LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS

En 1823, España fue invadida por un ejército extranjero (Los Cien Mil Hijos de San Luis) cuyo objetivo consistía en cambiar el régimen político. España era el único país importante de Europa donde regía un sistema liberal, basado en la soberanía de la nación, la división de poderes y el reconocimiento de las libertades individuales. La invasión estuvo preparada por las monarquías conservadoras europeas y contó con la activa colaboración del rey de España, Fernando VII. Mediante un conjunto de maniobras, en las que se mezclaron conspiraciones, sobornos, una intensa propaganda y el levantamiento de partidas armadas, los sectores contrarios al liberalismo movilizaron a una parte importante de la población española para colaborar con el invasor extranjero.

©2007, La Parra, Emilio

©2007, EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.

ISBN: 9788497564670

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Emilio La Parra

Los Cien Mil Hijos de San Luis

El ocaso del primer impulso liberal en España

Introducción

EL 7 de abril de 1823, soldados franceses atravesaron el Bidasoa, a la altura de Behobia, por un puente de barcas tendido el día anterior, pues el histórico de piedra había sido destruido durante la Guerra de la Independencia. Otras tropas entraban al mismo tiempo en Navarra por Roncesvalles y unos días más tarde lo hizo el resto del Ejército de los Pirineos por Cataluña. En todos los casos, españoles enrolados en la guerrilla realista acompañaban a los franceses. La invasión extranjera anunciada meses antes, acababa de producirse.

“Las tropas francesas se lanzaron desde lo alto de los Pirineos a su manera, es decir, como torrentes” escribió años después François de Chateaubriand en un extenso e interesado relato sobre el que, en sus Memorias de ultratumba, calificó de “el gran acontecimiento político de mi vida” y “empresa gigantesca”. El excelente escritor y discutido político quiso imprimir tono épico a una campaña militar carente de combates grandiosos y poco pródiga en acciones heroicas. A falta de llamativos hechos de armas, la monarquía francesa elevó a rango de epopeya la toma del fuerte del Trocadero, en la bahía de Cádiz. La acción, ocurrida el 31 de agosto de 1823, fue de las más señaladas de esta guerra, pero estuvo lejos de alcanzar la dimensión de las grandes batallas libradas en la Península por el ejército de Napoleón diez años antes. Chateaubriand, sin embargo, la presentó como gesta histórica: “Allí volvió a brillar aquella intrepidez francesa de que hace poco han vuelto a ser testigos los muros de Constantino: con tales tropas no hay que admirarse de que la Francia se empeñe en salir del estado en que la dejó la batalla de Waterloo. S. A. R. [el duque de Angulema] manifestó en aquella ocasión un valor que entregó, por así decirlo, a su ejército aquella España entera que resistió a la gloria y al genio de Napoleón” (Chateaubriand, 1945: 409; 1973: 550).

Donde había fracasado el usurpador del trono de Francia, triunfaba el monarca legítimo de la Casa de Borbón. Tan grandiosa era la hazaña, que debía quedar grabada en la memoria de los franceses. Si Napoleón levantó una columna en la plaza Vendôme de París con los cañones tomados en Austerlitz y dejó constancia de sus triunfos en Europa en el arco de Carrousel, destinado a servir de entrada al palacio real de las Tullerías, la monarquía restaurada de Francia no podía quedar a la zaga y, con toda intención, se eligieron lugares emblemáticos del tiempo napoleónico para fijar el recuerdo del triunfo en España del duque de Angulema.

El 9 de octubre de 1823 -aún no había finalizado la “Guerra de España”- dispuso Luis XVIII: “Deseando perpetuar el recuerdo del coraje y disciplina de que acaba de dar tantas pruebas el Ejército de los Pirineos en España, hemos ordenado y ordenamos que inmediatamente sea terminado el Arco de Triunfo de la Estrella”. El lugar estaba cargado de significado. El arco que preside la avenida de los Campos Elíseos de París había sido concebido en 1806 por Napoleón como homenaje al ejército francés, a su ejército, pero las grandes dificultades arquitectónicas y la caída del imperio lo habían dejado inconcluso. Aunque solemne, tampoco la citada orden de Luis XVIII logró su objetivo y hubo que esperar más de un decenio para que otro monarca, Luis Felipe de Orleans, concluyera las obras, atribuyendo al arco su finalidad inicial: el recuerdo de los triunfos napoleónicos.

Algo similar ocurrió con otro descomunal proyecto en memoria del triunfo en España, ideado esta vez por el sucesor de Luis XVIII, su hermano Carlos X. II 31 de agosto tic IH2<>, i creer aniversario de la toma del I rocadero, se colocó la primera piedra de un monumento que había de tener más de 30 metros de altura, coronado por una cuadriga al estilo de la del arco de Carrousel. Sobre un friso figuraría una dedicatoria al duque de Angulema, “cuyo nombre, virtudes y gloria quedan inscritos para siempre en el templo de la memoria”. Cinco nichos albergarían estatuas alegóricas de las principales ciudades españolas “liberadas” por el duque: Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña y Cádiz, y cuatro bajorrelieves ilustrarían la conducta intachable de Angulema durante la campaña (Cartron, 1996: 192). El acto inaugural fue aparatoso y teatral. Se construyó en cartón piedra una réplica del fuerte del Trocadero. Lo defendían unos soldados que figuraban ser españoles y lo tomaban otros, los franceses, con ardor y heroísmo, entre fuegos artificiales y aclamaciones del público.

El proyectado y nunca concluido monumento estaba ubicado en un lugar por demás significativo: la colina de Chaillot, donde Napoleón planeó construir un palacio para su hijo, el rey de Roma. A mediados del siglo XIX este lugar experimentó una notable remodelación y en 1877 recibió el nombre de “Plaza del Trocadero”, conocida hoy en todo el mundo porque su estación de metro sirve a los turistas de punto de partida para la visita de la torre Eiffel. Presidida desde 1951 por una estatua del mariscal Foch, héroe de la Primera Guerra Mundial, no queda, salvo el nombre, ningún vestigio en la plaza de aquella hazaña que Carlos X pretendió perpetuar en la memoria.

A finales de 1823 la palabra “Trocadero” alcanzó inusitada popularidad entre los franceses. Multitud de lugares y objetos llevaron este nombre, desde una sala de fiestas en el Ayuntamiento de París o un jardín en el palacio de Saint-Cloud -una de las residencias preferidas de Napoleón- a una cinta ornamental de tela o un juguete. En 1825 se rotuló así una céntrica calle de París, antes llamada “rue Dauphin”, en honor del heredero al trono de Francia. “Trocadero” fue el símbolo de la recuperación del honor y de la gloria de la monarquía borbónica francesa y pasó a ser la expresión de una campaña militar victoriosa considerada como el triunfo de la sensatez y el orden sobre la anarquía revolucionaria. Tal fue el significado que en Francia y también en las principales cortes europeas se atribuyó a la invasión de España por un ejército francés. Al jefe de este ejército, el duque de Angulema, se le tributaron honores de héroe e innumerables agasajos.

Otra fue la situación en España. Aquí no existió héroe a quien aclamar, ni se celebraron hazañas. Hubo, eso sí, muchos vivas al rey absoluto y tedeums en los templos para agradecer la protección de la Providencia, misiones en los pueblos instando a los liberales al arrepentimiento y, sobre todo, mano dura. Fernando VII desencadenó una feroz represión y en el plano de las ideas se impuso el discurso del clero, basado en la doctrina de la unión del trono y el altar. El espacio público, dominado en Francia por la monarquía y otras instituciones estatales (el ejército, en particular), fue ocupado en España por la religión y los organismos represivos. En el orden ideológico era la vuelta al pasado, al Antiguo Régimen.

Desde España, la campaña de los Cien Mil Hijos de San Luis aparece simplemente como el suceso que puso fin al paréntesis constitucional conocido como Trienio Liberal (1820-1823). Un acto de rectificación, en definitiva, sin mayor trascendencia. En muchas historias sobre el siglo XIX se despacha este acontecimiento, ocurrido entre abril y octubre de 1823, en unas pocas líneas, a lo sumo algunas páginas, con un par de comentarios relativos a la descomposición del constitucionalismo y al paseo militar que -según la opinión dominante- caracterizó la campaña.

¿Hemos de considerar, por tanto, que este acontecimiento presenta escaso relieve en la historia de España? ¿Que fue una simple corrección de una situación insostenible? Así lo dan a entender algunos historiadores, que lo minimizan hasta convertirlo en una especie de consecuencia lógica de los abusos perpetrados por los revolucionarios. De acuerdo con esta interpretación, en 1823 ocurrió lo que era de esperar: los buenos españoles no podían consentir el desbarajuste general provocado por el liberalismo exaltado y reaccionaron en defensa de dos valores supremos: la religión y el rey. Era necesario terminar con una Constitución (la de INI2) afrancesada y republicana en el fondo, que al sobredimensionar la soberanía nacional, de hecho privaba de poder al monarca. Además, esa Constitución amparaba una política embarullada, marcada por el partidismo y el desorden. El concurso militar francés fue importante, pero no necesario, porque antes o después, los propios españoles, movidos por sus grandes ideales, habrían propiciado el cambio. El acontecimiento, en consecuencia, queda enmarcado en el terreno de lo previsible y responde a la lógica de los conflictos internos. Por eso se le ha considerado como la “primera guerra civil” de la España contemporánea, olvidando -dicho sea de paso- el enfrentamiento entre los españoles durante la de Independencia.

No cabe negar el carácter de guerra civil. La campaña de 1823 no se limitó al combate entre el ejército nacional y el francés; muchos españoles lucharon con las armas y por otros medios contra el régimen constitucional establecido en 1820 tras el pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan. Ahora bien, la caída de ese régimen no fue resultado de la acción de los españoles únicamente, ni tampoco un hecho previsible; al menos, externamente, todo hacía suponer lo contrario. A finales de 1822 el régimen había superado distintas operaciones políticas destinadas a derrocarlo y tenía acorralados en la frontera a quienes se habían levantado en armas contra él. Si un año después desapareció, no se debió a la actuación de los españoles, sino directamente al éxito militar conseguido por el ejército extranjero. El dato es innegable y también lo es que la intervención de ese ejército fue una decisión preparada y muy debatida en Europa.

Los Cien Mil Hijos de San Luis llegaron a España porque las potencias europeas así lo acordaron en una reunión internacional (el Congreso de Verona) y porque a título particular interesaba a Francia de forma muy especial. Fue una empresa organizada, destinada oficialmente a restituir en el trono de España a su rey legítimo, aunque en realidad pretendía acabar con el régimen político español, porque constituía un peligro para la Europa del orden.

Los gobiernos de la Europa de la Restauración, como es conocido este tiempo, consideraban el sistema político establecido en 1820 en España como una excepción y reprobaban su Constitución porque mantenía esas ideas subversivas nacidas en 1789 y definitivamente sepultadas -creían- tras la derrota de Napoleón. Sobre todo rechazaban el principio de la soberanía nacional (la capacidad de los ciudadanos para dotarse de su sistema político), que consideraban propio de “republicanos” y “anarquistas”. En Europa regía ahora el orden, basado en la religión y en la autoridad del monarca legítimo. No cabía tolerar la continuidad de un régimen que se había convertido en refugio de indeseables, cuya Constitución admiraban los revolucionarios de todos los países, los que alteraban la tranquilidad necesaria para mantener la propiedad y hacer buenos negocios.

Pasadas las turbulencias de la revolución y superado el caos devastador provocado por Napoleón, nobleza y clero se creyeron en posición excelente para recuperar el terreno perdido y la burguesía pensó que había llegado la hora de aprovechar en beneficio propio aquello que se pudiera salvar de la revolución. Muchos que se habían enriquecido gracias a la política revolucionaria (entre otros motivos, debido a la venta de tierras de la nobleza y el clero) se hicieron ahora firmes partidarios del orden. En este razonamiento coincidieron los gobernantes europeos y un buen número de españoles, y todos actuaron para cambiar un sistema que consideraban viciado en su origen (la rebelión de un puñado de militares tildados de traidores) y en sus principios (las ideas liberales revolucionarias). Esto fue lo que desencadenó el acontecimiento del que se ocupa este libro.

La intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis fue un acontecimiento relevante para quienes controlaban el poder en Europa, pues terminar con el régimen constitucional español suponía resolver el gran problema que les atormentaba: el problema de la revolución. Para España, supuso el fin de la experiencia constitucional que había provocado la primera gran ruptura con el Antiguo Régimen en nombre de la nación, entendida como única depositaría de la soberanía.

Con el auxilio del Dios de San Luis

El cañonazo del Bidasoa

FRANCIA necesitaba una acción de prestigio en el exterior para consolidar en el trono a la dinastía Borbón y hacer olvidar la época napoleónica, muy viva aún en el recuerdo. Ningún lugar más adecuado al efecto que España. Una campaña brillante reportaría la victoria vedada diez años antes a Napoleón y el honor del ejército del rey legítimo superaría al del corso impostor. Esta vez la causa del rey cristianísimo (así se titulaba el de Francia) no podía ser más elevada, pues no se trataba de conquistar territorios, sino de restablecer el orden en un país dominado por una partida de revolucionarios dados a la anarquía. En ello abundaron declaraciones y discursos altisonantes, anunciadores a la vez de una empresa liberadora con rasgos de epopeya. Sin embargo, desde el punto de vista castrense todo sería más bien anodino, aunque no un simple paseo militar, como tantas veces se ha dicho. En todo caso, el comienzo tuvo aires de triste farsa.

El día anterior a la invasión, los soldados del regimiento español Imperial Alejandro hostilizaron a los pontoneros franceses mientras tendían el puente de barcas sobre el Bidasoa, pero la acción fue más bien simbólica, pues los españoles no tardaron en abandonar el lugar y retrocedieron hasta el alto fortificado de San Marcial, posición segura desde donde se controlaba el paso del río y en la que en 1813 los españoles habían ganado al mariscal Soult una batalla decisiva. Horas más tarde acudió al mismo lugar un grupo de liberales extranjeros refugiados en España, no más de centenar y medio, algunos italianos y la mayoría franceses, que se hacían llamar el “Batallón de los Hombres Libres”. Vestidos con uniforme de la época napoleónica y cantando La Marsellesa y Le Chant du Départ (canto usual de las tropas revolucionarias francesas al entrar en el campo de batalla), se situaron frente a los pontoneros franceses y enarbolando la bandera tricolor gritaron: “Viva la Artillería”, “Viva el Emperador”, “Viva la Libertad”. Pretendían provocar deserciones en el ejército invasor, pero el mariscal de campo Luis Vallin, ascendido a este grado durante la campaña de Napoleón en Rusia, ordenó abrir fuego al grito de “Viva la Artillería”, “Viva el Rey”. Algo menos de una veintena de “Hombres Libres” murieron y el resto se retiró en dirección a San Sebastián. El regimiento Imperial Alejandro observó el lance desde San Marcial, sin intervenir.

La iniciativa tenía, en apariencia, mucho de extravagante, pero no cabe considerarla descabellada. En Francia todavía se admiraba la bandera tricolor y se añoraban las victorias de Napoleón. Muchos de los soldados del ejército, incluidos sus mandos, se habían curtido en las guerras imperiales, y en la Asamblea francesa existía un sector -bien es verdad que minoritario- muy crítico con el régimen establecido por la restaurada Casa de Borbón. Por lo demás, en esta época no pocos desconfiaban de la capacidad del ejército francés para protagonizar una acción guerrera de envergadura. Incluso entre los asistentes al Congreso de Verona se barajaba esta idea. Así pues, algunos creyeron que era posible provocar la reacción del pueblo francés, en particular de los soldados. Los protagonistas del incidente del Bidasoa habían desarrollado una campaña de opinión en este sentido. Firmaban sus manifiestos -donde insistían en la ilegitimidad de Luis XVIII y en el atentado continuo que su régimen suponía para la libertad y la independencia de la nación como “Los miembros del consejo de Regencia de Napoléon II” o “Ejército de los Hombres Libres”.

La mayoría de los que se presentaron en el puente del Bidasoa el 6 de abril eran carbonarios franceses e italianos, obligados a abandonar su país por haber participado en distintos complots e intentonas o llegados a España movidos por el ideal de luchar por la libertad. Entre ellos estaban Armand Carrel, Charles Fabvier y François Lallemand. Los dos últimos habían participado en las campañas napoleónicas y, en concreto, en España. Lallemand fue fidelísimo a Napoleón, a cuyas órdenes estuvo desde 1793, y Fabvier había recibido trato de héroe durante el imperio por su comportamiento en Austerlitz, Wagram y otros señalados episodios bélicos. En 1821 había ingresado en la Carbonería y formaba parte de la “Venta central” de Francia, denominación que se daba en esta sociedad al órgano coordinador de las agrupaciones locales y regionales, o “ventas”, en que fundaba su organización. Fabvier había conspirado junto a La Fayette y el diputado Manuel, ambos miembros de la “Venta central” y el último muy activo opositor en la Asamblea francesa a la intervención militar en España. Tras el fracaso del Bidasoa, Fabvier prosiguió su combate por la libertad en Grecia al lado de los patriotas alzados contra el imperio turco. Armand Carrel lo hizo en Cataluña y más tarde alcanzó renombre en Francia como influyente publicista. Incluso sus enemigos alabaron el coraje y la honradez personal de este hombre, autor de numerosos escritos, algunos relativos a España.

Si el “Batallón de los Hombres Libres” hubiera logrado provocar tan solo alguna deserción en el regimiento francés, habría causado gran impresión. Chateaubriand, que trata a sus componentes con altanería, aunque con cierta condescendencia en reconocimiento a su valor, no pudo ocultar su inquietud ante el incidente del Bidasoa. De ahí la enorme importancia que atribuyó a la orden de Vallin de abrir fuego. “Esa voz de mando decidió el éxito de la campaña”, sentenció, y dejándose llevar por su inclinación a impregnar de trascendencia histórica todo lo relacionado con la campaña, añadió: “El genio de Luis XIV… pareció proteger el destino de su nieto” (Chateaubriand, 1945: 408).

Aunque la emoción del escritor romántico nos parezca excesiva, su juicio es certero. El debate en la opinión pública y en la Asamblea francesa a propósito de la intervención militar en España venía siendo muy intenso y había dado lugar a clamorosos escándalos políticos, entre otros la expulsión del parlamento del diputado liberal Manuel. Por lo demás, en fase de asentamiento del sistema restauracionista, no era escaso el temor al liberalismo, cuya voz se mantenía en periódicos como el Journal de Débats y en folletos aparecidos con ocasión de la controversia sobre la intervención en España. La noticia del paso del Bidasoa actuó como auténtico bálsamo para los realistas y como duro golpe para los liberales y los nostálgicos de la época napoleónica. En consecuencia, ni el gobierno ni el parlamento francés tuvieron grandes problemas para dedicar recursos y esfuerzos a la campaña de España.

De esta forma comenzó la invasión militar destinada a derribar el régimen constitucional español. La ejecutó Francia con el respaldo de la Santa Alianza y sin previa declaración de guerra, formalidad ésta que no preocupó en aquel momento a las monarquías legitimistas que se sentían dueñas de Europa. La intervención militar se efectuó en virtud del acuerdo secreto firmado por Francia y las tres potencias fundadoras de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) el 22 de noviembre de 1822 en el marco del Congreso de Verona. Se comprometieron a “unir todos sus esfuerzos para destruir el sistema del gobierno representativo de cualquier Estado de Europa donde exista”, por considerarlo incompatible con el principio monárquico. El texto menciona expresamente a España y Portugal como países aquejados de este mal y encomienda a Francia “restablecer en la Península el estado de cosas que existía antes de la revolución de Cádiz”, esto es, antes de 1820. Cada una de las potencias firmantes se declaró dispuesta a apoyar la operación con veinte millones de francos anuales “por todo el tiempo de la guerra” (Miraflores, III: 97-98). Esta fue la única alusión -indirecta, como se constata- al procedimiento a seguir.

Las monarquías legitimistas hicieron gala en este momento de una especie de pudor vergonzante a la hora de hablar de guerra contra España.

Sin duda, les preocupaba la opinión pública de sus respectivos países, pero sobre todo la posible reacción de Inglaterra, extremos sobre los que volveremos más adelante. Baste consignar, por ahora, el acusado interés por mantener en secreto un acuerdo del que debían derivarse consecuencias prácticas inmediatas y del que España sólo tuvo noticia cuando fue publicado por la prensa británica una vez iniciada la invasión. Lo que sí se publicó enseguida fue otra resolución, adoptada asimismo en Verona, encaminada a someter a España a un duro acoso diplomático, lo cual sirvió para enmascarar en parte el proyecto de invasión militar y, sobre todo, para justificarlo.

Las cuatro potencias mencionadas ordenaron a sus embajadores en Madrid la presentación de sendas notas al gobierno español para pulsar su reacción y, en caso de que no fuera satisfactoria, proceder a la ruptura de relaciones diplomáticas. En noviembre y diciembre de 1822, los respectivos embajadores entregaron sus textos. En todos se hacía una condena explícita -a veces insultante- del sistema constitucional y se descalificaba con dureza su origen (el pronunciamiento en 1820 de “militares rebeldes”). En todos se aludía al estado de anarquía y de confrontación fratricida provocado por la revolución, a la carencia de libertad del rey y, sobre todo, a la perturbación causada en Europa por el régimen español. Basadas en esto último, las monarquías legitimistas justificaban cualquier iniciativa futura destinada a sustituirlo por “una libertad juiciosa”, como decía la nota del embajador de Francia, sin que tal cosa -se indica expresamente en ella- pudiera considerarse injerencia en los asuntos internos de un país soberano.

El gobierno y las Cortes españolas reaccionaron, como era de suponer, en el mismo tono. Evaristo San Miguel, responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores (entonces denominado de Estado) y figura principal del gobierno, calificó el contenido de esas notas de “invectivas, calumnias y suposiciones malignas” y en este estilo redactó la respuesta oficial, comunicada inmediatamente a las Cortes “para que toda la Nación se entere”. Los días 9 y 11 de enero de 1823 el Congreso abordó el asunto en sesión pública. Los diputados -sin excepción- condenaron el acoso diplomático y, haciendo gala del más encendido patriotismo, se mostraron dispuestos a rechazar la injerencia exterior. “Sepa el mundo entero -dijo el día 9 Alcalá Galiano- que la Nación española desea la paz, pero que no rehúsa la guerra y que está dispuesta a repetir con exceso sus anteriores sacrificios antes de sufrir que se atente a su independencia ni retroceder una línea en su sistema constitucional.” Lo mismo mantuvieron otros diputados en discursos no menos fogosos, muy aplaudidos por el Congreso y por el “numeroso público”, como hace constar el Diario de Sesiones. Los de los días señalados se cerraron con un “Viva la Constitución” lanzado por el presidente de las Cortes, Istúriz, y coreado por diputados y público con vivas a la libertad, a Riego, a las Cortes y al gobierno. Todos se declararon dispuestos al mayor sacrificio por la defensa de la Constitución y en Madrid se desató el entusiasmo popular. Una multitud, con música y vivas, acompañó al presidente de las Cortes a su residencia y lo mismo se hizo con Evaristo San Miguel. Días después, pueblos y colectivos de toda clase enviaron felicitaciones al Congreso desde todos los puntos de España por el patriotismo demostrado.

Esto era lo que esperaban las monarquías legitimistas europeas. Entre el 14 y el 16 de enero abandonaron Madrid los embajadores de Austria, Rusia y Prusia, el 26 del mismo mes hizo lo propio el de Francia y tres días antes, el gobierno informó de la ruptura de relaciones con la Santa Sede, hecho sin relación directa con los anteriores, aunque no cabe desvincularlos por completo. España quedaba aislada en el contexto internacional, pendiente únicamente de saber cómo habría de materializarse la amenaza y de la decisión de Inglaterra.

El 28 de enero se despejaron todas las dudas sobre el primer asunto. Con motivo de la apertura de las sesiones parlamentarias en Francia, Luis XVIII pronunció el preceptivo discurso ante la Asamblea Nacional. Tras señalar los éxitos de su régimen frente a las intentonas revolucionarias internas, se refirió a España. Informó de la retirada de su embajador en Madrid y en tono solemne anunció: “Cien mil franceses, mandados por aquel príncipe de mi familia a quien mi corazón se complace en dar el nombre de hijo mío, están prontos a marchar invocando al Dios de* San Luis, para conservar el trono de España a un nieto de Enrique IV y para preservar aquel hermoso reino de su ruina y reconciliarse con Europa”.

El príncipe designado para dirigir tan alta misión fue el duque de Angulema, primogénito del conde de Artois, heredero de la corona francesa y hermano del rey. Así pues, Angulema ocupaba en ese momento el segundo lugar en la sucesión al trono de Francia. Con la autoridad derivada de esta circunstancia, convencido de que el rey de España, descendiente como él de Enrique IV (el mítico fundador de la dinastía Borbón), estaba cautivo de los revolucionarios liberales, se dispuso a cumplir la sagrada misión de liberarlo en nombre del “Dios de San Luis”. Al sabio Vicente Salvá, diputado liberal, se le ocurrió el siguiente comentario en carta a su esposa: “A lo que parece, hay varios dioses y allá veremos cuál es el que a nosotros asiste” (cit. por León, 2003: 221).

En tanto quedara resuelto el enigma, Angulema se esforzó por conferir solemnidad y alteza de miras a su empresa. Cinco días antes de ordenar a su ejército la entrada en España, dirigió a los españoles el siguiente aviso: “Voy a pasar los Pirineos a la cabeza de cien mil franceses, pero es para unirme a los españoles amigos del orden y de las Leyes, para ayudarles a rescatar a su Rey cautivo, a restablecer el Altar y el Trono, a librar del destierro a los sacerdotes, del despojo a los propietarios, al pueblo del dominio de algunos ambiciosos que, proclamando la libertad, no preparan sino la esclavitud y la destrucción de España” (Miraflores, II: 240-241).

El programa de Angulema era ambicioso y, como queda patente, está expuesto en términos de un implacable partidismo. Sin el menor matiz, el príncipe asumía el mensaje difundido en Europa por los absolutistas españoles, confundidos entonces bajo la etiqueta de “realistas”, y pretendía ser conciliador, cuando en realidad incitaba a la guerra civil. En este estado -o en uno muy parecido- vivían los españoles, en particular los habitantes de los territorios próximos a la frontera francesa y, aunque no hubiese sido así, las palabras de Angulema habrían contribuido a provocarlo. De ahí que resulte chocante su reiterado interés por negar a su empresa el carácter de conquista para esquivar cualquier parangón con el tiempo de Napoleón. En ello abundó en una alocución a sus soldados momentos antes de proceder a la invasión. En términos menos sectarios que los empleados en su proclama a los españoles, les dijo: “No ha puesto las armas en nuestras manos el espíritu de conquista: un motivo más generoso nos anima. Vamos a restituir un rey a su trono, a reconciliar al pueblo con su monarca y a restablecer en un país, presa de la anarquía, el orden necesario para la ventura y seguridad de ambos Estados. Soldados: respetad y haced respetar la religión, la ley y la propiedad” (Lafuente, 1922: 19, 52).

Los Cien Mil Hijos de San Luis, denominación con que ha pasado a la historia el ejército de Angulema, quizá debido -al decir de Alcalá Galia- no (1984: 221)- al empeño de François de Chateaubriand en introducir el lenguaje poético en los asuntos políticos, entraban en España a poner orden y librar a su rey de la “esclavitud” en que le tenían los revolucionarios. En la práctica, venían a forzar el cambio de régimen político en una nación soberana, como no se cansaron de recordar los liberales, y de paso ahondar en la confrontación política interna. El propio Angulema cayó más tarde en la cuenta, pero a esas alturas le resultó imposible ya frenar el ánimo vengativo de los españoles “amigos del orden y de las leyes” vencedores en la lucha intestina gracias a su concurso.

Los ejércitos

EN torno a cien mil hombres, en efecto -como anunciara Luis XVIII- entraron en España al mando de Angulema. Esta fuerza casi suponía la mitad de los efectivos del ejército francés del momento, que ascendían en total a algo más de 250.000. Los cálculos más fiables, suficientemente contrastados, cifran en unos 95.000 los soldados franceses destinados inicialmente a esta campaña, a los cuales habría que añadir los 10.000 o 12.000 realistas españoles, entre soldados regulares y guerrilleros, que se les unieron en el primer momento para hacer la guerra al régimen constitucional (Sánchez Maulero, 1981;38,51; Ramón Arnabat, 2001:368). Este ejército, que a mediados de junio se vio incrementado con un nuevo contingente de 12.000 hombres mandados por el mariscal Lauriston, había sido organizado de forma apresurada a partir de enero de 1823, pero es evidente que se benefició de la circunstancia de que al frente del mismo estuviera un miembro de la familia real.

Los ministros de Luis XVIII no podían poner trabas al hijo de “Monsieur”, tratamiento otorgado al hermano del monarca y futuro Carlos X. Así pues, su Alteza Real Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, gozó de todas las facilidades para disponer de hombres y dinero y dispuso de plena autoridad para actuar en España. En un principio intentó recortar su poder el mismísimo ministro de la Guerra, el experimentado mariscal Víctor, duque de Bellune, antiguo héroe en las guerras napoleónicas. Víctor pretendió ser el jefe de Estado Mayor del ejército expedicionario, pero tras un duro forcejeo político Angulema impuso su candidato para ese puesto: el general Guilleminot. Las relaciones entre Angulema y el ministro de la Guerra fueron siempre tormentosas, de auténtico odio mutuo, pero ello no fue obstáculo para que Angulema tuviera a su disposición todos los recursos de Francia. En este punto resultó determinante la influencia de “Monsieur” y el extremo interés del primer ministro Joseph de Villèle por servir a Angulema. En la interesante y nutrida correspondencia cruzada entre estos dos últimos durante la campaña en España, publicada por Villèle en sus Memorias, queda patente, sin duda alguna, la voluntad del jefe del gobierno de cubrir todas las necesidades del generalísimo francés, cuyas decisiones no objeta, aunque algunas no le satisficieran.

Los historiadores han prestado escasa atención a la persona del duque de Angulema. Se han escrito pocas biografías suyas y aunque no sale malparado en los estudios sobre la época, tampoco se le tributan señalados elogios. Los grabados de la época lo disimulan, pero su aspecto físico era poco agradable, hasta llegar a la fealdad, circunstancia agravada por un carácter colérico, combinado con cierta tartamudez y una acusada timidez que le impulsaba a mantener siempre la mirada baja. Según el malicioso y muy conservador barón de Frénilly, contemporáneo suyo, a un corazón bravo “unía una cabeza de chorlito o lo que es peor para España y Francia, de chorlito filósofo”. Añade el barón que en materia militar “sabía marchar a la cabeza de una columna de granaderos, nada más” (Frénilly, 1908: 476). Nadie atribuye a Angulema gran inteligencia, pero casi todos ponderan su lealtad y mesura, su buen corazón y una excelente disposición a cumplir con sus deberes. Estas dos últimas cualidades fueron, quizá, las más visibles durante su paso por España en 1823. Dirigió con prudencia al ejército, lo cual le granjeó el respeto de sus soldados, y demostró sincera preocupación por frenar el ímpetu vengativo de los absolutistas españoles, en particular el de Fernando VII.

No carecía Angulema de historial castrense, pero en su haber predominaban las derrotas sobre las victorias. Durante la Revolución francesa y el imperio napoleónico integró el llamado “Ejército de los Príncipes”, formado en el exilio por su tío (Luis XVIII) y por su padre; más tarde luchó contra Napoleón en el sur de Francia a las órdenes de Wellington y en 1815, durante el Imperio de los Cien Días, intentó sin éxito frenar el avance del emperador. Derrotado, en abril de ese año se refugió en España, donde fue muy bien acogido por Fernando VII. Tan dilatada experiencia militar no le proporcionó apreciables habilidades tácticas, carencia suplida en 1823 por el escogido grupo de oficiales a su servicio. La mayor parte de ellos había participado en las campañas napoleónicas (no pocos en España), así como en las guerras anteriores, bajo la bandera de la Revolución o en su contra. Destaca, entre todos, el teniente general conde de Guilleminot, jefe del Estado Mayor y autor del plan de campaña, quien luchó en las filas contrarrevolucionarias contra la República francesa y más tarde lo hizo en las del ejército napoleónico en España y Rusia. Otro de los eficaces integrantes del Estado Mayor, el vizconde Dodé de la Brunerie, comandante de ingenieros, había participado en la batalla de Jena y en las campañas de España y Rusia.

También los jefes de los cuatro ejércitos, más el de reserva, que componían las tropas invasoras, habían desempeñado misiones militares relevantes y obtenido títulos y ascensos durante el imperio napoleónico. El general en jefe del primer ejército, mariscal Oudinot (duque de Reggio), luchó en las guerras de la República y con Napoleón alcanzó fama por su participación en las batallas de Austerlitz y Friedland. Otro militar ennoblecido durante el imperio, el mariscal Moncey (duque de Conegliano), jefe del cuarto ejército, había combatido en territorio español, no siempre con éxito. El jefe del segundo ejército, conde de Molitor, fue un ardoroso soldado al servicio de la República y durante el imperio destacó en varias expediciones en el centro de Europa y en la batalla de Wagram. El general Bordesoulle, comandante del ejército de reserva, luchó en Austerlitz con el grado de coronel, participó en la batalla de Wagram y en las campañas de Rusia y España. Entre los generales en jefe del ejército de Angulema, sólo uno no había hecho la guerra bajo las órdenes de Napoleón, sino en su contra. Se trata del príncipe de Hohenlohe, jefe en 1823 del tercer ejército y antes, durante la Revolución francesa, del que formó su padre a favor de los príncipes emigrados, es decir, del futuro Luis XVIII y de su hermano el conde de Artois.

Los mencionados, así como un buen número de sus generales y oficiales subordinados, también con una notable hoja de servicios, se caracterizaban en este momento por su fidelidad a Luis XVIII. En cuanto a la experiencia militar, cabe decir otro tanto de los soldados, la mayoría veteranos de las campañas napoleónicas.

Tampoco eran bisoños los generales y oficiales del ejército constitucional español, aunque no estuvieron a la altura de sus adversarios franceses ni en la firmeza de su fidelidad política ni en la brillantez de su hoja de servicios. El ejército constitucional había sido reorganizado en febrero de 1823, tras la alerta despertada por el discurso de Luis XVIII ante la Asamblea francesa. El mando del llamado ejército de operaciones, destinado a ser el principal baluarte contra el avance francés y cuyo campo de actuación abarcaba Navarra, Aragón y el Mediterráneo, fue confiado al general Francisco López Ballesteros, tal vez el militar español de más renombre entonces, debido tanto a su comportamiento político (pasaba por liberal exaltado, integrante del grupo de los comuneros) como a su participación en múltiples hechos de armas durante la Guerra de la Independencia. No menos fama, como liberal y guerrero, tenía Francisco Espoz y Mina, temible guerrillero por su astucia y crueldad en la lucha contra Napoleón, encuadrado ahora en los puestos más altos del ejército regular. Se le encomendó el mando del Ejército de Cataluña, territorio en el que venía cosechando notables éxitos frente a la guerrilla absolutista desde el año anterior. Como jefe del Ejército del Noroeste (Galicia y Asturias) fue nombrado Pablo Morillo, conde de Cartagena, quien contaba con amplia experiencia militar en la lucha contra los soldados de Napoleón y contra los insurgentes americanos y era considerado afín al sector liberal moderado. Al mando del Ejército de Reserva, destinado en el Centro, se colocó al conde de La Bisbal, Enrique O’Donnell. Desde su salida de la academia militar, en 1788, tomó parte en casi todas las campañas guerreras emprendidas por España y aunque había dado muestras en múltiples ocasiones de volubilidad política, se le consideraba miembro de la masonería y, por esta razón, progubernamental.

Como cabe apreciar, en la designación de los mandos superiores del ejército español tuvo considerable peso el criterio político, pues se trató de satisfacer a todas las tendencias existentes en el campo constitucional. Lejos se estuvo de conseguir tal cosa. Los círculos de opinión de cada sector partidista no ahorraron críticas contra los militares que no les eran propios y éstos, por su parte, en cuanto comenzó la campaña militar dieron muestras de mayor preocupación por su suerte personal que por resistir al invasor. Con todo, estos hombres, “generales de antigua fama”, al decir del marqués de Villa Urrutia (1931: 30-31), eran, en principio, si no los mejores entre los militares españoles, sí de los más aptos por su hoja de servicios (Lafuente, 1922: 19, 42).

Unidos los efectivos mandados por estos generales a las guarniciones de las plazas fuertes y a los cuerpos de voluntarios extranjeros creados con motivo de la invasión, las fuerzas destinadas a hacer frente a las de Angulema ascendían a unos 130.000 hombres ([Sánchez Mantero, 1981: 60-61]; algunos historiadores, sin embargo, rebajan este número considerablemente: Fontana [2006: 39] cifra en 50.000 hombres el conjunto de las fuerzas constitucionales).

Desconcierto de los liberales

EL comienzo de 1823 resultó desastroso para el constitucionalismo. A pocos se les ocultaba que el acoso diplomático que suponía la presentación de las notas conminatorias de los embajadores de la Santa Alianza antes comentadas constituía el anticipo de una actuación más contundente. Además, era bien sabido que Francia había reunido una importante fuerza militar en su frontera pirenaica con la excusa de protegerse de la epidemia de fiebre amarilla declarada en Cataluña en 1821. La concentración de tropas fue en aumento según pasaban los días y tras el discurso del rey de Francia ya no quedó duda sobre su misión. A todo esto, Francia apoyaba a los guerrilleros absolutistas refugiados al otro lado de los Pirineos ante el empuje de las tropas de Mina, quien el 3 de febrero obtuvo un resonante éxito al recuperar la ciudad de la Seo de Urgel, convertida meses antes por los realistas en su centro político para la reconquista de España. La acción de Mina constituyó un duro golpe para la contrarrevolución y fue muy celebrada por los constitucionales, pero como escribió Estanislao de Kotska Bayo, fue su único consuelo en un tiempo de muchas miserias.

Esas miserias fueron de carácter político, diplomático y también militar, a pesar de que aún no habían emprendido su campaña los Cien Mil Hijos de San Luis. El gobierno constitucional quedó desconcertado y fue incapaz de lograr al menos algún apoyo en Europa. Ni siquiera lo obtuvo de Inglaterra, en que confiaba, por más que se negoció con William A’Court, su embajador en Madrid. Este fracaso dejó al descubierto el aislamiento internacional de los constitucionales y, por lo demás, los positivos resultados contra la guerrilla conseguidos por Mina en territorio catalán no disuadían a los rebeldes de otros lugares. El cura Merino, afamado por sus acciones durante la Guerra de la Independencia, había retomado las armas y levantado pueblos contra el constitucionalismo en Castilla la Vieja. En la misma zona alcanzaron renombre los guerrilleros Cuevillas y El Rojo de Valderas, mientras en Navarra y el País Vasco proseguía el crecimiento de las partidas. Por de pronto, el teatro de operaciones estaba
algo alejado de Madrid y, según todos los indicios, las bandas facciosas no tenían capacidad por sí mismas para derribar al régimen. Pronto se vio, sin embargo, que la capital no estaba libre de peligro.

A principios de enero de 1823, el aventurero Jorge Bessières, en otro tiempo conspirador liberal y ahora absolutista fanático, avanzó con una fuerza de cinco mil hombres desde el Ebro hacia Madrid. Una vez hubo pasado sin dificultad Guadalajara, salió a su encuentro el general Demetrio O’Dali, comandante de Castilla, sin esperar a las tropas que había preparado El Empecinado para reforzarlo, lo cual delata la escasa organización militar en el bando constitucional y el personalismo de los mandos de sus ejércitos. El 24 de enero, Bessière derrotó en Brihuega a O’Dali, se apoderó de su artillería e hizo un buen número de prisioneros. Poco después llegó El Empecinado, ignorante de lo sucedido, y asimismo se vio obligado a retroceder. El hecho causó gran alarma en Madrid, pues puso de manifiesto la debilidad militar de los defensores del régimen, y aún se incrementó el temor cuando a comienzos de febrero se supo que, sin ser inquietado por el ejército constitucional, Bessière se había instalado en Huete, población situada a poco más de un centenar de kilómetros de Madrid. Cualquier cosa podía suceder, pero el guerrillero absolutista tampoco era un modelo en materia de táctica militar y, sin dar continuidad al avance, dispersó sus fuerzas entre Aragón y Valencia.

Estos hechos dejaron al descubierto la vulnerabilidad de Madrid, donde la agitación política había alcanzado desde meses antes una efervescencia inusitada. Mucho contribuyeron a ello los encendidos discursos pronunciados en las Cortes o en las Sociedades Patrióticas, núcleos de la resistencia liberal. En noviembre de 1822 -todavía no se había clausurado el congreso de Verona- el diputado Romero Alpuente comentó de esta forma en la Sociedad Landaburiana los rumores sobre una posible intervención extranjera: “¿Qué tenéis que temer? ¿Acaso los liberales de España aumentados por tres generaciones de jóvenes brillantes no son bastantes para escarmentar a nuestros enemigos?”. Acto seguido, aseguró que la fuerza armada constitucional era suficiente para atajar cualquier invasión y no escatimó la exageración: los 20.000 hombres que luchan en Cataluña contra la guerrilla absolutista valen por 200.000 y lo mismo ocurre con las tropas dispuestas en Aragón, Navarra y Vizcaya (Romero Alpuente, 1989: II, 30). No le quedaron a la zaga los diputados más activos en sus intervenciones parlamentarias, si bien no llegaron a tales extremos. En una arenga, más que discurso parlamentario, Alcalá Galiano dijo el 9 de enero de 1823: “Imitemos la conducta de los antiguos hombres libres y digamos a las Naciones: ahí tenéis la paz y la guerra; escoged lo que quisiereis”.

Desafíos de este tenor estuvieron acompañados con frecuencia de llamamientos extemporáneos. En la asamblea de la Sociedad Landaburiana antes citada, el mismo orador, Romero Alpuente, señaló a la aristocracia y al clero como los principales enemigos del sistema constitucional y marcó el camino a seguir: “Acabar con ellos, hacer lo que hicieron en Francia, que en una noche mataron 14.000…; de este modo, sin serviles y sin indiferentes, quedarán los patriotas solos y nos pondremos en el mismo caso que estábamos en el año de 8 (1808)”. Romero Alpuente, al igual que los miembros de la Milicia Nacional y los diputados más enérgicos durante estos meses en la defensa de la Constitución (Alcalá Galiano, Argüelles, el futuro duque de Rivas, Canga Argüelles…) confiaban en la fidelidad del pueblo español, creían en los efectos positivos de las reformas introducidas por el sistema constitucional y se ilusionaron con la solidez del régimen, que consideraron capaz de superar la embestida de los contrarrevolucionarios.

El entusiasmo de los defensores de la Constitución ganó adeptos, pero no se acompasaba con los hechos y en no pocos quedó amortiguado por cierto pesimismo. El golpe decisivo lo dio el anuncio de Luis XVIII de la preparación de un ejército de cien mil hombres, conocido en el momento en que las tropas de Bessière amenazaban Madrid. Las palabras del rey de Francia no dejaban dudas sobre la inminencia de la invasión y exigían de las autoridades constitucionales una respuesta eficaz, más allá de manifiestos y declaraciones retóricas de repulsa y patriotismo. La reacción inmediata fue la reorganización, ya vista, del ejército y la propuesta de trasladar a las principales instituciones (rey, Cortes y gobierno) al sur de España.

La última medida fue duramente criticada por muy distintos sectores y suscitó un duro debate en las Cortes, pero finalmente resultó aprobada el 15 de febrero por 84 votos a favor y 53 en contra. Se adoptó, escribió Argüelles, “para evitar una sorpresa”, pues como señaló el gobierno al justificarla ante el rey, Madrid era “pueblo abierto, no susceptible de defensa” (Argüelles, 1864: 191). A primera vista, la decisión revela el temprano abandono desde el centro político de la nación de todo intento de resistencia, antes incluso de que el invasor hiciera su entrada. Quizá se adoptó -apunta Lafuente (1922: 19, 42)- porque la acusada división política entre los constitucionales no alimentaba la confianza en un levantamiento popular similar al de 1808, aunque muchos liberales mantuvieron todo lo contrario. A juicio de estos últimos, el retroceso hacia el sur era el mejor medio para la resistencia al invasor porque podría ser acicate para revivir el modelo de 1808.

En ese año, cuando todo parecía perdido (la mitad septentrional de España ocupada por los franceses y Napoleón a las puertas de Madrid al frente de su gran ejército) se trasladó a Sevilla la Junta Central y con ella todo el aparato institucional creado por los españoles que no reconocían la autoridad del emperador. Desde Sevilla se dirigió la guerra y se convocaron las Cortes que, reunidas poco después en Cádiz, cumplieron el papel esencial de núcleo de la resistencia y creadoras del sistema constitucional español. Ahora, cuando se anunciaba una nueva agresión francesa desde los Pirineos para terminar con ese sistema, era la hora de revivir la imagen de la nación levantada en armas por su independencia, el mito de 1808 que tan afianzado estaba en la conciencia de los españoles. El traslado al sur no podía ser más pertinente. Por la misma razón, Fernando VII tenía que rechazarlo. Cuanto más cerca físicamente estuviera de las tropas invasoras, antes conseguiría el objetivo por el que venía trabajando durante tres años. Por lo demás, la evocación del sur era para el rey una pesadilla: allí nació la odiada Constitución y prendió, en 1820, el pronunciamiento causante de todos sus problemas actuales.

Fernando VII y sus íntimos quizá pensaran, además, en otra cosa. En marzo de 1808, antes del comienzo de la guerra, pero cuando eran más que palmarias las intenciones de Napoleón de ocupar militarmente la Península, el entonces director de la política española, Manuel Godoy, sugirió el traslado de la Corte de Carlos IV al sur para organizar la resistencia. Cuando todo estaba dispuesto para el viaje, los partidarios de Fernando, aún príncipe de Asturias y enemigo acérrimo de Godoy, promovieron un motín en Aranjuez que desbarató el proyecto, acabó con Godoy, provocó la renuncia de Carlos IV y propició la elevación al trono de Fernando VII. Su negativa a abandonar el centro, Madrid y los Reales Sitios, deparó a Fernando la ocasión para obtener la corona en vida de su padre, esto es, antes de tiempo. Si accedía a un viaje similar, ¿podría perder la corona, también de forma prematura? Con esta duda pasó el rey los meses siguientes.

Turbulencia institucional

LA acusada disparidad de intereses y sentimientos entre el rey y los constitucionales provocó el mayor desconcierto político en el momento más inoportuno: en vísperas de la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis. El mayor grado de virulencia se alcanzó cuando el gobierno comunicó al rey el acuerdo de las Cortes de efectuar el traslado al sur. Como era de suponer, el rey se negó en redondo a dar su conformidad al viaje y tras varios intentos infructuosos de algunos ministros para obtenerla, el 18 de febrero se presentó en palacio el gobierno en pleno con este objeto. Según anota el rey en el diario que llevó sobre lo ocurrido estos días, su reacción fue firme: “Yo me resistí terriblemente… y por último concluí diciendo: no se cansen ustedes, que yo no salgo de aquí a no ser atado” (AGP, T. 69). Los ministros insistieron poco después, pero el rey se negó a recibirlos. Cuenta el embajador británico en España que los despachó con lo siguiente: “Tengo más cojones que Dios. Tengo cojones para comer a todos vosotros. Fuera, fuera…’’(Fuentes, 1994: 199). En su diario el rey se limitó a anotar: “Ellos salieron silbando y cantando el himno de Riego”.

La escena referida, inconcebible en una situación de normalidad institucional, puede sorprender a quien no conozca el carácter de Fernando VII y carezca de información sobre su inveterada afición al taco y las expresiones soeces, tan usuales en el ambiente del majismo en el que se movían algunos de sus confidentes. El rey despreciaba a sus ministros (se refería a ellos como “los Siete Niños de Écija”, en alusión a los bandoleros que en 1814-1818 se hicieron famosos en el camino entre Córdoba y Sevilla) y, por supuesto, no sentía respeto alguno hacia los órganos constitucionales. El temperamento autoritario de monarca absoluto afloraba por todos sus poros y en la distancia corta se manifestaba con la rudeza propia de una persona vulgar, de natural vengativo y ante todo, recelosa. Excitado al máximo por la inminencia del final del constitucionalismo, ya no reparaba ni siquiera en las formas.

El 19 de febrero, un día después del encontronazo del rey y sus ministros, finalizó la legislatura. El rey debía pronunciar en las Cortes el discurso de clausura. En ocasiones como ésa, el monarca presidía el acto y leía un texto preparado por el gobierno dedicado a glosar los logros más sobresalientes de la legislatura. En esta circunstancia, sin embargo, era obligado que el rey de España respondiera a la amenaza de intervención militar perpetrada por Luis XVIII en la Asamblea francesa. Fernando VII no acudió al Congreso (alegó un grave ataque de gota) y en su nombre leyó el discurso el presidente de las Cortes. En referencia al asunto principal del momento, dijo:

El Rey de Francia ha manifestado… sus intenciones con respecto a España. Las mías son ya públicas y están consignadas del modo más solemne. El valor, la decisión, la constancia, el amor a la independencia Nacional y el penetrarse más que nunca de la necesidad de conservar el Código Constitucional de 1812, he aquí las respuestas vigorosas que debe dar la Nación a los principios antisociales vertidos en el discurso del Monarca Cristianísimo (Miraflores, 1834: II, 191).

No podían esperar los liberales mejores palabras del rey constitucional de España. Se diría que Fernando VII estaba decidido a “marchar por la senda constitucional*', como él mismo prometiera solemnemente años antes.

Aún proporcionó Fernando VII más satisfacciones retóricas. El primero de marzo principiaron las sesiones de la nueva legislatura y de nuevo debía dirigirse el monarca a los representantes de la soberanía nacional. Fernando VII tampoco hizo acto de presencia (proseguía su enfermedad) y como en la ocasión anterior, el presidente de las Cortes leyó el discurso real preparado por el gobierno. Estuvo dedicado casi en su integridad a condenar la agresión francesa y a incitar a los españoles a responder con las armas, e hizo especial énfasis en el principio político fundamental del liberalismo, es decir, sólo la nación española estaba legitimada para establecer su sistema de gobierno. En referencia, de nuevo, a las palabras de Luis XVIII, exclamó en tono altanero: “¿De cuándo acá se da a soldados la misión de reformar las leyes? ¿En qué código está escrito que las invasiones militares sean precursoras de la felicidad de Pueblo alguno?” (Miradores, 1834: II, 238).

Tales manifestaciones públicas del rey pudieron proporcionar cierto alivio a los españoles fieles a la Constitución, acostumbrados a estas alturas a escuchar todo tipo de denuestos contra ella, aunque nada tenía de extraordinario que el monarca constitucional se pronunciara formalmente en su defensa. Sin embargo, las palabras del rey (o, mejor dicho, las que el gobierno ponía en su boca en las alocuciones oficiales) no se correspondían con sus hechos. En el intervalo de tiempo trascurrido entre los dos discursos referidos, tuvieron lugar en Madrid sucesos políticos que debían despertar la alarma incluso en los observadores más obtusos.

El 19 de febrero, en cuanto los ministros regresaron a sus despachos, una vez finalizada la sesión parlamentaria, recibieron notificación de su cese. De acuerdo con la Constitución, correspondía al monarca el nombramiento y destitución del gobierno, de modo que desde el punto de vista formal nada cabe objetar. Incluso se podría presumir -como hace algún historiador- que el rey procedió con acierto. El gobierno de San Miguel estaba siendo muy criticado y la historiografía coincide en achacarle falta de pericia diplomática para evitar la intervención militar extranjera y escasa fortuna luego para afrontarla. Pudiera pensarse, en consecuencia, que, con el cambio, Fernando VII pretendió imprimir mayor efectividad en las decisiones del ejecutivo.

La destitución del gobierno fue celebrada por los comuneros, convencidos de que había llegado su oportunidad para acceder al poder ejecutivo. Pero los partidarios del gobierno depuesto reaccionaron de inmediato. Al anochecer del mismo día 19 se congregaron frente al palacio real y exigieron su continuidad con gritos de “Muera el rey, muera el tirano”. No se calmaron hasta que esta misma noche el monarca revocó su decisión y repuso a los ministros en sus cargos. Al día siguiente los manifestantes fueron los comuneros. Acudieron a las Cortes y pidieron la formación de una regencia. La gravedad de tal iniciativa era manifiesta, pues suponía la suspensión de Fernando VII en sus funciones y la ruptura completa del régimen con el rey, lo que hubiera resultado fatal para la defensa del constitucionalismo.

La agitación en las calles de Madrid fue inusitada. Al enfrentamiento entre masones y comuneros se unió el surgido entre dos facciones de los propios comuneros; una, partidaria de apoyar al gobierno de San Miguel y la otra, de su cese. Moderados, recientemente desalojados del poder, y absolutistas, deseosos de obtenerlo cuanto antes, contemplaron con placer este panorama, que tuvo como principal consecuencia el descrédito del liberalismo exaltado, única corriente dispuesta en estos momentos a luchar por la continuidad del sistema político basado en la Constitución de 1812. La situación no se normalizó hasta que tras agitadas negociaciones en palacio, San Miguel y el resto de ministros presentaron su dimisión, una vez arrancaron del rey su promesa de acceder al viaje.

El 28 de febrero Femando VII designó nuevo gobierno, en esta ocasión de mayoría comunera, con el muy capaz Álvaro Flórez Estrada en Estado y Lorenzo Calvo de Rozas en Hacienda. Según testimonio del primero, ambos se encargaron de nombrar a los restantes ministros, entre ellos al general Torrijos, asimismo comunero, en Guerra. Parece ser que algunos se forjaron ilusiones. Conocida la anglofilia de Flórez Estrada, el nuevo gobierno estaría en mejores condiciones que el anterior para entendcrsc con Inglaterra y no cabía descartar la posibilidad de un acuerdo con los franceses. Flórez Estrada había manifestado su disconformidad con las airadas respuestas de San Miguel a las notas de las potencias de la Santa Alianza y se había mostrado partidario de una reforma de la Constitución incorporando una segunda cámara (Fuentes, 2004: 200- 201). Todo esto cuadraba con las exigencias del gobierno de Francia. Además, coincidía con otras maniobras, como la emprendida por el importante hombre de negocios Vicente Bertrán de Lis, siempre al tanto de lo que se cocinaba fuera y dentro de palacio. El 20 de febrero, había escrito a París a James de Rothschild para que informara al gobierno francés de sus intenciones de mudar de gobierno e introducir cambios políticos en España. El 2 de marzo, Rothschild le transmitió la opinión de las altas esferas francesas: “Si se hacen modificaciones satisfactorias en las personas y en la forma del gobierno español, como consecuencia de la crisis en la que se encuentra, el ejército francés esperará los resultados hasta el primero de abril y se puede proceder con seguridad que en este caso no atravesará la frontera antes de esta fecha” (cit. por Fontana, 2006: 37).

Quizá Flórez Estrada creyó de buena fe que todavía era posible evitar la invasión, negociando con los franceses. Con intenciones más confusas, otros, como el camaleónico Bertrán de Lis (Romeo, 1993: 200-201), pudieron pensar lo mismo. El rey, sin embargo, parece que no iba por este camino. Con la misma intensidad odiaba a los masones del gobierno de San Miguel, como a los comuneros del de Flórez Estrada, de modo que la sustitución de unos por otros era una más de sus maniobras para dividir a los constitucionales y evitar el viaje. O aún peor: Fernando VII pudo suponer que, con el poder en sus manos, los comuneros podrían causar más confusión que los masones e incrementar el desprestigio del constitucionalismo. Sea lo que fuere, el cambio de gobierno sólo sirvió para enmarañar más todavía la situación política española.

Los ministros depuestos reaccionaron y, a pesar de haber presentado su dimisión, recurrieron a un ardid para evitar el abandono inmediato de sus funciones. Amparados en el reglamento de las Cortes, adujeron que sólo podían dejar el cargo una vez presentaran en sesión parlamentaria las memorias de su gestión. Como en ese momento las Cortes estaban clausuradas, no hubo oportunidad, pero tampoco se buscó a partir del primero de marzo al abrirse la nueva legislatura, así que continuaron en sus despachos sin mayores dificultades, pues lo que ante todo importaba ahora era convencer al rey de emprender el viaje propuesto. De mil formas lo intentaron los ministros y delegaciones de parlamentarios, siempre sin fruto. Fernando VII se mantenía firme en su negativa y el 11 de marzo recurrió a una nueva artimaña para sustentarla: su estado de salud.

En la noche de ese día el rey convocó una junta de médicos. La mayoría de ellos desaconsejó el viaje a causa del grave ataque de gota que aquejaba al rey, pero otros, entre ellos el afamado Aréjula, dictaminaron que la enfermedad no lo impedía y aun le convendría al rey un lugar más cálido que Madrid para superarla. El asunto suscitó una disputa más, a añadir a las muchas ya libradas, entre el monarca y las autoridades constitucionales. Finalmente se impusieron éstas y el rey no tuvo otro remedio que emprender viaje a Sevilla, el lugar de destino elegido. Dice el rey en su diario que accedió porque le llegaron noticias de que si se mantenía en su negativa las Cortes preparaban la formación de una regencia. Por esta razón o por la imposibilidad de resistir a las continuas presiones, el rey fijó el 20 de marzo como fecha para la partida.

El triunfo de los constitucionales sólo fue aparente. Lograron sacar de Madrid al rey y los más optimistas soñaron con el resurgimiento del mítico espíritu patriótico de 1808. Un dato, sin embargo, debía ser motivo de la mayor preocupación. El viaje comenzaba sin gobierno en España, aunque existían dos: uno dimitido y en funciones (el de San Miguel) y el otro (el de Flórez Estrada) electo, pero sin capacidad para actuar, pues los ministros no habían tomado posesión de su cargo. En coyuntura especialmente crítica no se sabía con exactitud qué personas dirigían la administración de la monarquía, pero sí estaba claro que su capital quedaba desmantelada institucionalmente. Unas pocas semanas antes de la entrada en Madrid de tropas extranjeras, sólo existía allí la autoridad local y la militar, y esta última en manos tan inseguras como las del conde de La Bisbal, cuya traición no tardaría en producirse. Fernando VII había salido de esta inmensa agitación como el auténtico triunfador, por más que su orgullo quedara herido por el momento hasta lo más profundo.

Las disensiones del realismo

ANGULEMA llegó a España con instrucciones muy precisas. El gobierno francés en modo alguno deseaba reproducir los errores cometidos por Napoleón un decenio antes y prestó especial atención al componente político y al aprovisionamiento de su ejército. Ni conquista, ni abusos sobre la población.

Las instrucciones, emitidas el 14 de marzo, indicaban que la intervención se realizaba “en nombre y al servicio del rey Fernando VII”. No se trataba de someter al país, como pretendió Napoleón, sino de auxiliar a sus naturales para devolver a su rey la soberanía arrebatada por la Constitución. En consecuencia, la acción militar no se paralizaría hasta que Fernando VII estuviera libre del “cautiverio” en que lo tenían las Cortes. Se dejaba abierta, no obstante, la posibilidad de firmar un armisticio (pero no el fin de la acción militar) si los españoles realizaban cambios considerables en la Constitución. En concreto los siguientes: establecimiento de dos cámaras, reconocimiento de la capacidad de veto absoluto al rey y del derecho a disolver las Cortes, supresión del artículo que reconocía la soberanía nacional (el 3.°) y del que permitía desposeer temporalmente al rey de sus prerrogativas en caso de imposibilidad física o mental (el 187). Como se consideraba poco probable que el sector liberal dominante en España accediera a esto, se concedía carta blanca a Angulema para entrar en contacto con los “españoles influyentes” con el fin de “llevar a cabo una revolución favorable a la monarquía”, que debía comenzar con el restablecimiento de las autoridades existentes antes de 1820. A modo de recopilación, las instrucciones terminaban con una exhortación: Angulema debía desorganizar el ejército enemigo, rendir las plazas rebeldes y ganarse a generales, ministros y diputados a Cortes, “sin ahorrar ni cuidados, ni promesas, ni dinero”. (AAEE, Corresp. pol. Esp.: 721, 135-137). La última palabra es muy elocuente, como tendremos ocasión de constatar.

Fiel a las directrices recibidas, Angulema trató de dar la impresión de que la administración del territorio ganado al constitucionalismo quedaba en manos españolas y a los dos días del paso de los Pirineos instauró en Oyarzun una “Junta Provisional del Gobierno de España y de las Indias”. La integraron el general Eguía, que actuó de presidente, el barón de Eróles, Antonio Gómez Calderón y Juan Bautista Erro, y fue su secretario José Morejón. Esta Junta respondía a las miras políticas del gobierno francés, pero era resultado, asimismo, de la división entre los realistas españoles.

En 1822 el realismo había puesto gran empeño en dotarse de una organización política, con el objetivo de imprimir eficacia a la lucha contra el régimen constitucional, obtener ayuda exterior, dejar patente el estado de cautividad en que los revolucionarios tenían a Fernando VII y preparar el tránsito hacia el nuevo sistema político. Como sólo los exiliados en Francia disponían de libertad de movimientos para actuar en este sentido, fue allí donde se intentó esa organización.

Dos individuos muy vinculados a Fernando VII, ministros ambos en la época absolutista anterior, se disputaban su dirección: el marqués de Mataflorida, residente en Toulouse, y el general Eguía, en Bayona. Aunque las relaciones personales entre ellos nunca fueron buenas, pues la ambición movía a cada uno a considerarse “el hombre del rey”, en un principio actuaron en aparente armonía. En agosto de 1822, momento clave para la acción contrarrevolucionaria debido al impulso de la insurrección armada en el interior y a la proliferación de alborotos ciudadanos, pareció posible la unión y Mataflorida aprovechó la oportunidad para constituir un órgano político que tomó el pomposo nombre de Regencia. Quedó instituida el 15 de ese mes en Urgel, única ciudad española de cierta importancia en poder de los insurgentes realistas.

La Regencia de Urgel, como será conocida, fue iniciativa del marqués de Mataflorida y contó con el beneplacito de Fernando VII. También con el apoyo del gobierno (ranees, confiado en que la Regencia se dedicaría a lo que su embajador en Madrid, La Garde, había aconsejado durante los meses anteriores con insistencia a Fernando VII Debía ser un medio eficaz para organizar la insurrección de los españoles contra el constitucionalismo (así se evitaría la intervención directa del ejército francés) y para facilitar, al mismo tiempo, la imposición en España de un sistema político de Carta otorgada similar al francés. La Regencia, sin embargo, no respondió a ninguna de estas expectativas.

En un principio todo parecía serle favorable. Tras su solemne proclamación en Urgel, en un acto lleno de colorido presidido por el retrato de Fernando VII y en el que la cruz y los frailes se vieron tanto como las armas de los guerrilleros, la Regencia fue reconocida por las juntas realistas existentes en España y por las nuevas formadas enseguida gracias a su impulso. Según el marqués de Mataflorida, le prestaron acatamiento organismos y personas de Cataluña, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Galicia, Murcia, Soria, Sigüenza y algunos puntos de Aragón. A juzgar por la detallada relación del marqués, los dirigentes de esos organismos eran mayoritariamente empleados públicos y clérigos, con abundancia, entre estos últimos, de canónigos y abades de monasterios (Informe de Mataflorida del 5-6-1824 [AGP, T. 22]).

Pero una cosa era dar rienda suelta al entusiasmo contrarrevolucionario y otra muy distinta lograr la unidad del movimiento. El problema se insinuó en el momento mismo de la formación de la Regencia. En ella debían estar representadas las fuerzas fundamentales del Antiguo Régimen: nobleza, clero y ejército. Mataflorida, encarnación de la nobleza, contó fácilmente con el obispo Jaime Creus, preconizado arzobispo de Tarragona, pero costó más trabajo hallar al representante de la milicia. El gobierno francés exigió que fuera un general de prestigio capaz de mandar las tropas insurgentes. Hallar un militar con esas características, dispuesto además a seguir las pautas marcadas por Mataflorida, no era sencillo, a pesar de que entre los emigrados en Francia abundaban los generales. Estaba, antes que nadie, Eguía, pero Mataflorida, por diferencias personales, no podía aceptarlo. Otros, como el conde de España y el general Quesada, no gozaban del prestigio exigido y ninguno de los dos -por otra parte- era muy favorable a Mataflorida. Menos aptos aún eran Longa y otros jefes guerrilleros que ostentaban el grado de general, pues carecían de la adecuada formación. El marqués hubo de recurrir a Joaquín Ibáñez, barón de Eróles, quien había alcanzado altos grados militares durante la Guerra de la Independencia y era en estos momentos uno de los impulsores principales de la guerrilla en Cataluña. Tras algunas negociaciones, Eróles aceptó ser regente y fue nombrado asimismo general en jefe del ejército insurgente, el denominado “Ejército de la Fe”.

Entre Mataflorida y Creus existió total compenetración, pero Eróles no estaba exactamente en su línea. Las disensiones quedaron al descubierto el mismo día de la constitución de la Regencia, el 15 de agosto de 1822. Con esa fecha se publicó una Proclama de la Regencia de Urgel a los españoles, firmada por los tres regentes, y una Proclama del Barón de Eróles a los catalanes, con la sola firma, naturalmente, de su autor. Entre ambos documentos existen algunas diferencias políticas y completa coincidencia en la crítica despiadada del sistema constitucional, al que, aparte de atribuir la más espantosa anarquía, presentan como causante del destronamiento de hecho del rey. Con ello quedaba justificada la formación de la Regencia y se daba a entender, además, que los constitucionales eran republicanos o cuando menos -se lee en la proclama de los tres regentes- habían “atentado contra la libertad de S. M.” y por esta razón “serán juzgados con arreglo a las Leyes y sufrirán las penas que las mismas imponen a tan atroz delito”. Este texto declara nulos todos los actos del régimen constitucional y promete la vuelta a “las antiguas leyes”, con “las reformas que dicta el tiempo”. Respecto a estas últimas, puntualiza: “Deben ser muy medidas y con esta conducta os serán concedidas”. En definitiva, la proclama de los tres regentes no anunciaba otra cosa que el restablecimiento del absolutismo.

En su mensaje a los catalanes, Eróles apuntaba una salida política algo más matizada. No prometía la vuelta, sin más, de la antigua monarquía, y hablaba del establecimiento de una Constitución. La palabra “constitución” también aparece en el manifiesto de los tres regentes, entendida, como en el Antiguo Régimen, como el conjunto de las leyes fundamentales de la monarquía histórica. Eróles le da otro significado: “Para formarla [la Constitución] no iremos con teorías…, sino que recurriremos a los fueros de nuestros mayores, y el pueblo Español congregado como ellos, se dará Leyes justas y acomodadas a nuestro tiempo y costumbres, bajo la sombra de otro árbol de Guernica”. Y sigue: “El Rey, padre de sus pueblos, jurará como entonces nuestros fueros y nosotros le acataremos debidamente” (Miraflores, 1834: II, 80-85 y 88-92).

Algunos historiadores han considerado a Eróles el restaurador de la doctrina fuerista de la antigua Corona de Aragón y José Luis Comellas, que ha estudiado con detenimiento estos documentos, ve en ellos un espíritu “reformista-renovador” (1958: 105-112). Tal lectura parece en exceso optimista. El manifiesto de los tres regentes es, lisa y llanamente, una declaración a favor de la monarquía absoluta, sin mencionarla. Propone la vuelta al régimen anterior a 1820 y eso era, sencillamente, el absolutismo. En cuanto a la renovación, sólo cabe -en el mejor de los casos- imaginarla, tanto en ese manifiesto como en el de Eróles. El reformismo es sólo verbal e inconcreto. Todo parece responder, como sostiene Artola (1968: 786-788), al propósito de despertar alguna esperanza entre los propietarios para ganar adeptos a la causa y a una cuestión táctica, para no incomodar al gobierno francés, nada dispuesto al establecimiento en España de un régimen absoluto como el encarnado por Fernando VII entre 1814 y 1819.

Si examinamos otro documento de la Regencia, su Representación a los Soberanos del Congreso de Verona (12 de septiembre de 1822), quizá podamos concretar con mayor claridad sus objetivos políticos. En este texto, firmado por Mataflorida y Creus -Eróles está ausente, al frente del ejército- se repiten las graves acusaciones contra el constitucionalismo y aparece con menos ambigüedad su pensamiento político. El punto de partida no deja lugar a dudas: España sólo ha alcanzado su felicidad cuando se ha basado en las leyes y en sus antiguas Cortes, pues en esta nación “no se han grabado los principios que desgraciadamente se llaman luces del siglo”. A partir de aquí, todo queda meridianamente claro. Primero, las reformas: “Indudablemente el tiempo indica reformas y procuraremos hacerlas, oyendo la voz de la Nación por medio de aquellas clases del Estado que por derecho manifestaban su opinión…”. Luego, el sistema político: “El primer paso conviene sea restablecer por ahora las cosas en el estado que tenían el 9 de marzo de 1820” y cuando Fernando VII recupere su libertad “será oída la voz de la Nación y examinando si hay vicio o defecto en el sistema, o vicio accidental en su ejecución, podrán adoptarse por S. M. las medidas más oportunas”. Así pues, vuelta con leves variantes al orden del Antiguo Régimen (sólo los nobles, el clero y los propietarios son las clases del Estado con derecho a dar opinión; son la “voz de la nación”) y negación de toda innovación, pues las ideas que fundamentan las pretendidas reformas (las “luces del siglo”) son ajenas a los españoles.

Por si todo esto no quedara claro, la Representación a los Soberanos rechazaba cualquier intento de entendimiento con los liberales, incluidos los moderados: “W. MM. saben mejor que esta Regencia que hay una secta en Europa dispuesta a trastornar el Altar y el Trono sin perdonar medio y aunque se apellidan con distintos nombres, caminan a un mismo fin”. Una vez designados de esta forma, sin distingos, todos los liberales, la Regencia afirma que es imposible esperar de ellos cambio ni arrepentimiento, de modo que no es conveniente ni la confraternización, ni la tolerancia, ni el disimulo, pues si continúan existiendo -advierte la Regencia a los monarcas europeos- “sus coronas vacilan y la Europa algún día será un caos y un completo triunfo de los perversos, que sólo podrá atajar la divina Providencia que vela por los Reyes” (Miraflores, 1834: II, 92-97).

La orientación política de la Regencia no podía ser del agrado del gobierno de Francia. Era evidente que si la Regencia se consolidaba se cerrarían todas las puertas a una posible instalación en España de un sistema constitucional, aun cuando fuera tan favorable al monarca y tan contrario al principio de la soberanía nacional como la Carta francesa.

También quedaba meridianamente claro que la Regencia se negaba a cualquier transacción con el liberalismo moderado. Así pues, por lo que respecta a Francia, los días de la Regencia estaban contados.

Tampoco por parte española los regentes hallaron facilidades. Tras el entusiasmo inicial, enseguida se enfriaron los ánimos y lo más asombroso es que el impulso mayor contra la Regencia procedió de Fernando VII El 14 de septiembre de 1822, es decir, al mes exacto de la instalación de este organismo, el rey ordenaba por escrito y en secreto a Eguía que no diera paso alguno sin contar con el zar y, al mismo tiempo, le solicitaba información sobre los motivos de la formación de la Regencia (AGP: T. 24, 20). De pronto, el rey desautorizaba de manera indirecta al órgano que pretendidamente gobernaba en su nombre. Sorprende la actuación del monarca, pues la Regencia se formó con su previa autorización. De ello dejó constancia Mataflorida ante el propio monarca, por lo que resulta difícil dudar del hecho. Lo hizo en una extensa memoria, fechada en marzo de 1824, destinada a reflejar los servicios de las personas relacionadas con la Regencia. Al referir los méritos de una de ellas, José Villar Frontín, secretario de Fernando VII que actuó de enlace entre el rey y Mataflorida, dice éste:

[…] además de la autorización que las leyes de España conceden a todo vasallo fiel para sostener los derechos de su Soberano y armar gente en su defensa, me autorizó también Villar con aprobación y consentimiento de V. M. para que me pusiese a la cabeza de una Regencia y manifestase a la Europa entera su instalación […], previniéndome que a este fin obrase en todo con amplias facultades y con la reserva que era preciso para no exponer vuestra Real Persona y su augusta familia al furor de la secta [los liberales]; comisión que me sirvió de norte y cuya reserva me ha hecho el blanco de la persecución más encarnizada (AGP, T. 22: 346).

La Regencia de Urgel fue producto, según esto, de la iniciativa de Mataflorida, pero contó con el visto bueno del rey y con su consentimiento para actuar “con amplias facultades”. Cabe preguntarse, por tanto, por qué razón Fernando VII la desautorizó de hecho sólo un mes después de comenzar su andadura.

El motivo no fue de carácter político, pues Fernando VII coincidía plenamente en este punto con el marqués. Es más, con anterioridad le había encomendado varios encargos delicados en este sentido. Uno de ellos, transmitido asimismo a través de Villar Frontín, fue la redacción de un documento destinado a contrarrestar las ideas políticas del liberalismo. Salió con el título de Manifiesto que los amantes de la monarquía hacen a la Nación Española, a las demás Potencias y a sus Soberanos. Según Artola (1968: 781) se trata del texto doctrinal más importante en defensa del absolutismo legitimista de esta época y, en efecto, es un intento de desmontar todo el proceso revolucionario iniciado en España en 1808.

Tampoco hay que pensar en diferencias personales entre el rey y Mataflorida. Siempre habían mantenido excelentes relaciones y se habían prestado importantes servicios mutuos. Mataflorida, por ejemplo, debía al rey su título nobiliario y el nombramiento de ministro en la etapa anterior y el rey no podía olvidar que en 1814 Bernardo Mozo de Rosales -aún no era marqués- fue el impulsor del llamado “Manifiesto de los persas”, documento que allanó el camino para la implantación del absolutismo. El problema no estaba, pues, entre el rey y Mataflorida, sino entre éste y dos poderosos adversarios suyos: el gobierno francés y Antonio Ugarte.

Los franceses enseguida adivinaron que Mataflorida caminaba directamente hacia el absolutismo puro y, por consiguiente, no les era útil para extender a España el sistema de Carta otorgada. Ugarte, que en este momento tenía mayor predicamento que nadie ante el rey, como más adelante se verá, y era incondicional de Eguía, no estaba dispuesto a permitir que Mataflorida encabezara el movimiento contrarrevolucionario, porque eso significaba su propia desgracia, y unió sus esfuerzos a los de los franceses para inutilizar la Regencia. Sin duda, Ugarte influyó en el monarca para que éste designara a Eguía como su hombre de confianza y le escribiera la citada carta, que tuvo efectos.

La acción de Ugarte-Eguía contó con el apoyo de Francia y dio lugar a una división en las filas de los realistas refugiados en ese país que, inmediatamente, repercutió en España. Por un lado actuó el sector capitaneado por Eguía, dispuesto a secundar los planes franceses; por el otro la Regencia de Urgel o, por mejor decir, Mataflorida, inamovible en el rechazo de todo compromiso que fuera en deterioro del poder absoluto de Fernando VII. Con Eguía se alinearon el barón de Eróles, el conde de España, el general Quesada, José Álvarez de Toledo, Juan Bautista Erro, Antonio Gómez Calderón y José Morejón, entre los más señalados. Fieles a la Regencia permanecieron los prelados exiliados en Francia (el arzobispo de Valencia y los obispos de Urgel, Pamplona y Tarazona; este último inquisidor general), el marqués de Feria, el embajador Vargas Laguna y el muy activo Fermín Martín de Balmaseda, que ejerció como representante de la Regencia ante el gobierno francés sin conseguir un resultado positivo.

Estos grupos han sido presentados como exponentes de dos tendencias dentro del realismo, la “moderada” encabezada por Eguía y la “absolutista” de Mataflorida. En realidad no existieron entre ellos diferencias políticas de fondo y, en todo caso, carece de sentido atribuir moderación a nadie. Si los primeros se avinieron a hablar de algún tipo de constitución, no fue por convencimiento ni por renuncia al absolutismo, sino por táctica: era la única forma de ganarse el apoyo francés y obtener con ello el dominio en las filas realistas, pero la moderación brilló por su ausencia, como no tardaron en demostrar. Ahora bien, si no hubo diferencias políticas, sí existieron disputas personales (cada uno buscó el bando más apropiado para medrar), agravadas por las mantenidas a título particular entre Eguía y Mataflorida.

Las acusaciones entre ambos fueron muy duras y llegaron hasta Fernando VII Eguía achacó a Mataflorida el fracaso en la organización de la lucha guerrillera y su excesivo autoritarismo, que lo conducía a pretender el control personal sobre cualquier asunto, sin dejar margen a los demás. Mataflorida siempre descalificó al general por su tendencia a la malversación de fondos, su incapacidad para la gestión, su escaso tacto al tratar los temas más graves y, sobre todo, por su senilidad, que lo incapacitaba para cualquier empresa de importancia. Ambos acertaban en sus dardos al contrario y aunque es evidente que Mataflorida arriesgó mucho más a título personal (entre otras cosas, puso a disposición de la causa su patrimonio económico personal), Eguía contó con el apoyo adecuado: el de Ugarte (y, en consecuencia, el del rey), en el interior, y el de Francia, que era el fundamental.

Decidida la intervención en España, el gobierno francés aprovechó estas desavenencias para desactivar la Regencia y sustituirla por un organismo más dócil a sus miras. Mediante distintos procedimientos, consiguió alejar al marqués de Mataflorida de la zona pirenaica, donde todo se fraguaba (le obligaron a trasladarse a París), y potenció al general Eguía, persona mucho más manejable. Una vez se vio la inclinación de Francia por este último para formar nueva junta (la de Oyarzun, ya mencionada), Fernando VII no tuvo inconveniente en dejar de lado a su fiel servidor Mataflorida y escribió a Ugarte: “Apruebo la instalación de la junta presidida por Eguía y dime cuánto dinero quieres” (Ortiz de la Torre, 1934: 142).

El rey y buena parte de quienes se afanaban por sacarlo de su “cautividad” coincidían mucho más con los proyectos absolutistas de Mataflorida que con las pretensiones del gobierno francés, pero en aquella coyuntura no se detuvieron en este asunto, para ellos a todas luces menor al lado del fin primordial de terminar cuanto antes con el sistema constitucional. En este sentido los integrantes de la nueva Junta en modo alguno levantaban sospechas, a pesar de su docilidad hacia el gobierno francés. El barón de Eróles se había puesto al frente de tropas realistas para entrar en España y Gómez Calderón y Morejón -sobre todo este último- contaban en su haber el desempeño de distintas comisiones orientadas siempre contra el constitucionalismo. Respecto a Eguía, su inquina hacia el liberalismo no conocía límites.

Llamado con guasa Coletilla por la forma en que llevaba recogido el pelo, Eguía era un personaje pintoresco, siempre situado en primera línea dentro del absolutismo y en cargos de importancia, a pesar de su poco heroica hoja de servicios militares. Cruel y fanático, desde su puesto de capitán general de Castilla la Nueva dirigió en 1814 la represión contra los más señalados liberales de las Cortes de Cádiz, tarea que prosiguió en los años sucesivos desde el Ministerio de la Guerra y la Capitanía General de Granada. I lasta tal punto demostró celo en este cometido, que se da por cierta esta sentencia del inquisidor general referida a él: “liste hombre nos quita el oficio y aún creemos que tiene bula de Su Santidad para las causas de fe”. Desde 1821 venía dedicándose Eguía a reclutar gente para engrosar las filas de las partidas realistas. Septuagenario y muy mermado en sus facultades físicas, vivía en Bayona en casa de una pastelera con la que había alcanzado tan alto grado de intimidad que delante de ella trataba de los asuntos más delicados relativos a la conspiración realista.

Con tales antecedentes, pocas sorpresas cabía esperar de la actuación de la Junta que entró en España el 7 de abril con las primeras tropas francesas. El día anterior había expuesto sus intenciones en un llamamiento a los españoles. Tras instar a colaborar con el ejército francés, porque llegaba “con la bandera de la paz” para “unir el trono y el altar y liberar al rey y a su familia de la cautividad”, declaraba nulo todo lo realizado por el régimen constitucional y anunciaba la vuelta al estado anterior a 1820. Aunque no explicitaba el carácter del nuevo régimen político, bastaba lo dicho para adivinar cómo sería y, por si no quedaba suficientemente claro, la Junta recalcó que sólo el rey podría determinarlo una vez gozara de su plena soberanía.

De acuerdo con tales presupuestos actuó la Junta, que centró su actividad en la depuración política y administrativa y la represión de los constitucionales (Arnabat, 2002: 422-423). En las poblaciones conquistadas por las tropas francesas procedió a la sustitución inmediata de todos los cargos públicos por quienes los ocupaban antes de marzo de 1820 y no fueran sospechosos de haber colaborado con el sistema constitucional. Al mismo tiempo organizó una feroz persecución de liberales y de clérigos secularizados, colectivo este último que, en este tiempo, desató de forma especial las iras de los partidarios de la unión del trono y el altar.

No tardaron los franceses en caer en la cuenta de que la actuación del organismo político propiciado por ellos resultaba contraproducente para su proyecto en España y en cuanto Angulema entró en Madrid, disolvió la Junta y la sustituyó por una Regencia.

El camino hacia Madrid

LA toma de Madrid fue el primer gran objetivo del ejército invasor francés; el segundo, y más importante, consistió en apoderarse de la persona de Fernando VII Esto último fue muy trabajoso, pero lo otro resultó más fácil de lo esperado.

Los Cien Mil Hijos de San Luis se toparon, de entrada, con una sorpresa: el ejército constitucional español rehuía el enfrentamiento directo. En lugar de presentar batalla, las tropas españolas se replegaron en las ciudades provistas de medios de defensa y pertrechos (Pamplona, San Sebastián, Santoña…) y se limitaron a mantener la atención de los invasores sobre esos puntos mediante columnas móviles que los hostigaban con movimientos rápidos. Esto supuso que los núcleos rurales y urbanos no fortificados quedaran en la práctica a disposición del enemigo, de modo que los franceses pudieron avanzar, casi sin resistencia, por un extenso territorio castigado desde hacía meses por la guerrilla realista. Angulema, que había hecho su entrada en España con muchas precauciones, no halló a esos españoles que habían hecho frente a Napoleón con ardor y fiereza, como se decía en Francia. En consecuencia, abandonó la idea del enfrentamiento directo entre ejércitos y adaptó su estrategia a la conquista de territorio, a impedir la organización de las fuerzas constitucionales y a mantener aisladas las plazas fuertes en que estaban acantonadas.

Tal fue la extrañeza de los militares franceses, que quienes han dejado un recuerdo de la expedición de 1823 son unánimes al constatar la facilidad en el avance. Algunos, como el coronel Alphonse d’Hautpol, llegan hasta la exageración. Sostiene que al hallarse frente a los franceses, los constitucionales experimentaban una especie de terror inexplicable que los paralizaba y aun siendo superiores en número se rendían con facilidad. El coronel quiza se dejó llevar por la euforia de la victoria o tal vez confundió el "terror” con la desmoralización de unas tropas mal dirigidas, a veces traicionadas por sus jefes y que en determinadas localidades vieron cómo la población civil en lugar de apoyarlas, prestaba ayuda a los invasores.

Esto último fue resultado, en gran medida, de la preocupación de Angulema por borrar el recuerdo de los abusos y rapiñas perpetrados por el ejército de Napoleón, acostumbrado a vivir sobre el terreno. Para ganarse a la población civil, había que establecer un sistema eficaz de aprovisionamiento que no supusiera una carga para los naturales del territorio ocupado, sino -a ser posible- un beneficio. La solución la ofreció el financiero y especulador Gabriel Ouvrard, buen conocedor de España, por haber intervenido aquí durante muchos años en un sinfín de operaciones especulativas. Ouvrard propuso un procedimiento que inicialmente dio excelentes resultados. Cuando el ejército francés llegaba a un lugar, los agentes de Ouvrard reunían a las personas con algún poder en la localidad y les proponían comprar los productos necesarios para la tropa a un precio que iría oscilando con el paso de las horas. Antes de las 8 de la mañana, se pagaría una cantidad diez veces superior al precio corriente y cada hora siguiente se rebajaría en un 10 por ciento hasta alcanzar, a las 14 horas, el valor habitual de cada lugar. Como es de suponer, la oferta fue muy bien recibida por los habitantes de los pueblos, quienes a primera hora de la mañana se apresuraban a proporcionar los productos deseados por los franceses. De esta forma, el aprovisionamiento estuvo total y puntualmente garantizado, los naturales del país quedaban sumamente satisfechos de los franceses y de hecho los precios bajaron, con lo que se redondeó el negocio de Ouvrard (Wolf, 1992).

Esta manera de actuar es uno de los factores que contribuye a explicar el entusiasta recibimiento de las tropas francesas en los pueblos españoles. En tiempo de dificultades y de máxima inseguridad en los intercambios comerciales, los extranjeros llegaban como auténticos portadores de riqueza. El hecho llamó de manera especial la atención de quienes habían luchado en España en el tiempo de Napoleón. El barón de Saint-Chamans, en aquel momento ayuda de campo de Soult y jefe ahora de una brigada, establece con cierta ingenuidad en sus Memorias una interesante comparación. Si un soldado francés agotado por la fatiga, la enfermedad o las heridas, quedaba en 1808 unos pasos atrás de su columna, fieros campesinos emboscados se lanzaban contra él y lo degollaban. En situación idéntica, en 1823 recibía de esos campesinos un medio de transporte hasta la posición francesa más próxima. Si en 1808 un destacamento del ejército napoleónico necesitaba un guía, le resultaba imposible conseguirlo y en caso de que alguien se prestara a ello, procuraba conducirlo a una emboscada. En 1823 ocurría exactamente lo mismo, pero no a las tropas francesas, sino a las constitucionales; es más, si un grupo de soldados franceses se hallaba, en dificultades, los alcaldes y curas de los pueblos les ofrecían la información precisa para sacarlos del apuro e indicarles los medios para sorprender al enemigo (cit. por Grandmaison, 1928: 107-108). La apreciación de Saint- Chamans no es gratuita y aunque parece algo fantasiosa, a juzgar por otros testimonios se aproxima a la realidad.

Los memorialistas franceses y no pocos historiadores han explicado esta disparidad de comportamiento entre 1808 y 1823 con varios argumentos. Han puesto el acento en el generalizado sentimiento anticonstitucional de 1823 y -no podía faltar- en el acendrado y perenne espíritu religioso del pueblo español, que le impulsaba a rechazar los constantes ataques al clero y a la Iglesia perpetrados por el liberalismo revolucionario, extremo éste que han dado por supuesto. Se ha resaltado, asimismo, el orden y disciplina del ejército de Angulema, frente a la anarquía de las desmoralizadas tropas constitucionales. A la hora de interpretar los hechos no cabe prescindir de todo esto, sobre lo cual volveremos más adelante, pero tampoco se pueden perder de vista los condicionantes materiales. La venta segura, sin esfuerzo y a precio ventajoso de la producción del lugar levantaba ánimos y satisfacía a todos, tanto a los que se pudieran sentir perjudicados por las medidas del régimen liberal, como a sus beneficiarios, y evidentemente producía un efecto inmediato más palpable que cualquier programa político o religioso.

El entusiasmo despertado en mi principio por Angulema allá por donde pasara es perfectamente comprensible. Que los habitantes de determinados lugares se excedieran en muestras de júbilo, en frases de agradecimiento, en el ornato de las calles y en festejos, como parece ocurrió en las ciudades atravesadas por el generalísimo francés camino de Madrid, no es algo extraordinario por lo que se ha dicho. No parece, sin embargo, que otros generales franceses tuvieran idéntica suerte y con el paso del tiempo es perceptible el enfriamiento del entusiasmo popular. A medida que se fue clarificando el horizonte político y probaron los pueblos las medidas de las nuevas autoridades realistas, esto es, desde junio de 1823, se entibiaron los fervores y no tardaron en surgir serias divergencias entre los generales franceses y esas autoridades. Con la progresión del avance francés, también Ouvrard cambió su procedimientos inicial y sustituyó el sistema de oferta de precios elevados en las primeras horas del día por otro más convencional en tiempo de guerra. A su llegada a un lugar, el ejército francés requisaba los productos necesarios a cambio de unos bonos que debían pagar con posterioridad los agentes de Ouvrard. Estos individuos llegaban una vez habían salido las tropas francesas y ofrecían a las autoridades la cuarta parte del valor de lo requisado. Los pueblos no tenían otra salida que aceptar lo ofrecido, a riesgo de quedarse sin nada, mientras Ouvrard cobraba luego esos bonos por su valor íntegro a la intendencia del ejército francés.

Ya vimos la facilidad con que el 7 de abril de 1823 entraron los franceses por el Bidasoa y Roncesvalles. En Cataluña, sin embargo, no ocurrió lo mismo. El experimentado mariscal Moncey, encargado de atacar esta zona, hubo de tomar muchas precauciones y no pudo pasar a territorio español hasta el día 18. Luego, su avance fue lento, porque el ejército constitucional de Mina mantuvo la capacidad de combate hasta el final. También Morillo aguantó al principio en Asturias y Galicia y en otras partes se formaron “cuerpos constitucionales”, es decir, partidas de voluntarios dispuestos a combatir al francés como se hizo durante la invasión napoleónica. Muestra de ello es la proclama lanzada desde Valladolid el 16 de abril por El Empecinado, la cual revela que lejos de la pretendida pasividad, todavía quedaban algunos decididos a revivir la combatividad de otra época. Con absoluta claridad establecía Empecinado el paralelismo entre ambos tiempos: “En la invasión de 1808 peleé por la independencia y ahora pelearé por ésta y las libertades políticas”. El afamado guerrillero llamaba al pueblo a tomar la armas contra los nuevos invasores, “esas hordas de esclavos”, y finalizaba su breve proclama con toda una declaración política, no exenta de ecos jacobinos: “Siempre Constitución y siempre virtudes y no habrá poder sobre la tierra que avasalle a los hombres. Viva la Nación, Viva la Constitución, viva la Religión y viva la Libertad” (Archivo Municipal de Segovia, leg. 1203-1221).

Aunque no en el grado deseado, hubo resistencia al enemigo, pues a lo dicho hay que añadir las ciudades del norte que quedaron aisladas y aguantaron el asedio hasta el final de la guerra (San Sebastián, Pamplona, Santoña, La Coruña y otras de menor importancia estratégica). El pretendido “paseo militar” no fue tal, si bien ésa fue la impresión dominante del primer momento, sobre todo porque el general Ballesteros, responsable de contener el avance hacia Madrid, enseguida replegó sus fuerzas en dirección a Valencia sin llegar a presentar batalla y dejó libre un amplio territorio. En tales circunstancias, el intento de algunos constitucionales por frenar el avance francés estaba llamado al fracaso. Es lo que sucedió en Logroño, donde Julián Sánchez El Charro, famoso guerrillero en la época de la Guerra de la Independencia, aguantó durante unos días, pero finalmente fue hecho prisionero por los franceses.

Así pues, Angulema avanzó con aparente facilidad hacia Madrid. A los diez días del inicio de la campaña ya se había apoderado de Vitoria. Tras una pausa de tres semanas en esta ciudad, llegó a Burgos, que tomó sin lucha, y desde allí, por Lerma y Aranda de Duero, se aproximó a Madrid. El 17 de mayo había pasado el puerto de Somosierra y establecido su cuartel general en Buitrago, a setenta y cinco kilómetros de Madrid. Otra parte de su ejército, llegada desde Logroño por Calatayud, Medinaceli y Guadalajara, se situó en Alcalá de Henares. Mes y medio después de su entrada en España, los Cien Mil Hijos de San Luis habían tomado excelentes posiciones

Llegado Angulema a Buitrugo, abrió negociaciones para la rendición de Madrid con el general Zayas, que mandaba una guarnición desmoralizada que no llegaba a 1.500 hombres. Era lo que quedaba del ejército constitucional encargado de la defensa de Castilla la Nueva tras la vergonzosa defección días antes de su jefe el conde de La Bisbal. Su traición (pues no fue otra cosa, como veremos) provocó indisciplina en sus tropas, deserciones y división entre los oficiales, unos conformes con la conducta de su general porque consideraron inútil toda resistencia y otros decididos al combate. El marqués de Castelldosríus, sustituto de La Bisbal al mando de este ejército, lo sacó de Madrid en dirección a Extremadura para contener las deserciones y evitar una masacre segura, como se temió ocurriría en caso de plantar batalla a Angulema. Zayas quedó encargado de organizar la completa evacuación militar de la ciudad hasta la entrada de Angulema, convenida para el 24 de mayo. El 19 de ese mes anunció Zayas a la población esta circunstancia y de inmediato se suscitó la consabida agitación.

En la noche del mismo día y durante el siguiente, los soldados de Zayas se emplearon con contundencia en contener a grupos de gentes que tomaron las calles con amenazas e insultos a los soldados, dispuestos al saqueo de las casas de los liberales. En medio de esta confusión, varios soldados a caballo pertenecientes a la partida de guerrilleros mandada por Bessière, acompañados de una multitud de civiles de todas las edades y sexo, entraron en la ciudad por la puerta de Alcalá al consabido grito de “Viva el rey, muera la Constitución”. Bessière había llegado a la inmediaciones de Madrid al mismo tiempo que Angulema y al parecer perseguía el honor de preceder a los franceses en la conquista de la capital, aunque no habría que desechar el objetivo más práctico de facilitar a sus hombres los primeros frutos del saqueo de las propiedades de los liberales. Ninguno de esos cálculos se cumplió por el momento, porque Zayas hizo frente a los asaltantes y tras un encuentro sangriento quedaron heridos o sin vida en las calles varios cientos de personas, entre ellas mujeres y niños.

Los hechos causaron viva conmoción. Su interpretación es todavía objeto de debate, como lo fue en la época. En los medios liberales se justificó la actuación de Zayas por la necesidad de evitar el pillaje y en el bando contrario se le acusó de crueldad innecesaria, no exenta de espíritu vengativo debido al ambiente general claramente proclive al realismo. El general Fernández de Córdoba, entonces adolescente, niega en sus memorias cualquier móvil relacionado con actos de delincuencia entre la población madrileña. El mismo fue uno de los que recibieron con aclamaciones a las tropas de Bessière y dice que ante el ataque de las constitucionales, salvó su vida porque supo correr por un sembrado en el que la caballería no entró. Todo se debió, según él, a la impaciencia de buena parte de los habitantes de Madrid por recibir a quienes habían de librarlos de la opresión de los revolucionarios. En todo caso, para evitar males mayores, Zayas pidió a Angulema que acelerara su entrada en la ciudad y un día antes de lo previsto, el 23 de mayo, lo hicieron, al rayar el día, los primeros soldados franceses. Zayas abandonó la ciudad de inmediato, no sin recibir todo tipo de insultos, mientras los franceses eran aclamados y agasajados.

El día 24, a las nueve de la mañana, entró Angulema por el paseo de Recoletos bajo un arco de triunfo, acompañado de su estado mayor y de los soldados de su guardia. Con toda solemnidad recorrió el paseo del Prado en medio de una multitud que le dispensó todo tipo de elogios y vivas. En un gesto político convenido con Villèle y benévolamente interpretado por la población madrileña como deferencia hacia el rey ausente, Angulema rehusó alojarse en el palacio real, como se le propuso, y lo hizo en el del marqués de Villahermosa, en el paseo del Prado. Las tropas francesas ocuparon toda la ciudad y enseguida salieron varias columnas hacia Toledo y Aranjuez para reforzar la seguridad de la zona. El primer objetivo importante de los Cien Mil Hijos de San Luis estaba cubierto.

La feliz instalación de Angulema no pacificó Madrid. El autor de la Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, que entonces contaba 15 años (poco importa ahora que se llamara Estanislao de Kotska Bayo, como suponemos, o de otra forma) ofrece esta descripción del estado de la capital tras la llegada de los franceses:

En los tres primeros días reinaron en la corte el desorden más espantoso y la rapiña: las manolas con bandas blancas formadas de pañuelos que terminaban en un lazo del propio color (el blanco era el distintivo de las tropas borbónicas francesas) recorrían las calles cantando con furor Pitita (una de los versos de esta canción decía: “Viva Fernando/ Y la Inquisición”), quitando de los retablos las imágenes de los santos y colocando en su lugar el retrato de Fernando. Los manolos y chisperos… saquearon varias casas, entre ellas muchas del comercio, e insultaron a cuantos ciudadanos no profesaban sus opiniones. Muchos frailes y curas excitaban al vulgo al desorden en medio de las calles y celebraban con una feroz sonrisa… los atentados que cometía contra los desgraciados liberales. Este escándalo pasó a la vista del ejército francés, cuyos comandantes, después de saqueados los edificios, enviaban piquetes a custodiarlos, en vez de prevenir y estorbar tan bárbaras escenas por el decoro siquiera de la bandera francesa (Bayo, 1842:111,88).

Si el citado fuera el único testimonio sobre robos y tropelías contra los liberales, si no supiéramos del ansia de muchos eclesiásticos por acabar con ellos, si no tuviéramos constancia de la forma confusa de vivir la religión muchos españoles -rayana en idolatría en muchos casos, como el descrito- y si durante su estancia en territorio español hubieran sido capaces los mandos del ejército francés de imponerse al fanatismo de los absolutistas, atribuiríamos la descripción anterior a la fantasía de su autor.

Europa y la cuestión española

El principio monárquico y la agitación de los años veinte

EN 1823 España carecía de influencia en Europa. Era una potencia de segundo orden con la que Inglaterra, Francia, Austria, Rusia y Prusia, las cinco grandes que marcaban el ritmo, no contaban desde hacía años. Esta circunstancia había quedado patente tiempo atrás, cuando en 1814 se reunió un congreso en Viena para reordenar el continente tras las alteraciones provocadas por la Revolución francesa y por Napoleón. El papel de Gómez Labrador, representante español en aquel Congreso, fue nulo y ésa sería la tónica de los diplomáticos españoles en los años sucesivos. Sin embargo, no se podía prescindir por completo de España. Todavía mantenía el dominio teórico sobre un gran imperio y aunque estaba hecho jirones, como resultado de los más que evidentes avances de los movimientos independentistas, aún era preciso negociar con las autoridades españolas si se deseaba hacer algo de forma legal en América, por ejemplo, la práctica del comercio, asunto que interesaba de manera especial a Inglaterra y a Francia. A comienzos de los años veinte, con todo, lo que realmente preocupaba a las grandes potencias europeas en lo relativo a España era su régimen político.

Las monarquías europeas contemplaban con sumo recelo el sistema constitucional español, del que objetaban su origen y los principios teóricos que lo fundaban. Nadie aprobaba que hubiera sido producto de la rebelión de un grupo de militares, a quienes se tachó unánimemente de traidores a su rey. A juicio del zar Alejandro I y del hombre fuerte del imperio austríaco, Metternich -ambos muy influyentes-, el hecho bastaba para la descalificación, pues concebían el ejército como el principal sostén de las monarquías legítimas y el dique para contener a los revolucionarios. En lugar de cumplir su misión, los militares españoles encabezados por Riego habían dado entrada a los más perniciosos principios revolucionarios al implantar la Constitución de 1812, que ninguna potencia, incluida Inglaterra, consideraba apropiada para ese tiempo. Así pues, a los ojos de los dirigentes europeos España era residuo de una época pasada y pésimo ejemplo para el tiempo nuevo surgido de la victoria de Waterloo. Un tiempo que tras la anarquía provocada por los revolucionarios exigía orden en el gobierno, en las ideas y en las estructuras sociales y el fin del caos territorial e institucional ocasionado por el paso del corso intruso que aspiró a dominar el continente.

En eso consistió la Restauración, basada en el principio monárquico como único válido y en el rechazo del liberalismo revolucionario, considerado en esencia una opción republicana. En la práctica, se trataba de colocar en el trono a los monarcas legítimos, borrar el recuerdo del tiempo revolucionario y, en el ámbito de las relaciones internacionales, establecer un equilibrio entre las grandes monarquías para garantizar la paz y el orden. Desde el punto de vista teórico, se partía de la doctrina del origen divino del poder, encarnado por un monarca cuya legitimidad quedaba fundada en el hecho de ser el continuador de la tradición histórica de una dinastía. Este monarca gobernaba de acuerdo con los principios religiosos y no estaba sujeto a criterios de utilidad, pues entre él y sus súbditos existía una íntima comunión, materializada en la fidelidad de éstos a la dinastía. Lo importante no eran los individuos, sino el Estado encarnado por un rey religioso, padre de la nación. Como resumió el suizo Charles Louis Haller, “el pueblo puede desaparecer, el Estado existirá en la persona del príncipe, que hallará nuevos súbditos”.

Sin embargo, ya no era posible retroceder al tiempo anterior a 1789. Los revolucionarios habían sido vencidos, pero habían dejado una importante herencia, que los soberanos restaurados se vieron obligados a asumir para garantizar la estabilidad en sus reinos. Si se ignoraban ciertos logros, como la supresión de cargas feudales, la igualdad ante la ley y la participación del pueblo en la política a través del parlamento, cabía esperar una dura resistencia por parte de los afectados. De modo que algunos gobernantes de la Restauración trataron de acomodarse al nuevo tiempo, mediante un delicado equilibrio entre la soberanía del parlamento y la del monarca legítimo, convertido en árbitro y garante de las aspiraciones al orden y a la tranquilidad. Pero todo esto dependía en alto grado de la voluntad del monarca y de las condiciones particulares de cada Estado, de ahí que se dieran situaciones diversas en Europa (Kirsch, 1999: 390-392; Fontana, 2006: 11-12).

En Francia, en determinados Estados alemanes, en el recién creado reino de los Países Bajos y en Suecia, sus príncipes otorgaron una especie de textos constitucionales que imprimieron en la vida política ciertas apariencias de constitucionalidad, pues existieron parlamentos, partidos políticos, algunas libertades públicas, etc. Estos regímenes no tenían mucho que ver con el constitucionalismo liberal, pues no eran resultado de la soberanía nacional, sino una concesión graciosa de un monarca que mantenía intactas todas sus prerrogativas históricas. Luis XVIII lo expuso con toda claridad en el preámbulo de la “Carta constitucional” francesa, publicada en junio de 1814. La Carta -decía- era una respuesta a las exigencias de los nuevos tiempos, pero no se trataba de un acto excepcional, de una innovación, sino que era continuidad de una tradición, pues los reyes de Francia habían procedido históricamente de la misma forma. Así pues, no se ponía en cuestión el principio de legitimidad y, menos aún, el poder del monarca. “La autoridad toda entera reside en Francia en la persona del rey”, decía Luis XVIII, y añadía: “Nuestro primer deber hacia nuestros pueblos consiste en conservar, por su propio interés, los derechos y las prerrogativas hacia nuestra corona”. Para despejar dudas, advertía el rey: “Cuando la violencia arranca concesiones a la debilidad de los gobiernos, la libertad pública no corre menos peligro que los tronos”. Dicho de otra forma, el ejercicio de la soberanía popular siempre era violento y sólo producía alteraciones perjudiciales para todos.

El “constitucionalismo” de las monarquías mencionadas era, en suma, mera fachada y, en todo caso, no fue lo más corriente. En la Europa de la Restauración predominó la tradición de la monarquía absoluta, régimen vigente en Austria, Prusia, Dinamarca, los reinos italianos, algunos Estados y ciudades libres alemanas, los Estados Pontificios y Rusia, donde pervivió sìn alteraciones el sistema autocràtico zarista. También en España y Portugal hasta 1820. Inglaterra, denominada oficialmente desde 1800 “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda”, fue diferente, pues en virtud de su constitución histórica no escrita y de la propia evolución, el Parlamento mantenía la preponderancia política, aunque la influencia de la corona era considerable.

En todas partes, la aristocracia (de nacimiento o reciente; ésta con raíces burguesas en ciertos casos) ocupó los puestos clave de poder y se impuso el autoritarismo. Esta circunstancia se vio reforzada por la recuperación por parte de las iglesias de parte de los privilegios e influencia perdidos durante el período revolucionario, las cuales dominaron, a su vez, extensos ámbitos de la vida pública. El tono general de la época queda resumido en la fórmula: alianza del trono y el altar, que el zar Alejandro I quiso resaltar en las relaciones entre Estados mediante la creación de la Santa Alianza. En el tratado fundacional, firmado en París en septiembre de 1815 por el zar, el emperador de Austria y el rey de Prusia, se expuso la idea con toda claridad: “Es necesario conducir la marcha a adoptar por las grandes potencias en sus relaciones mutuas sobre las verdades sublimes que nos enseña la eterna religión de Dios Salvador”. El zar ortodoxo, el emperador católico y el rey luterano se comprometían a prestarse “en toda ocasión y en todo lugar, asistencia, ayuda y socorro”.

La Santa Alianza no pasó de ser una vaga declaración, una eclosión de misticismo y de puritanismo religioso, como se dijo en Inglaterra, pero esto no fue lo importante. Al margen de sus aspiraciones religiosas, expresaba el deseo de unidad de los reyes contra “la internacional revolucionaria”, es decir, contra el liberalismo. Aunque enseguida se adhirieron a ella Francia y el reino de los Países Bajos (Inglaterra se negó, alegando que su Constitución impedía al rey firmar un acuerdo con otros monarcas), en la práctica fue poco eficaz. Sin embargo, resultó de alguna utilidad para dar cobertura diplomática a las reuniones de los soberanos europeos cuando fue necesario abordar asuntos concretos, como sucedió en Verona a propósito de España.

En este ambiente, en el que nada era en absoluto propicio a cualquier intento de rebajar la autoridad de los monarcas, quedaba en extraña situación un régimen como el español que, para colmo de despropósitos, era considerado un peligro para la paz europea, pues alentaba y auxiliaba a los revolucionarios y descontentos de todo tipo, lo peor de cada país.

En 1823, los regímenes de España y Portugal eran los únicos restos del movimiento revolucionario de 1820, momento especialmente agitado para las monarquías legitimistas europeas. El año se inauguró con el pronunciamiento de los militares españoles. En febrero fue asesinado en París el duque de Berry, uno de los herederos inmediatos de la corona del achacoso Luis XVIII, que carecía de descendencia directa. El príncipe asesinado era el segundo hijo -el mayor fue el duque de Angulema- del hermano de Luis XVIII, el conde Carlos de Artois, luego Carlos X. El hecho causó gran conmoción, pues Berry gozaba de buena imagen y, además, su asesino, el obrero Louvel, declaró que pretendía exterminar la dinastía Borbón. Este mismo mes fue descubierta en Londres la llamada conspiración de Cato Street, protagonizada por radicales que pretendían el derrocamiento por la vía violenta del gobierno conservador británico a causa de las medidas represivas de las libertades públicas, en particular las de reunión y expresión, adoptadas el año anterior. En julio, una revuelta militar en Nápoles, dirigida por Guglielmo Pepe, obligó a Fernando IV de Borbón a jurar la Constitución española de 1812. El mes siguiente se rebelaron los militares de Portugal contra el vizconde inglés William Beresford (designado regente del país por el rey Juan VI, que desde la invasión de Napoleón permanecía en Brasil) y establecieron un sistema inspirado en la Constitución española de 1812. También en algunos Estados alemanes se produjeron movimientos y revueltas en demanda de libertades y de la modernización de las estructuras políticas, en los que los estudiantes desempeñaron un papel protagonista, y ni siquiera en la autocràtica Rusia reinó por completo la tranquilidad en 1820, aunque por de pronto todo se limitó a un conato de rebelión de un regimiento de la guardia imperial.

En 1821 prosiguieron las turbulencias políticas por Europa, a pesar de que un ejército austriaco acabó con la revolución napolitana. Casi al mismo tiempo que las tropas enviadas por Metternich derrotaban en Nápoles a las liberales mandadas por Guglielmo Pepe, un grupo de militares obligaba en el Piamonte a abdicar al rey Víctor Manuel I, que regía el país como monarca absoluto desde 1814, y estableció un régimen liberal basado en la Constitución española. La ilusión no duró más de un mes, debido a la intervención, una vez más, del ejército austriaco, pero el relevo lo recogieron los franceses. Como en otros lugares, los descontentos con el régimen de Luis XVIII en Francia, agrupados en sociedades secretas de distintos nombres, se mostraron activos en 1820, pero cuando la conspiración iba adquiriendo cierta dimensión, fueron descubiertos por la policía y muchos de ellos se exiliaron a Italia. Allí tomaron contacto con el movimiento de los “carbonarios”, una sociedad nacida a comienzos del siglo XIX en Nápoles que tomó muchos elementos de la masonería y estableció un sistema de relación interna que facilitaba notablemente la organización de actuaciones en secreto. Los carbonarios italianos habían sido el alma de las insurrecciones de Nápoles y del Piamonte y sus homólogos franceses, amparados en la decepción de muchos sectores, entre ellos los estudiantes, dispuestos -como ellos dijeron- a defender a los oprimidos contra los tiranos, trataron de organizar en Francia un movimiento similar al español y al italiano para establecer un régimen de libertades. Militares del antiguo ejército de Napoleón despreciados por la monarquía restaurada, abogados e intelectuales integrados en la carbonería proyectaron un ambicioso plan de insurrección general en Francia para finales de 1821. La organización, sin embargo, fue pésima, aparte de que algunos de los principales implicados, como el ilustre general La Fayette, carecieron de decisión en el último momento, y todo quedó en agua de borrajas.

El movimiento insurreccional, con todo, prosiguió en Francia (todavía se ensayaron algunas intentonas más) y en 1822 tuvo lugar un hecho que causó gran impresión entre los liberales de toda Europa: la ejecución de los “sargentos de La Rochela”. Se trata de cuatro jóvenes militares de esta graduación -el mayor en edad no superaba los 25 años- miembros de la carbonería, que habían intentado sublevar su regimiento y fueron denunciados por sus propios compañeros. Durante su proceso judicial parece que no contaron con el apoyo adecuado de los jefes de la carbonería (la “Venta Suprema” de Francia), pero al margen de esta cuestión, cuando fueron conducidos al patíbulo intentó liberarlos un grupo de carbonarios armados. En el grupo, que dirigía Fabvier, el mismo que un año más tarde estará en el puente del Bidasoa con el “Batallón de los Hombres Libres” frente a los Cien Mil Hijos de San Luis, había extranjeros y al menos un español: Eugenio de Aviraneta, que por entonces estaba en París enviado por el gobierno español para recabar noticias sobre las intenciones de los franceses respecto a España. Las andanzas de Aviraneta son famosas por el documentado relato de Pío Baroja: Aviraneta o la vida de un conspirador. Una vez más quedó patente que a los amantes de la libertad les sobraba entusiasmo y faltaba organización y medios, pues no costó mucho a los soldados franceses hacer fracasar su intento. Los sargentos de La Rochela afrontaron la muerte con extraordinaria dignidad y pasaron a la categoría de mártires de la libertad, pero tras este suceso la carbonería francesa quedó desmantelada y el régimen de Luis XVIII se sintió fortalecido y halló nueva justificación para redoblar la represión de los que -decía- pretendían expandir la anarquía por Europa.

Como en Francia, en el resto de las cortes europeas se interpretó que todo era producto de una conspiración universal (“la hidra de la revolución”), alimentada por las sociedades secretas y perfectamente planificada. Se habló de la existencia de dos centros: uno en París, el “Comité Director”, y otro en Ginebra, “El Gran Firmamento”, cuya finalidad consistía en provocar revueltas para derribar los tronos e imponer sistemas republicanos; también, por supuesto, acabar con la religión. Como todo era producto de la confabulación de demagogos y desalmados, nada había que achacar a los gobiernos, de modo que se ignoró la auténtica razón de las revueltas, que era el descontento popular derivado de los problemas sociales y de un sistema de gobierno que excluía la participación de la mayor parte de la sociedad y favorecía los intereses de la aristocracia, de los sectores más acomodados y de las iglesias. Es más, cuantas propuestas se hicieron a favor de la introducción de reformas sociales y de la extensión de los derechos políticos y de las libertades fueron presentadas desde el poder como artificio de propagandistas que buscaban su propio interés mediante la provocación de un estado de anarquía general. La única respuesta posible, por tanto, no podía ser otra que la represión. En todos los países europeos -Inglaterra no fue excepción- los gobiernos de este tiempo tomaron un sesgo marcadamente conservador. En todas partes se restringieron las libertades y allí donde estaban reconocidos se limitaron los derechos individuales, se controlaron las actividades y asociaciones populares y se endurecieron las medidas represivas contra las sociedades secretas, de manera especial contra masones y carbonarios.

El problema de España

EN el panorama trazado jugó un papel especial la Constitución española. La circunstancia de que la tomaran como modelo los liberales de los territorios del sur de Europa donde prendieron movimientos revolucionarios (Portugal, Nápoles y el Piamonte) y de que los insurgentes de todos los países la evocaran de una forma u otra -incluso lo harían años después los militares rusos del “movimiento decembrista”, que pretendió una dulcificación de la autocracia- sirvió para que las potencias europeas la señalaran como muy seria amenaza al orden. Urgía suprimirla o, en todo caso, modificarla para acompasarla a otros textos más acordes con la idea monárquica, por ejemplo a la Carta francesa. Por otra parte, Fernando VII era el único monarca europeo restaurado en el trono tras la desaparición de Napoleón que en 1820 no había conseguido imponerse a los revolucionarios. Así pues, la excepción española merecía alguna consideración, aunque existía una gran dificultad: el rey de España no despertaba simpatías entre sus homólogos europeos, debido a su torpeza política y a su crueldad y doblez de carácter demostrados durante los seis años, de 1814 a 1819, en que reinó como monarca absoluto. La defensa de la monarquía tradicional y la lucha contra el liberalismo exigían prestar ayuda a Fernando VII, pero se le debía disuadir de toda tentación de volver a tiempos pasados. Luis XVIII e incluso el autócrata zar de Rusia, Alejandro I, se lo recordaron en varias ocasiones al rey español.

Tres aspectos de la Constitución española consideraban especialmente inaceptables los monarcas europeos: el principio de la soberanía nacional sobre el que se fundaba, el protagonismo en la dirección de la política de un parlamento formado por una sola cámara y el recorte de facultades al rey.

La soberanía nacional -tal como estaba formulada en la Constitución española- significaba que el poder pertenece a la nación por derecho natural, es decir, antes de establecerse cualquier normativa o ley. Así pues, la nación -que la Constitución entiende como el conjunto de todos los españoles- posee la autoridad plena. Esta autoridad no la recibe de nadie, ni de Dios, ni del rey, ni de cualquier otro individuo o cuerpo social, y por esta razón la nación es la única que puede determinar el régimen político por el que ha de regirse. La Constitución no deja dudas al respecto: en el artículo 3 establece que pertenece a la nación “exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales”. Como resulta imposible en la práctica que todos los españoles sin exclusión ejerzan el poder constituyente (así se denomina la facultad de organizarse políticamente, es decir, de constituirse en Estado), esta tarea la desempeñan sus representantes reunidos en Cortes. Las Cortes, elegidas por sufragio universal masculino en primera instancia y sin requisito previo de riqueza para ser diputado, actúan en nombre de la nación española a la que representan y son las únicas con capacidad para elaborar la ley fundamental que organiza el sistema político de la nación, es decir, su Constitución. Pero el poder de las Cortes no se limita a establecer el marco normativo general, sino que se extiende al conjunto de las leyes, pues todas deben ser producto de la voluntad de la nación española. Estas leyes deben ser “sabias y justas” (artículo 4), es decir, han de ajustarse a criterios racionales y de utilidad y no de otro tipo, por ejemplo los religiosos o los que convengan a una familia (o dinastía real).

El principio de la soberanía nacional no era en el caso español una cuestión meramente teórica, sino que contaba con el refrendo de los hechos. Cuando en 1808 España había sido invadida por tropas extranjeras y privada de su rey, la nación se levantó en armas, se negó a aceptar la organización política impuesta por el invasor y se dotó de otra propia para hacerle frente. Así se elaboró la Constitución, en un momento especialmente crítico y como resultado de la voluntad nacional, del esfuerzo efectivo de los españoles. Ellos, libremente, decidieron que Fernando VII fuera el rey de España, como declara el artículo 179 de la Constitución: “El rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina”. Fernando, por tanto, era rey porque lo había deseado la nación y no por exigencias dinásticas o de otra naturaleza, pues la Constitución, en coherencia con el principio de la soberanía nacional, establecía que “la Nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona” (artículo 2).

La nación, por decisión propia, había entregado la corona a Fernando sin su participación, pues cuando se proclamó la Constitución en marzo de 1812 el rey permanecía cautivo de Napoleón, aislado en el interior de Francia en el palacio de Valençay. Así pues, Fernando reinaba por voluntad de los españoles. Tanto este hecho, como la propia función como monarca quedaban contemplados en la Constitución, lo cual era de importancia capital, pues rompía con la tradición de la monarquía de derecho divino. El rey pasaba a ser un órgano constituido, regulado por la ley fundamental del lisiado. No quedaba lucra del listado, sino dentro del sistema organizado por la ley tunda mental que lo establecía. En suma, era rey constitucional y no absoluto. Su poder, por tanto, no era ilimitado, sino el prescrito por la Constitución, y no tenía su fundamento en Dios, ni en la tradición histórica (la legitimidad hereditaria en que tanto insistieron las monarquías de la época de la Restauración), ni en un pacto mediante el cual la nación hubiera enajenado la autoridad en la persona del rey (como defendía el conservadurismo español), sino en criterios racionales derivados del principio de la soberanía nacional y del de división de poderes (Varela, 1987: 187).

Todo esto abonó la idea, ampliamente difundida por Fernando VII y los medios legitimistas europeos, de que la Constitución española privaba al rey de su poder y, en consecuencia, era republicana. Es evidente que la Constitución restó parte del poder que históricamente ejercía el monarca absoluto, que transfirió a otras instituciones, fundamentalmente a las Cortes, y en virtud del dogma de la división de poderes, otro de los principios básicos de la Constitución, limitó su capacidad de acción. No obstante, el rey continuó siendo una pieza fundamental del sistema político español, los liberales no pusieron en duda el carácter monárquico de la nación, sino más bien lo subrayaron como rasgo esencial, y declararon la persona del rey “sagrada e inviolable”, no sujeta a responsabilidad (artículo 168). Lo que ante todo pretendían era evitar la actuación arbitraria del monarca e impedir que la pervivencia del nuevo sistema político quedara a expensas de su voluntad o de las clases en que históricamente se apoyaba (la nobleza y el clero). Por esta razón, se creó el Consejo de Estado, para actuar como órgano deliberativo al que debía recurrir el rey en los asuntos más importantes, se disminuyó la importancia de los ministros, que quedaban como meros ejecutores de las órdenes del rey y, lo más importante, no se reconoció al monarca capacidad para crear el sistema político, es decir, para elaborar la Constitución, reformarla o derogarla. Esto era consecuencia lógica de la soberanía nacional y, por fuerza, debía convertirse en el mayor motivo de rechazo del régimen por parte del rey.

Sin duda, la Constitución fue muy explícita a la hora de establecer restricciones a la autoridad del monarca (a ello dedicó un extenso artículo, el 172). El rey no podía impedir la celebración de Cortes, ni suspenderlas o disolverlas, y debía requerir su permiso para ausentarse del reino, ceder o enajenar los bienes nacionales, firmar alianzas o tratados de comercio con otros países o concederles subsidios, así como para traspasar la corona a su sucesor. La Constitución también prohibía terminantemente al rey ceder a otro su corona, enajenar o permutar cualquier parte, “por pequeña que sea”, del territorio nacional, imponer contribuciones, conceder privilegios exclusivos a personas o corporaciones, privar a alguien de su propiedad o de su libertad individual e imponerle pena alguna. Por último, el rey debía solicitar el consentimiento de las Cortes para contraer matrimonio, “y si no lo hiciere entiéndese que abdica a la Corona”.

A pesar de todo, la Constitución atribuía amplias facultades ejecutivas al monarca. Se le reconocía la dirección de la administración del Estado, tanto en lo referente a las cuestiones internas como en las relaciones internacionales, el nombramiento del gobierno, la jefatura suprema de las fuerzas armadas, el derecho a declarar la guerra y hacer y ratificar las paces y la histórica prerrogativa de presentar obispos y dignidades eclesiásticas. En el orden legislativo, la capacidad del rey quedaba más limitada, pues se ceñía a la sanción de la leyes y a la iniciativa legislativa (derecho a proponer leyes y reformas). En el judicial, en función del principio de división de poderes, la Constitución era más estricta y prácticamente privaba al rey de competencias, aunque establecía que la justicia se administraría en nombre del monarca y a éste se le reconocía el derecho a conceder indultos y a nombrar jueces y magistrados en todos los tribunales. El ejercicio de estas facultades quedaba sujeto, como es obvio, a la propia Constitución y a las leyes aprobadas por las Cortes y sancionadas por el rey, el cual, además, debía solicitar el dictamen del Consejo de Estado en muchos asuntos y, en particular, en lo relativo a nombramientos.

En suma, de acuerdo con la Constitución de 1812, el monarca seguía dirigiendo la política española, pero lo hacía de forma subordinada a las Cortes (Varela, 187: 182) y esto, evidentemente, no lo podía aceptar Fernando VII, ni tampoco las monarquías europeas de la época, incluida la británica. Los diplomáticos españoles destacados en las principales capitales de Europa no cesaron desde 1820 de aludir en sus despachos diplomáticos al amplio rechazo internacional que suscitaba una Constitución considerada en Inglaterra “extremista” y calificada por Metternich en una nota diplomática distribuida por otras cortes (es decir, no en conversación privada, sino de forma oficial) como “código de la anarquía”.

La Constitución, por sí misma, era un pésimo ejemplo para Europa porque resucitaba las ideas revolucionarias, aunque para las monarquías legitimistas aún fue más preocupante, quizá, el desarrollo de la vida política en España, especialmente por dos motivos: por las muestras populares de falta de respeto al rey y por las reformas emanadas de las Cortes. El rumor de que el rey de España estaba prisionero de los revolucionarios -difundido en lo posible por el propio Fernando VII y por los absolutistas españoles- comenzó a circular pronto por Europa. El mínimo grito contra el rey (y como tal se interpretaba el de “Viva el rey constitucional”) incitaba a establecer comparaciones con la época de la Revolución francesa y la muerte de Luis XVI. En cuanto a las medidas de las Cortes, sobre todo la supresión de mayorazgos y las reformas eclesiásticas, no podían ser bien vistas en una Europa donde ejercían enorme influencia la aristocracia y el clero.

Así pues, no es de extrañar que en febrero de 1821 el duque de Frías, embajador en Londres, asegurara al ministro de Estado español: “No conviene ya hacernos ilusión sobre el concepto que nuestro sistema recibe generalmente en la Europa”, pues nos niegan “que seamos un Estado sólidamente constituido y acertadamente gobernado”. El juicio no podía ser más negativo. Además, el embajador vislumbraba en esa temprana fecha lo que había de llegar. En el informe aludido advirtió: si las instituciones españolas no se amoldan “según lo que en la nueva nomenclatura de derecho público se llama formas monárquicas y prerrogativas de la legitimidad” -es decir, si no se modificaba la Constitución- España será tratada “a lo menos como una Nación cuyo roce es contagioso para la tranquilidad de los demás países y la estabilidad de los Tronos, como una Nación cuyas doctrinas tienden al proselitismo democrático, como una Nación en suma a la que conviene provocar a la desesperación” para que Europa quede autorizada a darle un escarmiento (cit. por Pelosi, 1977: 405-407. [Subrayado en el original]). Bastaba esa alusión al “proselitismo democrático” para hacer saltar la alarma, pues tras la Revolución francesa, las palabras “democracia” y “república” suscitaba el más vivo rechazo en los círculos “respetables”, es decir, no sólo entre los absolutistas, sino también entre muchos liberales burgueses.

En cuanto a Fernando VII y los absolutistas españoles, eso de “provocar la desesperación” para proporcionar una excusa al escarmiento no cayó en saco roto: pusieron todo su entusiasmo en causar la desestabilización política y en propagar rumores y exageraciones sobre atentados contra el monarca. Los gobiernos europeos, por su parte, no carecieron de datos para considerar a España un foco de “proselitismo democrático”, el sostén del movimiento revolucionario internacional. Esta percepción fue especialmente intensa en Francia.

Salvo una minoría, en 1820 los franceses ya habían olvidado los principios revolucionarios, por lo demás muy desprestigiados, pues tras el periodo napoleónico y la propaganda del tiempo de la Restauración muchos asociaban revolución con terror. En España, sin embargo, Riego y sus compañeros habían restablecido el sistema constitucional sin derramamiento de sangre, con lo cual habían demostrado que era posible la revolución sin guillotina. Esta circunstancia dotó de popularidad a la Constitución española, que en 1812 había pasado desapercibida. A partir de marzo de 1820 el texto constitucional español, traducido al francés, se distribuyó con profusión en las librerías (Dufour, 2003: 129 y ss.).

La España constitucional era un ejemplo para los descontentos con la política conservadora de la Restauración y para quienes, bien por convicciones políticas, bien por idealismo o por espíritu de aventura, anhelaban un cambio. Asimismo, se convirtió en refugio de los europeos perseguidos por sus gobiernos, sobre todo de los franceses que fracasaron en las intentonas para derrotar a Luis XVIII y de los italianos reprimidos por las tropas austríacas ñas el derrocamiento de los regímenes constitucionales en Nápoles y el Piamonte. La afluencia de estas personas enriqueció el debate político español y le imprimió una viveza extraordinaria, pero también contribuyó al deterioro de la imagen de la España constitucional en Europa. Lo peor de cada casa afluía a esa España anárquica que atentaba contra su rey y contra la religión, como sostuvo, cada vez con más fuerza, la propaganda realista europea.

España, pues, era un problema y un peligro que debía ser atajado, y Francia puso gran empeño en ello. Con la excusa de contener la epidemia de fiebre amarilla declarada en Cataluña, dispuso un cordón militar en la frontera, pero el objetivo fundamental consistía en contener el flujo de revolucionarios de uno y otro país. En Francia, además, no se tenía ninguna seguridad sobre la posible permeabilidad de su ejército a la propaganda liberal que, según la policía francesa, resultaba cada vez más intensa. En la segunda mitad de 1822, numerosos informes de la policía francesa advirtieron a su gobierno de la actividad de “los agentes constitucionales españoles”, “liberales o carbonarios” -según se dice en algunos de ellos-, muy activos en reclutar partidarios con la intención de formar un ejército revolucionario que provocara en Francia un movimiento similar al protagonizado por Riego (Dufour, 1982: 252-253; Castells, 2001: 149-151).

Realistas o facciosos

EN marzo de 1820, en cuanto se difundió la noticia de que Fernando VII había jurado la Constitución de 1812 y se comprometía a convocar Cortes, se puso en marcha un movimiento destinado a impedir la implantación del nuevo régimen o, al menos, desvirtuarlo en lo posible. Fue iniciativa de personas que, bien por convicciones arraigadas, bien por sentirse perjudicadas por las primeras medidas de las nuevas autoridades o por lo que temían había de llegar, no estaban dispuestas a abandonar el sistema de monarquía absoluta vigente desde 1814. Entre ellas había clérigos, empleados públicos sustituidos en sus puestos o amenazados de serlo, militares sometidos a una suerte similar o relegados en sus perspectivas profesionales y, como en toda época de transición, ese número indeterminado de individuos reacios a cualquier cambio por temor a ver alterada su situación personal. En todos actuó el recuerdo de las Cortes de Cádiz. De nuevo en el poder, los liberales proseguirían las reformas de aquel tiempo y cabía temer que incluso las incrementaran hasta llegar a extremos intolerables por completo.

Los primeros pasos anunciaron lo peor. Tras el triunfo del pronunciamiento de Riego, las cárceles de la Inquisición fueron asaltadas, la multitud lanzó todo tipo de improperios contra el Santo Tribunal -lo cual se interpretó como burla a la religión- y una Junta Provisional, encargada de propiciar el paso al sistema constitucional, reconoció la libertad de reunión y de expresión.

Los temores de quienes sólo esperaban males de la Constitución se iban confirmando y no tardaron en incrementarse. De las Cortes comenzaron a salir disposiciones que, a juicio de aquéllos, atentaban contra los derechos sagrados del monarca, contra la religión y contra las leyes históricas de la monarquía española. De las imprentas brotaban papeles con las doctrinas más descabelladas y en los periódicos, en continuo crecimiento cada día, se exponían sin reparo opiniones calificadas de heréticas y republicanas. Para colmo de males, surgieron las llamadas Sociedades Patrióticas, focos de agitación y de anarquía, según este punto de vista. En definitiva, el régimen político derivado de la rebelión de unos militares traidores era un atentado palmario contra la religión y el trono, lo cual justificaba cualquier acción destinada a cambiar de sistema.

Por de pronto, la contrarrevolución, carente todavía de suficiente apoyo, no fue más allá de organizar ciertos actos esporádicos, que si bien preocuparon a las autoridades, no llegaron a causar serios problemas. Bastaba la aplicación de la ley para controlar esta actividad, aunque también se tomaron algunas medidas represivas. A juicio de los liberales, todo esto no pasaba de ser la esperada reacción de los “serviles" de siempre, esto es, de aquellos que en defensa de sus intereses expresaron su oposición a la obra de las Cortes de Cádiz y triunfaron en 1814 porque se lo permitió un rey, Fernando VII, influido por pésimos consejeros. Ahora todo había cambiado, pues el propio Fernando VII se había declarado dispuesto a seguir, el primero, la vía constitucional. Así pues, quienes se oponían al nuevo régimen eran agitadores, revoltosos, en definitiva: “facciosos”. Unas veces con esta palabra y otras con la de “serviles”, de mayores connotaciones políticas, designaron los liberales a quienes se manifestaron contra la Constitución.

Estos últimos, por su parte, se calificaron a sí mismos de “realistas”, esto es, amantes o partidarios fieles y firmes del rey. Abogaban, ante todo, por la continuidad de la monarquía absoluta, pero no se dijeron “absolutistas” porque no se consideraban ni un partido o grupo, ni, por supuesto, una facción, sino los auténticos y únicos españoles religiosos y leales a la institución monárquica. En su opinión, sólo había una forma de gobierno: la monarquía encarnada por un rey paternal dotado de plenos poderes, cuyos actos se ajustaban a la doctrina de la religión católica. Toda alteración de este sistema, en particular las teorías sobre la división de poderes y la soberanía nacional, era producto de la revolución y un atentado al orden divino; la anarquía, en suma, porque implicaba la ausencia de gobierno justo, causaba desorden, atentaba contra la propiedad y daba pie a la movilización del populacho. Además de “anarquistas”, los constitucionales eran “republicanos”, pues defendían una Constitución que de hecho impedía al rey ejercer sus prerrogativas.

La contrarrevolución, que en sus inicios no pasó de ser la reacción de grupos sociales minoritarios frente a la Constitución de 1812, enseguida adquirió una dimensión compleja debido, por una parte, a la incorporación, en una forma u otra, de opciones políticas y sociales heterogéneas y, por otra, al decidido propósito de Fernando VII de controlarla e impulsarla.

Al llegar a 1822, hallamos al menos tres alternativas contrarias al régimen constitucional vigente, dentro de cada una de las cuales cabe distinguir, a su vez, ciertos matices. Una es la de los absolutistas o “serviles” del primer momento, firmes en su intento de mantener sin modificaciones la monarquía absoluta implantada en 1814 y el orden del Antiguo Régimen. Junto a ellos actuaron gentes dispuestas a introducir algunos cambios en este sistema, en la línea de la Carta otorgada francesa. Era una manera de reconocer cierta representación nacional sin cambiar la esencia del sistema absoluto. La tercera alternativa fue la de quienes, sin renunciar por entero a los principios liberales, en particular a los económicos, aspiraban a la continuidad del sistema constitucional, aunque basado en una Constitución diferente a la de 1812. Estos últimos, salidos de las filas del liberalismo moderado, no deseaban la vuelta al absolutismo y en consecuencia no cabe incluirlos sin más entre los realistas. Sin embargo, su insistencia en reformar la Constitución para atribuir mayores poderes al monarca y crear una segunda cámara de senadores destinada a rebajar la influencia en la dirección de la política de los diputados surgidos por elección popular, los situó de hecho, y en muchos casos tal vez contra sus deseos, en el campo de la contrarrevolución, pues de forma directa o indirecta -el asunto queda sujeto a debate- coadyuvaron a terminar con el régimen establecido en 1820.

En los capítulos siguientes veremos cómo se desarrolló el enfrentamiento en el seno del liberalismo y cuáles fueron las bases sociales de esta diversidad política en la ofensiva contra el régimen, sin duda el elemento de mayor importancia. Ahora interesa aludir al papel desempeñado por el rey, que no conviene obviar, porque resultó fundamental.

Al menos desde mediados de 1821, Fernando VII se situó en el centro de las actuaciones contra el constitucionalismo, no sólo porque los participantes en ellas lo invocaron, junto a la religión, como bandera en la lucha, sino porque de forma directa el propio rey dirigió las acciones más relevantes encaminadas a propiciar de manera inmediata el cambio de régimen.

Casi todos los historiadores que han estudiado este proceso contrarrevolucionario aluden a Fernando VII. Sin embargo, tanto ellos, como los contemporáneos autores de memorias o reflexiones sobre este tiempo (Alcalá Galiano, Argüelles, el marqués de las Amarillas, Miñano, etc.) no van mucho más allá de atribuir al monarca un cometido de apoyo a la contrarrevolución, considerable, sin duda, pero no decisivo. La lectura de estos textos produce la sensación de que Fernando VII queda en un segundo plano, como elemento sustentador de todo, pero sin llegar a ser agente directo, menos aún protagonista de las maniobras urdidas contra el constitucionalismo. La acción directa se atribuye a ciertos individuos (sobre todo al marqués de Mataflorida y al general Eguía, con sus respectivos entornos) y a las juntas y guerrillas realistas. Estos últimos, por su parte (en particular los autores de las muchas proclamas y manifiestos publicados en la época y los clérigos que más tarde escribieron sus impresiones), así como la historiografía conservadora, rebajan o desdibujan el papel del monarca y todo lo cifran en la actuación de una gran parte de los españoles (el “pueblo”), contraria por convicción a las innovaciones revolucionarias o simplemente hastiada de los abusos de los constitucionales y del estado de anarquía causado por ellos. Los documentos guardados por el propio rey, integrantes del fondo denominado “Papeles reservados de Fernando VII” del Archivo General de Palacio de Madrid y los “Papeles de Ugarte” publicados por Ortiz de la Torre en 1934, entre otros testimonios, demuestran sin embargo la participación directa, en primera línea, de Fernando VII en la organización e impulso del movimiento contrarrevolucionario durante el Trienio.

Dos acontecimientos incitaron, probablemente, a Fernando VII a proceder de esta forma: la intervención militar de Austria en abril de 1821 contra los constitucionales de Nápoles y Sicilia y el progreso de la rebelión armada en el interior de España. El primero era indicio seguro de la posibilidad de contar con el apoyo europeo e incluso -como esperaba Fernando VII- de disponer de ayuda material en dinero y armamento. Abonaron esta impresión sus contactos personales con el zar a través del embajador ruso en Madrid y los informes sobre la buena disposición de otros gobiernos proporcionados por agentes absolutistas distribuidos por Europa. El incremento de partidas armadas, por su parte, era prueba evidente, para el rey, del rechazo social del constitucionalismo en el interior de la monarquía. Todo ello alimentó su esperanza en un cambio próximo de régimen si se actuaba de forma conveniente.

En este punto, a juicio de Fernando VII era necesario tomar dos importantes precauciones para evitar desviaciones. Una consistía en disipar las dudas sobre el régimen a establecer, es decir, disponer las cosas de tal forma que resultara inviable todo intento de sustituir la Constitución vigente por otra, por muy monárquica que fuera. Como se dijo entonces, había que desvanecer cualquier idea de “gobierno representativo”. La segunda se refería al protagonismo de la empresa. Ésta debía ser obra exclusiva de los españoles, para no dar lugar a una intervención armada extranjera que actuara como elemento desvirtuador del deseado proceso político. Por ambos motivos, resultaba vital asumir personalmente el control de las actuaciones contrarrevolucionarias.

Con esta finalidad, se montó un operativo que tuvo su centro en la residencia real, en el palacio de Oriente de Madrid. Lo creó el rey con el consejo de varios miembros de su familia (el infante don Carlos y su esposa, sobre todo) y de destacados absolutistas, entre ellos el duque del Infantado, pero sus auxiliares más efectivos fueron su discreto y fiel secretario particular, Antonio Martínez Salcedo, y el muy intrigante Antonio Ugarte. Sobre el particular disponemos de información directa gracias a las notas secretas cruzadas entre los dos últimos y el rey en mayo de 1822 (Ortiz de la Torre, 1934: 24-32). El procedimiento seguido es pintoresco y se ajusta al método conspirativo de la época. Fernando VII se comunicó con los “tocayos” (es su forma de referirse a Salcedo y a Ugarte) mediante cartas firmadas con distintos nombres de mujer (“Carolina”, “Dominga”, “Dolores”, “Carlota”). Una parte de estas misivas es legible y trata de asuntos baladíes y absurdos; en la otra, escrita con tinta simpática, el rey transmite instrucciones o solicita consejo. Aunque Fernando asumió la empresa como empeño personal, el alma ejecutora de todo fue Ugarte.

Ugarte pasaba por ser en este tiempo el consejero más próximo y decisivo de Fernando VII en las maquinaciones contra el constitucionalismo. Quien no contaba con Ugarte, nada valía para el rey, declaró el duque de Infantado. Según el británico Michael J. Quin, contemporáneo de los hechos, “su favor, tanto más poderoso cuanto más ocultos eran los medios que lo sostenían, no pudo compararse sino al de Godoy en su más brillante período”, lo cual equivale a decir que era el amigo fiel del monarca, sin cuya participación no se despachaba ningún asunto importante. Tal extremo quedó corroborado por el propio Fernando VII en marzo de 1823. Antes de abandonar Madrid, camino de Sevilla, escribió de su puño y letra un decreto dirigido a Ugarte, cuyos términos desvelan perfectamente las intenciones del rey:

Por las pruebas de amor y fidelidad que me habéis dado en todo tiempo y señaladamente en estos últimos tres años de mi cautiverio y amargura, y por la constancia con que en ellos habéis trabajado a mis órdenes, arrostrando toda clase de peligros, por cuya razón estáis enterado del estado de los negocios políticos, y de mis reales intenciones, he venido en autorizaros, como por el presente decreto autógrafo os autorizo:

1. ° Para que hagáis conocer a los Soberanos y gobiernos de Europa, a mi primo el Duque de Angulema, a los gobiernos provisorios formados o que se formaren en mi Reino, a los Generales que manden las tropas realistas y a las francesas auxiliares que mi salida […] ha sido y es contra mi Real voluntad, por efecto de la fuerza y de la más atroz violencia.

2. ° Os autorizo igualmente para que podáis manifestar […] que mi Real y decidida voluntad es que durante mi cautiverio sean gobernados mis pueblos, incluso los de Ultramar, bajo las leyes y reglas que existían antes del nueve de marzo de 1820 […]

3. ° Por último, os autorizo para que como enterado en los asuntos y ocurrencias durante mi cautiverio, y como persona de mi entera confianza, hagáis presente, en los casos y circunstancias que ocurran, lo que os he confiado y tenéis entendido de mis Reales intenciones, a fin de que tengan cumplido efecto… (Ortiz de la Torre, 1834:217-218).

Naturalmente, este decreto no se hizo público ni fue oficial, pero no deja lugar a dudas sobre el papel de Ugarte, a quien deja el rey como una especie de lugarteniente en la capital del reino durante su ausencia o “cautiverio”.

Antonio Ugarte y Larrazábal había comenzado su andadura en Madrid, en tiempos de Carlos IV, como mozo de cordel o recadero al servicio de un funcionario de la corte. Debido a su escasa honestidad en el manejo de dinero fue expulsado de esta casa, pero su despejo y, al parecer, habilidad en el trato, le permitieron ejercer en la ciudad los más variados oficios, desde escribiente a maestro de baile, hasta que ocupó la plaza de agente de Indias de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, una de las compañías económicas más potentes del momento. Pío Baroja, muy interesado por el personaje, sobre el que recabó abundantes datos, lo presenta como hombre vil y grotesco, sagaz, emprendedor y aventurero, de ingenio extremadamente vivo, a quien nunca importó para quién trabajaba si obtenía provecho personal. Durante el reinado de José Bonaparte continuó desempeñando la agencia de los Cinco Gremios, “sirviendo indistintamente a españoles, a franceses y a sus respectivas señoras, sacando de todos el partido más ventajoso” (Baroja, 1999: 727).

En los años de la ocupación francesa, Ugarte contactó con el embajador ruso en Madrid, conde de Strogonof, quien más tarde lo recomendó a Tatischeff, su sucesor cuando Fernando VII volvió al trono. Gracias al embajador ruso, Ugarte intimó con el general Eguía y bien por influjo de cualquiera de los dos o, tal vez, por mediación de algún servidor de palacio, entró en contacto con el rey. Con motivo de la compra de una flota de navíos a Rusia aconsejada por Tatischeff, Ugarte y su amigo Eguía consiguieron de manera fraudulenta una cantidad considerable de dinero y, al parecer, algo llegó a manos de Fernando VII. Poco a poco éste fue haciendo de Ugarte su principal confidente y hasta tal punto llegó el favor real, que en 1819 le nombró director general de la expedición militar encargada de pacificar América. Como la ambiciosa empresa estuvo dotada de cuantiosos fondos, Ugarte, que no estaba obligado a dar cuentas de su manejo, ni a consultar con los ministros, halló una espléndida oportunidad para aumentar sus ya considerables riquezas, aunque en otros sentidos su gestión fuera de poca utilidad: su perspicacia no sirvió para evitar el pronunciamiento de los militares de este ejército en enero de 1820. Aquel recadero de la juventud adquirió con el tiempo el aire de gran señor, y así figura junto a su esposa en un elegante retrato que le hizo el pintor de cámara Vicente López.

La maquinaria contrarrevolucionaria

EL rey y Ugarte fueron el centro de la operación llevada a cabo en 1822 para recabar ayuda de las potencias de la Santa Alianza con el fin de destruir por la fuerza el sistema constitucional. Para ello crearon una amplia y variopinta red de agentes que distribuyeron por toda Europa. El mensaje a transmitir era simple. Desde 1820, el rey de España había sido despojado de sus facultades, o, lo que era lo mismo, había sido destronado de facto como consecuencia de la rebelión de un grupo de militares traidores que impusieron a la fuerza la Constitución de 1812. La prolongación temporal del dominio de los revolucionarios, a quienes Fernando VII y su entorno casi siempre se refieren como “anarquistas” o “republicanos”, había conducido a España a la más espantosa anarquía, desgracia que de no atajarse, no tardaría en extenderse al resto de Europa. La ayuda exterior era, por tanto, una medida profiláctica para todas las monarquías y un acto de justicia hacia un rey legítimo, cautivo de los revolucionarios, cuya vida y la de su familia estaban en peligro, y cuyo único deseo era -según resumió más tarde, en marzo de 1824, el marqués de Mataflorida- “restablecer y mantener la paz en Europa sobre principios monárquicos los más propios para asegurar la felicidad de los Pueblos y los legítimos derechos de los Tronos” (AGP, T. 22).

La red adquirió una extensión considerable. Formaron parte de ella absolutistas emigrados durante el Trienio, a los que el marqués de Mata- florida y el general Eguía trataron de coordinar y dotar de una organización política; diplomáticos despechados, como Vargas Laguna, el conde de Fernán Núñez o Pascual Vallejo; aventureros dispuestos a conseguir el máximo provecho personal, al estilo de Ugarte, y un buen número de militares (Longa, Quesada, el conde de España, el barón de Eróles…) y funcionarios afines al absolutismo o, simplemente, descontentos por el trato recibido del régimen constitucional, entre quienes Antonio Gómez Calderón, José Morejón y Fermín Martín de Balmaseda fueron los más notorios por su actividad y cargos desempeñados.

La actuación en Europa de esta gente era complementaria de la que se desarrolló en el interior, para lo cual se creó, a su vez, una organización cuyo cometido consistió en formar juntas o asociaciones provinciales destinadas a levantar partidas armadas en el medio rural y provocar en las ciudades asonadas y revueltas para originar el mayor desorden posible en las instituciones y en la vida cotidiana y acentuar la división en las filas del liberalismo. Se intentó asimismo infiltrar en los organismos oficiales a individuos de confianza, influir en la opinión pública y controlar a las personas más próximas al rey. También se elaboraron planes para rescatar físicamente al monarca y a su familia de la “cautividad en que lo tenían los liberales” e, incluso, se urdieron complots destinados directamente a derribar el régimen. Todo confluía a tratar de hacer ingobernable el país y demostrar a las monarquías europeas que los liberales únicamente eran capaces de causar anarquía y que los realistas no eran facciosos, sino monárquicos guiados por las más plausibles intenciones. Fernando VII, en modo alguno mero espectador de todo este movimiento, desarrolló por su cuenta una intensa actividad hacia el exterior y forzó cuanto pudo la legalidad para desestabilizar las instituciones constitucionales y fomentar el clima de desconcierto entre los españoles.

Desde 1820, como sabemos, ciertos individuos se declararon de forma espontánea en rebeldía contra el régimen constitucional. Con el paso de los meses y a medida que tomó cuerpo la política reformista liberal creció el número de descontentos y se organizaron en agrupaciones locales o provinciales, algunas de las cuales alcanzaron cierta envergadura. Tal es el caso de la Junta Apostólica de Galicia, llamada así porque se puso bajo la advocación del aposto! Santiago. Según su vicepresidente, el capitán retirado Ignacio Pereyra, la Junta nació para “contrarrestar las providencias de un Gobierno intruso”. La formaron militares retirados, clérigos, propietarios agrícolas y funcionarios. Centró su actividad en la captación de personas, dinero y armas para levantar Galicia contra el constitucionalismo. En varias ciudades de España surgieron asociaciones similares por su composición y objetivos y allí donde no se llegó a alcanzar cierto grado de organización, no dejaron de existir individuos dispuestos a desprestigiar al régimen y a defender -es el caso de ciertos abogados- a cuantos se consideraron perjudicados por su política.

Enseguida se trató de organizar este movimiento desde arriba, es decir, desde el palacio real. El procedimiento empleado resulta un tanto confuso y no siguió un único esquema, pero siempre se desenvolvió en el más estricto secreto para que se desconociera el origen último de las directrices. En la cúspide estaba el rey, de donde partía la aprobación de las iniciativas y planes y algunos fondos económicos. En un segundo escalón se situaban los auténticos directores ejecutivos de las operaciones: Ugarte (quizá el principal de todos, por su contacto directo e íntimo con el rey y por su permanencia en territorio nacional), el marqués de Mataflorida y el general Eguía, ambos en Francia. Para transmitir sus órdenes a las agrupaciones locales o provinciales éstos se servían de un número indeterminado de personas de alta consideración: obispos (el de Orense, por ejemplo, actuó de nexo en las comunicaciones entre la Junta Apostólica de Galicia y “la Corte”, como decía su vicepresidente), clérigos (en especial, párrocos y superiores de conventos y monasterios), diplomáticos extranjeros (el conde Dornat, embajador de Dinamarca, hizo algunas veces de correo entre el rey y Eguía) y altos funcionarios de la administración civil o de justicia, así como algunos destacados servidores de palacio, como el boticario real. Por último, existían agentes que podríamos considerar especializados, una suerte de espías infiltrados en las sociedades secretas y en las filas del liberalismo exaltado, entre los cuales el más conocido y, al parecer, eficaz fue José Manuel Regato.

La principal entidad impulsora y coordinadora de las actuaciones en el interior, al menos durante 1822, fue la “Confidencia central general de la Corte”, que actuó en la más completa clandestinidad y ni tan siquiera llegó a adoptar -que sepamos- una denominación oficial, pues los implicados en su actividad se refieren a ella indistintamente como “Confidencia de la Corte”, “Junta Secreta” o “Junta Principal”. Probablemente estuvo ubicada en el palacio real, pero ni sobre el particular, ni acerca de su composición existen datos concretos en la documentación examinada, salvo que la dirigió Ugarte, auxiliado directamente -según José Presas- por dos empleados: Santiago Gómez de Negrete y Juan Agudo Múzquiz, encargados de distribuir fondos para ganar prosélitos (Presas, 1827: 126).

Desde el centro, el palacio real, se potenció la creación de Juntas de Confidencia provinciales y locales según un procedimiento que cabe presumir no diferiría mucho del practicado en Toledo y Córdoba, sobre el que disponemos de información detallada (AGP, T. 71). En un primer momento, los absolutistas de Toledo se organizaron de manera espontánea mediante la celebración de reuniones convocadas con los pretextos más peregrinos, por ejemplo, abrir una suscripción para “sostener los jornaleros”. Detectada la existencia de este grupo, Ugarte contactó con él mediante persona de su confianza (en este caso el auditor de Castilla la Nueva, Pedro Antonio Renedo), y le transmitió instrucciones precisas. Fueron las siguientes: formar opinión o, mejor dicho, intoxicarla con informaciones falsas o deformadas (los miembros de la Junta debían “glosar las malas noticias y suponer otras favorables” a la causa absolutista y difundirlas entre las personas más o menos afines), organizar rondas armadas con la excusa de velar por la tranquilidad pública para así vigilar a los miembros de la Milicia Nacional y controlar los depósitos de armas, contactar con los guerrilleros de la zona (en concreto con El Locho) e impulsar la formación de otros grupos armados, infiltrarse en el Ayuntamiento y defender a los absolutistas ante la justicia. A la Confidencia de Córdoba encargó Ugarte de forma especial ganar para la causa absolutista a los soldados de los regimientos de la zona.

Las Confidencias provinciales estaban dirigidas por párrocos, canónigos, militares retirados, hacendados y, sobre todo, empleados públicos que habían perdido su puesto en 1820 (corregidores, contadores de rentas, abogados…). Su relación con Ugarte fue permanente y, a su vez, algunas de ellas actuaron como una especie de centro coordinador de varias provincias. La de Córdoba, por ejemplo, destacó agentes en Sevilla, Granada, Jaén, Extremadura y Serranía de Ronda. A partir de junio de 1823, cuando las tropas de Angulema entraron en Andalucía, estos agentes tuvieron un notorio papel para provocar deserciones en el ejército constitucional y apoyar a las partidas guerrilleras. Aunque Ugarte proporcionó algún dinero, la mayoría de los gastos de las Confidencias corrieron por cuenta de sus dirigentes locales.

Las Confidencias actuaron fundamentalmente en la mitad meridional de España. De la zona septentrional y del centro se encargaron específicamente el marqués de Mataflorida y Eguía, cada uno por su parte, mientras la Junta Apostólica de Galicia se ocupaba de su territorio. Todos mantenían contacto con palacio y si bien parece que Ugarte llegó a todas partes, se percibe una cierta, aunque muy difusa, distribución de zonas de influencia. Las instrucciones a Galicia las daba fundamentalmente Infantado a través del obispo de Orense, Ugarte hacía lo propio con Eguía y Mataflorida recibía las suyas directamente del rey. Eguía y Mataflorida disponían, a su vez, de sus propios agentes en la corte, quienes les servían como espías sobre lo que sucedía en el interior, al mismo tiempo que actuaban de transmisores de las órdenes del “centro”. El espía de Eguía era su hijo, Francisco Agustín, oficial del Ministerio de la Guerra cesado en 1820 y ahora secretario del rey en ejercicio de decretos, como lo era un escogido grupo de absolutistas comprometidos en las tareas conspirativas. La red de Mataflorida era más amplia y compleja. El lugar principal lo ocupaba José Villar Frontín, muy activo -como se ha dicho- en la formación de la Regencia de Urgel.

Aunque es difícil determinar el radio de acción particular de Eguía y Mataflorida, por las continuas disputas entre ambos, parece que existió una especie de distribución geográfica: Eguía impulsó la formación de guerrillas y de juntas absolutistas en el País Vasco y Navarra; Mataflorida en Cataluña, Aragón, Castilla la Vieja y Murcia. La composición social de estas agrupaciones coincide con la de las Confidencias: clérigos (alcanzaron mucha celebridad en Navarra el abad de Barasoain y el canónigo Joaquín Lacarra), nobles, militares retirados, propietarios agrícolas y empleados de la administración, estos últimos los más numerosos.

La actuación de juntas, guerrillas y “confidencias” fue completada en las ciudades, y en ciertos casos ampliada, por agentes secretos absolutistas. Estos individuos solían hacerse pasar por liberales radicales y su misión consistió en infiltrarse en las Sociedades Patrióticas y en la comunería para emitir las opiniones revolucionarias más descabelladas y organizar o potenciar asonadas callejeras destinadas a intimidar a los liberales moderados y, sobre todo, a los propietarios. En Valencia, por ejemplo, recurrieron en 1821 a contrabandistas, debidamente compensados económicamente, que recorrieron las calles anunciando a gritos que encarcelarían a todos los ricos y se repartirían sus bienes para lograr la igualdad preconizada por la Constitución. En todos los sitios eran ellos quienes gritaban con más fuerza “¡Muera el rey!” en cualquier asonada popular. Entre todos, ocupó un lugar distinguido José Manuel Regato, personaje singular que supo ocultar magistralmente su doble juego, hasta el punto de que en junio de 1822, momento álgido de la rebelión contra el sistema, las Cortes le declararon “benemérito de la patria” y le concedieron una indemnización económica por sus servicios y desvelos en defensa de la Constitución.

Regato engañó a todos en su tiempo, incluso a los políticos más avisados. Antonio Alcalá Galiano, que lo trató de cerca, dice en sus memorias que lo más probable es que no sirviera a nadie con entera lealtad y sólo velara por sus propios intereses. La misma vacilación mantienen en la actualidad algunos historiadores, aunque la monografía que le ha dedicado Claude Morange deja poco margen de duda sobre su papel de agitador al servicio del absolutismo (así lo vio también Pérez Galdós en su episodio: El Grande Oriente). Los encendidos discursos de Regato contra los liberales moderados y su participación en la fundación de la sociedad de los comuneros son hechos documentados, y al mismo tiempo existen testimonios fiables que lo dan por el principal impulsor de ciertas algaradas especialmente dirigidas a suscitar las iras de las monarquías europeas contra el sistema español, como el apedreamiento por las turbas madrileñas de las casas de los embajadores de las potencias de la Santa Alianza en enero de 1823.

Regato supo utilizar a personas más o menos bienintencionadas para promover actos de esta naturaleza de acuerdo con instrucciones recibidas. En la acción contra las residencias de los embajadores, por ejemplo, él quedó libre de toda sospecha y figuró como cabeza del motín un zapatero llamado Damián Santiago. En otras ocasiones, más confusas, se sospecha que individuos como Regato utilizaron a personas sinceramente liberales, sin que ellas se percataran de sus intenciones, como instrumentos para desprestigiar al régimen mediante actuaciones revolucionarias de signo extremista. Es el caso del intento de proclamar la república en Zaragoza en 1821, en el que figuraron como principales implicados dos franceses, uno de ellos, Cugnet de Montarlot, liberal sin tacha. Parece ser, aunque no existen pruebas determinantes, que esta asonada -en la que no puso su mano Regato- fue organizada para desacreditar a Riego, a la sazón capitán general de Aragón, y que incluso tuvo parte en el asunto La Garde, el embajador de Francia en España.

En otros casos, las dudas son mayores, como sucede con Jorge Bessière, quien poco antes del suceso referido, también intentó, junto a un reducido grupo de personas, entre ellas un fraile, proclamar la república en Barcelona, donde residía y pasaba por liberal exaltado. Fue detenido y condenado a muerte, pero de tal modo presionaron a las autoridades los liberales de la ciudad, que le fue conmutada la pena por la de prisión en el castillo de Figueras. Tal vez había sido captado por algún agente absolutista y quizá recibió ayuda de este sector a continuación. Lo cierto es que no tardó en evadirse, se refugió en Francia y ofreció información a las autoridades de ese país sobre la actividad de los carbonarios y otros revolucionarios en España (Dufour, 1982: 288-290). Un año después, el héroe “liberal” volvió a España convertido en el furibundo guerrillero absolutista que ya conocemos.

Estos sucesos y otros más de parecido cariz ocurridos durante el Trienio redundaron en perjuicio del régimen constitucional, ya que se interpretaron como consecuencia lógica de los excesos revolucionarios propios del sistema. Resulta muy difícil documentar hasta qué punto fueron organizados, o al menos alentados, por agentes absolutistas, aunque es evidente que en la mayoría de ellos también participaron con todo el entusiasmo derivado de la exaltación irreflexiva muchos liberales hastiados de los progresos de las partidas absolutistas y de la propaganda de este signo. El caso de Regato abona todo tipo de sospechas, que no sólo se extienden a las actuaciones callejeras, sino también a la prensa.

Claude Morange ha estudiado la financiación de dos de los periódicos más caracterizados del ala izquierda del liberalismo en estos años: El Eco de Padilla, publicado de agosto a diciembre de 1821, y su continuador El Independiente, producto de la fusión del anterior con el también exaltado La Antorcha Española. El capital fundacional de El Eco de Padilla fue suministrado por el comerciante madrileño Antonio León, uno de los promotores de la sociedad de comuneros junto a Regato, pero en noviembre vendió el periódico al francés Francisco de Caze. Este último tuvo contactos con Mataflorida antes de la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis. Durante la guerra actuó como agente de información en España de las autoridades franceses y en 1824 publicó dos folletos sobre la situación de España con opiniones claramente contrarias al constitucionalismo y favorables a los Cien Mil Hijos de San Luis. Además de Francisco de Caze, en El Eco de Padilla y en El Independiente trabajaron como redactores Manuel Cortabarría, José Joaquín de Mora y José María Carnerero, todos ellos liberales, pero de trayectoria posterior dudosa. Cortabarría actuó en Francia a partir de 1823 como agente de la policía de Fernando VII De José Joaquín de Mora dijeron sus contemporáneos que fue amigo de Mataflorida. Carnerero se pasó al absolutismo en cuanto cayó el régimen constitucional y en varias obras de teatro halagó a Angulema y a los absolutistas (Morange, 1990: 107-132).

Si conjugamos estos datos con las instrucciones a la “Confidencia” de Toledo relativas a la tergiversación de las noticias de prensa para intoxicar la opinión, tal vez podamos entrever algo de lo que en esta materia tramaron los grupos absolutistas. Del entorno del rey salieron, asimismo, textos destinados a rebatir la doctrina liberal y a ridiculizar la Constitución. Entre los papeles guardados por Fernando VII se hallan varios manuscritos, llenos de borrones y correcciones. Uno de estos textos se titula: Constitución impolítica de la Monarquía Española inventada por la escoria de la nación durante la ausencia y cautividad de Fernando Séptimo y lleva fecha de 1821. Se trata de una tosca burla de la Constitución, realizada a base de ofrecer una redacción alternativa de sus principales artículos. Por ejemplo, en el artículo primero constitucional (“la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”) se cambia la palabra “españoles” por “facinerosos”; el tercero (“La soberanía reside esencialmente en la nación”) se redacta así: “La soberanía reside esencialmente en las logias, cafés, tertulias y algunas cabezas de revolución”; el séptimo (“Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución”) se trastoca por: “Todo español está obligado a ser amante de la anarquía”; el decimotercero (“El objeto del gobierno es la felicidad de la nación”) queda: “El objeto del gobierno es destruir la nación y llenarla de todo tipo de desastres” y como no podía faltar la alusión al rey y a la religión, se incluye esta disposición “constitucional”: “Los descamisados tendrán derecho de insultar al Rey y a las personas reales y a todos los que son adictos, como también a los ministros de la Religión”.

Otros textos, sin fecha pero probablemente de 1822, están dirigidos a ensalzar a la persona del monarca y a denigrar a Riego, símbolo de la defensa de la Constitución. En ninguno se olvida la crítica al texto constitucional, calificado como “escalón para la República” en uno de estos manuscritos, destinado, al parecer, a ser réplica de un artículo aparecido en el periódico liberal exaltado La Tercerola.

El grupo rector de las operaciones absolutistas no descuidó, por otra parte, el control de determinadas personas. Al efecto se formaron listas de “buenos” (realistas) y “malos” (constitucionales) para actuar llegado el momento, listas que asimismo se encuentran entre los “Papeles reservados de Fernando VII”. La mala calidad y distintos tamaños del papel en que figuran, el descuido en la presentación y en el lenguaje y la ausencia de firma delatan que no se trata de informes oficiales, sino de documentos elaborados en secreto y de forma apresurada para hacerlos llegar a manos del rey. Se refieren a empleados y militares de distintas partes de España, aunque se pone especial cuidado en identificar a los servidores de palacio y a los integrantes de los regimientos próximos a la persona del rey, como la Guardia Real (antigua Guardia de Corps), el cuerpo de Alabarderos y el ministerio de la Guerra. Por regla general, estos papeles -cuya finalidad debió de estar relacionada con la intentona contrarrevolucionaria de julio, que enseguida veremos- se limitan a consignar, tras el nombre de la persona, el calificativo de “buena” o “mala” y sólo en casos señalados se añadía un poco más, como en el del subsecretario del Ministerio de la Guerra y en 1823 jefe del Estado Mayor del ejército constitucional, Antonio Remón Zarco del Valle: “Hombre perjudicial… dispuesto siempre para lo malo”, “constitucional exaltadísimo”.

De acuerdo con estas listas, en el cuerpo de Guardias de Alabarderos no existían malos, mientras que en el de la Guardia Real se daba cierto equilibrio entre malos y buenos: 372 buenos, 244 malos y 46 sospechosos (no se indica la razón de este último calificativo). Buenos eran todos los destinados a la Mayordomía Mayor del rey, pero entre los servidores de las personas reales y los empleados en otras dependencias de palacio también había malos y sospechosos. Así, en la servidumbre del cuarto de la reina, que ascendía a 35 mujeres, siete eran malas, y en el cuarto de María Francisca de Asís, la esposa del infante Carlos María Isidro, que contaba con 20 sirvientas, seis son calificadas de malas. Proporción similar se registra entre los servidores del resto de la familia real, así como en la Tesorería y en la Contaduría de la Real Casa.

El dispositivo del que venimos dando cuenta pudiera dar la impresión de eficacia, pero no fue así. Contribuyó, sin duda, a desacreditar el régimen español ante Europa y a crear en el interior de España un clima de guerra civil cada vez más generalizado, pero no fue capaz de acabar por sí mismo con el sistema constitucional. Faltó coordinación y, sobre todo, claridad en las instrucciones y en el objetivo a cumplir, pues si bien todos los implicados deseaban acabar con la Constitución de 1812, no terminaban de concretar si había de llegar a continuación el absolutismo puro o un régimen constitucional moderado, al estilo del vigente en Francia. Las actuaciones de todos quedaron condicionadas, en general, por los conflictos e intereses particulares. Por lo demás, y como de costumbre, Fernando VII concedió o retiró su confianza de forma súbita, a tenor de las circunstancias, como muy a su pesar pudo comprobar el marqués de Mataflorida.

En tiempo de penurias económicas, “espanta el ver cómo falta dinero para todo, menos para conspirar”, dice uno de los personajes de Los Cien Mil Hijos de San Luis de Pérez Galdós (2003: 35). No parece que exagerara.

El complot del 7 de julio

EN distintas ocasiones pretendieron los realistas recurrir a la acción directa para derribar el régimen constitucional mediante un golpe de Estado. Entre los varios intentos al efecto, destacan, por su repercusión política, el descubierto a Matías Vinuesa en 1821 y el del 7 de julio del año siguiente. Ambos estuvieron concebidos de acuerdo con un mismo modelo. Una vez conseguida la connivencia de algún cuerpo militar, se pondrían en marcha dos acciones simultáneas: el rey convocaba a palacio a las principales autoridades constitucionales con poder ejecutivo, para mantenerlas bajo su control, y los realistas organizaban algaradas populares, que el monarca tomaría como excusa para declarar su vida en peligro, derogar la Constitución y asumir todos los poderes.

“La conspiración de Vinuesa”, como la denominan los historiadores, fue un proyecto un tanto descabellado, aunque lo que conocemos quizá sólo sea un esbozo de lo que se pretendía hacer, pues fue descubierta antes de dar el primer paso para su ejecución y probablemente todavía en fase preparatoria. Su eco en la opinión pública española y europea fue, sin embargo, considerable, debido al asesinato de Vinuesa mientras permanecía en prisión. Un grupo de agitadores asaltó la cárcel y le mató a martillazos. El suceso afectó a la credibilidad del régimen constitucional, tanto porque el gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de un reo sometido a procedimiento judicial, como por la crueldad del hecho. Mucho tuvo que ver, asimismo, la condición de clérigo de Vinuesa (había sido cura de Tamajón, un pequeño municipio de Guadalajara) y su proximidad al rey, pues en ese momento ejercía como capellán de palacio. La circunstancia de que a partir de su muerte algunos agitadores tomaran impunemente el martillo como símbolo de su capacidad para “contener a los absolutistas” alimentó la idea de la complicidad de las autoridades constitucionales con los asesinos.

El “Plan para conseguir nuestra libertad” -tal fue el título de los documentos hallados en poder de Vinuesa, tal vez en función de simple mensajero, pues era hombre de poca entidad- sólo debían conocerlo el rey, el infante don Carlos, el duque del Infantado y el marqués de Castelar, esto es, las personas que constituían el centro de la maquinaria contrarrevolucionaria. Consistía en arrestar a las principales autoridades del Estado, una vez convocadas a palacio por el rey, depurar a la guardia real de los elementos sospechosos y provocar a continuación una asonada popular en Madrid, con “vivas” a la religión, rey y patria y “mueras” a la Constitución. A continuación, se aboliría el régimen constitucional, se depuraría la administración, se detendría a los liberales notorios y a los más destacados se les ejecutaría. El plan preveía la aplicación inmediata, una vez consumado el cambio de régimen, de una serie de medidas políticas, todas de signo absolutista y con un marcado carácter represivo.

Interesa anotar el patente empeño de los autores de este proyecto en rehuir la participación del exterior. En los papeles incautados se lee: “además de los males que esto acarrearía a la nación, los defensores de la Constitución podrían hacer tales esfuerzos de desesperación que se frustrase el intento por medio de los extranjeros” (Miraflores, 1823: II, 207-211). La advertencia parece una prevención para evitar la implantación de un régimen de carta otorgada como en ese momento deseaban los franceses. Fernando VII coincidía plenamente en ello, pero no siguió con exactitud el consejo, tal vez porque tras el descubrimiento de la trama no confió en conseguir resultados positivos sin la ayuda exterior. Por su cuenta, y siempre a espaldas del gobierno y de las Cortes, emprendió gestiones a través del conde Bulgari, embajador ruso en Madrid, para convencer al zar de la perentoria necesidad de aplicar en España el método utilizado por Austria en Italia, es decir, la intervención de una fuerza armada extranjera.

El zar, que en otro tiempo se había dedicado a modernizar su imperio mediante una política reformista de cierto alcance, pasaba en estos últimos años de su vida (murió en 1825) por una etapa de misticismo religioso y creía hallar por doquier conspiraciones contra su vida y la religión urdidas por la masonería y el liberalismo. La coincidencia en sentimientos y obsesiones con Fernando VII era completa, pero Alejandro I no estaba dispuesto a entrar en conflicto con Francia e Inglaterra, contrarias en este momento a reproducir en España una actuación similar a la italiana. Así pues, en respuesta a las peticiones del rey de España, en mayo de 1821 se limitó a transmitirle por vía reservada a través del conde Nesselrode, su ministro de Asuntos Exteriores, un doble consejo: que solicitara la ayuda militar al rey de Francia, quien por razones de vecindad y de familia (defensa del honor de la Casa de Borbón) no suscitaría reticencias en otras cortes, y preparara al mismo tiempo una especie de golpe de Estado. Nesselrode indicaba de manera somera el procedimiento a seguir: de noche y tras rodearse de gente fiel, Fernando VII debía sustituir al gobierno, a las autoridades provinciales y a los principales jefes militares por personas seguras y proceder a continuación a derogar el sistema constitucional.

El plan guardaba ciertas similitudes con el descubierto a Vinuesa, de modo que Fernando lo rechazó, pero no sin justificarse ante el zar. El 21 de junio de 1821, por carta reservada, le confesó la imposibilidad de proceder a cualquier cambio de personas, debido a la estrecha vigilancia a que le tenían sometido los revolucionarios, e insistió en que la única forma de salvarle y evitar la destrucción de la monarquía española consistía en recibir “el poderoso auxilio de fuerza armada extranjera”. Con escaso tacto diplomático, Fernando declaró al zar que nada podía esperar de Francia e Inglaterra en este punto, pues ambas estaban sumamente interesadas en la continuidad del constitucionalismo en España, porque este régimen facilitaba su proyecto de apoderarse de las colonias americanas. Sólo era viable -reiteró- la mediación del zar ante las restantes potencias para lograr una intervención armada. La intervención podría realizarla Francia “mandando tropas suficientes a mi disposición'” (el matiz señalado por nosotros es importante) o la propia Rusia, cuyas tropas -dice el rey- “yo las prefiero a todas las de otras potencias por la seguridad que tengo en ellas” (Correspondencia secreta entre Fernando VII y el conde Bulgari, publicada por Pelosi [1977: 424-427]).

La desconfianza de Fernando VII en las fuerzas de la contrarrevolución interior para acabar con el constitucionalismo es patente. A estas alturas, influido tal vez por lo ocurrido en Nápoles y el Piamonte, todo lo cifró en la intervención militar exterior y como el recurso al zar no le reportó el resultado inmediato apetecido, a finales de 1821 abrió otro frente. En este caso no lo hizo directamente, sino a través de Antonio Vargas Laguna, experimentado diplomático que había sido embajador en Roma desde el reinado de Carlos IV hasta ser cesado por el gobierno liberal en 1820, debido a su negativa a seguir las formalidades prescritas en el acto de jura de la Constitución. Desde 1814 Vargas Laguna se había ganado la confianza de Fernando VII por la fidelidad en el cumplimiento de sus instrucciones para vigilar a Godoy y a los reyes Carlos IV y María Luisa mientras residieron en Roma, cometido en que demostró dotes de espía eficaz. Por lo demás, gracias a su larga trayectoria diplomática, conocía bien la curia romana y mantenía buenas relaciones con el rey Fernando IV de Nápoles y con María Luisa de Borbón, gran duquesa de Lucca, tío el primero y hermana de Fernando VII la segunda. En consecuencia, aliados seguros.

Vargas Laguna era, sin duda, un hombre apropiado para cualquier misión delicada y Fernando VII lo convirtió en uno de sus más tempranos y cualificados agentes en el exterior. En diciembre de 1821, en carta reservada -como siempre-, el Rey le pintó de la forma más trágica la situación política de España, sin olvidar recalcar el peligro que corría su vida y la de la real familia, y le encargó “se lo hagas saber a los Soberanos extranjeros, para que vengan a sacarme de la esclavitud en que me hallo y libertarme del peligro que me amenaza” (cit. por Villa Urrutia, 1943: 280-281). Vargas Laguna cumplió la tarea desde Roma con su diligencia habitual. Logró que el rey de Nápoles escribiera a los soberanos europeos instándoles a interesarse por la suerte del de España. Salvo el de Inglaterra, que no dio respuesta alguna, los demás prometieron tomar un acuerdo al respecto. El zar Alejandro, el que estaba más al corriente de los deseos de Fernando VII, no se limitó a las palabras y dio instrucciones a su embajador en París, Pozzo di Borgo, para que activara una resolución favorable en este sentido.

Con el respaldo de un ambiente propicio en Europa, Fernando VII prosiguió su actividad. Desde mayo de 1822 se comunicó con frecuencia (por escrito y verbalmente) con los representantes de las potencias de la Santa Alianza en Madrid, siempre en secreto, es decir, sin conocimiento de las autoridades constitucionales. En estas gestiones el rey mezcló, de forma un tanto confusa, la demanda de apoyo para las actividades contrarrevolucionarias (sobre todo dinero y armas dirigidos a la guerrilla realista) con la intervención directa de un ejército europeo para auxiliar a las fuerzas realistas en el derrocamiento del régimen constitucional.

Como cabía esperar, el contacto inicial del rey de España fue el embajador ruso, conde Bulgari. Rusia -ya se sabía- no estaba en condiciones en aquella coyuntura de adquirir un compromiso muy visible en los asuntos de España, pero mantenía excelentes relaciones con Francia y Bulgari podía ser un buen consejero y un preciado mediador para conseguir el concurso francés, el único viable, como había manifestado el zar a Fernando. En efecto, a comienzos de mayo de 1822, Bulgari aconsejó a Fernando VII tratar con el embajador de Francia en Madrid y para facilitar el apoyo de este país insinuó dos cuestiones sumamente espinosas: la reforma de la Constitución y la promesa de la cesión a Francia de una parte de América. Fernando VII estaba decidido a todo, de modo que no rechazó tajantemente el estudio de una posible reforma constitucional, a pesar de la repugnancia que le causaba, pero la entrega de territorios americanos había de tener gran incidencia en la opinión española. Como él mismo expuso en una de las notas secretas intercambiada en estos días con Ugarte y Martínez Salcedo, no se atrevió a tomar una decisión sobre el particular y respondió a Bulgari que ésa era “una cosa muy delicada”. Ambos convinieron en no plantearla “por ahora”. Lo que sí hizo Fernando fue tratar con La Garde. El 5 de mayo, resumió a Ugarte el contenido de su primera conversación con el francés en estos términos: “Me confesó (La Garde) al fin que sabía que las tropas francesas tenían orden de entrar y favorecernos, siempre que antes hubiera aquí un movimiento; pero me dijo que por ahora no veía que hubiera peligro inminente, ni que corriésemos riesgo; que era verdad que se podía hacer como Bona- parte en el Consejo de los quinientos…” (Ortiz de la Torre, 1934: 29).

Interesa reparar en la última frase, pues ofrece la clave de lo que vino a continuación. Alude al golpe de Estado perpetrado por Napoleón el 18 brumario (9 de noviembre de 1799). Su triunfo le permitió derrocar el régimen político vigente (el Directorio) y asumir la dirección del país en calidad de cónsul, emprendiendo el camino que habría de conducirlo al desempeño de un poder personal indiscutido. La redacción da a entender que la propuesta partió del rey, aunque el embajador coincidió de pleno en ella, pues casaba con los intereses de Francia. Como repetidas veces había insinuado el gobierno de ese país a distintos emisarios del absolutismo español, España debía intentar resolver la situación por sí misma y por cualquier medio, dado que la intervención militar directa causaba muchos problemas en Francia por la escasa confianza en la fidelidad de su propio ejército, la previsible reacción de Inglaterra y, por supuesto, el coste económico de una campaña militar presumiblemente larga y compleja. Así pues, las dos partes aplaudieron la idea de reproducir en España un 18 Brumario.

Para comprender el alcance de la alusión a este acontecimiento, merece la pena recordar los agentes que participaron en él: una persona que aglutinó las aspiraciones de la población de acabar con la “anarquía” de los revolucionario* (el victorioso general Bonaparte, “el salvador”), un sector significativo del ejército a su lado, el control de los representantes de la voluntad nacional (las dos asambleas, el Consejo de los Quinientos y el de Ancianos, fueron trasladados desde el centro de París a las afueras, a Saint-Cloud, para facilitar la vigilancia de los diputados y evitar la acción popular) y la complicidad de políticos (Sieyés), dispuestos a sustituir la Constitución vigente (la muy avanzada del año III) por otra conservadora (la que luego sería denominada del año VIII).

En España se disponía de la persona que aglutinaba el hastío del desorden político (el rey Fernando) y no se estimó muy difícil conseguir todo lo demás. Tal fue la tarea de los encargados de preparar el golpe.

En principio, quizá pudiera parecer que la mayor dificultad estribaba en hallar al Sieyés español, la persona dispuesta a reformar la Constitución. De ello se encargó el propio monarca, con la ayuda de las autoridades francesas. En una turbia operación política, todavía pendiente de esclarecimiento, Fernando VII recurrió a Martínez de la Rosa, jefe en ese momento del gobierno, formado por liberales moderados. Martínez de la Rosa, sin duda de buena fe, se avino a presentar al rey un proyecto de reforma de la Constitución, en el cual, al parecer, participó desde París, donde estaba exiliado, el conde de Toreno, otro prohombre del moderantismo (Miradores, 1834: II, 44). Según el general Fernando Fernández de Córdoba, hermano de uno de los oficiales implicados en este complot, “el rey y los ministros resolvieron, de común acuerdo, sustituirla (la Constitución de 1812) por otra que encerrara principios más conservadores y autoritarios, encargando su elaboración a Martínez de la Rosa, el cual secretamente la redactaba para imponerla al país un día por medio de un golpe de fuerza, si bien parece que el gobierno estaba resuelto a convocar después Cortes que la sancionaran” (Fernández de Córdoba, 1966: I, 21). El embajador de Francia en Madrid confirma estos extremos. En carta cifrada a su ministro de Exteriores, el 12 de julio, escribe: “Se sabe que los ministros y otros jefes del partido moderado han iniciado contactos con el rey, hasta el punto de hacerle las más satisfactorias proposiciones”, es decir, la reforma de la Constitución (AAEE, Corr. Pol. Esp., 716, f. 203).

En este momento no sólo preconizaban cambios en la Constitución los embajadores extranjeros, sino también no pocos españoles, que veían en esa vía la posibilidad de tranquilizar el ariscado ambiente político. Coincidían en ello el partido moderado y muchos ciudadanos sinceramente dispuestos a mantener el régimen constitucional, pero hastiados de los excesos revolucionarios y de la permanente crispación. Algunos de éstos no excluían, como refleja la cita anterior, el recurso a la fuerza para lograr tal objetivo, de ahí que varios de los implicados en el complot que nos ocupa participaran de esta opinión. Quienes en modo alguno estaban dispuestos a aceptar constitución de ninguna clase era el rey, el infante don Carlos y sus allegados de mayor confianza. Así pues, Fernando VII no tardó en rechazar el proyecto que le fue avanzando Martínez de la Rosa, por lo que no se verificó la esperada unión entre conspiradores y gobierno (o, si se quiere, entre el rey y el sector liberal moderado).

Como mantuvo el embajador La Garde en la carta citada, todo parece indicar que simultáneamente se desarrollaron dos “movimientos conspirativos” (el embajador utiliza estas palabras): uno protagonizado por un amplio número de moderados, encaminado a reformar la Constitución, y el otro “por los serviles, absolutistas ciegos”. El rey paralizó el primero, al rechazar el proyecto encargado a Martínez de la Rosa, y en el último momento todo quedó en manos de los segundos.

Estos últimos recurrieron al procedimiento esbozado en el plan de Vinuesa, aunque con importantes variantes y con dimensiones más amplias. En esta ocasión no se cifró todo en la capacidad de un grupo de conspiradores para provocar una algarada popular en Madrid que sirviera de excusa para derogar la Constitución. Ahora se intentó una alambicada combinación de fuerzas y actuaciones, no sólo en la capital, sino también en distintos puntos de España, que habían de culminar en un golpe de fuerza en el palacio real. El proyecto se concibió, sin duda alguna, en el entorno inmediato de Fernando VII, y de su ejecución se encargaron las “Confidencias", los agentes secretos y grupos formados ex profeso para actuaciones específicas, como el destinado a sublevar a la guardia real de palacio, organizado en la casa del oficial del cuerpo Ramón Zuloaga, conde de Torreaba (AGP, T. 22: 361).

La operación se desencadenó en mayo de 1822 con excesiva imprevisión y carencia de la adecuada dirección, quizá por la impaciencia de su impulsores. Los acontecimientos se agolparon. Un grupo de militares proclamó en Valencia al rey absoluto y pretendió colocar al frente de la capitanía general a Elío, declarado absolutista y entonces en prisión. En Castro del Río se sublevó una brigada de carabineros creyendo que el infante don Carlos se pondría a su frente y como algunos pensaron que era la señal para la sublevación general -la parte en todo esto de la “Confidencia” de Córdoba debió ser importante- en otros lugares de Andalucía y de Murcia se produjeron movimientos similares, que culminaron el 30 de mayo en Aranjuez. La población del Real Sitio, incrementada ex profeso, como en el motín de 1808, con vecinos de los pueblos próximos debidamente recompensados, aclamó al rey absoluto y provocó una algarada que no fue a más porque se empleó con dureza la Milicia Nacional. En esta situación de agitación absolutista por doquier, llegó la noticia de la toma de la Seo de Urgel el 21 de junio por las guerrillas absolutistas. El asunto revestía la mayor importancia para la contrarrevolución, pues por fin disponía de un enclave propio en el territorio de la monarquía desde el que impulsar su actividad política. Parecía que las condiciones generales eran favorables para terminar con el sistema constitucional y se procedió a dar el golpe final.

El primero de julio, de acuerdo con lo convenido en casa del conde de Torrealta, se sublevaron cuatro batallones de la Guardia Real. Parte de estas tropas se dirigió a El Pardo, adonde, según lo previsto, debía acudir el rey con su familia para librarse de la tutela de las autoridades constitucionales y actuar a sus anchas. Ese mismo día, Fernando VII nombró jefe de la Guardia Real al general Morillo, simpatizante de los moderados y en quien confiaba el monarca para cumplir sus planes. La rebelión de la Guardia provocó la reacción inmediata del Ayuntamiento de Madrid y de la Milicia Nacional, al tiempo que varios generales, entre ellos Riego, Álava y Ballesteros, se ofrecieron a reducir a los sublevados. La confusión fue notable. Se cruzaron órdenes y contraórdenes, Morillo anduvo de un sitio para otro sin tomar una decisión terminante y el rey no se atrevió a salir de Madrid o no lo consideró conveniente, e intentó -con exceso de precipitación- culminarlo todo desde palacio. En primer lugar, se rodeó de aristócratas y militares de su plena confianza (entre otros, estuvieron a su lado los generales Longa, Aymerich y Saint March, destacados absolutistas todos, el duque de Castro Terreño y los marqueses de Castelar, de Casa Sarriá y de las Amarillas), los cuales “aconsejaban al monarca según el hilo de sus deseos” (Bayo, 1842: II, 333). A continuación, convocó a palacio al gobierno y a las principales autoridades políticas y militares con el pretexto de buscar una solución. La intención de Fernando VII era clara. Como apuntan casi todos los historiadores, trataba de poner en práctica el plan de Vinuesa, es decir, retener a las autoridades constitucionales y, una vez cuajaran la sublevación militar y las algaradas populares, declarar extinto el régimen constitucional.

Basado en una interpretación estricta de la Constitución, el gobierno presidido por Martínez de la Rosa se consideró obligado a atender el llamamiento del rey. Cuando los ministros llegaron a palacio, el monarca los mantuvo encerrados en una dependencia sin permitir su salida, por lo cual quedaron anulados durante esta crisis. El resto de autoridades convocadas no acudió, pero Fernando VII, rodeado de las mencionadas personas de su confianza, se sintió seguro. El ambiente de palacio no podía ser más alentador. Según cuenta Bayo, al parecer cargando las tintas, “los sublevados llenaban las galerías y los corredores; los criados de la servidumbre les distribuían oro a manos llenas, botellas de vino y paquetes de cigarros habanos; y las damas y mozas de retrete dispensábanles mil finezas para inflamar sus almas” (Bayo, 1842: II, 327).

Tal vez para evitar problemas diplomáticos, el rey quiso dotar al trance de apariencia de legalidad y siguió el mandato constitucional que le obligaba a consultar al Consejo de Estado en los asuntos graves. Mediante notas manuscritas enviadas sin el aval del gobierno, como era preceptivo, recabó del Consejo varios dictámenes. I d uno pidió el perdón de los militares sublevados de El Pardo, aduciendo que habían actuado en defensa de la persona del rey, puesta en peligro por los revolucionarios y, en especial, por Riego, a quien acusaba de haber llegado a Madrid sin su permiso (Riego había acudido a la capital para ocupar su escaño de diputado en las Cortes, pero el rey argumentaba que por ser militar era necesaria la venia real). No se podía dar a entender más claramente que el rey estaba en connivencia con los sublevados. Como el ambiente era propicio, el monarca fue aún más lejos y planteó al Consejo la siguiente cuestión: dado que su vida corría peligro, quedaba inoperante la Constitución, que declaraba a la persona del rey “sagrada e inviolable”, y en consecuencia debía entrar de nuevo en la plenitud de las facultades de que disponía antes de jurar la Constitución en 1820. Lisa y llanamente, el rey pretendía que el Consejo avalara el golpe de Estado. El Consejo de Estado respondió reafirmando su carácter constitucional y aconsejando al rey que tomara las providencias oportunas para resolver de manera digna la situación.

En la madrugada del 7 de julio, las tropas sublevadas acantonadas en El Pardo marcharon sobre Madrid para ejecutar el plan insurreccional y comenzó una dura batalla que se prolongó durante toda la jornada, principalmente en los alrededores de la plaza Mayor. Allí se oyeron, entre otros, gritos de “No pasarán”, apunta Gil Novales. Con toda claridad vencieron los constitucionales: ciudadanos armados por el Ayuntamiento, la Milicia Nacional y un cuerpo militar creado para la ocasión, “El Batallón Sagrado”, mandado por el coronel Evaristo San Miguel.

Al conocerse la derrota de los sublevados, la consternación en el palacio real fue indecible, pero Fernando VII reaccionó como en él era habitual y tildó de incapaz al gobierno por no haber sabido controlar la situación. Cuenta el marqués de las Amarillas que en la mañana del día 7, el rey llamó a los ministros y al jefe político de Madrid, Martínez de San Martín (a todos ellos los había mantenido incomunicados en palacio) y les recriminó que “qué era aquel desorden, que por qué no hacían cesar aquello”. Los interpelados respondieron que nada habían hecho por haber estado “presos” del monarca. Por el contrario, otra fue la actitud del rey hacia los militares sublevados. Una vez derrotados, recibió en su cuarto a varios de los oficiales, que habían acudido a despedirse del rey y de su familia (Girón, 1979: 228).

Todos los datos confirman la responsabilidad directa del monarca en este fracasado golpe de Estado, cuyas consecuencias en la vida política española fueron de suma gravedad, pero, por el momento y en apariencia, el rey salió airoso del trance. Según el expediente sobre los hechos formado enseguida por el Ministerio de Gracia y Justicia, Fernando VII no había podido actuar con libertad porque estuvo rodeado en palacio de tropa sublevada y de “pérfidos consejeros”. El Ministerio se limitó a aconsejar al monarca que en lo sucesivo se guiara por el criterio del Consejo de Estado y del gobierno y alejara de su servicio a determinadas personas sospechosas (Puyol, 1929: 160-163). Ésta fue la explicación oficial de los hechos y en esta dirección transcurrió en los meses sucesivos la averiguación judicial de las responsabilidades. Con enorme confusión y en medio de diatribas interminables entre facciones políticas, se emprendió una causa judicial que únicamente dio como resultado la condena de algunos militares sublevados y la distribución de sospechas en muchas direcciones (se señaló a Martínez de la Rosa y al general Morillo, entre otros), pero el monarca y los miembros de su familia quedaron al margen de toda incriminación. Sin embargo, no todos creyeron la versión oficial y aunque quizá carecieran de datos precisos, muchos albergaron todo tipo de dudas sobre la responsabilidad directa del rey. Los que sí disponían de datos fehacientes en este sentido fueron algunos implicados a su vez en la maniobra, como el marqués de las Amarillas y el embajador francés La Garde.

Amarillas, cuyo testimonio no puede soslayarse por ser testigo directo de todo, deja escaso margen a la duda en sus Recuerdos. En una ocasión afirma que los sublevados actuaron “según creo, de órdenes del Rey y por la agencia de la Infanta doña Francisca (la esposa del infante don Carlos), que fue el móvil inmediato de todo”. Luego, es más tajante: “El rey fue el alma y el móvil primero de la insurrección”, idea que repite más adelante (Girón, 1979:210 ¿I 1,214 y 228). El embajador La Garde, por su parte, muestra en sus informes cifrados al ministro de Exteriores francés el mismo convencimiento, con mayor rotundidad si cabe. Antes del desenlace del suceso, el 4 de julio, escribía: “El rey está completamente comprometido y es el que ordena las cosas”, añadiendo que Morillo esperaba órdenes concretas del monarca para mover a la guardia. Además -dice en el mismo informe- el rey le pidió al propio La Garde que actuara de intermediario para mover al gobierno a sumarse a la operación, asunto en el que confiesa fracasó, pues aunque tocó muchas cuerdas, “no saqué de ninguna el sonido deseado” (AAEE, Corr. Pol. Esp.: 716, ff. 168-173). La escasa disposición del gobierno a secundar la acción fue la causa, según escribe La Garde una vez pasados los sucesos, del encierro de los ministros en las dependencias de palacio y del mal trato recibido por parte de los servidores, quienes además de insultarlos, les negaron alimentos durante cuarenta y ocho horas e incluso un vaso de agua al propio Martínez de la Rosa. La Garde, por añadidura, se hace eco de un rumor, según el cual los militares sublevados hechos prisioneros guardaban un papel con las órdenes del rey para aducirlas en su justificación (Ibíd., ff. 203-207).

La hipocresía, en todo este asunto, no fue exclusiva de Fernando VII También La Garde hace uso de ella en las comunicaciones con sus superiores, con lo cual proporciona otro dato para apuntalar la responsabilidad del monarca español. En un informe del 8 de julio, apunta el embajador que los soldados sublevados habían recibido “mucho dinero”. No hace la menor alusión a la procedencia de estos fondos, pero poco después, el 26 del mismo mes, envía al ministro de Exteriores un recibo firmado por Fernando VII con el ruego de que lo guarde con el mayor secreto porque, dice La Garde, “le compromete”. El texto del recibo era así de escueto: “Recibido del ministro de Francia conde de La Garde un millón y quinientos mil reales. Fernando” (Ibíd., f. 298).

Los sucesos del 7 de julio marcaron un tiempo de agudización extremista, quizá más acusada en el bando constitucional. El histórico enfrentamiento entre el sector moderado y el exaltado llegó a extremos inusitados -como se verá más adelante- y se generalizó la represión de los absolutistas. Por otra parte, quedó patente la incapacidad del realismo para derribar por sí solo el sistema constitucional, pues aunque el movimiento insurreccional no sólo se había producido en Madrid (en distintos puntos de España tuvieron lugar sublevaciones similares) todas se saldaron con el fracaso. Fernando VII fue el primero en tomar conciencia de ello y a partir de ahora puso todo su empeño en conseguir la ayuda de una fuerza militar internacional, que en buena medida se vio facilitada por todo lo sucedido, pues los embajadores extranjeros enviaron el mismo día 7 una nota al gobierno español, en la que “de la manera más formal” le advertían de que “de la conducta que se observe respecto de S. M. C. van a depender las relaciones de España con la Europa entera”, y que “el más leve ultraje a la majestad real sumergirá a la Península en un abismo de calamidades”. Desde este punto de vista, el complot del 7 de julio dio los resultados apetecidos, aunque no de forma inmediata.

La citada nota de los embajadores deja al descubierto otra consecuencia del 7 de julio: la idea de que Fernando VII quedaba prisionero de los exaltados y que su vida (y la de la real familia) no estaban libres de riesgo. Esta impresión, convertida en tesis fundamental de la propaganda absolutista, fue alimentada por la decisión de las autoridades constitucionales de impedir cualquier salida del rey fuera de Madrid, ni siquiera a los Sitios Reales (Aranjuez, El Escorial, La Granja) donde tradicionalmente pasaban temporadas los monarcas de la Casa de Borbón. Los liberales tenían constancia de que en otras ocasiones el rey había aprovechado su estancia en los Reales Sitios para contactar con los contrarrevolucionarios y al mismo tiempo temían que éstos intentaran algún golpe de mano para apoderarse de la persona del rey aprovechando sus movimientos.

Tales suposiciones no eran meras elucubraciones, pues antes del 7 de julio se habían elaborado algunos planes en este sentido. Los menciona el propio Fernando VII en sus notas secretas a Ugarte y Salcedo. En una ocasión alude a una operación concertada con el general Eguía, consistente en apoderarse de la familia real cuando estuviera en La Granja o El Escorial y trasladarla a una plaza fuerte del norte (el rey menciona Santoña o Pamplona), previamente tomada por las fuerzas realistas. De similar factura fue otro proyecto que según el rey estuvo a cargo del jefe guerrillero Longa y, por su parte, el marqués de Mataflorida elaboró su propio plan: en una acción simultánea, él entraría por el norte al mando de tropas absolutistas y Merino atacaría con las suyas Madrid (AGP, T. 22). Todo quedó en nebulosa y, por supuesto, nada se llegó a ejecutar, pero las autoridades constitucionales eran conscientes de los riesgos en este sentido. Por esta razón, en agosto de 1822 se negaron a permitir la salida de Madrid del rey, lo cual provocó un serio encontronazo -otro más- entre el monarca y el gobierno.

A principios de ese mes, la familia real pensó trasladarse primero a El Escorial y luego a La Granja. El día 7, el Ayuntamiento de Madrid solicitó del monarca la suspensión del viaje, alegando que si se realizaba, cabía esperar tumultos importantes, pues sólo la noticia había causado considerable alarma entre la población. En su propósito de enredar al máximo a las instituciones sin reparar en la índole del asunto, Fernando VII pidió un dictamen del Consejo de Estado. Éste se pronunció a favor de la sugerencia del Ayuntamiento y el viaje fue suspendido. Lejos, sin embargo, de acatar la decisión de tan alto órgano constitucional, el monarca recurrió a sus habituales arterías y presentó un informe de varios facultativos, donde se declaraba que la reina padecía “melancolía nerviosa” que le provocaba movimientos convulsivos y se aconsejaba un cambio de aires y de forma de vida. Sospechosamente, los médicos apuntaban de forma expresa la conveniencia de su traslado a algún lugar como La Granja.

La maniobra era evidente, pero no paró en lo dicho. Como la reina Josefa Amalia era hija del elector Maximiliano de Sajonia, Fernando VII movilizó al encargado de negocios de ese Estado en Madrid. En una nota arrogante, éste pidió explicaciones formales sobre la prohibición del viaje de la familia real al ministro de Estado, Evaristo San Miguel, quien respondió en el mismo tono, dando lugar a un intercambio de papeles, plagados de reproches mutuos y de graves observaciones sobre los usos diplomáticos, que se prolongó hasta octubre de 1822.

Los soberanos de toda Europa discutían por estas fechas en Verona la suerte de España, de modo que la iniciativa de Fernando VII, basada en asunto de importancia menor en apariencia, contenía una notable carga de profundidad.

Antes el zar que el rey de Francia

LA activa participación del embajador francés en la intentona del 7 de julio no fue casual ni resultado de su iniciativa particular, sino una actuación planificada en varias instancias. Era producto del común interés de Francia y de las potencias fundadoras de la Santa Alianza por activar el cambio político en España, del deseo -en este caso exclusivo de Francia- por extender su sistema de Carta Otorgada a una monarquía cuyo trono ocupaba un miembro de la Casa de Borbón y de presiones concretas ejercidas por el embajador ruso sobre Fernando VII.

Todo esto no acababa de cuadrar con la idea de este último, quien siempre había pensado en el zar como coordinador de la actuación exterior en su auxilio. Por este motivo le había pedido sin rodeos el envío de un ejército ruso a la Península, como vimos. Pero la situación internacional dificultó la intervención directa de Rusia y propició que todo quedara bajo el control de Francia.

Al iniciarse los años veinte, España no preocupaba tanto a Alejandro I como el Mediterráneo oriental, donde griegos y príncipes de los territorios del Danubio se habían rebelado contra el imperio turco. Rusia pretendía aprovechar estas convulsiones para obtener alguna ganancia territorial en la zona, lo cual hubiera reportado un clamoroso éxito a su ejército y solventado algunos problemas internos. Ahora bien, en caso de que tal cosa no fuera factible, cabía, como compensación, intervenir en España, y de ahí el empeño del zar por dejar alguna puerta abierta. De todos modos, por el momento la participación directa de tropas rusas en España no parecía posible. Suscitaría la reacción de Inglaterra, reacia a permitir la actuación militar rusa tanto en el Mediterráneo oriental como en España. Además, todavía estaba muy vivo el recuerdo de la presencia de tropas rusas en París tras la derrota de Napoleón y en modo alguno toleraría el gobierno de Francia la reproducción de un hecho similar, aunque el ejército ruso fuera ahora su aliado. Así pues, para evitar suspicacias, por razones dinásticas y quizá, también, por carecer de fondos económicos para organizar un ejército como lo exigía la ocasión, el zar dio a entender a Fernando VII que cualquier intervención exterior a su favor correspondía a Luis XVIII, su vecino y miembro de la misma casa real.

El fracaso del 7 de julio revalidó esta vía. Dejó patente la incapacidad del realismo español para acabar por sí mismo con el régimen constitucional y la necesidad del concurso de Francia. Sin embargo, el paso de las palabras a los hechos no era evidente. Luis XVIII y su gobierno buscaron algunas garantías, porque -insistimos- ni se fiaban de la persona de Fernando VII, ni les merecían mucho crédito los personajes que en su nombre se movían por despachos y conciliábulos en Francia en busca de ayuda. El 28 de junio de 1822, Luis XVIII aseguró a Fernando VII, en carta personal, que su situación le inspiraba un “doloroso interés”. Las palabras del jefe de la Casa de Borbón eran alentadoras, pero su gobierno enseguida enfrió los ánimos. La intervención de Francia se haría bajo determinadas condiciones, que en distintas ocasiones expuso el embajador La Garde a Fernando VII verbalmente y por escrito. Pero donde están expresadas de forma más contundente y con una gran claridad es en un papel, sin fecha, que La Garde hizo llegar a manos del rey a través del nuncio en Madrid, activo intermediario para cuanto estuviera relacionado con el fin del constitucionalismo. Era el recurso habitual del embajador francés para evitar suspicacias en otras delegaciones diplomáticas y en el gobierno español.

En el mentado papel se declaraba que el ejército francés destinado al cordón sanitario en los Pirineos “está dispuesto a proteger y apoyar todos los esfuerzos que hagan los realistas para ejecutar planes razonables y moderados”. La última palabra no debió de complacer a Fernando VII y menos aún lo que iba a continuación: “La Francia no se prestará jamás al restablecimiento del sistema pasado y la Monarquía absoluta, El sistema actual de su gobierno la pone en la decisiva imposibilidad de favorecer cualquier régimen absoluto”. Francia prometía mediar para que “en el próximo congreso de Soberanos en Italia” (el de Verona) se trataran los asuntos de España, pero advertía: “en cualquier caso serán las tropas francesas las que entren en España”. El mensaje contenía asimismo una indicación de orden personal que debió molestar considerablemente a Fernando VII: “sobre todo se exige que no haya intervención de ninguna especie de camarilla y ninguna de Ugarte” (Ortiz de la Torre, 1934: 133-134).

Fernando VII debió de recibir el mensaje como auténtico jarro de agua fría. Francia le obligaba a renunciar a su máxima aspiración: volver a ser rey absoluto, juzgaba negativamente su manera de proceder y objetaba a sus más íntimos, sobre todo a Ugarte. Los historiadores que minusvaloran la actuación de este personaje y niegan la importancia de la “camarilla” deberían tener en cuenta este veto francés al urdidor de todas las conspiraciones e inspirador asimismo, quizá, de la salida intentada ahora por el tozudo Fernando, que no fue otra que recurrir de nuevo al zar.

El 10 de agosto de 1822, el rey de España escribió una extensa carta a Alejandro I. En el primer párrafo deja clara su intención de convertir esta misiva en una especie de descalificación general de la postura francesa, que el zar ya conocía -afirma el rey- “por el conducto de la persona fiel y de toda mi confianza, don Antonio Ugarte”. El respaldo de la persona cuestionada por los franceses no puede ser más patente. A continuación, el rey justifica su proceder durante la etapa anterior y lanza un ataque en toda regla al sistema constitucional.

La Constitución de Cádiz y la revolución de 1820 -dice el rey- fueron “obra de las maquinaciones de los que deseaban separar las Américas de la Metrópoli” y su fin consiste en “concluir con todos los Tronos y el Altar”. Tras esta sentencia, que debía agradar sobremanera a Alejandro I, Fernando VII se ocupa de sí mismo. Frente a las acusaciones de que ha procedido como “el hombre más cruel y más tirano del mundo"» afirma con toda rotundidad: “No hay un solo ejemplar de que yo haya abusado del poder que la Divina Providencia me tiene confiado”. Es más, su conducta se ha basado siempre en su “compasivo y clemente corazón” y cita, como ejemplo, su decisión de perdonar la vida al Cojo de Málaga, “uno de los principales revolucionarios”, condenado a muerte por la justicia. Como de costumbre, Fernando VII miente, pues fue él quien exigió la pena de muerte para Pablo López, aunque tuvo que amnistiarlo debido a la fuerte presión del embajador de Inglaterra. Pero la exageración dolosa no queda en esto. Si no hubiera sido “demasiado compasivo con los delincuentes”, dice a continuación, “no me vería ahora expuesto a perder la vida por las manos de aquellos revolucionarios a quienes yo se la perdoné en otro tiempo”, es decir, de los liberales que dejó con vida en 1814. Con todo, declara que no desea volver a reinar “bajo el régimen que llaman absoluto”, sino que está dispuesto a “introducir en mi reino variaciones”, tal como -afirma expresamente- se lo ha pedido el rey de Francia. Y anuncia en qué han de consistir las “variaciones”: el restablecimiento de las Cortes por estamentos.

Los cambios, la moderación que le había pedido el rey de Francia quedaban reducidos a esto. Y aun así, Fernando VII precisa al zar que se decide a dar ese paso para complacer a las cortes europeas, incluida la rusa: “Hasta que he visto que Vuestra Majestad Imperial estaba comprendido en esta opinión me he resistido a dar mi consentimiento a cuantas formas de gobierno se me han indicado, ya de Cámaras de Francia o ya de otro modo”. Hecha esta aproximación personal al zar, Fernando da el último paso: “…yo me pongo en las manos de Vuestra Majestad Imperial dándole todas mis facultades para que tanto en el Congreso de Soberanos, que pronto debe reunirse, como en cualquier otra parte, presente V. M. I. mis derechos y acciones defendiéndolos en toda su integridad… yo aprobaré y ratificaré cuanto V. M. I. haga en mi nombre, luego que me halle en plena libertad de poder hacerlo.” (AHN, Estado, 2579; Ortiz de la Torre, 1934: 135-138).

Enteramente en manos del zar ponía Fernando VII los intereses de la monarquía española que él decía defender y encarnar. Muy claro lo dejó en la carta citada y así lo comunicó acto seguido a sus partidarios. Como vimos, en septiembre de ese mismo año escribió a Eguía “que nada se hiciera sin contar con el zar”. La voluntad real era clara, pero muy difícil ponerla en práctica pues, como venimos insistiendo, el estado de las relaciones diplomáticas en Europa no permitía al autócrata ruso una actuación que traspasara el ámbito de las negociaciones de gabinete. Las acciones concretas para vencer a los constitucionales en España sólo las podía ejecutar Francia y esto creó un serio problema en las filas del realismo español, pues aparte de la rivalidad histórica entre países vecinos, existían las divergencias políticas. Fernando y sus más próximos suspiraban por implantar el absolutismo en contra de los deseos de Francia, pero no había más remedio que acoplarse a la situación y contar con este país, tanto porque así lo determinaban las monarquías legitimistas europeas, como porque sólo Francia podía apoyar con armas y dinero la insurgencia realista. Así pues, Fernando VII y sus partidarios se vieron obligados a embarcarse en una empresa un tanto desconcertante: con la mirada puesta en Rusia, había que ganarse a Francia, pero procurando no perder la iniciativa para, cuando llegara el momento -dicho con las palabras del rey: una vez se hallara libre-, evitar cualquier veleidad constitucional y establecer el absolutismo. En suma, el concurso de Francia era imprescindible, pero había que conducir los asuntos de tal manera que los efectos de su influencia política no alteraran lo sustancial.

El Congreso de Verona

EL 20 de octubre de 1822 comenzó oficialmente sus sesiones el Congreso de Verona. Allí estaban en persona, rodeados de una numerosa corte de ministros, embajadores, nobles, militares y servidumbre, los emperadores de Rusia y Austria, los reyes de Prusia, Nápoles y Cerdeña, el gran duque de Toscana y la duquesa de Parma, M.ª Luisa de Austria, viuda de Napoleón. De los grandes, sólo faltaron los soberanos de Inglaterra y Francia. En nombre del inglés actuaron el duque de Wellington y lord Londonderry y en el de Luis XVIII su ministro de Asuntos Exteriores, vizconde de Montmorency, y su embajador en Londres, Chateaubriand, quien en el trascurso del congreso sustituyó al anterior en el ministerio y terminó encabezando la representación francesa.

No hubo delegación del gobierno español, de modo que éste sólo tuvo noticia de lo tratado a través de la prensa y de los informes transmitidos por los embajadores españoles destacados en las principales cortes europeas. Así pues, todo llegó a España de forma indirecta, imprecisa y filtrada de acuerdo con los intereses de los distintos gobiernos europeos. La Regencia de Urgel, por el contrario, mandó como observador al conde de España, quien llegó a Verona con cierto disimulo, bajo el supuesto nombre de vizconde de Couserans y pasaporte francés. Este hombre había nacido en Francia, en el seno de una familia aristocrática que luchó contra la Revolución francesa y emigró finalmente a España. Tomó parte activa en la Guerra de la Independencia a las órdenes, entre otros, de Wellington, y luego recibió de Fernando VII el título de conde de España y los máximos grados militares (en 1815 ascendió a teniente general). Muerto Fernando VII, luchó en el bando carlista.

A Carlos de España le auxilió Antonio Vargas Laguna, quien siguió de cerca el congreso desde la ciudad italiana de Lucca, donde gobernaba M.ª Luisa de Borbón, hermana de Fernando VII. Ambos hicieron cuanto estuvo en su mano para propiciar la intervención de un ejército europeo. Pero ni fue necesario su concurso, ni se hizo notar su influencia. El ministro francés Montmorency había llegado con la firme intención de forzar un acuerdo para acabar con el régimen constitucional español y, como se ha visto, el zar Alejandro I no precisaba de ningún impulso para poner de su parte lo necesario para conseguir este fin.

No era el caso de España el único y ni siquiera el más importante de los temas programados para este encuentro de soberanos. En la relación de asuntos a tratar figuraban, en efecto, “los peligros de la revolución de España con relación a Europa” (recuérdense las gestiones del rey de Nápoles, a instancias de Vargas Laguna, para introducir este punto en la agenda del congreso), pero la reunión había sido convocada para hablar, sobre todo, de la trata de negros y la piratería en los mares de América, de las discordias entre Rusia y el Imperio Turco, de la rebelión de los griegos contra este último, de la situación creada por la presencia de tropas austríacas en Nápoles y el Piamonte tras sofocar la revolución liberal y de la navegación en el Rhin. En realidad poco se avanzó en este vasto programa, debido a la maraña de intereses confrontados y a las diferencias respecto a casi todo entre Inglaterra y las monarquías continentales.

Con la pretensión de debilitar en lo posible a los turcos y conseguir una salida directa al Mediterráneo, Rusia había apoyado en distintos momentos a los griegos y a los príncipes danubianos revoltosos, pero Inglaterra se mantuvo firme en la salvaguarda de la integridad del imperio turco. Francia, de acuerdo con Rusia, pretendía contrarrestar el poder británico y evitar su influencia en aquel territorio. Austria siempre trató de impedir que Francia recuperara su antigua pujanza en el continente, sobre todo en el orden militar. Prusia y Francia mantenían un contencioso casi permanente con motivo del control de la navegación por el Rhin, el río que marcaba la frontera entre ambos. Varios reinos italianos recelaban de la presencia de Austria en la península Itálica, en tanto que Francia e Inglaterra no dejaron nunca de mirarse con desconfianza, no sólo a propósito de los asuntos europeos, sino también por sus particulares intereses coloniales. Con estos presupuestos, las conclusiones o acuerdos del congreso no podían llegar al meollo de los problemas, de modo que unos asuntos se pospusieron a reuniones ulteriores y otros casi no se abordaron. En el caso de Turquía no se pasó de una declaración en su apoyo y en cuanto a la presencia de tropas austríacas en la península Itálica, sólo se acordó la evacuación de las existentes en el Piamonte.

A juzgar por sus efectos prácticos, el tema español fue, contra todo pronóstico, de los más relevantes en este encuentro; lo fue no por lo que oficialmente salió de él -nada que no se sospechara- sino por lo que se mantuvo en secreto. Como era previsible, se condenó la revolución española y la única novedad aparente fue el acuerdo relativo a la presentación por los embajadores de las potencias de la Santa Alianza de las ya
comentadas notas al gobierno español instándole a modificar el régimen político y a dejar plena libertad de movimientos a Fernando VII. Realmente, esta resolución era gravísima, pues dejaba al descubierto el propósito intervencionista de las monarquías legitimistas europeas en los asuntos internos de una nación soberana, pero como todo esto ya se vislumbraba, no llamó en exceso la atención. Además, Inglaterra declaró públicamente su oposición a esta iniciativa y las espadas se mantuvieron en alto, en el mismo estado que antes de reunirse el congreso. Muchos en España creyeron que las potencias de la Santa Alianza no habían conseguido la necesaria unión para acordar la intervención armada y confiaron en que, en el peor de los casos, se pudiera contar con el apoyo de Inglaterra.

En realidad, tanto la pretendida desunión de la Santa Alianza, como el hipotético apoyo de Inglaterra a España, no eran más que quimeras. Lo importante del Congreso de Verona, que aquí no se supo, fue el compromiso adquirido el 22 de noviembre por Francia y las tres potencias fundadoras de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) de disponer los medios para cambiar el régimen político español y auxiliar a Francia en caso de guerra contra España. En el capítulo anterior se ha dado cuenta de este acuerdo, que podemos considerar como el banderazo de salida para la intervención militar de los Cien Mil Hijos de San Luis. Detengámonos ahora en la actitud de Inglaterra y en las razones de Francia para asumir por sí misma la intervención, pues fueron los hechos fundamentales que marcaron la suerte de España.

El duque de Wellington, plenipotenciario británico, era bien conocido por españoles y europeos, pues durante la Guerra de la Independencia actuó como general en jefe de las tropas aliadas hispano-británicas y luego mandó el ejército que venció a Napoleón en Waterloo. A Verona llegó aureolado de indudable prestigio popular y muy bien visto por las Cortes europeas a causa de sus ideas inequívocamente conservadoras. Los realistas españoles, por su parte, tenían la mejor opinión de él, debido a su colaboración en el restablecimiento de Fernando VII como rey absoluto en 1814 y a su conocida aversión a la Constitución de 1812.

Así pues, Wellington no suscitaba el menor recelo, a pesar de que entre sus íntimos nunca había mostrado gran aprecio hacia la persona de Fernando VII. En 1821 escribió a su amigo el general español Álava, liberal, que el rey de España, su familia y su corte eran “unos castrados -geldings-, en todos los sentidos de la palabra” (Fuentes, 1989: 415), pero esta tajante opinión no sobrepasó el ámbito privado.

Wellington llegó a Verona con instrucciones precisas de mantener la política británica de no intervención directa en los asuntos internos de otros países. El gobierno británico, entonces en manos de los conservadores (tories), le había encomendado velar por la seguridad de la persona y la familia del rey de España, pero sin admitir resolución alguna de carácter intervencionista. En realidad, la situación política de España no preocupaba gran cosa a lord Liverpool, primer ministro británico, ni a Canning, el titular de Asuntos Exteriores. Lo importante para ellos consistía en evitar que las potencias de la Santa Alianza marcaran la línea de la política internacional y, por otra parte, no deseaban problemas con la opinión pública británica, pues en los medios liberales y en los grupos disidentes eran patentes las simpatías por el régimen constitucional español. Wellington, al igual que el rey Jorge IV y los políticos más conservadores, no ocultó en privado su deseo de que las potencias continentales acabaran, mediante intervención diplomática o militar, con el régimen español, pero antepuso los intereses británicos y mantuvo hasta el final una postura formal no intervencionista (Azcárate, 1960: 236).

A todas luces, Inglaterra prefería un gobierno liberal débil en España, precisado de la ayuda externa -que sólo podría proceder de Inglaterra- antes que un sistema de otro tipo apoyado por Francia y las restantes potencias de la Santa Alianza (Fuentes, 1989: 430-431). Sobre la debilidad de España no cabía duda, a tenor de los informes de la embajada británica en Madrid. El país estaba sumido en la más completa decadencia -escribió el embajador William A’Court a Canning en este mes de octubre de 1822-, su comercio arruinado, su agricultura abandonada, las colonias perdidas y la población desmoralizada y sin energías. Así pues, el procedimiento a seguir por Inglaterra era claro. En Madrid habría que fingir cierta indiferencia ante las pretensiones intervencionistas de Francia para conseguir del gobierno español las ventajas pretendidas por Inglaterra, fundamentalmente el reconocimiento por parte de España de la independencia de sus colonias americanas y la firma de un acuerdo de comercio con Inglaterra. En Verona había que mantener con firmeza el rechazo de la intervención francesa para dar la impresión de que Inglaterra era la única potencia capaz de mediar entre España y la Santa Alianza y de esta forma facilitar la obtención de concesiones por parte de España. El sistema, apunta Juan Francisco Fuentes, era hábil, pero adoleció de dos vicios: España no estaba en condiciones materiales ni políticas, sobre todo en lo relativo a América, de satisfacer las exigencias de Inglaterra y ésta tampoco pudo cumplir su objetivo mediador.

A pesar de las formalidades anti intervencionistas, Wellington mantuvo en Verona una actitud dubitativa, nunca clara, que finalmente favoreció a Francia. Frente a la ambigüedad británica (o, si se quiere, el doble juego consistente en rechazar formalmente la intervención y no hacer nada por evitarla), Francia dedicó todas sus energías a salvar el prestigio de la Casa de Borbón y recuperar la influencia internacional perdida tras la derrota de Napoleón. Ambos objetivos eran irrebatibles para el gobierno y para sus representantes en Verona, aunque unos y otros tampoco estuvieron libres de dudas. Para Francia era evidente que sólo ella debía marcar la pauta en el “affaire espagnol” y si tenía lugar una intervención militar, correría a su cargo, sin el concurso de las otras potencias. Pero sobre la oportunidad de la intervención no existía unanimidad, ni en la Corte, ni en el gobierno, ni en la opinión pública del país. Luis XVIII era poco favorable a la intervención, pero su hermano, el futuro Carlos X, no ocultó su deseo de que se llevara a cabo. El jefe del gobierno, el ultrarrealista conde de Villèle, no la deseaba, pues no confiaba plenamente en su ejército y tampoco era partidario de incurrir en gastos extraordinarios imprevistos. Todo lo cifró en la capacidad del movimiento contrarrevolucionario español para derrocar por sí mismo el sistema liberal, con la pertinente y discreta ayuda francesa. Por el contrario, el ministro de Exteriores, el vizconde de Montmorency, hombre religioso hasta el fanatismo y perfecto cortesano, era partidario tic acabar cuanto antes con la revolución en España y llegó a Verona con el propósito de recabar el concurso de las otras potencias para materializar la intervención de inmediato.

El patente enfrentamiento entre Villèle y Montmorency se resolvió en el transcurso del congreso con la sustitución del segundo en el ministerio de Exteriores por el vizconde de Chateaubriand. Este era contrario en principio a la intervención, pero a su llegada a Verona no tardó en cambiar de opinión y se convirtió en el más apasionado partidario del envío de un ejército francés a España. Antes incluso de acceder al ministerio, el 31 de octubre de 1822, cuando el congreso aún no había tomado una decisión sobre el caso español, Chateaubriand expuso a Villèle sus razones. La intervención constituía la ocasión para “volver a colocar la Francia en la categoría de las potencias militares y restablecer la escarapela blanca en una guerra de corta duración, casi sin peligros”, porque contaría con el apoyo de las monarquías continentales. No se trataba de ocupar España, sino de devolver el poder “a los verdaderos españoles”, o dicho en el lenguaje que realmente cuadraba a las intenciones de Francia, de “destruir un foco de jacobinismo, establecer un Borbón en el trono por las armas de un Borbón” (Chateaubriand, 1945: 87-88).

En efecto, Francia necesitaba la guerra por razones de prestigio. Pero más que el prestigio de la nación, lo que pretendían Chateaubriand y los partidarios de la intervención -la mayoría de los franceses (Aymes, 2000)- era la consolidación de la Casa de Borbón y el incremento de su ascendiente internacional. Ya se ha dicho que en 1822 y en los años anteriores habían tenido lugar en Francia varios intentos, al estilo de los pronunciamientos españoles, para acabar con el régimen de Luis XVIII y en la opinión pública todavía mantenían su peso las ideas liberales y, entre algunos, la añoranza de los tiempos gloriosos del imperio napoleónico. Había que fortalecer el régimen de Luis XVIII y ninguna forma más a propósito para intentarlo que a expensas de una nación debilitada y dividida internamente, como era la España del momento (Miraflores, 1834: I, 170). Como resumió una de las muchas publicaciones aparecidas en Francia en este tiempo, los resultados esperados por los franceses de la guerra eran consumar la obra de Restauración y afirmar en el trono a la Casa de Borbón, comprometer a la mayoría de la población con la dinastía y demostrar ante Europa que Francia era una garantía de orden, regida en el interior por leyes paternales e instituciones consolidadas y dotada de una fuerza militar imponente capaz de actuar en el exterior (Billecocq, 1823: 7).

Esta era la idea principal y todas las piruetas diplomáticas de Francia en Verona y de su embajador en España no pasaban de ser disimulos o intentos para justificar una aspiración de Francia, pues según sus cálculos, aparte de las ventajas apuntadas sobre su consolidación política, por añadidura obtendría otras de enorme importancia: colocar a España en su órbita y obtener los beneficios comerciales que desde tiempo atrás venía disputando con Inglaterra (Sánchez Mantero, 1981). Ahora bien, todo habría que hacerlo sin romper con Inglaterra, de ahí el empeño de Francia en contar con el respaldo de las potencias continentales, tarea en la que fue de gran ayuda la disposición de Rusia a facilitar cualquier acción contra el régimen constitucional español. El trabajo de Fernando VII ante el zar no resultó, pues, infructuoso, aunque lo fundamental fue el acercamiento entre Francia y Rusia, destinado a contrarrestar la política británica en otras partes del mundo.

El congreso de Verona se clausuró el 14 de diciembre de 1822 sin que nadie supiera a ciencia cierta si efectivamente tendría lugar de forma inmediata la intervención en España de un ejército extranjero, a pesar de la retórica contra el régimen español y del acuerdo secreto del 22 de noviembre. Ni siquiera Francia había decidido qué hacer. Villèle mantenía su oposición a la acción militar y ensayó distintos medios para evitarla. Persistió en su propósito de que el problema de España lo resolvieran los propios españoles y no abandonó la idea de que la salida política de España debía ser el establecimiento de un régimen similar al francés. Por esta razón, al mismo tiempo que ayudaba a la guerrilla realista, hizo lo posible para desactivar a la absolutista Regencia de Urgel y sustituirla por una junta proclive a los planteamientos franceses (la que presidió Eguía, que ya conocemos). Por otra parte, Villèle no descuidó otros flancos y mantuvo contacto con el conde de Toreno, entonces residente en París, para que influyera en las filas del liberalismo moderado a favor de la reforma de la Constitución en el sentido deseado por Francia.

No se conoce bien la actuación de Toreno en este episodio. Lo que se sabe es que, quien fuera destacado parlamentario en Cádiz y en las primeras legislaturas del Trienio, había roto sus relaciones con el liberalismo exaltado y se había refugiado en Francia para asegurarse la tranquilidad personal. No consideraba ya apropiada la Constitución de 1812, pero seguía manteniendo los principios políticos básicos del liberalismo y a pesar de haber dado un giro conservador muy acusado, al igual que otros importantes liberales españoles (los moderados o doceañistas), aún mantenía el convencimiento de que España debía tener una verdadera Constitución, es decir, un texto surgido de la representación nacional y no de la voluntad del rey únicamente. Así pues, resultaba difícil que Toreno se aviniera a los planteamientos pseudo constitucionales del realismo francés, aunque tampoco deseaba la continuidad del régimen español en su estado actual. Como Martínez de la Rosa en julio, cuando aceptó el encargo de Fernando VII de modificar la Constitución, a finales de año Toreno nadaba en París en aguas turbulentas.

Lo cierto es que sus contactos con Villèle no tuvieron ningún resultado. Tampoco dieron nada positivo los que mantuvo con Wellington. En su camino de Verona a Inglaterra, este último todavía creía posible una mediación de Inglaterra ante Francia para evitar la intervención armada en España y trató de ello con Villèle. De nuevo apareció Toreno por medio y entre él y el británico se mantuvo una correspondencia relativa a la posibilidad de reformar la Constitución española. Fueron simplemente palabras, pero Wellington no desechó, a comienzos de 1823, la posibilidad de hacer algo y envió a España a lord Fitz-Roy Somerset, quien había sido su ayudante durante la Guerra de la Independencia.

Somerset estuvo en España en enero y febrero de 1823 hablando con unos y otros para cumplir las instrucciones de Wellington, reducidas, fundamentalmente, a convencer al gobierno español de que aceptase la reforma de la Constitución para ampliar las atribuciones y el poder del rey. Pero llegó en el peor momento, cuando más encendidos estaban los ánimos tras la marcha de los embajadores de las potencias de la Santa Alianza y el discurso de Luis XVIII sobre la preparación de un ejército de cien mil franceses. Somerset constató, además, y así se lo comunicó a Wellington el 29 de enero, que nadie en España estaba dispuesto a apoyar una vuelta al sistema absoluto, ni siquiera los descontentos con la situación política que consideraban necesario un cambio (Fuentes, 1989: 434). A tenor de estos informes, Wellington quedó convencido de que no cabía otra salida que la intervención armada e incluso deseó que fuera cuanto antes. El 21 de marzo, Inglaterra se pronunció, por fin, con alguna claridad: comunicó a Francia que en caso de intervención en España, permanecería neutral. Diez días después, Canning especificó las condiciones de esta neutralidad: que la ocupación de España no fuera permanente, que Francia no se apropiara de ninguna colonia española y que no violara la integridad territorial de Portugal (Azcárate, 1960: 243).

Por estas fechas, Francia preparaba su ejército en el Pirineo y el resto de las monarquías europeas habían asumido plenamente la intervención, ya considerada necesaria y urgente. También quedaba claro que los revolucionarios españoles no estaban dispuestos a ninguna concesión política, a pesar de su aislamiento internacional. Aun así, creían que si eran capaces de ofrecer una resistencia generalizada, Inglaterra intervendría a su favor. La ilusión fue tan vana como la creencia de los gobernantes franceses en la posibilidad de sustituir el sistema revolucionario español por otro acorde con el suyo.

“Viva el Rey y la religión”

Indiferentes y descontentos

¿ERA la mayoría de la población española contraria al sistema constitucional en vísperas de la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis? Algunos han respondido a esta pregunta de forma afirmativa, fundados en la envergadura alcanzada por la guerrilla realista, la escasa resistencia ofrecida al avance de las tropas francesas y el entusiasmo con que las acogieron los habitantes de pueblos y ciudades. A partir de aquí, es fácil concluir que en 1822-1823 la sociedad española deseaba el cambio político y que tal cosa se hubiera producido aun sin intervención militar exterior.

Es indudable que el régimen político establecido en 1820 tuvo siempre muchos enemigos y no gozó de un solo día de respiro. Las intrigas para derrocarlo comenzaron, como sabemos, en el mismo momento en que Fernando VII juró la Constitución. Pero las cosas no quedaron en eso y algunos fueron más lejos y ya entonces se levantaron en armas. Este paso lo dieron pocos, todavía: un reducido número de empleados públicos, militares retirados, hacendados locales y clérigos, que se sintieron directa e inmediatamente perjudicados por la nueva situación o temieron por su suerte personal debido a su notorio compromiso con el absolutismo.

Los primeros grupos armados -denominados “realistas” por sus partidarios y “rebeldes” o “bandas facciosas” por los constitucionales- fueron casi siempre resultado de la iniciativa individual de personas comprendidas en las categorías mencionadas y hasta 1822 su actividad resultó muy limitada. En esa fecha, sin embargo, se incorporaron individuos hasta el momento ajenos al movimiento contrarrevolucionario y se hizo perceptible a la vez la disminución del apoyo social y político al régimen constitucional. Lo que comenzó siendo empeño de grupos muy señalados se había transformado en un movimiento masivo, en un fenómeno social que dio lugar a un clima de auténtica guerra civil, especialmente palpable en Cataluña y el País Vasco.

Cambio tan acusado resulta un tanto sorprendente, más aún si se tiene en cuenta que en 1820 la población española no había ofrecido resistencia apreciable a la implantación del nuevo régimen, el rey absoluto no pudo neutralizar a los liberales y, al menos en principio, las medidas políticas adoptadas respondían a las aspiraciones de amplios sectores sociales. Por lo menos, al amparo de la Constitución se vivía con una sensación de libertad que debía satisfacer a una sociedad hastiada del anacrónico absolutismo. Ni siquiera en zonas luego caracterizadas por su acusado antiliberalismo, como el territorio de la Vega Baja (Alicante), se recibió con hostilidad el cambio político. En 1820 sus habitantes permanecieron impasibles ante la caída de la monarquía absoluta y no levantaron un dedo para evitar el destierro de su obispo, el siempre belicoso Simón López, obligado a abandonar la diócesis por su negativa a cumplir la orden del gobierno sobre la explicación de la Constitución en los templos (Millán, 1984: 405). Hechos muy similares se registraron en otras partes y aunque siempre se mantuvo el debate entre absolutistas y liberales por el control de ciertos municipios, podría ser de aplicación general lo acaecido en Galicia: las primeras conjuras contra el constitucionalismo fueron rápidamente controladas y el movimiento quedó reducido a grupúsculos sin gran capacidad de actuación en los núcleos con predominio patente del clero (Barreiro, 1982: 61-62).

El último dato, con todo, no era tranquilizador, pues anunciaba lo que sería la actitud de este colectivo. El rescoldo de la rebelión nunca llegó a extinguirse en ciudades donde el obispo y los canónigos del cabildo catedralicio marcaban el tono social, como sucedía en Santiago de Compostela, Tuy, Mondoñedo y algunas otras en distintos puntos de España. Pero en un primer momento no despertó grandes alarmas, pues salvo casos excepcionales el cuerpo eclesiástico mantuvo las apariencias. En general, los clérigos no mostraron el menor entusiasmo ante el establecimiento del régimen constitucional, pero tampoco una ostensible hostilidad y juraron la Constitución como el resto de ciudadanos. Naturalmente algunos se negaron a dar este paso, pero fueron los menos, de la misma manera que, en el lado contrario, también fueron escasos los predicadores entusiastas en favor de la Constitución. De ciertos prelados, como el obispo de Zamora, Pedro Inguanzo, o el de Málaga, Cañedo Vigil, ya distinguidos ambos por su antiliberalismo en las Cortes de Cádiz, cabía esperar lo peor, y sin embargo, juraron la Constitución, aunque no por propia iniciativa, sino por indicación del nuncio Giustiniani.

El nuncio, antiliberal convencido, fue el primero en mantener las formas y aconsejó acatar la Constitución para evitar males mayores. Fuera por este motivo, o bien por sumisión a la autoridad o, simplemente, por cobardía o interés personal (el temor a perder el puesto y a sufrir el destierro), la impresión inicial ofrecida por el cuerpo eclesiástico no fue alarmante, si exceptuamos comportamientos como el del mencionado Simón López (Dufour, 1991: 38-45; Rodríguez López-Brea, 2002: 289-292). Por su parte, la mayoría de los párrocos acataron la orden gubernamental y explicaron la Constitución en los templos, aunque con variada fortuna e intención. Aparte de la escasa capacidad de muchos de ellos para entender los principios políticos contenidos en el texto, por lo general se limitaron a abordar los artículos relacionados con la religión, en particular el artículo 12, que declaraba el catolicismo como religión de la nación española y única verdadera.

Hay que tener en cuenta, por lo demás, que el rey había jurado la Constitución y asistido al solemne tedeum para celebrar su implantación. La noticia sobre el proceder del monarca, debidamente difundida por los liberales, sirvió de pauta a muchos españoles. Si el rey tomaba la senda constitucional, había que seguirle. No pocos quedaron con la conciencia completamente tranquila.

Dado este punto de partida, ¿cómo explicar que en ciertas zonas, muchos, de manera especial los habitantes del medio rural, se decidieran en 1822 a pasar de la indiferencia o del entusiasmo por el régimen liberal al levantamiento en armas para combatirlo? Por lo que se acaba de insinuar, no resulta convincente basarlo todo en la “idiosincrasia” o “carácter” del pueblo español. Quienes así lo hacen, mantienen que, debido a su acendrado catolicismo y su veneración por el rey, los españoles eran “por esencia” contrarios al liberalismo. Por esta razón -ha escrito Suárez Verdeguer- durante el siglo XIX el pueblo español fue el origen y soporte de un movimiento tradicional opuesto a cualquier opción política que rompiera con el pasado, es decir, a cualquier intento revolucionario (Prólogo a Cornelias, 1958: 12).

Generalizaciones de este tipo no dan cuenta de fenómenos específicos como el que nos ocupa, aunque sólo sea porque hubo católicos sinceros y fervorosos en los dos bandos. Tampoco en la veneración hacia el rey se detectan diferencias tan acusadas como para explicar comportamientos tan dispares. Así pues, parece más oportuno descender a lo concreto y analizar la situación de España en 1822.

El patente deterioro de las condiciones materiales de ciertos sectores sociales coincidió, ese año, por una parte, con la aplicación de un plan insurreccional programado en el interior, que contó con apoyo en Europa; y, por otra, con la torpeza de las autoridades constitucionales para hacer frente a la situación, pues ni consiguieron atajar las razones de quienes integraron las filas de la contrarrevolución, ni fueron capaces de paralizar la ayuda exterior. La interacción de estos factores quizá pueda proporcionar la explicación de la dimensión alcanzada por la rebelión contra el constitucionalismo.

En 1822 se alejaron del régimen determinados sectores políticos comprometidos con el hasta el momento con más o menos decisión. La ruptura más visible se produjo tras los sucesos de julio. Desde entonces, los moderados rechazaron cuanto salía del gobierno y las Cortes por estar ambos dominados por los exaltados. Sería excesivo afirmar que los modelados engrosaron las filas de la contrarrevolución, pero es indudable que al menos de forma indirecta contribuyeron a su causa, debido a su insistencia en la reforma de la Constitución. De acuerdo con las reflexiones posteriores de algunos de ellos, como la de Martínez de la Rosa en su obra El espíritu del siglo, la reforma constitucional podía haber tenido, quizá, un efecto positivo, pero en aquella coyuntura resultó todo lo contrario, pues coadyuvó a minar la base doctrinal del sistema y al desprestigio de la opción política que lo defendía con más ahínco, es decir, el liberalismo exaltado, completamente contrario a introducir cambio alguno en la Constitución, ni siquiera en los aspectos que no le convencían.

El proyecto de los moderados y los de otros sectores, por ejemplo, los que añoraban el ordenamiento foral, que consideraban atacado por el centralismo de la Constitución, enfriaron muchos ánimos. Sobre el particular cabría aducir un buen número de testimonios, pero sería mera reincidencia. Interesa, más bien, resaltar el cambio en la opinión operado en sólo unos meses. Todavía en abril de 1822, el embajador británico Lionel Charles Hervey informó a su gobierno de que la Constitución no contaba en España con excesivas simpatías, pero, acto seguido, auguraba la derrota de los realistas, porque una gran parte de la población se sentía comprometida con la causa liberal por temor al triunfo del absolutismo y al espíritu vengativo de Fernando VII (cit. por Fuentes, 1989: 415). El argumento no carece de interés.

En efecto, en esas fechas era patente el hastío de muchos por la deriva del régimen constitucional. No eran escasos los abusos cometidos por incontrolados en nombre de la Constitución y el ambiente político, muy hosco, estaba determinado por algaradas, griterío e insultos. Sin embargo, se mantenía muy vivo el recuerdo de los excesos cometidos en 1814 en la persecución de liberales y, más aún, el de la funesta política económica de los seis años siguientes, El gobierno absoluto -en ello ha insistido la historiografía recientete- no fue capaz en ese tiempo de adoptar las medidas necesarias para superar los problemas causados por la Guerra de la Independencia y la quiebra del dominio colonial. No se colapsó, a pesar de las turbulencia de los movimientos independentistas, el comercio con América (Pradera, 1987), pero la burguesía mercantil e industrial pensó que había llegado el momento de buscar una alternativa. Además, esta clase no estaba dispuesta a cargar con los cuantiosos gastos de la corona a través de los frecuentes empréstitos decretados sobre sus mermados capitales. La alternativa pasaba por la liberación del mercado de la tierra, mediante las desamortizaciones y desvinculaciones, y la eliminación de las trabas que atenazaban la propiedad y esto no lo garantizaba el absolutismo. De modo que en 1817-1819 se rompió el consenso entre la monarquía absoluta y los sectores burgueses (Romeo, 1993: II).

A pesar de su repugnancia hacia el extremismo de los que gritaban contra el rey y causaban desórdenes callejeros, la burguesía prefería una monarquía constitucional a la absoluta de años antes. Sin embargo, desde el 7 de julio varió la opinión de muchos. Los encontronazos entre grupos antagónicos, unos al grito de “Viva la Constitución” y otros al de “Viva el rey absoluto”, se hicieron casi cotidianos y cada vez más virulentos, pero lo peor fue que estos choques no se limitaron al ámbito callejero. Se reprodujeron, con la misma intensidad y factura, en el seno del ejército e, incluso, en las Cortes. En el trascurso de las sesiones parlamentarias, algunos fanáticos desocupados o individuos encargados expresamente de provocar agitación aplaudían desde las gradas hasta la exageración las opiniones más extremistas de uno y otro signo o lanzaban frases insultantes hacia el rey cuando se hablaba de los progresos de la contrarrevolución. Una vez en la calle, continuaban sus desmanes y atormentaban a los sospechosos de tibieza hacia el sistema constitucional con insultos, cantándoles ante su domicilio y hasta la madrugada el Trágala y otros himnos del mismo repertorio. Todo esto no pasaba del improperio, pero los afectados -afirma el marqués de las Amarillas, uno de ellos- llegaron a temer por su vida y, en todo caso, eran actos que alteraban el orden.

Así pues, personas convencidas de que el liberalismo garantizaba sus intereses mucho mejor que el absolutismo llegaron a temer el desorden de los exaltados tanto como al fanatismo de los absolutistas. Aun así, no todos añoraban los oscuros tiempos pretéritos, pues su visión de la existencia exigía cambios, acomodamiento a las “luces del siglo”, como entonces se decía. Por eso, si les repugnaba el Trágala y los insultos al rey y rechazaban el protagonismo de las masas populares, tampoco les convencía el discurso de quienes se manifestaban sin tapujos contra el sistema constitucional con imprecaciones a los liberales como la siguiente: “No queremos disfrutar esa felicidad que nos prometéis y que no divisamos en vuestros decantados y embusteros planes y sí sólo nos queremos acomodar con la fortuna mediocre que hemos gozado y disfrutaron nuestros Padres, conservando el régimen y las leyes que heredaron de sus gloriosos y fieles ascendientes y esta nuestra resolución la sostendrán nuestros brazos en obsequio a los manes de nuestros progenitores.” (AGP, T. 16: 432-439).

De este discurso, dominante en los ambientes antiliberales, se deducía un oscuro panorama en caso de vuelta al absolutismo. Era el retorno a una España rancia, clericalizada, y, lo que es más importante, opuesta al desarrollo económico y a las formas de vida cotidiana ansiados por las capas sociales a las que pertenecía la mayoría de los moderados. Así pues, era difícil para estos sectores asumir el espíritu contrarrevolucionario y no tenían otra salida que el compromiso -con reservas, sin duda- con la causa liberal. Por este motivo no se pasaron en bloque a las filas de los enemigos del sistema representativo que nutrían la contrarrevolución. Tampoco parece muy adecuado contar entre éstos al inmenso grupo de quienes, o no se decidieron claramente por uno u otro bando o, simplemente, se dejaron llevar por las circunstancias. Se trata de los llamados “indiferentes”, categoría en la que tal vez habría que incluir a la mayoría de los españoles, si hacemos caso al conde de Gabriac, secretario de la embajada de Francia en Madrid e inteligente observador de la vida política española en estos días.

En un extenso informe enviado a su gobierno en octubre de 1823, ofreció Gabriac un análisis de la situación española. Lo fundamentaba en una constatación reiteradamente señalada por los representantes diplomáticos de Inglaterra: la actividad económica es débil, la propiedad no está consolidada y escasean los recursos industriales y mercantiles. El diagnóstico era certero, pero Gabriac no lo desarrolla y pasa a emitir un juicio de valor sobre los españoles. Los considera, en su mayoría, poco laboriosos, indisciplinados y faltos de instrucción, características que de forma expresa aplica a empleados, campesinos e hidalgos. A los dos primeros grupos les achaca inercia, apatía y lentitud en sus quehaceres y a los hidalgos pereza, ignorancia y pobreza, por lo cual, “o cualquier otra causa”, se han degradado hasta caer, dice, en una “bajeza casi napolitana”. De aquí deduce una consecuencia: estas gentes carecen de ideas políticas y cifran sus aspiraciones en vivir de los cargos públicos, de las pensiones o de las rentas eclesiásticas. Dependen, por tanto, de los dispensadores de cargos y pensiones y fundamentalmente del gobierno. Debido a esta circunstancia, quienes no obtienen lo esperado (los cesantes o los fracasados en conseguir plaza en la administración) y quienes no reciben su paga con puntualidad dejan de apoyar al gobierno y si en algún momento lo vitorearon, acto seguido y con idéntico ardor lo pueden combatir. Ahora bien, según Gabriac la población española está dotada de vivos sentimientos y reacciona según lo que se le exija o se le ofrezca, de modo que si alguien le infunde ilusión desde el poder, se presta a seguirlo con entusiasmo, pero si se le exige en exceso o se le defrauda, se opone con el mismo fervor. Tal comportamiento -insiste- no deriva de convicciones políticas, sino del entusiasmo. Para demostrarlo se remite a los hechos: en el momento en que escribe su informe, en 1823, una vez derrocado el sistema constitucional, se pide el restablecimiento de la Inquisición sin realmente desearlo, de la misma forma que antes se lanzaron vivas a la Constitución sin creer en ella (AAEE, Corr. Pol. Esp. Suppl.: 20, 397-408).

Este apresurado análisis puede parecer sesgado, como proveniente de un francés nada proclive al sistema constitucional, pero apunta una cuestión relevante: la debilidad estructural de la sociedad española como uno de los elementos explicativos de su flexibilidad en materia política. No se puede negar que Gabriac constata un hecho cuando afirma que indistintamente y con idéntico fervor y convencimiento las mismas personas lanzaron sucesivamente durante el Trienio vivas a la Constitución y al rey absoluto. No fue ésta la única ocasión en que ocurrió tal cosa. En 1814 pasó lo mismo. Cuando en enero de ese año la Regencia creada de acuerdo con la Constitución de 1812 se trasladó de Cádiz a Madrid, para proseguir la obra de consolidación del régimen liberal, fue recibida con aclamaciones de “Viva la Regencia constitucional” y “Viva la Constitución” por la misma población que pocos meses después, en mayo, gritó “Viva el rey absoluto” al llegar Fernando VII tras declarar abolida la Constitución y ordenar el arresto de los diputados liberales más notorios.

Estos y otros datos delatan cierta volubilidad del comportamiento político en la época. Pero una cosa es la indiferencia política o proferir los gritos convenientes en cada momento y otra muy distinta tomar parte activa en la lucha contra un determinado régimen. Más difícil aún sería pretender alcanzar unanimidad en las reacciones. No existió ni siquiera en una situación extrema como la de 1808. No todos los españoles rechazaron entonces la autoridad impuesta desde el exterior por la fuerza y con todo tipo de artimañas. Como es bien sabido, los españoles se dividieron en dos bandos, “afrancesados” o “josefinos” y “patriotas”. Tan inexacto es creer que en 1808 todos lucharon contra Napoleón y por la independencia de España, como suponer que en 1822-1823 el pueblo español en masa deseó el fin del régimen constitucional y más aún que se decidiera a tomar las armas para acabar con él. Ni la indiferencia -en el supuesto de que éste sea el rasgo más general- ni siquiera el descontento daban para tanto, como vio perfectamente Romero Alpuente.

Este hombre, decidido defensor por todos los medios del régimen constitucional, denunció en la Sociedad Landaburiana con la mayor indignación la indiferencia de sus compatriotas. Propuso “barrer” a los indiferentes, que definió como aquellos que conocen las ventajas de la Constitución y pretenden aprovecharse de ellas, pero ven con frialdad los sacrificios de quienes la defienden. Eran peores que “los serviles”, pues aunque éstos fueran unos “bestias”, al menos se exponían a la lucha; de los otros había que vengarse. Y exclamo: "¿La venganza no es natural en su caso?” (Romero Alpuente, 11, 35).

Los discursos de Romero Alpuente sobre la materia, al margen de otras consideraciones, dejan bien patente que los indiferentes no integraron de manera activa las filas de la contrarrevolución. Al menos no formaron parte de las partidas armadas sublevadas contra el régimen. A los miembros de estos grupos los denomina “serviles”, es decir, absolutistas. La distinción no deja lugar a dudas.

En rigor, este punto de vista no era muy distinto a los de los observadores extranjeros antes citados. Muchos no sentían simpatías por la Constitución, pero no se decidían, por una u otra razón, a luchar contra ella, de la misma forma que tampoco lo hacían en su defensa. En tal caso, ¿por qué proliferaron las guerrillas realistas en el verano de 1822? ¿Quiénes las integraron?

Guerrilleros

NO se sabe con exactitud el número de integrantes de las partidas armadas realistas o rebeldes, debido en buena medida a la imprecisión de las fuentes. Muchas de las nóminas disponibles de guerrilleros fueron confeccionadas por sus jefes al terminar la guerra con la expresa finalidad de resaltar los propios méritos. Se trata, en consecuencia, de listas parciales y poco fiables, donde se tiende a exagerar la importancia de cada partida y donde con frecuencia sólo se consigna a un determinado tipo de personas, por regla general a las de mayor rango social. En otras relaciones únicamente figura el nombre del jefe de la partida y de sus principales subordinados. Al margen de ello, cabe presumir que en la mayoría de partidas nunca se llegó a confeccionar un catálogo de sus componentes. Probablemente no hubo necesidad de hacerlo y tampoco resultaba conveniente, para no dejar rastro del compromiso de algunas personas. Además, quizá no fue posible, pues el número de combatientes en ciertas partidas varió considerablemente según los momentos.

Es difícil, por tanto, precisar cuántas personas se decidieron a tomar las armas contra el régimen constitucional. Sin embargo, cabe hacer aproximaciones muy significativas, que sirven, además, para calibrar el alcance de la rebelión y los motivos de quienes participaron en ella. Comencemos por un dato, en apariencia secundario, pero no despreciable. En Navarra, territorio considerado tradicionalmente como uno de los focos principales de las partidas realistas, llegó a enrolarse en ellas un total de 3.000 o 3.500 personas. La cifra puede parecer, tal vez, importante, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que supone un 1,5 por ciento del censo de aquel reino y que durante la Guerra de la Independencia, Francisco Espoz y Mina llegó a contar en este territorio con unos 10.000 hombres armados para combatir a Napoleón (Del Río, 1990: 190). Parece que ni siquiera en Cataluña y en el País Vasco, focos señeros junto a Navarra de la lucha armada contra el constitucionalismo, la proporción de los comprometidos directamente en ella respecto al conjunto de la población llegara a alcanzar dimensiones superiores a la consignada. Aún disponemos de un dato más, muy revelador. En julio de 1823, el momento más propicio, próximo a su fin ya el régimen constitucional, las partidas realistas de toda España no contaban con más de 30.000 hombres, según una relación fiable realizada por el Estado Mayor de Angulema (Bittard des Portes, 1975: 205-206).

No hay que cifrarlo todo en las personas que tomaron las armas, pues cabe suponer que contaron con el apoyo o la complicidad de muchas otras, extremo éste difícil de cuantificar. A pesar de ello, parece prudente rebajar la importancia numérica de la guerrilla y, por ende, el pretendido carácter masivo de la rebelión popular, sin que con ello se pretenda minusvalorarla. Por lo demás, la lucha armada no cuajó en el conjunto del territorio español y en algunos puntos, sobre todo en ciudades marítimas, suscitó un considerable rechazo.

La guerrilla realista comenzó casi a la vez que el régimen constitucional, por iniciativa de individuos de diferente condición (clérigos, emplea-

dos públicos, hacendados locales, algún militar retirado) que, como se ha dicho, recibieron el restablecimiento del sistema constitucional como una amenaza a su posición social o como obstáculo para mantener u obtener los favores y recompensas de que se consideraban acreedores por razones profesionales o de clase (Del Río, 1990: 188). Con escasos medios, reclutaron a gentes que compartían su aversión hacia el constitucionalismo o sobre las que ejercían influencia directa (fue el caso de ciertos propietarios agrícolas respecto a los trabajadores de sus tierras) y se echa ron al monte. En algunos pesó, sin duda, el recuerdo de los éxitos atribuidos a esta forma de lucha durante la Guerra de la Independencia y no debió faltar fanatismo en casi nadie. Pero la actividad de estas partidas iniciales fue marginal y las autoridades constitucionales las consideraron bandas de facciosos, no muy distintas a las habituales de bandoleros y contrabandistas. Tampoco el aparato contrarrevolucionario les atribuyó especial relevancia, porque todavía se confiaba en terminar con la Constitución mediante maniobras políticas combinadas con la rebelión de una parte del ejército y la agitación de la población urbana.

En 1822 cambiaron las cosas. El reclutamiento de guerrilleros en el ámbito rural se hizo más fácil y tras el fracaso de la intentona del 7 de julio quedó demostrada la inoperancia del método conspirativo. Todo parecía indicar que la única forma de acabar con el régimen constitucional era mediante las armas, bien por un ejército extranjero, bien por la sublevación general de los españoles. El segundo era el procedimiento ideal y en ello coincidieron las potencias de la Santa Alianza y los absolutistas españoles, con el rey a la cabeza. Resolvería el problema político, es decir, terminar con la revolución, y evitaría otros de gran envergadura. Los gobiernos europeos se librarían de los enojosos conflictos diplomáticos que suscitaba la idea de mandar un ejército a España. Para el entorno de Fernando VII era la forma óptima para salir del atolladero constitucional, sin las incómodas interferencias militares externas que pudieran obstaculizar su aspiración a implantar directa y llanamente el absolutismo.

Así pues, las distintas juntas realistas, las organizaciones del exilio formadas por Mataflorida y Eguía y el entorno mismo de Fernando VII, a través fundamentalmente de las Confidencias, dieron prioridad a la lucha armada y lo que comenzó siendo un movimiento voluntarista, adquirió dimensión institucional. Desde los centros mencionados se intentó una especie de dirección del movimiento contrarrevolucionario, potenciando las partidas existentes y formando nuevas allí donde no existían. Al efecto nombraron comandantes de zona a los rebeldes más significados, a quienes normalmente se les atribuyó un rango militar elevado (brigadieres o generales), trataron de crear una infraestructura en el campo de operaciones para aprovisionarlos de pólvora y alimentos y buscaron dinero en España y en el extranjero para proporcionar armamento y una paga diaria a los integrantes de las partidas, extremo este último de primera importancia porque en muchos casos era el principal medio para mantener su fidelidad.

En todo ello la participación personal de Fernando VII está fuera de dudas. Una vez terminada la guerra, algunos de los jefes de partidas declararon haber formado sus respectivos grupos por instrucción expresa del rey. Por ejemplo, Francisco Anchía, conocido por Longa, dijo haber recibido directamente en 1821 el encargo de Fernando VII de sublevar La Mancha. El 7 de julio de 1822 estuvo a su lado en palacio e incluso tomó parte activa en la lucha en las calles de Madrid y tras conseguir huir a Francia continuó -según su propio testimonio- la comunicación directa con el rey y los infantes (Longa no especifica con quiénes de ellos, aunque cabe suponer que fue con don Carlos y su esposa). También Juan Sánchez Cisneros y Rafael Sempere estuvieron en palacio junto al rey el 7 de julio y después se dedicaron a potenciar guerrillas por indicación del monarca. En otros casos, el contacto es indirecto, como ocurre con Eugenio Morales de Cabezuela, que actuó en Ávila y en Extremadura. En 1820, mientras el rey estaba en El Escorial, Morales se comunicó con él por mediación del cura de un pueblo de Ávila y acto seguido formó una partida de 14 hombres (AGP, T. 24).

Los comprometidos en levantar en armas a la población contra el sistema constitucional confiaron en el concurso de las monarquías legitimistas europeas, aunque éste no se materializó en la medida deseada y en cualquier caso no satisfizo a todos. El marqués de Mataflorida siempre se lamentó de la carencia de recursos económicos y, según su propio testimonio, la ayuda recibida por la Regencia de Urgel quedó limitada al medio millón de reales de vellón donados por la hermana del rey, María Luisa, gran duquesa de Lucca. Mataflorida fracasó, asimismo, en el intento de conseguir un empréstito internacional y para salir del paso emitió vales al 5% de interés que, según propia confesión, nadie aceptó (Representación de Mataflorida al rey, [AGP, T. 22]). Parece que el general Eguía fue más afortunado, pues obtuvo fondos de distintas procedencias. Según un informe realista anónimo, en mayo de 1822 recibió de Francia once millones de francos, lo que le permitió armar a 15.000 hombres, a razón de una peseta diaria y la ración alimenticia. La misma fuente indica que si Francia hubiera sido más generosa en la aportación económica, se habría constituido una fuerza armada tres o cuatro veces más numerosa, capaz de vencer toda resistencia por parte de los constitucionales (AGP, T. 16: 420-428).

Salvo las partidas que recibieron dinero de Francia a través de Eguía y algún grupo gallego que lo obtuvo de los absolutistas portugueses (los “miguelistas”), el resto vivió, hasta la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis, de los recursos económicos proporcionados por el entorno inmediato del rey a través, sobre todo, de las Confidencias, de las aportaciones de algunos simpatizantes con el absolutismo, de las contribuciones impuestas a los pueblos donde actuaron y de robos y pillajes a los constitucionales. Esta última circunstancia, muy generalizada, pareció natural a los sublevados y, por supuesto, justa. El cura Merino, por ejemplo, la justificó con la especie de que no podía calificarse de robo la expoliación de los traidores (los constitucionales), pues los bienes empleados en combatir la religión y el rey y en causar el desorden (el régimen constitucional) no tenían mejor destino que la restitución del orden (el absolutismo) (Representación de Merino a la Regencia de Madrid [AAEE, Corr. Pol. Esp.: 723, 332]).

La composición de la guerrilla, tanto en su cúspide como en las bases, fue heterogénea, y variadas las motivaciones de quienes se enrolaron en ella. Comencemos pot sus jefes. Entre ellos existieron funcionarios municipales, como el secretario de ayuntamiento Francisco Miralles Sánchez o el escribano José Ramón Albuin, cabecilla de la partida gallega más relevante. Hacendados o miembros de familias con prestigio local, por ejemplo José Joaquín Márquez Bonallo, Pablo Miralles o el célebre Juan Romagosa. Individuos singulares, aventureros de vida dudosa (como los catalanes Misses y José Bosoms Jep deis Estanys o el estrambótico Jorge Bessière) y conocidos bandoleros, entre quienes Jaime El Barbudo fue quizá el de más renombre. Tampoco faltaron los nobles. En Galicia tuvo un papel muy relevante Ignacio Manuel Pereyra, señor de Revoreda y Pazo de Xunqueira, pero el más conocido fue el catalán Joaquín Ibáñez Cuevas, barón de Eroles, persona decisiva en el levantamiento armado en su tierra y personaje central del movimiento contrarrevolucionario general. Y, por supuesto, dominaron los clérigos.

Los principales viveros de jefes de partidas fueron el ejército, la guerrilla de la época de la Guerra de la Independencia y el clero. Militares de carrera eran Rafael Sempere, Juan Sánchez Cisneros, Miguel Calvo Conejo, Pedro García Navarro… Habían sido guerrilleros contra Napoleón el citado Longa, Manuel Adame El Locho, Mossén Antón, Santos Ladrón de Cegama, Ramón Chambo… y un buen número de clérigos, entre quienes el más renombrado fue, como en la época anterior, el cura Jerónimo Merino.

La participación del clero en la sublevación armada fue considerable y variada. Nuria Sauch ofrece una sistematización, referida a las comarcas situadas al norte del País Valenciano y el sur de Cataluña, que si bien no conviene extrapolar sin más al resto de las zonas rebeldes, sirve de guía. En la zona mencionada, los clérigos actuaron como agentes activos en la lucha, colaboraron con los guerrilleros y les dieron cobijo cuando eran perseguidos por el ejército liberal, difundieron las ideas antiliberales y, asimismo, contribuyeron a la financiación de la rebelión (Sauch, 2004: 191-195).

En Cataluña, el clérigo fue el tipo de jefe de partida más representativo, según Jaime Torras (1976: 127), y parece que lo mismo sucedió en el País Vasco y Navarra y, en menor medida, en Galicia y en Castilla la Vieja. Un buen número de clérigos formaron su propia partida o impulsaron otras dirigidas por laicos. Buena parte de las constituidas en el norte nació por iniciativa personal de eclesiásticos o en sus círculos. Según propio testimonio, el jefe de una de ellas, Pedro Miguel de Irañeta, cura de Huarte, pueblo cercano a Pamplona, comenzó a captar hombres para la lucha armada tras pronunciar un sermón en su parroquia instando al levantamiento general. Al finalizar el acto (tuvo lugar el 17 de diciembre de 1821) tomó su caballo y se dirigió al paraje donde Santos Ladrón y el abad de Barasoain, José Joaquín Mélida, ya habían reunido gente armada. Algo similar hicieron el cura Gorostidi, presbítero de Anoeta, que se echó al monte en 1822 y se convirtió en uno de los guerrilleros vascos más notorios, el cura de Ustarroz (valle del Roncal) Andrés Martín, autor de una narración de las actuaciones realistas en Navarra, y muchos otros que han quedado casi en el anonimato.

Asimismo, el clero participó activamente en la organización de partidas mandadas por laicos. Para ello contó, sobre todo, con las facilidades que le deparaba la discreción de los muros de conventos y monasterios. Las autoridades liberales llegaron a pensar que esos lugares fueron los principales núcleos de la rebelión armada y a finales de 1822 ordenaron el desalojo o el cierre de muchos de ellos, en particular de los más próximos a la frontera de Francia. Las sospechas no carecían de fundamento. Existen abundantes noticias sobre el particular, del estilo de la proporcionada por Salvador de Malavella, propietario agrícola al parecer bien situado. Según sus propias palabras, formó su partida tras celebrar varias reuniones secretas en el convento de franciscanos de Gerona, donde contactó con otros jefes guerrilleros catalanes, como Mossén Antón y Jaime Virosta, este último sochantre de la catedral de Gerona y cabeza, asimismo, de un grupo armado (AGP, T. 24). Monasterios y conventos sirvieron, igualmente, como depósitos de municiones o fábricas de armas y en algunos de ellos se confeccionaron los uniformes de los rebeldes.

A los propiamente clérigos habría que sumar los individuos directamente relacionados con las congregaciones religiosas, que no habían llegado a recibir las órdenes sagradas. Entre estos últimos ocupa un lugar especial Antonio Maranon, llamado El Trapense porque tras haber luchado en la Guerra de la Independencia y perdido todos sus bienes en el juego, ingresó -parece que sin llegar a profesar- en un convento de la Trapa. El Trapense, de curiosa personalidad, alcanzó renombre por su intrépido ataque a la Seo de Urgel y por sus desmanes en la Rioja, sobre los que volveremos más adelante.

Bajo el mando de este tipo de personas luchó un conjunto de individuos asimismo de variada condición, entre los que abundaron, como es lógico, los habitantes del medio rural, que constituían el grueso de la población española. Por las relaciones disponibles de integrantes de las partidas no sabemos la posición social de la mayoría, pero sí que predominaban los “mozos y solteros”. Esta circunstancia tiene una explicación inmediata. En octubre de 1822 el gobierno convocó una quinta general que obligaba a entrar en sorteo, sin excepciones -ni siquiera se excluía a los clérigos- a todos los varones de 18 a 36 años. Se pretendía engrosar el ejército con 30.000 hombres, cifra de por sí elevada, que llegaba en momento inoportuno, pues sólo unos meses antes, en junio, se había decretado otra quinta de 8.000 hombres y el año anterior, en mayo, otra de 16.595 (Pérez Juan, 2004: 122-123).

Cabe imaginar el desconcierto causado por este llamamiento a filas que de hecho afectaba a la mayor parte de los jóvenes españoles. Como de costumbre, en varios pueblos hubo protestas y alborotos, tanto por el natural rechazo a entrar en el ejército, como por la habitual confusión provocada por las quintas. Dadas las deficiencias en el censo, ciertos mozos eran incluidos en las listas de municipios ajenos al de su residencia, algunas autoridades se quejaron del elevado cupo asignado a sus pueblos y, como siempre, para evitar el sorteo se presentaron múltiples reclamaciones, basadas en la más compleja casuística. Pero a diferencia de lo ocurrido en otras épocas históricas, muchos mozos disponían ahora de una salida relativamente fácil: la guerrilla. Ingresando en ella se libraban de la odiosa disciplina y de las penurias del ejército y, además, se mantenían cerca de sus casas, pues por lo general las partidas operaban en el territorio del que eran naturales sus integrantes. Una vez declarados desertores, resultaba imposible a estos mozos regresar a sus lugares de residencia, de modo que se convirtieron en la base más firme de la guerrilla.

Fueron éstos, junto a los que se enrolaron por motivaciones ideológicas, los guerrilleros más constantes y fiables, los menos dados a las deserciones y no podemos precisar si los más numerosos. En cualquier caso, no se trata de los únicos. Importante resultó asimismo el contingente de campesinos sin recursos enrolados en las partidas por el señuelo de percibir la ración de pan y una paga que solía oscilar entre dos y cuatro reales diarios. Según un informe anónimo de 1823, de procedencia realista, estos “paisanos” abandonaban con facilidad las partidas en cuanto escaseaba en ellas el pan y se retrasaba la paga o cuando recibían la orden de operar lejos de su comarca (AGP, T. 16: 420-428). Si no cabía confiar en la constancia de tales campesinos, aún era más difícil hacerlo en la de individuos de vida irregular, que acudieron a la guerrilla en busca de algún beneficio o para esquivar a la justicia. Unos, como ciertos bandoleros (es el caso de Jaime el Barbudo) entraron en ellas porque recibieron la promesa de perdón por sus actividades anteriores (Escudero, 1979: 233-234). Otros vieron en su relación con los realistas una forma de garantizar su tipo de vida delictiva, pues les permitieron continuar los asaltos y robos si los limitaban a los constitucionales. Hubo también quien se refugió en la guerrilla para eludir la prisión por causas pendientes (muertes, riñas, etc.) y no hay que olvidar a los desertores del ejército constitucional y a determinados adolescentes, que por ánimo de aventura o por desavenencias familiares buscaron la libertad en esta forma de vida. La atracción por la aventura movió asimismo a antiguos guerrilleros de la Guerra de la Independencia, que añoraban el heroísmo y la prepotencia aparentemente proporcionados por la lucha armada o, simplemente, esperaban una ocasión para prosperar.

La casuística de los integrantes de partidas realistas se incrementa con los que lo hicieron por la fuerza. Integran esta categoría los soldados constitucionales prisioneros, para quienes luchar en las partidas realistas suponía librarse de castigos y cárceles inhumanas. También habitantes del campo. En ciertos casos, cuando una partida entraba en una población, su jefe conminaba a enrolarse a los individuos aptos para tomar las armas. Hubo jefes de partida temibles a quienes era impensable oponer cualquier objeción. Merino era uno de ellos. También Bessière y El Trapense. Sus actuaciones, aparte de estrambóticas, resultaban intimidatorias para todos y en todos los aspectos. Pío Baroja, muy interesado por este fenómeno, que siguió hasta el detalle en relatos contemporáneos, cuenta que Bessière “bebía en los cálices que robaba en las iglesias y pasaba como banderas realistas y místicas las colchas cogidas en las casas aristocráticas”. A El Trapense, tras decir que recorría las aldeas gritando como un energúmeno, lo presenta así: “Con el hábito remangado y crucifijo en el pecho chocando con el sable y las pistolas…, bendiciendo y exterminando, recurriendo a veces a revelaciones que llegaban vía recta del cielo, a veces a medidas del terror más refinado, el lego vivía sobre el país”. ¿Quién osaría negar algo a Bessière, a El Trapense o a otros, como el padre Orri, conocido como “Padre Puñal”, que al entrar en los pueblos con el arma en la mano, daba gritos como los siguientes?: “¡Viva la Religión! ¡Mueran la patria y la nación! ¡Viva el rey absoluto! ¡Mueran las leyes!” (Baroja, 1999: 736-744).

Las partidas realistas alcanzaron su máximo esplendor en la primavera-verano de 1822 y a comienzos de 1823. El auge en este segundo tiempo es fácilmente explicable: la intervención extranjera dio seguridad a ciertos indecisos, abrió perspectivas de un inmediato cambio político y muchos se animaron a hacer méritos para colocarse en condiciones de solicitar cargos o cualquier cosa o, simple y llanamente, para garantizar su seguridad personal. Además, no debió de costar mucho trabajo enrolar, de grado o por fuerza, a los hombres de las poblaciones conquistadas. Más complejo resulta explicar el crecimiento experimentado en 1822, cuando el panorama no estaba tan despejado, lo cual se complica si tenemos en cuenta que a finales de ese año la rebelión armada estaba prácticamente controlada en toda España. En esa fecha, muchos guerrilleros habían buscado refugio en Francia huyendo del acoso de los constitucionales, otros cayeron prisioneros y los que pudieron, desertaron o se acogieron a los indultos decretados por los liberales, Así pues, unas partidas se disolvieron y las que persistieron quedaron tan reducidas en efectivos que resultaron inoperantes y se limitaron a sobrevivir en su territorio, actuando al estilo de las bandas de bandoleros, o se trasladaron a otros lugares para unirse a los restos de otras partidas para reorganizarse (Ardit, 1977: 291; Sauch, 2004: 175-176).

No parece muy aventurado afirmar, en consecuencia, que la rebelión armada de los realistas españoles había fracasado y si en 1823 revivió, no fue debido a causas endógenas, sino al impulso de la intervención exterior. Dicho de otra forma, los contrarrevolucionarios españoles no alcanzaron su objetivo y no consiguieron, además, asegurar la fidelidad de las personas que en 1822 lucharon en sus filas.

Razones para tomar las armas

COMO se acaba de ver, muchos se enrolaron en la guerrilla realista para evitar el sorteo de quintas, esto es, porque se consideraron perjudicados por una decisión de las autoridades constitucionales. No fue el único caso. Amplio descontento causaron asimismo ciertas normas relativas a los empleados públicos, el colectivo que venía siendo un importante soporte del régimen. Con el fin de controlar a los desafectos, en 1822 las Cortes facultaron al gobierno para trasladar de provincia a los empleados o cesantes sospechosos de apoyar la contrarrevolución y destituir a quien se negara a hacerlo; reducir en dos terceras partes el sueldo de los que no tomaran las armas en la defensa de los lugares de su residencia si eran atacados por los facciosos; multar, castigar o deponer a las autoridades locales que no diesen parte del tránsito de una partida realista por su término y remover, retirar discrecionalmente o reemplazar en su destino a los jefes y oficiales del ejército y de la Milicia Nacional comprendidos en el mismo caso.

No menos drásticas fueron las decisiones sobre eclesiásticos, debatidas en las Cortes durante los meses finales de 1822 bajo el epígrafe de “arreglo del clero". Se declinaron vacantes las diócesis cuyos prelados estaban en el exilio o habían sido suspendidos por razones políticas (en esta situación se encontraban los arzobispados de Valencia y de Tarragona y los obispados de Tarazona, Pamplona, Orihuela, Ceuta y la Seo de Urgel); se autorizó al gobierno a trasladar de diócesis a los curas que incitaran a la rebelión y se suprimieron todos los conventos y monasterios situados en despoblado o en núcleos menores de 450 vecinos (unos 2.000 habitantes), salvo en los lugares fronterizos, donde quedaron suprimidos todos. Como había constancia de que muchos frailes participaban en la formación de guerrillas, en determinados lugares se ordenó su expulsión. En Barcelona fueron embarcados en condiciones humillantes más de setenta religiosos, todos ellos franciscanos, y en otras ciudades se tomaron medidas similares.

Las providencias extraordinarias no se limitaron a clérigos y empleados públicos. En todas partes se generalizaron las detenciones y destierros de los sospechosos de connivencia con la contrarrevolución, de modo que las cárceles del reino quedaron repletas de personas detenidas sin garantías judiciales (Bayo, 1842: III, 15-16; Lafuente, 1922: 5-10). Existen noticias asimismo de asesinatos incontrolados en algún municipio. Doce realistas de Orihuela y alrededores, por ejemplo, corrieron esta suerte en septiembre de 1822 (Millán, 1984: 415). Todo esto causó especial efecto en el medio rural, donde quedaba más en evidencia la actitud de quienes no combatían a las partidas realistas y donde era más palpable la influencia del clero. Por lo demás, la población del campo no carecía de razones para el descontento, a causa de la política agraria y tributaria del régimen constitucional.

Durante el Trienio se prosiguió la política agraria iniciada en la época de las Cortes de Cádiz, basada esencialmente en eliminar las trabas que impedían el acceso a la propiedad de la tierra para adecuar la agricultura tradicional a un crecimiento industrial de carácter capitalista. Se trataba de eliminar los “obstáculos al progreso” denunciados, tiempo atrás, por los ilustrados y propiciar la movilidad social de la riqueza. Existían muchas posibilidades para el crecimiento agrario, debido al amplio margen existente para ampliar cultivos, y los liberales pensaron que facilitando el acceso a la “propiedad perfecta” (privada, libre y de signo capitalista) y suprimiendo las trabas jurídicas e institucionales que pesaban sobre la explotación de la tierra se crearía una base social que impulsaría el crecimiento económico y, al mismo tiempo, actuaría como sólido sustento del sistema constitucional (Millán, 2000: 201; Llopis, 2004: 41-42). Las medidas fundamentales para alcanzar tales objetivos fueron la desamortización del patrimonio de la Iglesia, la desvinculación (es decir, la supresión de las antiguas trabas jurídicas para disponer los dueños de sus bienes, fueran raíces o de otro tipo), la privatización de los bienes comunales de los municipios y la supresión de señoríos.

Tantas esperanzas se pusieron en este proceso que se creyó que una vez adquiriera impulso crecerían los ingresos del erario público y con ello quedaría superada la histórica penuria de la Hacienda, problema éste crucial para el gobierno. Mientras se alcanzara este objetivo, se podría sortear la situación gracias al incremento de la recaudación fiscal y mediante préstamos internacionales garantizados con los bienes eclesiásticos desamortizados. Por este motivo, la desamortización y las reformas tributarias ocuparon un lugar central en esta política.

La desamortización eclesiástica se afrontó con decisión, con el doble objetivo de enjugar la deuda pública y de aumentar el número de propietarios agrícolas. Se vendió casi la mitad de los bienes de monasterios y conventos, más algunos de la Inquisición y de otras instituciones relacionadas de forma más o menos directa con la Iglesia. Ahora bien, los lotes sacados a subasta eran de bastante extensión y como se estableció que los pagos se hicieran necesariamente con títulos de deuda pública, el proceso de compra quedó muy condicionado. Sólo pudieron acudir a las subastas los poseedores de esos títulos, es decir, personas acaudaladas de las ciudades (comerciantes, fabricantes, profesionales liberales, militares) y campesinos acomodados, algunos ennoblecidos. En muy pocos casos pudo beneficiarse de este proceso el pequeño campesinado. Así pues, la desamortización sirvió para crear nuevos propietarios o consolidar e incrementar la posición de quienes ya lo eran. En general -como ha resumido P. Ruiz Torres (1996: 219) “la desamortización provocó cambios importantes en la estructura de clases de la sociedad rural, dado que los propietarios advenedizos y la nueva economía movida por el beneficio y la renta capitalistas sustituyeron a las viejas élites locales y a las antiguas prácticas de la economía popular”. En muchos lugares, los nuevos dueños de la tierra inmediatamente subieron el canon de arrendamiento a los labradores que las trabajaban, de modo que los campesinos identificaron a los liberales con los enemigos de siempre y los clérigos no tuvieron mucha dificultad para inculcar a sus feligreses la idea de que la auténtica finalidad del liberalismo consistía en acabar con la religión al privar a la Iglesia de sus legítimas posesiones.

Tampoco tuvo los efectos esperados otra decisión encaminada, como la anterior, a crear nuevos propietarios agrícolas. Se trata del reparto y venta de los bienes raíces de titularidad municipal, los llamados bienes comunales y “de propios”. Un decreto de 1813, aplicado en 1820 y renovado en 1823, establecía la conversión en propiedad particular del patrimonio territorial municipal. Una parte de esas tierras se entregaría a los acreedores de la Hacienda pública, otra (el llamado “premio patriótico”) se repartiría en lotes a los oficiales retirados y soldados que habían luchado en la Guerra de la Independencia y lo que restara sería repartido entre los vecinos que lo solicitasen y no fueran propietarios. La medida se aplicó con mucha dificultad y exasperante lentitud. Faltó dinero para cubrir los gastos necesarios para deslindar y tasar las tierras. Los ayuntamientos no actuaron con diligencia en los trámites burocráticos. En la mayoría de las ocasiones resultó muy engorroso determinar la titularidad de los bienes. En ciertos municipios, en lugar de repartir tierras, se vendieron (y las adquirieron los potentados del campo o la ciudad) y fue frecuente que quienes más se beneficiaban de la explotación de esos bienes (por lo general, los campesinos acomodados y los ganaderos) simplemente se negaran a cumplimentar la ley. Los resultados, en consecuencia, fueron más bien magros y a lo sumo se logró crear unos 4.000 nuevos propietarios en toda España. Así pues, una medida que despertó inicialmente amplias expectativas entre el campesinado, se convirtió en fuente de muchas decepciones y fue aprovechada por los realistas en su propaganda contra los constitucionales (González de Molina, 1986).

Tampoco se avanzó gran cosa en lo relativo a la abolición del régimen señorial, aunque en este punto había cambiado mucho la situación respecto al Antiguo Régimen. En 1811 las Cortes de Cádiz habían acordado la supresión de los señoríos jurisdiccionales y la conversión en propiedad privada de los territoriales o solariegos. Aunque este decreto había sido derogado en 1814, tuvo efectos beneficiosos para el campesinado, que en la práctica dejó de pagar los derechos derivados de la jurisdicción de los señores: tasas judiciales, monopolios, caza, pesca, etc. No obstante, la confusión legislativa dio lugar a constantes pleitos entre señores y pueblos. En 1820 las Cortes trataron de resolver el asunto mediante la aprobación de una nueva ley, pero Fernando VII, haciendo uso de las prerrogativas de veto que le concedía la Constitución, se negó por dos veces a sancionarla. El 3 de mayo de 1823 se promulgó finalmente la ley de abolición de señoríos, en términos bastante favorables a los pueblos, pero no dio tiempo a desarrollarla.

Las disposiciones mencionadas tendentes a liberalizar el mercado de la tierra y a crear propietarios se completan con la ley del 11 octubre de 1820, que declaraba de propiedad libre y, por tanto, no sujetos a ninguna traba para ser vendidos o divididos, los bienes vinculados de la nobleza en virtud de la institución del mayorazgo. A partir de esta ley, muchos nobles vendieron sus bienes o parte de ellos para pagar deudas, lo cual supuso la transferencia de parte importante del patrimonio nobiliario a manos de la burguesía.

La Iglesia y también -aunque en menor grado- la antigua nobleza sufrieron un duro golpe como consecuencia de una política liberal que en realidad favoreció a la burguesía y a los labradores acomodados, algunos ennoblecidos. El pequeño y mediano campesinado, sin embargo, obtuvo pocos beneficios de este proceso y aunque no fue idéntica su situación en todos los territorios de la monarquía, ni siquiera obtuvo el resultado esperado de ciertas medidas que, en principio, cabía esperar que le fueran propicias. Es el caso de la reducción del diezmo a la mitad, acordada en 1821. Para compensar a los perceptores de este impuesto (mayoritariamente el clero, aunque no era el único), el Estado renunció a la parte que históricamente venía recibiendo en virtud del complejo sistema de las tercias reales, el noveno y el excusado. El medio diezmo debía constituir en teoría un notable alivio para el campesinado, al permitirle disponer de mayores excedentes para poner a la venta, pero enseguida bajaron los precios agrícolas y se esfumaron las esperadas ventajas.

Sobre este panorama, ya de por sí conflictivo, actuó de forma muy negativa la nueva política tributaria. Entre 1817 y 1823 los impuestos ordinarios subieron en un 40 por ciento, con el agravante de que debían ser satisfechos en metálico. Especialmente impopular fue el de consumos, que gravaba artículos de uso corriente (vino, vinagre, aguardiente y licores, aceite y carne). El incremento de impuestos constituyó un auténtico mazazo para un campesinado afectado por el descenso de los precios agrícolas y por las pésimas cosechas de 1821 y 1822 a causa de sequías y otras catástrofes naturales. En algunos lugares, como el norte del País Valenciano, se etiquetó a 1822 como el any de la fam y en Cataluña las cosas se agravaron a causa de la epidemia de fiebre amarilla declarada en 1821. El control fronterizo practicado por Francia para evitar la difusión de la epidemia perjudicó seriamente al comercio catalán, en particular el de ciertos productos, como el aguardiente, a su vez afectado por el hundimiento de las cosechas de vino. Las pequeñas parcelas dejaron de ser rentables.

Los impuestos estatales, a pesar de su gravedad, no agotaron los aprietos tributarios de la población rural, sometida asimismo a las contribuciones extraordinarias decididas por los municipios, especialmente en 1822, para subvenir a los gastos de fortificación y defensa y al mantenimiento del ejército a su paso por los pueblos. Durante el Trienio, además, se crearon nuevos ayuntamientos (la Constitución disponía que debían constituir ayuntamiento propio los núcleos que llegaran a mil habitantes y no lo tuvieran), los cuales solían carecer de recursos y en muchos casos trataron de obtenerlos cargando el impuesto de consumos. La presión tributaria, por tanto, causó mayores estragos en el medio rural que en el urbano y tuvo consecuencias negativas en el doble aspecto financiero y político. En el financiero, porque no se recaudó lo esperado (en conjunto, no se llegó al 50 por ciento de lo previsto) y en el político porque alejó del régimen a sectores que, en principio, debían verse beneficiados por las reformas económicas y, en todo caso, estaban llamados a ser su principal soporte (Arnabat, 2002: 88).

El fracaso en la recaudación se convirtió, por otra parte, en un grave problema para el gobierno. Desprovisto ya de los caudales americanos que históricamente habían resuelto los agobios de la Hacienda, ahora carecía de la suficiente liquidez para hacer frente al incremento de gastos exigidos por la defensa militar y no tuvo mucho éxito a la hora de concertar empréstitos en el exterior (Artola, 1986: 99-110). Por lo demás, en numerosas ocasiones hubo que recurrir a la fuerza para recaudar impuestos y no fueron escasas las tensiones por esta causa, bien entre ayuntamientos y autoridades provinciales, quienes se acusaban mutuamente de incapacidad para recabar los tributos, bien entre regidores locales y mandos del ejército constitucional destacado en la zona.

Naturalmente, se generalizó la tendencia a no pagar impuestos, pero quienes no pudieron sortear esta obligación, se endeudaron o se dieron a la mendicidad o a una vida desordenada próxima al bandolerismo. Allí donde era posible, es decir, en las provincias fronterizas, los más decididos optaron por el contrabando, con lo que se incrementó el perjuicio para los productores y comerciantes de las ciudades.

El descontento ante la situación económica no se circunscribió a los sectores sociales menos acomodados. La bajada de precios agrarios y la elevación de impuestos afectó a todas las capas sociales, de modo que las quejas surgieron por doquier. Los clérigos clamaron contra la desamortización, contra la reducción del diezmo y contra la supresión de establecimientos religiosos, y en todas partes, los nobles, sobre todo los hidalgos rurales, se sintieron injustamente tratados porque la Constitución y la legislación liberal les hizo perder el control ideológico y político ejercido tradicionalmente en los municipios por sus familias. Quedaban privados de las regidurías vitalicias o hereditarias, estaban obligados a pagar impuestos, habían perdido el monopolio de ocupar cargos de oficiales en el ejército, se les obligaba a pagar deudas vendiendo tierras o casas vinculadas, etc.

En el País Vasco se sumaron razones particulares. La política liberal desmanteló el antiguo sistema institucional. Las juntas generales y diputaciones forales fueron sustituidas por las nuevas instituciones creadas por la Constitución (las diputaciones y los jefes políticos provinciales), desaparecieron los particularismos fiscales, militares y judiciales y se modificó el sistema de aduanas. Ello supuso un duro golpe para los notables locales, que de pronto vieron reducida su capacidad de maniobra y sus ingresos, y no mejoró la suerte del campesinado. La presión fiscal, el incremento de arrendamientos y la obligatoriedad del servicio militar hizo añorar a muchos de éstos el antes odiado sistema foral. Pensaron que los liberales, en nombre de unas nebulosas promesas de libertad e igualdad, estaban acabando con su forma tradicional de vida (Aguirreaz- kuénaga-Ortiz, 1990: 175).

Una sociedad en las circunstancias señaladas no estaba en las mejores condiciones de sustentar un régimen empeñado en llevar a cabo un proceso revolucionario de gran calado, que necesariamente debía provocar conflictos sociales y que, además, estaba siendo acosado por todas partes y tenía en su contra a casi toda Europa. Por eso no resultó especialmente complicado crear un ambiente contrario al liberalismo. Más aún, si se hacía en nombre de la religión, del histórico sentimiento de veneración hacia el rey y de la forma de vida tradicional tan duramente afectada por la nueva situación económica. Los campesinos que no percibieron mejoras en su estado no podían considerar al liberalismo más que como a enemigo y, por supuesto, de la misma opinión fueron cuantos vieron mermados sus privilegios y su posición social. Así pues, cuando la coyuntura les fue propicia (es lo que ocurrió en 1822) unos y otros actuaron, cada uno a su manera, para derribar el régimen político del que suponían procedían todos sus males. Los sectores acomodados auspiciaron las conspiraciones políticas y la creación de partidas armadas y los individuos pertenecientes a los grupos sociales desfavorecidos engrosaron esas partidas.

En situaciones históricas similares, venía siendo habitual que el campesinado organizara motines, fenómeno que solían compaginar con la práctica del contrabando, el bandolerismo o el robo. En 1822 muchos siguieron este camino, pero no fue lo más revelador. Lo realmente determinante ahora fue su participación en unas partidas armadas que tenían la finalidad expresa de cambiar de régimen. Es decir, en determinadas zonas de España, el descontento se canalizó por la vía política, dejando en segundo lugar las formas tradicionales de protesta.

¿Significa esto que el campesinado pasado a la contrarrevolución tuviera una idea política concreta? A juzgar por lo que se acaba de decir, no lo parece. Tampoco los que organizaron las partidas realistas en nombre del absolutismo habían concretado su proyecto político. Lo que caracterizó a la mayoría de los levantados en armas en este momento fue su rechazo de la revolución emprendida por el liberalismo, porque no satisfacía sus aspiraciones (Millán, 1990: 35). En esto -que no era poco- todos coincidían. Lo que hubiera de venir a continuación era asunto en el que por de pronto no se acababa de entrar en detalle. Entre otras razones porque no convenía hacerlo. No todos los que se alzaron en armas contra el liberalismo deseaban la vuelta sin más del absolutismo y, a pesar de las apariencias, muchos de ellos eran más bien críticos hacia el clero. Es un hecho el anticlericalismo de la población rural. A los ojos de muchos, los eclesiásticos aparecían, cuando menos, como avariciosos o “pancistas”, es decir, dados a la buena vida.

La hostilidad del campesinado se canalizó sobre todo hacia los nuevos propietarios beneficiados de la política agraria liberal, porque los consideraron responsables de una continua subversión que ponía en peligro los modos de vida tradicional. Para un campesinado empobrecido o en vías de proletarización, el orden paternalista establecido por las viejas élites era preferible al derivado de la plena mercantilización de la tierra. Así pues, la sublevación antiliberal en Cataluña, el País Valenciano y el norte (Galicia, Navarra, País Vasco, cornisa cantábrica y parte de Castilla la Vieja) fue ante todo un movimiento de resistencia frente a los nuevos propietarios burgueses (P. Ruiz, 1996: 236; Millán, 2006: 519).

La rebelión tomo cuerpo en 1822 porque la coyuntura facilitó las cosas. Las malas cosechas, el incremento de las contribuciones, la inseguridad cotidiana en unos pueblos asaltados por las partidas realistas y obligados casi de forma simultánea a alojar y alimentar a las tropas constitucionales tan desmandadas como los otros y, en suma, la acusada alteración de la vida cotidiana, movió a muchos campesinos a prestar oídos a quienes les incitaban a tomar las armas. Era una salida posible y, en muchos casos, provechosa, pues se les proporcionaba alimento y algún dinero, a los que estaban fuera de la ley se les prometía el perdón y constituía una solución para los quintos que rehuían el reclutamiento militar.

A mayor abundamiento, los clérigos clamaban de manera terrible contra el liberalismo en nombre de la religión. El mensaje no podía caer en saco roto en una sociedad sacralizada, que había organizado la vida colectiva e individual en torno a los ritos prescritos por la Iglesia católica. Los curas y, sobre todo, los frailes, podían ser odiosos, viciosos si se quiere, pero eran los representantes de Dios y la encarnación de los valores religiosos. El clérigo era persona sagrada, diferente del resto, y aunque se le observaran vicios como a los demás, se le seguía atribuyendo un carácter especial y, ante todo, se le reconocía gran influencia sobre las conciencias individuales. Al fin y al cabo, el clérigo estaba en el secreto de lo sobrenatural, sabía lo que convenía para lograr la salvación eterna y representaba a una institución venerada: la Iglesia. Así pues, en período de insatisfacción profunda y general, las predicaciones y consejos de los clérigos -más aún si éstos se impartían en el confesionario- debían tener el máximo eco.

Es significativo que las partidas realistas -apunta Bayo (1842: III, 70)- crecieran de modo apreciable durante la Cuaresma, la época en que no quedaba pueblo sin recibir los sermones al uso (y, asimismo, el período del año en que descendían las tareas agrícolas y se incrementaba el precio del pan). Parece que entre el campesinado caló la idea de que los liberales eran herejes. Testimonios no faltan. Un oscuro funcionario realista, José Gabriel del Moral, autor de un diario sobre los sucesos de este tiempo, afirma que en 1822 nadie se acordaba de la Constitución “sino los herejes” y que Riego era "renegado y el mayor de los herejes” porque ahorcaba canónigos y sacerdotes y robaba las Iglesias (Del Moral, 1910: 295). El librero liberal Mariano Cabrerizo cuenta que algunos campesinos valencianos creían que los “negros” (los liberales) eran judíos y refiere la anécdota de un joven que al ser detenido por una columna de milicianos liberales gritó: “No me maten, que yo me haré judío” (Cabrerizo, 1854: 29). Por el contrario, los realistas contaban con la protección de la Providencia divina. El Trapense, por ejemplo, alcanzó fama de invulnerable a las balas porque llevaba siempre un gran crucifijo en el pecho.

Muchos campesinos, movidos por los mejores sentimientos, se convencieron de la necesidad de tomar las armas contra los enemigos del altar y del trono, como proponían los predicadores. Luchar en las filas realistas era, más que nada, una forma -sincera para no pocos- de manifestar sentimientos religiosos y amor al rey. Como es lógico, las proclamas lanzadas con profusión a la población rural por los jefes de partidas y por las juntas realistas provinciales insistieron en ello. Casi todas mencionan la situación de anarquía creada por los constitucionales y la persecución y crueldades de que eran objeto los buenos españoles, pero inciden especialmente en la imperiosa necesidad de tomar las armas para defender la religión y al rey, binomio al que se suele añadir, no con tanta frecuencia, un tercer elemento: la patria. Se recurre a lo emocional (rey y religión), pero se relega hasta un lejano segundo término el argumento estrictamente político, poco útil al efecto.

Una gran parte de la población, en su mayoría analfabeta, no sabía qué era la Constitución y, en el mejor de los casos, sus nociones sobre ella procedían de los curas y algún notable rural, lo que significa que no debieron de ser positivas. En Cataluña algunos interpretaron el grito de “Viva la Constitución” como un vítor a la nueva esposa de Fernando VII, lo cual, aunque parezca exagerado, es sintomático (Castells, 1989: 130). Por lo demás, las cuestiones políticas interesaban a muy pocos, incluso en las grandes ciudades. En vísperas de la invasión, en marzo de 1823, el diplomático francés Brochane d’Antilly, sorprendido ante esta circunstancia, informaba a su gobierno: “El pueblo de Madrid conserva una calma extraordinaria y parece que no se ocupa en absoluto de los acontecimientos políticos” (AAEE, Corr. Pol. Esp., 721: 150-160). En efecto, las ideas y las grandes cuestiones políticas no solían formar parte de la preocupación cotidiana de la población, pero, en rigor, ello no implica ausencia de enfrentamiento político. En varios pueblos y ciudades pequeñas fueron permanentes las luchas entre dos bandos. En realidad se trataba de controlar el municipio, sobre todo los cargos municipales, para ganar influencia, y también hubo mucho de enfrentamiento por razones personales o familiares, venganzas, enemistades, etc. Esto originó un ambiente de politización de la vida municipal y facilitó la decantación de dos bandos, el liberal y el realista, que a su vez propició la adscripción de la población a cada uno de ellos (Sauch, 2004: 126-139).

Al margen de la división política, la religión estaba bien interiorizada y la propaganda realista, casi siempre redactada en un lenguaje de claro sabor clerical, la presentó como móvil fundamental para el combate. En agosto de 1822, una proclama de la Junta de Navarra, presidida por el canónigo Joaquín Lacarra, justificaba la sublevación con el simple razonamiento siguiente: el sistema constitucional es “impío” y en consecuencia “atenta directamente contra la Religión y el Rey”. Para que su mensaje quedara perfectamente claro, la Junta advierte que los liberales gritan: “Muera la Religión y viva el demonio”, de ahí que “los que no salgan a la lucha, no serán dignos de conservar el nombre de Católico, Español, Navarro…”. Por su parte, en enero de 1823 El Trapense lo basaba todo en este llamamiento: “Seamos católicos y luchemos”. Como en el caso anterior, manifestaba a las claras -sin respetar la gramática- el carácter de su mensaje: “…todos sin distinción alguna están obligados a abandonar el claustro y nuestro modo de vivir para correr a la salvación de la Patria, la Religión y el Rey” (AGP, T. 21).

Este mensaje no cuajó en el conjunto de España, pero hizo mella en algunos lugares, porque llegó en momento oportuno, cuando muchos habían quedado decepcionados -como se ha dicho- por la política liberal.

El Ejército de la Fe

EN las zonas donde fructificó el movimiento, las partidas realistas actúa ron en el medio rural y a lo sumo -como en Cataluña- en ciudades media ñas. Operaban de acuerdo con el siguiente procedimiento: tras lanzar distintos llamamientos a la rebelión contra el constitucionalismo y con el apoyo por lo general del clero y de los notables realistas de cada lugar, entraban por sorpresa en los núcleos desprovistos de tropas constitucionales con gritos alusivos a la religión y al rey y en contra de la Constitución, rompían la lápida constitucional, liberaban a los presos, saqueaban y robaban -o confiscaban, como ellos decían- las propiedades de los más distinguidos liberales. Acto seguido regresaban a sus puntos de origen, nunca estables, llevando a veces a algunos liberales como rehenes, que liberaban cuando les llegaban las cantidades exigidas.

Antes de la entrada del ejército de Angulema, los realistas armados no llegaron a entablar combate directo de importancia con el ejército constitucional. Más bien al contrario, si se sentían acosados, se limitaban a huir y cuando no les era posible otra salida, los del norte buscaban refugio en Francia. Una vez allí, los menos significados de la partida eran retenidos por el ejército francés en puntos señalados que actuaban como lazaretos para guardar la cuarentena por la epidemia de fiebre amarilla declarada en España, mientras los jefes se dirigían a Toulouse o a Bayona a recibir órdenes (y pedir dinero) del marqués de Mataflorida o del general Eguía. Pasado un tiempo, volvían a España para reemprender la lucha, no siempre con la misma gente que les había acompañado en la salida.

Suele afirmarse que las partidas realistas contaron en sus operaciones con el apoyo popular. Tal extremo habría que verificarlo con estudios detallados, para determinar si la colaboración fue sincera o forzada. En todo caso, se dieron situaciones de todo tipo. En Cataluña y el País Vasco las auxiliaron el clero, labradores acomodados, ciertos ayuntamientos y las personas sin una postura clara en política (los indiferentes), que quizá en algunas localidades constituyeron el grueso de la población (Arnabat, 2002: W>S). I ti Andalucía, sin embargo, la mayor parte de la población rural odiaba a estos guerrilleros y sólo el clero y algunos notables locales les prestaban apoyo, del que carecían por completo en las ciudades (García León, 1983: 102). Es posible que, en general, los habitantes del campo disimularan una buena acogida por temor a represalias y puede que otros quedaran sinceramente impresionados por sus proclamas y declarado ardor religioso y monárquico. También está demos- irado que, en general, los guerrilleros causaban desasosiego. Una vez iniciada la invasión francesa, varias ciudades de la mitad septentrional de España -la zona más abundante en partidas- solicitaron expresamente a Angulema que los franceses hicieran su entrada antes que los realistas españoles, sin duda porque de éstos esperaban lo peor.

Por su forma de actuar, las partidas realistas despertaron todo tipo de suspicacias entre los mandos de las fuerzas invasoras francesas, pero les era ineludible contar con ellas. Los guerrilleros conocían el terreno y constituían un refuerzo numérico apreciable. Además, y sobre todo, servían como engarce entre los invasores y la población civil. Prescindir por completo de ellos suponía enajenarse el apoyo de las organizaciones realistas locales y, por supuesto, el de Fernando VII. De ahí el interés, antes de proceder a la invasión, de dotar de alguna organización a estas fuerzas para sacarles el máximo provecho.

La tarea no era fácil y el general Guilleminot no lo ocultó al gobierno francés. Poco antes de la invasión, el 27 de marzo de 1823, informó a Villèle de los esfuerzos en curso por dotar al movimiento guerrillero de una organización regular que introdujera disciplina y le permitiera actuar a las órdenes de Angulema, pero puntualizó: “No hace falta disimular que tendremos mucho que hacer y que sólo llegaremos a un resultado muy imperfecto”. Guilleminot fundaba su escepticismo en la rivalidad entre sí de los jefes de las partidas y en una razón de peso: los guerrilleros “recorren el país librándose a todo tipo de exacciones, de venganzas, e inspiran temor hasta tal punto que las clases menos dadas a favorecer a los revolucionarios intentan sin embargo la destrucción de estas bandas” (Villèle, 1904: 3, 292). Si el jefe del Estado Mayor del ejército invasor estaba en lo cierto, no cabe juicio más desfavorable sobre las partidas realistas.

Momentos antes de la invasión, el duque de Angulema afrontó la organización de estas fuerzas, colocándolas bajo el mando de tres generales: Quesada, Carlos O’Donnell y el conde de España. Asimismo, les proporcionó armamento y provisiones y reunió en el sur de Francia, en San Juan de Pie de Puerto y alrededores, los efectivos (no más de ocho mil hombres) dispuestos a acompañar al ejército invasor en su entrada en España. Cuando ésta tuvo lugar, Quesada entró por Behobia junto a las tropas de Oudinot, el conde de España lo hizo por Roncesvalles con Molitor y, días más tarde, Eróles -que desde el comienzo actuó con libertad en tierras catalanas- acompañó a Moncey en su entrada en Cataluña.

El concurso de estas tropas españolas, a partir de ahora denominadas Ejército de la Fe o realista (los constitucionales les llamaron facciosos, rebeldes o “feotas”, por la invocación teologal) fue útil y así lo reconocieron las fuentes militares oficiales francesas, pero no tardó en quedar patente que no carecían de fundamento las reticencias expuestas por Guilleminot y, sobre todo, su escasa operatividad. El Ejército de la Fe adolecía de falta de disciplina, sus jefes -sobrados de arrogancia y divididos entre la fidelidad a la Junta recién formada por Angulema y a la Regencia de Urgel- procedieron por su cuenta, sin ajustarse a objetivos militares, guiados más bien por la sed de venganza y el pillaje. Los testimonios de los militares franceses son unánimes -y abundantes- en este sentido.

Al prepararse para entrar en Cataluña, el mariscal Moncey comunicó a Angulema que las tropas mandadas por el barón de Eróles estaban compuestas de contrabandistas, pastores y cazadores que conocían bien el terreno, que sabían cargar un fusil, pero maniobraban mal. Moncey reconoce en esos hombres devoción por su rey y confianza en sus jefes, pero hace notar que en muchos de ellos predomina el móvil de vengar injurias (Bittard de Portes, 1975: 88). Boislecomte, militar francés autor de unos recuerdos de la guerra muy fiables, resalta el terror que causaban estas tropas en las poblaciones a medida que avanzaban junto a las de Francia. Los soldados realistas trataban las zonas ocupadas como “territorio conquistado" y sus jefes abusaban hasta el extremo de su autoridad, lo cual da pie a imaginar todo tipo de desmanes. La información transmitida por el propio Angulema a Villèle el 13 de abril resume perfectamente, aunque se refiere a un hecho concreto, lo que sería la tónica de la campaña: “El general Quesada ha ido hasta la fecha por delante de nosotros, sin que lo hayamos podido impedir. Ayer me enteré, por el mariscal duque de Reggio, que marchaba sobre Bilbao… Como esta ciudad es muy rica y teme, de la misma forma que toda España, a las de la Fe, yo hubiera querido que llegasen primero nuestras tropas, pero no hemos tenido tiempo” (Villèle, 1904: 3, 340).

Las quejas no provinieron sólo de los franceses. El general realista Carlos O’Donnell se vio obligado a organizar batallones con los guerrilleros más moderados para controlar los desmanes del resto. Pero los mayores problemas los provocó El Trapense. El 16 de agosto de 1823 el jefe militar realista de Santo Domingo de La Calzada envió al capitán general de Castilla la Vieja un informe demoledor sobre “el desorden que en La Rioja causa la presencia y procedimientos de fray Antonio Marañón, El Trapense”. Da lugar -dice- a “la anarquía más completa”, actúa con “rigor arbitrario e ilegal”, no obedece órdenes de ninguna autoridad superior, en suma, “insultos, atropellamientos, exacciones violentas, son el ejercicio cotidiano de un Monje que debiera estar en su retiro” (AGP, 24: 515-517). No cabía decir más contra el “monje”.

Si los testimonios procedentes del propio bando anticonstitucional, sea de franceses o españoles, sobre el comportamiento de los guerrilleros realistas resultan inequívocos, no lo son menos al tratar sobre su efectividad militar. La indisciplina general, la tendencia de los jefes a actuar por su cuenta, la carencia de conocimientos (los oficiales franceses resaltan de forma especial su escasa preparación artillera) y su ausencia de objetivos propiamente militares convirtieron a estas tropas en un obstáculo para el ejército mandado por Angulema. Sin embargo, según los franceses eran útiles en el sitio de las ciudades. En efecto, en estas acciones es donde el Ejército de la Fe resultó más eficaz, aunque en ocasiones su forma de actuar retrasó diversas operaciones. Así ocurrió en la primera ocasión en que Sempere trató de tomar Valencia. Según Pedro García Navarro, militar de carrera que actuó como jefe de Estado Mayor del ejército de Chambo, auxiliar en este lance de Sempere, el objetivo no si cumplió debido a “la holgazanería, la impericia y el desorden”, a que todos mandaban y no había quien ejecutara. Navarro, que fue uno de los pocos que se atrevieron, terminada la guerra, a exponer estos hechos a Fernando VII, fue muy crítico, asimismo, hacia su jefe Chambo, a quien acusa de desconocimiento total de las reglas y tácticas militares y de acciones completamente inoportunas. Baste referir una de ellas: en la prepa ración del ataque a Morella, Chambo mandó pasar la artillería por un camino completamente impracticable (y por eso sufrieron las piezas muchos desperfectos) “con el simple objeto de que la viesen pasar por su pueblo”, que era Ulldecona, dice Navarro (AP, 24: 247-267).

En un principio, el gobierno francés se había mostrado reacio a asignar una dotación económica al Ejército de la Fe, pero a mitad de la campaña cambió de idea. En julio de 1823 decidió dotarlo de una nueva organización y le acordó una subvención mensual. Según dijo Villèle, eso se hacía “para que cumpla su deber”, o como él mismo especificó, para evitar el pillaje al que inicialmente se había aficionado sin límite (Villèle, 1904: 3, 345). En otros términos, se trataba de controlar unas tropas, cuya indisciplina y comportamiento, más propio de bandoleros que de soldados, y su afición a practicar persecuciones indiscriminadas, empañaban la finalidad perseguida por la intervención francesa.

La nueva organización se orientó a unificar el movimiento guerrillero en torno a unos cuantos jefes, con el fin de dar forma a lo que podría ser el embrión de un nuevo y auténtico ejército depurado de toda veleidad hacia el liberalismo. Por esta razón se especificó que las tropas objeto de la ayuda debían ajustarse a las leyes y ordenanzas militares españolas.

Los jefes de partidas designados, todos con el grado de general, y su respectiva zona de actuación, fueron los siguientes: Quesada en Madrid y Segovia, Bessière en Cuenca, el conde de España en Navarra (con la misión especial de actuar en el sitio de San Sebastián), Fleyres en Sevilla y Córdoba, Sempere y Chambó en Valencia, Troles en Cataluña, Elnoy en Tortosa, Mermo en Extremadura, Sánchez Cisneros en La Mancha y Longa en Santander. Estos comandantes mandaban en total a unos 30.000 hombres y disponían de 5.500 caballos. Cada uno de ellos tenía a sus órdenes no menos de un millar de hombres (Bittard des Portes, 1975: 205-206).

La forma de hacer la guerra del Ejército de la Fe queda resumida, quizá de la manera más expresiva, en la siguiente frase de una representación al rey realizada en 1824 por el general Juan Sánchez Cisneros, de convicciones absolutistas patentes: “Toda la guerra quedaba reducida a atacarse unos a otros [realistas y constitucionales] donde quiera que se encontraban, a degollarse mutuamente y no darse cuartel” (AGP, T. 24: 119).

La Regencia absolutista

A un mes de su inicio, ya se había constatado que la campaña militar no estaba resultando tan complicada como se había presumido. Sin embargo, Angulema no abandonó su prudencia inicial, pues aunque sus tropas avanzaban sin graves obstáculos por el centro de la Península, no tenían aseguradas las espaldas. Mina impedía progresos en Cataluña y en Galicia se mantenía la resistencia. Con todo, lo más desesperante era el traslado del rey y las instituciones políticas constitucionales al sur de Andalucía, el punto más alejado de la frontera francesa. Todo ello demostraba que la fidelidad de los españoles al sistema constitucional era mayor de lo esperado y que la finalidad de la campaña (la liberación de Fernando VII) no estaba tan próxima como podían dar a entender los partes militares transmitidos diariamente a París por el general Guilleminot a través del telégrafo recién instalado en Bayona.

Tampoco estaba totalmente despejado el horizonte internacional. En gran medida habían quedado superadas las reticencias iniciales de las potencias europeas a dejar la intervención militar en las solas manos de Francia, pero de vez en cuando afloraban rescoldos de desconfianza. El dato más significativo fue el anuncio del zar, a finales de abril, de con centrar un ejército en Polonia para enviar en caso necesario a España en nombre de la Santa Alianza. Se trataba de una muestra más de la fanfarronería de Alejandro I, obcecado en adquirir un protagonismo especial en el “affaire español”, y delataba la falta de confianza en la actuación militar francesa. En realidad, la idea era de difícil aplicación, pues ni el zar disponía de dinero para tal empresa, ni lo hubieran permitido Inglaterra y Francia. Así pues, el proyecto no se materializó, pero al contar con el apoyo de Austria, causó algún desconcierto (Bertier de Sauvigny, 1971: 748-753).

Los escarceos de este tipo venían a demostrar que la pretendida unidad de los aliados europeos no era tan firme como pretendían dar a entender los diplomáticos. La causa de las desavenencias no estaba relacionada con la campaña militar (desde su inicio todas las potencias quedaron satisfechas de la marcha de las operaciones), sino con la política. Lo que realmente preocupaba era el futuro político de España, empañado por la incertidumbre sobre la actitud de Inglaterra. La declaración de neutralidad del gobierno de este país no acababa de tranquilizar a los aliados, pues diariamente constataban que las comunicaciones con los constitucionales eran más frecuentes de lo deseable y recelaban -como varias veces dijo Chateaubriand- que Inglaterra estuviera apoyando en la práctica a los liberales. De hecho, el aislamiento de estos últimos era relativo, pues las principales ciudades costeras continuaban en su poder y se mantenían casi expeditas las comunicaciones marítimas. Angulema se quejó repetidamente ante el gobierno francés de la constante arribada de buques británicos a Cádiz y La Coruña; y Villèle, por su parte, con conocimiento de causa, pues antes de su acceso al gobierno había tenido estrecha relación con los asuntos marítimos, no hizo sino lamentar la escasa operatividad de la armada francesa.

A comienzos de mayo, por tanto, se podía vaticinar -así queda reflejado en la correspondencia diplomática de la época- la pronta derrota militar de los constitucionales, pero ni era posible ponerle fecha al evento ni, menos aún, precio. Esto, naturalmente, inquietaba a los franceses, pues la prolongación temporal del conflicto, aparte de incrementar sus costes, tendría consecuencias políticas y diplomáticas negativas para ellos. Urgía, pues, finalizar la campaña cuanto antes, pero dadas las circunstancias todo daba a entender que no sería suficiente la toma de Madrid. El abandono de la ciudad por el rey y el gobierno, interpretado por casi todos como un error de los constitucionales porque dejaba indefensa la capital de la monarquía, había sido en realidad un acierto estratégico de las Cortes españolas.

En suma, al poco de comenzar la campaña, los franceses llegaron al convencimiento de que no alcanzarían sus objetivos con la sola fuerza militar. Necesitaban, además, ganarse la confianza de los españoles para acabar con su resistencia y contar con la complicidad sin reticencias de la Santa Alianza para disuadir a Inglaterra de cualquier apoyo a los constitucionales. La formación de un organismo político encargado de administrar el país en nombre del rey cautivo podría ser un medio excelente para alcanzar ambos resultados. Así lo indicó Villèle el 11 de mayo a Angulema, cuando éste preparaba en Burgos la marcha sobre Madrid: una Regencia formada por hombres adecuados infundiría confianza a los españoles y disiparía toda resistencia; al mismo tiempo, fortalecería la causa de Francia, pues las grandes potencias enviarían representantes a Madrid y quedaría reforzada diplomáticamente la actuación militar. Pero Villèle no ocultó el peligro derivado de un error en este punto. Una Regencia débil, que no siguiera las pautas de moderación marcadas por Francia, “no nos dejaría otro recurso que conseguir por la fuerza la libertad del rey, lo cual no carece de dificultades, o establecer en las provincias que vayamos liberando instituciones locales que consagrarían un régimen federal muy contrario a la fuerza de la monarquía española” (Villèle, 1904: 3,430-431).

El establecimiento de la Regencia, por tanto, se convirtió en asunto capital y urgente para las autoridades francesas, de modo que antes de entrar en Madrid se ocuparon de lleno en hallar las personas adecuadas. Tras afanosas gestiones, consensuaron una lista de las más convenientes con Fernando VII, quien a pesar de su “cautividad” en Sevilla estaba al tanto de cuanto acontecía, y llegaron a la conclusión de que el hombre apropiado para presidir el organismo era el duque del Infantado, conceptuado por los franceses como persona moderada. Con el objeto de dar apariencia de legalidad y dejar patente que todo era producto de la voluntad de los españoles, el gobierno francés pretendió que los antiguos Consejos procedieran al nombramiento formal de la Regencia entre los individuos de la lista. Sin embargo, su reunión resultó imposible. Muchos consejeros estaban ausentes de Madrid y, además, el recurso a los Consejos causaba serios problemas, entre ellos uno de enorme importancia: si se convocaban los Consejos no podía prescindirse del de Inquisición y esto hubiera significado que las autoridades francesas respaldaban su retorno, lo cual no entraba en modo alguno en sus cálculos.

Angulema se vio obligado a optar por una vía intermedia y con no escaso apresuramiento convocó sólo a los Consejos de Castilla y de Indias, con la excusa de que, dadas sus competencias, abarcaban todo el territorio de la monarquía. Los consejeros se negaron a nombrar regentes, alegando carencia de facultades, pero como cosa suya dieron los nombres de las personas aptas para ocupar el cargo. El 25 de mayo, al día siguiente de su entrada en Madrid, Angulema anunció la formación de la Regencia con los nombres ofrecidos. Eran éstos los presidentes de ambos Consejos (el duque del Infantado, del de Castilla, quien a su vez presidía la Regencia, y el duque de Montemar, del de Indias), el barón de Eróles, el obispo de Osma (Juan Cavia González) y Antonio Gómez Calderón. Como secretario figuraba Francisco Tadeo Calomarde, pronto famoso por su inquina represiva desde el Ministerio de Gracia y Justicia. El gobierno francés había deseado la inclusión en el organismo de los duques de San Carlos y de San Fernando, y para que la representación eclesiástica fuera significativa, la de un arzobispo (pensó en el de Valencia). El arzobispo rehusó porque seguía fiel a Mataflorida y consideraba válida la a estas alturas inoperante Regencia de Urgel. No se sabe muy bien por qué razón los consejos no propusieron a los dos duques. Tal vez porque así lo indicó Fernando VII.

La Regencia se apresuró a nombrar un gobierno provisional, también convenido con “el rey cautivo” y, por supuesto, de acuerdo con las autoridades francesas. Para el principal Ministerio, el de Estado, escogió a Vargas Laguna, pero como no estaba en España ocupó el puesto de forma interina Víctor Damián Sáez, confesor del rey y canónigo de Toledo. El general José San Juan se hizo cargo de Guerra; el fiscal del Consejo de Castilla, José García de la Torre, de Gracia y Justicia; Juan Bautista Erro -antiguo intendente-, de Hacienda y Luis María Salazar, de Marina. Como novedad en el ordenamiento político español, se creó un nuevo ministerio, con la denominación de Interior de la Península y Ultramar, para el que se nombró a José Aznárez, fiscal del Consejo de Guerra, persona distinguida años antes en la delación de liberales. Este ministerio fue resultado de una transacción entre los franceses y la Regencia. Estaba empeñada ésta en restablecer de inmediato la Inquisición, pero los franceses mostraron la más firme resistencia a dar este paso y se optó por el nuevo ministerio, con un cometido similar al del famoso Tribunal en el control de las opiniones, como deseaban los regentes (Villèle, 1904: 3, 515).

Las autoridades francesas quedaron satisfechas, en principio, con estos nombramientos, en particular con el de Infantado, a quien no escatimaron elogios. También Sáez gozó de su mejor opinión. El incansable Martignac, enviado por Villèle junto a Angulema en calidad de consejero político, expresó el siguiente juicio sobre él: “Hombre de mérito, de opiniones sabias, con un carácter conciliante y persona muy agradable al rey” (Villèle, 1904: 3, 470). Pronto se demostró el error de estas apreciaciones -salvo la última- y cupo a Angulema experimentarlo de forma muy directa.

En un documentado estudio, Jean Sarrailh califica a los regentes de hombres poco sagaces, sin preparación, vengativos y mediocres, guiados por una sola regla: vengarse de los liberales. En este punto fueron muy eficaces, pero en el resto carecieron de iniciativa y de sentido político. Infantado siempre fue persona titubeante y aunque se le atribuye una amplia formación cultural, en materia política ningún historiador le reconoce mérito alguno. El conde de Montemar era una nulidad y, al parecer, su único mérito para integrar la Regencia fue su docilidad como presidente del Consejo de Indias. Eróles en nada influyó, porque pasó el tiempo en el campo de batalla. El factótum de la Regencia fue el obispo de Osma, único capaz de tomar iniciativas, secundado por Gómez Calderón, su brazo derecho. Ambos eran partidarios de medidas severas contra los liberales o como expresó con exactitud De Caux, agente político de Chateaubriand en España, de “sistematizar el rigor” (Sarrailh, 1930: 29-33).

Más capacidad halla Sarrailh en el gobierno, aunque no mucha -afirma- salvo en la represión del liberalismo. Salazar era un marino honesto y leal, con amplia experiencia en la administración, pero muy gris, siempre sujeto a las opiniones de los demás. El mérito más relevante del también oscuro general San Juan era su participación en la sublevación del 7 de julio contra el constitucionalismo. Tal vez Erro, gracias a su paso por las Intendencias de Madrid y de Barcelona, era el mejor preparado para el puesto que ocupó y Aznárez demostró eficacia en la organización de la policía. Por su parte, el canónigo Sáez no pasaba de ser un intrigante que se benefició de su ascendiente sobre Fernando VII por haber sido su confesor. Hombre obsesionado, como el resto, por castigar con la mayor dureza a los liberales, de él se dijo que ni siquiera conocía la geografía de Europa y pasaba auténticos apuros a la hora de escribir o tratar con los embajadores extranjeros, extremo éste que no tardaron en constatar los que rodearon a Angulema. Los partidarios de Sáez lo consideraban muy hábil en ambos derechos, pero a juicio de un contemporáneo, el también clérigo Guillen de Mazón, no pasó de ser un pobre teólogo y un simple decretalista, dado al abuso en la argumentación silogística, pero ignorante en Teología y en Derecho y casi nulo en las demás ciencias (ANP, F7, 12051). Sáez fue el alma de las organizaciones secretas religiosas de cariz absolutista extremo, que pronto se hicieron célebres, como tendremos ocasión de constatar.

A los nuevos dirigentes políticos de la España contrarrevolucionaria se les puede aplicar el juicio de Josep Fontana sobre Erro: “Era hombre de inteligencia normal y de reaccionarismo consecuente, lo que hacía de él una persona muy adecuada para ostentar funciones de gobierno en estos días” (Fontana, 1973:75). Tal vez por esta razón fueron elegidos. En todo caso, las autoridades francesas no mostraron en este punto acierto alguno, sea por falta de conocimiento de las personas, sea porque atendieron en exceso las indicaciones de Fernando VII. La satisfacción inicial de los franceses por estos nombramientos quizá se deba a que los consideraron un paso firme para la restauración del orden monárquico. La composición de la Regencia y el gobierno revela el equilibrio de poderes en el aparato del Estado de la España del final del Antiguo Régimen, pues quedaban representados los estamentos y órganos básicos: los Consejos (Aznárez, García de la Torre y Gómez Calderón), el ejército (Eróles, San Juan, Salazar), la grandeza (Infantado y Montemar) y el clero, en las personas del obispo de Osma y Sáez (Luis, 2002: 55-56).

En cualquier caso, la formación de la Regencia no fue tarea fácil. En parte porque no resultó sencillo hallar los “hombres sabios” deseados por Francia y, sobre todo, porque afectaba al futuro político de España y ésta era una cuestión mayor, que ni Fernando VII ni las potencias de la Santa Alianza estaban dispuestos a dejar sólo en manos de Francia. Todos coincidían en que la Regencia debía limitarse a ser un órgano administrativo, como se había pretendido lo fuera la Junta de Oyarzun, esto es, un “gobierno provisional” destinado a administrar el país en nombre del rey durante su cautividad, sin estar dotado de poder constituyente para decidir el futuro régimen político, potestad atribuida en exclusiva al rey. Ahora bien, a nadie se ocultaba que las decisiones de la Regencia marcarían la posterior orientación política de España. Además -esto era muy relevante para las potencias europeas- quien alcanzara influencia sobre ella se colocaría en una posición excelente para decidir sobre la cuestión de las colonias americanas españolas, el gran negocio del que habría que ocuparse en cuanto terminara la presente guerra.

No parece que en estos momentos el problema americano preocupara a Fernando VII, pero sí le obsesionaba hasta lo indecible la restitución del absolutismo, de ahí su interés por colocar en el gobierno provisional a personas de su confianza. El más señalado en este sentido era Eguía y por él luchó hasta el último momento. A través de Ugarte, a quien había dejado -como sabemos- en calidad de una especie de plenipotenciario universal durante su ausencia de Madrid, Fernando VII hizo lo posible por la continuidad de Eguía al frente del gobierno provisional español. En cuanto llegó Angulema a Madrid, Ugarte le presentó una carta del rey, donde confirmaba su reconocimiento de Eguía como única autoridad española. También en este sentido presionó el infante don Carlos en un escrito transmitido a Angulema a través del conde de La Puebla (Villèle, 1904: 3,508).

Estas misivas resultaron un contratiempo para Angulema y el gobierno francés y además llegaron cuando la rectificación era imposible, pues la nueva Regencia estaba ya formada. Ahora bien, los deseos de Fernando VII podían ser satisfechos de distintas formas. La capacidad de acción del rey de España era, a pesar de todo, limitada, y resultaba bien conocida su volubilidad en materia de personas, de modo que la sustitución de Eguía no era tarea imposible si se aceptaban otros nombres propuestos por el rey, como así ocurrió. Por lo demás, los franceses ya habían experimentado en el caso de la Regencia de Urgel la escasa constancia del monarca español en el apoyo a sus fieles. Bien lo sabía Mataflorida, pues a pesar de proclamar a los cuatro vientos que la Regencia de Urgel era la única representación legal de Fernando VII, a estas alturas nadie le hacía el menor caso, empezando por el rey.

En cuanto a Eguía, no parecía difícil vencer su resistencia. El procedimiento empleado por Angulema y su consejero político, Martignac, fue el que tan buenos resultados venía proporcionando a los Cien Mil Hijos de San Luis: dinero y promesas. Martignac expuso sin rodeos la solución al ministro Villèle: “La plaza de capitán general y una orden francesa de rango un poco elevado satisfarán, espero, a Eguía” y sigue: “Tengo la certidumbre de que una suma de treinta o cuarenta mil francos… facilitará nuestra negociación y evitará su descontento”. Villèle, siempre condescendiente con este sistema, respondió: “Somos de la opinión que Eguía no sólo debe ser tratado con miramientos, sino también recompensado… Los gobiernos deben ser siempre justos y reconocidos, si desean ser bien servidos” (Villèle, 1904: 3, 449 y 467-468). Dinero y honores se concedieron a Eguía y esto fue suficiente para ganar por el momento su silencio. La Regencia comenzó su andadura sin la presencia de Eguía, quien se guardó el odio a los franceses para más adelante.

Enredos diplomáticos

MAYOR trastorno que el rey Fernando y sus partidarios españoles originó Metternich. Al canciller austríaco le preocupaba poco la duración de la guerra (al fin y al cabo Francia se había empeñado en acometerla en solitario y justo era que empleara su dinero y la sangre de sus soldados), pero estaba obsesionado por el futuro político de España. Debido a la reciente experiencia en Italia y a las posibles implicaciones en los propios Estados del imperio austríaco, consideraba ineludible barrer la revolución y eliminar cualquier veleidad constitucional. Por esta razón había apoyado la intervención en España, pero temía que Francia, en su intento de ahorrarse los problemas de una guerra prolongada o por presiones de Inglaterra, negociara con los constitucionales españoles algún tipo de gobierno representativo. Podría servirse de la Regencia al efecto, de modo que Metternich trató de impedir que se formara al estilo deseado por los franceses. Para ello utilizó al rey de Nápoles: se trataba de que éste reivindicara sus derechos sobre el trono de España.

Fernando IV de Nápoles y II de las Dos Sicilias era el tercer hijo de Carlos III de España y tío de Fernando VII. Su derecho a la corona de España era incontestable y en tiempos de ensalzamiento del legitimismo monárquico histórico constituía un argumento más que convincente para reclamar su preeminencia a la hora de formar una Regencia en España. Con cierta solemnidad, el 6 de junio de 1823 así lo hizo saber su embajador en París, príncipe de Castelcicala, a los representantes de las potencias de la Santa Alianza y al ministro francés de Exteriores, Chateaubriand. En opinión de Bertier de Sauvigny (1971: 771), el napolitano leyó un texto firmado por el rey de Nápoles, pero preparado por Metternich, lo cual le confería una dimensión diplomática de indudable importancia. Kl rey de Nápoles declaraba que en virtud de sus “derechos de nacimiento” era “el único regente” mientras durara la cautividad de Fernando VII y su familia. No obstante, se mostraba dispuesto a sancionar a los individuos nombrados para la -según él- “supuesta” Regencia de Madrid, pero sin reconocer a ésta ese carácter, sino el de una Junta o Gobierno Provisional que debería estar sometido a las indicaciones de su embajador, Castelcicala, a quien pensaba enviar a Madrid con plenos poderes para actuar en su nombre (AAEE, Corresp. Pol. Esp., 722: 20-25).

Chateaubriand estaba bien informado de los movimientos de Metternich, pero no pudo ocultar su extrañeza. El 10 de junio hizo este comentario a La Ferronnays, embajador francés en Rusia: “Aunque estaba totalmente prevenido … no acababa de salir de mi sorpresa. Casi me era imposible imaginar que a un rey anciano (el de Nápoles), que caza en Viena en lugar de gobernar sus Estados y cuya capital está ocupada por tropas austríacas, se le ocurriera declarar que España sería suya en caso de muerte de la familia real de España, que Francia había hecho tantos sacrificios para situar al señor duque de Angulema y a cien mil soldados franceses bajo el cetro del príncipe de Castelcicala” (cit. por Bertier de Sauvigny, 1971: 772).

El incidente tenía lugar en un momento clave para los planes franceses en España. En esas fechas Francia trataba de solventar tres importantes cuestiones. La primera era de índole militar: una vez ocupado Madrid, resultaba obligado preparar la invasión de Andalucía para liberar a Fernando VII, pero Angulema se quejaba de falta de hombres, del insuficiente apoyo de la armada francesa y de la inseguridad provocada por la resistencia en Cataluña y en otros puntos del norte. Un segundo problema derivaba de la actuación de la propia Regencia de Madrid: sus primeras decisiones, inequívocamente orientadas hacia el absolutismo, no respondían a los deseos de los franceses. El tercero era diplomático: para formalizar su dominio político en España y fortalecer el apoyo internacional, Francia necesitaba con toda urgencia restablecer la normalidad diplomática mediante la presencia de embajadores europeos en Madrid.

Las tres cuestiones constituían la clave del futuro político de España y, por fuerza, condicionaban la duración de la guerra. Ahora bien, para Francia resultó muy embarazoso constatar que por sí sola no podía resolverlas. El avance hacia Madrid había sido calificado por muchos -incluso por los británicos, a regañadientes- como un “paseo militar”, pero Angulema sabía perfectamente que la guerra no estaba ganada, pues no disponía de la persona del rey, y además, no tenía garantizado el dominio territorial. Al margen de la persistente resistencia en el norte y de los muchos puntos todavía controlados por los constitucionales, a finales de mayo y comienzos de junio Angulema albergaba todo tipo de recelos sobre la fidelidad de las ciudades y pueblos conquistados. Sabía mejor que nadie que la situación podía experimentar un cambio, pues a pesar de los gritos a favor del rey y de los agasajos a los franceses “libertadores”, lo que realmente importaba a los españoles era mejorar su situación material y vivir en paz, lo que no se lograría si proseguían los desmanes de los absolutistas y la cruel persecución de liberales. Así pues, precisaba de la colaboración de las nuevas autoridades españolas para garantizar la tranquilidad pública y la adhesión de la población. De ahí su interés porque la Regencia actuara con moderación.

Si era preciso contar con la colaboración de los españoles, por muy deleznables que éstos fueran, como tantas veces insinúan en su correspondencia Villèle, Angulema y Chateaubriand, no menos necesaria resultaba la de las potencias de la Santa Alianza, aunque sólo fuera para cercenar toda posibilidad a Inglaterra de actuar por su cuenta de forma descarada a favor de los constitucionales. Si Rusia, Austria y Prusia enviaban embajadores ante la Regencia en Madrid, el espaldarazo político y diplomático a la actuación de Francia sería decisivo y disuadiría a Inglaterra de cualquier aventura. En este punto confluían precisamente los obstáculos apuntados. Metternich y el zar abogaban claramente por la implantación del absolutismo en España y por eso no deseaban oír hablar de concesiones a los constitucionales, ni siquiera de emprender negociaciones con ellos. Era lo mismo, exactamente, que pretendían los absolutistas españoles, de modo que en lo fundamental éstos estaban más próximos a Austria y Rusia qui a la potencia con la que combatían codo con codo contra el régimen constitucional. En suma, Francia se veía obligada a luchar en dos frentes: el militar, contra el régimen constitucional, y el político-diplomático, contra el absolutismo del interior de España y el de la Santa Alianza.

Para salir airosa de este trance no le quedaba otro remedio que hacer concesiones a sus aliados de uno y otro lugar. Así es como paulatinamente fue abandonando su idea de implantar en España un régimen pseudo representativo similar al suyo y fue dejando hacer a los partidarios del absolutismo puro. El primer paso clamoroso de claudicación en ese sentido estuvo dirigido a resolver el conflicto causado por Metternich con el lanzamiento de la candidatura del rey de Nápoles a la Regencia.

El 7 de junio, al día siguiente de que Castelcicala presentara la nota que conocemos, los representantes diplomáticos de Austria, Rusia y Prusia se reunieron con Chateaubriand en París y elaboraron un protocolo, cuyas consecuencias para el futuro político de España fueron notables. Acordaron el envío de embajadores a España y el reconocimiento de la Regencia nombrada por Angulema, como pretendía Francia, pero añadieron otros puntos, que en la práctica obstaculizaban las miras políticas iniciales de este país y favorecían la vuelta al absolutismo. Con toda claridad, se dejaba sentado que la Regencia carecía de capacidad legislativa o constituyente y su poder era exclusivamente administrativo, pero se especificaba en qué debía consistir esta función: “Destruir la obra de las Cortes revolucionarias, restablecer el orden, reinstalar a las autoridades del poder legítimo y tomar las medidas más adecuadas para la liberación de S. M. Fernando VII y su familia”. Esto era exactamente lo que deseaban los absolutistas españoles y europeos, lo que daba pie a las venganzas y actos arbitrarios contra los liberales que los jefes del ejército francés, Angulema ante todo, trataban de controlar. Pero las contrariedades para los planes franceses no se limitaron a eso. El protocolo prohibía expresamente a la Regencia tratar con las Cortes revolucionarias (es decir, excluía cualquier posibilidad de negociación) y, lo que era más importante, preveía la formación de una especie de junta o conferencia de los embajadores aliados en Madrid “para combinar sus actuaciones o para actuar de una manera uniforme” de acuerdo con las directrices recibidas de sus gobiernos.

En definitiva, la Santa Alianza adquiría, de hecho, cierta capacidad de control sobre la actuación política de Francia en España y esto significaba que había que abandonar toda pretensión de implantar un régimen al estilo del francés. Así pues, quedaba libre la vía al absolutismo, como siempre había deseado Metternich, auténtico triunfador en este incidente. Así lo entendieron todos. Las autoridades francesas dejaron de hablar de Carta otorgada para España y los absolutistas españoles, en particular la propia Regencia nombrada por Angulema, enseguida se mostraron poco dispuestos a seguir la moderación pretendida por éste. Como era de esperar, la Regencia buscó el apoyo de los embajadores de la Santa Alianza cuando lo consideró necesario, de modo que Angulema se halló con una fuerte oposición política que le causó un profundo hastío.

La actuación de la Regencia y la progresiva influencia sobre ella del embajador austríaco en Madrid, Brunetti, proporcionaron plena satisfacción a Metternich, de modo que poco a poco dejó de interesarse por el derecho del rey de Nápoles. Aunque éste persistió en ello hasta mediados de julio, era causa perdida, pues estaba asegurada la finalidad de la Santa Alianza: la reimplantación del absolutismo en España.

El recuerdo de Luis XVI

DA la impresión de que los franceses fueron los únicos en esperar moderación de las nuevas autoridades españolas. Al menos al comienzo, creyeron con exceso de candidez que por disponer de la fuerza militar podrían controlarlas. El 29 de mayo, Martignac, cuya misión consistió desde ahora en vigilar a la Regencia, comentaba en estos términos al jefe del gobierno francés el nombramiento del canónigo Sáez como ministro de Estado: “Esta elección es completamente favorable para nosotros. El señor Sáez está plenamente reconocido al gobierno francés y tiene en mí tal confianza que trataré de mantenerla del mejor modo”. Dos días más tarde concretaba su optimismo: “He conseguido de la Regencia que a pesar de todo el ceremonial que le rodea pueda tratar yo con ella cuantas veces lo desee y sin ser anunciado de antemano. He hallado el modo de hacer amistosas nuestras comunicaciones y me felicito de ello” (Villèle, 1904: 3, 527 y 541).

El error de Martignac, como de cuantos habían confiado en la capacidad del duque del Infantado para imprimir una dirección moderada a la nueva autoridad política española, fue descomunal. Ni los franceses -incluido Angulema- pudieron controlar a la Regencia y al gobierno dependiente de ella, ni éstos se lo permitieron, entre otros motivos porque contaron con el apoyo de Fernando VII (intocable para los franceses), con el de los embajadores de la Santa Alianza en Madrid y con la opinión de los absolutistas españoles, que pronto se hizo notar de manera organizada y estentórea, hasta dar la impresión de ser la única en el territorio conquistado. Al poco tiempo de formarse, llegaron cartas de felicitación a la Regencia de distintas partes de España, la mayoría -apunta Jean Sarrailh- redactadas por clérigos, que condenaban la “iniquidad, traición, rapiña y violencia” de los liberales y solicitaban “un buen gobierno fundando en el carácter grave y religioso de los españoles”, el restablecimiento de la Inquisición y del diezmo completo. El mensaje no podía ser más claro. Había llegado la “revolución monárquica” a que aludió Villèle en alguna de sus cartas a Angulema, pero no como ambos la habían concebido.

Las divergencias entre la Regencia y Angulema no se hicieron esperar. El 30 de mayo, a los cinco días de su establecimiento, la Regencia decretó la disolución de los regimientos Guadalajara y Lusitania y ordenó la detención y enjuiciamiento de sus integrantes. A las órdenes del general Zayas, estos regimientos se habían ocupado de contener los excesos de los absolutistas madrileños antes de la entrada de los franceses, por lo que el decreto tenía un inequívoco carácter vengativo. Angulema se lamentó de este hecho y más aun de que la Regencia no le hubiera consultado antes de actuar. A través de Martignac pidió explicaciones a Infantado, pero éste se limitó a decir que era indispensable dar “esta satisfacción a la población de Madrid” y que de haber sabido que hería los deseos de Angulema, no se habría adoptado (Villèle, 1904: 4, 7).

En esta displicente respuesta se encuentran las claves explicativas de cómo habrían de ser las relaciones entre Angulema, o lo que es lo mismo, el gobierno francés, y la Regencia. Esta última, en contra de lo convenido, tomó casi siempre sus decisiones sin comunicación previa al generalísimo francés y cuando llegaban las quejas, sistemáticamente se justificaba aludiendo a la necesidad de complacer a los “buenos” españoles, justamente doloridos por las atrocidades cometidas por los constitucionales. La Regencia mantenía todo tipo de formalidades y buenas palabras hacia Angulema, pero en la práctica actuó por su cuenta, movida por el deseo de venganza y con la vista puesta en el restablecimiento del absolutismo. En modo alguno -como pretendía Angulema- con la finalidad de apaciguar los ánimos para disipar el ambiente de enfrentamiento civil.

De hecho, Angulema no estuvo de acuerdo con casi ninguna de las decisiones de la Regencia, pero de nada sirvió. Ya desde el comienzo, hubo de sufrir el generalísimo francés algunos sonados desaires. Uno de los más graves lo provocó la publicación de la primera proclama de la Regencia a los españoles, fechada el 4 de junio. Por tratarse de un documento de gran importancia, el texto fue trabajosamente consensuado entre los regentes y Martignac, pero en el último momento aquellos modificaron el párrafo más significativo. Tal como se publicó, decía lo siguiente: “La administración pública de sus diferentes ramos se arreglará por hombres aptos, prudentes, amantes de su Rey y de la Nación, los que bajo la inspección de la Regencia trabajarán para aliviar al pueblo, mantener la paz interior y hacer ejecutar sus leyes fundamentales”. Lo consensuado con Martignac no contenía las dos últimas palabras, “leyes fundamentales”, sino sólo “las leyes”. El adjetivo añadido indicaba mucho, pues como hizo notar Martignac a Villèle, se entendía que las “leyes fundamentales” comprendían el restablecimiento de la Inquisición (Villèle, 1904: 4,21).

En efecto, las nuevas autoridades españolas deseaban la vuelta de este Tribunal, pero debido a la tajante oposición de los franceses no consideraron oportuno proceder a las claras y, por de pronto, se limitaron, mediante el recurso apuntado y otros de parecida factura, a dejar expedito el camino para cuando fuera posible hacerlo sin tutela, esto es, una vez Fernando VII recuperara sus plenos poderes.

Desde el comienzo quedó patente, por tanto, que la Regencia no había de actuar al dictado de Angulema, ni tan siquiera de acuerdo con él. El objetivo de la nueva autoridad española no era otro, como se acaba de decir, que facilitar el retorno del absolutismo sin concesión alguna a lo que sonara a constitucional y para ello Francia era un estorbo. En consecuencia, lo de “aliviar al pueblo y mantener la paz interior” prometido en la proclama citada no fueron más que palabras vanas o, si se prefiere, un acto de hipocresía. Lo que realmente importaba a la Regencia, y en ello puso todo su empeño, era borrar por completo la obra de los liberales, castigar a quienes participaron en ella o la apoyaron y satisfacer los deseos de venganza de los absolutistas. Dicho en sentido positivo -según la visión de la Regencia- todo consistía en restaurar la alianza del altar y del trono. Este era el objetivo de la acción restauradora, el núcleo de la nueva política.

La primera y más importante actuación en este sentido consistía en la represión de los constitucionales, tarea que -como veremos más adelante- fue la acometida con mayor ahínco. Urgía, asimismo, sanear ayuntamientos y organismos públicos, de modo que en la línea trazada desde el inicio de la invasión por la Junta de Oyarzun, a medida que se ocupaban pueblos y ciudades los cargos públicos nombrados por el régimen constitucional eran sustituidos por personas libres de toda sospecha de veleidades liberales. Una tercera tarea, complementaria de lo anterior, consistió en derogar la obra legislativa de las Cortes constitucionales y poco a poco se fueron declarando nulas todas sus reformas, para volver a la situación anterior a 1820.

Km el fondo, la orientación política de la Regencia no desagradaba por entero al duque de Angulema, pero no podía transigir con las medidas represivas, en parte porque repugnaban a su carácter, y, ante todo, por razones tácticas. A juicio del generalísimo francés, del endurecimiento de la represión derivarían consecuencias muy negativas para sus planes. La primera, la prolongación de la guerra, pues la represión enconaría los ánimos de los constitucionales y alentaría su resistencia. Una vez terminada la campaña militar, constituiría un serio obstáculo para la pacificación interior y Francia quedaría obligada a mantener tropas en territorio español para no dejar inacabada su misión, con el consiguiente coste económico. En tercer lugar, la persecución indiscriminada de los constitucionales proporcionaría a Inglaterra un buen argumento para apoyarlos a las claras. Como más de una vez advirtió Villèle, casi todos los fondos de los empréstitos concedidos a la España constitucional estaban colocados en la bolsa de Londres y, por tanto, Inglaterra no podría aceptar, sin más, la desaparición física de quienes los habían negociado (Villèle, 1904: 3, 428). Por último -y más importante- la represión alocada podría poner en peligro la vida de Fernando VII, pues no cabía descartar un paso desesperado de algún extremista en respuesta a la actuación de la Regencia.

Como sabemos, ni el gobierno francés ni el resto de los europeos sentían aprecio por la persona de Fernando VII, pero nadie tenía dudas sobre la necesidad de proteger la institución por él representada. Encarnaba una monarquía tradicional que la Europa legitimista de este tiempo no podía permitirse el lujo de perder. Si esto era fundamental para las Cortes europeas, resultaba vital para Francia, por razones dinásticas y porque constituía la principal justificación de su intervención militar en España. El objetivo -proclamado por Angulema al entrar en la Península y repetido por los ministros franceses hasta la saciedad- no era la conquista del país, tampoco someterlo a su influencia política (dar a entender esto resultaba especialmente importante de cara a las restantes potencias

europeas), sino librar a un monarca Borbón del yugo de los revolucionarios. De ahí que cualquier contratiempo para la persona del rey o para un miembro de su familia se considerara un estrepitoso fracaso de Francia.

Llegados a este punto era inevitable el recuerdo de Luis XVI. En artículos periodísticos, en el parlamento francés, en la correspondencia diplomática y en la particular de los protagonistas -cabe suponer que también en las conversaciones privadas- se comparó la situación de Fernando VII con la del desgraciado rey de Francia y, en verdad, no faltaron elementos externos para sustentar dicho parangón. Según la tesis mantenida por los realistas de todos los lugares, Fernando VII estaba prisionero de los liberales, al igual que lo estuvo Luis XVI de los constitucionales franceses.

El 6 de octubre de 1789, los revolucionarios obligaron con pocos miramientos a la familia real francesa a trasladarse de Versalles, donde residía, al palacio de las Tullerías, que la reina consideraba inhabitable. A partir de entonces, todo fueron humillaciones, igual que le sucedía a Fernando desde el fatídico triunfo de la revolución de 1820. Cuando Luis XVI, María Antonieta y su hijo, el delfín, llegaron a París, los sansculottes gritaron triunfalmente que habían conseguido llevar a la capital “al panadero, a la panadera y a su pequeño ayudante”. En la madrugada anterior, la multitud había asaltado el palacio de Versalles y penetrado en la habitación de la reina. Una vez en París, la Asamblea de los revolucionarios mantuvo a la familia real bajo estrecha vigilancia, sin permitirle salir de la ciudad, ni siquiera al próximo palacio de Saint-Cloud, donde en abril de 1791 deseaban los reyes pasar las Pascuas.

Hechos de esta naturaleza, junto a la continua inobservancia, incluso desprecio, de la estricta etiqueta exigida por la monarquía francesa, causaron mayor desazón en la pareja real que las medidas políticas adoptadas por la Asamblea Constituyente, con ser éstas de gran calado. Luis XVI vivió aturdido desde el inicio mismo del estallido revolucionario y en mayor grado quizá lo estuvo su esposa, privada de pronto de sus costumbres y del entorno mágico que se había creado. Los revolucionarios implantaban un orden que hacía imposible el ejercicio tradicional de la realeza y el propio Luis XVI precipitó el desenlace con su humillante intento de fuga del 21 de abril de 1791. Él, su esposa y sus dos hijos, acompañados de personas muy escogidas, se encaminaron ese día hacia la frontera de Bélgica, pero en Varennes fueron descubiertos y obligados a regresar a París. Aunque en septiembre de ese año se aprobó una Constitución que le otorgaba un lugar preeminente en el sistema político, quedaba patente que el rey no tenía cabida en la nueva Francia.

Estos acontecimientos -y de manera especial la muerte de Luis XVI en la guillotina en enero de 1793- fueron de dominio público treinta años más tarde, en 1823, aunque muchos no conocieran los detalles. Quien sí estaba al tanto, sin embargo, hasta de las más íntimas anécdotas de la familia real francesa era el duque de Angulema. Su esposa, María Teresa de Francia, la llamada “Madame Royale”, era la hija de Luis XVI y María Antonieta y pasó con sus padres todos los avatares aludidos. Mucho más tarde, en 1852, ella publicó sus recuerdos: Relación del viaje de Varennes y relato de su cautividad en la torre del Temple. Angulema no tuvo necesidad de esperar la aparición de este libro para saber de las humillaciones de la familia real, de la cobardía e indecisión de todos durante la jornada de Varennes, de la sorpresa de su esposa al ver a su hermano, el heredero al trono de Francia, vestido de niña para pasar inadvertido durante el viaje, de la pérdida de confianza en sus reyes por parte de la población francesa, del entusiasmo por la revolución y del canto de La Marsellesa y otros, que los monarcas interpretaron como insulto (Ozouf, 2005: 28-29).

Angulema estaba convencido -o pretendía convencerse- de que en la España de 1823 el pueblo mantenía la más viva veneración hacia el rey y las ideas revolucionarias estaban desprestigiadas. Sabía, también, que Fernando VII gozaba de mejor imagen entre sus súbditos que Luis XVI en el período revolucionario. Debía suponer asimismo, y a pesar de todo, que los constitucionales “carceleros” del rey no pensaban seguir, ni por asomo, el ejemplo de los revolucionarios franceses, pues la conservación de la vida del rey era tan importante para aquéllos como para sus contrarios. Sin embargo, Angulema no se fiaba de los constitucionales (“anarquistas” y “republicanos” en la propaganda realista) y tampoco podía prescindir por completo del recuerdo de la suerte sufrida por el herma- no mayor de su padre. Lo que en mayo-junio de 1 823 le preocupaba, tanto a él como a Villèle, era la reproducción en España de una reacción similar a la ocurrida en Francia en julio de 1792.

El 28 de ese mes se conoció en París un manifiesto lanzado por el duque de Brunswick, el jefe de las tropas prusianas y austriacas que habían penetrado por el norte de Francia para acabar con la Revolución. En él se conminaba a los habitantes de la capital que “si no se sometían inmediatamente y sin condiciones a su rey”, la ciudad “sería sometida a una ejecución militar y a una subversión total y los revolucionarios llevados al suplicio”. El manifiesto, redactado por el realista francés marqués de Limón, causó el efecto contrario al pretendido. Los parisinos se aprestaron a la defensa a ultranza y en todas partes crecieron las incorporaciones al ejército revolucionario para hacer frente a quienes ponían “la Patria en peligro”. La revolución cobró un brío inusitado y todos pensaron que había llegado el momento de prescindir del rey. En los días siguientes se alzaron muchas voces pidiendo la deposición de Luis XVI y pronto fue hecho prisionero y sometido a juicio. Sus errores, y de manera especial la huida de Varennes, habían dañado seriamente la monarquía, pero el detonante para decidir su caída y la muerte del rey fue el manifiesto del jefe del ejército que pretendía restituirlo en su autoridad plena.

Angulema trató de evitar la reproducción de esta secuencia de hechos en España, cuyo estado guardaba un estrecho paralelismo con el de Francia: un ejército extranjero, apoyado por elementos del país, trataba de liberar a un rey “cautivo” de los revolucionarios. Angulema no quiso representar el papel de Brunswick y tampoco deseó que con manifiestos y medidas represivas la Regencia protagonizara el del marqués de Limón. La posición militar de Angulema era mucho mejor que la del ejército contrarrevolucionario austro-prusiano en 1792 y la población española no era tan hostil al monarca como la francesa, de modo que no había duda sobre el camino a seguir: convenía aprovechar la oportunidad, completar la conquista del territorio y, sobre todo, no cometer errores, para no enajenarse el apoyo de la población. Por estas razones, la política represiva de la Regencia era a su juicio un error táctico colosal.

Trono y Altar

LA actuación de la Regencia se fundó en la doctrina de la unión del altar y el trono, expandida en este tiempo hasta el último rincón de España a través de los muchos sermones pronunciados en los templos del territorio conquistado. Los predicadores identificaban monarquía absoluta y catolicismo y presentaban esta identidad como propia del orden natural deseado por Dios creador, al que siempre se había ajustado la monarquía española. Cualquier novedad era un atentado a los designios divinos, a la costumbre y a la tradición. La principal fuente de novedades era la Constitución, que había introducido muchas alteraciones perniciosas, entre ellas una de enorme importancia: la atribución de la soberanía a la nación. Tal principio iba contra el orden natural, pues sólo el rey disponía de la plena soberanía, que recibía directamente de Dios. El rey formaba con la nación -entendida como el conjunto de sus súbditos- un cuerpo o unidad orgánica, del cual era su cabeza. Al igual que sucedía en el orden biológico, también en el político todo estaba determinado por la cabeza, y si ésta se resentía, el resto quedaba afectado. Así pues, el bienestar de la nación dependía del de su cabeza, el rey, de ahí la obligación de todos por procurar la felicidad del monarca. Luchar por el rey y la religión era imperativo ineludible (Arias y De Luis, 1993).

El gran crimen de la Constitución consistía, en definitiva, en la subversión del orden natural. Dicho de forma inteligible para los oyentes, la Constitución atentaba contra la voluntad de Dios. Por esta razón, los defensores de la Constitución carecían de amor al rey y a la religión y, en consecuencia, habían introducido la confusión en el país. De la confusión derivaba la anarquía y de ésta la corrupción que todo lo impregnaba y que acentuaban las sociedades secretas. La tarea de regeneración, por consiguiente, consistía en restituir al rey su pleno poder (la instauración del “rey neto”, decían muchos predicadores) y a la religión el esplendor y poder de otro tiempo. En la práctica, lo primero se concretaba en la vuelta al absolutismo y lo segundo en la existencia de un clero numeroso y bien dotado económicamente, con capacidad para intervenir en todos los ámbitos de la vida social y en las conciencias de los individuos.

Vistas las cosas de este modo, los partidarios de los principios constitucionales no sólo eran descarriados que se habían dejado seducir por falsas ideas, como se repitió hasta la saciedad, sino también irrecuperables, pues defendían una doctrina intrínsecamente errónea y sumamente perniciosa en el orden práctico. Con claridad y crudeza expuso esta doctrina, entre otros muchos, el trinitario Ramón de Jesús en el sermón pronunciado en las exequias fúnebres del obispo Strauch celebradas al finalizar la guerra en la catedral de Vich. Tras referir el modo -realmente cruel- en que fue asesinado el prelado por liberales exaltados en 1823, el predicador lanzó lo siguiente: “No sabemos que atentados de esta especie y circunstancias se hayan cometido en España, sino en el reinado de la llamada Constitución política de la monarquía, y estamos ciertos que se cometerán siempre que se diga que el pueblo es el soberano. El impulso que el pueblo recibe va dirigido a secundar las intenciones de los que se apropian el ejercicio de la soberanía, y no son otras que satisfacer su ambición, saciar su codicia, propagar la inmoralidad y hacer progresar el ateísmo” (RAH, Fondo Natalio Rivas, leg. 11/888).

La Constitución, en suma, era por definición un peligro. Así pues, la única forma de proceder consistía en suprimirla y en exterminar a sus partidarios. La represión, en su forma más dura, no era un acto de crueldad, sino el medio de purificar a España, de preservarla del error y como quiera que el clero se consideraba llamado, por su sagrada misión, a enseñar la verdad, se colocó en la primera línea para cumplir esa tarea. Lejos de atentar contra su ministerio, tal función lo engrandecía, pues iba en beneficio de la religión y de la monarquía, del orden natural creado por Dios. El predicador antes citado explicó el motivo: “El liberalismo no desistirá de sus proyectos mientras tenga un aliento de vida. El espíritu de facción es batido en una parte y se presenta en otra, ve frustrado un arbitrio e inventa otro. Un Dios, una Religión, un Soberano, y no más. Los que pretendan sacaros de este círculo quieren perderos”.

Amparado en estos supuestos, el clero -afirma Sarrailh (1930: 80-8 1)- actuó como el grupo social mejor organizado a favor del absolutismo: ofreció información a la policía sobre elementos sospechosos, mantuvo en el ánimo de los españoles el horror hacia el liberalismo, predicó la fidelidad a las tradiciones políticas y religiosas y en muchas ocasiones se colocó a la cabeza de las acciones callejeras y manifestaciones absolutistas, incluso las de carácter violento. Según un despacho del embajador de Francia en Madrid, fechado el 19 de julio, cuando la Regencia deseaba organizar una acción violenta contra los constitucionales, solicitaba el concurso de frailes y curas para preparar a la opinión pública.

La acción del clero proporcionó los frutos esperados. “El que sabe a fondo el carácter del pueblo español conocerá que para él ha tenido más influjo el sermón o el consejo de un fraile o clérigo que todas las amenazas del Gobierno, sus proclamas y sus órdenes”, escribió con sobra de cinismo en 1813 el franciscano Rafael de Vélez en un folleto titulado Preservativo contra la irreligión, que en 1823 alcanzó gran éxito (cit. por Arias y De Luis, 1993: 217-218). El propio Vélez, ahora obispo de Ceuta, procuró por todos los medios que este aserto no quedara desmentido y combatió con ardor contra el liberalismo y a favor de la alianza del altar y del trono. Como él pensaron y actuaron otros obispos y clérigos, sobre todo los miembros de las órdenes religiosas, y todos consiguieron dar a entender que su opinión era la dominante en España. En ello se fundó la Regencia, como se ha comentado, para justificar sus medidas represivas cuando recibía reproches por parte de las autoridades francesas.

Ahora bien, la pretendida unanimidad en defensa de la alianza del trono y el altar fue, ante todo, una táctica política, que no expresaba la realidad del país. Ni siquiera el clero se mostró uniforme en este punto. Junto a eclesiásticos como Vélez, el obispo de Osma, Sáez y muchos otros, beligerantes en la materia hasta el extremo, existieron otros, así como laicos profundamente religiosos, decididos a tratar de compaginar los principios del catolicismo con las ideas políticas liberales. Fueron los integrantes del llamado “liberalismo cristiano” o “católico”, movimiento apreciable en la España del primer tercio del siglo xix, aunque pronto diezmado debido a la represión y el exilio, listos individuos no hallaron incompatibilidades graves entre la doctrina católica y los principios constitucionales, antes al contrario, vieron en la política liberal un medio de conseguir la reforma de la Iglesia anhelada por los ilustrados desde la segunda mitad del siglo XVIII.

De acuerdo con el planteamiento de esta corriente, el paso del tiempo había viciado las prácticas religiosas y la organización de la Iglesia. La superstición, el fanatismo y los actos de piedad externos, sin convencimiento, habían desfigurado la vivencia de la fe y, en otro orden, las excesivas riquezas de las instituciones eclesiásticas y el lujo de su jerarquía, la sobreabundancia de clérigos (sobre todo los pertenecientes a órdenes religiosas), su ignorancia teológica y el abuso en la creación de cargos eclesiásticos sin cometido espiritual preciso, habían degradado la disciplina del clero y convertido la Iglesia en un lugar de disputas internas interminables, ambiciones, abusos e, incluso, vicios que la apartaban de su específica misión espiritual. Se precisaba una reforma para sanear la religión y devolver a la Iglesia su carácter espiritual. En ello coincidían los políticos liberales y de manera particular en lo relacionado con la disminución del patrimonio económico eclesiástico. Así pues, en cuanto llegaron al poder acometieron la reforma.

Los primeros pasos se dieron durante las Cortes de Cádiz (1810-1813) y aunque no hubo tiempo para consolidar nada, al menos se sentaron los principios fundamentales. A partir de 1820 se abrió un nuevo proceso reformista, consistente en la recuperación de ciertas decisiones del tiempo anterior (como la supresión de la Inquisición y de los privilegios fiscales del clero) y en el avance en otros aspectos, como la reducción del diezmo a la mitad, la reorganización en profundidad de las órdenes religiosas y la supresión de algunas de ellas, la desamortización de sus bienes, la aplicación al pago de la deuda pública del producto de rentas procedentes de capellanías y cofradías religiosas suprimidas, etc. Junto a esto, se pretendió que el clero actuara como educador de la población en la nueva cultura política constitucional y se instó a los obispos a que publicaran pastorales a favor de la Constitución y a los párrocos a que desde el pulpito la explicaran, lodo esto respondía a la mentalidad burguesa y utilitarista liberal, pero asimismo a un ideario que, lejos de pretender suprimir la religión de las conciencias y de la sociedad y de perjudicar a la Iglesia como institución, pretendía purificarla para vigorizar su dimensión espiritual.

Reformas de tal envergadura en una Iglesia sumamente poderosa como la española del Antiguo Régimen requerían tiempo y debían suscitar, por fuerza, controversias acaloradas. Por este motivo, únicamente podían acometerse desde la más alta instancia de poder, es decir, desde el Estado. En definitiva, sólo era posible el cambio si se optaba por la política regalista, según la cual la autoridad civil estaba capacitada para intervenir en las materias religiosas no relacionadas con el dogma ni con la misión espiritual de la Iglesia. Muchos clérigos se sumaron de buen grado a este programa, que unos sostuvieron en las Cortes y otros en los medios más diversos (prensa periódica, libros y folletos, sermones…). El hecho de abogar por la conveniencia de estas medidas no implicaba, ni mucho menos, la aceptación de todos los principios políticos del liberalismo. En consecuencia, se podían defender las reformas de la Iglesia, incluso las más llamativas, como la desamortización, sin necesidad de asumir la política liberal en su totalidad. En la práctica esto suponía que cabía tolerar el gobierno de los constitucionales sin coincidir en todo con ellos.

A partir de mayo de 1822, cuando -como vimos- Fernando VII y su entorno decidieron activar la contrarrevolución, se operó un cambio de tendencia entre la masa del clero, acentuado tras la radicalización política subsiguiente a los sucesos del 7 de julio de ese año. La oposición al régimen, más o menos latente -pero todavía no generalizada, ni suficientemente declarada- por parte de muchos eclesiásticos, en especial los pertenecientes a las órdenes regulares, se convirtió desde esas fechas en guerra manifiesta. De todas partes llegaron informes alarmantes a las autoridades constitucionales. En un lugar predicaba un sacerdote contra la Constitución, en otro llamaba sin disimulo a tomar las armas; los miembros de un convento sostenían sin tapujos a una partida guerrillera realista, los de otro se decidían, lisa y llanamente, a tomar ellos mismos las armas; el arzobispo de Valencia, Arias Teixciro, se rebelaba abiertamente contra el sistema y lo propio hacían otros prelados, como Vélez, Simón López (obispo de Orihuela), el antiguo inquisidor general y obispo de Tarazona, el obispo de Menorca -preconizado para el arzobispado de Tarragona-Jaime Creus, los obispos de Urgel, Oviedo y León, el famoso Pedro Inguanzo, prelado de Zamora, etc.

El gobierno quedó desbordado por estos signos de rebeldía y optó por el camino más fácil: apartar a los clérigos rebeldes de sus funciones, cerrar los conventos conflictivos y desterrar de sus diócesis a los obispos beligerantes. En muchas ocasiones, ensayó procedimientos más sutiles, pero no obtuvo los resultado apetecidos. Por ejemplo, en ciertos casos de rebeldía, instó a los prelados a controlar de forma eficaz a los clérigos insumisos haciendo uso de los procedimientos disciplinares permitidos por el derecho canónico, pero por regla general aquellos se limitaron a hacer algunas reconvenciones que no iban más allá de una mera amonestación. El distanciamiento entre las autoridades constitucionales y el clero fue en aumento a medida que se radicalizaba la contrarrevolución y se constataba la activa participación del clero en ella. Los eclesiásticos estimaron que el poder temporal se sobrepasaba en sus funciones y se inmiscuía en asuntos internos de la Iglesia y muchos prelados, hasta ahora más o menos colaboradores con el régimen, dejaron de apoyarlo o, simplemente, se mostraron indiferentes. Es el caso del cardenal Borbón, arzobispo de Toledo, considerado años antes “liberal” y en 1822 ya alejado del régimen (Rodríguez López-Brea, 2002: 351-358).

Desde el verano de 1822 todo fue de mal en peor. Buena parte del clero declaró, sin careta, la guerra al régimen, y además de activar el levantamiento armado recrudeció la propaganda para denunciar el carácter irreligioso del constitucionalismo. Con la habitual habilidad en la transmisión de mensajes simples y burdos, logró imbuir la idea de que los revolucionarios liberales pretendían el fin de la Iglesia y de la religión y que, por el contrario, Dios estaba con los rebeldes y los protegía. Pero no se pararon en esto y en la escalada llegaron hasta el paroxismo. El Diario de Urgel, órgano de la Regencia presidida por Mataflorida, advertía el 9 de octubre de ese año: "El grito de los revolucionarios cuando atacan a los realistas es: Muera Dios, la Virgen y el Rey y viva el demonio”. Es difícil suponer que un español de la época se atreviera, por muy revolucionario y exaltado que fuera, a asumir tal lema, pero el mensaje quedaba lanzado y caló.

Poco importaba en este punto que los realistas, incluso los propios clérigos, atacaran a su vez a los eclesiásticos que no les eran afectos y profanaran los edificios religiosos. El cura guerrillero Gorostidi incendió la iglesia de Dicastillo para capturar a un constitucional refugiado allí y lo mismo hizo en la de Durango (Montoya, 1971: 134-135). Por su parte, el periódico liberal El Universal informaba el 7 de enero de 1823 de que cien realistas habían saqueado en El Burgo de Osma las casas de dos canónigos y la del abad de un convento. Con todo, estas actuaciones por parte de los realistas no dejaron de ser excepciones. Lo más frecuente fue lo contrario, es decir, actos de violencia cometidos por los constitucionales contra el clero.

Los dos hechos más sobresalientes, utilizados con profusión como argumento para demostrar la irreligiosidad de los defensores de la Constitución fueron el asesinato de Matías Vinuesa, en 1821, y el del obispo de Vich, Raimundo Strauch, en abril de 1823. En los lugares donde alcanzó mayor intensidad la lucha entre partidas realistas y tropas constitucionales, como Cataluña, se prodigaron los asesinatos y vejaciones al clero. La extensa Colección Eclesiástica Española, conjunto de escritos en defensa del altar y del trono mandado formar por Sáez una vez terminada la guerra, da cuenta de muchos casos, tal vez recargando las tintas para resaltar la crueldad de los liberales exaltados. Resulta difícil, por el momento, ofrecer datos cuantitativos precisos, pero se estima que en Cataluña fue asesinado en torno a un centenar de clérigos durante la guerra. En ocasiones la violencia fue extrema y los actos de crueldad inverosímiles, del estilo de lo ocurrido al vicario de Vilafortuny, sobre cuya tonsura trincharon sus asesinos tabaco, luego lo apuñalaron y todavía vivo lo arrojaron a un pozo (La Parra, 1998: 60). Famosa fue la conocida como “tartana de Rotten”, en alusión a la práctica del general de este nombre, consistente en montar en un carro a los prisioneros de un lugar (entre ellos, siempre había clérigos) y fusilarlos una vez se habían alejado del núcleo urbano.

La violencia anticlerical (o, quizá con más exactitud: la violencia política) guardó proporción con la ejercida por el clero contrarrevolucionario contra los constitucionales. La diferencia entre una y otra es que la segunda fue revestida de legalidad por la Regencia y luego por el “rey neto” y se prolongó durante más tiempo; en consecuencia, tuvo efectos más amplios y perniciosos. Lo que en cualquier caso quedó patente es que los constitucionales reaccionaron con frecuencia de forma violenta contra el clero insurgente y que el cuerpo eclesiástico, en general, se puso del lado de la contrarrevolución en 1822, cuando ésta adquirió cierta envergadura. No obstante, incluso en este tiempo se dan casos en apariencia sorprendentes. El periódico El Universal, por ejemplo, informó el 21 de marzo de 1823 de que ante la necesidad de la patria y a pesar de la escasez de sus recursos, los capuchinos de Granada ofrecían veinte arrobas de lino y mil reales en efectivo, producto de misas, para vestir a la tropa constitucional.

El dato anterior puede ser anecdótico, pero refleja la profunda división política y religiosa de la Iglesia española en esta coyuntura. División no limitada al clero, sino extendida al conjunto de los bautizados, pues todos utilizaron la religión en defensa de su postura. Los constitucionales se consideraban sinceramente católicos y en cumplimiento del mandamiento religioso de obedecer a la autoridad civil decían luchar por una religión de paz basada en el Evangelio y por la purificación de la Iglesia. Los absolutistas hablaban de librar a la Iglesia de la sumisión en que la tenía un poder político herético y corrupto y por restaurar la fe heredada de sus mayores; al mismo tiempo, se consideraban elegidos por la Providencia, con cuya protección contaban en la cruzada emprendida para restablecer el orden deseado por Dios (Revuelta, 1973: 355-359).

“ Constitución o muerte”

Anilleros, masones y comuneros

LA clamorosa derrota sufrida en las calles de Madrid por los absolutistas el 7 de julio de 1822 y las victorias de Mina sobre la guerrilla realista en Cataluña a finales de ese año demostraron que el liberalismo tenía más fuerza de lo que se presumía y de lo que habían calculado el rey y sus más próximos. El régimen constitucional había sido capaz de resistir sendas embestidas de las fuerzas contrarrevolucionarias que, además, contaron con apoyo exterior. Esto constituyó un duro golpe moral para la contrarrevolución y podría haber sido una buena razón para unir a los constitucionales, pero ocurrió todo lo contrario: contribuyó a ahondar las diferencias entre ellos. Más que nunca se hizo patente la división del liberalismo en grupos, que sería impropio calificar de partidos políticos en el sentido actual, pero fueron su germen.

Ya en 1820 se habían perfilado dos tendencias en el liberalismo español. La causa de la división comenzó siendo la disolución del “Ejército de la Isla”, es decir, el que a las órdenes de Riego y Quiroga se había rebelado en enero de ese año contra el absolutismo. Poco después se añadieron otros motivos, como el debate en torno a las Sociedades Patrióticas y las disputas por nombramientos en la administración civil y militar, pero la razón fundamental fue la estrategia que debía seguir el proceso de transformación social de España (Romeo, 1993: 137 y ss.; Varela, 2005: 114). Unos pensaban que había llegado el momento de ganar el tiempo perdido durante seis años de absolutismo para introducir cambios profundos de acuerdo con la Constitución de 1812. Otros, que como los anteriores estaban dispuestos a aplicar la misma Constitución, aunque no les convenciera, y compartían con ellos el deseo de transformación, se mostraron mucho más cautos.

Los primeros -los “exaltados” o “veinteañistas”- deseaban ir deprisa, otorgaban la primacía al poder legislativo (las Cortes, representantes de la soberanía nacional) y aspiraban a ampliar la base social de las nuevas instituciones, recurrir a la movilización popular para acelerar la transformación del país. Los segundos -los “moderados” o “doceañistas”- abogaban por el equilibrio de poderes, se mostraron mucho más conservadores y pretendieron, ante todo, ofrecer garantías y seguridad a las clases propietarias. Según estos últimos, la participación de las masas ponía en peligro el orden y la libertad y, en consecuencia, había que rehuirla en lo posible. Uno y otro bando contó con políticos de relieve. Entre los exaltados, destacaron Romero Alpuente, Antonio Alcalá Galiano, Flórez Estrada, Moreno Guerra y Francisco Javier Istúriz. En las filas de los moderados, un buen número de los que alcanzaron fama durante las Cortes de Cádiz, como Argüelles, el conde de Toreno, Muñoz Torrero, Espiga y Martínez de la Rosa, este último personaje fundamental durante el Trienio.

La división entre moderados y exaltados se fue agravando con el tiempo y en vísperas de la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis era, de hecho, casi tan acusada como la que existía entre los liberales en general y los realistas. En ese momento, la causa principal de divergencia en el seno del liberalismo radicaba en la predisposición de los moderados a reformar la Constitución. A juicio de los exaltados, tal cosa equivalía, simplemente, a traicionar la revolución de 1820, a terminar con el sistema constitucional. No es que todos los exaltados estuvieran plenamente de acuerdo con el conjunto del articulado constitucional, pero pensaban que no era el momento de introducir modificaciones, pues cualquier cambio -se temían- iría en sentido conservador y, en definitiva, supondría un recorte de las libertades públicas e imposibilitaría proceder a efectuar los cambios necesitados por el país. El mantenimiento íntegro de la Constitución se convirtió, por tanto, en una especie de axioma para los exaltados y los más entusiastas, o “exagerados” -dice Andrés Borrego (1886: 367)-, que llevaban impreso en tinta en una cinta verde pegada a sus sombreros el lema: “Constitución o muerte”. Los moderados, por el contrario, se declararon partidarios, tanto por motivos teóricos, como por táctica política, de la reforma de la Constitución. Aparte de eliminar determinados defectos políticos del texto de 1812, pensaban que una concesión al realismo disiparía los enconos partidistas y facilitaría la tranquilidad social. Por este motivo, cuando se lo pidió Fernando VII, Martínez de la Rosa, en España, y Toreno en Francia, se pusieron manos a la obra.

Según se difundió en distintas instancias, los moderados pretendían atribuir más poderes al rey y crear dos cámaras, una de representación popular y la otra compuesta por aristócratas, dignidades eclesiásticas y personas escogidas, cuya misión sería la de limar los ímpetus revolucionarios de la primera. El intento, que parece no se plasmó en ninguna propuesta acabada y no fue más allá de la exposición de ideas sueltas (por supuesto, nunca llegó a debatirse en las Cortes), era del agrado de Francia, pero por esto mismo y porque en definitiva reconocía un sistema representativo, fue rechazado por Fernando VII y por los absolutistas de su entorno. Por su parte, los exaltados lo consideraban simplemente inviable, pues implicaba un recorte de la soberanía nacional, principio éste al que en modo alguno podían renunciar en aquella coyuntura, cuando las monarquías legitimistas europeas lanzaban todo tipo de amenazas al régimen español.

Aceptar la reforma moderada de la Constitución implicaba renunciar al protagonismo del parlamento y a dejar el país en manos de un rey que se sabía impulsaba la contrarrevolución y del que se recelaba cualquier cosa contra el liberalismo si llegaba a disponer de más amplios poderes. Tras la experiencia de 1814, los exaltados suponían con todo fundamento que en la práctica esto se traduciría en represión y venganza, es decir, la reforma de la Constitución conduciría, de hecho, a una situación similar a la que derivaría de la victoria de los absolutistas. Además, los moderados no suscitaban confianza alguna y muchos creyeron que se pasarían sin dificultad al absolutismo. Los hechos lo confirmaron: “Andando el tiempo -escribió Alcalá Galiano en sus memorias, cuando simpatizaba con los moderados- la mayor parte de los artilleros moderados hizo buena la acusación de sus adversarios, declarándose contra la Constitución vigente” (Alcalá Galiano, 1955: II, 171).

El problema de los moderados fue que en su deseo de colocarse en el justo medio no hallaron su sitio en momento especialmente delicado, cuando las pasiones y la extrema preocupación por la pervivencia del régimen dominaban la vida política. No abogaban por el retorno del absolutismo y condenaban sin ambages las partidas armadas y los manejos de los realistas, pero tampoco aguantaban la invocación de los exaltados a las masas y las formas utilizadas para manifestar su patriotismo. Les repugnaban especialmente las canciones (en particular el gala), los insultos al rey, las algaradas urbanas y el ensalzamiento de Riego como héroe de la revolución. Mientras los exaltados ponían el máximo empeño en suscitar el ardor popular en defensa del régimen, los moderados continuaban solicitando un debate político tranquilo y se ocupaban en formular propuestas de calado teórico que, en aquella coyuntura, nadie escuchaba. En opinión del conde de Gabriac, los moderados eran unos “teóricos incompletos” sin utilidad, rechazados por los realistas por constitucionales y, por los exaltados, por tímidos en la defensa de la Constitución (AAEE, Corr. Pol. Esp. Suppl., 20: 397-408).

Nada benefició a los moderados, por otra parte, que en la España del Trienio quienes defendieran ideas similares a las suyas fueran los afrancesados, los “traidores” de otro tiempo. No fue estrecha ahora la colaboración política entre ambas corrientes, pero los periódicos editados por los afrancesados regresados del exilio (algunos, como El Censor, muy sólidos) mantenían el principio del “justo medio”, esto es, la equidistancia entre el poder despótico y arbitrario del absolutismo, por un lado, y la democracia y anarquía atribuida a los exaltados, por otro. Los afrancesados fueron los que difundieron en España con más intensidad que nadie las ideas de Benjamín Constant y los “doctrinarios” franceses (Royer-Collard, Guizot, Rémusat…) y, por supuesto, los que insistieron con más claridad en la necesidad de reformar la Constitución mediante la implantación de un sistema bicameral que atemperara la dirección de la política (López Tabar, 2001: 262-265).

A ejemplo de los exaltados, los moderados formaron en 1821 una especie de sociedad secreta. Según algunos fue más bien literaria (Mira- flores: I, 118 y ss.); según otros, un centro destinado a controlar el poder y a evitar la democratización del sistema. Se denominó Sociedad Constitucional y a ella pertenecieron descollantes personalidades de la época de las Cortes de Cádiz, como Argüelles, el conde de Toreno, Manuel José Quintana y Martínez de la Rosa. La presidió el príncipe de Anglona. Los “anilleros”, como enseguida fueron designados “por achacarles que hubo idea de darse a conocer por un anillo de cierta hechura” (Alcalá Galia- no, 1955: II, 171) o los “pasteleros”, como les motejaron los exaltados debido a su disposición a transigir con unos y otros, dominaron la vida política durante casi todo el Trienio, pero en 1822 cambiaron las tornas. En las elecciones a Cortes celebradas en febrero de ese año fueron superados por los exaltados y en agosto perdieron el gobierno. Ya no era tiempo de transacciones con el realismo y por tanto estaba fuera de lugar su principal aportación: “moderar” la Constitución.

Las diferencias entre exaltados y moderados provenían, ante todo, de la táctica política, pues en materia económica y social coincidieron en lo sustancial (Romeo, 1993: 130-137). Aun así, como repetidamente venimos señalando, el régimen constitucional conseguía resistir. Lo que resultó fatal para su continuidad fue la acusada división en las filas del liberalismo, pues no fue la única -ni quizá la más grave- la que acabamos de señalar, ya que los exaltados, a su vez, se enzarzaron en disputas inter- ñas hasta constituir dos bandos: masones y comuneros, cuyo enfrenta miento alcanzó casi la misma virulencia que la registrada entre modera dos y exaltados.

En 1820 la masonería recobró impulso, aunque quizá se haya exagerado su importancia durante el Trienio. Los absolutistas vieron masones por todas partes. En el tomo 67 de los “Papeles reservados de Fernando VII” del Archivo del Palacio Real se menciona la existencia en 1823 de veintitrés logias en Madrid, dieciocho en Cataluña, diez en otras partes de España (Cádiz, Tenerife, Segovia, Alcalá de Henares, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca, Oviedo, Sigüenza y Jadraque), tres en América y un número indeterminado de “logias ambulantes” en destacamentos militares. Más que responder a la realidad, éste y otros datos de corte similar parecen resultado de la obsesión por descalificar al liberalismo, reduciéndolo a un producto de la permanente conspiración de una sociedad secreta condenada por el Papa y cuya imagen en la generalidad del pueblo nunca fue positiva. Los propios masones, por su parte, han tenido tendencia asimismo a exagerar su implantación para darse relevancia.

Los estudios realizados con rigor en los últimos años reducen considerablemente el número de logias (sólo se tiene constancia cierta de las existentes en Cádiz, Tenerife y Madrid) y calculan que durante el Trienio los afiliados a la masonería no fueron muchos más de 2.000. En su mayoría eran militares y empleados públicos y abundaron, en términos relativos, los aristócratas.

Desde el punto de vista político, la heterogeneidad de los miembros de la masonería fue notable. Parece que hubo de todo, desde moderados (como Argüelles, el príncipe de Anglona y varios ministros del gobierno de Martínez de la Rosa) y personas tan confusas y desconcertantes como el conde de La Bisbal y el de Montijo, a exaltados. A finales de 1822, sin embargo, en la sociedad se impusieron estos últimos. El más conocido fue Riego, que presidió la logia de Madrid. Fueron masones varios diputados exaltados, entre ellos los más activos en las últimas Cortes constitucionales (Antonio Alcalá Galiano, Istúriz, Flores Calderón…) y todos los ministros del gobierno formado en agosto de 1822. Mantiene Alcalá Galiano -y no es el único en hacerlo— que los integrantes de este gobierno fueron propuestos por la orden y en estos años fue un tópico afirmar que las decisiones adoptadas por el ejecutivo eran producto del dictado de la logia de Madrid a San Miguel.

Alcalá Galiano, que como masón y diputado destacado estuvo muy al tanto y en primera fila de cuanto sucedió en política en este tiempo, confirma la influencia ejercida por la masonería desde finales de 1822. Sin embargo, en sus escritos se lamenta a menudo de que la falta de unidad interna impidió formar un grupo político coherente y le restó operatividad. Él mismo propuso en febrero de 1822 que los diputados masones votaran en bloque en las sesiones parlamentarias, pero la iniciativa se frustró porque en las Cortes de este momento era un axioma que los diputados debían votar en conciencia (Alcalá Galiano, 1955: II, 150). Por lo demás, resultaba impensable que un Argüelles votara lo mismo que Riego o el propio Alcalá Galiano.

No fue sólo la falta de disciplina interna lo que mermó el poder de la masonería. Pervivía la histórica división entre obediencias (unos seguían el rito inglés y otros al Gran Oriente de Francia), agravada por las diferencias personales entre quienes habían ingresado en la masonería en la época de José I (los afrancesados) y los liberales o “gorros colorados”, que lo habían hecho posteriormente. Aunque todavía quedan muchos puntos oscuros sobre el particular y no ha sido escasa la confusión sembrada por quienes han pretendido denigrar a la masonería a cualquier precio, parece que en los últimos momentos del Trienio existieron distintos intentos para incrementar, aún más, el embrollo en torno a esta organización. Un informe anónimo de estos días, dirigido probablemente a Fernando VII, sugiere “valerse” de los masones afrancesados, “gente amante del orden y de la dinastía reinante”, para contrarrestar la influencia de los “gorros colorados” y sugiere, incluso, proceder como en Inglaterra y colocar al frente de la organización española a un miembro de la familia real (se da el nombre del infante don Carlos, quien entraba en todas las intrigas de la época). En otro texto, éste dirigido expresamente al rey y firmado por “unos cuantos hombres reunidos en el misterio para hacer bienes”, se aboga por fortalecer a la “masonería pura”, es decir, la de rito inglés. Sus autores la consideran la única masonería “virtuosa”, capaz de acabar con los males de España, porque es partidaria de fortalecer la monarquía y la religión (AGP, T. 67, 2.°: 6-212 y 285-292).

Dado el estado de la investigación, no sabemos qué hubo de cierto en todo esto y es difícil dilucidar si respondió a una opción efectiva de la propia masonería o si sólo fue un ardid del absolutismo para sembrar la discordia desde dentro en el campo liberal. En todo caso, para lo último no se precisó de ayuda exterior, pues aparte de la masonería, existía en el sector exaltado otra sociedad secreta: la de los comuneros.

La oficialmente denominada Confederación de Comunidades fue creada en 1821 por un grupo de disidentes de la masonería, según algunos para contrapesar el poder de esta organización (Miraflores, 1834:1, 78). Tomaron el nombre del alzamiento comunero contra Carlos I en el siglo XVI en defensa de las libertades castellanas y continuamente evocaron a su héroe, Padilla, y a Lanuza, el que personificó la lucha a favor de los fueros aragoneses frente a Felipe II. Movidos por la idea republicana de virtud cívica, tan cara al jacobinismo francés, los comuneros del Trienio se declararon firmes “defensores de las libertades de la Patria” y de la Constitución. Al ingresar en la sociedad, el aspirante hacía un juramento en el que, entre otras cosas, decía: “Juro impedir solo y en unión de los confederados por cuantos medios me sea posible que ninguna corporación, ni persona, sin exceptuar al Rey o reyes que vinieren después, abusen de su autoridad, ni atropellen nuestras leyes, en cuyo caso juro, unido a la confederación, tomar justa venganza y proceder contra ellos defendiendo con las armas en la mano…nuestras libertades”.

Si bien en la práctica tuvieron poco de sociedad secreta, pues sus manifiestos e incluso los acuerdos tomados en sus asambleas fueron dados al público de inmediato, los comuneros adoptaron determinados ritos y ceremonias de la masonería y se organizaron de manera similar, de modo que algunos los consideran como una especie de masones a la española. En la base existían las “torres”, agrupaciones locales que podían ser fijas o ambulantes, cuya reunión por provincias formaba las “merindades” y éstas a su vez la Confederación de Comunidades, gobernada por una Asamblea compuesta por representantes de las merindades. La sociedad experimentó un notable crecimiento en poco tiempo y aunque al comienzo la formaron militares, eclesiásticos, empleados públicos, comerciantes y propietarios agrícolas, pronto ingresaron también personas de variados oficios pertenecientes a las clases menos acomodadas. Este hecho, junto a la progresiva influencia alcanzada en su seno por los carbonarios italianos llegados a España tras la represión de los regímenes constitucionales en Nápoles y el Piamonte y los franceses comprometidos en las conspiraciones contra Luis XVIII, dieron a la sociedad un aire democrático y popular del que carecía la masonería y, por supuesto, los anilleros.

Como los masones, tampoco los comuneros consiguieron formar un bloque político coherente. En la organización dominaron las personas más resueltas y, ante todo, las que contaban con más predicamento en las sociedades patrióticas y, en especial, en la Landaburiana, que en 1822-1823 era el centro principal de un sector de la comunería. En ella destacó por su oratoria y dedicación Romero Alpuente. La postura de los comuneros se radicalizó con el tiempo. Acentuaron la participación popular en la política a través de las sociedades o tertulias patrióticas, exigieron medidas drásticas no sólo contra quienes atacaran al sistema constitucional, sino también contra los que no lo defendieran con decisión, e hicieron propuestas económicas y sociales en sentido igualitario, como la abolición del impuesto de consumos, el reparto de terrenos baldíos y, en general, una mejor distribución de la riqueza y de la propiedad. También en lo relativo al régimen político se radicalizó el discurso comunero, hasta llegar a planteamiento próximos al republicanismo, debido a la actitud anticonstitucional de Fernando VII.

Todos estos motivos provocaron en 1823 la escisión de la comunería. El detonante fue la destitución por Fernando VII, en febrero de ese año, del gobierno de San Miguel, hecho que, como sabemos, provocó una sonada algarada en las puertas del palacio real de Madrid. Un sector de comuneros, el mayoritario, creyó llegada la ocasión para acceder al poder ejecutivo y aplaudió la decisión del monarca, mientras otro (que se autodenominó “constitucional”) apoyó al gobierno de San Miguel y abogó por llegar a un entendimiento con los masones.

Los comuneros constitucionales achacaron a los otros una “escandalosa parcialidad” en sus decisiones, el incumplimiento de los reglamentos internos, la imposición del criterio de una minoría sobre el con junto y la despreocupación por los asuntos importantes, que relegaban a un segundo plano debido al exclusivo interés por colocar en los empleos públicos a los individuos de su facción. También les reprochaban su violencia verbal, la provocación de algaradas públicas y, de manera particular, su excesiva dependencia de los carbonarios extranjeros y del periódico El Zurriago, a la sazón distinguido por sus invectivas contra el gobierno. En suma, los comuneros constitucionales responsabilizaban a los otros de actuar por su propio interés y provocar la desunión entre los verdaderos liberales. Los aludidos, es decir los “fieles”, contestaron en el mismo tono, con los mismo argumentos y por los mismos medios, en manifiestos y papeles públicos. Motejaron a los constitucionales de simples egoístas en busca de empleos y les lanzaron esta demoledora acusación: “Se han pasado a los Masones para aumentar su execrable fuerza y conseguir ponernos en el lastimoso estado de una anarquía; ellos se han unido para sostener a sangre y fuego este golpe dado a la Constitución y, por consiguiente, a las libertades públicas” (manifiestos de febrero y marzo de 1823 [Miradores, 1834: III, 191-238]).

Tales disputas tenían lugar en un momento que no podía ser más delicado para el régimen constitucional. Se había producido la ruptura entre las máximas instancias políticas españolas, debido a la negativa del rey a acatar la decisión de las Cortes de trasladar a Sevilla las instituciones del Estado, Francia preparaba su ejército para entrar en España, las potencias de la Santa Alianza habían retirado sus embajadores de Madrid, se habían roto las relaciones con la Santa Sede y crecían las partidas realistas por el campo español. En estas circunstancias, comuneros entre sí y un sector de ellos contra los masones se declaraban la guerra más encarnizada y, además, en público.

Con todo, esta acusada división interna entre los más consecuentes y decididos defensores del sistema constitucional no fue, tal vez, lo más grave. Quizá contribuyó más a minar la resistencia del sistema constitucional la forma de entender el ejercicio de la función política en este tiempo. Según Alcalá Galiano (1955: II, 156), entre los exaltados estaba muy extendida la idea de que las Cortes no debían caminar siempre al unísono con el gobierno. A las Cortes correspondía, entre otros cometidos, fiscalizar la actividad del ejecutivo y exigir responsabilidades a los ministros. Por tanto, la función de los parlamentarios no consistía ni en apoyar al gobierno, ni en hacerle la guerra; una cosa u otra dependería de la marcha de los asuntos generales y de la conciencia de cada diputado. Por otra parte, la Constitución establecía que los diputados no podían ser al mismo tiempo ministros, por lo que no siempre se dispuso de las personas adecuadas por su valía para formar gobierno y, en todo caso, nunca estuvieron en él los políticos con mayor influencia, pues éstos solían ocupar un escaño en las Cortes. Con este sistema era imposible gobernar y, menos aún, ofrecer una resistencia firme a los contrarios al régimen.

El gobierno formado en agosto de 1822, que tenía el objetivo de impedir, por la vía diplomática, la intervención militar exterior y, en caso de fracaso en este punto, organizar la resistencia armada interior, resultó completamente inoperante. Al margen de que Evaristo San Miguel y el resto de los ministros no fueran las personas más a propósito para desempeñar esa misión en tal coyuntura, su capacidad de maniobra resultó más bien escasa. Debido a la penuria de la Hacienda pública no dispusieron de los medios para dotar al ejército de los recursos adecuados, tuvieron enfrente a una parte importante de la población y a casi toda Europa y, para colmo de males, una oposición interna, desde las mismas filas del liberalismo, especialmente dura.

La oposición al gobierno procedía, por una parte, de los moderados, dolidos por el hecho mismo de la pérdida del poder y por sus corolarios: la inmediata sustitución de los individuos de esta tendencia en los cargos públicos. Un buen número de militares, jueces, jefes políticos provinciales y empleados de todo tipo se sintieron agraviados al ser sustituidos en sus puestos por personas afines al nuevo ejecutivo. Pero las cosas no quedaron en esto, pues algunos sufrieron procesos por infidelidad a la Constitución o, en todo caso, se sintieron amenazados por ello.

La oposición también llegó desde un sector importante de los exaltados. En concreto, un buen número de comuneros -fundamentalmente los integrados en la Sociedad Landaburiana-, el periódico El Zurriago c incluso algunos masones. Al margen de cuestiones de carácter personal (la permanente disputa entre comuneros y masones por ocupar el poder y colocar a sus afines en los empleos públicos) el desencuentro tuvo un calado profundo, derivado de los sucesos del 7 de julio. El grupo mencionado intentó aprovechar el fracaso del golpe absolutista para acelerar la revolución, pero el gobierno frenó este impulso para no incrementar la animadversión de las monarquías europeas contra el régimen español y desarrolló una política más bien conservadora, hasta el punto de que se le aplicó el sambenito de “pastelero”, como a los moderados. Así se llegó a una situación un tanto sorprendente y, ante todo, confusa. Por ejemplo, el moderado Argüelles se colocó del lado del gobierno, y en contra se situó Riego, presidente de la logia de Madrid a la que pertenecía el gobierno en pleno y muy influyente meses atrás en la elección de su paisano San Miguel como ministro principal. En la Sociedad Landaburiana, donde quizá lanzaban los comuneros mayores invectivas contra el gobierno, se vitoreaba a Riego, asiduo a sus sesiones, con un grito que resume perfectamente la división y la confusión de los defensores más decididos del constitucionalismo: “Viva Riego sin mandil”. La alusión a la masonería es evidente.

De Madrid a Sevilla

EL 20 de marzo de 1823, a las ocho, emprendió la familia real el viaje ordenado por las Cortes con destino a Sevilla. Los constitucionales confiaban organizar desde allí la resistencia para hacer frente a la invasión francesa, esperada de un momento a otro, pero no se podía ocultar que el viaje era, asimismo, una especie de retirada. Solo semanas antes un ejército desordenado, mandado por el aventurero Bessière, había demostrado la vulnerabilidad de Madrid. Casi nadie confiaba en la capacidad de defensa de la capital y se acogieron al mito. Si en 1808 los patriotas españoles se unieron para luchar contra Napoleón, ¿por qué no habían de reaccionar de la misma forma 25 años después? Al fin y al cabo, muchos de los que tomaron las armas en 1808 todavía vivían y si la mayoría de ellos no estaba en condiciones de alistarse en el ejército constitucional, podían hacerlo sus hijos.

La salida del monarca de palacio fue casi clandestina. En lugar de bajar por la escalera principal, recibiendo el saludo de la artillería, como era habitual en los desplazamientos reales, Fernando VII abandonó el edificio por la escalera trasera que da al Campo del Moro, donde estaban preparados los coches. Partía con “semblante grave” -anota el jefe de la guardia real-, seguido “con cierto aire de tristeza” por la reina y el resto de su familia, todos en silencio (Copons, 1858: 133). En la puerta de Segovia, no lejos de palacio, se les unieron otros vehículos y una columna de la Milicia Nacional de Madrid. No menos de 300 coches y carros emprendieron la marcha directamente hacia el sur, por Aran juez y Ocaña. Acompañaban a la familia real el gobierno y los embajadores de Inglaterra, Sajonia, Portugal y Estados Unidos, a estas alturas, los únicos países con representación diplomática en España. La comitiva se completaba con empleados de los ministerios encargados de custodiar los papeles de cada dependencia, auxiliares y subalternos de todo tipo.

Una columna de la Milicia Nacional, al mando de José Luis de Amandi, se encargaba de garantizar la seguridad del viaje, esto es, de impedir un golpe de mano de las partidas realistas en campo abierto y también -aunque esto debía ocultarse- de velar por la vida de la familia real frente a cualquier atentado por el otro extremo. Formada por jóvenes, “en su mayor parte de lo más brillante y vital de la población” (en palabras de uno de ellos: el meticuloso y exacto observador Mesonero Romanos) y también por personas de los más diversos oficios y condición social, todos ellos decididos constitucionalistas, la Milicia tuvo un comportamiento ejemplar durante el trayecto. La población de Madrid, que acudió en masa a contemplar el espectáculo y muchos a despedir a sus hijos mili danos, guardó silencio, entre la sorpresa y el sentimiento por ver marchar al rey, escribió el general Copons.

Para los madrileños este viaje era un contratiempo considerable y no sólo porque la ciudad quedaba de pronto sin la corte y privada de las principales instituciones del Estado, a cuya presencia estaban acostumbrados. En los días inmediatos a la marcha, el conde de La Bisbal, jefe político y militar de Madrid, mandó requisar caballos a particulares y los fusiles a los milicianos que no desearon o no pudieron salir con la comitiva, impuso elevadas contribuciones, poco acordes con las fortunas, y ordenó la venta de los bienes existentes en los almacenes públicos y en la aduana para recabar fondos con que armar al ejército. En opinión de Sebastián Miñano todo esto fue un auténtico despojo, que sus citó el descontento y la rabia de todos y en particular de los comprendidos en una lista de “personas ricas” a quienes La Bisbal gravó con una fuerte contribución sin garantías de reembolso. Pero al margen de ello, entre los liberales de la ciudad cundió el temor a las represalias y desórdenes subsiguientes y no pocos vendieron sus muebles y pertenencias o los trasladaron a casas de amigos en busca de lugar seguro (Miñano, 1824: 310). Madrid quedó sumido en un estado de confusión y desolación que auguraba los peores presagios.

El viaje, mientras tanto, transcurrió sin incidentes. Los diputados a Cortes, cada uno por su cuenta, salieron de Madrid tres días más tarde que la familia real, pues las sesiones parlamentarias continuaron hasta el día 22. La comitiva real, por su parte, siguió el itinerario más directo, ajustado en lo fundamental al trazado de la actual autovía 4: Aranjuez, Ocaña, Madridejos, Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Múdela, El Viso del Marqués, paso de Despeñaperros, La Carolina, Bailén, Andújar, Córdoba, Carmona y Sevilla. Fernando VII consignó los hechos a su juicio más sobresalientes en el diario que, como sabemos, comenzó días antes de la partida. Ninguna anotación es relevante desde cualquier punto de vista. Se limitó a consignar el horario y duración de la marcha, el nombre de las poblaciones del trayecto -sin el menor comentario- y algunos datos anodinos. En Valdepeñas pasaron el Jueves y Viernes Santo y asistieron a una procesión, el Domingo de Pascua presenciaron una corrida de novillos en La Carolina y cuatro días más tarde otra de toros en Andújar. Sólo la mezquita de Córdoba, entre las muchas iglesias y edificios civiles del trayecto, merece al rey de España un comentario, breve y vulgar. Todo lo que se le ocurre apuntar tras visitarla, es lo siguiente: “Digna de verse por la multitud de columnas que tiene. El Patio de los Naranjos es muy hermoso”.

Se diría que el rey era incapaz de valorar la riqueza monumental de su propio reino y, por supuesto, su historia. O, quizá, todo lo despreció. Ni tan siquiera evoca una de las grandes actuaciones de su abuelo Carlos III, al paso por los municipios creados con ocasión de la repoblación de Sierra Morena, e ignora por completo el palacio de El Viso del Marqués, obra mayor del Renacimiento y única en España, donde se alojó una noche. Sobre los habitantes de los lugares del itinerario, que lo recibieron en masa, y las características socioeconómicas de pueblos y ciudades, ni una sola nota. Apunta, sin embargo, una pequeña anécdota, sin duda muy significativa para él, porque delataba el estado de “cautividad” en que se hallaba, como gustaba decir. Llegados a Córdoba, intentó visitar, junto con su hermano Carlos, las caballerizas de su residencia, pero “nos detuvo el centinela y aunque se le dijo quién era yo, respondió con el arma presentada que tenía orden para no dejar pasar a nadie, con lo cual nos volvimos”. El apunte es envenenado, muy propio de Fernando VII Al día siguiente entró libremente en las caballerizas y en el seminario conciliar, que junto a la mezquita -a juzgar por su diario- fue todo lo que le interesó de Córdoba.

Es evidente que para el rey y su familia el viaje fue un auténtico tormento, más moral que físico, aunque no eran pocas las incomodidades de los desplazamientos en la época. Según el general Copons, el rey no se resintió de los ataques de gota que había aducido en Madrid con gran aparato de informes médicos como impedimento para realizar el viaje.

Lo que le incomodó en grado sumo fue la actitud de los habitantes de los lugares del tránsito. Dice Copons que le tributaron “algunos obsequios, pero no los que hubieran hecho en otras circunstancias” (Copons, 1858: 134) y Bayo, más explícito, lo explica: “Como era público el aborrecimiento de Fernando a la libertad, y sus ardides e incesantes esfuerzos para derrocarla, los pueblos del tránsito ocupaban a bandadas el camino y recibiendo con frialdad y aun con desdén a la familia real, aplaudían a las Cortes y daban muestras de un fervoroso entusiasmo por la Constitución. Así es que Fernando, tan ambicioso del mando como amante de los inciensos del vulgo, experimentó muchas amarguras en el tránsito de Madrid a Sevilla” (Bayo, 1842: III, 72).

Quizá los habitantes de estos lugares vitorearon la Constitución porque así se lo ordenaron las autoridades locales -advierte Copons-, pero si en ese momento hubieran sentido sincero respeto y admiración por el rey, sin orden o con ella no habrían cesado de saludarlo con el mayor fervor. Esos campesinos no tendrían otra oportunidad en su vida de ver al monarca, de modo que sólo precisaban de una leve motivación para aclamarlo. Si no lo hicieron, o se mostraron poco entusiastas, es porque no existían lazos afectivos entre Fernando VII y el pueblo de La Mancha y del valle del Guadalquivir. Dicho de otra forma, quizá a los habitantes de estos lugares les había decepcionado profundamente la traición del rey a la Constitución o, tal vez, estaban hartos de las correrías de algunas partidas armadas absolutistas que no cesaban de invocar el nombre de Fernando como rey absoluto, al tiempo que robaban y humillaban a los habitantes del lugar. El Locho, Orejita, Palillos y otros cabecillas pululaban entonces por La Mancha y aunque no molestaron a los viajeros institucionales, sin duda extorsionaban con frecuencia a los naturales de los pueblos.

El 10 de abril, tras veinte días de viaje, entró el rey en Sevilla por la puerta de Triana. Un día más tarde, quizá para no hurtar al rey el protagonismo del recibimiento, lo hicieron las Cortes. Salvas de artillería, repique general de campanas, adornos en las calles y el gobernador que sale al encuentro del monarca y le entrega las llaves de la ciudad. Sevilla festeja la llegada de remando VII con la máxima solemnidad. Todas las autoridades, colectivos y agrupaciones profesionales acuden al Alcázar, la residencia real, para cumplimentarlo. A ratos el rey pasea por la ciudad, a pie y en coche. De nuevo los comentarios de su diario son vulgares, hechos con desgana. La catedral “es magnífica”, sin más añadidura, y sobre los restantes monumentos de la ciudad o sus gentes, nada.

Sevilla ha perdido su cosmopolitismo de antaño y es ahora una ciudad provinciana muy poblada, con unos 75.000 habitantes (Sánchez Mantero, 1986), a la que corresponde durante dos meses actuar como centro y esperanza del constitucionalismo. Pero el optimismo se amortigua paulatinamente. Tres días antes de la llegada del rey y de las autoridades del Estado, se ha producido la entrada de los franceses en España. Lo que se creyó evitable en el último momento, porque se confiaba en la oposición de Inglaterra, es ya un hecho irreversible. El 23 de abril reanudan sus sesiones las Cortes y ese mismo día el rey rubrica la declaración de guerra a Francia y firma un manifiesto a la nación, que le trae el ministro San Miguel, instando a la defensa de la patria con frases encendidas. Las palabras de los constitucionales, lanzadas por boca del rey que ya nadie cree constitucional sincero, aún mantienen el entusiasmo de algunos, pero las noticias provenientes del norte de España son desastrosas. Entrada de Angulema en Vitoria, avance de los tropas francesas sin resistencia apreciable, desmanes de las partidas realistas y, finalmente, el 23 de mayo, ocupación de Madrid.

Esto último causa conmoción en Sevilla, donde pronto se reproducen los desórdenes que ya son moneda corriente en la capital de la monarquía. Miembros de la Milicia de Madrid que han salido de la ciudad a la llegada de los franceses ofrecen novedades de las atrocidades cometidas contra los liberales. El primero de junio, tras una comida, un grupo de milicianos trata de vengarse por su cuenta y saquea algunas casas de realistas sevillanos, entre ellas la de un canónigo. El desorden callejero es notable y sin saber cómo, hay un muerto, cuya personalidad se desconoce. La ciudad se agita, aunque por el momento la situación es controlada. Aumenta el disgusto del rey. Para todo el mundo era una evidencia su relación con los sublevados contra el constitucionalismo y si le aplaudían los sevillanos inclinados hacia el realismo, otros -quizá los más vehementes o los más inconscientes o los encargados expresamente de ello por quien fuera- no le guardaron el respeto debido durante sus paseos urbanos. Constata el general Copons que ciertas personas lo saludaban de “modo poco decoroso” y a su paso entonaban canciones (quizá el conflictivo Trágala) siempre mal recibidas por Fernando VII y, lo que debió de importunarle de forma especial, lanzaban vivas a la Constitución.

Entre tanto, se intenta mantener casi con normalidad la vida política. Las Cortes celebran sesiones diarias, incluso en sábados y domingos, y mantienen con frecuencia reuniones nocturnas extraordinarias. Preocupa de forma especial el estado de guerra civil del reino y la invasión extranjera, pero los diputados no abandonan las cuestiones legislativas generales, ni siquiera los asuntos de trámite. Al observador actual que conoce el desarrollo de los hechos puede extrañarle esta aparente frialdad en ocasión de tanto apuro, pero la extrañeza no pasaría de ser un anacronismo. España seguía siendo una monarquía constitucional y cada órgano del Estado estaba obligado a mantener su actividad. Lo contrario suponía sancionar la tesis contrarrevolucionaria, según la cual las instituciones eran inoperantes y el reino estaba sumido en la anarquía.

Así pues, las Cortes prosiguen los debates de proyectos de ley pendientes, como uno relativo al modo de llevar a efecto las desvinculaciones o el muy extenso sobre el “Gobierno económico-político de las provincias de Ultramar”. Con parsimonia va avanzado la aprobación de un articulado que, naturalmente, no sirvió para nada, pues el antiguo imperio americano cuya administración se pretendía racionalizar -con enorme retraso- sólo existía ya sobre el papel. Las Cortes se ocuparon de otras disposiciones de dudosa aplicación, pero de profundo calado ideológico. La más relevante fue la ley de señoríos. Por dos veces había recibido esta ley la aprobación parlamentaria y otras tantas se había negado Fernando VII a promulgarla. Ahora se vuelve sobre ella, cuando no habrá tiempo para ponerla en práctica. Tampoco cabía esperar mucho de la autorización a los obispos españoles para conceder dispensas matrimoniales, asunto este que tenía reservado la Santa Sede y que proporcionaba cuantiosos ingresos a Roma. Era una vieja aspiración del reformismo ilustrado asumida por los liberales, al igual que muchas otras disposiciones sobre asuntos eclesiásticos.

Pero junto a todo esto y a múltiples asuntos de trámite, como el reconocimiento de pensiones o de determinados grados académicos, o la concesión de permisos a empleados públicos para recuperar su salud en balnearios, las Cortes no descuidaron las urgencias del momento. Se ocuparon intensamente por mantener el espíritu constitucional entre la población y al efecto abundaron en comunicados y trataron de que el rey lanzara los manifiestos oportunos. Aprobaron un reglamento para formar guerrillas constitucionales y otro para crear un cuerpo militar de extranjeros al servicio del constitucionalismo. Decretaron el secuestro de los bienes de los facciosos y de los que siguieran al ejército francés. Acordaron imponer un empréstito forzoso de 200 millones de reales, a pagar según sus rentas por todos los habitantes (extranjeros incluidos), reembolsable con el producto de las ventas de bienes del clero que por bula papal se habían dejado a disposición del gobierno en 1822. Para evitar, sobre todo, que cayera en manos del enemigo, ordenaron el traslado a la casa de la moneda de los objetos de oro y plata existentes en establecimientos públicos y los de las iglesias no necesarios para el culto. No descuidaron las Cortes los aspectos simbólicos y decidieron el traslado a Sevilla de los restos mortales de Daoiz, Velarde y restantes héroes del 2 de Mayo de Madrid (un batallón de milicias nacionales de esa ciudad, al mando del regidor Pablo Iglesias, los condujo, por Extremadura, hasta el lugar ordenado por las Cortes).

La actuación de los diputados, en su inmensa mayoría exaltados, puede ser juzgada más o menos oportuna, pero es evidente que las Cortes cumplieron su cometido institucional. Mayores dificultades tuvo el gobierno. De acuerdo con el reglamento, los ministros del gabinete de San Miguel, cesado antes de la salida del monarca de Madrid, fueron poco a poco leyendo sus memorias de gestión ante el parlamento y acto seguido abandonaron sus funciones. Sin embargo, no llegó a tomar posesión el gobierno nombrado en febrero, encabezado por Flórez Estrada. Con independencia de la valía personal de sus integrantes, había nacido en circunstancias borrascosas y era producto más del deseo de alejar del poder a los masones (y, por parte del rey, de acentuar la división entre los constitucionales) que de impulsar la dirección política del país. Así pues, no podía ser aceptado por la mayoría de los diputados congregados en Sevilla. Una parte de éstos pidió al rey el nombramiento de un gobierno distinto y finalmente -tras maniobras un tanto sospechosas de una cuarentena de diputados- el rey se avino a nombrar nuevo ejecutivo.

El hombre fuerte del que sería último gobierno del sistema constitucional no ocupó la secretaría de Estado, como venía siendo norma, sino la de Gracia y Justicia. Se trata de José M.ª Calatrava, un antiguo diputado en las Cortes de Cádiz y, por tanto, un “doceañista” bien visto por moderados como Argüelles, quien todavía conservaba alguna influencia. Tampoco era mal considerado Calatrava por los masones y -según Alcalá Galiano- mantenía buenas relaciones con los comuneros. Calatrava venía a ser una especie de nexo de unión de los defensores de la Constitución. Lo mismo sucedió con buena parte de sus ministros y, sobre todo, con el encargado de ocupar la cartera de la Guerra, el general Zorraquín, prestigioso militar aplaudido por todos. Zorraquín, sin embargo, estaba destinado entonces en el ejército de Cataluña, a las órdenes de Mina, y casualmente murió en combate casi al mismo tiempo que se producía su designación. Fue sustituido por Estanislao Sánchez Salvador. El coronel de ingenieros Salvador Manzanares, muy próximo a Riego y distinguido por su defensa constante de la Constitución, ocupó Gobernación; José Pando, reputado muy capaz, recibió el importante ministerio de Estado, y para Hacienda fue designado Juan Antonio Yandiola, un moderado que “era tan flexible que con cualquier partido pasaba por fácil de avenir” (Alcalá Galiano, 1955: II, 236-237).

En definitiva, el gobierno recién nombrado estaba en mejores condiciones que los anteriores para superar el duro enfrentamiento entre comuneros y masones y unir las voluntades de los constitucionales. Sin embargo, su capacidad de acción era ya escasísima, por no decir nula, y aún resultaba más lastimoso su desconocimiento de la marcha de las operaciones militares. El propio ministro de la Guerra comunicó a las Cortes, el 11 de junio, que carecía de noticias exactas sobre los movimientos de las tropas francesas e, incluso, sobre el número de las que habían entrado en España (se aproximó a la cifra global, pues calculó en torno a los 80.000 hombres, pero a esas alturas la imprecisión resultaba fatal). Según el ministro, gracias a la colaboración de los absolutistas españoles, el ejército francés había creado un dispositivo eficaz, que impedía toda información exacta sobre sus movimientos. Esto, naturalmente, sembró la mayor inquietud en Sevilla, de manera especial a partir del 9 de junio, cuando llegaron confusos informes sobre la derrota sufrida por el brigadier Plasencia en Despeñaperros. El gobierno todavía creía que los franceses no habían traspasado el límite de La Mancha y Andalucía, pero ante las nuevas noticias todo el mundo pensó lo peor. También se conoció que Angulema había formado una Regencia que gobernaba en Madrid en nombre del “rey cautivo”, que había sido reconocida de inmediato por las monarquías de la Santa Alianza.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades constitucionales por disimular la situación, tan evidente era que de un momento a otro podrían llegar los franceses a las puertas de Sevilla, que todos intentaron tomar precauciones. El gobierno reunió una junta de generales. Su dictamen no pudo ser más demoledor: tras declarar imposible impedir la invasión de Andalucía por los franceses, aconsejaba el repliegue a Cádiz, porque debido a su ubicación casi insular ofrecía mejores condiciones para la defensa que cualquier otra plaza. Los ministros Calatrava y Sánchez Salvador expusieron la situación al rey y solicitaron su venia para el traslado de todos a Cádiz. Naturalmente, Fernando VII, con su habitual cazurrería, se negó en redondo, argumentando que Cádiz era un lugar expuesto a epidemias. El rey estaba ansioso por encontrarse con sus “libertadores”, los franceses, y, además, odiaba esa ciudad por las mismas razones que los constitucionales la consideraban la más apropiada para aguantar.

Como meses antes en Madrid, se asiste a una nueva disputa entre el rey y las autoridades constitucionales a propósito del viaje. Mientras estas últimas buscan impacientes la forma de convencer al monarca, otros actúan en sentido completamente contrario. El 9 de junio, un grupo de diputa dos presenta al rey un texto, sin firmar. Le aconsejan que rechace con entereza y abiertamente el traslado a Cádiz y, como no podía faltar la consabida maniobra, le sugieren que ordene la salida de Sevilla de la Milicia Nacional, la destitución del general Villacampa (mandaba el ejército que defendía Andalucía) y del principal ministro del Gobierno (José María Calatrava) y la apertura de negociaciones con los franceses a través del embajador británico. Incluso le insinúan que inste al ejército francés a bloquear Cádiz para impedir cualquier ayuda externa a los constitucionales. Por enésima vez, se insta a Fernando VII a propiciar un golpe de Estado, pues no era otra cosa lo que proponían esos diputados de forma anónima, pero cuyos nombres ofrece el propio monarca en su diario. Fueron, entre otros, Vega Infanzón, Taboada, González Ron, Rodríguez Paterna y el general Blake, éste, consejero de Estado. Eran quienes en las Cortes se venían oponiendo sistemáticamente a las propuestas destinadas a defender el sistema constitucional.

O no pudo o no se atrevió Fernando VII a dar el paso sugerido, pero los constitucionales optaron por afrontar la situación. Lo hicieron al día siguiente, el 11 de junio, en una sesión parlamentaria memorable.

¿Está loco el rey?

EL 11 de junio, Alcalá Galiano llegó a las Cortes decidido a tomar la iniciativa. “Más es tiempo de obrar, que de hablar” -dijo- y acto seguido proclamó que no sólo la patria, sino también la monarquía estaban en peligro, pues en cualquier momento la persona del rey podía caer en manos del enemigo. No se puede permitir -añadió- que suceda en España lo mismo que en Nápoles y en Portugal. En este último país, un movimiento contrarrevolucionario acababa de derribar el sistema constitucional. El diputado -que probablemente había anticipado sus intenciones a buena parte del grupo exaltado solicitó acto seguido información directa del gobierno sobre la situación militar.

Mientras llegaban los ministros a la sede parlamentaria, las Cortes prosiguieron sus tareas con aparente tranquilidad. Examinaron expedientes particulares (asuntos de trámite) y dieron el visto bueno a la redacción definitiva de varios decretos, relativos al establecimiento de escuelas náuticas, los derechos a pagar por los agraciados con algunas distinciones y empleos, la creación de una subdirección para los municipios de La Habana y la supresión de los pósitos o almacenes de granos. Las Cortes deseaban dar la impresión de que en la España constitucional todo seguía su curso, pero la normalidad era artificial y quedó disipada por completo en cuanto informaron los ministros. El panorama, de lo más desolador, quedaba resumido en dos puntos: imposibilidad de detener el avance de las tropas francesas y necesidad de replegarse a Cádiz, como había aconsejado la junta de generales convocada por el gobierno. También el Consejo de Estado, en un informe de urgencia, coincidía en la conveniencia de abandonar Sevilla, pero no sugería Cádiz como lugar de destino. Esta ciudad -decía el dictamen del Consejo- “puede tenerse por inaccesible y prestar casi la misma seguridad que en la Guerra de la Independencia”, pero podía estar expuesta a alguna epidemia, por lo que sugería el traslado a Algeciras o San Roque.

Sevilla podía caer en poder de los franceses de un momento a otro, de ahí la urgencia de llevar las instituciones constitucionales a otra parte. Pero como cabía esperar, Fernando VII se negó en redondo a realizar cualquier movimiento y el gobierno, por más que lo intentó, no logró convencerlo. El día 10, en la última entrevista mantenida por este motivo con el monarca, éste -según su propio relato- dijo a sus ministros que si se trasladaban a Cádiz “íbamos a morir de peste, que eso era un asesinato y que para eso valía más que me tiraran un tiro […] y si yo falleciese, ¿qué males no resultarían a la España? Sería una guerra civil, que duraría mucho tiempo y que sería difícil de aplacarse. Que yo era el Padre de mis Pueblos”.

La terquedad de Fernando VII a la hora de obstaculizar cualquier iniciativa en defensa del sistema constitucional era inagotable. En Madrid
adujo su ataque de gota y ahora la peste. Además, se permitía hacer graves insinuaciones: la posibilidad de ser asesinado y el surgimiento de una guerra civil que, por lo demás, era un hecho, como él sabía mejor que nadie. Los ministros compartieron las prevenciones del rey sobre la exposición de Cádiz a alguna epidemia debido a la afluencia extraordinaria de población, pero insistieron en que ir allí era la única posibilidad. El rey, corroborando su característico cinismo, replicó que debido al a van ce de los franceses, aun estando en Cádiz habría que entrar en acuerdos con ellos y, por tanto, era preferible hacerlo ya en Sevilla sin riesgos. No cabía prueba más evidente de que el rey no sólo deseaba la llegada de los invasores, sino que la veía muy próxima y, por supuesto, consideraba inútil toda resistencia.

Es probable que en estos días Fernando VII conociera mejor que el gobierno y las Cortes los movimientos de las tropas francesas. Mantenía la comunicación con sus agentes distribuidos por toda España y, además, por Sevilla pulularon individuos con los ojos muy abiertos que actuaban de enlace entre el rey, el ejército de Angulema y la embajada de Francia en Madrid, pues en estas fechas ya se había instalado en la capital el marqués de Talaru como representante de Luis XVIII ante la Regencia absolutista y no ante el gobierno constitucional. Muy explícitos fueron, entre otros muchos, los informes proporcionados por François de Caze, antiguo agente de Napoleón, luego al servicio de José I, más tarde liberal declarado en Madrid, relacionado -como vimos- con la publicación de prensa exaltada, y ahora confidente seguro y secreto de la embajada francesa. Sus cartas dan cuenta de todo lo que se dice en Sevilla, de los pasos de diputados y gobierno y del ambiente general de la población (AAEE, Corr. Pol. Esp., 722). Es indudable que así como los franceses recibían noticias de Sevilla, Fernando VII no carecía de ellas sobre cuanto sucedía en la zona dominada por el ejército invasor. El rey, en suma, tenía buenas razones para mostrarse intransigente, pues al igual que el gobierno francés y el propio Angulema, suponía que Sevilla caería en cualquier momento en poder del general Bourdesolle, cuyas tropas avanzaban con rapidez hacia la ciudad. Además, conocía el enorme interés de lod.is las monarquías europeas, incluida la británica, por garantizar la seguridad de su persona. Podía decir, en su habitual tono desabrido o como argumento de conveniencia, que su vida corría peligro, pero sabía que, salvo accidente o descuido imprevisible, resultaba muy improbable un atentado contra él, pues los liberales eran quizá los más interesados en protegerlo. A nadie se le escapaba que cualquier acción contra la integridad personal del monarca o de su familia resultaría fatal para el régimen constitucional.

En aquel momento, la persona del rey era la clave de todo el negocio de España. Mientras el rey estuviera físicamente en la zona fiel al constitucionalismo, existía alguna posibilidad de resistencia, pero si por cualquier motivo desaparecía, se desmoronaría automáticamente el régimen constitucional. Obsesionado por culminar cuanto antes la campaña militar, que consideraba obra suya, Chateaubriand hizo una propuesta arriesgada a su íntimo amigo Marcellus, encargado de negocios franceses en Inglaterra. En una de las cartas particulares cruzadas entre ambos -en ellas se sinceraban mutuamente, libres de formalidades diplomáticas o políticas- le confesó el 26 de mayo: u…no hace falta andarnos con tapujos: mientras no tengamos al rey, nada estará finalizado”. A continuación se pregunta cómo podrían apoderarse del rey y confiesa a Marcellus: “mi opinión es que sólo tendremos al rey mediante un golpe de mano organizado en Sevilla o en Cádiz. ¿No podría usted hallar en Londres a alguno de esos hombres atrevidos, tan comunes en ese país, que lo rapten por uno o dos millones? Piénselo” (Marcellus, 1853: 269-270).

Al parecer, el fiel Marcellus no se atrevió a seguir la indicación de su ministro y no le respondió. Anota, sin embargo, que más tarde tuvo noticia de que algunos ingleses habían propuesto al jefe del gobierno francés viajar a Cádiz en un barco de vapor para raptar a Fernando VII, pero Villèle no apoyó el proyecto, temeroso de que las Cortes aprovecharan el incidente para trasladar al rey a Ceuta o a las Canarias, con lo cual lo controlarían de forma aún más efectiva.

La vida de Fernando VII y, por extensión, la de cualquier miembro de su familia no corrían peligro, aunque algunos exaltados cantaran el Trágala y cosas semejantes cerca de la residencia real y durante los paseos del monarca se escuchara algún insulto esporádico. Todo consistía, como bien dijo Chateaubriand, en tener consigo al monarca, de ahí el empeño de los constitucionales en trasladarlo a Cádiz. Como el gobierno no logró el asentimiento del rey, en la mañana del 11 de junio presentó su dimisión. Nueva crisis que, por el momento, careció de consecuencias, pues al mismo tiempo las Cortes enviaban a la residencia real una comisión con el mismo objeto. La presidía el moderado e intachable Cayetano Valdés. El rey la recibe, deja hablar a Valdés y expresa por enésima vez su negativa a abandonar Sevilla. Valdés solicita su venia para que los restantes miembros de la comisión le expongan sus razones. Fernando VII lo impide y los despacha con un tajante “he dicho”. Si el monarca ha tratado con desprecio a su gobierno, falta ahora al respeto a los representantes de la nación. Ni siquiera les permite hablar en su presencia. Los parlamentarios han de quedar mudos. Es fácil imaginar cuál había de ser la interpretación del incidente en las Cortes: el rey ha roto, por propia iniciativa, con las instituciones constitucionales y prefiere caer en manos de los invasores. Años después, Argüelles lo escribió con mayor claridad: “El rey, con su resolución y su respuesta, se había imposibilitado a sí mismo de ejercer su autoridad” (Argüelles, 1864: 205).

Una vez que Valdés da cuenta a las Cortes, constituidas ante la gravedad del momento en sesión permanente, de la infructuosa entrevista y de la forma autoritaria como ha despedido el rey a la comisión parlamentaria, Alcalá Galiano retoma la palabra para decir lo que tenía pensado desde el inicio de esta sesión del día 11 de junio: “Llegó ya la crisis que debía estar prevista hace mucho tiempo”. Dada la actitud del monarca, queda patente que la Constitución no puede ser conservada por los medios ordinarios y hay que recurrir a uno extraordinario. “No es posible el caso de un Rey que consienta quedarse en un punto para ser preso de los enemigos… S. M. no puede estar en pleno uso de la razón, está en un estado de delirio”. La frase no podía ser más contundente y Alcalá Galiano enseguida la dulcificó un tanto al concretar su propuesta: el rey está en un estado de delirio momentáneo, “en una especie de letargo pasajero” y, por tanto, ha llegado d caso de aplicar el artículo 187 de la Constitución y el 176 del reglamento de las Cortes. El artículo constitucional establecía que España sería gobernada por una Regencia “cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física o moral”. El reglamento de las Cortes especificaba que para asegurarse de tal circunstancia, las Cortes consultarían a una junta de médicos.

Años después reconoció este mismo diputado que en esta ocasión se condujo “agregando cierta tristeza hipócrita a la verdadera y no corta de que estaba poseído, por ser su intento dar solemnidad teatralmente a aquel suceso” (Alcalá Galiano, 1846: 237). Cuando escribió esta frase ya se había pasado al moderantismo y abominaba de casi todo lo hecho en 1823, siendo un exaltado de los más activos. Suene a justificación posterior o no, lo cierto es que el 11 de junio su propuesta fue acogida con general entusiasmo por las Cortes e incluso el moderado Argüelles intervino a su favor y tras su parlamento se abrazó a Alcalá Galiano, escenificando el acuerdo unánime de moderados y exaltados, lo cual no dejaba de ser interesante novedad.

La deposición del rey, aunque sólo fuera temporal, como se apresuró a matizar Argüelles en aquella sesión parlamentaria, era decisión de la máxima gravedad. A pesar de todo y por más que se supiera de sus actividades desestabilizadoras, el rey constituía la referencia máxima. La propia Constitución declaraba “sagrada e inviolable” su persona y precisamente porque los más ardientes defensores del régimen no deseaban alterar la Constitución, nadie se pronunciaba contra este principio. Así pues, la suspensión del monarca en sus funciones suponía dar un paso extremo, pero el 11 de junio la mayoría de los diputados no vio otra salida para mantener la resistencia y, sin guardar lo preceptuado en el reglamento de las Cortes (la consulta a una junta de médicos), se procedió inmediatamente al nombramiento de la Regencia.

El decreto fue simple y contundente:

Vista la negativa de S. M. a poner en salvo su Persona y las de su Real Familia de la invasión enemiga que amenaza a esta Capital, [las Cortes) declaran llegado provisionalmente el caso de impedimento moral señalado en el artículo I 87 de la C Constitución, por efecto de las circunstancias actuales, habiendo acordado se nombre una Regencia provisional compuesta del Señor Diputado a Cortes don Cayetano Valdés, Presidente; del Señor don Gabriel Ciscar, Consejero de Estado y del Señor don Gaspar Vigodet, también Consejero de Estado; la cual por el tiempo de la traslación de las Cortes y del Gobierno a la Isla Gaditana, reasuma las facultades correspondientes al poder ejecutivo.

El rey cesaba temporalmente en sus funciones, pero la Regencia nacía con importantes limitaciones: debía ejercer el poder ejecutivo única y exclusivamente para preparar y realizar el viaje a Cádiz de la familia real y de las Cortes, y así fue. El regente Gabriel Ciscar dejó constancia de ello con toda exactitud y sinceridad:

[…] dicha Autoridad [la Regencia] no dio más providencia que las indispensables para que se verificara la pronta traslación del Gobierno y de las Cortes a la Isla Gaditana, reasumiendo para este solo efecto las facultades de las Autoridades subalternas, sin ejercer ninguna de las que correspondían exclusivamente al rey […] Se abstuvo de manifestar su existencia fuera del distrito expresado, y ni aun dentro de él fue reconocida por juramento, ni por otro acto formal, de suerte que puede decirse con verdad que no existió semejante Regencia y sí una Autoridad provisional conocida con dicha denominación impropiamente aplicada (cit. por Solar, 1926: 480).

Las matizaciones de Ciscar quizá sean oportunas desde un punto de vista teórico para delimitar el alcance político e institucional de esta Regencia, pero en aquel momento pocos repararon en reflexiones de este tenor. La noticia de la formación de la Regencia se recibió como hecho extraordinario -informa Alcalá Galiano- y suscitó las reacciones más encontradas. Los partidarios de mantener el sistema constitucional -en este caso no cabe distinguir entre exaltados y moderados, pues Argüelles o el regente Ciscar, por ejemplo, eran de estos últimos- lo consideraron el paso más adecuado para salir del atolladero en que, con su negativa al traslado, el propio Fernando VII había llevado a las instituciones del Estado. Otros lo tomaron como excusa para actuar como hacía tiempo deseaban, es decir, para abandonar el campo constitucional. La deposición del rey les proporcionó la justificación deseada para pasarse con armas y bagajes al bando de los invasores de España, como harán literalmente varios militares, entre ellos el general Morillo, uno de los jefes del ejército constitucional. Por su parte, varios diputados tomaron la precaución de expresar sus votos particulares en contra de la formación de la Regencia. Era la forma de asegurarse el futuro.

No faltaron, como era de esperar, los osados, los inclinados a incrementar la confusión y a sacar el máximo partido de las ocasiones más apuradas. El general John Downie, un inglés al servicio de España desde la Guerra de la Independencia, se reunió en la tarde de ese mismo día 11 de junio en el Alcázar con 17 militares dispuestos a impedir el viaje de Fernando VII a Cádiz. Pretendieron poner en práctica un plan formado días antes (quizá desde el comienzo del mes) consistente en trasladar al rey y a su familia fuera de Sevilla para alejarlo de los constitucionales. Los conjurados confiaban en el estallido de un motín popular en el barrio de Triana, encomendado en su mayor parte, según el general Copons, jefe de la guardia personal del rey, a “contrabandistas, guiferos y chalanes” (Copons, 1858: 145). El bullicio popular sería una excelente excusa para declarar en peligro la vida de las personas reales y trasladarlas a un lugar seguro, es decir, a una zona controlada por el ejército francés, para acto seguido proclamar al rey absoluto.

En torno a las nueve de la noche, Downie y sus compañeros fueron detenidos y en eso quedó este descabellado plan, del que los historiadores se han ocupado muy poco y cuya similitud con otros antes referidos es palpable. No sabemos si tuvo alguna relación con los cálculos de Chateaubriand, expuestos como se acaba de ver a Marcellus, o con cualquier otro proyecto similar. Un historiador bien informado apunta la posibilidad de que Downie actuara de acuerdo con directrices del gobierno británico (Gil Novales, 1975: 474), lo cual no es descabellado, pero tampoco está demostrado. Por estas fechas, el embajador A’Court y el cónsul británico en Sevilla, Wash, mantenían contactos con Fernando VII y no parece que fuera precisamente para inclinarlo a favor del constitucionalismo (Fontana, 2006: 55). De lo que no hay duda -porque así lo constató meses después el interesado en un manifiesto destinado a resaltar sus méritos- es de que Downie “trató de rescatar de las manos de los opresores” a la familia real y al efecto “había formado algunos planes en unión con varios individuos militares de graduación interesados en la justa causa” (Downie, 1823). Por lo demás, todos los gobiernos en aquel momento deseaban arrancar a la persona del rey de España del control de los constitucionales porque, como venimos diciendo, de esta manera minarían su resistencia y finalizaría la guerra.

El incidente demostró que a estas alturas los enemigos del sistema constitucional no reparaban en medios para acelerar su desaparición y, por más que se dijeran amantes hasta la exasperación del monarca, llegaron incluso a poner en riesgo su vida. Esto es lo que hubiera podido suceder de cuajar el plan de Downie, pues -apunta Copons, que debido a su cargo disponía de datos suficientes al respecto- cualquier pretensión de mover del Alcázar a las personas reales hubiera colmado la paciencia de muchos entusiastas de la Constitución, hastiados hasta lo indecible de los manejos contrarrevolucionarios del monarca, y tal vez alguno de ellos hubiera tomado una decisión arriesgada. De la misma opinión fue el regente Gabriel Ciscar y en ello se basó, posteriormente, para justificar su aceptación del cargo. “La pronta instalación de la Autoridad provisional -escribió- era la única medida capaz de restablecer y mantener el orden perturbado y de poner a cubierto de un atentado al Rey y a la Real familia” (cit. por Solar, 1926: 479).

El ambiente en Sevilla, con las tropas francesas a punto de llegar y con los ánimos de todos alterados hasta lo indecible, no podía ser más alarmante. El rey había desautorizado a su gobierno y se negaba a seguir las indicaciones de las Cortes, los absolutistas intentaban cualquier procedimiento para apoderarse del monarca, y los constitucionales, en situación más que comprometida, sabían que sólo les quedaba Cádiz para intentar el último acto de resistencia. El problema para estos últimos consistía en que todo cuanto intentaran sería inútil si no contaban con la presencia física del rey, a pesar de que las maniobras de éste para impedirlo ya no eran secreto para nadie. La Regencia se formó para hallar una salida de urgencia a esta enmarañada situación que, si contemplada desde lo ocurrido con posterioridad puede parecer anecdótica, en aquel momento era asunto de la mayor gravedad, al estar en juego el futuro del sistema político español. Así pues, el cometido de la Regencia, por más limitado que fuera, resultaba de una importancia singular.

Sobre la actuación de la Regencia disponemos de noticias de primera mano, gracias al diario de Fernando VII y al relato y diversas notas dejados por Ciscar. Se constituyó en el palacio arzobispal de Sevilla a las once de la noche del 11 de junio, sin ceremonias, y todo su esfuerzo se encaminó a preparar el viaje a Cádiz. Al margen de este asunto, no tomó disposición alguna y en el orden institucional se redujo a solicitar la continuidad del gobierno, como así fue. Los ministros, según Ciscar, se limitaron a transmitir las órdenes de la Regencia.

El problema fundamental continuó siendo, sin duda, lograr el asentimiento del rey para hacer el viaje. De este cometido quedó encargado Gabriel Ciscar. La primera entrevista con el rey sobre el particular la mantuvo el día 12 de junio, entre las ocho y las nueve de la mañana. Tras el consiguiente forcejeo dialéctico, Fernando VII accedió a trasladarse a Cádiz, pero no de forma inmediata, como deseaba la Regencia y tenían ordenado las Cortes, que lo habían previsto para las doce de ese mismo día. Aludiendo a los muchos preparativos para facilitar el viaje de la familia real, Fernando VII sugirió emprender la marcha al día siguiente. Al mediodía, Ciscar volvió a la residencia real para apremiar la salida y recibió idéntica respuesta. La situación se hizo especialmente embarazosa para la Regencia, pues a los intentos de dilación del monarca, que confiaba en que bastaran sólo unas pocas horas para que llegaran a Sevilla las tropas francesas, se unió la dificultad de hallar medios de transporte adecuados.

Todo ello incrementó el nerviosismo entre los constitucionales, quienes constataron la pasividad de muchos en disponer el viaje, sobre todo las autoridades civiles sevillanas, y la negativa de los generales existentes en la plaza a mandar la tropa destinada a escoltar a la familia real durante el trayecto. Buen exponente de esta situación es la siguiente anee dota consignada por Ciscar en una nota manuscrita que nunca dio al público: “Poco antes de las cinco de la tarde del día 12, se presentó Riego a la Regencia provisional ofreciéndose a hacer que saliese el Rey sin dilación si se le autorizaba para ello. Yo le pregunté si se ofrecía a proporcionar los medios de transporte que faltaban. Me contestó secamente que él haría que saliese el Rey. Mientras que yo estaba hablando con Valdés, le dijo Riego a Vigodet, entre otras cosas, que él lo haría salir “como un corderito” (cit. por La Parra, 1995: 242). Supone Ciscar que de haber accedido a su petición, Riego “cometería algún desacato”, lo que indica hasta qué punto había llegado la tensión del momento.

Finalmente, el día 12 de junio a las seis y media de la tarde y tras nueva entrevista de Ciscar con el rey, los integrantes de la familia real se pusieron en camino, escoltados por numerosa tropa al mando del general Carlos Espinosa de los Monteros. Cenaron en Alcalá de Guadaira y continuaron la marcha durante la noche hasta Utrera, donde llegaron pasadas las cuatro de la mañana, oyeron misa y descansaron. A mediodía del 13 prosiguieron el viaje y a las dos de la madrugada llegaron a Lebrija. Tras un descanso, a las doce del día siguiente partieron hacia Jerez, que abandonaron al comienzo de la noche. Pasada la una de la madrugada del domingo día 15 llegaron a El Puerto de Santa María y a las nueve y veinte de la mañana reemprendieron el trayecto hacia San Fernando.

El viaje, según el diario del monarca, fue penoso e incómodo, contra su gusto, lento (al paso de la infantería que lo escoltaba), sin comer ni dormir con tranquilidad, transitando a las horas de riguroso calor o de noche, sin salir del coche hasta el amanecer. Entraban en los pueblos -añade- “como si fuésemos reos de Estado” y los milicianos que hacían de escolta “insultaron lo que no era decible (aunque no lo oí)… gritaban mueran los Borbones, los tiranos; ya no nos mandan; mira cómo has salido…”.

Nada, sin duda, fue agradable para el rey, pero al menos en el aspecto material, Ciscar -se supone que también los demás- aún lo pasó peor. Durante el viaje apenas durmió algo más de dos horas, casi no comió (en contraste, afirma que los miembros de la familia real “parece que comieron bien el doce, cenaron bien en Alcalá, etc.”) y, además, sufrió vómitos. “Aseguro -concluye- que en mi vida he pasado tres días más incómodos, a más de dar por perdido el equipaje” (cit. por La Parra, 1995: 243).

No hay razón para dudar de los testimonios del rey y del regente. Ni siquiera de los insultos que con toda intención consigna el monarca, aunque él no los llegara a oír. Ese viaje fue, en realidad, una retirada militar, una especie de maniobra desesperada que, por fuerza, debía ser interpretada de forma muy diversa por los implicados. Para la familia real suponía la prolongación de “su cautividad” y para los regentes y, con ellos, todos los dispuestos aún a defender el constitucionalismo, la única forma de prolongar la resistencia, como así se demostró. El traslado del rey, el gobierno y las Cortes a Cádiz supuso la prolongación del constitucionalismo durante dos meses y medio. En este sentido, acertaron los que aconsejaron el viaje.

Por lo demás, la Regencia cumplió escrupulosamente su cometido y en cuanto el día 15 llegó a San Fernando, su presidente preguntó por oficio al de las Cortes si existía en Cádiz el quorum exigido de diputados para dar continuidad a las sesiones parlamentarias. Como así fuera, la Regencia inmediatamente redactó un decreto declarando el cese en sus funciones, el cual recibió la aprobación parlamentaria. Tras la comida del rey, que estaba en San Fernando, los tres regentes se presentaron ante él para comunicarle el fin de la Regencia. Fernando VII -según anota en su diario- les dijo: “Está bien. ¿Conque ha cesado mi locura?” A las cinco de la tarde de ese día 15 de junio la familia real partió de San Fernando a Cádiz. Como no estaba listo el edificio de la Aduana, alojamiento previsto para el monarca, se instaló provisionalmente en casa de un comerciante, Luis Gargello, y el resto de las personas reales en otras particulares. Refiere Alcalá Galiano que el rey no fue recibido con aplausos cuando a la caída de la tarde hizo su entrada en Cádiz.

Mientras en Cádiz se vivían momentos de frialdad, en Sevilla sobró acaloramiento. Pocas horas después de la salida del rey y de la Regencia, casi todos los diputados (algunos se quedaron, a la espera de la llegada de los franceses) embarcaron en un vapor en dirección a Sanlúcar de Barrameda. En el puerto de Sevilla quedó una goleta de mediano porte dispuesta para conducir a buena parte de los familiares de los diputados y a empleados de las Cortes, junto a documentos de esta institución y los equipajes particulares. En cuanto las últimas tropas constitucionales abandonaron la ciudad, un grupo de realistas subió a la Giralda y dio la señal de alboroto. La plebe, soliviantada por el clero y algunos individuos de buena posición, arremetió contra los liberales -declarados o sospechosos-, los insultó, allanó y saqueó sus casas y puso especial empeño en destruir todo cuanto ya estaba cargado en la goleta. Las voces de “Viva el Rey” y “Viva la Religión” arroparon los mayores desmanes, sin miramiento alguno. Consigna Copons que algunos de estos “valientes” españoles partidarios de la justa causa, ávidos de rapiña, “desnudaron a varias señoras que estaban embarcadas, a las que maltrataron a fuerza de golpes” (Alcalá Galiano, 1846: 240-241; Copons, 1858: 152-153). Realizada la hazaña, que entre otras cosas supuso la pérdida de muchos documentos de las Cortes, entre ellos las actas de la sesiones celebradas en Sevilla, y un valioso número de libros del bibliófilo liberal Manuel Bartolomé Gallardo, estalló el regocijo popular, se derribaron los emblemas de la Constitución y se proclamó al rey absoluto. El fervor se extendió a pueblos próximos a Sevilla, donde abundó el grito de “Vivan las cadenas y muera la nación” (Bayo, III: 112).

El grito de los absolutistas de Sevilla y su entorno expresaba a la perfección, en un esfuerzo de síntesis digno de mejor causa, el dilema político clave del momento. O los españoles quedaban sujetos a las cadenas impuestas por el rey con su poder absoluto o continuaban gozando de las libertades derivadas de la soberanía nacional. El problema es que a esas alturas eran muy pocos los que albergaban alguna esperanza en mantener la libertad. A mayor abundamiento, todos los gobiernos de Europa deseaban la inmediata finalización de la guerra y esto sólo podía ocurrir, dada la ocupación militar francesa, si se privaba de poder a la nación, que según establecía el artículo primero de la Constitución era “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.

Componendas con el invasor

EL ejército encargado de la defensa de la España constitucional se deslizó durante estos meses por el mismo tobogán de incertidumbres y de enfrentamientos por el que transcurrió la vida política. Los generales en jefe venían a representar las distintas tendencias políticas dominantes y como es lógico reprodujeron la rivalidad entre grupos. Ballesteros y Espoz y Mina eran exaltados o pasaban por tales, Morillo y La Bisbal, moderados y Villacampa, el jefe del ejército de reserva encargado de proteger Andalucía, gozaba de predicamento entre unos y otros. Se suponía que todos estos militares, así como sus subordinados de mayor graduación, era fieles a la Constitución. En el caso de algunos de ellos, pronto se demostró la gratuidad de esta apreciación. Por lo demás, las dificultades para alimentar a la tropa y dotarla de armamento, los recelos de la población en muchos lugares y la táctica habitual de repliegue ante el avance francés no tardaron en minar la moral de los soldados y las deserciones comenzaron a ser moneda corriente.

Ballesteros y Mina, el primero como jefe del ejército de operaciones, el más importante, y el segundo al mando de las tropas de Cataluña, debían ofrecer la primera resistencia a los invasores. Mina lo hizo con algún éxito y consiguió paralizar por un tiempo el avance del mariscal Moncey en Cataluña, pero Ballesteros no presentó batalla y se limitó a retroceder a medida que le llegaba noticia del avance de los franceses. Desde los primeros compases de la guerra, en el mismo mes de abril, Ballesteros no hizo otra cosa y de esta manera dejó expedito a los invasores el camino hacia Madrid. Aragón, el País Vasco y Navarra -salvo las plazas de San Sebastián y Pamplona, que quedaron aisladas y pasaron la guerra sometidas a un duro asedio cayeron enseguida en manos de franceses y “feotas”. En su retirada, o según el “repliegue táctico”, impidió Bailes teros la toma de Valencia por el realista Sempere, pero fue sólo un res piro, pues esta ciudad, donde el liberalismo había alcanzado fuerza considerable, cayó poco después. El famoso general Ballesteros prosiguió su retirada, abandonó Murcia y se dirigió hacia Granada. Casi aisladas quedaron dos plazas fuertes mediterráneas, Alicante y Cartagena, la primera al mando del coronel de Pablo (Chapalangarra) y la segunda de los generales Sancho y Torrijos. Ambas ciudades resistirán hasta el final de la guerra, demostrando lo que era posible hacer con voluntad y coraje.

Es lo que probó Mina en Cataluña, quien incluso intentó, en una acción arriesgada, pasar los Pirineos para provocar la rebelión de los liberales de la Cerdaña. Su penetración en territorio francés no fue mucho más allá de la frontera y, por supuesto, no logró su objetivo. Cuando pretendió deshacer el camino para volver a España, no pudo hacerlo porque estaba ocupado por el enemigo. Tras vagar varios días por las cumbres pirenaicas, con grandes penalidades y pérdida de hombres, se refugió en la Seo de Urgel. Más tarde consiguió llegar hasta Tarragona, donde se le unió Evaristo San Miguel, que tras dejar el gobierno pasó a este ejército como jefe de su Estado Mayor. El 28 de junio Mina recibió desalentadoras instrucciones del ministro de la Guerra: el gobierno no podía atender a sus necesidades, de modo que el general debía arreglárselas por su cuenta, viviendo con lo que obtuviera en el país. Era la prueba palmaria de que Mina quedaba aislado en Cataluña. Allí resistió como pudo y logró paralizar una parte importante del ejército francés. Para Angulema esto constituyó una gran preocupación. En su avance hacia el sur siempre tuvo un flanco al descubierto. De ello se lamentó en varias ocasiones y hasta llegó a adoptar un tono poco honroso hacia sus subordinados. El 31 de mayo, por ejemplo, escribió a Villèle que Mina, con 3.000 hombres, tenía anulados a los 35.000 mandados por Moncey (Villèle, 1904: 3, 539).

Sin efectivos suficientes para controlar un territorio tan extenso (al inicio, el ejército de Mina no superaba los 20.000 hombres y pronto quedó reducido a menos de la mitad), el distinguido general, cuya bravura y decisión pocos objetan, decidió rehuir el enfrentamiento directo con las tropas de Moncey y el elevado número de partidas realistas que le auxiliaban. Así pues, Mina y sus generales (Milans, Llovera, Rotten…, todos ellos decididos a la lucha en defensa de la Constitución y no siempre en perfecta coordinación entre sí) limitaron sus movimientos a aquellos que pudieran causar sorpresa al enemigo y se centraron en la defensa de las principales plazas fuertes, en particular Barcelona. Sin victorias ni derrotas clamorosas, Cataluña resistió hasta el final del conflicto, con un ejército constitucional paulatinamente mermado en efectivos y moral a causa de las deserciones y del creciente apoyo de los pueblos a los franceses, a veces como reacción ante actos inútiles de crueldad cometidos por los propios generales constitucionales. Fue famosa la destrucción de Castellfullit ordenada por Mina (el pueblo quedó materialmente arrasado, como aviso de lo que esperaba a quienes colaboraban con los realistas) y muy denostada la “tartana de Rotten”, de la que ya se ha hablado.

Las actuaciones de Ballesteros y de Mina ejemplifican a grandes trazos las dos caras de los militares constitucionales durante la guerra. Ballesteros representa a los liberales, diríamos, “de salón”, más dados a las declaraciones altisonantes y a las apariencias que a la acción. El general, “altivo y vano”, “ambicioso como quien más” -así lo califica Alcalá Galiano (1955: II, 191)-, pronto considera carente de objeto la resistencia y no hace sino ganar tiempo a la espera de la ocasión propicia para, sin perder en apariencia la dignidad, negociar una salida favorable a su persona.

Espoz y Mina, rudo según testimonios de sus contemporáneos, pero inteligente y hábil como jefe militar, es hombre de acción, rechaza cualquier componenda y se mantiene firme en sus convicciones. Su capacidad de aguante, física y moral, es extraordinaria, y la honradez y claridad de su comportamiento le prestigian entre cuantos están a su lado. A pesar de su crueldad, sus soldados le seguían ciegamente y gracias a él no pocos catalanes mantuvieron la fidelidad constitucional, según Bittard de Portes. Mina personifica a los liberales exaltados convencidos, quienes, como San Miguel, Torrijos, Chapalangarra y muchos otros, mantienen hasta el final la lucha en el campo de batalla, en el parlamento y en el gobierno de las ciudades. Los motivos de este comportamiento son variados. En muchos dominó su compromiso con el constitucionalismo y con el cumplimiento del deber castrense, pero también influyó la esperanza en un giro favorable para la causa constitucional y, en no pocos, el temor a la cruel represión que seguiría a la victoria del absolutismo. El general francés de Conchy, que mandaba el sitio de San Sebastián, atribuyó la resistencia de los liberales en esta ciudad y en Pamplona en buena parte a su miedo a la venganza de los realistas españoles. Pretendían ganar tiempo, con la esperanza puesta en la recuperación de las fuerzas constitucionales o en un cambio político o de opinión de los gobiernos europeos que detuviera la invasión francesa (Bittard de Portes, 1975: 132 y 193).

En sentido completamente contrario al de Mina actuaron Enrique O’Donnell, conde de La Bisbal, y Pablo Morillo, conde de Cartagena. El primero en traicionar la causa constitucional, como sabemos, fue La Bisbal, que mandaba el ejército destinado a la defensa de Madrid. Era, según José Luis Cornelias, “uno de esos hombres equívocos, desconcertantes y aprovechados” del momento (1958: 315), al que ningún historiador ha tributado ningún calificativo elogioso. El 11 de mayo, cuando las tropas de Angulema avanzaban por Castilla la Vieja sin grandes estorbos, La Bisbal recibió una carta del conde de Montijo, otro de los inquietos personajes del momento, atento siempre a velar por sus intereses en las grandes dificultades de la nación.

En marzo de 1808, Montijo había protagonizado en primera persona el motín de Aranjuez, aquel golpe de Estado que facilitó el acceso de Fernando VII al trono y acabó con el poder de Godoy. A este acontecimiento recurrió en su carta para justificar, mediante un forzado razonamiento, la invasión francesa en 1823. En “la gloriosa acción” de Aran- juez -escribió Montijo- el pueblo invocó el despotismo de Napoleón para librarse del de Godoy, que había causado el mayor desorden y males indecibles a la nación. Como los liberales habían hecho lo mismo que Godoy -dividir y debilitar España-, era conveniente, de nuevo, la ayuda exterior. Pero Montijo hace un interesante recordatorio: en cuanto acabaron los españoles con “el déspota” (Godoy), se unieron, recobraron el patriotismo y el coraje e hicieron lamentar a Napoleón su imprudencia de pretender aprovechar la ocasión para apoderarse de España. Era un aviso para navegantes dirigido, sin mencionarlo, a Angulema. Su auxilio resultaba necesario para acabar con los causantes del desorden en España, pero nada más.

Montijo se plantea a continuación la salida política de España. El absolutismo (él lo denomina “despotismo”) le parece imposible, aunque reconoce que se podría imponer durante algún tiempo por la fuerza y a base de sangre, lo cual no era aconsejable. El constitucionalismo lo estima inviable, pues dice que el pueblo no desea Constitución y ésta, además, no puede ser aplicada porque en sí misma es contradictoria. Sólo queda una solución: que alguien, con fuerza, se declare independiente hasta que el rey recobre su libertad, se ponga al frente de la nación y proclame “lo que todo el mundo desea”, esto es, la abolición de la Constitución. Montijo, con la habilidad de quien está acostumbrado a la lisonja propia y ajena, lanza a La Bisbal el llamamiento definitivo: “Sea usted el libertador, no sólo de España, sino de Europa”.

La carta de Montijo no era sino un halago a la vanidad de La Bisbal y obtuvo sus frutos. Casi a vuelta de correo, respondió el general con otra carta, convertida en una especie de manifiesto porque fue publicada enseguida. La Bisbal coincide con Montijo en el rechazo general de la Constitución por los españoles y en sus ataques a los liberales, que incrementa. La guerra -decía- ha sido provocada por la impericia del gobierno constitucional; la discordia, el fanatismo y los intereses de los jefes de los partidos liberales y de un gran número de hombres que nada tienen que perder y sólo se interesan por el pillaje y el desorden han causado la ruina de la patria. Esta situación -de la cual, como queda patente, responsabiliza a los liberales en exclusiva- exige un cambio y aunque se declara dispuesto, como general, a acatar las órdenes del gobierno, como ciudadano sugiere en qué dirección debería encaminarse: modificación de la Constitución por Cortes convocadas nuevamente, regreso inmediato del rey y del gobierno a Madrid, nombramiento de nuevos ministros entre quienes no pertenezcan a un partido y olvido general de lo pasado.

La Bisbal reproducía los argumentos del liberalismo moderado, pero su carta-proclama contenía, ante todo, los puntos que más interesaba difundir al gobierno francés en aquellos momentos: liberación del rey, establecimiento de un sistema representativo similar al francés y eliminación política del liberalismo revolucionario. ¿Fue esto cosecha propia o dictado de alguien? ¿Casualidad o táctica preestablecida? No es fácil, lógicamente, dar una respuesta tajante, pero tal vez podamos hallar una verosímil si tenemos en cuenta el contexto en el que surgió esta iniciativa del general.

Angulema había entrado en España con muchas precauciones. Esperaba una resistencia firme del ejército constitucional y como casi todos sus compatriotas albergaba dudas sobre el comportamiento del ejército francés en el campo de batalla. Por esta razón, puso especial empeño en reforzar las operaciones estrictamente militares con dos procedimientos: la sublevación de la población española, para que ella misma venciera la resistencia de los constitucionales, y la provocación de defecciones entre los mandos del ejército constitucional. En ello coincidía plenamente con el jefe del gobierno francés, Joseph de Villèle. Pero como éste mismo escribió a Angulema el 28 de abril, la primera vía tenía muchos inconvenientes (sobre todo citó “las masacres y la reacción que seguirían” a la sublevación popular), de modo que convenía poner el acento en la segunda, menos comprometida (Villèle, 1904: 3, 394). Para ello se requería elegir a las personas adecuadas y disponer del dinero suficiente para negociar con ellas.

En los primeros momentos de la campaña el procedimiento dio los resultados apetecidos, según informaron Angulema y Guilleminot, los dos máximos responsables del ejército invasor. Pero una vez dueños de Vitoria, Bilbao, Burgos y Zaragoza, plazas todas ellas ocupadas a lo largo de abril, resultaba vital no equivocarse de personas para no correr grandes riesgos en el ataque a Madrid, que se presumía empresa difícil. Se barajaron especialmente los nombres de Mina y La Bisbal. La defección de cualquiera de ellos tendría, según cálculos franceses, un efecto multiplicador inmediato. Invidentemente, no hubo éxito con Mina, a quien parece que se tanteó, pero, como escribió Villèle en la carta antes citada, “tengo mucha confianza en la traición de La Bisbal (dicho sea sin malicia)”.

Villèle no deja lugar a dudas. El jefe del gobierno francés utiliza expresamente la palabra “traición” y, en efecto, La Bisbal recibió dinero y todo tipo de garantías sobre su futura suerte personal, como más tarde se comprobó. Según Sánchez Mantero, que no cita fuentes, La Bisbal “no resistió a las presiones de los franceses que le instaban a rendirse sin oposición y mediante una elevada suma de dinero se dispuso a entregar incondicionalmente la ciudad [Madrid]” (Sánchez Mantero, 1981: 63).

Por de pronto, el trato con La Bisbal proporcionó a Angulema el excelente resultado de entrar en la capital de España sin disparar un tiro. Como sabemos, La Bisbal abandonó a sus tropas y alguno de sus oficiales siguió su ejemplo. Diezmado y en la más absoluta confusión e indisciplina, lo que quedó del ejército destinado a la defensa de Madrid se dividió en dos grupos: uno permaneció en Madrid, a las órdenes del general Zayas, sin capacidad para ofrecer resistencia alguna, y el otro se retiró hacia Extremadura con el fin de evitar un desastre completo. Esto era lo que se esperaba de la traición de La Bisbal -por utilizar el término de Villèle-, pero no todo.

Los franceses habían calculado que la defección del jefe del ejército del Centro cuando sólo había transcurrido un mes desde la invasión sería un golpe oportuno y definitivo al sistema constitucional. Creyeron que, salvo algunos exaltados irreductibles, nadie continuaría con ánimos para resistir y en cuestión de días toda España se entregaría a Angulema. Marcellus expresó este sentimiento de forma muy clara. En cuanto le llegó a Londres la noticia de la traición de La Bisbal, envió a su ministro y amigo Chateaubriand una efusiva carta. “Todo se decide a nuestro favor”, escribió; La Bisbal y otros jefes del ejército “piden cambios políticos, el rey quedará libre en breve y nuestro éxito es completo”. Añadía Marcellus que así opinaban en Londres el rey, algunos prohombres conservadores, entre ellos los influyentes Wellington y Robert Peel, e incluso Canning, el ministro de Exteriores, que tantas reticencias había mostrado ante la intervención militar en España. Fundado en este ambiente, Marcellus proponía un acuerdo entre Francia e Inglaterra para imponer en España el sistema político deseado por ambas potencias. A vuelta de correo, Chateaubriand enfrió los ánimos de su amigo. La defección de La Bisbal -le dijo- no había dado los frutos esperados, porque los liberales todavía tenían a Fernando VII en su poder (Marcellus, 1853: 274-277).

Los franceses entraron con facilidad en Madrid gracias a La Bisbal, pero la guerra no terminó, entre otras razones porque el rey no estaba en la capital. A partir de este momento -finales de mayo-, el problema fundamental consistió en “liberar” al rey del “cautiverio” en que lo mantenían los exaltados de las Cortes. Ahora bien, las autoridades francesas no cambiaron de sistema y al mismo tiempo que Angulema ordenó el avance de su ejército hacia el sur, prosiguió -en estrecho contacto con Villèle- el soborno a los generales españoles. El siguiente, tras La Bisbal (a quien el ejército francés tuvo que proteger para abandonar España) fue Morillo.

Desde el comienzo de la guerra, el ejército mandado por Morillo resistía en el noroeste de España. Palarea, uno de sus generales, mantuvo un serio combate entre León y Oviedo y el general Campillo luchó asimismo en distintas ocasiones contra el ejército francés y contra los realistas mandados por Longa. El pretendido paseo militar no tuvo lugar, pues, en esta parte de España. Sin embargo, desde finales de mayo la suerte de las operaciones comenzó a ser claramente adversa para los constitucionales y la llegada como refuerzo del general Quiroga, héroe de Las Cabezas de San Juan, no cambió la situación. El 21 de junio las tropas del general francés Bourck derrotaron al constitucional Campillo cerca de Oviedo y unos días más tarde entraron en la ciudad, ya ocupada por las de Longa. Dueños de León y Asturias, los franceses amenazaban Galicia, donde Morillo se había replegado.

Morillo se vio acosado por todas partes, incluso por Portugal, país con el que hasta ahora había contado, al menos como lugar de refugio. A finales de mayo, un movimiento contrarrevolucionario, encabezado por el príncipe clon Miguel, acabó con el sistema constitucional en este país y los que antes sostenían a los constitucionales se tornaron en sus enemigos declarados. Bien porque se temió una segura derrota, bien -tomo dio a entender- porque no soportó la deposición temporal del rey acordada por las Cortes el 11 de junio, Morillo dio un paso espectacular. El 26 de junio dirigió a su ejército una proclama en la que declaraba que no reconocería ninguna autoridad “hasta que el rey y la nación establezcan la forma de gobierno que debe regir en nuestra patria”. Es decir, rechazaba tanto la Regencia constitucional recién establecida, como la realista formada en mayo en Madrid. Ganado por la tentación caudillista, Morillo conservó el mando de su ejército y se dispuso a gobernar el territorio auxiliado por una “Junta gubernativa” creada por él mismo e integrada, entre otros, por el obispo de Lugo, el jefe político de esa provincia y tres miembros de las diputaciones provinciales de Lugo, Orense y I a Coruña.

Morillo quedó por de pronto aislado, pues las autoridades políticas de ambos bandos condenaron su actitud. Pero no tardó en salir de este apuro en la dirección entonces más segura, es decir, poniéndose en manos de los franceses. Tras negociar con el mando militar francés de la zona, escribió a Angulema en términos poco decorosos para un militar en tiempo de guerra: “Estoy enteramente unido con el general Bourck y le he ofrecido todos los esfuerzos posibles por mi parte y por parte de las tropas que están bajo mis órdenes para obtener la libertad del rey y la completa pacificación del país.” (Bayo, 1842: III, 444). En la misiva criticaba con dureza la actuación de la Regencia realista de Madrid, pero por si acaso, la misma persona que conducía a Angulema esta carta portaba otra del general español con su reconocimiento de esa misma Regencia “durante la cautividad del rey”. La traición, no exenta de artería, no podía ser más evidente.

A diferencia de La Bisbal, Morillo no abandona el ejército y desde julio de 1823 lucha en Galicia como un general más a las órdenes de Angulema. Pero no todas sus tropas se han pasado al francés. Quiroga y otros se refugian en La Coruña y allí prosiguen la resistencia hasta el 21 de agosto, fecha en la que Quiroga ya ha salido de la ciudad, quilla quedado bajo el mando del brigadier Pedro Méndez de Vigo. Por su parte, el general francés Bourck, conquistada Galicia, se dirige hacia Madrid y Morillo queda en la zona para evitar cualquier reacción constitucional. Quien recibió el nombramiento de general en jefe de un ejército para defender la Constitución actúa como su represor.

No llegó a tanto como Morillo el general Villacampa, jefe del Ejército de Andalucía, pero también él se escudó en el nombramiento de la Regencia de Sevilla para manifestar su desacuerdo con las autoridades constitucionales. El 19 de junio, en carta al ministro de la Guerra, este general denunció el estado de su ejército. Afirmaba que no estaba en condiciones de seguir con éxito las operaciones que le habían sido confiadas a causa de las frecuentes deserciones, de la indisciplina entre sus soldados y de la opinión dominante de la población civil, contraria al nombramiento de la Regencia Constitucional y al traslado de las autoridades a Cádiz. Todo esto era, según él, consecuencia de los errores de las Cortes, “cuya conducta está en oposición directa con la opinión manifiesta del país”. Los problemas mencionados no eran producto de la carencia de víveres, ni de la fatiga o del rigor de la disciplina castrense, sino de la negativa de los soldados a “encerrarse” en Cádiz y hacer la guerra a sus compatriotas. La opinión general -insistía Villacampa- era contraria a las decisiones adoptadas en las Cortes por una facción que buscaba su seguridad personal y prescindía de los principios liberales que sirven de base a la Constitución (Miñano, 1824: 462-466).

Los argumentos de Villacampa guardan muchas similitudes con los de La Bisbal y Morillo, aunque quizá se expresen con mayor ambigüedad. Su intencionalidad, sin embargo, era clara. Como los anteriores, trataba de justificar el abandono de la defensa del régimen constitucional. Así lo interpretaron las autoridades constitucionales y lo destituyeron, encomendando el mando del Ejército de Andalucía al general Zayas. A comienzos de agosto de 1823, de los cinco generales en jefe de los cuerpos formados a principio del año en el ejército constitucional (Ballesteros, Mina, La Bisbal, Morillo y Villacampa) sólo resisten Mina, en Cataluña, y Ballesteros en Andalucía oriental, pero la defección de este último es cuestión de días. Kl 4 de ese mes, tras una serie de movimientos por el este de Andalucía y después de una dura batalla librada el 28 de julio en Campillo de Arenas, donde los soldados constitucionales demostraron que todavía eran capaces de contener al enemigo, Ballesteros capituló ante el general Molitor. El antiguo comunero reconoce la Regencia de Madrid y acepta que sus hombres queden acantonados en el lugar indicado por los franceses; a cambio obtiene la promesa de que no serán perseguidos por sus ideas y opiniones, que los oficiales no perderán sus grados militares y los miembros de la Milicia Nacional gozarán de libertad para volver a sus hogares.

La defección de Ballesteros cae como una bomba en las filas constitucionales y de forma especial en Cádiz, donde el gobierno y las Cortes mantienen la última resistencia. Aun así, todavía quedan ánimos en algunos y Riego, que hasta ahora no ha participado en el campo de batalla porque, dada su condición de diputado, le impide la Constitución mandar un ejército, obtiene permiso excepcional de las Cortes y sale al encuentro de Ballesteros con el propósito de mantenerlo en la lucha.

17 de agosto desembarca Riego en Málaga y asume la jefatura de las tropas allí acantonadas, tras sustituir a los oficiales que considera tibios en la defensa de la Constitución o próximos a Ballesteros. La decisión de Riego causa una doble impresión: por una parte se juzga arbitraria, pues entre otros arresta al general Zayas, que pasa por leal sin fisuras al sistema constitucional, y por otra despierta todo tipo de conjeturas, pues el héroe de la revolución, el símbolo por excelencia de la España constitucional, toma las armas personalmente.

Riego se encuentra con Ballesteros en Priego, en la montaña de Córdoba, y le insta a reanudar la lucha. Ballesteros rehúsa, alegando su pacto con Molitor. Riego desarma a su guardia y lo arresta. De inmediato reacciona una parte de la tropa de Ballesteros, dirigida por el general Balanzat, quien fuera en 1822 ministro de la Guerra en el gobierno de Martínez de la Rosa, y libera a su jefe. Este contratiempo y la aproximación de tropas francesas obligan a Riego a abandonar el lugar, pero lo hace con sus efectivos muy mermados, pues dos regimientos de su ejército aceptan los términos de la capitulación de Ballesteros y otros aprovechan la confusión para desertar. Con unos 2.500 hombres, Riego se dirige hacia Jaén, con la intención de proseguir hasta Extremadura para unirse a los constitucionales mandados por el brigadier Plasencia. En Jaén es atacado por el enemigo y se ve obligado a retirarse hacia Jódar, donde de nuevo es derrotado por los franceses, que le cogen entre dos fuegos. Consigue escapar, herido en una rodilla, con tres hombres: el brigadier inglés George Matthewes, el capitán español Mariano Bayo y el teniente coronel piamontés Vicenzo Virgilio. Los cuatro pretendían llegar a Cartagena, donde resiste Torrijos, pero el 15 de septiembre, cuando se detienen a descansar en el cortijo de Boquerizones, cerca de Arquillos, alguien alerta de su presencia y un grupo de hombres armados los sorprende y los hace prisioneros. En ese punto finaliza la aventura militar y política de Riego, para quien se inicia una penosa agonía personal que no tarda en culminar con la muerte.

En el verano de 1823 las defecciones entre los mandos del ejército constitucional fueron más abundantes de lo que cabía esperar. A los casos señalados, especialmente relevantes, hay que añadir otros muy significados, como los de los generales Sarsfield o Manso, integrante este último del ejército de Mina y muy distinguido en la lucha contra los franceses hasta su unión a ellos el 9 de agosto. Otros mandos del ejército constitucional se rindieron en cuanto se vieron rodeados por las tropas francesas, a veces sin disparar un solo tiro. Para ciertos historiadores, la razón de tales comportamientos es muy simple: aquellos militares consideraron inútil la resistencia, dado el mayoritario rechazo de la población española al constitucionalismo. Escritores franceses, sobre todo del siglo XIX, insisten más bien en otra razón: la superioridad, en táctica y en disciplina, del ejército francés y la excelente organización de la campaña.

Es evidente que el ejército francés planificó las operaciones mejor que el constitucional y contó en muchos casos con ayuda de la población civil. También lo es que los jefes militares españoles no siempre estuvieron a la altura de su cometido. Sin embargo, todo ello no basta para explicar el desarrollo de esta guerra y en particular la rendición, sin combate, de ciertas plazas, la ausencia de obstáculos al avance de las tropas francesas en determinadas zonas y la defección de cuatro de los cinco generales en jefe del ejército constitucional. A expensas de lo que puedan aclarar estudios detallados sobre el caso y, en especial, biografías bien documentadas de estos militares -de las que carecemos- tal vez no sea inútil tener en cuenta la incidencia de las “misiones secretas” a que aluden en su correspondencia el generalísimo de las tropas invasoras y el jefe del gobierno francés.

Cuando llevaba un mes exacto en España, Angulema se quejó de los muchos gastos que le ocasionaban lo que denomina “las misiones secretas”, los cuales, evidentemente, no podían ser justificados documentalmente, y solicitó una partida especial de 100.000 francos mensuales. Villèle satisfizo la petición con rapidez y pleno convencimiento, pues se trataba de un gasto “de suma necesidad que no puede encontrar obstáculo alguno”, escribió el 12 de mayo a Angulema. Estas “misiones secretas” consistían fundamentalmente en el soborno de militares y políticos constitucionales, tanto para facilitar las operaciones del ejército francés, como para otros fines, por ejemplo, apoderarse de la persona de Fernando VII En la carta citada, anuncia Villèle a Angulema la próxima llegada a Cádiz en un barco de guerra del contraalmirante Hamelin con 1.300.000 francos, y apunta: “Ése será un buen precio para ofrecer a quienes quieran intentar llevar a bordo del buque al rey y a la familia real. Por vuestra parte, Monseñor, realizaríais una excelente operación financiera si con dos millones pudierais comprar el retorno directo del rey y de su familia a Madrid. Todo lo que se pueda acortar esta guerra es deseable, política y económicamente” (Villèle, 1904: 3, 441-443).

Villèle y Angulema no escatimaron gastos en las “misiones secretas”, hecho que debió de alcanzar tal envergadura que no tardó en suscitar la reacción de los realistas españoles. De ello se hizo eco el ministro de Exteriores de Francia, cuyas relaciones políticas con Villèle siempre fueron tirantes. El 8 de mayo, coincidiendo con la mencionada petición de Angulema de una partida especial, Chateaubriand escribió a Villèle una carta que por ser muy elocuente se reproduce casi en su totalidad:

Mi querido amigo: creo que debe escribir hoy mismo al señor duque de Angulema por un asunto capital: que tenga cuidado en gastar mucho dinero a favor de los constitucionales españoles. Desde muchos lugares me informan que los realistas se espantan de esta actitud del príncipe. Después de todo, actualmente son los realistas los factores de nuestro éxito y si sus generales, sus soldados, los curas, el clero en general creen que todos los golpes y el peligro son para ellos y para los generales de las Cortes todas las gracias, quedaremos abandonados en medio de España. Los constitucionales, en verdad, son demasiado débiles y demasiado miserables como para que estemos obligados a tener consideración hacia ellos (Villèle, 1904: 3, 423).

Ni Angulema ni Villèle atendieron en lo más mínimo la recomendación de Chateaubriand y hasta el final del conflicto hicieron uso del soborno, unas veces con éxito (como en los casos de La Bisbal, Ballesteros y otros jefes militares) y otras no, como ocurrió con el intento de sacar al rey de Sevilla y luego de Cádiz. Hasta el final de la guerra fue una obsesión para ambos conseguir esto último. Primero barajaron ofrecer a algún aventurero los mencionados dos millones de reales; luego recurrieron a su habitual procedimiento de corromper a los generales españoles y pensaron incluso en Zayas para esta operación. El 26 de junio, cuando el rey ya estaba en Cádiz, Villèle escribía a Angulema: “El gran negocio está en Cádiz. Es necesario sacar al rey, mitad a la fuerza, mitad mediante negociación con Zayas”. Y líneas más abajo, enfatiza: “Monseñor sabe que para este resultado el Rey [de Francia] le ha dado carta blanca y que nuestras cajas de reserva están llenas y deben abrirse ante su primer requerimiento. Por otra parte, con la letra de crédito que le he enviado, Monseñor puede disponer en la casa Rothschild en Londres de la suma que convenga con los que liberen al rey…” (Villèle, 1904: 4, 151).

En un libro reciente, donde aduce distintos testimonios sobre la práctica del soborno por parte de los franceses en esta guerra, afirma Josep Fontana: “Los archivos de los Rothschild han revelado que las órdenes de pago a favor de diversos miembros de las cortes y de otros jefes constitucionales ascendieron a cerca de dos millones de francos. Un agente de los banqueros, Belin, se encargaba de hacer pasar el dinero al interior de Cádiz, donde contaba con diversos contactos.” Otras fuentes citadas por el mismo historiador confirman que Ouvrard repartió en Cádiz más de cuatro millones de francos en oro -uno de los beneficiados fue el rey- para provocar la rendición de la plaza (Fontana, 2006: 62).

La práctica del soborno por parte del invasor francés no ha pasado desapercibida a los historiadores, aunque casi siempre la mencionan de pasada, sin detenerse en ofrecer pruebas documentales. En una historia general sobre el período, el francés Gustave-Nicolas Hubbard afirma que Angulema llegó a España con instrucciones de ahorrar sangre francesa “empleando los medios de corrupción que le fueron generosamente prodigados” (1869: II, 133). Sánchez Mantero constata, como se ha dicho, la venalidad de La Bisbal y en cuanto a Ballesteros, afirma que su capitulación hubo de demorarse unos días porque el general Molitor “tuvo que someter a la aprobación de Angulema ciertas estipulaciones pecuniarias secretas” (Sánchez Mantero, 1981: 70). Un contemporáneo de los hechos, muy bien informado, el francés Horace Raisson, escribe en la introducción a un detallado relato sobre las operaciones militares de esta guerra: “En su mayor parte, los hombres colocados por las Cortes a la cabeza de las fuerzas constitucionales carecían de talentos militares, algunos estaban ya vendidos al oro de Francia y otros sólo discutían el precio de su traición” (Raisson, 1827: XXX).

Raisson no insiste en su obra sobre este punto, pero resulta más que elocuente una nota a pie de página con la que complementa la afirmación anterior. Dice que todos los que participaron en esta campaña coinciden con la opinión expresada y en su apoyo trae el testimonio del financiero Ouvrard. Según escribió este último en sus Memorias, “las negociaciones ofrecidas produjeron su efecto”, aunque hubo que emplear mucho dinero y prometer cargos o títulos honoríficos. Todos, según Ouvrard -quien en materia de corrupción era un maestro- “estaban más ocupados por su interés personal que por la defensa de la Constitución". Tras esta cita, Raisson zanja el asunto de forma sumamente elocuente: “Para no obstaculizar la rapidez del relato, nos hemos abstenido a lo largo de esta obra de hacer cualquier reflexión sobre los motivos presumí dos o conocidos de los generales La Bisbal, Ballesteros, Morillo, etc. Esta nota será suficiente para dar la clave de muchos acontecimientos muy importantes”.

Tal vez no haya que sobrevalorar la incidencia de los sobornos, ni siquiera a la hora de explicar la defección de los jefes militares constitucionales, pero tampoco puede soslayarse que las componendas de todo tipo abrieron camino a las tropas de Angulema. La aparente sorpresa derivada de la rapidez de esta campaña militar, tan explotada en Francia en cuanto finalizó, probablemente no deba ser tanta.

No todos los jefes militares constitucionales se prestaron a componendas. Mina no lo hizo y muchos otros tampoco. Merece la pena consignar dos casos, pues tal vez sean paradigma de la actuación de un buen número de militares constitucionales. El coronel Vigo, gobernador de la Seo de Urgel, contestó al mariscal Moncey, cuando éste le instó a seguir el ejemplo de Ballesteros, con un argumento eficaz para un militar acostumbrado a hacer la guerra. Tras preguntar qué idea se formaría el propio Moncey de un subordinado suyo si sólo por motivos poco favorables a su causa rindiera una plaza cuyo mando le había confiado, exclama: “¿Qué me importa, Excelencia, que el general Ballesteros y todos los generales de España traicionen al gobierno que voluntariamente han jurado sostener?”. Vigo se encomendaba a la honradez militar. Torrijos, el otro caso a considerar, se dejó llevar por el ardor y el convencimiento político del constitucional convencido.

El general Vincent, comandante de las tropas francesas que operaban en Murcia, instó por escrito a Torrijos, que resistía en Cartagena, a seguir el ejemplo de Ballesteros. La respuesta del general español fue un acto de provocación política. En lugar de aceptar la rendición, exhorta a Vincent a unirse al constitucionalismo para llevar la libertad a Europa y, en primer término a Francia, a la que se refiere como “la gran nación que ha librado a Europa del yugo de la superstición y del despotismo y que oprimida ahora por una facción sólo espera el momento de retomar su rango y libertad", Torrijos, en definitiva, utiliza los mismos argumentos empleados por los franceses para justificar su intervención en España, pero en sentido contrario. De forma muy explícita, que por fuerza debía recibir el destinatario como un insulto, le lanza lo siguiente: “Pongámonos de acuerdo, General, vayamos a su patria y tendrá usted el honor de haber consolidado nuestra libertad y de haberla devuelto a su país” (cit. por Bittard de Portes, 1975: 289-290).

La movilización popular. El himno de Riego

MIENTRAS los militares constitucionales protagonizaban actuaciones tan variadas como las referidas, los exaltados libraban en la retaguardia una guerra de otra naturaleza.

El impresor valenciano Mariano de Cabrerizo, destacado y entusiasta liberal, publicó en 1823 una Colección de canciones patrióticas con el declarado propósito de mantener los ánimos en la lucha por “la salud de la Patria” y en “el exterminio de los enemigos de la libertad”. Tal fue la principal función de las canciones patrióticas, pero no la única. También servían -según el citado impresor- “de agradable desahogo a los buenos patriotas” (Cabrerizo, 1823: 1).

Dotadas de esa doble faceta de acicate y desahogo, es decir, de la posibilidad de ensalzar instituciones patrias y virtudes humanas al mismo tiempo que de criticar vicios de toda clase, las canciones patrióticas eran otra novedad revolucionaria. Antes, durante el largo tiempo del dominio del absolutismo, no sonaba en público este tipo de música, menos aún en actos oficiales, porque el pueblo no disponía de la palabra. El espacio público estaba totalmente ocupado por la religión y por la corona y, en consecuencia, se cantaban cantos religiosos, mezclados con marchas militares. Las críticas y los desahogos del pueblo, así como la expresión de sus aspiraciones, quedaban reducidos a la intimidad o a la clandestinidad. La revolución cambió las cosas. El pueblo tomó la palabra y mediante las canciones dio a entender que la iniciativa y la acción eran suyas. Las canciones patrióticas y de manera especial los himnos son, por tanto, expresión del proceso revolucionario, caracterizado por el hecho de que “el antiguo súbdito, esencialmente subordinado, conquista su identidad y se convierte en el moderno ciudadano protagonista de su propia historia, plasmada en la exaltación de una Patria que resume sus anhelos” (Serrano, 1999: 130).

Los revolucionarios españoles del Trienio, siguiendo de cerca la estela de los franceses de 1789 y de acuerdo con una práctica ensayada con buenos resultados en estos lares en 1808, valoraron en su exacta medida las canciones patrióticas e hicieron uso de ellas hasta la saciedad. El elenco que nos ha llegado es extraordinario y aunque existen recopilaciones muy variadas, lo más seguro es que se trate sólo de una parte. Entre lo que conocemos, se halla la canción más importante, la que vino a ser una especie de compendio general del género, tanto por su composición, como por su significado. Se trata del “Himno de Riego”, que como no podía ser de otra forma, abría el volumen publicado por Cabrerizo, dedicado “al ciudadano Rafael del Riego y a los valientes que han seguido sus huellas”.

El himno de Riego se convirtió en uno de los distintivos más llamativos del liberalismo exaltado del Trienio y en 1822 se le dio rango oficial. Un decreto de las Cortes del 7 de abril de ese año dispuso: “Se tendrá por marcha nacional de ordenanza la música militar del himno de Riego que entonaba la columna volante del Ejército de San Fernando mandada por este Caudillo”. En 1823 se cantó con profusión, tanto para animar a la defensa de la revolución, como para amedrentar, o al menos desmoralizar, a los contrarios. Más tarde, sonó en los momentos de exaltación revolucionaria más señalados: en la lucha contra los carlistas una vez muerto Fernando VII, cuando los liberales progresistas se alzaron en 1854 contra los isabelinos moderados, al inaugurar la “Revolución Gloriosa” de 1868 el Sexenio Democrático y llegada la Segunda República se convirtió de hecho en el himno nacional. 1 lasta nuestros días esta canción es, en definitiva, símbolo de la lucha de los españoles por la libertad y con este carácter nació en 1820.

Cabrerizo no indica quién fue el autor de la letra, pero deja claro que la música la compuso Melchor Gomis Colomer, quien firma la partitura reproducida en la edición. Poco importa ahora si fue éste el auténtico compositor de la música o, como indican algunos estudiosos, sólo su adaptador. Tampoco tiene interés primordial para nosotros saber quién es el autor de la letra, aunque en este punto existe mayor coincidencia. Se han dado varios nombres, pero por lo general se atribuye a Evaristo San Miguel, paisano de Riego y compañero de armas en el levantamiento de Las Cabezas de San Juan. Lo mantiene Alcalá Galiano en sus Memorias. Su testimonio debe ser tenido en cuenta, pues él mismo escribió una primera versión del himno, que disgustó a Riego porque no resultaba muy inteligible a los soldados y -añade el destacado político- por “no estar en la canción su nombre” (Alcalá Galiano, 1955: II, 42).

Al margen de autorías de música y letra, parece cierto que el himno surgió en 1820 -informa Alcalá Galiano- por iniciativa del propio Riego, quien deseaba dotar desde el inicio al movimiento revolucionario de un símbolo distintivo, y sin duda lo consiguió. Arraigó la música alegre y marcial del himno y se hizo celebérrimo su estribillo:

Soldados, la Patria

nos llama a la lid,

juremos por ella

vencer o morir.

El himno no contiene ninguna alusión a la religión o al rey. Es una canción laica. Canta la libertad de un pueblo que rompe las cadenas de la esclavitud y celebra la llegada de un nuevo tiempo (a la “patria afligida” sustituye la “patria libre”), pero su tema central lo constituyen dos elementos: el llamamiento a la lucha en defensa de los valores cívicos supremos (patria y libertad) y el ejemplo de patriotismo dado por Riego.

El himno es, sin duda, de Riego, tanto por ser producto de su iniciativa, como porque lo ensalza como el primero de los españoles. Así dice una estrofa:

Honor al caudillo,

honor al primero

que el cívico acero

osó fulminar.

Se ha resaltado mucho el carácter exaltado y efusivo de Riego, su vanidad y su acusada inclinación a dejarse llevar por la lisonja. Por esta razón algunos mantienen que el himno no fue sino un eslabón más en la construcción de un mito tal vez inmerecido. Pero el himno no puede quedar reducido a esto, en el supuesto de que ello responda a la realidad. Las canciones de este tipo fueron un medio de movilizar a las masas, de atraerlas a la causa liberal, en un momento de intensa politización y de predominio del analfabetismo. Las letras de las canciones eran comprensibles para el pueblo y si en ellas se deslizaba alguna palabra complicada, el mismo pueblo la cambiaba. Esta es la razón de las muchas versiones de las canciones más populares, como el propio himno o el Trágala, que junto a él gozó de la máxima popularidad entre el liberalismo exaltado.

Si el himno sirvió de incentivo eficaz, el Trágala cumplió la otra función señalada por Cabrerizo: la de desahogo para los patriotas. Ambas canciones, por tanto, se complementan. Como desahogo popular, lógicamente el Trágala debía ser más descarado y, por tanto, más controvertido y odiado. Existen muchos “trágalas”, casi tantos como permitió la inspiración o el ingenio de quienes los cantaban. Trágalas contra los absolutistas (los “serviles”, o más despectivamente: “servilones”), contra los frailes (los “pancistas”), contra los invasores franceses (los “gabachos”), contra los enemigos, en general, de la revolución (los “camuesos”), pero también contra los moderados, los comuneros, los masones e incluso contra los mismos liberales, pues los absolutistas compusieron sus propios “trágalas”. Tal fue la popularidad de la canción.

En los auténticos “trágalas” -si así consideramos los cantados por los liberales- se aludía a la implantación de la Constitución y se atacaba directamente a los absolutistas, quienes casi siempre eran designados como “perros” o con otros calificativos peyorativos. Uno de los estribillos más repetido fue el siguiente:

Trágala, trágala, tú servilón,

tú que no quieres constitución.

También abundó este otro, que reproduce Cabrerizo en su mencionada colección:

Tú que no quieres

lo que queremos,

la Ley preciosa

do está el bien nuestro:

trágala, trágala,

trágala, perro.

El Trágala era, ante todo, una exaltación de la Constitución, pero con el mismo entusiasmo con que resaltaba sus virtudes, atacaba sin disimulo ni contemplaciones a quienes no la apoyaban, en particular a los frailes. Los efectos de la Constitución quedaban perfectamente claros:

Ya no hay vasallos,

ya no hay esclavos,

sino españoles

libres y bravos.

Y no menos evidente era el ataque a los clérigos:

Acabó el dulce

chocolateo

que antes teníais

¡oh, reverendos!

La canción resultó siempre molesta para los liberales moderados y de forma especial para Fernando VII, pues cuando se utilizaba la palabra “perro” en singular, el propio rey y muchos más entendían que era él el aludido (Borrego, 1886: 365). En no pocas ocasiones se entonó al paso del rey por las calles de Madrid o Sevilla e invariablemente éste la tomo como un insulto. A los ojos del monarca, el Trágala venía a ser una especie de declaración republicana y signo, sin duda alguna, de la anarquía característica del liberalismo exaltado. Pero ni el propio monarca pudo evitar que alcanzara popularidad y como dice una estrofa de una de tan tas versiones:

Desde los niños

hasta los viejos,

todos repiten:

trágala, perro.

Tal vez por su popularidad, los absolutistas crearon sus propios “trágalas” una vez iniciada la invasión francesa. Una versión absolutista es la siguiente (AGP, 21: f. 208):

Ya se acercan las tropas aliadas

que a la España vienen a salvar.

Liberal, tú que lo desmentías

trágala, trágala, trágala.

El diálogo entre los dos bandos o, más bien, el intercambio de insultos y acusaciones a base de canciones, fue moneda corriente. En el Episodio Nacional titulado Siete de julio presenta Pérez Galdós una conversación entre dos de sus personajes de ficción, ambos exaltados en sus ideas, el uno comunero y el otro absolutista, en la que exponen sus puntos de vista utilizando estrofas de canciones opuestas (Pérez Galdós, 2004: 54-55). Los liberales cantaron a la libertad de la patria, a la Constitución, a los militares protagonistas del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan (Riego fue el más celebrado, con notable diferencia), a los miembros de la Milicia Nacional, a los comuneros y a los exaltados en general. Los absolutistas centraron sus textos en la alabanza de la religión y del rey “neto”, es decir, el rey absoluto, y en algunas ocasiones celebraron las hazañas del ejército invasor francés. Las canciones liberales criticaron a los absolutistas y las absolutistas arremetieron contra todo aquel que defendiera la Constitución de 1812.

Fue un diálogo de sordos o, más bien, un torrente de descalificaciones e insultos que adquirió tintes más agrios e hirientes durante los primeros meses de la guerra. Los unos eran “tiranos” y “siervos”, “enemigos de la libertad de España”, “déspotas opresores del desvalido”, frailes avariciosos y glotones. Los otros, “impíos blasfemos”, “herejes”, ladrones de la propiedad por intentar igualar todas las clases, opresores del inocente, francmasones, etc. Se propone la desaparición de los del bando contrario, y tal posibilidad se celebra en los cantos con una crueldad manifiesta. Pero es la Constitución el tema central.

Los liberales ven en ella un código justo y benéfico y lo definen así (Cabrerizo, 1823: 26):

Una ley a la España gobierna,

un derecho el más sólido y justo,

que del pueblo el carácter augusto

con el regio ha sabido hermanar.

Los absolutistas dan la réplica achacándole todos los males (AGP, 21: 173):

Atar la pluma y la boca,

remacharnos más los grillos,

gobernar sólo los pillos,

robarnos cuanto nos toca,

barrenar la firme roca

de la Fe y Religión,

abolir la Inquisición,

quitar la Iglesia y al Rey,

no seguir ninguna Ley.

Esta es la Constitución.

Tras la Constitución, los héroes y Riego. Las canciones liberales presentan a este último como el hombre abnegado que conduce a la patria hacia la libertad, y son muchas las que se compusieron en su honor. Así dice una de ella, titulada: “Al ciudadano don Rafael del Riego” (Cabré rizo, 1823: 76-78):

Celebremos el nombre glorioso

del valiente adalid español,

que primero con fruto clamara:

Viva, viva la Constitución.

La réplica absolutista, en una composición titulada: “A los héroes de farsa del año 20”, es contundente (AGP, 21: 174):

A Riego:

Siendo guardia desertaste,

capitán del complot fuiste,

a general te elevaste

y en la guerra no te viste.

De traidor fama ganaste,

a insurgente farsa dirigiste.

Del teatro indecente danzarín,

la de palo te aguarda, hombre ruin.

Himnos y canciones patrióticas, coplas, cachuchas, letrillas satíricas, poemas heroicos y altisonantes… contribuyeron a la politización de las masas, crearon mitos y sirvieron para hacer la guerra a voces.

El héroe

“VIVA RIEGO… significa Constitución del año 12 o muerte, y valor y unión”, exclamó Romero Alpuente en la Sociedad Landaburiana en noviembre de 1822 (Romero Alpuente, II: 32). Esta identificación directa, inequívoca, de Riego con la Constitución no hay que tomarla como exceso verbal del combativo comunero aragonés. Era, simplemente, la constatación de una realidad. Los españoles de aquel tiempo, cualesquiera que fueran sus convicciones políticas, y también los extranjeros más o menos informados sobre la realidad de aquí, tenían la certeza de que la vuelta en 1820 al sistema constitucional, es decir, la revolución, había sido obra, fundamentalmente, de Riego. Al menos él protagonizó el gesto decisivo para que así fuera. Por eso unos lo odiaron hasta el extremo y otros lo ensalzaron como el primero de los héroes de la libertad.

El liberalismo contaba con otros héroes inmediatos: aquellos que a partir de 1814 intentaron antes que Riego derrocar el absolutismo y reimplantar la Constitución de Cádiz. Porlier y Lacy -este último muy popular en Barcelona, lugar de su pronunciamiento- eran los más invocados. Estos hombres fracasaron en su intento, pero como dieron su vida por la revolución, se les elevó a la categoría de “mártires de la libertad”, con lo cual se les atribuía una condición superior a la de los héroes habituales: “La corona gloriosísima que cubre sus frentes, la palma de martirio con que se adornan, son superiores a todos los honores perecederos del mundo”, explicaron los autores de una recopilación de biografías de estos mártires (Ameller y Castillo, 1853: I, IV). Su ejemplo y su recuerdo (la memoria) eran valiosísimos y merecían el mayor reconocimiento, pero los entusiastas de la libertad, los que día a día se enfrentaban a quienes suspiraban por la vuelta del absolutismo, no podían contar con el concurso de esas personas.

Contaban con otros, que también habían luchado por la libertad y todavía estaban vivos. Éstos, sin embargo, fueron simplemente héroes. Es el caso de los compañeros de Riego en el pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan, en particular Quiroga, López Baños y Arco-Agüero. Junto a Riego, formaron el cuarteto de los “héroes de la Isla", en referencia al ejército constituido en 1820 en la Isla de Cádiz (San Fernando). Tras el triunfo de la revolución, los cuatro recibieron condecoraciones y honores, pero pronto se vio que el entusiasmo de los tres primeros por la Constitución no era tan nítido como el de Riego (los tres se prestaron a colaborar con los moderados, los partidarios de la reforma constitucional) y, además, se supo que durante el pronunciamiento habían demostrado excesiva prudencia y se limitaron a seguir la estela de Riego. Con todo, fueron muy celebrados, aunque la insistencia, a partir de 1822, en ensalzar a los cuatro héroes de la Isla (aparecieron en multitud de aucas, aleluyas, estampas, barajas, etc.) pudo tener la finalidad de minimizar la importancia de Riego, de restarle protagonismo y de debilitar la atracción de las masas hacia él. En suma, la invocación de estos héroes podía entenderse -y así se hizo en las filas del liberalismo radical- como una maniobra política del moderantismo para rebajar al exaltado por antonomasia, que era Riego (Gil Novales, 1975; Roca, 2002: 193-194).

Sólo Riego se mostró siempre decidido y desinteresado defensor de la Constitución y fue el primero -insistamos- en hacerlo. Ésta es la razón de su celebridad. Desde 1820 alcanzó una popularidad “como no la ha tenido en España ninguna otra figura de nuestra Historia contemporánea” (Gil Novales, 1989: 3). Rafael del Riego, por más que se pueda matizar su actuación en los años siguientes, nunca decepcionó a cuantos deseaban ver desarrollada en su integridad la Constitución. Tampoco cuando llegó el momento de defenderla hasta las últimas consecuencias. A los ojos del pueblo, Riego era sin la menor duda la personificación de la revolución. E hizo de él un mito: Riego era el salvador de la libertad de España.

El “salvador” ocupa un lugar destacado en la mitología política de la época contemporánea. Cabe distinguir, como hace Raoul Girardet (1986: 70-80), varios modelos. Uno de ellos podría ser el que toma como arquetipo a Alejandro Magno, el capitán que por su juventud no cuenta con el aval del pasado y se apresura a alcanzar la gloria con su espada. Enseguida subyuga a las masas y funda la legitimidad de su poder en la acción inmediata, en el movimiento que incita a abrir horizontes. En definitiva, en el establecimiento de un tiempo nuevo, que sobre todo seduce a la juventud. En el imaginario europeo, este tipo de salvador lo encarnaba, como nadie, Napoleón, cuyo mito ya era potente en 1820. Con olvido de otros aspectos de su trayectoria, en esta fecha Napoleón aparecía ante muchos como el libertador de los pueblos y el unificador de Europa sobre la base de los principios políticos y los valores vitales inaugurados por la Revolución. En la España del Trienio se hizo de Riego una especie de nuevo Napoleón. “Él solo -escribieron los autores de Los mártires de la libertad en referencia a Riego- determinaba toda una nueva era” (Ameller y Castillo, 1953: II, 234). Esa nueva época era la de la libertad individual, la de la participación del pueblo en la política, la del fin de la servidumbre. Como Napoleón en Europa, Riego rompió en España con el tiempo antiguo y decrépito.

En Riego cristalizó la expresión colectiva de la esperanza en un tiempo nuevo que se fundó, ante todo, en la aspiración a la patria libre. Fue considerado el más patriota de todos y la encarnación de la aspiración colectiva a la libertad. El pueblo, que con la revolución recuperó la iniciativa y la palabra, expresó todo esto en el grito de “Viva Riego”. Así como los vivas al rey absoluto eran el símbolo del tiempo pasado, el “Viva Riego” lo era de la revolución. Bastaban ambas voces para delimitar los campos. A su vez, la persona de Riego levantaba los más encendidos entusiasmos. En todas partes fue vitoreado más que nadie y se le festejaba con tremendo revuelo cuando llegaba a una ciudad. El día de San Rafael se sacaba su retrato en procesión -cuenta Lafuente-, como si de un santo se tratase. Su imagen y su nombre se reprodujeron con profusión en multitud de objetos, no sólo en los ornamentales, como era costumbre, sino también -informa Eugenia Astur (1984: 413)- en los de “uso vulgar”, por ejemplo, navajas de afeitar o peines. En honor de la persona de Riego y su heroísmo se compusieron obras de teatro, multitud de canciones, poesías de distinta factura. El “Viva Riego” era casi obligado en cualquier acto a favor de la Constitución y, como sabemos, el himno que llevaba su nombre fue elevado a la categoría de nacional.

La fama de Riego trascendió las fronteras españolas. En América, también en España, se le comparó con Bolívar y con Washington, en Francia con Napoleón, en Italia se le tomó como el paradigma de la lucha por la libertad. Lo mismo ocurrió en los medios liberales alemanes y austriacos, hartos de la política de Metternich, y los radicales británicos no quedaron a la zaga en las alabanzas. El rastro de Riego en la publicística europea de los años veinte, especialmente en la prensa, y más tarde en la producción historiográfica, es más que patente.

Ahora bien, Riego, como ha escrito Gil Novales, quizá el historiador que mejor lo conoce, “no es grande por lo que hizo, sino por lo que encarnó” (1988: 233). Dicho de otra forma: la dimensión de Riego fue y sigue siendo la que le ha atribuido el pueblo. Riego, en definitiva, es un mito. Tal vez, como afirma el historiador citado, a pesar de sí mismo, pues Riego intentó desasirse de su propio mito, pero al intentarlo, lo acrecentó (Gil Novales, 1988: 233 y 230).

En las memorias de sus contemporáneos y en muchos estudios históricos tal vez se ha subrayado en exceso el carácter vanidoso de Riego. Se dice que de forma irreflexiva buscó continuamente el aplauso y que él mismo fue el principal creador de su mito. Éste es un extremo sobre el que resulta arriesgado pronunciarse, pues a pesar de la celebridad del personaje carecemos de una biografía histórica sobre él, de modo que hemos de movernos con cautela, pues nos falta casi siempre la firme apoyatura del conocimiento histórico. Modesto Lafuente lo vio como un demagogo inconsciente, cuyas manifestaciones en público causaban “la desaprobación o el bochorno” entre “los hombres de más valía que le eran adictos” (1922: 16, 311). Pero quizá el testimonio más cruel, en lo que atañe al mito de Riego, procede de Alcalá Galiano, uno de los “hombres de su bando” a que se refiere el historiador Lafuente: “Era el héroe de las Cabezas -escribió Alcalá Galiano- hombre desinteresado en punto a provechos, y aun en punto a honores, pero no así en lo tocante a oírse vitorear, para lo cual no excusaba servirse de artes de toda especie, y por lo mismo que se creía íntegro, y tenía razón de creerlo, miraba como enemigo de mala naturaleza al que le negaba, o siquiera le escaseaba, el culto” (1955:1, 183).

Alcalá (¿altano reconoce honradez en Riego, rasgo confirmado por lodos los testimonios, salvo -naturalmente- los de sus enemigos más encarnizados, pero con toda intención trata de destruir o al menos rehala r el mito, achacando su elaboración al propio Riego. Manifestar que se sirvió “de artes de toda especie” puede tener un alcance demoledor y permite todo tipo de elucubraciones. El propio Alcalá Galiano alimentó este ejercicio al decir, en otro de sus escritos, que Riego se identificó a sí mismo con la Constitución hasta tal punto, que en los momentos decisivos careció de fortaleza para defenderla, por el temor a que si él caía, automáticamente ocurriría lo mismo con la Constitución. Por esta razón -prosigue el político gaditano- Riego no se atuvo a las normas establecidas y se entrometió en todo, “queriendo siempre disponer él las cosas aun cuando no tuviese a su cargo dirigirlas” (Alcalá Galiano, 1955: II, 185). De ahí al autoencumbramiento o, aún peor, a la tentación del dictador, media un escaso trecho que, evidentemente, no favorece en modo alguno a Riego.

El juicio de Alcalá Galiano era interesado, aunque es forzoso reconocer que el mito de Riego adquirió tal dimensión que preocupó seriamente a muchos. No sólo molestaban los disturbios callejeros provocados por quienes se escudaban en los vivas a Riego, el permanente canto del himno que lleva su nombre y de muchos otros compuestos en su honor. También se le acusó de dictador. Los absolutistas gritaron en alguna ocasión contra “el emperador Riego” y se le comparó al independentista mexicano Iturbide, a Napoleón y a Cromwell. El último parangón era especialmente sugerente, pues el revolucionario británico del siglo XVII ocupó el poder tras las ejecución de su rey. Todo esto, así como las alusiones a su republicanismo, carecía de fundamento, pero se explica por la agitación inherente a la lucha política. Riego era de convicciones monárquicas, sin duda. Fue un liberal convencido, partidario del parlamentarismo, de la división de poderes, del derecho de propiedad privada, y, como liberal de esta época, no renunció a sus convicciones religiosas católicas. Si en algo se manifestó realmente fanático, fue en proclamar su patriotismo, que para él significaba trabajar para “asegurar la libertad de su patria”, como dijo en un discurso en la Sociedad Landaburiana (Gil Novales, 1976: 186). Pero el torbellino de la fama le envolvió y contribuyó a sembrar la confusión sobre su persona.

Caso muy significativo, en este último aspecto, es alguna de sus representaciones iconográficas. En particular una de sus imágenes, por lo demás muy reveladora. En ella aparece Riego de cuerpo entero con el uniforme de general, la mano derecha metida entre los botones de la casaca (la conocida postura de Napoleón), la izquierda sosteniendo el gorro militar y un sable que roza una lápida con la inscripción: “Constitución 1812”; al fondo, a la derecha, figura un grupo de soldados, quizá alusión al Ejército de la Isla.

Jordi Roca, en un estudio inteligente (2002: 192), ha llamado la atención sobre esta forma de presentar a Riego, difundida por toda Europa, pues el grabado, del famoso litógrafo alemán G. Engelmann, se editó en París. La asociación con Napoleón es incuestionable. En los años del Trienio, como en nuestros días, se relaciona con Napoleón toda imagen de un militar con la mano derecha entre los botones de la casaca.

¿Qué se pretendió con esa forma de representar a Riego? Quizá al i mentar el mito del salvador. Riego encarnaba aquellos valores de patriotismo, revolución y heroísmo atribuidos entonces a Napoleón. Al igual que Napoleón en 1799, Riego sería esa figura autoritaria, pero fiel a los principios revolucionarios, que encarnaba la voluntad nacional gracias a su heroísmo patriótico. Según Andrés Borrego, su amigo personal y confidente en asuntos políticos, Riego fue el hombre “que con mayor probabilidad de éxito podía haber levantado una bandera de conciliación liberal”. Es decir, Riego podría haber pasado del ámbito simbólico a la realidad y actuar como elemento determinante para superar la funesta división del campo constitucional. Cuenta Borrego que él mismo le instó a desempeñar este cometido en conversación privada mantenida tras los sucesos del 7 de julio de 1822, el momento en que alcanzó mayor acritud el enfrentamiento entre moderados e exaltados. Sin embargo, Riego se negó, aduciendo que de proceder así se comportaría como un dictador, a lo cual personalmente estaba muy lejos de aspirar (Borrego, 1886: 370 y 380).

Puede ser, asimismo, que con la aludida imagen de Riego se le intentara europeizar, convertirlo en el nuevo libertador de los pueblos del continente. Tampoco se puede descartar que se tratara de una manipulación. Napoleón seguía siendo para muchos un dictador que había pretendido barrer de los tronos de Europa a la Casa de Borbón y que había causado la destrucción, la muerte y la miseria con unas guerras sólo justificadas por su desenfrenada ansia de gloria personal. Riego, como Napoleón, era un ambicioso y un peligro para las monarquías legítimas y para los pueblos, como se dijo en muchos sermones y en escritos diversos producidos por sus enemigos. Un peligro no sólo para España, sino para Europa entera.

El encumbramiento en exceso de Riego entrañaba, pues, algún riesgo. El propio Riego lo comprobó. El súbito crecimiento de su popularidad y la consolidación del mito no se correspondieron con las continuas dificultades con que se halló en su actividad pública. En principio, cabía esperar que se le colocara en un lugar preeminente, al menos en la milicia, su profesión, pero no fue así. Tras el pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan fue ascendido, como el resto de los mandos del Ejército de la Isla, pero Riego no pasó del grado de mariscal de campo y aunque recibió otros honores y condecoraciones, las cosas no fueron mucho más lejos. Al contrario, enseguida comenzaron a llegar las decepciones. La primera, la disolución del Ejército de la Isla, símbolo de la revolución y del poder militar de Riego. El hecho fue, sin duda, un acto hostil del gobierno hacia Riego y una muestra de que los moderados, que dominaban la escena política, no estaban dispuestos a dejarle mucho campo de acción. Riego fue luego nombrado capitán general de Galicia, pero no llegó a ocupar el puesto; más tarde fue designado para el mismo cargo en Aragón, aunque enseguida fue destituido, acusado de participar en un complot de carácter republicano en el que, en realidad, no tuvo parte. A partir de agosto de 1821 quedó privado de todo mando militar.

Parece ser que Riego no quiso aprovechar su popularidad para ascender en el escalafón militar, ni se apresuró a solicitar gracias, pero es evidente que los gobernantes del Trienio hicieron poco por él en este terreno. Tal cosa no impidió que Riego desarrollara una enorme actividad pública durante el Trienio. Recorrió buena parte de España, pronuncio multitud de discursos para ilusionar a las masas, presidió la logia masónica de “Los Hijos de la Viuda”, fue miembro de varias Sociedades Patrióticas y en algunas ocupó la Presidencia, también durante unos meses desempeñó la de las Cortes… pero no pudo actuar en su terreno, en su profesión militar. En este campo, da la impresión de haber sido víctima de una especie de destino fatal.

En 1808, cuando le llegó la primera oportunidad para demostrar su valía, tuvo la desgracia de caer prisionero de los franceses en la primera acción bélica en que participó, la de Espinosa de los Monteros, en Burgos, y pasó la guerra deportado en Francia. Aquel joven capitán, ni aseen dio en el escalafón militar como sus compañeros de promoción, ni pudo regresar a España hasta 1814, cuando Fernando VII ya había restablecido el absolutismo. De modo que no sólo le estuvo vedada la oportunidad militar, sino también la vida bajo el régimen constitucional. Riego no vivió en la España de las Cortes de Cádiz y sólo saboreó los efectos de la Constitución cuando él mismo encabezó un pronunciamiento para reimplantarla.

Al final del Trienio, cuando de nuevo la patria era invadida por un ejército francés y se hizo preciso el recurso a las armas, el destino le siguió siendo adverso. En esta ocasión, por mandato constitucional. La Constitución prohibía a los diputados a Cortes desempeñar “empleo alguno de provisión del rey” (artículo 129). Como Riego era diputado desde 1822 por su tierra natal, Asturias, y dado que el mando de un ejército era producto de nombramiento real, no pudo ponerse al frente de ninguno de los cuerpos militares destinados a hacer frente a los invasores. Al héroe de 1820, al militar identificado míticamente con la Constitución, le estuvo vedado por mandato legal tomar las armas en su defensa.

Varias veces intentó, en 1823, acudir al campo de batalla, pero las Cortes, atenidas a la letra de la Constitución o guiadas por algunas otras consideraciones, no le dieron el permiso oportuno. Sólo lo consiguió al final, cuando ya estaba todo perdido: los franceses habían llegado a Andalucía, los generales en jefe de los ejércitos constitucionales, concertados con ellos, ya no ofrecían resistencia, salvo uno, y las Cortes, el gobierno y el rey estaban recluidos en Cádiz sin más esperanza que negociar una rendición honrosa. Sólo entonces pudo Riego tomar las armas. Para encajar directa y personalmente el impacto de la derrota.

España sin Constitución

De la ley a la acción popular

LA formación de la Regencia en Madrid y el rápido avance militar de los franceses produjo la impresión general de que ya estaba operado el cambio político. Había llegado el momento de “los españoles fieles a la religión y al rey”. A ellos correspondía la dirección de los asuntos públicos, como prometiera el propio Angulema en su proclama a los españoles antes de atravesar los Pirineos. Muchos la recordaron, porque además de reconocer el protagonismo español en las cuestiones internas, contenía pautas políticas muy interesantes para ellos. El francés dijo que venía a ayudar a los españoles amigos del orden y de las leyes “a rescatar a su rey cautivo, a restablecer el Altar y el Trono, a librar del destierro a los sacerdotes, del despojo a los propietarios, al pueblo del dominio de algunos ambiciosos que, proclamando la libertad, no preparan sino la esclavitud y la destrucción de España”. Probablemente, Angulema pensaba que este programa quedaría cumplido por el solo hecho de la vuelta al trono de Fernando de Borbón, pero los realistas españoles se anticiparon. Había que concretar, descender hasta el detalle, para dejar expedito el camino al rey.

La primera tarea consistía en acabar con la Constitución. La Regencia la declaró nula y enseguida se procedió a eliminar su memoria. Se comenzó destruyendo la placa de la Constitución colocada en lugar preeminente en pueblos y ciudades. En algunos lugares se constituyó un pelotón para que procediera al acto de fusilarla con el correspondiente aparato; en todas partes hubo fiesta. La calle o plaza principal de cada núcleo, hasta ahora rotulada “De la Constitución”, pasó a llamarse “Del Rey”. Y para que no quedara vestigio alguno del tiempo constitucional, fue muy común la quema de la documentación municipal generada durante el Trienio y la de todo tipo de escritos alusivos a la Constitución.

De los símbolos y huellas materiales se pasó a las instituciones. Las autoridades constitucionales fueron depuestas, aunque en este caso el cambio no resultó ni tan sencillo ni tan festivo. Sobre todo, en los ayuntamientos. Había que encontrar personas con alguna capacidad para dirigirlos y que estuvieran “limpias”, esto es, que no hubieran colaborado con el régimen constitucional. No siempre se halló a los individuos adecuados (en municipios poco poblados era difícil que los más aptos no hubieran tenido alguna relación con el régimen anterior) y en ocasiones los que sí lo eran se negaron a ocupar los cargos. Para resolver muchas reticencias estaba la capacidad persuasiva de los curas y la de la fuerza militar, pero aun así no siempre fue posible constituir nuevos ayuntamientos manteniendo las formalidades exigibles y hubo que recurrir a militares del Ejército de la Fe o, incluso, a analfabetos. Años después, el fiscal de la audiencia de Cataluña se quejó de que el gobierno de algunos pueblos estaba en manos de iletrados que actuaban en su propio interés según les indicaban los notables locales, “en lo que se da a entender que no son afectos al soberano, sino muy pocos, y ésos casi todos de los más miserables e ineptos del pueblo” (cit. por Arnabat, 2000). Es de suponer que esta situación no fuera exclusiva de Cataluña.

De las instituciones, se fue a los individuos. Los liberales eran intrínsecamente malos y por tanto debían ser apartados de la sociedad. A este fin se orientaron, en sintonía, las directrices procedentes de las nuevas autoridades locales, debidamente alentadas por la Regencia, y la iniciativa popular (Butrón, 2002: 474). En algunas partes se ensayaron procedimientos para conseguir información sistemática. En Cataluña, por ejemplo, se crearon unas Juntas Corregimentales, generalmente presididas por militares, encargadas, entre otras funciones, de exigir de los ayuntamientos listas de liberales, en particular de los enrolados en las milicias nacionales, y de ofrecer informes semanales sobre el estado de la opinión pública en cada lugar (Arnabat, 2002: 425 y ss.). En Vizcaya fueron automáticamente destituidas y sometidas a purificación todas las personas relacionadas con el Derecho (abogados, procuradores, escribanos de las audiencias…) porque se les responsabilizó de haber sido los guardianes del orden liberal. La Diputación Foral, a su vez, creó una estructura represiva para buscar liberales, basada en una organización nacida en el siglo XVIII para perseguir a delincuentes (la Partida Volante) y en los Paisanos Armados, cuerpo encargado de acosar a los constitucionales, creado en el Trienio por los realistas, (Enríquez et al., 2002).

La Regencia, por su parte, se empleó a fondo en materia de persecuciones. El 8 de junio, es decir, a las dos semanas de su instalación, creó la Superintendencia de Vigilancia Pública, con el cometido principal de examinar la conducta de las personas. No es difícil adivinar lo que eso significó en la práctica para los liberales. Dos días después, reorganizó el Cuerpo de Voluntarios Realistas creado el mes anterior, que venía a ser algo parecido a la Milicia Nacional constitucional, pero con finalidad radicalmente distinta. Según Bayo, este nuevo cuerpo estaba compuesto de “proletarios que bajo el pretexto de defender el altar y el trono aspiraban a prender a los hombres de arraigo, encarcelarlos y despojarlos de sus bienes” (1842: III, 89-90). El hecho de que a su frente estuvieran personas como El Trapense es suficientemente elocuente sobre su modus operandi. La tarea represiva de estos organismos se vio facilitada -y, por supuesto, ampliada- por las denuncias y delaciones de particulares y de autoridades locales, producto unas veces de celo “apostólico” -como se dijo-, otras del deseo de hacer méritos ante el nuevo poder, y otras simplemente de ánimo de venganza o rencillas personales. En determinados lugares, “la parte más baja y grosera del populacho” -dice el marqués de Miradores— formó grupos que actuaron por su cuenta. Notorios fueron “La Partida de la Porra”, en Córdoba y la del “Trueno”, en Madrid, cuyos integrantes acusaban indiscriminadamente de “negros” a los ricos para robarles con impunidad.

El ambiente en la España conquistada por los franceses fue agobiante desde el primer momento, pero a partir de mediados de junio, al saberse el nombramiento de una Regencia constitucional en Sevilla y el traslado de la familia real a Cádiz, se hizo asfixiante. La noticia se convirtió en una especie de señal de partida para cometer y justificar todas las tropelías y desatar el más desenfrenado fanatismo. Con evidente oportunismo la aprovechó la Regencia absolutista. El 19 de junio dirigió una proclama a los españoles que actuó como antorcha destinada a avivar los muchos fuegos existentes. En tono apocalíptico, la Regencia lanzó la frase siguiente: “Españoles, ¡sabedlo!: nuestro legítimo adorado Soberano ha sido privado del trono de sus Padres”. La exageración era manifiesta, pues el rey no había sido depuesto, sino suspendido durante tres días de sus funciones. Pero aquel no era tiempo de matices, ni interesaba a los regentes detenerse en ellos. Además, sabían que una frase como ésa resultaba eficaz para movilizar a la población. La osadía de destronar al monarca descalificaba al sistema constitucional a los ojos de la mayoría de los españoles y confería veracidad a las reiteradas advertencias de los absolutistas sobre las tendencias republicanas de los liberales.

Con todo, la proclama no se limitó a lo dicho. Con inusitado cinismo decía la Regencia que hasta el momento su conducta había sido “suave y tolerante”. En un lenguaje marcado por el clericalismo, declaraba: “Buenos testigos sois de la tolerancia, dulzura y suavidad con que han sido tratados los partidarios de la irreligión, del libertinaje y de la anarquía.” Pero el acto contra el rey de los “furibundos demagogos” exigía un cambio: “La Regencia del Reino, consternada al ver tamaños atentados, ha tomado y continuará tomando medidas firmes, vigorosas y enérgicas para castigar a sus autores y para curar los grandes males causados por los implacables enemigos de Dios y del Monarca”. Y como un trueno, termina de esta forma: “Vosotros cooperaréis al logro de un fin tan digno y tan justo, confiando en vuestro Gobierno, que será constante e inflexible en perseguir a cuantos con una rabia infernal han cubierto de luto nuestros corazones” (Miraflores, 1834: III, 293).

La Regencia no instaba a los españoles a la cooperación, es decir, a contribuir con ella a lograr el mismo fin, sino que la exigía: “Vosotros cooperaréis”. El tono imperativo es elocuente, pero por si alguien no acabara de captar sus auténticas intenciones, la Regencia no tardó en explicitarlas. El 23 de junio declaró por decreto reos de lesa majestad (el delito se castigaba con la pena de muerte) a los ministros y diputados a Cortes “que han tenido parte en la deliberación en que se ha resuelto la destitución del rey” y a los tres componentes de la Regencia constitucional formada a continuación. El decreto establecía, asimismo, que los generales, tropa y miembros de la Milicia Nacional que habían acompañado al rey durante el viaje de Sevilla a Cádiz podrán ser sometidos a consejo de guerra “para ser juzgados como cómplices de las violencias que se cometieron contra S. M. y real familia”. Como se ve, la Regencia caminaba en la línea firme prometida en su primera proclama, cosa que quedó aún más patente el 27 del mismo mes con la publicación de un decreto destinado a depurar la administración.

Esta nueva disposición determinaba el cese inmediato de los empleados públicos nombrados con posterioridad al 7 de marzo de 1820 (esto es, todos los que accedieron al cargo durante el sistema constitucional) y la reposición de los designados con anterioridad a esa fecha destituidos por ese régimen. Los que habían entrado en la administración antes de 1820 y continuaban en sus puestos se debían someter “a la purificación de su conducta política”, función que no fue encomendada a los tribunales existentes, sino a unos organismos creados ex profeso, denominados Juntas de Purificación. Mientras ejercieron su función (de junio a octubre de 1823) las juntas rehabilitaron a un elevado porcentaje de solicitantes, tal vez porque sólo se presentaron los menos comprometidos con el liberalismo (Luis, 2002: 61-70). Puede, por tanto, que el decreto de purificación de 1823 no sea relevante por su incidencia en la depuración de la administración (téngase en cuenta, además, que en ese tiempo la Regencia no controlaba todo el país), pero lo fue por su capacidad para impulsar la represión. Al menos sirvió para controlar a las personas, pues el decreto ordenaba que los informes sobre la conducta política de los empleados públicos recabados por las Juntas de Purificación debían ser secretos, “individuales, positivos y precisos, sin que sirvan los genéricos y meramente negativos y sin admitir las justificaciones voluntarias de testigos presentadas por los interesados”. Los debían emitir como mínimo tres personas “y éstas bien marcadas por su adhesión a la sagrada Persona de S. M. y al gobierno real” (de hecho, afirma J.-Ph. Luis, en ellos participó sistemáticamente algún eclesiástico, por lo general el cura de la respectiva parroquia).

El procedimiento es bien elocuente sobre la auténtica finalidad perseguida, que superaba la mera depuración de la administración. Lo que realmente se pretendía era obtener información precisa sobre la conducta y actitudes políticas de los individuos, como confirman los cuestionarios que debían cumplimentar las Juntas de Purificación. Además de datos exactos sobre la trayectoria profesional de los empleados concernidos, se pedía un conjunto de informaciones varias, todas susceptibles de valoración subjetiva. Por ejemplo, “si ha sido uno de los que concurrieron por sí o aconsejaron y persuadieron a otros a la sedición y conmociones populares que obligaron y violentaron a S. M. para el restablecimiento de la Constitución”, si participó en algún acto o fiesta en celebración de su triunfo, “si entonces o después ha contribuido a promover o ensalzar las ideas constitucionales”, si ha pertenecido a la Milicia Nacional, si ha sido comprador de bienes nacionales o administrador de los adquiridos por otro, etc. (Miraflores, 1834: III, 297-298).

Este tipo de disposiciones, encaminadas a ejercer el control personalizado de un sector específico de la sociedad, no podían quedar reducidas a ese ámbito. Por necesidad, daban pie a reacciones individuales muy diversas y, en concreto, a delaciones o a falsos testimonios por los motivos más variados y peregrinos. Si algún fervoroso absolutista pretendía acceder a un determinado cargo ocupado por alguien susceptible de purificación, no le sería muy complicado presentar la pertinente acusación ante el cura del lugar o la autoridad civil absolutista. Lo mismo ocurría en caso de disputas económicas (deudas, desavenencias sobre límites de las tierras de labor, por la utilización de pastos, etc.). ¿Quién podía librarse de haber manifestado algún signo de entusiasmo en una de tantas fiestas o actos públicos celebrados en los pueblos en honor de la Constitución? ¿Podía alguien demostrar que no había sido masón si un destacado absolutista afirmaba lo contrario? El resultado fue el caos. Así lo describe el marqués de Miradores, testigo de los hechos y muy alejado por sus convicciones políticas del liberalismo revolucionario: “Prisiones, asesinatos, tropelías inauditas y de todas especies, el más furioso democratismo, desarrollado a la Augusta sombra de lealtad, de restauración de las antiguas Leyes y de la Religión de un Dios de paz y misericordia; éste era el aspecto que ofrecía la desventurada España a medida que caía en ella el régimen Constitucional” (Miradores, 1834:1, 219).

Miradores ilustra su descripción en páginas siguientes con un buen número de ejemplos. En Zaragoza, 1.500 personas fueron arrastradas a prisión “por el populacho, conducido por frailes y curas”; en varios municipios se asaltaron las cárceles y se ejecutó a prisioneros sin formación de causa; las gentes del Locho y El Trapense irrumpían en las casas, asesinaban, robaban y violaban mujeres; al grito de “Viva el Rey absoluto”, hordas de fanáticos atemorizaban las ciudades… Algún que otro funcionario, “menos cruel o más ilustrado”, anota Miradores, intentó atajar desmanes de este tipo y pagó el gesto personalmente, a veces con su vida. “Los Ministros de Jesucristo, en fin, desde la Cátedra del Espíritu Santo atizaban tan funesta discordia y en vez de predicar la caridad recomendada por el Evangelio, excitaban a la persecución y al exterminio”. Y la Regencia, que todo lo veía, “no sólo lo toleraba, sino que tácitamente lo aplaudía”.

El fracaso humanitario de Angulema

LA actuación de las autoridades españolas desconcertó a los franceses. Dueños de Madrid y con una Regencia nombrada más o menos a su gusto, los agentes políticos enviados a España por el gobierno francés se forja ron ilusiones sobre su capacidad de influencia. Al principio creyeron entender cuanto sucedía e interpretaron con exceso de optimismo deter minadas decisiones. Por ejemplo, pensaron que con evitar el restablecimiento de la Inquisición habían dado un gran paso para eliminar las arbitrariedades. En este error cayó de forma flagrante Martignac, cuyo alto cometido consistió en estas fechas, precisamente, en vigilar a la Regencia. En informe reservado a Villèle, saludó la creación de la Superintendencia de Vigilancia Pública con el siguiente juicio: “Esta institución, cuya necesidad se hacía sentir todos los días, es una nueva garantía contra el restablecimiento de la Inquisición”. El nuevo organismo policial -añadió- actuará “conforme a las leyes” y por tanto todo irá bien (Villèle, 1904: 4,68).

Se diría que interesaban más las formas que el fondo. Para los franceses era una obsesión impedir la vuelta del famoso Santo Oficio y Martignac se dejó llevar por el entusiasmo. Ahora bien, el 28 de junio, trece días después de escribir lo anterior, comunicó al mismo destinatario otras impresiones. Tras narrar algunos desmanes cometidos por los absolutistas en Cuenca, Burgos y Valladolid, le informa que ha advertido a la Regencia que las autoridades francesas no estaban dispuestas a tolerar “tantos actos injustos y violentos” (Villèle, 1904: 4, 160). Martignac ha vuelto a la realidad. Aunque no hay Inquisición, existen arbitrariedades y la confianza en que las autoridades españolas actuaran “conforme a las leyes” es una ilusión. Hasta tal punto, que en las mismas fechas Angulema se vio obligado a comunicar personalmente al duque del Infantado, presidente de la Regencia, que se opondría “a todas las medidas arbitrarias” y le exigió que le consultara los decretos antes de publicarlos, amenazando, en caso contrario, con evacuar sus tropas de Madrid (Villèle, 1904: 4, 116).

Las autoridades francesas temían graves consecuencias de la desenfrenada persecución de los liberales. Podía contribuir a radicalizar posturas e incrementar el número de sus enemigos, a encorajinar a los constitucionales (conocedores de la suerte que les esperaba, era impensable que abandonaran lucha) y, lo más grave de todo, poner en peligro la villa del rey. La política de la Regencia era, por tanto, un serio obstáculo para cumplir la principal finalidad perseguida por la intervención francesa, es decir, la restauración de Fernando VII en el trono con plenos poderes, pero sin caer en los errores de la etapa absolutista anterior, para no dar pábulo a nuevos levantamientos revolucionarios.

La razón política resultaba de una claridad meridiana, pero la realidad aparecía más enmarañada. Lo puso de manifiesto Martignac en carta a Villèle del 20 de junio. Con la intención, en el fondo, de justificar de alguna forma a la Regencia, decía que ésta se hallaba entre dos fuegos: necesitaba actuar para salvar al rey, pero el pueblo consideraba que no lo hacía con la debida firmeza y diligencia y le acusaba de debilidad y cobardía. La impresión de la opinión pública -prosigue Martignac- es que la Regencia no tiene las manos libres y se han producido manifestaciones populares exigiéndole más rigor. “Si esto se reproduce -anota Martignac- es fácil suponer de qué lado se inclinará la exasperación del pueblo” (Villèle, 1904: 4, 97).

Martignac ponía el dedo en la llaga. La intervención militar se iba desarrollando de forma satisfactoria, pero la liberación del rey no acababa de llegar. Con su traslado a Cádiz, los constitucionales provocaban problemas políticos no previstos y, por la otra parte, ni las personas, ni las instituciones destinadas a gobernar el territorio conquistado respondían a los cálculos franceses. En suma, se perfilaba un escenario progresivamente desfavorable para los intereses de Francia, que si bien no alcanzaba aún dimensiones alarmantes, se encaminaba hacia ello. Cada vez se hacía más patente la influencia de las potencias de la Santa Alianza sobre la Regencia y las crueles decisiones adoptadas en la España bajo control francés desprestigiaban la imagen de orden y tranquilidad pretendida por el régimen de Luis XVIII. Para colmo, existía el peligro de que el pueblo español reaccionara contra los propios franceses, como ya comenzaba a percibirse. A los aplausos y agasajos de abril, sucedían los reproches en junio, porque los franceses no parecían dispuestos a barrer a los “demagogos infernales”, a los liberales.

La tesitura era realmente embarazosa e impedía mantener determinados compromisos. Por ejemplo, garantizar la seguridad prometida a ciertos liberales moderados. Ni siquiera era posible en Madrid, donde estaba instalado el cuartel general de Angulema. Así pues, se aconsejó a algunos señalados moderados que abandonaran España y se les proporcionó pasaporte para dirigirse a Francia (Sarrailh, 1930: 53-54). Uno de ellos fue Martínez de la Rosa. A principio de junio la policía le acuso de participar en reuniones secretas con otros liberales moderados, entre ellos el también ex ministro Garelly. El 11 de ese mes, el corregidor de Madrid advertía al ministro del Interior de que la presencia de esas personas en la ciudad “no dejaba de molestar a los espíritus de los partidarios del Rey, que Dios guarde” y pedía permiso para expulsarlos. La Regencia lo concedió, pero Martínez de la Rosa se negó a salir, alegando que atentaba a su dignidad personal. Quizá confiaba en que su trato con el rey meses antes (ya vimos la buena disposición de Martínez de la Rosa a colaborar con el monarca en la reforma de la Constitución en vísperas de los sucesos del 7 de julio de 1822) le garantizaba la inmunidad personal. Pero los tiempos habían cambiado y el duque del Infantado le instó, casi por la fuerza, a salir de Madrid y aun de España. A finales de junio partió Martínez de la Rosa en dirección a Francia con un pasaporte firmado por Guilleminot, pero no terminaron ahí sus problemas. Al llegar a Vitoria, tuvo que ser protegido por las tropas francesas para librarse de los realistas del lugar y, finalmente, el 25 de junio de 1823 cruzó la frontera (Pérez de la Blanca, 2005: 215-219).

Este y otros casos similares ponían de manifiesto que los franceses, indiscutibles vencedores con las armas, habían perdido el control de la situación y otros, como parásitos, obtenían el beneficio. El orgulloso príncipe de Angulema no podía consentir tal cosa y ordenó a sus hombres tomar medidas para garantizar que sólo fueran castigados los autores de crímenes probados ante los tribunales, pero no los meros sospechosos. No tardó en surgir el escándalo.

El hecho más sonado sucedió en Burgos a finales de julio. Ante el arresto indiscriminado de sospechosos, el comandante militar francés de ese distrito, el mariscal de campo Verdier, exigió de las autoridades españolas la inmediata puesta en libertad de los presos por opiniones políticas, el cese de la vigilancia de domicilios y el de las confiscaciones de bienes. Verdier no se detuvo en esto, de por sí conflictivo. Prohibió al Ayuntamiento y Diputación proceder a detenciones sin previo conocimiento suyo y anunció que en adelante la policía estaría compuesta sólo de soldados franceses. La respuesta fue contundente e inmediata. Todas las autoridades españolas de la ciudad (militar, civil, eclesiástica y judicial) contestaron por escrito que sólo seguirían las indicaciones de la Regencia, “el legítimo gobierno reconocido por la Santa Alianza”, y recordaron al militar francés su carencia de competencias en materia de policía y prisiones. Verdier, tras dar un breve plazo para cumplir sus órdenes, liberó por la fuerza a los presos (BNM, ms. 1414: 11-26).

Acababa de suceder lo que Martignac se recelaba en su carta a Villèle del 20 de junio. Se abría un foso entre españoles y franceses. Más allá del estricto ámbito militar, los españoles no reconocían autoridad a sus “libertadores”. Como se acaba de constatar, la referencia internacional invocada por las autoridades de Burgos para legitimar a la Regencia no era Luis XVIII, sino la Santa Alianza. El golpe resultaba fatal y dolió de forma especial porque incidentes como el referido no se limitaron a esta ciudad. En otras, incluida Madrid, ocurrieron hechos similares y los oficiales franceses tuvieron que emplearse a fondo para evitar tropelías contra los liberales. El propio Angulema tuvo oportunidad de constatar la inhumana situación de un número muy elevado de ellos en las cárceles de La Mancha y Andalucía cuando el 28 de julio salió de Madrid para tomar personalmente el mando del ataque a Cádiz.

Hastiado de la situación y empeñado en imponer su autoridad más allá del ejército, al llegar a Andújar emitió Angulema un decreto con fecha 8 de agosto, conocido como “el decreto” o “las ordenanzas” de Andújar. El texto era breve y terminante. Impedía a las autoridades españolas proceder a ningún arresto sin la autorización del comandante de las tropas francesas de cada distrito; ordenaba la puesta en libertad de “todos los que hayan sido presos arbitrariamente y por ideas políticas, particularmente los milicianos que se restituyan a sus hogares”; autorizaba a los oficiales del ejército francés a arrestar a quienes contravinieran lo mandado en este decreto; ponía toda la prensa bajo la inspección de los mandos militares franceses y ordenaba la publicación general del decreto (Miradores, 1834: III, 294-295).

Angulema adoptó esta decisión, fuente para él del mayor de los disgustos durante la campaña, por propia iniciativa, sin consulta previa a su gobierno. Como cabe presumir, las reacciones surgieron de inmediato. En primer lugar la de la Regencia, que actuó de acuerdo con su característica doblez: aunque protestó con firmeza, ante Angulema mantuvo las formas y en un primer momento cumplió el decreto, pero extraoficialmente movió todos los hilos para provocar el clamor más atronador en su contra.

El 12 de agosto, el canónigo Sáez, en calidad de ministro de Estado, envió un escrito formal al embajador francés en España. Comenzaba dejando bien sentado el carácter de la Regencia como único gobierno legítimo de España reconocido en Europa y tras el protocolario agrade cimiento al “ejército auxiliador” y a la nación francesa, justificó su actuación. Los numerosos arrestos no eran producto de la arbitrariedad, pues la Regencia “ha inculcado siempre los principios de orden y de moderación en que debe diferenciarse al realista católico del anarquista irreligioso”, sino de la necesidad de controlar el espíritu popular, exacerbado tras la noticia de la deposición de Fernando VII. Se trataba, pues, de una medida destinada a evitar males mayores y si no se habían sustanciado todas las causas, se debía simplemente a la falta de tiempo. A continuación, Sáez pasaba al ataque contra el decreto de Andújar: “Es preciso reconocer que no es vista en nuestro siglo (abundante en sucesos extraordinarios) una medida de esta naturaleza”. Si se acata, se dará lugar a una situación inusitada, pues para el cumplimiento de las leyes los jueces quedarían sujetos a un militar y las audiencias a un extranjero y, en otro orden, los capitanes generales (españoles) a un coronel o comandante francés. Por todo ello, Sáez confía en que el decreto será inmediatamente revocado, “pues así conviene a la armonía de las naciones y al decoro de quien gobierna en nombre del rey de España” (BNM, ms. 1414: 28-32).

La Regencia no se podía permitir romper abiertamente con Angulema, de modo que, a pesar de todo, por el momento dejó que se aplicara el decreto. Un buen número de personas salieron de las cárceles, incluso algunas significadas por haber ocupado cargos públicos durante el régimen constitucional. Esto, naturalmente, causó el mayor disgusto a los absolutistas y dio lugar a una situación pintoresca y embarullada. En ciertos lugares, los oficiales franceses debieron emplear la fuerza para sacar de las cárceles a los prisioneros sin cargos formales en su contra y en algunos casos -como en Vitoria, que causó gran revuelo- arrestaron a autoridades españolas por negarse a cumplir el decreto. En otros sitios, los excarcelados eran, acto seguido, detenidos de nuevo por partidas guerrilleras y puestos en prisión con mayor rigor. Pero también hubo reacción por parte de los liberales, pues algunos creyeron que se había acabado el tiempo de la persecución. En Jaén, Úbeda y Baeza se profirieron insultos contra las autoridades absolutistas y los curas de otros lugares padecieron algo similar. En la comarca de Ronda se llegó a tocar el himno de Riego acompañado de “vivas” a la Constitución y “mueras” al rey y por Andalucía se esparció el rumor -que llegó a Valencia y a Madrid- de que Angulema no venía en realidad a implantar el absolutismo, sino a modificar la Constitución y establecer un régimen representativo (Sarrailh, 1930: 119-121; AAEE, Corresp.Pol. Esp., 723: 139).

El entusiasmo de los liberales -sólo pasajero- y los intentos franceses de aplicar el decreto enseguida fueron contrarrestados por la agitación de las masas. Protestas, disturbios, insultos, asonadas populares… se sucedieron en diferentes lugares. En Madrid hubo una nutrida participación el 10 de agosto en una protesta de este tipo, en la que se gritó, “Mueran los franceses y vivan los rusos” y en Alcalá de Henares, Guadalajara y Zaragoza, en el transcurso de movimientos similares, los liberales pagaron con heridas y maltratos -alguno con la vida- la irritación de los absolutistas.

Tal envergadura alcanzó la indignación popular que la Regencia llegó a temer alguna reacción contundente de Francia y oficialmente intentó apaciguar los ánimos, pero no por eso dejó de alentar la movilización. Consiguió que el Consejo de Castilla declarara nulo el decreto de Andújar por ser contrario a las leyes de España. El periódico El Restaurador hizo un llamamiento a los jefes de partidas para que se pronunciaran contra el decreto. El Trapense, el conde de España y otros lo hicieron por escrito, en tono de máxima irritación. De la misma forma procedieron muchos municipios y particulares, todos indignados, como se decía en el texto enviado por la Diputación de Vizcaya, por la injerencia extranjera y el extravío que ello causaba “en la opinión pública respecto a la independencia nacional” (BNM, ms. 1414: 58).

Como era de esperar, las tres potencias fundadoras de la Santa Alianza no dejaron pasar la ocasión para arremeter contra Francia. Sus embajadores en Madrid apoyaron en todos sus términos a la Regencia y elevaron sus propias quejas al ministro de Asuntos Exteriores francés. Los embajadores estaban muy interesados en señalar los límites de las competencias políticas francesas en España para que no obstaculizara la más que evidente marcha hacia el establecimiento de un sistema absolutista, como era su deseo.

La principal beneficiaría de todo esto fue la Regencia. Quedó demostrado que su capacidad de movilización no era despreciable y que contaba con el sostén de la Santa Alianza. Esto le daba cierto margen para plantar cara a las pretensiones de Angulema, si bien era consciente de que no podía prescindir del apoyo militar francés. Por tanto, la Regencia se vio obligada a nadar entre dos aguas. Debía dar a entender que buscaba la armonía con Francia y que guardaba todo tipo de consideraciones hacia Angulema, pero oficiosamente actuó en otro sentido. En la medida de sus posibilidades, intentó empañar la imagen de Angulema. Desde el entorno del ministro Sáez se difundieron rumores sobre la excesiva inclinación de Angulema hacia los liberales y es muy probable que no fueran espontáneos los gritos populares de “mueran los franceses y vivan los rusos”, que no eran sino la expresión del deseo -como hiciera Fernando VII al comienzo del conflicto- de que la salida política de España fuera el absolutismo puro.

liste irrito er.t un mensaje muy claro para los franceses y aún hubo otros de signo quizá más inquietante para ellos, que el embajador Talaru transmitió a su gobierno. Rumores difundidos por Madrid, procedentes de círculos directamente relacionados con la Regencia, advertían de la inutilidad de los esfuerzos por excarcelar liberales, pues pronto serían asesinados, y recordaban lo sucedido durante la Guerra de la Independencia. Si los franceses continuaban inmiscuyéndose en los asuntos españoles, se produciría un levantamiento como el de 1808. Nadie podía oponerse al castigo de “los culpables”, ni siquiera el rey. Se llegó a decir que si éste flaqueara, debido a la influencia de los franceses, “los bravos y leales españoles” tomarían por su cuenta las medidas oportunas y si llegara el caso, prescindirían de Fernando VII (AAEE, Corr. Pol. Esp., 723: 107 y 124-125).

Esta suerte de amenazas causó impacto en el gobierno francés. En otro orden de cosas, delatan el ambiente de radicalización cada vez más acusado entre los absolutistas que dominaban la Regencia. No era la primera vez que de forma velada se aludía en estos medios a la sustitución de Fernando VII por una persona de su familia de convicciones más firmes y de acendrado espíritu religioso. Se pensaba, naturalmente, en el infante don Carlos, pero por el momento no eran más que especulaciones esporádicas. Lo determinante, ahora, fue el resultado de las presiones. El propio gobierno francés se vio obligado a insinuar a Angulema si no la derogación, pues hubiera sido el reconocimiento de una derrota política, al menos la dulcificación de su decreto. Angulema cedió y el 26 de agosto publicó una “aclaración del decreto”. La persecución de los delitos ordinarios pasaba a ser competencia de los tribunales españoles, los cuales “obrarán de acuerdo con las autoridades locales en todo aquello que pueda interesar al sosiego público”, y el control de la prensa lo ejercerían de forma conjunta las autoridades españolas y los mandos militares franceses (Miraflores, 1834: III, 295-296).

Quedaba a salvo formalmente la autoridad de Angulema, pero era patente el fracaso de su intento de humanizar la persecución de los liberales. También fracasaría en su pretensión, compartida con el gobierno francés, de “moderar” el régimen político una vez liberado el monarca.

Cádiz de nuevo

TRES meses y medio, del 15 de junio al primero de octubre de 1823, duró la estancia del rey y las autoridades constitucionales en Cádiz. Por ciertos detalles, se diría que volvía el tiempo de la Guerra de la Independencia. El mismo ejército extranjero había invadido la Península y los españoles, divididos de forma irreconciliable entre colaboracionistas y resistentes, mantenían a su vez una cruel guerra civil. El ejército invasor dominaba en la mayor parte del territorio nacional, salvo en algunas ciudades (de nuevo, Cartagena y Alicante, aunque ahora también resistían Barcelona, Pamplona, San Sebastián y otras). Cádiz recobraba su condición de centro político y militar de la resistencia. Como en el tiempo anterior, junto a los combates cruentos en el campo de batalla, se libraba una guerra de ideas no menos virulenta.

Si nos quedamos en estas similitudes, habría que admitir que no se habían equivocado quienes, al despuntar 1823, confiaron en el renacimiento del “mito de 1808”. Pero habían cambiado muchas cosas. Ni siquiera el Cádiz de 1823 era el mismo que el de años antes, aunque las transformaciones en la fisonomía de la ciudad fueran imperceptibles y, en el orden ideológico, sus habitantes continuaran una línea similar. Al igual que en 1812, cuando se proclamó la Constitución, la ciudad albergaba a una multitud de diputados, periodistas e intelectuales, los cargos públicos y las instituciones liberales. En 1823 la opinión liberal predominaba más, si cabe, que en la década anterior, pues ahora eran escasos los absolutistas, mientras que en el otro tiempo habían sido numerosos los que incluso ocupaban escaño en las Cortes y hablaban a las claras contra el incipiente liberalismo. No obstante, las diferencias entre ambas épocas eran acusadas. Cabe destacar tres: la presencia física del rey, la carencia del incentivo religioso en la lucha contra el invasor y la falta de apoyo del exterior.

El duque de Angulema no era enemigo de la religión, como según el sentir popular lo fue Napoleón, el “anticristo”, en 1808. Todo lo contrario: en 1823 los señalados como enemigos de la religión eran los defensores de Cádiz, los constitucionales exaltados. La prueba para quienes así quisieron interpretar las cosas era bien palpable: a la llegada de los constitucionales muchos clérigos abandonaron la ciudad y el propio obispo, Francisco Cienfuegos y Jovellanos, se trasladó a Puerto Real, en busca de un lugar más desprotegido donde pronto entraran los franceses (García León, 1983: 149). Así pues, los resistentes no podían invocar ahora la defensa de la religión, que tan buenos resultados proporcionó en 1808.

Por otra parte -y esto reviste mayor importancia- durante el tiempo de la Guerra de la Independencia, Fernando VII no estuvo en España. Tras su renuncia y la de su padre Carlos IV a la corona, en mayo de 1808, Fernando había sido confinado por orden de Napoleón en Valençay, en el centro de Francia. Los españoles, sin distinción de ideología, lo consideraron víctima de las arterías del usurpador francés y construyeron una imagen mítica del rey ausente. Mediante una hábil y extensa campaña propagandística, Fernando fue presentado como el príncipe inocente dotado de todas las virtudes, dispuesto hasta el sacrificio personal en aras de la salvación de la patria. Engañado por Napoleón, debido a su juventud e inexperiencia, acudió a su encuentro en Bayona y una vez allí, como no estaba acostumbrado a la intriga, le resultó imposible atajar las miras del ambicioso déspota y por la fuerza renunció a la corona y quedó prisionero del usurpador.

La imagen del príncipe inocente fue una construcción interesada en la que participaron, sin distinción de ideología, todos los que en España tomaron las armas en 1808 contra Napoleón. Tanto los partidarios de la monarquía absoluta, como los liberales que cambiaron ese concepto por uno radicalmente diferente (la monarquía constitucional), alimentaron y difundieron esta imagen, porque les era útil para mantener el gran esfuerzo bélico contra el mejor ejército del mundo. En circunstancia tan crítica, era necesaria la unión y, siguiendo la tradición, se invocó al rey como personificación de la colectividad (Álvarez Junco, 2001: 73). En la Corona, no en los reinos o provincias, convergían las aspiraciones de los españoles, pero no en la idea abstracta de monarquía, sino en la persona concreta que la encarnaba, pues “el rey se identificaba distributiva mente con todos y cada uno de los reinos y provincias y conjuntamente con todas las gentes y territorios peninsulares. Corporeizaba en forma visible y tangible un síndrome moral, un principio aglutinador abstracto” (Lisón Tolosana, 1991: 54). Fernando, por tanto, fue necesario.

Fernando VII, que al comenzar la guerra en 1808 sólo llevaba en el trono dos meses, canalizó todas las esperanzas de los españoles resistentes y como, debido a su reclusión en Francia, no pudo intervenir en los asuntos internos, es decir, como no gobernó, nada fue obstáculo para presentarlo con los atributos más excelsos. Los manifiestos y proclamas de las Juntas de 1808, los folletos escritos por particulares, los sermones y la prensa de la época se refirieron a él como “el más amable de los reyes”, “perseguido”, “deseado”, “digno”, “adorado”, “bueno”, “virtuoso”, “idolatrado”, “magnánimo” y, sobre todo, “inocente”. De él no procedía ningún mal (la fuente de las dificultades y problemas era doble: antes de 1808, Godoy; y después de esa fecha, Napoleón) y en él estaban depositadas las esperanzas del triunfo de los patriotas sobre el usurpador extranjero.

La imagen del rey inocente y virtuoso caló hondo durante los años de la Guerra de la Independencia y no se desvaneció a partir de 1814, cuando el monarca, ya en su reino, restableció el absolutismo. Fernando VII continuó siendo el soberano deseado y querido por todos. Ni siquiera se atrevieron a combatir públicamente esa imagen los propios liberales, a pesar de que enseguida experimentaron en sí mismos el odio del rey. Lejos de responsabilizar al monarca, los liberales achacaron los despropósitos del sexenio 1814-1819 a la funesta influencia ejercida sobre el inexperto rey por un grupo de consejeros. Así lo manifestó años más tarde, en su célebre Historia, el conde de Toreno, uno de los liberales más destacados en las Cortes de Cádiz, perseguido por el monarca al que disculpaba (Toreno, 1953: 524). Flórez Estrada, que como el anterior hubo de exiliarse para salvar su vida, mantuvo idéntica explicación, quizá por razones tácticas. En una dura y extensa representación al rey, enviada en 1818 desde Londres, atribuyó los errores políticos del momento al influjo de una “camarilla secreta”, formada -escribió dirigiéndose a Fernando VII- por “cortesanos, o tímidos que no osan deciros la verdad, o ignorantes que no la conocen, o ambiciosos que la desfiguran y todos adictos a vuestros favores y de ningún modo a vuestra persona” (Flórez Estrada, 1958: II, 212).

A partir de 1820 y, de manera muy acusada, desde 1822 se fue enfriando el mito del príncipe inocente y virtuoso. Los liberales, naturalmente, dejaron de creer en él y si durante mucho tiempo habían confiado en la posibilidad de convertir a Fernando VII en un rey constitucional sincero, abandonaron toda esperanza. Hubo quienes, aparte de insultar al rey cuando lo propiciaba la ocasión, no desecharon la idea de privarlo de la corona e incluso de acabar con su vida, pero esto último -en cualquier caso no probado documentalmente, según nuestras noticias- no pasó de la fase de proyecto y siempre fue cosa de muy pocos. De cualquier manera, para la mayoría de los españoles, incluidos los sinceros partidarios del sistema constitucional, la figura del monarca continuaba siendo necesaria y su persona, como decía la Constitución, “sagrada e inviolable”.

Si, como se acaba de ver, no eran escasos en 1823 los condicionamientos internos, también era determinante el ambiente europeo. Todos los gobiernos se habían declarado de manera explícita protectores de Fernando VII y de su familia. Los de las potencias de la Santa Alianza habían dado pruebas evidentes de su disposición a actuar de la forma más contundente ante cualquier contratiempo para las reales personas. En el mismo sentido se pronunció Inglaterra. El embajador William A’Court, siguiendo instrucciones de su gobierno, advirtió repetidas veces a las autoridades constitucionales españolas de la imperiosa necesidad de proteger a las personas reales. Por otra parte, cuando se produjo la suspensión transitoria de Fernando VII, el gabinete británico dejó bien sentado que su embajador estaba acreditado ante el rey y no ante cualquier otro poder y no reconoció a la Regencia constitucional. Aunque A’Court había sido el único embajador de una potencia importante en trasladarse a Sevilla en marzo de 1823, no lo hizo a Cádiz, porque estimó que el rey no estaba en el ejercicio de sus funciones. A’Court pasó estos meses en Gibraltar y si bien no rompió las relaciones y comunicaciones con el gobierno constitucional español, su distanciamiento físico de los constitucionales fue entendido en toda Europa como un desaire bien patente.

En 1823, cualquier proyecto contrario a la persona del rey o de su familia estaba condenado al fracaso en la opinión de la mayoría de los españoles y europeos. Era un paso completamente impolítico. Por esta razón, la tesitura en que se hallaron los defensores de la Constitución fue especialmente delicada. Necesitaban contar con el monarca y protegerlo y era imprescindible mantener, al menos, la ficción del acatamiento de Fernando VII a la Constitución, pero constaba de forma fehaciente que el rey no estaba por la labor y hacía lo posible, como siempre, por denigrar al constitucionalismo y se burlaba -cada vez de forma más ostensible- de sus partidarios. Éstos, sin embargo, sabían que mientras Fernando VII estuviera físicamente en la España constitucional, persistía la posibilidad de resistir al invasor.

Éste era el nudo de la cuestión y la causa de que Fernando VII, hábil en detectar estas situaciones y bien informado sobre lo que se pensaba en el bando contrario al constitucionalismo, se negara a seguir a las Cortes en sus traslados. También esto fue motivo de preocupación y hasta de enfado para Chateaubriand, otro de los interesados en grado sumo en terminar cuanto antes el conflicto. En julio de 1823, cuando creyó llegado el momento de que todo terminara, se lamentaba ante su amigo Marcellus de no encontrar la forma de apoderarse de la persona de Fernando VII y en tono poco diplomático, incluso impropio de él, expresaba su desesperación en estos términos: “¿Cómo aguantar que 160 pillos [los diputados a Cortes] hagan sufrir a las potencias en armas y a Europa?” (Marcellus: 329).

Por todo lo anterior, la presencia del rey en el último reducto de la España constitucional puede ser considerada elemento positivo para la pervivencia del régimen, pero también se convirtió en su mayor problema. La propaganda realista no cesó de proclamar que Fernando VII estaba prisionero de los liberales y puso el acento, con poco fundamento, en que su vida y la de su familia corrían peligro. Este punto fue decisivo, al margen de otras razones, para el aislamiento de los constitucionales en Europa. Inglaterra, cuyo gobierno -al menos su ministro de Exteriores, Canning- nunca vio con buenos ojos la intervención francesa en España, dejó a su suerte a los constitucionales. Así pues, el aislamiento diplomático, casi total, resultó fatal para la pervivencia del régimen constitucional. En este punto, la diferencia entre 1808 y 1823 no podía ser mayor. En la primera ocasión, la lucha de los españoles contra Napoleón suscitó las mayores simpatías en Europa e Inglaterra combatió al lado de los liberales españoles. Precisamente el jefe del ejército aliado hispano-británico fue Wellington, uno de los británicos más interesados en 1823 en perder de vista la Constitución.

Fernando VII no sólo fue un obstáculo en las relaciones diplomáticas de la España constitucional, sino también en las negociaciones bilaterales intentadas con el invasor francés. En primer lugar, por una razón formal: Angulema se negó sistemáticamente a tratar con los órganos constitucionales mientras el rey permaneciera “cautivo”, como le gustaba repetir al generalísimo francés. Además, siempre que el gobierno español intentó recabar la aquiescencia del rey para tomar una decisión relevante, Fernando VII recurrió a evasivas, cuando no al desprecio. Todo parece indicar, por otra parte, que el rey actuó con su habitual doblez en todo lo relativo a las negociaciones intentadas por el gobierno con Angulema, asunto el más importante en esta tesitura.

Desde su instalación en la Aduana, a los pocos días de llegar a Cádiz, Fernando VII se había hecho construir una especie de torre de madera en la azotea del edificio. En su diario anota que acudía a ese lugar todas las tardes; ciertos días es ésta la única ocupación que consigna. Aunque el rey no dice en qué empleaba el tiempo, según todos los testimonios se dedicaba a echar a volar cometas, hecho que algunos interpretaron como producto de una especie de desconcierto mental causado por el estado de semirreclusión en que se hallaba y otros, entre ellos apunta Bayo (1842: III, 140)- la mayor parte de los gaditanos, como una forma de comunicarse con los enemigos con señales convenidas. Mediante este procedimiento, en caso de ser así, o por otros más directos, el rey estaba al corriente de los planes de los absolutistas y de los movimientos de los franceses. Por eso, haciendo uso de su proverbial capacidad para el disimulo, le resultaba fácil prestarse a ciertas sugerencias del gobierno que sabía no conducían a nada.

Como el rey consideraba papel mojado cualquier escrito a favor del régimen constitucional, no tuvo inconveniente en poner su firma en varios de ellos, cargados del más encendido patriotismo constitucional. Es el caso de la alocución, fechada el primero de agosto, en la que condenaba con dureza las defecciones de La Bisbal y Morillo o de las varias cartas enviadas a Angulema en respuesta de otras tantas del general francés. Si careciéramos de noticias sobre el carácter de Fernando VII, estas misivas nos resultarían sorprendentes por su ardorosa defensa de la Constitución. Por ejemplo, el 21 de agosto, respondía a Angulema, que tres días antes le había propuesto una amnistía general y la convocatoria de Cortes por estamentos, que esta institución era “monstruosa” y restablecerla sería lo mismo que resucitar los Estados Generales en Francia. En esa misma carta el rey niega que estuviera privado de libertad, como afirmaba Angulema en la suya.

Estos intercambios de opiniones epistolares no eran más que salvas verbales, pero influyeron de forma decisiva para dar al traste con cualquier intento de salida airosa de aquella embarazosa situación. Los constitucionales pudieron comprobarlo cuantas veces lo intentaron y sobre todo durante septiembre, cuando se hizo evidente que la resistencia tocaba a su fin, pues ni contaban con la mediación de Inglaterra, ni cabía confiar ya en la capacidad del ejército constitucional. El 4 de ese mes, tras la pérdida unos días antes del Trocadero, el gobierno español intentó obtener el cese de hostilidades para abrir la negociación de una paz decorosa. Para presentar la propuesta a Angulema se designó al general Ricardo Miguel de Álava, hombre de ideas políticas moderadas, que por haber tratado años antes con el generalísimo francés se pensaba sería bien recibido.

La misión de Álava consistía en solicitar el alto el fuego, sin entrar en cuestiones políticas, aunque se le autorizaba, si lo creía oportuno, a expresar “la firme resolución en que está el Rey de no gobernar en ningún caso sino con arreglo a las leyes fundamentales que garanticen a los españoles todos sus legítimos derechos y les asegure una verdadera representación nacional elegida uniforme y libremente por ellos, con arreglo a sus costumbres y necesidades y al Espíritu del Siglo”. Como cabe constatar, el gobierno hacía una notable concesión a los planteamientos del moderantismo, que es lo que, tal como se decía, deseaban los franceses. Pero Álava, que conocía a Fernando VII y por eso no las tenía todas consigo, quiso asegurarse sobre el verdadero sentimiento del monarca y antes de partir se entrevistó con él, acompañado del ministro de Hacienda Yandiola. Cuando ambos preguntaron al rey si se daba por enterado en lo relativo al mantenimiento de un régimen representativo, Fernando VII respondió -según relata él mismo- que primero debían ponerlo en libertad y luego haría lo que la nación desease. Ante la evasiva, sus interlocutores le pidieron alguna garantía, a lo que respondió el rey que no cabría otra mejor que una posible amnistía. Los otros respondieron que la amnistía salvaba la seguridad de las personas, pero no resolvía la cuestión política, es decir, el mantenimiento de un sistema de representación nacional, y el rey replicó: “¿Qué tiene que ver la representación nacional con la seguridad de las personas?”. Álava y Yandiola insistieron en el asunto, rogando al rey que en el último momento no empeorara la situación, y el monarca escribe en su diario: “Viendo yo que no adelantaba nada, dije que bien y se marcharon”.

Angulema se negó a recibir personalmente a Álava (era una forma más de humillar a los constitucionales), pero se dio por enterado del mensaje que aquel portaba y respondió de la forma consabida: sólo trataría con el monarca a solas y cuando éste gozara de libertad, esto es, “cuando esté en medio de mis tropas”. Fernando VII no tuvo inconveniente en replicar, en carta redactada de nuevo por su gobierno, que un rey no puede ser libre si sale de entre sus súbditos y se pone a discreción de tropas invasoras.

De este tenor fue el diálogo oficial, a naves Je cartas y comunicados que se conservan como apéndice del diario real (AGP, T. 69: 173-249), entre el rey de España, que firmaba lo que le presentaban las autoridades constitucionales, y el jefe de las tropas invasoras. Pero como se ha dicho, existía otra comunicación oficiosa, más elocuente quizá y, por supuesto, más efectiva, entre Fernando VII y Angulema. De ahí que las gestiones de las autoridades constitucionales resultaran vanas y a veces adquirieran un tinte de tragicomedia realmente sorprendente, como se vio a mediados de septiembre.

A esas alturas el ejército francés preparaba en El Puerto de Santa María el asalto final a Cádiz, bloqueada ya por la flota francesa. Sólo resistían algunas ciudades, había quedado demostrado que Inglaterra no estaba dispuesta a mediar entre los contendientes y realmente todo se daba ya por perdido. El gobierno pretendió negociar de nuevo el alto el fuego con Angulema y el ministro de Estado Luyando se entrevistó con el rey para recabar su voluntad sobre el documento a presentar al francés. El encuentro fue una sucesión de disparates. A la pregunta del ministro de si estaba dispuesto a conceder una amnistía, Fernando VII respondió: “corriente”. Cuando Luyando aludió a la continuidad en España de un sistema representativo, el rey se mostró más locuaz y -según anota en su diario- dijo que establecería el régimen “que desease la nación”, pero una vez estuviera en Madrid; que “para establecer la forma de gobierno conveniente no lo he de consultar con Diputados” y que “yo no prometía ni Gobierno absoluto, ni Constitución, ni Cámara, ni Cortes por estamentos ni nada” y que sólo daría el gobierno que hiciera la felicidad de la nación.

Luyando obtuvo, como se comprueba, casi las mismas respuestas que Álava y el ministro Yandola un mes antes. No se puede acusar, pues, de incoherencia a Fernando VII en este episodio. Pero el ministro todavía se atrevió a preguntar al rey si accedería gustoso a entregarse a los franceses. Fernando no respondió, lo cual desconcertó a su interlocutor, quien no tuvo otra ocurrencia que descolgarse con un sorprendente vaticinio. Dijo al rey que la Santa Alianza pretendía acabar con el catolicismo en Europa y que* Rusia intentaba el dominio del continente. El rey mostró su escepticismo y el ministro insistió en que todo eso estaba contenido en las profecías del profeta Daniel y si el protagonista no era el zar actual, lo sería alguno de sus sucesores. El rey contestó: “¡Ah! Entonces yo me habré muerto”.

Así transcurrieron las relaciones entre el rey y su gobierno tal como aquel las consigna en su diario, en realidad un diálogo de sordos -o algo peor- que actuó como una especie de espada de Damocles que paralizó al gobierno constitucional, debido al prurito de los ministros por mantener las formas y recabar el consentimiento del monarca ante cualquier gestión. El gobierno pasó los tres meses y medio de estancia en Cádiz sumido, de hecho, en la confusión, sin saber qué hacer y constatando día tras día cómo se iba desmoronando la resistencia militar. Las Cortes, diezmadas, pues muchos diputados no habían acudido a Cádiz, celebraron sesiones de manera intermitente sin quedar claro para quién legislaban, aunque sin cesar de hacerlo. Pero los acuerdos postreros de aquellas Cortes, así como sus continuadas declaraciones en defensa de la Constitución de 1812, ya no hallaron eco, pues carecían de destinatarios.

Capitulación del constitucionalismo

EN septiembre de 1823 nadie con un mínimo sentido de la realidad podía dudar de que el sistema constitucional español agonizaba. La guerra, de hecho, estaba perdida. El territorio español (salvo Cádiz y contadas plazas aisladas) había caído en manos de los franceses y el régimen constitucional carecía de valedores en el exterior. Todos los gobiernos de Europa le eran hostiles y ya no cabía esperar nada de Inglaterra, ni siquiera una supuesta mediación ante los franceses. Ni éstos la deseaban, ni el gobierno británico ponía en ello gran empeño, de modo que lo único que podía hacer el embajador inglés era mandar buenas palabras desde Gibraltar a los resistentes en Cádiz. En cuanto a la ayuda material, meses antes había quedado demostrado que no llegaría. En junio, algunos miembros de la alta sociedad británica habían organizado fiestas a su estilo para recoger dinero con destino a los liberales españoles, pero según informo Marcellus a Chateaubriand, con regocijo y sobra de malicia, la colecta no dio ni para pagar los gastos (Marcellus, 1853: 302 y 330). Además, Robert Peel, muy influyente en el parlamento, se negó a aprobar cualquier ayuda a “los revolucionarios españoles”, como los denominaba con desprecio, y Wellington aconsejaba sin tapujos a sus amigos españoles -entre ellos al general Álava- que abandonaran la resistencia.

El bloqueo militar, cada vez más agobiante, entorpecía gravemente la vida cotidiana en Cádiz, pero aún fue peor el efecto desmoralizador causado por las noticias procedentes de otros lugares. Ninguna fue satisfactoria. Tampoco lo habían sido las del mes anterior. Entre otras des gracias, en agosto se habían producido la defección de Ballesteros y la del general Manso en Cataluña; la capitulación de La Coruña, cuya resistencia fuera considerada simbólica por los constitucionales, la de Algeciras y la rendición en La Mancha de las tropas del combativo Chaleco. Agosto había terminado con la toma por los franceses del Trocadero, hecho fatal, desde el punto de vista estratégico, pues a continuación cayó el fuerte de San Luis y quedó desguarnecida una parte importante de la defensa de Cádiz. No fue menor el efecto moral. De los aproximadamente 1.700 hombres que defendían el Trocadero, los franceses hicieron prisioneros a más de un millar (entre ellos a su jefe, el coronel Garcés) y, además, se apoderaron de medio centenar de piezas de artillería y de una buena cantidad de material bélico, vital para la defensa de Cádiz.

Las desgracias, nada más comenzar septiembre, superaron, si cabe, a las referidas. El mes se inauguró con las capitulaciones de Málaga y Santoña, pero todo quedó empequeñecido por las derrotas de Riego en tierras de Jaén y su posterior apresamiento. No sólo caía el símbolo de la revolución, sino también, materialmente, muchos defensores del constitucionalismo, pues más de seiscientos hombres de Riego quedaron prisioneros de los franceses y un centenar de sus oficiales, junto a un número indeterminado de soldados, abandonaron las armas o, dicho de otra forma, se pasaron al enemigo. Los datos sobre deserciones llegaron a Cádiz como una especie de lluvia ácida y, junto a ellos, la rendición del fuerte de Higueras y el armisticio entre Mina y Moncey, confirmación de la pérdida de Cataluña para el constitucionalismo.

Cádiz no se libró en ese fatal septiembre de nuevas desgracias militares. El día 20, los franceses tomaron el castillo de Sancti Petri, con lo cual la ciudad quedó desprotegida de sus principales baluartes defensivos. Desde esa fecha arreciaron los bombardeos sobre la ciudad. El 23 de septiembre barcos franceses y españoles realistas lanzaron durante dos horas y media unas 200 bombas que causaron daños cuantiosos en calles y casas. Los que se decían preocupados hasta el extremo por las vidas de las personas reales no tenían inconveniente -lo recordó días después Cayetano Valdés a Angulema- en ponerlas en peligro de esta forma, pues bien se sabe la escasa precisión de los bombardeos de la época.

Estas acciones alentaron la deserción entre los soldados constitucionales acantonados en Cádiz y hasta la rebelión contra sus jefes. El 24 de septiembre, un grupo de mandos inferiores del regimiento de San Marcial se sublevó contra sus superiores al grito de “Viva el rey absoluto”. El motín fue controlado de inmediato, pero en el ambiente planeó todo tipo de dudas sobre la fiabilidad de los soldados constitucionales. Hasta el punto de que el día 25 sus generales informaron al ministro de la Guerra de que el Ejército de la Isla había llegado de hecho a la insubordinación. Ese mismo día, el gobierno trasmitió la noticia, sin tapujos, a las Cortes, reunidas en sesión secreta. “La desmoralización y aclarada cobardía de nuestras tropas” -dijo el ministro de la Guerra- auguran el peor de los resultados. La resistencia no es posible, pues “el ejército, por su número y calidad, no ofrece seguridad” para la defensa de Cádiz.

No podía expresarse la situación con mayor claridad. La desmoralización era total en Cádiz, “sea por los reveses y defecciones…, sea por la seducción y el oro del enemigo”, reconoció el gobierno en la mencionada sesión parlamentaria. A finales de septiembre, pues, era imposible proseguir la guerra en Cádiz y en cuanto al resto de España, sólo resistían el general Plasencia en Extremadura, unas pocas plazas fuertes aisladas en la Península (San Sebastián, Cartagena y Alicante) y Menorca.

La única salida era la negociación con el invasor, pero a estas alturas también esto estaba vedado. Angulema había perdido toda consideración hacia las instituciones constitucionales y de manera especial hacia las Cortes. Aunque parece ser -al menos es lo que generalmente mantienen los relatos sobre esta época- que el generalísimo francés no era partidario, en su fuero interno, de laminar el constitucionalismo, para no dejar el futuro político de España en manos sólo de los absolutistas, su comportamiento tuvo efectos contrarios, pues en definitiva siguió la orientación marcada por el ministro Chateaubriand, opuesto radicalmente a cualquier acuerdo con los constitucionales y más aún con las Cortes.

El ambicioso y orgulloso Chateaubriand estaba ansioso por culminar lo que consideraba su gran proeza personal y, además, la guerra estaba resultando muy costosa económicamente para Francia. Era preciso terminarla cuanto antes, de forma expeditiva, de ahí su exasperación ante las dudas de Angulema para lanzar el ataque definitivo a Cádiz. El ministro, convertido en estratega, instaba con insistencia a Guilleminot a no demorar el ataque e, incluso, le indicaba cómo hacerlo. Fuera por la influencia de Guilleminot sobre Angulema, fuera por fidelidad a su ministro o por hastío, tras la gran decepción experimentada a causa de las ordenanzas de Andújar, Angulema relegó a un segundo plano sus opiniones políticas y se acopló casi por entero a las miras de Chateaubriand, en plena sintonía ahora con las de la Santa Alianza.

Angulema, en consecuencia, hizo oídos sordos a las propuestas formuladas a finales de septiembre por los constitucionales para acordar un alto el fuego y pactar un modo digno de terminar el conflicto. Fiel a la consigna recibida de su gobierno de excluir todo trato con los constitucionales y negociar sólo con Fernando VII, mantuvo una actitud más arrogante y acuciante que nunca, incluso insultante. Al menos así la consideró Valdés, el que había sido presidente de la Regencia constitucional y ahora era gobernador de Cádiz y, como tal, responsable de su defensa.

El 24 de septiembre, Valdés recibió una carta fulminante de Guilleminot (no es aventurado suponer que redactada de acuerdo con instrucciones de Chateaubriand). En caso de que un miembro de la familia real sufriera algún contratiempo -decía- “serían pasados a cuchillo todos los Diputados a Cortes, Ministros, Consejeros de Estado, Generales y empleados del gobierno que fuesen cogidos en Cádiz”. La amenaza, impropia de militares avezados, no podía ser más burda, quizá porque, a pesar de los éxitos militares, el nerviosismo comenzaba a reinar en las filas francesas. Valdés respondió con dignidad. Apuntó, en primer lugar, su sorpresa por la contradicción en el comportamiento de los mandos del ejército francés, pues al tiempo que manifestaban tan acusada preocupación por la salud de la familia real, acababan -como se ha visto- de bombardear intensa e indiscriminadamente la ciudad donde se alojaba. A continuación lanzó a Guilleminot el siguiente mensaje para su jefe: “Puede V. E., Señor General, hacer presente en mi nombre al Señor Duque [Angulema] que las armas que manda le autorizan, tal vez, para vencernos, pero nunca para insultarnos. Las autoridades de Cádiz no han dado lugar jamás a una amenaza semejante, y menos en la época en que se les hace, pues cuando V. E. la escribió acababan de dar pruebas bien positivas de que tienen a sus reyes y real familia más amor y respeto que los que se llaman sus libertadores” (cit. por Bayo, 1842: III, 149-150).

Si a finales de septiembre existía alguna duda sobre la negativa del mando del ejército francés a cualquier acuerdo con los constitucionales, estas comunicaciones la disiparon. En otros términos, los franceses exigían, lisa y llanamente, la rendición incondicional, como deseaban las potencias de la Santa Alianza y, más que ellos, el todavía rey constitucional de España, quien contemplaba los acontecimientos con su habitual cinismo, aunque, como todos, cada vez con más inquietud, debido a la prolongación de la resistencia constitucional.

Desde su llegada a Cádiz, Fernando VII vio muy próximo su triunfo y se limitó a esperar con deleite el desmoronamiento del constitucionalismo, pero a medida que pasaban las semanas le dominó cierta impaciencia y se fue incrementando su odio hacia los liberales, si tal cosa fuera posible. Las notas de su diario siempre habían sido crueles y ahora lo fueron más. Al principio, consignaba los reveses de los constitucionales con sorna y desprecio, como se muestra en esta anotación del 16 de junio: “Por la mañana los de la Isla y de toda la línea hicieron una salida para practicar un reconocimiento contra los franceses y salieron escarmentados”. El 31 de agosto, a propósito de la toma del Trocadero, se limita a escribir que el fuego fue “horroroso” y añade: “…siendo la pérdida de los de acá muy grande”. El 24 de septiembre, sin embargo, no puede ocultar la preocupación. Al dar cuenta del motín del regimiento de San Marcial, cuya finalidad -según constata el rey- era posibilitar la entrada en la ciudad del ejército francés, se lamenta: “¡Qué lástima que se haya desgraciado la operación que los Franceses debieron ejecutar ayer cuando bombardearon esta Plaza!”.

La actitud de Fernando VII, aprobando incluso el bombardeo que ponía en peligro su vida, ya no nos sorprende y tampoco fue novedad para el gobierno y las Cortes. Sin embargo, éstos no desmayaron hasta el último instante en el empeño de arrancar al rey la promesa, al menos, de que no restablecería el absolutismo. ¿Se trata de una ilusión sin fundamento, de ceguera de políticos inexpertos o de táctica inteligente? Todo puede ser. En cualquier caso, de ese rey testarudo, seguro ya del éxito de su empresa pero impaciente, era imposible en este momento obtener algo. Quedó corroborado el 25 de septiembre. Al mismo tiempo que tenía lugar el referido encontronazo epistolar entre Valdés y Guilleminot, los ministros Yandiola y Fernández Golfín se entrevistaron con el monarca. Una vez más (con Fernando era preciso insistir) le plantearon la posibilidad de mantener un régimen representativo, aunque basado en una Constitución diferente a la de 1812, como deseaban los moderados y, tal como se creía, también los franceses. Era el último cartucho del gobierno para no quedar desairado por completo ante los suyos, amén de que, dada la coyuntura, era el máximo logro posible. Pero como cabía esperar, Fernando VII se negó en redondo a toda promesa en este sentido y repitió su consabida cantinela: establecería el régimen “que convenga a la nación” una vez libre y conocida la opinión general.

La respuesta, ahora sí, fue suficiente. El gobierno se rindió y comunicó a las Cortes que ante la imposibilidad de emprender cualquier negociación y de continuar la resistencia, aceptaba la condición del enemigo de permitir el traslado del rey y su familia al punto que éstos deseasen. Aunque todo el mundo podía imaginar cuáles serían las consecuencias, el 27 de septiembre, en sesión secreta, las Cortes asumieron la propuesta por 74 votos a favor y 34 en contra. Con triunfalismo algo contenido, teñido de solemnidad, anotó ese día Fernando VII en su diario: “En este mismo momento quedé yo en libertad; libertad tan suspirada y de la que había carecido por espacio de tres años, seis meses y veinte días”. Da gracias a Dios, “que vela por España”, y sigue diciendo que de haber continuado el sistema constitucional “la religión hubiese sido abandonada” y su propia vida seguiría en peligro, pues “estaba expuesto a ser muerto por cualquiera de los exaltados de tantos partidos como había”.

Como cabe apreciar, el rey abunda en su inocencia y rehúye toda responsabilidad personal. Es la interiorización del mito creado por sus partidarios cuando era príncipe de Asturias. Sus desgracias, entonces, estaban causadas por Godoy, de las siguientes fue responsable Napoleón y de las actuales el pluralismo político propiciado por el sistema liberal (“tantos partidos como había”). Godoy, Napoleón y la libertad política atentaron contra la religión y la monarquía y causaron las desgracias de España. En pocas palabras, el hábil -aunque obcecado- Fernando daba el tono que había de caracterizar el tiempo siguiente. Pero quedaban algunos detalles de no escasa importancia.

La salida de Cádiz del rey y su familia estaba decidida, pero debido a los infructuosos contactos anteriores con Angulema nada se había determinado acerca de las condiciones de la rendición de la plaza. El gobierno trató de resolver este asunto por la vía epistolar ya ensayada. El 27 de septiembre, en carta convenida con el gobierno, Fernando VII pregunta a Angulema en qué lugar podrían encontrarse, pues gozaba de plena libertad para salir de Cádiz. Asimismo, le pide el cese de hostilidades y le anuncia: “He prometido un olvido general en cuanto a opiniones, no en cuanto a hechos. En cuanto a Gobierno [esto es, el sistema político a establecer], no he prometido ninguno, pues no se la voluntad de mis Pueblos y estoy resuelto a no hacer nada hasta llegar a Madrid”.

Angulema esperaba de Fernando VII un gesto de este tipo, en particular la promesa de una especie de amnistía política como la insinuada en la carta. El rey, pues, se ajustaba en apariencia a las circunstancias, esto es, satisfacía los deseos expresados en cartas anteriores por el gene ralísimo francés y respondía a la última esperanza de los liberales. Pero Fernando VII, en puertas de recuperar su “poder neto”, no podía dar la mínima satisfacción formal a los constitucionales y exigió que el portador de la carta fuera una persona de su confianza. Eligió al marqués de Valmediano, su gentilhombre de cámara, a quien le dio las siguientes instrucciones verbales que, naturalmente, desconoció el gobierno: debía instar a Angulema a activar la salida de Cádiz de la familia real y una vez ésta fuera de la ciudad -o antes, si el generalísimo francés lo estimaba oportuno- debía ocupar militarmente la plaza, sin conceder un armisticio de dos meses en caso de que se lo pidieran las autoridades liberales, “pues se podrían abrigar aquí todos los malos”.

El juego de Fernando VII no podía ser más evidente y aunque los liberales desconocieran en concreto las instrucciones secretas a su mensajero, es probable que se las imaginaran. Aun así, acataron la voluntad real. Valmediano salió de Cádiz a primera hora de la mañana del 28 de septiembre y retornó al anochecer con la respuesta de Angulema: esperaba a la familia real al día siguiente a partir de las 10 de la mañana en El Puerto de Santa María y daría la orden de cese el fuego. Pero esto no era todo lo que esperaban las autoridades constitucionales. Les importaba, ante todo, la amnistía y el armisticio recelado por el rey. El día 29 enviaron al general Álava al cuartel general francés provisto de una nueva carta -como la anterior firmada por Fernando VII y redactada por el gobierno- que, evidentemente, no coincidía con el mensaje de Valmediano. En la carta, el monarca insistía en la firma de un armisticio antes de su salida y reiteraba su promesa de conceder “un olvido absoluto y general de todo lo pasado”. Álava, además, llevaba instrucciones del gobierno de poner el acento en el primer asunto. La salida de la familia real de Cádiz sólo se efectuaría una vez se hubiera firmado un armisticio de dos meses, que especificara los extremos siguientes: Cádiz continuaría gobernado durante ese tiempo por las actuales autoridades constitucionales, las tropas francesas permanecerían en sus posiciones actuales, cesaría el bloqueo de la ciudad, todo español que lo deseara podría abandonarla para dirigirse al lugar que eligiera, incluso a París, se dice expresamente, “y no se le perseguirá ni molestará por la conducta política y opiniones que haya tenido en esta época”. Lo mismo regiría para los extranjeros, aunque a éstos se les impediría trasladarse a su propio país.

Los constitucionales, como vemos, sólo buscaban ya algunas garantías, sin duda porque su desconfianza hacia Fernando VII era completa. Pero, porque no supieron o no pudieron ensayar otro procedimiento, retornaban al que tan malos resultados había dado, es decir, a utilizar como mensajero al general Álava. Angulema no les fue a la zaga y actuó como siempre, negándose a recibirlo. Por lo demás, el enfado del príncipe francés fue mayúsculo, pues cuando el día 29 se presentó Álava en su cuartel general de El Puerto de Santa María, lo tenía todo preparado para recibir a la familia real, incluso la comida. El parlamentario español hubo de contentarse con mantener una conversación, en términos muy agrios, con el general Guilleminot.

Al día siguiente, el gobierno español pensó enviar ante Angulema a un miembro de la familia real (en concreto al infante don Carlos) para obtener lo que Álava no consiguió, pero el rey se negó. La tensión, llegada al máximo, se superó mediante un acuerdo entre rey y gobierno: el rey saldría de inmediato de Cádiz, pero antes daría un manifiesto a la nación. El 30 de septiembre Fernando VII firmó el texto presentado por el gobierno. Sólo rechazó un párrafo, en el que se pretendía que declarara que “conocía los inconvenientes de un gobierno absoluto y que nunca lo adoptaría”. El resto lo aceptó. Aparte de anunciar su salida de Cádiz al día siguiente, efectuaba varias promesas, la más relevante de todas: “El olvido general completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna”. De acuerdo con su idea tantas veces expuesta, el rey no desvelaba qué sistema político establecería, pero anunciaba: “Adoptaré un gobierno que haga la felicidad completa de la Nación, afianzando la seguridad personal, la propiedad y la libertad civil de todos los españoles Se comprometía a reconocer las deudas y obligaciones contraídas por los gobiernos constitucionales, mantener el grado, empleo, sueldo y honores de los militares y de todos los empleados civiles o eclesiásticos, y permitir la salida de Cádiz de los españoles y extranjeros que lo desearan.

El manifiesto fue celebrado por los liberales, pues dadas las circunstancias era lo máximo que podía obtenerse del monarca. Este, por su parte, no dejó pasar el tiempo para dar a entender que recuperaba sus pode res y cesó al gobierno constitucional. Al mismo tiempo, envió de nuevo a Valmediano al Puerto de Santa María con una carta para Angulema en la que le anunciaba su salida de Cádiz al día siguiente, primero de octubre. Angulema no recibió esta vez a Valmediano, quien hubo de entre gar la misiva a Guilleminot. El orgullo del príncipe francés había que dado herido por el incidente del día anterior, como informó Valmediano al rey con toda claridad: “He encontrado los ánimos muy agrios… pues han sentido mucho el desaire de ayer”. Angulema se negaba en redondo a recibir a quien no fuera Fernando VII en persona.

El primero de octubre a las 10:25 -anota el rey en su diario- salió de Cádiz la familia real en una embarcación adornada para la ocasión. Al timón iba nada menos que el teniente general Valdés, gobernador de la ciudad. Fue el último acto de deferencia que pudieron practicar los constitucionales hacia el monarca. Poco más de una hora después, éste llegaba a El Puerto de Santa María, donde esperaba Angulema con toda su oficialidad y un buen número de españoles, entre ellos, escribe el rey, “muchos atravesados”. Tal vez se refiere a ciertos personajes notorios pasados al bando francés en el transcurso de la campaña, como el general Ballesteros, allí presente. Angulema invitó a comer al rey y a continuación se celebró el besamanos protocolario que denotaba acatamiento al monarca. Acudieron los ayuntamientos y corporaciones eclesiásticas de El Puerto, Sevilla, Jerez, Rota, el obispo de Cádiz… ya no había duda sobre el comienzo de un nuevo tiempo político. A sus anchas, el rey lo consignó en su diario: ese día -primero de octubre- “recobré mi libertad y volví a la plenitud de mis derechos que me había usurpado una facción”.

El estólido Fernando VII se apresuró a demostrar que, en efecto, recuperaba su “poder neto” y esa misma noche dictó cuatro decretos. Uno -el de mayores repercusiones, como veremos más adelante- anulaba todas las disposiciones y actos de los años de vigencia del sistema constitucional. Otro ordenaba la entrega al ejército francés de los puestos militares en poder de los constitucionales en Cádiz y la Isla. El tercero disolvía el cuerpo de Guardias de Alabarderos (el que había escoltado al rey en su viaje de Sevilla a Cádiz) y el último disponía el cese de los empleados de palacio fieles al constitucionalismo, los cuales serían sustituidos por “realistas perseguidos”.

El 2 de octubre se celebró en El Puerto de Santa María un tedeum, hubo nuevos besamanos de las autoridades españolas (era necesario prodigar los actos de acatamiento) y, con la solemnidad del caso, se presentaron ante Fernando VII todos los oficiales franceses y el edecán del zar. Este último personaje había llegado semanas antes a Cádiz con el cometido de observar las actuaciones de los franceses, es decir, para vigilar que ni Angulema ni nadie hiciera la menor concesión al constitucionalismo. La precaución era innecesaria tratándose de Fernando VII, quien esa tarde mantuvo una conversación en privado con Angulema. “Intentó persuadirme -escribe el rey en su diario- que yo debía dar unas instituciones, o algo de Cuerpo representativo, o a lo menos prometerlo. Yo le contesté que no era ésa la voluntad de los Pueblos, que había que reflexionar y no haría nada hasta llegar a Madrid”. Angulema se limitó a replicar que cumplía con las instrucciones recibidas.

Basta reparar en el lenguaje de Fernando VII para calibrar su desdén hacia todo lo que no se ajustara a la idea absolutista. Ese “algo de Cuerpo representativo” a que alude es sumamente elocuente. Fernando VII salía de Cádiz henchido de odio y de desprecio, soberbio y vengativo, dispuesto a pasar por encima de todos. Ni siquiera mantuvo la consideración hacia su “libertador”, por más que fuera el hijo del heredero al trono de Francia y pronto, pues la vida de Luis XVIII se acercaba a su fin, el primero él mismo en la sucesión a esa corona. El “rey neto” había comenzado a ejercer su poder, sin esperar -como tantas veces dijo- a llegar a Madrid. Bien claro queda en los cuatro decretos mencionados, cuyos efectos se vieron enseguida. Ni siquiera Angulema pudo soportarlo y apresuró su regreso a Francia. El príncipe francés había cumplido con éxito su misión militar, pero en el campo político resultaba clamoroso su fracaso. El mejor que nadie lo percibió y así lo dio a entender a su llegada a París.

El 3 de octubre salieron Angulema y Fernando VII a caballo en dirección a Jerez. Era el comienzo del viaje de regreso del rey a Madrid. El ánimo desalmado del monarca se muestra, de nuevo, en las anotaciones de su diario. En Jerez, escribe: “Estuvimos oyendo unas coplas muy bonitas contra la Constitución”. Todavía en esa ciudad, recibió la noticia de la rendición de San Sebastián y de la ocupación, el día 4, de Cádiz y la Isla por las tropas francesas, en cumplimiento de la orden dada por él mismo. Todo se acoplaba al “poder neto” del rey, pero la guerra todavía no había terminado. El 8 de octubre se libró un combate -quizá de los más encarnizados- en Tremeced (Aragón). Los franceses, auxiliados por las tropas de los realistas Eróles, Santos Ladrón, Capapé y el conde de España, derrotaron a Evaristo San Miguel, que había salido desde Tarragona en auxilio de Lérida.

Esta fue la última batalla de una guerra que, según muchos, quedó limitada a un paseo militar. A continuación fueron cayendo plazas todavía fieles al constitucionalismo: Ciudad Rodrigo, la Seo de Urgel, Badajoz, Lérida. El 2 de noviembre, Espoz y Mina y el mariscal Moncey firmaban el tratado de ocupación de Barcelona, que comprendía asimismo Tarragona y Hostalric, las otras dos plazas todavía resistentes en Cataluña. El día 5 de ese mes capitulaba Torrijos en Cartagena y el día 9, Menorca y el resto de las islas Baleares, salvo Mallorca, que había sido ocupada con anterioridad. El 11 de noviembre capituló el coronel De Pablo, Chapalangarra, defensor de Alicante, la última ciudad resistente al invasor. El día 22, desde Oyarzun, camino de Francia, Angulema dio su última orden general: “Habiendo terminado felizmente la campaña con la liberación del rey de España y la toma o sumisión de las plazas de su reino, hago constar al Ejército de los Pirineos, al abandonarlo, mi más viva satisfacción por su celo…”. El 23 de noviembre, Angulema pasó el Bidasoa. La guerra de Francia contra la España constitucional había durado siete meses y medio. La de los españoles entre sí no terminó todavía.

La vuelta del “rey neto”

EL 6 de octubre de 1823 salió Fernando VII de Jerez en dirección a Madrid. Proseguía un viaje que, a diferencia del realizado en sentido contrario durante la primavera anterior, se presumía triunfal. Iba como “rey neto”, decían sus partidarios, sin ese odioso adjetivo de “constitucional” de sabor republicano y atentatorio a la dignidad del trono. Sin embargo, Fernando VII adoptó muchas precauciones. Ordenó que todo aquel que hubiera sido durante la época constitucional diputado a Cortes, ministro, consejero de Estado, vocal del tribunal supremo de Justicia, comandante general, jefe político de provincias, oficial de algún ministerio o jefe de las milicias nacionales se mantuviera durante el trayecto a una distancia de su persona de al menos cinco leguas, es decir, a unos veinticinco kilómetros. Además, nombraba al ex presidente de la Regencia absolutista, el duque del Infantado, comandante de la guardia real y colocó al frente de las capitanías generales a otras personas de su máxima confianza: Eróles en Castilla la Nueva, Felipe Saint-March en Valencia y Carlos O’Donnell en Castilla la Vieja (Bayo, 1842: III, 178).

Tantas cautelas sorprenden. También la duración del viaje. Durante la primavera pasada, en el trayecto Madrid-Sevilla, la comitiva real empleó 20 días; a la vuelta, de El Puerto de Santa María a Madrid, el doble de tiempo: del 3 de octubre al 13 de noviembre. Ningún incidente reseñable explica esta demora. Tras la guerra y en medio de una acusada confusión política parecía lógico que el rey se apresurara a situarse en el centro de la monarquía para restablecer el orden sin pérdida de tiempo, reorganizar las instituciones, nombrar gobierno, etc. Sin embargo, Fernando se detuvo en Sevilla quince días, sin motivo aparente. Pasó el tiempo en besamanos, paseos, toros. ¿Temió algún ataque de los liberales? Todavía resistían algunos, pero lejos de donde estaba el rey: en Cataluña, Cartagena y Alicante. ¿Deseaba agotar la paciencia de Angulema con encuentros bilaterales infructuosos en Andalucía para evitar que el generalísimo entrara con él en Madrid? ¿Esperaba la ejecución de Riego, para no coincidir con el héroe revolucionario en la capital de la monarquía? ¿Pretendía, como hizo en 1814 a su regreso de Francia, dar tiempo a sus seguidores para controlar la opinión pública y sujetar con nuevas medidas represivas a los liberales?

Probablemente, la respuesta a estas preguntas debe de ser afirmativa en todos los casos, pero en el ánimo del rey quizá pesó más que nada su desconfianza hacia los españoles, aunque en los medios absolutistas se diera a entender otra cosa. Según venía manteniendo la propaganda de este signo, la opinión pública condenaba de forma abrumadora los crímenes de los fanáticos e irreligiosos constitucionales y suspiraba por un rey con plenos poderes. El propio monarca lo repitió el primero de octubre en su célebre decreto: “El voto general clamó por todas partes contra la tiránica Constitución”, por el sostenimiento de la religión “y la conservación de mis legítimos derechos”; sólo “algunos desnaturalizados hijos de la rebelión universal” habían defendido lo contrario, pero ya estaban vencidos y su obra derogada. Tras esta justificación, declaraba nulos todos los actos de gobierno, sin excepción, del sistema constitucional y aprobaba cuanto había decidido la Regencia realista (Mira- flores, 1834: III, 339-340). Así pues, el rey podía estar tranquilo, pues la Regencia, como sabemos, se había encargado de dictar las más graves disposiciones para evitar el menor movimiento, incluso de los meramente sospechosos de inclinación hacia el constitucionalismo.

El citado decreto entraba en flagrante contradicción con lo prometido por el rey sólo un día antes, aunque es evidente que respondía mejor a su forma de sentir y de pensar. Fernando VII era incapaz de asumir el tiempo del constitucionalismo y, al igual que en 1814, pretendía borrarlo i Ir la historia. A rilo Ir ayudó el canónigo Sáez, trasladado días antes junio al duque del Infantado al Puerto de Santa María para estar cerca del monarca en el momento de su liberación. El objetivo era muy claro: impedir que nadie, en primer lugar el duque de Angulema, influyera en el rey. Sáez * pieria que Fernando VII actuara de inmediato y sin titubeos como rey firme y justiciero y que nada obstaculizara el camino directo hacia el absolutismo. Fernando VII coincidió plenamente con él y lo nombró su confesor y ministro universal hasta su llegada a Madrid. Sin otro gobierno que Sáez y sin más consejo que el suyo y el de otros como él, Fernando VII dio el manifiesto mencionado y se aprestó para realizar el viaje. En cuanto a Angulema, cuanto más lejos estuviera, mejor, de modo que celebró su rápido regreso a Francia.

El viaje real fue una sucesión de aclamaciones. En buena parte, se siguió el mismo itinerario del anterior: Jerez, Lebrija, Utrera, Sevilla, Car- mona, La Luisiana, Écija, La Carlota, Córdoba, El Carpió, Andújar, Bailén, La Carolina, Santa Cruz de Múdela, Valdepeñas, Manzanares, Villarta, Madridejos, Tembleque, Aranjuez y Madrid. En todos los lugares hubo iluminación, música, besamanos y actos religiosos. En muchos, desfiles militares, castillos de fuegos artificiales y toros, y en algunas ciudades el coche del rey entró tirado por los voluntarios realistas. Como en la ocasión anterior, las anotaciones del diario de Fernando VII son escuetas y meramente descriptivas, aunque no se le pasa consignar los homenajes recibidos y alguna nota muy intencionada, sin acompañarla de valoración. Como la siguiente: en La Carolina asistieron al besamanos “el cura y alcalde de Arquillos, con los treinta individuos que prendieron a Riego”. Si en el trayecto de Madrid a Andalucía era en cierto modo comprensible la ausencia de curiosidad del monarca por su estado de postración, ahora que su ánimo es completamente distinto resulta más difícil de entender. Durante la larga estancia en Sevilla (permaneció del 8 al 23 de octubre) dio un paseo en un barco de vapor. Sólo se le ocurrió escribir esto: “Es una invención buena; me gustó mucho”. En el tiempo del inicio de la industrialización el comentario es elocuente.

¿Resultó fría, a pesar de los festejos, la acogida dispensada al monarca por los pueblos del trayecto? Es difícil responder. Si nos guiamos por el diario del rey, parece que nada fue emocionante, aunque no conviene extraer muchas conclusiones de esa fuente, dada la escasa sensibilidad personal de Fernando de Borbón. Su secretario Martínez Salcedo redactó un estado de los municipios del itinerario, que viene a ser una especie de complemento del diario regio. Tampoco hay ahí calor humano (se trata de una descripción de los aspectos materiales de cada lugar), pero con tiene una nota que quizá proporciona alguna pista. Consigna Salcedo que los vecinos de Villafranca de Córdoba levantaron un monolito en memoria del feliz pasaje del rey, con la siguiente inscripción: “Al Señor D. Fernando 7.° Rey Absoluto, Villafranca fiel; al soberano Congreso de Verona; a S. A. R. el Sr. Duque de Angulema y su Ejército, muy obligada; a los Realistas Españoles, agradecida”. Y comenta: “No han hecho otro tanto las ciudades ricas y populares” (AGP, T. 69).

Si el taimado Fernando VII hubiera percibido en la población una alegría sincera por el fin del sistema constitucional y las gentes se hubieran manifestado con auténtico fervor, es indudable que no lo hubiera pasado por alto en su diario. Todo indica, por el contrario, que ni el rey ni los absolutistas declarados estaban completamente tranquilos respecto a los sentimientos de la sociedad española, pues las abundantes aclamaciones al rey durante el viaje probablemente no eran espontáneas. El propio monarca y sus inmediatos allegados, que daban las órdenes oportunas, lo sabían perfectamente. ¿Qué habitante de los lugares del tránsito podía negarse, en aquellas circunstancias, a la menor insinuación para arrastrar el coche del rey, para gritar -como se hizo- “Viva el rey absolutamente absoluto”, “Vivan las cadenas” y cosas similares? ¿Quién osaría dejar de asistir a los besamanos reales? Todas las manifestaciones de júbilo a favor del rey absoluto deben ser puestas en cuarentena; al menos, no cabe tomarlas directamente como testimonios indiscutibles de acatamiento del absolutismo. Así lo da a entender Estanislao de K. Bayo, testigo de los hechos, al referir la llegada de Fernando a Madrid el 13 de noviembre, rodeado de músicas, festejos y aclamaciones: “Ésta era la tercera entrada de triunfo que verificaba Fernando en la capital de la monarquía española, pero el entusiasmo que en las dos primeras había excitado en todas las clases limitábase ahora a la plebe y al clero, impulsado no por el amor al monarca, sino por el poderoso instinto del egoísmo” (Bayo, 1842: III, 183).

El egoísmo de unos y el temor de otros contribuyó a que, a pesar del ambiente oficial de fiesta por la liberación del rey, se intensificara la represión. Angulema se lo recriminó directamente a Fernando VII en carta del 14 de octubre: “hace catorce días que V. M. ha recobrado su libertad y hasta ahora no se han visto más que arrestos y destierros arbitrarios, medidas opuestas a todo gobierno arreglado y a todo orden social” (AGP, T. 69: 243). No exageraba. Aunque la cita es larga, vale la pena reproducir la descripción de la situación de España en estos momentos ofrecida por Bayo:

Continuaban entre tanto en las provincias del dividido reino las bacanales que se celebraban en obsequio del gobierno represivo y en que tanto se distinguían los frailes más furiosos, imprimiendo calumnias y escandalosos libelos contra el bando proscrito. Enardecidos en las reuniones que se celebraban en los conventos, los hombres del vulgo que vestían el uniforme realista acometían en las calles a los que habían pertenecido al ejército o milicia nacional y en algunos puntos los afeitaban por zumba, les arrancaban a viva fuerza las patillas, el cabello o los paseaban caballeros en un asno con un cencerro pendiente del cuello, zambulléndoles la cabeza en las fuentes. Y no solamente los lugares pequeños ofrecían tan inhumanas escenas. En las ciudades apenas anochecía, y a veces a la luz del sol, apaleaban los voluntarios realistas a los infelices ciudadanos que no profesaban sus ideas, perdiendo algunos la vida de resultas de tanta barbarie. Las autoridades, hijas de la reacción, miraban con desprecio el ultraje hecho a las leyes y parecíales un acto de justicia, un desahogo inocente en retorno de los excesos cometidos por los pasados anarquistas, y si el ultrajado se querellaba a los tribunales, todos huían de declarar el hecho que habían presenciado y reputado por falso delator de los amantes del rey, veíase todavía encarcelado y multado” (Bayo, 1842: III, 183-184).

No se cifró todo ahora en la represión. Cambien se puso gran empeño en descalificar por motivos religiosos al régimen constitucional. Quizá por consejo de Sáez, que pretendía establecer un sistema próximo a la teocracia, el rey dio un decreto el 6 de octubre con dos sorprendentes disposiciones. Una era la celebración en todos los pueblos de la monarquía de una solemne función “de desagravios al Santísimo Sacramento” para borrar “el horroroso recuerdo de los sacrílegos crímenes y desacatos que la impiedad osó cometer contra el Supremo Hacedor del universo”. La otra, la organización de misiones “que impugnen las doctrinas erróneas, perniciosas, heréticas, inculcando las máximas de la moral evangélica”. El decreto contenía una tercera disposición menos sorprendente: ordenaba a la jerarquía eclesiástica que encerrara en monasterios “de la más rígida observancia” a los eclesiásticos que hubieran cooperado con el sistema constitucional (Bayo, 1842: III, 172-174).

“Las tonterías del rey de España, esos decretos impremeditados, etc.” -escribió Chateaubriand a su embajador en Londres, príncipe de Polignac- alarmaron a los franceses y no sólo al duque de Angulema, quien contemplaba los primeros pasos del rey libre con auténtico estupor y a cierta distancia, pues uno y otro hicieron lo posible por no encontrarse. Fracasado en su intento de convencer al rey para dar de inmediato un decreto de amnistía, Angulema aceleró su regreso a Francia, mientras Chateaubriand no cesaba de instar al embajador francés en Madrid a que tratara de moderar las reacciones. “No sabéis cuánto mal causan aquí esos decretos de rigor lanzados uno en pos de otro”, le escribía el 15 de octubre (Chateaubriand, 1945: 458). El propio Luis XVIII tomó parte directa en el asunto y el 30 de ese mes recordó a Fernando VII que él había perdonado en 1814 a sus enemigos, que “los príncipes cristianos no deben reinar por medio de proscripciones” y que convenía hacer todo lo posible para evitar un levantamiento “de la anarquía” por segunda vez. Por todo ello, le aconsejaba que se decidiera a decretar la amnistía y se rodeara de “hombres prudentes y sabios” que buscaran “en las antiguas instituciones de España el medio de contener a los pueblos y de asegurar la corona en vuestra cabeza” (AAEE, Corr. Pol. Esp. Suppl., 21: 87).

Francia no actuaba por altruismo. Los primeros pasos dados por Fernando VII la comprometían seriamente ante el resto de Europa. “Considerad, mi querido amigo -escribió Chateaubriánd a Talaru el 17 de octubre- que el establecimiento de un despotismo sanguinario, ávido y fanático, deshonraría esa guerra que proporciona un inmortal honor a Francia por su denuedo y generosidad.” Era inconcebible -continuaba el ministro- que Fernando VII anulara todo lo hecho desde 1820, porque eso suponía negar validez a los tratados, actos políticos, empréstitos, negociaciones, etc. realizadas con el extranjero por un régimen, el constitucional, que fue reconocido por toda Europa. Había, pues, que hacer lo posible -ordenaba Chateaubriand a su embajador- para que se derogara el decreto del primero de octubre y, por otra parte, convenía distanciarse de España: “Nos importa no aparecer como cómplices de la estupidez y del fanatismo”, escribió a Polignac (Chateaubriand, 1945: 460 y 459).

No fue Francia la única monarquía alarmada por los primeros pasos del “liberado” Fernando VII. Igualmente lo estuvieron los otros miembros de la Santa Alianza, preocupados de que los excesos de Fernando VII dieran pábulo a la repetición de la “anarquía revolucionaria”, como decían, y, al igual que Luis XVIII, le aconsejaron la máxima prudencia. El 22 de noviembre, el zar le pedía que estableciera una administración “compuesta por sus súbditos más ilustrados y más fieles” para restablecer el orden basado en la observancia de una estricta justicia. El primero de diciembre le escribió Federico Guillermo III de Prusia en términos casi idénticos y del mismo tenor fue la carta enviada el 26 de ese mes por el emperador Francisco II de Austria, quien insistía en que fuera “igualmente firme que moderado y, sobre todo, consecuente y estable en los principios” (cit. por Sánchez Mantero, 1981: 153).

A juicio de las cortes europeas, la responsabilidad directa en la indeseada dirección de los asuntos políticos en España recaía sobre los que rodeaban a Fernando VII y, en primer lugar, sobre su ministro universal Sáez. En su correspondencia diplomática, Chateaubriand se enervaba cuando aludía a este personaje y buscó la forma de atajar cuanto antes su influencia. Ni siquiera esperó a que Fernando VII llegara a Madrid.

Antes de que esto sucediera, concertó con Rusia el envío a España del embajador de ese país en París, el experimentado conde Pozzo di Porgo. Su misión consistía en apartar a Sáez del gobierno, nombrar ministros sensatos y convencer al rey de que diera un decreto de amnistía. Es decir, se trataba -como deseaban los monarcas europeos- de dulcificar el régimen. Las negociaciones de Pozzo dieron magros resultados. Consiguió la destitución de Sáez (en compensación fue nombrado obispo de Tortosa) y forzó la formación de nuevo gobierno. Este hecho tuvo su importancia, pues al menos evitó que Fernando VII confirmara en sus cargos, como deseaba, a los ministros designados por la Regencia, lo cual hubiera sancionado la continuidad respecto a la política extremista desarrollada por ésta. Pero por de pronto, ni las presiones de Pozzo di Borgo, ni las anteriores de Angulema lograron sacar al monarca el decreto de amnistía, sino sólo vagas promesas. Por lo demás, como veremos a continuación, tampoco el nuevo gobierno, que levantó algunas esperanzas, fue capaz de terminar con los excesos.

La ocupación francesa

FRANCIA trataba de aparentar ante su propia opinión pública y ante las otras potencias europeas que nada tenía que ver con las “tonterías de Fernando VII”, como decía Chateaubriand, pero en realidad lo tenía difícil. La satisfactoria culminación de las operaciones militares le proporcionaba una posición dominante en España, de modo que si no conseguía su objetivo político de implantar un sistema con apariencias de representatividad o, al menos, no lograba mantener la imagen de una restauración “moderada” del absolutismo, podía interpretarse como un fracaso. Era lo que temía Chateaubriand, que el honor francés quedara empañado por las locuras de unos fanáticos que imponían su criterio a un rey incapaz, dispuesto -a tenor de todos los indicios- a repetir los desvaríos de otro tiempo. Además, la intervención militar debía reportar a I rain. 1.11 irnos beneficios materiales, que por el momento estaban en el aire.

Esta situación desaconsejaba la evacuación total de las tropas francesas. Del mismo parecer, aunque por otros motivos, era Fernando VII. Carecía de ejército (no se podía considerar como tal el escaso y desordenado Ejército de la Fe) y el rey no estaba seguro de contar con el firme apoyo de la sociedad española, de modo que se sentía inerme ante una hipotética reacción liberal. Por esta razón, el concurso militar francés seguía siendo necesario, si bien ocasionaba serios problemas políticos debido a la insistencia de las autoridades francesas en el decreto de amnistía y en la moderación de la represión. A pesar de todo, se impuso la necesidad primaria, la de garantizar la pervivencia del nuevo régimen, y el rey asumió la continuidad de las tropas francesas. Así pues, la intervención de abril se transformó en una auténtica ocupación militar (Butrón, 1996).

La idea de mantener tropas francesas en España no había surgido a última hora. Estuvo en el ambiente durante varios meses. Haciéndose eco de ello, el 13 de julio de 1823, con la guerra en pleno auge, escribió Angulema al jefe del gobierno francés: “No entra en la cabeza de los españoles, cualquiera que sea su partido, que podamos evacuar el país antes de varios años”. Tampoco entraba en la del propio Angulema, por doble motivo, como confesó a Villèle: sin una fuerza militar capaz de controlar las pasiones, los españoles continuarían la lucha entre sí y esto daría lugar a una situación de inestabilidad que comprometería la seguridad de Francia. La ocupación, reiteró Angulema al mismo destinatario el 3 de agosto, era una medida de prudencia para Francia y una exigencia derivada de la situación política española (Villèle, 1904: 4, 222 y 281-282).

Con todo, Angulema sólo apuntaba una parte del negocio. Los políticos de su país esperaban mucho más. Deseaban controlar una monarquía que, aunque debilitada hasta el extremo, seguía siendo fundamental en el concierto internacional, pues todavía mantenía la titularidad formal sobre un amplio imperio. Todos los gobernantes europeos sabían que el gran tema a debatir de inmediato, una vez dominada la revolución en España, sería la situación colonial en América. En este campo Inglaterra se había adelantado a todos. Además de ayudar a los insurgentes, había instalado consulados en puntos estratégicos de aquel continente y aún se temía que pudiera ir más lejos. Lo advirtió Chateaubriand, con la máxima preocupación, en un memorando -que calificó “de la más alta importancia”- enviado el 1 de noviembre de 1823 a los embajadores franceses acreditados ante las principales potencias europeas: “…el gabinete de Su Majestad Británica no disimula sus proyectos y confiesa paladinamente que reconocerá la independencia de las colonias españolas” (Chateaubriand, 1945: 479-480).

Esta circunstancia resultaba especialmente embarazosa para Francia, como el mismo 1 de noviembre expuso Villèle con toda claridad a su embajador en Londres, príncipe de Polignac: “Esto de las colonias españolas es muy importante, tanto por lo que respecta a nuestro honor, como por lo relativo a nuestros intereses, asunto no menos relevante en nuestro siglo” (Villèle, 1904: 4, 488). Por el honor de Francia no cabía dejar desamparado al “nieto de Enrique IV” ante la posible ofensiva de otros para despojarle de parte de sus territorios, y luego estaban “nuestros intereses”, esto es, la gran cuestión de disponer de mercados para los productos industriales. Así pues, el fin de la campaña militar no zanjaba el “affaire” español. Se abría un nuevo tiempo en el que podía considerarse resuelto el gran problema anterior, la revolución, pero surgían otros que afectaban de lleno a la posición diplomática y económica de Francia.

Durante algún tiempo, Francia pensó que la continuidad de sus tropas en España le proporcionaría alguna ventaja internacional. Sería un excelente argumento para evitar ciertas tentaciones de los políticos españoles, por ejemplo, entregarse a Austria, en esta coyuntura muy dependiente en materia internacional de la política británica. Asimismo, tendría efectos notorios en las negociaciones exteriores. Lo indicó Chateaubriand el 6 de noviembre de 1823, en tono confidencial, al embajador francés en Londres: “…si Gran Bretaña nos obliga a recurrir al extremo, tenga entendido que todavía no han evacuado las armas francesas Cádiz, Barcelona ni La Coruña. Esto, príncipe, es para vos solo y para haceros comprender que sin faltar a las conveniencias ni a la mesura diplomática podéis hablar en tono alto a M. Canning” (Chateaubriand, 1945: 481 [subrayado está en el original]).

Pronto se demostró que el pretendido argumento no pasaba de ser una ilusión. Inglaterra siguió sus planes y la cuestión colonial se complicó a partir del 2 de diciembre de 1823, cuando el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, además de reconocer a los nuevos Estados formados por las colonias españolas, declaró su más tajante oposición a todo intento intervencionista europeo en América. La “doctrina Monroe” venía a sancionar la existencia de facto de un frente anglosajón (Inglaterra no tardó en seguir el camino de Estados Unidos en el reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas) que ponía a Francia en difícil tesitura. No cabía emprender aventuras para ayudar al rey de España a mantener sus colonias (el “honor” francés quedaba relegado a segundo término en este caso) y resultaba obligado entenderse con las mismas potencias europeas con que había contado para hacer la guerra a la España constitucional. Esto último, entre otras consecuencias, habría de influir en la orientación política de España, pues Francia hubo de hacer concesiones a los planteamientos absolutistas de sus aliados.

Ahora bien, todo ello no obstaculizó el proyecto inicial de mantener tropas francesas en España, sino que lo reforzó, con lo cual quedó confirmado que la ocupación no era sólo una medida preventiva para garantizar la continuidad de Fernando VII en el trono y evitar rebrotes revolucionarios, sino también un instrumento político y diplomático de primer orden para Francia. Así se explica que se diera por hecha y que comenzara de una manera un tanto irregular, sin acuerdo formal. Simplemente, los franceses elaboraron un plan, que poco a poco se fue perfilando hasta desembocar en la firma de un primer convenio entre ambos países el 9 de febrero de 1824, tres meses después de finalizada la guerra. El convenio sancionaba, con leves ajustes, los hechos consumados. Tropas francesas, poco más de 40.000 hombres organizados en cuatro divisiones, ocupaban puntos estratégicos: Madrid, Cádiz, La Coruña, Badajoz, Cartagena, Vitoria, las principales plazas fuertes de la cornisa cantábrica y puntos señalados de Cataluña, entre ellos Barcelona y las ciudades fronterizas pirenaicas. Con el tiempo, los efectivos de este ejército fueron disminuyendo y poco a poco se evacuaron algunas ciudades, hasta la repatriación total en 1828. En definitiva, la ocupación duró cinco largos años, la mitad del tiempo de la segunda etapa de reinado absoluto de Fernando VII.

El citado convenio de 1824 no olvidó dos puntos primordiales para Francia: el reconocimiento, por parte de España, de una deuda económica por la ayuda recibida durante la guerra y la concesión de facilidades para comerciar con América. Sobre el papel, ambas cuestiones revestían la mayor importancia; no así en la práctica. Francia fijó el montante total de la deuda en 34 millones de francos (casi 30 millones de reales), pero España no la pagó, en parte por imposibilidad material, debido al agotamiento de las arcas públicas. En lo relativo a América, se trataba casi de una presunción, pues en ese momento -como se acaba de ver- el control de España sobre su imperio era sólo nominativo. No obstante, la nueva relación con España reportó en conjunto notables beneficios a Francia en materia comercial (Sánchez Mantero, 1981: 137-148).

Al margen de las cuestiones económicas, la ocupación cumplió uno de sus objetivos (garantizar la continuidad de Fernando VII en el trono), pero no logró otro de los más visibles: evitar la represión masiva y descontrolada del liberalismo (Castells, 1989: 13). Hubiera sido necesario, en este caso, que la influencia política de Francia fuera realmente efectiva, cosa que no sucedió, al menos en el grado deseado. Ni el embajador Talara, ni el general en jefe de las tropas de ocupación, el conde de Bourmont, las dos máximas autoridades francesas presentes en España tras el fin de la guerra, se impusieron a las españolas, a pesar de los continuos llamamientos de Chateaubriand a utilizar el poder que les proporcionaba la fuerza militar. El 29 de noviembre de 1823 el ministro advertía a Talaru: “No hemos gastado 200 millones [de francos] y dado libertad a Fernando para no tener influencia en esa nación” y el 11 de diciembre siguiente era mucho más explícito y duro: “Sed buen hombre, excepto para los españoles, a los cuales es preciso hablar como dueño. Sois un verdadero rey, porque disponéis de cuarenta mil hombres, y combinando la astucia con la fuerza, os haréis obedecer”. El 17 de enero del año siguiente escribía el ministro a Bourmont: “No comprendo qué es lo que no se puede conseguir de un país cuando se dominan sus plazas fuertes y cuando uno es dueño además de darle o no darle el dinero que le hace falta” (Chateaubriand, 1945: 492, 489 y 497).

Tales admoniciones no cambiaron la situación y Chateaubriand se desesperaba ante los magros resultados políticos conseguidos en España. Debido, tal vez, a su excesivo empeño por obtener de una vez algo positivo, dio carta blanca para perseguir este fin, sin un plan político meditado. El 17 de enero de 1824 escribió a Talaru: “Os lo repito por milésima vez: si el ministerio actual no es de vuestro gusto, cambiadlo: debéis mandar como jefe. Si el clero es más fuerte y puede ser más útil, aliaos con él a trueque de que os dé todo lo que le pidáis para el bien de la España, lo cual, como no me cansaré de deciros, se reduce a la amnistía, al empréstito, a la libertad de comercio para las colonias y a nuestros tratados”. Casi idénticas palabras empleaba en carta a Bourmont de la misma fecha (Chateaubriand, 1945: 495-497). Es decir, interesaban resultados, “actividad”, como decía el ministro en otra de sus misivas, sin importar los medios políticos utilizados.

Las salidas encolerizadas de Chateaubriand eran la constatación de que se desvirtuaban poco a poco los planes políticos franceses sobre España. Del proyecto inicial de instaurar un sistema de Carta Otorgada se pasa, en el transcurso de sólo unos meses, a la búsqueda de cualquier apoyo, incluso el de los absolutistas extremos (no se refiere a otros Chateaubriand en las cartas citadas cuando habla del “clero”), con tal de conseguir algún resultado visible que ofrecer a la opinión pública. La claudicación es patente y si se desciende hasta el detalle, llega al ridículo. Durante los meses de la guerra, Villèle y Angulema dieron por seguro que la Constitución de 1812 sería sustituida por alguna forma representativa y a ello aludió en varias ocasiones Luis XVIII en sus cartas a Fernando VII A comienzos de 1824, sin embargo, Chateaubriand ni siquiera se atreve a proponer la convocatoria de las antiguas Cortes estamentales. El 17 de enero decía a Bourmont que le parecía “útil” la reunión de esas Cortes, pero dudaba si era el momento oportuno. El general le respondió un mes más tarde, el 22 de febrero, de esta forma: “Esta asamblea me parece también un peligro en estos momentos, en que el poder real carece de fuerzas. Soy, pues, de la opinión de que debe restablecerse en España una dictadura dirigida por Francia, durante un año a lo menos, y luego reunir las antiguas cortes dentro de uno o dos años, cuando ya el poder real hubiese recobrado alguna fuerza y se hubiese hecho popular por los bienes que hubiese dispensado” (Chateaubriand, 1945: 498 y 500).

La sugerencia de Bourmont no fue tenida en cuenta, ni siquiera cabía considerarla, pues hubiera suscitado la más viva oposición internacional. Era producto del pensamiento ultraconservador de su autor, un absolutista declarado, tan partidario como la Regencia española de barrer sin contemplaciones al constitucionalismo, como más tarde lo demostró luchando en el bando carlista. Por lo demás, reflejaba, asimismo, el evidente fracaso político de los franceses en España, del que éstos, como es lógico, no se hicieron responsables. Todo lo achacaron a los españoles y, en particular, a Fernando VII. Es difícil hallar un juicio sobre este monarca más duro que el siguiente, expuesto por Chateaubriand el 16 de marzo de 1824 en carta al diputado francés Serre: “Este país [España] está tranquilo; todas las disensiones civiles se han calmado, pero como el cáncer político está en el rey, es casi imposible aplicar el remedio. Nada hubiera sido más razonable que la convocatoria de las antiguas cortes, modificadas según el tiempo. El rey no accederá a esto y el pueblo lo desea. Un gran ministro podría convocarlas, ¿pero dónde está ese gran ministro?” (Chateaubriand, 1945: 507).

Prescindiendo de su carácter justificativo, Chateaubriand acertaba en su juicio. El rey era, en efecto, el “cáncer político” de España y debido a sus manejos y a la situación resultante entre facciones resultaba imposible hallar la persona adecuada para dirigir la política española. Pero su juicio habría que aplicarlo con la misma propiedad para calificar la política francesa en España, completamente fracasada a la hora de influir en el rey "liberado”. Por lo demás, en lo relativo a las luchas partidistas entre españoles, parece que las autoridades francesas jugaron un papel nada despreciable. Cuando menos, las alentaron de forma indirecta. El embajador Talaru tendió siempre a favorecer a los absolutistas menos extremistas, pero el general Bourmont apoyó con toda claridad a los ultras. Esta divergencia, que tuvo como principal resultado anular las gestiones de uno y otro, fue denunciada con frecuencia por el propio Talaru en sus despachos diplomáticos, donde acusó a Bourmont de sobrepasar sus funciones, pretendiendo actuar como Wellington en la época de la Guerra de la Independencia, es decir, como general y político. Naturalmente, estas diferencias fueron aprovechadas a su conveniencia por algunos gobernantes españoles. A propósito de la amnistía, por ejemplo, Calomarde hizo notar a Talaru la contradicción entre su postura, favorable a declararla, y la de Bourmont, totalmente contraria, preguntando a continuación con malicia si el gobierno francés estaba dividido en torno a tan importante asunto (Rousseau, 1911; Estre, 1934: 197-192).

En el orden político, la intervención del ejército francés sólo sirvió, en realidad, para instaurar el absolutismo, sin conseguir orientarlo, como en principio se pretendió, hacia la moderación. Sin embargo, la ocupación cumplió un papel apreciable en otros aspectos. Como veremos más adelante, defendió al nuevo régimen frente a la insurrección liberal y, a su vez, protegió en cierto modo a los liberales frente a los desmanes del absolutismo. Esta doble acción se desarrolló en una situación no exenta de contradicciones, caracterizada por la confusión de competencias en distintos planos: entre el militar (jefes del ejército francés) y el civil (autoridades españolas), por una parte, y por otra, entre la potencia extranjera ocupante y la autoridad nacional. Efecto inmediato de todo ello fue el surgimiento de un sentimiento antifrancés y la creación -como ha demostrado Gonzalo Butrón- de dos ritmos diferentes en la implantación del absolutismo, pues las nuevas estructuras políticas ideadas por el absolutismo fernandino se instauraron con mayor lentitud en las ciudades ocupadas por los franceses que en el resto del territorio.

Ultras y fernandinos

QUIENES salieron vencedores en la lucha contra el constitucionalismo (los llamados “realistas”) no formaban grupo político homogéneo. Entre ellos era tan patente la división como entre los liberales, aunque, como es lógico, revestía otros caracteres. Los liberales coincidían en el deseo de mantener un sistema representativo, pero divergían en las bases de ese sistema (la Constitución de 1812 u otra más conservadora) y en su alcance. Algo similar ocurrió en el otro bando. Todos habían luchado por restituir al monarca en sus plenas prerrogativas y, en este sentido, se inclinaban con decisión hacia el absolutismo, pero sus coincidencias no iban mucho más lejos.

El problema fundamental estribaba en determinar cómo había de concretarse el nuevo régimen. Las disputas al respecto provocaron -según se mantiene habitualmente- la fractura en dos sectores: los que deseaban un sistema “ilustrado y conciliador”, parecido al de la Carta francesa (a los cuales se ha tildado de “moderados”) y “los que se negaban a toda transacción con las ideas del siglo y pensaban que el modo de que no resucitase el liberalismo era acabar en el patíbulo con sus individuos”, que son los considerados “ultras” o “absolutistas extremos” (Bayo, 1842: III, 189). Otros historiadores, que mantienen asimismo la división en dos sectores, los ven de forma distinta: unos “ se mantenían en sus principios de reforma a la española” (vendrían a ser los ultras) y los otros “se rindieron incondicionalmente al Rey y se hicieron moderados o fernandinos” (Suárez Verdeguer, 1988: 109).

Independientemente de que sea difícil de entender eso de la “reforma a la española”, la dicotomía entre ultras y moderados puede servir de guía para orientarse en el desconcertante panorama político español de finales de 1823 y comienzos del año siguiente, marco cronológico en el que ahora nos movemos, pero no da cuenta de la complejidad de la lucha en el seno del absolutismo. Entre otros motivos porque esa lucha transcurrió en el plano personal más que en el de los principios políticos, esto es, tuvo mucho de oportunista, y, también, porque estuvo muy condicionada por la presión de Francia y de las otras potencias de la Santa Alianza, las cuales, a su vez, no coincidieron totalmente en sus propósitos. El resultado fue un panorama político inaudito, que pareció caótico a los observadores europeos y desolador a los españoles.

Uno de los elementos más perturbadores era la herencia de la Regencia realista. Aunque su mandato había sido breve (de mayo a septiembre de 1823), los efectos resultaron más duraderos de lo esperado y causaron serios contratiempos al propio Fernando VII y a quienes confiaron en él para enderezar los asuntos de la monarquía. Estos últimos se alarmaron ante los desórdenes -a sus ojos no muy diferentes a la “anarquía” liberal- ocasionados por grupos de fanáticos que se consideraron con todo el derecho a imprimir un giro extremista de claro sabor clerical. Al rey le inquietó la capacidad de movilización popular de los extremistas y su ascendencia sobre determinadas personas de la familia real, en concreto sobre el infante don Carlos y su inquieta esposa María Francisca de Asís.

El absolutismo extremista no era un fenómeno nuevo. Lo encarnaban los realistas que en los años de vigencia de la Constitución participaron en la sublevación contra el régimen, personas intransigentes, siempre exaltadas y propicias a tomar las armas (Aróstegui, 1976: 180-181). Una vez conseguido su objetivo de acabar con la revolución, actuaron como una especie de oposición al gobierno de Fernando VII, entre otros motivos porque perdieron buena parte del poder alcanzado en el tiempo de la Regencia y porque pensaron que sus esfuerzos y heroísmo para restaurar en el trono al monarca absoluto estaban siendo traicionados por arribistas que se decían devotos del rey, pero en la práctica eran cripto-liberales. Se caracterizaron ante todo por su oposición frontal al liberalismo y por ello recibieron un notable apoyo de los mismos sectores que en 1822 se alzaron contra el constitucionalismo: antiguos artesanos con dificultades para proseguir su actividad, campesinos afectados por los bajos precios y los impuestos, pobres de las ciudades, miembros de las partidas realistas (al ser disueltas, muchos quedaron de pronto al borde de la miseria y llenos de frustraciones y resentimientos) y, naturalmente, la multitud de clérigos que, por reputarse a sí mismos las principales víctimas del liberalismo, le declararon una guerra sin cuartel.

A los ultras les impulsaba, ante todo, el rechazo de cuanto pudiera parecer una concesión a los vencidos. Su propuesta política, poco elaborada, se reducía a lo expuesto en agosto de 1823 en una representación a la Regencia firmada por un grupo de residentes en Madrid: no admitir ninguna innovación política; “restablecimiento de todas las instituciones religiosas y políticas existentes en 7 de Marzo de 1820, particularmente la del Santo Tribunal de la Inquisición”; persecución sin cuartel de los liberales y “separación de todos los empleados que no hayan testificado positivamente su amor al Rey” (Miraflores, 1834: III, 299- 302). En la lista de firmantes de esta representación hallamos a buena parte de los integrantes del sector ultra: eclesiásticos, militares realistas, empleados y algunas personalidades conocidas, como Eguía, Pedro Grimarest, José Aymerich (ministro de la Guerra en 1824) y el general Castaños, el héroe de Bailén, cuya presencia en este lugar puede llamar la atención.

Aunque por el momento declararon su sometimiento incondicional al monarca, los ultras acentuaron progresivamente su oposición a los gobiernos de Fernando VII y evolucionaron hasta agruparse en torno a la figura del infante don Carlos, lo cual se hizo claramente perceptible a partir de 1827, tras la derrota de la sublevación de los “agraviats” de Cataluña. Fueron, por tanto, los futuros carlistas. En efecto, la mayor parte de los que en 1823-1824 pasaban por ser los representantes más destacados del ultra absolutismo (además de los firmantes del mencionado manifiesto, el marqués de Mataflorida, Sáez, el obispo de Osma, Juan Bautista Erro, Gómez Calderón, la mayor parte de los jefes de las guerrillas realistas, un número poco preciso de militares profesionales y muchos miembros de la jerarquía eclesiástica) o integraron desde 1833 el bando carlista o le prestaron su apoyo.

En el tiempo al que ahora nos referimos desarrollaron su acción a través fundamentalmente de las asociaciones surgidas en agosto de 1823 contra las ordenanzas de Andújar. Angulema intentó desactivar a esos grupos y pm ese motivo se convirtieron en sociedades secretas, de acuerdo con el modelo ensayado durante el Trienio por el liberalismo exaltado. Algunos historiadores han pretendido negar la existencia de este movimiento secreto absolutista o, en todo caso, rebajar su importancia, mientras otros le atribuyen la máxima responsabilidad en la agitación del momento. Sea lo que se quiera, las referencias a su actividad son tan numerosas, que resulta imposible negarla. De acuerdo con los datos más fiables, nacieron por impulso de clérigos y de algunos sectores civiles próximos a la Regencia, con el objetivo de formar una opinión pública radicalmente contraria a cualquier medida de tolerancia hacia el liberalismo. Los informes franceses aluden a la Regencia como su principal valedora y en uno de ellos se menciona la catedral de Toledo (donde era canónigo Sáez) como el centro generador del movimiento (AHNP, F7 12051, doss. 1699c). Quizá con menos tino, Bayo atribuyó su origen a “los trabajos de los jesuitas en Roma” (Bayo, 1842: III, 126-127 y 185).

Un informe de la policía francesa, fechado en Madrid el 6 de septiembre de 1823, ofrece noticia detallada sobre la organización que, al parecer, dio origen a este tipo de sociedades. Se denominó Junta Apostólica y nació en 1822 por iniciativa de Juana Eguía, hija del conocido general realista. La formaron inicialmente familiares y amigos de este general y sus primeras gestiones se encaminaron a encarecer la intervención militar francesa. Cuando cayó Madrid en poder de Angulema, la sociedad experimentó una especie de refundación. A su frente se colocó Pedro Grimarest, uno de esos oscuros militares descaradamente absolutistas, quien logró la adhesión de los regentes Gómez Calderón y el obispo de Osma, de algunos militares, del obispo de Tarazona (antiguo inquisidor general) y de otros clérigos. Sus reuniones, celebradas al principio en el domicilio de Grimarest, tenían lugar en la fecha del informe en el convento franciscano de Atocha, en cuya entrada, figuraba, como una especie de lema, la leyenda: “Constancia y Rey” (AAEE, Corr. pol. Esp., 723: 233-234).

La misma fuente refiere que la Junta se nutría de fondos proporcionados por varios conventos de Madrid (entre otros, cita los de Atocha, San Bernardo, San Francisco, Capuchinos del Prado, Carmelitas Calza dos, San Felipe Neri y los Jerónimos) de los que salieron unos ochenta frailes por toda España en calidad de “misioneros político-apostólicos”. Para difundir sus mensajes contra el liberalismo, la Junta contó también con la connivencia de los periódicos El Restaurador, dirigido por el fraile Manuel Martínez, cuyo lema era: “Hay que exterminar a los negros hasta la cuarta generación”, El Procurador del Rey y algunos más. Veinte días después, otro informe llegado a manos de los franceses, vía pródiga entonces para este tipo de noticias, sostenía que “las reuniones apostólicas” iban en incremento por toda España, pues entre otras ventajas, proporcionaban empleos a quienes las integraban, aunque carecieran de conocimientos para desempeñarlos. El informante insiste en que las sociedades seguían órdenes de “los regentes” (cita al obispo de Osma y a Gómez Calderón) y que sus dirigentes en los pueblos eran clérigos, quienes alentaban desde el pulpito y los confesionarios a hacer prisioneros. La efectividad de estas sociedades, concluye, es evidente, como se ha demostrado en la generalizada oposición a las ordenanzas de Andújar (AAEE, Corr. Pol. Esp., 723: 297-302).

El éxito alcanzado en este punto (como vimos, Angulema se vio obligado a rectificar) dio alas a tales organizaciones, cuya importancia quizá exageren los franceses, debido, entre otros motivos, a la marcada galofobia de sus integrantes (los gritos de “Viva Rusia y mueran los gabachos” fueron frecuentes entre ellos). Bayo -y después de él buena parte de la historiografía liberal decimonónica- afirma que siguieron directrices del “centro madrileño”, dirigido por el obispo de Osma (Bayo, 1842: III, 185). Diversos informes manejados por el gobierno francés abundan en esta dirección, pero más recientemente se ha puesto en duda la existencia de un plan centralizado. Alonso Tejada, basado en abundante documentación, cree que se trató, más bien, de un movimiento generalizado de rebeldía de los realistas exaltados, sin más coordinación. Según este autor, a impulsos del ambiente marcadamente hostil contra el liberalismo y alentadas por las predicaciones en favor de la defensa del altar y del trono, surgieron por toda España distintas agrupaciones que bajo nombres vanados (Junta Apostólica, Sociedad del Ángel Exterminador, Sociedad del Áncora, Junta Concepcionista, La Estrella, etc.) se convirtieron en centros de persecución de liberales (Alonso Tejada, 1969: 98-101). A expensas de lo que deparen nuevas investigaciones, si lo permiten las fuentes, parece demostrado que existieron grupos de presión que intentaron efectivamente imprimir un giro teocrático a la política tras la “liberación” de Fernando VII.

El discurso o, mejor dicho, el mensaje propagandístico de estos sectores ultras, nutrido del pensamiento reaccionario español y europeo desarrollado desde el siglo pasado y basado en la doctrina de la alianza del altar y el trono, se fundó en dos exigencias: dureza represiva, hasta barrer por completo a liberales y tibios, y vuelta de la Inquisición. Desde mayo abundaron representaciones con estas demandas, primero ante la Regencia y luego ante el rey. Los autores de tales escritos y, en definitiva, los impulsores principales del movimiento fueron clérigos (Alonso Tejada, 1969: 51 y ss.). Sobre el particular no existe duda alguna. Por lo demás, los argumentos empleados respondieron con toda claridad a los intereses del cuerpo eclesiástico, como refleja uno de los escritos dirigidos al rey en diciembre de 1823 por el arzobispo de Valencia y siete obispos más (AGP, T. 22: 238-240).

No resulta tan sencillo seguir documentalmente el rastro del otro gran sector del absolutismo, el llamado “moderado”, quizá porque en las fechas a que ahora nos circunscribimos (1823-1824) resulta forzado buscar en las filas del absolutismo una tendencia de esta naturaleza. Podían ser etiquetados de esta forma quienes se mostraron más o menos dispuestos a ajustarse al proyecto político pretendido por los franceses, es decir, la instauración de un régimen parecido al de Carta Otorgada. En todo caso, debido al ambiente de exaltación no dispusieron de oportunidades para expresarse y, además, Fernando VII siempre mostró un rechazo visceral a cualquier sugerencia sobre la vuelta a un sistema representativo. A diferencia de 1814, ahora el rey ni siquiera deseaba oír hablar del restablecimiento de las antiguas Cortes estamentales. Conscientes de ello, incluso los propios franceses, Angulema en primer lugar, imprimieron un giro bien visible en su proyecto político y si al comienzo de la guerra abundaron en la idea de establecer en España un sistema similar al suyo, en los últimos meses la abandonaron y se limitaron a sugerir templanza, sólo eso, en el trato a los liberales (todo su empeño en esta materia quedó reducido a solicitar un decreto de amnistía). Esta evolución es perfectamente perceptible en la correspondencia cruzada entre Villèle, Chateaubriand y Angulema.

En estos primeros instantes del retorno de Fernando VII como rey absoluto parece, pues, excesivo hablar de opciones moderadas dentro del absolutismo, al menos en el sentido político (otra cosa es lo que ocurre en ciertas actuaciones en materia económica) y, en cualquier caso, habría que excluir todo pacto entre realistas y liberales moderados. Parece, sin embargo, que poco a poco comenzó a delinearse un grupo que tímidamente apoyó las ideas defendidas por los afrancesados durante el Trienio, muy distintas a las del liberalismo revolucionario y próximas al liberalismo doctrinario francés. Gracias a la protección de Juan Miguel Grijalva, hombre de la plena confianza de Fernando VII, a cuyo servicio estaba desde 1811 como secretario de Cámara y Real Estampilla, poco a poco se incorporaron a la política española antiguos afrancesados como Gómez Hermosilla, Miñano y Javier de Burgos. Estos hombres, que habían pasado una temporada en Francia, se mostraron dispuestos ahora a servir con eficacia al absolutismo, sin renunciar por completo al ideario ilustrado reformista que siempre los caracterizó. Por el momento su influencia fue más bien escasa, si no insignificante, por lo que no podemos tomarlos por ahora en consideración. Años después, sin embargo, ocuparán un lugar central en el reformismo administrativo fernandino (López Tabar, 2001: 268 y 280-285; Luis, 2002).

Más que moderantismo, en las filas del absolutismo de este tiempo se detectan intentos de acomodación a los llamamientos a la templanza de las potencias europeas o, a lo sumo, de dulcificación de la postura ultra, sin otro alcance y, por supuesto, sin un plan político definido distinto al absolutismo. Se trataría, en realidad, de un movimiento contrario al maximalismo de los ultras para evitar un choque frontal con Europa (ya vimos que los soberanos que auspiciaron la intervención armada contra el constitucionalismo aconsejaron prudencia al rey) y, principalmente, garantizar la pervivencia en el trono de Fernando VII. Quizá su primera aparición en público fue una representación dirigida por un grupo de grandes de España a Angulema el 27 de mayo de 1823. Con mucha timidez, se alude ahí al deseo de reconciliación de los españoles y a la creación de un sistema que propicie una “honrosa y sabia armonía con las naciones cultas de Europa” que aleje a España “de las intrigas de la arbitrariedad” (Lafuente, 1922: 19, 58). En el lenguaje de la época, “arbi-tra-riedad” evocaba “absolutismo” y pedir un sistema distinto al absolutismo, aun sin objetar en lo más mínimo a Fernando VII, era aspirar a lo imposible.

Las líneas maestras de esta postura están contenidas en un texto anónimo, conservado por Fernando VII entre sus papeles reservados, fechado en Madrid en noviembre de 1823, sin indicación de día ni firma, aunque su autor fue Narciso de Heredia, conde de Ofalia, quien junto al marqués de Casa Irujo pasa por ser el más destacado representante del ala moderada del absolutismo de este tiempo (AGP, T. 24: 181-210; Artola, 1968: 850).

Tras mencionar, en los términos ya conocidos, los dos “partidos” (los del “rigor y severidad”, contrarios a toda innovación, y los de “indulgencia y blandura”, partidarios de cambios) Ofalia insta a Fernando VII a prescindir de uno y otro y actuar como “Rey, Padre y Soberano” para “restablecer la calma después de la borrasca pasada, reprimir la anarquía, consolidar la autoridad Real”, pero sin admitir innovaciones, “aun las más plausibles y especiosas”. El objetivo fundamental queda, pues, meridianamente claro: se trata de consolidar al rey absoluto, sin más concesiones políticas. Puede dar la impresión de que apunta a la vía moderada cuando a continuación aconseja “crear un Gobierno o Administración vigorosa y enérgica, pero paternal o ilustrada, compuesta de hombres instruidos… que conozcan la índole y necesidades del Pueblo Español en ambos mundos, como también el espíritu del siglo en que vivimos”. Sin embargo, el autor no desarrolla este punto, por lo que sólo caben conjeturas sobre sus intenciones, si bien se despejan en par te a lo largo del escrito.

A la hora de definir ese sistema enérgico e ilustrado, se pregunta: “¿Y será absoluto o en alguna manera representativo el sistema de Gobierno?” Antes de responder, incluye una nota muy ilustrativa: “En este párrafo se lleva solo el objeto de que V. M. tenga armas con que rebatir del todo, o por lo menos retardar indefinidamente el prestarse a las sugestiones que sobre esta materia pueda hacerle cualesquiera potencia extranjera. A no ser por esta circunstancia se hubiera omitido como inconducente”. Las cosas quedan claras: no convenía hablar de sistema representativo (se debe “retardar indefinidamente”) y si se hacía era sólo por motivos operativos, para contrarrestar la presiones extranjeras. Podríamos expresarlo de otra forma: la “moderación” no tiene cabida en el ámbito español y es únicamente una sugerencia exterior difícil de asumir, que ha de rebatirse. En consecuencia, la respuesta a la pregunta anterior no ofrece dudas: el sistema a implantar es un “Gobierno paternal, que impropia mente se ha querido llamar absoluto”. Y Ofalia especifica: se trata de volver al régimen anterior a las turbulencias de 1820. Es decir, a una monarquía sin expectativas de Cortes. El autor alude, no obstante, a la posibilidad de establecer en el futuro alguna forma de representación, pero por el momento esta vía la descarta por completo.

Con todo, para superar los problemas que dieron lugar a la revolución de 1820, Ofalia sugiere introducir cambios. Menciona los siguientes: restablecer el orden, crear un ejército permanente, reorganizar el sistema de hacienda, impulsar la agricultura y las comunicaciones y pacificar América. También esto podría interpretarse como una especie de programa reformista, pero no es así, pues no pasa de ser una enumeración de los temas capitales del momento, sin que una vez más se adivine la dirección exacta en que debiera orientarse su tratamiento. En definitiva, no hay propuestas, pues todos, desde los ultras a los liberales, hablaban entonces de esos temas. Sin embargo, tres puntos del texto que nos ocupa merecen comentario, pues delatan el alejamiento del autor del absolutismo extremo.

Uno es la lumia ele referirse al extinto régimen constitucional. En lugar de rechazarlo sin más, como si no hubiese existido, al estilo de los ultras, Ofalia defiende que debe ser entendido “como Gobierno de hecho, o si se quiere como una detentación de la Autoridad Soberana” y, por tanto, sugiere sean tenidos en cuenta sus actos para poner a salvo los derechos de terceros. Sin duda esto era un avance notable, tal vez determinado por las presiones de los países extranjeros y, en concreto, por la actuación de Luis XVIII en 1814, cuando aceptó las deudas e incluso los títulos nobiliarios de la época napoleónica. A la presión foránea responde, asimismo, la alusión directa a la amnistía, segundo punto a resaltar. Ofalia se muestra partidario de ella, pero con excesivas precauciones. Su propuesta la presenta en los siguientes términos: “Examinar el proyecto de la amnistía que V. M. se halle inclinado a conceder…con el objeto de terminar la revolución, indicando las excepciones o limitaciones que pueda haber en ella”. Poco cabe deducir del alcance práctico de la amnistía según esto (luego se verá hasta dónde fue capaz de llegar Ofalia), pero al menos reconoce su conveniencia, cosa negada por completo por los ultras y por el propio Fernando VII. El tercer atisbo de reformismo es la sugerencia de crear “Juntas o reuniones de ministros… formando una especie de Consejo de Gabinete”.

Fernando VII no hizo oídos sordos a los consejos de Ofalia y en concreto los siguió en sus aspectos más novedosos o, por mejor decir, en lo que marcaba distancias con los ultras: reconoció los actos del régimen constitucional en lo referente a otros países, dio un decreto de amnistía y creó el Consejo de Ministros. Más adelante veremos cómo se materializó todo ello y cuál fue su alcance. Por ahora interesa subrayar tres notas acerca de este texto: surgió en el entorno del rey (¿por encargo suyo?), constata la existencia de tensiones en el seno del absolutismo y confirma cierta capacidad de reacción por parte de Fernando VII al asumir algunas de sus propuestas.

¿Cómo explicar esto último? Tal vez por las presiones europeas, pero también porque el monarca pretendió elaborar su propio plan. Fernando VII, nunca seguro del apoyo de su pueblo, estimó que la única forma de consolidarse en el trono como rey absoluto consistía en mantener un equilibrio entre las exigencias de sus partidarios naturales (los realistas de años antes, ahora absolutistas extremos) y las de los aliados europeos que le habían librado de las ataduras de la Constitución. Para conseguir este equilibrio recurrió a un grupo de fieles a su persona, distantes en apariencia de unos y otros, pero asimismo, y en grado sumo, de los liberales. Estos individuos no pueden ser calificados con propiedad de moderados. Su denominación más adecuada sería la de “fernandinos”, como mantienen varios historiadores.

Los fernandinos ocuparon los ministerios (así se explica la hegemonía de los “moderados” en los gobiernos de estos años), las embajadas y otros altos cargos. Su misión consistía en desarrollar una política que no pusiera en peligro la continuidad de Fernando VII como monarca absoluto y, por tanto, debían estar dispuestos a realizar las necesarias concesiones para satisfacer, al menos formalmente, tanto las exigencias del absolutismo extremo, como las presiones de los aliados europeos. En definitiva, se trató de llevar a cabo una política oportunista o de circunstancias (Aróstegui, 1976: 177-181; Fuentes, 1986: 67), que no debe ser confundida con algo similar al centrismo político de nuestros días, pues ni renunció al absolutismo, ni contempló en lo más mínimo los planteamientos liberales.

No se puede negar habilidad a Fernando VII a la hora de disponer el procedimiento para desarrollar su plan. Consistió en reducir las competencias de los Consejos heredados del Antiguo Régimen, incluido el de Estado, y concentrar el de por sí importante poder ejecutivo de los diferentes ministerios en una única institución: el Consejo de Ministros. De esta forma, “dio origen a una fuerza política que, por razón de su dependencia directa del monarca …no tendría más limitaciones que la voluntad del rey” (Artola, 1978: 262). Bastaba, pues, controlar el Consejo de Ministros para dominar la orientación política de la monarquía.

La suerte de los liberales

La moderación imposible

UNA vez instalado como rey absoluto, Fernando VII no fue dueño por completo de la situación y tuvo que atender indicaciones de distinta procedencia que le forzaron a realizar ciertas concesiones. Entre las más llamativas se cuenta la incorporación al gobierno, por presión de Francia y Rusia, de hombres considerados moderados, hecho que ha dado pie a algunos estudiosos a atisbar en este tiempo determinados intentos reformistas.

Los ministros reputados moderados o, al menos, alejados del extremismo absolutista, fueron mayoría en los gobiernos formados a la caída del régimen constitucional. Más aún, en el primero de ellos, constituido el 2 de diciembre de 1823, ocuparon los cinco ministerios: el marqués de Casa Irujo el de Estado, Narciso Heredia (conde de Ofalia) el Ministerio de Gracia y Justicia, Luis María Salazar el de Marina, José de la Cruz el de Guerra y Luis López Ballesteros el de Hacienda. De ellos, únicamente el anodino Salazar, poco influyente en política y siempre acomodaticio, había pertenecido al ejecutivo de la Regencia. Eran, pues, hombres nuevos, de quienes se esperaba sensatez, pues al menos ninguno era furibundo absolutista. El tiempo demostraría la valía y capacidad como administrador de alguno de ellos, como Luis López Ballesteros (sin parentesco con el general Ballesteros, que llevaba sus mismos apellidos). Cabría admitir, incluso, que los nuevos ministros se encontraban entre las personas más adecuadas del momento, habida cuenta del desmantelamiento humano producido por la represión y el exilio de los liberales.

Puede dar la impresión de que el rey de España seguía los consejos de sus homólogos europeos, pues en las remodelaciones gubernamentales subsiguientes, efectuadas el 18 de enero y el 11 de julio de 1824, continuó el predominio de los moderados. Salazar y López Ballesteros no dejaron sus ministerios hasta 1832. Ofalia, que ponto reemplazó a Casa Irujo en Estado por fallecimiento de éste, se mantuvo en el gobierno hasta julio de 1824, cuando fue sustituido por Cea Bermúdez, asimismo considerado del sector moderado. José de la Cruz desempeñó la cartera de Guerra hasta agosto de ese año. Sólo dos ministros de esta época inicial no pueden ser considerados moderados: Francisco Tadeo Calomarde, nombrado de Gracia y Justicia en enero de 1824, y José Aymerich, que sucedió a Cruz en Guerra en agosto de ese año y pasó fugazmente por el gobierno, porque a nadie se le ocultó su torpeza incluso para practicar la represión.

Ahora bien, la capacidad de acción de los ministros “moderados”, aun en el supuesto de que en este tiempo los reconociéramos como tales (lo cual no es fácil, a juzgar por lo visto en el capítulo anterior), fue realmente escasa, de modo que el gobierno resultó poco influyente en la orientación política de la monarquía. La dirección estuvo en manos del rey, quien en su línea habitual la ejerció a través de personas de su confianza y las principales fueron ahora Antonio Ugarte y Calomarde. Para cumplir sus objetivos, al rey le sobró el gobierno y le bastó con colocar a estos dos hombres en puestos clave: a Ugarte en la secretaría del Consejo de Ministros y a Calomarde en el ministerio encargado de elaborar las medidas represivas y de controlar a los organismos destinados a aplicarlas.

No sabemos qué hizo Ugarte entre marzo y noviembre de 1823, aunque cabe suponer que muy poco en materia política, debido, quizá, a su escaso entendimiento con la Regencia y a la hostilidad de Angulema hacia su persona. Como se ha dicho, el 17 de marzo, antes del viaje a Sevilla, el rey había dejado a Ugarte como una especie de supremo delegado suyo en la capital durante su ausencia. La Regencia, sin embargo, no tuvo en cuenta esta recomendación, extremo que Fernando VII recriminó al duque del Infantado. Cuando se encontró con él en El Puerto de Santa María al salir de su “cautiverio” de Cádiz, le espetó: “Todo lo habéis errado, porque no habéis contado para nada con Ugarte” (Presas, 1827: 155). A juzgar por el proceder del monarca y del propio Ugarte, la frase parece auténtica y como tal la toman varios historiadores. Por lo demás, Ugarte siempre mostró especial animadversión hacia Sáez, actitud poco comprensible si no fuera por su distanciamiento personal. No es asunto secundario tener en cuenta que Ugarte no firmó el manifiesto a la Regencia presentado por los ultras en septiembre, del que se ha dado cuenta.

Una vez Fernando VII en Madrid, Ugarte recuperó el poder de otro tiempo. El rey hizo de él su instrumento para controlar a los sectores más fanáticos, con el fin de evitar una reacción improcedente tras la salida de Sáez del gobierno, para mantener activo el contacto con la embajada rusa -relación utilizada por Fernando VII en algunas ocasiones como contrapeso ante las presiones francesas- y, sobre todo, para vigilar a los ministros. Esta última función resultó crucial y la ejerció Ugarte desde el puesto de secretario del Consejo de Ministros, organismo instituido el 19 de noviembre de 1823.

La creación del Consejo de Ministros (institución que tiene sus orígenes en la época de Carlos III) ha sido considerada una muestra del espíritu reformista en materia institucional de Fernando VII al iniciar su segunda etapa como rey absoluto. La letra del decreto fundador avala esta interpretación. Establece que los ministros traten en común los principales asuntos, para presentar mejor al rey las necesidades de sus súbditos y comprometerse recíprocamente en la ejecución de “los remedios adecuados al restablecimiento del orden en todos los ramos del Gobierno”. Visto así, el Consejo de Ministros era un notable paso adelante en la racionalización de la administración y un instrumento potencial para emprender reformas. Pronto se vio, sin embargo, que se orientó en otra dirección.

En febrero de 1824 el rey nombró a Ugarte secretario de este Consejo, aunque al parecer venía ejerciendo este cometido desde la creación del organismo. Su misión oficial consistía en llevar el libro de acuerdos, pero, como cabía esperar, oficiosamente resultó mucho más amplia. Se encargó de transmitir a los ministros los deseos del monarca, de informar a éste de las veleidades de aquellos y, ante todo, de enfrentarlos unos a otros para frenar sus posibles tentaciones reformistas. Tales tentaciones no debieron de ser numerosas, dado que desde el nacimiento del Consejo, Fernando VII transmitió a su gobierno -probablemente a través de Ugarte- unas “Bases sobre los que ha de caminar indispensablemente el nuevo Consejo de Ministros”. Reparemos en el adverbio “indispensablemente”. No se trata de recomendaciones, sino de órdenes terminantes y claras. El rey exige al Consejo “plantear una buena política en todo el reino”, la disolución del ejército y formación de otro nuevo, no instaurar “nada que tenga relación con cámaras ni con ningún género de representación”, “limpiar todas las secretarías de despacho, tribunales y demás oficinas…de todos los que han sido adictos al sistema constitucional, protegiendo decididamente a los realistas”, destruir las sociedades secretas “y toda especie de secta” y no reconocer los empréstitos constitucionales (cit. por Fontana, 1979: 171).

Si no interpretamos mal la voluntad del monarca, se trata, en definitiva, de convertir al Consejo de Ministros en una institución más destinada a la represión. No cabe, por tanto, ni reformismo ni templanza hacia los derrotados y si acaso alguien -por ejemplo, uno de los ministros reputados moderados- cayera en esta tentación, ahí estaba Ugarte para impedirlo.

Las notas confidenciales cruzadas entre Fernando VII y Ugarte desde octubre de 1823 hasta finales del año siguiente, publicadas por Ortiz de la Torre (1934: 219-245), demuestran cómo controlaron ambos el poder en este primer período de la segunda etapa constitucional. Esas notas expresan mejor que los acuerdos del Consejo de Ministros y que los decretos del gobierno el auténtico carácter de la política española en este momento. Su finalidad era clara: garantizar el poder absoluto de Fernando VII, sin concesión de ningún tipo. Los procedimientos eran variables, siempre encaminados a reprimir con dureza todo lo relacionado con el constitucionalismo. Unas veces se daba la impresión de atender las sugerencias francesas (decreto de amnistía, debate en el Consejo de Ministros sobre la posibilidad de conceder perdón a los antiguos afrancesados, conversaciones para el reconocimiento de las deudas contraídas por los gobiernos constitucionales, acuerdos sobre la permanencia del ejército de ocupación…), otras se amagaba con estrechar el acercamiento a Rusia (Ugarte escenificó a la perfección esta amenaza) o se atendían las voces de los ultras y de la jerarquía eclesiástica para dejar sin efecto las aparentes medidas de tolerancia. El sistema no difirió mucho del ya experimentado por Fernando VII y Ugarte durante el Trienio: comunicaciones confidenciales entre ambos, órdenes terminantes del rey que Ugarte ejecutaba sin reparar en los medios, desconfianza hacia todos, en particular hacia los ministros, y, siempre, mantenimiento de las apariencias.

El ámbito bajo la competencia de Ugarte sobrepasó con mucho la secretaría del Consejo de Ministros. Él fue quien mantuvo las conversaciones con Pozzo di Borgo y con las autoridades francesas para introducir en el gobierno precisamente a los citados ministros tildados de moderados, aunque también por sugerencia suya entró después Calomarde (Villa-Urrutia, 1931: 91; Arias Teijeiro, 1966:1, 10). En materia de nombramientos, Ugarte siempre estaba en el centro de las decisiones, atento a las distintas instancias, en búsqueda de ese equilibrio imposible perseguido en este tiempo por Fernando VII entre la templanza aconsejada por los franceses y la dureza exigida por los ultras. Da la impresión, cuando se trata de nombramientos de ministros, de que el rey se siente desorientado sin la asistencia de Ugarte. Así, cuando en 1824 interpretó que el conde de Ofalia y otros componentes del gobierno parecían inclinados a presentar la dimisión, porque no contaban con la confianza real, escribió a Ugarte: “En ese caso dime lo que se ha de hacer”.

Por expreso deseo de Fernando VII, Ugarte entendía en casi todo. Si se producían desavenencias entre acreditados absolutistas, el rey ordenaba intervenir a Ugarte con frases del estilo siguiente: “Procura tú componer todo esto”. Si la gestión de algún servidor del Estado provoca quejas, el rey consulta a Ugarte sobre la conveniencia de su destitución y si el monarca tiene sospechas de alguno, le advierte: “Cuidado con la multitud de oficiales que hay en Granada, entre ellos nueve Generales; sería bueno separarlos”. Cuando un reconocido absolutista ha actuado de forma inconveniente, con toda confianza y en el tono vulgar tan característico suyo, el rey encomienda el correctivo oportuno. Por ejemplo, no gustó al monarca un memorial del general Acuña y ordenó a Ugarte: “Quiero que le des la felpa que te he dicho” (la expresión lo mismo significa una zurra de palos, que una reconvención verbal, aunque en la época era más usual darle el primer significado).

Ugarte también servía para tratar con los representantes extranjeros, en particular con los de Rusia. En julio de 1824, al presentar sus cartas credenciales el nuevo embajador del zar, Ouvril, el rey le sugirió que despachara con Ugarte. El rey informó a Ugarte de su entrevista con el ruso -celebrada en Sacedón (Guadalajara), en cuyo balneario pasaba el monarca una temporada- y le añade: “Me preguntó si quería que después de haber hablado contigo volviese aquí, o esperaba a mi vuelta. Le respondí que a no ser cosa urgente, esperase en Madrid a mi vuelta”. Bastaba Ugarte para resolver lo que fuera menester, aun tratándose de temas “a cual más delicados y más difíciles”, como consideró el rey los planteados por Ouvril.

La confianza real en Ugarte es completa y se extiende a las cuestiones más escabrosas. Ante las primeras noticias de la rebelión de Capapé (El Royo en su época de guerrillero), le pide el monarca que averigüe personalmente el asunto. A propósito de otro guerrillero, Manuel Adame El Locho, envuelto al parecer en algunas dificultades, le ordena: “Quiero que no se metan con él, al no haber pruebas positivas o que nuevamente dé motivos para ello”. Si se trata de liberales, exige la máxima dureza: “Ya es tiempo de coger a Ballesteros y despachar al otro mundo a Chaleco y al Empecinado. Respóndeme a todo esto”. Con esta insuperable crueldad se dirigía el rey a Ugarte el 23 de mayo de 1824 en una de sus notas confidenciales, y como éste le expusiera ciertas dificultades legales presentadas por los ministros, el monarca le lanzó el siguiente ultimátum: “Quiero y mando que inmediatamente se ejecuten las prisiones, sin pretexto ni excusa alguna, aunque se arda todo el mundo y aunque rabien los ministros, que bien lo merecen”.

La frase expone a la perfección la forma de dirigir en este momento la monarquía. Al rey no le importa contrariar a sus ministros (que rabien, “que bien lo merecen”), pues los desprecia. Y aún va más lejos: “Me parece -escribe a Ugarte el 13 de mayo de 1824- que los Ministros actuales quieren imitar a los Constitucionales en no dar cuenta más que de lo que les acomoda. Ya se sabe, en habiendo algo a favor de los Realistas procuran dilatarlo”. La arremetida no es liviana. De ahí a la descalificación total media muy corta distancia. Simplemente, el rey no confía en su gobierno, sino en Ugarte, y se irrita cuando detecta cierto relajamiento en las relaciones de los ministros con él. El 6 de junio del mismo año, le escribe: “Veo que los ministros ya no cuentan contigo para nada y que te dicen que no han recibido ninguna carta del Sitio [Aranjuez, donde estaba el rey en ese momento]. Esto es menester remediarlo”.

El asunto es muy relevante. Si los ministros no mantenían estrecha relación con Ugarte, se malograba el sistema utilizado por Fernando VII para transmitir su auténtica voluntad que, evidentemente, no coincidía en todos los casos con lo que se daba a entender al público. Debido a la complejidad de su función, el rey no podía actuar siempre a las claras. Estaba obligado a mantener determinadas formalidades, al menos aparentar el cumplimiento de las leyes y mostrarse ante las potencias europeas como el padre benigno de su pueblo. Pero Fernando VII no estaba dispuesto ni a perdonar, ni a transigir con los que calificaba de “malos” y para imponer su voluntad se valía de Ugarte (en distintas ocasiones, también de Calomarde). Tal era la finalidad de las “cartas del Sitio” a que alude el rey en la nota antes citada. Una de ellas, firmada por él con su inicial “F” y fechada en Aranjuez el 3 de junio (esto es, tres días antes de la nota anterior) iba dirigida al ministro de Estado Narciso Heredia, conde de Ofalia. Se ha conservado entre los papeles de Ugarte y con toda probabilidad se trata de una de ésas que a tenor de la queja del rey decían los ministros no haber recibido. La reproduzco en su integridad, con puntuación actual, porque refleja perfectamente cuanto se viene diciendo sobre el método de gobierno de Fernando VII:

Heredia: te mando que comuniques inmediatamente a todos los secretarios del Despacho [los ministros] las reglas siguientes, que quiero que obedezcan ciegamente, pues de lo contrario incurrirán en mi desagrado:

1. ° No se propondrá por ninguna de las cinco Secretarías del Despacho [los ministerios] para obtener ningún empleo, cargo o comisión de cualquier clase que sea a ningún Liberal ni Afrancesado y en especial a los Milicianos Locales, a menos que yo tenga a bien nombrar alguno por servicios particulares que me hayan prestado y a mí me consten.

2. ° No se dará sueldo a ninguno de éstos hasta que haya obtenido su purificación.

3. ° De los Milicianos Locales, sólo entrarán y habitarán en Madrid y Sitios Reales los comerciantes y artesanos que tenían vecindad, pero observándolos mucho su conducta, y por supuestos los comprendidos en el perdón.

Estas reglas se observarán como medidas gubernativas y que no se oponen al perdón que tengo concedido. Todo con la mayor reserva, haciendo responsable a los Secretarios del Despacho si se faltan a ella, dando para su cumplimiento las órdenes correspondientes.

Así mismo mando que los Secretarios del Despacho cumplan con la orden que les he dado dos veces por Calomarde y una por Ugarte de que cuando propongan cualquier empleo pongan la cláusula de si es o no adicto a mi persona. Tres veces lo he mandado y todavía no se ha cumplido. Parece que no quieren obedecer (Ortiz de la Torre, 1934: 227).

Al rey no le importa lo estipulado en el decreto de amnistía publicado sólo un mes antes, ni otras disposiciones sobre empleados públicos, ya de por sí draconianas, como se verá más adelante. Por la vía confidencial de ligarte y Calomarde transmite órdenes más severas y exige su cumplimiento “con la mayor reserva” y con amenazas (el ministro que no se atenga a lo dicho “incurrirá en mi desagrado”, lo cual se puede interpretar de cualquier forma, pero sin duda los aludidos lo debieron hacer en el peor sentido respecto a su suerte personal). Todo transcurre en secreto, bajo la intimidación. Y para mantener oculta la fuente de las decisiones, Fernando VII exige discreción a su vez a Ugarte. Unos días después de escribir la nota citada, el 11 de junio, ante el anuncio de Ugarte de viajar a Aranjuez con su familia con motivo de la fiesta del Corpus, el rey le prohíbe acudir a una procesión a la que irá la familia real, “pues ya pareció mal el que Ustedes asistiesen en Toledo al Coro y Procesión”. Poco antes, en torpe prosa, el monarca se había lamentado de ciertas indiscreciones de Ugarte en estos términos: “¡Ah! Si tú te hubieses estado metidito en tu casa sin venir a palacio, ni mezclarte en nada a las charcas, se hubieran dado unos palos terribles sin saberse de dónde venían, la cosa se hubiera enderezado, estaríamos mejor que estamos, pues esto se va a desplomar, y no hablarían de ti tantas pestes, cosa que es hacerte una solemne injuria”.

Las cosas no pueden quedar más claras. Ugarte es el encargado de que se den esos “palos terribles” sin que se sepa de dónde proceden y si Femando VII los calificaba de “terribles”, cabe preguntarse a qué se refería, cuando abundan los datos sobre la extrema crueldad de la represión en este tiempo.

No corresponde tratar ahora de la suerte de Ugarte, pero consignemos que no tardó en caer en desgracia. El fiel ejecutor de la voluntad del rey fue a su vez víctima del déspota. Quizá por su indiscreción, quizá por haber alcanzado excesivo poder, Fernando VII pronto lo alejó de la corte, mandándolo como embajador a Turín. Sin embargo, la sombra de Ugarte no acabó de desaparecer y en años sucesivos se rumoreó no pocas veces sobre su posible vuelta, lo cual causaba desasosiego entre los absolutistas, como confirma en su diario Arias Teijeiro, uno de ellos.

El Estado represor

EL ministro Calomarde fue el complemento de Ugarte. Ambos marcharon al unísono, si bien el último ejerció una especie de preeminencia o control, “como que Calomarde enviaba a consultarle y enseñarle todos los expedientes” (Arias Teijeiro, 1966: 11). La compenetración entre los dos principales ejecutores de la voluntad real imprimió a la política de este tiempo una notable coherencia en cuanto al objetivo a cumplir (la implantación del Estado absoluto) y los medios a emplear. Todo consistió en la represión, la vigilancia policial y la depuración de la administración en todas sus clases y categorías, mediante una actuación basada en una confusa legislación y la pluralidad de órganos represivos, por una parte, y el fomento de las delaciones, el secreto de las acusaciones y la indefensión del acusado, por otra (Luis, 2002: 96).

En lo relativo a la legislación se siguió la pauta marcada por la Regencia. Casi todas las medidas represivas dictadas por este organismo entre mayo y septiembre de 1823 fueron reiteradas o renovadas a partir de octubre de ese año. A lo largo de 1824 Calomarde las enriqueció con algunas más, de modo que cabe decir que no hubo acto, pensamiento, manifestación o signo relacionados con el constitucionalismo que no fuera considerado como causa de condena, a veces con la pena máxima. Además, como se ha visto en páginas anteriores, cuando el rey estimó poco terminantes ciertas disposiciones, a través de Ugarte y Calomarde dio instrucciones reservadas precisas para disipar cualquier duda a la hora de aplicarlas.

Los órganos represivos fueron tan abundantes y profusos como la legislación y se caracterizaron por el solapamiento de sus funciones, lo cual contribuyó a universalizar la persecución, pues lo que escapaba a un tribunal, era recogido por otro. Además de las Juntas de Purificaciones, de que ya se ha dado cuenta, cabe destacar por su significado y actividad la Superintendencia General de Policía, la Junta Reservada de Estado, las Comisiones Militares, las Juntas de Fe y los siempre activos Voluntarios Realistas.

El 13 de Enero de 1824 se creó la Superintendencia de Policía, continuación perfeccionada de la Superintendencia de Vigilancia de la Regencia. Su cometido, según la Real Cédula de su fundación, consistía en “reprimir el espíritu de sedición, extirpar los elementos de discordia y desobstruir todos los manantiales de la prosperidad”, para lo cual se le dotó de competencias muy amplias, entre otras, la elaboración del padrón de habitantes y el control de la población transeúnte de todo tipo, la persecución de ladrones y sociedades secretas (la enumeración consecutiva de las dos categorías establecía de hecho una equiparación que no deja de ser significativa), el mantenimiento del orden en toda clase de manifestaciones públicas, desde fiestas a mercados, la vigilancia de la introducción y circulación de libros, el cuidado de la salubridad pública, la creación de presidios y, por supuesto, la ayuda a los jueces y demás autoridades (Peset, 1967: 460-461). Su estructura centralizada (el superintendente de Madrid era auxiliado por intendentes en las capitales de provincia y delegados en las cabezas de partido) le permitió actuar en toda la monarquía y crear una red de vigilancia que se completó con el conjunto de informadores y agentes dobles, habituales en la práctica de todas las policías secretas (Luis, 2002: 96).

En octubre de 1824, el superintendente general de policía dio una vuelta de tuerca más al sistema de control y ordenó a sus subordinados la elaboración de listas de hombres y mujeres sospechosos de ser partidarios del sistema constitucional, miembros de la Milicia Nacional, liberales exaltados o moderados, masones, comuneros, compradores de bienes nacionales y sacerdotes secularizados (Luis, 2002: 96-97). Idéntica función venía ejerciendo la Junta Reservada de Estado creada por la Regencia en noviembre de 1823, compuesta por ocho miembros, de los cuales seis eran eclesiásticos En abril de 1824 el Ministerio de Gracia y Justicia, del que dependía esta Junta igual que la organización de la policía, le dio nuevo impulso (Luis, 2002: 96-97). No muy diferentes resultaron los objetivos de las Comisiones Militares, instituidas el 13 de enero de 1824 y presididas por el famoso Chaperón.

Las Comisiones Militares, “tal vez la creación más imponente y represiva” (Peset, 1967: 461), se ocupaban de todo tipo de personas -no sólo de los militares, como puede dar a entender su denominación-, que desde el primero de octubre de 1823 “se hayan declarado y los que en lo sucesivo se declaren con armas o con hechos de cualquier clase enemigos de los legítimos derechos del trono o partidarios de la constitución publicada en Cádiz.” Todo, pues, quedaba comprendido (“hechos de cualquier clase”), pero más quizá que su ámbito de competencias, ha llamado la atención de los especialistas la crueldad de sus procedimientos y las numerosas ejecuciones ordenadas, aunque algún historiador ha pretendido rebajarlas. Los tribunales estaban formados por militares, asesorados por civiles, que procedían de forma sumaria, sin tener en cuenta los derechos de quienes estuvieran acogidos a fuero especial; en caso de alegaciones decidía como última instancia el Consejo Supremo de Guerra.

Salvo matices de importancia secundaria, los organismos mencionados en realidad abarcaban, como cabe constatar, el mismo campo. Hubiera sido suficiente que alguien fuera acusado, simplemente, de tibieza ante el nuevo sistema o de heterodoxia religiosa para ser objeto de persecución por cualquiera de ellos. Bastaba uno para cubrir el objetivo represor, pero los tiempos eran propicios para la sobreabundancia en esta materia, tal vez porque no se restableció la Inquisición, único tribunal que, al parecer, hubiera colmado en este momento las inquietudes de los absolutistas. Ya se ha visto que desde el instante mismo en que puso pie en España el ejército de Angulema se pidió a voces el restablecimiento de la Inquisición. La obstinación de Francia y la pésima imagen en Europa del llamado Santo Tribunal convencieron a Fernando VII de la improcedencia de atender esta demanda y a pesar de incesantes representaciones de obispos y clérigos, gritos y algaradas populares y de las maniobras de las sociedades apostólicas, la Inquisición no fue restaurada. Los absolutistas quedaron como desasistidos: “Se encontraron completamente desorientados y se dieron a proclamar que, sin ella, la religión estaba perdida y que la misma monarquía española no subsistiría” (Alonso Tejada, 1969: 145).

El problema lo resolvió la iniciativa particular. En el verano de 1824, el canónigo Despujols, gobernador de la archidiócesis de Valencia, entonces sede vacante por fallecimiento del arzobispo Arias Teixeiro, instituyó la que sería primera Junta de Fe. Sus procedimientos y su finalidad, velar por la pureza de la religión y controlar las opiniones, recordaban con toda claridad a la Inquisición. La Junta establecía los delitos y el castigo correspondiente, incluyendo la confiscación de bienes, y podía solicitar el auxilio de la autoridad civil para detener y encarcelar a los reos, así como para ejecutar su castigo. De esta forma había actuado la Inquisición, de modo que la decisión de Despujols la restablecía de hecho, aunque en los límites de una diócesis. Con habilidad y para evitar el conflicto con el gobierno, que como se acaba de decir no podía dar luz verde a un institución de esta naturaleza por la oposición exterior, Despujols evitó toda publicidad, pero procuró que la Junta no estuviera inactiva. Al año siguiente, el nuevo arzobispo de Valencia, Simón López, sancionó la iniciativa del canónigo y la Junta de Valencia prosiguió su actividad, hasta hacerse celebérrima a causa de la ejecución en 1826 del maestro Cayetano Ripoll, considerado la última víctima inquisitorial en España.

En otras diócesis (Tarragona, Orihuela, Zamora} se siguió el ejemplo de Valencia y se constituyeron Juntas de Fe con variada fortuna, entre otros motivos porque sus prelados cometieron la indiscreción de hacer pública su formación y recibieron la desaprobación del gobierno. Despujols, por el contrario, había sido cauto, pero si actuó a sus anchas fue porque contó con la connivencia de las autoridades civiles y militares de Valencia, siempre dispuestas a colaborar con él en la detención y castigo de los reos, y, lo que resultó determinante, con la del propio Calomarde, quien si bien no pudo aprobar explícitamente la Junta de Valencia, sin duda lo hizo de forma tácita. Despujols contó asimismo con el visto bueno del nuncio del Papa en España, monseñor Giustiniani, a quien consultó el proyecto antes de ponerlo en práctica (Alonso Tejada, 1969: 147).

Las Juntas de Fe y otros tribunales eclesiásticos de factura diversa instituidos por los obispos para velar por la pureza de la religión contribuyeron de manera eficaz a la persecución del clero constitucional e incrementaron, a su vez, la gama de instituciones represoras del Estado, pues de acuerdo con la doctrina de la alianza del trono y el altar, los límites entre los delitos políticos y los religiosos eran muy difusos.

Del carácter represivo del Estado no había duda alguna y nada inducía a pensar que la orientación política se alejara del más puro absolutismo y aún así persistía el descontento entre los absolutistas más fanáticos, incluidos algunos miembros de la familia real, lo cual fue para Fernando VII uno de los principales quebraderos de cabeza.

En mayo de 1824, Capapé fue detenido por sospechoso de preparar un levantamiento en connivencia con otros ultras, entre ellos el general Grimarest. Entre sus papeles, se hallaron unas cartas del infante don Carlos en las que, al parecer, aprobaba las intenciones de los conjurados (en concreto, el endurecimiento del trato a los liberales y el restablecimiento de la Inquisición). No fue éste el único movimiento ultra durante ese año. La policía y los jefes del ejército ofrecieron abundante información sobre la preparación por todo el país de conspiraciones con propuestas similares a las de Capapé. Los implicados eran clérigos y militares realistas y los centros de reunión conventos, iglesias o las casas de eclesiásticos notorios, como la del mencionado Despujols, en Valencia, y la del también canónigo Ostolaza en Murcia (Alonso Tejada, 1969: 116-123). De nuevo afloraron al primer plano las sociedades secretas. Se habló del Ángel Exterminador, la Concepción, El Áncora. El movimiento alcanzó tal envergadura que los ministros Ofalia y José de la Cruz propusieron en la sesión del Consejo de Ministros del 28 de junio “tomar en consideración el expediente que existe sobre el estado de las Junta realistas, llamadas del Áncora y otras de esa clase”, porque “amenazaban a la tranquilidad pública y al gobierno por su exceso de realismo y que podrían causar males de mucha trascendencia” (Actas del Consejo de Ministros, 1989:1, 31).

El Consejo acordó abordar el asunto en su próxima reunión, pero no lo hizo o, al menos, no consta en las actas que lo tratara alguna vez. Tampoco sufrieron graves molestias los comprometidos en las conspiraciones ultras denunciadas, a pesar de que eran bien conocidos y comprometían seriamente al gobierno. Y a todo esto no cesaron de ensayarse nuevas operaciones del mismo signo. Una de las más notorias fue la difusión en toda España del folleto titulado: Españoles: Unión y Alerta. En él se atribuían oscuras maniobras a la masonería encaminadas a incitar a los ministros y funcionarios moderados a perseguir a “la parte más sana de la población” y para poner freno a tales intentos se hablaba de la preparación de juntas, “con conocimiento del infante don Carlos” (Fuentes, 1983). En el papel nada tuvieron que ver la masonería ni los liberales. Todo fue una operación de los ultras para forzar a Fernando VII a contar únicamente con ellos, pero ni sus autores fueron castigados, ni se hizo mucho por parar la operación conspirativa general.

Sólo se explica esta situación por la voluntad real. Fernando VII sabía que su hermano Carlos no alentaba rebelión alguna, más bien todo lo contrario, pero el simple hecho de que se invocara su nombre bastaba para ocultar cualquier operación. Fernando tenía constancia fehaciente de la inclinación hacia los ultras de don Carlos, así como de su hermana Carlota Joaquina, reina de Portugal. Esta última no se anduvo con tapujos al respecto en cartas enviadas al rey desde finales de 1823 hasta mayo del año siguiente (Fuentes, 1986). La presión, pues, por parte de los dos miembros más significativos de la familia real era notable. Carlos y Carlota Joaquina pretendían conducir a Fernando al “integrismo absolutista”, mientras éste intentaba consolidar -apunta Fuentes- esa especie de absolutismo “moderado”, o más bien de circunstancias del que hemos hablado, útil para bandear las presiones exteriores. El rey no desaprobaba por completo en su fuero interno los movimientos ultras, que no le venían mal para contrarrestar las hipotéticas desviaciones de los que llamaban a la moderación, pero no podía permitirse el lujo de dejarles actuar a sus anchas y menos aún ofrecer facilidades a quienes comenzaban a insinuar, aunque sólo fueran rumores, la posibilidad de colocar en el trono a su hermano.

Don Carlos gozaba en estos primeros meses de la segunda etapa absolutista de general buena fama, no sólo entre los ultra$. Se le veía -así lo muestra un informe dirigido al gobierno francés, que pretendía exponer la opinión dominante en España- como un príncipe paciente, resignado, sobrio, sumamente austero en sus costumbres, de espíritu muy vigoroso, capaz de emprender proyectos atrevidos y de ejecutarlos con la necesaria perseverancia para alcanzar el éxito. Se* le atribuía coraje y disposición permanente para combatir contra la adversidad. Para ilustrar este aserto se solía mencionar su intención de colocarse en 1820 al frente del ejército para evitar que el rey jurara la Constitución y de combatir el 7 de julio a los constitucionales. En materia política no había duda sobre su absolutismo extremo y, en cuanto a religión, se le consideraba sinceramente devoto y hasta fanático y supersticioso, a causa de la influencia ejercida sobre él durante muchos años por el extremista Ostolaza (AAEE, Corr. Pol. Esp. Supl., 21: 30-33). Don Carlos aparecía, en suma, como un hombre bueno al que a diferencia de su hermano no se le podían achacar vicios, si bien a los ojos de los liberales también carecía de todas las virtudes, salvo las domésticas, es decir, no pasaba de ser un buen esposo y padre de familia (Villa-Urrutia, 1931: 109).

Fernando y Carlos habían pasado juntos toda su vida y entre ellos existía una patente coincidencia en las ideas. Sin embargo, no llegaron a un completo entendimiento, quizá -como se decía en el informe citado- debido a la “sombría desconfianza de Fernando”, receloso hasta el extremo cuando recibía noticias de que en algún lugar se había vitoreado al “rey don Carlos”. Con todo, en el momento al que nos referimos, Fernando consultaba con frecuencia a su hermano y al parecer éste no siempre dijo lo que el rey deseaba oír. Lo confirma una carta de don Carlos a su hermano fechada dos años más tarde, en 1826:

[…] acuérdate lo claro que siempre te he hablado; ya hace más de año y medio que te he dicho repetidas veces que el camino que llevabas, contemplando a los malos y poniéndote en sus manos, al mismo tiempo que había una propensión en perseguir a los buenos, a tus fieles vasallos, llegaría el día en que te vieses ligado de pies y manos y no tuvieses más remedio que sucumbir a la ley que te quisiesen imponer y si los buenos te quisiesen defender, te vieses en la dura precisión y en la injusticia mayor de tenerlos que perseguir de mano armada… (cit. por Seco, 1973: 36).

Esta falta de coincidencia con su hermano debía preocupar seriamente al rey, pues resulta evidente que “los buenos”, esto es, los ultras como Capapé a cuyas intentonas quizá aludía don Carlos en su escrito, estaban mus cerca de él que de Fernando. Pero “los malos” de la misiva citada no era los liberales, sino cuantos pretendían una política más templada, comenzando por algunos de los ministros. En lograr el equilibrio de influencias radicaba el problema de Fernando VII, pero lejos de intentarlo seriamente inclinó la balanza hacia donde estaban sus ideas y sentimientos, es decir, del lado de la dureza y la intransigencia.

En definitiva, el paso por el gobierno de esas personas “prudentes” destinadas a realizar reformas para consolidar el trono, como deseaban los monarcas de la Santa Alianza y, de manera especial Luis XVIII, no dio resultado alguno. Todo intento de moderación o de apertura hacia las “exigencias del siglo” en 1823-1824 no fue más allá de las palabras, en el mejor de los casos. La gestión política en este momento respondió, como ha expuesto con claridad Artola, a tres preocupaciones fundamentales: restaurar lo poco que la Regencia no había tenido tiempo de reponer del Antiguo Régimen, organizar la represión y vigilancia y no aumentar las dificultades financieras. “Fuera de esto, no hay prácticamente gobierno, ni política exterior, ni tan siquiera actividad legislativa”, escribe este historiador. La creación del Consejo de Ministros fue la única disposición de Fernando VII que alcanzó carta de naturaleza en el sistema político español, mientras que otras iniciativas presentadas por algunos como signos de reformismo en el ámbito de la administración (por ejemplo, la formación en enero de 1824 de la Junta de Fomento de la riqueza del reino) desarrollaron una actividad tan tenue, que únicamente se tiene noticias de su existencia a través de la Colección de decretos (Artola, 1978: 261-262).

El destino del héroe

EL 7 de noviembre de 1823 fue ahorcado en la plaza de la Cebada de Madrid Rafael del Riego. Tres días antes, Angulema había abandonado la ciudad, camino de Francia. Cuatro días después de la muerte de Riego capitulaba Alicante, última plaza defendida por los constitucionales. La desaparición física de Riego coincidía con la del régimen constitucional. La suerte del héroe y la de la revolución transcurrieron parejas. Fernando VII no quiso asistir al acontecimiento, ni siquiera coincidir en la misma ciudad con Riego, y aunque hacía más de un mes que había iniciado el viaje desde Cádiz, no llegó a la capital hasta seis días después de su ejecución.

La suerte de Riego era asunto de capital importancia. El símbolo del constitucionalismo debía ser debidamente abatido, humillado hasta el extremo, para desacreditar en el mismo grado lo simbolizado. Bien claro lo expresó el principal órgano periodístico del absolutismo. El 17 de septiembre, El Restaurador dio de esta forma la noticia de la detención de Riego, ocurrida dos días antes:

[…] el general Riego está preso ya en uno de los calabozos de aquella cárcel (La Carolina). Le ha hecho preso el comandante civil de Arquillos con algunos colonos. Adoremos los altos y terribles juicios del Señor. El corifeo de la revolución cae desde las estrellas, en donde habían querido erigirle su trono, a la oscuridad de un calabozo: y cae no a manos de un gran general, sino de unos pobres labradores. ¡Así humilla Dios a la soberbia impiedad! (cit. por Gil Novales, 1996: 38).

El Restaurador marcaba la pauta. No tardaron en aparecer artículos periodísticos, incluso pastorales episcopales, encaminados a denigrar a la persona de Riego. El periódico sevillano El Defensor del Rey lo calificó de “monstruo que ha abortado una facción secreta destructora de la sociedad, el que en sus accesos de frenesí se titulaba emperador” y Andrés Esteban Gómez, obispo de Jaén, la diócesis donde tuvo lugar la detención, se apresuró a publicar el 16 de septiembre una pastoral donde lo calificaba de “jefe de bandidos, que sólo se ha hecho célebre por sus atrocidades”. Los medios realistas multiplicaron hasta el infinito esta imagen. El hombre quedaba desacreditado, pero no era éste el único objetivo. Interesaba asimismo hacer desaparecer su nombre. Prohibido mencionarlo: “Su nombre* se hizo el emblema de la proscripción y de la muerte; bastaba para sufrirla, ser acusado de haberlo pronunciado” (Ameller-Cas- tillo, 1853:264).

No se ahorraron vejaciones a Riego una vez prisionero, ni por parte de los españoles, ni de los franceses. Estos últimos inmediatamente intentaron desentenderse de su persona. El camino lo marcó con toda claridad el jefe del gobierno francés al duque de Angulema el 26 de septiembre:

El Rey me encarga indique a V. A. R. que si el arresto de Riego os causara cualquier inconveniente, la línea de conducta sería no considerar a nuestras tropas en este asunto sino como la fuerza pública del país, debiendo consecuentemente proteger a Riego contra toda violencia popular e ilegal, pero al mismo tiempo dejarlo a disposición de las autoridades regulares para hacer lo que ordenen las leyes. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido encargado de escribir al mismo tiempo a M. de Gabriac para que incite a la Regencia a combinar el desarrollo de este asunto de tal manera que no pueda en modo alguno comprometer la seguridad del rey Fernando y la de su familia (Villèle, 1904: 4, 423).

El razonamiento era muy simple, aunque evidentemente resultaba artificioso: Riego había sido apresado por civiles españoles y, por tanto, no debía ser considerado prisionero de guerra. El incómodo “affaire” era cosa de los españoles (“las autoridades regulares”), de modo que Angulema se lavó las manos y lo entregó a la Regencia. Era la carnaza que ésta necesitaba para ejemplificar en la persona de Riego el destino de los liberales. Asimismo se ponía de manifiesto un alto grado de cinismo, sobre todo por parte de Angulema, el que un mes antes intentó con sus ordenanzas de Andújar poner freno a las atrocidades de los españoles.

Así pues, el general Foissac-Latour, comandante de las tropas francesas que acosaban a Riego en el momento de su apresamiento, lo entregó a un grupo armado español, mandado por el conde de Torrealta, para conducirlo a Madrid. La persona no podía haber sido elegida más a propósito, pues el conde había sido condenado a muerte por su implicación en el asesinato del teniente liberal Landáburu en julio de 1822.

El tránsito del prisionero hasta Madrid lúe un auténtico camino del calvario. En todas partes acudió gentío a ver al héroe caído y los vivas de otro tiempo se tornaron en “Muera el traidor” y en insultos. En ciertos municipios se celebró la detención con fiestas, como en Jerez, donde hubo iluminaciones, repique de campanas, colgaduras en las casas y hasta un tedeum en acción de gracias a la Providencia. Como de costumbre, algunos exigieron la ejecución inmediata del prisionero y muchos trataron de golpearlo.

El 2 de octubre llegó la preciada presa a Madrid y con las máximas precauciones fue recluido en el Seminario de Nobles, incomunicado y privado de vestido y casi de alimento en los primeros momentos, para que adquiriera el aspecto adecuado cuando fuera conducido ante los tribunales. La Regencia le aplicó el decreto del 23 de junio anterior, que ya conocemos, el que declaraba criminales de lesa majestad y, por tanto, merecedores de la pena de muerte, a los individuos de las Cortes que habían votado en Sevilla la suspensión de Fernando VII en sus funciones y el nombramiento de una Regencia constitucional. El decreto establecía que los tribunales aplicaran la pena indicada sin más formalidades que la prueba de identidad. Riego, pues, quedaba de antemano condenado a muerte, pero como su caso debía ser ejemplar, se siguió un proceso judicial plagado de irregularidades, sin darle posibilidades a la defensa, como demostró su abogado y han corroborado estudiosos posteriores de signo muy distinto.

El 10 de octubre se presentó la acusación fiscal contra Riego. En sustancia, se le achacaba el mencionado crimen de alta traición, pero el fiscal, Domingo Suárez, no dejó pasar la ocasión de explayarse en distintas consideraciones y con ello no hizo sino alimentar el mito posterior, pues en su ánimo de resaltar la conducta reprobable del acusado lo elevó a protagonista de la revolución. Naturalmente, el fiscal puso el acento en los crímenes “de todo tipo” cometidos por Riego, a quien adornó con calificativos como “infame y traidor”, “monstruoso”, etc. Terminó con la solicitud de la pena de muerte en la horca y la confiscación de bienes. Pero no se limitó a ello. Pidió asimismo que el cuerpo del reo fuera descuartizado y depositada su cabeza en Las Cabezas de San Juan y el resto, dividido en cuartos, en Sevilla, la Isla de León, Málaga y Madrid (Procès du Général.., 1823).

La causa se sustanció con rapidez y con tumultos y muchos “mueras” en la sala. En varias ocasiones hubo de intervenir la fuerza pública, mandada por un militar francés, para garantizar la integridad física de Riego y de su defensor. Había prisa por emitir cuanto antes la sentencia, evidentemente decidida de antemano, y no se practicaron las pruebas solicitadas por Riego para demostrar su inocencia en los cargos imputados. Riego declaró que nunca se condujo contra el rey, que siempre se limitó a cumplir con su obligación de militar y a mantener el orden público, pero los informes solicitados a varias autoridades civiles y militares para probar tales extremos o no se emitieron o no llegaron a tiempo. Su defensor, Faustino Julián de Santos, insistió en la falta de fundamento de la principal acusación (el voto a favor de la deposición temporal del rey), pues la ley reconocía a los diputados libertad de expresión en el parlamento. Recalcó, además, que ninguna disposición legal podía tener efectos retroactivos y, en consecuencia, el decreto aducido para imputarle el crimen de lesa majestad, del 23 de junio, no podía castigar un acto que tuvo lugar días antes, el 11 del mismo mes. También intentó recusar al tribunal, ya que era civil (la Sala de Alcaldes de Casa y Corte) y Riego estaba acogido al fuero militar.

El 27 de octubre, el tribunal emitió su sentencia: “Se condena a don Rafael del Riego… en la pena ordinaria de horca, a la que será conducido arrastrado por todas las calles del tránsito; en la confiscación de todos sus bienes para la Cámara de S. M. y asimismo en las costas del proceso”. Era lo esperado: la máxima humillación. No se reconocía a Riego su condición de noble y militar y recibía el trato aplicado a los peores criminales plebeyos, como si fuera un bandido con multitud de crímenes comunes a sus espaldas. La sentencia no atendía la petición fiscal de distribuir sus restos por los escenarios más significativos de la actividad revolucionaria de Riego, pero lo condenaba a la horca y al arrastre. Como ha notado Lucienne Domergue (1988), en los procedimientos tradicionales la horca se aplicaba a los plebeyos, el garrote a los nobles y el fusilamiento a los militares. Por otra parte, en esta época la muerte en la horca era considerada humillante y durante el Trienio se había intentado aboliría, sustituyéndola por el garrote, “más humano e igualitario”, según se dijo en las Cortes al presentar en 1822 una reforma del código penal que no llegó a realizarse. A mayor abundamiento, el arrastre hasta el punto de ejecución estaba reservado, de acuerdo con una pragmática de Felipe V, a los criminales y alevosos. Riego, pues, recibió el peor trato posible.

La sentencia le fue comunicada al reo el 5 de noviembre y acto seguido fue trasladado a la cárcel de Corte. Sobre lo que siguió a continuación, poco puede decirse con seguridad, pues faltan los libros de la Casa de Alcaldes de Casa y Corte de este año y sólo cabe guiarse por testimonios de muy distinta naturaleza, todos parciales, a favor de Riego o en contra de él. La reconstrucción más verosímil de lo ocurrido, basada fundamentalmente en el relato publicado por el hijo del abogado defensor, titulado Causa formada contra D. Rafael del Riego, en noticias de prensa y en los estudios de Eugenia Astur (1933), Francisco Tuero (1995) y Gil Novales (1996), puede ser como sigue. El 7 de noviembre, Riego fue arrastrado en un serón, conducido por un burro, desde la cárcel de Corte a la plaza de la Cebada, donde se había instalado una horca de grandes dimensiones, dicen algunos que para que nadie perdiese detalle del espectáculo. Lo precedía una gran cruz y lo acompañaban un buen número de soldados, clérigos, miembros de las cofradías dedicadas a conducir a los reos al cadalso y alguaciles. Desde las ventanas de las casas o en las calles, un gran gentío, entre el que abundaban frailes y clérigos seculares, contempló la procesión en silencio. A las doce expiró Riego en la horca.

Los testimonios divergen al narrar lo ocurrido en el acto de la ejecución y sobre la actitud de Riego en el tránsito. Unos dicen que presentaba un aspecto acobardado, con signos de arrepentimiento y como pidiendo clemencia; otros que no se quejó del entumecimiento que le habían producido los grillos en la prisión y mantuvo la calma y la resignación.

En cuanto a la reacción popular, también existen distintas versiones. En la mayoría de las fuentes se mantiene que todo fue contemplado en silencio, pero también se dice que la multitud lanzó repetidos gritos de “Muera Riego” y “Viva el rey y la religión” cuando el verdugo anunció que había expirado.

Mayor debate que lo anterior ha suscitado un documento atribuido a Riego y que, sin duda, lleva su firma. Está fechado el 6 de noviembre, el día anterior a su muerte, y se trata de una retractación. Pide perdón por lo hecho (“conozco los delitos que me hacen merecedor de la muerte”), condena el “llamado Sistema Constitucional” y solicita que se difunda el documento. Gil Novales, que lo publica íntegro y que no duda de la firma de Riego, da cuenta del debate en torno a su autenticidad (1996: 203-204). El asunto está por resolver, pero en todo caso lo más prudente sería pensar que Riego firmó presionado por el ambiente completamente hostil hacia su persona y hacia el constitucionalismo y por determinados individuos, como el fraile que le asistió en los últimos instantes y el brigadier Francisco Chaperón, jefe de las Comisiones Militares. Fue este último un fanático absolutista, cruel y desalmado, del que Pérez Galdós -que no se muestra nada benévolo hacia el Riego de sus últimos días- hizo un retrato demoledor en su episodio El terror de 1824.

Riego contaba 39 años de edad.

En muchos textos se dice que cuando Fernando VII recibió la noticia de su muerte, exclamó: “Liberales: gritad ahora ¡Viva Riego!”.

El exilio

EL dramatismo y artificiosidad del proceso y ejecución de Riego perseguían cumplir una función ejemplarizante. En esencia, el mensaje a transmitir consistía en presentar el sistema constitucional como un régimen político intrínsecamente viciado, por atentar contra el rey y la religión, y a sus sostenedores como criminales de la peor calaña. Ahora bien, los principales destinatarios de este mensaje no eran los liberales, sino más bien los absolutistas y, en particular, quienes una ve/, finalizada la guerra todavía dudaban de la orientación que había de tomar la monarquía española. A esas alturas, los liberales no precisaban de más avisos para no llamarse a engaño acerca de su porvenir. Desde la instalación, al comienzo de la invasión francesa, de una primera autoridad realista, en Oyarzun, se vio con meridiana claridad que las disposiciones del nuevo poder iban dirigidas, en su mayoría, contra sus personas. Ni la Regencia, ni el rey una vez “liberado”, cambiaron esta tendencia.

Sin embargo, el manifiesto real del primero de octubre creó cierta confusión. Por una parte, el rey no dejaba dudas sobre la vigencia de las medidas adoptadas: “…apruebo todo cuanto se ha decretado y ordenado por la Junta provisional de Gobierno y por la Regencia del Reino, creadas, aquella en Oyarzun el día 9 de abril y ésta en Madrid el día 26 de mayo del presente año”. Pero a continuación alimentaba alguna esperanza, al afirmar que lo anterior debía entenderse “interinamente hasta tanto que, instruido competentemente de las necesidades de mis pueblos, pueda dar las leyes y dictar las providencias más oportunas para causar su verdadera prosperidad y felicidad…”.

El manifiesto real auguraba lo peor, pero en ese momento muchos no le atribuyeron el carácter completamente negativo adquirido con el tiempo, una vez se ha constatado que la esperanza suscitada era mera quimera. Muchas personas que durante el Trienio habían ocupado cargos de segundo o tercer orden, soldados obligados por sorteo a integrar el ejército constitucional, individuos ingresados en las milicias nacionales de grado o por fuerza y, en general, aquellos de cualquier clase que no hubieran expresado con ardor sus simpatías por la Constitución, suponían que el cambio de sistema político no tenía por qué afectarles personalmente. Al guardar lealtad al constitucionalismo pensaban que se habían limitado a seguir la estela de su rey, quien había jurado la Constitución y en manifiestos y documentos oficiales de todo tipo se había declarado monarca constitucional. Ni siquiera los diputados a Cortes y ministros, los tres miembros de la Regencia constitucional y otros altos cargos, así como los mandos del ejército constitucional que habían sido hechos prisioneros o firmado capitulaciones, esperaban atropello alguno a sus personas, aunque podrían presumir que perderían sus cargos y empleos.

Algo se sabía, por supuesto, de lo ocurrido en los lugares dominados por las autoridades absolutistas, pero da la sensación de que se confió en la buena disposición del rey y en la protección de los franceses. En definitiva, vuelta la normalidad, imaginaron el fin de los excesos y atropellos causados por la exaltación de los ánimos en tiempo de guerra y por el fanatismo de unas autoridades provisionales que no tardarían en ser destituidas. Es difícil calibrar el grado de amplitud alcanzado por esta manera de ver las cosas, pero es indudable que de ella participaron personas muy significadas. Entre otros, los tres integrantes de la Regencia constitucional formada en Sevilla.

Tras la salida del rey, Cayetano Valdés, Gaspar Vigodet y Gabriel Ciscar permanecieron en Cádiz, convencidos de no correr peligro, pero el 5 de octubre, oficiales franceses les instaron a salir de España porque el rey les había condenado a muerte el día anterior. Los regentes no dieron crédito a la noticia y se negaron a abandonar la ciudad. Para salvarlos, el comandante de las tropas francesas, Bourmont, simuló su detención y los trasladó a barcos franceses surtos en la bahía. En ellos permanecieron los ex regentes, en calidad de prisioneros, hasta que dos días después fueron trasladados por las mismas embarcaciones a Gibraltar. De esta forma, un tanto novelesca, comenzaron un exilio que para Ciscar sería definitivo (La Parra, 1995: 249-250).

La condena a muerte la había firmado Fernando VII el 4 de octubre en Jerez, cuando comenzó su viaje de regreso a Madrid. Nada se comunicó a los afectados y si no hubiera sido por la intervención de los militares franceses aquellos habrían conocido su suerte una vez hechos prisioneros por las autoridades españolas. La decisión del rey se fundaba en el decreto de la Regencia realista del 23 de junio, el mismo que le fuera aplicado a Riego, disposición que -como sabemos- declaraba reos de lesa majestad expresamente a los integrantes de la Regencia nombrada por las Cortes el 11 de junio. El hecho de que Ciscar y Vigodet hubieran personalmente recabado el permiso real antes de aceptar el cargo no fue tenido en cuenta por Fernando VII.

Bien se ve la falta de fundamento de las hipotéticas esperanzas de algunos en la puerta abierta por el manifiesto del primero de octubre. El rey “libre” no alteraba un ápice la línea represiva de los meses de guerra, antes al contrario, aplicaba en secreto sus disposiciones para sorpresa de confiados e incautos, que no debieron ser pocos a comienzos de octubre. Cuenta Alcalá Galiano que, entre los constitucionales establecidos en Cádiz, el momento fue de enorme confusión y la única fuente de noticias fiable, los mandos del ejército francés, no “venía a darnos luz sobre si estábamos o no destinados a ser víctimas de Fernando o de los españoles realistas”. Quienes no se arriesgaron a ser víctimas de nadie, se afanaron por abandonar la ciudad en los primeros días de octubre, cosa nada fácil a causa de la presencia de la escuadra francesa en la bahía y de la carencia de medios de transporte. Alcalá Galiano hace este breve apunte sobre su propia situación, sin duda aplicable a muchos otros: “No era fácil encontrar barco en que efectuar mi fuga, sobre todo considerando cuán subido precio exigían algunos de los que tenían a su disposición buques de cualquier especie”. Al final, fletó uno junto con el también diputado Ángel Saavedra, duque de Rivas, y salieron sin dificultad, pues desde el 3 de octubre la escuadra francesa “se había alejado de Cádiz con la evidente intención de dar franco y seguro paso a los que de allí huyesen” (Alcalá Galiano, 1955: II, 279).

Cádiz fue uno de los principales puntos de partida de liberales hacia el exilio. Otros salieron por los puertos del Mediterráneo a medida que capitularon (Barcelona, Tarragona, Cartagena, Alicante) y buena parte lo hizo por la frontera pirenaica. Inglaterra, a donde muchos llegaron desde Gibraltar, vía Lisboa, y Francia fueron los principales destinos, si bien algunos optaron por el norte de África (Argel y Tánger especialmente), Bélgica, los Estados Unidos o por territorios del antiguo imperio americano, México en particular. Las oleadas mayoritarias de salida se registran durante los últimos meses de 1823 y a partir de mayo de 1824, en este caso como consecuencia -en apariencia paradójica- del decreto de amnistía decretado ese mes. Según estudios recientes, abandonaron España unas 20.000 personas, cifra que convierte a este exilio en el más importante del siglo XIX, sólo superado en el siguiente por el de 1939 (Fuentes, 2002; Barbastro, 2002).

El origen geográfico de los exiliados es muy variado y también sus motivaciones y posición social. Los cuadros políticos, los hombres de letras más conocidos, los jefes del ejército constitucional y la mayor parte de los clérigos tachados de liberales salieron para escapar de una prisión segura y durísima, cuando no de la muerte. Otros -burgueses y artesanos o, simplemente, labradores acomodados- lo hicieron por hastío y por temor ante la oleada de terror protagonizada por las sociedades apostólicas. También hubo desertores del Ejército de la Fe y muchos prisioneros de guerra deportados a Francia. El número de estos últimos ascendió, según cálculos de Sánchez Mantero, a unos 12.500, a los cuales habría que añadir sus mujeres e hijos, que en ciertos casos les acompañaron (1975: 16).

No todos los exiliados, por otra parte, coincidían en ideas políticas. Junto a los exaltados, miembros o no de la masonería y de la comunería, hubo también liberales moderados que en un principio se creyeron seguros y pronto se percataron -es el caso paradigmático de Martínez de la Rosa- del riesgo personal que corrían. También los hubo poco o nada proclives al sistema constitucional, sobre todo entre los prisioneros de guerra. Soldados de las guarniciones de La Coruña, Pamplona, San Sebastián y plazas catalanas caídas en el último momento no tuvieron opción y, sin saber a ciencia cierta cuál podría ser su suerte, fueron conducidos en masa a los depósitos habilitados en Francia. Sánchez Mantero (2002: 22) cita, por ejemplo, un escrito firmado por 146 de ellos a principios de 1824. Solicitaban ser admitidos al servicio del rey de España y alegaban que cuando se les hizo prisioneros nadie les dijo que podrían jurar fidelidad a la Regencia de Madrid. Exiliados fueron, asimismo, individuos bien conocidos por su deslealtad al régimen constitucional, como el conde de La Bisbal y el general Ballesteros (este último, que hizo los honores a Fernando VII a su llegada a El Puerto de Santa María el primero de octubre, hubo de abandonar España precipitadamente en 1824, protegido por los franceses).

Más que como fenómeno político, cabe considerar el exilio como un importante problema social de largo alcance, resultado -sin duda- de una determinada forma de entender y practicar la política. La cantidad y calidad de las personas exiliadas constituyó, de entrada, un serio inconveniente para sacar a España de la postración que la caracterizaba en todos los órdenes, pues perdió a sus mejores hombres, los dotados de mayor capacidad innovadora. La lista es larguísima y, por tanto, nos limitamos a consignar muy escasos nombres, prescindiendo de quienes desempeñaron fundamentalmente una actividad política. En este momento salieron de España sus mejores científicos (Gabriel Ciscar, Felipe Bauzá, Mariano de la Gasea, el médico Juan Manuel Aréjula), los militares más capaces (Espoz y Mina, Torrijos, Ricardo Miguel de Álava, Cayetano Valdés), economistas y empresarios innovadores (Flórez Estrada, Canga Argüelles, Mendizábal, Francisco Javier Istúriz) y los literatos más destacados o prometedores (Espronceda, el duque de Rivas, José Joaquín de Mora, Martínez de la Rosa). La ausencia de estas personas resultó determinante a la hora de reconstruir el país tras la guerra y, en algunos campos, como el eclesiástico, fue decisiva.

En 1823 se vieron obligados a exiliarse los clérigos que habían protagonizado una nueva política religiosa basada en la idea de que era posible compaginar el catolicismo y la Constitución, cuyos planteamientos en la materia ya se han comentado. Joaquín Lorenzo Villanueva y su hermano Jaime, Antonio Bernabéu, Muñoz Torrero, Miguel Cortés… fueron algunos de los que desplegaron gran actividad durante el Trienio en este empeño y en 1823 hubieron de tomar el camino del exilio. Al igual que sucedió en otros campos, la pérdida de estos hombres fue factor determinante para dejar a España al margen de los movimientos de renovación religiosa operados durante estos años en Europa. Si allí la Iglesia Católica se abrió, aunque tímidamente, a nuevas corrientes de pensamiento y no se cerró en banda ante los progresos científicos y técnicos, en España ocurrió todo lo contrario. Las diócesis españolas y los principales puestos de la jerarquía católica quedaron en manos de individuos ignorantes y fanáticos, obsesionados con perseguir a los liberales, reclamar la Inquisición y castigar a los frailes que durante el Trienio se habían acogido a las leyes que les permitían abandonar sus conventos para convertirse en clérigos seculares.

La Iglesia católica española tardó en recuperarse de esta embestida reaccionaria al menos siglo y medio y algo similar sucedió con las ciencias y la educación, donde el exilio produjo asimismo un efecto devastador. A mayor abundamiento, una disposición del ministro Calomarde, del 21 de julio de 1824, destinada a reorganizar los estudios universitarios, ordenaba que las cátedras y plazas docentes vacantes fueran cubiertas por personas “a ciencia cierta leales, amantes de mi real persona y de los derechos de mi soberanía” (Peset, 1976: 474-475).

Bajo la protección francesa

LOS exiliados, a pesar de su elevado número, fueron minoría. La mayor parte de los liberales y simpatizantes del régimen constitucional permanecieron, por distintas razones, en España. No todos dispusieron de los medios económicos o de transporte para salir. Muchos consideraron que nada tenían que temer por su trayectoria anterior, que juzgaban leal a las instituciones vigentes, y otros confiaron en la protección de las tropas francesas de ocupación. En este último caso estuvieron, en primer lugar, los miembros del ejército constitucional firmantes de capitulaciones ante las tropas de Angulema.

Las capitulaciones dieron lugar a una gran confusión. En lo relativo a las personas se siguió un procedimiento que, salvo matices, no varió gran cosa del siguiente: se reconoció la libertad para regresar a sus domicilios a los miembros de la Milicia Nacional; las fuerzas del ejército regular (mandos y tropa) fueron distribuidas en lugares señalados a la espera de recibir el destino definitivo, con el derecho de sus individuos a solicitar permisos temporales para visitar a sus familias; se prometieron pasaportes a los militares y civiles que desearan abandonar España y se garantizó que nadie sufrirá molestias a causa de sus ideas. Este último punto figuró de forma explícita en todos los casos. En la capitulación de Ballesteros, que marcó la pauta para casi todas las siguientes, se dice: “Ningún individuo de dicho ejército podrá ser inquietado, pesquisado ni perseguido por sus opiniones anteriores al presente convenio, ni por los hechos relativos a ellas, exceptuados los que competen a la justicia ordinaria” (Bayo, 1842: III, 130). En la última fase de la guerra, además, las autoridades vencedoras solieron extender esta franquicia a toda la población. El capitán general de Valencia, Saint-March, y el comandante del ejército francés operativo en la zona, vizconde de Bonnemains, anunciaron de esta manera a la población de Alicante la entrada de “las tropas aliadas” el 12 de noviembre: “Poned entera confianza en las disposiciones paternales de nuestro Soberano. Los vecinos pacíficos serán constantemente protegidos” (cit. por Llorca, 2004: 150).

Este tipo de promesas tranquilizó, sin duda, a no pocos. Los hechos inmediatos, sin embargo, no se correspondieron con las palabras: fueron arrestados y maltratados milicianos que regresaron a sus hogares, encarcelados -a veces con las peores consecuencias- oficiales y soldados señalados por su liberalismo, y lo mismo sucedió a ciertos habitantes de las ciudades ocupadas. Pero las noticias al respecto siempre se difundieron de forma embarullada y no todos les concedieron la debida credibilidad, aparte de que era posible justificar ciertas detenciones aduciendo delitos posteriores a la firma de las capitulaciones. Así pues, salvo entre los mejor informados o los más desconfiados, en el resto predominó la tendencia a volver a las ocupaciones habituales. Dado el estado actual de la investigación, desconocemos la suerte de las personas que así procedieron, aunque cabe imaginar que engrosaron el número de esa multitud de prisioneros y de apaleados a que aluden con profusión los testimonios de la época.

Este tipo de tropelías había impulsado a Angulema a dar el controvertido decreto de Andújar y aunque, como sabemos, pronto lo rectificó, finalizada la guerra prosiguieron sus efectos. Entre otras cosas, los militares franceses intentaron hacer cumplir los términos de las capitulaciones y en casos señalados se preocuparon expresamente por poner a salvo a aquellos cuya vida corría peligro, como hemos visto que ocurrió con los miembros de la Regencia constitucional. No todos los liberales más notorios recibieron la protección de los franceses. De Riego, por ejemplo, se desentendieron por completo y lo mismo sucedió con Quiroga, pero en general se tuvo la impresión de que las ciudades donde había tropas francesas eran una especie de oasis de tolerancia donde los liberales podían vivir, si no con la comodidad y medios de otro tiempo, al menos sin peligro para sus vidas, y muchos trataron de refugiarse en ellas. El hecho exasperó a los absolutistas y los más extremistas no cesaron de quejarse, aparte de emplear sus propios medios para paliar la debilidad de los franceses (las sociedades apostólicas se encargaron de “limpiar” la “suciedad” permitida por la protección francesa).

La máxima autoridad eclesiástica de Barcelona, el fanático canónigo Avellá, que actuaba como administrador de la diócesis por ausencia del obispo, escribía a Calomarde en 1824: “Todo está montado aún a lo constitucional y por el aspecto que presenta esta ciudad… cualquiera debería creer que nuestro soberano gime aún en la esclavitud o bien que Barcelona no pertenece a la España”. La ira del eclesiástico llegaba -anota Fontana- hasta la exageración, con frases como la siguiente: “Los religiosos no se atreven a vestir sus hábitos porque repetidas veces han sido insultados de palabra y de hecho en medio de la calle”. Y como era habitual en el discurso ultra, el canónigo no renunció a lo apocalíptico: el pueblo de Barcelona “está corrompido y apestado por una porción de libertarios, por un considerable número de forasteros de otros pueblos de la provincia y de fuera de ella, más perversos aún que los primeros, y por una porción no corta de oficiales y soldados licenciados. Y mientras estos elementos tan perjudiciales se hallen reunidos en este foco de la rebelión, es una quimera esperar que la tranquilidad pública se afiance y consolide, que las costumbres se corrijan, que la religión se respete y que el rey N. S. sea reverenciado” (cit. por Fontana, 1998: 213-214).

Tales cosas sucedían en Barcelona porque lo permitían los militares franceses ocupantes, sostenía el airado canónigo, y en ello no erraba. Lo mismo ocurría en Cádiz, bien estudiado por Gonzalo Butrón (1998). Mientras el ejército francés permaneció en esta ciudad, los constitucionales gozaron de protección y, al menos, no sufrieron los habituales atropellos de otros lugares. En Cádiz no hubo detenciones por opiniones políticas y los temibles voluntarios realistas encargados en toda España de la caza de liberales sólo existieron de nombre. Continuaron residiendo en la ciudad antiguos empleados del gobierno constitucional, oficiales del ejército e incluso personas directamente comprometidas en 1820 en el pronunciamiento de Riego. El gobierno de Fernando VII destinó a personas pertenecientes al ala más intransigente del absolutismo para ocupar los principales cargos, pero éstos no pudieron actuar a sus anchas porque lo impidieron los mandos franceses, no sin enfrentamientos y algún altercado muy sonado, como la expulsión del primer gobernador absolutista de Cádiz, Carlos D’Aunoy, debido a su empeño en practicar detenciones arbitrarias. También en San Fernando, por las mismas razones, el general francés Foissac-Latour invitó a salir de la ciudad al comandante de las fuerzas realistas.

La actuación de los militares franceses contó con el respaldo expreso de su gobierno. Chateaubriand repitió incesantemente al embajador francés en España frases como la siguiente, escrita el 15 de octubre: “Tratad de moderar las reacciones. No sabéis cuánto mal causan aquí esos decretos de rigor lanzados uno en pos de otro”. El ministro aún quiso ir más lejos y antes de que Angulema abandonara España, le escribió en relación con el convenio sobre la permanencia de tropas de ocupación: “Si me atreviera a manifestar mi opinión en este asunto, insistiría para que en el convenio se expresara que en las plazas ocupadas por las tropas de V. A. R. no hubiera ni guarnición, ni autoridad militar española, excepto en los sitios en que el rey puede fijar su residencia. Reconozco que este artículo será difícil de establecer, pero si choca con el orgullo nacional y si tiene algunos inconvenientes, no por eso deja de ofrecer inmensas ventajas” (Chateaubriand, 1945: 458 y 569).

Los deseos de Chateaubriand no se cumplieron, pero, como se ha visto, los choques de competencias fueron muchos y de hecho en las ciudades ocupadas por los franceses coexistieron dos políticas: la intransigente, intentada -casi siempre sin éxito en todos sus extremos- por las nuevas autoridades absolutistas, y otra más tolerante o, al menos, protectora, ejercida por las del ejército de ocupación. Esto supuso que el proceso restaurador de Fernando VII no fuera idéntico en todos los puntos de España; al menos en las ciudades ocupadas la exclusión de todo lo relacionado con el constitucionalismo no alcanzó el mismo grado que en el resto (Butrón, 1998: 21 y 26). Las consecuencias de este hecho, al margen de consideraciones humanitarias muy estimables, fueron relevantes en el orden político, pues permitió la pervivencia de grupos liberales en el interior que, llegado el momento, sirvieron de apoyo a los planes insurreccionales de los exiliados.

El primer intento en este sentido tuvo lugar en el verano de 1824. Tres grupos de hombres armados, al mando del coronel Francisco Valdés, del teniente coronel Antonio Marconchini y de Pablo Iglesias, antiguo regidor de Madrid y capitán de la Milicia Nacional, desembarcaron respectivamente en Tarifa, en Marbella y en las costas almerienses. Llegaban desde Gibraltar con armas y algún dinero, esperanzados en suscitar la rebelión en Andalucía. El 3 de agosto entró el grupo de Valdés en Tarifa y tras vencer la escasa resistencia de la guarnición realista y conseguir que una parte de ella se uniera a sus filas, proclamó la Constitución y publicó un Boletín del Ejército Libertador: Era la señal para el “rompimiento” de la insurrección. Marconchini desembarcó el día 7 en Marbella y el 13 lo hizo Pablo Iglesias frente a Roquetas de Mar, en Almería. No había un plan coordinado. Se trataba de iniciativas individuales, de “acciones espontáneas” las ha calificado Irene Castells, de hombres que quizá con exceso de romanticismo confiaban en su propia capacidad de lucha y en el apoyo de los grupos del interior.

Esto último no carecía por completo de fundamento, pues el mes anterior se habían detectado varios brotes rebeldes en Andalucía. Una delación puso al descubierto una conspiración entre las tropas realistas acantonadas en Algeciras y San Roque, en la Serranía de Ronda se habían alzado varias partidas liberales y se sabía de la existencia de grupos comuneros en la provincia de Almería. Asimismo, desde Cádiz se mantenía comunicación con los exiliados en Gibraltar y se distribuía propaganda y correspondencia. La continuidad del liberalismo en el territorio español era, pues, un hecho y no cabe considerar totalmente ajena al mismo la protección dispensada por las autoridades de ocupación francesas. Pero cuando prendió la insurrección, éstas no dudaron en prestar su concurso para sofocarla. El general Foissac-Latour, comandante del destacamento de Cádiz, se dispuso enseguida a colaborar con las tropas realistas españolas en el ataque a Tarifa, en una acción coordinada con la marina de guerra francesa. Aunque la resistencia de los hombres de Valdés fue enconada, el 19 de agosto tuvieron que retirarse hacia Gibraltar. Antes habían fracasado los otros: Marconchini hubo de reembarcar casi de inmediato y Pablo Iglesias, que no pudo tomar la ciudad de Almería, corrió peor suerte, pues sus hombres, incluido él mismo, cayeron muertos o prisioneros entre el 15 y el 22 de agosto. (Castells, 1989: 84-101; Butrón, 1996: 110-115).

Hasta 1826, en que los liberales intentaron un nuevo conato insurreccional de similar factura (la penetración por un punto de la costa, en este caso por Guardamar, en Alicante), el referido fue el único intento significativo para derrocar el régimen absoluto. Las condiciones no eran muy apropiadas para emprender aventuras de este tipo, pero sus protagonistas conjeturaron que existían algunas posibilidades. El nuevo régimen no había resuelto los problemas que dos años antes habían impulsado a muchos campesinos a tomar las armas contra el constitucionalismo. Los precios de los productos agrícolas continuaban bajando, mientras subían los de otros artículos que gravaban la economía campesina (como los textiles) y, por supuesto, los impuestos. En Andalucía, además, existía un notable descontento entre los trabajadores de las minas de la sierra almeriense y la dureza de la represión generalizada e indiscriminada dejaba en todas partes un buen número de damnificados por el nuevo régimen, sobre todo entre las personas más acomodadas, objeto de persecución muchas veces por el simple deseo de arrebatarles sus bienes. Los liberales confiaban en esta situación y en el concurso, siempre posible mediando dinero, de los contrabandistas para engrosar el apoyo a la insurrección. Además habían realizado otro cálculo: según el acuerdo de ocupación de febrero de ese año, las tropas francesas evacuarían España en julio y, como siempre, no cabía descartar la eventual colaboración de Inglaterra. Naturalmente, nada de esto ocurrió.

La insurrección del verano de 1824 propició la prolongación, mediante un nuevo tratado, de la presencia de las tropas francesas en España. En las ciudades ocupadas todo siguió como en los meses anteriores, pero no ocurrió lo mismo en el resto. Los ultras renovaron sus protestas contra los militares franceses (la galofobia creció de forma apreciable) y Fernando VII aprovechó la ocasión para endurecer el régimen. Un decreto del 20 de agosto, calificado por los especialistas de “tremendo” (Peset, 1967: 475), dirigido contra los liberales del exilio, establecía que quienes, procedentes de Gibraltar o cualquier otro punto, “intenten establecer el sistema anárquico llamado constitucional, o perturbar el orden público, serán pasados por las armas inmediatamente que sean aprehendidos, sin otra dilación que la precisa para recibir los auxilios espirituales”. Seis días después, el rey nombraba ministro de la Guerra al general José Aymerich, uno de los más furibundos persecutores de liberales.

El ambiente en España volvió a ser irrespirable, como en la época más ardiente de la Regencia absolutista. Las Comisiones Militares incrementaron su actividad. Pérez Galdós designó con precisión la situación en el título de uno de sus episodios nacionales: El terror de 1824 y Bayo ofrece esta descripción, suficientemente elocuente (1834: III, 235-236):

Ríos de sangre enrojecieron los campos de Tarifa, Almería y otros muchos pueblos: solamente en el primer punto perecieron fusilados de treinta en treinta más de trescientos desgraciados. El conato de levantar una partida en la provincia de Castilla dio materia para sembrar el terror en la corte, donde sacrificaron inhumanamente a tantos y tantos infelices por sospechas o falsas delaciones, formando sus causas en horas y ejecutando las sentencias casi en el acto de notificarlas |…| Una palabra pronunciada en el ardor de la disputa, o falsamente imputada, conducía a la horca.

Es evidente que la protección francesa tuvo un reducido alcance. Incluso los propios franceses fueron víctimas de la ira del absolutismo fanático. El 25 de mayo de 1824, el sucesor de Bourmont como general en jefe del ejército de ocupación informó a Chateaubriand de que más de sesenta militares franceses habían sido asesinados en los últimos seis meses en España y aunque los asesinos habían sido detenidos, no le constaba que hubieran sufrido castigo (AAEE, Corr. Pol. Esp. Suppl., 21: 150-151).

El fiasco de la amnistía

EL decreto de amnistía prometido por Fernando VII antes de su salida de Cádiz, tan demandado por las potencias extranjeras y muy en particular por Francia, salió por fin en mayo de 1824, acompañado de todo tipo de irregularidades, incluso formales. Está datado el primero de mayo, pero en realidad se aprobó el día 11 y no se publicó en la Gaceta de Madrid hasta el 20. Los intervalos resultan sospechosos y tal vez se expliquen por el deseo de disponer de tiempo para maniobrar contra los posibles amnistiados.

El decreto debía ser una especie de prueba de fuego de las intenciones apaciguadoras del rey, el acto destinado a poner fin a la guerra civil iniciada en 1822. Si su contenido se hubiera reducido al de su artículo primero, el objetivo se hubiera cumplido y toda Europa habría mostrado la mejor disposición hacia Fernando VII Era el siguiente:

Concedo indulto y perdón general, con relevación de las penas corporales o pecuniarias en que han podido incurrir, a todas y cada una de las personas que desde principios del año 1820 hasta el día 1 de octubre de 1823, en que fui reintegrado en la plenitud de los derechos de mi legítima soberanía, hayan tenido parte en los disturbios, excesos y desórdenes ocurridos en estos reinos, con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución política de la Monarquía, con tal que no sean de los que se mencionan en el artículo siguiente.

La última frase podía despertar alguna inquietud, pero en principio no tenía por qué ser excesiva, pues contemplar excepciones, como se daba a entender, entraba dentro de la lógica. Sobre el particular habían debatido en las conversaciones preparatorias del decreto los embajadores extranjeros en Madrid y el ministro de Estado español, primero el marqués de Casa Irujo y luego el conde de Ofalia. Los embajadores no rechazaban las excepciones si se referían a personas o a situaciones muy específicas que no dieran pie a equívocos. Por parte española, sin embargo, desde el principio se mantuvo otra posición, como dejó patente Ofalia al presentar lo que parece fue borrador del decreto en la sesión monográfica que el Consejo de Ministros, presidido por el rey, le dedicó el primero de mayo de 1824. En relación a las excepciones personales y tras aludir a los encuentros con los representantes extranjeros, concluyó Ofalia: “Vimos que en la situación actual de España no era esto posible sin chocar con la parte más sana de la población” y aún se explicó más: “Creíamos que las excepciones personales nunca llenarían la expectación de muchas personas en el Reino que conducidas por sus justos sentimientos de lealtad y un ardiente amor a la Justicia más que por templadas combinaciones de la política, deseaban con vehemencia que todos los autores de ciertos delitos y excesos fuesen comprendidos en las excepciones” (Actas del Consejo de Ministros, 1989:1, 18).

Si dejáramos vía libre a la desconfianza, podríamos dudar de que fueran éstas las palabras exactas pronunciadas por Ofalia, pues el acta del Consejo la redactó Ugarte y sabemos de sus artes para la tergiversación. Ahora bien, si en esta ocasión no las practicó, la cita reviste importancia, pues desmiente el pretendido moderantismo de quien en ese momento pasaba por ser su adalid en el gobierno. En el lenguaje enrevesado de la época, Ofalia contrapone a moderados (los que se* dejan llevar por “templadas combinaciones de la política”) y absolutistas extremos (los leales que desean “con vehemencia” el castigo de “todos” los autores de ciertos delitos). Su inclinación por estos últimos, a quienes atribuye “ardiente amor a la Justicia”, es manifiesta.

A tenor de esta forma de presentar el decreto de amnistía ante el Consejo de Ministros y en presencia del rey (conviene no pasar por alto el dato) no parece que nadie en el gobierno abogara por un indulto extenso. El acta refleja lo contrario: “Enseguida el Sr. Ministro de la Guerra [el supuestamente moderado Cruz] y sucesivamente todos los demás SS. Ministros manifestaron en sus discursos que según las noticias que cada uno tenía por sus respectivos Ministerios sobre la opinión pública en general, creían que el proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Estado aún era demasiado amplio y podría producir agitaciones”.

Si el borrador o lo que fuera lo presentado por Ofalia “era demasiado amplio”, la moderación, en caso de existir, no apareció por ninguna parte al debatir en la máxima instancia la medida fundamental para acabar con la represión generalizada. Salvo que por moderación se entienda el simple hecho de propugnar una medida de amnistía, independientemente de su alcance. En el acta del Consejo consta a continuación de la frase anterior: “…pero que por el deseo de complacer en lo más posible a los Soberanos Aliados y confiados en que las Autoridades civiles y eclesiásticas se esforzarían a mantener la tranquilidad pública y evitar todo disgusto, creían debía aprobarse así y finalizar enteramente un negocio que tiene en expectativa a toda Europa” (Actas del Consejo de Ministros, 1989:1, 19). En suma, todo se reduce a la oportunidad: la mayoría de los ministros (Ofalia, Cruz y, probablemente, López Ballesteros y Sala- zar) deseaban la publicación del decreto de amnistía (a esto se reduce la moderación), mientras el rey y Calomarde daban largas al asunto con el fin de evitarlo. Pero obsérvese la alusión de los primeros a la vigilancia de las autoridades para “evitar todo disgusto”.

Todo hace suponer, por tanto, que si salió el decreto de amnistía fue por presión exterior, y los llamados ministros moderados se hicieron eco de ella ante el rey, sin ejercer mayor actividad ni influencia sobre el alcance del decreto. Chateaubriand, que estaba bien informado del ambiente político español, no tuvo dudas ni de una cosa ni de la otra. El 22 de febrero de ese año, en plena discusión sobre el texto, escribió al embajador Talaru: “Temo sea difícil obtener algo bueno de los actuales ministros… que son hechura de la camarilla, que viven bajo su dependencia y contra quieres la oposición va a redoblar su fuerza”. Y el 19 de mayo, en vísperas de la publicación del decreto, dice a su confidente La Ferronnais, embajador francés en Rusia: “Hemos conseguido, por fin, la amnistía; pero ha sido precisa la circunstancia de la renovación del tratado de ocupación para arrancarla; y si no hubiésemos establecido terminante que sin amnistía no habría renovación del tratado, nada hubiéramos alcanzado y todo lo que los soberanos hubiesen escrito y pedido, habría sido inútil” (Chateaubriand, 1945: 500 y 518-518; los subrayados son suyos).

Probablemente por la cuestión de las excepciones, el decreto de amnistía no fue aprobado por el Consejo de Ministros el primero de mayo. El acta de la sesión termina consignando que “S. M. dijo que quedaba enterado y daría su resolución”. Fernando VII se aferraba a sus propósitos de no dar un indulto general, pero tampoco deseaba entrar en conflicto con Europa. Debían, por tanto, continuar las negociaciones, que era exactamente lo que convenía al rey de España. Cuando más tiempo transcurriera, mayor oportunidad tenía de imponer su criterio, pues en esta ocasión, como en tantas otras, supo jugar en su provecho con el tiempo. Habían transcurrido demasiados meses desde el fin de la guerra y todos los gobiernos europeos implicados estaban ansiosos por ver el decreto de amnistía. Más que nadie el francés. El 19 de febrero había escrito Chateaubriand a su embajador en Madrid, casi desesperado: “De todas maneras, no debéis consentir en que no se publique la amnistía. El rey [de Francia] y el príncipe generalísimo [Angulema] atienden a su palabra empeñada y S. M. se propone hablar de esto en su discurso a la apertura de las cámaras” (Chateaubriand, 1945: 506). Interesaba la amnistía fuera como fuera. Es lo que cuadraba a los planes de Fernando VII: que, por impaciencia o agotamiento, los extranjeros cedieran en sus exigencias.

El 11 de mayo, finalmente, se aprobó el decreto de amnistía. Si nos fiamos de Chateaubriand, fue debido al ultimátum sobre la retirada de las tropas francesas. Las actas del Consejo de Ministros no hacen la menor alusión a la publicación, pero hubo de existir algún debate, quizá porque el ministro de Estado o algún otro se hizo eco de las objeciones extranjeras sobre su alcance. Sea como fuere, todo lo resolvió Ugarte, como era habitual. El día 10 le escribió el rey desde Aranjuez, en su inconfundible estilo: “…mañana martes se tratará en el Consejo de la Amnistía dichosa: Dios te la depare buena” (Ortiz de la Torre, 1934: 222). La deparó como deseaba el rey y el decreto salió con tantas excepciones -referidas no a personas, sino a categorías, como propugnaba el monarca- que su prometedor artículo primero quedó desvirtuado por entero. Y aun así, el mismo 10 de mayo se pronunciaba Chateaubriand de esta forma en carta a su embajador en Londres: “Os he dicho que al fin habíamos conseguido la amnistía en España. Esto corona nuestra obra, y es una importante noticia” (1945: 517). El ministro francés estaba en lo cierto, aunque no en el sentido que pretendía transmitir: Francia, en efecto, había culminado la tarea emprendida un año antes al invadir España. Lo hizo para acabar con los liberales y con el decreto de amnistía éstos recibían el golpe de gracia.

Las excepciones comprendidas en el extenso artículo 2 del decreto anulaban “el indulto y perdón general” anunciado en el primero. Quedaban excluidos y “deberán ser oídos, juzgados y sentenciados con arreglo a las leyes” todos los que habían tenido algo que ver en los principales acontecimientos del Trienio, en particular los que hicieron posible el establecimiento del régimen constitucional. El artículo menciona expresamente, entre otros muchos, a los militares y civiles que participaron en el pronunciamiento de 1820, a los que forzaron al rey a jurar la Constitución, a quienes integraron la Junta Provisional que propició la transición del sistema absoluto al constitucional, a los miembros de las sociedades secretas, a los que hubieran escrito contra los dogmas católicos, a los comandantes de las partidas constitucionales formadas tras la invasión francesa, a los diputados que votaron la creación de la Regencia constitucional de Sevilla y a los integrantes de ésta, a todos los que hicieron posible el viaje del rey a Cádiz y “los jefes militares y civiles que continuaron mandando a los sublevados”, a los jueces y fiscales de las causas seguidas durante el Trienio contra destacados realistas, etc.

En otro orden de cosas, la amnistía no suponía el fin de los procesos de purificación de funcionarios y, por otra parte, se mantenía la obligación para las autoridades de vigilar a “aquellos individuos que han dado evidentes pruebas de adhesión al régimen constitucional” y a los presos puestos en libertad en virtud de este decreto. No se alteraba, por tanto, la depuración de la administración, ni el estado policial. Al contrario, a tenor de lo dispuesto en el último artículo del decreto se incrementó el control de las personas, pues en él se instaba a los obispos a “restablecer la unión y buena armonía entre los españoles, exhortándolos a sacrificar en los altares de la religión y en obsequio del soberano y de la patria los resentimientos y agravios personales. Inspeccionarán igualmente la conducta de los párrocos y demás eclesiásticos existentes en sus territorios para tomar las providencias que les dicte su celo pastoral por el bien de la Iglesia y del Estado”. Aparte de sancionar la persecución del clero constitucional, esta disposición venía a dar carta de naturaleza al control ideológico por parte de la Iglesia, de acuerdo con la doctrina de la alianza del altar y del trono.

De cara fundamentalmente al exterior, la publicación de este decreto se acompañó de una alocución de tono pacificador, en la que el rey hablaba de olvidar agravios, sacrificar resentimientos y buscar la unidad. En ella repetía algunas frases de las cartas de Luis XVIII recibidas meses antes, como la siguiente: “…la desunión y las discordias civiles han arruinado los más poderosos imperios de la tierra” (Bayo, 1942: III, 448-451). Así se manifestaba Fernando VII en público, mientras por su habitual vía reservada, el 13 de mayo había ordenado al fiel Ugarte: “…quiero que les digas a los Ministros y a Arjona (superintendente general de policía) que inmediatamente procedan a la prisión de los exceptuados en la amnistía, sin excusa alguna tanto para los que se hallen en Madrid, como en las provincias, y que les forme causa y sean despachados a la mayor brevedad” (Ortiz de la Torre, 1934: 224). La orden fue tajante y antes de publicarse el decreto de amnistía los calabozos se habían llenado de nuevo. Para completar el panorama, Calomarde mandó a los obispos que celebran misiones destinadas a mover al arrepentimiento a los liberales. Los misioneros cumplieron su cometido a base de descalificaciones de la época constitucional y de tachar de herejes a los liberales, con lo cual se encresparon los ánimos y se resucitaron los ataques personales. A título de complemento, Calomarde publicó el primero de julio su particular amnistía para “los que hubiesen cometido excesos en las personas y bienes de los liberales, exceptuando únicamente los asesinos”. Comenta Bayo que así quedaron impunes el robo, el saqueo, las heridas y cien delitos más cometidos por los realistas (1842: III, 222-223).

El ciclo de endurecimiento abierto, contra lo que cabía esperar, por el decreto de amnistía culmina el 9 de octubre de 1824 con una nueva disposición, que presenta la peculiaridad de señalar por primera vez penas específicas a cada uno de los actos considerados delictivos (Artola, 1968: 862). Se condena a la pena de muerte a los individuos siguientes: quienes desde el 1 de octubre de 1823 se hayan declarado y se declaren en lo sucesivo “con armas o con hechos de cualquier clase” enemigos del trono o partidarios de la Constitución, los autores de escritos encaminados al mismo fin, los masones, comuneros “y otros sectarios”, los que promuevan alborotos dirigidos a “trastornar el gobierno de S. M. u obligarle a que condescienda en un acto contrario a su voluntad soberana”, los que hubieren gritado muera el rey y “los que usen de las voces alarmantes y subversivas de viva Riego, viva la Constitución; mueran los serviles, mueran los tiranos, viva la libertad”. Si alguno hablara en paraje público contra el rey y a favor de la Constitución, pero de ello no se derivaran “actos positivos”, será condenado a penas de cuatro a diez años de presidio. Con un propósito de concreción que refleja, quizá de forma más palmaria que todo lo anterior, la crueldad de la medida, se consigna que en el caso de alborotos públicos “no deberá servir de excepción la embriaguez para la imposición de la pena, probado que sea que el delincuente era consuetudinario en este exceso y que le inducía a otros, así como no lo es para el soldado según la ordenanza general del ejército” (Bayo, 1842, III, 452-453).

El decreto de amnistía no contentó a nadie, aunque algunos lo recibieron con júbilo y hubo lugares donde se celebraron iluminaciones generales. Los liberales constataron enseguida que las excepciones abrían la puerta a la arbitrariedad, y los ultras protestaron porque no podían consentir que ni siquiera uno de sus contrarios se librara del castigo. Las reacciones fueron las lógicas: los liberales con posibilidades se exiliaron, de modo que la amnistía, en lugar de evitarlo, incrementó el exilio. Los ultras arreciaron su oposición. Así quedó conformado el panorama político español tras el fin del sistema constitucional provocado por la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. En este estado vivieron los españoles durante diez años hasta la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, tiempo que unos han denominado “Ominosa Década” y otros simplemente “Década Absolutista” o “Segunda Etapa Absolutista de Fernando VII”.

Ocaso del primer liberalismo

A principios de 1823, los gobiernos y buena parte de la opinión pública de Europa consideraban una antigualla el régimen constitucional español. A finales de ese año, conceptuaban de la misma forma al sistema que lo sustituyó. La política represiva y oscurantista de Fernando VII no respondía al tiempo presente y, a juicio de muchos, venía a ser la repetición de los errores que habían desencadenado la revolución en 1820. En realidad, poco se había avanzado en España, pero las potencias europeas se dieron por satisfechas, pues al menos había quedado eliminado el régimen revolucionario que tanto les había preocupado. También había caído el constitucionalismo en Portugal, de modo que se podía decir que, formalmente, el objetivo perseguido en Verona por la Europa del orden estaba logrado. Por razones obvias, Francia puso gran empeño en subrayarlo, de ahí las fiestas a Angulema y los proyectos por perpetuar en la memoria nacional los triunfos del Ejército de los Pirineos. Pero las autoridades francesas, sobre todo, sabían que sólo podían alardear de los éxitos militares; en lo demás, el fracaso había sido estrepitoso. La prueba era evidente: tuvieron que dejar en España un ejército de ocupación.

Tampoco satisfizo el resultado a los españoles, salvo a quienes lograron cargos y prebendas (los “fernandinos”). Los liberales quedaron sujetos a persecución o al exilio; los absolutistas menos extremistas, acobardados y anulados, y los ultras, disconformes con la escasa firmeza del régimen en barrer a sus enemigos e inquietos por la tutela ejercida por las fuerzas francesas de ocupación. No se presentaba muy halagüeño el futuro. Fernando VII, no obstante, se mantuvo en el trono y fueron vanas cuantas intentonas se organizaron para provocar un cambio, tanto las protagonizadas por los liberales desde el exilio, como las de signo contrario ensayadas en el interior por los absolutistas ultras. En definitiva, los “fernandinos” lograron imponerse y con el tiempo incluso dieron alguna muestra de su capacidad de adaptación, mediante determinadas reformas administrativas emprendidas junto a los antiguos afrancesados, sin que por eso cesara el sistema político absoluto y la represión. Hasta la muerte de “Tigrekán”, como despectivamente se referían a Fernando VII algunos liberales, no hubo cambio político y España quedó descolgada en todos los órdenes de la evolución experimentada en Europa durante diez largos años.

Como en otras ocasiones, quizá el testimonio más elocuente sobre la situación de España sea el ofrecido por Goya en una de sus Pinturas Negras, aquellas que creó en las paredes de la Quinta del Sordo, donde pasó los años del Trienio Liberal. Me refiero a la conocida como Duelo (o Riña) a garrotazos. Dos hombres, con ropas de campesino, luchan sin cuartel, armados con sendos palos, hundiéndose hasta la rodilla en una charca cenagosa sin posibilidad de desplazarse. Al fondo, una cabaña con vacas pastando; en el cielo, nubarrones, y la cara de uno de ellos completamente ensangrentada.

No sabemos qué deseó plasmar exactamente Goya en esta pintura, pero resulta inevitable la impresión de estar ante la ceguera humana que lleva al enfrentamiento, por cualquier motivo; incluso hasta una muerte cruel. Tampoco se ha podido fecharla con exactitud, aunque es indudable que Goya la realizó entre 1820 y 1823, los años de la lucha a que venimos refiriéndonos. El exterminio del contrario se invocó en las canciones de la época y de las palabras se fue a los hechos: persecuciones y cárceles, exilios, horcas, fusilamientos…

Cuando a partir de los años treinta comenzó a imponerse el liberalismo en Europa, ocurrió lo mismo en España, pero ya no fue posible fundar el sistema sobre las bases de la Constitución de 1812. Sólo la defendieron una minoría integrada por los “radicales”, mientras que la mayoría liberal (moderados y progresistas) rechazó la invocación a la participación popular y a la violencia revolucionaria y optó por “el liberalismo respetable”, el de la “soberanía de la razón” y el de los propietarios. A la hora de explicar este proceso, condicionado por la fuerza del antiliberalismo -canalizado ahora por el carlismo-, no se puede ignorar el acontecimiento del que nos hemos ocupado, fundamentalmente dos de sus rasgos sobresalientes: el carácter de guerra civil de la lucha política y la relativa facilidad con que se terminó con el régimen liberal, hecho que abundó en el descrédito de la Constitución de 1812.

En las páginas precedentes se ha aludido a las razones que explican la caída del régimen constitucional. Aparte de la inviabilidad del sistema político fundado en la Constitución de 1812, en el que se exigía un entendimiento entre el rey y las Cortes que no se dio, se ha tratado de la acusada división política del liberalismo, el descontento generalizado ante muchas medidas adoptadas en los últimos instantes, la dureza y crueldad de ciertos jefes militares constitucionales, la beligerancia permanente del clero contra la política liberal, la indiferencia, descontento y hastío de los propietarios, las aspiraciones no satisfechas del campesinado, la ruptura del sistema de vida tradicional, etc. Este conjunto de factores se desarrolló en una situación de grave crisis económica, agravada por la política agraria y hacendística del régimen y por las dificultades para comerciar con América y obtener los recursos dinerarios que históricamente habían resuelto muchas dificultades. Todo ello fue activado por una organización contrarrevolucionaria (confidencias, grupos realistas del exilio, juntas locales y provinciales, guerrilla) que contó con el apoyo diplomático y logístico exterior.

La coyuntura, sumamente adversa, y la postura del rey hicieron muy vulnerable el sistema constitucional. Cualquier incidente o hecho de importancia secundaria, tenía amplias consecuencias. La simple victoria de los soldados franceses en un punto podía condicionar la resistencia de otros, el procedimiento empleado por Ouvrard en los primeros momentos en la compra de víveres bastaba para ganarse el apoyo de los labradores más influyentes de cada lugar y, por supuesto, los mandos del ejército constitucional estaban expuestos a claudicar ante el soborno o promesas llamativas realizadas por los franceses.

Está probada la heterogeneidad social de los comprometidos en los bandos en liza y no se puede establecer una dicotomía entre el medio urbano y el rural, pues ni todas las ciudades fueron fieles al constitucionalismo, ni todos los pueblos sus contrarios. Incluso en la misma comarca, unos núcleos se decantaron por una opción y otros por la otra. Así pues, es difícil ofrecer una explicación del hundimiento del sistema constitucional idéntica para todo el territorio nacional. Pero merece la pena tomar en consideración, para finalizar, la que ofreció el propio Rafael del Riego. Lo hizo en una exposición dirigida a las Cortes a principios de mayo de 1823, cuando la invasión casi acababa de comenzar. El texto, publicado por Gil Novales (1976: 188-194), nos ha llegado incompleto y es un simple borrador.

Riego adujo tres argumentos para explicar los reveses cosechados por el constitucionalismo ante las tropas francesas. El primero, la carencia de un gobierno organizado y fuerte capaz de dirigir al pueblo en el momento de la invasión, punto en el que en cierto modo coincide con la opinión, que ya conocemos, de diplomáticos extranjeros relativa a la pasividad de la sociedad española si no era empujada o activada por alguien. Faltó dirección política y capacidad para captar la realidad del momento. Los responsables políticos del Estado fueron incapaces en 1822-1823 de detectar el auténtico peligro y, en la mayoría de las ocasiones, o no hallaron los medios adecuados para atajarlo, o dejaron transcurrir los acontecimientos hasta que no pudieron controlarlos. En opinión de una historiadora actual, para hacer frente a los Cien Mil Hijos de San Luis, “la única respuesta posible hubiera sido la leva en masa o el armamento del pueblo”, como hicieron los revolucionarios franceses cuando vieron amenazada la revolución y propusieron en 1823 algunas ciudades españolas, como Valencia. Pero surgió el importante problema de dilucidar qué revolución había que defender, si la propugnada por los moderados, la deseada por los exaltados, o el ideal más radical e igualitario de algunos sectores minoritarios (Romeo, 1995: 115).

En segundo lugar, Riego aludió a la oportunidad perdida en 1814. Debido a la falta de patriotismo de algunos políticos (se refería a los diputados “serviles” de las Cortes de Cádiz), a las intrigas de los palaciegos y a la traición de un general (supongo que pensaba en la actuación de Elío durante la estancia del rey en Valencia) se interrumpió el sistema constitucional en 1814 por medio de un golpe de Estado y no fue posible desarrollar los efectos positivos de la Constitución en el momento oportuno.

Finalmente, se refirió a la política del Trienio. Se han hecho “grandes y muy útiles reformas” -afirmó- pero el pueblo no ha llegado a palpar sus efectos o, al menos, tiene la sensación de que no se han producido cambios apreciables. Aunque las Cortes “lo han intentado, no han hecho la felicidad que los pueblos nos habían encomendado y … éste es sin duda el principal pretexto de que nuestros enemigos interiores y exteriores se prevalen para seducir al incauto pueblo y no sólo adormecerle en su letargo, sino servirse de sus brazos y de su grito para asesinar a su salvo la libertad, la igualdad delante de la ley y todos los bienes que el gobierno Constitucional ofrece al pueblo”.

El régimen constitucional, en suma, no satisfizo a la mayoría, porque no se dio el debido impulso a la revolución, y de ello se aprovecharon los enemigos del liberalismo.

Cronología

1820

Enero

Pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan.

Febrero

Asesinato del duque de Berry en París.

Conspiración de Cato Street (Inglaterra).

Marzo

Día 7: Femando VII declara su aceptación de la Constitución de 1812.

Julio

Revuelta liberal en Nápoles (se adopta la Constitución española).

Agosto

Las Cortes aprueban la desamortización de bienes eclesiásticos. Revolución liberal en Portugal (se adopta provisionalmente la Constitución española).

Septiembre

Supresión de mayorazgos.

Octubre

Reforma de las órdenes regulares. Supresión de las órdenes monacales.

1821

Enero

Detención de Matías Vinuesa.

Formación de la Sociedad de Comuneros.

Marzo

Revolución liberal en el Piamonte.

Junio

Las Cortes aprueban la Ley de Señoríos (el rey se niega a sancionarla) y la reducción del diezmo a la mitad.

Octubre

Epidemia de fiebre amarilla en Cataluña. Francia concentra tropas en la frontera, oficialmente para impedir la extensión del contagio.

1822

Febrero

Formación del gobierno “moderado” encabezado por Martínez de la Rosa.

Abril

El “Himno de Riego” es declarado marcha nacional de ordenanza para el ejército.

Junio

Día 21: La guerrilla realista se apodera de la Seo de Urgel.

Día 30: Asesinato del teniente Mamerto Landáburu.

Julio

Día 7: Intento de golpe de Estado de la Guardia Real.

Agosto

Día 5: Formación del gobierno encabezado por Evaristo Fernández San Miguel.

Día 15: Constitución de la Regencia de Urgel, integrada por el marqués de Mataflorida, el arzobispo preconizado de Tarragona y el barón de Eróles.

Septiembre

Ejecución del general Elío en Valencia.

Octubre

Día 20: Inicia sus sesiones el Congreso de Verona.

1823

Enero

Día 28: Luis XVIII anuncia ante el parlamento la preparación de un ejército de “cien mil franceses” para restituir en el trono a Fernando VII.

Febrero

Día 19: Fernando VII destituye al gobierno y nombra otro encabezado por Álvaro Flórez Estrada. Graves incidentes en Madrid, que impiden la toma de posesión de los nuevos ministros.

Marzo

Día 20: El rey y el gobierno salen de Madrid en dirección a Sevilla. (Tres días después lo hacen las Cortes.)

Abril

Día 6: Incidente del Bidasoa.

Día 7: Angulema entra en España.

Día 9: Creación en Oyarzun de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias. (Francisco de Eguía, Antonio Gómez Calderón, Juan Bautista Erro y el barón de Eróles.)

Día 10: El rey llega a Sevilla.

Día 18: El mariscal Moncey y el barón de Eróles entran en Cataluña.

Día 22: Burgos cae en poder de los franceses.

Día 23: Las Cortes reanudan sus sesiones en Sevilla.

Día 24: Decreto de Fernando VII declarando la guerra a Francia. Los franceses ocupan Vitoria y Bilbao.

Día 25: Ocupación de Zaragoza.

Mayo

Traición del general conde de La Bisbal.

Día 2: Ocupación de Gerona.

Día 12: Ocupación de Valladolid.

Día 23: Entrada de las tropas francesas en Madrid. Al día siguiente lo hace Angulema.

Día 26: Constitución de la Regencia realista (duque del Infantado, duque de Montemar, Gómez Calderón, el barón de Eróles y el obispo de Osma; secretario, Francisco Tadeo Calomarde). La Regencia nombra gobierno, compuesto por Víctor Damián Sáez, Luis María Sálazar, Juan Bautista Erro, José García de la Torre, general José San Juan y José Aznárez.

Día 31: Ocupación de León.

Junio

Día 8: Derrota del ejército constitucional en El Viso del Marqués y Santa Cruz de Múdela. Los franceses pasan Despeñaperros.

Día 11: Suspensión temporal del rey en sus funciones y formación de una Regencia constitucional (Cayetano Valdés, Gabriel Ciscar y Gaspar Vigodet).

Días 12-15: Traslado del rey y de las instituciones constitucionales a Cádiz. El 15 de junio cesa la Regencia. Ocupación de Tortosa: queda libre para el ejército francés el camino de Cataluña a Valencia.

Día 21: Tropas francesas llegan a Jerez.

Día 22: Ocupación de Sevilla.

Día 25: Comienza el bloqueo de Cádiz por tierra y mar.

Día 26: Defección del general Morillo.

Los franceses entran en Oviedo.

Julio

Día 5: El nuevo embajador de Francia, marqués de Talaru, presenta sus credenciales a la Regencia realista.

Día 7: Ocupación de Murcia.

Día 16: Morillo, junto con tropas francesas, ocupa Santiago de Compostela.

Día 28: Combate de Campillo de Arenas.

Día 29: Sale Angulema de Madrid en dirección a Cádiz para mandar el ataque a esta ciudad.

Agosto

Día 4: Capitulación del general Ballesteros.

Día 8: “Ordenanzas de Andújar”.

Día 14: Capitulación de La Coruña.

Día 16: Angulema establece su cuartel general en El Puerto de Santa María.

Día 19: Capitulan el coronel Francisco Abad (Chaleco) y el teniente coronel Téllez.

Día 31: Toma del fuerte del Trocadero por los franceses.

Septiembre

Día 4: Capitulación de Málaga.

Día 11: Capitulación de Santoña.

Día 14: Derrota de Riego en Jódar.

Día 15: Riego es hecho prisionero.

Día 23: Bombardeo de Cádiz desde el mar.

Día 29: Capitulan la plaza y el fuerte de Figueras.

Día 30: Decreto de Fernando VII ofreciendo perdón general por todo lo pasado.

Octubre

Día 1: Fernando VII se reúne con Angulema en El Puerto de Santa María y publica un decreto derogando la Constitución y declarando nulas todas las actuaciones del régimen constitucional.

Día 3: Capitulación de San Sebastián.

Día 8: Combate de Tremeced entre San Miguel y tropas francesas auxiliadas por guerrilleros realistas. San Miguel es herido y hecho prisionero.

Día 11: Capitulación de Ciudad Rodrigo.

Día 21: Capitulación de la Seo de Urgel.

Día 25: Firma de un armisticio entre Mina y Moncey: Barcelona, Tarragona y Hostalrich son entregadas a los franceses.

Día 28: Capitulación de Badajoz.

Día 31: Angulema llega a Madrid, de camino hacia Francia. Rendición de Lérida.

Noviembre

Día 4: Los franceses hacen su entrada en Barcelona.

Día 5: Capitulación de Cartagena.

Día 7: Ejecución de Riego.

Día 9: Capitulación de Menorca.

Día 11: Capitulación de Alicante.

Día 13: Entrada de Fernando VII en Madrid.

Diciembre

Día 2: Primer gobierno de Fernando VII tras la abolición de la Constitución: marqués de Casa Irujo, conde de Ofalia, José de la Cruz, Luis María Salazar y Luis López Ballesteros.

Siglas

AAEE: Archives du Ministère des Affaires Étrangères (Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés)(París).

AGP: Archivo General de Palacio (Madrid).

AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid).

ANP: Archives Nationales (Archivos Nacionales)(París).

BNM: Biblioteca Nacional (Madrid).

RAH: Real Academia de la Historia (Madrid).

Fuentes y bibliografía

HASTA la aparición en 1981 del estudio de Rafael Sánchez Mantero no disponíamos de una monografía científica sobre la campaña de los Cien Mil Hijos de San Luis, popularizada por Pérez Galdós al dedicarle uno de sus Episodios Nacionales. Los relatos históricos del siglo XIX y las historias mili tares publicadas en Francia ofrecen detalles sobre el acontecimiento; en el siglo siguiente han aparecido muchos estudios que tratan con rigor varios aspectos directamente relacionados con él (destacan los de Gil Novales, Gonzalo Butrón y Ramón Arnabat, los de este último relativos a Cataluña).

Para su estudio, resulta imprescindible recurrir a las memorias de los contemporáneos y, sobre todo, a las de Joseph de Villèle, que contienen la copiosa correspondencia cruzada con Angulema, mediante la cual se puede seguir día a día los principales hechos y, sobre todo, los planteamientos políticos de los franceses. Esta correspondencia, junto a la incluida por Chateaubriand en su relato sobre el Congreso de Vero na y el ingente número de documentos de todo tipo que forman el fondo “Papeles Reservados de Fernando VII” del Archivo General de Palacio (Madrid), entre ellos el diario que llevó Fernando VII desde febrero a octubre de 1823, publicado parcialmente en la BAE, constituyen una de las bases documentales de este libro. Han sido fundamentales, asimismo, los informes y la correspondencia entre el gobierno francés y sus representantes en España conservada en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en París, el excelente relato atribuido a Estanislao de Kotska Bayo y los documentos publicados por el marqués de Mira- flores.

Son numerosos los estudios que abordan asuntos tratados en este libro, pero sólo se relacionan a continuación los citados en el texto. El autor reconoce su deuda con muchos otros historiadores, cuyos nombres, por razones de espacio, lamenta no poder consignar.

Este libro debe mucho a los profesores M.ª Ángeles Casado, Gérard Dufour, Eutimio Martín y Jesús Millán, cuyas importantes observaciones al texto original lo han mejorado de forma considerable. El autor agradece, asimismo, la ayuda recibida de Jean-René Aymes, Emilio Soler y Jordi Roca.

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ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Paris) (AAEE)

Correspondance politique. Espagne. Tomos: 721, 722, 723.

Correspondance politique. Espagne. Supplément. Tomos: 20, 21.

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Ilustraciones

Fernando VII a caballo, Por José de Madrazo 1821.

(Museo Romántico, Madrid)

Jura de la Constitución por Fernando VII en 1820. (Museo Municipal de Madrid.)

Cartas de una baraja destinada a difundir la Constitución de 1812, editada en Barcelona. Inventada por el ciudadano S. A. y Q. Dedícala a la nacional Junta de Comercio de esta capital, año 1822.

(Por cortesía de Emilio La Parra.)

Cartas de una baraja destinada a difundir la Constitución de 1812, editada en Barcelona. Inventada por el ciudadano S. A. y Q. Dedícala a la nacional junta de Comercio de esta capital, año 1822.

(Por cortesía de Emilio La Parra.)

François de Chateaubriand, ministro de Asuntos Exteriores de Francia en 1822-1823, uno de los políticos europeos más interesados en la invasión de España por el ejército francés (L’illusstration, 15 de julio de 1848.)

Los ministros (Martínez de la Rosa en primer plano), en el Palacio Real de Madrid durante los acontecimientos del 7 de julio (dibujo de J. Passos y P. Béjar para Historia de España en el siglo XIX de Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga, Barcelona, 1903).

Enfrentamiento en las calles de Madrid entre los constitucionales (en primer plano) y los realistas sublevados.

(Museo Municipal de Madrid.)

Soldados constitucionales persiguen a los de la Guardia Real en la jornada del 7 de julio de 1822 a las afueras de Madrid.

(Litografía, Biblioteca Nacional, Madrid.)

Conquista de la Seo de Urgel por los realistas, encabezados por El Trapense, el 21 de junio de 1822. (Caricatura de La Foudre.)

Escena con guerrilleros realistas (caricatura de la época)

Recuperación de la Seo de Urgel por las tropas constitucionales. (Biblioteca del Palacio Real, Madrid.)

Caricatura publicada en el periódico exaltado El Zurriago, alusiva a los liberales moderados.

(Museo Municipal de Madrid.)

Alusión a la intervención francesa en España. Luis XVIII es empujado por los monarcas de la Santa Alianza. (Museo Romántico, Madrid.)

Rafael del Riego (litografía de G. Engelman, París)

Vistas de Sevilla, primera mitad del siglo XIX. (Museo Romántico, Madrid.)

Llegada de Fernando VII a El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823. Al fondo se representa la ciudad de Cádiz.

(Biblioteca del Palacio Real, Madrid.)

El duque de Angulema, “El libertador de Europa”, restituye la corona de España a Fernando VIL (Alegoría de Lauglumé, Museo Municipal de Madrid.)

Tras su victoria militar, el duque de Angulema repone en el trono a Fernando VII y se consolida la alianza entre España y Francia. (Alegoría, Museo Romántico, Madrid.)

El duque del Infantado, presidente de la Regencia realista de Madrid, por Vicente López. (Museo Romántico, Madrid

El general Riego en prisión, redactando su supuesta “retractación” (dibujo de J. Passos y P. Béjar para Historia de España en el siglo XIX, de Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga, Barcelona, 1903).

Ejecución de un liberal en 1824. La escena alude al ahorcamiento de El Empecinado (dibujo de J. Passos y P. Béjar para Historia de España en el siglo XIX, de Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga, Barcelona, 1903).

Antonio Ugarte y su esposa, por Vicente López. (Museo Romántico, Madrid.)

Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda de Lernando VII, por José de Madrazo. (Litografía, Biblioteca Nacional, Madrid.)

Los infantes Carlos M.ª Isidro y su esposa M.ª Lrancisca de Asís. (Museo Municipal de Madrid.)

Índice onomástico

OMITIDO en esta edición digital por su inutilidad.

Indice

INTRODUCCIÓN

Con el auxilio del Dios de San Luis

El cañonazo del Bidasoa

Los ejércitos

Desconcierto de los liberales

Turbulencia institucional

Las disensiones del realismo

El camino hacia Madrid

Europa y la cuestión española

El principio monárquico y la agitación de los años veinte

El problema de España

Realistas o facciosos

La maquinaria contrarrevolucionaria

El complot del 7 de julio

Antes el zar que el rey de Francia

El Congreso de Verona

“Viva el Rey y la religión”

Indiferentes y descontentos

Guerrilleros

Razones para tomar las armas

El Ejército de la Fe

La Regencia absolutista

Enredos diplomáticos

El recuerdo de Luis XVI

Trono y altar

“Constitución o muerte”

Anilleros, masones y comuneros

De Madrid a Sevilla

¿Está loco el rey?

Componendas con el invasor

La movilización popular. El himno de Riego

El héroe

España sin Constitución

De la ley a la acción popular

El fracaso humanitario de Angulema

Cádiz de nuevo

Capitulación del constitucionalismo

La vuelta del “rey neto”

La ocupación francesa

Ultras y fernandinos

La suerte de los liberales

La moderación imposible

El Estado represor

El destino del héroe

El exilio

Bajo la protección francesa

El fiasco de la amnistía

Ocaso del primer liberalismo

Cronología

Siglas

Fuentes y bibliografía

índice onomástico

Metadatos

EDITORIAL SINTESIS

Ilustración de cubierta: Conquista de la Seo de Urgel por los realistas encabezados por El Trapense, el 21 de junio de 1822.

(Caricatura de La Foudre.)

© Emilio La Parra

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.

Teléfono: 91 593 20 98

http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-975646-7-0

Depósito Legal: M-24.554-2007