyente de Suárez, desde aquella reunión, los críticos de la democracia cristiana encabezados por Lavilla, Óscar Alzaga y Miguel Herrero de Miñón comenzaron a operar al margen del partido. Se organizaron como un grupo parlamentario aparte; e incluso llegaron a contar con una oficina permanente de trabajo en el Hotel Palace pagada por la CEOE. Aunque representaban a la vieja familia «democristiana», fueron bautizados como los «críticos» frente al sector oficial o «suarista» de UCD. A la vuelta del verano, Herrero de Miñón escribió un artículo en El País pidiendo directamente la dimisión del presidente. El 21 de diciembre, apareció el conocido «Manifiesto de los 200», que llegarían a firmar hasta 700 compromisarios de los 1800 convocados para el nuevo Congreso de UCD. En el documento se pedía básicamente democracia interna. La revuelta en UCD estaba servida[308].

Apenas cuatro días antes de que se publicara el manifiesto de los críticos, el 17 de diciembre de 1980, una oscura agrupación militar de nombre floral, «Colectivo Almendros», publicó en el diario Alcázar el primero de sus amenazantes artículos. Con el título «Análisis político del momento militar», el ataque al gobierno y su aislamiento respecto al pueblo y la patria se seguía después con la obvia conclusión de que se había alcanzado el «punto crítico de no retorno». Para más señas, estábamos ante el turno del «momento militar».

III

De acuerdo con una práctica que se había vuelto costumbre, en agosto de 1979, el ministro del ramo, Abril Martorell, presentó el Programa Económico del Gobierno (PEG). La elección del mes no era casual, además de la presión de las circunstancias se trataba de evitar una discusión difícil para un gobierno que empezaba a sentirse acosado. Los motivos del Programa eran los mismos que en los Pactos de la Moncloa —la inflación, el desempleo y el déficit exterior— pero sin los elementos progresistas de aquellos acuerdos. El PEG fue, en efecto, el primero de los grandes virajes hacia la derecha de UCD. La rifa del tigre de papel de la Transición había tocado a la izquierda, al menos en tanto «rompeolas» de la ofensiva patronal.

A mediados de 1979, la situación económica se agravó. Desde 1973, el crecimiento anual del PIB había bajado desde el 8% de principios de la década hasta situarse en niveles que rozaban la recesión. En junio de 1979, la brusca subida de los precios del petróleo —un 70%— pilló por sorpresa al gobierno. El episodio había tenido un contundente anuncio en la Revolución iraní: el abandono del país por el Sha de Persia no tardó en ser seguido por las multinacionales estadounidenses y británicas. Ninguno de los grandes Estados de Occidente contaba con reservas suficientes para hacer frente al imprevisto. En los siguientes doce meses, el segundo choque petrolífero supuso para España un deterioro de la balanza de pagos en una cantidad equivalente al 3,5% del PIB. Cualquier esperanza de estar en el camino de la recuperación económica, lo que en 1978 parecía posible, se fue al traste en aquellos meses. En 1981, por primera vez desde 1959, el crecimiento de la renta nacional se hundió en números negativos.

Hasta entonces, la política económica de los gobiernos de UCD había tenido por guía el monetarismo, la política de rentas. La política de UCD no fue más allá de controlar los salarios con el objeto de atajar la inflación. El método consistía en una política monetaria restrictiva. En este aspecto, y quizás solo en este aspecto, el resultado no había sido del todo malo. De niveles de inflación muy por encima del 20% en 1976-1977, se logró bajar al 17% en 1979 e incluso al 14% en el difícil año de 1980. No obstante, si se consideraba lo que había sido la justificación de tal sacrificio —la recuperación de la inversión— el rendimiento de la política económica resultaba cuando menos contradictorio. La «huelga de inversiones» de los años 1975 y 1976, aun a pesar de la contención salarial posterior, no dio lugar después a un ciclo de formación de capital. Antes al contrario, la actitud de los grandes patrimonios del capitalismo familiar se caracterizó por el fraude fiscal persistente, la reacción contraria a cualquier reforma tributaria y un chorreo continuo a la búsqueda de colocaciones seguras y fraudulentas en el exterior. La fuga de capitales dibujó la imagen especular de la desinversión; y esta siguió con el cierre masivo de empresas.

El desempleo, que todavía en 1976 se mantenía en cifras modestas e inferiores al 5%, empezó a multiplicarse según un patrón que durante casi una década se mantuvo en progresión geométrica. De medio millón en ese año, el paro superó el millón en el cuarto trimestre de 1977. Tras el segundo golpe del petróleo, en los últimos meses de 1981, tocó los dos millones. Tres años después (en 1985) eran tres millones. En 1980, la destrucción neta de empleos había superado el millón. La construcción preferentemente y luego la industria fueron los sectores más afectados. Globalmente, al término del periodo, el segmento con mayor número de parados era el de los jóvenes en búsqueda de primer empleo[309]. La crisis económica se estaba desplazando sobre las capas populares, sin que la reacción defensiva de los segmentos más combativos del movimiento obrero hubiera podido romper las costuras políticas del pacto social.

La crisis no residía en la quiebra del modelo de relaciones salariales. Algo fundamental en el patrón de acumulación estaba seriamente dañado[310]. El largo periodo de transición política y la presión salarial sirvieron de pantalla de humo sobre los problemas del modelo de acumulación desarrollista. En la estructura económica de los años setenta pesaba todavía la herencia de la autarquía. El «polo moderno» formado por las grandes empresas, la participación de capital extranjero y el dominio del oligopolio bancario contrastaban con una miríada de pequeñas y medianas empresas situadas en casi todos los rincones de la estructura productiva, un sector que llegó a finales de la década con serios problemas de competitividad y notables déficit tecnológicos. Pero incluso en las grandes empresas había problemas evidentes. La dependencia exterior era un hecho común en casi todas las ramas: patentes y licencias extranjeras, imitación de modelos, casi total ausencia de investigación propia.

La competitividad exterior de la industria resultaba modesta. Más allá de los elementos coyunturales, como el Acuerdo Preferencial firmado con la Comunidad Económica Europea en 1970 que permitió reequilibrar en condiciones ventajosas el saldo exterior con los futuros socios europeos, la industria española nunca logró labrarse una posición internacional robusta. La política industrial de los años cincuenta y primeros sesenta había impulsado el sobredimensionamiento de la producción de bienes intermedios —barcos, acero, derivados del petróleo, química básica, cemento— que requerían un alto consumo de materias y energía que el país no producía y que por ende resultaban muy sensibles a las fluctuaciones de precios. Si esos sectores suponían hasta un 30% de las exportaciones españolas, otras industrias «de exportación» como el textil, el calzado o la alimentación, en las que los salarios consumían la parte más importante de la estructura de costes, tampoco se vieron muy beneficiadas por la espiral de salarios/precios arrastrada durante casi una década. Por si esto fuera poco, la creciente competencia exterior fue protagonizada por países como Taiwan o Corea del Sur, con menores costes salariales y con especializaciones similares a las de la economía española. Caso aparte del desarrollo de la industria automovilística en los años sesenta y setenta, el débil crecimiento de las industrias de tecnología media o alta durante esas décadas, como la máquina herramienta, material de oficina u otros bienes de consumo se mostró como una poderosa desventaja para la industria española.

En una situación de crisis cuyos perfiles se iban haciendo estructurales, ni el gobierno ni el empresariado dispusieron de la inteligencia suficiente y de la determinación necesaria como para reaccionar a tiempo. La racionalización de la estructura productiva se dejó para más adelante. Se abandonó la reforma fiscal y la apuesta por nuevos nichos productivos permaneció inédita. La política anticrisis apenas fue más allá del control salarial y del reforzamiento de un marco de relaciones salariales y sindicales capaz de domesticar al hirsuto movimiento obrero. Las tasas de inversión cayeron todavía más y en solo cinco años tiraron a España de los primeros puestos de la OCDE a la cola de la lista. La financiación se vio además estrangulada por el incremento de los tipos de interés, que a escala global produjo el giro monetarista de la política estadounidense, y por las necesidades de rentabilidad de los bancos que también empezaban a mostrar problemas.

En estas circunstancias se publicó el Programa Económico del Gobierno. UCD había decidido tirar por la vía de siempre. De hecho el programa no era un programa: no incluía ninguna reforma estructural. Solo en el ámbito de las relaciones salariales, tuvo la energía de mantener la política de rentas —que poco después confirmarían por su cuenta UGT y CEOE con la firma del Acuerdo Marco Interconfederal— y de promover la reforma del mercado del trabajo de la mano del Estatuto de los Trabajadores. Se abundaba en la dirección conocida: controles monetarios acompañados de la flexibilización / precarización de los trabajadores. En el resto de los ámbitos de valor estratégico —política industrial, reforma fiscal, mercado energético— se decidió continuar la inercia anterior con una combinación, muchas veces improvisada, de medidas parciales, parcheos y avales patronales a costa del presupuesto público[311].

En materia de política industrial, no hubo programa de reconversión propiamente dicho, sino una serie de acciones parciales y ad hoc, como los sucesivos decretos ley para distintos sectores y empresas pero sin articulación coherente. Las medidas incluyeron la nacionalización de empresas, avales públicos y toda clase de facilidades crediticias. En otras palabras, el gobierno asumió plenamente la socialización de pérdidas que exigía la patronal y que se había practicado de forma continua durante el franquismo[312]. Enfrentado a la segunda crisis energética, el PEN 79 no se distinguió de las políticas precedentes. A pesar de la caída de la demanda y del déficit de inversión pública en otros campos más provechosos, acometió un programa despilfarrador de construcción de centrales nucleares, otorgando toda clase de facilidades al oligopolio eléctrico y a las empresas de construcción.

En tanto capitalista colectivo, y por tanto encargado del equilibrio y racionalización del ciclo de acumulación, en ningún otro aspecto el gobierno mostró tanto sus límites como en el fracaso de la reforma fiscal. En líneas generales, el conflicto distributivo, antes situado en el terreno de las luchas de fábrica, fue absorbido por los presupuestos públicos. La generosa política de socialización de pérdidas traspasó luego el grueso de la factura a las clases asalariadas y al consumo doméstico en forma de deuda pública, malos servicios e impuestos indirectos. De este modo, el fracaso de la reforma fiscal, boicoteada por el capitalismo familiar, por la evasión de capitales y el fraude, acabó por repercutir en la expansión del gasto público. El déficit del Estado pasó del 1,4% de 1979 al 5,6% de 1982. De forma correlativa, las «nacionalizaciones», la subvención a empresas y en menor medida el incremento del gasto social asociado a la protección del desempleo y los servicios públicos, llevó en esos mismos años el gasto público del 30 al 37% del PIB.

La situación se complicó por los efectos de la crisis bancaria. Estalló en diciembre de 1977 cuando se conoció la situación de quiebra técnica del Banco de Navarra. En conjunto, 65 de los 134 bancos existentes en el país registraron problemas graves. Fue la mayor crisis bancaria de los países de la OCDE. La prensa señaló la causa del colapso financiero en las actividades especulativas, que muchos bancos de menor tamaño habían asumido para obtener fondos operativos en una época de enorme expansión del crédito industrial. Pero en realidad la crisis fue el resultado de las prácticas corrientes del oligopolio bancario y su desproporcionada preponderancia en los sectores económicos estratégicos. Durante década y media, los bancos habían otorgado crédito barato a las empresas representadas en sus consejos de dirección[313]. La concentración del riesgo determinada por criterios oligopólicos, el modesto crecimiento de la competencia bancaria a raíz de la ley «liberalizadora» de 1974 y sobre todo la crisis industrial de 1974, arrastraron en cadena a los bancos industriales, amenazando al tiempo a los bancos comerciales de los que dependían.

La caída del beneficio contable apenas pudo ser sostenida por la intervención del Estado a partir de 1978. Emitió masivamente pagarés del Tesoro y los llamados Certificados de Regulación Monetaria. El objetivo era inyectar liquidez en el sistema bancario a través de títulos con tipos de interés incluso mejores que los de mercado[314]. En noviembre de 1977 se creó el Fondo de Garantía de Depósitos encargado de intervenir en los bancos con problemas para sanearlos y luego venderlos a otras entidades. Y a partir de ese año se aplicaron medidas liberalizadoras, que al tiempo que abrían el mercado interno a la banca extranjera, permitieron la relajación de los controles sobre los coeficientes obligatorios y asimilar los títulos de deuda pública a los precios de mercado. En conjunto, la solución a la crisis bancaria promovida por UCD, al igual que en el caso de la crisis industrial, cargó los costes de la misma sobre las transferencias públicas. Al mismo tiempo, favoreció la concentración bancaria en favor de los Siete Grandes Bancos.

Monetarismo, socialización de pérdidas y postergación de las reformas estructurales se convirtieron en las líneas maestras del gobierno empujando a la cuneta cualquier veleidad socialdemócrata. La patronal siguió, no obstante, atenazada por el rápido desmoronamiento del antes imponente edificio del desarrollismo y presionada por el movimiento obrero que en 1979 volvió a desbordar a las centrales sindicales. Por eso exigía medidas contundentes. Los guiños de Suárez al centro-izquierda y los resultados del Estatuto de los Trabajadores, que consideraron insuficientes, la empujaron hacia una idea acariciada por muchos: la «gran derecha».

IV

«No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España»[315]. ¿Palabras premonitorias? Así se despidió Alfonso Suárez de la presidencia del gobierno el 29 de enero. Para esas fechas estaba previsto realizar el II Congreso de UCD en Palma de Mallorca, pospuesto finalmente por una huelga de controladores aéreos. Tres días antes (el 26), se lo anunció a sus más allegados. Se lo había dicho a bocajarro, repentinamente. Ese mismo día por la mañana tuvo una larga entrevista con Landelino Lavilla, jurista brillante, político de casta, propuesto como sustituto del presidente en las quinielas de los críticos. Luego se entrevistó con Leopoldo Calvo Sotelo, político de familia y de carrera, y buen conocedor de los negocios del capitalismo familiar español. Por voluntad propia, iba a sucederle en la presidencia. La tarde la pasó con el consejo de ministros[316]. Y solo al día siguiente le comunicó su decisión al rey. Un día más, y los barones ucedeos votaron la sucesión en la figura de Calvo Sotelo.

¿Por qué se fue Suárez? Su imagen había sufrido una erosión notable: la presión de los socialistas, las luchas intestinas en UCD, el desastre autonómico. Los sondeos reflejaban el recorte paulatino de las expectativas de voto. Pero ¿eran estas las razones?

La gota fría del verano anterior había sido el avance de la tormenta que le esperaba al presidente ese invierno. Ante la oposición ya manifiesta de los «críticos» —los democristianos de Herrero de Miñón, Lavilla y Alzaga—, Suárez había cometido la desfachatez de apoyarse en los socialdemócratas. El 8 de septiembre había nombrado nuevo gobierno, el tercero en un agitado año y medio. Nombró vicepresidente económico a Calvo Sotelo y ministro de Justicia a Fernández Ordóñez. El «rabanito» presentó un proyecto de ley de divorcio que enquistaba un poco más las relaciones con la Iglesia. De nuevo, aparecían los poderes fácticos.

En los comedores de Efe, los conspiradores habían rehecho planes, volvían a hablar de la Operación De Gaulle. Se hablaba de la necesidad de apoyar un gobierno de concentración, pero escorado a la derecha, quizás presidido por un militar de prestigio. Entonces se utilizaba una frase que había popularizado Josep Tarradellas en 1979, el presidente vitalicio de la Generalitat, «España necesita un golpe de timón». La CEOE trabajaba también con tenacidad en la hipótesis de una «gran derecha» que expulsara a Suárez de la presidencia y diera entrada a la «mayoría natural» de Fraga y los democristianos.

Pintaban bastos para Suárez, incluso en su grupo parlamentario se había quedado en minoría, tal y como se demostró con el asunto del relevo del presidente del Consejo de Estado. Los parlamentarios de UCD se atrevieron a elegir al díscolo Herrero de Miñón frente al candidato oficial. También con el rey, las relaciones habían empeorado en los últimos meses y seguramente habían alcanzado el punto de ruptura. El último casus belli tenía que ver con el empeño de Juan Carlos en traer a la Jefatura del Estado Mayor a Alfonso Armada, secretario de la Casa Real, íntimo del monarca y viejo enemigo de Suárez. El presidente le había cesado, con toda razón, por sus actividades de propaganda, ¡sello real en mano!, a favor de Alianza Popular en las elecciones de 1977. Ahora el rey lo quería en Madrid, en contra de Suárez y Gutiérrez Mellado. Así se lo había dicho al presidente el 22 de enero en la Zarzuela, parece ser que con un tono amenazante. Durante este primer mes de 1981 las entrevistas entre el rey y Armada habían sido constantes, al tiempo que las de Armada se multiplicaban frenéticamente para incluir a líderes políticos, conspiradores manifiestos —de nuevo Luis María Ansón— y altos mandos de la milicia, como el «nostálgico» Miláns del Bosch. ¿Podía Armada ser el De Gaulle español?

Tras la dimisión de Suárez los acontecimientos no bajaron de intensidad. Los obispos emitieron un comunicado de tintes apocalípticos contra la Ley de divorcio entonces en discusión. Los monarcas iniciaron un viaje por el País Vasco, que acabó en los abucheos de los de Herri Batasuna en la Sala de Juntas de Guernica. El 6 de febrero apareció el cuerpo muerto del ingeniero jefe de Lemóniz, secuestrado por ETA el 29 del mes anterior. Y ese mismo día comenzó, al fin, el pospuesto II Congreso de UCD. En contra de lo que se esperaba en la convención, los suaristas ganaron por goleada a los críticos, aún más reducidos en la ejecutiva. Al frente del partido quedó desde entonces el muy suarista Rodríguez Sahagún, antes presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa. Al fin y al cabo, la UCD seguía siendo el partido del presidente. El día 12, por fin, Armada fue nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor. Al día siguiente murió bajo tortura José Ignacio Arregui, presunto etarra, lo que provocó el enfrentamiento público entre el ministro de Justicia y el del Interior. El suceso provocó una cascada de dimisiones de jefes de policía. Así las cosas, el día 20 de febrero se votó en el Congreso la investidura de Calvo Sotelo. Sin la mayoría necesaria, se fijó la segunda vuelta para el día 23.

Eran las 18:22 cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entraba por sus fueros en el Congreso de los Diputados. Dirigiéndose a sus señorías, «Quietos todo el mundo», y ráfagas de metralleta al techo del hemiciclo. Tras los primeros forcejeos protagonizados por Gutiérrez Mellado, fueron separados los jefes de los principales partidos. Pasaron la noche aislados. En Valencia, el teniente general Jaime Miláns del Bosch dio la orden de ocupar los principales edificios de gobierno. Y los tanques desfilaron imponentes por las calles vacías.

Comenzaron entonces las negociaciones. El rey y su secretario, el también militar Sabino Fernández Campo, hablaron con los jefes de todas las regiones militares. Armada, al que seguramente la iniciativa de Tejero le pilló por sorpresa, hizo lo propio. Pasadas pocas horas, propuso al rey personarse él mismo en el Congreso, negociar con Tejero. El rey aceptó, pero no le autorizó a hacer uso de su nombre. Eran ya las once de la noche.

La conversación entre Tejero y Armada no fue concluyente. Armada no era la autoridad militar que esperaba Tejero. Su único contacto, el único superior que reconocía, respondía al nombre de Miláns del Bosch. Armada propuso a Tejero que entregara el mando, que se retirara. Le ofreció incluso un avión. Se destapó así como el «militar de prestigio», aquel que debía dar el «giro de timón», la cabeza de un gobierno de concentración nacional en el que se integraran todos los grandes partidos, amén de otros conspiradores: Ferrer Salat, Luis María Ansón… Tejero fue tajante: «Yo no he asaltado el Congreso para esto». Sin más remedio, el general se volvió por donde había venido.

La «solución Armada» había fracasado. Pero el golpe también. En las capitanías generales fueron mayoría los indecisos. El rey había actuado como lo hicieron sus abuelos en todos los pronunciamientos. Llamó a cada uno de los tenientes generales, sondeó su determinación y tomó una decisión. Lo hizo tarde, a la una y cuarto de la noche, hora y pico después de que Armada saliera del Congreso con el fracaso bajo el brazo. Solo después apareció en televisión con uniforme militar y galones de capitán general. Su salida en televisión certificó que el golpe no había prosperado. Tejero y Miláns estaban solos. A las cinco se entregó el jefe de la región militar de Valencia. A la mañana siguiente lo hizo el teniente coronel de la Guardia Civil.

El 23F ha hecho correr ríos de tinta[317]. Es imposible conocer con exactitud la complejidad de las tramas militares que estuvieron detrás del golpe, la implicación definitiva del rey, la complicidad de los partidos políticos, la participación de empresarios y financieros. Tras el 23F, la clase política, la monarquía y el alto mando militar decidieron dar carpetazo al asunto y meter los papeles no destruidos en archivos guardados con la reserva de máximo secreto[318]. Pero, aun con información parcial, fragmentaria y torcida, según los intereses de testigos y participantes, existe cierto consenso de que en el 23F confluyeron al menos tres tramas protagonizadas por sujetos con objetivos a veces diametralmente opuestos.

La primera, la más estruendosa, y que ha servido de «espantajo» de la involución, es la que protagonizó el golpe. En algunos papeles del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), el servicio de inteligencia creado en 1977 por Gutiérrez Mellado para suceder al franquista SECED, se les da el nombre de «primarios» o «espontáneos». Esta trama estaba protagonizada por Tejero. El mando de la Guardia Civil había participado en una intentona golpista anterior conocida como «Operación Galaxia» por el nombre de la cafetería en la que se celebró la reunión preparatoria. En esa ocasión, más que planificar un golpe de Estado, Tejero había fanfarroneado con la toma del Palacio de la Moncloa para finales de noviembre de 1978. La aventura no pasó de plan. Al día siguiente fueron detenidos todos los tertulianos de aquella «charla de café». Las condenas impuestas por los tribunales no fueron lo suficientemente disuasorias como para desanimar a Tejero a un nuevo intento. Conectado con el guardia civil, pero con mayor altura de miras, estaba Jaime Miláns del Bosch, militar de casta, monárquico y teniente general de la región militar de Valencia. Fue el único alto mando incondicional al golpe y quien sacó los tanques a la calle, aun cuando fueran sin munición.

La segunda trama era la de los «duros», la conspiración de los «coroneles», los «inteligentes», los del «golpe a la turca». No participaron plenamente en el golpe, pero de ese entorno salieron algunos de los inquietantes escritos que firmó el «Colectivo Almendros». La trama tenía su núcleo rector en un grupo de coroneles y de altos mandos, entre los que se incluían pocos generales. Muchos de ellos habían sido miembros del Servicio Central de Documentación (SECED), el servicio de inteligencia creado por Carrero Blanco en 1972 con fines de represión política, y que organizó entre otras cosas los primeros grupos paramilitares antiterroristas. Entre sus miembros más importantes estaba José Ignacio San Martín, estratega inteligente y autor intelectual del SECED[319]. Al frente de la división Acorazada Brunete, las unidades de San Martín ocuparon las instalaciones de RTVE la noche del 23F.

Por último, estaba la trama de Armada, con participación civil y seguramente del propio monarca. No se han podido esconder los contactos entre Armada y el rey, constantes y fluidos durante los dos meses anteriores al golpe, así como tampoco los que Armada sostuvo con periodistas como Ansón. Parece también que socialistas y aliancistas estaban al corriente de algunos aspectos, por no decir todos, de la «solución Armada». El 22 de octubre había tenido lugar, en Lleida, una entrevista entre Armada y Enrique Múgica en presencia del alcalde de la ciudad. No fue la única. El encuentro fue lo suficientemente importante como para que Múgica lo reportara con detalle a la dirección socialista. La crisis política, y el ansia de acabar con Suárez, inclinaba a la dirección socialista a aceptar un gobierno de concentración, siempre y cuando prescindiera del presidente. Esta posición se había visto favorecida desde la moción de censura. También Fraga recogió en su diario, con fecha del 20 de diciembre de 1980, estar enterado de la operación[320]. Igualmente probados parecen los contactos de Armada y su entorno con algunas de las figuras relevantes de los «críticos» de UCD.

Las hipótesis sobre el 23F y la relación entre las distintas tramas son básicamente dos. La primera consiste en una conspiración dirigida a desbancar a Suárez e imponer un gobierno capaz de orden, aun cuando para ello requiriera de la participación de los socialistas e incluso de los comunistas. El propósito de este gobierno estaba en intervenir con medidas excepcionales frente a la acuciante crisis económica, cerrar definitivamente los asuntos todavía abiertos de la Transición y actuar enérgicamente contra el terrorismo de ETA. Era la genuina «Operación De Gaulle». La «dimisión» de Suárez abortó la «solución Armada», pero no la que dependía de su principal contacto militar, Miláns del Bosch. En este caso, la actuación por libre de Tejero precipitó una acción que ya no tenía sentido. Su torpeza, los tiros al aire y los modos violentos de teniente chusquero quebraron la dignidad teatral que hubiera requerido la «solución Armada». La retransmisión por televisión de aquella astracanada resultó demoledora, tanto para la opinión pública nacional, como para la imagen exterior.

La otra hipótesis, no incompatible y quizás también superpuesta a la anterior, apunta a un amago de golpe de Estado dirigido con el fin de evitar el «golpe duro», mucho más peligroso e incierto, que estaban preparando los «inteligentes». En este terreno, el golpe de Armada, que también se sirvió de Miláns del Bosch, hubiera tenido un valor esencialmente táctico: adelantarse a la intentona militar que se preparaba para los meses siguientes. En esta hipótesis, la participación del monarca resulta indiscutible. El objetivo principal era salvar a la monarquía y su legitimidad frente a un golpe militar ya claramente involucionista. El resultado del golpe de los «duros» habría de prescindir del rey en lo fundamental, arrastrándole en una dirección claramente «anticonstitucional»[321].

El golpe fue el final de la pieza teatral llamada «Transición española». El efecto catártico —la democracia restaurada— impidió durante largo tiempo leer el guión subyacente de los principales actores. Las tramas conspirativas de políticos, periodistas y miembros de los poderes fácticos, sus juegos de guerra y poder en los que cada cual entendía o malentendía lo que buenamente podía o le parecía. La debilidad manifiesta de las instituciones representativas frente a las cloacas del Estado, en las que sectores del ejército y las fuerzas de seguridad operaban por su cuenta y riesgo. La irresponsabilidad de todos los «responsables», que se desparrama en todas direcciones, desde los silencios de los líderes de los partidos políticos respecto a lo que sabían, hasta el propio monarca, al que resulta muy difícil exculpar de toda implicación, ¿por qué si no el empeño de traer a Armada al Estado Mayor?

Pasado el 23F, la catarsis: un efecto que se hizo descansar sobre el monarca. Él había salvado al país del golpe y de la involución, y gracias a él y a su compromiso constitucional la democracia superó la dura prueba golpista. Una conocida periodista, numeraria del OPUS y ligada entonces a UCD, lo explicaba como una verdad de «perogrullo»: con el rey el golpe habría triunfado «no pudo triunfar precisamente porque intentó hacerse sin el rey»[322]. Pero el rey era, necesariamente, una de las personas más informadas del país. No solo tenía el rango de jefe del Ejército, se había educado, casi criado, entre los militares franquistas que permitieron su reinado, legítima continuación del de Franco. El monarca fue la pieza que permitió al reformismo político operar con el beneplácito de lo que había sido el muro maestro de la dictadura, el ejército. Su estupidez no podía ser tanta como para no saber lo que pensaban aquellos con los que hablaba a diario. El rey era un militar y como jefe de ellos actúo aquel día: los llamó y decidió según su sentir mayoritario. En aquella noche se jugó la suerte de la monarquía. Sea cual fuera su papel en el golpe, no se puede dudar que tuvo información y capacidad de acción.

Tan bien conocía el rey al ejército y tanto sabía de las tramas conspirativas, que apenas cerrado el capítulo golpista, advirtió en un mensaje público: «Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión en las últimas horas». Parece una advertencia: la situación se había descontrolado, lo más conveniente era no pisar mucho sobre el charco, no fuera a ser que se viera todo lo que había debajo. «Cuantos menos mejor» fue la consigna que ordenó —o más bien limitó— las posteriores imputaciones. Ningún civil fue condenado, tampoco un buen número de militares que colaboraron de una u otra forma, como la parte del CESID que participó en la trama. Solo treinta condenas, de las que 18 lo fueron a penas menores de tres años o a suspensión de empleo y sueldo. Hubo presiones sobre los conocedores de los hechos. Las versiones de los imputados se arreglaron con la colaboración de oficiales y abogados. Más tarde, avanzados los años ochenta, llegaron los indultos. A finales de la década, tras la gracia a Miláns del Bosch y otros cinco altos mandos del ejército, solo Tejero permanecía en la cárcel.

El rey resultó, sin duda, el gran beneficiario del 23F. La monarquía, garante de la Constitución, había encontrado una función institucional legítima. La misma que siempre tuvo: servir de bisagra entre dos regímenes e impedir que la situación se desbordara. Después del 23F, la involución atribuida a las tramas militares pasó de la condición de lejano espectro a la de espantajo oficial: justificación de la moderación y sobre todo de la institución monárquica. El 23F acabó con las intentonas golpistas a cambio de reescribir toda la historia anterior como la única posible frente al riesgo militar[323].

V

Tenía la preparación técnica y la cultura, la capacidad parlamentaria y el apoyo de la derecha económica (como no lo había tenido nadie, desde Dato), el deseo del país de superar la crisis y de salir adelante, la seguridad de que no habría presiones militares, la prudencia de los demás grupos de no apretarle en aquellas circunstancias. […] Pero le faltó lo principal: la decisión para gobernar con firmeza; la imaginación política para llegar a pactos con otras fuerzas; la generosidad para superar el pasado y mirar al futuro[324].

Este era el perfil que Fraga escribió sobre quien sucedió a Suárez al frente del gobierno. Subyacían dos ideas de interés. Calvo Sotelo es de los nuestros, «buen estudiante», trabajador, serio, con cultura, merece ser prima donna del gobierno, a diferencia del Suárez trepador y de origen humilde, y contra el que se dirigía unánime el odio de clase de la oligarquía española. De otro lado, el fracaso del «centro», ya convertido en centro-derecha, que Fraga venía llamando desde hacía algún tiempo «mayoría natural», era todo de Calvo Sotelo, de su falta de decisión, generosidad, bla, bla, bla.

La historia del último año y medio de los gobiernos de UCD acabó por demostrar la incapacidad de la clase política posfranquista para mantener su hegemonía a largo plazo. En apenas unos meses, aquellos que habían gobernado el país durante los difíciles años del cambio político se deslizaron por el torbellino de la autodestrucción. El error: la liquidación de Suárez. Sin él, las derechas y los «centros» se quedaron sin la única personalidad capaz de servirles de aglutinante. La alternativa, Fraga, nunca llegó a serlo. La capacidad del «mejor opositor de España» estaba en el diseño estratégico, no en la ejecución. El lamento repetido en sus Memorias sobre la «posición robada» no le llevó a reflexión alguna acerca de lo que fallaba en su propia política. Como suele ocurrir, el acento en las cuestiones de orden ético o conceptual apenas escondía la falta de pericia para salvar su marginación política:

Una vez más otros quieren administrar mis ideas e iniciativas, sin darme parte: los últimos gobiernos de Franco, la «apertura»; Adolfo Suárez, el «centro»; ahora, Calvo Sotelo la fórmula «liberal conservadora». […] Se olvidaron, los unos, que la apertura era una verdadera reforma; otros, que el centro no es un lugar político, sino una orientación a la moderación de los extremos; en fin, que la derecha democrática liberal-conservadora exige convicciones y firmeza[325].

Los dos primeros meses de 1981 cambiaron el curso de la Transición. El 23F produjo confusión, miedo y un recuperado sentimiento de incertidumbre ante el futuro. Para la opinión pública, la nueva democracia se había mostrado demasiado frágil frente a los monstruos del pasado. En no pocas sedes de partidos y sindicatos de izquierda, las horas del golpe se descontaron con el ritual colectivo de la quema y la destrucción de documentos y carnets. Salvo en contadas excepciones, tampoco las izquierdas convocaron actos y acciones con la intención de detener a los golpistas en la calle. La inmensa mayoría de la población prefirió esperar. Las grandes manifestaciones se produjeron después, el viernes 27, donde literalmente millones de personas participaron en las concentraciones que revalidaron la democracia.

El error de Fraga, de las derechas, desde la CEOE hasta los democristianos de UCD, estuvo en confundir el miedo que produjo el 23F con un basculamiento de la sociedad hacia «su» derecha. La «mayoría natural» que Fraga llevaba año y medio postulando con el pacto entre AP y UCD, por exigencia antes que invitación, quedó entonces identificada con la de la «gran derecha», ya sin Suárez y sin los elementos «izquierdistas» de UCD. ¿No era este el resultado previsto de la Operación De Gaulle? Si no se puede hablar de revanchismo, a partir de febrero se dio un cierto «destape» ideológico. Y como suele pasar al final de los bailes de máscaras, fue ese desmembramiento del «centro» que ya no era el centro, lo que acabó de consolidar al PSOE, más moderado, como el legítimo dueño de la mayoría natural[326].

Hombre de Estado antes que político, formado en esa escuela que había sido el tardofranquismo, lo mejor del gobierno Calvo Sotelo se concentró en cerrar aquello que había sido el programa básico del reformismo. Frente a la crisis económica impulsó una nueva ronda de negociaciones que revalidaran el pacto social. En lo que se refiere al desarrollo constitucional, trató de terminar el puzzle autonómico. Y en materia exterior promovió la incorporación del país a la OTAN y a la Comunidad Europea. El asunto más complejo era el primero. Desde 1979, la cuestión autonómica había sido la vía de agua de UCD. Su particular marcha hacia la nada comenzó con el proceso autonómico: en la elaboración de los primeros estatutos y especialmente en las primeras elecciones regionales. A principios de 1981, más allá de los estatutos vasco, catalán y andaluz, quedaba casi todo por hacer. Faltaba la ley orgánica pertinente, que como en todo lo importante de la Constitución quedaba encargada del desarrollo concreto de su articulado, en este caso del ambiguo título VIII. El vehículo legal fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Redactada fundamentalmente por expertos, la LOAPA fue la pieza legal de una larga serie de pactos autonómicos que UCD y PSOE suscribieron a fin de cerrar los estatutos todavía no concluidos. En el siguiente año y medio, se redactaron y aprobaron doce estatutos de autonomía[327].

En la cadena de réplicas que produjo el terremoto 23F se debe anotar también el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE). Fue firmado por la patronal y los sindicatos el 9 de junio de 1981. El golpe militar pilló a la UGT y a la CEOE en la celebración de una nueva luna de miel: a primeros de mes habían sellado la revisión del Acuerdo Marco Interconfederal. El AMI-2 mantenía lo sustancial del acuerdo de 1980, con una nueva revisión de las cláusulas salariales. El ANE recuperaba el espíritu de consenso de los Pactos de la Moncloa. Buscado y promovido por el gobierno, contó con la firma de Comisiones Obreras: un acuerdo a tres bandas con el respaldo de todos los grandes «actores sociales». Supuso un espaldarazo a la institucionalización sindical, la consolidación del marco neocorporativista con el que se trataba de apuntalar el pacto social[328]. La novedad residió en la incorporación a los aparatos de Estado de las centrales sindicales y la patronal, que adquirieron el derecho a tener vocales permanentes en la Seguridad Social, el Insalud y el Instituto Nacional de Empleo. El acuerdo se acompañó de otros dos compromisos que por prudencia no aparecieron en el texto: la concesión de una subvención anual para los sindicatos de 800 millones de pesetas, que luego pasaría a 1000, y el desarrollo de los capítulos relativos a contratación temporal incluidos en el Estatuto de los Trabajadores, y que el anterior gobierno no se había atrevido a desarrollar.

El ANE amplió también los fondos a la protección del desempleo y estableció otras medidas para determinadas figuras contractuales. Pero como en todos los acuerdos previos, los artículos centrales tenían que ver con el control salarial. En un año en el que la inflación superó el 14%, el ANE estableció una banda de incremento salarial comprendida entre el 9 y el 11%. Acompañado de la rápida evolución del desempleo en aquellos meses, los acuerdos consiguieron el principal de sus objetivos: 1981 y 1982 acabaron con poco más de 2,5 millones de jornadas perdidas por huelgas. Fueron las cifras más bajas de toda la serie que empieza en 1976[329].

El cierre de la «Transición exterior» también ocupó por entonces al gobierno. Calvo Sotelo había sido ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas entre 1978 y 1981. Dirigió en persona la primera ronda de negociaciones de adhesión a la Comunidad Europea sorteando grandes escollos, principalmente el veto francés. Como buena parte de los cerebros del reformismo, creía que la Transición no estaría terminada hasta que España ingresara en la Comunidad Europea y en su correlato en materia de «defensa», la Alianza Atlántica. Lo anunció en su discurso de investidura del 18 de febrero de 1981, casi acto seguido de la gran movilización popular en contra de la OTAN: la marcha a la base de Torrejón (Madrid).

Para el PSOE, que había colaborado con el gobierno en materia autonómica y en el pacto social, la OTAN se presentó como una veta de fácil explotación a fin de desgastar al gobierno. Con una opinión pública mayoritariamente en contra del ingreso y a caballo de una movilización que reunía a los restos de la izquierda, rompió en este punto las relaciones cordiales y fluidas con Calvo Sotelo. La OTAN fue la bandera del rechazo al gobierno de UCD, al tiempo que puso a los socialistas a la cabeza de la reivindicación de la izquierda posible, ya en retroceso en todos los demás frentes. Con el eslogan, más bien ambiguo, «OTAN, de entrada no[330]», el PSOE se lanzó a una política de oposición. La paradoja es que este giro pacifista o incluso «antiimperialista» de los socialistas, se produjo al mismo tiempo que en el resto de materias iba adoptando el mismo lenguaje que había aupado a Suárez y que representaba la mejor versión del «centro»: modernización, responsabilidad, estabilidad.

La votación del ingreso se produjo el 28 de octubre de 1981. Perdió la izquierda. El ingreso fue apoyado por todas las derechas, las españolas, las periféricas, las del «centro» y las de la derecha-derecha, pero sirvió al PSOE para ponerse al frente de la última gran batalla de la izquierda en la Transición.

Como ocurriera durante los últimos meses de Suárez, el problema del gobierno no estaba en la oposición, sino en su propio partido. La UCD se deshacía. Con un grupo parlamentario dominado por los barones y una organización suarista dirigida por Rodríguez Sahagún, el deterioro de la vida interna del partido tomó en aquellos veinte meses una rápida pendiente cuesta abajo cuyo final se perdía de vista. Calvo Sotelo no se atrevió a cambiar el gobierno heredado de Suárez, dejó a todos sus ministros. Habían sido esos barones-ministros quienes le aceptaron por ser el candidato menos malo, el más inane, el hombre de consenso.

Calvo Sotelo carecía de autoridad ante los suyos. Los problemas se le presentaron inmediatamente. A la ley del divorcio siguieron los enfrentamientos entre socialdemócratas y democristianos, hasta el punto de que estos votaron en contra de una ley promovida por su propio gobierno. Por aquel entonces también, los democristianos constituyeron una plataforma propia, casi un grupo parlamentario que hacía de su capa un sayo, sin contar con el presidente ni tampoco con el resto del partido.

Durante la campaña a las elecciones en Galicia, Suárez solo puso su sonrisa a disposición de las candidaturas ucedeas en el último momento y a regañadientes. Fue otro batacazo de UCD. El 30 de octubre ganó Alianza Popular con algo más del 30% de los votos, el «centro» perdió 20 puntos y se quedó en el 28%. También en esa ocasión, AP contó con el apoyo de la CEOE, que ya se había probado como actor político en las elecciones catalanas de 1980. Los resultados gallegos precipitaron la crisis interna del partido.

A primeros de noviembre, los socialdemócratas del maltratado Ordóñez abandonaron la UCD. La nueva formación —el Partido de Acción Democrática— acabó en el PSOE pocos meses después. El centro perdía su ala izquierda. En ese mismo mes, Suárez decidió abandonar la ejecutiva, al tiempo que Calvo Sotelo, en un último intento por poner orden, se hizo con la secretaría del partido. Las deserciones continuaron en las siguientes semanas: Herrero de Miñón y su grupo se incorporaron a Alianza Popular. Los democristianos más decididos también abandonaron y formaron el Partido Democrático Popular. En apenas dos meses, el grupo parlamentario había perdido casi treinta diputados. Al tiempo que se vaciaba el barco, tenía que afrontar el siguiente reto electoral: los comicios andaluces previstos para mayo.

Los resultados en esta autonomía se presentaron todavía peores. Al lado de la rotunda victoria del PSOE con un millón y medio de votos y el 52% de los sufragios, la UCD se quedó en un marginal 13%. Los de Calvo Sotelo fueron incluso superados por Alianza Popular que obtuvo el 17% de los votos y contó de nuevo con la colaboración activa de la CEOE. La crisis que se abrió en mayo era terminal. Tal era su debilidad que Calvo Sotelo aseguró en esas semanas el ingreso definitivo en la OTAN por el riesgo de que una nueva votación resultara en sentido contrario.

Ante una UCD ya en sus estertores, el presidente recurrió a lo único que podía levantar de nuevo al partido. Llamó a Suárez y a Lavilla, les ofreció un triunvirato. Las negociaciones se extendieron durante algo más de un mes. Se propuso de todo: desde la vuelta a la presidencia de Suárez a la convocatoria de un Congreso Extraordinario, desde la refundación completa del partido hasta la centralización de la organización excluyendo las tendencias y suprimiendo la democracia interna. Inútil, Suárez puso un precio demasiado alto, gobernar solo. Ya había tomado su decisión[331]. El 31 de julio de 1982 presentó en público su nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), confeccionado a la medida de sus hechuras y apoyado por muchos de sus incondicionales[332]. Abandonada UCD por quien fuera su promotor, Calvo Sotelo renunció a continuar. La disolución de las Cortes se acompañó de la convocatoria de elecciones generales para octubre de 1982.

> Manuel Fraga en el I Congreso Nacional de AP, marzo de 1977.

> Trabajadores de los astilleros Euskalduna, durante los enfrentamientos contra el cierre de la empresa, Bilbao, 1984.

8. La pacificación (octubre de 1982 / marzo de 1986)

I

No se conocieron los resultados hasta muy avanzada la noche. Las informaciones de las mesas de los colegios, aun parciales, daban un vuelco considerable, la UCD se hundía y los socialistas obtenían una victoria abrumadora. Los datos definitivos rompieron la tendencia por la vía de llevarla al extremo. El PSOE, con casi la mitad de los votos (el 48,11%), obtuvo 202 escaños, AP logró 107, UCD solo 11, el PCE cayó a cuatro, CDS dos, los votos de CiU produjeron 12 escaños y los del PNV ocho. HB, EE y ERC se repartieron otros cuatros escaños. Mayoría absolutísima de los socialistas, no necesitarían de nadie para gobernar. La participación, un 80%, había sido todavía más alta que en 1977.

Los comicios de 1982 ejecutaron la máxima pena prevista para UCD: muerte por inanidad. No llegó al millón y medio de votos. Ni siquiera salió elegido Calvo Sotelo, segundo por Madrid, que solo consiguió tocar el asiento del Congreso al dimitir Lavilla, presidente del partido. No quedaba más que echar el cierre. El 18 de febrero de 1983, el partido fue disuelto oficialmente. Sus once diputados mantuvieron un parco grupo parlamentario, poco a poco menguado por el paso de sus líderes a Alianza Popular o al CDS.

Aparentemente, el gran vencedor en el campo de las derechas resultó ser Fraga. Sus nueve diputados se habían convertido en 107. Previamente había recibido a los tránsfugas democristianos del Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga. Pero fue una victoria pírrica, que había que atribuir no solo a AP, sino a todos aquellos que le apoyaron: la CEOE, los conspiradores de Ansón, los democristianos, la propia Iglesia[333]. El ascenso de Fraga se había hecho a costa de hundir al centro, prescindiendo de aquellos dos o tres millones de votos que bailaban entre la izquierda y la derecha y que fueron a parar al PSOE. La «mayoría natural» había quedado del lado de los socialistas. En su empeño por derribar a su hijo (Suárez), por ilegítimo que fuera, habían destruido el instrumento con el que habían gobernado siete años de cambio político y desarrollo institucional[334].

Desde ese momento, la derecha habría de recorrer otros caminos. De una parte, los intentos por reconstruir la hegemonía se verían abocados a emprender una larga travesía por el desierto. Para los más inteligentes resultaba obvio que Fraga, el «quemado de la derecha», con sus hábitos autoritarios, sus hechuras franquistas, su excesiva alteración de ánimo nunca podría recuperar la mayoría. Fraga era Fraga, no un experimento de reconstrucción del centro. Por eso, desde que se conocieron los resultados de las elecciones se pusieron en marcha distintas operaciones para levantar una nueva mayoría frente a los socialistas que amenazaban con imponer un dominio de décadas. La más audaz fue quizás la encabezada por los convergentes catalanes. En 1984, el veterano abogado del Felipe catalán, Miquel Roca formó el Partido Demócrata Liberal que contaba con el apoyo de otros grupos liberales, CiU y homólogos regionales. Prueba, no obstante, de que la liquidación de UCD había sido definitiva fue el estrepitoso fracaso de la operación Roca. En las elecciones generales de 1986 obtuvo menos del 1% de los votos. Más éxito tuvo la reconstrucción del centro por impulso de su principal gestor en los años previos, Adolfo Suárez. Los malos resultados en las elecciones de 1982 no desanimaron al expresidente, que a mediados de la década ocupó un espacio electoral frágil pero significativo, cercano al 10% de los votos. De heridas profundas y piel delgada, Suárez no volvió la mirada a los rediles de Fraga o de cualquier otro de sus antiguos patrones. Hasta casi finales de la década prefirió inclinarse antes del lado de los socialistas que de aquellos que se la habían jugado. Resumiendo, la escena política del «centro» siguió unos años inquieta, pero incapaz de desbancar a los socialistas.

Incapaces de arrebatar el poder a los socialistas, esos mismos poderes debieron extraer otra conclusión, mucho más realista y con efectos inmediatos: había que negociar con los socialistas para recuperar las posiciones de ventaja. Su derrota había sido tanto el resultado del autosabotaje de la derecha como de la victoria del PSOE. Desde 1979, la dirección socialista había tenido claro que el enemigo a batir era Suárez, no la UCD, no la derecha fraguista, no los democristianos. Su estrategia fue eliminar al «aglutinador» y dividir el voto, éxito rotundo.

De otra parte, a la izquierda de los socialistas ya no había nada. Los partidos «revolucionarios», de la extrema izquierda, o bien se habían disuelto, o bien no se presentaron a las elecciones. Muchos de sus cuadros se habían pasado al PSOE. Del PCE, poco más se podía decir. Verificados sus parcos resultados en las elecciones andaluzas de mayo de 1982, uno de sus feudos, iniciaron un rápido viaje a la nada[335]. En las generales sencillamente se desmoronaron: 846 515 votos y cuatro diputados, uno por Madrid, otro por Barcelona, otro por Asturias y un último por Sevilla. Habían perdido tres quintas partes de sus votos respecto de las municipales de 1979. Desde la celebración del X Congreso de 1981, Carrillo había bregado con los renovadores y los prosoviéticos, apoyándose tácticamente en estos frente a la rápida disminución de sus incondicionales en el aparato; una jugada de nuevo equivocada. La escisión de los «prosoviéticos» catalanes en abril de 1982 —que formaron el Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)— dejó al frente del PSUC a los renovadores que ya no estaban por mantener ninguna alianza táctica con Carrillo. Al interminable reguero de cadáveres que fue toda su vida política añadió, poco antes de octubre, las dimisiones en cadena de Camacho, Sartorius, Pilar Bravo y otros muchos. Algunos renovadores, expulsados o todavía dentro del partido, formaron la Asociación por la Renovación de la Izquierda. Muchos más estaban ya de camino al PSOE[336].

Con estos precedentes, las elecciones de 1982 escribieron el último capítulo de una crisis largamente arrastrada y que culminó en el fin de Carrillo. Tras las elecciones, la nueva amenaza de dimisión del secretario ya no importó. Como suele ocurrir cuando se pretende volver, quiso dejar a un hombre de aparato, próximo a sus tesis —aunque no quedara claro cuáles fueran estas—: el líder de las CCOO asturianas, Gerardo Iglesias. Y también como suele ocurrir, fue ese asturiano que tenía en la mina su profesión y que bebía más de la cuenta quien acabó por ponerle al otro lado de la puerta del que fue, durante casi treinta años, «su» partido. En el XI Congreso del PCE, Carrillo y sus fieles resultaron derrotados por Iglesias y el aparato. Dos años más tarde se le expulsó del Comité Central. El inmemorial secretario acabó por formar un efímero partido comunista[337]. La terquedad carrillista y la desafortunada estrategia de los comunistas dejaron una organización en ruina, con apenas un tercio de los afiliados que tenía en 1977, sin organizaciones profesionales y con la mayoría de sus mejores cuadros espantados, en casa o en el PSOE. El PCE no estaba en condiciones de ser la oposición a los socialistas.

El PSOE no tenía rival. Después de cinco años de entrenamiento como partido de oposición, estaba preparado para el gobierno. Contaba con una organización disciplinada y purgada de la mayor parte de los díscolos de «izquierda», tenía una clara «vocación de gobierno», y tras el 23F hablaba ya en el lenguaje del «centro». Los grandes intereses del país podían estar tranquilos. González y los suyos habían prometido respeto a lo fundamental: política responsable y de seguridad, compromiso con la unidad de la nación y firmeza contra los terroristas, respeto a la enseñanza privada y a los privilegios de la Iglesia y toda clase de garantías a la oligarquía empresarial y bancaria. El giro del radicalismo antifranquista de los años setenta a las posiciones responsables que exigía el gobierno prácticamente se había completado. El cambio se reflejaba también en la estética: fuera las panas y las camisas abiertas. Ahora vestían de traje gris y con corbata. Luego, en el gobierno, vinieron las camisas de seda y los relojes de marca preferidos por el presidente.

Ciertamente, la victoria socialista incluyó fuertes dosis de retórica populista. El lema «Por el cambio», vago e impreciso, era deudor de algo todavía llamado izquierda. Su principal promesa electoral insistió en una abultada cifra, «800 000 puestos de trabajo», finalmente resueltos con otro millón de parados debido a la grave crisis estructural. Pero el PSOE ganó también con otras dos promesas que representaron su compromiso con la izquierda y con lo que entonces eran las dos principales batallas de los movimientos sociales: el referéndum de la OTAN y la despenalización del aborto. Cumplió las dos, si bien de forma desigual, la primera para defender el sí; la segunda, que resultaba muy delicada por la oposición de los católicos, no supuso en cualquier caso la ruptura con la Iglesia.

Con la jerarquía católica, el litigio no radicó ni en el divorcio ni en el aborto. En lo que se refiere a los derechos civiles, la cúpula eclesiástica sabía que tenía la mano perdida, al menos de cara a la opinión pública. La negociación se entabló en torno a la conservación del régimen de transferencias a cargo del Estado y el estatuto privilegiado de los colegios religiosos. En ambos casos, el acuerdo se logró con la plena colaboración y comprensión de los socialistas. El gobierno mantuvo la subvención directa de la Iglesia de la misma forma que antes: a través de los presupuestos del Estado. En lo que se refiere al segundo punto, y a pesar de la oposición formal de la Iglesia a la nueva Ley Orgánica del Derecho a la Educación, conservó en lo fundamental el régimen de conciertos escolares heredado de la UCD. La LODE de 1984 reconoció el estatuto de la educación concertada, confirmando el sistema escolar dual característico del régimen educativo español.

Por paradójico que parezca aún resultó más fácil la aceptación del PSOE por parte del estamento militar. La clave fue el «entendimiento», según el término que hizo época, con la monarquía. La institución había quedado definitivamente consolidada después del 23F y el rey estaba entonces en el máximo de popularidad de todo su reinado. Los gestos y la aceptación mutua siguieron antes y después de octubre de 1982, empujando a los socialistas a la completa aceptación de la monarquía parlamentaria. Del mismo modo, la elección de un ministro catalán al frente de Defensa, Narcís Serra, no impidió su participación en todos los oficios y ritos castrenses. La lenta reforma de las instituciones militares hizo el resto. La OTAN ofreció en este terreno quizás su mayor beneficio en política interior: encuadró a los militares en una estructura internacional, alejándolos definitivamente de los viejos problemas y delirios de la España del primer franquismo.

En materia de seguridad el problema «terrorista» se saldó también en línea de continuidad con las posiciones exigidas. El cierre de las negociaciones con ETA, antes de que acabara el primer año de gobierno, dio paso a una política extremadamente contundente, rayana en el terrorismo de Estado[338]. El estilo impreso por José Barrionuevo, como ministro de Interior, llegó a ser casi acorde con el tono revanchista de una parte de los cuerpos de policía.

Incluso la patronal y la oligarquía financiera acabaron congraciándose con el gobierno socialista. Tanto Felipe González como Alfonso Guerra siguieron recibiendo a los prohombres de la economía con la misma regularidad que Calvo Sotelo[339]. En realidad más que congraciados, se encontraron con un gobierno que sin ser de los «suyos» aceptaba plenamente los nuevos tiempos. El PSOE no imprimió cambios, siquiera ligeros, en la orientación de clase de las políticas de la UCD. Todo lo más, subrayó una mayor determinación en garantizar la paz social, gracias a la legitimidad otorgada por la mayoría absoluta.

Conscientes del cambio de dirección del viento en la escena internacional, los socialistas apenas aplicaron políticas keynesianas. No hubo siquiera mención a nacionalizaciones de empresas estratégicas como en el país vecino. De hecho no hubo, como en la Francia de François Mitterrand, un tournant de la rigueur. Antes bien, el rigor y la austeridad fueron la norma desde el principio. En Economía, Miguel Boyer se esforzó en aplicar el patrón monetarista, que condujo a una peseta sobrevalorada, dio los primeros pasos hacia la liberalización financiera y apostó por el cierre de la crisis bancaria que se realizó fundamentalmente a costa del erario público. El capítulo más grave fue la costosa nacionalización de Rumasa, que se llevó a cabo bajo la rúbrica impropia, guiño todavía a las izquierdas, de la «expropiación». La intervención sobre el grupo bancario en situación de quiebra costó cerca de un billón de pesetas en deuda pública, consumido en mantener las empresas y los puestos de trabajo. La expropiación se resolvió finalmente con la reprivatización a favor de los grandes barones de la banca. Un resultado parecido tuvo la intervención de Banca Catalana, el que fuera el grupo bancario de Pujol, y que acabó en manos del Banco de Vizcaya.

En lo que se refiere al «pacto social», y al igual que sucedió en los seis años previos, la máxima socialista continuó siendo la política de rentas. La hostilidad de la patronal se redujo. Desde 1980-1981 se produjo una paulatina recuperación de los beneficios empresariales, que a partir de 1984 y sobre todo de 1985, se acentuó debido a los primeros síntomas de expansión económica[340]. También justo en la dirección contraria a la anunciada, el gobierno González comenzó a promover el desmantelamiento del sector público industrial. Capítulo principal fue la venta de la que había sido la empresa estrella del INI, la SEAT, adquirida por la Volkswagen en 1985.

Aplacado el ruido de sables, satisfechos los grandes poderes del país, con un crédito electoral gigantesco que nunca más se volvería a repetir, el inicio de la era socialista puso fin a la Transición. La fecha bien podría ser el 28 de octubre de 1982. En ese día se consumó el relevo de la vieja clase política franquista. Un cuerpo de profesionales, técnicos y políticos —sin descarte de oportunistas—, cuya educación sentimental y experiencia política se había desarrollado del lado del antifranquismo, tomó literalmente los aparatos del Estado. La paradoja de la Transición es que el cambio, que fue dirigido desde el comienzo por el reformismo franquista, empujado por sucesivas oleadas de movilización social, y que trató siempre de conservar lo fundamental de las estructuras de poder heredadas, acabó siendo gestionado por el mayor de los partidos de la izquierda. Quizás por eso la Transición requiera de una prórroga, el análisis de su resaca. Conviene al menos dar cuenta de tres capítulos principales: la persistencia de la movilización obrera contra la crisis industrial, los efectos de la crisis social y la integración —también derrota— de los movimientos sociales que crecieron en la última mitad de los años setenta y que fueron la continuidad real de la izquierda.

Cuando los socialistas ganaron las elecciones, el cambio político había llegado a sus límites: la obra constitucional, los desarrollos institucionales, el sistema de partidos, el modelo de relaciones laborales. Reinaba la paz y solo faltaba la consumación del relevo político. El PSOE recibió este legado, que a su vez tenía que legitimar. Por eso, la particular arquitectura ideológica de la Transición, el último broche del cambio político quedó confirmado en la sucesión de los gobiernos del PSOE. Los socialistas gobernaron durante trece años con las instituciones creadas a finales de los años setenta. Con ellas apuntalaron la estabilidad política, la paz social y la gobernabilidad del país con estilo y formas propias, denunciadas por sus críticos como cesarismo, estatismo y caciquismo[341]. Su éxito no consistió en la reproducción de los modos autoritarios de la política tradicional, ni tampoco en los más democráticos de la aplicación indiscriminada de la subvención como medida de consenso. Su éxito estuvo en dotar al régimen de una pátina de «izquierdas», que sirvió de cobertura ideológica a un complejo proceso de cambio político de límites manifiestos.

II

Con puntería precisa, con armas de artesano, se hacía caer la rutinaria lluvia de rodamientos sobre los escudos de los policías nacionales agazapados bajo el Puente de Deusto. Las cargas y los amagos de avanzar contra las puertas de la fábrica eran repelidos por los obreros encerrados. Apenas equipados con cascos y pañuelos para evitar el ácido de los gases se enfrentaban a los policías con una determinación que día a día se hacía más profesional. Durante dos meses los combates se sucedieron sin descanso: manifestaciones, cortes de avenidas, cargas policiales, intercambios de violencia nada simbólica. Fue una época dominada por el tiragomas y la bocacha, y en ocasiones por los cócteles molotov y el fuego real.

En Euskalduna la batalla comenzó en octubre de 1984. El conflicto, largo y pesado, hecho de negociaciones y movilizaciones concertadas, había comenzado hacía un año, a raíz de la Ley de Reconversión Industrial y de la posterior decisión de desmantelar el astillero. Pendía de un hilo el futuro y los medios de vida de 2500 trabajadores, diez mil si se incluían los de las industrias auxiliares. Ni en Euskalduna ni en Bilbao, los intereses de UGT-PSOE eran tan fuertes como en otros astilleros. Europa, el Mercado Común, exigían el fin de las ayudas a la construcción naval; para los socialistas concentrar los «excedentes de empleo» en las fábricas más conflictivas era la estrategia políticamente más rentable.

Hartos, desesperados, al principio pequeños grupos, luego casi toda la plantilla acudían regularmente a su cita con la policía[342]. Botes de humo, pelotas de goma, porras y escudos contra tirachinas, rodamientos y tuercas. La tensión y la lucha por la empresa tomada por los trabajadores creció en intensidad a cada jornada. El 20 de noviembre, impelida por las órdenes categóricas de Interior, los nacionales entraron al fin en los astilleros. Siguieron cuatro días de batalla campal protagonizados por la determinación de los obreros por recuperar la fábrica. Los combates se mantuvieron hasta la mañana del 24. Entre ráfagas de metralleta y persecuciones por el puerto, un trabajador, Pablo González, murió de infarto de miocardio, otro recibió una herida de bala y un tercero resultó con quemaduras graves en casi un tercio de su cuerpo. A pesar de la solidaridad de una parte significativa de la ciudad, de las movilizaciones sostenidas durante meses, de la violencia de los enfrentamientos, Euskalduna fue primero convertida en un astillero de reparación[343] y luego clausurada en 1988.

El relato anterior se refiere al principal astillero de Bilbao, pero hechos parecidos y en fechas similares se produjeron en fábricas cuyos nombres se recordaron durante años como símbolos de unas luchas tan desesperadas como épicas: Nervacero, La Naval, Ascón, Duro Felguera, Astilleros de Puerto Real, Isodel, Reinosa, Altos Hornos de Sagunto[344]… Los años centrales de la década de 1980 estuvieron plagados de conflictos radicales y violentos, seguramente sin precedentes desde los años treinta. Luchas signadas por su dureza —tomas de fábricas, corte de vías, secuestros— y la espectacularidad de los combates —barricadas, motines, guerrilla urbana—. Especialmente en las poblaciones especializadas en los sectores en reconversión, como el naval, la siderurgia o las «líneas blancas», las luchas llegaron a contaminar el conjunto del espacio urbano. La Bahía de Cádiz, Sagunto, El Ferrol, Gijón, la margen izquierda de la Ría de Bilbao, fueron los espacios más abroncados[345]. Desde 1983, en estas y otras muchas ciudades se sucedieron huelgas generales, combates callejeros, y grandes manifestaciones de solidaridad con los obreros de las fábricas amenazadas. El extremismo, rayano en la desesperación, se explicaba por el destino forzoso impuesto a comarcas enteras, el desierto industrial, ya conocido en forma de paro, ausencia de alternativas y depauperación obligada.

Hasta 1977, en realidad hasta 1979 gracias a la tibia recuperación posterior, la crisis no impactó de lleno en las grandes fábricas, no al menos a nivel laboral. La cadena de cierres y abandonos patronales se había cebado en las pequeñas y medianas empresas menos competitivas. Algunas de estas fueron tomadas por los trabajadores en régimen de autogestión[346] sin que los sucesivos gobiernos se preocuparan en nada más que ofrecer una tardía cobertura legal a lo que era una situación de hecho[347]. Tampoco la política de rentas y la imposición de topes salariales, siempre más restrictivos que los anteriores, produjo un resultado decisivo hasta finales de la década. Los Pactos de la Moncloa apenas lograron detener la espiral salarial. Solo en 1980, tras el desvanecimiento de la última oleada de huelgas de 1979[348] consiguieron empujar los salarios por debajo de la productividad y de la inflación. En 1981-1982, la combinación de la concertación social y de los efectos disciplinantes del paro consiguieron llevar los salarios reales, por primera vez, hacia la zona negativa.

Hasta 1980, la política de «gota a gota[349]» de UCD no consiguió llevar a cabo ninguna medida significativa, salvo la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, que además de dar vía libre a la temporalidad laboral, facilitó la tramitación de los expedientes de crisis. Durante esos años, el Estado se limitó sencillamente a absorber las pérdidas de las empresas privadas, nacionalizando algunas y engordando los costes del enorme sector público en manos del INI. La declaración de las primeras medidas de reconversión y luego el decreto ley de Reconversión Industrial de junio de 1981 tampoco supusieron cambios sustanciales. Las normas no pasaron de la concesión de créditos blandos y estos fueron inmediatamente liquidados en el saneamiento de la deuda de las empresas y en la aplicación de nuevos expedientes de regulación de empleo.

El tramo grueso de la reconversión industrial y con ello de la conflictividad que le acompañaría quedó para el gobierno del PSOE. Con una mayoría más que suficiente, el PSOE decidió acometer el proceso de acuerdo con un expediente que en demasiadas ocasiones acabó en el desmantelamiento industrial. Confluyeron en este resultado cuatro factores: (1) los déficit estructurales del desarrollismo español y en general las particularidades del modelo de acumulación franquista, (2) el retraso decisivo a la hora de tomar las medidas necesarias, (3) las exigencias de la Comunidad Económica Europea en un momento en el que se negociaba el ingreso y que requería la neutralización de un nuevo competidor en el sur del continente y (4) la reorientación del capitalismo familiar español que descargó sobre el Estado los costes de la reconversión, al tiempo que reorientaba sus capitales hacia nichos de negocio más provechosos. El trasfondo de la reconversión fue la lucha distributiva iniciada a principios de los años setenta. La novedad se encontraba en que el Estado, con su política de absorción de pérdidas, asumía el rol de primer actor, convirtiéndose en el principal antagonista del conflicto obrero.

Los instrumentos legales de la nueva política económica quedaron definidos por el Decreto Ley de 1983 y la Ley de julio de 1984 sobre reconversión y reindustrialización. La nueva legislación asumía los costes sociales de la reconversión. En esa dirección se crearon las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), con el propósito de dirigir la reinversión y la capitalización industrial hacia las áreas geográficas más castigadas: el litoral gallego, Cádiz, Asturias, Sagunto, la periferia sur de Madrid, el cinturón industrial de Barcelona y la cuenca del Nervión. En tanto programa de reindustrialización, las ZUR fueron un fiasco, algo que seguramente se previó desde el principio[350]. Más importantes fueron las medidas paliativas destinadas a desactivar el conflicto en los sectores más combativos: la siderurgia, los astilleros, las grandes fábricas de material electrónico y electrodomésticos. A este fin el gobierno empleó abundantemente el recurso a las pagas sin trabajo: las jubilaciones anticipadas, los programas de formación y los Fondos de Promoción de Empleo.

La alternativa al cierre Euskalduna pasó, por ejemplo, por un programa de prejubilaciones para los mayores de 55 años y la opción para el resto de trabajadores de acceder a los Fondos de Promoción de Empleo (FPE). Aunque en comparación con otros subsidios, estos eran ciertamente ventajosos —tres años de protección y formación para un empleo estable—, sin alternativa real a la desindustrialización, los FPE fueron un instrumento de descapitalización política de las grandes fábricas. Se trató de un sistema muy similar al que también por esas fechas se aplicó para doblegar la conflictividad de los jornaleros andaluces.

En este caso, y sin volver a mencionar las propuestas de reforma agraria que traía en su programa, el PSOE operó en la dirección de transformación económica promovida por los latifundistas. La situación excedentaria de una población trabajadora, que todavía a finales de los años setenta rondaba el medio millón, se agravó por la ausencia de alternativas de empleo en otros sectores. Ya antes del gobierno socialista, UCD había intentado hacer frente a las protestas de los obreros del campo y a la ocupación de tierras con la concesión de subsidios de temporada[351]. En 1984, el PSOE sistematizó el sistema de subsidios con la creación del Plan de Empleo Rural (PER). Profundizando el carácter asistencial de la intervención estatal[352], desactivó los principales núcleos de movilización. En su posición de árbitro del conflicto distributivo, también en el campo, el Estado salvaguardó la estructura de propiedad heredada. De este modo, sostuvo en condiciones miserables a una clase jornalera condenada a la extinción.

Los decretos de reconversión industrial implicaron la liquidación de casi 90 000 trabajadores «excedentes» en más de cien grandes empresas industriales del país, un 30% de las plantillas iniciales. Casi repartidos a partes iguales: un tercio se acogió a los FPE, otro a las prejubilaciones y otro recibió la indemnización antes de volverse a su casa[353]. Su impacto fue, no obstante, mucho mayor y acabó en la destrucción de entre cinco y seis veces ese número de puestos de trabajo en las industrias auxiliares. En la década que va de 1975 a 1985, la destrucción de empleo neto en la industria y la construcción fue superior al millón, de nuevo un 30% de los empleos iniciales.

El tejido productivo que salió del proceso de reconversión resultó muy distinto al que entró en crisis en 1973. Sectores como el naval o los grandes hornos siderúrgicos, que gobernaron el ritmo de vida de ciudades enteras desaparecieron o quedaron reducidos a unas pocas factorías. Las grandes empresas iniciaron un proceso de división y fragmentación, acompañado de un fuerte crecimiento de la temporalidad laboral, el recurso a la subcontratación y la modificación de los métodos de trabajo con la introducción de sistemas como los círculos de calidad o el just in time. La nueva era industrial parecía dominada por la pequeña empresa, subcontratada por otras mayores, zarandeada por los caprichos del mercado y casi siempre con peores condiciones laborales. La contratación en negro y el fraude fiscal acabaron por ser recursos corrientes. Si en 1978, el porcentaje de la población asalariada industrial en empresas de menos de 50 trabajadores era del 38% en 1986 había pasado al 52%.

Para las comunidades obreras forjadas en los años del desarrollismo y que habían adquirido espesor político en el largo ciclo de luchas del antifranquismo y la Transición, la crisis y la posterior reconversión acabó en algo parecido a una liquidación. Al otorgar prioridad al pacto político, luego convertido en pacto social, sus estructuras de organización quedaron subordinadas a las maquinarias sindicales. El papel que tuvieron como sujeto del cambio y ariete de la lucha contra la dictadura, la «centralidad obrera» en el lenguaje político de la época, cedió completamente en los cuatro o cinco primeros años de democracia.

Las «vanguardias obreras» sufrieron un empobrecimiento cuantitativo y cualitativo. La fábrica, la gran fábrica fordista, no solo era un espacio socialmente en retroceso, había perdido su capacidad de atracción militante. La confusión de la extrema izquierda, el pacto social, la creciente importancia de los movimientos sociales apuntaban al aislamiento de la fábrica como palanca del conflicto. Prueba de ello es que el grito de guerra contra los amotinados de la reconversión, la acusación de la prensa y del gobierno fuera «corporativismo», seguido de la «irresponsabilidad» de acrecentar el gasto público sostenido por «todos» en beneficio de unos «pocos». Los que hasta la muerte de Franco habían sido los héroes del cambio político, pasaban ahora por celosos dueños de intereses particulares.

La fábrica sangraba, perdía trabajadores y militantes, y con ello arruinaba todo el proyecto político. El empeño contra la reconversión fue una lucha de conservación —conservadora en sentido literal— de aquellos que hicieron del mantenimiento de la clase y de los espacios productivos el centro de su actividad militante[354]. Sorprende poco que el corazón palpitante de estas luchas fueran las ciudades fábrica, en las que las oportunidades de empleo y la dependencia del resto del tejido económico convirtieron estos conflictos en un asunto que concernía a toda la población. El aislamiento político fue un elemento determinante en el fracaso por corregir el desmantelamiento industrial.

Los sindicatos desempeñaron también un papel destacado en la desmovilización. Como ya se ha visto, en 1980, patronal y UGT firmaron el Acuerdo Marco Interconfederal, revisado y ampliado luego en 1981. Empujada por la política de concertación de la UGT, CCOO se incorporó en ese mismo año a los pactos con la firma del Acuerdo Nacional de Empleo y en febrero de 1983 con la firma del Acuerdo Interconfederal, que fijó nuevas rebajas en los máximos salariales. Gracias a esos acuerdos, que se renovaron en 1984 con el Acuerdo Económico y Social, y a los efectos deprimentes del desempleo, que alcanzó tres millones al final del periodo, entre 1982 y 1986, los salarios reales experimentaron un decrecimiento neto de cerca de dos puntos y medio (véase Gráfico 5)[355].

Los sindicatos fueron responsables decisivos de que el significativo aumento de la conflictividad de los años 1983 y 1984 quedara concentrado en unos pocos sectores y empresas, las grandes plantillas de las fábricas en reconversión[356]. Que no llegara a «saltar» más allá, que no generara nada parecido a las ondas anteriores de solidaridad, dependió en gran parte de la política del pacto social. Se explica así que la mayor parte de los grandes conflictos contra la reconversión tuvieran un cierto carácter antisindical, devolviendo protagonismo a las asambleas y a los sectores más radicalizados. En aquellos años se constituyó un nuevo sindicalismo minoritario y de oposición[357]. Pero salvo en algunos sectores o regiones industriales, la nueva oposición sindical no llegó a ser una alternativa al neocorporativismo[358] tripartito —Estado, sindicatos y patronal— y a ese consenso que hizo época bajo la consigna de la «salida compartida a la crisis».

La reconversión coincidió con el punto más bajo de la legitimidad de los grandes sindicatos y de la afiliación en general. Bajó de casi el 34% en 1980, al 18% en 1982 y ya solo el 13% en 1986. CCOO perdió cinco sextas partes de sus cotizantes respecto de los que decía tener en 1978 y UGT, a pesar del beneficio del gobierno, dos tercios. En ausencia, no obstante, de alternativas viables, la pérdida de afiliación no mermó su capacidad para ejercer las funciones previstas. Financiados generosamente por el Estado, provistos con las prerrogativas que preveía el Estatuto de los Trabajadores y su monopolio sobre la negociación a los niveles más altos, los sindicatos pudieron mantener la política de pactos. En 1985 y en paralelo a la crisis sindical que acompañó la reconversión se publicó una nueva Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS)[359]. La ley reforzaba el cártel sindical. De una parte, creó la figura del delegado sindical a la que solo tenían derecho las organizaciones «más representativas», engordando todavía más la plantilla de «liberados» a tiempo parcial. De otra, los sindicatos mayoritarios recibieron nuevas prerrogativas en la negociación de convenios, la participación en las administraciones y en el acceso a fondos públicos. En la misma línea, la LOLS profundizó el déficit democrático sindical con la ampliación de los mandatos electorales a cuatro años y la generalización del sistema de listas cerradas y bloqueadas.

A pesar del carácter épico de las batallas contra la reconversión, de sus salvas a la «clase obrera», de su fuerte carga ejemplarizante —«como en Reinosa, así se hacen las cosas»—; a pesar de todo ello, la reconversión fue el punto y final del movimiento obrero tal y como se había forjado en los años sesenta. En esas luchas se jugó la «supervivencia» cultural de la clase obrera. Sus razones, desprestigiadas en aquel momento, fueron sin embargo más sólidas de lo que parecía. A la luz de la posterior orientación económica del país, siempre cabe preguntarse si valió la pena el desmantelamiento industrial.

III

Una esquina, un descampado, una plaza retirada y quieta. En el suelo, en un árbol, varias decenas de jeringuillas clavadas o desperdigadas aleatoriamente. Heroína, caballo, jaco, reina. ¿Qué ciudad, qué barrio industrial no conoció esta imagen durante la década de 1980?

La heroína marcó la condición de la crisis social de finales de los años setenta. Al principio —hacia 1977— apenas unos pocos, luego pequeños grupos y finalmente tantos como para convertirse en personajes habituales, los yonquis cogieron por sorpresa a la sociedad adulta. Los signos de la adicción se mostraban al poco tiempo: los chicos y chicas adelgazaban a velocidad vertiginosa, sus carnes se azulaban, los periodos fuera de casa se hacían cada vez más largos, sus preocupaciones se reducían a buscar dinero. A veces, cuando estaban «colocados», la lengua se les acartonaba y los movimientos se hacían tan lentos que parecían eternos. En 1980 se estimó que había cerca de 80 000 heroinómanos, en 1984 eran 125 000[360]. Uno de cada veinte jóvenes nacidos entre 1960 y 1970 conoció a fondo esa droga.

El yonqui fue la encarnación del nihilismo de una época de autoabolición de segmentos enteros de la juventud. La degeneración física se acompañaba de aquella relativa a los hábitos. Un día entero dedicado a conseguir las «pelas» para una «chuta», al que seguía otro, y luego otro, y otro, exactamente dedicados a lo mismo. La ansiedad del mono empujaba a la búsqueda de recursos y esta a la pequeña delincuencia. La asociación droga / juventud / delincuencia dibujó el perímetro de la crisis en el imaginario dominante: la causa, el sujeto, el problema. Durante años las instituciones bascularon entre distintas versiones de esta cadena explicativa. Se apuntaba a la permisividad que trajo la democracia, a la banalización, a la crisis de la familia, al desconocimiento de la «droga». Y tras ello a un joven entre responsable y víctima, pero siempre agente de la «crisis de seguridad y convivencia». La simplificación del fenómeno apenas escondía la mala conciencia de quienes querían escapar de toda responsabilidad.

La heroína alcanzó rasgos de pandemia, y como suele ocurrir con las grandes epidemias, su propagación aparentemente fácil y rápida no hubiera sido posible sin la concurrencia de una compleja mezcla de factores. El más obvio: la falta de expectativas. La crisis había despedazado el tejido industrial y a la clase obrera que se había formado durante los años del desarrollismo. Los efectos dramáticos no se produjeron tanto entre los mayores como entre los jóvenes. Hacia 1982, año de la victoria socialista, el desempleo juvenil entre los menores de 20 años superaba el 70%, entre los menores de 25 rondaba el 50%. Desempleo era sinónimo de ausencia de futuro, tiempo sin ocupación, suspendido en un presente vacío.

Para aquellos jóvenes, privilegiados, que tuvieron acceso al empleo, basta decir que lo hicieron en condiciones de infrarremuneración y sobreexplotación, sometidos a la arbitrariedad de un empleador sin contrato. Fue a partir del Estatuto de 1980 y sobre todo del ANE de 1981 cuando se empezaron a desarrollar las figuras de contratación temporal, que a finales de la década ya sumaban el 30% de los asalariados. Y fue también en esos años cuando creció la economía sumergida, y su correlato de trabajo en negro y sin derechos. La escasez de empleos garantizados dio lugar a un nuevo mercado de empleos juveniles sin cualificación: repartidores de propaganda, mensajeros motorizados —«mensakas» como se conocieron en la época—, reponedores y cajeras en las grandes superficies comerciales.

Ni siquiera la expansión de la educación alcanzó a paliar el cierre de oportunidades. Entre finales de los años setenta y principios de los años ochenta, las enseñanzas medias y los estudios universitarios siguieron la inercia que traía la expansión de la educación pública. La tasa de escolarización en el BUP-COU pasó del 33% en 1976-1977 al 43,5% en 1981-1982. Más intensa fue aún la masificación de la Universidad. En 1970 había 344 000 alumnos matriculados, en el curso 1980-1981 eran ya 650 000, la cifra todavía habría de superar el umbral del millón a finales de los años ochenta. Con una tasa del 24,1% en 1980, el porcentaje de universitarios era casi similar al francés, y superior al de países como Italia, Reino Unido o la RFA. Pero la educación ya no garantizaba el empleo, al menos no en las condiciones de antes[361].

A finales de los años setenta cobró mayor relevancia un fenómeno conocido, que venía arrastrado de décadas, pero que con la expansión general de la educación se hizo mucho más relevante. El sistema educativo estaba dejando un gigantesco «residuo» de no recuperables. A principios de la década de 1980, el abandono escolar temprano se cifró en más del 40%. Entre un sexto y un quinto de los alumnos no continuaban estudios al acabar la educación primaria (la EGB establecida por la Ley Villar Palasí) y uno de cada cuatro ni siquiera llegaba a terminar los estudios obligatorios. La crisis no redujo el número de abandonos, antes al contrario los multiplicó. Los llamados «certificados de escolaridad» que se obtenían cuando se dejaba de ir a la escuela o cuando con más de 16 años no se había conseguido completar la enseñanza primaria pasaron del 32% de los alumnos al 38%, entre 1975 y 1980. Para estos chicos la única salida reglada era una formación profesional degradada y sin proyección laboral.

No había lugar a la sorpresa, la marginación estaba programada, inscrita en el sistema educativo. Dos tendencias en dirección contraria empujaban hacia la dualización del sistema. La expansión de la educación universitaria a niveles europeos contrastaba con la consolidación y crecimiento de los «marginados educativos». Se trata de un dato característico de toda sociedad de clases, que una escuela democrática debería corregir, pero que en España vino promovido por el propio Estado. La escolarización de masas incluía a las clases populares o subalternas, pero solo para expulsarlas al poco tiempo. La Universidad, tal y como proveyera el franquismo, debía servir a la reproducción de las clases medias en expansión, aun cuando la masificación tendió a devaluar los títulos universitarios. La Transición consolidó estas tendencias sin oponer una política consistente en dirección contraria[362].

La marginación educativa correspondía con la marginación laboral y esta con un amplio fenómeno de «desafiliación social». Llovía sobre mojado. La opulencia de los años del desarrollismo proyectaron, por primera vez, la imagen de una sociedad de clases medias. Pero a pesar del aumento general del poder adquisitivo se imponía una verdad de perogrullo: el crecimiento económico no acabó con la pobreza en el país. Durante los años sesenta y setenta, los hijos de la inmigración, especialmente de los sectores humildes, apenas encontraron acomodo e integración social en las grandes ciudades. La persistencia de la inmigración al extranjero o de realidades vergonzantes como el chabolismo daban cuenta de la precariedad del sistema social franquista y de la marginación de importantes segmentos sociales que quedaron fuera del reparto, incluso en unos años en los que se crecía al 7%. El crédito social de la dictadura se había comprado barato gracias a la represión y a la violencia que siguieron a la Guerra.

Desde mediados de la década de 1950, siguiendo el curso de las oleadas masivas de urbanización, se dio un fenómeno temprano de «marginación juvenil». Ciertas formas de resistencia comunitaria —las pandillas—, una cultura de la pequeña criminalidad y una particular relación con el barrio y la ciudad dieron cuerpo a esta realidad. Sus elementos determinantes fueron la influencia gitana y la persistencia de una larga corriente subterránea de bohemia lumpen que arrancaba del siglo XIX. La parte más expresiva y folclórica fueron los quinquis[363], los macarras, los «chulos de barrio». Provenían en su mayoría de aquellos grupos sociales relegados al trabajo informal —venta ambulante, reciclaje, chatarra—, que vivían en los barrios de autoconstrucción y cuyos ingresos se redondearon muchas veces en las redes de la economía alegal o ilegal. La literatura y la prensa los caracterizó casi siempre con un cierto aire de malditismo, hecho de rechazo a la sociedad formal, chulería e indisciplina[364]. Pero más allá de estas visiones idealizadas, lo que se encontraba era obviamente la marginación social, que la dictadura reconoció y castigó con saña.

Durante la última década del franquismo, los delitos juveniles, principalmente contra la propiedad y el abandono de hogar, crecieron a un ritmo del 25% anual. El crimen más frecuente: el robo de coches y de motocicletas, normalmente para uso temporal. Frente a la creciente indisciplina juvenil, los reformatorios franquistas trabajaron desde principios de los años setenta a un ritmo de más de 2000 ingresos anuales. Su objetivo era el mismo segmento social que sirvió de carnaza a las prisiones del tardofranquismo, los llamados «sociales», mucho más numerosos que los «políticos».

Sobre esta población, sometida a una exclusión persistente, cayó la crisis económica como un mazazo brutal y definitivo. La depresión económica acabó de hundir lo que había sido la vía de integración natural de estas poblaciones, el recurso al empleo, aunque fuera en los sectores de peor remuneración. A partir de mediados de los años setenta, las nuevas generaciones se incorporaron a un mundo radicalmente distinto al de sus padres, en el que el cambio político y la apertura cultural fueron de la mano del cierre de las oportunidades laborales. El fenómeno «quinqui» se convirtió en una forma obligada de vida y de resistencia. Desde finales de la década, la prensa, el cine[365], la literatura, pero sobre todo el boca a boca empezaron a cantar a una nueva saga de héroes juveniles cuyos nombres, El Vaquilla o El Torete, nada tenían que ver con los del cómic moralizante de la dictadura. Su épica venía de una vida rápida, a golpe de «palos», amistades juveniles inquebrantables, cárcel y casi siempre heroína. La exaltación de este imaginario delincuencial fue expresión de la resistencia a la miseria social que acompañó los años finales de la Transición y que se quedó sin solución positiva[366].

Otro ingrediente del cóctel social de los primeros ochenta fue la «crisis de expectativas»; el cierre del cambio político, con todos sus correlatos ideológicos. El fin de la Transición se hizo coincidir con la retirada de la ola de politización y movilización social que se empezó a levantar a principios de los años sesenta. La institucionalización de la vida política, la derrota obrera, el desencanto tuvieron efectos profundos en la sociedad; llevaron la crisis a los mismos terrenos en los que se habían forjado las minorías activas. Mutaciones y transformaciones, a veces traumáticas, se vivieron en el mundo obrero, en las militancias de barrio y en los partidos de izquierda. Menos conocidas resultan, sin embargo, las que se produjeron en lo que se podría llamar el frente cultural.

El cierre político produjo un rápido declive del campo de experimentación social que constituyó el capítulo de la contracultura hispana. De forma tardía y fragmentaria, pero como en el resto de Occidente, la expansión de la urbanización, la sociedad de consumo y los medios de comunicación de masas llevaron un nuevo espacio de crítica y resistencia —y luego experimentación y creación— que se proveyó de materiales y sobre todo de valores distintos a los de la izquierda tradicional: el rechazo al trabajo, a la familia, el antiproductivismo y el antiprogresismo, la liberación sexual, la experimentación lúdica con enteógenos —marihuana y LSD principalmente—, etc. Este territorio cultural y político estaba hecho de materiales diversos y contradictorios, pero tenía su base en una apuesta por formas de vida al margen, alternativas. Contó para ello con sus propias revistas y protoinstituciones como el movimiento de comunas o de escuelas libres de finales de la década[367].

La contracultura quería desafiar todas las instituciones regladas (disciplinarias), pero también todo aquello que en la izquierda participaba de las mismas, y que era mucho. Trajo consigo una poderosa crítica de la política, al menos de aquella que había en la izquierda y el antifranquismo: la disciplina mecánica y ciega del marxismo leninismo, la jerarquía y la burocracia como cortapisas al deseo revolucionario, la trasformación siempre pospuesta a la «lucha final».

De una forma difusa, desde finales de los años setenta, los elementos de esta crítica fueron transmitidos a la extrema izquierda en todas sus variantes. La crisis de la izquierda comunista y la articulación de los nuevos movimientos sociales estuvo influida por estas corrientes de revolución subjetiva y crítica cultural. El fracaso del experimento CNT trajo seguramente la última oportunidad de articular una zona transversal que incluyera al mismo tiempo al sindicalismo independiente, la creación de contrapoderes autónomos y una cultura alternativa.

Sin una superficie de inserción social y política, agotada por los tiempos de escasez que daban el relevo a la relativa opulencia de los años previos, la radicalidad juvenil, que vino empujada por la contracultura, dejó de tener medios de reproducción. Al cierre de la Transición, acompañado de la crisis económica, le siguió una «crisis de sentido» que tuvo más o menos profundidad según el número de capas que hubiera penetrado en las «formas de vida» de esas minorías militantes. De nuevo, las formas en las que se enfrentó esta crisis fueron dispares. Una parte importante de aquella militancia persistió en la apuesta que emprendiera en los años setenta; esta informó y construyó los movimientos sociales. Otra optó por la adaptación y el oportunismo dominante: pasados los años duros, alimentó los cuadros de los partidos, los sindicatos y la administración, así como una cultura oficial que encontró sus medios de vida en los entes públicos y en los grupos de prensa que gobernaron la Transición, en especial PRISA y El País. Pero otra, sencillamente no pudo salvar la crisis y desembocó en el torrente nihilista de los escapismos, la depresión y la autoabolición. En sus formas extremas, algunos terminaron en el suicidio, en la heroína, en el alcoholismo u otras salidas desesperadas[368].

El llamado «desencanto», de modo quizás menos dramático, reflejó también este rápido retroceso de las expectativas políticas. Entre las generaciones jóvenes el desencanto dio lugar a otro personaje de la época, el «pasota», el que «pasa de todo». Popularizado a finales de la década de 1970[369], representaba un conjunto de actitudes sociales marcadas ya no por la decepción, cuanto por la indiferencia. Señalaba la débil frontera existente entre «lo marginal y el marginado», entre el «autoexcluido y el excluido»[370]. El pasota fue la imagen especular, apática y derrotada, de la contracultura, justo cuando esta ya no disponía de la energía y el optimismo de los años previos.

Hecha pues de múltiples materiales, la crisis social que marcó los años finales de la Transición fue un fenómeno que comprendió a toda la sociedad pero que tuvo sus principales protagonistas en las nuevas generaciones. A principios de los años ochenta, un complejo poliedro cuyas aristas eran el desempleo, la desafección política, la pequeña criminalidad y la heroína había encerrado a importantes segmentos juveniles. Ese espacio cerrado tuvo paredes especialmente resistentes para aquellas poblaciones que incluso durante los años previos permanecieron al margen de la opulencia desarrollista.

El Estado, las instituciones, la clase política, la izquierda, la sociedad adulta reaccionaron tarde y mal frente a la creciente desafiliación social. El discurso dominante y compartido por la prensa y la mayoría de la clase política consideró el problema en términos de seguridad. Las estadísticas de Interior registran para aquellos años un rápido crecimiento de los delitos y de las entradas a prisión. En 1977, fueron detenidos 30 000 menores, la cifra no bajó hasta finales de la década siguiente. Entre 1977 y 1982, el número de presos pasó de menos de 10 000 a más de 22000. Los crímenes punibles registrados atribuyen la mayor parte de las causas judiciales y de las entradas a prisión a delitos contra la propiedad, que en esos mismos años se multiplicaron por seis, de 2400 en 1977 a más de 12 000 en 1986[371]. Se trataba principalmente de pequeños hurtos: robos de coches y en coches —radiocasettes principalmente—, asaltos a farmacias y tirones callejeros. Eran los requerimientos habituales de la adicción.

Al igual que en la calle, dentro de la prisión, estos segmentos marginales fueron los grandes olvidados de la Transición. Los motines carcelarios y las luchas de los presos protagonizadas por la COPEL confirmaron que el cambio político e institucional no iba a incluir ninguna modificación sustancial de las funciones sociales de la prisión. Las reivindicaciones de los «sociales» no fueron muy distintas a las de los «políticos», pedían la amnistía —y otra oportunidad—, derechos para los presos y garantías frente a la arbitrariedad de la institución[372]. Latía en la COPEL el mismo espíritu antidisciplinario que había articulado la crítica a las instituciones manicomiales y educativas. Su derrota, debido al aislamiento social y político, se apuntaló con la reforma del sistema penitenciario de la democracia. Se hizo en 1979 por medio de una Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) promovida por el entonces director general de Instituciones Penitenciarias, Carlos García Valdés. Pero aunque la LOPG recogía la retórica «democrática» de la «reinserción social» tuvo en lo fundamental una intención disciplinaria. Prohibió explícitamente el derecho de asociación de los presos, promovió la creación de «prisiones de máxima seguridad» y creó el régimen especial de aislamiento. Era el precedente —de hecho el origen— de los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES) que fijaron un régimen de control feroz sobre los presos considerados peligrosos. La ley dio también paso a una política de reconstrucción de las cárceles que habían sido literalmente destruidas por los motines de 1977-1978. La inversión era necesaria, urgente, a fin de almacenar a la nueva «población peligrosa», especialmente esos jóvenes «marginales» enganchados a la heroína que durante los años ochenta llegaron a superar la mitad de la población reclusa. Instituciones Penitenciarias tuvo el mérito de sostener un ritmo de crecimiento que, en menos de diez años, más que duplicó el número de presos[373].

En lo que se refiere a las medidas paliativas de la marginalidad, las políticas públicas fueron con retraso y pocos recursos. La mano izquierda del Estado recibió mucha menos atención que la derecha. Es cierto que desde finales de la década hubo un fuerte desarrollo de los servicios sociales, que pasaron sencillamente de la nada a la existencia. Pero esto apenas compensó los problemas que debían atender. Especialmente grave fue la falta de reacción frente a la expansión de la heroína. Pasaron ocho años desde el reconocimiento de las primeras muertes por sobredosis hasta los varios miles que se contaron en 1985 para que el gobierno pusiera en marcha una política coordinada. Esta vino de la mano del Plan Nacional sobre Drogas. Con igual retraso y penuria de medios se pusieron en marcha las unidades especializadas que se requerían para atender a las decenas de miles de urgencias hospitalarias provocadas por la heroína. Aunque no existen estudios epidemiológicos serios y estadísticas suficientes y apropiadas, en la década de 1980 murieron más de 20 000 jóvenes por sobredosis y una cantidad tres veces superior por enfermedades asociadas como Hepatitis B y C, y el SIDA que hizo su aparición a comienzos de la década.

En los barrios obreros, de donde provenían la mayor parte de estos chicos, las reacciones fueron contradictorias. La heroína representaba algo más que marginación, separaba dos generaciones con experiencias y expectativas distintas; y al mismo tiempo quebraba la relativa «homogeneidad» de las viejas comunidades de barrio. La crisis produjo una rápida degradación de la vida comunitaria que durante años había sido capaz de levantar estructuras políticas consistentes bajo el paraguas de las Asociaciones de Vecinos. De hecho, la expansión de la heroína provocó la primera emergencia securitaria de la historia de la «democracia». El rechazo a los yonquis y el sentimiento de inseguridad recibió una atención constante por parte de la prensa y la televisión, y llevó a una creciente demanda de intervención de la policía, que poco antes hubiera resultado impensable. En algunos barrios se vivieron fenómenos de microfascismo social y de persecución no solo de los pequeños traficantes —los camellos—, sino también de los propios yonquis convertidos en chivos expiatorios de la crisis[374].

En dirección contraria, algunas Asociaciones de Vecinos y los nuevos colectivos sociales contra la exclusión probaron las graves implicaciones institucionales en el fenómeno. Lejos de prevenir la expansión de la pandemia parece probado que en muchos barrios las comisarías fueron el primer punto de distribución del «jaco». Al fin y al cabo, los yonkis, sometidos a la necesidad de la papelina eran confidentes eficaces y la heroína pacificaba en pocos meses territorios que antes eran hostiles. Fue un método perverso de control social. En Madrid y en Euskadi hubo procesos de organización vecinal que denunciaron las implicaciones policiales, así como la falta de apoyo institucional. Como ocurre tantas veces en aquellas cuestiones que atañen sobre todo al «ámbito doméstico» fueron sobre todo mujeres quienes lideraron estos movimientos[375].

A escala de ciudad, y a pesar de que se trataba de un fenómeno casi exclusivamente acotado a los sectores económicamente más frágiles, la «normalidad», la paz social y la preocupación por la «seguridad» salieron reforzadas. La heroína, y en general los jóvenes, fueron el motivo del primer gran pánico moral de las clases medias españolas en democracia. En la medida en que la gestión de la crisis social se hizo en contra de las nuevas generaciones, acabó por producir una profunda fractura entre el «régimen» y una parte importante de los jóvenes que no se reconocían en el mismo.

Como en Inglaterra en esos mismos años, donde la música y en especial el punk se convirtieron en fenómenos de resistencia, también en la España democrática apareció un fenómeno similar que mezclaba música y subcultura juvenil con un fuerte rechazo a la política institucional, a los medios de comunicación y a la cultura oficializada. El episodio más conocido de este movimiento fue la llamada Movida madrileña. De carácter fundamentalmente musical y «nocturno», los grupos de la Movida cantaron al rechazo a las convenciones sociales, al tiempo que creaban sus propios espacios de socialización, dentro de una escena dominada por una combinación de elementos glam, punk o simplemente provocadores. Paradójicamente, la Movida fue saludada como una revuelta juvenil aceptable, promocionada incluso por el Ayuntamiento de Madrid presidido por Tierno Galván. Pero acotada a los hijos de las clases medias capitalinas, no acabó de rebasar los límites de una expresión más bien nihilista, que finalmente acabó por ser carne de cañón de la corriente de renovación comercial que requería la desabrida industria cultural española.

El punto de mayor condensación de ese movimiento cultural juvenil se produjo, por eso, no en Madrid, sino en Euskadi. El nuevo vehículo cultural germinó allí en terreno abonado. La ola de movilización social que empezó en las fábricas se prolongó en esos mismos barrios en un movimiento juvenil de masas, que como en Inglaterra se movió en el mismo terreno de la derrota obrera y la desindustrialización[376]. De otro lado, la guerra sucia y abierta entre el Estado y los grupos armados y la permanente presencia policial tendió a dotar al movimiento de una forma política inmediata y directa.

Desde principios de los años ochenta, con el nombre periodístico de Rock Radikal Vasco, se sucedieron los primeros discos de los principales grupos[377]. Las bandas llevaban ya unos años de conciertos y maquetas, pero el punk vasco era algo más que resistencia cultural. Sus letras cargadas de desprecio y asco por el cinismo de la política institucional, el conformismo de las mayorías sociales y el miserabilismo cultural del momento, lo que en ocasiones encarnaban en una biografía de final trágico —a manos de nuevo de la heroína—, se estaban convirtiendo en bandera de nuevas formas de rechazo juvenil. Fueron los primeros pasos de un movimiento social que cuestionó en bloque no solo los pactos de la Transición, sino su constitución social, sellada en las formas culturales hegemónicas de las clases medias.

IV

El Gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:

La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.

Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar e introducir armas nucleares en territorio español.

Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la nación?

La pregunta alambicada y con tantas cláusulas atenuantes[378], la explícita asociación de la pregunta a la decisión del gobierno, la previa amenaza de Felipe González de dimitir caso de que no saliera el «sí»; el referéndum de la OTAN no deja de ser un caso más de la práctica plebiscitaria que venía del franquismo y que tan bien supo aprovechar Suárez. Con la consulta se trataba de dar un final feliz y definitivo a la «Transición exterior» que tanto preocupara a Calvo Sotelo, así como garantías a la conservación de los intereses estadounidenses en el país. Había pasado más de una década desde que la administración Ford diera el placet a la reforma y al rey. Y salvo en el aciago día del 23F, en el que el secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, dijera con desatino «el asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles», la posición de EE. UU. había sabido mantenerse en una casi increíble invisibilidad. Un año antes, en junio de 1985, se había firmado el acta de adhesión a la Comunidad Económica Europea. El prestigio de la política exterior del gobierno estaba en la cima y las elecciones generales estaban previstas para unos meses después.

El gobierno socialista ganó el referéndum por un margen de 13 puntos: casi un 40% de papeletas negativas contra más de un 52% de afirmativas. Apenas un mes antes las encuestas daban por mayoritario el voto del rechazo. Si se puede decir que fue un plebiscito lo fue en la medida en que confirmó a los socialistas dos cosas: crédito político suficiente como para gobernar durante toda una década y margen de acción como para virar 180 grados en uno de los temas que les había aupado al poder en 1982. Así lo entendió la derecha, Alianza Popular, que rozó la decisión de votar en contra y que finalmente apostó por la abstención[379]; y también la izquierda que, deshecha y derrotada, encontró en el movimiento anti-OTAN el principal medio para ejercer una oposición global al nuevo curso de las cosas. Por eso el 23 de marzo de 1986 se puede considerar la fecha final de la Transición, o mejor, el día en el que se pudo dar por consolidado el régimen político que salió de 1978.

Con el referéndum sobre la permanencia en la OTAN, el gobierno socialista daba carpetazo a la última de las grandes cuestiones pendientes del antifranquismo. En 1982 las brasas de la Transición estaban todavía calientes: las luchas de las mujeres, el movimiento antinuclear, el creciente rechazo juvenil al servicio militar, al igual que las luchas de fábrica contra la crisis industrial y los nuevos movimientos contra la marginación social. La victoria socialista, así como su capacidad para distinguirse de la UCD, fue paradójica en el sentido de que tuvo en estos rescoldos su principal fuente de calor. Una parte no pequeña del proyecto de reforma socialista se dirigió hacia las demandas de estos movimientos. Les propuso su único paquete de reformas con el fin de o bien integrarlos, o bien neutralizarlos. Una vez en el poder se imponía, de nuevo, la razón de Estado.

En lo que se refiere al movimiento feminista, este había logrado completar una parte de su programa inicial con la ley del divorcio aprobada en 1981. Los socialistas trajeron consigo la otra gran reforma: la despenalización del aborto, aprobada finalmente en 1985. Con carácter todavía restringido, esta ley permitía la interrupción del embarazo en caso de malformación, violación y riesgo físico o subjetivo para la madre. No era mucho, pero la tramitación legal fue a un tiempo el colofón del movimiento y la confirmación de que se había emprendido un doble proceso de institucionalización y descomposición. Efectivamente, casi desde el primer año del gobierno socialista, la movilización y el conflicto empezaron a ceder la iniciativa a la constitución de actores institucionales a veces promovidos directamente por las administraciones.

No era un problema nuevo. Buena parte de las activistas eran responsables ante «sus» organizaciones políticas y sus demandas estaban recogidas en los programas electorales con promesas precisas de cambio. De forma congruente, cuando los socialistas se hicieron con el gobierno, muchas de las profesionales y militantes del movimiento feminista fueron incorporadas a las instituciones con el mandato de diseñar las nuevas políticas públicas. La tensión era demasiado fuerte como para mantener la autonomía de un movimiento al que siempre le costó realizar una crítica frontal a la democracia partidaria que institucionalizó la Transición. De hecho en 1982, el movimiento estaba ya estancado, fragmentado, dividido. Lo que ocurrió después se puede explicar de una forma muy resumida en tres trayectorias distintas. Una parte del feminismo se institucionalizó, a veces con responsabilidad directa en el gobierno socialista y en otras en instituciones creadas por él mismo —como el Instituto de la Mujer—. También lo hizo a nivel académico dando cuerpo a un nuevo campo de investigación: los estudios feministas y de género. Otra parte importante tomó una deriva profesional o empresarial; se hizo cargo de los centros de planificación familiar y de las clínicas abortistas. Ponía así en práctica los derechos reclamados, pero en tanto estos no fueron plenamente reconocidos como servicio público, las clínicas y los centros se convirtieron en empresas, en un medio de vida. Finalmente y como ocurrió con otros sectores movilizados, un último sector quedó marginado y relegado en los colectivos y asambleas locales, minorizado y a un tiempo renovado por la constante incorporación de nuevas generaciones. Aunque en estado de latencia, fue esta parte, muchas veces mezclada con otras marginalidades políticas y sociales —como el movimiento juvenil, los grupos LGTB y los colectivos antisida—, la que sirvió de motor a la renovación de la iniciativa del movimiento una década más tarde.

En lo que se refiere al movimiento ecologista, el gobierno socialista también aplicó un amplio programa de reforma legislativa que incluía la conservación de espacios naturales y especies, regulación de vertidos y desechos, y otras medidas de protección. En la medida sin embargo en que no obedeció tanto a los compromisos del partido como a las exigencias de homologación europea, los resultados de la nueva legislación apenas se levantaron sobre el papel. En cualquier caso, el gran caballo de batalla del movimiento era entonces la política nuclear. Arrastrada en los planes desarrollistas franquistas, los ambiciosos planes energéticos de UCD levantaron un clima de opinión cada vez más contrario a todo lo que tuviera que ver con las tecnologías de fisión nuclear. Durante los primeros años de la década, y por presión popular, las coordinadoras antinucleares consiguieron paralizar algunos proyectos importantes, principalmente Lemóniz (Euskadi) y Valdecaballeros (Extremadura). Convertidos en auténticos casus belli, estas campañas masivas desbordaron los motivos meramente ambientales. De una forma muy patente, la intervención de ETA y los sucesivos atentados contra instalaciones y personal de Lemóniz —especialmente el secuestro y posterior asesinato de uno de los ingenieros en enero de 1981— acabó por ampliar la ya considerable brecha política que existía en el País Vasco. En este terreno, la decisión de los socialistas fue declarar una moratoria indefinida para la construcción de nuevas centrales a partir de 1984[380].

También ante al emergente movimiento juvenil contra el servicio militar obligatorio[381] se decretó la Ley de Objeción de Conciencia en 1984. Esta estableció una vía alternativa al servicio militar, la Prestación Social Sustitutoria. Desde entonces, miles de jóvenes fueron incorporados al trabajo gratuito en ONG y asociaciones de «voluntariado». Aunque sin desaparecer, la insumisión y la objeción de conciencia al servicio obligatorio (civil o militar) quedaron contenidos por esta ley hasta finales de la década.

La pieza, sin embargo, en la que se jugó la legitimidad del gobierno, en la que a un tiempo arriesgó su prestigio como opción de gobierno y como herederos del antifranquismo, fue la cuestión de la OTAN. El giro socialista de la «OTAN de entrada, no» al «sí a la permanencia» se produjo de forma paulatina. El gobierno tuvo aquí que lidiar con una mayoría social contraria y que componía la mayor parte de su electorado. El movimiento anti-OTAN había nacido a principios de la década. Su primer gran acto de protesta fue la marcha a la base de Torrejón de enero de 1981. Pero casi desde el principio, el movimiento se levantó como algo más que el rechazo a la OTAN. En cierto modo constituyó el último recurso para todos aquellos que habían querido que la democracia discurriera por otro camino. El rechazo a la OTAN no solo reunía posiciones pacifistas y antimilitaristas, o aquellas «neutralistas» teñidas a veces de nacionalismo o de prosovietismo, sino algo mucho más medular y propio del antifranquismo: una idea de país alejada de la órbita del capitalismo occidental bajo liderazgo estadounidense, una idea que vagamente se podía decir socialista. Por eso el PSOE, convertido en el partido de «toda la izquierda», abanderó la campaña contra la OTAN durante el año y medio de gobierno de Calvo Sotelo. Y por eso también, una parte importante de los intelectuales que pasaron a ocupar las posiciones de la cultura oficial desde finales de los años setenta firmaron las declaraciones y encabezaron los mítines de protesta.

Los cambios del gobierno solo podían ser progresivos, paulatinos, medidos y calculados según sus efectos, pero empezaron pronto. Desde finales de 1982, las declaraciones contrarias a la OTAN se hicieron tibias, basculando poco a poco hacia los matices y los condicionales: «sin integrarse en la estructura militar», «sin armas nucleares». A finales de 1983, Felipe González hacía ya declaraciones favorables a la permanencia acompañada de las tres cláusulas atenuantes que finalmente aparecieron en la pregunta. Aún así, el giro no se podía disimular. La persistencia de voces críticas dentro del partido y sobre todo la expansión del movimiento contra la OTAN obligaron al gobierno a mantener la promesa de la consulta. A nivel interno, las críticas fueron relativamente fáciles de acallar. En el marco de un partido claramente burocratizado y jerárquico, la crítica fue vencida en el XXX Congreso del PSOE celebrado en diciembre de 1984. No obstante, hubo oposición por parte tanto de los viejos críticos, como del secretario de la UGT, Nicolás Redondo. Puertas afuera, las cosas eran diferentes. Los socialistas no tenían que temer la articulación de una alternativa política, pero sí ciertamente una oposición social que incluía a una parte importante de su espectro electoral.

Destrozado el PCE, literalmente destruido por las sucesivas escisiones y por la deserción de buena parte de sus cuadros, la protesta contra la OTAN se conformó con elementos que provenían de los nuevos movimientos sociales. Casi en cada ciudad, en cada localidad se constituyó una comisión o un comité anti-OTAN, que reunía militancias diversas y en los que los elementos más activos provenían de otros movimientos sociales o de los restos de la extrema izquierda —principalmente MC y LCR—. Con formas de reunión y coordinación poco exigentes, como la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas, el movimiento logró la convocatoria de acciones masivas. Para la izquierda, la campaña anti-OTAN fue un campo de pruebas político. Esta brindó una última tabla de salvación al PCE. Y fue el embrión de la Plataforma Izquierda Unida, que con centro en los comunistas arremolinó a casi todos los pequeños partidos y agrupaciones con vocación electoral en una marca común.

El movimiento anti-OTAN demostró una enorme capacidad de movilización, condujo al triunfo del «no» en Cataluña y el País Vasco y sobrevivió más tarde en otras formas de movilización. No obstante, la victoria del «sí» a la OTAN supuso una enorme derrota. Fue la constatación del final de la izquierda que se había cocinado en los últimos años de la dictadura.

Con el sí a la OTAN, el gobierno socialista se presentó a las elecciones de junio repitiendo mayoría absoluta: obtuvo el 44% de los votos, apenas había perdido cuatro puntos respecto a los comicios de 1982.

> Carreras en las Ramblas de Barcelona, 1977.

9. La excepción vasca y la solución catalana

¿Hubo otro final posible a la Transición? Hasta este capítulo, se han analizado los caminos truncados, las alternativas que no pasaron del ensayo. Pero lo cierto es que la Transición tuvo al menos dos grandes variantes regionales, nacionales. La de mayores consecuencias políticas, y la que gravitó como un posible final negro para los arreglos políticos, fue la excepción vasca. Ni en Vascongadas, ni en Navarra —Euskal Herria sur o Hegoalde—, los pactos políticos que concluyeron en la Constituyente de 1978 y en los posteriores estatutos de autonomía lograron la pacificación y el consenso social que se logró en el resto del Estado. La inercia de los años setenta continuó allí por medio de un vasto movimiento popular. En Cataluña, sin embargo, donde la movilización social, y especialmente las luchas de fábrica adquirieron niveles comparables a los del País Vasco, la solución a la Transición siguió un curso propio, finalmente tan apaciguador como en el resto del Estado.

Paradójicamente en ambos casos, fue el nacionalismo quien tomó el relevo al reformismo franquista y quien consiguió sustituir a las fuerzas de izquierda. En el País Vasco, la hegemonía del centro conservador se mantuvo de una forma controvertida, sometida a la presión de los movimientos populares, a la postre galvanizados en torno a la izquierda abertzale. Durante más de una década, estos consiguieron sostener las altas temperaturas de los años setenta. En Cataluña, en cambio, el catalanismo político logró plegar, de una forma tan imprevista como sorprendente, lo que debió ser el primer gran ensayo de un gobierno social-comunista en el Estado español. Cada caso merece al menos un estudio por separado.

La excepción vasca: Euskal Iraultza

La única gran excepción al proceso de institucionalización política se produjo en el País Vasco. En este pequeño codo del Cantábrico, ni la legitimidad de la Transición, representada por la Constitución de 1978, ni el proceso de institucionalización política y sindical, ni el marco establecido en el Estatuto autonómico, ni el aislamiento de las minorías radicales, llegaron a alcanzar un éxito siquiera moderado, al menos hasta bien entrada la década de 1980. Punto avanzado, experimento político, «casi una revolución», la anomalía vasca parece mostrar lo que la Transición pudo haber sido caso de que los contrapoderes sociales hubieran alcanzado mayor madurez y autonomía en el resto de España.

En los veinte años que van de mediados de la década de 1960 a mediados de la de 1980, Euskadi fue el laboratorio político más complejo del solar peninsular. Durante las dos décadas finales del franquismo, este territorio donde la industria no solo se concentraba en las grandes áreas urbanas, sino que se desperdigaba por lo que otra vez fuera el territorio rural, las provincias vascas, incluida Navarra, fueron el punto negro, en ocasiones el gran problema, de orden público. En ningún otro sitio, las luchas de fábrica llegaron a alcanzar tal nivel de radicalidad como para descargarse en un número semejante de paros políticos, manifestaciones contra las Fuerzas de Orden Público, huelgas salvajes e insurrecciones populares. Cinco huelgas generales políticas en 1975, al menos tres huelgas generales de comarca y ciudad —Pamplona (1973 y 1975) y Vitoria (1976)— y una infinidad de conflictos de tenacidad numantina entraron en el cuadro de esta radicalidad obrera.

En ningún otro lugar, la extrema izquierda fue además tan fuerte —tanto en el «frente obrero» como en el «cultural»—, como para arrebatar completamente la hegemonía al PCE dentro de CCOO. Al mismo tiempo, y salvo en Barcelona, en ningún otro sitio se produjeron experimentos autónomos lo suficientemente consistentes como para disputar la propia hegemonía a CCOO en el ámbito «sindical». Baste decir que buena parte de la izquierda comunista del resto del país tuvo en sus hermanos vascos —de una forma evidente para los casos del MCE y la LCR— tanto el grueso de la organización, como el modelo de lucha, la línea de vanguardia y la dirección política.

Tampoco en ningún otro lugar, el nacionalismo encontró un fermento popular tan fuerte y sólido como para desbordar ampliamente el ámbito de las clases medias tradicionales, las pequeñas y medianas burguesías locales y el mundo rural, y aterrizar de lleno en el terreno de las luchas de fábrica, los barrios obreros y en general en el tejido social que se había creado en el mestizaje entre euskaldunes e inmigrantes de distintas generaciones. El fenómeno ETA fue realmente el resultado atípico de esta hibridación, a un tiempo social y política, entre las figuras del nacionalismo vasco tradicional —así como sus formas de sociabilidad— y el torrente de radicalización que provenía del desarraigo de la inmigración interior, los conflictos de fábrica, los emergentes movimientos sociales y las evoluciones de la izquierda radical tanto europea, como española. Un proceso que se vuelve especialmente patente a partir de finales de la década de 1960, cuando ETA se desparramó en una multitud de organizaciones y escisiones que muchas veces acabaron por dar forma a los partidos de la izquierda comunista local.

Pero lo que distinguió a la realidad política vasca, lo que le otorgó su particular carácter de anomalía, no fue solo la mayor intensidad del conflicto, así como tampoco sus peculiaridades nacionales. Antes bien, lo que estuvo detrás de su condición «aberrante» y «desviada» fue el hecho de que estos factores terminasen provocando una bifurcación del curso político de este territorio respecto del resto del país. La escisión se produjo durante los años centrales del proceso de Transición. Sencillamente, después de la liquidación policial del «sóviet de Vitoria» y de las elecciones de 1977, la situación en Euskadi no se cerró. Aun cuando las posibilidades de una «revolución proletaria», a las que se confiaron los más extremistas quedaran cada vez más lejos tras las huelgas de 1976, la estabilización distó mucho de encontrar raíles suficientemente robustos como para aguantar el peso de una conflictividad masiva y radicalizada.

Al mantenimiento de esta apertura contribuyeron un conjunto de factores «locales» que se acabaron encontrando en un movimiento cuasi insurreccional. Un movimiento que no pudo ser neutralizado dentro de los diques de contención de la Transición. Hasta tal punto estos elementos llegaron a ser determinantes en el País Vasco y Navarra, que entre ese año y al menos 1982 se puede hablar, aunque sea entre comillas, de una «Revolución vasca», Euskal Iraultza.

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Ni el referéndum sobre la Ley de Reforma Política, ni el plebiscito de la Constitución de 1978, lograron resultados concluyentes en Hegoalde. Sumados los votos negativos, las abstenciones y los nulos, ambas consultas fueron mayoritariamente rechazadas, al menos en Gipuzkoa y en Vizcaya. De otra parte, el sistema de partidos vasco tardó algo más en configurarse que en el resto del Estado. En los comicios de 1979, la mayoría electoral social-comunista que pareció repetir los resultados de 1977 en Madrid y Barcelona, se vio repentinamente reconfigurada por el triunfo del PNV. Este triunfo debe ponerse, no obstante, al lado de la irrupción de dos formaciones de extrema izquierda y corte nacionalista, Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra. Entre ambas sumaron casi los 275 000 votos que obtuvo el PNV, o dicho de otro modo casi un cuarto del electorado del País Vasco.

De otra parte, la persistencia —de hecho la agudización— del fenómeno ETA, empujó cualquier solución de «normalización democrática» hacia un futuro indeterminado. El enfrentamiento armado marcó en esos años no solo la agenda política y las portadas de prensa, sino también el ámbito cercano de las amistades, los familiares y los conocidos. Discusiones y posiciones enfrentadas, pero también apalizados, y detenidos, y torturados, y muertos dominaron la vida corriente de aquel tiempo. Además de los atentados y «ejecuciones de ETA», solo entre 1974 y 1975 la policía asesinó a 27 personas en el País Vasco y Navarra, muchos de ellos militantes de las organizaciones etarras. Hirió de bala a otras 200, e hizo de una serie de situaciones, que iban desde controles de carretera hasta los ametrallamientos a manifestaciones y asambleas, pasando por la tortura reiterada en comisarías y los tiroteos esporádicos, algo completamente ordinario en las poblaciones vascas.

Con una implantación social, política y cultural infinitamente superior a la de cualquier formación armada del momento —GRAPO, FRAP, los distintos grupos autónomos y libertarios—, el fenómeno ETA no era el de una minoría militar con un apoyo social limitado[382].

Las dos coaliciones electorales señaladas eran solidarias y hermanas de las dos ramas de ETA escindidas en 1974: HB de ETA militar, EE de los «poli-milis», ETAp-m. Más allá de las minorías implicadas en los conflictos de fábrica y en las nuevas luchas abiertas a mediados de los años setenta, para una parte importante de la población, ETA era una expresión de «resistencia legítima» contra la dictadura y sus «restos», representados singularmente por los cuerpos de seguridad del Estado. En el País Vasco, de una forma muy patente, la política no fue ni depurada ni reformada. Dicho de otro modo, para una parte importante de la sociedad vasca el problema de «inseguridad» provenía antes de las Fuerzas de Orden Público que de la actividad armada de estos grupos, todavía estrictamente selectiva y restringida a objetivos militares y políticos.

Conviene recordar además que durante los años de la Transición, así como durante toda la década de 1980, las detenciones, las torturas y las palizas no solo fueron prácticas corrientes en la represión de ETA sino también de las izquierdas radicales y de los activistas de los nuevos movimientos sociales. Por brutalidad y error de cálculo, la espiral represiva del Estado tendió a colocar a ETA —capaz de explotar con inteligencia la violencia de Estado— en el papel de representante legítimo de la autodefensa «popular». Dentro de un siempre crecido mar social volcado en la antirrepresión y formado por colectivos de familiares de presos y gestoras proamnistía los apoyos a ETA crecieron durante los primeros años de la Transición.

Pero el elemento que definitivamente hizo distinto al País Vasco fue que la oleada democratizadora, que siguió a la muerte de Franco, no se detuvo a finales de la década. La explosión de movilizaciones y demandas que se produjo a partir de 1975 fue en Euskadi mucho más fuerte que en el resto del Estado. Los conflictos de fábrica, y su propia autonomía, no solo resultaron allí más duros y consistentes en el ciclo álgido de las luchas obreras, sino también mucho más difíciles de domesticar y domeñar por la lógica de la institucionalización sindical. La hegemonía de la izquierda comunista en las principales empresas empujó al rechazo sin paliativos de los Pactos de la Moncloa. Tanto es así que CCOO de Euskadi estuvo desde el principio cuarteada por una izquierda sindical capaz de impedir la aplicación de las líneas de la dirección. De otra parte, el abanico sindical vasco fue mucho más complejo que en otros lugares. La presencia de ELA-STV y del sindicato abertzale LAB, formado en 1974, contribuyeron a impedir la aplicación del juego de concertación y pactos cuyo primer ensayo fueron los Pactos de 1977.

Incluso la emergencia de los movimientos ecologista y feminista fue en Euskadi más temprana y potente que en el resto del país. La campaña por el derecho al aborto tomó como casus belli el juicio contra las once de Bilbao. La principal batalla del movimiento ecologista se organizó contra la central de Lemóniz, muy cerca también de Bilbao. También en una fecha tan temprana como 1975, se formó la coordinadora antinuclear. Su fuerza política se midió en la desestimación de otros dos proyectos, Deva e Ispaster, en 1976. Enfrentada a partir de entonces a la paralización de las obras de Lemóniz, el movimiento antinuclear llegó a movilizar en sucesivas ocasiones a decenas de miles de personas.

Combinada en un juego complejo de expresiones políticas, sociales y culturales que entonces empezaban a emerger, lo que aquí llamamos «Revolución vasca» se desparramó en todas direcciones. La ola de movilización social comprendió toda clase de formas, sujetos y espacios: un importante movimiento vecinal, especialmente fuerte en Bilbao y su área metropolitana; el desarrollo de un robusto tejido cooperativo que se probó en casi todos los sectores económicos —desde la industria de transformación hasta la producción agrícola— y cuyo buque insignia fue la cooperativa Mondragón con más de 10 000 socios en 1976; una emergente constelación cultural «juvenil» que, como en el caso español, pasó por una rápida experiencia contracultural para desembocar en el desafío del paro, la heroína y el ensayo de formas de expresión de abrupto rechazo a la nueva situación política; un poderoso movimiento de reforma pedagógica que se combinó con la educación en euskera y la proliferación de decenas de cooperativas de padres y profesores, las ikastolas vascas; el propio movimiento de vindicación de la lengua volcado tanto en la revitalización de una serie de instituciones culturales tradicionales (bertsolaris, dantza, deporte rural, etc.), como en formas de experimentación modernas en el ámbito literario y musical. En otras palabras, lo que entre 1972 y 1982 se produjo en las ciudades vascas fue propiamente un desplazamiento de masas, un proceso de politización generalizada, de autoorganización cultural, de nuevas formas de «subjetivación», en el que participaron centenares de miles de personas. Protagonistas de una historia nueva, en esta constelación política y cultural convivían desde el nacionalismo radical hasta posiciones intransigentemente libertarias, desde el redescubrimiento y experimentación con el euskera hasta los emprendimientos económicos cooperativos.

La riqueza y potencia de esta galaxia de luchas, iniciativas y movimientos llegó incluso a asaltar el espacio de los media. En Euskadi se puso en marcha el único diario propiamente liderado por los movimientos y la extrema izquierda: Egin. El periódico tiró su primer número en septiembre de 1977 gracias a una cuestación popular en la que aportaron financiación 24 000 personas. Identificado posteriormente con Herri Batasuna y señalado como el brazo periodístico de ETA, Egin nació en realidad como una apuesta por una prensa sostenida por, y volcada sobre, los movimientos y las luchas del momento. Publicó sin excepción los comunicados de las dos ETA, así como de los grupos armados más minoritarios. Y se mostró tan abierto a las discusiones del nacionalismo radical como a los partidos de extrema izquierda de ámbito propiamente español.

¿Pero hacia dónde y hacia qué apuntaba la Revolución vasca? ¿Era simplemente un rechazo del marco constitucional en ese momento en pleno proceso de confirmación? ¿Una aspiración a la soberanía popular en el marco de la autodeterminación territorial? ¿La revolución comunista en acto? Como todos los grandes episodios políticos de la década de 1970, la Revolución vasca no encontró un camino propio, no supo mantener una dinámica de acumulación, contrapoder y conquista institucional en términos positivos y contagiosos. En eso consistió su derrota. Paradójicamente, su solución, en formas clásicas de «representación», de acuerdo con las claves del nacionalismo de la izquierda abertzale, fue tan insuficiente, como en el caso español la delegación y confianza en la ideología modernizadora que amparaba la democracia formal de la mano del Partido Socialista. La única diferencia, la gran diferencia, fue que en el País Vaso, el rechazo acabó en el enquistamiento manifiesto en la actividad de ETA y en el resto de España en el rápido desencanto que generó la política institucional.

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Como en España, el proceso se decantó pronto, en los años centrales de la Transición. La formación del sistema de partidos vasco fue seguramente el elemento determinante. El éxito electoral de Herri Batasuna [Unidad Popular] (HB) se alimentó de la efervescencia social que se desplegó entre 1976 y 1979. HB nació en la Mesa de Alsasua, constituida en octubre de 1977. La Mesa selló la alianza de la mayor parte de las pequeñas formaciones abertzales (AIE, ESB, LAIA, HASI, ANV, ASK más parte del grupo Askatasuna). Había desde socialdemócratas hasta leninistas y libertarios, y aunque algunos partidos se fueron poco después, en la Mesa estaban representadas todas las almas coetáneas de la izquierda vasca. Su éxito no dependió, sin embargo, tanto de la implantación de estas formaciones, tan o más minoritarias que las de la izquierda comunista que no participaron en Alsasua (ORT, LKI y MCE), como de su identificación con las asambleas populares. Desde principios de 1978, en numerosos pueblos y pequeñas ciudades industriales se crearon asambleas abiertas, la mayor parte de las veces de la mano del movimiento antinuclear, de las luchas de fábrica y de la nueva efervescencia juvenil. Su objetivo era dar sustento a las luchas locales y preparar el cambio político en los ayuntamientos.

Fue su capacidad para cabalgar este movimiento municipal y asambleario lo que confirió la fuerza de Herri Batasuna. En las dobles elecciones de 1979, HB obtuvo unos resultados que unos meses antes apenas se podían prever. Desbancó a EE y dejó prácticamente en la cuneta a la izquierda comunista. Su mayor acierto consistió en saber identificarse con las asambleas populares. En 1979, HB consiguió ser la segunda fuerza en número de concejales en el País Vasco. Los grandes municipios del hinterland industrial de Donostia (Errentería, Hernani, Pasaia) y algunos del interior de Bizkaia (Llodio) tuvieron alcaldes y concejales que provenían de las asambleas populares. Sencillamente es imposible comprender la fuerza que tuvo la izquierda abertzale desde entonces, si no se entiende a partir de sus raíces municipales, de su base en contrapoderes territoriales reales y efectivos.

El éxito de HB fue, también, el éxito social y político de ETAm. De una forma que hoy podría resultar contraintuitiva, la estrecha relación entre ETA-HB, construida en esos años, se mostró como uno de los grandes logros políticos de la izquierda abertzale. Con ello respondía a una doble estrategia de construcción popular, de un lado, y de radicalización militar, del otro. La teoría de los dos frentes, político y militar, con organizaciones plenamente autónomas, pero reunidas en una misma táctica-estrategia había sido elaborada unos años antes en el seno de ETAp-m[383]. Esta pretendía demostrar la debilidad del Estado y, a la vez, reforzar el «contrapoder» popular. En la práctica, la teoría de los dos frentes correspondía con la táctica de crecimiento, llevada hasta entonces, y conocida según el esquema de «acción-represión-acción».

En términos muy concretos, entre 1977 y 1982, las manifestaciones convocadas por Herri Batasuna por la amnistía, la independencia y contra el Estatuto, desencadenaron en innumerables ocasiones la represión policial o atentados de la extrema derecha. Estos fueron a su vez contestados con nuevos atentados por parte de la banda, normalmente con objetivos centrados en las «fuerzas de ocupación» —esencialmente la policía nacional y la Guardia Civil—. Desde el punto de vista de una importante minoría social, los atentados eran considerados una respuesta legítima, una medida de autodefensa popular ante la represión. Y vuelta a empezar.

Pero, en realidad, lo que se produjo a partir de 1977 respondió a un esquema algo más sofisticado que la secuencia acción-represión-acción. Desde ese año, ETAm y ETAp-m estuvieron presentes, tanto con militantes como con acciones armadas, en prácticamente todos los conflictos sociales de cierta relevancia. Así lo atestiguan los diversos atentados contra las instalaciones de Lemóniz y los ingenieros de la central, la intervención en importantes conflictos de fábrica como el secuestro del director de la Michelín de Vitoria en 1979 o los atentados contra jefes de policía especialmente destacados por su propensión a la tortura o las prácticas extralegales. De este modo, ETA se convirtió no solo en el ariete de las luchas, sino en algo mucho menos claro y perverso.

Dicho de forma sumaria, ETA acabó por representar, y a la vez sobredeterminar la «Revolución vasca». Al tiempo que la impulsaba, en una doble vía —apoyo a las acciones de masas y golpes antirrepresivos—, agotaba la autonomía y la potencia de los movimientos que era su fermento. En tanto ETA actuaba allí donde el conflicto se estancaba, tendía a convertirse en el representante militar y justicialista de los movimientos, lo que a su vez no podía sino desdibujar y distorsionar su propio curso de construcción democrática, suplantando por medio de acciones rápidas y espectaculares las acciones de masas. Catapultadas, cuando no resueltas, por medio de la intervención militar, las luchas tendieron en demasiadas ocasiones a delegar en la lucha armada. De este modo, terminaron si no identificadas, sí al menos alineadas, con las claves políticas de ETA.

Recuérdese que esta última no había alcanzado una posición ya no solo hegemónica, sino siquiera determinante antes de 1976. Hasta ese año, los conflictos de fábrica se organizaron sobre una clave fundamentalmente de clase y antirégimen. En el movimiento obrero, el elemento nacional era solo uno más de los aditamentos del antifranquismo del momento. A medida, sin embargo, que la Transición avanzaba y se clarificaba el nuevo régimen institucional, ETA se convirtió en el cancerbero de la resistencia armada frente a la continuidad de las estructuras franquistas.

El proceso que llevó a la hegemonía de la izquierda abertzale sobre el conjunto de las expresiones de la «Revolución vasca» no fue limpio, ni tampoco estuvo exento de tensiones. Las suspicacias que provocó la intromisión de las formaciones armadas terminaron por cuartear el espíritu unitario y asambleario de los movimientos, resolviendo el «problema de la representación» por medio no del moderantismo partidario y electoral, sino del rechazo armado. No fueron pocos los que apuntaron los problemas y los límites de esta estrategia. Las críticas al militarismo etarra y a la creciente estrechez de miras del nacionalismo abertzale resultaban congruentes con la naturaleza de estos mismos movimientos, de base asamblearia, y herederos en muchas ocasiones de un antimilitarismo de carácter popular.

En ocasiones, las tensiones entre ambas posiciones acabaron en verdaderas rupturas, denuncias de prácticas sucias y acusaciones de vanguardismo. A principios de 1980, las coordinadoras del movimiento ecologista, feminista e incluso las federaciones de escuelas de euskera para adultos (los euskaltegis) se escindieron entre una parte más «movimientista» y otra más próxima a la «izquierda abertzale». En la mayor parte de los casos, los militantes de HB formaron sus propias organizaciones integradas de una forma más o menos orgánica en la nueva familia política.

De otro lado, a pesar de que HB nunca dejó de querer representar a la izquierda vasca en el sentido más amplio, y aunque nunca fue del todo un partido político convencional, sino más bien un movimiento con perfiles difusos que se diluía en espacios informales (comunitarios y de ocio), su propia evolución acabó por jerarquizarlo. Al fin y al cabo, HB tuvo siempre una marcada vocación de hegemonía, lo que implicaba la subordinación de todas las luchas de «carácter popular» a la expresión política HB-ETA.

El cierre de filas vino acompañado de una creciente simplificación ideológica, que explicaba y legitimaba la acción de ETA por la contundencia que exigía la lucha antirrepresiva contra las «fuerzas de ocupación». Al mismo tiempo, el programa político fue sobriamente resumido en una identificación, cada vez más abstracta, entre soberanía nacional y revolución socialista. Clave en su éxito, esta misma sencillez ideológica era sin embargo demasiado simplista, e incluso perversa, para muchos militantes. Su inmediata competidora, EE señaló incesantemente la propia pobreza teórica de HB-ETAm, al igual que lo hizo la izquierda comunista.

El vanguardismo y el reduccionismo ideológico de la izquierda abertzale fue también contestado por prácticas que se quisieron fieles a los principios asamblearios y autónomos, pero que sin embargo no renunciaron a la «autodefensa» y a la ofensiva armada cuando esta resultara precisa. La iniciativa más importante en este terreno fueron los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Entre 1976 y 1983, los CAA llegaron a rivalizar seriamente en capacidad de fuego con ETAp-m y ETAm. De matriz consejista y libertaria, herederos de la autonomía de fábrica, sus acciones, que se contaron en centenares, se diferenciaron de las de las dos ETA, en el hecho de que estaban estrechamente ligadas a los conflictos concretos y de que en su mayor parte no fueron reivindicadas oficialmente[384]. Solo a partir de 1982, los CAA empezaron a ser reconocidos como una fuerza militar y política independiente.

Sea como fuere, ninguna de las alternativas a HB-ETAm logró componer una alternativa seria a la misma, ya fuera en términos de representación militar, ya en términos políticos e institucionales. A partir de los primeros años ochenta, la compleja constelación de conflictos, experiencias de autoorganización e iniciativas políticas que aquí damos el nombre de Revolución vasca acabó por bifurcarse, bien en formas difusas apenas articuladas en los movimientos sociales, bien asumiendo la representación política y militar de HB. Una por una, las otras opciones políticas fueron empujadas al terreno de la integración institucional o subordinadas al campo único del rechazo que representaba el tándem HB / ETAm.

Quizás la evolución más significativa fuera la de los poli-milis, que al menos hasta 1977-1978 fueron la sección más fuerte del tronco etarra. En el seno de ETAp-m se elaboró la teoría de los dos frentes. De los poli-milis salió también la primera organización política con vocación de aprovechar las oportunidades electorales que representaba la apertura política empujada por los pactos a nivel de Estado. El nombre elegido resumía rápidamente sus intenciones: el Partido de la Revolución vasca —EIA por sus siglas en euskera—. Luego comprendido en la coalición Euskadiko Ezkerra, EIA evolucionó desde su posición como rama política de ETAp-m, hasta formar un partido con una creciente autonomía y posición crítica respecto de la organización armada.

De hecho, las tensiones en torno a la necesidad o no de dar prioridad a la lucha armada, en pleno proceso de reforma política y en medio de las sucesivas amnistías que concedieron los gobiernos de Suarez, llevaron a la salida de la rama más dura de la organización —los comandos especiales bereziak— en mayo de 1977. Hasta su integración en ETAm unos meses después, los bereziak actuaron por libre. Separados de la organización política, ETAp-m tomaron un rumbo cada vez más errático. La participación de EE en las elecciones de 1977, boicoteadas por ETAm, y su apoyo, si bien crítico, al Estatuto de Autonomía, desorientaron todavía más a los poli-milis, fuertemente golpeados por sucesivas caídas policiales. El golpe de gracia se produjo tras la ofensiva etarra del verano de 1979, dirigida contra el turismo internacional y con la clara intención —ciertamente exitosa— de dañar la única industria del país que no estaba en crisis. La colocación de sendas bombas en el aeropuerto de Madrid y en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín, que terminaron con la vida de seis personas y más de 100 heridos, fue duramente criticada tanto por la dirección de EE, como por HB y ETAm. Desde entonces las acciones de la organización apuntaron sobre objetivos cada vez más marginales. Finalmente, la división de ETAp-m en febrero de 1982 y la constitución de EE como partido en marzo —integrando a parte del PCE vasco—, seguido de su rechazo de la vía armada, acabaron por favorecer la disolución de la organización en septiembre de ese mismo año.

En lo que respecta a Euskadiko Ezkerra el proceso pasó por su integración institucional. Alejado progresivamente del espacio de la izquierda abertzale, ya hegemonizado por HB, abrazó primero un genérico y anodino «eurocomunismo», para aceptar, después, el nuevo régimen constitucional. Este fue ratificado con la firma en 1988 de los Pactos de Ajuria Enea —que reunían a todas las fuerzas vascas excepto HB— y la aceptación pública de la Constitución. En 1993, se integró en el PSOE vasco.

La opción armada de carácter libertario y proasambleario, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, tampoco tuvo mejor suerte. Atomizados en pequeños grupos con bases locales, a veces sólidas pero no orgánicas, fueron desmantelados poco después de la ofensiva armada de 1982. El desenlace de su corta historia es también representativo de los nuevos tiempos que corrían, tanto en Euskadi como en el resto del país. En marzo de 1984, fue interceptado un grupo que quería pasar de Francia a España por la Bahía de Pasaia. Cuatro de sus cinco miembros fueron ametrallados a sangre fría por la policía. HB-ETAm, que antes los había acusado de irresponsables e infiltrados policiales a raíz de varias acciones y atentados, los abandonó a su suerte sin mayor mención, ni reconocimiento.

Por su parte, la izquierda comunista, otrora hegemónica en las luchas de fábrica, hizo su última intentona electoral en 1983 con la formación de Auzolan. La coalición reunió a LCR (LKI en euskera), LAIA (antes en HB) y parte de EE, además de contar con el apoyo del MCE (EMK en euskera). Los resultados fueron desastrosos, y a excepción de Navarra donde entró en el Parlamento, obtuvo el 1% de los votos. Sin voluntad ya de obtener representación institucional y política, los miles de militantes de los movimientos ecologista, feminista, vecinal, cooperativo, obrero o asambleario que hasta 1981-1982 mantuvieron en jaque tanto al gobierno central, como al emergente gobierno autonómico, y que no se sintieron especialmente reconocidos ni en el cada vez más estrecho nacionalismo abertzale, ni en la vía armada, consiguieron mantener una interesante constelación de organizaciones y coordinadoras que comprendían el grueso de los movimientos sociales vascos. No obstante, su posición subalterna al apoyo y la colaboración de la constelación comunitaria y política de la izquierda abertzale, los acabó por convertir en subsidiarios de la propia hegemonía de HB-ETA.

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La fuerza y el éxito de ETA-HB radicó en una exitosa combinación de capilaridad social, resistencia militar y sencillez ideológica, acompañada de la liquidación del resto de opciones políticas que se situaban en su mismo terreno o en parcelas colindantes. Esta mezcla otorgó a ETA una base social inusitada en comparación con cualquier otra formación armada del continente (incluido el IRA), al tiempo que HB obtuvo un empuje electoral que iba mucho más allá de la propia comunidad social y política abertzale. La paradoja de la hegemonía abertzale es que su confirmación, a principios de la década de 1980, coincidió —y no de forma casual— con el declive de las fuerzas sociales y del movimiento que dotaron de contenido y potencia al proceso insurreccional vasco.

Esto no quiere decir que a partir de 1982 la tensión política y social quedara definitivamente rebajada. La década de 1980 estuvo plagada de luchas interesantes y masivas a lo largo y ancho de Hegoalde: la oposición a la autovía de Leizarán, los nuevos movimientos juveniles ligados a los gaztetxes y las subculturas musicales, la generalización de la insumisión que en Euskadi llegó a ser un movimiento de masas. Pero a pesar de que todos estos movimientos fueron auspiciados y promovidos por colectivos e iniciativas de carácter autónomo y asambleario, en términos de representación (política, institucional) quedaron esencialmente subordinados al mismo tándem HB / ETA, que en no pocas ocasiones actuó como vertebrador y decisor último acerca del sentido de los mismos.

Al igual que ocurrió en el resto de España, el final de la Revolución vasca tuvo que enfrentarse al problema, insoluble en la época, de la representación. El límite en este territorio no radicó en la debilidad de los movimientos. La intensidad de las movilizaciones, que de la fábrica saltaron sobre los distintos retazos del tejido social entre principios de los años setenta y 1981-1982, no tiene parangón prácticamente con ningún otro país europeo, salvo el Norte de Italia entre 1968 y 1977. De otra parte, los límites a la Revolución vasca no estuvieron tampoco en la represión del Estado —ni el central ni el autonómico—. Antes bien, fueron las formas de representación del cambio político las que acabaron, como en el caso español, por aislar o integrar —y al mismo tiempo anular—, las propias fuerzas que podían haberlo llevado a cabo. En el caso vasco, la integración se produjo a partir de la identificación del rechazo con la fuerza militar de ETA, y la absorción ideológica del cambio y la transición política con el nacionalismo abertzale.

¿Hubo una Transición vasca? ¿Se puede decir que la presencia de ETA y de la fuerza electoral de HB representaron una forma de integración, por anómala que sea, en el nuevo entramado institucional de la Transición? Durante décadas estas preguntas fueron contestadas de forma negativa por todos los bandos en liza. Esta negación constituye uno de los pilares de la cultura de la Transición. La remisión a los muertos, los represaliados, el «dolor» de las víctimas y familiares sirvieron para cancelar rápidamente la prueba del análisis. No obstante, entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, la política vasca fue lo suficientemente testaruda, como para que se pueda ensayar otra explicación.

En cierto modo y como en España, la Transición vasca se cumplió con la aceptación de un marco legal y de gobierno considerado «legítimo» por una parte sustancial de la población. El Estatuto autonómico fue negociado, como la mayor parte de los pactos de la Transición, por los principales partidos políticos, en este caso UCD y PNV. Los bloqueos, que sufrió durante buena parte de 1979, fueron finalmente superados con el apoyo del PSOE e incluso de EE. El Estatuto de Gernika fue sometido a refrendo público en octubre de 1979. Rechazado únicamente por HB, pero con respeto total al proceso electoral, la participación fue de casi el 60% con un 90% de votos afirmativos. Aprobado el Estatuto, en las primeras elecciones autonómicas celebradas en 1980, el PNV obtuvo cerca del 40% de los votos. Su éxito consistió en convertirse en la «opción política de país», por encima de sus directos competidores, el PSOE y HB, que perdieron 60 000 y 25 000 votos respectivamente respecto a los comicios de 1979.

Desde ese momento, el PNV construyó un proyecto a su medida. Su éxito, al igual que consiguiera CiU en Cataluña, residió en su identificación con el País Vasco. Con un Estado autonómico con competencias en casi todos los ámbitos —incluida una policía autonómica— y una fuerte independencia fiscal, el PNV dispuso desde entonces de herramientas más que suficientes para asegurar su hegemonía. Gobernó en la Comunidad Autónoma Vasca, con una sola y breve concesión al PSOE hasta 2009. Aunque el apoyo social al régimen constitucional fuera limitado, al igual que el encaje de Euskadi en el marco del Estado, las tensiones gobierno central / autonomía, al igual que sucedió con el caso catalán y progresivamente con el resto de comunidades autónomas, acabó por ser tan constitutiva del régimen político español, como la pervivencia de los privilegios de viejas instituciones como la Iglesia católica o la Monarquía. Más allá de los conflictos simbólicos de base identitaria (la bandera, la lengua, la cultura, la autodeterminación), el reparto de competencias, la lucha por las transferencias y la permanente oscilación de posiciones —del conflicto a la colaboración— entre las élites políticas de uno y otro lado actuaron, tanto en el País Vasco como en el resto del país, como un mecanismo de legitimación ante los respectivos segmentos de la opinión pública. Establecido el marco de juego, la clase política de ambas orillas se convirtió en representante preferente de los intereses que aparentemente estaban detrás de tales conflictos. Este sistema de representación sustentó la «política de la democracia» en sentido lato: una dramaturgia del conflicto entre élites que ocluía el conflicto material real, el reparto efectivo del poder político.

La integración simbólica de ETA-HB en el sistema político español se produjo en paralelo al proceso de institucionalización autonómico. Fue el resultado tanto del cierre de filas identitario dentro de la izquierda abertzale, como de la legitimación del campo político de los autoproclamados «constitucionalistas» en su lucha contra el terror. Esta segunda historia es, sin duda, más larga y tortuosa que la de la «institucionalización autonómica», pero no deja de ser su espejo. La hegemonía abertzale sobre los complejos procesos de la «Revolución vasca» produjo una forma de «representación» del rechazo al régimen sumamente ambivalente. Desde principios de la década de 1980, este rechazo dejó de encontrar formas de expresión propias. A partir de 1982, los canales de acción política quedaron cada vez más reducidos a la simpatía antirrepresiva con ETA, el voto de castigo representado por HB y formas de marginalidad similares, si bien más potentes, a las del resto del Estado.

En este terreno, el boicot al Estatuto por parte de HB y la nueva ofensiva de ETAm de los años 1979 y 1980 deben ser considerados como una derrota frente al proceso de institucionalización del gobierno vasco. Y esto no porque HB consiguiera malos resultados electorales, aun cuando en 1980 perdiera cierto fuste. El problema no residió tanto en la mayor o menor fortaleza electoral de HB, cuanto en la pérdida de capacidad para ampliar la oleada de movilización y profundización democrática que se abrió en la década anterior. En la medida en que HB-ETAm hegemonizó el espacio de la contestación, tensando su capital político hasta el punto de quebrar buena parte de los movimientos sociales, lo que terminó por romper fueron las propias posibilidades de la «Revolución vasca».

Es en este sentido en el que la ruptura social que se produjo en Euskadi entre 1976 y 1982 creció de la mano de ETA, para finalmente quedar limitada por la propia estrechez de su forma de representación. Sobra decir que la continua presencia de los grupos parapoliciales y de extrema derecha, y la creación de la Zona Especial Norte en 1983, bastaron para mantener la dinámica antirrepresiva en ascuas, así como para legitimar las acciones de ETA de cara a una parte social mucho mayor que la del electorado de HB. Así pues, si por un lado el impulso de la Revolución vasca, su original capacidad para generar instituciones políticas y sociales con un fuerte sesgo comunitario, mantuvieron vivos los rescoldos de los años setenta durante algo más de una década, por otro, la pobreza de las formas de «representación» partidaria (HB), antirrepresiva (ETA y movimientos de gestoras y propresos) y política (el abertzalismo antiespañol), que se constituyeron en esos años, acabó más pronto que tarde por convertirla en un episodio provinciano, marginal e impotente ante los retos que representaba la nueva oleada antidemocrática, que a la altura de los años ochenta soplaba en todas las escalas geográficas.

Resumiendo, la fortuna del nacionalismo abertzale estuvo en su encuentro con las potencias de la «Revolución vasca», de la que sin duda era uno de sus productos. En esta clave, la «lucha armada» de ETA vino a representar la voluntad del rechazo, ya no solo del sector propiamente independentista, si no de todos aquellos no conformes con las expectativas abiertas tras la muerte de Franco. Su éxito se debe medir principalmente en relación con este segundo elemento, hasta el punto de que la simpatía por ETA no quedó limitada al ámbito territorial del País Vasco. Durante la década de 1980, «ETA» fue el grito de guerra contra los pactos de la Transición para la gran mayoría de los inconformistas, radicales y extremoizquierdistas, que aislados políticamente, podían ver en sus acciones la única acción real de daño y ataque sobre el Estado.

La flexibilidad y la innovación del régimen político que se instauró con la Transición se reconoce especialmente en su capacidad para absorber en un campo semiótico cerrado y congruente —y por ende legitimador— esta crítica, armada, a los consensos de la Transición. El cierre de la Transición en Hego Euskal Herria se logró por medio de la consolidación de la oposición simbólica y legitimadora «Terror / Constitución», o «ETA o nosotros». Al fin y al cabo una organización militar, empujada por mor de su propia supervivencia a la radicalización de sus acciones, cada vez más brutales y arbitrarias, podía convertirse en el enemigo perfecto, tanto para legitimar al propio régimen «democrático», como para apuntalar las medidas de excepción que progresivamente se fueron implantando durante la década de 1980.

La solución catalana

Procedo […] de familias que en sus casas tenían un San Pancraç colgado en la pared. Sant Pancraç doneu-nos salut i feina. […] Mi origen es este: el de la pequeña, incluso muy pequeña burguesía de pueblo, ahorradora y sentimental. Que aspira a promocionar, a subir, a que los hijos sean más que los abuelos y los nietos más que los hijos, pero a través del trabajo. […]

Desde mi origen he intentado servir a mi tierra. Servir a mi tierra y a quienes en ella viven y trabajan. En su cultura. En su economía. En la creación de elementos de convivencia. Y en su política, también en su política. […]

El catalanismo político, que tiene que ser popular, que no puede ser solo elitista, es el que no supedita el bien del país a la lucha de clases. Ni a los intereses económicos de tal o cual sector. Ni a una ideología. Ni a la pretensión de convertir Cataluña en una plataforma de poder a utilizar en Madrid con finalidades no catalanas. El catalanismo político, por consiguiente, no podría ser asumido íntegramente por ninguno de los tres grandes partidos estatales presentes en Cataluña[385].

Son extractos de un artículo de Jordi Pujol publicado en La Vanguardia el 12 de diciembre de 1979. Tres meses después, el 20 de marzo, su partido, hasta entonces minoritario, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en coalición con Unió Democràtica de Catalunya (UDC) obtuvo la mayoría de los sufragios en las primeras elecciones autonómicas.

El vuelco electoral resultó repentino. Las elecciones de 1977, confirmadas en 1979, auguraban una arrolladora victoria de socialistas y comunistas. En 1977, los socialistas obtuvieron cerca de 900 000 votos, casi el 29%. Los comunistas fueron segundos con el 18,5% de las papeletas y más de medio millón de apoyos. Las fuerzas centristas del Pacte y UCD empataron en el 17%. Esquerra y Unió se movió en torno al 5%. En 1979, los resultados fueron casi idénticos: el PSC obtuvo cerca del 30% de los votos, el PSUC bajó algo hasta el 17,4%, UCD mejoró y se puso cerca del 20%, mientras que la Convergència i Unió liderada por Pujol apenas rebasó el 16%. El PSC fue mayoritario en todas las provincias menos en Lleida, que se decantó por UCD.

Solo un año después, CiU obtuvo el 28% de los votos, el PSC apenas el 22% y el PSUC el 18%. UCD se hundió en poco más del 10% de los sufragios y Esquerra obtuvo casi el 9%. ¿Cómo consiguió CiU hacerse con la mayoría en una autonomía donde la hegemonía de socialistas y comunistas parecía indiscutible? ¿Cómo logró vencer la Catalunya de Sant Pancraç y del «catalanismo sin obediencias con Madrid» a la gran metrópolis industrial de Barcelona formada por los barrios de la inmigración, la memoria obrera de preguerra y el ciclo de movilización más acusado del país?

Ningún analista previó los resultados de marzo de 1980. Las elecciones autonómicas se imaginaron como una prolongación de las de 1979. Los socialistas esperaban ganar cómodamente y acceder sin trabas al gobierno autonómico, del mismo modo que ya lo habían hecho a los gobiernos municipales de las principales ciudades: Barcelona, Lleida, Tarragona, L’Hospitalet. El PSUC contaba también con mayorías suficientes en el cinturón metropolitano de Barcelona: Badalona, Sabadell, Santa Coloma, Cornellà tenían alcalde comunista. Pero los signos del cambio de tendencia se venían acumulando desde antes de la campaña.

La patronal veía con pánico el triunfo de los socialistas, y todavía peor que estos se pudieran apoyar en los comunistas. Su estrategia se centró en dividir el voto de la izquierda. El Foment del Treball Nacional, que agrupaba a los empresarios catalanes, financió generosamente a Esquerra y también al pequeño Partido Socialista Andaluz de Rojas Marcos, que previamente había colaborado con la UCD de Suárez. Con un 9% y casi un 3% de los votos, ambos contribuyeron a dividir a la izquierda y restar sufragios a los socialistas. También hubo dinero para UCD y de empresarios catalanes a CiU. Como ocurriera en las generales de 1979, el miedo al marxismo, a la crisis, a la «lucha de clases» fue explotado con habilidad. Fraga, siempre atento, renunció a presentarse a «las catalanas» para no dividir el voto de la derecha.

El gran triunfador fue, sin embargo, Jordi Pujol. Ganó las elecciones con elementos en principio tan pueriles y provincianos como San Pancracio, la pequeña burguesía, el ascenso social y el «catalanismo sin obediencias». CiU jugó una baza hasta entonces desconocida en el resto del país: combinó la apelación a la mayoría social posfranquista —a sus miedos a los cambios, a las izquierdas y al «marxismo»— con un antifranquismo genérico, tan conciliable a la postre con el conservadurismo que representaban las figuras del catalanismo católico, como con los agravios a la lengua y las dependencias del centralismo. Supo colocarse en una posición transversal, recogiendo votos de campos sociales diferenciados y a veces contrapuestos. La síntesis política del pujolisme gobernó Cataluña durante los siguientes 24 años.

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La victoria de CiU daba término a 20 años de concienzudo trabajo. El milagro convergente resulta inseparable de la biografía de Jordi Pujol. En 1980, contaba con cincuenta años, su liderazgo tuvo una cocina lenta y minuciosa. El President de la Generalitat durante más de dos décadas fue uno de tantos retoños de la burguesía media catalana. Su padre trabajó como corredor en la Bolsa de Barcelona, procedía de una familia de la Esquerra de antes de la Guerra. El padre de su madre fue elegido alcalde por la Lliga en Premià de Dalt, en la comarca del Maresme.

En 1953, el joven Pujol participó en la fundación de CC. La organización, que admitía nombres diversos —Cristianos catalanes, Cristo y Cataluña—, fue uno de los principales laboratorios de renovación del catalanismo conservador. Los viejos catalanistas entraron en la guerra inequívocamente del lado de Franco. Los notables de la Lliga, incluido Cambó, formaron la red más solida de financiación y propaganda de los «nacionales» en Europa. Una parte importante de su élite cultural pasó también al bando de Franco: dos de sus mejores intelectuales, Josep Pla y Eugeni d’Ors, fueron relevantes falangistas. El empresariado fue prácticamente unánime en su apoyo a los sublevados: «Antes Franco que la revolución», ya se sabe[386].

El precio pagado por la colaboración fue naturalmente terrorífico: se suprimieron los órganos políticos y culturales de las élites catalanas, se prohibió la enseñanza y la misa en catalán y se persiguió de forma inmisericorde cualquier expresión del catalanismo tradicional, invariablemente tildado de «separatista». Pero en conjunto la ganancia mereció la pena: la paz social, conseguida gracias a la aniquilación del enemigo de clase. Los negocios continuaron y algunos fueron recompensados con una carrera política de éxito, como la del notario de La Lliga, Josep María Porcioles, quince años alcalde de Barcelona. Con nuevas cláusulas, el franquismo renovó el pacto entre élites que durante los sesenta años previos sostuvieron los acuerdos territoriales del Estado[387].

El equilibrio resultó suficiente y a la vez precario. Avanzados los años cincuenta, el malestar por la presión cultural, y la creciente inadaptación del franquismo a la fase de crecimiento económico fueron desprendiendo una creciente oposición protagonizada básicamente por las jóvenes generaciones que no vivieron la guerra. Grupos como el CC, organizados en torno a la Escolanía de Montserrat, alcanzaron por aquel entonces una primera síntesis catalanista dominada por el catolicismo conservador, pero ya crítico con la colaboración de las élites catalanas con Franco[388]. El éxito del nuevo catalanismo, que se inspiraba en la democracia cristiana de antes de la guerra, se cifró en su capacidad para rebasar el ámbito elitista y recabar un cierto aliento popular. Sus instrumentos fueron el escultismo, las fiestas religiosas y la nueva generación de grupos católicos.

Pujol, como tantos otros líderes posteriores, se formó en la atmósfera del nuevo catalanismo católico, destacando muy pronto. Prueba de ello es que con 28 años escribiera Fer poble, fer Catalunya. El libro tardó en publicarse, pero algunas de sus partes tuvieron una notable circulación clandestina. Postulaba un importante salto político. Por primera vez, la idea de «hacer país» daba concreción a la renovación ideológica del catalanismo. La tarea consistía en recuperar, o crear de nuevo, las instituciones elementales que el franquismo había liquidado. Esos elementos primordiales era lo que Pujol llamaba las «infraestructuras de país»: la escuela, la lengua, las sociedades culturales, pero también una banca propia, sindicatos catalanes y asociaciones patronales. El proyecto propugnaba una verdadera revitalización de la sociedad civil, la construcción desde los cimientos de un proyecto hegemónico para el catalanismo conservador.

La proyección definitiva del liderazgo de Pujol se produjo en 1960, tras el juicio que le llevó a la cárcel. El todavía joven nacionalista fue detenido a raíz de la campaña de boicot a la visita que Franco preparó por aquellas fechas, los conocidos como «sucesos del Palau». A pesar de contar con importantes apoyos y con un tribunal reticente a encarcelar a un miembro distinguido de la sociedad catalana, entonces director de unos importantes laboratorios farmacéuticos, Pujol decidió jugar la baza del enfrentamiento y el escándalo. Terminó cumpliendo dos años de cárcel en Torrero (Zaragoza), pero había conseguido confirmar su prestigio como demócrata y nacionalista catalán. El «antifranquismo catalanista», apenas una quimera comparable a la militancia de fábrica, podía conciliarse ahora con formulaciones eminentemente conservadoras, como esta de Pujol acerca de que «se tiene que poder estar orgulloso de lo que uno considera que es bueno: el propio esfuerzo, la familia, el país».

La vuelta de Pujol a la vida activa se produjo en los agitados años sesenta. Durante ese periodo, emprendió su proyecto económico más ambicioso. Con los mimbres de un pequeño banco, que comprara su padre a finales de los años cincuenta, creó Banca Catalana; llegaría a ser el décimo banco privado de España. Banca Catalana operó como una típica entidad financiera del desarrollismo, financió proyectos industriales, obras hidráulicas y agrícolas, infraestructuras viarias, etc. Pero en el esquema de país de Pujol, Banca Catalana era mucho más que un banco. En torno a la red de participaciones industriales y de crédito, el líder catalanista logró colocarse en el centro de la emergente burguesía catalana ligada al ciclo desarrollista[389]. Los contactos de aquellos años fueron decisivos en su trayectoria posterior.

Banca Catalana se convirtió en la pieza central del proyecto Fer poble, fer Catalunya. Alrededor del banco, Pujol creó el Centre d’Informació, Recerca i Promoció, y casi al mismo tiempo el Servicio de Estudios de Banca Catalana. En estos institutos, Pujol ordenó realizar informes sobre los asuntos más variados: el regadío catalán, la educación, los transportes, etc. Gracias a ello logró tener una imagen precisa de Cataluña y, sobre todo, un proyecto de país, además de algunos medios para realizarlo. También por impulso de Pujol, y a menudo alrededor de Banca Catalana, se emprendieron importantes trabajos en el «frente cultural» como la publicación de la Enciclopedia catalana, la compra de la importante revista Destino, el impulso a Edicions 62, la adquisición del periódico El Correo Catalán o incluso la promoción de la candidatura de Agustí Mortal, y otros próximos a Banca Catalana, a la presidencia del Fútbol Club Barcelona.

Pero a pesar de los éxitos, los años que discurrieron entre 1965 y 1975 no fueron un periodo propicio para la renovación del catalanismo conservador. La inmigración había cambiado —radicalmente— la fisonomía de la Cataluña tradicional, el área metropolitana de Barcelona crecía de forma desordenada, las huelgas obreras estallaban en episodios cada vez más masivos, la oposición al franquismo era hegemonizada por los comunistas. Aquella fue la década de la izquierda. Su preponderancia se manifestó en la continua iniciativa del PSUC, protagonista primero de la Coordinadora de Forces Polítiques (1969-1971) y luego de la Assemblea de Catalunya. Las elecciones de 1977 y 1979 parecieron demostrar que Catalunya había virado hacia el otro polo incierto de su historia política reciente.

En los ambientes intelectuales, entre las élites culturales, incluso de las que tenían su origen en el nuevo catalanismo católico montserratino, la atracción del marxismo acabó por arrastrar a la mayoría. Figuras como Josep Benet —probablemente el intelectual que más contribuyera a secularizar el nuevo catalanismo—, que venía de la democracia cristiana y que viró luego a la izquierda, se vieron sometidas a los ataques de izquierdistas como Jordi Solé Tura o Manuel Sacristán. Para estos, el catalanismo histórico respondía a una estrategia de la burguesía en su intento de enfrentar su posición marginal en el concierto de la oligarquía española y su necesidad de sellar las fisuras de una sociedad atravesada por una fuerte lucha de clases[390].

Enfrentado a las izquierdas, quizás el mayor éxito de Pujol, en aquel tiempo, fue el de perseverar. Su proyecto correspondía con la construcción de un marco político y cultural capaz de integrar y luego neutralizar a la izquierda. Frente al comunismo y el marxismo que siempre fueron sus enemigos principales, abordó la realidad de la inmigración, que acabó por incluir en su particular síntesis ideológica con formulaciones como aquella de que «es catalán quien vive y trabaja en Catalunya». También siguió apostando, a veces sin mucho éxito, por crear medios culturales cercanos a sus posiciones y capaces de enfrentar la preponderancia de la izquierda. Y por último adoptó postulados socialdemócratas de acuerdo con una simplificación e idealización del modelo sueco, que no obstante le sirvió para reivindicar el referente de una izquierda seria y moderada.

Pujol contaba además con otra ventaja: una idea compleja de la hegemonía social a largo plazo. El catalanismo era para él un movimiento amplio, una corriente de fondo, a un tiempo sentimental y cultural, no un partido. Esta era la idea principal de «hacer país». No obstante, nunca perdió de vista que su proyecto tendría, tarde o temprano, que encontrar un medio de expresión política. Desde principios de la década de 1970, a caballo de la necesidad de intervenir en el escenario político que inevitablemente se avecinaba, consciente de la escasa presencia de su posición en la Assemblea, que consideraba un aparato de los comunistas, Pujol promovió, por fin, la formación de un partido catalanista. El año decisivo transcurrió entre los veranos de 1973 y 1974. En junio de este último año, se publicó el manifiesto fundacional de la nueva organización: Per una convergència democràtica. La primera asamblea se convocó para el mes de noviembre. Se realizó el día 17 en la Abadía de Montserrat, como no podía ser menos.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) estuvo formada por un nutrido grupo de pujolistas procedentes de CC y Banca Catalana. También participaron algunos sindicalistas católicos y los jóvenes abogados agrupados en torno a la figura de Miquel Roca, ex Felipe e hijo de los fundadores de la democracia cristiana catalana durante la República. Siguieron el proceso, aunque no entraron en el partido, los distintos sectores de Unió y los socialdemócratas de Josep Pallach, que luego participarían en el Pacte Democràtic con Convergència. El nuevo partido nació bajo el techo de la democracia y el catalanismo, en palabras de Pujol lo formaron «gente de influencia socialcristiana, gente socialdemócrata y gente liberal». En cierto modo, trataba de ocupar en Cataluña el mismo espacio político del «centro» que en ese momento también se disputaba en el resto de España.

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El «éxito» de la Transición en Catalunya resulta todavía más sorprendente a la luz de las ideas que de esta tenía la clase política franquista. Hacia 1975, el «regionalismo» y concretamente la «cuestión catalana», preocupaba especialmente a los prebostes del franquismo. Fraga y Areilza tenían proyectos para Cataluña, además de equipos que trabajaban sobre el terreno. Su «reforma», en materia regional, no iba mucho más allá de reconocer un cierto grado de autogobierno a partir de la mancomunidad de las diputaciones provinciales, un modelo «regionalista», no federalista, ni mucho menos la recuperación de los estatutos de la República. Creían que el éxito del «regionalismo», frente al avance de las izquierdas así como del nacionalismo, estaba en la velocidad de las reformas, en la capacidad de que su iniciativa obtuviera la aquiescencia de la población.

El primer gobierno Suárez no contó, sin embargo, con ninguno de los grandes teóricos de la reforma. Los ministros, como la mayoría de la clase política franquista —a excepción naturalmente de los catalanes como López Rodó— desconocían casi todo sobre el país. Dejaron pasar los meses. La iniciativa arrancó no del gobierno, sino de las élites empresariales catalanas. Uno de sus hombres de confianza, Manuel Ortínez, alto funcionario del régimen, secretario de comercio, le propuso a Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia, un ingenioso plan para reconducir la situación[391]. La propuesta consistía en ganarse la colaboración de la figura que mejor representaba la continuidad de las instituciones catalanas destruidas por el franquismo, Josep Tarradellas. President en el exilio de la Generalitat, líder de Esquerra en la Guerra, demasiado moderado y ambicioso como para alinearse en otro juego que no pasara por su protagonismo —que por otra parte dependía únicamente del reconocimiento del gobierno—, reunía las características ideales como hombre de la Transición en Catalunya.

En términos generales, la operación Tarradellas se debía traducir en la restauración de la Generalitat, a cambio de la aceptación de la monarquía y el gobierno por parte del anciano político catalán. Tras cuarenta años de exilio, el President se había convertido en un potente símbolo de la persistencia, contra viento y marea, de las instituciones catalanas. La colaboración de Tarradellas debía sellar elementos de continuidad institucional suficientes para lograr la aceptación de la reforma también en Catalunya. La restauración de la Generalitat se dirigía explícitamente a evitar todo descarrilamiento del proceso por parte de las izquierdas o de desbordamiento del mismo por medio de un imprevisto protagonismo del nuevo catalanismo. Pujol, sentenciado por Ortínez como «un catalán de partido, no un catalán universal como Tarradellas[392]», fue explícitamente marginado, aun cuando era el representante catalán de la Comisión de los Nueve, que en los últimos meses de 1976 negociaba con Suárez.

Los primeros contactos con Tarradellas se realizaron en Francia, de la mano del oficial de los servicios secretos Andrés Casiniello. El desdén de Suárez dejó, no obstante, pasar otros seis meses. El golpe de efecto no tuvo lugar hasta pasadas las elecciones del 15 de junio de 1977. El 27 se produjo la primera entrevista con Suárez y aunque no hubo entendimiento, los siguientes encuentros acabaron por desatascar la situación. La Generalitat sería restituida con Tarradellas al frente. En un alarde de improvisación, la asamblea de parlamentarios catalanes, reunida en el domicilio madrileño de Ortínez, hizo las veces de primer gobierno catalán sin competencias, ni recursos propiamente dichos. La restauración del gobierno catalán se confirmó tras la Diada del 11 de septiembre de 1977. Una gigantesca manifestación recorrió entonces las avenidas de Barcelona, con los lemas del PSUC: Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia. Finalmente, el 23 de octubre, Tarradellas hizo su célebre locución desde el balcón del Palau de la Generalitat: Ja sóc aquí. El proceso se podía dar por concluido.

Tarradellas había otorgado garantías a la transición institucional. Los siguientes pasos se produjeron en el marco de la negociación de la Constitución y del estatuto de autonomía, y por lo tanto, sobre los resultados electorales de 1977. En lo fundamental, aunque CiU solo disponía de una minoría de los votos en Catalunya se había convertido en el representante de la primera fuerza nacionalista del país. Su posición no se construyó, por tanto, en el enfrentamiento con las propuestas del reformismo franquista. Pujol apoyó los principales pasos de Suárez y dio el placet a los Pactos de la Moncloa. Los convergentes estuvieron también presentes en la Ponencia constitucional, representados en la figura de Miquel Roca.

En los trabajos constitucionales, Roca expresó las principales líneas rojas del nuevo catalanismo: el rechazo del federalismo y la reivindicación de un reconocimiento especial para Cataluña. El resultado fue el Estado de las Autonomías, una solución a medias que no contentó a nadie, pero que sin embargo sirvió de base para el Estatuto de Autonomía. Redactado principalmente por la mayoría social-comunista, el Estatut de Sau contó con la colaboración de los nacionalistas y de UCD. En su elaboración participó incluso un viejo reptil del franquismo, López Rodó, diputado por AP. La evaluación de los nacionalistas fue a medias amarga, a medias satisfactoria. Consiguieron lo que pretendían en materia de cultura y de lengua, pero no así en financiación. La mayoría de izquierdas acabó por imponer un régimen de financiación asimilado a la hacienda común del Estado, sin concierto propio. Pujol se justificó, «el catalanismo era sentimentalmente fuerte pero políticamente débil»[393]. No obstante, su protagonismo compensó con mucho las pequeñas concesiones hechas por lo que no dejaba de ser una minoría.

Entre 1977 y 1979, Pujol y Convergència cobraron una posición institucional que no se correspondía con un partido que apenas había conseguido el 17% de los votos en Cataluña. A pesar de quedar subordinados a la iniciativa del reformismo franquista, habían logrado posicionarse como el «interlocutor catalán». Los convergentes participaron en la redacción constitucional y secundaron piezas tan cruciales de la Transición como los Pactos de la Moncloa. Ya entonces inauguraron una forma de mutuo reforzamiento con el gobierno central que se mantendría durante las décadas siguientes. CiU prestaría soporte en todos los asuntos fundamentales en materia de Estado: la gobernabilidad en España, la colaboración en materia económica, la condena del terrorismo. A cambio, mantendría una posición preponderante como representantes de Catalunya en el Estado.

Su objetivo era doble: obtener el monopolio de la representación del país frente a «Madrid» y, al mismo tiempo, relegar la hegemonía de la izquierda dentro de Catalunya. Su éxito fue rotundo. El juego de la gobernabilidad España / Cataluña se inauguró con Suárez y se repitió con Calvo Sotelo. Con los socialistas no llegaron al entendimiento hasta la confirmación del pujolisme tras las elecciones de 1984, pero este se mantendría durante décadas, lo que le valió a Pujol el merecido título periodístico de «El Virrey».

El fracaso electoral de la izquierda en 1980 se comprende necesariamente en relación con la renovación del catalanismo conservador y la habilidad de Pujol, pero también en su propia incapacidad para construir una alternativa al mismo. Como ocurrió en el resto de España, las izquierdas sufrieron un rápido proceso de demolición. El movimiento asambleario en las fábricas resultó prácticamente pulverizado en los procesos de institucionalización sindical. La CNT, segunda fuerza sindical en Cataluña, llegó a 1979 ya fragmentada y destruida internamente. La extrema izquierda resultó derrotada, de forma desastrosa, en las autonómicas de 1980. Acudió unida a los comicios; el Partido del Trabajo (unificado), Bandera Roja, MC y LCR presentaron Unitat pel Socialisme, pero apenas recogió 30 000 votos. Tras el segundo shock del petróleo en 1979, la crisis económica se tradujo en tasas de paro exorbitantes.

En 1980, en definitiva, a la izquierda solo le quedaba ponerse detrás de la inercia de los grandes partidos y esperar a los resultados electorales. Seguramente esta fue la razón de su fracaso. Como le pasara al PCE, en su obsesión con Fraga y los poderes fácticos, eligió mal su enemigo principal, apuntando al reformismo franquista, antes que al nuevo «centro» del catalanismo convergente. En 1979, comunistas y socialistas alcanzaron el tripartito con los convergentes para gobernar en docenas de ayuntamientos. Sin quererlo, legitimaron el moderado antifranquismo de Pujol y, con él, la renovación del viejo andamiaje del catalanismo conservador. A este le bastó con levantar la bandera legítima de la democracia y de Catalunya, y arremeter contra estos partidos dependientes de Madrid, siempre sospechosos de fomentar la fractura social —la «lucha de clases»—, para recoger el voto moderado, del «cambio sin traumas», a la vez demócrata y de «izquierdas»[394].

La abstención rozó el 40% en 1980, fue 8 y 18 puntos mayor que en 1977 y 1979. El PSC perdió 270 000 votos, que en algunos casos pasaron a ERC, CiU o el Partido Socialista Andaluz, pero que en su mayor parte se quedaron en casa. Fue en sus feudos —principalmente en las ciudades de Barcelona y Tarragona— donde se registraron los mayores niveles de abstención. En las elecciones de 1980, se escenificó el desenlace de la izquierda catalana en la Transición: su empobrecimiento interno debido a la liquidación de las opciones ligadas a las luchas de fábrica, las izquierdas radicales y el emergente movimiento libertario, su incapacidad para presentar un proyecto político y social diferenciado y su dependencia en último extremo de una opción electoral moderada (PSC principalmente), finalmente suplantada por aquellos que podían representar ese papel mucho mejor.

Coronado President, su largo gobierno se inició con las promesas del desarrollismo: inversiones, salida de la crisis, empleo, cohesión social. CiU era el partido del trabajo, de los buenos gestores, de la gente seria, «el partido del lunes» como le gustaba decir a Pujol. La sociología de los convergentes respondía no a la mayoría social del país, sino a la de su clase dirigente. Predominaban los profesionales y los empresarios, estaban representados casi todos los sectores de la burguesía catalana. El sesgo era inequívocamente conservador, aun cuando Convergència se presentó siempre como un partido de centro o incluso de centro-izquierda. Empujada por los requerimientos de cuadros técnicos y políticos, CIU no dudó en integrar a alcaldes y cargos del franquismo[395].

Y sin embargo, el pujolisme supo dotarse de una envidiable capacidad de comunicación y conexión popular. Con la Catalunya interior y de raíces rurales, siempre camelada como la reserva espiritual del catalanismo y en la que desde 1977 la propuesta de Pujol resultó mayoritaria. Con la pequeña burguesía tradicional, golpeada por la crisis, que necesitaba tanto de formas de representación y de reconocimiento como de políticas de protección específicas. Con las nuevas clases medias, ya en proceso de abandono de su tibio antifranquismo y dispuestas a abrazar opciones moderadas.

CiU construyó su hegemonía sobre bases populares, sobre la idea de un gobierno de la gent de casa, que no era de izquierdas pero casi, que rechazaba el reformismo franquista pero que podía aplicar sus mismas políticas. Lo hizo también a partir de la reivindicación y posterior patrimonialización de los símbolos del país —la lengua, las tradiciones, la cultura—, sin que las izquierdas supieran ofrecer otra cosa con un seguidismo más o menos explícito. La operación era la misma que subyace a todo nacionalismo: la sutura de las fracturas sociales frente al sentido comunitario y solidario de nación. Para ello supo construir sus propios medios: la televisión autonómica que empezó a emitir a partir de 1983 y una política cultural que rápidamente consolidó un cuerpo intelectual y periodístico funcional al pujolisme. Contó, también, y como en casi todas las comunidades autónomas, con otra poderosa herramienta: la expansión del empleo público en las administraciones locales y la «colocación» en las mismas de un buen número de cargos políticos leales, en otras palabras, la creación de una sólida red clientelar.

La izquierda «posible» apenas supo entender a qué se enfrentaba. Tras la victoria socialista en 1982, se escenificó el último enfrentamiento con Pujol. Los socialistas quisieron imputarle por el caso de Banca Catalana, intervenida desde noviembre de 1982 por el Banco de España[396]. Era el mayor banco de Catalunya y el mismo desde el que Pujol construyó su red de influencias. Las acusaciones de la fiscalía sobre el President resultaron en un fiasco; produjeron, de hecho, un efecto boomerang que a la postre reforzó a Pujol. El caso se tuvo que archivar. En las elecciones autonómicas de 1984, CiU obtuvo otro medio millón de votos adicionales, con casi el 47% de los sufragios y una mayoría absolutísima solo comparable a la de los socialistas en el resto del país.

Fue el último pulso entre ambos partidos. Desde ese momento, se estableció el mismo pacto de colaboración y oposición que Pujol inauguró con Suárez. Los convergentes colaborarían en la gobernabilidad del Estado, a cambio de la representación de Catalunya en Madrid. Fue la cláusula principal de los arreglos territoriales de la Transición española: la oposición aparente entre dos nacionalismos enfrentados —catalán y español—, que apenas ocultaba la colaboración evidente de las élites de uno y otro lado. Ninguna izquierda —ni catalana, ni española— supo articular alternativa alguna a ese pacto.

Epílogo. La Transición: dos regímenes políticos, un mismo bloque social

I

Sus manos eran gigantescas. Podían abarcar un cuerpo mucho mayor que el de una cabeza. Entrenadas en el manejo de los 14 kilos que libra un martillo neumático despachaban uno a uno los vasos de sidra recién escanciados.

Jano tenía entonces 84 años. Asturiano, minero, picador para más señas, lo había visto casi todo: la revolución de 1934 y la represión posterior; la República, la Guerra y la represión posterior; las grandes huelgas de los sesenta, las expectativas puestas en la Transición y la decepción posterior. A ello sumaba dos accidentes que lo colocaron al borde de la muerte. El primero le rompió la cadera y le partió el hígado, le había caído encima una mole de 500 kilos. El otro le quebró la clavícula y la mandíbula.

Tras agotar un par de botellas vamos a almorzar. Me invitan a una casa de comidas de Sama, parroquia de Langreo, población minera de la Cuenca del Nalón. Nos sirven cinco platos: sopa, pote, merluza, pollo de caleya y arroz con leche. Son raciones de otro tiempo, servidas en bandejas colectivas y como es habitual en la Asturias popular provistas para que siempre sobre. Nos acompaña otro minero apenas más joven, «uno de los que acabó en el exilio tras las huelgas de 1962», y otro «compañero» que de Asturias fue de emigrante a Bélgica. Los tres fueron y son militantes del PCE. La conversación discurre animada. Hablamos de los años sesenta, la crisis posterior, la situación de Asturias y el futuro más bien sombrío de las Cuencas Mineras.

La escena me lleva al otoño de 1999. Trabajaba entonces en la historia del movimiento obrero. Apenas contaba veinticinco años. Y para quien quería anudar en una misma cuerda el antifranquismo y los movimientos juveniles, que entonces pujaban por abrirse un hueco, aquellos relatos masculinos hechos de carbón de mina, huelgas y accidentes significaban algo parecido a estar cara a cara con el origen de todo.

La cultura obrera en Asturias se remonta más de 200 años atrás. Apenas hay tradiciones industriales más antiguas en la Península Ibérica. En la vida de aquellas tres personas, estaban resumidos muchos de los acontecimientos en los que se jugó la historia reciente del país, una historia, como dicen los mineros sobre las huelgas, hecha «de derrotas más que de victorias».

Poco después de aquella comida, me llegó la transcripción de una entrevista a un joven obrero, militante y también protagonista de la escena contracultural del Madrid de finales de los años setenta. Era como estar con alguien que viviera en las antípodas de los mineros asturianos. Y sin embargo, su historia era parte del mismo ovillo, concretamente el final de aquella cultura obrera que en el caso de los mineros podía reclamar dos siglos de antigüedad.

En el ‘75 yo ya curraba en un estudio fotográfico como aprendiz. En esa época fue cuando yo empecé a moverme y a motivarme por cosas [… ] Yo tenía 16 años, imagínate: rebeldía, contestación. En aquellos años lo que se movía era la contracultura tipo Ajoblanco, los hippies y los porros. En el ‘78 me afilio a la CNT, después de muchos meses de pensarlo, de no terminar de decidirme, porque en el fondo era lo único que buscaba que me sirviera de referencia. […] Pero mis historias iban por un rollo más específico, más ideológico que sindical. [… ]

Mientras tanto, en este periodo, en 1978-1979 estaba en una fábrica de cucharas, de cubiertos, Plata Meneses. […] En esos conflictos era todo bastante asambleario, y por eso me animaba yo más a militar. […] En el fondo todos los conflictos eran puntuales, y además eran chorradas, me acuerdo uno que era porque nos pagaban cada semana, y de repente cambiaron la norma y decidieron pagarnos al mes. Entonces se creó un conflicto porque la gente quería seguir cobrando semanalmente, luego a los pocos meses nos pagaban en metálico y querían pagarnos por banco. […] Tienes la ilusión esa utópica de, quizás no tanto la revolución, como de que se meneen las conciencias y pase algo, sobre todo porque yo ya rechazaba entonces totalmente la sociedad que me rodeaba, por el rollo contracultural, más que ideológico. No me gustaba nada de lo que veía, oía, olía, ni nada… cualquier cosa que pudiese cambiarlo, romperlo, subvertirlo me venía que ni pintado, pero siempre eran ilusiones, porque en realidad la gente no quiere, ni entonces ni ahora, por lo menos a nivel más mayoritario; la gente no estaba muy por la labor de grandes cambios, transformaciones sociales reales. Sí, mucho hablar de revolución, pero todo el mundo hacía más o menos lo mismo que la sociedad establecida, la forma de vida y esas cosas. [… ]

[Después de ser despedido] me puse a cobrar el paro. Como en aquellos tiempos se cobraba de paro lo mismo en duración que lo que se había trabajado; estuve trabajando año y medio, pues me cogí año y medio. Y me lo tiré sabático. De hecho terminé mal en muchos sentidos, porque me di a la mala vida. Entonces ya la cuestión política la aparqué totalmente y ya solo me dediqué a la cuestión marginal y contracultural, me metí a experimentar con toda clase de sustancias alucinógenas, estupefacientes. […] Drogas todas, sobre todo el hachís y las anfetaminas, que era lo más barato, y cuando había dinero ácidos y muy, muy ocasionalmente, entre otras cosas porque no había mucha y era muy cara, cocaína, y ya entrando en 1980-1981 empezaba a aparecer el caballo, pero también poco y muy caro, aunque sí tuve colegas que se llegaron a enganchar, varios [… ]

[Teníamos una actitud] contestataria, de rechazo a lo que nos rodeaba: a la familia como institución, a la forma de vida de entonces… El nivel de atontamiento televisivo que había era inmenso. El Un, dos, tres y el fútbol eran la bomba. El ambiente futbolero era como ahora, y había un sector que no nos movía o lo rechazábamos. Y eso era lo que nos movía, y nos servía de nexo de unión para relacionarnos en la calle. Y en la estética, los pelos lo más largos posibles, los pelos en la cara, las barbas, y la ropa, mogollón de parafernalia en las manos, anillos, colgantes. Luego, después, empezaron ya a llegar los pelos de punta y las tachuelas y algunos pendientes, pero eso en 1980-1981. [… ]

[Respecto a la política] a mí me defraudó mucho, mi paso por la CNT me defraudó y de hecho estuve, ya te digo, me salí en 1979, aunque estuve un poco coleando pues porque mis sentimientos y mi ideología eran muy claros. Fui a un par de actos culturales del Congreso, pero en mi fuero interno me defraudó mucho la CNT. […] Dentro de la sociedad, el ambiente contracultural era minoría y dentro de esa minoría los que teníamos una conciencia política éramos minoría también. […]

Lo único que saqué en positivo fue que lo que no me busque yo y lo que no me apañe yo, no me lo apaña nadie, ni asociaciones, ni sindicatos, ni nada, me hice muy individualista. Solidario y lo que tú quieras, pero individualista, o sea, solo depender de mis propias fuerzas, conocimientos o actitudes o lo que sea. Sigo organizado. Desde entonces siempre he estado en un montón de cosas, pero siempre desde una óptica individualista[397].

Quizás pocas biografías parezcan más alejadas, más contrapuestas, más contradictorias. No obstante, ambas personas coincidieron, al menos durante un tiempo, en un mismo espacio social, en un mismo territorio de conflicto: la clase obrera, las luchas de fábrica. Se podrá decir que se trata de tipos sociales extremos, que no son «representativos» de la clase obrera de los años sesenta y setenta. Esta remite por lo general a los trabajadores de las grandes industrias fordistas, preferentemente del metal.

De acuerdo con las imágenes convencionales, la clase obrera está formada por hombres, de mediana edad, con vidas digamos convencionales y hábitos también convencionales: casados, con hijos y piso en un barrio obrero. Pero estas son solo imágenes, proyecciones extrapoladas de las luchas de la reconversión, donde unos obreros ya envejecidos, con difícil reciclaje en otros sectores económicos, luchaban por salvar un modo de vida respetable y homologable con los dominantes en la sociedad de la época. La lucha política tiene sus reflejos en la memoria y en las distintas figuraciones de los sujetos sociales. En este caso, la imagen de la clase coincide con una figura despotenciada pero digna, cargada de razones precisamente porque quiere vivir como se vive en esta sociedad, con un trabajo, con derechos y con ciertos niveles de bienestar.

La clase obrera de los años setenta fue algo muy distinto. Su composición respondió a una compleja amalgama de sujetos y posiciones sociales a veces coincidentes, a veces distintos y en algunos casos francamente contradictorios. De una parte, estuvo participada por los viejos obreros profesionales que guardaban memoria de los tiempos anteriores a la Guerra, que tenían una fuerte tradición de oficio y que se habían formado en organizaciones con una pretensión propiamente revolucionaria, o cuando menos radicalmente transformadora. De este segmento de la clase, arrancó el ciclo político del antifranquismo, primero con las huelgas de 1956 y, luego de una forma todavía más decidida, con las de 1962.

De otra parte, la clase estuvo también formada por los «nuevos obreros» de la industria fordista. Este segmento pasó por ser el componente si no mayoritario, sí hegemónico, durante los años sesenta y setenta. Eran los «obreros masa», los trabajadores de las grandes cadenas de montaje, entre los que, al menos en esos años, predominaban los jóvenes y los migrantes que venían del campo, sin tradición industrial y cultura de oficio. Fue este segmento de la clase el que poco a poco se organizó en las nuevas fábricas, el que descubrió su fuerza política y su centralidad económica durante los años del desarrollismo. Y el que durante la Transición pujó por elevar sus salarios sin ninguna «responsabilidad» para con la estabilidad política y económica.

También fue parte de la clase obrera un grupo juvenil que hacia principios de la década de 1970 se incorporó al trabajo asalariado. Estos jóvenes habían recibido una educación reglada y a veces tenían cierto nivel de cualificación. Su vida era distinta a la de sus padres: habían crecido en las nuevas ciudades industriales, en la «opulencia» del desarrollismo. Fue la primera generación educada en los hábitos de la sociedad de consumo, la primera que creció delante de un televisor y que accedió a los productos de la industria cultural de forma generalizada. El militante libertario y contracultural, cuya biografía sirve de contrapunto a la de los viejos mineros asturianos, fue uno de estos «obreros». Las comillas son intencionadas porque para estos jóvenes, el trabajo en la fábrica era poco más o menos que una condena. Un destino que por primera vez se podía contrapesar gracias a espacios y formas de politización que ya no tenían por centro la fábrica. La consigna del rechazo al trabajo, que nunca dejó de ser parte de las culturas obreras, se había hecho explícita entre estos jóvenes. Paradójicamente fueron el punto final de la clase obrera industrial y los primeros en abandonar las fábricas en medio de la crisis económica, muchas veces para emprender un camino de final dudoso.

Pero incluso estas tres figuras proletarias —el obrero profesional, el obrero masa y el obrero social[398]— apenas consiguen desenmarañar la complejidad de la clase obrera que se formó como sujeto político durante los años sesenta y setenta. La clase incluyó importantes segmentos de trabajo femenino, en el textil y en otros sectores, que acabaron por conformar subculturas específicas. Comprendió también todo aquel ámbito de relaciones más allá del trabajo y con sede en los «barrios», y que tuvo un marcado protagonismo femenino. Este espacio social fue lo que trató de organizar el movimiento vecinal. «Clase» fueron importantes segmentos del trabajo en ramas que tradicionalmente nunca antes habían sido parte del mundo obrero, como la banca, la educación o la sanidad. En aquellos años, los trabajadores de los servicios empezaron a participar de las mismas movilizaciones que los obreros industriales; en ocasiones compartieron reivindicaciones y a veces espacios políticos y sindicales. «Clase» quisieron ser además todos aquellos estudiantes que militaron en el PCE o en los partidos de extrema izquierda, o que directamente se «proletarizaron», ya sea ingresando en las fábricas, ya con su mudanza, a un tiempo física y existencial, a los barrios de periferia.

La clase obrera fue, por tanto, algo más y distinto que la clase «sociológica». Cuando el acercamiento es histórico y no meramente ideológico o sociológico, las imágenes de los sujetos sociales se vuelven mucho más complejas. Ni la relación con los medios de producción —desposesión, exterioridad—, ni la posición de subordinación —subalternidad económica y política—, ni su condición de sujeto productivo alienado —explotación—, ni como mero agregado de posiciones de renta, capital cultural, cualificación laboral, explican propiamente lo que fue la clase obrera. En su constitución como actor en la España de la Transición, la clase obrera se hizo y se rehízo a partir del conflicto en las fábricas y en los barrios. Pero incluso cuando la clase obrera se considera sujeto político, esta realidad se desborda para impregnar un espectro social más amplio, que comprende a los partidos de izquierda, a los estudiantes y a casi todos los proyectos de transformación, al menos hasta la incorporación de nuevos sujetos al conflicto, que se produce a mediados de los años setenta. Precisamente, este sentido de clase, que se dilata para impregnar a toda la izquierda, es lo que en el lenguaje militante de la época se llamó centralidad obrera y lo que trató de ser comprendido por distintas versiones del marxismo. Durante los años sesenta y setenta, la clase obrera fue el sujeto del cambio por excelencia —el sujeto revolucionario—; el elemento concreto sobre el que se vertebraban todas las posibilidades políticas. Hoy todo esto suena ajeno y extemporáneo, pero durante aquel periodo fue el abc de la izquierda, del antifranquismo y de la política en sentido lato.

La centralidad obrera no representaba, por eso, una mera proyección ideológica. La clase obrera fue, de una forma concreta y material, el sujeto de ruptura tanto del régimen político franquista, como del modelo de acumulación desarrollista. Los conflictos, las huelgas, las asambleas, la espiral salarial quebraron el sindicato vertical, las formas del reparto social y los instrumentos de planificación y crecimiento. Con ello pusieron en crisis los cimientos de la dictadura. Sin embargo, la clase obrera no fue el vehículo del cambio. El sujeto que «hizo» la Transición fue sencillamente otro.

II

La Transición tuvo una autoría singular. Fue el resultado de un pacto entre élites. Como se ha tratado de explicar en este libro, los pactos fueron el acta de nacimiento de una clase política nueva, hecha a partir de los restos del franquismo político y de un complejo proceso de filtración y selección de las élites del antifranquismo. Con esta afirmación no traigo aquí, al menos no solo, una crítica al carácter elitista del cambio confirmada por el escaso protagonismo «popular» durante el proceso constituyente, y en general en todo el desarrollo institucional posterior. La participación —la democracia— pudo, desde luego, ser mucho más amplia, aun cuando difícilmente se pueda prescindir de una «clase política», al menos mientras exista «Estado». Lo fundamental es que la Transición no respondió tanto a las demandas de este «sujeto de ruptura», que en su momento representó la clase obrera, como de aquel inmenso segmento social, casi siempre pasivo, que se consideraba clave en términos de estabilidad política. Esa «mayoría social» que podríamos dar el nombre, también con bastantes licencias, de clases medias.

Como ocurre con la clase obrera, las clases medias no remiten únicamente a una posición sociológica, económica o estatutaria. Bajo este significante se reúnen elementos políticos y culturales, que comprenden multitud de posiciones sociales. Clases medias fueron los trabajadores del tardofranquismo, al menos en lo que empujaba sus aspiraciones de desproletarización, su deseo de movilidad social, su voluntad de asimilarse a los «hábitos modernos» y, en general, su participación en la forma hegemónica de la sociedad de consumo. Para el reformismo franquista estos elementos eran la sustancia del «franquismo sociológico», o también como Fraga luego diría, la «mayoría natural» del país. Para este, como para tantos otros prebostes del reformismo franquista, las clases medias habían sido el gran logro de la dictadura, la pieza social que debía anudar la estabilidad política futura y con ello una democracia moderada, limitada.

Para las élites de izquierda el problema era mucho más complejo. Sin duda, estas reconocieron en las clases medias el eje político sobre el que se debía asentar la nueva democracia. Así se reflejó en los debates internos del PCE o en el proceso que llevó al PSOE histórico a asimilarse al antifranquismo juvenil. Sobre las élites de la izquierda gravitaba un cóctel de fuerzas contradictorias, hecho de dependencias del movimiento obrero, urgencias impuestas por sus nuevas responsabilidades políticas, pertenencia a esas mismas clases medias y a la vez la mala conciencia de este origen social. Quizás las élites del antifranquismo no estaban dispuestas a ir más allá de la sociedad que quería representar el reformismo franquista, pero estas se debían también —al menos en términos ideológicos— a otras fuerzas sociales, estas sí de ruptura.

Las diferencias entre estos dos grandes segmentos de la nueva clase política —la izquierda y la derecha— fueron sustanciales y algunas veces rozaron la fractura. No obstante, lo que constituyó la base del pacto, y lo que realmente sirvió como guión no escrito de los «consensos de la Transición» no fue tanto su encuentro en el punto medio que finalmente quedó reflejado en los equilibrios constitucionales. La base de su acuerdo respondió principalmente a la necesidad de cerrar la crisis social y económica que presidió el fin del franquismo y que había venido empujada por la clase obrera.

La solución estaba en las clases medias, única base social posible de ese equilibrio. Sobre estas y no sobre la «clase obrera» gravitó la estabilización del cambio. Acabar con la crisis política implicaba acabar con la presión sobre los beneficios, con la amenaza que esta suponía para los intereses oligárquicos: respeto y continuidad de los privilegios y de los poderes fácticos. Estos eran los contenidos de la paz social, pero la clave de bóveda de esa estabilización estaba en la adhesión de las clases medias. Por eso, el nuevo marco político debía aparecer como un régimen que públicamente apareciese de y para las clase medias.

Bajo esta perspectiva, se entiende que en ningún momento se prefigurara la más mínima amenaza —siquiera un serio cuestionamiento— de las herencias sociales del franquismo. La sociedad de clases medias fue el gran hallazgo de la dictadura y su legado a la democracia. En términos positivos: la movilidad social ascendente, la expansión de la educación, la generalización de la Seguridad Social y en general el Estado del Bienestar fueron pilares de los consensos de la nueva democracia. Se puede decir también que estas fueron las demandas del movimiento obrero y del movimiento vecinal. Y así es. Pero lo que las hacía funcionales a un proyecto social propiamente clasista —a la reproducción de las clases medias— es que este legado social se conservó o se amplió de acuerdo con los parámetros del franquismo.

Las líneas de continuidad con el franquismo sociológico se observan en casi todos los aspectos clave. Así, el fomento de la enseñanza universitaria, instrumento principal en la reproducción de las clases medias, se realizó en detrimento de las oportunidades escolares del tercio social más frágil, ya entonces condenado a la expulsión. En la misma línea, lejos de promover una escuela pública única, los gobiernos de la democracia crearon los conciertos escolares y mantuvieron la subvención a la enseñanza eclesiástica. Tampoco la Seguridad Social llegó a universalizarse de forma completa. Por eso se conservaron los regímenes especiales tanto por arriba (funcionarios) como por abajo (las empleadas de hogar) que resultaban más sensibles para la reproducción de las clases medias. En la misma línea, la reforma fiscal nunca alcanzó a gravar realmente los valores patrimoniales (principalmente las viviendas) y los derechos de herencia que históricamente han servido a la conservación de las clases medias.

Pero quizás donde mejor se expresó la continuidad social entre ambos regímenes fue paradójicamente donde menos se esperaba, en el discurso. El término que mejor sintetiza el proyecto político de las nuevas élites democráticas fue el de «modernización». En sentido lato, la «modernización» apenas supone un desplazamiento real, aunque las distancias aparentes sean abismales, respecto del «desarrollo» que propugnó el franquismo y que al mismo tiempo trató de servir a su legitimación. El término «modernización» es polisémico. Históricamente ha significado «homologación con Europa»: Ilustración, ciencia y laicismo. En los años setenta, modernización se podía traducir por democracia, derechos civiles, libertades. No obstante, a pesar de esta pátina «progre», aderezada a veces con algo de picante —las «libertades morales»—, aquello a lo que la «modernización» se refería, especialmente en términos materiales, respondía al mismo cuadro hecho de crecimiento, progreso, orden y estabilidad, que se podía observar en las sociedades desarrolladas y «de clases medias» de Europa occidental. Un modelo que el desarrollismo franquista, si bien con menor acierto, había querido imitar. Sin los aderezos autoritarios de la dictadura, sin la caspa social y el conservadurismo cultural que este inevitablemente implicaba, la idea no era muy distinta a la que practicó la tecnocracia, la clase política del último franquismo.

Aún hoy en día, esta afirmación es recibida con escándalo. La razón está en que la Transición solo podía construir su legitimidad sobre una discontinuidad radical. La democracia debía presentarse como algo radicalmente distinto de la dictadura, no solo en términos políticos, sino también sociales y culturales. La democracia solo era tal, si traía consigo un cambio profundo, un cambio de época. Y ciertamente la democracia del ‘78 no es homologable al régimen político anterior; no lo es por algunos puntos fundamentales relativos no solo a los derechos, las libertades públicas y las garantías jurídicas, sino también a la vida diaria, los derechos de las mujeres y la atmósfera cultural. Sin embargo, por muchos que fueran estos cambios, no se puede esconder que el proyecto social de la democracia bebió de los mismos abrevaderos que el tardofranquismo.

Con trazo grueso se puede decir que la Transición supuso un cambio político y cultural, pero apenas un cambio social. Ni las clases medias, ni los tradicionales sectores oligárquicos, ni el capitalismo familiar español atravesaron este periodo con mayor amenaza a sus intereses que la meramente retórica. Esta fue la cláusula intocable de los acuerdos entre el reformismo franquista y la izquierda política.

III

Hay en esta explicación un elemento de sociología de los actores que no se puede despreciar. Aquellos años estuvieron protagonizados por un cierto segmento social, al que podríamos dar el nombre de «Generación de la Transición». Esta comprendió a un amplio grupo de hombres, y también algunas mujeres, que accedieron a la vida pública hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta, y que acabaron por convertirse en la élite del país durante las décadas siguientes. La «Generación de la Transición» estuvo protagonizada por la nueva clase política de la democracia. Incluía restos del franquismo político, especialmente sus elementos más jóvenes, pero en su mayoría se educó en el espacio sentimental del antifranquismo, por vago que este fuera. Esta generación no estuvo compuesta únicamente de políticos, en ella se incluye todo el espectro de las nueva élites que comprenden el estamento cultural, académico y profesional que llegó a marcar y a rodear al régimen político.

El perfil medio de un integrante de este grupo se puede resumir en cuatro pinceladas. Se trata de un hijo / hija de clase acomodada, nacido en los años treinta o en la inmediata postguerra, que entra en las aulas universitarias desde mediados de los años cincuenta y se incorpora a la vida profesional en la década siguiente. Una parte importante de esta generación tuvo en el movimiento estudiantil su primera experiencia política. Se formó en los círculos de la izquierda, desde el PCE hasta aquel espeso potaje de la izquierda comunista, pasando por el radicalismo católico y las nuevas agrupaciones de inspiración socialista. Posteriormente, y ya en su plenitud biológica y social, elaboró aquella memoria, casi caracterológica, de la democracia, la memoria de la «lucha antifranquista». Se trata de las imágenes que reproducen no las duras luchas de fábrica, cuanto la experiencia de los jóvenes universitarios de la época: las «carreras delante de los grises», las «detenciones arbitrarias», la «canción protesta», la «resistencia a la caspa cultural franquista».

Como se ha dicho, este grupo respondió a un perfil de clase muy determinado. En su mayoría eran los hijos de las viejas élites: la clase política, el menguado estrato de los profesionales liberales, los intelectuales y el grupo tampoco mucho más amplio de los empresarios. Da igual donde miremos, la gran mayoría pertenecían a estos grupos sociales. Son los Enrique Múgica, Miguel Boyer, Felipe González, Fernando Morán, Ramón Tamames, Jordi Pujol, Miquel Roca, amen de casi todas las cabezas políticas de la UCD y AP. No obstante, la nueva clase política incorporó también a algunos de los recién llegados a la amplia franja de las clases medias. El accésit universitario otorgó las credenciales. Es el caso por ejemplo de políticos de origen algo más humilde como Alfonso Guerra, Solé Tura o el propio Suárez.

A veces la endogamia en la formación de la nueva élite parece casi improbable. Así por ejemplo, todos los líderes de los partidos catalanes, a excepción del PSUC, así como la mayor parte de los consellers del primer gobierno CiU se formaron en los grupos montserratinos católicos y catalanistas de los años cincuenta. Hijos de la élite cultural y económica catalana, en estos círculos se conocieron, se formaron y se probaron como futura clase política del país. En lo que se refiere al caso madrileño, apenas tres colegios —el Pilar, los jesuitas y el Liceo Francés— concentraron un número inusitadamente alto de alumnos que luego acabarían como periodistas, intelectuales y políticos de la nueva democracia.

No obstante, lo que hizo de esta élite tan representativa de un cierto sentimiento y pertenencia generacionales —lo que la convierte propiamente en la «Generación de la Transición»— fue que compartió un rango de experiencias y aspiraciones que luego tendrían una traducción, por inconsciente que sea, en lo que normalmente se llama «un proyecto de país». El núcleo de esta experiencia está en el paso por una Universidad en expansión, una universidad que en los años cincuenta y sesenta todavía no estaba masificada. A rastras de las necesidades de empleo cualificado del desarrollismo, los títulos académicos ofrecieron a aquella generación oportunidades de promoción y empleo que luego no se reproducirían con la misma prodigalidad. La Generación de la Transición fue la gran beneficiaria de la expansión económica de los años sesenta. En esos años, pudieron labrarse un nombre, un futuro y una profesión.

Este sentido compartido de ser parte de la nueva «élite» del país hizo carne en ellos, a la vez que vivían sus primeras experiencias políticas. En casi todos los miembros de este grupo, predominó una voluntad de progresar y ejercer la profesión en los terrenos de la abogacía, el periodismo, la Universidad, la empresa y la administración del Estado. Así pues, si en términos generales es cierto que el núcleo de esta generación estaba compuesta por hijos del privilegio tradicional, de otro, es importante reconocer que una parte importante de la misma fue el resultado de la ampliación de la educación universitaria, así como de las profesiones asociadas. Fue este segmento, que representaba la ampliación de las clases medias y también de las élites profesionales y culturales del país, el que le otorgó ese barniz democrático, que si bien era superficial, nunca dejó de ser real. Valga decir que más que ningún otro aspecto, la educación universitaria y la carrera profesional determinaron el protagonismo de esta generación, y esto tanto en su capacidad hegemónica, como en sus límites políticos.

Se descubre así por qué el régimen de la Transición fue, como todos los sistemas políticos, un régimen de clase. No obstante, este régimen no respondió tanto a la oligarquía o al capitalismo familiar —lo cual se da por hecho—, como propiamente a las nuevas clases medias que crecieron al calor del último franquismo, que accedieron a unos cuerpos profesionales en expansión, que dieron el pulso cultural al país y que por una ley, casi natural, se hicieron con el poder del Estado. La gran mayoría de los miembros de la clase política que dominó el país durante las tres décadas siguientes estuvo integrada por esta generación, pero incluso los más jóvenes nunca dejaron de tener como principal referente la experiencia y el imaginario de los padres fundadores de la democracia.

La caracterización social de la clase política, así como la consideración de su experiencia generacional —lo que comprende tanto su «educación sentimental» como sus determinantes estructurales— ofrece, por último, algo que es a la vez obvio y fundamental. La élite política que se hizo con el protagonismo público y las riendas del Estado en la Transición no llevó el cambio político más allá —valga esta afirmación principalmente para la izquierda— porque en su propia genética estaba contenido un programa «realista», de mínimos. En ningún caso, este programa podía atentar contra el propio marco de progreso que había creado las condiciones de su «posición» no solo política, sino también social y profesional. Las contradicciones del régimen fueron desde el principio las suyas propias y esto marcó de forma indeleble el campo de lo posible.

La contradicción mayor del programa de las élites políticas de la Transición y que coincidía con la principal fractura social de la época estuvo en el techo de las reformas. La nueva clase le debía todo a un proceso de cambio que no gobernaba: la expansión de la clase media, las luchas sociales, la quiebra de la dictadura. La tentación y el deseo de democratización eran, por eso, permanentes. Ella misma era el resultado tanto de su protagonismo en las luchas democráticas del momento como de la expansión de los cuerpos del Estado y de las necesidades de fuerza de trabajo cualificada en el capitalismo desarrollista. De otro, la defensa de sus privilegios, recién adquiridos, manifiesta en el «miedo a ir más allá», la obligó a afirmarse en el consenso, al menos cuando se consolidó el nuevo aparato institucional. Su función «gestora» en los procesos de institucionalización del nuevo Estado, su «responsabilidad» nunca desbordada —ni en los conflictos ni en las reformas— su subordinación, en definitiva, al gobierno real de las élites económicas resultaron consustanciales a su condición de clase. Se explica así también la inevitable propensión de esta nueva élite a la patrimonialización del Estado, lo que la llevó bien pronto por el camino de la corrupción y el nepotismo, así como al conchabeo y el intercambio de servicios con las viejas élites económicas.

En resumen, la composición social de las nuevas élites explica también por qué su proyecto de país —la «modernización»— no empujara más allá de las líneas del «franquismo sociológico», esto es, de las líneas sobre las que había tratado de operar el reformismo franquista. De acuerdo con lo dicho, la clave de la Transición no está, por tanto, en la traición y malicia de esa clase política, que la mayor parte de las veces se había formado en el antifranquismo, cuanto en su molicie, en su autocomplacencia. En tanto hijos de su clase hicieron lo que tenían que hacer. Se les podrá achacar mayor o menor cinismo, pero entonces la discusión será en términos morales, no políticos. La pregunta debiera ser otra: ¿por qué no se formó otra élite política articulada en torno a un proyecto que obedeciera a una composición social más plural? O si se quiere, ¿por qué la mayor parte de la población, aun cuando mostró una creciente desafección hacia la clase política, se mostró tan fiel con este proyecto que en última instancia venía asociado a la reproducción y ampliación de las clases medias? Dicho en los viejos términos de la lucha de clases, ¿por qué el nuevo régimen democrático consiguió clausurar el conflicto social y con él todos los asuntos de importancia mayor referidos al ordenamiento institucional?

IV

En las últimas décadas, el análisis de clase[399] ha sufrido un continuo y reiterado descrédito. En línea con lo que no deja de ser una tendencia intelectual general, los relatos de la Transición española han tendido a validar o bien la narrativa oficial, o bien alguna forma de explicación fundada en los viejos fundamentos de la «autonomía de lo político». Un prueba, sin embargo, de que la validez del análisis de clases es difícil de vencer está en que todas las explicaciones que han tratado de explicar la moderación o los límites del cambio se remiten, en primer lugar, a la izquierda y, casi inmediatamente después, al movimiento obrero.

Según la formulación que aquí se ensaya, la clase obrera fue el «sujeto de ruptura» pero no el «protagonista del cambio». De hecho, la clase obrera acabó por plegarse —al menos aparentemente— al consenso social que siguió a los acuerdos políticos. Normalmente la explicación de este giro se ha trabado sobre un presupuesto poco discutido: la moderación de las mayorías sociales, lo que incluye incluso a los segmentos laborales más radicalizados. Los argumentos se repiten: la clase obrera aceptó los pactos y confió en los actores políticos, los sectores movilizados solo eran una minoría, las formas de protesta rara vez atacaron la propiedad privada y la función de los empresarios, los obreros eran eminentemente moderados. La conclusión parece obvia: la clase obrera de los años setenta no fue revolucionaria. Se trata de algo que parecen confirmar algunos informes sociológicos[400].

A esto se añaden otros dos factores de peso. El primero, el riesgo percibido por la mayoría de la población de que el cambio no podía tentar los límites impuestos por los sectores involucionistas, principalmente el ejército. Ciertamente y casi como un espectro, el guerracivilismo planeó durante todo el proceso hasta acabar por materializarse en la astracanada del 23F. El segundo elemento reside en la fortaleza del edificio político. El Estado no sufrió una quiebra significativa, ni siquiera en los momentos de mayor incertidumbre. Así, a diferencia de lo que ocurrió en Portugal con la insubordinación del ejército, la espita a la presión revolucionaria se mantuvo perfectamente cerrada[401]. Conviene recordar que «garantizar la continuidad institucional» fue la gran obsesión del reformismo franquista; y que quizás este fue también el gran logro de la escuela política del franquismo.

No obstante, el relato de la «moderación obrera», que puede traducirse también por el de la «responsabilidad del pueblo español», apenas levanta la mera descripción de los hechos. Una descripción que sirve además a una determinada perspectiva: la propia de la historia oficial de la Transición. Como se ha tratado de probar, la Transición fue una época rica en propuestas, experimentos y alternativas. Desde este punto de vista, fue también una ocasión perdida. La institucionalización del nuevo régimen, al tiempo que los efectos devastadores de la crisis económica, provocaron una enorme frustración de las expectativas creadas apenas unos años antes. El desengaño desbordó los límites de la «clase obrera», se considere esta en términos sociológicos o políticos.

El desencanto, la desafección política, la rápida erosión de la legitimidad de los actores sindicales, de los partidos políticos y de las instituciones en general, fueron rasgos dominantes en amplios sectores sociales. El fenómeno castigó de una forma severa a toda la izquierda que había concitado las esperanzas de cambio, que propiamente había sido el laboratorio político de la época. Para estos segmentos la Transición fue de facto un gigantesco cementerio: allí fue enterrada la extrema izquierda, el PCE, el experimento de reconstrucción de la CNT, el optimismo de la primera contracultura, el movimiento obrero. En el proceso de destilado y reducción de la izquierda, al final solo quedó, y salvo en el País Vasco, un concentrado posibilista bajo las siglas del PSOE. Un alcohol que apenas compensó su bajo grado con el acceso al gobierno en 1982.

La posibilidad de que la Transición discurriera por otros cursos dependió, no obstante, de la cambiante evolución de las correlaciones de fuerza que se articularon en la época. El punto crítico, el lugar en el que la historia pudo ser de otro modo, se alcanzó en los dos espacios en los que la «clase obrera» acumuló tanta fuerza como para sabotear las formas de dominio del franquismo y del capitalismo desarrollista: las fábricas y los barrios. A estos dos espacios, se podría añadir también la Universidad, si bien con todas las contradicciones que se le pueden suponer a un espacio dirigido a la reproducción de élites. Pero dejando al margen lo que fue la gran escuela de los cuadros políticos del antifranquismo —y luego de la democracia—, la pregunta está en si la «democracia obrera» pudo haber prefigurado, efectivamente, otras modalidades de democracia.

El dilema no está tanto en elucubrar sobre los posibles encajes institucionales de las prácticas asamblearias, según el patrón de los consejos obreros y la autogestión de las fábricas. A buen seguro, caso de persistir esas formas de movilización y organización que llamamos «autonomía obrera» no hubieran dado lugar a sindicatos convencionales, ni tampoco a formas de integración de acuerdo con las formas jurídicas de propiedad en la economía de mercado. No obstante, y aun cuando estas prácticas no hubieran conducido a un modelo económico autogestionario, la renovación de la democracia obrera de los años setenta, incluso en condiciones de crisis, hubiera sido un contrapoder democrático eficaz frente a la ofensiva patronal de las décadas siguientes. Su continuidad hubiera modulado tanto el dominio del capitalismo familiar como la naturaleza social del régimen equilibrado en torno a las clases medias.

De una forma todavía más evidente, la crisis urbana y las formas de movilización asociadas al movimiento vecinal fueron también embriones de un municipalismo democrático mucho más ambicioso que lo que luego fueron los «ayuntamientos democráticos». Estos experimentos de democracia local podrían haber tenido además cierto engaste institucional. Simplemente, se trataba de tomarse en serio el principio de subsidiariedad y de autogobierno en el nivel que resulta más cercano a los ciudadanos: los ayuntamientos. La autonomía y la democracia municipal podrían haber tenido, por tanto, muchísimo más protagonismo tanto en la producción normativa constitucional como en la vida política corriente.

Y sin embargo, ninguno de estos escenarios llegó a cuajar. Paradójicamente, fue contra la «democracia antes de la democracia», contra la que se levantó el edificio institucional de la Transición. La democracia obrera fue sacrificada en aras de los pactos políticos. Las razones que empujaron a su liquidación son el hilo argumental de este libro. El principal elemento de su fracaso —no se puede esconder— fue, sin embargo, interno. Residió en la propia debilidad política de la clase obrera. La paradoja de la «democracia obrera» estuvo en sus extremos: de un lado, no pasó de ser una práctica cotidiana e inmediata; de otro, nunca llegó a pensarse más que como una formulación vaga y abstracta. Por eso no consiguió hacerse efectiva bajo la forma de un proyecto político propio. Aquellos segmentos que se organizaron en torno a la autonomía obrera, el consejismo o ciertas formas de radicalismo, que también impregnaron a la extrema izquierda, no consiguieron articular estas prácticas de acuerdo con un proyecto institucional y político viable. Confiaron en el conflicto y en lo que las luchas abrían, demostraron la eficacia del contrapoder obrero, pero no proyectaron un diseño institucional alternativo al de la democracia representativa.

A la postre, la clase obrera tendió a delegar la posición política, que ella misma parecía expresar, en los partidos de la izquierda. Y estos, a su vez, remitieron esa posición a las imágenes imprecisas y abstractas de la revolución socialista. Fue uno de tantos peajes que se tuvieron que pagar por la hegemonía que, dentro de las culturas militantes, tuvo el leninismo. Los partidos, la extrema izquierda y el PCE sancionaron la delegación de la estrategia en unas élites que la mayor parte de las veces apenas disponían de más recursos teóricos que los de un estrecho marxismo de manual.

La izquierda política fue seguramente el elemento más incapacitante de las potencias de la clase obrera. El caso paradigmático y el de mayor relevancia vino representado por el PCE y su política de moderación. De una forma casi contraintuitiva, la dirección comunista fue consciente, en todo momento, de que estas formas de democracia obrera debían ser neutralizadas y subordinadas al pacto político con las élites del franquismo. Las razones de esta «traición» eran casi axiomáticas: (uno) esta era la cláusula explícita de su integración en los acuerdos democráticos; (dos) esta era también una consecuencia obvia de la alianza con la burguesía reformista y las clases medias; y (tres), y no menos importante, las formas de democracia obrera resultaban competitivas con la hegemonía del PCE, tal y como constantemente le recordaba la extrema izquierda y el continuo desbordamiento de sus directrices en la extensión asamblearia del movimiento. Como se ha visto, al apostar por la liquidación de las estructuras políticas del movimiento obrero, el PCE apostó también y sin quererlo, por su propio sacrificio.

Sometida a sus propios límites políticos, delegada en la incapacidad de la extrema izquierda o «traicionada» por la autoabolición comunista, la representación obrera, o al menos aquello que propiamente fue su representación —y no mera desafección—, terminó en manos del partido político que menos podía esperarse: el partido socialista.

El PSOE no era un partido obrero. Los jóvenes sevillanos que se hicieron con la dirección en 1974 eran genuinos representantes de la nueva fuerza social, a un tiempo de cambio y estabilización, que constituían las clases medias profesionales. Representaban mejor que ningún otro equipo político a las emergentes clases medias, o si se quiere a ese franquismo sociológico vuelto contra el franquismo, y que el reformismo no supo representar.

Y sin embargo, tanto en 1977 como sobre todo en 1982, el PSOE consiguió poner detrás suyo la mayor parte del voto obrero y popular. Un voto de moderación, de asimilación a las promesas de modernización que traían los socialistas, pero un voto que no se puede explicar más que a través del fracaso de la izquierda —del PCE, de la izquierda revolucionaria, de la autonomía obrera— en construir un proyecto político propio y viable.

De acuerdo con una fotografía tomada antes de que entrara en el gobierno, la estructura social del partido socialista reflejaba el mismo esquema de hegemonía y representación que logró imponer la «Generación de la Transición»[402]. A primeros de los años ochenta, el PSOE era un partido de afiliación netamente popular. Tres de cada cuatro de sus militantes o bien no tenía estudios, o apenas había pasado por la escuela. En 1981, sin embargo, apenas el 8% de los miembros de la ejecutiva eran obreros manuales. Los grupos profesionales mayoritarios seguían este orden: profesores universitarios (36%), abogados (16%), economistas (12%). La composición de clase del grupo parlamentario que salió de las elecciones de 1982 era bastante similar. En ese año, el Consejo Federal del PSOE estaba participado mayoritariamente por desertores del PCE, de la extrema izquierda, exsindicalistas de CCOO y antiguos dirigentes de todas las ramas de la familia socialista. El PSOE se había convertido en un gran parlamento de las distintas opciones de izquierda, ahora plegadas y subordinadas a la única izquierda posible; pero un parlamento dominado por las élites que formaban la «Generación de la Transición».

V

Al reunir todos los elementos mencionados, la debilidad política de la clase obrera, el protagonismo de la «Generación de la Transición», la centralidad de las clases medias, se explica por qué el cambio político no fue más allá, en términos de profundización democrática. Se entiende también cómo llegó a triunfar ese proyecto modernizante que se había cocinado durante el tardofranquismo y por qué no se pudo forzar la relación de fuerzas en contra del capitalismo familiar y a favor de un mayor reparto de la renta nacional. Dentro de este cuadro, sin embargo, queda por contestar una última pregunta, ¿cómo pudo estabilizarse el nuevo régimen político en una situación de crisis económica tan pavorosa?

La razón es paradójica. De ser la consecuencia, al menos en una parte importante, del empuje obrero, la crisis económica acabó por ser uno de los principales elementos de estabilización. Toda la política económica y social de la Transición se debe entender fundamentalmente a partir del problema (siempre según las élites) de cómo darle la vuelta a la crisis económica. Se resolvió a través de un largo proceso que comprendió los pactos sociales, la institucionalización sindical, la política de rentas, el aplazamiento de las reformas estructurales y finalmente la reconversión. La crisis económica se hizo descansar, finalmente, sobre las costillas de los sectores sociales que habían sido centrales en el ciclo político anterior —principalmente la industria fordista—. De hecho, fue la «solución política» a la crisis económica —como suele ocurrir— la que desencadenó la crisis social.

La derrota del movimiento obrero se escenificó en la arena de la crisis. Este pasó de una posición ofensiva a mediados de la década a una cada vez más defensiva, a medida que la política de rentas, la desinversión y el paro le fueron conquistando terreno. «Representada» por los nuevos interlocutores sindicales, aislados los segmentos más radicales y acosada por el paro y la amenaza del despido, la clase terminó por replegarse: tanto retrocedía, tanta centralidad política perdía.

En las fases finales de la crisis, la clase obrera pareció perder incluso su propio espesor social y cultural. La desindustrialización, la desafección política, los nuevos fenómenos de marginación juvenil, la heroína, acabaron por quebrar la cohesión interna de las comunidades obreras. Las fracturas se multiplicaron en todas direcciones: entre jóvenes y mayores, entre aquellos con empleo y los que quedaron en paro, entre los fijos de las grandes empresas y los subcontratados, entre los de las viejas industrias condenadas y las nuevas con futuro. Donde antes existía una propensión al reconocimiento y la solidaridad se dio paso a una multiplicidad de situaciones individualizadas, sometidas a una creciente vulnerabilidad y desconfianza hacia el resto. El conflicto dejó de «homogeneizar» la clase y se convirtió en lucha «corporativa», una lucha por el privilegio de unos pocos.

Todo sucedió bastante rápido. Hacia mediados de los años ochenta el ataque contra el mundo obrero parecía haberse completado. La clase obrera había quedado reducida a los núcleos en reconversión, a aquellas ciudades que dependían completamente de la industria y en las que la supervivencia de las grandes empresas se consideraba sinónimo de futuro. En el resto, la acusación de corporativismo —la relegación del conflicto a una defensa de intereses particulares— acabó por destruir lo poco que quedaba de capacidad política al movimiento obrero. La hegemonía modernizante de las clases medias había conseguido imponer su criterio, y la vasta alianza social que constituyó el antifranquismo era ya un vago recuerdo.

Con la crisis social, y la destrucción del sujeto obrero, vino el vacío político. O lo que es lo mismo la crisis de la izquierda. Desde finales de la década de 1970, esta fue incapaz de encontrar otra palanca para empujar en una dirección de transformación social. Los movimientos sociales que se construyeron a finales de la década apenas lograron llenar esta ausencia. Centrados sobre aspectos particulares y protagonizados por sujetos sociales dispares, se convirtieron en un mecanismo de ampliación de derechos, antes que en portadores de otras formas de democracia o de proyecto social. Por si esto fuera poco, la política socialista, hecha de reformas parciales y de integración institucional, consiguió neutralizar su potencial de oposición. La derrota del referéndum de 1986 sancionó su impotencia y con ello la de la propia izquierda.

A pesar de lo que se pudiera suponer, la crisis económica apenas desbarató el bloque social sobre el que se sostuvo ese proyecto modernizante que la democracia heredó del franquismo. Aun cuando atravesara a todo el cuerpo social, la expansión de las clases medias mantuvo su inercia durante la década de 1980. A pesar de las tasas de paro dramáticas, las posiciones laborales y profesionales de la clase media, apoyadas en las garantías y en la protección del Estado, resultaron prácticamente inalteradas. En este terreno, es preciso destacar las funciones estabilizantes del empleo público. La expansión de la administración y de los servicios sociales trajeron la creación de casi un millón de empleos públicos entre 1977 y 1986, casi los mismos que perdió la industria. En términos de gobernabilidad, la ampliación de los cuerpos públicos y la creación de nuevas instituciones, principalmente de la mano de los gobiernos autonómicos, permitió crear clientelas, apoyos institucionales sólidos y sectores sociales satisfechos.

De hecho, la autocomplacencia de estos segmentos sociales fue la marca de la época y el núcleo «íntimo» de los consensos. El apoliticismo que siguió a los años de la Transición y la anhelada «vuelta a la normalidad» fueron algunos de los rasgos dominantes de la recuperada hegemonía del franquismo sociológico. Quizás en ningún otro aspecto, esta sociedad autosatisfecha alcanzó mayor grado de crueldad y cinismo que en las imágenes dominantes de la crisis social. Esta se representó ante todo como un problema de seguridad y de pobreza, no como un problema político. De una forma caricaturesca, alimentada por el periodismo oficial, el gran problema social resultaron ser los robos, la heroína o la falta de empleo. Las clases medias aparecían como sujetos pasivos, inocentes sufridoras de la atmósfera de asalto e inseguridad. La Transición logró reordenar las posiciones sociales legítimas y con ello garantizar la nueva pax democrática.

La recuperación económica de mediados de los años ochenta no produjo cambios significativos. El retorno del crecimiento económico no devolvió al país a las posiciones políticas y sociales anteriores. Antes al contrario, la nueva prosperidad, aunque siguiera proyectándose en la resaca de las reclamaciones de un Estado de bienestar moderno, se dirigió hacia una sociedad de consumo más diferenciada, galvanizada en torno a símbolos de opulencia —como la vivienda unifamiliar— que remitían exclusivamente a las imágenes y proyecciones de la clase media, cuando no de una «nueva riqueza» estimulada por la especulación bursátil e inmobiliaria. El nuevo modelo de crecimiento que se consolidó en aquellos años prescindió de la centralidad de la industria. Desde mediados de los años ochenta, la economía española se volcó en lo que habían sido sus «otras» especializaciones durante el franquismo, el turismo y la construcción. El crecimiento que se produjo entre los años 1985 y 1991 se realizó sobre bases propiamente financieras. La burbuja patrimonial se alimentó por la entrada de los capitales europeos que acompañaron al ingreso en la Comunidad Económica. Y así la nueva orientación de la economía española produjo un reforzamiento del bloque social hegemónico, apuntalando la posición de las clases medias, a costa del trabajo industrial.

La tesis última de esta lectura de la Transición es que la democracia inauguró un nuevo régimen político, distinto en aspectos cualitativos del franquismo. La paradoja es que este régimen fue en todo expresión del bloque social que se constituyó en el tardofranquismo. La continuidad de los intereses del capitalismo familiar español, la hegemonía cultural y simbólica de las nuevas clases medias y la derrota de cualquier alternativa —especialmente la que pudo representar cierto movimiento obrero— fueron, a grandes rasgos, los elementos definitorios del mismo. Bajo esta perspectiva, la Transición solo se deja comprender en las tensiones que se desataron entre la profundidad de una movilización social que hasta finales de la década no dejó de crecer en extensión e intensidad —incorporando nuevos ámbitos y sujetos a la protesta—, y la superficie de representación política que operó a fin de cubrir todo posible poro de ruptura y de radicalización democrática. Esta se hizo por medio de la imposición de la vía política —esto es, de la representación institucional partidaria—, como ámbito monopólico y exclusivo de organización institucional. El diferencial entre ambas dimensiones es lo que, de un lado, se dio en llamar «desencanto» y, de otro, «normalización democrática».

El «desencanto» fue el efecto del cierre a otras posibles soluciones institucionales, la confirmación de los límites de la democracia, que quedaron definidos muy pronto (hacia 1977-1978), además de ser capitalizados por un reducido número de actores políticos, empujados hacia una creciente moderación. La «normalización democrática» significó para aquellos comprometidos ya en la responsabilidad institucional que las aventuras quedaran confinadas a los márgenes, al aislamiento de los sectores obreros más combativos, al «terror» de la lucha armada o a la impotencia de los grupos radicalizados. Los arreglos institucionales que se compusieron a fin de dar cuenta de la nueva oleada de democratización social, pero ya plenamente subordinada a un nuevo pacto social protagonizado por el dominio del capitalismo familiar y la conveniencia de las clases medias, fueron la sustancia de la Constitución real (material) del nuevo régimen político español.

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EMMANUEL RODRÍGUEZ (Madrid, 1974) es licenciado en Sociología por la UNED y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Autor del libro El gobierno imposible; trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia [2003] y del libro Hipótesis Democracia y coautor de Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010) [2010], ambos editados por Traficantes de Sueños, un proyecto de librería asociativa, distribuidora alternativa, editorial militante y espacio de encuentro del que forma parte como coordinador de ediciones. Es también cofundador de la Universidad Nómada.

Participa activamente dentro de la galaxia de los colectivos políticos autónomos del Estado español. Forma parte de la Fundación de los Comunes y del Observatorio Metropolitano de Madrid, espacio en el que ha desarrollado buena parte de su labor de investigación. Junto con Isidro López ha escrito recientemente un estudio monográfico sobre la crisis del modelo de acumulación español: Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano, publicado también por Traficantes de Sueños.

Hipótesis Democracia es el resultado de las discusiones mantenidas dentro de estos y otros espacios políticos con el fin de contribuir al momento de apertura que ha generado el 15M.

Notas

[1] Para una notas del pensamiento de Costa véase la selección de sus ensayos en obra de bolsillo Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo, Colectivismo agrario y otros escritos, Madrid, Alianza Editorial, 1967. <<

[2] Si se considera con detalle se verá que se trata de un problema diferente y mayor respecto de la explicación tradicional de la izquierda, que considera, como factor principal de la crisis de la dictadura, la incapacidad de las estructuras políticas del franquismo para gobernar un «sociedad desarrollada». Esta explicación se debe fundamentalmente a una perspectiva sociológica y funcionalista, congruente con el recambio de élites y de instituciones, pero no con el de los poderes económicos y sociales. Sencillamente justifica la Transición tal y como fue. <<

[3] Comisiones Representativas, Balance de la Huelga de Vitoria, abril de 1976 en «Las primeras huelgas del postfranquismo», Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm. 51-53, 1976. <<

[4] Ibídem, p. 192. <<

[5] Ibídem. <<

[6] La perspectiva de Manuel Fraga Iribarne sobre las huelgas se puede leer en: En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, pp. 37-38. <<

[7] Un destacado militante del conflicto recoge así la actitud de Fraga: «El mejor elogio lo hizo Fraga sin querer: “aquello de Vitoria había que aplastarlo porque estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora y eran pequeños soviets que se estaban gestando. Había que extinguirlos”». Exposición de Jesús Fernández Naves, en el ciclo de debates De la autonomía obrera al antagonismo difuso, mayo del año 2000. Transcrita en sindominio.net/oficina 2004. <<

[8] José Vicente Iriarte Areso, Movimiento obrero en Navarra (1967-1977). Organización y conflictividad, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 285-286. <<

[9] Colectivo Estudios por la autonomía obrera, Luchas autónomas en la Transición democrática, Barcelona, Zero-ZYX, 1977, pp. 151-158. <<

[10] A uno de mayo, Fraga escribía en su diario: «La ofensiva marxista fracasó completamente. Quedó claro para todos que no se podría forzar la mano del gobierno para crear una situación de poder en la calle. Desde entonces, ese era un hecho adquirido e inamovible», En busca del tiempo servido…, p. 46. <<

[11] Comunicado de la III Reunión General de las Comisiones Obreras, Madrid, julio de 1968. <<

[12] La principal fuente a la hora de considerar las macromagnitudes de la economía asalariada siguen siendo las series de Contabilidad Nacional. Un buen tratamiento de esta fuente para el periodo considerado es el trabajo de Jesús Albarracín, «La extracción del excedente y el proceso de acumulación» en Miren Etxezarreta (coord.), La reestructuración del capitalismo en España, Madrid, Fuhem, 1991. <<

[13] Las fuentes disponibles provienen tanto del sindicato vertical (OSE) como del Ministerio de Trabajo. Aquí se reproducen las de la OSE, si bien las del Ministerio no ofrecen datos muy distintos. <<

[14] Sobre las huelgas en Asturias véase el monumental trabajo coordinado por Rubén Vega, pero con participación de una docena de expertos, Las huelgas de 1962 en Asturias, Gijón, Trea / Fundación Muñiz Zapico, 2002. Véase también el documental de la Fundación Muñiz Zapico, Hay una luz en Asturias. Testimonios de las huelgas de 1962, 2002. Sobre el contexto laboral y la evolución de la organización obrera, véase Ramón García Piñeiro, Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937-1962), Madrid, Fundación Primero de Mayo, 1990. <<

[15] Incluso en una región cuya tradición obrera se esconde en las entrañas de las minas que animaron la primera industrialización del país, un informe policial señalaba ese carácter fundante de las huelgas: los obreros habían conocido «la fuerza de una acción unida, que antes se desconocía en la práctica». Véase por ejemplo el «Informe del delegado gubernativo especial de Gijón: conclusiones y enseñanzas extraídas del conflicto» en Las huelgas de 1962… pp. 463-465. <<

[16] En el capítulo 2 de este libro se describe generosamente esta polémica. <<

[17] Este mecanismo de reabsorción del salario obrero constituía uno de los pilares centrales del modo de regulación keynesiano-fordista. El marco de relaciones laborales asociado reconocía el papel positivo de los sindicatos y del incremento salarial como factor de crecimiento. Los salarios no debían rebasar los incrementos de productividad, lo que exigía una «actitud responsable» de los sindicatos y su participación en la gestión laboral. Se puede decir que dentro del marco institucional de los Estados-nación (planificación industrial y mercados nacionales relativamente protegidos), esta fue la clave del éxito del industrialismo de postguerra, tanto en EE. UU. como en Europa Occidental y Japón. La versión clásica de la explicación se puede leer en Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979. <<

[18] Sobre los orígenes de Comisiones Obreras se pueden leer los distintos estudios regionales incluidos en la obra coordinada por David Ruiz, Historia de las Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994. <<

[19] Un ejemplo de los límites de este reformismo es por ejemplo el caso de la nueva legislación sobre huelga, que terminó por rebajar, de una forma tan tibia como inoperativa, el rango del delito para aquellas que no fueran «políticas». Sobre las discusiones internas dentro del aparato franquista, en relación con la necesidad de regular la conflictividad obrera, véase: Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, especialmente pp. 82-92. <<

[20] El intento aperturista del falangista Solís también incluyó contactos con viejos dirigentes de la CNT para que validaran el proceso de reforma sindical y sirvieran como un posible contrapeso a la oposición comunista. Los contactos no fructificaron en un acuerdo, pero mostraron a su modo la relativa cintura política con la que el régimen dejó jugar a este primer experimento reformista. Para un análisis del fracaso de la apertura en el terreno sindical véase Xabier Doménech, Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia, Barcelona, Icaria, 2012, pp. 139-190. También de nuevo: Pere Ysàs, Disidencia y subversión… <<

[21] Sobre el conflicto de Bandas véase Pedro Ibarra Güell y Chelo García Marroquín, «De la primavera de 1956 a Lejona 1978» en D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones…, sobre sus consecuencias Pedro Ibarra Güell, El movimiento obrero en Vizcaya 1967-1977. Ideología, organización y conflictividad, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987, pp. 61-67. <<

[22] Sobre los estados de excepción y la represión en el tardofranquismo se recomienda el trabajo de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa Calpe, 2000. <<

[23] Un homenaje reciente a Ruano, además de contener buena información de contexto, es el coordinado por Ana Domínguez Rama (ed.), Enrique Ruano. Memoria viva de la impunidad del franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2011. <<

[24] «Relación numérica de los detenidos en cada provincia, con indicación de los motivos, desde el 15 de diciembre de 1970 hasta la fecha», Informe de la Dirección General de Seguridad, Secretaría General. Comisaría General de Investigación Social, 6 de abril de 1971, reproducido en Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa… cit., pp. 265-270. <<

[25] Nicolás Sartorius, debido a su condición de abogado y encausado, ha escrito un buen análisis del TOP: con Javier Alfaya, La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa Calpe, 2000, pp. 245-262. Sobre el modus operandi del TOP se puede leer el trabajo sobre la causa de la huelga de marzo de 1972 en Ferrol, Enrique Barrera, Rafael Pillado y José Torregrosa, El juicio de los 23. El último gran proceso del TOP, Ferrol, Embora, 2006. <<

[26] 1970 fue, de hecho, el año más conflictivo en el sector (487 conflictos según el Ministerio de Trabajo frente a los 20 del año anterior). Constituyó el bautismo de fuego de un colectivo laboral sometido a unas condiciones especiales por la precariedad y la eventualidad dominantes. Además de las huelgas de Granada, que fueron las más importantes, en Sevilla y en Madrid también se produjeron importantes paros. Sobre el episodio granadino, véase Remigio Mesa Encina, «La huelga de 1970 en Granada», Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, pp. 113-136. Para el caso de Madrid: D. Ruiz y J. Babiano (ed.), Los trabajadores de la construcción en el Madrid del siglo XX, Madrid, Akal-Primero de Mayo, 1993, pp. 158-159. <<

[27] Informe sobre conflictos colectivos de trabajo, Ministerio de Trabajo, años sucesivos. Para un estudio de la conflictividad durante el periodo véase el trabajo de Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998. <<

[28] Exposición realizada por Jesús Fernández Naves, destacado militante en los sucesos de Vitoria, en el ciclo de debates De la autonomía obrera al antagonismo difuso, mayo del año 2000. Transcrita en sindominio.net/oficina 2004. <<

[29] El número de asambleas fue estimado por la ORT en Vitoria Masacrada por la monarquía fascista, Vitoria, ORT, 1976. La miopía del grupo maoísta sobre lo que sucedió estribaba en considerar las Comisiones Representativas como los cuadros de las futuras Comisiones Obreras. Para seguir los debates en las asambleas se puede leer: Luchas Autónomas en la Transición. Tomo I, Madrid, 1977, pp. 104-150 y «Las primeras huelgas del postfranquismo…», pp. 192-202. <<

[30] Los Incontrolados, Manuscrito encontrado en Vitoria, Madrid, Radikales Livres, 2000 [1976]. <<

[31] ¿Qué son las CCOO?, Madrid, 1966. <<

[32] Manifestaciones como las del Primero de Mayo de 1964 en Bilbao y las del 23 de febrero y del 10 de marzo de 1965, en Barcelona y Madrid, fueron la presentación pública de Comisiones Obreras. Sin embargo, a partir de 1966-1967 solo sirvieron para señalar a los cuadros de fábrica más destacados que invariablemente eran detenidos o despedidos. Para un resumen del periodo véase Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas… pp. 141-152. <<

[33] La importancia de la retirada de USO de CCOO no se ha calibrado con suficiente profundidad. En algunos sectores y en algunas regiones, era la parte cualitativa y cuantitativamente más importante. <<

[34] Tanto en Madrid como en Barcelona, la nueva militancia más joven y radicalizada encontró en este inmediatismo del enfrentamiento, alejado en la práctica de los problemas concretos de fábrica, el «patrón disponible» de actividad revolucionaria. En Barcelona, las Comisiones Obreras Juveniles, creadas y organizadas según el ejemplo de Madrid, fueron la plataforma inicial de estas acciones. En Euskadi los debates en ETA sobre el abandono de la estrategia armada fueron definitivamente resueltos por el lado de la violencia, ante el nuevo avance de la represión. Sobre el caso de Barcelona véase: J. Antonio Díaz, Luchas internas en Comisiones Obreras, Barcelona, Bruguera, 1977; y J. Sanz Oller, Comisiones Obreras. De la esperanza a la frustración, París, Ruedo Ibérico, 1972. <<

[35] Desde fecha reciente se han empezado a publicar numerosas monografías sobre los pequeños partidos políticos que agruparon la militancia radical en la Transición. Para una visión general, se puede leer Consuelo Laiz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la Transición española, Madrid, Catarata, 1995. <<

[36] A este respecto véanse los ya mencionados. J. Díaz, Luchas internas… y J. Sanz Oller, Comisiones Obreras…; también C. Molinero, J. Tébar y P. Ysàs, «Comisiones Obreras de Cataluña: de movimiento sociopolítico a confederación sindical» en D. Ruiz, Historia de Comisiones… pp. 83-84. <<

[37] La creación de esta coordinadora es significativa del saber hacer de las vanguardias del momento. La llamada coordinación unitaria surgió tras la retirada del PCE de la coordinadora del metal de Barcelona, debido al constante bloqueo por parte de MC y LCR. Un destacado dirigente del MC que participó en este proceso explica sucintamente este modus operandi, aun cuando reconoce que su grupo contaba con una escasísima representatividad: «Hay que tener en cuenta que la Local en ese momento tiene un funcionamiento un tanto particular y es que si una fábrica es un voto, si tú tenías 10 militantes y los tenías en 10 fábricas diferentes, aunque el PSUC tuviera 10 militantes en una sola fábrica, le podías organizar tal follón en las reuniones que podías paralizar la coordinadora». <<

[38] Declaración de las Comisiones Obreras de Vizcaya, 1967. <<

[39] Este es uno de los errores tradicionales de la historiografía, que casi siempre ha hecho descansar el crecimiento e intensidad de las luchas en la capacidad de decisión y la inteligencia de las organizaciones formales. En condiciones de clandestinidad, con estructuras organizativas muchas veces informales y con un claro predominio de las agrupaciones locales sobre las coordinadoras y los partidos, esta afirmación sencillamente no se cumple. Paradójicamente era en estas condiciones donde residía el fuerte componente autónomo de la organización obrera manifiesto en las asambleas y las comisiones de fábrica. <<

[40] José Antonio Díaz ha señalado la organización de este grupo como tendencia antes de su abandono de Comisiones: Luchas internas… pp.45-46. <<

[41] Así las CRAS (Comunas Revolucionarias de Acción Socialista) con presencia en Andalucía y Asturias, los Grupos Obreros Autónomos con sede en Barcelona, los Grupos Solidaridad con presencia en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía, el Movimiento Comunista Libertario y los llamados Grupos Autónomos (GGAA) de varias ciudades. A los que hay que añadir los comités de CNT, la organización de grupos consejistas como las Plataformas Anticapitalistas que más tarde dieron lugar a la OICE, así como grupos armados de los cuales el más significativo fue el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación). Para un resumen de estas experiencias, solo en Cataluña, se puede leer J. Zambrana, La alternativa libertaria (Catalunya 1976-1979), Barcelona, Fet a Mà, 1999, pp. 39-56. También Espai en Blanc (coord.), Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, especialmente el trabajo de Felipe Pasajes, «Arqueología obrera en Barcelona 1964-1973», pp. 73-112. <<

[42] Una historia en primera persona de un obrero de la época que trató de responder a esta pregunta con su militancia se puede leer en Julio Sanz Oller, Comisiones Obreras. Entre el fraude y la esperanza, Ruedo Ibérico, 1972. <<

[43] Este no fue el caso de Italia o incluso de Francia, donde la «autonomía obrera» llegó a constituirse como una tendencia política propia con una capacidad de articulación muchas veces muy superior a la de los partidos comunistas. Para ello contó además con el concurso de una militancia intelectual que quería servir directamente a este proceso de autoorganización del movimiento y de adquisición de sus propias elaboraciones estratégicas. Es el caso del grupo francés Socialismo o Barbarie o en Italia de los llamados operaisti. <<

[44] Sobre las huelgas de 1976 en Madrid se pueden leer dos textos con posiciones contrapuestas: el libro escrito por los comunistas y militantes de CCOO, Víctor Díaz Cardiel, J. F Pla, A. Tejero y E. Tirana, Madrid en huelga. Enero de 1976, Madrid, Ayuso, 1976; y los informes de algunos de los grupos de los trabajadores en huelga de Marconi, Standard, Telefónica y la construcción, incluidos en «Las primeras huelgas del postfranquismo», Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm. 51-53, mayo-octubre de 1976. <<

[45] Mundo Obrero, 14 de enero de 1976. <<

[46] La detención apunta, casi sin posibilidad de error, a un soplo por parte de los comunistas. Entre los delegados detenidos solo había un simpatizante del PCE. El hecho está citado en «Las primeras huelgas del postfranquismo»…, p. 140 y confirmado por Gaspar Llorente, delegado de Correos, detenido en esa reunión y a quien pude entrevistar en el año 2000. <<

[47] En un panfleto publicado por un colectivo de obreros de la Standard se recoge cómo desde el día 21, el PCE, de la mano de sus dirigentes en la empresa, intentó conseguir la vuelta al trabajo. Esta se logró entre los días 27 y 28. Standard. Una experiencia para la clase obrera, Madrid, Nuestra Clase, 1976. <<

[48] La reunión está bien documentada por dos de los protagonistas en sus respectivas memorias: José María Areilza, Cuadernos de la Transición, Barcelona, Planeta, 1983, p. 36-38; y Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, p. 56. <<

[49] Fraga organizó la campaña de prensa para justificar la ejecución de Grimau en 1963 en medio de un clima de creciente oposición internacional. Prueba de ello es que el gobierno de Madrid recibió 800 000 telegramas de protesta. <<

[50] Tanto Areilza como Fraga habían aprendido rápido de su experiencia como embajadores de Franco en los países de Occidente. El primero fue embajador en EE. UU. de 1954 a 1960 y luego en París hasta 1964; Manuel Fraga fue embajador en Londres de 1973 hasta la muerte de Franco. <<

[51] José María Areilza, Cuadernos de la Transición, Barcelona, Planeta, 1983, p. 38. <<

[52] Manuel Fraga, En busca del tiempo…, p. 50. <<

[53] Véase Amando de Miguel, La herencia del franquismo, Madrid, Cambio 16, 1976 y también su estudio sobre los ministros de la dictadura en Sociología del franquismo, Madrid, Euros, 1975. <<

[54] Como ocurre en tantos otros temas que van con el tiempo perdiendo actualidad, la polémica comenzó entre politólogos y sociólogos para luego ser materia de historiadores. Los estudios que abrieron la discusión se pueden leer en una reciente compilación de la obra de Juan José Linz, Obras escogidas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009 y 2010. Desde finales de los años setenta la discusión fue abordada por la historiografía con la participación entre otros de Javier Tusell y Josep María Fontana. <<

[55] Véanse a este respecto los trabajos de Ricardo L. Chueca, como «FET y de las JONS: la paradójica victoria de un fascismo fracasado» en J. Fontana, España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 2000. <<

[56] Sobre la naturaleza del «fascismo» franquista, aparte de los ya citados (Linz, De Miguel, Tusell, Fontana, Chueca, etc.), es preciso remitirse a los trabajos de Stanley Payne, especialmente: El régimen de Franco, 1936-1975, Madrid, Alianza, 1987 y el estudio comparado Historia del fascismo, 1941-1945, Barcelona, Planeta, 1995. <<

[57] Entre las derechas de la II República estaban el catolicismo de la CEDA, el tradicionalismo carlista, el monarquismo y el fascismo, solo quedaron excluidos los liberales conservadores, los únicos sinceramente republicanos. Esta es la tesis del mejor estudio hasta la fecha de la evolución política del Movimiento hasta su disolución. Véase: Julio Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional (1937-1977), Planeta, Barcelona, 2013, pp. 17-27. <<

[58] Naturalmente, su condición como clase dirigente no solo tenía que ver con que una parte de la clase política franquista procediera de la oligarquía, sino sobre todo con el hecho de que era el éxito en la carrera política lo que garantizaba su incorporación a la oligarquía. Los intercambios, las cenas y las cacerías fraguaban el vínculo con la élite económica que luego recompensaba los servicios prestados con una «jubilación» en los consejos de administración de las empresas públicas o de los consorcios privados. <<

[59] Y esto en contra del propio pronóstico del mejor de sus estudiosos, Amando de Miguel. Todavía en 1976, en un libro publicado ya con el primer gobierno de la monarquía, consideraba a esta clase política indisoluble del propio franquismo. El triple miedo que describe en su libro —a la libertad, al pueblo y a la realidad— se convirtió, por el contrario, en una operación reformista que aceptó la transacción con la oposición sobre la base de un apoyo popular nada desdeñable. Véase De Miguel, La herencia… cit. <<

[60] Censo de 1960. Población ocupada por situación profesional y ocupación. <<

[61] Censo de 1981. Población ocupada por situación profesional y ocupación. <<

[62] La cuestión de la clases sociales, animada por el conflicto social del tardofranquismo y la Transición, fue objeto de una atención aguda y constante. El enfoque marxista entonces en boga, especialmente aquel inspirado por Poulantzas llegó a ser predominante incluso en los trabajos «serios», tal y como reflejan los capítulos al respecto del III y el IV Informes Foessa: Síntesis actualizada del III Informe Foessa, Madrid, Euroamérica, 1978; y el Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975-1983, IV Informe, vol. 2, Madrid, Euroamericana, 1983. El propio Poulantzas escribió un libro dedicado al cambio político y social en los países mediterráneos: La crisis de las dictaduras. Portugal, Grecia, España, Madrid, Siglo XXI, 1974. Una lista de títulos sobre el tema en la emergente sociología española de la época incluye: J. Cazorla, Problemas de la estratificación social en España, Madrid, Edicusa, 1973; Tezanos, Estructura de clases y conflicto de poder en la España posfranquista, Madrid, Edicusa, 1978; I. Fernández de Castro y Goytre, Clases sociales en España en el umbral de los años 70; C. Moya, El poder económico en España 1939-1970, Madrid, Júcar, 1975; A. de Miguel, Recursos humanos, clases sociales y regiones en España, Madrid, Edicusa, 1977; López Pina, Poder y clases sociales, Madrid, Tecnos, 1978; García San Miguel, Las clases sociales en la España actual, 1981. <<

[63] En todo lo que corresponde a los cambios en la «formación social» del último franquismo se siguen los monumentales volúmenes de los Informes Foessa, publicados en Madrid por la Editorial Euroamericana: primer informe de 1966, segundo de 1970, tercero de 1978 y cuarto de 1980-1983. <<

[64] Véanse de nuevo los cuatro Informes Foessa, especialmente los tres primeros. <<

[65] Tampoco era un modelo «democrático», sino de carácter más bien corporativo. La Seguridad Social reconoció una serie de «regímenes especiales» para algunos sectores profesionales (mineros, marineros, abogados, pero también empleadas domésticas) con derechos y prestaciones diferentes de los del régimen general. <<

[66] La Seguridad Social fue casi desde el principio uno de los principales caballos de batalla de los conflictos de fábrica. La cuestión radicaba en saber a qué parte (empresa o trabajador) le correspondían los pagos a la Seguridad Social. Las luchas de los años setenta consiguieron convertir estas cuotas en «salario indirecto» a cuenta del empresario, algo que también está olvidado. <<

[67] Concepto que sirve para descifrar el principal mecanismo de absorción de los salarios en el ciclo de acumulación, lo que además de tener una importante función económica, también la tenía en un terreno propiamente ideológico y cultural. Véase de nuevo Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo…, cit. <<

[68] Sobre esta «primitiva» sociedad de consumo en España, además de los Informes Foessa y comentarios dispersos de los sociólogos de la época como Amando de Miguel y Pérez Díaz, se puede leer José Castillo Castillo, Sociedad de consumo a la española, Madrid, Eudema, 1987. Poco más tarde empezarían a publicarse los trabajos de Jesús Ibáñez y el grupo arremolinado en torno a su figura que proveerían formulaciones más avanzadas, a medida también que la sociedad española las iba ofreciendo. <<

[69] Véanse las series de los Informes Foessa I, II y III. También los datos ofrecidos en el libro de José Castillo Castillo, Sociedad de consumo… cit. <<

[70] Grândola, villa morena / Tierra de la fraternidad / El pueblo es quien manda / Dentro de ti, oh ciudad. Dentro de ti, oh ciudad / El pueblo es quien manda / Tierra de la fraternidad / Grândola, villa morena. En cada esquina, un amigo / En cada rostro, igualdad / Grândola, villa morena / Tierra de la fraternidad. Tierra de la fraternidad / Grândola villa morena / En cada rostro, igualdad / El pueblo es quien manda. <<

[71] Entrevista con Pío Cabanillas, incluida en el capítulo 3 de la serie de documentales «La Transición», de RTVE, dirigida por Elías Andrés y Victoria Prego. <<

[72] El atentado a Carrero ha estado rodeado de un halo de misterio. La espectacularidad de la acción, que implicaba volar el coche del ministro, y la «facilidad» con la que trabajaron los etarras, que tuvieron que construir un túnel subterráneo para colocar la bomba, sorprendió tanto a los propios autores del atentado como a los que se han acercado a estudiar la acción. Las sospechas de que al menos una parte de la seguridad «dejara hacer» tenían su exacta correspondencia con algunas suspicacias que levantó Carrero, especialmente por su posición «nacionalista». Carrero impidió el uso de las bases norteamericanas en la Guerra del Yon Kippur. Para un análisis de contexto véase el trabajo periodístico y quizás demasiado sesgado hacia la «conspiración» de Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, Madrid, Siglo XXI, 2012. <<

[73] Discurso a las Cortes del 22 de julio de 1969, en ocasión del nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado. <<

[74] El registro de la respuesta del régimen a las protestas, así como a la creciente oposición en los distintos frentes está recogido con detalle, tanto lo que se refiere a las acciones como a los debates internos, en el trabajo de Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004. <<

[75] Para un análisis de este proceso véase el estudio de Feliciano Montero, La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975), Madrid, Ediciones Encuentro, 2009. <<

[76] El episodio se puede leer en sus memorias: Vicente Enrique y Tarancón, Confesiones, Madrid, PPC, 2005. <<

[77] Arriba, 28 de abril de 1974. <<

[78] Sobre las implicaciones de la constitución del «Búnker» y la crisis del franquismo véase Julio Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional (1937-1977)…, pp. 148-157; y sobre todo, el monumental trabajo de Ferran Gallego, El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008. <<

[79] El 27 de noviembre la revista Fuerza Nueva publicó un artículo desafiante de Blas Piñar: «Señor Presidente, nos autoexcluimos de su política […] Nosotros no queremos obedecerle ni acompañarle. Pero fíjese en quiénes le acompañan y a dónde le acompañan. Piense si le dirigen o le empujan. Y no se lamente al final si contempla cómo ese tipo de democratización que tanto urge se levanta sobre una legión de cadáveres». <<

[80] Sobre estos grupos se puede leer Mariano Sánchez Soler, La Transición Sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, Atalaya, 2010, cap. 1. <<

[81] Si como proyecto de reforma, las medidas de Arias fueron un rotundo fracaso, para la clase política del régimen tuvieron un efecto positivo. Se convirtieron en su particular sala de entrenamiento para su posterior experiencia partidista. Durante 1975 se presentaron los estatutos de media docena de asociaciones, todas ellas lideradas por los notables de una clase política que ya requería de otra forma de unidad distinta al mandato de Franco. <<

[82] A este respecto, de nuevo, Mariano Sánchez Soler, La Transición sangrienta. <<

[83] Manuel Fraga Iribarne, El desarrollo político, Barcelona, Bruguera, 1975 [1971], p. 33. <<

[84] Ibídem, p. 175. <<

[85] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1988 [1980], pp. 257-298. <<

[86] Laureano López Rodó, Política y desarrollo, Madrid, Aguilar, 1971. <<

[87] Citado varias veces por Fraga, se encuentra Francisco González de la Mora, convertido en el ideólogo del tecnocratismo y el inmovilismo franquista. Racionalización de los éxitos del desarrollismo, su posición venía a reducirse al axioma de que los asuntos públicos, en las sociedades desarrolladas, prácticamente solo requieren de un tratamiento experto, técnico, «científico». Véase Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías, Madrid, Rialp, 1965. <<

[88] Manuel Fraga, El desarrollo…, p. 333. <<

[89] Sobre GODSA véanse los dos volúmenes de memorias de Manuel Fraga, en las partes referidas a los años 1973-1979: Memoria breve…, pp. 257-376 y En busca del tiempo…, pp. 23-84. También, J. Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional…, pp. 250-256. <<

[90] Una experiencia especialmente singular fue la de Cuadernos para el Diálogo, fundado en 1963 por el exministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez como lugar de encuentro entre las posiciones evolucionistas del régimen y la oposición. Un estudio sobre la revista se puede leer en: Javier Muñoz Soro, Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2005. <<

[91] Martín Villa fue el más destacado representante del reformismo falangista y uno de los políticos fundamentales en la reforma. Sus memorias tienen uno de los títulos más característicos de la mentalidad de gobierno de aquellos líderes lampedusianos educados en el franquismo: Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984. <<

[92] Sobre los presos políticos del tardofranquismo se puede leer Acacio Puig, José Luis Pérez Herrero y Josu Ibargutxi, «La lucha en las cárceles franquistas» en Historia de la Liga Comunista Revolucionaria, Madrid, Viento Sur / La Oveja Roja, 2014, pp. 93-110. <<

[93] Sobre la posición de EE. UU. en los años 1974 y 1975: Encarnación Lemus, Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde, Cádiz, Silex, 2011. <<

[94] Sobre la paralización de este primer impulso reformista véase J. Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional…, pp. 288-290 y M. Fraga, En busca del tiempo…, pp. 23-30. <<

[95] M. Fraga, En busca del tiempo…, p. 38. <<

[96] Sobre esta «situación de tablas» entre oposición y gobierno conviene remitirse de nuevo a la obra de Ferran Gallego, El mito de la Transición…, especialmente pp. 334-410. <<

[97] Entrevista de 30 abril, recogida por Fraga en En busca del tiempo…, pp. 44-46. <<

[98] Sobre el papel protagonista de Torcuato Fernández-Miranda en la Transición, pero nunca del todo destacado se puede leer la biografía del periodista José Luis Alcocer, Fernández-Miranda: agonía de un Estado, Barcelona, Planeta, 1986; así como la preparada por sus hijos, Pilar y Alfonso Fernández Miranda, Lo que el rey me ha pedido, Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política, Barcelona, Plaza y Janes, 1996. <<

[99] Sobre la elección de Suárez por el Consejo del Reino se puede leer la exhaustiva biografía de Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Ambición y destino, Barcelona, Debate, 2009, pp. 93-100. <<

[100] La reunión es recogida por José María Areilza, pero no así por Fraga, un lapsus que resuelve con un viaje a Cataluña (¡!). Véase Areilza, Cuadernos…, pp. 42-43 y Fraga, En busca…, p. 58. <<

[101] Ibídem. <<

[102] PNN, profesor no numerario, figura de contratación común en las Universidades de la época, sometida al gobierno de los cátedros. Con ello se refería a un gobierno de actores jóvenes, de escasa experiencia y competencia intelectual. <<

[103] Se trata de la huelga del 12 de noviembre convocada por la llamada Coordinadora de Organizaciones Sindicales, formada por UGT, USO y CCOO. Esta efímera coordinación fue la encargada de convocar la primera huelga de carácter general y para todo el Estado por parte de las nacientes cúpulas sindicales. Organizada a «golpe de silbato», su resultado fue más bien modesto: dos millones de huelguistas. La huelga del 12 de noviembre se debe entender como una medida dirigida a forzar la negociación y la legalización de los partidos, antes que como un intento serio de bloquear la reforma. <<

[104] La descripción más gráfica del encuentro se puede encontrar en el relato de uno de sus protagonistas: Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, Planeta, 1977. <<

[105] El informe se recoge en versión completa en Fernando Claudín, Documentos de una divergencia comunista. Los textos del debate que provocó la exclusión de Claudín y Jorge Semprún del PCE, Barcelona, El Viejo Topo, 1978, pp. 5-50. <<

[106] Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez… p. 82. <<

[107] Documentos de una divergencia comunista…, p. 24. <<

[108] Ibídem, pp. 235-313. <<

[109] En una de las piezas que se podrían considerar clásicas del postestalinismo español, Carrillo explica la «salida» de Semprún y Claudín como resultado del cansancio de dos personalidades de orientación intelectual, producto en definitiva de «la contradicción entre el compromiso político con el Partido y las posibilidades de realización personal». Santiago Carrillo, Memoria de la Transición, Barcelona, Grijalbo, 1983, p. 93. <<

[110] Sobre los sucesos se pueden leer los libros de Roberto Mesa, Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, UCM, 1982 y Pablo Lizcano, La generación del 56. La Universidad contra Franco, Barcelona, Grijalbo, 1981. <<

[111] El juicio y la expulsión de la universidad se puede recoger a partir del relato de uno de los afectados: Enrique Tierno Galván, Cabos Sueltos, Barcelona, Bruguera, 1981. <<

[112] Sobre las respuestas de la dictadura a la presión creciente del movimiento estudiantil véase: Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, especialmente pp. 1-46. <<

[113] Un homenaje reciente a Ruano, además de contener buena información de contexto, es el coordinado por Ana Domínguez Rama (ed.), Enrique Ruano. Memoria viva de la impunidad del franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2011. <<

[114] La mayor parte de los testimonios de la época dan un carga muy distinta a las torturas de la policía según la extracción social de los militantes. Además los militantes de fábrica no solo se sometían a la represión policial, sino a la represión patronal que muchas veces acababa en despido, y en la inclusión en las «listas negras» que les impedían trabajar en la misma localidad y a veces en todo un ramo industrial. <<

[115] Gil de Biedma, Moralidades (1959-1964), México, Joaquín Mortiz, 1966. <<

[116] De acuerdo con las convenciones de la crítica cultural el realismo social se ha conocido con referencia a una generación literaria, la «del Cincuenta» o del «medio siglo». Incluye esta a un buen número de nombres de calidad y compromisos diversos, como los hermanos Goytisolo (José Agustín, Juan y Luis), Alfonso Costafreda, Gil de Biedma, el poeta pero también editor del grupo Carlos Barral, Ángel González, Juan Marsé, Caballero Bonald, Claudio Rodríguez, Ángel Valente. Y mujeres pocas pero alguna: Ana María Matute y Carmen Martín Gaite. Los «padrinos» fueron Gabriel Celaya y el también falangista y renegado Luis Rosales. Para un estudio del grupo y su compromiso político, véase: Shirley Mangini, «La euforia y el realismo social» en Rojos y rebeldes. La cultura de la disidencia durante el franquismo, Barcelona, Anthropos, 1987. <<

[117] Principalmente Tiempo de silencio de Luis Martín Santos (1962) y Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé (1966), las que seguramente son las dos mejores novelas del realismo social. Tienen el mérito de escapar a toda visión maniquea de pobres y ricos. Notablemente distintas, ambas muestran una realidad descarnada en las relaciones entre clases, así como un notable escepticismo respecto de la política de alianza entre las mismas. <<

[118] Sobre el FLP véase Julio Antonio García Alcalá, Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. Y también Manuel Garí, «El “Felipe”, una historia por escribir» en José Manuel Roca (ed.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992), Madrid, La Catarata, 1994, pp. 123-132. También Eduardo García Rico, Queríamos la revolución. Crónicas del FELIPE, Frente de Liberación Popular, Barcelona, Flor del Viento, 1998. <<

[119] En el Felipe militaron el futuro presidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE Joaquín Leguina, el ministro de Educación por el PSC José María Maravall, el luego responsable de CiU Miquel Roca, el alcalde de Barcelona por el PSC Pasqual Maragall, el vicealcalde comunista de Barcelona Jordi Borja, el político del PCE Nicolás Sartorius, el constitucionalista comunista Jordi Solé Tura, el escritor Manuel Vázquez Montalbán, los profesores Fernando Ariel del Val, Ernest Lluch y Rubert de Ventós, los sociólogos Ignacio Fernández de Castro y Jesús Ibáñez, el socialista vasco José Manuel Recalde, el periodista José Oneto y un amplio conjunto de militantes y profesores luego ligados a la LCR como Manuel Garí o Jaime Pastor. <<

[120] Un estudio sobre la revista: Javier Muñoz Soro, Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2005. <<

[121] Una antología reciente de textos de una publicación que solo está disponible en escasas bibliotecas es la de Xavier Díez (ed.), La Transición en Cuadernos de Ruedo Ibérico, Barcelona, Planeta, 2011. También el archivo digital de los Cuadernos: www.ruedoiberico.org. <<

[122] Una buena historia de la Tercera Internacional, además de un excelente análisis político, sigue siendo la de Fernando Claudín, La crisis del movimiento comunista. De la Komintern al Kominform, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978. <<

[123] Sobre la historia de los comunistas durante el franquismo se puede leer el libro de Guy Hermet, Los comunistas en España, París, Ruedo Ibérico, 1972. Y también el trabajo del que fuera uno de los principales responsables del aparato de propaganda clandestino: Gregorio Morán, Grandeza y miseria del Partido Comunista de España, Barcelona, Planeta, 1986. No existen trabajos sistemáticos de historiadores salvo algunas monografías locales como la de Carlos Fernández Rodríguez, Madrid clandestino. La reestructuración del PCE 1939-1945, Madrid, Fundación Domingo Malagón, 2002; y Francisco Erice, Los comunistas en Asturias, Trea, Gijón, 1996. <<

[124] Véase de nuevo: Carlos Fernández Rodríguez, Madrid clandestino… <<

[125] Paul Preston, El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Barcelona, Debate, 2013, p. 189. <<

[126] Sobre la historia del PCE en aquellos años se pueden leer, además de los ya mencionados: Gregorio Morán, Grandeza y miseria del Partido Comunista…; Paul Preston, El zorro rojo…, Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez…; Santiago Carrillo, Memoria de la Transición…, y el trabajo más reciente de Juan Antonio Andrade, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012. <<

[127] Al poco de la constitución de la Platajunta, una reunión de la misma acabó en la detención de sus dirigentes. Fraga decidió la liberación escalonada de los protagonistas según su radicalidad rupturista: inmediata para los socialistas y más lenta para los comunistas. Trevijano, ya desahuciado políticamente, fue el último en salir. <<

[128] Quienes denunciaron curiosamente más y mejor este amargo coste fueron las «personalidades», tan escasamente representativas para los partidos, como comprometidas con el proyecto original. Véase especialmente el juicio de José Vidal-Beneyto sobre la Transición: Diario de una ocasión perdida, Barcelona, Kairós, 1981. <<

[129] «Notas críticas» en Documentos de una divergencia…, p. 237. <<

[130] La bibliografía sobre la extrema izquierda en los años setenta es cada vez más amplia. Dos obras de consulta general son las de Consuelo Laiz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la Transición española, Madrid, Catarata, 1995; y José Manuel Roca (ed.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España, Madrid, Catarata, 1994. <<

[131] Una historia de esa formación se puede leer bajo la coordinación de José Luís Martín Ramos, Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El Viejo Topo, 2011. <<

[132] Este fue el caso del PC(i) en sus primeros años, carente prácticamente de cuadros obreros, obligó a sus militantes al ingreso en la fábrica, con resultados dudosos. Véase J. L. Martín Ramos, Pan, trabajo y libertad… <<

[133] Sobre las expectativas que generó la «evolución política» del obrerismo católico, se puede leer el testimonio obrero de Julio Sanz Oller, Entre el fraude y la esperanza. Las Comisiones Obreras de Barcelona, Ruedo Ibérico, 1972, pp. 231-236. <<

[134] Del apostolado obrero y de la organización en «equipos», la AST heredó una estructura interna de organización y una ética de sacrificio y entrega que más tarde sirvió de matriz de la cultura militante de la ORT. La AST funcionaba como una coordinadora de militantes de distintas fábricas, principalmente de Madrid, pero con implantación en otras provincias. El trabajo de la AST estaba centrado en el desarrollo y extensión de Comisiones Obreras. La continuidad de la organización, que casi desde el principio se dotó de estructuras de dirección, el protagonismo sindical de sus militantes, la contaminación original con el marxismo acabaron por llevar a la AST al proyecto de construcción del partido, que culminó en 1970 con el nombre de Organización Revolucionaria de Trabajadores. Sobre la AST y la ORT se puede leer el ya citado Consuelo Laíz, La lucha final…, especialmente pp. 50-62 y 101-119. <<

[135] Una buena crítica de estas prácticas, y en general de la izquierda comunista en la época, es la de Antonio Sala y Eduardo Durán, pseudónimos de los militantes autónomos José Antonio Díaz y Santiago López Petit, Crítica de la izquierda autoritaria en Cataluña, 1967-1974, Ediciones de Ruedo Ibérico, 1974. <<

[136] Véase Rafael Gómez Parra, GRAPO. Los Hijos de Mao, Madrid, Fundamentos, 1991. <<

[137] Se trata de una perplejidad que todavía atraviesa la reciente historiografía de los grupos. Un ejemplo reciente se puede leer en Martí Caussa y Ricard Matíne i Muntada (eds.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-1991), Madrid, Viento Sur / La Oveja Roja, 2014. <<

[138] Sobre la historia del PSOE en aquellos años y especialmente del papel de la UGT en su renovación véase: Abdón Mateos, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español 1953-1974, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1993. <<

[139] Es curioso cómo la historiografía oficial del PSOE no ha cejado en la reivindicación de su papel protagonista, a veces incluso hegemónico, así como de la continuidad del PSOE histórico con el que sale de los Congresos de los años setenta. En el extremo de esta interpretación se puede leer, por ejemplo, esta afirmación tan rotunda como falsa de Abdón Mateos: «Sostengo que el PSOE constituyó la principal formación política de la oposición al régimen de Franco», Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, UNED, 1997, p. 109. Dentro de esta historiografía partidista se debe incluir también al reputado y algo más sofisticado Santos Juliá, Los socialistas en la política española 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997. <<

[140] Extractos de la resolución fundacional del partido en 1968, recogidos por Tierno en sus memorias. El modesto origen del grupo y su carácter eminentemente profesional y acomodado se refleja en las condiciones de la fundación: un chalet de la Sierra de Guadarrama y poco más que una docena de fundadores. Véase Tierno Galván, Cabos sueltos…, pp. 396 y 397. <<

[141] Véase de nuevo, Abdón Mateos, El PSOE contra Franco…, especialmente pp. 391 y ss. <<

[142] Una crónica vívida del Congreso y del ascenso de Felipe González se puede leer en José Luis Gutiérrez y Amando de Miguel, La ambición del César. Un retrato político y humano de Felipe González, Madrid, Temas de Hoy, 1989, pp. 111-119. <<

[143] En torno a esta estrategia del PSOE se ha concitado buena parte del debate historiográfico sobre el papel de la izquierda en la Transición. Acusada de oportunismo, la política de los socialistas resultó demasiado tibia especialmente en los momentos en los que la propia debilidad de la reforma, como al final del gobierno Arias-Fraga, podía haber empujado el proceso más allá. No obstante, en una clave exclusivamente centrada en los intereses del partido, la posición del PSOE fue sin duda acertada. Sus apologetas no necesitan más, implícitamente identifican el cambio democrático con el ascenso del PSOE. Véase aquí especialmente, Santos Juliá, Los socialistas en la política… <<

[144] Concretamente 7703 del interior y otros 2438 del exterior. El PSOE histórico se había integrado poco antes en el partido, obligado a pasar por la puerta de atrás y sin ninguna representación en la ejecutiva. La cifra era notablemente inferior a la prevista el año anterior cuando se estimaba construir una organización con al menos 250 000 afiliados. <<

[145] Agradezco a Gerardo Pisarello haberme mostrado este texto y haber podido discutir con él las implicaciones del mismo. <<

[146] Ignacio de Otto Pardo, Qué son la constitución y el proceso constituyente, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977. <<

[147] Ibídem, p. 59. <<

[148] Ibídem, p. 20. <<

[149] El encuentro está recogido en detalle por José María de Areilza, Cuadernos de la Transición, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 71-74. <<

[150] Sobre esta reunión, véase Carlos Iniesta Cano (teniente general), Memorias y recuerdos. Los años que he vivido en el proceso histórico de España, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 241-242; también Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Ambición y destino, Madrid, Debate, 2009, p. 113. <<

[151] Sobre la sucesión de atentados y los grupos que los perpetraron, la fuente hoy más completa es la de Mariano Sánchez Soler, La Transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1976-1983), Barcelona, Península, 2010. <<

[152] Sobre el atentado se puede ver el documental ficcionado dirigido por Juan Antonio Bardem con guión de Gregorio Morán, Siete días de enero de 1979. <<

[153] Así lo recoge Calvo Sotelo, Memoria viva de la Transición, Barcelona, Cambio 16 / Plaza y Janés, 1990, p. 18. <<

[154] Esta es la tesis de Gregorio Morán. Fue la primera decisión de relevancia que Suárez tomó completamente solo y contra los consejos de Torcuato Fernández-Miranda. Véase Adolfo Suárez…, pp. 143-146. <<

[155] El informe del pleno del CC está recogido en Mundo obrero, 25 de abril de 1976. <<

[156] Mundo Obrero, 14 de mazo de 1977. <<

[157] Una crónica oficial en Mundo Obrero, 7 de mazo de 1977. <<

[158] Así lo cuenta uno de sus principales responsables, Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 510 y ss. <<

[159] Las cifras son de Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un Secretario General, Barcelona, Planeta, 1983, p. 252. <<

[160] ¿Cómo afrontar unas elecciones con probabilidades de éxito? En palabras de Areilza: «Serán veintitrés millones los electores censados; quince o dieciocho millones los votantes efectivos; seis o siete millones de votos los que logren la mayoría; quinientos o más los escaños pendientes en el Congreso y el Senado; mil a mil quinientos millones de pesetas necesarios para una campaña a escala nacional; cien o doscientas mil personas las que hay que movilizar para preparar y controlar los comicios. […] ¿Quién tiene en España organización adecuada para todo ello? Hoy por hoy, solamente el Movimiento, aunque el tinglado sea malo, anticuado y antidemocrático y se esté desmoronando por horas. […] Este es quizás el punto más delicado y difícil de la entera cuestión electoral y su credibilidad». Cuadernos…, cit., p. 69. <<

[161] Ibídem, p. 64. <<

[162] Sobre la evolución de la familia democristiana y su competencia con la iniciativa Areilza-Cabanillas, véanse sobre todo las memorias de su principal hacedor, Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, 1980, especialmente pp. 190-205 y pp. 291-307. <<

[163] Areilza, Cuadernos…, p. 123. Sobre la cena y la posterior reunión, véase ibídem, pp. 301-302. <<

[164] Gregorio Morán cuenta una anécdota, que a su vez muestra bien el nivel cultural y la particular antropología de la élite de la época, sobre el desencuentro final entre Suárez y Fernández-Miranda. Fue en una «cena de parejas» en la que, además de las de los dos políticos, estaban los reyes y la infanta Margarita y su marido. Tras los platos en Zarzuela, los ocho disfrutaron con el pase privado de un estreno de Hollywood, Ha llegado el águila, una película sobre nazis y espías. Después de una cena tensa, en las primeras escenas y ya a oscuras la sala, Suárez gritó: «Cómo no voy a estar agradecido a Torcuato». Véase Adolfo Suárez. Ambición y destino…, pp. 144-146. <<

[165] Para un desarrollo más completo, véase la selección de los discursos de Suárez, Abel Hernández (ed.) / Adolfo Suárez, Fue posible la concordia, Madrid, Espasa, 1996, pp. 76-78. <<

[166] El triunfalismo con el que Suárez llevó la campaña se vino abajo dos días antes de las elecciones cuando el propio Osorio autorizó la publicación de las últimas encuestas realizadas por Gallup. Estas daban la victoria a los socialistas con el 28,9% de los votos, frente al 25,6% de la UCD. El porcentaje de indecisos había quedado reducido a poco más del 10%. La «recomendación» inicial de no publicar la encuesta fue desbloqueada, para disgusto del presidente, por el ministro de Presidencia con el fin de movilizar el voto del miedo. Un recurso que la UCD no dejó de utilizar hasta su derrota en 1982. Véase Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro…, pp. 312-315. <<

[167] Entonces se reconoció imposible, pero la candidatura de una oposición unida con un programa único de ruptura democrática (constituyente) hubiera dado un vuelco a la historia del país. Primó la lógica partidaria con la que se perdió la oportunidad de liquidar por la vía electoral lo que se había renunciado por la vía de la presión social. No era tampoco signo de «moderación» que la segunda lista más votada, el PSOE, se presentara con la bandera del «marxismo», como «partido de clase» y con una verborrea maximalista que incluía el derecho a la autodeterminación. Fue una de tantas muestras de la «flexibilidad táctica» del grupo sevillano, que en su deseo de barrer el suelo bajo los pies del PCE había calcado su programa en el famoso XXVII Congreso. Sin embargo, el resultado parecía concluyente, el «franquismo sociológico» no era ya hegemónico en el país. <<

[168] Jordi Pujol, miembro destacado de la comisión negociadora por la minoría catalana, llegó a decir que fueron ellos quienes propusieron el sistema, para que «las pequeñas circunscripciones no saliesen perjudicadas ante las de Barcelona, Madrid o Sevilla». El cinismo es evidente. Véase Jordi Pujol, Historia de una convicción. Memoria (1930-1980), Barcelona, Destino, 2007, p. 289. <<

[169] Esta política sostenida durante todo el periodo solo pudo encontrar una validación parcial en el golpe de Estado del 23F. La justificación de Carrillo en aquellos años se puede leer en su Memoria de la Transición, Barcelona, Grijalbo, 1983. <<

[170] José Pedro Pérez-Llorca, Gabriel Cisneros Laborda y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón de UCD, Gregorio Peces Barba del PSOE, Miquel Roca del Pacte Democràtic, Jordi Solé Tura del PSUC y Manuel Fraga de AP. <<

[171] En la Memoria que Solé Tura entrega a la dirección del partido para su discusión en el verano, ya se deja leer: la monarquía constitucional «extingue el principio monárquico, el monarca no tiene más atribuciones que las que le otorga expresamente la constitución». Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Madrid, Forma Ediciones, 1978, p. 30. <<

[172] Las posiciones de Fraga a este respecto se pueden leer en un libro publicado en el verano de 1978, resultado a su vez de una conferencia en el Club Siglo XXI. El título es de por sí una declaración de intenciones, La crisis del Estado español (Barcelona, Planeta, 1978). El viejo ministro se despachaba a la sazón con lo que consideraba la ofensiva marxista y su reflejo en la discusión constitucional. Del lado comunista, también se puede leer su perspectiva ante las batallas constitucionales del momento. Véase el «Informe al Pleno del Comité Central del Partido del 7 de enero de 1978», publicado en Solé Tura, Los comunistas y la Constitución…, 1978, pp. 65-116. <<

[173] La mayor parte de estos títulos socializantes fueron retirados con la reforma constitucional de 1982, ordenada de cara al ingreso del país en la UE, al tiempo que reforzaba el papel de los partidos. Su espíritu, no obstante, fruto de otras condiciones, se mantiene en buena parte del texto. <<

[174] Para un análisis del texto español en la historia constitucional internacional —y no únicamente española—, véase: Gerardo Pisarello, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Madrid, Trotta, 2011. <<

[175] La lectura de los titulares de prensa diaria, principalmente de La Vanguardia y El País, ya por entonces los periódicos más leídos, muestra cómo cuajaron las nuevas formas de organización de la opinión pública protagonizadas exclusivamente por los partidos y las grandes organizaciones corporativas. De hecho, el debate constitucional del periodo quedó reducido a las declaraciones de los líderes de cada una de las formaciones políticas. <<

[176] Así y sin mayores reparos lo cuenta Alfonso Guerra en su autobiografía, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Madrid, Espasa Calpe, 2004, pp. 284-288. <<

[177] La división en torno a la Constitución trajo una larga crisis del partido de Fraga, que hacia finales de 1978 incorporó de nuevo a una parte del centrismo expulsado por Suárez como fueron Areilza y el propio ministro Osorio. La evolución de ese año crítico de la derecha española se puede seguir en sus memorias, Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987. <<

[178] El País, 1 de noviembre de 1978. <<

[179] Ignacio de Otto y Pardo, «La Constitución de 1978 en la Historia constitucional española» [1979] en Obras Completas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, pp. 1527-1539. <<

[180] Para una crítica sistemática de la Constitución española véase: VV. AA., Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003. <<

[181] Es significativo, por ejemplo, que Fraga pueda, con cierta razón, atribuirse las propuestas de los artículos más avanzados en referencia a los mecanismos de democracia semidirecta; y que estos artículos fueran retirados de la Comisión Constitucional a principios de junio por iniciativa del PSOE y del PCE. La razón, según Fraga, estaba en su temor a que se impusiera un referéndum sobre el aborto o el divorcio. Véanse las memorias de Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo…, p. 122. <<

[182] Memoria presentada al partido en el verano de 1977, en Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Madrid, Forma Ediciones, 1978, pp. 15-74. <<

[183] Se trata del republicanismo federal de Pi y Margall y de Fernando Garrido, que desde mediados de la década de 1850 se empezó a articular teóricamente con obras como La Reacción y la revolución (1854) de Francisco Pi y Margall o La República democrática federal universal (1855) de Garrido. <<

[184] Ignacio de Otto Pardo, Qué son la constitución y el proceso constituyente…, cit., p. 76-77. <<

[185] J. J. Linz, M. Gómez-Reino, F. A Orizo y D. Vila, Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975-1981, Madrid, Fundación FOESSA, 1981, p. 315. <<

[186] «Manifiesto de los trabajadores de Tarabusi S. A. a toda la clase trabajadora de Euskadi», febrero de 1977, en Luchas Autónomas en la Transición Española. Vol. I, Zero ZYX, 1978, p. 239. <<

[187] Los boletines y documentos de los sindicatos de finales de 1977 y principios de 1978 están llenos de explicaciones sobre la necesidad de institucionalizar órganos de representación en las empresas y de realizar movilizaciones responsables que no cedan al «radicalismo del asamblearismo». Jugaron un papel fundamental las huelgas del verano de 1977, especialmente la del calzado en Levante, que escapó a las consignas de moderación sindical y rompió el marco de negociación que querían UGT y CCOO. Para un buen relato de este proceso, véase José María Marín Arce, Los sindicatos y la reconversión industrial durante la Transición. 1976-1982, Madrid, CES, 1997. <<

[188] El debate unidad o pluralidad sindical fue uno de los centros de atención mediática de 1976; una pantalla que desvió la atención sobre lo verdaderamente importante, el proceso de institucionalización. El modelo de la Intersindical portuguesa (el sindicato unitario que salió de la Revolución de los Claveles) resultaba inaplicable en España, por la situación de fragmentación política previa al cambio institucional. <<

[189] Sobre el proceso de institucionalización de CCOO se pueden reconocer distintas perspectivas. Desde dentro y justificando esta evolución: D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994; N. Sartorius, El resurgir del movimiento obrero, Barcelona, Laia, 1976; J. Ariza, CCOO, Barcelona, Avance, 1976. Más analítica y globalmente más comprensiva: F. Almendros Morcillo, E. Jiménez, F. Pérez Amorós y E. Rojo Torrecilla, El sindicalismo de clase en España (1939-1977), Barcelona, Península, 1978; o I. M. Führer, Los sindicatos en España. De la lucha de clases a estrategias de cooperación, Madrid, CES, 1996. <<

[190] Formulaciones idénticas o similares ocuparon las cabeceras de todos los boletines de fábrica de Comisiones y sobre todo de la Gaceta de Derecho Sindical, GDS, la principal publicación del sindicato en ese periodo. <<

[191] El Sindicato Unitario se constituyó formalmente en Alcobendas el 6 de marzo de 1977. Poco antes lo había hecho en Vallecas la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores. Aparte de constituir los embriones efectivos de algunas organizaciones interesantes, como el Sindicato de Obreros del Campo en Andalucía, obviamente la pretensión de un Congreso Unitario se mostró absolutamente improbable a partir de la constitución de los grandes sindicatos UGT y CCOO. <<

[192] Sobre la UGT de esa época no hay monografías específicas. Aparte de algunas colecciones de documentos editados por la Fundación Largo Caballero, se pueden consultar los estudios ya citados de E. Jiménez, F. Pérez Amorós y E. Rojo Torrecilla, El sindicalismo de clase en España; y I. M. Führer, Los sindicatos en España…; y el de Holm-Detlev Köhler, El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo y modernización económica, Madrid, Fundamentos, 2001. <<

[193] Su pertenencia desde 1949 a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de orientación socialista y anticomunista, se tradujo en toda clase de gestos y ayudas materiales. Sobre el importante papel que jugó la CIOSL en la reconstrucción de la UGT es interesante el estudio de P. Ortuño Anaya, «The involvement of the ICFTU in Predemocratic Spain, 1960-1977», International Journal of Iberian Studies, núm. 12-2, 1999, pp. 93-106. Sobre el caso específico del apoyo del laborismo británico se puede leer de la misma autora «The Labour Party, the TUC and Spain, 1959-1977», Labour History Review, núm. 64-3, 1999, pp. 269-286. <<

[194] La bibliografía sobre USO para este periodo es realmente escueta. Aparte de las monografías generales ya citadas, se puede añadir J. M. Zufiaur, Unión Sindical Obrera, Madrid, Avance-Mañana, 1976. <<

[195] Una historia de este sindicato se puede leer en E. Majuelo, Historia del Sindicato LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak (1975-2000), Tafalla, Txalaparta, 2000. Sobre ELA también se puede consultar la parte dedicada en el libro de Holm-Detlev Köhler, El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo y modernización económica…, pp. 211-244. <<

[196] Son reveladoras las declaraciones de los líderes sindicales del momento. En un documento fílmico de P. Portabella (Informe General sobre Cuestiones de Interés para una Proyección Pública, 1976), la discusión entre Zufiaur (USO), Camacho (CCOO) y Redondo (UGT) es bastante sintomática de las intenciones que subyacen a cada proyecto sindical. Sobre el presupuesto compartido de la unidad obrera, lo que en definitiva se deduce es una lucha por la hegemonía. CCOO presentó su proyecto de congreso constituyente a partir de las asambleas de fábrica, en el que esperaba conseguir el máximo número de compromisarios y cargos. UGT y USO lo rechazaban por este mismo motivo, pero solo para proponer una unión a medio plazo de las centrales sindicales. En definitiva, aun cuando todavía se le invocara, el referente unitario estaba desapareciendo rápidamente. <<

[197] Los textos fundacionales de los principales sindicatos recogieron formalmente el sustrato común constitutivo de la experiencia de las primitivas comisiones. Evidentemente, ni CCOO, ni UGT, ni la gran mayoría de los sindicatos minoritarios fueron independientes de los partidos, ni lo serían más tarde del Estado (en términos de ayudas y financiación). La retórica revolucionaria se abandonó muy pronto y su «asamblearismo» no se demostró ni a nivel interno de la organización, ni tampoco en los centros de trabajo. <<

[198] Sobre la Coordinadora de Fábricas de Vizcaya se puede leer Ibarra Güell, El movimiento obrero en Vizcaya, Bilbao, UPV, 1987, pp. 493-505. <<

[199] La Coordinadora desapareció en la primavera de 1977, si bien desde principios de año había sufrido un paulatino proceso de vaciamiento. Ya en febrero el llamamiento a una huelga de solidaridad con la construcción «solo» movilizó a 5000 huelguistas. <<

[200] Sobre las principales variables de la economía asalariada se pueden seguir las series elaboradas por Jesús Albarracín, «La extracción del excedente y el proceso de acumulación» en Miren Etxezarreta, La reestructuración del capitalismo en España (1970-1990), Barcelona, Icaria / Fuhem, 1991, pp. 313-348. <<

[201] En algunas empresas, el índice de absentismo alcanzaba el 10%, e incluso el 20% sobre el total de las horas laborables. Por ejemplo, un trabajo sobre el sector de bienes de equipo para los años 1980 y 1981 ofreció un promedio de absentismo del 10 al 12% entre los obreros de taller, del 5,5 al 7% entre técnicos y administrativos y tan solo del 3,5 al 4% entre los cuadros. Véase S. Sánchez Cervera: «El absentismo laboral: su evolución en el sector de bienes de equipo», Revista de Trabajo, núm. 67-68, 1982, pp. 271-293. Otro ejemplo se puede encontrar en las estadísticas de la empresa Rok para los primeros años de la década de 1980. Estas muestran un absentismo entre el 6 y el 12% para el total de la plantilla, que en los talleres se disparaba al 15%. Véase Archivo Confecciones Puente-Rok, Fundación Primero de Mayo. <<

[202] Para un estudio de las principales variables económicas del periodo sigue siendo imprescindible la referencia al volumen colectivo coordinado por Miren Etxezarreta, La reestructuración del capitalismo en España (1970-1990), Barcelona, Icaria / Fuhem, 1991. <<

[203] Para un análisis económico de los Acuerdos de la Moncloa y de las discusiones que los acompañaron se puede leer: Joan Trullen i Thomas, Fundamentos económicos de la Transición política española. La política económica de los Acuerdos de la Moncloa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993. <<

[204] Santiago Carrillo, Memoria de la Transición, Barcelona, Grijalbo, 1983, p. 53. <<

[205] Las comparaciones entre la política de los comunistas italianos dirigidos por Enrico Berlinguer y los españoles son en este periodo trágicamente similares, y no exentas para el caso de Carrillo de cierta comicidad. El acercamiento del PCI a la Democrazia Cristiana no se tradujo en un gobierno compartido, pero sí en un pacto implícito de gobernabilidad que trataba de hacer frente tanto a la involución derechista como a la amenaza que supuso el crecimiento de la autonomía obrera y de las formaciones armadas de extrema izquierda. Carrillo a su modo, y con una posición incomparablemente peor a la de los comunistas italianos, reprodujo el esquema con argumentos similares. Su apoyo a Suárez y su invocación al gobierno de concentración fueron una constante durante todo el periodo. <<

[206] Sobre la huelga de Roca existe abundante material de análisis y fuentes primarias recopiladas en el volumen ya mencionado Luchas Autónomas… Vol. II, pp. 14-53 y 237-259 y también en los anexos del libro de F. Quintana (coord.) Asalto a la fábrica…, pp. 177-203. Además se puede leer el trabajo de Albert Alonso Quiñones, «La huelga de Roca, autoorganización contra el pacto social» en Espai en Blanc (coord.), Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, pp. 137-160. <<

[207] Víctor Pérez Díaz, Clase obrera, partidos y sindicatos, Madrid, Fundación del Instituto Nacional de Industria, 1979. <<

[208] J. Setién, El movimiento obrero y el sindicalismo de clase en España (1939-1981), Madrid, Ediciones de la Torre, 1982, p. 58. <<

[209] Datos de la encuesta de Víctor Pérez Díaz, Clase obrera, partidos y sindicatos… En otro muestreo realizado en abril de 1978, este porcentaje aumentaba hasta el 76% repartidos en un 53% para los socialistas y un 23% para los comunistas. Véase Victor Pérez Díaz, Clase obrera, partidos y sindicatos…, pp. 48-49. <<

[210] Para una historia de la posición del empresariado en la Transición véase: Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2010), Barcelona, RBA, 2011. <<

[211] Para un estudio de las mismas se puede leer: Glicerio Sánchez Recio y Luis Julio Tascón Fernández, Los empresarios de Franco. Política y economía en España (1936-1957), Barcelona, Crítica, 2003. <<

[212] Efectivamente, los nuevos aparatos de gestión y administración requerían de una clase empresarial especializada y altamente formada. Las escuelas técnicas ligadas a los jesuitas y a los propagandistas católicos dieron cuenta de esta necesidad de formación con centros como el CEU-San Pablo, ICADE y ESADE, todos ellos creados hacia la década de 1950. <<

[213] Sobre los cambios en las actitudes políticas del empresariado véase, por ejemplo, la panorámica general de Salvador Giner, «La estructura social de España» en Antonio López Pina (ed.), Poder y clases sociales, Madrid, Tecnos, 1978, pp. 73 y ss. <<

[214] El término se debe a los tempranos trabajos sobre el capitalismo financiero de los años diez y veinte del pasado siglo, especialmente Rudolf Hilferding, El capital financiero, Madrid, Tecnos, 1985. El marxismo de los años cincuenta, sesenta y setenta recuperó este concepto, para dar lugar a distintas interpretaciones de la mano de autores como Paul A. Baran y P. Marlor Sweezy, El capital monopolista: ensayo sobre el orden económico y social de Estados Unidos, Madrid, Siglo XXI, 1986; Nikos Poulantzas, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Madrid, Siglo XXI, 1982 y Ernest Mandel, La concentración económica en Estados Unidos, Buenos Aires, Amorrortu, 1973. En España el concepto sirvió de guía a los análisis del PCE, así como de casi todos los grupos de la izquierda comunista. <<

[215] El teórico español de la época coincide con el nombre del entonces comunista Ramón Tamames. A su primer trabajo de 1966 con el título La lucha contra los monopolios se añadió en los años de la Transición el mucho más sistemático, La oligarquía financiera en España, Barcelona, Planeta, 1977. <<

[216] Se trata del conocido libro de Juan Muñoz, El poder de la Banca, Madrid, ZYX, 1969. Desde mediados de la década de 1960, una parte del falangismo de izquierdas y también del emergente catolicismo progresista empezó a criticar la enorme concentración de poder y riqueza en esta reducida oligarquía financiera. El trabajo de Juan Muñoz fue pionero en el campo y es una de las mejores fuentes de la época para estudiar los perfiles del capitalismo financiero español. <<

[217] En 1968, 142 consejeros de los seis mayores bancos del país se sentaban en 995 consejos de administración de grandes empresas y ocupaban un total de 2163 sillones en esos mismos consejos. Una cifra espectacular e indicativa del enorme grado de concentración del poder económico. <<

[218] Durante los años cuarenta y cincuenta, Franco promovió la consecución de increíbles beneficios financieros a través del mecanismo de pignoración del 80% de la deuda pública comprada por los grandes bancos y el llamado statu quo bancario que en la práctica bloqueaba la creación de nuevas entidades financieras. En los años sesenta, marcados por la expansión industrial, la dictadura recreó de nuevo las condiciones para garantizar su posición dominante. De hecho, el desarrollismo español resulta inconcebible sin la guía de los grandes bancos. De acuerdo con el procedimiento de legislar para conservar la excepción, la ley bancaria de 1962, que separaba la banca comercial de la banca de negocios, fue sorteada por medio de la creación de filiales industriales. Con estos privilegios, la expansión industrial no redujo el peso del poder financiero, sino que lo acrecentó. <<

[219] Es el caso, por ejemplo, del trabajo ya mencionado de Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios… <<

[220] El grado de institucionalización de este tipo de relaciones era en realidad mucho más alto que el que se inspira de forma más bien folclórica en las escenas de cacería, comidas en restaurantes y recepciones ministeriales. Desde los años cincuenta se volvió cada vez más frecuente el intercambio entre carrera política y empresarial. El «retiro» en un consejo de administración de una gran empresa se convirtió en la forma de jubilación corriente para los ministros franquistas. Fraga, Calvo Sotelo, Silva Muñoz, o incluso el opositor Pujol, fueron de los muchos que intercambiaron en varias ocasiones responsabilidades políticas con altos cargos de dirección en distintas empresas. <<

[221] Sobre los grupos institucionalizados de presión véase de nuevo el estudio de Ramón Tamames, La oligarquía financiera… <<

[222] Un relato de la perspectiva patronal en la negociación laboral durante la Transición se puede leer en Rodrigo Iglesias, «La concertación social desde la perspectiva de las organizaciones empresariales», en Ángel Zaragoza, Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 145-179. <<

[223] Este se limitaba a establecer el marco de la negociación, una serie de criterios y compromisos que comenzaban con el reconocimiento de la autonomía de las partes, los requisitos de legitimidad en la negociación y el interés de ambas confederaciones por participar en los aparatos de Estado. <<

[224] Al frente del Instituto de Estudios Fiscales, Fuentes Quintana encargó sucesivos estudios sobre distribución personal de la renta (1964, 1967, 1970 y 1974) que constituyen la mejor fuente del periodo. Para un resumen de sus conclusiones por parte del mismo director, véase: Enrique Fuentes Quintana, «Desigualdad económica y política del sector público» en Antonio López Pina (ed.), Poder y clases sociales, Madrid, Tecnos, 1978, pp. 13 y ss. <<

[225] Para un resumen de este aspecto, véase Josep González Calvet, «Transformación del sector público e intervención en la economía» en Miren Etxezarreta, La reestructuración del capitalismo… pp. 179-237. <<

[226] Se trata del Decreto del 14 de septiembre de 1977, modificado y arreglado en el apartado dedicado a la representación sindical del Estatuto de los Trabajadores de 1980. <<

[227] El sistema de elecciones sindicales es prácticamente una especificidad española, en otros países no existe y la representación tiene que ver con el número de afiliados en una empresa o sector. <<

[228] Datos de la encuesta dirigida por el propio V. Pérez Díaz, Clase obrera, orden social y conciencia de clase… <<

[229] Estas cifras son aproximadamente dos tercios de las de 1978, cuando UGT y CCOO decían tener dos millones de afiliados cada una. Cifras improbables, superiores, en el caso de la UGT, a los votos que obtuvo en las elecciones sindicales de 1978. Fundación Friederich Ebert, Elecciones sindicales 1980. Las expectativas sindicales de los trabajadores españoles, Madrid, 1982. <<

[230] El Estatuto fue objeto de una fuerte contestación por parte de Comisiones Obreras, no tanto por las medidas que fortalecían la posición de los sindicatos, cuanto por aquellas que erosionaban la estabilidad en el empleo. Fue promulgado en marzo de 1980. <<

[231] Este último caso quedó regulado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical de agosto de 1985. <<

[232] Se trata de un fenómeno en absoluto marginal. Con una regularidad mensual, Ajoblanco se movía en unas cifras mínimas de 50 000 ejemplares, pero llegó a tirar 150 000 en más de una ocasión. <<

[233] Sobre la contracultura española del momento, además de las revistas señaladas, a la que se debería añadir también Star, me remito al trabajo más completo realizado hasta el momento, Pablo Carmona Pascual, Libertarios y contraculturales. El asalto a la sociedad disciplinaria. Entre Barcelona y Madrid, 1965-1979, Tesis doctoral leída en 2012 en la UCM. <<

[234] Sobre la COPEL véase Ciutat Invisible, «Subirse al tejado. Las revueltas de los presos sociales en la Transición» en Espai en Blanc (coord.), Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008. También el trabajo de César Lorenzo Rubio, Cárceles en llamas. El movimiento de los presos sociales en la Transición, Barcelona, Virus, 2013; y el libro Rebelión en las cárceles, Donostia, Hordago, 1981. <<

[235] La bibliografía sobre la CNT en el periodo no es excesivamente amplia. Valgan aquí los trabajos del militante anarcosindicalista J. Gómez Casas, Relanzamiento de la CNT 1975-1979. Con un epílogo hasta la primavera de 1984, París, Regional del Exterior CNT, 1984; de J. Zambrana, La alternativa libertaria. Catalunya 1976-1979, Barcelona, Edicions Fet a Mà, 1999; y de Pablo Carmona Pascual, Transiciones… <<

[236] La presencia de la CNT, o de los grupos que la formaron, resultó fundamental en los conflictos obreros más importantes de Cataluña y de Levante de aquellos años: la huelga de Roca entre octubre de 1975 y febrero de 1976, las huelgas del calzado en Levante y sobre todo las huelgas de los trabajadores de las gasolineras de Barcelona en otoño de 1977 y otoño de 1978. <<

[237] La UGT daba cifras desorbitadas y poco creíbles que se pueden contrastar por el simple expediente de comparar sus dos millones de afiliados declarados (más que CCOO) y los votos que obtuvo en las elecciones de 1978, y que apenas alcanzaron un 35% de los afiliados que decía tener. <<

[238] Las ideas autónomas además de tener cierta tribuna en revistas como Ajoblanco, Bicicleta o El Viejo Topo tenían su propia prensa con publicaciones como Teoría y Práctica, Emancipación o Negaciones. <<

[239] Siguió operando en la formación de comités unitarios apoyados en las asambleas de fábrica. A su vez los autónomos se organizaron en asambleas regulares de provincia y localidad. Es relevante que, tras los acontecimientos de Vitoria, un sector experimentara una deriva armada con la formación de los llamados Comandos Autónomos Anticapitalistas. <<

[240] «La Autonomía Obrera, además, es la línea política, y vamos a explicar por qué: El Capital, en el transcurso de la lucha de clases, actúa frente a la clase trabajadora con una línea política global determinada, tiene su base en su política económica, pero que abarca la totalidad de los aspectos sociales (política social, política económica, política educativa, sexual, etc…). Además la burguesía intenta elegir el terreno de lucha en todo momento. Hoy se concreta en la transición a la democracia (pues la lucha obrera hizo inservible la dictadura) con todos sus aparatos: parlamento, sindicatos, partidos, pacto social, etc… Por tanto los trabajadores debemos desarrollar nuestra línea política que abarque todos los frentes de lucha: barrios, enseñanza, empresas, sanidad, marginados, etc. Una línea política que es integral, global, pues es una respuesta-ataque a todos los niveles y modos de explotación y opresión burgueses». «Autonomía obrera o barbarie», entrevista en Ajoblanco, núm. 31, 1978, pp. 3-78. <<

[241] Es el caso de la Federación Ibérica de Grupos de Afinidad que en una de sus declaraciones firmadas decía sin ambages: nuestro propósito pasa por «comunicar a los elementos de práctica claramente consejista (desde los llamados marxistas libertarios hasta el Partido Sindicalista pasando por los grupos Emancipación, Solidaridad…) a que abandonen esta casa que no les pertenece». Editorial de Anarcosindicalismo, núm. 0, febrero de 1979, cit. en P. Carmona, CNT(1976-1981) Estrategias y tendencias… p. 119. <<

[242] Esta interpretación fue cobrando cada vez más fuerza, especialmente porque el principal sospechoso, un tal Gambín, seguramente confidente y autor de los hechos, quedó puesto en libertad, al tiempo que resulta más que dudoso, por las pruebas presentadas, que los otros imputados participaran en el atentado. Véase J. Zambrana, La alternativa libertaria… p. 167-169 y J. Gómez Casas, El relanzamiento de la CNT… Existe también un estudio específico de Xavier Cañadas Gascón, El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más, Barcelona, Virus, 2008. <<

[243] Enrique Tierno Galván, Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera, 1982, p. 489. <<

[244] Era 27 de octubre de 1977, poco después de firmados los Pactos de la Moncloa. Fraga explica en sus memorias y defiende sin cesar el compromiso de Carrillo con el nuevo régimen. Véase Fraga, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, p. 97. <<

[245] La anécdota está recogida en José Luis Gutiérrez y Amando de Miguel, La ambición del César. Un retrato político y humano de Felipe González, Madrid, Temas de Hoy, 1989, p. 131. También en las propias memorias de Fraga, En busca del tiempo…, p. 197. <<

[246] Véanse los discursos de Suárez a cargo de la edición de Abel Hernández, Fue posible la concordia, Madrid, Espasa, 1996, pp. 176-177. <<

[247] Sobre las elecciones de 1979, se puede leer un libro periodístico revelador de las tramas políticas del momento, Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones de 1979, Madrid, Prensas Españolas, 1979. <<

[248] Dos valoraciones distintas del proceso se pueden leer en las memorias de Enrique Tierno Galván, Cabos sueltos…, pp. 684-698; y Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, Memorias (1940-1982), Madrid, Espasa, 2004, pp. 298-310. <<

[249] Sobre el rápido endeudamiento de las organizaciones partidarias, Pablo Castellano ofrece la cifra de 10 000 millones en créditos que el PSOE adeudaría justo después de las elecciones de 1982. Esta gigantesca hipoteca con el sistema bancario español suponía pagos anuales de 1000 millones solo en intereses. Véase Pablo Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Madrid, Temas de Hoy, 1994, p. 357. <<

[250] En buena medida, se puede decir que la gran banca financió la Transición. La negociación entre el oligopolio bancario y la clase política fue constante. Desde su primer gobierno Suárez se reunió en varias ocasiones con los directores de las principales entidades, al igual que lo hicieron Fraga y los máximos líderes de la oposición. Tras las elecciones de 1979, Suárez consiguió créditos ventajosos del 8,75% para los partidos y los ayuntamientos endeudados, en un momento en el que la inflación superaba el 20%. Este tipo de relaciones carece todavía de un estudio suficiente, pero se pueden encontrar toda clase de referencias a estos tratos en todas las memorias de los líderes políticos de la época. <<

[251] Los partidos españoles de la Transición nunca alcanzaron las tasas de afiliación y penetración social de sus homólogos europeos. El único que podía presumir de una organización de masas, el PCE, entró a partir de 1978 en una zona muerta marcada por la paulatina disminución de la afiliación y la militancia. Hacia 1980-1981 había perdido la mitad de los afiliados que tenía en junio de 1977. El PSOE, por su parte, apenas superó en 1978 la cifra de los 100 000 afiliados con los que se mantuvo hasta 1982. UCD o AP presentaban cifras aún menores. <<

[252] El término aparece en prensa y en algunas columnas tan pronto como a finales de 1978. Se generaliza desde 1979 y sobre todo 1980, para protagonizar la mayor parte de la reflexión política sobre la Transición durante la década de 1980. Se trata de un motivo recurrente de ensayistas y periodistas que alude a los límites o a la debilidad de la democracia española. Y se utiliza tanto para acusar a las complicidades de la izquierda política con los pactos y la moderación social, como para apuntar a la población respecto de su escaso compromiso social y político. El término adquirió su definición canónica en el libro de Juan Luis Cebrián de 1980, La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición, Madrid, Taurus, 1992. Un estudio posterior es el de Teresa M. Villarós, El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española (1973-1993), Madrid, Siglo XXI, 1998. <<

[253] Sobre Rekaldeberri hay bastante material escrito, publicado sobre todo por la Asociación de Familias. Véase El libro negro de Rekaldeberri, Barcelona, Dirosa, 1975; Más allá del barrio y las promesas, Madrid, Revolución, 1983 y Cultura para 70000. Universidad Popular de Rekaldeberri, Madrid, Nuestra Cultura, 1977. <<

[254] La dirección de la lucha estuvo en manos de un Comité Unitario formado principalmente por los GOA y por algunos pequeños partidos de la izquierda comunista. El punto crítico del conflicto se produjo entre febrero y marzo de 1970 con manifestaciones masivas frente al Ayuntamiento y enfrentamientos de cierta gravedad con la policía. Sobre el conflicto de Santa Coloma, no hay mucho material documental, en todo caso se puede seguir por la hoja de los GOA, La lucha de Santa Coloma, 1971, Archivo de la Fundación Cipriano García. <<

[255] Publicaciones bastante irregulares que dependían de la continuidad del grupo promotor —tal comisión o comité de barrio o la célula de tal o cual partido— con nombres como Verneda Obrera (Barcelona), La Lucha en Santa Coloma, El barrio en lucha (San Ildefonso, Madrid), etc. La intención de estos pequeños periódicos era la de interpelar a los vecinos. Se trataba de publicaciones locales, enfocadas sobre los problemas del barrio y casi siempre marcadas por una retórica netamente obrerista. <<

[256] La historia de Orcasitas está suficientemente documentada. Material fresco y extremadamente interesante es el texto encargado por la Asociación de Vecinos a Concha Denche y Julio Alguacil, Del barro al barrio, Madrid, 1986 o también de los mismos autores «Profundo Sur», Alfoz, núm. 48-49, 1988. Otras obras generales de interés es la propia del autor: Emmanuel Rodríguez, Orcasitas. Historia de un barrio obrero. Memoria de Licenciatura, Madrid, UCM, 1998 y J. Manzano Martos, «Orcasitas» en Madrid, Madrid, Espasa Calpe, 1979, pp. 621-640. <<

[257] En Madrid, por ejemplo, el número de chabolas e infraviviendas se mantuvo prácticamente clavado en la horquilla de las 40000-60 000 hasta finales de los años setenta. Las cifras no eran mucho mejores para Barcelona. <<

[258] Sobre la historia del movimiento vecinal merece la pena revisar la bibliografía de la época: M. Castells, Ciudad, socialismo y democracia: la experiencia de las asociaciones de vecinos en Madrid, Madrid, Siglo XXI, 1977; J. García Fernández y Mª. D. González Ruiz, Presente y futuro de las asociaciones de vecinos, Madrid, 1976; J. Olmañeca, Movimiento ciudadano: crisis, Bilbao, 1977; T. R. Villasante, Los vecinos en la calle. Por una alternativa democrática a la ciudad de los monopolios, Madrid, Ed. La Torre, 1976; VV. AA, Las asociaciones de ciudadanos en la encrucijada. El movimiento ciudadano 1976-1977, Madrid, Ed. La Torre. <<

[259] Es el caso de la Escuela Popular «La Prospe» en Madrid, todavía hoy abierta, y que comenzó con clases de alfabetización de adultos y cursos nocturnos. <<

[260] «¡Trabajador! ¡Esta es tu Universidad! Creada, mantenida y dirigida por trabajadores», así rezaba uno de los panfletos de presentación pública de la Universidad Popular de Rekaldeberri. Fundada en 1976 a partir de una serie de cursillos nocturnos, esta universidad popular fue una de las más antiguas y más interesantes por su vinculación explícita con la movilización política. Cultura para 70 000…, p. 39. <<

[261] Sobre esta operación urbanística existe una abundante bibliografía: D. Blos, Planeamiento y gestión de la vivienda social en España: el caso madrileño de remodelación de áreas de infravivienda, Barcelona, 1991; L. Galiana Martin, Suelo público y desarrollo urbano en Madrid, Madrid, Universidad Autónoma, 1995; L. Lasso Liceras, «El proceso de remodelación y crecimiento en la periferia obrera de Madrid», Boden, núm. 23-24, 1981; Cátedra de Planeamiento Urbano de la UPM, Análisis del proceso de remodelación y realojamiento de barrios de Madrid, Madrid, ITVIMA, 1987. <<

[262] En Orcasitas, por ejemplo, al igual que en el Pozo del Tío Raimundo, las asambleas decidieron hacer reproducciones a tamaño natural de distintos modelos de vivienda. Los vecinos votaron cuál de ellos les parecía más conveniente. En Meseta de Orcasitas, el proceso llegó incluso a dar nombres a las calles y plazas tales como «de los Mil Delegados», «de la Asociación», «de la Asamblea», etc. <<

[263] Quizás el caso más grave fue el que estalló en 1981 debido a la acusación de corrupción a un concejal socialista del área de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. El asunto produjo un cierre de filas dentro del partido que se negó a investigar el escándalo. El asunto se saldó con el arrinconamiento del sector crítico madrileño encabezado por Alonso Puerta. El vicealcalde había destapado el asunto y fue por ello expulsado del partido en ese mismo año. <<

[264] A veces incluso la forma de vida asociada a la integración urbana, como es el caso de muchos de los habitantes de los poblados chabolistas realojados en pisos modernos, suponía una fuerte discontinuidad con hábitos de vida y relación más ajustados a patrones rurales. Un interesante análisis de estos cambios se puede leer en: Tomás Rodríguez Villasante (dir.), Retrato de chabolista con piso. Análisis de las redes sociales en la remodelación de barrios de Madrid, Madrid, CIDUR / Revista Alfoz, 1989. <<

[265] Un informe sociológico, encargado por la Comunidad de Madrid, recoge probablemente mejor que cualquier otro documento del momento los efectos sociales de las crisis. Véase Cambios en las relaciones sociales y en las formas de vida de la población trabajadora madrileña durante la crisis (1975-1985), Madrid, Consejería de Ordenación del Territorio, 1985. <<

[266] Sobre las transiciones ideológicas de ambos partidos en aquellos años se puede consultar el trabajo de Juan Antonio Andrade Blanco, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012. <<

[267] Por aquellos años fueron muchas las fábricas que abandonadas por sus patrones fueron recuperadas por los trabajadores en régimen de autogestión. Estas fábricas, que algunas estimaciones contaron por varios miles, trabajaron desde finales de los años setenta sin patrones y en un régimen legal precario, que no se legalizó hasta 1984 bajo la figura de las Sociedades Anónimas Laborales. <<

[268] Dos relatos vívidos y contrapuestos sobre el Congreso y sus implicaciones posteriores se pueden leer en Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Madrid, Espasa, 2004, pp. 327-348; y Pablo Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 317-330. <<

[269] Gómez Llorente realizó cierta labor como historiador con dos obras que merecen reconocimiento, ambas publicadas por la editora de Cuadernos para el Diálogo: Aproximación a la historia del socialismo español (hasta 1921) (1972) y Rosa Luxemburgo y la socialdemocracia alemana (1975). <<

[270] Sus palabras exactas —nótese que habla en tercera persona— fueron: «Si hago política perdiendo fuerza moral y razones morales, prefiero apagar, apagar porque yo no estoy en política por la política. Estoy porque hay un discurso ético, que no suena demasiado revolucionario, que es el que mueve a Felipe González en la política». <<

[271] Una lectura historiográfica que enfatiza el acierto y la necesidad de este giro por Felipe González se puede leer en el libro del prestigiado Santos Juliá, Los socialistas en la política española 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997. <<

[272] J. F. Tezanos, Sociología del socialismo español, Madrid, Tecnos, 1983, pp. 135-147. <<

[273] En noviembre de 1977, se publicó la Autobiografía de Federico Sánchez. Ácido y demoledor con la historia del PCE, el libro se vendió por decenas de miles, recibió el premio Planeta y una publicidad notoria. <<

[274] Santiago Carrillo Solares, Eurocomunismo y Estado, Barcelona, Grijalbo, 1977. <<

[275] Sobre la discusión ideológica me remito de nuevo al estudio de Juan Antonio Andrade, El PCE y el PSOE en (la) transición… <<

[276] Una medida que en palabras de Carrillo, en su largo informe al IX Congreso, había definido bajo el pretexto de evitar «la división entre los “picos de oro” y los “picos de trapo”, entre los que hablan y los que trabajan bien». Citado en Fernando Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983, p. 288. <<

[277] El propio Azcárate escribió más tarde su valoración y reflexiones sobre la evolución del partido y su crisis interna: La crisis del eurocomunismo, Madrid, Argos, 1982. <<

[278] Se trata de otra de las famosas cenas de la Transición, celebrada el 31 de julio y narrada en detalle por Azcárate (ibídem) y por Ramón Tamames en un libro económico pero que le sirve también como memoria personal de aquellos años, La economía española, 1975-1995, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 174-175. <<

[279] En sus memorias Carrillo explica, no sin cinismo, su posición frente a los renovadores. Tras identificar sus posiciones más con «un proyecto socialdemócrata y federalista pequeño burgués que comunista y marxista», dice: «El partido marxista revolucionario no refleja, no puede reflejar a toda la sociedad sino a su sector más avanzado; si quiere ser no solo un partido de gobierno, sino un partido de lucha, tiene que regirse por el centralismo democrático —es decir, por la subordinación de la minoría a la mayoría, de los órganos inferiores a los superiores—, y mantener una disciplina voluntaria, pero real. En otro caso el Partido deja de ser uno para convertirse en un frente de partidos diversos». Memoria de la Transición, Barcelona, Grijalbo, 1983, pp. 77-78. <<

[280] Sobre la historia de ambas formaciones se puede consultar un completo archivo del PTE, que comprende también una parte importante de la documentación de la ORT: www.pte-jgre.com. Existe además una monografía sobre el PTE coordinada por José Luis Martín Ramos, Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo en España, Madrid, El Viejo Topo, 2011. <<

[281] Sobre la disolución del PTC se puede leer el trabajo sobre su etapa final en Ramón Franquesa Artés, «Estabilización del nuevo régimen y autodisolución (1977-1980)» en José Luis Martín Ramos (coord.), Pan, trabajo y libertad…, pp. 261-324. <<

[282] Sobre la izquierda comunista en la España de aquellos años se puede leer Consuelo Laíz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Madrid, Catarata, 1995; y también José Manuel Roca (ed.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992), Madrid, La Catarata, 1994. <<

[283] El caso más significativo se produjo a finales de 1980 cuando el sector mayoritario de los cuadros de la ORT de Madrid, liderado por Paca Sauquillo ingresó en el PSOE. La mayor parte de la dirección del PTE se retiró de la vida pública. No obstante, con bases sólidas en Andalucía, en la que contaban con varios ayuntamientos de importancia, la experiencia del Sindicato de Obreros del Campo consiguió reciclarse y persistir. A partir de una serie de experiencias municipalistas de corte radical, en pueblos como Morón de la Frontera o Marinaleda, el SOC se convirtió en un ejemplo de organización sindical y política. Para una historia de este sindicato véase Luis Ocaña, Los orígenes del SOC (1975-1977), Atrapasueños / Autonomía Sur, 2005. <<

[284] Sobre la evolución de la Liga Comunista Revolucionaria se puede leer el trabajo coordinado por sus antiguos militantes Martí Caussa y Ricard Martínez i Muntada, Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-1991), Madrid, Viento Sur / La oveja roja, 2014. El libro se acompaña con un anexo documental disponible en www.historialcr.info. <<

[285] Véanse las series EPA de esos años, también los datos del Censo de 1981. <<

[286] Entre estos primeros trabajos se debe citar el que seguramente fue más influyente: Lidia Falcón, Mujer y sociedad, Barcelona, Fontanella, 1969. <<

[287] En buena medida el hilo de continuidad histórica venía de largo en los medios obreros, como antes en los campesinos. La mujer «trabajadora» —entiéndase fuera del hogar— nunca resultó del todo apartada, ni siquiera en los años cuarenta. Una buena etnografía histórica de este tipo de trabajo y de las culturas políticas asociadas se puede leer en Cristina Borderías, Entre líneas. Trabajo e identidad femenina en la España contemporánea. La Compañía Telefónica, 1934-1980, Barcelona, Icaria, 1993. <<

[288] Sobre estos últimos me remito de nuevo a la tesis de Pablo Carmona Pascual, Libertarios y contraculturales. El asalto a la sociedad disciplinaria, Madrid, tesis leída en 2012, UCM. <<

[289] Sobre la historia del movimiento de insumisión el texto más completo sigue siendo el del MOC, En legítima desobediencia. Tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2002. Sobre los primeros insumisos véase el caso de Pepe Beunza, en el libro de Perico Oliver Olmo, La utopía insumisa de Pepe Beunza. Una objeción subversiva durante el franquismo, Barcelona, Virus, 2002. <<

[290] Sobre la historia del movimiento ecologista en aquellos años sigo de nuevo Pablo Carmona Pascual, Libertarios y contraculturales…, pp. 448-478. <<

[291] Excepcionales por su carácter premonitorio y su capacidad para generar nuevas metodologías críticas, fueron los informes de Mario Gaviria (dir.), El Bajo Aragón expoliado. Recursos naturales y autonomía regional, Zaragoza, DEIBA, 1977; y sobre todo el que se hizo bajo la supervisión tanto de Gaviria como de José Manual Naredo, Extremadura saqueada. Recursos naturales y autonomía regional, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978. <<

[292] Véase el informe de Bernardo Díaz Nosty, El affaire de las autopistas, Madrid, ZYX, 1975; también Coordinadora de Luchas contra las Autopistas, La lucha contra las autopistas en el Estado español, Madrid, Zero-ZYX, 1979. <<

[293] Dentro del ámbito comunista, el principal grupo renovador fue el que se produjo en torno a la revista Mientras Tanto, promovido por la vitalidad de Paco Fernández Buey y Manuel Sacristán Luzón. Ambos participaron en el Comité Antinuclear de Cataluña y ambos abandonaron el PCE-PSUC a finales de la década de 1970. Libro importante de estas nuevas propuestas de síntesis fue el texto de Manuel Sacristán, Pacifismo, ecología y política alternativa, Barcelona, Icaria, 1987. <<

[294] Sobre el papel de Ansón y la agencia Efe en la Transición, véanse las transcripciones de las entrevistas recogidas en el libro de Francisco Medina Ortega, 23F. La verdad, Barcelona, Plaza y Janés, 2006. <<

[295] De Suárez, al menos así lo recogen sus biógrafos, y la mayor parte de sus allegados políticos, se dijo que tuvo una preocupación obsesiva por la traición, lo que con su locuacidad coloquial llamaba «hacer la pirula». Esta preocupación se acompañó de un uso irrestricto de las escuchas telefónicas a sus rivales y colaboradores. Véase por ejemplo Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Ambición y destino, Barcelona, Debate, 2009; o también los comentarios de Alfonso Osorio, cabeza de su gobierno entre 1977 y 1979 en Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980. <<

[296] Sobre la UMD se pueden leer los libros de uno de sus participantes, luego diputado socialista, Julio Busquets; especialmente Militares y demócratas, Barcelona, Plaza&Janés, 1999. <<

[297] La vigilia castrense está documentada por el controvertido coronel Amadeo Martínez Inglés que estuvo sirviendo información al alto mando. Véase La Transición Vigilada. Del Sábado Santo «rojo» al 23 F Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 55-95. <<

[298] A la altura del verano de 1977, la «Operación De Gaulle» española consistía en otorgar mayores poderes a un rey todavía no sometido a mandato constitucional, con el fin de orientar la «reforma constitucional» en un sentido conservador. El contenido de la operación pasaba por una ley electoral de circunscripciones uninominales y de lista mayoritaria para los gobiernos municipales, y un mayor protagonismo monárquico en el proceso de «reforma». Los Pactos de la Moncloa y los trabajos constitucionales postergaron, sin embargo, las tramas conspirativas. Véase de nuevo Medina Ortega, 23F. La verdad… <<

[299] Una de las piezas básicas en la explicación de la Transición, que este trabajo no comparte del todo, es la polarización entre extremos, representada a grandes rasgos por el terrorismo y el involucionismo de los altos mandos del ejército. De acuerdo con esta perspectiva, la polarización determinó el acierto de que la Transición se desarrollara con moderación, evitando los riesgos del descarrilamiento. Una síntesis de esta línea de interpretación se puede encontrar, por ejemplo, en la intervención de Juan Pablo Fusi en el seminario organizado por la Fundació Dr. Lluís Vila d’Abadal en enero de 1996, Pere Ysàs i Solanes (ed.), La transició a Catalunya i Espanya, Barcelona, 1997, pp. 35-48. <<

[300] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, pp. 141-174. <<

[301] Para un recorrido del proceso autonómico, véase Pere Ysàs, «Democracia y autonomía en la transición española» en Manuel Redero San Román, La Transición a la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 1994, pp. 77-108. <<

[302] Nominativo de la saludable mala baba periodística del momento que, por si quedaban dudas, venía a completar la metáfora del tubérculo con el añadido de «rojos por fuera, blancos por dentro y siempre al lado de la mantequilla». <<

[303] Se trata de un rasgo del último gobierno Suárez, que le acompañó hasta su final. Su desdén por las sesiones parlamentarias se manifestó en su ausencia recurrente. De las 2046 votaciones que se realizaron desde mayo de 1979 hasta mayo de 1980, Suárez estuvo ausente en 1555. El recuento se debe al historiador Javier Tusell cit. en Silvia Alonso-Castrillo, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, Alianza, 1998, p. 374. <<

[304] Así lo expresaba el propio Guerra en sus memorias: Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Madrid, Espasa, 2004, pp. 349-364. <<

[305] Tanto la evolución de su posición, como las entrevistas y encuentros con los democristianos fueron anotados minuciosamente por Fraga en su diario. Véase: En busca del tiempo servido… pp. 141-175 y ss. <<

[306] Recogida por Gregorio Morán, Adolfo Suárez…, p. 241. <<

[307] Tal es para alguno de sus biógrafos el punto de no retorno en la caída de Suárez, véase ibídem, p. 243. <<

[308] Sobre la crisis de UCD se puede leer el análisis de la ya citada Silvia Alonso-Castrillo, La apuesta del centro… Desde la perspectiva de los «críticos», disponemos de las memorias de uno de sus principales animadores: Emilio Attard, Vida y muerte de UCD, Barcelona, Planeta, 1983. <<

[309] Véanse las series en cadenas de la Encuesta de Población Activa para esos años, INE. <<

[310] Para un análisis de las políticas de crisis y en general de la crisis y posterior evolución del capitalismo español, se pueden leer la mayor parte de las contribuciones incluidas en Miren Etxezarreta (ed.), La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990, Barcelona, Icaria / Fuhem, 1991. <<

[311] Una análisis del PEG así como de la política económica de la UCD en los años 1979-1982, se puede leer en el libro de un testigo excepcional del momento, el entonces comunista Ramón Tamames, La economía española 1975-1995, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 165-201. <<

[312] No era en efecto una política nueva. Durante todo el franquismo, el Estado había operado con decretos de «nacionalización» de las empresas con problemas. Así la creación de la pública HUNOSA en 1967 por medio de la adquisición por parte del Estado de las principales empresas mineras asturianas, la compra de ASTANO a Fenosa en 1972, la de Ahuti por SEAT poco después, etc. Para un desarrollo detallado véase: Ramón Tamames, La oligarquía financiera en España, Barcelona, Planeta, 1977. <<

[313] Otra lectura de la crisis bancaria, «liberal» en este caso, se puede leer en Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2010), Barcelona, RBA, 2011, pp. 375 y ss. <<

[314] Para un análisis de este procedimiento y de la evolución de la banca en el periodo se puede leer Francisco Javier Martínez de Pablos, «La banca, de los setenta al mercado único» en Miren Etxezarreta (ed.), La reestructuración del capitalismo…, pp. 351-369. <<

[315] El documento completo de la despedida se puede leer en los extractos de los discursos editados por Abel Hernández, Adolfo Suárez. Fue posible la concordia, Madrid, Espasa Calpe, 1996, pp. 262-266. <<

[316] Un relato en primera persona de estas reuniones se puede leer en Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la Transición, Barcelona, Plaza&Janés, 1990, pp. 24-28. <<

[317] Sobre el 23F existen toda clase de aproximaciones. Tenemos investigaciones periodísticas como la de Pilar Urbano, Con la venia… yo indagué el 23F, Barcelona, DeBolsillo, 2001 [1982] o la de Francisco Medina Ortega, 23F, La verdad, Barcelona, Plaza y Janés, 2006. Existe una abundante bibliografía producida por militares como el libro del coronel del CESID, Juan Alberto Perote, 23F: ni Miláns ni Tejero. El informe que se ocultó, Madrid, Foca, 2001; los de Martínez Inglés, La Transición Vigilada. Del Sábado Santo «rojo» al 23 F, Madrid, Temas de Hoy, 1994 y El 23F el golpe que nunca existió, Madrid, Foca, 2001; y el de Julio Busquets con Juan Carlos Losada, Ruido de sables. Las conspiraciones militares en la España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003. También hay interpretaciones historiográficas con perspectivas distintas y a veces singulares, como por ejemplo la monografía de Alfonso Pinilla García que aplica la teoría de juegos a la intentona golpista: El laberinto del 23F. Lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe, Madrid, Biblioteca Nueva / Universidad de Extremadura, 2010. Y un largo etcétera que lleva las referencias hasta la cincuentena. <<

[318] Es por ejemplo el caso de las cintas que mandó grabar Paco Laína, quien se puso al cargo del ministro del Interior y del gobierno en funciones reuniendo a los secretarios y subsecretarios de Estado. Laína ordenó que se pincharan los teléfonos del Congreso y de algunos militares. Las pruebas desaparecieron posteriormente. <<

[319] San Martín ha dejado dos aportaciones interesantes, una sobre el SECED y otra sobre el 23F: A las ordenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aaiún), Barcelona, Planeta, 1983; y Apuntes de un condenado por el 23-F, Madrid, Espasa, 2005. <<

[320] Escribe: «Me llega información segura de que el general Armada ha dicho que estaría dispuesto a presidir un gobierno de concentración». Manuel Fraga, En busca del tiempo…, p. 226. <<

[321] Esta es fundamentalmente la línea de interpretación de Martínez Inglés en La Transición Vigilada…; y El 23F el golpe que nunca existió… <<

[322] Pilar Urbano, Con la venia…, p. 271. <<

[323] Paradójicamente fueron sobre todo las izquierdas, mucho más que cualquier otro segmento del espectro político, las que sellaron esta relectura de la Transición como la historia oficial del periodo. El campeón, como no podía ser de otra manera, fue el propio Carrillo que convirtió el 23F en la validación de su política de «concentración democrática», amén de la aceptación de la monarquía y su insistencia en los consensos. Véase Santiago Carrillo, Memoria de la Transición, Barcelona, Grijalbo, 1983. <<

[324] Manuel Fraga, En busca del tiempo…, p. 238. <<

[325] Manuel Fraga, En busca del tiempo…, p. 239. <<

[326] Se trata de una prevención que siempre tuvo clara el propio Suárez, que se negó a cualquier pacto con AP, consciente de que su «centro» dependía de su independencia de la derecha. Y que fue heredada por Calvo Sotelo, quien reconocía que esa «mayoría natural» había pasado al PSOE. Véanse sus reflexiones al respecto en Memoria viva de la transición…, pp. 95-102. <<

[327] Aprobada en julio de 1981, la ley fue rechazada por el gobierno vasco y catalán que interpusieron un recurso de anticonstitucionalidad. Se consideró como parte de la «contrarreforma» que siguió al 23F. Ganaron el recurso en 1983, pero la LOAPA había cerrado el proceso autonómico para todas aquellas comunidades amparadas en el artículo 143. <<

[328] Para una discusión del término, que básicamente se refiere a un modelo de gobernabilidad social organizado a través del acuerdo de las grandes corporaciones centralizadas, véase Ángel Zaragoza (comp.), Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Madrid, Siglo XXI, 1998, especialmente el artículo «Pactos sociales y corporativismo en España», pp. 43-74. Se trata de una importación conceptual de los pactos tripartitos de Alemania y Escandinavia, que gobernaron las relaciones salariales hasta esa misma fecha. Desde una perspectiva histórica, y centrada en la Transición, es preferible hacer referencia al complicado y contradictorio proceso de institucionalización sindical que en 1982 maduró en el ANE. <<

[329] Datos de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. <<

[330] El lema es uno de los muchos galardones que Alfonso Guerra se ha autoimpuesto. Véase Cuando el tiempo nos alcanza…, p. 410. <<

[331] Calvo Sotelo pone en boca de Suárez estas palabras en su entrevista del 5 de junio: «Yo no tengo sitio en el partido, no me encuentro cómodo en UCD. No mando ni en el Comité Ejecutivo, ni en el Consejo Político, que no han sido hechos a mi medida. No quiero ser un barón más del partido […] Te apoyaré en tanto presidente del Gobierno, pero no en tanto presidente del partido. Quiero estar seguro de que se hace en el partido lo que yo decido. Por eso lo que de verdad me apetece es crear un partido propio, mío, que no se me escape de la manos. Pero, por otra parte, me siento obligado a colaborar en una solución para la crisis de UCD, aunque la veo muy difícil». Memoria viva de la Transición… p. 81. <<

[332] El nuevo partido contó para su financiación con el apoyo de las grandes cajas de ahorro y los Siete Grandes Bancos. No obstante, la parte magra de su financiación provino a fondo perdido del grupo bancario Rumasa, ya metido en los serios problemas que anunciaban su intervención. Un caso de doble huida hacia adelante, en la que Suárez demostró tener más recorrido; y que luego consiguió anudar con otro outsider de la aristocracia financiera, Mario Conde. Véase para un desarrollo de estas relaciones entre «intrusos» de distintos segmentos de la clase dirigente, el relato de su mejor biógrafo Gregorio Morán, Adolfo Suárez… <<

[333] Es especialmente reseñable el error de la CEOE, que tuvo siempre teléfono directo con Calvo Sotelo, y que prefirió apostar la carta de Fraga allá donde pudo, dando la puntilla al partido del gobierno. A este respecto se puede leer la caracterización de Calvo Sotelo de su líder Ferrer Salat, que propiamente y sin exagerar aparece como un imbécil. Véase Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza&Janés, 1990, especialmente pp. 157-171. <<

[334] Un relato periodístico, con destellos a veces brillantes, de la victoria socialista y de la colaboración indirecta de las derechas en la misma se puede leer en Antxon Sarasqueta, De Franco a Felipe (España 1975-1985), Barcelona, Plaza&Janés, 1984. <<

[335] Solo obtuvieron el 8,5% de los sufragios. Año y medio antes, en las municipales de 1979 habían obtenido más del doble, casi el 18% y cerca de medio millón de votos. <<

[336] Sobre la crisis del PCE antes de 1982, véase especialmente Manuel Azcárate, Crisis del eurocomunismo, Barcelona, Argos Vergara, 1982. También Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986. <<

[337] Los últimos momentos de Carrillo se pueden leer en sus dos biógrafos, su antiguo compañero Fernando Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, Planeta, 1983 y el historiador Paul Preston, El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Barcelona, Debate, 2013. <<

[338] Manifiesto en el número de casos documentados de tortura, así como en la implicación de las altas instancias del Estado en la trama de los GAL. Sobre los GAL se puede leer el estudio de Paddy Woodworth, Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la democracia española, Barcelona, Crítica, 2002. Algunos de los funcionarios implicados como José Amedo o Enrique Rodríguez Galindo también tienen testimonios biográficos. <<

[339] Datos anecdóticos de estas entrevistas se pueden encontrar en las memorias, casi siempre superficiales y autolaudatorias, de Alfonso Guerra, Dejando atrás los vientos. Memorias 1982-1991, Madrid, Espasa, 2006, pp. 54-55. <<

[340] Un buen estudio sobre la mejora de los indicadores empresariales es el de Jesús Albarracín, «La extracción del excedente y el proceso de acumulación» en La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990, FUHEM / Icaria, 1991. <<

[341] Una síntesis de los lugares comunes de esta crítica se puede leer en el libro de José Luis Gutiérrez y Amando de Miguel, La ambición del César. Un retrato político y humano de Felipe González, Madrid, Temas de Hoy, 1989. También el ya mencionado Antxon Sarasqueta, De Franco a Felipe (España 1975-1985)… <<

[342] Sobre el conflicto de Euskalduna se puede leer Colectivo Autónomo de trabajadores, La batalla de Euskalduna. Ejemplo de resistencia obrera, Madrid, Editorial Revolución, 1985. <<

[343] El nuevo astillero no alcanzó a conservar 200 trabajadores de los casi 2500 iniciales. <<

[344] Además de las notas de prensa y algunos documentales posteriores, existe una serie publicada por la editorial ligada al MCE y que incluye aparte del ya citado, Colectivo Autónomo de Trabajadores, La batalla de Euskalduna…; VV. AA., Ocho meses de lucha de los trabajadores de Nervacero. Por qué ocupamos el Parlamento Vasco, Madrid, Revolución, 1980; VV. AA., Reinosa contra el miedo, Madrid, Revolución, 1988. <<

[345] Para el caso específico de Gijón existe una interesante monografía, a un tiempo estudio urbano y de los motivos y formas de la conflictividad social en esos años, R. Vega, Crisis industrial y conflicto social. Gijón 1975-1995, Gijón, Trea, 1998. <<

[346] Un curioso análisis de la contradictoria experiencia de la «recuperación» de la fábrica por parte de los trabajadores se puede encontrar en la película de Joaquín Jordá, Numaxpresenta de 1979. La evolución posterior de los trabajadores es de nuevo visitada por el director con la película Veinte años no es nada de 2005. <<

[347] A fin de regular estas sociedades, el PSOE dio a luz en 1984 a la figura de las Sociedades Anónimas Laborales. Esta establecía básicamente un régimen de cobertura para aquellas empresas en las que la propiedad estuviera mayoritariamente en manos de los trabajadores. Con esta ley se pretendía dar cobertura legal a unas mil empresas y cerca de 40 000 trabajadores, fundamentalmente del metal y el textil. <<

[348] En ese año las huelgas empujaron los salarios 6 puntos por encima de los topes indicativos. Incluso en el más tranquilo 1978, cuando la banda salarial prevista debía oscilar entre el 11 y el 14%, las huelgas del invierno y la primavera, hicieron crecer los salarios 3 puntos por encima del IPC y uno y medio por encima de la productividad. <<

[349] Según la expresión de sus críticos con el fin de señalar su carácter improvisado y sin rumbo claro. Para un análisis del periodo véase: Ramón Tamames, La economía española 1975-1995, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 165-201. <<

[350] Por solo señalar un dato, los proyectos aprobados en las ZUR apenas supusieron la creación de 30 000 empleos, muy lejos de los 80 000 puestos de trabajo liquidados por los expedientes de reconversión y el medio millón de empleos perdido en esas mismas regiones. Para un estudio en detalle véase H. Pascual, Reconversión y reindustrialización en España. Los nuevos dinamismos espaciales, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993. <<

[351] Sobre la contradictoria aceptación de esta estrategia por parte de los sectores movilizados véase: el capítulo dedicado al «Movimiento jornalero en Andalucía» en H-D. Köhler, El movimiento sindical en España, Madrid, Fundamentos, 2001, pp. 244-308. También se puede leer Marinaleda. Huelga de hambre contra el hambre, Madrid, Ed. Revolución, 1980; R. Morales, «Desarrollo y transformaciones históricas en el Sindicato de Obreros del Campo (1976-1984)», Sociología del Trabajo, núm. 32, 1998, pp. 31-51; F. Entrena Durán, «El SOC: un caso de reacción campesina ante la modernización rural», Revista de Fomento Social, abril-junio 1994, núm. 194, pp. 287-314; y Luis Ocaña Escolar, Los orígenes del SOC (1975-1977), Atrapasueños / Autonomía Sur, 2006. <<

[352] El sistema suponía que por medio de la demostración de 90 peonadas anuales se tenía derecho a un miserable subsidio de desempleo durante los 9 meses restantes. <<

[353] Véase de nuevo H. Pascual, Reconversión y reindustrialización… <<

[354] La larga fuga de militantes acogidos a los FPE, a indemnizaciones o subsidios fue una constante durante los años ochenta. Para aquellos que habían llegado a la fábrica empapados por un proyecto militante o que encontraron en la fábrica que la política era «una buena forma de vida», el trabajo asalariado perdió sentido en la misma medida en que dejó de ser el centro del proyecto de transformación social, en el momento en que cedió como espacio políticamente expansivo. Algunos llegaron a calificar esta actitud de «coge la bolsa y corre». Testimonios de aquellos años se pueden encontrar en S. López Petit, Entre el ser y el poder… y F. Quintana (coord.), Asalto a la fábrica… <<

[355] Por supuesto, estos decrecimientos relativos estaban concentrados en los sectores en reconversión donde las subidas mínimas negociadas en los acuerdos marco supusieron pérdidas de un 4 o un 5% anual. <<

[356] El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social registró aproximadamente 1450 huelgas protagonizadas por poco más de un millón de trabajadores de la industria que se llevaron algo más de diez millones de jornadas laborales entre ambos años. <<

[357] Se trata, por ejemplo, de los Colectivos Autónomos de Trabajadores (CAT) que tanto en Euskalduna como en los astilleros de Cádiz mantuvieron el peso de las movilizaciones, o de la confirmación del sector crítico dentro de CCOO, del crecimiento de LAB en Euskadi o de la constitución de la Corriente Sindical de Izquierdas. Esta última fue una experiencia casi limitada al ámbito industrial de Gijón. Nació como una escisión de las Comisiones Obreras de Asturias entre 1979 y 1981 y llegó a ser el verdadero dinamizador de los conflictos contra la reconversión en los años ochenta hasta el punto de convertirse en la segunda fuerza sindical de la ciudad. Véase R. Vega, La Corriente Sindical de Izquierdas. Un sindicalismo de movilización, Gijón, Ed. de la Torre, 1991. <<

[358] Sobre el concepto aplicado al modelo español se pueden leer: Ángel Zaragoza (comp.), Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Madrid, Siglo XXI, 1998, y también los capítulos respectivos de dos autores alemanes: I. M. Führer, Los sindicatos en España. De la lucha de clases a estrategias de cooperación, Madrid, CES, 1996, pp. 31-46 y H. D. Köhler, El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo y modernización económica, Madrid, Fundamentos, 2001, pp. 29-46. <<

[359] Promulgada en agosto de 1985, partía de una redacción muy favorable a UGT, siempre interesada en potenciar las secciones frente a los organismos unitarios. <<

[360] Datos de D. Martínez y L. de La Fuente, «Estudio descriptivo de los pacientes heroinómanos asistidos en centros de tratamiento en el periodo 1981-1985», Comunidad y Drogas, núm. 3, 1987. <<

[361] Un estudio sobre la evolución de la educación en el periodo se puede leer en Fundación Foessa, Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975-1983, IV Informe, vol. 2, Madrid, Euroamericana, 1983. <<

[362] La dualización se reforzó por la persistencia de la educación privada subvencionada, con el nombre de enseñanza concertada. Es cierto, no obstante, que durante todo el periodo que comprende el cambio político hasta finales de los años ochenta, la expansión de la educación pública consiguió reducir el peso de la enseñanza concertada, que pasó de cubrir al 40% de la población escolar en 1975 a algo menos del 35% en 1986. <<

[363] La etimología de la palabra viene de «quincalla» y hace referencia a los vendedores de la misma. En el habla de la calle ha quedado referida a las personas no integradas, de mal aspecto, concretamente a aquellos sectores de población paya pero asimilados a algunos hábitos culturales gitanos. <<

[364] Se debe a Pablo Carmona Pascual el haber realizado una de las primeras explicaciones integradas del fenómeno de la crisis social y la marginación juvenil desde los años del franquismo hasta avanzada la democracia. Véase Libertarios y contraculturales. El asalto a la sociedad disciplinaria. Entre Barcelona y Madrid (1965-1979), Tesis doctoral leída en Madrid, 2012. <<

[365] Además del recuerdo de los protagonistas, normalmente ágrafos, una de las mejores fuentes para aproximarse al fenómeno es el cine. Los años de estreno de las principales películas del recientemente bautizado «género quinqui» se ciñen exclusivamente al periodo: Perros callejeros (1977), Los últimos golpes de El Torete (1980), Deprisa, deprisa (1981), El pico (1983), Yo, El Vaquilla (1985). <<

[366] No se puede dejar de mencionar algunos fenómenos de resistencia juvenil que trataron de crear experiencias colectivas y políticas alternativas. El caso más conocido y uno de los más singulares fue el de Los hijos del agobio en el popular barrio de Vallecas. Véase Sixto Rodríguez Leal (comp.), De Vallecas al Valle del Kas, Madrid, Radio Vallekas, 2002. <<

[367] Revistas como Ajo Blanco o Bicicleta, en el espacio libertario, o Star en el musical. Véase también para el movimiento de comunas: Pablo Carmona, Libertarios y contraculturales… <<

[368] Una novela autobiográfica de ese tránsito por parte de un antiguo militante de la extrema izquierda de Zaragoza se puede leer en Gonzalo García Prado, Los años de la aguja. Del compromiso político a la heroína, Zaragoza, Mira Editores, 2002. <<

[369] El sociólogo Amando de Miguel escribió entre 1976 y 1977 un librito sobre la contracultura estadounidense y su recepción en España. Su interpretación no se sale del marco que adscribe la contracultura a un fenómeno hedonista universitario y de clase media. De acuerdo con esta perspectiva, su lectura del «pasota» hispano, descrito como una figura con un mínimo de culpabilidad y un máximo de apoliticismo y anticompetitividad lúdica, no incluye los elementos fundamentales del contexto local: la profunda crisis económica y la Transición política. Véase Amando de Miguel, Los narcisos. El radicalismo cultural de los jóvenes, Barcelona, Kairós, 1979. <<

[370] Para un análisis más detallado véase de nuevo, Pablo Carmona, Libertarios y contraculturales… especialmente el capítulo 6 titulado «Sobrevivir a la crisis. De la derrota obrera a la marginación de la juventud», pp. 497-544. <<

[371] Anuarios estadísticos del INE, con datos del Ministerio del Interior. <<

[372] Sobre la COPEL véase Ciutat Invisible «Subirse al tejado. Las revueltas de los presos sociales en la Transición» en Espai en Blanc (coord.), Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008. <<

[373] Véanse las series de «Población reclusa», Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior. <<

[374] El fenómeno más extremo fue el de las brigadas vecinales contra los heroinómanos que en algunos barrios fueron organizadas por las propias asociaciones de vecinos. En el límite de este tipo de fenómenos y no exentos de razones, conviene recordar también las movilizaciones vecinales contra los realojos de población gitana y más tarde contra los centros de metadona, que tendían a concentrar los «problemas» en los barrios de por sí ya más conflictivos. <<

[375] El caso más relevante fue el de las Madres Unidas contra la Droga de Madrid. Véase Madres Unidas contra la Droga, Para que no me olvides, Madrid, Popular, 2012. <<

[376] Sobre el movimiento, y en realidad todo el contexto cultural de experimentación juvenil en Euskadi véanse sobre todo los trabajos de Jakue Pascual: Telúrica Vasca de Liberación. Movimientos sociales y juveniles en Euskal Herria, Bilbao, Likiniano, 1996. <<

[377] Barricada (1983), Eskorbuto (1984), La Polla Records (1984), Hertzainak (1984), Cicatriz (1985), Kortatu (1985). <<

[378] España no quedó de momento incorporada a la estructura militar integrada de la OTAN, como Francia, y tampoco aceptó tener armas nucleares, como Dinamarca. Se sumaba así a esas incorporaciones «a medias» que habían tenido que aceptar algunos gobiernos europeos de acuerdo con sus tradiciones nacionales y el peso relativo de sus izquierdas, pero que realmente suponían muy poco dentro de una organización de signo clara y explícitamente militar. <<

[379] Se contabilizaron más de un millón de votos en blanco y la abstención fue del 41,58%. El voto negativo fue mayoritario en todas las provincias vascas y catalanas, además de Navarra y Las Palmas. <<

[380] Es significativo que tal moratoria se hiciera en condiciones extremadamente ventajosas para las eléctricas que durante los años noventa arrancaron a la administración que un porcentaje de la factura fuera a enjuagar sus inversiones no realizadas. <<

[381] Sobre la historia del movimiento de insumisión el texto más completo sigue siendo el del MOC, En legítima desobediencia. Tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2002. Sobre los precedentes véase el caso de Pepe Beunza, en el libro de Perico Oliver Olmo, La utopía insumisa de Pepe Beunza. Una objeción subversiva durante el franquismo, Barcelona, Virus, 2002. <<

[382] Sobre la historia de ETA se pueden leer dos historia bastante completas y bien conocidas. La primera, que expresa la línea casi «oficialista» de la izquierda abertzale es la de Luigi Bruni, ETA. Historia política de una lucha armada, Tafalla, Txalaparta, 2001. La segunda más erudita y rica tanto en la documentación que emplea como en sus interpretaciones es la de John Sullivan, El nacionalismo vasco radical (1959-1986), Madrid, Alianza, 1988. <<

[383] Curiosamente tal estrategia fue diseñada por Pertur, seguramente la única cabeza teórica y política de cierta relevancia que permaneció en ETA, y que acabó siendo líder de ETAp-m. Básicamente la idea consistía en crear un partido legal, pero de corte bolchevique que aprovechara las condiciones legales que había abierto la democracia, al tiempo que se mantenía la actividad armada. A inspiración de esta idea, se creó el Partido de la Revolución vasca (EIA por sus siglas en euskera), precedente de EE. La teoría fue, sin embargo, mucho más provechosamente aplicada por ETAm-HB. <<

[384] Sobre los CAA y en general sobre toda la historia de la autonomía vasca es preciso reconocer el trabajo de Juantxo Estebaranz, Comandos autónomos. Un anticapitalismo iconoclasta, Barcelona, Virus, 1997. <<

[385] Jordi Pujol, Historia de una convicción. Memorias (1930-1980), Barcelona, Destino, 2006, pp. 348-350. <<

[386] Sobre el papel de la burguesía catalana en la postguerra, véase Pere Ysàs, «Los empresarios catalanes en el primer franquismo» en Glicerio Sánchez Recio y Julio Tascón Fernández (eds.), Los empresarios de Franco. Política y economía (1936-1957), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 225-236. <<

[387] Un trabajo, al mismo tiempo periodístico e histórico, sobre las relaciones internas de las élites catalanas desde la industrialización de mediados del siglo XIX hasta la democracia se puede leer, en Pere Cullel i Andreu Farrás, L’oasi català. Un recorregut per les bones famílies de Barcelona, Barcelona, Planeta, 2002. <<

[388] Sobre la renovación del catalanismo conservador desde la postguerra hasta la democracia se sigue aquí, principalmente, el estudio de Antonio Santamaría, Els orígens de Convergència Democràtica de Catalunya. La reconstrucció del catalanisme conservador (1939-1980), Barcelona, El Viejo Topo, 2011. <<

[389] Tal y como decía con desparpajo en sus Memorias: «La gente se preguntaba “¿quién nos puede ayudar?”. Y la respuesta era siempre: “Banca Catalana”». Jordi Pujol, Historia de una convicción…, p. 221. <<

[390] Se trata de una de las polémicas intelectuales más intensas y probablemente más interesantes de aquellas décadas. El texto que abrió la discusión y que aún se mantiene como una referencia clásica sobre la cuestión fue el de Jordi Solé Tura, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, Edicusa, 1970. El libro fue ácidamente contestado por el propio Benet y otros. Más tarde la posición acerca de una vía popular al catalanismo fue desarrollada por Josep Termes, a través de una controvertida defensa del carácter del «hecho nacional» en el anarcosindicalismo catalán. Véase, por ejemplo, Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo, Barcelona, Anagrama, 1976. En esta misma línea, resulta también fundamental el libro del historiador Antoni Jutglar, Historia crítica de la burguesía en Cataluña, Barcelona, Anthropos, 1984. <<

[391] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Madrid, 1980, pp. 319-327. <<

[392] Ibídem. <<

[393] Véase Jordi Pujol, Historia de una convicción…, especialmente pp. 331-340. <<

[394] Uno de los grandes éxitos de CiU fue el de colocarse, con éxito, en el centro-izquierda político, lo que les permitía presentarse como herederos del antifranquismo y al mismo tiempo tan moderados como el propio reformismo franquista. <<

[395] Para un desarrollo de estas cuestiones véase, de nuevo, Antonio Santamaría, Els orígens de Convergència Democràtica de Catalunya…, especialmente pp. 269-344. <<

[396] Sobre la segunda legislatura de Pujol se puede leer el segundo volumen de sus memorias: Jordi Pujol, Tiempo de construir. Memorias (1980-1993), Barcelona, Destino, 2009. <<

[397] Entrevista realizada por Pablo Carmona a José Ramón, militante libertario y contracultural, 15 de enero de 2002. <<

[398] Con estas tres figuras, el operaísmo italiano trató de explicar el curso político de la lucha de clases en la Europa del siglo XX. La elaboración de las mismas comenzó en los Quaderni Rossi, publicados en la primera mitad de los años sesenta. En su elaboración definitiva participaron las principales figuras de esta corriente a un tiempo intelectual y política: Mario Tronti, Romano Alquati, Sergio Bologna, Antonio Negri, etc. <<

[399] Uno de los grandes éxitos de la Transición, o mejor de la capacidad de validarse como forma política del «consenso», residió en haber sabido escapar a la prueba del «análisis de clase». Se trata de uno de tantos efectos que hacen coincidir el dominio de esa formación social que llamamos de clases medias con el consenso político. Que este no haya sido uno de los elementos principales de la explicación sorprende más aún cuando la gran pregunta de la historiografía española ha sido la referida a la famosa cuestión de la «revolución burguesa». De inspiración marxista, el «problema» ocupó lo mejor de las energías intelectuales de la generación de historiadores de los años sesenta y setenta. Y sin embargo, no sirvió en absoluto para explicar su propio tiempo histórico que, según un patrón «evolucionista» más bien ramplón —y ya sin las aristas con las que se maneja este tipo de análisis—, se redujo a una simple homologación de España con el resto de provincias europeas. <<

[400] La mejor fuente en este sentido son las encuestas encargadas por la Fundación del INI a Víctor Pérez Díaz en 1978, y que acabarán por conformar la opinión de este sociólogo. Según una lectura parcial de las mismas se podría sostener que una mayoría obrera estaba satisfecha con su puesto de trabajo, con el trato de la dirección, con la información que recibía, incluso que más de la mitad consideraba la empresa como una unidad moral, «un equipo en donde hay un interés principal común en producir más y mejor» y al empresario como una autoridad legítima. No obstante, en esas mismas encuestas se otorgaba un fuerte valor a las asambleas, a la participación directa en los asuntos de la empresa y a la «conciencia de clase». Véase V. Pérez Díaz, Clase obrera, orden social y conciencia de clase, Madrid, Fundación del Instituto Nacional de Industria, 1980; y Clase obrera, partidos y sindicatos, Madrid, Fundación del Instituto Nacional de Industria, 1979. La elaboración final de la explicación de Díaz se puede encontrar en La primacía de la sociedad civil, Madrid, Alianza, 1994. <<

[401] Esta es por ejemplo la tesis del estudio comparado de Rafael Durán Muñoz. En España a diferencia de Portugal la estructura de oportunidad política para la acción colectiva radical no se abrió tanto como en el país vecino, debido a la fortaleza del Estado y del poder empresarial; lo que básicamente quiere decir que la relación de fuerzas no fue lo suficientemente favorable al cambio. Véase: Contención y Transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. <<

[402] Véase Jose Félix Tezanos, Sociología del socialismo español, Madrid, Tecnos, 1983. <<